Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 119, de 20/11/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 119
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 115
celebrada el jueves, 20 de noviembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 85-1, de 9 de
octubre de 1997. (número de expediente 121/000084) (Página 6224)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(Página 6224)
Título I (Página 6224)
El señor Peralta Ortega, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
presentadas, cuyo objeto señala que es poner coto a algunas de las
medidas que se piensa llevar a cabo por parte del Gobierno y del Partido
Popular, consistentes en una verdadera contrarreforma fiscal, al
incorporar una serie de modificaciones totalmente contrarias al espíritu
constitucional de un sistema fiscal progresivo que quedaría gravemente
dañado.
El señor Saura Laporta, del Grupo Mixto, da por defendidas sus enmiendas
a las disposiciones adicionales y transitorias, al estar estrechamente
relacionadas con los temas fiscales contemplados en este título I.
Seguidamente, expone esquemáticamente el contenido de las enmiendas
números 36 a 37.
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Mixto, mantiene siete
enmiendas a este título, para cuya defensa se remite a la justificación
que consta por escrito, con excepción de las enmiendas 20 a 24, que
fueron objeto de texto transaccional en los debates en comisión.
Para completar el turno de representantes del Grupo Mixto, el señor
Vázquez Vázquez (don Guillerme) aclara, en primer lugar, que su enmienda
4 figura referida por error al artículo 8, relativo al Régimen Fiscal
Canario, que lógicamente ellos no pretenden enmendar. Se trataría por
tanto de incorporar, a través de esta enmienda, una disposición adicional
nueva.
El resto de sus enmiendas se refieren a la supresión de diversos
artículos y a sus distintas tasas. Afirma que el sistema de recaudación
de impuestos que el Gobierno amplía sin cesar configura desde su punto de
vista un sistema fiscal socialmente injusto al no tener en cuenta el
distinto poder adquisitivo de los ciudadanos, pagando éstos igual,
independientemente de su capacidad económica. Mientras tanto, las rentas
más poderosas viven tranquilamente desde el punto de vista fiscal,
haciendo que nuestro sistema impositivo vaya perdiendo cada vez más su
capacidad redistribuidora. Concluye, enmendando las tasas concretas que
proponen suprimir a través de sus enmiendas 7 y 11.
El señor Gómez Rodríguez, en nombre del Grupo de Coalición Canaria,
defiende las enmiendas formuladas al artículo 8 de la ley de
acompañamiento, que dedica nueve apartados a modificar la Ley 20/1991,
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. De estos nueve apartados, el
Parlamento de Canarias en su informe preceptivo rechaza los apartados
primero, segundo, quinto, octavo y noveno, por entender que no mejoran en
nada la regulación existente. Aclara que sus enmiendas no admiten
transacción de ninguna especie porque se encuentran ante un caso de
mandato imperativo y tienen obligación de defenderlas tal como vienen del
Parlamento de Canarias, por el carácter vinculante de su informe.
Completa el turno del Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones
Sevilla, que defiende las enmiendas 323 a 334. Señala que su grupo ha
mantenido conversaciones con el Grupo Popular para encontrar una fórmula
aceptable, y estaría dispuesto a considerar una enmienda transaccional
para que el impuesto indirecto canario, como figura específica de su
legislación, fuera aplicable a las labores del tabaco con la claridad que
este instrumento precisa en base legal. Agrega que si el Grupo Popular
propone la enmienda transaccional que han venido estudiando, retiraría
estas enmiendas, con excepción de la número 328 referente a una cuestión
de armonización de técnica fiscal que nada tiene que ver con las demás
enmiendas que están dispuestos a retirar.
Finalmente, mantienen las enmiendas 335 y 338, relativas a tasas y
medicamentos de uso en ganadería, por tratar de aplicar una tasa a un
hecho imponible que no existe.
La señora Uría Echevarría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco
(EA-JPV), retira en estos momentos las dos únicas enmiendas que mantenía
a este título, números 292 y 293, a la vista de las promesas del Gobierno
de entablar negociaciones sobre su contenido.
El señor Homs i Ferret defiende las enmiendas 417 y 418, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en relación con el impuesto
sobre sociedades, aclarando que no tienen excesiva transcendencia sino
simplemente la finalidad de volver al espíritu y la redacción dada a este
impuesto en la anterior legislatura, ya que no les parece acertada la
corrección que hoy quiere introducir el Gobierno.
Por último, da por defendida y mantiene en sus propios términos la
enmienda 419.
El señor Companys Sanfeliu, defiende la enmienda 422 del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), postulando la incorporación
de un
apartado 5 bis al artículo 5 sobre las subvenciones comunitarias
financiadas a cargo del Feoga. Se trata realmente de evitar la aplicación
del IVA a numerosos pequeños agricultores cuyas explotaciones están
dispersas básicamente por el Valle del Ebro, Lérida, Castilla-La Mancha y
Murcia y que corresponden a empresas de carácter familiar o pequeñas
cooperativas.
El señor Ríos Martínez defiende las 38 enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida a este título I, dirigidas fundamentalmente a que haya una mayor
progresividad fiscal. Pretenden básicamente que haya más imposición
directa y que los que se benefician especialmente del crecimiento
económico, obteniendo mayores plusvalías, aporten más al interés general
y que los impuestos indirectos, que pagamos todos los ciudadanos por
igual, se reduzcan. En primer lugar, piden una mayor progresividad fiscal
en el IRPF y que las deducciones por vivienda se dirijan exclusivamente a
las de valor inferior a 20 millones, eliminando también las
correspondientes a la segunda vivienda. Igualmente, proponen eliminar los
100.000 millones de pesetas que pagamos todos los españoles para primar
los planes de pensiones, cantidad que se destinaría a mejorar las
pensiones básicas de los ciudadanos y, por otro lado, reducir las
deducciones por seguros, distinguiendo entre los obligatorios y los
voluntarios. Asimismo, proponen eliminar las deducciones por sanidad,
dado que la Seguridad Social cubre toda la sanidad de los ciudadanos y no
debe primarse la asistencia sanitaria fuera de la Seguridad Social.
Respecto al Impuesto sobre Sociedades, proponen elevar el tipo general al
45 por ciento y reducir algunas deducciones para que siga un camino
paralelo al IRPF, con una progresividad similar, ya que no entienden por
qué tiene que cotizar por debajo de las rentas del trabajo. También cree
que debe establecerse una tributación efectiva sobre el patrimonio,
respecto del que hoy no paga nadie en este país.
En cuanto al IVA, proponen que se reduzca el tipo del 4 al 1 por ciento
para determinados artículos de primera necesidad.
El señor Martínez Noval defiende las enmiendas del Grupo Socialista.
Expone que, una vez más, tienen que reiterar que esta ley de medidas
fiscales contiene infinidad de cambios normativos que favorecen el
tratamiento fiscal de las rentas de capital, sin que haya una sola medida
que favorezca las rentas procedentes del trabajo dependiente. Esa
inclinación favorable a las rentas de capital contenidas en los artículos
1 a 8 se mantiene también en las tasas. Se introduce además una
modificación del IRPF en el artículo 71, estableciendo primero un límite
en las aportaciones a los planes de pensiones, que va a depender de la
edad del partícipe e igualando después la deducción fiscal con ese límite
financiero, remitiendo todo ello al reglamento, modificación que
considera que no es constitucional. En el artículo 17 se crean dos tasas
que tacha de injustificadas y faltas de equidad, relativas a derechos de
examen y por certificado de profesionalidad. También presentan enmiendas
a los artículos 23 a 25 y 104 y 105, sobre planes y fondos de pensiones,
por estar en completo desacuerdo con su contenido.
Finalmente, menciona el artículo 8, en el que se introduce una serie de
modificaciones en la fiscalidad canaria, con las que el Grupo Socialista
está asimismo en completo desacuerdo.
Para fijación de posiciones, interviene, en nombre del Grupo Popular, el
señor Martínez-Pujalte López. Resalta la importancia de este título I
sobre normas tributarias, que introduce tres capítulos muy importantes:
el primero, estableciendo un nuevo marco fiscal para las pymes; el
segundo, incorporando modificaciones importantes en el ahorro-previsión,
y un tercer capítulo por el que se crea un nuevo impuesto sobre
electricidad que compensa la supresión del recargo que se paga con el
recibo de la luz en favor de la minería del carbón. Se introducen además
mejoras para facilitar la lucha contra el fraude y se establecen
beneficios fiscales para la capitalidad cultural de Santiago para el año
2000.
Respecto al capitulo relativo a las pymes, cuyo nuevo marco fiscal el
Grupo Socialista propone suprimir, entiende el Grupo Popular que de
aceptarse tal idea supondría un retroceso importante para conseguir los
objetivos que todos comparten de crear empleo, mejorar la competitividad
y tener una buena situación de partida en la Unión Europea. El Grupo
Socialista propone, asimismo, la obtención de una recaudación adicional,
que cifran en 92.000 millones de pesetas, para aumentar el gasto público,
en una posición que consideran coherente con lo que hicieron años atrás,
pero que a su juicio sólo conduciría a establecer más impuestos y gasto
público, con los resultados, también evidentes, de más paro y alejamiento
de los criterios de convergencia. Anuncia, por tanto, el voto negativo
del Grupo Popular a esas enmiendas.
Termina el señor Martínez-Pujalte fijando brevemente la posición del
Grupo Popular en relación con las enmiendas de los demás grupos
parlamentarios.
Título II (Página 6232)
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda 37, donde se plantea la
supresión del artículo 32 que prevé la posibilidad de que los médicos
adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social puedan, a los
solos efectos económicos, expedir el alta médica en el proceso de
incapacidad temporal. En su opinión, esta situación acarrearía graves
contradicciones y problemas al sistema.
El señor Peralta Ortega, también del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
las siete enmiendas presentadas por Nueva Izquierda al proyecto de ley de
acompañamiento, aunque solo se refiere a cuatro de ellas. La primera es
la número 65 al artículo 27, en el que se introducen determinadas
modificaciones en todos los procedimientos recaudatorios de la Seguridad
social, produciendo, en su opinión, un grave deterioro de la seguridad
jurídica y, consecuentemente, de la eficacia recaudatoria en materia de
Seguridad Social. Por ello considera que estas modificaciones tendrían
que quedarse sin efecto hasta un nuevo estudio donde se recogieran los
consejos y recomendaciones que procedan de la Inspección de Trabajo y de
los órganos que actualmente están trabajando en esta materia.
La enmienda 66 es al artículo 30, que regula el reintegro de prestaciones
indebidas y fija un plazo de cinco años sin ningún tipo de matizaciones,
ni siquiera cuando el error se debe a las entidades gestoras. Considera
que esta norma que se pretende introducir es distinta a las que rigen en
otros órdenes recaudatorios y es totalmente inadecuada.
En la defensa de la enmienda 68 al artículo 32 hace suyas las palabras
pronunciadas por el señor Saura, añadiendo que en este precepto se
pretende ocultar la incapacidad del Gobierno para regular el trabajo de
los médicos del Servicio Nacional de Salud, creando otro cuerpo médico en
el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Finalmente, explica que en el artículo 33 se vuelve a dar una vuelta de
tuerca en materia de recortes de prestaciones por desempleo al excluir de
las mismas a quienes son objeto de una reducción definitiva de su jornada
laboral. No es comprensible este recorte, por lo que presentan su
enmienda 69.
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, mantiene
en nombre de Eusko Alkartasuna la enmienda 28 al artículo 30, que se
refiere al reintegro de las prestaciones indebidas. Con su enmienda
pretenden que la prescripción de la obligación de reintegro del importe
de la prestación indebidamente percibida sea a los cuatro años, y no a
los cinco, aplicando un criterio similar al aplicado en la normativa
fiscal.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto,
presenta en nombre del Bloque Nacionalista Galego la enmienda número 12,
que pretende la supresión del artículo 30, y la enmienda 13, que pretende
la supresión del artículo 33, que afecta a la protección por desempleo.
La señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
anuncia que retira la enmienda 291 y pasa a defender la 296 relativa a
las ayudas a las víctimas del terrorismo. Pretende con su enmienda que,
de una vez, las víctimas de atentados llevados a cabo por los llamados
grupos antiterroristas puedan percibir alguna indemnización. Sin embargo,
reconoce la sensibilidad del Ministerio del Interior dando audiencia a
los portavoces de todos los grupos en la elaboración de un real decreto
en donde se establecerán los criterios que permitan dar satisfacción y
amparo a todas las víctimas de todo terrorismo o antiterrorismo.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor
Vaquero del Pozo defiende las enminedas que mantienen vivas en este
título. En primer lugar, la enmienda 124 pretende que se modifique el
artículo 30, por el que se establece el cobro de las prestaciones
indebidas, incluso en el caso de que el error se haya debido a la entidad
gestora, fijándose el plazo de la prescripción en cinco años. Su grupo
considera que esto puede significar un grave deterioro de las rentas
familiares de economías modestas. Las enmiendas 126 a 132 tratan de
modificar la institución del subsidio y de la prestación por desempleo.
Considera que, frente a la política seguida por el Gobierno de
culpabilizar en cierta medida a los parados, se debe mejorar la
prestación por desempleo ampliando los meses y el porcentaje de
cobertura. La enmienda 125 pretende la supresión del artículo 32, puesto
que con él se produce un auténtico desaguisado al pretender que haya dos
posibles diagnósticos médicos. Y finalmente, en la enmienda 133, se
propone que se modifique el artículo 39 que, reconoce, introduce un
elemento positivo y de mejora, pero que en cualquier caso es insuficiente
a la hora de compatibilizar la percepción de la pensión de orfandad con
el trabajo lucrativo.
El señor Cercas Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
manifiesta en primer lugar su protesta por el escaso tiempo que se
concede por la presidencia para la defensa de las enmiendas.
Por otra parte, se hace partícipe, en términos generales, de las
afirmaciones que han hecho los anteriores intervinientes en el sentido de
que este es un título llamado de lo social que se dedica básicamente a
eliminar garantías en toda una serie de
prestaciones, retrocediendo a situaciones jurídicas anteriores.
Da por defendidas las enmiendas 202 y 203 en los mismos términos que en
Comisión, advirtiendo que se va por el camino de otorgar a la
Administración pública no ya facultades discrecionales sino absolutamente
arbitrarias.
Defiende más detalladamente la enmienda 204 al artículo 30, en virtud del
cual hoy la administración de la Seguridad Social está perdiendo en todos
los tribunales de Justicia cuando pide a modestas viudas o huérfanos el
reintegro, con cinco años de retroactividad, de las prestaciones
indebidas cuando el error ha sido cometido por la Administración. Por
otra parte considera que el artículo 32 va en contra de todo sentido
común, e incluso en contra de lo que dice el Ministerio de Sanidad,
porque se ha introducido un precepto según el cual unos médicos adscritos
al Instituto Nacional de la Seguridad Social, con criterios puramente
economicistas, pueden cambiar los diagnósticos médicos de los
facultativos de los sistemas de salud, nacional o regionales. Por ello
presentan su enmienda 205 que, de aprobarse, entre otras muchas cosas
evitaría muchos conflictos con los servicios transferidos del Sistema
Nacional de Salud a las comunidades autónomas.
Con la enmienda 247 pretenden que se trate con igual derecho a las viudas
y huérfanos que a los jubilados a la hora de percibir las prestaciones en
caso de que falte el requisito de alta del causahabiente. Asimismo se
pregunta por qué se incompatibiliza la pensión de orfandad con el trabajo
por cuenta ajena.
Termina su intervención reiterando que, a su juicio, no se tratan con
seriedad hechos relevantes de la vida de millones de españoles y que el
Parlamento, una vez más, se convierte en una Cámara de legitimación de
los abusos gubernamentales que este año han colmado todos los límites
imaginables.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
respecto de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al
título II y disposiciones adicionales que tienen que ver con el
desarrollo legal del mismo, interviene el señor Camps Devesa, que hace un
llamamiento a la responsabilidad de aquellos grupos que siguen haciendo
un discurso para la galería, olvidándose de los problemas reales que
tiene el sistema de Seguridad Social.
A continuación pasa a hacer una breve referencia de aquellas enmiendas en
las que coinciden la mayor parte de los grupos enmendantes, mostrando de
todas maneras su sorpresa por el cambio de actitud del Grupo Socialista,
que ahora se sube al carro de posiciones rupturistas en cuanto al sistema
de Seguridad Social.
Contesta de forma breve a los enmendantes de los artículos 28 y 29, en el
sentido de que su grupo considera que no existe falta de seguridad
jurídica en el proyecto que el Gobierno envía a la Cámara, lo que hay es
una mayor agilidad y posibilidad de organización del sistema de Seguridad
Social.
En cuanto al artículo 30, que ha sido enmendado prácticamente por todos
los grupos, contesta que no comparte ni los criterios de supresión del
artículo ni los de modificación planteados por Izquierda Unida o el Grupo
Socialista, pero anuncia que en este caso, como en otros, estarán
pendientes de la doctrina al respecto del Tribunal Supremo.
En cuanto a la enmienda de la señora Lasagabaster reconoce que tal vez
tenga razón en cuanto que el plazo de prescripción debería ser de cuatro
años en lugar de cinco, pero por razones de lógica considera que ahora se
deben mantener los mismos plazos para la prescripción que para la
solicitud de reintegro de prestaciones.
También se refiere a las enmiendas presentadas al artículo 32 que afecta
a la extinción del subsidio por incapacidad temporal. Considera que este
artículo no tiene por qué suponer, en principio y por sí mismo, una mayor
litigiosidad, porque las nuevas competencias que se atribuyen al
Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los médicos que le
están adscritos, se sitúan en la esfera competencial de la entidad
gestora. Por otra parte, insiste en que las competencias de los
facultativos del Instituto Nacional de la Seguridad Social no limitan ni
impiden las de los facultativos del Sistema Nacional de Salud.
Termina su intervención dando por reproducidas sus argumentaciones en el
resto de las enmiendas y haciendo una breve referencia a la situación de
los huérfanos y viudas en orden al propio texto del articulado, así como
a la disposición adicional decimotercera. En este sentido manifiesta que
la situación de huérfanos y viudas en nuestro país, como injusta que es,
ha sido mejorada desde el Pacto de Toledo, desde el momento de la
aprobación de la Ley de consolidación y racionalización que lo desarrolló
legalmente y en esta ley de acompañamiento en la que se mejoran las
situaciones de injusticia que vivían. Pero añade que lo que no es de
recibo es pretender ahora hacer algunas modificaciones que no tienen
ningún sentido en este momento y que sólo pretenden reabrir un debate
respecto del sistema de Seguridad Social. De todas maneras reconoce que
habrá que seguir hablando en trámites posteriores haciendo caso de
enmiendas que parecen lógicas.
Título III (Página 6238)
El señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda presentada al artículo 45, sobre retribuciones del personal
estatutario del Instituto Nacional de la Salud, y según el cual el
complemento específico que se reconoce a ese personal facultativo a
partir de este momento tendrá la conceptuación de complemento de carácter
personal, pudiéndose renunciar al mismo. Considera que la normativa
existente hasta ahora ha funcionado razonablemente bien y no comprende
las razones del Gobierno para modificarla, si no es para dar un trato de
favor a los médicos en perjuicio de las instituciones sanitarias donde se
va a producir una notable desorganización y un perjuicio colectivo so
pretexto de respetar derechos individuales.
El señor Mardones Sevilla defiende la enmienda 344, del Grupo de
Coalición Canaria, dirigida al artículo 54 bis, relativo a la
Administración de justicia. A través de su enmienda proponen que el
personal que haya ingresado en los cuerpos de justicia o como médicos
forenses permanezcan al menos de tres a cinco años en las plazas
obtenidas, evitando el fallo que se produce de forma continua,
especialmente en el archipiélago canario, cuando se anuncian nuevos
concursos de traslado a otros destinos y todo ello con grave perjuicio
para la justicia y el justiciable.
El señor Vaquero del Pozo defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida, números 134 y 138, limitándose a reseñar el contenido de cada una
de ellas.
El señor Morlán Gracia defiende las enmiendas del Grupo Socialista.
Manifiesta que, a la vista del desarrollo del debate y las prisas que
parece haber para concluir el mismo, independientemente de la importancia
de la ley, dado que los trámites y discusiones que se están llevando a
cabo más bien parecen un monólogo en el que unos quieren decir algunas
cosas y otros no las quieren oir o al menos no quiere replicar, se
limitará a ir pormenorizando cada una de las enmiendas a dicho título.
Centra, no obstante, su intervención en relación con el artículo 44 del
proyecto de ley, sobre la provisión de puestos de jefes de servicio y de
sección de unidades de asistencia especializada en el Instituto Nacional
de la Salud, postulando que a esas plazas puedan acceder también los
facultativos con un nivel reconocido de prestigio profesional. En
relación con el artículo 45 y el complemento específico en él
contemplado, opina que el Grupo Popular quiere que se permita a un
colectivo de ciudadanos renunciar a dicho complemento que va en función
del puesto de trabajo, preguntando por qué no se extiende tal posibilidad
a todos los funcionarios ya que en otro caso se produciría un agravio
comparativo que tendrían que explicar muy claramente.
En nombre del Grupo Popular interviene el señor López-Medel Bascones,
manifestando que en este título referido al personal al servicio de la
Administración, son escasas las modificaciones que se introducen en la
normativa vigente y, por tanto, es también menor que en años anteriores
el número de enmiendas. Recuerda que el año anterior, entre otras
modificaciones acordes con el programa electoral del Partido Popular, se
introdujo la ampliación voluntaria de la edad de jubilación de los 65 a
los 70 años, que se ha revelado como un éxito indudable.
A continuación, analiza cada una de las enmiendas presentadas a este
título, defendiendo el texto del dictamen de la Comisión. Se detiene, no
obstante, en el tema relativo a la provisión de puestos de jefes de
servicio y de sección de las unidades de asistencia especializada del
Insalud, anunciando que votarán en contra de las enmiendas socialistas
por introducir, a su juicio, confusión en la provisión de estos puestos,
dado que insiste en que el concepto de facultativo de reconocido
prestigio sigue siendo impreciso, considerando más conveniente proceder a
la evaluación del currículum en las condiciones detalladas en el artículo
44 del proyecto de ley. Respecto al artículo 45 y la posibilidad de
renuncia del complemento específico, señala que la especificidad de este
tipo de personal hace que no le sea aplicable la Ley 30/84, de medidas
para la reforma de la función pública, como expresamente se reconoce en
su artículo 1.2 en relación con la disposición transitoria cuarta. A
mayor abundamiento, en virtud de acuerdo con las centrales sindicales, se
estableció ya en el año 1987 una dualidad de regímenes jurídicos
aplicables a dichos facultativos, dualidad que considera perturbadora y
productora de agravios, lo que justifica la modificación propuesta ahora
a la Cámara.
Título IV (Página 6243)
En nombre de Nueva Izquierda, el señor Peralta Ortega, del Grupo
Parlamentario Mixto, destaca las enmiendas más significativas de las
presentadas por su grupo a este título IV. En la primera de ellas
plantean la supresión del artículo por el cual se modifica la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas para introducir, a propuesta
del Gobierno,
una serie de excepciones a los controles de las administraciones
públicas. En su opinión, esas excepciones carecen de fundamento real y
son un camino equivocado.
La segunda enmienda que destaca es la que pide la supresión de la
Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, porque considera
que con la creación de esta gerencia el Gobierno pretende reproducir lo
que ha sido la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, lo que, a
juzgar por la experiencia vivida, no parece conveniente.
La última enmienda es la que plantea que en la financiación de la Agencia
Española del Medicamento no figuren aportaciones a título gratuito, ya
que será una fuente de riesgos absolutamente innecesarios y que puede
resultar perversa.
La señora Almeida Castro, también del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendidas las enmiendas 39, 40, 51 a 56, presentadas por el Grupo de
Iniciativa per Catalunya-Els Verds.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme) presenta dos enmiendas a este
título IV en nombre del Bloque Nacionalista Galego. En la número 14
solicita que se adicione un nuevo apartado al artículo 66 que diga que
los contratistas que no abonen a los subcontratistas y suministradores el
pago del precio pactado en los plazos y condiciones fijados en el
apartado 2 del presente artículo, quedarán inhabilitados para contratar
con la Administración. Y en la enmienda número 15 al artículo 68
pretenden garantizar que las comarcas mineras que producen carbón del
tipo de los lignitos pardos se puedan beneficiar de las acciones a
desarrollar por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo.
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda que ha quedado viva en el título IV referente a la deuda de las
corporaciones locales por el sistema de los avales. Pretende eliminar
estas nuevas limitaciones puesto que considera que no se puede aceptar
una nueva limitación a la capacidad de deuda de las corporaciones
locales, ya que la deuda de los ayuntamientos no representa ningún
desequilibrio macroeconómica problemático, y porque plantear medidas de
restricción de la capacidad de deuda de las corporaciones locales no se
puede hacer al margen del debate global necesario y urgente sobre el
sistema de financiación de las haciendas locales.
La señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
retira la enmienda 297 al artículo 66 en la confianza de que el Gobierno
asumirá el compromiso de presentar a la Cámara un nuevo proyecto de ley
de contratos de las administraciones públicas en que tendrá cabida la
pretensión de su grupo.
El señor Caballero Basañez, también del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), retira las enmiendas 298, 299, 300 y 304 relativas a las
funciones de la Agencia Estatal del Medicamento, medicamentos de uso
humano y medicamentos veterinarios, uso compasivo de medicamentos y la
importación de medicamentos extranjeros, así como la normativa para
cubrir la inexistencia de titulaciones en materia de ortopedia.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida interviene el señor
Vaquero del Pozo para la defensa de varias enmiendas que mantienen vivas.
Las enmiendas 140 y 141 se refieren a la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; la 142 pretende suprimir el artículo 56, porque considera
necesario abrir un debate sobre las transferencias internas dentro de los
distintos departamentos administrativos; las enmiendas 143 y 144
pretenden modificar el actual apartado 4 del artículo 100 de la Ley de
contratos de las administraciones públicas; la 145 pretende la creación
de un nuevo artículo 69 bis; la 146 la supresión de los artículos 71, 72,
73, 74, 75 y 76 de la ley de acompañamiento, porque la creación de la
Agencia deInfraestructuras de la Seguridad del Estado supone la
desafectación de una enorme cantidad de solares y de inmuebles, y la
enmienda 147 pretende, finalmente, la supresión del apartado d) del
artículo 82.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso a la sección primera interviene, en primer lugar,
el señor Pérez Segura. Manifiesta que con su enmienda pretende una nueva
modificación de la Ley de Haciendas Locales, porque el año pasado ya se
modificó en el sentido de limitar la capacidad de maniobra financiera de
las corporaciones locales. Su grupo pretende retrotraer el redactado del
artículo 55 de esa ley al que tenía anteriormente a la Ley de
Acompañamiento del año pasado, es decir al redactado literal del año
1996.
La señora Amador Millán, también del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, defiende la enmienda que pretende suprimir toda la sección
quinta, artículos 78 a 87 y disposición transitoria octava que regula la
Agencia Española del Medicamento porque, tal y como está concebida en
este precepto, se quiere traspasar a un organismo autónomo administrativo
funciones de control y policía administrativa, degradando las funciones
de la Dirección
General de Farmacia y renunciando el ministerio a competencias centrales
del mismo.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en
relación con el dictamen de la Comisión al título IV, normas de gestión y
organización, interviene el señor Cámara Rodríguez-Valenzuela. Hace un
repaso de los distintos artículos que componen este título a la vez que
va contestando a las enmiendas presentadas a cada uno de ellos. Reconoce,
por ejemplo, que en el artículo 55 se establecen algunas restricciones al
crecimiento del endeudamiento municipal y se vincula una central de
información de riesgos a la Secretaria de Estado de Hacienda, cuya
actividad fundamental será recabar información sobre las operaciones de
crédito concertadas, así como la carga financiera que suponga, pero éstas
son intenciones del Gobierno que su grupo parlamentario comparte y apoya.
Se refiere a continuación a los controles que se establecen para que
disminuya el endeudamiento municipal, con los que no están de acuerdo
algunos grupos parlamentarios. En este sentido está de acuerdo con lo
manifestado por el portavoz socialista en orden a que el endeudamiento
municipal se ha desacelerado en un 0,9 por ciento, especialmente en el
año 1996, y en ello aceptan cierta paternidad del Grupo Socialista, pero
no ven razón ninguna para no seguir por este camino y abandonar políticas
que tan buen resultado han dado.
En cuanto a la enmienda 141 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida considera que más bien entra en el terreno de lo coactivo y
coercitivo que de lo ejemplificador el prohibir circular a los morosos
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Manifiesta su conformidad con el fondo de las enmiendas 50 a 56 de la
señora Rivadulla y del señor Saura y comprende la necesidad de compensar
de algún modo los saldos acreedores y deudores de la haciendas
municipales, pero entiende que para ello habría que acometer una reforma
importante de un gran número de normativas de carácter recaudatorio de
las comunidades autónomas y de muchos municipios y no una reforma
parcial. Muestra la disposición de su grupo a trabajar en una propuesta
que diera lugar a una normativa en este sentido.
No entiende por qué al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa tanto
que el Ministerio de Sanidad pierda autoridad sobre la Agencia Española
del Medicamento, porque ésta va a seguir siendo un organismo autónomo de
la Administración y, por tanto, sometida a la norma que rige a todas las
administraciones públicas, que es la Ley 30/1992, de procedimiento
administrativo común y de régimen jurídico de las administraciones
públicas.
Página
Título V
El señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda presentada por Nueva Izquierda. Piensa que algunas de las
reformas que se introducen en este título y, en general, en la ley de
acompañamiento, merecerían un tratamiento específico y en profundidad por
parte de todos los grupos de la Cámara. Termina haciendo mención del
contenido de sus enmiendas a los artículos 91, 92, 104 y 105.
La señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas 41 y 57. La primera sobre las autopistas de peaje para poner
fin a un beneficio fiscal en el Impuesto sobre Bienes Imuebles en favor
de estas concesionarias. La enmienda 57 propone la supresión del artículo
97 relativo al precio de venta al público de determinados libros de texto
y material didáctico, ya que no deben ser tratados como cualquier otro
bien de consumo.
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda número 32, proponiendo la supresión íntegra del artículo 95 por
el perjuicio notable que entraña para la actual red de propietarios de
gasolineras y estaciones de servicios la venta directa de gasóleo a la
cooperativa de transportistas.
Por último, la enmienda 33 se refiere al precio de los libros de texto y
trata de evitar el perjuicio considerable que va a recaer sobre los
establecimientos pequeños y medianos del sector, en beneficio de los
grandes operadores.
La señora Lasagabaster Olazábal, también del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la enmienda número 29, relativa asimismo al precio de venta al
por menor de determinados libros de texto y material didáctico, pidiendo
la supresión del precepto por el perjuicio que va a producir a los
pequeños editores y distribuidores. Por último, retira la enmienda 321,
presentada conjuntamente con el Grupo Vasco, en la convicción de que hay
una enmienda transaccional para la que pide el apoyo de todos los grupos
de la Cámara.
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), también del Grupo Mixto,
defiende la enmienda 16, pidiendo la supresión del artículo 92 sobre el
régimen de los transportes por ferrocarril, por entender que
se trata de algo que requiere un tratamiento específico. Y en la enmienda
17 postula la supresión del artículo 97 sobre el reiterado tema del
precio de los libros de texto y material didáctico.
El señor Rivero Baute defiende las enmiendas del Grupo de Coalición
Canaria. Un primer bloque de las mismas se refiere al tema de los
transportes y su objetivo es que se adopten las medidas necesarias para
cohesionar los archipiélagos canario y balear entre sí y además
acercarles, junto a Ceuta y Melilla, a la península. Pide para ello que
se garantice la frecuencia y horario de las líneas aéreas y marítimas y
sus precios.
Un segundo grupo de enmiendas tiene que ver con la educación,
concretamente las número 351 y 352, cuyo contenido se limita a reseñar.
El señor Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
anuncia la retirada de la enmienda 321.
Completa el turno, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el
señor Caballero Basañez que, asimismo, retira las enmiendas 305 a 307,
dado el buen nivel a que han llegado las conversaciones entre el
Departamento de Sanidad del Gobierno vasco y el Ministerio de Sanidad.
