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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 130, de 23/12/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 130
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 126
celebrada el martes, 23 de diciembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--De los Grupos Parlamentario Popular en el Congreso, Socialista del
Congreso, Federal de Izquierda Unida, Catalán (Convergència i Unió),
Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, por la que se modifica el
Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 128-1, de 10 de noviembre de 1997 (número de
expediente 122/000108) (Página 6812)
Enmiendas del Senado:
--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, núm. 84-1, de 1 de octubre de 1997
(número de expediente 121/000082) (Página 6825)
--Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 85-1, de 9 de
octubre de 1997 (número de expediente 121/000084) (Página 6825)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 6812)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del
Congreso, Federal de Izquierda Unida, Catalán (Convergència i Unió),
Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, por la que se modifica el
Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. (Página 6812)
Intervienen en el debate los señores Cisneros Laborda, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso; Belloch Julbe, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso; la señora Aguilar Rivero, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Silva Sánchez,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; el señor Rodríguez
Sánchez, las señoras Almeida Castro y Lasagabaster Olazábal y el señor
Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmiendas del Senado (Página 6825)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 (Página 6825)
Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(Página 6825)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo Barber,
la señora Rahola i Martínez, los señores Peralta Ortega y Vázquez Vázquez
(don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Rivero Baute,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Borrell Fontelles y Martínez Noval, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, y Aguirre Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Popular.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso,
Socialista del Congreso, Federal de Izquierda Unida, Catalán
(Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, por
la que se modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
se aprueba por 338 votos a favor y una abstención.
A continuación, se procede a las votaciones correspondientes a las
enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1998.
Asimismo, se procede a las votaciones correspondientes a las enmiendas
del Senado al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas y del
orden social.
Se levanta la sesión a las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA DEL
CONGRESO, FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO),
VASCO (EAJ-PNV), DE COALICION CANARIA Y MIXTO, POR LA QUE SE MODIFICA EL
CODIGO PENAL Y LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (Número de expediente
122/000108)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Ocupen sus
escaños. Vamos a reanudar la sesión.
Punto III del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de
ley. Proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular, Socialista,
Federal de Izquierda Unida, Catalán (Convergència i Unió), Vasco
(EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto, por la que se modifica el Código
Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La proposición va,
evidentemente, suscrita por todos los grupos parlamentarios, por lo que
la presentación ante el Pleno y el debate se realizará por orden de
relevancia numérica de los grupos. En primer lugar, tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario Popular, don Gabriel Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Con su venia, señor presidente.
Más allá de las ocasiones litúrgicas, de las declaraciones
institucionales, el añejo diputado que les habla no tiene apenas memoria
o recuerdo de una iniciativa parlamentaria de la entidad de ésta, una
proposición de ley suscrita e impulsada por todos los grupos
parlamentarios de la Cámara y, para ser más precisos, por todos los
partidos políticos concurrentes al Pacto de Madrid, en cuyo seno se
convinieron los términos de su redacción.
La democracia se asienta y progresa sobre una conjugación de consensos y
disensos. Estos, consustanciales al valor del pluralismo, consecuencia
fecunda de la libertad, pueden confrontarse gracias al consenso expreso o
tácito sobre el denominador común de la aceptación de las reglas del
juego. Fuera de las reglas del juego sólo está la barbarie. Una de esas
reglas elementales es que nadie puede privar a otro de sus derechos
individuales más primarios: el derecho a la vida, a la integridad física,
a la libertad personal, las libertades de pensamiento, expresión,
reunión, manifestación, circulación y residencia, el derecho de
participación política bajo la afiliación partidaria libremente escogida,
el derecho al pacífico use y disfrute de la propiedad privada y de las
propiedades públicas de uso común. Y si son ilícitas cualesquiera
agresiones, cualquier conculcación coactiva o violenta de estos derechos,
aún más irracional, más torpe y obscena es la pretensión de legitimar
tales agresiones bajo la impostura de la invocación de unas pretensiones
susceptibles de hacerse valer por la palabra, la persuasión y el voto.
Sólo la paranoia revolucionaria puede travestir a los verdugos en el
papel de las víctimas y pretender que la voluntad de los menos puede
prevalecer y sojuzgar la voluntad de los más por la sola razón de saberse
auxiliada por el argumento intimidatorio de la coacción, de la violencia
y del terror.
Cuando, como en el caso de esta iniciativa, el consenso da paso a la
unanimidad, es porque todos los partidos que la avalan han coincidido en
la percepción de la existencia de lagunas legales que propician la
impunidad de algunas conductas merecedoras de reproche penal,
fundamentalmene inscritas en lo que se ha dado en denominar, con
expresión ciertamente paradójica hasta el sarcasmo, terrorismo de baja
intensidad. La violencia callejera que pretende perturbar endémicamente
los más hermosos, entrañables y hospitalarios espacios urbanos del País
Vasco y de Navarra, tiene paternidad conocida. Los comandos Y y las
extraviadas Hitler jungen de Jarrai responden al designio táctico de
suplementar la merma de capacidad operativa de la banda y acreditan el
propósito estratégico de extender la alarma social y hacer progresar los
sentimientos de fatiga y desaliento en el seno de la sociedad vasca,
socavando su voluntad de autodefensa.
Desde la perspetiva técnico-jurídica, la proposición de ley que defiendo
ante SS. SS. introduce unas muy moderadas reformas penales. Se trata de
ampliar el espectro del artículo 514 del Código Penal vigente para
contemplar las llamadas contramanifestaciones, es decir, es una
plasmación específica del delito de coacciones lesivas de derechos
fundamentales, distinguiéndose dos modalidades comisivas y distintas
penas, según que la perturbación de los derechos legítimos de reunión y
manifestación se produzcan con violencia o sin ella.
La segunda reforma introduce un nuevo apartado cinco del artículo 514, y
es también la concreción para el caso de la convocatoria o celebración de
reuniones o manifestaciones, previamente suspendidas o prohibidas, de un
tipo delictivo --el de desobediencia genérica-- previsto en el artículo
556 y castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de
seis meses a doce meses, pero limitando la sanción penal a los casos más
graves: aquellos con los que se pretende subvertir el orden
constitucional o alterar gravemente la paz pública.
Las reformas del artículo 170, referentes a las amenazas, tienden a
ampliar el ámbito de protección frente a ellas, suprimiendo la expresión
«amplio grupo de personas», que figura en la redacción vigente. Es obvio
que cuando las amenazas se dirigen, por ejemplo, a los concejales de tal
o cual partido en un ayuntamiento, a los redactores de tal periódico o a
los magistrados de aquella audiencia, la precisa definición del grupo
amenazado poco o nada tiene que ver con el número amplio o reducido de
sus integrantes.
En este mismo artículo 170 se tipifica una figura delictiva fronteriza
entre la amenaza y la apología del terrorismo, consistente en el reclamo
público de acciones violentas a cargo de bandas terroristas. Para
entendernos todos, se tipifica penalmente el grito envilecedor de: ¡ETA,
mátalos! En fin, dos mínimas correcciones de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal tienden a intensificar la aplicabilidad de los juicios rápidos
en el orden penal, si bien debo advertir a
SS. SS. que sólo en los ámbitos ya previstos por la ley.
He subrayado la modestia y limitado alcance de esta reforma con una
triple finalidad. La primera, la de salir al paso de antemano de los
reproches que se nos formularán, en todo caso, de rigor represivo,
pulsiones autoritarias, pasión vindicativa y demás imputaciones que se
nos lanzarán desde los entornos políticos del abertzalismo violento. No
es verdad. Es una reforma moderada, que sólo aspira a cancelar
situaciones de impunidad, cuya cristalización ha provocado y provoca el
estupor escandalizado de la sociedad española. La segunda, porque la
reforma no tiene, ni aun en el plano normativo, como cabe leer en su
exposición de motivos, pretensiones de exhaustividad depuestas en aras de
su respaldo unánime. La tercera,
y más relevante, porque la respuesta penal debe seguir siendo una última
ratio, lamentablemente inexorable, pero siempre sucesiva a todos los
esfuerzos educativos, sociales y políticos, para fomentar una cultura de
paz, basada en el reconocimiento del pluralismo de todas las sociedades,
también de la sociedad vasca, que equivale al reconocimiento y respeto
del derecho a la identidad del otro.
Por ello, y anticipo mis reflexiones finales, el Grupo Popular entiende
que el valor de esta iniciativa no reside tanto en las innovaciones
legislativas que aporta --sin dejar de cifrar en ellas razonables
esperanzas como instrumentos útiles que han de ser en manos de jueces,
fiscales y policía judicial-- como en el mayúsculo valor político de la
unidad que la respalda.
Si hacemos un descarnado ejercicio de sinceridad, esta proposición de ley
no ha nacido de la iniciativa de los partidos. Nos hemos limitado a
interpretar el silencio angustiado de los vecinos de Ermua, congregados
ininterrumpidamente en la calle desde la tarde del 10 hasta la madrugada
del 12 de julio de 1997; el dolor infinito de la larga cuesta hasta el
cementerio la mañana del lunes 14; la inmensa marea humana de las calles
de Bilbao y todas y cada una de las ciudades de España, lamentablemente
renovada en San Sebastián hace pocos días, y antes en Basauri, y en la
antesala de las últimas elecciones generales en Madrid con ocasión del
inicuo asesinato del profesor Tomás y Valiente. Los ciudadanos vascos y
el conjunto de los ciudadanos españoles se resisten legítimamente a
entender que la unidad ocasional tras una pancarta requiera para
mantenerse del impacto emocional de la muerte de un inocente. Serán, y
con el mejor derecho, muy severos al enjuiciarnos por esa incongruencia.
Yo no voy a caer en el ingenuismo ironista de ignorar nuestras
sustantivas, radicales diferencias a la hora de concebir un proyecto
político común, como gusta repetir Jaime Mayor, pero ¿en verdad no es
posible poner en común los materiales constitucionales de la libertad, la
justicia, la igualdad y el respeto al pluralismo político para soñar con
un País Vasco en el que nadie, nadie, pueda sentirse víctima de la peor
de las esclavitudes, que es el miedo? Es históricamente desolador
advertir que Miguel Angel Blanco y muchas otras víctimas de toda
condición ni siquiera habían nacido aquel infausto 7 de junio de 1968 en
el que murieron José Pardines y Txabi Etxebarrieta. Sería un terrible
fracaso no poner término a esta hecatombe ciega y absurda. Desde mi grupo
y mi Gobierno no vamos a escatimar esfuerzos por clausurarla.
Muchas gracias. (Aplausos) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Cisneros.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Juan Alberto
Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Con la venia, señor Presidente.
Efectivamente, la violencia callejera es una forma concreta de la
violencia terrorista. Lo es desde cualquier punto de vista, lo es en
términos jurídicos, pero lo es sobre todo en términos sociales y
políticos, y por la propia ETA es concebida como una simple parte del
conjunto de su estrategia. Estamos, pues, tratando de mejorar los
instrumentos legislativos en la represión del terrorismo. No es ni
siquiera una forma leve de terrorismo la violencia callejera, más bien al
contrario, es una forma grave; grave, porque logra efectos ciertos en la
creación de un clima de inseguridad y porque afecta gravemente a la paz
pública; grave, porque su reiteración, aunque en los últimos tiempos --se
lo preguntaba al ministro-- parece que hay ya una cierta remisión del
fenómeno, produce sin embargo por su reiteración la sensación de
impunidad a que ha hecho referencia el portavoz del Grupo Popular; y yo
creo que también es grave por otra razón, porque resulta particularmente
repugnante que por parte de ETA se utilice a jóvenes en proceso de
formación para la realización de estas actividades. Estamos, por tanto,
frente a un fenómeno muy importante.
Todos sabemos que el Derecho penal, el Derecho en general, no resuelve
por sí sólo los temas y que, desde luego, una respuesta democrática a
este fenómeno no puede ir en una única dirección, sino que necesariamente
tiene que ser multidireccional. Todos sabemos, en efecto, que atajar
eficazmente este fenómeno terrorista implica trabajar en otros muchos
terrenos: en el terreno de la educación, en la creación efectiva de las
bases de una cultura de la paz, de la no violencia. Todos sabemos que
sería necesario también abordar el problema desde la óptica de la
inserción socio-económica y laboral de los jóvenes. Todos sabemos, al
propio tiempo, que la represión policial y más aún la prevención, los
servicios de inteligencia, los trabajos estrictamente policiales, son un
instrumente particularmente eficaz. Todos sabemos, además, que es
exigible un especial rigor por parte de los jueces en la aplicación de
las normas y, por qué no también, todos sabemos que debe tener una
traducción legislativa en este materia el espíritu de Ermua; la
traducción legislativa es precisamente esta reforma que, en efecto, todos
los partidos políticos representados en esta Cámara hemos asumido como
propia en el marco del Pacto de Madrid.
El contenido concreto de la reforma puede parecer relativamente modesto.
Lo más importante, en todo caso, es la expresión clara de la soberanía
popular en torno a que es preciso acentuar el rigor en el tratamiento de
esas conductas; creo que eso ya se ha entendido.
Yo diría que se ha entendido ya incluso por los jueces. No deja de ser
curioso que haya habido una sentencia que condena actos de
contramanifestaciones entre el día que aprobábamos esta reforma y hoy que
la tramitamos en el Parlamento. En definitiva, sin necesidad siquiera de
ponerse en vigor alguna de las normas de las que ahora empezamos su
tramitación parlamentaria, los jueces han comprendido también el mensaje;
que también a ellos les alcanza aplicar con rigor las medidas previstas
en las leyes.
En efecto, la reforma tiene dos novedades: la reclamación pública de
actos terroristas se configura como un nuevo tipo delictivo, y también es
nuevo lo relativo al no cumplimiento de la orden de suspensión de una
reunión o manifestación que haya sido declarada prohibida. Contiene,
además, dos especificaciones interesantes: una, en el ámbito de las
contramanifestaciones. Ciertamente ya encajan esas conductas, como lo
demuestra la sentencia condenatoria que he dicho, en la actual modalidad
de violencia limitativa de los derechos fundamentales. Pero, para que no
haya ninguna duda, es conveniente y útil que se concrete de suerte que
sea imposible que, por el albur de una interpretación laxa por parte de
los tribunales, dejaran de condenarse conductas que claramente implican
una limitación de derechos fundamentales.
Por otro lado, también constituye una especificación y una cierta
ampliación lo relativo a la posibilidad de que las víctimas potenciales
de las amenazas terroristas queden enumeradas de un modo que de nuevo no
haya margen alguno para la interpretación judicial y quede plasmada de
manera evidente la voluntad de la soberanía popular para reprimir de
manera eficaz estas conductas.
Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, con todo, la
que podría ser la reforma fundamental en este campo es la procesal,
concretamente la introducción de los juicios rápidos. Es un hecho que el
incremento de penas raramente se traduce en una reducción del tipo
delictivo que se trata de sancionar, tiene otras finalidades. No está
comprobado científicamente que incrementar las penas limite la
criminalidad; incluso hay teóricos que opinan lo contrario: que un cierto
incremento de penas puede provocar, por extraños fenómenos
criminológicos, un incremento del tipo delictivo que se trataba de
reprimir. Sin embargo, lo que es absolutamente cierto, lo que está
absolutamente comprobado, es que una respuesta rápida reduce de manera
evidente e inmediata los índices de criminalidad. Lo hemos comprobado con
la introducción de los juicios rápidos en aquellas audiencias o
tribunales --no en todos, desgraciadamente-- en los que, gracias a una
colaboración entre todos los estamentos jurídicos y profesionales, se
logró la puesta en práctica de juicios rápidos. Estoy pensando, sin duda,
en la experiencia piloto ejemplar de la Audiencia Provincial de
Barcelona.
Un estudio ulterior del resultado de la aplicación de los juicios rápidos
arroja unos resultados realmente esperanzadores, reducciones de los
índices de delincuencia, en porcentajes que en algún tipo delictivo
supone entre el 20, el 30 y hasta el 40 por ciento. En definitiva, la
eficacia de un sistema penal depende, en opinión de nuestro grupo, no
tanto de las medidas represivas de carácter sustantivo como de la rapidez
en la respuesta que los jueces, que los tribunales den al fenómeno
delictivo como tal.
Por tanto, en este campo, que se trate de introducir --y de ahí las dos
reformas propuestas-- la técnica de los juicios rápidos para la represión
de estas conductas creemos que podría ser particularmente relevante en la
reducción de estas actividades delictivas. Por eso --y con esto termino,
señor presidente--, nuestro grupo pretenderá, a lo largo de la
tramitación, mejorar los aspectos relativos a la tramitación procesal,
bien entendido, por descontado, que sólo en el caso de obtener el
consenso de la totalidad de los grupos parlamentarios las posturas del
Grupo Parlamentario Socialista se sostendrían. Sin embargo, vamos a
intentar perfeccionar esa reforma procesal con un objetivo: que realmente
no sea potestativo, sino preceptivo, en todos los casos, la tramitación
por la vía de los juicios rápidos de estas conductas delictivas.
Y coincido con las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular
de que hoy es un día importante, es la respuesta del Parlamento, de esta
casa, al espíritu de Ermua; supone una potenciación real del Pacto de
Madrid. Desde ese punto de vista, creo que podemos felicitarnos todos y
en particular usted, señor ministro del Interior, por su iniciativa y por
su trabajo. Lo único que lamento es que no esté presente la ministra de
Justicia.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Belloch.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
su portavoz, doña Rosa Aguilar.
Señorías, la proposición de ley más las enmiendas del Senado al proyecto
de ley de presupuestos y al de medidas de acompañamiento se votarán de
manera conjunta al finalizar los debates, esto es, al final de la sesión
de la mañana.
Cuando quiera, señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna parlamentaria para fijar la posición del
Grupo de Izquierda Unida en relación
con la proposición de ley que hemos presentado ante esta Cámara el
conjunto de las fuerzas políticas firmantes del Pacto de Madrid.
Quiero decir inicialmente que Izquierda Unida considera que teníamos un
marco legal, un instrumento adecuado, que era el Código Penal, para la
lucha contra el terrorismo, si bien es verdad que era necesario reforzar
y mejorar ese marco, que es justamente lo que entre todos hemos
pretendido hacer con esta reforma del Código Penal. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Nosotros creemos que precisamente el objetivo de la reforma que nos ocupa
y que hemos presentado el conjunto de fuerzas políticas parlamentarias
era reforzar, mejorar el instrumento legal que teníamos para la lucha
contra el terrorismo, y ello sólo era posible --y éramos plenamente
conscientes todas las fuerzas políticas parlamentarias-- si se alcanzaba
un consenso, si se alcanzaba un acuerdo a través del diálogo necesario de
todos aquellos que trabajamos en favor del objetivo de la paz.
