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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 120, de 25/11/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 120
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 116
celebrada el martes, 25 de noviembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre contrato de unión
civil. (Orgánica). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número
117-1, de 29 de noviembre de 1997 (número de expediente 122/000098)
(Página 6282)
Declaración institucional:
--De condena de la violencia contra las mujeres (número de expediente
140/000018) (Página 6295)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Continuación):
--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre modificación de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 91-1, de 22
de abril de 1997 (número de expediente 122/000072) (Página 6296)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la Organización
Común de Mercado del aceite de oliva (número de expediente 162/000174)
(Página 6296)
--Del Grupo Socialista del Congreso, relativa al programa de actuaciones
del Gobierno para cumplir los compromisos derivados del Convenio de
Naciones Unidas sobre cambio climático. «BOCG. Congresos de los
Diputados», serie D, número 175, de 17 de septiembre de 1997 (número de
expediente 162/000161)(1) (Página 6305)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la posición del Gobierno en
relación al mantenimiento de los contenidos esenciales de la Organización
Común de Mercado (OCM) del plátano en el Mercado Europeo ante posibles
decisiones de la Organización Mundial de Comercio (número de expediente
173/000055) (Página 6313)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional, Servicio de
Protección Civil e instituciones de salvamento y socorro, en relación con
las continuadas catástrofes producidas por la llamada gota fría en zonas
tradicionalmente afectadas por esta clase de inclemencias (número de
expediente 173/000056) (Página 6321)
(1) Esta proposición no de Ley sustituye a la inicialmente prevista, a
petición del Grupo Proponente, aceptada por todos los Grupos
Parlamentarios.
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 6282)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre contrato de unión
civil (Orgánica.) (Página 6282)
Presenta la proposición de ley el señor Trías Sagnier, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno en contra intervienen el señor Rodríguez Sánchez y las señoras
Rahola i Martínez, Almeida Castro y Rivadulla Gracia, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor
Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Replica el señor Trías Sagnier, duplicando las señoras Almeida Castro,
Rivadulla Gracia y Rahola Martínez.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 170 votos a
favor y 160 en contra.
Declaración institucional (Página 6295)
De condena de la violencia contra las mujeres (Página 6295)
El señor Presidente somete a la consideración de la Cámara una
declaración institucional con ocasión del Día internacional dedicado a la
lucha contra la violencia hacia las mujeres, que es aprobada por
asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Continuación.) (Página 6296)
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre modificación de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema
educativo (Página 6296)
Se da por decaída la proposición de ley al haber sido retirada por el
grupo proponente.
Proposiciones no de ley (Página 6296)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la organización
común de mercado del aceite de oliva (Página 6296)
Presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, el señor Madero Jarabo.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Pliego
Cubero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Centella
Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo Barber
y la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, y los
señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Caballero Basáñez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Companys
Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y de ofrecer una enmienda transaccional al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, interviene el señor Madero Jarabo.
Por la señora Secretaria (Del Campo Casasús) se da lectura al texto de la
enmienda transaccional.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, en los términos resultantes de la aceptación de
la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y de la
transaccional que sobre su enmienda ha aceptado el Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, se aprueba por unanimidad.
Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa al programa de
actuaciones del Gobierno para cumplir los compromisos derivados del
convenio de Naciones Unidas sobre cambio climático (Página 6305)
Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso la señora Narbona Ruiz.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señora Urán
González, del Grupo Federal de Izquierda Unida, y la señora De Lara
Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas
presentadas, interviene la señora Narbona Ruiz.
Por la señora Secretaria (Barrios Curbelo) se da lectura a la enmienda
transaccional presentada.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, en los términos resultantes de la enmienda
transaccional presentada, se aprueba por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 6313)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la posición del Gobierno en
relación al mantenimiento de los contenidos esenciales de la organización
común de mercado (OCM) del plátano en el mercado europeo ante posibles
decisiones de la Organización Mundial de Comercio (Página 6313)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Segura
Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Soriano Benítez
de Lugo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Companys
Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En un segundo turno intervienen los señores Mardones Sevilla, Segura
Clavell y Soriano Benítez de Lugo.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente en
los términos resultantes de la enmienda transaccional, se aprueba por 264
votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional, Servicio de
Protección Civil e instituciones de salvamento y socorro, en relación con
las continuadas catástrofes producidas por la llamada gota fría en zonas
tradicionalmente afectadas por esta clase de inclemencias (Página 6321)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la
moción consecuencia de interpelación urgente el señor Castellano
Cardalliaguet.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Parlamentario Mixto; Cuesta Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, y Zambrano Vázquez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Recoder i Miralles,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En un segundo turno interviene el señor Castellano Cardalliaguet, que da
lectura al texto de la moción resultante de la aceptación de las
enmiendas presentadas.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, se
aprueba por 286 votos a favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Con carácter previo al desarrollo del orden del día,
quiero informar a la Cámara que se ha retirado el punto número 2, es
decir la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
sobre modificación de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo.
A su vez, la Junta de Portavoces ha aceptado por unanimidad la propuesta
de inclusión en el orden del día de la sesión en su punto VIII, para la
mañana del jueves, del dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores
sobre el Cuarto protocolo sobre telecomunicaciones básicas.
¿Lo acepta así el Pleno? (Asentimiento.) Se entiende aprobado por
asentimiento y se incluye, por tanto, dentro del punto octavo del orden
del día que tienen SS. SS. repartido con anterioridad.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CONTRATO DE
UNION CIVIL, ORGANICA (Número de expediente 122/000098)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al apartado I del orden del día, que
ya tiene solamente un punto. Quiero decirles que al terminar éste, y tras
la votación, someteré a la Cámara la consideración de una declaración
institucional al celebrarse el Día contra los malos tratos a la mujer.
Punto I del orden del día: debates para la toma en consideración de
proposiciones de ley, en este caso del Grupo Parlamentario Popular, sobre
contrato de unión civil, que se pretende con carácter orgánico.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra en nombre del grupo
proponente el señor Trías Sagnier.
El señor TRIAS SAGNIER: Señor presidente, señorías.
Si las leyes deben ser no solamente actos emanados del poder legislativo,
sino también y sobre todo actos de prudencia y razón, nuestra actividad
como legisladores deberá estar presidida, siempre y en todo momento, por
el buen sentido y por la libertad de criterio. El buen sentido se nos
presume desde el momento en que llegamos a estos escaños y la libertad de
criterio es un mandato constitucional, pues como nos recuerda el artículo
67.2 de la Constitución española, los diputados no estamos sometidos por
mandato imperativo alguno.
Puedo asegurarles, señorías, que esos criterios los he tenido muy
presentes desde que fui elegido diputado y, por supuesto, en toda la
elaboración de esta ley, así como en los recurrentes debates que hemos
tenido sobre tal cuestión a lo largo de este año. He recibido en mi
despacho, como representante de mi grupo, a todo aquel que ha querido
acudir a exponerme sus reivindicaciones, sus inquietudes, su indignación,
sus argumentos, su apoyo o tan siquiera sus dudas.
Asimismo la subcomisión que se creó para estudiar las cuestiones que hoy
debatimos escuchó muchas opiniones, y al menos a este modesto
representante de la nación española le sirvió para formar su criterio,
pues debo confesarles que cuando comencé a enfrentarme a la realidad de
aquellas personas que conviviendo juntas no podían o no querían contraer
matrimonio, tenía
las ideas, como todo aquél que se ha acercado a esta realidad con la
mente abierta, un poco confusas. El dictamen de esta subcomisión, que no
retrasó ni un minuto la tramitación de la ley y que incluyó las
conclusiones separadas de cada grupo parlamentario, fue aprobado por
unanimidad por todos los grupos.
Al defender esta ley somos conscientes de que proponemos una nueva forma
contractual civil que supone la modificación de once textos legislativos,
tres de ellos de naturaleza orgánica; por tanto, lo primero que se me ha
planteado como legislador, a la hora de formular esta proposición de ley,
es el análisis del marco constitucional al que debe estar
inexcusablemente supeditada.
Pues bien, el texto legal que hoy tengo el honor de presentar a SS. SS.,
para ser debatido y posteriormente votado, he pretendido que sea
escrupulosamente respetuoso con tres principios fundamentales de nuestra
Constitución y con la regulación que se hace, también en ella, de dos
institutos jurídicos que se consideran pilares básicos para el normal
funcionamiento de nuestra sociedad.
La ley que hoy propone mi grupo parlamentario está presidida, pues, por
el principio de libertad, consagrado como valor superior de nuestro
ordenamiento jurídico en el artículo 1.1 de la Constitución y en el
frontispicio del preámbulo de la misma. Por consiguiente, hemos evitado
que determinadas situaciones que eligen aquellos ciudadanos libremente y
que pretenden permanezcan más allá del Derecho, tengan --y tengan
inexorablemente-- que producir consecuencias jurídicas por el simple
transcurso del tiempo o por la mera convivencia.
Dicho principio de libertad está íntimamente relacionado con otro que se
consagra en el artículo 9.3 de la Constitución española y que es el de
seguridad jurídica. Si redactásemos normas imprecisas estaríamos
convirtiendo en sujetos de Derecho a quienes libremente han decidido no
ser objeto de él. Libertad y, por consiguiente, seguridad jurídica que,
desde luego, quedan garantizados en nuestra proposición de ley orgánica.
Por otro lado, nuestra proposición evita cualquier referencia a conceptos
que podrían suponer una intromisión en lo que es la intimidad de las
personas, principio éste de intimidad garantizado también por el artículo
18.1 de la Constitución española. Por esa razón hemos evitado utilizar
conceptos o expresiones como los de afectividad u orientación sexual. La
orientación sexual es libre, sólo tiene el limite de lo sancionado en la
ley penal y pertenece a esa esfera de la intimidad que no debe aflorar
como un argumento para distinguir unos seres de otros.
En lo que hace referencia a la afectividad, vemos como un imposible
jurídico la pretensión que algunos tienen de definirla mediante ese
circunloquio de que ésta debe ser similar a la del matrimonio, cuando se
da la paradójica circunstancia de que en el propio matrimonio y en su
regulación se ha huido de la utilización de conceptos tan etéreos y de
imposible medición.
La ley del contrato de unión civil que hoy debatimos es escrupulosamente
respetuosa con esos principios constitucionales y con los institutos
jurídicos del matrimonio y de la familia. El matrimonio se ha
configurado, según el artículo 32.1 de la Constitución española, como la
unión de un hombre y una mujer, afirmándose que el hombre y la mujer
tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica,
refiriéndose en su párrafo segundo a que la ley, entre otras cosas,
regulará los derechos y deberes de los cónyuge; y cónyuge, según el
diccionario de la Real Academia en su última edición, significa marido y
mujer respectivamente.
Aquí nos adentramos ya en lo que es la médula de la discusión política y
jurídica de esta tarde, de este tema, señorías, discusión que yo no
rehúyo. ¿Es posible con arreglo a nuestro ordenamiento constitucional la
regulación del denominado matrimonio homosexual? ¿Es posible, en
cualquier caso, la regulación de una unión homosexual similar a la del
matrimonio, pero que no se llame matrimonio y que sea, en cambio,
considerada como una unión familiar? Por último, la no equiparación de
las parejas homosexuales a la situación matrimonial o familiar de los
heterosexuales, aunque sí se equiparen sus efectos ¿supone acaso una
discriminación?
Mi conclusión, la conclusión de mi grupo después de haber estudiado esta
cuestión con libertad absoluta de criterio, haciendo abstracción de
cualquier otro tipo de consideraciones y de presiones que me han venido
--debo reconocerlo-- como vientos huracanados y cruzados por todas
partes, esta conclusión es clara: no es posible; no es posible con
arreglo a nuestras leyes esa regulación o esa equiparación de situaciones
y, por tanto, el legislador, es decir nosotros, podíamos llegar a una
formulación que remediase determinados efectos injustos producidos por
situaciones muy concretas, pero esa regulación en ningún caso debía
tergiversar la literalidad y el espíritu de la norma.
Señorías, no es el momento de citar una retahíla de sentencias
constitucionales y del Tribunal Supremo en apoyo de mi criterio, pero sí
puede concluirse con el Tribunal Constitucional de la mano lo siguiente:
es posible equiparar los efectos, pero no es posible igualar las
situaciones. Es decir, podemos equiparar para parejas de personas que
deciden convivir juntos los mismos efectos que tienen los que están
unidos por matrimonio, pero no podemos equiparar esas situaciones como si
se tratase de un matrimonio. Por tanto, creo sinceramente que no puede
hablarse de discriminación si hablamos con objetividad en la realidad
jurídica española actual.
A algunos de sus grupos, señorías, creo que les ha faltado quizá valor
político para plantear el asunto en
sus justos términos, y es que con nuestra Constitución en la mano no es
posible acceder a la petición, por otra parte perfectamente legítima y
que merece el respeto y apoyo de mi grupo, de los grupos homosexuales que
exigen una reforma legislativa encaminada a un pleno reconocimiento como
si sus uniones fuesen un matrimonio o una unidad familiar. Para ello
tendrían que haber propuesto, y no lo han hecho, la reforma de la
Constitución, y no bordearla de una forma que, dicho con el máximo
respeto, supondría un fraude de la misma.
En este sentido, la ley que hoy propongo está en la frontera de lo
posible, en esa frontera en la que están muchas leyes, leyes que puede
que no gusten plenamente pero seguro que son útiles para todo el mundo.
Soy muy consciente, somos muy conscientes en mi grupo de que nuestra
proposición de ley en la frontera de lo posible no satisface a
determinados grupos, levanta suspicacias en los grupos más conservadores
de la sociedad, es rechazada por los grupos más radicales y la Iglesia,
en fin, la ve como algo peligroso para su concepción del matrimonio y de
la familia. Me podrán preguntar entonces SS. SS. qué sentido tiene
proponer algo así, y yo voy a tratar de explicarlo.
El legislador, como ya he dicho, debe hacer leyes que sean útiles para
todo el mundo, pero siempre bajo el imperio de la Ley, como expresión de
la voluntad popular, que es lo que dice el preámbulo de nuestra
Constitución. Por tanto, aunque no contentemos a todo el mundo, nosotros
debemos ajustarnos a ese imperio de la Ley y ser respetuosos con ella, no
como algo que debe bordearse, sino como algo que debe cumplirse llegando
hasta donde la ley permita, ni un paso más adelante, pero sin rezagarnos
ni un paso atrás.
Por último, señorías, el otro instituto jurídico cuya protección está
regulada en nuestra Constitución y de la que es escrupulosamente
respetuoso nuestra proposición de ley es la familia. La Constitución
española en su artículo 39 dice que los poderes públicos asegurarán su
protección social, económica y jurídica así como la protección integral
de los hijos, que son iguales ante la ley con independencia de su
filiación. Es decir, la concepción de la familia emanada de nuestra
Constitución es el modelo de unión entre un hombre y una mujer y de los
hijos que con ellos convivan. Con arreglo a su texto no solamente son
posibles familias matrimoniales, sino también las no matrimoniales
heterosexuales. Por ello, la Constitución española se refiere a la
protección de los hijos, cualquiera que sea su filiación, y la protección
de las madres, cualquiera que sea su estado civil.
En prueba de todo cuanto digo, es conveniente acercarse al debate que
tuvieron los constituyentes en 1978, y se darán cuenta de que el modelo
que acabo de describir de matrimonio y de familia que está plasmado en la
ley es el que ellos, sin discusión, tuvieron en la cabeza. Como
demostración a sensu contrario de cuanto digo está que la única persona
que planteó una redacción distinta a los artículos 32 y 39 de la
Constitución española fue, en el Senado, mi compatriota el senador
catalán señor Xirinacs, precisamente para posibilitar el matrimonio
homosexual, lo que no se tuvo en cuenta en el Senado ni posteriormente,
cuando se aprobó la Constitución.
En esta Cámara ocupan escaño todavía dos ilustres constituyentes; en los
bancos de la oposición, ilustres juristas de reconocido prestigio;
magistrados, catedráticos y profesores de Derecho constitucional y hasta
un catedrático de Derecho canónico y del Estado, que no pueden sostener,
creo, criterios jurídico-políticos --otra cosa distinta es el tema de la
estrategia política-- muy distintos a los que acabo yo de exponer.
También quisiera recodar a SS. SS. muy brevemente que, en el Derecho
comparado, nuestro proyecto de ley tiene su antecedente en Francia.
Nuestra ley, la que hoy proponemos que se tome en consideración, tiene su
antecedente en un proyecto de ley francés que regula lo que allí se
denomina el contrato de unión social, y que supondrá una importante
reforma del Código Civil, reforma que viene planteada desde hace algunos
años por el Partido Socialista, y desde que Lionel Jospin ocupa la
primera magistratura de esa nación, esa ley, muy similar a la nuestra, la
impulsa la ministra de Justicia socialista señora Gigou.
El contrato de unión civil, si se me permite por el señor presidente en
unos brevísimos minutos, dada la importancia y trascendencia de esta
ley...
El señor PRESIDENTE: Brevísimos, no minutos sino segundos, porque ha de
ir concluyendo, señor Trías.
El señor TRIAS SAGNIER: El contrato de unión civil trata la cuestión de
forma genérica y, como les he dicho, reforma once textos legislativos,
incluyendo también en el mismo derechos y obligaciones.
Llego ya al final de mi discurso, señorías. El ejercicio de la política
no consiste en imponer unos criterios sobre otros ni tampoco en dejarse
avasallar por grupos de presión, sean éstos los que sean, aunque actúen
correctamente y con absoluto respeto, como seguro que han actuado; sin
duda yo he tenido ese criterio respecto a sus proposiciones. Sin embargo,
como decía al principio, legislar es sobre todo un acto de razón y de
prudencia. Para mí y para mi grupo en esta cuestión es muchísimo más
importante poder convencer que vencer, y el hilo de toda mi intervención,
modestamente, tan sólo ha ido encaminado a ese propósito, convencerles,
señorías, de que hoy proponemos que se tome en consideración una ley,
perfectible por supuesto en la comisión correspondiente, que se encuentra
en el límite de lo posible.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Trías.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el
señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
De forma muy breve, el Bloque Nacionalista Galego quiere expresar su
oposición a esta proposición de ley del Partido Popular por cuatro
criterios básicos. El primero es que nos parece que la interpretación
constitucional que hace el Partido Popular es excesivamente sesgada y va
destinada exclusivamente a que no se pueda aceptar la equiparación con el
matrimonio y la familia, como muy bien dijo el diputado señor Trías. Y en
este caso habría que decirle que hay sentencias de tribunales, además del
Código Penal y otras leyes que ya son efectivas en el Estado español que,
sin embargo, apoyándose en la Constitución, tienden a esta equiparación.
En segundo lugar, hay algo en la proposición de ley que no nos gusta, y
es hacer alusiones a interpretaciones trascendentes, no sabemos si
religiosas, para otro tipo de uniones que no son las que está pensando
esta ley, sino para las uniones heterosexuales, que constituyen el
matrimonio y la familia tradicional, que se intenta proteger a mayores,
incluso, con esta legislación diciendo que va más allá del Derecho.
En tercer lugar, cuando se emplea el prurito de la intimidad, se está
haciendo ni más ni menos que seguidismo, que en nombre de que este tema
no está asumido socialmente de forma mayoritaria, cosa bastante incierta,
lo que no se quiere decir es que no es asumido por determinados poderes,
entre ellos la Iglesia católica, a la que sí aludió el señor Trías. Y no
llega solamente con la libertad y la seguridad jurídica, porque la unión
civil en este caso debía equipararse al matrimonio civil, que también es
un contrato, aunque pueda tener consecuencias en algunos casos
diferentes.
Por último, no entendemos cómo si hay que recurrir al Registro Civil,
igual que se hace con el matrimonio, por qué no se equipara totalmente.
Sin embargo, es muy curioso que la proposición de ley pone como una de
las causas de la desaparición de la unión civil el casarse, yendo al
recurso del matrimonio heterosexual. Realmente, es indicativo de que se
trata de una subordinación y no de considerar siquiera de forma
específica este problema.
En definitiva, pensamos que ya hay un proyecto de ley, el de Coalición
Canaria, y que debe seguir siendo objeto de debate la discusión sobre su
dictamen y la posición de los distintos grupos políticos. No obstante,
pensamos que es una pena que esto ocurra así, porque hay aspectos
positivos en la proposición, desde el punto de vista del cambio
legislativo, que sería bueno que se tuviesen en cuenta para poder avalar
también la proposición de ley de Coalición Canaria.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Con esta propuesta entendemos que el Partido Popular pretende desvirtuar
el debate de las parejas de hecho o, lo que es lo mismo, el derecho de
toda persona a crear modelos de familia diferentes al tradicional, pero
basados en el amor y en el compromiso.
No se puede considerar igual ni legislar de igual manera el hecho de dos
personas que se quieran y decidan formar un núcleo familiar, de la
naturaleza que sea, al de diversas personas, por ejemplo dos o más, que
establezcan un acuerdo de convivencia por necesidad: personas mayores,
hermanos, pisos compartidos, etcétera.
En consecuencia, el Partido Popular no quiere dar el status de familia a
las parejas de hecho por las repercusiones legales y jurídicas que emanan
del artículo 39 de la Constitución, el que dice que los poderes públicos
aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Hay
que recordar que esta propuesta del Partido Popular únicamente contempla
efectos económicos y en ningún caso admite el vínculo afectivo, con lo
cual lo convierte en un simple contrato y deja muy lejos la histórica
reclamación de la regulación de las parejas de hecho.
¿Consideraciones técnicas? Que este contrato tiene efectos a partir del
final del primer año de la firma, de manera que significa un agravio con
el matrimonio, que es de efectos inmediatos. El contrato prevé protección
de las partes ante una posible ruptura, ciertamente, pero deja al
descubierto que esta protección se produzca durante el primer año,
incluso aunque la ruptura se produzca por la muerte de una de las partes.
Desprotege en el caso del alquiler de vivienda, al no reconocer la pareja
de hecho; deja abierta la puerta de la aplicación de los mecanismos de
subrogación de la LAU únicamente a matrimonios o contratos de unión
civil. Caso de que la pareja no quiera o no pueda acceder a una de las
dos formas de oficialización de su unión, por ejemplo una pareja en la
cual alguno de los miembros mantenga un vínculo matrimonial con una
persona enferma mental, no podrá acceder a los beneficios de la
subrogación. Está también el tema del habeas corpus, el tema de las
donaciones o sucesiones, IRPF, el tema de la resolución del contrato; en
fin, diversos temas que entendemos que dejan enormes agujeros que no
permiten, de ninguna manera, regular el hecho real de la convivencia por
amor, aunque se trate de un amor distinto, de un amor no tradicional.
Además, para ir acabando, hay olvidos muy curiosos en esta ley. La ley no
contempla, por ejemplo, la posibilidad de que uno de los miembros que
firma el contrato no tenga la nacionalidad española. ¿Qué sucede en el
caso de la adquisición de la nacionalidad española o en los casos de
reagrupación de la familia? Aunque contempla la modificación del Código
Penal en la circunstancia mixta de modificaciones de responsabilidad, no
hace lo mismo respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la no
obligatoriedad de declaraciones contra el cónyuge o también la Ley de
Enjuiciamiento Civil, testigos unidos en las partes del litigio. No hay
ninguna referencia a los aspectos de filiación y adopción. No contempla,
puesto que no reconoce la familia, el derecho automático a la herencia o
el derecho a la pensión compensatoria o a la de alimentos, excepto que
estos últimos extremos sean pactados explícitamente. En fin, señor Trías
Sagnier, ustedes han hecho un parche francamente denigrante para intentar
tapar...
El señor PRESIDENTE: Concluya, señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: ...un hecho social que tenía y tiene el
derecho democrático a un marco legal de protección.
Acabo ya, señor presidente. Señoría, entendemos que, en el fondo, su
propuesta es un burla que excluye de la legalidad el derecho a amar como
se quiera y a basar en el amor libre la convivencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente. En nombre del
Partido Democrático de la Nueva Izquierda, queremos mostrar nuestra
oposición a la toma en consideración de esta proposición de ley,
precisamente porque entendemos que tiene un cierto carácter de fraude
parlamentario, dicho sea con todos los respetos. Y digo fraude
parlamentario porque llevamos años planteando distintas proposiciones de
ley de parejas de hecho, de reconocimiento de efectos civiles a las
uniones de hecho, las cuales han sido presentadas por casi todos los
grupos de la Cámara. El 29 de mayo, estando de acuerdo todos los grupos
de la Cámara, se aprobó una proposición de ley en este sentido, y ello
parece ser que con gran dolor por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Dicha proposición se está estudiando en una subcomisión, la cual parece
de ad kalendas graecas, por lo que aprovecho para pedir a todos los
grupos que se haga por el trámite de urgencia, porque, si no, no vamos a
estar ni en esta subcomisión ni en esta Comisión.
Y precisamente cuando se aprueba aquí esta proposición de ley, resulta
que nos viene otra que desvirtúa el sentido de toda la reclamación social
que está detrás de este problema. No se trata de hacer uniones o una
sociedad más --ya tenemos sociedades anónimas, laborales, civiles,
irregulares, regulares--, sino de hacer otra que se llame uniones
civiles, en la que no tiene que haber nada, ni siquiera el parentesco; la
puede hacer la madre y la hija por la ayuda mutua, la pueden hacer los
cuñados, la puede hacer todo el mundo sin que el afecto, sin que la
pretensión o la opción sexual sean los elementos que compaginen y quieran
identificar esta ley, la cual quiere desbaratar lo que ha sido la
reclamación de los colectivos de gays y lesbianas, y también de
heterosexuales que no quieren pasar, como se suele decir, por la vicaría,
pero que quieren tener una reproducción en la sociedad de lo que es su
compromiso personal, de personas del mismo o de distinto sexo, y que
quedan desvirtuadas por esta ley, que yo creo que es un parche para no
reconocer algo a lo que ha aludido el señor Trías Sagnier, que es la
libertad y la constitucionalidad de las diferentes opciones sexuales que
pueda haber. Lejos de ser un derecho anticonstitucional, como lo ha
querido plantear, es un derecho de pura constitucionalidad y libertad.
Las personas tienen derecho a amarse, sean o no del mismo sexo, tienen
derecho a ese compromiso ante la sociedad y tienen derecho a plantear que
su unión tenga los efectos que ellos quieran darle y que la ley les
permita.
Estábamos avanzando en esa igualdad jurídica, en esa igualdad que no es
por arriba, sino una igualdad con derecho a ser diferentes, a ser de
distinta manera. Eso es lo que reivindicaban y no lo que nos viene a
traer el Partido Popular, como diciendo: vamos a hacer aquí una unión
para todos. No sé ni siquiera si lo han valorado económicamente. Cuando
veo que ahorran dinero en el tema del empleo en Luxemburgo y aquí hay
efectos civiles y laborales hasta en las reuniones de cuñados, me parece
que es desvirtuar absolutamente lo que es el reconocimiento de la
libertad.
Señores del Grupo Popular, yo les diría que no jueguen con la sociedad y
que no jueguen con las luchas y con las reivindicaciones que lleva
haciendo la gente desde hace muchos años, los cuales estaban esperando
una respuesta de esta Cámara, y lo que no verían bien es que un proyecto
andrógino, sin sexo, sin libertad y sin nada pueda intentar regular unas
relaciones que ya están vividas en la sociedad con otro sentido. Retiren
el proyecto, porque me parece que también nos están engañando a los
parlamentarios, que apostamos por otro distinto, que lo aprobamos aquí y
que se está discutiendo en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Iniciativa per Catalunya-Els Verds para señalar
que nuestro grupo consume un turno en contra, porque, señor Trías
Sagnier, entendemos que esto, más allá del debate político, es una burla,
es como una pesadilla para un colectivo que desde hace años viene
solicitando una ley de parejas de hecho.
Aquí, en este Congreso, hemos debatido la que presentó en su día el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la que
presentó el Grupo Socialista, últimamente debatimos la de Coalición
Canaria, que, por cierto, gozó de la mayoría de esta Cámara para ser
admitida a trámite y, por ello, la presentación de esta proposición de
ley por parte del Grupo Popular no podemos considerarla sino como una
burla, porque el Grupo Popular no quiere hablar de afectividad. ¡Pero si
lo que se estaba pidiendo no era un contrato de unión civil; si, como ha
dicho mi compañera, Cristina Almeida, ya estaban reguladas las sociedades
civiles; si lo que se estaba pidiendo era la equiparación de derechos y
deberes de las parejas de hecho, aquellas que se contemplan en nuestra
legislación, en relación con el matrimonio!
