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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 136, de 18/02/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 136
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 131
celebrada el miércoles, 18 de febrero de 1998
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 7128)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno dirigida
a reducir, de manera significativa, los índices de siniestralidad laboral
en nuestro país (número de expediente 172/000066) (Página 7153)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre exclusión de medicamentos de
la financiación pública (número de expediente 172/000067) (Página 7162)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, acerca de la
política a llevar a cabo para erradicar la violencia de la que son
víctimas las mujeres (número de expediente 172/000068) (Página 7174)
*
*
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 7128)
Del Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno el
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa de Convergencia
Económico? (Número de expediente 180/001000) (Página 7128)
De la Diputada doña María Angeles Maestro Martín, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Cómo piensa garantizar el Gobierno el acceso a los
medicamentos necesarios, que serán excluidos de la financiación pública,
de los sectores sociales con menos recursos económicos y, por ello mismo,
con mayores necesidades sanitarias? (Número de expediente 180/001012)
(Página 7129)
Del Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Va a
mantener usted el «recetazo» o piensa cumplir sus compromisos? (Número de
expediente 180/001015) (Página 7130)
Del Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria y
Energía: ¿Entiende el Gobierno que el reciente convenio entre las
compañías Iberia y Air Europa mantiene las deseables condiciones de
competencia en el servicio aéreo nacional, especialmente en el tráfico
desde la Península a las Islas? (Número de expediente 180/000974)
(Página 7132)
Del Diputado don Fernando Gimeno Marín, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Por qué no ha cumplido el Gobierno el
compromiso fijado en el II Plan de Medidas de Liberalización respecto a
una nueva legislación concursal? (Número de expediente 180/001020)
(Página 7133)
Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro
de Economía y Hacienda: ¿Va a asumir el Gobierno las recientes propuestas
económicas del Presidente de la CEOE, el Sr. Cuevas? (Número de
expediente 180/001021) (Página 7135)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Considera el Gobierno que el aumento de
un 30% del sueldo de los Secretarios de Estado respeta las promesas
electorales del Partido Popular? (Número de expediente 180/001022)
(Página 7136)
De la Diputada doña Mercedes Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda: ¿En cuánto estima el Gobierno la pérdida
recaudatoria para la Hacienda Pública por la anunciada reforma del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? (Número de expediente
180/001023) (Página 7137)
Del Diputado don José Francisco Herrera Antonaya, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Las Fuerzas Armadas
tienen suficiente personal cualificado para desempeñar los necesarios
puestos de trabajo en los Cuarteles Generales de la OTAN, teniendo en
cuenta la lógica necesidad de que estos destinos deben tener una duración
limitada? (Número de expediente 180/001008) (Página 7139)
Del Diputado don Hipólito Fariñas Sobrino, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿La integración de
España en la estructura militar de la OTAN exigirá un incremento de las
vigentes plantillas de personal? (Número de expediente 180/001009)
(Página 7140)
Del Diputado don Luis Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Interior: ¿Qué
medidas adoptará el Ministerio del Interior para solucionar el problema
en las empresas de seguridad privada, al no haberse producido la
habilitación del colectivo de guardas de seguridad, según lo dispuesto en
la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 23/1992, de Seguridad
Privada? (Número de expediente 180/000998) (Página 7141)
Del Diputado don José María Chiquilo Barber, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Qué iniciativas
piensa adoptar el Ministerio de Fomento para impulsar y hacer realidad el
proyecto denominado «Parque Central» --Renfe-- en la ciudad de Valencia?
(Número de expediente 180/000997) (Página 7141)
Del Diputado don Manuel Milián Mestre, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las líneas básicas del
convenio firmado recientemente por el Ministerio de Fomento y la
Generalidad de Cataluña, referente al valle del río Llobregat? (Número de
expediente 180/001005) (Página 7143)
Del Diputado don José Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo afectarán al sector de las
áreas de servicio y gasolineras las recientes modificaciones del
Reglamento General de Carreteras aprobadas por el Gobierno? (Número de
expediente 180/001006) (Página 7144)
De la Diputada doña Carmen Heras Pablo, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Gobierno las
diversas irregularidades en que ha incurrido Telefónica en perjuicio de
los usuarios del servicio? (Número de expediente 180/001024) (Página 7145)
De la Diputada doña María José Camilleri Hernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
actuaciones ha puesto en marcha el Ministerio de Educación y Cultura
dentro de su programa de Educación Compensatoria para favorecer la
integración escolar de los alumnos pertenecientes a la minoría gitana?
(Número de expediente 180/001004) (Página 7145)
Del Diputado don Carlos Caballero Basáñez, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que
formula al Gobierno: ¿Cuáles van a ser los caracteres (composición,
ámbito territorial de actuación y origen) y procedencia de los médicos
que, conforme al artículo 39 de la Ley 66/97, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, podrán dar altas con efectos
económicos? (Número de expediente 180/000999) (Página 7146)
De la Diputada doña María Reyes Montseny Masip, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno
la evolución del déficit de la Seguridad Social durante 1997? (Número de
expediente 180/001001) (Página 7147)
De la Diputada doña María Angeles Amador Millán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la razón por la que el
Gobierno ha liberalizado los precios de los medicamentos no financiados
públicamente? (Número de expediente 180/001016) (Página 7148)
Del Diputado don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué razones hay para excluir 869
medicamentos de la financiación pública? (Número de expediente
180/001017) (Página 7149)
Del Diputado don Jaime Blanco García, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Comparte el Gobierno las afirmaciones del
Subsecretario de Sanidad, don Enrique Castellón, acerca de que el catarro
no tiene tratamiento y lo mejor que se puede hacer es beber mucha agua?
(Número de expediente 180/001018) (Página 7150)
Del Diputado don Alejandro Cercas Alonso, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cree que los jubilados españoles
pueden afrontar el «recetazo» sin quebranto para su calidad de vida y su
poder adquisitivo real? (Número de expediente 180/001019) (Página 7152)
Interpelaciones urgentes (Página 7153)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno dirigida a
reducir de manera significativa los índices de siniestralidad laboral en
nuestro país (Página 7153)
Presenta la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto el señor
Peralta Ortega, que se refiere a la gravedad de los datos hechos públicos
de manera no oficial sobre la siniestralidad laboral en España en el año
1997 y primeras semanas de 1998. La gravedad que supone tener 1,3
millones de accidentes laborales en el año 1997 exige un análisis y una
respuesta rigurosa y contundente, y es por lo que han presentado esta
interpelación. No están de acuerdo con la idea fatalista de que existe
una relación entre crecimiento del empleo, actividad económica y
crecimiento de la siniestralidad. En su opinión, los factores que están
incidiendo en esta triste realidad son la formación ligada a la
temporalidad en el empleo y la insuficiencia de medios y escasa eficacia
de la inspección, en relación con parámetros europeos. También incide en
el incumplimiento de la normativa laboral sobre seguridad e higiene y en
la falta de sensibilidad empresarial sobre el tema. Por otra parte,
reconoce las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio, pero no duda
de la necesidad que existe de cambiar para dar una respuesta a la altura
de las circunstancias.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Arenas Bocanegra). Comienza su intervención felicitando al
señor Peralta, primero, por plantear un debate sobre la siniestralidad
laboral y la calidad de vida en el trabajo y, segundo, por mantener una
actitud constructiva y responsable y no deslizarse por el camino fácil de
la demagogia. Considera que la intervención del interpelante ha sido una
llamada de atención al Gobierno y también a los agentes sociales y a la
sociedad en su conjunto. Por otra parte, aunque no intenta reducir la
importancia de los datos facilitados, señala que éstos no se corresponden
con los que le han facilitado en su departamento. Considera un hecho
cierto el que el crecimiento de la actividad económica produce un mayor
incremento de riesgo, pero eso no debe utilizarse como excusa para no
reconocer que existe un problema importante de siniestralidad, que ha
crecido durante 1997. Asimismo opina que no se puede plantear una
homologación con otros países europeos en términos estrictos porque los
conceptos jurídicos y administrativos de la siniestralidad laboral son
distintos en los diferentes países de Europa, aunque reconoce que España
no es uno de los países que tengan mejores índices. Señala a continuación
el camino que se está siguiendo en su departamento para atajar el
problema: diálogo social, incorporación al ordenamiento jurídico de la
normativa europea, constitución de la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo y campaña publicitaria de concienciación. Para
terminar se muestra receptivo a estudiar las propuestas que se hagan en
la moción que, sin duda, se presentará la semana que viene.
En turno de réplica interviene el señor Peralta Ortega, duplicando el
señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vaquero del
Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Gimeno Marín,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Alcalde Sánchez, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre exclusión de medicamentos de la
financiación pública (Página 7162)
Presenta la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
la señora Amador Millán.
Considera que la medida de excluir algunos cientos de medicamentos de la
financiación pública constituye una decisión de recorte de gasto público
farmacéutico para trasladarlo a cargo de los pacientes. Aconseja al señor
ministro que desistan de hacer las cosas como las hacía el Gobierno
socialista, porque parece que no les salen bien, y pone como ejemplos las
nuevas formas de gestión, la financiación suficiente, el reparto
equitativo de la financiación o la importancia de los profesionales en el
sistema de salud. Muestra su total disconformidad con la manera en que se
ha llevado la negociación para reducir el gasto farmacéutico y opina que
no se puede descalificar de un plumazo a toda la oposición. Reitera que
el Gobierno no hace lo mismo que hicieron los socialistas en relación con
la reducción de medicamentos y explica en que estriba la diferencia: en
el diálogo con los expertos, con las comunidades autónomas y con las
fuerzas sociales. Termina su intervención formulando una serie de
preguntas al señor ministro con la esperanza de recibir una respuesta y
le ruega que retire la propuesta e inicie un proceso serio, legitimado y
consensuado para revisar la lista de medicamentos; revise el convenio con
Farmaindustria; cumpla lo prometido en cuanto a los genéricos y a los
precios de referencia; restituya sus funciones a la Comisión de uso
racional del medicamento, y siga garantizando que todos los medicamentos
eficaces, seguros y de composición adecuada sean financiados por el
Sistema Nacional de Salud. Si así lo hace el Grupo Socialista le apoyará,
pero si no le tendrá totalmente en contra.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Sanidad y Consumo
(Romay Beccaría), quien está seguro que la señora Amador conoce que una
de las causas de la grave situación financiera del Sistema Nacional de
Salud era la magnitud del gasto farmacéutico que existía en el país y su
ritmo de crecimiento, situación que era necesario y urgente modificar.
Se refiere a continuación al acuerdo de 18 de diciembre de 1997 del
Congreso de los Diputados sobre la reforma sanitaria, en el que, en
relación con la prestación farmacéutica, se dice que hay que avanzar
hacia la progresiva separación del registro y la financiación y que hay
que introducir la financiación selectiva para determinadas indicaciones,
y al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 27 de
noviembre de 1997.
Insiste en que todas las medidas que están adoptando ya las pusieron en
marcha los socialistas, pero entonces no alcanzaron sus objetivos porque
no las acompañaron de otras como las que ahora ha implantado el Gobierno
del Partido Popular, y no entiende por qué el Partido Socialista tiene
tanto interés en confundir a la opinión pública diciendo que lo que se
hace ahora es distinto y perjudicial para el ciudadano.
Replica la señora Amador Millán, duplicando el señor ministro de Sanidad
y Consumo.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Vázquez Vázquez
(don Guillerme) y la señora Almeida Castro, del Grupo Parlamentario
Mixto; y los señores Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, acerca de la política
a llevar a cabo para erradicar la violencia de la que son víctimas las
mujeres (Página 7174)
Presenta la interpelación acerca de la política a llevar a cabo para
erradicar la violencia de la que son víctimas las mujeres la señora
Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Considera que si los parlamentarios se instalan en el debate permanente
sobre conflictos con consecuencias cruentas y no son ilimitadamente
resolutivos, los comportamientos pueden llegar a parecer indecentes, por
lo que uno de los objetivos de interpelar al Gobierno es residenciar en
la Cámara los acuerdos que, mediante una moción que, espera, sea
respaldada y apoyada unánimemente, les permita tener mecanismos de
intervención directa. Adelantando que no quiere recurrir al maniqueísmo,
constata que ha sido necesario pagar un precio demasiado caro para que el
entramado social reaccione y el político actúe y asegura que hace falta
un revulsivo en la mentalidad de este país: autoridades, jueces,
fiscales, cuerpos de seguridad, cónyuges, vecinos, etcétera, porque se
está ante verdaderos atentados contra los derechos humanos.
A continuación pasa a explicar una serie de medida cautelares que, a
juicio de su grupo, sería necesario arbitrar en primera instancia para
garantizar la seguridad de la mujer, así como algunas propuestas que
podrían constituir un plan solvente para la erradicación de la violencia
contra las mujeres.
Concluye apelando a la sensibilidad de la Cámara y del Gobierno y
recordándoles que la violencia doméstica es el acto de mayor degradación
humana que produce esta sociedad, que duele en privado y envilece en
público, y que es parecido a la carcoma que va destruyendo poco a poco
hasta aniquilar.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Arenas Bocanegra). Comienza su intervención reconociendo que
está de acuerdo con algunas partes de la interpelación bien porque se
refieren a datos concretos de la evolución de los malos tratos o bien por
los conceptos expuestos por la señora Diputada. A continuación expone la
opinión del Gobierno y las acciones coordinadas que está llevando a cabo
en colaboración con las comunidades autónomas con competencias en la
materia, así como con las organizaciones no gubernamentales. Confiesa que
la violencia contra las mujeres es un problema gravísimo que no se debe
ocultar y hace un llamamiento específico a las mujeres para que denuncien
los malos tratos, ya que el mejor cómplice de estas conductas es sin duda
el silencio. Por otra parte, considera que hay que encontrar elementos en
común a la hora de afrontar este problema, dejando a un lado las
ideologías o proyectos políticos, y afirma que el Gobierno comparte el
diagnóstico, la preocupación y algunas de las fórmulas planteadas,
deseando caminar juntos por la urgencia del asunto y porque hay conductas
que nunca tienen justificación, como no la tendría tampoco el que las
fuerzas políticas y el Gobierno no trabajaran con eficacia en la frontera
del siglo XXI para erradicar esta gravísima situación.
Replica la señora Aramburu del Río, duplicando el señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Almeida
Castro, del Grupo Parlamentario Mixto; Martínez González, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, y Camilleri Hernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. (Rumores.) Silencio señorías,
señor Villalón, señor Martínez-Villaseñor, señor Bayona, por favor ocupen
sus escaños.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON RAMON AGUIRRE RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO
EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE
CONVERGENCIA ECONOMICO? (Número de expediente 180/001000)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día, preguntas orales al
Gobierno en el Pleno del Congreso.
Pregunta número 16 que formula al Gobierno el diputado don Ramón Aguirre
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, presidente.
Señor presidente del Gobierno, el bienio 1996-97 es un bienio en el que
se ha experimentado un cambio ilustrativo en lo que a materia de
criterios de convergencia y de plan de convergencia se refiere. Y digo
que un cambio ilustrativo porque, si recuperamos la memoria y vemos cómo
estaban los criterios de convergencia a principios de 1996, bajo mandato
socialista, España estaba descartada en materia de Unión Económica y
Monetaria.... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Aguirre.
Silencio, señorías.
Un momento, señor Aguirre.
Señorías, señorías, pronto comenzamos; no se contagien unos a otros.
Conténganse y guarden silencio.
El señor NUÑEZ PEREZ: Si hacen lo que les da la gana. ¡Libertad de
palabra! ¡Libertad!
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, sosiéguese.
Vamos a ver si nos atenemos todos a la cortesía que permita, sin
perjuicio de las naturales exclamaciones, seguir el discurso de quien
está en el uso de la palabra.
Por favor, espero no tener que llamarles de nuevo al orden.
Continúe, señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Incluso, para no irritar ninguna memoria, aparquemos cómo estaba España
en el año 1996 en criterios de convergencia. (Rumores.) Pero déjenme
subrayar que en 1997 España es, en materia de convergencia, un valor
seguro para incorporarse a la primera hora de la moneda única. Pero
además de haber transcurrido ese tiempo pasando de no cumplir a cumplir,
debemos reconocer que los criterios de convergencia se han cumplido,
además, con holgura, y esta holgura nos tiene que hacer pensar o
reflexionar sobre cuáles son sus repercusiones, tanto en el pasado como
en el futuro. Creo que prácticamente todos los grupos parlamentarios de
esta Cámara y la sociedad española coinciden en los objetivos de
convergencia. Hay alguien que discute que las medidas pudieran haber sido
otras, pero, bueno, una vez alcanzados los objetivos, cabría pensar que
las medidas no fueron tan malas, que han sido buenas.
Por esta razón de saber cuál es el impacto de haber cumplido con holgura
los criterios de convergencia,
cuál es el impacto en el pasado y cuál puede ser el impacto en el futuro,
mi grupo parlamentario le quiere preguntar, señor presidente: ¿Cómo
valora el Gobierno el cumplimiento de los objetivos establecidos en el
Programa de Convergencia?
Muchas gracias, señor presidente.(Rumores.--Varios señores diputados:
¡Muy bien!--Un señor diputado: ¡Bravo! Aplausos en toda la Cámara.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre.
¡Señorías!
Señor presidente del Gobierno.
Señorías, guarden silencio.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor
diputado, el Gobierno estableció los criterios del plan de convergencia
de España con el objetivo de estimular el crecimiento de nuestra economía
y la creación de empleo y, al mismo tiempo, garantizar un marco de
estabilidad que permitiese que España cumpliera todos los criterios
establecidos en el Tratado de Maastricht para formar parte de la moneda
única desde la puesta en marcha de la misma.
En este momento se puede decir que España cumple perfectamente (Un señor
diputado: Va bien) todos los criterios de convergencia establecidos en el
Tratado de Maastricht y que, en consecuencia, España formará parte del
grupo de países que integrarán la moneda única desde el comienzo.
En cuanto al plan de convergencia propiamente español que garantiza el
cumplimiento de esos criterios, se puede determinar que a fines de 1997
la economía española habrá crecido a un ritmo del 3,3 por ciento, que la
inflación será del 2 --siendo el objetivo, corregido ya, del Gobierno del
2,2--, que el déficit estará en el 2,7 o en el 2,8, de tal manera que se
cumplirá con holgura el déficit del 3 por ciento, y eso es, en gran
medida, por el comportamiento extraordinariamente positivo de la
disciplina presupuestaria y también por el comportamiento positivo de lo
que significa la marcha de los ingresos públicos. Para la inflación han
sido muy importantes las liberalizaciones económicas que hay que
desarrollar y mantener.
Quisiera decirle, señor diputado, que es muy importante valorar los
efectos de esta política sobre el empleo. En el día de hoy hemos
conocido, según la encuesta de población activa, que en 1997 en nuestro
país se han creado 371.000 empleos netos y se ha reducido el paro en más
de 199.000 personas. La tasa de crecimiento del empleo ha sido del 2,9
por ciento. Sin duda tenemos que ser conscientes --espero que sea
consciente la sociedad española, muy especialmente empresarios y
sindicatos-- de que hay que seguir dialogando, hablando, reflexionando y
perfeccionando lo que es el funcionamiento del mercado laboral. Por su
parte, el Gobierno también tiene la voluntad de contribuir a esa
reflexión y tiene también la voluntad, en el ejercicio presupuestario de
1998, no sólo de mantener el criterio de déficit previsto en el Programa
de Convergencia, sino de situar el déficit final por debajo de ese
objetivo del 2,4 por ciento, que es un objetivo muy importante en orden
al crecimiento y al empleo en la sociedad española.
Gracias, señor presidente. (Aplausos. Varios señores Diputados del Grupo
Socialista: ¡Muy bien!--El señor Martínez Sanjuán pronuncia palabras que
no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
¡Señor Martínez Sanjuán!
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ANGELES MAESTRO MARTIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE
DEL GOBIERNO: ¿COMO PIENSA GARANTIZAR EL GOBIERNO EL ACCESO A LOS
MEDICAMENTOS NECESARIOS, QUE SERAN EXCLUIDOS DE LA FINANCIACION PUBLICA,
DE LOS SECTORES SOCIALES CON MENOS RECURSOS ECONOMICOS Y, POR ELLO MISMO,
CON MAYORES NECESIDADES SANITARIAS? (Número de expediente 180/001012)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno la
diputada doña María Angeles Maestro Martín, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Señor Aznar, ¿cómo piensa el Gobierno garantizar el acceso a los
medicamentos necesarios, que serán excluidos de la financiación pública,
para los sectores de la población con menos recursos y, por ello, con
mayores necesidades sanitarias?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señora
diputada, lo que el Gobierno puede asegurar, naturalmente, es la
continuidad de un sistema de salud que garantice una cobertura universal,
tanto en relación con las personas como con los medicamentos y las
enfermedades. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
¡Silencio, señorías!
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Los juegos de palabras no sirven cuando estamos con cosas tan serias como
esta. Cobertura universal también la tiene la beneficencia y supongo que
no estamos hablando de lo mismo.
Señor Aznar, usted y su ministro han estado engañando reiteradamente a la
población asegurando que no habría (Rumores. Varios señores Diputados del
Grupo Socialista: ¡Sí! ¡Sí!) recortes de las prestaciones sanitarias, que
se mantendría el poder adquisitivo de las pensiones. ¿Qué tienen ustedes
que decir, señor ministro, a los cuatro millones de pensionistas que
tienen pensiones por debajo del salario mínimo interprofesional? ¿Qué
tienen ustedes que decir a los 3.200.000 parados, de ellos el 64 por
ciento sin ningún tipo de prestación ni subsidio? ¿Qué tienen que decir a
los trabajadores con empleo precario? ¿Cómo les va a explicar que cuando
los resultados económicos son tan espectaculares como los que S. S. acaba
de mostrar --evidentemente para los banqueros y para los que tienen
acciones en Bolsa--, se les traslada a los más pobres el cien por cien
del pago de los medicamentos más usados?
Ante la maraña contradictoria de declaraciones, es necesario, señor
Aznar, que usted aclare aquí lo siguiente: Los medicamentos excluidos,
¿son ineficaces y, entonces, manteniendo su registro, se está engañando a
la opinión pública acerca de la eficacia de medicamentos que no lo son,
siendo ustedes cómplices de la publicidad engañosa que se hará en los
medios de comunicación o bien son medicamentos eficaces, necesarios y
entonces estamos ante un recorte importante de prestaciones sanitarias?
Señor Aznar, han llegado ustedes a acuerdos con la industria farmacéutica
--que por supuesto se ha asegurado muy bien el mantenimiento de sus
beneficios-- y han tocado ustedes lo intocable: el derecho de los más
pobres, de quienes más necesidades tienen, a una prestación sanitaria
esencial. No duden ustedes de que este pueblo sabrá cobrarles la factura
que ahora le pagan por elementos esenciales. (Aplausos.) El señor
PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora diputada,
comprendo que S. S. se deslice por el camino de la demagogia,
probablemente es inevitable, pero, sin duda, en absoluto ese va a ser el
camino del Gobierno. No hay sistema nacional de salud más eficaz que
aquel sistema nacional de salud que es viable. Desde luego, la
responsabilidad del Gobierno está en conseguir que el Sistema Nacional de
Salud no llegue a una situación absolutamente insoportable desde el punto
de vista financiero. Le quiero decir que en un país como el nuestro, en
el que nos gastamos en sanidad más del 8 por ciento del producto interior
bruto, los medicamentos en España, señoría --que esos son los datos que
hay que contar y no hacer demagogia--, suponen casi el 25 por ciento de
todo el gasto de la sanidad española, cifra que no tiene parangón,
excepto en Portugal, en ningún país europeo.Y le quiero decir que, lejos
de establecer el Gobierno ningún tipo de recorte sobre prestaciones,
señorías, este Gobierno, para el presupuesto de 1998, ha incrementado el
presupuesto de sanidad en 386.000 millones de pesetas (Rumores.), que
supone 10.000 pesetas per cápita para los españoles, que supone un
esfuerzo inversor del 26,45 por ciento en las inversiones del Insalud y,
desde luego, eso se tiene que financiar de alguna manera. Una parte se
financia con la lucha contra el fraude, que es muy importante, y otra
parte se financia con la racionalización del sistema de prestaciones de
medicamentos, excluyendo medicamentos de baja utilidad terapéutica para
atender a otras urgencias más importantes del sistema de salud en nuestro
país. Y no me puede decir usted que eso favorece a la industria
farmacéutica, porque si excluir medicamentos favorece a la industria
farmacéutica, ¿qué sistema es el que permite financiar todos los
medicamentos, incluso los que tienen baja utilidad terapéutica? Eso sí
que es facilitar, señorías, las cosas a la industria farmacéutica, pero
no es defender el Sistema Nacional de Salud. (Rumores.--Aplausos.)
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿VA A
MANTENER USTED EL «RECETAZO» O PIENSA CUMPLIR SUS COMPROMISOS? (Número de
expediente 180/001015)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27 que formula al Gobierno el
diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, portavoz del Grupo
Socialista.
Señor Eguiagaray. (Rumores.) Silencio, señorías.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, señor Aznar, decía usted
que a mí me va bien porque tengo el honor de formular todas las semanas
una pregunta al presidente del Gobierno. Decía usted que esto era un
honor que usted me hacía y, al parecer, algo que se debía a mi humilde
persona (Rumores.). Ya le agradecí lo que eso significaba, pero, en
nombre de todos
aquellos que no tienen el derecho a preguntar como yo, quiero, señor
Aznar, decirle: ¿Tiene la intención de retirar el recetazo o, por el
contrario, lo que pretende es incumplir todas sus promesas? (Muy
bien.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, el Gobierno va a
mantener todas las medidas que supongan contribuir a la sostenibilidad y
viabilidad del Sistema Nacional de Salud. (Rumores.) El señor PRESIDENTE:
Gracias, señor presidente.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Créame, señor Aznar, que esperaba una
respuesta más inteligente. (Risas y aplausos.) No anda usted sobrado de
credibilidad... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señorías, no se puede
hablar en estas condiciones ni escuchar. Guarden silencio, por favor.
Adelante.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: No anda usted sobrado de credibilidad, señor
Aznar. Nos dijo que pensaba poner al frente de Televisión Española a un
independiente (Rumores.) y nos trajo al señor López-Amor, que es un
dechado de independencia; nos dijo que pensaba usted, y lo prometía
también, reducir en 5.000 altos cargos los que había en la Administración
y en menos de dos años los ha elevado en más de 1.000 personas; nos dijo,
dijo a toda España, que los socialistas habían cometido un fraude en
favor de los amigos y de los amiguetes (Rumores.) y supo usted que no
decía la verdad, señor Aznar. No está usted sobrado de credibilidad; en
absoluto. Pero en materia de recetazo, señor Aznar, usted y sus
portavoces han dicho muchas cosas. ¿Sabe usted lo que decía? Le recuerdo
algunas cosas. Dijo usted que nosotros habíamos empezado a hacer una
sanidad para ricos y otra para pobres. Y usted, que tiene esa virtud de
solemnizar lo obvio, decía enfáticamente aquello de «no es de recibo que
haya pensionistas sin derecho a medicinas gratuitas». Estoy de acuerdo,
señor Aznar; estoy muy de acuerdo. Por eso, usted y sus portavoces se
comprometieron en la campaña electoral nada menos que a esto: Nosotros
vamos a volver a incluir todos los fármacos ahora excluidos. ¿Con qué nos
encontramos, señor Aznar? Nos encontramos con que 869 medicamentos son
excluidos de la financiación pública, señor Aznar; nos encontramos con
que esto se hace no por razones médicas de ningún tipo, sino por razones
económicas. Porque quiere usted que las cuentas de esa España que dice
que le va bien le cuadren. Solamente por eso. Porque, señor Aznar, usted
en este momento no tiene ninguna credibilidad como para decir que esas
promesas pueden ser cumplidas...(Rumores.) El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señor Eguiagaray. (El señor Eguiagaray Ucelay pronuncia palabras
que no se perciben.) Señor Eguiagaray, ha cumplido su tiempo. Muchas
gracias. (Aplausos.) Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor
diputado, el ministro de Sanidad ya ha debatido esta mañana en la
Comisión de Sanidad con personas de su grupo que entienden de estos
asuntos y que, naturalmente, pueden hablar de ellos, y yo me voy a
limitar a eso, entendiendo, por supuesto, que yo respondo de aquel
programa con el que mi partido se presentó a las elecciones y del
discurso de investidura que hice en esta Cámara. De eso sí que respondo,
y a eso responde un sistema nacional de salud que sea viable. Y usted que
ha sido ministro del Gobierno, aunque a muchas personas les pueda parecer
mentira que lo haya sido (Rumores.), debería entender esas dificultades,
señor Eguiagaray, debería entender eso. (Aplausos.--Rumores y protestas.)
He dicho antes que en nuestro país se gasta más del 8 por ciento del
producto bruto en sanidad. He dicho que el crecimiento de la sanidad en
nuestro país en los presupuestos pasa de una tasa anual del 10 por
ciento. Cada tres años aproximadamente hay que hacer un saneamiento del
sistema financiero de nuestro sistema de salud. He dicho que casi un 25
por ciento de los medicamentos están en la sanidad española con cargo a
las prestaciones farmacéuticas y eso, señorías, no se da en ningún país.
(Rumores.) En Alemania, el 12; en Bélgica, el 8; en Italia, el 12; en
Francia, el 14; en Gran Bretaña, el 11. Y lo que hace falta es saber
comprender la actitud de un Gobierno que pide sacrificios a la industria
farmacéutica, que fomenta los genéricos y, naturalmente, que es capaz de
saber elegir entre aquellas prioridades que tiene el sistema de salud.
Nosotros no hemos tomado ninguna medida para excluir nada que tenga alto
valor terapéutico y no hemos dejado en la Seguridad Social ninguna
enfermedad sin cobertura por parte de la financiación pública. (Rumores.)
Y le vuelvo a preguntar quién es el beneficiario y quién ha sido el
beneficiario de que los españoles financien con sus impuestos medicinas
que no tienen ninguna utilidad terapéutica.
A usted y a ustedes, que han estado tanto tiempo en el Gobierno, les
vendría bastante mejor, señorías, ser un poco más responsables y un poco
menos demagógicos. (La señora López i Chamosa: ¡Lo hicimos mejor!)
Gracias. (Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JESUS JOSE GOMEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA:
¿ENTIENDE EL GOBIERNO QUE EL RECIENTE CONVENIO ENTRE LAS COMPAÑIAS IBERIA
Y AIR EUROPA MANTIENE LAS DESEABLES CONDICIONES DE COMPETENCIA EN EL
SERVICIO AEREO NACIONAL, ESPECIALMENTE EN EL TRAFICO DESDE LA PENINSULA A
LAS ISLAS? (Número de expediente 180/000974)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno el
diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria.
(El señor presidente del Gobierno abandona el hemiciclo.--Protestas en
los bancos del Grupo Socialista.--Varios señores diputados del Grupo
Popular: ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Y Almunia, y Almunia?.--Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
Señor Gómez Rodríguez, un momento.
Señorías, serénense, no intercambien descalificaciones recíprocas con
tanta rapidez, porque les aseguro que desde la Presidencia es imposible
seguirles. Créanme, ya no sabía lo que estaba ocurriendo. Por favor,
sosiéguense.
Tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señor ministro, señorías, en 1993 comenzó en España la
liberalización del transporte aéreo, se abrió un amplio marco de libertad
para la oferta de servicios aéreos y se liberalizaron las tarifas aéreas.
El ciudadano recibió con satisfacción la liberalización y hasta el
Tribunal de Defensa de la Competencia calificó la situación de
espectacular.
El panorama actual de los servicios de transporte aéreo en España, me
refiero al transporte de viajeros, es el de una actividad con fuerte
presión competitiva, en la que fundamentalmente tres empresas, una de
gran tamaño, Iberia, y otras dos de tamaño relativo, Air Europa y
Spanair, ofrecen servicios de forma simultánea en la mayor parte de las
rutas domésticas, tanto en la Península como en los archipiélagos. Este
panorama se enturbió con la subida, al unísono, por dichas compañías, de
las tarifas, de una forma abusiva y salvaje, en el mes de abril de 1997
(nada menos que un 25 por ciento Canarias-Península o Canarias-Baleares y
un 40 por ciento en el tráfico interinsular), cuestión en la que el
Gobierno actual --hay que reconocerlo-- actuó diligentemente iniciando el
correspondiente expediente, que llegará hasta el citado Tribunal.
Coalición Canaria, con el apoyo de todos los grupos políticos de este
Congreso, pidió la suspensión cautelar de la subida y la declaración de
servicio público, lo cual todavía está sin respuesta. Ahora, por noticias
de prensa, nos enteramos de que Air Europa suspende los servicios en las
Islas Baleares, lo cual supone que Iberia se queda sola, en la práctica
sin competencia, en ese mercado interior, y todo ello después de que la
compañía alcanzara un acuerdo, a través de un contrato temporal, por un
plazo de dos años prorrogables. El director general de Iberia anuncia
también que está dispuesto a negociar con Spanair. De paso, recordaremos
el reparto carente de equilibrio de los slots aeroportuarios.
Por todo ello, nuestro grupo pregunta: ¿Entiende el Gobierno que el
reciente convenio entre las compañías Iberia y Air Europa mantiene las
deseables condiciones de competencia en el servicio aéreo nacional,
especialmente en el tráfico desde la Península a las islas?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.Gracias, señor
diputado.
A la vista de la información difundida por medios de comunicación y que
coincide con la que ha hecho referencia S. S., el servicio de defensa de
la competencia inició un trámite de información el pasado 13 de enero
que, como S. S. sabe, es el trámite previo a la adopción de una decisión
de incoación de expediente y que consiste en el requerimiento de
información a las compañías afectadas. De esta información, que ya ha
sido remitida, se ponen de manifiesto los siguientes puntos. En
principio, se trata de un acuerdo de intenciones que todavía no está
concretado, acuerdo que no entrará en vigor hasta que, por parte de los
participantes, no se hayan obtenido todas las autorizaciones nacionales y
comunitarias y, por el momento, se desconoce cuáles serán las rutas
afectadas por la reducción de los medios disponibles de Air Europa. Es
cierto que la entrada en vigor del acuerdo parece indicar, al menos, que
la compañía Iberia se encontraría en unas condiciones de competitividad
internacional a medio plazo mejores; sin embargo --como ha dicho S. S.--,
también es posible que la reducción de la capacidad de operación directa
por parte de Air Europa pudiera perjudicar a las condiciones de
competencia en las rutas nacionales, que es precisamente lo que está
siendo analizado, para realizar el balance competitivo de la operación,
por los servicios de defensa de la competencia.
