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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 122, de 27/11/1997
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE



Año 1997 VI Legislatura Núm. 122



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 118



celebrada el jueves, 27 de noviembre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones
de actividades de los Excmos. Sres. Diputados:



--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de los Excmos. Sres. Diputados (núm. reg.

035430) (Página 6391)



Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:



--Real Decreto-Ley 18/1997, de 31 de octubre, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por las fuertes
tormentas acaecidas recientemente en diversas Comunidades Autónomas
(«BOE» núm. 262, de 1 de noviembre de 1997) (Corrección de error, «BOE»
núm. 271, de 12 de noviembre de 1997) (número de expediente 130/000031)
(Página 6391)



Página 6388




Dictámenees de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:



--Acuerdo Marco sobre comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra,
firmado en Luxemburgo el 28 de octubre de 1996. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 112, de 22 de julio de 1997 (número de
expediente 110/000123) (Página 6397)



--Canje de Notas constitutuvo de Acuerdo entre España y Cuba sobre
modificación del Convenio Aéreo entre el Estado Español y la República de
Cuba, de 19 de junio de 1951. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A,
número 137, de 10 de octubre de 1997 (número de expediente 110/000141)
(Página 6397)



--Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de
Croacia, firmado en Madrid el 21 de julio de 1997. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 138, de 13 de octubre de 1997 (número de
expediente 110/000142) (Página 6398)



--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Kuwait sobre la
modificación del Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno del Estado de Kuwait sobre Transporte Aéreo, de 3 de diciembre
de 1979. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 139, de 13 de
octubre de 1997 (número de expediente 110/000143) (Página 6398)



--Cuarto Protocolo sobre telecomunicaciones básicas, Anexo al Acuerdo
general sobre el comercio de servicios, Anexo al Acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio (Marrakech, 15 de abril de
1997) (número de expediente 110/000146) (Página 6398)



Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:



--Proposición de Ley por la que se establece el régimen sancionador
previsto en el Reglamento (CE) 3093/94, del Consejo, de 15 de diciembre,
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie B, número 57-1, de 18 de octubre de 1996 (número de
expediente 122/000042) (Página 6398)



Debates de totalidad de iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley de Residuos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
A, número 77-1, de 5 de septiembre de 1997 (número de expediente
121/000078) (Página 6400)



Avocación por el Pleno:



--Del proyecto de ley de residuos (número de expediente 121/000078)
(Página 6420)



SUMARIO



Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto, para debatir sobre el dictamen de la Comisión del
Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señores
Diputados, que es aprobado.




Se reanuda la sesión con carácter público.




Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes (Página 6391)



Real Decreto-ley 18/1997, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las fuertes tormentas
acaecidas recientemente en diversas comunidades autónomas (Página 6391)



El señor Ministro de Interior (Mayor Oreja) comparece ante la Cámara para
cumplimentar el trámite de convalidación del Real Decreto-ley 18/1997, de
31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los
daños causados por las tormentas que han tenido lugar en varias
comunidades autónomas. Se refiere a los fenómenos tormentosos acaecidos
en primavera y verano en



Página 6389




numerosas provincias españolas que ocasionaron graves daños en
producciones agrícolas y, en menor medida, en infraestructuras agrarias,
bienes municipales y estatales, en viviendas y en enseres de
particulares. Enumera las comunidades autónomas y provincias afectadas y
señala que el objetivo de la norma que hoy somete el Gobierno a su
convalidación es la aprobación de un amplio conjunto de medidas que
afectan a varios departamentos ministeriales y que abarcan aspectos muy
diferentes que van desde la minoración de cargas tributarias a la
concesión de créditos privilegiados y ayudas a ayuntamientos y
particulares para el restablecimiento de la normalidad en las zonas
afectadas, pasando a exponer el contenido concreto del Real Decreto-ley.

Termina su intervención resaltando el esfuerzo realizado por el Gobierno
para paliar y reparar los efectos de estas tormentas producidas en el
pasado verano no sólo mediante la aprobación de este crédito
extraordinario, sino también a través de esas medidas que acaba de
anunciar, que aportarán considerables recursos económicos a las zonas
afectadas.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Cuesta Martínez, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y la señora Tomé Pardo, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley
18/1997, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por las fuertes tormentas acaecidas
recientemente en diversas comunidades autónomas, se aprueba por
unanimidad.

A propuesta del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se somete a
votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley
convalidado anteriormente, que se rechaza por 132 votos a favor y 159 en
contra.




Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales (Página 6397)



Acuerdo marco sobre comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra,
firmado en Luxemburgo el 28 de octubre de 1996 (Página 6397)



Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.




Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y Cuba sobre
modificación del Convenio Aéreo entre el Estado español y la República de
Cuba, de 19 de junio de 1951 (Página 6397)



Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.




Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de
Croacia, firmado en Madrid el 21 de julio de 1997 (Página 6398)



Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.




Canje de notas constitutivo de Acuerdo ente España y Kuwait sobre la
modificación del Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno del Estado de Kuwait sobre Transporte Aéreo, de 3 de diciembre
de 1979 (Página 6398)



Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.




Cuarto Protocolo sobre telecomunicaciones básicas, Anexo al Acuerdo
general sobre el comercio de servicios, Anexo al Acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio (Marrakech, 15 de abril de
1994), hecho en Ginebra el 15 de abril de 1997 (Página 6398)



Sometido a votación, se aprueba por 278 votos a favor y 12 en contra.




Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 6398)



Proposición de ley por la que se establece el régimen sancionador
previsto en el Reglamento (CE) 3093/94, del Consejo, de 15 de diciembre,
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Página 6398)



Página 6390




En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Marón Beltrán,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y De Lara Carbó, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión sobre la proposición de
ley por la que se establece el régimen sancionador previsto en el
Reglamento del Consejo 3093/94, de 15 de diciembre, relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono, se aprueba por unanimidad.




Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 6400)



Proyecto de ley de residuos (Página 6400)



Presenta el proyecto de ley de residuos la señora Ministra de Medio
Ambiente (Tocino Biscarolasaga), que reconoce, en primer lugar, que los
residuos son hoy en día una de las áreas más problemáticas de la gestión
del medio ambiente, constituyendo su gestión adecuada, junto con la de
los residuos urbanos y la de los suelos contaminados, una prioridad del
Ministerio de Medio Ambiente. Considera que la correcta planificación de
la gestión de residuos ha de fundamentarse en el necesario marco jurídico
que establezca las reglas de base para el ejercicio de dichas
operaciones, y expone una serie de datos que dan idea de la envergadura
del problema en España. Opina que estas cifras delatan una excesiva
generación de residuos, debido, entre otras cosas, a la inexistencia de
límites por unidad de producción y a una deficiente gestión histórica de
los mismos, causada, entre otros factores, por la opacidad informativa de
muchos agentes y entidades productoras de residuos pero, sobre todo, por
la insuficiencia de infraestructuras adecuadas para tratar determinado
tipo de residuos. Por ello, el Ministerio de Medio Ambiente se planteó
desde el principio la trasposición al ordenamiento jurídico interno de
todas aquellas directivas comunitarias relativas a residuos, cuyo plazo
de trasposición estaba próximo a vencer en una de ellas y había ya
rebasado ampliamente el tiempo adecuado para su trasposición en el resto.

A continuación pasa a dar cuenta de las acciones normativas llevadas a
cabo por su departamento, destacando que el proyecto de ley que hoy trae
a la consideración de la Cámara viene a trasponer realmente la directiva
comunitaria 91/156, de 18 de diciembre, relativa a residuos, que debía
haber sido presentada antes de marzo de 1993. Considera imprescindible la
tramitación por el procedimiento de urgencia, ya que la no trasposición
y, por tanto, el incumplimiento por parte del Reino de España de sus
obligaciones comunitarias ha conllevado una primera sentencia
condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades
Europeas, de fecha 5 de junio de 1997, habiéndose iniciado los trámites
por parte del Tribunal de Justicia para la imposición de una segunda
sentencia condenatoria.

Por otra parte, resalta que el texto que hoy se presenta a la Cámara ha
sido consultado a lo largo de su proceso de elaboración con todas las
comunidades autónomas, representantes de entidades locales,
organizaciones no gubernamentales, organizaciones profesionales y
empresariales, consumidores, sindicatos, colectividad científica y
cuantas personas físicas y jurídicas han manifestado su interés en la
elaboración de este proyecto, haciendo especial mención a la
participación del Consejo Asesor de Medio Ambiente. Añade que, de todas
formas, el proyecto de ley no es una mera trasposiciòn de la directiva,
sino que nace con el ambicioso propósito de incorporar otra serie de
aspectos no contemplados en la directiva pero que resultaban
imprescindibles para conseguir una ley marco de residuos para las
próximas décadas, inspirada en los principios que guían la política de
gestión de residuos de organismos europeos e internacionales y que fuera
punto de referencia obligado de las comunidades autónomas y entes
locales, pasando a detallar los objetivos concretos que se pretenden
alcanzar con el presente proyecto de ley.

Termina su intervención manifestando que la actualización de la
legislación sobre la materia va a suponer un cambio de mentalidad de
todos los españoles, puesto que uno de los mayores problemas que tienen
las sociedades industrializadas es acabar con esa mentalidad de usar y
tirar, y pide el voto favorable para el proyecto de ley, puesto que está
convencida de que constituye un avance definitivo en el compromiso que
tiene España con el desarrollo sostenible.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y las señoras Urán González, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Narbona Ruiz, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.

En turno de réplica interviene la señora Ministra de Medio Ambiente,
duplicando el señor Rodríguez Sánchez y las señoras Urán González y
Narbona Ruiz. Interviene de nuevo la señora Ministra de Medio Ambiente.




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En turno en contra de las enmiendas de totalidad presentadas interviene
la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En un segundo turno intervienen el señor Rodríguez Sánchez y las señoras
Urán González, Narbona Ruiz y De Lara Carbó.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo
Parlamentario Mixto, se rechaza por 138 votos a favor, 166 en contra y
dos abstenciones.

Sometida a votación la enmienda de totalidad con texto alternativo del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza con 139 votos
a favor y 169 en contra.

Sometida a votación la enmienda de totalidad con texto alternativo del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se rechaza con 138 votos a
favor y 170 en contra.




Avocación por el Pleno (Página 6420)



Proyecto de ley de residuos (Página 6420)



El señor Presidente pone en conocimiento de la Cámara que la Mesa, oída
la Junta de Portavoces, ha acordado proponer al Pleno la avocación,
solicitada por algún grupo parlamentario, de la deliberación y votación
final del proyecto de ley residuos, lo que se aprueba por asentimiento.

Se levanta la sesión a las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.




Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto.




DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:



-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (Número de registro
035430)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.




Se reanuda la sesión con carácter público.




CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:



-- REAL DECRETO-LEY 18/1997, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS FUERTES
TORMENTAS ACAECIDAS RECIENTEMENTE EN DIVERSAS COMUNIDADES AUTONOMAS
(Número de expediente 130/000031)



El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Convalidación o
derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 18/1997, de 31 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las fuertes tormentas acaecidas recientemente en diversas
comunidades autónomas.

Para la presentación del real decreto-ley ante el Pleno, tiene la palabra
el ministro de Interior, señor Mayor Oreja. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)



El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
presidente.

Señoras y señores diputados, comparezco hoy ante SS. SS. para
cumplimentar el trámite de convalidación por esta Cámara del Real
Decreto-ley 18/1997, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las tormentas que han tenido
lugar en varias comunidades autónomas.

Como SS. SS. conocen, desde finales de la primavera, y durante
prácticamente todo el verano, numerosas provincias españolas se han visto
afectadas en mayor o menor medida por fenómenos tormentosos, acompañados
en muchas ocasiones de intensas descargas de lluvias y granizo. Esas
tormentas han ocasionado daños graves en producciones agrícolas y, en
menor medida, en las infraestructuras agrarias, bienes municipales y
estatales, en viviendas y en enseres de particulares.

Afortunadamente, quiero recordarles, señorías, que estos fenómenos
meteorológicos no han supuesto la pérdida de vidas humanas, ni tampoco la
interrupción de servicios públicos esenciales, ni han afectado de forma
general al normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de los
ciudadanos, si bien sus efectos sí han incidido en pequeñas economías del
sector agrario que han visto reducidas sus rentas tanto desde el punto de
vista del propietario como del asalariado, así como de las empresas en
transformación al faltar la materia prima necesaria.




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Numerosos ayuntamientos y organizaciones agrarias se han dirigido al
Gobierno solicitando la declaración de zona catastrófica o la adopción de
medidas de carácter fiscal que, en lo posible, alivien las pérdidas
sufridas. Por su parte, los grupos parlamentarios representados en esta
Cámara se han hecho eco también de esa preocupación y han presentado
distintas iniciativas instando al Gobierno a solucionar las secuelas
producidas por los graves temporales e inundaciones ocurridos.

Como ya señalaba anteriormente, el mayor porcentaje de daños se localiza
en producciones agrarias, siendo susceptibles de aseguramiento los
cultivos y producciones afectadas por medio del seguro agrario combinado.

No obstante, dado que en la realidad el nivel de aseguramiento en las
zonas afectadas es particularmente bajo, y teniendo en cuenta la
extensión de estos hechos y la lógica inquietud y alarma creada en los
agricultores, así como la existencia de otros sectores afectados, se ha
hecho necesario, desde el principio constitucional de solidaridad, la
aprobación de este real decreto de 31 de octubre.

Este real decreto-ley tiene un amplio ámbito de aplicación, por lo que, a
diferencia de otras ocasiones, se ha remitido la determinación de los
términos municipales y núcleos de población destinatarios de las ayudas a
un posterior desarrollo reglamentario.

Las comunidades autónomas y provincias afectadas son las siguientes: en
Andalucía, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. En Aragón, Zaragoza y
Huesca. Asturias. Cantabria. En Castilla-La Mancha, Albacete, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. En Castilla y León, Avila, Burgos,
León, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora --las provincias de
Avila y Zamora fueron incluidas en una posterior corrección de errores--.

En Cataluña, Lleida. En Extremadura, Badajoz y Cáceres. En la Comunidad
Autónoma Valenciana, Alicante, Castellón y Valencia. La Rioja. En
Galicia, Lugo. Murcia. En el País Vasco, Vizcaya.

El objetivo de la norma que hoy somete el Gobierno a su convalidación es
la aprobación de un amplio conjunto de medidas que afectan a varios
departamentos ministeriales y que abarcan aspectos muy diferentes que van
desde la minoración de cargas tributarias a la concesión de créditos
privilegiados y ayudas a ayuntamientos y particulares para el
restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas.

Las medidas recogidas en el real decreto-ley son las siguientes:
Primera. Aprobación de un crédito extraordinario, con el carácter de
ampliable, de 2.000 millones de pesetas.

Segunda. Concesión de moratorias en el pago de todos los créditos
vencidos o que venzan en los períodos que se determinen en la orden de
desarrollo en función de las fechas en que se han producido los fenómenos
tormentosos.

Tercera. Indemnizaciones por daños directos en producciones agrarias
aseguradas con pólizas en vigor del seguro agrario combinado cuando los
riesgos que han producido no estén incluidos en las órdenes reguladoras
de las condiciones de aseguramiento.

Cuarta. Las ministras de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio
Ambiente podrán declarar zonas de actuación especial las áreas afectadas
en orden a la reparación de los daños sufridos. A esos efectos se
declaran de emergencia las obras de reposición de infraestructuras.

Quinta. Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza rústica correspondiente a 1997 en las
explotaciones agrarias en las que se hubieran producido destrozos en
cosechas, ganados o bienes, que constituyan siniestros no cubiertos por
ninguna fórmula de aseguramiento público o privado. Esta exención se
extiende a inmuebles de naturaleza urbana tales como viviendas,
establecimientos industriales y mercantiles, locales de trabajo y
similares, a los que, a su vez, se les concede una reducción del Impuesto
sobre Actividades Económicas para 1997.

Sexta. Para las explotaciones y actividades agrarias, el Ministerio de
Economía y Hacienda podrá autorizar la reducción de los índices de
rendimiento neto sobre aplicación del método en estimación objetiva por
signos, índices o módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para 1997.

Séptima. Las empresas y trabajadores por cuenta propia no incluidos en el
régimen especial agrario de la Seguridad Social podrán obtener una
moratoria, sin interés, en el pago de sus cotizaciones correspondientes a
los meses de agosto a octubre de 1997. Asimismo los trabajadores por
cuenta propia incluidos en este régimen especial gozarán de la exención
de sus cuotas en ese mismo período.

Octava. Las corporaciones locales podrán solicitar subvenciones para las
obras de reparación de los daños causados al Instituto Nacional de
Empleo, para la contratación de trabajadores desempleados.

Novena. Se aprueban medidas relativas a los expedientes de regulación de
empleo, asimilándolos a las situaciones de fuerza mayor, con las
consiguientes ventajas para los trabajadores y las empresas.

Décima. El Instituto de Crédito Oficial pone a disposición de las
entidades financieras líneas de préstamo por valor de 3.000 millones de
pesetas con la finalidad de anticipar la reparación o reposición de
instalaciones industriales y mercantiles, explotaciones agrarias,
ganaderas y locales de trabajo de profesionales, cuyo interés final para
el prestatario no podrá exceder del 3,5 por ciento del TAE.

Undécima. Se autoriza una minoración de 165.000 pesetas en la cuota
tributaria del impuesto especial sobre determinados medios de transporte
para la adquisición de vehículos que sustituyan a los que hubieran



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producido siniestro total como consecuencia de las lluvias, temporales e
inundaciones.

Duodécima. Se prevé la creación de una comisión interministerial de
gestión de estas medidas coordinada por la Dirección General de
Protección Civil e integrada por representantes de la Presidencia del
Gobierno y de los ministerios de Economía y Hacienda, Interior, Fomento,
Educación y Cultura, Trabajo y Asuntos Sociales, Industria y Energía,
Agricultura, Pesca y Alimentación, Administraciones Públicas y Medio
Ambiente; así como por los delegados del Gobierno en las comunidades
autónomas afectadas.

La aportación del Estado irá destinada a la reparación de los daños
causados en caminos rurales, infraestructuras agrarias de uso común e
hidráulico-forestales, infraestructuras municipales, bienes estatales y
daños de emergencia en bienes de las corporaciones locales y ayudas a
particulares.

Por último, señorías, quiero resaltar el esfuerzo realizado por el
Gobierno para paliar y reparar los efectos de estas tormentas producidas
en el pasado verano. Esto se conseguirá no sólo mediante la aprobación de
ese crédito extraordinario, al que antes he hecho referencia, sino
también a través de esas medidas que acabo de anunciarles, que aportarán
considerables recursos económicos a las zonas afectadas.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.

Aunque, afortunadamente, la Comunidad Autónoma de Canarias no aparece
comprendida en este real decreto-ley que acaba de presentar el señor
ministro de Interior, queremos dar nuestro voto de apoyo para su
convalidación.