Pero es que ustedes, señorías del Grupo Popular, han ido más allá. Con
esta proposición de ley han hecho retroceder derechos que ya tenían
reconocidos las parejas de hecho en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en
el Código Penal y en otras normativas. Además, han hecho caso omiso a la
resolución del Parlamento Europeo que solicita la equiparación de
derechos para aquellas parejas constituidas de hecho, independientemente
de su orientación sexual. Ustedes, el Partido Popular que sustenta al
Gobierno, en una actitud realmente carca, retrógrada, hacen alusiones
absolutamente improcedentes como lo son las alusiones a la Iglesia
católica en un Parlamento y en un país que es laico; lo consideramos
absolutamente improcedente. Como aquí se ha subrayado, esta ley no va a
resolver los problemas que tenemos planteados, no los va a resolver; crea
otros. Es técnicamente insuficiente, porque tiene grandes olvidos, como
ha dicho la señora Rahola, y yo, con el debido respeto a los diputados y
diputadas de Convergència i Unió, siendo un grupo que puede realmente
hacer que esta proposición de ley prospere o no, le pido que se mantenga
en la postura que tuvo en relación con la de ley de Coalición Canaria y
no vote a favor de ésta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
¿Algún otro grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, gracias por su amabilidad al
haber entendido, en la norma que llevamos para fijar posiciones, que, por
razones obvias, el portavoz de Coalición Canaria tenga, de alguna manera,
que teatralizar --en el mejor sentido de la palabra-- su intervención
desde la tribuna de oradores, sin menoscabo para lo que se pueda hablar
desde el escaño.
Señorías, la iniciativa que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Popular
con esta proposición de ley es, desde el punto de vista conceptual,
diametralmente opuesta a la iniciativa que trajo aquí Coalición Canaria
que, como se ha recordado, se aprobó en mayo de este año y ahí sigue su
suerte, languideciendo, esperando precisamente una resolución favorable
en el trámite de ponencia y de Comisión.
Y por ser un planteamiento conceptual política y jurídicamente diferente,
Coalición Canaria va a votar en contra de la toma en consideración de
esta proposición de ley. Lo tiene que hacer así, en primer lugar, para
ser consecuente con la letra y el contenido, el espíritu y el fundamento
de la iniciativa que fue aprobada por mayoría de esta Cámara. Nosotros no
planteamos, bajo ningún aspecto, en nuestro texto una unión civil. Lo
nuestro fue dar derechos en un Estado democrático de Derecho, a los
efectos jurídicos de las parejas de hecho estables. Y aquí se nos aparece
una fórmula puramente de la legislación mercantil. A mí me parece una
ofensa que, en el espíritu del tipo de parejas heterosexuales u
homosexuales que nosotros planteábamos y que querían estar en el Estado
de Derecho, se diga aquí que se trata de respetar la libertad de quienes
quieren relacionarse más allá del Derecho. Las parejas cuya
reglamentación y reconocimiento proponía Coalición Canaria, al contrario
que en esta iniciativa, no querían ni quieren estar relacionándose más
allá del Derecho. Quieren relacionarse en el Derecho; en un Estado de
Derecho en el que tengan la seguridad jurídica de todos los efectos que
de allí se van a derivar. No considera algo vergonzante ni vergonzoso que
se tenga que invocar el derecho de la intimidad. Lo que nosotros
proponíamos no es una unión secreta. Aquí se trata, señorías, de
formalizar un contrato de unión civil. No nos valen los argumentos del
señor Trías de un Derecho comparado que solamente invoca un proyecto que
hay en el parlamento francés. Si se tienen que invocar derechos
comparados, hágase refiriéndose a lo que se está discutiendo en este
momento o se ha aprobado en determinados parlamentos democráticos de
países nórdicos; háblese de Dinamarca, de Suecia, de Holanda, por poner
unos ejemplos, si queremos abrir un abanico al Derecho comparado.
No se trata aquí de insultar a nadie. En nuestro proyecto de ley no había
ni una sombra de que se tratara de amparar el enriquecimiento injusto,
como se dice aquí, o el abuso del derecho. No se puede hacer un
planteamiento, ni siquiera desde el punto de vista de
unión civil, de esta manera tan peyorativa para lo que es una justa
expresión.
En resumidas cuentas, nuestro proyecto, si se quiere inscribir en algo,
es un proyecto que trata de estar fundado en la Constitución española, en
las libertades y derechos, en el pleno uso de la seguridad jurídica con
la legislación pertinente y con todos los efectos que en las leyes
derivadas de tipo civil, fiscal, económico, de la seguridad social pueda
haber hoy día en un Estado de Derecho.
Miren ustedes, las parejas que hemos planteado en nuestra iniciativa
quieren pasar por el juez, no por el notario. Esto no es una sociedad
mercantil, porque si en el artículo 1.º de su iniciativa, en el punto 3,
se dice que este contrato de unión civil se otorgará ante notario para
que se inscriba en el Registro Civil, deberían haber puesto en el
Registro Mercantil, porque lo que nosotros proponemos es un Registro
Civil con un efecto judicial, y es ante un juez, no ante un notario (como
el que va a constituir una sociedad limitada o una sociedad anónima),
ante el que quiere comparecer cualquiera que acuerde convivir.
No se puede aprovechar el artículo 4.º para decidir qué ocurre en una
sala de justicia o audiencia provincial donde haya magistrados que estén
unidos por un vínculo de este tipo para decir que no pueden formar parte
de la sala, sin traer aquí ningún recordatorio reciente de casos
ocurridos en algunas determinadas audiencias.
Pero les pediría también que consultaran al Gobierno y a los Ministerios
de Economía y Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social, porque ustedes
hacen unos planteamientos aquí, en cuanto al artículo 8 de modificación
de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 9 de la reforma y
modificación de las medidas de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
mediante los cuales puede llegarse a la fórmula más segura para el fraude
de ley y desde luego para saquear los presupuestos del Estado en cuanto a
los Ministerios de Economía y Hacienda y de la Seguridad Social, porque
se puede producir una gran demanda vía clases pasivas del Estado, por
cuanto se dice: una unión civil entre dos personas. Yo le he escuchado
decir a usted, señor Trías, aunque no miró para mi grupo, que ha faltado
valor político para plantear esto en sus justos términos. Yo les pido a
ustedes que tengan el valor político de hacerle las enmiendas a la
iniciativa de Coalición Canaria, porque si no esto se puede entender,
como lo han entendido, por lo que se ve, algunos portavoces y sectores de
la opinión pública, como una fórmula --no quiero emplear ningún adjetivo
peyorativo-- para sustituir la iniciativa de Coalición Canaria.
Nosotros lo que le decimos al partido mayoritario es que tenga
precisamente ese valor político de plantearle las enmiendas a la
iniciativa de Coalición Canaria en los justos términos en que se entienda
en Derecho, en fundamento constitucional y en el derecho político que
tenga el Grupo Popular a hacerlo. Por nuestra parte, ni se van a invocar
aquí doctrinas religiosas ni nada que no sea lo que tiene acomodo en esta
Cámara, que son las ideas y doctrinas políticas basadas en nuestra
Constitución y el derecho de una sociedad civil a dejarse escuchar aquí a
través de sus parlamentarios y que eso se haga como se quiera hacer: o
con una línea conservadora o con una línea progresista, pero nosotros
hemos querido recoger un estado de opinión de determinados sectores de la
sociedad española, hombres y mujeres, en términos genéricos de
calificación estadística, pero que tratan de formar parejas estables,
heterosexuales u homosexuales, sin ningún subterfugio ante el Derecho
mercantil, ante las uniones civiles que no se pueden extrapolar aquí. Ese
es nuestro planteamiento en sus justos términos. Por supuesto, también
está planteado para que haya una corresponsabilidad en los efectos que
proponía nuestra iniciativa y que aquí no se ven seguros, porque si yo
fuera responsable asesor en los Ministerios de Economía y Hacienda y de
Trabajo y Seguridad Social diría que esta iniciativa que ustedes traen
puede ser costosísima en inversión, en los presupuestos que tengan que
atender los hechos que aquí se derivan de efectos económicos, de efectos
de sucesión, de efectos de declaraciones patrimoniales, ya que,
sencillamente, al amparo de una unión civil lo pueden hacer en este
sentido.
Si esto lo estudian bien los abogados asesores de las empresas
mercantiles, sociedades anónimas o sociedades limitadas, les acaban de
descubrir ustedes un filón para hacer verdaderamente lo que la ley
económica nunca ha tolerado ni ha consentido.
Por estas razones --y termino, señor presidente--, siendo consecuentes
con nuestra iniciativa, les animamos a retirar esto o a que se presenten
las enmiendas para que en el debate parlamentario sepamos contra qué o a
favor de qué estamos actuando, pero una sustitución de un concepto
jurídico, político e ideológico totalmente distinto del nuestro nos
lleva, lo tienen que comprender así, a que, siendo consecuentes con
nuestra iniciativa parlamentaria, votemos en contra.
No nos cabía en conciencia, ni en pudor ni en ética parlamentaria, haber
insinuado siquiera la abstención. Por tanto, reitero, votaremos en
contra.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Silva. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor SILVA SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), desde el inicio en
esta legislatura del planteamiento de la cuestión que nos ocupa, ha
tenido claros tres aspectos fundamentales. Uno es la necesidad de
regulación de esta materia; un segundo aspecto es que, atendiendo a sus
características, al afectar directamente a la libertad y a la dignidad de
las personas, era absolutamente fundamental intentar una regulación por
consenso, no una regulación de dos votos arriba o dos votos abajo, que
pudiera ser cambiada en cualquier legislatura; y, finalmente, en lo que
ha consistido, y que más adelante podré explicar, la posición propia de
Convergència i Unió desde el punto de vista del contenido para la
regulación de estas figuras.
Respecto de la necesidad, no voy a decir lo mismo que dije en el primer
Pleno en el que lo debatimos; en cualquier caso está claro, y las
encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas así lo ponen de
manifiesto, que hay realidades sociales perfectamente consolidadas,
aceptadas por la mayoría de los ciudadanos y que demandan una ordenación
o una regulación jurídica. Quiero recordar también a SS. SS. que no es
bueno lo que está pasando, y es que se produce día a día una
extralimitación de la jurisprudencia, que no entiende que su labor es la
de complementar el ordenamiento jurídico, sino que ante la omisión por
parte del legislador está creando derecho y no complementándolo, y lo
está creando, todo hay que decirlo, disperso, contradictorio y, en
cualquier caso, se está haciendo por la propia Comisión del Legislativo.
En segundo lugar, ciertamente mi grupo ha apostado siempre por una
solución de consenso, por eso propuso en su día la constitución de una
subcomisión que estudiase el tema, que recibiese comparecencias y que
estuvo trabajando a uña de caballo durante quince días para poder fijar y
conceptualizar las diferentes posiciones.
Finalmente, también desde el primer momento de esa subcomisión, el Grupo
Parlamentario Catalán ha fijado cuál es su propuesta de contenido, la que
realiza a otros grupos parlamentarios, de cara a efectuar esta
regulación. Hay que decirlo de esta manera. Se puso de manifiesto en su
día en las enmiendas que formulamos a la proposición de ley de Coalición
Canaria, es algo absolutamente evidente desde que esta mañana el Consell
Executiu de la Generalitat ha aprobado el anteproyecto de unidades de
convivencia diferentes del matrimonio, que será remitido inmediatamente
por tanto al Parlament de Catalunya. Esta posición, como decía antes,
está perfectamente definida --y tenemos que decirlo así también a SS.
SS.--, es una posición que no es en absoluto coincidente con la que nos
trae aquí el Grupo Parlamentario Popular, pero tampoco es coincidente con
la proposición formulada en su día por Coalición Canaria y que
precisamente ha sido objeto de tramitación legislativa porque una
abstención selectiva de mi grupo parlamentario le permitió que continuase
esa andadura legislativa. Nuestra posición no es coincidente, sino más
bien discrepante, con la del Grupo Parlamentario Popular porque el
proyecto de contrato de unión civil no efectúa un reconocimiento expreso
de eso que ya está reconocido perfectamente en la realidad social (las
parejas integradas por personas del mismo sexo); porque atribuye efectos
idénticos a realidades sociales que para nosotros son diferentes (como
puede ser la pareja heterosexual, la pareja homosexual y otras unidades
de convivencia más o menos definidas en la realidad social, normalmente
integradas incluso por personas que ostentan algún vínculo de parentesco,
dos hermanos mayores, dos concuñadas, etcétera) y, finalmente, porque el
coste económico del proyecto puede hacer que no prospere.
Del mismo modo que he dicho esto, tengo que manifestar que la posición
política de Convergència i Unió tampoco coincide con la proposición de
ley de Coalición Canaria, que reitero que ha podido tramitarse gracias a
una abstención selectiva de nuestro grupo. Ciertamente mi grupo basa su
propuesta política no en un principio de no discriminación o principio de
igualdad en relación con el matrimonio, sino en un principio de libertad,
de libre desarrollo de la personalidad, que precisamente lo que pretende
es garantizar que estas unidades de convivencia puedan constituirse en
base a esa voluntad y a esa libertad de sus miembros, porque también mi
grupo parlamentario entiende que no puede darse un tratamiento jurídico
idéntico a la pareja heterosexual que tiene a su alcance la institución
del matrimonio civil que a la pareja homosexual que queriendo contraer
matrimonio lo tiene vedado, salvo que obviamente cualquiera de nuestros
grupos parlamentarios quiera presentar una proposición de ley que
autorice o regule ese matrimonio. Mi grupo parlamentario también discrepa
de la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en este
caso, no por lo que en él se contiene sino por lo que no se contiene. Mi
grupo entiende que existen unidades de convivencia que no se basan pura y
exclusivamente en un interés económico sino en un afecto --aunque no sea
lo que entendemos o lo que entiende la sociedad por afecto de pareja--,
que están constituidas normalmente por personas mayores y se encuentran
tremendamente necesitadas de protección.
Por ello, señorías, garantizando como está garantizada la tramitación de
una iniciativa legislativa para regular estas uniones, precisamente
facilitada por nuestra posición política, y sin hablar tampoco de una
equidistancia pero discrepando como se discrepa de las posiciones de los
otros dos grupos parlamentarios, mi grupo va a intentar suscitar el
efecto que provocó ante la proposición de ley de Coalición Canaria, y es
que pueda acumularse su tramitación, si eso es posible, a la proposición
de ley de Coalición Canaria, y al mismo tiempo hace un llamamiento a los
grupos parlamentarios para que una vez la sociedad conozca perfectamente
la posición de cada uno de nosotros nos pongamos a trabajar. Señorías, ya
no se trata de cuál es la posición de un grupo o de otro, el mayor riesgo
que tienen en este momento estas unidades de convivencia
es que se produzca una situación de bloqueo por posiciones de los grupos
mayoritarios, y que por tanto ostentan una mayor responsabilidad, de
renunciar o de no buscar ese consenso. Por tanto, sobre esa base no nos
queda sino reiterar que votaremos favorablemente la toma en consideración
de esta proposición de ley, invitar al resto de las fuerzas políticas a
que nos pongamos a trabajar cuanto antes y advertir del riesgo que ante
una situación de bloqueo, ante las pocas ganas de ponernos de acuerdo en
esta materia, obviamente sí habrá terceros perjudicados, quizá
precisamente aquellos a los que más se pretenda proteger o defender.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar en
contra de la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica,
por las razones que voy a explicar a continuación.
Es realmente indignante para los parlamentarios y parlamentarias de esta
Cámara que se venga a hablar de la necesidad de regulación de las
convivencias cuando no se ha querido y no se quiere reconocer que esas
convivencias que se pretenden regular en el proyecto de ley que plantea
el Partido Popular no tienen nada que ver. Señorías, llegar a decir que
es necesaria la regulación, pero que al mismo tiempo no se les puede
considerar familia --y eso lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular en
la tribuna--, es algo así como que ustedes mismos digan que no están de
acuerdo con su propio proyecto porque no hacen el reconocimiento de
unidad familiar a las parejas de hecho, pero sí hacen el reconocimiento
de unidades familiares a unos contratos de uniones civiles que están
regulando en esta iniciativa. Es decir, se les reconoce que es una unidad
familiar para que puedan hacer la declaración de la renta conjuntamente,
pero no se quiere reconocer que hay unidades familiares distintas a las
matrimoniales. Podemos aceptar que puedan convivir dos hermanas a través
de un contrato de unión civil, se les reconoce como unidad familiar a
efectos de declaración conjunta de la renta, pero somos incapaces de
reconocer, de manera totalmente hipócrita, que existen parejas de hecho,
heterosexuales y homosexuales, que configuran unidades familiares, lo que
se considera una familia, la familia matrimonial, que no han accedido a
ella a través del matrimonio pero que sí son familia. Por tanto,
señorías, nos parece bastante indignante.
Niegan ustedes una realidad social: hay familias diferentes a las del
matrimonio. Señorías, son familias, con descendencia o sin ella, pero son
familias. No son un contrato de uniones civiles, no puede ser nunca una
relación contractual en la que uno a otro se dice dejar unos bienes o una
pensión. Son relaciones afectivas. Ustedes no quieren hablar de la
afectividad, con la hipocresía total y absoluta de blindarlo con el
respeto a la libertad. Señorías, la libertad se plasma en una regulación
y en el reconocimiento de diferentes modalidades familiares que tienen
que estar protegidas por nuestra Constitución, no por este tipo de
contratos que nada tienen que ver con lo que se pretende regular. No
solucionan el problema social. Si una persona no firma un contrato de
unión civil, se queda totalmente desprotegida, a pesar de que necesite
esa protección. Mezclan situaciones de convivencia que no son
equiparables y que no tienen las mismas demandas sociales. Es regresiva
con respecto a los textos legislativos ya aprobados en esta Cámara, que
vamos a continuar enumerando para ver si así termina por enterarse el
Partido Popular y el Gobierno que lo apoya: la Ley de Arrendamientos
Urbanos, la Ley de ayuda a las víctimas contra el terrorismo y el nuevo
Código Penal.
Señorías, es discriminatoria por razón de sexo. Aludiendo a la libertad,
están negando relaciones afectivas diferentes a las heterosexuales, se
niegan a reconocer algo aceptado socialmente. Son perfectamente
reconocidas estas unidades familiares por la sociedad, pero el
legislador, ateniéndose a todo lo que el portavoz del Grupo Popular ha
venido a decirnos en esta Cámara para intentar defender su iniciativa, lo
único que hace es no estar al servicio de la sociedad, sino en contra de
esa sociedad a la que usted dice defender. Es más, no tiene en cuenta las
resoluciones de la Unión Europea que deberían obligar al reconocimiento
de los derechos a las parejas de hecho, incluidas las homosexuales, y
precisamente por esto deja de lado a los menores emancipados, que no
sabemos por qué razón les niegan la capacidad para que puedan hacer un
contrato de unión civil cuando, al ser menores emancipados, tienen
perfecto derecho a hacerlo, aunque ustedes se lo niegan, como también
niegan la posibilidad de que puedan existir los derechos de adopción y
los derechos a la adquisición de la ciudadanía para personas que
conviven. Están ustedes dando una solución no real al problema que sí es
real, que existe. Están ustedes hablando de solucionar el problema de las
parejas de homosexuales diciendo que con esta tramitación salen más
beneficiadas que con las regulaciones que se han propuesto anteriormente,
cuando pretenden ustedes obligarles a que realicen un contrato mercantil
y que lo registren. Y desde luego se niegan a reconocer que, todavía en
nuestro país, precisamente estas parejas a las que dicen pretender
proteger más no pueden acceder a esa apertura a la sociedad tan clara
como ustedes pretenden.
Señorías, si ustedes están decididos a conseguir que la sociedad tenga
unos derechos especiales y específicos
a través de la convivencia, ¿por qué no modificar ya de una vez por todas
el Código Civil y, en definitiva, que toda persona que convive con otra
solamente tenga derecho a percibir legado testamentario, si es que lo
dejado en el testamento, y la pensión, si ha sido incluido en él?
Olvidémonos de los derechos de los herederos legítimos y establezcamos ya
una igualdad muchísimo más abierta en nuestra propia sociedad. Esta
iniciativa que ustedes están planteando sigue siendo discriminatoria por
tratar de diferente forma las cuestiones que ustedes pretenden regular.
Plantean el derecho a pensión de dos formas diferentes. Señoría, me
parece que usted no se ha debido estudiar muy bien la propia iniciativa
que presentaba porque para obtener derecho a pensión a través de la
Seguridad Social ustedes plantean que el causante tiene que tener un
contrato de unión civil con tres años de antigüedad y derechos sucesorios
establecidos en el contrato. Sin embargo, si nos vamos al artículo de
modificación de las clases pasivas, sólo y exclusivamente es necesario
que haya habido un año de contrato de unión civil. ¿Qué pasaría,
señorías, si nada más firmar el contrato de unión civil sucede una
desgracia sin haber transcurrido ese año de convivencia? La persona
beneficiaria se queda sin beneficio.
Por tanto, señorías, ustedes pretenden hacer una burla a este Parlamento;
pretenden, por no querer reconocer que existen unidades familiares
distintas a las del matrimonio, generar una legislación que mezcla
cuestiones totalmente diferentes y que no tienen nada que ver con las
necesidades sociales que se tendrían que estar cubriendo, y paralizan el
debate de una iniciativa tomada en consideración en el mes de mayo. Está
paralizado porque a SS. SS. no les interesaba presentar enmiendas y era
preferible presentar un texto tan infumable --por decirlo de una manera
coloquial, como se diría en el calle-- como el que ustedes han
presentado. Es un texto que no hay por dónde cogerlo, es un texto que no
resuelve los problemas que hoy la sociedad está demandando. Y no se puede
decir, señor Trías, que el legislador tiene que hablar de actos de
prudencia, razón, tiene que tener buen sentido y libertad de criterio. Si
ése es el texto del bueno sentido, la libertad de criterio, los actos de
prudencia y la razón que lleva al Grupo Popular a presentar esta
iniciativa, han venido ustedes a confirmar algo que sospechábamos ya: ni
prudencia ni razón ni sentido y, desde luego, libertad de criterio, en
absoluto, simplemente el criterio de quienes ya han comparecido en esta
Cámara en una subcomisión y han prefijado precisamente las líneas y las
coordenadas de este proyecto de ley, personas que, con todos nuestros
respetos y a las que respetamos poderosísimamente, tienen un concepto
ideológico que no compartimos absolutamente para nada y por las que han
sido ustedes presionados. No vengan aquí a hablar ahora de las presiones
que han recibido por otros grupos, porque han recibido las presiones que
cualquier grupo que se siente discriminado en la sociedad tiene derecho a
ejercer y son las que se han ejercido, y, desde luego, los que no han
ejercido ese derecho de presión lo que sí que han hecho ha sido utilizar
el poder para hacer un proyecto de ley que nada tiene que ver con nuestra
realidad social ni con la demanda social y mucho menos con la protección
de la familia y con la protección de las unidades familiares que nuestra
Constitución obliga a los poderes públicos a atender.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor presidente, señorías, el Reglamento,
señor Trías, le permite a usted, después de mi intervención y antes de la
votación, retirar la proposición que ha defendido. Se lo recuerdo, se lo
recomiendo, porque la proposición que usted ha defendido tiene como el
mejor destino posible la retirada por su boca; cualquier otro destino de
esta proposición nos lleva al desatino. Señores de la derecha, lo que
ustedes han hecho al presentar hoy esta proposición de ley orgánica
supone casi --y el casi es un tributo obligado a la cortesía
parlamentaria-- un fraude de reglamento. Señor Trías, usted sabe
perfectamente, le consta a usted, que todo el contenido de la proposición
que hoy ha defendido está despiezado, a trocitos, presentado como
enmiendas a la proposición de Coalición Canaria que debíamos haber
debatido ya en este Pleno y que ustedes han impedido que se debata a
través de todos los mecanismos de retraso parlamentario que han podido
usar, y que han sido muchos.
Señor Trías, los argumentos que usted ha dado son exactamente los que
aconsejan la retirada de la proposición. Ha dicho usted que nadie estaba
a favor de esta proposición. Ha hecho una enumeración larga, quizá no
exhaustiva pero sí demostrativa, de todos los sectores sociales y
políticos que están en contra de la proposición que ha defendido usted
hoy. Lo lógico, lo coherente con tal exposición es la retirada. Ha
argumentado usted una sola cosa en defensa real de su proposición: un
supuesto precedente en otro parlamento. Señor Trías, voy a suponer --y
quiero suponer que no es sólo una benevolencia mía sino la realidad-- que
usted no ha leído atenta y adecuadamente los diferentes proyectos que
existen en este momento en la Asamblea Nacional Francesa, porque si lo
hubiera hecho se hubiera percatado de que las semejanzas entre las
diferentes proposiciones de ley que hay en la Asamblea Nacional y la que
usted defiende son inexistentes, entre otras razones porque el artículo
1.º de ambas proposiciones, tanto la del Grupo Socialista como la del
Movimiento de Defensa de los Ciudadanos... (El señor Trías Sagnier
muestra el documento
a la Cámara.) La tengo, señor Trías, la he leído. (El señor Ollero
Tassara: ¿En francés?) Señor Ollero, sí en francés. ¿Tiene usted
inconveniente en que lo lea en francés? Espero que no. (Rumores.) El
artículo 1.º de ambas proposiciones dice una cosa completamente distinta
a la que dice su proposición, y es que el contrato de unión constata el
vínculo existente entre dos personas que han decidido hacer un proyecto
de vida común. Es decir, es exactamente lo mismo que se dice en las
proposiciones de parejas de hecho que nosotros hemos defendido. Se trata
de la existencia de un vínculo, de un vínculo naturalmente afectivo y de
una vida global en común, de una vida afectiva, de una vida de compartir
sentimientos, de una vida de solidaridad, no de una vida que pase por la
vía del contrato mercantil. Por tanto, señor Trías, sabe usted que la
supuesta semejanza es inexistente. Y no voy a dedicar más tiempo a este
tema.
Lo que ustedes han hecho hoy, señor Trías, ha sido traer a la Cámara un
texto --me sabe mal decirlo; le advierto que lo voy a decir con el
absoluto respeto hacia su persona-- que es un auténtico dislate jurídico,
económico, social y político. Y es un dislate jurídico, señores de la
derecha...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Pedret.
Les ruego, señorías, que no utilicen teléfonos inalámbricos en el Pleno.
Puede continuar, señoría.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señor presidente.
Decía que es un dislate jurídico porque si realmente, como ustedes dicen,
nada hay en ello de afecto, de sexualidad, de compartir vida, ¿en virtud
de qué coherencia limitan a dos el número de contratantes? ¿Por qué es
incompatible con el matrimonio? ¿Por qué lo impiden a los menores
emancipados?
Es incoherente en el contenido, señor Trías, porque cuando ustedes llegan
a un punto que consideran más importante que otros, al parecer, como es
el de la reforma de la Ley de Habeas Corpus, ustedes se olvidan de su
contrato de unión civil y hablan de convivientes, sin definir qué es
conviviente. Además, el contenido de sus efectos está lleno de
contradicciones. Se ha puesto de manifiesto antes por la portavoz que me
ha precedido en el uso de la palabra. Ustedes regulan de forma distinta,
no razonablemente distinta y por tanto contradictoria, el derecho a
adquirir pensión de viudedad en el régimen de la Seguridad Social y en el
régimen de clases pasivas. ¿Tienen ustedes más desconfianza de los
trabajadores con contrato laboral que de los funcionarios públicos? ¿Se
trata de eso? ¿Nos están diciendo que son de categoría o de constitución
distinta unos y otros?
Pero no acaban aquí las contradicciones, no acaban aquí las incoherencias
jurídicas. Ustedes pretenden reformar también el Código Penal
introduciendo una nueva circunstancia mixta, que es la de contrato de
unión civil. Vengan los dogmáticos penales y lo vean. ¿Cree usted
realmente, señor Trías, en su fuero interno, que algún juez va a dejar de
aplicar, de una forma u otra, la circunstancia atenuante en el caso de
que haya una auténtica convivencia de hecho pero no se haya pasado por el
notario y por el Registro Civil? ¿Cree usted que esto es posible? ¿Va
usted a limitar las garantías de los ciudadanos también en esto? ¿Va a
interpretar y a modificar in mala parte el Código Penal? ¿Es consciente
de ello? Existen aún más cosas, señor Trías, muchas más, la mayoría de
las cuales me las reservo para el momento en el que discutamos --espero
que sea inminente-- las enmiendas que ustedes han presentado a la
proposición de Coalición Canaria, para no cansar excesivamente al
auditorio.
He dicho también que es un dislate desde el punto de vista económico.