La reforma del Código Penal, además de ser producto de diálogo, de
acuerdo y de consenso, se tenía que abordar, como los propios jueces y
fiscales demandaban a este Poder Legislativo, con prudencia, y creo que
todos hemos hecho un ejercicio de prudencia para ello. Además, había algo
que teníamos que añadir a la reforma y era el total y absoluto respecto
al marco constitucional y a los derechos que en la propia Constitución se
establecen para el conjunto de la sociedad. Izquierda Unida consideraba
que era absolutamente necesario e imprescindible preservar con esta
reforma ese marco constitucional y esos derechos constitucionales que
están explicitados en la Carta Magna.
Desde esa perspectiva, pensábamos también que teníamos que tener sumo
cuidado, puesto que abordábamos una reforma del Código Penal, que es un
código aplicable a toda la sociedad, y que, por tanto, no podíamos ir a
la reforma por la vía de establecer excepcionalidades en el Código Penal
para abordar una situación, por grave que fuera, cual es el terrorismo.
Porque, a veces, la excepción se convierte en norma y, si hubiéramos ido
en la reforma por la vía de la excepción, en un momento determinado y
concreto, podríamos habernos encontrado con la aplicación de esa
excepción como norma a ciudadanos y ciudadanas que nada tienen que ver
con el terrorismo, que es justamente lo que nosotros queríamos abordar de
manera más contundente, de manera más reforzada, en el marco que daba el
propio Código Penal, que nosotros entendíamos válido.
Nosotros queríamos huir de la posibilidad de que, en algún momento, a
algún ciudadano o ciudadana de nuestra sociedad se le pudiera aplicar una
norma, no habiendo sido el objeto de su nacimiento su aplicación a ese
conjunto de ciudadanos, sino simplemente abordar una cuestión concreta,
cual es el terrorismo que se viene practicando por parte de la banda
terrorista ETA. Precisamente por eso, creíamos que teníamos que huir de
cualquier vía de excepcionalidad e introducir la reforma oportuna para
hacer más válido aún nuestro Código Penal en la lucha contra el
terrorismo.
Creo que lo hemos conseguido y que hay que valorar de forma positiva el
esfuerzo que hemos hecho todas las fuerzas políticas parlamentarias,
todas las fuerzas políticas firmantes del Pacto de Madrid, para poder
venir a este Pleno a debatir esa reforma del Código Penal, en la que
hemos sido capaces todos de colaborar, de que se haga realidad. Con esta
reforma, este Parlamento responde a lo que demanda justamente nuestra
sociedad, responde a lo que demanda nuestro pueblo, unidad de los
demócratas para conseguir el objetivo mas preciado, el objetivo de la
paz. Hay que decir también en estos momentos que la sociedad, que
nuestro pueblo nos está pidiendo unidad, nos está pidiendo esfuerzo común
para acabar con el terrorismo, pero no nos está pidiendo ni uniformidad
ni que todos pensemos en todo igual. La sociedad española sabe
perfectamente que representamos proyectos distintos, que nuestros
principios, nuestros valores, nuestras ideas, no son los mismos. Por eso
precisamente, creo que, en estos momentos más que nunca, tenemos que
valorar el esfuerzo que todos hemos hecho. Se trata de construir la
unidad desde algo que es absolutamente claro, la diversidad de opinión y
de pensamiento que tenemos al representar proyectos distintos y visiones
diferentes de cómo acabar definitivamente con el terrorismo y conseguir
ese objetivo ansiado por el conjunto de la sociedad y demandado en la
calle, que es la paz.
Nosotros pensamos que con esta reforma del Código Penal, con estas
modificaciones que hacemos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estamos
contribuyendo decididamente a mejorar esos instrumentos de lucha contra
el terrorismo y estamos dando un paso más en ese trabajo arduo y difícil
de conseguir el objetivo de la paz. Creemos que esta reforma viene a
ayudar al objetivo de la pacificación en el País Vasco y en el resto del
Estado.
Desde ese reconocimiento de las distintas opiniones, de las diversas
manifestaciones que debemos seguir haciendo el conjunto de grupos
parlamentarios de la Cámara, Izquierda Unida manifiesta su mayor y mejor
disposición a seguir trabajando, a seguir hablando, a seguir dialogando,
para ir concretando acuerdos que hagan posible esa unidad y que hagan
posible superarnos en torno al propio diálogo, que hagan posible que nos
pongamos de acuerdo y que sea un hecho esa construcción de la unidad real
entre todas las fuerzas políticas democráticas, una unidad que, por otra
parte, es absolutamente necesaria
para fortalecer esa respuesta diversa y diversificada que hemos de dar
todos aquellos que estamos comprometidos frente al terrorismo, sin
demonizar la opinión de nadie, sin descalificar absolutamente a nadie y
sin querer dejar caer en saco roto a aquellos que puedan manifestar otras
cosas u otras propuestas. Desde Izquierda Unida, con nuestra propia
opinión, estamos dispuestos a construir en positivo, frente al
terrorismo, frente a aquellos que sólo viven para la violencia y
encuentran su razón de ser en ella.
Señorías, vamos a respetarnos más en nuestras opiniones, vamos a
normalizar y a dar carta de naturaleza al diálogo entre las fuerzas
políticas parlamentarias y vamos a tomar la palabra en los foros
adecuados para construir, con el esfuerzo común, desde la diversidad, esa
unidad tan necesaria en la lucha frente al terrorismo, en la lucha frente
a los que ejercen la violencia.
Tenemos que decir, como ya han hecho otros portavoces de grupos
parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, que de esta
reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que
tiene cinco artículos, a nosotros nos parecen importantes básicamente
aquellos que hemos añadido en el artículo 514 del Código Penal, haciendo
referencia clara a cómo preservar el derecho constitucional de reunión y
de manifestación. Nos parece importante que en el Código Penal haya
mecanismos suficientes que, en un momento determinado, puedan aplicar los
jueces para preservar derechos constitucionales, en este caso el derecho
de reunión y el derecho de manifestación.
Exactamente igual de importante nos parece que hayamos abordado la
necesidad de regular aquellas manifestaciones que tienen como objetivo
subvertir gravemente la paz pública o alterar el orden constitucional. Y
hemos ido también a una modificación del artículo 170 del Código Penal,
que viene a concretar aún más algo que venía previsto en el propio
Código, que era el delito de amenaza, un delito de amenaza que tiene que
ser ejercido con verosimilitud, con concreción sobre la persona que es
amenazada, y que, ciertamente, hemos sido capaces de concretar en el
Código, para que haya un mejor instrumento legal a la hora de aplicarlo
los jueces.
Y hay una manifestación, en lo que significa la modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que es importante. Nosotros queremos hacer una
llamada en este Parlamento, porque entendemos que no se puede quedar sólo
en un deseo, en el deseo de que los juicios sean rápidos, que la justicia
sea eficaz y que actúe con celeridad, no sólo con relación a los delitos
de terrorismo, sino al conjunto de los delitos que se cometen. Hay que
desearlo, pero también hay que ir construyéndolo. Esa modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal nos acerca a una aplicación más rápida,
más acelerada, de la justicia, aunque esto no será realidad si entre
todos los grupos parlamentarios no seguimos teniendo un compromiso de
mejorar los medios materiales, los medios humanos para la Administración
de justicia, que se pueda hacer realidad.
A nosotros nos gustaría que esta modificación que hoy hacemos de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal no se quede al final en una mera manifestación
de voluntad o en un deseo manifestado a través de una modificación de una
ley, sino que de verdad la podamos hacer realidad porque sigamos
construyendo, desde el diálogo y desde la unidad, mecanismos suficientes
para que la Administración de justicia tenga los medios pertinentes para
conseguir esa celeridad en su intervención y en su actuación.
En definitiva, señorías, esta reforma del Código Penal y de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal es la reforma que entre todos hemos sido capaces
de realizar y --como no podía ser de otra manera-- va a contar con el
respaldo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que, por otra parte,
es firmante de la iniciativa. Hay que decir que nosotros, desde Izquierda
Unida, para que se produjera esta reforma del Código Penal y para mejorar
el instrumento legal que teníamos de lucha frente al terrorismo, hemos
hecho un esfuerzo leal, hemos colaborado y hemos trabajado para que esa
reforma desde la unidad fuese posible, pero también queremos decir, en
esta Cámara, sin hipocresía y con tranquilidad, que debemos seguir
construyendo y que debemos contribuir entre todas las fuerzas políticas
firmantes del Pacto de Madrid a abrir y a reforzar otros marcos y otras
vías, desde la unidad, para la búsqueda de la paz.
No nos debemos dar por satisfechos con este paso que entre todas y todos
hemos dado, desde este compromiso que hemos contraído, sino que tenemos
que seguir ejerciendo, desde el diálogo, la voluntad de ir dando otros
pasos, de ir abriendo otros caminos, con el objetivo de la búsqueda de la
paz. No sería satisfactorio que sólo nos quedáramos en esta reforma del
Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con esto damos un
paso en positivo, un paso hacia adelante, pero, de ninguna manera,
debemos darnos por satisfechos, sino que hay que seguir construyendo
unidad desde la diversidad, que hay que seguir buscando decididamente el
objetivo de la paz y que hay que abrir otras vías para que podamos hacer
un día realidad ese objetivo.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguilar.
En nombre del Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Con la venia, señor presidente.
Señorías, no cabe desconocer el sentido de un acto como el que hoy vamos
a protagonizar, esta toma en consideración de una proposición de ley
suscrita por todos los grupos de la Cámara. No se trata pura y
simplemente del consenso, sino fundamentalmente del consenso con
contenido, del consenso sobre la base y dentro del marco del Pacto de
Madrid y del Pacto de Ajuria Enea. Yo creo que, posiblemente, ése es el
aspecto fundamental de lo que hoy nos ocupa.
La proposición de ley no sólo tiene ese amparo formal en el Pacto de
Madrid. Quiero recordar que fue precisamente en la reunión de julio de
1997 donde se acordaron las líneas básicas de lo que hoy tomaremos en
consideración, produciéndose después, en la segunda semana de octubre,
los trabajos técnicos. Tampoco se trata, desde un punto de vista
puramente formal, de que el propio Pacto de Madrid, en su apartado
segundo, estableciera la necesidad de estudiar las modificaciones
precisas para introducirlas en la legislación ordinaria, efectuando un
rechazo por lo demás absoluto de la legislación antiterrorista, no sólo
ya el marco formal, sino también el marco ideológico, del que la
exposición de motivos de la proposición de ley constituye un claro
referente. Es el marco ideológico del Pacto de Ajuria Enea y del Pacto de
Madrid. De ahí que se establezca en la exposición de motivos que la
reacción frente a la violencia callejera ha de ser una reacción
multidireccional y que se hable del impulso de la educación en los
valores democráticos, ajustándose a lo dispuesto en el apartado 14 del
Pacto de Ajuria Enea, del fomento de aquellas medidas que tienen por
objetivo facilitar la reinserción socioeconómica y laboral de los
jóvenes, como se contempla también en el apartado 13 del Pacto de Ajuria
Enea, la perfección de los sistemas de prevención y de investigación
policiales, apartado cuarto del Pacto de Ajuria Enea, así como los
ajustes de las normas reguladoras de la actuación del sistema punitivo.
Son medidas que cabe situar dentro de ese planteamiento multidireccional
en la lucha contra el terrorismo y una de sus modalidades, que es la
violencia callejera. Además, se caracteriza por la multilateralidad y
parlamentarismos propios del Pacto de Madrid. Se ha hablado anteriormente
de la génesis y desarrollo de esta proposición de ley, para lo que se han
celebrado reuniones de carácter técnico en el Congreso de los Diputados.
También hay que señalar que precisamente en aras de ese consenso, como
después veremos, se ha producido una reducción notable del contenido de
la proposición, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y en esta
introducción quiero hacer referencia a la perfecta distinción que se
establece en la exposición de motivos, con todo su valor, si no
normativo, sí al menos interpretativo, entre la actividad y los fines de
las organizaciones terroristas, o de la actividad terrorista y de la
violencia callejera, actividad y fines que por parte de algún grupo se ha
entendido que no estaban perfectamente diferenciados en la reciente
sentencia 2/1997, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De ahí que la
exposición de motivos concrete perfectamente que, cuando se alude como
elemento intencional básico de la actividad terrorista a la subversión
del orden constitucional y a la alteración de la paz pública, se está
hablando de la destrucción violenta --y quiero recalcar, violenta-- del
Estado democrático y de sus instituciones, en tanto que, con la
alteración grave de la paz pública, se está refiriendo a un supuesto
cualitativamente distinto y desde luego más grave que la pura y simple
alteración del orden público, que también está sancionada penalmente.
Por todo ello, quiero manifestar en este momento que esa ubicación de la
proposición de ley que hoy nos ocupa en ese marco, no sólo formal, sino
también ideológico, de los pactos de Madrid y de Ajuria Enea es donde
entiendo que encuentra su mayor eficacia y su mayor respaldo.
No se trata ahora de efectuar una descripción concreta de los tipos
penales, que ha sido realizada ya por algunos portavoces, pero es
conveniente hacer alguna reflexión respecto de ciertas críticas que se
han hecho a estas medidas. En algunos casos se hablado de innecesariedad,
en otros, de insuficiencia, y en otros, incluso de inconveniencia. Y no
voy a ser yo quien niegue la virtualidad de la dogmática penal, sobre la
base del Código Penal vigente, para dar una respuesta adecuada y basada
en el principio de legalidad a algunas de las conductas que también nos
ocupan hoy y que nos han determinado a redactar esta proposición de ley.
Sin embargo, como ya se ha dicho, existen unas tipificaciones que cabe
entender absolutamente novedosas, mientras que en otros casos quizá
estemos ante supuestos que, a través del delito de desobediencia, el de
coacciones e incluso el de amenazas, podrían encontrar una respuesta
idónea. No cabe desconocer que es función, requisito y exigencia
indispensable de las leyes penales el principio de certeza y, por lo
demás, en una materia de tanta sensibilidad como la materia penal, es
preciso también garantizar la unidad de la interpretación de las normas.
De ahí que sea bienvenido si, a través de la elaboración de estos nuevos
tipos, se ha procedido a una mayor concreción, a ser mucho más estrictos
en la interpretación del Código Penal vigente.
Por otra parte, se ha hablado de insuficiencia y no cabe negar que
aquéllos que han convertido la amenaza, el terror y el amedrentamiento en
un arte --y cabe decir que en un arte realmente macabro-- encontrarán,
como encuentran ya, nuevas formas de infundir este temor o este
amedrentamiento, burlando, como han hecho hasta ahora con el Código Penal
vigente, las disposiciones que acabaremos aprobando.
Pero tampoco se puede tener la voluntad de ser tan exhaustivo, porque
sería perseguir un objetivo no sólo imposible sino posiblemente también
vulnerador de principios o derechos como los de libertad ideológica y
libertad de expresión.
Finalmente, respecto de los que pueden ver estas medidas como
inconvenientes, cabe recordar que ha habido medidas que se han quedado
por el camino. Quiero recordar a SS. SS. esa ampliación de la
tipificación del delito de estragos, aquella modificación prevista del
artículo 513, de las manifestaciones ilícitas, aquéllas en las que
concurriesen personas con disfraz o encapuchados para ocultar su
identidad. Creo que hemos encontrado un punto entre la necesidad de
eficacia de la lucha contra el terrorismo, garantizar la eliminación de
espacios de impunidad y, por tanto, ganar cuotas y espacios para el
Estado de Derecho y para la legalidad, con un fiel respeto a derechos tan
fundamentales como la libertad ideológica y la libertad de expresión.
La sensación de impunidad, señorías, sin duda alguna existía. Quien no se
ha visto sacudido, más que conmovido, con escenas de
contramanifestaciones, en aquella época --que nos parece ya tan lejana
por tantos acontecimientos que se han producido-- de los secuestros de
Cosme Delclaux o de Ortega Lara. Quien no se ha visto igualmente sacudido
ante esos gritos a que antes se hacía referencia de: ¡ETA mátalos!, que
quiero recordar que estarán tipificados penalmente, siempre que exista la
gravedad de las circunstancias para provocar una intimidación grave, no
en cualquier caso. Con esta proposición acabamos con algunos de estos
espacios de impunidad, transmitimos a la ciudadanía confianza en su
propio Estado de Derecho. Y no se trata de recordar ahora ni a Rousseau
ni a Locke, para entender que, en aquellos casos en los que el Estado es
incapaz de satisfacer esas necesidades de los ciudadanos, existe siempre
el riesgo de que los ciudadanos rompan ese, entre comillas, contrato con
el Estado, y pretendan defenderse o ampararse por sí mismos.
Por todo ello, señorías, en la medida en que supone, como así se dice,
una reafirmación del Estado de Derecho, una manifestación brillante del
consenso de los grupos parlamentarios, no queda sino votar favorablemente
esta disposición, porque no supone más que un paso en este combate contra
el terrorismo, combate al que quiero recordar hace referencia el acuerdo
para la normalización y pacificación de Euskadi, diciendo que es el
combate contra el terrorismo y, por encima de todo, el combate de la
razón frente a la sinrazón, de la vida frente a la muerte y de la
libertad frente a la imposición.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, las intervenciones de quienes me han precedido evidencian que
la toma en consideración de la iniciativa que presentamos requiere dos
niveles de análisis: su motivación, en primer lugar, y sólo luego el
repaso de las concretas modificaciones del Código Penal y de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que contempla. En el primer apartado, hemos oído
intervenciones cargadas de emotividad al enumerar las víctimas, con
notable olvido de alguna de las mismas fechas.
Desde la perspectiva del grupo al que pertenezco, quiero referirme al
punto primero de la exposición de motivos. Se dice: La denominada
violencia callejera se ha constituido en uno de los fenómenos más
relevantes para la convivencia ciudadana a lo largo de los últimos años.
Los medios de comunicación y los más diversos foros de reflexión y debate
político y social han dejado constancia de la gravedad de esta nueva
forma de terrorismo, dada su extraordinaria capacidad para alterar la paz
social. Por otro lado, ese impacto social se ha visto acentuado por la
sensación ampliamente extendida de la impunidad con la que han venido
actuando sus responsables, en quienes concurría muchas veces la condición
de ser jóvenes en proceso de formación. La respuesta de las instituciones
democráticas a este fenómeno ha de ser necesariamente multidireccional,
serena y ajustada. Sólo de este modo resultará ampliamente compartida,
compatible con el escrupuloso respeto de las libertades públicas y, en
definitiva, eficaz para preservar la pacífica convivencia de los
ciudadanos. Consecuentemente, esa respuesta debe contemplar el impulso de
la educación en los valores democráticos, el fomento de las medidas que
faciliten la inserción en el tejido socioeconómico y laboral de los
jóvenes y la perfección de los sistemas de prevención e investigación de
los cuerpos policiales. Pero tampoco debe descuidarse la necesidad de
contemplar y ajustar las normas reguladoras de la actuación del sistema
punitivo.