Las calamidades meteorológicas que se han producido en el período de mayo
a septiembre del corriente año afectan a las trece comunidades autónomas
que se relacionan en su artículo 1º. Por ello, en razón del principio
constitucional de solidaridad y congratulándonos de las disposiciones que
en el ordenamiento legal español existen para atender a este tipo de
catástrofes, que se enumeran en toda la parte dispositiva del real
dcreto-ley, vamos a dar con mucho gusto, en este espíritu de solidaridad
y comprensión, nuestro voto favorable a su convalidación para que las
medidas dispuestas en el mismo, sobre todo las de índole económico o
financiero, puedan tener una rápida y pronta aplicación que, al menos,
pueda paliar los efectos de orden sociológico y económico que se trata de
resolver.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.




El señor SEDO I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, voy a intervenir para fijar la posión del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). Nuevamente tenemos en trámite de convalidación un
decreto-ley, esta vez el 18/1997, de 31 de octubre, por el que se adoptan
medidas urgentes en relación con los daños causados por fuertes
tormentas, en este caso las que se han producido entre el 1 de mayo y el
1 de septiembre pasados.

Desgraciadamente, demasiado a menudo tenemos que encontrarnos con
trámites de este tipo, o del contrario. Efectivamente, los tipos que se
presentan en cuanto a la cantidad de agua, en los últimos años, pueden
ser dos, en positivo o en negativo: inundaciones o sequía.

Sobre los daños que se producen, tanto en un tipo de catástrofes como en
el otro, poco podemos hacer en lo que se refiere a si llueve o no y en la
posibilidad de dominar los efectos meteorológicos, pero en muchos casos
sí podríamos llegar a conducir o reconducir el agua.

Nuestro grupo --cómo no-- va a votar favorablemente la convalidación del
presente decreto-ley, por cuanto afecta a personas que han sufrido daños
materiales y se han originado pérdidas de distinta naturaleza, por lo que
queremos manifestarles nuestro sincero y total pesar por ello.

Por otra parte, permítanme una breve reflexión. Conducir o reconducir los
efectos de las tormentas, es decir las grandes lluvias, ¿es algo a lo que
dedicamos los suficientes esfuerzos? En un símil sanitario diría que nos
dedicamos demasiado a curar en vez de a prevenir. Estos días, puesto que
la cura de las últimas catástrofes ya está en marcha --catástrofes que
son distintas a las que corresponden al presente decreto--, tenemos que
empezar a hablar de prevenir, pero ¿realmente lo haremos o dejaremos que
poco a poco el tema quede aparcado hasta la próxima ocasión?
El decreto-ley de hoy no incluye las últimas tormentas acaecidas en los
zonas de Extremadura y regiones próximas. Tampoco incluye las de estos
últimos días, y tengamos en cuenta que hoy se nos anuncian dos víctimas
más, por lo que habrá que volver a empezar con otros decretos.

Todo el tema hidrológico es una asignatura pendiente que siempre queda
para el examen de la próxima convocatoria. Nos deberíamos avergonzar de
ello. No



Página 6394




somos capaces de resolverlo y no cumplimos ninguno de los plazos que nos
marcamos. Al hablar en plural se incluye a todos los grupos y a las
administraciones competentes. ¿Cuándo tomaremos en serio la resolución
--para decirlo de alguna manera-- del problema del agua, con
concreciones, con sensatez, con serenidad, con equidad, con plazos a
cumplir, con consenso amplio? Nuestro grupo está totalmente dispuesto a
ello. Lo hemos dicho muchas veces, desde hace años. Y seguimos diciendo
que se aceleren los pasos que ahora se están dando para que se alcance la
velocidad adecuada, que no es la que actualmente se lleva, pero dentro de
poco deberá venir otro decreto-ley, de análogo o similar contenido, para
paliar las consecuencias de las últimas tormentas.

No deberíamos sentirnos avergonzados por haber hecho menos de lo que era
posible, a pesar de que para el decreto que pronto vendrá ya no llegamos
a tiempo de tener en cuenta lo que expreso en mi reflexión.

Desafortunadamente, la intervención de hoy podré repetirla en su momento.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.

En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Federal de Izquierda Unida va a apoyar este real decreto aún
sabiendo, en primer lugar, que muchas veces llegamos tarde a unas cosas
que deberían tener una eficacia mayor y, en segundo lugar, que no hemos
terminado una cuando ya empezamos otra. Deberíamos tener una actuación
legal que funcionase con unos requisitos generales, que pudiera
reaccionar automáticamente para hacer frente a daños que, unas veces por
inundaciones, por exceso de lluvia en un volumen importante en un momento
determinado, y otras veces por sequía, están afectando a lo que
pudiéramos llamar infraestructuras básicas de zonas y comarcas enteras,
incluso regiones, y a infraestructuras básicas que no son de uso general,
pero sí lo son para la estructura productiva. Por tanto, en lugar de
estar discutiendo en el mes de noviembre este real decreto para hacer
frente a unos daños que se produjeron en el verano, hasta septiembre,
cuando hemos tenido daños ocasionados con posterioridad, deberíamos
buscar fórmulas más eficaces y más rápidas para reaccionar desde la
Administración.

La segunda referencia que quiero hacer es que yo creo que deberíamos
buscar fórmulas de mayor contundencia que combinen actuaciones de las
administraciones para hacer frente no solamente a los daños ocasionados a
las personas, sino a los que afectan a la propia realidad de su
estructura productiva. Por ejemplo, hay estructuras agrarias que pierden
la vivienda, que pierden la producción y que pierden la capacidad de
producir en el futuro. En estos casos, aunque les ofrezcamos préstamos
para restablecer la realidad que tenían anteriormente, aunque les
ofrezcamos exenciones fiscales para que no paguen los préstamos, aunque
les ofrezcamos créditos blandos para poder hacer frente a la
restauración, no hacemos frente a algo que es una realidad, y es que han
perdido toda su capacidad de ingresos. Los agricultores, cuando tienen
estos efectos, pierden toda su capacidad de ingreso, puesto que en la
siguiente recolecta, en la siguiente producción no van a poder tener los
ingresos necesarios para hacer frente a sus compromisos.

Por eso, señor presidente, yo creo que deberíamos buscar fórmulas para
que algunos de estos efectos tuvieran la declaración de zona catastrófica
y no esta combinación de medias, para que estos decretos tuviesen lo que
pudiéramos llamar ayudas a fondo perdido. Si se miran ustedes todo el
real decreto, en el artículo 2 tenemos lo que pueden ser las medidas
cuando las pólizas de seguro no tienen previstos estos riesgos. En el
artículo 5 tenemos moratorias de obligaciones de pago en créditos
hipotecarios, en créditos de toda clase, se conceden exenciones fiscales
en la cuota de bienes inmuebles, en lo que es la actuación de bienes de
naturaleza urbana, sus propias viviendas, lo que puede ser el Impuesto
sobre Actividades Económicas para no pagar este impuesto a los
ayuntamientos, exenciones y reducción de cuotas de otros tributos. Se
plantea también un expediente a lo que significa la regulación de empleo
de las empresas que están dirigidas a esta actividad. Se buscan créditos
blandos para lo que pueden ser actuaciones de recuperación de estas
obras. Y, por último, en el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, también
se da una previsión de 3.000 millones de pesetas. Pero en ningún caso
aparece la ayuda a fondo perdido que sí recoge la declaración de zona
catastrófica, y por lo que yo conozco hay zonas en las que las
inundaciones han dañado totalmente, no sólo a infraestructuras públicas,
como puede ser carreteras de índole general, sino a hospitales y
escuelas, han dañado comarcas enteras, estructuras productivas enteras.

Yo echo en falta que en estas medidas que el Gobierno propone haya una
línea de actuación que sea ayudas a fondo perdido en un porcentaje en
función del daño recibido. Cuando el daño recibido para una estructura
productiva agraria ha sido del cien por cien, el tipo de ayuda a fondo
perdido tiene que ser poner los recursos encima de la mesa y restablecer
rápidamente la realidad productiva. Porque si los daños se produjeron
entre el verano y septiembre y estamos en noviembre, las ayudas se abren
ahora y se empiezan a valorar y a presentar las solicitudes, pues a lo
mejor para el mes de marzo o abril empiezan a recibir este dinero, y la
verdad es que no se puede esperar a tanto. El que no tenga la
disponibilidad para hacerlo antes, no va a poder abordar soluciones.




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Señor presidente, lamento que este real decreto no sea más ambicioso en
cuanto a la combinación de otras líneas de ayuda que no están recogidas
aquí. Es positivo que se cree una comisión interministerial para efectuar
un seguimiento de la aplicación de este real decreto y que en la
evaluación participen las comunidades autónomas, a través de las
delegaciones del Gobierno, así como los municipios, porque en realidad
son los que primero atienden a los ciudadanos cuando se dirigen a ellos
para la reparación de las infraestructuras privadas ligadas a la
distribución local, tanto en la red rural como en la red local de
comunicación entre los distintos municipios.

Las cuantías que se fijan en el real decreto para los créditos son
escasas, aunque es verdad que son ampliables; figuran 2.000 millones de
pesetas con carácter ampliable. También se cuantifica en el artículo 12
un préstamo por importe de 3.000 millones de pesetas declarado igualmente
ampliable, según la evaluación de daños. Considero que estas cuantías son
escasas, pero lo peor es que no hay una línea de fondo perdido.

En todo caso, señor presidente, esperamos que en la determinación y
evaluación general participe quien de verdad ha estado afectado y se
evite algo que siempre suele pasar con estas ayudas: que no se produzcan
derivaciones ni burocratización, a fin de que estas medidas sean
efectivas, rápidas y puedan llegar a las gentes que de verdad lo
necesitan y para las tareas que son prioritarias, que son restablecer la
capacidad productiva y crear las condiciones de futuro para las gentes
que ahora mismo ven angustiosamente perdida toda posibilidad de reacción.

Nada más, señor presidente; nada más, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: Gracias, señor presidente.

Deseo felicitarme porque por fin llega a la Cámara este decreto y nos
felicitamos igualmente porque contiene un conjunto de medidas que ya
habíamos demandado. El propio señor ministro, en la exposición del mismo,
aludía a iniciativas parlamentarias. En efecto, este grupo parlamentario
ha presentado en esta Cámara dos proposiciones no de ley firmadas por el
diputado de este grupo Julio Villarrubia Mediavilla, una del 18 de julio
y otra del 24 de septiembre, en las que ponemos de manifiesto la
necesidad urgente de adoptar, para supuestos claros de tormentas
acaecidas y catástrofes generadas como consecuencia de esas descargas a
lo largo del verano, entre los períodos de 1 de mayo y 1 de septiembre,
medidas de ayuda del estilo de las existentes para otros supuestos
similares. Por eso nos felicitamos, en primer lugar, porque, por fin,
llegue a la Cámara este real decreto-ley.

Al mismo tiempo, queremos decir que el elenco de medidas contempladas nos
parece insuficiente, como han indicado también otros grupos
parlamentarios, aunque es verdad que se habla de créditos ampliables. Les
voy a contar una anécdota, pero no quiero que me lleven a la acusación de
ser a veces excesivamente chauvinista, no obstante, lo tengo que decir
porque habrá que evaluar a fondo las comunidades y municipios afectados
en el ámbito de este real decreto. Por ejemplo, cuando se diseñaron
ayudas para la Comunidad Autónoma de Asturias con motivo de inundaciones
acaecidas en el año anterior, en 1996, se habilitaron 270 millones,
frente a una evaluación de daños que rebasaban los 1.000 millones de
pesetas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto las líneas de crédito
--aunque se habla de líneas de crédito ampliables-- como las líneas de
ayuda de 2.000 millones de pesetas que se fijan en el artículo 11 de este
real decreto-ley van a quedar desfasadas por la propia realidad. Cuando
nos lleguen los resultados de esa evaluación, sobre todo de comunidades
como Castilla y León --donde ha habido incluso que ampliar las provincias
afectadas-- o de otras, vamos a tener ocasión de comprobar cómo esto que
decimos ahora de la insuficiencia de las previsiones económicas es una
realidad.

En todo caso, nos parece positivo que este decreto-ley recoja lo que son
las líneas básicas, el estándar de decretos-leyes sobre situaciones
similares; digo el estándar porque sobre esta materia parece que hay un
formulario en el Gobierno; prácticamente, se cambian los nombres y el
tipo de ayudas. Menos mal que han corregido al menos los tipos de
interés, porque efectivamente los tipos de interés que diseñan en la
línea de crédito del ICO se adaptan a la realidad en relación con
decretos anteriores. En todo caso, lo que quiero dejar claro es que
parece que hay un formulario para estos decretos y que se diseñan una
serie de medidas que nos parecen interesantes, como las moratorias para
las obligaciones de pago, la exención de cuotas del Impuesto sobre Bienes
Inmueble, tanto de naturaleza rústica como de naturaleza urbana, o la
reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas. Se habla del
ejercicio de 1997, por lo que, desde el punto de vista fiscal, habrá que
hacer un mayor esfuerzo imaginativo.

También vemos que es buena la regulación que se hace en materia de
expedientes de regulación de empleo, así como las líneas de subvenciones
y de apoyo desde las corporaciones locales al Instituto Nacional de
Empleo o todas las ayudas que se diseñan. Ahora bien, en las cuantías
económicas estamos ante una infrapresupuestación en relación con lo que
van a ser y son ya las necesidades y con lo que es la propia experiencia
en estos casos. Vuelvo a reiterar que, en todo caso, estamos ante
créditos ampliables.




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Esta realidad, y basta escuchar las palabras formuladas esta mañana por
los representantes de los grupos parlamentarios, lo que pone de
manifiesto es la necesidad de establecer un marco regulador que garantice
más automatismo y más realismo en la solución de estos problemas y, sobre
todo, un marco regulador que esté actualizado. Sé que forma parte del
sentir de los grupos, es más, tanto en nuestro programa electoral como en
lo que son objetivos del propio Ministerio del Interior, en el ámbito de
protección civil, existe la necesidad de un nuevo marco regulador de las
ayudas en el caso de estas situaciones. Es una necesidad que todos hemos
puesto de manifiesto, en la que estamos de acuerdo, y lo que hace falta
es pasar ya a la iniciativa de tomar medidas de tipo legislativo que
establezcan la actualización de ese marco normativo.

Asimismo, quiero felicitarme por cuanto que esta semana, aunque estemos
hoy convalidando este real decreto-ley, hemos aprobado una moción
consecuencia de una interpelación de Izquierda Unida, la cual tuvo un
amplísimo consenso en esta Cámara, me parece que sólo hubo una
abstención, y para la que, tanto nosotros como el resto de los grupos
parlamentarios, hemos hecho un esfuerzo contributivo y creativo. En ese
sentido, no solamente regulamos o hacemos frente a problemas que han
acaecido coyunturalmente, sino que establecemos mecanismos de previsión,
que esto es lo que pone de manifiesto la moción y lo que siempre hemos
considerado como punto de partida y no como punto de llegada, porque lo
que pretende la Cámara es excitar al propio Gobierno para que, en el
ámbito del consenso y en el ámbito de la cooperación interadministrativa,
así como en el del diálogo con las comunidades autónomas, sin merma de
las competencias de las mismas, establezcamos el mecanismo de previsión
ante estos supuestos y nos pongamos de acuerdo para crear ese mecanismo
de actualización de ayudas y de los marcos legislativos.

En esa filosofía, en ese convencimiento, considerando que es necesario y
urgente actuar sobre estas comunidades por efecto de las condiciones
meteorológicas, de las calamidades sufridas por las lluvias, por el
granizo, por las descargas en el período comprendido entre el 1 de mayo y
el 1 de septiembre, y siendo también conscientes de que esta Cámara va a
tener que pronunciarse en breve para hacer frente a mecanismos de ayudas
a otras regiones y comunidades que han sufrido recientemente catástrofes
durísimas, mi grupo, aunque dejando claro que la línea en las ayudas le
parece insuficiente, va a apoyar y va a votar favorablemente este
real-decreto ley. Y como hemos hecho en otras ocasiones, porque siempre
un real decreto-ley es una buena ocasión para establecer mecanismos que
permitan adaptarnos a las soluciones desde una flexibilidad, vamos a
pedir también la tramitación del mismo como proyecto de ley, por cuanto
va a permitir mejorar alguna línea de ayudas y algunas de las
peculiaridades en las soluciones de los problemas planteados en otras
comunidades autónomas.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Torme.




La señora TORME PARDO: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario
Popular votará a favor de la convalidación del presente real decreto-ley
porque entendemos que da una respuesta adecuada a los daños ocasionados
por una serie de fenómenos tormentosos que se han producido entre los
meses de mayo y agosto de este año en el territorio de 13 comunidades
autónomas.

Es evidente, y así espero que lo sea para todos los grupos de esta
Cámara, que la diversidad de puntos geográficos afectados, así como la
diversidad de los daños ocasionados, ha obligado a realizar un proceso de
evaluación de esos daños mucho más detenido y complejo que los llevados a
cabo frente a otras catástrofes, probablemente de dimensiones mayores,
pero más concentradas en un ámbito geográfico concreto. El Grupo Popular
considera que el Gobierno ha optado por el método más adecuado para poner
en marcha líneas de ayuda eficaces al objeto de paliar los daños
producidos en cada una de las zonas afectadas.

Creo que no es necesario resaltar la complejidad del proceso de
evaluación de estos daños, que se ha llevado a cabo con carácter previo a
la aprobación de este real decreto-ley, teniendo en cuenta que son muy
numerosos los términos municipales afectados en mayor o en menor medida.

Afortunadamente, tal y como ha recordado el señor ministro del Interior,
este real decreto-ley contempla medidas frente a las consecuencias de una
serie de fenómenos tormentosos que no han supuesto la pérdida de vidas
humanas ni tampoco una especial conmoción en el desarrollo de servicios
públicos o en el desenvolvimiento de la vida cotidiana de los ciudadanos,
pero, como también ha recordado el señor ministro, se han producido
importantes pérdidas en producciones agrícolas, en infraestructuras
agrarias, en bienes de titularidad pública, así como en viviendas y
enseres de particulares. De ahí que este real decreto-ley responda al
compromiso del Gobierno con los afectados y a los requerimientos
políticos e institucionales que se han venido formulando precisamente
para, entre todos --y subrayo el término entre todos--, ser capaces de
dar respuesta y estar a la altura de lo que los ciudadanos afectados
legítimamente nos han demandado.

Más allá de lo que es el contenido concreto de esta norma que hoy
sometemos a su convalidación, y a la que ha hecho referencia el señor
ministro, mi grupo parlamentario quiere destacar la necesidad de
continuar



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impulsando una línea de actuación que pasa, en primer lugar, por
profundizar en el diálogo entre los distintos grupos políticos y
administraciones públicas implicadas para perfeccionar los mecanismos de
cooperación frente a las consecuencias de determinados fenómenos
meteorológicos como los que hoy nos ocupan; en segundo lugar, por buscar
un marco jurídico más amplio que permita contemplar de forma estable el
régimen de ayudas susceptibles de ser aplicadas frente a daños producidos
por este tipo de fenómenos, y, en tercer lugar, por mejorar los
mecanismos de aplicación de estas ayudas con el objetivo de ganar la
mayor rapidez posible en la forma y tiempo de acceso a las mismas por
parte de los afectados.