Señor Trías, señores de la derecha, no tienen ustedes, porque no tenemos
nadie, idea de cuáles pueden ser las cifras de contratantes de unión
civil que se pueden producir en el país. Se dirigen ustedes a un
colectivo absolutamente indeterminado y absolutamente indeterminable, lo
cual supone como mínimo una frivolidad económica de tal calibre que puede
llevar realmente a la quiebra en poquísimo tiempo el sistema de Seguridad
Social. Nosotros nos referimos a parejas de hecho, estamos hablando de
una realidad social existente. Ustedes crean un nuevo instrumento, una
nueva figura sobre la cual nada sabemos. No sólo lo económico afecta a la
Seguridad Social, también a la Hacienda pública, porque de varias
proposiciones que se han debatido en la Cámara la suya, desde luego, es
la que dedica mayor espacio, mayor intensidad, a la regulación de las
ventajas fiscales de los contratos de unión civil.
Es también un dislate social porque no responde a ninguna demanda social.
Al revés, intenta enmascarar --y me temo que hipócritamente-- la realidad
social. Existen en nuestra sociedad familias no matrimoniales. Ustedes
intentan a lo largo de toda su argumentación confundir interesadamente
familia y matrimonio. El matrimonio está ciertamente en el núcleo de la
mayoría de las familias de nuestro país, pero existen multitud de
familias que no están basadas en un matrimonio, y son familias; familias
protegibles y que debemos proteger de acuerdo con el artículo 39.1 de la
Constitución que usted ha citado. Ustedes no quieren hacer esto. Ustedes
simplemente quieren enmascarar la realidad de estas unidades familiares
no matrimoniales. Además de ello, señor Trías, ustedes, estoy convencido
de que sin querer, inconscientemente, están introduciendo una disolución
del concepto de familia. Van ustedes a intentar la existencia de una
legislación en la que por una parte esté el matrimonio, al que atribuyen
carácter familiar --y yo no lo discuto--, y por otra parte, mezclados en
la misma ley, cosas que son familia,
las parejas de hecho, sean homosexuales o heterosexuales, con situaciones
que no tienen nada de familiares: la convivencia de la anciana sirvienta
con la anciana señora, las ancianitas que comparten residencia para la
tercera edad, los compañeros de curso que comparten piso, etcétera. Están
ustedes incurriendo en la posibilidad de una disolución absoluta del
concepto de familia y nosotros defendemos una familia, señor Trías,
defendemos la existencia de la familia como instrumento básico en la
sociedad; una familia basada en la voluntariedad, en la libertad, en el
cómo quieran convivir libremente los ciudadanos; una familia no
jerárquica, basada sobre todo en la solidaridad, el ámbito en que se
comparten los sentimientos más íntimos de una forma querida. Este en
nuestro modelo de familia; parece no ser el suyo.
Además, señor Trías, esto constituye un dislate político. Constituye un
dislate político porque se enfrentan a la práctica totalidad de los
grupos de la Cámara. Se encuentran en la tesitura de presentar una
proposición porque no han podido asimilar una cosa tan sencilla y tan
normal como es el hecho de que una proposición no presentada por su grupo
haya obtenido el beneplácito de la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pedret, le
ruego que concluya.
El señor PEDRET I GRENZNER: Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Al cabo de un año de empezar el debate parece ser que se encuentran en la
necesidad de tomar el liderazgo del debate presentando una proposición en
la que --estoy convencido-- ustedes tampoco creen. Yo insisto en que el
mejor destino de la proposición es su retirada.
Señor Trías, señores de la derecha, ésta es una proposición inviable.
Ustedes lo saben y la han presentado única y exclusivamente para dilatar
aún más en el tiempo la tramitación de las proposiciones sobre parejas de
hecho que se han discutido en la Cámara. Es aquello, señor Trías, que en
teoría de Derecho parlamentario --y, por tanto, le ruego que no se
ofenda--se denomina filibusterismo parlamentario, y lo han hecho ustedes
hasta el límite. En cualquier caso, como he anunciado anteriormente,
vamos a negarles el voto. Y dado que usted ha apelado a la inexistencia
de mandato imperativo que pese sobre los diputados, yo apelo a la
conciencia, a la razón política y jurídica de cada uno de los diputados
de la Cámara para que expresen su voto con absoluta libertad y, por
tanto, rechacen una proposición que no tiene más finalidad, insisto, que
la de retardar el reconocimiento de una realidad social y el
reconocimiento de la libertad de los ciudadanos. Por ello, insisto y
concluyo, votaremos en contra y solicitamos el voto en el mismo sentido a
todos los grupos de la Cámara, incluidos aquellos que ya han manifestado
su voto favorable, porque creemos que está en contra de lo que habían
prometido en sus programas electorales; que voten en contra de la
proposición.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pedret.
Señor Trías, le recuerdo que el turno en contra ha sido utilizado por los
miembros del Grupo Parlamentario Mixto exclusivamente. Tiene S. S. la
palabra durante cinco minutos.
El señor TRIAS SAGNIER: Gracias, señor presidente.
Soy consciente de que no puedo entrar en debate con el representante del
Grupo Socialista ni con el de Izquierda Unida, que han fijado su
posición, y yo no quiero reabrir la discusión, pero sí quiero agradecer
el tono del representante del Bloque Nacionalista Galego, que,
discrepando radicalmente de nuestro proyecto, ha evitado introducir en el
debate expresiones como la utilizada por la señora Almeida de que
nosotros estamos jugando con la sociedad o como la utilizada por la
señora Rivadulla de que este contrato de unión civil supondría una burla
para la sociedad. Señoras Almeida y Rivadulla, quizá ustedes piensen que
nosotros jugamos con la sociedad y que esto es una burla a la sociedad,
pero, en cualquier caso, midan los votos que tienen ustedes, los votos
que les apoyan, y midan los nuestros y se darán cuenta de en qué lugar
está cada uno. (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
El señor TRIAS SAGNIER: La señora Rahola dice que nuestro proyecto se
trata de un simple contrato. Efectivamente, es un contrato de unión
civil, que me gustaría recordarle que se define como aquel en el cual los
contratantes deciden convivir y prestarse ayuda mutua. Una redacción
esencialmente similar a la del segundo párrafo del artículo 1 de la ley
francesa propuesta por la señora Gigou, ministra socialista, que define
el contrato de unión social como aquel vínculo de dos personas físicas,
capaces jurídicamente, que desean establecer entre ellas un proyecto de
vida en común. No veo las diferencias entre uno y otro. Les rogaría que
leyesen con profundidad nuestro proyecto de ley porque, por ejemplo,
usted se ha referido --y lo comprendo porque es un tema que nos preocupa
mucho-- a la Ley del Habeas Corpus. En ella se habrá dado cuenta de que
proponemos una redacción distinta, que no tiene nada que ver en su
modificación con el contrato de unión civil. Si utilizamos e incluimos la
palabra convivientes, es para que puedan ejercitar ese derecho
fundamental todavía más personas y con mayor
facilidad de las que lo están ejerciendo en este momento.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Trías.
Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente. Señor Trías,
además de las alusiones y por la réplica que hemos hecho en el turno en
contra, debo decir que es una burla --que reitero-- a la sociedad,
teniendo en cuenta los votos que representamos. Si sumamos los votos de
la zona izquierda de la Cámara representan más que los de la derecha
(Rumores.) Tendrán más parlamentarios, pero no tienen más votos, que es
otra cosa.
En segundo lugar, si se añade la zona que supuestamente está en su
coalición para apoyar o ir en contra de esta ley, también daría un
resultado democrático muy superior de los que se oponen a los que la
apoyan. En tercer lugar, queríamos solucionar una realidad social que ha
sido reivindicada en la libertad y no crear unos contratos civiles por
los cuales están creando una figura híbrida que quiere evitar lo que es
un derecho a la libertad constitucional, que es tener una opción sexual
diferente. Si ustedes no creen que eso sea una burla, que venga la
sociedad y lo vea, porque espero que lo verá en algún momento.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para reafirmarme en lo que he dicho en la anterior
intervención. Es una burla y una pesadilla y ustedes, señorías del Grupo
Parlamentario Popular, van en contra de los deseos de la sociedad. Además
de ir en contra, van absolutamente detrás de lo que la sociedad está
planteando. La sociedad no necesita su unión civil; lo que sí necesita es
el reconocimiento de las parejas de hecho, independientemente de su
orientación sexual.
Señorías, quiero recordarles que es el Parlamento Europeo el que ha
instado a los gobiernos a que se reconozca a las parejas de hecho
igualdad de derechos respecto a las parejas que provienen del matrimonio.
A ello se ha referido la diputada Cristina Almeida, y supongo que la
señora Rahola hablará también de ello. Usted está hablando de votos. Lo
que ha expresado el Grupo Parlamentario Mixto se lo ha oído a distintos
grupos de la Cámara que representan una gran mayoría de la gente que ha
votado en este país. Si no lo quiere reconocer, no lo reconozca, pero yo
no me dirijo tanto a ustedes como a Convergència i Unió, que va a tener
una gran responsabilidad en este caso.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rivadulla.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Probablemente ustedes tienen los votos, pero no tienen la razón. Pueden
tener los votos, pero están excluyendo a muchas personas y parejas que
tienen el derecho a vivir libremente su amor y su forma de convivencia en
el marco democrático legal y de protección que los ampara. No sólo me
reitero en mis palabras, sino que además me solidarizo con las que acaban
de decir la señora Rivadulla y la señora Almeida. Es una burla, es un
parche, es una estafa; están excluyendo de la sociedad y de la protección
a muchas personas que tienen el derecho a vivir libremente su orientación
sexual y su convivencia y, además, a tener la protección legal que
merecen, puesto que son ciudadanos que viven en esta sociedad.
Ustedes aún no han descubierto, señorías, que más allá de la familia hay
muchas familias; más allá del amor tradicional hay muchos amores y más
allá de la convivencia tradicional, muy a menudo auténtico agujero de
cárceles personales y de auténticos dramas, hay otro tipo de familias no
tradicionales, también basadas en el amor y en la convivencia, que no
tienen por qué quedar excluidas del marco democrático y legal. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
Señorías, no tenemos los votos de la mayoría, pero esta vez tenemos la
razón.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Señor Trías.
El señor TRIAS SAGNIER: Señor presidente, intervengo muy brevemente para
decir que aquí se ha hecho referencia a fraudes y a burla. El único deseo
que tenía el Grupo Popular es dar una solución a estas cuestiones y a los
problemas que tiene planteados un grupo importante de la sociedad.
Además, quiero recordar a SS. SS. que la tramitación de la ley canaria, a
la cual se unirá la nuestra si merece el respaldo de esta Cámara, no ha
retrasado ni un segundo su tramitación en la Comisión de Justicia. Por
tanto, lo que sí constituye un fraude y una burla es intentar engañar a
la opinión pública diciendo que nosotros estamos actuando de forma
fraudulenta y retrasando esta cuestión. No es cierto, señorías.
(Rumores.--Aplausos.--El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor presidente.
No tengo ningún ánimo de polémica, únicamente es para invocar el
Reglamento y recordar que se ha seguido un procedimiento irregular en el
debate. Me explico. Se han sustanciado antes los turnos de fijación de
posiciones que los turnos en contra de la iniciativa que ha defendido el
señor Trías. Lo lógico es, señor presidente, que, defendida la
proposición, hubiera habido turno en contra, réplicas y, al final,
fijación de posiciones. Se ha hecho al revés. Lo digo a los solos efectos
de que no vuelva a ocurrir.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Quiero precisar que probablemente por la continuidad en el ejercicio de
la Presidencia pueda haber habido alguna descoordinación, pero tengo que
manifestar que se ha producido la presentación y luego los turnos en
contra. Los turnos en contra han seguido a la defensa de la proposición.
Si luego se han introducido las fijaciones de posición y, finalmente, la
réplica y la contrarréplica es un problema más accidental, señor Caldera.
En cualquier caso, agradezco su sugerencia para lo sucesivo.
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Popular sobre contrato de unión civil, que se
pretende con naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a
favor, 170; en contra, 160.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
debatida proposición de ley. (Fuertes rumores y protestas.)
¡Silencio, señorías!
DECLARACION INSTITUCIONAL:
-- DE CONDENA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (Número de expediente
140/000018)
El señor PRESIDENTE: La Presidencia desea someter, tras consultar con los
grupos parlamentarios, una declaración institucional de la Cámara, por si
merece la consideración del Pleno, con ocasión del Día internacional
dedicado a la lucha contra la violencia a las mujeres. Paso a leer el
proyecto de declaración que someto a la aprobación del Pleno. Dice así:
Con ocasión del Día internacional dedicado a la lucha contra la violencia
a las mujeres, que se celebra hoy 25 de noviembre, a propuesta de todos
los grupos parlamentarios que integran el Congreso de los Diputados, el
Pleno quiere hacer pública la siguiente declaración.
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en
derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados sin distinción alguna.
Considerando que la declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en
1993, señala el concepto de violencia, abarcando la violencia física,
sexual o psicológica, tanto en el ámbito de la familia como de la
comunidad o tolerada por el Estado.
Considerando que la plataforma de acción de Beijin afirma que la
violencia contra las mujeres es un obstáculo para los objetivos de
igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los
derechos y libertades fundamentales.
Considerando las propuestas de la Comisión de Derechos de la Mujer del
Parlamento Europeo, así como las recomendaciones del Consejo de Europa
para la promoción de la tolerancia cero.
Teniendo en cuenta que las mujeres se ven sometidas de manera creciente a
malos tratos físicos, psicológicos y sexuales y que en España las
denuncias por violencia contra las mujeres el último año han aumentado un
2 por ciento, lo que mantiene a las mujeres en una situación que les
impide gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres.
Reafirmando las acciones contenidas en el III Plan de igualdad de
oportunidades de las mujeres y de los demás planes de igualdad de las
comunidades autónomas, tanto respecto a la violencia contra las mujeres
como respecto al acoso sexual, al tráfico de mujeres y niñas y a la
explotación de la prostitución.
Conscientes de que el desarrollo progresivo del respeto a los derechos
humanos no puede ser compatible con las situaciones de malos tratos,
violencias y agresiones sexuales padecidos por mujeres.
Reconociendo que la violencia contra las mujeres constituye un ataque
contra la paz y la democracia y, por tanto, la eliminación de cualquier
forma de violencia un reto para todos los hombres y mujeres de cualquier
condición.
Manifiesta la repulsa de toda forma de violencia contra todas las mujeres
y las niñas, ya sea en el ámbito de la familia o de la comunidad, así
como la necesidad de potenciar cuantas medidas sean necesarias para
erradicar de nuestra sociedad todas las manifestaciones de violencia
contra la mujer, asegurando la protección de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales y con ellos el desarrollo en paz y
democracia.
Manifiesta, asimismo, su solidaridad con todas las mujeres que en
cualquier punto de España sufran agresiones.
¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.--Aplausos.)
Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación):
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, SOBRE MODIFICACION DE LA
LEY ORGANICA 1/1990, DE 3 DE OCTUBRE, DE ORDENACION GENERAL DEL SISTEMA
EDUCATIVO (Número de expediente 122/000072)
El señor PRESIDENTE: Ha decaído por haber sido retirada la proposición de
ley del Grupo de Coalición Canaria.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA ORGANIZACION
COMUN DE MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA (Número de expediente 162/000174)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto II del orden del día:
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la
Organización Común de Mercado del aceite de oliva, para cuya defensa ante
el Pleno tiene la palabra el señor Madero. (Rumores.)
Un momento. Señorías, guarden silencio para que pueda continuar el
desarrollo de la sesión. Cuando quiera, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento. Ruego a los diputados que se encuentran
en los últimos escaños del hemiciclo, señor Baón y compañía, que guarden
silencio. (Pausa.) Cuando quiera.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular presentamos esta
proposición no de ley relativa a la Organización Común de Mercado del
aceite de oliva. Como ya se ha repetido multitud de veces y, desde luego,
nosotros ahora lo reiteramos, es el olivar un cultivo importantísimo para
España y vital para amplias comarcas andaluzas. También son conocidas las
magnitudes del sector. Permítanme que les recuerde a SS. SS., pues son el
eje que debe guiar nuestra actuación, que estas magnitudes son las
siguientes: superficie de cultivo, por encima de 2.200.000 hectáreas;
producción, una media entre 800.000 y 900.000 toneladas/año; número de
árboles, por encima de los 215 millones; número de explotaciones,
380.000; ayudas recibidas del Feoga cada año, entre 125.000 y 150.000
millones de pesetas. Además, hay un dato fundamental, y es que los
jornales que genera este sector no bajan de 46 millones anuales.
Señorías, estos son los datos de un sector dinámico, puntero y, además,
que no provoca excedentes, que nos coloca como primer país del mundo en
aceite de oliva y que constituye el modo de vida de amplias zonas
españolas en general y, como he dicho al principio de mi intervención, de
muchas comarcas andaluzas en particular, ya que la supervivencia y
pujanza de este sector es la base esencial para que se conserve el suelo
y no se degraden ni el medio ambiente ni el paisaje.
Pues bien, de todos es sabido que actualmente el olivar está regulado por
una OCM cuyos pilares son: precio de intervención, ayuda a la producción
y ayuda al consumo. Sabemos que el sistema ha venido funcionando
razonablemente bien y, sin embargo, desde la Comisión se anticipa una
reforma que sustituye la base de la actual OCM por una ayuda al árbol con
un montante medio de unas 750 pesetas por olivo.
Señorías, la aceptación de esta propuesta comportaría una auténtica ruina
para el sector, pues se perderían muchos millones de jornales y se
deterioraría el tejido agroindustrial del aceite, ya que multitud de
agricultores se verían forzados no ya a producir sino simplemente a
conservar los árboles como fuente de subvención, pues en muchos casos
sería bastante más rentable no cosechar, con el consiguiente desastre
económico, social y ecológico que ello comportaría.
Por el contrario, la postura defendida por el Gobierno español,
consensuada con los agricultores, industriales, envasadores y
exportadores, consensuada asimismo con todas las administraciones
públicas y con la mayoría de grupos políticos, es de frontal rechazo a la
opción de ayuda al árbol porpuesta por la Comisión, en concreto por el
comisario de Agricultura, señor Fischler. España considera que la reforma
debería orientarse en el siguiente sentido. Primero, mantenimiento del
precio de intervención; segundo, mantenimiento de la ayuda a la
producción real; tercero, incremento de la ayuda al consumo; cuarto,
prohibición de mezclas en evitación de posibles fraudes; quinto,
incremento de la cantidad máxima garantizada; y sexto, establecimiento de
una ayuda al sector de la aceituna de mesa equivalente a la del aceite.
Estos son los puntos básicos que España pide y pretende lograr. Este es
el objetivo de todos y cada uno de los puntos que el Gobierno defiende
ante la Comisión. Para ello, sin ser exhaustivos, conviene citar ahora
las actuaciones más relevantes que han tenido lugar.
En primer lugar, múltiples reuniones de la señora ministra de Agricultura
con los presidentes y consejeros de las comunidades autónomas y con la
mesa del olivar, con representantes del sector, para elaborar una postura
y una estrategia comunes que, respaldadas por todos, está siendo
firmemente defendida por el Gobierno ante las instituciones y organismos
comunitarios. Además, existe incluso una comunicación del
propio presidente del Gobierno español al presidente de la Comisión,
señor Santer. A instancias del Gobierno, también se hicieron gestiones
por parte de los catorce embajadores españoles ante los gobiernos que
componen, junto con España, la Unión Europea. Fundamentalmente, la
iniciativa española acabó cristalizando en el Consejo de Ministros de
Agricultura, que consiguió que se solicitase de la Comisión un documento
de reflexión anterior a la propuesta de la Comisión. En dicho documento,
que fue aprobado el 12 de febrero, se incluyen ya dos alternativas; una,
el mantenimiento de la OCM actual, con leves modificaciones y dos,
opcional en su caso, la ayuda al árbol.
Sin embargo, en los últimos meses, la presión de la señora ministra ha
sido continua, habiendo dado a conocer in situ la realidad del olivar al
propio comisario señor Fischler, a los ministros y embajadores de países
comunitarios, así como múltiples comunicaciones a todos los comisarios de
la Unión Europea.
También el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Arenas, ha
realizado múltiples tareas de apoyo a la postura comunitaria. También lo
han hecho explícitamente los secretarios de Comisiones Obreras y Unión
General de Trabajadores, desde un punto de vista básicamente social,
rechazando una opción que destruye empleo. Ha habido importantes acciones
por parte de los responsables de las comunidades autónomas, en especial
del presidente de Extremadura, señor Rodríguez Ibarra, ante el Comité de
las Regiones. Debemos citar asimismo que el Senado, el Congreso de los
Diputados, el Parlamento de Andalucía y los ayuntamientos de las zonas
productoras han manifestado un amplio respaldo a la postura española.
Este respaldo, por citarlo de una manera patente, así quedó manifestado
en al gran manifestación --y perdón por la redundancia-- que realizó la
Mesa en defensa del aceite de oliva.
Pues bien, señorías, el documento de la Comisión se encuentra actualmente
pendiente del dictamen del Parlamento Europeo, previo a que la Comisión
presente su propuesta definitiva, que podrá ser en febrero o en marzo.
En el seno del Parlamento Europeo, el eurodiputado del Grupo de Izquierda
Unida don Salvador Jové es el ponente de la reforma de la OCM del sector
del aceite de oliva y presentó, el pasado mes de julio, un informe en el
que quedan reflejadas puntualmente las peticiones españolas. Este
informe, señorías, ha recibido 180 enmiendas, habiendo sido presentadas
algunas de ellas por eurodiputados españoles del Grupo Socialista.
Según ha informado el señor Jové, está intentando transaccionar las
enmiendas para alcanzar un compromiso mayoritario de votación, tanto en
la Comisión de Agricultura como en el Pleno del Parlamento Europeo, sobre
todo. Entendemos --así lo entiende mi grupo, señorías-- que este es el
momento idóneo y preciso de enviar a Bruselas un mensaje inequívoco y de
unidad de todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados. Esta
es una ocasión oportuna de mostrar al sector y a toda la sociedad nuestra
ya probada sensibilidad por un tema tan importante como el aceite de
oliva.
Señorías, mi grupo entiende que el voto favorable y unánime a la
proposición no de ley que aquí presentamos es la muestra inequívoca de
que las fuerzas políticas españolas, antes de que se produzca la votación
en el Pleno del Parlamento Europeo, están unidas y que no es momento de
discrepar en lo secundario, si es que en lo esencial decimos que estamos
de acuerdo.
Pensamos que argumentar ahora en favor de que la OCM del aceite de oliva
se incluya en la Agenda 2000 o que hay que pedir modulación en las ayudas
no deja de ser tan legítimo como inoportuno para los intereses españoles.
Por cierto, que no se diga que estas posturas han sido defendidas por el
Gobierno porque sería faltar a la verdad.
Efectivamente, señor presidente, señorías, si en los puntos esenciales
estamos de acuerdo, ¿qué inconveniente hay en votar a favor de la postura
española, que es la que aquí traemos en esta proposición no de ley? Si en
las declaraciones públicas todos decimos que todos apoyamos a la Mesa del
aceite, que apoyamos al sector, ¿por qué no vamos a hacer patente ese
apoyo con un voto afirmativo en este Pleno? Por si había alguna duda, y
ya que me he referido a la Agenda 2000, ayer mismo, en la comparecencia
de la señora ministra ante la Comisión de Agricultura, tuvimos ocasión de
comprobar cómo todo apunta, en esa reforma de la reforma de la política
agraria comunitaria, a que desde la Unión Europea se tiende hacia el
mantenimiento de las rentas que, en el caso del olivar, podían traducirse
en más ayudas al árbol, más hacia la hectárea, que no hacia la producción
real; es decir, se apuntan soluciones en la dirección que España rechaza
en esta situación.
Además, señorías, es opinión unánime, tanto del Ministerio de Agricultura
como de las administraciones públicas y, sobre todo, del sector, que una
reforma iniciada, como es el caso, es bueno que se cierre y que no se
incluya en un contexto global posterior, que nada garantiza en favor del
olivar, sino que más bien apunta en forma contraria a los intereses
españoles.
Por eso, señor presidente, y a la vista de las enmiendas que nuestra
proposición no de ley ha recibido (la del Grupo Socialista, matizando
alguna de las expresiones, dando otra redacción quizá no tan austera como
la que propone la proposición no de ley, ni tan barroca como la de ellos,
sino buscando un estilo arquitectónico intermedio, que pudiera ser un
neoclasicismo bien matizado y mejor redactado de lo que incluso tiene
nuestra propuesta y, desde luego, de lo que viene en la enmienda)
podríamos llegar a un acuerdo necesario y que desde esta tribuna ofrezco
al Grupo Socialista.
Asimismo, podría ser perfectamente asumible la enmienda por la que el
Grupo de Izquierda Unida recuerda al Gobierno un compromiso --por mucho
que se abunde no será malo--: que informe sobre la materia. Lo está
haciendo y lo seguirá haciendo.
Entiendo que ambas enmiendas presentadas al texto podrían ser asumibles y
ofrecemos una transacción en este momento, porque, señor presidente,
señorías, ni nos parecería acertado afirmar que existe más de un informe
sobre la materia (existe uno, el que ha desarrollado el ponente señor
Jové, que está sufriendo las modulaciones y las traslaciones oportunas
para lograr una mayoría en la votación), ni es momento de que andemos con
digresiones que a nada nos conducirían.
Para este informe, para la postura española, es para lo que pedimos el
voto afirmativo de la Cámara, pues contiene todas y cada una de las
peticiones españolas. Es el informe aceptado por España, por su Gobierno,
por las administraciones autonómicas, por los agricultores, industriales
y exportadores. En definitiva, es un documento que, en el momento actual,
merece y necesita el apoyo unánime del Congreso, así como la negociación
posterior, y eso es lo que pido y reitero a todos los grupos de la
Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madero.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Disculpen, señorías. A la proposición no de ley se han presentado
enmiendas por los Grupos Federal de Izquierda Unida y Socialista.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra
el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: Gracias, señor presidente.
Señoría, al margen de los estilos arquitectónicos aplicados al lenguaje
escrito, me parecería positivo que las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista y por el de Izquierda Unida generaran una
transaccional que permitiera un acuerdo. En cualquier caso, ello no debe
hurtar el debate, porque, en nuestra opinión, la proposición no de ley
que hoy ha presentado el Grupo Parlamentario Popular no se sostiene de
ninguna manera, ni en la forma ni en el contenido, por razones que quiero
poner de manifiesto.
La proposición no de ley solicita apoyar, de manera explícita y sin
reservas, ante el Parlamento Europeo el denominado, por llamarlo de
alguna manera, informe Jové. En cuanto a la forma, señorías, sucede que
Salvador Jové ha presentado al día de la fecha tres informes sobre el
mismo tema en el Parlamento Europeo, uno el 14 de julio, otro el 4 de
noviembre y otro el 7 de noviembre. Por tanto, en términos meramente
cuantitativos cabría preguntarse qué informe debemos apoyar
explícitamente y sin reservas. Pero esto, de alguna manera, tampoco es lo
más importante, sino que en estos tres informes hay cambios sustantivos
de posturas que afectan al contenido de la reforma. Por ejemplo, en las
ayudas al consumo, el diputado Salvador Jové opta, en el informe del 14
de julio, por mantenerlas y aumentarlas; sin embargo, en el informe del 4
de noviembre opta --estoy hablando de documentos escritos-- por
suprimirlas. ¿Qué apoyamos de manera explícita y sin reservas, el aumento
o la supresión?
En cuanto al tema del reparto de la cantidad máxima garantizada, otro
tema importante, en el informe del 14 de julio se hace un rechazo frontal
de un posible cupo por país, mientras que en los informes de los días 4 y
7 de noviembre se aceptan cantidades nacionales de referencia, es decir,
el reparto del cupo por país. ¿Qué apoyamos explícitamente y sin
reservas, la oposición al reparto o el reparto?
Respecto a la urgencia de la reforma, en el informe del 14 de julio,
párrafos 3 y 4, se opta por retrasarla, y en el informe del 4 de
noviembre se opta por cerrarla en breve plazo. ¿Qué apoyamos de manera
explícita y sin reservas, retrasarla o acelerarla?
Referente a la financiación de la reforma, tema clave, en el informe del
14 de julio se opta por la neutralidad financiera --por cierto, en contra
de lo que dice la mesa del aceite, por hacer una referencia--, sin
embargo, en los informes de los días 4 y 7 de noviembre desaparece
cualquier mención al tema financiero; no sabemos por qué, pero
desaparece. ¿Qué apoyamos, la neutralidad, la nada?
Este tema es importante, porque ayer hubo una comparecencia de la señora
ministra en la Comisión de Agricultura y, con respecto a la Agenda 2000,
dijo que no había firmado el documento con el resto de países en el
reciente Consejo de Ministros de la Unión Europea porque la financiación
presupuestaria no estaba garantizada. Por tanto, a nivel filosófico, se
defiende la financiación presupuestaria.