El señor Vaquero del Pozo defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda
Unida. Alude, en primer lugar, a la número 148, pretendiendo no tanto
evitar el medicamentazo, que plantearán en otro momento, como paliar los
efectos de la aplicación de esa ley. La número 149 se refiere, como
tantas otras, al tema de los libros de texto y material didáctico,
oponiéndose a la propuesta del Gobierno por entender que no va a
favorecer ni a la industria del libro, ni a los comerciantes, ni a los
usuarios. Finalmente, la enmienda 150 propone la supresión de los
artículos 104 y 105 que potencian los fondos y planes de pensiones como
instrumentos puramente financieros.
El señor Segura Clavell defiende las enmiendas del Grupo Socialista al
capítulo I de este título, esencialmente dedicado a la modificación de
las normas que regulan los mecanismos de subvención al transporte aéreo,
a la vista de la total falta de criterio en el mecanismo regulador por el
que se conceden las subvenciones al transporte de pasajeros por vía aérea
entre la península que utilizan Ceuta y Melilla y las comunidades canaria
y balear. A través de sus enmiendas autorizan al Gobierno para modificar
la cuantía de las subvenciones o reemplazar el régimen vigente, pero sin
que suponga, en ningún caso, disminución de las ayudas prestadas por
deterioro en la calidad del servicio. También pide que se arbitre un
sistema ágil y simple en la acreditación de residentes en aquellos
territorios. Por último, en el caso de Canarias, pide que se cumpla la
ley que obliga, ante cualquier posible modificación, a oir previamente al
Gobierno de aquella comunidad. Finalmente, da por defendidas el resto de
sus enmiendas a este capítulo primero.
Completa el turno del Grupo Socialista el señor Martínez Noval,
centrándose en las enmiendas relativas a los artículos 97, 104 y 105 y
dándo por defendidas las restantes al título V.
La enmienda al artículo 97 tiene que ver con la liberalización en los
precios de los libros de textos, manifestando que, al igual que ha
ocurrido con otras experiencias liberalizadoras, se va a producir un
aumento de los precios. Además, van a destruir una red cultural
importantísima formada por ese tejido de las pequeñas, medianas o grandes
librerías, beneficiando exclusivamente a las grandes superficies.
Las enmiendas 104 y 105 tienen que ver con los planes de pensiones.
Afirma que van a cometer un error fundamental introduciendo como
contingencia cubierta por los planes privados de pensiones el riesgo de
desempleo, algo que no sucede en ningún lugar del mundo. Manifiesta que
tienen un gran aprecio por el sistema privado de planes y fondos de
pensiones que el gobierno socialista introdujo en nuestro país, pero
creen que no está suficientemente maduro para recoger esa modificación
legal.
Respecto a la enmienda 105 son válidos los argumentos empleados en apoyo
de la número 104, pidiendo que antes de realizar cualquier modificación
se espere a las modificaciones de la ponencia y subcomisión que viene
trabajando sobre la materia.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor López-Medel
Bascones, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
manifestando que concluyen con este capítulo una serie de modificaciones
muy concretas en algunos ámbitos de la actuación administrativa, para
conseguir que mejore la situación económica y social de los ciudadanos
españoles, como ya viene ocurriendo.
Respecto a las enmiendas al artículo 91 sobre subvención al transporte
aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, señala que
el precepto refleja el interés del Gobierno por aplicar las fórmulas con
la necesaria flexibilidad para atender la singularidad de los residentes
en dichos territorios. Es un precepto positivo que se puede incluso
mejorar, para lo que presentarán algunas enmiendas transaccionales a las
formuladas por el Grupo de Coalición Canaria.
En cuanto al artículo 92 sobre el régimen jurídico de los transportes por
ferrocarril al que se han presentado dos enmiendas de supresión, anuncia
que votarán en contra de las mismas, porque la doctrina jurisdiccional
permite la transposición de directivas por ley en sus aspectos
esenciales, dejando para el desarrollo reglamentario lo que fuere
preciso.
Opina que aunque el Grupo Socialista presenta también varias enmiendas a
este artículo que califican de mejoras técnicas, no se trata de tales
mejoras, ya que no contribuyen a la clarificación o precisión técnica y,
en algunos casos, incluso eliminan precisiones que estiman
imprescindibles.
El artículo 93 considera que es también un precepto razonable, por lo que
tampoco votarán a favor de la enmienda socialista.
Al artículo 26 se han presentado diversas enmiendas, pero como no se ha
hecho prácticamente hincapié sobre ellas en este Pleno, se va a remitir a
lo que ya tuvo ocasión de exponer en Comisión.
En cuanto al artículo 97, sobre la acción administrativa en la educación,
señala que la consideración del libro como bien de interés cultural y la
protección a los pequeños libreros, junto con el beneficio que va a
suponer para la economía doméstica de muchas familias que van a adquirir
los libros a menor precio, justifica el mantenimiento del precepto.
Reconoce que el descuento no es tan importante como inicialmente se
contenía en el proyecto de ley, pero es un paso fundamental en la línea
que el Partido Popular considera necesaria. En este apartado relativo a
la educación anuncia, por otra parte, la presentación de un texto
transaccional en relación con las enmiendas números 321 del Grupo Vasco y
la señora Lasagabaster y la 351 del Grupo de Coalición Canaria.
Por último, manifiesta que en los artículos 104 y 105 se han presentado
diversas enmiendas, algunas de ellas pidiendo su supresión, pero el Grupo
Popular entiende que las modificaciones que se introducen en estos dos
artículos respecto a los planes y fondos de pensiones tratan de favorecer
la previsión social complementaria en la línea marcada por el Pacto de
Toledo, por lo que votarán a favor del dictamen.
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales (Página 6261)
El señor Vicepresidente (Beviá Pastor) informa que algunas de las
enmiendas presentadas a este conjunto de disposiciones fueron defendidas
con anterioridad, por lo que en este momento se procederá al debate de
las que quedan pendientes de defensa.
De acuerdo con las instrucciones de la Presidencia, se procede a la
defensa de las enmiendas que se mantienen vivas a este conjunto de
disposiciones por el señor Peralta Ortega, la señora Lasagabaster
Olazábal, y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), todos ellos del
Grupo Parlamentario Mixto; señores Gómez Rodríguez y Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz y Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Vaquero del Pozo, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Mártinez Noval, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviniendo en turno de fijación de posiciones los señores Homs i
Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Cámara
Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas
al proyecto de ley de medidas fiscales administrativas y del orden social
debatidas a lo largo de la sesión de la mañana, asi como al texto del
dictamen en relación con dicho proyecto, que es aprobado.
Se levanta la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN
SOCIAL (Número de expediente 121/000084)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, vamos a
reanudar la sesión.
Iniciamos el debate de las enmiendas al proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y del orden social. Comenzamos por el título I,
artículos 1 al 26.
En primer lugar, y dentro del Grupo Mixto, para la presentación y defensa
de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. Solamente deseo hacer referencia a las enmiendas que
nuestro grupo ha presentado y
que tienen como objeto, en este apartado de las medidas fiscales, poner
coto a algunas de las pretensiones del Gobierno y del Partido Popular,
que consisten, fundamentalmente, en una profunda contrarreforma fiscal
que se traduce en toda una serie de disposiciones, que son a las que
hacen referencia nuestras enmiendas, y que tienen como objetivo mantener
la situación anterior, en la medida en que este tipo de modificaciones
que se introducen nos parece que son profundamente contrarias a ese
criterio constitucional de un sistema fiscal progresivo y que quedaría
gravemente dañado con esta clase de disposiciones.
Por tanto, pedimos el voto a favor de las enmiendas formuladas por Nueva
Izquierda.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
En segundo lugar, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Si usted me lo permite, y a efectos de agilizar el debate, también daría
por defendidas nuestras enmiendas correspondientes a las disposiciones
adicionales y transitorias, porque están estrechamente relacionadas con
los temas fiscales que son objeto de este título I. En primer lugar, de
este bloque de enmiendas quería señalar la enmienda número 34, que es una
enmienda de adición en la que proponemos exenciones en la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido, especialmente a las prestaciones para la
conservación y mejora de las escuelas que llevan a cabo los municipios,
así como extender a los equipamientos de uso público el tratamiento ya
previsto hoy para parques, jardines y superficies viales de uso público.
La enmienda número 36 es de adición, y en ella proponemos una
modificación con el objetivo de que los ayuntamientos puedan gestionar
con mayor facilidad la revisión del catastro.
La enmienda número 38 es importante. Como ustedes saben, la Ley
reguladora de las Haciendas Locales regula el tope máximo del crecimiento
de la financiación municipal; por eso planteamos que, igual que ocurre
con las comunidades autónomas, se elimine este tope máximo y se relacione
con el crecimiento del PIB nominal.
Las enmiendas números 43 y 44 tratan de crear disposiciones legales que
hagan efectivo el pago por los ciudadanos del Impuesto de Circulación. En
ese sentido, planteamos una enmienda a la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y otra a la Ley de Seguridad Vial.
La enmienda número 47 se sitúa también en esta línea de dotar de mayores
competencias a las corporaciones locales. Como ustedes saben, en estos
momentos existe una gran limitación para que los ayuntamientos puedan
realizar operaciones de tesorería; por ello, hacemos una enmienda de
modificación de la Ley reguladora de las Haciendas Locales para favorecer
el proceso de saneamiento financiero de las corporaciones locales.
Fundamentalmente este es el espíritu de nuestras enmiendas, tanto por lo
que hace referencia al título I como a nuestras enmiendas a las
disposiciones adicionales y disposición transitoria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
En tercer lugar, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
En este título I mantenemos vivas siete enmiendas, dado que las otras
dos, las números 20 y 24, fueron objeto de transacciones en los debates
de Comisión.
La enmienda número 19, que hace referencia a la modificación del artículo
71, pretende dar el mismo tratamiento fiscal con respecto a la
impartición de las aportaciones o contribuciones del promotor tanto si
van a planes de pensiones como a mutualidades de previsión social.
Igualmente, quedan vivas las enmiendas números 21, 22, 23, 25, 26 y 27.
Como su justificación aparece en las enmiendas, las damos por defendidas
en sus mismos términos para agilizar el debate.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
En último lugar, dentro del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
El Bloque Nacionalista Galego presenta varias enmiendas a este título. En
primer lugar, queríamos dejar constancia de que la enmienda número 4 que
presentamos figura por error enmendando el artículo 8; este artículo hace
referencia al régimen fiscal canario y nosotros, naturalmente, de ninguna
manera querríamos enmendarlo. Por tanto, quisiéramos que esta enmienda
figurase como una disposición adicional nueva. De todos modos, ahora haré
referencia a ella para dejarla defendida.
Esta enmienda dice: «Se prohibe expresamente la oferta de artículos de
consumo realizadas por las entidades bancarias o de crédito a sus
clientes o a consumidor final. Se presume la existencia de tales ofertas
cuando dichas entidades publiciten ofertas de artículos de consumo
mediante cartas, catálogos, carteles en sus oficinas o medios
publicitarios análogos». En esencia,
esta enmienda responde a la demanda del pequeño comercio que ve cómo,
aparte de otros problemas que sufre, tiene que hacer frente a
competencias desleales, en este caso, a través de la venta encubierta de
artículos en las entidades bancarias que, desde nuestro punto de vista,
deberían ceñirse a sus funciones.
El resto de las enmiendas se refieren a la supresión de diversos
artículos que fijan distintas tasas. El sistema de recaudación de
impuestos, que el Gobierno amplía sin cesar, configura desde nuestro
punto de vista un sistema fiscal socialmente injusto, porque no tiene en
cuenta el distinto poder adquisitivo de los ciudadanos; es decir, el
ciudadano paga lo mismo independientemente de su capacidad económica.
Mientras tanto, las rentas más poderosas viven tranquilas desde el punto
de vista fiscal. Está claro que podían ser admisibles algunos tipos de
tasas, pero la generalización que practica el Gobierno nos parece
francamente inadmisible. El sistema impositivo va perdiendo así cada vez
más su capacidad redistribuidora.
En la enmienda número 6 pedimos la supresión del artículo 11, es decir,
la tarifa o tasa de aproximación para la navegación aérea, que es fácil
de entender que al final la pagarán los usuarios. Ya algunas nos resultan
especialmente dolorosas. Por ejemplo, en la enmienda número 7 proponemos
la supresión del artículo 13, porque en ella se crea una nueva tasa por
expedición de títulos profesionales marítimos y de recreo. En fin, si las
tasas ya son cuestionables en sí mismas, lo son más aún porque van a
afectar más a los ciudadanos de unas comunidades autónomas que a los de
otras. Creo que es fácil suponer por SS. SS. que, en el caso de Galicia,
optaremos con más probabilidad a este tipo de títulos profesionales. Lo
digo porque ya en el año anterior se fijaron tasas, por ejemplo, por
inscripción en el Registro Catastral que, aparte de la justicia o no de
la misma, también afectaba en distinta medida a unas comunidades
autónomas que a otras, en concreto, a nuestra comunidad autónoma le
afectaba muchísimo más. Por cierto, esto sigue sin corregirse.
La enmienda número 8 hace referencia a las tasas por derecho de examen.
Yo creo que también deberíamos reflexionar todos un poco sobre estas
cuestiones, porque, normalmente, aquellas personas que quieren acceder a
un determinado empleo, muchas veces en la Administración, lo hacen desde
el paro, y, curiosamente, es a esas personas a las que se les machaca con
tasas una y otra vez, y, además, naturalmente, sin garantía de que alguna
vez aprueben.
La enmienda número 10 propone suprimir la nueva tasa por la participación
en pruebas oficiales para la obtención del certificado de
profesionalidad. También me parece que grava escandalosamente a los
sectores más desfavorecidos.
Con la enmienda número 11 --termino, señor presidente-- pretendemos que
se suprima el artículo 19, porque crea una tasa para la prestación de
servicios de inspección y control radiomarítimos por la Dirección General
de la Marina Mercante, y que, entre otros, va a afectar a los buques de
pesca. Aparte de que es reprobable por sí misma, también va a afectar en
distinta medida a los ciudadanos de unas comunidades y de otras.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez. Si
van a compartir el tiempo, disponen SS. SS. de tres minutos cada uno.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente. Seré más breve.
Este artículo 8 de la ley de acompañamiento dedica nueve apartados a
modificar la Ley 20/1991, del Régimen Económico-Fiscal de Canarias. Entre
esos nueve apartados, el Parlamento de Canarias, en su informe
preceptivo, acepta los apartados tercero, cuarto, sexto y séptimo, y por
entender que la modificación que se propone no mejora en nada la
regulación existente, da criterio negativo, rechaza los apartados
primero, segundo, quinto, octavo y noveno.
Comprenderán, señor presidente, señorías, que nuestras enmiendas no
admiten transacción de ninguna especie. Aquí estamos en un caso de
mandato imperativo. Tenemos la obligación de defenderlas tal como vienen
del Parlamento de Canarias, y recordamos, antes de finalizar, el carácter
vinculante del informe porque, de no ser así, la participación de la
comunidad autónoma quedaría sometida a un mero trámite de audiencia
previa, que no cumpliría con la finalidad de salvaguardar las históricas
especialidades canarias, que es nada más y nada menos que el fundamento
de la disposición adicional tercera de la Constitución española.
En resumen, señor presidente, como decía aquella señora que se negaba en
Toledo a entregar un huevo a la iglesia, no es por el huevo, es por el
fuero.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En el trámite de Comisión tuve ocasión de defender un bloque de enmiendas
a este título I que contemplaban toda una doctrina fiscal que el Gobierno
de Canarias y su Parlamento, por supuesto la Constitución española, en el
fundamento del régimen específico del hecho insular, y el Estatuto de
Autonomía de Canarias lo plantean como una fiscalidad propia dirigida a
permitir al Gobierno de Canarias la utilización de los instrumentos
legales en política fiscal sobre tributación de las labores de tabaco y
cigarros.
Este bloque de enmiendas que defiendo, que están comprendidas entre la
323 y 334, ha motivado conversaciones para encontrar una fórmula con el
Grupo Parlamentario Popular y nosotros, por las primeras noticias
recibidas, estaríamos dispuestos a considerar la fórmula de una enmienda
transaccional para que el Impuesto General Indirecto Canario, como figura
específica de nuestra legislación, fuera aplicable a las labores del
tabaco con la claridad que este instrumento precisa en su base legal.
Si el Grupo Popular propone la transaccional que hemos venido estudiando,
retiraríamos, para permitir su votación, las enmiendas comprendidas entre
la 323 a 334, ambas inclusive, salvo la 328, que se refiere, señor
presidente, a una cuestión de armonización de técnica fiscal, dado que
una de estas enmiendas retiradas, que podían ser objeto de una
transaccional, propone la creación de un nuevo libro V en la ley de 1991,
que trata de los aspectos fiscales del Régimen Económico-Fiscal de
Canarias para conseguir la exclusión del recargo de la base imponible del
arbitrio a la producción e insularidad en Canarias. La relación que
guardan las dos figuras fiscales que proponemos aquí es la que nos lleva
a la defensa y mantenimiento de la enmienda 328, porque no tendría nada
que ver, ya que se trata de una cuestión puramente técnica, con relación
a las otras que estaríamos dispuestos a retirar.
Finalmente, señor presidente, las enmiendas números 335 a 338, ambas
inclusive, se refieren a las tasas de los medicamentos de uso en
ganadería. Nosotros habíamos observado que ya se habían venido
produciendo adecuaciones en determinados hechos imponibles a los
medicamentos de uso ganadero, no solamente en el ámbito del archipiélago
canario, sino también en el ámbito del resto peninsular, y que ya se
había venido adoptando por la administración sanitaria española una
adecuación a determinadas directivas e indicaciones de la Unión Europea,
que viene pidiendo siempre un tratamiento fiscal diferenciado entre el
medicamento de uso o destino humano, del medicamento de uso o destino
veterinario o ganadero. Esta es la razón, señor presidente, por la cual
nosotros, en coherencia con esas directivas comunitarias, mantenemos
nuestras enmiendas sobre los efectos de las tasas de otorgamiento de
autorización de comercialización, etcétera. Incluso mantenemos la número
338, porque se trata de aplicar una tasa a un hecho imponible que no
existe, es decir, la simple voluntad de un señor que desee comercializar
un medicamento o producirlo, sin que lo haya puesto ni siquiera en el
mercado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Muchas gracias, señor presidente.
Respecto de este título a mi grupo le quedan en este momento vivas dos
enmiendas: la 290 y la 293. Con la 290 pretendíamos la inclusión de las
administraciones forales como competentes para sancionar en materia de
contrabando de tabaco, por entender que, tras la modificación producida
en el concierto económico, el valor jurídico protegido en estos ilícitos
es el valor fiscal y que las administraciones competentes, las titulares
de la protección de ese bien jurídico en este caso, son las
administraciones forales. Prometidas, desde el Gobierno, negociaciones en
este aspecto, retiramos en este momento esta enmienda, así como la 293,
que hace referencia al Impuesto sobre Actividades Económicas en relación
con las fundaciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Solicito su autorización, señor presidente, para que mi intervención
pueda dividirse entre mi colega diputado y yo mismo para poder defender
las enmiendas que hemos presentado a este título.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Disponen SS. SS. de
tres minutos cada uno.
El señor HOMS I FERRET: En primer lugar, quisiera hacer referencia,
señorías, a las enmiendas 417 y 418. Son dos enmiendas que se plantean al
Impuesto sobre Sociedades, son de carácter técnico, que no tienen
excesiva trascendencia, pero sí la finalidad de volver al espíritu y la
redacción que se infirió al Impuesto sobre Sociedades cuando discutimos
este impuesto en la anterior legislatura. No nos parece acertada la
corrección que hoy nos plantea el Gobierno, tanto en lo que se refiere a
la definición de rama de actividad como a la modificación del artículo
104 del Impuesto sobre Sociedades. Se tomó entonces la decisión, política
sin duda, de corregir los efectos que pudieran darse de doble tributación
en dicho impuesto. Mi grupo aceptó la redacción que se propuso en
aquellos momentos por el Gobierno socialista, y vemos con un poco de
sorpresa la corrección que se nos plantea ahora de modificación del
artículo 104 del Impuesto sobre Sociedades, puesto que genera algunas
dudas y vamos a reinstaurar algunos supuestos de doble tributación.
En cuanto a la definición de rama de actividad, señorías, ésta es una
cuestión que requiere instrumentos de clarificación jurídica. Hoy no está
clara la norma en cuanto al concepto de definición de rama de actividad y
de él depende el proceso de escisiones y de fusiones en nuestra sociedad.
El proceso de fusión y de escisión está exento, como saben SS. SS., pero
se requiere una clarificación en cuanto al concepto de rama de actividad.
Nuestra enmienda plantea una clarificación en estos términos.
Señorías, señor presidente, la última enmienda, la 419, la mantenemos y
la doy por defendida en sus propios términos. Paso, entonces, la palabra
a mi compañero.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente, señoras y
señores diputados, voy a defender la enmienda 422. El Grupo Parlamentario
de Convergència i Unió ha presentado una enmienda al proyecto de ley de
medidas fiscales, financieras, administrativas y del orden social a los
efectos de añadir un apartado 5 bis al artículo 5, con la siguiente
redacción. «Se excluyen del concepto de contraprestación de las
subvenciones comunitarias financiadas a cargo del Feoga y, en concreto,
las previstas en el Reglamento 603/1995, de 21 de febrero, por lo que se
establece la organización común de mercados en el sector de los forrajes
desecados».
Nuestra enmienda tiene como misión clarificar el régimen aplicable como
resultado de la reciente variación del criterio de algunas unidades de
inspección tributaria que reclaman el IVA de las subvenciones
comunitarias de los últimos cinco años en el sector de los forrajes. El
deshidratado es un sector relativamente nuevo que, con la integración de
España en la Unión Europea y la posterior aprobación de la OCM del
forraje, ha tenido un crecimiento muy importante, pasando en los últimos
años de 30.000 toneladas a 1.400.000 toneladas en el año 1996, siendo en
este momento el Estado español el primer productor de la Unión Europea y
el sector que más ha crecido en el mundo de la agricultura. Del sector
dependen más de 10.000 explotaciones agrarias, que tienen una superficie
media entre 10 y 12 hectáreas, por lo que estamos hablando de pequeños
agricultores cuyas explotaciones están dispersas por la geografía del
Estado español, básicamente por el valle del Ebro, Lérida, Castilla-La
Mancha, Murcia, etcétera. Si nos centramos en el propio sector, vemos que
se trata de un sector atomizado, disperso y con zonas productoras
formadas por empresas de carácter familiar o cooperativas. Piénsese que
el 85 por ciento de la industria tiene una producción inferior a las
40.000 toneladas.
Por tanto, estamos frente a un sector que está jugando un papel
importante en la ordenación del territorio y algunas interpretaciones,
que como mínimo tiene que aceptarse que son discutibles por parte de
algunos inspectores de Hacienda, pueden hacer peligrar su futuro. Hay que
tener presente que, igual que en el resto de los países de la Unión
Europea, la ayuda nunca ha sido incluida en la base del Impuesto sobre el
Valor Añadido. La Comisión Europea ya se pronunció al respecto cuando las
autoridades fiscales españolas exigieron el IVA a la ayuda al consumo del
aceite de oliva dejando --y cito textualmente-- clara la posición de la
Comisión: Primero: que la reglamentación comunitaria que lo regula no se
puede hacer con independencia de los imperativos que rigen la gestión
política del área común, por lo que la aplicación del IVA no puede ir en
contra de la filosofía agraria comunitaria. Segundo: a fin de que la
ayuda sea concedida de la forma requerida por la reglamentación
comunitaria, los organismos nacionales e internacionales deben, en
consecuencia, incrementarla en el montante correspondiente al IVA que se
recauda. Tercero: por lo que respecta al futuro, las autoridades
españolas habrán de incrementarla. Cuarto: por lo que se refiere a la
recuperación del IVA de los últimos cinco años, la resolución de la
Comisión señala que ese asunto tiene que ser objeto de discusión entre la
Comisión y las autoridades competentes españolas, y en ningún caso
mientras no se resuelvan los casos de incompatibilidad de los regímenes
propios y la organización común de mercados sobre disposiciones sobre el
IVA. Resulta absolutamente necesario que los Estados miembros se
abstengan de exigencias que, como las que son objeto del presente debate,
hacen imposible el normal funcionamiento de la normativa comunitaria.
El Grupo de Convergència i Unió entiende que la declaración de la
Comisión tiene un sentido genérico, ya que en ella se hace referencia al
problema de incompatibilidades que pueden surgir entre la normativa sobre
la aplicación del IVA y la política agraria comunitaria. Por tanto, es
también de aplicación en los forrajes deshidratados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Companys, le
ruego concluya.
El señor COMPANYS SANFELIU: Termino enseguida, señor presidente.
La aplicación del IVA en este momento, sin duda, produciría una
discriminación de origen fiscal al sector del deshidratado en el Estado
español en contra de su propia producción en el comercio
intracomunitario, favoreciendo de una forma descarada a los Estados que
actúen respetando y sin interferir en el normal funcionamiento de la
normativa agraria común. Si analizamos el informe que, a petición de la
Sociedad Española de Deshidratadoras, fue emitido por el Feoga,
Fondo Español de Garantía Agraria, referente a dicho tema, entre otras
cosas dice: Es posible, por tanto, que, de plantearse ante el tribunal el
tratamiento de las subvenciones a que se refiere el presente informe a
efectos del impuesto, este se resolviera... Finalmente dice: la
contraprestación podría no estar sujeta al impuesto.
Señor presidente, en aras a la rapidez, no voy a terminar de exponer el
conjunto de la defensa que quería hacer, pero quiero decir que la
Administración española, si continúa en esa línea y no se aprobase esa
enmienda, nos conduciría de facto a disminuir la ayuda que viene de la
Unión Europea y eso iría en perjuicio de nuestros agricultores. Por
tanto, nuestro grupo va a pedir a la Cámara, a todos los señores
diputados, el soporte para que, con su aprobación, sea posible la
modificación y, por tanto, la no aplicación del IVA en el sector de
forrajes.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, a esta buena hora de
la mañana nos dispondremos a discutir sobre la política fiscal, puesto
que el título I habla de todos los impuestos, con la amplia expectación
que levantan en la Cámara estos temas. Yo voy a intentar defender el
paquete de 38 enmiendas que Izquierda Unida presenta, fundamentalmente
dirigido a conseguir que haya una mayor progresividad fiscal. No podemos
perder el debate de esta mañana sobre la ley de acompañamiento (yo diría
más, una ley de amañamiento legal, porque modifica 34 leyes básicas del
Estado) sin discutir qué es lo que está en el fondo. El lunes pasado
aprobábamos la ley de presupuestos y hoy, en la ley de acompañamiento,
vamos a discutir lo que son bonificaciones, exenciones fiscales de los
impuestos básicos, del IRPF, del Impuesto sobre el Patrimonio, del
Impuesto sobre Sociedades, del IVA, de las tasas que hemos añadido hasta
por presentarse a un examen, etcétera.
¿Qué es lo que pretende Izquierda Unida con estas 38 enmiendas?
Fundamentalmente, conseguir dos cosas: una, que haya más imposición
directa, y que la gente que se beneficia del crecimiento económico y que
por tanto tiene más plusvalías, aporte más al interés general y, dos, que
los impuestos indirectos que pagamos todos los ciudadanos por igual se
reduzcan y paguemos menos, sobre todo a la gente que dedica el 80 por
ciento del salario a lo que pudiéramos llamar mantenerse, comer, vestirse
y vivir en una vivienda.
Las primeras enmiendas van dirigidas al IRPF. Nosotros pretendemos
reducir los gastos fiscales en el IRPF y dotarnos de una mayor
progresividad fiscal. Primero, evitar el lavado del cupón, lo que son los
beneficios de las plusvalías. Segundo, lo que son tratamientos fiscales
que benefician a una minoría y que nosotros creemos que son los
detentadores de la acumulación de los propios beneficios. Nosotros
pretendemos reducir los gastos fiscales. ¿Dónde los pretendemos reducir?
Primero, queremos que la vivienda habitual tenga una deducción a partir
de un valor, porque no es lo mismo una vivienda que vale 70 millones de
pesetas que una que vale 20, y para la que uno invierte el porcentaje
mayor de su salario. Por eso proponemos que la deducción de vivienda vaya
dirigida hacia 20 millones o menos, no acumulando ahí los intereses y lo
que es la reinversión; eliminar la segunda vivienda; eliminar los 100.000
millones de pesetas que pagamos todos los españoles en primar los planes
de pensiones, planes que este año van a beneficiar a la gente que quieren
contratar, porque tienen más ingresos, una determinada actuación
complementaria. Ese dinero lo destinaríamos a mejorar las pensiones
básicas de todos los ciudadanos. Igualar la función pública a nivel
privado con la invalidez. Reducir las deducciones por seguros,
distinguiendo lo que son seguros obligatorios de lo que son voluntarios.
Eliminar la deducción por sanidad, puesto que entendemos que todo lo que
está previsto por la Seguridad Social un ciudadano lo cubre por la
Seguridad Social. Si mantenemos esto, estaremos primando que se obtenga
asistencia sanitaria fuera de la Seguridad Social.
En segundo lugar, pretendemos que el Impuesto sobre Sociedades sea de
verdad un Impuesto sobre Sociedades, y nosotros creemos que hoy no está
siendo así. Por eso, proponemos elevar el tipo general al 45 por ciento y
reducir algunas deducciones para conseguir que este impuesto camine
paralelo al IRPF, con una progresividad similar. El Impuesto sobre
Sociedades se aplica sobre los beneficios que obtienen las sociedades
después de las deducciones de todos los gastos. Por tanto, no entendemos
por qué tienen que cotizar por debajo de lo que lo hacen las rentas del
trabajo. Los trabajadores, la gente normal y corriente cotiza por su
renta, con independencia de otro tipo de actuaciones. Además, proponemos
una serie de modificaciones al Impuesto sobre Sociedades, como equiparar
las sociedades anónimas laborales a las cooperativas --ahora mismo tienen
el 20 por ciento de tipo-- puesto que es un trabajo asociado; es cuando
la gente se organiza, puesto que una empresa ha desaparecido, para
mantener esa actividad productiva o para ponerla en marcha.
Queremos reducir la doble imposición y que haya una tributación efectiva
del Impuesto sobre el Patrimonio. ¿Saben ustedes que en este país el 95
por ciento del patrimonio está exento? En este país nadie paga por
patrimonio. El patrimonio o el incremento de patrimonio tienen una
imposición reducidísima. Deberíamos hacer una cosa: o decimos que en este
país nadie
pague por patrimonio, o decimos que se pague y entonces lo hacemos
efectivo, para que el que acumule propiedades pague por el incremento de
valor. Proponemos evitar la deslocalización de las empresas y, por tanto,
reducir el incentivo a la inversión en el exterior. Proponemos que se
baje al 30 por ciento la reducción --que ahora mismo está en el 35 por
ciento-- a los 700.000 millones de pesetas, que ahora mismo son
exenciones fiscales. Y proponemos una reducción del IVA, y sobre esto me
gustaría extenderme. Al igual que hemos visto que con determinadas
medidas podemos elevar la progresividad de los impuestos directos...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, S. S.
debe concluir.
El señor RIOS MARTINEZ: Concluyo, señor presidente.
Hoy se aplica un IVA superreducido a los productos de primera necesidad
--el pan, la leche, los huevos--, que es de un 4 por ciento. ¿Qué propone
Izquierda Unida? Reducirlo al 1 por ciento y poner en los bolsillos de
los españoles 250.000 millones de pesetas para que las familias mejoren
su capacidad de compra en la cesta de la compra, en lo que es la mayor
inversión del salario de las familias que viven con el salario mínimo o
por encima de éste. Esa es la medida fundamental que proponemos, al igual
que proponemos elevarlo en lo que se refiere a la política de refrescos.
