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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 108, de 22/10/1997
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE



Año 1997 VI Legislatura Núm. 108



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 104



celebrada el miércoles, 22 de octubre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Debates de totalidad de iniciativas legislativas:



--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998. «BOCG.

Congreso de los Diputados», serie A, número 84-1, de 1 de octubre de 1997
(número de expediente 121/000082) (Página 5449)



--Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 85-1, de 9 de
octubre de 1997 (número de expediente 121/000084) (Página 5449)



--Aclaración en relación con el Diario de Sesiones 101, del día 18 de
septiembre de 1997, con motivo de la felicitación a don Miguel Angel
Martínez Martínez por su elección como Presidente de la Unión
Interparlamentaria (Página 5533)



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SUMARIO



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
diputados (Página 5449)



Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 5449)



Proyecto de ley de Presupuetos Generales del Estado para 1998 (Página 5449)



Proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(Página 5449)



El señor Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda (De Rato Figaredo) presenta, en nombre del Gobierno, el proyecto
de ley de Presupuetos Generales del Estado para 1998 y el proyecto de ley
de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Pone de
manifiesto, en primer lugar, que las dudas con respecto al crecimiento de
la economía que se suscitaron el año pasado por estas fechas, se han
disipado a lo largo del año porque la economía crece claramente por
encima de la media europea, combinándose por primera vez el crecimiento y
la estabilidad. Además se cuenta con el protagonismo de la sociedad, de
los jóvenes, de las familias, de los pequeños y medianos comercios,
etcétera, pero reconoce asimismo que todavía quedan muchas cuestiones en
estos sectores sin resolver.

Se refiere a continuación a que España no cumplía en mayo de 1996 ninguno
de los criterios necesarios para integrarse en la tercera fase de la
Unión Económica y Monetaria y, dieciocho meses más tarde, la economía
española crece por encima del 3 por ciento, los precios se sitúan
alrededor del 2 por ciento, se han creado 525.000 empleos y todo el mundo
está convencido de que España llegará a ser socio fundador del euro.

Considera que toda esta mejoría no es obra de la casualidad sino de la
creación de una nueva política económica, con prioridades e instrumentos
distintos y, sobre todo, de una política global y coherente. En el centro
de esta política económica se encuentra la política presupuestaria, con
un mayor control, transparencia y reducción efectiva del gasto público,
sin la que habría sido imposible la reducción de los tipos de interés.

Asimismo la política presupuestaria llevada a cabo ha resultado un
escalón fundamental para la consecución de los objetivos y para la
integración en la Unión Económica y Monetaria. Añade que las reformas
liberalizadoras introducidas en los mercados han permitido que, junto con
la caída del gasto público y la reducción del déficit, se impulse una
actividad que está permitiendo que la economía española crezca por encima
del 3 por ciento y que, en este momento, esté siendo empujada tanto por
la demanda interna, el consumo privado y la inversión como también por
una aportación positiva del comercio exterior, que demuestra un aumento
de la competitivdad de las exportaciones, todo ello en un claro entormo
de estabilidad de precios y cambiaria. Estos resultados, en opinión del
Gobierno, confirman que la austeridad del gasto genera empleo si va a
compañada de un amplio programa de reformas y si se consigue una adecuada
combinación de políticas fiscal y monetaria.

A continuación manifiesta que estos presupuestos de 1998 llegan en un
momento clave para el entorno de los países industrializados, que se
encuentran con un nuevo y claro proceso de globalización, para el que
Europa ha encontrado una clara respuesta con la Unión Económica y
Monetaria, y con el deber de responder a un reto histórico como es el de
la ampliación, proceso que siempre fue respaldado por el Gobierno
español, entendiendo la ampliación como una incorporación de nuevos
socios a la realidad de la Unión Europea, pero sin olvidar en ningún caso
los principios básicos que inspiran el Tratado de la Unión Europea como
son la estabilidad y la cohesión.

Asegura que la economía española está hoy en condiciones de beneficiarse
de la recuperación europea y también de los efectos integradores de la
moneda única, pero está convencido de que este proceso debe contar, sin
duda alguna, con el protagonismo de los ciudadanos, es decir, de sus
vidas concretas y de su empleo. Añade que el paro es el principal
problema de la sociedad española y el empleo el reto más importante del
Gobierno, siendo el objetivo final de su política económica, en el que se
han conseguido resultados concretos que, sin embargo, considera
insuficientes. En relación con la política de reformas liberalizadoras
llevadas a cabo para fomentar la competitividad, manifiesta que es
necesario un proceso continuo y progresivo que debe ser aceptado y
valorado por la sociedad y en el que es indispensable el establecimiento
de líneas de diálogo constantes y fluidas con los agentes sociales y con
los sectores productivos, así como con las comunidades autónomas, con las
que se ha llegado, casi en su totalidad, a un acuerdo sobre el sistema de
financiación



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que trasciende claramente los intereses de cada una y que se integra en
un proyecto común.

Afirma que el proyecto de presupuestos para 1998 ofrece a la sociedad
española la respuesta a sus demandas principales, que agrupa en tres
apartados: la creación de empleo, la integración en Europa y el sistema
de protección social. Para responder a estas demandas ofrecen
responsabilidad en la gestión de la política presupuestaria, políticas
que garanticen recuperaciones estables que generen empleo de calidad y de
larga duración y un sistema solidario que asegure la solidez y la
permanencia del sistema de protección social, huyendo de las políticas de
corto alcance. Reitera que la clave para la estabilidad macroeconómica
está en la combinación de las políticas presupuestaria y monetaria y
expone que su política presupuestaria de reducción del déficit público, a
través de la reducción del gasto, se ha asentado en dos pilares
fundamentales: por un lado, un nuevo marco legal que permita un mayor
rigor y transparencia en las cuentas públicas, reduciendo la
discrecionalidad de trasladar a ejercicios futuros los gastos del actual
ejercicio, y por otro, reformas estructurales introducidas en todos los
capítulos del presupuesto, de las que pasa a hacer un breve análisis.

Destaca entre ellas la política de austeridad y de optimización de los
recursos, la lucha contra el fraude y el mayor protagonismo de la
iniciativa privada. A continuación hace un repaso de las políticas
sociales y de cohesión: pensiones, sanidad, solidaridad y familia.

Finaliza su intervención diciendo que estos presupuestos son una clara
apuesta por la recuperación económica y por el empleo, que colocan a
España en la Unión Económica y Monetaria, como ya lo hicieron los del año
anterior, y refuerza sobre todo su posición en el proceso de integración
europea, garantizando su permanencia en las condiciones que va a exigir
la nueva Europa integrada. Manifiesta que el Gobierno sabe cuáles son los
problemas y plantea en este presupuesto y en la ley de acompañamiento las
soluciones, confiando en seguir contando con las valiosas aportaciones
parlamentarias y con la colaboración de los agentes sociales,
empresariales y de todos los ciudadanos, en un proceso de diálogo y
negociación.

Para la defensa de la enmienda de totalidad de devolución interviene el
señor Almunia Amann, en nombre del Grupo Socialista del Congreso. Anuncia
que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 no
va a recibir el apoyo de su grupo parlamentario porque considera que son
unos presupuestos carentes del rigor necesario para afrontar el reto de
la Unión Monetaria e introducir a España, con todas sus consecuencias, en
la moneda única. Opina que las prioridades que presenta el Gobierno no
son tales, que las cifras, en muchas ocasiones, no son fiables, que hay
una parte relevante y creciente de los recursos de que dispone el
Gobienro y de los gastos que se dejan de contabilizar y que aumenta la
opacidad y también el grado de incumplimiento de las promesas
electorales. Frente a lo anunciado, los impuestos aumentan, las
cotizaciones sociales financian gastos no contributivos, la inversión
pública queda relegada por el gasto corriente y el déficit público no
está siendo controlado como debiera. Sin embargo reconoce que este debate
de los presupuestos se produce en el marco de una situación
macroeconómica ciertamente positiva y el crecimiento se está
desarrollando en un entorno de estabilidad, donde se están creando
empleos, la inversión privada aumenta, los tipos de interés descienden y
los precios evolucionan a un ritmo inferior al de cualquier otro momento
de la historia reciente. No tiene reparos en reconocerlo, pero añade que
toda esta bonanza económica es similar en todas las economías
occidentales y la economía española es partícipe de esa situación, sin
que la haya generado el Gobierno del Partido Popular. Por otra parte,
hace hincapié en los efectos negativos de las políticas del Gobierno como
es el modo de repartir los beneficios del crecimiento económico, donde,
según su opinión, y desde el punto de vista de la justicia distributiva,
la acción del Gobierno es claramente criticable.

Formula a continuación una serie de preguntas como, por ejemplo, qué es
lo que han hecho desde el Gobierno para superar con éxito el reto que
supone para nuestra economía la renuncia a la política de tipo de cambio;
por qué cae este año la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas si existe un aumento de empleo y de salarios; cuáles son
los gastos que aumentan en 1997; dónde se producen las desviaciones en el
gasto; qué se está haciendo para contener esa desviación y corregir sus
causas; qué se está haciendo con el dinero de las privatizaciones y si
tiene el Gobierno algún plan para impedir que el aumento continuo del
endeudamiento de la Seguridad Social, incluso en momentos de expansión y
generación de empleo como los actuales, acabe derivando hacia una
situación imposible.

Considera que frente a las repetidas proclamas de disciplina y austeridad
se anticipan ingresos, se desplazan gastos, se sustituyen recursos por
endeudamiento, se trucan las comparaciones, se falsean las auténticas
prioridades, se hurta al debate y al control parlamentario un volumen
cada vez más



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importante de recursos públicos. Asimismo, frente a las supuestas
prioridades sociales que el Gobierno reiteraba, sus presupuetos
distribuyen mal el esfuerzo de los contribuyentes, se sigue marginando a
la educación, no son beligerantes en materia de empleo e insisten en
mantener a un muy bajo nivel el esfuerzo inversor en materia de
infraestructuras, con lo que se llegará al euro, pero se hará en malas
condiciones económicas y sociales. Añade que hay un importante volumen de
ingresos no sostenibles, con lo que la consolidación fiscal que se ofrece
es pan para hoy y hambre para mañana, la carga fiscal sube y se
distribuye de manera injusta; se grava en exceso el factor trabajo y las
rentas del trabajo; el presupuesto de la Seguridad Social se asienta
sobre bases cada vez más endebles, la inversión pública se desatiende; la
educación no tiene recursos suficientes para culminar las reformas en
marcha; no se aclara el modelo de financiación de la sanidad; no se
acompañan en este presupuesto reformas estructurales imprescindibles para
que la economía se adapte a la Unión Monetaria en las mejores condiciones
posibles y, por supuesto, no se resuelve el fuerte contencioso en materia
de financiación autonómica. Acusa al Gobierno de que sólo benefician con
sus políticas y medidas a unos pocos sectores de la sociedad y de que les
interesa más mandar que gobernar, y considera que no es éste el tipo de
Gobierno que necesita el país en este momento crucial ni son estos los
presupuestos que se podían esperar para situar a España a la altura de
las circunstancias.

Contesta el señor Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda (De Rato Figaredo). Replica el señor Almunia Amann,
duplicando el señor Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda.

En defensa de la enmienda de totalidad de devolución, presentada por el
Grupo Parlamenario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
interviene el señor Ríos Martínez. Manifiesta en primer lugar que la
razón fundamental que tiene su grupo parlamentario, entre otras muchas,
para devolver estos presuspuestos al Gobierno es que no son los
presupuestos del empleo y del reparto del trabajo, que son unos
presupuestos diseñados para la gente que vive mejor, que no son claros ni
fiables ni creíbles y que, además, no vienen avalados por el buen
cumplimiento de los grandes anuncios del año 1997 ni por el buen nivel de
ejecución, sobre todo en educación y medio ambiente, y hacen imposible un
seguimiento día a día de su ejecución.

Hace una crítica de los diversos aspectos de los presupuestos para 1998,
refiriéndose en especial a la lucha contra el fraude, al liberalismo a
ultranza que los inspira, a la mala distribución de los beneficios que
produce el crecimiento económico, a las escasas inversiones en
infraestructuras, al crecimiento de los gastos corrientes en contra de la
anunciada política de austeridad, al escaso crecimiento del gasto en
educación y a la falta de solidaridad en el sistema de financiación
autonómica.

Por otra parte, en relación con los ingresos, opina que en estos
presupuestos los impuestos indirectos se acercan a los directos, en
contra de la opinión de Izquierda Unida que considera que se debe
modificar la estructura de los ingresos potenciando la eficacia de los
impuestos directos y modificando el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas en el sentido de que las plusvalías tengan una mayor
presión fiscal, que se de un tratamiento más duro a las rentas del
capital y que el Impueto sobre el Patrimonio sea un impuesto real que
grave la posesión de riqueza. También considera necesario crear tasas o
impuestos finalistas sobre la energía de aplicación ecológica.

Por otra parte, acusa al Gobierno de liquidar el patrimonio rentable y
privatizar lo poco que queda con el objetivo de acelerar la venta de
empresas públicas saneadas y de que las pérdidas de las empresas públicas
no dependan de los Presupuestos Generales del Estado, consiguiendo así
reducir el déficit. Asimismo manifiesta que la ley de acompañamiento
debería reducirse o eliminarse, porque la considera una pésima técnica
legislativa, que bordea la sentencia del Tribunal Constitucional, y
recuerda las intervenciones del señor Ministro cuando era portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en la oposición sobre lo malas que eran estas
leyes de acompañamiento.

Pasa a exponer cómo debería ser, según criterio de Izquierda Unida, la
reelaboración de estos presupuestos. El primer objetivo debería ser la
reducción del paro, la creación de empleo de calidad abordando el reparto
del trabajo, reducción de la jornada laboral a 35 horas, reducción de las
horas extra, contratos de sustitución de jubilación por jóvenes y
elaboración de un plan de empleo público para mejorar los servicios. El
segundo objetivo sería una política fiscal que recuperase la
progresividad, con mayor distancia entre los impuestos directos y los
indirectos, frenando las privatizaciones para dotarnos de un sector
publico rentable, reduciendo los gastos fiscales, añadiendo tasas
finalistas dedicadas al medio ambiente e incrementando la presión fiscal
a las plusvalías. En tercer lugar propone dignificar el empleo público
con una recuperación del



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poder adquisitivo de los dos millones de empleados públicos y la puesta
en marcha de un plan social de empleo de contratación pública. Y, en
cuarto lugar, mejorar el bienestar social, aumentando la cobertura de
desempleo y las pensiones más bajas, acercándolas al IPC, universalizando
las prestaciones sociales e incrementando los recursos en investigación y
desarrollo, en educación pública, en sanidad, sin olvidar la justicia y
la cultura. En el caso de no tenerse en cuenta sus sugerencias y de que
el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado siguiera adelante
con el apoyo de los grupos nacionalistas, anuncia ya la presentación de
enmiendas parciales que intentarían corregir unos malos presupuestos.

Contesta el señor Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda (De Rato Figaredo). Replica el señor Ríos Martínez,
duplicando el señor Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda.

Se suspende la sesión a las tres y cinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.

Para la defensa de las enmiendas de totalidad de devolución del Grupo
Mixto interviene, en primer lugar, el señor Rodríguez Sánchez, del Bloque
Nacionalista Galego. Considera que en la elaboración de los presupuestos
para 1998 existe una auténtica obsesión monetarista que consiste en
rebajar el déficit público, incluso por debajo de los criterios de
Maastricht, y se mantienen las cuentas bajo control rebajándose los
compromisos de cobertura por desempleo y la deuda pública. Sin embargo,
opina que existen trampas significativas en la contabilidad creativa
llevada a cabo por el Gobierno, puesto que los recursos de las
privatizaciones quedan fuera de los presupuestos porque van a ser
empleados, según las teorías oficiales, en ayudar o mantener durante
ciertos años a las empresas públicas con pérdidas y, en ocasiones, en
financiar infraestructuras. También existe, frente a la propaganda y a la
retórica, una despreocupación por el empleo y opina que, sin lugar a
dudas, el poder adquisitivo de los salarios está en retroceso desde hace
tres años, empleando igual argumento con respecto a las pensiones. Si a
esto se añade que la política fiscal es regresiva, que los impuestos
indirectos son mayores y no se incrementan los impuestos sobre las rentas
y el patrimonio, se tendrá el perfil de a quién sirven estos
presupuestos. Asimismo opina que la ley de acompañamiento, que ya se
utilizó el año pasado precisamente para el aumento de tasas o impuestos
especiales, vuelve otra vez a ser utilizada con ese carácter socialmente
regresivo. Por otra parte, considera que cuando se habla de más dinero
para sanidad y educación se oculta que se trata de emplear ese dinero no
en mejoras del servicio sino en cobertura de necesidades básicas nuevas
como, por ejemplo, la ampliación de la enseñanza obligatoria, con los
ribetes privatizadores que lleva consigo o, incluso, en la cobertura de
necesidades también perentorias respecto del funcionamiento del Servicio
Nacional de Salud en todo el territorio español. En definitiva, opina que
es totalmente falso que haya más inversión pública, porque el Estado está
desapareciendo como impulsor de los sectores productivos.

A continuación pasa a exponer los problemas que estos presupuestos
plantean en Galicia, puesto que se está ante un modelo de continuismo
estructural y cuando los presupuestos eran expansivos para el Estado
español a Galicia se la marginaba. Por último, considera que estos
presupuestos no valen para impulsar la economía ni para armonizar
territorialmente al Estado español ni para hacer una política social y
económica equilibrada, por lo que piden su devolución al Gobierno.

En segundo lugar, en nombre de Eusko Alkartasuna, interviene la señora
Lasagabaster Olazábal, del Grupo Mixto. Expone brevemente, por razón de
tiempo, las cuatro razones claves por las que piden la devolución al
Gobierno de los dos proyectos de ley. En primer lugar, califica el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado como continuista, y
considera que de los dos objetivos planteados a la sociedad, como pueden
ser el cumplimiento de los criterios de convergencia y el descenso del
paro, no se cumple el segundo, y opina que puesto que se está ante una
situación de bonanza económica generalizada en muchos países de la Unión
Europea, se habría podido conseguir perfectamente. La segunda de las
razones para pedir la devolución de los presupuestos es la presión
fiscal. No se opone a un aumento en la imposición indirecta, pero está en
contra del sistema de tasas, porque estima que como sistema recaudatorio
es poco justo. La tercera razón podría ser la llamada regla de oro de las
finanzas, y es que endeudarse para el gasto corriente no es del todo
correcto, pero sí para la inversión. Lamenta que en estos presupuestos no
se haya establecido claramente qué entiende el Gobierno por inversión,
porque para su grupo investigación también es inversión y la partida
destinada a la inversión en los temas civiles no ha sido todo lo
voluminosa que requería la situación actual. Por último se refiere al
incumplimiento flagrante desde 1979 en



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cuanto a las competencias que son especialmente relevantes para la vida
de los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco, haciendo una referencia
concreta a las transferencias del Inem, de la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social o a la posición negativa del Gobierno en
cuanto a la transferencia de la investigación científica y desarrollo
tecnológico.

Por otra parte se refiere a determinadas inversiones en infraestructuras,
como la Y vasca o el desarrollo del comercio y de las mercancias cara a
Europa, aspectos en los que anuncia que su grupo presentará enmiendas
parciales.

En tercer lugar interviene la señora Rahola i Martìnez, también del Grupo
Mixto, quien comienza su intervención manifestando que, antes de entrar
en la defensa de su enmienda a la totalidad, le parece de justicia
reconocer públicamente los aspectos positivos del presupuesto, como son
la disciplina y el rigor, que van a permitir cumplir con los criterios de
convergencia, o la apuesta por la economía productiva.

A continuación pasa a criticar los aspectos negativos que le han llevado
a presentar la enmienda de totalidad y, por tanto, una petición de
devolución de los presupuestos. Se refiere al modelo fiscal que considera
regresivo y que incrementa la presión fiscal, a pesar de los elementos
positivos ya comentados, y a la falta de prioridad de las políticas
activas de ocupación.

Por otra parte, reconoce que su enmienda de totalidad se basa
fundamentalmente, desde una sensibilidad de izquierdas, en criterios
catalanes, y es en este terreno donde considera que estos presupuetos son
lesivos y claramente contrarios a los intereses de Cataluña. Y termina su
intervención haciendo una enumeración de toda una serie de inversiones
importantes que quedan fuera de los presupuestos y que agravian
comparativamente, de una manera seria, los intereses catalanes.

En cuarto lugar defiende la enmienda de totalidad de devolución, en
nombre de Unió Valenciana, el señor Chiquillo Barber, del Grupo
Parlamentario Mixto. Manifiesta en primer lugar que su grupo no está en
contra de la convergencia con Europa, antes al contrario reconoce su
importancia, pero considera que hay muchos aspectos importantes para la
Comunidad Valenciana que no se contemplan en estos presupuestos, lo que
les impide dar su voto favorable. Basa su postura negativa en que el
objetivo fundamental de unos presupuestos generales debe ser facilitar
las razones objetivas para que tanto la economía del país como el
bienestar de sus ciudadanos crezcan de una manera rápida y sostenible, y
ellos desean apostar de una vez por todas y con la misma intensidad por
una convergencia nominal y por una convergencia real y social que suponga
bienestar, empleo y calidad de vida. No encuentra de recibo que en un
país donde el paro afecta a millones de personas el Gobierno presente
unos presupuestos donde no se llega al 2 por ciento del mismo dedicado a
las políticas activas de empleo. Añade que España sigue siendo un país
sin una política industrial clara y las privatizaciones no son la única
solución para paliar los problemas industriales. Se queja de que la
Comunidad Valenciana nunca sale beneficiada en los presupuestos del
Estado y de que la austeridad no ha sido aplicada por igual en todas las
comunidades.

En defensa de la enmienda de totalidad de devolución de Nueva Izquierda,
interviene el señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto.

Manifiesta que han presentado una enmienda de totalidad aun reconociendo
que en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998
se prevé la incorporación de España a la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria, objetivo que comparten entendido en el marco de un
proceso de reordenación profunda de la construcción europea que
posibilite una mayor cohesión social y política, aspecto este en el que
otros gobiernos europeos de carácter progresista están tomando medidas
muy interesantes y en el que el Gobierno español está de mero espectador.

Por otra parte, entiende que además del problema de la incorporación a la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria que se prevé en estos
presupuestos existen otros graves problemas de la sociedad que no son
contemplados o que, incluso, son agravados. El primero de ellos es, sin
lugar a dudas, el problema del desempleo para el que no hay soluciones
milagrosas. Reconoce que no todo depende del Estado, pero considera un
error dejarlo en manos del mercado o de los agentes económicos y
sociales, a pesar de que han demostrado su acierto, su capacidad de
negociación y su riesgo con la reforma laboral acordada en 1997. Señala
que en estos presupuestos se da un tratamiendo insuficiente al problema
del empleo tanto en su aspecto activo como en el pasivo, que es el de la
protección por desempleo. Añade que el segundo problema es el de la
modernización productiva, y señala que en relación con I+D estos
presupuestos no abordan una homologación con los niveles europeos,
destinándose el incremento fundamentalmente a defensa. Asimismo critica
el recorte presupuestario llevado a cabo en educación y sanidad y se
manifiesta contrario a la política de privatizaciones y a que, cuando ya
se alcance el objetivo de



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la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, no se compense a
quienes más sacrificios han hecho, como por ejemplo los empleados
públicos.

Contesta el señor Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda (De Rato Figaredo). Replican el señor Rodríguez
Sánchez, las señoras Rahola Martínez y Lasagabaster Olazábal y los
señores Chiquillo Barber y Peralta Ortega, todos ellos del Grupo
Parlamentario Mixto, duplicando el señor Vicepresidente segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda.

En turno de fijación de posiciones interviene, en primer lugar, el señor
Molins i Amat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Contesta el señor Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda. Replica el señor Molins i Amat, duplicando el señor
Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda.

En segundo lugar, y también en turno de fijación de posiciones,
interviene el señor Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV). Contesta el señor Vicepresidente segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda (De Rato Figaredo). Replica el señor
Zabalía Lezamiz, duplicando el señor Vicepresidente segundo del Gobierno
y Ministro de Economía y Hacienda.

Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.




Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados, se abre la
sesión.

Con carácter previo al desarrollo del orden del día, vamos a proceder a
la toma de compromiso de acatamiento a la Constitución, por medio de
juramento o promesa, de la nueva diputada que sustituye a don Nicolás
Redondo Terreros, que proclamada electa por la Junta Electoral Central
vuelve al Congreso, doña Arantza Mendizábal Gorostiaga.

Señora Mendizábal, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Sí, prometo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Doña Arantza Mendizábal Gorostiaga
ha adquirido la condición plena de diputada. Bienvenida y enhorabuena.

(Aplausos.) DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998. (Número
de expediente 121/000082)



--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN
SOCIAL. (Número de expediente 121/000084)



El señor PRESIDENTE: Punto único del orden del día: debates de totalidad
sobre los proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998
y de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
convencionalmente conocida como ley de acompañamiento, que se tramitarán
conjuntamente. (Rumores.) ¡Silencio, señorías!
El desarrollo del debate, de acuerdo con la Junta de Portavoces, se
ordenará en la siguiente forma. En primer lugar, el ministro de Economía
y Hacienda y vicepresidente del Gobierno, en nombre del mismo, expondrá a
la Cámara el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y el
proyecto de ley de acompañamiento y, a continuación, tendrán un turno
aquellos grupos parlamentarios, concretamente el Grupo Socialista, el
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo
Mixto, para defender sus enmiendas de totalidad de devolución. Tras la
exposición de los correspondientes portavoces en defensa de las enmiendas
de totalidad, se abrirá el turno de fijación de posición, en el que las
intervenciones se desarrollarán también comenzando por quienes tienen
mayor representación parlamentaria numérica y finalizando, como es
habitual, con la intervención del grupo en el que se sustenta el
Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular.

En consecuencia y en primer lugar, para la exposición del proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1998 y del proyecto de ley de
acompañamiento, tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno y
ministro de Economía y Hacienda, don Rodrigo de Rato Figaredo.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, el Gobierno
comparece esta mañana ante esta Cámara



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para presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1998, además de la ley de acompañamiento, pero lo hace en un
escenario distinto del de ocasiones anteriores. Hoy podemos decir que las
dudas del año pasado por estas fechas --intensas dudas-- y que se han ido
disipando a lo largo del año con respecto al crecimiento de nuestra
economía han quedado atrás, y las que aún existen respecto a la capacidad
de esta recuperación de generar empleo de calidad empiezan a disiparse.

Hoy nuestra economía crece claramente por encima de la media europea,
pero esto lo hace de forma diferente a como lo ha hecho en ocasiones
anteriores. Por primera vez lo hacemos combinando crecimiento y
estabilidad. En otras ocasiones, sin duda, hemos crecido por encima de
nuestros principales socios europeos, pero siempre lo hemos hecho con un
alto y creciente grado de inestabilidad. No esta vez. Nuestros precios,
nuestro déficit público y nuestra competitividad son hoy similares, y en
algunos casos incluso mejores, que los de nuestros socios europeos.

Además --y este es un tema importante para todos nosotros-- España está
hoy creando empleo a un ritmo tres veces superior a la media de la Unión
Europea. Podemos decir, señorías, que el cambio es un hecho y este
cambio, entre otros, ha sido empeño del Gobierno desde el primer día de
nuestras responsabilidades. Este cambio de la situación económica tiene
una característica añadida a la estabilidad y es que va más allá de las
grandes cifras y de las grandes variables macroeconómicas y se acerca al
ciudadano de a pie, que lo está claramente protagonizando.

El protagonismo de la sociedad lo podemos describir con facilidad. A
finales del año 1997 habrá cerca de 200.000 jóvenes con un contrato
estable que no lo hubieran tenido en otras circunstancias. Sin duda,
quedan muchos más, puesto que España tiene todavía la tasa de desempleo
juvenil más alta de Europa. También durante este año muchas familias han
visto aumentar su capacidad adquisitiva a través de las pensiones, del
propio Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o incluso de sus
salarios, pero somos todos conscientes --desde luego, el Gobierno lo es--
de que todavía quedan muchas familias con serias dificultadas para llegar
a fin de mes. Muchos pequeños y medianos comercios se encuentran hoy en
una situación financiera y tributaria que les permite confiar en el
futuro y crear empleo, pero todavía quedan muchas pequeñas empresas
españolas con dificultades para competir. Podríamos decir, señorías, que
las cosas están mejorando, pero, sobre todo, tenemos que decir que somos
conscientes de que todavía no están resueltas para muchos españoles.

La reducción del déficit y de la inflación ha permitido sin duda que
bajen muchas cosas, como las hipotecas. La situación de los tipos de
interés y la confianza en el futuro está permitiendo que los ciudadanos
se animen a invertir sus pequeños ahorros en las privatizaciones. La
situación de crecimiento económico está devolviendo a las empresas
confianza en sus posibilidades y estas crean nuevos puestos de trabajo y
claramente existe un más ancho margen en la política presupuestaria para
llevar a cabo un aumento de calidad en las políticas que realmente
interesan al ciudadano: la sanidad, las pensiones, la educación o el
empleo.

Para llegar aquí, en estos dieciocho meses, señorías --y ustedes son
testigos de ello--, hemos recorrido un camino que no ha sido siempre
fácil. Cuando llegamos al Gobierno, ¿qué nos encontramos? Una economía
estancada que creaba menos empleo que el año anterior, con una situación
de precios cercana al 4 por ciento. Además, existía una nube de
desconfianza hacia nuestra economía que nos obligaba a pagar una prima de
riesgo. Es cierto que éramos una economía abierta, miembros de la Unión
Europea, miembros de la OCDE, con instituciones independientes, como el
Banco de España, pero también es cierto que pagábamos una prima de
riesgo, que era una prima de desconfianza hacia un conjunto de
circunstancias, no siempre responsabilidad de la economía española y
algunas veces clara responsabilidad de la situación política. Además y de
cara a un objetivo que sin duda va a salir mucho en este debate --el
objetivo europeo--, en mayo de 1996 España no cumplía ni uno solo de los
criterios necesarios para integrarse en la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria. Dieciocho meses más tarde la economía española
crece por encima del 3 por ciento, los precios se sitúan en alrededor del
2 por ciento, se han creado 525.000 empleos en estos dieciocho meses y
todo el mundo está convencido --y el Gobierno también-- de que seremos
socios fundadores del euro. En su último informe la Comisión Europea
cifra la creación de empleo en toda la Unión Europea en 700.000 nuevos
puestos de trabajo, de los cuales casi la mitad se crearán en España.

Además, España ya no es una economía que tenga que pagar un plus de
riesgo. Hemos generado confianza suficiente dentro y fuera de nuestro
país para que la opinión pública económica, nacional e internacional, nos
sitúe al mismo nivel que el resto de los países más estables de Europa.

Señor presidente, todo esto no es una casualidad --sería demasiado fácil
creer en este tipo de casualidades--, sino que hemos creado las
condiciones para que estas cosas ocurran. Este nuevo escenario,
radicalmente distinto en algunos aspectos del de hace dieciocho meses,
tiene su origen en la aplicación de una nueva política económica con
prioridades e instrumentos distintos, pero sobre todo con una
característica radicalmente diferente de la que España había vivido en
los últimos doce años. Es una política global y coherente. Utilizando una
definición de un miembro de esta Cámara, ahora podemos decir que en
política económica y seguramente en otras políticas se ha acabado la
esquizofrenia. El Gobierno orienta todas sus actuaciones en una misma
dirección. Los ministros comparten el mismo proyecto político,



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económico y social, y no se trata de compensar con una mano lo que se
está realizando con la otra. Todos los aspectos de la vida económica, ya
sea en el ámbito de las infraestructuras, la fiscalidad, la educación o
las reformas estructurales, se orientan a un único objetivo que estaba
reflejado claramente en nuestro programa electoral y que es la creación
de empleo estable y de calidad.

Para desarrollar este nuevo modelo, además de saber adónde se quiere ir y
qué instrumentos hay que utilizar, ha sido imprescindible la estabilidad
política. Esta estabilidad está sustentada en un proyecto común,
compartido por el Partido Popular y los partidos nacionalistas que apoyan
al Gobierno, y también, dentro de este proyecto común, sin duda, se
encuentra nuestra integración en la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria, que goza de un amplio consenso político en esta Cámara y en la
sociedad española.

Este presupuesto, los de años anteriores y los de futuros años se
encuentran en el centro mismo de esta nueva política económica. Por un
lado, el aumento del control, la transparencia y la reducción efectiva
del gasto público han permitido una más que notable reducción del
déficit, lo que a su vez ha supuesto efectos muy beneficiosos para
nuestra economía. Sin esta política presupuestaria no habría sido posible
la reducción de los tipos de interés y los ciudadanos españoles seguirían
pagando en la deuda pública una prima de riesgo y en sus vidas diarias
altas tasas de interés. Es importante destacar que en esta política
presupuestaria, que, vuelvo a repetir, es uno de los centros de nuestra
política económica, se ha llevado a cabo una efectiva reducción del gasto
público sin que afecte a las políticas sociales más importantes ni a la
sanidad. Nuestra experiencia, y a estas alturas podemos ya hablar de
ella, demuestra que para fortalecer las políticas de bienestar social y
mejorar la calidad de los servicios públicos hay que sanear las bases de
su financiación e introducir claras reformas contra el fraude; sólo así
se garantiza la viabilidad futura. Todo esto demanda una clara voluntad
política que, en nuestro caso, está respaldada por nuestro proyecto
político, por nuestro programa electoral y por nuestra acción de
Gobierno.

En esta política presupuestaria, el presupuesto de 1997 que estamos
ejecutando ha resultado un escalón fundamental para la consecución de los
objetivos y, también, para la integración en la Unión Económica y
Monetaria. Cuando hace un año tuve el honor de presentar ante la Cámara
el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 las
dudas sobre nuestra incorporación eran todavía muy fuertes, y había
grupos parlamentarios que expresaron no dudas sino amplias reservas sobre
que ese presupuesto fuera capaz de conseguir nuestra integración en la
Unión Económica y Monetaria. Recordarán SS. SS. que se nos decía que se
compartían nuestros objetivos pero no nuestros instrumentos. Sin duda,
nunca fuimos más sabios que no aceptando cambiar de instrumentos, porque
hoy sí somos un socio seguro de la Unión Económica y Monetaria.

Se ha producido una clara disminución del gasto público en 1997 que ha
permitido una reducción del déficit público superior a la prevista en el
Tratado de Maastricht y en este momento España se sitúa por debajo del 3
por ciento en la previsión de déficit público de la Comisión Europea para
1997, y era el segundo año; también habíamos sido capaces de cumplir el
objetivo de déficit público del año 1996, en un presupuesto que no
habíamos elaborado nosotros y que cuando recibimos no tenía posibilidad
de cumplirse.

La fiabilidad de la política presupuestaria, siempre lo hemos dicho, se
basa en el cumplimiento de la ley de presupuestos, pero, además, las
reformas liberalizadoras que hemos introducido en los mercados han
permitido que, junto con la caída del gasto público y la reducción del
déficit, se impulse una actividad que está permitiendo que la economía
española crezca por encima del 3 por ciento y que en este momento esté
siendo empujada tanto por la demanda interna, el consumo privado y la
inversión, como también por una aportación positiva del comercio
exterior, que demuestra un aumento de la competitividad de nuestras
exportaciones, todo ello en un claro entorno de estabilidad de precios y
de estabilidad cambiaria.

Estos resultados, en opinión del Gobierno, confirman que la austeridad
del gasto genera empleo si va acompañada de un amplio programa de
reformas y, además, si se consigue una adecuada combinación de las
políticas fiscal y monetaria. Sus señorías seguramente recordarán la
cantidad de veces que a lo largo de los años instituciones nacionales e
internacionales han insistido en que la combinación de las políticas
monetaria y presupuestaria en nuestro país era inadecuada. Si hoy repasan
no ya las hemerotecas, sino los informes, podrán comprobar que esa
dificultad ha desaparecido.

A aquellos que durante mucho tiempo nos han tratado de convencer de que
el aumento del peso del gasto público en la economía era la solución para
dinamizar la actividad nuestra experiencia les puede demostrar que es
justo lo contrario: el aumento del peso del gasto público en la economía
desincentiva la actividad y reduce el tejido productivo del país, lo que
a su vez se traduce en menos oportunidades de empleo. Por el contrario,
la reducción del gasto público y del déficit o, dicho de otra manera, el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de convergencia nominal
nos está permitiendo no sólo cumplir los requisitos para la Unión
Económica y Monetaria, sino también acortar nuestras distancias con los
países más prósperos de Europa en términos de bienestar. Reducir el
déficit sin aumentar impuestos, disminuyendo por tanto el gasto público y
aumentando el control, fue nuestra posición en la oposición, fue nuestra
promesa electoral y la estamos cumpliendo.




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Los presupuestos para 1998 son un nuevo e importante escalón en este
camino que estoy describiendo y, además, llegan en un momento clave para
nuestro entorno más próximo y para el entorno de todos los países
industriales, y no me refiero en exclusiva al euro ni a las fechas en que
el euro se va a poner en marcha, sino que voy más allá. Europa, como el
resto de las economías industriales y, por qué no decirlo, el resto de
las economías mundiales, se encuentra inmersa en un nuevo e importante
proceso denominado globalización. Las distancias son para todos nosotros
en el mundo cada vez menores, los transportes cada vez más rápidos, la
información cada vez más instantánea y, en términos económicos, lo que
hoy sucede en un mercado afecta al resto de las economías mundiales. Hoy,
ninguna economía puede permanecer impasible ante lo que sucede a su
alrededor y este hecho exige, cada vez más, estructuras flexibles y
capaces de adaptarse rápidamente a un entorno cambiante que, sin duda,
ofrece oportunidades, pero sólo las economías que cuenten con una mejor
cualificación humana, con una mejor dotación de infraestructuras y
capacidad estarán en condiciones de aprovechar plenamente esta nueva
realidad para crecer y crear empleo.

En este entorno en el que se producen los presupuestos para el año 1998,
Europa ha encontrado en la Unión Económica y Monetaria una clara
respuesta al proceso de globalización. El euro representa para Europa una
apuesta para jugar un claro papel en el concierto mundial o, si SS. SS.

lo prefieren, para tener capacidad de realizar una política monetaria
autónoma respecto de otros bloques económicos y más adaptada a la
realidad de su ciclo. España puede sentirse orgullosa de llegar a tiempo
a esa cita. Es la primera vez que vamos a formar parte de un proceso de
integración de este tipo desde el primer momento y llegamos con los
deberes bien hechos. No necesitamos negociaciones políticas para formar
parte de la Unión Económica y Monetaria, algo que parecía difícil, para
muchos incluso imposible, hace dieciocho meses.

Es importante recalcar que el cumplimiento de los objetivos de
convergencia representa para España un claro reforzamiento de nuestra
posición en Europa
--somos un socio fiable y capaz-- y, desde el punto de vista
español, representa una aportación efectiva al proceso de integración
europea. Aquellos que han seguido en esta Cámara los debates
parlamentarios sobre la Unión Europea a lo largo de los años noventa
podrán recordar cómo, no en una ocasión sino en todas, el Partido
Popular, en la oposición, insistió en que nuestra mejor contribución al
proceso de integración europea era el cambio en nuestra propia realidad y
eso es lo que estamos haciendo. Este hecho y nuestro papel en Europa
cobran una especial importancia en un momento en el que Europa, además de
enfrentarse al proceso de globalización y de integración monetaria, debe
responder a un reto histórico, el reto de la ampliación. El Gobierno
español, ahora y antes, ha respaldado el proceso de ampliación y, desde
luego, ha manifestado su solidaridad y su disposición a contribuir
equitativamente en este proceso. También hemos dicho que España entiende
la ampliación como una incorporación a la realidad de la Unión Europea de
nuevos socios, y que en ningún caso ese proceso puede hacer desaparecer
los principios básicos que inspiran el Tratado de la Unión como son la
estabilidad y la cohesión.

De manera inmediata, en el corto plazo --si ustedes prefieren--, Europa
se enfrenta a un doble reto, el de la Unión Económica y Monetaria y el de
asentar una recuperación que en nuestro caso es sólida, pero que en otros
países está todavía en los primeros pasos del ciclo. La economía española
está hoy en condiciones de beneficiarse totalmente de la recuperación
europea y también de los efectos integradores de la moneda única. El
Gobierno español está convencido de que este proceso debe contar con el
protagonismo de los ciudadanos, y, sin duda, si queremos el protagonismo
de los ciudadanos, hemos de hablarles de sus vidas concretas y, sobre
todo, de su empleo.

El paro es el principal problema de la sociedad española y el empleo es
nuestro reto más importante. Este --lo he dicho ya y lo reitero-- es el
objetivo final de nuestra política económica y podemos hablar ahora ya de
resultados concretos. Hemos conseguido destacar en el entorno europeo por
la fuerte creación de empleo, tres veces por encima de la media europea
en el año 1997, y por las medidas concretas que hemos aplicado en estos
dieciocho meses para hacer de esto una realidad. Nuestra mejor aportación
al debate europeo del empleo es nuestra propia experiencia, y sin duda el
Gobierno va a este debate con la mente amplia, para escuchar las
experiencias de otros países y aprender de los mejores. Sin embargo, no
podemos conformarnos con lo que hasta ahora hemos podido conseguir. Como
he dicho antes --y hay que reiterarlo--, todavía hay demasiados españoles
y españolas que buscan empleo y no lo encuentran, pero también hay
cientos de miles de nuevos empleos, de nuevos ciudadanos que tienen un
empleo de calidad, lo que está produciendo un efecto beneficioso de
confianza en el futuro que anima a muchos a buscar un empleo que hasta
ahora consideraban imposible.

Señor presidente, fomentar la competitividad de la economía no es cosa de
un día, como no es cosa sólo de un Gobierno. Fomentar la competitividad
de una economía exige una política de reformas continuas y progresivas, y
eso --este Gobierno está convencido-- es lo que nos pide la sociedad
española, que está en este momento en condiciones de aceptar y valorar un
proceso de reformas continuo y progresivo. Cuando en la campaña electoral
ofrecíamos diálogo y reformas, respondíamos a esta demanda nacional. Así,
un mes después de tomar posesión, el Gobierno aprueba su



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primer paquete de reformas para impulsar la competitividad de mercados y
sectores, y desde entonces hemos continuado en ese proceso de reformas
continuas, en el que estamos convencidos de que hemos de continuar a lo
largo de los próximos años.

El mercado de trabajo cuenta con nuevas reglas y nuevos incentivos a la
contratación estable y con un debate abierto en el seno de la negociación
colectiva y también en el seno de esta Cámara sobre su mejora continua.

Sin embargo, no ha sido el mercado laboral el único que ha sido objeto de
reforma estructural. La liberalización ha avanzado en la energía, en los
colegios profesionales, en el suelo, en el transporte, en los libros de
texto o en el sistema financiero. Asimismo, hemos profundizado en un
proceso de privatizaciones para hacer desaparecer los monopolios y
aumentar la competencia, que es esencial para la reducción de los precios
y la creación de empleo. Este proceso de reformas tiene una
característica que el Gobierno considera indispensable y que, al mismo
tiempo, es una garantía de que pueda mantenerse y profundizarse en el
futuro, y es el establecimiento de líneas de diálogo constantes y fluidas
con los agentes sociales y con los sectores productivos. Sindicatos y
empresarios acordaron en mayo pasado una reforma del mercado de trabajo
que se ha confirmado decisiva. De ahí la urgencia que nosotros entendimos
desde un principio y que al final fuimos capaces de compartir con la
mayor parte de los grupos de esta Cámara. Así lo demuestra el hecho de
que en este momento se están creando diariamente 3.000 contratos
indefinidos.

Tenemos que decirlo y es una experiencia a compartir. Frente a la reforma
del año 1994, en la que nosotros colaboramos lealmente como partido de
oposición pero que contó o con el rechazo o con la frialdad de los
interlocutores sociales, la reforma del año 1997 ha sido protagonizada
por ellos y los resultados son claramente muy superiores.

También con las comunidades autónomas, con la mayoría de ellas, el
Gobierno ha llegado a un acuerdo para establecer un nuevo sistema de
financiación que transciende claramente los intereses de cada una y que
se integra en un proyecto común. El sistema avanza en la
corresponsabilidad fiscal como pieza esencial para completar el Estado de
las autonomías. Con esta reforma claramente estructural, las comunidades
autónomas que han querido ya tienen capacidad normativa y, por tanto,
tienen responsabilidad sobre sus ingresos, lo que viene a equilibrar y a
darle un carácter más profundo, político y democrático a la
responsabilidad que tenían sobre sus gastos.

Si hubiera que describir, señor presidente, y darle un calificativo a
este proceso de reformas y diálogo, yo me atrevería a calificarlo de
normal. Estamos en una situación de clara normalidad y las diferencias en
las situaciones de normalidad, cuando se comparten proyectos comunes, se
pueden superar a través de la negociación. Y las coincidencias en este
momento en la sociedad española y en esta Cámara, por lo menos en muchos
casos, son palpables.

De esta forma, España se integra en Europa aportando su propia
transformación interna, con una sociedad civil que cada vez refuerza más
su papel en el desarrollo de la actividad económica. Una sociedad que es
cada vez más diversificada social y culturalmente y mucho más responsable
al hacer de la lucha contra el fraude uno de sus objetivos.

Los esfuerzos que el Gobierno está realizando desde todos los ámbitos
hacia la consecución de estos objetivos comunes --como he dicho antes--
se manifiestan en políticas globales y coherentes, con medidas concretas
dirigidas en la misma dirección. Esta coherencia es la que nos puede
permitir y yo creo que puede explicar la confianza, y la confianza se
manifiesta en que grupos que no comparten nuestro proyecto, en términos
generales, pueden llegar a acuerdos concretos sobre cuestiones algunas
veces esenciales.

Señor presidente, el proyecto de presupuestos para 1998 ofrece a la
sociedad española la respuesta a sus demandas principales, que yo
situaría en tres apartados: la creación de empleo, la integración en
Europa y nuestro sistema de protección social. Sinceramente, el Gobierno
cree que esas son las demandas que los españoles nos piden, que piden al
Gobierno y que piden a esta Cámara. ¿Cómo responder a estas demandas? Sin
duda, y a lo largo de este debate lo veremos, existen alternativas
diversas. Nosotros ofrecemos la que creemos mejor: responder a esta
demanda a través de la responsabilidad en la gestión de la política
presupuestaria. Podríamos apostar por un aumento del gasto público para
darle a los españoles más empleo, pero estaríamos haciendo una apuesta
equivocada, en nuestra opinión. También, además de la responsabilidad,
hemos de apostar por el futuro, por políticas que garanticen empleo y
recuperaciones estables o, si lo prefieren SS. SS., al revés,
recuperaciones estables que nos den empleo de calidad y de larga
duración. Podríamos apostar por políticas de corto alcance, pero nosotros
entendemos que con eso no respondemos de verdad a lo que nos pide la
sociedad española. Sin duda, la sociedad española nos ha pedido el
desarrollo de los sistemas de protección social. En nuestra opinión, eso
ha de hacerse a través de la solidaridad, garantizando la solidez y la
permanencia de nuestro sistema de protección social.

Señor presidente, señorías, traemos hoy a esta Cámara unos presupuestos
que reducen el déficit público, situándonos por primera vez en un déficit
público similar a la media de los países europeos, sin aumentos de
impuestos, con un cambio en la estructura del gasto que permite
crecimientos superiores de los gastos sociales y de inversión, y podemos
decir, señor presidente, que las cuentas hoy cuadran. La clave para la
estabilidad macroeconómica --lo he dicho antes



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y lo reitero-- sin duda está en la combinación de políticas
presupuestarias y monetaria y, por tanto, está en la política
presupuestaria. La política presupuestaria que estamos aplicando desde
mediados de 1996 ha permitido sanear las cuentas públicas españolas y
hemos reducido a mucho más de la mitad el déficit público, que a finales
de 1995 se situó en el 6,7 del producto interior bruto, que a finales de
1997 se situará en el 2,9 y que a finales de 1998 estará en el 2,4. Todos
recordamos que nuestro déficit público se mantuvo durante varios años por
encima del 6 por ciento. Esta política presupuestaria de reducción del
déficit público a través de la reducción del gasto se ha asentado en dos
pilares fundamentales: por un lado, un nuevo marco legal, unas nuevas
reglas de juego para aumentar el rigor y la disciplina que nos permitan
poner orden en las cuentas públicas, y una contabilización transparente,
reduciendo la discrecionalidad y la posibilidad de trasladar a ejercicios
futuros gastos de este ejercicio. Así, en 1997, como en 1996, los
presupuestos se van a cumplir, y eso ya ha dejado de ser una novedad.

El segundo apartado de nuestra política presupuestaria son las reformas
estructurales introducidas en todos los capítulos del presupuesto, y voy
a hacer un repaso breve de las mismas. En el capítulo I, en los gastos de
personal, después de un primer esfuerzo en el año 1997, en 1998 se
mantiene el poder adquisitivo de los funcionarios pero se continúa en la
política iniciada en 1997 de controlar el crecimiento del empleo público,
fijando la tasa de reposición en un 25 por ciento. Por tanto, sólo una de
cada cuatro vacantes que se produzcan será cubierta.

En el capítulo II, de gastos de bienes y servicios, continuamos con una
clara política de austeridad y realismo y una política de optimización de
los recursos.

En el capítulo III, de gastos financieros, llevamos a cabo la política de
trasladar lo antes posible los efectos de la caída de tipos de interés a
los presupuestos en vigor, como hacen, por otra parte, los ciudadanos en
su vida particular... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vicepresidente.

Señorías, guarden silencio.

