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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 116, de 17/11/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 116
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 112
celebrada el lunes, 17 de noviembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 84-1, de 1 de octubre de
1997. (número de expediente 121/000082) (Página 5948)
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SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 5948)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 (Página 5948)
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas presentadas, concretamente la número 90, pidiendo la supresión
del apartado cuatro del artículo diez por no compartir la filosofía
derivada de los acuerdos de Maastricht de un control tan riguroso y
estricto del déficit del gasto público en perjuicio del desarrollo
económico y social. A través de la enmienda número 91 proponen asimismo
la supresión del apartado cinco del artículo diez, en coherencia con la
enmienda anterior. Se trata concretamente de que si se recauda más de lo
inicialmente previsto, ese exceso de recaudación se destine a financiar
necesidades sociales existentes, en lugar de dedicarse a reducir el
déficit.
La señora Rivadulla Gracia pide que se de por defendida la enmienda
número 303 de la señora Almeida Castro, del Grupo Mixto.
El señor Ríos Martínez defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, manifestando que su objetivo es lograr en el
artículo uno una mayor transparencia de las empresas y entes públicos a
la hora de determinar el gasto de cada una de ellas. Sin embargo, su
enmienda más importante va dirigida al artículo dos, señalando que, en un
año en que crece la economía y tienen posibilidad de hacer más efectivas
las políticas activas desde el Gobierno, éstas se realicen a través de
una previsión más progresiva de los impuestos, corrigiendo algunas
desgravaciones fiscales que actualmente considera excesivas. Para dicho
fin propone ingresar un billón más dentro de los capítulos I al VII,
pasando de los 16 billones previstos a los 17.
Pretenden, por otro lado, una mayor transparencia en la gestión de los
dineros que administra el Gobierno, obligando a que éste informe
automáticamente al Congreso de todas las modificaciones presupuestarias
que adopte. Finalmente, propone que los mayores ingresos que puedan
producirse se dediquen al Insalud u a otras actuaciones de carácter
social, en lugar de destinarse a reducir el déficit público.
El señor Gimeno Marín comienza lamentando que un debate tan importante
provoque tan escaso entusiasmo, aunque no considera raro que así ocurra
ya que muchos de los aspectos fundamentales que afectan a la política
para el ejercicio de 1998 se están discutiendo fuera del Parlamento, como
se está viendo estos días en relación con la sanidad, afectando a muchos
miles de millones que quedarán al margen de estos presupuestos.
Igualmente quedan fuera de los mismos gran parte de las inversiones
públicas, todo lo cual lleva a que ni siquiera el vicepresidente del
Gobierno tenga ningún interés en asistir a los debates. Tiene al menos la
esperanza de que asista al debate correspondiente a su sección del
Ministerio de Economía.
Añade el señor Gimeno Marín que se hallan ante unos presupuestos que
tienen toda la apariencia de ser los presupuestos de los problemas que el
Partido Popular y el Gobierno no han querido o no han podido afrontar. En
este sentido el Gobierno no ha sido capaz de aprovechar un ciclo
económico favorable, utilizando los mayores ingresos para unas rebajas
fiscales no bien analizadas y que en muchos casos producen la sensación
de dirigirse a ciertos sectores en forma de clientela del propio
Gobierno. Son, en definitiva, unos presupuestos pensados para el corto
plazo, que generan problemas para el futuro porque ese futuro no se
afronta por el Gobierno en estos momentos. Se trata de unos presupuestos
poco rigurosos, oscurantistas y no transparentes, además de
manifiestamente injustos, porque en aspectos fundamentales como puede ser
la política educativa se caracterizan por una discriminación favorable
hacia el sector privado de la educación y por un sentido poco solidario
con los sectores más débiles de la sociedad. Son también unos
presupuestos injustos porque no afrontan el problema de la Seguridad
Social, como posteriormente pondrán de manifiesto otros intervinientes.
Concluye el señor Gimeno Marín refiriéndose brevemente a las enmiendas a
los títulos I y II, señalando que son parecidas a las de los años
anteriores y cuyo sentido fundamental es definir claramente todo lo
relativo a las modificaciones presupuestarias.
En turno en contra de las enmiendas defendidas anteriormente interviene
en nombre del Grupo Popular, el señor Cámara Rodríguez-Valenzuela. Alude,
en primer lugar, a los debates habidos en Comisión donde, a su juicio, se
produjeron dos posturas claramente
diferenciadas, una ejercida por prácticamente todos los grupos del arco
parlamentario que, desde posiciones ideológicas distintas, reconocieron
que el Gobierno está acertando plenamente en su política presupuestaria
con un reflejo claro en la economía del país, y una segunda postura en la
que estaba únicamente el Grupo Socialista, con unos argumentos repetidos
esta tarde y basados en el anuncio de situaciones poco menos que
calamitosas con respecto a las perspectivas económicas de los españoles.
Piensa, sin embargo, que se trata de una forma de actuar y de unas
exageraciones que ya no convencen a nadie. Por ello, respecto a las
enmiendas del Grupo Socialista se ve obligado a reiterar lo que ya dijo
en Comisión: que no son enmiendas serias porque están fundamentadas
exclusivamente en la exageración en lugar de en un trabajo serio que
deberían haber realizado presentando propuestas verdaderamente
alternativas a las del Gobierno. Rechaza, por otra parte, la acusación de
indisciplina presupuestaria en relación con el título I del proyecto,
agregando que la propia experiencia demuestra que las previsiones hechas
por parte del Gobierno del Partido Popular se han venido cumpliendo todas
sin excepción, pecando si acaso, de exceso de prudencia.
Respecto a las enmiendas presentadas a los títulos I y II por los demás
grupos parlamentarios se remite a lo expuesto en los debates de la
Comisión, debido a la falta de tiempo para contestarles.
Título III (Página 5953)
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Mixto, defiende las
enmiendas números 92 y 96 a 107, que pretenden la sustitución en diversos
apartados y artículos de este título de la previsión de incremento de las
retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas.
Recuerda que a lo largo de los últimos años los funcionarios han venido
sufriendo una constante pérdida de su poder adquisitivo y que este año la
congelación salarial se supone que ha sido para contribuir a la mejor
marcha de la economía. Pues bien, cuando desde el Gobierno se viene
afirmando machaconamente que la economía va bien, parecería justo que
tuviera repercusión real en las condiciones de vida, en este caso de los
funcionarios, para que comprobasen de alguna manera que su sacrificio
sirve para algo. En tal sentido, propone que la subida salarial sea del
4,1 por ciento, en lugar del 2,1 propuesto por el Gobierno, sirviendo,
además, de orientación para otras subidas salariales en el sector
privado.
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, defiende las cinco
enmiendas presentadas, a través de las cuales pretende introducir
limitaciones y controles en el gasto generado por los altos cargos, cuya
partida, junto a la relativa al personal eventual de confianza, tiene un
incremento del 6,2 por ciento. Considera que debe eliminarse la
posibilidad de conceder complementos de productividad a los altos cargos,
así como las retribuciones de los miembros de consejos de administración
de empresas estatales en las que figuren por razón del cargo que ocupan.
Piensa que esas enmiendas están en consonancia con la doctrina del
Partido Popular cuando estaba en la oposición, por lo que parecería
lógica su aceptación.
La señora Uría Echevarría defiende la enmienda del Grupo Vasco (PNV), por
la que rechazan el carácter básico de estos preceptos según la previsión
del artículo dieciocho, cuatro. Pretenden que cada comunidad autónoma
pueda establecer para el personal a su servicio un incremento superior al
previsto en el proyecto de ley cuando acrediten que han cumplido los
criterios de convergencia europea en relación con el déficit público y
endeudamiento.
El señor Ríos Martínez defiende las veinte enmiendas presentadas por el
GrupoParlamentario Federal de Izquierda Unida a este título III. A través
de las mismas pretenden que si España va bien y crece económicamente, el
bienestar alcance a todos y no sólo a una parte de la sociedad. Otros
objetivos de estas enmiendas son, primero, que el Gobierno mantenga una
filosofía de negociación colectiva; segundo, que todo lo relativo a
retribuciones complementarias sea discutido y negociado; y, tercero, que
la subida salarial concreta de los funcionarios para el próximo año sea
del 3 por ciento.
El señor Caldera Sánchez-Capitan defiende las enmiendas del Grupo
Socialista. Expone que el título III del proyecto de ley plantea dos
principales cuestiones relativas, la primera, al salario de los empleados
públicos y, la segunda, al hecho de que los secretarios de Estado puedan
experimentar el próximo año un incremento de entre tres y cuatro millones
de pesetas a través del complemento de productividad. Recuerda que dos
millones de familias españolas han sufrido este año una gran injusticia
al ver congelados sus haberes, en contra de lo establecido en un acuerdo
negociado que está vigente y que reconocía la evolución de sus
retribuciones de acuerdo con el IPC, acuerdo incumplido por el Gobierno
del Partido Popular. Agrega que en este momento en que reiteradamente se
insiste en que todo va bien, el Grupo Socialista propone la
aprobación de un fondo adicional para recuperar parte del poder
adquisitivo perdido.
Otra de sus enmiendas hace referencia al principal problema de la
sociedad española, cual es el desempleo, y en este sentido proponen que
la oferta pública de empleo se eleve del 25 por ciento previsto en el
presupuesto al 50 por ciento de la llamada tasa de reposición de los
funcionarios que se jubilen a lo largo del año 1998. Una tercera enmienda
se refiere a una promesa incumplida del Partido Popular. Se trata de que
los jóvenes españoles durante la prestación del servicio militar perciban
10.000 pesetas mensuales, cifra muy inferior a la contemplada en los
programas electorales del partido del Gobierno. Por último, alude a la
enmienda relativa al tratamiento retributivo de los secretarios de
Estado, reconociendo que tanto en el nivel administrativo como en el
político se reciben unas retribuciones moderadas. Podrían aceptar
cualquier planteamiento claro, directo y generalizado de debatir una
reforma retributiva de esos niveles, pero no como se propone, por la vía
opaca, menos transparente y controlable de todas. Recuerda, por otra
parte, que el Partido Popular se opuso rotundamente a compensar dietas
percibidas anteriormente por la pertenencia a consejos de administración.
En turno en contra de las enmiendas al título III, interviene la señora
Fernández González. Comienza aludiendo a los debates de la Comisión en
los que creía haber expuesto en profundidad y con rigor las razones que
existían para mantener el dictamen directamente, frente a unas enmiendas
mal planteadas que esperaba que, una vez aclaradas todas las dudas,
fueran retiradas. Sin embargo, no ha ocurrido así en la mayoría de los
casos, por lo que se ven obligados a reproducir unos debates bastante
minuciosos que ya tuvieron lugar en la Comisión de Presupuestos.
Empezando por el tema de la subida salarial, afirma que pueden tener
todos la absoluta seguridad de que el incremento medido, ponderado, del
2,1 por ciento, no se ha hecho en base a criterios arbitrarios ni a
caprichos políticos, sino que es fruto de un estudio económico riguroso y
fundado en las estimaciones del crecimiento del IPC. Algunos diputados
invocan argumentos, a su juicio, demagógicos, hablando de que si España y
la economía van bien el Gobierno no debe ser cicatero con dos millones de
familias que deben beneficiarse de esa bonanza económica. Ocurre, sin
embargo, que los señores diputados saben que se trata de un argumento
falaz, ya que esos dos millones de funcionarios tienen empleo estable en
nuestro país y que, además, también han visto mejorado su poder
adquisitivo gracias a la política de crecimiento y estabilidad impulsada
por el Gobierno.
Respecto al tema de la negociación a que ha aludido el señor Ríos, le
recuerda la existencia de un diálogo permanente y fluido desde el
Ministerio de Administraciones Públicas.
Respecto a la intervención del señor Caldera, señala que en la misma ha
insistido en su auténtica manía persecutoria en relación al régimen
retributivo de los secretarios de Estado, cuestión que considera que ya
ha sido explicada de manera suficiente en la Comisión de Presupuestos, en
el sentido de que se pretende poner claridad donde antes había confusión
a través de dos leyes tan importantes como la del Gobierno y la de
organización y funcionamiento de la Administración del Estado. En dichas
leyes se clarifica que los secretarios de Estado no son miembros del
Gobierno, por lo que tendrán el esquema retributivo que se aplica a los
funcionarios públicos con los complementos establecidos en la Ley de la
Función Pública.
Concluye refiriéndose a la enmienda del Grupo Vasco (PNV), señalando que,
después de estudiarla detenidamente, consideran que existen razones que
avalan ese rechazo.
Títulos IV y VIII (Página 5961)
En defensa de las enmiendas presentadas al título IV, interviene en
primer lugar la señora Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto,
que mantiene vivas tres enmiendas que tienen como objetivo la
equiparación progresiva de la cuantía de las pensiones contributivas y no
contributivas al salario mínimo interprofesional y que responden al
mandato que el artículo 41 de la Constitución establece, según el cual
los podres públicos tienen el deber de garantizar una pensión digna para
todos.
Por otra parte mantiene una enmienda al título VIII con la que se
pretende eliminar las limitaciones de cobertura de prestaciones de los
contratos de aprendizaje, mediante la igualación de sus cotizaciones con
el resto de contratos.
Asimismo interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Chiquillo
Barber para defender las enmiendas presentadas al título VIII. Anuncia el
mantenimiento de la enmienda 86 en la que se solicita un plan de
modernización del pequeño comercio. En dicho plan considera que se
deberían contemplar, además de las medidas ya adoptadas por la
Subsecretaría de Estado de Comercio, ayudas y subvenciones para mejorar
instalaciones, así como una reforma fiscal en profundidad.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista al título IV interviene el señor Cercas Alonso, quien pone de
manifiesto en primer lugar la ausencia de todos los miembros del Gobierno
así como el aspecto desolador del salón de plenos. Sin embargo, no le
extraña el desánimo de los diputados puesto que de las más de 300
enmiendas presentadas por su grupo ni una ha sido tomada en
consideración, incluso ni las que pretenden concretar políticas y
promesas hechas por el señor presidente del Gobierno. No obstante ofrece
la buena disposición de su grupo para tratar de corregir algunos de los
gravísimos problemas que tiene el presupuesto de la Seguridad social y
desearía que éstos se analizaran con perspectiva histórica y de acuerdo
con los pactos de Toledo. Afirma que el endeudamiento de la Seguridad
Social se va a incrementar el próximo año en 475.000 millones de pesetas,
endeudamiento que ya no se podrá achacar a gobiernos anteriores, puesto
que el actual llevan tres años gestionando el presupuesto de la Seguridad
Social. Asegura que se juega en el presupuesto con 350.000 millones de
préstamo, de los que se dice que son para necesidades de caja, cuando lo
cierto es que se está presupuestando por criterios de devengo sabiendo
que en la Seguridad Social figuran todos los años 500.000 millones de
ingresos que no se van a producir y que van incrementando en cada
ejercico el agujero presupuestario y financiero de la Seguridad Social.
Opina que la Seguridad Social no va a poder resistir mucho más tiempo
este endeudamiento y dificilmente se van a poder remediar los males que
aquejan a su presupuesto si no se hace un análisis correcto. Considera
que con sus enmiendas se pone remedio a estos males y pide que el Estado
aporte 200.000 millones de pesetas al presupuesto de la Seguridad Social.
Añade que con esta medida no se desequilibrará ninguna de las cifras de
Maastricht, simplemente se contabilizarán lo que son deudas del Estado en
los Presupuestos del Estado y no en el presupuesto de la Seguridad
Social.
Por otra parte afirma que, después de los tres presupuestos correlativos
al Pacto de Toledo, no se ha avanzado nada, porque al no aportar el
Estado lo que tiene que aportar la cotizaciones sociales tienen que
soportar cargas crecientes en el presupuesto de la Seguridad Social.
Añade que antes del acuerdo al que se llegó en el Pacto de Toledo en
cuanto a la separación de fuentes de financiación, el gobierno socialista
pasó de una financiación de la Seguridad Social por cuotas de un 82 por
ciento a un 63 por ciento, camino por el que se debería haber seguido
para aligerar las cargas que soportan las empresas y los trabajadores
españoles. Sin embargo, considera que no ha sido así y que el peso de la
cotizaciones ha subido en el presupuesto de este año.
No está de acuerdo con la referencia del Consejo de Ministros del día 30
de octubre en donde se decía que, cumpliento el Pacto de Toledo, las
viudas y viudos de menos de 60 años pasarían a cobrar 40.770 pesetas al
mes cuando, según sus cuentas, son sólo 37.280 pesetas al mes, exigiendo
asimismo que se cumpla el compromiso del Gobierno de incrementar las
pensiones, porque si no está claro que el Gobierno se jacta en público de
cosas que luego no hace en la realidad.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida interviene el señor Ríos Martínez. Manifiesta
que las tres enmiendas que mantienen vivas en el título VIII tienen como
base una misma filosofía y es que en un año en que crece la economía, el
presupuesto del Estado debe comprometerse de verdad con que la sociedad
tenga un mayor nivel de empleo. Como objetivo concreto de la primera
enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se plantea el
incremento de las cotizaciones de las horas extraordinarias, para que, de
esta forma, las horas extraordinarias sólo se utilicen como un recurso
estructural, quedando reducidas a una pequeña parte de la actividad de la
empresa, que deberá cubrir sus necesidades con personal más o menos
estable. La segunda enmienda va dirigida a que queden prohibidas las
horas extraordinarias en los contratos de formación y en los aún vigentes
contratos de aprendizaje. Y la tercera hace referencia al apartado nueve
del artículo ochenta y siete y pretende que si un empresrio abusa de la
contratación temporal se eleve la cuota de la parte empresarial. De todas
formas se muestra partidario de acercar posiciones y poder llegar a una
solución intermedia, si no en este presupuesto sí en otros posteriores.
Para fijar su posición en relación a las diversas enmiendas interviene,
en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Camps Devesa. En
primer lugar manifiesta que respeta los planteamientos y las razones de
las tres enmiendas presentadas por Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, aunque no las comparte en algunos casos, y opina que hay
que estar atentos al debate que existe en estos momentos sobre las
posibilidades de reordenación, redistribución, adecuación o reducción del
tiempo de trabajo y sobre el papel que justamente en tales ámbitos debe
atribuirse ya sea a la norma legal, al ámbito de la negociación colectiva
o, en general, a lo que podría ser la acción de los poderes públicos.
A continuación se refiere a las enmiendas de la señora Rahola, a las que
se muestra contrario por cuanto que contienen incrementos de gastos no
posibles y, además, no suficientemente explicitados.
Asimismo anuncia su postura contraria a las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, lo mismo que sucedió el año
pasado, y se pregunta cómo, después de haber sido rechazadas las
enmiendas en el anterior presupuesto, las pensiones se han seguido
pagando mes tras mes, los pensionistas han ganado en poder adquisitivo y
el sistema no se ha quebrado por la mitad, como se anunció por el señor
Cercas en aquel debate.
Título V (Página 5967)
En primer lugar, la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario
Mixto, da por defendidas las enmiendas de la señora Almeida Castro y pasa
a exponer las suyas propias, que van de la 197 a la 200, todas ellas al
artículo 53. Estas enmiendas tienen como objetivo que los fondos de ayuda
al desarrollo vayan realmente destinados al desarrollo social y económico
de los países pobres y no al pago de obligaciones españolas frente a
instituciones multilaterales de desarrollo, puesto que, entiende, ya
existen otras partidas presupuestarias destinadas a financiar la
contribución española a organismos multilaterales.
El señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), da por defendida su enmienda 1585
En defensa de las enmiendas presentadas a este título por el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, interviene el señor Martínez
Sanjuán. Explica, en primer lugar, que sube a la tribuna a defender sus
enmiendas por dar al debate parlamentario la importancia que tiene,
aunque cree que el grupo mayoritario que apoya al Gobierno quiere pasar
sobre ascuas y de puntillas. Considera que en el título V y parte del
anexo III se recogen las políticas de endeudamiento y avales, por lo que
se va a autorizar al Gobierno a que se endeude en el año 1998 y preste
avales a empresas públicas, dependientes o no dependientes de los
Presupuestos Generales del Estado, por valor de 3 billones de pesetas.
Expone que en la Comisión no obtuvieron respuesta a toda una serie de
dudas razonables que plantearon en este título y se hace la pregunta de
en cuánto se va a endeudar realmente el Estado al final del ejercicio.
Abogan por una mayor transparencia en la financiación de las empresas
públicas, en la concesión de avales y en la información parlamentaria y
considera que este título tal y como está consagra que el Gobierno haga
con el endeudamiento lo que quiera, y además con opacidad, y permite la
centrifugación del gasto público desde el presupuesto a otros centros no
sujetos a la información y al control parlamentario.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Soto García, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que se refiere en concreto a
las enmiendas que se centran fundamentalmente en el importe de los avales
a prestar por el Estado al Ente Público Radiotelevisión Española y en la
dotación y gestión del Fondo de Ayuda al Desarrollo. No apoyan las
enmiendas de los grupos Socialista del Congreso, Mixto e Izquierda Unida
que se refieren a los avales ni las que se refieren a los créditos del
Fondo de Ayuda al Desarrollo, aún estando de acuerdo con algunas
justificaciones de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Por otra parte señala que sí van a admitir las enmiendas
sobre el FAD que presenta el Grupo Parlamentario Mixto. En relación con
la enmienda 1585, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
propone una enmienda transaccional en el sentido de añadir un apartado
dos al artículo cuarente y ocho. En cuanto al resto de las enmiendas no
entra en ellas por ser sus contenidos de carácter técnico.
El señor Homs i Ferret anuncia que no aceptan la enmienda transaccional
porque consideran que no ha sido comprendido el sentido estricto de la
enmienda planteada por su grupo.
Título VI (Página 5971)
Defiende las tres enmiendas presentadas por el grupo de Iniciativa per
Catalunya Els Verds, integrado en el Grupo Mixto, la señora Rivadulla
Gracia. Una de ellas es relativa al artículo 57, que regula las
deducciones por cuota del IRPF, y pretende establecer un mecanismo de
coordinación y armonización fiscal entre la tributación local y la
estatal en lo que se refiere al gravamen sobre la actividad económica. La
enmienda 202, relativa al Impuesto sobre Actividades Económicas, propone
añadir un nuevo apartado al artículo 66, con el objetivo de mantener
actualizada la base imponible de dicho impuesto, y la 203 propone un
nuevo apartado, también en el artículo 66, en donde se diga que la
exención de las obras benéfico-sociales de las cajas de ahorro no incluya
aquellas actividades que, aun
estando enmarcadas en este ámbito, pudieran conllevar finalidades
lucrativas o comerciales.
A continuación da por defendidas las enmiendas de la señor Almeida
Castro, perteneciente al Partido Democrático de Nueva Izquierda, adscrito
al Grupo Parlamentario Mixto.
La señora Lasagabaster Olazábal solicita que también se de por defendida
la enmienda de la señora Rahola i Martínez.
Interviene el señor Chiquillo Barber, también del Grupo Parlamentario
Mixto, para defender la enmienda 76, de Unión Valenciana, al artículo 65,
referente a la actualización de los valores catastrales del Impuesto de
Bienes Inmuebles en cuanto a la naturaleza rústica, y solicita que a
partir del 1 de enero de 1998 se aplique a estos bienes el coeficiente
cero.
En defensa de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a este título
VI interviene el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo
Parlamentario Mixto. En la enmienda 108 proponen suprimir el artículo 69,
que hace referencia a los impuestos especiales, en concreto a
hidrocarburos, y en la enmienda 109 proponen suprimir el artículo 70,
porque consideran que la evolución de las primas de seguros de una manera
indiscriminada no hace más que incrementar la regresividad fiscal del
sistema.
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendida su enmienda 193 al artículo 70 relativo al Impuesto sobr primas
de seguro, porque considera que el aumento del 50 por ciento resulta
excesivo e injustificado.
El señor Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), reclama la atención de la Cámara para su enmienda 1586 por
considerarla solidaria y de absoluta justicia. Entiende que es
inaceptable la incompatibilidad de la deducción fiscal de 56.000 pesetas
por miembro con minusvalías con la percepción de otras ayudas.
El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, pasa a defender las veinte enmiendas presentadas por su grupo a
este título, que se refiere a las normas tributarias, a los impuestos
directos y a todas las fórmulas de tributación, incluidas las tasas. El
objetivo de sus enmiendas es, en primer lugar, buscar que en el IRPF se
recuperen los tramos que existían con anteriorirdad y, en segundo lugar,
que se actualicen todas las deducciones. Solicita, por último, que sus
enmiendas sean tenidas en cuenta, en la medida de lo posible, para que se
mejore la propuesta presupuestaria del gobierno y los beneficios lleguen
a las gentes que más necesitan del apoyo del Gobierno.
El señor Martínez Noval, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
defiende un conjunto de enmiendas presentadas por su grupo al título VI,
que se refiere tanto a los impuestos directos como a los indirectos y a
las tasas y precios públicos. Deja sentado que no están de acuerdo en
absoluto con un nuevo retroceso en la base de la progresividad del
impuesto y no se explica por qué se actualizan algunas deducciones,
algunos límites y no otros. Opina que se actualizan con creces todo lo
que tiene que ver con rentas del capital y, sin embargo, el Grupo Popular
se siente agarrotado en lo que tiene que ver con rentas del trabajo
dependiente. Manifiesta que sus enmiendas tratan de solventar el problema
con equidad y sin ninguna discriminación, positiva en unos casos y
negativa en otros. Por ejemplo, no están de acuerdo, en modo alguno, con
el incremento del 4 al 6 por ciento del tipo del Impuesto sobre primas de
seguro, siendo una diferencia de un 2 por ciento que recae sobre millones
de españoles.
Resalta, por otra parte, la ausencia del Ministro de Economía y recuerda
que con los gobiernos socialistas esto no ocurría. Por último apela a la
sensibilidad del señor Homs, al igual que él ha hecho con su enmienda
1586, para que apoye la enmienda 1184 del Grupo Socialista.
El señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, interviene para fijar su posición ante las enmiendas
presentadas y defender el título VI. Felicita al señor Ríos Martínez por
las enmiendas planteadas en relación con las deducciones de la vivienda
habitual y por gastos sanitarios y considera que se podrán discutir en la
reforma del IRPF. En cuanto a la enmienda del señor Chiquillo Barber
considera que plantear una actualización de los valores catastrales
rústicos de un cero por ciento no tiene mucho sentido y atenta, de algún
modo, contra la justicia. Por otra parte, anuncia su apoyo a la enmienda
1586 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque están
de acuerdo en que no debe haber incompatibilidad entre la percepción de
la prestación asistencial por discapacidad y la deducción de 56.000
pesetas por hijo en el IRPF.
En turno de réplica intervienen los señores Martínez Noval y Chiquillo
Barber, duplicando el señor Martínez-Pujalte López.
En el debate de las disposiciones adicionales, transitorias y finales la
señora Aroz Ibáñez da por defendidas las enmiendas del Grupo
Parlamentario
Socialista del Congreso. Asimismo, intervienen las señoras Rivadulla
Gracia, Rahola i Martínez, el señor Chiquillo Barber y la señora
Lasagabaster Olazábal, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto, dándose
por defendidas las enmiendas de la señora Almeida Castro y la del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria. Por último intervienen los señores
Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió, y Ríos Martínez,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, interviene el señor Echániz Salgado.
Se someten a votación las enmiendas y los diferentes artículos de los
títulos I, II, III, IV, VIII, V y VI, así como las disposiciones
adicionales, transitorias y finales del dictamen del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado.
Se suspende la sesión a las nueve de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998 (Número
de expediente 121/000082)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
El orden del día está constituido exclusivamente por los dictámenes de
comisiones sobre los proyectos de leyes de los Presupuestos Generales del
Estado para 1998 y de medidas fiscales, administrativas y del orden
social.
Como saben SS. SS., la Junta de Portavoces llegó a un acuerdo en el que
se ordenaba este debate a partir de la sesión de esta tarde, siguiendo
esta noche, mañana por la mañana, mañana por la tarde y también por la
noche; de la misma forma el miércoles y el jueves y, si es menester, el
viernes, con votaciones que se producirán, como en la ocasión anterior, a
la una de la tarde y a las ocho de la misma tarde, sobre aquellos temas
que hayan sido debatidos hasta ese momento, de forma que, tras la
votación última, la vespertina, seguirán los debates de aquellas materias
que junto con las que se hayan producido en la mañana siguiente se
someterán a votación a la una de la tarde.
En principio, se debatirá el proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1998, en el día de hoy, y la previsión inicial es que en
la mañana de mañana martes, día 18, comenzará el debate de las secciones,
que continuaría por la tarde-noche y pasaría al miércoles, siendo
deseable poder empezar y terminar, si fuera posible, el jueves el
proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
El acuerdo se completa con la previsión de que en las sesiones nocturnas
no se comience ningún nuevo punto de los que han quedado convenidos que
pueden agruparse en bloques, más tarde de las once y media de la noche,
de forma que se concluya con el que esté debatiéndose a esas horas, a esa
hora o a una hora más tardía, pero no se comenzará ningún punto nuevo a
partir de esa hora. Creo que con este esquema tienen SS. SS. una
previsión razonable de cómo pueden transcurrir las sesiones. A las
intervenciones, en ningún caso, incluido el caso del Gobierno, vamos a
concederles más de diez minutos. Este es el límite máximo, que no
necesariamente debe agotarse, sin perjuicio de que por la Presidencia
pueda ponerse otro tiempo más limitado en función del desarrollo del
debate. Saben SS. SS. que en las sesiones nocturnas tendrán la misma
asistencia logística que el año pasado, para que haya un máximo número de
diputados presentes en el hemiciclo durante el trabajo nocturno.