En el año 1995 se bajó el IVA a la Coca-Cola o a la Pepsi-Cola, y no
entendemos por qué, puesto que es un negocio boyante, no hay más que ver
los anuncios en televisión. Hay que cobrarles lo mismo que les cobramos a
otros; no sé por qué se tiene que cobrar a los refrescos un impuesto y a
otros productos otro. A no ser que sea por el alcohol, porque las
burbujas vayan por un lado y el alcohol por otro.
En todo caso, señor presidente, nuestro objetivo es reducir los impuestos
indirectos, que al final del año van a suponer unos ingresos para el
Estado de cinco billones de pesetas, mientras que los impuestos directos
van a significar apenas cuatro billones de pesetas. Vamos a cobrar menos
de los que tienen mayores recursos y más de todos los ciudadanos en
general. Esa es la posición que mantiene Izquierda Unida en estas 38
enmiendas. Espero haber argumentado con fuerza a esta hora de la mañana
para que todas SS. SS. apoyen unánimemente estas enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.
Defiendo las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título I, de
normas tributarias, y lamento reiterar una vez más que el contenido de
esta ley de medidas fiscales es pariente cercano de la ley de
presupuestos. En consecuencia, tengo que decir, en el tono más tranquilo
posible, que una vez más observamos cómo esta ley de medidas contiene
infinidad de cambios normativos que favorecen el tratamiento fiscal de
las rentas del capital, sin que haya ni una sola medida, ningún cambio
que favorezca las rentas procedentes del trabajo dependiente. La
discusión podría plantearse en otros términos, podría plantearse a la
inversa. Al Grupo Socialista le gustaría que el Gobierno, que el Partido
Popular nos dijera qué hay en esta ley que beneficie el tratamiento
fiscal de las rentas del trabajo. Yo se lo digo: absolutamente nada. Sin
embargo, voy a desgranar un conjunto de enmiendas que tratan de poner
coto a la excesiva inclinación del Gobierno y de los grupos
parlamentarios que le sustentan en relación con las rentas procedentes
del capital. Esa inclinación, ese sesgo es evidente desde el artículo 1
hasta el artículo 8, y es evidente también en las tasas. Por ejemplo,
señorías, si se introduce en el artículo 1 una previsión para hacer
imposible esa figura de elusión fiscal que se llama el lavado de cupón en
personas físicas, ¿por qué no se hace en personas jurídicas? ¿Por qué el
Partido Popular, por qué el Gobierno del Partido Popular se negó en su
momento, hace un año ahora, a que se persiguiera el lavado de cupón
cuando el sujeto pasivo de esa elusión fiscal no es una persona física
sino una persona jurídica? Si el Gobierno quiere ser coherente,
necesariamente tiene que trasladar --necesariamente, insisto-- esta
previsión del artículo 1 de la doble imposición, para evitar el lavado de
cupón o el lavado de dividendo, a la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Señorías, el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas resulta modificado por el artículo 1 de la ley de
medidas que estamos discutiendo, y quiero dejar bien claro --no para el
portavoz del Grupo Popular, que no me está escuchando, sino para el
'Diario de Sesiones', que a estos efectos es mucho más efectivo-- que ese
cambio es inconstitucional; el cambio que ustedes introducen
estableciendo, primero, un límite financiero en las aportaciones a los
planes de pensiones que va a depender de la edad del partícipe, y además
igualando o identificando el límite de deducibilidad fiscal con ese
límite financiero, remitiendo todo al reglamento, eso, señorías, no forma
parte del marco constitucional. No se pueden establecer por reglamento
límites a la deducción en base imponible en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Queda dicho en el 'Diario de Sesiones', y en su
momento daremos respuesta a esa norma que nosotros entendemos
inconstitucional.
Señorías, los artículos 2, 3, 4, y 5, que se refieren al Impuesto sobre
el Patrimonio, al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre el Valor
Añadido, todos
ellos tienen esa tacha a la que hacía referencia, todo son beneficios
para las rentas procedentes del capital, de actividades empresariales y
de actividades profesionales.
Por otra parte, señorías, en el artículo 17 se establecen dos tasas
nuevas que nosotros consideramos injustificadas y, sobre todo,
inequitativas. No tiene ninguna razón que el Gobierno imponga una tasa
por derecho de examen ni una tasa por un certificado de profesionalidad.
Quisiera hacer referencia a los artículos 23, 24 y 25, relativos a los
planes de pensiones, y también a nuestras enmiendas a los artículos 104 y
105, porque aunque son, señor presidente, del título V, tienen que ver
también con los planes de pensiones. Nosotros estamos en profundo
desacuerdo con esa cuestión tanto por razones formales como materiales.
No estamos de acuerdo con el contenido de esas modificaciones. Algún día
habrá que cambiar esas modificaciones que se introducen. Una mayoría
distinta, desde luego, que tenga un mínimo aprecio por las políticas de
progreso, tendrá que cambiar estas nuevas modificaciones que se
introducen en lo que se refiere a planes privados y fondos de pensiones.
Quien tenga aprecio por el sistema público de Seguridad Social tendrá que
modificar estas normas necesariamente en el futuro. Señorías, en los
planes de pensiones se introduce --artículos 23, 24 y 25-- una
posibilidad de liquidez con la que nosotros estamos radicalmente en
desacuerdo, que es el caso de la cobertura del riesgo por desempleo de
larga duración y la larga enfermedad o enfermedad grave. Vamos a ser el
primer país de este planeta en el que los planes de pensiones privados
cubren esa contingencia del desempleo, y no hemos escuchado un solo
argumento en favor de esas modificaciones.
Señorías, también hay un artículo importante para nosotros, y
especialmente para los diputados canarios del Grupo Parlamentario
Socialista. En el artículo 8 ustedes producen unas modificaciones --una
más-- en el régimen fiscal canario que tiene dos contenidos para nosotros
especialmente rechazables, y por eso vamos a sostener las enmiendas 192 y
193. En primer lugar, se trata de una revisión, una vez más a la baja, de
la fiscalidad, en particular en aquello que tiene que ver con las
telecomunicaciones. Tenemos una enmienda a ese respecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Noval, le ruego concluya.
El señor MARTINEZ NOVAL: En segundo lugar, y en relación con el Grupo
Parlamentario Popular que en tantas ocasiones, en años precedentes y en
meses precedentes, habló en sus programas electorales y en la propia
Canarias de la revisión de la fiscalidad sobre las labores del tabaco,
¿qué es lo que ocurre para que ustedes hayan cambiado tan rápidamente de
posición? Que lo hayan hecho tan rápidamente y hayan ido a un incremento
de la fiscalidad de las labores del tabaco en Canarias que conducirá,
quiéranlo o no, a una reducción de la producción y también afectará, sin
duda alguna, a la venta de tabaco a aquellos turistas que lo adquieren en
las islas Canarias. Por tanto, señorías, también las enmiendas 192 y 193,
que se refieren al artículo 8, régimen especial fiscal de Canarias, van a
ser objeto de defensa por nuestro grupo a la hora de las votaciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias a
usted, señor Martínez Noval.
¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para manifestar la posición de mi grupo en este
corto turno respecto al texto del título I de la ley de acompañamiento y
sobre las enmiendas que permanecen vivas.
El texto, en lo que se refiere a las normas tributarias, es importante,
es amplio --45 de las 78 páginas del proyecto de ley corresponden al
título I--, porque introduce tres capítulos muy importantes. Primero, un
nuevo marco fiscal para las pymes; segundo, modificaciones importantes en
el ahorro previsión; y, tercero, un nuevo impuesto de electricidad que
compensa la supresión del recargo que se paga con el recibo de la luz y
que se asigna a la minería del carbón. Además, el texto introduce mejoras
para facilitar la lucha contra el fraude y se establecen beneficios
fiscales para el Año Santo Jacobeo y la capitalidad cultural de Santiago
para el año 2000.
El Grupo Socialista pide suprimir todo el nuevo marco fiscal para las
pymes. En mi opinión, esto supondría un retroceso importante para
conseguir los objetivos que compartimos, o que creo que compartimos:
crear empleo, mejorar la competitividad de España, tener una buena
situación de partida en la Unión Económica y Monetaria. Son objetivos que
el Grupo Socialista dice compartir con el Grupo Parlamentario Popular,
son objetivos que el Grupo Parlamentario Popular defiende y nosotros
entendemos que, suprimiendo estas medidas del nuevo marco fiscal de las
pymes, lo que se hace es retroceder en la consecución de esos objetivos.
El Grupo Socialista presenta estas enmiendas para obtener una recaudación
adicional que cifran ellos en 92.000 millones de pesetas, que dicen que
les permitiría aumentar el gasto público. Desde luego, es una posición
coherente con lo que hicieron años atrás: más impuestos y más gasto
público; y los resultados
también son evidentes: más paro y más alejamiento de los criterios de
convergencia.
Mi grupo votará no a esas enmiendas, puesto que creemos que lo que en
ellas se propone sería absolutamente negativo para la inversión y el
empleo. Sobre las pymes tiene que recaer la responsabilidad del
crecimiento y de la generación de empleo, por eso queremos crear un marco
tributario que contribuya a ello. Queremos crear un marco donde exista un
sistema de módulos que no penalice la inversión y el empleo, un sistema
de estimación directa simplificada que permita la deducción de todos los
gastos, incluidas las amortizaciones, y que no exija todas las
obligaciones formales, un sistema que permita la deducibilidad del IVA de
los impagados. En definitiva, señorías, nosotros queremos crear un marco
fiscal, financiero y administrativo para convertir a las pymes en pilares
del crecimiento y del empleo. En ese sentido, estamos en la línea de lo
que en los países europeos se está haciendo y de lo que se decidirá en la
cumbre sobre el empleo. Por eso votaremos no a esas enmiendas.
También votaremos no a las enmiendas de supresión que ha planteado el
Grupo Socialista y que hablan de la previsión social complementaria.
Ayer, un teletipo --no sé si el teletipo responde a la verdad, no sé si
el teletipo recoge fielmente lo que se dijo, quiero creer que no-- ponía
en boca del portavoz del Grupo Socialista lo siguiente: «El PP y sus
socios políticos han decidido que el sistema complementario sea un
sistema sustitutivo y no complementario». Nos parece una actitud
absolutamente irresponsable, nos parece una actitud que, de ser verdad,
introduce mala intención en las afirmaciones porque, como conocen SS. SS.
y como conocen sobre todo los que participan en la subcomisión
parlamentaria, el documento de la subcomisión establece la creación de un
sistema complementario al de la Seguridad Social. Nosotros queremos
apostar por el ahorro a largo plazo, y queremos hacerlo porque eso ayuda
a dar más cohesión a la sociedad, permitirá que en el futuro no haya un
descenso brusco de la renta en el momento de la jubilación, contribuye a
capitalizar la economía y a crear empleo y mejora las relaciones internas
de la empresa cuando se hace de forma colectiva, que es lo que el
documento de la subcomisión establece.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Martínez-Pujalte, le ruego concluya.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Tanto el apoyo a las pymes como el ahorro previsión son parte de un
programa electoral del Partido Popular al que se está dando cumplimiento,
y forma parte de la nueva política económica que tan buenos resultados
está obteniendo.
En este poco espacio de tiempo también quiero decir que mi grupo comparte
una enmienda que el Bloque Nacionalista Galego ha presentado como una
disposición adicional, que propone que las pymes tengan también
posibilidad de bonificaciones fiscales. Fue una pena no llegar a un
encuentro en el trámite de ponencia, pero hemos incluido el texto de la
enmienda del Grupo Popular que coincide literalmente en todos sus puntos
con la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, y nos alegramos de
compartir esa opinión acerca de que también las pymes participen en las
bonificaciones fiscales.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, le ruego
concluya.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Voy concluyendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, le ruego
concluya de forma inmediata, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Sí, señor presidente.
Nosotros vamos a apoyar la enmienda 181, del Grupo Socialista, y vamos a
presentar una transacción a la enmienda 270, del mismo grupo, así como
también presentamos una transacción a la enmienda 419, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). También vamos a presentar una transacción a los
recargos del tabaco, enmiendas 323 a 334, de Coalición Canaria. Nosotros
creemos que ese debe ser un sistema transitorio hasta que el Parlamento
canario establezca un nuevo impuesto sobre el tabaco. Hay un margen,
puesto que el hecho imponible sobre las labores del tabaco no está
gravado en territorio canario y lo pueden hacer. Quiero anunciar que
nosotros apoyaremos en otro trámite alguna enmienda del Grupo de
Convergència i Unió. Compartimos algunas de las afirmaciones que ha hecho
su portavoz, señor Homs, y queremos seguir hablando sobre tres enmiendas
que ahora mismo no estamos en condiciones de aprobar en los términos en
los que se plantean. Sin embargo, si las conversaciones siguen por el
buen camino, estaremos en condiciones de aprobarlas, si no en este
trámite, en otro posterior.
En definitiva, señorías --y concluyo--, el título I introduce un nuevo
paso en la reforma fiscal que, desde luego, ayudará a crear empleo y a
que la economía siga por el buen camino.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez-Pujalte.
Pasamos, a continuación, a las enmiendas presentadas al título II,
artículos 27 al 41.
En primer lugar, dentro del Grupo Mixto, para la presentación y defensa
de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para defender la enmienda número 37, que pide la supresión de
un artículo de la ley de acompañamiento que prevé la posibilidad de que
los médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social
puedan, a los solos efectos económicos, expedir el parte de alta médica
de las prestaciones económicas. Queremos destacar las contradicciones y
los problemas que puede ocasionar que haya personas que, por un lado,
hayan recibido el alta médica a los solos efectos de las prestaciones
económicas y, al mismo tiempo, los facultativos del sistema público no
hayan concedido el alta a esas personas. En ese sentido, pensamos que es
una contradicción importante y planteamos la supresión de este artículo.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Saura.
En segundo lugar, y también por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Nueva Izquierda ha presentado siete enmiendas al título II de la ley de
acompañamiento, y en esta intervención quisiera destacar muy brevemente
cuatro de ellas.
La primera hace referencia al artículo 27, por el cual se introducen
determinadas modificaciones en todos los procedimientos recaudatorios de
la Seguridad Social. En nuestra opinión, y con carácter general --por no
entrar en detalles--, a través de estas modificaciones se produce un
grave deterioro de un valor fundamental, que es el de la seguridad
jurídica. Consecuentemente, se produce un deterioro de la eficacia
recaudatoria en materia de Seguridad Social porque esa eficacia
recaudatoria sólo es válida si se asienta sobre el respeto firme de esos
valores. Es por eso por lo que creemos que estas modificaciones que se
introducen a través del artículo 27 deben dejarse sin efecto para
proceder a una más estudiada y meditada reforma, atendiendo, sobre todo,
a los consejos y a las recomendaciones que procedan por parte de la
Inspección de Trabajo y de los órganos que actualmente están trabajando
en esta materia, que tienen mucho que decir.
En segundo lugar, quisiéramos destacar la enmienda al artículo 30, que
regula el reintegro de prestaciones indebidas y que fija un plazo de
cinco años sin ningún tipo de matizaciones, ni siquiera cuando las
prestaciones indebidas se debieron a errores cometidos en su día por las
entidades gestoras, aspecto en el que los tribunales laborales habían
reconocido que el plazo era notablemente inferior. Se pretende introducir
aquí una regulación extraordinariamente restrictiva y distinta de la que
rige en otros órdenes recaudatorios y que a nosotros nos parece que no es
adecuada.
Respecto al artículo 32, hago mías las palabras pronunciadas por el señor
Saura, y sólo quiero decir, señorías, que se pretende ocultar la
incapacidad del Gobierno para regular y conseguir que los médicos del
Sistema Nacional de Salud trabajen adecuadamente. Se pretende la creación
de otro cuerpo médico en el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
sin que tengamos la menor seguridad de que ello vaya a servir,
efectivamente, para conseguir resultados. Se produce, en definitiva,
señorías, una situación claramente arbitraria, y es bueno recordar que la
arbitrariedad está proscrita por la Constitución; una situación
arbitraria en la que un trabajador estará de baja, no cobrará y la
empresa tendrá un trabajador por el que tendrá que cotizar sin que
produzca. En definitiva, un cúmulo de despropósitos que, en nuestra
opinión, lo mejor sería dejar sin efecto.
Finalmente, el artículo 33 vuelve a dar una nueva vuelta de tuerca en
materia de recorte de prestaciones por desempleo, al excluir de las
prestaciones a quienes son objeto de una reducción definitiva de su
jornada laboral. No es comprensible este recorte y creemos que lo mejor
es retirarlo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Mantenemos la única enmienda que teníamos al título II, la número 28, que
hace referencia al artículo 30, reintegro de prestaciones indebidas. Con
esta enmienda hemos pretendido equiparar el plazo de cinco años
establecido a los cuatro años contados a partir de la fecha de su cobro,
aplicando un criterio similar al que se ha planteado en la nueva
normativa fiscal con respecto al período de prescripción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
El BNG presenta a este título II dos enmiendas. La enmienda número 12
pretende la supresión del artículo 30, que fija la devolución del importe
de las prestaciones percibidas indebidamente, incluso en el caso de que
el error fuese imputable a la entidad gestora. Indudablemente, esto da
lugar a situaciones injustas y de indefensión del ciudadano, siendo
además muy discutibles los plazos que se fijan para la devolución.
Con la enmienda número 13 proponemos la supresión del artículo 33, que
afecta a la protección por desempleo, ya que, desde nuestro punto de
vista, este artículo restringe el derecho. Este artículo pretende que si
un trabajador está contratado a tiempo completo y pacta con el empresario
un cambio, de manera que en el futuro el contrato pase a ser a tiempo
parcial, de una manera definitiva este trabajador no pueda ser
beneficiario de la protección por desempleo. Creemos que hay que suprimir
este artículo porque los trabajadores, también en estas nuevas
condiciones, deben tener derecho a esa prestación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Señorías, les comunico que las votaciones se producirán cuando finalice
el debate de la presente ley, independientemente de la hora.
Para la presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo retira la enmienda 291 en este acto. Por tanto, me voy
a referir a la enmienda 296, relativa a las ayudas a las víctimas del
terrorismo.
Dentro de la inadecuada técnica legislativa que se utiliza en este
proyecto de ley, la enmienda 296, del Grupo Vasco, es, desde esta
perspectiva técnica, muy poco feliz, pero nos animaba una pretensión
loable que era la de conseguir que de una vez pudiesen percibir alguna
indemnización las víctimas de atentados llevados a cabo por los llamados
grupos antiterroristas. Estas víctimas siempre han estado desprotegidas,
bien por el tiempo en que se produjeron los atentados, muy anterior a la
aparición del sistema de ayudas, bien por el lugar de realización del
atentado, en gran número fuera de las fronteras estatales, o bien por
negarse el carácter de trama terrorista respecto de los autores. Sin
embargo, en paralelo con la elaboración de este proyecto de ley, en el
Ministerio de Interior se está elaborando un real decreto que ha de
dictarse al amparo de lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto-ley
13/1997, de 1 de agosto, por el que se autoriza la celebración de un
sorteo de la Lotería Nacional a favor de las víctimas del terrorismo, en
cuyo trámite de convalidación tuve ocasión de solicitar del Gobierno la
atención especial a estos supuestos. Debo reconocer la especial
sensibilidad demostrada desde la Subsecretaría del Ministerio de Interior
--dando audiencia a los portavoces de todos los grupos-- en la
elaboración de este real decreto, habiendo quedado establecidos unos
criterios que permiten dar satisfacción y amparo a todas las víctimas, de
todo terrorismo o antiterrorismo, que no hubiesen percibido todavía
compensación alguna. Por ello, en este momento, y teniendo en cuenta que
el real decreto al que me he referido va a dar solución a estos
problemas, mi grupo considera adecuada la retirada de esta enmienda.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Las enmiendas que Izquierda Unida mantiene vivas en este título hacen
referencia a cuatro elementos que queremos defender en estos momentos. La
enmienda 124 pretende que se modifique el artículo 30, por el que se
pretende el cobro de las prestaciones indebidas por desempleo, incluso en
el caso de que el error se haya debido a la entidad gestora, en el
sentido de que prescriban a los cinco años. Nosotros entendemos que esto
puede significar un grave deterioro para las rentas familiares de
economías muy modestas y, por tanto, este artículo debe ser modificado en
el sentido que plantea nuestra enmienda.
Las enmiendas 126 a 132 tratan de modificar la institución del subsidio y
de la prestación por desempleo. La política que está siguiendo el
Gobierno está un tanto marcada por una línea de culpabilización de los
parados, en el sentido de que aquellos que no encuentran trabajo o que
están en paro tienen la culpa de alguna forma de que eso sea así. Frente
a esta línea filosófica hay que mejorar la protección y el subsidio por
desempleo. Lo intentamos planteando una serie de enmiendas que amplían
los meses de cobertura de la prestación y del subsidio y que incrementan
también el porcentaje de la cobertura en distintos supuestos.
Otra enmienda, la número 125, pretende la supresión del artículo 32 de la
ley de acompañamiento, puesto que con él se produce un auténtico
desaguisado, desde nuestro punto de vista, al pretender que haya dos
posibles diagnósticos médicos, uno del médico de cabecera del trabajador
enfermo, del servicio de salud o del centro de salud correspondiente, y
otro del médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social, aunque el
alta que este pueda producir sólo sea a efectos de la prestación
económica. Pues bien, nosotros creemos que el trabajador enfermo o lo
está o no lo está, a los dos efectos, al efecto del diagnóstico médico de
cara a la permanencia de baja laboral y también a efectos de la
prestación económica. Si se materializa el contenido del artículo creemos
que se va a crear una presión entre los trabajadores enfermos que puede
generar sin duda alguna situaciones en función de las cuales la seguridad
en el trabajo pueda verse perjudicada, por lo que pretendemos subrayar la
responsabilidad respecto a ello y en ese sentido anunciamos que
Izquierda Unida no se responsabiliza de lo que puede producirse después
de la puesta en práctica de este artículo de la ley de acompañamiento. En
ese orden de cosas nos gustaría que hubiera una reflexión por parte del
Gobierno y de los grupos que le apoyan para eliminar esta posibilidad de
incremento de las causas de siniestralidad laboral.
Finalmente, en la enmienda número 133, planteamos que se modifique el
artículo 39 de la ley de acompañamiento, que introduce un elemento
positivo y de mejora, pero que en cualquier caso es insuficiente, porque
a la hora de compatibilizar la percepción de la pensión de orfandad con
el trabajo lucrativo lo hace solamente en los supuestos en que los
huérfanos perciban hasta el 50 por ciento del salario mínimo
interprofesional, cuestión que es necesario revisar, pues este supuesto
va a afectar a muy pocos casos concretos, a muy pocos beneficiados, por
lo que Izquierda Unida plantea que se modifique este tope hasta el 150
por ciento del salario mínimo interprofesional.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, lamentablemente, he de dejar
constancia en el «Diario de Sesiones» de mi protesta por la información
que acaba de darme S. S. de que tengo cinco minutos para defender el
título II; me imagino que es lo que ha dado a los anteriores portavoces,
lo cual no viene más que a sumar agravio sobre agravio.
Estamos aquí, lo dijimos en Comisión, tratando reformas sustanciales de
la Ley General de la Seguridad Social, de la Ley de consolidación y
racionalización de la Seguridad Social y de multitud de normas
concomitantes y, en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional,
que obligó a que estas normas de acompañamiento trajeran una ley
específica, el hecho de que se disocie de lo que ha sido tradicionalmente
el debate de la ley es constreñir aún más el tiempo de discusión y de
aproximación a problemas tan graves que van a afectar de una manera
importantísima a millones de españoles y, según tenemos que hacerlo aquí,
no sé cómo defender nuestra docena de enmiendas en cinco minutos.
Simplemente, señoras y señores diputados, diré que me hago partícipe de
las afirmaciones que han hecho los anteriores intervinientes. Este es un
título pomposamente llamado de lo social, que se dedica básicamente a
eliminar garantías y a retroceder en todo un cúmulo de prestaciones y de
situaciones jurídicas anteriores. En esta Cámara, cuando el Gobierno trae
proyectos de ley que tratan de regular el procedimiento jurídico de los
grandes contribuyentes, todo son facilidades, mientras que cuando se
trata de regular los procedimientos de acceso a las prestaciones de la
Seguridad Social cada vez son mayores los inconvenientes, porque la
filosofía que hay detrás de este proyecto de ley es que todo beneficiario
de la Seguridad Social es un defraudador y que la Administración debe
tener facultades exorbitantes sobre el conjunto de ciudadanos que se
acerca a la institución. Por lo tanto, doy por defendidas nuestras
enmiendas a los artículos 27, 28, etcétera, en los mismos términos que en
Comisión, pero advierto a la Cámara que vamos por un camino de
autoritarismo, un camino de otorgamiento de facultades no ya
discrecionales sino absolutamente arbitrarias a la Administración
pública.
Haré referencia a alguna enmienda y no voy a dirigirme ya a los diputados
del Grupo Popular, porque les vi flaquear cuando en Comisión algunos de
sus socios parlamentarios se llevaron a las manos a la cabeza ante
algunas de las prescripciones del proyecto de ley e hicieron algún tímido
amago de acercarse a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Me
voy a referir, en primer lugar, a una de nuestras enmiendas, la 204, al
artículo 30. Es el famoso artículo en virtud del cual hoy la
Administración de la Seguridad Social está perdiendo casos en todos los
tribunales de Justicia cuando pide el reintegro de prestaciones indebidas
a modestas viudas, a modestos huérfanos, haciéndolo hasta con cinco años
de retroactividad, cuando la percepción indebida ha sido motivada por
errores de la Administración. Y como el Tribunal Supremo y los distintos
tribunales superiores de Justicia están aplicando un puro criterio
equitativo de que en estos casos la Seguridad Social no debe proceder a
la demanda a esas personas humildes del reintegro de prestaciones
indebidas, nos encontramos con un precepto que pretende regular y
legislar una auténtica barbaridad. Por eso en dicha enmienda 204
pretendemos que cuando ha habido culpa o falta de la Administración no se
agravie a estos modestos ciudadanos españoles con tener que devolver
cantidades a veces de un millón o millón y medio de pesetas, lo que está
arruinando a las familias modestas de pensionistas y no tiene ningún
sentido, porque ellos no tienen ninguna responsabilidad en el cobro de
esos mínimos o de esas prestaciones indebidas. Miro hacia los diputados
de otros grupos de la Cámara que tienen más sensibilidad ante estas
cuestiones, para ver si con nuestra enmienda 204 consiguiéramos torcer un
criterio injusto, un criterio abusivo, un criterio que, además, trata de
fijarse con alevosía en este trámite, a uña de caballo, para dejar sin
protección, ni siquiera con la protección jurisdiccional que hoy tiene, a
todo este conjunto de ciudadanos.
Me refiero también --cómo no-- y miro hacia los diputados de los grupos
nacionalistas, a nuestra enmienda 205 a un artículo 32 que es
verdaderamente tremendo. Ya no es que vaya contra el sentido común y
contra la lógica; es que incluso va contra lo que dice el
Ministerio de Sanidad. ¿Y qué no dirán las consejerías de Sanidad de las
comunidades autónomas? Porque han introducido un precepto en virtud del
cual unos médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social,
con criterios puramente economicistas, pueden cambiar los diagnósticos
médicos de los facultativos de los sistemas de salud, el nacional y los
regionales, y, como dice muy bien el subsecretario de Sanidad y Consumo
en un documento al que hemos tenido acceso, está tan fuera de sentido y
tan fuera de lógica este precepto que, además de la imposibilidad
práctica de disociar el alta médica a efectos económicos de lo que es el
alta médica a efectos sanitarios, vamos a encontrarnos con una
desautorización de los sistemas nacionales y regionales de salud por un
criterio puramente economicista, como decía antes.
Dense cuenta de que es solamente el médico de cabecera, es el médico de
los equipos de atención primaria quien conoce la historia clínica del
trabajador, quien tiene la responsabilidad sobre la salud de ese
trabajador, y va a venir alguien --un funcionario o no se sabe si incluso
médicos privados de las mutuas de accidentes de trabajo-- y va a decir
que ese señor, aunque esté enfermo, no cobra la incapacidad temporal.
Además y como consecuencia, se producirá incluso un incremento de la
incapacidad temporal, porque el facultativo, que normalmente ha tenido
que acumular un cierto criterio de rigor a la hora de dar las altas y las
bajas, en el momento en que vaya a venir alguien de fuera a decir quién
cobra y quién no cobra, va a ser mucho más laxo en el tratamiento de esos
procesos de altas y bajas.
Es un disparate que responde a esa filosofía reaccionaria de pensar que
todo enfermo es un defraudador, que todo parado es un defraudador, que
todo pensionista es un defraudador y que, sin embargo, los señores que
cotizan en bolsa, esos tienen todos los derechos y todas las garantías,
mientras se liquidan las de los enfermos, las de las viudas, las de los
huérfanos, las de los inválidos o las de los desempleados. Señorías,
aunque solamente fuera para hacer caso de lo que dice su Ministerio de
Sanidad --que queda con el culo al aire, como tanta gente últimamente en
este país--, deberían ustedes hacer caso de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, porque también tendrán problemas en los
servicios transferidos del Sistema Nacional de Salud de las comunidades
autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, le
ruego concluya.
El señor CERCAS ALONSO: Concluyo, señor presidente.
Me gustaría, en un minuto nada más, hacer referencia a otra enmienda de
la que parece que también algún grupo de la oposición entendió de
nuestras razones. En este proyecto de ley, a las viudas y huérfanos, para
que tengan derecho a las prestaciones, en caso de que falte el requisito
de alta del causahabiente, se les exige treinta años de cotización a la
Seguridad Social; a los jubilados, sólo quince. Parece verdaderamente un
disparate que no se ponga a las viudas y a los huérfanos en igualdad de
condiciones que a los jubilados y jubiladas de este país. Por ello, hemos
presentado la enmienda 247 en la que queremos que se trate con igual
derecho a las viudas y a los huérfanos que a los jubilados y establecemos
un requisito de quince años.
Señor presidente, respecto a los huérfanos, hemos presentado una enmienda
un poco más generosa que la de Izquierda Unida. ¿Por qué se
incompatibiliza la pensión de orfandad con el trabajo por cuenta ajena?
Sus progenitores, su padre o a su madre, el superviviente de la muerte
del otro cónyuge, pueden compatibilizar la pensión de viudedad con el
trabajo por cuenta ajena. Los huérfanos no pueden compatibilizar esa
pensión de orfandad con el trabajo por cuenta ajena; se les exige el
requisito de que no lleguen al 50 por ciento del salario mínimo
interprofesional, rompiendo toda la lógica del sistema contributivo,
ninguna de cuyas prestaciones está sometida a ningún test de renta ni a
ninguna cláusula de necesidad, y, precisamente, a los huérfanos de este
país, entre 18 y 21 años, se les pone la cláusula de rentas, ¡y qué
cláusula de rentas! Que no ganen el 50 por ciento del salario mínimo
jóvenes, mujeres y hombres en su etapa formativa, a los que se les impide
lo que no se les impide a su padre o a su madre viudos.
Nada más, señor presidente. Reitero que esta no es forma de tratar con
seriedad hechos relevantes de la vida de millones de españoles y que el
Parlamento, una vez más, se convierte en una Cámara de legitimación de
los abusos gubernamentales que este año han colmado todos los límites
imaginables.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cercas.
¿Grupos que desean utilizar un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, procedo a fijar la posición de mi grupo respecto a las
enmiendas presentadas por el resto de grupos parlamentarios al título II
y disposiciones adicionales que tienen que ver con el desarrollo legal
del mismo haciendo una brevísima referencia en orden a que mi
intervención, en un tema tan sensible como es el de nuestro sistema de
Seguridad Social, de reiterado debate en esta Cámara, pretende ser un
llamamiento a
la responsabilidad, no de todos los grupos, pero sí al menos de aquellos
que siguen haciendo un discurso incendiario, para la galería, pero que se
olvidan de los problemas reales que tenemos hoy para consolidar nuestro
sistema de Seguridad Social, para racionalizarlo, para mantenerlo, para
asegurar las pensiones de nuestros mayores y las de los que algún día
esperamos ser pensionistas, para que nuestro sistema tenga cierta
pervivencia garantizada más allá de las manifestaciones agoreras de
algunos.