Continúe, señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): En el capítulo IV, señor presidente, en las
transferencias corrientes, hemos tomado y seguimos tomando medidas para
mejorar la gestión y apostamos claramente por una política muy activa de
lucha contra el fraude, así como por una profunda reforma del sector
público empresarial. Y en los capítulos VI y VII, sobre inversiones,
hemos reforzado la iniciativa directa del Estado y, además, su
colaboración con la iniciativa privada.

El carácter marcadamente restrictivo de los presupuestos de 1996 y de
1997 ha sido imprescindible, decisivo para quebrar la tendencia de
aumento del déficit público en nuestra economía y, por tanto, reducir el
peso del endeudamiento. O si SS. SS. prefieren, dicho de otra manera,
gracias a la política restrictiva de 1996 y de 1997 tenemos hoy más
margen presupuestario. También a aquellos que en muchas ocasiones han
querido equiparar margen presupuestario a crecimiento del gasto nuestra
experiencia les demuestra que hay otro camino y que este camino es mejor.

El Gobierno va a continuar avanzando en este camino de consolidación
fiscal en los próximos años. El déficit de las administraciones públicas,
que en 1997 será del 2,9, en 1998 será del 2,4, una décima menos de lo
que estaba previsto en el Programa de Convergencia que esta Cámara
conoció en mayo de 1997.

En coherencia con el modelo descrito, la actividad económica del Estado
va perdiendo peso en la economía y, al mismo tiempo, va dejando espacio a
un mayor protagonismo de la iniciativa privada. El gasto del Estado pasa
del 23,42 por ciento del producto interior bruto, de la renta nacional,
al 22,87 y cae más de lo que se reduce el déficit público. Así, el gasto
total del Estado aumenta un 3,2, frente a una economía que crecerá un
5,7. Además, y esto es muy importante y refuerza lo que antes he dicho
sobre el margen, en 1998 hacemos una clara redistribución del gasto, un
gasto que crece el 3,2 pero que en inversión crecerá el 8,9 y, sin
embargo, en gastos corrientes, el 2,7. Para aquellos que, con razón,
insisten en la necesidad de que los márgenes presupuestarios lleven a
cabo una política efectiva de mejora de la vida de los ciudadanos o,
dicho de otra manera, que aprovechemos la recuperación, creo que invertir
tres veces más de lo que se invierte en gastos de funcionamiento es un
buen camino para conseguirlo.

Paso ahora, señor presidente, a hacer un pequeño análisis de las
principales reducciones de gasto.

Gastos financieros. Sin duda, la disminución de los gastos financieros
contribuye al saneamiento del presupuesto. Pero a aquellos que se
preguntan cuál es el efecto en el que se produce la reducción de gastos
financieros quisiera recordarles que vivimos en un mundo de libertad de
movimientos de capitales; es decir, los mercados o, por decirlo de otra
manera, los millones de ahorradores españoles y extranjeros toman sus
decisiones sobre la credibilidad de un presupuesto o la fiabilidad de un
Estado con total libertad. Por eso, los gastos financieros --o, si
ustedes prefieren, el tipo de interés-- sólo pueden responder a la
confianza que esos ciudadanos, que esos ahorradores muestren en un
determinado país y en su política presupuestaria. Teníamos una tasa de
riesgo de 350 puntos básicos y hoy la tenemos de 30. Por tanto, en 1998
tendremos un ahorro en intereses de 269.000 millones de pesetas.

En mi opinión, hemos de congratularnos de que no sólo los ciudadanos de a
pie sino también el Estado se



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beneficien de un entorno de caídas de tipos de interés. Y para algunas de
SS. SS. o para quienes las cifras de los cientos de miles de millones de
pesetas sean algo que no representa nada, pensemos en un ciudadano medio;
pues lo mismo que le está sucediendo al ciudadano medio le está
sucediendo al Estado. Hace un año y medio un ciudadano pagaba 40.000
pesetas más al mes por una hipoteca de 10 millones; hace un año y medio,
cuando todos los ciudadanos españoles tenían que dedicar una parte de sus
impuestos a la deuda pública a través de la gestión del Tesoro, pagaban
una prima de riesgo que hoy ya no pagan. Todo esto ha influido en que hoy
los ciudadanos, además de pagar menos por sus hipotecas y además de ver
que los recursos de sus impuestos se dedican a otras cosas y no a pagar
intereses, tengan una actitud distinta: están dispuestos a colocar sus
ahorros en instrumentos que generan empleo a través de la economía
productiva y no tanto en bonos del Estado. En los últimos meses de este
año dos millones de españoles han apostado claramente por colocar su
dinero en el mercado de capitales, en la política de privatizaciones del
Gobierno. Y quisiera decir que nada garantiza más el futuro de las
prestaciones sociales que una reducción efectiva del coste y del tamaño
de la deuda como la que se está produciendo en nuestro país.

Señorías, no sólo son los gastos financieros los que nos permiten hoy
tener un presupuesto más saneado y con más margen. Eso es muy fácil de
comprobar. ¿Qué sucede si eliminamos los intereses de la deuda del
presupuesto? ¿Tenemos déficit o tenemos superávit? Desde 1996 tenemos
superávit, y en 1998 ese superávit será de un billón y medio de pesetas,
un 1,8 del producto interior bruto. Es decir, el gasto se reduce más de
lo que se reducen los intereses, y ello sólo tiene una explicación: que
el Estado está reduciendo el crecimiento de sus gastos de funcionamiento.

El consumo público, en términos reales, crecerá un 1 por ciento; el
consumo privado, en términos reales, crecerá el 3,1 por ciento. Eso
supone una clara reforma de la Administración que está en marcha, y que
continuará a lo largo de los próximos años si es nuestra responsabilidad
llevarla a cabo.

Este ajuste que hemos realizado en el gasto de consumo del Estado nos
permite ahora tener más margen, como he dicho antes, para dar prioridad a
otras políticas. Señor presidente, quisiera dividir esas políticas en dos
grandes bloques: aquellas que se dirigen a la creación de empleo y
aquellas que se dirigen a la cohesión social, como son las pensiones, la
sanidad, las políticas de solidaridad y la familia. El primer gran bloque
son las políticas que responden a nuestro principal objetivo económico,
que es la creación de empleo. Entre ellas, sin duda, las más importantes
son la creación de infraestructuras, la investigación y desarrollo y la
educación y formación, ya que el capital humano es hoy un claro factor de
competitividad y su mejora es un claro factor de mejora de la calidad
económica y social de un país.También las políticas activas de empleo, la
política industrial y, dentro de ella, la política industrial del sector
público, la internacionalización de la empresa, la política tributaria y,
sin duda, la política de pequeña y mediana empresa. Voy, señor
presidente, a detenerme brevemente en algunas de ellas, por ejemplo, en
la contribución del Estado a la capitalización de la economía o, si lo
prefieren SS. SS., la creación de infraestructuras.

En 1998, por primera vez en muchos años, vamos a poder cumplir la llamada
regla de oro, y es que el déficit va a ser igual o inferior a la
inversión pública y, por lo tanto, vamos a financiar inversión pública
con algo más de lo que ponemos en deuda pública. El esfuerzo directo en
operaciones de capital (capítulos VI y VII) crece para 1998, como he
dicho antes, el 8,9 por ciento, pero además el Estado induce inversiones,
por el sistema de abono total, por un importe de 80.000 millones de
pesetas anuales en los próximos cuatro años, a lo que hay añadir los
300.000 millones de inversión de la Gerencia de Infraestructuras
Ferroviarias para el tren Madrid-Zaragoza, en el proyecto
Madrid-Zaragoza-Barcelona. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
Además de este importante esfuerzo en capital físico en un presupuesto
que crece el 3,2, se produce un aumento de la dotación del capital humano
en la política de educación, que crece el 6,7 por ciento, casi el doble
del gasto total. He dicho antes --y lo reitero-- que, en opinión del
Gobierno, esta es una política de calidad y de futuro que debe buscar una
clara igualdad de oportunidades en la sociedad y que viene complementada,
en esa política coherente y global que antes he descrito, por el aumento
en formación profesional en el 28,4 por ciento en el presupuesto de 1998.

Y esto, señor presidente, en las políticas activas. El Gobierno está
convencido de que son las políticas activas los instrumentos más eficaces
desde el punto de vista de la mejor política social, que es la política
de empleo. Las políticas activas, que para 1998 suman 475.000 millones de
pesetas, aumentan 105.000 millones con respecto al año 1997, es decir, un
28,4 por ciento. La actuación en fomento y gestión del empleo es la que
tiene un mayor incremento --un 35,1 por ciento--, hasta situarse cerca de
los 235.000 millones de pesetas. Este esfuerzo de un 35,1 por ciento
tiene una política estrella, que es la reducción de las cotizaciones
sociales para crear empleo estable. Para aquellos que comparten nuestra
idea de que en la política de empleo hemos de reducir los costes no
salariales, este esfuerzo del presupuesto es considerable. Se van a
dedicar bonificaciones a favor de la contratación indefinida que superan
los 100.000 millones de pesetas. Esta es una clara apuesta del Gobierno
para respaldar los acuerdos de los interlocutores sociales en las
modificaciones de la legislación laboral del pasado mes de mayo. Desde la
puesta



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en marcha de estas medidas, que esta Cámara al final aceptó aprobar por
el trámite de urgencia, se han realizado 273.512 nuevos contratos
indefinidos, de los cuales 159.683 son de jóvenes.

Además de las políticas activas de educación y de inversión en
infraestructuras, el Gobierno ha llevado a cabo una diferenciada política
industrial; las partidas dedicadas a la política de investigación y
desarrollo crecen un 32 por ciento en este presupuesto, pero también se
ha centrado en la política del sector público empresarial, liberalizando
sectores energéticos tales como la electricidad, el gas, el carbón y los
hidrocarburos.

Quisiera detenerme brevemente, señor presidente, en la política de
empresa pública. Aquí existe una clara diferencia con las políticas
anteriores. Hoy, nuestra política está claramente dirigida a que en un
plazo de tiempo el peso de la empresa pública se reduzca en el bolsillo
de los ciudadanos, y para ello hemos aplicado un conjunto de medidas que,
por un lado, tienden al saneamiento de la empresa pública --quiero
comunicar a la Cámara que en 1999 habrá desaparecido el pasivo de la
SEPI-- y, por otro, al reconocimiento y saneamiento de los compromisos y
obligaciones derivadas de las reconversiones industriales realizadas
durante los últimos 15 años. Hemos proporcionado un nuevo proyecto a las
empresas públicas, y tengo que decir que es un proyecto que da futuro a
muchas de ellas que antes no lo tenían. Nosotros no hemos dividido las
empresas públicas entre las que tienen futuro y las que no lo tienen,
sino al contrario. En el sector naval hemos desbloqueado las
negociaciones con la Unión Europea y se ha firmado un nuevo marco de
relaciones laborales que va a mantener la actividad de todos los centros.

En el sector de la defensa por primera vez se han hecho coincidir las
políticas industriales con las necesidades de defensa, rompiendo el
precedente de depender de la tecnología extranjera para apostar por una
claro incentivo al desarrollo industrial español que, al mismo tiempo,
permita satisfacer las necesidades de la defensa nacional. En el sector
siderúrgico desestimamos los planes del Gobierno anterior de trocear el
sector siderúrgico empresarial español público, y lo que hemos hecho es
privatizar un grupo compacto, con un socio nacional y otro internacional,
y vender en Bolsa el 60 por ciento de esta nueva corporación siderúrgica.

Por último, allí donde en principio, y en las actuales condiciones, el
futuro de la empresa pública es discutible, hemos puesto en marcha un
proceso doble: por un lado, un calendario fijo de reducción de las
aportaciones del Estado y, por otro, una política efectiva de desarrollo
económico y de creación de empleo alternativo, que tiene la plasmación en
estos presupuestos con un crédito ampliable fijado en 38.000 millones de
pesetas para las comarcas mineras.

En el ámbito de la presencia de la empresa industrial y comercial
española en el exterior, en un mundo cada vez más globalizado y en una
economía española donde también, por primera vez, coinciden la aportación
positiva del comercio exterior con el crecimiento alto de la demanda
interna, la política de internacionalización de la empresa era y es
esencial desde el punto de vista del Gobierno. Entre aquellas medidas que
mencioné antes, al mes de tomar posesión, ya se incluían medidas en esta
dirección. La aprobación del Plan 2000 para la exportación, así como la
incorporación de tres nuevos fondos de garantía y de inversión en el
exterior, complementados con el programa Proinvex del ICO, permitirán un
mayor desarrollo de nuestras empresas en los mercados internacionales.

Pasaré ahora, señor presidente, en este conjunto de políticas destinadas
al crecimiento y al empleo, a hablar brevemente de la política
tributaria. Para el Gobierno del Partido Popular la política tributaria
no es solamente una política recaudatoria, sin duda es la que contribuye
a los ingresos del Estado, pero el sistema tributario sobre todo debe
contribuir de forma efectiva a conseguir los objetivos generales de la
política económica, es decir a la competitividad, al ahorro y a la
estabilidad. Por este motivo, y con esta visión sobre la política
tributaria, en 1998 continuamos el proceso de reforma gradual y de
modernización de nuestro sistema tributario con tres objetivos. El
primero, mejorar la equidad del sistema fiscal con medidas destinadas a
la reducción de impuestos para los colectivos más desfavorecidos y con
mayores obligaciones a su cargo. En segundo lugar, dentro de los
objetivos prioritarios de la política tributaria para este año, apostamos
por el fomento del ahorro a medio y largo plazo.

En el debate sobre la solidez de la recuperación, para el Gobierno del
Partido Popular el mantenimiento y el crecimiento de una tasa de ahorro
interno es esencial, tanto en un contexto de monedas europeas como en un
contexto de integración monetaria. El fomento del ahorro --y son los
pasos que damos para 1998, que vienen a añadirse a los que dimos en 1996
y 1997-- debe ir acompañado de fórmulas que canalicen el ahorro hacia la
inversión, creadora de empleo, y el ahorro a largo plazo. En este
esfuerzo, como en otros que he mencionado, la coherencia de la política
hace coincidir nuestras medidas de política tributaria con medidas en el
sistema financiero y en el mercado de capitales. La reforma gradual de la
fiscalidad del ahorro, que se inició en junio de 1996 con la tributación
sobre ganancias de capital y que se completa en este presupuesto con la
mejora de los instrumentos de ahorro a largo plazo, culminará en 1998 con
la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Finalmente, el tercer objetivo de nuestro política tributaria en este año
es fomentar la inversión, el empleo y la competitividad, sobre todo a
través de la realidad productiva de nuestro país, las pequeñas y medianas
empresas, fomentando su capacidad inversora, su capacidad de creación de
empleo y su internacionalización. La política de pequeñas y medianas
empresas



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ha sido claramente de este Gobierno y no ha sido --hasta ahora al menos,
tengo que decirlo-- una política compartida por la totalidad de la
Cámara, aunque sí por los grupos parlamentarios que apoyan a este
Gobierno. Desde que tenemos responsabilidades hemos mejorado claramente
la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas, y lo hemos hecho
porque estamos convencidos, primero, de que son uno de los mejores
instrumentos de empleo y, segundo y al mismo tiempo, porque es la
realidad económica en la que nos tenemos que mover en la política
económica española. Así, la reducción del 15 por ciento de los módulos
del IRPF, que se ha mantenido en 1996, 1997 y 1998, afecta a dos millones
de pequeños empresarios; la rebaja del Impuesto sobre Sociedades, que fue
introducida el año pasado, afecta a medio millón de pequeñas empresas y
la rebaja del 95 por ciento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
para las empresas familiares, que viene a sumarse a las medidas de la
legislatura pasada en cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, afecta
prácticamente al conjunto de las pequeñas y medianas empresas. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Estas son medidas que tienen reflejos
efectivos en la vida concreta de los ciudadanos. Para un pequeño comercio
medidas de este tipo suponen ahorrarse al año 80.000 pesetas y para
muchos pequeños comerciantes españoles esa es una cifra muy importante.

(Rumores.) Quisiera ahora, señor presidente, entrar brevemente en la
segunda parte de nuestros objetivos presupuestarios después de haber
hecho un repaso a las políticas de crecimiento y empleo.




El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, un momento, por favor.

Señorías, tienen a su disposición distintos escritorios, sus despachos y
otros locales de la Cámara para negociar e intercambiar sus puntos de
vista. Les ruego que en el hemiciclo guarden silencio por respeto a quien
está en el uso de la palabra y, en todo caso, al uso de la palabra, que
es prácticamente razón de ser de su permanencia en esta casa. Les insisto
en el silencio.

Adelante, señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA ( De Rato Figaredo): Señor presidente, como estaba diciendo,
entro ya en el final de mi intervención haciendo un repaso de las
políticas sociales y de cohesión: pensiones, sanidad, solidaridad y
familia. Para empezar quiero decir que estas políticas no sólo tienen un
aumento, que lo tienen, desde el punto de vista cuantitativo en el
presupuesto, sino que además se producen reformas que afectan a la
gestión, a la lucha contra el fraude y, en definitiva, a garantizar la
permanencia y solidez de nuestro sistema de protección social.

En la política de pensiones el objetivo político del Gobierno, también de
nuestro programa electoral, es el mantenimiento del poder adquisitivo de
las pensiones y, por tanto, tiene una revalorización para 1998 del 2,1
por ciento. En este tema quiero subrayar que ya en 1998 se produce un
hecho cualitativo significativo, y es que la revalorización de las
pensiones no es hoy una decisión política anual de un gobierno, que
podría considerarse voluntarista y discrecional, por muy mayoritario que
fuera su respaldo, sino un compromiso legal de esta Cámara, recogido en
una ley que ha entrado en vigor el 15 de julio de este año. Esta Ley de
Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social responde
a un compromiso de la legislatura pasada muy amplio, respaldado
unánimemente por esta Cámara en el llamado Pacto de Toledo y, por lo
tanto, cuenta con el apoyo en su elaboración y en su aplicación de las
fuerzas políticas y sociales. En 1998, además de la política de
mantenimiento de poder adquisitivo de las pensiones en un nuevo marco
legal, el Gobierno refuerza el proceso de separación de fuentes de la
Seguridad Social priorizando la separación de la sanidad. Como SS. SS.

saben, en el Pacto de Toledo se establece la necesidad de que las
políticas universales sean financiadas a través de impuestos, dejando que
las políticas que son financiadas a través de cotizaciones tengan una
mayor solidez. Para aquellos --y estoy convencido de que son todos los
miembros de esta Cámara-- que están preocupados por el futuro de las
pensiones públicas y su estabilidad, la decisión de los grupos
parlamentarios en el Pacto de Toledo, que el Gobierno desarrolla en estos
presupuestos, es una clara apuesta por la solidez del sistema de
pensiones públicas. Nada le da más solidez al sistema de pensiones
públicas, nada aleja política y económicamente más la posibilidad de un
recorte que la solidez financiera de este sistema. El hecho de que la
aportación del Estado al Insalud en 1998 aumente un 8,6, muy por encima
del aumento de las cotizaciones sociales, y el hecho de que los recursos
procedentes de cuotas de la Seguridad Social para financiar el Insalud
disminuyan un 48,5 son pasos decididos en el respaldo y solidez del
sistema público de pensiones. También en estos presupuestos se contienen
partidas que deberán responder a los acuerdos del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, antes de fin de año, para el nuevo sistema de
financiación de la sanidad para el período 1998-2001. El Gobierno en el
presupuesto de 1997 aumentó recursos por 70.000 millones de pesetas, por
encima de lo que establecía el anterior y todavía vigente sistema de
financiación de la sanidad, y es compromiso del Gobierno pactar con las
comunidades autónomas afectadas un aumento de la financiación de la
sanidad para el período que he dicho 1998-2001. Pero el esfuerzo de las
políticas sociales no se limita a las pensiones, al mantenimiento del
poder adquisitivo ni a la política de sanidad, sino que también abarca el
conjunto de las políticas de solidaridad, con un 12,6 por ciento más de
recursos. Todas las actuaciones, programas y proyectos



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de esta área experimentan una sensible mejoría. Quisiera mencionar
algunos que aumentan por encima del 25 por ciento, como el de promoción
de la mujer, de discapacitados o de familias desfavorecidas.

Y entro, señor presidente, en una política extraordinariamente importante
para mi grupo parlamentario, que es la protección de la familia. Sin
duda, en la reforma global del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas esta Cámara podrá debatir la futura configuración de un impuesto
que afecta directamente a la vida de las familias españolas, pero el
Gobierno ya ha tomado medidas en la Ley de 1997 al ir simplificado el
sistema del IRPF y también en esta ley disminuyendo los tramos --han
pasado en dos años de 16 a 8-- haciendo que nos dé una nueva tarifa en la
que salen claramente beneficiadas las rentas más bajas. Pero además de
este beneficio consecutivo de dos años de rentas más bajas, al que hay
que sumar la ganancia del poder adquisitivo de la mejora de la inflación
real sobre la prevista, en los presupuestos de 1998 se contienen dos
medidas extraordinariamente importantes y a las que el Gobierno da su
total respaldo. Por un lado, el que las familias con tres hijos puedan
deducir 110.000 pesetas en su Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas donde antes podían deducir 70.000 y que, al mismo tiempo, vean
duplicada su deducción por guarderías. Estas medidas, si queremos
trasladarlas a ciudadanos concretos, van a afectar a 3 millones de
familias españolas que tienen más de tres hijos y que verán reducido su
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a 200.000 familias que
dejarán de pagar IRPF, a las que hay que sumar las 300.000 que el año
pasado dejaron de tener retenciones como consecuencia del cambio de la
tarifa. A esto hay que añadir una de nuestras primeras medidas, la
bonificación en la sucesión de la vivienda familiar, y que en aquel caso
sí contó con un amplio respaldo en esta Cámara.

Señor presidente, dentro de las políticas de solidaridad y de protección
social hay un capítulo que preocupa a la opinión pública y a esta Cámara:
las medidas que garanticen la permanencia y solidez del sistema. A
aquellos que hace un año ponían en duda --estoy convencido de que en duda
razonable-- el cumplimiento de los programas de lucha contra el fraude,
que se cifraba entonces en 200.000 millones de pesetas, quiero decirles
que hemos superado esa cifra en 60.000 millones. El ahorro por
disminución del fraude en 1997 se cifrará en 260.000 millones de pesetas.

Vamos a continuar por ese camino en temas como la incapacidad temporal y
permanente, en el control de las prestaciones, en el control del
desempleo y también de la morosidad de las administraciones públicas.

Esta política de lucha contra el fraude, que englobamos en las políticas
de solidez y permanencia del sistema de protección social junto con otras
como la separación de fuentes, no es una política recaudatoria, ni mucho
menos. El fraude es un acto de irresponsabilidad e insolidaridad, y en
ese sentido el Gobierno está convencido de que el futuro del Estado del
bienestar no sólo debe estar basado, que sí, en una economía fuerte y en
altas tasas de empleo, sino también en medidas que nos permitan una nueva
relación del ciudadano con el Estado del bienestar basada en la
responsabilidad y en el respeto a los derechos del resto de los
ciudadanos, es decir, en el respeto a los derechos de la comunidad.

Señor presidente, señorías, he hecho un repaso a los objetivos políticos,
económicos, a los instrumentos de este presupuesto y también a la
experiencia económica, social y presupuestaria del Gobierno del Partido
Popular. Quisiera decir, para finalizar, que este presupuesto es una
clara apuesta por la recuperación económica y por el empleo. Estamos en
un proceso de recuperación económica, y en ese proceso este presupuesto
introduce la suficiente prudencia para evitar aumentos de las tensiones
en el crecimiento y el suficiente realismo para hacer un presupuesto y
una política económica eficaz en 1998. Este presupuesto, sin duda, nos
coloca en la Unión Económica y Monetaria, en la que ya nos había colocado
el anterior, pero sobre todo refuerza nuestra posición en el proceso de
integración europea y garantiza nuestra permanencia en las condiciones
que va a exigir la nueva Europa integrada. Este presupuesto debe --y
desde luego es voluntad del Gobierno-- aumentar las posibilidades de
contacto con una realidad cada vez más nueva de nuestra sociedad y darle
un creciente protagonismo a la sociedad española en su futuro económico.

El Gobierno sabe cuáles son los problemas y plantea en este presupuesto y
en la ley de acompañamiento las soluciones, pero --como he dicho y
reitero-- no se trata de creer que las reformas se acaban en un solo día,
o que debemos hacerlas de una manera estática y radical, sino que debemos
introducirnos --como ya lo hemos hecho-- en un proceso de reformas
continuo y progresivo. Para ello, en un marco de normalidad y coherencia,
queremos continuar contando con las valiosas aportaciones parlamentarias
y, desde luego, con la colaboración de los agentes sociales, las
empresas, los sectores y sobre todo de los ciudadanos, en un proceso de
diálogo y negociación por todos los cauces. Asimismo reforzamos en este
presupuesto, y lo haremos en los acuerdos sobre sanidad, nuestro
compromiso con las comunidades autónomas para avanzar en la participación
de las diferentes realidades de nuestro país en un proyecto común que ya
está puesto en marcha.

Señorías, la sociedad española se está transformando. En muchos sentidos
es una sociedad nueva, mucho más abierta al mundo, mucho más plural y
mucho más responsable. El Gobierno, con sus apoyos parlamentarios, está
aplicando una nueva política económica que responde a esta nueva
sociedad, con un modelo de crecimiento basado en la responsabilidad en el
gasto público, en las políticas de futuro para el empleo y



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en las políticas de permanencia y solidez en la solidaridad. Más allá de
las medidas concretas, este presupuesto es una oferta política y
económica abierta al diálogo social y al diálogo político, y desde la
colaboración o desde la alternancia el resultado debe ser una mejor
oportunidad para nuestro país. Más allá de las cifras, señor presidente,
este presupuesto representa una oportunidad para las mujeres y hombres
españoles que en 1997 vuelven a contemplar el futuro con confianza.

Muchas gracias. (Aplausos)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.

Para la defensa de la enmienda de totalidad de devolución a ambos
proyectos de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra su presidente don Joaquín Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Señor presidente, señoras y señores diputados,
señores del Gobierno, el proyecto de presupuestos del Estado para 1998 y
el de su ley de acompañamiento no van a recibir el apoyo del Grupo
Parlamentario Socialista. Vamos a votar nuestras enmiendas de devolución
por entender que los proyectos del Gobierno no merecen tal apoyo.

Frente a las proclamas del Gobierno cuando trajo aquí el proyecto de
presupuestos y hoy mismo, en la intervención del vicepresidente segundo,
frente a esos buenos deseos, estamos ante unos presupuestos carentes del
rigor necesario para afrontar el reto de la Unión Monetaria para
introducirnos con todas las consecuencias en la moneda única. Se nos
presentan por el Gobierno unas prioridades que no son tales, unas cifras
que en muchas ocasiones no son siquiera fiables, unos estados de cuentas
que dejan de contabilizar una parte relevante y creciente de los recursos
de que el Gobierno dispone y de los gastos que el Gobierno puede
realizar, aumenta la opacidad y también el grado de incumplimiento de los
propios compromisos electorales del partido que gobierna. Frente a lo
anunciado, los impuestos aumentan, las cotizaciones sociales financian
gastos no contributivos, la inversión pública queda relegada por el gasto
corriente y el déficit público no está siendo controlado como debiera.

Estamos ante unos presupuestos elaborados con la vista puesta en el
próximo mes de mayo, que no ven más allá del día en que la peseta quede
integrada en el euro, cuando lo que necesita nuestro país es que el
Gobierno y sus políticas miren al futuro, a ese futuro que precisamente
va a comenzar en el momento en que la Unión Monetaria se ponga en marcha.

Esa visión miope se traduce en la desidia con la que estos presupuestos,
igual que los del año pasado, tratan a la educación y a la inversión
pública, en la falta de sostenibilidad de la política de ingresos, en la
carencia de medidas adicionales para favorecer la creación de empleo, en
la incapacidad de resolver los problemas de la financiación sanitaria o
de la financiación autonómica. Sólo unos pocos sectores de nuestra
sociedad se sienten realmente atendidos por las políticas que subyacen en
estos presupuestos, y no es eso lo que las presentes circunstancias
requieren. Frente a una oportunidad histórica como la que afrontamos al
poner en marcha la Unión Monetaria, ustedes no responden a las
expectativas despertadas y desaprovechan esta magnífica ocasión para que
nuestro país entre en la moneda única en las mejores condiciones
posibles.

Señor presidente, continuaré mi intervención con una afirmación que
hubiera sido imposible escuchar de ustedes cuando ejercieron como
oposición a lo largo de 14 años. Este debate se produce en el marco de
una situación macroeconómica ciertamente positiva. El crecimiento se está
produciendo en un entorno de estabilidad, se están creando empleos, la
inversión privada aumenta, los tipos de interés descienden y los precios
evolucionan a un ritmo inferior al de cualquier otro momento de nuestra
historia reciente. No me importa decirlo porque entiendo que la oposición
debe partir de la realidad y no de una situación inventada. Eso también
hubiera sido imposible oírselo decir a ustedes hace ahora año y medio. Es
verdad, no me duelen prendas en reconocer que los datos agregados de
nuestra economía son buenos y que, además, no hay razones para pensar que
esa bonanza sea pasajera. Las economías occidentales han entrado en un
círculo virtuoso, por una serie de causas en las que ahora no voy a
entrar, y la economía española es partícipe de esa situación. En otras
palabras, la economía inglesa va bien, la economía portuguesa va bien, la
economía irlandesa va estupendamente bien, la economía europea en su
conjunto va bien, la occidental va bien y la economía española en
consecuencia también. (Aplausos.) El Gobierno --y aquí ya no sé si
coincide con mi análisis-- no debiera tener inconveniente en reconocer
que sus medidas económicas poco han tenido que ver en esa evolución,
pues, en realidad, las anunciadas aquí por usted mismo, señor Rato, hace
un año, pretendían afrontar una situación distinta a la que está teniendo
lugar. Me explicaré.

De hecho, la evolución de alguno de los principales agregados económicos
no está siendo la que ustedes habían previsto. Prueba de ello es que en
el último año --desde que usted presentó los anteriores presupuestos
hasta el día hoy-- han modificado hasta tres veces sus propias
previsiones macroeconómicas. Ustedes apostaban por un crecimiento basado
en la inversión y por una contribución negativa del sector exterior al
aumento del PIB. En realidad la demanda interna, especialmente la
inversión, va a tener en 1997 un comportamiento peor que el previsto,
mientras que es la aportación positiva de las exportaciones, apoyadas por
la evolución del dólar, la que nos permite estar creciendo por encima del
tres por ciento. Ustedes querían favorecer



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el ahorro y lo que crece es el consumo, querían estimular la inversión y
quienes nos salvan son las exportaciones, decían que iban a liberalizar
aún más la economía pero los precios repuntan, se acelera el crecimiento,
pero ustedes nos ofrecen para el próximo año menor creación de empleo que
en este año 1997. Sin embargo --y a pesar incluso de esos fallos de
previsión-- nuestra economía sigue, en lo sustancial, una evolución
similar a la del resto de las economías de la Unión Europea. Todas ellas
han perdido ya, en realidad, buena parte de su capacidad para seguir en
términos macroeconómicos una senda distinta de la de las demás. Vamos
todos en el mismo barco. Desde 1993 hasta la fecha hemos reducido el
déficit público a un ritmo muy similar al promedio de la Unión Europea,
con un perfil temporal también muy parecido, nuestros tipos de interés
han descendido al mismo ritmo que los italianos --por poner un ejemplo--,
nuestros precios lo han hecho al mismo ritmo que los portugueses --por
citar a nuestros vecinos-- y así sucede con todo. Es una evolución
macroeconómica con cuyo origen ustedes se encontraron ya a su llegada en
mayo de 1996 y al afrontar hace ahora un año sus primeros presupuestos.

Esto es así aunque el Gobierno esté aquejado de un cierto espíritu
triunfalista que se comprueba al leer la literatura de los documentos que
acompañan a los presupuestos, donde quienes los escriben parecen
empeñados en sostener que todo lo bueno empezó un venturoso día de mayo
de 1996, pero lo cierto es que antes de su llegada a la Moncloa o a la
calle de Alcalá ya se crecía, ya se creaba empleo, ya descendían los
tipos de interés y el índice de precios en España y en otros países.

No le pido al Gobierno que comparta en público mi escepticismo sobre los
efectos taumatúrgicos, milagreros, de sus medidas económicas, pero harían
bien en reconocer con humildad que una parte relevante de la buena
evolución de nuestros indicadores económicos ni depende de sus medidas,
ni hubiesen dejado de producirse en su ausencia. En cambio, no me importa
reconocer que su política macroeconómica no ha sido, al menos hasta
ahora, tan dañina como para arruinar nuestras posibilidades de
crecimiento. El Gobierno no está en el origen de esta bonanza económica
ni mucho menos la ha generado su política, pero tampoco --es verdad-- ha
sido capaz de acabar con ella. En cambio, donde sí se ven los efectos
negativos de las políticas del Gobierno, y se ven con claridad, es en el
modo de repartir los beneficios del crecimiento económico. Desde el punto
de vista de la justicia distributiva la acción del Gobierno es claramente
criticable. Los españoles piensan acertadamente, en su inmensa mayoría,
que todavía no ha llegado a sus bolsillos el fruto del esplendor
económico; que se está creciendo pero que se está repartiendo mal ese
crecimiento. Y tienen razón: se crece pero se distribuye mal el
crecimiento económico. Dicho de otro modo, la economía española va bien,
igual que otras economías europeas y occidentales; lo que va francamente
mal, aquí entre nosotros, es el reparto de los frutos de esa bonanza
económica. El Gobierno en esto está actuando de forma injusta, y no tiene
por qué ser así. Ya no tienen ninguna credibilidad quienes anunciaban
hace años que el crecimiento y la eficacia económica eran incompatibles
con la redistribución y con la equidad; que no podría haber convergencia
nominal y real al mismo tiempo. Los hechos demuestran en estos últimos
años que esa coincidencia sí es posible. Es perfectamente posible cumplir
con los criterios de convergencia, crecer y distribuir de forma
equitativa ese crecimiento. A la Unión Monetaria se la podrá criticar por
quienes la critiquen por otras razones, pero no porque sea incompatible
con la creación de empleo o con la reducción de desigualdades. Con las
cifras y los datos en la mano hay ejemplos sobrados en Europa para
rebatir esas tesis. Es, sin ir más lejos, lo que sucedió en España en la
anterior legislatura. Cosa distinta es que haya otras políticas
alternativas más injustas para llegar por otros caminos a la convergencia
nominal. Por supuesto que las hay. Con la política presupuestaria de este
Gobierno, de su Gobierno, se está sacrificando una distribución
equitativa de los aumentos de renta y riqueza bajo el pretexto de
converger nominalmente, de cumplir los requisitos de Maastricht. A ello
volveré más adelante al analizar los presupuestos.

Es cierto que estamos cumpliendo los requisitos de convergencia y que
vamos a ingresar en la moneda única desde el comienzo, a partir de la
próxima primavera, como casi todos los países de la Unión Europea que
desean estar ahí desde el primer momento. Todos los que deseamos estar,
salvo Grecia, vamos a estar. Lo que hace un año era todavía un objetivo a
alcanzar hoy es ya una realidad. Por tanto, la pregunta ya no es a estas
alturas si vamos a estar en el euro, sino en qué condiciones vamos a
ingresar en la moneda única. ¿Qué han hecho ustedes desde que llegaron al
Gobierno para superar con éxito el reto que supone para nuestra economía
la renuncia a la política de tipo de cambio? ¿Qué queda por hacer en el
tiempo que tenemos, que no es mucho, para extender las ventajas y paliar
los inconvenientes de nuestra pertenencia a la moneda única? ¿Qué está
sucediendo al respecto en este año 1997?
En relación con los presupuestos aprobados hace un año por esta Cámara,
está habiendo en las arcas públicas más ingresos, está habiendo por el
lado del gasto más gasto, y está habiendo mucha opacidad en los datos, lo
que me suscita unas cuantas preguntas que creo que usted, señor Rato,
tiene que responder a lo largo de este debate. Según sus propias
previsiones, en 1997 el Estado va a ingresar 510.000 millones de pesetas
más; por tanto más ingresos. Pero no todos ellos son ingresos con los que
vayamos a contar siempre, a partir de ahora, en próximos ejercicios. No
son sostenibles



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en el tiempo todos los ingresos de los que usted está disponiendo en este
año 1997. No es sostenible, por ejemplo, la recaudación del IRPF, que va
a quedar 261.000 millones por debajo de lo que usted mismo previó cuando
presento aquí los presupuestos de este año. Incluso hay otro dato de su
Ministerio que hace mayor la diferencia entre lo que realmente se va a
recaudar y la previsión. Además es inimaginable que en sus manos, en
manos de este Gobierno, la recaudación por el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas vaya a aumentar. No están interesados en ello, no
quieren que aumente.

El Impuesto sobre Sociedades, que este año les está salvando la cuenta de
los impuestos directos, no va a crecer en el año 1998 por el efecto de la
revalorización de balances y, a partir del próximo año, sobre todo a
partir del siguiente, del año 1999, va a haber ingresos por
privatizaciones que nunca más se van a volver a repetir. Y además de que
no todos los ingresos del año 1997 vamos a poder repetirlos en próximos
ejercicios, el esfuerzo para obtener esos ingresos a lo largo de este año
se está repartiendo de forma no equitativa entre los ciudadanos. ¿Por qué
cae este año el IRPF si está habiendo aumento de empleo y aumento de
salarios? ¿Cuánto están tributando las rentas no salariales en proporción
a lo que tributan los salarios en nuestro país en el año 1997? ¿Está
habiendo caídas de recaudación derivadas de sus propias medidas que hemos
calificado de injustas? ¿Está habiendo caída de recaudación con relación
a las previsiones, derivado de fallos en la gestión, por la demagogia que
ustedes mismos han utilizado y que ha desmoralizado a buena parte de la
Administración tributaria?
Son preguntas que ustedes deben responder. Lo que sí es obvio es que
suben los impuestos indirectos y las tasas; es decir, suben los impuestos
más injustos, aquellos que todo el mundo paga por igual, con
independencia del nivel de renta o de riqueza que tenga. También se prevé
a final de año que haya más gasto; no sólo más ingresos, también más
gasto. 563.000 millones más en gastos no financieros. ¿Cuáles son los
gastos que aumentan en 1997? ¿Dónde se están produciendo desviaciones? No
está claro. De la documentación y de la información que ustedes han
enviado a este Parlamento, ni está claro dónde se producen las
desviaciones, ni cuáles son las causas, ni si han hecho algo para evitar
que se sigan produciendo desviaciones no queridas en el gasto que pueden
comprometer nuestra política presupuestaria.

El Gobierno ha admitido esa desviación en términos generales pese a que
parece que disminuyen los gastos financieros derivados de la caída de los
tipos de interés, los gastos ligados a prestaciones por desempleo, además
de que se está produciendo, y es obvio, una caída de la inversión pública
y se han congelado en el año 1997 los salarios de los funcionarios. ¿Por
dónde se está desviando el gasto y qué están haciendo ustedes en este año
1997, que es la base de partida de los presupuestos que tenemos que
debatir a partir de hoy, para contener esa desviación y corregir las
causas de las desviaciones no queridas en el gasto? ¿Qué están haciendo
con el dinero de las privatizaciones? Según nuestros cálculos, el Estado
habrá ingresado a final de este ejercicio 1997 en torno a dos billones de
pesetas en concepto de privatizaciones. 100.000 millones arriba o abajo,
en función de los resultados nada brillantes de la privatización de
Endesa. Más del doble de lo que usted nos había anunciado al presentar
los presupuestos hace ahora un año. ¿A qué se está dedicando ese dinero?
¿Cómo se está controlando la utilización de ese dinero? ¿Con qué
criterios se están empleando unos recursos enormemente importantes, de
los cuales no se va a volver a disponer nunca más por principio, porque
no son ingresos recurrentes, no son ingresos sostenibles? Y sobre todo,
¿qué van a seguir vendiendo ustedes después de haber vendido Telefónica,
cuando hayan vendido totalmente Endesa, cuando hayan vendido Argentaria y
una vez que han vendido Repsol? ¿Qué van a vender ustedes entonces? ¿Los
hospitales? ¿Qué está pasando con el presupuesto de la Seguridad Social
en el año 1997? A finales del año 1996, la Seguridad Social tenía un
endeudamiento bruto de 3,8 billones de pesetas y a lo largo de ese
ejercicio de 1996 el endeudamiento neto aumentó en 600.000 millones de
pesetas. Los presupuestos del año 1997, que usted nos trajo hace un año,
previeron más endeudamiento para la Seguridad Social. Y entonces lo
denunciamos. Los de 1998 prevén nuevos endeudamientos de la Seguridad
Social para el próximo ejercicio. ¿Hasta cuándo va a seguir así la
Seguridad Social? ¿Tiene el Gobierno algún plan para impedir que el
aumento continuo del endeudamiento de la Seguridad Social, incluso en
momentos de expansión y generación de empleo como los actuales, acabe
derivando en una situación imposible? ¿Qué propone el Gobierno? ¿A qué
espera para empezar a recuperar un equilibrio que viene exigido por el
Pacto de Toledo y por el sentido común? ¿O es que quieren llevar a la
Seguridad Social a una situación insostenible?
En fin, el déficit de caja de los presupuestos de este año 1997 va a ser
superior al fijado hace un año por el Parlamento. Incluso hay informes
del Gobierno que lo vienen a reconocer; no en la documentación oficial,
pero sí en informes del Gobierno. ¿En qué cuantía va a aumentar el
déficit de caja de 1997? ¿Qué va a hacer el Gobierno para corregir esa
desviación, aparte de maquillar las cuentas y organizar un caos a través
de fe de erratas que nos han llegado después de la documentación
presupuestaria y que hacen prácticamente imposible saber dónde estamos en
materia de déficit en el año 1997? Salvo que el Gobierno quiera decirnos
en este debate qué medidas piensa tomar para corregir esa desviación,
sólo podremos confiar en que la ingeniería presupuestaria que sean
capaces de montar no sea superior



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a la de alguna de nuestros socios y que tanta chapuza no acabe poniendo
en riesgo en el último minuto nuestro ingreso en la moneda única. En todo
caso, algo de lo que hace el Gobierno ya se puede deducir de
informaciones y documentación fragmentariamente recibidas. Parece que se
han hinchado derechos reconocidos; es obvio que se centrifuga el déficit
fuera del campo cubierto por las cuentas computables a efectos de
Maastricht; se aumenta el endeudamiento de la Seguridad Social de forma
no transparente; aumenta en progresión geométrica el endeudamiento de
Radiotelevisión Española, aunque el señor presidente del Gobierno no
cuente con buena información cuando viene a responder a preguntas al
Parlamento; las empresas públicas que sigan teniendo pérdidas quedarán
colgadas de una brocha, etcétera.

Si el Gobierno es incapaz de afrontar con rigor y decisión la contención
del déficit real de nuestro presupuesto en un año en el que todo le
sonríe, en el que incluso vamos a crecer por encima de sus propias
previsiones, la pregunta obligada es: ¿cuál sería su capacidad en
momentos menos favorables para llevar a cabo una política presupuestaria
rigurosa y consecuente con las necesidades de nuestro país?
Paso al presupuesto del año 1998, que empezamos a debatir. De nuevo en
1998 va a haber más crecimiento del que el Gobierno prevé. Es probable
que el producto interior bruto de nuestro país vaya a crecer el próximo
año en una cifra más cercana al 4 por ciento que al 3,4 que el Gobierno
nos anuncia, pero, a diferencia de lo que ha sucedido o está sucediendo
en 1997, también va a haber más inflación de la que el Gobierno nos
anuncia en 1998, sobre todo si no se emprenden de una vez reformas
estructurales en el sector servicios de nuestra economía. Ya en estos
momentos, en mercados en los que los precios se fijan por decisiones
vinculadas a políticas del Gobierno, las cosas, en materia de precios, no
van nada bien. Por ejemplo, el precio medio de las viviendas crece un 5
por ciento. En el conjunto del sector servicios, que sigue necesitando
reformas liberalizadoras de verdad, no nominales, y desmonopolizadoras de
verdad, descorporativizadoras de verdad, los precios siguen creciendo
considerablemente por encima del promedio de nuestro índice de precios.

Además, lo que es más importante, habrá menos creación de empleo el
próximo año que en este año 1997.

Citaba usted, señor Rato, la contribución de nuestra creación de empleo a
la creación de empleo en toda la Unión Europea en el año 1997. Si mira
las cifras del año 1998, las previsiones que usted citaba de la Comisión
Europea, hechas públicas la semana pasada, la Unión Europea va a crecer,
en generación de empleo, considerablemente --va a crear casi el doble de
empleos el próximo año con relación a éste--, mientras que en España sus
propias previsiones indican que habrá menos generación de empleo el
próximo año que éste. Si el año 1997 hemos hecho una buena contribución,
parece que ustedes se sienten satisfechos y en el 1998 abandonan ese
objetivo y la aspiración de seguir contribuyendo de forma importante a la
generación de empleo para el conjunto de la Unión Europea.

Mientras que en toda Europa se están discutiendo y aprobando propuestas
innovadoras para reducir el paro, y muy en especial el paro juvenil,
ustedes se quedan tan a gusto con su plan plurianual y con su fe ciega en
el mercado. De nuevo aquí nos estamos colocando al margen de los vientos
mayoritarios que soplan por Europa. Y no nos saquen a colación la reforma
del mercado de trabajo, que hemos apoyado nosotros también, igual que
ustedes, hace pocos meses en este Parlamento, porque esa reforma no está
pensada por sus autores --que no son ustedes, sino los sindicatos y la
patronal-- para crear más empleo, sino básicamente para que el empleo sea
de mejor calidad, cosa que por cierto se está consiguiendo. Pero hay que
mirar a nuestro alrededor para ver que en Francia, en Italia, en Gran
Bretaña, en Holanda, hay gobiernos que desarrollan políticas muchas veces
audaces pero en todo caso necesarias para crear empleo. Frente a eso,
aquí lo que se impone es la resignación, la receta del señor presidente
del Gobierno; en materia de empleo, que inventen ellos.

Respecto al presupuesto, por el lado de los ingresos, de nuevo sube la
presión fiscal en su propuesta para el año 1998. Incumplen su propio
compromiso electoral de reducir impuestos por segundo año consecutivo. Ni
sus mejores amigos lo han podido ocultar en sus análisis de este proyecto
de presupuestos que debatimos hoy. Es cierto que para 1998 tenemos dudas
sobre que se puedan alcanzar sus propios objetivos de recaudación en
materia de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En el año
1997 ya se han quedado cortos, como decía antes, y no veo las razones por
las que en 1998 vayan a recaudar lo que se proponen si prevén menos
aumento del empleo y menos aumento de sueldos que en este año, salvo que
todo lo quieran compensar, de nuevo, con una medida no sostenible, como
es el aumento de las retenciones para profesionales y la menor estimación
en deducciones por rendimientos de trabajo, que no sabemos a qué
corresponde. Usted nos dirá, señor vicepresidente, a qué se debe que si
otras deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
aumentan en el coste fiscal para las arcas públicas en el año 1998,
precisamente la deducción por rendimientos de trabajo disminuya para ese
año.

Siguen aumentando en el presupuesto las desigualdades de los
contribuyentes ante la carga tributaria en impuestos directos. Basta
comparar qué gastos fiscales aumentan y cuáles se reducen o analizar el
impacto de la ampliación de los límites y porcentajes de las deducciones
de fondos de pensiones, en función de los diferentes niveles de renta de
los contribuyentes, para ver



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quién se beneficia de verdad de lo que usted llama medidas estructurales
de incentivo del ahorro. Y eso dando por buenas las explicaciones
recibidas sobre cuál debe ser la interpretación auténtica de su propuesta
de reforma de los artículos 57 y 60 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, porque esa reforma que ustedes proponen se puede
leer en el sentido de que va a obligar a tributar más exactamente a los
niveles más bajos de contribuyentes por rentas del trabajo. Vuelven
ustedes a subir de nuevo impuestos indirectos y tasas, desligando la
cuantía de estas últimas del coste de prestar el servicio, lo cual no es
muy acorde con nuestro ordenamiento jurídico. Y suben las cotizaciones
sociales en recaudación prevista y en peso sobre el producto interior
bruto, por más trucos de presentación que intenten realizar,
contradiciendo todas sus promesas electorales y todos sus discursos desde
la oposición. Las cuotas de Seguridad Social financian en estos
presupuestos 700.000 millones de pesetas de gasto no contributivo.

100.000 millones, aproximadamente, de asistencia sanitaria; 600.000 mil
millones, también aproximadamente, de complementos por mínimos de las
pensiones, que son cantidades de carácter no contributivo; si a eso se
añade el excedente que tienen las cotizaciones por desempleo sobre el
gasto en prestaciones contributivas por desempleo, se puede y se debe
concluir que hay 1,2 billones de pesetas de gasto no contributivo que
debía ser financiado con impuestos y que ustedes financian con
cotizaciones sociales, que, como ustedes mismos han dicho reiteradas
veces en esta tribuna y en otras, actúan de forma negativa para
incentivar la contratación de trabajadores y el aumento de empleo en las
empresas.

En definitiva, del análisis de su presupuesto de ingresos llegamos a una
conclusión, que no es la primera vez que nosotros sostenemos, pero que
probablemente a ustedes se les resiste, y es que hay un problema de
ingresos, de carencia de ingresos estables, sostenibles, en la Hacienda
pública española, en nuestro sector público, y que, con su modelo pura y
simplemente, ese problema de ingresos no sólo no se resuelve, sino que se
agrava día a día. Aquel bello cuento que consistía en que se podían bajar
los impuestos y reducir el déficit público sin tocar más gasto que los
miles de altos cargos ha quedado reducido a lo que era, a un cuento.