Por tanto, sin más preámbulo, pasamos ya al debate de las enmiendas
correspondientes a los títulos I y II, que se debatirán conjuntamente,
del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, al
que se han mantenido enmiendas por los grupos Mixto, Izquierda Unida y
Socialista; los restantes, en su caso, fijarían su posición.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto compartirán un turno el
señor Vázquez y la señora Almeida que, si no está presente, se darían por
decaídas sus enmiendas.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Voy a defender con brevedad las enmiendas que el Bloque Nacionalista
Galego presenta a los títulos I y II del articulado.
En primer lugar, presentamos la enmienda 90 que propone la supresión del
apartado cuatro del artículo diez porque no compartimos la filosofía
derivada de los acuerdos de Maastricht respecto a la eficacia que para el
desarrollo económico y social tiene un control tan riguroso y estricto
del déficit, y por tanto del gasto público; un control que, a veces, se
convierte en un fin en sí mismo, desde el punto de vista del Gobierno. Es
evidente que un gasto público descontrolado, sobre todo aplicado a
actividades improductivas o superfluas, constituye un factor de
desequilibrio. Sin embargo, nosotros seguimos pensando que para favorecer
el desarrollo económico y social en muchos casos es necesario
utilizar ese mecanismo, sin necesidad de ajustarse tan rigurosamente a
esos criterios, que en algunos casos puedan resultar beneficiosos para
economías más desarrolladas. Pero es que, además, nosotros pensamos que
el Gobierno, siendo más papista que el papa, fija una previsión del
déficit en una cifra inferior a la que le permitirían fijar esos mismos
acuerdos de Maastricht.
Con la enmienda número 91 proponemos la supresión del apartado cinco del
artículo diez y lo hacemos en coherencia con la enmienda anterior. El
apartado cinco hace referencia a que, si se recauda más de lo
inicialmente previsto, ese exceso de recaudación resultante se dedique a
reducir el déficit en lugar de dedicarlo a financiar necesidades sociales
que hoy están planteadas; creo que es una evidencia para casi todo el
mundo y más cuando esa reducción del déficit se hace sobre la base de la
reducción del gasto público socialmente productivo, criterio que el
Bloque Nacionalista Galego no comparte. Es por eso por lo que pedimos su
supresión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
La señora Rivadulla en nombre de la señora Almeida.
La señora RIVADULLA GRACIA: Para dar por defendida, en nombre de la
señora Almeida, la enmienda 303.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla. Por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, voy a intentar
defender las propuestas de Izquierda Unida para modificar el texto del
proyecto del Gobierno en lo que se refiere a los créditos iniciales y a
la financiación de los mismos, es decir, el capítulo de ingresos y la
previsión de ingresos que el Gobierno establecía en la propuesta pero que
ya es una realidad fruto de su aprobación en Comisión con el apoyo de los
grupos parlamentarios que le han dado su respaldo. Por otro lado, voy a
defender también las enmiendas que presentamos a la gestión
presupuestaria al título II.
El objetivo de Izquierda Unida es ampliar lo que ya fue forma de actuar
en anteriores legislaturas, logrando una mayor transparencia de las
empresas y entes públicos a la hora de decir qué cantidad se gasta en
cada uno de estos entes. Nosotros proponemos añadir en el artículo uno,
donde está recogido el Consejo de Seguridad Nuclear, el Consejo Económico
y Social, el Instituto Cervantes y toda una serie de organismos y de
empresas públicas, dos más: uno, el Consejo Consultivo de Privatizaciones
que, lógicamente, tiene que gastar algún dinero, tiene que funcionar y
pagar algunas dietas y tendremos que saber qué se gasta en ese Consejo
Consultivo de Privatizaciones, y no lo recogen los presupuestos; nosotros
presentamos la enmienda para que se añada a esta actuación. Y, por otro
lado, el Banco de España, porque el Gobernador del Banco de España no
viene a esta Cámara como invitado a explicar la política general del
país, sino a pedirnos la aprobación de su presupuesto que se añade en un
anexo por valor de un importe total de 45.838 millones de pesetas, de los
cuales se van a gastar 44.000 en gastos de funcionamiento y 1.700 en
concepto de inversiones. Nosotros lo que proponemos es que se recoja en
los artículos uno y dos qué se va a gastar en el Banco de España.
La enmienda más importante va dirigida al artículo dos, donde Izquierda
Unida cree que en un año en el que crece la economía, en un año en el que
tenemos una posibilidad de hacer más efectivas las políticas activas
desde el Gobierno, en lugar de hacerlas a través de la política de
desgravaciones fiscales se haga a través de una previsión más progresiva
de impuestos. Por eso proponemos ingresar un billón más de pesetas dentro
de los distintos capítulos, del I al VII, dentro del Estado, y en lugar
de ingresar los 16 billones de pesetas que propone el texto que viene de
la Comisión nosotros proponemos ingresar 17 billones de pesetas. ¿De
dónde? Fundamentalmente del IRPF, reduciendo los gastos fiscales que
ahora mismo producimos en ese Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, disminuyendo los planes de pensiones, disminuyendo los gastos
por enfermedad, que están recogidos por la Seguridad Social, disminuyendo
todo lo que son los beneficios incorporados por adquisición de vivienda
superior a los 20 millones de pesetas, al seguro de vida... En suma una
serie de desgravaciones que creemos que son excesivas.
En segundo lugar, proponemos la reducción en 285.000 millones de pesetas
de los gastos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo,
proponemos incrementar el IVA en productos de primera necesidad, para que
las familias que invierten el mayor porcentaje de sus ingresos en estos
menesteres en lugar de tener que pagar el 4 por ciento sea el 1 por
ciento. ¿Qué conseguiríamos con esto? Poner en los bolsillos de las
familias que invierten casi el 80 por ciento de su salario en estos
menesteres un volumen de 500.000 millones de pesetas.
Por otro lado, nosotros proponemos unos mayores ingresos fiscales
provenientes de una mayor inversión pública. En suma, una serie de
enmiendas que pretenden una mayor recaudación del Estado en este año en
el que crecemos económicamente. Igualmente pretendemos que haya mayor
transparencia en la gestión de los dineros que el Gobierno administra.
Por un lado, que se informe al Congreso automáticamente de todas las
modificaciones que adopte el Gobierno, sea el ministro
de Economía, sea el Consejo de Ministros. Nosotros creemos que, además,
debe de haber acceso a todo lo que son las cuentas generales desde la
Intervención General, y proponemos que todos los grupos parlamentarios
tengan acceso, a través de una tarjeta, a esa información de gestión con
el mismo grado de detalle que lo tiene la propia propuesta aprobada en el
Congreso.
Por último, nosotros proponemos en el título II que cualquier ampliación
que haya por mayores ingresos no venga reducido de lo que significa el
déficit público, sino que vaya dedicado a la previsión presupuestaria de
los distintos objetivos, en el Insalud y en otras actuaciones. Es decir,
si las enmiendas se admitieran, señor presidente, los presupuestos serían
más transparentes, más controlables por los distintos grupos y más
progresivos en cuanto a la política fiscal.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, señoras diputadas, es lamentable que un debate de un
proyecto de ley tan importante provoque tan pocos entusiasmos, y no es
raro que sea así. Todos nos hemos cansado desde esta tribuna y fuera de
ella de decir que la ley de presupuestos para cada ejercicio económico es
el eje fundamental de lo que es la política y la gestión del Gobierno;
eso es verdad. Sin embargo, me temo que en el contexto y en el momento
político actual nos encontramos con una situación paradójica, y es que es
posible que lo que estemos debatiendo en esta ley de presupuestos para
1998 no sea lo que produce más entusiasmos, ni en el debate político ni
en el debate económico. Nos encontramos en una situación en la que muchos
de los aspectos fundamentales que afectan a la política para el ejercicio
1998 se están discutiendo fuera del Parlamento y nos encontramos con
aspectos que ni siquiera sé si va a dar tiempo a que lleguen a este
debate de presupuestos. En ese contexto, no es sólo que en estos días
estemos viendo en los medios de comunicación si hay o no acuerdo sobre la
sanidad que afecta a cifras como 150.000 decenas de miles de millones,
sino que, además, sabemos que están al margen de estos presupuestos
aspectos tan importantes de la política económica como es el sector
público empresarial. Asimismo, está fuera de estos presupuestos un
aspecto tan importante como es una gran parte de las inversiones
públicas. Todo esto no se trae a esta Cámara, señor presidente, por lo
que no es extraño que las emociones que produce este debate
presupuestario estén al nivel en el que están. No sólo es eso, sino que
este Gobierno y el grupo parlamentario que lo apoya sigue entendiendo,
quizá por su bisoñez en el Gobierno o porque le preocupan otras cosas,
que su labor fundamental es cómo atosigar a la oposición. Siendo así, en
estos momentos nos encontramos con una audiencia enorme del Gobierno y,
sobre todo, de su vicepresidente económico, que está tan interesado por
el debate de estos presupuestos que espero que haga el pequeño esfuerzo,
por lo menos, de acudir --que no sé si lo hará, ya que los aspectos
generales de la política económica de este debate le deben preocupar
poco-- al debate de su sección, la sección del Ministerio de Economía.
Será un gran honor encontrarnos con el señor Rato en este debate de
presupuestos.
Esta es la presencia del Gobierno que quiere potenciar y elevar el nivel
del debate de los presupuestos para 1998. Por eso no es extraño, señor
presidente, que este debate vaya tan rápido. Sin embargo, sería
lamentable que el Gobierno siguiera demostrando tan poco interés por
ello. En cualquier caso, estos presupuestos se producen en un contexto en
que el Gobierno hereda ya su propia gestión presupuestaria. También es
cierto que presentan una novedad de enorme importancia. Se tiene la
impresión, no sólo por el aspecto de la Cámara y del debate, de que este
Gobierno no va a poder aprobar otros presupuestos en el ejercicio que
viene. Estos presupuestos tienen la pinta de ser los presupuestos de los
problemas que el Partido Popular y el Gobierno no han querido o no han
podido afrontar. Eso es lo que parece. El ministro de Economía o
vicepresidente económico, que no está en estos momentos con nosotros,
menuda papeleta le va a dejar al siguiente ministro de Economía.
El Gobierno no ha sido capaz de aprovechar un ciclo económico favorable y
una economía que había empezado a sanearse hace algunos años. No lo ha
aprovechado, y eso en estos momentos ha dado lugar a una situación
paradójica. Han utilizado los mayores ingresos, consecuencia de un ciclo
económico favorable y un mayor crecimiento respecto a lo previsto, para
rebajas fiscales no bien analizadas y, en muchos casos, uno tiene la
sensación de que se dirige a sectores clientelísticamente pensados por el
propio Gobierno. ¿Qué pasará cuando terminen las privatizaciones que ni
siquiera figuran en estos presupuestos? ¿Qué pasará con las empresas
públicas en ejercicios siguientes? ¿Qué pasará cuando los tipos de
interés no puedan seguir bajando o cuando no pueda haber ahorros en las
prestaciones de desempleo? Todos estos problemas no se despejan en estos
presupuestos, por lo cual, como venimos diciendo, estos presupuestos
están pensados para el corto plazo y generan problemas para el futuro,
porque ese futuro no se afronta por el Gobierno en estos momentos.
Por otro lado, estos presupuestos, lo hemos dicho ya y queremos dejarlo
bien claro, no son rigurosos, son oscurantistas y poco transparentes y,
además, son manifiestamente injustos. ¿Por qué son injustos? Porque
en aspectos tan fundamentales, como puede ser la política educativa, a la
que no me referiré porque lo harán posteriormente los compañeros de mi
grupo cuando pasemos a ese debate tal como se recoge en los títulos I y
II, se caracterizan por una discriminación favorable hacia el sector
privado de la educación y por un sentido poco solidario con los sectores
más débiles de la sociedad, y no me voy a referir a ello, aunque haya
enmiendas en estos títulos que sí lo hacen.
Estos presupuestos son injustos porque no afrontan el problema de la
Seguridad Social y un compañero de mi grupo tendrá la oportunidad de
debatir con el portavoz del Grupo Popular sobre lo que pensamos de la
política del Gobierno en materia de Seguridad Social. Creemos que el
Gobierno, en este tema como en otros, tampoco quiere afrontar el problema
de fondo de la Seguridad Social en España.
Me voy a detener específicamente, señor presidente, en los aspectos que
caracterizan en lo fundamental los títulos I y II, relativos a la gestión
presupuestaria, porque hay otros temas que se debatirán en títulos
posteriores. Quiero decirle al portavoz del Grupo Popular que supongo que
intervendrá en este debate --lo hacemos con relativa frecuencia en
Comisión y también en el Pleno-- que no se extrañe de que nuestras
enmiendas a veces se parezcan a las de los años anteriores, y S. S. va a
entender el porqué; además, lo sabe. Lo que no tiene sentido es lo que ha
pasado durante el ejercicio anterior y durante los años anteriores. Lo
que no tiene sentido es que en esta Cámara hayamos estado debatiendo
permanentemente con ustedes e incluso llegando a acuerdos sobre cómo
entendíamos que se debería producir la gestión presupuestaria. Recordará
que se decía por parte de su grupo y por parte de quienes hoy están en el
Gobierno que no tenía ningún sentido que en una ley de presupuestos para
un ejercicio económico se dejara en suspenso la aplicación de la Ley
General Presupuestaria. Tan es así que hay aprobadas resoluciones por
esta Cámara en el sentido de que se mandatara al Gobierno para que
presentara un proyecto de ley presupuestaria en el que quedara bien claro
cuáles eran los principios de gestión presupuestaria, especialmente los
que se referían a las modificaciones presupuestarias. Eso ha sido así en
el consenso que políticamente hemos venido produciendo en esta Cámara
sobre ese tipo de cuestiones y se había avanzado en ese tipo de
planteamientos y de problemas. Por eso, las propuestas que traemos como
enmiendas desde el ejercicio anterior van a tener el sentido de definir
cuál es la voluntad política respecto a lo que debe ser la gestión
presupuestaria en lo relativo a las modificaciones presupuestarias.
Presentamos textos concretos que definirían lo que a nosotros nos
gustaría que fuera un proyecto de ley general presupuestaria sobre temas
de modificaciones presupuestarias. Eso es lo que planteamos y a lo que
ustedes se niegan, contradiciendo todo lo que han venido sosteniendo
siempre y que viene a caracterizar en estos momentos los planteamientos
del Gobierno y del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, vaya concluyendo, por favor.
El señor GIMENO MARIN: Sí, señor Presidente.
Pues bien, cuando ustedes plantean esas modificaciones y que no se
apliquen determinados artículos de la Ley General Presupuestaria
relativos a las modificaciones presupuestarias están marcando de tal
forma principios de apertura de la gestión presupuestaria que están
introduciendo una indisciplina presupuestaria manifiesta, como mínimo
como las que les señala el director de la Oficina Presupuestaria del
Gobierno, el señor Barea. Ustedes introducen claramente en esta ley una
indisciplina presupuestaria que es una continuidad de lo que hicieron el
año anterior, pero es que este año nos plantean cosas tan sorprendentes
como que amplían hasta los créditos ampliables. Señores que apoyan al
Gobierno, ¿cómo es posible que se atrevan a abrir la puerta sobre algo en
lo que ya había consenso en ir cerrándola poco a poco? ¿Cómo es posible
que hoy traigan a esta Cámara que se modifique y se abra la posibilidad
de créditos ampliables? Cómo es posible que hoy traigan a esta Cámara,
después de lo que dijeron sobre fondos reservados y sobre gastos, por
ejemplo de teléfono, en el ejercicio anterior, la posibilidad de que el
ministro de Economía pueda modificar esos aspectos que ustedes dijeron
que querían establecer como vinculantes y no modificables?
Pues todas estas cuestiones las traen ahora porque lo que sostenían antes
ahora no lo sostienen, contradiciéndose claramente en todo tipo de
manifestaciones al respecto. Estos aspectos y lo que luego se debatirá en
la ley de medidas que discutiremos a lo largo de esta semana pondrán de
relieve claramente cuál es la posición del Gobierno en todos estos temas
y que lo que decían antes ahora no lo dicen, sobre todo porque introducen
clara y manifiestamente una indisciplina presupuestaría a la vista de la
cual no es extraño que el señor Barea se ponga tan nervioso. Les diré más
en el artículo de las limitaciones presupuestarías, al que se refieren
también algunas de nuestras enmiendas --ya he dicho que no voy a
referirme a todas porque de algunas se hablará posteriormente--, después
de todo lo que han dicho sobre cómo controlar el gasto público, lo que
ustedes traen a esta Cámara es un ejemplo manifiesto de lo que no puede
ni debería hacerse en gestión presupuestaría. Ustedes, con lo que hoy
hacen...
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, concluya, por favor.
El señor GIMENO MARIN: Termino ya, señor presidente, gracias por su
benevolencia a pesar de la poca afición de la Cámara.
A pesar de todo ello, lo que quiero indicarles es que este presupuesto es
lo que es y manifiesta la voluntad clara de poco control del gasto
público por parte del Gobierno así como la indisciplina presupuestaría
del Ejecutivo. Vuelvo a insistir, estos presupuestos son lo que son,
injustos, opacos, y desde luego no contribuyen a mejorar la situación de
este país.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gimeno.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra de las
enmiendas? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Cámara, por el Grupo Popular.
El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Señor presidente, señorías, me cabe
la satisfacción de comenzar, en nombre de mi grupo, con la defensa del
dictamen que se aprobó la semana pasada en el trámite de Comisión de
estos segundos presupuestos presentados por el Gobierno del Partido
Popular. En primer lugar, señor presidente, quisiera hacer una referencia
a algunas de las cuestiones vividas durante las últimas dos semanas en
los trámites habidos en la Comisión, donde se han puesto básicamente de
manifiesto dos actitudes o dos posturas. Ha habido una postura, ejercida
prácticamente por todos los grupos del arco parlamentario, que, desde
posiciones ideológicas diferentes, se han caracterizado en sus
intervenciones por la serenidad de saber que el Gobierno está acertando
plenamente en su política presupuestaria; cierto además que tiene un
reflejo incuestionable en la economía del país, donde se hizo esperar
más, es cierto, pero que ha calado ya y ha penetrado definitivamente en
las economías domésticas. Y ha habido, señorías, otra postura y otro
planteamiento que ha sido el del Grupo Socialista y que hemos escuchado a
través de las palabras del señor Gimeno esta misma tarde. Este es el
discurso que ha caracterizado al Grupo Socialista durante la semana
anterior y cuando tuvimos el debate de totalidad, que es el discurso
fundamentado en el nerviosismo, porque indudablemente ha de poner
nerviosos a los experimentados diputados del Grupo Socialista venir día
tras día a esta Cámara sin ninguna propuesta nueva y sin dotar de
frescura a los viejos y anclados mensajes del Partido Socialista Obrero
Español. Esta es la realidad. Hemos vuelto a escuchar en esta misma
tribuna hace unos momentos argumentos basados de nuevo en el miedo,
argumentos basados en el anuncio de vaticinios poco menos que calamitosos
con respecto a la perspectiva económica que les queda por ver a los
españoles. Se ha hablado de desfases presupuestarios insostenibles, se ha
hablado de quiebras del Estado del bienestar, etcétera, y hemos visto a
un Grupo Socialista especialmente inquieto y más pendiente de ver de qué
forma podía hacer perder alguna votación al Grupo Popular que de hacer
que sus propias propuestas salieran adelante, porque les importó bien
poco de qué propuestas se estaba hablando con tal de perder, como digo,
opciones al Grupo Popular. Todo esto la ha hecho utilizando además los
instrumentos con los que más familiarizado está sin duda el Partido
Socialista, que son el instrumento del énfasis y el de la exageración,
instrumentos que le dieron indudables resultados electorales, pero en los
que ya nadie cree. El propio presidente de su grupo parlamentario...
Señor Gimeno, hablo con usted; puesto que ha hecho referencia a la falta
de interés que suscitaba el debate, haga el favor de interesarse por lo
que se dice en esta tribuna con respecto a lo que fue su intervención
anterior, si no le parece mal. Decía que el propio presidente de su grupo
parlamentario ha aceptado en el último Comité Federal que hay cierta
falta de credulidad en el mensaje del Grupo Socialista.
Ya le dije en Comisión y le reitero ahora en el Pleno que las enmiendas
presentadas por su grupo no son serias, y no lo son porque están
fundamentadas, como le he dicho, exclusivamente en el énfasis y no en el
verdadero trabajo que deberían haber realizado, trabajo que les resta por
hacer. Este trabajo, señores del Grupo Socialista, se llama alternativa,
alternativa de la que ustedes andan especialmente huérfanos; trabajo que,
además, les permitiría ubicarse con serenidad en la oposición, donde, al
parecer y a juzgar por la ausencia de propuestas de cambio o de
sustitución de las políticas ejercidas por el Gobierno, estarían
dispuestos a permanecer durante largo tiempo.
Dicen que estas medidas que se contienen en el proyecto de ley de
presupuestos en el título I son de indisciplina presupuestaria. No sé si
he oído más o menos cien veces el término indisciplina presupuestaria, el
caso es que lo he oído gran número de veces. Estas medidas se sustentan
en una actividad desplegada por el Gobierno del Partido Popular durante
el ultimo año y medio y también como contraste con la actividad que se
desplegó por parte del Partido Socialista cuando actuaba en misiones de
Gobierno con anterioridad. Voy a ofrecer datos y datos fríos --no lo
tomen como aquello que tanto les molesta de hacer oposición de la
oposición-- que no necesitan de mayor cuestionamiento. Los créditos
iniciales del presupuesto de 1990 fueron de 11 billones 418.000 millones
de pesetas y las modificaciones que se introdujeron por el Grupo
Socialista, mientras se ejecutaba el presupuesto de 1990, se cifraron en
793.000 millones de pesetas, que fueron duplicados en el año 1991 y
triplicados en el año 1992, arrojando un saldo por encima de los créditos
presupuestados, de ni más ni menos que dos billones de pesetas. Y hablan
ustedes de indisciplina presupuestaria; pero, como he dicho, sólo voy a
ofrecer los datos fríos. Esto era en los buenos tiempos del Partido
Socialista, cuando gozaba de mayoría absoluta. Les tocó gobernar mediante
acuerdos, rebajaron sus ansias de incrementar
exponencialmente el gasto público y ya los incrementos fueron de otro
orden, pero nuestro grupo se pregunta aquí qué hubiera ocurrido de seguir
manteniéndose la mayoría absoluta.
Estos son los datos del Gobierno del Partido Popular. En primer lugar, el
presupuesto de 1997, que cerraremos duramente las próximas semanas, se ha
cumplido, y no básicamente sino que se ha cumplido realmente. Las
necesidades extraordinarias de financiación son las menores desde 1981 y
son las que explicó el vicepresidente segundo del Gobierno en el debate
de totalidad, que, por cierto, señor Gimeno, está en la cumbre sobre el
empleo, seguramente mucho más interesado en dicha cumbre de lo que nunca
lo estuvieron los representantes del Grupo Socialista. En segundo lugar,
las previsiones hechas por parte del Gobierno del Partido Popular se han
cumplido todas y sin excepción; en ocasiones, incluso se ha pecado de
prudencia, si es que se puede hablar de pecado en el caso de la
prudencia. ¿Hacía cuánto tiempo que no se clavaba, como en el ejercicio
presupuestario vigente, la previsión de incremento de precios? ¿Hacía
cuánto tiempo? En 1997, la economía española ha crecido más de lo
previsto con relación a la media europea. En 1998 va a crecer más que la
media europea y, además, es una previsión a la baja respecto a la que
hacen todos los organismos internacionales y observatorios económicos.
Por otra parte, esto sí que es muestra inequívoca de la manera en que se
ejecuta el presupuesto y de la manera de hacer política presupuestaria,
tan diferente a las anteriores, se hace con un incremento de gastos
totales por parte el Estado por debajo de lo que va a crecer la economía
española. Por no hablar del consumo privado, que, efectivamente, se ha
reactivado; al contrario que el consumo público, sobre el que, por
primera vez, la encuesta de opinión empresarial está indicando la mejor
valoración desde 1989. Estos son los datos al día de hoy, aunque se
podrían ofrecer muchos más.
Todos estos hechos y otros muchos, en los que no me extenderé para no
aburrir a la Cámara, tienen su contrapunto en el Grupo Socialista, que
sigue con el discurso catastrofista en todos los ámbitos, también en el
económico y presupuestario. Quizá, señores del Grupo Socialista, esa
falta de ideas hubiera sido menor o hubiera podido ser contrarrestada si
no hubieran tenido que utilizar tantísimo tiempo como han hecho en leerse
el informe Barea, hasta intentar alcanzar esa particular victoria de
troyanos que ustedes perseguían. Quizá no hubiese sido malo no presentar
una alternativa, porque está visto que alternativa no tienen, pero sí
presentar unas buenas enmiendas, no las que han producido en este
trámite...
El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, vaya concluyendo, por favor.
El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Sí, señor presidente.
Por su carácter ciclostilado de las del año anterior han hecho soportar a
los portavoces de cada una de las secciones y títulos de la ley de
presupuestos la repetición, de forma bochornosa, según nuestro criterio,
de las enmiendas presentadas en este ejercicio presupuestario. En algunas
no han tenido ni siquiera la precaución de cambiar la referencia al año
de que se trataba. Es de auténtico bochorno.
Sin extenderme más por falta de tiempo, se han presentado numerosas
enmiendas a los títulos I y II por parte de Izquierda Unida. Básicamente
estaríamos repitiendo los mismos argumentos. Sin embargo, sí quiero hacer
una precisión sobre una de ellas en concreto, que es la enmienda 536, en
la que se hace referencia a la necesidad de que el Gobierno informe sobre
la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social. Verdaderamente me ha
sorprendido que siguieran manteniendo esta enmienda, por cuanto en
Comisión les explicamos cómo en el ejercicio anterior se aprobó una
enmienda, la 1175, que viene a reproducir los argumentos de la suya en
este ejercicio; por tanto, en la Comisión de Presupuestos ya se está
haciendo este trabajo de informar sobre la ejecución del presupuesto de
la Seguridad Social. Presentan otra enmienda, importante desde nuestro
punto de vista, que es la referida a la Oficina Presupuestaria.
Consideramos que por la dinámica que debe seguir dicha Oficina deberíamos
cerrar el debate en otro ámbito y no en el de la discusión
presupuestaria.
Tendría que hacer referencia de nuevo a las enmiendas del Grupo
Socialista a los artículos ocho, nueve y diez, lo que no haré, primero,
porque no puedo utilizar más tiempo y, segundo, por simple respeto a la
Cámara, señor Gimeno, por no repetir por tercera vez los argumentos: del
año pasado, de éste y los que a juzgar por la falta de imaginación y de
ideas del Grupo Socialista habrá que seguir repitiendo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.
Vamos a pasar al debate del título III, que es el relativo a los gastos
de personal, al que mantienen enmiendas los grupos Mixto, dentro del cual
veo enmiendas de la señora Rahola, del señor Vázquez y de la señora
Almeida; Vasco, Izquierda Unida y Socialista.
Por el Grupo Mixto, para la defensa de las enmiendas de la señora
Almeida...
La señora RIVADULLA GRACIA: Se dan por defendidas, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Vázquez Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
A este título III presentamos, como Bloque Nacionalista Galego, varias
enmiendas. En primer lugar, las enmiendas números 92 y 96 a 107, que se
refieren a diversos artículos y apartados de este título III, sobre la
previsión del incremento de las retribuciones de personal al servicio de
las administraciones públicas. A lo largo de los últimos años los
funcionarios han venido sufriendo una constante pérdida de su poder
adquisitivo. El pasado año sufrieron una denominada congelación salarial,
en realidad una nueva disminución de sus salarios reales, se supone que
con el fin de contribuir a la buena marcha de la economía con su
sacrificio. Cuando tanto desde el Gobierno como a veces también desde
grupos de la oposición se afirma machaconamente que la economía va bien,
desde nuestro punto de vista es justo que esa buena marcha tenga
repercusión real sobre las condiciones de vida de la gente y que en este
caso los funcionarios perciban o noten de alguna manera que su sacrificio
sirvió para algo. Por tanto, con estas enmiendas proponemos que los
funcionarios recuperen una parte del poder adquisitivo perdido. Por eso
proponemos una subida salarial del 4,1 por ciento, en lugar del 2,1
previsto por el Gobierno; subida que también debe servir de orientación
para otras en el sector privado.