Ciertamente, este real decreto-ley acredita un esfuerzo económico por
parte del Gobierno y una importante tarea de coordinación entre distintos
departamentos ministeriales a la hora de poner en marcha una serie de
medidas urgentes de diversa naturaleza, que ya han sido expuestas por el
señor ministro, destinadas a paliar y reparar los daños ocasionados,
facilitando el restablecimiento de la normalidad en todas esas zonas
afectadas.

En definitiva, el Grupo Popular, al votar a favor de la convalidación de
este real decreto-ley, está expresando su compromiso de contribuir a que
la capacidad de respuesta de la Administración del Estado frente a daños
provocados por fenómenos meteorológicos continúe avanzando en los
contenidos de eficacia y agilidad que viene impulsando el Gobierno.

Consideramos que ésta es una demanda esencial en el desarrollo de una
sociedad cada vez más moderna y solidaria. (Aplausos.) Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Torme.

Vamos a proceder a la votación.

Votación correspondiente a la convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 18/1997, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las fuertes tormentas
acaecidas recientemente en diversas comunidades autónomas.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a
favor, 291.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda convalidado
el real decreto.

El Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto que este real decreto sea
tramitado como proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a
favor, 132; en contra, 159.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
propuesta de tramitación como proyecto de ley.




DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (El señor Alacaraz Masats
pide la palabra.)
Sí, señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, ¿entre los convenios
internacionales figura el de telecomunicaciones suscrito en Marrakech?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Sí, señoría,
aparece como cuarto protocolo sobre telecomunicaciones básicas.




El señor ALCARAZ MASATS: Señoría, nosotros nos abstendríamos en este
protocolo.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Entonces, señor
Alcararz, votaremos éste específicamente. El resto, si no hay
inconveniente por parte de ningún grupo parlamentario, procederíamos a
aceptarlos por asentimiento.




-- ACUERDO MARCO SOBRE COMERCIO Y COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA
Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE COREA, POR OTRA,
FIRMADO EN LUXEMBURGO EL 28 DE OCTUBRE DE 1996 (Número de expediente
110/000123)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En primer lugar,
acuerdo marco sobre comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra,
firmado en Luxemburgo el 28 de octubre de 1996.

¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.




-- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y CUBA SOBRE
MODIFICACION DEL CONVENIO AEREO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA REPUBLICA DE
CUBA, DE 19 DE JUNIO DE 1951 (Número de expediente 110/000141)



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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En segundo lugar,
canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Cuba sobre
modificación del convenio aéreo entre el Estado español y la República de
Cuba, de 19 de junio de 1951.

¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.




-- ACUERDO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE
CROACIA, FIRMADO EN MADRID EL 21 DE JULIO DE 1997 (Número de expediente
110/000142)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Acuerdo de
transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Croacia,
firmado en Madrid el 21 de julio de 1997.

¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.




-- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y KUWAIT SOBRE LA
MODIFICACION DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE KUWAIT SOBRE TRANSPORTE AEREO, DE 3 DE DICIEMBRE
DE 1979 (Número de expediente 110/000143)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Canje de notas
constitutivo de acuerdo entre España y Kuwait sobre la modificación del
convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Estado
de Kuwait sobre transporte aéreo, de 3 de diciembre de 1979.

¿Se aprueba? (Asentimiento.) Queda aprobado.




-- CUARTO PROTOCOLO SOBRE TELECOMUNICACIONES BASICAS, ANEXO AL ACUERDO
GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS, ANEXO AL ACUERDO POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO (MARRAKECH, 15 DE ABRIL DE
1994), HECHO EN GINEBRA EL 15 DE ABRIL DE 1997 (Número de expediente
110/000146)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Vamos a proceder a
la votación del cuarto protocolo sobre telecomunicaciones básicas, anexo
al acuerdo general sobre el comercio de servicios, anexo al acuerdo por
el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en
Ginebra el 15 de abril de 1997.

Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a
favor, 278; abstenciones, 12.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado el
dictamen del cuarto protocolo.




DICTAMENES DE COMISION SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.




-- PROPOSICION DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN SANCIONADOR
PREVISTO EN EL REGLAMENTO (CE) 3093/94, DEL CONSEJO, DE 15 DE DICIEMBRE,
RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO (Número de
expediente 122/000042)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Dictámenes de
comisiones sobre iniciativas legislativas. La proposición de ley por la
que se establece el régimen sancionador previsto en el reglamento del
Consejo, de 15 de diciembre, relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono, no tiene ninguna enmienda viva de ningún grupo parlamentario.

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir para fijar su posición? (La
señora Marón Beltrán pide la palabra.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Marón.




La señora MARON BELTRAN: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, quisiera mostrar, en primer lugar, mi
satisfacción porque la proposición de ley a iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista, que hoy viene al Pleno y que establece el
régimen sancionador previsto en el Reglamento 3093/94, relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono, recoge el sentir de los grupos de
esta Cámara en cuanto a que se ha conseguido un amplio consenso tanto en
su toma de consideración como posteriormente en el trámite de enmiendas.

Es cierto que estamos viviendo momentos en que empieza a notarse una
mayor concienciación social por los temas medioambientales; el cambio
climático, el problema de la capa de ozono, son materias que ya se
comentan en los ámbito cotidianos y que empiezan a debatirse en los
distintos foros y medios de comunicación. Por lo tanto, somos los
políticos los que tenemos que asumir la responsabilidad de legislar
adelantándonos, si es posible, al avance social y poner fin a la
degradación de nuestro planeta, adoptando las medidas adecuadas para
proteger la salud humana y el medio ambiente, así como el control de
sustancias y actividades que permitan un desarrollo de la naturaleza sin
agresividad.




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Las medidas para proteger la capa de ozono requieren una acción y
cooperación internacionales y deben tener en cuenta las necesidades de
los países en desarrollo, las investigaciones y las consideraciones
científicas y técnicas que aporten mayor conocimiento sobre el proceso de
destrucción de la capa de ozono, de las actividades que lo provocan y de
la forma para evitarlo. Proteger y mejorar el medio de las generaciones
presentes y futuras y poner fin a la descarga de sustancias tóxicas en
cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizar son
algunas de las prioridades a las que los países en desarrollo deben
dirigir sus esfuerzos.

La política de la Unión Europea en lo relativo a la capa de ozono,
reflejada en el quinto programa de política y actuación en materia de
medio ambiente y desarrollo sostenible, ha sido la de aumentar el ritmo
de reducción de las sustancias que agotan la capa de ozono por encima de
lo establecido en el protocolo de Montreal y en sus sucesivas revisiones.

Por esta razón, el reglamento a que hago referencia y del que surge la
ley que hoy nos ocupa establece las normas sancionadoras correspondiente
e impone medidas de control más estrictas que las contenidas en el
protocolo y en sus enmiendas. Aunque es cierto que tal reglamento por el
principio de primacía del ordenamiento jurídico comunitario es de
obligado cumplimiento para los Estados miembros, por encima de cualquier
norma nacional o internacional sobre la materia, el reglamento sin
régimen sancionador es una legislación hueca, abstracta. Por tanto, hoy
se completa el marco normativo y también damos un paso más en nuestras
obligaciones en el ámbito europeo. No sólo son obligaciones las de los
puntos de convergencia, déficit, inflación y moneda única, sino también
la elaboración de esta ley que determina las infracciones y las
correspondientes sanciones, tal como señala su artículo 19, y, además,
son obligaciones importantísimas para atajar rápidamente la gravedad del
deterioro de la capa de ozono.

Quisiera resaltar muy brevemente algunos aspectos de la ley relativos a
las infracciones. Superar los cupos de producción, comercialización o
utilización del bromuro de metilo, de los clorofluorocarbonos, de los
halones, tetracloruro de carbono, etcétera, en los distintos niveles que
señala el reglamento, podrá ser sancionado, según la gradación, con
multas de 50 a 200 millones de pesetas. Por tanto, son importantes las
sanciones que hoy aprobamos con esta ley.

Superar los cupos de producción o de comercialización de las sustancias
derivadas del cloro y del bromo en las cuantías señaladas en el
reglamento, ocultar o falsear datos, no tomar medidas de prevención
contra los escapes de las sustancias, etcétera, son algunas de las
posibles infracciones. Posiblemente, señorías, muy pronto la Comunidad
Europea presentará al Consejo una propuesta de enmienda del reglamento en
el que se propondrán límites más estrictos y se extenderá el marco de
actuación. En consecuencia, en su momento, habrá que adecuar el
reglamento sancionador.

Consideramos que la entrada en vigor de esta ley, cuyo texto que ha sido
propuesto por el Grupo Socialista, pero que ha sido enriquecido y
consensuado en el trámite de enmienda, debe ir acompañada de un marco
educativo amplio, de una campaña de concienciación social dirigida a la
industria y a la sociedad en general, para propiciar un conocimiento y
divulgación de la toxicidad de los productos, de las medidas de
prevención y para fomentar el uso de productos alternativos que hoy se
pueden comercializar en el mercado.

En este sentido quisiera aportarles un dato significativo: España ha
producido en el período 1986-1995 unas 400.000 toneladas de CFC y HFC.

Eso significa la destrucción del 3 por ciento de la capa de ozono, 13
veces la superficie del Estado español. Por tanto, hay que detener este
proceso sin más demora. La cantidad de los derivados del cloro y del
bromo en la atmósfera es tal que, aunque hoy se eliminase totalmente su
consumo, el daño continuaría varias décadas. Pongamos, pues, todos los
medios para evitar la espiral de destrucción de nuestra biosfera.

Evitemos los irreparables daños a la salud humana, a la flora, a la fauna
de nuestro planeta. En ese sentido es gratificante que esta Cámara hoy dé
un paso más.

Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Marón.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De
Lara.




La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente para recordar que recientemente se ha
conmemorado en Montreal el décimo aniversario del protocolo, que se firmó
en esa ciudad, para la protección de la capa de ozono. Veintiséis
gobiernos de todo el mundo, entre ellos el Gobierno español, lo firmaron.

Aquel protocolo, señorías, fue el inicio de una serie de medidas urgentes
y necesarias para frenar el avance del deterioro de la capa de ozono, ese
gas que nos protege de los rayos ultravioletas del sol.

El Consejo de la Unión Europea aprobó el reglamento relativo a las
sustancias que agotan esa capa. El reglamento citado se aplica a la
producción, importación, exportación, suministro, uso y recuperación de
clorofluorocarbonos, halones, bromuro de metilo y otros compuestos de
cloro y flúor. En particular, el reglamento decide unos usos prohibidos y
establece las fechas de prohibición, de acuerdo con la viabilidad y la
disponibilidad de sustancias y productos sustitutivos no perjudiciales
para la capa de ozono. Dada la



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aplicabilidad directa del reglamento, estas obligaciones han de ser
cumplidas a partir de su entrada en vigor el 23 de diciembre de 1994. No
obstante, el reglamento no establecía el correspondiente régimen
sancionador por el incumplimiento de aquéllas. En su artículo 19 el
reglamento dispone que los Estados miembros determinarán las sanciones
que deban aplicarse en los supuestos de infracción y, en su caso, de las
medidas nacionales necesarias para su ejecución.

La proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista tiene como
objeto tipificar las infracciones y el régimen sancionador necesario para
la correcta aplicación del reglamento. Creemos, señorías, que en este
sentido es oportuna y necesaria. El Grupo Parlamentario Popular presentó
quince enmiendas a la proposición de ley, de ellas, dos fueron retiradas,
seis admitidas y con las otras siete se llegó a un texto transaccional.

Llega, por tanto, al Pleno de esta Cámara el dictamen de la Comisión de
Medio ambiente sobre la proposición de ley sin enmiendas, algo, por
cierto, poco usual, por lo que debemos felicitarnos todos los grupos
parlamentarios y creo, señorías, que debería ser un precedente para que
todos los grupos trabajáramos al unísono e intentáramos buscar soluciones
a los grandes problemas medioambientales que afectan al planeta.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara.

Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación correspondiente al dictamen de la Comisión sobre la proposición
de ley por la que se establece el régimen sancionador previsto en el
Reglamento del Consejo 3093/94, de 15 de diciembre, relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a
favor, 286.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado el
dictamen.




DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



-- PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS (Número de expediente 121/000078)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Debate de totalidad
de iniciativas legislativas. Proyecto de ley de residuos, al cual han
sido presentadas enmiendas de totalidad por parte del Grupo Mixto, del
Grupo Federal de Izquierda Unida y del Grupo Socialista.

En nombre del Gobierno y para la presentación del proyecto, tiene la
palabra la ministra de Medio Ambiente.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, los residuos son hoy en día una de las áreas
más problemáticas de la gestión del medio ambiente. El informe Dobris
elaborado por la Agencia Europea del Medio Ambiente, de 1995, refleja que
la producción de residuos sólidos urbanos por habitante ha crecido desde
1992 un 20 por ciento en la Europa de los quince Estados comunitarios y
que dicha evolución seguirá progresando y se instalará en el año 2000 en
una cifra de generación de este tipo de residuos próxima a los 400 kilos
por habitante y año.

La gestión adecuada de los residuos urbanos, junto con los residuos
peligrosos y con los suelos contaminados, constituye una prioridad del
Ministerio de Medio Ambiente. Entendemos que la correcta planificación de
la gestión de residuos ha de fundamentarse, en primer lugar, en el
necesario marco jurídico que establezca las reglas de base para el
ejercicio de dichas operaciones. Podríamos, por tanto, afirmar que los
residuos constituyen y han venido constituyendo, junto con el cambio
climático y otros temas de naturaleza muy grave, uno de los grandes
problemas medioambientales de las sociedades industrializadas. Si
queremos centrar el debate en el caso concreto español, algunos datos
ejemplifican mejor que ninguna palabra la envergadura del problema que
estamos tratando de abordar. En 1995 el total de los residuos urbanos
generados alcanzó la cifra de 14.914.233 toneladas, lo que supone un
aumento del 50 por ciento respecto a la cifra de 1985. En cuanto a los
residuos peligrosos, la información de que disponemos hasta el año 1994
indica un volumen de 3.394.360 millones de toneladas, concentrándose su
localización en las comunidades autónomas más industrializadas,
especialmente Cataluña, País Vasco, Asturias y Galicia, y entendiendo --y
así lo constatan los datos-- que los principales productores de residuos
fueron la industria química, la del automóvil y la metalúrgica.

El tratamiento de los residuos urbanos está basado en estos momentos
principalmente en su eliminación por depósito en vertedero. Así, del
total de residuos generados, un 81,36 por ciento fue destinado al
vertedero, porcentaje muy superior a la media de los países de la OCDE
que suelen estar en torno a un 60 por ciento. El volumen de residuos
incontrolados sigue siendo aún, lamentablemente, muy elevado, de un 17,62
por ciento, aunque es lo cierto que en estos últimos veinte años ha
venido disminuyendo de forma importante, ya que en 1978 el vertido
incontrolado se situaba en un 60 por ciento.

En definitiva, señorías, lo que estas cifras está delatando es una
excesiva generación de residuos, debido,



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entre otras cosas, a la inexistencia de límites por unidad de producción
y a una deficiente gestión histórica de los mismos causada, entre otros
factores, por la opacidad informativa de muchos agentes y entidades
productoras de residuos pero, sobre todo, por la insuficiencia de
infraestructuras adecuadas para tratar determinado tipo de residuos. Este
evidente problema medioambiental que constituyen los residuos de nuestro
país es lo que hizo, como les comentaba al principio de mi exposición,
que uno de los objetivos prioritarios que se fijara el Ministerio de
Medio Ambiente desde su creación fuera la trasposición al ordenamiento
jurídico interno de todas aquellas directivas comunitarias relativas a
residuos, cuyo plazo de estaba próximo a vencer en una de ellas y en el
resto ya se había ya rebasado ampliamente el tiempo adecuado para su
trasposición, como por ejemplo en el caso de la directiva marco sobre
residuos que es la que hoy trasponemos y que debía haber sido traspuesta
antes de marzo de 1993. Por lo tanto, lo que hemos realizado en estos
dieciocho meses, y con esto culminamos lo que tiene que ser una
legislación de residuos en España y nos ponemos al día con los demás
países de la Unión Europea, es que el Ministerio ha aprobado ya, en
primer lugar, la Ley 11/1997, sobre envases y residuos de envases, que se
publicó en el «Boletín Oficial del Estado» del 11 de abril de 1997 y que
fue aprobada en esta Cámara unos días antes. También se ha aprobado el
Real Decreto 952, de 20 de junio de 1997, por el que se modifica el
reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos. Igualmente hemos aprobado el Real Decreto
de 1997 sobre incineración de residuos peligrosos, relativo a
instalaciones de incineración de residuos también municipales.

Por último, he de decir que efectivamente todo esto era una auténtica
prioridad, porque no existía todavía en España gran concienciación social
sobre la gravedad de este problema. Piensen ustedes que existía una
legislación, la equivalente a la que hoy estamos modificando, que había
quedado ampliamente rebasada, puesto que nos estamos refiriendo a una ley
de residuos del año 1975 y, afortunadamente, España tiene ya, al cabo de
estos 22 años, bastante más desarrollo industrial que el que entonces
tenía, razón por la cual si el objetivo básico de aquella ley de 1975 era
controlar los vertederos, desde luego había quedado ampliamente desfasada
de cara a una gestión correcta de los residuos en una sociedad que está a
las puertas del siglo XXI.

Por esta razón, a mí me gustaría decirles, señorías, que el anteproyecto
de ley que hoy estamos planteando aquí viene realmente a trasponer esta
directiva comunitaria 91/156, de 18 de diciembre, relativa a residuos,
que, como ya he dicho, debió haber sido presentada en esta Cámara antes
de marzo de 1993. Esa es la razón por la que necesitábamos tramitarla por
el procedimiento de urgencia, ya que la no trasposición y, por tanto, el
incumplimiento por parte del Reino de España de sus obligaciones
comunitarias, ha conllevado una primera sentencia condenatoria del
Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, de fecha 5 de
junio de 1997, habiéndose iniciado los tramites por parte del Tribunal de
Justicia para que una segunda sentencia condenatoria, que en este caso
evidentemente sería con imposición de sanciones económicas, de elevado
importe sin duda, pudiera ser impuesta al Reino de España en el supuesto
de que antes no hubiéramos adoptado las medidas pertinentes. Por eso,
señorías, existe esta verdadera urgencia en trasponer la citada
directiva, que fue aprobada como anteproyecto de ley por el Consejo de
Ministros el pasado día 1 de agosto, para evitar que el Reino de España
pueda ser sancionado económicamente. Ahora bien, señorías, esta urgencia,
impuesta como les digo por Luxemburgo y por un agotamiento de los plazos
en marzo de 1993, no ha impedido --y esto me gustaría resaltarlo-- que el
texto que hoy les presento haya sido consultado a lo largo de su proceso
de elaboración con todas las comunidades autónomas, representantes de
entidades locales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones
profesionales y empresariales, consumidores, sindicatos, colectividad
científica y cuantas personas físicas y jurídicas han manifestado su
interés en particular en la elaboración de este proyecto. Especial
mención merece la participación del Consejo Asesor de Medio Ambiente,
cuyos miembros han tenido la oportunidad de expresar sus opiniones,
habiendo emitido una propuesta de dictamen que ha sido remitida a todos
los portavoces parlamentarios del Congreso y del Senado. En definitiva,
señor presidente, señorías, el Ministerio de Medio Ambiente ha mantenido,
considero que con acierto, el difícil equilibrio de tener que actuar
contra reloj --pudiéramos decir-- por el vencimiento de los plazos hace
ya cuatro años, para evitar una nueva sanción comunitaria y, al mismo
tiempo, garantizar el necesario consenso y participación de todas las
comunidades autónomas y agentes implicados.