Frente a tanta promesa, y a pesar de una situación macroeconómica tan
buena como la actual, los ingresos no les llegan para cubrir las
necesidades que quieren atender, ni siquiera gracias a la subida de
impuestos indirectos y tasas. Las cuotas no pueden bajar, sino que tienen
que aumentarlas donde se pueda, y tienen que acudir a ingresos atípicos,
de nuevo, para ir cuadrando las cuentas mal que bien, por lo menos para
ir cuadrando las cuentas hasta que entremos en el euro, que después ya se
verá lo que pasa.

Por cierto, ¿qué pasa este año, señor vicepresidente, con los ingresos
por privatizaciones? ¿Van a volver a equivocarse en más de un cien por
cien en la cantidad que vayan a obtener con relación a la que anunciaron
en su proyecto de presupuestos? ¿Estamos hablando de cantidades realistas
cuando estimamos un billón de pesetas por privatizaciones en el año 1998?
En todo caso, sea cual sea la suma, que usted nos la dirá, si puede, van
ustedes a disponer de nuevo de una suma enormemente importante de dinero,
que, como usted sabe muy bien, escapa cada vez más al control
parlamentario y al control del gasto que debe existir en toda la
actuación de las administraciones públicas, en toda la actuación del
sector público.

Por el lado de los gastos, sus pretendidas prioridades en estos
presupuestos son falsas. Falta dinero en educación; en estos presupuestos
no hay dinero suficiente para llevar adelante la reforma de la Logse, la
reforma de las enseñanzas medias, y hay que desagregar los aumentos
agregados de la partida del Ministerio de Educación para ver adónde va la
cantidad de dinero más importante de los recursos adicionales que recibe
esa sección. Y va a conciertos con centros privados, algunos de elite.

Usted ha tenido que reconocer hoy, cosa que no hizo cuando trajo los
presupuestos a esta Cámara, que los presupuestos que nos ha presentado no
incluyen ningún acuerdo en materia de financiación sanitaria, aunque sus
socios parlamentarios afirman reiteradas veces y de forma enérgica que
ese acuerdo existe. Pero no está incluido aquí. Quisiéramos saber si
existe y, si no existe, aclárense, por favor, porque nos tienen con el
alma en vilo. ¿Existe o no existe acuerdo en materia sanitaria? En todo
caso, con acuerdo o sin acuerdo, lo que no es cierto es que las partidas
dedicadas a asistencia sanitaria en este presupuesto aumenten lo que
usted dijo que aumentaban: el 8,6 por ciento. Eso se refiere a una
partida; el conjunto de la financiación de la asistencia sanitaria en
estos presupuestos aumenta menos de lo que aumenta la economía en
términos nominales; es decir, que la sanidad pasa de ser prioridad a ser
una de las olvidadas en estos presupuestos, salvo que las comunidades
autónomas, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
acuerden algo que sea traído a esta Cámara en tiempo útil, antes de que
debatamos definitivamente este proyecto de presupuestos.

Todavía --fíjese, señor vicepresidente-- no sabemos a ciencia cierta si
lo que dijo el presidente del Gobierno en materia de revalorización de
pensiones es real. No lo sabemos; ustedes no han cambiado nada y la ley
dice lo que dice. Decían que iban a tener unos informes jurídicos que les
iban a permitir la interpretación más favorable, pero a veces creemos
entender que ya se van aclarando y normalmente usted suele salir al paso
de su amigo y vecino de escaño, el señor ministro de Trabajo, para echar
un poco de agua al vino y dejarnos en las tinieblas sobre si la
revalorización de las pensiones para 1998 es del 2,1, caiga quien caiga,
o si



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hay algún truco en la base de cálculo sobre la cual se va a aplicar esa
revalorización.

En estos presupuestos se han dedicado a decirnos que la inversión pública
era prioritaria y no es verdad; no lo es. Si comparamos lo que los
ministerios inversores gastaban en 1996 y las cifras que les asignan en
los presupuestos para 1998 vemos que la inversión cae, y cae bastante, y
que no están funcionando los mecanismos alternativos, como el GIF, en
materia ferroviaria, y otros, para compensar por fuera del presupuesto la
inversión que ustedes no son capaces de dotar y de financiar a través de
los presupuestos.

Es verdad que han pintado muchas inversiones. El otro día me entretuve en
ver algunas pinturas de inversiones que figuran en los presupuestos, pero
esto no es invertir, sino poner carteles. Alta velocidad
Madrid-Valladolid, coste total de la inversión 51.000 millones de
pesetas; consignado en 1998, 125 millones. Carretera N-III,
Madrid-Rivas-Vaciamadrid, coste total de la inversión 1.227 millones;
consignado en los presupuestos, 27 millones, una cantidad ligeramente
inferior. (Rumores.) Remodelación enlace N-II con la M-30, 1.017
millones; consignado en el presupuesto de 1998, dieciséis y pico
millones. Esto es gastar dinero en pintura, no es invertir.

(Aplausos.--El señor Robles Fraga pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señor Robles, silencio.

¡Silencio, señor Robles!
Señor Almunia, le ruego que vaya concluyendo.




El señor ALMUNIA AMANN: Muchas gracias, señor presidente.

Después de todo lo anterior, señor vicepresidente, el déficit público
resultante para el año 1998 sólo se reduce gracias a la caída de los
gastos financieros, que ustedes estiman en seis décimas del producto
bruto, y a la caída del gasto en prestaciones por desempleo, que ustedes
estiman en dos décimas del producto bruto. Si suman las dos partidas,
verán que son ocho décimas de caída del producto bruto, que es la caída
del déficit público que prevén estos presupuestos; ningún otro tipo de
esfuerzo, ninguna otra reforma de envergadura, ninguna otra política. De
todas las grandes reformas que nos anunciaban, la del impuesto de la
renta, la del sector público, la de la Ley General Presupuestaria y otras
muchas que les podía enumerar y que usted sabe mejor que yo, no hay ni
rastro en estos presupuestos.

Una institución tan seria y respetada como el Banco de España lo ha
puesto de manifiesto, con sutileza, pero con claridad, en su reciente
informe sobre la inflación y así lo han entendido los analistas más
objetivos de estos presupuestos. Es verdad que, ya en un plano menos
técnico, las opiniones están divididas acerca de si son unos presupuestos
contractivos o expansivos, rigurosos o electoralistas, lo cual de por sí
es sintomático de las características más bien confusas de la política
presupuestaria de este Gobierno. A base de querer contentar a demasiada
gente a la vez, a unos con medidas de verdad y a otros con simples
maquillajes o anuncios de futuras inversiones, los presupuestos no sirven
a ninguno de los objetivos teóricos que el propio Gobierno se ha fijado y
la sensación que en todo caso traducen, a mi modo de ver, es la de una
gran hipocresía. Frente a las repetidas proclamas de disciplina y
austeridad, se anticipan ingresos, se desplazan gastos, se sustituyen
recursos por endeudamiento, se trucan las comparaciones, se falsean las
auténticas prioridades, se hurta al debate y al control parlamentario un
volumen cada vez más importante de recursos públicos. Frente a las
supuestas prioridades sociales que el Gobierno reiteraba, sus
presupuestos distribuyen mal el esfuerzo de los contribuyentes, siguen
marginando a la educación, no son beligerantes en materia de empleo e
insisten en mantener a un nivel muy bajo el esfuerzo inversor en materia
de infraestructuras. Así llegaremos al euro, pero lo haremos en malas
condiciones económicas y sociales.

Hay un importante volumen de ingresos no sostenibles, con lo que la
consolidación fiscal que nos ofrecen es pan para hoy y hambre para
mañana. La carga fiscal sube y además se distribuye de manera injusta; se
grava en exceso el factor trabajo y las rentas del trabajo; el
presupuesto de la Seguridad Social se asienta sobre bases cada vez más
endebles; la inversión pública se desatiende; la educación no tiene
recursos suficientes para culminar las reformas en marcha; no se aclara
cuál es el modelo de financiación de la sanidad; no se acompañan en este
presupuesto reformas estructurales imprescindibles para que nuestra
economía se adapte a la Unión Monetaria en las mejores condiciones
posibles y, por supuesto, no se resuelve en absoluto el fuerte
contencioso en materia de financiación autonómica.

Señores del Gobierno, disponen ustedes de un margen de maniobra holgado,
que les ha venido dado por la política seguida por sus antecesores y por
la evolución de las demás economías occidentales; disponen de ese margen
en un momento de extraordinaria importancia, como es el de la puesta en
marcha de una Unión Monetaria de la que España va a formar parte desde el
primer momento, pero con estos presupuestos están desperdiciando esa
oportunidad histórica. Sólo unos pocos sectores de la sociedad se sienten
directamente beneficiados por sus políticas y por sus medidas. Sólo sus
más firmes partidarios alaban estos presupuestos y, a veces, ni siquiera
eso. No están siendo rigurosos ni tampoco están siendo justos.

Es posible que ustedes se crean sus propias alabanzas, es posible que se
crean de verdad que todo lo bueno que se ha hecho en la economía española
lo han hecho ustedes en dieciocho meses, de los cuales vivimos siete sin
presupuesto porque no quisieron hacerlo en el año 1996. Es posible que se
sientan cómodos con



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esa autocomplacencia que tratan de transmitir al hacer creer que ya está
todo hecho y que todo lo han hecho ustedes, pero esas alabanzas y esa
autocomplacencia no sólo suenan ridículas, sino que sobre todo son
peligrosas cuando aquejan a quien tiene la responsabilidad principal para
afrontar el futuro de nuestro país en este momento histórico. Son ustedes
un Gobierno al que les interesa más mandar que gobernar, les atrae más la
apariencia de la realidad que la realidad de las cosas, les interesa más
una imagen instantánea que una reforma duradera.

No es éste el tipo de Gobierno que este país necesita en este momento
crucial y, desde luego, estos no son los presupuestos que uno podía
esperar para situar a nuestro país a la altura de las circunstancias. Con
estos presupuestos llegaremos hasta mayo de 1998, pero es imposible que
lleguemos mucho más lejos. Por eso no merecen ser apoyados y por eso,
señoras y señores diputados, pido el voto a favor de nuestra enmienda de
devolución. (Fuertes y prolongados aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.

Señor vicepresidente del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer la continuidad de la tradición
parlamentaria de que el jefe de la oposición responda en este debate y
agradecer, desde luego, el tono y las aportaciones que se hayan podido
producir, todas las cuales me han parecido positivas; mucho más las
aportaciones que las críticas. Y entenderá S. S. que su discurso no me
haya parecido positivo, porque no ha habido ninguna alternativa.

A partir de ahí, lo primero que tengo que decirle es que en el nuevo
proyecto del Partido Socialista que S. S. encauza, si lo que hoy hemos
oído es que ustedes van a cambiar la teoría del dirigismo económico por
el determinismo, abandónenla, busquen otra. Sostener que en un país
industrial, abierto, integrado en la OCDE y en todos los tratados del
GATT, su única política económica es la que se deriva de gobiernos
anteriores o del entorno internacional es insostenible. No sigan ustedes
por ahí. Tienen ustedes tiempo en esta legislatura para construir una
alternativa distinta. Así, perdónenme que se lo diga, no vamos a ningún
sitio; no hay debate posible. (Aplausos.) Eso de que crean ustedes que la
globalización mundial y la integración europea es piloto automático,
olvídenlo; eso no existe. Y yo estoy seguro de que si busca un buen
equipo económico puede usted encontrar alternativas; yo no se las voy a
dar; ya tengo bastante con las nuestras. Pero un poquito de atención.

Vamos a desterrar del debate lo del piloto automático, porque no llegamos
a ningún sitio.

Empezaremos por la credibilidad. El año pasado, no está tan lejos,
ustedes nos dijeron que no íbamos a cumplir el cuadro macroeconómico, que
la economía no iba a crecer al 3; que no iba a haber suficientes
ingresos. Es más, anunciaron durante el primer semestre de este año que
tendríamos que traer un decreto-ley para reducir el gasto y que
tendríamos que aumentar porque los ingresos estaban cayendo. Ahora
resulta que se han dado ustedes cuenta de que se habían equivocado. Está
bien. Pero reconocerá usted que en cuanto a su capacidad de
previsión...Ustedes nos dijeron que el presupuesto no ayuda al
crecimiento y hemos crecido por encima de lo previsto, y después hablaré
del cuadro macroeconómico; que no íbamos a ser capaces de reducir la
inflación porque el presupuesto era inflacionista, y tenemos menos
inflación de la que estabamos estableciendo en el cuadro macroeconómico
del año pasado; que el presupuesto no iba a ser capaz de generar empleo,
y estamos creciendo en este momento al 2,7 por ciento en el empleo.

Quiero mencionarle algunas partidas. Estaban ustedes hablando de que iba
a haber una crisis en la financiación de la Seguridad Social. A mí me han
hecho preguntas, hasta el mes de junio, en esta Cámara, diciéndome que la
Seguridad Social estaba en crisis financiera. Estaba como la dejaron
ustedes, con 500.000 millones de agujero. ¿En crisis financiera, cuando
va a cumplir el objetivo de déficit? ¿Cómo pueden ustedes trabajar tan
poco en la oposición, con los libros que les manda el Gobierno, para no
ser capaces de leerlos? Eso es lo que le ha sucedido a usted en este
discurso, señor Almunia. (Aplausos.--Rumores) Según el equipo económico
del Partido Socialista, el consumo privado previsto por nosotros para el
año 1997 en el cuadro macroeconómico que se debatió aquí en el mes de
septiembre, que era del 2,7, era un objetivo optimista. Ha sido el 3.

Ustedes no creyeron en ningún momento en nuestra política económica, no
creyeron en los resultados de nuestra política económica. De que el
entorno internacional iba a ser distinto en el año 1997 se han enterado
ustedes en octubre --quedan dos meses, ya no les queda nada para que pase
el año--; todo el mundo se había enterado mucho antes que ustedes. Nos
anunciaron ustedes que no podríamos pagar las pensiones, lo cual viniendo
de ustedes tiene excesiva carga ya. ¿Cuántos años llevan ustedes hablando
de las pensiones? ¿En cuántos mítines? ¡No creo que haya un solo diputado
del Partido Socialista que no haya dicho públicamente --no privada sino
públicamente-- que el Partido Popular iba a recortar las pensiones y las
iba a bajar! ¡Déjenlo ustedes ya! El año pasado estaban ustedes con la
misma cantinela, y hoy quien le ha asesorado al señor Almunia en su
discurso le vuelve a llevar por los mismos derroteros.

Ustedes estaban convencidos de que iba a costar una cantidad inasumible
la actualización de balances. Y ven ustedes las previsiones de
crecimiento que tenemos en este momento de recaudación del Impuesto de
Sociedades este año y, sobre todo, el que se va a mantener



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en el futuro. Nos anunciaban ustedes que iba a haber una catástrofe en
sectores tan sensibles como la educación. Llegaron a decir que no se
podrían construir ni tres institutos el próximo año. Pues bien, señorías,
se han construido 39 institutos, están en funcionamiento 20 colegios
nuevos de educación infantil y primaria, y podría hacer un repaso de todo
el catastrofismo al que ustedes nos sometieron.

Señor Almunia, su capacidad de previsión en el Gobierno era mala, pero en
la oposición es igual de mala. (Aplausos.) Usted me ha dicho al principio
de su intervención que hay que ver qué realistas y positivos éramos en
reconocer que la situación macroeconómica es positiva. Menos mal que su
equipo asesor no le ha dicho que dijera lo contrario, porque, si además
del piloto automático, viene usted a decir aquí que la economía española
no está en situación de equilibrio, hubiera sido realmente peligroso para
el futuro teniendo en cuenta el peso de su partido en la opinión pública
y lo que ustedes representan. ¿Que nosotros no lo decíamos? Es que nunca
ha estado en situación de equilibrio hasta ahora. (Risas.) ¡Qué quiere
que yo le diga! ¿Sabe usted cuál era la teoría de sus antecesores en las
responsabilidades políticas? Que no tenía ninguna importancia el
desequilibrio exterior porque se podía financiar con ahorro externo.

Hemos estado escuchando ese discurso aquí durante años hasta que tuvimos
que devaluar cuatro veces, y estuvimos a punto de perder cualquier
oportunidad de pertenecer a la Unión Económica y Monetaria, además de
900.000 empleos perdidos en el año 1993. Ustedes llegaron a conjugar ser
el país que tenía la mayor tasa de crecimiento de Europa y, al mismo
tiempo, el mayor déficit por cuenta corriente. Abrieron ustedes un
boquete a la economía productiva de este país que estamos tardando años
en cerrar. Que nosotros les decíamos a ustedes en la oposición que había
que bajar el déficit público, que no había que aumentar la presión fiscal
al ritmo que ustedes lo hacían y que había que tener mucho cuidado con el
desequilibrio exterior, desde luego. Y si nosotros hiciéramos lo que
ustedes hacían, ustedes deberían decírnoslo. Pero es que usted no me
puede decir a mí en este momento que estamos en una situación de
desequilibrio, de lo cual yo creo que todos tenemos que alegrarnos.

Critica usted --entre todas las cosas que ha criticado-- el hecho de que
nuestro cuadro macroeconómico no coincida con las previsiones. Le han
aconsejado mal, señor Almunia. Si compara usted el cuadro macroeconómico
de 1997 con el de 1998 y el de 1996 con el de 1997, verá que la evolución
de la inversión es muy importante y que la evolución del consumo privado
también es muy importante. Lo que sucede es que la competitividad de la
economía como consecuencia de las reformas estructurales, de la caída de
la inflación, de las medidas de internacionalización de la empresa y de
la reforma de los mercados más importantes, está haciendo que nuestras
exportaciones crezcan y la contribución del sector exterior también sea
positiva. La economía española se ha transformado y ha pasado de ser una
economía que sólo exportaba cuando estaba en crisis a ser una economía de
exportación estable. Y eso se consigue no por el piloto automático, señor
Almunia, se consigue cuando se tienen costes similares o inferiores a los
de nuestros competidores.

Acabamos de pasar por un período en el que han subido los tipos de
interés en otros países, pero han bajado en España. Ha habido crisis
presupuestarias en vecinos nuestros, pero si mira usted la cotización de
la peseta habrá visto que no se ha movido. ¿Por qué, señor Almunia? ¿Cree
usted que es por gobiernos anteriores? ¿Qué pasa, que los inversores han
mirado quién era ministro de Economía y Hacienda en el año 1991 para
tomar una decisión sobre la peseta en el año 1997? (Aplausos.--Risas.)
No, señor Almunia. Todas las cosas tienen que ver, unas con otras. Somos
capaces de competir porque tenemos una economía con mejores costes, y
tenemos una economía con mejores costes porque, entre otras cosas, la
política presupuestaria ha reducido el déficit en más del 50 por ciento
en los últimos dos años, y eso está afectando claramente a las presiones
inflacionistas. Si a eso le suma usted que se ha producido la
desaparición de monopolios muy importantes y que ha habido reformas
estructurales; si a eso le suma usted que la combinación de política
monetaria y presupuestaria es radicalmente distinta a la de antes, no
porque lo diga el Gobierno sino porque lo dicen todas las instituciones
nacionales e internacionales, encontrará una explicación mucho más
lógica, mucho más coherente y, sobre todo, real sobre la situación de la
competitividad de la economía española.

Dice S. S. que estamos en una política miope que no va más allá de mayo.

Lamento no coincidir con su señoría. No coincido con S. S. no porque sea
una posición política. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda usted de
'morir de éxito'? Era usted muy importante ya en el Partido Socialista, o
sea que se acordará de 'morir de éxito'. Pues bien, cuando ustedes se
estaban muriendo de éxito y la economía española iba como un tiro,
llegaron al máximo en el año 1989, que creo que coincide con el 'morir de
éxito' --no soy el autor de la frase, pero me parece que es de 1989--, y
consiguieron que el superávit primario fuera el 1,2 del producto interior
bruto; fue la cifra más alta que ustedes han conseguido nunca en el
superávit primario. En el año 1997 nuestro superávit primario va a ser
del 2,3 del producto interior bruto y, en el año 1998, el 2,1. Eso se
llama sostenibilidad, eso se llama sostenibilidad a todas luces. Si el
hecho de que la diferencia entre gastos e ingresos del Estado se
convierta en positiva una vez que se descuentan los intereses no es
sostenibilidad, señor Almunia, está usted en una teoría económica que no
conoce nadie.




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Nosotros estamos haciendo un claro esfuerzo de sostenibilidad. Dice S. S.

que no es suficiente. Estoy de acuerdo. Si S. S. quiere plantearnos que
debemos ir más lejos --es lo que he echado en falta en su discurso, lo
espero en las enmiendas--, dígannos por dónde debemos profundizar. Tengo
que decirle a S. S. que, en los dieciocho meses que llevamos en el
Gobierno, ustedes nos han anunciado que no íbamos a cumplir el objetivo
de déficit, lo hemos mejorado; que no íbamos a cumplir el objetivo de
empleo, lo hemos mejorado; que no íbamos a crecer al ritmo que habíamos
previsto; que íbamos a tener problemas con la Seguridad Social, no los
hemos tenido; problemas con la recaudación... Todo eso nos lo han
anunciado ustedes, pero todavía estoy esperando una alternativa, todavía
estoy esperando que me digan ustedes cuál sería su política económica
alternativa porque hasta ahora se han dedicado a ver si encontraban
fallos en la nuestra. Es un buen camino, no cabe duda, la crítica es
constructiva en la democracia, pero un poquito de alternativa no nos
vendría mal (Aplausos.), sobre todo para poder debatir algo distinto de
lo que proponemos nosotros.




El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, vaya concluyendo, por favor.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Sí, señor presidente.

Me ha planteado el señor Almunia algunas cuestiones que quiero contestar.

No sé si las podré contestar todas. Vamos a empezar por la creación de
empleo, que es la que más nos preocupa a todos. Señor Almunia, sobre la
creación de empleo deberíamos estar de acuerdo porque los datos son muy
buenos. ¿No son suficientes? Sin duda. ¿Seguimos teniendo un mercado
laboral que crea dualidad en España? Sin duda. ¿Tenemos demasiados
contratos temporales y demasiados pocos contratos a tiempo parcial? Desde
luego. ¿El paro juvenil sigue siendo el principal problema, con el paro
de las mujeres y el de los parados de larga duración? Desde luego, pero,
señor Almunia, estamos creando empleo a un ritmo muy importante.

Dice el señor Almunia que las modificaciones de la legislación laboral,
de mayo de 1997, sólo han sustituido empleo. No es así, señor Almunia, no
es así. Han permitido la sustitución de empleo, pero el 2,7 de
crecimiento del empleo no es exclusivamente la transformación de
contratos, no lo es. ¿Que tenemos que seguir haciendo cosas? No me cabe
la menor duda. Espero ver cuáles son las propuestas que podemos poner
sobre la mesa entre todos. Dice también el señor Almunia que España es el
país que menos imaginación está poniendo en el empleo. En primer lugar,
imaginaciones para el año 2001, en el 2001. Segundo, que el empleo sea
nuestro principal reto y las propuestas las tengamos que poner en marcha
en el 2001, señor Almunia, en el 2001 usted, yo y el resto de la Cámara,
todos calvos. Las medidas, ahora; las medidas, hoy. (Fuertes aplausos.)
Quiero saber si, de una vez, ustedes están dispuestos a colaborar con
nosotros en la política de pequeña y mediana empresa. Si no lo hacen
ustedes ahora, señor Almunia --se lo digo con tiempo--, cuando vengamos
de la cumbre de empleo, donde están los señores Blair, Jospin y todos sus
compañeros, tendrán que ver que una de las propuestas europeas de los
partidos socialistas europeos es la política de pequeña y mediana
empresa. Dejen de decir que es una política fiscal discriminatoria y
empiecen a reconocer --que yo no se lo voy a recordar-- que la creación
de empleo, en nuestro país y en todas las economías industriales, depende
del tejido de la pequeña y mediana empresa, porque las grandes empresas
no son un motor de empleo ni aquí ni en el resto de la OCDE. Por tanto,
colaboremos en esa política.

Dice S. S. que el mercado laboral español está regido por el conformismo.

¿Usted realmente cree que la reforma de mayo la puede hacer algún
Gobierno en Europa en este momento? (Un señor diputado desde los bancos
del Grupo Socialista: ¡Sí!.) No la pudieron hacer ustedes porque no
tenían consenso social. Digamos la verdad. Esa reforma sólo se ha podido
hacer no porque en esta Cámara se quisiera hacer, que se quería hacer,
sino porque los interlocutores sociales en este país la han planteado. En
ese sentido, comparen ustedes la no sé si amarga, pero, desde luego, no
satisfactoria experiencia de 1994 con la de 1997. Ustedes son parte de la
reforma de 1997, la han votado y nosotros no les excluimos de esa
reforma. Los principales protagonistas son los interlocutores sociales.

(Rumores.--Aplausos.)
Yo le emplazo, señor Almunia, a que espere a ver cuántos países europeos
efectúan reformas como la que se ha realizado en este país en mayo de
1997. Porque, además, señor Almunia, las cifras cantan. Si nosotros
estamos creando empleo al 2,7 y los europeos al 0,8 de promedio, yo estoy
dispuesto a aprender de todo el mundo. Ya le he dicho que prefiero
aprender ahora que en el año 2001, porque en el año 2001 a lo mejor ya no
soy yo el que toma las decisiones y, sobre todo, porque el empleo es en
este momento. (Rumores.) El partido será el mismo, digo yo. (Aplausos.)
Señorías, en el debate sobre el empleo es imprescindible que reconozcamos
que en este momento la experiencia es positiva, no porque nos pongamos
más o menos medallas políticas, pues las elecciones están lejos y los
ciudadanos no están pensando en quién van a votar; no hay más que ver lo
que contestan. En este momento, lo que les importa a los ciudadanos es
que hace un año creían que el futuro era peor que el presente y hoy creen
que el futuro es mejor que el presente. Tenemos la oportunidad de hacer
cosas. Es seguro que no vamos a hacer algunas en consonancia, pero



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hay otras en las que sí estamos en consonancia. Cuando ustedes hicieron
la reforma de 1994 nosotros la apoyamos; cuando nosotros hemos hecho la
reforma de 1997 ustedes la han apoyado. Sigamos colaborando en la
política del empleo y bienvenidos sean si quieren colaborar en ella.

Me ha realizado muchas preguntas, todas legítimas, pero tengo que decirle
que algunas deberían de habérselas respondido sus portavoces de área,
señor Almunia. El crecimiento del gasto sanitario. Dígale a su portavoz
que el crecimiento del gasto sanitario sobre el año anterior se calcula
sobre el PIB nominal. El PIB nominal que se preveía en septiembre,
octubre y noviembre de 1996 con respecto a 1997 estaba estableciendo una
inflación del 2,6. Resulta que la inflación, por suerte, no va a ser del
2,6; va a ser del 2,2, según la previsión del Gobierno. Por lo tanto, hay
que corregir la base del presupuesto de sanidad del año 1997 para el
crecimiento del PIB nominal real, que es el sistema de financiación de la
sanidad que tenemos en este momento. Que se lo expliquen los anteriores
responsables en sanidad, porque no hay ninguna variación en ese sentido.

El crecimiento de la financiación sanitaria prevista en el sistema es del
5,7 por ciento, que es el PIB nominal, sobre la base del crecimiento del
PIB nominal real del año 1997. Otra cosa que debe usted conocer es que el
crecimiento del capítulo completo es del 8,2. ¿Y eso por qué? Porque se
aumenta en casi 100.000 millones la separación de fuentes. ¿A S. S. le
parece poco? Todo puede parecer poco, pero teniendo en cuenta que en este
momento la contribución de las cuotas a la sanidad no llega a 200.000
millones, estamos recorriendo la mitad del camino, cuando la ley nos da
tres años. ¿Que podemos hacerlo más deprisa? No estoy seguro, pero, en
cualquier caso, espero sus propuestas.

Sobre la inversión pública, señor Almunia, debe pedir a su equipo que se
lea los libros. No se lean los artículos de sus escritores favoritos,
léanse los libros de presupuestos, porque sus escritores favoritos no
tienen que venir aquí a responder de sus afirmaciones. (Aplausos.) Si
ustedes se leyeran los libros me habrían hecho la pregunta lógica sobre
la inversión de 1997: Por qué afirma el Gobierno que el porcentaje de
realización va a llegar al 96 por ciento; es decir, va a crecer 20
puntos. Esa es la pregunta lógica que yo esperaba, si se leen ustedes los
libros que les hemos enviado. Si se dedican simplemente a prepararse un
discurso, porque a lo mejor están trabajando mucho en las elecciones
gallegas y no se preparan el debate de presupuestos, entonces cometen un
error craso.

La inversión pública en el año 1997 --el Gobierno lo afirma y lo va a
demostrar-- va a tener el mayor grado de realización desde el año 1986,
que es el 96 por ciento.




El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, vaya concluyendo, por favor.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Si ustedes dicen que el grado de ejecución a
septiembre no les llama la atención, les diré que el grado de ejecución a
septiembre es del 46 por ciento, que es similar al del año 1995.

Para que S. S. se tranquilice y tranquilice también a sus asesores y,
sobre todo, a sus responsables de área y les incite para que dejen de
hacer política y se dediquen quizás a estudiar los presupuestos, le puedo
asegurar... (Rumores.--Aplausos.) Sí, sí, me da la sensación de que hay
muchos nervios por pensar en cosas que no son exactamente el debate de
presupuestos. (Nuevos rumores.)
Pues bien, si ustedes hubieran mirado habrían comprobado cómo en este
momento la Gerencia de Infraestructuras Ferroviarias ha tenido la
totalidad de la aportación de los 60.000 millones. Como he dicho en mi
intervención, aunque al parecer ustedes no se han querido enterar, el
método de abono total o, dicho de otra manera, el método alemán, va a
cumplir sus objetivos en los años 1997 y 1998. Y si quiere usted
ejemplos, ya que usted me los ha puesto, yo le voy a leer también otros.

Las obras licitadas, a 9 de agosto de 1997, por el sistema de abono total
de precio eran las más importantes, como, por ejemplo, las que se
refieren a varias comunidades autónomas. En Valencia, la ronda sur; en
Cataluña, la autovía Cervera; en Asturias, la autovía del Cantábrico, el
tramo Caravia-Colunga; la autovía de Huelva-Ayamonte, en Andalucía. Las
obras que van a ser licitadas de forma inmediata son la autovía de
Cervera-Igualada, en Cataluña; la autovía Zaragoza-Huesca, tramo de
Huesca en Aragón y la continuación del tramo-enlace Lepe en Ayamonte,
Andalucía. No quiero seguir leyéndole detalles, en lo único que le
insisto es en que el grado de ejecución de las inversiones públicas en el
año 1997 va a permitir cumplir nuestros objetivos y, lo que es más
importante, es el más alto de los últimos 11 años.




El señor PRESIDENTE: Señor Rato, le ruego que concluya.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Sí, señor presidente, pero es que luego el
señor Almunia me dirá que no le he contestado a las preguntas. Déjeme
simplemente hablar de la ejecución de ingresos. (Rumores.)
Presión fiscal y cotizaciones sociales. Sobre las cotizaciones sociales,
señor Almunia --usted debería de saberlo porque ha sido ministro de
Trabajo--, los interlocutores sociales hacen su descripción, pero usted
debería desagregar dichas cotizaciones ¿Cuánto crecen las cotizaciones
sociales? Un 5,2. ¿Cuánto crece la participación de los desempleados en
esas cotizaciones? Un 0,7. Por lo tanto, nos quedamos en un 4,5. Quite



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usted de ahí el crecimiento del empleo y le quedará el crecimiento de la
inflación. Así pues, cuando algunos sectores critican al Gobierno por
determinadas políticas de cuotas sociales, a mí no me queda más remedio
que preguntarle: Señor Almunia, ¿es usted partidario o no de que
penalicemos las horas extraordinarias?, ¿es usted partidario o no de que
tratemos de desincentivar el trabajo temporal no necesario? ¿Lo es o no
lo es? Yo sé que hay interlocutores sociales que no lo son, y lo
comprendo, pero me gustaría saber políticamente qué son ustedes, en qué
posición se concretan con respecto a un tema tan importante como las
cuotas, porque me parece imprescindible saber cuál es la posición del
Partido Socialista. Sé cuál es la posición de los empresarios, sé cuál es
la posición de los sindicatos, pero me gustaría saber cuál es la posición
del Partido Socialista sobre estas cuestiones. (El señor Madrid López: El
Gobierno lo sabe.) El Gobierno lo ha plasmado en los presupuestos, ya más
no puede hacer. (Aplausos.)
Señor Almunia, con respecto a la presión tributaria, yo creía que S. S.

iba a ir por un camino, pero después ha ido por otro. Ha dicho que
algunos ingresos no son recurrentes. Es verdad que los ingresos en caja
no son recurrentes. La presión tributaria, aquí y en todos los países de
nuestro entorno, se calcula en términos de contabilidad nacional, de
devengo. En términos de contabilidad nacional, la presión tributaria se
mantiene --está en los libros que les hemos repartido-- uniforme en los
últimos tres años.

Señor Almunia, yo comprendo que si lee usted artículos en los periódicos
--y me refiero a uno muy concreto-- le puedan llevar a un error, pero el
autor de ese artículo, si es que usted lo ha leído, sabe perfectamente
que no se pueden sumar ingresos presupuestarios de caja con ingresos en
contabilidad nacional. Así pues, no siga teniendo de asesor al que le
haya inducido a ese error, busque gente que le diferencie lo que son
ingresos no recurrentes, que pueden ser, como ha sucedido entre el año
1996 y 1997, la diferencia de cuotas de IRPF de las comunidades autónomas
o la aportación de la Seguridad Social, y que desvirtúan la evolución de
los gastos y de los ingresos de caja entre 1996 y 1997. Lo puede
comprobar también en el tema de las privatizaciones.

Señor Almunia --usted no tiene por qué saberlo, pero sí su equipo--, las
privatizaciones no se pueden aplicar al déficit público. (Rumores.)
Entérense ustedes. Eurostat ha cambiado el criterio. Cuando ustedes
gobernaban aplicaron privatizaciones de Repsol, en el año 1995, al
déficit público. No sé si como consecuencia de sus actos o de los de
otros países, pero Eurostat lo ha prohibido. Por lo tanto, nosotros no
podemos aplicar privatizaciones al déficit público. Es más, ni siquiera
el Impuesto sobre Sociedades, que se recauda como consecuencia de los
ingresos de privatizaciones, es aplicable al déficit público y ahí pueden
estar algunas de las explicaciones que S. S. no encuentra sobre el
Impuesto sobre Sociedades. Las privatizaciones del Estado se aplican a la
reducción del déficit y las privatizaciones de la SEPI se están aplicando
a lo que yo les he explicado en mi primera parte del discurso. Por una
parte, a reducir la deuda histórica del INI, que desaparecerá en el año
1999, y, segundo --es un tema muy importante que ustedes deberían tratar
con mucha delicadeza--, a garantizar los compromisos de la reconversión
industrial, que ustedes conocen muy bien, que nosotros conocíamos menos
bien y ahora conocemos muy bien y que supone un montón de dinero. Espero
verles a SS. SS. en una posición no sé si constructiva, pero desde luego
activa, cuando el Gobierno plantee cómo vamos a garantizar el
cumplimiento de los compromisos de la reconversión industrial, porque
estamos hablando de mucho dinero. No voy a hacer que el señor presidente
me llame la atención otra vez recordándoles la cantidad de puestos de
trabajo que ustedes perdieron, además de la cantidad de dinero que ha
perdido el conjunto de la sociedad española. (Aplausos.) Entro ya en el
año 1998. Para que el presidente no me llame la atención, dejo para más
adelante muchas de las cuestiones que se han suscitado. El señor Almunia
ha planteado dudas sobre la inflación de 1998. Yo quiero decirle que el
Gobierno cifró la inflación de 1997 en el 2,6, corrigió esa medida en el
mes de marzo, la cifró en el 2,2 y mantenemos esa previsión.

El señor Almunia ha mostrado su preocupación por lo que podría ser la
evolución de los dos últimos meses. Yo la comparto, pero S. S. debe
conocer, primero, que estos dos meses --el mes de agosto por razones
turísticas y el mes de septiembre especialmente por los alimentos no
elaborados-- han tenido alzas que no son recurrentes; segundo, que se ha
producido una desaceleración, aunque todavía no suficiente, en el sector
servicios y que, indudablemente, la inflación del sector servicios es un
problema que el Gobierno debe atajar desregularizando y liberalizando más
mercados.

Ustedes pueden no acompañarnos, lo comprendo, porque liberalizar el
sector servicios no es el mejor camino para crearse plataformas
electorales. Si ustedes no nos van a acompañar en la política de suelo ni
en la política de colegios ni en la política de libros ni en nada, por lo
menos no me hablen del asunto. Me piden que haga algo y ustedes jamás me
han propuesto una medida. Tienen ustedes tiempo, la legislatura va a
durar. Pueden ustedes hacerlo. Vamos a ver lo que me proponen ustedes en
el sector servicios. Cuéntenmelo ustedes, vamos a escucharlo. La última
propuesta sobre inflación del sector servicios que escuché de su grupo
parlamentario fue la siguiente... (Varios señores diputados desde los
bancos del Grupo Socialista: ¡Telefónica! ¡Tabaco!) ¿Qué quieren ustedes?
¿Precios regulados? Propónganmelo ustedes. No me griten, propónganmelo
por escrito; es mucho más fácil. (Aplausos.)



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Cuando propusimos la reducción del IVA de las autopistas ustedes me
dijeron que compartían la reducción del coste de las autopistas, pero que
no les gustaba el sistema y que lo que teníamos que hacer era convencer a
los accionistas de las sociedades concesionarias para que regalaran la
bajada del IVA de las autopistas. ¡Idea genial! ¡La más fácil que he
oído! Vamos a estas sociedades y les decimos: Oiganme, bajen ustedes
ahora mismo los precios porque nos parece muy bien que los bajen. ¿Por
qué no se les ocurrió a ustedes en el año 1990 cuando decretaron la
revalorización de las autopistas? Era el momento. (La señora López i
Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.) ¿O es que me van a decir
ustedes que las autopistas no ganaban dinero entonces? Señor Almunia, lo
que no se puede es hacer demagogia con todo. Elijan ustedes un tema de
demagogia, uno, pero no elijan todos porque, al final, llegamos a un
debate absolutamente irreal.

Señor Almunia, en el año 1998 el déficit público se va a reducir más de
lo previsto y no en alguna Administración sino en el Estado. En el año
1998 se va a producir una evolución de los ingresos conforme a la que
hemos planteado. Si sus asesores leyesen la comparecencia del gobernador
del Banco de España verían que hay gente que piensa que va a ser incluso
mayor. Que no le lleven otra vez por el camino de que no va a haber
ingresos; elija usted otro camino, porque van a tener que rectificarlo.

Si además de eso dice usted que han subido los impuestos, precíseme
cuáles; mire qué fácil es. Dígame usted qué impuestos han subido.

Al señor Almunia le parece mal que equiparemos las retenciones de
profesionales a las de los trabajadores. Es una posición política; yo no
la comparto, pero usted lo ha dicho. ¿Le parece mal? Estupendo. Al señor
Almunia le parece mal que tomemos medidas para que a la deducción sobre
el trabajo no se le apliquen las rentas del capital; a usted le parece
mal. Usted quiere que una persona que tenga menos de 78.000 pesetas de
cuota por rentas del trabajo se pueda deducir 78.000 pesetas de cuota que
le vienen de otras rentas. A nosotros, no. Es una posición como otra
cualquiera. Podemos no estar de acuerdo, pero, desde luego, no nos va a
convencer de que lo otro es más equitativo.

Al señor Almunia le parece mal que las tasas se eleven al ritmo de la
inflación, y le debe parecer bien que servicios no esenciales se paguen
con impuestos generales. A nosotros, no. Señor Almunia, el presupuesto de
1998, por el lado de los ingresos, no va a tener problemas y por el lado
de los gastos, tampoco. El presupuesto de 1998 es un presupuesto ajustado
que reduce el peso del gasto en la economía, que reduce el déficit
público, que aumenta el saldo primario y que, además, redistribuye las
políticas.

Si usted me lo permite, señor Almunia, yo, que comprendo la oposición en
la oposición porque he estado en ella muchos años (La señora López i
Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.--Rumores.), le diría que a
ustedes les gustaría votar el presupuesto de 1998 y, todavía más, es el
que a ustedes les hubiera gustado hacer.

Muchas gracias. (Rumores. --Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor vicepresidente.

El señor Almunia tiene la palabra.




El señor ALMUNIA AMANN: Señor presidente, señoras y señores diputados,
señor Rato, usted empezaba su réplica, como no podía ser de otro modo
tratándose de usted, haciendo de oposición y pidiendo al Grupo Socialista
que dijese lo que había que hacer con el presupuesto. (Rumores.) Trataba
de acordarme --suelo tener buena memoria, por eso no necesito que me
pasen tantos papeles con datos como le pasaban ustedes al señor Rato--
(Rumores.--Protestas.--El señor Pascual Monzo pronuncia palabras que no
se perciben.)



El señor PRESIDENTE: ¡Señor Pascual! ¡Señor Pascual!



El señor ALMUNIA AMANN: Trataba de acordarme, decía, si en algunas de las
numerosas ocasiones en las que usted ha ejercido como portavoz en la
oposición del Grupo Parlamentario Popular, de Alianza Popular o de lo que
fuese, en este debate de presupuestos alguna vez, en alguna ocasión sobre
algún tema había planteado usted alguna alternativa. Y me vino a la
cabeza una frase tremenda que escuché al señor Rato. Debía ser un mitin o
una campaña electoral, porque estaba un poco alterado y no suele ser
persona que se altere en los debates. Le preguntaba alguien --por tanto,
no era un mitin-: «Frente a esas críticas que usted dirige a la política
económica de los gobiernos socialistas, ¿usted qué propone?» Y dijo: «Yo,
exactamente lo contrario». (Aplausos.--Risas.--Rumores.) Esa era su
alternativa, señor Rato. (La señora López Chamoso pronuncia palabras que
no se perciben.) Se han pasado muchos años actuando desde la oposición de
forma absolutamente negativa, negándose a ver la realidad, negándose a
ver cómo España progresaba y se modernizaba, negándose a ver cómo nuestra
economía se abría y superaba el reto de entrar en la Comunidad Europea,
negándose a ver cómo aguantábamos el reto de ingresar en el sistema
monetario. (Aplausos.--Rumores.) Y no sólo eran miopes en la oposición
sino que estando ya en el Gobierno --y a todos nos vendría bien que
tuviesen algo de sentido común-- se niegan a ver cuál ha sido el punto de
partida sobre el que están ustedes disponiendo una economía que va
razonablemente bien en términos macroeconómicos. ¿De verdad creen que
todo lo bueno que sucede en la economía española es obra de sus medidas?
(Varios señores diputados del Grupo Parlamentario



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Popular: ¡Sí, sí!) ¿De verdad creen que el señor Aznar es un milagrero?
¿De verdad creen que la evolución de la economía italiana, tan similar en
muchos aspectos, desde el punto de vista macroeconómico, a la evolución
de la economía española, también depende de sus medidas? El hecho de que
Irlanda crezca un 8 por ciento, ¿también depende de sus medidas? El hecho
de que la economía alemana vaya a crecer el 3 por ciento en el año 1998,
¿también depende de usted o del señor Montoro? ¿De verdad que se lo creen
todo? (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Sí,
sí!)
Señor Rato, le diré para que se relaje un poco que sí le vamos a
plantear, cada vez que lo estimemos conveniente y oportuno, alternativas
a sus políticas. Pida que le pasen comentadas --eso sí-- las enmiendas
del Grupo Parlamentario Socialista a este proyecto de presupuestos,
analícelas, estúdielas y, por favor, apóyelas, que tendremos un mejor
presupuesto para el año 1998. (Aplausos.) Señor Rato, las previsiones
macroeconómicas son responsabilidad exclusiva del Gobierno. Las
previsiones macroeconómicas en las cuales se encaja una política
económica, una política presupuestaria, unas cifras de ingresos y de
gastos, un objetivo de déficit, es algo que el Gobierno no puede
esquivar. Sería impensable que viniese aquí cualquier grupo de la
oposición planteando como enmiendas al proyecto de presupuestos cuadros
macroeconómicos alternativos; ahí, el Gobierno tiene su única y exclusiva
responsabilidad de decir y ofrecer a los operadores económicos, a los
agentes económicos, a los agentes sociales, a las fuerzas parlamentarias
que debaten los presupuestos, a toda la sociedad española, a los mercados
financieros y a todo el que quiera saber qué pasa o qué va a pasar en la
economía española, unas previsiones creíbles. Y ustedes han ofrecido unas
previsiones en el año 1997 que han tenido que corregir en varias
ocasiones, y por lo menos debiera reconocerlo y explicarnos cuáles han
sido las causas, los obstáculos o los impulsos adicionales que llevan a
que hayamos tenido un mayor crecimiento económico gracias al tirón
--mucho más fuerte de lo esperado-- de las exportaciones (tirón que aquí,
en Francia y en otros países, todo el mundo imputa --salvo quizá usted y
algún asesor suyo-- a la evolución del dólar); eso es lo que ha
sustituido, en la aportación al crecimiento de nuestro PIB para el año
1997, una parte de las décimas de producto que no se podrían aportar con
una inversión que está evolucionando de forma menos positiva que lo que
ustedes habían previsto. Esa es la realidad del año 1997 en cuanto a
cifras macroeconómicas. Pero de ustedes depende más que de esa especie de
magia macroeconómica
de los cuadros macroeconómicos y de las previsiones --en la que hay
que creer pero no demasiado-- cómo se ejecuta el presupuesto del año
1997. Ahí se mide la coherencia de un Gobierno con sus propios objetivos,
con sus propios compromisos, con sus propias previsiones; o la
incoherencia de un Gobierno que dice una cosa y hace la contraria, o que
pretendiendo hacer una cosa deja hacer y no consigue los resultados que
pretende.

Le voy a leer lo que opina un organismo público de la evolución del
presupuesto de 1997, de este año. Dice: La insuficiencia de los
mecanismos de control de crecimiento del gasto contenidos en la vigente
ley de presupuestos del año 1997 queda evidenciada al comprobar que los
créditos del presupuesto de 1997, a fin de agosto, presentan un aumento
de 417.000 millones de pesetas; esta cifra probablemente se eleve a
600.000 millones de pesetas a fin de ejercicio. Lo exorbitante de este
crecimiento --sigue añadiendo la oficina pública, que depende del
Gobierno--, teniendo en cuenta que el presupuesto inicial sobre el
presupuesto base aumenta el 1,7, pone de manifiesto la falta de rigor
presupuestario y el riesgo que presenta el actual conjunto de
autorizaciones existentes para modificar los créditos del presupuesto y
su incapacidad para poder controlar la evolución del gasto. Lo acaecido
en 1997 habría hecho peligrar muy seriamente el objetivo de déficit de
este ejercicio si no se hubiesen producido circunstancias ajenas a la
Administración española
--aquí ya el milagro del Gobierno y el del señor presidente han
traspasado las fronteras-- que han permitido paliar el exceso de
potencial de gasto autorizado, tales son las bajadas de tipo de interés y
los nuevos criterios de la Unión Europea respecto a la imputación
temporal de dichas cargas financieras y de las deudas asumidas. Y añade
la nota --lo cual es más preocupante todavía-: Estas circunstancias --las
que han impedido salirse fuera del objetivo de déficit-- no se volverán a
repetir en el año 1998, por lo que debe corregirse la situación. Como ya
se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, el presupuesto
inicial para 1998 conlleva un déficit de financiación adicional sobre lo
previsto cercano a los 600.000 millones de pesetas, que deberán ser
cubiertos con recursos tributarios derivados de nueva normativa. Firmado:
don José Barea, director de la Oficina Presupuestaria del señor
presidente del Gobierno. (Aplausos.) Es decir, señor Rato, que hay
problemas de imprevisión, hay problemas de no contención del gasto, hay
problemas de falta de sostenibilidad de los ingresos, y eso al final se
traduce en que hay problemas y en que un Gobierno está donde está, en el
banco azul, por voluntad de los ciudadanos, pero para afrontar y resolver
esos problemas, no para jugar de nuevo la eterna partida de ping-pong de
hacer de oposición de la oposición, como cuando ustedes eran más jóvenes.

Sobre el empleo. Es verdad que en España se está creando mucho empleo en
el año 1997. Según ustedes, ya corregidos los efectos de la encuesta de
población activa de los sesgos de la introducción del nuevo censo, se
están creando 350.000 ó 360.000 empleos en el



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año 1997, un 2,7 por ciento. Son los últimos datos conocidos sobre el
segundo trimestre de 1996. En el año anterior, segundo trimestre de 1996
sobre segundo trimestre de 1995, se crearon, aunque algo menos, 315.000
empleos, y del año 1994 al año 1995, en el mismo período, segundo
trimestre sobre segundo trimestre, se crearon 300.000 empleos. Es decir,
¿que la creación de empleo existe? Sí. ¿Que la creación de empleo ha
venido de la mano de ustedes? No es cierto. Es más, la capacidad de la
economía española para generar empleo por unidad de producto está
reduciéndose, y ustedes mismos lo reconocen cuando prevén un crecimiento
del PIB del 3,4 por ciento para el próximo año y en cambio el número de
empleos que prevén que se van a crear en la economía española gracias a
ese crecimiento es menor, incluido el impacto de la reforma del mercado
de trabajo, que el que se está creando en el año 1997, parte de cuyos
meses, lógicamente, todavía no pueden haber sido afectados por una
reforma que ha entrado en vigor poco antes del verano.