Con la enmienda número 93 proponemos la supresión del apartado cuatro del
artículo dieciocho ya que estipula como de carácter básico la cuantía a
aplicar por todas las administraciones en la subida salarial de los
trabajadores a su servicio y, por tanto, impide que las comunidades
autónomas puedan adoptar decisiones sobre esta materia, lo que, desde
nuestro punto de vista, desvirtúa su autonomía de decisión.
Con la enmienda número 94 proponemos la supresión del apartado primero
del artículo diecinueve en lo que hace referencia a la limitación
establecida para el número de plazas de nuevo ingreso en la
Administración. Nuestro criterio, que ya reiteramos en ocasiones
anteriores, es que el ciudadano debe contar con una Administración ágil y
eficiente a su servicio y uno de los factores básicos para conseguirlo es
que haya un número suficiente de efectivos. El Gobierno viene tratando de
disminuir el número de funcionarios, lo que, desde nuestro punto de
vista, dificulta conseguir esa buena Administración y mientras tanto, por
cierto, contrata cada vez más servicios con empresas privadas, lo que
desde luego a nosotros no nos parece lo más adecuado. Por tanto, el
número de plazas de nuevo ingreso debería adecuarse más a las necesidades
reales y con ello además se contribuiría a paliar el desempleo existente.
Con la enmienda número 95, para finalizar, proponemos la supresión del
apartado quinto del artículo diecinueve, porque fija también como de
carácter básico las limitaciones en la oferta de empleo público para
todas las comunidades autónomas y otras administraciones. Este hecho
impide en concreto que las comunidades autónomas puedan tomar las
decisiones adecuadas a sus necesidades en materia de personal a su
servicio y, desde nuestro punto de vista, su autonomía en esta materia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Se trata de un paquete de cinco enmiendas que tienen como voluntad
introducir medidas de limitación y control en el gasto generado por los
altos cargos. En el conjunto del presupuesto consolidado del Estado los
gastos generales por altos cargos y personal eventual de confianza se
incrementan un 6,2 por ciento. Quiero recordar que el salario del resto
de funcionarios se incrementa sólo en un 2,1 por ciento. Nosotros
consideramos absolutamente lógico, adecuado y de rigor eliminar muy
especialmente la posibilidad de complementos de productividad a estos
altos cargos, así como también las retribuciones como miembros de
consejos de administración de empresas estatales, en las cuales figuren
por razón del cargo de confianza que ocupan; nos parece absolutamente
fuera de toda lógica que puedan recibir retribuciones en este sentido.
También proponemos eliminar la práctica de los contratos blindados en la
Administración pública. Asimismo entendemos que es muy importante la
obligación de comunicar al Parlamento los contratos de personal con cargo
a créditos de inversión.
Teniendo en cuenta que estas enmiendas forman parte o entran en
consonancia con la doctrina que el propio Partido Popular defendía en la
oposición y en sus programas electorales, nos parecía lógico y coherente
que fueran aceptadas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Vasco mantiene una única enmienda a este título III
relativa al incremento de los gastos del personal al servicio del sector
público. En la previsión del artículo dieciocho, cuatro, tal y como está
en el precepto, se dice que se dicta al amparo del artículo 149.1.13 y
156.1 de la Constitución y se le da el carácter de básico al hecho de que
el Estado establezca respecto de todas las comunidades autónomas y
también de la Administración local las retribuciones íntegras del
personal al servicio del sector público. La
enmienda del Grupo Vasco pretende modificar esto sin negar el carácter
básico de ambos preceptos. La enmienda vasca reconoce que se dictan al
amparo del artículo 149.1.13 y 156.1 de la Constitución, pero solicita
que cada comunidad autónoma pueda establecer para el personal a su
servicio un incremento superior a estas cantidades, siempre que por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera se acredite que aquella comunidad
autónoma ha cumplido los criterios de convergencia europea en cuanto al
déficit público y endeudamiento establecidos por el propio Consejo para
esa comunidad autónoma. No estamos ante una competencia que tenga su base
en el artículo 149.1.18 y, por lo tanto, lo que el Grupo Vasco pide no se
fundamenta en una finalidad extraña a la relación de servicios. Lo que el
Estado pretende en el artículo dieciocho, cuatro, encuentra su apoyo en
materias económicas de competencia estatal, cuyo carácter básico repito
que no se niega, pero a nuestro parecer se ejecutan por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, que es el que marca los planes de
endeudamiento para cada comunidad autónoma y para cada año. La enmienda
pretende que las comunidades autónomas que cumplan los criterios de
convergencia europeos que les marca el Consejo --y si éste certifica que
se han cumplido, es decir, se exigiría una certificación previa de dicho
órgano-- puedan establecer aumentos de las retribuciones dentro de esos
límites, como han hecho este año la Comunidad Foral de Navarra y la
Comunidad Autónoma del País Vasco y ha sido recurrido, en su caso, ante
el Tribunal Constitucional y, en el otro, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Pretendemos además con nuestra enmienda la
desaparición del último inciso del precepto, porque obliga a repetir en
los presupuestos de todas las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales el carácter básico. Creemos que esta previsión de
repetir en los presupuestos de cada comunidad autónoma o de cada ente
local la previsión de un precepto básico o es inconstitucional o es
superflua. Por ello pedimos que se retire este contenido del precepto.
Gracia, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, no sé lo que pasa este año con
la discursión presupuestaria, pero parece que está un poco caída; digo
caída en cuanto al tono del debate y de la discusión de cada uno de
nosotros a la hora de defender nuestras enmiendas ver las razones de su
presentación por parte de los grupos de la oposición y esgrimir cuáles
son los razonamientos para no admitirlas. Muchas veces da la impresión de
que repetimos argumentos sin entrar en el fondo de las propuestas, por lo
que voy a intentar hacerlo en la justificación de las 20 enmiendas que
presentamos al título III que hacen referencia a lo que son gastos de
personal e incremento del gasto de personal al servicio del sector
público. Dicen que España va bien. Si España va bien y crece
económicamente, deberíamos intentar que lo que va bien sea para todos, no
solamente para una parte de la sociedad española.
Con estas enmiendas, nosotros pretendemos cuatro objetivos. Uno es que el
Gobierno mantenga una filosofía de negociación colectiva, que el Gobierno
hable con los sindicatos de la Función pública y no solamente a la hora
de convocar unas oposiciones o de hacer la reforma de no sé qué estatuto,
no; a la hora de fijar cuál es la asignación del sueldo y no que éste sea
establecido unilateralmente por el Gobierno. Nosotros creemos que el
Gobierno ha perdido una oportunidad y este año no solamente varía lo
pactado con los sindicatos y el anterior Gobierno, sino que además fija
los criterios sin discutirlos, sin hablarlos y ver de qué manera lo que
ha sido pérdida de la capacidad adquisitiva se va a ir incorporando
progresivamente. Por tanto, el primer criterio es el de establecer
niveles para que haya una negociación con los sindicatos de la Función
pública y para eso proponemos la creación de un fondo de compensación
salarial por valor de 69.000 millones de pesetas. ¿Para qué? Para no caer
en el mismo error que el Gobierno. Con ese dinero se discute y se ve qué
porcentaje de la pérdida de capacidad adquisitiva de este año se va a
cubrir. Este fondo es uno de los compromisos del pacto que el Gobierno
estableció con los sindicatos hace tres años. Nosotros creemos que este
fondo debe de funcionar con los años de vacas flacas. El año pasado el
nivel salarial medio en el país creció el 3,5 por ciento; el de la
Función pública, el 0 por ciento.
Como segunda propuesta, creemos que todo lo que son retribuciones
complementarias debe de ser negociado y discutido. Nosotros añadimos
algunas orientaciones en nuestras enmiendas. No estamos de acuerdo con
que la productividad sea un sistema arbitrario. No creemos que la
productividad sea la forma de remunerar el trabajo dentro de la Función
pública, ni mucho menos que ese sistema de pagar la productividad llegue,
desde nuestro punto de vista de manera alegal, a los altos cargos. La
dedicación hay que afrontarla de forma directa y cogiendo al toro por los
cuernos y no es lógico que el alto cargo sea el que perciba la
productividad, no; la productividad es para los empleados públicos en
función de un horario, de una dedicación y de cumplir unos objetivos,
pero no para los altos cargos, esa es la teoría que mantenemos; al igual
que no creemos que deba de haber contratos blindados.
En tercer lugar, nosotros defendemos la oferta pública de empleo y
pensamos que ésta debe de dirigirse a todas las vacantes que tiene la
Administración pública que no estén en proceso de supresión o de
excedencia especial. El Gobierno, con una política, según nuestra
manera de ver, totalmente conservadora, va a cubrir el 25 por ciento de
las vacantes en defensa, en policía y en policía regional y, eso sí, en
la Logse, es decir, en educación. Nosotros creemos que hay un sinfín de
servicios públicos cuya prestación recae sobre las espaldas de los que
los están desempeñando cuando hay una vacante que debe cubrirse y no se
cubre. Todo lo que sean puestos de trabajo estructurales para generar una
actividad determinada deben de estar cubiertos. Por eso proponemos una
oferta pública de empleo del mayor empresario del país, que cubra todas
las vacantes, en lugar de ser al revés; aquí vamos con el paso acelerado
en otra dirección, como es dejar de hacer prestación de servicios y
concertarla o llegar a acuerdos para que lo que antes hacía la
Administración ahora lo hagan empresas privadas o empresas al margen de
la Administración, para que así se reduzca un compromiso determinado. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Otro objetivo es el salario. Ustedes me dirán que el 2,1 por ciento tiene
una relación y por qué otra cifra. Nosotros proponemos que este año el
salario sea del 3 por ciento. Junto con el otro fondo sería comprometer
el crecimiento económico con la mejora de la calidad de los servicios, un
mayor compromiso de la Función pública con el trabajo que tiene que
desarrollar. Por eso la enmienda que Izquierda Unida presenta pretende
que el salario en la Función pública este año crezca el 3 por ciento.
Hemos de tener en cuenta que lo que aquí aprobamos es para las empresas y
organismos públicos a nivel del Estado, pero también es obligatorio para
comunidades y municipios, y muchas veces la forma de moverlo es a través
de reclasificaciones de personal, cosa que también hace la Administración
del Estado; se producen reclasificaciones, reorientaciones, movimientos
en la escala de la Función pública que significan mayores ingresos para
determinados cuerpos o escalas de la Administración.
En suma, si estas 20 enmiendas de Izquierda Unida --cada una motivada de
manera diferente-- se admitiesen tendríamos una función pública mejor
pagada, que recuperaría la capacidad adquisitiva perdida y no pondríamos
en problema la economía ni el déficit público del país. Se han quedado
fuera aproximadamente 200.000 millones de pesetas y no lo ha puesto en
crisis; hemos sacado fuera del presupuesto casi 80.000 millones de
pesetas vía la economía creativa y tampoco lo ha puesto en crisis.
Nosotros haríamos que el mayor empresario del país cumpliera con el
ejemplo que le exige. Hemos hecho una enmienda concreta para no abusar de
la contratación temporal, que los contratos temporales no sean una
fórmula para funcionar en la Administración pública, incluso que los
interinos tampoco sea una fórmula para cubrir los puestos que vayamos a
sustituir. Hay personas que llevan once años cono interinos, hay puestos
de trabajo estructurales que llevan hasta doce años funcionando de esta
manera; o se suprime el puesto porque no es necesario, o se mantiene y se
cubre con el personal fijo, que es el que se compromete más asiduamente
con la Función pública.
Nada más, señor presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor presidente.
Señorías, este título III, de los gastos de personal, contiene a juicio
del Grupo Parlamentario Socialista dos principales problemáticas: en
primer lugar, el salario de los empleados públicos y, en segundo lugar
--el Gobierno está ausente, lo lamento--, el porqué los señores
secretarios de Estado, de acuerdo con la redacción que se ha dado al
artículo veintidós de la ley, pueden experimentar el próximo año una
subida de entre 3 millones y 4 millones de pesetas a través del
complemento de productividad. Estos son, señorías, los problemas que aquí
hemos de dirimir. Si estuviera --no lo voy a aludir, sólo a citar-- el
señor Michavila, habría que preguntarle, ya que debemos establecer
claridad en los mensajes, por qué cabe la posibilidad de que un
secretario de Estado, el próximo año, incremente sus haberes entre 3
millones y 4 millones de pesetas.
Señoras y señores diputados, han sufrido los servidores públicos, dos
millones de familias españolas, una grave injusticia porque han visto
congelados sus haberes en el año 1997. Nos parece una injusticia porque
tienen derecho a la negociación colectiva, y lo reconoce así la Ley
7/1990, que regula esa capacidad. En base a ello negociaron, como ha
dicho el señor Ríos, con un gobierno legítimo un acuerdo con vigencia
para tres años, 1994/97. Da fe de ese hecho la comparecencia del
secretario de Estado para Administraciones Públicas en Comisión
reconociendo la vigencia del acuerdo. En consecuencia, ese acuerdo está
vigente. Y hoy quiero yo aquí hacerme portavoz de sus reivindicaciones.
Señorías, en Comisión defendí estos puntos de vista y a la portavoz del
Grupo Popular, en una respuesta bastante huidiza, me dijo que mi
intervención era de barullo, que era una intervención ardorosa, que
defendía con ardor mis planteamientos, y que era una intervención propia
de un archivo porque exhibía documentos en los cuales se ponían de
manifiesto las severas contradicciones del Grupo Parlamentario Popular.
Hoy, señora Fernández, sin archivo, sin notas, sin papeles, con la razón
y espero que con la justicia voy a defender estas enmiendas. Usted me
dijo que no tenía ningún argumento nuevo sobre lo planteado el año
anterior. ¡Vaya una respuesta! Usted me tiene que decir si mis argumentos
de entonces o ahora eran razonables,
eran justos o no. Los empleados públicos negociaron un acuerdo de
carácter legal cuyo capítulo 6.º reconocía que la evolución de sus
retribuciones tenía que seguir la senda del IPC previsto para el próximo
ejercicio, y ustedes lo incumplieron. Es verdad que aquel capítulo 6.º
decía también que se tendrán en cuenta otras variables como la capacidad
de financiación de las administraciones públicas, el crecimiento
económico, la evolución del déficit, los salarios, el empleo. Pues bien,
no se nos explicó por qué de la interacción de aquellas variables el año
1997 habría de congelarse el salario de los funcionarios públicos. Y hoy
todo les apunta a ustedes y les deja al desnudo en la injusticia
cometida, porque el crecimiento ha sido elevado --por fortuna--, porque
el déficit público va a ser menor que el previsto --por fortuna-- ,
porque el empleo ha crecido --por fortuna--, y porque el conjunto de esas
variables determina que por qué sólo unos han de pagar el pato en una
situación económica de cierta abundancia.
Señorías, esto no es admisible. ¿No dicen ustedes que va todo tan bien?
¿No va todo tan magníficamente? ¿No se producen milagros en la economía
española? ¡Si hasta el señor Aznar es un milagro! ¿Saben ustedes lo que
están haciendo? Condenando al descreimiento y al agnosticismo a dos
millones de familias españolas que se preguntarán con estupor: ¿Por qué
yo y por qué no otros?
Señorías, nosotros planteamos entonces que en el ejercicio de 1998
aceptamos la subida según la inflación prevista, pero tiene que haber un
fondo adicional para recuperar parte del poder adquisitivo perdido,
modesto, del 1 por ciento, valor 26.000 millones de pesetas. Antes se nos
decía que no anunciábamos de dónde obtenerlos. Sí. En el conjunto de
propuestas alternativas del Grupo Socialista se dice de dónde se pueden
financiar esos 26.000 millones. Además, el señor Villar reconoció en esta
Cámara que, efectivamente, la negociación con los representantes de los
empleados públicos, el próximo ejercicio, podría dar lugar --lo
reconocía-- a una posible compensación. Hagámoslo ahora y hagámoslo,
señoras y señores diputados, con claridad.
Segunda enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista: oferta
de empleo público. El proyecto de ley establece que sólo se producirá una
oferta de empleo público equivalente al 25 por ciento de la llamada tasa
de reposición de aquellos funcionarios que se jubilen durante el año
1998. Nosotros, señorías, no estamos de acuerdo. Creemos que en un año
como éste han de desarrollarse todos los esfuerzos posibles para
contribuir a superar el principal reto de la sociedad española, el
desempleo, y, en consecuencia, una política activa por parte de la
Administración ha de contribuir a ello. Una política activa de la
Administración en favor del empleo público no supone una especie de
malversación de caudales públicos, como ustedes llegaron a sugerir en
alguna ocasión cuando estaban en la oposición; no lo supone. En
consecuencia, deseamos que al menos la tasa de reposición se multiplique
por dos si llega al 50 por ciento. Les daré un argumento más que también
discutimos el año pasado. En el año 1997 se ha incrementado la
posibilidad de que los servidores públicos se acojan a un aumento de la
edad de jubilación, de los 65 a los 70 años. Tuvimos dudas entonces,
tuvimos dudas el año pasado de apoyar esta iniciativa y nos abstuvimos.
Hoy comienzan a despejarse, señorías, esas dudas. No fue una buena
medida. Les pondré un ejemplo. De los 1.200 servidores públicos de la
Administración central del Estado que tenían previsto pasar a la edad de
jubilación en el primer semestre del año 1997, un tercio, el 33 por
ciento, ha decidido prolongar el servicio activo. Pero si hacemos un
análisis de su redistribución por cuerpos, por clases o por categorías,
de la A a la E, veremos que el grupo A, es decir, los altos cuerpos de la
Administración, casi un 70 por ciento de los servidores públicos han
prolongado su estancia hasta los 70 años; en el grupo B casi el 50 por
ciento y así vamos descendiendo hasta una insignificancia en el grupo E.
Es decir, que se produce una redistribución inequitativa de la
permanencia en el servicio público. Si a ello le añadimos que va a haber,
por tanto, menos jubilaciones, la base sobre la que ha de calcularse la
tasa de reposición también disminuye; por tanto, un 25 por ciento de la
misma es una cantidad bien escasa.
La tercera enmienda que presenta mi grupo parlamentario, señorías, tiene
que ver --no puedo presentar aquí los documentos para no molestar a la
señora Fernández, pero en la mente de todos está-- con el reiterado y
continuo incumplimiento de promesas del Partido Popular. Ustedes se
comprometieron con los jóvenes españoles que se incorporaban a filas a
dotarles, durante el período del servicio militar, de un haber en mano
para atender sus gastos personales igual al 50 por ciento del salario
mínimo interprofesional. Nosotros no aspiramos a tanto. Para recordarles
su compromiso, y les garantizo que sin error de sorteo alguno, proponemos
que se abonen 10.000 pesetas mensuales a los jóvenes que están
incorporados a filas. El coste global son unos 7.500 millones de pesetas.
Probablemente esa cantidad es mucho menor que la que ustedes van a tener
que soportar por la impericia y la inoportunidad con la que han
desarrollado el sorteo para los excedentes de cupo de este ejercicio.
La última enmienda significativa, muy importante, que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista tiene que ver, señorías, con el tratamiento
retributivo que se pretende dar el próximo ejercicio a los secretarios de
Estado. He de decir, en nombre de mi grupo, que nosotros estamos
convencidos del siguiente hecho. Los servidores públicos de este país,
tanto en el nivel administrativo como en el político, reciben unas
retribuciones moderadas. No sé si el Estado, como dijo el señor
Moreno, subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda, en
comparecencia ante esta Cámara --ve la señora Fernández que sigo
manteniendo buena la memoria, no le exhibo el «Diario de Sesiones» para
que no me llame archivo--, tiene una deuda con los servidores públicos
--jueces, decía él, militares, altos cargos y parlamentarios-- pero sí sé
que hay una enorme diferencia entre las retribuciones que perciben y las
similares en el campo privado. En consecuencia, señorías, mi grupo
parlamentario --y estoy seguro de que el resto de los grupos de esta
Cámara-- podría aceptar cualquier planteamiento claro, directo, sin
trampa ni cartón, generalizado, de debatir una reforma retributiva de
esos niveles, pero no como se pretende hacer aquí, con la vía más opaca,
menos transparente y controlable de todas. Además, hemos de preguntarnos:
¿Quién tiene razón? Porque lo delirante llega cuando cada uno de los
cargos que se pronuncian acerca de esta problemática dice una cosa
distinta. ¿Tienen razón los señores Villar y Moreno que, en comparecencia
en esta Cámara, afirmaron que los secretarios de Estado no percibirían
más del 2,1 por ciento el próximo ejercicio, y así lo ratificó la señora
Fernández?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera, le
ruego concluya.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Concluyo rápidamente.
Si tienen razón, entonces es muy sencillo, señorías, repongamos a los
secretarios de Estado al nivel que les corresponde, con los altos cargos,
no con el régimen retributivo de los funcionarios. O bien, por el
contrario, ¿tienen razón el señor Rato y el señor Michavila --desde luego
de mayor jerarquía política que los antes mencionados, altos cargos de la
Administración, excluyendo a la señora Fernández que no goza de jerarquía
porque es parlamentaria-- que afirmaron --el señor Rato en sede
parlamentaria y el señor Michavila en declaraciones a un medio de
comunicación-- que no era así; que el próximo ejercicio la pérdida de la
presencia de los altos cargos en consejos de administración de empresas y
de sociedades iba a ser compensada con un incentivo de productividad?
¿Quién tiene, en consecuencia, razón?
Señorías, esto --lo dije en Comisión-- no hay quién lo trague.
Ha dicho el señor Ríos que es una medida incluso discutiblemente legal.
La productividad no puede tener una cantidad fija mensual y se predica
sólo de los niveles funcionariales. ¿Es que la productividad puede
aplicarse a los niveles políticos a través del especial rendimiento? ¿Es
que, por seguir con el ejemplo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera, le
ruego concluya.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Acabo ya.
¿Es que, por seguir con el ejemplo y sin que la haya cogido con el señor
Michavila, si el señor Michavila en la Junta de Portavoces malinterpreta,
por ejemplo, el Reglamento, su Gobierno le va a rebajar el incentivo de
productividad por escaso rendimiento? Y, señorías, lo peor de todo está
en el siguiente hecho: en condicionar el abandono de los consejos de
administración, debido a la privatización de empresas públicas, a la
sustitución, como un elemento de su retribución, de esas dietas que se
percibían y su incorporación al elemento retributivo normal. Es que
ustedes se opusieron rotundamente a la presencia de altos cargos en
consejos de administración; lo dijeron en la proposición de ley de
Gobierno y Administración y en su programa electoral también. En
consecuencia, es un problema del Grupo Popular y no del resto de la
Cámara. ¿Por qué, entonces --y acabo ya, señor presidente--, la
deslealtad institucional que suponen estas declaraciones en nombre del
Gobierno? Cuando se pregunta al secretario de Estado en cuestión si se
pretende camuflar la subida de sueldos dentro de la polémica subida de
sueldo de los diputados, se contesta: El PSOE --el PSOE, señorías-- no
debería confundir a la opinión pública mezclando lo que nada tiene que
ver, y más cuando la subida de los diputados es una medida impulsada por
ellos. Ni subida de diputados, señorías, ni medida impulsada por el PSOE.
Tenemos más lealtad institucional. Hay una Mesa de la Cámara --en la que
sólo contando se verá que el Grupo Socialista no dispone de mayoría-- que
adopta determinadas decisiones que no tienen nada que ver con la subida
de salarios, y nosotros las respetamos. Por tanto, ¿se puede admitir que
se afirme que la percepción de estas dietas --que ustedes sometieron a
sospecha, agrediendo continuadamente a los anteriores altos cargos del
Gobierno socialista que pertenecían a consejos de administración-- era
una retribución un poco vergonzante?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera, debe
concluir de forma inmediata.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Sí señor presidente, acabo.
¿Es que el señor Michavila acusa a sus compañeros secretarios de Estado
de no tener vergüenza por percibir esas cantidades vergonzantes? Nadie
les obliga a cobrarlas, que no se haga.
Señorías --acabo definitivamente--, esto me recuerda a aquel ciudadano
que, sorprendido sustrayendo una manzana, grita inmediatamente ¡al
ladrón!, señalando a otro. No es admisible. Sí es admisible una propuesta
de reordenación de retribuciones con claridad y transparencia, pero,
desde luego, no por la vía que he indicado, y menos en base al ataque que
el Grupo Popular descargó contra los anteriores altos cargos. Ahora
acepta esa situación y encima quiere consolidarla convirtiéndolo en una
parte de la estructura retributiva de los altos cargos. Sólo por ese
hecho, creo yo que el señor Michavila y sus diecinueve compañeros
secretarios de Estado no se merecen el incentivo de productividad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caldera.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Señor presidente, señorías, voy a tratar
--de forma sucinta pero espero que con claridad-- de responder a las
enmiendas formuladas por los diversos grupos parlamentarios y que han
defendido hoy, en esta sesión plenaria. En fechas anteriores hemos
celebrado un debate creo que en profundidad, espero que con rigor y, por
nuestra parte, con afán de clarificar aquellas dudas que pudiesen llevar
a los portavoces de los diversos grupos parlamentarios a retirar
enmiendas planteadas una vez que se demostraba que sus criterios no eran
los adecuados ni estaban en razón. No obstante, la inmensa mayoría de los
grupos parlamentarios ha retirado las enmiendas y, por tanto,
reproducimos el debate que con carácter bastante minucioso, creo yo, se
produjo en el seno de la Comisión de Presupuestos. Existe variedad.
Alguno de los portavoces parlamentarios marcaba su atención en dos o tres
aspectos que sin duda sintetizan o compendian los fenómenos más
llamativos que se contienen en el título III. Efectivamente, en el
artículo dieciocho se determina con claridad qué ha de entenderse por
sector público estatal y se establece un incremento salarial que no debe
superar en ningún caso el 2,1 por ciento. El Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Mixto, a través de diversos
diputados y diputadas, han planteado una serie de posibilidades
diferentes al incremento salarial del 2,1. He de decir --y creo que me
ajusto a la realidad-- que ninguna de sus enmiendas, y tampoco ninguna de
sus justificaciones en el trámite de Comisión, han sabido ponderar las
razones que llevaron a sus respectivos grupos parlamentarios a optar, en
lugar de por un 2,1 por ciento de incremento salarial, por un 3 en el
caso de Izquierda Unida, por un 3,6 en el caso de algunos parlamentarios
integrantes del Grupo Mixto, o finalmente por un 4,1 también en el caso
de algunos parlamentarios que integran el Grupo Mixto. El Gobierno remite
a las Cortes Generales el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y
SS. SS. pueden tener las absoluta seguridad de que el incremento
salarial, medido y ponderado, del 2,1 por ciento, desde luego, no se hace
ni en base a criterios arbitrarios ni en base a caprichos políticos que
no tengan explicación, ni en base a algo que no sea un estudio económico
riguroso, fundado y pormenorizado de estimaciones de crecimiento del IPC.
Es cierto --y lo han recordado SS. SS. en alguna de sus intervenciones--
que el año pasado el Gobierno optó, y mayoritariamente los grupos
parlamentarios de esta Cámara apoyaron al Gobierno, por que no existiese
incremento salarial en las retribuciones de los empleados públicos.
Cuando SS. SS pretenden invocar argumentos a mi juicio demagógicos tales
como si España va bien, si la economía va bien, no sean ustedes cicateros
con dos millones de familias que se preguntarán por qué ellos no se
pueden beneficiar de esa bonanza económica. Sus señorías saben que el
argumento es absolutamente falaz. Sus señorías saben que para los
millones de funcionarios que tienen empleo estable en nuestro país,
aparte del componente retributivo, existen otros aspectos que les
preocupan en su formación profesional, lo cual ha impulsado el Gobierno
del Partido Popular en su reciclaje profesional, y aspectos tan olvidados
en años anteriores como el reclamo del impulso del Estatuto de la Función
Pública, una reivindicación querida y sentida en este país por toda la
Función pública. Señorías, todos estos parámetros hoy marcan, a mi
juicio, de forma inequívoca un antes y un después en la Función Pública
en nuestro país. Y, desde luego, como ha habido parámetros económicos muy
beneficiosos para todos, para los funcionarios públicos y para los
ciudadanos en los que no concurre esa cualidad, han ganado poder
adquisitivo gracias a la política de crecimiento y de estabilidad
impulsada por el Gobierno que preside José María Aznar. Los Presupuestos
Generales del Estado de 1998 --y se dice en la propia exposición de
motivos-- mantienen la línea de austeridad y de disciplina presupuestaria
esbozada e iniciada a mediados de 1996. Créanme si les digo que estamos
absolutamente convencidos de que en el panorama económico español, entre
otras razones, y ya que nos ocupa la discusión plenaria del título III,
sin duda alguna tienen algo que ver las medidas que en este capítulo y en
este sector de la Función pública adoptó el Gobierno con decisión y con
valentía en el ejercicio presupuestario de 1997.
