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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 121, de 26/11/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 121
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 117
celebrada el miércoles, 26 de noviembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento:
--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar
acerca del Consejo Europeo extraordinario sobre el empleo que se
celebrará en Luxemburgo los próximos días 20 y 21 de noviembre de 1997
(Núms. expte. 210/000009 y 210/000010) (Página 6333)
Preguntas (Página 6365)
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SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con
lo dispuesto por el articulo 203 del Reglamento (Página 6333)
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para informar
acerca del Consejo Europeo extraordinario sobre el empleo que se
celebrará en Luxemburgo los próximos días 20 y 21 de noviembre de 1997
(Página 6333)
El señor Presidente del Gobierno (Aznar López) comparece ante la Cámara
para explicar los resultados del Consejo sobre el empleo que se ha
desarrollado los días 20 y 21 de noviembre en Luxemburgo, donde se ha
abordado el principal problema de las sociedades europeas en este final
de siglo, el desempleo, que atenta contra la cohesión y el bienestar de
nuestras sociedades. Considera que el Consejo extraordinario sobre el
empleo ha resultado fructífero y positivo, habiéndose convenido la
aplicación anticipada del nuevo título sobre el empleo del Tratado de la
Unión Europea, título que fue apoyado activamente por España.
Destaca a continuación el hecho de que, por primera vez, se hayan reunido
los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea con el único
objetivo de estudiar el problema del desempleo, enviando desde Luxemburgo
a todos los parados europeos el mensaje de que el problema del desempleo
puede ser abordado con éxito y no tiene por qué aceptarse la existencia
de 18 millones de parados. Los gobiernos han acordado un método que, a
semejanza de los criterios que sirvieron para la convergencia monetaria,
establece unos objetivos claros y un modo de alcanzarlos. En consecuencia
se va a iniciar una estrategia coordinada en la lucha contra el desempleo
basada en las líneas directrices propuestas por la presidencia del
Consejo y en los planes de acción nacionales en favor del empleo. Sin
embargo, es consciente de que en relación con el empleo no hay recetas
mágicas y estima que hay que ser prudentes, al tiempo que optimistas, en
las declaraciones que los responsables políticos transmitan a la
sociedad. De todas formas, y dentro de esa prudencia, afirma que se ha
llegado en Luxemburgo a una serie de conclusiones que pueden considerarse
un logro importante en la lucha contra el desempleo, destacando entre
ellas la coherencia que existe entre el proceso de convergencia
macroeconómica que va a hacer posible la unión económica y monetaria y
las políticas necesarias para crear empleo. Añade que las conclusiones
del Consejo Europeo consideran esencial para la Unión continuar una
política de crecimiento basada en la estabilidad, el saneamiento de las
finanzas públicas, la moderación salarial y las reformas estructurales, y
es en el marco de esa política económica de crecimiento equilibrado donde
se ha decidido aprobar por consenso unas directrices para 1998.
A continuación agrupa en cuatro líneas de acción estas directrices: en
primer lugar, la inserción profesional de los trabajadores, sobre todo de
los jóvenes y de los parados de larga duración; en segundo lugar, el
desarrollo del espíritu de empresa, coincidiendo todos los países en que
no es el sector público el que debe crear los puestos de trabajo
necesarios, por lo que resulta necesario reducir las cargas
administrativas y fiscales sobre las empresas, especialmente sobre las
pequeñas y medianas; en tercer lugar, aumentar la capacidad de las
empresas y de los trabajadores de adaptarse a los rápidos y crecientes de
los cambios económicos y tecnológicos, haciendo especial mención a que el
Consejo aspira a que, a través del diálogo social, se puedan abordar
aspectos tan importantes como el cómputo anual del tiempo de trabajo, la
reducción del horario y de las horas extraordinarias, el fomento del
trabajo a tiempo parcial, la formación permanente y la interrupción de la
actividad profesional; y en cuarto lugar, que las reformas necesarias se
lleven a cabo impulsando la igualdad de oportunidades. Manifiesta que el
Gobierno de España asume con esperanza y sentido de la responsabilidad
las conclusiones del Consejo de Luxemburgo y pide la colaboración de
empresarios y trabajadores, así como de las distintas administraciones
públicas y de la sociedad española en su conjunto.
A continuación pasa a explicar las acciones que el Gobierno desarrolló
para la preparación del Consejo y que constituyeron la contribución de
España a los resultados del mismo, haciendo previamente algunas
reflexiones sobre las peculiaridades del empleo en nuestro país.
Afirma que España ha asumido los compromisos de las conclusiones del
Consejo Europeo extraordinario sobre el empleo y se dispone a
incorporarlas al plan nacional de empleo, que se elaborará teniendo en
cuenta la realidad del mercado de trabajo en España, lo que hace que, al
día de hoy, la dimensión del compromiso para España no sea comparable a
la del resto de países miembros. Anuncia que
para la elaboración de dicho plan el Gobierno va a convocar de modo
inmediato a los agentes sociales para recabar su compromiso y
colaboración, así como a las comunidades autónomas, proponiéndose
impulsar de manera decisiva tres puntos que considera fundamentales: la
formación, la reforma fiscal en consonancia con las recomendaciones del
Consejo y la reorganización del tiempo de trabajo, apostando de manera
clara por el impulso de la contratación a tiempo parcial en detrimento de
las horas extraordinarias.
Finalmente hace un llamamiento a la cooperación de todos, porque
considera que es el momento de aunar voluntades, y anuncia que el
Gobierno perseverará en la política que viene aplicando desde que tomó
posesión y ha sido refrendada por las conclusiones de Luxemburgo y, sobre
todo, por los resultados de la creación de empleo.
A continuación intervienen en el debate los señores Almunia Amann, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso; Anguita González, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Molins i Amat, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Anasagasti Olabeaga, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mauricio Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Saura Laporta, Vázquez Vázquez (don
Guillerme), las señoras Rahola i Martínez y Lasagabaster Olazábal y el
señor Chiquillo Barber, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.
Contesta el señor Presidente del Gobierno.
Intervienen en un segundo turno los señores Almunia Amann, De Grandes
Pascual y Anguita González, cerrando el debate el señor Presidente del
Gobierno.
Preguntas (Página 6365)
Del Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuándo va a
repetirse el sorteo sobre los excedentes de cupo del Servicio Militar
Obligatorio? (Número de expediente 180/000889) (Página 6365)
De la Diputada doña Presentación Urán González, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Qué medidas adoptó el Gobierno cuando los ciudadanos pusieron
en su conocimiento los problemas existentes en el depósito de agua de
Melilla? (Número de expediente 180/000899) (Página 6366)
Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Qué relevantes servicios ha prestado al
Estado el señor José Luis Manzanares para ser nombrado Consejero de
Estado Permanente? (Número de expediente 180/000890) (Página 6368)
De la Diputada doña María Angeles Amador Millán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cómo piensa financiar el Gobierno el
anunciado incremento del gasto sanitario? (Número de expediente
180/000891) (Página 6369)
Del Diputado don Ignasi Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué medidas tiene
previsto adoptar el Gobierno para impedir que el Acuerdo Multilateral de
Inversiones en el marco de la OCDE, incluya el reconocimiento de
imposiciones políticas de carácter extraterritorial, en grave perjuicio
de los intereses de empresas españolas en Cuba y otros Estados? (Número
de expediente 180/000915) (Página 6370)
Del Diputado don Josep Corominas i Busqueta, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio
de Sanidad y Consumo en relación con la aparición de bacterias
resistentes a los antibióticos en determinados productos cárnicos?
(Número de expediente 180/000893) (Página 6371)
De la Diputada doña Pilar Novoa Carcacia, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué posición va a mantener el
Gobierno español ante la propuesta de Directiva relativa a la publicidad
de los productos del tabaco, que será debatida en el Consejo de Ministros
de Sanidad europeos, los días 4 y 5 de diciembre? (Número de expediente
180/000894) (Página 6373)
Del Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué política adoptará
el Gobierno para defender los intereses de España dentro de la Unión
Europea ante la propuesta alemano-holandesa de suprimir el Fondo de
Cohesión para los países que accedan a la moneda única? (Número de
expediente 180/000906) (Página 6374)
Del Diputado don Francisco Javier Rupérez Rubio, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la estrategia
negociadora que el Gobierno español querría mantener con los actuales
candidatos de la Unión Europea? (Número de expediente 180/000908)
(Página 6375)
Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles han sido los resultados
más visibles de la Cumbre Iberoamericana celebrada los días 8 y 9 de
noviembre? (Número de expediente 180/000910) (Página 6376)
Del Diputado don Jenaro García-Arreciado batanero, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede informar el señor Ministro
de Fomento del número de usuarios que han utilizado la Base Militar de
Torrejón de Ardoz desde la fecha de su habilitación para usos de aviación
civil comercial? (Número de expediente 180/000896) (Página 6376)
De la Diputada doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Sabe el Gobierno a qué precio han
tenido que comprar sus viviendas de promoción pública doscientas mil
familias? (Número de expediente 180/000898) (Página 6378)
Del Diputado don Ismael Bardisa Jorda, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas se están adoptando por
el Ministerio de Fomento para reducir el número de pasos a nivel
existentes en el territorio nacional? (Número de expediente 180/000904)
(Página 6379)
Del Diputado don José Ramón Pascual Monzó, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué estado se
encuentran las obras de construcción de la autovía de Valencia N-III?
(Número de expediente 180/000905) (Página 6379)
Del Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene decidido el
Gobierno llevar a cabo la autovía Huelva-Ayamonte? (Número de expediente
180/000907) (Página 6380)
De la Diputada doña Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa la señora
Ministra de Educación y Ciencia seguir manteniendo el Proyecto de Decreto
sobre la enseñanza de las Humanidades después de que cuatro Comunidades
Autónomas con competencia en Educación, Cataluña, País Vasco, Canarias y
Andalucía, hayan solicitado su retirada? (Número de expediente
180/000895) (Página 6381)
Del Diputado don Alejandro Cercas Alonso, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Va a cesar el señor Ministro de
Trabajo y
Asuntos Sociales al Director General de la Tesorería de la Seguridad
Social por sus manifestaciones sobre las pensiones públicas? (Número de
expediente 180/000892) (Página 6382)
Del Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria y Energía: ¿Qué
consecuencias se derivan para ASTANO de las decisiones tomadas por los
Ministros de Industria de la Unión Europea en relación a la construcción
naval? (Número de expediente 180/000888) (Página 6383)
Del Diputado don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Con qué apoyos cuenta
el Gobierno en la negociación de la Organización Común de Mercado (OCM)
del aceite de oliva? (Número de expediente 180/000902) (Página 6385)
De la Diputada doña Alicia Castro Masaveu, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Ha sido multada España
por la «tardanza» en dar los datos de sobrepasamiento de la cuota láctea
de la pasada campaña? (Número de expediente 180/000903) (Página 6386)
Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO:
-- COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA PARA INFORMAR
ACERCA DEL CONSEJO EUROPEO EXTRAORDINARIO SOBRE EL EMPLEO CELEBRADO EN
LUXEMBURGO LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 1997 (Números de expediente
210/000009 y 210/000010)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del orden del día: Comparecencia del Gobierno ante el
Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203
del Reglamento. Comparece el Gobierno para informar acerca del Consejo
europeo extraordinario sobre el empleo celebrado en Luxemburgo los días
20 y 21 de noviembre de 1997. (Rumores.)
¡Silencio, señorías! Para informar en nombre del Gobierno sobre el
Consejo europeo extraordinario, tiene la palabra el presidente del
Gobierno, señor Aznar.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señoras
y señores diputados, comparezco esta tarde, a petición propia ante la
Cámara, para explicar los resultados del Consejo sobre el empleo que se
ha desarrollado los días 20 y 21 de noviembre en Luxemburgo. Los jefes de
Estado y de Gobierno de la Unión Europea hemos abordado el principal
problema de las sociedades europeas en este final de siglo, el desempleo,
que atenta contra la cohesión y contra el bienestar de nuestras
sociedades.
El Consejo extraordinario sobre el empleo ha resultado fructífero y
positivo. El Consejo europeo ha convenido la aplicación anticipada del
nuevo título sobre el empleo del Tratado de la Unión Europea. Se abre así
una nueva etapa al ponerse en marcha la política europea de empleo, con
carácter previo incluso a la ratificación del Tratado de Amsterdam por
los propios parlamentos de los Estados miembros. El título sobre el
empleo fue apoyado activamente por España, como tuve ocasión de exponer
hace unos meses al explicar a SS. SS. cuáles habían sido las conclusiones
del Consejo de Amsterdam que aprobó la reforma de los tratados.
Quiero destacar dos motivos por los que pienso que podemos estar
especialmente satisfechos de los resultados de la cumbre. En primer
lugar, es la primera vez que los jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea nos hemos reunido con el único objeto de estudiar el
problema del desempleo. El Consejo no ha hecho más que responder así a
las expectativas de las opiniones de los Estados de la Unión, que quieren
ver cómo los gobiernos otorgan prioridad a este grave problema. El
Consejo de Luxemburgo envía también a los parados europeos un mensaje de
esperanza. El problema del desempleo puede ser abordado con éxito. No
existe una maldición sobre Europa por la que se tenga que aceptar como un
hecho del destino la existencia de 18 millones de parados. Tampoco los
españoles nos queremos resignar al inaceptable nivel de paro que
padecemos.
Los gobiernos hemos establecido y acordado un método que a semejanza de
los criterios que sirvieron para la convergencia monetaria establecen
unos objetivos claros y un modo de alcanzarlos. Se va a iniciar, en
consecuencia, una estrategia coordinada en la lucha contra el desempleo,
basada en las líneas directrices
propuestas por la Presidencia del Consejo y los planes de acción
nacionales en favor del empleo. Estos planes se elaborarán con carácter
anual, manteniendo sin embargo una perspectiva plurianual de medio plazo.
Las directrices se incorporarán teniendo en cuenta la situación económica
de cada país, sus medios administrativos y financieros, y los efectos que
tales directrices puedan reportar sobre sus economías. Las conclusiones
establecen que las líneas directrices deben incorporarse en los planes
nacionales con el debido rigor. Se reconoce la diferencia entre los
criterios de convergencia para la moneda única y el nuevo método de
seguimiento multilateral para el empleo, destacándose que en este caso se
deben respetar las diferentes situaciones de cada Estado miembro. En el
mismo sentido, cuando se describe el contenido de los planes de acción
nacionales se destaca que las directrices se reflejarán adaptadas a la
situación de cada país. Los gobiernos elegirán entre las diferentes
medidas que se propongan cuáles deben ser desarrolladas y el ritmo y la
intensidad de su aplicación.
Los planes de acción se presentarán al Consejo y a la Comisión, que
evaluarán las políticas nacionales teniendo en cuenta las directrices
comunes. Al Consejo europeo le corresponde estudiar anualmente la
situación del empleo en Europa y elaborar las directrices para el año
siguiente. Se ha iniciado un proceso de evaluación permanente de la
eficacia de las políticas, tanto nacionales como comunitarias, para medir
su eficacia sobre el desempleo. La puesta en común y el examen conjunto
de la evolución del empleo en los distintos países van a generar un
proceso de mejora permanente del que se beneficiarán, finalmente, todos
los ciudadanos europeos.
Sería, sin embargo, señorías, una ingenuidad pensar que esto va a suceder
de la noche a la mañana porque estemos de acuerdo los jefes de Gobierno
europeos en la bondad de determinadas políticas. La creación de empleo es
una labor que requiere años de esfuerzo perseverante y los españoles
sabemos que en el empleo no hay ningún tipo de atajos y que lo importante
es pasar con decisión de las declaraciones a los hechos. Precisamente
porque en el empleo no hay recetas mágicas, debemos ser prudentes al
tiempo que optimistas en nuestras declaraciones y en las expectativas,
positivas o negativas, que los responsables políticos transmitamos a la
sociedad. Señorías, dentro de esa prudencia sí podemos afirmar que hemos
llegado en Luxemburgo a una serie de conclusiones que pueden considerarse
un logro importante en la lucha contra el desempleo. La principal
conclusión sobre la que existe un absoluto acuerdo por parte de todos los
Estados miembros es la plena coherencia que hay entre el proceso de
convergencia macroeconómica que va a hacer posible la Unión Económica y
Monetaria y las políticas necesarias para crear empleo. No se debe
confundir a los ciudadanos distinguiendo entre la convergencia que lleva
a la moneda única y las políticas necesarias para crear empleo. España,
nuestro propio país, es el mejor ejemplo de cómo los esfuerzos necesarios
para la convergencia se han traducido en un mayor número de puestos de
trabajo. La Europa de la moneda única es la Europa del empleo. Todos los
países de la Unión Europea hemos coincidido en que cuando reducimos gasto
público, reducimos los tipos de interés, se contiene la inflación,
liberalizamos la economía o luchamos contra los monopolios, creamos
empleo. Hemos coincidido en que al mejorar la situación de las pequeñas y
medianas empresas o invertir en infraestructuras también se crea empleo.
En fin, hemos coincidido en que haciendo más flexible y competitivo
nuestro tejido productivo estamos poniendo las condiciones para que en
nuestra sociedad se creen puestos de trabajo.
Señorías, las conclusiones del Consejo europeo consideran --y leo
textualmente-- esencial para la Unión continuar una política de
crecimiento basada en la estabilidad, el saneamiento de las finanzas
públicas, la moderación salarial y las reformas estructurales. En el
marco de esta política económica de crecimiento equilibrado hemos
decidido aprobar por consenso unas directrices para 1998. Me gustaría
insistir en que estas directrices han sido aprobadas por acuerdo unánime
y que a todos nos obligan y nos comprometen en igual medida. Las mismas
servirán para aprobar los planes de acción para 1998 que se presentarán
antes del Consejo de Cardiff que tendrá lugar en el mes de junio próximo.
Esos planes a su vez se tendrán en cuenta en la elaboración de las
directrices para 1999, iniciándose de este modo el proceso de evaluación
permanente.
Las directrices aprobadas por el Consejo para 1998 se agrupan en torno a
cuatro líneas de acción. En primer lugar está la mejora de la capacidad
de inserción profesional de los trabajadores, sobre todo de los jóvenes y
de los parados de larga duración. Es lo que con un neologismo expresivo
se ha llamado empleabilidad o capacidad para ser empleado. Para que los
españoles y los europeos disfruten en el futuro de empleos de calidad
resulta necesario mejorar los servicios de intermediación en el mercado
de trabajo y sobre todo un incremento de la formación y de la
cualificación profesional. Los Estados nos hemos comprometido a elaborar
planes concretos que incrementen la capacidad de inserción profesional de
los jóvenes y de los parados de larga duración. Cada Estado miembro se
compromete a tomar las medidas que le permitan ofrecer una oportunidad a
todos los jóvenes antes de que lleven más de seis meses en paro en forma
de una oferta de empleo, formación, reciclaje, prácticas laborales o
cualquier otra medida que pueda favorecer su inserción profesional. Del
mismo modo, los Estados nos hemos comprometido con los parados adultos
antes de que lleguen a estar más de doce meses en paro. Se trata de
ofrecerles las mismas oportunidades o, en cualquier
caso, a efectuar un seguimiento individual de su orientación profesional.
Los Estados miembros también nos hemos comprometido a mejorar la eficacia
de nuestros sistemas escolares. Se trata de reducir el fracaso escolar,
ofrecer a los jóvenes mayor capacidad de adaptación a las
transformaciones tecnológicas y económicas del mundo moderno, y evitar
una salida prematura al mercado laboral de jóvenes escasamente
preparados. Nuestras sociedades y nuestras economías exigen un esfuerzo
de adaptación continua que sólo es posible a través de la formación
permanente a lo largo de la vida laboral. El Consejo también aspira a que
se equipare progresivamente el número de parados a los que se ofrece
formación a la media de los tres Estados con mejores resultados en esta
área, que como mínimo suponga un 20 por ciento.
Como ven, señorías, las conclusiones del Consejo de Luxemburgo no pueden
ser más ambiciosas en el ámbito de las políticas activas de empleo, tanto
por lo que se refiere a la mejora de los sistemas públicos de
intermediación en el mercado laboral como al incremento de las acciones
en la formación profesional. Estos son compromisos que nos obligan y que
han sido definidos con nuestra colaboración, de acuerdo con la
Presidencia del Consejo y de otras importantes delegaciones.
La segunda línea de acción se refiere al desarrollo del espíritu de
empresa. Todos los países hemos coincidido en que no es el sector público
el que debe crear los puestos de trabajo necesarios. Las consecuencias
negativas de incrementos indiscriminados del gasto público y las
ineficiencias producidas por la actuación del Estado en ámbitos que le
son impropios están demasiado recientes en las mentes de los responsables
políticos europeos. No debemos olvidar que se trata de crear empleo de
calidad, no de crear cualquier trabajo. Los empleos que hoy necesitamos
sólo pueden venir de empresas e instituciones eficaces y competitivas,
plenamente adaptadas a las exigencias y oportunidades tanto del mercado
interior como de una moneda única y de una economía mundial cada vez más
integrada y global. Para que en Europa tengamos más y mejores empleos
resulta necesario reducir las cargas administrativas y fiscales sobre las
empresas, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas, que son
las que crean la mayor parte de los nuevos empleos. El apoyo al espíritu
emprendedor, el apoyo a las nuevas iniciativas que surgen, en la mayoría
de los casos pequeñas y que un día pueden llegar a ser grandes, es
también una de las conclusiones principales que el Consejo europeo
impulsa para Europa. Quiero recordarles, señorías, lo importante que el
nacimiento de más y mejores empresas resulta para España, donde la falta
de valoración del auténtico y responsable espíritu de empresa es un
problema secular.
En tercer lugar, el Consejo europeo quiere que las empresas y los
trabajadores aumenten su capacidad de adaptarse a la rapidez creciente de
los cambios económicos y tecnológicos. Va a resultar fundamental en este
punto el concurso de los agentes sociales para lograr, a través del
acuerdo, la modernización de la organización del trabajo. Los Estados
miembros, por su parte, estudiarán la posibilidad de introducir en su
legislación contratos más adaptados a estas nuevas formas de
contratación, de forma que tanto trabajadores como empresas se beneficien
de un marco legal más ágil. Se trata de buscar fórmulas flexibles que
permitan aumentar la competitividad sin olvidar las necesarias
aspiraciones de estabilidad en el empleo. Los acuerdos entre los
interlocutores sociales se deberán desarrollar en los niveles adecuados,
teniendo en cuenta en todo caso las características de los sectores y de
las empresas. El Consejo aspira también a que a través del diálogo social
se puedan abordar aspectos tan importantes como el cómputo anual del
tiempo de trabajo, la reducción del tiempo de trabajo y de las horas
extraordinarias, el fomento del trabajo a tiempo parcial, la formación
permanente y la interrupción de la actividad profesional. Ante las
propuestas que aspiraban a una reducción por ley de tiempo de trabajo, el
Consejo ha apoyado en sus conclusiones que sean los interlocutores
sociales los que la aborden dentro de sus negociaciones para la
modernización de la organización del tiempo de trabajo. El espíritu de
cooperación y colaboración entre el Gobierno y los interlocutores
sociales, que ahora recomienda el Consejo, es el que en España ha
permitido iniciar la reforma del mercado de trabajo. Esta reforma hoy
contribuye de manera decisiva a que en nuestro país se cree empleo, y
especialmente empleo estable, a unos ritmos desconocidos en muchos años.
El Consejo también quiere, y esta constituye su cuarta línea de acción,
que las reformas necesarias se lleven a cabo impulsando la igualdad de
oportunidades. Se trata de promover activamente medidas que permitan la
igualdad de oportunidades tanto entre hombres y mujeres como en relación
con los discapacitados, aumentar el nivel de empleo de las mujeres,
conciliar las exigencias de la vida familiar con las obligaciones
laborales, facilitar la reincorporación al trabajo de quienes
voluntariamente han estado alejados de una actividad remunerada y
favorecer la inserción de los discapacitados en el trabajo.
Señorías, hasta aquí he destacado lo que considero son las principales
conclusiones del Consejo de Luxemburgo sobre el empleo. El Consejo
supone, como he dicho, un punto de partida para la acción concertada de
la lucha contra el paro en Europa, que España asume con esperanza y
sentido de la responsabilidad y para la que el Gobierno pide la
colaboración de empresarios y trabajadores de las distintas
administraciones públicas y de la sociedad española en su conjunto.
Quiero referirme ahora a las acciones que el Gobierno desarrolló para la
preparación del Consejo y que constituyeron nuestra contribución a los
resultados del
mismo. Antes, sin embargo, resulta imprescindible hacer una breve
reflexión sobre las peculiaridades del empleo en nuestro país. España se
ha convertido, en poco tiempo, en un país de fuertes contrastes en
relación con el empleo. El punto de partida es, como resulta bien
conocido, la tasa de paro más elevada de la Unión Europea (10 puntos por
encima de la media), agravada por unos colectivos de jóvenes, mujeres y
parados de larga duración con unas tasas de desempleo muy superiores a la
media de los Estados de la Unión. Y lo que es más significativo, una
parte muy importante de las personas en edad de trabajar no muestran
disposición a hacerlo por falta de incentivos. Tan grave como nuestra
elevada tasa de desempleo es nuestra reducida tasa de ocupación. No sólo
estas circunstancias eran las que nos obligaban a tener un papel activo,
constructivo y comprometido ante el Consejo; también nuestra experiencia
de los últimos meses, es decir, el éxito de las políticas que estamos
impulsando para crear empleo avalaban nuestra participación en el
Consejo. En los dos últimos años, España se ha transformado en el país
con un ritmo más acelerado de creación de puestos de trabajo en la Unión.
Como señala un informe reciente de la Comisión Europea, el 60 por ciento
de los puestos de trabajo creados en la Unión en 1996 lo han sido en
España. En 1997 se prevé la creación de 335.000 empleos, lo que supone el
50 por ciento del total de puestos de trabajo en la Unión Europea.
El Gobierno español materializó sus propuestas en un documento titulado
«Convergencia y empleo: las dos caras del Euro», documento en el cual se
incluían 11 propuestas que, de una u otra forma, han sido incorporadas a
las conclusiones del Consejo. Entre las mismas cabe destacar la
aplicación anticipada del artículo 128 del Tratado de Amsterdam; la
necesidad de un contexto macroeconómico estable; la culminación del
mercado interior europeo como elemento capaz de generar un crecimiento
económico adicional; la necesidad de continuar con las reformas
estructurales tanto en el mercado de factores como en el de bienes y
servicios; la importancia de las empresas, especialmente de las pequeñas
y medianas, en la generación de empleo; la necesidad de potenciar las
medidas activas frente a las pasivas; el fomento de las nuevas formas de
contratación o la incorporación de los discapacitados a la línea
directriz relativa a la igualdad de oportunidades. De modo muy especial
me gustaría destacar el diálogo social, que constituye una de las
características más significativas del modelo que en España hemos
empleado para abordar las reformas necesarias. El diálogo social fue una
de las contribuciones más destacadas de la delegación española en los
trabajos preparatorios de la cumbre. El Consejo europeo comprende la
importancia que tiene cuando es mucho lo que hay que hacer y cambiar;
comprende también que las reformas sean bien entendidas, no dejen nada al
margen, y se eviten conflictos inútiles que impiden avanzar.
Señorías, España ha asumido los compromisos de las conclusiones del
Consejo extraordinario sobre el empleo y se dispone a incorporarlas al
plan de acción nacional que presentará, como he dicho, antes del Consejo
de Cardiff. El plan se elaborará teniendo en cuenta las previsiones sobre
la situación económica y social de nuestro país en 1998. En el texto de
las conclusiones se prevé que los países con una tasa de desempleo
particularmente elevada puedan ampliar el plazo de cinco años previsto
para la inserción profesional de jóvenes y parados de larga duración.
Esto significa que los Estados miembros aplicarán el compromiso en
función de lo que dispongan sus planes nacionales, teniendo en cuenta sus
circunstancias propias. La magnitud del mismo ha motivado que se
introduzca una flexibilidad no sólo en lo que se refiere al contenido del
objetivo sino también en el plazo. Esta previsión, considerada por
algunos como sorprendente, ha sido avalada por la totalidad del Consejo y
sólo puede interpretarse como un puro ejercicio de responsabilidad y de
sentido común. La misma refleja la coherencia del Consejo a la hora de
adoptar compromisos ambiciosos en un escenario de restricción
presupuestarla. El Gobierno cumplirá estos objetivos teniendo en cuenta
la realidad del mercado de trabajo en España, que al día de hoy hace que
la dimensión del compromiso para España no sea comparable a la del resto
de países miembros. Se cumplirán teniendo en cuenta, pues, la situación
económica, laboral y presupuestaria de nuestro país. Y quiero decir que
ya antes de conocer las conclusiones de Luxemburgo, el Gobierno había
decidido aumentar el presupuesto de políticas activas en un 35 por
ciento, un esfuerzo ciertamente muy significativo si lo comparamos con el
que hacen otros países europeos en estos momentos.
Señorías, el Gobierno ha comenzado ya a preparar el plan nacional de
empleo para 1998, tomando como base las líneas directrices recogidas en
las conclusiones y los Presupuestos Generales para este año que
recientemente ha aprobado esta Cámara. Estos presupuestos incluyen ya,
como no podía ser de otra forma, un buen número de medidas en la lucha
contra el desempleo. Además, el Gobierno, en coherencia con el marco de
política económica general recomendado en las conclusiones, se propone
impulsar en 1998 importantes reformas estructurales. El reforzamiento del
sistema de defensa de la competencia se hace más necesario conforme se
avanza en la apertura y liberalización de los mercados. Queremos
incrementar los medios disponibles, agilizar los trámites, así como
lograr un mayor control de las ayudas públicas. Para lograr un
funcionamiento más eficiente de las empresas hay que concluir la reforma
en marcha de la normativa concursal, así como desarrollar los mercados de
capital riesgo con la intención de prestar medios de financiación más
acordes con las necesidades actuales de las empresas. Con la publicación
del proyecto de ley eléctrico y la liberalización
del sector de hidrocarburos culminará la liberalización de uno de los
factores que de modo más relevante incide en los costes de producción y
que en un futuro debe reflejarse en la creación de empleo.
Para la elaboración del plan nacional de empleo el Gobierno va a convocar
de modo inmediato a los agentes sociales para recabar su compromiso y
colaboración. También vamos a ponernos inmediatamente a trabajar con las
comunidades autónomas, que van a desempeñar un papel cada vez más
importante en los esfuerzos de lucha contra el desempleo. Quiero anunciar
hoy que en el plan nacional de empleo nos proponemos impulsar de manera
decisiva tres puntos que considero fundamentales: en primer lugar, la
formación. Tal vez la asignatura pendiente más importante en nuestro
mercado laboral es la formación de los trabajadores, y el Gobierno está
firmemente convencido de que la batalla del empleo en los años venideros
dependerá de modo esencial de la formación. Resulta necesario cambiar las
pautas y los instrumentos que hasta ahora han inspirado el modelo de
formación de los trabajadores, situándonos en las necesidades de un
entorno económico que se transforma de modo acelerado. Especial
relevancia tiene en materia de formación profesional la aprobación del
nuevo programa nacional de formación profesional, que queremos que se
apruebe el próximo mes de diciembre para ayudar así de forma efectiva al
cumplimiento de estos fines. El Consejo General de la Formación
Profesional tiene la responsabilidad de concluir rápidamentte los
trabajos iniciados.
Hay que centrar nuestra atención en primer lugar en los jóvenes y parados
de larga duración. El Gobierno quiere llegar a atender personalizadamente
las necesidades de estos grupos, para lo que se ha propuesto reformar los
sistemas públicos de empleo. En el marco del diálogo social deberá
abordarse la reforma y mejora de nuestro sistema de desempleo para
adecuarlo a las nuevas orientaciones emanadas del Consejo y así convertir
las prestaciones por desempleo en un estímulo, en un apoyo, en una ayuda
para la inserción laboral con respecto al actual esfuerzo solidario de
sustitución de rentas salariales. Las comunidades autónomas, en el nuevo
diseño del servicio público de empleo, serán las responsables de ejecutar
las acciones de formación, empleo, intermediación e inserción, con lo
cual tendrán que hacer un importante esfuerzo para cooperar y
complementar la actuación del Estado y de los agentes sociales.
La segunda línea de acción del Gobierno para 1998 es la reforma fiscal en
consonancia con las recomendaciones del Consejo. Este órgano confirma la
necesidad --y leo textualmente-- de invertir la tendencia al incremento
de la presión fiscal reduciendo progresivamente la carga fiscal total. El
objetivo de la reforma fiscal es poner el sistema tributario al servicio
del empleo. Con este fin se quiere actuar sobre la tributación de las
rentas del trabajo en la futura reforma del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas que el Gobierno pretende presentar en el Parlamento
en 1998. Los trabajos preparatorios están ya muy avanzados y pronto serán
conocidos por SS. SS. Las conclusiones del Consejo nos obligan a atender
de modo prioritario la reforma de la fiscalidad de las pequeñas y
medianas empresas. El Gobierno ha estado promoviendo medidas en esta
dirección desde el comienzo de la legislatura y muy especialmente están
contempladas en la ley de acompañamiento para 1998.
Finalmente, el Gobierno quiere impulsar una línea de acción dirigida a
facilitar la reorganización del tiempo de trabajo, apostando de manera
muy clara por impulsar la contratación a tiempo parcial en detrimento de
las horas extraordinarias. Pensamos que las mejoras que puedan acordar
los interlocutores sociales en este ámbito serán de inestimable ayuda
para conciliar la vida personal, familiar y profesional de los
trabajadores, así como para aumentar el nivel de ocupación.