Por tanto, reconozcan que hay más cosas que hacer, que se pueden hacer
más cosas. En el Consejo Europeo ustedes van a tener que pronunciarse
sobre si se deben, se pueden y se han de hacer más cosas. Y ya que usted
busca alternativas, señor Rato, nosotros vamos a aportar propuestas --si
quiere también se las damos a usted-- a nuestros amigos en el Consejo
Europeo, a los líderes socialistas europeos, que son primeros ministros,
que hay muchos, en el ámbito de nuestras reuniones de los socialistas
europeos, y vamos a trabajar para que esa cumbre de empleo sea un éxito y
para ver si, a través del éxito de la cumbre de Luxemburgo, les llegan a
ustedes algo más de ganas, algo más de voluntad política, algo más de
imaginación y algo más de empuje para no colgarse sólo las medallas de
don Cándido Méndez, de don Antonio Gutiérrez y de don José María Cuevas,
porque esas medallas no son suyas, son de ellos. Ustedes hagan más cosas
en este país, además de las que hacen otros, para crear empleo. No sólo
apoyen esas reformas --que está bien y nosotros las hemos apoyado
también-- sino que hagan más cosas. (El señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Arenas Bocanegra, hace gestos afirmativos.) No me diga
que sí con la cabeza, señor ministro de Trabajo, haga más cosas. Dígale
al señor Rato que le deje hacer más cosas, porque seguro que usted tiene
ideas que en los pasillos de la calle de Alcalá se frenan. Empuje, tenga
más capacidad de convicción para ver si este Gobierno no es el último de
toda la Unión Europea en darse cuenta de que, a la vez que nos adentramos
en una Unión Monetaria, hay que conseguir un impulso adicional, mucho más
intenso que hasta ahora, para que además de crecimiento económico haya
otras políticas, otros impulsos y otros incentivos para crear empleo.

En relación a la sanidad quiero decirle que no vuelva otra vez con el
baile de cifras del 8,6 ó del 4,8 por ciento. Usted ha reconocido, cosa
que es obvia, que el acuerdo de financiación de la sanidad, del Sistema
Nacional de Salud, a partir del 1 de enero de 1998, para el próximo
quinquenio, no está incluido en su proyecto. Usted no ha sido capaz de
negociarlo a tiempo (no sabemos si al final hay algún compromiso que no
puede ser elevado a categoría pública) pero, en todo caso --ya que la
subcomisión de Sanidad la manosearon tanto que al final no sirvió para
nada--, ahora vamos a ver si el grupo de trabajo que hay en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera sirve para algo y pueden salirles de ahí las
propuestas que ustedes no se atreven a plantear a la sociedad española.

Porque es verdad que hay que decirle a la sociedad española que el gasto
sanitario tiene que evolucionar, al menos, como evoluciona el producto
interior bruto en términos nominales y, muy probablemente, por encima de
esta evolución; hay que decirle a la sociedad española de dónde se
obtiene dinero para financiar ese gasto, porque la sociedad española
quiere seguir manteniendo y consolidando un Sistema Nacional de Salud y
ustedes no son capaces ni de mantenerlo ni de consolidarlo con las
propuestas del señor ministro de Sanidad que son, cuando son, bastante
ambiguas en la materia y no son, en absoluto, un Gobierno capaz de
afrontar la responsabilidad de decir si hay que gastar tanto en sanidad,
si hay que pagarlo mediante impuestos o mediante la fórmula que sea.

Háganlo de una vez porque el 1 de enero de 1998 está ahí a la vuelta.

Durante unas semanas, usted ha podido engañar a unos pocos diciendo que
el gasto sanitario aumentaba el 8,6 en vez de el 4,8 por ciento, pero la
realidad es tozuda y al gasto en estos presupuestos en materia sanitaria
o le añaden dinero o le añaden el nuevo acuerdo (que todavía, al parecer,
no existe) o aumenta menos de lo que aumenta la economía, perdiendo
carácter no ya de prioridad sino, simplemente, de política atendida por
este Gobierno, dejándola a su inercia de los últimos tiempos. Una sanidad
que está esperando que se le dé un nuevo modelo de financiación y que
está esperando que se aclare, además, el modelo de gestión (a ver si el
señor ministro ayuda en la tarea y no nos enrolla y no nos enreda cada
vez más) y cuáles son las ideas que de verdad sostiene este Gobierno en
materia de gestión sanitaria.




El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Sobre la inversión pública quiero decirle que sus
amigos hablan con mucha más claridad que lo que yo puedo hacerlo. Yo no
sé si usted es amigo de la Cámara de Comercio de Barcelona, que reconoce
una disminución de la inversión pública del 16 por ciento o de la propia
CEOE, que habla de una caída del 15 por ciento, en el capítulo de
inversiones reales. Elija usted sus amigos --o la CEOE o la



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Cámara de Comercio de Barcelona-- que yo, aparte de mis asesores --que
los tengo, por supuesto, menos que usted, pero los tengo-- también me leo
los informes de gente que supongo que le van a tratar mejor a usted y a
sus políticas y veo que esa gente, sus amigos, también señalan la caída
de la inversión como uno de los aspectos más preocupantes de su política
presupuestaria de 1997 y que no han arreglado, no han sido capaces de
enderezar, en la política presupuestaria del año 1998.

En cuanto a la presión fiscal, por ir concluyendo, le diré que las
cotizaciones sociales aumentan en peso sobre el producto interior bruto.

Pero eso no es lo más grave, señor Rato y señor Arenas, lo más grave es
que frente a sus propias proclamas, frente a sus propios compromisos y
anuncios, frente a su propio programa, las cotizaciones sociales siguen
financiando prestaciones de carácter no contributivo. En la sanidad
financian más de cien mil millones (salvo que el nuevo modelo de
financiación lo arregle de aquí a final de año); en los complementos de
mínimos se ha producido una regresión notable en su presupuesto de 1997
que, en absoluto, es corregida ni en un céntimo en el presupuesto de 1998
--hay casi 600 mil millones de pesetas de gasto en complementos por
mínimos financiados por cotizaciones sociales-- y, en el régimen por
desempleo, hay 2,5 puntos de la cotización por desempleo, excedentarias
sobre el gasto previsto en prestaciones contributivas, que ustedes no
reducen pese a su convicción, tantas veces proclamada, de que mantener
cotizaciones sociales elevadas es nocivo para el empleo. Esa es la
realidad de las cosas y esos son los problemas a los que usted se tiene
que enfrentar, no lanzando preguntas a estos bancos, sino lanzando
preguntas a sus asesores, a sus colaboradores, a la Administración o a
quien quiera, a ver si le dan soluciones y propuestas porque usted es el
Gobierno y nosotros no.

La presión tributaria aumenta. Me remito también a amigos suyos. El
Instituto de Estudios Económicos, que usted conoce mucho mejor que yo,
reconoce en su informe sobre los Presupuestos Generales del Estado para
1998 que la presión fiscal de las administraciones centrales --entendida
como la suma de directos, indirectos y cotizaciones-- se incrementa en
tres décimas de PIB y la presión tributaria del Estado --dejando al
margen las cotizaciones-- también se incrementa, según el Instituto de
Estudios Económicos y según cualquier persona (no según un artículo de no
se sabe quién en El País) que ha estudiado los presupuestos y que se ha
adentrado, durante unas horas, a desenmarañar los trucos de presentación
que contienen el libro amarillo, el informe económico-financiero, la
memoria y todo el material que usted ha tenido a bien enviar a esta
Cámara.

Privatizaciones. Los ingresos por privatizaciones no es un problema de
Eurostat, señor vicepresidente. Eurostat tiene sus criterios, que hay que
respetar. Les vamos a apoyar para que los respeten. Vamos a hacer causa
común con el señor Barea, para que respeten los criterios contables y no
se dejen llevar por la facilidad del gasto sin control. Ahora bien, el
problema de las privatizaciones es que, computen o no computen para el
déficit en contabilidad nacional que tiene que ver con los criterios de
Maastricht, ustedes han ingresado aproximadamente dos billones de pesetas
en el año 1997 y según mis estimaciones al menos van a ingresar un billón
de pesetas adicional --y esperemos que no caiga la Bolsa-- en el año
1998, y no sabe este Parlamento con claridad qué están haciendo con eso,
quién lo está controlando, a qué se está dedicando, qué uso se está dando
a unos recursos que proceden de un patrimonio edificado y construido con
el esfuerzo común de varias generaciones de españoles, incluso con el
esfuerzo común de quienes endosaron al sector público algunas empresas
privadas en estado cataléptico a finales de los setenta. (Varios señores
diputados: Bien. Bien.--Aplausos.--El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia)
Como conclusión, señor Rato, si usted, por una vez y sin que sirva de
precedente, se comporta como lo que es, como un miembro del Gobierno,
díganos, por favor, si cabe albergar alguna esperanza a lo largo del
debate presupuestario a partir del debate de hoy, en el trámite de
enmiendas, en la tramitación durante estos meses, para que estos
presupuestos sean más rigurosos, más serios, menos opacos, más justos y
nos permitan llegar a donde ya sabemos que vamos a llegar, que es al
euro, en buenas condiciones, porque de nada valdría llegar al euro con
una economía y con un sector público agotados, porque, entonces, no hay
que ser ni partidario ni enemigo en teoría del euro: hay que tener
sentido común para saber que si un Gobierno no apoya desde lo que son sus
responsabilidades políticas --y la presupuestaria es una responsabilidad
importante--, el enorme esfuerzo que tiene que hacer la sociedad y la
economía españolas para maximizar los beneficios y paliar al máximo los
inconvenientes de la entrada de la peseta en la moneda única, lo vamos a
pasar muy mal.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Almunia.

Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias, señor
Almunia, una vez más.

La frase que me ha citado usted --le agradezco mucho que me cite-- no la
dije en un mitin, fue en un programa de televisión. Usted lo habrá visto
por televisión. Era un debate con el señor Solchaga, y yo dije más cosas.

Seguramente, S. S. no ha tenido la oportunidad



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de seguir mis obras completas. (Risas.) Mejor para él, seguramente. Yo le
decía al señor Solchaga que nuestra política era la contraria en términos
de incremento del déficit público, en incrementos del gasto, en
incrementos de presión fiscal. Por tanto, si el señor Almunia hubiera
estado sometido a la totalidad del debate que, a lo mejor, por suerte
para él, no lo estuvo, hubiera podido encontrar que esa frase es una
frase que tenía más continuidad; no me quedaba ahí.

En cualquier caso, yo le he pedido una alternativa, señor Almunia; no se
enfade usted conmigo, no se la pido más. Si usted se enfada conmigo y me
dice que yo soy el Gobierno y que soy el único que tiene que proponer
cosas, no se la pido más. Según las reglas del juego, nosotros nos
tenemos que someter a las que ustedes marquen --¡faltaría más!--; son la
oposición. (Risas.) Sin embargo, me ha dado usted una esperanza, y es que
me ha dicho que van a presentar ustedes enmiendas. Y le voy a decir por
qué me ha dado usted una esperanza, y no se enfaden ustedes conmigo.

Ultimamente, me refiero a esta legislatura, el principal partido de la
oposición dice en la tribuna unas cosas muy duras y después, en Comisión,
es otra cosa; por tanto, me abre usted una puerta a la esperanza. Sólo
con que nos pase lo mismo que nos está pasando en el catastro, yo me
quedo encantado, porque de discursos realmente terribles sobre las
posiciones del Gobierno, a posiciones en Comisión de consenso --si esto
es lo que usted ha querido decirme, que lo veremos--, yo estoy
completamente encantado, ¡faltaría más!. Pero, a partir de ahí, usted
comprenderá que los discursos nos los tomaremos como son.

Yo no me quiero poner medallas de nadie, es más, no me he cansado de
repetir que el protagonismo lo tienen los interlocutores sociales. Les he
dicho que la gran diferencia entre el acuerdo de 1994, del que nosotros
fuimos parte, y el acuerdo de 1997 es que en el primero unos
interlocutores sociales declararon una huelga general y los otros nunca
se responsabilizaron del acuerdo, y así salió lo que salió. Por lo tanto,
yo no me pongo ninguna medalla, pero tampoco califico el empleo que se
crea en verano de chiringuito. Me parece que esa calificación no fue muy
acertada. El empleo que se ha creado este verano ha sido empleo, y tengo
que decir que fueron 270.000 empleos estables que no se hubieran
producido y que, en ningún caso, se puede pensar que es sustitución de
empleo dado el crecimiento del empleo en nuestro país.

Y hablando de empleo, señor Almunia, que ha sido una parte importante de
su segunda intervención, yo tengo que decirle que estoy de acuerdo en que
todos los países están haciendo esfuerzos y que el debate es muy
importante, y todas esas cosas que ha dicho usted, y yo las reitero, las
subrayo, me pongo detrás de usted y las repito, pero en este momento el
ritmo de creación de empleo no estadístico, señor Almunia, en España es
el más alto de la Unión Europea después de Irlanda, y en términos
absolutos el más alto.

Hay un problema estadístico sobre el empleo de los años 1994 y 1995, lo
sabemos todos y, por lo tanto, no es una base de comparación. El empleo
del año 1997, del que yo estoy hablando y que usted conoce, de 335.000
empleos, es sin ningún sesgo estadístico. Y el sesgo estadístico fue
extraordinariamente intenso en esos años. Fue necesario que lo fuera
porque había que renovar las bases estadísticas, pero fue así. Por lo
tanto, sin que con eso yo quiera quitarle ningún mérito al empleo que se
creó en otros momentos, hoy estamos creando empleo en relación al PIB a
un ritmo que no habíamos creado en nuestra historia, y eso es positivo, y
seguramente --y con esto enlazo con otro argumento de S. S.--, cuando S.

S. me dice que el mundo no empezó en mayo de 1996, tiene toda la razón,
soy plenamente consciente de ello, pero también tengo que decirle que la
presunción de S. S. de que todo lo que ha sucedido desde mayo de 1996 a
septiembre u octubre de 1997 no tiene nada que ver con la realidad
económica actual de España, desde luego yo no lo comparto, y creo que a
eso he dedicado un poco de tiempo en mi primera intervención.

Los sectores podrán decir lo que les convenga sobre las cuotas sociales,
y me parece además que es lo lógico en una sociedad abierta. Yo lo que le
digo es lo que son las cuotas sociales y se lo repito. La hipótesis de
crecimiento es del 5,08 por ciento. Las cuotas por desempleo crecen un
0,7 por ciento. El aumento del empleo será del 2,5 por ciento --y ahora
me referiré a ello--. La afloración de la economía sumergida será del 0,3
por ciento y el crecimiento de salarios será del 1,6 por ciento. Fíjese
usted si es una previsión conservadora que hacemos una previsión de
financiación de la Seguridad Social en la que partimos de la base de que
el crecimiento de salarios más deslizamientos va a ser del 1,6 por
ciento, que seguramente no va a ser y, por lo tanto, vamos a tener una
financiación todavía más holgada.

Y S. S. me reprocha que en el cuadro macroeconómico del Gobierno fijemos
un crecimiento del empleo en 1998 del 2,5 por ciento, inferior al del año
1997. Señor Almunia, tiene una explicación muy clara y es que el cuadro
macroeconómico del año 1997 tiene consecuencias presupuestarias en el año
1998 --es decir, después nuestra previsión de creación de empleo es la
que sirve para calcular la financiación de la Seguridad Social--, y hemos
preferido ponernos en la banda baja de creación de empleo cuando hacemos
las cuentas de lo que hay que financiar en la Seguridad Social. Y yo creo
que si S. S. lo piensa se dará cuenta de que por lo menos tenemos un
punto de razón, no sé si toda, cuando presentamos las cuentas de la
Seguridad Social disminuyendo su déficit en los años 1997 y 1998 --y le
recuerdo que era el 0,5 por ciento el que ustedes nos dejaron en 1996--
y, al mismo tiempo, haciendo unas previsiones de cuotas que,
efectivamente, sitúan la creación de empleo en la banda baja. ¿Su Señoría
cree que



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va a haber más? Pues es posible que lo haya, pero desde luego nosotros no
podemos presentar una previsión que incide sobre el presupuesto de la
Seguridad Social colocándonos en una previsión maximalista, porque sería
un error. Además, introducimos 110.000 millones en bonificaciones de
cuotas de contratos estables, y eso me parece que es una cifra de dinero
suficientemente importante, que está en el conjunto del crecimiento de
las cuotas, lo cual quiere decir que las cuotas de los contratos estables
nuevos que se produzcan van a tener una clara bonificación. En ese
sentido, creo que coincidimos con la posición de su grupo parlamentario
y, si no coincidimos, me preocuparía, porque creo que la bonificación de
las cuotas estables es la gran contribución que estamos haciendo a los
acuerdos de los interlocutores sociales que están permitiendo el
crecimiento del empleo en España a ese ritmo.

No tengo ninguna duda de que la economía alemana, italiana, danesa,
holandesa e irlandesa, no dependen de las decisiones macroeconómicas del
Gobierno español. No tengo ninguna duda. Pero tampoco tengo ninguna duda
de que si nosotros nos estuviéramos equivocando no estaríamos siguiendo
el ritmo por la parte más optimista, porque estamos creciendo un tercio
más, con la misma inflación y con menos déficit público. Y nos hemos
convertido en lo que ellos eran, que son economías que crecen y mantienen
superávit por cuenta corriente. Por lo tanto, señor Almunia, somos ya muy
parecidos a esas economías. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
¿Usted me quiere decir que en este momento en Europa la política
macroeconómica se parece mucho? Es cierto. Por eso convergen los tipos de
interés. Pero, ¿me deja ir un punto más allá? ¿Por qué cree usted que no
convergían los tipos de interés antes? Porque las políticas
macroeconómicas no se parecían. ¿O es que cree usted que los tipos de
interés son una variable independiente de las políticas macroeconómicas?
¿Por qué cree usted que en este momento los mercados valoran nuestra
diferencia de tipos de interés a diez años con Alemania en menos de 40
puntos, que es la diferencia de inflación? Porque estamos convergiendo en
políticas económicas. ¿Por qué cree usted que no lo hacían hace dos años?
Porque no estábamos convergiendo en políticas económicas. Señor Almunia,
eso es así. Y esa es la razón de que no estemos ni ante ningún misterio
ni ante ningún milagro; estamos ante una política de convergencia. Es
verdad que otros países han llevado a cabo una política de convergencia.

Y si me plantea usted el caso portugués, compare las diferencia de
presupuesto y comprenderá mi afirmación --espero que no le haya
molestado, me parece que no-- de que este es el presupuesto que ustedes
hubieran querido poder hacer y hubieran querido votar; compare con el
presupuesto portugués y comprenderá por qué se lo digo, aparte de otras
consideraciones.

Respecto a nuestras previsiones sobre el cuadro macroeconómico, es verdad
que no fuimos exactos. ¿Qué ha sucedido? Que el PIB crece más deprisa.

¿Por qué? Porque hay más aportación del sector exterior. Pero la
inversión está creciendo de un 0,7 a un 4 y pico por ciento y el consumo
está creciendo a un ritmo satisfactorio, al 3 por ciento. Y el empleo
crece más de lo previsto. Por lo tanto, es un cuadro macroeconómico en el
que se demuestra algo muy importante, y es que la economía española tiene
hoy un nivel de competitividad y de presencia en los mercados
internacionales que la convierten en una economía de exportación estable.

Y ese es un cambio estructural en nuestras empresas que tenemos que
incentivar, y el Gobierno está dispuesto a hacerlo y lo está haciendo.

Sin duda es un tema esencial a debatir en esta Cámara porque es uno de
nuestros grandes desafíos en respuesta a la globalización y a otra idea
que S. S. ha introducido...




El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, concluya, por favor.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Sí, señor presidente.

Estamos unidos en el ritmo de crecimiento de otras economías. Nuestra
capacidad de crecer, con demanda interna muy por encima de otras
economías, se está reduciendo. Y nuestro diferencial de crecimiento, que
es nuestra mejor garantía de acercarnos a la media de prosperidad, es a
base de conquistar mercados exteriores y beneficiarnos de la
globalización.

Déficit público. El señor Barea ha estado aquí la semana pasada, ¿por qué
no le han preguntado ustedes a él? (Rumores.) Yo lo voy a leer, señor
Almunia, y el señor presidente, puesto que es a requerimiento suyo,
seguro que me va a dejar. Ejecución del presupuesto del Estado para 1997.

Si partimos de considerar las obligaciones reconocidas en 1997, el
presupuesto base 1996 da lugar a una tasa de crecimiento del 3,5, que es
superior a la previsión que habíamos planteado --es verdad-- del 1,7.

¿Cuál es la explicación de esa desviación de gastos? Se la voy a dar; si
hubieran ustedes preguntado se la habrían dado, no es un tema de debate
de totalidad, pero se la voy a dar. Señoría, ampliaciones de crédito por
importe de 150.000 millones de pesetas. Hemos traído al año 1997
vencimientos de deuda pública que estaban previstos para otros años para
cambiarla por deuda más barata y ello ha incrementado nuestro déficit en
este año en 150.000 millones de pesetas. Hay, además, como S. S. sabe y
yo creo que incluso ustedes lo han votado, inundaciones por 22.000
millones de pesetas; el Fondo de Compensación Interterritorial, que es
una incorporación de crédito automática, 88.000 millones de pesetas; la
sanción de la cuota láctea, 50.000 millones de pesetas y el crédito
ampliable de Bosnia, 22.000 millones de pesetas. Eso suma 330.000
millones de pesetas, aproximadamente, que es la diferencia entre las
obligaciones reconocidas



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que vamos a ejecutar y los créditos inicialmente aprobados. Por tanto, yo
se lo explico como se lo hubiera explicado el señor Barea, como se lo
hubiera explicado el señor Montoro y como se lo puede explicar cualquiera
de mis compañeros. En este momento, en términos de contabilidad nacional,
el déficit de las administraciones públicas para el año 1997, según la
Comisión Europea y según el Ministerio de Economía y Hacienda español, va
a ser del 2,9, y la disminución de una décima, del 3 por ciento al 2,9,
se debe a la bajada de una décima del déficit del Estado, del 2,5 al 2,4,
en términos de contabilidad nacional, en la que hay que hacer ajustes que
creo que en este momento no hay motivo para hacer.

Por último, volviendo al tema del empleo, acabo con una cuestión que me
parece esencial, que es la de las políticas activas. Decir que en España,
además de estar creciendo el empleo tres veces al ritmo que lo está
haciendo en Europa, no estamos haciendo nada, además de las medallas que,
sin duda, hayan de ponerse los interlocutores sociales, es no reconocer
que las políticas activas en este presupuesto crecen a mayor ritmo que en
ningún país europeo. Estamos poniendo más dinero en formación, en
intermediación del mercado laboral y en todo tipo de políticas activas,
además de los 110.000 millones de bonificación de cuotas, lo que en
porcentaje de lo que nosotros representamos constituye el mayor esfuerzo
que se está haciendo en Europa. ¿Que hay que hacer más cosas? Sin ninguna
duda. ¿Que tenemos que tener la mente abierta para aceptar las que se
planteen? Sin ninguna duda. ¿Que nosotros escucharemos las que se
planteen en el año 2001? No le quepa a usted ninguna duda, pero en el año
1997, en el debate europeo del empleo, España, y por tanto esta Cámara
--no le digo el Gobierno, esta Cámara-- puede perfectamente presentar un
modelo propio, con resultados propios, y eso, para ser el país que tiene
la mayor tasa de paro, es un buen punto de partida. ¿Que de ahí tenemos
que continuar hacia delante? No le quepa a usted la menor duda. No se
trata de darnos por satisfechos en la solución de un problema que,
claramente, no está resuelto, pero tenemos que aceptar que el camino de
las políticas activas, de la desregulación, de la bonificación de cuotas
para trabajos estables, de la desregulación de mercados y de la política
financiera y tributaria de pymes está dando resultados concretos. Ahí,
desde luego, tendrá nuestra voluntad de colaboración con ustedes en todo
momento y en todo caso.

Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
vicepresidente. (El señor Almunia Amann pide la palabra.)
Señor Almunia, S. S. es buen conocedor del Reglamento y sabe que los
turnos reglamentarios en su favor se han consumido y que el Gobierno
cierra el debate. No obstante, dado que ha hecho un uso contenido de la
primera réplica, tiene cinco minutos para un nuevo turno.




El señor ALMUNIA AMANN: Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de
no agotarlos.

En relación con las enmiendas que dice el señor vicepresidente que leerá
con atención, las enmiendas siempre ponderadas del Grupo Socialista --no
sé por qué le extraña que nuestras enmiendas sean serias, rigurosas y
ponderadas; siempre lo son, lo eran cuando apoyábamos al Gobierno y lo
son ahora que estamos en la oposición--, yo simplemente quiero llevar una
cosa a la mente del señor vicepresidente, y no con afán de que no duerma
esta noche. Imagínese si usted tuviera que soportar una oposición que le
presentase a su presupuesto las mismas enmiendas que su grupo formulaba a
los presupuestos del Gobierno socialista, con aquellas carreteras que
había que hacer en todos y cada uno de los municipios de España, trenes
de alta velocidad extendidos por todo el mapa, incluidos los
archipiélagos, etcétera; imagínese usted lo que sería. Nuestras enmiendas
van a ser serias, rigurosas, pero no les quepa la menor duda, señor
vicepresidente, señoras y señores diputados, que del conjunto de ellas y
del conjunto del discurso del Grupo Parlamentario Socialista en este
debate de presupuestos para 1998 se deriva una política presupuestaria y
una política económica distinta y mejor de la que hace su Gobierno y, por
supuesto --antes lo había dejado pasar de largo--, en ningún momento se
me hubiese pasado por la cabeza, ni se le pasaría a nadie de mi grupo,
apoyar con nuestro voto un proyecto como el que ustedes han traído, en
ningún momento. Ustedes están desaprovechando una ocasión histórica y lo
están haciendo no sólo desde el punto de vista de un reparto injusto de
las cargas y de los beneficios, sino desde el punto de vista del poco
rigor de su política presupuestaria y de su política económica.

El presupuesto de la Seguridad Social, señor vicepresidente --no sé si lo
conoce tan bien como el del Estado--, se viene asentando sobre bases
financieras cada vez más endebles, y no se quite usted de en medio
diciendo: ustedes nos dejaron un déficit en 1996. En 1996 gobernaron
ustedes, hubo elecciones en marzo, como bien recuerda, y a lo largo de
ocho meses de los doce de ese año ustedes eran los responsables de haber
tomado medidas y no quisieron tomarlas en ese año, a diferencia de lo que
sí propuso usted a esta Cámara --y obtuvo la autorización de la misma,
sin nuestro voto-: corregir insuficiencias o desviaciones en los
presupuestos del Estado. Con la Seguridad Social no quiso, no supo o no
pudo hacerlo y en 1996 se encontró con un agujero que no corrigió en el
año 1997, que no va a corregir en el año 1998 y que es exclusivamente
responsabilidad de su Gobierno y de usted en particular como
vicepresidente segundo del mismo. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!)



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Por último, me voy a referir al señor Barea. El señor Barea es nada menos
que secretario de Estado, director de la Oficina del Presupuesto de la
Presidencia del Gobierno y cuando el señor Barea el 24 de septiembre dice
lo que dice no se refiere sólo a una lista de ampliaciones de crédito, de
aquellas que usted tanto criticaba cuando estaba en la oposición y que
son obvias y necesarias en cualquier ejecución presupuestaria, sino que
en estas observaciones al presupuesto, entre otras muchas cosas, dice:
«Estas circunstancias» --las que les han salvado a ustedes del riesgo de
no cubrir pro forma el objetivo de déficit en contabilidad nacional de
1997-- «no se volverán a repetir en 1998, por lo que debe corregirse la
situación. Como ya se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, el
presupuesto inicial presentado para 1998 conlleva en los presentes
momentos» --24 de septiembre-- «un déficit de financiación adicional
sobre lo previsto cercano a los 600.000 millones de pesetas» --sin contar
la sanidad, cuyo acuerdo de financiación no está incluido-- «que deberán
ser cubiertos con recursos tributarios derivados de nueva normativa.»
Aplíquese a esto y déjese ya de hacer oposición, señor Rato. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, tiene la palabra. Le ruego
también brevedad.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.

Señor Almunia, ya sé que usted no va a votar estos presupuestos y, si
Dios lo quiere, el año que viene le preguntaré a usted por qué, porque
nadie lo habrá entendido, pero, como digo, ya sé que no los va a votar.

No le queda más remedio; es el juego en el que está y de ahí no puede
salirse.

Sobre la Seguridad Social, se lo he dicho antes, se lo vuelvo a repetir
ahora y le voy a dar un dato más. No sólo dejaron ustedes 500.000
millones de déficit el año pasado, sino que en la transmisión de poderes
nos lo comunicaron y nos dijeron textualmente que no había dinero para
pagar las pensiones, y se habían ustedes olvidado de poner una cantidad
en la prórroga del presupuesto que recogiera el incremento por la
desviación del IPC en las pensiones de 1995. Así que, si quiere usted que
hablemos de la Seguridad Social, hablamos, pero la realidad es que pasar
del 0,5 de déficit al 0,2 y al 0,16 es nuestra gestión, es verdad. Y si
usted cree que colocar la Seguridad Social por debajo del 0,2 de déficit,
en términos de contabilidad nacional, no es hacer una política de
sostenibilidad, dígame qué es dejarla en el 0,5. En cualquier caso, ese
es un debate que estamos perfectamente dispuestos a continuar cuando
quiera.

Sobre el presupuesto de 1998 y el aumento de impuestos le he preguntado
qué impuestos suben y usted no me lo ha podido decir. Vamos a hacer un
pequeño repaso. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hay
una nueva tabla de retenciones con una nueva tabla del impuesto, que
supone una caída para los contribuyentes de rentas mas bajas y, además,
hay un aumento de las deducciones en familias que afecta a tres millones
de éstas. En el Impuesto sobre Sociedades no hay ningún aumento. En el
Impuesto sobre el Valor Añadido, no hay ningún aumento. ¿Cuáles son los
impuestos que crecen? Señoría, hay una cosa que ustedes nunca quisieron
creer. En todas esas enmiendas que nunca votaban y que nunca aceptaban
había una cosa que nunca quisieron creer y la van a tener que aprender
--y es bueno aprender-- y es que impuestos mejor hechos y más racionales
producen más recaudación. Lo están comprobando en el año 1997, cuando
ustedes estaban convencidos de que iba a caer la recaudación y no ha
caído, sino que ha crecido. Lo van a comprobar en el año 1998 y es bueno
que lo hagan porque cuando venga el debate de la ley del IRPF sería
conveniente que ya hubieran aprendido esa lección.

Por último, señor presidente, espero el trámite de enmiendas.

Coincidiendo con muchos de los temas importantes que hemos tocado, entre
ellos el control del gasto público, me encantará ver las enmiendas de su
grupo sobre dicho tema, porque supongo que serán una clara modificación
de la posición que mantuvieron en la Ley de disciplina presupuestaria de
hace un año. Estamos plenamente dispuestos a aceptar todas aquellas que
colaboren a la sostenibilidad del presupuesto y al desafío que tiene
España ante sí.

Señor Almunia, respecto a que la política económica del Gobierno se acaba
en mayo, sólo le voy a a hacer una reflexión. Mayo va a llegar y a ver
qué va usted a decir en mayo.

Muchas gracias. (Aplausos.--El señor Almunia Amann pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.

Señor Almunia, ya le advertí que era un turno adicional y el último.

Entiendo que, si no, el debate sería interminable, en perjuicio de los
demás portavoces, y, por otra parte, de algunos de los extremos que SS.

SS. han debatido, por las palabras que me ha parecido percibir, ha
quedado abierta su discusión para otro momento. No obstante, si S. S.

quiere establecer algún matiz, tiene medio minuto.




El señor ALMUNIA AMANN: Señor presidente, pido la palabra simplemente
porque el vicepresidente señor Rato, en su segunda réplica, ha tratado de
responder a una cuestión que yo no había suscitado en mi primera dúplica.

Por tanto, creo que es obligado hacer una precisión.

La presión tributaria y la presión fiscal en los presupuestos de 1998
aumentan. Cualquiera que tenga una



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calculadora y sepa comparar cantidades homogéneas en 1998 y 1997 sabe
hacer la cuenta. Se la ha hecho hasta la CEOE, se la ha hecho el
Instituto de Empresa, se la hacen las cámaras de comercio, se la hace
cualquier economista y se la puede hacer hasta un diputado socialista.

Eso es así señor Rato, le guste o no, aunque usted ha querido trucarlo a
veces comparando con previsiones de liquidación y a veces comparando,
cuando le interesa, con presupuestos iniciales. Comparando en términos
homogéneos, suben los impuestos y, además, hay impuestos que suben. No
hace falta ser un experto en presupuestos para saber que el Impuesto
sobre las primas de seguros sube, y las tasas y algunos otros más.

(Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Señor presidente, el Gobierno anterior cerraba siempre
los debates. Por este sistema no sé si llegaremos alguna vez a esa
situación. (Risas.)
Tengo que tener un exquisito cuidado en no decir algo que S. S. no haya
mencionado. Es una nueva regla del Parlamento, a la que me someto. Señor
Almunia, es muy fácil. En términos de contabilidad nacional, que es como
hay que hacer la comparación, la puede hacer de dos maneras --puede
hacerla de varias, pero esencialmente de dos-: presupuesto sobre
presupuesto --cosa que no hace nadie; no la hacían ustedes, no
la hacemos nosotros ni ningún organismo internacional-- o
presupuesto sobre avance de liquidación, cosa que hacían ustedes, que
hacemos nosotros y que hacen todos los organismos internacionales. Si
hace usted eso, en el Estado, comprobará que la presión fiscal no sube.

Si tiene en cuenta el impuesto eléctrico que, como sabe muy bien, no es
un nuevo impuesto en términos económicos, comprobará que baja. Ahora
bien, si habla de la presión fiscal de las administraciones públicas,
tiene que tener en cuenta que juegan las cuotas y que cualquier aumento
del empleo sobre el previsto produce un aumento de ingresos. Por tanto,
no me parece que sea la mejor de las comparaciones, pero eso es así de
simple. Pueden ustedes ahora decidir que ustedes solos, frente a las
prácticas anteriores y presentes, van a hacer una medición de la presión
fiscal distinta de la que se hacía. Háganlo, no tengo inconveniente. Mi
pregunta para los ciudadanos es una pregunta muy simple. Dígame qué
impuestos crecen.

Señor Almunia, hace muy bien en utilizar los informes de los organismos
nacionales e internacionales y dados los papeles que usted recibe --son
pocos, S. S. lo ha reconocido--, hará bien en utilizar los de fuera. En
cualquier caso, vuelvo a insistirle en la pregunta básica que hay que
hacer a los ciudadanos españoles. ¿Qué impuestos suben? O dicho de otra
manera --y es una pregunta que será muy interesante en la próxima campaña
electoral-: ¿con quién pagaba usted más impuestos, con el Gobierno
socialista o con el Gobierno del Partido Popular? Verá usted la
contestación.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rato.

Enmiendas de totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para cuya defensa tiene la
palabra don Pedro Antonio Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados, a pesar de lo que ha expuesto el señor vicepresidente, hay
muchas razones, desde la izquierda, para devolver estos presupuestos al
Gobierno, pero la principal es que no son los presupuestos del empleo y
del reparto del trabajo, son unos presupuestos diseñados para la gente
que vive mejor en España. Además, no son claros, no son fiables y no son
creíbles, porque no sabemos a ciencia cierta lo que pretenden ustedes
hacer, hay cosas que están aquí y no se harán y, por contra, hay cosas
que no están aquí y sí se harán, y, encima, no vienen avalados por el
buen cumplimiento de los grandes anuncios del año 1997 ni por el buen
nivel de ejecución, sobre todo en educación y medio ambiente, y hacen
imposible el seguimiento de la ejecución día a día.

Con esta propuesta se sitúan en su lugar, la derecha tradicional. Por
eso, en nombre de mi grupo voy a defender la enmienda a la totalidad a
los Presupuestos Generales del Estado para el año 1998 y a la ley de
acompañamiento, que es una ley que crea indefensión en la ciudadanía y
que más que de acompañamiento, es de amañamiento legal; presupuestos que,
al parecer, cuentan con la aquiescencia de los socios parlamentarios del
PP.

Estos presupuestos no son los que España necesita, porque están
supeditados a su modelo de construcción de moneda única, el euro y su
aplicación, porque no crean empleo, no reparten el trabajo, no mejoran
las condiciones laborales ni apuestan por la economía productiva del
país. Señor Rato son más papistas que el Papa en las condiciones
monetarias del plan de convergencia. Mientras que otros países como
Francia o Italia adecuan el proceso de moneda única al empleo --plan de
empleo público y reparto del trabajo--, ustedes minimizan aún más el
Estado, renuncian a lo público frente a lo privado y acentúan la
regresividad fiscal en las cuentas generales que hoy nos presentan.

Su propuesta de presupuestos se construye con unos materiales cifrados en
el liberalismo a ultranza. A pesar del crecimiento económico del 3,4 por
ciento --los españoles tendrán a final de año 4 billones de pesetas
más--, el empleo crecerá menos que el año pasado; los salarios y las
pensiones crecerán a lo sumo lo que el IPC; se venderá lo poco que aún
queda rentable del patrimonio --1,5 billones en privatizaciones--; se
reduce



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el dinero de la riqueza general que se destina al bien común:
ferrocarril, mejor justicia, más calidad ambiental, mejores prestaciones
sociales, mejor educación, mejor sanidad pública. Es decir, el gasto del
Estado crece un 2,1 por ciento, pierde peso en el conjunto de la
economía, crece menos que la economía y menos que los ingresos. El PIB
crece el 5,7 y los ingresos crecen el 6 por ciento, según sus datos.

Además, estos gastos los pagamos cada vez más todos los ciudadanos por
igual y no pagan más los que más tienen; cobramos menos impuestos
directos --bajan el 6 por ciento sobre la liquidación del año 1997--, que
pagan los beneficiados del crecimiento económico, y suben el 9,5 los
impuestos indirectos. ¿Quién se está quedando con los billones que
significa el crecimiento económico? Está claro que el crecimiento
económico no llega a la inmensa mayoría del país ni se transforma en
inversión productiva; bien al contrario, crecen los beneficios
especulativos de capital. Sirva como ejemplo una comparación de su etapa
de Gobierno. En 1996 el PIB era de 73,6 billones y el gasto público 33,6.

En el año 1998 el PIB será al final del ejercicio de 81,9 billones y el
total del gasto 35,4. En suma, la riqueza del país habrá crecido 8,3
billones de pesetas en la etapa de su Gobierno y los recursos públicos
1,8 billones; del 45,6 ha bajado al 43,2. El interés general ha caído
frente al interés privado.

Los presupuestos, señor Rato, aportan unas cifras que están maquilladas
para que parezcan lo que no son y las terminan ustedes cuadrando a
martillazos de declaración de intenciones. Las escasas inversiones del
año pasado tienen un bajo nivel de ejecución y las cifras importantes se
deslizarán al ejercicio siguiente, porque aunque estén licitadas las
obras, no se van a ejecutar, no se van a contraer los gastos. Ustedes
aplazan un año las actuaciones más importantes para hacer coincidir las
inauguraciones en el segundo y tercer trimestre del año 1999, año a todas
luces electoral. Lo que criticaron poniendo el grito en el cielo contra
las inauguraciones del señor Borrell en el año 1996 lo imitarán ustedes,
y asistiremos a inauguraciones, primeras piedras, corte de cintas,
tramos, etapas de obras de actuación y de ejecución.

Anunciaron ustedes austeridad en la burocracia, reducción de altos cargos
y del gasto corriente. Este año crecen los gastos corrientes.

Productividad. ¿Sabe usted lo que va a gastar este año en productividad
para toda la Función pública que administran sus ministros, sus
compañeros de Gobierno? 41.000 millones de pesetas. ¿Sabe usted lo que
gastan en educación para todo el país? 40.000 millones. Gastan más en
productividad que en educación.

Ustedes incrementan el personal de confianza en casi 500 puestos de
empleo. Les recuerdo que ustedes hicieron la propuesta de reducir los
5.000 altos cargos que había creado el Gobierno del señor González. No
los reducen, los incrementan. Y, para colmo, la ley de acompañamiento,
con figuras de contratación temporal, incrementa la inestabilidad dentro
de la propia Administración.

Anunciaron ustedes en el año 1997 la inversión de 300.000 millones de
pesetas a través de la economía creativa, de la actividad de esos GIF que
creaban, y el esfuerzo privado iba a significar 300.000 millones en
carreteras, ferrocarril y obra hidráulica, para complementar la tremenda
reducción de las inversiones que entonces se hacía. ¿Cúanto se ha
invertido? No digo cuánto se ha licitado. Con 40 millones se licita una
obra de 1.000 millones; con 1.000 millones se licita una obra de 20.000.

¿Qué obras se han empezado? ¿Qué pagos se han realizado con cargo a esos
dineros? ¿Quiere que se lo diga yo? Cero, ninguna actuación, aunque el
Estado sí que ha puesto ya 180.000 millones de pesetas el año pasado y
170.000 éste para capitalizar esos supuestos instrumentos de financiación
extrapresupuestaria. Toda una joya del oscurantismo presupuestario en la
definición de prioridades, de costos de obra y en la desviación contable
para camuflar déficit.

Anunciaron ustedes lucha contra el fraude fiscal, incluso descubrieron
unos 200 expedientes que olían mal. Llegaron a cifrar en un billón la
cuantía posible a ingresar por ese camino inspector. No se ha
transformado en más millones en cada impuesto por esa lucha contra el
fraude fiscal. No ha afectado a la renta, porque en la liquidación
estimada del IRPF para 1997 tenemos 300.000 millones de pesetas menos. En
suma, se han esforzado ustedes en presionar a los débiles, pensiones de
invalidez y desempleados, pero no se atreven con los grandes
defraudadores, con casi 4 billones de fraude y de dinero negro. Como
ejemplo, esa innecesaria ley del contribuyente, que debería denominarse
más bien de reducción de presión a los grandes contribuyentes.

Anunciaron ustedes un sistema de financiación autonómica basado en la
cesión del 30 por ciento del IRPF a las comunidades autónomas a partir
del 1 de enero de 1998, y esto no será así, no habrá desarrollo del
sistema de financiación en el año 1998, porque no se habrá transferido la
educación a las comunidades autónomas, porque las administraciones
públicas no han dotado una financiación adecuada para la educación y el
Gobierno central no ha realizado las inversiones necesarias para
educación secundaria y formación profesional ni para infantil y primaria
que garantice la Logse. Por eso las comunidades autónomas se niegan a
recibir las competencias con ese grado de déficit sobre sus espaldas, las
comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Extremadura, y las
gobernadas por el PP, como Murcia y Madrid.

No se han distribuido los 10.000 millones de pesetas del fondo de
nivelación. Fue un brindis al sol. La solidaridad se ha limitado al
escaso FCI. ¿Por qué el señor Pujol no quiere ahora este modelo pactado?
¿Qué reflejo tendrá la demanda de modificación constitucional



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para acogerse al modelo del cupo que hoy tienen regímenes históricos como
el vasco y el navarro?
Hoy, la contratación temporal sigue siendo superior al 90 por ciento y
los contratos a tiempo parcial y en prácticas no tienen derecho a
prestaciones sociales mínimas. Sin embargo, hace un año, ustedes
prometieron el incremento de la contratación indefinida y una reducción
de la contratación temporal, a la vez que lograrían el acceso a las
prestaciones sociales de los contratos en prácticas y a tiempo parcial o
temporales.

En suma, ustedes son vendedores de cortinas de humo, salvo en la dureza
con la que nos están imponiendo el euro, sin preocuparles en qué
condiciones podremos acceder los españoles a él, incluidos los gastos de
adaptación. Por cierto, aunque dijeron lo contrario, los españoles vamos
a pagar los procesos de adaptación y conversión de la peseta en el euro.

¿Cuánto nos costará en nuestro bolsillo por cada peseta a los españoles,
o lo pagaremos todos por igual a las entidades financieras?
El Gobierno, señor presidente, quiere que las estadísticas le vayan bien,
sea o no así. Por eso han tenido que despedir a dos directores generales
recientemente nombrados o mantenidos en su cargo, el que se encargaba de
elaborar la EPA y el que se encargaba de elaborar el IPC. Por otra parte,
este año incrementan el 25,5 por ciento las transferencias al Instituto
Nacional de Estadística. Las estadísticas primarán mucho.

Señor vicepresidente, la propuesta de presupuestos está lavada o
maquillada para que parezca mejor. Le voy a poner algunos ejemplos.

Primero, aparece un préstamo a la Seguridad Social de 125.000 millones,
cuando la verdad es que los cotizantes a la Seguridad Social ven
retraídos de sus cotizaciones unos 500.000 millones para hacer frente a
obligaciones que corresponden al Estado. No se cumple lo acordado en los
pactos de Toledo para crear un fondo de reserva y el pago por el Estado
de todos los gastos universalizados. ¿Quién presta a quién? ¿Cómo se
debería anotar esto en el déficit público?
Segundo, el pretendido incremento del 8,6 por ciento en sanidad no es
real. La mayor transferencia, de 344.000 millones, es la cifra que
recibía el Insalud desde la Seguridad Social. Por tanto, el Estado no
aporta más, sino que cambia la transferencia de complemento de mínimos,
que antes hacía a la Seguridad Social y lo realiza ahora al Insalud. En
suma, los cotizantes de la Seguridad Social son los que pagarán y el
Estado contabiliza menos déficit.

Tercero, en la previsión de ingresos figura la recaudación del cien por
cien del IRPF, cuando el 15 por ciento será administrado por las
comunidades autónomas incorporadas al sistema, unos 400.000 millones de
pesetas, que no figuran como gastos o transferencias pero sí como
ingresos. ¿Hay un mayor diferencial de ahorro o no lo hay?
Cuarto, el sistema de financiación extrapresupuestaria, que está creado
con estos fondos ajenos, en ferrocarril, alta velocidad Madrid y
Barcelona, o en carreteras, con peaje en sombra, que antes ha explicado
usted, supone construir hoy y pagar después, es decir, están hipotecando
presupuestos futuros que tendremos que administrar otros alguna vez. ¿Es
o no es mayor deuda?
Quinto, presupuestan el cien por cien de los puestos de trabajo, pero,
según el secretario de Estado de Administraciones Públicas, el 15 por
ciento de los 717.000 empleados son vacantes y ustedes van a cubrir
solamente el 25 por ciento, en Defensa, Interior, policías autónomas,
Justicia y Logse. Es decir, de partida, tiene asegurado un ahorro de casi
300.000 millones de pesetas porque no se los va a gastar.

Además de todo esto, señor presidente, señorías, estos presupuestos
tienen una enfermedad endémica, intentan cuadrar la suma de pagos que el
Gobierno tiene que hacer para que sus socios les voten estos
presupuestos. Algunos de estos pagos se realizan en transferencias, al
margen de cualquier política general de cada sección, es decir, no hay un
modelo presupuestario con criterios universales de los que se deriven las
concreciones, sino la graciable o posible negociación bilateral, que
prima sobre todo el modelo territorial o el modelo de Estado.

Vamos a poner algunos ejemplos de los presupuestos que nos han entregado
ustedes. En sanidad, se incrementa en un 23,3 por ciento la transferencia
al Gobierno canario para inversiones en centros sanitarios, 5.700
millones de pesetas. ¿Por qué a este Gobierno sí y a los demás no?
Segundo, en administraciones públicas se crea un plan único de obras y
servicios para la Generalitat de Cataluña por 2.500 millones de pesetas,
para que el Gobierno Pujol lo distribuya entre los municipios. ¿Por qué
en este caso no va a las diputaciones provinciales como en los demás?
Tercero, en entes territoriales se reduce la cuantía de ayudas al
transporte colectivo de todos los municipios de España, se queda en
6.700, mientras que se incrementa el cien por cien en Canarias, de 1.500
millones pasa a 3.000. ¿Por qué aquí sí y al resto no? En transferencias
a comunidades autónomas se duplica la cuantía destinada a policía
catalana, mossos d'escuadra; pasa de 5.000 millones en 1997 a 10.000
millones en 1998. Todo un ejemplo de prioridades en entes territoriales.

¿Se preguntan ustedes por qué crecen los nacionalistas? Aquí tienen una
de las respuestas posibles: gobiernan su región, dicen que aportan
estabilidad al Estado y en cada presupuesto piensan a ver lo que se
llevan de más para poder seguir apoyando al Gobierno.