El señor Ríos, portavoz de Izquierda Unida, hacía referencia a la
creación de un fondo de 69.000 millones de pesetas. Justificaba su
enmienda --y hemos tenido ocasión de argumentar y contrargumentar en la
Comisión de Presupuestos-- avalando la necesidad de la negociación y del
acuerdo. El señor Ríos sabe perfectamente que desde el Ministerio de
Administraciones Públicas hay un diálogo permanente y fluido, lo cual no
quiere decir que haya que llegar inequívocamente a la decisión que tenga
preconcebida el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Yo
le puedo asegurar (y usted lo sabe señoría porque me consta que estudia
estas materias y sigue con suma atención el sector referido a la Función
pública) que
antes de que finalice el primer trimestre de 1998 no estará en
condiciones óptimas, veraces y fiables la comisión de seguimiento del
citado acuerdo, es decir Administración y sindicatos, para evaluar y
cuantificar la existencia del citado fondo. Ha habido un conjunto de
empleados públicos, por tanto de costes de personal, que se han
transferido a las comunidades autónomas y ha habido un conjunto de
deslizamientos que es necesario evaluar una vez finalizado el primer
trimestre de 1998, que es la fecha y el plazo estimado para poder
realizar esa cuenta con rigor y con detalle. Su señoría ha evaluado --no
nos ha dicho cómo-- esa cuantía del fondo en 69.000 millones de pesetas.
Yo le dije en la Comisión de Presupuestos y le reitero hoy, en este
debate, que tampoco S. S nos explicaba --y lo entiendo como un gesto
político, no como un análisis pormenorizado de práctica y política
presupuestaria-- dónde causaban la baja los 69.000 millones que pretendía
distribuir para la creación del fondo en el seguimiento del acuerdo.
También me llama la atención que el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista se escandalice de la estructura de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto. A S. S. le sonará, y a toda la Cámara en su conjunto, que en el
ano 1984 desde luego no gobernaba los destinos de este país el Partido
Popular. Todas SS. SS. saben y conocen que la Ley de la Función pública
estructura las posibilidades retributivas de todos los empleados
públicos. Desde luego, el complemento de productividad, señor Caldera, no
es una creación ni un alarde que no tenga justificación sino en esta ley,
del Grupo Parlamentario Popular ni del Gobierno que rige los destinos de
España en estos momentos; es algo creado y que se sostiene en la Ley
30/1984.
Su señoría, nuevamente, en un afán de confundir a la opinión pública,
trata de mezclar y de no contribuir a la claridad y a la transparencia,
cosa que queremos hacer desde el Grupo Parlamentario Popular y que se ha
querido hacer desde el Gobierno al remitir el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado. Su señoría tiene una auténtica manía
persecutoria con respecto al régimen retributivo de los secretarios de
Estado. Yo se lo he explicado en el seno de la Comisión de Presupuestos,
pero por respeto a este Pleno y por respeto a S. S. voy a reiterar el
argumento dado entonces, que usted pretende no entender o mezclar para
confundir a la opinión pública española. En aquella ocasión le dije y hoy
le repito que hay dos leyes, la Ley de Gobierno y la Ley de organización
y funcionamiento de la Administración del Estado, que ponen claridad
donde había confusión. Digo que ponen claridad donde había confusión
porque hasta entonces los expertos, sus señorías y los grupos
parlamentarios teníamos posibilidad legal y doctrinal para dudar acerca
de la ubicación de los secretarios de Estado. Pues bien, estos dos textos
legales clarifican que los secretarios de Estado no son miembros del
Gobierno...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández,
le ruego concluya.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Voy finalizando, señor Presidente.
Y que tendrán el esquema retributivo que se aplica a los funcionarios
públicos. Si admitimos esa premisa, que a mí me parece que apuesta por la
transparencia y por la claridad que no existía hasta la fecha, si
apostamos por esa figura y no estamos empeñados en poner a renglón
seguido del presidente y los vicepresidentes del Gobierno y ministros a
los secretarios de Estado, porque las dos leyes a las que hago referencia
los degajan de esa clasificación funcional, por entendernos, no entiendo
por qué S. S., haciendo un quiebro que sin aportar seguridad jurídica sí
aporta demagogia y bastante confusión, dice: Quitémoslos de ahí, pero
mantengámosles un sistema retributivo que no sea el general que ustedes
aplicaban, por ejemplo, a los subsecretarios. Yo creo que hay absoluta
claridad: régimen retributivo y los complementos que se establecen en la
Ley de la Función Pública, con la mesura, la ponderación, la
transparencia y la claridad que S. S. encontrará siempre a su disposición
cuando tenga cualquier tipo de duda acerca de las retribuciones de los
secretarios de Estado o de cualquier otro cuerpo de funcionarios,
empleados del Estado o de altos cargos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández,
le ruego concluya.
La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Quiero finalizar, señor presidente, por
cortesía parlamentaria, haciendo una referencia a una enmienda que
defendió el Partido Nacionalista Vasco en el seno de la Comisión de
Presupuestos y que su portavoz, doña Margarita Uría, ha defendido hoy en
esta sesión plenaria. La enmienda se refiere a la posibilidad de
excepcionar un incremento salarial superior al 2,1 por ciento en aquellas
comunidades autónomas que, oída la Comisión de Política Fiscal y
Financiera, pudiesen, cumpliendo los criterios de convergencia, tener un
incremento salarial al 2,1 por ciento. Su señoría lo argumentó muy bien
en la Comisión de Presupuestos y lo vuelve a argumentar desde su punto de
vista, y seguramente con algún resquicio válido para el debate y para
ulteriores reconsideraciones del asunto, pero en el Grupo Parlamentario
Popular, después de haber meditado muy mucho la enmienda que plantea el
Partido Nacionalista Vasco, creemos que existen razones que avalan el
rechazo en tanto en cuanto que la política de dirección económica
corresponde al Gobierno y que, sin duda, hablar de incrementos salariales
que se refieren a todo el colectivo de empleados públicos no sería un
planteamiento ahora mismo reposado ni sereno admitir esa enmienda en los
términos a que ha hecho referencia su portavoz. Sin querer cerrar ni
cercenar lógicamente ningún debate
para momentos posteriores, nosotros, señorías, hemos de decir que no
vamos a apoyar, en el supuesto de que se mantenga viva para votación, la
enmienda del Partido Nacionalista Vasco.
Se ha hecho referencia a otros aspectos, y finalizo, presidente, sobre
los que ya hemos debatido en el seno de la Comisión de Presupuestos y
lamento que, por razones de tiempo, no pueda duplicar un debate que allí
se tuvo; debate que intenté que fuera riguroso, sin duda sereno, y en el
que traté de dar respuestas a sus señorías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias
señora Fernández. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)
¿A qué efectos solicita la palabra, señor Caldera?
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor presidente, a los efectos de
turno de réplica, que espero no haya desaparecido del Reglamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera, la
señora Fernández ha fijado posición con respecto a las enmiendas del
resto de los grupos y no ha abierto ningún tipo de debate, con lo cual no
tiene S. S. la palabra para turno de réplica.
Pasamos, a continuación, a las enmiendas presentadas a los títulos IV y
VIII, a los cuales ha presentado enmiendas el Grupo Mixto, por parte de
la señora Rahola, y el Grupo Socialista, en cuanto al título IV, y la
señora Rahola y el señor Chiquillo, del Grupo Mixto, al título VIII, así
como el Grupo de Izquierda Unida.
En primer lugar, y para la defensa de las enmiendas presentadas tanto al
título IV como al título VIII, y les recuerdo que han de compartir su
tiempo, tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Muy brevemente, señor presidente, voy a
defender tres enmiendas al título IV que tienen como voluntad la
equiparación progresiva de la cuantía de las pensiones contributivas y no
contributivas al salario mínimo interpofesional y que responde al mandato
que el artículo 41 de la Constitución establece, según el cual los
poderes públicos tienen el deber de garantizar una pensión digna para
todos. Estamos hablando de la actualización del importe de las pensiones
no contributivas hasta el 75 por ciento del SMI, y también de la
actualización del importe de las pensiones, del extinguido SOVI, hasta el
75 por ciento del SMI. Como quiera que la pensión es la renta que
sustituye al salario para los trabajadores que han pasado a la situación
de pasivos, es de estricta equidad que las pensiones se aproximen a
aquella magnitud que está señalada por ley como la mínima a percibir por
los trabajadores en situación de activo, al salario mínimo
interprofesional.
Al título VIII hemos presentado una única enmienda que tiene como
voluntad eliminar las limitaciones de cobertura de prestaciones de los
contratos de aprendizaje mediante la igualación de sus cotizaciones con
el resto de contratos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.
Para la defensa de las enmiendas presentadas al título VIII, tiene la
palabra, en nombre del Grupo Mixto, el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
Por no repetir los argumentos dados en la Comisión de Presupuestos, voy a
mantener en el debate de hoy la enmienda 86 al título VIII referida a la
solicitud de un plan de modernización del pequeño comercio, en la que se
pide al Gobierno, por parte de Unió Valenciana, que se remita a las
Cortes un proyecto de ley para la modernización del pequeño comercio.
Aunque valoramos muy positivamente alguna de las iniciativas adoptadas
por el Ministerio de Economía y Hacienda, Subsecretaría de Estado de
Comercio, respecto al pequeño comercio, pensamos que deberían darse dos
pasos adelante en estas reformas en las que se deberían contemplar, entre
otras medidas: ayudas y subvenciones para mejorar instalaciones, así como
una reforma fiscal en profundidad, referida a la inversión, promoción y
modernización del citado sector, junto a un establecimiento de líneas de
crédito a bajo interés que mejoren las que en la actualidad están
contempladas por el Gobierno, porque, dados los retos que tiene
planteados el pequeño comercio, con la liberalización total de horarios
comerciales a partir del 2001, necesitan una ayuda, una incentivación, un
relanzamiento para poder competir en plena igualdad de condiciones
respecto a los grandes establecimientos comerciales.
Por ello solicitamos por parte del Gobierno que se acepte esta
iniciativa, tendente al apoyo a la modernización del pequeño comercio en
el Estado español.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Muchas gracias, señor Chiquillo.
Para la presentación y defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, tengo el ánimo también un poco encogido por
el aspecto desolador del debate de una ley tan importante como la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998; sobre todo, señor portavoz
del Partido Popular, falta el Gobierno
en pleno; por primera vez en la historia parlamentaria de España no hay
ni un solo miembro del Gobierno en este debate (Rumores.), y no vale
tampoco argumentar, frente a testigos que no han estado presentes en el
debate de nuestra Comisión, que allí sí se han debatido a fondo. No se ha
debatido a fondo.
No es de extrañar que cunda el desánimo en los diputados que hemos
preparado este presupuesto cuando, como ocurre con el Grupo Parlamentario
Socialista, ante más de 300 enmiendas ni una sola ha sido objeto de
consideración; ni una sola, incluso --cuando ustedes verán a
continuación-- algunas que pretenden exactamente concretar políticas y
promesas hechas por el señor presidente del Gobierno, ha sido objeto de
aprobación. Y, lo que es más grave --y quizá tengamos ocasión de verlo a
continuación--, nuestros argumentos se sustancian con agresiones, con
vuelta atrás de lo que hicieron los anteriores Gobiernos socialistas, y
ni una sola consideración en los méritos que tienen nuestros propios
argumentos.
A pesar de todo, señores del Partido Popular, aquí tienen el ofrecimiento
del Grupo Parlamentario Socialista para tratar de corregir algunos de los
gravísimos problemas que tiene el presupuesto de la Seguridad Social,
12,1 billones de pesetas, que no podemos debatir ahora en escasos ocho
minutos y sin derecho de réplica.
A nosotros, señores del Partido Popular, nos gustaría que analizaran con
perspectiva histórica y con la perspectiva que da el Pacto de Toledo lo
que son obligaciones recíprocas del Gobierno y de la oposición y corregir
un hecho gravísimo que ocurre en estos presupuestos. Son los terceros
presupuestos que tendrán que gestionar. Bien es verdad que en el año
1996, también por primera vez en la historia democrática española,
ustedes que tuvieron tiempo no presentaron presupuestos, pero gestionaron
los de 1996, gestionaron los de 1997 y gestionarán los de 1998. Y con
estos presupuestos de 1998, señores diputados del Partido Popular, en
mérito de sus propias cifras (que desde luego son inferiores a lo que
ocurrirá en realidad, pero no entro en debates para los que no tengo
tiempo) ciñéndome a los datos del Gobierno de la nación, el endeudamiento
de la Seguridad Social se va a incrementar el próximo año en 475.000
millones de pesetas; un endeudamiento que no podrán ustedes decir que ya
venía también de Gobiernos anteriores, porque ustedes tienen el mérito de
que en los tres presupuestos que han gestionado han incrementado el
endeudamiento de la Seguridad Social en más que todo la historia de la
Seguridad Social. Cuando se liquiden estos presupuestos, las deudas de la
Seguridad Social se habrán incrementado, por mor de su mala
presupuestación, de su poco compromiso con acuerdos del Pacto de Toledo
en más de billón y medio de pesetas y, en contra de lo que ocurría con
Gobiernos anteriores, que aún tenían un margen de actuación, puesto que
había activos, patrimonio y reservas en la Seguridad Social, ustedes
endeudan a la Seguridad Social cuando ya no quedan prácticamente
patrimonio y reservas en esta institución, de tal manera que, a pesar de
que el Pacto de Toledo decía que debíamos incrementar las reservas,
ustedes ni siquiera mantienen el nivel de reservas y de patrimonio que
recibieron en mayo de 1996, sino que lo han deteriorado en sólo tres años
en cantidades verdaderamente astronómicas.
Nosotros no queremos llegar (y seguro que como no tengo derecho de
réplica volverán a hacer uso del cinismo en la argumentación política) al
total de los compromisos del Pacto de Toledo. Sabemos que hay una fecha
que es el año 2000. Simplemente les decimos que recorramos la tercera
parte de la distancia que hay hasta el año 2000, y si la Seguridad
Social, como está ocurriendo, está financiando del orden de 700.000
millones en atenciones que son de los presupuestos del Estado, exijan
ustedes que los mismos aporten 200.000 millones de pesetas más a la
Seguridad Social. No se quebrará ningún equilibrio en las cuentas
públicas, simplemente figurará en los presupuestos del Estado ese déficit
y ese endeudamiento en lugar de hacerlo en los presupuestos de la
Seguridad Social, que ya no tienen capacidad de aguantar más déficit, ni
más endeudamiento, y mucho menos por cargas indebidas desde el Estado de
la nación.
Hay un préstamo de 350.000 millones de pesetas, señores del Partido
Popular, con el que ustedes juegan permanentemente diciendo que es un
préstamo para necesidades de caja. No es para necesidades de caja, sino
que viene a soportar una práctica redundante en los ejercicios del
Partido Popular, que si en un tiempo pudiera tener alguna justificación
ya no la tiene. Ustedes están presupuestando por criterios de devengo,
sabiendo que en la Seguridad Social pintan todos los años 500.000
millones de ingresos que no se van a producir y, por tanto, están
incrementando en cada ejercicio el agujero presupuestario y financiero de
la Seguridad Social en el orden de esos 500.000 millones de pesetas. La
Seguridad Social, señores del Partido Popular, no va a poder resistir
mucho tiempo más este endeudamiento. No es un alegato catastrofista, como
seguro que ahora volverán a reiterar; al contrario, es la observación de
alguien que personal y colectivamente en nuestro grupo quiere poner
remedio a los males. Difícilmente se van a poder remediar los males que
aquejan al presupuesto de la Seguridad Social si no hacemos un análisis
correcto. Hoy, la Seguridad Social está soportando unas cargas del Estado
que ya no puede soportar más. Ustedes están construyendo un edificio de
desequilibrios presupuestarios que van a llevar al agotamiento y a una
situación de práctica insostenibilidad de la institución.
Nosotros no hacemos solamente un alegato en contra de estos males; les
damos los remedios. Aporten 200.000 millones de los presupuestos del
Estado a la
Seguridad Social. No desequilibrarán ninguna de las cifras de Maastricht,
simplemente apuntarán en el Estado lo que son deudas del Estado y no
seguirán apuntándolo en el presupuesto de la Seguridad Social. Cancelen
el préstamo de 350.000 millones a final de año, si no, ese préstamo
volverá a pasar también parte de esa pesada carga de pasivos de la
Seguridad Social.
En definitiva, produzcan lo que se comprometieron en el Pacto de Toledo.
A partir de 1995 hubo un acuerdo solemne en la Cámara. Precisamente
hicimos ese acuerdo porque conocíamos las dificultades del sistema.
Ustedes, que han gestionado los tres presupuestos correlativos al Pacto
de Toledo, no solamente no han avanzado sino que han retrocedido. Señor
presidente, han retrocedido en todos los terrenos. Esa forma de no
aportar lo que tiene que aportar el Estado hace que las cotizaciones
sociales, ahora más que hace dos años, tengan que soportar cargas
crecientes en el presupuesto de la Seguridad Social. Sin el Pacto de
Toledo, sin el acuerdo que hicimos de separación de fuentes, la Seguridad
Social en la etapa socialista pasó a estar financiada desde un 82 por
ciento por cuotas a un 63 por ciento por cuotas. Esa fue la Seguridad
Social que ustedes recibieron. Deberían haber seguido poco a poco
ampliando la separación de fuentes y mejorando en el sentido de aligerar
las cargas que soportan las empresas y los trabajadores españoles. No
solamente no han ido a la velocidad de crucero de los gobiernos que les
precedieron, sino que ustedes tomaron a la Seguridad Social con una
financiación contributiva del 63,60 y este año tienen --iba a decir una
palabra muy gruesa, lo voy a minimizar-- tan poca entidad política como
para traer un presupuesto en el que las cotizaciones son el 65,81 por
ciento del presupuesto.
Por tanto, señores del Partido Popular, sus cifras de ingresos, por su
insuficiencia y por los desequilibrios graves en la financiación, están
conduciendo a la Seguridad Social a un callejón sin salida.
En cuanto a los beneficiarios, señor presidente --y tengo que ir a uña de
caballo--, ustedes tienen que traer en los presupuestos, al menos, lo que
han prometido ante los españoles. Tengo aquí, sacada ayer de las páginas
de Internet de La Moncloa, la referencia del Consejo de Ministros del día
30 de octubre de este año. Ustedes decían que las viudas de menos de 60
años, cumpliendo el Pacto de Toledo, pasarían a cobrar 40.770 pesetas al
mes. He leído el decreto y es falso que aparezca esa cifra. Lo que sí
aparece en los presupuestos es un mínimo para esas viudas de 521.000
pesetas al año, que son 37.280 pesetas al mes, no 40.770, como dice la
propaganda que ustedes hacen al final del Consejo de Ministros.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista: son las palabras y
las promesas del Gobierno. Apóyenla, porque no harían nada del otro
mundo, simplemente harían que el señor presidente del Gobierno, el señor
ministro de Trabajo y el señor portavoz del Gobierno dijeran la verdad a
los españoles y no se colgaran medallas que son improcedentes.
Ustedes tienen este compromiso desde el Pacto de Toledo: arreglar los
mínimos de las pensiones de las viudas menores de 60 años; y se jactan en
público de haberlo hecho, pero no viene en la ley de presupuestos. Hay
una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista para cubrir esta
injusticia que se hace con las viudas españolas y con los viudos menores
de 60 años que, por tener escasas rentas familiares, deberían tener
derecho al mínimo y no lo tienen en una cuantía crecientemente
equivalente a los mayores de esa edad. Señor portavoz del Partido
Popular, no suba a esta tribuna diciendo que lo queremos hacer todo
cuando tenemos tres años. Es la tercera parte del tramo que falta entre
la distancia de lo que hoy cobran y lo que cobran beneficiarias de la
pensión de viudedad de edades superiores. Igualmente, ustedes tienen que
hacer honor a los compromisos que ha dicho en este mismo salón de
sesiones el señor presidente del Gobierno de que los pensionistas van a
tener un crecimiento de sus pensiones del 2,1 por ciento del año que
viene. Es cierto que en la ley dice el 2,1, pero se les ha olvidado el
pequeño detalle de decir sobre qué base van a aplicarlo. Si no están
buscando subterfugios para engañar a los pensionistas españoles, tienen
que aceptar nuestras enmiendas. Sería congruente que lo hicieran, porque
no suponen mayor gasto, sino hacer realidad sus promesas de que ese 2,1
por ciento sea sobre la nómina de 31 diciembre de 1997. Deberían eliminar
del proyecto de ley de presupuestos las referencias al artículo 48.3 de
la Ley General de la Seguridad Social, porque ese precepto les obligaría
a compensar la mejora de capacidad adquisitiva.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, le
ruego concluya.
El señor CERCAS ALONSO: Voy concluyendo, señor presidente, pero son tales
los desafueros que se cometen en este presupuesto, señores del Partido
Popular, que me veo obligado a pedirle un minuto más de prórroga.
En definitiva, señores del Partido Popular, si quieren hacer realidad, no
la idea que tenemos los socialistas, sino lo que ustedes han dicho a la
opinión pública de que están comprometidos con la viabilidad financiera
del sistema, tienen que corregir las gravísimas agresiones que cometen en
estos presupuestos al equilibrio financiero y presupuestario. Si ustedes
quieren decir a los pensionistas que, efectivamente, quieren que
mantengan la ganancia de la capacidad adquisitiva, no sólo que mantengan
la capacidad adquisitiva, como me dirá ahora el portavoz del Grupo
Popular, si quieren arreglar el problema de las viudas, si quieren
arreglar el problema de los huérfanos, a los que ustedes someten, en
contra de la visión del Pacto de Toledo, a una
incompatibilidad con rentas del trabajo inferiores al salario mínimo
interprofesional, como otras muchas enmiendas que no tengo tiempo de
defender, señores del Partido Popular, el Grupo Parlamentario Socialista
les ofrece una solución razonable en los estrictos términos del Pacto de
Toledo. Mucho me temo, señores del Grupo Parlamentario Popular, que
estamos en presencia, una vez más, de que una cosa es la propaganda del
Gobierno y otra la realidad de los presupuestos. Nada más y muchas
gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cercas. Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida al título VIII, tiene la palabra el
señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías,voy a intentar
defender las tres enmiendas que Izquierda Unida mantiene al título VIII
del texto articulado del proyecto de ley de presupuestos generales. Son
tantos los temas que toca la ley, que haría innecesario que tocáramos
otra vez la ley de acompañamiento, que veremos después. En todo caso, las
tres enmiendas van dirigidas a una filosofía general. Izquierda Unida
cree que, en un año en que crece la economía, el presupuesto del Estado
debe comprometerse con un objetivo que lo decimos de palabra, a la hora
del planteamiento, pero luego no se hace realidad a la hora de concretar:
conseguir que la sociedad tenga un nivel de empleo mayor del que ahora
tiene, que la sociedad tenga mayores posibilidades de generalizar el
empleo, que tengamos una sociedad de pleno empleo. Que nos revelemos ante
la idea de que es imposible reducir el desempleo y dar por sentado que
debe haber un porcentaje del mismo.
¿Cuál es el objetivo de las enmiendas de Izquierda Unida? Gravar la
cotización de las horas extraordinarias. Por eso, cuando el artículo
ochenta y siete, dos, punto 3, dice lo que deben cotizar las horas
extraordinarias, nosotros creemos que debe incrementarse. El proyecto del
Gobierno propone que sea el 28,3 por ciento; Izquierda Unida propone que
se incremente hasta el 35,4 por ciento. ¿Para qué? Para que se usen menos
las horas extraordinarias como un recurso estructural y queden reducidas
por parte de la acción económica de la empresa a una parte pequeña de su
actividad, y el resto sea cubierto por personal más o menos estable. La
distribución que hacemos sería un incremento hasta el 29,5 por ciento con
cargo a la empresa y un incremento también, con cargo al trabajador, del
5,9 por ciento. Por tanto, queremos gravar las horas extraordinarias a
nivel de cotización, para que se reduzcan las horas extraordinarias y se
funcione con más normalidad en todas las empresas.
La segunda enmienda va dirigida a añadir al artículo ochenta y siete,
tres, al final, que queden prohibidas las horas extraordinarias en el
caso de los contratos de formación y en los que aún sean contratos
vigentes de aprendizaje. Ya en la Comisión discutimos esto, y por parte
del portavoz del grupo mayoritario que soporta al Gobierno se decía que
no se podían quitar las horas extraordinarias, porque la formación se
hace ligada a la producción, y si la producción necesita de horas
extraordinarias, también el que hace la formación. Ese razonamiento está
bien en teoría, pero en la práctica no es posible, porque si ligamos
formación y producción, si una persona tiene organizada la formación
teórica junto con el trabajo, si tiene que hacer horas extraordinarias,
no va a poder hacer el otro trabajo. Nosotros no creemos que los
contratos de formación tengan que tener horas extraordinarias. Participan
complementariamente con la producción, se les da un salario muy
complementario, no tiene relación de salario base a la hora de producir,
y es verdad que está ligado para ver cómo funciona la empresa. Lo que
debe tener la empresa garantizado es que con su personal puede cubrir el
trabajo que va a surgir y las horas extraordinarias de ese personal que
tiene dentro, personal que puede ser de contrato parcial, de contrato
indefinido, de contrato fijo, pero, si tenemos una persona aprendiendo,
no le decimos: para que aprendas mejor y más rápido te damos más horas
extraordinarias; porque el contrato es el mismo, no es otro contrato
diferente.
Por tanto, proponemos que no haya horas extraordinarias para estos
contratos o que se reduzcan. Yo aceptaría que se dijese: a los puestos de
trabajo ligados a la base estructural de la producción. Sería una
alternativa diferente, sería un acercamiento de posiciones, porque el
todo o nada tampoco sería positivo como planteamiento.
Termino, señor presidente, con la última enmienda que hace referencia al
apartado nueve de este artículo ochenta y siete. Lo que pretende la
enmienda es que, cuando un empresario abusa de la contratación temporal,
a la hora de cotizar en la contingencia del desempleo, en la creación de
ese fondo de garantía salarial para hacer frente a la situación de la
evolución posterior, se eleve la cuota a la parte empresarial. Si un
empresario abusa de la contratación temporal, que sepa que se va a ver
gravado en su cotización, para que después tenga un nivel de contingencia
de desempleo en mejores condiciones. Por eso, en lugar del 7,8 por ciento
que propone el proyecto de ley del Gobierno, nosotros lo elevamos al 12,4
por ciento. Creemos que así el empresario reducirá la contratación
temporal, porque se ve perjudicado a la hora de tener que cotizar, y no
se le facilita el uso o abuso de esa contratación temporal. Podemos
seguir el mismo razonamiento de lo que antes hemos discutido y decir:
pero si hay contratación temporal, vamos a ver cuáles son los puestos o
la contratación temporal que se debe facilitar en este trabajo. En todo
caso, debemos tener en
cuenta que de lo que estamos hablando aquí es de la cotización al
desempleo, fondo de garantía salarial y la formación profesional.
Hablaremos más adelante, en otro apartado, de los accidentes, de la
seguridad en el trabajo: todo lo que es esfuerzo temporal o puntual en
una empresa añade mayor riego; de ahí que nosotros creemos que debe
incrementarse esa cotización.
En todo caso, espero que el razonamiento que se nos dé a las tres
enmiendas esté entre el más y el menos, en el camino de acercar
posiciones. Si no es posible hoy, sabemos que tomarán nota para que, en
lo sucesivo, se pueda estudiar en otros ejercicios presupuestarios. A ser
posible nos gustaría que fuese en éste, pero si no ya volveremos a
discutir otra propuesta presupuestaria y volveremos a la carga con un
planteamiento que en Europa gana adeptos, que va a ganar no solamente en
los gobiernos de Francia e Italia, sino en todo el conjunto europeo.
Esperemos que por lo menos pase así en el encuentro a nivel europeo de la
cumbre por el empleo.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en un intento de dar contestación a todas las enmiendas
presentadas por los distintos grupos a los títulos IV y VIII de la ley de
presupuestos, daré comienzo a mi intervención por lo que ha sido la
última parte de la de SS. SS., el título VIII de la ley, para acabar con
las referencias a las intervenciones respecto al título IV. Lo haré así
también porque observo que alguno de los portavoces no está prestando
demasiada atención a las referencias que iba a hacer a su intervención
anterior, de modo que se las ahorro. (El señor vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
Respecto al título VIII, señor Ríos, respeto profundamente los
planteamientos y las razones de las tres enmiendas que tiene su grupo
presentadas al mismo. Sabe que no los comparto en alguno de los casos,
pero también convendrá conmigo que, justamente en lo que afecta a tipos
de cotización, pero sobre todo a horas extraordinarias por determinados
contratos, como es el de formación en estos casos, deberemos estar
sujetos también al debate que se ha abierto entre los interlocutores
sociales; un debate, además, interesante en estos momentos, sobre las
posibilidades de reordenación, redistribución, adecuación o reducción
--llámesele como se quiera-- del tiempo de trabajo y sobre el papel que
justamente en tales ámbitos debe atribuirse, ya sea a la norma legal, al
ámbito de la negociación colectiva o, en general, a lo que podría ser la
acción de los poderes públicos.