Antes de terminar, señor presidente, me gustaría hacer dos observaciones
finales. Durante este año y medio se ha percibido con claridad el
compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los criterios de
convergencia que son, y así lo ha avalado este consejo extraordinario, la
mejor forma de crear empleo. Les he expuesto hoy las conclusiones del
primero Consejo europeo dedicado monográficamente al empleo. Si este
asunto por primera vez merecía la atención de un consejo europeo, no es
la primera vez que hemos debatido en esta Cámara sobre él. Un año en el
que ha tenido lugar la reforma laboral; se ha aprobado el nuevo título de
empleo de Amsterdam; la política económica del Gobierno ha permitido
reducir el paro juvenil en seis puntos; se prevé crear 335.000 nuevos
empleos; se ha celebrado el Consejo europeo sobre el empleo, es un año,
en fin, que, sin presunción, puede denominarse como el año del empleo.
Finalmente, me gustaría hacer un llamamiento a la cooperación de todos.
Es el momento, señorías, de aunar voluntades y de intentar entre todos
luchar contra nuestro principal problema. Y en esos todos hay que incluir
también a los agentes sociales, a las comunidades autónomas, a las
corporaciones locales y a todas las instituciones públicas o privadas,
hombres y mujeres que tienen una responsabilidad compartida en esta
materia y, por supuesto, a esta Cámara.
Por su parte, el Gobierno perseverará en la política que viene aplicando
desde que tomó posesión y ha sido refrendada por las conclusiones de
Luxemburgo y, sobre todo, por los resultados de la creación de empleo.
Porque, señorías, al final, ni podemos ni debemos confundir los medios
con los fines y lo realmente importante es que el objetivo de nuestras
políticas y por lo que nos gustaría ser juzgados es por haber hecho
posible la creación de empleo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados, el hecho mismo de que se haya celebrado por primera vez en la
historia un Consejo europeo monográfico sobre el empleo merece en sí
mismo una valoración muy positiva. El elevado nivel de paro es la
principal preocupación de los ciudadanos europeos y, por supuesto, de los
españoles, el mayor reto también al que se enfrenta nuestro común modelo
de sociedad y la mayor amenaza para la estabilidad de nuestros sistemas
de bienestar y de protección social. Por eso, el que la Unión Europea
aborde al máximo nivel estrategias para crear empleo no sólo es una
necesidad acuciante sino que debe servir para que los ciudadanos de todos
los países miembros de la Unión refuercen su confianza en sus máximos
representantes políticos y en las instituciones comunitarias.
Europa, a partir de Luxemburgo, no aparece ya como un proyecto ligado
casi en exclusiva al mercado y a la moneda; a partir de ahora Europa, la
Unión Europea también se ocupa del empleo. A la vista de lo acordado en
Luxemburgo empieza a hacerlo con la misma voluntad política con la que
los Estados miembros se han aplicado en estos últimos años en conseguir
la convergencia nominal y avanzar hacia la Unión Monetaria, lo cual tiene
su lógica, no sólo porque en la mayoría de los Gobiernos europeos hay
ahora una presencia progresista desconocida desde los años setenta, sino
que además la inminente puesta en marcha del euro lleva a la necesidad
objetiva de avanzar en la coordinación de políticas económicas, en la
armonización fiscal y también en una estrategia común para promover o
ayudar a la promoción del empleo.
El Tratado de Amsterdam ya incluyó en junio un título específico sobre el
empleo y ahora se ha acordado ponerlo en práctica incluso antes de que
jurídicamente sea vinculante para los países de la Unión. Pese a todo,
cabía temer que los jefes de Estado y de Gobierno no llegasen a un
acuerdo en esta primera ocasión en que debatían monográficamente sobre el
empleo y que las conclusiones de la cumbre quedasen reducidas a un
catálogo de buenas intenciones. Felizmente no ha sido así. En Luxemburgo
se han alcanzado una serie de compromisos concretos y se han definido
objetivos suficientemente explícitos, aunque no tanto como había
propuesto la Comisión Europea o como desearon algunos gobiernos de los
países miembros. Y se ha decidido además un método para desarrollar en
cada Estado estos objetivos, precisar a escala nacional esos compromisos
y comprobar y controlar a escala multilateral su grado de cumplimiento y
sus efectos sobre el empleo. Es un método análogo al de la convergencia
nominal, que tan buenos resultados ha proporcionado en estos últimos
años.
Señor presidente, a partir de estos planteamientos, debo decir a la
Cámara que el Grupo Socialista comparte la estrategia de empleo que surge
de la cumbre de Luxemburgo. Para crear puestos de trabajo en todos los
países europeos, en todos y cada uno de ellos, se requiere un entorno
macroeconómico favorable, un mercado interior auténtico, una moneda
única, unas políticas económicas coordinadas. Todos ellos son requisitos
necesarios para reducir el paro, que cuentan con nuestro apoyo desde que
fueron definidos como objetivos de la convergencia nominal en el Tratado
de Maastricht. Pero todo ello, siendo necesario, no es en absoluto
suficiente. Hay que emprender, además, reformas estructurales, mejorar la
fiscalidad sobre el trabajo, potenciar la investigación y el desarrollo y
financiar las grandes redes transeuropeas. También de todo ello se habla
en las conclusiones de la cumbre, y es positivo que así sea. Asimismo, la
cumbre ha decidido impulsar --he aquí la novedad principal del Consejo de
Luxemburgo-- políticas activas de empleo, basadas en los cuatro ejes
planteados en las orientaciones de la Comisión Europea del 1 de octubre y
asumidos por el Consejo europeo en las directrices para el año 1998, que
se integran en las conclusiones del Consejo.
Me parece importante resaltar, de entre las muchas orientaciones
recogidas en esas directrices, que el Consejo europeo compromete a los
Estados miembros en la realización de medidas de inserción, dirigidas a
jóvenes y parados de larga duración, en la sustitución de medidas o
políticas pasivas por medidas o políticas activas de empleo y en la
necesidad de facilitar la transición entre la escuela y la vida laboral
activa. También es digno de resaltar, a mi juicio, el que el Consejo
propugna impulsar, preferentemente a nivel local, programas dirigidos
hacia los nuevos yacimientos de empleo y políticas de discriminación
positiva en favor del empleo de mujeres y otros colectivos con especiales
dificultades de inserción en el mercado laboral, y también propone el
Consejo la reducción de la fiscalidad sobre el trabajo sin poner en
riesgo el equilibrio financiero y la solvencia financiera de los sistemas
de protección social. Y lo que a mi juicio es una novedad especial en las
conclusiones del Consejo (creo que es la primera vez que se dice por
todos los jefes de Estado y de Gobierno, conjuntamente, en un documento
oficial de la Unión Europea) es que el Consejo propugna la posibilidad de
utilizar la reordenación y la reducción del tiempo de trabajo, a través
de la negociación colectiva, para generar empleo. Y hay que decir que a
este compromiso se opuso, en los días anteriores a la cumbre, el Gobierno
español. Hasta aquí, mi valoración de los resultados globales de la
cumbre.
Resumo esta valoración. La celebración de la misma ha sido en sí un hecho
muy positivo, también lo ha sido la obtención de resultados concretos y
la adopción
de un método de trabajo operativo, para que estas conclusiones no queden
reducidas en poco tiempo a papel mojado. Por lo tanto, el Consejo ha dado
un buen paso adelante para la implantación, a escala de la Unión Europea,
de una estrategia y de unas políticas de empleo. A partir de ahora, se
hablará no sólo de los criterios de Maastricht, sino también de los
objetivos en materia de empleo de Luxemburgo y, a partir de ahora,
quienes apoyamos estas conclusiones nos debemos comprometer a
desarrollarlas, a profundizar en la vía que se ha abierto en Luxemburgo
el pasado viernes y a hacerlo tanto a escala europea como a escala
nacional.
Es verdad que los socialistas hubiésemos aspirado a más. Lo dijimos, hace
unos pocos días, en el documento aprobado por el Partido Socialista en su
comité federal. Lo dijimos, a escala europea, en el documento común de
todos los socialistas europeos, discutido y aprobado el jueves, el mismo
día en que se iniciaba la cumbre, allí mismo, en Luxemburgo. Lo
manifestaron en la cumbre algunos jefes de Gobierno socialistas o
socialdemócratas. Lo había dicho la propia Comisión Europea y los
sindicatos. No se ha podido conseguir todo lo que pretendíamos. No
obstante, aunque no todos los objetivos pretendidos se hayan visto
recogidos en las conclusiones, Luxemburgo es un hito importante, sobre
todo si se considera este Consejo como un primer paso de un largo camino
que debe situar el empleo, de verdad, en el primer lugar de entre las
prioridades políticas de la Unión Europea, en tanto duren las cifras de
paro que existen en los países de la Unión Europea.
La actuación del Gobierno español en esta cumbre, y de cara a la cumbre,
merece, sin embargo, un juicio muy crítico. (Una señora diputada: ¡Un
cero!.--Rumores.) En el momento en que Europa ha comenzado a dar un giro
hacia los ciudadanos, el Gobierno español ha derrapado en sentido
contrario. (Rumores.) En el momento en que el peso de socialistas y
socialdemócratas en los gobiernos de la Unión Europea se hace sentir en
el Consejo europeo, el Gobierno español hace buenas las palabras de hace
unos meses de su presidente, que dijo aspirar a convertirse en el último
bastión de la derecha europea. (Aplausos.--Rumores.)
El Gobierno, señorías, en todo momento ha querido que este Consejo no
implicase la asunción de ningún compromiso concreto en materia de lucha
contra el paro; ha tratado de que no hubiese objetivos cuantificados; se
negaba a hablar de la reducción del tiempo de trabajo; ha pretendido que
no se adoptase ningún método de vigilancia y control parecido al aplicado
en la convergencia nominal; ha convertido sus pretendidas aportaciones a
los trabajos preparatorios del Consejo en meros documentos de
autopropaganda tratando de dar lecciones a quienes no necesitan lecciones
en materia de empleo ni de políticas activas de empleo.
(Aplausos.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Silencio.
El señor ALMUNIA AMANN: El Gobierno, señorías, ha intentado escudarse en
los agentes sociales, en las competencias nacionales y en las
competencias transferidas a las comunidades autónomas; cualquier excusa
valía en las semanas anteriores a la cumbre para rehuir sus propias
responsabilidades en materia de política activa de empleo. Pero se ha
quedado solo. En los Consejos de Ministros previos a la cumbre todavía le
acompañaba un Estado miembro: Alemania. En Luxemburgo, durante el
desarrollo de la cumbre, tuvo que pedir auxilio in extremis para no
quedarse formalmente solo frente a los demás Estados miembros, uno frente
a catorce. Gracias, entre otros, al canciller KÜhl y al primer ministro
portugués Guterres, el párrafo 49 de las conclusiones que ustedes tienen
ante sí, señorías, recogió un opting out virtual, una cláusula de
exclusión en la práctica de España acerca de los compromisos adquiridos
por la cumbre. Por más que traten de negar lo que es evidente...
(Rumores.) Por más que traten de negar lo evidente, señorías, por primera
vez, desde que el 1 de enero de 1986 ingresamos en la Comunidad Europea,
nos hemos quedado fuera de juego en un consejo europeo.
(Protestas.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.
Continúe, señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Quizá sea duro escucharlo, pero fue así.
(Rumores.--Protestas.)
Señorías, el señor Aznar ha ido a Luxemburgo a ocupar el espacio que dejó
vacante la señora Thatcher, no por voluntad propia sino de forma
vergonzante, obligado por las circunstancias y por su propia incapacidad.
(Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
El señor ALMUNIA AMANN: Señorías, un periódico serio, británico y
conservador, The Times, lo ha resumido muy bien y en el titular de la
noticia que ofreció al día siguiente dice: La cumbre sobre el empleo
agriada por la exclusión española. (Rumores.)
La actitud que ustedes han mantenido, señores del Gobierno, sólo
encuentra explicación desde posiciones neoliberales en lo económico,
regresivas en lo social y escépticas con respecto a Europa.
(Protestas.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, señor Hernández Moltó, señor
Cercas, no crucen descalificaciones recíprocas porque les puedo
garantizar que el único efecto es el tumulto, que impide que se escuche
al orador. Guarden silencio.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor presidente.
Ustedes, señores del Gobierno, han ido a Luxemburgo a defender un modelo
socioeconómico conservador
en estado puro y se han quedado solos. Efectivamente, ustedes quizá son
el último bastión de la derecha en Europa. Ni siquiera los
democristianos, que están en los gobiernos de algunos países europeos,
les han acompañado hasta el final del trayecto de esta cumbre.
En políticas de empleo, en esta cumbre se han puesto encima de la mesa
modelos diferentes: el modelo francés, de Lionel Jospin (Rumores.); el
británico, de Tony Blair (Rumores.); el holandés, de Wim Kok (Rumores.);
el italiano, de Romano Prodi (quizá éste les guste más) (Rumores.)
¿Tampoco? Tomamos nota de que tampoco el de Prodi. El escandinavo de los
socialdemócratas suecos, daneses o finlandeses. Casi todos los países
aportaron sus ideas, su práctica, su experiencia y su modelo para el
futuro en políticas activas de empleo.
Las propuestas de síntesis que han permitido el acuerdo final, a partir
de las aportaciones y las experiencias de la mayoría de los países
miembros, han sido elaboradas por un socialcristiano como el señor
Juncker, primer ministro de Luxemburgo. Sus colegas democristianos,
también jefes de gobierno, canciller KÜhl o el señor Dehaene, primer
ministro belga, han apoyado las propuestas del señor Juncker. Usted,
señor Aznar, ha dicho que no a todos ellos. Apostó por una cumbre
retórica, sin compromisos concretos, y ha perdido la apuesta. (Rumores.)
Le han rescatado sus colegas a última hora para no dejarlo abandonado en
su soledad. Y su actitud en relación con las políticas de empleo no es
casual, más bien es coherente con la que usted está manteniendo respecto
del sistema de Seguridad Social, negándole los recursos que necesita; o
respecto del medicamentazo, o respecto a la educación, o respecto de
cualquier sector de políticas dirigidas hacia una mayoría de la
población, hacia una mayoría de los ciudadanos.
Las políticas que ustedes impulsan no están beneficiando a la inmensa
mayoría de la gente. Los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad
comprueban día tras día que desde su Gobierno no se toman en
consideración sus aspiraciones ni se atienden debidamente sus
necesidades. Sus prioridades como Gobierno son otras. El dinero
procedente de las privatizaciones, que es mucho dinero, no está
disponible ni en todo ni en parte para financiar políticas de inserción
dirigidas a los jóvenes o a los parados de larga duración. (Protestas.)
Las rebajas de impuestos ya realizadas por su Gobierno o las que se
anuncian para el futuro, no benefician ni van a beneficiar a los sectores
más débiles de nuestra sociedad mientras limitan poderosamente la
capacidad financiera del Estado, para siquiera mantener políticas y
programas que se venían impulsando antes de mayo de 1996. Hoy mismo se
anuncia en la prensa que las empresas incluidas en la central de balances
del Banco de España registran en lo que va de año un aumento de sus
beneficios netos superior al 20 por ciento, pero en cambio esas empresas
no aumentan el empleo. (Un señor diputado: Las pymes, sí.) ¿No es posible
derivar, señor presidente, una parte de los frutos de esa bonanza
económica hacia políticas activas de empleo? Sin duda que es posible. Se
puede y se debe dedicar un mayor esfuerzo. Se puede y se deben dedicar
mayores recursos a políticas de inserción profesional, a incentivar
nuevos yacimientos de empleo, a apoyar acuerdos entre los agentes
sociales sobre reordenación y reducción del tiempo de trabajo. Las
dificultades de los jóvenes, de las mujeres y de los parados de larga
duración a la hora de encontrar un empleo tienen que ser mejor atendidas
en un país como el nuestro en el que crece la economía, aumentan los
beneficios de las empresas y se está incrementando la recaudación de
Hacienda como consecuencia directa de lo uno y lo otro. Pero en vez de
avanzar en esa dirección ustedes retroceden.
En 1995, último presupuesto aprobado por esta Cámara en la legislatura
anterior, el Estado aportó más de 800.000 millones de pesetas en su
transferencia al Instituto Nacional de Empleo. En 1998, en el presupuesto
que hemos debatido aquí estas semanas pasadas, ustedes proponen que la
transferencia de recursos desde el Estado al INEM sea cuatro veces menor
que hace tres años. Y eso que va bien la economía. Duplicar el esfuerzo
en formación ocupacional supondría en 1998, sobre el esfuerzo previsto en
los presupuestos del Estado para 1998, aportar menos de la décima parte
de lo que ustedes van a ingresar por privatizaciones en este año de 1997.
Multiplicar por cuatro la suma dedicada a financiar escuelas-taller o
casas de oficio el próximo año, supondría una cantidad siete veces menor
que lo que ustedes están dispuestos a perder como ingresos, si deciden
hacer realidad el último globo sonda acerca de la reducción de impuestos
a los sectores con rentas más altas de nuestra sociedad.
Cuando la economía de un país mejora, señorías, todos los ciudadanos
deben ser partícipes de esta mejora y deben, desde luego, ser partícipes
de la mejoría económica los más de 400.000 jóvenes registrados hoy como
parados. Ese es uno de los compromisos a los que ustedes han dado la
espalda en Luxemburgo. De las posibilidades que se abren con una buena
situación económica deben ser partícipes también casi un millón de
parados de larga duración registrados en el INEM y que tienen una edad
superior a los 25 años. Tampoco para ellos han aceptado ustedes asumir
ningún compromiso con fechas precisas a partir de la cumbre de
Luxemburgo. Y para unos y para otros nosotros, como socialistas,
reclamamos atención desde las políticas de empleo. Ello es posible sin
poner en riesgo los equilibrios presupuestarios. Hay recursos para ello.
Por eso la economía va bien, porque la economía ofrece recursos y pueden
estar a disposición de la financiación de esas políticas. Lo que hace
falta es voluntad política de hacerlo y coraje para situar el empleo, de
verdad, y no de manera retórica, en el lugar de
prioridad que se merece en este país por parte del Gobierno de este país.
El que ustedes, y usted mismo, acaban de denominar, señor presidente,
pomposamente, año del empleo, se va a cerrar con una imagen
decepcionante, e incluso indignante: la de un presidente del Gobierno que
se alegra, en la rueda de prensa posterior al Consejo europeo, por haber
esquivado los compromisos que todos los demás gobiernos asumieron en esa
cumbre. (Aplausos.) España consigue excepciones. Aznar presenta como un
éxito que la cumbre no le obligue a casi nada. Aznar excluye a España del
principal acuerdo de la cumbre sobre el empleo. Todos ellos, y más que se
podían citar, son titulares y frases de El País, del ABC, de Expansión,
de El Mundo (una de ellas, acierten cuál, es de El Mundo) (Rumores.),
tomadas de la prensa del día siguiente al Consejo europeo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor ALMUNIA AMANN: Una de las tres frases que he leído es
literalmente un titular de El Mundo, acierten cuál.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Concluyo, señor presidente.
Europa ha dado un paso adelante en esta cumbre, abriendo la puerta a un
nuevo espacio de actuación coordinada de sus Estados miembros en cuestión
tan trascendental como la política de empleo, y me felicito de ello. De
ahora en adelante habrá que trabajar para que esa puerta no se cierre
sino que sirva para que la Unión Europea contribuya a reforzar la
confianza de los ciudadanos en el compromiso real de sus responsables
públicos en la lucha contra el paro. Me alegro de ello, como europeo y
como socialista; pero lamento, como socialista y como español, que el
Gobierno de mi país haya desentonando del resto de los gobiernos
europeos. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)
Lamento, si usted me lo permite, que el día que Europa comienza a abrir
un nuevo capítulo en su proceso de construcción, un capítulo tan ligado a
las preocupaciones reales de la gente, ustedes se hayan autoexcluido de
cualquier compromiso; que cuando Europa, por fin, gira hacia lo social,
ustedes se nieguen a hacerlo, aun a costa de quedarse dramáticamente
solos en su bastión conservador. (Rumores.) Tienen tiempo de rectificar.
Antes de junio del próximo año, y lo ha recordado el presidente del
Gobierno, deben elaborar, en contacto con los agentes sociales y con el
resto de las administraciones públicas, un plan nacional de empleo.
Nuestro deseo como Grupo Socialista es que en ese plan queden recogidos
no los errores con los que el Gobierno ha afrontado esta cumbre, sino los
compromisos que ustedes han intentado esquivar y que figuran en las
conclusiones de la cumbre. España puede en 1997, podrá en 1998, asumir
esos compromisos. Estoy convencido de que una inmensa mayoría de nuestros
conciudadanos están dispuestos, además, a colaborar con su esfuerzo para
hacerlo realidad. Sólo ustedes se han opuesto, hasta ahora, a ello. No lo
sigan haciendo. Y señores de los grupos que apoyan al Gobierno, que
subirán ahora a esta tribuna, no les dejen hacerlo.
Nada más. Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.--Protestas y
rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Anguita. (Rumores.)
Silencio, señorías.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor presidente, señoras y señores diputados,
este portavoz, que habla en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida,
se lo temía, y las impresiones que tenía se han visto verificadas en la
realidad: estamos ante una distorsión y, por tanto, ante una
falsificación de un debate.
Elementos anticipados de electoralismo, ganas de hurtar el contenido
profundo de lo que aquí traemos, han hecho que asistamos a dos líneas
paralelas caracterizadas por los siguientes contenidos: El Gobierno viene
aquí y dice que la cumbre de Luxemburgo ha sido un éxito; resultados
fructíferos y positivos. Y, a partir de ahí, la segunda parte: Este
Gobierno ha cumplido.
El principal partido de la oposición dice: La cumbre de Luxemburgo ha
sido muy buena, porque además --y después lo comentaré-- demuestra que,
con la misma fuerza que se aplicó la convergencia, se quiere aplicar la
política orientada al empleo. Lo que pasa --dice-- es que el Gobierno es
un desastre. Y, a partir de ahí, los resultados concretos de la cumbre de
Luxemburgo, lo que afecta a los trabajadores y a los jóvenes, se quita de
en medio por ese acuerdo y hay un debate sobre la acción de Gobierno
aquí, en España, en la cual también va a entrar Izquierda Unida. Pero se
ha falsificado el debate. Ni ustedes, ni ustedes, han hablado del tema
que hay detrás de la cumbre de Luxemburgo. Le toca a esta fuerza política
(Rumores.), con paciencia, como siempre, a través de datos, de hechos
históricos, de documentos, intentar explicar qué es lo que hay detrás.
Para empezar, una consideración que seguramente es obvia para SS. SS.,
pero que creo que hay que hacerla en este hemiciclo. Estamos hablando de
empleo, estamos hablando de un derecho humano, estamos hablando de un
derecho constitucional, estamos hablando de una prioridad, por encima de
otra cualquiera consideración, que ha significado el esfuerzo y la lucha
de millones y millones de hombres y mujeres, no solamente por tenerlo,
sino también por reducir las horas dedicadas a ese trabajo, a ese empleo.
Hablamos de algo tan serio que debiera colocarse en todos los discursos
como objetivo fundamental, prioritario, y no como algo secundario.
¿Pero cómo se ha llegado a esta cumbre de Luxemburgo? Hagamos un poco de
memoria, porque seguramente en los hechos que yo relate, perfectamente
documentados, se verán afectados esos bancos.
Cumbre de Edimburgo, diciembre de 1992. Se crea la iniciativa de
crecimiento económico y creación de empleo y, a partir de ahí, se fijan
las dos condiciones inamovibles, que nunca se han suprimido de los
acuerdos de las cumbres. La primera, que los salarios estén siempre por
debajo de la productividad; y, la segunda, que hay que flexibilizar los
mercados laborales. Dos puntos, dos ejes de actuación, que son constantes
a partir de entonces y que son asumidos por la inmensa mayoría de esta
Cámara.
Cumbre de Bruselas, 10 y 11 de diciembre de 1993. La estrella de
entonces. Había que escuchar a SS. SS. en esta Cámara. Ha llegado el
bálsamo que todo lo arregla, el ungüento amarillo, el Libro Blanco de
Jacques Delors. Aclamación, estamos en la solución perfecta, 15 millones
de puestos de trabajo. Eso sí, los salarios deben crecer por debajo de la
productividad y, también, hay que ir a una flexibilidad laboral. Sobre el
plan de Jacques Delors, se tiró una papelera, y ustedes callaron, no
dijeron nada. Con el silencio ayudaron un poquitín a asesinar a ese plan
que tanto cantaron ustedes en este hemiciclo.
Cumbre de Corfú, 24 y 25 de junio de 1994. Se pone fuera de circulación
el plan Delors y se sigue hablando de que hay que crear empleo mediante
la creación de un paquete de infraestructuras. Después volveré sobre esta
cumbre.
Cumbre de Essen, 9 y 10 de diciembre de 1994. Exactamente igual.
Cumbre de Cannes, 26 y 27 de junio de 1995. Lo mismo, pero esta vez
cambiando el objetivo. Se habla de apoyar las iniciativas locales de
empleo. Y aparece en julio de 1995 un hecho que solamente yo he traído a
esta Cámara, en nombre de mi grupo parlamentario, que nunca he oído que
alguien de ustedes lo haya traído, y que constituye el centro de los
argumentos que voy a exponer, porque refleja, por aproximación, cuál es
nuestra posición, basada en un documento europeo. Me refiero a la
aprobación hecha por el Parlamento Europeo, en el mes de julio de 1995,
de lo que éste cree que debe hacerse sobre la cuestión del empleo. Una
aprobación --quiero hacer honor a la verdad-- hecha por Izquierda
Unitaria Europea, el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, los Verdes
y los radicales, y que contó con el voto contrario de los bancos
neoliberales, los bancos de la derecha.
Vamos a recordar ese documento aprobado por tan importante parte de la
Cámara. Dice el Parlamento Europeo --y, señor Aznar, para cuando se me
conteste, estoy hablando de algo que ha aprobado el Parlamento Europeo,
que creo que es una instancia que merecerá el respeto de esta Cámara--,
primero, la recuperación de un elevado nivel de empleo es la mejor manera
de reducir la deuda y los déficit anuales, con lo que disminuirían las
prestaciones por desempleo y se recaudarían impuestos directos e
indirectos procedentes de los nuevos trabajadores. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) La
cuestión del empleo significa una estrategia en la que, de manera
integral, se contemplen medidas de carácter económico, financiero,
social, estructural, medioambiental, industrial y comercial.
Permítanme una pequeña glosa, un pequeño comentario. Esta filosofía es
justamente la contraria a la de la convergencia económica, a la de la
moneda única. Ustedes, aquí, han planteado que, para conseguir el pleno
empleo o ir camino del mismo, hace falta la estabilidad y el plan de
convergencia. Sitúa el documento del Parlamento Europeo justamente lo
contrario y dice: Cuando hay gente que trabaja, que paga impuestos,
obtenemos los siguientes beneficios: gente que puede pagar impuestos y,
por tanto, hay mayor recaudación fiscal, y gente que no cobra un subsidio
de desempleo, porque está trabajando. Por tanto, apostar por el pleno
empleo es ir a una política de estabilidad. Justamente lo contrario de lo
que se está haciendo en la Unión Europea y de lo que se ha dicho en los
dos discursos que yo he oído hasta ahora.
Segunda característica. Dice el Parlamento Europeo: Los gastos en
inversiones y el crecimiento económico por sí solos no serán suficiente
para crear millones de puestos de trabajo. Se proponen, por tanto,
reducciones y modificaciones del tiempo de trabajo a nivel de la jornada,
de la semana, del año o de la vida. Se hace un llamamiento a los
interlocutores sociales y también a los Estados miembros y a la Unión,
para que aborden la cuestión de la reducción de la jornada laboral.
Repito este punto, señorías. No basta con el crecimiento económico. Es
más, hace ya muchos años que el crecimiento económico no significa
ineluctablemente creación de empleo y van orientando desde el Parlamento
Europeo que es preciso abordar la reducción de la jornada laboral. Pero
no sólo por acuerdo entre los interlocutores sociales y la patronal, sino
que dice a los Estados miembros y a la Unión, como tal, que se mojen en
la resolución de ese problema concreto.
Punto tercero del Parlamento Europeo. Reitera su punto de vista, según el
cual la liberación del mercado de trabajo no es en sí mismo un
instrumento para crear nuevos puestos de trabajo y no debe conducir, en
ningún caso, al aumento del número de puestos de trabajo de segunda
categoría.
Señorías ¿han oído ustedes, los que estén escuchando, lo que dice el
Parlamento Europeo? Dice que la liberalización del mercado de trabajo no
concluye con la
creación de nuevos puestos de trabajo, sino, al contrario, con puestos en
precario. Justamente lo contrario de lo que se está haciendo en España y
en otros países. La filosofía de desregular, de liberalizar el mercado de
trabajo, que viene ya de muchos años, es siempre el pretexto para la
creación de puestos de trabajo. He aquí que el Parlamento Europeo, en
1995, advierte de esa falacia: que liberalizar el mercado de trabajo...
Por cierto, y ya que se levanta, el señor Rato, hace quince días,
anunciaba, en una rueda de prensa, que sería posible otra reforma del
mercado laboral. Pero, en la lógica que ustedes se han metido, conduce a
una reforma permanente del mercado laboral. Por tanto, el punto tercero
de lo que dice el Parlamento Europeo viene a verificar que con eso no se
resuelve el problema del paro. Además, dice que los puestos de trabajo
que se crean no son de calidad. Porque el señor Aznar, en su
intervención, ha dicho: Además, se crean puestos de trabajo de calidad.
Cuarta consideración del Parlamento Europeo. Considera que un aumento
importante del sector público --seguramente, se están moviendo los
cimientos de esta casa-- en los países de la Europa continental, hasta
alcanzar los niveles correspondientes que se registran en los países
escandinavos, aumentaría el empleo, la igualdad de oportunidades entre
los sexos e incrementaría el sentimiento de seguridad en la sociedad. Si
se continúa, dice el Parlamento Europeo, recortando el sector público, se
pone en peligro la estabilidad social y la igualdad en la sociedad, y
representa, además, una seria amenaza contra el empleo. Exactamente todo
lo contrario de lo que hace muchos años se viene haciendo en España:
privatizar, privatizar y privatizar. Y el Parlamento Europeo lo dice
claro: Se trata de tener un sector público que se vaya acercando siquiera
al de los países escandinavos. No plantea una medida extraordinariamente
estatalista, sino simplemente ir por la senda en la que están ya situados
muchos países europeos.
Quinta consideración del Parlamento Europeo. El trabajo a tiempo completo
debe ser la norma y también ser un derecho. Lo voy a repetir, porque aquí
hay que hablar de derechos, y el Parlamento Europeo plantea que es un
derecho y, por tanto, algo a exigir y a exigir en cada momento a los
poderes públicos, que es la terminología constitucional. Que el trabajo a
tiempo completo debe ser la norma y también ser un derecho. Y dice a
continuación: Se impone una estrategia coherente para una auténtica
igualdad de oportunidades entre los sexos.
Sexta consideración del Parlamento Europeo. Existe un formidable
potencial de nuevo empleo en servicios para los sectores personal,
familiar, social, cultural, turístico, de ocio y especialmente de medio
ambiente. Se impone que los Estados miembros apliquen políticas sobre
todo fiscales, dirigidas a incentivar la demanda de bienes sociales,
culturales y ambientales. La rentabilidad económica --subrayo esto,
señorías-- del Parlamento Europeo, en sectores como la educación, sanidad
o servicios sociales no puede medirse con los mismos criterios que la
productividad o rentabilidad de otros sectores productivos.
Pues bien, esta toma de posición del Parlamento Europeo se ve contestada
por el siguiente proceso, que no fue interrumpido por los hechos: Cumbre
de Madrid, diciembre de 1995, convergencia duradera y pacto de
estabilidad, es decir, el avance en la profundización y en la precisión
de los contenidos políticos que hacen imposible los acuerdos del
Parlamento Europeo. Porque, seamos claros, el Pacto de Estabilidad, la
convergencia y hablar de empleo, señores, son cosas totalmente
incompatibles.
Entre la cumbre de Madrid y la de Florencia aparece --y permítanme,
señorías, la forma coloquial-- el segundo asesinato, el asesinato del
Plan Santer. Porque ha habido otro compromiso, que ha venido a esta
Cámara, jaleado por sus señorías: ¡Estamos ante otra oportunidad! ¡He
aquí Europa! Pues fue asesinado. Se cogió el Plan Santer y se tiró a la
papelera. Unos cuantos titulares en los medios de comunicación, unas
cuantas alegrías ante esta tribuna de SS. SS., y nunca más se supo del
finado.
Cumbre de Florencia, junio de 1996. La prioridad de la lucha contra el
paro es de la Unión y de los Estados miembros. En la cumbre de Dublín,
que es la siguiente, se cambia la prioridad, y se dice: No, la Unión no
es la más interesada ni la más obligada a atacar el problema del paro;
son los Estados miembros y, a continuación, la Unión.
Cumbre de Amsterdam, junio de 1997. Respaldo a Maastricht, a la
convergencia nominal y al Pacto de Estabilidad. Y, forzados por la
presión ambiental y ante la necesidad de que el Gobierno francés del
señor Jospin diera un sí, se vieron obligados, malgré vous, a convocar la
cumbre de Luxemburgo. Y, conforme se iba acercando esa cumbre, comienza
siempre el montaje propagandístico.
Vamos a ver la cumbre de Luxemburgo, momentos antes de llegar a ella,
para poder analizarla mejor. Para empezar, en el momento en que se
convoca y, sobre todo, en el momento en que se realiza, nos encontramos
con que hay acuerdos, proyectos, planes de trabajo tendentes a la
creación de empleo --subrayo, señorías--, que no se han cumplido nunca.
Por tanto, adelantando conclusiones, tengo que decir que por qué nos
vamos a creer que esa cosa tan desvaída, tan etérea, tan poco seria, tan
informal, sin compromiso, se vaya a cumplir, cuando ha habido acuerdos,
dos planes y otros compromisos en la cumbre de Corfú, en la de Cannes y
en la de Edimburgo que nunca se han comprobado, nunca se han verificado.
Llegamos a la antesala de la cumbre de Luxemburgo con un altísimo nivel
de incumplimiento.