La presente propuesta de medidas --dice la exposición de motivos--
atiende justamente a este último aspecto. No debe imputársele, por tanto,
desdén u olvido de medidas de otra índole. Tampoco tienen pretensión de
exhaustividad en el propio plano normativo, son simplemente el resultado
de una reflexión, atenta a la experiencia práctica y elaborada con la
mirada puesta en el objetivo de lograr el más amplio consenso posible.
He leído esta amplia cita porque fue el Grupo Vasco quien introdujo este
punto íntegro y por ello ha querido llamar ahora la atención de la Cámara
sobre la totalidad de su contenido.
Todos los aspectos que he señalado son importantes desde nuestra óptica y
no sólo el específico de las modificaciones penales que esta reforma
contempla, pero aun ésta tropezaba con importantes obstáculos para su
plasmación. La doctrina nos alertaba sobre el peligro de hacer un Derecho
penal simbólico, que, para tranquilizar a la opinión pública frente al
terrorismo, reaccionase aparentando que protegía bienes jurídicos que
excediesen de su posibilidad tutelar y prescindiendo de principios
punitivos clásicos del Estado de Derecho. Y las asociaciones judiciales,
en general, eran contrarias a cambios en el Código Penal, aunque
reconocían la legitimidad de afrontar las reformas legales que la
realidad social aconsejase y la correlación de fuerzas permitiera. Pero
nos exhortaban a huir de normas dictadas desde la improvisación, el
agobio y la impotencia.
Creemos que finalmente ha primado la prudencia y la serenidad, al
establecer la concreta regulación que se ha perfilado tras numerosas
reuniones, intercambios de textos y discusión teórica en tres
modificaciones del Código Penal que brevemente comentaré. Un añadido de
un nuevo punto 4 al artículo 514 del Código Penal, referido a las
contramanifestaciones, cuyo mayor obstáculo en la plasmación técnica ha
radicado en si no se repite la conducta ya contemplada en el artículo
172, párrafos primero y segundo. Un nuevo apartado 5 al mismo artículo,
sobre manifestaciones prohibidas; inicialmente se pensó establecer como
delito también la presencia de los participantes y al final ha quedado
reducida la participación criminal a los promotores y a los directores,
más adecuado al propio tenor del artículo 514.1º del propio Código. La
mera participación en una reunión o manifestación prohibida creemos que
debe reconducirse al ilícito administrativo, dado el carácter de última
ratio del Derecho penal. La modificación del artículo 170, introduciendo
la especificidad como destinatarios de las amenazas de que se trate de un
grupo social o profesional, por las genéricas amenazas a jueces, a
periodistas, a trabajadores de prisiones o cualesquiera otras; y en el
punto segundo se contiene una novedad, la referencia a la reclamación
pública para la comisión de acciones violentas por parte de las bandas
armadas, organizaciones o grupos terroristas, concepto éste, nuevo, que
vendrá a constituir una modalidad de provocación de segundo grado o
genérica al delito, cuya punición parece que, en principio, quería
excluir con carácter general el artículo 18 del Código Penal. Hemos sido
cuidadosos en la redacción queriendo acertar y la dogmática jurídica y
los tribunales dirán luego.
La reforma procesal, referida a los juicios rápidos, creemos que es muy
interesante, pero hay que evitar el excesivo optimismo. No debe olvidarse
que su aplicación requerirá, en primer lugar, que las fuerzas policiales
detengan in fraganti al delincuente. En segundo lugar, que los jueces de
instrucción cambien de mentalidad y no conviertan las diligencias previas
en un sumario. En tercer lugar, que los juzgados de lo penal establezcan
un turno prioritario para este tipo de juicios. En cuarto lugar, y de
forma importantísima, que la Fiscalía general del Estado dé instrucciones
a los fiscales jefes de los tribunales superiores y de las audiencias
para que utilicen este tipo de procedimientos. Me permito aquí abrir un
paréntesis. Estando, como estamos, en días de peticiones, no puedo dejar
de solicitar al Gobierno, a su único miembro hoy presente, que intente
remover los obstáculos que impiden que la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco sea cubierta en la forma que requerirá llevar
a la práctica en ese ámbito --en el ámbito en el que preferentemente se
van a producir-- los juicios rápidos que la reforma que hoy aprobamos
pretende. Cierro con ello el paréntesis. En definitiva, creemos que el
texto que proponemos a la Cámara se mueve en el terreno de la prudencia,
no es un desahogo en caliente, sino un compromiso unitario para solventar
lagunas, conseguido por el consenso unánime de todos los partidos.
Para concluir, si se me permite, quisiera hacer una breve reflexión en
relación con la realidad social de la violencia, y es que la lucha contra
el terrorismo nos exige a todos los políticos desempeñar una difícil
función de pedagogía, que es lo más contrario a la demagogia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Señoras y señores diputados, Coalición Canaria ha tenido la satisfacción
y el compromiso de firmar conjuntamente con todos los demás grupos
parlamentarios esta iniciativa que tiene que tener una lectura
fundamentalmente política en esta Cámara.
Todo ambiente que propicie el terrorismo debe ser combatido firmemente
por una sociedad donde el pluralismo democrático está plenamente
garantizado en nuestro texto constitucional. Creo que han sido
verdaderamente significativas en esta valoración del orden de ideas las
que ha formulado el primer portavoz interviniente, el portavoz del Grupo
Popular, señor Cisneros, en el mismo surco democrático y constitucional
que han seguido los demás portavoces. Porque nos enfrentamos aquí con la
necesidad de defender una partitura común, desde los puntos de vista
legítimos, democráticos e ideológicos que tienen todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara entre sí.
He de resaltar fundamentalmente que esta norma, aunque tiene una
motivación territorial específica dentro del Estado español, puede
también extenderse a cualquier proceso de deterioro de una situación.
Quiero destacar en este aspecto el artículo 3º, relativo a la
modificación del artículo 170 del Código Penal, sobre todo cuando se
trate de amenazas que cualquier grupo político, civil, social, etcétera,
pueda realizar para atemorizar a habitantes, a ciudadanos, a personas de
una población, de un grupo étnico, de un grupo cultural o religioso. En
este momento se están dando en España fenómenos que son dignos de
atención. Han ocurrido recientemente en El Ejido (Almería), donde una
especie de no racismo declarado, pero sí racismo ejecutivo, encuentra a
veces un eco social que es necesario cortar de raíz. A estas
circunstancias pueden dirigirse determinadas actuaciones.
Ahora bien, la exposición de motivos de esta iniciativa merece un
análisis, desde un punto de vista político, superior al propio
articulado, porque explica el porqué del articulado, y me alegro de que
esté presente el señor ministro de Interior. La exposición de motivos
pone en su sitio la ejecución de esta norma en las dos instituciones
básicas para que el Estado de Derecho se transforme también en un Estado
de hecho. Celebro la presencia aquí del señor ministro de Interior,
porque ha sido valedor de la necesidad de una norma. Sin embargo, de esa
norma a él le corresponde solamente un porcentaje, que es el de estimular
el celo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en las
circunstancias de territorialidad en las que puedan actuar --me refiero
en este momento al Estado central, dependencia directa del Ministerio de
Interior--, para que actúen con el máximo celo y celeridad tanto en la
prevención y en la investigación, como para poner a disposición de los
jueces a los que infrinjan la ley. La segunda institución --y espero que
el señor ministro de Interior lo traslade así a su colega en el Consejo
de Ministros, la ministra de Justicia-- es el Ministerio de Justicia, que
es quien tiene que mojarse de verdad aquí, dotando de los instrumentos
materiales, humanos y físicos para que esto pueda tener virtualidad y
para que estos efectivos no sean un bien de derecho y una carencia de
hecho.
La modificación que aquí proponemos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
--en la que queremos poner énfasis, como lo vienen poniendo todos los
portavoces-- para la rapidez de los juicios en los juzgados de
instrucción de lo que llega a la Audiencia Nacional, o tiene todos los
instrumentos humanos y materiales a su disposición o quedará defraudado
ese aliento que el propio ministro de Interior ejemplarmente nos ha
señalado y al que hemos respondido todos los grupos parlamentarios de la
Cámara, para que se solucione ese problema, que teóricamente en la calle
es un problema de las fuerzas de orden público, tanto de las estatales
como de las autonómicas a las que les tocase actuar en su caso, que es la
defensa de los derechos constitucionales. No se trata, como bien se ha
dicho y está en la propia exposición de motivos, de un endurecimiento de
medidas del vigente Código Penal. Creemos que ese Código Penal,
garantizado por la Ley 10/1995, tiene en sí mismo todos los resortes de
una sociedad de Derecho para poderlos aplicar. Es ahora la administración
de Justicia quien tiene que dotar de todos los medios para que ese
eslabón intermedio entre quien infringe el Código Penal o se ve inmerso
en la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Poder Judicial, esa institución
intermedia que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Gobierno
estatal como de las comunidades autónomas, pueda poner a disposición de
los jueces a quienes infringen las leyes Por tanto, esta segunda parte,
que corresponde a la Administración de Justicia y a los órganos
dependientes de la misma, es excitar el celo de los jueces de instrucción
y excitar los celos del ministerio fiscal que es un instrumento de una
dependencia jerarquizada directamente del Gobierno; que el Ministerio de
Justicia sea capaz de transmitirles esta vibración, para que la sociedad
civil española, tanto del País Vasco como de otra comunidad en la que se
puedan dar cualquiera de las circunstancias previstas aquí, pueda
sentirse netamente protegida, y no tengamos nunca, ni la clase política
ni el Gobierno, que escuchar que hay inhibiciones, porque además de
porque no haya impunidad para el delincuente, tenemos que velar porque no
haya inhibiciones, forzadas o voluntarias, de los instrumentos que tiene
que actuar.
Este es el mensaje y la lectura política que yo quisiera hacer aquí,
respondiendo plenamente y en concordancia con lo que nos han pedido a
nuestra fuerza política, que colabora en el apoyo al Gobierno, tanto el
presidente del Gobierno español como su ministro de Interior. Creo que
estas posiciones, garantizadas por un consenso democrático, refuerzan un
Estado de Derecho que no puede ser un Estado tolerante o propiciador de
impunidades para los delincuentes o inhibiciones de sus propios
instrumentos o insuficiencia de los mismos para conseguir el bien
buscado. El voto de Coalición Canaria estará siempre al servicio de
nuestro ordenamiento jurídico y de las instituciones del Estado que lo
tienen que ejecutar.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
¿Cuáles de SS. SS. del Grupo Mixto desean intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, para el Bloque Nacionalista Galego la
proposición de ley que nos ocupa es un punto de llegada que se elaboró
desde un punto de partida que no era aceptable para muchos, entre ellos
nosotros. Fue un proceso en el que el Bloque Nacionalista Galego colaboró
con actitud crítica, pero también, hay que decirlo, con voluntad
constructiva.
El Bloque Nacionalista Galego no creía ni cree necesaria una reforma del
Código Penal, sin embargo entiende algunas de las razones que llevan a
que, dejando invariable la filosofía del Código Penal vigente en esta
materia, se perfeccionasen ciertos tipos o se elaborasen nuevos matices
para combatir un fenómeno como el del terrorismo, pero sin salirse nunca
del marco constitucional y del marco del Estado de Derecho. Después de
amplios trabajos en los que, como digo, colaboramos de forma constructiva
pero crítica, sigue quedando algún aspecto que no es de nuestro gusto, a
pesar de que vamos a votar positivamente la toma en consideración de esta
proposición de ley. Nos referimos de forma especial al artículo 514.5,
que queda aclarado en el preámbulo de la ley y con cuya aclaración
estamos de acuerdo, pero aun así pensamos que se puede prestar a una
aplicación que no sea correcta por determinados poderes judiciales; en
concreto, el texto que se refiere a subvertir el orden constitucional o
alterar gravemente la paz pública. En el preámbulo queda claro que se
trata en todo caso de una materia punible cuando se interpreta como
destrucción violenta del Estado democrático y de sus instituciones. Pero,
lejos de todo esto, lo más importante para nosotros es considerar que en
el preámbulo de la ley se habla de que, efectivamente, todo lo que
nosotros hacemos aquí, el aval que damos a esta reforma moderadísima del
Código Penal, se hace teniendo en cuenta que existen medidas de otra
índole y que, además, se hace desde el supuesto de garantizar los
derechos y las libertades democráticas. El actual Gobierno sabe que el
Bloque Nacionalista Galego no tiene reparos a poner en sus manos medidas
de carácter judicial o policial, pero también sabe que nosotros somos
partidarios de iniciativas políticas que se encaminen por la vía del
diálogo, especialmente con las instituciones, los organismos y
organizaciones que impulsan la paz, la salida del conflicto, que Euskadi
vive de forma especial, y que, tenemos que decirlo, condiciona de forma
muy poco positiva la vida política en el resto del Estado español. El
Gobierno del Partido Popular debe saber que contará con el apoyo del
Bloque Nacionalista Galego para todo aquello que, en política
penitenciaria, repercuta en la solidez del Estado de Derecho y, en
concreto, en una aplicación a fondo de la actual ley penitenciaria y del
actual reglamento, dirigido siempre a la reinserción y a crear un clima
de distensión. Este es nuestro matiz y nuestra diversidad y desde nuestro
matiz y nuestra diversidad daremos el apoyo a la tramitación de esta
proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
Tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Partido Democrático de la Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya también va a apoyar la toma en
consideración de esta proposición de ley, si bien nos gustaría hacer
alguna reflexión de cara a la sociedad y de cara al conjunto de la
Cámara.
Cuando ocurren hechos terribles y nos vemos, digamos, agredidos por el
terrorismo, parece que todo el mundo piensa que la solución está en la
ley y eso puede crear un cierto desamparo en la sociedad al pensar que no
tiene medios para luchar contra los terroristas, ya que siempre decimos
que hay que modificar la ley. Sin embargo, nuestro Código Penal tiene
medidas para solucionar muchas de las cuestiones que se plantean, aunque
a veces se den disfunciones en su aplicación por los jueces debido a una
cierta lentitud o por algo que clama a la conciencia social o porque haya
habido errores que hagan que la sociedad no confíe tanto en la aplicación
de las leyes.
Todo eso, que es positivo como respuesta porque provoca un impulso para
que los grupos políticos estén dispuestos a ayudar en esta causa, debe
coadyuvar también a que cuidemos la defensa de las leyes que votamos en
este Parlamento, porque en esas leyes está prevista la posibilidad de
condena de todas y cada una de las actividades que se puedan producir de
forma violenta y de no respetar la democracia.
Por eso, aunque vamos a apoyar la toma en consideración, luego,
tranquilamente y fuera del ambiente compulsivo en el que tuvimos que dar
una respuesta para aplicar la ley en lo posible y de la forma que mejor
pudiera cubrir todo, no nos dejaremos llevar por el impulso de intentar
modificar o añadir pequeñas cosas que no sea necesario incluir en el
Código Penal.
El párrafo 4º que se pretende añadir al artículo 514 es un reflejo, casi
en su integridad, del artículo 172, del delito de coacciones y amenazas,
que se puede aplicar perfectamente, aunque no se haya hecho de forma
expresa. Por eso, como ha reconocido alguno de los portavoces, incluso el
del Grupo Socialista, ya se han condenado por los jueces estas
actividades de acuerdo con el Código Penal actual, sin haber tenido que
hacer reformas, aunque es verdad que ésta era una reflexión colectiva
sobre su necesidad.
Por otro lado, el apartado 5º que se añade al artículo 514 podía estar
integrado en el artículo 557 que prevé la actuación en grupo. Es cierto
que no figura lo de subvertir el orden constitucional, pero es difícil
subvertir el orden constitucional por una manifestación, porque alterar
la paz pública está previsto dentro de la actuación en grupo. Es decir,
estamos dispuestos a perfeccionar lo que sea perfeccionable, pero no a
asentir como si estuviéramos indefensos hasta que se apruebe este
artículo, porque la sociedad está defendida en su conjunto frente a los
violentos.
Además, las penas que se modifican en el artículo 170 del Código Penal
van de dos a tres años y ya están previstas en el artículo 557 en el que
tienen una corresponsabilidad de seis meses a tres años y aquí queremos
establecerlas de un año a tres años, es decir, tampoco se dice que las
multas puedan hacer referencia a una mayor implicación o una mayor
penalización.
En cuanto a la aplicación de la rapidez de los juicios no se refiere sólo
a una respuesta delictiva única, sino a la cantidad de respuestas
delictivas que tenemos. Hay que hacer una reflexión y es lo que de verdad
queríamos hacer en este Congreso de los Diputados respecto al Pacto de
Madrid.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida, le
ruego concluya.
La señora ALMEIDA CASTRO: Ya termino.
No estábamos entonces como grupo, aunque esperamos estar como partido
democrático. Sin embargo, queremos apoyar esta iniciativa y hemos de
decir que la decisión de apoyar a la sociedad contra el terrorismo tiene
que venir de una llamada a la toma de conciencia, a la reflexión de los
jueces y a la mejora de la ley en lo que sea necesario. Para llevar
adelante todo eso contará con nuestros respectivos grupos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para dar mi apoyo a la tramitación de esta
proposición de ley. Como partido firmante del Pacto de Madrid y, si me
permiten la autorreferencia, como militante convencida y radical del
pacifismo y de la lucha democrática de las ideas, creo firmemente en la
necesidad de erradicar la violencia. Por ello entiendo necesario que se
hagan las modificaciones pertinentes en el Código Penal para tipificar
todos los delitos cercanos al terrorismo que hasta ahora conseguían de
maneras diversas actuar en la impunidad. Si el terrorismo se muta y
transforma con más rapidez que el Código Penal, el frente de la
democracia, es decir, el frente de todos menos ellos, tiene también que
transformar su marco legal y reaccionar.
Hasta aquí, pues, el acuerdo. Acuerdo para estudiar los vacíos legales,
para amplificar el castigo de todos los delitos derivados del terrorismo
y para estar siempre unidos contra toda opción violenta. No creo que haga
falta recordarlo aquí, donde ya me he pronunciado claramente muchas
veces, pero yo, que represento a una opción independentista y en
consecuencia rupturista respecto al orden establecido, sólo concibo la
lucha política desde la dialéctica inteligente, desde la tensión
democrática y nunca desde la muerte de las ideas que es, al fin y al
cabo, la muerte de las personas.