Tengo que decir que, según la información del Ministerio de Fomento, este
acuerdo supondría --si se formaliza definitivamente-- transportar unos
dos millones de pasajeros anuales adicionales e incrementar en un 8,4 por
ciento el número de asientos/kilómetros ofertados y, en el caso concreto
del tráfico peninsular con Canarias, se producirá un incremento del 10
por ciento en asientos y de un 15 por ciento el número de frecuencias
respecto a la temporada del pasado verano.
El Gobierno, en este momento, no puede pronunciarse sobre el fondo de la
cuestión (que está siendo analizado, una vez que las compañías nos han
remitido información) pero, como S. S. ha reconocido, el Gobierno ya ha
demostrado --y lo va a seguir demostrando-- que utilizará todos los
instrumentos legales a su alcance para garantizar el funcionamiento
transparente del mercado (en este caso el mercado del transporte aéreo)
y, también que utilizará todos los instrumentos para garantizar la libre
competencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente. (La señora
López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.--Rumores.) Señora
López i Chamosa, ya llegará, ya llegará lo de agricultura. Tranquilícense
sus señorías.
--DEL DIPUTADO DON FERNANDO GIMENO MARIN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿POR QUE NO HA CUMPLIDO EL GOBIERNO EL
COMPROMISO FIJADO EN EL II PLAN DE MEDIDAS DE LIBERALIZACION RESPECTO A
UNA NUEVA LEGISLACION CONCURSAL? (Número de expediente 180/001020)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, que formula al Gobierno el
diputado don Fernando Gimeno Marín, del Grupo Socialista.
Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente económico, hace un año se comprometió en esta Cámara
a traer una nueva legislación concursal, cuando hablaba de un plan de
liberalización de la economía, entre otras cosas se supone que para
resolver de forma adecuada y evitar los abusos que se producen por
empresas que se declaran en situación de suspensión de pagos o quiebra,
provocando situaciones de insolvencia, con graves perjuicios para los
trabajadores y para otras empresas. Si usted hubiera cumplido ese
compromiso, si el Gobierno lo hubiera cumplido, no tendríamos hoy en la
puerta del Congreso de los Diputados ni acampados en el Paseo del Prado a
trabajadores de una empresa que usted sin duda conoce, Refrescos y
Bebidas de Castilla, reclamando el dinero que se les debe por la empresa;
empresa que usted conoce muy bien, señor vicepresidente, entre otras
cosas porque ha sido miembro de su consejo de administración durante
bastante tiempo, accionista importante de esa empresa --y dicen que lo
sigue siendo-- y, en todo caso, de la que forman parte personas próximas
a usted, señor vicepresidente. Por eso la pregunta de por qué no ha
cumplido el Gobierno el compromiso fijado de traer una nueva legislación
concursal.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias, señor
diputado.
Con respecto a la parte general de su pregunta, tengo que decirle que
desde hace más de un año hay una comisión especial, nombrada por la
ministra de Justicia, estudiando esta cuestión, que efectivamente forma
parte del Plan de liberalización que el Gobierno aprobó el pasado mes de
febrero, en febrero de 1997. Esta ha sido la primera vez que se ha
presentado un plan de estas condiciones, e indudablemente esperamos que
esta legislación pueda estar presentada para debate público en el
Congreso de los Diputados durante este período de sesiones.
Sobre la segunda parte de su pregunta, que se refiere a cuestiones
personales, tengo que decirle que indudablemente todo lo que he
presentado en el Registro de Intereses y de Actividades de la Cámara
desde que soy diputado refleja cuáles son mis intereses y mis
actividades, y tengo que decirle que no tengo ninguna responsabilidad de
gestión. En cuanto a las condiciones concretas por las que se ha
producido esa situación, que no sólo lamento sino que sufro junto con
otras personas, entre ellos los trabajadores, le remito a las
declaraciones claras que he hecho a la propia empresa y al balance que
van a presentar los interventores de la suspensión, que aclarará
suficientemente cuál ha sido la actuación de los accionistas en este
tema. Estoy a disposición de S. S. para darle las explicaciones que
quiera. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.) El señor
PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rato.
Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Señor vicepresidente, cuando ustedes traigan a la
Cámara el proyecto de ley nos creeremos que viene y lo debatiremos en la
Cámara. Ley que --vuelvo a insistir-- debe impedir que se produzcan
situaciones de insolvencia provocadas por
las empresas, con graves perjuicios para trabajadores y para otras
empresas.
Señor vicepresidente, yo no creo que la forma en que usted plantea el
problema sea correcta, y hablo del otro problema, porque no puede usted
ignorar la situación, seguro que no la ignora, y no lo puede hacer por
dos tipos de razones: una que afecta a los propios trabajadores, que,
como usted sabe, llevan ya más de... (El señor Hernando Fraile: Se está
desviando del tema, que formule la pregunta.--Varios señores diputados:
¡Pon orden!--Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, la pregunta que
ha formulado S. S. tiene un contenido general. La tolerancia de la
Presidencia y la generosidad del señor vicepresidente al explicar temas
que pertenecen al ámbito de la Comisión del Estatuto de los Diputados le
ha dejado llegar hasta este punto, pero llegado este punto, señor Gimeno,
limítese a la cuestión planteada y no utilice fraudulentamente el
trámite. Se lo ruego encarecidamente.
Continúe. (Rumores.--El señor Eguiagaray Ucelay pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, en este trámite no hay alusiones
de ninguna naturaleza. El presidente dirige el debate. Cuando termine el
señor Gimeno S. S. tendrá la palabra.
Adelante, señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Gracias, señor presidente, pero quiero decirle que
la ley concursal que los socialistas defendemos es una ley que impide que
se produzcan las situaciones que se están produciendo en estos momentos.
(Aplausos.--Rumores.--La señora López i Chamosa: Si pagara, no pasaría
esto.--El señor Isasi Gómez pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías! ¡Señor Isasi! ¡Señora López i Chamosa!
Vuelvo a llamarles al orden.
Continúe, señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Esa ley tiene que impedir que se produzcan
situaciones de desvío de dinero hacia otras empresas de un mismo grupo
que provocan consecuencias graves para trabajadores y para otras
empresas, y eso es lo que le quiero decir al vicepresidente económico del
Gobierno.
Contestando en parte a lo que me ha dicho el vicepresidente económico del
Gobierno, señor presidente, y recogiendo lo que me dice, le quiero decir
que usted, que es miembro del Gobierno, tiene una especial
responsabilidad y una especial obligación de transparencia en temas de la
materia que estamos hablando.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno, ha concluido su tiempo.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, sobre la cuestión general,
tengo que decirle al señor diputado que el Gobierno, que efectivamente no
ha presentado todavía su propuesta de ley concursal, sí está regulando
cuestiones muy importantes que afectan al tráfico mercantil, como la
venta a plazos, el leasing, las ventas a distancia y otras, y que desde
luego en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, que ya es
conocido por la opinión pública, se acelera claramente el procedimiento
monitorio para deudas inferiores a tres millones de pesetas, que otorgará
una mayor celeridad al cobro de deudas.
Sobre el tema particular --si es que S. S. quiere creerme y, si no, lo va
a comprobar--, cuando unos accionistas de una sociedad en una situación
de suspensión de pagos son acreedores de la sociedad es porque no sólo
han puesto el dinero a que les obligaba la ley, sino que han puesto más,
y en esas circunstancias S. S. puede juzgar lo que quiera, y si las
circunstancias se derivan de un incumplimiento de un contrato de otra
tercera sociedad --que no voy a mencionar aquí para no mezclar intereses
privados--, se produce una situación extraordinariamente compleja que S.
S. hace mal en simplificar.
Yo comprendo que S. S. quiera meterse conmigo si le parece políticamente
correcto, pero le aseguro que en este tema S. S. no va a encontrar
ninguna respuesta en los tribunales que garantice lo que dice. Usted, por
tanto, podrá hacer demagogia. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, con toda la cordialidad,
quiero expresarle que el que la Presidencia dé amparo a quien lo pide y
no dé amparo cuando se pide por las alusiones reiteradas a veces a la
vida, a la familia, a las personas, al pasado o al futuro, de miembros de
este grupo parlamentario es algo que este grupo no puede aceptar, entre
otras cosas porque el diputado señor Gimeno se estaba refiriendo a una
cuestión general y a una cuestión particular que tiene que ver con la
general. (Rumores.--Un señor Diputado: No tiene nada que ver.)
El señor vicepresidente del Gobierno no ha tenido la menor objeción. No
entiendo por qué la Presidencia tiene que dar amparo a quien no lo pide,
incluso incurriendo en lo que es una manifiesta censura de expresiones
públicas que se están produciendo con toda corrección. (Varios señores
diputados: Lo hemos pedido.)
Señor presidente, me da la sensación de que esto no es lo que ocurre
habitualmente cuando, a propósito de no importa qué pregunta o de no
importa qué intervención,
tenemos que escuchar de los bancos del Partido Popular cosas que nada
tienen que ver con la cuestión planteada. (Aplausos.) El señor
PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Es norma de la Presidencia no polemizar con SS. SS. Ya le he dicho, señor
Eguiagaray, que esperara el momento de finalización del turno para
hablar. Sí quiero asegurarles una cosa, sin perjuicio, naturalmente, de
la falibilidad del criterio presidencial y en todo momento susceptible de
críticas, máxime si se hacen con la cortesía, en el momento adecuado y
con la cordialidad que S. S. ha manifestado inicialmente.
Señor Eguiagaray, tanto en alusiones como en preguntas orales la
Presidencia lo que procura es el respecto al Reglamento y a su
desarrollo. He tenido que llamar la atención del señor Gimeno porque su
pregunta está planteada en términos generales sobre la legislación
concursal. Ha derivado hacia una cuestión personal o particular que el
señor vicepresidente del Gobierno ha querido contestar, sin estar
obligado a ello porque no está más que vinculado a la pregunta que se le
formula, pero cuando ya la réplica avanzaba por el camino particular y no
por el de la pregunta, me he visto obligado, en aplicación del
Reglamento, a llamarle la atención. Esa es la interpretación que ha hecho
la Presidencia y sobre la que agradeceré que reflexionen SS. SS.
Muchas gracias.
--DEL DIPUTADO DON LUIS MARTINEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿VA A ASUMIR EL GOBIERNO LAS RECIENTES
PROPUESTAS ECONOMICAS DEL PRESIDENTE DE LA CEOE, EL SEÑOR CUEVAS? (Número
de expediente 180/001021)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 33, que formula al
Gobierno el diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno, la patronal española, por boca
de su presidente, sostiene
--sería más correcto decir sigue sosteniendo-- que es necesario que
desde el Legislativo, y supongo que desde el Ejecutivo, se intervenga en
el mercado de trabajo, en particular en dos cuestiones: en primer lugar,
con el apartamiento o la separación de los jueces del procedimiento
laboral y, en segundo lugar, en la rebaja de cotizaciones a la Seguridad
Social pública.
Señor ministro de Economía, creo recordar, al menos por lo que
transmitieron los medios de comunicación de su presencia en aquella
asamblea, que usted se mostró comprensivo con las manifestaciones del
presidente de la patronal en aquella ocasión. Es por eso que tiene
sentido, en cuestiones tan importantes, la pregunta que yo le quiero
hacer: ¿Va a asumir el Gobierno las recientes propuestas económicas del
presidente de la CEOE, señor Cuevas? (Un señor diputado: ¡Vaya
pregunta!--La señora López i Chamosa: Ya te la pasaré para que la
copies.--Risas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias, señor
diputado.
Señor Martínez Noval, el Gobierno del Partido Popular tiene por norma no
hacer valoraciones políticas sobre las propuestas de los interlocutores
sociales. El Gobierno hace sus propuestas, las trae al Parlamento, están
en nuestro programa electoral, en nuestros debates, pero no hacemos
valoraciones políticas de las declaraciones, de las propuestas económicas
o sociales que hacen todos los días los interlocutores sociales. Espero
tener ocasión en la réplica de poder explicar a S. S. por qué.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Martínez Noval
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
He hablado de dos cuestiones a las que se refería el presidente de la
patronal y que usted escuchó. La primera de ellas tiene que ver
sencillamente con el apartamiento de los jueces del procedimiento
laboral, lo cual es, en román paladino, el despido libre. Por tanto,
señor ministro, no estamos hablando de cuestiones baladíes, estamos
hablando de cuestiones que interesan mucho a la población española.
En segundo lugar, estamos hablando de reducción de cuotas a la Seguridad
Social. Y, desde nuestro punto de vista, el señor presidente de la
patronal española pretende asestar una buena puñalada a las posibilidades
de que en el futuro se sostenga el equilibrio económico y financiero del
sistema público. Yo creo haber entendido de sus palabras e incluso de las
del presidente del Gobierno --así lo sostuvo en una rueda de prensa fuera
de España-- que había que seguir profundizando en la reforma laboral. No
sé también si de su boca salieron esas mismas palabras. Conociéndoles
como les conocemos, es natural, parece lógico que esas manifestaciones
suyas haya que ponerlas en paralelo con las del presidente de la
patronal.
Señor Rato, parece que ustedes hablan un doble lenguaje, y por eso esta
tarde sería el momento de que usted desmintiera o hablara un solo
lenguaje a la sociedad española, a los trabajadores españoles. Esta es su
oportunidad. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señor Martínez Noval, mire
usted, este Gobierno habla un solo lenguaje que es el del diálogo social
(Rumores.), y hemos demostrado que somos capaces de conseguir consensos
sociales en temas muy importantes. Consensos a los que, además --y yo lo
agradezco--, ustedes se han sumado, incluso corrigiendo posiciones
iniciales, y eso es bueno en temas tan importantes como los que usted
acaba de mencionar. Y para tener diálogo social hay que tener respeto a
los interlocutores sociales y no instrumentalizarlos. Si el Gobierno es
partidario o no de reducir unas cotizaciones sociales --que, por cierto,
nosotros las hemos reducido y ustedes también--, el Gobierno debe
defenderlo y ustedes lo pueden criticar. Pero me parece un craso error
convertir las cabezas de los interlocutores sociales en arma arrojadiza
en el debate político. Cuando se seguía esa práctica no había diálogo
social ni había acuerdos sociales. Y gracias a que esa práctica no se
sigue ahora, hemos tenido una reforma del mercado laboral, con acuerdo
social y con acuerdo político posterior, que creo que ha sido muy
beneficiosa para la creación de empleo, como las cifras demuestran; y
gracias a esa práctica estamos consiguiendo que nuestro país pueda
modernizarse con un ambiente de relaciones industriales
extraordinariamente profundo y colaborador entre los interlocutores
sociales. El Gobierno ha dicho y demostrado con hechos que cree que la
reducción selectiva para los colectivos más afectados por el desempleo de
las cotizaciones sociales es un instrumento válido, siempre en un marco
de estabilidad de la Seguridad Social. Y hablando de estabilidad de la
Seguridad Social, S. S. deberá reconocer conmigo que una Seguridad Social
como la que nosotros estamos gestionando es bastante más estable que la
que ustedes nos dejaron, con un déficit que no se podía sostener.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL AUMENTO DE
UN 30 POR CIENTO DEL SUELDO DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO RESPETA LAS
PROMESAS ELECTORALES DEL PARTIDO POPULAR? (Número de expediente
180/001022)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, que formula al Gobierno el
diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente segundo para asuntos económicos, tal y como apuntaba
la Ley de Presupuestos Generales del Estado con el cambio del régimen
retributivo --aunque usted aquí eludió hábilmente en su día la cuestión,
su subsecretario negó públicamente que se iba a producir un aumento
retributivo de los sueldos de los secretarios de Estado--, hemos conocido
que el Consejo de Ministros del día 30 de enero lo aprobó, y no por la
referencia del señor Rodríguez --y mire que es raro esto, porque al señor
Rodríguez le gusta informar de todo lo que pasa en los Consejos de
Ministros--, y después parece ser que el Ministerio de Economía, el día 3
ó 4, dicta una orden estableciendo un complemento de productividad para
los secretarios de Estado de tres millones de pesetas, lo que supone
aproximadamente un aumento del 30 por ciento, estableciéndose que no
pueden cobrar en los consejos de administración. Bien es cierto que han
estado dos años y ahora hay menos consejos. Por cierto, nadie ha dicho
nada sobre qué pasa con los directores generales, tanto que hablaron de
los consejos de administración.
Es verdad que también ha habido en otros momentos cambios de sistemas
retributivos, de aumento de complementos de productividad del
veintitantos por ciento a los subsecretarios y a los directores
generales. Por tanto, fíjese que no le hablo de que sea mucho o poco. El
señor Aznar creo que ha dicho en una declaración que si ganan más que los
ministros es porque son más importantes o más competentes. No sé si usted
compartirá eso. En todo caso, dejémoslo en discutible. Yo no le digo que
la retribución sea mucha o poca, sino que le pregunto: ¿Considera el
Gobierno que el aumento de un 30 por ciento del sueldo o de la
retribución de los secretarios de Estado respeta las promesas electorales
del Partido Popular?
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias, señor
diputado.
No se ha producido un aumento del 30 por ciento en las retribuciones
reales de los secretarios de Estado. Su señoría lo sabe, yo lo sé, lo
sabe toda la Cámara, y ahora escucho la siguiente parte. (Rumores.) El
señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor vicepresidente, usted sabe como yo que
sí se ha producido, en la mayoría de los casos un aumento neto del 30 por
ciento, y en el resto se les ha compensado porque dejan de cobrar por los
consejos de administración. Pero el problema, le insisto, no es ese, no
es que sea mucho o poco lo que se ha aumentado, porque otras veces se ha
aumentado; el problema está en lo que ustedes decían en esta Cámara de
los sueldos de los altos cargos. Ustedes decían a la opinión pública: en
épocas difíciles, de austeridad, a este país se le piden sacrificios y,
en definitiva, a los ciudadanos se les exige que se aprieten el cinturón
y, por otro lado, la Administración actúa generosamente primando
económicamente a sus altos cargos; que esto era un despilfarro contrario
a la austeridad. El problema es su credibilidad; el problema es su
palabra; el problema es que han hecho todo lo contrario de lo que decían,
y eso, tarde o temprano, estará muy claro en la opinión pública.
(Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias, señor
diputado.
El problema sí es ese, señor Rodríguez Zapatero, es si es verdad o es
mentira, porque si no, ¿cuál es la discusión?
Un secretario de Estado en el año 1997 cobraba lo mismo que hoy y ahora
se ha incrementado su sueldo en un 2,1. (Rumores.) Señorías, esta es la
realidad (Varios señores diputados: ¡No!), y ustedes tienen que saberlo
porque hace muy poco que han estado en el Gobierno. Por ciento, ¿dónde
estaba usted en el debate de presupuestos? Porque ya se debatió en el
debate de presupuestos. ¿No se enteró? (Rumores.) Entonces, ¿por qué
habla usted de secretismo? En el debate de presupuestos se introduce una
fórmula de transparencia. (Continúan los rumores.) ¿No tiene mucho más
sentido, señoría, que los españoles sepan lo que gana un alto cargo
porque lo reciba de los Presupuestos Generales del Estado y no de
empresas públicas? ¿No tiene mucho más sentido? (Varios señores
diputados: No.--El señor Cercas Alonso: ¿Qué pasa con las promesas?)
Bien, pues si a ustedes no les gusta, cuando lleguen a gobernar
introduzcan ese sistema, pero no digan ustedes que sube la retribución.
Cuando sí sube la retribución, señor presidente, es cuando un alto cargo,
además de incrementar su retribución en un 2,1, la incrementa en 150.000
pesetas, entonces sí sube la retribución, y S. S. tiene experiencia
propia sobre esa cuestión. (Rumores.) Pero mire usted, aquí lo
importante, señoría, es que no contribuyamos con un debate ficticio y
falso al desprestigio de la responsabilidad de todos los altos cargos.
(El señor Hernández Moltó: ¡Venga, hombre, eso es lo que habéis hecho
vosotros!)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, silencio!
Continúe, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Perdone, señoría, le insisto en que la
cuestión que usted quiere eludir es precisamente la que plantea su
pregunta. Tiene gracia que usted me pregunte si incrementar el 30 por
ciento el sueldo a los altos cargos está bien o mal y después me diga que
esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión porque es mentira. Esa es la
realidad.
Pues bien, señoría, la cuestión es que nosotros entendemos que es mejor
hacerlo transparentemente y ustedes prefieren hacerlo vía dietas de
consejo. Ese es el debate político, y centremos el debate político donde
está.
Yo creo, señoría, que no avanzamos demasiado si ni siquiera ustedes están
convencidos de lo que dicen.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
vicepresidente.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MERCEDES AROZ IBAÑEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿EN CUANTO ESTIMA EL GOBIERNO LA PERDIDA
RECAUDATORIA PARA LA HACIENDA PUBLICA POR LA ANUNCIADA REFORMA DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS? (Número de expediente
180/001023)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 35, que formula al Gobierno la
diputada doña Mercedes Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista.
Señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, su Gobierno ha aprobado ya dos Presupuestos
Generales del Estado sin cumplir su prometida rebaja de impuestos para
todos. Ustedes mintieron electoralmente a los españoles (Rumores.),
porque se comprometieron a aplicar la reforma de inmediato si ganaban las
elecciones --está en todas las hemerotecas, señor Rato--; lo hicieron
sabiendo que no lo cumplirían y no lo han hecho, señor Rato. Ahora
vuelven ustedes a engañar, porque ustedes han enviado un informe al
Parlamento con una reforma que dicen que no es la suya. El señor Costa,
su secretario de Estado, ha dicho: El documento en ningún momento recoge
los criterios ni la posición del Gobierno. ¿De qué debemos debatir
entonces, señor Rato? Desde luego, el Grupo Socialista esperará a conocer
cuáles son los criterios del Gobierno. Pero díganos hoy ya --y esta es la
pregunta que le dirige el Grupo Socialista-- cuál es la estimación de la
pérdida recaudatoria por la anunciada reforma en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, sabiendo que usted, con sus propias
cifras, está por encima de los 400.000 millones de pesetas.
Gracias, señor presidente. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señora Aroz.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, gracias. Señora diputada,
muchas gracias.
Yo le aconsejaría a la señora diputada que debatiera sobre las leyes, no
sobre los informes de los expertos. Por ejemplo, cuando su Gobierno pidió
un informe a unos expertos sobre la sanidad, ni siquiera lo envió al
Parlamento porque, antes de que llegara al Parlamento, ya había dado
marcha atrás el Gobierno. ¿Se acuerdan? Bien.
Sobre esta cuestión, señoría, ha utilizado palabras muy gruesas, ha dicho
que hemos mentido. ¿Por qué, señoría? ¿No estaba usted aquí cuando se
votó la nueva tarifa de renta? ¿No se enteró usted, siendo la portavoz de
economía, que ha disminuido la presión en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas para las rentas inferiores a dos millones de
pesetas? ¿Cómo no se enteró usted? ¿Cómo no se dio usted cuenta de eso?
Porque ha sucedido dos años seguidos. ¿Por qué no hace sus deberes,
señoría? Coja usted la tarifa y compárela. ¿No se ha enterado usted de
las deducciones sobre familia que afectan de manera directa a millones de
españoles? ¿No se ha enterado usted de eso tampoco? Señoría, va usted a
tener que hacer un gran esfuerzo para entender el debate que viene.
(Rumores y protestas.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Debo manifestar la protesta más enérgica del Grupo Socialista porque el
señor vicepresidente venga aquí a reñir al Grupo Socialista en lugar de
contestar y dar sus explicaciones en relación a la pregunta que le he
formulado. (Rumores.) Diga usted cuál es, conteste usted a la pregunta.
Sin embargo, sí quiero comentarle algo, señor Rato. Ustedes han prometido
una reforma fiscal de gran alcance; ustedes no la han cumplido, y yo le
pregunto por el coste de esa reforma. Contesten ustedes. Ustedes han
creado unas expectativas enormes ante los ciudadanos españoles, pero no
les salen las cuentas y por eso no cumplen sus promesas. Y debo decirle
que la OCDE acaba de recordarle que ha aplazado problemas y ha aplazado
reformas que usted debe pagar. Usted es un mal pagador, señor Rato, como
empresario y como ministro de Economía. Diga ya cuál es la reforma fiscal
del Partido Popular y hágalo esta vez sin trampas y sin la demagogia que
han venido empleando hasta ahora. (Protestas y aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor vicepresidente.
Señora Aroz, sabe S. S. que en sus palabras ha habido alusiones
personales por las que merece una llamada al orden. Le llamo al orden por
las alusiones personales que ha hecho a lo largo de su réplica.
Adelante, señor vicepresidente. (Fuertes rumores y protestas.)
¡Señorías, guarden silencio!
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, señora diputada,
mi intención no era reñirla, sino simplemente recordarle que tiene usted
que saber lo que ha pasado durante esta legislatura para poder juzgar al
Gobierno. (Rumores.) Si su intención tampoco era reñirme, estamos en un
debate parlamentario. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)
Lo que quisiera decirle, señoría, es que hemos cumplido nuestro programa
electoral y con los votos en contra de ustedes. Ustedes se han opuesto a
todas nuestras medidas tributarias, a todas. Cuando hemos reducido los
impuestos a las familias, cuando hemos reducido los impuestos a las
pymes, cuando hemos cambiado la tributación del ahorro, ustedes se han
opuesto siempre y siempre han anunciado que con esas medidas nos
equivocábamos. Esta misma tarde hemos oído los resultados económicos de
la economía española. Ayer, en la Comisión de Presupuestos, conocieron
ustedes la evolución de los ingresos de la economía española. (Un señor
diputado: Nos fuimos.) No, no se fueron, de ésa no se fueron; ayer se
quedaron; se fueron esta mañana, pero ayer se quedaron. Por lo tanto,
ayer sí pudieron aprender lo que ha sucedido con los presupuestos. (El
señor Cercas Alonso: La semana que viene.) Por consiguiente, yo le
aconsejo a S. S., primero, que se lea el informe de los expertos, que
vaya confeccionando su posición sobre lo que puede ser
una reforma de gran calado del IRPF y que se oponga con alternativas a lo
que el Gobierno va a hacer, porque esté segura S. S. que esta reforma va
a venir y lo va a hacer pronto, y vamos a ver lo que ustedes tienen que
decir sobre ella.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON JOSE FRANCISCO HERRERA ANTONAYA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿LAS
FUERZAS ARMADAS TIENEN SUFICIENTE PERSONAL CUALIFICADO PARA DESEMPEÑAR
LOS NECESARIOS PUESTOS DE TRABAJO EN LOS CUARTELES GENERALES DE LA OTAN,
TENIENDO EN CUENTA LA LOGICA NECESIDAD DE QUE ESTOS DESTINOS DEBEN TENER
UNA DURACION LIMITADA? (Número de expediente 180/001008)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, que formula al ministro de
Defensa don José Francisco Herrera Antonaya, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Herrera.
El señor HERRERA ANTONAYA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, no cabe duda que España ha incrementado
durante los últimos años su prestigio y su presencia en los foros
internacionales más importantes, lo que nos permite afrontar el siglo XXI
con bastante más ilusión, con bastante más esperanza que la que describía
aquella generación a la que ahora recordamos en su centenario. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) La
política española de defensa ha sido fundamental a la hora de consolidar
ese nuevo protagonismo internacional, que viene avalado por éxitos como
la organización de la cumbre de la OTAN en Madrid o la participación en
misiones de paz de nuestras Fuerzas Armadas en Albania o en la antigua
Yugoslavia. Precisamente el pleno ingreso en la estructura militar de la
OTAN va a permitir que un importante número de miembros de las Fuerzas
Armadas Españolas se incorporen a los cuarteles generales de la
organización en España. Para responder con garantías a este nuevo reto es
necesario que este personal posea determinados conocimientos
imprescindibles, como un elevado nivel de aptitud en idiomas, cursos de
Estado Mayor en muchos casos y un conocimiento suficiente de la
organización, estilo de trabajo y responsabilidades de la OTAN. Teniendo
claro que es muy importante el porcentaje de personas de las Fuerzas
Armadas que ya cumplen estos objetivos porque han acreditado altos
niveles en estas materias y que están funcionando, o lo estarán en un
futuro próximo, centros de enseñanza para la especialización en el
desempeño de destinos en la OTAN, me gustaría, señor ministro, que
contestara, incidiendo especialmente en los aspectos relativos a la
cualificación, a la siguiente pregunta: ¿Las Fuerzas Armadas tienen
suficiente personal cualificado para desempeñar los necesarios puestos de
trabajo en los cuarteles generales de la OTAN, teniendo en cuenta la
lógica necesidad de que estos destinos deben tener una duración limitada?
Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!--El señor Hernández Moltó pronuncia palabras que no
se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Herrera.
Señorías, les ruego silencio. Señor Hernández Moltó, le ruego silencio.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Estoy recriminando a un diputado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro de
Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señoría.
Hay que contestar que sí. Hay personal suficiente cualificado para
desempeñar los puestos de trabajo necesarios en los cuarteles generales
de la Alianza debido a varias razones. Una de ellas, quizá la más
importante, es la racionalización y dimensionamiento en curso sobre las
estructuras administrativas del Ministerio de Defensa, que hará posible
contar con carácter general, como digo, y en número suficiente con el
personal cualificado para hacerse cargo de los puestos derivados de la
integración de España en la estructura militar.
Hay que resaltar la gran aportación que habrá que realizar de diplomados
de Estado Mayor en los empleos de teniente coronel o capitán de fragata y
comandante o capitán de corbeta con dominio de los idiomas oficiales de
la Alianza, especialmente del inglés. Hay que tener en cuenta, y lo ha
dicho S. S., que el personal de las Fuerzas Armadas Españolas trabaja
desde hace tiempo, desde la entrada de España en la Alianza, con
procedimientos OTAN, participa en reuniones y en grupos de trabajo y en
ejercicios de la Alianza, por lo que ya existe una gran cantidad de
personal cualificado para desempeñar estos puestos de trabajo. No
obstante, para solventar la demanda adicional que se producirá como
consecuencia de la integración
plena, se está incrementando el número de alumnos que acceden a los
cursos de Estado Mayor, lo que facilitará y agilizará la formación de los
oficiales superiores. Se está previendo impartir una serie de cursos
monográficos específicos del personal que vaya destinado al próximo
cuartel general en Madrid, así como de los idiomas, básicamente del
inglés, de la Alianza.
Por último, hay que señalar que, además del personal que va a ocupar
puestos en los cuarteles generales, existen otros en organismos como
Estados Mayores o unidades que continuarán manteniendo una estrecha
relación con la Alianza, lo que permitirá tener no sólo el personal
suficiente, sino la adecuada rotación conforme pase el tiempo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON HIPOLITO FARIÑAS SOBRINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿LA INTEGRACION DE
ESPAÑA EN LA ESTRUCTURA MILITAR DE LA OTAN EXIGIRA UN INCREMENTO DE LAS
VIGENTES PLANTILLAS DE PERSONAL? (Número de expediente 180/001009)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, que formula don Hipólito Fariñas
Sobrino, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, parece indiscutible que la incorporación de
España en la estructura militar de la OTAN va a suponer unas necesidades
añadidas de nuevo personal militar. Echando un vistazo a la legislación
nos encontramos con que la Ley 14/1993, de 23 de diciembre, de plantillas
de las Fuerzas Armadas, fija el número de existencias de cuadros de mando
para cada uno de los ejércitos y de los cuerpos comunes. De igual modo,
el Real Decreto 1083, de 1997, fija las plantillas de las Fuerzas Armadas
para el ciclo 1997-1998 y posibilita la adaptación progresiva de los
efectivos de cuadros de mando a las plantillas como las fija la Ley 14
que acabamos de citar. Si observamos comparativamente los cuadros de las
plantillas fijadas por el real decreto y las previstas en la ley de
referencia, veremos que para los ejércitos de Tierra y Aire se cumplen
escrupulosamente y por completo para el período 1997/1998, mientras que
para la Armada y los cuerpos comunes tan sólo --entre comillas, tan
sólo-- se aproximan. Llegados a este punto, debemos decir que la ley
redactada en 1993 no pudo tener en cuenta las necesidades extraordinarias
de personal que la incorporación a la estructura militar de la OTAN iba a
suponer. Por tanto, parece de todo punto consecuente que una parte de
este personal pertenezca a los niveles de oficiales generales y oficiales
superiores, cuyo número se presenta ya muy ajustado a las actuales
plantillas. Por ello, señor ministro, le formulo la pregunta como sigue.
¿La integración de España en la estructura militar de la OTAN exigirá un
incremento de las vigentes plantillas de personal?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fariñas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente,
señoría.
Pensamos que no va a exigir un incremento de las plantillas actuales la
necesidad de puestos de trabajo adicionales derivados de la integración
de España a la estructura militar de la Alianza. Las previsiones que
actualmente tiene el Estado Mayor de la Defensa son cubrir
aproximadamente 250 puestos de trabajo en la estructura de mandos y
fuerzas de la Alianza en el período 1998-2000. Estos puestos se
desglosarían en 14 oficiales generales, 152 oficiales superiores y 90
oficiales y suboficiales. Hay que tener en cuenta que ya existen 68
militares trabajando en diferentes puestos de la Alianza que se
integrarán en los estados mayores de los cuarteles generales, donde
actualmente desempeñan funciones de enlace. Es decir, no se requerirá por
tanto plantilla adicional, puesto que simplemente sustituirán su
denominación y en cierto modo también su actividad pero sin requerir la
presencia adicional de militares.