Segunda cuestión. La creación de empleo, para seguir el dictamen del
Parlamento Europeo y para seguir
la lógica económica más elemental, es previa a los planes de
convergencia, es el objetivo, y a partir del objetivo se diseña la línea
económica. Cambiar, hablar de un plan de convergencia, de la estabilidad
macroeconómica y después hablar de empleo, señorías, permítanme, es un
gigantesco contrasentido.
Tercero. Los criterios de convergencia, el pacto de estabilidad y
crecimiento, la privatización del sector público y las políticas fiscales
regresivas son incompatibles con todo eso que ustedes aducen para la
creación de empleo. En estos años ha habido un coro, como el que acompaña
a los cantantes de lujo, que ha venido forzando la melodía al cantante
principal. Ese coro es el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, la OCDE, el Grupo de los Siete, que han venido insistiendo
--y ya el propio vicepresidente económico recogiendo-- en que hay que
flexibilizar los mercados laborales ad infinitum, no a un objetivo que se
cierra ahí, para siempre, como una condición indispensable, y,
naturalmente, que los salarios vayan por detrás de la productividad. El
señor Rato, como he dicho, hace quince días ya anunciaba que se hacía
necesaria esa medida.
Otra característica o situación con la que se aborda la cumbre de
Luxemburgo, lo inesperado: El Gobierno del señor Jospin, para temor,
perturbación de extraños y de algunos propios, toma la decisión de, en el
horizonte del 2001, plantear la reducción de la jornada laboral a 35
horas. El Gobierno italiano del señor Romano Prodi toma también el
compromiso obligado por la necesidad de las alianzas, pero de hacerlo por
ley, señorías. No dicen dependientemente que en el proceso de elaboración
de la ley haya acuerdos y contactos entre sindicatos y patronal, sino que
asumen la responsabilidad de llevar a sus cámaras legislativas unos
acuerdos marco que hablen sobre la jornada de 35 horas.
Y ya en la inmediatez de la cumbre, permítanme sus señorías algunas
anécdotas que ilustran lo que de verdad está pasando. En una enmienda al
informe Van Verzen sobre la cumbre de Luxemburgo, que se hace pocos días
antes de dicha cumbre, se pide, a los Estados miembros a través de ley y
a los interlocutores sociales mediante acuerdo, repito, se pide a los
Estados mediante ley --y miro especialmente a esos bancos, por una
votación que hubo aquí hace unos días (Señalando a los bancos de la
izquierda.), se pide --vuelvo a repetir-- a los Estados por ley que
legislen sobre la reducción de la jornada laboral. Esta enmienda fue
rechazada. Votamos conjuntamente el Grupo Europeo de Izquierda Unida, el
Grupo Socialista y Los Verdes, y en contra, y ganaron la votación, el
Grupo Popular Europeo y otro. Perdimos esa votación y allí pedíamos que
los Estados se mojaran con leyes marco que establecieran la jornada de 35
horas. Pero inmediatamente que se pierde esa votación, se pierde otra,
otra más modesta, una propuesta de nuestro grupo parlamentario que pedía
--señorías, hay que ver qué cosas-- simplemente que en los considerando
que iban a exponer el contenido de la propuesta se hiciese una referencia
a los gobiernos de Prodi y de Lionel Jospin. Perdimos esa votación.
Votaron con el Grupo de Izquierda Unida solamente los socialistas
franceses, porque los demás socialistas y huelga decir que ustedes
(Señalando los bancos de la derecha.) votaron en contra, en contra de un
considerando, contra la introducción de una reflexión. Esto es también lo
que conduce a la cumbre.
Y llegamos a la cumbre, en relación con la cual yo tengo que hablar de
ciertas cosas que, de manera cariñosa y educada, tengo que llamar
falacias. Que vengan aquí y digan que la Unión Europea y los gobiernos se
toman con interés la creación de empleo, porque se aplican --dicen-- con
el mismo denuedo, con la misma voluntad de rigor a esto que a la
convergencia... Señores, ¿cómo se dice de manera educada mentir, para que
ustedes no se enfaden? ¡Que se toma lo mismo, cuando la convergencia es
un acto gigantesco de planificación burocrática, imponiendo a los países
los techos sobre el déficit, los techos sobre la inflación, cuando ponen
ustedes penalizaciones tremendas! ¿Cómo pueden ustedes afirmar esto aquí
tranquilamente? ¿Creen que los demás no sabemos leer los contenidos ni
sabemos lo que se aprueba en las cumbres? ¿Que los gobiernos de la Unión
Europea se han dedicado a poner medidas con el mismo rigor que la
convergencia? Pero, señores, ¿creen ustedes que no sabemos qué es la
convergencia? La convergencia es un gigantesco acto de imposición, que,
además, contrariamente a lo que S. S., señor Aznar, introdujo, diciendo
que España tuviese un trato diferente, no para en mientes y se aplica
exactamente a todos a los países. ¿Cómo pueden ustedes dos venir a decir
que lo que se acaba de aprobar tiene el mismo talante que tiene la
convergencia? Creo que eso son ganas de distorsionar, porque lo que no
interesa es el debate real, sino el debate puramente electoral para
hablar de lo que ocurre aquí, porque han hurtado entrar en el debate de
la historia que conduce a esta cumbre de Luxemburgo, cumbre de Luxemburgo
que rechaza la reducción de la jornada laboral.
Y, a partir de ahí, lo demás son maniobras para intentar encajar por vía
semántica lo que no encaja por vía de lógica económica. Sin reducción de
jornada laboral no se puede pensar hoy, con el avance de la revolución
científico-técnica, en la sociedad de pleno empleo, que es objetivo
irrenunciable, por lo menos para los que estamos en la izquierda. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) Yo quisiera recordar, sobre todo
a estos bancos (Señalando a los bancos de la izquierda.), esa lucha, esa
convocatoria del 1 de mayo, que se hace para la jornada de ocho horas,
como consecuencia de que había condiciones científicas y tecnológicas que
hacían reducir la jornada.
El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, vaya concluyendo, por favor.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Termino.
Pues bien, la ciencia y la técnica han ido avanzando y, por tanto, hay
que situarse ante nuevas salidas. Eso creo que lo recordarán de la
memoria histórica de ese propio partido y, por tanto, obviar el debate y
entrar a hablar de leyes que vayan enmarcando la propuesta de las 35
horas es evadirse del problema e irse por alegrías en los campos que van
circundando las realidades concretas.
¿Qué se puede esperar? Vamos a ver, señor Aznar. Han acordado ustedes que
se va a trabajar para que los menores de 25 años no estén más de seis
meses sin colocación y que los mayores puedan insertarse en el proceso de
trabajo. Han dicho ustedes que habrá unos planes que serán revisados. Y
le recuerdo, lo mismo que Edimburgo, lo mismo que Corfú y lo mismo que
Cannes. Nunca trajeron esos planes ni su nivel de cumplimiento. Por
tanto, tenemos que verlo de manera muy escéptica. No obstante, desde el
escepticismo, pero también desde las ganas de situarnos en la realidad
concreta, ya anuncio que dentro de unos días se debatirá en esta Cámara
una proposición no de ley para que su Gobierno se pronuncie en torno a
aplicar esas medidas en España y, sobre todo, para que S. S. no se acoja
a esa cláusula. Porque, siendo España el país que más paro tiene, no
tenía que haberse acogido a esa cláusula. Ahí me uno a la crítica, pero
ahí, justamente ahí, dentro del debate; no obviando el debate y
sustituyéndolo por el ataque al presidente del Gobierno. Y me uno a esta
crítica porque creo que España ha hecho un papel bastante --yo diría--
duro de entender, un papel que no está a la altura de las circunstancias
y que, eso sí, manifiesta clarísimamente cuáles son las raíces del
pensamiento conservador. Anuncio una proposición no de ley para que SS.
SS. tengan ocasión de discutir y de votar en torno a los cumplimientos de
ese modesto plan, por llamarle plan, de esa desvaída propuesta que se ha
aprobado en Luxemburgo. Y todo esto creyendo que aquí tendríamos que
debatir una cuestión que nuestro grupo parlamentario planteó hace tiempo:
un debate sobre el empleo. Un debate sobre el empleo, sobre la reducción
de la jornada; un debate de lo que hay que hacer para que empecemos a
resolver ese problema, que sabemos perfectamente que no se resuelve de la
noche a la mañana, pero, como desde luego no se resuelve, es como se ha
aprobado en Luxemburgo. Y si es preciso debatir, y si es preciso ayudar a
que haya soluciones conjuntas, nuestro grupo está dispuesto a discutir, a
dialogar, a negociar, a pactar. Eso sí, sobre realidades, sobre debates
concretos, sobre necesidades, no sobre realidades virtuales que no hablan
de la cumbre de Luxemburgo, sino que simplemente hacen debates para el
consumo interno de los titulares de los periódicos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anguita.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Molins
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la
cumbre extraordinaria sobre el empleo de Luxemburgo ha acabado, a nuestro
parecer, de una manera mucho más positiva para la Unión Europea de lo que
en un principio se preveía, considerando las declaraciones de los
principales responsables políticos de los Estados de la Unión. Este hecho
es, de por sí y para nosotros, positivo.
La Unión Europea sale de esta cumbre dotada de un mecanismo de
coordinación de las políticas de empleo de todos los países miembros, que
conlleva implícitas ciertas obligaciones, como la de presentar anualmente
un programa de fomento del empleo elaborado en función de las directrices
que dicte la Unión Europea, conteniendo, cuando proceda, objetivos
cuantificables; y puede acarrear, en caso de incumplimiento, la sanción
moral por parte del Consejo.
Se podrá subrayar que la cumbre de Luxemburgo no ha marcado ningún punto
de inflexión en el proceso de construcción europea, que el resultado
alcanzado ha sido de mínimos, como no podía ser de otra manera, cuando
las realidades de los mercados de trabajo de los países de la Unión son
muy dispares entre sí. Pero lo que ha quedado patente es que la Unión ha
tomado nota de que el paro es su principal problema y ha empezado a
actuar como tal y coordinadamente. No debemos olvidar que el resultado
alcanzado es el máximo acuerdo al que en esta materia han llegado los
Estados de la Unión Europea a lo largo de toda su historia. Recordemos,
por otra parte, que en forma igualmente modesta comenzó en la década de
los setenta la colaboración monetaria entre socios comunitarios y ahora
estamos ya a las puertas de una moneda única.
Los resultados de esta cumbre pueden admitir una doble lectura: la
primera, en el sentido de que es el inicio de una nueva vía en la
construcción europea vinculada a la política social y de empleo. Y la
segunda, la de considerar que todo lo que se ha acordado no tendrá
ninguna relevancia práctica puesto que no es vinculante. De entre estas
dos lecturas Convergència i Unió, nuestro grupo parlamentario, se queda
con la primera, la que apuesta claramente por un futuro más
eurooptimista.
En esta cumbre tan importantes eran los resultados a obtener como la
voluntad de continuar en el futuro el camino emprendido en Luxemburgo, y
de las conclusiones de esta cumbre parece desprenderse la existencia de
esta voluntad, lo que contribuirá a consolidar el aspecto social de la
Unión Europea, ya de por sí reforzado por la incorporación de la política
social en el nuevo tratado de Amsterdam.
El acuerdo alcanzado es, a nuestro entender, positivo porque parte del
realismo. Nada hubiera sido más negativo que pretender que de la cumbre
saliese una solución mágica para sacar del paro a 18 millones de
conciudadanos de la Unión; nada hubiera sido tan negativo como generar
falsas esperanzas e ilusiones a base de fijarse objetivos inalcanzables
que al pasar el tiempo se ve cómo son de imposible cumplimiento, lo que
se traduce, inevitablemente, en desencanto. En este sentido, es de
agradecer el ejercicio de responsabilidad positiva en Luxemburgo por
parte de todos los Estados miembros en el campo de la creación de empleo,
al avanzar lo máximo que hasta ahora se puede hacer en este ámbito desde
la vía del acuerdo y el consenso. Pero también, y en aras de ese
realismo, ha sido importante que la cumbre no haya acabado con un largo
listado de conclusiones y medidas programáticas que no condujeran a
ningún compromiso específico. En los últimos cinco años la totalidad de
documentos de conclusiones de las cumbres comunitarias semestrales --aquí
hemos oído algún ejemplo de eso-- manifiestan que el problema mas
importante de Europa es el elevado nivel de desempleo e incluyen listado
de medidas para reducirlo pero ninguna acción concreta, lo que no ha
conducido hasta hoy a ningún sitio. En la cumbre de Luxemburgo esto no ha
sucedido; no se ha acabado con un listado de buenas intenciones, sino que
se ha dado un primer paso de coordinación de las políticas en el ámbito
de la creación de empleo.
También es un hecho positivo que no se haya aprovechado la celebración de
esa cumbre sobre el empleo para cuestionar la política social de la
Unión. La cumbre de Luxemburgo era una cumbre para el empleo, no una
cumbre de carácter social para abordar una armonización de la política de
protección social. La resolución de los problemas del mercado de trabajo,
tanto a nivel comunitario como a nivel español, no pasa por la
transformación radical del modelo europeo de solidaridad social y del
Estado del bienestar. Como he tenido oportunidad de expresar en
anteriores ocasiones ante esta Cámara, el modelo de creación de ocupación
y crecimiento económico con el que Europa avanza y progresa es
inseparable del modelo social que la caracteriza, encuentra en él la
cohesión sin la cual los modelos sociales se desmoronan y entran en
crisis en su totalidad.
Es bien cierto que Estados Unidos está creciendo y creando empleo sin
disponer de un Estado del bienestar tan desarrollado como el nuestro,
pero en la Unión Europea debemos continuar impulsando un modelo que
combine, como lo hace el actual, la solidaridad, la justicia social, el
reparto justo y solidario de la riqueza que se crea con el dinamismo
económico que está ya generando la estabilidad de las variables
macroeconómicas. Debemos desterrar la idea de que el problema del paro en
España y en la Unión Europea está vinculado a la integración europea, y
más concretamente al proceso de convergencia nominal de las economías que
acabará con la creación de la moneda única. Al contrario, si en
Luxemburgo y por primera vez en sesenta y ocho cumbres un Consejo de la
Unión se ha dedicado monográficamente al empleo ha sido posible,
precisamente, porque el clima económico es ahora mucho más favorable que,
por ejemplo, lo era en junio de 1993, cuando ante la presentación del
Libro Blanco de Delors, que trató de iniciar un debate sobre la creación
de empleo, no era posible por la situación de las economías, y el
causante de este clima más favorable ha sido precisamente el saneamiento
económico derivado de la convergencia nominal de las economías. No
debemos olvidar que en estos momentos la máxima prioridad debe ser la
implantación del euro, porque del proceso de convergencia nominal han
surgido unas economías más saneadas que han iniciado reformas
estructurales que posibilitan la existencia de un período relativamente
prolongado de crecimiento económico estable y sostenido, condición
necesaria básica para crear empleo en un entorno internacional expuesto a
un cambio profundo --mayor integración, apertura hacia el exterior,
nuevas tecnologías, países emergentes-- que provoca una mayor competencia
para captar inversores, capitales, bienes y servicios, lo que acaba
traduciéndose en presiones muy importantes sobre mercados laborales.
Señor presidente, señorías, hecha la valoración política --a nuestro
juicio, insisto, positiva-- de las decisiones tomadas en el Consejo
europeo extraordinario sobre el empleo de Luxemburgo, en el sentido de
impulsar coordinadamente las políticas de creación de empleo de los
Estados miembros, permítanme un rápido repaso a las directrices para 1998
aprobadas en dicho Consejo, en base a las cuales la Comisión, antes de
fin de año y para 1998, y los Estados miembros antes del Consejo europeo
de Cardiff, deberán presentar sus respectivos planes de acción para el
empleo.
Las directrices constan de cuatro ejes principales: mejorar la capacidad
de inserción profesional, desarrollar el espíritu de empresa, fomentar la
capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas y reforzar
la política de igualdad de oportunidades. Como no podía ser de otra
forma, no hay ninguna sorpresa en la identificación de esos cuatro ejes;
de hecho, las políticas de creación de empleo en España contemplan ya
esfuerzos en esas direcciones, como no podía ser de otra manera.
Poner el énfasis en las políticas activas de empleo está siendo un
elemento central de todo el discurso que se genere en la Unión en materia
de empleo, también aquí. Hoy en día sólo Suecia y Noruega, entre todos
los Estados de la Unión, destinan un mayor porcentaje de recursos al
financiamiento de las políticas activas que a las políticas pasivas; pero
el énfasis en las políticas activas es norma nuestra y también hoy de la
Unión. No existen, por supuesto, recetas mágicas ni fáciles para
hacer frente al problema de la falta de empleo, pero es preciso explorar
todos los caminos posibles en esta línea: posibilidades de creación de
empleo de la economía social y de los llamados nuevos yacimientos de
trabajo, negociación entre los interlocutores sociales sobre la
reorganización del tiempo de trabajo, cómputo anual del tiempo de
trabajo, reducción de la jornada y de las horas extraordinarias,
potenciación de la contratación a tiempo parcial o reducción de la carga
fiscal sobre el trabajo, especialmente sobre los costes no salariales
para los trabajos poco cualificados y poco remunerados. Por otra parte,
es lógica la obsesión por la formación y la educación, que han de
constituir ambas la mejor garantía para la creación de las condiciones
que permitan crear empleo.
En cuanto al contenido concreto de algunas de las directrices, haré
algunos comentarios. Mucho se ha criticado en los medios de comunicación,
y hoy también aquí, la posición española en la cumbre de Luxemburgo por
el hecho de introducir una precaución en el cumplimiento en un plazo de
cinco años de los objetivos fijados en materia de inserción laboral de
jóvenes y parados de larga duración. Comprendemos la posición del
Gobierno español en este campo, por cuanto ilustra la mayor dimensión que
tiene el problema del paro en España y el muy superior esfuerzo económico
que nos exige su corrección, circunstancias que pueden requerir de una
periodificación de los objetivos distinta a la de otros países de la
Unión Europea. Es evidente que el cumplimiento de dicha directriz en un
plazo de tiempo determinado no es igualmente exigente para un Estado que,
como Dinamarca, según creo y por ejemplo, tiene hoy un colectivo de
14.000 personas implicadas en dicho compromiso, entre jóvenes y parados
de larga duración, que para España que, entre unos y otros, se acerca,
por desgracia, al millón y medio de personas en los mismos supuestos.
Nos parece, por tanto, de lo más congruente los esfuerzos realizados por
el Gobierno con el objetivo de conseguir una flexibilidad en los plazos
atendiendo a esa mayor magnitud del problema; flexibilidad que en ningún
caso significa exclusión o desmarque de España en el compromiso y, si me
apuran, ni tan siquiera es una excepción en los plazos sólo para España
en la forma en que finalmente se recoge el acuerdo. Pensamos que
cualquier Gobierno español sensato debería haber actuado de igual manera;
es más, estamos seguros de que así lo habrían hecho otros gobiernos en
otro momento y en esta misma circunstancia.
Dicho esto, señor presidente del Gobierno, en este tema concreto del
desempleo juvenil y de larga duración el Gobierno debe demostrar cuanto
antes la voluntad expresada aquí respecto a que la posición defendida en
Luxemburgo en nada se parece a la inacción en esta materia, que
representa para nuestra sociedad el problema de mayor impacto social.
Esperamos, por tanto, del Gobierno la presentación de un programa
específico al respecto, con objetivos concretos, en base a calendarios
concretos propios, compatibles con nuestras expectativas de crecimiento y
evolución general de la economía y con el gran número de personas
involucradas en el programa al que hace referencia dicha directriz.
Quisiera igualmente remarcar, señor presidente, el llamamiento que
realiza el Consejo a la participación de todos en la resolución de estos
problemas. En particular, la de los agentes sociales, ejemplar, por otra
parte, en nuestro caso concreto. Por nuestra especial sensibilidad
queremos remarcar la mención que realiza el Consejo, en una Europa
todavía hoy muy centralizada, al principio de subsidiariedad, y en
concreto al papel de las regiones en la aplicación y gestión de las
políticas activas. Y en este sentido no puedo por menos que expresar mi
preocupación y la de mi grupo parlamentario por la aprobación en el seno
del Consejo General del INEM de unos llamados principios para la
organización del servicio público de empleo. Su contenido, y así se lo he
expresado ya al señor ministro, nos llena de preocupación y no sólo o no
tanto, que también, por lo que de intento de recuperar competencias de
gestión de políticas activas recientemente cedidas a determinadas
comunidades autónomas pudiera representar, como por la pérdida de
eficiencia que la aplicación centralizada de dichas políticas puede
llegar a representar. Como tenemos fresca en la memoria una actuación
similar en lo referente a la transferencia de competencias en materia de
formación continua realizada hace unos años, deseamos hoy con tiempo
suficiente, aunque la aprobación de esos principios es un muy mal
precedente, advertir de esa situación que, insisto, no sólo iría en
contra del reparto competencial recientemente acordado sino también del
papel que las directrices del Consejo otorga a las regiones a través del
principio de subsidiariedad, buscando la eficiencia de la aplicación de
políticas lo más próximas posibles a los problemas que con ellas se
intentan resolver. Confiamos en el compromiso del señor ministro para la
resolución final equilibrada de esta situación.
Quiero hacer una última reflexión, señor presidente del Gobierno,
señorías. En la conclusión número 66 del Consejo de Luxemburgo el Consejo
se muestra particularmente preocupado por el incremento de los impuestos
y gravámenes obligatorios sobre el trabajo, que, según dice el documento
del Consejo, han pasado del 35 por ciento en 1980 a más del 42 por ciento
en 1995; y, en consecuencia, en su conclusión 67 recomienda a cada Estado
miembro fijar --dice el texto-- unos objetivos para reducir la carga
fiscal total, con el objeto de reducir progresivamente la presión fiscal
sobre el trabajo y los costes no salariales del trabajo, particularmente
el trabajo poco cualificado y poco retribuido. En nuestro caso, esta
situación es especialmente preocupante
en base a un dato que expuse aquí hace unas pocas semanas, con motivo del
debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 1998.
Recordaba entonces que, según las estadísticas de la OCDE, las
contribuciones sociales representan en la Unión Europea el 26,5 por
ciento de los ingresos fiscales totales, mientras que en el caso de
España este porcentaje se eleva al 33,6 por ciento. Si ya el Consejo pone
como objetivo la disminución de las cargas que gravan directamente el
empleo, en nuestro caso, en el caso español, con ese mayor porcentaje de
cargas sociales en el conjunto de los ingresos fiscales, ese esfuerzo
debe ser, señor presidente del Gobierno y a nuestro entender,
prioritario. Es obvio, yo lo recordaba también en ese debate y lo
recuerda el Consejo en esas conclusiones, que esa disminución debe
realizarse sin poner en entredicho el saneamiento de la Hacienda pública
ni el equilibrio financiero de los regímenes de la Seguridad Social.
Nuestro grupo recomendó hace ya un año --y lo reiteré hace unas semanas--
la necesidad de acometer reformas estructurales fiscales, y recomendó
--insisto, hace ya un año-- la necesidad de plantearlas globalmente, es
decir, contemplando la situación actual de todas las figuras fiscales.
Solicitamos incluso --lo repito, hace ya un año-- la necesidad de
redactar un libro blanco que contemplara la situación de la fiscalidad en
España en su conjunto, es decir, el IVA, el IRPF, Sociedades, Patrimonio
y, por supuesto también, cargas sociales. Por lo que parece, el Gobierno
--y siento que no esté presente en este momento el vicepresidente segundo
del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda-- está avanzando en la
modificación del IRPF, por lo que leemos, a marchas forzadas y sin
atender --insisto, por lo que parece-- nuestra voluntad de realizar un
análisis global. Nos parecería, señor presidente del Gobierno, un
planteamiento equivocado. El saneamiento de la Hacienda pública, objetivo
que todos pretendemos, debe llevarnos a un planteamiento global de las
reformas fiscales que se deben introducir. Y, repito, con la situación
del empleo en España nos parece absolutamente prioritario poder actuar
sobre aquellas que, como las cargas sociales, inciden directamente sobre
la competitividad del sistema productivo y la creación de empleo, y que
como en el caso español representan, hoy por hoy, en nuestros ingresos
fiscales un porcentaje comparativo extraordinariamente elevado.
Concluyo, señor presidente. El Consejo de Luxemburgo marcará para el
futuro el inicio por parte de la Unión Europea de la coordinación de
políticas en la creación de empleo. Nos parece un nuevo paso de
características nada desdeñables en la creación de una Unión Europea
global, de la Unión Política Europea que todos pretendemos. Nos
congratulamos por ello e instamos al Gobierno a dar, como por otra parte
viene haciendo ya, la mayor importancia interna a la resolución del más
grave problema que tiene planteado nuestra sociedad, la creación de
empleo, y a comprometerse también, con el resto de Estados de la Unión,
en la consecución coordinada de esos objetivos.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molins.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías, los datos
económicos en Europa son satisfactorios desde diferentes puntos de vista.
No existe ningún desequilibrio excesivo en la economía exterior; los
intereses y la inflación son bajos; los Estados reducen sus déficit
presupuestarios; las empresas publican balances con crecientes beneficios
y pronósticos de mayores beneficios; la facturación se incrementa; en
todas partes se revisan al alza las previsiones de crecimiento; en 1997
se alcanza una media del 2 por ciento de aumento del PIB, y para 1998 el
crecimiento se situará entre el 2,5 y el 3 por ciento. Habida cuenta de
que la relación entre el crecimiento y la creación de empleo ha mejorado
estructuralmente, el retorno a un crecimiento normal por sí solo se
traducirá en una creación de empleo mayor que en recuperaciones
coyunturales precedentes. La evolución que constatamos confirma que las
orientaciones económicas generales adoptadas a nivel europeo son
correctas: control de la inflación, autofinanciación de las empresas y
reducción de su endeudamiento. Sin embargo, estos éxitos se ven
ensombrecidos por la alta tasa de desempleo (18 millones en la Unión
Europea) que se registra en casi todos los Estados miembros. Actualmente,
la elevada tasa de desempleo se debe esencialmente a razones
estructurales. Y es que el desempleo no supone únicamente un gran
desprecio de capital humano, sino también una carga inmensa para los
sistemas de Seguridad Social y un desafío para la política y la sociedad,
ya que en la sociedad actual el empleo se considera la clave de la
reputación, del bienestar y de la autorrealización, así como de una
aportación positiva al desarrollo de la propia sociedad.
La economía practica, en gran medida con gran éxito, la reducción de
costes, la reestructuración, la configuración más eficaz y clara de los
procesos de producción y la reingeniería, como indican los beneficios
publicados. Tras la caída del Muro, el mundo está más abierto que nunca y
las empresas son libres para buscar a escala mundial las mejores
ubicaciones, los mejores mercados, las mejores condiciones de inversión,
los mejores costos e infraestructura en los transportes, la comunicación
y la ciencia. El capital, la gestión y la técnica son móviles. Lo que
está pegado al terreno son los pueblos, las personas y sus gobiernos.
Pero en este sistema global, Europa va a la zaga en creación de
nuevos productos, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones y
el mercado de la electrónica. Por ello, es indispensable reforzar el
sector de las exportaciones, conseguir resultados relevantes en el ámbito
de la investigación, promover los servicios, examinar los costes de la
economía y, en el Estado, realizar una desregularización importante y una
ofensiva para conseguir una mayor independencia. De ahí que en los
pasados días 20 y 21 de noviembre se haya celebrado en Luxemburgo la
cumbre extraordinaria sobre el empleo. Este Consejo europeo ha supuesto
la culminación de un proceso que se inició en Amsterdam en junio, cuando
la cumbre celebrada para reformar el Tratado de Maastricht dio a la
siguiente Presidencia, la luxemburguesa, el mandato de celebrar un
consejo extraordinario sobre el empleo. Tras una serie de textos previos
y posturas divergentes se llegó el pasado viernes al compromiso de todos
ya conocido y, ante el mismo, nuestro grupo puede hacer alguna reflexión
de tipo general.
Pese a las críticas negativas sobre la escasa implicación de Europa ante
el paro, hay que reconocer que los tímidos pasos de la cumbre en favor
del empleo constituyen pasos de gigante mirándolos desde una perspectiva
histórica, porque todavía hace cinco años, previamente a la aprobación
del Tratado de Maastricht, había quien defendía la posición de que la
Unión Europea no debería inmiscuirse nunca en materias sociales, sobre
todo en materia de empleo. Incluso el apartado social de Maastricht contó
con la excepción británica. Hoy, por tanto, podemos decir que cinco años
después una acción coordinada en Europa en contra del desempleo es ya
posible, lo que podemos considerar como un notable avance. De ahí que lo
importante sea echar a andar.
Cuando los seis Estados de la Comunidad aprobaron en 1971 el plan Werner
para la Unión Monetaria, los criterios de convergencia actuales y el euro
eran un simple sueño. En el caso del empleo se ha abierto un camino en
común que antes no parecía posible. Por esa razón el acuerdo de
Luxemburgo reconoce la competencia a los Estados miembros sobre la
política de empleo, y sin embargo se añade el reconocimiento del valor
añadido que puede suponer la coordinación de las políticas de empleo a
nivel comunitario. Y en este sentido se marca una estrategia novedosa de
coordinación de las políticas de empleo basada en el método de los
criterios de Maastricht, es decir, unas directrices a nivel europeo en
materia de empleo que se concretan en unos planes de empleo con objetivos
cuantificables, sobre todo a nivel estatal, que tendrán un seguimiento de
vigilancia multilateral, es decir, a nivel europeo. Por expresarlo
gráficamente, cada país se marca sus propios objetivos dentro de unas
directrices generales y a nivel europeo deberán pasar un examen moral
anual, sin que se prevea un mecanismo de sanciones. Por tanto, entendemos
que este control comunitario puede incentivar y puede ayudar en la
priorización de las políticas para combatir el paro.
¿Cuáles son las directivas generales para el año 1998? Indudablemente
combatir el paro juvenil y el de larga duración, ofreciendo formación,
prácticas o empleo a todo joven que lleve seis meses parado o a cualquier
parado que lleve doce meses. Es decir, se lleva a la práctica la
afirmación de que la formación es el mejor arma para hacer disminuir el
desempleo. Este programa debería ser llevado a cabo antes de cinco años.
En segundo lugar se propone ir sustituyendo progresivamente las medidas
pasivas, los subsidios, por activas, formación e inserción. En esta línea
se marca el objetivo de ir aproximando las cifras de inserción o
formación de parados a aquellos tres Estados con mejores resultados, con
un aumento mínimo del 20 por ciento. Se insta a los interlocutores
sociales a fomentar mediante la cooperación estas acciones de formación
de parados. Y, por otra parte, se insiste en la necesidad de actuar sobre
el sistema educativo, reduciendo el fracaso escolar e incorporando en
mayor medida las nuevas necesidades tecnológicas en la formación de los
jóvenes. En esta línea se insta a desarrollar sistemas de aprendizaje.
Todo ello nos hace reflexionar sobre la actitud política mantenida por su
Gobierno ante esta cumbre. En general, toda esta batería de medidas,
todas ellas positivas --muchas de las cuales están siendo preconizadas
desde algunas administraciones, concretamente desde la Administración
vasca en la medida de sus pocas posibilidades pero con la novedad
introducida de unos objetivos cuantificables que pueden permitir una
incentivación en la priorización de los recursos presupuestarios--,
podríamos resumirlas en que facilitar la creación y desarrollo de las
empresas, reinserción en el mundo laboral ayudándoles complementariamente
reduciendo la carga fiscal de su coste salarial son los ejes para la
creación de una política europea coordinada. Sin embargo llama
poderosamente la atención el hecho de que la más importante y ambiciosa
de las medidas, la correspondiente a combatir el paro juvenil y el
desempleo de larga duración, no será de aplicación obligada en cinco años
para aquellos Estados con paros particularmente elevados, en referencia
implícita al Estado español. Y todo eso nos hace reflexionar sobre la
actitud política llevada a cabo por usted y su Gobierno en dicha cumbre,
porque creemos que, en lugar de asumir la oportunidad de unirse al
liderazgo de una cumbre que ha buscado enfrentarse a un problema que
atenaza particularmente al Estado español, ha sentido este Consejo de
Luxemburgo como una amenaza a sus posiciones. Luego se ha rectificado,
pero parecía que se iba a Luxemburgo con las manos demasiado atadas. Esta
excepción española a la principal medida del Consejo es una muestra de
ello. La alegación a las dificultades presupuestarias para cumplir este
objetivo no se entiende si realmente se piensa que
las políticas activas de empleo deben tener una priorización en todos los
presupuestos. Ello es menos entendible cuando el propio Consejo de
Luxemburgo ofrecía vías de financiación, y así debe ser entendido el
apartado de una de las propuestas que el presidente del Consejo, Juncker,
preveía en origen. Es decir, buscar todo tipo de medidas para fomentar
las oportunidades de empleo en todas las secciones del presupuesto de la
Unión Europea, en particular en las categorías 2, fondos estructurales, y
3, políticas internas.
Su embajador Elorza, señor presidente, no ha parado hasta impedir esta
posibilidad de utilización de los fondos estructurales para fomentar
políticas de empleo, forzando la aprobación en Luxemburgo de una forma
diluida que dice lo siguiente: El Consejo europeo desea que la próxima
reforma de los fondos estructurales se inspire en la experiencia
adquirida hasta la fecha para utilizar mejor los fondos al servicio del
empleo, cada vez que ello sea posible, en el desempeño de los objetivos
que le son asignados y en el respeto de su principal vocación encaminada
a garantizar la recuperación de las regiones menos desarrolladas.
Esta formulación diluida supone el impedir, de hecho, una utilización
progresiva mayor de estos fondos para el empleo, pero además es peligrosa
porque supone una violación del reglamento de los fondos estructurales en
favor de las regiones Objetivo 1, definidas según el reglamento que rige
los fondos estructurales exactamente como regiones menos desarrolladas,
definición diferente a regiones en declive industrial, regiones
fronterizas, paro de larga duración, inserción de jóvenes, desarrollo
rural o adaptación de estructuras pesqueras, que constituyen en ese
reglamento objetivos igualmente definidos de los fondos estructurales.