Con brevedad, dado el tiempo que nos permite la Presidencia de la Cámara,
haré referencia a aquellas enmiendas que son coincidentes en la mayor
parte de los grupos enmendantes. En este caso hay una serie de
coincidencias entre el Grupo de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario
Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto me refiero al
señor Peralta, como representante de Nueva Izquierda; sintonía que es
además bastante legítima y normal en cuanto a las posiciones del Grupo de
Izquierda Unida o representantes del Grupo Mixto, pero que nos lleva a la
paradoja y a cierta sorpresa respecto a posiciones que mantiene el Grupo
Socialista, que estaba en las antípodas hace bien poco y que ahora se
sube al carro de posiciones más rupturistas respecto a lo que sería la
consolidación de nuestro sistema de Seguridad Social.
Haciendo una breve referencia por orden sistemático, señores enmendantes
de los artículos 27 y 29, no hay falta de seguridad jurídica en el texto
del proyecto que envía el Gobierno a esta Cámara y que hoy debatimos. No
hay ni mucho menos falta de seguridad; lo que hay es mayor agilidad y
mayor posibilidad de organización de nuestro sistema de Seguridad Social.
No hay arbitrariedad alguna, señor Cercas, ni abuso de autoridad por
parte del Gobierno. Lo que pretendemos es que el sistema sea bastante más
ágil y racional de lo que era cuando gobernaban otros que así nos lo
dejaron cuando tuvimos que tomar las responsabilidades de gobierno en
este país. (El señor Cercas Alonso: ¡Qué valor!) Valor, señorías, el de
los anteriores gestores, esos sí que tuvieron valor para dejarnos casi un
billón de deuda en un sistema que estaba al borde de la quiebra. Eso sí
que fue valor, no el de los que intentan ahora arreglarlo.
Haré una breve referencia, señorías, al artículo 30, que ha sido
enmendado prácticamente por todos los grupos que he citado antes, en
cuanto a las retribuciones que de forma indebida se hubieran cobrado por
parte de algunos perceptores y que debían ser devueltas por éstos. No
compartimos ni los criterios de supresión del artículo ni los de
modificación que han sido planteados por Izquierda Unida o por el Grupo
Socialista. Estos dos últimos coinciden en el hecho de que no procedería
nunca el reintegro de la prestación cuando hubiera error por parte de la
Administración. Van ustedes mucho más allá incluso que la propia doctrina
del Tribunal Supremo que llaman en su ayuda, que establece un límite de
tres meses cuando esa percepción indebida sea causada por error de la
Administración. Ustedes van mucho más allá; nosotros, en este caso como
en otros, nos quedaremos con la doctrina del Tribunal Supremo al
respecto, si les parece a sus señorías. Además, la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista pretende que la cuantía mensual máxima exigible
de reintegro de esas prestaciones indebidas sea del triple de la cuantía
mensual que tenga acreditada el beneficiario. Señoría, si me lo permite,
con rigor jurídico, en este caso su enmienda es confusa y contradictoria.
¿Se ha preguntado S. S. cómo sería posible cuantificar si el perceptor de
la prestación ha dejado ya de ser perceptor de cualquier prestación del
sistema de Seguridad Social? Es prácticamente imposible. ¿Se ha planteado
S. S. cómo se va a poder explicitar la buena fe en la actuación de los
interesados? Usted sabe que la normativa civil aplicable es que la buena
fe se presume siempre. Sería muy difícil ponernos a discutir cuando hay
buena o mala fe en relación a los perceptores a los que se les exige por
el sistema el reintegro de una percepción indebida. Por tanto, señoría,
es una enmienda confusa y contradictoria.
Haré una brevísima referencia a la señora Lasagabaster. Tal vez tenga
usted razón en cuanto a los principios que mantiene en orden a que, en
cuanto al plazo de prescripción, los cinco años deberían ser cuatro,
pero, evidentemente, ahora, debemos ser lógicos y mantener los mismos
plazos de prescripción que de solicitud u obligación de reintegro de
prestaciones.
El artículo 32 de la ley de acompañamiento ha sido aludido por varios
portavoces de esta Cámara en lo que se refiere a la extinción del
subsidio de incapacidad temporal. Dicho precepto, señorías, no tiene en
principio y por sí mismo que suponer --como se ha manifestado por algún
portavoz-- una mayor litigiosidad, porque las nuevas competencias que se
atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los
médicos que le están adscritos, se sitúan en la esfera competencial de la
entidad gestora y no van mucho más allá.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, vaya
concluyendo, por favor.
El señor CAMPS DEVESA: Voy concluyendo, señor presidente.
Este artículo 32 tampoco interfiere en modo alguno en las competencias de
los facultativos del Sistema Nacional de Salud, ni supone una
desconfianza respecto de estos profesionales, ni colisiona con ningún
principio deontológico como justifican algunas de las enmiendas. Insisto,
las competencias de los facultativos del Instituto Nacional de la
Seguridad Social no limitan ni impiden las de los facultativos del
Sistema Nacional de Salud; por cierto, son igual de facultativos unos que
otros. Lo único que se hace es distinguir entre
la constatación de la alteración de la salud de una persona, competencia
que corresponde a los facultativos del Servicio Nacional de Salud, y la
incidencia de esa alteración en la prescripción o en la percepción de una
prestación económica de la Seguridad Social, que, como muy bien saben SS.
SS., corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Dando por reproducidas nuestras argumentaciones al resto de las
enmiendas, termino, señorías, con una breve referencia a la situación de
los huérfanos y viudas, en orden al propio texto del articulado, así como
a las disposiciones adicionales de la misma, en este caso, con referencia
expresa a la disposición adicional decimotercera.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego concluya,
señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo ya, señor presidente.
Señorías, la situación de huérfanos y viudas en nuestro país, como
injusta que es, ha sido mejorada desde el compromiso político que supuso
el Pacto de Toledo, desde el momento de la aprobación de la Ley de
consolidación y racionalización que lo desarrolló legal y lealmente y en
esta ley de acompañamiento, como se viene denominando, en la que se
mejoran las situaciones de injusticia que vivían nuestras viudas y
huérfanos. Lo que no es de recibo, señorías, es que cuando hace poquísimo
tiempo acabamos de aprobar una reforma en una materia tan sensible como
ésta, cuando saben SS. SS. que llegamos a consensos importantes, se
pretendan, como intenta hacer algún grupo, algunas modificaciones que no
tienen ningún sentido en este momento y que sólo pretenden reabrir un
debate respecto de nuestro sistema de Seguridad Social. Habrá que seguir
hablando en trámites posteriores, porque hay ciertas enmiendas que nos
han parecido lógicas hasta cierto punto y sobre las que habrá que
mantener un debate; tal vez en cuanto al tiempo de duración o al período
de cotización de 30 años --para el que se piden 15--, que puede que sea
excesivamente largo y podamos llegar a un acuerdo, o sobre el límite de
rentas que pueden tener los huérfanos, que algún grupo fija en el 150 por
ciento del salario mínimo interprofesional y otros grupos pretenden
eliminarlo. Es una reflexión que hago en orden a seguir debatiendo
razonablemente sobre esos puntos, pero lo que no tiene ningún sentido --y
concluyo, señoría-- es que haya grupos en esta Cámara que pretendan con
sus enmiendas mantener empeños quijotescos en reabrir debates que no
deberían existir. Señor Cercas, ni hay abusos de autoridad, ni abusos del
Gobierno, ni autoritarismo. Todas las pretensiones que se recogen en sus
enmiendas y las argumentaciones que ha realizado en el día de hoy son
empeños quijotescos y, al igual que el ingenioso hidalgo caballero,
manchego, como usted, señor Cercas (El señor Cercas Alonso: Soy
extremeño.), se equivoca. El se equivocó porque confundió los molinos con
gigantes; hoy se equivocan ustedes cuando mantienen y argumentan la
pretensión de sus enmiendas, porque con ellas no se están enfrentando al
Gobierno del Partido Popular, sino que se están enfrentando a la
realidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps.
Enmiendas al título III, artículos 42 al 54. En primer lugar, en nombre
del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra para la presentación y
defensa de su enmienda el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Como Nueva Izquierda, hemos presentado una única enmienda a este título
III y hace referencia a la modificación que se lleva a cabo por el
artículo 45 de este proyecto de ley de acompañamiento del Real
Decreto-ley sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto
Nacional de la Salud.
La modificación que se pretende en este artículo 45 consiste en que el
complemento específico que se reconoce al personal facultativo de las
instituciones sanitarias de la Seguridad Social a partir de este momento
tenga la conceptuación de un complemento de carácter personal y que se
pueda renunciar al mismo. Esta no era la situación existente hasta ahora,
en la que se reconocía la posibilidad al personal sanitario de interesar
la percepción de ese complemento, pero esa opción libre era irrevocable,
más que nada porque eso permitía la organización de las instituciones
sanitarias de la Seguridad Social sobre la base de conocer exactamente
qué personal facultativo optaba por el complemento específico y qué
personal facultativo, libremente, no lo hacía. A partir de ahora, so
pretexto de respeto de derechos individuales del personal facultativo, se
va a introducir una notable desorganización de las instituciones
sanitarias de la Seguridad Social y, en definitiva, se va a inferir un
perjuicio colectivo, so pretexto de respetar derechos individuales.
En definitiva, señorías, nos encontramos de nuevo, tal como decía
anteriormente al hacer referencia a la regulación del subsidio de
incapacidad temporal en el ámbito de la Seguridad Social, con la
incapacidad del Gobierno del Partido Popular de regular adecuadamente la
situación de los médicos. Y esa incapacidad del Gobierno del Partido
Popular se traduce en un perjuicio para algo tan fundamental y tan básico
en el área de la Seguridad Social como son las instituciones sanitarias
de la misma. A nosotros nos parece que la normativa que ha existido hasta
ahora y que se pretende modificar por el Gobierno ha funcionado
razonablemente bien y no comprendemos las razones, si no
es la de permitir un determinado favor a los médicos en perjuicio de las
instituciones sanitarias. Insisto en que no comprendemos las razones de
esta modificación, a la que nosotros, desde Nueva Izquierda, nos
oponemos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que mantiene viva
una de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Para este trámite mantenemos viva la enmienda 344. Creo que coincidirá
con la anotación de la Presidencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Efectivamente,
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Esta enmienda, señor presidente, está dirigida
al artículo 54 (bis). En ella proponemos una adición que se refiere a
aquellas personas que después de la oposición y del concurso de méritos
correspondiente hayan obtenido su primer destino, como ingreso en los
cuerpos de la Administración de justicia, como oficiales, auxiliares o
agentes o como médicos forenses. En el archipiélago canario la
Administración de justicia está padeciendo una auténtica plaga por las
vacantes que se producen simultáneamente tras la celebración de un
concurso para el ingreso u ocupación de las plazas ofertadas. La
deficiencias que se están produciendo se han reflejado incluso en el
último informe que ha traído ante la Comisión de Justicia e Interior de
esta Cámara el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y
presidente del Tribunal Supremo. En dicha memoria anual se denuncian las
deficiencias, los retrasos y los inconvenientes que padece el justiciable
por la carencia de este imprescindible personal. Este hecho, que tiene
también su reflejo en otras comunidades autónomas, se agrava en la
Comunidad Autónoma canaria por su especialidad regional, insular y de
distancia con el territorio peninsular del Estado y ello nos ha llevado a
presentar esta enmienda exigiendo que este personal que ingresa se
mantenga en la plaza al menos de tres a cinco años --nosotros habíamos
puesto el máximo en cinco años-- para evitar ese vacío que se produce
allí continuamente en cuanto se anuncia un nuevo concurso de traslado por
vacantes en otros destinos, sobre todo hacia la Península.
Por esta razón, señor presidente, por los graves perjuicios que se está
produciendo a la Administración de justicia, al servicio público de la
justicia y al justiciable, proponemos que este personal tenga al menos la
obligatoriedad de permanecer el tiempo que señalamos en nuestra enmienda
en la ubicación correspondiente a las plazas que hayan obtenido por el
concurso. De continuar con la situación actual, el problema no solamente
seguirá existiendo sino que se agravará por la demanda que hay en salas
de lo Penal o de lo Contencioso-Administrativo, por poner dos ejemplos de
la más sangrante actualidad.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
La primera enmienda que plantea Izquierda Unida y que permanece viva es
la 134, que trata de perfeccionar el régimen jurídico del empleo público
reforzando las garantías del derecho al acceso al mismo en base a las
modificaciones fundamentalmente del mecanismo de las ofertas de empleo
público.
Por otro lado, en la enmienda 135 pretendemos que se regule mejor la
excedencia voluntaria del personal militar de modo que cuando finalice el
plazo de esa excedencia, si no ha habido ningún tipo de declaración, se
entienda automáticamente concedida la excedencia voluntaria.
En la enmienda 137 pretendemos la supresión del artículo 45, pues
entendemos que bajo una falsa liberalización respecto a la posibilidad o
no de acogerse por parte de los facultativos del sistema sanitario
público al complemento específico, se puede producir en el futuro un
detrimento del servicio sanitario público.
En la enmienda 138 proponemos la supresión del artículo 46, porque
también introduce en los servicios de las administraciones públicas una
situación de precariedad, de posible enchufismo y discrecionalidad dentro
de este ámbito público. El artículo 46 posibilita que en las
instituciones sanitarias o en los servicios de atención continuada haya
médicos que no son de plantilla, nombrados dedo y sin más plazo que el de
que varíen las circunstancias de su nombramiento a juicio de la autoridad
competente.
También pretendemos en la enmienda 136 la adición de un nuevo artículo
42. ter, en el que se solicita la promoción interna desde el grupo E, que
queda excluido de la normativa, con los mecanismos regulados de
promoción. Se señala que el método normal sea por concurso, pero con una
serie de garantías y requisitos, como es la titulación, la antigüedad de
diez años, o de cinco si se supera un curso específico que demuestre la
cualificación.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender las enmiendas que el Grupo Socialista tiene a
este título III, en un debate que parece que tenemos prisa por acabar,
cuando es uno de los importantes que hay en este país. Como digo, parece
que tanto en el debate de la ley de presupuestos como en el de la ley de
acompañamiento tenemos excesivas ganas de que finalice. Los trámites y
las discusiones que se están llevando a cabo parecen el monólogo de unos
que queremos decir unas cosas y la sordera de otros que no las quieren
oír, o, al menos, no quieren replicar.
Estas enmiendas del Grupo Socialista a este título III, por ir una a una
promenorizándolas, pretenden lo siguiente. En el artículo 44 del proyecto
de Ley de medidas se reserva la provisión de puestos de jefe de servicio
y sección de unidades de asistencia especializada del Instituto Nacional
de la Salud a los facultativos con nombramiento de personal estatutario
que ostenten plaza en propiedad de la Seguridad Social, mediante un
procedimiento de selección basado, según dice el proyecto, en un
currículum y en un proyecto técnico relacionado con la gestión de la
unidad asistencial. Nuestras enmiendas pretenden que puedan acceder a
estas plazas también aquellos facultativos con un nivel reconocido de
prestigio profesional.
¿Cómo se admite este prestigio profesional, preguntaba el señor
López-Medel en la Comisión de Economía?. Ustedes dicen en el mismo
artículo que el Gobierno desarrollará por real decreto las normas
contenidas en el presente artículo. Nosotros queremos modificar eso
porque entendemos que hay suficientes altos funcionarios y especialistas
que pueden decir qué medidas y qué condiciones hace falta evaluar para
que conste que hay prestigio profesional. Estimamos que puede ser el
Gobierno.
Ustedes hablan de currículum. Me imagino que también habrá que poner en
duda qué tipo de currículum es el que ustedes prefieren. Creo que estará
relacionado con la capacidad, con la especialización, con la experiencia,
con la investigación, con la preparación técnica, es decir, con una serie
de aspectos que todo el mundo piensa que están en lo que llamamos
prestigio profesional, lo que llamamos currículum, lo que llamamos
experiencia. El señor López-Medel, no sé por qué razón, para poner en
cuestión la enmienda en la Comisión de Economía, decía que era un
concepto vago y difuso. Yo no lo veo tan vago y tan difuso. Es tan vago y
tan difuso como el currículum que se contiene en el artículo 44.
Proponemos que a las plazas puedan acceder, como es lógico, estas
personas, pero no lo hacemos por aquello de que entren por la puerta de
atrás a formar parte de las plantillas del Insalud, sino mediante un
contrato, una evaluación, que tiene que llevarse a cabo durante cuatro
años, y si en ese período se demuestra que no han sido suficientemente
capaces para atender las responsabilidades que les han concedido, a estas
personas se les rescinden los contratos y no pasa absolutamente nada. No
creo que el hecho de buscar personas especializadas, muy preparadas, que
puedan aportar sus conocimientos y sus ideas a la asistencia
especializada en el Instituto Nacional de la Salud suponga dificultad
alguna para que haya una compatibilidad entre la posibilidad de acceso
que tienen estas personas y aquellas otras que están dentro del sistema.
En la enmienda 213 pretendemos que se suprima el artículo 45. ¿Por qué?
Nos extraña mucho el relato que ustedes hacen de este artículo porque lo
hacen obviando la Ley 30/1984 de reforma de la Función pública, que en su
artículo 23.2.b) dice que el complemento específico destinado a retribuir
las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo ha de atender
a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad, y las considera retribuciones
complementarias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Ustedes quieren que unos ciudadanos puedan renunciar a un complemento que
va en función del puesto de trabajo. ¿Y por qué razón solamente en el
Insalud? ¿Por qué razón no lo extienden ustedes a todo el funcionario que
le dé la gana? ¿Qué sucede? ¿Es que hay algún problema con la práctica
privada de alguna actividad, o es que hay que ir a la compatibilidad
absoluta para que no tengan ningún problema? ¿Qué es lo que hay detrás de
esta medida tan clara en la que lo que hacen es desvincular una
retribución complementaria, como es un complemento específico que va en
función de un puesto de trabajo, y llevarlo a nivel personal? A nivel
personal hay otros complementos contemplados en la Ley de medidas para la
reforma de la Función pública. No sé por qué razón ustedes tienen que
plantear una medida de estas características. Me gustaría que usted lo
aclarara aquí porque en la Comisión de Economía no dijo nada de esto. O
explican muy bien esos agravios que están ocasionando o será negativo
para aquellos a quienes afecte. Yo le pediría --se lo reitero-- que nos
los explicara, porque la única percepción que me queda es que ustedes
están propiciando que unos ciudadanos estén en mejores condiciones que
otros.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Creo que esa forma de marginar no es la más
adecuada para llevar adelante ninguna política y, desde luego, ninguna
política solidaria, correcta y adecuada a las necesidades de los
ciudadanos.
La enmienda 214 pretende añadir en el artículo 46, que se refiere al
nombramiento de facultativos para la prestación de asistencia continuada,
un párrafo en el que hablamos de una coordinación entre los contratados y
los titulares de los diferentes servicios de la institución ¿Por qué?
Porque tiene que haber una continuidad en la prestación de ese servicio;
tiene que haber una garantía del seguimiento de un proceso entre el
titular y contratado, el que colabora en la gestión de esa
responsabilidad. No nos parece, en absoluto, descabellado que se proponga
una medida de estas características, con la finalidad de que los
ciudadanos que demandan esa asistencia tengan la garantía de que uno u
otro médico, sea quien sea el que les atienda, no va a tener dificultad
alguna porque hay un perfecto conocimiento del expediente por parte de
ambos.
Por último, la enmienda 215, hace referencia a otra que usted citó. Según
sus palabras, que figuran en el «Diario de Sesiones»: La enmienda 215 del
Grupo Socialista tiene relación con la 255 del mismo grupo sobre la
revalorización de las pensiones y, a propósito de ello, como ya se ha
debatido en el título II, no hace falta discutirlo en el título III. Pues
bien, en el título II no se discutió, por lo que no sabemos si están de
acuerdo con nuestra enmienda que propone que si la previsión del IPC
fuera superior a la realmente producida, ese exceso, en el caso de
revalorización de pensiones, no fuera absorbido por el incremento de las
pensiones del año próximo.
El señor PRESIDENTE: Señor Morlán, concluya, por favor.
El señor MORLAN GRACIA: ¿Por qué? Porque entonces se produciría una
situación un tanto atípica. Hay colectivos de pensionistas que pretenden
que no se vean mermadas sus posibilidades. No nos parece bien que unos
ciudadanos que han colaborado en el desarrollo de este país, por unos
tantos por cientos tan exiguos como los que contienen esa diferencia,
puedan resultar perjudicados en este momento y en el futuro. Por ello,
señorías, presentamos estas enmiendas que he explicado en el corto
espacio de tiempo que me han permitido. Pretendemos que sean aprobadas
porque mejoran sensiblemente el texto del proyecto y, desde luego,
atienden a unas necesidades que, de otra manera, quedarían ciertamente
marginadas o estarían en unos niveles que no son los más atendibles para
un determinado colectivo de ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morlán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, señorías, en el título
III de este proyecto de ley de medidas, referido al personal al servicio
de la Administración, son escasas las modificaciones de la normativa que
se introducen, menores ciertamente que el año pasado cuando, en este
proyecto de ley análogo, ya procedimos al cumplimiento de algunos de
nuestros compromisos electorales, tal y como sucedió con una medida que
ha revelado indudable éxito cual es la ampliación voluntaria de la edad
de la jubilación de los 65 a los 70 años.
Decía que menores son, ciertamente, las modificaciones introducidas este
año en este título III y también, lógicamente, son menos las enmiendas
presentadas. La redacción del artículo 42 del proyecto de ley es
respetada y aplaudida por todos los grupos, simplemente se plantean unas
enmiendas de adición. En primer lugar, por Izquierda Unida, la enmienda
134, que pretende añadir tres nuevos apartados modificando la Ley
30/1984, a propósito de la normativa que regula la oferta de empleo
público y la selección de personal. Entendemos que esta normativa
propuesta afectaría esencialmente al sistema vigente en la Función
pública española. Además, constatamos que son inoportunas estas
modificaciones en un momento en el que, como bien sabe S. S., está
bastante elaborado el anteproyecto de Estatuto de la Función pública, que
va a diseñar un nuevo modelo de empleo público en este país que será de
aplicación a todas las administraciones. Por eso, decía que consideramos
inoportuna esta enmienda en estos momentos, razón idéntica por la que no
vamos a votar favorablemente la enmienda 136 del mismo grupo
parlamentario a propósito de la promoción del grupo E al D.
Al artículo 42, la enmienda 135, del mismo grupo parlamentario, pretende
la modificación de la Ley reguladora del personal militar profesional, a
propósito de las actuaciones administrativas. A nuestro juicio, en este
colectivo existe una serie de singularidades o especificidades que
justifican un tratamiento con unas modulaciones particulares, al igual
que sucede con otros colectivos --lo dije en la Comisión y lo repito
ahora--, como el de los jueces y magistrados; singularidades que
justifican, como digo, una especificidad en cuanto a su régimen jurídico,
entre otras actuaciones administrativas.
Por otra parte, al artículo 42, referido a la provisión de puestos de
jefe de servicio y sección de las unidades de
asistencia especializada del Insalud, se pretende añadir dos nuevos
apartados en dos enmiendas, las números 211 y 212, del Grupo Socialista,
que tampoco vamos a votar favorablemente, la primera de ellas, sobre
provisión de puestos de facultativos a profesionales que no tengan
nombramiento de personal estatutario. Con esta enmienda se produce una
confusión entre el acceso a la condición de personal estatutario del
Insalud y la provisión de determinados puestos de trabajo del Insalud.
Hay que tener en cuenta que estos puestos de jefe de servicio y sección
de las unidades de asistencia especializada son más bien puestos de
trabajo y no categorías básicas. A mayor abundamiento, dije y repito
ahora que el concepto de facultativo de reconocido prestigio que ustedes
daban en su enmienda intenta una aproximación, pero sigue siendo
impreciso. Consideramos que es más correcto la evaluación del currículum
en las condiciones que detalla el artículo 44 en la redacción originaria
del proyecto de ley.
Al artículo 45 se han presentado varias enmiendas. Este precepto se
refiere a la posibilidad de la renuncia del complemento específico. Hay
que recordar aquí, señor Morlán, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la Función pública, a la que usted ha hecho
referencia. La singularidad de este tipo de personal hace que no le sea
aplicable la ley indicada. Esto lo dice la propia Ley 30/1984 que usted
ha leído, en el artículo 1.2 en relación con la disposición transitoria
cuarta: No son aplicables a este personal sanitario las normas
reguladoras de la Función pública que rigen en nuestro país.
Existen especificidades. Quisiera recordar que, a nivel contributivo, en
unos momentos también difíciles como era el año 1987, en unos acuerdos a
los que se llegó con las centrales sindicales y en una normativa que se
dictó con posterioridad, se estableció una dualidad de regímenes
jurídicos, de manera que en la actualidad existen facultativos que
ingresaron con anterioridad al 1 de julio de 1987 respecto de los cuales
el complemento específico tiene carácter personal, renunciable y, por
tanto, disponible. En cambio, existen otros facultativos, los ingresados
con posterioridad a dicha fecha, en los cuales el complemento específico
es inherente al concepto de puesto de trabajo y, por tanto, no es
renunciable. Entendemos que esta dualidad de regímenes jurídicos es
perturbadora, que produce agravios internos y que incluso produce
agravios respecto del personal en las comunidades autónomas que tienen
asumida la competencia en materia sanitaria, en las cuales existe esta
posibilidad. Entendemos que ello no va a producir, en las
administraciones sanitarias que tienen competencia y donde es general esa
posibilidad de renuncia al complemento específico, ningún riesgo para el
sistema sanitario. A mayor abundamiento, la propuesta contenida en el
proyecto de ley es consecuencia del acuerdo que puso fin a la huelga
sanitaria en el año 1995, que fue cuando se decidió, entre otras cosas,
la puesta en marcha de una mesa sobre complemento específico,
productividad fija, etcétera.
Por otra parte, en el artículo 46, referido al nombramiento de
facultativos para la prestación de servicios de atención continuada,
tenemos que señalar que la modalidad de nombramiento tiene un carácter
limitado y temporal. Los facultativos que se vinculen mediante esta
modalidad han de tener necesariamente el título de la especialidad
correspondiente que les habilita para ejercerla en su totalidad. Se
pretende dejar constancia expresa también de que la selección de este
personal se haga de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y
publicidad. Faltaba por añadir el principio de igualdad pero, en todo
caso, no sólo viene recogido suficientemente por la Constitución, sino
incluso por el decreto que regula la contratación laboral de este tipo de
personal, cual es el Real Decreto de 25 de enero de 1991.
Hay otra enmienda de Izquierda Unida, la 238, que propone la supresión
del artículo 46, por entender, como argumenta el portavoz de este grupo,
que se agrava la precariedad existente en el mercado de trabajo;
argumento que no compartimos, sino que pensamos que, por contra, el
sistema que prevé el nombramiento de facultativos de atención continuada
incrementa las posibilidades de contratación de personal en el ámbito
sanitario. Por otra parte, hay que recordar que el objetivo del precepto
es posibilitar que los facultativos mayores de 55 años, cuyas condiciones
no son idénticas respecto de otros facultativos de edad inferior, puedan
precisamente renunciar a las guardias y también garantizar el derecho a
la protección de la salud mediante el mantenimiento de un régimen de
atención continuada en los centros sanitarios. Rechazamos asimismo la
enmienda 138, de Izquierda Unida, a este mismo artículo 47, cuya
supresión se propugna, dado que, al tratarse de una disposición de
régimen disciplinario tendente a tipificar el incumplimiento de las
normas sobre incompatibilidades del complemento específico, ninguna
precariedad introduce en el mercado de trabajo. Además, este precepto ha
sido valorado positivamente por los sindicatos.
Una última referencia a la enmienda 211, del Grupo Socialista, a
propósito de la revalorización que, insisto, tiene relación con la 255.
Entendemos que no es éste el lugar para debatir un tema sobre el cual la
Cámara ya se ha pronunciado con toda claridad. Permítanme decirles que
parece que esa enmienda que ustedes pretenden introducir está pensada
exclusivamente para el Gobierno del Partido Popular, está pensada sólo
para el tiempo que el Gobierno del Partido Popular ostente la
responsabilidad en este país.
Que el crecimiento económico sea superior al previsto y la inflación
menor de la estimada sólo ha sucedido --lo saben SS. SS.-- con un
Gobierno del Partido Popular. Cuando ustedes gobernaban siempre había más
inflación de la prevista, con lo cual, o ustedes no se disciplinaban bien
en la ejecución de su política económica y presupuestaria o hacían
previsiones muy malas. Lo que les correspondía a los pensionistas por la
revalorización y por la adecuación al IPC lo recibían con meses de
retraso y en una paga extra, mientras que ahora lo reciben puntualmente.
En todo caso, señoría, he dicho que éste es un debate sobre el que ya la
Cámara se ha pronunciado y en el que no procede extendernos más.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López-Medel.
Concluido el debate sobre el título III, pasamos al correspondiente al
título IV del proyecto de ley de medidas al que subsisten enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto firmadas por la señora Almeida, el señor Saura
y la señora Rivadulla, el señor Rodríguez y la señora Rahola.
Posterioremente del Grupo del PNV, del Grupo de Izquierda Unida y del
Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
En nombre de Nueva Izquierda hemos presentado diversas enmiendas al
título IV de la ley de acompañamiento. Brevemente, quisiera destacar las
enmiendas más significativas. La primera de ellas plantea la supresión
del artículo por el cual se modifica la Ley de contratos de las
administraciones públicas para introducir, a propuesta del Gobierno, una
serie de excepciones a los controles que se prevén en esa ley. En nuestra
opinión, esas excepciones que se pretenden introducir carecen de
fundamento real y, sobre todo, nos parecen un camino equivocado. La
historia de los últimos años en nuestro país pone de manifiesto cómo, con
frecuencia, se ha hablado de la necesidad de agilizar la Administración,
y en nombre de esa agilización y eficacia se han introducido excepciones
a los controles previstos con carácter general en las normas entonces
vigentes, y los resultados que se han obtenido no han sido
satisfactorios. No se ha mejorado, en modo alguno, la agilidad y la
eficacia de la Administración sino que, por el contrario, han aparecido
una serie de problemas de muy difícil solución posterior.
La segunda enmienda que quisiera destacar es la que pide la supresión de
la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado. Con la
creación de esta Gerencia el Gobierno pretende reproducir lo que ha sido
la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa. En nuestra opinión, a
tenor de la experiencia vivida en Defensa, no es conveniente la creación
de este órgano especializado. Creemos que se podría llevar a cabo el
trabajo en ese terreno a través de los instrumentos del Estado, con la
misma eficacia y seguramente con mayor normalidad.
La última enmienda que queremos destacar es la que propone que en la
financiación de la Agencia Española del Medicamento no figuren
aportaciones a título gratuito. En un ámbito tan delicado como el tema
del medicamento --buena prueba de ello es que en este momento está en la
opinión pública el debate sobre el conocido medicamentazo--, en un
terreno en el que, tal como se reconocía el otro día en este debate
presupuestario, no hay prácticamente actividad formativa de los médicos
de los sistemas de salud estatal y de las comunidades autónomas que sea
llevado a cabo por el Ministerio, sino que todos ellos son financiados a
través de los laboratorios farmacéuticos, la posibilidad de que la
Agencia Española del Medicamento tenga aportaciones a título gratuito es
una fuente de riesgo absolutamente innecesaria y que puede resultar
perversa. Nos parece que una agencia española del medicamento, como
cualquier otra, no debe tener esa capacidad de financiación, que
teóricamente es a título gratuito, pero que en la mayor parte de los
casos responde a intereses en relación con los cuales la Agencia Española
del Medicamento debe guardar la necesaria independencia para poder llevar
a cabo su trabajo con rigor y objetividad. Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Para defender las enmiendas de la señora Rivadulla y el señor Saura,
tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Quiero dar por defendidas las enmiendas que se
refieren a este título IV, propuestas por el Grupo de Iniciativa por
Cataluña-Los Verdes, con los números 39, 40 y 51 a 56.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
Por el Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
El Bloque Nacionalista Galego presenta dos enmiendas al título IV. Con la
número 14, pretendemos que se adicione un nuevo apartado al artículo 66,
con la siguiente redacción: Los contratistas que no abonen a los
subcontratistas y suministradores el pago del precio pactado en los
plazos y condiciones fijados en el apartado 2 del presente artículo
quedarán inhabilitados para contratar con la Administración.