Como se puede ver, las necesidades de personal que se prevén, unidas a lo
que acabo de mencionar en la respuesta anterior sobre el proceso de
reducción y concentración de unidades y de estructuras administrativas,
van a permitir atender esas necesidades adicionales sin requerir
incremento de las plantillas actuales. No obstante, hay que reconocer que
eso va a suponer un esfuerzo grande, tanto para las Fuerzas Armadas en su
conjunto como para los componentes en forma individual, ya que, como ha
dicho S. S., las plantillas están muy ajustadas especialmente en los
oficiales generales y en los oficiales superiores, pero creemos que no
será necesario ningún aumento para hacer frente a las nuevas necesidades.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON LUIS MARDONES SEVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INTERIOR: ¿QUE
MEDIDAS ADOPTARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA
EN LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA, AL NO HABERSE PRODUCIDO LA
HABILITACION DEL COLECTIVO DE GUARDAS DE SEGURIDAD, SEGUN LO DISPUESTO EN
LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY 23/1992, DE SEGURIDAD
PRIVADA? (Número de expediente 180/000998)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 14,
que formula don Luis Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Interior, el sector de la seguridad privada en España,
con las empresas que lo soportan, tiene en enero de este año un colectivo
aproximado de unas 60.000 personas, de las cuales hay unas 20.000 en la
categoría que la Ley 23/1992, de la Seguridad Privada, señalaba con la
denominación de vigilantes jurados. En la segunda denominación, guardas
de seguridad, la cifra estimada el pasado mes era de 40.000 personas. La
entrada en vigor de las disposiciones que en el anterior Ministerio de
Justicia e Interior han venido correspondiendo a la Secretaría de Estado
de Interior al desarrollar la ley citada, en su disposición transitoria
tercera, exigía una habilitación para estos guardas de seguridad. Pues
bien, es el momento en que solamente se han hecho habilitaciones de
24.000 y, respecto a las dos convocatorias hechas el pasado año, diré que
una se hizo en febrero de 1997 y el examen se vino a realizar el
diciembre, y otra en septiembre de 1997, de la que sólo se ha producido
la lista de excluidos y los exámenes se prevén para marzo de 1998. Esto
ha generado un problema en las empresas de seguridad privada, problema
del que ellos no son responsables. A tenor de este principio legal y de
la resolución dictada por la Secretaría de Estado de Interior el 19 de
enero de 1996, que daba un plazo de dos años --por tanto, desde el uno de
febrero--, las empresas de seguridad privada se verían obligadas a tener
habilitado todo este personal o, de lo contrario, estarían en situación
de ilegalidad. Se han alegado razones de descentralización, pero la
Dirección General de la Policía y los servicios del Cuerpo Nacional de
Policía no pueden mantener este principio que, en el ámbito del
archipiélago canario, ha dado origen a una dependencia de los servicios
centrales para hacer esta habilitación. En primer lugar, creo que el
Cuerpo Nacional de Policía tiene prestigiosos y competentes profesionales
en el área del archipiélago canario para poder realizar la habilitación
de este personal. En cualquier caso, las empresas de seguridad privada no
pueden estar en una situación de ilegalidad, por lo que pregunto al señor
ministro qué ha previsto para resolver este problema.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Mardones.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor presidente.
Como ha recordado el señor Mardones, el Ministerio del Interior ha
adoptado un conjunto de medidas necesarias para habilitar a los guardas
de seguridad, de forma que lo que antes era una figura que en nuestra
opinión no respondía a la seguridad del futuro --y así lo creyó también
el Gobierno anterior-- pudiera incorporarse a una única figura de
vigilante de seguridad. Por ello, durante 1997 se han publicado tres
convocatorias que permiten la habilitación de estos guardas de seguridad.
La primera de ellas ya está resuelta y en ella han sido declarados aptos
1.200 aspirantes. En la segunda de las convocatorias ha solicitado la
habilitación 10.000 aspirantes, se ha publicado ya la lista provisional y
la realización de pruebas está prevista para mediados del mes de marzo.
En diciembre de 1997 se ha publicado una tercera convocatoria en la que
han solicitado tomar parte unos 6.000 aspirantes y cuya finalización se
prevé para finales de abril. Pues bien, hemos tomado la decisión de
realizar una cuarta convocatoria, que fue producida el pasado 7 de
febrero de 1998, con tres meses de plazo para la presentación de
solicitudes y cuya finalización podría producirse en los meses de verano.
Es importante destacar que se ha concedido un plazo de tres meses para la
presentación de solicitudes, con lo que se pretende que el personal que
aspire a tomar parte y que aún no hubiera obtenido el correspondiente
diploma en los centros de formación tenga tiempo suficiente para
proveerse del mismo. Asimismo, como ha recordado el señor Mardones, se
está haciendo un esfuerzo por parte del Gobierno para descentralizar el
lugar de la celebración de las pruebas, en particular en la isla de
Tenerife, así como en cualquier isla de ese archipiélago, de forma que
nadie que tenga posibilidad de aspirar a ser vigilante de seguridad pueda
quedar fuera.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA CHIQUILLO BARBER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUE INICIATIVAS PIENSA
ADOPTAR EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA IMPULSAR Y HACER REALIDAD EL
PROYECTO DENOMINADO «PARQUE CENTRAL» --RENFE-- EN LA CIUDAD DE VALENCIA?
(Número de expediente 180/000997)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 13,
que formula don José María Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario
Mixto.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, ¿qué iniciativas piensa adoptar el Ministerio
de Fomento para impulsar y hacer realidad el proyecto denominado Parque
Central --Renfe--, en la ciudad de Valencia?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, el Ministerio en cualquier caso no va a adoptar ninguna
iniciativa unilateral. Va a trabajar coordinadamente con las otras dos
administraciones afectadas, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalidad
Valenciana. Su señoría sabe que la gestión del conjunto de actuaciones
a llevar a cabo para la integración del ferrocarril en la ciudad es
compleja y no tenemos todavía definida en las conversaciones en curso la
forma de colaboración. En principio contemplamos tres posibilidades. Un
convenio de carácter general que incluya, por tanto, todas las
actuaciones y distribuya lo que corresponde hacer a cada Administración.
Estamos pensando en una serie de convenios parciales para realizar
actuaciones concretas dentro del proyecto global. Finalmente, estamos
pensando también en un posible consorcio de gestión para financiar
aquella parte de las distintas actuaciones que puedan financiarse con las
plusvalías liberadas por la integración del ferrocarril. Como ve,
señoría, es un proyecto extraordinariamente complejo, de alto coste, en
el que hay que ponerse de acuerdo en su concepción, en su dimensión
técnica, en su dimensión financiera y en su dimensión de gestión. En ello
estamos.
Señor presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, como bien conoce, este es un proyecto que lleva ya muchos
años --hablando rápidamente-- en el candelero. La construcción del parque
central de Valencia es una vieja aspiración de la ciudad de Valencia y de
sus ciudadanos. Arranca de un convenio firmado por Renfe y el
Ayuntamiento de Valencia, con el consentimiento del Ministerio de Obras
Públicas por aquel entonces, del uno de marzo de 1989, hace prácticamente
ya nueve años. La ciudadanía y Unión Valenciana entienden que es un
proyecto vital para el desarrollo urbanístico de la zona y el entorno de
la estación de Renfe y abarca casi un millón de metros cuadrados. Se
construiría un gran parque, se descongestionaría aquel sector y se
facilitaría una zona de esparcimiento y ocio para un núcleo importante de
población. Este proyecto, que diseña la urbanización de casi un millón de
metros cuadrados, arranca en marzo de 1989 y fue flagrantemente
incumplido por la anterior Administración cuando, en el año 1992, la
presidenta entonces de Renfe señaló que era un proyecto imposible y por
eso no se podía considerar un proyecto. En esos días el Partido Popular
del Gobierno municipal de la ciudad de Valencia pidió compromisos y
celeridad en las inversiones.
Queremos saber si hay o no voluntad política, porque es una asignatura
pendiente comprometerse aquí con plazos y cuantías, porque cuando se
firmó en el año 1989 se hablaba de entre 20.000 y 30.000 millones de
coste total, y tengo que recordarle que queremos esa contestación con un
compromiso claro. Usted visitó Valencia en octubre de 1996 y consideró
que era un proyecto prioritario. Ya entonces, hace casi un año y medio,
usted habló del parque central y de las nuevas estaciones de trenes que
estaban en estudio. Por tanto, si es prioritario y en aquella visita de
hace casi un año y medio hablaba ya de un estudio, pensamos que debe
darse una especial prioridad, dar sentido a este proyecto, hacer cumplir
aquello que se firmó en marzo de 1989 y empezar a dar solución a esa
reivindicación para que se proceda al rápido inicio de este proyecto que
es muy anhelado por los ciudadanos de la ciudad de Valencia. El parque
central de Valencia es una asignatura pendiente que no debe dilatarse ni
un minuto más.
Muchas gracias, señor presidente, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, comparto en buena medida lo que S. S. ha afirmado. Querría
trasladarle lo siguiente. Me ratifico en lo que tuve ocasión de decir con
motivo de una visita a Valencia. Este Gobierno tiene el firme compromiso
con la Generalidad Valenciana y con el Ayuntamiento de Valencia de
empujar este proyecto, pero querría al mismo tiempo llevar a S. S. a la
siguiente reflexión. La seriedad de un planteamiento consiste justamente
en poner la firma cuando uno está en condiciones de cumplir. Tratándose
de un proyecto complejo y de alto coste, le rogaría que pensara que los
veinte meses que
lleva este Gobierno no es tiempo bastante como para dar por definitivos
los proyectos y las conversaciones en curso.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL MILIAN MESTRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS LINEAS BASICAS
DEL CONVENIO FIRMADO RECIENTEMENTE POR EL MINISTERIO DE FOMENTO Y LA
GENERALIDAD DE CATALUÑA, REFERENTE AL VALLE DEL RIO LLOBREGAT. (Número de
expediente 180/001005)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 21,
que formula don Manuel Milián Mestre, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Señor ministro, en el Consejo de Ministros del 5
de diciembre del pasado año se aprobó autorizarle a firmar un convenio
con la Generalitat de Catalunya que tuvo lugar el 21 de enero del
presente año. Era un convenio que afectaba a una parte sustancial, que en
palabras del poeta decía que es el alma de Cataluña, pero es el alma
industrial, el alma económica y el alma social y yo diría que hasta el
alma política. Aquí hay compañeros que recuerdan perfectamente lo que era
la ruta Ho Chi-Minh en tiempos del antiguo régimen. Es decir, es en el
valle del Llobregat donde nació la industria, donde nació la
industrialización, donde se creó la revolución en el siglo XIX, donde en
el siglo XX se acumularon gran parte de las masas migratorias que
acudieron en los planes de desarrollo que se produjeron en los años
sesenta y donde el industrialismo catalán acogió a muchos hermanos
españoles que después se congregaron en torno a problemáticas situaciones
tanto de urbanismo como de infraestructuras, etcétera. Ese es un tema que
quedaba pendiente. En honor a la justicia --y como a mí no me ha gustado
nunca privarle a nadie de sus loores y mucho menos cuando son amigos
adversarios y no enemigos--, hay que decir que en el año 1992 los amigos
socialistas de Cataluña hicieron un auténtico cambio de lo que era el
entorno de Barcelona, de lo que era la zona del Baix Llobregat. Quedaron
cosas pendientes que no supieron hacer; verbigracia, la famosa pata sur,
la resolución de enlace de la A-2 con la Zona Franca, la ampliación de la
Zona Franca con toda la enorme complejidad del aeropuerto, el
complejísimo problema de la tercera pista del aeropuerto, que ya sabe
usted que está encima de la mesa, etcétera.
Señor ministro, quedan muchas cosas muy importantes y en este momento en
el valle del Llobregat, en la última parte, el Gobierno va a hacer algo
significativo que va a ser cerrar un gran proyecto que todavía no va a
resolver todos los problemas, pero sí gran parte de ellos, con ese
convenio que asciende a 11.600 millones de pesetas. Señor ministro, me
gustaría que mi pregunta fuera también un poco de remonte del río. Piense
usted en la arqueología industrial. ¿Qué está pasando en todo el valle
del Llobregat? Hay mucho que hacer y me gustaría que, contestando usted a
mi pregunta de cuáles son las líneas básicas del convenio firmado
recientemente por el Ministerio de Fomento y la Generalitat de Catalunya,
referente al valle del río Llobregat, me viniera a decir si hay
esperanzas también para que esa arqueología se convirtiera en una nueva
gran realidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Milián.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, puedo darle noticias positivas. La primera de ellas es desde el
punto de vista presupuestario. Hay un compromiso de gasto en el convenio,
sólidamente fundado y seriamente asumido, de 11.600 millones de pesetas
que se distribuyen en las siguientes anualidades: 489 millones en el
presente ejercicio, 1.800 en el próximo, 4.310 en el siguiente y 5.000
millones de pesetas para concluir todo el programa de actuaciones. El
convenio que en estos momentos está dando lugar a una serie de
actuaciones divide claramente lo que corresponde hacer al Ministerio de
Fomento, que es fundamentalmente la inversión en infraestructuras, y lo
que corresponde hacer a la Generalidad de Cataluña, que es un conjunto de
actuaciones asociadas al río Llobregat. Al Ministerio de Fomento le
corresponde en primer término redactar los proyectos de modificado y de
complementario, designado número uno, y ejecutar las obras definidas en
tales proyectos del tramo Martorell-Ronda del litoral de la autovía del
Baix Llobregat. Algunas actuaciones --y resumo mucho-- son: encauzamiento
del río Llobregat, eliminación de la presa de Sedó, la rebaja de la presa
de Capdevilla, la eliminación de la presa del canal de la margen derecha
sustituyéndola por una nueva presa, la canalización y desagüe de las
rieras laterales de la margen derecha. Además, se ha de producir el
acondicionamiento de la desembocadura del río Llobregat en lo que afecta
a su conexión con el torrente Batsachs y las rieras de Les Argiles y de
Vallvidrera.Por otra parte, hay que redactar un nuevo proyecto, que está
en curso, en el ámbito del tramo Martorell-Ronda litoral de la autovía
del Baix Llobregat, que supondrá la adecuación del desagüe
de todas las rieras laterales y completará las actuaciones de protección
del río. Además, el Ministerio de Fomento se hará cargo de la redacción
del proyecto y ejecución de las obras de ampliación de la Ronda litoral,
incluyendo la remodelación de los enlaces y una vía paralela a la Ronda
litoral destinada al tráfico pesado y la redacción del proyecto y
ejecución de las obras de la conexión de la Ronda litoral con la A-16.
Igualmente redactará el proyecto de acceso a Martorell desde la autovía
del Baix Llobregat, efectuando a su cargo las obras correspondientes.
Todo ello, señorías, asciende para los próximos cuatro años a una
cantidad de 11.600 millones de pesetas, como le he indicado al principio.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE JIMENEZ SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO AFECTARAN AL SECTOR DE LAS
AREAS DE SERVICIO Y GASOLINERAS LAS RECIENTES MODIFICACIONES DEL
REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS APROBADAS POR EL GOBIERNO? (Número de
expediente 180/001006)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 22,
que formula don José Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Jiménez.
El señor JIMENEZ SUAREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, en el Consejo de Ministros del pasado día 30 se
aprobó un real decreto en el que se modificaba la cláusula 84 del pliego
general de contratación para adaptarlo al vigente Reglamento de
carreteras. Con anterioridad, en el Consejo de Ministros del 19 de
diciembre se modificaban catorce artículos del Reglamento General de
Carreteras, una disposición transitoria y se añadía una disposición
adicional. También, por citar otro antecedente administrativo, en la Ley
de acompañamiento de los presupuestos de 1997 se modificaban dos
artículos, el 19 y el 21, de la Ley de Carreteras. Las reformas
administrativas y legislativas citadas incorporan novedades importantes
relativas a la funcionalidad y seguridad de las carreteras del Estado. En
especial, en primer lugar, mejoran la agilidad en la tramitación
administrativa de los proyectos de obra; en segundo lugar, establecen
mecanismos para definir convenios con las administraciones autonómicas
para enlazar las redes autonómicas con la red estatal; en tercer lugar,
regulan la circulación de vehículos lentos en la red del Estado; y en
cuarto lugar y fundamentalmente, dan una nueva redacción al régimen de
concesiones y de autorizaciones de la áreas de servicios, zonas de
servicio y estaciones de servicio de carburantes en la red de carreteras
del Estado encaminada a dar más libertad a la explotación y construcción
de áreas de servicio o sólo de la explotación, definiendo los derechos y
deberes de los concesionarios y el procedimiento reglado de actuación de
la Administración en que las autorizaciones pierden el carácter
discrecional que actualmente impera. Todo ello supondrá anteponer los
criterios de funcionalidad y seguridad de las carreteras a otras
exigencias. Este conjunto de medidas redundará en beneficio del usuario
de la carretera, indudablemente, pero además y concretamente, señor
ministro, ¿cómo afectarán al sector de las áreas de servicio y
gasolineras las recientes modificaciones del Reglamento General de
Carreteras aprobadas por el Gobierno?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jiménez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente, señoría.
En síntesis, podría resumir en cuatro puntos el alcance de la cuestión a
que S. S. se ha referido en la pregunta. En primer lugar, la reforma del
Reglamento de carreteras lo que hace es permitir que en las actuales
áreas de servicio se puedan instalar libremente nuevas estaciones de
gasolina de distinta marca de las que ahora tiene cada una de las áreas
de servicio. Hasta el momento presente, cada área de servicio solamente
podía tener una estación de gasolina. En segundo lugar, se liberaliza
también la propia implantación de áreas de servicio, de tal manera que
con unos requisitos mínimos de carácter reglamentario cualquier ciudadano
puede pedir la definición y establecimiento de un área de servicio
susceptible de explotación. En tercer lugar, se agilizan los trámites
administrativos para que las autorizaciones que permitan la instalación
de estaciones de servicio puedan darse rápidamente. Por último, se
establece la posibilidad de que en cada estación de servicio se anuncien
los precios a que venden los carburantes las estaciones de servicio
subsiguientes, en cualquier tipo de rutas, para que el usuario, el
ciudadano conductor tenga información sobre los precios que rigen en las
distintas estaciones de servicio.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN HERAS PABLO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL GOBIERNO LAS
DIVERSAS IRREGULARIDADES EN QUE HA INCURRIDO TELEFONICA EN PERJUICIO DE
LOS USUARIOS DEL SERVICIO? (Número de expediente 180/001024)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 36,
que formula doña Carmen Heras Pablo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Heras.
La señora HERAS PABLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué opinión le merece al Gobierno las diversas
irregularidades en que ha incurrido Telefónica en perjuicio de los
usuarios del servicio?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracia,
señora Heras.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, le
rogaría que especificara en mayor medida la pregunta porque no sé
exactamente a qué tipo de irregularidades se refiere. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Heras.
La señora HERAS PABLO: Gracias, señor presidente.
No es extraño, señor ministro, lo que usted me ha contestado. Ayer la
Audiencia Nacional suspendió cautelarmente la autorización dada por el
Ministerio de Fomento para la venta del 25 por ciento de las acciones de
Antena 3 a Telefónica. Aunque son muchas las irregularidades --como usted
mismo reconoce-- en que Telefónica ha incurrido, hoy quiero que nos hable
de la última constatada y en la que como responsable está directamente
implicado. Debe al Parlamento una explicación clara sobre los hechos tan
graves denunciados en el auto, hechos que vienen a confirmar las
irregularidades que los socialistas ya denunciamos en su momento y que
son manifestación evidente de la existencia de una operación política
planeada por el Gobierno del señor Aznar para controlar, a través de su
amigo el señor Villalonga, Antena 3 Televisión; operación de control y
retroceso del pluralismo informativo de los medios en beneficio del
Partido Popular. La decisión de la Audiencia de suspender la compra de la
cadena y todas las actuaciones posteriores ponen de nuevo en evidencia al
Ministerio de Fomento, cuyo respeto a la legalidad es más bien dudoso.
Fomento dio la autorización preceptiva y previa a la compra de las
acciones antes de cerrarse la operación, cuando aún no conocía la
composición final de los nuevos accionistas de la cadena, e hizo la vista
gorda en cuanto al incumplimiento de la Ley de las televisiones privadas
que prohíbe ostentar más del 25 por ciento del capital de una cadena y
prohíbe los acuerdos entre accionistas. La sentencia, señor ministro, da
origen a una situación jurídicamente complicada, pone en entredicho a
accionistas reputados y demuestra hasta qué punto le importan a usted los
derechos de éstos, los de los trabajadores de la cadena y los de todos
los posibles afectados.
Señor ministro, perdóneme que le diga que sus actuaciones han sido
improcedentes y poco rigurosas, muestran arbitrariedad y desprecio por
las leyes. El Gobierno ha fomentado la operación para favorecer la
creación de un grupo multimedia afín al Partido Popular. El montón de
irregularidades pone de manifiesto una implicación del Gobierno en la
operación.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, lo
único que le puedo decir es que da usted el valor de cosa juzgada a una
mera suspensión cautelar. Usted me permitirá que por respeto a los
tribunales de justicia no haga ningún comentario sobre la resolución
judicial.
Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA JOSE CAMILLERI HERNANDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
ACTUACIONES HA PUESTO EN MARCHA EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DENTRO DE SU PROGRAMA DE EDUCACION COMPENSATORIA PARA FAVORECER LA
INTEGRACION ESCOLAR DE LOS ALUMNOS PERTENECIENTES A LA MINORIA GITANA?
(Número de expediente 180/001004)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 20,
que formula doña María José Camilleri Hernández, del Grupo Parlamentario
Popular.
Tiene la palabra.
La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la Constitución española ha atribuido a todos los
españoles el derecho a la educación y ha encomendado a los poderes
públicos que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que
este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por todos los
ciudadanos. Siendo, pues, la educación un derecho social básico, compete
a los poderes públicos el desarrollo de las acciones positivas necesarias
para su efectivo disfrute. El principio de igualdad de oportunidades en
educación implica que para que las desigualdades y desventajas sociales o
culturales no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas se pongan
en marcha una serie de medidas positivas de carácter compensador. Además,
de todos es sabido que la escuela, la enseñanza en general es el ámbito
más propicio para lograr la integración de las minorías en la sociedad.
Es en los centros de enseñanza donde la convivencia de distintas etnias,
costumbres y culturas hacen que posteriormente estos alumnos puedan
lograr su incorporación al mundo laboral y a la sociedad en general y que
los alumnos con los que conviven puedan compartir, conocer y respetar
distintas creencias, razas y costumbres. La incorporación de la minoría
gitana a la enseñanza es indispensable para favorecer su aceptación y
desterrar el racismo desde los primeros años y es a través de los
programas de educación compensatoria como se ayuda a los colectivos más
desfavorecidos y con peores resultados académicos a compensar su
deficiencia, recibiendo una orientación y unos conocimientos básicos para
que puedan incorporarse al mundo laboral. La tendencia de este colectivo,
es sabido, al absentismo escolar y al abandono prematuro del sistema
educativo en edad temprana hacen necesario que se incorporen a los
programas de educación compensatoria, que son más flexibles y acordes con
sus circunstancias sociales.
Por todo ello, señora ministra, le pregunto qué actuaciones ha puesto en
marcha el Ministerio de Educación y Cultura, dentro de su programa de
educación compensatoria, para favorecer la integración escolar de los
alumnos pertenecientes a la minoría gitana.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Camilleri.
Señora ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, pese a los grandes esfuerzos que estamos realizando, tenemos que
reconocer que la total erradicación de los prejuicios contra el alumno
diferente, bien sea por razón de raza, de procedencia o de cultura, no
está ni mucho menos conseguida. Sus señorías saben que hace unos pocos
días hicimos públicos los resultados de la encuesta escolar sobre
actitudes racistas y valores solidarios. Estos resultados reflejan en
todos los indicadores una disminución de estas actitudes racistas y
xenófabas en nuestros escolares, fruto sin duda de las actuaciones
realizadas últimamente. No obstante, el trabajo que queda por hacer es
mucho.
En el último curso estaban escolarizados cerca de 27.000 alumnos gitanos,
lo que supuso un incremento del 17 por ciento respecto del curso
anterior. De ellos, 6.882 han sido atendidos en programas de educación
compensatoria. Creo que hay que mencionar que 6.300 están en educación
infantil y primaria, por lo que se puede decir que la escolarización
irregular está remitiendo, que se afianza la idea de que los niños
gitanos se escolarizan cada vez a una edad más temprana y que asisten a
las clases con mayor regularidad.
Durante el presente curso, el total del profesorado de apoyo al programa
de educación compensatoria en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación y Cultura está formado por 823 maestros, 68 profesores técnicos
de formación profesional y 60 trabajadores sociales. Esto representa,
señoría, un incremento global del 28 por ciento respecto del curso
anterior; es decir, 17 por ciento de alumnos más, 28 por ciento más de
profesores dedicados a estos alumnos con especiales problemas de
integración.
Además, el Ministerio de Educación y Cultura, en colaboración con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, desarrolla un programa de
formación del profesorado centrado en el tratamiento de la escolarización
del alumnado gitano, que totaliza más de 250 cursos de formación del
profesorado, para atender aspectos relacionados con la educación
intercultural y la integración de minorías, entre las cuales está la
minoría gitana.
Es evidente que la participación de la sociedad, y más concretamente la
de las asociaciones gitanas en la educación, incide muy positivamente en
la integración escolar y social y por ello un total de 12 asociaciones
gitanas colaboran con el Ministerio en el desarrollo de estos programas
de educación.
Como he dicho anteriormente y aun a riesgo de resultar reiterativa, nos
proponemos seguir trabajando para conseguir la plena integración escolar,
laboral y social de la minoría gitana.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON CARLOS CABALLERO BASAÑEZ, DEL GRUPO VASCO (EAJ-PNV),
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES VAN A SER LOS CARACTERES (COMPOSICION,
AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACION Y ORIGEN) Y PROCEDENCIA DE LOS MEDICOS
QUE, CONFORME AL ARTICULO 39 DE LA LEY 66/1997, DE MEDIDAS FISCALES,
ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL, PODRAN DAR ALTAS CON EFECTOS
ECONOMICOS? (Número de expediente 180/000999)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 15,
que formula don Carlos Caballero Basáñez, del Grupo Vasco (PNV).
Señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, se prevé en el decreto 1.395, que suprime las UMVI, la
integración de estos facultativos en las EVI, con funciones netamente
dirigidas a la evaluación de la incapacidad permanente, como se recoge en
el preámbulo de la citada norma que desarrolla el apartado 1 del artículo
143 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según
redacción dada por la Ley 42/1994, Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. En el mismo decreto 1.395, en su
artículo 3º, que define las funciones de las EVI, en su apartado 2 se
recoge como función la de efectuar el seguimiento de los programas de
control de las prestaciones económicas de la incapacidad temporal.
Por otro lado, en la Ley 66/1997, Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, el artículo 39 establece que los
médicos adscritos al Instituto Estatal de Seguridad Social podrán dar
altas con efectos económicos. ¿Podría significar esto que en el
transcurso de la evaluación de la incapacidad permanente, los
facultativos de las EVI van a poder dar altas? Ahora bien, si lo previsto
en el artículo 39 de la citada ley no se refiere a los facultativos de
las EVI sino a otros, y para la creación de un cuerpo en la
Administración se requiere norma con rango de ley, interesa conocer la
composición, ámbito territorial de actuación, funciones sanitarias y el
origen de esos facultativos, y si no se ha creado el cuerpo de médicos
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuál es su origen.
Por ello, desde el Grupo Vasco (EAJ-PNV), formulamos al señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales la siguiente pregunta, sin ánimo de réplica:
¿Cuáles van a ser los caracteres (composición, ámbito territorial de
actuación y origen) y procedencia de los médicos que, conforme al
artículo 39 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social podrán dar altas con efectos económicos?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Sí,
señor presidente, para agradecer el tono y el contenido de la pregunta
que me formula el señor diputado.
Quiero decirle que, efectivamente, de acuerdo con la ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, se prevé que los
médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social puedan dar
altas médicas y no circunscribirse a la función que tenían anteriormente,
que era solamente de propuestas de alta. Me pregunta el origen de esta
colaboración de médicos en el Instituto Nacional de la Seguridad Social y
quiero recordarle que la adscripción de médicos a dicho instituto se
produjo exactamente a partir de enero de 1995 y que, como instrumento de
esta adscripción, se consideró adecuada en aquel momento la Ley 42/1994,
de acompañamiento de los presupuestos para 1995. Desde entonces se ha
producido esa adscripción. Existen, como muy sabe el señor diputado, los
equipos de valoración de incapacidades, que prácticamente están
constituidos en todas las provincias. No se pretende en absoluto que se
produzca ningún tipo de suplantación en relación con las competencias que
tiene atribuidas en materia de incapacidad temporal el Instituto Nacional
de Salud, así como los servicios públicos sanitarios de las comunidades
autónomas. Es rigurosamente cierto también que para desarrollar las
funciones de control y de lucha contra el fraude se realizan convenios
con el Instituto Nacional de Empleo, que han tenido como consecuencia que
en 1997 se haya realizado un control del fraude y un seguimiento más
eficaz y que, de hecho, las alarmantes cifras del número de procesos de
incapacidad temporal por mil afiliados, duración media de los procesos,
así como coste por afiliado, se haya reducido sensiblemente durante 1997.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA REYES MONTSENY MASIP, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO
LA EVOLUCION DEL DEFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 1997? (Número de
expediente 180/001001)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 17,
que formula doña Reyes Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hemos leído hoy en casi todos los medios de comunicación,
en las páginas destinadas al área económica, la buena marcha económica
que se desprende de los ingresos y de los gastos, así como la evolución
del déficit en el ámbito económico de la Administración central del
Estado.
Ha habido una mayor fuente de ingresos y, dado que la Seguridad Social,
su Ministerio, gestiona 13 billones de pesetas como recaudación de las
obligaciones derivadas de los empresarios, de los trabajadores y, por
ende, de las empresas y, además, gestiona el pago derivado de las
obligaciones reconocidas por el INSS, por ejemplo, en el pago de
prestaciones, supone una parte importantísima ya no de los Presupuestos
Generales del Estado, que tienen un capítulo aparte de forma muy
independiente, sino que, además, inciden de forma verdaderamente
importante también en el ámbito del PIB.
Señor ministro, me gustaría que explicara a esta Cámara cómo analiza,
cómo valora el Gobierno la marcha del déficit en el ámbito de la
Seguridad Social.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Montseny.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Sí,
señor presidente. Quiero agradecer la pregunta de la señora diputada
referente a la evolución del déficit de la Seguridad Social durante 1997.
Puedo anticipar a la Cámara que, aunque todavía estamos trabajando sobre
previsiones, ha habido una evolución positiva de las cuentas de la
Seguridad Social durante 1997. Es público y notorio que la Seguridad
Social atravesó una situación financiera francamente compleja en el
ejercicio de 1996, pero puedo anticipar a la Cámara que, siendo el 0,2 la
previsión de déficit de la Seguridad Social para 1997 en el conjunto del
déficit del Estado, la previsión en relación con el PIB probablemente no
sobrepase el 0,13, el 0,137, si tenemos en cuenta las entidades gestoras
de la Seguridad Social y también contemplamos en ese entorno lo que
significan las cuentas del Insalud.
En consecuencia, la Seguridad Social cerrará 1997 con un déficit inferior
al previsto, y esto me parece enormemente positivo porque, sin duda, la
evolución de ese déficit pone de manifiesto un año extraordinario en los
ingresos de la Seguridad Social, motivado por la creación de empleo y por
el incremento de cerca de 500.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social
--500.000 afiliados en alta, nuevos--, cuando se hacían predicciones que
auguraban un rotundo fracaso en los ingresos de la Seguridad Social.
Pero para llegar a este posible déficit, no solamente se trata de un buen
año de ingresos en lo que significan los ingresos por cotizaciones, sino
que también se ha producido un incremento muy notable en lo que es la
mejor gestión de la propia Seguridad Social, porque en concepto de
recargos y multas hemos superado en más de 70.000 millones de pesetas la
previsión que teníamos para el año 1997.
Poco se puede hacer, señorías, si sólo se acude al capítulo de ingresos,
sino que también tenemos que contemplar lo que significa el capítulo de
gastos, y ahí me permitirán que destaque dos datos que me parecen muy
significativos. La desviación que se ha producido en materia de pensiones
ha sido solamente de un mayor gasto que supone el 0,18 y supera algo los
10.000 millones de pesetas. Podemos considerar que ésta es una desviación
permisible en el plano técnico y no achacable a gestión.
Como resumen diré que, en definitiva, el año 1995 se cerró con un déficit
del 0,55; en el año 1996, del 0,48 y este año cerraremos en torno al
0,13. Me parece que es un dato positivo, sobre todo para nuestros
pensionistas, señorías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
La pregunta número 18, de doña Isabel Díez López, ha sido retirada.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ANGELES AMADOR MILLAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA RAZON POR LA QUE EL
GOBIERNO HA LIBERALIZADO LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS NO FINANCIADOS
PUBLICAMENTE? (Número de expediente 180/001016)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 28,
que formula doña Angeles Amador Millán, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad, ¿cuál es la razón por la que el Gobierno ha
liberalizado los precios de los medicamentos no financiados públicamente?
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amador.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señora diputada, como S. S. conoce, la liberalización de precios de
medicamentos no financiados por el Sistema Nacional de Salud es una
medida prevista en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales
del Estado de este año. Por tanto, es una iniciativa del Gobierno, pero
que tiene ese contexto. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
En el año 1981 ya se hizo esta misma liberalización con los medicamentos,
las especialidades publicitarias que están excluidas de la financiación,
y ello está en línea con las recomendaciones de la Comisión de la Unión
Europea, dentro de la política industrial y de mercado interior.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, efectivamente, ustedes utilizaron la ley de
acompañamiento a los presupuestos para incluir lo que ya habían acordado
con la industria farmacéutica, es decir, que los medicamentos que no paga
el Sistema Nacional de Salud tengan precio libre, y la prueba, señor
ministro, es que en el punto 8 del convenio que han firmado ustedes con
Farmaindustria se recoge expresamente este compromiso. Pero van ustedes
más lejos, porque a lo que usted se compromete en ese acuerdo que ha
firmado para todo el Sistema Nacional de Salud, es a aumentar los precios
de los medicamentos de la lista que ustedes van a excluir de la
financiación pública en relación --el aumento de los precios-- con el
esfuerzo que realiza la industria farmacéutica en virtud de este acuerdo.
Dicho de otra forma, señor ministro: lo que la industria farmacéutica va
a aportar en virtud de este acuerdo (que llevan explicando a la opinión
pública el enorme esfuerzo que va a hacer la industria por solidaridad
con el Sistema Nacional de Salud), resulta que ustedes lo repercuten en
la subida de precios de los medicamentos que, a partir de ese momento,
van a pagar los pacientes.
Por esto le pregunto, señor ministro, ¿cuáles son las causas por las que
un medicamento que sale de la financiación pública para tener que ser
pagado por el bolsillo de los pacientes, justo en ese momento ustedes
repercutan en el precio exactamente la compensación necesaria para que la
industria se resarza de lo que ha acordado en el convenio que usted ha
firmado con ella? Eso es lo que le pregunto. Por favor, contésteme, señor
ministro. (Aplausos.--Un señor diputado: ¡Muy bien!) El señor PRESIDENTE:
Gracias, señora Amador.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señora Amador,
la industria farmacéutica querría seguir fabricando y vendiendo
medicamentos financiados en términos absolutos por el Sistema Nacional de
Salud. No se crea usted que es para ella una ventaja que los medicamentos
dejen de ser financiados; no se crea usted eso.