En su visita del sábado a la provincia de Jaén, la señora ministra, con
respecto a la OCM del aceite de oliva, hizo unas declaraciones, y la
prensa las recogía textualmente, en las que decía: De Palacio admite
rebajar las ayudas al olivar. Y yo pregunto, ¿en la Agenda 2000 no se
firma un documento, a mi juicio de manera acertada, porque no hay
financiación suficiente? Sin embargo, en la OCM del aceite de oliva se
propone justamente lo contrario: rebajar las ayudas.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos dejar claro cuál ha sido
y cuál es nuestra postura a este respecto. En primer lugar, la
responsabilidad de la negociación y de la toma de decisiones corresponde
única y exclusivamente al Gobierno de España y a la ministra de
Agricultura. Es necesario que hagamos debates en los parlamentos
autónomos, en el Congreso y en el Parlamento Europeo, pero la
responsabilidad política corresponde, porque son los únicos que tienen
capacidad para negociar y tomar acuerdos, al Gobierno de España y a la
ministra de Agricultura.
En segundo lugar, estamos rotundamente a favor de las ayudas a la
producción vinculadas al empleo, del precio de intervención, del aumento
de la cantidad máxima garantizada con dotación presupuestaria, de la
prohibición de las mezclas y de la inclusión de la aceituna de mesa en
esta OCM; ahora bien, todo eso son instrumentos, elementos de la
negociación. Hay un principio político que para nosotros tiene que quedar
claro: nos opondremos a cualquier reforma que no garantice el futuro del
olivar del que dependen miles de pequeños y medianos agricultores, miles
de familias y centenares de pueblos de la zona más deprimida
socioeconómicamente, con mayor nivel de desempleo y donde no hay otro
cultivo alternativo; nos opondremos a que el futuro del cultivo del
olivar en esa zona se vea amenazado. Como principio político esa es para
nosotros la base fundamental.
En este momento de la negociación hay que definir dónde hay que poner el
acento, y para nosotros lo único que garantiza una reforma de las
2.200.000 hectáreas de olivar de España, y de manera particular las
700.000 hectáreas de olivar menos productivo, que son los que juegan un
papel medioambiental y laboral de mayor envergadura, es el aumento de la
cantidad máxima garantizada a un importe superior a 1.800.000 toneladas,
porque es la producción real de la Unión Europea, y ello con la dotación
presupuestaria correspondiente. Nos vamos a oponer rotundamente, si así
fuere, a que España defienda aumentos de la cantidad máxima garantizada
sin dotación presupuestaria, y luego se conseguirá lo que se consiga;
aquí hay muchos intereses por medio, hay que negociar, hay que
transaccionar, pero hay que saber cuál es el objetivo hacia el que nos
dirigimos, y no digo que éste sea el único elemento de la reforma,
queremos decir que actualmente, desde nuestro punto de vista, es el eje
nuclear de dicha reforma porque es el que puede garantizar que las casi
900.000 toneladas de producción que actualmente tiene España tengan
cobertura por unas ayudas similares a las actuales.
Como muy bien dice el señor Madero, en otro momento habrá que hablar de
los elementos finos de la negociación: limitación de plantaciones y
modulación de ayudas; será otro momento del debate, no lo ponemos ahora
sobre la mesa. En el Parlamento Europeo se va a discutir en el próximo
pleno del 15 al 19 de diciembre esta cuestión, cuya decisión sabemos que
no es vinculante, pero tiene su peso político, y es oportuno que desde el
Congreso de los Diputados salga un apoyo a la postura global de España.
Quiero terminar como empecé. Primero, nos parece positivo que salga un
acuerdo transaccionado por todos los grupos parlamentarios, y desde el
Grupo Parlamentario Socialista queremos decir que siempre que España vaya
tomando postura en esta negociación y seamos llamados para opinar, para
ofrecer nuestra posición y para llegar a acuerdos, estaremos ahí, y la
reciente reunión de Madrid demostró que esa es la voluntad del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señorías, lo que nosotros no vamos a hacer es aceptar que se nos ponga
sobre la mesa un documento diciendo: esta es la unidad, esto es lo que
hay; si usted quiere está a favor, si no, está en contra. Desde luego, en
ese discurso a nosotros no nos van a encontrar, pero quedamos abiertos al
debate con la ministra, al debate con los grupos parlamentarios aquí en
la Cámara, porque nos estamos jugando algo muy importante y es que zonas
de las más deprimidas socioeconómicamente y con mayor nivel de desempleo
de España puedan tener un futuro digno en su entorno geográfico y en
torno a un cultivo milenario en este país, como es el del olivar y el del
aceite de oliva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pliego.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Centella
tiene la palabra.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor presidente, señorías, al empezar a fijar
la postura del Grupo Federal de Izquierda Unida ante esta proposición no
de ley quisiera recordar que hace unos meses, en esta Cámara, se
aprobaron posturas similares a las que hoy se han defendido, pero también
se aprobó que el Gobierno, que su ministra de Agricultura informase
periódicamente a esta Cámara de la marcha de las negociaciones, de la
marcha de la reforma de la OCM del aceite de oliva. Parece ser que, desde
aquella aprobación, poco o nada ha tenido que ocurrir en torno a la
reforma de esta OCM porque la ministra de Agricultura ni una sola vez ha
comparecido ante la Comisión de Agricultura o ante el propio Pleno para
explicar por dónde iba esa reforma de la OCM del aceite de oliva.
Entiendo que con la proposición que hoy se presenta en cierto modo se
viene a enmendar la plana a la propia ministra, que ha incumplido sus
obligaciones parlamentarias. Por eso hemos presentado una enmienda para
recordar a la ministra sus obligaciones y, a la vez, para criticar cómo
se ha desentendido el Gobierno, y en concreto la ministra de Agricultura,
de las obligaciones con el Parlamento.
Precisamente la ministra de Agricultura, que es parlamentaria con
experiencia --y que debería también estar presente en este debate--, yo
creo que sabrá entender perfectamente esta crítica; entender que no ha
estado a la altura de las circunstancias y asumir, sobre todo en este
momento que puede ser el momento final de la tramitación de la OCM, el
más duro y difícil, que no se le puede dar la espalda al Parlamento, sino
que debe contar, además de con su apoyo, con la participación del mismo.
Ese es el sentido de nuestra enmienda, que espero, como ya se ha dicho,
que sea asumida por el resto de los grupos.
Entrando en el fondo de la proposición, y de lo que aquí ya se ha dicho,
nosotros queremos señalar que, en estos momentos, discutimos en un
ambiente algo mejor, y es bueno decirlo, del que teníamos hace unos
meses. No se trata de que caigamos en falsos triunfalismos, no se trata
de que creamos que ya está la batalla ganada, pero sí es justo recordar
que cuando discutíamos la iniciativa anterior, esa iniciativa la tenía el
comisario Fischler, la tenían sus prisas por aprobar una OCM del aceite
de oliva que, entre otros despropósitos, intentaba cambiar la ayuda a la
producción por una ayuda al árbol, que no vamos a repetir aquí ya lo que
significaría de ruina para el sector olivarero.
Cuando discutíamos estas iniciativas anteriores, el objetivo fundamental
del sector del olivar era frenar, retrasar incluso si no se podía frenar,
la agresión que el comisario Fischler quería cometer contra uno de los
sectores más importantes de nuestra agricultura. Hoy, como decía, tras la
presentación y discusión del documento elaborado por el eurodiputado de
Izquierda Unida Salvador Jové, la cosa se ha equilibrado algo. Ya hay
otras opiniones y otros documentos que empiezan a avalar las posturas
españolas. Pero también seguimos considerando --es bueno recordarlo, ya
se ha hecho aquí anteriormente-- que estamos ante un problema importante
para el conjunto del país; que España es el principal país productor
mundial y que también somos el país donde el sector se ha modernizado más
y, por tanto, donde tiene más posibilidades de futuro.
El olivar representa una parte sustancial de nuestra economía, de nuestro
paisaje, también de nuestra cultura y, por supuesto, de nuestro empleo.
Una reforma de la OCM del aceite de oliva basada en la ayuda al árbol
solamente beneficiaría a los especuladores, que podrían cobrar esa ayuda
sin necesidad de trabajar el olivar y situaría a los jornaleros a los
pies de los caballos, pendientes de un chantaje del especulador, que
podría amenazarles continuamente con no llegar siquiera a recoger la
aceituna y cobrar directamente la ayuda. La defensa de una OCM del aceite
de oliva que no vaya contra nuestros intereses es para nosotros una
cuestión de interés general o --como a algunos les gusta decir-- una
cuestión de Estado.
No hay, señorías, dos o tres documentos, como decía el anterior
interviniente; hay un solo documento con el que finaliza el debate, que
es el que mañana se votará en la Comisión de Agricultura del Parlamento
Europeo. Hay un documento que contiene una línea argumental importante
para nosotros; importante porque desmonta los elementos pensados por
Fischler para justificar su reforma. Por señalar solamente algunos de los
aspectos importantes de esa línea argumental diré que se resalta una cosa
que el comisario Fischler siempre ha intentado destruir, y es que la
actual OCM del aceite de oliva ha funcionado con eficacia; ha permitido
mantener al sector olivarero frente a la competencia de otras grasas
vegetales que sí gozan de un alto nivel de apoyo, y, a la vez, ha servido
para desarrollar mercados exteriores. Todo esto se ha conseguido --y es
importante para la Unión Europea-- sin generar excedentes. Esta OCM ha
desarrollado un papel fundamental como impulsora del desarrollo rural, lo
que a nuestro país le resulta trascendental.
Este documento también pone de manifiesto las contradicciones en que
incurre la propuesta Fischler y los peligros que la introducción de la
ayuda al árbol representarían para el medio ambiente, elemento que hemos
destacado muchas veces en el documento de opciones. También se evidencia
la táctica de Fischler de defender una reforma sobre la base de las
ayudas al árbol y la eliminación de los actuales mecanismos de
intervención, denunciando, efectivamente, que la introducción de una
ayuda al árbol puede inducir a una disminución considerable de la mano de
obra y fomentar una minimización de los gastos de cultivo, que pueden
llevar, incluso, a la renuncia de la recolección en determinadas
circunstancias para aumentar la remuneración del capital del sector. Se
hace notar también que el deterioro del empleo se daría precisamente en
aquellas regiones con un mayor nivel de desempleo de Europa y con una
economía más dependiente de la actividad agraria.
En otro orden de cosas, el trabajo desarrollado por el diputado de
Izquierda Unida, Salvador Jové, articula una argumentación técnica
objetiva y de absoluta racionalidad para el perfeccionamiento de la
actual OCM del aceite de oliva, optando claramente por una organización
común de mercado que contemple la concesión de una única ayuda a la
producción que garantice un nivel justo de renta a todos los productores,
en función de la cantidad de aceite realmente producida, incluyendo
también a los pequeños productores en el régimen general de ayuda a la
producción, para facilitar de esta manera la ejecución de los controles.
Todo ello permitiría tener mayores posibilidades para incrementar la
cantidad máxima garantizada, respetando, a su vez, la neutralidad
presupuestaria que tanto preocupa a la Unión Europea. Incluso se puede
conseguir, en el desarrollo de esta argumentación, la creación de un
régimen complementario de ayudas a las pequeñas explotaciones.
También debemos destacar la propuesta de concesión de una ayuda al
consumo a un nivel que equilibre el mercado de grasas vegetales y que
actúe como un instrumento eficaz en un sistema integrado de control desde
la producción hasta el consumo.
Por último, hay que destacar que en este trabajo se señala que el
subsector de la aceituna de mesa carece de mecanismos de apoyo para hacer
frente a la competencia internacional, carencia que puede provocar
distorsiones en la propia OCM del aceite de oliva, por tanto, se reconoce
que la aceituna de mesa puede jugar un papel fundamental en el desarrollo
de esa OCM del aceite de oliva, ya que en épocas de buena cosecha puede
actuar como elemento regulador del mercado.
También es importante, como aquí se ha dicho, recordar que la defensa de
los intereses españoles corresponde al Gobierno, y es el Gobierno el que
al final tendrá que dar la última batalla --espero que con el apoyo de
todas las fuerzas políticas-- para defender una OCM del aceite de oliva
que no sea contraria a los intereses españoles. A los grupos políticos
nos corresponde una tarea que, con toda sinceridad, creo que no se ha
llevado a cabo en la medida en que se debía haber hecho, que es convencer
al resto de compañeros de otros países de que apoyen estas ideas. No se
puede defender una propuesta en España y luego permitir que compañeros de
Italia o de otros países defiendan otras cosas. Nosotros
responsabilizaremos a los grupos mayoritarios de esta Cámara no solamente
de lo que voten sus diputados, sino también de lo que voten sus
compañeros de otros países. No se puede jugar a ese doble lenguaje, como
se ha jugado, y decir a los aceituneros españoles que se apoya el
documento Jové y luego alentar a eurodiputados de otros países a que le
pongan zancadillas; repito con toda rotundidad que eso hay que evitarlo.
Nosotros consideramos interesante que hoy se apruebe aquí una
proposición, sobre todo si se aprueba por unanimidad. Pero
consideraríamos aún más importante el que los dirigentes de este
Parlamento convenciesen a sus compañeros de los grupos parlamentarios
europeos para que, al final, el trabajo Jové sea un trabajo productivo
para los intereses españoles. Repito que las presiones que está
recibiendo el documento Jové no vienen de la nada, vienen de los
diputados del Grupo Socialista y del Grupo Popular, y, por tanto,
nosotros creemos que es importante que no se tenga ese doble lenguaje y
que se asuma la responsabilidad aquí, pero también en el Parlamento
Europeo.
En definitiva, vuelvo a repetir lo que ya hemos dicho, que nadie cuente
con Izquierda Unida para batallitas intestinas que al final acaben
rompiendo la unidad política. Todos seguiremos considerando esta reforma
como una cuestión de interés general y a la unidad como un valor
importante en sí mismo, aquí y también en Europa. Señorías, mantengamos
esta unidad de las fuerzas políticas teniendo presente que para ganar la
batalla de la reforma no basta solamente con tener razón; la historia de
la Unión Europea ya nos ha demostrado suficientemente, repito, que no
basta con tener razón, ya que muchas veces a España le sobran razones
pero le falta capacidad o incluso voluntad para ejercer presión en
defensa de sus intereses.
El señor PRESIDENTE: Señor Centella, vaya concluyendo.
El señor CENTELLA GOMEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Todo el sector del olivar ha demostrado tener esa capacidad y esa
voluntad de presión. Ahora hace falta la firmeza necesaria del Gobierno y
de todos los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo para hacer
frente a los intentos del comisario Fischler --que siguen estando ahí--
para aprobar una reforma contraria a los intereses del olivar español.
Termino esperando que la aceptación de nuestra enmienda signifique
también la aceptación, por parte del Partido Popular de exigir a su
ministra que venga periódicamente a la Cámara a informar de la marcha de
esta reforma del aceite de oliva; que no solamente escuchemos sino que
todos nos hagamos responsables y demos también nuestra opinión para que,
al final, lleguemos a un consenso. En ese camino, el Gobierno nos tendrá
siempre a su lado, con lealtad y con firmeza, pero si se intentan
anteponer otros intereses, evidentemente nos tendrán en contra, no
solamente a nosotros sino a todo el sector. Todos los grupos de esta
Cámara tendrán que dar explicaciones ante los ciudadanos españoles de lo
que se apruebe aquí y de lo que se apruebe en Europa, porque se ha
demostrado por el sector del olivar que hay una gran parte de España que
ya es consciente de que en el futuro del olivar está el futuro de su
economía. Ese es nuestro compromiso, pero también es el reto que hoy
quiero plantear aquí a los grupos mayoritarios de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para hacer, en primer lugar, una
llamada respecto al tema que hoy nos ocupa, que es la defensa del sector
olivarero ante la OCM que se nos avecina en los próximos meses; una
llamada que hago al consenso porque vistas hasta el momento las
intervenciones y los diversos debates habidos en esta Cámara desde el día
12 de febrero de 1997, en que se presentó el informe-análisis sobre la
reforma del sector del aceite de oliva, se ha trabajado mucho y bien. En
lo básico, creo que todos los grupos parlamentarios y todos los partidos
aquí representados consideramos que es importante hacer un frente común,
dada la importancia socioeconómica que el sector olivarero tiene en las
diversas regiones del Estado español que se dedican a esa actividad
agrícola. Desde la óptica de la Comunidad Valenciana, que ya se puso de
manifiesto tanto en la Mesa nacional como en las diversas reuniones entre
las consejerías de agricultura con el Ministerio, nuestra posición al
respecto es de apoyar en lo básico ese documento que nos une y que nos ha
elevado el sector aceitero del Estado español,
documento que choca frontalmente con la propuesta que presentó en su día
el comisario Fischler.
Nosotros apoyamos y queremos contribuir con nuestro granito de arena al
consenso de una reforma basada en la mejora de la actual OCM, en la ayuda
para todos los productores, en la producción real y en todo lo que ha
estado comentándose a lo largo de estos días, de estos meses, en defensa
del sector olivarero, rechazando frontalmente esa pretensión del
comisario austríaco Fischler que habla sobre una propuesta lesiva a los
intereses españoles, cual es el sistema basado en ayuda al árbol.
Por tanto, la intervención de Unión Valenciana va en la línea de rechazar
frontalmente la propuesta del comisario y defender la unidad de criterios
que, hasta el día de hoy, con alguna pequeña discrepancia, hemos ido
manteniendo todos los grupos parlamentarios. Indudablemente, la
iniciativa presentada por el comisario Fischler, que es el ideólogo de
esta reforma, choca frontalmente con la cultura milenaria fuertemente
arraigada en las áreas mediterráneas, a la que el señor Fischler, por
razones obvias, es ajeno totalmente, no teniendo capacidad para conocer
la propia cultura milenaria propia del Estado español y del Mediterráneo.
En este momento, por no ser redundante, quiero mantener la posición que
Unión Valenciana ha tenido en todos los debates: defender la ayuda a la
producción y a ese conjunto de propuestas que se recogen, tanto en el
consenso al que se llegó...
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Chiquillo, por favor.
El señor CHlQUILLO BARBER: Quiero defender, decía, la ayuda a la
producción y el conjunto de propuestas del consenso al que se llegó en
febrero de 1997, repitiendo la llamada a la responsabilidad, porque si en
lo básico coincidimos, tenemos que hacer que salga de aquí una iniciativa
conjunta fuerte para que el sector salga beneficiado, pero, sobre todo,
para que el campo español consiga lo que es un reto de futuro: una OCM
que defienda los intereses que puedan garantizar su pervivencia y para
ello es fundamental que estemos unidos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señora Rivadulla, tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, nos felicitamos de que en el Parlamento
Europeo salga un informe tan en sintonía con las aspiraciones españolas.
En efecto, el informe presentado por el diputado de Izquierda Unida
europeo, grupo parlamentario en el que se inscribe también Iniciativa per
Catalunya y Nueva Izquierda en el Parlamento Europeo, nos parece un
documento muy positivo y que se aleja sensiblemente de las posiciones del
comisario Fischler, al que, por cierto, no le debieron servir de mucho
las visitas que realizó a las zonas aceiteras de nuestro país, porque, si
no, no se entendería que él no comprendiera que nos estamos jugando mucho
con la reforma si prosperase --que no va a prosperar, eso esperamos-- la
ayuda al árbol que él propone.
Se ha dicho muchas veces aquí que del olivar dependen dos millones de
explotaciones y 750.000 empleos a tiempo completo, y que el olivar
constituye, desde el punto de vista de cultivo, en algunas zonas el único
posible, y su desaparición significaría un grave problema medioambiental.
Pero es que, además, el olivo es un cultivo de futuro. Está
incrementándose la demanda, y la Unión Europea es el primer productor,
con un 80 por ciento de la producción mundial, el principal consumidor y
exportador.
Señorías, si preocupa el control, no se entiende cómo el comisario
Fischler no ha cumplido con el mandato impuesto por el Reglamento
2261/1984, que decía que se debía presentar al Consejo, antes del 1 de
enero de 1995, un informe sobre el fraude y control. Ese documento no ha
aparecido; ese documento no se ha hecho. Además, si preocupa el fraude,
señorías, es mucho más difícil de controlar la ayuda por árbol, porque se
tendrían que controlar dos millones de explotaciones, con varias parcelas
cada una, y serían mucho más fácil de controlar las mil industrias de
envasado.
Por una parte, la ayuda al árbol ya sabemos que significaría riesgos
ambientales muy importantes y de despoblación rural y, por otra parte,
sabiendo que el coste de la recolección supone el 80 por ciento del
precio de mano de obra y un 70 por ciento de los variables, nos damos
cuenta de que podían fomentar las plantaciones especulativas.
Por todo ello, señorías, me parece muy bien la proposición no de ley que
presenta el Grupo Popular. Creo que de aquí debería salir una enmienda
transaccional con las enmiendas de Izquierda Unida y del Partido
Socialista, previo acuerdo, porque es razonable solicitar que apoyemos el
informe del diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Unitaria
Europea, Salvador Jové, siempre que se ajuste a los términos que aquí se
han mantenido por parte de las posiciones españolas; pero después de los
cambios que se puedan producir, no podemos hipotecar nuestro voto en este
momento a lo que pueda suceder posteriormente.
Por último, me preocupa que no quede precisada la cantidad máxima de
referencia. Creo que es un asunto que se debería perfilar, aunque tampoco
es el momento para entrar en ello; habrá ocasiones para profundizar en
este tema.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Coalición Canaria, aunque no es una comunidad autónoma productora en este
sector agrario español pero, por supuesto, sí fuertemente consumidora de
aceite de oliva según los índices de consumo de la población española,
por un acto de solidaridad, entra en este debate manifestando, en primer
lugar, que nos parece oportuna la iniciativa del Grupo Popular, que
nuestro argumento es plenamente coincidente, y lo asumimos, con el
expuesto por el portavoz señor Madero, y que creemos que es importante
que haya una sintonía entre los textos que salen de esta Cámara, con el
apoyo y el consenso de todos los grupos, y el informe que ha presentado
ante la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo
el eurodiputado don Salvador Jové. ¿Por qué? Porque el informe denominado
Jové reúne, a nuestro juicio, dos condiciones importantes para que esta
Cámara sintonice plenamente con él, tal como nos pide globalmente la
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar porque el informe rebate como primer punto dialéctico del
razonamiento, y esto es muy importante, los argumentos lesivos que para
el sector olivarero y aceitero español contenía el denominado documento
de opciones que hizo desgraciadamente la Comisión y que venía desde el
propio comisario; en segundo lugar, porque recoge la posición que el
sector aceitero y olivarero español ha planteado, lo que fue la Mesa en
defensa del aceite y que ha asumido el Gobierno español a través del
departamento de la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Por tanto, este binomio de refutar unos argumentos falaces, perjudiciales
para el sector, y de recoger la postura del sector olivarero español nos
lleva a la consolidación de nuestro voto. Este puede ser un documento de
síntesis con la iniciativa de la enmienda que trae el Grupo Parlamentario
Socialista, y a nuestro juicio, si lo hace así el Grupo Popular, es
plenamente asumible y asequible, incluso con la opción de la enmienda que
trae el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Afortunadamente
nuestro Reglamento no sólo deja que las comparecencias de los señores
ministros y señoras ministras del Gobierno sean voluntad propia y
personal, sino que la Presidencia del Congreso de los Diputados siempre
ha puesto el celo necesario para exigir al Gobierno que comparezca a
petición de los grupos que tienen el acceso reglamentario para
solicitarlo en cualquier momento, bien en las sesiones de control o bien
en las comisiones respectivas. Por ello nos sumamos con nuestro voto en
el mejor sentido del consenso posible y a favor de este sector.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Caballero tiene la
palabra.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, teniendo conocimiento este grupo parlamentario de que se va a
presentar una enmienda transaccional, la posición del Grupo Vasco
(EAJ-PNV) va a ser la de apoyarla. Sin embargo aprovechamos también esta
ocasión para denunciar una vez más la actitud de fuerte defensa,
reivindicación y apoyo a la agricultura mediterránea por parte de la
Administración del Estado frente a un grado de apoyo muy inferior a la
agricultura de la cornisa cantábrica y al sector lácteo, que ha de
afrontar situaciones de mayor dificultad por la adecuación a unas cuotas
de producción de leche muy inferiores a las necesarias para su
reestructuración, al tratarse de pequeñas explotaciones familiares en
zonas de agricultura de montaña y desfavorecidas que no cuentan, a
diferencia de otras zonas, con alternativas rentables a la producción
láctea, situación que, repito, una vez más tenemos que denunciar.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Companys tiene la
palabra.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hemos tenido la oportunidad en los últimos
tiempos de debatir largamente la reforma de la OCM del aceite de oliva,
sin duda porque sus efectos afectarán profundamente al sector. Este
sector no es homogéneo, dentro de él existen sistemas de producción y
sobre todo zonas productoras que tienen unas características muy
diferenciadas e incluso los intereses no son siempre coincidentes ni tan
siquiera en el conjunto productivo de una misma comunidad autónoma. Por
ejemplo --y perdonen que repita mis argumentos--, junto a zonas que
tienen producciones importantes, de 50 ó 60 kilos por árbol, como ha
dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hay otras zonas de
baja producción, como, por ejemplo, en este momento Las Garrigas en
Lleida, y también en Cuenca, en Salamanca y Baleares, que tienen
producciones en plantaciones regulares que no alcanzan la media de 7 u 8
kilos por árbol, que normalmente son zonas muy despobladas, con una renta
muy baja y en las que el olivo, desde tiempos inmemoriables, ha sido el
monocultivo porque no hay posibilidad de cultivos alternativos. Esas
zonas, además, según datos aportados en la última reunión celebrada en el
Ministerio, podrían representar hasta el 30 por ciento
de la superficie de olivo del Estado español. Este tipo de cultivos, sin
embargo, logran dos objetivos importantes. Por un lado, mantienen a la
gente ligada al terreno, lo cual supone un reequilibrio territorial
importante y, por otro, realizan una aportación muy interesante, desde el
punto de vista medioambiental, en lucha contra la erosión y la
desertización. Por tanto, siguiendo con esta doctrina que nuestro grupo
ha defendido --y lo repito para que quede constancia--, no lograríamos
una OCM equilibrada del aceite si no tuviésemos en cuenta esas zonas en
las que en plantaciones regulares las producciones son realmente bajas y
no sería bueno que en el futuro no quedase reflejado en la base de la
doctrina comunitaria que las ayudas al sector están pensadas para
mantener la renta de los productores. Para que todo ello sea posible hay
que estudiar un tratamiento especial para las zonas de bajas
producciones.
Pues bien, señorías, a pesar de que, como he explicado, existen
posiciones diferenciadas, no es menos cierto que la voluntad de hacer un
frente común se ha impuesto y en esa negociación todos hemos dejado una
parte de nuestras reivindicaciones. En este sentido nos tenemos que
felicitar porque la Mesa en defensa del aceite de oliva, a pesar de las
dificultades propias, ha sido capaz de presentar una propuesta común,
porque el ponente del informe en el ámbito del Parlamento Europeo es un
eurodiputado español y eso, desde nuestro punto de vista, supone una
garantía de entrada, y porque para que ese informe sea viable, si
queremos ser sinceros, necesitará la aquiescencia de los diputados
italianos, que tienen un peso importante, por lo que no será fácil llegar
a un acuerdo si realmente queremos un buen informe para los intereses del
Estado español.
Entendemos que en este momento se está trabajando en el buen camino; que
en toda negociación hay que ceder y hasta ahora las negociaciones a nivel
europeo se están llevando bien; que sería bueno, a nivel de Parlamento
Europeo, llegar a una unanimidad que también se viera reflejada en esa
Cámara y, por lo tanto, nuestro grupo parlamentario da un voto de
confianza para que se permita aprobar un documento base lo
suficientemente bueno como para que allane el camino de la discusión en
el Consejo de Ministros.
Por ello en este momento nos felicitamos de las enmiendas presentadas por
los Grupos Socialista e Izquierda Unida y de esa transacción que logrará
conducir de nuevo al consenso que existía no hace mucho tiempo, ya que
todo ello es bueno para allanar el camino de la discusión a nivel de la
Comisión Europea. Por tanto, señor presidente, señoras y señores
diputados, nuestro voto será positivo, sobre todo si se llega a esta
transacción entre las propuestas que ha presentado el Grupo Popular y las
propuestas de modificación tanto del Grupo Socialista como del Grupo de
Izquierda Unida.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Companys.
Tiene la palabra el señor Madero para aceptar o rechazar las enmiendas
planteadas.
El señor MADERO JARABO: Señor presidente, en este momento del debate mi
grupo, tal y como manifesté desde la tribuna, expresa la aceptación de la
enmienda de Izquierda Unida por ser una pura obviedad. Al mismo tiempo
manifestamos que se mantiene el punto segundo del texto de la proposición
no de ley, puesto que es una pura formalidad.
Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, se ha ofrecido
un texto transaccional que, al parecer, era de su conformidad. En ese
sentido, me gustaría escuchar esa ratificación y, si es preciso, que se
haga la lectura pública del texto íntegro.
Por nuestra parte, señor presidente, aceptamos la enmienda de Izquierda
Unida, mantenemos el punto segundo de la proposición no de ley y hemos
ofrecido una transacción sobre la que esperamos contestación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madero.
Señor Pliego, ¿se entiende aceptada?
El señor PLIEGO CUBERO: Sí, señor presidente, aceptamos la transaccional
en los términos formulados por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pediría a los ponentes que pasaran a la Presidencia el texto de esa
transaccional que no obra en poder de la Secretaría. (Pausa.)
Por la señora Del Campo, secretaria de la Cámara, se va a proceder a la
lectura del texto que se somete a votación, incorporando la transaccional
y la aceptación de la enmienda de Izquierda Unida.
Proceda, señora secretaria.
La señora SECRETARIA (Del Campo Casasús): El Congreso de los Diputados
apoya aquellas propuestas que, representando la posición unánime del
sector español, han sido recogidas en el denominado informe Jové, así
como en su propuesta de compromiso, manifestando el respaldo al conjunto
de la negociación, tal y como quedó consensuado entre el sector, los
grupos políticos y administraciones públicas.
Asimismo se insta al Gobierno a renovar el compromiso adquirido de
comparecer periódicamente ante esta Cámara, para informar de la marcha de
la reforma de la OCM del aceite de oliva.
De este apoyo se dará traslado a todos los grupos políticos del
Parlamento Europeo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Del Campo.
Este es, en definitiva, el texto que se somete a votación.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
sobre la organización común de mercado del aceite de oliva, según el
texto resultante de la aceptación de la enmienda de Izquierda Unida y de
la transaccional que sobre su enmienda ha aceptado el Grupo Socialista,
tal y como se ha leído por la secretaria de la Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, por unanimidad del Pleno, la
proposición no de ley.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA AL PROGRAMA DE ACTUACIONES
DEL GOBIERNO PARA CUMPLIR LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL CONVENIO DE
NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO (Número de expediente 162/000161)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista relativa
al programa de actuaciones del Gobierno para cumplir los compromisos
derivados del Convenio de Naciones Unidas sobre cambio climático.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra la señora Narbona.
(Rumores.--El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
que guarden silencio. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio. ¡Señor Madero! ¡Señor
García-Arreciado! (Rumores.) ¡Señor Peón! ¡Señor Homs! Les ruego que
guarden silencio; estamos esperando que SS. SS. permitan que comience el
debate. (Pausa.)
Puede comenzar, señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, presidente.
Señoras y señores diputados, dentro de pocos días la ministra de Medio
Ambiente representará al Gobierno español en Kyoto durante la Tercera
Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático.
España acude a esta reunión sin que todavía se haya debatido en esta
Cámara ni una sola vez la problemática del cambio climático. El Grupo
Socialista presentó, en su momento, una propuesta de creación de una
subcomisión para el análisis de los problemas ligados al cambio climático
que fue rechazada por el Grupo Popular, lo que impidió que se siguiera
una tradición que en la anterior legislatura había dado como resultado un
debate de extraordinario interés en una subcomisión del Senado creada al
efecto. Como digo, es hoy la primera vez que vamos a tener ocasión de
debatir una iniciativa concreta en relación con el cambio climático.
España va a ir a la Cumbre de Kyoto como país miembro de la Unión Europea
y, por tanto, asumiendo los compromisos que en el marco del acuerdo ya
alcanzado se han asignado al Gobierno español. Es decir, dentro del
proceso de reducción de emisiones de CO2 al que se ha comprometido de
forma global la Unión Europea en los escenarios del año 2005 y 2010, para
situarse en el 2010 en un nivel de emisiones de gases de efecto
invernadero inferior en un 15 por ciento a las emisiones del año 1990, se
va a autorizar a España que continúe incrementando sus emisiones de gases
de efecto invernadero de forma que en el año 2010 se le permitirá
situarse en un nivel que sea un 17 por ciento superior al alcanzado en el
año 1990.
Sin entrar a considerar lo oportuno o lo justificado de esta posición
mantenida por el Gobierno español, sí debemos considerar si España está
en condiciones de asumir ese compromiso en el marco de la Unión Europea
frente al Convenio de Naciones Unidas. Si no se toman medidas muy
importantes de forma inmediata, esto no va a ser posible y así lo ha
manifestado el Ministerio de Medio Ambiente en boca de su titular cuando
ha confirmado que de no haber medidas absolutamente relevantes, en el año
2010 España estará produciendo un nivel de emisiones superior en un 45
por ciento al nivel que se alcanzaba en el año 1990. Según los últimos
datos facilitados por la Agencia Europea de Medio Ambiente, España está
situada ya en un nivel próximo al 15 por ciento por encima de los niveles
de 1990. Por tanto, teniendo en cuenta que el actual modelo energético
español tiende a producir crecimientos en el consumo de energía y en las
emisiones de CO2 superiores al crecimiento del producto interior bruto,
las actuales previsiones, cifradas por el Gobierno en el entorno del 3
por ciento para el próximo ejercicio, nos situarían ya a finales de 1998
prácticamente en el nivel autorizado, entre comillas, en el contexto de
la Unión Europea frente al Convenio de Naciones Unidas.
Por ello nadie puede negarse a aceptar en esta Cámara la urgencia de
medidas concretas y serias que cambien el rumbo de este modelo energético
que en nuestro país nos puede llevar a niveles de emisiones muy por
encima de las incluso ya elevadas que permitiría el acuerdo de la Unión
Europea. Naturalmente, las emisiones de CO2 son el resultado de ese
modelo energético, que hay que modificar, y el objeto principal de la
proposición que hoy presentamos es la elaboración por parte del Gobierno,
durante el presente período de sesiones, de un programa de medidas de las
cuales hemos avanzado dos. Por supuesto, aunque sólo
hemos avanzado dos que se refieren al sector de la edificación, nos
parece pertinente que se plantee al Gobierno la necesidad de incluir en
ese programa otras medidas. En ese sentido aceptaremos la enmienda de
Izquierda Unida que enuncia otras posibles medidas que nos parecen
oportunas para sumar a las dos concretas que proponemos.
No podemos aprobar, por el contrario, la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, puesto que pretende sustituir nuestra proposición por un texto
sin ningún contenido, en el cual simplemente se insta al Gobierno a que
traiga a esta Cámara, sin fecha determinada, un programa de actuaciones
del cual tampoco se concreta ninguna medida precisa.
Señorías, aunque la ministra de Medio Ambiente ya ha trasladado hacia
atrás la responsabilidad sobre la evolución de las emisiones de CO2,
entendemos que el Gobierno debería, como mínimo, aprovechar lo que se
hizo de positivo en la anterior legislatura del Gobierno socialista.
Concretamente, en 1992 se creó una Comisión Nacional del Clima integrada
por representantes de las administraciones, por expertos y por
organizaciones implicadas en materia ambiental que se reunió varias veces
en pleno y en grupos de trabajo y que como resultado obtuvo un documento,
un Programa nacional del clima, que fue presentado también en el Consejo
Asesor de Medio Ambiente y consensuado en conferencia sectorial con las
comunidades autónomas. Ese Programa nacional del clima, enviado a
Naciones Unidas y la Unión Europea en 1995, se planteaba como objetivo
reducir las previsiones de emisiones de CO2, contenidas en el entonces
vigente Plan energético nacional, de forma que en lugar de alcanzar un
aumento por encima de 1990 de las emisiones de CO2 del orden del 25 por
ciento, ese aumento se recondujera a un nivel del 15 por ciento. Para
ello el Programa nacional del clima planteaba diversas actuaciones,
siendo una de ellas precisamente la primera que planteamos en nuestra
proposición no de ley.
La Comisión Nacional del Clima no se ha reunido durante el período del
actual Gobierno, no ha sido convocada ni una sola vez y no conocemos
ninguna medida adoptada por este Gobierno en relación con el cambio
climático. El tema tampoco ha sido discutido en el Consejo Asesor de
Medio Ambiente ni en la conferencia sectorial con las comunidades
autónomas. Por tanto, planteamos en nuestra proposición que dentro del
presente período de sesiones el Gobierno traiga a esta Cámara un programa
de actuaciones concretas y proponemos dos en particular. La primera de
ellas, que el programa incluya el proyecto de ley de ordenación de la
edificación, proyecto largamente reclamado desde esta Cámara y que fue
aprobado por el anterior Gobierno en el mes de diciembre de 1995, pero
que no pudo ser tramitado por el anticipo de las elecciones, y proyecto
de ley en el cual, en nuestro texto, ya se vinculaban las ayudas públicas
a la vivienda al cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética
establecidos por la directiva europea Save, directiva europea que, por
cierto, está todavía pendiente de trasponer al Derecho español aunque un
borrador de decreto quedó elaborado en la anterior legislatura. Un
proyecto de ley de ordenación de la edificación de estas características
significaría que cada año, por lo menos 180.000 viviendas serían
construidas con parámetros de eficiencia energética y, teniendo en cuenta
que en las viviendas se consume aproximadamente el 40 por ciento de la
energía de nuestro país, que con ello se contribuye a más del 40 por
ciento de emisiones de CO2 y que se puede ahorrar, simplemente con
medidas de aislamiento térmico, hasta más de un 50 por ciento de la
energía que se gasta en los hogares, creemos que esta medida estaría
plenamente justificada y que sería oportuno que el Gobierno hoy aceptara
ya esa orientación para la futura ley de ordenación de la edificación que
está pendiente de volver a ser analizada en esta Cámara y que el Gobierno
no ha traído en lo que llevamos de legislatura.
Por lo que se refiere a la segunda medida concreta que planteamos en
nuestra proposición no de ley, se trata de instar al Gobierno a que lleve
adelante un plan de implantación obligatoria de la energía solar en
edificios públicos, que permita en el plazo de cinco años la instalación
como mínimo de 50.000 tejados dotados de energía fotovoltaica. Para que
SS. SS. se hagan una idea de lo que esto significaría, estamos hablando
de instalar una potencia equivalente a unos 500 megavatios en energía
fotovoltaica, lo cual supondría disminuir en 100.000 las toneladas de CO2
que se emiten a la atmósfera, es decir, solamente con esta medida se
reduciría aproximadamente en un 5 por ciento el actual nivel de emisiones
de CO2 a la atmósfera.
Creemos importante que España dé un paso significativo en lo que se
refiere a la tecnología solar, donde tenemos todas las condiciones, tanto
de emplazamiento geográfico como de desarrollo en investigación y
técnicas, para ser un país pionero en la Unión Europea, y no como
desgraciadamente nos encontramos en este momento, en que la utilización
de la energía solar en los hogares españoles está muy por debajo, en
términos per cápita, del uso de la energía solar en los hogares de países
como Alemania, Dinamarca, Suecia o Noruega.
Quisiera también señalar a SS. SS. que, precisamente mañana, la Comisión
Europea va a debatir un documento que es la consecuencia del Libro Blanco
sobre la energía, en cuyo documento la Comisión va a proponer a los
países miembros el establecimiento de un programa de instalación de un
millón de tejados solares en los próximos cinco años; un millón de
tejados solares para permitir una reducción significativa de las
emisiones de CO2.
En el mismo documento al que estoy haciendo referencia, la Comisión va a
plantear la existencia en Europa de 100 emplazamientos solares, para los
cuales
habría ayudas de los fondos estructurales, ayudas de los distintos
programas relacionados con la eficiencia energética y con las energías
alternativas, un programa en el que España debería ser capaz de
participar; para ello sería necesario que este Gobierno planteara medidas
importantes en el terreno de la energía solar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona, le
ruego concluya.
La señora NARBONA RUIZ: Sí, señor presidente, estoy terminando.
Creemos que España, repito, debe ser líder en la utilización de la
tecnología solar; ahí tenemos el caso de Grecia que está en estos
momentos iniciando la construcción de la planta de energía solar de mayor
dimensión de Europa. Por tanto, no deberíamos quedarnos atrás y sería
importante que el Gobierno, en el programa de medidas que ciertamente
traerá a esta Cámara, pero nos gustaría que lo hiciera con rapidez y con
contenidos precisos, incorporara algunas medidas que aquí estamos
proponiendo, aunque hoy ya sabemos que no van a ser votados por el
Partido Popular.
Por último, señorías, creemos que el Parlamento debe debatir sobre el
cambio climático, porque el cambio climático es el reto más importante
con que se enfrenta la sociedad humana en el final del Siglo XX. Por
tanto, este Parlamento, como hacen los demás parlamentos de la Unión
Europea, debe comprometerse en la exigencia de iniciativas concretas por
parte del Gobierno. Nuestro grupo parlamentario trae hoy estas
iniciativas, pero traeremos otras y ejerceremos un seguimiento constante
sobre las actuaciones que el Gobierno vaya decidiendo en relación con los
compromisos que estamos a punto de asumir, al menos los vamos a asumir
nominalmente, pero creemos que se debe hacer un esfuerzo mucho más
considerable porque, ciertamente, durante este año y medio el actual
Gobierno no ha hecho absolutamente nada en relación con el problema del
cambio climático.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona.
Han sido presentadas enmiendas a esta proposición no de ley por parte del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y por el Grupo
Parlamentario Popular.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en los primeros días del próximo mes de diciembre se va a
celebrar la cumbre mundial sobre cambio climático. Ciertamente es la
primera vez que se discute en este Parlamento algo que tenga que ver con
el cambio climático y no estaría de más que hubiéramos podido tener la
posibilidad de debatir cuál va a ser la posición de nuestro Gobierno en
la propia cumbre antes de que ésta se hubiera celebrado, con lo que, al
menos, hubiéramos tenido oportunidad de facilitar al Gobierno cuáles son
las posiciones, las inquietudes y las alternativas que los diferentes
grupos parlamentarios podemos tener a la hora de ver las decisiones que
se van a tomar en esta cumbre mundial. Por tanto, señorías, compartimos
el criterio que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista a esta
iniciativa que vamos a votar a favor, además de por habérsenos aceptado
las enmiendas que hemos planteado y que después pasaré a comentar.
Según todos los estudios, en estos momentos estamos en nuestro país en
una situación favorable para que no nos planteásemos el aumento de las
emisiones a pesar de los acuerdos internos dentro de la Unión Europea,
sino para que, por lo menos, nos planteásemos el mantenimiento de estas
emisiones y no el aumento de porcentajes que se nos han podido
establecer. Son muchas las causas que influyen en las emisiones de CO2 y
nuestro país tiene una característica que es la posibilidad de tener
durante mucho menos tiempo funcionando las calefacciones y, por tanto,
menos consumos energéticos por nuestras propias condiciones climáticas;
no sucede lo mismo en otros países más al norte de la Unión Europea. Por
tanto, habría que empezar a tomar medidas serias para evitar el aumento
de las emisiones de CO2 a la atmósfera en nuestro país.
Compartimos el criterio establecido en la proposición no de ley en cuanto
a los dos puntos que esta planteaba, y con nuestras enmiendas hemos
querido ampliar algunos apartados de la propia directiva Save.
Pretendemos que no solamente se puedan tener 50.000 tejados dotados de
energía fotovoltaica, sino que, además, puedan representar el uno por
ciento de la energía consumida por el sector de los edificios públicos.
En nuestra siguiente enmienda planteamos un plan de actuación para
cumplir la citada directiva en el aspecto de la facturación individual de
calefacción y agua caliente sanitaria en los edificios donde esté
mancomunada, que es uno de los aspectos que la citada directiva incluía
como necesarios.
También planteamos que se haga un programa de actuación para mejorar la
eficiencia de los vehículos a motor. Señorías, las investigaciones en
determinados sectores de la industria del motor avanzan suficientemente
como para que en estos momentos existan prototipos de vehículos a motor
con un consumo alrededor de 3 litros a los 100 kilómetros/hora, que
vendría a reducir emisiones de gases que perjudican a la atmósfera y que
producen el cambio climático. Esto necesita únicamente el apoyo decidido
por parte de las administraciones competentes y, en todo caso, por parte
del Gobierno del Estado español.
Desde nuestro punto de vista es necesario que se potencien los programas
de cogeneración en los edificios públicos. Es una forma de ahorro
energético de aquellas energías que ocasionan las emisiones más
contaminantes de CO2 a la atmósfera y, desde luego, compartimos la
necesidad de reducir el consumo energético para empezar a disminuir las
emisiones de CO2 e ir hacia programas de eficiencia energética. Es cierto
que nuestro país necesita un mayor apoyo hacia las energías renovables y
fundamentalmente a la utilización de la energía solar fotovoltaica. En
ese sentido, en nuestro país ya debería haber muchos tejados con este
tipo de energía precisamente por nuestra buena ubicación climática y la
cantidad de horas de sol que se podrían aprovechar.
Con esto sencillamente pretendemos, señorías, que el Gobierno no siga
planteándose que como le pueden permitir un mayor porcentaje de emisiones
de CO2 a la atmósfera, no es necesario tomar medidas. Con el aumento que
se está produciendo paulatinamente en cualquier momento estaremos por
encima de la media que se nos ha permitido; además estaremos siendo
insolidarios con el resto de zonas del mundo que no pueden emitir
sencillamente porque no tienen unas condiciones económicas que se lo
permitan, pero sí les estaremos perjudicando no solamente con la
esquilmación de sus recursos sino con el deterioro medioambiental que
generamos; además, a nosotros también nos corresponde esa parte de
responsabilidad.
Por tanto, si esta iniciativa presentada por el Grupo Socialista y
enmendada por nosotros no es aceptada por la mayoría de la Cámara, sí
esperamos que en futuras iniciativas que se puedan presentar empiece esta
Cámara a tomarse en serio el cambio climático, empiece esta Cámara a ser
consciente de que nuestro país está en buenas condiciones o debería estar
en mejores condiciones de las que se pretenden, precisamente por tener
una situación mejor de la que tienen otros países, y nuestras medidas
deberían ir ya encaminadas a frenar el incremento de las emisiones de CO2
a la atmósfera y no quedarnos esperando a cumplir los porcentajes que aún
se nos permiten, para después empezar a tomar las medidas.
En el presupuesto para 1998 no hay medida alguna que vaya a impedir la
emisión de gases que producen el efecto invernadero y que provocan el
cambio climático. Por tanto, señorías, es hora de empezar a tomárselo en
serio y de tomar ese tipo de medidas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De
Lara.
La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la cumbre del cambio climático, que se desarrollará en Kyoto
durante los primeros días de diciembre, puede y debe aportar un
compromiso global sobre reducción de emisiones de efecto invernadero. El
cambio climático es uno de los peligros más graves para la humanidad del
siglo XXI. En contra de lo que ha expresado la señora Narbona, el Partido
Popular también lo entendió así, y al finalizar la pasada legislatura se
formó en el Senado una comisión para el estudio del cambio climático en
la que esta diputada que habla en este momento era la portavoz. Usted no
se ha enterado, pero esa comisión sí se formó, señora Narbona.
El panel intergubernamental sobre cambio climático, compuesto por 2.500
científicos de todo el mundo, elaboró en 1996 un informe en el que se
indicaba que el calentamiento de la tierra era un hecho y sugerían que la
causa de ese hecho era la actividad humana. La ciencia indica, señorías,
cada vez con menor espacio para la incertidumbre, que la influencia
humana en el clima mundial es perceptible y tiende a aumentar, siendo
previsibles variaciones significativas en las temperaturas y en los
ciclos hidrológicos del planeta.
Desde el inicio de la vida, las emisiones naturales se encargaban de
mantener la temperatura adecuada para ella. El ser humano ha alterado
esas condiciones y ha originado un calentamiento artificial excesivo. El
dióxido de carbono procedente de los procesos de producción y
transformación de energía, de los procesos industriales y del sector
transporte singularmente, es el principal responsable del efecto
invernadero, seguido por el metano y los óxidos de nitrógeno. Todos esos
gases en la atmósfera impiden que el calor del sol se disipe de nuevo en
ella y se produce, poco a poco, un calentamiento global de nuestro
planeta.
La estrategia española frente al cambio climático, que habrá de
desarrollarse tras la reunión de Kyoto, deberá cumplimentar los
compromisos adquiridos por España en el marco de la Unión Europea y del
protocolo que se suscriba en la ciudad japonesa.
La proposición no de ley que presenta hoy ante la Cámara el Grupo
Socialista es, por tanto, oportuna, dada la gravedad del problema que he
expuesto. Conviene no obstante, señorías, puntualizar una serie de
inexactitudes contenidas en la motivación de la proposición no de ley.
Primero. Los compromisos del Convenio marco de Naciones Unidas sobre
cambio climático para países desarrollados, actualmente vigentes, hacen
referencia a las emisiones en el año 2000, que deberían mantenerse al
nivel de las de 1990. Ese compromiso se aplica para el caso de la Unión
Europea de forma conjunta.
Segundo. Los recientes acuerdos internos de la Unión Europea en esta
materia no son, por ahora, compromisos unilaterales de la Unión Europea,
sino propuestas para la negociación del protocolo que deberá
fijarse en la conferencia de las partes, que se celebrará en Kyoto; son
límites cuantitativos de emisión en los países industrializados para los
años 2005 y 2010.
Tercero. El acuerdo de la Unión Europea propone una reducción del 15 por
ciento de las emisiones conjuntas de dióxido de carbono, metano y óxidos
de nitrógeno en el año 2010 respecto al nivel de 1990. En este marco,
señorías, algunos países de la Unión, como Portugal, Grecia o España,
pueden aumentar sus emisiones, incremento que se equilibra con un
descenso mayor en países más industrializados, como Alemania o Dinamarca.
Concretamente, España deberá limitar el crecimiento de sus emisiones al
17 por ciento en dicho período, mientras que en el futuro la necesidad de
reducción será creciente. El diferente grado de desarrollo industrial de
los diversos territorios de la Unión determina, señorías, diferentes
grados de responsabilidad en su contribución al fenómeno que se trata de
combatir. Ese tipo de consideraciones ha tenido un claro reflejo en el
texto de la convención-marco de Naciones Unidas sobre cambio climático,
en el que se introducen conceptos tales como contribución equitativa o
responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Cuarto. El incremento de las emisiones de nuestro país, próximas al 15
por ciento para el año 2000, que los proponentes de la proposición no de
ley consideran preocupante, representa en realidad el objetivo asignado a
España para hacer posible la estabilización de las emisiones en el
conjunto de la Unión Europea al alcanzar dicha fecha. Quede por tanto
constancia, señora Narbona, de esa serie de inexactitudes que he
señalado, y hacen que el parecido que existe entre su motivación y la
realidad sea escaso; me consta que usted, que conoce perfectamente los
pormenores que he descrito, estará de acuerdo.
Dicho esto, sí es cierto y urgente mantener bajo control las emisiones de
dióxido de carbono, ya sea a través de una reforestación y mejora
forestal, ya incentivando el uso de energías renovables a través de la
racionalización y el ahorro energético, todo ello, en el marco del
programa Save. Las dos medidas propuestas en la proposición no de ley del
Grupo Socialista se inscriben conceptualmente en ese esquema. Sin
embargo, resultan discutibles en lo que a su articulación técnica se
refiere.
Sobre el primer punto de la proposición, en el que solicitan una ley de
ordenación de la edificación, con una serie de connotaciones, habría que
indicar que la directiva Save exige la adopción de programas de mejora de
eficiencia energética para reducir las emisiones de dióxido de carbono,
sin que ello implique necesariamente la promulgación de normas de
carácter jurídico.
El Gobierno español ha adoptado las medidas necesarias para el
cumplimiento de las exigencias de la directiva. Así, el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, conjuntamente con la Dirección
General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, del Ministerio de Fomento,
está desarrollando un programa de tres años de duración, cuyos hitos son
los siguientes: establecimiento, en colaboración con las comunidades
autónomas, de la calificación energética en las viviendas de protección
oficial para antes de agosto de 1998. Desarrollo de metodología técnica
para la calificación energética de cualquier tipo de edificio, en
colaboración con todos los agentes económicos y sociales implicados, para
finales de 1999. Nueva normativa y nueva estrategia de exigencia de
aislamiento térmico en edificios para finales de 1999. Todos esos
aspectos redundarán tanto en la reducción de emisiones de dióxido de
carbono como en la calidad global de los edificios de nuestro país.
El Gobierno tiene voluntad de aprobar y enviar a las Cámaras legislativas
un proyecto de ley de ordenación de la edificación. En su momento, se
valorará la conveniencia de incluir en la futura ley aspectos relativos
al ahorro energético y a la reducción de emisiones de dióxido de carbono
o bien establecer normas específicas de otro rango que obliguen a cumplir
estos condicionantes. La propuesta de la proposición no de ley asigna a
la futura ley de ordenación de la edificación una facultad reguladora que
en principio le es ajena.
El segundo punto del texto de la proposición no de ley socialista
solicita un plan de implantación obligatoria de la energía solar en
edificios públicos, de forma que desea implantar 50.000 tejados dotados
de energía fotovoltaica. El objetivo de 50.000 tejados dotados de energía
fotovoltaica en edificios públicos y en cinco años, no sólo es impreciso,
señorías, en términos económicos, ya que no explica el origen y cuantía
de los fondos necesarios, sino también en el sentido técnico, ya que el
tejado no constituye una unidad de medida, pues se están considerando
edificios tan diversos como escuelas rurales o ministerios. En todo caso,
habría que hablar de objetivos en términos de metros cuadrados de paneles
y/o de potencia instalada. Además, a los efectos considerados en la
proposición no de ley, es decir reducción de emisiones de dióxido de
carbono, el resultado de la energía fotovoltaica sería menos
significativo que el de la energía solar térmica. No obstante, y dentro
de las actuaciones que está realizando el Ministerio de Industria y
Energía en el campo de las energías renovables, se encuentran las que
tienen por objeto la promoción y desarrollo del área de energía solar,
tanto térmica como fotovoltaica. De otro lado, es preciso que recordemos,
señorías, el especial apoyo que se presta a las energías renovables
dentro de la Ley del Sector Eléctrico recientemente aprobada. La ley
dispone que, para el año 2010, las energías limpias cubran, como mínimo,
el 12 por ciento de la demanda energética española.
Señorías, creo que la contribución prioritaria de los edificios públicos
a los objetivos referentes al
cambio climático debe relacionarse fundamentalmente con el ahorro y con
la eficiencia energética. Por ello, con el fin de reducir el gasto
energético de explotación de los edificios de la Administración general
del Estado, el Gobierno ha decidido dentro del plan de austeridad del
gasto, intensificar las actuaciones de eficiencia energética. Por todo
ello proponemos una enmienda de modificación que contempla el problema
del cambio climático desde una óptica más amplia y global. El texto de
nuestra enmienda es el siguiente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora De Lara, le
ruego vaya concluyendo.
La señora DE LARA CARBO: Sí, señor presidente, en cuanto indique cuál es
nuestra enmienda.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir un programa de
actuaciones para el cumplimiento del convenio de Naciones Unidas sobre
cambio climático que contemple realizar los objetivos de emisiones de
gases de efecto invernadero, a los cuales se comprometa España en el
marco de la Unión Europea y del protocolo de Kyoto, que se desarrollarán
a través de una estrategia nacional. En esa estrategia nacional deberá
contemplarse no sólo la implantación de energía fotovoltaica, sino del
resto de las energías renovables, la eficiencia energética y programas de
reforestación y mejora forestal.
Cuando el Gobierno remita a la Cámara un programa de actuaciones para
combatir el calentamiento global del planeta será cuando deban debatirse
aquí medidas concretas que se enmarquen en los compromisos que España
adquiera. En todo caso, la estrategia española frente al cambio climático
debe ser más amplia en cuanto a su alcance que los dos elementos que
recoge la proposición no de ley del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías,
desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro hace cinco años, la idea del
desarrollo sostenible ha tenido un amplio eco en la mayoría de países del
globo. Prueba de ello son los más de 150 gobiernos que han aceptado la
creciente necesidad de armonizar la protección del medio ambiente y el
desarrollo económico social con el fin de, por lo menos, concretar un
estilo de vida aceptable, que debe ser mejorable para todo habitante del
mundo, tanto los presentes como los futuros.
Son muchas las circunstancias negativas que existen en contra de ese
equilibrio. Uno de los grandes problemas es el de las emisiones de
dióxido de carbono, con las consecuencias del cambio climático y el
calentamiento paulatino de nuestro planeta. La cuestión es sumamente
preocupante. Sin duda alguna, la reducción de las emisiones de dióxido de
carbono a niveles aceptables será, con toda probabilidad, el problema
medioambiental más difícil que tendrá que afrontar la humanidad en las
próximas décadas. España ha adquirido compromisos en el marco del
Convenio de Naciones Unidas sobre el cambio climático y, además, dentro
de la Unión Europea, nos hemos comprometido a no superar en el año 2005
el nivel de emisiones de dióxido de carbono equivalente a un aumento del
17 por ciento respecto al nivel de emisiones alcanzado en 1990.