Ha sido siempre una constante de nuestra actuación en este Parlamento
demandar más empleo. Permítanme SS. SS. una rápida incursión en los
precedentes parlamentarios para ver cómo lo hemos venido planteando. Al
principio de la legislatura, en el debate de investidura,



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siempre dijimos que el principal reto de la construcción europea y de los
Presupuestos Generales del Estado es crear empleo y repartir trabajo. Por
desgracia, no nos han pillado de sorpresa estos presupuestos, aunque
vemos en ellos una peligrosa profundización en los elementos más
regresivos de la política neoliberal. España sigue hoy, después de tres
años de crecimiento económico, de contención del IPC y reducción de tipos
de interés, siendo el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de
desempleo, estamos en el 20 por ciento; con mayor precariedad en el
empleo, cercana al 35 por ciento --en el sector privado, el 40 por
ciento--; de mayor siniestralidad laboral, consecuencia precisamente de
la precariedad; con menor cobertura de desempleo y con el salario más
bajo, en España tenemos el precio/hora más bajo de Europa. En el debate
de investidura le planteábamos al entonces candidato, hoy presidente, el
alarmante incremento de la siniestralidad laboral --precisamente hoy
miles de sindicalistas convocados por UGT y Comisiones están
manifestándose cerca de aquí, en la Puerta del Sol, para demandar más
medidas contra la siniestralidad laboral-- diciéndole que en los últimos
diez años se habían producido 13.600.000 accidentes laborales, con la
triste cifra de 16.228 muertos. En la población joven, entre 20 y 34
años, el accidente laboral es la quinta causa de muerte. ¿En qué hemos
modificado nuestra actuación para corregir esa realidad? ¿Por qué los
presupuestos generales no recogen políticas y partidas concretas para
hacer frente al origen de esos males?
En el debate de la enmienda a la totalidad de los presupuestos que hoy
tendríamos que estar discutiendo cómo se liquidan, Julio Anguita le
planteaba en su intervención: «La propuesta del Gobierno se aleja y
contradice el título VII de nuestra Constitución, Economía y Hacienda, la
economía al servicio del interés general. Son fiscalmente regresivos y,
por tanto, contrarios al espíritu del artículo 31 de la Constitución. Son
insolidarios y manifiestamente injustos, por tanto, contrarios a los
artículos 40 y 41 de la Constitución. Estos presupuestos» --decía
entonces-- «hipotecan aún más nuestra economía a un futuro incierto». ¿No
querías té? Pues toma dos tazas, porque todos esos argumentos son los
mismos que yo le tengo que reiterar hoy, pero en una situación más
compleja. Estamos a la puerta del euro y con un crecimiento económico en
su punto álgido, con la onda expansiva más grande. ¿Qué sucederá cuando
venga el retroceso económico? ¿Con qué estructura productiva haremos
frente a los incumplimientos que podamos tener a nivel social? No se crea
usted que Francia no cumplirá los requisitos, como dicen algunos
comentaristas de medios afines al Gobierno. Sin Francia no habrá euro,
pero los franceses se beneficiarán de los planes de empleo y del reparto
del trabajo aprobado por su Gobierno y, además, con la negociación
política, estarán en el euro, y si no al tiempo. Yo no veo una Unión
Europea sin Francia. En todo caso, los españoles nos veremos en el euro,
pero con una reducción significativa del paro.

Señorías, el conjunto de pueblos que integran España tienen hoy la
obligación y la posibilidad económica de hacer frente al paro ligando los
beneficios fiscales a fondos de inversión comprometidos con el empleo,
promoviendo las medidas legales para reducir la jornada laboral a 35
horas en varios años, acabando con las horas extraordinarias en tareas
estructurales y manteniéndolas solamente para la actividad urgente,
apoyando decididamente los contratos de sustitución que ampara la
legislación vigente, facilitando con ayudas las prejubilaciones ligadas a
la sustitución del empleo de jóvenes. Desde los presupuestos para el año
1998 se podría destinar casi un billón de pesetas a esa política. Unido
eso a un plan de empleo de las administraciones públicas que mejore la
calidad de los servicios públicos y cubra las vacantes existentes en
servicios básicos a la población --asuntos sociales, educación
compensatoria, atención a la juventud--, podríamos estar dando un paso
decidido para generar empleo. En este compromiso por el empleo es
necesario mantener un sector público dinámico en sectores rentables, a la
vez que debe de mantenerse el apoyo con transferencias suficientes para
los servicios universalizados que prestan entes públicos empresariales,
empresas públicas u organismos autónomos, como, por ejemplo, Renfe,
Correos y Telégrafos, etcétera.

Frente a su propuesta, creemos necesario mantener un déficit público
ligado a la capacidad de los ingresos. Para poder trasladar el actual
crecimiento económico a toda la sociedad, la política de reducción de
déficit ha de estar en relación con la progresividad de los ingresos y la
suficiencia de estos para satisfacer las necesidades sociales básicas de
todos los que participan en el crecimiento de la economía. Mi grupo está
propugnando no mantener de forma sostenida un nivel elevado de déficit;
muy al contrario, pensamos en consolidar una estructura de ingresos a
medio plazo que aporte el necesario nivel de recaudación para hacer
frente a una distribución de beneficios sociales. La exigencia de reducir
déficit público, criterio de convergencia, sólo se puede conseguir
mediante la reducción del gasto o el aumento de los ingresos, o con una
combinación de los dos. Pero, según el diseño que se consolida en Europa,
nos parece que no existe otro nada más que reducir el gasto y los
ingresos.

Su propuesta de ingresos, señor vicepresidente, es regresiva y ayuda a
consagrar desigualdades. Permítanme cinco consideraciones sobre la forma
de conseguir ingresos. Ustedes suben la presión fiscal del 35,15 por
ciento al 35,23, y no es que eso sea malo, es que la reparten mal y todos
los españoles pagamos por igual en lugar de pagar más los que más tienen.

Primero, no abordan la necesidad de acercar la fiscalidad de los países
europeos en un proceso de armonización fiscal, porque la ausencia de
fiscalidad directa en el ámbito



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europeo, sobre todo en la tributación de capital, cuando se eliminan
todas las trabas para la circulación de capitales, provoca una
deslocalización de las inversiones, que se dirigirán a los territorios
con menor presión fiscal, penalizando así a aquellos países que intenten
poner en marcha políticas progresivas, e impiden, por tanto, una política
redistributiva para mantener la prestación del servicio. La armonización
fiscal es tan urgente como la construcción de la moneda única. Segundo,
no hay un compromiso de una lucha decidida contra el fraude fiscal. Somos
conscientes de las dificultades que esta lacra lleva consigo, pero es
que, además de las palabras, es necesario obtener resultados positivos a
corto plazo, porque, si no es así, se romperá la equidad en nuestro
sistema fiscal. En todo caso, somos partidarios de derogar las últimas
modificaciones de la Ley General Tributaria y del Código Penal.

Ustedes proponen un alto e injusto nivel de gasto fiscal, que este año se
va a elevar a 4,5 billones de pesetas. Cuando empezaron, tenían ustedes
2,4 billones de pesetas y lo han doblado. Aunque reconocemos que hay
segmentos del gasto fiscal que son útiles, sin embargo, una importante
cuantía del mismo plantea dudas sobre su eficacia, y le voy a poner un
ejemplo concreto en el IRPF. Este año el IRPF va a reducir las
deducciones a los rendimientos del trabajo de 423.000 millones de pesetas
en que estaban el año pasado a 383.000, es decir, las rentas del trabajo
tendrán una reducción de 40.000 millones de pesetas. Y frente a eso hay
un crecimiento espectacular de los beneficios fiscales de las
instituciones de inversión colectiva; de 150.000, que el año pasado se
les perdonó, este año vamos a subir a 395.000, esto es, 240.000 más en
esos fondos privados. ¿Es o no es injusta la política de gasto fiscal?
Nosotros queremos reducir, por tanto, la política de gasto fiscal en un
billón de pesetas de esos 4,5, y lo queremos hacer en los planes de
pensiones, en la política de IRPF en vivienda, en los gastos de
enfermedad para las contingencias no amparadas por la sanidad pública.

Nosotros estimamos que el Impuesto de Sociedades, que este año tiene un
gasto fiscal del 40 por ciento del total --748.000 millones de pesetas--
debe de ir ligado a la inversión, porque sin eso no tendremos eficacia en
lo que estamos dejando en manos de las plusvalías y de los beneficios.

Ustedes, con su propuesta de ingresos, acercan los impuestos indirectos
(6,9 billones para este año) a los directos (7,2 billones). Izquierda
Unida cree que se debe modificar la estructura de ingresos potenciando la
eficacia de los impuestos directos. Es prioritario modificar el IRPF para
que haya un mejor tratamiento, mayor presión fiscal a las plusvalías.

Nosotros defendemos mayor presión fiscal a las rentas del capital,
recuperando el tratamiento fiscal que había antes de 1991 y modificando,
por tanto, la propuesta que se hizo en dicho año. Queremos hacer del
Impuesto sobre el Patrimonio un impuesto real, que grave la capacidad
económica manifestada a través de la posesión de riqueza. Queremos
revisar el IVA para que los productos de primera necesidad estén
beneficiados fiscalmente, para que se reduzca lo que ahora mismo pagan.

Por último, creemos que es necesario crear tasas, impuestos sobre la
energía y tributos que sean finalistas de aplicación ecológica. La
recaudación se debería dirigir, por tanto, a la investigación y
desarrollo de energías renovables, medidas de ahorro y eficiencia
energética.

Ustedes, señor vicepresidente, liquidan el patrimonio rentable que ahora
mismo tenemos y privatizan lo poco que queda. Le decía hace poco el señor
Almunia para los ingresos lo que yo le voy a decir para las
privatizaciones, y a él también: pan para hoy, hambre para mañana. La
privatización sólo beneficia a los bancos y a las entidades financieras
que van a comprar. Se vende arbitrariamente la cuota de mercado de Sintel
para dejar caja a Telefónica y se descuida el futuro empresarial de esta
empresa. Se vende parte de la Corporación Siderúrgica Integral en un
concurso, después de conseguir el umbral de la rentabilidad de esa
empresa tras la capitalización y la quita pública, a una empresa
luxemburguesa. ¿Saben ustedes que esta empresa luxemburguesa es del
Estado luxemburgués? Lo que ustedes no quieren lo compra otro Estado. Es
una forma de privatizar. Vendemos a otros Estados. La estrategia diseñada
por ustedes es acelerar la venta de empresas públicas saneadas. El
Gobierno ha procedido a la disolución de la Agencia Industrial del Estado
y ha integrado las sociedades con pérdidas en la SEPI. El objetivo de
este nuevo esquema empresarial es que las pérdidas de las empresas
públicas no dependan de los Presupuestos Generales del Estado,
consiguiendo así que el Estado reduzca el déficit. En ningún caso,
mientras malvenden el ahorro de generaciones, se les pasa por la cabeza
fortalecer tejido productivo, incentivar difusión tecnológica y crear
empleo. ¿Qué empresa nueva se ha podido quedar? ¿Qué actividad nueva han
puesto ustedes en marcha en sus 18 meses de Gobierno? Los españoles,
señor vicepresidente, necesitan más Estado para distribuir mejor los
recursos.

El presupuesto de gastos de este año, si descontamos los gastos del
Estado, baja 450.000 millones de pesetas, el 1,9 por ciento. Van a gastar
tres billones de pesetas en personal y renuncian a trasladar a los casi
dos millones de empleados públicos el poder recuperar la capacidad
adquisitiva perdida tras varios años de crecimiento económico. Se podría
hoy mantener o plantear la recuperación de parte de esa pérdida. Esta
actitud de no recuperación de ese poder adquisitivo, más la falta de
promoción interna, está provocando un deterioro de la Función pública y
una invitación a los profesionales cualificados y con experiencia a que
den el salto a la empresa privada. El problema empeora al no mantener lo
pactado entre sindicatos y Gobierno y un año más impedir la negociación
colectiva, aunque haya mesas sectoriales de Función pública que estén



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negociando, que es verdad que las hay. El Gobierno impone, por tanto, a
los empleados públicos su criterio de salario y una escasa oferta pública
de empleo. Además, dan prioridad a la distribución de sus efectivos de
una manera muy conservadora. Le voy a poner un ejemplo. En la propuesta
del anexo de personal que ustedes nos hacen habrá los mismos empleados
públicos destinados a policía y Guardia Civil, 178.000, que a educación y
cultura --es decir, infantil, primaria, secundaria, profesional,
especial, artística, bibliotecas, museos--, con 174.000; 4.000 menos.

Decrecen las transferencias corrientes. La minoración más notable es la
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, puesto que para
indemnizaciones de desempleo destinan sólo 6.800 millones de pesetas, un
95,2 por ciento menos. También baja la cuantía que transfieren a Renfe en
un 1,3. Frente a esto, ustedes incrementan las transferencias a la
enseñanza privada y a la concertada, que crece un 9,2 por ciento, un
total de 128.000 millones de pesetas. En suma, ustedes renuncian a
hacerlo y lo ponen en manos de la privada para que desarrolle la Logse.

Será la privada la que produzca la reconversión de la Logse.

La inversión se mantiene en límites mínimos y mal distribuidos. De los
873.000 millones de pesetas de inversión, 335.000 van a Fomento y 235.000
van a Defensa; con el PP vuelve lo grandioso y olvidamos lo pequeño.

Ustedes recuperan las autopistas de peaje: 50.000 millones de pesetas, el
15 por ciento más que el año pasado. Las autovías y las autopistas son el
65 por ciento del Ministerio de Fomento; con ese porcentaje de inversión
sería mejor que le pusiéramos el nombre de Ministerio de carreteras. Sin
embargo, decrece la inversión en ferrocarril, puesto que se concreta en
la alta velocidad Madrid-Barcelona; decrece la inversión en recursos
hidráulicos, saneamiento y calidad de aguas y en los programas de
conservación del medio natural y regeneración ambiental, por ejemplo, la
regeneración de la bahía de Portman, escándalo europeo que aún no hemos
resuelto. Incrementan recursos públicos para la financiación
extrapresupuestaria, la llamada contabilidad creativa, mientras reducen
los fondos FAD, de ayuda al desarrollo, en un 2,3 por ciento y además
reducen el consorcio de compensación de seguros.

En las prioridades de gasto, señor presidente, nos gustaría poder superar
el giro conservador que ustedes han dado. La primera prioridad de este
Gobierno ha sido llegar por fin a un billón de pesetas en defensa. El
gasto militar será de un billón de pesetas, y no solamente para
modernizar las Fuerzas Armadas. A la cifra que se propone de ochocientos
y pico mil millones hay que sumarle el gasto de personal y operaciones de
la OTAN, la cuota de la OTAN de 781 millones, los 670 millones de la
fuerza de alerta temprana y los 90.000 millones de industria, que van
destinados a actuaciones de defensa, puesto que tienen por objeto el
carro de combate Leopard, el Eurofighter y las fragatas. Son tres
proyectos que comprometen al Gobierno en una inversión de casi 800.000
millones de pesetas en el futuro. Han definido una prioridad --nosotros
no la compartimos-- dentro de la distribución del gasto.

Por contra, no se camina hacia el 0,7 del PIB destinado a la
coooperación; más bien ustedes se acercan al 0,25. Mientras que se
potencia, según nosotros, esa capacidad ofensiva, ustedes no cumplen lo
que sí reivindicaron hace dos años junto con las ONG, y era que el
presupuesto se acercara al 0,7 por ciento en cooperación y desarrollo.

Pero lo peor no es eso; lo peor es que en los presupuestos ustedes abren
una línea de privatización en la Agencia Española de Cooperación. El
Partido Popular ha faltado al compromiso que contrajo con la Cámara para
reducir los créditos FAD, trasvasar paulatinamente esa cuantía del
Ministerio de Economía y Hacienda hacia el Ministerio de Asuntos
Exteriores y dedicarlo a la cooperación.

Limitan el ferrocarril a la alta velocidad, y las zonas periféricas, como
Granada, Almería, Murcia, Asturias o Galicia no tendrán consolidada su
esperanza de desarrollo al carecer de inversión en ferrocarril;
actuaciones como la variante de Pajares o la de Chinchilla, pequeñas
actuaciones en pasos a nivel o soterramiento, ustedes las aplazan.

Primero, alta velocidad.

Ustedes deben de renegociar un sistema de financiación autonómica que
funcione y que garantice un mayor equilibrio territorial. El incremento
del protagonismo de los municipios debe de pasar por mayores
competencias, mayores recursos y mayor saneamiento presupuestario, y
estos presupuestos no lo abordan; se dificulta el pacto local. La
bilateralidad con la que ustedes están haciendo el desarrollo del sistema
de financiación tiene sus días contados o, por lo menos, debería de
tenerlo si entráramos en un proceso de racionalidad; un sistema de
financiación que a la vez incremente la autonomía financiera y equilibre
la suficiencia de cada comunidad para poder significar que cada una, con
las mismas competencias, tenga un nivel de recursos similar, desarrolle
la solidaridad y haga efectiva esa compensación. El Gobierno,
unilateralmente, ha renunciado a la deuda histórica de Andalucía y
Extremadura y a lo que pudiéramos llamar demandas de actuaciones
extraordinarias para el desarrollo del artículo 15 de otras comunidades
autónomas no gobernadas por el PP.

Nosotros creemos que, junto con esa política, ustedes huyen de facilitar
el acceso a la vivienda a los ciudadanos que más lo necesitan. No parece
que las bajadas de tipos de interés de los créditos hipotecarios estén
teniendo un efecto apreciable sobre el nivel de accesibilidad a la
vivienda en España de los sectores más necesitados. De hecho, una familia
de renta media necesita como media 6,5 veces su salario anual para poder
entrar en una vivienda, por lo cual la política de vivienda se basa en el
que tiene dinero, en el que tiene recursos y capacidad de hipotecarse
para adquirir esa vivienda, pero



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no va dirigida a los sectores más necesitados. Daré un ejemplo: la media
de las personas que están por encima de una base imponible de 30 millones
de pesetas al año --más o menos como los que quedamos aquí, en este
debate presupuestario-- se descuentan por vivienda 800.000 pesetas al año
y 1.100.000 en cuentas de ahorro. ¿Sabe usted lo que se descuentan las
personas que tienen 2,5 millones o menos, la inmensa mayoría de la
población? Pues 47.000 pesetas. ¿Quién está accediendo a la vivienda? Los
que tienen dinero.

Estos presupuestos condenan el Plan hidrológico. La iniciativa privada no
será quien ordene las necesidades de agua. Nuestro país pasa de
inundaciones a sequías en días, y no veo inversiones en ahorro y en
reutilización de agua. En suma, pueden exacerbarse las batallas de agua
entre regiones por la ausencia de un acto planificador; el Plan
hidrológico no es la suma de planes de cuenca.

Es necesario un compromiso para sacar adelante la Radiotelevisión pública
dentro de su pluralidad. Nuestro grupo cree que se debe mantener un
mínimo equilibrio financiero para que la situación de RTVE, durante este
proceso de definición, no empeore, que se deben recoger propuestas en los
presupuestos. De este modo se trasladaría para el próximo ejercicio el
nivel de endeudamiento, que no creciera con respecto a 1997 pero que
hiciera frente a la deuda histórica de Radiotelevisión en 150.000
millones de pesetas.

Nosotros creemos que un crecimiento económico como el que tenemos puede
llevar consigo la revalorización de las pensiones, acercando la pensión
mínima al salario mínimo. No se trata sólo de mantener la capacidad
adquisitiva de las pensiones. Si crece la economía durante tres años,
¿cuándo se van a acercar las pensiones bajas, las de 25.000, las de
40.000, las de 45.000, al salario mínimo? Si no se trata de mantener la
capacidad adquisitiva; se trata de incrementar más las que están más
bajas. Por tanto, nosotros no sólo planteamos el incremento del IPC por
ley, sino que proponemos que, ahora que se crece, destinemos un trocito
pequeño de esos 4 billones a mejorar las condiciones de las personas que
en peor situación económica están dentro de las pensiones. Creemos que
sería bueno que ustedes dotaran de recursos el Plan gerontológico; es
decir, que garantizaran esos telealarma a las personas que tienen
deficiencias físicas y que viven solas, lo que solucionaría bastantes
situaciones complejas.

Señor presidente, creemos que esta ley de acompañamiento debería de
reducirse o eliminarse. No quisiera acabar sin mencionar esta pésima
técnica legislativa, que bordea la sentencia del Tribunal Constitucional.

Y me gustaría recordarle algunas intervenciones suyas como portavoz del
Partido Popular recogidas en los «Diarios de Sesiones», hablando de lo
malas que eran esas leyes de acompañamiento cuando gobernaba esta parte
del hemiciclo. Ahora se lo puedo devolver a usted, pero es que ahora está
ampliada y dulcificada hacia lo que significan grandes actuaciones y
serias modificaciones. Es una reforma de más de treinta leyes, en un
proceso de acomodación legal para el Gobierno de su propuesta
presupuestaria. El CES dice en su informe que genera inseguridad jurídica
tanto para la Administración como para los ciudadanos y para los
profesionales de la justicia, desde los jueces que tienen que aplicarla a
los fiscales y abogados, y todo esto bajo un pretexto: corregir
disfunciones. Vamos a ver qué disfunciones proponen ustedes corregir.

Modifican todas las leyes fiscales: el IRPF, sociedades, patrimonio, IVA;
algunos artículos los modifican hasta dos veces, incluso algunos
artículos van en la ley de presupuestos y también aquí. ¿No podían haber
hecho ustedes una sola propuesta, de modo que en una vez lo discutimos y
dejamos el artículo como tenga que quedarse? ¿Tenemos que leer 28 veces
la propuesta que ustedes nos hacen? Para colmo, nosotros creemos que
ustedes amplían a leyes que no tienen nada que ver con esto, y le voy a
poner un ejemplo. Ustedes han modificado la Ley General de la Seguridad
Social, cuando hace poco hemos elaborado y aprobado la Ley de
consolidación y racionalización de la Seguridad Social. En el artículo
46, de la Función pública, ustedes crean la contratación de facultativos
en atención continuada fuera de jornada. Es una joya esta creación que
ustedes hacen aquí. En el artículo 54 crean los denominados magistrados
de enlace, y todo ello sin modificar las relaciones de puestos de
trabajo.

Termino, señor presidente, porque no sería bueno un debate parlamentario
de presupuestos si quien pide la devolución al Gobierno no le indica por
dónde debería de ir la reelaboración. No sería bueno como sistema
parlamentario. Por eso le quiero decir que si esta Cámara decidiera,
porque le hubiera llegado nuestra argumentación, que se deben devolver
los presupuestos al Gobierno, nosotros creemos que se deben de reelaborar
siguiendo unas líneas distintas a las que han utilizado ustedes, y si eso
es así, nuestro grupo lo respaldaría. ¿Cuáles son las líneas que nosotros
creemos que deben recoger los presupuestos para poder construir Europa
--la Europa real-- y para hacer llegar el crecimiento económico a toda la
sociedad? Primero, el objetivo central para España y para la construcción
europea debe ser la reducción del paro, crear empleo de calidad abordando
el reparto del trabajo, reducción de la jornada laboral a 35 horas,
reducción de las horas extra, contratos de sustitución de jubilación por
jóvenes y elaborar un plan de empleo público para mejorar los servicios.

Segundo, una política fiscal que recupere la progresividad, con mayor
distancia entre los impuestos directos y los indirectos, frenando las
privatizaciones para dotarnos de un sector público rentable, reduciendo
los gastos fiscales, añadiendo tasas finalistas dedicadas al medio
ambiente, incrementando la presión fiscal



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a las plusvalías. Un modelo de fiscalidad diferente, una política fiscal
que recupere la relación entre impuestos directos e indirectos, mayor
protagonismo de un gasto público selectivamente expansivo, con la
reducción o la contención del gasto militar, para modernizar el país,
mejorar el medio ambiente, corregir los desequilibrios territoriales,
apostando por el ferrocarril, y hacer un efectivo fomento de la vivienda.

Tercero, dignificar el empleo público con una recuperación del poder
adquisitivo de los dos millones de empleados públicos y la puesta en
marcha de un plan social de empleo de contratación pública en las tres
administraciones, para que se cubran las vacantes. Este palo no es para
una vela, es para todos los componentes del Estado.

Cuarto, aumentar el bienestar social mejorando la cobertura de desempleo
y aumentando la pensiones más bajas acercándolas al IPC, universalizando
las prestaciones sociales e incrementando los recursos en investigación y
desarrollo, en educación pública, en sanidad, sin olvidar la justicia y
la cultura.

En suma, señorías, nosotros les proponemos por dónde debería caminar una
reelaboración de los presupuestos. Si no es así, presentaremos enmiendas
parciales para corregir lo que creemos que son unos malos presupuestos.

Si el PP y los nacionalistas vascos, catalanes y canarios imponen estos
presupuestos, a nuestro juicio, se estará produciendo una profunda
involución en el Estado social, democrático y de Derecho y se
profundizará en el avance de las desigualdades y de la inseguridad social
en nuestro país. Espero que la Cámara tome medidas y evite esta realidad.

Nada más, señor presidente; nada más, señorías. (Aplausos.) El señor
PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Señor vicepresidente del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, señor Ríos,
gracias por su intervención y por el esfuerzo de alternativa que
indudablemente ha planteado tanto al final de la intervención como al
hilo de la misma. Tengo que decir que nos va a permitir comparar las
posiciones de manera efectiva.

Empezaré por las críticas. Ha dicho S. S. que este no es un presupuesto
del empleo. No puedo compartir esa afirmación, pero no sólo desde el
punto de vista político sino desde el punto de vista de la realidad de
los números. En este presupuesto no sólo hay una realidad económica de
crecimiento del empleo, de 335.000 empleos en 1997 y de una cifra similar
en 1998. Ya he dicho en mi intervención anterior, y lo reitero ahora, que
nuestras previsiones de empleo en el cuadro macroeconómico hay que
contemplarlas desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos
en la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social y, además, se
contienen muchas medidas destinadas al empleo. Prácticamente, no hay
política activa que no aumente considerablemente, con crecimientos muy
superiores al incremento del gasto, y hay políticas de solidaridad, como
las de familia o las de colectivos determinados que he mencionado en mi
presentación del presupuesto, que aumentan el 25 por ciento o el 15 por
ciento, en otros casos. Además, existe una constante política de
reducción de los costes no salariales en las cotizaciones sociales para
los contratos estables, con una previsión de más de 100.000 millones de
pesetas en este presupuesto.

Por tanto, afirmar que este no es el presupuesto del empleo, desde el
punto de vista de las medidas que se toman en el presupuesto, me parece
injusto y además no se corresponde con la realidad. Igualmente, señoría,
un presupuesto que permite la reducción de los tipos de interés, que
permite el margen de maniobra suficiente para tener una política
monetaria neutral, que permite a su vez una política de integración en
Europa en unas condiciones de competitividad crecientes y, como se ha
puesto de relieve, en un momento en que nuestras empresas pueden competir
en el exterior crecientemente, es un presupuesto que apuesta por el
empleo, sin ninguna duda, y por el empleo de características más
estables. Y ahí entro en una de las cuestiones en las que S. S. ha hecho
más hincapié y que yo menos comparto, con todos mis respetos, y es la
pretensión de que podamos hacer un plan de empleo a base de financiación
pública. Es decir, si creemos que vamos a poder resolver el problema del
empleo a base de incrementar la nómina de las administraciones públicas
de manera parcial o de manera estable, estamos apostando por un
presupuesto que crecerá muy por encima de las posibilidades de su
financiación y que sólo lo podremos financiar de dos maneras: aumentando
los impuestos o aumentando el déficit público y, por tanto, aumentado los
tipos de interés y los impuestos de presupuestos futuros. En ambos casos
yugularemos la recuperación; la yugularemos en muy pocos meses y, una vez
que hayamos bajado el ritmo de crecimiento del producto interior bruto,
veremos caer la tasa de empleo.

Por tanto, pretender resolver los problemas de competitividad de las
empresas y los problemas de capacidad de creación de empleo de los
ciudadanos no puede hacerse por el camino de aumentar el gasto público,
aunque indudablemente en el presupuesto tiene que haber margen para
políticas de empleo, y en este presupuesto las hay, claramente para
políticas activas, claramente para incentivos a las pymes, claramente
para situaciones de bonificación de cuotas sociales a la contratación
estable. Por tanto, hay toda una decidida política de empleo. Nosotros
estamos convencidos de que el futuro del empleo en España pasa por el
crecimiento del empleo en las empresas españolas. No tenemos



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ninguna desconfianza hacia el sector productivo español en la creación de
empleo. Al revés, la experiencia de estos últimos meses nos demuestra que
si el entorno económico es favorable y la política del Gobierno es una
política responsable de diálogo, en el entorno productivo español puede
crecer el empleo a un gran ritmo. En este momento se está produciendo en
España una doble cualidad y es que está creciendo la inversión, está
creciendo el empleo y están creciendo las exportaciones, lo cual nos
indicaría que las empresas españolas no están sustituyendo capital por
trabajo, sino que están aumentando su capacidad productiva, al mismo
tiempo están aumentando el empleo y además están siendo capaces de tomar
posiciones en mercados internacionales que nos garanticen una capacidad
de crecimiento superior a la que nosotros, con nuestro mercado doméstico,
podríamos tener. En ese sentido el modelo indudablemente es distinto. Y
ahí entro en su segunda afirmación, señor Ríos.

Usted dice que somos más papistas que el Papa. Nosotros no pretendemos
ser más papistas que el Papa pero sí le puedo a usted asegurar que, desde
el punto de vista del empleo, los ciudadanos que vivan en un país con
menos déficit público tienen más posibilidades de encontrar empleo que
los que vivan en un país con más déficit público --no me cabe ninguna
duda-- porque los ciudadanos perciben el déficit público inmediatamente,
mucho antes que en sus impuestos, en los tipos de interés, y los tipos de
interés afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos y a la
capacidad de crear empleo de las empresas. Por tanto, cuando veo otros
países europeos que tienen más déficit público que nosotros considero que
no están en mejor posición. No es que nos estemos sometiendo (y esto
enlaza un poco con el debate del año pasado, como no podía ser de otra
manera, y con el debate que hemos tenido en la Comisión de Economía) a
unas reglas que no nos gustan para responder a un mandato político de
integración en Europa; eso nosotros no lo hacemos, no sé otros pero
nosotros no. Nosotros estamos convencidos de que, existiera o no el
Tratado de Maastricht, si España quiere responder al desafío del siglo
XXI tendría que estar haciendo la misma política económica. Es verdad que
la estaríamos haciendo en solitario; es verdad que probablemente la
bajada de tipos de interés en un entorno individualizado de países
europeos sería menor, y es verdad que no estaríamos apostando por un
mercado de capitales europeo o por un ciclo monetario europeo
independiente de Estados Unidos, que serían todo cosas peores que las que
tenemos si se hace el euro. Pero una política de desregulación, de
liberalización de sectores, de reducción del déficit público es
imprescindible con el desafío del euro o sin el desafío del euro. Por
tanto, para aquellos que dicen, como S. S., que nosotros vamos más
deprisa, es una buena noticia. Cuando la Comisión Europea ha respaldado
la afirmación del Gobierno español de que el déficit público en 1997 va a
ser una décima menor que el que estaba previsto, es una buena noticia, lo
primero de todo para los parados, porque eso está dando margen a la
economía española, eso le está diciendo al señor que está pensando en
invertir o en pedir un crédito que los tipos de interés a medio plazo no
tienen riesgo de subir, lo cual es básico en la economía en la que hoy
nos movemos.

Respecto a la ejecución de inversiones vuelvo a reiterar lo que he dicho
en intervenciones anteriores. El presupuesto de 1997 se va a cumplir y el
grado de ejecución va a ser el más alto de los últimos once años, lo cual
nos garantiza que vamos a realizar un intenso trabajo de inversiones. Voy
a decir una cosa que a S. S. seguramente le va a parecer positiva en su
modelo. Si hubiéramos mantenido el grado de ejecución de inversión
pública de ejercicios anteriores, podríamos dar todavía un déficit menor,
y es precisamente nuestra preocupación por mantener un ritmo de stock
público de capital la que nos lleva a que el año 1997 vaya a ser un año
récord en grado de ejecución de los capítulos VI y VII. En ese sentido
quiero disipar cualquier duda que tenga su señoría. Los presupuestos de
inversión pública de 1997 terminarán con un alto grado de ejecución y el
Gobierno está comprometido con ello.

Me plantea el problema de los altos cargos. Señoría, no sé si acordará
del debate del año pasado pero ya recordé a la Cámara que, en febrero de
1996, el Gobierno entonces en funciones tomó decisiones que congelaban la
situación de los altos cargos en todos los extremos y, por tanto, nos
encontramos con una situación de herencia inamovible en el número de
altos cargos desde el punto de vista de las posibilidades, que el
Gobierno anterior sí tuvo, de reducir el número de altos cargos o, en
cualquier caso, no encontrarse con unas decisiones equivalentes a los
contratos blindados, si me permite la comparación con el sector privado.

No es exacto lo que dice S. S. sobre el fraude fiscal y no he tenido
ocasión de plantearlo antes en el debate, pero se lo voy a exponer ahora.

Señoría, en términos de deuda incoada, el aumento ha sido del 17,42 por
ciento; un aumento considerable. Pero ha habido una crítica, y nosotros
la hemos hecho algunas veces, de que lo importante no es la deuda incoada
sino la deuda liquidada. Al fin y al cabo, podemos encontrarnos con un
ritmo de incoación de expedientes que después en la liquidación no se
corresponda con la realidad. Pues bien, se corresponde con la realidad en
1997. El aumento de la deuda liquidada a finales de año será del 16 por
ciento. En ese sentido es especialmente significativo que no sólo en las
áreas de inspección de la Agencia Tributaria, sino en las áreas de
gestión, donde se pueden tomar decisiones simplemente con elementos
informáticos, se ha aumentado la evolución interanual un 20 por ciento.

Por tanto, estamos claramente ante una mejora de la gestión en la lucha
contra el fraude fiscal desde el punto de vista de la incoación,



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pero sobre todo desde el punto de vista de la liquidación y desde el
punto de vista de la contribución del sector gestión a la lucha contra el
fraude fiscal, y el Gobierno está plenamente comprometido con la lucha
contra el fraude en todos los extremos. Vuelvo a repetir lo que he dicho
en mi primera intervención. Uno de los grandes elementos que van a
definir --estamos convencidos-- la relación entre el individuo y el
Estado, en el futuro, es el grado de responsabilidad que hay que
exigirnos a los individuos en lo que recibimos del Estado, ya sea desde
el punto de vista de servicios públicos o de atención social, y que la
responsabilidad tiene que incorporarse desde el punto de vista del
principio del Estado del bienestar; y la responsabilidad en pagar los
impuestos o en no abusar de las prestaciones sociales es un elemento
básico del equilibrio no sólo financiero, sino sobre todo social y
político, en el que estamos comprometidos.

Respecto al fondo de financiación de las comunidades autónomas, la
financiación de las comunidades autónomas, quiero decir al señor Ríos que
no me cabe ninguna duda de que el sistema de financiación de las
comunidades autónomas va a evolucionar en la dirección que se plantea el
nuevo sistema de financiación hasta el año 2001, que es el de la
corresponsabilidad fiscal y el de la capacidad normativa, porque es lo
que va a permitir que los parlamentos autonómicos puedan hacer debates
realmente democráticos sobre sus responsabilidades. No es posible
pretender que el 35 por ciento del gasto público esté descentralizado y,
sin embargo, el grado de descentralización política del ingreso sea nulo.

Nosotros somos absolutamente partidarios de mantener un sistema que
realmente apueste por el autogobierno de las comunidades autónomas en sus
márgenes, en sus competencias, como también lo hacemos con las
corporaciones locales, dentro de una norma tributaria de equilibrio y
respeto institucional y de lucha contra cualquier medida que trate de
deslocalizar injustamente o de abusar del sistema fiscal, como lo hemos
puesto de manifiesto en los acuerdos forales o en los acuerdos de régimen
común que hemos establecido con unas o con otras comunidades autónomas.

Pero es que además el sistema que hemos puesto en marcha beneficia a las
comunidades que han confiado en él desde un principio. Yo espero que esta
ventaja anime a las que no han confiado hasta ahora. Las cifras son
elocuentes. Van a crecer más los ingresos a cuenta de las comunidades que
han elegido el sistema que los de las que no, y van a crecer más porque
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los otros elementos
que configuran el sistema van a jugar de manera determinante. Pero es que
además el nuevo sistema incorpora por primero vez medidas de solidaridad;
incorpora medidas que garantizan que la evolución de los ingresos de las
comunidades autónomas no será inferior al PIB nominal, que los ingresos
de las comunidades autónomas no podrán crecer por debajo del 90 por
ciento de lo que crezca la media del conjunto de las comunidades
autónomas, por tanto no se producirá un decalaje, y que la financiación
per cápita --y es la primera vez que se ha conseguido un acuerdo aceptado
por todas las comunidades autónomas-- tampoco pueda evolucionar en una
franja inferior al 90 por ciento de la media. Pero es que además, y como
me ha recordado S. S., nosotros hemos incorporado un desarrollo
financiero presupuestario del artículo 15 de la Lofca y lo hemos dotado
con un 20 por ciento. Ya sé que a S. S. le parece poco, todo le puede
parecer poco, pero del cero a 10.000 hay un montón de dinero, y en este
momento las comunidades autónomas tienen que llegar a un acuerdo en cómo
repartirse ese dinero, no tanto por los 10.000 millones que el año que
viene serán 12.000, sino porque es un principio que nos puede permitir
desarrollar los sistemas de nivelación. No es un tema fácil porque cada
comunidad autónoma tiene sus propias preferencias, pero es imprescindible
llegar a un consenso nacional para que exista un sistema de nivelación,
el Gobierno está comprometido en hacerlo y creo que hay un cierto grado
de avance en el consenso con las comunidades autónomas en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera.

Hay un tema, señor Ríos, que yo considero injusto, el de los retornos
netos presupuestarios o decir que por qué en Canarias hay un acuerdo
sobre sanidad. Pues porque las competencias sanitarias en Canarias lo
incluían. Pero llevar el debate de la acción inversora del Estado en el
territorio español a señalar anualmente quién en un año determinado
obtiene un recurso y quién no lo obtiene es igual que lo que criticamos
que pretenden hacer con el instrumento comunitario de los fondos de
cohesión con nosotros. Yo le podría dar datos ahora de qué comunidades
salen beneficiadas en el fondo de compensación interterritorial este año,
cuáles en el año anterior o cuáles son las inversiones regionalizables en
función de la población de comunidades autónomas. Hay ahí una constante
evolución. El Estado central, como es natural, lleva a cabo una acción
inversora en las comunidades autónomas que no todos los años es
equivalente en todas ellas, y no puede serlo. Estoy seguro de que su
señoría coincidirá conmigo en que tenemos que tener una política nacional
de inversiones públicas, y si en este momento hay una posición nacional
de construir un tren que vaya de aquí a Zaragoza, es indudable que en
este momento se hace de aquí a Zaragoza, igual que en otros momentos se
ha hecho en otras direcciones, igual que en este momento se están
construyendo autovías en Galicia ¿por qué razón? Porque no había ninguna
autovía. Es fácil elegir Galicia o la cornisa cantábrica porque da la
simple casualidad de que no había autovías. Su señoría me dice que
tampoco hay ferrocarriles, y tiene razón, pero también hay un límite a
las disponibilidades del presupuesto. Aprendamos de lo que nos pretenden
hacer en un debate europeo sobre las inversiones territorializadas. No
vayamos al sistema de los recursos netos; no vayamos al sistema



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de decir: ¿por qué en determinado momento determinada comunidad autónoma
obtiene unas determinadas transferencias o una determinada inversión.

Pues porque estamos respondiendo a las necesidades de cada comunidad
autónoma en los plazos de tiempo y en los plazos políticos que se fija el
Gobierno. Y, desde luego, quiero decirle que es obvio que el Partido
Popular, que tiene responsabilidades de gobierno a todos los niveles en
toda España, tiene intereses políticos en toda España. Si usted quisiera
hacerme una crítica partidista, me reconocería que igual que gobernamos
en Baleares o Castilla y León tenemos los ocho ayuntamientos de capitales
de provincias en Andalucía o en Castilla-La Mancha y que, por tanto, no
estamos para nada interesados en hacer una política partidista, pero
créame usted que estamos interesados en hacer una política institucional
de inversiones públicas porque es la única manera de poder tener una
política de medio plazo de prosperidad y del papel inversor del Estado.

La Seguridad Social --y paso a otro tema-- ha reducido sus
desequilibrios, sin ninguna duda. El préstamo para corregir el
desequilibrio que le hacía el Estado a la Seguridad Social en el año 1995
fue de 444.000 millones, el 0,5 del PIB, en el año 1996 fue de 440.000,
en el año 1997 será de 150.000 y en el año 1998 será de 125.000, que son
el equivalente al 05, al 0,2 y al 0,16 del PIB. Se está produciendo una
reducción del déficit de la Seguridad Social, lo cual es muy positivo
porque quiere decir que, como ocurre ya en el desempleo, prácticamente
toda la financiación de una prestación contributiva se está haciendo a
base de cuotas. Me parece positivo porque nos permite hacer otras cosas.

Nos permite aumentar el presupuesto de la sanidad y separar las fuentes
de la Seguridad Social, nos permite mantener un alto nivel de inversión
pública y nos permite llevar una política de educación que crece bastante
más de lo que crece el gasto público, por encima del PIB nominal el año
que viene. No veamos fantasmas donde no existen. No existe ningún nuevo
centro concertado en el presupuesto de educación. Lo que ocurre es que
hay una ley que se llama la ESO que hay que cumplir, y esa ley exige unas
determinadas aportaciones a unos determinados centros. Por cierto, ley
que no hicimos nosotros, pero como es absolutamente racional tenemos que
cumplir. Como digo, no existen nuevos centros concertados. Por tanto, no
vayamos en el debate de la educación, que me parece superado, si me
permite la expresión, al debate educación concertada-educación pública.

Vayamos a la calidad de la educación.




El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, le ruego vaya concluyendo.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Sí, señor presidente. Voy terminando.

Crear empleo, repartir trabajo es lo que S. S. ha planteado. ¿Repartir
trabajo quiere decir que partimos de la base de que hay un stock de
trabajo fijo que no se va aumentar? Yo no lo creo. Pero no lo creo no
porque tenga una posición hipotética, es porque no ha sucedido nunca. Si
S. S. coge un periódico de hace treinta años y lee la sección de ofertas
de empleo y la compara con la de hoy, comprobará cómo una gran cantidad
de empleos que hace treinta años no existían existen hoy y viceversa. El
principio de que estamos ante una situación estática económicamente no es
cierto, ni muchísimo menos, por suerte para la humanidad, sino al
contrario. Lo que nos ha demostrado la historia es que cuanto mayor es la
liberalización y mayor es el aumento del comercio, más puestos de trabajo
podemos crear y de mejor calidad en términos de horas trabajadas, de
sitios donde se trabaja y de remuneración.

No estamos en una política fiscalmente regresiva, señor Ríos. Podrá
plantear S. S. muchas quejas sobre la política tributaria pero no es
fiscalmente regresiva. Hemos hecho dos modificaciones de la tabla del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una el año pasado y otra
éste, y en las dos hemos primado las rentas bajas. Hemos tomado medidas
que benefician descuentos lineales que afectan directamente a las
familias con menos recursos, como es el caso de las ayudas a la familia o
como es el caso de la posibilidad de invertir en fondos de pensiones. Por
tanto, estamos ante un política en que claramente se están beneficiando
los ciudadanos, pero sobre todo los que tienen menos recursos. A eso hay
que sumar el conjunto de políticas activas y sociales que antes he
mencionado.

Estos presupuestos no hipotecan el futuro. Con unos presupuestos en los
que reducimos el déficit público, en los que reducimos el gasto público
más deprisa y en los que reducimos deuda pública estamos ampliando las
posibilidades presupuestarias del futuro. Unos presupuestos en los que
las devoluciones de los impuestos se aceleran casi veinte puntos en dos
años supone que estamos quitando déficit del futuro. Unos presupuestos en
los que vamos a plantear un nuevo sistema de financiación de la sanidad,
que no centrifugue déficit a las comunidades autónomas, están saneando
claramente el presupuesto del futuro, no sólo de la Administración
central sino de las administraciones periféricas. Por tanto, estos
presupuestos para nada hipotecan el futuro. Al revés, están abriendo
nuevas fórmulas claramente de creación de riqueza a través de la
inversión pública que S. S. no comparte. Su señoría me dice que el método
alemán nos creará déficit en el futuro. Claro, y lo tenemos
contabilizado. Sin embargo, es un método que nos permite en este momento
hacer algo que S. S. nos demanda, que es no bajar el nivel del ritmo de
inversión pública y al mismo tiempo hacerlo con unas fórmulas que no son
trucos contables. Lo que no tendría sentido es que España aceptara las
reglas de Eurostat y no fuera capaz de



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aplicarlas como el resto de los países. Una cosa es que nosotros, según
S. S., seamos más papistas que el Papa y reduzcamos el déficit más
deprisa que otros países, y otra cosa es que aceptemos las reglas que nos
ponen, y estamos aceptándolas. Igual que no nos permiten la asunción de
deuda y nos la colocarían inmediatamente en el déficit público, e igual
que no podemos utilizar las privatizaciones como se utilizaban
anteriormente, estamos respondiendo a los criterios de Eurostat, que me
parece lo razonable y lo que mejor responde a las realidades y a las
necesidades de los ciudadanos.

Desde el punto de vista del sector público empresarial, nosotros somos
partidarios de que exista un sector público empresarial en proceso de
aproximación al sector privado; si lo quiere dicho de otra manera, en
proceso de competencia y de privatización. No vemos el papel que juega el
Estado en el sector empresarial. Es más, si miramos a la historia de
España, el Estado ha sido un pésimo empresario, no sólo porque ha perdido
mucho dinero sino porque ha perdido muchísimos empleos y no ha sido capaz
de crear estructuras industriales que puedan sobrevivir a una determinada
actividad. Pero nosotros estamos haciendo un serio esfuerzo para que
sectores como el naval o el de las industrias de defensa sean sectores de
prosperidad. En eso no puedo compartir la posición de su señoría. El que
nosotros fabriquemos armamento necesario para nuestra defensa nacional en
industrias españolas no puede considerarse para nada una falta de
política industrial, sino todo lo contrario. Por primera vez --y lo he
dicho en mi primera intervención-- hemos unificado las necesidades de
defensa nacional con una política industrial y, en vez de recurrir a la
importación de material fabricado fuera de España, estamos dando trabajo
en Santa Bárbara, en Bazán y en CASA. Me sería muy fácil decirle, señor
Ríos, que lo que me acaba usted de decir lo diga allí; dígalo y
pregúnteles cuál es el futuro de esas empresas que, gracias a su futuro,
están creando tecnología española. Esta tecnología española no se va a
quedar en el Eurofighter o en las fragatas sino que va a extenderse al
tejido industrial y productivo español. Eso es algo tan obvio que está
sucediendo y que ha sucedido en otras economías, a lo que no podemos
renunciar, y desde luego es voluntad del Gobierno no renunciar de ninguna
de las maneras.

No nos vamos a meter ahora en un debate en defensa, pero...




El señor PRESIDENTE: No habría tiempo, señor vicepresidente. Temo que
debe ir concluyendo.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Tiene toda la razón, señor presidente.

La política europea de defensa no es ofensiva. No podemos acusar a la
OTAN y a los países occidentales de tener una política ofensiva de
defensa, no han sido ofensivos nunca. En ese sentido creo que el que
España tenga unas necesidades de defensa que responden a los
planteamientos profesionales del ejército y que, al mismo tiempo,
permiten la reducción del servicio militar obligatorio y que nos permiten
una determinada política industrial no puede considerarse, en mi opinión,
como una mala política.

Voy concluyendo, señor presidente. Me plantea el señor Ríos, para
finalizar, su alternativa. El señor Ríos no es partidario de las
privatizaciones y nosotros sí. Creemos que la política de
privatizaciones, que sólo tiene sentido si va precedida --y subrayo la
palabra precedida-- de una reducción de los monopolios, porque no se
pueden privatizar monopolios, es una política de prosperidad. No le quepa
la menor duda al señor Ríos que una de las mejores cosas que ha hecho
este Gobierno es adelantar la fecha de desaparición del monopolio de la
telefonía y conceder una segunda licencia; como una de las mejores cosas
que hizo el Gobierno anterior fue dar una segunda licencia de telefonía
móvil, con todas las dificultades y todas las discusiones. Cuando usted
hoy sale a la calle y va a los sectores productivos o a la vida de las
familias y comprueba que los precios de los teléfonos bajan, está usted
viendo claramente las ventajas de la competencia frente al monopolio. Una
de las mejores cosas que ha hecho este Gobierno ha sido introducir la
competencia en el sector eléctrico y permitir a medio plazo que podamos
competir los consumidores, al menos los industriales, en la tarifa
eléctrica. El futuro tiene que ir por la pérdida de monopolio de la
situación del sector gasístico, que es un firme compromiso de este
Gobierno. Sin duda --lo vuelvo a repetir--, la actividad industrial del
Estado no responde a las necesidades de nuestra sociedad. Creo que el
Estado tiene cosas mucho más importantes que hacer que tratar de competir
en el sector privado industrial.

El nuevo modelo de fiscalidad de S. S. vamos a tener ocasión de verlo en
esta ley de presupuestos y en la reforma del IRPF, pero yo quiero decirle
claramente que nosotros estamos comprometidos con la progresividad y con
el ahorro. Sin ahorro nuestra economía no tiene un crecimiento sostenido
y, si no tenemos una clara política de incentivos del ahorro, es más, de
un ahorro a largo plazo que además se complemente con un sistema
financiero que esté sometido a un proceso de cada vez más
desintermediación, al que puedan acceder más pequeñas y medianas
empresas, España no será un país con posibilidades de crecimiento. Si
queremos incentivar el ahorro tendremos que tener una política tributaria
de ahorro, porque no es una variable que no tenga influencia y, en ese
sentido, reitero que nuestras medidas sobre las rentas del ahorro tomadas
el año pasado más las que tomaremos en la ley del IRPF están en el centro
de muchas de las cosas buenas que están sucediendo en nuestro país con
los tipos de interés. Además, por si nos sirve de referencia, éramos el



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único país occidental que pretendía mantener una política de ahorro en
función de la inmovilidad del ahorro. Por algo sería. Cuando países tan
distintos como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal o Italia
han superado eso, en un mundo con libertad de movimiento de capitales y
mercados financieros integrados, los ciudadanos de a pie tienen derecho a
tomar decisiones que sólo toman grandes inversores.