La liberalización está, como le digo, en línea con lo que se está
haciendo en todos los países europeos en relación con los medicamentos no
financiados por el sistema Nacional de Salud. Lo hicieron ustedes en el
año 1981 en relación con las especialidades publicitarias, no venga aquí
ahora a buscarle tres pies al gato en relación con esta medida porque lo
hicieron ustedes el año 1991. (Rumores.) Está en la línea de las
recomendaciones de la Unión Europea, y en ninguna parte se ha dicho que
de esta liberalización de precios tengan que salir necesariamente
aumentos de precios; éstas son medicinas muy antiguas, en este mercado la
competencia juega perfectamente y, por tanto, puede haber aumentos o
reducciones de precios. Lo que hay es una liberalización de precios, y
eso es lo que pasa en Europa. Todos los países europeos, salvo Grecia,
hasta ahora España y en menor medida Bélgica, mantienen la libertad de
precios para todas las especialidades farmacéuticas no financiadas por el
Sistema Nacional de Salud. Nosotros estamos exigiendo a la industria
farmacéutica esfuerzos para la financiación del Sistema Nacional de Salud
que no habían conocido nunca.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ENRIQUE MORATALLA MOLINA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE RAZONES HAY PARA EXCLUIR 869
MEDICAMENTOS DE LA FINANCIACION PUBLICA? (Número de expediente
180/001017)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula al Gobierno don José
Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista.
Señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad, tenía duda sobre si le hacía la pregunta a
usted o al señor Rato, ministro de Hacienda, porque aunque estoy seguro
de que la decisión ha sido tomada en el Ministerio económico, la
responsabilidad política y competencial es suya, señor ministro. Por
tanto, a usted le pregunto ¿qué razones hay para excluir 869 medicamentos
de la financiación pública?
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moratalla.
Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Moratalla,
le diré en primer
lugar que no son 869 medicamentos, son 588 (Rumores.--Risas.); 281
estaban ya anulados y sólo quedan en las farmacias algunos ejemplares en
espera de su fecha de caducidad. Las razones las hemos comentado muy por
extenso esta mañana en la Comisión de Sanidad y las conoce usted muy
bien: la necesidad de reasignar mejor los recursos en el Sistema Nacional
de Salud y que el enorme gasto en medicamentos no impida mejoras y
atenciones absolutamente prioritarias en nuestro sistema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Gracias, señor presidente.
Espero, señor ministro, que los 588 no sea como algo que decía usted del
año 1981 en la contestación anterior.
Hay razones, señor ministro, cara a la galería y verdaderas razones. Si
algunos medicamentos tienen baja utilidad terapéutica, suprímanse, pero
no deje la posibilidad de ser recetados contra el bolsillo de los
pensionistas. Si tienen buena utilidad o acción terapéutica, manténganse,
pero pagados por el sistema público. Esas deberían ser sus únicas
razones, señor ministro, y no dejar al criterio de los facultativos el
estudio caso a caso o recoger en el acuerdo con Farmaindustria medidas de
maquillaje de esta situación real.
Señor Romay, no se puede intentar quedar bien con todo el mundo, con la
industria farmacéutica, con los profesionales, con los enfermos y con el
Ministerio de Hacienda. Hay que decidir, usted ha decidido o han decidido
por usted, y esa decisión es un atraco directo al bolsillo de los
enfermos, es una reducción del poder adquisitivo de los pensionistas (Un
señor diputado: ¡Qué barbaridad!); en definitiva, es una medida contra
los más desfavorecidos, es un impuesto directo a la enfermedad, es una
decisión económica que aumenta el riesgo de los mayores. Esas son las
verdaderas razones; las razones que entiende el pueblo, incluso su
compañero Fernández-Miranda, y no las que usted intenta dar o las que
intentan dar miembros de su Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE:
Gracias, señor Moratalla.
Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor diputado,
usted insiste en repetir una y otra vez lo que saben que no tiene
fundamento ni coherencia (Rumores.); repiten una y otra vez
machaconamente.
Ustedes en 1993 suprimieron muchas más especialidades que ahora, eran
novecientas y pico (Continúan los rumores.); y esas especialidades que
excluyeron de la financiación pública, las dejaron en los registros
porque cumplían los requisitos para estar registradas, tenían seguridad,
eficacia y calidad para estarlo y, además, se inventaron la receta
blanca. (Rumores.) Ustedes la inventaron para que pudieran seguir siendo
dispensadas y ahora nos reprochan a nosotros que dejemos en el registro
esas mismas especialidades y que respetemos la receta blanca para que
puedan seguir siendo dispensadas. Pero hay una diferencia, ustedes lo
hicieron para ahorrar y nosotros ahora lo hacemos para mejorar la sanidad
y para dedicar esos recursos a otros fines. (Fuertes rumores.) Después
les diré cuántas personas tenían en espera de ser operadas de una
prótesis de cadera (Continúan los rumores.), y el tiempo que están ahora
esperando. De esto podremos hablar más tarde.
Ustedes hicieron esto mismo, no, lo hicieron peor porque no fueron
capaces de mejorar el Sistema Nacional de Salud, y tenían al sistema
soportando unos costes farmacéuticos insoportables, superiores a todos
los países de Europa. Así no se podía seguir, y nosotros hemos tenido que
venir a arreglarlo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.--Rumores.) El señor
PRESIDENTE: Gracias, señor Romay, señor ministro. (Continúan los
rumores.)
Señorías.
--DEL DIPUTADO DON JAIME BLANCO GARCIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMPARTE EL GOBIERNO LAS AFIRMACIONES
DEL SUBSECRETARIO DE SANIDAD, DON ENRIQUE CASTELLON, ACERCA DE QUE EL
CATARRO NO TIENE TRATAMIENTO Y LO MEJOR QUE SE PUEDE HACER ES BEBER MUCHA
AGUA? (Número de expediente 180/001018)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, que formula al Gobierno don
Jaime Blanco García, diputado del Grupo Socialista.
Señor Blanco.
El señor BLANCO GARCIA: Con su permiso, señor presidente.
La semana pasada, todos los medios de comunicación se hacían eco de unas
declaraciones del subsecretario del Ministerio de Sanidad acerca de que
el catarro no tiene tratamiento y lo mejor que se puede hacer es tomar
agua. Yo quiero saber si el señor ministro respalda estas declaraciones,
y, por favor, no me responda que ya en 1993 lo dijimos nosotros. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señor diputado, ésta no es una cuestión de compartir o no y de respaldar
opiniones del subsecretario; es una cuestión de evidencia científica y de
estado de conocimientos sanitarios. De lo que ustedes decía el año 1993,
hablaremos a continuación.
Muchas gracias. (Rumores.--Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
ministro.
Señor Blanco. (Continúan los rumores.)
Silencio, señorías. Dejen que pueda intervenir el señor Blanco.
El señor BLANCO GARCIA: Efectivamente, señor ministro, esto es una
cuestión de conocimiento sanitario, y así lo planteo en la pregunta,
porque es verdad que la autoridad sanitaria debe de formar e informar a
los ciudadanos.
Cuando yo leí estas declaraciones, me acordé de otras ya de hace tiempo,
de aquello de la colza que era un bichito que se caía de una mesa y se
mataba. Algo similar. Hombre, yo creo que ustedes están para decir a los
ciudadanos, entre otras cosas lo que hay que hacer y, sobre todo, no
decir que están haciendo el tonto millares de médicos tratando el
catarro, porque si no tiene tratamiento usted me dirá qué están haciendo
los médicos cuando recetan para un catarro la medicina que sea.
En fin, como ustedes están haciendo dejación en ese momento de lo que es
la formación y la información a los ciudadanos, yo les quiero decir desde
esta tribuna que cuando una persona toma agua y tiene los riñones sanos,
con perdón de los aquí presentes y de la Cámara, se mea. (Risas.) Lo que
se bebe, se mea, y, si no, se suda. (Risas.) ¡Ojo, porque aquí viene la
segunda cuestión!
El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, no siga por ese camino. Limítese a
llegar ahí. (Risas.) Hasta ahí llegamos.
Adelante.
El señor BLANCO GARCIA: Señor presidente, estoy haciendo las labores
pedagógicas que el Ministerio de Sanidad no solamente no hace sino que
contribuye a desinformar. Pero sigo.
El señor PRESIDENTE: Siga, siga.
El señor BLANCO GARCIA: En el caso de que la persona que tiene el catarro
no tenga los riñones sanos o tenga un disturbio de corazón, se le
introduce un problema de graves consecuencias para su salud. Fíjense
ustedes a dónde llegan esas declaraciones. (Un señor diputado: No sigas.)
Por tanto, señor ministro, además de decir implícitamente que los médicos
están ejerciendo su profesión de manera un tanto temeraria, muy singular,
o haciendo tonterías, no están ustedes informando a los ciudadanos,
permítanme les diga, que ustedes están siendo un peligro para la salud de
esta población que es España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Cuanto siento doctor Blanco, señoría, no saber tanta medicina como usted
(Risas.--Un señor diputado: Se nota, se nota.), pero le voy a leer
algunas perlas que no tienen desperdicio.
El hecho de que el catarro o el resfriado común no tenga tratamiento
farmacológico es una opinión de la comunidad científica internacional y,
como tal, aparece en múltiples publicaciones prestigiadas. Pero voy a
leer lo que decían ustedes el año 1987, en una publicación del Ministerio
de Sanidad y Consumo, que se titula: Guía para aliviar síntomas menores.
En la página 107 de ese libro, en el capítulo dedicado resfriados, se
dice textualmente: este trastorno no se cura con medicamentos, éstos sólo
harán que los síntomas sean menos molestos, la remisión es espontánea...
(Rumores.--Risas.) El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, dejen que el
ministro ilustre a la Cámara.
Continúe.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): En la página 108
de ese mismo libro se dice: durante todo el proceso --el catarral--
deberá beber gran cantidad de líquido ya que aumentan las necesidades de
agua en el organismo. (Risas.) Eso está en una guía; pero, por si usted
no se fía de sus compañeros en aquella época del Ministerio, cosa que
comprendemos, le voy a decir lo que sobre esto opina la Sociedad Española
de Medicina familiar y comunitaría, que esa sí es una sociedad
científica, importante y seria, en una publicación que se titula: Guía de
uso de los medicamentos en atención primaria. En la página 765 se dice
textualmente: la hidratación constituye la primera medida a adoptar para
la corrección de la secreción bronquial patológica, que suele ser más
efectiva que cualquier medicación.
Por tanto, señoría, siguiendo el criterio científico y la evidencia
disponible puedo asegurarle que, en efecto, el catarro no tiene
tratamiento farmacológico y que para compensar las pérdidas hídricas que
se producen y para fluidificar la secreciones se deben beber abundantes
líquidos. (Aplausos.--Un señor diputado: ¡Muy bien, ministro!)
El señor PRESIDENTE: Cuánto confortan a la presidencia estas unanimidades
después de los sobresaltos que le han proporcionado. (Risas.)
--DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO CERCAS ALONSO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CREE QUE LOS JUBILADOS ESPAÑOLES
PUEDEN AFRONTAR EL «RECETAZO» SIN QUEBRANTO PARA SU CALIDAD DE VIDA Y SU
PODER ADQUISITIVO REAL? (Número de expediente 180/001019)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno el
diputado don Alejandro Cercas Alonso, del Grupo Socialista.
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, tengo el honor de formular al
señor ministro de Sanidad y Consumo de agua, si cree que los jubilados
españoles pueden afrontar el recetazo sin quebranto para su calidad de
vida y sin quebranto de su poder adquisitivo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor diputado, mucho mejor que el año 1993. (Aplausos.) El señor
PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Sí, señor Presidente.
Entre otras cosas porque les dejamos a ustedes también los pantanos
llenos de agua (Risas.), pero, señor presidente, mucho peor de lo que
hubieran esperado los pensionistas españoles, si S. S. y el señor
presidente del Gobierno se hubieran atenido a sus promesas electorales y
no hubieran cometido un auténtico perjurio electoral (Rumores.), porque
de todas las falsedades, de todas las manipulaciones, lo que produce,
señor ministro, un rechazo moral más profundo entre los ciudadanos y
entre este diputado que les habla es la distancia que había entre sus
palabras en la oposición, sus promesas en la campaña electoral y sus
realizaciones al frente del Ministerio.
Usted podrá decir lo que quiera del anterior Gobierno, pero no podrá
decir del anterior Gobierno que ha hecho lo que ustedes acaban de hacer,
si es que no cambian, señor ministro, porque ya está el subdirector
general diciendo que nos van a cambiar la lista, y usted tendrá que
cambiar esa lista porque son millones de españoles los que están hartos
de sus mentiras y de sus falsas promesas. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien! Aplausos.) A usted, señor ministro, le ha puesto los deberes el
señor Rato, le ha dicho que saque 35.000 millones de pesetas y los ha
sacado usted del bolsillo de los pensionistas, les ha quitado usted
25.000 millones de pesetas de capacidad adquisitiva y aún no han
terminado los ecos en esta Cámara, aún no han terminado los ecos en los
hogares de pensionistas que están haciendo una campaña, usando incluso el
censo electoral diciendo que han ganado capacidad adquisitiva y usted, a
la chita callando, ha rebañado 25.000 millones de pesetas a los
pensionistas. Señor ministro, éste es un Gobierno que agrede a los
débiles, que se arrodilla ante los fuertes y que miente a los ciudadanos,
y éstos le pasarán factura. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor Cercas.
Señor Cercas, a efectos de actas --sé que me entiende S. S.--, lo del
perjurio lo dejamos en alegórico metafórico.(El señor Núñez Pérez: ¡Es
una simpleza!--Rumores.)
El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, es una definición, un insulto;
me refiero a perjurio electoral, no ante los tribunales, porque todavía
no ha llegado a ellos. (La señora López i Chamosa: ¡Todo
llegará!--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
presidente.
Señor diputado, el señor Rato, como ministro de Economía, este Gobierno,
y después el Parlamento, han hecho por el Sistema Nacional de Salud y por
la mejora de su financiación un esfuerzo absolutamente desconocido en la
historia de nuestra Seguridad Social (Rumores.), absolutamente
desconocido: 386.000 millones más este año; 200.000 más de lo que hubiera
sido el crecimiento según el modelo que implantaron ustedes y que, como
saben, dejó muchos problemas sin resolver y carencias en muchas esferas.
Este Gobierno hace ese esfuerzo, pero con toda razón y justicia nos pide
a los servicios sanitarios, y nosotros lo asumimos porque lo votamos
todos los que tenemos competencias en materia de sanidad en el Consejo de
Política fiscal y Financiera, que racionalicemos nuestro gasto, que
contengamos un crecimiento excesivo y disparatado que ustedes nos dejaron
del gasto farmacéutico, sin genéricos, con los márgenes de las oficinas
de farmacia más altos de Europa, sin precios de referencia, sin política
farmacéutica y con una prestación insoportable. Eso es lo que nosotros
estamos corrigiendo y lo hemos votado a favor todas las comunidades
autónomas y todos los servicios de salud.
Los pensionistas están considerados en esta lista mucho mejor que en la
de 1993, porque entonces no lo estaban. Aquí hay muchas excepciones para
los pensionistas, para los enfermos crónicos, justamente para que esta
medida sea lo menos perjudicial posible para estos colectivos, que son
los que van a salir más beneficiados de la disponibilidad que vamos a
tener de esos recursos; podremos atenderlos mejor y reducir esas enormes
listas de espera que ustedes nos dejaron. ¿Sabe usted que nos dejaron más
de cinco mil pacientes que llevaban más de dos años para ser
intervenidos? (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular: ¡Tomar
nota!--La señora López i Chamosa: ¡No querrías que nos los
lleváramos!--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, guarde silencio.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Los
pensionistas, las personas mayores, los mayores demandantes de los
servicios sanitarios van a ser los más beneficiados con una medida que
nos permitirá aplicar estos recursos de una manera mucho más racional y
de acuerdo con las necesidades prioritarias.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señor ministro de Sanidad y Consumo, con cuya intervención
concluye el punto cuarto del orden del día: preguntas orales al Gobierno
en el Pleno.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO DIRIGIDA
A REDUCIR DE MANERA SIGNIFICATIVA LOS INDICES DE SINIESTRALIDAD LABORAL
EN NUESTRO PAIS (Número de expediente 172/000066)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, en consecuencia, al punto quinto,
interpelaciones urgentes.
En primer lugar, la formulada por el Grupo Parlamentario Mixto sobre la
política del Gobierno dirigida a reducir de manera significativa los
índices de siniestralidad laboral en nuestro país.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en los últimos días se han
conocido de manera no oficial determinados datos sobre siniestralidad
laboral en nuestro país en el año 1997, e incluso, desgraciadamente
también, se han conocido datos sobre las primeras semanas del presente
año 1998. La gravedad de estos datos no oficiales --que espero usted esté
en condiciones de confirmar hoy aquí desde el rango que ostenta como
ministro-- nos ha obligado a presentar una interpelación sobre este tema,
con el objetivo de que asumamos la conciencia de esta realidad del
mercado laboral de nuestro país y seamos capaces de darle una respuesta
adecuada.
En efecto, señor ministro, los datos no oficiales hablan de prácticamente
1,3 millones de accidentes laborales en nuestro país en el año 1997, de
los cuales unos 680.000 lo han sido con baja, con un crecimiento en
relación con el año anterior de un 10 por ciento. De ellos, unos 1.090
han sido accidentes mortales, con un crecimiento del 11 por ciento en
relación con el año 1996, y ha habido en torno a 345 accidentes mortales
in itinere que deberían adicionarse a la cifra citada anteriormente.
Señor ministro, estos son los datos que se conocen de manera no oficial
en relación con el año 1997; datos, por tanto, muy preocupantes, con un
incremento notable en relación con el año 1996.
Las primeras semanas que han transcurrido del presente 1998,
desgraciadamente, señor ministro, abundan en la misma dirección. Hoy,
medios de comunicación de esta capital hacen referencia a recientes
fallecimientos en estos últimos días y cifran en 9 el número de muertos
en el ramo de la construcción en Madrid. Una cifra similar me consta que
se ha producido en el País Valenciano, donde también las primeras semanas
del año fueron ciertamente luctuosas; comunidad autónoma que en el año
1997 experimentó el crecimiento más alto en este tipo de accidentes: en
torno a un 18 por ciento.
En esta situación, señor ministro, convendremos todos que las cifras son
extraordinariamente graves; gravedad que exige rigor y contundencia en el
análisis y en la respuesta. No podemos insistir en que, porque estamos
hablando desgraciadamente de muertos, no tenemos que utilizar los
términos adecuados. Las cifras son muy graves y exigen rigor y
contundencia y, desde luego, señor ministro --y ésta es la opinión de
Nueva Izquierda--, exigen cambios en las actuaciones, porque si se están
produciendo esos hechos algo está fallando, algo falla cuando hay esta
dinámica en el mercado laboral de nuestro país. Necesitamos realizar
cambios, posiblemente cambios diversos, pero cambios, y ser capaces de
reflexionar sobre los mismos en esta interpelación.
En nuestra opinión, debemos desechar, de entrada, señor ministro, que
este incremento se debe a que ha crecido el empleo, la actividad
económica. No compartimos ese fatalismo, pero, en todo caso, parece claro
que las cifras de incremento de la siniestralidad son muy superiores a
las cifras de crecimiento del empleo. Insisto en que Nueva Izquierda no
comparte ese fatalismo. Bastaría atender a cifras de países europeos con
más actividad, con más población laboral y con unos índices de
siniestralidad notablemente más bajos que los de nuestro país para llegar
a la conclusión de que no hay esa ligazón fatalista entre crecimiento de
empleo, actividad económica y crecimiento de la siniestralidad.
En nuestra opinión, están incidiendo en esta triste realidad otros
factores y causas, que someto a la consideración del señor ministro, y a
los que me gustaría que en su respuesta hiciera referencia. Primero, la
formación, tema importante, sin lugar a dudas, que en ocasiones se puede
ligar a la temporalidad en el empleo porque son factores íntimamente
interrelacionados. En nuestra opinión, la formación tiene una incidencia
específica. Le voy a dar un dato, señor ministro. Mientras que en el año
anterior en países europeos como Finlandia, Reino Unido o Dinamarca unos
50 trabajadores han recibido cursos de formación por cuenta del
empresario, en nuestro país esa cifra se sitúa exclusivamente en 19.
Tenemos un déficit de formación en estas materias extraordinariamente
notable y, sin lugar a dudas, debería ser un punto en el que incidiéramos
de cara a conseguir mejorar esta situación.
En segundo lugar, es también muy notable la diferencia de medios y de
eficacia en la Inspección en relación con parámetros europeos. De acuerdo
con datos proporcionados por organismos europeos, mientras Dinamarca y
Finlandia --por darle un dato relacionado con el anterior, porque también
aparecían estos países en la formación-- disponen de un inspector por
cada 5.000 asalariados, España dispone de un inspector para cada 27.000.
Cabe la posibilidad de que las cifras no sean rigurosamente exactas.
Seguro que me las puede concretar en su respuesta, señor ministro, y me
podrá decir en qué medida se produce esta relación entre nuestro país y
países como Dinamarca o Finlandia, y si es así.
Escasa eficacia, señor ministro, en la actividad de la Inspección. Le
puedo dar datos concretos referidos a la Comunidad Valenciana. Me puede
usted decir que es la peor de todas, a tenor del incremento del año
pasado. Me sirve. Seguro que usted me los podrá dar globales. Pues bien,
en esta comunidad en materia de seguridad y salud laboral, en el año
1997, se recaudó exclusivamente el 22 por ciento de las sanciones
impuestas. Las sanciones impuestas desde el año 1996 hasta ahora suben al
40 por ciento. Esa es la realidad en una comunidad específica, la
Comunidad Autónoma Valenciana, señor ministro.
Hay, sin lugar a dudas, un incumplimiento muy notable en nuestro país
relacionado con la anterior normativa laboral sobre seguridad e higiene.
En algún momento determinado, un alto cargo del Ministerio
--es verdad que en una reunión de empresarios-- dijo que sólo se
denuncia una de cada ocho infracciones que se producen. Seguro que me
dirá usted que hay un trabajo importante de la Inspección, si sólo es la
octava parte supone que el nivel de incumplimiento es muy elevado. En el
fondo hay en la materia, sin lugar a dudas --creo que estará usted de
acuerdo conmigo--, una falta de conciencia social en la materia muy
importante.
Señor ministro, en esto también hay distintas situaciones, porque falta
conciencia social especialmente por parte de los empresarios. Le voy a
hacer una pregunta por si la me la quiere usted responder: ¿Recuerda
alguna declaración del señor Cuevas sobre esta materia? Hace un rato le
preguntaba un diputado aquí presente a algún ministro del Gobierno por
declaraciones del señor Cuevas sobre distintos asuntos: sobre el despido,
sobre cuotas sociales, etcétera. ¿Recuerda usted alguna en materia de
accidentes laborales? Seguramente, no. Esto es importante, señor
ministro, porque el otro día me contestaba usted a una pregunta que yo le
formulaba sobre otro asunto que no habría desarrollo si no hay consenso.
Ante esta realidad, señor ministro, ante una falta de sensibilidad que
sinceramente consideramos muy preocupante, no puede someterse al consenso
y aguardar la acción del Gobierno, del Gobierno de todos, el que una
parte que parece que no tiene sensibilidad en este tema esté dispuesto a
dar su consenso.
Detrás de esa falta de sensibilidad empresarial, señor ministro --y de
ahí que le dijera antes que hacía falta una respuesta contundente--, da
la impresión de que algún sector empresarial ha sacado la conclusión de
que han llegado los nuestros al Gobierno y que, por tanto, aquí podemos
hacer oídos sordos a la legislación, pero detrás de esos oídos sordos se
produce ese incremento tan preocupante de la siniestralidad laboral.
Creo, señor ministro, como le decía, que los cambios son necesarios. Le
voy a poner un ejemplo concreto. Hace poco le preguntaba al Gobierno
sobre las medidas encaminadas a reducir al máximo la presencia del
alcohol en los centros de trabajo. Con esto terminaría mi primera
intervención en esta interpelación. Me contesta el Gobierno: En el mundo
laboral sigue manteniéndose fuertemente arraigada la costumbre de beber
en ciertos sectores de actividad que coinciden con unos mayores riesgos y
una alta siniestralidad, como son el sector de la construcción y el del
metal. Es respuesta literal. Continúa diciendo el Gobierno: Por ello, no
cabe duda de que deben tomarse medidas que lleven a la concienciación y a
un cambio cultural respecto al uso abusivo del alcohol, entre ellas las
campañas específicas en ámbitos de elevado consumo. El Gobierno termina
su respuesta señalando que no hay una acción específica respecto a la
influencia del abuso del alcohol en el ámbito laboral.
Me consta que hace poco han llevado ustedes a cabo una campaña general.
¿Cuánto ha durado esa campaña, señor ministro? ¿Cree usted que ha durado
siquiera
lo que dura la campaña de una compañía de tabacos o de un coche? ¿Cree
usted que esta materia de salud laboral --hasta la fecha no he dado el
menor dato económico, señor ministro, pero a usted le consta-- lleva
consigo un gasto de dos billones de pesetas para el Estado? ¿Han puesto
ustedes el mismo interés en corregir las causas de ese gasto que, por
ejemplo, en ahorrar esos 35.000 millones de los que tanto se ha ocupado
esta tarde esta Cámara? ¿Cree usted que se ha dedicado a eso ese tiempo?
Creo, señor ministro --con esto terminaría mi intervención inicial-- que
necesitamos, ante los hechos, dar una respuesta. No me cabe la menor duda
de que el Ministerio ha hecho cosas, de ahí que mi intervención pretenda
poner de manifiesto el reconocimiento de esos hechos e intentar no entrar
en algo que para todos es un tema triste y preocupante. Pero tampoco me
cabe la menor duda, señor ministro, que tenemos que cambiar y tenemos que
ser capaces de dar una respuesta a la altura de las circunstancias.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señoras y señores diputados, quería comenzar mi intervención
felicitando, en primer lugar, a don Ricardo Peralta porque cualquier
debate que afecte a la siniestralidad de riesgos laborales y a la calidad
de vida en el trabajo es siempre francamente positivo. Quiero anticiparle
que en las responsabilidades de mi departamento nadie duda de que el
desempleo es una cuestión prioritaria para todos lo españoles, pero no
tenga duda alguna, señor diputado, que el problema que considera el
Ministerio cualitativamente más importante en estos momentos es la
siniestralidad laboral. Le quiero felicitar por traer a la Cámara este
debate, que es de actualidad porque se produce como consecuencia del
balance anual de siniestralidad laboral.
En segundo lugar, también le quiero felicitar porque cuando estamos
hablando de accidentes mortales, de accidentes graves, de accidentes
leves, de pérdidas de vidas humanas, es relativamente fácil deslizarse
por el camino de la demagogia cuando no se tiene una actitud constructiva
y responsable. Ciertamente su intervención ha sido una llamada de
atención al Gobierno, al conjunto de los agentes sociales y también a la
sociedad, pero considero que ha estado exenta de cualquier desliz hacia
la demagogia, aunque este tema podría dolorosamente prestarse a ello.
Empezaré diciendo que los datos del Ministerio no coinciden con los que
ha aportado S. S., pero que en ningún caso quiere este ministro del
Gobierno reducir la dimensión del problema de la siniestralidad. Los
datos oficiales que me facilita el departamento son que en 1997 se han
producido 676.000 accidentes laborales, lo que ha supuesto un incremento
del 8,77 por ciento con respecto a 1996. Si atendemos a la cualidad de
los accidentes, dramáticamente se ha producido un incremento del 8,74 por
ciento en los accidentes mortales, con una cifra de 1.070 muertos, que me
parece que usted apuntaba exactamente en su intervención; ha habido un
incremento de los accidentes leves y un descenso de los accidentes graves
en un 3,8 por ciento. Esos son los datos del departamento que, no
coincidiendo con los de S. S. porque a lo mejor ha existido alguna
dificultad en la toma de datos, significa que el problema sigue
existiendo y que tenemos un incremento importante en 1997.
Coincido también con S. S. en que el incremento de la actividad económica
produce un aumento de riesgo de los accidentes laborales. Eso es un hecho
cierto que no se puede objetar. Sin embargo, ese hecho no debe utilizarse
como excusa para no poner de manifiesto que tenemos un problema
importante de siniestralidad y que ésta ha crecido durante 1997. Si S. S.
estudia los datos con detalle verá que, por sectores, ha habido un
crecimiento del 15,28 en agricultura, en industria del 6,9, en
construcción del 4,85, y en el sector servicios del 11,42 por ciento. En
lo que hace referencia a los accidentes mortales se ha producido una
reducción del 2,8 en agricultura y ha habido incrementos del 2,6 en
industria, del 2,8 en construcción y del 20,8 por ciento --dato
espectacular-- en los servicios. Del conjunto de los accidentes mortales,
que son los que a S. S. le preocupan más lógicamente, un 30,2 por ciento
se ha producido por patologías no traumáticas, un 23,2 por atropello o
accidentes con vehículos, un 18,9 por caídas a distinto nivel, un 5,8 por
atrapamientos y el resto por determinadas patologías no traumáticas,
fundamentalmente infartos de corazón en el centro de trabajo.
Efectivamente, se han producido in itinere 384 accidentes de trabajo.
Esta es la valoración global de datos que le puedo ofrecer a su señoría.
Usted ha calificado los datos como oficiosos. Quiero explicarle que el
hecho de que los datos sean oficiosos y no oficiales obedece simplemente
a la cortesía que el Gobierno tiene que tener con la Comisión Nacional de
Seguridad Laboral en la que sabe usted que están participando Gobierno,
comunidades autónomas, sindicatos y empresarios. Tenía previsto ofrecer
los datos en la reunión que próximamente se va a celebrar de la Comisión
Nacional de Seguridad Laboral, para hacerlos oficiales en el foro
institucional de diálogo social sobre prevención de riesgos laborales.
Dicho esto, también sabemos usted y yo que, siendo preocupante la cifra
de 1997, no significa que haya sido la peor de nuestra historia laboral,
sino que, afortunadamente, tenemos en este momento un proceso en el
índice de siniestralidad que no alcanza a otros años en los que realmente
fue más elevado.
Es rotundamente cierto que tenemos un problema y que de los países de
Europa tenemos un problema mayor de siniestralidad, aunque no se puede
plantear homologación con otros países europeos en términos estrictos
porque los conceptos jurídicos y administrativos de la siniestralidad
laboral son distintos en los diferentes países de Europa. Puedo afirmar
que España es de los países de Europa que no tiene en estos momentos unos
mejores índices de siniestralidad laboral, sin perjuicio de que esas
estadísticas --usted sabe que la última se publicó en 1993-- ofrecen
falta de fiabilidad por la diferencia entre conceptos administrativos y
jurídicos. Tenemos un problema, tenemos que abordarlo y, como usted ha
dicho, el Gobierno ya lo está haciendo.
Quiero trasladarle lo siguiente. Primero, no hemos tomado ninguna
decisión en nuestro departamento sin que haya sido previamente
consensuada con los agentes sociales. Segundo, el primer objetivo ha sido
el desarrollo reglamentario de la Ley de prevención de riesgos laborales.
Tercero, incluso había abierto un expediente informativo en la Unión
Europea por la no trasposición de directivas europeas en el marco de la
prevención de riesgos laborales.
Sabe usted que desde que estoy en el Ministerio he llevado al Consejo de
Ministros trece reales decretos y órdenes ministeriales de desarrollo y
de trasposición de directivas, pudiendo decir en este momento que no hay
ninguna directiva europea que no esté ya incorporada a nuestro
ordenamiento jurídico. Luego, primero, diálogo social; segundo,
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de normativa europea;
tercero, constitución --el decreto se aprobó en acuerdo del Consejo de
Ministros del mes de agosto-- de la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, y cuarto campaña publicitaria de concienciación, a
la que usted ha hecho referencia.
Las campañas de prevención de riesgos laborales no se pueden comparar con
ninguna otra. Usted sabe que esa campaña fue pactada con sindicatos y
empresarios de común acuerdo y que las cantidades destinadas a la misma
también fueron pactadas, de común acuerdo, con sindicatos y empresarios.
Asimismo, quiero decirle que en materia de siniestralidad laboral toda la
inversión que se haga es poca, porque estamos intentando salvar a las
personas de accidentes en los que pueden perder la vida. Probablemente en
los próximos años podamos hacer campañas superiores, pero quiero decirle
que ésta ha supuesto un esfuerzo económico muy importante, que ha sido
plenamente acordada con sindicatos y empresarios a través de la Comisión
nacional y que ha sido hecha, como usted sabe, de forma conjunta con el
Forcem, donde participan directamente los agentes sociales.
Usted ha comparado los datos de la Inspección de Trabajo en España con
los de países con los que, francamente, una comparación inspección/número
de habitantes resulta difícil. No obstante, puedo decirle que los
inspectores de trabajo --y me he reunido recientemente con los jefes de
la Inspección en las distintas provincias-- tienen marcada por el
Ministerio y por el propio ministro como prioridad la actividad
inspectora en materia de cumplimiento de normas que afectan a la
prevención de riesgos laborales. En ese sentido, puedo decirle que en
1997 se ha producido un incremento en el número de infracciones
detectadas por la Inspección del 58,8 por ciento; que en 1997 ha habido
un aumento del 75 por ciento en el importe de las sanciones, y que lo que
significa paralización de tajos de trabajo se ha incrementado en un 58
por ciento, llegando las paralizaciones a 1.095.
Al final de su intervención usted ha dicho que la siniestralidad tiene
mucho que ver con la formación
--cosa que estamos llevando a cabo--, con lo que significa una nueva
cultura y con que toda la sociedad sepa que la inversión en prevención de
riesgos laborales también es una inversión económicamente rentable para
la empresa y, por supuesto, extraordinariamente rentable en todos los
demás sentidos, puesto que estamos hablando de vidas humanas. Hace falta
esa nueva cultura. La Inspección está incrementando espectacularmente su
función, pero no es un problema sólo de ella.