Dicho esto quiero hacer dos puntualizaciones que me parecen pertinentes.
La primera, que este conjunto de iniciativas, a pesar de su bondad y de
sus buenas intenciones, no es un gran paso adelante hacia nada, primero,
porque, en parte, todo lo que hoy planteamos ya estaba recogido en el
actual Código Penal y, segundo, porque lo que late realmente bajo esta
proposición es la necesidad de hacer un gesto parlamentario público, una
especie de gesto simbólico para autoconvencernos todos de que estamos
acabando con el terrorismo y ello, como saben todos ustedes, no es tan
simple.
La segunda puntualización es en forma de divergencia clara con el texto
consensuado. El artículo 2º, que añade un nuevo apartado 5 al artículo
514 del Código Penal, pretende penalizar a aquellos que pretendan
subvertir el orden constitucional. Bien, señorías, yo represento una
opción por republicana e independentista que quiere subvertir el orden
constitucional, pero sólo lo haría y lo haré por la vía democrática y
pacífica. Es más, somos nosotros, mi opción política y muy especialmente
el líder del Partit per la Independència, Joan Colom, quien tiene en su
capital personal y político el haber conseguido acabar con cualquier
opción violenta en Cataluña. Nuestra militancia democrática y pacífica
es, por tanto, inapelable, inalterable e indiscutible. Estamos y
estaremos siempre en el frente democrático. No obstante, si se mantiene
este concepto de la subversión, nosotros continuaremos en el espíritu
democrático pero, quizá, nos sentiremos fuera del frente actual que hoy
define esta Cámara.
Por tanto, sí, pues, a la toma en consideración. A partir de aquí,
pedimos que se abra otra vez el debate en este punto para que todos
podamos estar juntos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna para fijar la posición en
relación a la toma en consideración de la la proposición de ley que hoy
se ha presentado. Adelanto que votaremos favorablemente a esta toma en
consideración, aun cuando desde la formación política que represento no
hemos sido partícipes, ni hemos suscrito ni hemos firmado dicha
proposición de ley. Por tanto, nos sorprende, y lo digo en la primera
ocasión que puedo, que se hable en la propia exposición de motivos de
todos los partidos democráticos. Me considero representante de un partido
democrático, aunque no haya suscrito esta proposición de ley. Ruego a los
proponentes que se modifique a lo largo de la tramitación.
En cualquier caso, esta toma en consideración favorable no prejuzga las
reservas que, a lo largo de la tramitación, pudiéramos realizar respecto
de esta proposición de ley. Creemos que es necesario un debate público en
el cual se planteen las cuestiones relativas a la conveniencia, necesidad
u oportunidad de esta iniciativa legislativa. No vamos a entrar en las
reservas técnico-jurídicas que creemos serán objeto de otro debate,
aunque sí adelantamos que varias de las cuestiones que aquí se plantean,
en concreto las tres conductas del 514.4, 514.5 y 170 del Código Penal,
ya han sido o pudieran haber sido recogidas en otras tipificaciones
dentro del propio Código Penal o, como bien se ha señalado en este
debate, los jueces están aplicando cuestiones sobre las que hoy
pretendemos dar trámite y aprobación legal. Por tanto, nuestras reservas
irían más a lo que es la conveniencia o la necesidad de esta reforma.
Creemos que el primer error es el de establecer que esta reforma vaya
dirigida al denominado entorno de ETA. Ciertamente el problema es muy
importante y muy grave; sin embargo, creemos que estas actividades
delictuales o el llamado terrorismo de baja intensidad responden a un
fenómeno mucho más global, nada coyuntural o pasajero, que tiene que
contar con unas medidas mucho más profundas y complejas de lo que aquí se
mencionan. Aunque ya aparece en la exposición de motivos esa referencia a
medidas educativas, medidas sociales, creemos que también tenemos que
tener in mente cuál puede ser la salida a todo este conflicto, por no
hablar de medidas penitenciarias o de otro orden que en este momento
están en discusión.
Nuestro planteamiento es que no se pueden realizar reformas coyunturales
o medidas que sólo sean simbólicas. Creemos que estaremos dando la
impresión al ciudadano de que creamos instrumentos legales que van a
poder solucionar conflictos y al final, al medio plazo, mucho nos tememos
que corramos el riesgo de que se sientan desafortunados o que no se ha
acertado en sus expectativas. Eso sería un error que no podemos
permitirnos dentro del sistema democrático.
En cualquier caso, en conclusión, no creemos que es el Derecho penal sea
el más apto en este momento, teniendo en cuenta que ya están reguladas
estas conductas en el anterior Código Penal, para hacer frente a
fenómenos delictivos enraizados en grupos sociales de notable amplitud.
La desactivación de tales fenómenos delictivos requieren medidas de otro
orden que ya hemos señalado y que probablemente a lo largo de la
tramitación volveremos a señalar.
La batalla, señores y señoras diputadas, se plantea en otro orden. La
batalla se plantea en mantener nuestra actividad normal, nuestras
conductas normales, nuestras ideas políticas, pese a quien les pese.
Ciertamente hay que tener una unidad contra la violencia, unidad que hay
que hacerla en el día a día, sin dejarnos avasallar por aquellos que no
respetan los derechos humanos, pero en ningún momento podrá significar la
uniformidad ni en el diagnóstico ni en las soluciones al problema.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Lasagabaster, le ruego concluya.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Voy concluyendo, señor presidente.
Debemos ser respetuosos en nuestros ámbitos con las opiniones que cada
uno planteamos, aunque no coincidamos con ellas ni en el diagnóstico ni
en la solución, y tenemos que seguir manteniendo nuestras actividades y
nuestras opiniones en el día a día, pese a quien les pese. Sólo así, en
esa batalla en el día a día, en esa batalla en la calle, y sobre todo en
la batalla al respeto político de cada una de nuestras opiniones,
conseguiremos atajar este problema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para fijar posición respecto a la
toma en consideración de la proposición de ley que hoy nos ocupa, de
reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a
ciertos delitos que, no apareciendo claramente determinados en el vigente
Código Penal, aconsejan su modificación y su establecimiento entre los
tipos punitivos.
Como partido firmante del Pacto de Madrid, desde ese espíritu
constructivo creo que la iniciativa que hoy vamos a tomar en
consideración responde a una amplia demanda social de contemplar con
claridad y nitidez unos delitos que, por parte de esa minoría que está en
las calles del País Vasco, están amedrentando a esa gran mayoría
democrática.
No podemos tolerar que esa minoría violenta ponga fin al régimen de
libertades, de convivencia y conciliación que quiere la gran mayoría de
los ciudadanos del Estado español. Pienso que esa minoría no puede
imponernos por la vía de la amenaza y la contramanifestación unas
conductas que no estamos dispuestos a tolerar.
Creo que el Pacto de Madrid selló un buen pacto. Hoy vamos a sellar una
nueva iniciativa para que la gran mayoría de ciudadanos del Estado
español, esa mayoría silenciosa que quiere vivir en paz, en libertad y en
convivencia democrática, vea aquí un principio de acuerdo que pueda poner
fin cota a puerta cerrada a esas iniciativas de unas minorías que están
impidiendo que los ciudadanos vivamos en paz y en libertad.
Por tanto, desde Unió Valenciana vamos a apoyar la toma en consideración
de esta proposición de ley, para que de una vez por todas la mayoría que
queremos la paz y la libertad podamos vivir en paz, salir a las calles en
paz y manifestarnos en paz. Con esta iniciativa se puede empezar a
conseguir eso y creo que es un buen momento para tomarla en
consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998 (Número
de expediente 121/000082)
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ORDEN SOCIAL.
(Número de expediente 121/000084)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto IV del orden
del día, enmiendas del Senado.
Enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998 y enmiendas al proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, que serán debatidas de forma conjunta.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para fijar nuestra posición respecto de
algunas enmiendas aprobadas en el Senado y, en concreto, para mostrar la
conformidad con dos.
Quiero que conste en acta, en primer lugar, el reconocimiento al portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en temas de cultura, señor Guerra
Zunzunegui, que en el debate en esta casa se comprometió a valorar y
estudiar la iniciativa presentada en su día por Unión Valenciana respecto
a unas inversiones en el caso de que la ciudad de Valencia fuera
denominada capital de la cultura en el año 2001. En el Senado así ha sido
considerado, adicionándose una nueva disposición vigesimoctava. Damos
nuestro apoyo a esa iniciativa que, si bien en el Congreso no fue
estimada, posteriormente ha sido asumida por el grupo parlamentario
mayoritario en el Senado. Asimismo, apoyamos otra enmienda que se
incorpora a la sección 17, relativa al Teatro Principal de Castellón.
En último lugar, valoramos muy negativamente la disposición adicional
vigésima pues se suprimió una disposición aprobada en el Congreso
respecto a la gestión de cuentas de depósitos y consignaciones
judiciales. Mostramos, por tanto, nuestra disconformidad a esta
incorporación del Senado.
En cuanto a las enmiendas a la ley de medidas fiscales, mostramos nuestro
apoyo a aquellas que signifiquen una mejora del texto del Congreso
respecto a la reforma de la fiscalidad de las pequeñas y medianas
empresas, del entorno familiar. Estimamos que con ello la ley de
acompañamiento queda mejorada sustancialmente respecto al Congreso.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Tiene la palabra, en segundo lugar, la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Sólo queremos añadir que vamos a votar en contra de esta tramitación
porque consideramos que las enmiendas a su paso por el Senado no han
mejorado de forma sustancial este proyecto de ley sino que, antes al
contrario, desde el punto de vista de nuestra sensibilidad política,
continúan exactamente igual. En primer lugar, son unos presupuestos
discriminatorios con los sectores más débiles y, en consecuencia,
ultraliberales en el sentido más ortodoxo del término. En segundo
término, se continúan castigando sensiblemente las inversiones
estructurales de Cataluña y, en consecuencia, son discriminatorios para
esta comunidad autónoma. Por considerar que estos presupuestos no
satisfacen nuestras aspiraciones, reitero que votaremos en contra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
En nombre de Nueva Izquierda y de Iniciativa por Cataluña, queremos
manifestar nuestro rechazo a la práctica totalidad de las enmiendas
introducidas por el Senado a los dos proyectos de ley, de presupuestos y
de medidas de acompañamiento.
Por lo que se refiere al proyecto de ley de presupuestos, las enmiendas
que han sido introducidas en el Senado se caracterizan, al igual que el
proyecto desde su origen, por la ausencia evidente de cualquier política
de empleo. Una prueba concreta de esa ausencia es que todo lo relativo a
la cotización a la Seguridad Social se resuelve sin tener en
consideración la creación y mejora del empleo. Desde ese punto de vista,
hay que destacar la petición realizada por las organizaciones sindicales,
que ha sido reiterada por nuestro grupo, de que la cotización a la
Seguridad Social, en función de esa política de empleo, atienda a una
mayor cotización de la contratación temporal e incluso que para
determinados colectivos se establezca una cotización especial. Ninguna de
estas medidas se contempla en la regulación de la cotización a la
Seguridad Social. Esto, insisto, es una prueba más de la ausencia total
en este proyecto de ley de presupuestos de una política específica de
creación de empleo por parte del actual Gobierno.
También es destacable --se incide en ello, una vez más, en las enmiendas
que han sido introducidas en el Senado-- un criterio que, en nuestra
opinión, no es objetivo. El reparto de las inversiones en función de
alianzas políticas y no de necesidades reales de modernización económica
y de cohesión social, es un criterio no adecuado a la realidad de nuestro
país. Es evidente que forma parte del juego democrático, pero no cabe la
menor duda de que el proyecto general de presupuestos en un Estado debe
atender, fundamentalmente, a las necesidades sociales, y éste ha sido un
criterio subordinado al de las alianzas políticas. Prácticamente el 80
por ciento de las enmiendas introducidas que suponen inversiones vienen
determinadas en función de esas alianzas políticas.
En relación con el proyecto de ley de presupuestos, simplemente quiero
hacer referencia a una disposición adicional, la vigesimoctava, que hace
referencia al supuesto de que Valencia sea designada capital europea de
la cultura. Es una enmienda introducida por el Senado que pone de
manifiesto claramente la poca confianza que otorga el Gobierno a esa
designación. Señorías, el texto de la enmienda, hoy disposición adicional
vigesimoctava, dice: En el caso de que la ciudad de Valencia fuera
designada capital europea de la cultura, el Gobierno realizará
inversiones. Cuando lo lógico y normal sería que el Gobierno realizara
inversiones para que se produjera esa designación.
En definitiva, esas inversiones necesarias como, por ejemplo, el Museo
Nacional de Cerámica, el Museo de Bellas Artes, el tema de la Dama de
Elche, los teatros de Alcoy, Gandía, Castellón o, incluso, por decirlo al
margen de las inversiones presupuestarias, el tratamiento que se dio en
su día al cantante Raimon, ponen de manifiesto el poco empeño y la escasa
voluntad del Gobierno en esa apuesta por que Valencia sea capital europea
de la cultura, que nosotros apoyamos.
En lo relativo a la ley de acompañamiento, no nos parece adecuada la
regulación que se introduce de la mutualidad de las notarías. Nos parece
que éste sería objeto, habida cuenta de la polémica que ha suscitado en
pasos anteriores, de un tratamiento más detenido en el que se consiguiera
un consenso. El tema de los cobros indebidos a la Seguridad Social y el
plazo de prescripción de cinco años sin distinción es claramente un
atentado a lo que han fijado los tribunales, quienes en su día tuvieron
que resolver un vacío legislativo después de un amplio trabajo, que ahora
queda desautorizado. En viudedad y orfandad sin alta, se fija un período
de carencia de 22 años, que vuelve a guardar relación con la exigencia de
quince años para la jubilación, siendo así que estamos hablando de un
supuesto de muerte. La regulación ex novo de la Agencia Tributaria
mediante una enmienda amplísima nos parece absolutamente desafortunada.
Para terminar, dos temas que necesitarían consenso: la Lismi y las mutuas
de accidentes de trabajo y en general de la Seguridad Social no pueden
ser tratadas mediante enmiendas del Senado sin ese consenso que exige el
Pacto de Toledo. Por todo ello, con carácter general vamos a votar en
contra de esas enmiendas. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Como fijación de posición ante el
proyecto de presupuestos y la ley de acompañamiento, señalamos que el
primero no ha sido enmendado a tenor de las objeciones que habíamos
presentado. Destacamos la falta de cumplimiento de determinadas
previsiones estatutarias y de las transferencias de competencias, que
tienen su previsión económica en el proyecto de presupuestos,
especialmente en la políticas poco activas de empleo. Por mucho que se
diga que han aumentado, creemos que no son suficientes, tal y como se
demostró en le debate de la cumbre de Luxemburgo.
En cuanto a las enmiendas del Senado, votaremos en contra de la supresión
que se ha realizado de la transferencia de la gestión de cuentas,
depósitos y consignaciones judiciales y nos abstendremos en el
aumento de 200 millones en el tema de Zabalgarbi. Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor Presidente.
Durante el debate anterior en este Congreso el Bloque Nacionalista Galego
expresó su desacuerdo con el proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1998. Las enmiendas introducidas por el Senado al
proyecto de ley no suponen, desde nuestro punto de vista, un cambio de
filosofía ni modifican sustancialmente su contenido. Seguimos pensando
que se trata de unos presupuestos continuistas, supeditados a la
consecución de los objetivos de Maastricht y reincidentes en la
marginación estructural de Galicia. Unos presupuestos, por citar algunas
cuestiones, que no procuran recuperar el poder adquisitivo de los
salarios de los funcionarios, que no dan un impulso a los sectores
productivos, con una política fiscal más que discutible, con gastos en
educación que nos parecen insuficientes, etcétera.
Por referirme a nuestra comunidad autónoma, decía que eran continuistas
respecto a años anterior porque vuelven a ser escasos para responder a
las necesidades de nuestro país. No van a servir para impulsar proyectos
básicos en Galicia ni para corregir el retraso que en algunas materias
sufre nuestra comunidad autónoma, especialmente en infraestructuras.
Para mantener esa situación, el Gobierno se puede amparar en que estamos
en momentos de restricción presupuestaria. Conviene decir en esta Cámara
que cuando hay fases expansivas a Galicia no le toca y cuando hay fases
restrictivas, tampoco. Basta echar una mirada a lo que se denominan
inversiones regionalizadas para darse cuenta de la escasez de las mismas
en nuestra comunidad autónoma. Nuestras autovías se van a seguir
retrasando, se diga lo que se diga; en términos generales, no está
previsto su conclusión hasta el año 2001. Por echar un vistazo al tema
ferroviario, son simplemente escandalosas las cantidades previstas en los
años sucesivos para dar respuesta a una necesidad tan importante.
Las enmiendas que presentó el Bloque Nacionalista Galego a este proyecto
de ley fueron rechazadas. Algunas de ellas, desde nuestro punto de vista,
son de gran importancia para el futuro inmediato del país, como las
referidas, al pago de la supertasa láctea, etcétera. Las enmiendas del
Senado tampoco corrigen nada en este sentido. El Gobierno sigue
obsesionado en cumplir los deberes en el plano macroeconómico y se
despreocupa del impulso en la economía productiva, renunciando por tanto
a que los Presupuestos Generales del Estado sirvan para impulsar la
creación de puestos de trabajo.
No vamos a ser nosotros quienes defendamos una economía estatalizada,
pero sí se trataría de conceder a las administraciones públicas el papel
que les reserva la propia Constitución. La actual orientación de la
economía no consigue reducir el desempleo ni los desequilibrios
territoriales, y con estos presupuestos no se va a modificar esta
tendencia. Por tanto, nosotros votaremos en contra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevemente, voy a fijar la posición de Coalición Canaria con respecto a
estos dos proyectos de ley. En cuanto al proyecto de ley de presupuestos,
la posición de Coalición Canaria va a ser votar en contra de la supresión
de la disposición adicional vigésima referida a la gestión de cuentas,
depósitos o consignaciones que precisen mantener los órganos judiciales.
Nuestro voto será favorable al resto de las enmiendas que vienen del
Senado, si bien nos gustaría que constara nuestra insatisfacción en la
sección 17 en lo que se refiere al incremento de un 10 por ciento para el
tráfico de mercancías Canarias-Península, por considerarlo a todas luces
insuficiente para las necesidades que se reclamaban desde el Gobierno de
Canarias.