¿Por qué se incluye esta referencia incorrecta en las conclusiones de
Luxemburgo? Porque además de frenar la posibilidad de aumentar la
aportación del presupuesto comunitario frente al paro se intenta
priorizar a futuro a determinadas regiones frente a otras en el reparto
de los fondos estructurales, y todo ello bajo presión española. Por eso
es difícilmente entendible esta postura del Gobierno, que, por un lado,
se desengancha de las conclusiones de la cumbre alegando dificultades
presupuestarias y, por otro, impide que el presupuesto comunitario
financie dichas medidas.
Concluiríamos, señor presidente, diciendo que la cumbre en su conjunto ha
sido positiva, ya que supone un paso adelante en la construcción de una
Europa social, necesaria para una construcción política europea futura, y
que las medidas se centran en lo fundamental, en aquello que puede ayudar
a ofrecer empleo, centrándose en la formación y en la inserción. Como
sombra evidente, echamos de menos una mayor implicación y un mayor
esfuerzo en el liderazgo de esta coordinación de políticas contra el paro
a nivel europeo, dada nuestra situación de Estado con mayor paro de la
Unión Europea.
Tras su intervención de hoy, señor presidente, somos quizá un poco más
optimistas y ojalá se haga de la lucha contra el paro y el desempleo una
de las prioridades de todos los grupos que estamos representados en esta
Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anasagasti.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor presidente, señoras y señores
diputados, yo quisiera, en nombre del Grupo de Coalición Canaria,
aprovechar esta breve intervención para hacer una reflexión ante el
debate un tanto acalorado que ha tenido lugar al principio de esta sesión
entre la intervención del presidente del Gobierno y la contestación que
ha dado el señor Almunia, representante y portavoz del principal grupo de
la oposición. La impresión que yo he tenido al principio es que en la
situación española nos encontrábamos entre las políticas definidas por el
señor Almunia como conservadoras o radicalmente conservadoras,
thatcheristas casi, del presidente del Gobierno y del Gobierno de España
y las posturas aparentemente radicales, de la izquierda y progresistas de
la oposición socialista. Eso me creaba una cierta inquietud porque, si
fuera así, los acuerdos de la cumbre de Luxemburgo a mí me parece que
serían difícilmente aplicables en este país, pues para el desarrollo de
una política de empleo y para un gran pacto de Estado para su consecución
es necesario un amplio consenso político, aparte de un amplio consenso
social, y, claro está, si estuviéramos en un debate ideológico entre
derecha recalcitrante e izquierda radical sobre las políticas de empleo,
difícilmente lo podríamos alcanzar.
Esta cumbre de Luxemburgo hay que situarla históricamente --como han
hecho otros portavoces parlamentarios-- en el marco del debate de la
Unión Europea y de la construcción europea hoy. La construcción europea y
la convergencia económica habían sido las claves esenciales sobre las que
establecer los cinco criterios de convergencia, políticas monetarias que
ahora iban a ser complementadas con políticas fiscales. Entonces todos
los indicadores eran de orden económico. Algunos países europeos --véase
la Francia anterior, con un Gobierno dirigido por el señor Juppé o vieja
Gran Bretaña de la señora Thatcher, pero sobre todo del señor Major--
habían entendido que la construcción europea era un problema puramente de
ajuste de política monetaria y de indicadores económicos. El resultado ha
sido un bandazo y nos hemos encontrado de repente con un Gobierno
socialista en Francia, con posiciones absolutamente distintas --dicho sea
de paso--, y con un Gobierno laborista o socialista en Inglaterra. Yo
creo que ha habido una primera
derrota de las posiciones monetaristas de la llamada la Europa económica
o de la Europa del dinero. Los ciudadanos europeo y los ciudadanos
españoles también perciben que no puede seguirse construyendo Europa
simplemente con indicadores económicos, que hay que introducir
indicadores sociales y que Europa es la Europa económica y la Europa
social. Por eso es tan importante que en la cumbre de Luxemburgo el
documento de las conclusiones empiece diciendo que la cuestión central
que preocupa hoy a los ciudadanos europeos es el problema del empleo
--así lo dice textualmente--. Yo creo que eso introduce un elemento
cualitativo en el proceso de construcción europea. Me adelanto ya a decir
que, en opinión de mi grupo, lo que ha pasado en Luxemburgo, si se ve con
dimensión histórica --y se verá en los próximos años--, tiene mucha más
importancia de la que en un principio parecía, porque daba la impresión
de que la cumbre de Luxemburgo era simplemente un compromiso ante la
presión del señor Jospin en la reunión de Amsterdam con motivo del
Tratado europeo para cubrir las apariencias sobre compromisos contraídos
en su campaña electoral y a tomar algunos acuerdos retóricos y vacíos
sobre el tema del empleo. En parte era así, porque los franceses han ido
a esta cumbre, primero, convocando una conferencia sectorial, intentando
llegar a un gran acuerdo sobre las 35 horas, presentando un plan de
empleo juvenil estatalista y burocrático con el que no se crea empleo
real sino fundamentalmente artificial, es decir, han intentado llevar a
la cumbre inicialmente un programa que creo que ni comparte el señor
Blair ni tampoco el señor Almunia, por lo que he visto recientemente
cuando ha dicho que un decreto sobre las 35 horas no es la fórmula de
resolver temas como éste; tampoco creo que hayan planteado en ningún
momento un plan de empleo juvenil --otra cosa es el programa de inserción
de los jóvenes-- en la línea de la señora Aubry. Por tanto, la primera
fase de este debate conducía a la cumbre de Luxemburgo desde la aparente
radicalización --que hoy se repite aquí-- de las posiciones teóricamente
conservadoras frente a las posiciones radicales, que han nacido --y es
importante destacarlo-- justamente como consecuencia de la derrota en
Europa de la política que han aplicado los gobiernos anteriores de la
derecha francesa e inglesa, una política absolutamente monetarista de
sólo la Europa del dinero, no la Europa de los ciudadanos ni la Europa
social, sólo la Europa económica monetarista. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Sin embargo, la cumbre de Luxemburgo ha sido un éxito --en mi opinión
importante-- que coloca las cosas en el plano de una síntesis
responsable, sensata e inteligente y abre un nuevo proceso en Europa en
el que ya no valen sólo indicadores económicos, sino que hay que empezar
a contar también con los indicadores sociales. Se habla incluso de crear
en Europa 12 millones de empleos en los próximos cuatro años y se dice
que hay que cuantificar empleo, saber anualmente cómo va cumpliendo cada
país europeo los objetivos de coordinación de políticas de empleo en
Europa. Creo que eso es muy importante. Además, establece el diálogo
social a nivel europeo y antes de la cumbre de Cardiff, donde cada país
miembro tiene que llevar sus programas anuales de empleo y habrá una
reunión de la Comisión del Consejo europeo con los agentes sociales.
Diálogo europeo, cuantificación, verificación, objetivos con financiación
son instrumentos que están prácticamente pactados.
Se abre el principio de la Europa social, se abre la puerta de la Europa
social y su éxito dependerá de que seamos capaces de aplicar en cada país
las consecuencias y los acuerdos de Luxemburgo. Entonces, lo que aquí
tienen que demostrar los grupos parlamentarios es si el tema del empleo,
como fue en su época el llamado debate de las pensiones, es realmente una
preocupación angustiosa y seria de todos o es simplemente un instrumento
de propaganda para luchar unos contra otros en el ámbito parlamentario y
aquí se acabó; cuando el señor Aznar venga de Cardiff en el mes de mayo o
junio del año que viene, final del período del semestre inglés,
volveremos a debatir y punto. Creo que no debe ser así, porque nos hemos
comprometido todos, ya que el Gobierno ha dicho que está de acuerdo con
la cumbre de Luxemburgo y la oposición, o al menos el Grupo Socialista,
dice que también; pues qué base tan magnífica para que nos comprometamos
sobre la política de los hechos, porque sobra ya tanta retórica, tanto
discurso y tanta campaña electoral permanente. Comprometámonos en los
hechos, en la financiación, en la verificación y en los acuerdos.
Lo que plantea mi grupo parlamentario es que aprovechemos la cumbre para
hacer un debate aquí entre nosotros, pero no ahora, porque el de hoy va a
terminar con la contestación del señor Aznar, y que sirva para corregir
determinadas impresiones que se han producido en la opinión pública
española. Sobre eso le quería decir al Gobierno que no basta sólo con
tener una política correcta y con buenas intenciones, ya que a veces en
política también importa la imagen. La impresión que han tenido muchos
ciudadanos españoles es que el Gobierno español ha ido a Luxemburgo con
una actitud inicialmente a la defensiva, por dos elementos. España está a
la cabeza en la creación del empleo que se está generando en Europa
durante los años 1996 y 1997; por tanto, la política económica de
reducción del déficit público, de bajar la inflación, de bajar los tipos
de interés, de generar ahorro e inversión y de saneamiento es básica para
generar empleo. No hay contradicción entre las políticas económicas y
sociales, es decir si no se da una política económica saneada y
equilibrada, no hay posibilidad de crear empleo, eso es real. Después del
debate francés y de que el señor
Bertinotti en Italia generara una crisis y obligara al señor Prodi a
decir también que se tienen que aplicar las 35 horas por decreto, hemos
ido a la defensiva pensando que nos iban a meter en una serie de
compromisos, de financiación y de instrumentos que pondrían en peligro el
saneamiento de la política económica. Esa actitud defensiva, hasta cierto
punto lógica, ha podido producir una sensación inicial --lo ha dicho el
señor Anasagasti y yo estoy de acuerdo-- de que en España, donde hay un
alto índice de desempleo y, por tanto, una enorme preocupación social, no
liderábamos una política de avance y de gran sensibilidad, no a la
defensiva. Naturalmente, el Grupo Socialista rápidamente ha aprovechado
para decir que este Gobierno hace la política de Margaret Thatcher. No la
hace, pero lo tendrá que demostrar con sus hechos.
El Gobierno ha demostrado este año que la política de saneamiento y de
diálogo social la ha hecho correctamente. En este país se han pactado las
pensiones, se ha pactado una primera parte de la reforma laboral, que ha
producido resultados concretos de estabilidad en el empleo con decenas de
miles de puestos de trabajo o de puestos de trabajo que pasan de la
precariedad a la estabilidad, y eso es un éxito. Ahora tenía que haber
llegado a Luxemburgo diciendo que no basta sólo con las políticas
económicas o con lo que hemos hecho ya en política de empleo, sino que
hay que avanzar más. Y ante el debate de las 35 horas, la solución no
está en implantarlas por decreto, sino en ir disminuyendo la jornada
completándola con trabajos a tiempo parcial y con acuerdo de sindicatos y
empresarios manteniendo la productividad, porque no nos engañemos,
señorías, este país no va a crear un millón y medio de puestos de trabajo
en cuatro o cinco años, en el tiempo que nos lo propongamos, si no
recuperamos el déficit histórico de la sociedad española frente a la
sociedad europea. Si somos el diez por ciento de la población y
producimos el seis por ciento de la producción europea, necesariamente
tendremos tres millones de parados. Esa cuota dentro del mercado europeo
la ganará España, que está en excelentes condiciones para hacerlo en los
próximos años si se sabe competir, y competir no es, como pudiera pensar
la señora Thatcher, simplemente hacer ajustes brutales o hacer una
política de liberalización salvaje. Se compite también con acuerdos de
productividad, con los acuerdos sobre los salarios, sobre jornadas y
sobre horas de trabajo cuantificadas a nivel anual, porque en España nos
encontramos con sectores que tienen 1.500 horas de trabajo anuales y
resulta dicen que quieren 35 horas de trabajo, y en el cómputo anual
resulta que hacen menos.
Por tanto, menos demagogias y lleguemos a acuerdos concretos, que se
plantean también en un terreno muy específico y que ha provocado el gran
debate. En cuanto a la inserción de los jóvenes y de los trabajadores que
tienen larga duración en el desempleo, sobre si son cinco o siete años
para cumplir el compromiso, yo hubiera firmado lo de los cinco años,
señor Aznar. Lo de los cinco años a usted le podrá parecer que lleva un
gasto de un billón en políticas activas de empleo, de formación
ocupacional continua. Lo veremos aquí, porque en el fondo la política de
inserción de jóvenes y de parados de larga duración está vinculada
estrechamente en el acuerdo de Luxemburgo a los problemas de ir
sustituyendo políticas pasivas por políticas activas de empleo. De lo que
se trata es de trasladar el enorme fraude en el desempleo, porque el
desempleo hoy es ayuda al parado, es ayuda familiar --vamos a ver si
decimos las cosas, señor Almunia, lo que ha dicho Felipe González el otro
día en el revista Time--, es salario social, es ayuda a la pequeña
empresa que tiene una situación de precariedad y que al trabajador, que
no le paga la Seguridad Social y que está en el seguro del desempleo, le
paga la mitad de lo que le tiene que pagar. Hagamos que esa economía
sumergida vaya flotando, vaya saliendo a la superficie y vayamos
trasladando políticas pasivas a políticas activas de empleo, de formación
reglada y de relación entre escuela y empleo.
El gran fracaso de la política española --lo ha dicho el presidente del
Gobierno--, es que tenemos un desastre histórico de formación. Este país
ha funcionado muy mal y la formación no sólo ha servido para esconder
situaciones de precariedad; ha servido también para financiar
instituciones públicas o instituciones privadas, ha servido para multitud
de cosas que no contribuyen a la formación, y este Gobierno ha de tener
el coraje y la valentía, con el apoyo de la oposición, si es que de
verdad está de acuerdo con lo que se ha aprobado en Luxemburgo, para
llegar a un gran consenso que implique a empresarios y sindicatos, para
que también esos beneficios empresariales a que ha hecho mención el señor
Almunia, con el que yo estoy de acuerdo, se trasladen a la creación de
empleo y a la formación continua --el otro día el presidente de la CEOE
hablaba de que era el tiempo de la formación y del trabajo estable-- y,
si no, tendrá que haber una política fiscal que haga que los grandes
beneficios empresariales vayan en esa dirección, con lo que se trataría
de un debate de política fiscal, porque el interés público lo preserva el
Estado y tiene que obligar, persuadir y presionar para que esos
beneficios empresariales vayan en beneficio de todos los españoles.
Por tanto, como conclusión de esta intervención --y me dirijo al
presidente del Gobierno--, tengo que decir que a nosotros nos gustaría
oír tras este debate que hemos tenido hoy y que ha tenido mucho de
carácter de propaganda que el Gobierno español está en las políticas
progresistas de la Europa social que se ha abierto a partir de la cumbre
de Luxemburgo --y esto lo creo ciertamente-- y que la historia sobre los
cinco o siete años es una pequeña anécdota, pero la manera de entrar en
el tema es que el presidente del Gobierno se dirija
a la Cámara y se comprometa a tener un gran debate, en marzo o abril, en
un plazo de tiempo razonable, para llegar a un amplio acuerdo
parlamentario sobre un plan a cuatro años, con concreciones anuales que
llevemos a la próxima cumbre en Cardiff, que lo discutamos y votemos,
señor Almunia, y al votar vamos a ver quién está de acuerdo con la cumbre
de Luxemburgo y quién no, porque en la cumbre de Luxemburgo no caben al
mismo tiempo la política de Blair y la política de Jospin, en la cumbre
de Luxemburgo no caben al mismo tiempo la política de Khol y la de Prodi
--usted ha citado a todos ellos--. En la cumbre de Luxemburgo lo que se
ha hecho es una síntesis con la que creo la gran mayoría de este
Parlamento está de acuerdo. Y si estamos de acuerdo, demostrémoslo
comprometiéndonos a desarrollarlo a escala de nuestro país. España tiene
una perspectiva excelente en los próximos cuatro años para recuperar el
retraso histórico tremendo que la ha alejado de Europa y que nos puede
permitir estar a la cabeza del proyecto europeo en los próximos años.
Creo que este Gobierno no tiene una actitud a la defensiva en este tema.
El señor Almunia decía que los grupos nacionalistas íbamos a salir a la
tribuna y que nos teníamos que pronunciar. Creo que todos nos tenemos que
pronunciar por un gran acuerdo parlamentario por el empleo, porque si la
Unión Europea es capaz de coordinar las políticas de empleo en toda
Europa, ¿cómo no vamos a ser nosotros capaces de coordinar las políticas
de empleo del Gobierno y de las comunidades autónomas, con la
participación de los agentes sociales, y de llegar a un acuerdo
parlamentario en esa línea?
El desafío, por tanto, es que si los socialistas están de acuerdo con la
cumbre de Luxemburgo, que lo voten en resoluciones de este Parlamento en
marzo o abril; si no, se tendrá que hacer en el debate sobre el estado de
la Nación y ahí lo votaremos, antes de que se vaya a Cardiff, y si el
Gobierno está de acuerdo con la cumbre de Luxemburgo, que lo vote aquí
también en el Parlamento. Lo que propongo es que lo que se ha acordado en
Luxemburgo lo españolicemos, lo situemos a nivel de cada comunidad
autónoma y hagamos un gran compromiso por el empleo. En este país el reto
del empleo se tiene que convertir en uno de los grandes desafíos de la
sociedad española; si lo resuelve y lo gana, no gana ante un problema de
política sectorial, sino que gana de manera sustancial ante el proyecto
europeo, gana la posibilidad de ser líder en un momento de la transición
del proyecto europeo, donde el señor Kolh anda con vacilaciones e
incertidumbres, donde la izquierda europea no termina de saber si hace de
Blair o de Jospin y donde el Gobierno español tiene que hacer la política
de centro reformista y progresista a que se ha comprometido en esta
Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mauricio.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, estoy absolutamente convencido de que cuando
se analice en perspectiva histórica el proceso de construcción europea la
cumbre de Luxemburgo aparecerá como un hito histórico. Ciertamente, los
resultados conseguidos en dicha cumbre no son muy importantes desde el
punto de vista cuantitativo y dejan mucho que desear en relación a las
políticas sobre el empleo que se han de desarrollar desde el ámbito
europeo. Dicho de otra manera, la construcción europea sigue adoleciendo
de déficit democrático y de política social. A pesar de la insuficiencia
de los resultados concretos, cuando en nombre de Iniciativa Els Verds y
de Nueva Izquierda decimos que esta cumbre tiene carácter de hito
histórico lo estamos diciendo porque por primera vez en la construcción
europea y en contra de la lógica dominante se ha celebrado una cumbre
dedicada monográficamente al empleo, producto, insisto, no de la lógica
dominante, sino de la presión social, de la opinión popular de Europa y
especialmente de una iniciativa importante del Gobierno francés. El
empleo ha aparecido por primera vez política e institucionalmente como lo
que es, como el primer problema de Europa. Los resultados son modestos,
pero por primera vez el proceso de construcción europea se ha ligado a
los anhelos, a los miedos, a las angustias y a las esperanzas de millones
de personas que hoy sufren la lacra del paro. Dicho de otra manera,
Europa sólo se puede construir y sólo puede tener respaldo social y
popular si los anhelos y las esperanzas pero también las angustias y los
problemas están presentes en el debate político.
Este inicio de camino ha tenido una triste y lamentable excepción
--alguien la calificaba de ridícula; a mí me parece que ha sido
lamentable y triste-- y ha sido la decisión del Gobierno español de
excluirse de determinados acuerdos concretos. El Gobierno español ha
dejado claro que en su modelo de construcción europea el paro no es un
tema prioritario. El Gobierno español ha producido estupefacción en
Europa cuando se ha visto que el Ejecutivo del país con mayor paro de
Europa precisamente es el que obstaculiza en mayor medida la lucha contra
el paro. El señor Aznar, que ahora no está, ha dicho en su intervención
que el Consejo de Luxemburgo ha lanzado un mensaje de esperanza a Europa.
Eso es cierto, pero no es menos cierto que el Gobierno español ha lanzado
un gran mensaje de desesperanza a las personas paradas del Estado
español, un mensaje triste y burocrático.
Señor Aznar, su Gobierno no ha ido a Luxemburgo a defender los derechos y
los intereses de las personas paradas del Estado español. Su objetivo en
Luxemburgo ha sido que no se decidiera nada; se decidió poco y
ustedes se excluyeron, y desde el sábado por parte del Gobierno español,
hay retórica y confusión: sí pero no; en cinco años no, pero no sabemos
cuándo. Hoy, señor Aznar, usted mismo ha hecho un ejercicio de esconderse
detrás de las palabras, hemos tenido un presidente del Gobierno escondido
detrás de sus folios y hoy el presidente del Gobierno español, como
mínimo, ha de contestar a dos grandes preguntas. Primera pregunta: ¿Cuál
es el coste económico de las medidas que el Gobierno español dice que
España no puede asumir en cinco años? ¿Lo tiene cuantificado? Si lo
tiene, ¿por qué no lo dice? Y si no lo tiene, ¿por qué dijeron que no?
Hay una segunda gran pregunta...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señor presidente.
Si en cinco años ustedes no pueden cumplir estos objetivos, ¿en qué plazo
los van a cumplir o en qué plazos piensan que se pueden cumplir?
Posiblemente, señor Aznar, simplemente porque nosotros se lo pidiéramos,
usted no debería responder a estas preguntas, o puede no responder a las
preguntas del conjunto de grupos parlamentarios, pero yo creo que el
1.800.000 personas paradas, que llevan más de un año sin trabajo, que no
tienen perspectiva de trabajar y que se enteraron el sábado por el
periódico de que iban a ser excluidas de este inicio del camino con poca
esperanza, y los 800.000 jóvenes que no han trabajado nunca, hoy, señor
Aznar, tienen el derecho de escuchar por boca del presidente por qué no
puede ser y cuándo va a ser. El silencio del presidente del Gobierno no
sería sólo un acto parlamentario negativo, sino que fundamentalmente su
silencio se va a convertir en un menosprecio y en un desprecio a los
problemas y a las angustias de tres millones de personas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Saura.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en segundo lugar, el
señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señor presidente del Gobierno, señoras y señores diputados, efectivamente
la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo recientemente realizada permite
efectuar varias reflexiones. En primer lugar, desde el punto de vista del
Bloque Nacionalista Galego, resulta positivo que los jefes de Estado y de
Gobierno empiecen a considerar que la lucha contra el desempleo debe
constituir uno de los pilares de la política económica que se viene
practicando desde el seno de la Unión Europea y que, por tanto, empiece a
abrirse paso entre los que gobiernan una de las preocupaciones reales de
la gente, es decir, que sólo se puede considerar como acertada una
política económica si ésta sirve para aumentar el bienestar social,
porque a muchos ciudadanos europeos empieza a resultarles cansino
escuchar constantes declaraciones sobre la convergencia económica,
mientras constatan una pérdida de derechos laborales y sociales. La
convergencia económica está produciendo divergencia social. Por tanto,
está bien que comience a surgir una cierta preocupación por el empleo.
Se constata, de paso, que la política económica que se viene defendiendo
y practicando es incapaz de dar solución satisfactoria al problema del
paro, que, efectivamente, alcanza diversos niveles en los distintos
Estados miembros, pero que cada vez va siendo más estructural y no
producto de una coyuntura concreta. Los acuerdos tomados en Luxemburgo
dirigidos a tratar de reducir el paro --y ojalá lo consigan--, sin
embargo, parecen medidas demasiado epidérmicas y que no abordan los
problemas de fondo ocasionados naturalmente por la política de Maastricht
y, por tanto, parecen más medidas destinadas a maquillar las
consecuencias que para el empleo ocasiona esa política que medidas
sustancialmente, como decía de fondo.
En todo caso, el Gobierno español ni siquiera se compromete al
cumplimiento de esos acuerdos, cuando menos en un determinado espacio
temporal, a pesar de que la tasa de paro del Estado español es la más
alta de Europa. El Gobierno sigue obsesionado con cumplir con los
compromisos macroeconómicos de los acuerdos de Maastricht, basados en la
reducción de la inversión pública, disminución de costes salariales,
liberalización del mercado, venta de empresas públicas, etcétera. Por
tanto, desde el punto de vista del Gobierno, hay una especie de axioma:
una economía estable creará empleo por sí misma; el Gobierno pone los
medios y el mercado se encargará de todo lo demás. Sin embargo, la
realidad, a pesar de las repetidas afirmaciones, desmiente esta tesis. El
denominado crecimiento económico por sí solo no soluciona el problema del
empleo y menos aún proporciona empleo estable y de calidad.
Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, el Gobierno debe
tener una actitud más activa y no sólo pasiva en la creación de empleo y
desde luego debe pelear por cambiar el marco en el que, por ejemplo,
permite que se muevan algunas economías periféricas, como es el caso de
la economía de Galicia. Con desarrollo económico no se garantiza el pleno
empleo, pero sin desarrollo económico es imposible. Por tanto, es
necesario también para conseguir empleo corregir los desequilibrios que
existen dentro de la Unión Europea y dentro del Estado español, porque,
señor presidente, ¿podemos hablar en serio de creación de empleo cuando
en sectores productivos básicos de una economía están
en recesión y sin alternativa? Es decir, ¿se puede crear empleo en una
comunidad autónoma como la de Galicia, en la que el sector naval o el
lácteo vivieron y viven una reestructuración permanente que genera más y
más paro? ¿Puede competir en igualdad una economía si no cuenta con
infraestructuras adecuadas? Señor presidente, la tasa de paro en Galicia
alcanza el 19 por ciento de la población activa. Entre las mujeres llega
al 24,75 por ciento; en los menores de 25 años, al 36,58, y, lo que es
peor, los activos entre los 16 y los 65 años sólo suponen el 48,35 por
ciento, mientras la media europea alcanza el 60 por ciento, todo ello sin
considerar el problema de la emigración, que sigue existiendo
tristemente. Esta situación es alarmante y es consecuencia de las
políticas practicadas por el Gobierno y también, por cierto, por
gobiernos anteriores y no fruto del azar o de la incapacidad de una
sociedad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Señor Vázquez, le
ruego concluya.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Voy concluyendo, señor
presidente.
Es preocupante que el Gobierno no se sume a los intentos europeos, por
tímidos que sean, de reducir el desempleo; pero no menos preocupante es
la filosofía que este Gobierno viene practicando en continuidad, como
decía, con otros anteriores acerca de la corrección de los desequilibrios
territoriales. Hace falta para crear empleo, desde la perspectiva de la
sociedad española en general y desde la perspectiva de una comunidad
autónoma como Galicia en particular, una política distinta que fije
condiciones de igualdad para la competitividad de las empresas, que
redistribuya mejor los beneficios, que respete el derecho a producir y
que no transforme a las sociedades en inactivas o en subvencionadas, es
decir, en sociedades jubiladas; es necesario que dote al territorio de
las infraestructuras adecuadas, que utilice el sector público para
impulsar el desarrollo, cuando el sector privado es incapaz de hacerlo,
etcétera, es decir, hace falta una política económica, señor presidente,
que no sólo se preocupe por las grandes cifras, sino que tenga como
centro y como objetivo la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Eso, desgraciadamente, desde nuestro punto de vista, no se consigue con
la política que ustedes defienden y practican.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra, en tercer lugar, la señora
Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Mauricio, no puedo evitarlo pero no entiendo cómo puede hacer esta
defensa tan entusiasta de una política ultraconservadora, la del Partido
Popular. Como dice Raimón, ese viejo militante de la izquierda, quien
pierde los orígenes pierde la identidad.
Cándido Méndez, secretario general de la UGT, lo expresaba con las
palabras que me parece que resumen la preocupación de todo el
sindicalismo: hay una mayoría dentro del Gobierno del Partido Popular que
no tiene interés en definir una política de empleo. Otros líderes como
Joan Coscobina, de Comisiones, o Julen María Alvarez, de la UGT, que, por
cierto, ha pedido a Pujol que no sea cómplice de esta política
ultraconservadora única en Europa, se han pronunciado en los mismos
términos. El hecho es, señor presidente, que esta preocupación no nace de
la nada ni existe sólo en el ámbito del sindicalismo, puesto que, después
de la cumbre de Luxemburgo, se ha convertido en una certificación y en
una preocupación incluso de ámbito internacional.
Han ocurrido dos hechos fundamentales en la cumbre de Luxemburgo. Uno,
que gracias al empeño de Lionel Jospin se ha puesto la primera piedra de
la Europa social y se ha debatido, por primera vez, el coste social de la
Europa económica y del ritmo acelerado con que se quiere culminar. El
otro hecho ha sido la enorme soledad de España en su no a esa Europa
social, que empieza a dibujarse y a construirse. Ya no son sólo, pues,
los agentes sociales ni todos los partidos de la oposición, sino también
la mayoría de los países europeos los que pueden constatar que la
sensibilidad del Ejecutivo español respecto al problema del paro,
justamente en el país que tiene el paro más alto de Europa y de la OCDE,
es una sensibilidad bajo mínimos. El paro más alto de Europa y la
sensibilidad social más baja de Europa. Señor Aznar, ésa ha sido su foto
en Luxemburgo.
Por mucho que ahora quieran dulcificar retóricamente lo que ha sido la
postura más dura, más glacialmente insensible, más conservadora en estado
puro, la foto, creemos, ya está movida. Ustedes no quieren ni asumir los
mínimos compromisos con la Europa social que países y gobiernos tan
ultraconservadores como el suyo ya están dispuestos a asumir. ¿Por qué
esta postura, señor Aznar? ¿Por falta de capacidad económica? Parece
difícil de creer, justo cuando practican una política de privatizaciones
tan rotunda como rotundamente ineficaz para resolver algunos de los
problemas estructurales de la sociedad. Parece que ustedes, señor
presidente, hacen con las privatizaciones lo mismo que con la cumbre de
Luxemburgo: ni un gramo de sensibilidad social.
No se han comprometido con la Europa social, señor presidente, la que
nace, la que se mueve, la que quiere consolidarse, la que hacía falta. Y
no ha sido por falta de dinero, puesto que ni tan sólo tienen
cuantificado el coste, sino porque no quieren priorizar las políticas de
empleo, porque no creen en la Europa social, porque no les preocupa como
primera prioridad.
Para acabar, señor presidente, Europa se ha movido en la dirección
correcta. En este momento casi histórico de construcción de la Europa
social, su Gobierno, en lugar de estar en la dirección de la nave, en la
marcha del tren, ha preferido resucitar ese viejo y rancio lema de la
España es diferente, tan diferente que esta vez ha dado pena.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra, en cuarto lugar, la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, señoras y señores diputados, Eusko
Alkartasuna quiere hacer unas referencias, siquiera sean muy someras, a
los resultados de esta cumbre. En primer lugar, cómo no, nos
congratulamos de los resultados de este Consejo europeo de Luxemburgo en
la medida en que han permitido establecer unas directrices para el
empleo. Y ello especialmente ante la perspectiva, más bien pesimista, que
se podía prever especialmente en momentos anteriores, perspectivas
pesimistas y un aire de no consecución de esta importante cumbre de
Luxemburgo. Creemos que es muy importante porque, como hemos dicho
durante mucho tiempo, era necesario tocar el problema más grave y más
evidente con el que topan 18 millones de ciudadanos europeos: el
desempleo. Creemos, como se ha señalado en muchos ámbitos, que la cumbre
de Luxemburgo en materia de empleo va a ser un punto de partida y nunca
de llegada.
Estamos de acuerdo con el hecho de que no se puedan hacer distinciones
entre esfuerzos de convergencia y esfuerzos de empleo, pero no es menos
cierto, como señalaban las propias conclusiones de la Presidencia en
Luxemburgo, que estos resultados, con un entorno favorable económico, no
van a permitir compensar la pérdida de empleos que sufrió Europa a
principios del año 1990, y, en cualquier caso, hay que hacer algo más que
ese esfuerzo de convergencia. Es necesario coordinar, y estamos
absolutamente de acuerdo, las políticas nacionales de empleo. Por ello,
lógicamente nos congratulamos de que ese artículo 128 del Tratado haya
sido anticipado para permitir una estrategia coordinada de la manera más
eficaz.
Hablar de formación, hablar de pymes, hablar de investigación, hablar de
redes transeuropeas son cuestiones de las que desde Eusko Alkartasuna
hemos hablado a lo largo de todo este tiempo. Especialmente estas
cuestiones nos han llevado incluso a mostrar nuestra posición en los
Presupuestos Generales del Estado en algunas ocasiones porque entendíamos
que no había un esfuerzo suficiente en estas materias. Si nos hemos
congratulado de este resultado, no podemos decir lo mismo respecto del
papel del Estado español en esta cumbre. Creemos que no ha sido un papel
especialmente positivo, particularmente en los albores de la misma. La
cláusula del opting out, del párrafo 49 --llámesele cláusula de
salvaguarda o ampliación de plazo--, no es especialmente correcta para un
Estado que tiene el más alto porcentaje de desempleados. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
Se nos dice que con esta tasa de desempleo no se va a poder cumplir el
objetivo en cinco años, pero yo creo que eso no nos tiene que llevar a un
cierto alivio sino, muy al contrario, a una cierta preocupación todavía
más agravada, por dos razones: en primer lugar, porque lo único que
significa eso es que ese España va bien, o esa bonanza económica, como ya
señalaban las conclusiones de la conferencia de la cumbre de Luxemburgo,
no nos va a permitir superar ese problema del desempleo; y, en segundo
lugar, porque esa cláusula de ampliación no puede significar, como he
señalado, una especie de respiro o alivio sino, muy por el contrario, nos
tiene que llevar a plantearnos, de manera concreta y claramente, cuáles
son los esfuerzos y cuál va a ser el plazo necesario. No hace falta decir
que se ha aumentado el 35 por ciento, sino que hay que decir cuánto hay
que aumentar, cuánto va a costar, en qué plazos se va a realizar y todas
estas cuestiones para no quedar desmarcados.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, vaya concluyendo, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Voy concluyendo, señor presidente.