También le quiero decir --y con esto no quiero hacer un deslizamiento de
crítica hacia las comunidades autónomas-- que, si habla de cobro de las
sanciones, esa competencia no reside en este momento en la Administración
general del Estado y, en consecuencia, no puedo contestarle, porque mi
contestación se entendería como una imputación política a las comunidades
autónomas, cosa que en absoluto voy a hacer.
¿Planes de choque? He firmado un plan de choque con las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por valor de 33.200
millones de pesetas; se están intensificando todos los trabajos del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; y queremos
modificar la tarifa de accidentes de trabajo para aquellas empresas que
más se vuelquen e inviertan en prevención de riesgos laborales. En
definitiva, señoría, le estoy diciendo lo que estamos haciendo. Usted ha
reconocido --lo ha dicho expresamente y se lo agradezco-- que el
Ministerio no está cruzado de brazos, pero tenemos que seguir por este
camino. Lo más importante es que cambie la conciencia de toda la
sociedad: de las administraciones públicas, de la empresa y del
trabajador en la necesidad de prevenir los riesgos laborales.
Los esfuerzos que estamos haciendo siempre se podrán considerar
insuficientes porque, a la hora de salvar una vida humana, todo esfuerzo
se puede considerar como insuficiente si no se salva, pero quiero añadir
que siempre estudio las propuestas de la oposición, porque es mi
obligación y porque me parece que una buena oposición, si es positiva,
siempre ayuda a un mejor Gobierno. No sabe usted con cuanta satisfacción
acogeré sus propuestas, me las haga ahora o en la moción que me imagino
presentará ante la Cámara. Lo haré con inmensa satisfacción; nunca con
más gusto aceptaré una propuesta de la oposición que si redunda en
beneficio de la salud de los trabajadores y, sobre todo, de que se
pierdan menos vidas humanas en lo que significa el desarrollo de la
actividad laboral.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Trabajo.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, existen pequeñas diferencias cuantitativas en los datos
que usted ha proporcionado, que sustancialmente acepto con usted en la
medida en que coincidimos en que se ha producido un incremento en el año
1997 que no se puede justificar más allá de que aceptemos esa lógica en
el crecimiento de la actividad en el empleo y en que tenemos una
situación lejos de los parámetros europeos que requiere actuaciones.
Ha hecho referencia a las actuaciones que se han llevado a cabo por parte
del Ministerio. Es verdad, señor ministro, ya le he dicho que me constaba
que se estaban haciendo cosas, pero creo que tendremos que convenir en
que son insuficientes, los datos nos están revelando que lo son y, por
tanto, necesitamos plantear cosas distintas. Le anticipo ya, señor
ministro, que el contenido de nuestra moción va a ser reclamar un plan de
choque al Ministerio ¿Por qué? Porque las actuaciones que se están
llevando a cabo, siendo importantes y necesarias --qué duda cabe de que
hacía falta esa ley y su desarrollo reglamentario, así como la
trasposición de directivas comunitarias y la participación social en esa
comisión--, son insuficientes. Ese es el problema, señor ministro, y
necesitamos más; necesitamos un plan de choque que sea capaz de dar
respuesta ante la opinión pública con la contundencia que exigen los
datos, una respuesta coherente por parte de la Administración y las
fuerzas políticas. Así lo entendemos en Nueva Izquierda y así lo vamos a
plantear.
Me decía usted que agradecería las ideas que se le formulen. Es una
respuesta positiva por parte del Gobierno. También entenderá que desde la
oposición le digamos que más responsabilidad tiene en esta materia el
Gobierno, que dispone de más medios, pero yo acepto mi responsabilidad a
la que usted me invitaba, la de dar ideas. Ahí va alguna. Como soy
diputado valenciano le he hablado del ámbito del País Valenciano y
desgraciadamente el año pasado fuimos la comunidad autónoma con mayor
crecimiento en índice de mortalidad laboral. Sin embargo, señor ministro,
tenemos una obra emblemática en nuestra comunidad, en la capital, la
ciudad de las artes y las ciencias. Es una obra de construcción, un
sector de riesgo, que emplea en torno a 1.500 trabajadores, en la que no
se ha producido ni un solo accidente mortal, ni siquiera un accidente
grave. Señor ministro, sin lugar a dudas, eso responde a que en esa obra
están funcionando unos mecanismos de prevención y de seguimiento, con una
participación sindical intensa, que están dando lugar a que se produzcan
resultados positivos. De experiencias como ésa, como la que en su día se
produjo en la Expo de Sevilla, que usted seguramente conoce, o en las
Olimpiadas de Barcelona, se pueden sacar conclusiones positivas en torno
a métodos eficaces, que no serán la solución perfecta, pero que pueden
dar una respuesta satisfactoria a una situación muy preocupante. Le
invito, señor ministro, a que veamos eso y en esta línea le animaría --y
lo haremos constar en esta moción-- a que por parte del Ministerio se
avance en lograr acuerdos con la Federación Española de Municipios y
Provincias, porque hay un gran número de obras públicas, de obras que son
competencia de autoridades locales en relación con las cuales se pueden
redoblar los mecanismos de vigilancia; más allá de los genéricos de la
Inspección de Trabajo, de la Ley de Prevención y Salud Laboral, se pueden
reforzar y hay que implicar a todas las administraciones en esa
dirección. Nosotros le vamos a plantear que avance en un convenio con la
FEMP. Nos consta que hay municipios donde están funcionando experiencias
piloto --por hablarle de Valencia, en la ciudad de Gandía-- que están
produciendo resultados positivos y nos parece muy necesario.
Señor ministro, sabe usted que hay un mecanismo previsto en la ley que ha
cumplido dos años estos días, al que además, en virtud de una
interpelación sobre este tema discutida en octubre, ya se hacía
referencia, la fundación --disposición adicional quinta de la ley--.
Todavía no se ha constituido. Me consta que está en esa dirección, pero
es urgente constituirla y llegar a una implicación.
Ha hecho usted referencia al tema de las mutuas, no ya patronales sino
mutuas de la Seguridad Social. Señor ministro, las mutuas --y usted lo
sabe perfectamente-- surgen para prevenir y para actuar en el ámbito de
los riesgos de accidente. Ultimamente y en especial por parte del actual
Gobierno de la nación, se les han ampliado las competencias al ámbito de
la incapacidad temporal por enfermedad. Nosotros creemos, señor ministro,
que debemos hacer un esfuerzo prioritario por lo que se refiere a las
mutuas en esta materia. Sinceramente, si se mira sólo desde el punto de
vista económico, que nos parece --créame-- desdeñable, aunque cuenta
también, hay aquí mucha más capacidad de ahorro en materia de accidentes
laborales que en materia de incapacidad temporal, hay muchas más
posibilidades y, sobre todo, la posibilidad de llegar a los empresarios,
en los que sinceramente lamento que en ocasiones haya escasa sensibilidad
sobre
este tema. Es verdad, y yo comparto esa opinión, seguramente suya, que
sería mejor la solución con su colaboración sincera, sin lugar a dudas,
pero también le digo, señor ministro, en nombre de Nueva Izquierda que no
puede quedar condicionada...
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, concluya, por favor.
El señor PERALTA ORTEGA: Termino, señor presidente.
Decía que no puede quedar condicionada la actuación del Gobierno a las
reticencias o al escaso interés en esa materia. En definitiva, señor
ministro, este es un tema en el que es necesario que todos demos una
respuesta acorde a unas circunstancias que no deseamos, pero sobre las
que urge con celeridad una respuesta contundente. Nosotros en nuestra
moción y estoy convencido de que toda la Cámara contribuiremos a que se
produzca así.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señoras y señores diputados, empezaré haciendo una aclaración
que le resultará importante al señor diputado, porque con el rigor que
emplea en sus intervenciones me chocaba que tuviéramos tanta disparidad
de datos y mientras estaba en el escaño he pedido una comprobación
telefónica de los mismos. He de decirle que en el total de los datos que
había ofrecido al principio está algo por encima el total de accidentes,
pero en su intervención se me había pasado por alto que el señor diputado
estaba hablando de accidentes que provocan baja laboral y que no provocan
baja laboral y, sin embargo, yo estaba utilizando el dato --que luego he
acudido a él-- de accidentes con baja. Ese era el dato al que me refería
cuando hablaba de los 676.000 accidentes durante 1997.
Continúo estando de acuerdo con su señoría. No quiero en absoluto que se
transmita al conjunto de la sociedad una sensación de incapacidad en
cuanto a la iniciativa. Seguimos haciendo cosas y seguiremos trabajando
en muchas propuestas. Me ha hablado de las mutuas de accidentes de
trabajo. He firmado un plan de choque por valor de 32.500 millones de
pesetas. Se aprobó recientemente en este Congreso de los Diputados una
moción relativa a estas cuestiones y se está cumpliendo escrupulosamente
por parte del Ministerio. Me ha hablado de algunas experiencias piloto.
Ojalá que el ministro de Trabajo o representantes del Ministerio pudieran
estar presentes personalmente en la ejecución de cualquier actividad
laboral para que se cumpliera fielmente toda la normativa de prevención
de riesgos laborales. Contamos con un instrumento, que es la Inspección
de Trabajo, y le he dado unos datos anteriormente que me parecen muy
satisfactorios. Cuestión que me preocupa: los bajos niveles de
recaudación de las sanciones y en ese sentido la actividad y la actuación
inspectora y la capacidad punitiva decrecen mucho en su eficacia si no se
concretan al final en la recaudación de la sanción. Es un tema del que
quiero hablar en profundidad con las comunidades autónomas, porque los
demás elementos tienen un crecimiento muy importante. Le he hablado
anteriormente del número de infracciones en acta, con un crecimiento del
52 por ciento, del importe de sanciones propuestas, con un incremento de
un 75 por ciento, de las paralizaciones de trabajo, con un aumento del 58
por ciento, y de las propuestas de recargo de prestaciones, con un
aumento del 10 por ciento. Luego yo no puedo decirle en absoluto, porque
no sería verdad, que ha bajado la actividad inspectora ni que la
Inspección de Trabajo no lo está tomando como prioridad. Se mantendrá
como prioridad y tenemos que hablar muy concienzudamente con las
comunidades autónomas para una mejor coordinación.
La segunda cuestión a la que usted ha hecho referencia en su primera
intervención, aunque no la ha tocado en la segunda, es que no hay mejor
forma de luchar contra la siniestralidad que con el fomento de los
contratos indefinidos. La tasa de siniestralidad cuando acudimos a los
contratos temporales está en el 104,6 y cuando acudimos a los contratos
indefinidos está exactamente, en 1997, en torno a algo más del 40. Esto
quiere decir que cuando como hoy hemos dado la noticia de que ya se han
producido 500.000 nuevos contratos de la reforma que en su día pactaron
sindicatos y empresarios y que, como hemos dicho, en 1997 se han
duplicado los contratos indefinidos en relación con 1996, todo lo que
signifique fomento del empleo estable es luchar automáticamente contra lo
que significan los siniestros laborales y la pérdida de vidas humanas en
el ámbito del trabajo.
Habla usted en su intervención de la fundación. Quiero comunicarle que
será un asunto resuelto en los próximos días, pero también que la
constitución de la fundación --como usted y yo sabemos-- no va a tener
efectos inmediatos en la siniestralidad. Lo que pasa es que no se puede
perder ni un minuto en la constitución de dicha fundación.
En resumen, creo que de acuerdo con los sindicatos y las organizaciones
empresariales hemos hecho muchísimo en materia de prevención de riesgos
laborales. Probablemente, muchas de las medidas que se han tomado son
medidas que no tienen efecto a corto plazo y que deben tenerlo y muy
importante a medio y largo. No avanzaremos decisivamente en esta materia
sin una cultura preventiva nueva ni sin que haya un compromiso de la
Administración del Estado, comunidades autónomas, sindicatos y
organizaciones empresariales.
Cuando hablamos de siniestralidad laboral ni siquiera podemos hablar de
cifras homogéneas en todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, en los
casos de Aragón, Cantabria, Madrid, Extremadura o Galicia nos encontramos
con que pese a que se hayan producido incrementos en 1997, están muy por
debajo de la media nacional. Creo que tenemos que hacer un intercambio
importante para ver lo que se está haciendo en cada comunidad autónoma,
porque le insisto que la evolución no es similar en todas ellas.
Espero, como miembro del Gobierno, conocer las ideas concretas de su
moción. Me ha dicho que habría que fijarse en cómo se hizo la Expo, en
cómo se hicieron los proyectos de obras --me imagino-- y vigilancia en lo
que significan las Olimpiadas. Me parece que esas son medidas muy
puntuales y, desde luego, si el grupo al que usted representa en esta
Cámara tiene ideas concretas, las estudiaremos y si consideramos que son
eficaces, las incorporaremos encantados, porque serán iniciativas en
beneficio de todos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo con brevedad pero al mismo tiempo con la detención
que requiere este debate que sin duda alguna es pertinente, es oportuno y
es la prolongación de otro que hemos tenido hace escasos meses, pero que
tendrá un colofón en la moción de la próxima semana y posiblemente en
otras futuras discusiones y debates parlamentarios a los que podamos
asistir.
El trabajo, señorías, en este país se está demostrando escaso pero
también peligroso. Es peligroso por encima de los datos de otros países
de la Unión Europea y habría que realizar bien el diagnóstico de por qué
lo es, porque no es un consuelo decir que las medidas que se están
tomando por parte del Gobierno puede ser que no tengan efectos a corto
plazo, pero sí los van a tener a medio y a largo plazo. Ese es un
consuelo que sin duda alguna llega tarde para muchos, para 1.092 personas
exactamente que murieron en el año 1997. Mientras se sigue fomentando la
idea, demagógica a mi modo de ver, de que este incremento de la
siniestralidad en buena parte deriva del incremento del empleo o, en
último término, es culpa de la ignorancia y de la incultura de los
trabajadores y por eso hay que acudir a medidas de fomento de la
formación, de la sensibilización, etcétera, se abandonan aspectos
fundamentales del diagnóstico del problema y nosotros estamos en absoluta
disconformidad con este diagnóstico.
Han pasado dos años desde que saliera a la luz una ley consensuada con
los sindicatos, una ley avanzada y rigurosa. Se ha hecho un esfuerzo por
parte de este Gobierno, efectivamente, para ir desarrollando reglamentos
sectoriales en este ámbito, muy bien; se ha constituido la comisión ad
hoc para el seguimiento, estupendo; pero falta quizá la microeconomía,
faltan quizá las micromedidas y faltan también otras cosas macro. Por
ejemplo, se habla de que ha habido una campaña de sensibilización. ¿Ha
habido suficiente financiación para ella? ¿Se ha acabado ya? Es necesario
que el Gobierno nos explique convenientemente esta cuestión y hasta ahora
no se ha hecho. ¿Va a tener continuidad esta campaña o es un hito o un
islote en el océano de esta problemática?
Es necesario abundar en si efectivamente hay planes de prevención en cada
una de las empresas en los distintos sectores, y el Gobierno, impulsado
por todos nosotros --que en esto vamos a ser absolutamente constructivos,
por supuesto--, tendrá que potenciar estos planes de prevención y, al
mismo tiempo, tendrá que controlar si existen o no, porque a las empresas
se les están dando enormes facilidades para muchas cosas, se les están
dando enormes facilidades financieras, fiscales, para contratar con
contratos indefinidos, etcétera. Pues bien, también se podría condicionar
al cumplimiento de las medidas de seguridad que esas empresas perciban o
no todas estas facilidades. ¿Se está haciendo esto realmente? ¿Se está
previendo que el Estado y las distintas administraciones públicas, a la
hora de contratar empresas privadas para sus obras o para sus servicios,
tengan en cuenta el grado de cumplimiento o incumplimiento --también en
el sentido negativo penalizador-- de las medidas o de las normas de
seguridad? ¿No sería necesario acudir, por otro lado, a establecer un
registro de empresas que incumplen estas normas y no derivarlo a que lo
tienen que hacer las comunidades autónomas? Vale que lo tengan que hacer,
pero será necesario quizá modificar la normativa en este aspecto para
evitar que haya una dejación de responsabilidades o para conseguir que
haya una coordinación y un control perfectamente llevado a cabo desde la
responsabilidad de la Administración del Estado. ¿No habrá que modificar
la normativa respecto al velo que se plantea en la responsabilidad tanto
subsidiaria como solidaria de los distintos grupos de empresas, de las
contratas y subcontratas en cascada?
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, vaya concluyendo, por favor.
El señor VAQUERO DEL POZO: Acabo en seguida, señor presidente.
Señor ministro y señor diputado que plantea esta interpelación, se hace
el diagnóstico, pero ¿no tendremos que convenir todos en que los
destajos, la prolongación de la jornada y las horas extraordinarias que
están acumulándose incesantemente en nuestro mercado laboral producen
fatiga y la sobreacumulación del trabajo en unos, mientras que en otros
falta y están en el paro? Todo esto es fruto de determinadas reformas
laborales que han ido generando una sobreacumulación del poder
empresarial y del deterioro de las condiciones laborales. ¿Todo esto no
forma parte del diagnóstico que hay que hacer a la hora de establecer las
causas de la siniestralidad laboral en nuestro país y, por tanto, no
habrá que acudir al cambio del marco de las relaciones laborales, en este
sentido más garantista, más tuitivo de los derechos y de las garantías de
los trabajadores, o hay que pasar simplemente la página de las reformas
laborales y dejarlo todo como está? Creo que en esto todos tenemos una
enorme responsabilidad y no podemos acudir a este debate desligándolo del
de la reforma del mercado de trabajo ni tampoco del reparto del trabajo.
Por eso vamos a insistir una y otra vez, e insisto aquí también, en que
es necesario acudir a una jornada de trabajo más corta, a las 35 horas
semanales.
Se podrá decir, señorías, que todo esto es demagógico, pero en cualquier
caso yo prefiero la demagogia de la crítica, cuando de salvar vidas
humanas se trata, que la demagogia de las cifras nudas que justifican en
último término la situación. El ministro de Trabajo afirma que aceptará
con gusto las propuestas de la oposición. Yo, señorías, creo que va a ser
necesario que haga un esfuerzo muy importante, pues las soluciones no
están solamente en medidas técnicas que se puedan aportar si no van
acompañadas de una puesta en crisis del modelo social y económico que
usted, señor ministro, defiende y representa. No acometer estos cambios
estructurales y fundamentales es, como dicen los ingleses, azotar al
caballo muerto.
En último término, esperamos que siga el debate para pronunciarnos sobre
la moción concreta y para aportar desde Izquierda Unida soluciones y
propuestas para su consideración la próxima semana.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Socialista, el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
Como se ha dicho ya, continuamos con un debate de enorme interés. Señor
Peralta, sin ninguna duda, siempre es oportuno poder contribuir, y es de
agradecer por su parte, a que continuemos este debate seis meses después,
más o menos, de otro que se produjo en la Cámara y que tuvo como
consecuencia una moción. Habrá que ir viendo también el seguimiento que
se produjo de la misma por parte del Gobierno. Yo supongo que en los
próximos días se producirá ese hecho, pero en cualquier caso siempre es
oportuno poder aportar propuestas a las que se puedan hacer la próxima
semana.
De todos modos, señor Peralta, le quiero decir amablemente que en este
Gobierno hay varios tipos de ministros. En esta área nos toca un ministro
que siempre encabeza casi todas las manifestaciones para reivindicarse a
sí mismo. Es una característica de algún miembro del Gobierno, y el
ministro de Trabajo siempre, es verdad, y creo que eso es de agradecer,
se apunta a reivindicar con todo el mundo la mejora de todos los aspectos
que forman parte de la competencia o del área de su Ministerio,
lógicamente para ser él luego, como parte del Gobierno, el que tiene que
proponer las soluciones para resolverlos. Es una habilidad que tiene,
pero creo que es una habilidad que hay que llevar a la conciencia a este
Gobierno, señor Peralta, porque el Gobierno es el responsable de la
gestión, y este Gobierno, en este tema de los accidentes de trabajo,
tiene un problema, y es que tiene una obsesión --creo que es una buena
obsesión-- por que se desarrollen reglamentariamente todas las normas
posibles, que se traigan todas las directivas de la Unión Europea a la
legislación española, cosa que es totalmente correcta y es de alabar ese
trabajo, pero el problema que tenemos es que no hay capacidad de digerir
en la gestión las normas que se aprueban por el Gobierno o incluso por
esta Cámara. Ahí es donde radica uno de los problemas fundamentales que
se tienen que tener en cuenta, al margen de entrar o no en otro tipo de
consideraciones al respecto. Creo que hay que colocar al Gobierno en su
situación de responsabilidad de la gestión de la aplicación en algunos
casos, aunque es cierto que tiene que compartir esas competencias con las
comunidades autónomas, ya lo sabemos, pero en el impulso que tiene que
dar a esa aplicación de las normas y de una gestión diferente es donde
hay que encontrar las razones de por qué, a pesar de que tenemos más
normas y a pesar de que todo parece que es mejor, resulta que no es mejor
sino peor, más o menos; tampoco quiero decir que la situación sea mucho
peor, porque, cuando planteamos índices de incidencia, las comparaciones
realmente se aproximan más, aunque es cierto que los datos que se van
ofreciendo dicen lo que dicen en estos momentos. Yo creo que esa es una
de las razones.
Quizá también haya un problema para poder encontrar las causas de por qué
se produce la situación de los accidentes. Yo ya he discutido con el
ministro en distintas ocasiones matices concretos de algunos de los
planteamientos que hace, pero creo que ese debate podrá ser interesante
ya no sólo en la moción sino también en alguna otra comparecencia que
tenemos pendiente, que yo sepa, con el ministro para discutir ese tipo de
temas. En cualquier caso, señor Peralta, no tenga ninguna duda sobre la
contribución de nuestro grupo a la hora de aportar todas las iniciativas
que puedan complementar lo que se ha hecho hasta ahora. Creemos que con
eso podremos colaborar para mejorar la situación de la siniestralidad y
la salud laboral.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gimeno.
Finalmente, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Alcalde.
El señor ALCALDE SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenido sea de nuevo, señor Peralta, el debate de la siniestralidad
laboral a esta Cámara, puesto que no en vano es una cuestión que preocupa
no sólo al conjunto de la sociedad española sino también, como no puede
ser de otra manera, a los grupos que integramos esta Cámara. Bienvenido
sea, pues, este debate, y el Grupo Popular, como así lo ha expresado el
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, estará dispuesto a discutir con
el mayor interés las propuestas que se hagan ante la moción que vendrá a
la Cámara la próxima semana.
Yo querría comentar algunas de las cuestiones que se han planteado aquí
para fijar la posición de mi grupo. Se está hablando de que tenemos unas
cifras muy elevadas de siniestralidad laboral --nadie lo niega, es
cierto, es una evidencia--, que son cifras superiores a la media europea
--también es así--, pero vamos a debatir tranquilamente esa cuestión. Las
cifras españolas no son homologables ni comparables con las cifras
europeas, entre otras cuestiones porque hay conceptos jurídicos de
accidente que son distintos. En España incluimos dentro del accidente de
trabajo con baja el accidente no traumático, el infarto de miocardio.
Saben ustedes que los infartos de miocardio han ocasionado el 30 por
ciento de los accidentes mortales de trabajo en nuestro país en el último
año, luego hay que matizar esas cifras. También la definición de
accidente con baja es diferente en nuestro país que en el resto de la
Unión Europea, donde la mayoría de los países consideran un accidente con
baja cuando es superior a tres días, mientras que en nuestro país se
considera solamente cuando es superior a un día. Así pues, las cifras son
difícilmente comparables.
Se quejaba tanto el interpelante como portavoces de otros grupos de que
la campaña de concienciación había sido corta. ¿Me quieren decir ustedes
hace cuántos años no ha habido en este país una campaña de
concienciación? Habría que remontarse sin lugar a dudas a aquello de:
trabaja pero seguro. Bueno es empezar como ha empezado el Gobierno, con
la plena colaboración y en coordinación con los empresarios y con el
resto de interlocutores sociales, los sindicatos, para ponerse de acuerdo
en llevar a cabo esa campaña que obviamente no se va a quedar ahí, sino
que va a tener una prolongación en el tiempo.
Decía también que el Gobierno debe de potenciar los planes de prevención.
Indudablemente, estamos totalmente de acuerdo, pero lo que es más cierto
es que el Gobierno para llevar a cabo esos planes de prevención debía
llevar a cabo el desarrollo legislativo que ha hecho, en primer lugar,
con un reglamento de servicios de prevención y, en segundo lugar, con dos
órdenes ministeriales, una referida a las mutuas y otra referida a la
creación de servicios de formación y de preparación para esos técnicos en
prevención. De otra manera, difícilmente pueden llevarse a cabo esos
servicios de prevención si no hay personas preparadas para ejercer esas
funciones.
También se decía que hacen falta unos cambios estructurales necesarios.
Estamos de acuerdo, naturalmente que sí; cambios estructurales a nivel de
formación preventiva, de condiciones de seguridad del parque de
maquinaria y también de estructuras preventivas en el mercado de trabajo.
Pero indudablemente eso no se puede conseguir si no hay una cultura de la
prevención, que es en definitiva lo que falta y en lo que se ha perdido
un montón de años; y concretamente en el traslado de la normativa marco
europea, que terminaba el 31 de diciembre de 1992 y tardó tres años en
incorporarse con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El Gobierno
actual ha desarrollado rápidamente esa normativa y yo creo, señor Gimeno,
que es la mejor manera de reivindicarse a sí mismo, como decía usted que
hacía el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Naturalmente que se
reivindica, porque un ministro y un Gobierno se reivindican cumpliendo
con su obligación, y la obligación fundamental del Gobierno en materia de
prevención de riesgos laborales es, sin duda alguna, legislar, promover
iniciativas para concienciar a la población de la importancia de la
prevención y vigilar y controlar que se cumple esa legislación. Eso es lo
que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, sin parar en ningún
momento, sin prisas y sin pausas. De manera que en estos momentos tenemos
un reglamento de servicios de prevención, 13 reales decretos que lo
desarrollan, dos órdenes ministeriales y trasposición de toda la
normativa pendiente de la Comunidad Europea. De acuerdo con los
sindicatos y con los empresarios, se ha puesto en marcha la Comisión
nacional de seguridad y salud en el trabajo, que figura en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, y --cómo no-- se va a poner en marcha,
en breve plazo, esa fundación que va a ser una herramienta importantísima
para promover la prevención de riesgos laborales, además de ese acuerdo
con las mutuas --fundamental en la campaña de concienciación-- y de otros
instrumentos respecto a los que no me voy a extender y que ha relatado ya
el ministro.
Como conclusión de mi intervención tengo que reiterar la disposición de
mi grupo parlamentario a hablar, como hicimos con motivo de la moción que
se discutió en esta Cámara en el mes de octubre, en la que llegamos, con
el consenso de la mayoría de la misma, a acuerdos importantes que el
Gobierno ya está poniendo en práctica.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcalde.
Concluimos en este punto la interpelación del Grupo Parlamentario Mixto.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EXCLUSION DE MEDICAMENTOS DE
LA FINANCIACION PUBLICA (Número de expediente 172/000067)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la interpelación formulada por el Grupo
Socialista, sobre exclusión de medicamentos de la financiación pública.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra la señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, mi grupo le interpela en relación
con la medida que nos ha anunciado que su Gobierno va a adoptar para
excluir algunos cientos de medicamentos de la financiación pública. No
sabemos cuáles son ni cuántos son exactamente, porque han modificado
ustedes las cifras, pero ciertamente un número significativo de
medicamentos van a ser excluidos de la financiación pública --800, 500--,
en un planteamiento que al Grupo Socialista, señor ministro, le parece
inaceptable porque, lejos de ser una medida de uso racional del
medicamento, constituye una decisión de recorte de gasto público
farmacéutico para trasladarlo a cargo de los pacientes.
Señor ministro, en los debates que hemos tenido hasta este momento --a lo
largo del día de hoy y en ocasiones anteriores--, ustedes insisten en que
están reproduciendo una medida que adoptó el Gobierno socialista,
excluyendo de la financiación pública, en el año 1993, una lista de
medicamentos y, por tanto, pasando a no ser financiados por el sistema
público. Lo primero que quiero decirle, señor ministro --porque me
gustaría que este debate fuera útil--, es que desistan ustedes de hacer
las cosas como las hicimos nosotros, porque parece que no están saliendo
bien. Cuando hablamos de nuevas formas de gestión y votamos aquí una ley
con la que el Grupo Socialista está de acuerdo, resulta que a ustedes les
sale el hospital de Alcira. Cuando hablamos de financiación suficiente,
resulta que ustedes aprueban un modelo de financiación que es tan
insuficiente que tiene usted que explicar esta medida diciendo que quita
los fármacos para poner caderas. Cuando ustedes hablan de una
financiación equitativa, que nosotros defendemos, les sale un reparto de
los fondos en sanidad que significa que algunos ciudadanos de una
comunidad autónoma van a recibir cinco mil y pico pesetas más de la
financiación adicional mientras que otros recibirán setecientas, señor
ministro. Cuando hablamos de que los profesionales son un elemento
esencial en el sistema, a ustedes les sale que entregan el sistema a unas
sociedades privadas, que es lo que pone en el plan estratégico. De
manera, señor ministro, que no parece que, bajo las mismas banderas,
estemos diciendo las mismas cosas.
Le voy a explicar cuál es nuestra visión con el ánimo, créame, de
clarificar esta cuestión. Cuando se acuerda en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, señor ministro, que se va a reducir el gasto
farmacéutico en 65.000 millones, con políticas de genéricos, de uso
racional y de precios de referencia, no significa que usted solo firme un
acuerdo con la industria farmacéutica que condiciona absolutamente esa
decisión, que usted solo elabore una lista que nadie conoce y que a
partir de ahí lo pase al Consejo interterritorial, de verdad que no
significa eso. No significa condicionar con un acuerdo secreto que
primero firma usted y luego explica, que firma usted solo pero obligando
a las comunidades autónomas con competencias, que neutraliza los efectos
de la implantación de medicamentos genéricos y de precios de referencia,
porque deduce de la aportación de la industria lo que por esa vía se
consigue. No significa aceptar de la industria, como ha aceptado usted en
ese acuerdo, la exigencia de esa receta blanca; si usted se ha encontrado
esa receta blanca en el Ministerio de Sanidad, tírela, porque no se lo
han explicado bien y porque no va a encontrar usted pacientes con esas
recetas dadas por el sistema; no las conocemos ninguno, no las utilizan
los médicos y nunca pactamos con la industria farmacéutica que los
medicamentos que se excluían de la financiación pública pasaban a
recetarse en recetas oficiales de la sanidad pública. No significa, señor
ministro, subir los precios de los medicamentos para compensar a la
industria, ni aceptar la decisión de Hacienda de recortar en casi 300.000
millones, 260.000, el gasto farmacéutico (65.000 en cuatro años dan un
total de 260.000), ni aceptar las exigencias de la industria ni que eso
pase a cargo de los pacientes.
Lo que ustedes han hecho, señor ministro, es lo que ayer explicó el
presidente del Insalud en el Senado, y es que el Consejo de Política
Fiscal y Financiera ha acordado que de los 380.000 millones de pesetas
que van a invertir en sanidad --y ahora hablaremos de eso-- se
consiguiesen 65.000 a través de la financiación selectiva. El Ministerio,
decía el señor Núñez Feijoó ayer en el Senado, lo único que ha hecho ha
sido conseguir 30.000 millones de retorno de la industria farmacéutica en
lugar de 65.000 millones de pesetas y trasladar a los usuarios la
necesidad de que ayuden a aportar el resto de esta financiación. Ustedes
han recortado la financiación pública de farmacia para trasladar a los
usuarios ese resto que no va a aportar la industria farmacéutica, que no
es este dinero, es mucho menos.
Señor ministro, eso es lo que ustedes han hecho, y nosotros no estamos de
acuerdo con eso. Usted no
puede descalificar de un plumazo diciendo que la oposición hace
demagogia, porque este es un asunto tan serio, que afecta a tanta gente y
que preocupa tanto, que tenemos que ser capaces, ustedes, el Gobierno, y
nosotros, la oposición, de explicar de qué estamos hablando, con el
respeto indispensable hacia la posición del contrario. No hay 380.000
millones de más de financiación en sanidad, no hay 200.000 adicionales,
hay 52.000; de esos 52.000, un porcentaje muy importante ha ido donde ha
ido y a pagar deuda de quien la tiene, y ahora, como no hay ese dinero,
hay que sacar dinero --como usted dice-- para poner prótesis de cadera.
Por cierto, le agradezco que hoy no haya hecho referencia a las
mamografías, porque parece que es el gasto sanitario más importante, y no
lo es.
Señor ministro, no hay que repetir muchas veces las mismas cosas pensando
que lo que no es así va a convertirse en cierto, porque no es verdad, y
no hay que perder la compostura para echar la culpa a los demás, porque
tampoco es cierto.
Ustedes dicen que están haciendo lo mismo que nosotros, pues no nos
copien porque no saben copiarnos. Le voy a explicar otra vez cómo hicimos
la financiación selectiva, y le voy a decir cómo debería hacerlo para que
pueda decir que es lo mismo que hicieron los socialistas, para que los
socialistas lo apoyemos, para que sea una medida eficaz, para que no sea
un recorte de prestaciones y para que mantenga su promesa de mejorar, no
sólo mantener sino mejorar, el Sistema Nacional de Salud. Hay que
convocar a los expertos, señor ministro, a las comunidades autónomas, a
las fuerzas sociales, a los sindicatos. ¿Usted se acuerda que los
sindicatos apoyaron la financiación selectiva del gobierno socialista?
Pues ahora no apoyan la suya. Ellos también piensan que no estamos
hablando de lo mismo. Hay que convocar a los afectados, a los pacientes,
hay que revisar todos los medicamentos que hoy garantiza el Sistema
Nacional de Salud, y hay que sacar de esa lista los fármacos que ya no
son eficaces, que no tienen utilidad terapéutica probada, que no está
justificada su financiación pública, porque no hay que tomarlos, y para
ello, señor ministro, hay que asumir la responsabilidad frente a los
laboratorios que los producen, frente a los médicos que los prescriben,
frente a los pacientes que los demandan, y hay que tener autoridad y hay
que tener legitimidad para explicar eso. Esa es una medida eficaz; esa
medida, si ahorra, es justa, no recorta, porque lo que hace es retirar de
la financiación pública medicamentos que no sirven.