En el mayor protagonismo del gasto público estoy de acuerdo, pero no en
el mayor tamaño. Creo que el gasto público tiene que tener un claro
protagonismo, pero no un mayor tamaño.

Respecto al empleo público ya le he contestado.

En cuanto al bienestar social, coincido con S. S. en muchas de las que
cosas que ha dicho. Además, las puede encontrar en estos presupuestos,
que sé que se los ha leído. Aumentamos la financiación en la
investigación y desarrollo, aumentamos la financiación en la sanidad,
aumentamos la financiación en el empleo y aumentamos la financiación en
la educación. Hay muchas cosas de su alternativa en las que no coincido,
pero hay otras en las que sí y que están plasmadas en estos presupuestos.

De la coherencia de su S. S. espero que en aquellas cosas en las que no
coincide vote en contra, pero en aquellas en las que coincide vote a
favor.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.

Señorías, creo que es razonable anticipar a la Cámara que la sesión de la
mañana concluirá con el debate entre el Grupo de Izquierda Unida,
representado por el señor Ríos, y el vicepresidente del Gobierno y que,
dada la hora, la reanudación del Pleno será a las cuatro y media de la
tarde.

Señor Ríos, tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor presidente.

Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para utilizar los mismos parámetros
de comparación. Usted decía que el teléfono era más barato, que estaba
costando menos el recibo, pues se ve que para ustedes no, porque he
tenido la paciencia de sumar lo que se van a gastar en teléfono en todos
los ministerios y se van a gastar 18.000 millones de pesetas, el 15 por
ciento más que el año pasado. ¿Cómo cuadra esto? ¿Es que van a estar
enganchados al teléfono más tiempo o es que nos va a salir un poquitín
más caro?
Respecto a lo último que ha dicho relativo ahorro
--después volveré al empleo--, le diré que el problema del ahorro no
es solamente incrementarlo, sino darle cauce para que se quede aquí.

¿Sabe lo que está pasando ahora en España? Que tenemos excedente de
ahorro y ese ahorro se va a invertir fuera, a otros sitios, a otras
bolsas, a otras actuaciones, porque la capacidad de inversión aquí, de
generar estructura productiva, ustedes no la apoyan, por eso el ahorro
tiene que salir.

No quiero seguir por esa línea. Vamos a volver al tema del empleo. ¿Sabe
cuál es la gran diferencia entre ustedes y nosotros? Que ustedes se
plantean que el Estado es como un acompañante de lo privado; que la
sociedad, por el libre competir del agente competente, actuará y que al
Estado le queda poner algunos tapujos, algunos complementos. Nosotros no
compartimos esa teoría y por eso no creemos que el Estado sea un mal
empresario. Lo habrán hecho ustedes mal empresario; pongan buenos
gestores al frente de la gestión, hagan competente la gestión. ¿O es que
para ganar dinero nada más sirve lo privado? ¿Sabe cuánto nos ha costado
el saneamiento de la banca, de esos agentes poderosos, buenos, que saben
mucho? ¿Cuánto nos costó el saneamiento de la banca privada, la que ahora
está fuera? Nos costó mucho dinero, a todos. Por tanto, nosotros pensamos
que la actuación debe ser nítida.

Ustedes dicen: Es que nosotros creamos empleo. Le voy a hacer una
pregunta: ¿Crece más la economía este año que el año pasado, sí o no?
¿Por qué sus presupuestos prevén que crezca el empleo menos que el año
pasado? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Por eso les decimos que nos son unos
presupuestos de empleo. Le voy a poner otro ejemplo, el empleo en
genérico no sirve. Ustedes anunciaron el año pasado que el contrato
estable iba a sustituir al temporal. El 90 por ciento sigue siendo
contratos temporales ¿Sabe que la precariedad crea mal empleo, que se
producen más accidentes laborales porque hay gente que no domina el
sitio? ¿Qué tipo de prestación se tiene cuando uno deja de trabajar? ¿Qué
salario tiene para poder trabajar? En suma, la calidad del empleo, el
tipo de empleo es muy importante. Por eso, las dos propuestas que les
hacíamos nosotros no son antagónicas.

No diga usted: Aquí están los de lo público, que lo van a hacer todo
gastando el dinero de todos. No, no. Hemos dicho: Acompasen ustedes ¿Por
qué es mejor que haya más profesores en la enseñanza pública? ¿Por qué?
¿Porque son más baratos, porque funcionan mejor? No, nosotros decimos que
ese dinero se gaste en los centros públicos de enseñanza. Les hemos
propuesto combinar las dos actuaciones de empleo. Una, el empleo de
promoción pública de todas las administraciones en mejora de servicio.

Otra, la generación de más empleo. Me ha dicho usted que no podemos
hablar de reparto de empleo si renunciamos al empleo que hay. Vamos a
hacer una división para saber qué empleo tenemos, qué empleo vamos a
aumentar y qué podemos conseguir por redistribución, por lo que significa
reducción de jornada. Se trata de conseguir algo que ustedes dan ya por
perdido. Se sitúan en que va a haber paro se haga lo que se haga y que es
bueno para la economía que haya un paro estructural. Nosotros, no.

Queremos cero de paro. Es verdad que tardaremos



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tiempo. No nos gusta la situación de desempleo y, si no nos gusta para
nosotros, mucho menos nos gusta para los ciudadanos en general.

Esa es la gran diferencia y por eso queremos acompasar sus políticas
activas con nuestras propuestas. Le voy a poner el ejemplo de las
inversiones, de lo que podían ser las deducciones que ustedes hacen, los
786.000 millones de pesetas ¿Por qué no van cualitativamente medidos para
que esos millones generen empleo, para que se reinvierta en la empresa y
no se queden en las plusvalías que después salen? Porque sabe usted que
cada empresa tiene una cadena de empresas; una es la que desgrava, otra
es la que compra, otra es la que gestiona y, al final, la que se queda
aquí es sólo una de ellas. Por tanto, sí hay diferencia y hay espacio.

Le decía que no sea más papista que el Papa y me refería, señor
vicepresidente, a la relación que tienen con el Plan de Convergencia. Son
más exigentes con ustedes mismos que lo que son otros países. A mí no me
gusta el ejemplo alemán; me gusta más el francés. Pero ¿acaso se van a
quedar fuera de esa dinámica? No exija usted más a nuestra capacidad
económica. Le he hablado de cuando vengan las vacas flacas y no me ha
respondido usted ¿Qué haremos cuando venga la situación económica de
decrecimiento? ¿Qué haremos? Haremos lo siguiente, se lo voy a anticipar:
Hay que apretarse el cinturón, los salarios tienen que bajar, no tenemos
condiciones ni dinero para pagar la sanidad, tendremos que reducir.

¿Cuándo sube esto? Si cuando la economía crece, no podemos subir
bastante, y cuando decrece, decrece para todos ¿cuándo, los que tienen el
beneficio, los ocho billones de crecimiento económico, se van a
comprometer con esta realidad, para que podamos hacer frente a esa
reducción?
Ha hablado usted del fraude, de que ustedes han hecho bastante sobre el
fraude, que no es lo mismo deuda incoada que deuda liquidada ¿Me puede
responder? ¿Cuáles son los mayores ingresos por consecución de fraude
obtenidos en cada uno de los impuestos en que se haya actuado? Me
gustaría conocerlo, para ver y restar los que son los menos ingresos de
estos impuestos. ¿El IRPF, en la previsión de su liquidación, crece sobre
la previsión inicial? ¿A que decrece 300.000 millones de pesetas sobre la
previsión inicial? Claro, porque se ingresa menos. No utilice otra
teoría, dígame las cifras que ustedes nos han aportado y yo trabajaré con
ellas. No puedo decir otras distintas. Yo estoy convencido de que se
puede hacer algo más en cuanto al fraude, algo que signifique ingresar. Y
ustedes pusieron la cifra. Yo le pongo la cifra: El billón de más que
usted dijo ¿se ha ingresado en las arcas para este año, o no? ¿700.000 ó
500.000 millones? ¿Qué cuantía, no de las actas incoadas, sino qué
cuantía ha supuesto mayores ingresos para el Estado? Para así medir la
efectividad y proponer una enmienda a fin de que se incrementen los
gastos de actuación y que se consiga una mejor relación.

En cuanto a los gastos fiscales, sobre los que usted ha pasado de
puntillas, aunque sí me ha contestado, le quiero hacer una pregunta: ¿Es
verdad o no es verdad que han bajado las deducciones de las rentas del
trabajo? ¿Por qué prevén ustedes 40.000 millones menos? ¿Y por qué ponen
ustedes 240.000 más en los fondos de inversión? Usted me puede decir --y
me lo ha dicho-- que es que hay mucho pequeño ahorrador. Pues le voy a
hacer una pregunta. Dentro de esos fondos, es verdad que hay pequeños
ahorradores, lleva usted razón. pero también hay grandes fondos de
inversión, también hay grandes instituciones de inversión colectiva,
grandes actuaciones en inversión mobiliaria, el capital mobiliario que
está creciendo en este país y que va de un lado a otro. ¿Cuál es la
distribución en los dos? ¿Cómo distribuyen ustedes los beneficios
fiscales entre esos dos grandes bloques? Porque aquí no está. ¿Cómo se
distribuye? Para ver si es verdad que selectivamente van al pequeño
ahorrador o al gran ahorrador. Sería bueno que usted nos lo dijera,
porque nosotros cada vez que vemos que el que obtiene beneficios, el que
funciona con el movimiento del dinero, con la especulación del dinero, no
paga y sí pagan las rentas del trabajo, se nos ponen de punta los pocos
pelos que tenemos. Lógicamente, porque ¿quién ingresa al final?
Usted ha dicho que se va a cumplir la inversión prevista en el año 1997.

Voy a reconocer una cosa, es previsible que se pueda cumplir. El problema
es cuándo se va a gastar el dinero que ustedes anunciaron para 1997.

¿Sabe usted cuál es el problema para seguir unos presupuestos, para los
que estamos en la oposición y para los que están dentro, que los conocen
mejor? Que dicen: Este año vamos a gastar, no a licitar, vamos a gastar
tantos miles de millones de pesetas en una obra? Y si no se gastan este
año en esa obra, corresponden a los que van a gastar al año que viene,
pero no a éste. El problema es que ustedes no son prudentes cuando
anuncian. Por ejemplo, la inversión creativa, de la que usted ha
hablado.. ¿Ustedes no dijeron que durante este año iban a poner en marcha
los mecanismos legales, que iban a ver cómo se ponían en marcha las
actuaciones de esos tres grandes agentes, en carreteras, en ferrocarriles
y en recursos hidráulicos? Ustedes dijeron: Habrá 300.000 millones de
inversión en l997, que se complementen con la reducción de 400.000.

Porque ustedes bajaron la inversión 400.000 millones de pesetas en ese
presupuesto. Si ustedes hubieran dicho que iba a ser poco, pero que en el
siguiente subiría, yo le diría a usted que lleva razón. Pero yo quiero
que usted pague el peaje ahora, si se apuntó la primera página de
periódico con que iba a conseguir eso, poniéndole el espejo y diciendo:
De aquello nada, no es posible. Esto es lo que quería trasladarle a
usted. No se ha hecho esa inversión; se deslizan --es una expresión ésta
muy bonita--. Incluso algunas partidas se sustituyen, pero, con el
papelito que



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nos ha entregado usted de avance de liquidación, no pretenderá usted que
yo pueda seguir eso. Ustedes tienen una forma de liquidar, que es cien
por cien, 90 por ciento, 98 por ciento. ¿Sabe usted por qué? Gasto
comprometido. Desde el momento que he dicho que lo voy a gastar, ya está
comprometido. No, así no es. Así sabe usted que no es. Usted decía: Gasto
comprometido, obligación reconocida, obra adjudicada, pago realizado. Ese
es el seguimiento que yo quiero hacer al gasto que usted propone. Y no se
ha conseguido. Ustedes no van a gastar la inversión anunciada, no la van
a hacer, ni en el GIF, en ferrocarril; podrán decir: hemos licitado 100
millones de pesetas para la alta velocidad o 1.000. ¡Pero si esa obra va
a costar casi 800.000 millones de pesetas! ¿Qué están diciendo ustedes?
En el Plan de inversión tampoco se ponen ustedes de acuerdo. El
presidente del GIF dice una cosa, el secretario de Estado dice otra, el
ministro dice otra. Vamos a ver cómo puede evolucionar.

Altos cargos. Usted lo ha explicado muy bien. Dice que fue una herencia
que ustedes recibieron, que tenían una herencia --ha dicho-- inamovible.

Pues no los muevan. El problema es que ustedes, en lugar de reducirlos,
han incrementado los cargos de los gabinetes, de los ministerios, de la
Presidencia. Eso es lo que le estoy diciendo. Por lo menos, a mí me sale
en el avance de la plantilla de personal. Si no es así, dígame cuáles
quito, porque puesto que veo presupuestado, puesto que creo que ustedes
van a cubrir; otra cosa es que después lo cubran, que puedan llegar a
hacerlo.

El autogobierno. Yo no he puesto en tela de juicio que el sistema de
financiación sea un avance, no confundamos la discusión. Cuando discuta
usted conmigo, discuta conmigo. Yo no he dicho que el sistema anterior
fuera mejor que ninguno; yo lo que he dicho es que este sistema de
financiación no incrementa a la misma vez la suficiencia de las
comunidades autónomas y la autonomía financiera, y al mismo tiempo no hay
desarrollo de la solidaridad. No confundamos las cosas. Yo sé que la
evolución del IRPF será positiva en función de los marcos de divergencia
que se puedan provocar. Y, ahora que no nos oye nadie, ¿va a haber más
ingreso por IRPF? Porque si no lo hay para el Estado ¿usted cree que para
las comunidades autónomas, sí? En función de que ellos se muevan más y
gestionen mejor, en función de que ellos recauden más dinero del fraude,
en función de que se ponga en marcha una actuación determinada, es
posible; de eso ya sabe que ustedes también cobran, 30/70, de mayores
ingresos que se puedan producir. Por ponerle ejemplos extremos, ¿sabe
usted cuánto es el 30 por ciento del IRPF en Extremadura, el IRPF en
conjunto en Extremadura? 66.000 millones. Cuando le den educación, va a
necesitar cuatro veces el IRPF para pagarla. ¿Sabe usted cuál es el 30
por ciento en Cataluña de 1,5 billones? Un volumen importante, 500.000
millones.

Estamos hablando de un sistema que eleve la capacidad de autogobierno
para competencias iguales, y eso yo creo que el modelo que ustedes tienen
no lo ha hecho. ¿Que es mejor 10.000 millones que nada? Evidentemente.

¿Se han repartido? No. Usted me ha dicho: Que se pongan de acuerdo las
comunidades autónomas. ¡Fabuloso! Que se pongan de acuerdo. Pero hay que
ver cómo se ponen de acuerdo en algunas cosas. Ustedes también tendrán
que hacer algo. Es la misma teoría del pacto local. Que se pongan de
acuerdo. Como yo no tengo nada que hacer, que se pongan de acuerdo las
comunidades y que le manden competencias. No, no. Hay competencias del
Estado.




El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le ruego que vaya concluyendo.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, yo le pediría el mismo rato que
ha dado usted al vicepresidente, porque llevo un cuarto de hora y él ha
estado hablando treinta y cinco minutos. En todo caso, señor presidente,
no se preocupe, termino; quiero obedecer al presidente.




El señor PRESIDENTE: No va a ser esta Presidencia quien le haga tener un
tiempo en el que deba exprimir demasiado sus argumentos, pero a estas
horas, por el propio bien de los argumentos, del señor Ríos y de su
grupo, creo que debe ir concluyendo. No le exijo que concluya de momento.

Continúe.




El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Por utilizar la argumentación que utilizábamos en la financiación. ¿Vamos
a emplear el padrón de población para sanidad? El señor Mauricio se
reunió después de presentar los presupuestos con el señor presidente del
Gobierno y dijo: Para la financiación de la sanidad sí que funcionará el
padrón de población de 1996; para los demás servicios, no. ¿Qué pasa?
¿Que en Murcia somos 1.100.000 para la sanidad, pero para la educación
somos 1.000.000? ¿A los otros 100.000 cómo les damos escuela?
No es posible plantearse esas divergencias. O se utiliza para todo, o hay
unos criterios homogéneos, o no será buena una actuación. Y el déficit
sanitario es lo mismo que el déficit del desarrollo de las deudas
históricas, de los déficit de aplicación de las capacidades o
competencias que le haya podido dar. Yo sé que usted está haciendo
rigurosamente ese curso, porque lo discute con todas las comunidades, con
las que son del PP y con las que no lo son. Yo sé que eso es así. Yo sé
que no hay discusión separada, pero todo funciona de una manera o sigue
un cauce determinado.

Las pensiones. Yo he hecho antes un mal nivel de comparación. He dicho
que con el crecimiento económico que se ha producido en los dos últimos
años, que hemos crecido 8 billones de pesetas, habrá algún dinero para
que, además de subir las pensiones el nivel del



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IPC, las más pequeñas crezcan acercándose al salario mínimo
interprofesional. Eso es lo que he dicho, y eso sí que es corregir por
los sectores más débiles.

La apuesta de la autovía no sustituye al ferrocarril. Usted ha venido a
decir que es verdad que no se ha gastado en ferrocarril. No, no, perdón,
ustedes han optado por una política en el ferrocarril. A mí no me gusta
eso que usted ha intentado hacer en la explicación. Este reparto de
papeles que usted se ha dado es: Los que están allí hacen política
partidista, los que estamos aquí hacemos política institucional. No, no,
eso no vale. Eso no vale. Yo no hago política partidista cuando le digo
que hay que invertir más en ferrocarril, no porque se invierta en un
tramo determinado, sino porque han optado por un modelo de desarrollo
ferroviario que es la alta velocidad, en una línea de actuación para los
próximos siete años. Yo lo que digo es que hay que mallar el territorio,
vertebrar el Estado para que mejore el ferrocarril en las regiones que
están fuera de ese modelo. ¿Sabe usted por qué? Porque o lo hacen o
quedarán excluidos del futuro de desarrollo. La periferia, Asturias,
Galicia, la zona que le he puesto de ejemplo de la comarca oriental de
Andalucía y Murcia y Alicante o se vertebran en el ferrocarril o el
desarrollo, la inversión que tendrán mañana será muy diferente, porque el
ferrocarril es un motor de desarrollo. Eso es lo que le he dicho.

Pequeñas inversiones. Yo le decía: Gran inversión, pequeña inversión. Eso
es lo que yo le estaba diciendo.

Sobre lo que pudiéramos llamar préstamos a la Seguridad Social, no
quiero seguir por ese camino, pero me va a permitir, señor
vicepresidente, solamente dos precisiones. Usted lleva razón en que se va
reduciendo, pero no era ésa la discusión que le he querido plantear; si
lo he hecho así, me he equivocado, no lo he hecho bien. Yo he dicho que
el Pacto de Toledo venía a decir que separásemos lo que son las fuentes
de financiación, lo que es contributivo de lo que no lo es, y
reconocíamos todos, incluido ustedes, que durante estos últimos años se
habían producido préstamos de la Seguridad Social, de lo que pagaban
todos los ciudadanos de cotización, y se habían usado para políticas que
debía hacer el Estado con los impuestos, de forma que se habían detraído
billones de pesetas de eso. Por eso, lo que debía pasar no es lo que ha
pasado. ¿Sabe lo que ha pasado? Que, después de haber sacado un sinfín de
dinero de la Seguridad Social, hoy la Seguridad Social le debe al Estado.

Ironía. Yo decía que no es lógico apuntar que el Estado hace un préstamo
a la Seguridad Social, con independencia de que sea la figura que hayan
tenido que utilizar para hacer frente al déficit o a la deuda que tenga
en un momento determinado, porque al final lo que ha pasado es que la
Seguridad Social, los cotizantes, los 7 millones de cotizantes de la
Seguridad Social, han dado dinero al Estado porque se ha usado para
competencias suyas. Eso es lo que le he dicho.

La Logse. Yo no quiero ir a una discusión falsa, porque para mí la
concertada es tan pública como puede serlo la otra. El problema que le he
planteado es que el desarrollo de la Logse, ordenado, en secundaria, en
infantil, en primaria, en formación profesional de los módulos que están
sacando adelante, o se hace con infraestructura pública, para poder
acceder todos, o se hace con la privada. Ustedes han preferido que lo
hagan ellos. ¿Quiere que le dé ejemplos de institutos que están
poniéndose en marcha desde los colegios privados? Los que estaban en
primaria ahora lo hacen en secundaria? Se les va orientando desde el
propio Gobierno: Hazlo allí, construye en el otro sitio porque no vamos a
hacerlo nosotros. Hay negligencia del Gobierno en el desarrollo de la
Logse, no de la ESO.

Cuando me he referido a que estos presupuestos hipotecan el futuro, no me
refería, señor vicepresidente, a que aquí hay tanto dinero gastado que
después no vamos a tener. El problema que le he mencionado es que la
realidad que tendremos de distribución de cargas entre lo que es sociedad
civil y Estado será tan débil que no tendremos recursos para hacer frente
a los déficit que se han generado. Porque desde que fuimos a la escuela,
desde Pitágoras, dos y dos tienen que cuadrar, tienen que ser cuatro; las
matemáticas, a pesar de Einstein, que relativizó hasta la física, tienen
que sumar, tienen que cuadrar. Si la política económica, la política de
prestación de servicios públicos, la hace la iniciativa privada, estará
en sus manos. Cuando desde un Gobierno de la izquierda queramos retomar
una actuación determinada, será imposible; con la herencia que nos han
dejado nos costará mucho trabajo y tendremos que hacer frente a una tarea
muy complicada, pero la haremos si el pueblo nos da el apoyo para poder
hacerlo.

Nada más, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor Ríos.

Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.

Señor Ríos, desde luego, se ha estudiado usted los presupuestos de cabo a
rabo, tengo que reconocerlo. Es verdad que en la previsión del gasto, el
capítulo 2 de teléfonos se incrementa; se incrementa porque queremos
hacer una presupuestación realista. La queremos hacer realista por dos
motivos; primero, porque es imprescindible y, segundo, porque, con las
nuevas normas de la ley de disciplina presupuestaria, no podríamos
encubrir ese gasto con otros créditos. Por tanto, aun con un crecimiento
total del capítulo 2 del 3,5 por ciento, mantenemos un crecimiento muy
bajo de los gastos de funcionamiento del Estado, y reconozco que, en
determinados ministerios, hemos presupuestado al alza las
telecomunicaciones más que en otros capítulos.




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En cuanto al excedente del ahorro, S. S. toca un tema muy importante, si
debemos mantener o no una posición de superávit por cuenta corriente, que
al final eso es lo que es. Indudablemente, una economía como la española
debe moverse en pequeños superávit y pequeños déficit y, en el año 1997
--ya veremos en el año 1998, depende del incremento que tengamos en las
importaciones--, nos mantendremos en una posición equilibrada. Creo que
eso también es importante. En estos momentos, se está reduciendo
notablemente la exportación de ahorro español al extranjero en términos
agregados, como consecuencia del aumento de las importacioens y del
crecimiento interno.

En el ahorro individual, señor Ríos, vivimos en un mundo en el que el
ciudadano tiene derecho a tomar decisiones individuales sobre su futuro.

Eso me parece que debemos aceptarlo; además, yo creo que es bueno.

Incluso si S. S. no lo cree --que no lo ha dicho y por tanto no digo que
lo haya dicho-- a mí me parece que es bueno. ¿Por qué no se van a poder
beneficiar? Si tienen que vivir en un mundo globalizado, si se encuentran
con que tienen que competir con otros países, que tienen que prepararse
cada vez más, que tenemos que estar en un mundo de formación profesional
continua, ¿por qué, al mismo tiempo, no se van a beneficiar de tener un
mundo globalizado de ahorro? No les va mal a los ciudadanos. Gracias a
eso hay instrumentos de ahorro mucho más eficientes de los que había
antes. Ya la gente no tiene que recurrir exclusivamente a la cartilla de
un banco o de una caja de ahorros para colocar su ahorro; puede hacer
cosas que le van mejor. Por tanto, no tengamos miedo a eso. Es verdad que
eso a los Estados les exige una disciplina. Pero me da la sensación de
que antes --y me refiero a bastante antes-- se hacían trampas en el
solitario a costa del nivel de vida de los ciudadanos. No está tan mal
que haya posibilidades de que la gente, si no le gusta lo que está
sucediendo con el ahorro en su país, pueda ahorrar en otro sitio. Es
indudable que eso lleva a los países a una competencia internacional, en
la que estamos en cualquier caso. Y en todos los ámbitos. Eso nos
llevaría muy lejos. ¿Qué ventajas tiene eso en el tipo de mundo en el que
vivimos? Su señoría está muy preocupado por el 0,7. Mucho más que el 0,7
va a contribuir el comercio internacional a la prosperidad de los países,
y con esto no quiero decir que las preocupaciones de S. S. no sean más
que legítimas y justificadas.

Que el Estado es mal empresario. La cuestión es que el Estado no está
pensado para dirigir, con intereses generales, industrias en las que
tiene que jugar un papel competitivo y además no responde a las
necesidades que hoy tiene que atender el Estado, salvo que mantengamos
monopolios y los monopolios perjudican al empleo y a los ciudadanos.

El empleo en 1997 y 1998. Las previsiones del Gobierno es que en 1997 el
empleo sea de 335.000 y en 1998 de 318.000. La diferencia --lo he dicho y
lo vuelvo a reiterar-- no es que nosotros apostemos por un menor
crecimiento del empleo; es que cuando tenemos que hacer las cifras del
presupuesto de la Seguridad Social hemos elegido el escenario más
conservador del empleo, por razones de responsabilidad, porque esa cifra
se traslada al número de cotizantes y el crecimiento del empleo se
traslada a las previsiones de financiación de la Seguridad Social. No nos
pidan que hagamos una previsión al alza en la parte alta de la banda, que
después va a tener repercusiones en los equilibrios de la Seguridad
Social, y estoy seguro que no es su intención.

Dinero público para el empleo hay mucho en estos presupuestos, casi medio
billón de pesetas en políticas activas. Es una cifra muy importante. Su
señoría dice: Tendría que haber más. Es imposible discutir ese argumento.

¿Pero tendría que haber más teniendo un déficit público a la baja que
permita bajar los impuestos a las familias y que se mantenga una posición
de crecimiento de la economía española? No es fácil cuadrar esos números.

Pero sí hay un incremento muy importante de las políticas activas, del 28
por ciento, y de algunas de ellas del treinta y tantos por ciento. Por lo
tanto, estamos dedicando cada vez mayores recursos a las políticas
activas. Este Gobierno no está beneficiándose simplemente de la reducción
del desempleo en el coste del presupuesto, sino que una gran parte de lo
que nos ahorramos en desempleo lo devolvemos en políticas activas. Más de
la mitad, si no me falla la memoria.

El empleo que vamos a tener. Dependerá de la capacidad de nuestra
economía. Si somos capaces de mantener crecimientos del empleo del 2,5
por ciento tendremos un crecimiento del empleo muy importante en los
próximos años, mucho más importante que el de muchos de nuestros
competidores. Y ahí está toda la cuestión, en que al ritmo de crecimiento
reduzcamos el umbral de creación de empleo. Eso se ha hecho en la
sociedad española en los últimos años y se está incrementando. Estamos
incrementando la relación entre empleo y crecimiento. Eso es lo más
importante que podemos hacer de cara a solucionar el problema del paro.

Cuando vengan las vacas flacas. Yo le voy a decir una cosa: desde que
estamos gobernando no hemos tocado un solo derecho social; ninguno. Por
lo tanto, los ciudadanos tienen las mismas garantías de protección o
mejores que tenían cuando nosotros llegamos a gobernar. Nosotros no
estamos tocando un solo derecho social. Aquellos que podemos los
incrementamos. Por lo tanto, los ciudadanos tienen un Estado más saneado
y, por consiguiente, que podrá hacer esfuerzos cuando tenga que hacerlos.

Pero ahora no es el momento, si quiere hablar de la teoría de los ciclos.

Segundo, en este momento, España puede apostar por un largo



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período de crecimiento. Europa debe apostar por un largo período de
crecimiento. Si otros mercados, como el norteamericano o el inglés, han
conseguido crecer durante seis años consecutivos, ¿por qué nosotros no?
De todas maneras, es muy interesante, aunque hoy no vamos a tener mucho
más rato para discutirlo, que veamos dónde se produce el pleno empleo en
el mundo occidental. Es muy interesante y S. S. lo sabe igual que yo.

Pero eso lo vamos a dejar para otro momento.

No tengo ahora el desarrollo de las preguntas sobre fraude fiscal, pero
le enviaré una contestación sobre ello. Los gastos fiscales --no se lo he
contestado antes y me disculpará-- sobre las deducciones del trabajo son
sólo el reflejo del nuevo sistema de financiación autonómica; no hay
otro. Hay un 15 por ciento que se traslada a la deducción que harán todas
las comunidades autónomas, porque tenemos que preestablecer la
posibilidad de que acojan el sistema este año. Por tanto, no hay ninguna
reducción en los gastos fiscales del trabajo.

En cuanto al incremento de gastos fiscales en este presupuesto, la mayor
parte son modificaciones de contabilización de gastos fiscales que antes
no se contabilizaban y sistemas más perfectos de contabilización. No
hemos establecido ninguna nueva deducción desde ese punto de vista; nada
más que la de las familias que usted conoce.

El grado de ejecución es el grado de ejecución. Si lo que me pide es que
el grado de ejecución sea otra cosa, no lo es. El grado de ejecución es
el compromiso de crédito y nosotros establecemos el 96 por ciento de
compromisos de crédito en inversión en 1997. S. S. tiene que reconocer
que es 20 puntos por encima de lo que se hizo en los últimos 11 años y,
por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo serio de compromiso de gasto,
que aun así nos permite reducir el déficit una décima por debajo del
criterio de Maastricht. Yo creo que es un esfuerzo que se puede valorar.

Me dice S. S. que la puesta en marcha de los instrumentos, como el GIF o
como el abono total, ha llevado su tiempo. Tiene toda la razón. Yo lo sé
prácticamente mejor que nadie, no tan bien como algunos ministros, pero,
después de ellos, tan bien como ellos. Están puestos en marcha y estamos
claramente recuperando el tiempo perdido, lo que me permite decirle que
vamos a hacer, como he dicho en mi primera intervención, a través del
sistema de abono total, una contribución a la capitalización de la
economía de 80.000 millones anuales en los próximos cuatro años. Si S. S.

me dice que si me hubiera gustado tenerlos el 1 de enero de 1997, le
contestaré que sí.




El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, le ruego concluya.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Pero no los tuve en ese momento y ahora ya
los tenemos desarrollados.

El fondo de nivelación. Nosotros no nos lavamos las manos. Fíjese lo que
le voy a decir, las comunidades autónomas llegarán a un acuerdo sobre el
fondo de nivelación por una sola razón, porque existe; si no existiese,
no llegarían nunca a un acuerdo, pero, como existe, van a llegar a él. ¿Y
por qué existe? Se lo voy a decir, porque lo pusimos nosotros en los
presupuestos, ya que no existía. Por lo tanto, el primer paso para que
las comunidades autónomas tengan algún interés en fijar una política
común de nivelación se da cuando hay un fondo. Y cuando las comunidades
autónomas y el Estado central se encuentran con que llega el 31 de
diciembre de 1997 y no se dispone de ese fondo, y tienen que aguantar
críticas justificadas políticas en los parlamentos y en la opinión
pública, ése es el camino para que las comunidades autónomas lleguen a un
acuerdo sobre el fondo de nivelación. Le he dicho antes, y con esto no le
paso la pelota a las comunidades autónomas, que desde el último Consejo
de Política Fiscal y Financiera hay una voluntad clara de las comunidades
autónomas de no incurrir en el error político, junto con nosotros, de no
disponer de ese fondo de nivelación. Y yo no sé si llegaremos a un
acuerdo en 1997 o en 1998, pero que el fondo de nivelación exista es el
primer paso y el paso irrevocable para que haya un acuerdo sobre
nivelación. Desde luego, si no hubiera fondo de nivelación, no habría
ningún interés por llegar a un acuerdo. A veces hay que poner los bueyes
delante de la carreta, porque, si no, las cosas no se mueven.

Y coincido en la importancia del ferrocarril, pero creo que en este
momento hay unas prioridades de inversión, que pueden no compartirse,
pero que son las que el Gobierno ha puesto en marcha.

Sobre la separación de fuentes, y con esto termino --entre paréntesis le
diré que hay 13 millones de cotizantes en la Seguridad Social, no 7; 13
millones. Yo he tenido la suerte de tener aquí el libro para mirarlo--,
tenemos un plazo hasta el año 2000. S. S. me pide que lo hagamos todo ya,
pero no es posible. En este presupuesto se da un paso muy importante en
sanidad, recorremos la mitad del camino y, por lo tanto, el hecho de que
la sanidad crezca el 8,2, de que las cuotas crezcan el 5,2 y que la
contribución de las cuotas a la sanidad caigan el 48,5 indica que estamos
en el buen camino, en el camino que S. S. propone, que ha propuesto a
esta Cámara y que nosotros respaldamos; que la Seguridad Social no
financie servicios públicos universales. Estamos absolutamente de acuerdo
y creo que hacemos un claro servicio.

El señor PRESIDENTE: Concluya, señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, voy a terminar.




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Sólo quiero agradecer al señor Ríos su aportación al debate y manifestar
que espero que en el trámite de enmiendas podamos aproximar posiciones en
temas en los que yo creo que tenemos posiciones paralelas de partida, si
no parecidas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.

Concluida esta primera fase del debate, continuaremos la sesión a partir
de las cuatro y media de esta tarde.

Se suspende la sesión.




Eran las tres y cinco minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Mixto, que ha
presentado cinco enmiendas de totalidad.

En consecuencia, para su defensa, se producirá un turno de intervenciones
de acuerdo con el uso establecido hasta el momento.

En primer lugar, tiene la palabra, para la defensa de la primera de las
enmiendas de totalidad del Grupo Mixto, el señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señoras diputadas, señores diputados, el señor vicepresidente del
Gobierno habló de un escalón en el camino para pasar el examen de
Maastricht. Efectivamente, el escalón en el camino significa una
formalización ideal de unos objetivos que se persiguen. Pero como toda
formalización ideal, está después llena de pecados, de distorsiones o de
realidades un poco más amargas.

El primer factor que se emplea para elaborar los presupuestos para 1998
es una auténtica obsesión monetarista que consiste en rebajar el déficit
público hasta el 2,4 por ciento del PIB, por debajo de los criterios de
convergencia, como el señor vicepresidente reconoció. En ese sentido se
proclaman discípulos aventajados del catecismo de la Europa de
Maastricht.

En segundo lugar, las cuentas están bajo control, precisamente
presumiendo de algo que popularmente tiene mucho éxito como es hacer bien
las cuentas de una familia. Se rebajan los compromisos de cobertura por
desempleo --no hay nada más que observar que hay menos 2,7 por ciento
para el seguro de desempleo del Inem-- y además, ventajosamente, el
servicio menor de la deuda, por la bajada de los tipos de interés, ayuda
a mantener las cuentas bajo control .

Pero hay trampas significativas que corren por cuenta de la contabilidad
creativa. Los recursos de las privatizaciones quedan fuera de los
presupuestos porque van a ser empleados, según ciertas teorías oficiales,
en ayudar o mantener durante ciertos años a las empresas públicas con
pérdidas. Además, se habla incluso, en otras ocasiones, de financiar
infraestructuras. Hay otra trampa contable que consiste en que
determinado tipo de infraestructuras y ciertas industrias militares van a
pagarse a diez años vista, siguiendo un modelo alemán. Pero realmente
nunca uno se puede explicar qué puede pasar con un dinero de
privatizaciones que parece que habrá que emplearlo en tantas cosas que no
se sabe muy bien, cuando haya que hacer frente a intereses o a deudas que
queden retrasadas, cómo se va a encontrar el Estado español dentro de
diez o quince años. En todo caso, ayuda positivamente, desde el punto de
vista formal e ideal, a que las cuentas cuadren, pero no será así a la
larga.

En tercer lugar, existe, frente a la propaganda y a la retórica, una
cierta despreocupación por el empleo. Son realmente los objetivos que se
persiguen menores curiosamente que el año pasado, e incluso, cuando se
habla de que suben los salarios, no cabe la menor duda de que el poder
adquisitivo de estos no solamente está paralizado sino en retroceso con
el que disfrutaban, por ejemplo, hace tres años. Igual argumento se puede
emplear respecto de las pensiones. Y sin duda alguna la inmensa mayoría
de las clases trabajadoras del Estado español no tienen un mayor poder
adquisitivo hoy que hace cinco años. Si a esto le añadimos que realmente
la política fiscal es regresiva, que los impuestos indirectos son mayores
y no aquellos que deben de pivotar sobre las rentas y el patrimonio,
tendremos efectivamente un perfil de a quién sirven estos presupuestos. Y
la ley de acompañamiento, que ya se utilizó el año pasado precisamente
para el aumento de tasas o impuestos especiales, vuelve otra vez a ser
utilizada con este carácter socialmente regresivo, bien evidente en el
capítulo II del título I.

Es sin duda claro que el Gobierno estaba preocupado por los ataques que
se hicieron al funcionamiento de servicios públicos, como la sanidad y la
enseñanza. De hecho, cuando se habla de más dinero para sanidad y
educación, ocúltase, desde luego, que se trata de emplear ese dinero no
en mejoras del servicio sino en cobertura de necesidades básicas nuevas,
por ejemplo, la ampliación de la enseñanza obligatoria, incluso con los
ribetes privatizadores que lleva consigo, o necesidades, también
perentorias, respecto del funcionamiento del Servicio Nacional de Salud
en todo el Estado español.

Es llamativo, dentro de la política monetarista y de la falta de
sensibilidad social, que el Gobierno haya optado por enfrentar el
problema de los libros de texto de la enseñanza obligatoria, a través de
la ley de acompañamiento, con la liberalización de los precios de libro
de texto, que no es una medida ni social ni económicamente acertada. Los
libros de texto tendrían que ser paulatinamente gratuitos, por lo menos
para la enseñanza



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obligatoria, y mientras tanto hacer una política social de tipo fiscal o
incluso de unas limitaciones a las editoriales en cuanto al volumen y a
las características de los libros, que tendría mucha más eficacia desde
el punto de vista social y sería menos dañino para las empresas que se
dedican a este tipo de industria y, sobre todo, para las librerías.

En definitiva, cuando se habla de que hay más inversión pública, es
totalmente falso. El Estado está desapareciendo como impulsor de los
sectores productivos, como reconoció el propio señor vicepresidente, y
está claro que hoy hay menos inversión pública de la que existía hace
seis años. Por tanto, todo esto nos viene a hacer un retrato que refleja
que frente al modelo ideal, el funcionamiento de la realidad deja mucho
que desear.

Si aplicamos este modelo al caso de Galicia, tendré que decirle al señor
vicepresidente que estamos ante un modelo de continuismo estructural.

Cuando los presupuestos eran expansivos en el Estado español, mi país fue
marginado. Ahora que son restrictivos, también son marginalizadores.

Es indudable que las cifras ideales que se barajan son incluso menores
que en el año 1997, y vuelvo a repetir: ideales. Según los propios
presupuestos territorializados, habría 51.000 millones para 1998 y hubo
66.000 para 1997. La mayor parte de estos presupuestos van destinados a
Fomento, a las autovías, que usted mismo reconoció que eran las últimas
del Estado español y, por tanto, era perentorio, obligatorio y necesario
hacerlas; a Defensa, con 8.000 millones de pesetas (después hablaremos de
esta partida) y a Medio Ambiente, que efectivamente crece de una manera
algo notable en relación con las cifras del año pasado.

Me gustaría reincidir en el carácter de la visión estructural que tienen
los Gobiernos del Estado español sobre el problema de Galicia. En las
infraestructuras es clarísimo: finalización de las autovías de las Rías
Baixas y la llamada del Noroeste, que son las autovías radiales del
Estado español, que empezaron el año 1992 y que no se acabarán en un caso
hasta el 2000 y en otro hasta el año 2001. Usted sabe que en el resto del
Estado español empezó la construcción de las autovías con el plan de
carreteras del año 1983, y que este Congreso de los Diputados,
democráticamente, dejó excluido a ese país de esa participación de 1983 a
1992. Pues bien, ahora resulta que es el caramelo que se vende para
justificar que los presupuestos son muy importantes para Galicia desde el
punto de vista de las inversiones. Pero curiosamente, cuando se habla de
autovías ya no radiales, la del Cantábrico deja de ser del Cantábrico
cuando llega a Galicia para convertirse en una autovía pequeña e interior
que comunicará con la del Noroeste, y para la que sólo hay 183 millones
de pesetas. Y no le voy a hablar de calamidades de ciudades industriales
vinculadas a las industrias del Estado, a las que no se presupuesta nada
hasta el año 2001 para que puedan salir camiones de esas ciudades por
unas autovías que empalmen cuando menos con la autopista A-9.

Esto quiere decir que hay una visión de la política europea que no tiene
en cuenta el peso demográfico y económico de la fachada atlántica, es un
diseño petrificado, perfectamente pensado, pero que desde luego los
nacionalistas gallegos aspiramos a transformar para que se tenga en
cuenta nuestra relación con Portugal y una importante región como es el
norte portugués.

Es ya de escándalo, después de los debates que tenemos aquí y después de
la sensibilidad que existe en la sociedad gallega, que en el tema
ferroviario se planteen solamente 4.350 millones de pesetas hasta el año
2001, y 1.040 millones para el año 1998, de un total de 32.405 millones
que tiene Fomento, 186.000 millones del órgano Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias y 68.000 millones de Renfe, para un país que tiene una línea
Vigo-A Coruña de las más rentables, y donde resulta que, sobre todo por
causa del trazado en territorio gallego, llegar a Madrid nos lleva doce
horas en los trenes nocturnos, nueve en los diurnos, sin cercanías, con
20 trenes de un lado y otro de A Coruña-Vigo, sin electrificar, sin doble
vía y con una frontera internacional. Yo creo que esto solamente se puede
explicar por un empecinamiento de no querer cambiar el diseño
establecido.

Por fin, les rogaría que cuando territorialicen los presupuestos, en el
caso del Ministerio de Defensa actúen con mayor rigor de carácter
metodológico. No es de recibo que se utilicen los presupuestos
territorializados para cargarle a Galicia cosas que después no van a
hacer en su totalidad. Yo creo que en estos casos debería decirse que son
interregionales y aclararlo porque que sería mucho mejor para la higiene
de todo el mundo.

Las fragatas F-100, aparte de que se plantea financiarla hasta el año
2015, es decir, en 20 años, están presupuestadas en 281.000 millones de
pesetas. El propio señor Alsina reconoce que esas fragatas están siendo
ya desviadas a Cádiz, no es que lo vayan a ser. Creo que eso debe ser una
parte de ese trabajo y que entonces debe figurar una parte para
Andalucía, pero sin hacer este tipo de trampas de carácter político que
no ayuda en absoluto a una información correcta y respecto a la que nadie
va a protestar si se considera lógico mantener todos los astilleros
abiertos. Sin embargo, cabe recordar que los nuestros, en concreto los
del sector civil, sí que fueron eliminados automáticamente de un Estado
español, el caso de Astano, por ejemplo; o seguir prometiendo Fusas-Cetme
y F-100 el año pasado para éste, éste para el siguiente, y nada menos que
3.100 millones de pesetas.

Señor ministro, lo que acaba de colmar el vaso es que, efectivamente,
cuando se habla de la reordenación de la minería del carbón, que va a
vivir con parte



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del dinero de la tarifa eléctrica, nos llama la atención que la manera en
que figura Endesa, As Pontes o Meirama, con el caso de Unión Fenosa y las
cuencas mineras, sea totalmente marginal.




El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, le ruego concluya.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Voy a acabar, señor presidente.

En un país que perdió 300.000 empleos en veinte años, 170.000 empleos del
año 1989 a 1997, y que perdió en el sector industrial 22.000 desde el año
1991 a 1996, creo que estos presupuestos no valen para que se impulse la
economía y tampoco, por supuesto, para armonizar no territorialmente ya
el Estado español, sino para hacer una política social y económica
equilibrada. Por eso pedimos su devolución al Gobierno.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.

Señora Lasagabaster. (La señora Rahola Martínez pide la palabra.)
Perdón, señora Rahola, efectivamente, por orden, el turno le correspondía
a S. S., pero ya que está aquí la señora Lasagabaster, si no le importa,
lo consume e inmediatamente su señoría. Adelante.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente, señores del Gobierno, señoras y señores diputados,
intervengo, en nombre de Eusko Alkartasuna, en defensa de las enmiendas
planteadas a ambos proyectos de ley y solicitando, lógicamente, la
devolución de los mismos al Gobierno. Me disculpará que simplemente
enuncie cuatro razones claves que por razón de tiempo no puedo detallar
en sus argumentos, pero al menos algunos de ellos han sido repetidos esta
mañana.

En primer lugar, podríamos calificar el proyecto de ley de presupuestos
como continuista. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos porque ciertamente de
los dos objetivos claves planteados a la sociedad del Estado español,
como pueden ser el cumplimiento de criterios de convergencia y,
lógicamente, el cumplimiento de un gran objetivo que es el descenso del
paro, creemos que los presupuestos, efectivamente, pueden ser válidos
respecto del primero de ellos, pero lo que no tenemos tan claro es que
respecto del segundo los presupuestos hayan sido los mejores. Creemos que
estamos en una situación de bonanza económica, bonanza generalizada en
muchos de los países de la Unión Europea, y que ese ciclo económico les
podía haber permitido dotarles de un sistema de reformas importante para
el cumplimiento de ese segundo objetivo. No simplemente un mero aumento
--que no siempre ha habido-- en algunas cosas de la política activa de
empleo, sino que tenía que haber sido un aumento cualitativo y realmente
una reforma clave en esas cuestiones. Cuando hablamos de política activa
de empleo, lógicamente advertimos que nos referimos a temas de formación
y de investigación. Creemos ciertamente que esos pequeños aumentos en
algunos casos no han sido tales, por ejemplo, en la cobertura al
desempleo, como les he señalado anteriormente, y que no son lo
suficientemente claves como para conseguir ese cumplimiento del descenso
del paro. Creemos que este era el momento porque quizá en ejercicios
posteriores no sea factible si no nos encontramos en esta situación.

La segunda razón es la presión fiscal. Creemos ciertamente que puede
haber un aumento de esa imposición indirecta y uno de los ejemplos puede
ser el impuesto de primas de seguro, pero lo que sí queremos recalcar,
como hicimos el año pasado, es el tema de las tasas. Se nos decía y se
nos ha dicho que las tasas se presentan como el importe de unos servicios
que presta la Administración a individuos concretos y por razones
concretas. Consideramos que este no es un sistema que tenga que ser
analizado, porque no creemos que sea demasiado correcto imponer tasas
ejercicio tras ejercicio. En algunos casos el importe de esas tasas ha
sufrido un incremento realmente muy importante; así, por ejemplo, en
algunas de ellas se hablaba de subir de 10.000 a ciento y pico mil
pesetas, pero en otros casos se han creado nuevas tasas sin que realmente
haya habido un análisis muy claro de si esos servicios equivalen a ese
dinero. Es decir, cómo un usuario puede valorar que el servicio que le
presta la Administración responde a ese importe o si ese servicio ha sido
eficiente. Estamos en contra de ese sistema. No dudamos de que algunas
tasas puedan ser correctas, pero no creemos que como sistema recaudatorio
sea el mejor de los sistemas, por cuanto que al final termina siendo,
como he dicho anteriormente, un mero sistema recaudatorio y, en
definitiva, un sistema poco justo.

Una tercera cuestión, también importante, podría ser esa llamada regla de
oro de las finanzas. La Unión Europea señala que endeudarse para gasto
corriente no es del todo correcto, pero sí para inversión. Lamentamos que
en los presupuestos no se haya establecido claramente qué entiende el
Gobierno por inversión, porque ahí sí podríamos tener un criterio clave
de qué es lo que se entiende por inversión, y en definitiva, qué es lo
que se entiende por cumplimiento de ambos objetivos. Desde nuestro punto
de vista, ya adelantamos que investigación también es inversión. En este
sentido, lamentamos, como hicimos el año pasado, que el presupuesto en
inversión, en temas civiles no en defensa, no haya sido todo lo
voluminoso que, a nuestro entender, requería la situación actual.

Por último, y no por ello menos importante, tengo que hablar de un tema
en el que, como comprenderá, mi formación política tiene especial interés
y que hemos



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señalado reiteradamente en esta Cámara: el Estatuto de Autonomía del País
Vasco. Ha habido un incumplimiento flagrante desde 1979, desde hace
muchísimos años, en competencias que son especialmente relevantes para la
vida de los ciudadanos y ciudadanas, en cuestiones que afectan a su
economía y a sus empleos. Se ha venido señalando en los últimos años, y
especialmente en los últimos momentos, por parte de su persona y de otros
miembros del Gobierno, una decisión clara de incumplir materias
concretas. Hago referencia, por ejemplo, a la transferencia del Inem, a
la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad
Social o a que, como esta misma mañana señalaba el vicepresidente
primero, no se iba a transferir la competencia de investigación
científica y desarrollo tecnológico. Para nosotros esto supone, además de
lo que se refiere a mera cuestión política de incumplimiento de una ley
orgánica o incumplimiento de un pacto político que supuso un equilibrio y
una convivencia pacífica de los vascos, una merma en nuestro
autogobierno, autogobierno que lo único que pretende es buscar las
soluciones mejores a los problemas concretos que afectan a nuestros
ciudadanos.