Me imagino que serán cuestiones a contemplar en el plan nacional de
empleo. No queremos dejar de señalar que en el párrafo catorce de esas
conclusiones aparece una cuestión clara desde nuestro punto de vista. La
referencia a las entidades regionales, a ese principio de subsidiariedad,
nos viene a dar la razón diciendo que, realmente, el tema del empleo no
es algo ajeno a las comunidades autónomas y que éstas en ese ejercicio de
gestión, en ese ejercicio de realización de actividades y políticas
activas, mucho tienen que decir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, señor presidente del
Gobierno, afortunadamente los pasados días en Luxemburgo se rompió la
tendencia habitual de muchos consejos europeos poniendo un gran ímpetu y
muchas energías en la convergencia nominal. Afortunadamente --esperemos
que sirva de precedente--, se empiezan a sentar los cimientos de un
impulso hacia lo que siempre hemos solicitado, la sensibilidad social, la
convergencia real, la lucha contra
el paro y la creación de puestos de trabajo. Se ha puesto encima de la
mesa la oportunidad de luchar contra ese grave problema, contra esa lacra
social en toda la Unión Europea que afecta a más de 18 millones de
ciudadanos. Por tanto, creo que es un paso importante. España acudió a
esa cumbre, como usted bien sabe, con el privilegio, entre comillas, de
tener una tasa superior a la media de la Unión Europea, doblándola casi,
pasando del 21 por ciento. A pesar de que en España se ha roto la
tendencia de esa tasa y empieza a descender, es importante esta cumbre
para empezar a sentar las bases de lo que tiene que ser un objetivo común
de todos los ciudadanos de la Unión Europea y, por supuesto, del Gobierno
español y de todos los interlocutores sociales, empresarios y ciudadanos
de la Unión: crear puestos de trabajo.
Ha sido importante romper la tendencia de obsesión por la convergencia
nominal, romper el paso, intentar poner todas la energías en ese objetivo
de creación de puestos de trabajo y empezar a caminar para que la Unión
Europea sea un conjunto unido y un proyecto que tenga futuro. Sí a la
convergencia nominal, pero, con la misma intensidad, luchar y poner los
medios para conseguir esa convergencia real y que se creen puestos de
trabajo.
Esa tasa del 21 por ciento en España, que afecta principalmente a
mujeres, es también uno de los motivos de gran preocupación del diputado
que les habla en lo que hace referencia a los jóvenes, porque más del 40
por ciento de los jóvenes entre 18 y 25 años se encuentra en situación de
desempleo; un desempleo distribuido de una manera muy irregular entre las
distintas comunidades del Estado español, especialmente con tasas muy
elevadas en Andalucía y Extremadura, pero también en la Comunidad
Valenciana, muy por encima de la media del Estado español. Son más de
700.000 jóvenes en el Estado español los que esperan una oportunidad.
Repito que es importante romper la tendencia hasta ahora llevada por los
consejos y que el solo gesto y la voluntad de ver que ese problema está
ahí, que es importante y que hay voluntad de poner el mismo ímpetu en la
convergencia real, en la creación de puestos de trabajo, es un motivo de
satisfacción. Es un pequeño, un tibio paso hacia adelante, pero es
importante.
En primer lugar, tengo que valorar como positivos esos datos de la cumbre
de Luxemburgo, pero debo añadir, en segundo lugar, que ha dejado muchas
cosas importantes sin la debida atención. Es cierto que se ha prestado
atención a la formación, con especial referencia a la relación entre la
universidad, la formación y el empleo; a la polémica sobre la jornada
laboral; a la importancia de la economía social, incluso se han
instrumentado fórmulas fiscales y financieras para tratar de crear
empleo. Sin embargo, se ha echado en falta una discusión en profundidad
sobre la economía sumergida y su relación con el desempleo. Hay sectores
productivos completos, sobre todo en el Estado español y usted bien lo
conoce, que se han visto obligados a sumergirse para evitar la presión
fiscal y de costes, reduciendo su potencial evidente de creación de
empleo. Este es el tipo de cuestiones que deberían de atenderse de forma
prioritaria. No se ha prestado la debida atención, por ejemplo, a otros
fenómenos como la inmigración, el denominado dumping social de países
terceros, ni el potencial de creación de empleo de las corporaciones
locales y de los gobiernos regionales mediante actuaciones en materia de
servicios sociales.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, le ruego concluya, por favor.
El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo rápidamente.
Todo ello, previsiblemente, deberá ser atendido en una próxima cumbre de
empleo en la que esperemos haya mayor sensibilidad social en lo real y en
la creación de puestos de trabajo, formación a los jóvenes y apoyo a las
pymes. Hay que apostar por ese reto de futuro, por ese plan de empleo que
usted nos ha ofrecido hoy para que contribuyamos. Unión Valenciana quiere
contribuir porque es necesario invertir en ello y creemos que vale la
pena. La cuestión social, la creación de empleo, la convergencia real han
sido debatidas por primera vez en esta cumbre. Más vale tarde que nunca.
En el camino de luchar por esos objetivos de crear empleo y acabar con la
tasa de paro tendrán a su lado a Unión Valencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo. Tiene la palabra el señor
presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señoras
y señores diputados, quiero empezar por agradecer a los distintos
portavoces de los grupos parlamentarios que han intervenido sus
comentarios y observaciones y, en algunos casos también, las aportaciones
que han hecho en lo que significan unas acciones y propuestas positivas
para seguir luchando contra el desempleo y, al mismo tiempo, estimulando
políticas que sirvan para que nuestro país siga perfeccionando la
situación actual de nuestra economía en la cual, como he dicho, se vive
un momento de creación de empleo intenso. Quiero decir también que ha
habido alguna intervención que me ha parecido especialmente desorientada,
sin duda por desconocimiento, no por mala intención. Me propongo también
a lo largo de estos comentarios hacer una serie de reflexiones que pueden
ilustrar algún desconocimiento que existe sobre el tratamiento del
Consejo europeo.
Comparto muchas de las cuestiones que ha dicho el portavoz de Coalición
Canaria, don José Carlos Mauricio, incluso la definición desde el punto
de vista político.
Comparto el método de decir que es un poco difícil de explicar cómo se
puede estar radicalmente de acuerdo con las conclusiones del Consejo
europeo de Luxemburgo y estar radicalmente casi en desacuerdo con el
Gobierno que ha participado en la redacción y adopción de esas
conclusiones y que, además, apoya esas mismas conclusiones. Es un poco
difícil de explicarlo, aunque puede tener una explicación. La explicación
puede ser que cuando se ha apostado y se ha anunciado un fracaso
clamoroso del Consejo y éste no se ha producido, a alguien hay que
imputarle la responsabilidad o el fracaso para quitarse de en medio lo
que significa un error de juicio grave. (Aplausos.)
Al final, señorías, se comparten las conclusiones del Consejo europeo de
Luxemburgo, lo cual es un elemento de satisfacción; y se comparte también
una preocupación de futuro sobre el empleo. Preocupación que es razonable
pensar que nace de la realidad, de los datos, que no nace de ningún
ejercicio ilusorio o fantasmal, o de ninguna realidad inventada; que es
la realidad de nuestros datos la que nos hace estar preocupados por el
empleo y, en consecuencia, por los altos niveles de desempleo que
tenemos.
Las reflexiones que ha hecho el Consejo y las políticas que se practican
suponen un enfoque correcto de la situación, sin demagogias ni ningún
tipo de irresponsabilidades. Sería muy fácil caer en ésas y sería muy
fácil, naturalmente, cargar, bien a los Estados de responsabilidades que
no pueden cumplir, bien a los presupuestos, que harían quebrar una
tendencia financiera hacia la estabilidad, hacia el saneamiento y hacia
las posibilidades de consolidar una recuperación económica y la creación
de empleo. Yo, naturalmente, prefiero que el Gobierno apueste siempre por
lo que es una dinámica y una actitud de responsabilidad y de coherencia,
aunque eso suponga, evidentemente, algunas críticas desde el punto de
vista de lo que significa alguna posición equivocada cuando no
sencillamente demagógica.
En mi opinión, hay que tratar esta cuestión, después de las reflexiones
que SS. SS. han hecho, desde tres puntos de vista. En primer lugar, la
realidad que asumimos; en segundo lugar, el Consejo europeo; y, en tercer
lugar, los planes inmediatos. Respecto de la realidad, conviene que se
asuma tal y como es, sin ningún tipo de distorsión. Hay una demostración
bastante palpable por los hechos de que hay políticas que crean empleo y
políticas que no lo crean. Y los hechos en este momento demuestran que
hay políticas en nuestro país que, afortunadamente, crean empleo. Es
difícil acudir a un Consejo de Luxemburgo en una situación defensiva,
como decía algún portavoz, cuando se está creando el 50 por ciento del
empleo que se está creando en la Unión Europea. Es muy difícil,
prácticamente se puede decir que es imposible. (Aplausos.) Se puede
acudir con la preocupación de que esa tendencia se consolide, de que esa
tendencia aumente, de que esa tendencia sea más intensa en el futuro,
pero es muy difícil acudir, sinceramente, con una actitud defensiva. Y es
también muy difícil acudir a un consejo, a ése o a cualquiera, en un
actitud que no sea de profunda preocupación cuando se arranca de las
tasas de paro o de desempleo que tiene nuestro país. Por tanto, esas son
las dos caras desde las que hay que afrontar el problema de aquí al
futuro inmediato, partiendo de lo que son las conclusiones del Consejo
europeo.
En este momento, nuestro país tiene una realidad de crecimiento que se
cifra en torno 3,5 por ciento; con una tasa de creación de empleo en
torno al 3 por ciento; con un superávit de la balanza de pagos del 2 por
ciento; con una inflación del 2; con un déficit del 2,9; con unos tipos
de interés del 5 por ciento, y con una situación en que las pequeñas y
medianas empresas son en su inmensa mayoría, hasta en un 80 por ciento,
las que están generando en este momento empleo en nuestro país. Esa es la
situación de la cual se parte y que hace que, lejos de tener alguna
reserva a lo que es posible cuantificar razonablemente, los años 1996 y
1997 la economía española vaya a crear más de 550.000 empleos netos de
trabajo y la tasa de paro se haya reducido en nuestro país, en 18 meses,
del 22 por ciento a por debajo del 20 por ciento. Esa, naturalmente, es
una política que produce un resultado determinado y que se ha hecho
descendiendo los tipos de interés porque se ha ajustado el presupuesto o
porque se han practicado políticas que permiten reducir en gastos
financieros para aumentar las políticas activas, que son las que nos
pueden ayudar en la creación de empleo y así ahorrar en políticas pasivas
porque se está reduciendo el desempleo. Esa es la actitud correcta. La
actitud que genera paro y que nos lleva a un 22 por ciento es la que no
hace nada de esto, pero que consigue tener muchas más políticas pasivas
que activas, mucho más desempleo y, al final, muchas más dificultades
para la economía española y, por supuesto, para todos y cada uno de los
desempleados y de los parados que hay en nuestro país.
Esos son los datos, junto con los relativos a los jóvenes, que desde la
aplicación de la reforma laboral, juzgada positivamente tanto por
empresarios como por sindicatos, está produciendo excelentes resultados:
200.000 jóvenes han encontrado un empleo estable o se ha triplicado la
tasa de creación de empleo estable en nuestro país. En este mes de
noviembre, señorías, se están firmando más de 4.000 contratos diarios
estables, indefinidos, de los cuales la inmensa mayoría corresponde a los
que se producen como consecuencia de la reforma laboral, esa reforma que
está haciendo que los contratos precarios, los contratos temporales,
pasen en su mayoría, una mayoría muy importante, a ser contratos
indefinidos y estables. Que esto se genere también en el ámbito de las
pequeñas y medianas empresas es, en mi opinión, un elemento claro de
optimismo respecto del futuro. Quiero decir que ésta es la
realidad de la que se parte y que sólo nos indica que estamos en la
orientación y en el enfoque correcto, pero que no nos debe hacer olvidar,
en absoluto, lo que es nuestra dificultad.
Señorías, comentaba recientemente que cuando se ve algún país con una
tasa de paro del 6, del 7 ó del 8 por ciento y nuestro país ha llegado al
23 por ciento es que algo se ha hecho mal aquí. No sé cómo se llamarán
esas políticas, pero algo no ha funcionado. (Aplausos.) Si esa tasa de
paro --bien hacemos al reflexionar sobre ello-- empieza a descender y si
se empieza a generar empleo de una manera intensa, creo que es un enfoque
correcto de la situación. Me preocuparía que siguiésemos practicando
políticas que nos llevan a la tasa de actividad más baja de toda la Unión
Europea, al mayor número de jóvenes que buscan trabajo, al mayor número
de desempleados de larga duración y, naturalmente, a tener una tasa de
paro del doble de la media europea. No debemos haber hecho algo bien. Si
se plantea la cuestión en términos de olvidar datos o preguntando quién
hace más objetivamente por el empleo con datos en estos momentos en
muchos países, y por supuesto en el nuestro, ahí hay unos datos que
ponemos encima de la mesa y estamos seguros de que hay otros países que
no pueden poner.
¿Por qué tenemos especial necesidad de practicar esas políticas? Porque
tenemos la tasa de paro más alta de Europa. ¿Por qué tenemos que
gastarnos tanto dinero en políticas pasivas? Porque tenemos que pagar,
evidentemente, la situación de muchos parados. Y, además, ahora queremos
convertir políticas pasivas en políticas activas. Espero que cuando se
hacen todas las imputaciones que se han hecho a la puesta en marcha de
políticas activas se diga de dónde quieren salir los recursos y se haya
tenido el cuidado, como alguien ha dicho aquí, de cuantificar y de ver
cuáles son algunas de las expectativas. Porque de los años 1995 a 1997,
las políticas activas en España han pasado de suponer un 11 por ciento a
superar el 20 por ciento; del año 1995 al año 1997, repito. Para el año
próximo, el aumento presupuestario está en torno al 35 por ciento. Pero
eso no ocurre por casualidad, ocurre porque se están reduciendo políticas
pasivas porque hay menos parados en nuestro país, por eso ocurre
exactamente. Cuando se dice que hay que seguir materializando ese tipo de
políticas, se me ocurre pensar, señorías, que, además de los esfuerzos
adicionales habrá que seguir acompasando ese tipo de políticas a la
disminución del desempleo en España y, por tanto, a la reducción de la
tasa de paro en nuestro país. Esta es, sencillamente, la realidad que
tenemos que afrontar, porque yo no me puedo creer que haya nadie que nos
diga que cambiemos todos los recursos de las políticas pasivas a
políticas activas. No me lo puedo creer, sencillamente, porque me
parecería una posición política absolutamente imposible, disparatada e
increíble.
Quiero decir, por otra parte, señorías, que el Consejo europeo no
solamente abre un nuevo camino y una nueva etapa en la que todos nos
felicitamos respecto del tratamiento del empleo como un problema común en
Europa, sino que también da unos primeros pasos en relación con el nuevo
escenario que se tiene que producir en Europa después de la puesta en
marcha de la moneda única. Es importante reflejar esto porque no se hace
en una apelación a las reformas estructurales, a la competitividad, a la
moderación salarial o a invertir la tendencia de crecimiento de la
presión fiscal global reduciéndola. No se hace por casualidad ni, mucho
menos, por un capricho ideológico. Incluso por un capricho ideológico
--como alguien lo ha definido-- en un consejo mayoritariamente con
gobiernos progresistas, ni siquiera se hace eso. Se hace porque todos nos
tenemos que ir acostumbrando a lo que puede ser, debe ser y va a ser el
nuevo escenario una vez que se ponga en marcha la moneda única. Eso
significa que renunciando a capacidad de absorción, en épocas de crisis
económica o en épocas de vulnerabilidad para la economía española, en lo
que significan las posibilidades de jugar con el tipo de cambio y la
devaluación, sujetos a un plan de estabilidad que naturalmente limita las
posibilidades fiscales en el país, o se apuesta claramente por lo que es
la competitividad de las empresas, las reformas estructurales seriamente
establecidas que determinen una mayor posibilidad de competencia a
nuestro país en particular y la moderación salarial y la fiscalidad, o
cuando exista un choque de crisis en estas condiciones de moneda única
unos países lo pagarán más duramente que otros. Y el nuestro, todavía con
una tasa de paro en torno al 20 por ciento, tiene, evidentemente, unos
riesgos extraordinariamente importantes de los que hay que salir al paso
y evitar que se produzcan. Por eso, entre otras cuestiones, es muy
importante que esas políticas se pongan en marcha.
Hechas estas reflexiones en cuanto a la realidad, señorías --las menciono
porque, naturalmente, hoy ya nadie duda de que España formará parte de la
moneda única desde el comienzo, y eso lo tenemos a la vuelta de la
esquina--, quisiera hacer alguna mención al Consejo. Señorías, he
explicado lo que ha sido el Consejo europeo de Luxemburgo, pero no he
podido explicar, ni podré explicar nunca, lo que a alguno le hubiese
gustado que hubiese sido el Consejo europeo de Luxemburgo; ni podré
explicar nunca las invenciones o disparates que se han dicho en torno al
Consejo europeo de Luxemburgo. Se han puesto de manifiesto supuestas
informaciones; ha habido declaraciones; ha habido, por supuesto,
descalificaciones, incluso hasta algún ramillete de insultos, sobre unos
hechos que no se han producido y que no figuran en las conclusiones del
Consejo, que no son más que la invención de gente que es incapaz de
aceptar que el Consejo europeo no ha sido un fracaso, sino que ha sido un
éxito para Europa. (Aplausos.)
Si es difícil estar de acuerdo con las conclusiones del Consejo y, al
mismo tiempo, estar en radical desacuerdo con quien ha participado en la
redacción de las conclusiones del Consejo --en este caso, creo que ha
sido el portavoz del Grupo Socialista quien lo ha dicho--, no me parece,
sinceramente, que entre dentro del terreno de la coherencia ni de la
seriedad, dicho sea con el ánimo más amplio posible, intentar dividir el
Consejo europeo entre los que mantienen una posición socialista o
socialdemócrata y los que manifiestan otra posición. Decir que este
Consejo europeo se ha celebrado porque ahora hay una mayoría progresista
y antes no la había es sencillamente absurdo. (Rumores.--Aplausos.) Decir
que anteriormente unos malvados gobiernos, de no sé qué orientación,
impedían hacer un consejo sobre el empleo mientras que la brillante
aportación española, con un Gobierno supuestamente progresista, era poner
encima de la mesa una tasa de paro del 23 por ciento es absurdo, no tiene
ningún sentido. (Aplausos.)
No tiene ningún sentido y es bastante disparatado hablar de la dramática
soledad del Gobierno, porque volviendo otra vez a la tesis del señor
Mauricio es bastante difícil encontrarse uno en dramática soledad y que
sus propuestas prosperen. Caben dos cosas, o no está uno en dramática
soledad sino más bien apoyado por los demás, o la dramática soledad de
uno es profundamente rentable para lo que quiere defender en los consejos
europeos. Es prácticamente imposible hacer una cosa y la contraria al
mismo tiempo. Además, vuelve a ser absurdo cuando el canciller Kohl
plantea que la formación para los parados, que se tiene que aproximar a
la media de los tres países que la tengan mejor en Europa y baje del 25
por ciento al 20 por ciento, no está dando una respuesta ideológica a un
problema que tienen especialmente los nuevos Länder, está dando una
respuesta desde las necesidades económicas y presupuestarias de Alemania,
no de España, que se comprenden también por los demás países y se apoyan.
Eso no corresponde con ninguna situación en ese caso de dramática soledad
para Alemania; como no corresponde para el primer ministro de Francia
hacer una propuesta de armonización de las legislaciones sociales y
fiscales de Europa y que no prospere, y que no prospere además por la
intervención especialmente beligerante e inteligente de otro primer
ministro socialista europeo. ¿Y qué sentido eso? ¿Que se ha quedado
dramáticamente solo el primer ministro francés, el primer ministro de
Gran Bretaña o el primer ministro de Dinamarca? Cuando se aceptan las
propuestas ¿por qué se tiene que quedar uno dramáticamente solo?
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio! Un momento, señor presidente. Señora
López i Chamosa le llamo al orden. Silencio, señor Yánez.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Hay una cuestión que fue
especialmente interesante, el debate sobre la cuantificación. El Gobierno
español no ha tenido nunca inconveniente en cuantificar aquello que
corresponde a una dirección lógica de los acontecimientos y de las cosas.
Hemos presentado un programa plurianual, apoyado por un plan de
convergencia, en el cual se cuantifica la creación de puestos de trabajo,
en cuatro años, aproximadamente en un millón de puestos de trabajo netos
en nuestro país. Creemos sinceramente que se va a cumplir. El término
medio en el que estamos ahora --que ya he dicho la cifra, más de 550.000
empleos-- más la previsión del año 1998, la previsión del Gobierno, la
previsión de la Comisión europea, del Consejo europeo, de la OCDE, todas
lo comparten; probablemente alguien en esta Cámara, no, pero todos los
demás sí comparten que es perfectamente posible ese objetivo. Hay un
problema en cuanto a la cuantificación, y es que es muy difícil
establecer posiciones de cuantificación no solamente por las diferencias
entre cada país sino por las diferencias estadísticas, como establecen
las propias conclusiones del Consejo. Hay una exigencia por parte del
Consejo para intentar armonizar lo que pueden ser diferencias de
contabilidad estadística que causan muchos problemas en general en el
ámbito europeo y muchos problemas para muchos países que, al no utilizar
magnitudes homogéneas, dan a sus opiniones públicas unas señales muy
equivocadas de las cuales no son en absoluto responsables. Yo espero que
en la parte que a nosotros nos corresponde también aquí seamos capaces de
abrir una reflexión sobre la necesidad de encontrar unos mecanismos más
homogéneos para la presentación de determinadas estadísticas.
Señorías, esta es la realidad. Luego la realidad se puede presentar como
se quiera. Recientemente el Gobierno compareció en la Cámara para
explicar su posición respecto a la política agraria común, y he tenido la
oportunidad de escuchar que el Gobierno también se había quedado aislado.
Pues podemos no quedarnos aislados. Basta con decir que con las actuales
líneas financieras agrícolas se va a financiar la ampliación de la Unión
Europea y verán lo que nos van a recordar a todos, empezando por los que
han dicho que el Gobierno se quede solo, los agricultores españoles
dentro de muy pocos meses. (Aplausos.--Rumores.) Así de sencillo. Por
tanto, pongamos la cuestión en el ámbito de la construcción europea, del
sentido común y también cuando corresponda, y corresponde siempre, en el
interés español, cosa que siempre hay que tener presente y cosa que casi
siempre suele ser perfectamente compatible con llegar a situaciones de
consenso en el marco del Consejo europeo, como ha sucedido en este
Consejo europeo de Luxemburgo.
A las políticas se les pueden pedir y poner los apellidos que se quieran.
Menos mal que en esta tarde solamente nos hemos quedado en thatcheristas.
Si después
de los datos de creación de empleo que he dado, si después de firmar un
acuerdo sobre la reforma laboral con empresarios y sindicatos y otro
sobre las pensiones, este Gobierno tiene que recibir esa apelación de
thatcherista, tampoco nos vamos a preocupar en absoluto por el asunto. A
mí lo que me preocupa es que la cuenta del empleo al final sea buena para
los españoles; ningún adjetivo ni a un lado ni a otro lado de la Cámara,
en absoluto. (Aplausos.--Rumores.)
En algún momento del debate distintos portavoces --y voy contestando de
la manera en la que se han planteado algunas de estas cuestiones-- han
hablado de una supuesta autoexclusión de algunos objetivos,
fundamentalmente respecto al contrato de inserción. Les puedo decir que
en todos los consejos, especialmente en estos temas, en todas las
ocasiones, hay que andar con extraordinario cuidado y tiento, también en
lo que se refiere a la redacción. Hubo un debate interesante porque la
versión inglesa utilizaba el término empleabilidad mientras que la
versión francesa utilizaba el término inserción, y no crean SS. SS. que
es una casualidad que una versión utilizase una fórmula y otra, otra,
sino sencillamente es una cuestión en virtud de la cual determinados
términos perfectamente comprensibles para opiniones públicas en uno o en
otro país, supuestamente ambos de la misma orientación ideológica en este
momento, planteaban algunos problemas. Pero yo les quiero decir que
respecto a lo que significa la inserción, combatir el desempleo juvenil,
quisiera hacer algo que en gran medida no se ha hecho o no he visto que
se haya hecho de una manera seria y coherente durante estos días. Quiero
decir que una cosa es leer lo que a uno le conviene de algunos diarios y
otra cosa distinta es prestar un poquito más de atención y de trabajo a
las conclusiones del Consejo. Y estas conclusiones del Consejo dicen que
en un plazo fijado por cada uno de los Estados miembros, que no podrá ser
superior a cinco años, y añade que este plazo podrá ser superior en los
Estados miembros que tengan una tasa de empleo particularmente elevada,
los Estados miembros tomarán medidas oportunas. Dice podrá, eso es lo que
dice. ¿Dice para un país? No. Para los Estados miembros. ¿Cuáles?
Aquellos que consideren ellos que pueden tener en un momento determinado
una tasa de paro elevada; el que sea, el Estado que sea. Y hay algunos
que hace unos años estaban en unas tasas de desempleo del 9 por ciento y
ahora están con unas tasas de desempleo del 14 por ciento. Pero fíjense
que aun en el supuesto de que nosotros aceptásemos, que desde luego no lo
hacemos, que se tratase de una posible cláusula de exclusión, no se
podría plantear ni saber hasta dentro de cinco años, porque hasta dentro
de cinco años no se sabrá si es necesario o no alargar ese plazo, y para
eso están los planes nacionales de empleo y para eso se tienen que
determinar los objetivos y las cuantificaciones en los planes nacionales
de empleo. (Rumores.) Naturalmente el compromiso de todos es el de
cumplir esos objetivos, y naturalmente el compromiso es cumplirlos con
esa flexibilidad en los plazos determinados. Ahí entra en juego lo que
significan políticas de coherencia o políticas de rigor presupuestario
también. Habrá alguna de SS. SS., algún portavoz tal vez, que no le
importe firmar no sabiendo lo que cuestan algunas políticas o sabiendo
que esas políticas pueden tener un coste muy cercano al billón de
pesetas, con independencia de lo que sea la evolución del desempleo, con
independencia de lo que sea la evolución económica del país, con
independencia de que no es lo mismo la realidad de un país con un 20 por
ciento de paro que la realidad de un país con un 6 por ciento de paro o
con la realidad de que no es lo mismo tener que formar, como ha dicho el
señor Molins, a 14.000 personas que a un millón 300.000 personas. Podrá
decir: Y dentro de cinco años ¿a mí qué me importa? (Un señor Diputado:
¡Qué horror!) Si hay otro, que lo arregle, y si no ya echaré la culpa a
otro. Pues yo quiero decir que no estoy dispuesto a que ésa sea la
política española; estoy dispuesto a que el rigor del primer momento
emprenda los trabajos del plan nacional de empleo. Y con ese rigor es con
el que yo quiero trabajar, absolutamente. (Aplausos.)
Se ha planteado también por qué el Gobierno no dedica una parte de los
resultados de las privatizaciones a políticas activas. La respuesta es
bien sencilla. Porque la Unión Europea no lo permite. Hasta el año 1995
eso era posible, desde el año 1995 no es posible, y toda imputación de lo
que significan productos de privatizaciones a gasto se computa
automáticamente como déficit. Por tanto, pueden meter algunas de SS. SS.
el dinero que quieran en políticas activas, pero saben que quiebra en
este momento lo que significa la política de déficit y la entrada de
España, cumpliendo sus condiciones, en la moneda única. Hay que saber
algo tan elemental como eso. (Aplausos.) Pero digo que eso ha sido así
hasta el año 1995. Lo que hay que preguntarse es por qué no se hacía
entonces hasta el año 1995, a dónde iba el déficit el año 1995, a dónde
iban las privatizaciones. (Rumores.) Es igual. Ahora nos tenemos que
ocupar de hacer lo posible por que siga la tendencia de creación de
empleo, de reducción del paro y, por tanto, podamos seguir aumentando,
como hacemos, las políticas activas y no seguir aumentando las políticas
pasivas, que es tanto como decir en gran medida el mantenimiento de altas
tasas de desempleo.
Quiero salir brevemente al paso sobre que la ordenación del tiempo de
trabajo aplicada a las negociaciones de empresarios y sindicatos ha sido
obstaculizada por el Gobierno. No solamente no es verdad sino que es
verdad exactamente lo contrario. Es verdad que el Gobierno, ayer, hoy y
mañana, si alguien propone hacer por ley o por norma legal una reducción
global de la jornada laboral por las buenas va a decir que no, pero el
Gobierno ha dicho que si patronal
y sindicatos, en su diálogo social, llegan a conclusiones a nivel de
empresa o de sector de reorganización o de reparto del tiempo de trabajo
no solamente no tiene ningún inconveniente, sino que le parece muy bien
(Un señor Diputado: ¡Sólo faltaría!), pero por negociación colectiva y
por diálogo social, no con carácter legal impuesto a todos los
trabajadores del país. (Rumores.)
El señor Anguita ha manifestado que el Gobierno tendría más crédito
cuando presentase el plan nacional de empleo. Lo vamos a presentar dentro
de pocos meses. Hemos presentado ya un programa plurianual de empleo y
tenemos que presentar antes del mes de junio a la Comisión y al Consejo
el plan nacional de empleo. El señor Anguita sabe que con sus
planteamientos --que sin duda yo respeto plenamente-- yo no estoy de
acuerdo. (Rumores.) Yo no creo que se puedan crear empleos públicos ni
que el Consejo de Luxemburgo haya sido un mal ni que la Unión Monetaria
lo sea. Comprendo que S. S. lo diga, lo digo yo también con todo el
respeto, pero no estoy de acuerdo con ello en absoluto. Quiero decir que
espero también la aportación de su grupo en el momento en que podamos
debatir el plan nacional de empleo; la espero. Espero la aportación de su
grupo en el momento en que podamos debatir el plan nacional de empleo.
Como alguien ha pedido, me parece que el señor Molins o el señor
Mauricio, un debate sobre estas cuestiones, yo tengo que decir que no
tengo el más mínimo inconveniente en hacer ese debate. Cuando la Cámara
lo acuerde, el Gobierno se someterá a ese debate con mucho gusto en Pleno
o en Comisión, como la Mesa acuerde, sin ningún tipo de restricción por
nuestra parte. En este momento contamos con unas orientaciones, con unas
conclusiones, con unas directrices aprobadas por el Consejo europeo de
Luxemburgo que deben ser confirmadas por la Comisión y por el Consejo de
dentro de unos días en Luxemburgo y deben servir para la elaboración del
plan nacional de empleo. Hay algunas políticas que no solamente van a
continuar sino que se van a ver reforzadas por el plan nacional de
empleo.
Yo he pretendido agrupar esas políticas, y ya paso a la última parte que
sin duda es la de aportación positiva que han hecho algunos portavoces,
de lo que significan las reformas estructurales necesarias. Si en el
marco del debate del sistema fiscal se quiere plantear como un objetivo
prioritario la rebaja de las cotizaciones, estamos dispuestos a hablar
plenamente de eso y a llegar a las soluciones más positivas desde el
punto de vista del empleo. He hablado de determinadas políticas de
liberalización en sectores energéticos o de la ley concursal, etcétera.
He hablado del nuevo sistema de formación profesional para el próximo mes
de diciembre, de la reforma de los servicios de empleo, de la aportación
de las comunidades autónomas, de la responsabilidad que tienen
empresarios y sindicatos de empezar a negociar, y negociar rápidamente,
las cuestiones que afectan a la reordenación del tiempo de trabajo y de
lo que significa cumplir el mandato del Consejo europeo en relación con
la reforma de los seguros de desempleo y, por tanto, transformarlos en un
elemento de incentivación para la búsqueda del trabajo. Todas esas cosas
me parecen unas actitudes en las que no solamente esperamos colaboración
de interlocutores sociales, de comunidades autónomas, etcétera, sino
también colaboración --si es posible--y cooperación de los grupos
parlamentarios.
Algún portavoz, me parece que ha sido el señor Anasagasti, ha planteado
una duda respecto a los fondos estructurales. Creo que el señor
Anasagasti tiene otra orientación. Los fondos estructurales, como sabe el
señor Anasagasti, van determinados a la reducción de niveles y
diferencias de renta, no directamente a lo que es la creación de empleo.
Es evidente que cuando uno puede beneficiarse de fondos estructurales
algún reflejo tiene, debe tener o debería tener en la creación de empleo.
Esa es una cuestión. Y la otra que plantea el señor Anasagasti es la de
la reordenación interna de los fondos estructurales en virtud de la cual
algunos objetivos, como es el de las regiones menos desarrolladas,
detraigan algunos de sus recursos en favor de políticas de empleo para
otro tipo de regiones que no están estadísticamente entre las menos
desarrolladas; dicho de otra manera, algo que el señor Anasagasti cree
que puede convenir más en especial al País Vasco. Es bastante lógico que
usted lo diga. Yo quiero decir que ésta no es una posición, desde el
punto de vista de reforma general, que se pueda compartir antes de
conocer cuál va a ser el elemento final de las perspectivas financieras y
de la reforma de los fondos. Sí es algo muy importante que nos
cuidásemos, en el título del empleo que aprobarnos en Amsterdam, de que
la financiación de algunas de las operaciones o algunas de las medidas
que se adoptan en relación con el empleo, por ejemplo las líneas de
crédito aprobadas por el Parlamento Europeo, nazcan de créditos
presupuestarios referentes a políticas internas y no a los fondos
estructurales, que es una manera de reservar el montante financiero que
nos corresponde por fondos estructurales y de disponer, naturalmente, de
algunos recursos más en razón de otras políticas para el empleo.
Me he referido ya a los aspectos especialmente más preocupantes que
planteaba don José Carlos Mauricio. Quiero decir que en la medida, como
dice el texto, que sea oportuno y conveniente y en la medida de nuestras
posibilidades plantearemos objetivos cuantificados en el plan nacional de
empleo, como hemos hecho en el programa plurianual de empleo, pero
ajustados a lo que es la lógica económica y el desarrollo económico de
nuestro país.