Por otra parte, mostramos nuestra insatisfacción por las exiguas
cantidades que, ante el nuevo modelo de gestión de los parques
nacionales, se dedica a la conservación de los parques nacionales, y no
alcanzamos a entender tampoco la modificación de las actuaciones
previstas para otros parques detrayendo 183 millones de pesetas para el
Parque Nacional de Ordesa. A pesar de nuestra insatisfacción con respecto
a estos dos asuntos, votaremos favorablemente.
En cuanto a la ley de acompañamiento, votaremos a favor de las enmiendas
introducidas en el Senado. Ponemos especial énfasis en la enmienda 103,
que es una refundición del artículo 101 y de la disposición adicional
trigesimocuarta, aprobados en su día en el Congreso y que se refiere
básicamente a las tasas aeroportuarias. Queremos mostrar nuestro
reconocimiento al esfuerzo realizado en el Pleno del Senado para superar
las discrepancias que habían surgido en la Comisión correspondiente en la
Cámara Alta que, de una forma absolutamente incomprensible, había
adoptado una decisión contra los acuerdos políticos alcanzados en su día
en el Senado. Es una enmienda que beneficia claramente a los territorios
alejados: Baleares, Canarias,
Ceuta y Melilla, al disminuir las tasas de todos los viajeros que se
muevan entre la Península y el Archipiélago en un 15 por ciento y en un
70 por ciento para los que se muevan en el interior de los archipiélagos.
Se trata de una medida importante para fortalecer la cohesión territorial
de ambos archipiélagos y la cohesión territorial del Estado. Se refunde
también en esta enmienda de forma importante la declaración de obligación
de servicio público para todos los tráficos interinsulares en Baleares y
Canarias con Melilla y, cumpliendo la normativa comunitaria, los
necesarios de los archipiélagos y Melilla con respecto a la Península.
Asimismo es un acierto introducir, fruto de la negociación en el Senado,
que las cantidades necesarias para atender la disminución de ingresos de
AENA, tanto por las tasas de pasajeros y de aterrizaje como por las
declaraciones de obligación de servicio público, provengan de la
minoración de los beneficios que el ente tiene que aportar al Tesoro
público.
En cuando al resto, vamos a presentar nuestra conformidad a la ley de
acompañamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, las enmiendas aprobadas en el Senado, tanto al proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado, como al de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, no han supuesto cambios importantes en
los textos aprobados en el Congreso, sino, en todo caso, modificaciones
en algunas secciones de presupuestos, por importes no elevados, mejoras
técnicas de redacción y algunas correcciones de errores. Además, muchas
de las enmiendas han sido consensuadas a través de transacciones sin que
su cuantía signifique cambios sustanciales en el presupuesto. Lo mismo
podemos decir de las enmiendas incorporadas a la ley de acompañamiento,
también consensuadas y transaccionadas.
En definitiva, no tenemos nada que oponer a las enmiendas aprobadas por
el Senado, salvo la supresión de la disposición adicional vigésima, que
hace referencia a la gestión de cuentas, depósitos y consignaciones
judiciales. Nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo con la
supresión de esta disposición adicional porque incide en la capacidad
competencial de las comunidades autónomas que tenemos competencias en
estas materias. Por tanto, mi grupo parlamentario no va a apoyar la
supresión de la disposición adicional vigésima. Por lo que hace
referencia al resto de las enmiendas del Senado, votaremos a favor de su
convalidación.
El presupuesto queda, por tanto, cerrado con los cambios fundamentales
incorporados en el debate del Congreso, en este caso con importantes
aportaciones de los grupo parlamentarios, tanto en la ley de presupuestos
como en la de acompañamiento. No voy a relatarles el extenso contenido de
las enmiendas aprobadas, entre otras cosas porque SS. SS. ya las han
sufrido en las interminables sesiones de debate. Lo que sí puedo decirles
es que mi grupo parlamentario reconoce la mejora, en general, del
proyecto de ley a lo largo de los debates que tuvieron lugar en Comisión
y en Pleno. Sin embargo, el proyecto de ley mantiene los aspectos que
destacamos en el debate de totalidad, cuando hicimos el análisis de los
objetivos y medidas que contemplan estos presupuestos y que seguimos
manteniendo, en aquel momento para rechazar las enmiendas a la totalidad
y hoy para dar un opinión favorable a los Presupuestos Generales del
Estado para 1998.
Tengo que reconocer que nos hubiera gustado quizás un presupuesto algo
más restrictivo, con mayor control del déficit público aprovechando la
positiva coyuntura económica; un presupuesto que contemplara un mayor
impulso de las políticas activas de empleo que, junto con otras medidas
de reforma del mercado de trabajo, intentara reducir más drásticamente la
tasa de paro. Nos hubiera gustado trasladar parte de las medidas
tributarias recogidas en la ley de acompañamiento al debate sobre la
reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En cualquier
caso, entendemos que estos presupuestos son adecuados; son unos
presupuestos que permitirán consolidar el crecimiento de la economía para
cumplir con los parámetros de convergencia y para poder hacer frente a un
ejercicio que va a venir marcado por la previsible integración en la
Unión Monetaria. Por tanto, tienen el apoyo de nuestro grupo
parlamentario.
Pero no tenemos que detenernos en este objetivo porque nuestra
integración en la moneda única debe ser más un medio que un fin; debe ser
el medio que consiga la convergencia real, no sólo nominal. Saben SS. SS.
que no lograremos esto hasta que nuestras tasas de paro también converjan
con la media de los países más adelantados de Europa. Hay posibilidades
de lograrlo. El entorno económico es favorable, el comportamiento de la
demanda y sobre todo del consumo está siendo fundamental y nuestras
exportaciones responden demostrando la mejora de la competitividad de
nuestras empresas. El Gobierno debe seguir tomando las medidas
estructurales y liberalizadoras necesarias para incrementar, de forma
decidida, la demanda del empleo y debe también continuar propiciando los
acuerdos entre patronal y sindicatos. Nuestra economía sigue dando
señales de consistencia que se están reflejando en las cuentas públicas.
Esto le está permitiendo al Gobierno revisar
las previsiones de algunas magnitudes macroeconómicas, en concreto del
déficit público. Aprovechemos, por tanto, el momento e intensifiquemos
las reformas estructurales y la liberalización de los mercados. Pongamos
la economía del Estado, en una palabra, a la altura de las más
adelantadas en Europa. Este Gobierno tiene un gran reto, una gran
responsabilidad y espero que logre los objetivos propuestos.
Volviendo a la ley de Presupuestos Generales del Estado y a la de
acompañamiento, me van a permitir que haga algunas puntualizaciones. La
primera se refiere al cumplimiento de los presupuestos. Lo he dicho ya en
diversas ocasiones: tan importante como un presupuesto equilibrado,
austero y consensuado --con todos los adjetivos que queramos poner-- es
un presupuesto bien ejecutado, porque el presupuesto es una ley; es, en
definitiva, un mandato del Parlamento al Ejecutivo y este mandato debe
cumplirse fielmente. Estamos demasiado acostumbrados a ver con normalidad
y a justificar desviaciones que deben ser la excepción y no la regla.
Estamos asistiendo a modificaciones presupuestarias con créditos
extraordinarios no previstos, transferencias de créditos, créditos no
dispuestos y gastos de inversión no ejecutados que desvirtúan incluso el
presupuesto inicial dada la magnitud de los mismos. El rigor, la
transparencia, la responsabilidad y la profesionalidad deben ser
características de los responsables de la Administración pública. No es
suficiente con elaborar presupuestos restrictivos. Es necesario, a la
vez, controlar el gasto, evitar el crecimiento incontrolado del mismo y
para eso se necesita una administración eficaz y un mayor rigor en las
cuentas públicas.
Cuando ustedes entraron en el Gobierno, señores del Partido Popular,
dejaron constancia de la importancia y del protagonismo económico que
debería tener la política presupuestaria, con lo que nosotros estábamos
de acuerdo. Para ello crearon una secretaría de Estado específica y una
oficina presupuestaria de asesoramiento al presidente del Gobierno. Sin
embargo, quedan aún pendientes dos decisiones importantes: la primera, la
reforma de la Ley General Presupuestaria, una reforma que se viene
retrasando excesivamente. Existe un anteproyecto de ley, de mayo de 1995,
paralizado, con lo cual estamos anclados en el texto refundido de la Ley
General Presupuestaria de 1988, con algunas modificaciones puntuales
recogidas en las diversas leyes de presupuestos anuales. Esta reforma es
necesaria y urgente. En esto creo que coincidiremos todos los grupos
políticos y también el Gobierno. Al menos así lo ha manifestado
recientemente el director de la Oficina Presupuestaria que, con motivo de
su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, desgranó toda una serie de propuestas de modificación de esta
ley.
La otra medida a la que hacía referencia es la creación de la oficina
presupuestaria, órgano de apoyo a la Comisión de Presupuestos y al propio
Parlamento. Bien es cierto que en este caso la responsabilidad de su
paralización corresponde a los propios grupos parlamentarios, ya que no
somos capaces de superar nuestros intereses políticos y dotarnos de un
instrumento que, con las debidas cautelas para evitar manipulaciones
interesadas, puede y debe ayudar al control de la ejecución
presupuestaria. Los diputados que trabajamos en el área de presupuestos
necesitamos disponer de herramientas adecuadas para conocer el nivel de
ejecución del presupuesto de forma puntual, directa y suficiente, cosa
que no se consigue con unas esporádicas comparecencias del secretario de
Estado de Presupuestos acompañadas de un informe cuatrimestral. Creo, por
tanto, necesario que en la Comisión de Presupuestos se retome el debate
sobre la forma en que debe materializarse este sistema de control y ayuda
de ejecución presupuestaria.
Finalmente, me voy a referir a la ley de medidas fiscales,
administrativas y de orden social, la familiarmente conocida como ley de
acompañamiento. No voy a analizar cómo ha quedado este proyecto de ley,
no se asusten SS. SS., porque no es el momento. Además, como ya he
comentado al principio, las enmiendas aprobadas en el Senado han sido
irrelevantes, pocas y consensuadas a través de transacciones. Pero sí me
van a permitir que me refiera a la ley de acompañamiento como instrumento
de política presupuestaria.
Como saben SS. SS., la ley tiene como fin evitar que la ley de
Presupuestos Generales del Estado incorpore modificaciones legislativas
que no correspondan al objetivo propio de los presupuestos, de acuerdo
con lo regulado en la Ley General Presupuestaria. En concreto, a partir
de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1992, se produce un cambio
de criterio con respecto a otras sentencias del mismo Tribunal en la
interpretación del uso abusivo de la ley de presupuestos. Sin embargo,
este cambio jurisprudencial no ha tenido efectos en la práctica, todo lo
contrario, cada año la ley de acompañamiento tiene más contenido formal y
sustancial e incurre en mayor complejidad legislativa, sobre todo en
materia tributaria; no hay más que ver las modificaciones que se
introducen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Lo que
se intentó con la sentencia del Tribunal Constitucional, ante el
desbarajuste legislativo que era la ley de presupuestos, se ha convertido
en un cajón de sastre, sin evitar, además, que la ley de presupuestos
deje de ser utilizada como fuente legislativa al margen de su objetivo.
Hoy nos encontramos con dos leyes que pueden soportar toda clase de
modificaciones legislativas, impidiendo en muchos casos que las Cámaras
debatan
en profundidad normativas importantes del ordenamiento jurídico. Ustedes
saben, señorías, el criterio que ha manifestado reiteradamente nuestro
grupo parlamentario sobre la necesidad de reformar y debatir en su
globalidad las leyes parlamentarias, evitando al máximo los parcheos y la
dispersión legislativa, que sólo inducen a complicar su aplicación y que,
en definitiva, conculca el principio de seguridad jurídica. En
consecuencia, lo que nació como una ley anexa de los presupuestos --de
ahí su nombre de acompañamiento-- se ha convertido en la herramienta
jurídica más importante del año. Ya ni siquiera se circunscribe a medidas
económicas o presupuestarias, aquí entra todo. No hay ni organismo ni
departamento ministerial ni sector económico-social ni institución
pública o privada que no pretenda introducir algunas enmiendas en la ley
de acompañamiento. Se regula más en las disposiciones adicionales y
transitorias que en el cuerpo articulado; una ley orgánica, veintitrés
leyes ordinarias, cuatro reales decretos, además de disposiciones
derogatorias han sido modificadas. Desde luego, es un cóctel demasiado
fuerte. Lo han denunciado el Consejo Económico y Social, el Consejo de
Estado y, sobre todo, por su importancia, el Tribunal Constitucional.
Todo esto requiere una reflexión. Señores del Gobierno, no podemos, ni
ustedes ni esta Cámara, seguir propiciando esta escalada de menú
legislativo indigerible. Estamos desvirtuando la ley de Presupuestos
Generales del Estado, estamos eludiendo debates parlamentarios sobre
materias importantes escondidas en enmiendas transaccionadas a última
hora, sin el rigor y el sosiego necesarios dentro de una ortodoxia
jurídica, creando inseguridad jurídica, complejidad legislativa y alto
riesgo de inconstitucionalidad. Algunos han llamado a esta ley ley de
leyes, ley de lobbies; yo me atrevería a decir que, de continuar en esta
línea, la que deberá llamarse ley de acompañamiento es la propia ley de
presupuestos. Espero que el año próximo, por estas fechas, no estemos
denunciando esta misma situación.
Nada más y, dadas las fechas en que nos encontramos, desearles a todos
ustedes, señor presidente, señorías, zorionak eta urte berri on.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la posición de nuestro grupo parlamentario,
en términos generales, es favorable a todas las modificaciones que se han
incorporado en el Senado, con algunas matizaciones puntuales, aunque en
términos globales estamos de acuerdo con las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y al proyecto de ley
de medidas. Todas estas enmiendas, especialmente las relativas al
proyecto de ley de presupuestos, vienen a consolidar la estrategia
económica, y sin duda también política, que contienen estos presupuestos
para el año 1998.
Señorías, la finalidad primordial de los presupuestos que estamos
discutiendo y que vamos a aprobar esta mañana es la de definir un marco
general económico para 1998 que nos permita cumplir el objetivo político
de incorporar la economía española a la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria. Se trata de unos presupuestos cuyo objetivo más
importante y de mayor repercusión para el conjunto de la sociedad
española es garantizar el propósito de incorporar la peseta al euro. Pues
bien, las enmiendas del Senado vienen a consolidar y no alterar el
principal objetivo de que este país entre definitivamente en la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria. Con estos presupuestos se define
perfectamente el marco general económico que va a permitir la evolución
de las actuaciones en materia económica que garantice la incorporación de
nuestra economía a la economía europea, con todos los requisitos que se
nos exigen y con todas las características que se imponen al proceso de
incorporación. Por esta principal razón nuestro grupo ya se adhiere a
todas estas modificaciones que se incorporan en el Senado y que, repito,
no alteran sino que vienen a consolidar todavía más las pretensiones que
se tienen de garantizar ese objetivo político y económico de
incorporarnos a Europa.
La segunda observación que quiero hacerles, señorías, es que estas
enmiendas del Senado tienen una gran significación. En estas enmiendas se
incorporan los efectos económicos y presupuestarios de un pacto de
reforma del sistema de financiación de la sanidad, lo que sin duda es una
gran novedad política; una novedad política, señor Borrell, que mi grupo
celebra con satisfacción y que hubiéramos deseado que se hubiera
alcanzado en años anteriores y no pudo ser. No es ahora el momento de
analizar por qué razones no pudo alcanzarse este pacto en anteriores
legislaturas, pero mi grupo valora políticamente, de forma suficiente y
positiva, las enmiendas que vienen del Senado y que incorporan en la ley
de presupuestos las modificaciones y créditos necesarios para atender ese
compromiso político de reforma de la financiación de la sanidad. Esta no
es, señorías, una reforma que va a concluir el debate político en torno a
la suficiencia económica y financiera de la sanidad, pero es verdad que
para el quinquenio que se inicia el pacto económico-financiero en materia
sanitaria es un acuerdo que permite avanzar en la necesidad
de dotar de más recursos a la sanidad pública y permite un mejor
equilibrio en la redistribución de estos recursos. La suficiencia
económica de la sanidad no se va a consumir en ese acuerdo, seguro que va
a dar pie a nuevas reflexiones y nuevos acuerdos para dotarla de mejores
capacidades económicas, pero mi grupo valora positivamente las enmiendas
que vienen del Senado en ese ámbito de reflexión.
La tercera reflexión que quiero transmitirles, y por la que mi grupo
también acepta y votará las propuestas que nos vienen del Senado, es
sobre todo un conjunto de modificaciones puntuales en el ámbito de las
infraestructuras. El capítulo de inversión es clave, básico, para
consolidar el crecimiento económico en los próximos años y especialmente
en 1998, año en el que hay que consolidar el crecimiento para garantizar
el propósito de incorporarnos a la Unión Económica y Monetaria. En el
Senado se ha incorporado un conjunto de enmiendas que tienen por
finalidad incidir en la redistribución de algunos recursos destinados a
fomentar y estimular las inversiones en el ámbito de las
infraestructuras. Mi grupo valora positivamente todos estos cambios que
afectan a muchas comunidades autónomas, a muchos ámbitos territoriales en
lo relativo a infraestructuras en carreteras pero también en otros campos
como pueden ser los ferrocarriles, las infraestructuras portuarias,
etcétera. Nos parecen bien todas estas correcciones que, repito, afectan
e inciden en la mayoría del ámbito territorial de toda España.
En cuarto lugar, señorías, mi grupo valora positivamente las enmiendas
que proceden del Senado porque, señor Cercas, en ellas se ha dado
solución --aunque quizá no al cien por cien-- a algunas de las
preocupaciones que mi grupo tenía y que le expresó a usted personalmente
en el trámite parlamentario en el Congreso, relativas a la aplicación de
los pactos de Toledo en ámbitos como el de las pensiones de viudedad o de
orfandad. Usted recordará, señor Cercas, que le expresé personalmente en
el Pleno que a mi grupo le preocupaban esos campos y que en el Senado
intentaría, junto con el Partido Popular, buscar algún punto de encuentro
en aquellas enmiendas que también su grupo presentó y por las que mi
grupo expresó la preocupación sobre sus contenidos y que en el Senado se
recogen de forma positiva. Me refiero a las enmiendas que hacen que las
pensiones de viudedad correspondientes a cónyuges de personas que hayan
cotizado un mínimo de 22 años a la Seguridad Social se van a legitimar,
las pensiones de viudedad de menores de 60 años también se van a revisar
y se van a compatibilizar las pensiones de orfandad con ingresos
inferiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. Sé que
otros grupos pedían una compatibilidad mayor, pero hemos mejorado el
límite de la compatibilidad que se encontraba en el proyecto de ley
cuando el Gobierno lo remitió al Congreso de los Diputados.