Hoy el debate, señor ministro, está siendo útil. A veces tenemos la
sensación los parlamentarios de que este Parlamento es poco útil para los
debates, pero hoy ha sido útil, porque hemos tenido ocasión todos de oír
al presidente del Gobierno decirnos esta tarde que los medicamentos que
están en la lista son de baja utilidad terapéutica y que por eso se
sacan. Ha dicho más, ha dicho que, de mantener en la financiación pública
medicamentos de baja utilidad terapéutica, hay que preguntarse a quien
beneficia eso, y yo estoy de acuerdo. Entonces, ustedes tienen que
replantear la ocasión porque lo ha dicho el presidente del Gobierno, hoy,
aquí. Por consiguiente, no pueden seguir manteniendo lo que dijeron al
presentar oficialmente la lista de fármacos, que está escrito, y es que
son medicamentos útiles, eficaces y de calidad. A lo mejor es que se han
equivocado ustedes, señor ministro. La lista hay que hacerla con los que
no son útiles ni eficaces ni de calidad. A lo mejor ese es el problema;
hay que hacerlo como ha hecho hoy el señor Aznar. Pero es que lo que ha
dicho hoy el señor Aznar no es lo que están ustedes diciendo, no es lo
que ha vuelto a repetir hoy de las excepciones. Como los medicamentos que
tienen que estar en esa lista son los que ya no son útiles ni eficaces ni
de calidad, no hay que hacer excepciones para nadie porque no sirven; hay
que sacarlos de la lista, hay que pedir a los médicos que no los
prescriban, hay que facilitar información sobre las cualidades
terapéuticas, desde el Sistema Nacional de Salud, esa información que les
facilitábamos y por la que algún ministro socialista tuvo que venir aquí
innúmeras veces a explicar esa información que se les facilitaba a los
médicos, y hay que explicar a los pacientes, señor ministro, que no
sirven esos medicamentos, que la autoridad sanitaria no los recomienda,
que los médicos no deben prescribirlos y que, por tanto, el paciente no
es que no deba pagarlos, es que no debe consumirlos; eso es lo que hay
que explicar, señor ministro. Ahí hay que asumir la responsabilidad. Eso
es lo que hicimos nosotros, señor ministro. Por eso, tuvo apoyo social,
por eso lo apoyaron los sindicatos, por eso los pensionistas no se
manifestaron como se están manifestando ahora, por eso la receta no
estaba en las consultas de los médicos, por eso era una medida justa, por
eso era una política de uso racional del medicamento, y por eso no se
parece en nada a lo que ustedes están planteando.
Pero, señor ministro, ¿qué broma es ésta de que ese dinero lo van a
utilizar para poner caderas? Naturalmente, el dinero que no se emplea en
una cosa se gasta en otra. La decisión que nosotros tomamos con el
decreto de financiación selectiva entró en vigor a mediados de año, en
mayo o en junio, desvinculada absolutamente del debate presupuestario,
desvinculada absolutamente de ningún acuerdo con Farmaindustria.
El señor PRESIDENTE: Señora Amador, concluya, por favor.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor Presidente. Concluyo enseguida.
Fue una decisión autónoma que permitió que el siguiente presupuesto de
farmacia decreciera en vez de crecer y naturalmente que ese dinero lo
situamos en
otra partida. Por tanto, estos juegos dialécticos de que vamos a
desvestir a un santo para vestir a otro, háganos la gracia, señor
ministro, de considerar que la capacidad de entender lo que ustedes están
diciendo es, no digo superior, pero igual a la media, y la media no
entiende esas bromas de que es que vamos a poner caderas con los
medicamentos que nos quitan.
Acabo, para cumplir el requerimiento del señor presidente, al que ruego
me permita formular alguna pregunta con la esperanza de que me las
conteste, señor ministro. ¿Por qué no han respetado lo previsto en el
acuerdo de financiación, y han decidido unilateralmente estas medidas,
sin debate, sin consenso, sin participación de las comunidades autónomas?
¿Por qué han neutralizado la política de genéricos y de precios de
referencia que nace muerta, señor ministro? Porque ustedes la condicionan
a la aportación de la industria, ya que lo que se ahorre por genéricos se
deduce de la aportación de la industria con resultado cero. ¿Por qué han
modificado ustedes la ley para que la comisión de uso racional del
medicamento no intervenga en esto? ¿Por qué este recorte en gasto social,
señor ministro, en un momento económico como el que tenemos? ¿Por qué se
asombran de lo buena que es nuestra prestación farmacéutica? El señor
Aznar lo ha vuelto a decir hoy. Ya lo sabíamos nosotros, por eso la
defendíamos. Ya sabíamos que es de las mejores de Europa. ¿Por qué la
quieren ustedes devaluar, reducir, recortar? ¿Por qué nos comparan con
Grecia y con Portugal? ¿Por qué no podemos aspirar a más? ¿Por qué ha
dicho el presidente hoy que el gasto farmacéutico es el 25 por ciento del
gasto total, señor ministro? Nosotros lo dejamos en el 19 y pico. No
puede ser que haya subido seis puntos. ¿Por qué no le dan los datos
correctos al presidente del Gobierno? ¿Por qué, si ha reducido usted el
crecimiento del gasto farmacéutico al 6 por ciento, ahora quiere recortar
300.000 millones más? Una cosa es crecer a un ritmo adecuado y otra cosa
es reducir hasta la extinción. ¿De dónde van a salir en los cuatro años
sucesivos los restantes recortes, señor ministro? Esta lista da 34.000;
hasta 260.000 queda mucho. ¿Con que título ha firmado usted ese acuerdo
con Farmaindustria para que obligue a las siete comunidades autónomas con
competencias propias? ¿Cuántos laboratorios se han adherido, señor
ministro, al acuerdo, que se lo he preguntado sin éxito?
Señor ministro, han decidido ustedes recortar 260.000 millones, para ser
exactos, el gasto farmacéutico en cuatro años. La industria va a aportar,
según nuestras cuentas, un 8 por ciento, el resto, nos dice el señor
Núñez que es a cargo de los usuarios. No puede ser esta medida, señor
ministro. No la vamos a aceptar y lo vamos a explicar.
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
La señora AMADOR MILLAN: Concluyo, señor presidente.
Retire esa propuesta, señor ministro; inicie un proceso serio,
legitimado, consensuado para revisar el vademécum, la lista de
medicamentos; revise el convenio con Farmaindustria; cumpla lo prometido
en cuanto a los genéricos y a los precios de referencia; restituya sus
funciones a la comisión de uso racional; siga garantizando, señor
ministro, que todos los medicamentos eficaces, seguros y de composición
adecuada, sean financiados por el Sistema Nacional de Salud cuando sean
prescritos para los procesos para los que deben ser indicados y el Grupo
Socialista le va a apoyar. De lo contrario, el Grupo Socialista le
garantiza una oposición frontal.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señora Amador.
Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señora Amador, bien lamento que haya elegido usted el camino de la
confusión; lleva esforzándose todos estos días en confundir en este
asunto, cuando las cosas son muy claras, pero si no se quieren entender
es lo peor que a uno le puede pasar.
El Sistema Nacional de Salud tenía muy graves problemas de financiación.
El señor Solbes, que está a su lado, y S. S. que tuvo responsabilidades
en esta materia lo deben de conocer muy bien. Las carencias, las
necesidades desatendidas, o los problemas financieros de algunas
comunidades autónomas --algunas las debía conocer muy bien S. S.-- no
necesitan ser resaltados. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, silencio.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Usted fue
ministra de Sanidad y tiene que saber muy bien las obras que no podía
hacer en los hospitales porque no tenía recursos; la tecnología que no
podía renovar porque no tenía recursos; las intervenciones que no podía
hacer porque no tenía recursos. Usted sabe que una de las causas de
esa grave situación financiera del Sistema Nacional de Salud era la
magnitud del gasto farmacéutico que teníamos en nuestro país, y el ritmo
de crecimiento del mismo. De 1986 a 1996 el gasto farmacéutico creció a
una tasa acumulativa del 14,5 por ciento, muy superior al crecimiento de
los presupuestos. Cada año gastaban
ustedes más en medicamentos y dejaban de gastar... (Un señor diputado
pronuncia palabras que no se perciben.) En Galicia hice lo que pude y
bastante mejor que ustedes (Risas.), y si hubiera tenido las políticas
estatales que hay que tener en esta materia mejor nos hubiera ido a
todos.
De 1986 a 1996 el gasto farmacéutico creció a tasas acumulativas del 14,5
por ciento. Cada año gastaban ustedes más en medicamentos y dejaban de
gastar en otras cosas. El gasto farmacéutico era en España del 25 por
ciento, frente a niveles europeos del 15 y del 16 por ciento. En este
contexto era obligado invertir y modificar esta situación. Había que
resolver el problema de la financiación de la sanidad, que acusaba
déficit crónicos e históricos.
El Congreso de los Diputados, en su acuerdo del 18 de diciembre de 1997
sobre la reforma sanitaria, nos señala un camino en el que hay que
avanzar en relación con la prestación farmacéutica y nos dice que hay que
hacerlo en la progresiva separación del registro y la financiación, y que
hay que introducir la financiación selectiva para determinadas
indicaciones.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera se plantea con rigor el
problema de la financiación de la sanidad y en su acuerdo de 27 de
noviembre de 1997 decide incrementar el presupuesto de la sanidad en 1998
frente a 1997 en 386.000 millones de pesetas, que se estima que son las
necesidades financieras del sistema. De esos 386.000 millones, 320.000
van a ser aportados por el Tesoro, y los servicios de salud que
gestionamos las competencias en materia sanitaria, la Administración
central del Estado y las comunidades autónomas que tienen competencias en
materia de sanidad, convienen en que para garantizar esa suficiencia
financiera del sistema es preciso conseguir ahorros en la prestación
farmacéutica por importe de 65.000 millones de pesetas. Eso lo acordamos
y lo convenimos todos los que tenemos responsabilidades en este campo,
porque no podía seguir creciendo como lo estaba haciendo el gasto
farmacéutico, ni podía tener el peso en el gasto sanitario total que
tiene en nuestro país. Acordamos que esos 65.000 millones debían de salir
de aportaciones de la industria, de reducciones puntuales de algunos
precios, de la introducción creciente de los medicamentos genéricos, y de
una lista negativa de medicamentos que nos permita equilibrar la
financiación del sistema y aplicar los recursos de verdad a las
necesidades prioritarias.
La Ley del Medicamento apoya planteamientos de esta naturaleza. La
aplicaron ustedes en el año 1993; la volvemos a aplicar nosotros ahora
con la finalidad de eliminar de la prestación farmacéutica tres tipos de
medicamentos, medicamentos para síndromes menores, respecto de los cuales
nosotros, ustedes en el año 1993 y la inmensa mayoría de los países de
Europa con los que nos comparamos, entendemos que en esos casos no está
justificada la financiación pública de ese tipo de medicamentos y se les
debe pedir a los ciudadanos el sacrificio correspondiente para hacerse
cargo de esa financiación. Ese es el grupo de los medicamentos que
excluimos nosotros ahora y que excluyeron ustedes en el año 1993.
Otros medicamentos son medicamentos de limitada utilidad terapéutica, no
de nula utilidad terapéutica, y aplicando los criterios que ustedes
aplicaron en el año 1993 y que son de aplicación universal en los
sistemas sanitarios europeos, entendemos que esos medicamentos de
limitada utilidad terapéutica no deben ser financiados por el sistema
público.
Por último, asociaciones a dosis fija, que, según la opinión más
autorizada de los farmacólogos clínicos, resultan también
desaconsejables. (Rumores.) Conseguimos un acuerdo con la industria
farmacéutica en virtud del cual va a hacer una aportación importantísima
para conseguir este objetivo de ahorro, que este año va a ser de 39.000
millones, que se completarán...(Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señorías,
silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): ...a los efectos
de la lista negativa y con la introducción de los genéricos; el año que
viene, con la lista negativa vigente todo el año, la aportación de la
industria disminuye, y habrá más genéricos también. Por esas tres vías
seguiremos consiguiendo los 65.000 millones y, a partir de los dos años
siguientes, o mantenemos estos acuerdos o los revisaremos en función de
la experiencia. (Rumores.) Estas son medidas de uso racional del
medicamento, medidas que traen a este sector la aplicación de criterios
de costes y utilidad, como hicieron ustedes en 1993. Y a partir de ahora,
ya vienen todas las confusiones que usted quiera introducir en este
debate, señora Amador.
La financiación con este modelo es una financiación suficiente; la hemos
votado favorablemente nosotros y todas las comunidades autónomas que
tienen competencias. Estos esfuerzos de racionalización del gasto
farmacéutico, este esfuerzo de 200.000 millones adicionales, de los
cuales 140.000 adicionales más sobre el modelo anterior salen de recursos
del Tesoro, creemos que nos deben asegurar la estabilidad financiera del
sistema. Es una financiación suficiente, es una financiación equitativa.
¿Por qué no dice usted que de algunos de esos fondos hay comunidades
autónomas que no se llevan nada?, porque en las que aumenta la población
y no se aplica el criterio de compensación por pérdida de población, ésas
no se llevan nada. Se pueden hacer las comparaciones de muy distintas
maneras, pero es una distribución equitativa, en la que el Insalud se
queda por encima de Valencia y de Canarias y se queda a muy poca
distancia en Andalucía, todo perfectamente justificado en razones
objetivas que merecen el apoyo de todos y que permite casi 10.000 pesetas
más por persona para la financiación de la sanidad y que nos va a
permitir conseguir resolver los déficit de infraestructuras que tenían
ustedes en algunas de las comunidades autónomas en las que están
gobernando, y lo vamos a hacer nosotros.
Señoría, yo no firmé solo el acuerdo con Farmaindustria; ese es un
acuerdo que tiene vocación de ser
asumido por todas las comunidades autónomas. Yo hice lo mismo que hizo
usted en el año 1995, cuando firmó el acuerdo con Farmaindustria: primero
firmó usted y después firmamos las comunidades autónomas. Esta es la
misma vocación que tiene este asunto: firma el Gobierno y firman las
comunidades autónomas.
Sobre lo que estamos haciendo, también trata usted de confundir
diciéndonos que por qué no retiramos estos medicamentos del registro. Por
lo mismo que ustedes no retiraron los medicamentos que excluyeron de la
financiación pública en el año 1993, que siguieron en el registro, que se
pudieron seguir dispensando, para los que ustedes crearon una receta
blanca para que pudieran ser dispensados por el Sistema Nacional de
Salud; para esos medicamentos que ustedes excluían de la financiación
pública, hicieron una receta blanca para que pudieran ser utilizados en
el Sistema Nacional de Salud, con financiación íntegra por parte de los
pacientes. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? ¿Por qué no lo
retiraron ustedes entonces? ¿Es que son distintos en cuanto a seguridad,
eficacia y calidad los medicamentos que ahora salen de la lista que los
que sacaron ustedes en 1993? Son exactamente iguales, son de limitada
utilidad terapéutica o para síndromes menores, que son eficaces, pero son
para síndromes menores, y siguen en los registros, aquí y en todas partes
de Europa. ¿A quién tratan ustedes de confundir diciendo que es distinto
lo que hacemos ahora a lo que hicieron ustedes en 1993? Es exactamente lo
mismo, y ustedes crearon esa receta blanca que ahora nosotros respetamos,
pero los medicamentos son iguales en sus características. Quedaron
entonces en el registro, pueden seguir quedando ahora, no hay porqué
excluirlos del registro, no los excluyeron ustedes en 1993 y no tenemos
que hacerlo nosotros ahora.
¿Excluir estos medicamentos de la prestación significa recortar la
prestación farmacéutica? Pues no era lo que entendía usted en el año 1993
cuando contestaba a estas cuestiones, cuando decía que eso no era
recortar la prestación farmacéutica sino un uso racional del medicamento
y aplicar racionalmente criterios de coste-efectividad. ¿Qué diferencia
hay entre lo que hicieron ustedes en el año 1993 y lo que hacemos ahora
para que se pueda descalificar una medida en los términos en que ustedes
lo hacen, cuando es exactamente igual a la que tomaron ustedes? ¿Es que
esto es un recorte y aquello no? Naturalmente que es una limitación en lo
que se financia desde el sector público, eso es evidente, pero es una
limitación que se hace por razones de uso racional del medicamento y por
razones de coste-eficacia. Porque supongo que ustedes entonces como
nosotros ahora entendieron que era preferible dedicar estos recursos a
otras necesidades prioritarias. Fue insuficiente lo que hicieron ustedes
entonces, porque esa medida no fue acompañada de otras muchas que sí
hemos introducido nosotros en relación con la política farmacéutica. Esa
medida tenía que haber sido acompañada de la reducción de los márgenes de
oficinas de farmacia y almacenes de distribución, que hemos tenido que
hacer nosotros, que nos aporta una reducción del 4 por ciento en el coste
de la factura farmacéutica. Tenía que haber ido acompañada de una
política efectiva de genéricos, con lo que hubiéramos tenido ya
implantados en nuestro país medicamentos genéricos que nos hubieran
ayudado a abaratar la prestación farmacéutica. Y tenía que haber ido
seguida de políticas de gestión y de trabajo con nuestros profesionales
sanitarios, para que esas ideas del uso racional del medicamento fueran
mejor asumidas por los profesionales y mejor aplicadas. El resultado es
que ustedes nos dejaron una prestación farmacéutica con un crecimiento
desmesurado, que comprometía gravemente la estabilidad financiera del
sistema y les impedía atender necesidades prioritarias. Nosotros estamos
tomando medidas para cambiar el signo del crecimiento de esta partida del
gasto farmacéutico y aplicar los recursos que necesita el sistema a
necesidades prioritarias que nos parece que deben ser atendidas.
Claro que es mejor gastar en prótesis que en estos medicamentos que
excluimos de la financiación. No hemos decidido unilateralmente estas
medidas. Todas estas medidas están en la fase inicial de su tramitación,
lo que supone que después van a ser examinadas por todos los órganos
competentes que tienen que intervenir en estos procedimientos para llegar
en su momento al Consejo Interterritorial, al Consejo de Estado y después
al Consejo de Ministros. Estamos en esa fase del debate; esto no es
actuar unilateralmente, es actuar de acuerdo con los procedimientos, para
que en la fase correspondiente se puedan adoptar las medidas adecuadas,
interviniendo los órganos que lo tienen que hacer. Y va a intervenir,
naturalmente, la Comisión de uso racional del medicamento en el momento
procedimental oportuno, va a intervenir el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud y vamos, naturalmente, a tratar de conseguir
que esta medida tenga todos los respaldos sociales, profesionales,
académicos y de autoridad que deben acompañar esta medida. Para eso está
la tramitación en la que estamos inmersos, con la que esperamos conseguir
esos resultados en favor de la consolidación del modelo financiero de
nuestro sistema. Para mejorar la calidad de la prestación sanitaria en
general hemos tenido muy en cuenta las necesidades de los sectores más
desfavorecidos, a los que justamente queremos atender mejor con los
recursos que liberamos de estas necesidades.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, del modelo de financiación vamos a hablar otro día porque
no nos da tiempo hoy a abordar todas las cuestiones. No hay 380.000
millones de pesetas para sanidad, no es un reparto equitativo, y la
prueba es que tiene usted que dejar de curar catarros para poner prótesis
de cadera. Procuren no confundirse, no vaya a ser que, en vez de curar el
catarro, pongan la prótesis. (Risas.) El acuerdo con Farmaindustria,
señor ministro, que usted ha firmado, dice lo siguiente en el
encabezamiento: «Comparece, en nombre de las administraciones públicas
sanitarias, el excelentísimo señor don José Manuel Romay Beccaría,
ministro de Sanidad y Consumo y presidente del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud». Nadie más. Mire lo que dice el acuerdo
del Gobierno socialista: «Comparece la ministra de Sanidad y Consumo y
presidenta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en
ejercicio de sus propias competencias, a la vista del acuerdo del pleno
de dicho Consejo, de 24 de julio de 1995» --antes de firmar, señor
ministro, hubo un acuerdo de pleno-- «acompañada de los consejeros de las
comunidades autónomas que a continuación figuran competentes en materia
de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, que asimismo comparecen y
suscriben, en el ámbito de sus respectivas competencias, este acuerdo
marco». Usted tiene que acordarse, señor ministro, porque el primero es
el honorable señor Trías, consejero de Sanidad y de la Seguridad Social
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero es que el segundo es usted,
señor ministro, don José Manuel Romay Beccaría, consejero de Sanidad de
la Comunidad Autónoma de Galicia. Y su firma, señor ministro, y su
rúbrica está en todo el documento, y en éste ha firmado usted solo. Y le
pregunto con qué título firma usted para obligar a Cataluña, Galicia,
País Vasco, Andalucía, Valencia; con qué título ¿competencial o mandato?
(Aplausos.) Y me contesta usted, señor ministro, que es igual. Y no es
igual, señor ministro, y usted se tiene que acordar porque lo firmó.
En el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera se dice: El
Consejo de Política Fiscal y Financiera considera que las medidas
deberían dirigirse preferentemente al desarrollo de una política activa
de genéricos y a restringir la financiación pública para los medicamentos
de escaso valor terapéutico. Estas medidas deberán producir un ahorro en
el gasto farmacéutico de 65.000 millones de pesetas. Por eso le digo que
se lo han decidido a usted. Primero le han puesto la cifra y luego usted
ha tenido que rellenar lo de arriba, y no sale. Y dice: Las medidas que
se adopten por el Gobierno deben ser previamente deliberadas e informadas
por el Consejo Interterritorial. Y usted, en lugar de deliberar, informar
y debatir de dónde sacan 65.000 millones, firma un acuerdo con la
industria farmacéutica --usted solo, señor ministro-- cuyo ámbito se
explica aquí que es el Sistema Nacional de Salud, que afecta a las
comunidades con competencias transferidas, que crea un comité de
seguimiento paritario entre la industria y el Ministerio en el que no
existen las comunidades autónomas. Usted aquí acuerda con la industria
farmacéutica cuestiones como las siguientes, señor ministro. La industria
va a aportar 29.145 millones de pesetas para el ejercicio 1998. De esta
cantidad se deducirá --no completará, como nos acaba de decir usted--, en
función del cumplimiento de los objetivos económicos previstos en el
acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ahorro en precio
de venta laboratorio producido en dicho año por la comercialización de
medicamentos genéricos. Lo que usted ahorre por comercializar genéricos
este año se deduce de los 29.000 millones de la industria. Por tanto, el
efecto económico es cero, porque si consigue usted implantar genéricos
--que está por ver--, la industria lo deduce de su aportación. Lo máximo
que van a repercutir en la industria los genéricos, los precios de
referencia y cualquier otra medida son 29.145 millones. Ha limitado usted
el efecto de todas esas medidas a 29.145 millones, que para el año 1999,
señor ministro, son 16.000 millones, la mitad, y explica que se
consideran ya deducidos de este importe los ahorros producidos por la
comercialización de medicamentos genéricos, por la aplicación de precios
de referencia y por la exclusión voluntaria de especialidades
financiadas. Por todo concepto, la industria fija el límite de su
aportación. Pero ha firmado usted más, señor ministro, en nombre de todo
el sistema y sin concurrencia de los consejeros de las comunidades
autónomas; ha firmado usted una cláusula --y pido disculpas a SS. SS.,
pero es incómodo debatir así con todos los documentos sobre la tribuna--
que dice así.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Amador, porque el tiempo se
va acabando.
La señora AMADOR MILLAN: Señor presidente, déjeme terminar.
El punto 10 dice que se van a llevar a cabo por los órganos competentes
del Sistema Nacional de Salud las actuaciones oportunas para que, dentro
de su ámbito, las prescripciones de especialidades farmacéuticas
excluidas de financiación pública se puedan realizar en recetas oficiales
de la Seguridad Social; las actuaciones para que se puedan realizar.
Estas actuaciones se van a llevar a cabo previa o simultáneamente a la
introducción de nuevas exclusiones. Este es un acuerdo fundamental con
Farmaindustria. Le han impuesto a usted esa receta. Esa que le han
contado que ya estaba, tírela, porque no está implantada. Si lo
estuviera, Farmaindustria no le hubiera exigido firmar esto y no hubiera
hecho de ello cuestión esencial. Fíjese que en el punto 8 habla de
revisar este acuerdo y dice que si la receta no se ha implantado en 1999,
no hay aportación. Más tarde, dice que para que la receta funcione
tiene que desarrollarse el instrumento jurídico adecuado. De manera que
no insista con la receta; ésa que le han sacado, que está bastante
amarillenta, no se ha usado, tírela. Imagínese que lo hicimos nosotros;
está mal hecho, tírela. Como usted lo firmó con Farmaindustria, ahora sí
que la tiene que poner en marcha, y lo tiene que hacer para que se siga
recetando lo mismo, para que lo pague el paciente y para que saquen
ustedes esos 65.000 millones.
Por tanto, señor ministro, no hablamos de lo mismo. Yo le he explicado de
buena fe las diferencias, a sabiendas de que usted las conocía ya. Su
intervención ratifica que no se trata de malos entendidos, señor
ministro, se trata de que quieren ustedes explicar una cosa que no se
corresponde con la realidad: que han hecho ustedes un recorte de gasto
social que es en beneficio de todos y que es para ponernos caderas.
Mire usted, que el gasto farmacéutico es muy elevado ya lo descubrimos
algunos, no nos subestime tanto.
El señor PRESIDENTE: Señora Amador, concluya porque ha rebasado con
creces el tiempo de la réplica.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor presidente. Concluyo.
Señor ministro, ¿sabe lo que le dejamos nosotros, con muchos esfuerzos,
para reducir el gasto farmacéutico? Le dejamos un magnífico sistema
--como usted se encarga de explicar por todas partes--, con un gasto de
PIB per cápita que es el más bajo de Europa. Eso es lo que le dejamos.
¿Sabe lo que van a hacer ustedes? Lo que nos ha explicado estos días: que
el Sistema Nacional de Salud debe quedar para las cosas graves y que las
leves debe atenderlas cada uno. Y eso no es mantener lo que tenemos, eso
es disminuir el umbral de protección del sistema sanitario, y eso no lo
vamos a aceptar. (Aplausos.--Varios señores diputados: ¡Muy bien!--La
señora López i Chamosa: No os preocupéis, que lo arreglaremos de todas
maneras.--Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, le ruego encarecidamente que
no me fuerce a tener que volverla a llamar al orden.
Tiene la palabra, señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Mire, señora Amador, usted sabe que ese acuerdo con Farmaindustria lo
tienen que firmar las comunidades autónomas, lo van a firmar; es un
acuerdo que tenemos que hacer todos y que yo no firmé en nombre de nadie,
porque no puedo firmar más que en nombre de lo que represento. De modo
que por ahí no trate usted de confundir. Ese es un acuerdo de todo el
Sistema Nacional de Salud que necesitará --necesitará, porque no se puede
hacer de otra manera-- el consenso de las comunidades autónomas
afectadas. Cada uno responderá de lo que hace.
Todo esto, naturalmente, será aprobado por el Gobierno después de pasar
todos esos debates y de ser conocido aquí. Es decir, que no se trata de
imponer ninguna decisión que no haya sido consultada y tenida en cuenta
por las comunidades autónomas a las que usted se refería.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, perdone un momento. Parece que hay
dificultades de audición. Si puede subir los micrófonos se lo agradecerán
SS. SS., al menos los que así lo han solicitado porque quieren atender,
cosa que reclamaría de todas SS. SS.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Vuelve usted a
tratar de confundir presentando como decisiones tomadas las que no lo
son, porque son propuestas. Lo que aparece ahora es una propuesta. Cuando
llegue el momento de tomar las decisiones, habrán pasado todos los
trámites que tengan que pasar y habrán sido consultados y oídos todos los
órganos que se tengan que oír. No tiene sentido presentar esto como una
decisión unilateral cuando es el primer trámite de un proceso.
Mire usted, los 65.000 millones del ahorro farmacéutico deben salir de
esas medidas que hemos comentado, de esas medidas a las que me he
referido; deben salir del establecimiento de los genéricos, de las
aportaciones de la industria, de la reducción de precios y de la lista
negativa y, naturalmente, si aumentan mucho los genéricos, podrá
disminuir la aportación de la industria, pero lo que no podrá disminuir
es el ahorro que tenemos que conseguir de los 65.000 millones y tampoco
se va a modificar la lista negativa. En la otra parte, juegan los
genéricos, juega la aportación de la industria, jugarán las reducciones
de precios, para completar la cifra de ahorro que necesitamos en la
prestación farmacéutica para la viabilidad del sistema. Eso está
perfectamente concatenado y las cifras tienen que salir.
Ustedes impusieron la receta blanca; ustedes la aprobaron --aquí tengo un
talonario-- y dispongo de los documentos en los que ustedes implantaban
esta receta y la extendían, y no vengan a decir aquí que eso de la receta
blanca es una cosa que nos inventamos ahora nosotros con Farmaindustria;
la tenían ustedes y la aplicaban mucho médicos, como seguro que usted
debía conocer. Muchos médicos la utilizaban; estaba ahí para aplicarse,
con el fin de posibilitar la prescripción de los medicamentos que dejan
de ser financiados por el Sistema Nacional de Salud. A tal fin se
establece un impreso específico, al que usted llaman impreso para
medicamentos no financiados por el Sistema Nacional de Salud, y esta
receta no la acabamos de hacer ahora, sino que estaba en los servicios
del Insalud.
Señora Amador, yo creí que usted podría aceptar, como pensaba en el año
1993, que realmente teníamos un gasto farmacéutico muy alto, que había
que reducirlo, que el no reducirlo comprometía otras necesidades
prioritarias y que lamentara no poder hacer otras cosas que le hubiera
gustado. No me diga usted que es preferible curar catarros, dejarnos un
sistema con una prestación farmacéutica muy alta, capaz de curar los
catarros pero en el que se daban situaciones verdaderamente lamentables,
y perdone que le tenga que hablar en estos términos.
Mire usted, nosotros nos encontramos con 190.000 enfermos en lista de
espera; ahora hay 42.000 enfermos menos pendientes de ser operados. Nos
encontramos con una demora media de 210 días; ahora hay una demora de 98
días, menos de la mitad, y tenemos que bajarla a 80, y para eso tenemos
que obtener recursos no sólo de los que nos da el Estado de más, sino
también de una mejor gestión y una mejor asignación de prioridades. Nos
encontramos con 35.000 enfermos pendientes de ser operados durante más de
nueve meses y muchos de ellos durante más de uno, dos y hasta tres años;
ahora sólo hay 876 enfermos esperando más de nueve meses y para final de
año prácticamente nadie esperará más de seis meses. Nos encontramos hasta
un total de 4.098 enfermos pendientes de operarse de prótesis de cadera y
de rodilla desde hacía más de nueve meses; ahora hay tan sólo 65 enfermos
pendientes de esta intervención desde hace más de nueve meses. Nos
encontramos con una demora media de 312 días para las prótesis de cadera;
ahora hay una demora media de tan sólo 117 días. Esto no tiene ninguna
gracia para los enfermos que están esperando estas intervenciones. Nos
encontramos con que se hacían 36.000 operaciones de cirugía mayor y se
hacen 71.000; nos encontramos con estancias medias que se podían reducir.
Señora Amador, ¿de verdad cree usted que es preferible financiar los
catarros, cuando ustedes dejaron de financiarlos en el año 1993? ¡Pero si
ustedes hicieron esto mismo! Lo que pasa es que fue insuficiente; no
hicieron otras cosas; no hicieron otras cosas en relación con la
prestación farmacéutica: mantuvieron los márgenes de los farmacéuticos,
no pusieron los precios de referencia, no introdujeron los genéricos como
tenían que introducirlos y mantuvieron esta prestación en términos
inasumibles, a costa de esta situación del Sistema Nacional de Salud que
le acabo de describir, sistema que con todos sus méritos, con sus valores
indiscutibles, con la calidad técnica de sus profesionales, con muchas
cosas buenas, presentaba estos resultados manifiestamente mejorables. Es
obligación de todos mejorar estos resultados del Sistema Nacional de
Salud y para eso hay que empezar haciendo una adecuada asignación de los
recursos.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos.) El señor
PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez. (El
señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) El señor
VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Estamos en presencia de un nuevo medicamentazo, señor ministro, es decir,
la exclusión de la financiación pública de un importante número de
medicamentos, y esta medida que adopta el Gobierno se enmarca dentro de
la política de ahorro del gasto público en farmacia, no de ahorro de los
ciudadanos.
El medicamentazo, lo explique usted como lo explique, señor ministro, es
una medida injusta y antisocial que perjudica a sectores sociales
desfavorecidos, especialmente a los pensionistas que padecen con mucha
frecuencia problemas de salud que usted califica de síndromes menores y,
por cierto, va a tener más repercusión en aquellas comunidades autónomas
que tengan una población más envejecida o que tengan menor poder
adquisitivo, Galicia, por ejemplo. Contradice las constantes afirmaciones
del Gobierno en el sentido de que la gratuidad de la asistencia sanitaria
está garantizada, porque con esta medida, señor ministro, se transfiere
al bolsillo del ciudadano una parte del gasto farmacéutico. Es decir, que
al ciudadano le costará más la asistencia sanitaria. Contradice también
lo afirmado por el Partido Popular respecto a medidas de este tipo, y a
la larga el ahorro para el sistema público, si se produce, será
irrelevante, como ya demostró la aplicación del anterior medicamentazo.
Lo que sí conseguirá es ir acostumbrando a la población a pagar por las
prestaciones sanitarias en el paulatino proceso de privatización de la
sanidad. Por cierto, ahora en Galicia el Sergas empieza a enviar a los
pacientes una factura con el coste de la asistencia hospitalaria, seguro
que para hacerles conscientes del gasto que ocasionan --los malos son
ellos por enfermar, por sufrir las enfermedades-- y calculo que para ir
acostumbrando a la población a que es necesario pagar.
Decía que es una medida injusta y antisocial porque los ciudadanos con
menos ingresos no podrán o tendrán más dificultades para pagar esos
medicamentos que necesitan para tratar esos síndromes menores. Y no
quisiera hacer referencia a ninguno de ellos, porque seguramente SS. SS.
los padecerán probablemente y sabrán que son bastante molestos, que hay
que tratarlos, que no son banales. Y esta medida, señor ministro, se mire
como se mire, se enmarca en la filosofía global dominante de disminuir el
gasto público, el gasto social y de que el paciente pague cada vez más
una parte de su asistencia. La justificación --ya lo discutimos en la
Comisión en días pasados-- me parece que es imposible de mantener. Parece
ser que los medicamentos
que se retiran son los de baja utilidad terapéutica, pero volvemos a
insistir en lo siguiente: esos medicamentos pueden seguir siendo
recetados por los médicos de la Seguridad Social cuando lo normal sería,
si son de baja utilidad terapéutica, que se retiraran del mercado y que
no fueran administrados como placebos, o, en todo caso, que sean
sustituidos por otros que sí son eficaces para síndromes menores y que
sean financiados por la sanidad pública.