Me gustaría resaltar, en segundo lugar, que este proyecto que hoy
presento a la Cámara no es una mera trasposición, por importante que ésta
sea, de la Directiva 91/56, sino que nace con el ambicioso propósito de
incorporar otra serie de aspectos no contemplados en la directiva pero
que resultaba imprescindible que se incluyeran en el proyecto, si
queremos --como es el caso y decía antes-- que esta ley se convierta en
una ley básica, en una ley marco de residuos de las próximas décadas,
comenzando así el siglo XXI, inspirada en los principios que guían la
política de gestión de residuos de organismos europeos e internacionales
y que sea punto de referencia obligado de las comunidades autónomas y
entes locales.

Centrándonos ya de una manera más directa en los objetivos concretos que
se pretenden alcanzar con este



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proyecto de ley de residuos, me gustaría destacar los siguientes.

En primer lugar, incorporar a nuestro régimen jurídico algunos principios
básicos de la política comunitaria de gestión de residuos unánimemente
aceptados en la Unión Europea y explícitamente asumidos por España, como
son: el principio de prevención; el principio de tecnologías menos
contaminantes; el principio de responsabilidad del productor; el
principio de quien contamina paga; el principio de prioridad, ya que no
todos los métodos o técnicas para gestionar residuos son igualmente
satisfactorios desde el punto de vista ambiental y, por ello, existe una
escala de prioridades de mejor a peor: prevención, reutilización,
reciclado o valorización y vertido o incineración sin recuperación
energética; por último, el principio de proximidad, que aconseja reducir
todo lo posible el transporte de residuos, debiendo ser tratados en el
centro más cercano a su lugar de origen. Como saben SS. SS., todos estos
criterios básicos se derivan del V Programa y han sido explícitamente
aprobados por los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea como
inspiradores de la futura política de gestión de residuos en Europa. En
definitiva, un primer objetivo que creo conseguido, es regular la gestión
de los residuos desde la perspectiva del desarrollo sostenible.

En segundo lugar, me gustaría destacar la introducción en la futura
gestión de residuos de ciertos principios inspiradores de esta directiva,
y concretamente de una directiva sobre prevención y control integrado de
la contaminación, que como saben SS. SS. es del año 1996 y que, por
tanto, nos permite un plazo de transposición hasta el año 1999. Como
señalaba, el proyecto que hoy estamos presentando no se limita a
trasponer la directiva de residuos, ya anticuada en determinados aspectos
--debía haber sido traspuesta en el año 1993--, sino que recoge las
últimas innovaciones que desde la Comisión nos siguen enviando para
actualizar esta materia. En concreto, el proyecto incluye como principios
básicos el de prevención y el de tecnologías menos contaminantes,
extraídos ambos, como digo, de esta directiva mucho más moderna y que no
será traspuesta todavía, puesto que su debate acaba de iniciarse en la
Comisión y en el Consejo de Ministros; acaba de iniciarse un debate
referente a la directiva sobre prevención y control integrado de la
contaminación, conocida vulgarmente por sus siglas: Directiva IPPC.

En tercer lugar, este proyecto que hoy me honro en presentar ante SS. SS.

tiene como objetivo cubrir ciertos vacíos jurídicos existentes en la
legislación actual española y establecer un régimen jurídico aplicable a
todo tipo de residuos, algunos de los cuales están en la actualidad poco
o nada regulados, como las excretas ganaderas o ciertos residuos
generados en actividades mineras. Asimismo, en el texto que hoy les
presento se aborda el difícil problema de los suelos contaminados; el
vacío jurídico que existe en esta materia contrasta con la gravedad y
dificultad técnica del problema. Sólo esta última --la dificultad técnica
del problema-- puede explicar que hasta ahora no se haya abordado su
regulación.

Otra característica del texto que hoy presentamos es su carácter
mínimamente intervencionista, pues sólo lo es en la medida que, desde un
punto de vista ambiental y para asegurar el control de los residuos, se
obliga a los agentes económicos productores y gestores a que conozcan en
todo momento los residuos que están generando y de los que son
responsables, para que de esta forma aseguren su correcta gestión. Este
es un principio ambiental básico: que los residuos estén controlados y
sus responsables sean identificables.

Por lo demás, es un proyecto que pretende ser abierto a la sociedad civil
y en el que se introducen elementos de libre mercado con fines
ambientales, abriendo la posibilidad de generación de empleo en el nuevo
pero emergente sector de la gestión de residuos, valorización de
materiales de segundo uso, tecnologías de gestión y ahorro y otros.

Especialmente significativo de la voluntad de limitar el intervencionismo
a lo estrictamente necesario, es la posibilidad expresa de formalizar
acuerdos voluntarios y convenios de colaboración como instrumentos
jurídicos de posible uso para cumplir algunas obligaciones establecidas
en la nueva ley.

Para cumplir con los objetivos que estoy señalando, señor presidente,
señorías, el proyecto en sus 40 artículos, cinco disposiciones
adicionales, tres transitorias y la derogatoria, acomete una profunda
reforma de la vigente normativa de residuos.

Me gustaría señalar algunas novedades significativas. Por ejemplo, el
proyecto prevé su aplicación a todo tipo de residuos y se completa con
una habilitación al Gobierno a fin de establecer normas para los
diferentes tipos de residuos en las que se fijarán disposiciones
específicas relativas a su producción o gestión, en línea con la
previsión que hace la directiva que vengo analizando 91/156 de la Unión
Europea.

En segundo lugar, me gustaría destacar que en lo referente a la
configuración del concepto de residuos y de acuerdo con la regulación de
la directiva, se incorpora el sistema de lista con remisión expresa al
catálogo europeo de residuos, conocido como CER, al tiempo que se
abandona la tradicional definición de residuos sólidos urbanos por la más
técnica de residuos urbanos.

Por otra parte, el proyecto acomete una regulación de distribución de las
competencias sobre residuos entre las distintas administraciones
públicas, de acuerdo con la distribución territorial de competencias que
realiza la Constitución. En concreto el Estado, además de aprobar la
legislación básica sobre residuos, elaborará los distintos planes
nacionales sobre residuos y le corresponderá también la competencia de
autorizar los traslados de residuos desde o hacia países terceros,



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además de las que corresponda ejercer cuando España sea país de tránsito.

Las comunidades autónomas serán las administraciones públicas que
desplegarán el mayor abanico de competencias, entre las que destacan,
además de la elaboración de los planes autónomicos de residuos, autorizar
las operaciones de valorización y eliminación y, en su caso, las de
producción de residuos, así como otros mecanismos de intervención
administrativa para el resto de operaciones de gestión distinta de los
anteriores.

Finalmente, los entes locales son posiblemente las administraciones
públicas a las que la actual ley va a afectar más en relación con las
competencias y servicios que la legislación vigente les otorga en materia
de residuos. Por esta razón, serán competentes para realizar cualquier
operación de gestión de residuos y se les asigna como servicio
obligatorio la recogida, el transporte y, en su caso, la eliminación de
residuos urbanos.

Asimismo, la norma obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a
implantar sistemas de recogida selectiva de residuos antes del año 2001,
si bien en materia de residuos de envases, como saben SS. SS., se
aplicará la legislación específica recientemente aprobada por esta
Cámara, Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de envases.

De acuerdo por otra parte con el principio de responsabilidad del
productor asumido por la Unión Europea, como les decía antes, en el V
Programa de acción en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible y
en la estrategia comunitaria de residuos, la norma no se limita a imponer
obligaciones a quienes generan residuos, sino que se anticipa en el
tiempo y permite que puedan imponerse también esas obligaciones a los
responsables de la puesta en el mercado de productos que con su uso se
conviertan en residuos, con la finalidad de que estos residuos una vez
generados puedan gestionarse de forma ambientalmente correcta.

Igualmente, se permite que estas obligaciones puedan cumplirse mediante
acuerdos voluntarios y convenios de colaboración, de acuerdo con el
principio de responsabilidad compartida recogido también en el V Programa
al que me vengo refiriendo.

Por otra parte, se somete a autorización por el órgano ambiental de las
comunidades autónomas la instalación, modificación o traslado de las
industrias o actividades productoras de residuos peligrosos y las que
figuren en una lista aprobada por el Gobierno cuando excepcionales
razones adicionales así lo aconsejen.

A los poseedores de residuos se les impone la obligación de gestionarlos
por sí mismos o de entregarlos para su valorización o eliminación a un
gestor de residuos, entendiendo por tal tanto al gestor autorizado para
valorizar o eliminar como al gestor que realice la recogida y transporte
de los residuos con la finalidad de entregarlos para valorizar o
eliminar, y asimismo a la entidad local que realice la recogida, el
transporte o, en su caso, alguna de las operaciones a que acabo de
referirme.

En principio, se somete a autorización por el órgano ambiental de las
comunidades autónomas el ejercicio de las actividades de valorización y
eliminación de todo tipo de residuos, circunstancia que hasta ahora sólo
era aplicable a los residuos tóxicos y peligrosos, con excepción de las
actividades de gestión que realicen las entidades locales que únicamente
estarán sujetas a la intervención administrativa que en su caso
determinen las comunidades autónomas, sin perjuicio de otras
autorizaciones o licencias que sean exigibles de acuerdo con la normativa
vigente. De acuerdo con la directiva, la norma permite que las
comunidades autónomas puedan eximir de esa autorización a las empresas y
establecimientos que se ocupen de la valorización o eliminación de sus
propios residuos en los lugares de producción, excepto en el caso de que
estuviéramos hablando de residuos peligrosos.

En cuanto al resto de actividades de gestión, únicamente se someten a la
obligación de notificación a las comunidades autónomas correspondientes
que las registrarán en la forma que determinen, si bien podrán decidir
someterlas al mismo régimen de autorización administrativa regulado para
la valorización o eliminación.

Señorías, una de las novedades más importantes de esta norma es el
establecimiento de una regulación específica para los suelos
contaminados. En aras de la seguridad jurídica sólo tendrán esta
consideración los que hayan sido declarados, delimitados e inventariados
por las comunidades autónomas debido a la presencia de componentes
peligrosos de carácter antrópico y de acuerdo con los criterios
estándares que, en función de los usos, determine el Gobierno previa
consulta a las comunidades autónomas. Aunque la norma no lo indique
expresamente, es evidente que esta consulta se canalizará a través de la
Conferencia sectorial de Medio Ambiente. La declaración de un suelo
contaminado traerá consigo la obligación de su limpieza y regeneración
por parte de los causantes de la contaminación, y subsidiariamente por
los poseedores de dicho suelo calificado como contaminado. En este
sentido, la norma permite que estas operaciones de limpieza y
regeneración se lleven a cabo mediante acuerdos voluntarios o convenios
de colaboración.

Por último, y siguiendo las reglas habituales de la buena técnica
legislativa, la norma regula el régimen sancionador que se aplicará en el
caso de incumplimiento de lo en ella establecido, con tipificación de
sanciones al infractor a su costa, y la posibilidad de adoptar medidas
provisionales una vez iniciado un procedimiento sancionador para evitar
que la acción que haya ocasionado la incoación de referido procedimiento,
pueda seguir causando un daño al medio ambiente o a la salud de las
personas.




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En definitiva, señorías, el proyecto que hoy les presento, si finalmente
resulta aprobado, va a sentar las bases administrativas y legales para
una mejor gestión de los residuos que en nuestro país se necesitan.

Creemos que ante esta situación estamos poniendo al día la legislación de
residuos, estamos dotando a España de la ley de residuos que necesita,
una ley marco. Les puedo asegurar que es una ley declaradamente ambiciosa
en materia ambiental, tecnológicamente muy moderna, pero al mismo tiempo
he de destacar que es muy realista en sus planteamientos, puesto que para
ser creíbles y mucho más en materias medioambientales, uno de los
principios básicos es que hay que ser muy ambiciosos, pero desde la
realidad.

Estamos, pues, señorías, ante una ley marco para el siglo XXI que
actualiza normas obsoletas y anacrónicas del año 1975, y que
evidentemente por esta razón también está cubriendo muchísimos vacíos
jurídicos existentes. Les he comentado que al no haber sido traspuesta
antes del año 1993 podemos incorporar algunos principios que tendremos
que trasponer en la directiva IPPC, en donde ya se hace un planteamiento
de gestión de los residuos de forma integral y esto lo veremos cuando
traspongamos, a lo largo de este próximo año, la directiva IPPC. Por
tanto, estamos introduciendo unos principios de la nueva filosofía
ecológica.

Esto va a suponer necesariamente un cambio de mentalidad en todos los
españoles, puesto que uno de los mayores problemas que tienen las
sociedades industrializadas es acabar ya con esa mentalidad del usar y
tirar. No termina ahí el ciclo de vida de un producto, tendremos siempre
que pensar que hay que dar el paso siguiente, fundamental en ese cambio
de mentalidad, que es usar para reciclar. Por esta razón creo que en
nuestro país y sin temor a equivocarme, va a existir sin lugar a dudas un
antes y un después una vez que se apruebe esta ley, que todos estabamos
reclamando y que, por fin, con el apoyo de SS. SS. estamos a punto de
aprobar esta mañana en la Cámara.

Por tanto, pediría su voto favorable pues, como les digo, estoy
convencida de que este proyecto de ley constituye un avance definitivo en
nuestro compromiso con el desarrollo sostenible.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.

En primer lugar, para presentación de la enmienda a la totalidad de
devolución tiene la palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras diputadas, señores diputados, el proyecto de ley de residuos del
Gobierno, que ha sido presentado por la señora ministra de Medio Ambiente
como un proyecto de ley realista, a juicio del Bloque Nacionalista Galego
es un proyecto de ley que en su articulado demuestra una falta de
objetivos concretos, precisamente en aquello que se convierte en aspectos
fundamentales de la ley: la prevención en la producción de residuos, el
fomento de su reutilización, el reciclado y otras formas de valorización.

Por supuesto, tampoco concede gran importancia práctica y concreta al
problema de la reducción en origen. Por tanto, la calificación genérica
que nos merece el proyecto de ley es que se trata de una ley imprecisa y
ambigua y que, además, hay que leerla en correlación y de forma paralela
con la Ley de Envases que aprobamos hace varios meses.

El carácter puramente indicativo y no prescriptivo de la ley reluce en
los ejemplos que les voy a poner a continuación. Leyendo el artículo 6º
de la ley, cuando se habla de objetivos específicos, dice: «El Gobierno
podrá establecer objetivos de reducción en la generación de residuos, así
como de reutilización, reciclado y otras formas de valorización
obligatoria de determinados tipos de residuos.» Podrá establecer. Esta
misma expresión, indicativa y no prescriptiva, se repite en artículos que
precisamente hacen referencia a lo que se presenta como objetivos
fundamentales de la ley. Así en el artículo 7º se habla de que «El
productor, importador o adquirente intracomunitario, agente o
intermediario, o cualquier otra persona responsable de la puesta en el
mercado de productos que con su uso se conviertan en residuos, podrá ser
obligado»... Les podría poner muchísimos más ejemplos. Hay incluso un
artículo fundamental en la ley, el 18, que habla de la valorización y que
para nada plantea los criterios con que se va a hacer esta valorización.

Es más, la señora ministra habló de que la ley se hizo contando con la
opinión de todas las comunidades autónomas. Yo creo que esto es
importante pero también introduce en la ley por lo menos sospechas y
motivos de contradicción grave. No podemos entender cómo se puede
integrar un plan autonómico, que está basado prácticamente en la
incineración, con una ley que se presenta precisamente en función de la
reutilización y el reciclado como objetivos fundamentales. ¿Es compatible
una gran incineradora, como la que va a haber en Galicia, concretamente
en Cerceda, para quemar, aunque sea con recogida selectiva de la basura,
todo lo que prácticamente produce --por lo menos la mayor parte-- la
Galicia urbana y semiurbana? ¿Es posible que se justifique esto sólo en
función del aprovechamiento energético, en forma de producción de
electricidad? ¿No va este tipo de modelo en contra de lo establecido por
esta ley marco, por lo menos desde el punto de vista teórico y
posibilista y no prescriptivo?
Por otra parte, la ley habla de la importancia de las entidades locales
en la elaboración de sus planes de gestión. Los residuos urbanos, tal
como se establece en



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el artículo 5º.3, tenían ya prácticamente planes de gestión de las
entidades locales. Pues bien, con este modelo, por ejemplo en el caso de
Galicia, hay múltiples vertederos incontrolados en cada ayuntamiento, las
zonas turísticas cuentan con abundancia de lisio, de porquería tirada en
zonas interesantes desde el punto de vista paisajístico, hay basura al
lado del mar y prácticamente tres cuartas partes de la basura de Galicia,
más de 600.000 toneladas, van aún hoy a vertederos incontrolados. La
solución a esto va a estar todo lo más en quemar; en quemar de forma
indiscriminada para producir electricidad.

También es notorio que la ley no se ha hecho contando con la estructura
poblacional de todas las comunidades autónomas; les voy a poner un
ejemplo. El artículo 20.3 habla de que los municipios que estarán
obligados a una recogida selectiva de basura son aquellos que tienen una
población superior a 5.000 habitantes. Pues bien, señorías, Galicia puede
tener municipios de 5.000 habitantes con una estructura poblacional
totalmente rural, pero también puede tener municipios de 4.000 con un
núcleo de 1.000 habitantes. Debía pensarse más en aglomeración urbana o
semiurbana o de vila --en una expresión mucho más adecuada
semánticamente-- y no en la cuantificación numérica en abstracto, porque
en el caso de Galicia no dice mucho.

Por ejemplo, tenemos 74 núcleos con más de 2.000 habitantes, solamente 12
núcleos con más de 10.000 habitantes; en un total de población de
2.783.000 habitantes, 31.894 entidades de población. Por tanto, el
resultado es el siguiente: número de habitantes en núcleos de más de
2.000 habitantes, 1.174.000, el 43 por ciento de la población de Galicia;
número de habitantes en núcleos de más de 10.000 habitantes, 910.000, no
llegan al millón. Es decir, con esta ley el 60 por ciento de la población
de Galicia queda fuera de la misma. Yo no sé quién gobierna Galicia, pero
esta ley allí está fatalmente adecuada.