Quiero también expresar la satisfacción de mi grupo en otro conjunto de
enmiendas que se han presentado. Se da un paso más en la dirección de
modificar el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones
para declarar exentos aquellos activos productivos incorporados en
procesos de producción y que son de titularidad de los profesionales. Es
decir, los activos productivos vinculados a actividades profesionales van
a formar parte de la exención del Impuesto sobre el Patrimonio y el
Impuesto sobre Sucesiones. Sin duda es una novedad importante que afecta
a miles de ciudadanos, a miles de españoles. Era necesario adoptar esta
decisión en comparación con la exención que ya se incorporó en su día en
relación con los activos patrimoniales de las actividades empresariales.
Simplemente se hace la reflexión de que aquellos activos que generan
actividad productiva o creación de empleo y que se incorporan en procesos
de producción, no solamente en la generación de bienes sino también en la
producción de servicios --por eso vinculamos a los profesionales--, estén
exentos de estos impuestos. También valoramos positivamente aquellas
enmiendas que vienen a clarificar algunos extremos relativos a la Ley de
Haciendas Locales para poder incidir en su capacidad de endeudamiento y
para que no les pueda afectar ni perjudicar en esa capacidad de
endeudamiento.
No obstante, señorías, hay algunas cuestiones en estas dos leyes que
estamos tratando en las que mi grupo tiene algunas dudas sobre su acierto
en las enmiendas del Senado. Quiero referirme, en primer lugar, a algunas
de las modificaciones que se plantean en relación con la regla de
prorrata aplicable al IVA. Mi grupo no ve con acierto una de las
modificaciones que presenta el Senado --no las cuatro sino una sola de
ellas-- y es la que se refiere estrictamente al cambio de normativa
fiscal para interpretar si están sometidas al IVA las subvenciones entre
entes públicos en el ámbito de la Administración pública. Nuestro grupo
cree que esta redacción del Senado no es acertada, es confusa, y yo creo
que incluso viene a perjudicar las transferencias entre entes de las
administraciones públicas y, por tanto, en este punto vamos a votar en
contra puesto que no terminamos de ver cuál es el acierto en relación con
la redacción que proponía el Congreso. Creo que la redacción que se
incorporó en el Congreso era más correcta (se aplicaba una regla de
prorrata en un ámbito de interpretación más acertado) y por ello hay que
desestimar ese extremo que modifica el Senado con esta enmienda que nos
propone.
En segundo lugar, señorías, la enmienda que se plantea en relación con el
embargo preventivo sin intervención judicial no nos parece bien e
invitamos a la Cámara a que reflexione. En la redacción del Congreso de
los Diputados se autorizaba a que los inspectores de Hacienda pudieran
embargar preventivamente
al ciudadano que esté sometido a inspección pero se requería intervención
judicial para ello; en el Senado se suprime la referencia a la
intervención judicial. Señorías, esto no puede hacerse, creo que es
anticonstitucional. Esta supresión de la intervención judicial no debería
aceptarse. Por consiguiente, nuestro grupo va a votar en contra de esta
enmienda. Se trata simplemente de volver a la redacción del Congreso y no
de modificarla en el sentido que nos propone el Senado.
Mi grupo no tiene, en términos generales, más discrepancias. Tenemos
algunas dudas sobre la redacción de diversas enmiendas que nos plantea el
Senado en relación con el IVA aplicable a algún supuesto. Vamos a
reflexionar todavía un poco más y a escuchar las posiciones de los
distintos grupos, pero en síntesis, señorías, sólo hay dos puntos
concretos, que son los que he mencionado, la regla de prorrata aplicable
a las subvenciones entre entes públicos y la supresión del juez en los
supuestos de embargo preventivo, que mi grupo no considera acertados.
Señorías, quiero terminar indicando que este último trámite a nuestro
grupo parlamentario le llena de satisfacción porque a través de él
podemos decirle al país que vamos a tener un marco económico para 1998
más positivo que el que ha existido en 1997. Vamos a ver si el transcurso
del ejercicio de 1998 consolida ese propósito. Sin duda hemos hecho en el
marco del debate político en torno a la ley de presupuestos y la ley de
medidas de acompañamiento un gran esfuerzo de concreción de los elementos
económicos para garantizar para 1998 un mejor año que el de 1997, así
como para garantizar la incorporación de la economía española en la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, sin duda un objetivo que
no es de dimensión económica exclusivamente sino de dimensión política y
de largo alcance, con el fin de definir una mayor estabilidad para el
futuro de nuestra sociedad.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, no hay nada que esté
tan mal que no pueda empeorar. Por desgracia, esa es la lectura que
nosotros vamos a hacer del volumen de enmiendas que en el Senado se han
introducido a unos presupuestos que, desde nuestro punto de vista,
presentan tres grandes desviaciones o equivocaciones en origen.
Son unos presupuestos inseguros en la previsión de ingresos. No podemos
tener un Gobierno que va a gastar un volumen de recursos del erario
público y que dice: La previsión original de ingresos que proponemos para
este año es de equis pesetas pero va a funcionar al alza, de manera que
podemos tener muchos más ingresos. Por tanto, hay inseguridad en cuanto a
los ingresos, hay inseguridad en cuanto a los gastos, y el trámite del
Senado, a pesar de lo que ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, no
ha servido para precisar que nuestro país va a entrar en la moneda única
y que el proceso europeo se consolida. No. El trámite del Senado ha
servido para una pedrea en las inversiones de algunas ciudades, para el
pago de la adhesión de algunos gobiernos, en concreto el del señor Pujol
y el canario, y para algunas chapuzas presupuestarias que consideramos
que no resuelven los problemas fundamentales que nuestro país tiene.
Además de ser unos presupuestos inseguros en los ingresos y en los
gastos, creemos que la transparencia y la liquidación de estos
presupuestos serán muy inestables. Van a tener una realidad de
inestabilidad. ¿Y por qué? Nosotros creemos que el trámite parlamentario
de los presupuestos ha sido, desde el inicio hasta el final, una farsa.
En el Parlamento no hemos discutido los temas, en las Cortes Generales no
hemos introducido, después de un debate, aportaciones a los presupuestos.
Los presupuestos venían abiertos en origen por parte del Gobierno y
negociados fuera de aquí en cada uno de los procesos; negociados fuera de
aquí en las dos grandes voluntades. Al final me referiré a la ley de
acompañamiento.
El marco presupuestario, desde nuestro punto de vista, está añadido a.
Vamos a improvisar. Hace poco aprobábamos una ley que facilitaba unos
pagos plurianuales para gastos corrientes en subvención a los transportes
marítimos y aéreos para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y aquí
vienen del Senado enmiendas de 200 millones de pesetas para el mismo
menester; créditos extraordinarios que desde junio han significado
300.000 millones de pesetas y andar a vueltas con el déficit público de
una manera tremenda. Empezó el debate de los presupuestos, si íbamos a
mantener los elementos de previsión de déficit público, pero desde
nuestro punto de vista estos presupuestos no garantizan un déficit
público porque al final no sabemos lo que va a ser deuda, la diferencia
entre los ingresos y los gastos.
Me gustaría centrarme, en el debate de hoy, en que el trámite del Senado
no ha corregido las dos grandes limitaciones que tenían los presupuestos:
una, que eran poco claros y poco creíbles, y dos, que fundamentalmente
para nosotros estos presupuestos están sirviendo a lobbies de poder, a
los más poderosos de la sociedad, y no responden a los intereses de los
más necesitados de la sociedad. Es decir, estos presupuestos se olvidan
de la realidad de nuestro país, se olvidan de lo que es necesario para
nuestro país y se olvidan de las prioridades para hacer posible lo que es
necesario en nuestro país. Van más a un ir y venir
de pago de favores, y después me referiré en las enmiendas del Senado a
cuatro grandes actuaciones que se han introducido. Nosotros creemos que
por desgracia estos presupuestos han añadido elementos de pago de favor,
de mecenazgo, según quien vaya a apoyar, y el Gobierno lo ha aceptado. No
obedece, por tanto, a una ordenación de una política económica, a una
ordenación de una política territorial sobre la cual después asentar
gastos más o menos previstos y obtenidos desde los recursos públicos.
Señorías, el trámite parlamentario ha generado desigualdad. Yo dudo mucho
que esta forma de tramitar los presupuestos tenga que ver con nuestra
Constitución y los derechos fundamentales, el artículo 23. La ley de
acompañamiento es un folclore con el que hay que terminar. Nosotros vamos
a dirigirnos al Defensor del Pueblo para pedir que recurra la
inconstitucionalidad de esta ley porque ya en origen modificaba 34 leyes.
¿Saben ustedes lo que ha hecho el Senado? Ha añadido leyes enteras. En el
Senado se ha añadido una modificación casi de 14 páginas al régimen
fiscal canario; se ha añadido un régimen especial de las agencias de
viajes; se ha añadido una modificación y reestructuración del Servicio de
Vigilancia Aduanera; se ha añadido una separación de los cuerpos
superiores de inspectores de finanzas del Estado; se ha modificado la Ley
del Sector Eléctrico; se ha modificado la Ley de Integración Social; se
ha modificado toda la prestación de asistencia en tierra, aeronave y a
pasajeros; se ha modificado la legislación española de entidades de
crédito, la mutualidad notarial, las sociedades mercantiles dentro del
sistema de Seguridad Social; nada más y nada menos que el régimen
jurídico de radiodifusión sonora digital terrenal y televisión digital.
Además de ser una especie de ley ómnibus donde cabe todo, se nos está
vulnerando a los grupos parlamentarios la posibilidad de enmendar, porque
en el Senado se introduce un articulado completo, incluso con
disposiciones adicionales, que no ha pasado por aquí y que yo como grupo
no he podido enmendar; podré vetar votando en contra pero no ha habido
trámite parlamentario para esta regulación: 13 leyes.
Nosotros creemos que la inseguridad va unida al no ejercicio de la
responsabilidad parlamentaria de los distintos ciudadanos que han elegido
y votado a diputados que no estamos ejerciendo nuestra capacidad en
igualdad de condiciones. Por tanto, nosotros creemos que la ley de
acompañamiento es claramente inconstitucional. La ley de acompañamiento
debería limitarse a asuntos que hacen referencia al estado de gastos y al
estado de ingresos de los presupuestos, lo que significa la gestión
complementaria de los presupuestos, pero no meter toda la realidad en la
misma parcela. Los que tenemos esta posición no hacemos más que compartir
los criterios del CES; no hay acto del CES que no hable del bordeamiento
de la constitucionalidad de esta ley de acompañamiento. Una intervención
del profesor Rodríguez Bereijo, hoy presidente del Tribunal
Constitucional, duda de la constitucionalidad de esta ley de
acompañamiento, así como una declaración del Consejo de Estado al aprobar
en trámite previo esta ley y un informe que el letrado de la Comisión de
Economía, el señor Cazorla, ha hecho sobre la misma. En suma, o paramos
esta forma de hacer leyes, terminamos con esta ley ómnibus que lleva
secuestradores de leyes dentro de la propia ley, o no haremos un
verdadero ejercicio del trámite parlamentario al que nos estamos
refiriendo.
Tengo aquí el informe que la Dirección General de Presupuestos ha hecho a
cada una de las enmiendas que Izquierda Unida presentó para no
admitirlas, una a una, y también hay algunas del Partido Socialista.
Miren ustedes por dónde que para rebatir que Izquierda Unida generara un
incremento de 62 millones de pesetas para el estudio de una obra
ferroviaria entre Alicante y Murcia, el tren de velocidad alta, se decía:
La realización de los planes de infraestructura se acomodan al proceso de
planificación del Ministerio, condicionado por prioridades existentes y
limitaciones de recursos. Y decía más: La dotación que figura en la
sección 31, programa 633.A, es la que se considera mínima necesaria para
atender los imprevistos que surjan durante el ejercicio de 1998; una baja
de la dotación presupuestaria en el citado programa podría comprometer el
cumplimiento del déficit previsto. Esto se decía en todas las enmiendas
de Izquierda Unida por la Dirección General de Presupuestos y se ha
entregado a todos los diputados que defendían la posición contraria a la
nuestra. Pues bien, esto no ha funcionado en el Senado y allí estas
cuestiones se han relativizado. Figuran 84.000 millones de pesetas para
el Insalud y allí sí se ha podido hacer; han encontrado allí 84.000
millones de pesetas. Yo no sé cómo es que dijeron que en el Congreso no
era posible. Es más, a Izquierda Unida no se le admitieron enmiendas a
trámite porque suponía incremento de ingresos y, sin embargo, en el
Senado los grupos que apoyan al Gobierno han levantado la alfombra y han
encontrado 83.000 millones de pesetas; unos, 50.000 millones de mayores
ingresos del IRPF; otros, de mayores ingresos del cambio de actividades o
valores. ¿Es eso seguridad en la previsión presupuestaria? ¿Es eso rigor
en la tramitación presupuestaria? Además han encontrado 200 millones para
una planta de recuperación de residuos, han encontrado 500 millones para
el eje transversal de Barcelona, pero no había 62 millones para Alicante,
no había 40 millones para una pista polideportiva en Murcia, y sí había
otras cantidades destinadas a otros lugares. ¿Esto qué es? ¿Qué manera de
funcionar es ésta? Esto se llama trato de favor; esto se llama distribuir
el dinero a los que me apoyan. El trámite
parlamentario ha sido comprar el apoyo parlamentario una y otra vez, en
el Congreso, en el Senado, y todavía siguen sin pagar bastante, todavía
siguen diciendo: Es que queremos más, es que algunas cosas todavía no las
tenemos recogidas. ¿Creen ustedes que esa es la forma de discutir los
presupuestos en nuestro país? ¿Creen ustedes que eso da seguridad?
Vamos a ver algunas de las enmiendas que se han introducido en el Senado
y que se decía que daban mayor rigor a la peseta. Yo no sé por qué da
mayor rigor a la peseta que se haya introducido un aval para el puerto de
Barcelona de 4.500 millones. ¿Por qué en el Congreso la dotación era de
2.250 millones y en el Senado se convierten en 4.500? ¿Eso da más
seguridad a la peseta? ¿Por qué es mejor que se haya dado 4.500 millones
de subvención a los buques que se puedan construir? ¿Por qué es mejor y
se ayuda más a la peseta porque se haya apoyado al Orfeón Catalán, por
qué es mejor que se destine al Teatro de La Lira de Amposta, por qué se
dan 600 millones de pesetas del Imserso a los servicios transferidos a
Cataluña y no a las demás comunidades autónomas, por qué el eje
transversal de Barcelona, por qué el observatorio del río Ebro? ¿Por qué
eso es mejor? ¿Qué es eso?
También ha habido pedrea --ayer se realizó el sorteo de la lotería, con
algún que otro error-- y se añaden grandes inversiones. Fíjense,
señorías, se va construir en Tafalla un velódromo con 10 millones de
pesetas y allí, en el Senado, anuncian 500 millones de pesetas. Hay que
ver cómo ustedes multiplican los panes y los peces. Cada enmienda
introducida aquí, recogida por los senadores del PP --algunas copiadas de
otros grupos que las habían presentado en el trámite del Senado--, sirve
para hacer un reparto de millones, pero los presupuestos llevan 10
millones para ese velódromo, 100 millones para el centro oceanográfico de
Asturias, 50 millones para la Guardia Civil de Montalbán, en Teruel, 50
millones para el aeropuerto de Zaragoza, 50 millones para el ferrocarril
en Almería, etcétera. Pedrea, señorías. Y si eso es así, ¿por qué no se
introdujeron en el Congreso las enmiendas en la misma cuantía y para
estas previsiones? Porque es una forma de presupuestar de reparto de
dinero del grande.
Este trámite presupuestario, señorías, tiene una concepción que considero
totalmente anticuada, totalmente perversa. Se ha recuperado la bondad del
poderoso; al poderoso hay que ayudarle, hay que darle buen trato, hay que
darle beneficios fiscales. La que está situada es una persona de bien
porque genera actividad para los demás y el fraude empieza a aparecer con
el que cobra el desempleo, con el que tiene la incapacidad. Parece como
si estuviéramos penalizando a un inmensa mayoría de la sociedad para
tener una relación distinta con la otra.
Me voy a referir también, señorías, a algunas enmiendas que yo considero
que son chapuzas parlamentarias y que me gustaría que las corrigieran, no
por el trámite de error. Han admitido ustedes una enmienda --para añadir
a una obra, la variante de Cáceres, se la quitan a otra-- que ni siquiera
conocen donde está el proyecto al que se refiere. Ustedes van a financiar
esta obra con una reducción en el programa 513.A, con un proyecto que es
el 0283. Pues ese proyecto no existe en el programa 513 ¿Saben ustedes
por qué? Porque ese programa es de ferrocarriles, no de carreteras. El
programa en el que está es el 513.B. Corríjanlo, porque van a quitar
ustedes dinero de otra enmienda anterior en la que lo añaden para
acometer un desdoblamiento en la incorporación de Plasencia-Cáceres Norte
con la variante de Virgen de Guadalupe. Esta es una forma de presupuestar
un tanto chapucera.
En Medio Ambiente lo que han hecho ustedes es una joya de la previsión
presupuestaria. Ustedes han incrementado el apoyo al parque natural de
Ordesa por valor de 183 millones de pesetas. ¿Saben ustedes de dónde han
quitado este dinero? Han quitado 32 millones del funcionamiento de la red
de parques naturales de todo el Estado; 31 millones de los programas de
educación ambiental; 57 millones de las actividades de medio natural y 63
millones de conservación y recuperación del medio natural. ¿Me pueden
decir a qué actividad de previsión obedece esa cuantía a la hora de
proponer un presupuesto y de hacer una enmienda?
Hay enmiendas que vienen a fortalecer la filosofía conservadora de los
que las han apoyado. Hay una enmienda en la sección 18 en la que ustedes
incrementan --es poca la cifra, pero es el hecho en sí-- 15 millones para
atender enseñanzas derivadas de los acuerdos suscritos por el Estado y
las confesiones religiosas. ¿Saben de dónde quitan esos 15 millones de
pesetas? De la educación de adultos y actividades compensatorias.
Nosotros creemos que es una barbaridad que ustedes lo hagan así. Hay
otras actuaciones en los bancos. Ustedes van a renegociar la deuda que
los bancos tienen emitida y contratada en un período de tiempo con el
Estado al 3 y al 4 por ciento. Esa enmienda lo único que va a suponer
ahora es liquidez para los bancos. Ustedes van a tener que actualizarlo
porque ahora los intereses en deuda están más baratos del 3 por ciento.