En la actualidad hay muchos elementos negativos: los vehículos a motor,
los gases que emana la industria, las calefacciones domésticas, etcétera.
Hace falta una mayor colaboración entre los ministerios, así como entre
las comunidades autónomas. Hay muchas comunidades autónomas que ya han
hecho frente a experiencias de energía eólica, como ocurre en el sur de
la Península y en Canarias. Hay que aprovechar la energía solar, la
fotovoltaica, y hace falta la intensificación de esa colaboración entre
todos los organismos del Estado.
A Coalición Canaria le parece loable y oportuna la iniciativa
parlamentaria que ha presentado el Grupo Socialista a través de la señora
Narbona, pero también le parece que es necesario ampliar el contenido de
lo que se insta al Gobierno. Es una materia muy importante y
trascendental.
Hace falta, como ha señalado la portavoz del Grupo Popular en su
enmienda, una edición y un tratamiento más amplio de medidas a adoptar
dentro de un programa nacional, en el que se analice toda esta
importantísima materia, inclusive el impacto de la industria nuclear; he
dicho industria nuclear, que debe ser también observada con toda
atención.
Entre todos tenemos que conseguir que España colabore eficazmente dentro
de la Unión Europea para que, conjuntamente con otras aportaciones, en la
Conferencia sobre el cambio climático que se celebrará en Kyoto en los
primeros días del mes de diciembre este año, se adopten conclusiones
eficaces para una reducción de las emisiones del CO2, lo cual supondrá
una defensa del presente y futuro de la humanidad.
Votaremos, por tanto, a favor de esta iniciativa con la enmienda del
Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, desde este grupo
parlamentario pensamos --creo que es una idea ampliamente compartida en
la Cámara-- que estamos ante un problema ambiental de suma gravedad.
Probablemente nos encontramos ante el principal problema medioambiental
que afecta al planeta. Es decir, hoy día pocos se atreven a contradecir
la afirmación de que la tierra está sufriendo un proceso de gradual
calentamiento que puede representar el mayor cambio climático desde el
final de la última glaciación. También pocos se atreven a contradecir que
este proceso es consecuencia de la emisión indiscriminada e ilimitada de
gases que son producto de la quema de combustibles fósiles.
Digo que hoy pocos se atreven a contradecirlo porque no era así hace muy
pocos años. De hecho, en la Cumbre de la Tierra de Río, del año 1992, el
principal argumento que se esgrimió por parte de las principales
potencias del mundo para no adoptar el compromiso que el problema
requería en ese momento, fue la falta de evidencias; evidencias, repito,
que hoy día entiendo ya están suficientemente contrastadas y probadas.
Las consecuencias de este proceso obviamente son ya en parte previsibles
y, desde luego, en lo que conocemos, nos parece que son extremadamente
graves. Graves para nosotros, pero graves muy especialmente para las
generaciones futuras: Aumento del nivel de los mares a consecuencia del
derretimiento de los hielos polares, la inundación de las zonas costeras,
cambio de los ciclos climáticos, sequía, hambre, extensión de los
desiertos, etcétera. Estas imágenes, señor presidente, no son sacadas de
una película de ciencia ficción, sino que podrían formar parte de la
imagen del planeta en un futuro próximo si no lo remediamos.
Como decía hace un momento, en la Cumbre de la Tierra de 1992, ese tema
ya fue objeto de debate, aunque ninguna potencia levantó la bandera del
cambio climático y, obviamente, el resultado, como ya he dicho, fue más
bien escaso, por no decir nulo. Hoy día han transcurrido cinco años desde
ese momento y se ha incrementado la toma de conciencia sobre la gravedad
de este problema; es decir ha evolucionado positivamente la conciencia
que tenemos al respecto. Ello, sin embargo, entiendo que no significa que
debamos afrontar con especial optimismo la III conferencia de las partes
de la convención de cambio climático, que, como se ha dicho
anteriormente, se celebrará de aquí a muy pocos días en la ciudad
japonesa de Kyoto. Ni la propuesta de la Unión Europea, que defiende la
reducción para el año 2010 del 15 por ciento, por debajo de los niveles
del año 1990, que es una propuesta ambiciosa pero no es la propuesta más
ambiciosa que hay encima de la mesa del debate en Kyoto, cuenta en este
momento con el apoyo de las principales potencias como son Estados Unidos
y Japón. Quiero recordar, contradiciendo algo que se ha dicho por
anteriores intervinientes en el sentido de que en esta Cámara no se
debate sobre cambio climático, que precisamente en el debate sobre
política general del mes de junio, una de las mociones que se aprobó, a
propuesta de este grupo parlamentario, fue de apoyo a la propuesta que la
propia Unión Europea iba a defender en Kyoto en el próximo mes de
diciembre.
Entrando ya en los aspectos concretos que se nos proponen por parte del
Grupo Parlamentario Socialista, consta esta proposición no de ley de tres
puntos, yo diría que desiguales, y me explico. En primer lugar, se insta
al Gobierno a la remisión de un programa de actuación para el
cumplimiento del convenio sobre el cambio climático y se nos propone que
este programa deba ser remitido a la Cámara antes de la finalización del
próximo período de sesiones; por tanto, entiendo que sería antes de junio
del año 1998, o sea de aquí a unos siete meses. En ese sentido, poca cosa
tenemos que objetar.
En el punto siguiente sí que tenemos ya alguna duda. Nos plantea el Grupo
Parlamentario Socialista que en una futura ley de ordenación de la
edificación (la tan reclamada desde hace muchos años por distintos
sectores sociales y económicos ley de ordenación de la edificación, que
también fue objeto de una moción en el reciente debate de política
general del mes de junio) se vinculen las ayudas públicas a la vivienda
al cumplimiento de las exigencias de la Directiva 6 sobre eficiencia
energética. Obviamente nuestro grupo parlamentario está totalmente de
acuerdo en que debe trasponerse la Directiva 6 a nuestro ordenamiento,
pero debo manifestar mi desacuerdo con la vinculación que se realiza a la
ley de ordenación de la edificación, que es un proyecto que no sabemos
exactamente cuándo llegará a la Cámara, y creo incluso que un lugar más
idóneo para realizar esta vinculación, si es que debiera realizarse,
sería el propio plan de vivienda, que me parece que es un documento que
está en una fase de elaboración más avanzada que la ley de ordenación de
la edificación. De todas formas, repito, salvando las reservas, que las
tenemos, en relación a esta vinculación.
En cuanto al último punto tenemos serias dudas sobre su coste, sobre su
posible implementación en cinco años, sobre el origen de los fondos con
que deberá costearse e incluso sobre la cantidad que se nos propone en la
moción del Grupo Socialista de 50.000 placas solares. No sé exactamente
si esta cifra obedece a un estudio pormenorizado, digamos, y profundo
sobre la problemática, si son 50.000, si pudieran ser 40.000 o si no
pueden ser 50.000 porque no resolvemos el problema y debieran ser más.
Señor presidente, termino con una conclusión y alguna reflexión que se le
ocurre a este grupo parlamentario al hilo del debate. Pienso que para
esta Cámara lo más importante es que el Gobierno nos traiga el programa
de actuación que nos propone el Grupo Parlamentario Socialista y además
que lo haga dentro del próximo período de sesiones. Creo que ahí hay una
coincidencia en cuanto a la voluntad de que el Gobierno debe traer este
programa de actuación, coincidencia por parte del Grupo Socialista que lo
solicita, y coincidencia en el Grupo Popular que en su enmienda lo
recoge, aunque no fija ningún plazo al efecto. Creo que si nos pusiéramos
de acuerdo en fijar un plazo, que pudiera ser el próximo período de
sesiones o incluso si quieren de seis meses, seguramente tendríamos
resuelto el problema.
La discrepancia fundamental viene en cuanto al detalle de las propuestas
que algunos grupos de la Cámara, el Grupo Socialista y el de Izquierda
Unida, entienden que, como avance del contenido de ese plan, debe hacerse
constar en el propio plan que nos presente el Gobierno.
He intentado buscar los puntos de coincidencia que hay entre los
distintos grupos y se los voy a exponer; quizá juzgarán que mi propuesta
es poco detallada, señora Narbona, pero en cualquier caso no voy a dejar
de hacerla. Yo entiendo que el plan del Gobierno, como mínimo, debería
incluir, en primer lugar, medidas para dar cumplimiento a los requisitos
de eficiencia energética en los edificios, en toda clase de edificios,
sean viviendas, sean edificios públicos. En segundo lugar, el plan
debiera incorporar medidas para mejorar la eficiencia energética de los
vehículos de motor, que está en la propuesta del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. En tercer lugar, algo que no está en ninguna de las dos
propuestas de enmienda, ni en la del Grupo Popular, pero que ha ocupado
una parte de la intervención de la señora De Lara, como es una estrategia
de reforestación y mejora forestal del territorio español; y, en cuarto
lugar, este plan debiera incorporar medidas para fomentar la utilización
de energías renovables.
Creo que son los aspectos fundamentales que debiera incorporar este plan
y es una propuesta que yo, señor presidente, planteo como enmienda
transaccional in voce, si es que reglamentariamente ello es posible. A
partir de aquí termina mi intervención y lo dejo a la voluntad de los
grupos proponente y enmendantes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Recoder. Efectivamente, tiene difícil encaje su propuesta.
Tiene ahora la palabra la señora Narbona para expresar la aceptación o no
de las enmiendas presentadas. Le rogaría que opinase sobre la propuesta
que ha hecho el Grupo de Convergència i Unió. Su señoría ha expresado ya
la aceptación de las enmiendas de Izquierda Unida y le rogaría que
expresase su opinión sobre el resto de las enmiendas presentadas.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Antes de manifestar mi posición respecto de la enmienda que ha planteado
in voce Convergència i Unió, quiero decir a la señora De Lara que
agradezco su voluntad de introducir precisión en mi intervención o en el
texto, pero cuando yo he hablado de que en esta Cámara en esta
legislatura no se ha podido crear una comisión específica sobre cambio
climático, me refería, insisto, a esta legislatura...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona,
ruego a S. S. que se exprese exclusivamente sobre las enmiendas y, como
consecuencia de eso, sobre su aceptación o no. No reabra el debate, se lo
ruego.
La señora NARBONA RUIZ: Señor presidente, simplemente porque por
alusiones...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No reabra el
debate. Señora Narbona, no caben alusiones porque ha sido una postura
distinta. Le rogaría que se ciñese a lo que nos marca el artículo 195
para poder concluir el debate.
La señora NARBONA RUIZ: Señor presidente, me ciño, salvo que se reabra el
debate por alguna de las otras partes que intervienen en él.
Quería decir, respecto a lo que plantea Convergència i Unió y también a
la intervención de Coalición Canaria, que si se leen nuestro texto verán
que efectivamente nosotros hablamos de un programa amplio de medidas, en
absoluto se trataba de ceñirse a estas dos; como decía el representante
de Convergència i Unió planteamos que haya un programa de medidas, dentro
del cual hemos plasmado dos aspectos concretos que tampoco parece que
hayan disgustado a la representante del Partido Popular, porque ha
comentado que algunas de estas cosas o se están haciendo o se van a
hacer.
Por tanto, creo que, en la línea que plantea el señor Recoder, el Partido
Popular podría aceptar una transaccional del tipo de la que se está
proponiendo ahora mismo y que, concretando, tendría un punto en el cual
se instaría al Gobierno a traer a esta Cámara en los próximos seis meses
o en el próximo período de sesiones, de aquí a junio de 1998, un programa
completo de medidas. A continuación, puede haber otros puntos, que el
Partido Popular puede aceptar o no e introducirse, por tanto, en la
votación; uno de ellos, efectivamente, sería oportuno que se refiriera a
que el programa contemplara las oportunas medidas de eficiencia
energética. Quiero decir que el actual plan de viviendas ya contempla la
exigencia de la calificación energética, lo que pasa es que el Gobierno
no ha sido capaz de publicar el certificado energético, todavía está
trabajando sobre él, pero el plan en vigor tiene ya incorporada esa
exigencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Narbona,
insisto en la inevitable obligación de ceñirse a la aceptación o no de
las enmiendas. No reabra el debate su señoría.
La señora NARBONA RUIZ: Además de la eficiencia energética en los
edificios públicos y en las viviendas, estamos de acuerdo en los otros
puntos que señala el portavoz de Convergència i Unió. Aceptaríamos esta
enmienda transaccional y esperamos que el Partido Popular también la
acepte para que tenga la mayoría o la unanimidad de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Narbona.
Ruego al señor Recoder que haga llegar a la Mesa la literalidad de la
propuesta que S. S. ha hecho y que ha sido aceptada por el grupo
proponente.
Vamos a proceder a la votación. (La señora De Lara Carbó pide la
palabra.)
Señora De Lara, no hay posibilidad de intervención. Se concluye el turno
de intervenciones con la aceptación o no de la enmienda. Su señoría
estudiará la enmienda transaccional y su grupo parlamentario es muy libre
de votar lo que considere apropiado.
Muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, la secretaria primera de la Cámara, señora
Barrios, va a proceder a la lectura de la transaccional que ha sido
anunciada. Cuando quiera, señora Barrios.
La señora SECRETARIA (Barrios Curbelo): Gracias, señor presidente.
El texto quedará redactado como sigue: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a remitir, en el plazo de seis meses, un programa de
actuación para el cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas sobre
cambio climático que contemple realizar los objetivos de emisiones de
gases de efecto invernadero a los cuales se comprometa España, en el
marco de la Unión Europea y del protocolo de Kyoto, que se desarrollarán
a través de una estrategia nacional y que incluya, como mínimo: 1.
Medidas para mejorar la eficiencia energética en los edificios. 2.
Medidas para mejorar la eficiencia energética de los vehículos de motor.
3. Una estrategia de reforestación y mejora forestal del territorio
español. 4. Medidas que favorezcan la utilización de energías renovables.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barrios.
Vamos, por tanto, a proceder a la votación de ese texto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 310.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad del Pleno el texto que
acaba de leer la secretaria.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POSICION DEL GOBIERNO EN
RELACION AL MANTENIMIENTO DE LOS CONTENIDOS ESENCIALES DE LA ORGANIZACION
COMUN DE MERCADO (OCM) DEL PLATANO EN EL MERCADO EUROPEO ANTE POSIBLES
DECISIONES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO (Número de expediente
173/000055)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: mociones consecuencia
de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción del Grupo Socialista
sobre la posición del Gobierno en relación al mantenimiento de los
contenidos esenciales de la organización común de mercado del plátano en
el Mercado Europeo ante posibles decisiones de la Organización Mundial de
Comercio.
Para la presentación de la moción ante el Pleno, tiene la palabra el
diputado don José Segura. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio para que pueda comenzar su
intervención el señor Segura. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en la actual legislatura, la organización
común de mercado del plátano ha sido objeto de debate en diferentes foros
de nuestras Cortes Generales. El Grupo Parlamentario Socialista la ha
planteado en la Comisión de Agricultura, tanto en el Senado como en el
Congreso de los Diputados; el Grupo Parlamentario Socialista la ha
planteado también en la Comisión Mixta Congreso/Senado para la Unión
Europea; y el Grupo Parlamentario Socialista, en efecto, hace dos
semanas, en la sesión plenaria que tuvo lugar el día 12 del presente mes,
planteó la interpelación al Gobierno, en la que se produjo un debate con
el ministro de Asuntos Exteriores en representación del Gobierno, con las
intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos, de ahí que el
Grupo Parlamentario Socialista haya presentado una moción consecuencia de
esa interpelación; y lo hemos hecho dando pasos hacia adelante con
respecto a los contenidos
de los pasos que dio el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado.
En el Senado se planteó la necesidad de pedir y de exigir al Gobierno
firmeza negociadora en los foros internacionales en los que se producen
los debates pertinentes sobre esta materia en las fechas que estamos
viviendo. Y vimos, en el último Pleno, cómo hay una cadencia definida en
el tiempo, de forma tal que coloquialmente podríamos decir que debemos
darnos prisa en la toma de decisiones, por cuanto puede cogernos el toro
comunitario y pueden producirse acontecimientos no deseados que dejen
desprotegidos y sin el suficiente apoyo a los sectores productivos
comunitarios, particularmente en referencia al sector productivo canario.
Señorías, tenemos que ser todos conscientes de que la producción
platanera solamente se da con importancia en España en la Comunidad
Autónoma de Canarias; tenemos también que ser conscientes de que este
sector genera más de 35.000 puestos de trabajo directos, más de 10.000
trabajos indirectos, con una superficie cultivada de cerca de 9.000
hectáreas en una región insular con escasa disponibilidad de suelo, cuya
producción va ganando suelo y generando, desde el punto de vista
sociológico, cultural y medioambiental, un interés para la propia
comunidad; tenemos que ser conscientes de que mueve del orden de 37.000
millones de pesetas, de los que cerca de 21.000, según datos que ha
proporcionado el Ministerio, corresponden a la fruta comercializada, y
también tenemos que tener presente que más de 16.000 millones de pesetas
corresponden a los ingresos que reciben los productores plataneros
canarios provenientes de las ayudas compensatorias que se establecieron
en la organización común de mercado del plátano.
Señorías, pensamos que, al declarar ilegal la Organización Mundial de
Comercio el sistema de licencias de importación, en el aspecto esencial
donde se produce la quiebra, en el modelo del reparto de licencias al que
hicimos referencia en la interpelación, en el modelo del partenariado
correspondiente, puede traer consigo un debilitamiento comercial que
puede repercutir en los productores, trayendo consigo un descenso de la
producción y también un descenso de la renta per cápita producida en cada
una de las islas Canarias. De ahí la preocupación que nosotros
manifestamos por el contenido de todas y cada una de las propuestas que
sometemos a votación de la Cámara.
Así, señorías, nosotros queremos dejar muy claro que hemos propuesto en
nuestra moción, en primer lugar, lo esencial del mantenimiento del sector
platanero comunitario como principio básico, la viabilidad del sector
platanero comunitario y de los países ACP tradicionales desde un punto de
vista de la solidaridad entre los diferentes países productores,
entendiendo como tal viabilidad del sector platanero el mantenimiento del
volumen de producción actual y el mantenimiento de las razonables
expectativas de crecimiento que está viviendo en la actualidad.
En segundo lugar, señorías, hemos planteado la necesidad también de
mantener el nivel de renta, al que he hecho referencia, de los
productores comunitarios, que ha crecido en los últimos años a un nivel
de dignidad profesional, de dignidad laboral precisamente en los cuatro
años de funcionamiento de la organización común de mercado. Hemos
considerado fundamental la preservación de los puestos de trabajo que
actualmente genera y consolida el sector, y ésta es nuestra tercera
propuesta. Por ello, creemos que el Gobierno debe marcarse unas líneas
directrices, unos objetivos y unas medidas específicas. De ahí que, con
esa meta del mantenimiento de los puestos de trabajo en el sector,
hayamos presentado la propuesta que hemos denominado A, es decir, el
posible nuevo régimen resultante de la adaptación de la organización
común de mercado, que nosotros decíamos que deberá extenderse
razonablemente más allá del año 2002, que es el año de análisis que fija
el propio reglamento comunitario que creó la organización común de
mercado, el reglamento 404, del año 1993. Nosotros creemos que debe
extenderse más allá del año 2002, y por ello en nuestra propuesta decimos
que debe existir, a partir del año 2002, un colchón temporal razonable de
adaptación de unos diez años más; es decir, que en el horizonte del año
2012 es cuando podría producirse el análisis de la situación que ha ido
transcurriendo a lo largo del tiempo. Cierto es que el Grupo de Coalición
Canaria y el Grupo Popular han planteado enmiendas de sustitución y de
modificación de la moción con la necesidad de que no se establezca un
plazo temporal. Nosotros creemos que razonablemente debe tenerse en
cuenta, y lo deseable sería que fuese de carácter indefinido. ¡Ojalá se
consiguiese con carácter indefinido! Y si la Cámara así lo desease,
¡ojalá se alcanzara! A ello, obviamente, nosotros no nos podemos oponer,
por cuanto es la defensa de un parámetro esencial que puede consolidar
comercialmente una estructura que, deseablemente, ha de tener horizontes
profundos en el tiempo. Por eso nosotros, señorías, hemos querido
explicar qué entendíamos con la primera propuesta.
En la propuesta B hemos planteado que el contingente arancelario actual
definido por la OCM, por ese reglamento 404, deberá mantenerse, al menos,
en su actual nivel de producción de 2,2 millones de toneladas al año, tal
y como lo dice --repito-- la OCM. No vamos a retroceder, naturalmente...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señor presidente.
En ese sentido hemos planteado que, en el caso de que los diferentes
negociadores llegasen a alcanzar un acuerdo global, de carácter
permanente, que incluyese todos los condicionantes a los que nosotros
hacemos referencia en esta moción, creemos que el contingente,
en el transcurso del tiempo, podría ir creciendo hasta alcanzar
razonablemente, en muy pocos años, una producción de 2,5 millones de
toneladas al año. Nosotros hemos explicado, porque así lo hicimos en el
turno de réplica en la interpelación pasada, lo que entendemos como
esencial en el mantenimiento de la cuota-país, y así lo solicitamos en el
proyecto de resolución. Hemos planteado también la necesidad de la
actualización de la ayuda compensatoria por pérdida de ingresos, teniendo
en cuenta el progresivo incremento de los costes de producción del
plátano comunitario, y proponemos una fórmula que consideramos abierta,
nada dogmática, sino con diferentes posibilidades, que es la referida a
la adaptación del sistema de atribución de licencias de importación, que
es la columna vertebral de la renegociación. Y en esa columna vertebral
nosotros hemos dicho, con cierta cautela, que, si bien es cierto que la
Organización Mundial de Comercio lesiona gravemente el sistema del
partenariado, no cerramos la posibilidad, dada la bondad del mecanismo,
de que si los protagonistas interesados en este tema, los productores,
los comercializadores, los maduradores de los diferentes países y la
propia Comisión Europea junto con la Organización Mundial de Comercio,
llegasen a un acuerdo cambiando los diferentes porcentajes, quizá este
sistema podría también mantenerse en el tiempo, y ofrecemos también otras
dos posibilidades que consideramos esenciales, que están abiertas, que
son un abanico negociador que se le da a la Comisión Europea. Por ello
nosotros queremos mandatar, en ese sentido abierto, al Gobierno español.
Por último, señor presidente, nosotros hemos planteado que, en este
conjunto de medidas que deben adoptarse, el Gobierno español tiene que
ser un firme defensor de la necesidad de revitalización --repito,
revitalización-- de un comité especializado, como fue el grupo
interservicios, que jugó un papel importante durante una serie de años,
que últimamente tiene una cierta atonía política por las circunstancias
que vive actualmente la Comisión, y que ese comité especializado debería
seguir y tendría la función de hacer el seguimiento permanente y
constante de la adaptación a las regiones ultraperiféricas de la Unión
Europea de todas las políticas comunitarias que les sean de aplicación,
y, particular y esencialmente, todos aquellos temas vinculados al
plátano.
Señor presidente, muchas gracias. Señoras y señores diputados, el Grupo
Parlamentario Socialista en la defensa de su moción también quiere dejar
patente que ha dialogado con los portavoces de los diferentes grupos
parlamentarios que han presentado propuestas de resolución modificando la
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que creemos estar en
condiciones de llegar a un entendimiento global que permita reforzar,
desde las Cortes Generales, la posición del Gobierno español en aquellos
foros internacionales donde tiene que defender con firmeza los intereses
de los productores y de los comercializadores de plátanos comunitarios y,
en concreto, de los que se producen en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.
Se han presentado, en efecto, dos enmiendas, una del Grupo de Coalición
Canaria y otra del Grupo Popular.
Para la defensa de la enmienda del Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, señorías, a esta iniciativa
que trae causa de la interpelación urgente que presentó ante la Cámara el
Grupo Socialista hace dos semanas, el Grupo de Coalición Canaria --como
lo hará posteriormente el Grupo Parlamentario Popular-- ha presentado
unas enmiendas que se enmarcan en un espíritu de conciliación y de
consenso en un tema tan importante para la economía y los efectos
sociales y laborales en el archipiélago canario, no en vano el sector
platanero constituye, después del sector servicios y turismo, el segundo
renglón, con diferencia, en la generación del producto interior bruto del
archipiélago canario, muy especialmente en aquellas islas, como La Palma,
en las que incluso supera a la propia generación de producto interior
bruto del sector servicios o de turismo. En esa línea de conciliación y
de consenso hemos presentado nuestra enmienda, que trata de ser de
adición, complementaria, siguiendo la estructura que trae la moción del
Grupo Parlamentario Socialista.
La primera reflexión que quiere hacer Coalición Canaria es que las tres
fuerzas políticas que estamos aquí y en el Parlamento autónomo de
Canarias, los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, Popular y
Socialista, deberíamos hacer este tema objeto del apoyo de las restantes
fuerzas parlamentarias de esta Cámara, porque se trata de un tema muy
serio para el archipiélago canario, al que no podemos trasladarle en
ningún momento inquietud, desasosiego e incertidumbre; por tanto lo que
consensuemos será bueno. De la misma manera que en la anterior iniciativa
del Grupo Popular sobre el aceite de oliva decía que era muy importante,
para concitar este consenso de todos los órganos de decisión, que los
dictámenes que se hagan a nivel del Parlamento Europeo, por los
eurodiputados españoles allí presentes, coincida y tenga la misma rima y
asonancia que las iniciativas, textos y propuestas que salgan de este
Parlamento español. Sabemos que es la Unión Europea la que tiene que
negociar en este momento toda esta situación que ha surgido de un panel,
de una resolución de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es lo que
ha tocado la Organización Mundial de Comercio? A eso se dirige nuestra
enmienda y esa es la observación de
fondo que hacemos a la propuesta del señor Segura y la que queremos
corregir.
La Organización Mundial de Comercio ha cuestionado el sistema denominado
con el galicismo de partenariado, que sustentaba las licencias o
certificados de importación. Afortunadamente, no ha tocado más de la OCM
del plátano. De aquí nuestra observación y la enmienda complementaria que
hemos brindado al partido proponente, al Grupo Parlamentario Socialista,
de no tocar para nada la fórmula del partenariado, porque la ha desechado
la Organización Mundial de Comercio. No podemos buscarle alternativas
manteniendo la fórmula del partenariado, hay que irse a la segunda parte
de la propuesta del Grupo Socialista. Tampoco puede aprobar la Cámara el
blanco y el negro o cualquiera de los tonos intermedios. Hay que optar
por una solución que permita a esta Cámara ser coherente con los
intereses legítimos del sector, con lo que se diga en el Parlamento
Europeo y con lo que haga el Gobierno español. A fin de cuentas tenemos
que dotar al Gobierno español de un instrumento, de un punto de apoyo
para su palanca de acción diplomática y de gestión, para llevar su
política ante el seno de la Unión Europea, en el Consejo de Ministros.
Con el panel, con la resolución de la Organización Mundial de Comercio se
han cuestionado las licencias denominadas de tipo B. Quiero recordar a la
Cámara y a aquellos señores parlamentarios no iniciados en esta
situación, que las licencias de importación tienen dos categorías. La
Organización Mundial de Comercio no ha tocado la A, que es de un 60,5 de
las licencias o certificados, que las tienen los importadores habituales
en el territorio peninsular. La organización ha cuestionado el 30 por
ciento de licencias que hayan beneficiado a los productores o
comercializadores de plátanos comunitarios en su categoría B. La
Organización Mundial de Comercio ha prohibido esta salida y de ahí que
nosotros hayamos dirigido nuestra enmienda a complementar la iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista. Nuestra enmienda también quiere
encontrar un texto de consenso con el grupo Parlamentario Popular.
Nosotros, en las conversaciones que hemos mantenido con el Grupo
Parlamentario Popular, hemos cedido en aquellos componentes que se
pudiera entender que eran prolijos, innecesarios u obvios.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, vaya concluyendo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor presidente.
Por ejemplo, el texto del Grupo Parlamentario Socialista, defendido por
el señor Segura, hablaba de la cuota/país. Nos parece una idea aceptable.
Nosotros añadíamos un desglose por los países de Centro y Sudamérica, del
área del plátano-dólar o plátano-Caribe, como llamamos en el argot, para
que se escalonase de una manera determinada en el contingente, pero si
esto se quiere dejar para que los negociadores españoles lo puedan
pormenorizar, nosotros lo retiramos de nuestro texto. En lo que sí
queremos insistir es en las fórmulas que damos y en algo que creo muy
importante decir aquí, sea cual sea el resultado final de la moción: que,
a juicio de la Coalición Canaria, la vigencia de la OCM del plátano no
debe tener limitación temporal. Señorías, es muy peligroso jugar con la
incertidumbre de una duración temporal, y hay algo más que quiero
recordar aquí, y siento que no esté en este momento --se ha tenido que
ausentar y nos ha pedido disculpas-- la señora ministra de Agricultura:
ninguna OCM agraria tiene en este momento limitación temporal. Esto es
muy importante que se recuerde: ninguna OCM tiene limitación temporal.