Recientemente en este Congreso tuvimos ocasión de debatir sobre este
problema. Efectivamente, existe una ley que no se cumple y no es
infrecuente que las empresas que contratan con la Administración no
paguen en el tiempo y la forma pactados a los subcontratistas o
suministradores, lo que ocasiona graves problemas a empresas y
trabajadores. Nosotros proponemos que se adopte algún mecanismo
coercitivo, al margen de las modificaciones legales que se desarrollen,
para frenar de raíz estas prácticas tan perjudiciales.
En la enmienda número 15 proponemos que se sustituya un párrafo del
artículo 68, que diga que tendrán la consideración de municipios mineros
del carbón incluidos en esta categoría también los lignitos pardos. El
artículo 68 habla del objeto del Instituto para la reestructuración de la
minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras. Con
la enmienda que proponemos tratamos de garantizar que las comarcas
mineras que producen carbón del tipo de los lignitos pardos se puedan ver
beneficiadas por las acciones
a desarrollar por el mencionado Instituto. Desde luego, no es superflua
esta pretensión, porque no es la primera vez que diversos intereses
intentan dejar a estas comarcas productoras del lignito pardo fuera de
las posibles ayudas, comarcas que se ubican fundamentalmente en Galicia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
La señora Rahola tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a defender la enmienda que ha quedado viva en el título IV, relativa
a las limitaciones a la deuda de las corporaciones locales por el sistema
de los avales. Nuestra enmienda pretende eliminar estas nuevas
limitaciones, puesto que entendemos que no se puede aceptar una nueva
limitación a la capacidad de deuda de las corporaciones locales, por
diferentes razones. La deuda de los ayuntamientos no representa ningún
desequilibrio macroeconómico problemático. En septiembre de 1997, la
deuda de los ayuntamientos sólo representaba el 25 por ciento del
conjunto de las administraciones territoriales. Entre 1990 y 1996 la
deuda de los ayuntamientos se ha multiplicado por dos, de 1.100 millones
ha pasado a 2.100, mientras que la de las comunidades autónomas se ha
multiplicado por cinco.
El fenómeno de la deuda municipal está directamente relacionado con el
problema de su deficiente financiación, que es lo que haría falta
resolver. Con las nuevas limitaciones para la deuda se está penalizando a
los municipios pequeños y medianos, que son los que, en relación a sus
bases fiscales, tienen que hacer un esfuerzo para afrontar muy a menudo
muchas infraestructuras. La Asociación Catalana de Municipios, por
ejemplo, prevé que para esos municipios la capacidad de deuda se va a
reducir en casi un 82 por ciento, lo que significa ciertamente
estrangular su capacidad económica. En todo caso, esta reforma de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales dificulta los ya estrechos márgenes
de capacidad financiera de las corporaciones locales, sin que entendamos
que existan razones objetivas de volumen de deuda local que justifique
esta terrible intervención estatal. Por otro lado, no se pueden solicitar
medidas de restricción de la capacidad de deuda de las corporaciones
locales al margen del debate global, necesario y urgente, sobre el
sistema de financiación de las haciendas locales, que éste sí entendemos
que es necesario y que, además, serviría para sanear el poder más
importante para el ciudadano, el poder primero que tiene, la primera
Administración, que es la Administración local.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Concluida la defensa de las enmiendas procedentes del Grupo Mixto,
subsisten también las del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para cuya
defensa tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Unicamente me referiré a la enmienda 297 de mi grupo, ya que a las
restantes, con la venia de SS. SS., hará alusión el diputado, señor
Caballero.
En relación con esta enmienda, pretendíamos establecer una excepción del
régimen general de contratación entre las administraciones y las
personificaciones privadas de éstas, cuando en la práctica sean meros
instrumentos para una gestión más eficaz de la actividad pública,
cuestión que el Estado ya ha establecido respecto de sí mismo en la Ley
de acompañamiento del pasado año, e incluso se prevé específicamente en
el artículo 77 del texto que ahora enmendamos.
A pesar de considerar justa esta previsión, nos creemos la instancia al
Gobierno a través de la proposición no de ley tramitada la pasada semana
en esta misma Cámara, en la que éste asume el compromiso de presentar a
la Cámara un nuevo proyecto de ley de contratos de las administraciones
públicas, en el que creemos tendrá cabida la justa pretensión que ahora
sostenemos. En esa creencia, retiramos en este momento al enmienda.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
El señor Caballero tiene la palabra.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En relación con las enmiendas 298, 299, 300 y 304, relativas a funciones
de la Agencia Española del Medicamento, medicamentos de uso humano y
medicamentos veterinarios, uso compasivo de medicamentos e importación de
medicamentos extranjeros, así como la normativa para cubrir la
inexistencia de titulaciones en materia de ortopedia, etcétera, el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), dado el buen nivel al que han llegado las
conversaciones que mantienen el departamento de Sanidad del Gobierno
vasco y el Ministerio de Sanidad español sobre dichos temas, las retira.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Vaquero tiene la palabra.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
En este título, Izquierda Unida mantiene vivas varias enmiendas; dos de
ellas, la 140 y 141, referidas a
la Ley reguladora de las Haciendas Locales. La primera de ellas pretende
dar solución a los problemas de aplicación de dicha ley en materia de
operaciones financieras, y pretende hacerlo sin vulnerar el principio
constitucional de la autonomía local. Especial importancia puede tener
para nosotros la enmienda 141, que pretende impedir la circulación de
vehículos que no se encuentren al corriente del pago de ese tributo. Es,
por nuestra parte, una contribución a que a través de esta ley se pueda
conseguir un respeto a esta norma, modificándola en su artículo 93 con la
adición que planteamos.
En la enmienda 142 pretendemos suprimir el artículo 56. Es necesario, con
esta supresión, abrir un debate sobre las transferencias internas dentro
de los distintos departamento administrativos, pues esta práctica puede
significar una forma irregular de ampliar los presupuestos ministeriales,
ocultando al mismo tiempo políticas de gastos.
En la enmienda 143 pretendemos la adición de un nuevo apartado al
artículo 66, en el sentido de modificar el actual apartado 4 del artículo
100 de la Ley de contratos de las administraciones públicas. Y en la
enmienda 144, en el mismo sentido, con el mismo objetivo, pretendemos la
adición de un nuevo apartado al mismo artículo 66, esta vez modificando
el actual apartado 2 del artículo 148 de la Ley de contratos de las
administraciones públicas, a fin de que se elimine del redactado del
artículo 66 de la ley de acompañamiento el párrafo que dice:
«...incrementado en un 1,5 puntos...» Se refiere al interés legal que
consta en la actual redacción de ambos artículos antes citados. Nosotros
entendemos que esto puede dar una agilización a la Ley de contratos y que
cumpla sus objetivos de forma más eficaz.
Por otro lado, en la enmienda 145, de adición también, pretendemos la
creación de un nuevo artículo 69 bis, respecto a los remanentes de
crédito, para garantizar la disposición efectiva de los fondos
presupuestados.
Pretendemos en la enmienda 146 la supresión de los artículos 71, 72 73,
74, 75 y 76 de la ley de acompañamiento. Entendemos que la creación de la
gerencia de infraestructuras de la seguridad del Estado supone la
desafectación de una enorme cantidad de solares y de inmuebles.
En la enmienda 147, finalmente, pretendemos la supresión de la letra d)
del artículo 82. Creemos que los recursos económicos de una agencia
evaluadora de productos de incidencia en la salud pública, producidos por
empresas privadas, como es el caso de los medicamentos, deben estar
determinados por los créditos aprobado en la ley de presupuestos, por las
aportaciones procedentes de instituciones europeas y por los ingresos
procedentes de la actividad pública, pero de ninguna forma por
subvenciones que podrían determinar un cierto partidismo en la medida en
que esa agencia evaluadora sea, parcialmente al menos, financiada por
empresas privadas cuyos productos tendrán que ser luego evaluados por
ella misma.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero.
Las enmiendas del Grupo Socialista van a ser defendidas por don Luis
Miguel Pérez y doña Angeles Amador. ¿Quién intervendrá en primer lugar?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PEREZ SEGURA: Gracias, señor presidente.
Señorías, nos encontramos en la tramitación de esta ley con una situación
bien insólita. Una ley que modifica 35 leyes, una ley que entra en
detalle de muchas consideraciones sobre las leyes modificadas, una ley
que la prensa ha calificado como ley de lobbies por la minuciosidad en
alguna de sus modificaciones y que tan sólo en el título IV, en el título
que nos ocupa ahora, el de normas de gestión y organización, alcanza el
volumen de 36 artículos y seis secciones y trata de asuntos tan
variopintos como la gestión financiera, la gestión patrimonial, los
contratos de las administraciones públicas, etcétera. Contamos ya con el
beneplácito o con la magnificencia de la Presidencia para poder doblar
nuestra intervención porque si no sería imposible abordar, con el mínimo
de rigor, esta situación.
Pretendo defender en este primer turno las enmiendas que nuestro grupo ha
presentado a la sección primera, que trata de la modificación de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales nuevamente. Digo nuevamente porque el
año pasado ya se modificó en el mismo sentido esta ley, en el sentido de
limitar la capacidad de maniobra financiera de las corporaciones locales
de este país. La enmienda de nuestro grupo pretende, como eje principal,
retrotraer el redactado de esta ley, en concreto de su artículo 55, al
que tenía anteriormente a la Ley de acompañamiento del año pasado, es
decir al redactado literal del año 1996, debido precisamente a esas
limitaciones que se introdujeron. Además, esta enmienda pretende derogar
los apartados 5, 6, 7 y 8 del artículo 50, dar un nuevo redactado al
artículo 52 que permita alcanzar de nuevo el 35 por ciento de los
ingresos liquidados en cuanto a la formalización de créditos de tesorería
y dar también un nuevo redactado a los apartados 4 y 5 del artículo 54,
con el objeto de fijar nítidamente cuáles son los criterios de cálculo a
la denominada carga financiera. Esta técnica, por supuesto, lleva
implícita la supresión total del artículo correspondiente del proyecto de
ley. Mediante el punto cuatro --es una enmienda ómnibus la que
presentamos-- pretendemos residenciar la central de información de
riesgos, actualmente en el marco del crédito local, en la Comisión
Nacional de Administración Local, por ser éste un organismo de
carácter paritario, y no en la Secretaría de Estado de Hacienda, que
actuará de juez y parte.
Señorías, el Gobierno se ha visto en la necesidad de retirar la
pretensión inicial de restringir el ámbito de las garantías de los
créditos que concierten los municipios a sus bienes patrimoniales y a los
recursos de contribuciones especiales, tasas y precios públicos. Esto lo
ha hecho precisamente viendo el desaguisado que ello iba a plantear.
Hacienda justificaba esta medida en el grado de incumplimiento de los
ayuntamientos y de las diputaciones en el pago de créditos y la
dificultad real para ejecutar las garantías presentadas. Cabe
preguntarse: ¿Cuántos ayuntamientos no pagan los créditos concertados?
¿De qué importes estamos hablando? Deben de ser grandes volúmenes. ¿Esta
medida puede impedir la concertación de préstamos para municipios
solventes pero que no tengan garantías reales o alternativas suficientes?
¿Es una nueva medida para limitar indiscriminadamente el endeudamiento
municipal como objetivo macroeconómico? Señores, las cifras son tozudas y
la realidad es que los municipios españoles han reducido su déficit
presupuestario a la mitad en sólo dos años, y para el año 1998 se seguirá
en esta senda a fin de coadyuvar a conseguir los objetivos de
convergencia.
El Grupo de Convergència i Unió, no demasiado representado en este
momento, y el Grupo Popular han pactado una enmienda para que el
desaguisado que pretendía imponer el Gobierno sea desplazado a la fecha
de 31 de diciembre de 1998 con la presentación de un proyecto de ley a
las Cortes en el que se especificarán los casos y condiciones en que las
corporaciones locales podrán afectar sus ingresos y bienes patrimoniales.
Ante esto, nosotros los socialistas decimos: Santa Rita, Rita, que me
quede como estoy. Si esta modificación tiene que ir por la senda actual,
veremos lo que va a pasar.
Señorías, cada día que pasa es mayor la desconfianza mutua entre el
Gobierno y los órganos de representación municipal. Cabe preguntarse
también: ¿Dónde ha quedado el compromiso con la Federación Española de
Municipios y Provincias de asumir sus tesis en relación con esta ley de
acompañamiento, aprobadas por unanimidad en el seno de su Comisión de
Hacienda? Si se pretende modificar la ley, hágase en todos sus extremos,
mejorando el marco normativo de las haciendas locales, dando potestad
municipal para asumir la gestión catastral, reformar el IAE, actualizar
la estructura tarifaria del impuesto de vehículo, reformar a medio plazo
la estructura de los ingresos propios y, por qué no, fijar otros niveles
de participación en los tributos del Estado.
Señor presidente, agradeciendo de antemano su benevolencia, paso la
palabra, por decirlo de alguna manera, a mi compañera doña Angeles
Amador.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Segura.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor presidente.
Voy a defender con brevedad, pero también con el objetivo de poder dejar
claro ante esta Cámara cuál es la posición del Grupo Socialista, la
enmienda presentada de supresión de toda la sección quinta, artículos 78
a 87 y disposición transitoria octava, que regula la Agencia Española del
Medicamento. Señorías, estos días se está hablando mucho del medicamento,
y todo mal, y seguramente la creación de esta Agencia tiene que ver con
los otros asuntos en debate en la calle, en una situación sorprendente en
la que la directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad ha sido
cesada --por tanto, no sabemos qué conexión tiene esa decisión con el
debate sobre el medicamento que tenemos estos días--, en un momento,
digo, en que está sin cubrir la máxima responsabilidad de la
Administración del Estado en materia del medicamento, el Gobierno, en la
ley de acompañamiento a los presupuestos --esta ley que estamos
debatiendo de manera tan expeditiva y que produce tanta inseguridad
jurídica y de todos los órdenes; más de 40 leyes se están modificando en
un debate tan expeditivo como el que estamos celebrando hoy aquí--, crea
la Agencia Española del Medicamento. Permítanme que desglose cuáles son
las características que han sembrado una enorme preocupación en mi grupo
y que queremos poner de manifiesto hoy aquí. (El señor vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Se crea la Agencia Española del Medicamento como organismo autónomo de
carácter administrativo y adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo.
Cuando se definen sus funciones en el artículo 78 se dice textualmente
que le corresponden las potestades administrativas precisas para el
cumplimiento de sus fines, que en el ejercicio de sus funciones públicas
se le aplica la Ley de Régimen Jurídico. Se dice textualmente también en
el artículo 86 que esta agencia española de nueva creación va a suceder a
la Dirección General de Farmacia en el desempeño de todas sus funciones.
De manera que estamos hablando de un órgano administrativo que va a
ejercer la máxima autoridad del Estado en materia de medicamentos. Cuando
se definen sus funciones en el artículo 79 se dice que esta Agencia va a
conceder la autorización de comercialización de las especialidades
farmacéuticas; que va a evaluar los medicamentos que se autoricen en la
Unión Europea, que va a autorizar los ensayos clínicos de medicamentos
nuevos que hacen los laboratorios, que va a autorizar los laboratorios
farmacéuticos de medicamentos de uso humano, cuáles pueden establecerse y
cuáles no, que va a evaluar, a desarrollar el sistema español de
farmacovigilancia, que va a desarrollar la actividad inspectora y que va
a instruir los expedientes y los procedimientos derivados de las
infracciones. Todo esto, señorías, va a hacer esta Agencia Española del
Medicamento. Pero en otro artículo se dice que también va
a hacer actividades de consultoría y de asistencia, de manera que se
configura un organismo que va a reunir las potestades públicas, las
funciones de policía administrativa, las decisiones políticas de la
Administración del Estado y también va a hacer funciones de consultoría y
de asistencia.
Cuando comparecen los altos cargos a explicar las leyes de presupuestos,
el subsecretario de Sanidad nos dice: Queremos mantener una separación
nítida, los del Ministerio, entre lo que es la capacidad técnica de
evaluación y control, que recae sobre la Agencia, de lo que es la
capacidad de decisiones que tienen que ver con la política industrial,
que mantiene la Dirección General de Farmacia. De manera que mientras
todo esto dice la ley, que reúne todas las capacidades que en materia de
medicamentos están hoy divididas, por parte de la autoridad del
Ministerio de Sanidad se mantiene lo contrario, con ese desparpajo a que
nos está acostumbrando el Gobierno de decir una cosa y hacer otra.
Confusión de funciones, mezcla inadmisible de funciones públicas con
funciones técnico-científicas, incluso de prestación de servicios, porque
esto de la consultoría ya me dirán SS. SS. qué tiene que ver con las
funciones públicas y las potestades de policía administrativa. Siendo la
Agencia del Medicamento una de las competencias más importantes que tiene
la Administración del Estado, que tiene mucho que ver ahora con la nueva
configuración de la política comunitaria en materia de medicamentos, que
tiene mucho que ver con la salud de la población, que tiene mucho que
decir a la hora de decidir sobre intereses económicos extraordinariamente
importantes, resulta que el director de la Agencia va a pasar a ser un
subdirector general. Se devalúa el rango administrativo y político del
máximo responsable de la Agencia. Va a ser un subdirector general el
interlocutor de la Agencia Europea del Medicamento, el interlocutor de
las autoridades en materia de medicamentos de las comunidades autónomas.
Hay un devaluación incomprensible, inadmisible, de la autoridad pública,
que se corresponde con otras decisiones porque, por ejemplo, la Comisión
Nacional de Evaluación de Medicamentos y la Comisión Nacional de
Farmacovigilancia también se devalúan y pasan a ser comités. Esta es la
segunda gran objeción que tenemos que hacer.
Cuando se explican las fuentes de financiación de este órgano tan
incomprensible, señorías, se dice nada menos que además de las
asignaciones de los presupuestos, de las aportaciones que se puedan hacer
desde Europa, desde la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos,
esta Agencia se va a financiar con los ingresos que obtenga como
consecuencia de conciertos o convenios con entes públicos o privados y
con aportaciones realizadas a título gratuito. Cuando explicamos esto y
mostramos nuestra perplejidad, el Ministerio de Sanidad y Consumo hace
una nota de prensa y dice que no va a admitir donaciones de laboratorios.
Lo que pedimos hoy aquí, señorías, con todo énfasis porque este asunto es
muy serio, es que en vez de notas de prensa se acepten las enmiendas que
están presentadas por todos los grupos y se suprima esta posibilidad de
financiación privada de un órgano público que va a encarnar toda la
autoridad y la potestad administrativa en materia de medicamentos.
Señorías, resulta incomprensible que cuando lo que habría que hacer sería
reforzar la autoridad pública en la política de medicamentos, porque
afecta a la salud de los ciudadanos y porque estamos hablando de un
sector estratégico y económico fundamental, lo que este Gobierno hace es
devaluar el rango administrativo y político de su responsable y dejarlo
en manos de la financiación privada. ¿Quién va a estar interesado en
financiar la Agencia del Medicamento sino el sector? ¿Cómo es posible que
se vaya a hacer compatible decidir sobre qué laboratorios se instalan en
España, qué productos se autorizan, cuáles se van a financiar recibiendo
financiación privada, que da igual que sea a título gratuito o a título
oneroso, en virtud de cualquier tipo de concierto?
Señorías, clamando en el desierto, que es la sensación que uno tiene en
este debate de los presupuestos para 1998 en esta Cámara, que está siendo
un debate insólito y preocupante para quien cree en la función de este
Parlamento, queremos decir en voz alta para que se entere todo el mundo,
para que la sociedad se dé cuenta del alcance de esta decisión, que no se
puede aprobar este texto, que no se puede devaluar y dispersar la
autoridad del Estado en materia de política de medicamentos, que no se
puede mezclar el interés general que tiene obligación de defender el
Ministerio de Sanidad con los intereses particulares que las industrias
tienen también el derecho a defender. No se entiende nada de lo que esta
modificación supone. Hasta ahora, lo que se refunde en la Agencia Europea
del Medicamento estaba en la Dirección General de Farmacia y en el Centro
Nacional de Farmacobiología del Instituto de Salud Carlos III. Ni
siquiera la agilidad y la flexibilización de los procedimientos que tanto
esgrime este Gobierno están justificadas, señorías. El Instituto de Salud
Carlos III es un organismo público de investigación y como tal tiene
todas las facultades de una empresa pública sometida al Derecho privado,
tiene toda la agilidad y la flexibilidad para contratar. Ni siquiera ese
pretexto sirve. Señorías, fíjense lo que nos dijo el subsecretario del
Ministerio de Sanidad y Consumo cuando compareció ante la Comisión de
Sanidad y Consumo al pedirle explicaciones sobre este punto tan asombroso
de la financiación. El subsecretario nos dijo que aparentemente puede
tener algunos riesgos este sistema de financiación. Pero yo creo --dijo--
que nuestra misión es la de incorporar con la mayor imaginación posible
fórmulas de financiación que permitan mejorar los recursos que se
destinan a esta actividad. Imaginación, señorías. Y a continuación, dijo:
Si nosotros mejoramos en el funcionamiento de la evaluación de nuestro
control sobre el medicamento, deberíamos preocuparnos menos del origen de
esos recursos, sobre todo porque conseguimos más. Señoría, aquí está en
el «Diario de Sesiones». No queremos imaginación en estas cuestiones. No
queremos más dinero. No estamos ante una situación económica que
justifique estos planteamientos. Queremos transparencia, queremos
independencia en los organismos públicos, queremos ejercicio de autoridad
y no entreguismo al sector.
Finalmente, señorías, ¿tendrá algo que ver esta configuración de la
autoridad en los medicamentos con estos entreguismos, con las decisiones
que estos días se están debatiendo en los periódicos? ¿Tendrá algo de
compensación? ¿Guardará relación lo que está pasando con los medicamentos
y su financiación con esta decisión que deja al Ministerio de Sanidad y
Consumo sin autoridad en materia de política de medicamentos?
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Amador.
¿Algún turno en contra? (Pausa.)
¿Algún otro grupo que no haya participado en el debate y quiera
intervenir en el turno de fijación de posiciones? (Pausa.) Por el Grupo
Popular tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre de mi grupo
parlamentario para fijar la posición sobre el dictamen de la Comisión de
este título IV, normas de gestión y organización. Comenzaré en primer
lugar, porque así fue el turno de intervención del Grupo Socialista
fundamentalmente, con el artículo 55, de modificación de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. En el artículo
55 se establece, como han dicho otros portavoces, alguna restricción
sobre el crecimiento del endeudamiento municipal. No lo vamos a negar.
Efectivamente se dice alguna restricción más de la que había en la Ley de
acompañamiento del ejercicio anterior. En este artículo concretamente se
establece que el pago de las operaciones derivadas de operaciones de
crédito puede ser garantizado mediante la prestación de avales con
garantía patrimonial. Esta es la intención del Gobierno y que nuestro
grupo comparte. Asimismo se vincula, como recordó el portavoz socialista,
a la Secretaría de Estado de Hacienda una central de información de
riesgos cuya actividad se fundamentará en recabar información sobre las
operaciones de crédito concertadas, así como la carga financiera que ello
suponga. No vemos por qué no puede estar incardinada en la Secretaría de
Estado de Hacienda, sobre todo por una razón que yo creo muy de peso, que
es que la competencia en materia de control del reglamento municipal,
como saben SS. SS., se encuentra radicada en el Ministerio de Economía y
Hacienda o, por mejor decir, en el Gobierno o en el Estado, a través del
artículo 149.1.8ª de la Constitución y, por tanto, en el Ministerio de
Economía y Hacienda.
Es lícito recelar, aunque creo que se confunde S. S., como ha confundido
a Santa Rita con la Virgen. Imagino que esto obedece a una no demasiado
intensa creencia y vocación religiosa, por lo que se confundió, pero
también se confunde en lo que ha dicho sobre el artículo 55. Veamos
simplemente un aspecto en el que, repito, puede ser lícito el recelo que
les pueda suponer el que esté radicado en la Secretaría de Estado de
Hacienda, pero no consideramos que sea para actuar como juez y parte,
simplemente estamos hablando de una medida de pura gestión en la que creo
que el Ministerio de Economía y Hacienda ha dado buena muestra de estar
en la línea de cómo se efectúa una gestión presupuestaria coordinada, una
gestión presupuestaria eficaz y, aunque no tendría por qué no ser eficaz
de estar dependiendo de la Comisión Nacional de la Administración
Pública, nos parece que en cuestiones de competencia por razones
jurídicas, en primer lugar, y por razones de eficacia su incardinación en
la Secretaría de Estado de Hacienda es perfecta.
No están de acuerdo otros grupos políticos, al igual que el Grupo
Socialista, en que se establezcan nuevas medidas sobre el control del
endeudamiento. Y es cierto lo que ha dicho S. S. En los dos últimos años
--y quiero recordar que en este tiempo ha estado vigente una ley de
acompañamiento, aprobada en esta Cámara, resultado de un proyecto de ley
traído por el Gobierno del Partido Popular-- se ha producido una mejora
sustancial de los niveles de endeudamiento municipal. Eso es así. Es más,
desde el año 1991, y ahí sí que aceptaríamos cierta paternidad en esta
medida por parte del Grupo Socialista, se produce una desaceleración del
endeudamiento municipal del 0,9 por ciento, especialmente en el año 1996,
según datos ofrecidos por el Banco de España. Y se trata, en nuestra
opinión, de seguir en esta línea, no de abandonarla; de seguir en la
línea de que el crecimiento del endeudamiento municipal siga un ritmo de
desaceleración y no de aceleración. Por tanto, no vemos la razón por la
que haya que abandonar políticas que tan buenos resultados han dado,
sobre todo en los dos últimos años, como ha tenido la generosidad de
recordar el portavoz del Grupo Socialista.
Tampoco vemos --y esta ha sido una glosa hecha también por otros grupos
políticos-- de qué manera se puede vulnerar la autonomía municipal
incorporando medidas como la regulación de esta central de información de
riesgo, salvo que se piense que cualquier actuación del Estado, en el
cumplimiento y ámbito de sus competencias, significa una vulneración de
la autonomía municipal. Creo que estaremos de acuerdo en
que esto constituye una exageración, porque poco tiene que ver con el
régimen de competencias que, en algunas ocasiones, vincula para la
regulación de la legislación básica en materia local a la Administración
del Estado y no a las propias corporaciones locales, como parece obvio y
lógico, para que haya cierta coordinación y cierta armonía en la
formalización de las políticas municipales, porque si no esto iría en una
línea que nuestro grupo no está dispuesto a aceptar.
En la misma línea van las enmiendas de Izquierda Unida presentadas con
criterios --sí es cierto-- más permisivos con respecto al crecimiento del
gasto, que posiblemente están incardinadas en una política, una ideología
o una manera de ver la política municipal admitiendo criterios expansivos
sobre el crecimiento del gasto municipal, lo que es perfectamente lícito,
repito, porque está incardinado en su ideología y en su forma de ver la
política municipal, pero por esta misma razón consideramos inadecuadas
las enmiendas presentadas al artículo 55. En concreto, consideramos muy
inadecuada técnicamente la redefinición que hacen ustedes de la carga
financiera, que es exactamente la misma que hace el Grupo Socialista,
pura y simplemente porque al incorporar esta redefinición de la carga
financiera, a nuestro juicio, entraríamos de nuevo en un proceso en el
que se abriría la puerta, se dejaría franco el paso, en algunos
ayuntamientos, a prácticas torcidas de enmascaramiento del endeudamiento
municipal. Creo que estarían ustedes dispuestos a asumir que esa
modificación de la definición de la carga financiera podría solucionar
esta cuestión.
Me va a permitir, señor Vaquero, le diga que nos llama la atención muy
seriamente la insistencia que tienen con la enmienda 141 para en relación
con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, vulgo impuesto de
circulación, prohibir a los morosos circular con sus vehículos. Yo me
pregunto: ¿Esto lo aplicarían ustedes a todos los municipios de España
donde haya alguien que tenga un coche y no pague? ¿Es así? ¿O tan sólo se
aplicaría en aquel municipio donde estuviera radicada la vivienda del
usuario del vehículo que no paga? Y ¿qué ocurriría en el caso de quien no
hiciera frente a sus obligaciones en relación con el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, le prohibirían salir de casa? No
entendemos su insistencia en hacernos leer por tercera o cuarta vez la
misma enmienda. Nos parece una disposición que entra más en el terreno de
lo coactivo y coercitivo que de lo ejemplificador. De verdad no acabamos
de ver de qué modo se podrían resolver algunos problemas de endeudamiento
municipal, a que S. S. hacía referencia. No lo vemos bajo ningún concepto
y por ello le rogaríamos que reconsiderara muy seriamente que en el
ejercicio siguiente, en la ley de acompañamiento del año que viene, la
volviera a incorporar.
Respecto a las enmiendas números 50 a 56, del señor Saura y de la señora
Rivadulla, quisiera referirme a ellas porque estamos en presencia de un
grupo de enmiendas que siguen vivas y en las que podríamos concitar un
amplio marco de coincidencia. Mediante las enmiendas 50 y 51 se trata de
aliviar a las haciendas municipales, haciendo responsables a las
comunidades autónomas y a otros organismos públicos por los ingresos que
éstas deban percibir de las corporaciones locales, compensando saldos
deudores y saldos acreedores. Es cierto que en muchas ocasiones las
comunidades autónomas incumplen los pagos que tienen pendientes con las
corporaciones locales y eso pone en serios aprietos económicos a muchos
ayuntamientos. Compartiendo el fondo de las enmiendas y viendo la
necesidad de avanzar en la idea de ver de qué modo se pueden compensar
estos saldos acreedores y deudores, ustedes reconocerán que en el momento
actual habría que acometer la reforma importante de un gran número de
normativas de carácter recaudatorio de las comunidades autónomas y de
muchos municipios y, por tanto, no podría hacerse una reforma de carácter
parcial sobre estas enmiendas. Quiero transmitirle el interés que nuestro
grupo tendría de que avanzaran ustedes en la línea de poder perfeccionar
una normativa, una proposición, lo que ustedes mejor consideraran, con el
fin de avanzar en la propuesta --razonable para nuestro grupo-- que
plantean las enmiendas 50 a 56.
Por otro lado, presentan un grupo de enmiendas que establecerían
bonificaciones fiscales en la tributación local para aquellos ciudadanos
que se apliquen con certeza en la defensa y conservación de la naturaleza
y en el ahorro de energía que están muy bien, están fenomenal, si no
fuera porque esto posiblemente llevaría a la quiebra y ruina de gran
parte de las corporaciones locales si hubiera una sensibilización masiva
de los ciudadanos de cada uno de estos municipios por hacer este tipo de
actividades para conservación de la naturaleza y ahorro de energía, con
catalizadores, etcétera, como dicen sus enmiendas. Sin embargo, usted
reconocerá conmigo que muchos municipios españoles no podían soportar el
gasto fiscal que esto supondría. Sin duda alguna se trata de enmiendas
razonables que tienen una dificultad extraordinaria para ser votadas
favorablemente, dado que muchos ayuntamientos no pueden llevar a cabo
esta posibilidad.