El problema en este caso no es persistir en el error, porque en este
bonito debate que se traen entre el Partido Socialista y el Gobierno
usted, con decir que como es una medida que ya adoptó el anterior
Gobierno la mantienen, pues listo, y el problema no está en eso, señor
ministro, el problema está en que esta medida es irracional y, por tanto,
la pusiera en marcha el anterior Gobierno o no, lo normal es evitar que
se sigan produciendo este tipo de actuaciones.
Por otro lado, se liberalizan los precios en el mercado de los
medicamentos que dejan de ser financiados por la Seguridad Social, con lo
cual medicamentos que son muy conocidos y usados por el conjunto de la
población y que además pueden ser objeto de campañas publicitarias van a
subir su precio, como ya aconteció cuando se aplicaron las medidas
semejantes anteriormente con medicamentos muy conocidos y que se siguen
usando profusamente. Con lo cual, el Ministerio de Sanidad va a permitir
que medicamentos que según su criterio son poco útiles para resolver el
programa de salud se receten por los médicos de la sanidad pública y, en
muchos casos, encarecidos.
Señor ministro, hay constantes afirmaciones en el sentido de que éste es
un país rico donde la economía va bien, donde determinados sectores --y
basta ver las noticia de prensa-- cada vez ganan más, y el problema es
que un país en estas condiciones no pueda permitirse tener un sistema
sanitario público y gratuito. Esa es la pregunta. Parece mentira que
estemos en una situación en la que afirmemos constantemente que no hay
recursos para la sanidad. Seguramente, sería necesario modificar el
sistema impositivo. Por tanto, manifestamos nuestro radical desacuerdo,
el del Bloque Nacionalista Galego, con esta medida y, desde luego,
instamos al señor ministro, aunque no lo conseguiremos naturalmente, para
que retire esa lista negativa, que garantice la gratuidad de la sanidad
para todos los ciudadanos, que con esta medida se ve menoscabada, y a
buscar medidas de ahorro por otras vías, reduciendo los márgenes de
beneficio en la cadena de producción y distribución y mejorando la
gestión de la sanidad en temas como prevención, educación sanitaria,
mejoría del funcionamiento de la atención primaria, coordinación de la
atención primaria especializada y reducción de las listas de espera.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Vázquez.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¡llevamos hoy un día! Bueno, lo lleva usted sobre todo,
que está desde por la mañana. Yo creo que, ahora que todavía no ha
retirado el Lexatin, esta noche debe tomarse un relajante de estos para
poder dar pie. Esperaremos a que de la moción que se presente como
consecuencia de esta interpelación puedan venir otras muchas cosas.
Es verdad, y lo hemos dicho esta mañana en la comparecencia que ha tenido
ante la Comisión de Sanidad, que para nosotros hay dos problemas. Desde
Iniciativa por Cataluña-Los Verdes y desde Nueva Izquierda --y se lo
hemos repetido esta mañana-- mantenemos que el sistema de salud no es del
PP ni era del PSOE ni será de Nueva Izquierda, y aunque haya dicho hoy la
compañera de Convergència que somos un partido no llamado a gobernar, le
diré que si está llamado a gobernar por su ayuda Convergència i Unió que
tiene poquitos diputados, nosotros tenemos un porvenir estupendo en
cuanto nos presentemos; la aspiración a gobernar puede que no sea muy
clara, pero la aspiración a gobernar bien es una aspiración de siempre y
la vamos a llevar a cabo ayudando siempre. Por eso en este tema nosotros
queremos racionalizar los medicamentos, queremos que la gente no tome
cosas inútiles, pero lo que nos parece una irresponsabilidad política y
una irresponsabilidad ciudadana es seguir recetando medicamentos que no
valen, aunque sea en una receta blanca, negra o verde. Eso ya de momento.
Si usted los quita porque no tienen valor terapéutico, de acuerdo.
Primero nos han hecho adictos al Fluimucil, al Nolotil, al Fortasec, y
ahora parece que hemos sido adictos a una tontería. Usted dice: quito
esto para poner estas cosas, y nosotros estaremos de acuerdo en que si
son de nulo valor terapéutico, usted busque otros, que además no lo haga
por los precios, sino que lo haga en esa condición de genéricos, que
nosotros sí creemos que es una buena política. Los genéricos, a concurso,
favorecer los más baratos; una política en la que los envases --como se
ha repetido tantas veces, incluso por la compañera de Izquierda Unida
esta mañana-- también puedan ayudar a racionalizar; una educación y una
cultura. Usted ha dicho esta mañana que teníamos el nivel más alto de
consumo farmacéutico de Europa. ¿Sabe que le digo? Que también tenemos el
nivel más alto de paro, y no sabe usted las depresiones que da el paro. A
lo mejor la cantidad de situaciones de alcoholismo que se dan vienen
producidas por ello. Sin embargo, no le preocupa tanto tener la tasa más
alta de paro y sí la de consumo de medicamentos. Es verdad que queremos
ayudarle a racionalizar, pero a racionalizar sin privatizar. Usted dice
que lo que se ahorre lo va a gastar en prótesis de cadera. Espero que
no tengamos tantos problemas ni que tengamos que convertirnos en enfermos
graves para tener derecho a que nos den una medicina, porque si no nos la
dan a tiempo, terminaremos convirtiéndonos en enfermos graves.
Lo que queremos es ayudar a racionalizar un sistema que es nuestro, de
todos los ciudadanos, para sacar dinero no sólo a costa de quitar
medicamentos, porque si los quitamos en conciencia de que estamos
reduciendo la prestación, estamos atacando al sistema de bienestar que
con mucho trabajo hemos conseguido los españoles. Si usted quiere dar
además la prótesis de cadera haciendo conciertos con la privada y está
trasladando la financiación pública a la sanidad privada, está
desmembrando también el Sistema Nacional de Salud, y nosotros no estamos
por eso. La racionalidad ¿cómo la va a tener sólo el PP? Ni el PSOE
siquiera; la tenemos todos aquellos que no queremos incluir cosas
inútiles. Espero que no haya acuerdos como se ha sugerido no por esta
parte, sino por la propia industria farmacéutica, y que los apoyos
políticos que recibe tengan el respeto de la empresa farmacéutica, aunque
yo creo que sería un trastorno porque entonces tendríamos que espabilar
todas las comunidades. Lo que sí le digo es que si usted hace la lista
sin otro interés que el de normalizar, no tiene por qué asustar a la
gente. Nadie le ha entendido, y yo creo que cuando uno quiere hacerse
entender hay muy buenas palabras para que se le entienda. No le ha
entendido ni el vicepresidente de esta Cámara. ¡Pobre! Ayer lloraba en la
reunión del partido --según nos ha dicho la prensa-- porque ustedes
hacían una política continuista y porque el hombre hizo un papelón
hablando del medicamentazo que había hecho el PSOE. Que lo hiciéramos
nosotros, los que no estuvimos de acuerdo con el PSOE, se entiende, pero
ustedes, que le pusieron tan bien, que hagan otro supermedicamentazo,
pues el hombre estaba ayer desconsolado. Se lo he dicho esta mañana. No
sólo por eso, no sólo por hacer el ridículo ahora al tener que justificar
una política que han atacado siempre en escalada, sino que además estaba
diciendo que había continuismo hasta en la fotografía; le he dicho esta
mañana que estaba triste porque tenía la fotografía dedicada de la
anterior ministra encima de su mesa. ¡Hombre! tampoco se puede llorar por
eso, que es un recuerdo amable.
Lo que sí le digo es que, de verdad, en las medidas de apoyo, en unas
medidas globales, en unas medidas que no sean siempre quitar sino dar y
hacer, nosotros estamos para apoyarle. Creo que está usted atacando esos
derechos conseguidos con muchos años de trabajo, de lucha, de prestación
y de aportación, y ahora, a través de un criterio meramente economicista,
puede dejar sin atención lo que mucho ha costado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Almeida.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Cuando se presente la moción, nuestro grupo podrá posicionarse en la
culminación de este debate que todo el día de hoy y durante meses
llevamos manteniendo en nuestro país.
La medida que el Gobierno ha puesto en marcha se ha venido a demostrar
que es injusta en cuanto al objetivo que persigue, es equivocada en
cuanto a quién se quiere dirigir o la persona que lo va a recibir y es
cuando menos provocadora e insolidaria con los destinatarios. Se han
utilizado muchos objetivos. Nosotros no estuvimos de acuerdo ni en 1993
ni ahora en que, como resultado de la situación sanitaria en nuestro
país, tuviéramos que tomar como objetivo reducir el gasto sanitario. El
ministro ha utilizado hoy, cuando estaba en un callejón sin salida, que
en España gastábamos cada año mucho más dinero. ¿Pero lo gastamos porque
lo necesitamos o no? Si el problema es que no se usan bien los
medicamentos, creo que el Gobierno debía dirigirse a los médicos que
recetan medicinas inútiles; si el problema es que se trata de síndromes
menores, vamos a ver cuáles son esos síndromes menores. Choca un poco que
una persona que es médico hable de que son medicamentos de escaso valor
terapéutico y que son síndromes menores. Pues depende. Para una persona
de 18 años es distinto que para una persona de 90. Es decir, que una
persona de 90 años con una determinada enfermedad, si tiene que recibir
un tratamiento determinado, es distinto de un crónico o de una persona
que tiene una determinada afección. Por tanto, no se puede minimizar.
El argumento que se ha dado de que quieren reducir aquí 65.000 millones
para gastárselos en otra cosa, señor ministro, en la discusión
presupuestaria las cosas no funcionan así. Si usted ha reducido 65.000
millones de una partida, ha previsto gastar otros en otra, pero no puede
decir durante un año tanto me ahorro por aquí, tanto doy por allá. No.
Usted ha hecho una previsión presupuestaria, una orientación de la
política de gasto y no son vasos comunicantes. Eso sólo pasa con el
ejército y la comisión de infraestructuras del ejército, que administran
ellos sus ingresos. Aquí hay una cosa que se llama caja única, lo que se
ingresa, lo que se gasta y políticas que se planifican. Por tanto, no es
posible que usted quiera vender hoy aquí que es dinero que ahorran por un
lado para devolverlo a los ciudadanos en otras actuaciones. Y el concepto
de gasto malo o de actuación mala en sanidad no es vendible.
En suma, la medida que ustedes han tomado tiene una respuesta desde la
sociedad y desde las fuerzas políticas. Como es provocadora funcionará el
principio de acción y reacción, y tendrán reacción porque no va a ser
aceptable esta propuesta y porque, además, ustedes
no han tomado las medidas previas para que sea efectiva. Los genéricos no
los tienen en marcha y en la actuación de la industria farmacéutica han
llegado a una distribución de gastos y a una compensación. El resultado
es que el ciudadano va a seguir recibiendo la receta del médico y la va a
tener que pagar de su bolsillo. Eso antes no pasaba. Por tanto, hay un
incremento del gasto.
Decía hace poco un dirigente sindical que ustedes son unos artistas. Lo
que dan por un lado en incremento de la pensión, por otro lado abren un
grifo para que se lo gasten los ciudadanos. Los que hoy incrementan el
consumo de determinados fármacos son precisamente personas que tienen
necesidad de asistencia y afectan a sectores sociales y de edad
determinados. Por tanto, los que van a tener que pagar lo que antes no
les costaba un duro, en un porcentaje total porque queda excluido, son
estos ciudadanos, los que más protección necesitan de un sistema público
de salud.
Ustedes creen que el resultado va a ser eficaz. Pues hay muchas
discusiones. No vaya a ser que el sustituto de este medicamento que ahora
mismo es barato e innecesario, a la hora de ser recetado, sea más caro,
porque en lugar de valer 800 pesetas vale 2.000 y el 30 por ciento de
2.000 resulta que le cuesta también más dinero al ciudadano. A lo mejor
están encareciendo el gasto que hacen hoy los ciudadanos a nivel
sanitario. Por tanto, tampoco consiguen la eficacia en cuanto a lo que
persiguen. Lo único que garantizan ustedes aquí es que no destinan 65.000
millones de pesetas en un año en el que la economía crece, en un año que
parece que es el cohete hacia Europa, y resulta que los ciudadanos tienen
65.000 millones de pesetas menos en sanidad. Si recortan la sanidad a los
ciudadanos este año, ¿qué harán cuando no estemos en situación boyante?
Sin embargo, se lo van a gastar en otras cosas, en otras políticas.
Nosotros no lo compartimos. Por eso estudiaremos la propuesta que llegue,
la analizaremos y quizá presentemos enmiendas a ella. Nosotros vamos a
actuar desde la sociedad para impedir este asalto al bolsillo de los
pensionistas que ustedes han organizado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hoy ha sido una jornada intensa, desde la
primera comparecencia del ministro, las preguntas en el control y esta
interpelación. Creo que es evidente que en algunas intervenciones que
hemos oído esta mañana, en algunas de las preguntas con sus consecutivas
respuestas y réplicas, si ha faltado algo, señor presidente, ha sido el
rigor y la seriedad en la crítica y en el razonamiento por parte de
algunos miembros de la oposición y ha sobrado mucha demagogia, señor
presidente, ha sobrado incluso descortesía parlamentaria hacia el señor
ministro y hacia algunos de los miembros del Gobierno que han intervenido
en este punto del orden del día.
Seguramente, cuando se habla de listas negativas y no aprovechar la
coyuntura de esta interpelación para hablar de otro tema como el acuerdo
con la industria farmacéutica, lo que hay que poner de manifiesto son los
criterios que han llevado al Gobierno a establecer esta ampliación del
decreto de financiación selectiva de los medicamentos. Los criterios
fundamentales que el Gobierno ha utilizado para establecer estas listas
negativas (que, como muy bien ha dicho el ministro, todavía están a
expensas de cualquier tipo de negociación con los consejeros, dentro del
Consejo Interterritorial de Salud, con las asociaciones que tienen
intereses en este aspecto) han sido tres, señor presidente: criterios de
uso racional del medicamento --y seguramente, a la vista de sus
intervenciones, alguna diputada que ha hablado a lo largo de esta tarde
no sabe lo que es el uso racional del medicamento--; criterios de
conocimientos científicos desde el punto de vista de lo que puede ser la
prescripción y la dispensación de los medicamentos a aquellos enfermos
que lo necesiten; y por supuesto, criterios de financiación y
presupuestarios.
He oído a lo largo de esta interpelación las diferentes intervenciones de
los portavoces y seguramente hay algunos que no saben ni lo que dicen.
Por supuesto, esos 65.000 millones de que se habla y que se establecen en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera no son 65.000 millones que se
ahorren las arcas del Ministerio de Sanidad, son 65.000 millones que se
ahorran en el gasto farmacéutico y que van dirigidos a otras inversiones
dentro del Ministerio de Sanidad, a nuevas inversiones en las
infraestructuras sanitarias, a mejoras en la atención a los pacientes, a
mejoras en la prestación farmacéutica. Por supuesto que no son algunas de
las medidas que se utilizaron en su momento para actuar contra el déficit
público.
Seguramente, señor presidente, hay que revisar lo que se encontró el
Gobierno del Partido Popular, cuando tuvo la responsabilidad de gobernar,
en el Ministerio de Sanidad. Dentro de un sistema sanitario público como
el que tenemos, probablemente bueno desde el punto de vista de lo que es
asistencial y desde el punto de vista de lo que es un servicio a los
ciudadanos, el Gobierno del Partido Popular se encontró con graves
problemas administrativos por un sistema muy burocratizado; con graves
problemas de insatisfacción por parte de los profesionales de la sanidad;
con problemas de malestar en los ciudadanos porque había grandes listas
de espera que incitaban a la inequidad del sistema y, por supuesto, había
un gran déficit
público en el sistema sanitario, un problema de financiación y
presupuestario. Todas esas cosas son las que el Gobierno ha llevado poco
a poco, a lo largo de estos dos años de gobierno, hasta llegar al Consejo
de Política Fiscal y Financiera donde se firmó el acuerdo de financiación
del sistema sanitario. Nunca, señor presidente, el sistema sanitario
había crecido en la financiación como bajo el acuerdo establecido en el
mes de noviembre del año 1997, firmado por el Ministerio y por todas
aquellas consejerías de Sanidad que tienen competencia en la gestión
sanitaria, indistintamente del color político a que pertenecieran. En
torno a los 400.000 millones fue la cifra que se incrementó el
presupuesto para el año 1998. Eso es lo que hay que poner de manifiesto a
lo largo y ancho de este debate. Aquellas medidas que entre otras cosas
originan un ahorro en el gasto farmacéutico van a mejorar la atención al
paciente, modernizar y actualizar las inversiones sanitarias y repercutir
en la mejora de la prestación farmacéutica. También hay que decir, señor
presidente, que esta medida de ahorro, si se quiere ver solamente desde
el prisma de la financiación o desde el punto de vista económico, no es
la única, como se hizo en año 1993. Otras medidas han acompañado para que
el posible ahorro del gasto farmacéutico fuera una realidad: el decreto
de márgenes en las oficinas de farmacia y el acuerdo de la industria
farmacéutica en el año 1996, la implantación de genéricos y los precios
de referencia de los medicamentos para el año 1998. Todo eso es un
conjunto de medidas que supone un importante ahorro en el gasto
farmacéutico y que repercute en nuevas inversiones sanitarias.
También es preciso decir, señor presidente, por qué hay que ahorrar en el
gasto farmacéutico. Se ha dicho a lo largo de esta tarde por varios
miembros del Gobierno: porque el gasto farmacéutico en nuestro país es
desmesurado; está en torno al 22 ó al 25 por ciento solamente con
contabilizar el gasto farmacéutico ambulatorio, si se puede utilizar la
expresión, o el gasto farmacéutico hospitalario. Estamos muy lejos de la
media de los países de la Unión Europea. El ministro lo ha dicho a lo
largo y ancho de la mañana y de la tarde, pero seguramente no hay peor
sordo que aquel que no quiere oír; no hay peor sordo que aquel que quiere
criticar aquellas medidas porque no escucha los razonamientos no
solamente del Gobierno, sino de aquellas personas que están capacitadas
para establecer mecanismos de gestión.
Por eso, señor presidente, desde un punto de vista de lo que es la línea
de gobierno, desde el punto de vista de la línea de gestión y, por
supuesto, por el hecho de utilizar bien los recursos económicos para las
mejores prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos, es por lo que el
Gobierno ha establecido estas medidas. Lo demás son demagogias, lo demás
es utilizar a los ciudadanos con intereses partidistas. No he oído
durante este tarde un mensaje que se nos ha transmitido esta mañana en la
Comisión de Sanidad. Se nos decía que se estaba dispuesto a la
colaboración. Cuando hemos querido y pretendido que hubiera colaboración
de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, hemos visto cómo algún
grupo con antiguas responsabilidades en el Gobierno y en la
Administración sanitaria ha salido corriendo porque no quería establecer
los planteamientos que son las mejoras en las prestaciones sanitarias a
los ciudadanos. Esa es la responsabilidad que tienen aquellos que no han
querido llegar a acuerdos, esa es la responsabilidad de aquellos que
hacen demagogia y, por supuesto, no atienden a los razonamientos del
Gobierno. Los razonamientos del Gobierno están avalados no solamente por
el Grupo Popular sino por otros grupos de la Cámara que le dan la mayoría
y, sobre todo, están avalados por la gestión a lo largo de estos dos
años. Mientras decía el ministro que en años anteriores el incremento del
gasto farmacéutico era de un 12, un 13, un 14 por ciento, donde las
desviaciones presupuestarias eran manifiestas a lo largo de los últimos
gobiernos socialistas, hemos visto que se cumple el presupuesto aprobado
por esta Cámara, que el incremento del gasto farmacéutico en el año 1997
no ha llegado al 5 por ciento, que son medidas correctas y son los datos
que otros países de nuestro entorno tienen para controlar el gasto
farmacéutico. Esa es la realidad de las cosas, esa es la realidad que
duele a los grupos de la oposición que no quieren atender a la buena
gestión y administrar bien los recursos económicos para dar unas buenas
prestaciones sanitarias a los ciudadanos de nuestro país.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.--La señora Almeida Castro pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Villalón.
Señora Almeida, no tiene usted la palabra porque no hay réplica en este
turno de fijación de posiciones.
La señora ALMEIDA CASTRO: No se trata de una réplica. Quería pedir la
palabra por el 50 por ciento de alusiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No ha habido ninguna alusión,
señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Sí, señor presidente. Explíquemelo porque
aunque no tengamos gotas no estoy sorda. Ha dicho que las diputadas que
han hablado no saben ni lo que dicen y, como sólo hemos hablado dos, pido
la palabra por el 50 por ciento de alusiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No tiene la palabra, señora
Almeida.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, ACERCA DE LA
POLITICA A LLEVAR A CABO PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE LA QUE SON
VICTIMAS LAS MUJERES (Número de expediente 172/000068)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos a la siguiente
interpelación, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, acerca
de la política a llevar a cabo para erradicar la violencia de la que son
víctimas las mujeres.
Para su presentación tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, señorías, señor ministro,
permítanme que les transmita una percepción y una preocupación, y es que
si nos instalamos en el debate permanente sobre conflictos que ya tienen
características cruentas, y a la vez no somos ilimitadamente resolutivos,
los comportamientos pueden llegar a parecer indecentes. Entre otras
razones, ese es el objetivo de interpelar al Gobierno para residenciar en
esta Cámara los acuerdos que mediante una moción que apoyemos y
respaldemos unánimemente nos permitan tener mecanismos de intervención
directa.
Señorías, señor ministro, no voy a recurrir al maniqueísmo, pero constato
que ha sido necesario pagar un precio demasiado caro para que el
entramado social reaccione y el político actúe. Setenta y cinco mujeres
asesinadas y 17.000 denuncias en 1977, cifras éstas parciales por otro
lado, ya que el terror a no sobrevivir hace que las víctimas sólo
denuncien entre un 5 y un 10 por ciento. Además, los datos conocidos son
los que facilita la Policía Nacional y jurídica, quedando por computar
los producidos en las zonas rurales, que tendrá que hacerlos públicos la
Guardia Civil.
Señorías, llevamos años exigiendo medidas contra la violencia doméstica y
sólo ahora, cuando se han hecho eco los medios de comunicación de una
manera más o menos amarilla, se ha roto la doble ley del silencio que
impedía a las mujeres denunciar los malos tratos en el ámbito del entorno
familiar y, por otro lado, a los poderes públicos comprender esta
situación dentro de lo público. Señorías, hay recursos de autoridad, como
son el pronunciamiento del Parlamento Europeo considerando que la
violencia por razones de sexo no sólo refleja el desequilibrio en las
relaciones de poder que existen en nuestra sociedad, sino que también
supone un obstáculo insalvable para el objetivo de superación de las
desigualdades entre hombres y mujeres. Estamos ante una organización de
la sociedad que fomenta y se beneficia de la división sexual del trabajo
y de la relación desequilibrada entre los sexos que de ella se desprende
y ante unas instituciones, señor ministro, tremendamente masculinizadas,
dominantes, que controlan la reproducción biológica y social. En este
sentido, señorías, el trabajo doméstico --ustedes saben, el que realizan
las mujeres-- no está remunerado y no es reconocido, y las mantiene, por
tanto, dependientes y abocadas a un papel subordinado de servicios. Los
diferentes sistemas le han asignado a la mujer el papel para la creación
y el consumo, sustentando un orden económico e instalándolas en la
posición marginal del reino de la producción. Es, por tanto, señorías,
esta cultura patriarcalista y capitalista la que ha elevado a categoría
de teoría el concepto de la mujer objeto, de propiedad privada del
hombre, que concluye en el fatídico lema de la maté porque era mía. Esta
es la foto aparentemente surrealista pero absolutamente contemporánea de
la mayor y más dramática lacra social del siglo XX. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Hay
que acabar, señorías, con la costumbre de matarlas. Hay mujeres
condenadas a muerte todos los años --una a la semana, como mínimo--, a
manos de sus maridos, amantes o compañeros. Ana Orantes, por ejemplo,
antes de ser quemada viva había denunciado quince veces a su cónyuge, el
opresor --usted lo sabe, era granadina--, y la paradójica sentencia del
juez fue que convivan el potencial asesino y la víctima, separados sólo
por un tabique.
Parece evidente, señor ministro, que se acabó el tiempo para restablecer
los valores democráticos. Hace falta un fuerte revulsivo en la mentalidad
de este país: autoridades, jueces, fiscales, cuerpos de seguridad,
cónyuges, vecinos de maltratadas, etcétera. Estamos ante verdaderos actos
de terrorismo conyugal, verdaderos atentados contra los derechos humanos
y agresiones que se ejercen casi siempre en el entorno familiar, dando
cifras como las siguientes: el 38 por ciento de las mujeres que viven en
pareja sufren malos tratos, el 98 por ciento de las víctimas habían
denunciado o se encontraban en trámites de separación, y hay que decir
también que la violencia doméstica proporciona más muertes que las
ocasionadas por terrorismo o por accidentes de tráfico. Dramáticas
cifras. Señorías, estas ilustraciones, unidas a la complicidad social con
el opresor, revelan la escasa valoración de la vida de las mujeres. ¿Qué
hacer ante esta alarmante situación? En primera instancia, garantizar la
seguridad de la mujer. Eso significa arbitrar las necesarias medidas
cautelares. Caben en la actual regulación, además de la prisión
preventiva, la prohibición de acercamiento, es decir, el alejamiento
obligatorio o exclusión del domicilio familiar, previsto en el artículo
57 del Código Penal. Ponerlas en práctica depende, señorías, sólo de la
fiscalía y la judicatura, de la doctrina unificada de los tribunales y de
la implicación en su ejecución de las Fuerzas de Seguridad. Por otro
lado, sería necesario huir de la idea de endurecer las penas. La
filosofía debe ser la rehabilitación, ya que concluida la estancia del
agresor en el régimen penitenciario siempre cabe la posibilidad de que
vuelva con su mujer o con otra,
siendo por lo tanto un maltratador potencial si no se le rehabilita, para
lo que habrá que poner énfasis en las figuras del psicólogo y del
asistente social. Igualmente, el requerimiento de juicios ágiles es una
cláusula de garantía en las medidas de separación o divorcio, aunque
--dicho sea de paso-- el ser estos juicios civiles a instancia de parte,
con casi nula intervención de oficio, escrito y documental, ocasiona, que
se prime a quien tiene más facilidad para acceder a estos mecanismos, o
sea al hombre. La ocultación de ingresos y las medias verdades sobre las
circunstancias patrimoniales producen ventaja procesal que debe ser
atajada sin salvedades, de la misma manera que es necesario que los malos
tratos tengan una incidencia directa sobre el procedimiento de separación
imposibilitando que el maltratador se constituya en educador,
contemplando medidas que vayan desde la restricción del régimen de
visitas hasta la pérdida de la patria potestad.
Con respecto a la concepción cuantitativa, afectiva y de los tiempos,
relacionada con las pensiones, se está ocasionando que el hombre aparezca
como víctima del proceso y, por lo tanto, la violencia tiene un cierto
sentido de autodefensa y socialmente se reviste de una cierta
legitimidad, lo cual parece muy grave. ¿No creen, señorías? En este
ámbito, hay que plantear la gratuidad de la justicia, cuando así se
requiera, y la asistencia letrada desde el principio de la denuncia,
junto a la no necesidad de consideración de reincidencia para la
tipificación del delito. Señor ministro, también consideramos oportuno
que se posibilite la personación de las corporaciones como acusación
particular en los juicios que se sigan por este motivo.
Señorías, estas son algunas de las propuestas de modificaciones o
aplicaciones pendientes en las que el Gobierno debería implicarse y que
unidas a las que a continuación les expongo podrían constituir un plan
solvente para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Dos
factores influyen en el bajo porcentaje de denuncias: el miedo o el
terror y la falta de recursos, sobre todo la autonomía financiera para
rehacer la vida personal, profesional y social. Esto nos obliga a los
poderes públicos a lo siguiente: la creación de una caja de solidaridad
--y le compete muy directamente, señor ministro-- o un fondo de
protección económica que dote de un salario de emergencia a aquellas
mujeres víctimas de malos tratos que lo requieran, al igual que la
concesión baremal de un porcentaje en la adjudicación de viviendas
sociales para estas víctimas, además de incorporarlas a los programas de
formación reglada y reinserción laboral creados a tal efecto. Todo esto,
señorías, bajo el paraguas de una asistencia integral a las mujeres que
incluya un protocolo sanitario, psicológico, jurídico, policial,
económico y social, acompañado de una formación específica y evaluable
que incluya unidades policiales de jueces, fiscales e implicados en
general, y enmarcado en fuertes campañas de sensibilización y de la
elaboración de un código ético y antisexista que vele por la igualdad
entre hombres y mujeres y por la no violación de los derechos humanos. Y
dado que el tema posee un fuerte contenido cultural, habría que
incorporar en los planes de estudio una materia específica, que los
diseños curriculares contemplaran la formación en este área como
prioritaria. Con respecto a las casas de acogida o pisos tutelados,
habría que llevar a cabo una gran ampliación, una vez que sean
reconvertidas en residencias unifamiliares habitables con privacidad,
garantías y condiciones. Todo esto debería ser residenciado, señor
ministro, para su seguimiento y para velar por su cumplimiento, dentro de
la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer como un brazo más dentro de
un organismo que su Ministerio y la Secretaría de Estado para Asuntos
Sociales, a falta de un ministerio para la mujer, coordine, planifique,
impulse y aplique, junto con las organizaciones de mujeres, sindicales,
entidades sociales y organizaciones implicadas.
Concluyo, señor presidente, señorías, señor ministro, apelando a la
sensibilidad de la Cámara y del Gobierno, recordándoles que la violencia
doméstica es el acto de mayor degradación humana que produce esta
sociedad, que duele en privado y envilece en público, que es un fenómeno
parecido a la carcoma que va destruyendo poco a poco hasta aniquilar.
Señor ministro, no vale ni la permisividad ni la pasividad. Sólo una
profunda revolución en las conciencias, en los valores, en las
instituciones, en las políticas presupuestarias, con un fuerte soporte
movilizador y una firme y generosa acción del Gobierno, sólo esto podría
paralizar esta epidemia social del siglo XX que golpea, humilla y asesina
a las mujeres por ser mujeres.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
Para contestar en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señoras y señores diputados, voy a contestar en nombre del
Gobierno a la interpelación que formula la señora Aramburu referida a las
políticas y actuaciones del Ejecutivo en materia de lucha contra los
malos tratos que se producen contra las mujeres.
Empezaré diciendo que hay partes de su intervención que necesariamente
tengo que compartir, bien porque se refieren a datos concretos de la
evolución de los malos tratos, bien por los conceptos que la señora
diputada me consta que conoce muy en profundidad porque la conozco
personalmente desde hace tiempo y sé que hace años que se ocupa
especialmente de la defensa de los derechos de la mujer. En este sentido,
estos días ha habido varios debates en la Cámara referidos a esta
materia: los malos tratos contra las mujeres. Recientemente
la ministra de Justicia compareció en el Senado a estos efectos y también
el ministro del Interior compareció en el Senado ante la Comisión de
Defensa de los Derechos de la Mujer para explicar las posiciones
sectoriales que están desarrollando en sus departamentos. Quisiera hoy
expresar la opinión del Gobierno y comentar el conjunto de acciones
coordinadas que estamos llevando a cabo, que nos situaría necesariamente
en el marco de colaboración de las comunidades autónomas que tienen
competencias a estos efectos y en el marco de la necesaria colaboración
con las organizaciones no gubernamentales. Lo primero que tenemos que
decir es que tenemos un problema gravísimo que nadie puede ocultar porque
el peor camino para afrontar un problema es negar que existe, y es
ciertamente en estos últimos años cuando se está produciendo mayor
sensibilidad hacia esta cuestión. Creo que esa falta de sensibilidad por
parte de la sociedad es lo que nos lleva a que haya permanecido oculto
para gran mayoría de la sociedad y para que tengamos el dato más
alarmante de los que ha pronunciado S. S. en su intervención.
Ha hecho referencia, con datos ciertos, a las denuncias que se han
producido en 1996, en 1995, en 1997, pero sobre todo no ha hecho un
análisis de la evolución porcentual, y me parece bien que no lo haya
hecho porque el problema grave es que cualquier estudio nos dice que
solamente se produce entre el 5 y el 10 por ciento de las situaciones
reales de malos tratos que se producen en la sociedad, luego es mucho más
preocupante que solamente se produzca entre el 5 y 10 por ciento de
denuncias de conductas reales de malos tratos que el hecho de la
evolución porcentual.
El Gobierno quiere aprovechar esta presencia en el Congreso de los
Diputados para hacer un llamamiento específico a las mujeres para que
denuncien los malos tratos. El mejor cómplice de las conductas de malos
tratos a las mujeres sin duda es el silencio, y estamos convencidos de
que si se produce una reacción por parte de las sociedad de mayor
denuncia, siempre habrá alguien que, en mi opinión con poco rigor,
establezca una comparación entre las denuncias y los incrementos de los
malos tratos. Pues bien, cualquier responsable político que quiera
afrontar este asunto tiene que hacer un llamamiento a que se produzcan
denuncias sin perjuicio de que alguien en un momento determinado pueda
decir que por ese llamamiento de denuncias se ha producido un incremento
real de las conductas de malos tratos que anteriormente estaban
solapadas.
Es cierto que, según los datos que tiene el propio Gobierno, se han
producido 91 muertes en 1997 --son los datos que tenemos dentro del
Gobierno, y que facilita el Ministerio de Interior--; 97 muertes en 1996;
65 muertes en 1995, y vinculados también a asuntos de violencia doméstica
se han producido 15 muertes de hombres en 1995, 27 en 1996 y 23 en 1997,
según los datos que nos remite el ministro de Interior.
Coincido muchísimo en que este problema está vinculado a un asunto que
usted ha iniciado en su intervención: la falta de autonomía de muchas
mujeres, la desigualdad de las mujeres en lo que significa el mercado de
trabajo, la discriminación que todavía perdura en el acceso de la mujer
al empleo, eso condiciona definitivamente la falta de autonomía y el que
todavía se siguen poniendo de manifiesto desgraciadamente en nuestra
sociedad conductas que, por simplificarlas, sólo pueden calificarse de
conductas claramente machistas.