Diego esto porque si aceptamos que la OCM tenga una limitación temporal y
que sea aleatoria, arriesgamos a las restantes OCM que se puedan sacar en
esta Cámara, sea la del aceite de oliva o la de cualquier otro producto
hortofrutícola que haya por aquí, con que ojo a esta cuestión. A fin de
cuentas esta Cámara no es la negociadora en el seno de la Unión Europea
ni ante la Organización Mundial de Comercio, por lo que nosotros nos
mantenemos en nuestro texto de que la vigencia de la OCM no tendrá
limitación temporal y cualquier reajuste --ahí sí coincidimos con el
planteamiento que han hecho tanto el Grupo Socialista como el Grupo
Popular--, cualquier modificación que se hiciere en la OCM en otros
aspectos que no ha cuestionado la Organización Mundial de Comercio sea la
mínima posible, porque esto es lo que trasladará seguridad al sector y no
abriremos a otras OCM el riesgo de la temporalidad.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Soriano
Benítez de Lugo.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el 21 de octubre pasado ya se debatió en el Senado una moción
consecuencia de interpelación sobre las actuaciones del Gobierno en
relación con la OCM del plátano y, días después, en la Comisión Mixta de
la Unión Europea, se trató otra vez sobre el mismo asunto, alcanzándose
en ambos casos una postura unánime de todos los grupos parlamentarios,
como, por otra parte, ha sido costumbre en un asunto tan fundamental para
las islas Canarias.
Es sabido --y aquí se ha dicho con anterioridad-- que desde que se
notificó la resolución del recurso de apelación interpuesto ante la
Organización Mundial de Comercio, altos funcionarios de Portugal, Reino
Unido, Francia y España han venido manteniendo reuniones con el fin de
fijar una posición común para afrontar
la modificación de la OCM del plátano; la última se celebró en Madeira
hace escasos días y es previsible que próximamente se vuelvan a reunir en
Madrid. España presentó su posición ante la Comisión, a fin de evitar que
pudiera prosperar cualquier otra alternativa contraria o no sensible a
los intereses canarios, por lo que la moción que hoy se discute debe
mantener una línea coherente con la posición española presentada ante la
Comisión, con el fin de reforzar nuestra pretensión. En consecuencia, la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, basándose en la
moción consecuencia de interpelación y en el texto presentado por el
Grupo Socialista, se ha encaminado a coincidir con este planteamiento por
parte del Gobierno de España ante la Comisión. Por tanto, las líneas
fundamentales de esta enmienda se contienen en los siguientes puntos que
voy a relatar muy telegráficamente.
En primer lugar, la necesidad de que el sector platanero comunitario y
los países ACP tradicionales mantengan los volúmenes actuales de
producción y comercialización, al menos. El mantenimiento del nivel de
renta de los productores en los mismos términos en los que actualmente y
desde la entrada en vigor de la OCM del plátano se han venido
consolidando. La preservación de los puestos de trabajo que actualmente
emplea el sector, así como la modernización de todo lo que se refiere a
la productividad y a la comercialización.
Decía el señor Mardones que el nuevo régimen resultante de la
modificación de la OCM del plátano no debe tener limitación, y es cierto.
Ninguna OCM tiene limitación ni vigencia temporal. Sin embargo, la
vigente organización común de mercado del plátano tiene una vigencia
temporal. No podemos ignorar ese hecho real. Consecuentemente, se podría
buscar una fórmula satisfactoria para todos consistente en que esa
vigencia temporal sea lo más amplia posible, de manera que ni sea tan
corta como es en la actualidad, ni tenga una vigencia indeterminada
derivada de la situación actual, y que sin duda alguna el Gobierno podrá
negociar tratando de conseguir, si fuera posible, una vigencia lo más
larga e incluso que no tuviera temporalidad a plazo fijo. El contingente
arancelario, aquí se ha dicho también, deberá mantenerse en su actual
nivel de 2,2 millones de toneladas, tal como está consolidado y, además,
no ha sido en modo alguno cuestionado por el dictamen de la Organización
Mundial de Comercio. La ayuda compensatoria por pérdida de ingresos
deberá actualizarse --es otro de los pilares fundamentales que tampoco ha
sido cuestionado--teniendo en cuenta el progresivo incremento de los
costes de producción del plátano comunitario. El sistema supone, como
aquí se ha señalado, la sustitución del actual partenariado o de
licencia, que deberá establecerse necesariamente con un incentivo, con el
fin de que los agentes económicos que comercializan en la actualidad los
plátanos comunitarios y de los países ACP continúen interesados en
realizar dicha función. Por ello, respetando los compromisos
internacionales suscritos por la Unión Europea, es el momento de diseñar
una nueva OCM del plátano que modifique los aspectos condenados por la
Organización Mundial de Comercio, pero manteniendo los pilares básicos
que --repetimos-- no han sido puestos en entredicho: la existencia de un
contingente arancelario con derecho reducido y el pago de una ayuda
compensatoria por pérdida de renta a la producción comunitaria del
plátano.
La posición de la Administración española ha sido especialmente activa,
tanto en relación con las instituciones comunitarias --aportando apoyo
técnico y jurídico durante el proceso llevado a cabo por la Organización
Mundial de Comercio y remitiendo a los servicios de la Comisión la
postura española donde se especifican los elementos fundamentales que
nuestro país considera deben ser incluidos en la nueva OCM del plátano--,
como respecto de nuestros socios comunitarios, ya que hemos sido firmes
propulsores de la constitución del denominado grupo de amigos del plátano
que está integrado por los países comunitarios europeos que tienen estas
producciones, en concreto, España, Francia a través de Martinica y
Guadalupe, Portugal en las islas de Madeira y Reino Unido que patrocina a
los países ACP e Irlanda. Este grupo es partidario de realizar las
mínimas reformas al actual sistema, asegurando el mantenimiento de la
producción comunitaria, la renta de los agricultores comunitarios, el
sistema preferencial de que disfrutan los países ACP y el respeto a los
compromisos internacionales suscritos por la Unión Europea. En definitiva
y continuando en la línea de acuerdo al que se ha llegado siempre en esta
Cámara entre las distintas fuerzas políticas, el procedimiento más
adecuado es, si le parece, señor presidente, el que explico a
continuación: como se está en vías de llegar a una postura transaccional
entre los distintos grupos políticos, si fuera procedimentalmente
oportuno, daría lectura a este texto transaccional que esperamos obtenga
el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias.
El señor PRESIDENTE: Proceda, señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muchas gracias, señor presidente.
Este texto transaccional, producto del acuerdo al que se ha llegado entre
los tres grupos que han presentado la iniciativa o las enmiendas
correspondientes, dice literalmente lo siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que desarrolle ante
las instituciones europeas una política platanera que garantice la
consecución de los siguientes objetivos generales: 1. La viabilidad del
sector platanero comunitario de los países ACP tradicionales,
manteniéndose los volúmenes actuales de producción
y comercialización. 2. El mantenimiento del nivel de renta de los
productores comunitarios habidos en los años de funcionamiento de la
actual OCM del plátano. 3. La preservación de los puestos de trabajo que
actualmente emplea el sector, así como la modernización de las
estructuras de producción y de comercialización. A tal fin deben
desarrollarse los siguientes objetivos y medidas específicas:
A) La vigencia del nuevo régimen resultante de la adaptación de la OCM
del plátano tendrá una vigencia temporal lo más amplia posible y las
eventuales modificaciones a introducir serán las mínimas posibles.
B) El contingente arancelario deberá mantenerse en su actual nivel de 2,2
millones de toneladas, tal y como está consolidado ante la Organización
Mundial de Comercio --que insisto en que no ha sido cuestionado por su
dictamen.
Eventualmente, sólo en el caso de que se alcance un acuerdo global de
carácter permanente, que incluya todos los elementos esenciales que
afectan a nuestro país y que implique tanto un acuerdo interno de la
comunidad como externo con terceros países, se podría revisar el citado
contingente hasta el límite de 2,5 millones de toneladas.
C) Deberá mantenerse el régimen de la ayuda compensatoria por pérdida de
ingresos siguiendo, al menos, el modelo actualmente vigente y, en su
caso, actualizándola, teniendo en cuenta, por una parte, el progresivo
incremento de los costes de producción y de transporte basado en los
costes del año anterior más próximo al de la entrada en vigor de la
adaptación de la OCM del que se disponga de datos, y por otra, los
incrementos de la productividad y evolución de las calidades.
D) En cumplimiento de los compromisos contraídos por la Unión Europea con
los países signatarios del acuerdo marco, se establecerá para los
terceros países abastecedores tradicionales de los mercados comunitarios
un reparto cuota/país --al que aquí también se ha hecho ya referencia.
E) En relación a la adaptación del sistema de atribución de licencia o
certificados de importación para el reparto del contingente, se
establecerá un mecanismo alternativo al partenariado actual como
instrumento aceptado que permita garantizar la comercialización del
plátano comunitario y del ACP tradicional. El reparto del contingente que
se haga entre los operadores tradicionales se estipulará con referencia
al último año del que se disponga de datos estadísticos, 1997 o
posteriores. En ningún caso podrá admitir España datos de años anteriores
a la vigencia de la OCM, dado que su mercado se encontraba cerrado y
reservado a las producciones canarias y era ilegal la importación de
plátanos de cualquier procedencia internacional. Deberá establecerse
necesariamente un incentivo compatible con el fin de que los agentes
económicos que comercializan actualmente los plátanos comunitarios y ACP
tradicionales continúen interesados en realizar dicha función.
F) Se recabará de la Comisión Europea que en su seno se constituya con
carácter permanente un comité especializado que lleve a cabo el
seguimiento de la adaptación singularizada en las regiones
ultraperiféricas de la política platanera comunitaria.
Este es el texto que, producto de este acuerdo entre las tres fuerzas
políticas indicadas, se somete a la consideración de SS. SS.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Soriano.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) El señor Companys, por el
Grupo de Convergència i Unió.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo desde el escaño y con la máxima
brevedad, no porque el tema no sea de importancia, que sí que lo es, sino
porque las diferentes intervenciones que ha habido en el día de hoy y el
día de la interpelación por parte del señor Segura han dejado clara la
problemática que existe en el sector.
Hace unos meses, en la Comisión de Agricultura de esta Cámara se debatió
y se aprobó por unanimidad una proposición no de ley en defensa de ese
producto. Posteriormente, si mal no recuerdo, en la Comisión Mixta para
la Unión Europea se aprobó otra proposición no de ley en el mismo sentido
y también por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Parece ser que
los acontecimientos que se van produciendo no son propicios para el
sector. De hecho, en algunos casos se tiene la sensación de que la
suerte, que tendría que ser partidaria de la razón, tiende a aliarse con
los poderosos.
Entendemos la preocupación de los productores canarios. Entendemos la
dificultad que habrá para explicarles que mientras que las producciones
de carácter atlántico, como la leche, la carne y los cereales, tienen
unos tratamientos absolutamente preferenciales, no sólo frente a terceros
países sino incluso dentro del seno de la propia Unión Europea, las
producciones de plátanos de las islas Canarias pueden verse abocadas a
modificar su propia OCM y a que se les niegue un trato preferencial que
sí tienen la mayoría de los productos comunitarios. Eso en sí ya es
grave, pero las consecuencias pueden ser dramáticas, porque si la
Organización Mundial de Comercio se sale con la suya se pone en
entredicho uno de los principales puntales de la política agraria
comunitaria en la Unión Europea, la preferencia comunitaria. Si se
modifica
la actual OCM del plátano no hay argumento alguno para no modificar el
resto de las OCM, situando a la agricultura y a la ganadería en una
situación de indefensión. A nuestro entender, lo que no es de recibo es
que las multinacionales, en este caso americanas, que no producen
plátanos, por lo que no son parte del sector productivo, son las que en
este momento quieren imponer sus tesis.
Señor presidente, señoras y señores diputados, no hay ningún tipo de duda
de que si sale bien esa pretensión se pone en peligro toda la política
agraria comunitaria, así como la de aquellos terceros países como Japón,
Canadá y Australia que de forma unilateral también protegen sus
producciones. El tema no es menor. Nos salió bien hace cuatro años pero
ahora las cosas pueden tener soluciones diferentes. Sólo un
posicionamiento claro y contundente por parte de la Unión Europea puede
frenar una salida al problema que afectaría de forma muy negativa a estas
producciones de las islas Canarias. En esos casos es imprescindible el
posicionamiento unánime del Congreso de los Diputados para que el
Gobierno español presione a la Unión Europea para que tome las decisiones
más adecuadas para defender nuestros intereses. Por tanto, sería bueno
conocer el posicionamiento del Parlamento canario, pero si no existe en
este momento también es bueno --y pienso que nos tenemos que felicitar--
que haya unanimidad y que se apruebe una propuesta transaccional que sea
capaz de llevarnos al consenso en la línea de mandatar al Gobierno del
Estado para que continúe sus acciones en defensa de los elementos
esenciales que configuren el régimen comunitario del plátano, de forma
que se consigan los objetivos mínimos que permiten el adecuado
funcionamiento del sector.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Companys.
Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Centella tiene la palabra.
El señor CENTELLA GOMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera empezar esta breve intervención felicitándonos porque el sector
de la agricultura está siendo tratado en este Parlamento como hacía
tiempo no ocurría. Ayer tuvimos la comparecencia de la ministra y hoy ha
habido dos iniciativas parlamentarias sobre dos OCM, por lo que creo que
lo primero que tenemos que hacer es felicitamos, repito, pues la
agricultura está teniendo un reconocimiento parlamentario que debe
alegrar a todo el sector.
A continuación quisiera manifestar la posición de nuestro grupo, de apoyo
a la moción que aquí se nos presenta, y saludar la iniciativa del
diputado, señor Segura, que ha sido acertada en la medida en que ha
venido a traer a esta Cámara la problemática del sector del plátano. Un
sector que en estos momentos necesita del apoyo de toda la sociedad
española y el reconocimiento de que no se trata de un problema limitado a
una sola comunidad sino que ésta se tiene que sentir arropada por el
conjunto de los representantes de toda la sociedad española. Por tanto,
simplemente quiero decir que vamos a apoyar esta moción porque
entendemos, como ya se ha dicho, que en los cuatro años escasos que lleva
la OCM del plátano se ha podido constatar que los mecanismos que ha
generado han sido útiles y se han manifestado eficaces para el logro de
los objetivos que se habían propuesto. Estos objetivos eran
fundamentalmente apoyar la producción comunitaria, mantener el
cumplimiento de los compromisos contraídos por la Unión Europea y los
países ACP tradicionales y, en definitiva, conseguir asegurar al
consumidor un precio unitario en la Unión Europea. Objetivos que se han
conseguido y objetivos que hay que seguir manteniendo, por lo que creo
que la moción que hoy aquí se apruebe será útil y, aprobada de forma
unánime, servirá al sector platanero para seguir trabajando con ilusión y
seguir teniendo confianza en el futuro.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
El señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, en el texto de enmienda
transaccional que ha leído el portavoz del Grupo Popular, don Alfonso
Soriano, hemos visto que se ha producido una modificación sobre el texto
que teníamos consensuado en su apartado A, precisamente en lo que hace
referencia al mantenimiento sin modificación de la OCM del plátano
respeto a la vigencia , y en la lectura se ha introducido una frase que
supone una variación sustancial. Nosotros estamos de acuerdo con el
restante texto de la enmienda transaccional, no sé cuál será el parecer
que expresará a continuación el señor portavoz del PSOE, pero en este
punto A nosotros mantenemos nuestro criterio y creo que es de política
acertada para aquellas futuras OCM que el Gobierno español tenga que
negociar y por que no hay ninguna OCM que tenga limitada su vigencia
temporal, porque si no es así no voy a entrar a explicar la inseguridad
del agricultor. Nosotros pedimos al Grupo Popular el mantenimiento del
texto original al que habíamos llegado en la enmienda transaccional las
fuerzas políticas correspondientes, es decir, lo referente a la vigencia
y a la temporalidad de la OCM. En caso de que no fuese aceptado por el
Grupo Popular, nosotros pediríamos, señor presidente, dado que estamos de
acuerdo porque hemos consensuado el resto del texto, la votación separada
de este apartado A de la moción.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
El señor Segura tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor presidente.
Señorías, no podemos olvidar que estamos en un punto del orden del día
que es moción consecuencia de interpelación, que la moción la presenta el
Grupo Parlamentario Socialista que acepta un conjunto de iniciativas
procedentes de dos grupos parlamentarios, de Coalición Canaria y del
Partido Popular, y en consecuencia llegamos a una transaccional que creo
que es satisfactoria en su globalidad. Y en esa globalidad el
interviniente socialista dejó muy claro la defensa del apartado A en el
que decíamos que la vigencia del nuevo régimen resultante de la
adaptación de la OCM del plátano no tendrá limitación temporal.
Consiguientemente, esa es la posición del Grupo Parlamentario Socialista
al respecto, que tiene una explicación que leyendo el «Diario de
Sesiones» en un futuro se verá que lo expliqué con la mayor claridad
posible.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.
El señor Soriano tiene la palabra.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor presidente, yo no he entendido
muy bien la intervención del señor Segura, porque en el texto literal de
su moción lo que se lee es que deberá extender su vigencia al menos diez
años más en relación a la fecha en principio prevista para su revisión.
Es decir, el señor Segura en su moción contemplaba una temporalidad.
Luego no me explico cómo ahora habla de que no se contempla esa
temporalidad. En cualquier caso, el Grupo Popular propone una enmienda
transaccional que podría consistir en mantener la posibilidad de que no
tenga una vigencia temporal, pero que en el supuesto de que eso no pueda
ser el período sea lo más amplio posible. Es decir, establecer una
fórmula en virtud de la cual se manifieste la aspiración de la Cámara a
conseguir que no tenga temporalidad, pero que en su defecto, por no ser
posible alcanzarlo en la negociación, sea una vigencia lo más amplia
posible. Yo no sé si esta fórmula podría ser aceptada por los demás
grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Está claro, señor Soriano.
Señor Segura, tiene la palabra para expresar la posición de su grupo
sobre ese punto de la transacción sugerida ahora por el Grupo Popular.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, el Grupo Parlamentario
Socialista ha explicado a través de este interviniente --y repito que
basta leer el «Diario de Sesiones»-- que nosotros en esta enmienda
transaccional hemos modificado lógicamente, como le ha ocurrido a los
diferentes grupos, nuestra postura en diferentes puntos buscando un cauce
común de entendimiento. En consecuencia, nosotros votaremos
favorablemente en su integridad los contenidos de la enmienda
transaccional a la que hemos llegado.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones.
Les ruego precisión, señorías, precisión.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchísimas gracias, señor presidente.
Con esta última oferta, escuchado lo que ha dicho el portavoz socialista
señor Segura y en aras de este consenso, Coalición Canaria dice que en el
texto se recoja que la limitación será indefinida. En cualquier caso,
aceptaríamos la propuesta que ha leído el señor Soriano, donde las
modificaciones deben ser mínimas, dando prioridad a que no puede haber
limitación temporal y, si esta limitación puede ocurrir, que sea dentro
de los pactos que requieren estas situaciones. Por tanto aceptaríamos el
último texto transaccional que se ha ofrecido y que se globalice la
votación de toda la moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Antes de globalizar, como sugiere S. S., creo que,
además de la precisión, debiéramos añadir la claridad. En consecuencia
¿alguna de SS. SS. puede leer el párrafo que sometemos a votación? ¿Puede
leer el párrafo como queda, señor Soriano?
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Quedaría así: La vigencia del nuevo
régimen resultante de la adaptación de la OCM del plátano no tendrá una
limitación temporal. Mejor dicho, en principio no tendrá una limitación
temporal. De no ser así, su vigencia será lo más amplia posible.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
¿Es claro, señorías? (Rumores.)
Señor Soriano, señor Mardones, señor Segura, ¿pueden acercarse a la
Presidencia, por favor? Quizá ganemos tiempo.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: En este caso, ese texto no es aceptable para
Coalición Canaria. Por tanto, pediríamos la votación separada del
apartado A y que vuelva a sus justos términos. Es decir, la OCM del
plátano no tendrá limitación temporal...
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, por favor, ruego a S. S., para
evitar lecturas engorrosas a toda la Cámara, que el señor Segura, el
señor Soriano y usted mismo se acerquen a la Presidencia. (Pausa.)
Se va a someter a votación el texto transaccional, del cual el párrafo en
discordia inicial es el que voy a leer, por si algún grupo desea aclarar
cuál es el entendimiento que hace de ese párrafo. En cualquier caso, el
párrafo que se va a someter a votación es: La vigencia del nuevo régimen
resultante de la adaptación de la OCM del plátano no tendrá limitación
temporal y las eventuales modificaciones a introducir serán las mínimas
posibles. (El señor Soriano Benítez de Lugo pide la palabra.)
Señor Soriano.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: El Grupo Popular acepta el contenido de
esta enmienda transaccional, siempre que se entienda o yendo implícito
que dentro de las eventuales modificaciones a introducir se incluya la
posible limitación de la temporalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Se somete a votación el texto transaccional en los términos leídos.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a
favor, 264; en contra, uno; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción con el texto transaccional.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL, SERVICIO DE
PROTECCION CIVIL E INSTITUCIONES DE SALVAMENTO Y SOCORRO, EN RELACION CON
LAS CONTINUADAS CATASTROFES PRODUCIDAS POR LA LLAMADA GOTA FRIA EN ZONAS
TRADICIONALMENTE AFECTADAS POR ESTA CLASE DE INCLEMENCIAS (Número de
expediente 173/000056)
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, sobre el funcionamiento del Servicio
Meteorológico Nacional, Servicio de Protección Civil e instituciones de
salvamento y socorro, en relación con las continuadas catástrofes
producidas por la llamada gota fría en zonas tradicionalmente afectadas
por esta clase de inclemencias. Para cuya defensa ante el Pleno tiene la
palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Iba a empezar diciendo que ustedes recordarán la interpelación de la
semana pasada, pero sería una inexactitud absoluta, porque solamente la
pueden recordar los 19 que estaban en el salón; el resto la recordarán si
han tenido la curiosidad de leer el «Diario de Sesiones».
En todo caso, recordémoslo o no, cuando por parte del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida subí a esta tribuna para sustanciar dicha
interpelación, fijé de antemano el compromiso, que al mismo tiempo era el
deseo y el objetivo, de que la moción resultante fuera aceptable en
alguna medida por todos y cada uno de los grupos para que, precisamente,
en esta situación, en la que nos vemos azotados por diferentes
calamidades, se viera que por parte de todas las fuerzas políticas y de
la Cámara hay una seria voluntad de no utilizar esta clase de desgracias
como elemento arrojadizo y de procurar ir colaborando, en la medida en
que todos podamos, a solucionar las deficiencias, la falta de
coordinación y los problemas que, repito, hayan podido poner de
manifiesto estas situaciones.
La moción que hoy presenta nuestro grupo, fundamentalmente tiene el
objetivo de contribuir a que todos poseamos la mayor información posible.
Una de las carencias que se han puesto de manifiesto, tanto cuando se
produce ese fenómeno que llamamos la gota fría, como cuando se produce el
fenómeno que ha azotado a Badajoz en estas últimas fechas, es el
desconocimiento de cuáles son las zonas de riesgo, de cuáles son aquellas
situaciones que, bien sea por sí mismas o por la acción humana, están
comportando la casi seguridad de que, de producirse cierta alteración
meteorológica, culminarán en una auténtica desgracia.
Por ello, y dentro de la copiosa legislación que hay en materia de
protección civil, creemos conveniente que se haga un esfuerzo por parte
del Gobierno, a instancia del Congreso de los Diputados, para que
tengamos cuanto antes el conocimiento más perfecto de todas y cada una de
estas zonas. Ahora bien, es evidente que, mientras que llevamos adelante
ese esfuerzo de conocimiento y de información, hay situaciones que no
permiten espera y al tiempo habrá de procurarse la corrección y la
atención de aquellos supuestos en los que, sin que nadie nos pueda
calificar de proféticos, es más que previsible que, de continuar la
meteorología en la situación que se encuentra, se van a ver afectados. Es
por esto que esta moción fija su atención en las obligaciones, primero,
del Gobierno, del Estado, en confeccionar cuanto antes ese catálogo de
zonas de riesgo, en redactar de una vez por todas el llamado plan estatal
de protección civil.
Los planteamientos en esta materia tienen que ser absolutamente
respetuosos con las competencias que tienen las comunidades autónomas.
Ese respeto a las competencias que tienen las comunidades autónomas no
puede revestir el carácter de indiferencia y tiene
que suponer, sean cuales fueren esas competencias, un incentivo a la
colaboración más estrecha, dentro de esa competencia de las comunidades
autónomas ¿Para qué? Para que también ellas, en el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de protección civil, contribuyan a suministrarnos
la mayor información posible. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Y lógicamente, dentro también de estos planes de las comunidades
autónomas en materia de protección civil, hay que mirar a quien está más
cerca de las situaciones por las que realmente se ven afectadas, que son
las entidades locales y que son quienes también nos pueden señalar cuáles
son las situaciones --repito-- de mayor peligrosidad y que exigen un plan
de acción inmediata. De modo tal que eliminemos ese riesgo objetivo que
les puede afectar.
Es evidente que esta clase de medidas que hoy se piden, algunos las
pueden considerar como muy insuficientes porque se quedan exclusivamente
--repito-- en el intento de obtener la mayor información posible. Creemos
sinceramente que sería muy poco riguroso, siendo todos conscientes de la
información que nos falta, empezar a proponer ya, de una forma arbitrista
y de una forma caprichosa, cualquier otra clase de medidas, y que a lo
mejor hay que ir, dentro de la prisa que a todos nos corre la solución de
estos problemas, con la sensatez de no dar ninguna clase de pasos en
falso.
Voy a acabar no dando lectura a la moción porque obra en poder de todos
ustedes, sino reconociendo desde esta tribuna que en los contactos
mantenidos con todos y cada uno de los grupos parlamentarios ha imperado
el mismo espíritu de tratar de obtener, como consecuencia de la acción de
este Parlamento, una iniciativa inicial --perdonen la posible
redundancia-- de la cual tiene que arrancar todo otro montón, todo otro
conjunto de medidas, y que cada grupo parlamentario estará en libertad de
ver cuáles son aquellas que le parecen más prioritarias. En todo caso,
desde nuestra perspectiva, y a riesgo de equivocarnos, pensamos que estas
iniciativas exigen con carácter previo este esfuerzo de carácter
informativo.
Se ha hecho --repito-- un esfuerzo por todos los grupos parlamentarios,
que puede hacer presumir que hay una resolución acorde para todos y cada
uno de nosotros, y llegado el momento en que procedimentalmente
corresponda manifestar nuestra posición acerca de las correspondientes
enmiendas de cada grupo nos pronunciaremos sobre ellas. Y no lo hacemos
antes por respeto a los mismos; para que puedan desarrollar con toda
amplitud lo que trataban de obtener de esta Cámara, sin perjuicio del
acuerdo a que finalmente lleguemos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
Se han presentado a esta moción enmiendas por parte de los Grupos
Parlamentarios Mixto, Socialista y Popular.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Quiero, en primer lugar, dar ya por hecho el apoyo a la iniciativa que el
Grupo Federal de Izquierda Unida ha presentado en forma de moción
respecto a las diferentes situaciones de catástrofe, en la medida en que
han afectado últimamente a las diversas zonas del territorio español; y
al conjunto de iniciativas que, añadidas a las presentadas por otros
grupos en forma de enmiendas que también son perfectamente asumibles,
ponen de manifiesto la magnitud e importancia de la cuestión que hoy
estamos debatiendo. No sólo ya por el hecho de los lamentables y
luctuosos acontecimientos acaecidos en Extremadura y en otras zonas del
territorio español en este último año, sino por los que cíclicamente se
producen en el Estado español. Y les hablo desde el conocimiento y el
sufrimiento porque soy ciudadano de la comarca de la ribera del Júcar, en
la Comunidad Valenciana, que ocasiona por desgracia, año sí año también
catástrofes que suponen grandes pérdidas económicas y, sobre todo,
irreparables pérdidas humanas.
Por tanto, creo que es importante, oportuno y estamos cerca de lo que la
ciudadanía en estos días está echando en falta, comentando y demandando
de los poderes públicos, como es que de una vez por todas se acometan una
serie de planteamientos, de iniciativas, de inversiones, de proyectos
para que nunca jamás vuelvan a suceder hechos que en el año 1982
ocurrieron en la ribera del Júcar , en el año 1987 se volvieron a
reproducir; inundaciones en Bilbao, en Málaga, en otras ciudades desde el
año 1982 hasta ahora y que terminaron --esperemos que sea la última de
estas situaciones-- en los acontecimientos de Extremadura de hace unas
semanas.