¿Es necesario pagar toda esa deuda acumulada ahora y no actuar de otra
manera?
En suma, señorías, en la ley de acompañamiento nos encontramos con unas
enmiendas del Senado que generan inseguridad jurídica y que generan una
actuación difícil de seguir por los ciudadanos, por los que administran
la justicia y por la propia realidad administrativa: no sabemos cuál va a
ser la realidad legal y cuándo llegará a las manos de las personas
que pueden actuar. En cuanto a los presupuestos, las enmiendas que vienen
del Senado añaden chapuzas presupuestarias, añaden pedrea, distribución
de pequeños dineros en determinados sitios, apoyan con inversiones
concretas a determinadas zonas y determinados gobiernos y, desde mi punto
de vista, añaden un proceso conservador a la figura presupuestaria. En
cuanto a la improvisación y a la evolución que pueda tener está realidad,
nosotros vamos a ser muy exigentes en la ejecución presupuestaria no sólo
cuando comparezca el señor secretario de Estado de Presupuestos, vamos a
exigir que funcione de verdad la Oficina Presupuestaria y vamos a exigir
que la liquidación presupuestaria venga con el mismo nivel de
desagregación que en los presupuestos; no vamos a aceptar discusiones de
liquidaciones presupuestarias a monto general, a previsión en grandes
cifras, porque eso al final vulnera la propia actuación.
Decía cuando empezaba mi intervención que se añadía inseguridad cuando
para rechazar enmiendas de los distintos grupos se utilizaban argumentos
que luego se usaban para aceptar otras. Estos elementos de economía
creativa que ustedes han puesto en marcha para evitar los niveles de
déficit no les van a funcionar y van a generar controversias y
confrontación territorial. Por desgracia, este año, estos presupuestos
generarán tensión territorial y tensión política partidaria que no
beneficiará a la estabilidad de la ejecución presupuestaria que la
economía española necesita, ni mucho menos conseguirá que el crecimiento
económico de nuestro país llegue a todos los ciudadanos. España puede
crecer, la estabilidad para conseguir el euro se podrá dar, pero eso no
significará que los españoles tengamos mayor redistribución de la riqueza
y mejor situación sociolaboral para el futuro. Lo que hoy puede ser un
éxito, mañana se tornará en dificultades y limitaciones. Espero que eso
pueda ser corregido en la gestión y ejecución porque no ha sido corregido
en la aprobación de las enmiendas del Senado.
Nada más, señor presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi intervención se limitará al proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado en la devolución efectuada por el Senado. Sobre el
proyecto de ley de medidas de acompañamiento intervendrá mi compañero el
señor Martínez Noval, que tratará sobre la cantidad de desmanes y
tropelías que ustedes han cometido en el Senado desde el punto de vista
procedimental en ese proyecto de ley. Tampoco han sido pocos los desmanes
que ustedes han metido en la ley de presupuestos.
Desde el Senado se nos remite un conjunto de enmiendas que han
incrementado el déficit en no menos de 90.000 millones, puesto que han
aprobado enmiendas financiadas con bajas nominales, pero que se
traducirán en déficit real porque afectan a partidas con créditos
ampliables o se han hecho sobre la base del siempre socorrido recurso de
la estimación de mayores ingresos. Ustedes han utilizado el trámite en el
Senado para una corrección permanente de las chapuzas cometidas en el
trámite previo del Congreso o que ya venían incluidas en la redacción
propuesta por el Gobierno. Un solo ejemplo: la corrección que hacen en la
tarifa del IRPF aprobada en la Ley de cesión de tributos a las
comunidades autónomas, en cuyo último tramo se olvidaron de añadir las
50.000 pesetas que faltan en la escala y que han esperado hasta el último
minuto para corregirla en el Senado, a pesar de que pueda haber
contribuyentes que hayan estado presentando declaraciones por ejercicios
partidos durante todo el año. Les he citado un ejemplo, pero son multitud
las correcciones de errores que demuestran que no sólo desde el punto de
vista procedimental, sino también desde el punto de vista de su
contenido, la tramitación de la ley de presupuestos ha sido una
permanente chapuza y una farsa, señores diputados del Partido Popular,
porque todo ha discurrido por cauces extraparlamentarios, trayendo aquí
acuerdos que deben de formar parte de ese acuerdo transparente --el más
transparente de la historia, decía el señor Aznar-- que garantiza su
permanencia en la Moncloa.
Este es un presupuesto construido sobre dos relaciones bilaterales, las
relaciones con los nacionalistas catalanes y vascos, y ahora nos traen
aquí otro conjunto de enmiendas que son la almoneda, la calderilla del
permanente pago de peajes, que se refleja de forma desigual y
discriminatoria en el presupuesto. Algunos ejemplos son ciertamente
hirientes; por ejemplo, el dar de alta mayores inversiones en Aragón,
inversiones que han sido financiadas con bajas en la misma clase de
inversiones en Cáceres, para contentar a los senadores del PAR, con quien
se mantienen relaciones privilegiadas en el territorio. Ello, junto con
la modificación de la financiación sanitaria, que añadirá otros 40.000
millones más al déficit público, puesto que ustedes basan la cobertura de
estos mayores gastos en hipotéticos ahorros en medicamentos y en relación
con la incapacidad laboral transitoria, hacen que todo rastro de rigor,
por mucho que gargaricen ustedes apelando a él, haya desaparecido de este
presupuesto.
Quizá por eso hoy tenemos una presencia tan nutrida del Gobierno,
empezando por el ministro de Economía y Hacienda, señor Rato, que una vez
más
honra a la Cámara con su presencia. Me indican que asiste la ministra de
Medio Ambiente. Hace bien en asistir, porque su gestión presupuestaria es
tan catastrófica que conviene que de cuando en cuando se persone en la
Cámara cuando se hable de presupuestos, en los escasos ratos en que no
está entretenida cesando o aceptando la dimisión de sus colaboradores.
Pero, aparte de la señora ministra de Medio Ambiente, el respeto por la
Cámara que demuestra este Gobierno es realmente extraordinario, como lo
es también el respeto que demuestra por la Constitución cuando nos
proponen que se declare de interés general del Estado el eje transversal
de Cataluña. Es sorprendente que se pueda prostituir la Constitución y
adulterar su significado hasta estos extremos. Sí, señores diputados.
¿Pretenden decirnos que están conformes en que de acuerdo con la
Constitución el eje transversal de Cataluña pase a ser competencia
exclusiva de la Administración central? ¿Están de acuerdo, señores
diputados de Convergència i Unió, en que esa obra pase a ser competencia
exclusiva de la Administración central de Estado e integrarse en la red
de carreteras central? Es sorprendente. ¿O es una puerta falsa para
dirigir más financiación de tapadillo, de una forma selectiva y
discriminatoria para tapar los agujeros presupuestarios del Gobierno de
la Generalitat, que si eso fuera cierto estaría falseando su presupuesto
cuando lo plantea en Cataluña y lo falsea de nuevo aquí, conceptual y
cuantitativamente?
Sin embargo, ustedes están dispuestos a tragar cualquier cosa. Están
dispuestos a aumentar el déficit público en una décima de PIB, que es lo
que han hecho en el Senado --insisto--, sin contar con el déficit
encubierto del nuevo sistema de financiación sanitaria o ese 10 por
ciento que falta en los presupuestos de la educación previa a su
transferencia o el déficit implícito en la Seguridad Social. Han
conseguido ustedes el silencio de todos sus responsables autonómicos ante
el trato injusto que representa el sistema de financiación sanitario, el
desequilibrio que representa para el futuro en las cuentas de la
educación que va a ser transferida, y siguen poniendo bombas de relojería
en los cimientos de la Seguridad Social.
Quizá por eso no está aquí el señor Rato, aunque lo que debería decirle
lo sabe de sobra. Porque si le digo al señor Rato que la financiación
privada de
infraestructuras enmascara el déficit en el que se incurre, o le
digo que los ingresos obtenidos por privatizaciones desfiguran la
realidad del déficit presupuestario, o le digo que sus reales
decretos-leyes han vuelto a implantar la indisciplina del presupuesto
abriendo agujeros de incalculables consecuencias, no le estoy diciendo
nada nuevo porque eso mismo es lo que le dice su secretario de Estado
auxiliar del presidente del Gobierno, que cuando ingresa en la Academia
de Ciencias Morales y Políticas dice textualmente: Ustedes enmascaran el
déficit con privatizaciones y trucando los sistemas de contabilidad a la
inversión, sus normas vulneran cualquier intento de disciplina
presupuestaria. Lo ha dicho tantas veces ya que ni siquiera le hacemos
caso. No comprendemos por qué sigue allí; tendría que tener el mínimo de
dignidad suficiente para ser consecuente con sus palabras o irse. Ustedes
tendrían que tener el mínimo de consecuencia para corregir o cesarle. No
obstante, como no tienen ni una cosa ni otra y están sometidos a la
permanente imposición de las disposiciones que les dictan desde sus
aliados nacionalistas, han hecho un presupuesto desfigurado, injusto,
incoherente y con un mayor desequilibrio cuando vuelve del Senado que
cuando salió de esta Cámara. Pueden ustedes sentirse satisfechos, pero
este no es el presupuesto que necesita el país y por eso la mayor parte
de las enmiendas, salvo las que son corrección de errores y chapuzas,
serán votadas en contra por mi grupo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Borrell.
Tiene la palabra, en segundo lugar, el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ya decía mi compañero José Borrell que desde nuestro punto de
vista las enmiendas introducidas en el Senado en la ley de acompañamiento
se podrían calificar como un conjunto de desmanes y tropelías, y yo añado
un calificativo más: han sido ustedes parlamentariamente indecorosos
(Rumores.) en el contenido y el alcance político-administrativo, en
definitiva en el alcance de las enmiendas que el Grupo Parlamentario
Popular y algunas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) presentaron en
el Senado.
Han aprovechado ustedes ese trámite para hurtar a esta Cámara la
discusión sobre cuestiones fundamentales en materia fiscal, en materia
social y en materia administrativa también, señorías. Han bordeado
ustedes el debate elemental en esta Cámara en relación con cuestiones que
tienen que ver, por ejemplo, con una modificación sustancial de los
funcionarios adscritos al Ministerio de Economía y Hacienda. Han hurtado
ustedes la discusión en esta Cámara a cuestiones que tienen que ver,
incluso, con asuntos que han sido recientemente objeto de discusión en
esta Cámara, por ejemplo, la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional o una que todavía no ha venido a esta Cámara, como es la ley de
hidrocarburos, y aprovechan ustedes enmiendas en el Senado para
adelantarse a la discusión que podamos tener
aquí en relación con esa cuestión de los hidrocarburos. Es paradójico,
señorías, es incomprensible que ustedes tengan esa falta de decoro
parlamentario y que se hayan burlado de esta Cámara.
Quiero centrarme en pocas cosas, en pocas modificaciones que ha
introducido el Senado, pero que son de calado y de importancia. En primer
lugar, la mutualidad notarial. Han aprovechado ustedes su mayoría en el
Senado para volver atrás una decisión mayoritaria de esta Cámara, que era
una decisión de razón, era una decisión que trataba de que los notarios,
dignísimos profesionales españoles, se sometieran a las mismas
limitaciones que se someten el resto de los españoles. El resto de los
españoles, señorías, por si alguno de ustedes no lo sabe, tienen una
limitación en la aportación anual a sus mutualidades; eso está en el
artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del año 1991. Ahí hay
una limitación clarísima para aportaciones a planes y fondos de
pensiones, para aportaciones a mutualidades, libres u obligatorias, de
1.100.000 pesetas anuales, deducibles fiscalmente, claro está. Bueno,
pues ustedes presentan una enmienda, que sale adelante en el Senado, que
modifica a la mayoría de esta Cámara, en Comisión y en el Pleno, artículo
1.3 --algún diputado me dice que no, pero es así--. Ahora, que en el
nuevo texto es apartado 4, se vuelve a introducir la discriminación
positiva respecto de las aportaciones de los notarios a su mutualidad.
¿Saben ustedes cuánto pueden aportar los notarios a su mutualidad y, por
tanto, deducir fiscalmente? Nada menos que el 40 por ciento de sus
emolumentos, de sus aranceles profesionales. Tienen que explicarnos el
por qué. Apelamos a la sensibilidad y la conciencia del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) porque votó a favor de nuestra enmienda en el
Congreso y coherentemente debería de volver a votar otra vez con el Grupo
Parlamentario Socialista en contra de la modificación que ustedes
introdujeron en el Senado. Enmienda 312, apartado 1.4 del texto
mutualidad notarial.
Además de eso, en segundo lugar, señorías, queremos llamar la atención
sobre una cuestión a la que ya ha hecho alguna referencia mi compañero
Borrell y algún otro interviniente en la tribuna, el señor Ríos en nombre
de Izquierda Unida. ¿Cómo presentan ustedes una enmienda de 40 páginas,
artículos 56 y 57 del texto, que modifica, de cabo a rabo, el régimen de
los funcionarios al servicio de la Hacienda pública española, de los
inspectores de finanzas del Estado, de los inspectores de vigilancia de
aduanas, de los interventores del Estado, que da nueva planta y
regulación a todo ese sistema de la Función pública?
Les quiero recordar que en el año 1984, cuando se discutió y tramitó la
Ley 30/1984, Ley de Medidas de la Función pública, su grupo
parlamentario, entonces con 52 diputados, presentó un recurso de
inconstitucionalidad porque el Grupo Socialista presentó unas enmiendas
en el Senado a esa ley que, según ustedes, modificaban sustancialmente la
ley. ¿Lo recuerdan, señorías ? Se lo recuerdo yo. Fue en el año 1984 y
supongo que el recurso se presentaría en el año 1985 a la Ley 30/1984.
¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a presentar también un recurso de
inconstitucionalidad, cuando este caso es más grave? Porque en aquel caso
se estaba hablando de enmiendas en el Senado a la Ley de Medidas de la
Función pública y ustedes aquí cambian la Ley de Medidas de la Función
pública en una ley que no es la Ley de Medidas de la Función pública sino
que es la ley de medidas fiscales, sociales y administrativas, en
definitiva, la ley de acompañamiento de los presupuestos. Están
incurriendo ustedes en un craso y grave error. Han hurtado ustedes a esta
Cámara la modificación de una cuestión tan importante como esa, y no
duden que va a dar lugar a muchos recursos de todo tipo, de
inconstitucionalidad por supuesto.
Señorías, además de esta desfachatez y este descaro en la modificación de
ese régimen funcionarial, en tercer lugar yo también quiero llamar la
atención sobre una modificación sustancial para nosotros que indica la
orientación del camino que ustedes han iniciado. Han modificado el
apartado 4 del artículo 68 de la Ley General de la Seguridad Social, y lo
han hecho en la disposición adicional quincuagésima, lo han hecho de
tapadillo; pero si ustedes creían que no nos íbamos a enterar estaban
equivocados, nos hemos enterado. Apelo también a otros grupos que les
apoyan a ustedes y conforman la mayoría parlamentaria. Han dado ustedes
un paso más en el camino de la privatización del régimen público de la
Seguridad Social, un paso más, porque han privatizado ustedes el
patrimonio de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales. Me dicen que no y yo les pregunto, ¿dónde esté el apartado
4 del artículo 68? ¿Dónde está? Porque es en ese apartado donde se
regula, donde se dice expresamente que los excedentes de las mutuas que
se colocan financieramente en activos mobiliarios e inmobiliarios forman
parte del patrimonio de la Seguridad Social y son, por tanto, patrimonio
público. Desaparece el apartado 4 del artículo 68, que es sustituido por
otra redacción radicalmente distinta y ustedes me dirán cuáles son las
consecuencias. Son exactamente esas, y son las que nosotros venimos
denunciando. Han reducido ustedes el patrimonio de la Seguridad Social
desde 900.000 millones que ustedes se encontraron en el año 1996 hasta
poco más de 200.000 millones. Lo hemos venido denunciando una y otra vez,
y dan ahora ustedes un paso más en esa dirección, un paso que significa
privatizar, señorías, recursos que son públicos, porque el patrimonio y
los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo se nutren de
recursos públicos, que no son cotizaciones pero son primas que están así
consideradas por la legislación de la
Seguridad Social. De manera que dan ustedes un paso más en esa dirección.
Por último, señorías, quisiera envolver un poco todo el contenido fiscal
de la ley de medidas. Ustedes vuelven a modificar de nuevo en los
artículos 1 y 2 la legislación en materia del Impuesto Sobre la Renta de
las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Valor
Añadido, Impuestos Especiales. ¿Se acordará el ministro de Economía de lo
que él decía de la inseguridad jurídica que generaba la multiplicidad de
normas fiscales? ¿Se acordará ahora? Lo dudo.
Ustedes han introducido una enorme inseguridad jurídica en materia
fiscal, tanto en la ley de presupuestos como en la ley de medidas. Quiero
recordarles a ustedes y a quienes les apoyan que todas esas medidas
fiscales en las que no hay ni una sola --lo vuelvo a repetir otra vez
porque ha venido la ley del Senado--, ni una sola medida que alivie o
beneficie fiscalmente a las rentas del trabajo, ni una sola. Todas las
medidas fiscales que aligeran la carga del impuesto, cualquiera que éste
sea, van dirigidas a las fuentes de renta clásicas y típicas a las que
ustedes benefician: a las rentas del capital, a las rentas profesionales
y a las rentas empresariales. Eso es así y nadie puede decir lo contrario
porque mentiría y falsearía la realidad. Además les digo otra cosa, todos
sus argumentos en defensa de esa discriminación a favor de ese tipo de
fuentes de rentas lo fundamentan ustedes en un argumento que creen que es
poderoso, que puede serlo: el ahorro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Noval, le ruego concluya.
El señor MARTINEZ NOVAL: Hay que beneficiar a las rentas de capital, las
profesionales y las empresariales para aumentar el ahorro. ¿Pero saben
ustedes cuáles han sido las consecuencias, en términos de ahorro, de sus
medidas fiscales, las que tomaron desde el Decreto 7/1996? Justamente las
contrarias. Léanse el informe del tercer trimestre de la economía
española del Banco de España. Ahí, claramente, dice el Banco de España,
utilizando una aritmética elemental, que si el consumo privado ha
aumentado más que la renta disponible la consecuencia inmediata es que,
digan ustedes lo que digan --lo dice el Banco de España--, se ha reducido
la tasa de ahorro de las familias españolas. Eso ha ocurrido, señorías.