Hay otra cuestión importante que nos preocupa de la ley en cuanto a su
ambigüedad o su carácter poco definido. En el título V, que habla de los
suelos contaminados --y dijo la señora ministra que venía a cubrir una
laguna evidente-- tenemos la sospecha, o lo interpretamos mal, no lo sé,
de que se quedan fuera las actividades mineras o todo lo que se deriva de
la contaminación procedente de las centrales térmicas, y va a haber
problemas de suelos contaminados cuya regeneración no va a poder ser
enfrentada de forma clara. Por ejemplo, en el caso de As Pontes de García
Rodríguez, o en el caso de Meirama, donde curiosamente va a estar la gran
incineradora de Galicia, hay grandes explotaciones mineras de lignito, y
no sería mucho pedir que las grandes empresas que las están explotando
tuvieran que contribuir a la regeneración de suelos y de acuíferos
contaminados; como tampoco sería mucho pedir que actividades mineras, por
ejemplo las minas de cobre de Touro, que después utilizan las escombreras
precisamente como material de base para hacer carreteras, cuando menos
hubiera algún tipo de participación de todas estas explotaciones mineras
en la regeneración de la contaminación que producen. En definitiva,
pensamos que la ley que consagra la libre circulación de residuos entre
comunidades autónomas o entre el Estado y las comunidades autónomas no
establece algo que sería fundamental, porcentajes o volúmenes a aceptar;
igualmente la importación anual de residuos sin límite y sin autorización
administrativa obligada siempre, nos parece que es un camino peligros.

También le diría que los residuos tóxicos y peligrosos merecerían una más
detallada y pormenorizada contemplación en la ley. Nosotros, en Galicia
también, curiosamente contamos con una planta de residuos tóxicos y
peligrosos. Se montó posiblemente en un momento que la legislación no fue
muy precisa. Puedo asegurar que hoy habría que establecer características
geológicas de manera más delimitada para esta cuestión, características
climáticas también y después un intervencionismo público claro, de
inspección pormenorizada, porque todos sabemos que solamente la
Administración pública, con su intervencionismo, está en condiciones de
garantizar que no haya un peligro excesivo o mayor del que ya cuenta en
si mismo este tipo de plantas de residuos tóxicos y peligrosos.

Por tanto, señorías, el Bloque Nacionalista Galego piensa que la ley, que
puede parecer eufemísticamente muy bien intencionada, y nosotros no
dudamos de eso, es excesivamente abstracta, poco concreta cuando habla de
promover precisamente el uso de materiales reutilizables, reciclables, y
que debía empezar por la Administración. No sé si SS. SS. saben que hoy
en la mayoría de los hospitales, del Insalud y no del Insalud, se
utilizan batas de cirugía de material plástico de un sólo día, que en los
centros de enseñanza las bebidas se siguen bebiendo en envases no
retornables, que los ayuntamientos y la Administración general no
predican con el ejemplo, más bien usan y tiran y así sucesivamente.

En cuanto a los residuos urbanos, en el capítulo III no se habla para
nada, curiosamente en una ley que parece bien intencionada, del
compostage o de otras transformaciones biológicas, como pensamos que
tampoco se habla del problema de los residuos de obras, que yo creo son
un constante quebradero de cabeza.

Para acabar, querría ofrecerles, en contraste con los datos de la señora
ministra, los datos oficiales sobre Galicia, que son muy elocuentes.

En Galicia, en el año 1990, según el MOP, se producían 752.056 toneladas
anuales de basura o de residuos en general; en vertederos incontrolados,
más de 488.000, en números redondos, y en vertederos controlados, no
llegaban a 200.000 toneladas; había una incineradora en Vigo que quemaba
63.000 toneladas. Se estima que en el año 1997 serán 800.000 toneladas,
el



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80 por ciento prácticamente se va a incinerar, en los vertederos
incontrolados habrá 600.000 toneladas, en los vertederos controlados
alrededor de 200.000 y la incineradora de Vigo estará cerrada. Además,
curiosamente contábamos con una planta de compostage, que era la de
Mougá, en Ferrol, que la van a cerrar. Yo no sé si esto es compatible con
una ley eufemísticamente bien intencionada. El contraste es poderoso,
porque en el Estado español hay 40 plantas de compostage, en Galicia
había una y a punto de ser cerrada. Otro dato también curioso. Contando
con la gran planta de residuos tóxicos y peligros, Galicia no cuenta con
un plan de recogida de pilas. No sé qué tipo de pilas se están enterrando
en un territorio en el que llueve mucho, hay muchos acuíferos, es un
terreno que está sometido a crisis sísmicas, y así sucesivamente.

Por tanto, señorías, nuestra oposición es de tipo cautelar por el
carácter impreciso de la ley; pensamos que contradictorio, por lo menos
con algunos planes autonómicos; falto de normas de carácter prescriptivo
y por todo esto pedimos su devolución al Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.

En segundo lugar, tiene la palabra para presentación de una enmienda de
totalidad de texto alternativo, en nombre del Grupo Federal de Izquierda
Unida, la señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, es cierto que uno de los problemas más graves que existen en el
mundo y en nuestro país en concreto, es el cada vez mayor aumento de
residuos sólidos urbanos que se producen, los graves problemas para su
eliminación y que esta eliminación no produzca una contaminación más
abundante o no perjudique los suelos o la atmósfera. Es un grave problema
que hay que empezar a atajar con medidas decididas, dado que no se
vislumbra que se pueda producir una reducción en estos momentos en la
eliminación de los residuos que se están produciendo.

Señorías, la enmienda de totalidad con texto alternativo que presenta el
Grupo Federal de Izquierda Unida lo hace en base a que la ley presentada
por el Gobierno nos parece insuficiente. Para nuestro grupo
parlamentario, esta ley que nos ha presentado el Gobierno tiene graves
deficiencias en la prevención. Hemos analizado el texto y el mismo no
incluye medidas que puedan incentivar, desde nuestro punto de vista, la
reducción en origen, es decir donde se producen los residuos. Además, es
un texto impreciso y ambiguo. Habrá que seguir repitiéndolo aunque se
diga en esta tribuna: se utilizan en demasiadas ocasiones en todo el
texto los términos se podrá, podrá ser obligado, podrán establecerse
objetivos, etcétera. El texto que nos presenta el Gobierno renuncia a
hacer una intervención decidida para minimizar los impactos que los
residuos tienen en nuestro país y lo deja al voluntarismo de los
productores o gestores, con los riesgos que eso implica, sin que
realmente se vaya a plantear una actuación decidida. Es más, los planes
nacionales de residuos que se tendrían que elaborar, desde nuestro punto
de vista quedan en la ley como una suma de los planes que tienen que
presentar las diferentes comunidades autónomas, y éstos, a su vez,
podrían ser la suma de los planes que pueden o deben presentar los
ayuntamientos y las entidades locales.

Siendo conscientes y creyendo que tiene que ser competencia de las
comunidades autónomas, lo cierto es que los planes nacionales de
residuos, además de trabajarlos con las comunidades autónomas, de recoger
los planes de las comunidades autónomas, deben fijar, al menos, objetivos
de reducción desde el propio Estado. El Estado tiene que ser el motor que
impulse e incentive que los planes de las comunidades autónomas puedan
estar recogidos en el plan nacional por esa reducción de objetivos. Pero
es más, no se fijan plazos para la redacción del plan. La ley no prevé
cuándo tiene que estar, al menos el primer plan de residuos del Estado.

Por tanto, dudamos mucho de que, al final, con las dificultades y con la
diversidad que existe en estos momentos en las comunidades autónomas,
realmente podamos llegar a tener un plan nacional de residuos.

Asimismo, bajo nuestro punto de vista, la ley tiene otras deficiencias.

No fija objetivos de reducción de los distintos tipos de residuos y eso
nos parece que es una grave carencia. No contiene un fondo ambiental de
residuos, el cual, en principio, aparecía en otros borradores del
Ministerio, pero, al final, parece ser que ha quedado descolgado. Además,
en la ley hay una parte que a nosotros nos parece realmente preocupante,
y es que considere la incineración como una de las vías para la
valorización de los residuos. Señorías, la incineración genera graves
problemas ambientales y también de residuos. Aunque los efectos
contaminantes para el ambiente se pudieran paliar, realmente habría que
prever qué es lo que se va a hacer con las cenizas, que son muy numerosas
y que están altamente contaminadas. Por otra parte, la incineración no
tiene una aceptación social y genera problemas sociales y ustedes parece
ser que lo incluyen como un tipo de valorización que, desde luego,
nosotros no compartimos absolutamente para nada.

A partir de aquí, nuestra enmienda de totalidad con texto alternativo
viene a recoger y a priorizar, precisamente, la limitación en la
producción de residuos, promoviendo, además, tecnologías limpias. Sin
embargo, en el texto del Gobierno no aparece en ningún momento el poder
promover las tecnologías limpias en la limitación de la producción de los
residuos.

Señorías, desde nuestro punto de vista, es necesario aumentar el uso de
los productos reciclables y



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reutilizables, fomentando desde esta ley --así pensamos que lo hace el
texto alternativo que nosotros hemos presentado-- el reciclado de los
residuos, reduciendo los movimientos de dichos residuos y promoviendo la
autosuficiencia. En nuestra opinión, todos estos criterios que estamos
utilizando en la ley quedan perfectamente recogidos en la directiva
comunitaria que se pretende trasponer y, desde luego, no creemos que la
trasposición que ha hecho el Gobierno a través del texto que nos ha
remitido sea la más adecuada.

En el texto alternativo que nosotros presentamos hay objetivos de
reducción de residuos, de reciclaje y de recuperación de materiales, al
mismo tiempo que limitamos el vertido o la disposición final de los
residuos. En el texto que ustedes nos han planteado no creemos que quede
lo suficientemente reflejada la limitación de vertidos o la disposición
final, ya que creemos que realmente no potencia la recogida selectiva, el
reciclado y la reutilización.

Por otra parte, establecemos los mecanismos para la aprobación de los
planes nacionales de residuos a través de la participación tanto de las
comunidades autónomas como de los consejos asesores o de participación
social. Además, creemos que es necesario que esta Cámara, que tiene que
legislar y que tiene que ver que la legislación que aprueba sea la
adecuada a las necesidades de la sociedad, no debe quedar fuera de la
aprobación definitiva de los planes de residuos nacionales. Por lo tanto,
señorías, planteamos que, además de la participación social y de las
comunidades autónomas, deban también aprobarse por este Parlamento.

En nuestro texto creamos el fondo ambiental de residuos, y en él, además,
facilitamos las indicaciones con las que debe nutrirse dicho fondo, los
hechos imponibles y cómo se debe constituir. No me voy a extender en
muchas más de las apreciaciones con respecto a nuestro texto. Creemos que
es totalmente necesario hacer una aplicación diferente y mucho más acorde
con la directiva, como plantea el texto alternativo que nuestro grupo ha
presentado, y desde luego no compartimos el del Gobierno.

Señorías, para finalizar, creemos que la ley que nos ha presentado el
Gobierno (y pensamos que la nuestra es todo lo contrario) se aleja de la
filosofía de que el éxito de una sociedad no se mide por la cantidad de
residuos que genera, sino por el nivel de reducción de los residuos
generados para un cierto nivel de bienes y servicios ofrecidos. Señorías,
nosotros creemos que el texto presentado hoy aquí por el Gobierno se
aleja de esta filosofía y desde luego el que plantea el Grupo Federal de
Izquierda Unida se acerca mucho más y va a ser mucho más rentable
realmente para combatir un problema tan grave como es el de los residuos,
que creemos que el texto del Gobierno lo deja demasiado al se podrá
hacer, al se podrá ejecutar, al se podrá obligar y que no va a solucionar
los problemas que se están planteando.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.

Tiene la palabra en tercer lugar, y también para la presentación de una
enmienda a la totalidad con texto alternativo, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, la señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Señor presidente, señoras y señores diputados,
señora ministra, hace 18 meses usted heredó, entre otras cosas, un
borrador de proyecto de ley de residuos bastante más ambicioso que el que
hoy nos ha traído a esta Cámara. Después de ese borrador han hecho
ustedes como mínimo 25 borradores más --al menos son los que he tenido
ocasión de ver, lógicamente con pocas diferencias entre sí-- que me
traían a la memoria la crítica injustificada que hacía usted sobre los
borradores que se habían hecho en la anterior legislatura sobre la Ley de
Envases, y, ciertamente, cuando usted dice que el texto ha sido
consultado, lo que omite decir es que el Consejo Asesor de Medio Ambiente
ha sido extremadamente crítico con el contenido de esta ley y que todas
las sugerencias que se han hecho desde el Consejo Asesor de Medio
Ambiente no han sido tenidas en cuenta.

Usted ha calificado en algún foro --no se ha atrevido a hacerlo aquí así
de claro-- este proyecto de ley como la ley del siglo XXI. Desde luego en
absoluto se trata de la ley del siglo XXI y tenemos que decir que nuestra
primera objeción es precisamente que este proyecto de ley ignora los
planteamientos más recientes de la Unión Europea, en contra de lo que
usted dice, con la excusa de limitarse a trasponer una directiva de 1991.

No es una ley ambiciosa, señora ministra; nace corta y nace obsoleta. Es
incluso menos ambiciosa que algunas leyes autonómicas anteriores en el
tiempo, por ejemplo la ley de la Generalidad de Cataluña en esta materia.

El proyecto de ley además ignora los problemas reales de implementación
de la política de residuos en España, no aborda con seriedad la necesidad
de coordinación entre las administraciones ni la aplicación de recursos
presupuestarios, ni establece fórmulas que garanticen el cumplimiento de
la norma por parte de los productores y de los gestores de residuos. No
es, por tanto, una norma eficiente.

Señora ministra, usted decía que en la ley han introducido elementos
posteriores a 1991. La verdad es que cuando me nombra el principio de
prevención como un elemento posterior a 1991 me resulta sorprendente. Le
voy a decir algunos elementos posteriores que usted no tiene en cuenta y
que precisamente fueron objeto de aprobación por parte del Consejo de
Ministros siendo usted ya titular de este departamento en la Unión



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Europea, y me refiero a la estrategia europea de residuos revisada el 24
de febrero de 1997, hace bastantes meses y, por lo tanto, con la
posibilidad de que ustedes lo hubieran tenido en cuenta.

En primer lugar, en esa estrategia se prioriza claramente la valorización
de materiales respecto de la valorización energética, cosa que ustedes no
hacen, y utilizan definiciones confusas que acabarán favoreciendo la
incineración en nuestro país. En la estrategia se pide a los gobiernos
que determinen con precisión los límites entre la valorización energética
y la incineración sin recuperación de energía. Nada de esto hay previsto
en el proyecto. La estrategia establece que la incineración con
recuperación de energía o valorización energética en ningún caso puede
poner en peligro los tratamientos más ambientales, desde el punto de
vista de su gestión, como la prevención, la reutilización o el reciclaje.

Nada hay en el proyecto. En la estrategia se pide a los gobiernos que
establezcan medidas fiscales y económicas que garanticen el cumplimiento
de la política de residuos. Ustedes no sólo no han introducido aquí ni
una sola figura impositiva, sino que se han negado en esta Cámara a
aprobar un proyecto de ley de gestión de aceites usados cuya tramitación
se había iniciado en la anterior legislatura y estaba pendiente de
aprobación. Ustedes dijeron en el debate que tuvimos que eso se recogería
dentro de esta ley de residuos. Tampoco está aquí. Precisamente, del
texto que heredaron del Gobierno socialista, una de las cosas que ustedes
eliminaron fue la creación de un fondo ambiental de residuos y de figuras
impositivas específicas sobre los residuos. Lo han abandonado a lo largo
de esos 25 o más borradores y tampoco lo han introducido --como en algún
momento pareció que iban a hacer-- en la ley de medidas fiscales que
acompaña al presupuesto para 1998. No sabemos si por falta de voluntad
política o porque creían que no era necesario.

Señora ministra, todos estos elementos que le he citado no están en su
texto. Supongo que no será por desconocimiento, porque son elementos
aprobados, con usted como ministra, en la Unión Europea. No sé si es por
ignorancia o es por desprecio hacia estos criterios, pero éstos son ahora
mismo los criterios de la Unión Europea en política de residuos, después
de un análisis muy crítico, formulado por la Comisión y por los países
miembros, de normas y programas anteriores.

Usted decía que había introducido el principio de las tecnologías menos
contaminantes. En realidad, el principio de la directiva sobre control y
prevención integrada de la contaminación es el que se refiere --y es
diferente-- a las mejores tecnologías disponibles, que están incluso
definidas ya en esa directiva y que ustedes podrían haber incorporado en
su texto. En cualquier caso, el texto alternativo que propone el Partido
Socialista sí introduce todos estos elementos que he citado antes,
incluyendo por supuesto el hecho de definir claramente las distintas
formas de gestión de los residuos, para que no se siga considerando la
incineración como una forma de valorización energética, sin que eso quede
claramente establecido en parámetros fijados por el Gobierno. En el texto
de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista hemos incorporado
algunos plazos máximos, incluso para que desaparezca la incineración sin
recuperación de energía; concretamente, el año 2010. El texto socialista
extiende la exigencia de recogida selectiva a todos los ayuntamientos y
no sólo a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, que --como
señalaba, de forma oportuna, el representante del Grupo Mixto-- en el
caso de Galicia significaría dejar fuera al 60 por ciento de la población
de esa comunidad autónoma. Por supuesto, se incorpora a todos los
ayuntamientos a esta obligación de forma gradual y teniendo en cuenta
que, para exigir obligaciones, hay que poner dinero, señora ministra. No
se trata sólo de decir a los ayuntamientos que hagan la recogida
selectiva, hay que decir cómo se financian estas cuestiones.

En segundo lugar, además de no ser una norma actualizada --pudiéndolo
haber sido--, no tiene suficientemente en cuenta los problemas que
impiden que en España se cumplan las normas ambientales. Porque --fíjese,
señora ministra-- a usted le preocupa mucho --y hace bien-- que en estos
momentos haya una sentencia sobre esta directiva todavía no traspuesta,
pero esa sentencia podría haberse evitado si SS. SS. hubieran tramitado
con rapidez el borrador que se encontraron. En cualquier caso, no se
trata sólo de trasponer leyes para evitar multas. Yo comprendo que los
criterios de Maastricht deben llevarnos a evitar cuanto más gasto, mejor
--también el de las multas--; pero lo importante es que se traspongan
normas y se tomen medidas para que se cumplan. Porque, señora ministra,
desde que usted es la titular del departamento, se han iniciado diversos
procedimientos de infracción contra el Reino de España en materia
ambiental, no tanto por no trasposición de normas, sino por la no
existencia de planes que garanticen el cumplimiento de las normas. Por
ejemplo, en nitratos, donde habíamos hecho la trasposición de la
directiva, señora ministra, y donde ya hay un procedimiento de
infracción; por ejemplo, sobre pilas usadas, donde ya habíamos hecho la
trasposición y tampoco hay un tratamiento en cuanto a su planificación.

Y no digamos ya en materia de política de residuos, donde ustedes se
encontraron con un Plan nacional de residuos peligrosos y con un Plan
nacional de recuperación de suelos contaminados, aprobados con el
consenso de todas las comunidades autónomas en 1995, que movilizaron
fondos de cohesión desde ese año, y ustedes en este ejercicio de 1997, a
la fecha de hoy, no han transferido ni una sola peseta a las comunidades
autónomas de los susodichos planes, por problemas internos derivados de
los cambios que han hecho en la



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Ley de Presupuestos Generales del Estado, que hacen que a la fecha de hoy
todavía haya convenios que no se han actualizado con su firma este año; y
a la altura en que estamos y con ese bajísimo nivel de cumplimiento que
tiene el presupuesto de la Dirección General de Calidad Ambiental,
dirección que cuida de los residuos, en este momento el nivel más bajo de
ejecución de toda la Administración española, no creo que de aquí a
diciembre se pueda avanzar demasiado.