Me parece que esos datos son definitivos para analizar sociológicamente
el problema y creo que tenemos que reaccionar todos. En ocasiones, cuando
el Gobierno sobre este asunto dice hablemos de una política de Estado,
siempre alguien puede pensar que el Gobierno quiere eludir su
responsabilidad y por eso habla de políticas de Estado. Sin embargo, a mí
me parece que cuando hablamos de malos tratos a las mujeres en la
frontera del siglo XXI cualquier sensibilidad es anterior a toda
ideología, y en este terreno, olvidando las cosas que nos separan
legítimamente, nuestras ideologías, nuestros proyectos políticos, tenemos
que encontrar elementos en común, porque desde luego no es posible pensar
que en la frontera del siglo XXI, en la España del siglo XXI, no hay
elementos comunes que nos unan a la hora de afrontar los malos tratos
contra las mujeres. A mí me parece que el Gobierno está poniendo acciones
importantes en marcha. Estoy seguro que la oposición puede aportar nuevas
acciones en esta materia y creo que las organizaciones no gubernamentales
también pueden hacer aportaciones.
En primer lugar, como saben SS. SS., el III Plan de Igualdad de
Oportunidades, que tendrá vigencia de 1997 al año 2000, por primera vez
plantea un capítulo específico que se refiere a la violencia contra las
mujeres.
En segundo lugar, hemos celebrado ya una conferencia monográfica con las
comunidades autónomas y decidido en esa conferencia monográfica que
definitivamente aprobaremos un plan para el conjunto del Estado en el mes
de marzo.
En tercer lugar, se ha constituido una comisión interministerial dentro
del Gobierno, con participación de representantes del Ministerio de
Trabajo, del Ministerio de Interior, Justicia, Educación y Cultura, que
está reuniéndose y haciendo propuestas permanentes.
Quiero decirle que también está terminada una campaña de sensibilización
--terminada en cuanto a su presupuesto y a la estructura de adjudicación
administrativa--, sobre este problema que pretendemos llevar a cabo
también con las comunidades autónomas.
Estas acciones están en marcha, saben que recientemente el Consejo de
ministros, en el mes de enero, también planteo una serie de medidas que
consideramos urgentes y que básicamente son las siguientes:
Primero, declarar como absolutamente prioritarios los programas de
organizaciones no gubernamentales de ayuda a mujeres maltratadas en las
adjudicaciones de las subvenciones del IRPF para 1998 y también
introducir como programas prioritarios aquellos que se refieren a la
violencia doméstica. El incremento de los centros de acogida a los que
usted ha hecho referencia haciendo unas propuestas de modificación,
aunque yo quiero decirle que, para mí, lo más importante es que los
centros de acogida los vinculemos con formación profesional. No se puede
dejar de aprovechar esa presencia en los centros de acogida, que han
tenido año a año incrementos presupuestarios por parte del Gobierno y de
las comunidades autónomas, sin que a la vez estemos desarrollando
formación profesional en esos centros para eliminar la dependencia a que
hacíamos referencia anteriormente, uno de los problemas que subyace:
aprovechemos la formación profesional en los centros de acogida.
Por parte del Ministerio de Interior se ha anticipado la creación en 1998
de 12 nuevos servicios de atención a la mujer, aparte de los que están ya
en marcha, sin perjuicio de que está previsto para 1998 que los servicios
específicos de atención a menores y mujeres cubran toda la geografía
nacional. Por parte del Ministerio de Justicia se van a poner en marcha
oficinas específicas en los tribunales y juzgados para atender a las
mujeres que sean víctimas de este tipo de conductas de malos tratos. Se
está estudiando, señorías, y quiero insistir en eso porque no hay por qué
descartarlo, que se puedan plantear reformas legales. Ya sé que muchas de
SS. SS. sostienen que no tenemos un problema de modificación legal, sino
que tenemos un problema de aplicación de la ley. Pues bien, el Gobierno,
que comparte que muchas de las soluciones de este asunto están en la
aplicación de la ley, no quiere renunciar a que incluso en un plazo
razonable de dos o tres meses, se estudien posibles modificaciones
legales.
Parte de la intervención de la señora Aramburu se refiere al
comportamiento de los jueces, de los fiscales. En ese sentido el Gobierno
tiene que expresar naturalmente su profundo respeto hacia lo que
significa la actuación en los ámbitos de la Administración de justicia,
sin perjuicio de que ya se ha producido, como saben SS. SS., una
instrucción del fiscal general a todos los fiscales en esta materia
pidiendo la mayor diligencia, la mayor prontitud y que se adopten medidas
cautelares que resultan imprescindibles en estos casos.
En el mismo sentido, el secretario de Estado de Seguridad, el señor Martí
Fluxá, se ha dirigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
para referirse a la atención especializada y a la información en las
mujeres que sean víctimas de estas conductas de malos tratos.
Creo que tenemos un bloque de medidas en marcha muy importante, y en la
segunda intervención podré dar una mayor profundidad a lo que puede
significar informaciones que le resulten de interés; en cualquier caso,
señora Aramburu, por parte del Gobierno le podemos decir que compartimos
el diagnóstico, que compartimos la preocupación, como no podía ser menos,
que compartimos alguna de las fórmulas que usted ha planteado y que, más
que nunca, tenemos que caminar juntos por la urgencia del asunto y porque
realmente hay conductas que nunca, nunca, tienen justificación, pero
sobre todo nunca tendría justificación que las fuerzas políticas y el
Gobierno no trabajáramos con eficacia en la frontera del siglo XXI para
erradicar esta gravísima situación, que no conoceremos hasta que las
mujeres pierdan absolutamente el miedo, y tenemos que ayudarle a que lo
pierdan, para denunciar este tipo de situaciones. Muchas gracias, señor
Presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Espero que no sea sospechoso, pero comparto
profundamente el eje central de la intervención del señor ministro cuando
alude a un llamamiento a la rebelión de las mujeres, a la rebelión de las
mujeres para que denuncien; pero eso implica, señor Arenas, seguridad y
garantías; ello implica cierre de casas de acogida, como usted sabe que
se están produciendo, y eso simplificaría mucho las cuestiones y ayudaría
a que se aborden fuertes inyecciones presupuestarias. Por tanto, querría
hacerle algunas preguntas, y el resultado daría una respuesta que no
adelanto hasta no saber lo que usted va a plantear.
En primer lugar, tengo la impresión que el desconocimiento de los
recursos por parte de las mujeres está produciendo una fuerte
desinformación que les está privando de la atención y de la protección.
¿Hay en marcha algún mecanismo que llegue al conjunto de la sociedad,
para que las mujeres estén suficientemente informadas? ¿Existen módulos
específicos sobre el tratamiento de este conflicto en las escuelas y en
los centros de trabajo? ¿Se está produciendo algún tipo de intervención
en los medios de comunicación pública para evitar los programas basura,
los spots publicitarios, y todo aquello que aparece degradante para las
mujeres? ¿Hay algún tipo de reciclaje profesional específico para médicos
forenses y colectivos que intervengan en los malos tratos? ¿Tiene
previsto su Ministerio o el Gobierno poner en marcha, con las dotaciones
necesarias, el plan nacional de lucha contra el maltrato a mujeres? ¿Se
contemplan en algún programa gubernamental talleres de autoestima para
las mujeres maltratadas, a fin de recuperarse y reinsertarse socialmente?
¿Se están garantizando las plazas escolares para los hijos de las
víctimas que tengan que abandonar su domicilio?
En los servicios sociales, ¿hay algún programa de reeducación de
maltratadores y grupos de terapia como complemento a las medidas penales?
¿Tiene previsto su Ministerio dotar de becas para mujeres acogidas al
programa de malos tratos que accedan a cursos de formación ocupacional?
¿Está contemplándose la inclusión del criterio de cabeza de familia
monoparental y afectada por la violencia doméstica en la baremación de
acceso a las bolsas de trabajo como elemento de discriminación positiva?
¿Contempla la posibilidad de la fiscalía especial que sustancie gran
parte de los problemas planteados?
Las informaciones que yo tengo, señor Arenas, a través de esta Cámara o
adicionales, salvo su corrección, me dan en estos temas una respuesta
negativa, aunque la voluntad puede ser positiva, no lo dudo. Por tanto,
señor ministro, desde ese disenso y con la preocupación no solo aparente
sino tremendamente profunda, tengo la leve sospecha de que estamos
debatiendo dos modelos de enfrentarnos a los malos tratos: uno, el suyo,
el del Partido Popular, más asistencial, más acotado; y otro que debería
ser complementario, el que defiende mi grupo político, de prevención en
todas las facetas de las causas que originan una sociedad dividida en
géneros, además de en clases, que mantiene a las mujeres casadas con sus
asesinos, que permite que haya mujeres aterrorizadas por el mensaje
conyugal: si me dejas te mato.
Señor presidente, señorías, señor ministro, para modificar todo esto hay
que estar convencido de que es necesario cambiar la sociedad. Esa es
nuestra tarea y a eso le emplazo, a trabajar por un mundo, por un país
sin más maltratadas y sin maltratadores.
Nada más y gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señoras y señores diputados, la verdad es que la señora
diputada en su segundo turno me ha hecho un examen sobre preguntas muy
concretas, en las que algunas sí querría dar contestación expresa en esta
segunda intervención.
La más importante: ¿Somos partidarios en el Gobierno de un plan nacional
de choque? Rotundamente sí. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Decidir en el
seno del Consejo de Ministros una serie de medidas que nos parecían
absolutamente urgentes e imprescindibles. ¿Con quién queremos discutir el
plan nacional de choque? Por supuesto en el seno del debate
parlamentario, Congreso y Senado, con las comunidades autónomas y con las
organizaciones no gubernamentales. Quiero aprovechar para anticiparle a
S. S. que esta misma semana remitiremos a las organizaciones no
gubernamentales vinculadas con los malos tratos el proyecto de plan
nacional, y que también esta misma semana remitiremos el proyecto a las
comunidades autónomas.
Debo anticiparles que hubiera sido mi deseo, pero no puede ser por
problemas de tiempo, que aprovechando la celebración del día
internacional de la mujer pudiéramos aprobar definitivamente ese plan de
choque. Es más que probable que tengamos una conferencia sectorial de
asuntos sociales en esos días para abordar la cumbre de empleo y
concretamente el capítulo mujer y empleo. En nuestro calendario del
Ministerio está que el plan nacional con comunidades autónomas y ONG se
pudiera aprobar a finales del mes de marzo. Esa es la previsión.
Me hace otra serie de preguntas: plazas escolares para los hijos que
abandonan sus hogares por motivos de violencia doméstica. Creo que eso lo
tenemos previsto y además lo podemos resolver.
Ha tocado un tema que me parece muy importante: las becas de formación
profesional para las personas que estén en centros de acogida. Eso está
previsto afrontarlo y está en los presupuestos.
También se ha referido al tema de los medios de comunicación y ha
hablado usted de los medios de comunicación públicos. Si me permite, yo
creo que aquí hay que hacer dos valoraciones. Decir que los medios de
comunicación, globalmente, están teniendo un papel muy positivo en lo que
significa la denuncia de los malos tratos; sin embargo, hay otro aspecto
que incluso nos condiciona a veces, de que no se cumple la ley, y lo
tenemos que afrontar, pero en mi opinión no solamente con los medios de
comunicación públicos, sino con el conjunto de medios de comunicación.
Quiero decirle, por ejemplo, que si hablamos de medios audiovisuales
privados, también tienen leyes en las que se marca la protección de la
infancia, de la juventud, de los derechos de la mujer, y me parece que
esa relación con los medios de comunicación públicos no deben ser en
absoluto exclusiva del Gobierno, sino del conjunto de las fuerzas
políticas. En ocasiones, ciertamente, hay determinadas programaciones
puntuales que no favorecen una conciencia social nítida de lo que
significa la posición en contra de los malos tratos con las mujeres.
Ha citado una cuestión que suscita mucho debate público: el tema de la
fiscalía especial. Créame que el Gobierno no tiene como punto de partida
la decisión de decir, por razones políticas fiscalía especial sí, o por
razones políticas fiscalía especial no. A la hora de tomar esa decisión
el Gobierno solamente mira la eficacia posible de la fiscalía especial y,
en principio, en la valoración que hace el Ministerio de Justicia es
mucho más eficaz la especialización de fiscales en esta materia que la
propia creación de la fiscalía especial. De acuerdo con las experiencias
anteriores de las fiscalías especiales que existen en este momento, no
estamos
hablando de delitos que se produzcan en ámbito nacional a través de
bandas organizadas, sino que, desgraciadamente, estamos hablando de
faltas o delitos que se producen en todas las provincias, que tiene lugar
en los hogares. Por tanto, pensamos que por razones de eficacia, nunca
por razones políticas (probablemente por razones políticas, entiéndame
bien, sea una decisión de mucho titular que el Gobierno decide crear una
fiscalía especial); pero por razones estrictamente de eficacia, hasta
ahora los estudios del Ministerio de Justicia aconsejan más la
especialización de los fiscales y no lo que viene a significar la
creación de la fiscalía especial.
Hay un balance muy positivo del servicio de información y asesoramiento
de mujeres; hay un balance muy positivo del servicio de atención
telefónica gratuita, que sabe ha sido muy publicitado recientemente,
donde se han producido más de 5.700 consultas y en los centros de
asesoramiento, más de 73.000 consultas; está acabándose la edición de la
guía sobre la violencia contra las mujeres; se está preparando una guía
de recursos para todas las mujeres; como he dicho antes, están previstos
incrementos muy importante a través de las subvenciones del IRPF; se
quieren firmar en los próximos meses convenios con los distintos
ayuntamientos; vamos a incrementar los presupuestos, y eso se lo
garantizo (me gustaría incluso si lo tiene a bien, que me formule alguna
pregunta parlamentaria en el futuro), para los centros de acogida; se
están haciendo cursos especiales de formación para las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, para especializarlos en atención a las mujeres
víctimas de malos tratos, ya se han hecho más de 15 cursos; se está
formando al personal asesor jurídico de los centros de información del
Instituto de la Mujer para que tengan mayor especialización; se han
iniciado en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de
justicia unas jornadas y también cursos específicos para los
profesionales de la Administración de justicia; se está acabando el
estudio sobre la violencia contra las mujeres que inició el Instituto de
la Mujer y que tenía un presupuesto de 10.000.000 de pesetas, etcétera.
En el terreno de la justicia, me gustaría detenerme unos breves
instantes. Ya sé que se ha planteado en el Parlamento por parte de alguna
de SS. SS., que no hace falta ninguna modificación legal. Aunque se haya
planteado eso, les quiero decir que en este momento se está estudiando si
la actual tipificación penal del delito de malos tratos del artículo 153
es la correcta o se puede plantear alguna modificación; se está
estudiando la posible reforma del tratamiento para la falta de malos
tratos del artículo 617; el mantenimiento de la pena de destierro como
accesoria, según figura en este caso y usted ha hecho referencia en su
primera intervención, en el artículo 57. Respecto a las medidas
cautelares, analizar el tratamiento que sobre la prohibición de
residencia y de acudir a ciertos lugares se contiene en
el 13 de la proposición de ley en materia cautelar penal, presentada
por el Grupo Vasco. He hecho referencia anteriormente a la comunicación
del fiscal general que tiene fecha de 19 de diciembre. Estamos estudiando
todo lo que puede significar la agilización y remover los obstáculos para
la rapidez de los propios juicios. En fin, en el ámbito del Ministerio de
Justicia se está haciendo un informe con mucho detalle, que confío esté
concluido en el mes de marzo --desde el Ministerio de Justicia se nos
dijo que tres meses-- y respecto al Ministerio del Interior prácticamente
he hecho alusión a todos los supuestos, sin que se me olviden dos
aspectos que me parecen también muy importantes: la coordinación
informática en el ámbito judicial y que podamos llegar a un buen acuerdo
con el Consejo General de la Abogacía para cubrir lo que significan los
turnos de oficio con especialización en materia de malos tratos.
Por tanto, señorías, éstas son las medidas que están en marcha. Yo tengo
un compromiso también con ustedes. Me gustaría muy pronto ofrecerles una
cuantificación, porque, evidentemente, todas estas propuestas tienen su
desarrollo en los Presupuestos Generales del Estado y en posibles
modificaciones de créditos que se puedan hacer. Me quiero comprometer con
la Cámara a en el plazo de mes y medio no solamente poder hablar de las
medidas, sino a poder ofrecer también una cuantificación. Parece que la
voluntad de los políticos solamente en algunos casos tiene crédito si la
misma se confirma, valga la redundancia, en créditos presupuestarios. Me
parece positivo también que hagamos una cuantificación de las medidas, y
estoy sensible y abierto a las sugerencias que S. S. y todos los miembros
de la Cámara puedan hacer de cara al futuro.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Mixto
tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente. Lo hago desde
el escaño para no entorpecer más a estas horas siendo consciente de que
llevamos dos días tratando el mismo tema, lo que no quiere decir que no
consideremos muy importante la interpelación que se ha presentado desde
el Grupo Federal de Izquierda Unida; pero se tratan tan pocas cosas de
mujeres abiertamente en el Parlamento, que aunque algunas veces coincidan
en unos días no nos parece que por eso recabe menos importancia. Ayer
manifestamos que nos parece que estamos dando muchas vueltas a estudios
sobre qué vamos a hacer. Sería importante si vinieran diciendo esto es lo
que hemos hecho, pero aún no han venido tantas cosas. Es verdad que
estamos estudiando mucho, que vamos a ser expertos en
las mujeres, expertos en muchas cosas. Incluso usted ha hecho ya el
secreto de rebeldía del que hablaba la compañera Aramburu, que decía:
mujeres, denunciar. Sí, mujeres denunciar, pero démosles las condiciones
para que puedan hacerlo, digámosles que no van a tener que volver dentro
de dos días a dormir otra vez con la persona que la maltrata.
Tenemos que hacer un montón de cosas que no están en absoluto arregladas
ni solucionadas. Además nos parece que vamos a tener ocasión de trabajar
en este tema. A mí me gusta siempre el tono que utiliza el señor Arenas
porque nos entiende a todas: estoy de acuerdo con usted, tengo el
pronunciamiento. Si yo me lo creo, pero otra cosa es lo que hagamos; y
sobre lo que hagamos me parece muy importante que empecemos a definirlo.
Las mujeres siguen esperando soluciones, no solamente argumentaciones. El
año que viene --se lo digo, no sé si lo sabrá el señor ministro y si me
escucha, normalmente se me escucha bien-- va a ser declarado seguramente
año internacional contra la violencia en la mujer. Nosotros creemos que
las medidas sobre la mujer no son solamente medidas legales. Es verdad
que ocasionalmente puede haber una reforma legal. Me importa más lo que
usted decía ahora. ¿Están bien puestos los malos tratos en el ámbito de
las lesiones? ¿Lo que más preocupa del maltrato doméstico es la bofetada
que te dan o es el aspecto afectivo, todo lo que se te rompe detrás de
esa bofetada? Por tanto, a lo mejor es bueno quitarlo de ahí y llevarlo a
los delitos de derechos y deberes familiares.
Podemos pensar muchas cosas colectivamente, porque es verdad que hay
cosas de ideología, pero hay otras cosas como los derechos inalienables
de las mujeres que están por encima de cualquier partido. El victimismo
de la agresión y de la solución no es lo que ocupa a todas las mujeres,
hay algo mucho peor en la sociedad y es el nivel en que están los
sentimientos, el nivel de las relaciones personales, la visibilidad de
las mujeres, la falta de aprecio a las cosas que hacemos, a lo que hay
detrás de las puertas de las casas, a la relación del deseo sexual, a que
uno se crea más protagonista que la otra, y eso requiere hacer muchas
cosas.
Quizás tenemos que hacer un proyecto en ese plan de choque, por ejemplo,
empezar a recuperar la escuela; la escuela no se hace igualitaria porque
estén los niños y las niñas sino porque los eduquemos en un ambiente de
igualdad, de futuro, de respeto y de oportunidad que me parece muy
importante. Tenemos que hablar de lo que pasa en las fábricas, del acoso
sexual, porque parece que ahora el guiño va a estar penado. No, es la
tranquilidad, es el derecho a estar en la calle, el derecho a que nadie
disponga de mí ni me tenga que contar lo que piensa de mí. Esas cosas,
que son tan simples, requieren una actuación muy profunda y a nosotros
nos gustaría que el plan de choque llevara eso.
Usted, señor ministro, reconoce lo que pasa. Ahora dice que va a hacer
cambio de créditos. Cuando han llegado aquí los presupuestos, los
relativos al Instituto de la Mujer y a los servicios sociales, estas
cosas no estaban previstas; estaba previstas cosas mínimas, era un
presupuesto de mínimos. Hemos pedido cambios en esos presupuestos y ahora
nos dice usted que va a haber modificación de créditos. Ojalá,
bienvenidos sean. Yo los voy a votar si de verdad los cambia, pero las
cosas no se pueden estar diciendo y luego no tener el dinero para
hacerlas. Por tanto, sí me parece muy importante la conciencia.
Ha hecho referencia a los medios de comunicación y ha dicho que los
hechos se han denunciado públicamente, que se está creando esta
conciencia social. Ayer nos decía el ministro que hay más mujeres
asesinadas de las que han publicado los medios de comunicación; han
hablado de 61 y el señor ministro ha dicho noventa y tantas, así que
imagínese, los medios de comunicación ni informan. Y no es el año que ha
habido más mujeres muertas; otros años ha habido más. Tampoco nos gusta
el morbo de la publicidad sobre las muertes de las mujeres, sino el
derecho a ser libres y a que nadie nos mate. Esas cosas las tenemos que
empezar a hacer. Nos gustaría que el plan de choque de cara al año que
viene afectara a muchos niveles de la sociedad, a nivel de los
sindicatos, a nivel de los trabajadores, a nivel de los empresarios para
que en esos documentos que se firman con las fuerzas sociales --y se lo
he dicho muchas veces--, este sentido de la igualdad esté dentro de toda
la sociedad. Por ello me alegro de que estemos tratando estas cuestiones
estos días, cuando desgraciadamente están dando publicidades tétricas
para nosotras o como hoy, que nos hemos despertado con la noticia de otra
mujer muerta en Girona, y no lo digo porque sea en Girona, pero es a la
que le ha tocado hoy. Como precisamente estamos teniendo que empezar a
sentir mucho, debemos actuar de manera directa no solo contra la
inmediatez de la sanción sino con la consecuencia de una sociedad
desigual en el protagonismo, desigual en los afectos, que no ha dado la
misma igualdad de oportunidades a muchas mujeres, y que aunque denuncien,
si no tienen posibilidad de ser ayudadas, su denuncia se va a convertir
en otra frustración para ellas. Por esoactuemos rápido.
Nosotros vamos a esperar la moción que presentará el Grupo Federal de
Izquierda Unida, la vamos a apoyar en lo que podamos y vamos a presentar
más enmiendas, si algo se les olvida, pero lo que más nos gusta es que
ese ambiente de trabajo afecte a las fuerzas sociales en general y no
sólo a las de las mujeres, porque hoy los representantes de los malos
tratos también tienen que sentarse para que, de alguna manera, empiecen a
tomar conciencia de que no sólo hay maltratadas, sino también un grave
problema de maltratadores, y creo que en esa doble visión empezaremos a
hacer una sociedad más igualitaria. En eso le vamos a prestar nuestra
ayuda.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida, le
ruego concluya.
La señora ALMEIDA CASTRO: Creo que, además, eso tiene nombre de dinero,
nombre de transformación de comportamiento, y nombre de leyes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora
Martínez González.
La señora MARTINEZ GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, señoras diputadas, en primer lugar quiero agradecer a
mi grupo parlamentario la oportunidad que me da de intervenir en el
problema de la violencia doméstica contra las mujeres, porque a lo largo
de los doce años anteriores a mi elección como diputada trabajé
profesionalmente con mujeres maltratadas en programas de información,
asesoramiento, apoyo, acogida e inserción laboral. Por ello, siento que
ahora es un honor para mí hablar por mi partido, pero también por ellas.
Gracias, compañeros.
Yo no voy a ser tan suave, señor ministro. Agradezco mucho que usted,
inmediatamente, haya preparado un plan de choque, pero a mí me parece que
este Gobierno y el Partido Popular han perdido año y medio y han
abandonado y han dejado en la UVI una política acertada del Gobierno
anterior.
En la campaña electoral, en la circunscripción a la que yo pertenezco, en
todo momento se acusó de despilfarro a los centros de información. Las
contradicciones de ustedes son tan grandes que, después de haber aprobado
las diez medidas, en el Ayuntamiento de las Palmas la diputada por su
partido, la señora Luzardo, utilizó su voto de calidad para desempatar
una votación acerca de la creación de un centro de información. Primero,
cuando ganaron el Ayuntamiento, cerraron en menos de treinta días el
centro de información, y ahora, después de haber aprobado las medidas en
las que se incluyen los centros de información, que acaba usted de decir
lo eficaces que han sido, sus propias senadoras utilizan el voto de
calidad. Pero lo más grave es que a los 15 días el Grupo Parlamentario
Popular aprueba en el Cabildo de las Palmas todo lo contrario. Como usted
verá, señor ministro, esto es un poco preocupante. Luego sale doña Amalia
Gómez pidiendo a las diputadas socialistas que se pongan de acuerdo.
Señor Ministro, pónganse de acuerdo el Gobierno y las senadoras de
Canarias del Partido Popular.
Es triste que hayan tenido que morir mujeres con una especial crueldad
para que el Gobierno del Partido Popular tome las riendas de esta
problemática. Quiero agradecer a los medios de comunicación de la Cámara
la dimensión que dieron a la noticia. En realidad, yo quiero ser honrada
con usted y decirle que aunque ustedes hubieran seguido la política que
hemos hecho nosotros, probablemente hubieran muerto muchas mujeres.
Hubieran muerto muchas mujeres porque el mal trato está enraizado en la
cultura de nuestra sociedad. No creo --y hablo con cierta experiencia--
que sea fácil erradicarlo, y menos con una sola medida. Entiendo que el
mal trato es una conquista a largo plazo.
Voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que nosotros pensamos, porque
estos días se ha hablado demasiado --unas veces con conocimiento y otras
por solidaridad, que no está mal--, con bastante desconocimiento. El
Grupo Socialista considera que el mal trato está enraizado en nuestra
sociedad, forma parte de los hábitos de muchas familias españolas, y lo
que es peor, habita en los valores culturales y sociales. No ha recibido
nunca el rechazo y el reproche social; ha sido considerado como parte del
mundo íntimo de las personas, de las familias; se ha percibido como un
tabú y ni otros miembros --padres, suegros, etcétera-- de las familias se
han atrevido a abordarlo o tratarlo y, mucho menos, la sociedad. Yo he de
decir, en honor a la verdad, que hasta que no llegó el Partido
Socialista, que coincide más o menos con el estreno de la democracia, no
se aborda desde la Administración. Mi grupo considera que se abordó por
el Instituto de la Mujer de forma acertada, sin embargo, según las
cifras, no se modificaron las denuncias. Luego el problema es muy grave.
Entendemos que este problema cambiará, pero para ello tendremos que hacer
un plan integral. Lo fundamental para el cambio tendrá que hacerse en
educación. Señor ministro, creo que de las medidas que aparecen en
educación en el Plan de igualdad de oportunidades no se ha puesto ninguna
en marcha y, desde luego, de las medidas que contempla el Plan de
igualdad de oportunidades sobre la violencia no se ha puesto ninguna en
marcha. ¿Qué ustedes ahora lo han recogido en este plan de choque?
Bienvenido sea el plan de choque, pero si vamos a hablar de lo que
ustedes han hecho hay que decir que hasta este momento no han hecho nada.
¿Que lo van a hacer? Se encontraran con nuestro apoyo. Lo que nosotros
creemos es que éste no es un problema que afecte a una clase social, sino
que afecta a todas las clases sociales. Esta diputada que está aquí
hablando lo sabe por experiencia, porque ha recibido testimonios de
mujeres maltratadas desde las más altas esferas culturales y económicas
de nuestra sociedad. Lo que pasa es que a los servicios sociales acuden
las mujeres pobres y los datos que manejamos son los que nos ofrecen los
servicios sociales, que es donde van las mujeres pobres. Las mujeres con
recursos económicos, aunque lógicamente sienten la misma vergüenza unas
que otras, acuden al servicio privado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Martínez, le
ruego que concluya.
La señora MARTINEZ GONZALEZ: Señor presidente, discúlpeme, pero es la
primera vez que intervengo y se me ha ido el tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Sin precipitarse,
termine a la mayor brevedad posible.
La señora MARTINEZ GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
De todas formas, creo que he dicho lo más importante.
Ustedes, ante nuestra sorpresa, trajeron a esta Cámara la creación del
fondo de garantía de pensiones. ¿Qué ha pasado con eso, señor ministro?
El papel lo aguanta todo, pero si lo que aquí se aprueba no aparece en
los presupuestos es como si no se hubiera aprobado. Creo que hay mucha
demagogia. Yo le aconsejaría que, si van a hacer alguna reforma legal, no
lo deje en manos de la señora ministra, porque aquello que toca lo gafa y
podríamos entrar en un enredo más complicado.
Por último, quiero decirle que erradicar la violencia de la vida de
nuestras familias es una tarea larga, difícil, pero no imposible. La
pregunta sería: ¿Tiene este Gobierno voluntad política para avanzar en
este camino? Si la tiene, que se vea en los presupuestos, porque en el
plan de las diez medidas ustedes hablan del IRPF de 1998. Es decir, vamos
a estar aquí, pero cuándo y cómo. Luego se dice que las mujeres
denuncien. De acuerdo, señor ministro, que denuncien, pero con todas las
garantías. Que desde que una mujer toma conciencia de que quiere salir de
aquella situación, exista una información de profesionales; que las
Fuerzas de Seguridad del Estado las acojan adecuadamente, y aquí se
aprobado ayer una proposición no de ley para que se envíe una circular a
las Fuerzas de Seguridad del Estado. En definitiva, que esa mujer no
muera en el camino, porque sabemos que el 75 por ciento de las mujeres
que mueren a manos de sus maridos lo hacen en el período que va desde que
toman la decisión de separarse hasta casi un año después.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Martínez,
debe concluir.
La señora MARTINEZ GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Quiero decirle que nos encontrarán en el camino hacia la erradicación de
la violencia. Y termino con Labordeta diciendo que, aunque no lo veamos,
hay que empujar la historia para que un día la violencia haya
desaparecido de la sociedad. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Martínez.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
No me explico cómo la señora diputada del Partido Socialista vierte esas
críticas contra las medidas que ha adoptado el Gobierno del Partido
Popular. Lo único que se me ocurre es que no nos perdonan que hayamos
sido los primeros en presentar una iniciativa en este Congreso, que por
cierto se aprobó por unanimidad el 11 de noviembre de 1997.
Efectivamente, muchas mujeres estaban conviviendo con sus maridos o
parejas y sabían que eran maltratadas, y también sus familias, y también
sus vecinos, pero no intervenía nadie hasta que un día ocurre y,
entonces, todos dicen que lo sabían. El balance fue que 68 mujeres
murieron. Pero ésas no son las únicas víctimas, porque a lo largo de 1997
otras 350 sufrieron lesiones de consideración y han sido víctimas de lo
que se ha llamado terrorismo doméstico. Cuando en diciembre saltó a los
medios de comunicación el caso de Ana Orantes, pareció que fuese la
primera y única mujer que había sido quemada viva por su pareja. Pues
bien, fue la tercera en 1997, y no sabemos cuántas murieron en semejantes
circunstancias en años anteriores. Este caso tuvo una enorme repercusión
porque días antes esta granadina había denunciado en un programa de
televisión que había sido maltratada por su marido durante 40 años. Hay
quien dice que al airear los medios de comunicación estas cuestiones se
están produciendo conductas de imitación. No es del todo cierto, pues ha
habido años en los que las víctimas han pasado de 81. Durante 1997 se
registraron en España 18.872 denuncias por malos tratos. Teniendo en
cuenta, según dicen y nos ha anunciado el ministro, que sólo se denuncia
el 5 por ciento de las agresiones, el número real de mujeres víctimas
será de 400.000.
La única forma de que dejen de producirse estos malos tratos es que se
denuncie, como aquí se ha dicho, pero para que esta denuncia resulte
eficaz es necesario que las mujeres encuentren una respuesta a esa
denuncia. Señorías, como anunciaba muy bien el señor ministro --y no me
voy a alargar dado lo avanzado de la hora--, voy a enunciar algunas de
las medidas que ya ha tomado el Gobierno del Partido Popular. El Gobierno
en Consejo de Ministros, el 7 de marzo de 1997, aprobó el III Plan para
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y dedica un área
específica al tema de violencia contra las mujeres en el que se
contemplan medidas para prevenirla y eliminarla. El 11 de noviembre de
1997 se aprobó por unanimidad una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, relativa a la prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres, a la que se incorporaron
dos apartados fruto de una enmienda transaccional con los Grupos
Parlamentario Socialista y Federal de Izquierda Unida. El día 18 de
diciembre de 1997 nuestro grupo presentó una proposición no de ley en el
seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. A su vez, el 16 de
septiembre, en la Conferencia sectorial de la mujer se acordó, a
propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, celebrar una
conferencia sectorial monográfica sobre la violencia contra las mujeres,
que tuvo lugar el 26 de noviembre de 1997, a la que asistieron
representantes de los Ministerios de Justicia, Interior, Sanidad y
Educación y Cultura. En dicha conferencia se presentó un amplio informe y
se tomó el acuerdo de elaborar un plan de acción a tres años, con
objetivos y medidas específicas y cuantificación económica, que será
revisado anualmente. En línea con el plan de acción, el Gobierno aprobó
en el Consejo de Ministros del 16 de enero diez medidas de actuación
urgente, a lo que también se ha referido ya el señor ministro. Asimismo
la Fiscalía, con fecha 19 de diciembre de 1997, ha elaborado una
instrucción y hay otra, la número 9/1997, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, sobre la atención e información a las víctimas de determinados
delitos.
Para terminar, señorías, y por la premura del tiempo, no voy a citar más
medidas de las que ha tomado ya el Gobierno, pero tendría que hacerles un
ruego y es que en este tema tan acuciante y que nos afecta a todas las
mujeres estemos todas en el mismo barco. Vamos, pues, a aunar fuerzas
para obtener mejores resultados.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Camilleri.
Finalizado el debate, el Pleno se reanudará a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.