Creo, señorías, que en líneas generales algunos de los comentarios de los
portavoces del Grupo Mixto al respecto están respondidos, no entrando en
otras consideraciones
que poco tienen que ver, sinceramente, con el Consejo europeo dedicado al
empleo.
En consecuencia, esta parte de futuro, señorías, necesita un gran
impulso. No nos hemos querido quedar ni en lo que se está haciendo ni en
la contemplación pasiva de los resultados del Consejo, sino que hemos
empezado a trabajar inmediatamente en una articulación activa de los
resultados del Consejo que al mismo tiempo ratifique la política que
estamos desarrollando en este momento. Quiero decir que ése es un
esfuerzo por el empleo, por el diálogo social, que garantiza el
crecimiento económico y la generación de empleo y, afortunadamente, a
estas alturas de su trayectoria política el Gobierno puede plantearse
unas cifras razonablemente positivas en creación de empleo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.--El señor Almunia Amann pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Almunia, sabe S. S. que en este tipo de debates no es habitual
conceder un segundo turno y que además, en todo caso, lo cierra el
Gobierno. ¿A qué efectos solicita la palabra?
El señor ALMUNIA AMANN: Señor presidente, he sido aludido y contradicho
directamente por el presidente del Gobierno (Protestas.), y como esto es
un debate en una sucesión de monólogos, en virtud del acuerdo que usted
considere conveniente, habiendo precedentes al respecto en debates que se
celebran sobre la base del mismo artículo del Reglamento, le pido la
palabra.
El señor PRESIDENTE: Señor Almunia, efectivamente hay un precedente que
generó usted mismo en el pasado debate de esta naturaleza, pero que no me
gustaría --lo digo con franqueza--, por no desnaturalizar los usos de la
Cámara, transformarlo en un precedente de alcance general. Es natural que
al cerrar el debate el Gobierno, que tiene esa facultad en el Reglamento,
contradiga y confirme argumentos que se han utilizado a lo largo del
mismo. En cualquier caso, señor Almunia, y sin que sirva de precedente,
tiene S. S. la palabra por dos minutos. (Rumores.--El señor De Grandes
Pascual pide la palabra.)
Señor De Grandes, ¿a qué efectos pide la palabra?
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, a dos efectos. En primer
lugar, para recordarle que este grupo parlamentario no ha intervenido y,
en segundo lugar, para recordar la aplicación de nuestro Reglamento, en
concreto el artículo 203 --y S. S. lo conoce muy bien-- que en su párrafo
3 prevé una intervención excepcional de los grupos, previo acuerdo de la
Mesa y oída la Junta de Portavoces, que si mal no recuerdo no se ha
producido. (Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Rogaría a S. S. que no entráramos en un turno sobre la aplicación del
Reglamento a estas alturas del debate. Lo que no he entendido muy bien,
señor De Grandes, con toda franqueza, es si S. S. solicita la palabra
para el Grupo Popular. (Risas.) ¿Solicita ahora la palabra para el Grupo
Popular? (Rumores.)
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, yo voy a hacer gracia a
SS. SS. del tiempo del debate... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Quiero expresar que mi grupo parlamentario
ha sido representado espléndidamente por el presidente del grupo
(Rumores.), que coincide además que es el señor presidente del Gobierno,
pero que no sirva de precedente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías!
El señor DE GRANDES PASCUAL: Y, por supuesto, reitero la exigencia de la
aplicación del Reglamento de que no hay turno excepcional porque no ha
habido acuerdo de la Mesa ni ha sido oída la Junta de Portavoces. (Varios
señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
La Presidencia estima que el turno que solicita el señor Almunia no es el
del artículo 203.3. El señor Almunia no ha pedido un turno nuevo de
diputados para formular preguntas o pedir aclaraciones, sino un turno de
contradicción.
Tiene la palabra por dos minutos, señor Almunia. Le rogaría que lo
hiciera desde el escaño.
El señor ALMUNIA AMANN: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, a la vista de
las réplicas que me ha dirigido, algunas veces citándome como
representante del Grupo Socialista en este debate y otras veces
aludiéndome sin citarme, y ya que estamos en un Parlamento, yo quería
contestarle por cortesía parlamentaria y por la importante naturaleza del
tema que estamos debatiendo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Continúe, señor Almunia, pero céntrese en la cuestión para ir concluyendo
el trámite.
El señor ALMUNIA AMANN: No tengan ustedes miedo, si el Gobierno cierra
los debates. Es de los debates más importantes que estamos celebrando en
esta
legislatura: el empleo y el compromiso de la Unión Europea, nada menos,
para implicar sus capacidades también en la lucha contra el paro. Por
tanto, creo que merece la pena asistir y felicitarnos de que nuestro
Reglamento actual, y espero que también el próximo, permita este tipo de
debates.
En primer lugar quería decir al señor presidente, para que no salga
confuso de este debate, que yo, ni antes ni durante ni después de la
cumbre extraordinaria sobre empleo de Luxemburgo, aposté por su fracaso.
(Rumores.) Yo sé que ustedes tienen obsesiones y neurosis, pero déjenme
hablar.
El señor PRESIDENTE: Señor Almunia, le ruego que se ciña a la cuestión.
Señorías, guarden silencio.
El señor ALMUNIA AMANN: Si van ustedes a las hemerotecas podrán comprobar
que yo siempre he apostado por el éxito de este Consejo, que el Partido
Socialista Obrero Español, en un documento escrito --que conoce el
presidente del Gobierno--, aprobado por el comité federal del día 15 de
este mes, apostó por el éxito de la cumbre de Luxemburgo y formuló
propuestas al respecto. He dicho y mantengo que el Gobierno --y hay
declaraciones que se podrían traer a colación si hubiese más tiempo para
el debate-- creyó que la cumbre iba a ser una mera declaración retórica
sobre el empleo y se equivocó, y cuando se dio cuenta de que se había
equivocado, que fue el 17 de noviembre, a la vista de cómo tuvo lugar el
Consejo jumbo de ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo, era
demasiado tarde para reciclar sus propias posiciones, que constan por
escrito y que si ustedes no las conocen yo se las envío.
En segundo lugar, no se puede caer en la contradicción, señor presidente
del Gobierno, de decir que todo va bien en materia de empleo y a la vez
que no podemos comprometemos con plazos fijos porque es tanto lo que
todavía hay que hacer que no sé qué hay que hacer, no sé si hay dinero
para hacerlo y no sé en cuánto tiempo se puede hacer. En este momento,
con los presupuestos que empieza a debatir el Senado y que tienen que
volver aquí antes de final de año, hay posibilidad de hacer más cosas y
hay recursos en España, sin desequilibrar el déficit público y cumpliendo
los compromisos de convergencia de Maastrich, para hacer más cosas.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Almunia, por favor.
El señor ALMUNIA AMANN: En políticas activas de formación, el crédito que
prevén los presupuestos que su Gobierno ha enviado a esta Cámara y que
nosotros hemos enmendado infructuosamente --lo digo por quienes decían
que dentro de pocos meses se pueden tomar más medidas; aprovechen y
enmienden los presupuestos en el Senado, señores de los grupos que apoyan
al Gobierno-- da la posibilidad por un bajo coste, dada la situación de
nuestras finanzas públicas, de duplicar el esfuerzo en materia de
formación para duplicar el esfuerzo en programas dirigidos a la inserción
de jóvenes, de mujeres en paro y de parados de larga duración.
En tercer lugar, quería aclarar al señor presidente del Gobierno que yo
me he referido con precisión a que su Gobierno ha estado en contra de que
las conclusiones de la cumbre de Luxemburgo hablen de reducción del
tiempo de trabajo --no de reordenación, sí de reducción--, y consta un
papel escrito por su Gobierno, enviado el lunes 17 a un consejo al que el
señor Arenas dice que no y el señor Rato, que no dice nada, asistieron,
pidiendo que se elimine del non-paper de la Presidencia luxemburguesa el
término reducción del tiempo de trabajo, a pesar de que estaba formulado
de una forma que yo comparto, de forma racional a mi modo de ver, que es
en el marco de la negociación de los agentes económicos y sociales.
El señor PRESIDENTE: Señor Almunia, concluya.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor presidente del Gobierno, usted se ha
reenganchado al final, pero todas las semanas previas a la cumbre y
durante la cumbre ha estado solo. (Aplausos.) (El señor Anguita González
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señor Anguita, si desea consumir el brevísimo turno, si tuviera la bondad
de hacerlo desde el escaño, ganaríamos tiempo. (Denegaciones.) Si desea
hacerlo desde la tribuna, hágalo desde la tribuna.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor presidente, señoras y señores diputados,
intervengo para formular algunas precisiones, dos en concreto: la primera
es que su Gobierno, el Gobierno anterior y los gobiernos que tengan que
venir siempre han encontrado y van a encontrar la propuesta concreta en
lo alto de la mesa, por escrito, mediante propuestas legislativas, y,
además, en carta dirigida a S. S., señor presidente, antes de la cumbre
de Luxemburgo, el Grupo Parlamentario y la fuerza de Izquierda Unida le
han planteado las propuestas por si tenía a bien llevarlas a esa cumbre
de Luxemburgo. En el terreno del trabajo concreto nos va a encontrar
siempre.
Una segunda cuestión. Parece deducirse de algunas intervenciones, en
concreto de la del señor presidente, que cuando nosotros planteamos la
reducción de la jornada laboral, y lo planteamos mediante una ley marco,
se trata simplemente de decir en un artículo único vengo en disponer que
la jornada se reduzca a treinta y cinco horas.
Ciertas precisiones. Primero, señor Aznar, la reducción de la jornada
laboral mediante ley marco significa un proceso legislativo amplio con un
diálogo entre las partes sociales, con un diálogo con la sociedad, con un
diálogo sobre los aspectos económicos, pero al final es esta Cámara la
que aprueba una ley marco porque esta Cámara es la responsable. Segundo,
hablar de la reducción a treinta y cinco horas es hablar de las horas
extraordinarias, es hablar además de cómo se han ido incrementando las
horas, año tras año, desde el año 1993 a este año 1997. Hablar de la
reducción de la jornada a treinta y cinco horas es atacar ese mal
endémico del pluriempleo. Hablar de la jornada de treinta y cinco horas
es hablar tranquilamente de la creación del fondo de inversión
obligatoria con una parte del excedente, es decir, con aquellas empresas
que inviertan en crear tejido productivo podemos dialogar a acerca de
exenciones fiscales, es cuestión de dialogar, pero hay que contemplar por
tanto la reducción de la jornada laboral mediante la creación del fondo
de inversión obligatoria.
El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, vaya concluyendo.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Termino ya.
Hablar, señor presidente, de treinta y cinco horas es hablar de la
jornada continuada y no partida mediante un debate que permita ver en las
grandes metrópolis, como es el caso de Madrid, el costo y lo que se
ahorra en ese costo al contemplar la jornada continuada. Hablar de la
reducción de la jornada laboral a treinta y cinco horas significa hablar
de la quinta semana de vacaciones, significa hablar de la sustitución de
los contratos que no son fijos por fijos, de esos contratos llamados
precisamente contratos de sustitución, y significa que el sector público
tiene que intervenir, porque el sector público también crea puestos de
trabajo en la medida en que puede dedicarse a determinados sectores
productivos.
Por tanto, ha visto el señor Aznar que la propuesta de reducción de
jornada a treinta y cinco horas es algo bastante complejo, con bastante
contenido que implica un debate muy serio y no se trata solamente de la
simpleza de proponer un artículo único en una ley reduciendo la jornada a
treinta y cinco horas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita. Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
brevemente, para decir que en cualquier caso los elementos de
controversia en este debate los fija la Presidencia y si la Presidencia
entiende que hay turno después, desde luego no será el presidente del
Gobierno el que ponga el más mínimo inconveniente. Yo deseo que sea bien
aprovechado. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo durante siete años,
pero ahora no me importa nada que se haga. (Aplausos.)
Hay un dato en el cual, en mi opinión, fundamentalmente hay que estar,
señor Almunia, que es el dato de la creación de empleo. Hemos hecho un
Consejo europeo del empleo para tener la posibilidad de que haya más
empleo, y eso es lo que hay que ver, si hay más o hay menos empleo. Este
Gobierno puede presentar cifras de más empleo, lo cual no quiere decir
que esté satisfecho con esa política, ni mucho menos con una tasa de paro
cercana al 20 por ciento, pero se está creando empleo y se está
reduciendo esa tasa. Y hay otros gobiernos, en la época que quieran, que
pueden presentar, no elementos y tasas de creación de empleo, sino de
creación de paro (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.), que
es lo que este Gobierno no quiere hacer, ni ahora, ni en todo el tiempo
que tenga la responsabilidad de gobierno. (Aplausos.)
Tomo nota, señoría, de que ahora ya la soledad no era dramática en el
Consejo, sino que era una soledad durante las semanas previas al Consejo
que, al final, ha dejado de ser soledad porque ha habido un reenganche.
Sinceramente, señor Almunia, lo que le tengo que pedir es que usted se
reenganche a la moderación, al sentido común y al análisis real de las
cosas y no a lo que hemos tenido que escuchar aquí esta tarde, que no
tiene nada que ver con la realidad.
Señor Anguita, he leído perfectamente el documento de Izquierda Unida, y
le tengo que decir que lo he leído y no lo comparto. Vuestra señoría
puede presentar aquí o en un documento por escrito que para crear empleo
las administraciones públicas tienen que crear nada menos --usted dice en
el papel-- que 500.000 empleos públicos. Pues bien, yo le digo, señor
Anguita, que no es posible, que ese no es el camino, y que el camino es
seguir con una política que está dando resultados.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
PREGUNTAS:
-- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUANDO VA A
REPETIRSE EL SORTEO SOBRE LOS EXCEDENTES DE CUPO DEL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO? (Número de expediente 180/000889)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, pasamos al punto V del orden
del día: Preguntas orales al Gobierno en el Pleno de la Cámara.
Pregunta número 11, que formula al Gobierno el diputado señor Eguiagaray
del Grupo Socialista.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, el día 12 de noviembre se produjo un
sorteo, un sorteo sobre los excedentes de cupo. Si en vez de tratarse de
los excedentes de cupo, se hubiera tratado de las quinielas o de la
lotería nacional, los responsables hubieran perdido la licencia, hubieran
sido incluso sancionados, porque 165.342 personas han sido tratadas
desigualmente. De tal manera que algunos han tenido mucha más
probabilidad que otros, en algunos casos incluso un 50 por ciento más.
Por eso es bastante inaceptable el que, primero, ustedes hayan negado el
desaguisado, después le hayan echado las culpas al órgano de loterías
nacionales y finalmente hayan dicho, reconociéndolo, que no piensan
rectificar, con el argumento de que se aguanten.
Señor presidente del Gobierno, no es posible tratar desigualmente en
nombre de nada, ni de la responsabilidad ni de la patria, a los
ciudadanos, a los mozos. ¿Cuándo van a hacer un nuevo sorteo? (Varios
señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, el
Gobierno cree que el proceso al que se refiere el señor diputado ha sido
un proceso globalmente justo y plenamente legal y naturalmente en ésta,
como en todas las ocasiones, el Gobierno está a los extremos que
determinen, en su caso, los tribunales de justicia. Siendo ésa la
consideración del Gobierno, que ha sido globalmente justo y plenamente
legal, el Gobierno no tiene intención de repetir ese sorteo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente del Gobierno, no sé cómo
puede usted decir que ha sido justo lo que es, a todas luces,
manifiestamente injusto, lo que está reconocido incluso por sus propios
representantes y lo que se ha presentado a los ojos de todos como un caso
en el que un buen número de personas han tenido hasta un 50 por ciento
más de probabilidad de ser elegidos que otros.
Señor presidente del Gobierno, comprendo que los problemas que esto
plantea tengan que ser analizados, pero lo que no puede usted decir ni en
nombre de la responsabilidad, ni de las Fuerzas Armadas, ni de su
función, es que aquí no ha ocurrido nada y decir a 156.000 personas que
no tienen iguales derechos los unos que los otros. Ya sé que hay 16.000
que se consideran ya seleccionados como excedentes. Señor presidente del
Gobierno, usted no puede tratar a 16.000 mejor que al resto, a las
140.000 personas que no han tenido o pueden no haber tenido la misma
probabilidad. Por eso, señor presidente del Gobierno, tiene usted que
decir, tiene usted que dar una solución. No puede ser que, en nombre de
la igualdad, unos acaben por ser mucho más iguales que otros, hasta un 50
por ciento más. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, yo no he
venido aquí, como es lógico, a hacer una interpretación matemática del
sorteo, sino política. Por tanto, no digo que no haya pasado nada. Digo
que la valoración del Gobierno, después de haber hecho justamente eso que
pedía S. S., que es hacer los análisis correspondientes de todo el
proceso y las consecuencias que podría tener otra toma de decisiones
después de producido el sorteo, le lleva a decir que todo el proceso en
su conjunto ha respetado no solamente la legalidad sino un principio de
justicia y de equidad. También evidentemente en otros momentos, cuando
por ejemplo la fecha de nacimiento de los mozos que acudían al sorteo era
elegida al azar, se podía producir un cálculo de probabilidades diferente
según cual fuese la fecha de elección, que era absolutamente aleatoria.
Con independencia de circunstancias concretas, que si es necesario
deberán ser administrativamente corregidas, la realidad actual de todo lo
que ha significado el proceso y lo que significan las consecuencias del
mismo, nos hacen decir que ha sido globalmente justo, que deseamos
claramente que esas incidencias matemáticas no se vuelvan a producir en
el futuro y que cualquier otra solución distinta de ésta acarrearía
muchos más perjuicios para todos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA PRESENTACION URAN GONZALEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE
DEL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS ADOPTO EL GOBIERNO CUANDO LoS CIUDADANOS
PUSIERON EN SU CONOCIMIENTO LOS PROBLEMAS EXISTENTES EN EL DEPOSITO DE
AGUA DE MELILLA? (Número de expediente 180/000899)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno la
diputada doña Presentación Urán, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.
Señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, ¿qué medidas adoptó su Gobierno cuando los
ciudadanos pusieron en su conocimiento los problemas existentes en el
depósito de agua de Melilla?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora diputada, quiero
decirle que interpreto su pregunta en el sentido de qué es lo que ha
hecho el Gobierno desde el momento en que se produjeron en Melilla los
desgraciados hechos y circunstancias que, evidentemente, todos
lamentamos.
Lo primero que se puede hacer, como es lógico, es enviar un recuerdo muy
especial a las familias de las víctimas y a todos los ciudadanos de
Melilla. Como usted sabe, inmediatamente el Gobierno acudió a la ciudad;
inmediatamente ha abierto una comisión de investigación; se ha producido
la comparecencia de la señora ministra de Medio Ambiente; hay al parecer
unas responsabilidades de carácter técnico que deben ser determinadas y,
naturalmente, está abierta la comisión de investigación sobre las
responsabilidades de carácter administrativo a que pudiera dar lugar esa
circunstancia que, como digo, es lamentable, todos debemos lamentarlo y,
desde luego, todos debemos procurar que no se produzca en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, la pregunta que le hacía no era qué
medidas se han adoptado a posteriori, sino qué medidas se debían de
adoptar previamente para evitar que ocurriera lo que ha ocurrido. Era de
conocimiento público el que existían fallos en el depósito de agua de
Melilla. Se lo han comunicado ciudadanos, e incluso desde las propias
instalaciones del ejército, a las instituciones correspondientes, pero
está claro que no se adoptó ninguna medida y esto ha conllevado los
sucesos que acaecieron el día 17.
Señorías, es responsabilidad de la Administración la vigilancia y el
seguimiento de las obras de infraestructura que ha adjudicado. No es
ético responsabilizar sólo a la empresa adjudicataria, sino que hay que
asumir las responsabilidades políticas que se derivan de una actuación
negligente por parte de la Confederación Hidrográfica del Sur y del
propio Ministerio de Medio Ambiente que ha ocasionado, además de las
pérdidas materiales, esas pérdidas de vidas humanas que se lamentan ahora
tanto, pero que había que haber previsto antes.
Señor presidente del Gobierno, cuando ustedes estaban en la oposición
demandaban una actuación rápida en la solución de las responsabilidades
políticas. No se puede escudar ahora el Gobierno, y en este caso la
ministra de Medio Ambiente, en el inicio de los expedientes de
investigación tanto a nivel interno del Ministerio como los
correspondientes a la actuación de la empresa. Lavarse las manos, señor
presidente, es sano para determinados actos, pero en este caso en
concreto es escurrir el bulto.
Señor presidente del Gobierno, sean coherentes con esa demanda que hacían
ustedes desde la oposición, y como parece ser que aún no han aprendido a
conjugar el verbo dimitir, conjugue el verbo cesar, y cese, de manera
fulminante, al delegado del Gobierno que no les ha transmitido la
información correspondiente, al presidente de la Confederación
Hidrográfica del Sur porque es el responsable directo de la obra y a la
ministra de Medio Ambiente por ser la responsable absoluta del
Ministerio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Francamente debo decir,
señora diputada, que, compartiendo su preocupación, me parece un poco
excesivo su planteamiento.
Primero habrá que decir, como es lógico, que habrá que hacer la
investigación administrativa correspondiente y ver dónde se determinan
las responsabilidades. Usted da por hecho cuestiones que están todavía
por determinar, y es que se hayan producido denuncias al respecto y que
el Gobierno, la Confederación Hidrográfica, la Delegación del Gobierno o
la propia ciudad autónoma tengan conocimiento de esas denuncias. Yo no
tengo constancia de eso, y me gusta siempre hablar de la manera más
responsable posible.
Como usted comprenderá, me parece también un poco excesivo que al
presidente del Gobierno, a éste o a cualquiera, se le pueda pedir el
detalle de los expedientes administrativos que puedan afectar a cualquier
depósito. Parece un poco excesivo, teniendo en cuenta, además, que esta
obra fue contratada en 1992 y terminada en 1994. Estoy convencido de que
ni este Gobierno ni el anterior tienen absolutamente nada que ocultar ni
ninguna responsabilidad en el asunto, y que si se ha producido un
elemento de deficiencia administrativa, tiene que ser corregida, y eso es
lo que está haciendo el Gobierno. La de carácter técnico ya está
realizada, y ésa tiene una imputación concreta, según el Ministerio de
Medio Ambiente, a la empresa constructora.
Creo que esa es la manera de comportarse responsablemente cuando se
producen esas catástrofes y cuando, desgraciadamente, hay víctimas por en
medio. A partir de este momento, haremos muy bien en ocuparnos de qué es
lo que tenemos que hacer, desde el punto de vista urbanístico, en muchas
otras circunstancias, para poder evitar que no por negligencias, por
defectos o por fallos humanos, sino también por cuestiones naturales, en
España no se produzcan estos hechos. (Aplausos.)
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
-- DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE RELEVANTES SERVICIOS HA PRESTADO AL
ESTADO DON JOSE LUIS MANZANARES PARA SER NOMBRADO CONSEJERO DE ESTADO
PERMANENTE? (Número de expediente 180/000890)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno el
diputado señor Caldera Sánchez-Capitán.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias.
Señor vicepresidente, el Consejo de Estado goza del máximo prestigio.
¿Qué relevantes servicios al Estado ha prestado el señor Manzanares para
ser nombrado consejero?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor vicepresidente primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, señorías, el señor Caldera
sabe que los requisitos que deben reunir los consejeros permanentes son
los que figuran en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado
del año 1980, requisitos que reúne cumplidamente don José Luis
Manzanares.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor vicepresidente, no discuto las
cualidades profesionales. El perfil de los consejeros nombrados por el
anterior Gobierno, al que usted tanto criticaba, era el siguiente: un
profundo compromiso con el sistema democrático y una actitud personal
contrastada de tolerancia, prudencia y discreción. Sin embargo, las
relaciones del señor Manzanares con los poderes del Estado son las
siguientes. Señor vicepresidente, le voy a leer algunas de las
declaraciones que más que compromiso democrático entrañan una profunda
agresión. Con el Poder Ejecutivo: el Gobierno prevaricaría si acordase
una tregua con ETA; el Gobierno no es quien para ofrecer una reinserción.
Con el Poder Legislativo: las declaraciones del señor Anasagasti son una
estupidez y una infamia. Duda el señor Manzanares de la
constitucionalidad de la renovación del Consejo por haber sido elegido
por la Cámara. Con el Poder Judicial: me quedé corto al afirmar que el
Consejo está muerto; las sentencias absolutorias pueden no implicar la
inocencia del acusado.
Mire usted, señor Cascos, el anterior Gobierno nombró a los siguientes
consejeros permanentes: señores Lavilla, Arozamena, De Mateo, Rodríguez
Piñero, Pérez-Tenessa y los tristemente fallecidos Peces-Barba del Brío,
Gutiérrez Mellado y Tomás y Valiente. Este último, en su toma de
posesión, decía lo siguiente: En momentos en que parece ingenuo o pasado
de moda seguir creyendo en el Estado, yo quiero renovar mi creencia en el
que los españoles nos dimos a partir de la Constitución. Cuidado con el
descrédito de las instituciones presentes antes de haber inventado otras
de recambio. Si cayéramos en esa simplificación, no entenderíamos nada y
seríamos víctimas fáciles de los enemigos del Estado que son, en número,
mucho más que los del alma.
¿Podría haber justificado el señor Manzanares con su conducta estas
líneas? Creo que no. Ignoramos, señor vicepresidente, los servicios que
ha prestado el Estado. A su partido le ha prestado muchos, pero el Estado
no debe pagar favores partidarios. Ningún demócrata puede confundir ambas
cosas ni ensuciar la dignidad del Consejo con este tipo de nombramientos.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, señorías, la intervención
del señor Caldera pone en evidencia las dos formas de respeto que existen
entre los dos grupos principales de esta Cámara en materia de
nombramientos. Fíjese, señor Caldera, en primer lugar, el señor
Manzanares sustituye al señor Peces-Barba. Jamás, jamás, este grupo ha
puesto en cuestión el prestigio, la capacidad o la honorabilidad del
señor Peces-Barba por la vinculación próxima a su grupo político. Jamás.
(Rumores.--Aplausos.) Usted ignora que el prestigio del señor Manzanares
deriva de su condición de abogado del Estado, de su condición de juez
independiente que defiende la independencia de la justicia (Rumores.) y
de su condición de profesor titular de Derecho penal, que tiene
reconocido prestigio en todo el mundo y en nuestro país en materia de
tratados internacionales. Por lo tanto, nada que ver el modelo de respeto
de ustedes con los nombramientos del nuestro.
En segundo lugar, si usted está intentando dar alguna clase a este
Gobierno, debería ser más humilde, señor Caldera, porque el modelo de S.
S. en materia de nombramientos ha convertido las galerías de retratos de
la Guardia Civil, del Banco de España y del Boletín Oficial del Estado en
galerías de reclusos. (Aplausos.--Rumores.) Por eso, señor Caldera, le
pido dos cosas. Primero, respeto para las personas, porque discrepar no
es agredir, y, segundo, más humildad a la hora de dar lecciones a este
Gobierno en materia de nombramientos. (Aplausos.--Rumores.)
Muchas gracias. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ANGELES AMADOR MILLAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿COMO PIENSA FINANCIAR EL
GOBIERNO EL ANUNCIADO INCREMENTO DEL GASTO SANITARIO? (Número de
expediente 180/000891)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 13,
que formula doña Angeles Amador, del Grupo Parlamentario Socialista.
(Rumores.) Señorías, les ruego silencio.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor Presidente.
Señor vicepresidente, ¿quiere tener usted a bien informar hoy a esta
Cámara de cuáles han sido los criterios de reparto que han inspirado al
Gobierno la distribución que propone para la financiación sanitaria entre
las comunidades autónomas, y de las que ya hemos tenido cumplido
conocimiento a través de las ruedas de prensa que se organizan en su
Ministerio?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amador.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor Presidente, ¿contesto a la pregunta
que está en el orden del día o a la que me acaba de hacer su señoría?
Aclárelo, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
vicepresidente.
Tiene la palabra la señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, la pregunta que le hacíamos ha sido contestada,
como le decía, en rueda de prensa, que es la forma que tiene este
Gobierno de informar al Parlamento sobre el contenido de los presupuestos
de sanidad. A través de esa rueda de prensa y de los teletipos hemos
tenido conocimiento de que el Gobierno, por fin, hace una propuesta de
distribución de los fondos sanitarios entre las comunidades autónomas que
significa, nada más y nada menos, señor vicepresidente, que más del 90
por ciento de la financiación adicional para la sanidad, adicional a lo
que figura en el presupuesto y que no sirve, va a las siete comunidades
autónomas que tienen competencias en sanidad, y menos del 10 por ciento
va a las diez comunidades autónomas gestionadas por el Insalud y, por
tanto, responsabilidad directa del Gobierno.
Señor vicepresidente, le ruego que explique a esta Cámara cuáles son las
claves que inspiran ese reparto tan poco equitativo. Quiero adelantarle
que una cosa es compensar la desigual oferta de servicios sanitarios, con
lo que estamos todos de acuerdo, y la literatura sanitaria lo explica
bien, y otra muy distinta es primar la desigualdad. Otra cosa muy
distinta es primar la mala gestión o la desigualdad, porque con lo que
ustedes proponen, señor vicepresidente, están escribiendo, grabando en
piedra una desigualdad en el acceso a los servicios de salud de las
distintas comunidades autónomas que hace inviable el futuro del Sistema
Nacional de Salud. La conclusión de esto, señor vicepresidente, es muy
seria. Ustedes están primando a quien más tiene, a costa del que menos
tiene. Y la lectura que empieza a hacerse es que quizá las diez
comunidades autónomas que son responsabilidad del Gobierno en la gestión
sanitaria deban pedir con carácter inmediato las transferencias, porque
no deben soportar que España vaya bien para unos a costa de que vaya tan
mal para otros, señor vicepresidente. Yo le ruego que reconsidere esa
propuesta, de la que nos enteramos a través de los periódicos, y que
enmiende una decisión que condenaría a una parte muy importante del
territorio y de los ciudadanos que en ella viven a la desigualdad.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Amador.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Ya veo que S. S. se apunta al enfrentamiento
entre territorios. Ya he entendido las dos preguntas. Su señoría viene a
hacer demagogia, primero porque S. S. sabe que el Consejo de Política
Fiscal y Financiera se celebra mañana, y, segundo, porque S. S. sabe que
el 98,25 por ciento de los recursos se va a distribuir por criterio de
población protegida, que, por cierto, es lo que su grupo parlamentario
nos ha pedido. Pero como el criterio de población protegida no les
permite a ustedes hacer demagogia en Andalucía, ahora quieren ustedes
hacer demagogia en Extremadura y en Castilla-La Mancha. Eso es todo lo
que ustedes plantean. Da igual que hablemos del sistema de financiación
autonómica que del sistema de financiación de la sanidad. Su señoría a lo
que viene aquí es a enfrentar a unos territorios con otros, unas veces a
Andalucía con Cataluña, otras veces a Castilla-La Mancha con Andalucía o
con el siguiente, y yo no puedo evitarlo, pero S. S. está haciendo un
flaco servicio a la sanidad pública.
Segundo, que S. S., que ha sido la última ministra de Sanidad del
Gobierno anterior, hable de la insostenibilidad financiera del sistema de
salud realmente es demasiado. Estamos arreglando el problema que ustedes
nos dejaron. (Rumores.) Vamos a aumentar la financiación de la sanidad en
más de 10.000 pesetas per cápita. (La señora LOPEZ I CHAMOSA: ¡No hagáis
nada, dejarlo como está!) Señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): La sanidad pública creo que cubre todo tipo
de deficiencias y, por tanto, algunas de SS. SS. pueden dirigirse a ella
inmediatamente. (Rumores.) Pero, en cualquier caso, vamos a aumentar la
financiación de la sanidad en 10.000 pesetas por habitante, cosa que a S.
S. seguramente hoy ya no le parece bien porque no puede reconocer que
este Gobierno sea capaz de hacer una política, tanto en temas de sanidad
como en cualquier otra cuestión, que ustedes ni pudieron hacer ni
supieron hacer, pero que les hubiera encantado poderla realizar. Además
de eso, S. S. sabe que vamos a aumentar en 381.000 millones, porque lo
hemos anunciado, la financiación de la sanidad pública.
Por tanto, señoría, lamento que en este momento el Partido Socialista a
nivel nacional ya abandone su posición sobre población para hacer puro y
simple enfrentamiento entre territorios. Es imposible establecer un
consenso con ustedes. Por suerte, algunos gobernantes de comunidades
autónomas del Partido Socialista ya se han dado cuenta de que son más
importantes los ciudadanos que la demagogia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.
-- DEL DIPUTADO DON IGNASI GUARDANS I CAMBO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO) QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿QUE MEDIDAS TIENE
PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPEDIR QUE EL ACUERDO MULTILATERAL DE
INVERSIONES EN EL MARCO DE LA OCDE, INCLUYA EL RECONOCIMIENTO DE
IMPOSICIONES POLITICAS DE CARACTER EXTRATERRITORIAL, EN GRAVE PERJUICIO
DE LOS INTERESES DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN CUBA Y OTROS ESTADOS? (Número
de expediente 180/000915)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 32,
que formula el señor Guardans del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor vicepresidente y ministro de Economía,
como sabe, de forma muy discutible el conflicto existente entre Europa y
Estados Unidos, que fue motivado por la voluntad norteamericana de
imponer sus propias concepciones políticas, se ha trasladado del ámbito
estrictamente político, que era el suyo, al ámbito económico, y así
cuestiones como la Ley Helms-Burton o la Ley Kennedy-D'Amato han sido así
sustraídas de un ámbito más fácil de seguir por parte de la opinión
pública y han quedado reducidas al ámbito más económico.
Como sabe el señor vicepresidente, el comisario Brittan está en este
momento negociando, en nombre de la Unión Europea, el acuerdo
multilateral de inversiones en el marco de la OCDE con base en unos
poderes discutibles y en todo caso con el grave riesgo de introducir como
política de hechos consumados, dentro del texto que está siendo objeto de
negociación, una serie de disposiciones que vendrían a significar la
congelación de la parte más discutible de la Ley Helms-Burton y de la Ley
Kennedy-D'Amato, es decir, la generalización de la prohibición de
invertir allí donde los Estados Unidos consideren que no se debe
invertir, extraterritorializando voluntades políticas del propio Gobierno
norteamericano o del presidente de los Estados Unidos o del Congreso en
ese caso.