Unión Valenciana presentó esta enmienda pensando en lo que era una
iniciativa muy loable por parte del Grupo de Izquierda Unida, que de
alguna manera venía a remarcar una situación concreta que ha sido
denunciada por los ayuntamientos de las comarcas valencianas de la Ribera
Alta y la Ribera Baixa, que periódicamente están sufriendo los efectos
devastadores de las riadas, inundaciones y avenidas del río Júcar. Esto
trae causa de un acuerdo que adoptaron los alcaldes de gran parte de los
ayuntamientos el pasado 20 de octubre, coincidiendo con los quince años
de la rotura de la presa de Tous allá por el 20 de octubre de 1982,
mediante el que demandaban de los poderes públicos autonómico y central
--en este caso competencia del Gobierno central-- que se presupuestaran,
que se ejecutaran y que se elaboraran los proyectos previstos
en la prevención de riadas, inundaciones y avenidas en la cuenca del río
Júcar.
Ese fue el motivo de mi enmienda, que parece que en el ánimo de ese
espíritu no va a casar en el documento final en una propuesta de consenso
por todos los grupos. Por eso no tengo ningún inconveniente en retirarla
porque puede quedar subsumida en esa petición de que el Ministerio de
Medio Ambiente elabore unos programas, unos proyectos referentes a la
prevención de riadas, inundaciones y avenidas en todas las cuencas
hidrográfcas del Estado español. Correcto, lo asumo, pero deben entender
la especial sensibilidad (desde el conocimiento y el sufrimiento de las
situaciones a las que ha sometido la ribera del Júcar a miles y miles de
ciudadanos de esas comarcas valencianas) por nuestra parte al presentar
esta enmienda porque el pasado 30 de septiembre se volvieron a producir
situaciones de alarma, de inundación y de preocupación en esas comarcas.
Por tanto, quiero contribuir a ese espíritu de una iniciativa conjunta de
todos los grupos para que de una vez por todas empiecen a sentarse las
bases, desde el consenso y la unión de todos los grupos parlamentarios, a
fin de que el Ministerio de Medio Ambiente y los demás organismos
públicos, sobre todo las comunidades autónomas implicadas, empiecen a
elaborar los documentos de trabajo para que no vuelvan a producirse
hechos como los que hace quince años se produjeron en la ribera del Júcar
y hace unos días en Extremadura. Voy a apoyar esta iniciativa y el
espíritu y fondo de todas las enmiendas presentadas en el día de hoy.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero también, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, recoger los
deseos del autor de la moción, en este caso del señor Castellano, en el
sentido de que las catástrofes no pueden ser --sería una
irresponsabilidad política de gran magnitud-- usadas en el juego político
como un arma arrojadiza. No se puede traficar con el dolor de las vidas
humanas, de las personas, de los ciudadanos que padecen problemas que son
reales y que han azotado y pueden seguir azotando la vida de los
españoles.
También coincido en que en ese ejercicio de responsabilidad las
soluciones deben requerir el máximo aporte de esfuerzos, las máximas
energías conjuntadas y coordinadas, porque se trata de cuestiones de
Estado que necesitan una metodología en su solución, que es la del
consenso.
La moción de Izquierda Unida es positiva; es también, quiero dejarlo
claro porque esa es nuestra filosofía, un paso inicial. El elenco de
medidas necesarias no se agotan con los compromisos que esta tarde adopte
la Cámara a través de la aprobación de esta moción. ¿Por qué? Porque son
necesarias otras medidas que probablemente requiera mayor nivel de
reflexión, pero que nos parecen en todo caso justificadas.
Antes de nada, quiero valorar, por tanto, la moción, así como las
enmiendas de otros grupos que sé que se van a incorporar y que me parecen
positivas, como las del Grupo Popular, porque resuelven --en esa,
digamos, coordinación con los planteamientos de Izquierda Unida--
problemas reales, como, por ejemplo, la necesidad de conocer los puntos
de riesgo que más afectados se verían en nuestro país en caso de una gran
riada, que es competencia de las confederaciones hidrográficas. Por
darles un dato, señalaré que el último informe realizado por Protección
Civil hacía referencia a un total de 1.036 zonas de España que
presumiblemente estarían amenazadas en caso de posibles catástrofes.
En ese sentido, la moción de Izquierda Unida habla de la necesidad, en el
menor plazo posible, de confección del catálogo de zonas de riesgo por
inundación. Nos parece muy positivo ese planteamiento.
Otro elemento que también poníamos de manifiesto como un problema real y
que nos preocupaba en el anterior debate, era la relación, por ejemplo,
de las catástrofes con la ordenación del territorio y con medidas de la
legislación del suelo. Fíjense, señorías, la organización ecologista
Coda, en un reciente informe asegura que en todo el país existen más de
25.000 construcciones de riesgo en zonas de dominio público hidráulico o
en las proximidades de las áreas de influencia directa de los cauces de
los ríos.
Existen otros elementos y factores de riesgo. Permítanme, si quieren, un
excurso no chauvinista, pero sí al menos vinculado a mi tierra, a
Asturias. Hoy leo en la prensa asturiana, por ejemplo, que Asturias
carece de un plan contra las inundaciones, y cuando se habla de riesgos
es referido, por ejemplo, al impacto de las nevadas o al riesgo que se
deriva de la incomunicación como consecuencia de las nevadas, que es
distinto de la problemática de las inundaciones, pero que también es
objeto de esta reflexión. Por ejemplo, también se pueden citar los puntos
negros sobre seguridad que existen en el conjunto de la cornisa
cantábrica, por hablar también de una parte que tiene esos problemas,
como otras zonas del territorio español. Creo que la moción resuelve esos
problemas de manera adecuada.
Efectivamente, hay otros problemas. Nosotros lo ponemos de manifiesto en
nuestra enmienda. Por ejemplo --y así resultaba del debate de la
interpelación la semana pasada--, el propio señor Castellano hacía una
reflexión, y nosotros también, en cuanto a los problemas de la seguridad
en el mar. Partíamos del reconocimiento
de un hecho importante, y es que los dos planes nacionales de salvamento
marítimo que han tenido aplicación en España eran muy positivos, pero
observábamos algunos retrocesos que había que frenar para seguir
desarrollando --en el sentido de seguir creciendo-- el plan nacional de
salvamento marítimo. Por eso, nosotros en nuestra enmienda hacemos una
mención a la necesidad de tener en cuenta también el actual nivel de
desarrollo del plan nacional de salvamento marítimo 1994-1997, e
impulsarlo hacia el futuro, no recortando los medios, sino ampliándolos.
Poníamos también de manifiesto, y creemos que puede estar contemplado en
la moción de alguna forma, pero se refleja de manera más expresa en
nuestra enmienda, que es importante que el Ministerio de Medio Ambiente
se comprometa a un programa específico de inversiones, que incluya
actuaciones de recuperación ambiental de cauces que eviten la creciente
erosión que tanto favorece las inundaciones; o unas actuaciones de
encauzamientos en áreas urbanas identificadas en el programa Linde como
zonas de alto riesgo. Creemos que es necesario que el Ministerio de Medio
Ambiente informe en esta Cámara, a la mayor brevedad, sobre la situación
del programa Sistema automático de información hidrológica, de prevención
e información hidrológica, en cada una de las cuencas.
Nos parece también fundamental explicitar --aunque de alguna forma está
recogido en la propia moción nosotros lo desarrollamos de una manera más
expresa-- aspectos puntuales y concretos en materia de protección civil.
Para empezar, la consolidación del sistema nacional de protección civil,
desarrollando una serie de objetivos, como por ejemplo completar
equipamientos, instalaciones e infraestructuras en la nueva Escuela
nacional de protección civil; mejorar todo lo concerniente a la
formación, que es también uno de los elementos fundamentales; culminar el
desarrollo del marco legal --hablábamos la semana pasada de este tema--,
que es la Ley de Protección Civil, pero hace falta completarlo a través
de la norma básica de autoprotección. Hace falta también reformar y
mejorar toda la normativa, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, que
regule el sistema de concesión de ayudas a necesidades derivadas de
situaciones de emergencia, catástrofes, calamidades públicas, etcétera;
completar los planes estatales de protección civil; avanzar en la
promoción del control meteorológico, o completar --como decía-- el Plan
nacional de salvamento marítimo, partiendo del nivel dotacional alcanzado
actualmente en el Plan nacional de servicios especiales, de salvamento de
la vida humana en la mar y de la lucha contra la contaminación del medio
marino 1994-1997, a través de medidas que impliquen ampliación de
infraestructuras y medios.
Todas estas medidas creemos que son necesarias, nosotros las presentamos
con ese afán constructivo, pero ya anuncio nuestra voluntad --como decía
al principio-- de hacer un ejercicio de responsabilidad, y ese ejercicio
de responsabilidad, como primer grupo de la oposición manifestamos que
consiste en no traficar con las calamidades, en no usar las catástrofes
como arma arrojadiza del juego político, en buscar el consenso y, en este
sentido, queremos anunciar nuestro voto favorable a la moción resultante
finalmente de las enmiendas que se asuman por el proponente, señor
Castellano, en representación de Izquierda Unida, pero dejando bien claro
que estamos en un paso inicial y que con esto no agotamos lo que son
objetivas medidas necesarias que deben abarcar muchos, mayores e
importantes, nunca secundarios, elementos de riesgo.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.
En nombre el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Zambrano.
El señor ZAMBRANO VAZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, con motivo de la interpelación urgente causa de esta moción
intervenía el pasado miércoles como parlamentario extremeño resaltando y
agradeciendo el alto grado de cooperación, coordinación y solidaridad
alcanzado con motivo de la catástrofe ocurrida en mi tierra.
En el mismo sentido que el resto de intervinientes, y ya haciéndolo
extensivo a todas las catástrofes producidas de este tipo, proponía ese
mismo camino de consenso y coordinación para concretar y completar la
moción que se discute hoy, de forma que aportando cada uno de los grupos
de esta Cámara su particular visión del problema, sus estudios, criterios
y, en definitiva, su posición al objeto de prever primero y poder paliar
después los problemas que se suscitan en estas situaciones de catástrofe
y calamidad, poder de esta forma aprobar un texto único que recogiera,
con la mayor amplitud y complementariedad, el sentir expuesto en esta
Cámara, y así, ganando tiempo a este problema --tal y como proponía el
señor vicepresidente primero del Gobierno--, aprobar una moción ambiciosa
que oriente las acciones futuras y, en definitiva, que sea una moción de
todos.
Con este espíritu y en este criterio, el Grupo Parlamentario Popular
presenta cinco enmiendas por separado, a cuatro puntos de la moción
presentada y defendida por Izquierda Unida, y una última que pudiera
añadirse para completar y complementar el texto de la misma.
Antes de referirme a ellas, quiero, ante todo, agradecer y reconocer la
excelente disposición mostrada en aras del entendimiento por el Grupo
Izquierda Unida, primero, por el propio texto de la moción, hecho con
verdadero espíritu de consenso y, por tanto, con posibilidades de
reformarse, y también por su excelente
disposición para discutir y recoger otros puntos de vista en forma de
sustituciones, adiciones y modificaciones para que la moción pudiera
quedar en disposición de ser aceptada por toda la Cámara; disposición
excelente, todo hay que decirlo, que también han mostrado los restantes
grupos parlamentarios.
Dicho esto, paso a anunciarles que las enmiendas que el Grupo Popular
presenta para, en su caso, suprimir alguna frase, añadir otras o
modificar la redacción en algunos puntos del texto de la moción, se
concretan, de forma escueta y resumida, de la siguiente forma.
Primera enmienda al punto 1 de la moción, que solicita suprimir la frase
«dentro del llamado dominio público hidráulico», por entender que el
concepto «dominio público hidráulico» no cubre toda la superficie
afectada por riesgos de inundaciones, ya que la superficie de zonas
inundables supera, con mucho, lo que nuestra normativa actual vigente
considera como de dominio público hidráulico.
La segunda, al punto 2, pide añadir una frase, al objeto de completar los
mandatos de la citada directriz, siendo de especial oportunidad después
de los sucesos acaecidos en Melilla, ya que hace referencia a los planes
de emergencia de presas de titularidad estatal.
La tercera solicita la modificación del punto 3 de la moción, al objeto
de precisar más el mandato de limitaciones de uso que deben ejecutar las
comunidades autónomas.
La cuarta enmienda, de adición al punto 4, se justifica porque la
legislación básica del suelo es una competencia estatal, y así el
proyecto de ley sobre régimen de suelo y valores, en su artículo 9, ya
tiene en cuenta la exclusión del uso urbanizador y edificatorio de suelos
con riesgos de inundación y de suelos con riesgos provenientes de su
situación y de sus características geológicas, entre otras.
Y por último, la quinta enmienda, también de adición, pudiera incluirse
como punto 8 del texto de la moción, al objeto de perfeccionar las
previsiones de la legislación actual y de las transferencias en estas
materia, invitando a las comunidades autónomas a participar en una
conferencia sectorial sobre protección civil y poder, de esta forma,
resolver los problemas de coordinación en esta materia.
Termino diciendo que el Grupo Popular reitera el reconocimiento de la
buena disposición del grupo que ha presentado esta moción, al mismo
tiempo que desea el establecimiento del mayor consenso posible. En este
sentido, y de igual forma, ofrecemos nuestras aportaciones y nuestro
interés en conseguirlo, invitando a los demás grupos a que se sumen a la
iniciativa planteada, de forma que sea una moción de todos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zambrano.
¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el grupo al que represento no intervino cuando el señor
Castellano formuló, en nombre de su grupo, la interpelación a la que se
refiere la presente moción y, aunque estaba presentada con anterioridad a
los trágicos sucesos ocurridos en Badajoz, resultó enormemente oportuna
en el momento de debatirse. Quiero aprovechar, por tanto, ya que en su
día no lo hice, para manifestar las condolencias por todas las víctimas y
nuestra solidaridad con el pueblo extremeño que tanto ha padecido.
La interpelación se refería al funcionamiento del Servicio Meteorológico
Nacional en general y a la protección civil, si bien, luego, el contenido
del debate y la moción que hoy se ve se circunscriben a esta última, a la
protección civil, sin que tampoco veamos motivo para que se hable sólo de
inundaciones y no de cualesquiera otro tipo de catástrofes.
Los problemas que al parecer se produjeron en Badajoz se plantean en el
terreno de la práctica, de lo real, de lo que verdaderamente ocurre en
estos casos con la eficacia, ya que en el terreno de lo normativo creemos
que pocos sectores hay más elaborados, más imbricados que el de la
protección civil.
La ley estatal y sus reglamentos, las directrices, las leyes autonómicas
y sus planes y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, completan
un entramado complejo que funciona o debe funcionar en círculos
concéntricos. Cada nivel --municipal, provincial, autonómico y estatal--
tiene que hacer protección civil porque tienen competencia para ello y
tienen que tener su plan. La normativa técnica la dicta el Estado, y
todos los ámbitos tienen que elaborar la suya con los mismos criterios y
con la misma metodología. En caso de catástrofe se actúa de menor a
mayor. Actúa primero el plan municipal, si éste es insuficiente entra el
provincial, y en cada caso toma el mando el del ente que entra a actuar y
el del nivel inferior se integra en él con dependencia funcional. En el
caso extremeño, por lo que conocemos de la prensa, llegó a actuar el plan
de protección civil del Estado y, por tanto, debieron estar bajo el mando
del delegado del Gobierno.
En la querencia de la ley es un proceso muy tecnificado y articulado que
luego puede devenir ineficaz por inexistencia de mecanismos, como parece
que ocurrió en el caso al que nos referimos, por inexistencia de un
sistema alternativo de comunicaciones que impida conectar a las distintas
autoridades. Bien está, por tanto, la reflexión para analizar qué no ha
funcionado o qué debió funcionar mejor dentro de lo que en la querencia
de los distintos legisladores es una arquitectura acabada.
Las concretas cuestiones que se plantean en la moción y en las enmiendas
ya tienen, a nuestro modo de ver, previsión legal, lo que ocurre es que
en algunos casos no se han cumplido. La referencia a la directriz básica
de protección civil ante el riesgo de inundaciones, de 31 de enero de
1995, debe ir seguida de un plan de emergencia por inundaciones en cada
comunidad autónoma. No conozco la situación de otras, pero en el caso
vasco está a punto de completarse.
La redacción del punto tercero tiene ya previsión, no en la normativa
urbanística, pero sí en la normativa de protección civil. De todas
formas, tanto este punto como el cuarto son bienvenidos como llamada de
atención, ya que en el proyecto de ley del suelo se prevé cohonestar los
instrumentos de ordenación del territorio con los de protección civil. La
realidad nos llevará después a que el urbanista no se moje, si se me
permite la expresión coloquial, y el sectorial tampoco lo diga en un
documento público.
El último punto no añade, creemos, nada a las previsiones que la Ley 30
de 1992 tiene ya sobre conferencias sectoriales. En todo caso, valoramos
las llamadas de atención al Gobierno, pero también quisiéramos que lo
sean a todos los grupos políticos y a todas las administraciones sobre
estas situaciones de grave riesgo, de catástrofe y calamidad pública que
demandan el empleo coordinado de todos los medios y de todos los recursos
pertenecientes a las distintas administraciones públicas e incluso a los
particulares. En ese sentido, votaremos a favor de lo que creemos va a
ser definitivamente consensuado por todos los grupos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar las gracias --ya lo hice el otro día-- al
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida por la oportunidad que nos ha
brindado de mantener este debate como consecuencia de su oportuna
interpelación, y también quiero felicitarle por la moción que ha
presentado hoy a debate a la Cámara, que ciertamente es una moción
constructiva, una moción amplia. Yo creo que trata los principales temas
y propuestas que pueden surgir de este Congreso de los Diputados para
afrontar un tema grave como es éste.
Entrando en los aspectos concretos de la moción que nos plantea el grupo
proponente, quisiera hacer unos breves comentarios.
En cuanto al punto primero, que nos sugiere la confección del catálogo de
zonas de riesgo de inundación, así como el punto segundo, que se refiere
al plan de protección civil, no podemos plantear ninguna objeción desde
estos escaños.
En los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto quisiera hacer dos breves
comentarios. Yo le diría al señor Castellano que estamos globalmente de
acuerdo con lo que ahí se propone. Simplemente quisiera introducir la
matización de que deben tener en cuenta los representantes de la
Administración central del Estado, los gobernantes, que existen unas
competencias autonómicas y locales y que en ningún caso, en ejercicio de
las competencias estatales, se puede dar paso a conculcar estas
competencias, repito, de administraciones local y autonómica.
Me aparecía una duda en la redacción del punto cuarto, cuando dice que el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en los planes de
comunidad autónoma, etcétera. Me parecía un juego de palabras que, de
alguna forma, no se correspondía con aquello que puede instar este
Parlamento. Este Parlamento no puede instar al Gobierno a que intervenga
en los planes de comunidad autónoma. Posteriormente, leyéndolo con más
atención, entiendo que se refiere a que el Gobierno central coopere, en
relación con las competencias locales, en los planes de comunidad
autónoma. Es la única lectura que se me ocurre y es la única que, al
amparo de la Constitución y de los estatutos de autonomía, me parece
posible.
Respecto al punto séptimo, no puedo decir nada más que estoy de acuerdo.
Quisiera, señor presidente, muy brevemente, hacer algún comentario en
relación con las enmiendas que han planteado otros grupos parlamentarios,
vista la disposición del grupo proponente a aceptar generosamente las
mismas con el fin de aprobar una moción con un amplia mayoría.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
entiendo que mejora los puntos primero, segundo y tercero respecto a la
moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Y en cuanto al
punto cuarto, me voy a detener un momento, ya que están sustituyendo la
redacción de arriba abajo, aunque es verdad que en el fondo se pretende
lo mismo. Dicen ustedes que se insta al Gobierno a impulsar las reformas
necesarias en la legislación del suelo --estamos ahora en ello, porque en
este momento se está tramitando en la Cámara el proyecto de ley de
reforma de la Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones--, con el fin de
garantizar --añaden a continuación-- que los planes de ordenación
incluyan la determinación de las zonas de riesgo por inundaciones. La
redacción me parece acertada. Asimismo, me parece acertado el mandato que
se da en este caso al legislador, porque ya está en sede parlamentaria el
debate de esta ley. Sin embargo, no me parece acertada la solución que a
este mismo problema se está dando en otros ámbitos. He leído alguna
redacción muy recientemente,
hoy mismo, planteada en concreto a la ley sobre el régimen del suelo y
ordenación urbana, donde ustedes mencionan los planes de ordenación,
refiriéndose concretamente a aquellos suelos que deben ser calificados
como suelo no urbanizable --que es lo que ustedes vienen a decir aquí-- y
otorgando esta categoría a aquellos que estén afectados por riesgos
naturales acreditados mediante estudios sectoriales. Me parece que esta
definición es tan imprecisa y tan poco concreta que pudiera dar lugar
--llegado el caso de que aprobáramos una ley del suelo con una definición
de este tipo-- a que, ante posibles catástrofes o calamidades, existiera
una vía para exigir una responsabilidad a la Administración pública, ya
que si simplemente unos estudios sectoriales han definido un trozo de
suelo como susceptible de padecer una catástrofe determinada y no se ha
concretado en el plan de ordenación, calificando aquel suelo como suelo
no urbanizable, la puerta, repito, para la reclamación está abierta. Por
tanto, yo creo que debemos ir por la vía de calificar como suelo no
urbanizable en los planes de ordenación, que es la revisión que ustedes
realizan en este punto de la moción.
Por último, señor presidente, me voy a referir muy brevemente a la
enmienda del Grupo Socialista. Me parece bien globalmente. Dejo en manos
del grupo proponente la aceptación o no de lo que nos ha planteado el
señor Cuesta. En cualquier caso, respecto al punto décimo, sí tengo
alguna objeción. Veo que existe un interés muy manifiesto para reforzar
todos aquellos mecanismos específicos de protección civil. La semana
pasada, cuando intervenía fijando la posición de nuestro grupo en el
debate de la interpelación, decía que nosotros entendíamos que debíamos
conseguir la eficacia a través de la coordinación de aquellos medios que
ya existen, de todos aquellos que intervienen ante una catástrofe, y que
debíamos establecer medidas de coordinación y planificación, pero no
debíamos tender a crear algo nuevo, porque este grupo parlamentario
entiende que con todos los cuerpos que ya existen, incluso con la
dimensión de protección civil, ya teníamos suficiente. Se trataba de
coordinar y prever la actuación de cada uno de estos colectivos ante la
situación de catástrofe.
Esto es todo, señor presidente. Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Recoder.
Señor Castellano, le ruego exprese la aceptación o no de las enmiendas
presentadas a la moción de Izquierda Unida.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Entenderá que debo, en primer lugar, agradecer a todos y cada uno de los
grupos intervinientes su generosa actitud al valorar el trabajo realizado
por este grupo parlamentario, del que yo no soy más que mero intérprete
en este acto.
Dicho esto, por elemental educación y cortesía parlamentaria, con
respecto a la enmienda de Unión Valenciana agradezco al señor Chiquillo
que entienda que, efectivamente, está comprendida en la moción que va a
ser objeto de votación por todos nosotros, y que si no se hace una
referencia expresa a todas y cada una de las localidades es precisamente
para no incurrir en lo que alguno pudiera considerar no delicado, al
olvidar o dejar de mencionar a otras. Pero no le quepa la menor duda de
que esas comunidades y comarcas valencianas están afectadas por la moción
que vamos a votar, si así lo consideran sus señorías. Le agradezco
enormemente que retire su enmienda y que entienda en su retirada que está
perfectamente comprendida.
En lo que se refiere a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, le
ofrezco, como es lógico y natural, la fórmula de la inclusión en la
moción de los puntos 9 y 11 de su enmienda como puntos 9 y 10,
entendiendo que el resto de los que vienen son perfectamente acordes con
el tema, necesarios, exigibles y absolutamente correctos. Quizá el número
8, por tratarse de un programa específico de inversiones, debe tener más
cabida en el terreno de lo presupuestario.
Respecto al número 10, consolidación de un sistema nacional de protección
civil, al ser competencia de las comunidades autónomas, debemos dejar que
sean las propias comunidades autónomas las que lleven adelante sus
decisiones en materia de concreción.
En el número 12, que efectivamente tiene una extraordinaria importancia,
nuestro grupo adquiere el compromiso con S. S. y con su grupo, si así lo
tiene a bien, de colaborar todo lo que sea preciso para que en esta
Cámara se trate con todo el rigor necesario un plan nacional de
salvamento marítimo, entendida la excesiva siniestralidad que se produce
en esta clase de actividades y que a todos nos tiene que preocupar.
En relación a las enmiendas del Grupo Popular, que matizan determinada
terminología haciéndola mucho más adecuada a la que se utiliza en estos
temas de protección civil, aceptamos todas y cada una de las
correcciones.
Para evitar, señor presidente, que deba usted llamarnos en derredor, cosa
que siempre será muy gustosa para todos nosotros, daríamos lectura a como
queda la moción, con lo cual sería perfectamente comprensible lo que
votamos, dando por supuesto que aquellos grupos a los que me he dirigido
aceptan las sugerencias que les he efectuado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Zambrano,
¿acepta S. S. los planteamientos del señor Castellano? (Asentimiento.)
Le ruego, señor Castellano, que proceda a la lectura.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: La moción quedaría de la siguiente
manera. Número 1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que,
en el menor plazo posible, se ultime la confección del catálogo de zonas
de riesgo por inundación, con especialísima atención a las áreas urbanas
habitadas.
Número 2. A que, asimismo, se ultime la redacción del llamado plan
estatal de protección civil ante el riesgo de inundaciones, y los planes
de emergencia de presa y de titularidad estatal previstos en la directriz
básica de planificación de protección civil ante el riesgo de
inundaciones.
Número 3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la
colaboración más estrecha con las respectivas comunidades autónomas para
que éstas, en el marco de su competencia, establezcan las limitaciones en
el uso de las zonas inundables que se estimen necesarias para garantizar
la seguridad de las personas y de los bienes.
Número 4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en los
planes de protección civil de la comunidad autónoma, con relación a las
competencias locales, se coopere en la catalogación de las llamadas zonas
de elementos vulnerables que exijan inmediata actuación para la
eliminación de todo riesgo objetivo.
A este número 4 se le añadiría un segundo párrafo, que diría así: A
impulsar las reformas necesarias en la legislación del suelo, con el fin
de garantizar que los planes de ordenación, cuya redacción compete a las
corporaciones locales, incluyan la determinación de las zonas de riesgo
por inundación, con las consiguientes limitaciones de uso en orden a
garantizar la seguridad de las personas y bienes.
A continuación vendría el punto 5 de la moción, que diría: A incrementar
en el ámbito de su competencia y a colaborar en aquello que corresponde a
las autoridades autónomas o locales en la inspección de cuantas
edificaciones provisionales o definitivas supongan situación de riesgo
objetivo.
Número 6. En el marco de las ayudas de todo tipo a prestar a los
afectados por esta clase de riesgo, a facilitar los asentamientos en
lugares que no supongan el mantenimiento de la ubicación en las zonas
catalogadas como de riesgo objetivo. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Número 7. De forma similar a lo previsto en el anterior apartado se
procederá en cuanto al trazado de vías de comunicación y férreas de
responsabilidad del Estado.
A continuación vendría el número 8, nuevo, propuesto por la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular, que dice: A invitar a las comunidades
autónomas a participar en una conferencia sectorial sobre protección
civil, con el objetivo inmediato de resolver los problemas de
coordinación que a la luz de la experiencia adquirida en casos de riesgo
por inundación existen para desempeñar con la máxima eficacia las
competencias compartidas en materia de protección civil.
Como número 9 figuraría el número 9 de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, que dice: A que el Ministerio de Medio Ambiente
informe a esta Cámara a la mayor brevedad sobre la situación del programa
SAIH, de prevención e información hidrológica, en cada una de las
cuencas.
Finalmente, como número 10 iría el número 11 de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, que dice: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a avanzar en la promoción del control meteorológico,
perfeccionando el sistema de aviso sobre fenómenos meteorológicos
adversos, las previsiones meteorológicas de carácter anual o el
desarrollo y puesta en aplicación de un sistema avanzado de apoyo
meteorológico a las actividades de prevención y extinción de incendios
forestales.
Esta sería la redacción total de la moción objeto de votación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del texto que acaba
de leer, tratando de integrar las distintas posiciones, el señor
Castellano.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a
favor, 286; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción en los términos que ha
explicitado el ponente al final del debate.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve horas y treinta minutos de la noche.