De manera que lo que ustedes pensaban que iba a ser una mejora del ahorro
de las familias españolas, un incremento del ahorro, en definitiva a lo
que ha conducido --lo dice el Banco de España-- es a un empeoramiento, es
decir, a una represión de la distribución de la renta en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Martínez Noval.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Procedemos hoy a la última y definitiva votación y aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado de 1998, después de su paso por el
Senado. Hace aproximadamente tres meses que esta Cámara, de forma muy
principal sus letrados, los taquígrafos, el personal administrativo y
técnico, han concentrado prácticamente todos sus esfuerzos, sus tareas y
sus energías en este debate de presupuestos. Por eso, al inicio de esta
intervención de cierre de los presupuestos, mi grupo quiere hacer expreso
su agradecimiento a todos los esfuerzos realizados por el personal de la
Cámara y resumirlo en una sola frase: su trabajo ha servido para mucho en
este trámite de presupuestos. Y ha servido para mucho porque, este
presupuesto, que gozó de un respaldo mayoritario en su debate de
totalidad a su paso por esta Cámara Baja, se ha visto enriquecido y se ha
visto incorporado con algunas propuestas de otros grupos, realizadas
todas ellas desde el pacto, que vienen a sumar nuevas formulaciones a
antiguas reclamaciones, como es el caso de la nueva fórmula de la
financiación de la sanidad.
Señorías, como antes ha referido el compañero del PNV, hoy el presupuesto
y su ejecución, dos elementos absolutamente importantes, conforman una
pieza clave para el desarrollo económico y para el progreso social de
nuestro país. Hoy, el presupuesto, e insisto, su ejecución, han dejado de
ser un obstáculo para la sincera cohesión social. Hoy, la institución
presupuestaria es un instrumento central de la estabilidad política. Por
eso, en este momento también mi grupo quiere, por justicia, reconocer,
después de las conversaciones políticas mantenidas, tanto en el trámite
del Congreso como en el trámite del Senado, que uno de los grandes
pilares, por no decir que el principal pilar de la estabilidad económica,
es el pacto parlamentario sobre el que descansa la política
presupuestaria del Gobierno. Han sido muchas horas de conversaciones y de
acuerdos con los grupos parlamentarios de Convergencia i Unió, del PNV,
de Coalición Canaria; han sido muchas horas de información recíproca, de
búsqueda de textos y de propuestas comunes, en definitiva de leales
intercambios de posiciones que hoy, después del trámite del Senado, nos
permiten expresar nuestra más alta satisfacción por la estabilidad
política que representa este pacto parlamentario, que deriva directamente
en la estabilidad económica que es necesaria.
Tengo que agradecer también a los grupos de la oposición que hayan hecho
sus intervenciones en el
tono que hoy mismo hemos podido escuchar. Y aunque no compartimos la
mayoría de sus argumentaciones, deberíamos empezar a reconocer que sería
importante no quedarnos en algunas anécdotas sino en la percepción de
cuál es en este momento la estabilidad económica por la que atraviesa
España. Este presupuesto, señor Ríos, no va a crear ningún tipo de
tensión política. Al contrario, lo que hay es mucha estabilidad política
que deriva, como he dicho anteriormente, en uno de los momentos de
estabilidad económica más bonancibles que ha vivido la historia de la
economía española. Por lo tanto, no tema S. S. por la tensión que generen
estos presupuestos, porque ahí está el ejemplo que avala los presupuestos
y la ejecución presupuestaria de 1997, de que no sólo no hay tensión sino
que hay una bonanza política que deriva en una estabilidad económica como
no ha conocido España en los últimos años.
Tengo que reconocer que algunos de los calificativos que nos han llegado
desde los portavoces del Grupo Socialista me suenan un poco a lo que ya
dijeron el año pasado. Su forma de subir a esta tribuna es poner
permanentemente en duda cuáles son los horizontes de la ejecución del
presupuesto y cuáles los de la ejecución de las cifras macroeconómicas de
la economía española. Por tanto, no debe haber mucha farsa cuando los
mercados confían en la economía española, no debe haber mucha chapuza
cuando en este momento la economía española ha subido su grado de
credibilidad y de confianza en todos los mercados.
No quisiera dejar pasar este trámite sin recordar que no hay tantas
incoherencias ni tantos desmanes, y tampoco hay ningún tipo de burla. ¿Es
que acaso alguien pone en duda la capacidad legislativa del Senado como
Cámara de redacción legislativa? ¿Es que acaso alguien pone en duda que
aquí se va a producir una votación que es consecuencia de las que se han
producido en el Senado? Señorías, es cierto que en la tramitación ha
habido una serie de observaciones respecto a la mutualidad notarial, pero
no es menos cierto que esas mismas observaciones han sido rectificadas en
el Senado, donde han gozado de una mayoría. Ahora veremos si esas
modificaciones gozan de un respaldo mayoritario. Hay que respetar tanto
las votaciones del Senado, como Cámara de potestad legislativa, como las
votaciones que vayamos a realizar esta mañana de las enmiendas que vienen
del Senado. Esa es la perfección del sistema entre las dos Cámaras. Por
lo tanto, no pongamos en duda el hecho de que el Senado ha reflexionado
respecto a esta enmienda y ha votado de forma distinta. Ahora
comprobaremos si el Parlamento termina respaldando esa enmienda.
Quisiera insistir también en el argumento que se ha utilizado respecto a
aquel recurso de inconstitucionalidad sobre la creación de la AEAT por la
ley de presupuestos, y subrayo, por la ley de presupuestos. Por ese
motivo fue presentado el recurso de inconstitucionalidad, porque en el
seno del cuerpo legal de la ley de presupuestos no se podía crear la
AEAT. De aquella sentencia se derivó la recomendación de poner en marcha
la ley de acompañamiento a los presupuestos. De aquella sentencia la ley
de acompañamiento es hoy, como en otros tiempos también lo fue en mandato
socialista, una ley en la que se incorporan diferentes medidas de
carácter social, fiscal y administrativo. Por tanto, recordemos con toda
tranquilidad que la inconstitucionalidad se presentó por introducir
aquella creación en una ley de presupuestos.
Por último, quiero hacer una puntualización respecto a la supuesta
privatización de recursos públicos. Nosotros también hemos reflexionado
en el Congreso, señor Martínez Noval, y tenga usted por seguro que esa
reflexión nos ha conducido a que no ha sido muy atinada la redacción de
esta enmienda en el Senado y vamos a solicitar una votación separada del
inciso i).4 de esta enmienda relativa al artículo 68. Por tanto, vamos a
restablecer el texto original en esta parte que a usted le preocupa y que
nosotros también consideramos que sería prudente recuperar el texto
inicial.
Señorías, con motivo del debate sobre las enmiendas del Senado celebrado
hace un año --lo he dicho anteriormente--, la oposición aprovechó aquella
ocasión --y digo la oposición representada por el Grupo Socialista-- para
hacer una excursión verbal y permitirse poner en duda que el Gobierno del
Partido Popular tenía capacidad para cumplir sus previsiones
macroeconómicas, y, como ha vuelto a hacer hoy, se ha permitido también
poner en duda nuestros objetivos de cumplimiento en materia de déficit.
Las etapas en que las previsiones macroeconómicas eran unos sueños
deseados han fallecido. Ya encuentro yo todavía atrincherados o
disimulados en la oposición a los autores de aquellos permanentes
incumplimientos de las previsiones. También les tengo que decir que las
etapas en las que los gastos aprobados por el Parlamento eran un punto de
partida para el desbordamiento y la permanente desviación --desviaciones
y desbordamientos que se hacían rompiendo absolutamente todos los
límites-- también han dejado de existir, y hoy estamos, y así lo
reconocen los mercados, en un marco de rigurosidad y de restablecimiento
de la austeridad.
La andadura de este presupuesto por la Cámara Baja y por la Cámara Alta
viene a significar la confirmación de que las grandes magnitudes
macroeconómicas describen un marco de estabilidad. Ustedes podrán en esta
tribuna no querer reconocer que esto es así, pondrán mucho énfasis en
negar la realidad de la estabilidad macroeconómica, inclusive si quieren
pueden intentar silenciar esta realidad, pero tomen
nota, España, durante la ejecución presupuestaria de 1996 y de 1997, ha
pasado de un déficit público del 6,6 al 2,9, de una inflación del 4,4 al
2, de unos tipos de interés del 9 al 4,75; ha sustituido las
devaluaciones por la estabilidad cambiaria, el crecimiento explosivo de
la deuda por una senda de corrección controlada; nuestro diferencial con
Alemania, de los 600 puntos básicos que ustedes tenían, a menos de 400
puntos básicos. En definitiva, existe un panorama de contrastes --y de
contrastes absolutamente positivos-- donde aquel descontrol y aquella
política manirrota que nos convertía en un off-side de la política
europea ha sido hoy sustituido por el rigor, por la disciplina y por la
austeridad, que nos sitúa como un valor absolutamente seguro en el
proceso de integración de la Europa del año 2000.
El presupuesto que hoy sale de esta Cámara, de este Parlamento, mejora
sensiblemente al que entró en la última semana de septiembre. Ya sabemos
que ha habido miles de enmiendas, un acumulado complejo mundo de cifras
y, desde luego, un escaso tiempo para podernos referir puntualmente a
todas y cada una de ellas en este trámite de convalidación en el
Congreso. Por el contrario, a mi grupo sí le interesa, por una parte,
deducir una valoración política de lo que hoy vamos a aprobar; por otra
parte, concretar la expresión de la orientación definitiva que queda
determinada en estos presupuestos, y, por qué no decirlo, también señalar
el reflejo que representa nuestro ideario político en esta configuración
presupuestaria.
El trienio 1996/1998 ha logrado que nuestra política presupuestaria sea
merecedora, como nunca, de respeto y de confianza. Esto se ha traducido
clarísimamente en que la política presupuestaria es una piedra angular
para crear ese marco de estabilidad que pueda producir el crecimiento de
nuestra economía. De hecho, hoy la economía española no sólo crece, sino
que lidera la recuperación de las economías europeas. Con los
presupuestos de 1998 esta tendencia se va a consolidar, y lo que es más
importante para nosotros, los ciudadanos españoles se van a beneficiar
directamente de esta consolidación de ganancia.
El rasgo definitivo de la política presupuestaria es hacer compatible un
crecimiento saneado con una intensa creación de empleo. Podríamos
enumerar numerosas medidas para la creación de empleo que contienen estos
presupuestos, pero para mí resulta mucho más expresivo poder observar que
en el trienio 1996-1998 se van a crear 800.000 puestos de trabajo, en los
que se va a cambiar el concepto de precariedad por el de empleo estable.
Cumpliremos hoy lo que otros incumplieron ayer: 800.000 nuevos puestos de
trabajo avalados por las cifras de creación de empleo de los años 1996 y
1997. Estamos, señorías, ante la combinación del crecimiento saneado con
la creación de empleo que logra, a mi juicio, imprimir a la política
presupuestaria una identidad de política de centro, toda vez que alcanza
que el progreso económico vaya ligado directamente al progreso social;
crecimiento vinculado a cohesión social. Las ganancias de renta
disponible asociadas a la caída de los tipos de interés y al control de
la inflación, variables que hoy, por cierto, están en mínimos históricos,
ven reforzados sus efectos sobre la renta de menor poder adquisitivo por
el hecho de que las políticas de gasto que mayor incremento experimentan
en este presupuesto son precisamente las políticas sociales de sanidad y
las políticas sociales de enseñanza.
Los presupuestos iniciales y las enmiendas que se han incorporado a la
mejora de este presupuesto ponen de manifiesto que un marco de
estabilidad económica es un marco para la garantía y la salvaguarda del
Estado de bienestar, que en estos presupuestos no sólo se preserva, sino
que se fortalece, lo que viene a subrayar, a mi entender, la sensibilidad
social del Gobierno del Partido Popular.
Señorías, los presupuestos generales de 1998 van, en otro sentido, a
impulsar la modernización de nuestra economía. Algo necesario si queremos
acercar definitivamente nuestros niveles de vida y bienestar a los de los
países más avanzados de Europa. De ahí el motivo por el que se pone el
acento en aumentar las inversiones en infraestructuras y en inversiones
reales, en lo que podríamos llamar o identificar como una operación
decidida para situar a España en la vanguardia de Europa. Y hoy, y no
antes, cumplimos con Europa gracias a la política presupuestaria de 1996
y 1997. Hoy nadie duda de que España se incorporará desde el inicio a la
moneda única.
Ahora bien, la misión de los presupuestos de 1998 es sentar las bases y
dar la garantía de que España va a estar en condiciones de cumplir el
pacto de estabilidad como consecuencia de nuestra integración en Europa.
Este pacto de estabilidad nos va a permitir mantenernos en ese objetivo
histórico, ya que no debemos perder de contribuir a aumentar los niveles
de renta de todos los ciudadanos en el horizonte de las medias europeas.
Esto es lo principal: conseguir la auténtica convergencia real a la que
otros coaligados han aludido.
Señor presidente, termino. Todas estas son las razones por las que
consideramos sustancialmente mejorados los presupuestos en su paso por la
Cámara Alta y el motivo por el que vamos a respaldar con nuestro voto, a
excepción de las menciones hechas expresamente en esta intervención, las
enmiendas que vienen del Senado.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Aguirre.
Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.-- El señor Presidente ocupa la
Presidencia)
Señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones de la
proposición de ley y de las enmiendas del Senado a los proyectos de ley
que han sido debatidos. Les anuncio que las votaciones van a ser
complejas y muy detalladas por expreso deseo de los grupos parlamentarios
de detallar y segregar las votaciones en numerosos apartados, por lo que
les pido un esfuerzo final de paciencia.
Se somete a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley de los grupos Popular, Socialista, Izquierda Unida,
Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV), Coalición Canaria y Mixto por
la que se modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 338; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
proposición de ley.
Comenzamos las votaciones correspondientes a las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Se somete a votación, en primer lugar, la supresión de la disposición
adicional vigésima.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 172; en contra, 152; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación del artículo 48.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 315; en contra, 16; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de la sección 18, programa 455 C, en relación a la fundación
Orfeó Catalá.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 321; en contra, 16; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la sección 32 relativa al convenio de la Generalitat con el
Estado para financiación de infraestructuras ferroviarias.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 317; en contra, 16; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda del Senado a la sección 60, alta de 600 millones para el
Imserso.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 180; en contra, 19; abstenciones, 139.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la sección 60, Insalud.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 180; en contra, 135; abstenciones, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la sección 20, alta de Zabalgarbi.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 312; en contra, 20; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a los artículos 42.4, 43 bis, disposiciones adicionales
decimoquinta, vigesimoctava, vigesimonovena y a la sección 16. (La señora
Aroz Ibáñez pide la palabra)
Señora Aroz
La señora AROZ IBAÑEZ: Señor presidente, la sección 16 es otro bloque.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, muchas gracias.
Sometemos entonces a votación los artículos 42.4, 43 bis y las
disposiciones adicionales decimoquinta, vigesimoctava y vigesimonovena.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 336; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se somete a votación la enmienda a la sección 16.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 200; en contra, 134; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a la sección 17, proyecto para plan de seguridad vial, variante
del norte de Cáceres, en Guadalupe,
proyecto relativo al teatro principal de Castellón y el concepto 483,
Observatorio del Ebro.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 337; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 18. Enmiendas correspondientes a los programas Fundación Abadía,
Consejo Superior de Deportes y refugio de La Reclusa, de Benasque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 335; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a la sección 17, eje transversal de Cataluña.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 202; en contra, 133; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas a las secciones 17 y 18. La primera, subvención al transporte
de mercancías en Canarias, y la sección 18, el Auditorio de La Lira, de
Amposta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 335; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 73 y al resto de la sección 32.
Comienza la votación. (Pausa)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 316; en contra, 16; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE; Queda aprobado.
Enmiendas a los artículos 2, 4 y 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339, a
favor, 180; en contra, 155; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a la Sección 18, apartado relativo a las confesiones
religiosas, y a la Sección 23, Parque Nacional de Ordesa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 182; en contra, 22; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Sección 26, Fundación Centro de Investigaciones Oncológicas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 202; en contra, 132; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 26, financiación sanitaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 177; en contra, 134; abstenciones, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposición adicional vigesimocuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 198; en contra, 133; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposición adicional vigesimoséptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 201; en contra, 135; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 31.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 180; en contra, 151; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación sobre los artículos 47, 61 bis y 71.6; disposición adicional
vigesimosexta; sección 13; sección 17, campo Ainsa, Central nacional de
Información Geográfica, comunicaciones marítimas de interés público;
sección 21, seguros agrarios; sección 23, infraestructuras hidráulicas,
Consejo Nacional de
Aguas, embalse del río Matarraña, ente público gestor Infraestructuras
ferroviarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 197; en contra, seis; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Sección 23, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a
favor, 183; en contra, 19; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación sobre el artículo 66.3º.2, apartado segundo, y del apartado 2
del artículo 91, de la Ley del IVA.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 318; en contra, 16; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobados.
Resto del artículo 66.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 337; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1998.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 330; en contra, cuatro; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado
al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
En primer lugar, se someten a votación las enmiendas al artículo 3,
apartados uno y dos; 6, apartados decimocuarto, decimoquinto y
decimosexto, actuales decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo; artículo
6, apartado noveno, ahora apartado décimo; artículo 9, apartados nuevos,
tercero, noveno y decimocuarto; artículo 10, antes 9 bis; artículo 96,
puntos uno y dos, ahora 98; disposiciones adicionales cuarta,
trigésimosegunda, uno, cuadragesimoquinta, cuadragesimoséptima,
cuadragesimonovena, quincuagesimoséptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 181; en contra, 154; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Se somete a votación la Sección Tercera, Capítulo I, Título III,
artículos 56 a 57.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 181; en contra, 154; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional quincuagésima, primera línea, inciso
«y 4»; y dígito 4, sólo la cifra, no el contenido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339;
en contra, 335; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de la disposición adicional quincuagésima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 183; en contra, 152; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación sobre la disposición adicional decimotercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 197; en contra, cuatro; abstenciones, 137.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se someten a votación las enmiendas a los artículos 28.2, 46, 47, 80, 105
y la disposición adicional cuadragesimotercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 320; en contra, 16; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo 6, apartado nueve, antes, ocho.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, uno; en contra, 336; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda a la disposición adicional cuadragesimosexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 187; en contra, 149; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda al artículo 105, ahora 107.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 182; en contra, 22; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Artículo 28, cinco, antes cuatro, punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 133; en contra, 203; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Enmienda al artículo 1, tercero, ahora cuarto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 178; en contra, 154; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Restantes enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 313; en contra, 21; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado
al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.
Señorías, llegados a este punto final del orden del día, sólo me resta
transmitirles, en nombre de la Mesa y en el mío propio, muy felices
Pascuas.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.