Por todo ello, ante esta negociación que se está llevando en nombre de la
Unión Europea y que podría llevar a encontrarnos ante un texto que se
impondría evidentemente también a las inversiones españolas, le pregunto
qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno para impedir que el
acuerdo multilateral de inversiones en el marco de la OCDE incluya el
reconocimiento de imposiciones políticas de carácter extraterritorial, en
grave perjuicio de los intereses de empresas españolas en Cuba y en otros
Estados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guardans.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias, señor
diputado.
Efectivamente, desde 1995 la OCDE está negociando el acuerdo multilateral
de inversiones, que supone alcanzar altos niveles de liberalización y, al
mismo tiempo, de protección de las inversiones. En ese acuerdo, en el
AMI, se contemplan dos cláusulas aún en fase de negociación: una, los
requisitos contradictorios y, otra, los embargos secundarios. Las dos
afectarían a los problemas que plantea S. S. de adopción de medidas de
carácter extraterritorial que afecten a las inversiones. No existe en
este momento un acuerdo sobre esta cuestión, pero son dos medidas que
solucionarían los problemas.
En cuanto al conflicto generado por la decisión del Congreso
norteamericano de aprobar dos leyes con efectos extraterritoriales y el
conflicto planteado por la Unión Europea, tengo que decir que en este
momento existe un entendimiento entre ambas partes en el cual se acuerda
que en el marco del AMI habrá unos principios para resolver situaciones
de conflicto entre jurisdicciones. No se ha podido avanzar más allá de
esta situación y en este momento la fecha límite, que estaba fijada en el
15 de octubre, ha sido superada. Estados Unidos ha solicitado una
prórroga del período de negociaciones hasta el 5 de diciembre, la Unión
Europea ha optado por aceptar esta prórroga sin fijar nueva fecha límite
y, siguiendo las conclusiones del Coreper del 16 de octubre, las partes
se han concedido una pausa para la reflexión.
Quiero decir que, en este sentido, la posición de la Unión Europea y
española son firmes, tanto desde el punto de vista de las negociaciones
en la OCDE como en las negociaciones en la Organización Mundial de
Comercio, que queremos resolver un conflicto con los Estados Unidos, pero
que no vamos a ceder nuestras posiciones, que son absolutamente
legítimas, de protección de la libertad de inversiones y de la libertad
de comercio internacional. Las negociaciones, ya sea de las cláusulas que
he mencionado del AMI como de aquellas que se plantean sobre la
posibilidad de que existan límites a la inversión en activos que hayan
sido expropiados ilegalmente, son cuestiones que en estos momentos están
siendo objeto de controversia y, desde luego, por parte de la Unión
Europea y --vuelvo a reiterar-- de la posición española en nuestra
influencia en la Unión Europea que en este tema es importante, se
mantendrán posiciones que en ningún caso perjudiquen los intereses
internacionales del comercio en las inversiones internacionales ni los
intereses españoles en inversiones en territorios concretos como los que
S. S. ha mencionado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.
Señor Guardans, dispone S. S de 35 segundos.
El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias.
En 35 segundos le agradezco la respuesta y le pido que siga este tema de
cerca, porque efectivamente lo que ha caracterizado las actuaciones del
comisario Brittan hasta el momento, como puso de relieve el Parlamento
Europeo en este punto, que no es competencia de la Unión Europea sino de
los Estados en el Consejo y en los propios Estados, es la absoluta falta
de transparencia y no sería la primera vez que aparece con un texto ya
negociado y consumado que podría perjudicar muy gravemente a las empresas
españolas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guardans.
La pregunta número 19, de don Javier Barrero, ha sido retirada.
-- DEL DIPUTADO DON JOSEP COROMINAS Y BUSQUETA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA TOMADO EL MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO EN RELACION CON LA APARICION DE BACTERIAS
RESISTENTES A LOS ANTIBIOTICOS EN DETERMINADOS PRODUCTOS CARNICOS?
(Número de expediente 180/000893)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 15,
que formula el señor Corominas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
En una reciente reunión de expertos celebrada en Berlín a instancias de
la Organización Mundial de la Salud, se señaló que el uso abusivo de
antibióticos en el sector ganadero planteaba una amenaza creciente para
la salud de los consumidores.
Otras informaciones señalan que más del 80 por ciento de los pollos
criados en España son portadores de una bacteria resistente a los
antibióticos, la campilobacter. Esta bacteria, resistente a los
antibióticos, puede originar desde leves molestias digestivas hasta la
muerte, si bien en un muy reducido número de consumidores.
Asimismo, quisiera señalarle, señor ministro, que desde algunas
facultades de veterinaria, concretamente desde la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha indicado que en España el
control de antibióticos en la alimentación, especialmente
en la cría de aves y cerdos, es un poco preocupante. Esta creciente
resistencia a los antibióticos de algunas bacterias como la ya indicada,
que se encuentran en determinados alimentos y se transmiten a los seres
humanos, despierta preocupación entre las autoridades de salud de algunos
países. Por eso, señor ministro, me permito efectuarle la siguiente
pregunta: ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Sanidad y Consumo en
relación con la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos en
determinados productos cárnicos?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Corominas.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Comparto la preocupación del señor Corominas y es un problema
directamente relacionado con la incorrecta e ilegal utilización de
antibióticos en la alimentación de los animales. Es, además, por sus
potenciales desviaciones hacia la salud pública, un problema que preocupa
tanto al Ministerio de Sanidad y Consumo como al MAPA, al Ministerio de
Agricultura. Su solución pasa por un escrupuloso respeto de las normas
que ha dictado la Unión Europea para que sean llevadas a cabo en el
sector productor, tanto fábricas de pienso como ganaderos, y también por
vigilar que así sucede, competencias que corresponden al Ministerio de
Sanidad y Consumo y a las comunidades autónomas coordinadas por el MAPA,
y que vienen realizando a lo largo de este tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Muchas gracias, señora ministra.
Parece que ha confirmado mis preocupaciones en el sentido de que hay un
abuso en la utilización de antibióticos. Precisamente por esto,
preguntábamos a quien es el responsable --como usted muy bien ha dicho--,
que es el Ministerio de Sanidad y Consumo. Desgraciadamente, no está aquí
el señor ministro de Sanidad y Consumo para contestamos y es una prueba
más de este clamoroso silencio que existe en el Ministerio de Sanidad,
que se ha manifestado, por ejemplo, en toda la tramitación de la
financiación sanitaria y en los problemas que han ido surgiendo. Ante
estas situaciones que se han manifestado públicamente y que generan una
cierta alarma social, el Ministerio de Sanidad y Consumo es incapaz de
dar alguna información para tranquilizar a la gente y, cuando menos,
señalar cuáles son aquellas normas que los consumidores deberían seguir
para erradicar en lo posible el peligro que tiene, ya que, como muy bien
sabe la señora ministra, se puede eliminar gran parte de estas bacterias
con determinadas medidas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Corominas.
Señor Corominas, le recuerdo que las preguntas orales se formulan al
Gobierno y es el Gobierno el que decide qué miembro contesta en el Pleno.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Los límites máximos de medicamentos veterinarios en los alimentos de
origen animal se fijaron en el año 1990 por la Unión Europea y también en
qué condiciones se pueden utilizar. Tengo que señalar que las
investigaciones y los controles llevados a cabo por las comunidades
autónomas coordinadas por el Ministerio de Sanidad y por el Ministerio de
Agricultura a lo largo de este tiempo indican lo siguiente: en el año
1996 se han analizado 21.000 muestras, de las que 648 han dado un
resultado positivo. Quiero decir que hay una presencia, pero que tampoco
hay que alarmar al consumidor con declaraciones como la que acaba de
hacer S. S. Un 3 por ciento de las muestras ha dado positivo, sin que
ello quiera decir que se dé la situación a la que se refiere S. S., de la
que yo, desde luego, discrepo radicalmente. Se han intervenido 1.792
canales de animales de abasto, se han dictado 130 sanciones por un valor
de 180 millones de pesetas y, de acuerdo con el nuevo Código Penal, se
han trasladado a la autoridad judicial 53 expedientes. No sólo se ha
actuado con las especies de abasto, sino que se está extendiendo la
investigación a otras carnes, a las que ha hecho referencia S. S., como
la caza de granja, el conejo, leche y huevos, todo ello dentro de un plan
voluntario de investigación de residuos que será obligatorio en la Unión
Europea a partir del año próximo.
Señoría, tanto las comunidades autónomas como los Ministerios de Sanidad
y de Agricultura estamos vigilantes y aplicando por adelantado lo que es
una norma comunitaria que sólo sería de obligado cumplimiento a partir
del año que viene.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE POSICION VA A MANTENER EL
GOBIERNO ESPAÑOL ANTE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA RELATIVA A LA PUBLICIDAD
DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO, QUE SERA DEBATIDA EN EL CONSEJO DE MINISTROS
DE SANIDAD EUROPEOS, LOS DIAS 4 Y 5 DE DICIEMBRE? (Número de expediente
180/000894)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 16,
que formula la señora Novoa, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el tabaquismo causa en España 46 muertes al año, cifra
que se eleva a medio millón si nos referimos a datos de la Unión Europea.
Tal es la magnitud del problema que hoy todos los Gobiernos de nuestro
entorno desarrollan estrategias antitabaco. Sin embargo, esta política
antitabaco es contradictoria con la tolerancia que existe en favor de la
publicidad del tabaco, que lo que persigue es promocionar su consumo.
El próximo día 4 de diciembre se celebra el Consejo de Ministros de
Sanidad europeos. Uno de los temas que va a ese Consejo es el debate
sobre la propuesta de directiva a través de la que se pretende prohibir
toda forma de publicidad para los productos del tabaco. El Gobierno
socialista tuvo una actitud muy activa en defensa de esta directiva
cuando ocupó la Presidencia del Consejo de Europa en el segundo semestre
de 1995.
Por todo ello formulo la siguiente pregunta: ¿Qué posición va a mantener
el actual gobierno?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Novoa.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
El Gobierno del Partido Popular tiene una posición al menos igualmente
activa en este tema y quiero decirle que en la próxima reunión del 4 de
diciembre el Ministerio de Sanidad y Consumo pretende que se alcance una
posición común en relación con la publicidad de productos del tabaco y ha
puesto de manifiesto sistemáticamente mediante los técnicos que allí
están que es contrario, evidentemente, a que se pueda someter a riesgos a
la población por una publicidad engañosa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministra.
Señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Señora ministra, estamos ante un tema en el que
existen muchos intereses. Con la enfermedad y muerte de muchos ciudadanos
del mundo obtienen enormes beneficios las grandes corporaciones
tabaqueras. Porque hay muchos intereses es por lo que en ámbitos de la
Comisión europea existen temores sobre un posible cambio de actitud del
Gobierno español. Estos temores, de los que supongo conocedor al
Gobierno, provienen de la constatación de que los lobbies tabaqueros
están presionando a su gobierno para que se oponga a la prohibición, una
vez que el gobierno laborista del Reino Unido, país contrario en el
pasado a la aprobación, ha decidido aprobarla.
La señora ministra ha anunciado en el trámite de esta pregunta que la
posición del Gobierno va a ser continuista con relación al pasado. Señora
ministra, me sorprende, en primer lugar, que quien responda a esta
pregunta sea la ministra de Agricultura. Ustedes han sacado del ámbito
parlamentario el debate sobre la financiación sanitaria, no sólo lo han
sacado del ámbito parlamentario, sino que lo han sacado también del
ámbito sanitario. ¿Pretende también el Gobierno sacar del ámbito
sanitario un debate de esta naturaleza?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Novoa. Señor ministra.
La señora MINISTRA DE Agricultura, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Tranquilícese, señora Novoa, estoy repitiendo y leyendo
exactamente la contestación del ministro de Sanidad, que es con quien he
hablado antes de contestarle. Esto es competencia del ministro de Sanidad
y no mía y si se lee el Reglamento de la Cámara comprenderá por qué la
contesto.
Dicho esto, los temores a lo mejor vienen del conocimiento que tiene S.
S. respecto a la influencia de los lobbies en lo que se refiere a
anteriores gobiernos. Desde luego, la puedo dejar muy tranquila
diciéndole que los lobbies respecto al actual Gobierno no tienen nada que
hacer. A partir de ahí, tengo de decirla que no existe ningún atajo ni
ninguna medida mágica que garantice el éxito inmediato para luchar contra
el tabaquismo. Somos partidarios de una serie de actividades en el
terreno de la educación para la salud, vigilancia del respeto a las
limitaciones de espacios, advertencia sanitaria del etiquetado, política
de precios.
Asimismo, en la publicidad, cuyos efectos sobre la tendencia al consumo
de tabaco, especialmente entre los jóvenes, ha sido taxativa y
explícitamente reconocida por la Organización Mundial de la Salud,
entendemos que debe avanzarse en una línea de progresiva limitación,
pero también que ese camino debe andarse teniendo en cuenta dos
consideraciones. En primer lugar, períodos transitorios capaces de hacer
realmente aplicables las medidas que se adopten y permitir a todos los
agentes que tengan el tiempo para readaptarse a una nueva situación de
una manera razonable. En segundo lugar, que esta medida tenga un carácter
europeo, señoría, porque si no de qué sirve. Con todos los nuevos
sistemas, con eliminación de fronteras, con libre circulación de
mercancías, con la actual dinámica de los medios de comunicación
audiovisuales es poco realista plantearse que España de una manera
unilateral lo haga cuando el resto de los países europeos no hace nada.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
-- DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO GIL MELGAREJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE POLITICA ADOPTARA
EL GOBIERNO PARA DEFENDER LOS INTERESES DE ESPAÑA DENTRO DE LA UNION
EUROPEA ANTE LA PROPUESTA ALEMANO-HOLANDESA DE SUPRIMIR EL FONDO DE
COHESION PARA LOS PAISES QUE ACCEDAN A LA MONEDA UNICA? (Número de
expediente 180/000906)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 27,
que formula el señor Gil, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gil.
El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Asuntos Exteriores, como bien sabe, en el marco de la
Unión Europea se creó en el año 1992 el Fondo de Cohesión y se le dotó de
15.150 millones de ecus de ese año para un período de tiempo que va desde
1993 a 1999. Su competencia no es la del ámbito regional, como es el caso
de los fondos estructurales, sino el de la Administración central, siendo
los países beneficiarios los Estados comunitarios cuyo PIB sea inferior
al 90 por ciento de la media. Este requisito lo cumple, entre otros
países de la Unión Europea, España; concretamente España se beneficia de
una horquilla que oscila entre el 52 y el 58 por ciento del total para
ese período de tiempo, lo que, en pesetas y haciendo una actualización
aproximada, equivale a algo menos de un billón y medio de pesetas; el
reparto sectorial de estos recursos es entre la creación de redes
transeuropeas de transporte y medio ambiente.
Señor ministro, siendo este fondo un instrumento que, en mi opinión,
refleja mejor que ningún otro el símbolo de la solidaridad de los países
más desarrollados con los menos desarrollados, siendo, además, un fondo
que en nada se relaciona con la política monetaria de la Unión Europea y
expresando, al mismo tiempo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
al que represento en estos momentos, toda nuestra solidaridad hacia el
resto de los países europeos que quieren formar parte de la Unión
Europea, en nombre, digo, del Grupo Parlamentario Popular, le formulo la
siguiente pregunta: ¿Qué política adoptará el Gobierno para defender los
intereses de España dentro de la Unión Europea, ante la propuesta
alemano-holandesa de suprimir el Fondo de Cohesión para los países que
accedan a la moneda única?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gil.
Señor Ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
señoría, en estos momentos este debate está parado. Hubo un primer
intento, efectivamente, por parte de Alemania, seguido por Holanda, que
fue rápidamente contestado en el seno del Ecofin por el ministro de
Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno y en el seno
del Consejo de Asuntos Generales por quien le habla.
En la Comisión europea también se debatió este asunto, hubo un intento en
esta línea, pero finalmente quedó resuelto en el sentido de la
continuidad del Fondo de Cohesión, independientemente de que un país se
inscribiera o no en el primer grupo de cabeza de la Unión Monetaria. Y es
porque el Fondo de Cohesión no fue creado para sanear las finanzas
públicas de los Estados más pobres de la Unión con vistas a su ingreso en
la Unión Monetaria; sería ridículo y falso pensar que España ha reducido
su déficit y su inflación gracias al dinero percibido por este concepto.
Lo cierto es que el objetivo del Fondo de Cohesión es tan claro como las
condiciones que lo definen: financiar infraestructuras y proyectos de
carácter medioambiental en aquellos países con un producto interior bruto
per cápita inferior al 90 por ciento de la media comunitaria. Cualquier
otra condición, general o particular, que se le quisiera añadir, por
ejemplo, la de que el receptor del Fondo de Cohesión no sea miembro de la
Unión Monetaria, no está ni en el Tratado de la Unión ni en el reglamento
del fondo y, por ello, la posición del Gobierno español sería y será
siempre la de oponerse con firmeza y rotundidad a cualquier nuevo intento
en este sentido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES
LA ESTRATEGIA NEGOCIADORA QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL QUERRIA MANTENER CON
LOS ACTUALES CANDIDATOS A LA UNION EUROPEA? (Número de expediente
180/000908)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 29,
que formula el señor Rupérez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Rupérez.
El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace dos días llegaba a mi poder una carta que me dirigía
el ministro lituano para Asuntos Europeos y en la cual, en tonos
dramáticos, se me pedía, en mi capacidad de presidente de la Comisión de
Asuntos Exteriores de esta Cámara, que solicitara de mi Gobierno el
desarrollo de una visión amplia del futuro de Europa. En la misma carta,
el ministro lituano calificaba de «divisivas» las propuestas realizadas
por la Comisión de cara a esas negociaciones y que, como S. S. sabe,
limitan su comienzo inmediato a Hungría, Polonia, Estonia, la República
Checa, Eslovenia, y, naturalmente, en función de compromisos previos,
Chipre.
En el curso de los últimos meses hemos tenido ocasión de recibir las
mismas o parecidas quejas de otros países candidatos, hoy, según la
Comisión de la Unión Europea, fuera del primer turno negociador. Quiero
referirme, en particular, a las transmitidas por las autoridades rumanas,
búlgaras y esta misma mañana las que me ha hecho llegar, en su visita a
esta casa, el primer ministro de Letonia.
No se puede, en absoluto, simplificar el proceso que habrá de convertir
la actual Unión de 15 miembros en otra de 24, ni tampoco subestimar los
esfuerzos políticos y económicos de adaptación mutua que toda ampliación
trae consigo. La decisión de la Comisión apuesta por las opciones
seguras, aquellas que en principio parecen arrojar una mayor garantía de
éxito en función de un mejor desarrollo.
Es, desde luego, una opción posible, a lo que parece, adornada del mérito
del rigor, pero no es sin embargo la única. No sólo los ahora preteridos,
sino no pocos de los ciudadanos comunitarios mantienen la conveniencia de
otra vía, que, sin dejar de exigir todo lo que la negociación contiene y
que los candidatos deben estar en situación de garantizar, dé a su
comienzo un sentido político de acicate a países europeos que, con tanta
ilusión como sacrificio están transitando de la dictadura a la
democracia. Esos mismos mantienen que un comienzo común de las
negociaciones cumpliría con esos importantes objetivos políticos sin
prejuzgar en absoluto ritmos ni resultados. Cualquier evaluación habría
de ser, en cualquier caso, individual y una aproximación flexible al
proceso permitiría también, aunque en otro momento, enfocar los casos de
otros dos peticionarios, Eslovaquia y Turquía.
Como dentro de pocos días tendrá lugar en Luxemburgo el Consejo europeo,
donde estas decisiones tendrán que ser consideradas, pregunto al señor
ministro cuál es la estrategia negociadora que el Gobierno español
querría mantener con los actuales candidatos a pertenecer a la Unión
Europea. Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rupérez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): No podría el
ministro que le habla precisar mejor la posición del Gobierno español que
como lo ha hecho S S. ahora mismo. Por ello, más que inquietud, los
ministros que se han dirigido a nuestro honorable presidente de la
Comisión de Asuntos Exteriores, tendrían que haberle manifestado gratitud
por la posición del Gobierno español al respecto, puesto que España ha
defendido desde el principio, y casi en solitario, una postura abierta
sobre el número de candidatos con los que comenzar las negociaciones.
El Gobierno apoya que empiecen a la vez todos aquellos países que cumplen
con los criterios políticos. Luego, es obvio que el desarrollo de la
negociación tendrá ritmos distintos para cada país y las decisiones, por
tanto, se van a producir de forma individual a medida que vayan
terminando sus respectivos procesos negociadores. Todo ello con el ánimo
de enviar una señal política clara a todos los candidatos, para que sean
capaces de mantener el ritmo de reformas necesarias para poder llegar a
alcanzar la condición de miembros. Una selección por grupos podría ser
contraproducente por sus consecuencias políticas y estamos dispuestos a
llegar a un compromiso que permita seguir adelante en el proceso de un
modo realista y objetivo. Por eso, repito, España ha sido partidaria,
desde el principio, de ese inicio simultáneo del proceso de ampliación
así como de la constitución de la conferencia permanente europea. Ambas
ideas no son excluyentes ya que el proceso de desarrollo sería muy
distinto y en la conferencia permanente europea no se discutirían los
temas propios de la adhesión, que, repito, es un proceso individual para
cada país miembro. Además, tengo el gusto de comunicar a esta Cámara que
esa actitud casi solitaria de España en el proceso de inicios ha ido
ganando terreno y, en estos momentos, ya goza de una posición
mayoritaria, aunque todavía no se ha establecido la unanimidad del
Consejo respecto a tan importante cuestión, unanimidad que espero sea
lograda en el próximo Consejo europeo de Luxemburgo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES HAN SIDO LOS
RESULTADOS MAS VISIBLES DE LA CUMBRE IBEROAMERICANA CELEBRADA LOS DIAS 8
Y 9 DE NOVIEMBRE? (Número de expediente 180/000910)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 31
que formula el señor Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor presidente.
La construcción, desarrollo y fortalecimiento de la comunidad
iberoamericana de naciones es uno de los proyectos políticos de la acción
exterior de España que mayor consenso, apoyo y continuidad han suscitado
en los últimos años. Eso fue verdad con el anterior Gobierno y es verdad
también con el Gobierno del Partido Popular.
Esta comunidad iberoamericana de naciones, basada en valores democráticos
y en principios compartidos, además de un sólido y firme pasado con
nuestros países y repúblicas hermanas de Iberoamérica, celebra anualmente
cumbres de jefes de Estado y de Gobierno. Los pasados 8 y 9 de noviembre
tuvo lugar la séptima cumbre en la isla Margarita, en la República de
Venezuela, con el tema de los valores éticos de la democracia. Estas
cumbres han permitido contribuir de modo importante al desarrollo
democrático de los países iberoamericanos, al fortalecimiento de su papel
y de su peso propio en la comunidad global y, desde luego, han servido
para afianzar las relaciones entre España y los países de Iberoamérica.
Son importantes para nuestro país y por eso, señor ministro, le pregunto:
¿Cuáles son los resultados más visibles, más importantes, los acuerdos
más destacables, que se han producido en la cumbre iberoamericana
celebrada los días 8 y 9 de noviembre en la isla Margarita?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Robles.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): La comunidad
iberoamericana de naciones consigue con las cumbres, y con esta cumbre
también, en particular, una presencia política de orden internacional y
es obvio que ello redunda en una mayor autonomía y visibilidad de dicha
comunidad así como en el consiguiente peso y mayor influencia en la
escena internacional. Además, en las mismas, España se consolida como un
interlocutor privilegiado entre esta comunidad y la Unión Europea.
Quiero destacar en el ámbito financiero el creciente compromiso para
apoyar programas multilaterales de cooperación. El foro indígena se
consolida ya con compromisos económicos concretos y, además, se han
abierto nuevas áreas de cooperación en la cultura, en la historia común y
en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Así, se han aprobado
programas, como Ibermedia, los de archivos iberoamericanos o el Iberpyme.
Hubo múltiples contactos al más alto nivel. Quiero destacar, a título de
ejemplo, los del presidente Aznar con los presidentes de Chile, Colombia,
Venezuela, Costa Rica y Méjico, a efectos de apoyar un proceso de diálogo
y de pacificación en Colombia; en la declaración de la isla Margarita
aparecen diversas cuestiones de interés para España. Quiero subrayar la
condena del terrorismo, el compromiso de combatirlo por todos los medios
cumpliendo la ley. Ha habido un apoyo expreso a la posición española en
el contencioso sobre Gibraltar y un compromiso para combatir la
corrupción. Se ha apoyado la propuesta del presidente Aznar en la
anterior cumbre de celebrar una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno
entre la Unión Europea, Iberoamérica y el Caribe. Se destacó la labor
realizada durante el I Congreso internacional de lengua española, en
Zacatecas, y, además, la cumbre nos permitido armonizar las posiciones de
los países iberoamericanos ante temas globales, nos facilita la actuación
concertada en foros internacionales, nos permite un mejor tratamiento de
los problemas comunes y, finalmente, es un marco ideal para reflexionar
juntos para mejor afrontar los grandes retos que nos plantea la
globalización de la economía y las nuevas tecnologías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
La pregunta número 30, del señor Fernández de Mesa, ha sido retirada.
-- DEL DIPUTADO DON JENARO GARCIA-ARRECIADO BATANERO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE INFORMAR EL
SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO DEL NUMERO DE USUARIOS QUE HAN UTILIZADO LA
BASE MILITAR DE TORREJON DE ARDOZ DESDE LA FECHA DE SU HABILITACION PARA
USOS DE AVIACION CIVIL COMERCIAL? (Número de expediente 180/000896)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 18,
que formula el señor García-Arreciado, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor presidente.
El día 9 de abril pasado, a una pregunta de este diputado relacionada con
el uso civil de la base militar de Torrejón, respondió el señor ministro
diciendo que se alegraba de que le preguntase por los éxitos del Gobierno
y no por los errores, dando por sentado el éxito de la operación
Torrejón.
Hoy, apenas siete meses después de una declaración tan optimista, estamos
en condiciones de establecer si su resultado ha sido exitoso o no. Para
ello, sólo necesitamos saber cuántos usuarios han utilizado la base de
Torrejón en este tiempo, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor García-Arreciado.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, en los nueve meses que lleva abierta al tráfico de la aviación
civil comercial la pista de la base aérea de Torrejón de Ardoz se han
producido 618 vuelos y 9.400 pasajeros han utilizado los servicios a
través de las distintas formas de aviación. Las compañías que han
utilizado la base aérea de Torrejón son: Air Truck, Gestair, Audeli,
Ibertrans y Transaviación.
Se han producido unos ingresos cercanos a los 60 millones de pesetas, que
permiten hacer frente a los gastos de mantenimiento e iniciar el proceso
de amortización de las instalaciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Gracias, señor presidente.
Yo entiendo, considerando el calamitoso resultado de la gestión del
ministro en todos los frentes de este Ministerio, que sigue predicando
como un éxito en su gestión lo que no es sino un estrepitoso fracaso,
señor ministro, fracaso con ribetes de ridículo.
La operación en su conjunto ha costado más de 2.000 millones de pesetas
--la carretera, el mantenimiento, el alquiler que hay que pagar a
Defensa, etcétera--, lo que representa, señor ministro, para 10.000
pasajeros 200.000 pesetas por pasajero. Y el responsable de este
despilfarro, señor ministro, no es la desastrosa gestión del Gobierno
socialista, como me dijo usted hace unos meses y como dirá acto seguido,
con toda seguridad, ni siquiera que las compañías hayan dejado de operar
en Torrejón porque no han entendido la bondad de la solución que usted
les ofrece. Los únicos responsables, señor ministro, son, en primer
lugar, usted y ex aequo con usted la incompetencia manifiesta de la
dirección de AENA, en general, y de Barajas, en particular. Y eso es así,
señor ministro, por más que usted se empeñe en achicar los espacios de su
responsabilidad trasladándoselos a los demás. No se lo dice este humilde
diputado que tiene completamente asumida su condición de cero a la
izquierda; se lo dicen a usted hoy el presidente de Iberia y el de la
Asociación Española de Compañías Aéreas, que hablan del desastroso
control de tráfico aéreo, con técnicas obsoletas, y de la incomprensible
posición de AENA, que cuando se necesitan más slots no sólo los congela
sino que los reduce de 65 a 50 por hora. Esa es la verdad, señor
ministro, y asuma usted por primera vez en lo que va de esta legislatura
sus responsabilidades. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
García-Arreciado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, el poner un medio auxiliar al servicio de un aeropuerto
congestionado no es nunca una operación inútil, por mucho que usted se
empeñe en presentarla como fracaso. Es una instalación auxiliar que tiene
un uso limitado, y ese uso limitado se está haciendo. Siempre será una
instalación útil y la inversión hecha es un bien patrimonial.
A mí me parece muy bien --está usted en su legítimo derecho-- que esté
preocupado por el coste que supone el tener abierta esta instalación
auxiliar del aeropuerto de Barajas, pero a mí me gustaría también que
estuviera usted muy preocupado por lo que el aeropuerto de Barajas está
dejando de ingresar como consecuencia de la imprevisión de los gobiernos
socialistas. (Rumores.)
Mire usted, señoría, lo que ustedes no hicieron, que es la tercera pista
del aeropuerto de Barajas, habría permitido absorber en el presente
ejercicio 1997 un 14,16 por ciento más de tráfico aéreo del que puede
absorber en estos momentos Barajas; 21.800 operaciones que no han podido
ser absorbidas por una cuantía, entre 1996 y 1997, de 5.600 millones de
pesetas. Esto es lo que el aeropuerto de Barajas ha perdido como
consecuencia de un gobierno que no tuvo ni idea de que el aeropuerto se
estaba congestionando y que necesita hoy una tercera pista. Y no se puede
incrementar el número de las operaciones aéreas, porque el que afirme
eso, señoría, que ponga su firma en el procedimiento administrativo que
regula la capacidad de los aeropuertos. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINA NARBONA RUIZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SABE EL GOBIERNO A QUE PRECIO HAN
TENIDO QUE COMPRAR SUS PROPIAS VIVIENDAS DE PROMOCION PUBLICA DOSCIENTAS
MIL FAMILIAS? (Número de expediente 180/000898)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Pregunta número 20, que formula el señor Morlán, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
¿Sabe el Gobierno a qué precio han tenido que comprar sus propias
viviendas de promoción pública 200.000 familias?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Supongo que S.
S. se ha percatado de la errata de la pregunta. No se puede tratar de
viviendas de promoción pública, que son competencia de las comunidades
autónomas. Sin duda S. S. se refiere a las viviendas de protección
pública, que es un concepto completamente distinto.
Señoría, este Gobierno, en los dieciocho meses que lleva, ha realizado
200.000 viviendas de protección oficial y su coste se ha fijado de
acuerdo con los baremos que fija el Real Decreto de 28 de diciembre de
l995: la superficie útil de la vivienda, el módulo ponderado
correspondiente al área geográfica en que está ubicada la vivienda y un
coeficiente que varía según el tipo de vivienda entre el 1 y el 1,85. El
precio del metro cuadrado de las viviendas de protección oficial sale
entre 80.000 y 90.000 pesetas; el precio medio de la vivienda que no es
de protección oficial en España sale aproximadamente a unas 180.000
pesetas el metro cuadrado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted no ha entendido por dónde iba la pregunta, por lo
que veo, porque, aun sabiendo que existe una competencia de las
comunidades autónomas en materia de vivienda y conociendo que el
Ministerio tiene una competencia y una responsabilidad de inspección, me
estoy refiriendo a 200.000 viviendas que se construyeron al amparo de
disposiciones legales de 1 de julio de 1951 y 13 de noviembre de 1957 y
que se amortizaban en 40 años. Me estoy refiriendo, señor ministro, a
unas viviendas que, cuando se firmó el contrato de compraventa, costaban
en torno a 110.000 pesetas y ahora, transcurridos 40 años, se está
pidiendo a los propietarios cinco veces más de lo que costaban, además de
lo que tienen que pagar por escrituras, por el Impuesto de Bienes
Inmuebles, en el Registro de la Propiedad, es decir, por una serie de
complementos que vienen añadidos al precio de la vivienda. Y al amparo de
estas mismas normas, señor ministro, en 1968 se construyeron también 250
viviendas. Cuando en 1988 se fueron a firmar las escrituras, su precio
con la Administración socialista fue el mismo que en 1968. Es decir, no
hubo ninguna variación porque entendíamos que aquellos compradores de
1968 tenían derecho a adquirirlas con arreglo a esas normas, y ahora los
compradores han de pagar el mismo precio establecido en el contrato de
compraventa y no el que ustedes están estableciendo, no ustedes
directamente sino las comunidades autónomas y concretamente el Instituto
de la Vivienda de Madrid.
Ya sé, señor ministro, que esta no es su responsabilidad directa; la suya
es la alta inspección, que para eso está contemplada en los decretos de
transferencias. Su responsabilidad, señor ministro, está en ejercer esa
alta inspección que tiene encomendada en política de vivienda respecto a
las comunidades autónomas; su responsabilidad, señor ministro, está en
vigilar qué tipo de injusticias se están cometiendo, y espero que vigile
para que no se produzcan; y su responsabilidad, señor ministro, está en
que esas 200.000 familias paguen al final del plazo de amortización la
misma cantidad que figuraba en el contrato inicial.
Señor ministro, si son 200.000 viviendas, fíjese usted qué cuenta sale.
La diferencia entre el precio, que son 110.000 pesetas, que figuraba en
el contrato inicial y lo que ahora se les cobra, que son 506.000 pesetas,
es de casi 400.000 pesetas. Usted multiplica 400.000 pesetas por 200.000
viviendas y nos encontramos con casi 80.000 millones de pesetas.