Respecto al artículo 58, sorprende que no haya habido ninguna
intervención por parte del Grupo Socialista, por cuanto este artículo fue
objeto de una oposición muy enfática, exagerada incluso, por parte del
señor Gimeno. Había todo tipo de problemas en aportar las posibilidades
que aparecen en el artículo 58 en relación con los créditos comprometidos
para ejercicios futuros. Lo que en definitiva dice la enmienda del Grupo
Socialista es que no están de acuerdo con dos letras o apartados del
artículo 58. Esas dos letras del artículo 58 dicen, ni más ni menos, que
se podrán comprometer para ejercicios futuros aquellos créditos
presupuestarios que devengan de una norma con rango de ley. Ustedes se
oponen
a esto. Nosotros no vemos la posibilidad de que ningún gobierno se oponga
al mandato de estas Cortes para efectuar un compromiso presupuestario al
plazo que sea; no acabamos de verlo. En todo caso, ustedes se opondrían a
esto y se opondrían también a incluir, como posibilidad de comprometer
gastos para ejercicios futuros, el caso de los activos financieros que
tantísimo les obsesionan. Aquí señorías ocurre, sin más, que el Grupo
Socialista reconoce con esta enmienda que fue incapaz de utilizar en toda
su potencialidad las rúbricas presupuestarias. A ustedes no les apetece
que sea el Grupo Popular o el Gobierno del Partido Popular quien
incorpore a la forma de ejecutar el presupuesto, a la forma de ejecutar
los activos financieros, las rúbricas de los activos financieros de la
forma adecuada que estaban pensadas. A ustedes esto no les parece bien, y
creo que con ello reconocen que hubo cierta dificultad para atender esta
potencialidad que, sin ninguna duda, estaba en la Ley General
Presupuestaria.
Básicamente, y para cerrar el capítulo relacionado con las modificaciones
de las normas presupuestarias, que tuvo su inicio en el título I y título
II de la ley de presupuestos, y que acaba con ocasión de este título IV,
convénzase de algo que para nosotros es fundamental, en lugar de ver
fantasmas donde no los hay, respecto a las medidas de carácter
presupuestario del Gobierno del Partido Popular. La diferencia
fundamental entre la manera de gestionar las cuentas públicas por parte
del Grupo Socialista, que lo acreditó del modo que lo hizo durante los
años de Gobierno, y la forma de ejecutar el presupuesto el Gobierno del
Partido Popular, radica en la voluntad política de este último de gastar
menos, simple y sencillamente. Esta es una cuestión, señorías, de
mentalidad. Mientras el Partido Popular siempre ha sido consciente de la
necesidad de cuadrar las cuentas públicas para alcanzar equilibrios
macroeconómicos como el que ahora vive España, el Grupo Socialista se
inclina más, se inclinaba y se sigue inclinando, a gastar por encima de
las posibilidades de nuestra economía. Por tanto, estamos hablando,
señores del Grupo Socialista, de una simple y sencilla cuestión de
mentalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cámara, vaya concluyendo,
por favor.
El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Sí, señor presidente.
En cuanto al contenido del artículo 59, que tampoco fue defendido, sin
ninguna duda por razones de tiempo, tiene un mero carácter administrativo
por lo que no acabamos de ver cuáles son las razones que empujan al
Partido Socialista a enmendar este artículo. La medida pretende
simplemente que los créditos de la Intervención se encuentren refundidos,
y puedan ser administrados por el órgano responsable del mismo, que es la
Intervención de la Seguridad Social.
Respecto al artículo 66, sí quería hacer una mención más o menos rápida,
si bien es cierto que la mayor parte de las enmiendas a este artículo han
sido retiradas; la última fue la 297, retirada por el Partido
Nacionalista Vasco. Quería recordar, porque algún portavoz ha hecho
referencia a él, en concreto el señor Vázquez, que hubo un importante
debate la semana pasada como consecuencia de una proposición no de ley
del Partido Socialista, y en ese debate se alcanzó un compromiso de
importancia capital para que en el plazo de 6 meses, estamos hablando del
30 de junio de 1998, se presente en esta Cámara un proyecto de ley de
contratos de las administraciones públicas que, entre otros asuntos
recogerá las enmiendas presentadas no sólo por el Partido Nacionalista
Vasco sino por todos los grupos, incluida, como no, la enmienda a que
hizo referencia el Bloque Nacionalista Galego, y algunas de las no
defendidas por otros grupos, pero que sin ninguna duda tendrán su lugar y
momento con ocasión del debate sobre el proyecto de ley de contratos de
las administraciones públicas.
Acabando con toda rapidez, no haré más referencia a la Gerencia de
Infraestructuras de la Seguridad del Estado, o daré por reproducidos los
argumentos que con brillantez expuso el señor Gil Lázaro con ocasión de
la discusión de la sección del Ministerio del Interior. No podemos votar
favorablemente porque quiero recordar que estamos hablando de la gestión
de 950.000 millones de pesetas, que bien merece un cuidado especial, un
mimo especial; aparte de que estamos hablando de un período que, en
ningún caso, se establecería ni se alargaría más de cinco ejercicios
económicos, más de cinco años. Por tanto, sin ver los resultados que va
ofreciendo la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad Social, no
vemos de qué modo puede negarse esta posibilidad ofrecida en la ley de
acompañamiento.
Por último, y de verdad, señor presidente, sobre la Agencia Española del
Medicamento, sin ninguna duda la señora Amador sabe mucho más que yo,
pero hay algún argumento que no acabo de entender. No acabo de entender
por qué les preocupa tanto que el Ministerio de Sanidad pierda autoridad
sobre la Agencia Española del Medicamento, sobre autorizaciones y todo a
lo que usted hacía referencia, porque no va a dejar de ser en ningún caso
Administración pública, va a seguir siendo un organismo autónomo de la
Administración, por tanto guiado por la norma que rige a todas las
administraciones públicas, que es la Ley 30/1992, de Procedimiento
administrativo común y de régimen jurídico de las Administraciones
públicas. Es un argumento que no he comprendido y que no se explica
suficientemente con la intervención de S. S.. Tampoco entiendo por qué se
debe negar a España la posibilidad de tener una agencia del estilo de las
que hay en otros países de la Unión Europea, como tampoco acabo de
entender por qué no puede haber aportaciones
del estilo de las que algún otro portavoz ha hecho referencia, cuando esa
posibilidad se encuentra establecida para todos los organismos públicos
en la Ley General Presupuestaria. Si no se está de acuerdo con lo que
establece la Ley General Presupuestaria sobre aportaciones a título
gratuito, intente modificarse esa ley, pero como consecuencia de la
discusión de la Agencia Española del Médicamento no se ve la razón.
Estos son, como ve, tres argumentos que poco tienen que ver con el fondo
de lo que es la Agencia Española del Medicamento y sí mucho que ver con
lo que aparece realmente en la ley de acompañamiento, que es la
formalización jurídica de la Agencia Española del Medicamento, sin entrar
en las razones políticas o técnicas por las que la Agencia Española del
Médicamento se constituya. Sin saber mucho de este asunto, que reconozco
es usted quien sabe (tendría que ser el señor Villalón, portavoz de la
Comisión de Sanidad, quien le dijera por qué la Agencia Española del
Medicamento es buena para los intereses de la farmacia, de la medicina y
de la sanidad en España), yo he intentado dar los argumentos, sin entrar
en razones de fondo, que servirían para que su enmienda a la sección de
la Agencia Española del Medicamento sea votada en contra por nuestro
grupo y por tanto fracase.
Nada más, señor presidente; muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cámara.
Pasamos al debate del título V, al que hay presentadas enmiendas por
parte del Grupo Mixto --hay cinco firmantes de enmiendas--, por parte del
Grupo Vasco (PNV), Coalición Canaria, Izquierda Unida y Grupo Socialista.
Para la defensa de sus enmiendas, por parte del Grupo Mixto tiene la
palabra en primer lugar el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de Nueva Izquierda hemos presentado un grupo de enmiendas a
este título V de la ley de acompañamiento, que bajo la denominación de la
acción administrativa, regula diversos apartados, muchos de ellos sin la
menor conexión entre sí, y que responden a esa filosofía tan denunciada a
lo largo de la mañana de esta ley de acompañamiento que se convierte en
una ley cajón, que sirve para llevar a cabo modificaciones en muchos
casos profundas, que merecerían un tratamiento específico y un amplio
debate
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Peralta.
Antes de dar la palabra a S. S. iba a concedérsela a la señora Rivadulla.
Si no le importa a la señora Rivadulla, ya que el señor Peralta está en
el uso de la palabra, puede continuar. (Pausa.)
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente, y gracias a la señora
Rivadulla.
Decía que responde a la filosofía del Gobierno de llevar a cabo
modificaciones profundas, que merecerían un debate específico. Hoy
precisamente el representante del Partido Popular, cuando discutíamos el
título II, referido a reformas en materia de Seguridad Social, decía que
sería bueno llevar a cabo ese debate en profundidad, que impide ahora,
por ejemplo, al Grupo Popular aceptar algunas enmiendas que reconoce
razonables pero manifiesta que no hay tiempo material para llevarlo a
cabo.
En definitiva, nosotros creemos que en este título V deben suprimirse
algunas reformas que se pretenden introducir. En primer lugar la del
artículo 91, que regulando las subvenciones al transporte aéreo para
residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, lleva a cabo en
nuestra opinión una deslegalización inaceptable en una materia muy
importante que afecta a muchos ciudadanos de este país. Creemos que
merece un estudio en profundidad y un acuerdo a través de todas las
fuerzas parlamentarias, y nosotros, Nueva Izquierda, estamos dispuestos a
ello.
En segundo lugar, el artículo 92 regula el régimen jurídico de los
transportes por ferrocarril, y a través de este artículo se pretende
hacer una transcripción al ordenamiento interno de lo que es una
directiva comunitaria. Nosotros creemos que la importancia del tema,
tanto por tratarse de transcripción de normativa comunitaria cuanto por
afectar a una infraestructura básica, como son los transportes por
ferrocarril, debería también hacerse a través de un debate específico y
de una norma que regulara exclusivamente ese tema.
Un tema muy importante que se contiene en este título V de la ley de
acompañamiento es el relativo a la regulación del precio de venta al por
menor de los libros de texto y material didáctico complementario. Somos
radicalmente contrarios a esta modificación que se pretende llevar a
cabo. Nos parece que no ha sido consensuada con los interesados, que
puede producir un perjuicio notable en el ámbito cultural y en el de los
agentes que realmente hoy se mueven en ese mercado, y finalmente puede
traducirse en un grave perjuicio para todos los ciudadanos, para todos
los usuarios y compradores de libros de texto y material didáctico
complementario. Creemos que al pedir la supresión de esta regulación y su
sustitución por otra que suscite el consenso adecuado, tan solo recogemos
un sentir social que nosotros, como Nueva Izquierda, estamos a favor de
que sea atendido.
Finalmente, pedimos la supresión de los artículos 104 y 105 desde el
punto de vista de respeto a la institución parlamentaria. Al día de hoy
sigue trabajado una ponencia sobre el tema de la previsión social
privada, y no entendemos por qué el Gobierno está llevando a cabo
modificaciones legislativas en profundidad al margen de lo que pueda
acordar en su día esa
ponencia. En consecuencia, por respeto a las formas parlamentarias y a la
soberanía de esta Cámara pedimos que esos artículos 104 y 105 se dejen
sin efecto, para que en su día pueda ser atendido lo que acuerde la
ponencia.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peralta.
Señora Rivadulla, para la defensa de las enmiendas que ha firmado
conjuntamente con el señor Saura.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
En efecto, para defender las enmiendas 41 y 57 del título V de la ley. La
primera se refiere a autopistas de peaje. Hemos tenido ocasión de
plantear este problema y de someterlo al debate de esta Cámara en el
transcurso del trámite de los presupuestos para 1998, al parecer hasta el
momento sin mucho éxito. A través de la enmienda 41 proponemos añadir al
título V un nuevo artículo que modifique la ley de autopistas de peaje,
introduciendo el siguiente texto: «Con efectos a 1 de enero de 1998 se
suprime el artículo 12 a) relativo a la reducción de hasta el 95 por
ciento de la contribución territorial urbana, ahora Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, que recaiga sobre las autopistas de peaje». Señor presidente,
señorías, con esta enmienda se trata de poner fin a un beneficio fiscal
que no reconoce la Ley reguladora de las Haciendas Locales y que afecta a
una competencia que no es de ámbito local pero que causa graves
prejuicios en las haciendas locales.
Por último, en relación a la enmienda 57, nuestra intervención va muy en
la línea con lo expresado por el señor Peralta, del Partido de Nueva
Izquierda, en el sentido de que estamos instando a la supresión del
artículo 97, que se refiere al precio de venta al público de determinados
libros de texto y material didáctico complementario. Pensamos que el
libro no debe ser tratado como cualquier otro bien de consumo y que tiene
unas características muy especiales. Consideramos que con esta enmienda
recogemos el sentir de multitud de libreros y editoriales que han
mostrado su preocupación sobre los efectos que puede tener esta medida,
que en principio beneficiaría solamente a las grandes superficies
comerciales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rivadulla.
Para la defensa de sus enmiendas números 32 y 33, tiene la palabra la
señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
La enmienda número 32 pide la supresión íntegra del artículo 95. El
artículo contemplado en el proyecto de ley supone el paso de las
cooperativas de transportistas a la categoría de consumidores finales a
efectos de las entregas del gasóleo A, que realicen a sus socios
directamente, con lo cual se perjudica de forma muy notable e importante
a la actual red de propietarios de gasolineras y estaciones de servicio.
El anuncio de esta medida ya ha generado una considerable alarma en el
sector que podría degenerar en una conflictividad absolutamente
innecesaria. En todo caso, hay que eliminar la posibilidad que quiere
abrir el Gobierno de que estas cooperativas de transportes y otros entes
asociativos puedan vender directamente a sus asociados el gasóleo. ¿Por
qué? Porque esta posibilidad supone un golpe muy fuerte a un sector
comercial, el de las gasolineras, con 4.000 establecimientos dentro del
Estado y cerca de 12.000 trabajadores.
La medida propuesta por el Gobierno es fruto de la negociación para
acabar con la huelga del transporte de hace unos meses, pero entendemos
que no está bien planteada porque puede crear tanta o más tensión social
que la que se produjo en su momento.
Hay otra enmienda desde nuestro punto de vista muy importante tanto para
el mundo cultural como también para la pluralidad lingüística y cultural
del Estado, que es la enmienda número 33. Estamos hablando del precio
fijo de los libros de texto. El artículo contemplado en el proyecto de
ley persigue una liberalización progresiva hasta el curso 2000/2001 del
precio de venta al por menor de los libros de texto y el material
didáctico. Esta medida supondría un considerable perjuicio para los
establecimientos pequeños y medianos del sector de librería sin que estén
claros los beneficios que, en términos de reducción de precios, se puede
proporcionar a los usuarios.
Tenemos tres puntos de vista básicos para rechazar la eliminación del
precio fijo de los libros de texto en la línea de todos los sectores
implicados de las peticiones y reivindicaciones que se nos han planteado.
Hay una primera de tipo cultural. La desaparición del precio fijo puede
reducir la diversidad de oferta en los libros porque puede limitar la
oferta hacia títulos de fácil venta. Además, esta reducción de la oferta
estará en relación directa con el tamaño del mercado, y por tanto
perjudicará de manera muy notable los ámbitos lingüísticos no
mayoritarios, es decir, el catalán, el euskera, el gallego.
En el terreno comercial generará una dinámica de mercado que primará los
grandes operadores, por ejemplo las grandes superficies o cadenas con más
capacidad negociadora, y el libro de texto constituye una parte
importante de los ingresos de las pequeñas y medianas librerías
distribuidas por todo el territorio. Garantizar las cuotas del mercado de
estos operadores significa mantener una red de acceso a la cultura en
todo el territorio.
Finalmente, en el terreno económico. La experiencia en otros países no ha
sido siempre positiva para los
consumidores. En Inglaterra, por ejemplo, la supresión del sistema de
precio fijo de libros en 1995 provocó el encarecimiento de los precios,
en 1996 creció el 6 por ciento, cuando había crecido hasta ese momento
alrededor de la inflación al 2 por ciento, y con una caída en las ventas
del 16 por ciento. En Francia también se dio la experiencia negativa que
aconsejo la vuelta al sistema de precio fijo.
Como anécdota, uno de los primeros libros vendidos en el sistema de
precio fijo en Inglaterra a finales del siglo XIX, fue el libro del
economista Alfred Marshall, Principios de economía, que ha sido uno de
los puntales utilizados por los teóricos de la libertad de mercado.
Por tanto, anécdotas al margen, por cuestiones de tipo cultural,
económico y comercial, evidentemente estamos a favor de la vuelta al
precio fijo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola.
La señora Lasagabaster tiene la palabra para defender su enmienda número
29; si quiere puede también defender la enmienda que después defenderá el
Grupo Vasco, la número 321, que ha firmado conjuntamente con él.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, voy a utilizar este turno para defender ambas enmiendas;
la enmienda número 29 presentada de forma individual por esta diputada y
la otra conjunta con el Grupo Vasco (PNV).
La primera enmienda, la número 29, hace referencia a una cuestión que ya
hemos oído recientemente en anteriores oradores, y es el famoso tema del
precio de venta al por menor de determinados libros de texto y material
didáctico. No me voy a extender, pero sí quiero referirme a las tres
consecuencias que entendemos negativas de este artículo, y por tanto
hemos pedido su supresión. En primer lugar entendemos no se van a
producir los objetivos que pretende este artículo 97; no va a facilitar
un acceso mayor de personas a la cultura y tampoco va a permitir que las
familias tengan unos beneficios económicos, como se dice. ¿Por qué? En
primer lugar, porque a corto plazo esto puede ser posible, pero a largo
plazo, como se ha señalado en experiencias similares o análogas en el
mercado europeo, ha demostrado que lo único que produce es un
encarecimiento de los libros.
En segundo lugar, porque además perjudica de manera clara a los pequeños
editores, pequeños distribuidores que, al final, son los perjudicados en
favor de determinadas grandes superficies y por tanto grandes empresas
que tienen las ventajas económicas de este tipo de regulaciones.
En tercer lugar, porque desde el punto de vista de las culturas que
tienen un mercado más reducido, como puede ser culturas en otras lenguas,
ya sea euskera, catalán, gallego, etcétera, se produce un gran perjuicio
por el mercado al que se van a dirigir. Por tanto, y haciendo nuestros
los argumentos que se han relatado aquí anteriormente, pedimos la
supresión de este artículo.
Respecto de la enmienda conjunta quiero señalar brevemente que la
enmienda pretendía integrar determinados conservatorios al objeto de
posibilitar el marco de actuación de las enseñanzas musicales en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, aplicando una reforma educativa que
está en vigor. A lo largo de la tramitación hemos observado que esta
misma situación podía darse en otros lugares del territorio del Estado
español y, por tanto, hemos llegado a una enmienda transaccional con la
cual se pretende solventar este mismo problema, no solamente en nuestra
comunidad, sino en otras. Por ello, esta portavoz retirará la enmienda
321 en la convicción de que hay una enmienda transaccional para la que
solicitaremos el apoyo de todos los grupos. La Presidencia recibirá de
forma conveniente y debidamente redactada la enmienda transaccional para
que sea conocida por los restantes grupos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
Finalmente, entre las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, para la
defensa de sus enmiendas 16 y 17 tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
A este título V tenemos dos enmiendas. La número 16 propone la supresión
del artículo 92, que hace referencia al régimen jurídico de los
transportes por ferrocarril. Nos parece que este artículo modifica el
régimen jurídico de los transportes por ferrocarril y una modificación de
esta importancia requiere un tratamiento específico y pormenorizado, ya
que, entre otras cuestiones, trata los derechos de acceso y tránsito a la
red ferroviaria española. Por tanto, y en consonancia con el informe del
CES, proponemos la supresión de este artículo.
La enmienda número 17 propone la supresión del artículo 97, al que ya se
ha hecho referencia, que habla del precio de venta al por menor de
determinados libros de texto y material didáctico complementario. Ese
artículo abre la puerta a la denominada liberalización de los libros de
texto, liberalización con la que el Gobierno ve la solución a todos los
males, pero desde nuestro punto de vista tendrá el efecto contrario al
que se predica: perjudicará a las pequeñas editoriales --ya se hizo
referencia que con afectación especial a aquellas que editan en lenguas
minoritarias--, por supuesto a los libreros y, sin embargo beneficiará,
cómo no, a
las grandes superficies. Que curioso. Además se presenta esta medida como
un factor de abaratamiento del precio del libro de texto, cuando nosotros
estamos absolutamente convencidos de que al final el proceso
liberalizador no será así.
Si el Gobierno quiere disminuir los costes de los libros de texto,
debería optar por la gratuidad progresiva de este material, en
consonancia con el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza
pública. Así se beneficiaría a los ciudadanos, especialmente a aquellos
que disponen de menor poder adquisitivo y permitiría que los
profesionales de la venta de libros pudiesen vivir con dignidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
Para defender las enmiendas presentadas a este título, por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para
defender las enmiendas de Coalición Canaria al título V, que están
divididas en dos bloques: uno se refiere al tema de los transportes y
otro al tema de educación.
En el primer caso, las enmiendas se refieren al artículo 91 y a los
artículos nuevos que proponemos, 91 bis, 91 ter, y 91 quater. El objetivo
de este paquete de enmiendas, todas orientadas a las comunicaciones, es
adoptar las medidas necesarias para cohesionar los archipiélagos entre
sí, es decir el archipiélago balear entre todos sus territorios insulares
lo mismo el archipiélago canario, y además acercar los archipiélagos y
Ceuta y Melilla a la península, al territorio continental. En estos
territorios fragmentado o alejados, como es el caso de Ceuta y Melilla,
donde no hay posibilidades alternativas de carretera o ferrocarril y los
únicos medios de comunicación que tenemos son el barco o el avión, hay
que adoptar determinadas medidas que sirvan para dar cohesión a estos
territorios. En ese sentido, es importante que por el Gobierno se adopten
las medidas necesarias que garanticen las líneas a cubrir, que garanticen
las frecuencias y los horarios de esas líneas, que garanticen los precios
que sirvan para dar esa cohesión a todos los territorios del Estado
español.
En el nuevo marco liberalizador de los transportes en la Unión Europea
parecía que la libre competencia iba a ser la panacea para la caída de
los precios y no parecía que fuera necesario adoptar medidas preventivas
para ello, pero en abril de este año todos nos llevamos la sorpresa de
que el presunto acuerdo entre las distintas compañías aéreas significó un
alza importante de los precios. Por tanto, todo lo que en principio nos
planteábamos acerca de que esto iba a suponer un abaratamiento de los
costos cayó por tierra. La Unión Europea prevé en sus directivas las
fórmulas, los instrumentos adecuados para que los Estados miembros
adopten las medidas necesarias en orden a garantizar los objetivos a los
que antes me refería.
Esta Cámara, sensible con estas cuestiones, sensible con la necesidad de
cohesiones los territorios de España, ya adoptó en el mes de mayo del
presente año un acuerdo, por unanimidad de todas las fuerzas políticas,
orientado a distintas medidas que cubrían estos objetivos. De lo que se
trata en estas cuatro enmiendas es de que esa sensibilidad de todas las
formaciones políticas, esa sensibilidad política del propio Gobierno,
mostrada en el mes de mayo en esta Cámara, tenga reflejo ahora donde lo
tiene que tener, en los Presupuestos Generales del Estado.
En concreto y resumiendo, las enmiendas están orientadas, la primera, a
garantizar el porcentaje a los residentes en estos territorios con
respecto al precio del billete. Saben ustedes que, en el año 1997, el
Gobierno modificó este concepto, poniendo una cantidad fija por trayecto
en lugar de un porcentaje. Esto hace que, en el supuesto de incremento de
precios, los residentes en las islas, en Ceuta y en Melilla, estemos en
una situación de desventaja. En este caso, se pretende que se vuelva al
porcentaje con respecto a los precios de los billetes.
Una segunda enmienda está orientada, también en la línea de lo aprobado
en esta Cámara, a la reducción de las tasas, en este caso las tasas de
aterrizaje en los aeropuertos de Melilla, Baleares y Canarias, en todo lo
que se refiere a los vuelos regulares entre las islas y de las islas con
la Península. La propuesta que hace Coalición Canaria es una reducción
del 75 por ciento en esta tasa o en las que se puedan crear. Tiene un
segundo apartado en referencia a la tasa de pasajeros, que es su
desaparición en estos aeropuertos. Siempre estamos refiriéndonos a
residentes y vuelos regulares.
Una tercera enmienda propone que el Gobierno procederá a la declaración
de obligación de servicio público para todos los tráficos aéreos y
marítimos. El tráfico marítimo ya está resuelto a través de la ley de
puertos, que en estos momentos se tramita en el Senado, y de un decreto
del Consejo de Ministros de fecha reciente. No se ha hecho lo mismo con
el transporte aéreo. Es fundamental la declaración de obligación de
servicio público para garantizar esa cohesión de la que hablamos porque,
dentro del régimen liberalizado en el que estamos en la Unión Europea, es
la única oportunidad que tienen los gobiernos de garantizar esas líneas,
esas frecuencias, esos horarios y esos precios a los que antes me
refería, y también es la única posibilidad para que las empresas que
cubren esas líneas deficitarias puedan recibir subvención de los
gobiernos respectivos, en este caso del Gobierno español.
Un último apartado se refiere también a esta materia. Los residentes en
las islas y Ceuta y Melilla, para tener derecho a un 10 por ciento de
descuento en los movimientos aéreos entre esos territorios, tienen que
presentar
necesariamente el certificado de residencia. Desde el punto de vista
burocrático, esto es muy complejo. Además, algunos ayuntamientos cobran
una tasa por este certificado, lo que hace que los residentes no reclamen
este 10 por ciento. La propuesta es que desaparezca la obligatoriedad de
presentar el certificado de residencia y que, con el carnet de identidad
y una declaración de que el domicilio es el mismo que el que figura en el
carnet de identidad, se descuente este 10 por ciento.
Hay dos enmiendas referidas a educación. La número 351 está orientada a
los funcionarios de los conservatorios de música, que antes eran de
titularidad de las Administraciones locales, en el caso de Canarias de
los cabildos insulares. Después de la aprobación de la Logse, hay que
corregir una situación discriminatoria de un personal que está en una
situación distinta a la de antes del año 1991. La enmienda número 352
está también en la línea de una proposición no de ley aprobada por
unanimidad en esta Cámara referida a que a determinados funcionarios del
cuerpo de maestros que desempeñan funciones en los servicios
psicopedagógicos o de orientación, que tienen reconocido ya el grupo A y
que cobran como grupo A, se les resuelva su situación, incorporándolos al
grupo que en realidad les corresponde, que es el grupo de enseñanza
secundaria.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rivero.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), de
las firmadas exclusivamente por el grupo y la firmada conjuntamente con
la señora Lasagabaster, tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Para anunciar la retirada de la enmienda 321, de acuerdo con la defensa
que ha hecho la señora Lasagabaster, dado que está transaccionada.
También retiramos la enmienda, de las que han quedado vivas del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), número 310, dado el acuerdo al que hemos
llegado, a través de una transacción, con el resto de los grupos.
Para la defensa del resto de las enmiendas, las números 305, 306 y 307,
va a intervenir mi compañero el señor Caballero.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Caballero tiene la
palabra.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muy
brevemente.
En relación con las enmiendas 305, 306 y 307, relativas a precisiones
sobre especialidad farmacéutica genérica, así como a habilitar servicios
de farmacia para centros penitenciarios y creación de depósitos de
medicamentos, como he dicho anteriormente, el Grupo Vasco (EAJ-PNV), dado
el buen nivel al que han llegado las conversaciones entre el departamento
de Sanidad del Gobierno vasco y el Ministerio de Sanidad español sobre
dichos temas, las retira.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Caballero.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Federal de Izquierda Unida tiene tres enmiendas a este título y
dos votos particulares a las transaccionales que ha recogido la ponencia
respecto a las enmiendas 443 y 444, ambas referidas a dos de los motivos
de nuestras enmiendas.
La enmienda 148 hace referencia a la introducción del medicamentazo.
Nosotros planteamos una enmienda de cara a que, en cualquier caso, los
genéricos que se van a introducir por la vía de la ley de acompañamiento
se vayan primando, pero siempre que tengan demostrada una tolerancia
normal para el tipo de paciente que se prescribe y falta de efectos
secundarios. Por tanto, nosotros pretendemos con esta enmienda no ya
tanto evitar el medicamentazo, lo cual plantearemos con nuestro voto a
alguna enmienda de algún otro grupo y nuestro voto particular, sino más
bien paliar los efectos de la aplicación de esta ley.
Respecto a la enmienda 149, como han hecho otros intervinientes
anteriormente, planteamos el tema del libro escolar y del material
didáctico, oponiéndonos a la línea emprendida por los grupos que apoyan
mayoritariamente al Gobierno, porque entendemos que no va a favorecer ni
a la industria del libro, ni a los comerciantes, ni a los usuarios. Si lo
que pretende el Gobierno con estas medidas es favorecer el abaratamiento
del libro escolar, debería utilizar la vía de la gratuidad del libro y no
acabar con el precio fijo. Lo único que va a conseguir es decantarse por
los intereses de las grandes superficies en detrimento de los pequeños
comercios del libro, en consecuencia, de las garantías que existen de
cara al bien cultural que es el libro, en la medida en que existe un
comercio articulado de esta forma. Ciertamente es un patinazo por parte
del Gobierno el haber planteado esto así, y, por tanto, nosotros
anunciamos nuestro voto particular.
Respecto a la última enmienda, la número 150, propone la supresión de los
artículos 104 y 105 de la ley de acompañamiento, pues potencian los
fondos y planes de pensiones como instrumentos puramente financieros.
Estos artículos no deberían haberse planteado,
ya que existe una subcomisión que está tratando este tema en el seno del
Congreso de los Diputados. Sin haber emitido informe ni consensuado los
términos de la reforma de los planes y fondos de pensiones, no debería
procederse a la modificación parcial y de forma unilateral por parte del
Gobierno a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado. Consideramos que es una descortesía parlamentaria,
y que, además, está orientada en un sentido que rechazamos. Plantear los
planes y fondos de pensiones como instrumentos puramente financieros
desnaturaliza la figura de esta institución, abriéndola hacia la
homologación respecto a la figura del seguro de vida, tanto en la medida
en que se plantea el rescate del capital en determinados supuestos,
sentando un precedente respecto a futuras modificaciones, como en lo que
plantea el artículo 105.
Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vaquero.
Según la nota que se ha hecho llegar a la Presidencia, por el Grupo
Parlamentario Socialista intervendrán, repartiéndose el tiempo, el señor
Segura y el señor Martínez Noval para la defensa de las enmiendas a este
título.
Tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
En efecto, el Grupo Parlamentario Socialista divide sus intervenciones en
dos en este título V. Este interviniente llevará a cabo la defensa del
capítulo I y el señor Martínez Noval la de los restantes capítulos.
En este capítulo I, dedicado esencialmente a la modificación de las
normas que regulan los mecanismos de subvención al transporte aéreo, y la
normativa legal que tiene que adaptar a las directivas comunitarias hoy
en vigor, que han de incorporarse al ordenamiento jurídico español en el
transporte ferroviario, para el caso del transporte de mercancías y de
pasajeros entre diferentes países miembros de la Unión Europea, el Grupo
Parlamentario Socialista ha estimado oportuno introducir algunas
enmiendas.
Lo hacemos, señorías, al artículo 91, el que regula las subvenciones al
transporte aéreo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla,
por cuanto, en el ejercicio de 1997, el Gobierno, poniendo de manifiesto
una total ausencia de criterio en el mecanismo regulador por el cual se
conceden las subvenciones al transporte de pasajeros por vía aérea entre
la Península, las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y las
comunidades de los archipiélagos de Canarias y Baleares, curiosamente
modifica la normativa como consecuencia de una enmienda in extremis que
introdujo el Grupo Parlamentario Popular en la fase de tramitación de la
ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado de 1997 en
el Senado, y que es ratificada en el Congreso, siendo conscientes los
miembros del Grupo Parlamentario Socialista de que se estaba produciendo
en aquel momento una grave distorsión. Esa distorsión condujo a la
publicación de un decreto del Gobierno que, a lo largo de este año que
está terminando, ha modificado y ha quebrantado las subvenciones que han
recibido los pasajeros residentes en Canarias, en Baleares, en Ceuta y en
Melilla, en sus desplazamientos a la Península, fundamentalmente a
Madrid. Nosotros lo que pretendemos es que ese grave error que ha
caracterizado el mecanismo subvencionador en el vigente año, no se
produzca en el próximo y naturalmente en los siguientes. De ahí que
nosotros en Comisión defendimos el texto de nuestra enmienda con la
modificación siguiente: Se autoriza al Gobierno para que modifique la
cuantía de las subvenciones al transporte aéreo para residentes en
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla actualmente vigentes, o reemplace
dicho régimen por otro sistema de compensación en función de la evolución
del mercado de servicios del transporte aéreo, sin que ello suponga, en
ningún caso, una disminución de la ayuda prestada o deterioro en la
calidad del servicio. Es decir, nosotros consideramos inaceptable la
disminución en la cuantía, y consideramos inaceptable la pérdida de
calidad en la prestación del servicio que se ha venido produciendo a lo
largo de este año y que reiteradamente hemos manifestado en diferentes
intervenciones parlamentarias, tanto en Comisión como en el Pleno, a lo
largo del año 1997.