Ustedes hablan de imponer obligaciones a los ayuntamientos, pero no se
sabe muy bien cómo se van a financiar. Ya tenemos el ejemplo de lo que
está pasando con el desarrollo de la Ley de Envases, y en el actual
borrador del reglamento, donde han colaborado, sobre todo, las empresas
que se van a dedicar al reciclaje y a la valorización de los residuos,
evidentemente las empresas tienden a forzar que la aportación a los
ayuntamientos sea mínima; es decir, que los tratamientos de recogida que
corresponden a los ayuntamientos no se podrán hacer seguramente con los
estándares de separación de materiales, que llevarían a un correcto
reciclaje y recuperación. Por cierto, en el proyecto de reglamento de la
Ley de Envases no se contempla, para nada, la obligatoriedad de la
reducción en origen del 10 por ciento (que sé que a usted no le gustó que
entrara en la ley) que, gracias a los votos de la mayoría de esta Cámara,
al final quedó incorporada; no hay ni sombra en el desarrollo de la Ley
de Envases de algo que también pide la Unión Europea, señora ministra; en
la estrategia europea sobre residuos se pide a los Estados miembros que
fijen objetivos de reducción en origen; todavía tenemos que ver que usted
de forma voluntaria fije alguno; cuando los fija es porque no le queda
más remedio, por la fuerza de los votos de la mayoría de esta Cámara.

En el proyecto de ley que nos trae, señora ministra, el Ministerio
renuncia a ser el garante del cumplimiento de objetivos en todo el
territorio, porque plantea los planes nacionales --como bien decía la
representante de Izquierda Unida-- como suma de los planes autonómicos y
no establece ni compromisos ni contenidos mínimos de estos planes y, lo
que es peor, no crea mecanismos de financiación específicos que
garanticen la existencia de recursos. El Ministerio, como antes decía, ha
renunciado a plantear el establecimiento de tributos que nutran un fondo
ambiental y que permitan financiar de forma seria la política de
residuos. Una vez más se escuda en que las competencias de gestión son de
las comunidades autónomas para justificar lo injustificable en cuanto a
pasividad de un Ministerio de nueva creación que debería ser mucho más
activo en esta materia.

Por el contrario, en el texto alternativo que propone el Partido
Socialista, se crea el fondo ambiental con dotación anual en los
Presupuestos Generales del Estado y se apuesta por el establecimiento de
figuras tributarias que penalicen la generación de residuos y su
toxicidad previo acuerdo con las comunidades autónomas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona, le
ruego que vaya concluyendo.




La señora NARBONA RUIZ: Sí, presidente.

Concretamente, se mandata al Gobierno a que en el plazo de un año traiga
a esta Cámara un proyecto de ley que garantice el acuerdo en materia
tributaria con las comunidades autónomas en cuanto a la imposición sobre
residuos.

En el proyecto de ley del Gobierno tampoco se abordan con nitidez los
problemas de información, control y participación pública en materia de
residuos. Ha desaparecido ahí el Consejo Asesor de Medio Ambiente, al que
tampoco hacen mucho caso, y, desde luego, el proyecto pretende ser muy
liberal. Usted ha dicho sólo poco intervencionista, pero en los
documentos internos del Ministerio se dice más claro: un proyecto poco
intervencionista y liberal; es decir, que cada uno lo haga como le
parezca, incluso el Gobierno porque, como ya se ha señalado, al Gobierno
se le dice que podrá hacer determinadas cosas. Podrá, no: las hará,
porque, si no se obliga a hacerlo, señora ministra, no hay ninguna
obligación de ello.

Nosotros hemos introducido en el texto alternativo la obligación de que
los productores de residuos peligrosos hagan un informe anual, público,
como el que se hace en Estados Unidos, donde no sólo se conozcan los
residuos peligrosos que se producen sino las formas de gestión, y que se
establezca también la obligatoriedad de que las empresas tengan planes de
reducción de sus residuos, incluso aquellas que tratan los residuos en el
interior de las propias empresas.

Hemos establecido cláusulas que garantizan el acceso de los trabajadores,
de los comités de empresa, a los resultados de las inspecciones
ambientales y hemos propuesto la creación de un cuerpo de alta inspección
desde la Administración central que atienda las competencias directas de
control que corresponden al ministerio y que ayude a los inspectores de
las comunidades autónomas previo convenio con las mismas, porque, señora
ministra, la escasez de inspectores ambientales es una de las mayores
carencias que tienen las comunidades autónomas para cumplir con sus
obligaciones de control en la gestión de los residuos.

En el proyecto de ley del Gobierno se ha renunciado también al
establecimiento de un principio nítido de responsabilidad civil para
productores y gestores de residuos, aplazando esta decisión a una futura
ley que usted ha anunciado.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona, le
ruego concluya.




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La señora NARBONA RUIZ: Estoy terminando, presidente.

En el texto que propone el Partido Socialista se introduce este principio
general, que comporta la exigencia de una fianza o aval por posibles
daños y, por supuesto en el caso de residuos peligrosos, la constitución
de un seguro.

Termino, señor presidente. Señora ministra, usted nos decía que ésta es
una norma muy ambiciosa pero desde el realismo. Me parece que ya he
escuchado eso al presidente de su Gobierno en relación con la cumbre de
Luxemburgo y con el problema del empleo.

Si seguimos siendo tan ambiciosos y tan realistas, señora ministra, vamos
por muy mal camino en materia ambiental. Acepten ustedes por lo menos en
el trámite de enmiendas algunas de la sugerencias que los grupos
parlamentarios les hacemos, porque esto por supuesto es un problema de
todos y desde el Grupo Parlamentario Socialista insistiremos en dotar a
esta norma de mayor eficacia.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Sin ánimo de alargar el debate, dando la palabra al grupo parlamentario
que supongo que intervendrá en su turno correspondiente, quiero decir que
no voy a entrar en muchos de los temas que se han abordado por los tres
grupos parlamentarios que presentan una enmienda de totalidad.

Sencillamente, en todos subyace la misma situación que quiero denunciar.

Por una parte, los tres grupos censuran que no hay unos objetivos
cuantitativos claramente delimitados en la trasposición de esta directiva
y, por tanto, en este proyecto de ley que hoy esperamos aprobar en esta
Cámara, si SS. SS. dan el voto afirmativo. A estas alturas, me parece
tremendamente grave que algunos representantes de partidos de comunidades
autónomas y representantes de grupos que han tenido responsabilidades de
gobierno no sean capaces (desde el año 1978 a la actualidad, casi el año
1998, por tanto veinte años desde que nos dimos la Constitución española)
de reconocer que España tiene un Estado descentralizado, que España es un
Estado de las Autonomías. Créame, señor presidente, me parece
especialmente preocupante, porque en una ley básica de residuos, que
traspone una directiva comunitaria, tiene que darse la posibilidad de que
las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tienen competencias
transferidas en la gestión de residuos, establezcan sus propios planes
regionales y locales de gestión de residuos. Créanme que estaríamos
incurriendo en inconstitucionalidad si desde la Administración central,
yendo más allá de lo que son nuestras competencias, estuviéramos
dispuestos, por satisfacer a SS. SS. en las enmiendas que han presentado,
a imponer a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos lo que la
Constitución española no nos permite. Si me parece preocupante en algunos
grupos parlamentarios que nunca han tenido responsabilidades de gobierno,
me parece mucho más preocupante en quienes han estado 14 años al frente
del Gobierno de este país.

Quiero decir que, por esas herencias que nos recuerda la señora Narbona,
curiosamente nos hemos encontrado en el Ministerio de Medio Ambiente
--ministerio que ni siquiera tuvieron la sensibilidad de crear-- con dos
sentencias que declaraban inconstitucionales, precisamente por abordar
competencias que no le corresponden a la Administración del Estado, temas
esencialmente sensibles para un Ministerio de Medio Ambiente: uno es la
legislación de costas, por invadir absolutamente las competencias de
ordenación del territorio en materia de gestión de litoral que tienen las
comunidades autónomas. Con una ley del año 1988, diez años después, señor
presidente, de que se hubiera aprobado la Constitución española, la
Administración del Estado, entonces responsabilidad del Gobierno
socialista, invadía las competencias de las comunidades autónomas.

Recurrida esa ley de 1988, ha sido declarada inconstitucional porque no
ponían «podrá», sino que directamente gestionaban ellos, en exclusiva,
las costas, cosa que no está permitida, y la sentencia del Tribunal
Constitucional ha sentado los criterios de qué es competencia de la
Administración central del Estado y cuáles son las competencias de las
comunidades autónomas, razón por la que nos hemos visto abocados a
establecer una reforma de esa ley de costas, y estamos en este momento en
diálogos y en negociaciones para llegar a ese consenso que tiene que
darse.

En segundo lugar, es tremendamente importante también, cuando se habla de
materias medioambientales, la gestión de los parques nacionales. En
gestión de parques nacionales saben muy bien SS. SS. que el Gobierno
anterior tampoco fue respetuoso desde 1989 y no se limitó a asumir las
competencias que la Constitución española da al Gobierno central,
legislación básica en materia medioambiental, sino que fueron más allá:
impusieron ellos la gestión, en exclusiva, por parte de las comunidades
autónomas de los parques nacionales y nos hemos encontrado sin
posibilidad de gestión, porque las comunidades autónomas con parques
nacionales recurrieron, como no podía ser de otra forma, la ley 4/1989 y
se encontraron con una sentencia de inconstitucionalidad del año 1995,
sentencia de la que no hizo caso la anterior Administración y dejó los
parques nacionales en situación de inconstitucionalidad. Esto ha sido ya
subsanado por este Gobierno y tenemos una ley constitucional.

Por último quiero decir, señorías...




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego concluya,
señor ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Termino,
señor presidente.

Lamento muchísimo que durante 14 años la Administración socialista no
hubiera podido hacer todos los proyectos que dice que nos hemos
encontrado encima de la mesa que, como la señora Narbona acaba de
exponer, eran tan ambiciosos y tan irreales que ni siquiera ellos mismos,
en 14 años, fueron capaces de sacar a la luz pública.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora ministra.

Señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero tranquilizar a la señora ministra y decirla que tenga en cuenta
que el Bloque Nacionalista Galego no solamente tiene claro cuál es el
marco competencial, sino que está dispuesto a usarlo a pleno rendimiento.

Pero usted tiene que ser consciente también, y esta fue la crítica que
hicimos, de que hay una contradicción por lo menos entre el eufemismo de
esta ley y la práctica medioambiental en esta materia que hay en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Este fue uno de los hilos argumentales de
nuestra intervención, y no otro. Y yo quiero darle un dato: en los
lugares donde gobernamos, es decir, en ayuntamientos, pida usted
información y verá cómo hay un esfuerzo muy grande en toda la península
del Morrazo por hacer precisamente reciclado, recogida selectiva y no ir
a la incineración; el único modelo alternativo al plan Sogama que existe
en nuestro país. Sería lamentable que porque el marco autonómico es el
que tiene la competencia total y el Gobierno avale ese tipo de
posiciones, que salidas alternativas al plan Sogama no pudieran hacerse
efectivas por falta de apoyo de administraciones públicas que, desde el
punto de vista propagandístico, sí dicen defender un determinado tipo de
salida para los residuos urbanos.

Por tanto, lo único que queremos dejar aquí claro es que el Bloque
Nacionalista Galego está por la reutilización, la revalorización, por la
recogida selectiva y por la no incineración y vemos que esta ley no
garantiza que estos criterios generales sean prescriptivos para todo el
Estado. Yo no tengo culpa de que Galicia esté integrada en el Estado
español, ni tengo culpa de que ustedes, que sí saben que está integrada,
no hagan leyes que tengan en cuenta lo positivo para aplicar a todas
partes, y que, sin embargo, toleren ustedes lo negativo. A mí este tipo
de relación entre el Estado y Galicia no me gusta. Solamente quiero
decirle esto.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.

Señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, la argumentación cómoda y fácil de escudarse en el
desconocimiento de las competencias autonómicas por parte de los grupos
que criticamos el proyecto de ley del Gobierno y que presentamos textos
alternativos, o decir que pretendemos ignorarlas, es simplemente eso, una
excusa fácil, para pretender no entrar en las graves deficiencias que
tiene este texto.

Con todos los respetos al Estado plurinacional, que defendemos --porque
además pretendemos llegar más allá, al Estado federal--, debe usted
reconocer que un plan nacional, si queremos que lleve adelante lo que hoy
por hoy se dice pretender hacer a través de la ley básica de residuos, no
debe ni puede ser esa suma, sino que tiene que contemplar unos objetivos
específicos, tiene que incluir especificidades autonómicas. Además,
señoría, en mi intervención he dicho claramente que las competencias de
las comunidades autónomas quedan respetadas en nuestro texto y que lo que
ustedes tienen que hacer es fijar objetivos nítidos para que las
comunidades autónomas puedan desarrollar sus planes dentro de sus
competencias, que gestionen dentro de sus competencias, competencias que
nadie pretende retirar.

Y no vuelvan a escudarse otra vez en que las cuestiones medioambientales
son competencia de las comunidades autónomas, porque --ya se lo hemos
dicho en algunas ocasiones y nos tememos que en muchas más se lo vamos a
tener que decir-- de esa forma ustedes no pretenden hacer planes ni tener
recursos suficientes para que las comunidades autónomas, con sus
competencias, puedan trabajar en favor del medio ambiente. Ustedes
crearon un Ministerio nuevo, pero nada más que para hacerse la
fotografía, dejándolo sólo y exclusivamente de adorno dentro del
Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Urán.

Señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Señora ministra, la verdad es que no sé cómo se
atreve a sacar a colación la Ley de Espacios Naturales, que ustedes, con
el pretexto de la sentencia del Constitucional, han modificado,
introduciendo de paso la posibilidad de la caza en período de contrapasa,
en estos momentos objeto de inicio de expediente de infracción por parte
de la Unión Europea.

La Ley de Costas y la Ley de Espacios Naturales habrán tenido problemas
de distribución de competencias, pero son dos piezas normativas elogiadas
en todos



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los organismos internacionales como normas verdaderamente defensoras del
medio ambiente. Si sigue usted estropeándolas, con el pretexto de las
sentencias del Tribunal Constitucional, señora ministra, seguirá
ahondando en esa falta de credibilidad que se ha ganado usted a pulso
durante 18 meses.

Hace 14 años --que siempre pone esa fecha para que parezca quién sabe qué
cosa-- no estaba la directiva de 1991. Difícilmente hubiéramos podido
hacer la trasposición. Sí hicimos planes nacionales, con objetivos de
reducción en origen, señora ministra; los consensuamos, no los impusimos.

Trabajamos durante un año en la conferencia sectorial para llegar a un
acuerdo unánime donde aparecía un objetivo: cinco años de reducción en
origen en los residuos peligrosos. Ustedes no cumplen estos planes,
porque respetan tanto a las comunidades autónomas que no les pasan un
duro de lo que les deben en estos planes nacionales, previamente
consensuados.

Si pedimos objetivos cuantificados, si pedimos que haya mayor definición
en la ley que usted propone, si pedimos que los planes no sean sólo la
suma de los planes autonómicos y que no establezcan criterios de mínimo
para todos los ciudadanos de España, que merecen, según la Constitución,
el acceso a los bienes ambientales, no es para que usted nos conteste
diciendo que esto es para satisfacer a sus señorías. Léase, señora
ministra, la estrategia europea de residuos, de febrero de este año,
léasela, antes de andar diciendo por ahí que trae a esta Cámara una ley
ambiciosa. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señora Narbona.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente, y le aseguro que sin ánimo de entrar en más debate.

He escuchado con suma atención y con el máximo respeto al representante
del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, pero el problema, él lo
acaba de decir, es un problema en el que no podemos entrar en este
momento. El no acepta que la Comunidad Autónoma de Galicia forme parte
del Estado español y esto ya trasciende con mucho la problemática que
estamos abordando en la ley básica de residuos.

Con relación al Grupo de Izquierda Unida, cuya representante coincide en
su argumentación con la del Grupo Socialista, yo lamento muchísimo que lo
que la Constitución ha establecido lo tomen SS. SS. como una excusa, pero
yo soy muy consciente de que no seremos objeto de sentencias
inconstitucionales por exceder las competencias que la Constitución ha
otorgado, en este caso concreto, al Ministerio de Medio Ambiente, que es
establecer la legislación básica. Por mucho que les duela a SS. SS., la
realidad es que son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los
que, en sus planes regionales y locales de gestión de residuos y en
función de la situación de residuos que cada uno tenga, desde la idea
ambiciosa de respetar y gestionar cada vez más esos residuos --lo cual
plantea un grave problema a las comunidades autónomas y a algunos
ayuntamientos y por eso quieren solucionarlos--, se den un objetivo
realista, ambicioso pero realista, que se cumpla.

No me sorprende, por otra parte, señoría, que seamos felicitados en
determinadas trasposiciones de directivas comunitarias en organismos
internacionales, en la medida en que ellos a continuación no pueden
meterse en la problemática interna. No existen muchos países,
lamentablemente a lo mejor, en la Unión Europea que tengan la situación
de definición del Estado que tiene España, con un Estado de las
autonomías que nos hemos dado desde el año 1978. Sabe S. S., debería
saberlo al menos, que el principio de subsidiariedad en los principios de
la Unión Europea hace que tengamos plena autonomía después para
distribuir esa trasposición de las directivas comunitarias --así lo
expresan las grandes directivas-- como corresponda en cada Estado. Y a
este Estado le corresponde ser respetuoso con las comunidades autónomas y
con la gestión.

Lo que ya me parece más grave, señora Narbona, se lo aseguro, es que
usted interprete las cosas como le parezca y que ahora se refiera a la
ley de espacios naturales, que, por cierto, ya tenemos en el «Boletín
Oficial del Estado» --porque, en ese no hacer nada de este ministerio, da
la casualidad de que ya es la tercera ley que presentamos a esta Cámara
en 18 meses, aparte de otras muchas cosas que conocen también sus
señorías--. He de decirle que no existe en este momento esa infracción.

Está clarísimo que a S. S. le hubiera gustado que esta vez nos
condenaran. Ustedes, a través del Parlamento Europeo, con eurodiputados
socialistas, así como una organización ecologista, la SEO, han intentado
que sancionaran a España por el no cumplimiento de una directiva, la
conocida vulgarmente como contrapasa.