Me ha gustado mucho la frase que ha señalado esta mañana, señor
vicepresidente segundo, de respetar el autogobierno para las comunidades
autónomas en sus márgenes competentes. Simplemente le pediría que
aplicara lo que ha dicho esta mañana: el autogobierno para las
comunidades autónomas que sean competentes, es decir, en los márgenes que
estén establecidos. No me negará que uno de los márgenes establecidos es
una ley orgánica. Con la mera declaración de esta mañana, le rogaría
cumpliera con las competencias y con esa transferencia que establece el
estatuto de autonomía.

Estas son las cuatro razones claves. Hay otras razones que nos preocupan
y que serán objeto de enmiendas al articulado en relación a determinadas
inversiones en infraestructura. Señalaré dos cuestiones importantísimas.

La Y vasca como inversión en infraestructura, que puede suponer una
mejora de desarrollo del comercio y de las mercancías cara a Europa. Se
establece un importe que consideramos que es absolutamente mínimo porque
el grueso de esa financiación se difiere a ejercicios posteriores. Nos
preocupa porque creemos que en ejercicios posteriores no va a ser posible
hacer frente a semejante monto de financiación. Quiero señalar que de una
obra de 400.000 millones de pesetas, en este ejercicio apenas se destinan
250 millones, relegando para el año que viene o el siguiente el resto de
la financiación. Creemos que eso no va a ser posible.




El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Sí señor presidente.

Porque, además, con el sistema de modelo alemán parece que todo va a
terminar teniéndose que financiar en los próximos años, algo
absolutamente imposible. El canal de Navarra es otra de nuestras
preocupaciones, así como otra serie de cuestiones que dejaremos para las
enmiendas al articulado.

Por estas cuatro razones presentamos la enmienda y por estas cuatro
razones creemos que estos presupuestos y la ley de acompañamiento, que
metodológicamente no nos parece acertada, deben ser devueltos al
Gobierno.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.

Señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor presidente, señor vicepresidente,
antes de entrar en la enmienda a la totalidad que planteamos, me parece
de rigor y de justicia decir aquí públicamente que algunos aspectos de
los presupuestos nos han parecido muy positivos, y muy especialmente nos
parece positivo, desde una opción y desde una sensibilidad claramente
europeístas, como creo que es la de todos los partidos políticos
catalanes --y efectivamente también el nuestro--, la disciplina y el
rigor que van a permitir cumplir con los criterios de convergencia y, en
consecuencia, con la primera velocidad en Europa. Esto nos parece que es
un elemento realmente importante en los presupuestos y, en justicia, no
nos vemos capaces de criticarlo. Tampoco nos parece de justicia criticar
la apuesta por la economía productiva. Yo que personalmente gobierno el
área de comercio y consumo del Ayuntamiento de Barcelona, y que soy por
tanto especialmente sensible con todo lo que tiene que ver con las pymes,
con la economía productiva y familiar y, con el rigor fiscal con el que
se trata este tipo de temas, me parece importante también decir hoy que
ha habido una mejora sustancial del marco fiscal de las pymes con la
reducción de la presión fiscal en el sistema de módulos, por ejemplo. Por
tanto, hay algunos elementos de esos presupuestos que yo creo que es de
rigor y de justicia subrayar como positivos y que nosotros hoy avalamos
sin ningún tipo de dudas.

A partir de aquí, sin embargo, hay muchos elementos de tipo negativo que
han permitido argumentar o avalar lo que entendíamos que tenía que ser
una enmienda a la totalidad y, por tanto, una petición de devolución de
estos presupuestos. Evidentemente, estábamos planteando términos como el
modelo fiscal, que en conjunto creemos que es regresivo y que incrementa
la presión fiscal, a pesar de tener elementos diversos que eran positivos
como los ya comentados. También creemos que no es una prioridad de estos
presupuestos la creación de ocupación y, en consecuencia, entendemos que
éste, que tendría que ser



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uno de los temas centrales de estos presupuestos, no ha pasado a ser una
prioridad ni económica ni tampoco política. Por ejemplo, estamos hablando
de que en las políticas activas de ocupación ciertamente han incrementado
su presupuesto sensiblemente, y sin embargo estamos aún ante un 1,55 por
ciento de todo el presupuesto; o que por ejemplo la creación de puestos
de trabajo prevista para 1998 se confía fundamentalmente a las mejoras
del sector privado y, por tanto, no hay aquí una incidencia y una
actividad política para incentivar aspectos de esta naturaleza. En
consecuencia, desde el punto de vista fiscal, entendemos que es
regresivo, y desde el punto de vista de mejora, tanto del paro como de la
creación de ocupación globalmente, éste no es un presupuesto sensible a
los sectores más discriminados socialmente y, en consecuencia, es
criticable.

Sin embargo, no le escondo, señor vicepresidente, que nuestra enmienda a
la totalidad se basa fundamentalmente en criterios catalanes. El origen y
la voluntad de esta enmienda a la totalidad tiene una sensibilidad de
izquierdas y, por tanto, una sensibilidad social, pero sobre todo tiene
una sensibilidad catalana. Es aquí donde yo me atrevo a decir que estos
presupuestos son lesivos y claramente contrarios a los intereses de
Cataluña, y lo avalo en los términos de las inversiones previstas por el
Estado para Cataluña que, comparativamente con otras comunidades, desde
luego sale francamente mal parada. No se ha desarrollado aún un nuevo
acuerdo sobre la financiación de la sanidad que resuelva los déficit
históricos y, sin embargo, esto lo dejo fuera de los criterios que me
permiten decir que estamos ante unos presupuestos contrarios a los
intereses catalanes. Somos el 16,5 por ciento del total de la población,
sin embargo --y empezamos con el primer agravio comparativo-- sólo vamos
a tener el 9,5 por ciento del total de inversiones del Estado. Es de
obligado rigor preguntarle por qué motivo de cada cien pesetas por
habitante que va a invertir el Estado en las comunidades de máximo nivel
de competencias, Cataluña sólo va a recibir 74 pesetas cuando para llegar
a un nivel de inversión equivalente a la población de Cataluña nos
faltarían 61.000 millones de pesetas, que se podrían destinar a muchas
inversiones que ahora han quedado fuera de estos presupuestos. Diferentes
instituciones, como por ejemplo la Cámara de Comercio, han denunciado el
hecho de que la insuficiencia de inversiones del Estado en Cataluña va a
dañar notablemente su economía. De cada cien pesetas que ustedes
invierten, nueve las van a llevar a Cataluña; 31 a Madrid, señor
vicepresidente. ¿Nos puede decir por qué motivo político o de prioridad
real política y también social y económica, se puede hacer un agravio
comparativo de esa naturaleza tan clara entre Cataluña y, Madrid, y sólo
pongo ese ejemplo? Si planteáramos en términos anecdóticos el número de
páginas que se dedican en estos presupuestos a las inversiones a Cataluña
o a otras comunidades, verían que a Madrid se dedican 343 páginas y a
Cataluña sólo 66.

Para concluir, voy a enumerar una serie de inversiones importantes que
quedan fuera y que, por tanto, agravian comparativamente de una manera
seria los intereses catalanes: en el tramo Abrera-Terrassa, por ejemplo,
que es crucial para ampliar y consolidar la red viaria, ustedes dedican
20 millones y nos hacen falta 680 millones. A la biblioteca del Estado en
Barcelona, por ejemplo, la única provincia --por decirlo en términos
suyos-- de todo el Estado que no tiene una biblioteca provincial, ustedes
la han destinado 150 millones y nos hacen falta 3.550 millones. Quedan
sin presupuestar un montón de inversiones absolutamente estructurales,
cruciales para el desarrollo competencial y económico.




El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, concluya, por favor.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: El túnel de Horta, el tren de alta
velocidad, la ampliación del puerto y la zona de actividad logística, la
ampliación del aeropuerto de Barcelona, señor vicepresidente, la
reconducción del Besós y las instalaciones medioambientales y un largo
etcétera de inversiones cruciales para Cataluña que no existen por el
simple hecho de que estos presupuestos, a pesar de tener los socios que
tendrán en las votaciones, sin embargo son claramente lesivos para los
intereses de Cataluña y sobre todo son de claro agravio comparativo con
otras comunidades.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rahola.

Señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente, intervengo en nombre de Unió Valenciana para
defender nuestra enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del
Estado de 1998, y quiero hacerlo con una frase que parece ser la máxima
en el día de hoy: Convergerás con Europa sobre todas las cosas. Este es
el nuevo mandamiento que nos transmite el Gobierno con estos
presupuestos. No es que estemos en contra --antes bien, al contrario,
reconocemos su importancia--, sino que las otras cosas, entre comillas,
son tantas y tan importantes para nuestra Comunidad Valenciana que nos
impiden dar nuestro voto favorable a estos presupuestos.

Nuestra postura se clarifica cuando respondemos a esta simple pregunta:
¿cuál es el objetivo fundamental de unos Presupuestos Generales del
Estado? Aquí aparece clara y rotundamente expresado; la respuesta no
puede ser más obvia: facilitar las razones objetivas para



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que tanto la economía del país como el bienestar de sus ciudadanos
crezcan de manera rápida y sostenible. De acuerdo. Aquí es donde entramos
en el debate tantas veces planteado de conseguir una convergencia
exclusivamente nominal con Europa que, por lo visto es la meta del
Gobierno, o como es nuestra postura sin renunciar, a esa convergencia
nominal ya que ambas son compatibles, apostar de una vez por todas y con
la misma intensidad, tanto por una convergencia nominal como por la
convergencia real y social: bienestar, empleo y calidad de vida.

Llegados a este punto, es donde la propuesta de estos presupuestos
generales hace aguas. No es de recibo que en un país donde el paro afecta
a millones de personas el Gobierno, se descuelgue con unos presupuestos
donde a pesar del esfuerzo no se llega al 2 por ciento de los mismos
dedicado a las políticas activas de empleo; y, por favor, no me diga
aquello de que el mercado lo ajusta todo porque a los datos me remito y
los números son muy sufridos. En el primer semestre de 1997 los
beneficios empresariales crecieron el 11,9 por ciento, mientras que el
empleo sólo lo hizo el 1,4 por ciento; por tanto, eso hay que tenerlo en
cuenta.

Señorías, España sigue siendo un país sin política industrial clara y
rotunda; además, la privatización urgente de las empresas no es la única
solución para paliar algunos problemas industriales que tiene nuestro
país. Por ahí está pendiente todavía, en la privatización de la empresa
CSI, el futuro de Sidmed y Galmed en Sagunto con más de 1.000 puestos de
trabajo.

Pero si mejorar sustancialmente la economía general del país va a ser
muy difícil, la Comunidad Valenciana lo va a tener un poco más. La
Comunidad Valenciana, y no les echo la culpa a ustedes, no fue
beneficiada en absoluto en la era del dispendio de anteriores gobiernos.

A la hora de las maduras, nada cayó por aquí, pero ahora parece que
tampoco ha cambiado. Para muestra un botón: mientras que en 1996 la
inversión pública en España se redujo como media el 27 por ciento, en
Valencia lo hizo casi el 46 por ciento. Pero esto no es todo porque este
año se ha vuelto a producir el tijeretazo, a pesar de las obras de
ingeniería presupuestaria haciendo creer que son 50.000 millones de
inversiones reales en la Comunidad Valenciana, cuando en realidad son
poco más de 25.000 millones. Al fin y al cabo es lo que proponen estos
presupuestos: hacernos creer que se invierten 50.000 millones en la
Comunidad Valenciana, cuando una vez descontadas las inversiones que
corresponden a los apartados de varias regiones y no regionalizables,
quedan reducidas a la mitad. Queda pendiente la deuda histórica, quedan
pendientes las prevenciones de riadas, el convenio hidráulico de enero de
1997, el AVE Valencia-Madrid. Un dato muy alentador, de cada 1.000
pesetas de inversiones reales sólo 50 vienen a la Comunidad Valenciana.

La verdad es que después de tantos años de presupuestos discriminatorios
para nuestra comunidad en la época del dispendio --que no es culpa
suya--, lo mínimo que esperábamos de sus buenas palabras eran buenos
hechos y poner en práctica una política de inversiones reales equitativa
entre todas las regiones. Eso de la austeridad no se ha aplicado por
igual en todas las comunidades; por desgracia, la austeridad se ha puesto
en práctica con ese recorte real de inversiones en la Comunidad
Valenciana.

La Comunidad Valenciana ya ha sido solidaria demasiados años, según ha
sido puesto de manifiesto por diversos interlocutores políticos y
sociales, y en Unió Valenciana creemos que ya va siendo hora de que esta
solidaridad sea correspondida. Con estos presupuestos el Estado avanza
hacia la integración en la Unión Económica y Monetaria, nos alegramos,
queremos contribuir a ello, es un objetivo de todos los ciudadanos, pero
sin ninguna duda la Comunidad Valenciana se aleja un poco más del nivel
de las regiones más avanzadas de la Unión Europea.

Cumpla lo que aparece en la presentación de los documentos de estos
presupuestos.




El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: La política de inversiones en infraestructuras
de estos presupuestos tiene carácter prioritario por su particular
incidencia en la competitividad de la economía y en el proceso de la
convergencia real. Sí, pero en todas las regiones, y la Comunidad
Valenciana con estos presupuestos no converge en la nominal ni converge
en la real y eso es muy lamentable. De ahí nuestra enmienda a la
totalidad con la esperanza de que en el trámite presupuestario de las
enmiendas al articulado algunos descosidos que se han hecho en diversas
inversiones prometidas el año pasado en sus propias previsiones
plurianuales y que este año se han caído, se demuestre la sensibilidad
del Gobierno con la Comunidad Valenciana, porque esas inversiones son
necesarias y usted sabe que esa injusticia en estos presupuestos para con
la Comunidad Valenciana existe y no es una ficción del diputado que le
habla.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor vicepresidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.

Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, señorías, señor Rato, hablamos
de los presupuestos del año próximo, del año 1998, que todos deseamos nos
depare un futuro mejor no sólo en el terreno económico, presupuestario y
del empleo, a veces incluso algunos en un terreno más sencillo, más
simple, en el tema pura y simplemente de los usos parlamentarios; ojalá
nos vaya mejor también en ese próximo año 1998.




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En Nueva Izquierda, señor Rato, hemos presentado una enmienda de
totalidad a este proyecto de presupuestos aun reconociendo --y quiero
dejarlo claro desde el principio-- que este proyecto prevé la
incorporación de nuestro país a la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria, aspecto y objetivo que nosotros compartimos --quiero decirlo
claramente, señor Rato-- entendido en el marco de un proceso de
reordenación profunda de la construcción europea que posibilite una mayor
cohesión social y política, aspecto en el que otros gobiernos europeos de
carácter progresista, basados generalmente en amplias coaliciones de
fuerzas progresistas, están adoptando iniciativas en nuestra opinión muy
interesantes y en relación con las cuales el Gobierno de nuestro país, el
Gobierno español actúa simplemente como espectador.

Decimos, por tanto, que ese problema de incorporación a la tercera fase
de la Unión Económica y Monetaria se prevé en estos presupuestos, pero
hay otros muchos problemas graves de nuestra sociedad que no encuentran
solución en los mismos o que incluso son agravados porque no todo se
resuelve con la Unión Económica y Monetaria y con el proceso de
construcción europea, como hemos podido comprobar en los doce años que
llevamos formando parte de esa unión, hay otros problemas muy importantes
que, insisto, aquí no aparecen suficientemente tratados y con una
solución adecuada.

El primero de ellos, señor Rato, señorías, sin lugar a dudas es el tema
del desempleo. Quiero decirle claramente, señor Rato, que el problema del
desempleo no es fácil, no tiene soluciones milagrosas. Tampoco creemos
nosotros que la solución proceda únicamente del Estado, pero desde luego,
señor Rato, no es nuestra opinión, como parece ser la del Gobierno, que
todo queda en manos del mercado o de los agentes económicos y sociales,
que han demostrado su acierto, su capacidad y su riesgo con la reforma
laboral que han acordado en este año 1997.

Señor Rato, un dato claro que en nuestra opinión acredita que estos
presupuestos no son la expresión de políticas claramente orientadas al
empleo: se prevé para el año 1998 más PIB que en el año 1997, el 3,4 en
lugar del 3,2 que finalmente el Gobierno confía se obtenga este año,
actualizadas las previsiones iniciales; sin embargo, la previsión de
crecimiento en el empleo es inferior a 360.000 empleos que el Gobierno
finalmente prevé en este año 1.997. Esto pone de manifiesto, señor Rato,
que este proyecto de presupuestos para el año 1998 no es la expresión de
un compromiso serio por la creación de empleo en nuestro país. Por tanto,
un insuficiente tratamiento del problema del empleo en el aspecto activo,
pero también en el aspecto pasivo, en el aspecto de la protección por
desempleo. Señor Rato, según datos de los propios presupuestos, la tasa
de cobertura para el año próximo la cifran estos presupuestos
prácticamente en el 65 por ciento del paro registrado. Qué porcentaje
representa ese número de beneficiarios en relación con el paro que
refleja la EPA; ¿no estamos por debajo de la cifra del 50 por ciento que
hace ya muchos años se quedó en que era necesario superar para situar a
nuestro país en parámetros europeos?
Segundo tema importante, en nuestra opinión: la modernización productiva.

Es evidente, señor Rato, que en materia de inversión estos presupuestos
contemplan incrementos para el año 1998 sobre 1997, pero no es menos
cierto que estamos muy lejos de ese porcentaje del 5 por ciento del PIB
de que se hablaba en la época de gobiernos socialistas, y que nosotros
consideramos imprescindible por razones de oportunidad.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, vaya concluyendo, por favor.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente. Procuraré terminar
enseguida.

Hay que aprovechar fondos europeos, ahora que todavía no se quitan,
aunque ya se empiecen a cuestionar seriamente.

En el tema de I+D, señor Rato, es evidente que estos presupuestos no
abordan una homologación con niveles europeos y que el incremento se
destina fundamentalmente a temas de defensa. En mejora necesaria de
servicios públicos esenciales, gravemente deteriorados durante la gestión
del Gobierno del Partido Popular por el recorte presupuestario llevado a
cabo por el mismo, en concreto, educación, señor Rato, recientemente un
amplio abanico de organizaciones sociales del ámbito educativo ha
aprobado un manifiesto que cuestiona la política que están ustedes
llevando a cabo.

En el tema sanitario es difícil hablar de estos presupuestos, porque cabe
la sospecha de que buena parte de esas cantidades no estén aquí, estén en
acuerdos cuya entidad real se desconoce o es contradictoria. En todo
caso, es evidente que no se dotan adecuadamente las necesidades
sanitarias de nuestro país.

En temas de fiscalidad, señor Rato, esta mañana citaba usted tres
objetivos de la política tributaria del Gobierno: competitividad,
estabilidad y ahorro. Sólo quiero recordarle, señor Rato, que el artículo
31 de la Constitución cita un principio de necesario respeto: la
progresividad. Tengo que decirle, señor Rato, que desde que Gobierna el
Partido Popular y en estos presupuestos del año 1998, se está llevando a
cabo una política fiscal claramente regresiva.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, concluya, por favor.




El señor PERALTA ORTEGA: Termino inmediatamente, señor presidente.

Esa política regresiva hace girar la fiscalidad sobre las rentas del
trabajo en beneficio de las rentas altas



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y de capital e incrementando los impuestos del consumo.

Finalmente, señor Rato, no estamos de acuerdo con la política de
privatizaciones que sólo busca vender lo rentable, como tampoco estamos
de acuerdo en que cuando ya se alcance ese objetivo de la tercera fase de
la Unión Económica y Monetaria no se compense a quienes más sacrificios
han hecho, pienso, por ejemplo, en los empleados públicos, para los que
sólo se prevé el aumento de la inflación, sin recuperar.

En definitiva --y termino, señor presidente--, estos presupuestos ponen
de manifiesto el verdadero contenido del acuerdo de las distintas
derechas que sostienen a este Gobierno; un acuerdo que permite,
efectivamente, alcanzar la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria
o llevar a cabo una política fiscal regresiva, pero que deja sin solución
buena parte de los problemas de nuestro país: desempleo, modernización
productiva, mejora de servicios públicos, o una política de
privatizaciones contraria a la que ustedes llevan a cabo.

Son esas razones, señor Rato, las que justifican nuestra petición de
devolución de estos presupuestos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.

Señor vicepresidente del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, quiero agradecer
ante todo el tono, y sin duda también el contenido de las intervenciones
de los representantes del Grupo Mixto. Voy a pasar a contestarles con el
mayor detalle posible aunque, en muchos casos (yo creo que han sido
ustedes también conscientes), ha habido detalle sobre inversión pública,
que probablemente trasciende un debate de totalidad, pero que, en
cualquier caso, trataré de contestar.

El señor Rodríguez, del partido Nacionalista Galego, ha planteado al
Gobierno en su intervención una obsesión monetarista. No ha habido tipos
de interés más bajos en la historia de España, luego no sé a qué llama el
señor Rodríguez obsesión monetarista, pero me pregunto cuál sería su
opinión sobre la situación hace dos, y no le digo hace cinco o seis años.

En este momento España tiene históricamente su más bajo tipo de interés
de intervención, su más baja relación con el bono alemán y eso se deriva
de que tiene su más baja tasa de inflación. Por tanto, seguramente, se
pueden calificar estos presupuestos de muchas cosas, pero si hoy hay una
realidad en la economía española, no es la realidad de la obsesión
monetarista, es precisamente lo contrario. Tenemos una mezcla de
políticas económicas, y la estabilidad macroeconómica depende de la
política presupuestaria y no de la política monetaria. Si el señor
Rodríguez argumenta que a través de la política monetaria no hubiéramos
conseguido los equilibrios y el crecimiento que hoy tenemos, yo le doy la
razón, creo que la política monetaria ha demostrado en España que tiene
sus límites y que si bien acaba produciendo que los excesos y el
equilibrio macroeconómico se recuperen, se recuperan con un coste social
y real extraordinariamente altos. Desde luego, decir en este momento que
la política económica del Gobierno está basada en la política monetaria,
sinceramente creo que no responde a la realidad.

Es verdad que nosotros apostamos por nuestra incorporación a la Unión
Económica y Monetaria y es verdad que apostamos por ello no por razones
monetarias, sino por razones de respuesta a un fenómeno mundial de
globalización que afecta de manera determinante a toda España y en
especial a Galicia. El crecimiento de las exportaciones gallegas y la
presencia de la industria gallega en los mercados internacionales es
creciente, probablemente una de las más altas de España y, por tanto,
desde el punto de vista de la apertura y de los efectos beneficiosos que
para el comercio español, en niveles de competitividad, tiene una
situación de equilibrio de las finanzas públicas con sus repercusiones en
los tipos de interés y en la inflación, desde un punto de vista contrario
al del señor Rodríguez y con todos los respetos, yo creo que lo que S. S.

ha dicho se argumenta con dificultad.

Desde el punto de vista de los recursos de privatizaciones, quisiera
insistir, primero, en que dichos recursos se están dedicando a reducir la
deuda pública. Por tanto, a aquellos que han dicho que la política actual
reduce posibilidades de futuro, como el señor Rodríguez y el señor
Peralta, quisiera decirles que nada más contrario, es decir, los
gobiernos que sucedan a éste van a tener muchas más posibilidades
presupuestarias de las que hemos tenido nosotros.

La Cámara tomará sus decisiones (y espero que en beneficio de la
colectividad las tome en una dirección adecuada) pero no cabe duda que si
seguimos reduciendo el peso del Estado en la economía y si la deuda
continua cayendo (como está cayendo en estos años) los márgenes
presupuestarios a todas luces se amplían, no se reducen. Vuelvo a
insistir a SS. SS. en que miren más allá del espejismo de que más gasto
público es más margen presupuestario y se den cuenta de que precisamente
es todo lo contrario, porque como al final las cosas hay que
financiarlas, más gasto público con más déficit es más deuda pública al
año siguiente y más deuda pública es menos margen presupuestario.

Desde el punto de vista de las inversiones plurianuales, el modelo alemán
es otro elemento de inversiones plurianuales, y éstas no las hemos
descubierto nosotros ni se van a acabar con los gobiernos del Partido
Popular. Las inversiones plurianuales son una respuesta del Estado para
realizar inversiones a lo largo de varios años por razones absolutamente
normales y nuestra



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legislación las prevé antes de que nosotros llegáramos al Gobierno.

Nosotros hemos utilizado una fórmula que la contabilización de unos datos
permite utilizar y combinar con la situación actual desde el punto de
vista de reducción del déficit público, que indudablemente, está ya
prevista en las inversiones plurianuales del Estado en los presupuestos
de futuro, y que nos permitirá, en un momento de restricción
presupuestaria, hacer que esta restricción, desde el punto de vista de
aportación económica, sea menor de lo que hubiera sido en otras
condiciones. Es verdad que el modelo alemán --y lo reconozco--, es un
instrumento que, en opinión de este Gobierno, debe tener sus límites
cuantitativos, el 30 por ciento de la inversión en ese capítulo en el año
que se ponga en marcha y, además, debe tener límites temporales, y es
nuestra intención que no sea utilizado más allá de 1998 o 1999, cosa que
debatiremos dentro de doce meses en esta Cámara, si Dios quiere.

Desde el punto de vista de la afirmación del señor Rodríguez de que estos
presupuestos desprecian el empleo, aparte de la retórica que me parece
excesiva, son unos presupuestos que en este momento aumentan más las
políticas activas en Europa, aumento de políticas activas del 28 por
ciento que supone estamos hablando de medio billón de pesetas; no se
puede decir que estamos despreciando el empleo. Además --y quisiera
decírselo también a otros intervinientes--, a mí me parece muy bien que
en otros países haya debates sobre el empleo, bienvenidos sean, y me
parece fantástico que propongan fórmulas que nosotros debamos mirar; pero
también debemos ser conscientes de que en este momento la situación de
empleo en España está en evolución positiva, yo diría que bastante
positiva pues crece tres veces al ritmo que lo hace en el conjunto
europeo, y eso es una novedad en nuestro país. ¿Cuál era la realidad de
nuestro país hace ocho o nueve años? Tardábamos mucho tiempo en llegar al
umbral de crecimiento que permitiese la creación de empleo neto. Eso se
ha ido modificando con el tiempo, en este momento estamos al nivel de los
países más eficientes en creación de empleo, y estamos viendo cómo otras
economías más prósperas y más importantes que las nuestras, sin embargo
se encuentran con rigideces suficientemente potentes como para que su
nivel de crecimiento no esté produciendo creación neta de empleo. Tienen
ustedes las estadísticas europeas a su disposición para darse cuenta de
ello, y yo no voy a hacer mención de otros países porque no me parece
apropiado.

Quisiera decir que el crecimiento de los impuestos indirectos no se
produce como consecuencia del aumento de los tipos, y SS. SS. son
plenamente conscientes de que no es así; se produce por el aumento del
consumo. Es indudable que los impuestos indirectos aumentan cuando
aumenta el consumo, porque son impuestos proporcionales; se paga el 16
por ciento, el 4 ó 7 por ciento sobre un volumen de consumo, y en España
está creciendo el consumo dentro de una política de crecimiento de la
economía en general. Si
SS. SS. tienen interés y quieren conocer en este momento cuál es la
distribución de la renta nacional entre rentas del capital y rentas del
trabajo, podrán comprobar cómo esa distribución está evolucionando a
favor de las rentas del trabajo, por una razón, porque está aumentando el
empleo, y tenemos que ser conscientes de que cuando en 1994, el 47 por
ciento del producto interior bruto eran rentas del capital, en este
momento esa proporción ha cambiado y, sin embargo, las rentas del trabajo
se encuentran en una banda cercana al 50 por ciento. Por tanto, quisiera
insistir en que no se está produciendo una distribución asocial o
regresiva del aumento del crecimiento, sino al contrario: la
participación de las rentas del trabajo está creciendo en el conjunto de
la renta nacional, lo cual indica, como he dicho, que algo importante
desde el punto de vista de la política social como el empleo está
aumentando.

El señor Rodríguez me ha planteado después el tema de los libros de
texto, y ha indicado que quiere la gratuidad de los mismos. Es una
posición que nosotros no compartimos primero por razones presupuestarias,
y después porque entendemos que la política que el Gobierno está
aplicando, por un ladova a permitir que lo que están haciendo las grandes
superficies, las grandes distribuidoras de libros, las grandes tiendas de
libros y que vemos anunciado en las calles de las ciudades, que es dar
descuentos del 25 por ciento, lo puedan hacer también las pequeñas
librerías. En segundo lugar, porque creemos que nuestra posición
beneficia claramente a las familias. Pero, al mismo tiempo, por primera
vez en estos presupuestos se incluye una medida consistente en la
concesión de becas por importe de 10.000 pesetas para que las familias
puedan comprar libros de texto, y hay una primera provisión para 2.000
familias que esperamos aumente a lo largo de los próximos años.

En cuanto a la inversión pública la verdad es que creo existen pocas
dudas de que la inversión pública en Galicia no ha sido precisamente
perjudicada en los últimos años. Ya sé que ustedes siempre me pueden
decir que hay un determinado proyecto, que ahora ustedes descubren que es
el más importante, y es el que no está; pero yo recuerdo a S. S. que el
año pasado afirmaba con la misma rotundidad que nosotros no mantendríamos
abierto Bazán, y este año ya no le gustan las inversiones de Bazán.

Quiero decir que, con todos los respetos a las posiciones políticas de
cada uno --y también con otros portavoces ha sucedido lo mismo--, es
indudable el esfuerzo presupuestario este año y el anterior en inversión
pública, que especialmente en el año 1998 crece sustancialmente por
encima del presupuesto, que el Gobierno está desbloqueando inversiones
muy importantes en varias comunidades autónomas, y desde luego en
Galicia. Es imposible que todas las inversiones



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deseables se realicen en el mismo ejercicio, pero ha habido esfuerzos.

En relación con la empresa pública hay que reconocer que el Gobierno ha
realizado esfuerzos muy considerables para que empresas como Santa
Bárbara, como Bazán o como CASA mantuvieran sus puestos de trabajo y
dieran un paso sustancial en su mejora tecnológica.

En cuanto a otras cuestiones que afectan a Galicia, por hablar de
aspectos concretos, Galicia ha aceptado un nuevo modelo de financiación
autonómica y va a tener una clara ventaja --por encima de los 5.000
millones de pesetas este año-- en ese modelo de financiación, lo cual no
es una política del Gobierno central dirigida especialmente a Galicia,
pero sí una decisión que tiene que ver con algunos acuerdos en los que el
Partido Popular y otros partidos han estado involucrados en la reforma
del sistema de financiación autonómica.

La señora Lasagabaster plantea que estos presupuestos son continuistas
porque no son unos presupuestos que actúen de manera decidida en el
descenso del paro. Eso simplemente no es exacto. El paro desciende, ha
descendido en el año 1997 sobre 1996 y lo va a seguir haciendo en el año
1998 como consecuencia del aumento del empleo; sucede que también se está
produciendo un importante aumento de la población activa, pero aun así el
paro en nuestro país pasa del 22 por ciento, en el año 1996, al 19 por
ciento, en el año 1998 en cifras EPA, y en tres años superaremos los
800.000 empleos. Por tanto, es un ritmo de creación de empleo importante,
que tiene que ver sin duda con el conjunto de la actitud de la sociedad
española, pero también con las reformas estructurales no sólo del mercado
de trabajo sino de los mercados de bienes y servicios y con la política
presupuestaria. Si no hubiera habido una política presupuestaria
restrictiva, no podríamos en este momento plantearnos aumentos de la
inversión pública, ni una correcta financiación de la sanidad, ni mucho
menos estar en un marco de reducción de tipos de interés y de
convergencia como el que nos encontramos.

La señora Lasagabaster se refiere al tema de la presión fiscal y pone el
ejemplo de las primas del seguro. Desde el punto de vista del seguro
quisiera decir dos cosas: la primera es que nosotros ya definimos el año
pasado nuestra política impositiva respecto al seguro, que era fomentar
desde el punto de vista tributario el seguro previsión, con la reducción
del 10 por ciento que hicimos el año pasado, y equiparar el seguro riesgo
a las situaciones impositivas del conjunto de la Unión Europea. Eso es lo
que estamos haciendo. España tiene todavía en los seguros de riesgo una
tributación que nos sitúa en la banda baja de la media europea.

Las tasas. No puedo entender cómo desde posiciones que se autodefinen
progresistas --y yo no califico--, se puede considerar que es más
equitativo financiar servicios no esenciales con impuestos generales. No
puedo entender cómo se puede pretender que tenemos que hacer un favor a
los españoles que tendrían que estar pagando unos determinados servicios
de su bolsillo, porque así está establecido en la Ley de Tasas (no lo
hemos establecido nosotros, las tasas y la Ley de Tasas no las hemos
inventado nosotros), pero es un elemento de la financiación pública, y no
podemos entender que se pretenda que esos servicios los pague la
colectividad, los pague el conjunto de los españoles. Porque, además, las
tasas en muchos casos están relaciondas no sólo con servicios no
esenciales, sino con servicios que tienen que ver con actividades muy
concretas y con intereses muy concretos, muy legítimos y que son
prestados por el Estado, pero que deben ser financiados por los usuarios.

En este sentido, lo único que hemos hecho ha sido incrementar las tasas
lo que se incrementan los precios desde el año 1988 hasta hoy, y en este
momento estamos en una situación satisfactoria, porque las tasas están al
nivel equivalente al que tienen que estar en función de cuál fue la
valoración que se hizo en el año 1988 y cuál ha sido la evolución de los
precios hasta hoy, que es lo único que hemos hecho. La valoración está
establecida en el momento en que se hizo la Ley de Tasas.

Respecto a la inversión y la necesidad de considerar a la investigación
dentro de la inversión, coincido en que la investigación y el desarrollo
son elementos muy positivos. Esta mañana he tenido ocasión de comentar
que aumentaba notablemente el capítulo de investigación y desarrollo. En
el conjunto de las políticas de investigación y desarrollo --310.000
millones dedica España--, sube un 32 por ciento y en la investigación y
el desarrollo tecnológico sube un 73 por ciento, 159.000 millones. Dice
la señora Lasagabaster que no es suficiente. Coincido; estamos lejos de
nuestros competidores en investigación y desarrollo, pero no solo el
Estado, sino también la sociedad civil, a través de políticas de libertad
de amortizaciones y a través de políticas de actualización de balances,
se dan pasos importantes en la capitalización de las empresas para que
puedan realizarlo. España tiene que hacer un gran esfuerzo para colocarse
al nivel necesario y competitivo en la investigación y desarrollo, pero
con aumentos del 32 por ciento y del 73 por ciento, en un presupuesto que
crece el 3,2, creo que se demuestra el esfuerzo que el Gobierno pretende
hacer en esta cuestión.

Respecto a la inversión presupuestaria en defensa quisiera decirle que es
cero; por tanto, en el crecimiento del 9 por ciento la inversión en
defensa es cero. Es verdad que existen financiaciones a través del
capítulo 8, del Ministerio de Industria, para financiar los proyectos a
que antes he hecho referencia. Y en relación con esos proyectos tenemos
que tomar una decisión, y es si queremos tener una política de inversión
en defensa que se dedique a importar material construido



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fuera de nuestro país o si queremos tener una parte de esa inversión
dedicada a la tencnología y al desarrollo industrial en nuestro propio
país. También hay una posición alternativa y es que no tengamos ningún
tipo de defensa, pero eso no sé si S. S. lo mantiene, nosotros desde
luego no lo mantenemos.

Respecto al Estatuto de Autonomía del País Vasco y el respeto al Estatuto
de Autonomía del País Vasco, por parte de mi grupo en el País Vasco y de
este Gobierno es total. Pero yo quisiera recordarle a S. S. la solución
que nosotros hemos establecido al tema del Forcem que, sin duda, S. S. le
habrá dado su importancia. Ya sé que en estas intervenciones no viene uno
a decirle al Gobierno lo que hace bien, sino lo que hace mal; pero en el
tema del Forcem creo que hemos desbloqueado una situación que se había
bloqueado durante demasiado tiempo.

Respecto a las políticas activas, somos absolutamente partidarios de su
transferencia en cuanto lleguemos a un acuerdo que no es difícil con el
Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En relación a la inversión pública, me remito a lo que he dicho
anteriormente y a los esfuerzos que el Gobierno está haciendo en el
conjunto del territorio español para aumentar la inversión pública a
ritmos sustancialmente muy superiores a los del año pasado y que indican
nuestra preocupación por este tema en un conjunto de políticas
presupuestarias restrictivas. Quisiera llamar la atención a SS. SS. sobre
que estamos aumentando la inversión pública mientras reducimos el déficit
público, y sin aumentar los impuestos, lo cual me parece que es un
ejercicio importante, desde el punto de vista de esfuerzo presupuestario.

Paso a contestar a la señora Rahola, a quien agradezco su respaldo a la
política del Gobierno en cuanto a la economía productiva y a nuestros
esfuerzos por formar parte de la Unión Económica y Monetaria. Coincido
con S. S. en la apreciación de la importancia de pymes y en el
tratamiento tanto tributario como financiero, que S. S. no ha citado y
que aprovecho yo para mencionarlo.

Respecto a los elementos negativos, después dice que el modelo fiscal es
regresivo. Yo no puedo coincidir con S. S. ¿Por qué es regresivo el
modelo fiscal? Este año se reducen los impuestos de las familias con
hijos que afectan, al ser reducciones lineales, claramente a las rentas
más bajas. Lo mismo sucede con la inversión en fondos de pensiones. Se
produce una nueva tabla de retenciones y una nueva tabla del Impuesto
sobre la Renta que es claramente benficiosa de las rentas más bajas. Por
tanto, no puedo entender que se hable de una política regresiva. En la
medida en la que nosotros variamos la política de tributación de las
rentas del capital, con un mínimo exento de 200.000 pesetas, claramente
introducimos una medida progresiva, porque esas 200.000 pesetas, como es
natural, lo mismo que las medidas anteriores, afectan mucho más a las
rentas más bajas que a las rentas más altas. Por tanto, el sistema fiscal
para nada es regresivo.

Desde el punto de vista de políticas activas, lo he dicho en varias
ocasiones y tengo mucho gusto en reiterarlo, nos encontramos con que en
el conjunto del área de asuntos sociales aumentan notablemente las
inversiones, todas ellas muy por encima de lo que aumenta el presupuesto,
el 11 por ciento, en algunos casos; sin embargo, las que se refieren a
familias desfavorecidas, mujer y discapacitados, el 25 por ciento y las
que se refieren a migraciones, infancia y familia, el 15 por ciento. Por
tanto, hay una clara vocación de política social, además de las grandes
políticas de pensiones y de sanidad a las que he hecho referencia en
otros momentos.

Se refiere S.S al crecimiento del empleo en el sector privado. No tenemos
ninguna duda de que si España quiere reducir su tasa de paro a límites
aceptables --si es que existe un límite aceptable para una tasa de paro,
lo cual ha sido una parte del debate de esta mañana-- tenemos que hacerlo
a través de la economía productiva. Estamos hablando de que este año se
van a crear 335.000 empleos; entre 1996, 1997 y 1998 se habrán creado 800
y pico mil empleos. ¿Se imaginan ustedes que hubiéramos planteado eso en
aumento de la función pública? No, ya sé que usted no lo dice. ¿Realmente
vamos a tener empleos duraderos y estables a través de fórmulas que
aumenten la presión fiscal y la deuda pública, o bien tenemos que ir una
Administración austera y eficiente? Sin duda la Administración tiene que
prestar los servicios públicos, y nosotros no hemos recortado ni un sólo
servicio público, pero sí planteamos la necesidad de tener un crecimiento
racional de las plantillas de la Administración pública, lo hemos
planteado en los presupuestos de 1997, y lo volvemos a plantear en los
presupuestos de 1998, con las excepciones imprescindibles, en este caso
justicia, educación y seguridad, en las que no se pueden aplicar los
límites del 25 por ciento de tasa de reposición.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
vicepresidente, le ruego que vaya terminando, por favor.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Voy terminando.

Hace referencia también a que, desde su punto de vista, los esfuerzos de
inversión en Cataluña no son exactamente los que a S. S. le parecen
convenientes. Yo estoy convencido de que la realización de un tren de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona indudablemente tiene que empezar
en algún sitio, pero es una obra de importancia desde el punto de vista,
no sólo de Cataluña, sino también de Aragón, de Madrid y del conjunto de
España. Podría poner otros ejemplos, pero creo que, al final, la retahíla
de poner ejemplos sobre inversiones públicas concretas no responde a un
debate racional.




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El señor Chiquillo se queja también de cuál es nuestro esfuerzo en la
Comunidad Valenciana. Creo que hemos desbloqueado algunas cuestiones
históricas muy importantes de comunicación con la Comunidad Valenciana y
que estamos haciendo esfuerzos de inversión allí.

Desde el punto de vista de los beneficios empresariales, ya lo he dicho,
en cuanto a la relación entre rentas del capital y rentas del trabajo en
el conjunto de la tarta nacional --si quiere que lo llamemos así-- o de
la renta nacional, estamos ante un mayor predominio de las rentas
salariales en el conjunto de la renta nacional, lo cual demuestra que la
economía está creciendo en la dirección adecuada, que es en la de
creación de empleo.

Para finalizar, señor presidente, paso ya, muy brevemente, a contestar al
señor Peralta. El señor Peralta plantea que hay Gobiernos europeos de
carácter progresista. Sin duda; pero no hay nada más progresista que
crecer y crear empleo, y en ese sentido --me perdonará el señor Peralta
que lo diga así-- admitimos cualquier comparación, con todos los
respetos. Y algo que he dicho esta mañana, también con todos los
respetos: las medidas contra el desempleo, ya; no dentro de tres años.

Ya. Y, dentro de ese marco, nosotros tenemos en este momento unas
relaciones industriales, que no dependen de la voluntad del Gobierno,
pero que son una realidad, en las cuales algunos de los tabúes, en cierto
sentido ficticios, que se están produciendo en el debate del empleo en
algunos foros europeos, se están resolviendo aquí a través de la
negociación colectiva. Ayer mismo --me parece que era ayer-- en
televisión --no sé en qué televisión-- hablaban de un convenio que se
acaba de firmar en un sector muy importante de nuestro país, en el cual
se han planteado cuestiones sobre la jornada laboral con total
flexibilidad y acuerdo. Y eso es lo que el Gobierno cree, que hay que
trasladar el debate; que el debate sobre la organización del trabajo debe
plantearse en la negociación colectiva; que el Gobierno tiene que
incentivar cierto tipo de contratos, como son los estables; que el
Gobierno tiene que potenciar fórmulas cada vez mejores de contratación
estable a tiempo parcial; que el Gobierno debe intentar reducir la
contratación temporal. Todo eso son políticas claramente de gobierno,
pero no fijar por ley la duración de una jornada para todo el territorio
nacional, para después tener que hacer tropemil apartados o reglamentos
en los cuales se exceptúe esa ley, que es exactamente lo que va a
suceder. Creo que en este país estamos en un camino mucho más acertado
para llegar a soluciones iguales o mejores y le pongo el ejemplo de lo
que oí ayer por la noche en uno de los telediarios de las televisiones, y
que seguramente habrá salido en otros, porque era un convenio de un
sector muy importante, como es el sector de la construcción.

Por tanto, en España se están moviendo las cosas; no todas se mueven
aquí, pero se están moviendo y, en ese debate progresista que S. S.

demanda, tenemos cosas que aportar y hay algunos que también tienen cosas
que aportar y tenemos mucho que aprender de los demás, pero también
tenemos que darnos cuenta de que algunos debates se están encasillando en
fórmulas excesivamente rígidas, que responden a debates políticos de
otros países por los cuales tengo todos mis respetos, pero que en este
momento, de alguna manera, nosotros estamos superando, y le pongo,
repito, el ejemplo de ayer por la noche, la noticia sobre el convenio de
la construcción.

Me dice el señor Peralta que el problema del desempleo no es fácil. Estoy
absolutamente de acuerdo y España es un claro ejemplo de las cosas que no
hay que hacer y de las cosas que hay que hacer. Prácticamente hemos
recorrido todas las posibilidades y todos los estadios, hemos sido
conocidos por el país que creaba empleo más tarde en el ciclo económico y
ahora somos uno los países que lo crea antes. Es bueno estar en esta
posición y era malo estar en aquélla; tratemos de continuar en la
posición en que nos encontramos en este momento.

Una vez más plantea por qué el Gobierno es pesimista con respecto a la
creación de empleo en 1998. No lo ha dicho así, pero yo lo resumo; espero
que sea un resumen relativamente justo. Tengo que decir que no somos
pesimistas con repecto a la creación de empleo en 1998, pero vuelvo a
insistir en que la cifra de creación de empleo en los presupuestos de
1998 es una cifra que, después, tiene su reflejo en nuestras previsiones
de ingresos de Seguridad Social, y me parece que SS. SS. deberían
considerar relativamente sano que nos apuntáramos --si me permite la
expresión-- a la parte baja de la banda de creación de empleo desde el
punto de vista de cuáles sean después las repercusiones en las
previsiones de la financiación de la Seguridad Social. Lo que sí estamos
considerando para 1998 es un aumento, otra vez, muy importante del empleo
indefinido, creciendo como está creciendo en este momento a una media
tres veces superior a como crecía antes, y es verdad que todavía no crece
al ritmo que debería crecer; es cierto y, por tanto, tenemos que seguir
caminando en esa dirección. Como también es cierto que este año dedicamos
más de 100.000 millones a incentivar la contratación indefinida en las
cuotas sociales.

Los servicios públicos de sanidad y educación creo que crecen de manera
muy importante en este presupuesto y deben seguir haciéndolo. Estoy de
acuerdo.

Sobre la progresividad de los impuestos digo lo mismo que he dicho antes.

Con respecto a las privatizaciones, quisiera decirle que la política de
privatizaciones es una parte de la política de desregulación y de
desaparición de los monopolios y, por tanto, que el Gobierno toma
decisiones que benefician al conjunto de la economía y a las
posibilidades de futuro de las empresas y, en consecuencia,



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al empleo; que estamos llevando a cabo una política de saneamiento en la
reducción de la deuda pública; que en la empresa pública estamos llevando
a cabo una política en la cual sectores que hasta ahora se consideraban
sin futuro, como el sector naval o las industrias relacionadas con la
defensa, hoy tienen futuro y son industrias camino de ser rentables o
rentables, y que en los sectores en que hay graves dificultades de
futuro, como el sector de la minería, estamos planteando, al mismo tiempo
que una reducción pactada y limitada, con fecha fija, de aportaciones del
sector público, políticas muy importantes de reindustrialización, que,
sin duda, son un efecto de la política pública, con dinero público, para
impulsar actividad económica allí donde indudablemente hay dificultades.

Me parece que en eso podemos coincidir.

En cualquier caso, señor presidente, quiero agradecer a todos los
portavoces del Grupo Mixto su contribución al debate. Estoy a su
disposición.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.

Señor Rodríguez, dispone de tres minutos para la réplica.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.

Centraré la cuestión en tres temas básicos. El primero, la cuestión del
paro, y me voy a limitar a la realidad que me es más cercana. En el año
1989 Galicia tenía trabajando en la agricultura 340.000 personas; hoy, en
el año 1997, tiene 174.000 personas. En pesca tenía 53.000 y hoy 29.000.

En industria tenía 137.000 y hoy tiene 133.000. En construcción 89.000,
hoy 94.000 y en servicios 400.004 y hoy 400.033.

A poco que uno sepa y compruebe verá que todo lo que hemos perdido en
agricultura, en pesca y en industria no ha sido compensado por los
servicios ni, por supuesto, por los tres sectores entre sí, desplazándose
hacia la industria o la pesca. En un país que además está en un proceso
regresivo, desde el punto de vista demográfico, es grave mantener
semejantes tasas de cifras de paro que se pueden cuantificar de la
siguiente manera: año 1990, 135.000 personas; año, 1997, 212.000
personas. Pero es que es más grave: hoy sólo hay ocupadas 869.000
personas, activas un millón ciento y pico mil e inactivas ya tenemos más
de 1.172.000.

Esto demuestra que las políticas activas de creación de empleo en algunas
partes del Estado español no funcionan y, cuando se habla de políticas
activas, reducirlas a las políticas fiscales y de protección a las
empresas, yo creo que es, cuando menos, muy limitado, por no entrar en
otras valoraciones.

En cuanto a la cuestión de las inversiones públicas en empresas públicas,
le vuelvo a repetir que, desde la óptica gallega, no resiste el mínimo
contraste. En Galicia lo que está habiendo es una privatización de
empresas públicas rentables y, en cuanto a las empresas de defensa, no me
contestó cómo se repartía el erario público en las inversiones. Eso lo
obvió, porque sabe que es un maquillaje que se hace continuamente. Desde
luego, Santa Bárbara de A Coruña ya no pertenece a la empresa estatal
Santa Bárbara, está inmersa en una aventura privatizadora o híbrida que
no sabemos en qué va a acabar.

Agradezco que haya aludido a la cuestión de los libros de texto. Me
alarma que diga que las áreas comerciales van a tener la competencia en
las pequeñas librerías; precisamente la liberalización de los precios del
libro de texto conduce a todo lo contrario. No le voy a negar que la
generalización de los libros de texto como libros gratuitos a lo mejor en
principio habría que hacerla en función de la renta de las familias, pero
yo creo que es un objetivo inesquivable de cualquier enseñanza gratuita,
pública, universal, general para todos.