También queremos manifestar que es necesario que el Gobierno arbitre un
sistema ágil y simple en la acreditación de la condición de residente.
Señorías, los ciudadanos de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias tienen
que dirigirse al ayuntamiento en cuyo municipio residen para solicitar un
documento acreditativo de su condición de residente que le permita
acceder a la subvención que el Gobierno concede. Este es un mecanismo
complejo, además es un mecanismo caro. Por ejemplo, para el traslado de
una isla a otra en el seno de la comunidad canaria, el Gobierno tiene que
subvencionar un 10 por ciento del precio del billete. Si al ciudadano el
certificado de residencia que tiene que solicitar al ayuntamiento le
cuesta, pongamos por caso, 400 ó 500 pesetas, desde luego flaco servicio
se está haciendo a ese mecanismo de desplazamiento, que lo que tiene que
posibilitar es la facilidad económica de ese desplazamiento.
Por último, curiosamente, en el caso de Canarias pedimos sencillamente,
señoras y señores diputados, que se cumpla la ley. Nosotros en el caso de
Canarias pedimos que, ante la posible modificación que pueda hacer el
Gobierno, tiene que oír previamente al Gobierno de Canarias, tal como
está previsto en el artículo 6 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Es decir,
nosotros le pedimos al Gobierno en nuestra enmienda ni
más ni menos que cumpla la ley, porque en el año 1997 ha violentado la
Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, ha violentado los
contenidos del artículo 6, apartado 1, que dice: «A los ciudadanos
españoles y de los demás Estados miembros de la Unión Europea, residentes
en las islas Canarias, se les aplicará una reducción en las tarifas de
los servicios regulares del transporte de viajeros en la siguiente
cuantía: a) El 33 por 100 para los trayectos directos entre el
archipiélago y el resto del territorio nacional. b) El 10 por 100 para
los trayectos interinsulares en el archipiélago canario». Esto, que es
una ley aprobada en las Cortes Generales españolas, no en el Parlamento
de Canarias, ha sido violentado por el Gobierno en un decreto del mes de
enero de 1997, y no puede continuar esta situación así. Es decir, pedimos
que se cumpla la ley, y no pueden olvidar, señorías, que el Gobierno de
Canarias ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Segura, termine, por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.
En cuanto a los artículos 92 y 93, ante el análisis de la modificación
que pretende el Gobierno del régimen jurídico de los transportes por
ferrocarril, el Grupo Parlamentario Socialista plantea que se introduzca,
en el apartado dos del artículo 92, la palabra «exclusivamente»; con lo
cual el texto quedaría redactado: «Las empresas ferroviarias establecidas
en países de la Unión Europea tendrán derecho de acceso a las
infraestructuras ferroviarias exclusivamente para la explotación de
servicios combinados internacionales de mercancías». Es decir, entre los
diferentes países integrantes de la Unión Europea, en el tráfico
internacional, para aquellas empresas mixtas coparticipadas por empresas
españolas. Con ello queremos poner de manifiesto que se invalida la
posibilidad del transporte ferroviario de mercancías consecutivo, es
decir, entre dos puntos del territorio nacional por parte de una empresa
mixta coparticipada por una empresa ferroviaria española. Solamente es
posible el tráfico de mercancías entre países, y no el tráfico interior
entre dos puntos de la red ferroviaria nacional.
Señorías, las restantes modificaciones quedan claramente definidas en los
textos de las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario y, por
consiguiente, dada la escasez de tiempo, parece innecesaria su defensa.
Las damos por defendidas tal como literalmente se recogen en los
proyectos de modificación del artículo 92, en las enmiendas 229, 230,
231, así como la que enmienda el artículo 93, en la que hay una
modificación importante de la Ley de Ordenación los Transportes
Terrestres, por la que queremos poner de manifiesto lo que entendemos por
concesión administrativa implícitamente otorgada a Renfe, concepto que
recogemos de manera clara en nuestra enmienda.
En suma, señoras y señores diputados, estas enmiendas a los artículos 92
y 93 --que modifican a su vez la Ley de Ordenación del Transporte
Terrestre de mercancías por vía férrea--, propuestas por el Grupo
Parlamentario Socialista, creemos que son coherentes con una ley que ha
dado tan excelentes resultados a lo largo de los últimos años y que va a
experimentar una notable modificación para adaptarla a la normativa
comunitaria, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico contenidos de
directivas comunitarias del año 1995.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Segura.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.
Defiendo las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a los artículos
97, 104 y 105, y doy por defendidas las del resto de ese título V, a las
que no ha hecho referencia mi compañero, el señor Segura.
En primer lugar, nuestra enmienda al artículo 97. Otros portavoces se han
referido precisamente a este tema, que tiene que ver con la
liberalización del precio de los libros de texto. Nosotros, señorías,
creemos a ese respecto que, quienes apoyan esa medida, van a dar paso a
una experiencia ya muy repetida en la realidad económica española. Ha
ocurrido muy recientemente, en relación con las tasas de interconexión
telefónica; en relación, por ejemplo, con precios del tabaco; en relación
con unas tarifas aéreas; en todos aquellos sectores en los que ha habido
una cierta apertura, una cierta liberalización, la consecuencia inmediata
ha sido siempre el aumento de las tarifas o el incremento de los precios.
Alguna portavoz les ha recordado, y yo aprovecho para sumarme a ese
argumento, que la experiencia de otros países de nuestro entorno es la
que es, y deberían ustedes hacer caso de ella. La liberalización del
precio de los libros de texto ha conducido a un incremento del precio de
los libros de texto. Sencillamente, señorías. De manera que hagan ustedes
caso, analicen la experiencia de otros países que han liberalizado esos
precios para hacerse una idea de lo que va a ocurrir, con toda seguridad,
en nuestro país. Porque, además de la inconveniencia económica que
supondrá el incremento del precio de los libros, también van ustedes a
destruir una de las muchas redes sociales que existen en nuestra
sociedad, y una red cultural importantísima es toda aquella que está
formada por ese tejido de las pequeñas, medianas o grandes librerías. Sin
ninguna duda, esa red social tiene un valor cultural inestimable que
ustedes no pueden echar por la borda
sencillamente con la enmienda que presentan ustedes mismos al artículo 97
y que rebaja el límite de variación del precio en un 12 por ciento.
Señorías, piénsenlo bien. Cometen ustedes un inmenso error que tendrá
consecuencias no sólo económicas, sino también culturales en todo este
país y cuyos únicos beneficiarios serán las grandes superficies.
En segundo lugar, señorías, creemos que el mejor modo de conservar esa
red y de no afectar a los intereses económicos de millones de familias
españolas es utilizar el procedimiento de las becas. Por eso nosotros
proponemos en el capítulo de gastos un incremento, en una partida nueva,
de 40.000 millones de pesetas, que significaría el beneficio que
obtendrían cinco millones de niños por una primera beca de 8.000 pesetas
por cada uno de ellos; esa será la mejor fórmula para afectar a la baja,
con total certidumbre, el precio que los españoles pagan en estos
momentos por los libros de texto.
Quiero referirme a nuestras enmiendas a los artículo 104 y 105, que
tienen que ver con la Ley de Planes y Fondos de Pensiones y con la Ley de
Ordenación y Supervisión del Seguro Privado que, en su disposición
transitoria decimoquinta, hace referencia a cómo externalizar los
compromisos que los empresarios tienen con sus trabajadores. En primer
lugar, en lo que se refiere al artículo 104, señorías, hemos insistido
una y otras vez, aquí en sede parlamentaria, en ponencia, en Comisión,
fuera de la sede parlamentaria, en cuantas ocasiones hemos tenido
oportunidad de dejar oír nuestra voz, que cometen ustedes un error
monumental introduciendo como contingencia cubierta por los planes
privados de pensiones el riesgo de desempleo. Cometen ustedes, señorías,
acéptenlo, un error monumental. No hay mercado privado para la cobertura
de ese riesgo en ningún lugar del mundo. Imagínense ustedes cuáles no
serán los riesgos de connivencia entre unos y otros actores en un
contrato laboral. El sistema público de protección por desempleo lo
sufre. ¿Por qué trasladar ese riesgo moral que soporta el sector público
al sector privado?
Señorías, nosotros nos oponemos a esta cuestión por el enorme aprecio que
tenemos por el sistema privado de planes y fondos de pensiones; nosotros
somos los responsables de su puesta en pie en este país en el año 1987.
Tenemos mucho aprecio por ese sistema como complemento de las pensiones
públicas, y les decimos con claridad: ese sistema no está suficientemente
maduro. Nuestro caso, por desgracia, no es el de Estados Unidos o el del
Reino Unido, donde los sistemas privados de pensiones tienen una historia
de más de un siglo. Ustedes saben que en materia actuarial es necesario
un período largo de tiempo para que los sistemas maduren financieramente.
No estamos en ese caso. Por tanto, desde la perspectiva del aprecio por
esos planes, por esos complemento, señorías, creemos que es un inmenso
error que introduzcan en los planes la contingencia del desempleo de
larga duración. Ustedes me pueden decir: Hombre, y si una persona que ha
depositado sus ahorros en esos planes se encuentra en desempleo y tiene
necesidad de acudir a sus derechos consolidados para hacer frente a una
situación de infortunio, como es el desempleo de larga duración, ¿qué
ocurre? La ley y el reglamento de la ley de 1987 (artículo 17.2 de la ley
y 35.2 del reglamento) solventan esa cuestión. Permite a los planes de
pensiones conceder créditos a las personas que están en esa situación.
Eso está resuelto, ¿saben ustedes cuántos partícipes de los planes han
acudido a esa norma que abre una pequeña rendija al rescate y a la
liquidez de los planes? No llega al 0,01 por mil. Luego entonces ustedes
no están solventando un problema real y están introduciendo una enorme
inconveniencia en el sistema de planes privados de pensiones. Eso en lo
que tiene que ver con el artículo 104. En lo que tiene que ver con el
artículo 105, utilizaré un argumento que también es válido para el 104.
Nosotros teníamos trabajando una ponencia y una subcomisión sobre estas
materias. El Gobierno, por sí y ante sí, sin esperar a las conclusiones
de esa ponencia, toma la decisión unilateral de modificar tanto en los
presupuestos para el año 1997, el ejercicio en curso, como para el año
1998 el contenido de algunas normas importantes en esa materia. ¿Nos
quieren explicar por qué? ¿Hay razones de urgencia? Sencillamente, no. Y
yo les voy a decir objetivamente cuál es la urgencia, respecto de la que
precisamente el Gobierno se muestra incomprensiblemente remolón. Lo que
están esperando los empresarios, señorías del Grupo Popular, no son
modificaciones en la Ley de regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones; lo que están esperando los empresarios como el agua de mayo es
el reglamento, sobre todo de las disposiciones adicionales y
transitorias, de la ley de supervisión del seguro privado; aquellas que
se refieren a las condiciones en las cuales los empresarios están
obligados a exteriorizar sus compromisos con los trabajadores. Cometen
ustedes la incongruencia de que sin aprobar ese reglamento, siendo así
que el plazo que tienen los empresarios para tomar esa decisión es el 10
de mayo de 1999, ustedes en esta ley modifican esas disposiciones
transitorias; en particular en el 105 modifican la disposición
transitoria decimoquinta de la ley. Modificando una ley del año 1995
--han transcurrido ya dos años de plazo sin que haya reglamento--, la
inseguridad que ustedes introducen en las condiciones en las que los
empresarios están obligados a tomar esa decisión es muy incomprensible.
Por eso --y ustedes lo saben igual que nosotros-- lo que los empresarios
piden a gritos (no la modificación de la Ley de regulación de los Planes
y Fondos de Pensiones, que es lo que ustedes hacen muy diligentemente;
pueden esperar seis meses, pueden esperar incluso doce meses o dos años,
pero los planes de pensiones siguen creciendo en número de partícipes y
en derechos consolidados),
lo que están esperando como agua de mayo, lo que exigen con urgencia es
el desarrollo reglamentario de la Ley de ordenación y supervisión del
seguro privado, en particular...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Noval, vaya
concluyendo, por favor.
El señor MARTINEZ NOVAL: En particular de aquellas disposiciones
transitorias y adicionales que se refieren al modo en el que esos
empresarios deben exteriorizar sus compromisos con los trabajadores.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Noval.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de fijación de posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor presidente.
Señorías, concluimos hoy el debate sobre el articulado del proyecto de
ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social concretamente
con el título V, de la acción administrativa, título donde se hacen
modificaciones muy concretas y parciales en algunos ámbitos de la
actuación administrativa, a fin de conseguir, tal y como estamos
haciendo, que mejore la situación económica y social de los ciudadanos
españoles. Paso a referirme a las enmiendas planteadas por los distintos
grupos parlamentarios, en primer lugar, a propósito del artículo 91.
El artículo 91, subvenciones al transporte aéreo para residentes en
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, refleja el interés del Gobierno de
José María Aznar por habilitar las fórmulas con la necesaria
flexibilidad, a fin de atender la singularidad de los residentes en estos
territorios. Este precepto sin duda alguna es positivo; pero incluso para
mejorarlo, desde la consideración del Partido Popular de que debe
protegerse a los ciudadanos españoles de los territorios que antes he
indicado, vamos a ofrecer unas enmiendas transaccionales a las números
345, 346, 347 y 348, planteadas por el Grupo de Coalición Canaria. Sin
perjuicio de que sean entregadas a la Mesa, quisiera detenerme en las
siguientes.
En estas enmiendas transaccionales --que beneficiarán, como digo, a los
residentes de todos los territorios anteriormente citados--, se
establece, en primer lugar, que la compensación en ningún caso suponga la
disminución de la ayuda prestada o el deterioro del servicio. En segundo
lugar, se procede a la simplificación de la acreditación de residente, lo
que, sin duda alguna, va a beneficiar a todos ellos. En tercer lugar, se
establece una reducción de un 50 por ciento en las tasas de aterrizaje en
estos aeropuertos. Y, en cuarto lugar y último, se procede a declarar
obligación de servicio público en los tráficos aéreos interinsulares y de
los archipiélagos españoles con la Península, en línea con lo que hizo el
Gobierno del Partido Popular recientemente cuando, a propósito del
transporte marítimo, declaró éste de servicio público en un Real Decreto
reciente, de 19 de septiembre de 1997.
Por otra parte, al artículo 92, relativo al régimen jurídico de los
transportes por ferrocarril, hay dos enmiendas de supresión, la enmienda
número 16, formulada por el señor Rodríguez, y la número 77, también del
Grupo Mixto, enmiendas que no vamos a votar favorablemente toda vez que
la doctrina jurisprudencial permite perfectamente la trasposición de
directivas por ley en sus aspectos esenciales, dejando para el desarrollo
reglamentario aquello que fuere preciso, sin que sea necesario incorporar
en una norma con rango formal de ley todos los aspectos a los cuales me
he referido.
Por su parte, el Grupo Socialista presenta varias enmiendas al artículo
92, con la invocación de que son mejoras técnicas. Nosotros entendemos,
en cambio, que no contribuyen a la mejora, a la clarificación o a la
precisión técnica, sino que en algún caso incluso eliminan precisiones
que consideramos imprescindibles, tal y como sucede singularmente en el
apartado cinco.
Respecto del artículo 93, modificación de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, concretamente el carácter implícito para Renfe de
las autorizaciones, permisos o licencias administrativas de primera
instalación o apertura, entendemos que es un precepto razonable que va a
dotar de agilidad, por lo que no votaremos favorablemente la enmienda
número 232, del Grupo Socialista.
Al artículo 95 queda únicamente la enmienda de la señora Rahola. En esta
enmienda se pretende suprimir íntegramente este precepto a propósito de
la Ley de Ordenación del Sector Petrolero. Tal y como ya se ha anunciado,
pronto será remitido a esta Cámara el proyecto de ley de hidrocarburos, y
estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta, sin perjuicio de que esta
cuestión pueda ser estudiada detenidamente en otro trámite parlamentario,
respetando siempre el fin de la liberalización que impulsa en este sector
la Unión Europea y facilitando también mejores condiciones para los
pequeños transportistas, en aras a la defensa del cooperativismo, como
mandata el artículo 129 de la Constitución.
Al artículo 96 se han presentado diversas enmiendas; únicamente voy a
contestar a las defendidas en el Pleno, remitiéndome en lo que a demás
respecta a los argumentos ya formulados en el trámite en Comisión. En
este artículo 96, que implica la modificación del artículo 94 de la Ley
del Medicamento, únicamente ha sido defendida en este Pleno la enmienda
número 148, del Grupo de Izquierda Unida, que pretende añadir algunas
concreciones en relación con la especialidad farmacéutica genérica.
Frente a esto, hemos de señalar que el problema de una posible
incompatibilidad de los excipientes es un asunto general que no afecta
especialmente a las especialidades farmacéuticas genéricas. Además, la
lista de excipientes figura obligatoriamente en los prospectos de todos
los medicamentos, con advertencia para aquellos que puedan provocar
problemas en algún tipo de pacientes.
El artículo 97 se refiere a la acción administrativa en la educación.
Este precepto, tal y como va a ser dictaminado por el presente Pleno,
trata de conciliar tres aspectos fundamentales para el Grupo Popular. En
primer lugar, la consideración que desde el Grupo Popular tenemos del
libro como un bien de interés cultural. En segundo lugar, la protección,
que creemos necesaria, a los pequeños libreros. Aunque otros grupos se
han referido a los editores u otros sectores, nuestra preocupación
especial son los pequeños libreros. Pero conjugando estos dos principios
que he mencionado, la consideración del libro como bien de interés
cultural y la protección a los pequeños libreros, existe otro elemento
que también justifica la introducción de este precepto, cual es que va a
suponer una ayuda para la economía doméstica y va a beneficiar a las
familias españolas, que van a poder adquirir los libros de forma más
barata. Cierto es que no es tan alto el descuento como inicialmente se
contenía en el proyecto de ley, pero es sin duda un paso importante y en
la línea que considera necesaria el Partido Popular. Además, quisiera
recordar que no es ésta una medida aislada, sino que ha venido acompañada
de otra serie de medidas formuladas desde el Grupo Parlamentario Popular
y desde el Gobierno. Quisiera recordar que, a pesar de los años que han
transcurrido desde la aprobación de la Logse, el Gobierno anterior no dio
ningún paso, cuando tenía la responsabilidad de gobierno, para ayudar a
las familias más necesitadas en la compra de libros de texto y material
didáctico. Ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha hecho una
apuesta firme y decidida para facilitar una compensación económica que
minore las desigualdades económicas y sociales. Por eso llama la atención
que, habiendo estado tantos años en el ejercicio de la responsabilidad de
gobierno, sea precisamente ahora cuando se pretenda por el Grupo
Socialista formular alguna enmienda al respecto, pero nunca, en ningún
caso, cuando ejerció esa responsabilidad de gobierno. Decía que fruto de
esa sensibilidad social del Ministerio de Educación y Cultura ha sido la
convocatoria reciente de 200.000 ayudas de 10.000 pesetas cada una para
la compra de libros de texto y material complementario para los alumnos
matriculados en centros sostenidos con fondos públicos, pudiendo
solicitarse únicamente por las familias cuyas rentas fueran inferiores a
1.200.000 pesetas y, además, estableciendo determinados condicionantes, a
fin de premiar a aquellas personas que se encuentren en circunstancias
sociales que requieren un apoyo especial.
También a la educación se refiere la enmienda 321, del Grupo
Parlamentario Vasco y de la señora Lasagabaster. En relación con esta
enmienda formulada conjuntamente, e igualmente a propósito de la enmienda
351, que ha presentado Coalición Canaria, sobre integración del personal
docente que tenga la condición de funcionario y que presta servicio en
los conservatorios de esas dos comunidades autónomas, ofrecemos una
transaccional que asimismo será entregada a la Presidencia y a los demás
grupos parlamentarios.
Por otra parte, se han presentado diversas enmiendas a los artículos 104
y 105, algunas de las cuales pretenden su supresión, enmiendas tanto de
la señora Almeida como de Izquierda Unida y del Grupo Socialista. No
obstante, señorías, nosotros entendemos que las modificaciones que se
introducen en estos dos artículos 104 y 105 respecto a los planes y los
fondos de pensiones tratan de favorecer la previsión social
complementaria en la línea marcada por el Pacto de Toledo. Constituye
especial preocupación para el Grupo Parlamentario Popular el desempleo de
larga duración, que carece de cobertura, al igual que aquellas personas
con grave enfermedad. Por ello queremos, señorías, en la línea de lo
marcado por el Pacto de Toledo, hacer más sugerentes y atractivos los
planes y los fondos de pensiones. Además, en materia del sistema de
previsión social, el proyecto de ley lo único que ha hecho es anticipar
algunas medidas que ya ha tratado la subcomisión creada al efecto.
Nosotros entendíamos que existía un cierto consenso, pero créanme
señorías, especialmente señoras y señores diputados del Grupo Socialista,
que lamentamos profundamente desde el Grupo Parlamentario Popular el
alejamiento que ustedes han tenido respecto del Pacto de Toledo. Ustedes
firmaban pactos cuando estaban en el Gobierno; cuando están en la
oposición no han aceptado firmar ningún pacto en ninguna materia. Pero,
lo que es peor, incluso en pactos importantes que implican a todas las
fuerzas políticas y sociales ustedes se están automarginando. En ese
sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular reitero el llamamiento, que
en otro caso también otros portavoces han hecho, para que no se desvíen
de ese consenso, de ese espíritu que creó el Pacto de Toledo, cuyas
previsiones, recogidas en los artículos 104 y 105, van precisamente en la
línea marcada.
Por último, señor presidente --y voy concluyendo--, quisiera hacer una
referencia a la enmienda 310, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), a
propósito del artículo 105, a la cual ofrecemos una enmienda
transaccional que consiste en la introducción de una disposición
adicional del siguiente tenor: Disposición adicional nueva. El Gobierno
remitirá a las Cortes Generales, antes de 30 de junio de 1998, las
modificaciones legislativas precisas, a fin de regular el régimen fiscal
transitorio de acomodación de los compromisos por pensiones
correspondientes a la cobertura de servicios pasados, de conformidad con
el informe que apruebe la subcomisión parlamentaria para el estudio de
los sistemas privados de previsión social. Modificará las disposiciones
transitorias decimocuarta, decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1995,
de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados,
de acuerdo con criterios de equivalencia, equilibrio, coordinación y
adecuación a los correspondientes regímenes mercantiles, financieros y
fiscales, igualando las mutualidades de previsión social con los planes y
fondos de pensiones.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López-Medel.
Pasamos, finalmente, al debate que agrupa las disposiciones adicionales,
transitorias, derogatorias y finales del proyecto de ley que se está
discutiendo. A este conjunto de disposiciones han presentado enmiendas
varios firmantes del Grupo Parlamentario Mixto, Coalición Canaria, Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida y Grupo Parlamentario Socialista.
Según las referencias de la Presidencia, las enmiendas firmadas por la
señora Rivadulla y el señor Saura Laporta han sido defendidas junto con
el título I, por lo tanto, se mantienen directamente para su votación.
Para defender las enmiendas que ha presentado a este conjunto de
disposiciones, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
En nombre de Nueva Izquierda presento a este conjunto de disposiciones
adicionales, transitorias y finales un total de cinco enmiendas que, muy
brevemente, paso a defender.
En primer lugar es importante la novedad que se introduce en este
apartado de la ley de acompañamiento relativa a la posibilidad de que se
generen prestaciones de muerte y supervivencia y pensiones de viudedad
para trabajadores que no estaban en alta en el momento de su
fallecimiento. Nosotros hemos presentado una enmienda porque nos parece
que la regulación que se contiene, si bien es novedosa en la medida en
que no existía anteriormente y pretende extender a las prestaciones de
muerte y supervivencia la regulación que ya se contiene en alguna medida
para las invalideces y las jubilaciones, sin embargo lo hace con unas
limitaciones que, en nuestra opinión, van a hacer que esto sea puramente
una innovación formal y no real. Nos referimos en concreto a la exigencia
de 30 años de cotización, que en nuestra opinión es excesiva y va a
conducir a la ineficacia. Nosotros planteamos la limitación de ese
período de cotización a 15 años, teniendo en cuenta, señorías --y nos
parece que es bueno recordarlo--, que estamos hablando de prestaciones de
muerte y supervivencia como consecuencia del fallecimiento de un
trabajador y, por tanto, de que se reconozcan prestaciones a viudas y
huérfanos.
En segundo lugar, señorías, se regula en este apartado relativo a las
disposiciones adicionales una concreta en virtud de la cual se reconoce
pensión de viudedad en caso de nulidad matrimonial. En este supuesto la
normativa actual, que ha sido polémica y ha dado lugar a distintas
interpretaciones judiciales, en lo que no ofrecía ninguna duda era en que
si se reconocía finalmente la pensión era beneficiaria la cónyuge
superstite, sin ningún tipo de prorrateo en el caso de que no hubiera
otros cónyuges que concurrieran. Creemos que la regulación de
proporcionalidad debe limitarse, única y exclusivamente, al supuesto de
que sigan existiendo otros cónyuges que concurran en este supuesto en
relación con el causante. Si no hay esa concurrencia de cónyuges
superstites, debe reconocerse, tal como ahora, la pensión en su
integridad.
En tercer lugar, nos parece que la disposición adicional vigésimo cuarta,
en virtud de la cual se produce una modificación de la Ley de Autonomía
del Banco de España, es absolutamente improcedente. Parece obvio que, si
tiene que modificarse la normativa reguladora de una entidad tan
importante como el Banco de España, debe hacerse específicamente y no a
través de la ley de acompañamiento, que, lógicamente, tiene su finalidad
pero que no puede comprender --en nuestra opinión, en modo alguno-- la
regulación, aunque sea parcial, de una institución tan fundamental en la
vida económica de este país y en el conjunto de las instituciones como es
el Banco de España.
Finalmente, las dos últimas enmiendas de Nueva Izquierda pretenden
adiciones. En una de ellas pedimos que se supriman las limitaciones
cuantitativas en el endeudamiento de las corporaciones locales que se
contienen en el capítulo VII del título I de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, todo ello con el objetivo de facilitar las operaciones
de crédito de las corporaciones locales. Y en segundo lugar, que quede
clara la exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido de las operaciones
que se realizan por empresas públicas municipales o con participación
municipal, siempre que esas empresas estén destinadas a la prestación de
servicios de titularidad o competencia municipal. Con ello se persigue
facilitar las operaciones realizadas por empresas municipales para la
prestación de servicios públicos.
En definitiva, señorías, creemos que este conjunto de enmiendas
presentadas por Nueva Izquierda merecen el apoyo de SS. SS. y así lo
solicitamos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peralta.
Para defender la enmienda número 30 a la disposición derogatoria, tiene
la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor presidente.
Se ha presentado esta enmienda número 30 a la disposición derogatoria
porque pretende recoger una petición unánime de las corporaciones locales
y de sus entidades asociativas, así como de la Federación Española de
Municipios y Provincias, la Federación de Municipios de Cataluña y la
Asociación de Municipios Vascos, Eudel. Lo que se pretende es derogar el
tipo adicional de cotización a la Seguridad Social del 8,2 por ciento por
parte del personal activo que a 31 de marzo de 1993 estuviese incluido en
el campo de aplicación del régimen especial de la Seguridad Social de los
funcionarios de la Administración local. Entendemos que esa aplicación
del tipo adicional de cotización representa un coste muy superior al del
personal laboral y funcionarios no integrados en el anterior régimen
especial en cuanto al sistema protector social obligatorio de dichos
empleados públicos, y que este proceso de integración ha resultado
comparativamente lesivo frente a otros similares. Por lo demás, nos
remitimos al texto literal de la justificación que, con todo detalle,
refiere nuestras pretensiones respecto de esta enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
Finalmente, tiene la palabra el señor Vázquez, para la defensa de las
enmiendas que tiene a este conjunto de disposiciones.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Presentamos la enmienda número 18, de supresión, al apartado tres de la
disposición adicional décima, que se refiere a los beneficios fiscales
aplicables al Xacobeo 99 y a la capitalidad cultural de Santiago en el
año 2000. Proponemos con esta enmienda la eliminación del párrafo: «en
régimen de estimación directa», con lo que pretendemos que los posibles
beneficios fiscales se extiendan a empresas que tributan en otros
regímenes. La cuestión sería si las exenciones que se proponen son las
adecuadas o se aproximan tan siquiera a las que se obtuvieron a raíz de
la celebración de la Expo o de Barcelona 92; pero bueno, ese es otro
tema. En todo caso, el Grupo Popular presentó una enmienda semejante, a
la que ha hecho referencia el señor Martínez-Pujalte en su intervención.
Por tanto, nosotros no tenemos inconveniente en retirar la enmienda al
garantizar su incorporación al texto definitivo.
Quiero reiterar que la enmienda número 4, como ya hicimos constar en la
discusión del título I, que por error enmendaba el artículo 8, sea
considerada como una disposición adicional nueva.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
También a este conjunto de disposiciones tiene presentadas enmiendas, que
se mantienen vivas hasta este momento, el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria. Para su defensa, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Las cámaras de comercio de toda España tienen como recurso permanente de
ingresos, desde la Ley de 1993, un recargo del 0,75 por ciento sobre las
cuotas del Impuesto sobre Sociedades. Pues bien, al año siguiente, en
1994, se aprobó la segunda ley del REF, del régimen económico y fiscal,
en sus aspectos económicos, que regula la reserva para inversiones y que
puede llegar nada menos que hasta un 90 por ciento de los beneficios no
distribuidos. Ello, lógicamente, reduciría las cuotas del Impuesto sobre
Sociedades de las empresas canarias y, consiguientemente, se produciría
un grave quebranto en los ingresos de las cámaras de comercio de Santa
Cruz de Tenerife y de Las Palmas. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Por ello, la Ley de
1994 incluyó una disposición adicional séptima sustituyendo para las
empresas del archipiélago el citado recurso permanente del 0,75 por
ciento sobre la cuota por una exacción equivalente del 0,27 por ciento
sobre la base imponible. Así se restablecía la justicia tributaria. Pero
el 31 de diciembre de 1996, la Ley 13 dispuso una reducción progresiva
del tipo sobre la cuota, pero no mencionó la reducción del tipo
equivalente sobre la base, por lo que las empresas canarias reclamaron
para encontrarse en análoga situación que las peninsulares. Señor
presidente, señorías, aunque parezca una paradoja, han sido las cámaras
de Comercio, Industria y Navegación citadas las autoras de esta enmienda,
que, de aprobarse, no afectará para nada ni al presupuesto de ingresos ni
al presupuesto de gastos de los Presupuestos Generales del Estado. Es
cierto que reducirá los ingresos de las respectivas cámaras, en ello
están conformes estas dos instituciones, y se beneficiará el empresariado
canario equiparándose en su aportación cameral a las empresas de la
Península. Por lo que tiene de justicia fiscal, esperamos confiados que
recibirá el apoyo unánime de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el
señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para anunciar la retirada de nuestras enmiendas a estas
disposiciones adicionales números 311, 312, 314 y 316. La enmienda 317 va
a ser defendida por mi compañero don Carlos Caballero.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Zabalía.