Yo creo que no es ni legal ni ética ni honestamente justo el que estas
familias estén pagando lo que no les corresponde pagar.
Nada más. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, al menos acépteme usted que la pregunta estaba confusamente
formulada. Desde luego en estos momentos yo no puedo responderle sobre
los adquirentes de los años cincuenta, y mucho menos puedo
responderle en nombre de las comunidades autónomas que son las que tienen
las competencias.
Muchas gracias, señor presidente.
-- DEL DIPUTADO DON ISMAEL BARDISA JORDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS SE ESTAN ADOPTANDO
POR EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA REDUCIR EL NUMERO DE PASOS A NIVEL
EXISTENTES EN EL TERRITORIO NACIONAL? (Número de expediente 180/000904)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 25,
que formula el señor Bardisa, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Bardisa.
El señor BARDISA JORDA: Señor presidente, señor ministro de Fomento, en
nuestro país existen todavía 4.390 pasos a nivel distribuidos en las
diversas carreteras locales, comarcales, regionales, nacionales. Es
evidente en una sociedad moderna, en una España en las puertas del siglo
XXI, la necesidad de suprimir los pasos a nivel en todo el territorio
nacional. Resulta anecdótica la existencia de esas barreras que bajan
cuando se acerca el tren, parando la circulación de automóviles y
personas.
Por eso el Gobierno debe acabar con ellas hoy, a finales del siglo XX.
Cuando las infraestructuras son un signo de progreso y de modernidad, de
avance económico y social, es necesario que ese escenario pase a formar
parte de la historia de nuestra cultura, de la historia de nuestras
carreteras, de nuestros ferrocarriles. Además, y creo que eso es lo más
importante, la existencia de este elevado número de pasos a nivel genera
un claro riesgo para la seguridad de las personas. Según los datos que
tiene este diputado, el número de accidentes ocurridos entre 1992 y 1997
como consecuencia de la existencia de estos pasos a nivel fue de 376,
siendo el número de víctimas mortales de 133 y el de heridos de 147. Yo
creo que los números cantan. Además, lo peor es que, en la mayoría de los
casos, las víctimas han sido niños, que por su falta de capacidad para
detectar el peligro y buscando al camino más corto han perdido la vida.
Por todo ello, conscientes también de las competencias de los
ayuntamientos y de las comunidades autónomas, ante la existencia de
legislación al efecto que obliga a las administraciones públicas,
incluyendo al Ministerio de Fomento, a solucionar el problema, le formulo
la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las actuaciones o medidas que, en el
marco de sus competencias, está adoptando el Ministerio de Fomento para
reducir el número de pasos a nivel existentes en el territorio nacional?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Bardisa.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, las actuaciones del Ministerio de Fomento se realizan en dos
frentes: por una parte, actuaciones concretas y, por otra, la licitación
de un estudio, al que inmediatamente me referiré. En cuanto a actuaciones
concretas, le puedo dar los siguientes datos. Contratación y ejecución de
obras, 109 pasos a nivel suprimidos en 1996; 49 en el transcurso de 1997.
Licitación de obras en el presente ejercicio de otros 41 pasos a nivel,
para su supresión, evidentemente. Se hallan pendientes de licitación, con
proyecto hecho, las obras de 31 pasos a nivel, y otros 25 pasos a nivel,
con los correspondientes proyectos de obras en redacción, se suprimirán
próximamente. El segundo frente, como decía, es la licitación de un
estudio para el análisis de las necesidades de la integración del
ferrocarril en todas las ciudades españolas de más de 20.000 habitantes.
De esta manera se cumplirá una moción del Senado, aprobada el pasado día
8 de abril, que dio al Gobierno un año para la realización de este
estudio, que se adjudicará próximamente y que deberá darnos líneas de
actuación para hacer un programa global, racional y coherente que
conduzca a la gradual integración del ferrocarril en aquellas ciudades en
que esa integración es una necesidad imprescindible.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON PASCUAL MONZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE ESTADO SE
ENCUENTRAN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA AUTOVIA DE VALENCIA, N-III?
(Número de expediente 180/000905)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 26,
que formula el señor Pascual, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, la carretera N-III es una vieja aspiración de
los valencianos, no sólo por tener una vía rápida de unión con la capital
de la nación, Madrid, sino también por ser un importante medio de
comunicación del centro de España como salida rápida al mar Mediterráneo.
La construcción de la autovía,
señorías, lleva muchos años realizándose, seguramente demasiados. Ha
habido una gran lentitud en la ejecución y un importante retraso, debido
sobre todo a un problema --un problema que llegó a enquistarse-- por un
paraje en aquellos momentos tan bucólico como desconocido y
posteriormente tan polémico, como es el de las hoces del Cabriel; paraje
que pasó a ser famoso por los medios de comunicación al crearse un
problema medioambiental, y paralelamente un problema político, cuando por
parte del Ministerio de entonces se estudiaron las distintas alternativas
de itinerarios o trazados a través de las hoces del Cabriel.
Señorías, gracias al Gobierno del Partido Popular y al Gobierno de José
María Aznar (Rumores.), una de sus primeras medidas fue la solución
rápida y definitiva de este problema --por lo tanto, hay que felicitar
también al Ministerio--, dando una solución al problema con un nuevo
trazado y la construcción de un viaducto sobre las aguas de la presa de
Contreras. El problema se había creado en aquellos momentos entre
comunidades autónomas y Gobierno central, y los valencianos, señorías, lo
vamos a ver solucionado rápida y definitivamente. De todas formas,
señorías, últimamente ha habido rumores sobre problemas de viabilidad
técnica a la hora de realizar el citado viaducto.
Para tranquilizar a los ciudadanos y para dar una información fidedigna
por parte de su Ministerio, este diputado le formula la siguiente
pregunta: ¿En qué estado se encuentran, señor ministro, las obras de
construcción de la autovía de Valencia, N-III?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pascual.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Cuando el Gobierno del Partido Popular asumió sus funciones, señoría, la
ejecución de la llamada autovía Nacional III llevaba dos años bloqueada y
quedaban 95 kilómetros pendientes de ejecución. En julio del presente año
de esos 95 kilómetros se abrieron al tráfico 49; el resto, que comprende
el tramo de Atalaya del Cañavate a Motilla del Palancar y los viaductos
sobre el embalse de Contreras, de aproximadamente unos 9 kilómetros,
según los informes que el pasado año me pasaron los servicios técnicos y
que me han ratificado con ocasión de esta pregunta, ambos tramos, el del
embalse de Contreras y el de Atalaya-Motilla, deberán estar terminados en
noviembre del año 1998.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUINEZ MARQUINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE DECIDIDO EL
GOBIERNO LLEVAR A CABO LA AUTOVIA HUELVA-AYAMONTE? (Número de expediente
180/000907)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 28,
que formula el señor Marquínez, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, antes de entrar en materia me va a permitir que le
felicite y le exprese muy brevemente mi agradecimiento por dos
cuestiones. La primera, por estar hoy aquí respondiendo a esta pregunta,
porque la verdad es que información sobre la pregunta que hoy le hago yo
a usted tenemos una barbaridad. Hemos recibido información a través de
los boletines del Ministerio, a través de los Presupuestos Generales del
Estado y cada vez que se la hemos pedido, pero a pesar de toda esa
información, señor ministro, parece ser que hay en esta Cámara algunos
diputados que no acaban de enterarse; bien puede ser que sí que se
enteren pero que traten de embaucar o de confundir a la opinión pública
en determinados temas, de decir embustes, como decimos en mi tierra, o
puede que no se enteren ya que hoy, cuando tenían oportunidad de
enterarse definitivamente de cómo va a estar la situación de este
proyecto, no están aquí.
En definitiva, señor ministro, nos interesa que usted nos diga si el
Ministerio tiene intención o no de construir la autovía Huelva-Ayamonte y
cuándo van a iniciarse las obras.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Marquínez.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Como S. S. sabe,
la autovía Huelva-Ayamonte, a los efectos de su construcción, se ha
dividido en tres tramos. El tramo San Juan del Puerto enlace de
Aljaraque, que supone una inversión de 12.609 de pesetas, se halla en
fase de adjudicación. La apertura de ofertas se hizo el pasado 18 de
noviembre y en los próximos tres o cuatro días se hará la adjudicación de
la obra. La financiación será bajo la modalidad de abono total del
precio.
El segundo tramo es el enlace de Lepe por el oeste con el puente
internacional de Ayamonte, que tiene una longitud de 15 kilómetros y un
presupuesto de 6.500 millones de pesetas. La licitación se publicó en el
«Boletín Oficial del Estado» el pasado 25 de noviembre.
La financiación también será bajo la modalidad de abono total del precio.
Finalmente, el tercer tramo es el enlace de Aljaraque con el enlace de
Lepe por el oeste. La longitud es de 18 kilómetros y su presupuesto de
12.300 millones de pesetas. La licitación se llevará a cabo en 1998.
En total, 56 kilómetros y una inversión de 31.500 millones de pesetas. A
finales de 1998 la totalidad del tramo entre Huelva y Ayamonte, señorías,
estará en obras y tardará en construirse en su conjunto aproximadamente
unos tres años.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Marquínez.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Gracias, señor presidente.
Le había dicho al ministro que le iba a felicitar y a agradecérselo dos
veces, y ahora va la segunda. Gracias, señor ministro, por habernos
confirmado que la obra se va a hacer. Es una obra que el pueblo de Huelva
necesitaba, y en un año y medio de Gobierno del Partido Popular se va a
hacer lo que en catorce años no fueron ustedes capaces de hacer.
Muchas gracias. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Marquínez.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENTINA DIEZ DE BALDEON GARCIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA LA SEÑORA
MINISTRA DE EDUCACION Y CIENCIA SEGUIR MANTENIENDO EL PROYECTO DE DECRETO
SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS HUMANIDADES DESPUES DE QUE CUATRO COMUNIDADES
AUTONOMAS CON COMPETENCIA EN EDUCACION, CATALUÑA, PAIS VASCO, CANARIAS Y
ANDALUCIA, HAYAN SOLICITADO SU RETIRADA? (Número de expediente
180/000895)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 17,
que formula la señora Díez de Baldeón, del Grupo Parlamentario
Socialista. Señora de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿piensa seguir manteniendo el proyecto de decreto sobre
enseñanza de las humanidades después de que cuatro comunidades autónomas
con competencias en educación hayan solicitado oficialmente su retirada?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Díez de Baldeón.
Señora ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.
Sí, señoría, el proyecto se mantiene. El Ministerio de Educación y
Cultura no va a retirar la propuesta porque, en primer lugar, creemos que
es una demanda sentida en toda la sociedad, incluso ustedes han
reconocido que es necesario terminar con la postergación que están
sufriendo las humanidades, porque creemos que la reforma de las
enseñanzas mínimas contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza y
fundamentalmente porque creemos que nuestra propuesta no es otra cosa que
una invitación al diálogo.
Señoría, el Gobierno lo podría haber aprobado en un decreto de los muchos
que aprueban los consejos de ministros porque pertenece al ámbito de
nuestras estrictas competencias. Sin embargo, porque creemos que en
educación es siempre deseable un acuerdo, lo hemos sometido al diálogo y
estamos abiertos a las aportaciones de todos. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Señora ministra, le aseguro que nuestra
intención es mejorar la enseñanza de la historia y de las humanidades.
Permítanos ayudarla porque le aseguro que es nuestra intención, pero para
eso usted debería evitar los dobles mensajes. Usted, por ejemplo, lo ha
calificado de éxito rotundo cuando cuatro consejeros, de Andalucía,
Cataluña, País Vasco y Canarias, le pidieron que retirara el decreto de
humanidades; es algo que parece realmente surrealista.
Señora ministra, casi todos los grupos políticos le hemos pedido que
retire un decreto que ha roto el consenso y que además nos parece, tal
como está formulado, ineficaz. Sin embargo, le ofrecemos empezar de
nuevo. Si usted lo hace así, le aseguro que puede contar con nuestra
ayuda. Los socialistas hemos presentado una proposición no de ley en la
que decimos los pasos que se deben seguir, entre otras cosas empezar
diagnosticando cuál es la situación de la enseñanza de las humanidades en
todas las comunidades autónomas. Señora ministra, consideramos que,
frente a historias autistas y excluyentes, es necesario reivindicar una
historia común y plural abierta a Europa y al mundo que forme hombres y
mujeres tolerantes y demócratas, ciudadanos para la paz. Pero eso, señora
ministra, debemos hacerlo entre todos desde el diálogo, siempre desde el
diálogo, desde la sensibilidad de integración y desde el consenso. Por
eso, señora ministra,
permítanos colaborar con usted, pero empezando de nuevo, no a partir de
un decreto cuya retirada ha sido solicitada oficialmente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Díez de Baldeón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señoría. Espero que
haga honor a su palabra y que colabore y contribuya con su aportación a
mejorar, a enriquecer ese proyecto --porque no es más que un proyecto, no
es un decreto, señoría-- que el Gobierno ha presentado haciendo suyas las
recomendaciones de unos expertos a los que nosotros no hemos dado otra
indicación más que digan qué cosas no deben los escolares españoles
desconocer después de diez años de escolarización obligatoria. Ellos han
presentado un texto que el Gobierno ha hecho suyo. Sobre la base de ese
texto, señoría, estamos abiertos a todas las aportaciones, a todas las
sugerencias, a todas las críticas, a que se nos diga: quite usted esto,
ponga usted lo otro. Como ya se ha dicho y se está diciendo por la
comunidad científica, la comunidad académica, por la comunidad educativa
y por los grupos parlamentarios. Eso es lo que se está diciendo. Nosotros
no hemos presentado otra cosa que un borrador, señoría, y lo que tiene
que hacer S. S. es contribuir también a ese debate con su aportación.
Lo que la ley dice es que el Gobierno tiene la obligación de fijar las
enseñanzas mínimas comunes para garantizar que los escolares españoles
tengan esa educación de calidad. A eso es a lo que nos obliga una ley, la
Logse, que ustedes propusieron y votaron favorablemente los grupos
nacionalistas. Sobre la base de esa obligación, nosotros estamos abiertos
a las aportaciones que lo enriquezcan.
Ha habido un debate que yo creo muy enriquecedor, y tengo que decir,
señoría, que la mayoría de las aportaciones, especialmente las de los
intelectuales de izquierdas, han sido favorables al proyecto. A mí lo que
me gustaría, señoría, es que usted hiciera caso de esos intelectuales de
izquierdas cuando dicen que ojalá el Partido Socialista abandone su
oportunismo político de corto vuelo, que no tiene otro objetivo que armar
barullo sobre cualquier cosa con tal que venga del Gobierno. Señoría,
abandone su oportunismo y contribuya, por favor, a este debate.
Gracias. (Aplausos.)
-- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO CERCAS ALONSO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA A CESAR EL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES AL DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERIA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL POR SUS MANIFESTACIONES SOBRE LAS PENSIONES PUBLICAS?
(Número de expediente 180/000892)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 14,
que formula el señor Cercas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ministro de Trabajo, el pasado miércoles los españoles nos
enterábamos, por boca del mayor responsable de la Seguridad Social, de
sus ingresos y de sus pagos, que la Seguridad Social no podría hacer
frente a sus compromisos en el futuro y recibíamos su consejo de que
suscribiéramos planes de pensiones.
Señor ministro, ¿va a cesar usted a este ciudadano?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cercas.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, como sabe el señor Cercas, el ministro no cesa; cesa el
Consejo de Ministros. Pero si la pregunta es que si pienso proponer el
cese, la respuesta es que no, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: En ese caso, señor ministro, tiene usted que
saber que todo lo que diga a continuación, y seguro que hará grandes
protestas y grandes promesas de mantener el sistema publico de Seguridad
Social, está reñido con el sentido común, porque parece fuera de
cualquier sentido común, no digo ya de cualquier sentido político, sino
de cualquier sentido común, que se mantenga al frente de una institución
a una persona que no cree en ella y que trabaja como un activo
propagandista de los fondos privados de pensiones. Ya me sospechaba yo,
señor ministro, que ésta iba a ser su respuesta, porque ya llueve sobre
mojado y ya sabemos que la Seguridad Social no está segura en sus manos,
no solamente por las palabras, sino porque ustedes están agraviando a
esta institución con hechos. Y son hechos, y no opiniones, que cuando
usted llegó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social esta institución
tenía 925.000 millones de pesetas de patrimonio y reservas que se han
volatilizado. No queda nada de ese presupuesto, de ese patrimonio, de
esas reservas, en un año y en una coyuntura,
tras el Pacto de Toledo, donde usted se había comprometido a incrementar
las reservas de la Seguridad Social para el siglo XXI, y en solamente
tres ejercicios las han volatilizado. No me extraña nada --y no es una
opinión sino que es un hecho y es mi responsabilidad decirlo y señalarle
los remedios-- que ustedes en una sola legislatura vayan a endeudar a la
Seguridad Social más que lo que se ha endeudado en toda su historia esta
institución, bajo un compromiso del Pacto de Toledo de terminar con esos
endeudamientos que son fruto de obligaciones que asume la Seguridad
Social, que usted está asumiendo por debilidad ante el Ministerio de
Hacienda, de obligaciones y compromisos del Estado.
Mire usted, señor ministro, es un hecho que van en la dirección contraria
al Pacto de Toledo y que van en unas dimensiones y a una velocidad tal
que mucho me temo no cese usted al señor tesorero de la Seguridad Social
porque, en el fondo, está de acuerdo con lo que él ha dicho. Yo le diría,
señor ministro, por el contrario, que los males de la Seguridad Social
tienen remedio. Y no me venga ahora con la historia de la
irresponsabilidad de la oposición, porque es por responsabilidad por lo
que no podemos mirar hacia otro lado ni permanecer silentes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cercas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, con mucha brevedad tengo que decir que aquellos que son los
mayores propagandistas de los sistemas privados de pensiones son los que,
a diario, minuto a minuto, siembran alarma sobre el sistema público de
pensiones; aquellos que llevan 14 años diciendo que cuando haya un cambio
de Gobierno se acabaron las pensiones. Esos son los mayores
propagandistas del sistema privado de pensiones. (Aplausos.)
La segunda cuestión que quiero decirle es que no me preocupa lo que me
está diciendo por cuatro razones. Los pensionistas reciben todos los
meses sus pensiones. (El señor Cercas Alonso: ¡Hombre, claro!) Desde que
hemos llegado al Gobierno, ¡hombre, claro!, han incrementado el poder
adquisitivo de sus pensiones todos los meses. Estamos reduciendo el
déficit de la Seguridad Social. (El señor Cercas Alonso: ¡Falso!) El que
está haciendo los gestos y las protestas es usted. Yo le he oído
pacientemente, señoría, con las cosas que ha dicho usted. Pido el amparo
de la Presidencia, si es posible.
Al final, cuando hay un incremento de 600.000 afiliados en la Seguridad
Social y se reduce el déficit todos los meses, el sistema está
absolutamente garantizado.
En la etapa anterior un ministro de Economía dijo: Los mayores de 40 años
deben garantizarse una buena jubilación con la suma de una pensión
pública y otra privada. Y ustedes no pidieron el cese de ese ministro de
Economía. Otro ministro de Economía dijo que habría que recortar
necesariamente las pensiones públicas e impulsar las pensiones privadas.
Y no cesaron ustedes a ese ministro de Economía. Yo les pediría, por
favor, que no continúen con la alarma porque el sistema de protección
social está cada día más consolidado.
Finalmente, le voy a pedir a usted un ejercicio de coherencia personal,
si me lo permite, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ha
habido, señorías, un diputado de esta Cámara que el 23 de octubre ha
dicho: Existe un auténtico riesgo de colapso en el sistema de Seguridad
Social. Y ese diputado de la Cámara continuó diciendo: Puede producirse
la quiebra del sistema de Seguridad Social antes del siglo XXI.
Presente su dimisión, si es coherente, porque usted es el diputado que ha
dicho eso hace un par de meses.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.--El señor Cercas Alonso:
¡Cómo voy a dimitir, señor ministro!--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. (Continúan los rumores.)
Señorías, les ruego silencio.
-- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA: ¿QUE
CONSECUENCIAS SE DERIVAN PARA ASTANO DE LAS DECISIONES TOMADAS POR LOS
MINISTROS DE INDUSTRIA DE LA UNION EUROPEA EN RELACION A LA CONSTRUCCION
NAVAL? (Número de expediente 180/000888)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 10,
que formula el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria, somos reincidentes en un tema, en el de que
el más grande astillero que había en el Estado español dedicado a la
construcción naval civil lleva muchos años de camino angustioso, de
incertidumbre y de espera, debido a decisiones políticas incomprensibles,
desde una mentalidad de defensa de los sectores productivos y de la
competitividad y desde
el punto de vista de Galicia. Nos estamos refiriendo al astillero público
Astano.
Sometido a reestructuraciones permanentes desde 1984, siendo capaz de
mantenerse en el mercado en productos offshore, usted sabe que está
pendiente de un dictamen pericial que viene amenazando prácticamente
desde el 22 de febrero de 1997. Cuando se pensaba que se iba a deshacer
la incertidumbre el día 13 de noviembre, ante una opinión pública gallega
y particularmente de la comarca de Ferrol, expectante y preocupada, nos
encontramos con que se prolonga dicha incertidumbre, la expectación y la
preocupación, pensamos que hasta la primavera.
En todo caso, queríamos saber de su propia boca qué consecuencias se
derivan para Astano de las decisiones tomadas por los ministros de
Industria de la Unión Europea en relación a la construcción naval en la
reunión del día 13 de noviembre.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
Señor ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
presidente.
Señoría, usted conoce --este tema es recurrente, como usted dice, y lo
hemos tratado en infinidad de ocasiones-- la preocupación que ha tenido
el Ministerio de Industria y Energía en relación al futuro de Astano y
del conjunto de los astilleros de titularidad pública y privada que
existen en nuestro país. Sabe que hemos desarrollado un conjunto de
esfuerzos buscando tanto un nuevo marco de relaciones laborales como la
aprobación de un conjunto de medidas de apoyo por parte de la Comisión
Europea que estaban encalladas, como que al mismo tiempo también, con una
política de agresividad comercial muy superior, hemos buscado una
aplicación real del llamado plan estratégico de competitividad para dar
una expectativa de futuro a los astilleros en su conjunto, también para
Astano.
Astano tiene una limitación que viene ya desde hace mucho tiempo en
relación a qué tipo de cosa tiene que producir, los llamados artefactos
offshore. En un momento determinado se plantea cuál es el contenido de
ese concepto. Yo le puedo anticipar que eso no se trató en el Consejo de
Ministros de Industria de la Unión Europea, porque allí de lo que se
trató fue del nuevo marco general de ayudas al sector de la construcción
naval una vez se agote la séptima directiva, pero sí le puedo anticipar
que, a través de acuerdos y de tratos bilaterales, el futuro de Astano
está garantizado porque podrá seguir produciendo todo tipo de plataformas
offshore y, por tanto, podrá seguir estando en el mercado y preservando
los puestos de trabajo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted sabe tan bien como yo que esas palabras pueden ser
reconfortantes, pero a nadie se le oculta que la cartera de pedidos de
Astano es prácticamente nula y que en el mes de mayo acaba el poco
trabajo que tienen. Usted sabe también que si este astillero da pérdidas,
y tiene que darlas forzosamente porque no tiene trabajo, está condenado a
ser cerrado. Y usted sabe también que hubo un fracaso evidente de los
acuerdos de la OCDE de finales de 1995, en concreto porque Estados Unidos
se niega a cumplirlos, y se abre, por tanto, la posibilidad de una nueva
política de construcción naval y de un nuevo marco de ayudas, si se
quiere.
¿Por qué razón no utilizan ustedes la coyuntura para sacar a Astano de
ese pozo negro en que está metido, restrictivo, y que, de una vez por
todas, se reestructure de nuevo la construcción naval en la Unión Europea
teniendo en cuenta los intereses de todo el mundo?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): La respuesta es
muy fácil, señoría, porque estamos en la Unión Europea y eso implica que
no puede haber aumentos de capacidad en relación a lo que está acordado
después de haber autorizado ayudas que, en nuestro caso, superan los
300.000 millones de pesetas. Eso es así. Otra cosa es que todos nos
estemos esforzando --y estoy seguro de que usted y yo compartimos y
deseamos lo mismo-- en que Astano no tenga ningún tipo de limitación para
construir cualquier tipo de plataformas que le permitan competir no ya
con los astilleros de la propia Unión Europea, que era el tema más
preocupante hace seis meses, porque había una diferencia en cuanto al
tratamiento jurídico --que comparto con usted que debe suprimirse y en
eso se está--, sino con astilleros de fuera de la Comunidad. Eso lo ha
entendido perfectamente la Comisión Europea y por ello va a liberar a
Astano de las trabas que hasta ahora tenía y va a asegurarle la misma
igualdad de oportunidades que tiene el conjunto de los astilleros en
Europa para seguir compitiendo. Estoy seguro de que usted y yo
compartimos eso.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON GABINO PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CON QUE
APOYOS CUENTA EL GOBIERNO EN LA NEGOCIACION DE LA ORGANIZACION COMUN DE
MERCADO (OCM) DEL ACEITE DE OLIVA? (Número de expediente: 180/000902)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 23,
que formula el señor Puche, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Señor presidente, señora ministra, la
reforma de la OCM del aceite de oliva sigue siendo un tema de candente
actualidad; actualidad que viene generando en los últimos días y en las
últimas semanas noticias de todo tipo e incluso contradictorias. Así, no
es raro que nos encontremos un día con alguna salida de tono del
comisario Fischler, al día siguiente con declaraciones de algún
responsable autonómico de alguna comunidad autónoma hablando de cierta
soledad o de cierto aislamiento del Gobierno en la negociación y tampoco
es extraño que otro día nos encontremos con algún responsable socialista
del Parlamento Europeo presentando una serie de enmiendas al informe
Jové, enmiendas que van dirigidas más a alinearse con las tesis del
comisario Fischler, que van dirigidas a perjudicar los intereses
españoles, que ponen en peligro la unidad de acción, no solamente del
Gobierno español sino de España en su conjunto, y que, desde mi punto de
vista, pueden obedecer a un doble lenguaje.
Tampoco es extraño, señora ministra, asistir perplejos últimamente a la
pretensión socialista de retrasar la reforma incluyéndola en el paquete
que integrará la Agenda 2000, lo cual supone, desde mi punto de vista, un
desconocimiento de la realidad europea, porque nos meterá en las
restricciones a la incorporación de nuevos países en esa Agenda 2000. Por
tanto, señora ministra, creo que con todo este conjunto de declaraciones,
de manifestaciones y de cambios de postura se está creando una
desorientación y un cierto desasosiego en la población que es conveniente
disipar cuanto antes. En ese sentido son bien conocidas las reuniones
últimamente realizadas en el Ministerio de Agricultura con el sector del
aceite, con la mesa del aceite y con representantes políticos; también su
viaje el fin de semana por Jaén, Granada y Córdoba, acompañando al
ministro de Agricultura holandés y al viceministro austriaco, con un
expreso apoyo hacia las tesis españolas; y asimismo ayer, concretamente
en esta Cámara, se aprobó una propuesta de resolución en ese sentido. De
ahí, señora ministra, que yo desee conocer en este momento con qué apoyos
cuenta el Gobierno de España o usted en esta negociación de la OCM del
aceite de oliva.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Puche.
Señora ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
En primer lugar, cuento con el apoyo del sector olivarero y productor e
industrial español, con el de todas las administraciones y con el apoyo
además de todas las fuerzas políticas, según ayer se pudo comprobar
después de una cierta incertidumbre a raíz de unas votaciones tanto en el
Parlamento andaluz como con motivo de unas enmiendas al informe Jové a
las que ha hecho referencia S. S., planteadas en ambos casos por
responsables socialistas en distintos órganos representativos. Cuento con
el apoyo también --y eso puedo decirlo con satisfacción hoy-- de todos
los europarlamentarios del Grupo Popular que había hoy en la Comisión de
Agricultura, que eran muchos. Lamentablemente, no contamos con el apoyo
de todos los europarlamentarios del Grupo Socialista, aunque tengo que
señalar que los europarlamentarios socialistas españoles sí han votado
favorablemente. Por otro lado, varios países han manifestado ya
públicamente el apoyo claro e inequívoco a España y a las posturas
españolas, concretamente el ministro holandés lo hizo este sábado pasado,
otros países europeos lo que han dicho es que en ningún caso van a
respaldar nada que vaya en contra de los criterios y de los intereses de
los países productores.
Tengo que decir, señorías, que en esa labor de explicar, fundamentalmente
a los países del Norte, la importancia del olivar para España, desde el
punto de vista económico, social y cultural y, sobre todo, porque es el
origen y fuente de vida de miles y miles de familias, fundamentalmente en
Andalucía y también en otros rincones de España, se han hecho una serie
de gestiones para concitar el apoyo no sólo de esos países, que ya lo han
manifestado públicamente, sino del conjunto de todos ellos. Concretamente
se han llevado a cabo visitas con los embajadores de los catorce países
europeos y con cuatro ministros distintos, que de una u otra manera han
apoyado también las tesis españolas, y se va a seguir con esta política,
partiendo de que no es un tema fácil, ya que las cosas no están ganadas.
Con la votación hoy del informe Jové, del cual nos alegramos todos, con
el respaldo de todos los parlamentarios españoles y, desde luego, de
todos los del Partido Popular Europeo, damos un paso adelante en la
Comisión; ahora tiene que ir al pleno y luego el comisario Fischler debe
enviar su propuesta. Estamos ganando etapas. Nos hace falta ganar la
carrera y en eso vamos a trabajar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
-- DE LA DIPUTADA DONA ALICIA CASTRO MASAVEU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA SIDO MULTADA ESPAÑA
POR LA «TARDANZA» EN DAR LOS DATOS DE SOBREPASAMIENTO DE LA CUOTA LACTEA
DE LA PASADA CAMPAÑA? (Número de expediente 180/000903)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 24,
que formula la señora Castro, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, desde que usted se hizo cargo del Ministerio de
Agricultura viene trabajando desmesuradamente, podríamos calificarlo así,
por un problema que S. S. se ha encontrado, que es el de mejorar las
condiciones de todas aquellas familias que fundamentalmente en la cornisa
cantábrica tienen su economía basada en el sector lácteo. Los ganaderos
que viven este problema están viendo cómo usted está planteando ante la
Unión Europea las demandas de todos los ganaderos asturianos, cántabros y
gallegos y están comprobando que nunca como ahora se están defendiendo
los intereses de sus ganaderías. Está haciendo usted una reordenación
para mejorar toda la problemática del sector lácteo y los ganaderos lo
están comprobando; además, lo está haciendo dialogando con todas las
fuerzas implicadas.
Son muchos los problemas que S. S. ha heredado del anterior Gobierno
socialista en materia láctea. Uno de ellos es que en campañas anteriores
los primeros compradores retrasaban la entrega de datos al Ministerio y,
por ello, como se producían esos retrasos, todavía no se han acostumbrado
a que, a partir de ahora, con la organización que ha hecho desde el
Ministerio, se deben cumplir todas las normas. Por eso, en la campaña
1996-97, el Ministerio se ha visto obligado a retrasar la entrega de
datos a la Unión Europea. Desde las filas socialistas se ha anunciado en
esta Cámara que eso supondría para España una importante multa cuya
cuantía iba a perjudicar los intereses españoles. ¿Puede decirnos, señora
ministra, si ha habido una multa y de qué cuantía?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Castro.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señora Castro, tengo que comunicarle con satisfacción que el Gobierno
español aportó los datos el 21 de octubre en el comité de gestión del
Feoga, precisamente del sector lácteo, y planteó el problema de que
tenemos 881 primeros compradores, lo que hace muy difícil manipular esa
información, sobre todo porque, como muy bien ha señalado S. S., no
disponen de las infraestructuras necesarias ni se resisten a cumplir unos
requisitos mínimos que ya exige la ley. En función de esos argumentos
alegados por la representación española, el comité Feoga decidió no
sancionar a España, que en ningún caso lo hubiera sido con la cantidad
que denunció, alegre o tristemente, según se mire, algún portavoz de un
grupo de esta Cámara, que hablaba de 800 millones de pesetas; en ningún
caso hubiera sido esa cantidad, sino 67 millones y, además, tampoco ha
sido aplicada.
Quiero señalar a S. S. que el sector lácteo sufre lamentablemente varios
problemas que tienen su origen, fundamentalmente, en la insuficiencia de
la cuota asignada a España en el momento de su adhesión. Desde entonces,
lo que se ha hecho, con la excepción de alguna gestión por parte del
señor Solbes que ahí consiguió que algo que nos habían quitado nos fuera
devuelto --fundamentalmente fue eso lo que consiguió, lamentablemente, no
más--, la verdad es que se ha sido bastante poco y habría que haber hecho
mucho más.
Se está trabajando desde el Ministerio para obtener precisamente ese
aumento de la cuota láctea en un millón de toneladas. Es una
reivindicación española que mantenemos viva y que, además, justificamos
día a día. Mientras tanto, concretamente en la próxima reunión sectorial
con todos los consejeros de comunidades autónomas, se lleva un plan de
ordenación, que ya ha sido debatido ampliamente por las distintas
comunidades autónomas y con ellas para permitir una modernización del
sector y para permitir responder a los actuales problemas que plantea
debido al tamaño de las explotaciones y también a los problemas derivados
de las exigencias de calidad y de sanidad que entrarán en vigor a partir
del primero de enero. En ese plan entre otras cosas se contempla para los
dos próximos años por parte del Ministerio de Agricultura una inversión
de 6.000 millones de pesetas, que se verá complementada con otros 6.000
por parte de las comunidades autónomas y que dará lugar, espero, a los
resultados apetecidos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Habiendo sido retirada la pregunta número 22, del señor Serrano Vinué,
del Grupo Parlamentario Popular, finalizamos el turno de preguntas
orales, con lo cual el Pleno se reanudará mañana a las nueve de la
mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y quince minutos de la noche.