Por ello, le reitero que no vamos a aceptar en este caso las enmiendas
que usted plantea, pero desde el respeto absoluto a los planteamientos
que usted maneja, a las razones que esgrime en su defensa y,
evidentemente, en virtud de que tenemos razones que, a nuestro juicio,
hacen que no sea posible o adecuado tenerlas en consideración. No voy a
reiterar ahora el debate que tuvimos en Comisión, tal vez sería prolijo,
pero le recordaré que no entendemos que sea necesario, por excesivo --del
28,3 pasa al 35,4--, el tipo de incremento de la cotización que piden
ustedes en su enmienda 591; no sabemos aún qué criterio se ha tenido en
cuenta para cuantificar este nuevo tipo pretendido, pero, desde luego,
pensamos que lo que haría sería penalizar en exceso la productividad de
nuestras empresas. Consideramos que las horas extraordinarias están ya
suficientemente penalizadas ahora y, por tanto, dicho incremento del tipo
de cotización de las horas extraordinarias creemos que no sería
aconsejable.
Respecto a la nueva redacción que pretenden sobre prohibición de horas
extraordinarias en los contratos de formación y los vigentes de
aprendizaje, conoce
S. S. el planteamiento contrario que se mantiene desde el Grupo Popular y
que este mismo portavoz le hizo llegar a usted en el debate de Comisión.
No entendemos que las horas extraordinarias puedan deslindarse en virtud
de los distintos contratos que se puedan celebrar; son siempre
excepcionales y van a responder a causas de naturaleza excepcional, pero
pueden darse tanto en contrato formativo como en cualquier otro tipo de
contrato; por tanto, no podemos, evidentemente, pretender prohibir la
realización de determinadas horas extraordinarias en virtud del tipo de
contratación.
Lo mismo digo respecto a la cuota empresarial por desempleo que intentan
incrementar y que nosotros entendemos que, en estos momentos y en virtud
del debate que se está produciendo, hacerlo ahora sería de todo punto
excesivo y, además, lo que traería consigo sería un aumento del coste del
factor trabajo, que iba a ser más perjudicial que favorable a la creación
de puestos de trabajo en nuestras empresas.
Respecto a las enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Rahola, una en el
título VIII y algunas en el título IV, haré una breve referencia a las
mismas, en tanto que todas ellas pretenden incrementos de gastos no
posibles y, además, no suficientemente explicitados. Chocan, sobre todo
las del título IV --y entro con SS. SS. en el debate del citado título--,
con los planteamientos de lo que fue el acuerdo del Pacto de Toledo y el
desarrollo legal del mismo en la ley de consolidación y racionalización;
con lo que fue un acuerdo político general que hace que ninguno de
nosotros pueda colocarse al frente de la manifestación con posturas que,
evidentemente, van más allá de lo que son las necesarias reformas de
nuestro sistema de Seguridad Social para consolidarlo y racionalizarlo.
Alguna de las intervenciones, en este caso la del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, me ha dado la impresión de que se estaba
colocando más cerca de posturas de ese tipo que de otro. Señor Cercas,
dice usted que no tenemos ocasión de debatir a fondo respecto de nuestro
sistema de Seguridad Social. ¡Pero si de unos meses a esta parte
prácticamente no hacemos otra cosa en este Parlamento que debatir
respecto a nuestro sistema de Seguridad Social! Ello, en gran medida,
gracias al interés que tienen las señorías de la bancada de la izquierda
en traer ese tema de debate a este Parlamento. En todo caso, será un
debate que hemos tenido muy a fondo y en innumerables ocasiones. Además,
normalmente mantenemos usted y yo el citado debate; un debate en el que
cada día que pasa usted gana en demagogia y pierde en rigor y eficacia en
la defensa de sus planteamientos.
No le debería causar sorpresa alguna el rechazo que se va a producir de
las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, no le debería causar
sorpresa porque sin ir más lejos --y usted también lo reconoció en
Comisión--, el año pasado también se rechazaron las enmiendas que su
grupo planteó, tanto al articulado del proyecto de ley como la de
devolución de la sección 60 y entidades gestoras. Por cierto, habiéndose
rechazado las enmiendas que ustedes presentaron el año pasado, este
portavoz se pregunta cómo no ha sucedido la debacle que ustedes
anunciaron en nuestro sistema de Seguridad Social. Se rechazaron sus
enmiendas y resulta que las pensiones se han pagado mes tras mes, los
pensionistas de este país han ganado --a ustedes les gusta mucho ese
término-- poder adquisitivo mes tras mes durante este último año y
nuestro sistema no empezó a hacer aguas por innumerables agujeros de todo
tipo o se ha quebrado por la mitad en virtud de aquello que usted ya
anunciaba.
Este año nos reitera que de no aceptar sus enmiendas probablemente
nuestro sistema de Seguridad Social quedará en una situación --creo que
ha dicho-- inquietante o al borde prácticamente de la desaparición. (El
señor Cercas Alonso: No, no.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camps, recuerde que está
utilizando un turno de fijación de posiciones que no tiene réplicas; no
es un turno en contra.
El señor CAMPS DEVESA: Sí, señor presidente, pero si hubiera estado usted
atendiendo al debate que se ha producido con anterioridad (Rumores.)
habría observado que he sido constantemente incluso aludido por parte del
portavoz socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camps, tenía posibilidad de
consumir un turno en contra de las enmiendas.
El señor CAMPS DEVESA: Bien, señor presidente, intentaré fijar la
posición, evidentemente, a la postura de los demás grupos haciendo las
manifestaciones que correspondan respecto de los argumentos que de
contrario se han planteado por los mismos.
Recuerdo, por cierto, que en la intervención del señor portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista se alude constantemente a innumerables
descalificaciones sobre las cuestiones mencionadas por este portavoz, que
no recuerda haberlas hecho en ningún caso, porque, desde luego, no va a
utilizar ni ha utilizado argumentos como el que ha manifestado S. S. de
que por ejemplo los argumentos que utiliza el portavoz que en este
momento se dirige a ustedes desde la tribuna son cínicos. Sus argumentos,
señor Cercas, no lo son; sus argumentos son respetables, son de todo
punto ponderables, pero evidentemente no son compartidos por el Grupo
Parlamentario Popular, y no pueden ser compartidos, señor Cercas, porque
nos alejan, más que nos acercan, de aquella senda que todos nos trazamos
conjuntamente en esta Cámara y que denominamos Pactos de Toledo. Saben
SS. SS. que hay una ley de desarrollo de aquellos pactos políticos, unos
pactos políticos que se realizaron con este grupo parlamentario en la
oposición y con ustedes en el Gobierno, que se han empezado a desarrollar
con este grupo parlamentario ya en el Gobierno y con ustedes en la
oposición y que deberían ser un ejemplo de responsabilidad para el
conjunto de ciudadanos a los que justamente van dirigidos. Se desarrollan
en una ley que conocen perfectamente SS. SS., no es en absoluto
contradictoria con los citados pactos, es absolutamente leal y desarrollo
legal de los mismos y nadie debería creerse en posesión de verdad
absoluta alguna, sino simplemente admitir, en todo caso, que está en
posesión de su verdad y que ésta sería bueno fuera coincidente con la del
resto de los grupos.
Al menos pongámonos de acuerdo en un par de consideraciones, este
portavoz ya no pretende más. Por primera vez este año se garantiza por
ley el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, en una
ley que ha aprobado esta Cámara y que encuentra su reflejo en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. También, no por primera vez sino como
continuación de la política que venía desarrollando el Gobierno del
Partido Popular desde el año pasado, los pensionistas durante el último
año y el anterior, mes a mes ganaron poder adquisitivo respecto a las
situaciones que ocurrían con anteriores gobiernos.
Estoy haciendo un llamamiento a su responsabilidad política cuando dicen
lo contrario, no intento descalificarles, ni muchísimo menos, simplemente
espero que vuelvan a una senda que ustedes nunca debieron dejar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camps, vaya concluyendo,
por favor.
El señor CAMPS DEVESA: Voy concluyendo, señor presidente.
Señorías, deberían ser rigurosos y consecuentes con ustedes mismos; con
ustedes mismos cuando eran Gobierno, y con ustedes mismos cuando son
oposición. Ahora no puede pretenderse de repente --y es el contenido de
gran parte de sus enmiendas-- hacer borrón y cuenta nueva en nuestro
sistema público de Seguridad Social, como si todo lo anterior nunca
hubiera existido. Sabe S. S. perfectamente, y en eso nos pusimos de
acuerdo, que era necesario ahondar en un proceso de separación de fuentes
de financiación y que no era posible hacerlo de un día para otro.
Necesitábamos tiempo y fijamos una fecha, el año 2000, para poder
realizarlo. Mientras tanto, ahondar en ese sistema no quería decir que la
oposición viniera aquí cada año a pedir que se cancelen los prestamos a
la Seguridad Social, que se modifique el sistema --que, por cierto,
inventaron ustedes y no nosotros-- para los desfases de tesorería o para
las necesidades financieras del sistema, o que sean capaces --llegando al
colmo de lo absurdo-- de que cuando por primera vez en nuestro país se
está garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones, hacer intervenciones que únicamente llevan la intranquilidad
al conjunto de nuestros pensionistas, en el sentido de que parece no esté
garantizado justamente eso por lo que tanto han luchado, como son sus
pensiones y el mantenimiento de las mismas. Por eso, no podemos compartir
--y termino ya, señor presidente-- las enmiendas que ustedes han
presentado porque el contenido de todas ellas nos aleja, más que nos
acerca, de aquella senda que todos conjuntamente nos trazamos cuando
aprobamos los denominados Pactos de Toledo y cuando se aprobó también por
el conjunto de esta Cámara la Ley de consolidación y racionalización del
sistema de Seguridad Social.
Por último, permítame hacerle una consideración. Si están ustedes tan
preocupados por el futuro de nuestro sistema, si están ustedes tan
seguros de que nuestro sistema se encuentra al borde de la quiebra o con
una situación inquietante, ¿cómo es que los contenidos de todas sus
enmiendas van encaminados justamente a un aumento del gasto para ese
sistema? Por un lado, en las que no pretenden un aumento del gasto, piden
que se cancelen los préstamos que el mismo sistema necesita para
financiarse y, por otro lado, nos dicen que estamos ante un sistema al
borde de la ruptura, pero sólo pretenden que aumente el gasto del mismo.
¿Pretenden ustedes poner su granito de arena para que esa situación
inquietante acabe abocándose en una verdadera quiebra del sistema? Ahí, a
nosotros, desde luego no nos van a encontrar.
Señores del Partido Socialista, los representantes del Partido Popular no
se cansarán de decirles una y mil veces desde esta tribuna, que dejen la
demagogia a un lado en un tema como éste, dejen de advertirnos sobre
situaciones que nunca deberán llegar a nuestro sistema, vuelvan
conjuntamente con el resto de grupos de esta Cámara, a la senda que nunca
debieron dejar, sean ustedes capaces de ser oposición responsable (ya que
nueve millones de españoles les votaron para ello) y sean ustedes capaces
de llegar a un consenso, junto con los demás grupos de esta Cámara, para
que nuestro sistema, tal y como facultan nuestras leyes y los acuerdos
políticos, se consolide y se racionalice. Al menos, eso esperan nueve
millones de españoles que les votaron para que así lo hicieran y, sobre
todo, lo esperan los millones de pensionistas de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camps. (El señor
Cercas Alonso pide la palabra.)
Señor Cercas, la Presidencia ya ha advertido al señor Camps que estaba en
un turno de fijación de posiciones y que, en consecuencia, procurara no
incidir y estar un poco a la altura.
El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, no pretendo rebatir los errores
y los horrores de la argumentación del parlamentario del Grupo Popular,
porque casi necesitaríamos un curso monográfico; simplemente quisiera que
retirara las alusiones que ha hecho a mi persona. Personalmente estoy
dispuesto a aceptar todo tipo de lecciones de los diputados del Partido
Popular menos lecciones en el sentido de no ser demagogo y de ser
irresponsable porque para demagogos e irresponsables hay una hermosa
baraja entre los diputados...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Entiende la presidencia que son
puramente retóricas y no hay una intención especial. (Rumores.)
El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente constan en el «Diario de
Sesiones» y sería elegante por su parte retirarlas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por eso, también consta la
palabra de la Presidencia y el asentimiento de que son puramente
retóricas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la discusión del título
V.
En primer lugar, por el Grupo Mixto, ha presentado enmiendas a este
título la señora Almeida.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, se dan por defendidas las
enmiendas de la señora Almeida.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se dan por defendidas.
También, por parte del Grupo Mixto, se mantienen vivas cuatro enmiendas
del señor Saura y de la señora Rivadulla. ¿Va a intervenir S. S. para su
defensa? (Asentimiento.) Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para defender las enmiendas números 197 a 200, todas
ellas al artículo cincuenta y tres, Fondo de ayuda al desarrollo. Estas
enmiendas tienen como objetivo que esos fondos vayan realmente destinados
al desarrollo social y económico de los países pobres. Si tenemos en
cuenta que los FAD representan el 60 por ciento de la ayuda oficial al
desarrollo, señalamos que debería ser el Consejo de Ministros el que
determine el concepto y las cantidades de los fondos, pero a propuesta
del Ministerio de Asuntos Exteriores y no de la Comisión interministerial
del Fondo de Ayuda al Desarrollo. Pretendemos que el FAD sea un
instrumento de cooperación internacional y no de internacionalización de
las empresas españolas, objetivo positivo pero que requeriría de otros
instrumentos crediticios. Como decíamos, los FAD deberían tener como
objetivo preferente el fomento del desarrollo humano y, por tanto, es un
instrumento de la política de cooperación, que ha de ser dirigida por el
Ministerio de Asuntos Exteriores.
En segundo lugar, señorías, desde Iniciativa-Els Verds consideramos que
el Gobierno, además de informar al Congreso y Senado del importe, del
país de destino y de las condiciones de las operaciones a cargo del
fondo, debería prestar una especial atención al impacto social y
ambiental en los países de destino. Por ello, solicitamos de SS. SS. la
aprobación de la enmienda número 198.
En relación con el artículo cincuenta y tres, punto uno, tenemos una
enmienda de sustitución por la que señalamos que la cantidad de 80.000
millones debería quedar cifrada en 40.000 millones de pesetas, puesto que
en años anteriores sólo ha sido ejecutada en su mitad, siendo necesario
adecuar la consignación presupuestaria al gasto real y reducir el peso de
los créditos FAD y la ayuda oficial al desarrollo española, adecuándola a
los acuerdos internacionales existentes.
Por último, señorías, estamos en desacuerdo con que esos fondos se
destinen al pago de obligaciones españolas frente a instituciones
multilaterales de desarrollo, por lo que pedimos la supresión del final
del primer párrafo del punto uno, porque pensamos que no se corresponde
el objetivo de estos fondos asignarlo a esos fines. Entendemos que
existen otras partidas presupuestarias destinadas a financiar la
contribución española a organismos multilaterales. Muchas gracias, señor
presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rivadulla.
Al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) le queda viva la
enmienda número 1585.
Tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Señor presidente, doy por defendida la enmienda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se da por defendida la enmienda.
Finalmente, a este título VI el Grupo Parlamentario Socialista tiene
varias enmiendas. Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez
Sanjuan.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor presidente, señorías, he querido subir a
la tribuna del Congreso de los Diputados porque, por lo menos para este
diputado y para mi parlamentario, no sé si para otros, el debate
parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado no solamente es un
rito importante en el trabajo político de esta Cámara, sino que realmente
queremos darle la importancia que tiene. Digo que no sé si todos piensan
lo mismo, porque después de seguir atentamente el debate parlamentario de
esta tarde, uno tiene la sensación de que el grupo mayoritario que apoya
al Gobierno en este Parlamento quiere pasar sobre ascuas y de puntillas
sobre un debate que no sé si tiene muchos argumentos que exponer, pero
desde luego este grupo parlamentario quisiera oír, como a veces se nos
pide al grupo parlamentario alternativa al Gobierno, los argumentos que
justifican básicamente este proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado.
Vamos a debatir, señor presidente, el título V y parte del anexo III,
donde se recoge la política de endeudamiento y la política de avales que
presenta el Gobierno a estos Presupuestos Generales del Estado. Uno tiene
la sensación de que en un ratito, y sin apenas brillantez parlamentaria,
de repente se va a autorizar al Gobierno para que se endeude en el año
1998 y preste avales a empresas públicas, dependientes o no dependientes
de los Presupuestos Generales del Estado, por la friolera cantidad de
tres billones de pesetas, dando la sensación de que aquí no pasa nada.
Ya tuvimos un debate, o por lo menos intentamos tener un acercamiento al
problema por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y obtuvimos poca
información política, poca información económica y poca información
parlamentaria para conocer verdaderamente las razones por las que el
Gobierno pide autorización a las Cortes Generales para incrementar la
deuda viva del Estado en dos billones de pesetas 418.000 millones de
pesetas y por qué pedía la autorización del Parlamento para que las
empresas públicas soliciten avales --en definitiva, respaldo económico
del Estado-- por 645.000 millones de pesetas.
En el debate en Comisión, señor presidente, no obtuvimos respuesta a unas
dudas razonables que por varias razones presentamos y planteamos, por lo
menos manifestamos cuáles eran nuestras inquietudes respecto a este
título V, de deuda y avales. Es verdad que el artículo cuarenta y cuatro
del proyecto de presupuestos solicita al Parlamento que autorice al
Gobierno a endeudarse al final del ejercicio en dos billones 418.000
millones de pesetas para completar los ingresos que obtiene por la vía de
impuestos, tasas y política de venta del patrimonio hasta llegar a los 31
billones de pesetas de gastos que han sido autorizados a partir del
artículo cuatro. Sin embargo, el artículo cuatro de la Ley de
Presupuestos nos dice que al Estado, para completar ese nivel de gastos
de 31 billones de pesetas, que el artículo cuatro autoriza, le faltan con
relación a los ingresos dos billones 540.000 millones de pesetas, es
decir 130.000 millones de pesetas más de lo que se pide autorización en
el artículo cuarenta y cuatro para que se endeude el Estado. Por otra
parte, en alguna documentación parlamentaria se nos dice que el Gobierno
pide autorización a las Cortes para emitir nueva deuda pública por dos
billones 310.000 millones de pesetas. Es decir, en tres lugares distintos
del presupuesto los niveles de autorización de endeudamiento no
coinciden, y espero que esta vez el parlamentario que responda en nombre
del Grupo Parlamentario Popular, creo que el señor Soto, ilustre a este
Parlamento, por lo menos a este grupo parlamentario, de por qué se
producen estas diferencias.
No solamente se plantean estas dudas que acabo de citar, sino que en
función de la política establecida en este título V a este grupo
parlamentario nos asaltan unas preguntas, a las que tampoco hemos
encontrado respuestas hasta este momento, y ya llevamos aproximadamente
dos horas y pico de debate parlamentario de presupuestos. ¿En cuánto
realmente se va a endeudar el Gobierno al final del ejercicio? ¿Son
creíbles las cifras que nos dan? ¿Por qué si creen en el rigor
parlamentario y presupuestario que ustedes anuncian nos dicen que el
Parlamento autorice al Gobierno para que, si no le llegan los ingresos en
función de la estimación que ha establecido, se le permita aumentar más
el endeudamiento de los dos billones 418.000 millones de pesetas?
Tampoco nos dicen a lo largo de todo este trámite parlamentario qué
piensan hacer para financiar la sentencia del Tribunal Supremo en
relación con los damnificados por el tema del síndrome tóxico, por el
tema de la colza. ¿Dónde va a haber ese nivel de endeudamiento? ¿Van a
apelar a un nivel de deuda no recogido en los presupuestos de este año?
En definitiva, señor presidente, al final de este debate, se diga lo que
se diga, no sabremos en cuánto realmente se va a endeudar el Gobierno a
través del presupuesto a final del año 1998.
En segundo lugar, señor presidente, al Gobierno este año se le ha ido de
nuevo la mano en la medida que por un lado dicen que contienen la
apelación a la deuda o al déficit, pero incrementan en otros nuevos
70.000 millones de pesetas los avales autorizados por los presupuestos
para financiar la política de crédito de las empresas públicas que unas
están en los presupuestos y otras dependiendo de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales. Desde el año 1996 al año 1998, señor
presidente, el Gobierno del Partido Popular ha triplicado de 220.000
millones a 645.000 millones de pesetas los avales que autorizará o
avalará el Gobierno para que se financien a través de créditos las
empresas públicas. Se está centrifugando el gasto, se está permitiendo,
de forma desaforada y no recogida en la información presupuestaria, que
las empresas públicas vayan a financiar sus déficit por la vía de los
créditos que, al final, alguien terminará pagando. Este sistema de
centrifugación del déficit de las empresas públicas no nos gusta.
Preferimos que los presupuestos se ajusten a la realidad y que la
información real y fidedigna que debe acompañar a los presupuestos de las
empresas públicas, esté recogida en los presupuestos de las propias
empresas públicas.
Esto mismo, señor presidente --y para ello hemos presentado una serie de
enmiendas--, está haciendo de nuevo este Gobierno en relación a
Radiotelevisión Española, que atraviesa graves problemas no sólo de
financiación, sino de credibilidad por su funcionamiento, por sus
contenidos y por su forma de actuar una y otra vez. Nosotros lo dijimos
el año pasado y lo seguimos diciendo ahora. Apostamos por la subvención
directa del déficit de explotación y no por la permanente apelación a la
línea de crédito avalada por el Estado para hacer frente a los déficit de
gestión del Ente Público Radiotelevisión Española. Continuar en esta
política, señor presidente, es continuar apostando por un modelo y por
una alocada carrera hacia el deterioro financiero del Ente Público
Radiotelevisión Española a base de más y más créditos nuevos, lo cual, si
nadie lo impide, permitirá decir que a finales de 1998 el Ente Público
Radiotelevisión Española terminará con una deuda acumulada de más de
600.000 millones de pesetas. Esto, señores del Gobierno, les guste o no
les guste, hay que abordarlo de una vez en profundidad y debieran aceptar
la política de financiación del presupuesto del Ente Público
Radiotelevisión Española que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Por último, señor presidente, y como dije en Comisión, abogamos por una
mayor y mejor transparencia en lo que es la financiación de estas
empresas públicas, en la concesión de avales, en la información
parlamentaria. En definitiva, señor presidente --y termino--, este título
consagra que el Gobierno haga con el endeudamiento lo que quiera y,
además, con opacidad. Permite la centrifugación del gasto público desde
el presupuesto a otros centros no sujetos a la información y al control
parlamentario. Finalmente, señor presidente, como acababa de decir, da
una vuelta de
tuerca más hacia la incapacidad financiera y de funcionamiento del Ente
Público Radiotelevisión Española.
Por ello, señor presidente, mantenemos vivas todas las enmiendas que
presentamos y que no fueron aceptadas en Comisión por el Grupo
Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Sanjuán.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que no hayan intervenido en el debate hasta este momento y que
deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Soto García.
El señor SOTO GARCIA: Señor Presidente, señorías, en relación con las
enmiendas a este título V, que regula las operaciones financieras, voy a
referirme a dos grupos de ellas que se centran fundamentalmente en el
importe de los avales a prestar por el Estado al Ente Público
Radiotelevisión Española, y en la dotación y gestión del Fondo de Ayuda
al Desarrollo.
En cuanto a los avales del Ente Público Radiotelevisión Española, el
Grupo Mixto propone un fuerte incremento del importe de estos avales,
mientras que las enmiendas del Grupo Socialista pretenden la supresión de
estos avales y la financiación del déficit de explotación del ente
público mediante subvenciones directas del Estado. Estamos, lógicamente,
ante un modelo de financiación del ente distinto al de la posición que
tiene mi grupo al respecto. La posición de mi grupo es clara: debemos
dotar a Radiotelevisión Española de un marco financiero estable y
saneado; para ello se necesita, lógicamente, un estudio concienzudo del
nuevo modelo de televisión y radio públicos del Estado. Esta es la
finalidad básica de la recién creada subcomisión en el seno de la
Comisión Constitucional de esta Cámara. Por tanto pediría,
fundamentalmente al Grupo Socialista, que muestre más entusiasmo por los
trabajos de esta subcomisión, y que se centre precisamente en resolver
definitivamente la financiación de Radiotelevisión Española y no en
mantener un modelo que ha sido altamente deficitario como el que quieren
plasmar en sus enmiendas.
Mientras los trabajos de esta subcomisión llegan a buen término, creemos
que es suficiente la cantidad de avales a Radiotelevisión Española que
incluye el dictamen de estos presupuestos, entre otras razones porque la
necesidad de apelar a la financiación externa del ente público está
cambiando claramente la tendencia alcista de los últimos años. Por tanto,
no podemos apoyar las enmiendas del Grupo Socialista, del Grupo Mixto y,
una también de Izquierda Unida, que se refieren a estos avales, tanto en
el título V, como las correlativas del anexo III de estos presupuestos.
En cuanto al siguiente grupo de enmiendas, las que se refieren a los
créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, tampoco podemos apoyar las
enmiendas del Grupo Mixto. Tal como establece el artículo cincuenta y
tres de este proyecto de ley, se mantiene la dotación del Fondo de Ayuda
al Desarrollo hasta ese máximo de 80.000 millones de pesetas para el
próximo año. Si se sigue manteniendo esta cantidad es porque los créditos
FAD cumplen plenamente los objetivos de ayuda al desarrollo. Estamos de
acuerdo con la justificación de alguna de las enmiendas de que los
criterios de Helsinki sobre estos créditos están limitando las
posibilidades de acceso a los mismos por parte de varios países. También
coincidimos en que los créditos FAD no pueden ser los instrumentos más
importantes de la ayuda al desarrollo dentro de nuestros presupuestos.
Precisamente, el Gobierno es plenamente consciente de que las
posibilidades de promoción de nuestras exportaciones cada vez se van
reduciendo más con los créditos FAD, pero tales créditos siguen teniendo
un contenido importante y plenamente oportuno.
Cuando el Gobierno del Partido Popular llegó al poder, se encontró con
una baja tasa de ejecución de este fondo, y el esfuerzo del Gobierno este
año y pico está suponiendo que hemos más que triplicado la gestión del
fondo y nos estamos acercando ya al 50 por ciento de ejecución de los
créditos FAD. En consecuencia por responsabilidad y por prudencia debemos
mantener las dotaciones para el próximo año dentro de este fondo.
Sí creo que debemos mejorar en la selección de los proyectos y en el
seguimiento de la ejecución y gestión de los mismos. La empresa española
seguirá teniendo con este FAD su oportunidad, y a la vez podrá disponer
de otros instrumentos novedosos e importantes, como son los tres nuevos
fondos de garantía e inversión que se crean en la ley de acompañamiento,
para la internacionalización de nuestras empresas y la promoción de
nuestras inversiones en el exterior.
Por último, cabe señalar que el FAD --Fondo de Ayuda al Desarrollo--,
como instrumento financiero de ayuda, está disminuyendo su importancia
proporcional en relación con otras dotaciones bilaterales que se
incorporan precisamente a estos presupuestos para el año 1998. Estamos
hablando --y creo recordar la cifra de memoria-- de más de 8.000 millones
de pesetas para cooperación bilateral, que se han incorporado al
presupuesto para 1998 y que supondrán un complemento importante de estos
80.000 millones de pesetas del Fondo de Ayuda al Desarrollo. Por tanto,
tampoco vamos a poder admitir las enmiendas sobre el FAD que presenta el
Grupo Parlamentario Mixto.
Para terminar, quiero referirme a la enmienda número 1585, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) --en Comisión ya dijimos que
sería muy conveniente detenernos en ella-- que propone una posible
autorización al Ente Público Puertos del
Estado para que la Autoridad Portuaria de Barcelona preste avales en
relación con una operación de crédito del Banco Europeo de Inversiones.
Yo le propondría al Grupo Parlamentario Catalán una transaccional, en el
sentido de añadir un apartado dos al artículo cuarenta y ocho --que es
precisamente el nuevo que proponen ellos en su enmienda--, con esta
redacción: Se autoriza al Ente Público Puertos del Estado para que la
Autoridad Portuaria de Barcelona preste avales en el ejercicio de 1998,
en relación con la operación de crédito del Banco Europeo de Inversiones,
a favor de la sociedad International Trade Center Barcelona, S. A., hasta
un límite máximo de 2.295 millones de pesetas. Proponemos esta cantidad
frente a los 4.500 millones de pesetas que figuran en la enmienda del
Grupo Parlamentario Catalán. La justificación de esta cantidad creo que
es bastante clara. La Autoridad Portuaria de Barcelona es accionista en
un 51 por ciento de la sociedad a la que he hecho referencia. Por tanto,
yo entiendo que los requisitos de aval que se podrían pretender con esta
enmienda deberían abarcar justamente el porcentaje de ese 51 por ciento
de la cantidad que se proponía, es decir, de los 4.500 millones de
pesetas. Espero que de aquí al momento de la votación de esta enmienda
podamos ponernos de acuerdo en una redacción; si no en ésta, en una
similar a la que he propuesto.
El cuanto al resto de las enmiendas, no vamos a entrar en ellas por ser
sus contenidos de carácter técnico. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Soto. Le ruego
que, cuando pueda, pase a la Presidencia el texto de la enmienda
transaccional.