Señoría, por favor, infórmese o simplemente lea los periódicos
nacionales, donde ya se ha dicho --no es que lo diga yo, no es
información reservada ni privilegiada, está ya en la opinión pública--
que lo que ustedes han intentado, sólo por ideología, por hacer oposición
--como aquí no pueden, lo han intentado en la Unión Europea--, les ha
fracasado. Sabe usted o debería saber, si es mínimamente europeísta, que,
en cuanto hay una denuncia, hay un procedimiento por el que
automáticamente, señora Narbona, se abre un expediente. Pero también
debería saber que no se nos ha pedido ni siquiera información, porque la
Comisión sabe perfectamente que no es más que un intento de oposición
interna que quieren trasladar ustedes a la Unión Europea, y se ha
sobreseído ya ese expediente,



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porque no hay materia. No ya este Gobierno, sino ni siquiera esta Cámara,
que es la que ha aprobado esta proposición no de ley del Grupo Vasco,
incumple en absoluto ninguna directiva comunitaria. Así lo ha entendido
la Comisión y, según ha abierto automáticamente el expediente, porque
tiene que ser así, hecho que ustedes han publicado por todas partes,
también casi automáticamente lo ha cerrado, lo ha sobreseído, y ustedes
no quieren reconocerlo. Señora Narbona, hay que ser mucho más sinceros y
--vuelvo a reiterarlo-- mucho más realistas si queremos ser creíbles.

En cuanto a mi credibilidad, créame que no es una cuestión personal.

Pienso que la gestión que se hace desde el Ministerio de Medio Ambiente
está siendo bastante reconocida en lo que hemos podido hacer y en lo
mucho que estamos haciendo de cara a los próximos años, ya que desde
luego es lamentable el retraso que llevaba España en protección y defensa
de la naturaleza.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.

¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De
Lara.




La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a consumir un turno en contra de las enmiendas a la
totalidad que se han presentado al proyecto de ley de residuos del
Gobierno.

Empezando por el Bloque Nacionalista Galego, querría indicar que la
enmienda de devolución no se justifica suficientemente si se atienden las
razones expuestas por el diputado. La mayoría de ellas son razones
puntuales que podrían introducirse como enmiendas al articulado. Como
ejemplo de las citadas por el señor Rodríguez, podíamos indicar, por
ejemplo, la no referencia explícita al compostage, que indica en su
texto, que no es otra cosa que una forma de reciclado. Y todo lo que
afecta al reciclado en el proyecto de ley es aplicable también al
compostage. Dice S. S. que no se hace referencia a los residuos de obra,
que, en la mayoría de los casos, son asimilables a residuos urbanos y
como tal están tratados en el proyecto de ley. Indica también que no se
establecen objetivos concretos de reducción de residuos, objetivos que no
deben fijarse en una ley básica, sino que deben definirse tras un
consenso con las comunidades autónomas. Nos ha indicado el señor
Rodríguez que el establecimiento de un plan nacional de residuos como
integración de los planes autonómicos no es el mejor sistema.

Evidentemente, no constituye la fórmula ideal, estamos de acuerdo, pero
hay que considerar que el retraso en la elaboración de esta ley básica,
que debía haber estado elaborada en marzo de 1993, ha ocasionado que en
estos momentos exista un número importante de comunidades autónomas que
poseen sus propias leyes autonómicas de residuos y sus planes de gestión
autonómicos, que no es posible ignorar ni deslegitimar al establecer el
plan nacional. Por ello, la fórmula de integración creo que es el único
camino realmente posible. Estas y otras críticas hechas por el señor
Rodríguez pensamos que no afectan al contenido esencial del proyecto de
ley y que podían haberse introducido como enmiendas parciales al
articulado.

Respecto al texto alternativo que presenta el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, voy a destacar, señorías, algunos de los aspectos que
nos parecen más relevantes y que figuran en su enmienda a la totalidad.

En su texto se prohíbe la incineración, cualquier tipo de incineración, y
se indica explícitamente que con o sin presencia de oxígeno.

Señora Urán, podríamos debatir ampliamente si queremos incineración, si
no la queremos, si es una forma de valorización, los problemas que puede
tener o los que no puede tener. Yo creo que no es el caso. Hablamos de
incineración con presencia de oxígeno, que es lo que podríamos debatir.

Porque prohibir indiscriminadamente, como hacen ustedes, la incineración
sin presencia de oxígeno significa que ustedes están excluyendo las
nuevas tecnologías de sublimación de los residuos, de vitrificación de
los residuos y de combustión del gas resultante, tecnologías
absolutamente inocuas para el medio ambiente. Creo, señora portavoz de
Izquierda Unida, que esta postura es dogmática e irreal.

Ese texto alternativo de Izquierda Unida elimina todos los artículos del
proyecto de ley relacionados con el transporte de residuos en territorio
español, aportación, en mi opinión, fundamental, del texto del proyecto
de ley. Parece que la filosofía de Izquierda Unida es que si no se
legisla el transporte no se produce, cuando en realidad se va a producir
de forma incontrolada. Establecen objetivos de reducción y reciclaje de
residuos impropios de una ley básica, de unos niveles irrealizables.

Dicen que se deben reducir los residuos peligrosos en un 45 por ciento y
los residuos sólidos urbanos en un 20 por ciento en cuatro años, reciclar
el 25 por ciento de los residuos peligrosos, compostar el 50 por ciento
de la materia orgánica y reciclar el 50 por ciento de los residuos
sólidos urbanos restantes, todo ello en el plazo de cuatro años, pero no
dicen cómo hacerlo. Esto es voluntarista y testimonial; desgraciadamente,
nada más.

Quisiera destacar también la eliminación de la disposición adicional
primera del proyecto de ley, en la que se intenta considerar el volumen
de actividad de las industrias y el de generación real de los residuos,
para suavizar, en determinados casos, una serie de obligaciones que
pueden ser difícilmente soportables por las pequeñas y medianas empresas.

Eliminar esa



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disposición adicional sería, señores diputados de Izquierda Unida, muy
perjudicial para ellas.

Creo, señores diputados, que en conjunto el texto alternativo que
presenta Izquierda Unida tiene pocas aportaciones positivas al proyecto
de ley.

Paso al texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista. Quisiera
indicar que este texto es análogo en su conjunto a una versión anterior
del borrador del anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio. Se
consideran en él una serie de aspectos ya examinados en la redacción del
anteproyecto y que, por razones de coherencia con el principal objetivo
de la ley, se excluyeron en el actual proyecto.

Como justifica su exposición de motivos, pretende interpretar la
estrategia comunitaria en materia de residuos, regulando con excesiva
amplitud, que llega a afectar a otros factores ambientales, el fin
específico del proyecto de ley. La concepción de la Unión Europea en
materia de residuos, señorías, se plasmó en la directiva 91/156,
Comunidad Europea, cuyo plazo de trasposición, marzo de 1993, ha sido
ampliamente rebasado. El objetivo primordial del proyecto de ley es su
urgente incorporación al derecho interno, si bien teniendo en cuenta
otros factores medioambientales que precisarán más amplia regulación
específica. Recuerde, señora Narbona, que ese problema que ha heredado el
Ministerio de Medio Ambiente culminó en la sentencia del Tribunal Europeo
de Justicia, del pasado 5 de junio, condenatoria del Reino de España. Ha
sido algo heredado, señora Narbona. Sé que no la gusta, pero ha sido algo
que ha heredado el Ministerio de Medio Ambiente.

Este texto alternativo del Grupo Socialista discrimina la valorización
energética, aunque no con tanta virulencia como en textos anteriores.

Solicita unos rendimientos energéticos mínimos, algo que ya está incluido
en el desarrollo de la ley de ordenación del sector eléctrico al tratar
del régimen especial. Es conveniente indicar en este momento que el Grupo
Parlamentario Popular considera que la incineración con recuperación de
energía puede no ser aconsejable en algunos casos por razones económicas,
pero que una buena incineración, con las mejores técnicas disponibles y
cumpliendo los límites de emisiones, es un procedimiento aceptable para
eliminar las fracciones residuales.

Tampoco parece lógico prohibir, como lo hacen ustedes, el depósito en
vertedero de las fracciones orgánicas de los residuos, de forma general,
porque la alternativa del compostage puede no tener sentido en
determinadas zonas de nuestra geografía, como Galicia y Asturias, dadas
las características de sus suelos. Por otro lado, establecen ustedes el
principio de autosuficiencia en la capacidad de tratamiento de los
residuos, lo que puede llevar a una irracionalidad al multiplicarse el
número de instalaciones y disminuir su tamaño y su nivel de utilización.

El Grupo Parlamentario Popular entiende, señorías, que el principio de
autosuficiencia del que ustedes hablan debería ser sustituido por el de
optimización de las instalaciones.

Otras modificaciones de su texto alternativo deterioran claramente el
proyecto de ley. Eliminan ustedes la posibilidad de que las entidades
locales establezcan sus propios planes de residuos dentro de su ámbito de
competencia; crean ustedes un cuerpo de alta inspección del Estado en
relación con los residuos, que interfiere claramente con las competencias
autonómicas; y obligan a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes,
igual que lo hace el texto de Izquierda Unida, a la recogida selectiva de
residuos, sin tener en cuenta los problemas económicos y de gestión que
ello implica para los pequeños municipios. Finalmente, como en el texto
de Izquierda Unida, se crea un nuevo impuesto y un fondo ambiental. La
creación de un impuesto o tributo ambiental exigiría resolver previamente
ciertos interrogantes.

En primer lugar, las comunidades autónomas tienen competencias
tributarias en materia de impuestos ambientales y la creación de un
impuesto estatal supondría impedirlas el establecimiento de impuestos
semejantes, por lo que sería necesario obtener previamente el consenso
generalizado de todas las comunidades autónomas respecto a cuál es el
reparto competencial más aconsejable.

En segundo lugar, habría que definir la naturaleza jurídica del impuesto,
ya que puede ser sobre emisiones, gravando el hecho contaminante, o sobre
productos, gravando la utilización de materiales o bienes potencialmente
contaminantes. Y, en tercer lugar, la entrada en vigor de la ley de
envases y residuos va a suponer una financiación adicional para acometer
inversiones públicas vinculadas a sistemas de gestión de residuos. La
superposición del punto verde con figuras tributarias que también graven
los residuos requiere un detallado análisis. Los artículos 27 y 28 del
texto alternativo socialista se limitan a una declaración genérica de
intenciones, incompatible con los principios de legalidad y seguridad
jurídica elementales en cualquier figura tributaria. No obstante, deberán
seguirse analizando los aspectos que he comentado, para buscar la
solución más adecuada.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora De Lara, le
ruego concluya.




La señora DE LARA CARBO: Concluyo, señor presidente.

Por todas las razones expuestas y por entender que el proyecto de ley que
hoy presenta el Gobierno es un buen proyecto de ley, que completa un
marco jurídico básico para el tratamiento y gestión de todos los residuos
y que puede mejorarse en aspectos puntuales en su trámite parlamentario,
incorporando alguna de las



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enmiendas presentadas, nuestro voto será negativo a las tres enmiendas a
la totalidad.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara.

Señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor presidente, solamente quería
tranquilizar a la señora ministra y que pierda cuidado, que el Bloque
Nacionalista Galego no tiene intenciones secesionistas.

Nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez,
S.S tenía la palabra para contestar al turno en contra utilizado por el
Grupo Parlamentario Popular. El debate con la señora ministra ha quedado
zanjado, a no ser que S. S. quiera reabrirlo, como es obvio.

Señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, cuando no se tienen alternativas o cuando no se tienen
alternativas políticas a los argumentos que se plantean, se intenta
recurrir a la descalificación. Nosotros somos contrarios a la
incineración y, por mucho que la señora De Lara, el Grupo Popular o
cualquier otro grupo de la derecha nos diga que es una posición
dogmática, seguiremos defendiendo que la incineración no es
medioambientalmente factible, que es contaminante y que, además, genera
una contaminación a la que ustedes no dan respuesta. ¿Qué haremos con las
cenizas que se producen en la incineración de residuos, que están
contaminadas? Estamos hablando de reducir residuos, no de generar
residuos de otro tipo que, por otro lado, son contaminantes.

La señora De Lara decía que fijamos objetivos de reducción impropios en
la ley. Señoría, si no se fijan objetivos de reducción en el propio texto
de la ley, ya me explicará usted cómo van a fijar objetivos de reducción
las comunidades autónomas en sus propios planes de residuos y cómo van a
llevar a cabo esta reducción. Precisamente por eso, porque se tiene que
hacer a través del diálogo con las comunidades autónomas y, en todo caso,
se tendrá que fijar en el plan nacional de residuos cómo y hasta cuándo.

Cuando dicen que es imposible que los pueblos de menos de 5.000
habitantes puedan hacer recogidas selectivas y acceder a la reutilización
o reciclado de sus residuos, se olvidan de que existen figuran
intermedias supramunicipales, que pueden perfectamente fomentarse para
que estos municipios puedan acceder a la recogida selectiva y a otro tipo
de tratamiento de los residuos sólidos. Si no, estarían condenando a un
alto porcentaje de la población a no poder reducir sus residuos, a una
recogida selectiva o a no poder reducir el impacto que produce la
generación de los residuos. Hay mancomunidades que perfectamente podrían
ser las que establecieran las recogidas selectivas; se pueden crear y
todavía no están impedidas por nuestra Constitución ni por las
comunidades autónoma. Nos parece una barbaridad negar desde la ley a los
municipios de menos de 5.000 habitantes la posibilidad de que puedan
hacer recogidas selectivas.

Señorías, en nuestro texto, la creación del fondo y el tipo de impuesto
queda bastante claro. Es un impuesto indirecto para todo aquel producto
que genere residuo, un impuesto finalista para que se revierta después a
las comunidades autónomas, con el fin de que puedan llevar a cabo esos
planes de residuos, que puedan seleccionar, reducir, reciclar y
reutilizar, que es la prioridad que se debe establecer. Por mucho que
ustedes digan que el texto del Gobierno es bueno, no contiene los
parámetros que hoy por hoy demanda la Unión Europea ni la modernización
de los Estados según la Unión Europea. Y ya que ustedes son tan dados a
hablar de modernidad y que dicen que tenemos que compararnos con el resto
de los países de la Unión Europea, a ver si en alguna ocasión nos
equiparamos a ellos en algo que beneficie a todos los ciudadanos y no en
aquello que les perjudica.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.

Señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Gracias, presidente.

Señora De Lara, en primer lugar, la sentencia, que no nos gusta a nadie,
se ha producido un año después de llegar ustedes al Gobierno, un año,
teniendo ya elaborado un borrador de proyecto de ley y planes nacionales
aprobados dos años antes. En absoluto les ha llegado sin que hayan tenido
la oportunidad de tener resuelta esta cuestión ante la Unión Europea. Por
tanto, no se debe hacer tanta mención a esa sentencia, que cae un año
después de llegar ustedes al Gobierno y no antes.

Por lo que se refiere al principio de autosuficiencia, es un principio
europeo, no es del Grupo Parlamentario Socialista. Está también en los
documentos que a ustedes no les deben convencer mucho, porque señala la
portavoz del PP que nosotros hemos hecho una interpretación de la
estrategia europea de residuos. No, simplemente hemos procurado
incorporarla, que es muy distinto.

En cuanto a la alta inspección, no interfiere en absoluto en las
competencias autonómicas. Si usted lee el texto, esa alta inspección está
concebida para que la Administración central cumpla bien los objetivos
que tiene de control directo en materia de traslado de residuos y
aquellos otros que, en su caso, le encomienden



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por convenio las comunidades autónomas. Esta es una carencia gravísima,
señora De Lara, gravísima, que está siendo reclamada desde todos los
ámbitos, Y no estamos intentando hacer nada contrario a la Constitución.

Por último, los impuestos. Nosotros no lo creamos directamente con una
definición específica. Precisamente decimos que se dé un año al Gobierno.

En la línea que usted señala, que es necesario un estudio detallado, y
con la predisposición que manifiesta en el trámite de enmiendas, espero
que al menos esta enmienda sea aceptada por la mayoría de los grupos,
porque se da un año para que exista un acuerdo que respete de forma
nítida las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, sin
renunciar a que exista algún tributo de ámbito estatal, si así se acuerda
con las comunidades autónomas.

Señorías, España es de los pocos países europeos, desde luego el único
desarrollado, que no tiene ya un esquema de impuestos ambientales.

Ustedes se negaron a crear el primero de ellos, que estaba contenido en
nuestra propuesta de ley de aceites usados. Por tanto, no se duerman en
los laureles. Un año, para crear impuestos sobre los residuos, es tiempo
más que suficiente. Tampoco se preocupe, señora De Lara, por el hecho de
que se establezcan obligaciones para los municipios de menos de 5.000
habitantes, porque o hay financiación para que todos, de más y de menos
de 5.000 habitantes, tengan mecanismos eficientes o no la hay para
ninguno. Los problemas económicos de gestión en municipios de más de
5.000 habitantes son superiores, proporcionalmente, en relación con los
problemas que pueden tener municipios de menor dimensión. Insisto, en el
proyecto de reglamento de la ley de envases que tiene ahora mismo el
Ministerio de Medio Ambiente no se garantiza una recogida adecuada en
términos selectivos de los residuos de envases. Si no hay una
financiación clara, que garantice niveles mínimos, adecuados, de la
separación en origen de las basuras, de los residuos de envases, no se
podrá hacer compost, no se podrá hacer reciclaje y, al final, como
interesa a muchos, lo único que se podrá hacer será incinerar.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona.

Señora De Lara.




La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente. En primer lugar, voy a indicar a la portavoz
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que ha dicho que la
incineración es una cosa de gobiernos de derechas, que la incineración
con recuperación de energía existe en toda Europa, señora Urán, sea cual
sea el Gobierno que haya en la Unión Europea. Hay incineradoras en
Francia, en Suecia, en Alemania, en Dinamarca, en toda Europa existen.

Ha dicho usted que la incineración es contaminante, en abstracto. Señora
Urán, usted sabe que en las campañas que se hacen contra la incineración
se indica que se desprenden dioxinas y furanos que son cancerígenos. Una
buena incineración, con las mejoras tecnologías disponibles, no puede
producir dioxinas porque éstas son compuestos de cloro que a 850 grados
se destruyen, y 850 grados es, precisamente, la temperatura que se
alcanza en la incineradora. Por consiguiente, pueden ustedes mantener la
postura que quieran, pero químicamente no existen dioxinas a 850 grados.

Aparte de todo, cuando se establece este debate de la eliminación de los
residuos de las fracciones residuales, la alternativa es el vertedero. A
mí lo que me extraña es que nadie se queje de las dioxinas que se
producen en los vertederos por los usuales incendios. Todos hemos visto
vertederos controlados e incontrolados que arden y lo hacen a menudo.

Cuando esto sucede sí se producen dioxinas porque la temperatura es baja.

Esta es la otra alternativa. No hay más alternativas que estas dos para
las fracciones residuales: vertedero o incineración con recuperación de
energía.

Quería indicar a la señora Narbona que no hace más que echar en cara al
Ministerio y a la señora ministra que al año y medio de estar en el
Ministerio todavía no han podido legislar sobre todos los temas posibles
de medio ambiente. Señora Narbona, un año después de llegar al Gobierno,
dice usted que se podía haber evitado la sentencia porque se podía haber
presentado la ley de residuos; el Ministerio de Medio Ambiente ha
elaborado la Ley de envases y residuos de envases, ha modificado la ley
4/1989, ha puesto al día todos los embrollos que ustedes dejaron. Lo que
yo me pregunto es por qué, si usted dejó un borrador de todo, no lo puso
en práctica; tal vez, porque consideraba que sus borradores no eran
adecuados.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara.

¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.

Al analizar, por parte de mi grupo, este proyecto de ley del Gobierno y
también las tres enmiendas que se han presentado a su totalidad, fijo mi
posición partiendo del principio que dice que lo mejor es enemigo de lo
bueno. Nosotros creemos que el proyecto del Gobierno, si no es el mejor,
es bueno, porque entendemos que viene a satisfacer dos necesidades
perentorias. Una, la trasposición de la directiva comunitaria de 1991
para evitar, como bien ha señalado la señora ministra



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de Medio Ambiente, no solamente una situación de infracción y las
sanciones correspondientes, sino la adecuación del Derecho comparado con
la normativa española en la igualdad que tenemos que tener en el seno de
la Unión Europea.

Por otro lado, si esto no fuera así, estaríamos políticamente obligados a
disponer de una legislación actualizada en la forma, tanto de lo que se
ha podido recoger de la directiva 91/156 de la Unión Europea, como de los
añadidos que vienen, fundamentalmente, a sustituir aquel modelo donde la
directiva de 1975, de la entonces Comunidad Económica Europea, clasificó
en general todos estos residuos como peligrosos, ya que hizo una
apreciación cuantitativa.

Trasladada esa clasificación al archipiélago canario, nos llevaría a una
situación verdaderamente intolerable con la oferta turística que tenemos,
porque una sociedad de consumo es una sociedad que produce desperdicios y
residuos. Hay que acabar con el sistema de vertederos incontrolados y
aplicar unas técnicas, sobre las que es necesario avanzar. Pero, como no
me atrevo a más, para que no me califique la portavoz del Grupo Federal
de Izquierda Unida de si soy de izquierdas o de derechas, porque no he
encontrado la fórmula del incinerador centrista en el que me adscribo,
ahí me quedo.

Sin embargo, sí entro en aquellas otras cuestiones que son de pura
gestión administrativa. Precisamente en octubre se celebra una reunión de
los comisionados de los defensores del Pueblo que insta al Gobierno
español a que ponga en aplicación la directiva comunitaria, y con este
proyecto de ley se cumple ese compromiso. Proyecto de ley al que
Coalición Canaria va a presentar algunas enmiendas al articulado,
adecuadas a la problemática administrativa que tiene este tramiento de
residuos en la estructura de la Comunidad Autónoma canaria. Además,
consideramos que existen suficientes garantías jurídicas tanto en este
proyecto de ley como en la legislación concomitante.

Yo no puedo plantear aquí que porque se obligue a los municipios de más
de 5.000 habitantes a tener un plan de recogida selectiva de residuos eso
signifique que se imposibilitan otras vías. Estaba leyendo el artículo
20.4 del proyecto y en él se dice claramente que estas entidades locales
podrán realizar las actividades de gestión de residuos urbanos
directamente o por cualquiera de las otras fórmulas previstas en la Ley
de Bases de Régimen Local. Y en Canarias, conscientes de este problema,
hemos recurrido a la estructura de los cabildos insulares para la
ordenación de vertederos y la transformación de residuos. Pero eso no lo
impiden ni la anterior ley ni ésta. Se trata de una motivación de
política municipal, de acuerdo con la suficiencia o insuficiencia que
puedan tener de medios económicos, presupuestarios o materiales, para
racionalizar todo este proyecto.

¿Por qué decimos esto? Porque entendemos que hay que hacer una labor de
concienciación y no sólo de las entidades administrativas. Nos parece que
el proyecto del Gobierno ha respetado escrupulosamente algo fundamental
para nosotros y para determinadas fuerzas políticas aquí presentes --el
Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el
grupo nacionalista canario, al igual que el Bloque Nacionalista Galego o
cualquier otro partido que pueda formar parte de alguna coalición en esta
Cámara--, que es el respeto a las competencias de las comunidades
autónomas. Comunidades autónomas que podrán hacer uso de transferencias a
entidades intermedias entre ellas y los ayuntamientos, como pueden ser
los cabildos, las diputaciones en el territorio peninsular o los consells
insulares en el archipiélago balear, para instrumentalizar todas estas
posiciones.

Desde nuestra óptica canaria (donde tenemos una presión de población
superior en tres veces a la media peninsular, donde generamos un millón
de toneladas de residuos por año, donde la población de Derecho de
1.600.000 habitantes está plenamente superada por 10 millones de turistas
anuales que generan residuos, que generan desechos que hay que tratar,
con una población de hecho de más de 200.000 ciudadanos) entendemos que
también hay ideas buenas en algunos de los proyectos que han presentado
los grupos de la oposición, como el fondo ambiental de residuos. Por
ello, en el momento en que enmiendas de este tenor se presenten en
ponencia y comisión las vamos a apoyar, porque entendemos que tiene una
razonable justificación --yo diría que imprescindible-- un fondo
ambiental de residuos. Y qué decir del tema de los aceites usados, que
también apoyaríamos, porque queremos dar racionalidad a un proyecto de
ley que ya da una directriz y una manera de enfocar todos estos asuntos.

Por estas razones y terminando muy brevemente, señor presidente, mi grupo
parlamentario, que apoya el proyecto del Gobierno para mejorarlo en los
trámites de ponencia y Comisión, votará en contra de las tres enmiendas
de totalidad, de devolución presentadas por los grupos que las han
elaborado.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tienen la palabra el
señor González de Txabarri. (Rumores.) Señorías, les ruego guarden
silencio.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.

A la vista de cómo se ha desarrollado el debate de estas tres enmiendas
que solicitaban la devolución o planteaban un texto alternativo al
proyecto de ley que el Gobierno ha presentado en el día de hoy a esta
Cámara, desde el Grupo Parlamentario Vasco quisiéramos comenzar
felicitando al Gobierno y al Ministerio



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por lo acertado de su planteamiento, tanto en lo que respecta a los
ámbitos competenciales residenciados en las comunidades autónomas o en la
Administración local, porque es un criterio que, como decía el señor
Mardones, también desde el Grupo Parlamentario Vasco compartimos.

Señor presidente, hemos estado muchos años, como ha indicado la señora
ministra, habituados a una forma perversa de residenciar estos títulos
competenciales. Y daba la impresión de que si estos títulos
competenciales de medio ambiente estaban residenciados en el Estado, el
medio ambiente estaba bien preservado, y si cualquier otra institución,
del Estado también, pudiera tener estas competencias, pues parece que la
alta inspección debiera funcionar con cierto miedo a que los objetivos de
medio ambiente no se cumplieran. Este Ministerio de Medio Ambiente ha
superado este planteamiento, señor presidente, circunstancia que comparte
el Grupo Parlamentario Vasco, porque entendemos que ése es el orden
competencial que en materia de medio ambiente está establecido en este
Estado, y que lo demás no es más que querer tirar de un hilo competencial
con objetivos políticos que no están recogidos en el orden
constitucional. Por ello, el orden competencial recogido en el proyecto
de ley satisface al Grupo Parlamentario Vasco y quiere mostrar dicha
satisfacción.

Si la segunda acusación que se hace a la señora ministra, en relación a
la fundamentación de estas enmiendas de totalidad, es el tema de la
contrapasa, pues apaga y vámonos. Yo le pediría a la señora Narbona que
que nos indique de una vez, dado que es la cuarta vez que en este Pleno
vuelve a sacar a colación este tema, cuándo va a ser el momento en que
tengamos algún papel oficial de la Unión Europea en orden a poder
analizar con rigor los planteamientos que la portavoz del Grupo
Socialista plantea. Es la cuarta vez, señora Narbona, que va a intentar
poner un titular en los medios de comunicación. Sabe que no es así lo que
usted plantea, que nos hace trabajar a todos los grupos parlamentarios
intentando contrastar la información que nos da, y que desde la Unión
Europea, tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios de esta Cámara
y del Parlamento Europeo, van respondiendo que no entienden el porqué de
la preocupación que se les plantea. Por ello, señora Narbona, y al Grupo
Socialista en su conjunto, desde el Grupo Parlamentario Vasco les
quisiéramos manifestar que nos traigan algún papel, y que mientras tanto
no hagan lo del pastor y el lobo: que viene el lobo, que viene el lobo,
que viene el lobo, porque el anuncio de que viene el lobito es muy fácil
de realizar, basta que un ciudadano de la Unión Europea vaya a presentar
una denuncia, se abre el procedimiento, y con este juego podemos ver
pasar una paloma, otra paloma, más palomas, ver pasar todas las palomas,
y podemos seguir presentando una denuncia, otra denuncia, más denuncias,
pero los únicos que quedan mal son ustedes, señores del Grupo Socialista.

Y si la única acusación que le realizan, señora ministra, es la de que el
tema de la contrapasa contamina el medio ambiente, pues siga por ese
camino, que la política del Ministerio de Medio Ambiente debe estar bien
establecida. A esos efectos no podrá contar más que con el apoyo del
Grupo Parlamentario Vasco.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado 20 enmiendas a este proyecto
de ley, y quisiera manifestar también una preocupación en relación al
debate y a las enmiendas que han presentado otros grupos parlamentarios.

Creemos que el tema de la ecotasa debiera debatirse con serenidad porque
sobrepasa el contenido de la propia directiva. Dado que está planteado
por distintos grupos parlamentarios, desde el Grupo Parlamentario Vasco
quisiéramos manifestar nuestra intención de que este tema fuese debatido
con serenidad, como la señora ministra ha indicado, dada la trascendencia
que el mismo tiene, no sólo en cuanto al aspecto tributario, sino
respecto a cómo se financian los recursos en orden a objetivos políticos,
como es el del medio ambiente. Creemos que esto, tanto en los trámites de
ponencia como de Comisión, debiera conocer un consenso amplio, porque no
sólo afecta a medio ambiente, sino que tiene consideraciones
fundamentales. Como indico, nuestro grupo parlamentario comparte los
objetivos generales de la traslación que está razonablemente hecha, que
se puede trabajar con ese proyecto de ley y, en consecuencia, va a
desestimar las enmiendas de devolución que se han presentado, y esperamos
que el Ministerio de Medio Ambiente, como lo lleva haciendo desde que se
constituyó, manifieste y mantenga una actitud de diálogo razonable con
los grupos parlamentarios, para que puedan ser discutidas y razonadas las
enmiendas que los distintos grupos parlamentarios hemos presentado.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.

En nombre del Grupo Catalán (Convergéncia i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, señorías, el proyecto de
ley de residuos, cuyo debate iniciamos hoy, como se ha dicho
anteriormente por la ministra en el momento de su presentación y por los
anteriores intervinientes, no es más que la trasposición de una directiva
comunitaria, la directiva 91/156, del año 1991.

Debo decirles, de entrada, que según el parecer de este grupo
parlamentario constituye una trasposición bastante acertada de dicha
directiva y que el proyecto de ley constituye también un buen marco para
permitir el desarrollo o la aplicación de la normativa comunitaria



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sobre residuos. Distingo entre desarrollo y aplicación, puesto que es
sabido por SS. SS. que son varias las comunidades autónomas que han
legislado sobre esta materia con anterioridad.

Hecho este preámbulo, debo manifestar, en consecuencia, que el voto de
este grupo parlamentario será contrario a la devolución del texto al
Gobierno y contrario también a los dos textos alternativos que se han
presentado.

Sin embargo, también debo manifestar desde esta tribuna que cuando
iniciemos el debate pormenorizado del articulado del proyecto vamos a
defender toda una serie de enmiendas, que ya hemos presentado, que
pensamos sinceramente que pueden contribuir a mejorar el texto. Es más,
estamos convencidos de que es un texto que debe ser mejorado y, en
algunos casos, es imprescindible que lo sea.

Así, por ejemplo, y voy a hacer un repaso muy rápido de nuestras
enmiendas, pienso que el texto se puede perfeccionar adecuándolo en
algunos casos al sentido de la directiva. Esto sucede en el capítulo de
objeto y ámbito de la ley, en el que creemos que en el artículo 1º se
deberían de invertir las prioridades del proyecto, situando en primer
lugar, en relación con lo que establece la directiva, la prevención de la
producción de residuos, que es el objeto primordial de la política de
residuos de la Unión Europea y que además consta en el tratado de la
Unión Europea. También en el artículo 3º, que se refiere a los residuos
urbanos, cuando la directiva no habla de residuos urbanos, sino de
residuos municipales, y el proyecto incluye entre éstos a los animales
muertos, que no constan en ningún lugar como residuos municipales, ni en
el catálogo europeo de residuos, ni en la lista de residuos peligrosos
aprobada por el Consejo.

También este mismo artículo 3º, en su letra k), define un concepto muy
importante, como es el de la valoración. Lo hace incluyendo la
incineración con recuperación de energía. En cambio --y estamos de
acuerdo hasta ahí--, no exige, como lo hace la estrategia comunitaria
para la gestión de residuos, la satisfacción de los requisitos de calidad
en materia de poder calorífico de los residuos a los que se refería la
señora De Lara, por ejemplo, o el rendimiento de las instalaciones y la
energía obtenida.

Dentro del capítulo de definiciones, pensamos que es mejorable o que hay
algunas que lo son, como la de suelo contaminado, el almacenamiento y los
residuos peligrosos.

Me voy a referir también brevemente al capítulo de gestión de residuos,
en el que proponemos y defendemos, entre otros aspectos, el mandato a las
administraciones públicas para que, a través de sus instrumentos de
planeamiento, establezcan las reservas de suelo necesarias para ubicar
las instalaciones de gestión de residuos, así como la incorporación del
principio de suficiencia, complementario del de proximidad, establecido
también en la normativa comunitaria para la eliminación de residuos. Y,
por lo que se refiere a los suelos contaminados, proponemos y defendemos
la exigencia de responsabilidad subsidiaria a los propietarios de estos
suelos, tras los causantes de la contaminación y de los poseedores de
suelos, en línea con lo que sucede en otros países de nuestro entorno, y
no me estoy refiriendo sólo a la Unión Europea.

Por último, en este capítulo, y en lo relativo a la inspección, abrimos
la posibilidad, a través de nuestras enmiendas, a que estas funciones
sean realizadas por entidades públicas empresariales, nutridas por
personal laboral.

También hemos presentado algunas enmiendas que hacen más flexible el
apartado de sanciones y, por último, proponemos una nueva disposición
transitoria, que obliga a los titulares de actividades de gestión de
residuos no peligrosos anteriores a la aprobación de la ley a solicitar
autorización para cumplir lo que se establece en la misma en un plazo de
18 meses.

Para finalizar, señor presidente, me voy a referir a la nueva disposición
final que propone nuestro grupo parlamentario, que a nosotros nos parece
que es un aspecto especialmente importante. Por lo que he podido observar
a lo largo del debate en esta sesión, no me cabe ningún tipo de duda de
que constituirá uno de los aspectos polémicos del debate de este proyecto
de ley.

Hay otras propuestas planteadas sobre la mesa por los distintos grupos
parlamentarios, pero nosotros, concretamente, decimos que el Gobierno
debe establecer en un año una exacción parafiscal o ecotasa que tenga
carácter finalista, afectada a la gestión de los aceites industriales o
lubricantes y que haga efectivo el principio de que quien contamina paga,
internalizando así los costes de la gestión. También proponemos que en
este mismo plazo --esta cuestión, obviamente, entiendo que no va a ser
tan polémica como la primera-- el Gobierno apruebe un proyecto de ley que
establezca un sistema de devolución, depósito y retorno de pilas usadas.

Ya hemos tenido ocasión de manifestar en anteriores oportunidades en esta
tribuna la necesidad de crear esta ecotasa gestionada por el Ministerio
de Medio Ambiente, con carácter uniforme y obligatoria en todo el
territorio del Estado, sin finalidad recaudatoria y que recaiga sobre el
consumo de aceite, la cual se debería distribuir territorialmente en
función del consumo de aceite lubricante en cada comunidad autónoma,
criterio que debería rectificarse en función del tratamiento efectivo de
los aceites usados y en función del sistema de gestión, según las
prioridades establecidas congruentes con la finalidad medioambiental
específica del tributo y que, desde nuestro punto de vista, deberían ser,
en primer lugar, la regeneración, en segundo lugar, la recuperación
material y, en tercer lugar, la recupación energética.




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Recoder, le
ruego concluya.




El señor RECODER I MIRALLES: Termino ya, señor presidente.

Todo ello aseguraría que los fondos recaudados se destinaran a la
efectiva gestión de los aceites lubricantes usados.

Me parece que nuestra propuesta es perfectamente acorde con lo que
manifestó la portavoz del Grupo Parlamentario Popular desde esta tribuna
hace unos meses, con ocasión del debate de la proposición de ley de
aceites usados del Grupo Socialista, donde, repito, hubo un compromiso
por parte del Grupo Parlamentario Popular de que, tras la aprobación de
la ley de residuos, procederíamos a aprobar todas las leyes de residuos
sectoriales.

En consecuencia, señor presidente, nosotros proponemos que en la ley haya
un compromiso en ese sentido y, además, marcamos una serie de pautas muy
claras, porque no estamos por la creación, lo que no le sorprenderá a la
señora Narbona, de un impuesto especial, como ha reiterado el Grupo
Socialista hoy, de cuyo carácter finalista no tenemos ninguna garantía.

Señor presidente, finalizo reiterando nuestro voto contrario a las tres
enmiendas de totalidad y el deseo de que del debate parlamentario surja
un texto notablemente mejorado.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Recoder.

Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
derivadas del debate de totalidad del proyecto de ley de residuos.

(Rumores.) Guarden silencio, señorías, y ocupen sus escaños porque se
somete a votación la enmienda de totalidad, de devolución del Grupo Mixto
presentada por el señor Rodríguez.

Comienza la votación. (Pausa)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 138; en contra, 166; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 139; en contra, 169.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda y el texto alternativo.

Enmienda también de totalidad, con texto alternativo, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 138; en contra, 170.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el texto alternativo que, como
enmienda a la totalidad, presentaba el Grupo Parlamentario Socialista.




AVOCACION POR EL PLENO:



-- PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS (Número de expediente 121/000078)



El señor PRESIDENTE: Señorías, la Mesa, oída la Junta de Portavoces,
quiere someter a la aprobación del Pleno la avocación, solicitada por
algún grupo parlamentario, por el propio Pleno para el debate,
deliberación y votación final del proyecto de ley de residuos. ¿Lo
acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.




CORRECCION DE ERROR: En el Diario 121, correspondiente a la sesión del
día 26 de noviembre de 1997, en el orden del día de la portada y en la
página 6330, primera columna, décima línea, figura «Comparecencia del
Gobierno ante el Pleno de la Cámara para informar acerca del Consejo
Europeo extraordinario sobre el empleo que se celebrará en Luxemburgo los
próximos días 20 y 21 de noviembre de 1997», cuando debería decir:
«Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara para informar
acerca del Consejo Europeo extraordinario sobre el empleo celebrado en
Luxemburgo los días 20 y 21 de noviembre de 1997.»