El señor Caballero tiene la palabra.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
En relación con la enmienda 317, que pretende la supresión de la
disposición adicional vigésima del proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, tenemos que decir que esta
disposición plantea normas para regular, en materia de personal, la
realización de procesos de selección y provisión excepcional por razón de
la restricción de ámbito temporal --por una sola vez en 1998--, de su
ámbito de destino --restringido al ámbito de gestión de la Administración
central del Estado-- y de su ámbito subjetivo --exclusivamente para
personal facultativo especialista de área del Insalud--. La selección de
personal y provisión de plazas en las instituciones sanitarias públicas
del Sistema Nacional de Salud está regulada en el artículo 34 de la Ley
4/90, de Presupuestos Generales del Estado --hoy en día hay admitido a
trámite un recurso ante el Tribunal Constitucional por inadecuación de la
ley de presupuestos para regular esta materia-- y está desarrollada
pormenorizadamente en el Real decreto 118/1991. Los extremos más
contradictorios de la disposición objeto de enmienda no están en el mero
hecho de que el Estado habilite la realización de procesos de personal en
su ámbito de gestión, sino en que lo haga excepcionando para sí la norma
general y de carácter básico. En concreto, el extremo más claro se
aprecia en que la disposición enmendada eliminaría todos los límites que
establece con carácter básico el citado Real Decreto 118/1991 para fijar
el valor que deben tener los méritos a computar en la fase de concurso en
los procesos de selección. El efecto inmediato es que se puede establecer
una especie de selección blanda para que los médicos interinos de los
hospitales del Insalud adquieran fijeza, es decir un acceso privilegiado.
Si bien aparentemente podría interpretarse que se trata de una medida
neutra para las comunidades autónomas porque sólo se refiere al Insalud,
lo cierto es que va a generar el efecto negativo del agravio comparativo
respecto al personal interino de todos los servicios de salud, incluyendo
tanto al colectivo específico del personal médico de hospitales como al
resto de colectivos del personal: médicos de atención primaria, personal
de enfermería y todo el personal no sanitario. La cuestión es que a una
situación irregular, como la que alega el Insalud, sólo se llega como
consecuencia de un defecto de gestión producido por no convocar
regularmente las correspondientes ofertas públicas de empleo, única vía
constitucionalmente legítima para acceso a la Función pública. Además, el
problema no sólo hay que enfocarlo teniendo en cuenta las expectativas de
quienes disponen de un puesto de trabajo temporal en la Administración
pública, porque también están en juego las oportunidades de quienes están
en paro o cursando estudios en las profesiones implicadas, así como la
propia credibilidad de la ciudadanía en las instituciones públicas,
muchas veces mal interpretada en casos como el que nos ocupa. Por todo
ello, mantenemos esta enmienda.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Intervengo para defender todas aquellas enmiendas que respecto a las
disposiciones adicionales, derogatorias y finales ha presentado Izquierda
Unida, entre las que destaco las siguientes. La enmienda 154 pretende que
los débitos a la Seguridad Social por parte de las corporaciones locales
y los organismos públicos se puedan compensar o deducir de las
transferencias que el Estado deba realizar, a fin de evitar que existan
morosidades injustificadas por parte estos organismos públicos, que deben
dar ejemplo y ser los primeros en pagar a la Seguridad Social.
En la enmienda 155 tratamos de que los aprendices o titulares de los
contratos de formación que con la reforma del mercado de trabajo de 1994
perdieron parte de los derechos sociales que tenían y que han recuperado
el derecho a la prestación por enfermedad en la reforma de 1997 recuperen
la prestación por desempleo, ya que después de dicha reforma siguen sin
tenerla.
En la 156 planteamos la reducción de la jornada laboral a un máximo de 35
horas semanales, sin comentarios en función de la actualidad de la cumbre
de Luxemburgo que se celebra hoy y mañana.
En la enmienda 157 proponemos la equiparación de los desempleados mayores
de 45 años, aquellos que constituyen el mayor contingente de los parados
de larga duración y que han agotado la prestación y el subsidio por
desempleo, a los mayores de 52 años respecto a la continuación del
subsidio por desempleo.
La enmienda 158 aborda un tema que convendría ir resolviendo, ya que
desde hace trece años un colectivo de prejubilados de la empresa Alcatel
viene reivindicando la solución de su problema, asunto sobre el cual en
la proposición no de ley del 27 de diciembre de
1995, aprobada por este Congreso de los Diputados, se obtuvo un respaldo
de cara a que el Gobierno informase de cuál era la situación y la
posibilidad de resolución del problema de este colectivo en cuanto a
cumplimentación de sus pensiones; sin embargo, en trece años no se ha
resuelto este tema todavía. Como es conveniente que finalmente se le dé
una solución, nosotros aportamos la posibilidad de que se establezca un
fondo específico en los presupuestos para ir resolviéndolo, al menos como
anticipo a cuenta de lo que pueda ser la solución final.
En la enmienda 164 pretendemos suprimir el requisito de estar dados de
alta o en situación asimilada para tener derecho a la pensión de viudedad
y de orfandad a los efectos del capítulo VIII de la Ley General de
Seguridad Social.
También tratamos de evitar que se produzcan las absorciones de las
diferencias favorables a pensionistas entre el IPC real y el IPC previsto
que ha establecido la reforma de la Ley General de la Seguridad Social y
que estas diferencias positivas sirvan para ir equiparando las pensiones
más bajas del sistema al salario mínimo interprofesional.
Planteamos en la enmienda 153 una reforma a fin de resolver o de subsanar
los obstáculos que tienen los emigrantes retornados para ser
beneficiarios de las prestaciones no contributivas y, en otra enmienda,
que alcancen las prestaciones contributivas de la Seguridad Social sin
los obstáculos actualmente vigentes en la ley.
En la enmienda 169 proponemos un impuesto sobre las viviendas
desocupadas, estableciendo lógicamente la legislación respecto a su base
imponible y a la graduación del tipo impositivo a efectos de ayudar a las
corporaciones locales a resolver el grave problema que tienen estas
viviendas desocupadas en el centro de los cascos de nuestras ciudades.
Finalmente, señorías, presentamos un voto particular a la transacción que
se ha establecido en la ponencia respecto a la disposición adicional
vigésimo séptima, a la cual se incorpora la pretensión del Gobierno de
alargar dos años más la obligación de la financiación para la aplicación
de la Logse. Nosotros creemos que esto contribuye al actual barullo
existente de medidas privatizadoras y de insuficiencias financieras que
están generando en el sistema público de enseñanza problemas importantes
a todos los usuarios y, en concreto, en la financiación por parte de las
comunidades autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene presentadas unas cuantas
enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias, finales y
derogatorias, de esta ley; algunas de ellas se han dado por defendidas
por nuestros portavoces, ya que estaban relacionadas con algunos títulos;
otras las doy por defendidas y, señor presidente, colaborando en la
economía del tiempo, me voy a centrar exclusivamente en nuestra enmienda
264 a la disposición vigésimo cuarta de este proyecto de ley, que tiene
que ver con la modificación de la Ley de autonomía del Banco de España.
Señorías, esa ley procede del año 1994, por lo tanto tiene una corta
vigencia. Hay que modificarla por prescripciones y exigencias del
Instituto Monetario Europeo que determina la necesidad de llevar a cabo
algunos cambios que han de conducirnos a una normativa homogénea en
relación con el sistema de bancos centrales europeos. En particular, esos
cambios que vienen exigidos por el Instituto Monetario Europeo se
refieren al derecho de voto que tienen los consejeros natos de los
órganos de dirección del Banco de España, que, como sabrán, son el
director general del Tesoro y el vicepresidente de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. En segundo lugar, el Instituto Monetario Europeo
también exige que el plazo de vigencia del cargo sea como mínimo de cinco
años. En estos momentos la ley española determina que sean cuatro años.
Se toma una decisión, en parte razonable, que conduce a que ese plazo sea
de unos seis años. Insisto en que cinco años era el mínimo. Luego hay que
modificar también una cuestión muy importante en la disposición final
segunda de la ley para determinar con qué ritmo se produce la
modificación parcial de la composición de los órganos de dirección, en la
perspectiva de que en un determinado momento todas las personas que
componen esos órganos de gobierno del Banco de España se acerquen a ese
período de mandato de los seis años.
Señorías, quiero dejar bien sentado, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, que nos preocupa enormemente que el Gobierno haya mostrado
tan poco interés y porque una modificación de una ley tan importante como
es la Ley de autonomía del Banco de España se haya hecho sin el consenso,
sin el acuerdo y sin el pacto con el principal partido de la oposición.
En el año 1994 esa Ley de autonomía del Banco de España fue pactada y
consensuada y en el mismo sentido también lo fue la composición de los
órganos de gobierno del Banco de España. Todos los consejeros que en el
año 1994 accedieron a esa responsabilidad en el banco lo hicieron
procedentes de un pacto y de un acuerdo entre los grupos mayoritarios en
aquel momento en esta Cámara. Reivindicamos, por tanto, la voluntad del
Gobierno en esa dirección de pacto y de acuerdo con el principal grupo de
la oposición y, por qué no, con otros grupos parlamentarios presentes en
esta Cámara que también participaron en aquel acuerdo
del año 1994. Puedo dar fe de que mi grupo hizo esfuerzos suficientes
para que el texto que traía el proyecto de ley en cuanto a esa
modificación fuese un texto pactado, pero esos esfuerzos resultaron
baldíos, señorías, y el Gobierno presentó un proyecto que se correspondía
exclusivamente con su punto de vista y con su voluntad.
Tengo que reconocer también, señorías, que he escuchado en la Comisión en
boca del portavoz del Partido Popular argumentos en la dirección que
estoy defendiendo en estos momentos, en la dirección de la necesidad de
que, a fin de cuentas, en el «Boletín Oficial del Estado» aparezcan
sencillamente textos de modificación de la ley que se correspondan con
una voluntad pactada, consensuada y concertada, no sólo con el grupo
parlamentario mayoritario de la oposición sino también con otros grupos.
Hemos recibido buenas palabras, pero, señorías, quiero concluir mi
intervención diciéndoles que pedimos hechos y no palabras, porque hasta
el momento sólo ha habido palabras de buena voluntad para llegar a un
acuerdo, pero no se ha producido ni un solo hecho.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Noval.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo, en este turno de fijación de posición sorprendido por las
últimas palabras del portavoz socialista, toda vez que nos ha provocado
una cierta extrañeza saber que esta corrección que se hace de Ley de
autonomía del Banco de España no tiene la conformidad del principal grupo
de la oposición. Creíamos que esta modificación había sido ya objeto de
consulta y no digo de consenso pero sí de una cierta aceptación. Las
palabras del portavoz del Grupo Socialista nos inquietan, toda vez que en
esta Cámara, señor presidente, en todo lo relativo a la modificación del
régimen jurídico del Banco de España casi siempre recuerdo que se había
procedido con una cierta unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
Puesto que se discrepa del contenido de esta disposición, mi grupo
desearía que a lo largo de los trámites que todavía quedan pendientes
para la aprobación definitiva de esta norma pudiera restablecerse el
acuerdo necesario para que se aprobara con el máximo consenso posible.
Vaya por delante, señor Martínez Noval, la posición de nuestro grupo
para, a partir de ahora, hacer los esfuerzos de diálogo necesarios, a la
vista de la intervención de su señoría, para que en esa reforma puntual
--por otra parte creo que sin demasiada trascendencia-- busquemos la
forma de lograr ese acuerdo y no romper el marco de equilibrio que
siempre ha habido en esta Cámara en lo relativo al Banco de España.
Señorías, también quisiera expresar en nombre de mi grupo --ya lo dijimos
en la Comisión-- que hay varias enmiendas planteadas por varios grupos
parlamentarios sobre algunas materias de la Seguridad Social que mi grupo
vería con mucho interés que fueran objeto de una transacción o de un
acuerdo en el Pleno de esta Cámara. Me refiero a las enmiendas para
resolver la incompatibilidad a la que estamos sometiendo en estos
momentos las pensiones de orfandad con la percepción de otras rentas
laborales; o también a la formulada para revisar el criterio de los 30
años obligatorios de cotización para poder recibir una pensión de
viudedad cuando el cónyuge fallece sin haber estado dado de alta para
generar pensión con cargo a la Seguridad Social; también me refiero a las
relativas a los límites para las devoluciones por cuantías
complementarias percibidas indebidamente.
Señorías, ya dijimos que mi grupo quería afrontar una revisión de esas
tres cuestiones. Creemos que el límite de 30 años es excesivo y
deberíamos ir a los 15 o a los 20. En el Senado propondremos una enmienda
en ese sentido. En cuanto a la incompatibilidad de la pensión por
orfandad deberíamos revisarla; hasta los 21 años no debería haber ninguna
incompatibilidad. Por tanto, en el trámite del Senado, la enmienda que ha
propuesto el Grupo Socialista debería ser objeto de aceptación y mi grupo
también va a proponer una enmienda en ese sentido. Igualmente, se debe
buscar un criterio para que los mecanismos de devolución por la
percepción indebida de cuantías complementarias en las pensiones no
estuvieran sometidos a la rigidez que existe hoy en la norma, fueran un
poco más flexibles y no causaran a los jubilados con pensiones más bajas
graves inconvenientes en sus niveles de renta por las exigencias de
devolución de cantidades cobradas indebidamente.
Mi grupo manifiesta en estos momentos su deseo de resolver estas tres
cuestiones. Creo coincidir con el Grupo Popular al menos en el deseo y,
toda vez que los grupos de la oposición ya se han expresado en este
sentido, tengo la confianza de que en el Senado se puedan resolver
debidamente. Señor presidente, si la intervención del portavoz del Grupo
Popular se produjera en los mismos términos, creo que daríamos
tranquilidad a unos colectivos que hoy están pendientes de cómo vamos a
resolver estas tres cuestiones, cuya solución creo que es de justicia que
abordemos de forma más satisfactoria que la que figura en la norma en
estos momentos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Gracias, señor presidente.
Intervendré desde mi escaño, lo que seguramente van a agradecer sus
señorías.
Comenzaré por decir que no voy a hacer referencia, como es obvio, a
aquellas disposiciones y enmiendas que fueron defendidas con
anterioridad, con ocasión de los debates sobre cada uno de los títulos.
En concreto, en las disposiciones adicionales novena, décima,
decimoprimera y decimosegunda intervino el señor Martínez-Pujalte.
Tampoco haré referencia a las enmiendas a las disposiciones de lo social,
donde nuestra posición ya fue reflejada, con la brillantez a la que nos
tiene acostumbrados, por el señor Camps, que son las adicionales segunda,
decimotercera, decimocuarta y transitoria sexta. Tampoco mencionaré la
disposición adicional vigésima, tema sobre el que ha intervenido el señor
López-Medel.
Me referiré brevemente a las manifestaciones en la tribuna del señor
Martínez Noval, en el sentido de reiterar nuestro compromiso, del que S.
S. hablaba. Sabe, señor Martínez Noval, que nuestro grupo no sólo tuvo
una intervención en público en la Comisión haciendo un llamamiento para
ver la manera de llegar a soluciones consensuadas, del mismo modo que
ocurrió en el año 1994 con la Ley de autonomía del Banco de España, sino
que también, y lo ha reconocido, esta modificación obedece a las
necesidades de estructuración técnica impuestas por el Instituto
Monetario Europeo. En esta ocasión en el Pleno reiteramos el llamamiento
que sabe usted que hubo de forma pública y de forma privada, señor
Martínez Noval, y también solicitamos al Grupo de Convergència que
entienda que este llamamiento se hace extensivo al resto de los grupos de
la Cámara para librar de esa inquietud que parecía haber en su grupo
parlamentario.
De las enmiendas a las que ha hecho referencia el señor Vaquero, no
quiero dejar de comentar en concreto la número 158, que trataría de
formalizar ese fondo específico para las prejubilaciones de ITT España.
Sabe S. S. que lo que se aprobó en el Congreso de los Diputados fue la
elaboración de un informe, por lo que en esa proposición no de ley no se
establecían las maneras de garantizar el fondo, así como que ya, en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, hay partidas presupuestarias
que tienen por objeto dar soluciones a los temas que ustedes plantean en
su enmienda.
En la enmienda 169 de nuevo insisten ustedes en medidas de carácter
tributario para resolver problemas sociales que a nosotros nos parece que
se incardinan más en materias de carácter coactivo e incluso en actitudes
que tienen más que ver con un Estado policial que con otra cosa. No
acabamos de ver por qué insisten en este tipo de medidas. Ustedes
pretenden regular mediante ley que se fije un impuesto por el hecho de
estar en posesión o tener en propiedad una vivienda que esté desocupada.
Como ya dijimos el año pasado en el debate de la Ley de acompañamiento,
se trata de medidas de carácter coercitivo y que poco tienen que ver con
el Estado social y el Estado de Derecho que nuestro grupo pretende
proclamar. Con respecto a la enmienda 172, creemos que el artículo 1.2 de
la Ley General de Sanidad regula las necesidades que vienen en su
enmienda y, por tanto, los españoles y extranjeros residentes en España
ya gozan de la protección a la salud y a la atención sanitaria.
Por último, señorías, para dejar cierto buen sabor de boca en el debate
que en estos momentos finalizamos, quiero anunciar que aceptaremos la
enmienda 354 de Coalición Canaria. No veo al señor Cercas, que tanto se
quejó de que el grupo que sustenta al Gobierno no era capaz ni sensible
para aprobar enmiendas de la oposición. Nuestro grupo anuncia, señorías,
que votaremos favorablemente la enmienda 270 del Grupo Socialista, que
consiste en rebajar el IVA de los servicios funerarios. Eesto, señorías
del Grupo Socialista, es lo que hacen los gobiernos estables sustentados
por mayorías como la del Gobierno del Partido Popular, que se pueden
permitir aprobar las enmiendas de la oposición votándolas favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cámara.
Entiendo que las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y
finales han sido defendidas por todos los grupos parlamentarios a lo
largo del debate, salvo en el caso del señor Mardones, que me solicita la
palabra y se la concedo a esos efectos.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Teníamos en este bloque de disposiciones transitorias dos enmiendas, la
356 y la 357, que estaban dirigidas a efectos económicos dentro de las
recaudaciones por la actividad del Ente Público Aeropuertos Nacionales y
Navegación Aérea. Habiéndose producido recientemente por el Gobierno una
disposición de reorganización de este ente público y tratándose de
cuestiones puramente financieras dentro de las recaudaciones que hace
AENA por los servicios en los aeropuertos nacionales y el destino de
excedentes que pudieran ir al Tesoro público y habiéndose reconocido que
en el archipiélago canario la recaudación del ente público siempre ha
estado años atrás muy por encima de las inversiones del mismo en
infraestructura aeroportuaria, por estas razones, señor presidente, damos
por retiradas estas dos enmiendas 356 y 357.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
Finalizado el debate del proyecto de ley, vamos a proceder a la votación.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.--Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a proceder a las
votaciones de las enmiendas y dictámenes correspondientes al proyecto de
ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Antes de comenzar las votaciones que, como saben SS. SS., se producen, en
ocasiones, en términos de detallado desglose, a propuesta de los
correspondiente grupos parlamentarios, en el ejercicio de su derecho a
que las votaciones se produzcan separadamente, por engorroso que pueda
resultar su enumeración, quiero volver a encarecer la necesidad de
mantener el silencio, como hicimos en la sesión de ayer, porque tengo
también que reiterar que, de nuevo, las votaciones son muy complejas y
extensas. Contando con la comprensión de SS. SS., comenzamos con el
título I. En primer lugar, las enmiendas del Grupo Mixto, comenzando, a
su vez, por las de la señora Almeida. Sometemos a votación, en primer
lugar, la número 61.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 147; en contra, 178; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 62.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, nueve; en contra, 179; abstenciones, 149.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 151; en contra, 181; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Lasagabaster. En primer lugar, enmiendas números
21 y 22.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 11; en contra, 315; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, seis; en contra, 330; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Rivadulla y del señor Saura, números 34 y 35.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 145; en contra, 182; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez. En primer lugar, la número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 10; en contra, 192; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 8, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 145; en contra, 181; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 157; en contra, 182; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 11; en contra, 181; abstenciones, 148.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. En primer lugar, la número 322.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 144; en contra, 188; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la transaccional propuesta por el Grupo Popular a las números 323
a 334, del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 193; en contra, 137; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional. (El señor Homs i
Ferret pide la palabra.)
Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, retiramos las enmiendas números
417 y 418.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs.
También se han retirado las del Grupo Vasco (PNV). Dentro de las del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), en primer lugar, se somete a
votación la número 422.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 336; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional propuesta por el Grupo Popular a la número 419 del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 319; en contra, 18; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, las numeradas
del 86 al 89, la 90, la 99 hasta la 101, y la 123.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 156; en contra, 182; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: : Quedan rechazadas.
Enmienda número 122.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 20; en contra, 316; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 20; en contra, 184; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, la número 181.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 334; en contra, dos; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas números 178, 185 y 190.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 145; en contra, 194; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 191 a 195, y 197.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 145; en contra, 179; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 157; en contra, 181; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votaciones correspondientes al dictamen del título I, que comprende los
artículos 1 a 26 del proyecto de ley. En primer lugar, se votan los
artículos 6, 9, 12, 13, 16 y 18 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 317; en contra, 10; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos del
dictamen.
Artículos 7, 8.3, 8.4, 8.7, 10, 11, 19, 20 y 21 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 318; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos.
Se somete a votación el artículo 15 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340, a
favor, 330; en contra, nueve; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Se somete a votación el artículo 22 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 193; en contra, 146; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Resto del dictamen del título I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340, a
favor, 180; en contra, 159; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.
Pasamos a las votaciones correspondientes al título II, artículos 27 al
41 del proyecto. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, comenzando por las de la señora Almeida. Enmienda número 71.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 25; en contra, 313; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 158; en contra, 178; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda subsistente de la señora Lasagabaster, número 28.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 12; en contra, 327; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 37, que presentan la señora Rivadulla y el señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 159; en contra, 179; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del señor Rodríguez, números 12 y 13.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 158; en contra, 180; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Al haberse retirado las enmiendas del Grupo Nacionalista Vasco, pasamos a
las del Grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, se someten a votación
las números 124, 125 y 133.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 157; en contra, 179; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 20; en contra, 316; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por las números 204, 208 y
210.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 144; en contra, 181; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 156; en contra, 181; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votaciones correspondientes al dictamen del título II, que comprende los
artículos 27 a 41. En primer lugar, se someten a votación los artículos
28, 34, 37, 40 y 41.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 318; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos del
dictamen.
Votaciones sobre el artículo 39.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 180; en contra, 21; abstenciones, 137.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Resto del dictamen correspondiente al título II.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 181; en contra, 157; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.
Pasamos al título III, artículos 42 a 54 del proyecto. En primer lugar,
enmienda número 72, del Grupo Parlamentario Mixto, formulada por la
señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 159; en contra, 180; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 344, única que subsiste del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, ocho; en contra, 331; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, la número 137.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 158; en contra, 177; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 20; en contra, 315; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, las números 213, 214 y
215.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 155; en contra, 182; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 211 y 212, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 146; en contra, 180; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votaciones correspondientes al dictamen del título III. En primer lugar,
votamos el artículo 42.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 336; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 42.
Votación correspondiente al artículo 43.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 197; en contra, seis; abstenciones, 137.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Votación sobre el artículo 44.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 181; en contra, siete; abstenciones, 152.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Votación sobre el artículo 45.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 182; en contra, 152; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Votación sobre los artículos 48 y 49.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 318; en contra, seis; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Votación sobre el artículo 50.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 181; en contra, 142; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Resto del dictamen correspondiente al título III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 317; en contra, 18; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen correspondiente
al título III.
Pasamos al título IV del proyecto de ley, artículos 55 a 90. En primer
lugar, se someten a votación las enmiendas de la señora Almeida, del
Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 161; en contra, 178; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas de la señora Rivadulla y del señor Saura, del Grupo Mixto. En
primer lugar, enmiendas números 46 y 39.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 146; en contra, 192; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas de los mencionados diputados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 159; en contra, 180; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del señor Rodríguez. En primer lugar, enmienda número 14.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 24; en contra, 313; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 15.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 157; en contra, 182.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 31, de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 146; en contra, 180; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Al haberse retirado las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), pasamos a las
del Grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, se someten a votación las
números 142, 143 y 144.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 22; en contra, 316; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 153; en contra, 180; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por las números 223, 224 y
226.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 144; en contra, 180; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 156; en contra, 181; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen del título IV.
En primer lugar, se someten a votación los artículos 63, 64 y 65 del
dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 186; en contra, 13; abstenciones 141.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos.
Votación sobre el artículo 66.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 181; en contra, 154; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el referido artículo.
Artículos 55 y 78 a 87 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 181; en contra, 151; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Artículos 59, 70 y 89.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 181; en contra, 143; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Artículos 56, 57, 60 a 62, 68, 69, 88 y 90.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 319; en contra, nueve; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos.
Artículo 58.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 181; en contra, 141; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 58.2.
Resto del artículo 58.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 319; en contra, seis; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del artículo 58.
Se somete a votación el artículo 77.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 191; en contra, 143; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Votación sobre el artículo 67.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 335; en contra, dos; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo.
Resto del dictamen del título IV.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 318; en contra, 12; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen al título IV.
Pasamos al título V, artículos 91 al 107, comenzando por las enmiendas
del Grupo Parlamentario Mixto, y, dentro de él, de la señora Almeida. Se
somete a votación la número 76.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 11; en contra, 313; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 77.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 24; en contra, 180; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 159; en contra, 178; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 29, de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 156; en contra, 181.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 57 y 41, de la señora Rivadulla y del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a
favor, 157; en contra, 176; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Ruego a quien está haciendo uso de un inalámbrico en las tribunas que
tenga la amabilidad de desalojar el hemiciclo.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor Rodríguez Sánchez. En primer lugar
la número 16.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 12; en contra, 183; abstenciones, 145.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 17, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340, a
favor, 157; en contra, 183.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 32, de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, cinco; en contra, 181; abstenciones, 154.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 33, de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 159; en contra, 181.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda transaccional a la número 321, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) y de la señora Lasagabaster, y a la número 351, de Coalición
Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 194; en contra, tres; abstenciones, 143.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional.
Enmienda transaccional a la 345, del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 336; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional a la 345.
Se somete a votación la transaccional a la 346, del Grupo de Coalición
Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 323; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional.
Transaccional a la enmienda 347, del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 337; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la 348, de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 338; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 352, del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 29; en contra, 172; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Han sido retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). (El
señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.)
Señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor presidente, si es procedente, quisiera
manifestar la aceptación de la transacción a nuestra enmienda 310, pero
si es posible modificando in voce el texto al final.
El señor PRESIDENTE: Lea el texto, señoría, y luego tendrá que
manifestarse el grupo proponente de la transacción, que es el Grupo
Parlamentario Popular.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: La enmienda quedaría tal cual está redactada y
conocen los grupos parlamentarios, añadiendo al final: «en los beneficios
fiscales que el régimen transitorio concede a los planes y fondos de
pensiones». (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor presidente, aceptamos lo que
propone el Grupo Vasco. (Rumores.-- Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Se somete, en consecuencia, a votación la
transaccional en esos términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a
favor, 180; en contra, 150; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En primer lugar la
150.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 158; en contra, 178; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Voto particular de Izquierda Unida contra la incorporación de la número
443, de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 20; en contra, 181; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular.
Restantes enmiendas y voto particular del Grupo de Izquierda Unida a la
444, de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 21; en contra, 317; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas y el voto
particular.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar las números 228 a 231.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 146; en contra, 181; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 157; en contra, 181; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen del título V, que recuerdo
comprende los artículos 91 a 107. Se somete a votación, en primer lugar,
el artículo 91.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 181; en contra, 144; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 95.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 181; en contra, cuatro; abstenciones, 155.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículos 92 a 94, 98, 99, 100 y 101.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 318; en contra, dos; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Votación sobre los artículos 96, 97, 104 y 105.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 182; en contra, 155; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos.
Resto del dictamen al título V.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 317; en contra, 14; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen al título V y
con ello pasamos a las disposiciones adicionales primera a trigésimo
tercera.
Enmiendas del Grupo Mixto. En primer lugar la número 82, de la señora
Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340, a
favor, 24; en contra, 311; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 156; en contra, 180; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 43 y 44, de la señora Rivadulla y del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 127; en contra, 211; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 45, de los mencionados diputados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 144; en contra, 180; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas de los mencionados diputados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 157; en contra, 180; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 18, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 12; en contra, 182; abstenciones, 144.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 4, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 160; en contra, 180.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Al haberse retirado las enmiendas de Coalición Canaria, sólo queda poner
a votación la número 354, de dicho grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 183; en contra, 20; abstenciones, 136.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Asimismo se han retirado las enmiendas del Grupo Vasco y por ello pasamos
a las del Grupo de Izquierda Unida. Enmiendas 158, 160 y 171.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 156; en contra, 180; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 152, 163, 165 y 166.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 20; en contra, 181; abstenciones, 139.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas y voto particular de Izquierda Unida a la enmienda
número 403, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 20; en contra, 314; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas y el voto
particular.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar se someten a votación las
números 242 a 244, 247, 250, 254, 266, 267, 269, 272 y 273.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 158; en contra, 179; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Socialista números 249, 251 a 253, 255 a 258 y 265.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 143; en contra, 193; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda transaccional a la 270.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 334; en contra, cuatro; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 146; en contra, 178; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votaciones correspondientes al dictamen sobre las disposiciones
adicionales. En primer lugar, se someten a votación las disposiciones
adicionales tercera, quinta y decimoctava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 337; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposición adicional decimotercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 199; en contra, 139; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposiciones adicionales séptima y octava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 315; en contra, 14; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposición adicional vigesimo séptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 182; en contra, 154; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposiciones adicionales novena y vigésimo cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 182; en contra, 157; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposiciones adicionales decimoprimera, decimosegunda, decimocuarta,
decimoséptima y vigésimo quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 179; en contra, 145; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las referidas disposiciones
adicionales.
Pasamos a la votación del resto del dictamen a las disposiciones
adicionales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 323; en contra, uno; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen a las
disposiciones adicionales.
Pasamos a las disposiciones transitorias. En primer lugar, se somete a
votación la enmienda que subsiste del Grupo Mixto, la número 47.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 158, en contra, 180; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Al haberse retirado las de Coalición Canaria, pasamos a las enmiendas del
Grupo Nacionalista Vasco y en concreto a la transaccional a la 319.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 192; en contra, siete; abstenciones, 141.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional.
Enmienda 173, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 21; en contra, 306; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Socialista números 274 a 279.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 159; en contra, 178; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votaciones correspondientes al dictamen. En primer lugar votamos la
disposición transitoria quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 193; en contra, 141; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la referida disposición.
Sometemos a votación la disposición décima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 336; en contra, uno; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposición transitoria sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 182; en contra, 17; abstenciones, 141.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposiciones tercera, octava, novena, decimosegunda y decimoquinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 318; en contra, 14; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las disposiciones.
Disposición decimotercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a
favor, 321; en contra, 13; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición.
Resto del dictamen sobre las disposiciones transitorias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 181; en contra, dos; abstenciones, 157.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen a las
disposiciones transitorias.
Vamos a votar las enmiendas que aún subsisten a la disposición
derogatoria única. En primer lugar la enmienda número 30, de la señora
Lasagabaster, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, siete; en contra, 317; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 168, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 14; en contra, 325; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar las números 280 y 281.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 157; en contra, 180; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 282, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 146; en contra, 180; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la citada enmienda.
Votación correspondiente al dictamen sobre la disposición derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 181; en contra, 145, abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen sobre la disposición
derogatoria.
Pasamos a las enmiendas y dictamen sobre las disposiciones finales. En
primer lugar se someten a votación las enmiendas del Grupo Mixto, números
84 y 85, de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 20; en contra, 317; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 264, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 141; en contra, 197; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votaciones correspondientes al dictamen de las disposiciones finales. En
primer lugar se somete a votación la disposición final sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 336; en contra, dos; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se someten a votación las disposiciones finales segunda y quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 318; en contra, 14; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto del dictamen sobre las disposiciones finales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 319; en contra, uno; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.
Votación del preámbulo según el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 183; en contra, 154; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el preámbulo y con ello se termina la
tramitación de la ley de presupuestos. (Aplausos.-- Rumores.)
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.