Señor Homs, como no sé si con la lectura S. S. tiene suficiente para
tomar una decisión, se repartirá una copia de la enmienda.
El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, mi grupo no acepta esa
transaccional --por lo cual no importa que se esfuerce en repartirla a
los grupos parlamentarios-- porque no han entendido el sentido estricto
de la enmienda que planteamos. Jurídicamente, señor presidente, lo que se
hace es autorizar al Ente Público Puertos del Estado para que la
Autoridad Portuaria de Barcelona pueda prestar el aval correspondiente a
unos créditos del Banco Europeo de Inversiones. Por lo tanto, señorías,
sólo se trata de legitimar jurídicamente para que esta entidad pueda
suscribir, con cargo a sus recursos y con las garantías correspondientes,
estas coberturas de avales. No se trata de una cuestión de cuantía. El
Banco Europeo de Inversiones concede el crédito por esa cantidad de 4.500
millones de peseta, y se trata simplemente de habilitar la autorización
jurídica para que el Ente Público Puertos del Estado, junto con la
Autoridad Portuaria de Barcelona, pueda hacer el correspondiente aval.
Por tanto, señor presidente, mi grupo, agradeciendo la buena voluntad del
Grupo Parlamentario Popular, no puede aceptar esa enmienda transaccional.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Homs
Pasamos a debatir el título VI del dictamen de la Comisión sobre el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998. A este
título VI se han presentado seis enmiendas por parte del Grupo Mixto. En
primer lugar, para defender sus enmiendas, tiene la palabra por dos
minutos la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Desde Iniciativa per Catalunya-Els Verds hemos presentado tres enmiendas;
una de ellas relativa al artículo cincuenta y siete, que regula las
deducciones por cuota del IRPF. Con esta primera enmienda pretendemos
establecer un mecanismo de coordinación y armonización fiscal entre la
tributación local y la estatal en lo que se refiere al gravamen sobre la
actividad económica. Para ello se propone, a través de la modificación
que realizamos de este artículo, que el Impuesto sobre Actividades
Económicas sea deducible en parte de la cuota del IRPF, introduciendo
para ello el concepto de progresividad.
En la enmienda 202, relativa al Impuesto sobre Actividades Económicas, se
propone añadir un nuevo apartado al artículo sesenta y seis con el
objetivo de mantener actualizada la base imponible de dicho impuesto, lo
cual no conduciría a un aumento de la presión fiscal sino a su
mantenimiento. Se propone una actualización del Impuesto sobre
Actividades Económicas acorde al incremento previsto para el IPC de 1998,
a fin de evitar su obsolescencia en términos monetarios. Por último,
señor presidente, señorías, en la enmienda 203 se propone un nuevo
apartado en el artículo sesenta y seis, relativo al IAE, con el que
pretendemos aclarar que la exención de las obras benéfico-sociales de las
cajas de ahorro no incluya aquellas actividades que, aun estando
enmarcadas en este ámbito, pudieran conllevar finalidades lucrativas o
comerciales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rivadulla.
La segunda persona miembro del Grupo Mixto que ha presentado alguna
enmienda es la señora Almeida. (La señora Rivadulla Gracia pide la
palabra.)
¿Sí, señora Rivadulla?
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, doy por defendidas las
enmiendas de la señora Almeida, del Partido Democrático de Nueva
Izquierda, adscrito al Grupo Mixto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se entiende que todas ellas,
también las que vengan a continuación, se dan por defendidas.
(Asentimiento.)
Muchas gracias, señora Rivadulla.
En tercer lugar, enmienda de la señora Rahola. (La señora Lasagabaster
Olazábal pide la palabra.)
¿Sí, señora Lasagabaster?
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: En estos momentos se da por defendida,
para que no decaiga la enmienda de la señora Rahola.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se da por defendida.
En cuarto lugar, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo para defender la enmienda número 76, de Unión Valenciana, al
artículo setenta y cinco, referente a la actualización de los valores
catastrales del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, en la
que solicitamos que a partir del 1 de enero de 1998 --y advierto un error
en la transcripción de la enmienda, ya que aparece el año 1997 cuando se
refiere al año 1998-- se aplique para estos bienes inmuebles de
naturaleza rústica el coeficiente cero, siguiendo el resto igual que en
el artículo. Por lo tanto, pedimos que en los valores catastrales de los
bienes de naturaleza rústica se mantenga el coeficiente cero para el año
1998, sobre todo atendiendo a las situaciones de diversas explotaciones
agrarias de la Comunidad Valenciana y de otras comunidades que, debido a
los efectos de la sequía, inundaciones y otras problemáticas, hacen
aconsejable que no se revalorice el coeficiente a aplicar a estos bienes
de naturaleza rústica. La doy por defendida en los propios términos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
El Bloque Nacionalista Galego presenta a este título VI dos enmiendas,
las números 108 y 109. Con la número 108 proponemos suprimir el artículo
sesenta y nueve, que hace referencia a los impuestos especiales, en
concreto sobre hidrocarburos. Naturalmente, no lo hacemos porque estemos
en desacuerdo con que exista una carga impositiva sobre estos productos,
sino para poner de manifiesto una vez más nuestra disconformidad con el
tratamiento que el Gobierno da a este tipo de impuestos indirectos. Desde
nuestro punto de vista, la propuesta del Gobierno es, de nuevo, una
subida de este tipo de impuestos sin tener en cuenta una regla básica
para nosotros, que productos distintos con impactos distintos desde el
punto de vista impositivo y, por lo tanto, social deben tener
tratamientos diferentes y no iguales. Incide el Gobierno en esta vía de
recaudación, abusa de la imposición indirecta en su política fiscal,
siendo para nosotros claramente regresivo. Defendemos que este tipo de
impuesto sea aplicado con otros criterios, en los que tenga en cuenta
sobre qué sectores sociales recaen las cargas, la necesidad de
utilización de estos productos, etcétera.
Con la enmienda número 109 también proponemos suprimir el artículo
setenta, y utilizamos los mismos argumentos que en la defensa de la
enmienda anterior; es decir, que la elevación de primas de seguros de una
manera indiscriminada no hace más que incrementar la regresividad fiscal
del sistema.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor presidente.
Intervengo para defender la enmienda 193, presentada por esta diputada al
artículo setenta, relativo al Impuesto sobre primas de seguros. Ya el año
pasado argumentábamos que nos parecía que el establecimiento de este
impuesto no parecía razonable dado que se primaba la imposición
indirecta, que de por sí ya es más injusta y más regresiva. En cualquier
caso, creemos que el aumento del 50 por ciento en este impuesto para el
año que viene resulta excesivo y además injustificado. Es un mero afán
recaudatorio y no se justifica exactamente el porqué de este aumento del
50 por ciento.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la defensa
de su enmienda, tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
A ese título mi grupo ha presentado la enmienda 1586, señor presidente.
Con la enmienda 1586 mi grupo reclama de la Cámara toda la atención por
tratarse de una cuestión que mi grupo y yo, de forma solidaria, creemos
que es de absoluta justicia. Sucede, señorías, que cuando una familia
tiene un miembro a cargo con una invalidez hoy la legislación declara
incompatible la aplicación de la deducción fiscal de 56.000 pesetas por
miembro con minusvalía con la percepción de la
ayuda que el Estado, por otras causas y por otras normas legales, concede
a esta familia, es decir, es incompatible percibir, por ejemplo, las
6.000 pesetas al mes que se concede a una persona con minusvalía por el
Estado con la deducción fiscal que el miembro titular de la familia se
aplica cuando hace la declaración de la renta, con el límite de 56.000
pesetas. Señorías, mi grupo cree que es inaceptable esta
incompatibilidad. No debiera ser incompatible la deducción aplicable por
este concepto con la percepción de otra ayuda que el Estado concede a las
personas con minusvalía. Simplemente, nuestra enmienda 1586, señorías,
dice que suprimamos el párrafo que hay en la norma que dice que no
procederá a esta deducción --se refiere a la de las 56.000 pesetas por
concepto de IRPF-- si, como consecuencia de las situaciones de
discapacidad a que se refiere esta letra, se percibiese algún tipo de
prestación --algún tipo, todas, cualquier tipo de prestación-- y ésta
estuviese exenta en virtud del artículo 9 de esta ley. Señorías, nosotros
pedimos mayor sensibilidad social al Gobierno y al Grupo Parlamentario
Popular y, por extensión, pedimos sensibilidad social a toda la Cámara.
No se trata de hacer imposible el control del Gobierno sobre las personas
que puedan recibir ayudas sobre una misma realidad, pero no hagamos
incompatible la percepción de una ayuda con el derecho legítimo que tiene
cada ciudadano cuando hace su declaración de la renta, si tiene
familiares a cargo, a deducirse una cantidad. El Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) pide a la Cámara, especialmente al Grupo
Parlamentario Popular, sensibilidad social; sensibilidad social para no
hacer incompatible por hijo a cargo esa deducción con la percepción de
una ayuda por este concepto.
Mi intervención, señorías, no tiene más argumentos, es muy simple:
señorías, voten a favor de nuestra enmienda.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, como se va animando, conforme
se desarrolla la tarde, el debate del articulado de la ley, voy a
intentar defender las 20 enmiendas que Izquierda Unida presenta al título
VI, que se refiere, ni más ni menos, a las normas tributarias, a los
impuestos directos, a todas las fórmulas de tributación, incluidas las
tasas. Los objetivos de las enmiendas de Izquierda Unida son dos, en
primer lugar, que en el IRPF se recuperen los tramos que existían con
anterioridad, y para ello proponemos 16 tramos; como mínimo, para cotizar
467.000 pesetas de ingresos y, como máximo, diez millones y medio. ¿Por
qué proponemos que exista el número de tramos anterior, tanto en la
tributación individual, como en la conjunta, como en el tramo del Estado,
como en el autonómico? Fundamentalmente para que sea más progresivo. El
que existan menos tramos provoca que las franjas inferiores de cada tramo
se vean perjudicadas y se incremente la presión fiscal de la gente que va
a participar en este impuesto. En segundo lugar, el Gobierno actualiza
algunas de las deducciones, pero el texto que sale de la Comisión no
actualiza otras deducciones que existían con anterioridad en el IRPF,
deflactando todas las tarifas que supongan recoger lo que ha sido el
incremento del IPC. Nosotros creemos que estas deducciones deben de tener
el mismo incremento que las que ha propuesto la Comisión con el apoyo del
Gobierno y los grupos parlamentarios que le dan soporte.
La primera enmienda que me gustaría resaltar es la que busca evitar la
doble tributación cuando un desempleado cobra por la modalidad de pago
único todo el derecho de desempleo y lo destina al fomento del empleo en
cooperativas. Lo que proponemos nosotros es que la retención no tenga que
cotizar por ese esfuerzo de inversión, puesto que estamos fomentando el
empleo. ¿Qué es lo que sucede hoy? Pues que cuando vende las acciones de
la sociedad cooperativa o cuando se deshace de ellas vuelve a cotizar; se
produce doble cotización por parte de los trabajadores que constituyen
sociedades laborales o cooperativas como fórmula de funcionamiento para
no quedar en el desempleo.
Otra enmienda propone elevar el mínimo exento dentro de la declaración
del IRPF a los pensionistas, a los que tienen derechos pasivos o una
prestación de desempleo. Nosotros proponemos que el límite a que se
refiere el apartado dos del artículo noventa y seis sea de 1.350.000, es
decir, sea superior, con lo cual mejoraremos las rentas de estas personas
que están en las franjas más débiles de la población. Porque si nosotros
hablamos de manera recta, de manera uniforme, las personas que tiene
menores ingresos, que tienen menor capacidad adquisitiva, no se ven
beneficiadas de esta política de exención o de esta posibilidad de renta
disponible, cuando estos colectivos, al fin y a la postre, son los más
desfavorecidos.
Proponemos dos grandes medidas referidas a las imposiciones de ámbito
local; por un lado, establecer un posicionamiento escalonado para el IBI
de las viviendas en función de un valor catastral, para que los
porcentajes que se apliquen en los municipios vayan en función del valor
de la vivienda: para un valor inferior a tres millones de pesetas, un 1
por cinto, para un valor catastral superior a siete millones, un 1,5 por
ciento. Y hay toda una escala para que los municipios vayan aplicándola.
¿Qué es lo que buscamos con esta medida? Que la propuesta logre una mayor
progresividad fiscal, puesto que el tipo de viviendas tiene relación con
la capacidad adquisitiva de las gentes. Por
otro lado, proponemos una medida similar para el tema de los caballos
fiscales de los vehículos a la hora de funcionar en las ciudades. ¿Por
qué? Porque creemos que los vehículos de mayor capacidad tienen un mayor
efecto sobre la contaminación y un mayor impacto ambiental. Para los
vehículos de menos de ocho caballos proponemos un incremento cero, y para
los que tienen más de 16 caballos, un 10 por ciento de incremento, con lo
cual volvemos a establecer una evolución progresiva para que los que
mayor daño provocan mayor cotización tengan.
Termino, señor presidente, con dos enmiendas que pretenden, por un lado,
que el tipo de impuesto exigible para las operaciones de seguros tenga un
trato diferencial. Los ciudadanos tienen que estar asegurado por
obligación en un determinado caso, pero hay otros tipos de seguros que
son voluntarios, que son una opción de las personas. Nosotros proponemos
que a los que sean legalmente obligatorios se les exija un tipo del 4 por
ciento, mientras que a los que obedezcan a una decisión libre de la
persona que realiza el seguro se les aplique un gravamen del 6 por
ciento.
En cuanto a las deducciones por familia, nosotros no creemos que el
número tenga relación con la capacidad de deducción, por eso proponemos
que se mantengan las mismas cifras por deducción de hijos que había el
año pasado y que el incremento vaya unido a políticas activas, a las
personas que necesitan de esos recursos para que sus hijos vayan a una
guardería, a una escuela infantil, para tener atendido al hijo, porque
tanto la madre como el padre o la pareja que mantiene a este niño tiene
que usar de esos servicios. El número de hijos no tiene ninguna relación,
puesto que puede haber personas con una capacidad económica tremenda con
30, 40 ó 50 millones de pesetas al año, que se benefician del número de
hijos. Nosotros queremos unir precisamente número de hijos con políticas
activas concretas para ayudar a las gentes que más necesitan de esa
acción política, no indiscriminadamente para todos.
En todo caso, señor presidente, espero haber defendido adecuadamente
estas 20 enmiendas. No voy a decir, como el portavoz de Convergència i
Unió, que por favor me las voten, sino que, en la medida de lo posible,
sean tenidas en cuenta para respaldar y mejorar el proyecto del Gobierno.
Si no es así nuestro posicionamiento será seguir hasta conseguir que se
mejore la propuesta presupuestaria del Gobierno, para que lleguen los
beneficios a las gentes que más necesitan del apoyo del Gobierno.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a este título por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender un conjunto de enmiendas presentadas por mi
grupo parlamentario al título VI, normas tributarias, que se refieren
tanto a los impuestos directos como a los indirectos y a las tasas y
precios públicos.
En primer lugar, nosotros queremos dejar bien sentado que no estamos de
acuerdo con un nuevo retroceso en la base de la progresividad del
impuesto, que en este caso se instrumenta a través de una nueva
reducción, un giro en la tuerca en lo que se refiere a la reducción de
los escalones de la tarifa desde los 10, que en estos momentos están
vigentes, en el año 1997, a los 8 que el Gobierno y el Grupo Popular
defienden para el año 1998. Por esta vía, señorías, sencillamente estamos
iniciando un camino que conduce, con toda seguridad, a la desvirtuación
de la progresividad del impuesto y al abandono del principio de capacidad
de pago, un principio que, por cierto, no obedece a esta u otra
ideología, sino que está reconocido como un principio jurídico
fundamental en la Constitución española, el principio de capacidad de
pago, es primo hermano del principio de progresividad del Impuesto sobre
la Renta de Personas Físicas. Por la vía de la reducción del número de
escalones que existían en las rentas del año 1996 están ustedes haciendo
una verdadera contrarreforma fiscal. Ustedes no están haciendo una
reforma, sino una contrarreforma del sistema fiscal.
En segundo lugar, señorías, nosotros no nos explicamos en absoluto por
qué ustedes actualizan algunas deducciones, algunos límites, y no
actualizan otros. Se lo voy a decir muy claramente, señores del Grupo
Popular, ustedes actualizan con creces todo lo que tiene que ver con
rentas del capital y se sienten agarrotados en lo que tiene que ver con
rentas del trabajo dependiente; eso está claro. Una cuestión muy
inquietante: ¿por qué no se revisa el límite de la obligación de
declarar? ¿Por qué razón durante dos años no se ha revisado ese límite,
siendo así que ustedes se dirigen con presteza a la solución de problemas
idénticos cuando tienen que ver con otro tipo de rentas, con otro tipo de
fuentes de renta?
Nosotros presentamos un conjunto de enmiendas que tratan de solventar ese
problema con equidad y sin ninguna discriminación, positiva en unos casos
y negativa en otros. Tienen ustedes una cuestión muy curiosa. Por
ejemplo, establecen ustedes un período de gracia de cinco años para
deducciones por doble imposición en el Impuesto sobre la Renta por
participaciones en los dividendos o beneficios de sociedades. ¿Por qué
ese beneficio de cinco años de posibilidades de deducción, cuando la
cuota del ejercicio es insuficiente, no se utiliza en otro tipo de
deducciones que no tienen que ver, precisamente, con los dividendos y los
beneficios procedentes de sociedades participadas? ¿Por qué no? ¿Por qué
una persona que no puede deducir
todo su gasto por enfermedad en un ejercicio no lo puede trasladar a
ejercicios subsiguientes? ¿Por qué ese límite es infranqueable en
ejercicios subsiguientes? ¿Por qué no se puede beneficiar de esa dilación
de cinco años que ustedes plantean en el caso de los dividendos?
En quinto lugar, nosotros no estamos conformes, en modo alguno, con que
ustedes le den nada menos que un empujón del 50 por ciento al tipo del
Impuesto sobre las primas de seguro; tienen que explicar por qué. ¿Por
qué ustedes elevan el tipo del 4 por ciento al 6 por ciento? Siendo así
que es una diferencia de un 2 por ciento que recae sobre millones de
españoles, por no decir todas las familias españolas. Todas las familias
españolas suelen tener un coche; si tienen una hipoteca, tienen un seguro
sobre su vivienda; si quieren mejorar su asistencia sanitaria, tienen un
seguro sanitario. Sobre todas esas cosas ustedes ya impusieron para el
año 1997 un nuevo impuesto, el de las primas de seguros y, en este caso,
le dan un nuevo empuje hacia un tipo nada menos que del 6 por ciento. Se
lo dijimos antes y se lo decimos ahora, ustedes llevan a cabo esa medida
con absoluta impunidad macroeconómica por un motivo muy sencillo: porque
las primas de seguros no están en la cesta de bienes sobre la que se mide
la variación del índice de precios; si lo estuviera, señoría, estamos
seguros de que ustedes no tomarían esta injustificada medida de aumentar
el tipo del 4 al 6 por ciento.
¿Por qué incrementan todas las tasas el 6 por ciento y no el 2,1? Por
cierto, el ministro de Economía está ausente y quiero recordarles,
señorías, que los gobiernos socialistas tenían sentado aquí, desde la
primera hora hasta la última, es decir, desde el lunes hasta el jueves,
al ministro responsable de estos presupuestos, que es el ministro de
Economía y Hacienda. Es intolerable que el responsable de estos
presupuestos desdeñe la dignidad de esta Cámara no estando presente aquí
hoy en esta discusión. (Aplausos.) Si ustedes son partidarios (esto venía
a cuento del ministro de Economía y Hacienda) de indexar también los
salarios, ¿por qué no indexar las tasas a la inflación prevista? ¿Por qué
el 6 por ciento y no el 2,1 por ciento?
Voy concluyendo, señor presidente. Elevan ustedes las aportaciones
máximas que son deducibles fiscalmente a 1.100.000 pesetas; es decir,
producen ustedes una elevación de un 10 por ciento de la máxima
aportación a planes de pensiones que luego tienen un coste fiscal muy
considerable, tan considerable que el Gobierno reconoce, en los gastos
fiscales estimados que acompañan a la documentación presupuestaria, que
de 85.000 millones de gastos fiscales consecuencia de planes de pensiones
en el año 1997, se incrementará hasta los 110.000 millones de pesetas en
el año 1998. ¿Quién se beneficia, además, señores del Grupo Popular, de
esas aportaciones en el límite? Muy poca gente. No llega al 5 por ciento
de los partícipes en planes de pensiones aquellos que aportan hasta el
límite, en este ejercicio, de un millón de pesetas, y de un millón cien
mil, según ustedes, en el ejercicio de 1998. Pero si ese límite de la
aportación se incrementa nada menos que en un 10 por ciento, ¿nos quieren
explicar por qué las bases de cotización máximas a la Seguridad Social
sólo se incrementan en un 2,1 por ciento? Porque ese diferencial no
conduce a otra cosa más que a la igualación de la máxima aportación que
un ciudadano puede hacer a la Seguridad Social, que en 1998 será de
1.300.00 pesetas, base máxima mensual de 390.000 pesetas multiplicada por
12 y por el tipo impositivo de la Seguridad Social, que es el 28,3 por
ciento. Un millón trescientas mil pesetas es la aportación máxima que un
español puede hacer a la Seguridad Social, y ustedes elevan el del
sistema privado a un millón cien mil pesetas. Señorías, se lo digo ahora
y se lo diré cuando discutamos la ley de medidas: van camino de convertir
el sistema privado de pensiones de complementario en sustitutorio de la
Seguridad Social. Cuando se produce esa cercanía tan considerable entre
las aportaciones máximas a un sistema y a otro, el tránsito de uno a otro
será menos doloroso en el momento en el que eso se pueda producir.
Por último, señorías, aquí apelo al señor Homs, que apelaba, a su vez, a
la sensibilidad social del Grupo Parlamentario Socialista para apoyar su
enmienda en relación con las incompatibilidades de las percepciones de
los incapacitados. Señor Homs, desisto de convencer a los señores del
Gobierno, insensibles a estas cuestiones, y apelo a su sensibilidad
social. Apoyen nuestra enmienda 1184, que trata de solventar una tropelía
que el Gobierno ha cometido con las rentas del trabajo, introduciendo un
párrafo nuevo en la legislación sobre deducciones por rentas del trabajo.
Hay una deducción de 72.000 pesetas, y ustedes introducen un párrafo en
el que dicen que la deducción del trabajo, en todo caso, no llegará a las
72.000 pesetas, cuando, aplicando el tipo de gravamen medio a las rentas
sujetas efectivamente al impuesto, se esté por debajo de las 72.000
pesetas. Pues bien, señorías, ustedes, a través de la Secretaría de
Estado de Hacienda, han contestado a nuestros argumentos en los medios de
comunicación diciendo que eso no es cierto, que estamos equivocados, que
eso se ha introducido para evitar que un empresario que tenga rentas de
sus actividades empresariales o profesionales y que a la vez tenga una
pequeña renta procedente de la fuente del trabajo, se beneficie de esa
deducción de las 72.000 pesetas. Estamos de acuerdo, señorías. ¡Cómo no
íbamos a estarlo! Pero ustedes, para solventar ese problema se lo llevan
por enmedio, se lo llevan por enmedio, ¡se lo llevan por enmedio!
señorías, y se lo repito por tercera vez, y si tuviese aquí una pizarra y
una tiza se lo demostraría fehacientemente o le propongo que haga usted
el cálculo, señoría. Una persona que tenga 800.000 pesetas de ingresos
por rentas del trabajo, no debería presentar declaración, no está
obligado a presentarla. ¿Por qué la presenta? Sencillamente, porque
presentando la declaración le devuelven 18.000 pesetas. Haga usted el
cálculo. Tiene una cuota íntegra de 66.600 pesetas. Por lo tanto, tiene
una devolución de 18.000 pesetas, y está interesado en presentar la
declaración, aunque no esté obligado, porque le devuelven esa cantidad.
Ustedes dicen a través de la Secretaría de Estado que ya en las
retenciones se solventa ese problema. No es verdad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Noval, vaya
terminando.
El señor MARTINEZ NOVAL: Si está interesado en esta cuestión, léase bien
los artículos correspondientes del reglamento de recaudación. Hay tres
casos en los que se retiene el dos por ciento. Por ejemplo, cuando un
pensionista adquiere su condición a lo largo del ejercicio se le aplica
una retención del 2 por ciento, elevando al año la cuantía del tiempo que
percibe.
También se hace una retención del 10 por ciento en el caso de contratos
temporales inferiores al año y del 15 por ciento en el caso de relaciones
contractuales especiales. Y, por último, también se hace una retención,
señoría, del 2 por ciento en el caso de percepciones que procedan de
peonadas, o de los trabajadores del mar que están sujetos a retribución a
la parte. En todos esos casos, señorías, con ese párrafo y con el apoyo a
ese párrafo, señor Homs, ustedes conducen a una cuestión, que esos
trabajadores, que esos pensionistas, que esos perceptores de haberes de
clases pasivas no van a tener ningún incentivo para presentar su
declaración, porque les sale a pagar, les sale cuota líquida positiva. Yo
se lo puedo demostrar, señorías, se puede demostrar con números y con
legislación. Por tanto, señor Homs, apelamos, en contrapartida a su
sensibilidad social, para que apoye nuestra enmienda 1184. Muchas
gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Noval.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Fijación de posiciones? (Pausa.) ¿Algún otro
grupo que no haya intervenido quiere fijar posición en este debate?
(Pausa.)
El señor Martínez-Pujalte tiene la palabra.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a emplear mi turno para defender el contenido del título VI y
posicionarme en torno a las enmiendas que quedan vivas en este trámite.
Ya en anteriores trámites, tanto en ponencia como en Comisión, se han
incorporado algunas enmiendas que han ayudado a mejorar y a enriquecer el
texto. Pido perdón si no puedo referirme a todas las enmiendas, ya que
todavía hay más de 50 vivas, pero voy a dividirlas en grandes capítulos.
El primer tema al que voy a hacer referencia es que el proyecto eleva la
exención en las prestaciones por desempleo recibidas en pago único hasta
un millón de pesetas. A ese texto del proyecto el Grupo de Izquierda
Unida, en su enmienda número 560, pide que quede exenta toda la
prestación. Mi grupo fue quien el año pasado en la ley de presupuestos
incorporó esta exención en la prestación por desempleo, con un tope que
llegaba al medio millón de pesetas. Este año elevamos ese tope hasta un
millón de pesetas. Fuimos nosotros los que iniciamos el camino para
primar a aquellos desempleados que querían iniciar una actividad
profesional tanto como autónomos, autopatronos, o incorporándose a
cooperativas. Nos parece que es una buena medida la que se incorporó el
año pasado y que ha dado buenos frutos, y una muestra de ello es que el
Grupo de Izquierda Unida presente una enmienda en esa línea, en la línea
que el Gobierno inició el año pasado. (El señor vicepresidente, Marcet i
Morera, ocupa la Presidencia.) O sea, que es una enmienda que ha dado
buenos frutos. Pero, en mi opinión, existe un límite en la exención
fiscal a esa prestación, que está en no primar excesivamente esa
prestación frente a la que reciben otros parados que no tienen la
posibilidad de incorporarse al mundo laboral. Fomentar que se trabaje,
fomentar los autopatronos, fomentar que participen en cooperativas, sí;
castigar al parado, no. Ese es el límite que nosotros vemos. Por eso
votaremos que sí al texto, votaremos que sí al incremento de medio millón
o un millón, sabiendo que el año pasado fuimos nosotros los que pusimos
esta exención, pero nos parece que ir más lejos todavía exige prudencia.
Por eso votaremos que sí al texto y votaremos que no a la enmienda de
Izquierda Unida.
En otros artículos de la ley, el cincuenta y cinco, el cincuenta y seis,
el cincuenta y ocho y el cincuenta y nueve, se reduce la escala de diez a
ocho tramos y se deflacta la tarifa discriminando positivamente a las
rentas más bajas. El Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida
plantean enmiendas que elevan los tramos --a 17 el Grupo Socialista, a 18
el Grupo de Izquierda Unida-- y plantean otras deflactaciones lineales,
no unas deflactaciones beneficiando a las rentas bajas, sino unas
deflactaciones que benefician a todas, rentas bajas y altas. Nosotros
discriminamos positivamente a las rentas altas; para que luego el señor
Martínez Noval vaya hablando de quién beneficia quién --y luego me
referiré a eso.
Mi grupo, señorías, quiere un IRPF moderno, sencillo, simple y que
distribuya equitativamente las cargas tributarias. Y, además, un IRPF que
esté al servicio de la política económica, de los objetivos de política
económica, que ahora son la inversión y el empleo. Por cierto, señor
Martínez Noval, pues ha reiterado usted su petición de que hoy esté aquí
el ministro de Economía, debo decirle que hoy el ministro de Economía, y
usted lo debería saber, está defendiendo los intereses
españoles en el Ecofin sobre el empleo. (El señor Martínez Noval: Hay
muchos.) Usted se ha referido a ese ministro y está defendiendo los
intereses españoles y deberían tener más respeto, pero, en fin, ese será
su problema.
Nosotros queremos reformar a fondo el Impuesto sobre la Renta, pero
tendremos tiempo para ello y lo discutiremos en esta Cámara. En el primer
cuatrimestre de 1998 tendremos aquí un texto nuevo del impuesto,
cumpliendo nuestra promesa electoral, y tendremos tiempo de hablar de ese
impuesto. Pero ya hemos comenzado a trabajar en esa línea, en la línea de
hacer un impuesto moderno, un impuesto armonizado con el resto de los
países europeos, un impuesto simple, un impuesto que no castigue a las
rentas más bajas, y en esa línea estamos trabajando. Por eso se están
disminuyendo los tramos. Eramos el país europeo que más tramos tenía en
el Impuesto sobre la Renta; había que irlo corrigiendo. Ustedes el otro
día anunciaron alguna medida de las que ya el Gobierno inglés había
anunciado (el Gobierno inglés tiene tres tramo). Nosotros introducimos ya
aquí un cuerpo de medidas para beneficiar a las pequeñas y medianas
empresas, en la línea de lo que está decidiendo Europa, en la línea de lo
que Europa decidirá en la cumbre por el empleo. Por tanto, vamos a votar
en contra de todas las enmiendas que alejan el impuesto español de los
objetivos que debe tener. Votaremos en contra de las enmiendas que nos
separan del resto de los países comunitarios, que son las enmiendas que
plantea el Grupo Socialista y, en este caso, Izquierda Unida.
Usted, señor Martínez Noval, está diciendo continuamente: rentas de
capital y rentas de trabajo. Beneficiar con un marco fiscal favorable a
un señor que tributa en módulos, a un pequeñísimo empresario que tributa
en módulos, a una persona que tiene un kiosco y que tributa en módulos,
eso le parece mal; por contra, debe usted querer beneficiar a los que
reciben rentas del trabajo superiores a 10, 15, 20 millones de pesetas.
Señor Martínez Noval, lo que hay que hacer es un impuesto que vaya sobre
la renta, no sobre la procedencia de la renta. Lo que hay que hacer es
primar a los que tienen rentas bajas, provengan de donde provengan y, en
el caso de las pymes, hay que ser respetuoso; son las pymes las que
tienen que generar empleo y las que tienen que producir un motor de
crecimiento en España.
Nosotros aumentamos en el artículo cincuenta y siete las deducciones
familiares. Ha dicho el señor Martínez Noval en esta tribuna que en el
texto se aumentan sólo las deducciones del capital. Señor Martínez Noval,
en este texto lo que se aumenta considerablemente, y si tiene algo
novedoso e importante, son las deducciones familiares. Más de tres
millones de familias van a pagar menos impuestos en España; tres millones
de familias. No el capital, las familias. Y van a pagar menos porque se
aumentan las deducciones por hijos, se aumentan las deducciones por
custodia de niños, y eso no tiene nada que ver con las deducciones del
capital, señor Martínez Noval; son deducciones familiares, son
deducciones que dan cumplimiento a nuestro programa electoral, al
programa electoral del Partido Popular que, además, cuentan con el apoyo
de Convergència i Unió y son medidas que van directamente a proteger a la
familia.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya, concluyendo, señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Quizá en la reforma del IRPF se puede pensar si esas deducciones deben
ser en cuota o en base, pero es evidente que las deducciones familiares
son un progreso notable, son una medida que ayuda a mejorar, con mayor
justicia, el reparto de la carga tributaria. En definitiva, se trata de
gravar la capacidad económica y no la renta obtenida. Son unas buenas
medidas, señor Martínez Noval, y apelando a la sensibilidad social espero
que su grupo apoye todas las medidas que hablan de aumentar las
deducciones familiares.
Votaremos en contra de una enmienda suya, a la que usted ha hecho
especial referencia, la 1180; creo que usted sigue sin entender el
párrafo, sigue sin entender la limitación en esa deducción. (El señor
Martínez Noval: No es esa.) Perdón, la 1180 habla de custodia de hijos.
Me refiero ahora a la enmienda que habla de poner un límite a la
deducción de las rentas del trabajo. Nosotros vamos a votar en contra de
esa enmienda, señor Martínez Noval; usted sigue sin entenderla. Esa
enmienda lo que pide es que la deducción por trabajo dependiente no
otorgue a ningún contribuyente un crédito fiscal que sea aplicable a
otras rentas. Usted ha puesto un ejemplo. Un señor que obtenga una renta
de trabajo de 100.000 pesetas, que no obtenga un crédito fiscal que pueda
aplicar a unas rentas de capital, porque no está hecha esa deducción con
ese objetivo, está hecha para primar las rentas del trabajo dependiente.
Usted no ha entendido eso.
Se actualizan las tasas y se aumenta el impuesto sobre el seguro. Ya lo
hemos explicado repetidas veces. Lo que hacen las tasas es intentar
ajustar el coste al importe de la tasa. Esta es la línea de lo que ponía,
en el congreso socialista, su ponencia económica: ajustar el coste al
importe cuando se trate de servicios no esenciales. Lo que se está
haciendo es ir armonizando el impuesto sobre el seguro con los del resto
de Europa; en el resto de Europa tienen un impuesto sobre el seguro mayor
que el que tenemos aquí. Nos parece que no atenta contra nada, sino que
significa un nuevo paso en la armonización fiscal de España con el resto
de los países europeos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Martínez-Pujalte,
debería ir concluyendo, por favor.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Concluyo ya, señor presidente.
No me podré referir a todas las enmiendas; me gustaría hacer comentarios
sobre más enmiendas del Grupo Socialista, pero tiempo tendremos de
debatirlas.
Sí quiero acabar refiriéndome a tres enmiendas. Una primera, la de
Izquierda Unida, que nosotros no vamos a apoyar, pero entendemos --y ya
se lo dije en Comisión, señor Ríos-- que hay dos enmiendas suyas que
hablan de las deducciones de la vivienda habitual y de las deducciones
por gastos sanitarios que nos parece que van en el buen camino y que las
podremos discutir en la reforma del IRPF. Nos parece que esa es una
oposición constructiva. Le felicito por esas enmiendas. Creo que esas
enmiendas hay que írselas planteando en la reforma del IRPF.
Quiero referirme a la enmienda presentada por el señor Chiquillo, la de
la no actualización de los valores catastrales rústicos. Señor Chiquillo,
en los valores catastrales rústicos usted plantea una actualización del
cero por ciento, es decir, que no paguen nada. No tiene mucho sentido y
atenta un poco contra la justicia de que un señor que tiene un pequeño
piso pague y un gran terrateniente que tiene muchos campos no pague nada.
Efectivamente, ahora mismo el IBI rústico está mejor tratado, pero
entiendo que su enmienda está actualmente fuera de lugar.
Sí vamos a apoyar la enmienda de Convergència i Unió, la 1586. Tenemos
esa sensibilidad social, señor Homs y usted lo sabía. (Rumores.) Vamos a
apoyar esa enmienda; nos ha pedido que tengamos sensibilidad, la tenemos
y queremos que no haya incompatibilidad entre esa exención y la deducción
en cuota. Nos parece muy apropiado y sabe usted que nosotros vamos a
apoyarla.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor
Martínez-Pujalte. Señor Martínez Noval, ¿quiere un pequeño turno de
réplica?
El señor MARTINEZ NOVAL: Sí, señor presidente.
En primer lugar, quiero que el señor Martínez-Pujalte me aclare qué
enmienda del Grupo Socialista va a apoyar, y si se trata de la 1180
exactamente, que se refiere a la extensión del número de hijos por los
que se tiene derecho a deducción por custodia.
Señor presidente, con su benevolencia, quiero decirle dos cosas muy
sencillas al señor Martínez-Pujalte. En primer lugar, que un impuesto
sobre la renta sencillo no es aquel impuesto que tiene seis, ni cuatro,
ni tres escalones en la tarifa. No hace falta tener muchas entendederas
para darse cuenta de que la sencillez no está en que la tarifa tenga
ocho, diez o doce escalones ya que es muy sencillo ir a la línea que a
uno le corresponde; la sencillez no está ahí, señor Martínez-Pujalte,
está en otras cosas, pero no en que los escalones en lugar de ser diez
sean ocho. Insisten ustedes en ese argumento y ese argumento no tiene una
mínima base de solidez intelectual ni de ningún tipo. Un ciudadano,
cualquiera que sea su nivel educativo, no tiene problemas en encontrarse
en la tarifa, por muchos escalones que ésta tenga.
En segundo lugar, quiero decir que ese argumento del impuesto moderno,
que está permanentemente en su boca, a nosotros nos resbala
completamente, señor Martínez-Pujalte. ¿Es un impuesto moderno el que
grava las plusvalías del capital al 20 por ciento? ¿Es ese un impuesto
moderno? (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) No,
ese es un impuesto que beneficia a quien tenga un tipo medio de su base
sintética del 40 por ciento pero, ¿qué ocurre con el que tiene un tipo
medio inferior al 20 por ciento? Hay muchos ciudadanos, señor
Martínez-Pujalte, usted lo sabe. El tipo medio efectivo del IRPF, en el
año 1995, fue del 18 por ciento. ¿Por qué esas personas que tienen un
tipo medio efectivo por debajo del 20 por ciento, si tienen plusvalías
del capital tienen que pagar el 20 por ciento y a aquel que tiene un tipo
medio efectivo del 40 por ciento se le rebaja al 20 por ciento? ¿Es ese
un impuesto moderno, señor Martínez-Pujalte? Además, no es verdad en modo
alguno que esa apelación suya a lo que están haciendo otros países se
corresponda con la realidad. No hay ningún país del ámbito de la Unión
Europea, señor Martínez-Pujalte, en el que una discriminación positiva
tan significativa, tan cuantiosa respecto a las rentas del capital, tenga
parangón con lo que está ocurriendo en este país.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Martínez Noval.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Martínez Noval ha dicho usted
varias cosas seguidas. Respecto a la primera, relativa a la enmienda 1180
que hace referencia a la deducción por custodia de hijos, le he dicho que
nosotros no la vamos a apoyar. Usted plantea que la deducción de 50.000
pesetas sea por cada uno de los hijos, y eso sería un aumento desorbitado
con respecto a lo que hay ahora. Nosotros planteamos una enmienda de
50.000 pesetas, que es lo que pone el proyecto, que es un aumento muy
notable pero que es un aumento armónico y que, además, beneficia a los
señores de rentas más bajas.
Señor Martínez Noval, no para usted de hablar de las rentas de capital.
Llevamos varias sesiones parlamentarias, en Pleno y en Comisión, hablando
de las
rentas de capital. No es que me resbale, porque nada de lo que dice la
oposición me resbala, más bien lo estudio con detenimiento, pero es que
en ese punto no tiene usted ninguna razón. Nosotros queremos un impuesto
que ayude a conseguir los objetivos que tenemos como país. Queremos unos
impuestos que ayuden a que haya inversión, a que haya empleo, a que se
distribuya equitativamente la carga tributaria; queremos unos impuestos
acordes con los que tienen los países de nuestro entorno y que nos
permitan ser competitivos. Señor Martínez Noval, ustedes no aceptan
ninguna de las medidas fiscales que nosotros hemos propuesto y en eso hay
una diferencia entre ustedes y nosotros, pero nuestras medidas fiscales,
las que estamos adoptando desde junio de 1996, están contribuyendo a
hacer que España crezca, que en España se genere empleo, que España
cumpla los criterios de convergencia, que España esté entre los países
que van a la cabeza de los países europeos y que vayamos a la cumbre de
empleo, en Luxemburgo, siendo un país de referencia para el resto de los
países europeos y no, como cuando nosotros llegamos al Gobierno, que
éramos el furgón de cola de Europa.
Muchas gracias. (Rumores.--Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor
Martínez-Pujalte. (El señor Chiquillo Barber pide la palabra.) ¿Señor
Chiquillo?
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, para hacer una aclaración,
porque el portavoz del Grupo Popular o no ha leído la enmienda hasta el
final o no ha querido leerlo y, por tanto, da un sentido tergiversado a
la enmienda número 76, de Unió Valenciana.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Tiene un minuto, señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, utilizaré menos de un
minuto.
Para defender a los terratenientes no está el único diputado de Unió
Valenciana, Dios mi libre, sino que, en todo caso, será su grupo
parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular. La enmienda de Unió
Valenciana referente a la no subida del IBI para los bienes de naturaleza
rústica, para que se mantenga un coeficiente cero durante el año 1998,
dice que es para aquellas explotaciones agrarias --segunda parte de la
enmienda-- que hayan sufrido o estén sufriendo los efectos de la sequía
y/o inundaciones. Beneficia a todo tipo de agricultores que hayan sufrido
estas inclemencias del tiempo, por lo que pedimos la aplicación de un
coeficiente cero, no para todos, sino para aquellos que reúnan unas
condiciones concretas y específicas.
No malinterprete el sentido de nuestra iniciativa porque, repito, para
defender a los terratenientes está su grupo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Chiquillo. (El
señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor presidente, señor Chiquillo, yo no
le he dicho que usted defendiera a los terratenientes y, si lo he dicho y
así lo ha entendido, me ha entendido mal.
Lo que le he dicho es que su enmienda número 76 plantea una actualización
cero de todos los valores catastrales, no para los que tengan sequía ni
para los que tengan inundaciones. (El señor Chiquillo Barber hace gestos
negativos.) Aquí está. En la justificación sí que pone usted que la
delicada situación por la que atraviesan los agricultores aconseja no
actualizar los valores catastrales en especial de aquellas comunidades
autónomas... etcétera, en la enmienda, no; la enmienda es tipo cero. Y
sepa usted, señor Chiquillo, que actualmente los valores catastrales de
naturaleza rústica están tratados muy por debajo de los precios de
mercado. Además, señor Chiquillo, debe usted conocer que aquellos
terrenos de naturaleza rústica cuyo valor no excede de 200.000 peseta
están exentos, y son la gran mayoría, y lo que usted propone es declarar
también exentos a todos los demás.
Las conclusiones las saca usted.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor
Martínez-Pujalte.
Vamos a pasar a las disposiciones adicionales, transitorias y finales del
proyecto de ley.
Comenzamos por las enmiendas del Grupo Mixto. (La señora Aroz Ibáñez pide
la palabra.)
¿Señora Aroz?
La señora AROZ IBAÑEZ: Señor presidente, al menos por lo que respecta al
Grupo Parlamentario Socialista, los distintos portavoces que han
intervenido en cada uno de los títulos han dejado clara la posición del
grupo de no intervenir en este apartado, puesto que han sido acumuladas
al debate de cada uno de los títulos que ya se han realizado.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Aroz.
¿Los demás grupos desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, se han presentado enmiendas suscritas por el señor
Saura y la señora Rivadulla.
Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, gracias.
Paso a defender las cinco enmiendas que desde Iniciativa per
Catalunya-Els Verds tenemos a las disposiciones adicionales.
La enmienda número 213 se refiere a los gastos fiscales que se asocian a
los impuestos locales. En ese sentido, demandamos que se cuantifiquen
aquellos gastos fiscales que hayan sido establecidos basándose en las
directrices de la política social y económica de la Administración del
Estado. Pensamos que debemos conocer el alcance económico de esos
beneficios fiscales y en qué manera afectan a los impuestos locales.
La enmienda número 214 trata de dotar a la sección 12 de un crédito
ampliable de proyectos de ayuda al desarrollo a países menos
desarrollados y de bajos ingresos.
Señorías, señor presidente, con la enmienda número 215 damos una
oportunidad al partido del Gobierno para que cumpla sus compromisos sobre
la creación de un fondo de garantía de alimentos y pensiones
compensatorias por impago de pensiones por alimentos u otras, derivadas
de ruptura matrimonial o del núcleo familiar, con la finalidad de
garantizar el pago de las obligaciones económicas derivadas de los
procedimientos de separación, divorcio, nulidad o alimentos, tanto en
unidades familiares matrimoniales como no matrimoniales, previstos en la
legislación vigente. Señorías, es un compromiso del Gobierno que
esperamos se pueda llevar a término mediante la votación favorable de
esta enmienda.
Con la enmienda número 216 nos proponemos que las cantidades que figuran
en la casilla destinada a fines religiosos y otros fines de interés
social sean vinculadas también a comunidades religiosas diferentes de la
Iglesia católica para garantizar el libre ejercicio de culto en todo el
territorio del Estado. Señorías, creemos que se deben asignar algunas
dotaciones para la creación de infraestructuras que aseguren lugares de
culto para todos los grupos de inmigrantes que están configurando poco a
poco una sociedad pluriétnica en el Estado español.
Por último, señorías, también instamos a la votación de la enmienda
número 302 para que en el ejercicio fiscal de 1998, junto a las casillas
destinadas a la asignación tributaria con fines religiosos y otros fines
de interés social, figure una nueva casilla con el siguiente epígrafe:
para programas del 0,7 por ciento. Las asignaciones que se señalen en
esta casilla estarán vinculadas a la ejecución de programas de ayuda a
países en vías de desarrollo, en cooperación con las organizaciones no
gubernamentales dedicadas a este fin. Señorías, con ello pretendemos
posibilitar que un porcentaje de los ingresos por el IRPF se destine de
manera necesaria a programas de ayuda al desarrollo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Rivadulla.
Enmiendas presentadas por la señora Almeida. Tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Doy por defendidas las enmiendas de la señora
Almeida.
El señor VICEPRESIDENTE(Marcet i Morera): Muchas gracias.
Enmiendas presentadas por la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.
Son seis enmiendas que se encuadran en dos diferentes apartados, la
justificación de una de las enmiendas la podríamos resumir, como la de
garantizar la participación de los trabajadores en la determinación de
los complementos de productividad de las empresas, es decir, es una
enmienda que tiene como voluntad precisamente garantizar, mediante el
Estatuto de los Trabajadores, la participación en este tipo de
complementos. Luego tenemos dos enmiendas vinculadas al tema de las
minusvalías, una para incrementar las pensiones para hijos minusválidos a
cargo, hasta el 75 por ciento del SMI, y en la misma cuantía del SMI en
los casos en que se necesite una persona para valerse; asimismo
proponemos incrementar también las garantías de ingresos para
minusválidos hasta determinados porcentajes del SMI. La justificación es
la equiparación progresiva de la cuantía de las pensiones contributivas y
no contributivas al salario mínimo interprofesional, que responde al
mandato, entendemos, del artículo 41 de la Constitución, según el cual
los poderes públicos tienen el deber de garantizar una pensión digna para
todos, sobre todo para estos sectores discriminados y muy especialmente
cuando esta discriminación se debe a casos de minusvalía.
Las otras tres enmiendas tienen un carácter autonómico, distinto al que
he planteado hasta ahora, y todas ellas tienen como voluntad una
participación directa de las comunidades autónomas en temas diversos. Por
ejemplo, la enmienda número 520 plantea la participación de las
comunidades autónomas en la fijación de criterios de reparto de los
fondos de cohesión territorial, es decir, los fondos de cohesión
destinados a la financiación de infraestructuras y a la mejora del medio
ambiente. Es evidente que las comunidades autónomas tendrían que tener
participación en la fijación de criterios de reparto y en los programas
con cargo a este fondo. Estamos, por tanto, ante una enmienda de tipo
absolutamente autonómico.
Asimismo entendemos que era necesaria una enmienda, y así la planteamos,
para hacer frente a los déficit acumulados por las comunidades autónomas
con competencias exclusivas en materia de sanidad. Por tanto, formulamos
en este sentido una enmienda
doble, por una parte para que el Gobierno habilite un crédito
extraordinario para cubrir el déficit histórico acumulado por las
comunidades autónomas con competencias exclusivas en materia de sanidad
y, asimismo, para que la liquidación de este déficit histórico acumulado
se realice en los próximos cinco años, partiendo del ejercicio de 1998.
Con esta enmienda pretendemos resolver de una vez por todas, más allá de
los pasillos, de las negociaciones y de los dimes y diretes, dialéctica
que nunca resuelve nada, un tema que en Cataluña es absolutamente
sangrante, como es el déficit de sanidad. Una tercera enmienda tiene como
voluntad complementar los traspasos de la formación ocupacional a las
comunidades autónomas con la transferencia de la formación continua, dado
que parece lógico que la formación y reciclaje de los recursos humanos de
un territorio se gestionen en el nivel más cercano posible de los
administrados. Por tanto, estamos nuevamente ante una enmienda que es
claramente autonomista y que tiene como voluntad que las comunidades
autónomas, aquellas que tienen la vocación y la competencia, puedan tener
un mínimo de soberanía en aspectos fundamentales. Asimismo, dado que la
formación continua se financia mediante la aplicación de un porcentaje a
la base de cotización por la contingencia de formación profesional,
resulta sencillo técnicamente desagregar territorialmente dichas bases
para la transferencia. Estamos ante una enmienda técnicamente fácil y
simple y con un carácter político de mucho calado, como es el hecho de
que las comunidades autónomas tengan traspasada la gestión de la
formación ocupacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Chiquillo para la defensa de sus enmiendas.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Con mucha brevedad voy a defender las enmiendas números 77 a 85 a las
disposiciones adicionales, que hacen mención a la solicitud de unos
proyectos de ley de incentivos fiscales y planes integrales de
modernización y mejora de varios sectores productivos de diversas
comunidades del Estado español, como frutas y hortalizas, vitivinícola,
cerámica, pirotécnico, muebles, juguetes, azulejo y textil. Aunque
valoramos muy positivamente algunas de las iniciativas adoptadas por el
Gobierno en la ley de acompañamiento o de medidas fiscales respecto a
reformas de las fiscalidad en relación con estas pequeñas y medianas
empresas, pensamos que debe darse un paso adelante en la incentivación
tendente a la modernización y mejora de estos sectores, de cara al
proceso de globalización de la economía en la que se encuentran sumidos.
Doy por reproducidos, en primer lugar, los términos de la intervención en
la Comisión de Presupuestos respecto a estas medidas de apoyo a las pymes
y, en segundo lugar, doy por defendidas las enmiendas 87 y 88, que hacen
mención al gasto sanitario que soporta la Consellería de Sanidad de la
Comunidad Valenciana producido por los desplazados de otras regiones del
Estado español y por los extranjeros en el ámbito territorial de la
misma. Solicitamos también una partida presupuestaria específica para
poner en marcha la policía autonómica valenciana, tal y como establece
nuestro Estatuto de Autonomía.
Doy por defendidas todas estas enmiendas y solicito la sensibilidad del
Grupo Popular para apoyarlas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Chiquillo.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster para la defensa de sus enmiendas.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor presidente.
A las disposiciones adicionales esta diputada había presentado tres
enmiendas, pero queda retirada la 194, en la medida que su contenido
aparece ya recogido en la disposición adicional decimoquinta según el
dictamen de la Comisión. Quedan, por tanto, dos enmiendas que hacen
referencia a dos cuestiones que entendemos importantes pero de diversa
índole. La primera enmienda, la 195, aborda una cuestión de respeto a los
marcos competenciales y hace referencia a la introducción de un nuevo
párrafo en la disposición adicional decimosegunda, que tiene como
objetivo claro el respeto al marco competencial propio en lo que se
refiere a la financiación de la formación continua, que pasaría no sólo
por el respeto a los ámbitos propios de negociación colectiva sino
también por el respeto a una transferencia del Inem, que ya parece
recogida en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
La segunda enmienda que se mantiene viva en este trámite hace referencia
a una cuestión clave, que es la de conseguir el 0,35 por ciento del PIB,
destinado a la ayuda oficial al desarrollo. Algunos otros grupos han
presentado una enmienda similar en otras disposiciones, por ejemplo, en
la relativa a créditos ampliables. En cualquier caso, mantenemos esta
enmienda entendiendo que el objetivo clave es conseguir lo que ya había
sido un compromiso para con la sociedad de alcanzar el 0,7 del PIB.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Lasagabaster.
La enmienda de Coalición Canaria se da por defendida, según ha comunicado
su portavoz a la Presidencia.
Pasamos, por tanto, a la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor presidente, el Grupo Popular ha
presentado una transacción a esta enmienda, que vamos a aceptar. En base
a ello, damos por retirada la enmienda 1451.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Zabalía.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también ha
presentado enmiendas a estas disposiciones. Para su defensa tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario tiene dos enmiendas a ese conjunto de
disposiciones adicionales y en su nombre paso a defenderlas. Ambas
enmiendas tienen por finalidad un objetivo, que es revisar la disposición
que ya contenía la Ley de presupuestos de 1995 en relación con la
moratoria que se autorizó entonces para el pago de las cargas pendientes
con la Seguridad Social de los centros hospitalarios financiados
públicamente. Se autorizaba un período de carencia de tres años y un
plazo de diez años como moratoria en el pago de aquellas cargas.
Entonces, gobernando el Partido Socialista, se consideró necesario tomar
aquella decisión, es decir, permitir una separación entre el régimen
aplicable con anterioridad al año 1994 y posteriormente a aquel
ejercicio. La condición para incorporar en la ley aquel derecho de
moratoria era exigir a toda la red hospitalaria con financiación pública
que se pusiera al día en sus obligaciones de pago con al Seguridad
Social. Esto ha sido así. Se abrió un período en la moratoria de todas
las deudas pendientes con anterioridad concediendo, señorías, tres años
de carencia y diez de período de amortización. El año 1998 sería el
primer año en el que estos centros deberían proceder ya a la primera
décima parte de la amortización de las cargas pendientes con
anterioridad.
Nuestro grupo, señorías, plantea la conveniencia de extender unos años
más el período de carencia o bien de ir simplemente a la condonación de
estas deudas atrasadas. Curiosamente, en la ley de presupuestos, señor
presidente, se condonan las deudas a la Seguridad Social de todas las
casas militares de este país. Pensábamos que ya que se plantea tomar esa
medida, quizá sería oportuno entender que los centros hospitalarios
desempeñan una función pública y que su financiación se carga a los
gastos de la Seguridad Social. Quizá sería razonable que la medida
referida a las deudas pendientes de las casas militares se hiciera
extensiva a aquellos otros centros o instituciones que son sanitarias,
así como que esa medida afectara a todo lo que corresponde a antes de
1994.
Señorías, con carácter alternativo, la enmienda 1594 plantea no la
condenación sino simplemente la ampliación de tres o cuatro años más la
posibilidad de esta carencia previa antes de proceder a las
amortizaciones. ¿Por qué razón planteamos esta alternativa? Puesto que el
año que viene, señorías, empieza un posible período de revisión de la
financiación sanitaria, nos ha parecido razonable no someter más a
tensión los presupuestos públicos, no someter a unas obligaciones a estos
centros, obligaciones que en definitiva van a revertir en las entidades
públicas que tienen que financiar estos gastos, para poder dar un poco
más de flexibilidad y conceder unos años adicionales a los de carencia
que hoy permite la ley. Señorías, yo sé que en la Comisión se discutió
esta cuestión y el Grupo Parlamentario Popular nos propuso entonces una
enmienda que consideraba un año más de carencia y pasar de diez a trece
en el período de amortización. Mi grupo no tiene interés en retocar los
diez años actuales de período de amortización pasándolos a trece.
Quisiera motivar al Grupo Popular para que en lugar de extender los
períodos de amortización, consideráramos no un año de carencia sino dos
para permitir que el nuevo sistema de financiación se implante y, luego,
abordar con más flexibilidad los períodos de amortización. Señorías, esta
es una enmienda que no comporta ningún gasto para la Hacienda pública;
simplemente trata de introducir sensatez en este problema y dar la
flexibilidad necesaria a estas instituciones para que puedan proceder más
adelante, no ahora sino dentro de unos años, a esas amortizaciones. Mi
Grupo propone, señor presidente, estas dos enmiendas, la primera, la
número 1593, propone la condonación, y la segunda, la número 1594,
plantea alternativamente considerar unos años más de carencia a los
actuales vigentes. Pido a todos los grupos parlamentarios su interés por
estas dos enmiendas y con ello, señor presidente, termino mi
intervención, puesto que no hay ninguna más a ese capítulo de
disposiciones adicionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Homs.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, nos encontramos ante
un paquete de enmiendas que hacen referencia a todas las disposiciones
adicionales y en éstas hay un sinfín de aspectos legislativos, lo que
viene a complicar aún más la discusión de este proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, vaya por delante que el
objetivo de las enmiendas del Grupo Parlamentario de lzquierda Unida
obedece al criterio de aplicar el mismo razonamiento en todos los casos.
Las dos primeras enmiendas van dirigidas a la disposición adicional
segunda. En primer lugar, si el Gobierno dice que estamos en un año
restrictivo, en un año en el que hay que apretarse el cinturón, nosotros
no entendemos por qué, para hacer frente a los acuerdos del Estado con la
Santa Sede, se tiene que tener una mano más abierta y por qué aquí se
produce un incremento, sin que exista un aumento de recaudación por IRPF.
Lo que nosotros proponemos es que se aplique un criterio semejante al del
año 1997 o, en todo caso, una actualización, para que se tenga una
proyección similar al 2,1. Creemos que no se debe producir este
incremento en la previsión que propone el texto aprobado en Comisión. En
segundo lugar, no entendemos por qué se elevan a definitivos los pagos a
cuenta que se hacen a la Iglesia católica. Si se hacen unos pagos a
cuenta, cuando cada ciudadano ha expresado el porcentaje que quiere
destinar y resulta una cantidad menor, en la liquidación definitiva se
tendrá que hacer un pago menor. Pues no, en la disposición adicional
segunda se elevan a definitivos todos los pagos que se han realizado a
cuenta durante todo el ejercicio.
La siguiente enmienda trata de facilitar la participación de las
comunidades autónomas en la formación continua. Nosotros --hay otra
enmienda del Grupo Parlamentario Vasco en este sentido-- pretendemos que
en la disposición adicional decimosegunda se facilite la participación de
las comunidades autónomas, en la forma establecida en los acuerdos
suscritos por el Gobierno con los agentes sociales y los que se puedan
realizar entre todos éstos y los gobiernos de las comunidades autónomas.
En nuestra enmienda a la disposición adicional decimosexta planteamos que
se aborde como un objetivo para este ejercicio equiparar el gasto medio
del país en pensiones a la media europea, incrementando el diferencial a
favor de las pensiones mínimas con respecto al salario mínimo
interprofesional. En los años que la economía no crece, el incremento de
las pensiones es aún menor; sin embargo, cuando crece, debemos de acercar
la pensión mínima al salario mínimo. Por eso, proponemos una subida
superior al IPC, que debe de hacerse por ley. Esta enmienda, en su
conjunto, establece tres actuaciones para el sistema de pensiones,
primera, revalorización automática; segunda, si al final la previsión es
diferente al índice acumulado, a través de una sola paga por ley, se
abona la diferencia a los pensionistas; y tercera, cuando haya un
crecimiento económico --como ocurre en este caso--, se abordará un
acercamiento progresivo de la pensión mínima al salario mínimo
interprofesional. Estamos convencidos de que esto se puede hacer en el
ejercicio de 1998 y también en los próximos, puesto que vamos a tener un
crecimiento económico estable, según anuncian el Gobierno y los
portavoces de los grupos mayoritarios.
En relación con los accidentes laborales, nosotros planteamos dos
enmiendas. En la disposición adicional decimoséptima, el Gobierno se da
un plazo de un año para elaborar una nueva normativa sobre los accidentes
de trabajo. Nosotros creemos que ya hay tiempo suficiente y ese plazo de
un año lo establecemos en seis meses. ¿Por qué? Porque si no se hace en
seis meses, en el mes de septiembre del año que viene discutiremos en los
presupuestos sobre las tarifas actuales, porque un año significará que
esa ley de tarifas saldrá una vez terminado este ejercicio. En segundo
lugar, proponemos que se haga un registro central de lo que podríamos
llamar empresas que hayan sido sancionadas por infracción en el orden
social, tanto en lo que se refiere accidentes laborales como a otras
actuaciones. ¿Para qué? Para que se tenga en cuenta en lo que es la
concesión o contratación desde el propio Estado.
En otra enmienda proponemos que se incremente la dotación a lo que
podríamos denominar ayuda al desarrollo a través de algo que el Gobierno
ha hecho para otras actuaciones a nivel de decreto-ley. Proponemos la
creación de un sorteo especial de la Lotería Nacional a favor de la
cooperación internacional al desarrollo para que se puedan destinar
mayores recursos a esa política a la que nos comprometimos por el pacto
de la solidaridad a llegar en esta legislatura a destinar a esa tarea el
0,7 por ciento del PIB.
En otra enmienda proponemos el desarrollo de la financiación paralela
para que el plan gerontológico sea una realidad.
Termino, señor presidente, con las enmiendas sobre actuaciones
complementarias de entes territoriales que no van recogidos en el
articulado de la sección 32 ni del capítulo 7 y que hacen referencia a
que en función de lo que fija la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía
de Andalucía y de Extremadura, se establezca un fondo para hacer frente a
la deuda histórica de 51.000 millones de pesetas en un caso y de 10.000
en otro, compromiso contraído por un acuerdo anterior, aunque ahora se
dice que una parte del país no puede estar en deuda con otra. A la vez
proponemos que en el Plan de empleo rural haya una aportación de 44.500
millones de pesetas para el convenio Inem con las corporaciones locales.
Por último, señor presidente, otras dos propuestas hacen referencia a
reducir y eliminar las horas extraordinarias de aquí al año 2000, y por
eso indicamos que en el año 1998 no pueda haber un número de horas
extraodinarias superior a 40 y que el salario mínimo interprofesional se
eleve a 70.000 pesetas.
Señor presidente, todas nuestras enmiendas a las disposiciones
adicionales hacen referencia a todos los títulos, tanto a aquellos en
cuya discusión hemos participado como a aquellos en que no lo hemos
hecho, puesto que el Gobierno ha planteado en disposiciones adicionales
algunas decisiones que no tienen relación con los otros títulos,
tratándose simplemente de una adición como fisolofía o como declaración
por parte del Gobierno.
En todo caso, señor presidente, las enmiendas a los anexos me imagino que
se harán después. (Denegación.) Entonces paso a defenderlas muy
brevemente.
Nosotros tenemos tres enmiendas al anexo II, sobre créditos ampliables,
porque este Gobierno ha declarado ampliable un sinfín de créditos,
decisión que nosotros no compartimos. Por ejemplo, se declaran ampliables
todos los proyectos que tengan relación con la financiación europea y con
la cofinanciación con fondos europeos. Hoy la inversión en colegios o en
sanidad se hace desde los fondos europeos Feder, hay un sinfín de
actuaciones y con esta medida el Gobierno declara ampliable prácticamente
el 80 por ciento de la inversión del capítulo 6 y no sabemos por qué
tiene que ser así. Se declaran ampliables incluso en todos los ejercicios
anteriores las aportaciones a la policía catalana. Yo no sé por qué debe
ser crédito ampliable con efecto en todos los años anteriores.
Otra enmienda plantea en el anexo III que se cumpla el compromiso con el
Ente Público Radiotelevisión Española, para lo que nosotros proponemos un
incremento neto máximo de 300.000 millones de pesetas, de modo que no
exista la posibilidad de crecimiento de la deuda de este organismo,
porque si no se hace frente a esta aportación, el décifit o deuda del
organismo volverá a crecer este año por la baja dotación con que el
Gobierno hace frente a este compromiso.
Nada más, señor presidente, nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ríos.
Como ha señalado su portavoz, el Grupo Socialista ha defendido las
enmiendas a las disposiciones y anexos en las intervenciones con motivo
de los títulos anteriores.
Por lo tanto, el Grupo Popular va a consumir un turno de fijación de
posiciones. En su nombre tiene la palabra el señor Echániz.
El señor ECHANIZ SALGADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, de forma conjunta respecto de las enmiendas a las
disposiciones y anexos presentadas por los distintos grupos
parlamentarios al Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1998 haciendo, como es habitual, la salvedad de que respecto de
algunas de ellas nuestro grupo ya se ha posicionado en el debate de los
diferentes títulos.
Comienzo con las enmiendas de la señora Rahola. Respecto a su enmienda
520, tengo que decir a S. S. que el Fondo de cohesión puede ya en estos
momentos canalizar ayudas a favor de proyectos de cualquiera de las
administraciones públicas, central, autonómica o local, y que en materia
de medio ambiente la participación de las comunidades autónomas es en
estos momentos incluso superior en virtud de la competencia gestora que
constitucionalmente tienen atribuidas estas entidades territoriales.
Sobre su enmienda 521 sabe la señora Rahola que el déficit acumulado en
la sanidad española hasta 1993 fue saneado durante los años 1994, 1995 y
1996 y que a partir de 1994 entró en vigor un acuerdo de financiación de
la sanidad basado en el presupuesto de 1993, cuya tasa de crecimiento
estaba ligada al producto interior bruto, por tanto, al crecimiento de la
economía española, disposición que se consideró adecuada para cubrir las
necesidades por las comunidades autónomas con gestión transferida del
Insalud. Por tanto, no nos parece en estos momentos muy riguroso, pasados
tres años, plantear una nueva fórmula de saneamiento, porque ello querría
decir o bien que las comunidades autónomas se equivocaron entonces o bien
que su gestión no ha sido la adecuada para mantener un gasto sanitario
acorde con la economía de nuestro país.
En relación con la enmienda 524, señoría, el conjunto de medidas
adoptadas por el Gobierno en el marco de apoyo a la familia, con especial
incidencia en los aspectos fiscales, responde a una política que en
cualquier caso permite compatibilizar perfectamente tanto el objetivo de
intensificar y mejorar la protección a la familia como la clarificación y
delimitación de las fuentes financieras del sistema de Seguridad Social,
que supone además un incremento progresivo por parte del Estado en la
financiación del nivel no contributivo de la Seguridad Social. Estamos
seguros de que en el momento en que culmine ese proceso de separación
financiera podrá valorarse su viabilidad y el margen de mejora de esas y
otras prestaciones del sistema de Seguridad Social.
Sobre las enmiendas 196, de la señor Lasagabaster, y 214, del señor Saura
y de la señora Rivadulla, tengo que decir que el crédito que se menciona
tiene una dotación de más de 25.000 millones de pesetas, superior, como
vimos en Comisión, al límite que se expresa en la citada enmienda y, por
tanto, consideramos a esos efectos incoherente la mención en la citada
enmienda de exigir la aprobación por Consejo de Ministros para una
dotación que ya ha sido aprobada por el Congreso.
Respecto de las enmiendas 77 a 85, del señor Chiquillo, uno de los
fundamentos de la nueva política económica de este Gobierno ha sido, como
usted sabe perfectamente, la política fiscal, que está dando unos frutos
impecables, a nuestro juicio y, en ese sentido, los sectores de las
frutas y hortalizas, vitivinícola, de cerámica, del vidrio y de la
lámpara, el pirotécnico, el del mueble, el mimbre, el juguete, el azulejo
y el textil forman parte, además de una forma muy importante, del tejido
productivo de nuestro país, que está viéndose beneficiado ya por la
batería de medidas desarrrolladas por este Gobierno. En cualquier caso,
establecer en estos momentos incentivos fiscales y planes integrales para
los sectores a los que usted alude podría poner
en riesgo, al tratarse de ser medidas puntuales y parciales, el conjunto
de elementos que hacen que España haya conseguido introducirse en un
ciclo virtuoso de nuestra economía que aún debe dar muchos frutos para
España.
La enmienda número 87 le aseguro que sería una magnífica noticia para
nuestro consejero de Sanidad en la Comunidad Valenciana, pero estos
asuntos, señor Chiquillo, hay que tratarlos con rigor y entendemos que
las compensaciones económicas para la asistencia sanitaria a desplazados
en las comunidades autónomas con competencias debe ser fijada como parte
del nuevo modelo de financiación sanitaria para el cuatrienio 1998-2001
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que está reuniéndose estos
días.
Respecto de su enmienda 88, el proyecto de presupuestos del Ministerio
del Interior para 1998 incluye ya entre las dotaciones del servicio 03,
Dirección General de la Policía, el coste de la correspondiente unidad
del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Valenciana, en
virtud, como usted sabe, del correspondiente convenio suscrito entre esta
comunidad y el Ministerio del Interior. Esta unidad formada por miembros
del Cuerpo Nacional de Policía depende orgánica y funcionalmente de la
Generalitat Valenciana y, por tanto, su financiación se reparte al 50 por
ciento entre el Estado y la misma, debiendo esta última, como usted
también conoce, transferir anualmente al Estado la parte que le
corresponde. Por este motivo, no tiene sentido incrementar en este
momento las transferencias en la sección 32, entes territoriales, ni
tampoco incorporarlo como una enmienda al texto de esta ley.
En relación con la enmienda de Coalición Canaria tengo que decir que el
Grupo Parlamentario Popular comparte absolutamente las razones de
justicia social que alega su portavoz, aunque no considera que sea el
momento oportuno para modificar uno de los aspectos que está regulado ya
en la Ley 24/1997, de consolidación y racionalización del sistema de
Seguridad Social, aprobada recientemente con el necesario apoyo
parlamentario. En todo caso, entendemos que con los nuevos criterios de
revalorización contenidos en el artículo 48 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social queda perfectamente garantizado el
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
Respecto a la enmienda 1451, su portavoz ya ha expresado que nuestro
grupo parlamentario ha presentado una enmienda transaccional con el ánimo
de llegar a un acuerdo en este asunto que consideramos de vital
importancia y que modifica la disposición adicional decimosegunda,
incluyendo un segundo párrafo del siguiente tenor: A los efectos de dar
cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, el importe de la
citada cantidad figurará en el presupuesto del Instituto Nacional de
Empleo para financiar los planes de formación continua en las
administraciones públicas y aquellos que sean fruto de cualesquiera otros
acuerdos.
Las enmiendas 1593 y 1594, del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
proponen la condonación o el aumento de la carencia en el pago de deudas
con la Seguridad Social existentes hasta finales de 1994 y que hubiesen
obtenido entonces un aplazamientos del pago, según lo dispuesto en la
disposición trigésima de la Ley 41/1994, sobre las instituciones públicas
o privadas sin ánimo de lucro. Tengo que decir, señorías, respecto de la
condonación, que el grupo enmendante sabe perfectamente que esta
situación establecería, en estos momentos, un precedente de alto riesgo
en cuanto al futuro cobro de los débitos de cualquier naturaleza con la
Seguridad Social. En el caso del aumento de la carencia, este grupo
parlamentario ofrece al Grupo Catalán (Convergència i Unió) una enmienda
transaccional distinta de la que planteó este grupo en la Comisión, en el
sentido de ampliar la moratoria de 10 a 12 años y la carencia un año más,
hasta un máximo de cuatro años, puesto que compartimos la preocupación,
utilizando instrumentos distintos más razonables para disminuir la carga
anual que deben soportar estas instituciones respecto de la devolución de
sus deudas a la Seguridad Social.
Respecto de las enmiendas 596 y 597, de Izquierda Unida, así como de las
216 y 302, del señor Saura, y la 344, de la señora Almeida, tengo que
decir que la obligación de colaborar al sostenimiento de la Iglesia
católica viene impuesta por el acuerdo suscrito entre el Estado español y
la Santa Sede sobre acuerdos económicos, en el año 1979, que tiene rango
de tratado internacional y que, por tanto, es inmodificable por voluntad
de una sola de las partes. Este acuerdo determina que este sistema debe
proporcionar a la Iglesia católica recursos de cuantía equivalente a los
que percibía por el sistema anterior de dotación presupuestaria. Por esa
razón no es posible modificar el tanto por ciento a la baja, porque
determinaría una dotación de recursos inferiores a los exigidos por el
acuerdo y, en consecuencia, el incumplimiento del mismo. Por otra parte,
la posibilidad de colaborar con países del Tercer Mundo mediante
proyectos de cooperación internacional se recoge ya en la opción «Otros
fines de interés social», tal y como especifica el Real Decreto 195/1989;
de igual forma en la de quienes no expresan su opción que se distribuye
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de
Asuntos Exteriores, precisamente para que este último lleve a cabo, en
colaboración con otras organizaciones, proyectos de cooperación al
desarrollo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señor
Echániz.
El señor ECHANIZ SALGADO: Acabo, señor presidente.
Respecto a la enmienda 599, del mismo grupo, la compensación total se
cifró en 85.000 millones, de los cuales 26.000 corresponden a la
concesión de la licencia DCS-1.800. La alteración en estos momentos de
los términos de aquel acuerdo, al que dio su conformidad la Comisión
Europea, podría suponer un grave perjuicio para la compañía ajudicataria,
ya que se debería abrir un nuevo proceso de negociación para llegar a un
acuerdo distinto, máxime cuando la sociedad en cuestión podía haber
adoptado medidas de carácter económico cuya indemnización implicara
responsabilidades patrimoniales para el Estado.
En cuanto a la enmienda 602, del Grupo de Izquierda Unida, y la 1199, del
Grupo Socialista, entendemos que los párrafos que se pretenden introducir
no mantienen una relación con lo regulado en la disposición adicional
decimoséptima del proyecto que autoriza al Gobierno a establecer una
nueva tarifa para el seguro de accidentes de trabajo. El primer párrafo
da a entender insuficiencia de medios para cumplir la ley, circunstancia
que tenemos que rechazar y que consideramos carente de juicio o análisis
serio. Respecto al segundo párrafo, de creación de un registro central de
sentencias, consideramos que no procede por razones obvias amparadas en
la Constitución española, así como por diversa jurisprudencia en cuanto a
la salvaguarda de derechos primigenios o de principios básicos. Además,
no consideramos necesaria la promulgación de una ley para financiar el
plan gerontológico que piden en la enmienda 604, toda vez que está
absolutamente garantizado con las dotaciones de la sección 19, igual que
ocurre con el nivel asistencial de cobertura de las prestaciones no
contributivas o el nivel mínimo garantizado de pensiones. Por otra parte,
la financiación de las prestaciones contributivas se encuentra dentro del
marco de actuación de la Seguridad Social y no dentro de la financiación
de la protección social.
Respecto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, señorías,
en la 1196 consideramos más correcto el nuevo régimen de tributación de
los incrementos y disminuciones de patrimonio regulado por el Real
Decreto 7/1996, toda vez que somete a gravamen los resultados reales, y
no puramente nominales, ajustados en función de la depreciación
monetaria. Al mismo tiempo preserva las expectativas de los sujetos que
en su día efectuaron inversiones al amparo de la normativa anteriormente
vigente.
En relación con la enmienda 1201 --y voy acabando, señor presidente-- el
Real Decreto 15/1997, de 5 de septiembre, convalidado el pasado mes, daba
una nueva redacción al artículo 16 de la Ley 5/1996, relativa a la
información parlamentaria que deberá facilitar la SEPI y sus participadas
en esta Cámara. La propuesta introduce una obligación de informar sobre
operaciones financieras que excede en estos momentos a lo previsto en
dicho artículo, sin ninguna justificación, a nuestro juicio, más de lo
que se exige en otros términos por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores a las sociedades que cotizan en Bolsa.
En cuanto a la enmienda 1203 tenemos que decir que la recomendación
tercera del Pacto de Toledo contempla la mejora de las bases de
cotización y la sexta la simplificación e integración de los regímenes
especiales, pero en ningún caso la armonización de los tipos de
cotización de forma autónoma. Ambas recomendaciones han sido contempladas
ya en la Ley 24/1997, en su artículo 3 y disposición adicional primera, y
por lo anterior no consideramos que la revisión de los tipos de
cotización en los regímenes especiales deba tener un tratamiento
autónomo, sino que deberá abordarse, en cualquier caso, dentro de las
medidas que se adopten en el marco de la unificación de la estructura del
sistema que recoge la recomendación sexta del Pacto de Toledo.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Echániz, concluya ya,
por favor.
El señor ECHANIZ SALGADO: Concluyendo definitivamente, tampoco vamos a
suprimir la operación de crédito autorizada al Ente Público
Radiotelevisión Española, como pide la enmienda 1207, del Grupo
Parlamentario Socialista, cuyo contenido consideramos poco coherente con
decisiones tomadas por administraciones anteriores que ahora pretenden
estrangular su normal funcionamiento.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Echániz.
Habiendo concluido los apartados del proyecto de ley previstos para la
tarde de hoy y habiéndose superado las ocho de la tarde, vamos a proceder
a las votaciones correspondientes a los diversos títulos y disposiciones
debatidos esta tarde. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Ruego a los señores portavoces de los grupos que a
los efectos de ordenar adecuadamente las votaciones y dado que se ha
agotado la materia que estaba prevista para su debate en la sesión del
día de hoy comparezcan ante la Presidencia. (Rumores.) Ruego a los
portavoces de los grupos parlamentarios que tengan la responsabilidad de
ordenar las votaciones que se acerquen a la Presidencia para tratar de
hacerlo de una manera más eficaz. Dado que se ha terminado el debate del
articulado, de los títulos y de las disposiciones de la ley y puesto que
la materia que estaba prevista para toda la jornada de hoy ya se ha
agotado en los debates de la tarde, vamos a retrasar unos minutos más la
votación para ordenarla mejor y más eficazmente. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a las votaciones --saben SS. SS. que son
complejas, por lo que ruego guarden silencio y ocupen sus escaños-- de
los títulos
debatidos en la tarde de esta primera sesión del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998 y que serán el I, el II, el
III, el IV, el VIII que se debatió con éste, el V y el VI, quedando la
votación de las disposiciones adicionales, transitorias y finales y sus
anexos para el día en que se debata el título VII.
Comenzamos, por tanto, con las enmiendas que se han mantenido al título I
del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998. En
primer lugar sometemos a votación las del Grupo Mixto.
Enmienda número 90, del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 151, en contra, 173.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 91, del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 20; en contra, 303; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmienda número 303, de la señora
Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 20; en contra, 303; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. En primer lugar la número 528.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 17; en contra, 305; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Rumores.) Señorías, les ruego que
guarden silencio, sobre todo que lo guarden de manera especial durante el
transcurso de las votaciones. Enmienda número 535, del Grupo de Izquierda
Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 19; en contra, 303; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmiendas números 527 y 529, del
Grupo de Izquierda Unida. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 19; en contra, 176; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Enmiendas números 530 y 531, del
Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 17; en contra, 173; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 152; en contra, 173; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar las enmiendas números
1147 y 1148.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 137; en contra, 188; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Enmienda número 1146, del Grupo
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 136; en contra, 173; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda. Restantes enmiendas del
Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 152; en contra, 173; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votaciones correspondientes al
dictamen del título I, artículos uno a once, sin perjuicio de las
variaciones que resulten de la aprobación de enmiendas en el curso del
debate.
Sometemos a votación en primer lugar los artículos dos, tres, cuatro,
cinco, seis; ocho punto uno, segunda y cuarta; diez, puntos tres y
cuatro, y once, puntos dos, tres y cuatro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 173; en contra, 149; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos.
Resto del dictamen correspondiente al título I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 303; en contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los restantes artículos del
dictamen del título I.
Pasamos al título II. En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas
números 538 y 539 pertenecientes al Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 154; en contra, 171; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista, números 1154, 1155, 1156, 1157, 1158 y
1159.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 152; en contra, 173; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen del título II, artículos doce a
diecisiete. En primer lugar, votamos separadamente los artículos doce
punto uno párrafo cuarto y quince punto tres.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 172; en contra, 151; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos preceptos del
dictamen.
Resto del dictamen del título II.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos. 326; a
favor, 304; en contra, 20; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los restantes artículos del
dictamen correspondientes al título II.
Votaciones de las enmiendas que se mantienen al articulado del título
III.
En primer lugar, las enmiendas del Grupo Mixto, comenzando por las
números 305, 307 y 308, de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 21; en contra, 305.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda 306, de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, seis; en contra, 305; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votación de la enmienda número 312,
de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, cuatro; en contra, 318; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Restantes enmiendas de la señora
Almeida, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 19; en contra, 175; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmiendas del señor Vázquez. En
primer lugar, la número 93.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, cinco; en contra, 303; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Enmiendas números 94 y 95, del
señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 21; en contra, 302; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Restantes enmiendas del señor
Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 20; en contra, 175; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Enmiendas de la señora Rahola. En
primer lugar, las números 507 y 508.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 19; en contra, 304; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Restantes enmiendas de la señora
Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 149; en contra, 174; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Por haberse retirado la que
subsistía del Grupo Vasco, pasamos a las del Grupo de Izquierda Unida. En
primer lugar, se someten a votación las números 540 y 546.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 22; en contra, 175; abstenciones, 129.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las citadas enmiendas. Enmiendas
números 542, 549, 552, 553, 555, 557 y 558, del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 19; en contra, 305; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Restantes enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 151; en contra, 174.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Enmiendas del Grupo Socialista.
En primer lugar, se someten a votación la 1161 y la 1163, que por error
iba antes numerada como 1162.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 135; en contra, 189; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Enmienda número 1160, del Grupo
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 133; en contra, 173; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Restantes enmiendas del Grupo
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 153; en contra, 172; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votaciones correspondientes al
dictamen del título III, artículos dieciocho a treinta y tres. En primer
lugar, votamos separadamente los artículos dieciocho, tres; diecinueve,
uno; veintidós, dos; y veinticuatro, cuatro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 174; en contra, 151; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados. Resto del dictamen del título III.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 304; en contra, 20; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen del título III.
Votaciones correspondientes al título IV. En primer lugar, dentro del
Grupo Mixto subsisten las enmiendas de la señora Rahola. Votamos la
numerada como 503.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, cinco; en contra, 304; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 512 y 514, de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 22; en contra, 302; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista. Las que subsisten son las números 1165,
1166, 1167, 1168, 1169, 1170 y 1171.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 153; en contra, 171; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen del título IV, artículos treinta
y cuatro a cuarenta y tres. En primer lugar, sometemos a votación los
artículos treinta y siete, punto cuatro, treinta y ocho, y cuarenta y
uno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 170; en contra, 154; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Se somete a votación separada el artículo cuarenta y dos, punto cuatro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 174; en contra, 20; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Resto del dictamen correspondiente
al título IV.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 303; en contra, 20; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen correspondiente
al título IV. Votaciones correspondientes al título VIII. En primer
lugar, se somete a votación la enmienda número 518, de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 21; en contra, 304; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Votación de la enmienda número 86,
presentada por el señor Chiquillo. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, cuatro; en contra, 306; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada
Votaciones de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. En primer lugar, votamos la número 592.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 150; en contra, 173; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 18; en contra, 304; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
Votaciones correspondientes al dictamen del título VIII, artículos
ochenta y siete y ochenta y ocho.
En primer lugar, se somete a votación el artículo ochenta y siete,
apartados tres, cuatro y cinco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 175; en contra, cuatro; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el precepto mencionado.
Votación del resto del dictamen del título VIII.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 305; en contra, tres; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen correspondiente
al título VIII. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.)
¿Señor Aguirre?
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Se va a proceder a la votación del título V y
mi grupo defendió en su turno una enmienda transaccional a la enmienda
número 1585, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que reiteramos en
este trámite para conocer la posición definitiva del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre. (El señor Homs i Ferret pide
la palabra.)
¿Señor Homs?
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Es un inicio de solución del problema que plantea nuestra enmienda, La
aceptamos, con el deseo de continuar
hablando sobre su contenido en el trámite del Senado. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a las enmiendas
presentadas al dictamen del título V.
En primer lugar, se someten a votación las enmiendas del Grupo Mixto,
comenzando por la enmienda número 322, de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, dos; en contra, 304; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 323, de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 152; en contra, 173.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas del señor Saura y de la señora Rivadulla,
comenzando por la número 200.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 152; en contra, 173.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas presentadas por los mencionados diputados del Grupo
Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 22; en contra, 176; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se somete a votación la enmienda transaccional que se ha propuesto y
aceptado a la número 1585, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 305; en contra, 18; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, la enmienda numero 1172.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 134; en contra, 174; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 151; en contra, 173; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Votaciones correspondientes al
dictamen del título V, artículos cuarenta y cuatro a cincuenta y tres. En
primer lugar, se somete a votación el artículo cuarenta y cuatro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 171; en contra, 21; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se someten a votación los artículos cuarenta y siete y cuarenta y ocho.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326, a
favor, 171; en contra, 151; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Restantes artículos del dictamen del título V.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326, a
favor, 306; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votaciones correspondientes al título VI.
Enmiendas del Grupo Mixto. En primer lugar, las de la señora Rahola,
comenzando por la número 523.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 152; en contra, 174.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 21; en contra, 305.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura y de la señora Rivadulla, del Grupo Mixto,
comenzando por la 201.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, cinco; en contra, 189; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 202.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 137; en contra, 188; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 203.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 20; en contra, 174; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 76, del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 19, en contra, 173; abstenciones, 134.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Vázquez; en primer lugar, la 108.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, seis; en contra, 189; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 109, del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 153; en contra, 170; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 193, de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 152; en contra, 173; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 324, presentada por la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 152; en contra, 173; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 325, de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 135; en contra, 188; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1586, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 312; en contra, dos; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer
lugar, votamos la enmienda 565.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326: a
favor, 153; en contra, 173.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 567 y 568, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 153; en contra, 173.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas 563 y 571 del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 20; en contra, 174, abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 566, del referido grupo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 150; en contra, 174; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 19; en contra, 174; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
de Izquierda Unida.
Enmiendas del Grupo Socialista En primer lugar, la número 1190.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 133; en contra, 189; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 1180, 1183, 1188 y 1630, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 135; en contra, 173; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 152; en contra, 174.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Socialista.
Votaciones correspondientes al dictamen del título VI, artículos
cincuenta y cuatro a setenta y uno.
Sometemos a votación, en primer lugar, los artículos cincuenta y cuatro,
sesenta y dos, sesenta y tres, sesenta y cuatro, sesenta y cinco, sesenta
y siete, sesenta y ocho y sesenta y nueve.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a
favor, 304; en contra, 17; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos del
dictamen.
Restantes artículos del dictamen al título VI.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 174; en contra, 151; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen del título VI.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve de la noche.