Sobre la obsesión monetarista, he de decir que es un tema muy complicado,
pero en todo caso los tipos de interés, aun reconociendo que puedan ser
derivados de la política monetarista, del control del déficit público,
del control de la inflación, de otra serie de resortes de carácter
económico puramente formales o superestructurales, por sí sola tampoco
funciona. Sería interesante incluso ver la diferencia que hay entre los
tipos de interés real y los nominales en el Estado español, si no son más
abusivos que en el resto de la Unión Europea.

En el caso de las exportaciones hay algo preocupante, por lo menos en el
caso gallego.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez,
vaya acabando.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Nosotros alabamos que las exportaciones
aumenten, pero en el caso gallego es debido, fundamentalmente, no a los
sectores económicos productivos básicos de Galicia, sino, por ejemplo, a
la exportación de automóviles...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez, le
ruego concluya.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: ...particularmente de la marca Citroën.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.

Señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.

Puesto que el tiempo apremia, señor vicepresidente, y a pesar de que
entiendo que no es el debate más cómodo



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para usted, igual que le parece el momento menos pertinente el del debate
de totalidad de presupuestos, sin embargo, voy a intentar replantear de
nuevo el tema de las inversiones en Cataluña, y no tanto por el hecho de
que no entienda que en estos presupuestos hay una fuerza de inversiones
global, sino por el sencillo hecho de que me parece, con voz catalana y
desde Cataluña, que hay un agravio comparativo de Cataluña respecto a
otras comunidades autónomas que no ha sido explicado políticamente.

En estos tiempos en los cuales Cataluña da tanto que hablar y ha habido
además tantas campañas, discursos y declaraciones contrarios a los
intereses catalanes en los cuales se ha llegado al lugar común de decir
que Cataluña se lleva siempre más dinero que otras comunidades, como
mínimo es bueno poner encima de la mesa, en un debate de esta naturaleza,
que no sólo no es así, sino que hay además un agravio comparativo claro
con Cataluña respecto a otras comunidades autónomas.

Deme usted un solo motivo político para justificar, desde el punto de
vista económico, social e incluso cívico, por qué Cataluña recibe nueve
pesetas de cada cien y la Comunidad de Madrid, por ejemplo, treinta y una
pesetas. Dígame por qué motivo un tema tan estructural, central,
estratégico para Cataluña como la ampliación de su aeropuerto, no está
presupuestado este año. Dígame usted por qué motivo el plan Delta, o el
desvío del Llobregat, que también es crucial para los intereses
económicos, recibe sólo 478 millones de los 10.000 que necesita. O por
qué la ampliación del puerto y las zonas logísticas, que también es un
tema de gran debate para la revitalización económica de Cataluña, no está
ni tan solo presupuestado.

Sólo con que en Cataluña se invirtieran las mismas 100 pesetas por
habitante que se invierten en el resto de otras comunidades, recibiríamos
60.000 millones más de inversiones del Estado. Por tanto, estamos
hablando de un tema absolutamente clave, y un tema que además forma parte
del debate político que hay en la calle, que hay muy a menudo también
entre la dialéctica política, lógica en democracia.

Por tanto, tengo que decir rotundamente aquí que no, que no sólo Cataluña
no sale beneficiada de la negociación de estos presupuestos, ni de otros,
ni desde hace mucho tiempo, sino que es una comunidad absolutamente
agraviada en términos de inversión. Además, cuando ustedes no hablan en
un debate presupuestario con luz y taquígrafos, sino con la boca más
pequeña, lo reconocen, señor vicepresidente.

En fin, sólo quiero decirle que con que igualaran la inversión en
Cataluña con la que se da en otras comunidades resolveríamos, por
ejemplo, temas absolutamente cruciales en red viaria o en ferroviaria,
que son también absolutamente cruciales para que nuestra economía no vaya
a peor, sino que vaya a mejor. Por tanto, no me sirve el esfuerzo
inversor de esos presupuestos globalmente, porque tengo que decirle, con
voz catalana, que Cataluña continúa siendo discriminada, que esto no ha
sido corregido en estos presupuestos ni parece que vaya a ser corregido.

Por consiguiente, tengo que decirle que si no hemos repasado, porque no
tenía tiempo ni me parecía pertinente, el estado de todas las inversiones
que van a quedarse sin presupuesto, o de aquellas que van a tener
presupuestos menores que van a servir casi para pintar un estudio, pero
no para mucho más, ha sido sencillamente para no cargar el debate, pero
me parece pertinente recordar que hay temas estratégicos que se quedan
fuera de los presupuestos y fuera de las inversiones del Estado por
decisión política, no por justicia.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rahola, la
ruego concluya.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Ya he terminado.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.

Tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, tres cuestiones que he
planteado en mi primera intervención y que han sido objeto de respuesta.

Es evidente que yo no he señalado que no haya habido ningún tipo de
aumento de empleo. El problema que señalaba es que no nos podemos sentir
complacidos porque haya descendido tres puntos el desempleo. ¿Por qué?
Porque todavía salimos a un alto nivel o a un nivel muy superior a la
media comunitaria, que está en el 10 por ciento, teniendo nosotros en
1998, como usted me dice, el 19 por ciento, tres puntos menos de lo que
podía ser en 1997.

¿Qué quiere decir con ello? Que realmente creo que nos tenemos que
plantear la cuestión no como una mera evolución de lo que pueda resultar
del mercado, porque es cierto que es un problema muy crucial para los
demás países de la Unión Europea pero por supuesto para el nuestro. No es
baladí que gobiernos como el del Estado francés u otros gobiernos hayan
sido los impulsores, que no nosotros, de una cumbre extraordinaria del
empleo, a la que nos hemos tenido que adherir, pero que si a ellos les
preocupa, con tasas inferiores, ciertamente a nosotros nos tendría que
preocupar mucho más. Cierto que se hacen cosas, pero cierto que no van a
ser suficientes para situarlo al menos al tipo medio de la Unión Europea.

Hablaba usted de las tasas. Yo le he señalado que lógicamente las tasas
para servicios que se prestan individualizados puede ser correcto, lo que
no es correcto es utilizar el sistema de tasas como mero sistema
recaudatorio. De las tasas que se implantaron el año pasado, muchas de
ellas nos tememos que no hayan servido



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para mejorar ningún servicio, en algunos casos ni tan siquiera para
crearlo. Me pongo en la parte del usuario y me pregunto cómo puedo
analizar y valorar que el servicio que me presta la Administración es
eficiente. Es decir, estamos en contra del sistema de tasas como sistema
recaudatorio para conseguir más dinero, no como sistema de servicios
prestados eficientes y valorados en la lógica del importe, cosa que
también podríamos dudar.

Hablaba usted del tema de la investigación. Ciertamente, indirectamente,
no por el Ministerio de Defensa pero sí el de Industria, se está
produciendo una inversión en defensa. También tendríamos que plantearnos
si el tema de defensa es la prioridad u otras investigaciones en materia
de universidades o en materia relativa a formación y desarrollo del
sistema de empleos. Creo que ésa es más prioritaria que la de defensa,
aunque ésta es mi opinión.

Por último, hablaba del estatuto de autonomía. No creo que quedemos
complacidos después de dieciocho años de aprobación de la ley simplemente
porque se haya hecho una transferencia más o menos buena o más o menos
mala de fondos. Yo creo que el problema no está en la transferencia de
fondos, sino en la transferencia de una competencia de recaudación (no de
fondos, de recaudación) sea lo que sea lo que se vaya a recaudar.

Le recuerdo, como usted señalaba, que no es una cuestión de este partido,
sino que es una cuestión de todos los partidos que están representados en
el Parlamento vasco, que en 1995 señalaban que, por ejemplo, el tema del
Inem tenía que ser prioritario, tenía que ser un tema de recaudación de
los impuestos y no simplemente transferencia de financiación, por no
hablar del tema de la investigación que, a pesar de no tener la
transferencia, el Gobierno vasco, el País Vasco, a través de sus
instituciones, está invirtiendo mucho más que el porcentaje que pueda
estar invirtiendo el Estado. Creemos, en cualquier caso, que
investigación y formación son las claves de este tema y que, aunque
avancemos algo porque estamos en un buen momento, no nos podemos quedar
complacidos de lo que se está haciendo.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.

Señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente. Muchas
gracias señor vicepresidente.

La intervención de Unión Valenciana lo que pretendía era que se pusiera
ímpetu e intensidad en conseguir los objetivos de la convergencia real a
ese nivel de infraestructuras, de calidad de vida y de bienestar. Al
mismo tiempo exigía que, si son años de restricciones, a pesar de que se
ha hecho un gran esfuerzo en las inversiones, hubiera equilibrio,
distribución, justicia distributiva entre las comunidades autónomas y que
no hubiera comunidades «primadas», entre comillas, y otras que
siguiéramos, como siempre, desatendidas en las inversiones reales.

En los Presupuestos Generales del Estado la Comunidad Valenciana sale mal
parada y los datos están ahí, en los presupuestos, pero es que, además,
el Gobierno ha sido incapaz de cumplir sus propias previsiones de
inversión plurianual, porque en los presupuestos del año 1997 su Gobierno
preveía unas inversiones reales para 1998, a modo estimativo, que
rondaban los 56.000 millones, y en los presupuestos presentados para el
año 1998 se ha rebajado a poco más de 25.000 millones.

Lo que sí es evidente es que el nivel de infraestructuras en la Comunidad
Valenciana es insuficiente. Por tanto, la convergencia real está en
quiebra, por lo menos, en un territorio del Estado español como es la
Comunidad Valenciana. Mi intervención no va por insolidaridades, sino
todo lo contrario. Nosotros no pedimos ningún privilegio. Nosotros
pedimos igualdad de trato y distribución equitativa para corregir
desequilibrios, porque la Comunidad Valenciana, por herencia o no
herencia, hace 25 años que no recibe inversiones en proyectos
ilusionantes y proyectos que modernicen nuestro nivel de
infraestructuras, para hacer una economía competitiva, porque, a pesar de
no tener los estímulos, usted sabe que la economía valenciana ha sabido
superase y está en unos niveles de exportación y de competitividad muy
importantes, pero con el esfuerzo único y exclusivo, en un porcentaje muy
elevado, de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, porque el Gobierno
central siempre, históricamente, ha sido muy insensible a nuestras
reivindicaciones.

Cierto es, y se lo agradecemos sinceramente al Gobierno del Partido
Popular, que se ha desatascado la inversión de la N-III. ¡Ya era hora!
Veinticinco años para hacer esa inversión y aún quedan más de 50
kilómetros por rematar. Pero la deuda histórica en la Comunidad
Valenciana existe. Y así como otras comunidades la han cuantificado en
dinero, nosotros la podemos cuantificar en nombres y apellidos:
inversiones en infraestructuras; el AVE Valencia-Madrid; el aeropuerto de
Valencia y Alicante; el puerto de Valencia; el desdoblamiento de la N-332
y la N-340; los accesos a las ciudades por su áreas y hechos
metropolitanos; la prevención de riadas, de tan triste noticia en los
últimos años; infraestructuras hidráulicas; el convenio hidráulico; el
parque central; son un conjunto de inversiones prometidas, algunas de
ellas comprometidas en los presupuestos anteriores, y que este año se han
reducido a su mínima expresión o se han retrasado al año 2000 ó 2001. Por
tanto, es de lamentar que se hayan retrasado o aplazado estas inversiones
al 2000 ó 2001, porque son fundamentales en la Comunidad Valenciana,



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y la convergencia nominal de la Comunidad Valenciana, como la de todo el
Estado, será el año que viene, pero la convergencia real de la Comunidad
Valenciana, lamentablemente, con éstos y sucesivos y anteriores
presupuestos, como no cambien las cosas, quedará aplazada al año 2000 y
2001. Por eso le he solicitado que tenga sensibilidad y que, por lo
menos, en el trámite de enmiendas parciales empiece a considerar alguno
de estos proyectos, que son fundamentales para la recuperación y
relanzamiento de la Comunidad Valenciana, que son una parte muy
importante, y usted lo sabe, de la economía del Estado.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.

Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señor Rato, de las diversas alegaciones que le he planteado en nombre de
Nueva Izquierda para justificar nuestra enmienda de devolución de estos
presupuestos, usted ha contestado, fundamentalmente, o al menos yo me
quiero centrar en esta intervención, a tres.

En primer lugar, el tema del empleo. Usted me ha hablado de que el
Gobierno de nuestro país forma parte de los gobiernos progresistas en la
medida en que nuestro país crece y se crea empleo.

Yo creo, señor Rato, que, si usted es coherente con las afirmaciones y
los principios que en tantas ocasiones proclama, tendrá que reconocer que
el crecimiento y la creación de empleo no depende fundamentalmente del
Estado y del Gobierno. Precisamente usted, señor Rato, creo que en el
tema del empleo lo que hace es ser coherente con esas ideas que usted
proclama. Nuestro Gobierno se mantiene al margen de las iniciativas que
otros gobiernos europeos, esos sí progresistas, están llevando a cabo. El
problema del empleo es tan grave que no sólo el mercado lo resuelve, hace
falta también una intervención pública, y hay gobiernos europeos que
están tomando posiciones interesantes y positivas en esa materia. Usted
nos ha citado el caso del convenio de la construcción. Lo cifra todo a
los agentes sociales y al mercado, y esa, señor Rato, no es una posición
progresista, no es la que en estos momentos avanza en Europa y a nuestro
país le interesa que Europa avance en esa dirección. La cohesión social y
la cohesión política son muy importantes para nuestro país, tan
importante como los fondos, en los que a veces exclusivamente se han
centrado los gobiernos de nuestro país.

El segundo tema ha sido el de la realidad fiscal de nuestro país, el
sistema fiscal, que yo lo calificaba de crecientemente regresivo y usted
me preguntaba una cuestión a la que yo no había hecho referencia. ¿Es que
usted considera progresista pagar con impuestos, en lugar de tasas,
servicios no esenciales? Pues no, señor Rato, pero ese no es el problema.

Lo que ustedes han hecho hasta ahora es que los impuestos no se paguen en
función de los niveles de renta, de progresividad, plusvalías ¿es así,
señor Rato? Porque hay un porcentaje fijo, con independencia de cualquier
tipo de renta. ¿Es así o no, señor Rato?
No le quiero hacer referencia a esos otros que ha citado usted esta
mañana: módulos, impuestos sobre sociedades, impuestos sobre sucesiones,
etcétera). Le recuerdo que el sistema tributario tiene que cumplir
determinados objetivos, pero tiene un principio básico, el de
progresividad. Ese principio ha sido cuestionado muy seriamente hasta el
día de hoy por ustedes, y de cara al futuro no parece que vayan a avanzar
en esa dirección.

Finalmente, señor Rato, en el tema de las privatizaciones me ha dicho
usted que sus recursos se destinan --y debo creerle, porque no aparece
claro en los presupuestos-- a reducir deuda, y me dice usted también que
eso no es malo porque, en definitiva, supone mayor disponibilidad
presupuestaria.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peralta, le
ruego concluya.




El señor PERALTA ORTEGA: Termino ya, señor presidente.

Lo grave, señor Rato, es que ustedes no utilizan esa mayor disponibilidad
presupuestaria. Buena prueba de ello es que para el próximo año ustedes
prevén un déficit público, no ya por debajo de lo que requería el Tratado
de la Unión Europea, sino por debajo incluso de lo que era su plan de
convergencia. En definitiva, ustedes no hacen uso de eso y dejan sin
resolver determinados problemas.

Ya permítame, y termino, señor presidente, una pequeña preferencia
localista.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Debe concluir de
forma inmediata.




El señor PERALTA ORTEGA: Permítame una pequeña preferencia localista a
esos problemas, puesto que pertenezco al País Valenciano. Hay dos cosas
concretas que quisiera poner de manifiesto porque hacen referencia a un
tema muy sentido.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peralta, S.

S. debe concluir de forma inmediata.




El señor PERALTA ORTEGA: Termino ya, señor presidente.

La reducción de inversiones a problemas de medio ambiente, que da lugar a
que se produzcan graves problemas en nuestra comunidad, o el abono de las
indemnizaciones



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justas a los damnificados por la rotura de la presa de Tous en uno de
esos casos concretos.

Nada más y gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.

Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Señor presidente, quiero agradecer una vez más a los
portavoces del Grupo Mixto su intervención.

El señor Rodríguez sin duda ha insistido en los mismos argumentos que al
principio. La posición de que las exportaciones gallegas de automóviles
no generan riqueza y capacidad productiva en Galicia creo que es más que
discutible. Sin duda marcan un sentido que yo espero que sigan otras
industrias, y que lo están siguiendo porque no toda la evolución de la
exportación en Galicia se refiere a ese tipo de industria, como es la del
automóvil.

Con respecto a la situación de la política monetaria, le tengo que decir,
una vez más, que no estamos en una situación de restricción monetaria, y
lo demuestra un hecho muy simple: el Banco de España está bajando los
tipos de interés de intervención en España mientras que en el resto de
los países están subiendo. Por tanto, creo que no se puede definir la
situación española como de rigor monetarista ni muchísimo menos.

La señora Rahola se ha limitado a plantearme exclusivamente el debate
sobre inversiones en una región o en otra. Yo no quisiera entrar en ese
debate, ya lo he dicho, porque no siempre responde en un año determinado
a la realidad, pero por mencionarle exclusivamente lo que usted me
plantea, en este momento en Cataluña están previstos 85.000 millones en
el capítulo 6, a los que hay que añadir el desdoblamiento número 2 del
tramo Santamaría del Camí-Igualada y la variante de Cervera, y también
desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente, la playa del
Miracle en Tarragona.

Por tanto, creo que se hace un importante esfuerzo de inversión que, si
S. S. no considera suficiente, no sé dónde se puede cifrar el límite de
suficiente. Lo mismo tengo que decirle al señor Chiquillo. La Comunidad
Autónoma Valenciana recibe una mejor inversión este año que el año
pasado. Yo le pido al señor Chiquillo que sume no sólo el capítulo 6,
sino organismos autónomos, entes públicos y podrá comprobarlo. Por tanto,
lo mejor es no negar las evidencias. Es bueno que sume y se dé cuenta de
las diferencias en pesetas corrientes que se producen entre las
previsiones de inversión de un año y las de otro.

La señora Lasagabaster ha vuelto a insistir en su definición de las tasas
y si éstas no están valoradas. Es posible que lo que le cobramos a un
señor por el pasaporte no esté justamente evaluado. Lo que yo sí sé es
que lo que estaba evaluado permanecía congelado a niveles de 1988, y no
tenía sentido porque la inflación, por desgracia, ha evolucionado desde
ese año hasta hoy. A partir de ahí, el debate de valorar cada una de las
tasas está abierto y yo no tengo ningún inconveniente en que entremos en
él. (El señor presidente ocupa la Presidencia) Sobre las cuestiones
relacionadas con la voluntad del Gobierno de colaborar en las
transferencias de políticas activas y en nuestra actitud positiva en el
tema del Fogasa, me reitero en lo que he dicho anteriormente.

Quisiera decir al señor Peralta que la palabra progresista, como es
natural, se la pone el que quiere, pero lo importante es si los
resultados son progresistas, y los resultados progresistas son los que
producen progreso. Es una redundancia, pero supongo que coincidiremos.

Creo que en este momento crecer bastante más que la media europea,
creando más empleo, es bastante progreso. ¿Que hay que tener más
progreso? Sin ninguna duda.

Su señoría me emplaza al debate europeo. Emplacémonos mutuamente. Vamos a
ver lo que se defiende en el debate europeo sobre políticas de empleo y
cuánto se diferencia de las que se están aplicando hoy en España. Vamos a
ver dónde se encuentra el centro del debate europeo del empleo porque va
a ser muy clarificador. A lo mejor algunas opiniones españolas tienen que
darse cuenta que, cuando hacen alusiones a Europa, ya no es la Europa que
ellos creen. La gente ha aprendido. En los últimos años la gente ha
aprendido lo que sirve y lo que no sirve a las personas concretas, y
vamos a ver en el debate europeo del empleo lo que se produce.

En cuanto a la progresividad fiscal, usted se ha referido a las rentas
del capital. Por ejemplo, 200.000 pesetas exentas para una plusvalía de
500.000 es casi el 50 por ciento, y para una plusvalía de 1.000.000 es el
20 por ciento y progresivamente. Por tanto, claro que introduce
progresividad un mínimo exento de 200.000 pesetas, sin ninguna duda. Es
progresivo en el sentido de que es mucho más importante para las rentas
bajas que para las rentas altas, sin ninguna duda. Lo mismo que sucede
con una exención de 110.000 pesetas al año por tres hijos. Ciento diez
mil pesetas al año por tres hijos en una cuota a pagar de 200.000 pesetas
es el 50 por ciento, y en una cuota a pagar de 2.000.000 es muy poco. Por
tanto, si quiere usted medidas progresistas aquí las tiene, espero que
las apoye.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno.

Concluida la defensa de las enmiendas de totalidad, pasamos al turno de
fijación de posiciones.

En primer lugar, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Molins.




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El señor MOLINS I AMAT: Señor presidente, señorías, el 17 de febrero del
ya lejano 1992 se firmó en Maastricht el nuevo Tratado de la Unión
Europea, que contemplaba la creación de la Unión Económica y Monetaria en
tres fases, con el objetivo de que diera comienzo el 1 de enero de 1999.

Para que ello fuera posible, todos los Estados deberían haber superado
con éxito un proceso de convergencia macroeconómica en base a cinco
criterios: estabilidad de precios, bajos tipos de interés, déficit y
deuda pública reducidas y estabilidad del tipo de cambio.

La práctica totalidad de las fuerzas políticas presentes en este
hemiciclo coincidíamos en la conveniencia del esfuerzo a realizar para
que España estuviera presente desde entonces, todavía lejana fecha de
1999, en la constitución de la moneda única europea. También las fuerzas
sociales y económicas, y en general el conjunto de los ciudadanos,
coincidió con ese objetivo. Para todos nosotros --entiendo yo-- la moneda
única europea no es tanto un gran objetivo económico, que lo es, como un
gran objetivo político, por cuanto la Unión Monetaria es un paso decisivo
para avanzar en la unión política de Europa. Y ésa, la Unión Europea, sí
es, sin duda, un gran objetivo político, el objetivo político más
ambicioso del siglo XX, con el que iniciaremos, también, el siglo XXI.

Ahí es nada, para nosotros, aislados desde que la memoria recuerda de los
movimientos de progreso económico y social, pero también de los de
libertad y dignidad de la persona, ver coronada nuestra transición hacia
la convivencia en paz y libertad, con nuestra pertenencia a ese gran
espacio de progreso económico y social y, al mismo tiempo, de libertad
que Europa representa. No me cansaré de repetir y recordar que esta
Europa, a la que de pleno derecho pertenecemos, no es sólo, o incluso no
es tanto, un espacio económico capaz de progresar, de crear riqueza como
el que más, sino que particularmente, como ningún otro en el mundo, es
capaz de repartir esa riqueza con mayor justicia, valora la libertad, la
respeta y la defiende activamente y ha hecho de la solidaridad el barro
cohesionador de su convivencia a través del Estado del bienestar.

El signo distintivo de esta Europa unida ya no es sólo su cultura, su
liberalidad, su creatividad, su riqueza económica, su amor por la
libertad, como el ejercicio cotidiano de solidaridad, de reconocimiento
de la dignidad de la persona en el terreno de lo concreto, que eso es, y
no otra cosa, su Estado del bienestar. Es el sistema público de
pensiones, el sistema público universal de salud o de enseñanza, es el
sistema del seguro de paro. Estos son hoy los signos de identidad de la
Europa a la que pertenecemos. Por el mantenimiento de esa Europa estamos
haciendo el esfuerzo de convergencia.

En 1991 España superaba en un punto y medio la convergencia en precios,
en 1,7 puntos el tipo de interés, en 1,4 del producto interior bruto el
criterio del déficit, mientras que cumplía con una cierta holgura el
criterio de deuda pública. La situación, como se ve, no era fácil en
1991, y empeoró todavía más. La España alegre y confiada de los grandes
acontecimientos del noventa y dos se dio de bruces con la cruda realidad
de una durísima crisis económica, que incrementó el ya crónico problema
del paro y desequilibró todas nuestras variables económicas.

Este proceso de convergencia, cuyo cumplimiento ya se consideraba difícil
en 1992, se vio enormemente dificultado en 1993, cuando se acentuó la
crisis económica. Concretamente, a 31 diciembre de 1993, España superaba
en 1,7 puntos el límite de convergencia en precios, en 0,7 el límite de
convergencia en tipos de interés, en 3,7 puntos del PIB el límite máximo
permitido en relación al déficit público, e igualaba el máximo permitido
en relación a la deuda, pero la divisa española fue objeto de devaluación
en 1993 y se tuvieron que ampliar del seis al quince por ciento los
márgenes de cotización del sistema monetario europeo para evitar nuevas
devaluaciones. Es entonces cuando, a nuestro entender, se inicia con
rigor el camino de la convergencia europea. La política presupuestaria y
la política monetaria se instrumentan con ese objetivo y se inician las
reformas estructurales, sin cuyo concurso la convergencia real sería
imposible.

De esos años, 1994 y 1995, son los primeros presupuestos que, al tiempo
de aflorar gastos reales ocultos hasta dos billones en los primeros
presupuestos presentados ante esta Cámara por el señor Solbes, intentan
controlar el déficit, reducir el precio del dinero, estabilizar los tipos
de cambio de nuestra moneda y controlar la inflación . De esos años son
también importantísimas reformas estructurales en la Administración, con
el control en el crecimiento de las plantillas y el crecimiento de los
salarios; en el sector público empresarial, con la reestructuración de
sectores en crisis --minería, naval, siderometalurgia-- y la
privatización y/o liberalización de otros sectores públicos
empresariales, como telecomunicaciones, energía, transporte.

De 1994 es la primera reforma laboral, que dota de mayor flexibilidad a
un mercado laboral que lo estaba pidiendo a gritos. También la reforma de
la financiación de las comunidades autónomas, dotándolas de un principio
de corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera, aunque fuera
limitada. Se acometen importantes reformas fiscales, que adecuan los
imprescindibles ingresos del Estado a una mayor competitividad del
sistema productivo. De esos años son la reforma del Impuesto sobre
Sociedades, las desgravaciones fiscales en favor del ahorro y la
inversión, la disminución de las cargas sociales; y también en estos años
se recompone el sistema de pensiones, se reestructura la sanidad pública
y se acomete una importante reforma del sistema educativo. Buena parte de
ese esfuerzo,



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buena parte de esa reforma se acomete con amplios consensos, pero es
Convergència i Unió quien ya entonces, sin fisuras, apoya todas ellas,
muchas incluso son producto de nuestro impulso. Todo ese esfuerzo, el
esfuerzo de toda la sociedad empieza a dar sus frutos, y buena parte de
los desequilibrios de las grandes variables económicas empiezan a
reconducirse. A 31 de diciembre de 1995 la situación empieza ya a ceder.

El diferencial de inflación se ha reducido a 1,3 puntos, el del tipo de
interés a 1,5 y el déficit se separaba ya un 3,6 del PIB. El conjunto de
la deuda, sin embargo, seguía empeorando y se situaba 5,3 puntos del PIB
por encima del límite permitido.

El Gobierno del Partido Popular surgido de las elecciones de marzo de
1996 continúa con nuevos bríos el camino iniciado en la convergencia
europea. El pacto Partido Popular-Convergència i Unió afianza estos
objetivos, al tiempo que la estabilidad política que resulta de estas
elecciones, y en las que participan activamente los grupos nacionalistas
de esta Cámara, propicia un período de confianza que da rápidos y
positivos resultados en la marcha de la economía. La mejora de la
situación económica en toda Europa permite preparar un ambicioso
documento presupuestario para 1997 y avanzar en nuevas reformas
estructurales o profundizar en las ya iniciadas. Así, durante 1996 y 1997
se continúa el esfuerzo no tanto de la reforma, aunque sí del control de
la Administración pública, congelación de plantillas y control salarial,
reducción de gastos corrientes. Se avanza con mayor decisión en el camino
de la privatización, aprovechando el buen momento de revalorización
bursátil. Se acomete una segunda reforma laboral, fruto además en este
caso de un amplio acuerdo de las fuerzas sociales y que intenta dar
solución al grave problema de la precariedad en el empleo. Se avanza de
manera importante, tanto cualitativa como cuantitativamente, en la
reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Continúan las reformas fiscales aprovechando, aunque sea mínimamente, el
estrecho campo que permite la lucha contra el déficit público. Los
objetivos del déficit no permiten excesivas florituras, justo es
reconocerlo. No nos las ha permitido hasta hoy. Más adelante hablaré del
futuro. Se consolida el poder adquisitivo de las pensiones y se refuerza
su futuro al aplicar modificaciones contenidas en los pactos de Toledo.

En cualquier caso, el esfuerzo de años anteriores, el nuevo impulso de
1996 y el rigor y adecuación del documento presupuestario de 1997, han
dado lugar a una situación francamente positiva. A finales de 1997, en el
momento en el que nos encontramos, España cumple los criterios de
convergencia en precios, en tipos de interés, de estabilidad cambiaria y
cumplirá el criterio de déficit público. No cumple el criterio de deuda
pública, aunque en 1997 ésta se ha reducido en relación a 1996, por lo
que se interpreta como un síntoma favorable que posibilita la entrada en
la tercera fase.

España, pues, ha superado con éxito el enorme esfuerzo que ha supuesto
para la totalidad de agentes económicos y sociales el proceso de
convergencia, y llega a este punto con un crecimiento intenso, de los más
elevados de la Unión Europea junto con Irlanda y Finlandia, con una
inflación reducida, con un equilibrio en la balanza corriente, y siendo
uno de los Estados de la Unión Europea que más empleo crea. Una
combinación que nunca había tenido, lo que augura unas favorables
perspectivas para los próximos años. En este proceso de convergencia con
Europa, Convèrgencia i Unió coincide con el marco macroeconómico definido
por el Gobierno desde el inicio de su mandato y que se prolonga para 1998
en estos presupuestos, pero a su vez queremos destacar que converger con
Europa no ha sido cosa de un año ni de dos ni del esfuerzo de uno u otro
Gobierno, ha sido el esfuerzo de todos. Ha sido y es una obra del
consenso con el que desde siempre nuestro país ha afrontado las grandes
decisiones de integración europea, y así debería seguir siendo.

Lo más positivo de la favorable situación de nuestra economía es que
tiene un cierto fundamento estructural. Es cierto que aprovecha un ciclo
expansivo y estable de las economías internacionales, pero las supera en
ritmo de crecimiento y en corrección de los desequilibrios. El millón de
empleos creado en tres años es consecuencia de la reactivación económica,
ciertamente; pero también de la reforma laboral de 1994, del responsable
y maduro comportamiento sindical en los últimos años, que ha aceptado la
moderación salarial a cambio de empleo, y de la reforma laboral de 1997,
cuyo principal activo es frenar la precariedad en el empleo.

La reducción de los tipos de interés desde niveles superiores al 11 por
ciento, en 1993, hasta el actual 5 por ciento, es consecuencia de la
evolución internacional del precio del dinero, ciertamente; pero también
del cambio de política monetaria, del establecimiento de un tipo de
cambio realista para la peseta, de la reducción del déficit público, de
la reforma competencial del Banco de España y de la tarea efectuada por
este organismo.

El crecimiento alcanzado por la economía, al contrario del habitual, no
se ha basado en el aumento de la demanda interna --es decir, en el
consumo-- y en la entrada de capitales foráneos, sino en la mejora de la
competitividad internacional, en el ahorro y en el dinamismo de las
exportaciones.

Esta ha sido una reforma pilotada por el sector privado, pero que ha
requerido una activa contribución de la política económica y del sector
público para realizar numerosas reformas de ámbito fiscal --Impuesto
sobre Sociedades, IRPF, patrimonio, sucesiones, etcétera--, aplicación de
políticas de apoyo a las pymes, apoyo a la exportación, reducción de los
tipos de interés, etcétera.




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El control del déficit público también tiene sus componentes
estructurales. Ha requerido de la moderación salarial, de la
privatización, de la modificación de las políticas presupuestarias y de
diversas medidas orientadas a la consolidación del Estado del bienestar.

Refiriéndome ya en concreto a los presupuestos de 1998, no debe ser
novedad para nadie que declare ya nuestro apoyo decidido al documento
presupuestario de 1998 presentado por el Gobierno y al proyecto de ley de
medidas fiscales, administrativas y de orden social que lo acompaña. Como
no lo es tampoco que afirme que nuestro apoyo se fundamenta, básicamente,
en el hecho de que con este documento se confirma no sólo el cumplimiento
de los parámetros de convergencia, sino también la continuidad en el
esfuerzo de estabilidad y posibilidad de convergencia real con las
economías del resto de Europa.

Además de cumplir este objetivo fundamental, el documento presupuestario
lo hace compatible con otros que para nosotros son igualmente importantes
y necesarios. Continúa impulsando la economía productiva, el crecimiento
económico y, sobre todo, la creación de ocupación. En este sentido, son
especialmente remarcables diversas medidas fiscales, quizá no
espectaculares pero no por ello menos importantes, o el crecimiento
significativo de la inversión.

Se consigue disminuir el déficit público no sólo sin disminuir o
recortar, sino incrementando y reforzando el Estado del bienestar. En los
presupuestos para 1998 el gasto social sigue siendo la principal política
presupuestaria; representa el 54,9 por ciento del gasto, seis décimas por
encima de lo que representó en 1997. Esta es una noticia positiva porque
contribuye a consolidar el modelo del Estado del bienestar que acordamos,
junto a las demás fuerzas parlamentarias y por unanimidad, en los pactos
de Toledo. Para Convergència y Unió, crecimiento económico y mejora del
bienestar social son dos caras de una misma moneda, ambas necesarias para
garantizar el progreso social.

Estamos en la dirección correcta, pero para aproximarnos a lo que ocurre
en otros países europeos nos faltan por hacer algunos esfuerzos. Nos
referimos ahora a la sanidad, a la educación y también a los citados
pactos de Toledo. La sanidad. Es de sobra conocida nuestra posición al
respecto. Los Presupuestos Generales del Estado no recogen, a nuestro
entender, el gasto real de la sanidad pública, a pesar de los esfuerzos
realizados hasta ahora, ni tampoco la demanda real de la sociedad para
este servicio. Por otra parte, y como ya es conocido, el actual sistema
de financiación de la sanidad acaba su vigencia el próximo 31 de
diciembre y el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene en su agenda
proceder, como es preceptivo, a la propuesta de reforma. Y, como es
preceptivo también, deberá introducirse en los Presupuestos Generales del
Estado para 1998 su nueva propuesta.

Hubiéramos preferido que todo ello figurara ya en el proyecto que el
Gobierno ha enviado a la Cámara. Estamos en la confianza de que por la
vía de enmiendas se incorporará a nuestro debate y de que sus contenidos
darán respuesta a nuestras reiteradas demandas al respecto; demandas que,
por cierto, aunque se haya querido pintar de otra manera, no son ni solo
nuestras ni para nosotros, sino una demanda de los ciudadanos y para
todos los ciudadanos.

La enseñanza. En cuanto a la enseñanza, los Presupuestos Generales del
Estado recogen un incremento importante de los presupuestos del
Ministerio, ya lo he dicho antes, un 5,8 por ciento, por la aplicación
fundamentalmente de la Logse. Nos congratulamos por ello.

Por otra parte, el Gobierno, por encargo de esta Cámara, está redactando
un libro blanco sobre la reforma educativa, entre cuyos objetivos figura
el cálculo del coste de la aplicación de la reforma para todos los
ámbitos territoriales. El objeto de este trabajo, como por unanimidad
aprobó la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara el pasado día 17
de septiembre, es, como decía, estudiar la financiación de la aplicación
de la Logse --puntos suspensivos-- e incluir en los Presupuestos
Generales del Estado las partidas para su financiación que en su caso
correspondan. Eso dice esa resolución aprobada, insisto, por unanimidad
en la Comisión de Educación y Cultura. A los resultados del libro blanco
y a este acuerdo de la Cámara nos remitiremos, pues, en su momento, señor
vicepresidente del Gobierno.

Respecto a los pactos de Toledo, tres compromisos concretos, señor
vicepresidente. El primero sería la necesidad de dar un paso más en la
mejora de las pensiones de viudedad. Así lo tenemos planteado y a eso
dedicaremos nuestro esfuerzo. El segundo, incentivar, a través de
cotizaciones sociales, la posibilidad de que el trabajador continúe en
activo después de los 65 años. La tercera, resolver la actual situación,
casi ilegal, en la que se encuentra el encuadramiento en la Seguridad
Social de trabajadores y administradores que sean accionistas de la
propia empresa.

Permítame, señor presidente, señoras y señores diputados, mencionar la
que para nosotros debe ser a partir de ahora la dirección en la que
debemos poner nuestros esfuerzos. Son nuevas reformas estructurales.

Quizá porque las cosas van bien, porque el documento presupuestario
cumple con los objetivos planteados, precisamente por eso corresponde ser
más ambicioso y plantearse aquello que tarde o temprano hay que hacer,
que quizá no pudo hacerse en momentos de mayores estrecheces, pero que
debíamos estarnos planteando con mayor exigencia hoy que, como digo, las
cosas van bien. Porque además, y de no hacerlo, más bien temprano que
tarde las echaremos en falta.

Permítanme por ello dedicar el final de mi intervención a un repaso de
todo aquello que, a juicio del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió, constituyen las reformas estructurales todavía no iniciadas, o en
fase si acaso sólo inicial, y que conviene acometer para



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poder seguir con holgura en el núcleo de los países de Europa que nos
aprestamos a constituir el euro.

La reforma de la Administración. Conocida es la profunda transformación
en la asignación de competencias que ha representado el Estado de las
autonomías y conocidos son los múltiples mecanismos por los cuales esa
nueva distribución, lejos de representar una distribución distinta de un
número similar de funcionarios públicos, lo que ha hecho es
multiplicarlos casi hasta una duplicidad cuasi perfecta. El Gobierno
debería ultimar con urgencia sus estudios al respecto y proceder, de
acuerdo con la Lofage, a su aplicación efectiva.

Respecto al sector público empresarial, es bien cierto que se ha
acelerado el proceso de privatización, pero en cambio las transferencias
corrientes del Estado a empresas públicas en los presupuestos de 1998
aumentan en un 7 por ciento.

Déjenme mencionar una cuestión que me parece importante al respecto. Esta
mañana el señor vicepresidente ha hablado un poquillo de ella. Los planes
de reestructuración de grandes sectores empresariales, la minería, el
naval, el siderometalúrgico, en todos ellos la reestructuración está ya
muy avanzada, pero, ¿a qué coste? ¿Podemos acometer ajustes a un coste
por persona empleada y en reestructuración hasta tres veces superior al
que se da en sectores en crisis privados? ¿De qué manera influirán en
nuestro futuro los compromisos adquiridos, que en algunos casos nos
comprometen a cincuenta años vista?
En el caso concreto de la minería, ¿hasta cuándo se seguirá restando
competitividad a todo el sector productivo al gravar los costes
energéticos? ¿Alguien ha demostrado que los costes políticos y económicos
de acometer hoy una reforma necesaria son mayores que los que
afrontaremos cuando inevitablemente la reforma se tenga que acometer
tarde y, entonces, ya mal?
Televisión Española, y a su través, en general, el sector de la
televisión. Nuevamente dilatamos en el tiempo la solución del problema,
hoy ya con un volumen de pérdidas embalsadas próximo a los 600.000
millones de pesetas. Evidentemente, no es sólo su culpa, o incluso no es
principalmente su culpa, digámoslo de inmediato, pero la solución del
problema no admite ya espera. Buen momento será aquel en el que, al
cumplirse el término de las concesiones privadas, se tendrá la
oportunidad de afrontar el problema en su conjunto. Entretanto, ¿qué
ocurre con el reparto de frecuencias por las televisiones locales? ¿Por
qué se entretiene a un sector capaz de crear riqueza y ocupación?
El transporte y sus infraestructuras. Sólo el 4,2 por ciento de las
mercancías transportadas utilizan el ferrocarril, contra el 20 por ciento
en Francia o el 15 por ciento de media europea. La eficiencia del
transporte de viajeros deja mucho que desear, piénsese en las enormes
celebraciones que ha propiciado este invierno la inauguración de un
servicio de viajeros porque consigue realizar en dos horas un itinerario,
el Valencia-Barcelona, de 300 kilómetros; es decir, porque en el año 1997
consigue una velocidad comercial de 150 kilómetros por hora, que es la
normal en Europa desde hace más de 20 años.

El ancho europeo, ¿es un lujo o es una necesidad ineludible para la
eficiencia del sistema global de transporte? En transporte por carretera,
¿es posible que no exista todavía una autopista, una autovía --llámenle
como quieran-- que una Valencia y Madrid o Valencia y Barcelona, sin
peaje, o Madrid y Barcelona o Barcelona y la frontera francesa, sin
peaje, con los varios billones de pesetas invertidos en la creación de
autovías? ¿Cuáles fueron las prioridades? ¿Tuvieron algo que ver con la
eficiencia del sistema de transporte? ¿Lo tienen hoy las decisiones que
tomamos? Un PDI que nunca existió, ¿existirá alguna vez? ¿Alguien está
pensando en cómo se compatibiliza la existencia de una extensa red de
autopistas, llamadas autovías libres de peaje, con otra no menos extensa
de autopistas de peaje y con distribución territorial casi mutuamente
excluyente? ¿Se dispondrá de información para poder valorar objetivamente
la prioridad de las inversiones en base a la eficiencia del sistema de
transporte globalmente concebido? ¿Seguiremos tomando decisiones en base
a gobiernos amigos, bolsas de votos o intereses electorales, como se hizo
en muchos casos en el pasado? ¿Podemos plantearnos la forma de gestionar
con mayor eficiencia los grandes centros de transporte: puertos,
aeropuertos, ferrocarriles?
Lo mismo podríamos decir respecto a la política hidráulica y las
infraestructuras hidráulicas o los regadíos pendientes. La abundancia de
lluvias, y su exceso catastrófico en muchas ocasiones, no puede hacernos
olvidar que el problema hidráulico subsiste. Este Gobierno debe saber dar
respuesta a esa necesidad de planificación, ejecución eficaz y gestión
eficiente y moderna de las infraestructuras del transporte, hidráulicas y
medioambientales.

La justicia. En un debate presupuestario no pretendo entrar a fondo en el
análisis de un tema de capital importancia en el que tanto nos jugamos.

El Libro Blanco de la justicia, redactado por el Consejo, aún con
lagunas, a nuestro entender, puede ser en su momento un buen instrumento
para hacerlo. Pero la buena justicia pasa también por las
disponibilidades presupuestarias.

Uno de los grandes cuellos de botella --en eso todo el mundo está de
acuerdo-- son los procedimientos contencioso-administrativos. La dotación
de nuevas plazas de magistrados en esos tribunales ha sido desestimada
por el Ministerio por razones, entre otras, presupuestarias. Visto el
problema, vista la situación, esa no puede ser la respuesta de este
Congreso de los Diputados. Le ruego, señor vicepresidente, que intente
encontrar solución al problema a lo largo del debate presupuestario.

En el mismo ámbito de la justicia, usted conoce tan bien como nosotros el
enorme caudal de eficiencia económica que se pierde a través de la
morosidad y de los impagados. Debemos acelerar las reformas jurídicas
necesarias para asegurar una mejora de la competencia económica de la
sociedad en un contexto europeo. Se



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trata de aprobar, con carácter inmediato, una ley concursal que asegure
un nuevo marco jurídico para los procesos de suspensión de pagos y de
quiebras, un nuevo marco jurídico y punitivo para los problemas derivados
de la morosidad y, finalmente, una nueva legislación que regule la actual
normativa de auditoría de cuentas.

Todos sabemos también que las necesarias reformas legislativas servirán
de poco si al propio tiempo no se arbitran los mecanismos procesales para
que la justicia pueda actuar en este campo, particularmente en tiempo
real. Este es el único medio eficaz para acabar con ese problema.

La reforma fiscal. Conocemos y compartimos la voluntad del Gobierno de
afrontar una reforma fiscal amplia, simplificadora y que permita reducir,
en ocasiones, la presión fiscal de quienes ya pagan. Un primer aspecto de
la reforma fiscal es el que afecta a todas las pequeñas empresas de
titularidad individual que hoy tributan a través del sistema de
estimación objetiva del IRPF. Los presupuestos para 1998 contemplan una
primera propuesta de reforma de este régimen. Probablemente es la
principal novedad fiscal de este proyecto de medidas fiscales.

Convergència i Unió comparte la filosofía y los contenidos básicos de la
reforma que se pretende, ya que precisamente ha sido nuestro grupo el
responsable y principal promotor de la misma. El pasado mes de febrero
presentamos una proposición de ley sobre reforma de la estimación
objetiva que se tomó en consideración a principios del presente mes. Pero
creemos que la ley debe recoger determinados extremos de su normativa
específica y que el Gobierno la desarrolle posteriormente.

La reforma fiscal necesaria debe ser, obviamente, mucho más amplia y
empezar por el Impuesto sobre la renta, reduciendo los tipos marginales
máximos, simplificando el impuesto, revisando deducciones y otorgando
mayores beneficios a la familia. Reconocemos el avance que incorporan los
presupuestos para 1998 con el aumento de las deducciones que se aplicarán
a las familias con hijos. Es esta una de nuestras más trabajadas
victorias, un objetivo que ya perseguimos con el Gobierno socialista y
que hemos seguido buscando con el Gobierno popular. Es una excelente
noticia que la deducción que se otorga por el tercer hijo se haya elevado
a 50.000 pesetas o el incremento de deducción por gastos de guardería. Es
un primer paso --muy positivo-- que este Gobierno se ha decidido a dar,
pero si miramos a nuestro entorno europeo vemos que sigue resultando
insuficiente como medida de apoyo a las economías familiares. En la
revisión del IRPF deberán plantearse otros mecanismos, como el del
cociente familiar o splitting, al objeto de que las familias con hijos
paguen menos. O también deducciones para el mantenimiento de enfermos
crónicos en casa. Una sociedad que demográficamente envejece debe
aprovechar al máximo sus recursos y, en este sentido, sus ciudadanos y el
Estado saldremos más beneficiados si se incentiva fiscalmente el mantener
a estas personas en casa, con mejora --además-- de su calidad de vida,
que si se aplica una política de atención asistencial en residencias a
cargo del Estado.

Otra cuestión a la que me quiero referir es el ahorro a largo plazo.

Fueron positivas las medidas coyunturales aplicadas en junio de 1996 para
estimular la movilidad de los activos patrimoniales y del ahorro, pero es
preciso instrumentar una política más estable que estimule el ahorro a
largo plazo. Hoy tiene el mismo tratamiento fiscal ahorrar a un plazo de
dos años y un día que ahorrar o invertir con una perspectiva de 20, 30 ó
40 años; no es lógico, y en el contexto de esta reforma fiscal más amplia
a la que nos referimos esta situación deberá corregirse.

Pero la reforma fiscal debe ser más amplia, ya que la convergencia con
Europa también nos obliga a converger en esta materia. Quiero recordar
aquí que la estructura de la fiscalidad española mantiene diferencias
sustanciales con las de nuestros vecinos europeos, y que entre las
diferencias destaca el mayor peso de las cotizaciones sociales de nuestra
economía, a pesar de que nuestra economía es también la que tiene más
paro. Concretamente, según la estadística de ingresos públicos de la
OCDE, las contribuciones sociales representan en la Unión Europea el 26,5
por ciento de los ingresos fiscales, mientras que en el caso de España
este porcentaje se eleva al 33,6 por ciento. En consecuencia, las
cotizaciones sociales deberán tender a la baja si queremos seguir creando
empleo a medio y largo plazo. Y ello lo digo sabiendo que los ingresos
globales no pueden disminuir ilimitadamente, por lo que el descenso de
las cotizaciones puede tenerse que compensar con otro tipo de ingresos
fiscales.

Paso ahora a referirme a la reforma del sistema de financiación de las
comunidades autónomas. Estoy seguro, señor vicepresidente, que usted no
hará como su compañero de gabinete, el señor ministro Rajoy, que hace
unos días decía que eso del 2001 está muy lejos. Hoy ha dicho algo
parecido y ahora se lo comentaré. También dijo que no estorbemos y no
salgamos con eso del sistema de financiación. Estoy seguro, señor Rato,
de que su actitud, como fue la del presidente del Gobierno, será la misma
que ofrecieron ahora hace algo más de un año, cuando se trataba de
analizar la renovación del sistema de financiación. En aquel momento
fueron sensibles a una argumentación: no es posible que existan
administraciones responsables del gasto sin serlo también del ingreso. Se
mejoró sustancialmente en 1996. Lo hemos dicho hasta la saciedad y lo
repito hoy: el Gobierno del PP lo mejoró sustancialmente, pero la base
sobre la que se sostiene el sistema no da para más. Lo decía hace pocas
fechas el presidente de la Generalitat y lo repito hoy en nombre de
Convergència i Unió: el sistema de financiación de que dispone la
Generalitat de Cataluña, del que dispone Cataluña, no cubre las
necesidades de autogobierno que Cataluña requiere y a las que tiene
derecho. Las competencias sobre los recursos, sobre los ingresos, son
insuficientes. (Rumores.)



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El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Molins.

Señorías, señor Hernando, silencio, por favor.

Continúe, señor Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Requeriremos, junto a la autonomía en el gasto,
de la que ya disponemos, una autonomía en los ingresos, que necesitamos,
a la que creemos tener derecho y que, quede claro, nada hay en la
Constitución que impida que tengamos. A partir de ahí, faltaría más, el
sistema debe ser equitativo, debe ser solidario y debe ser racional en la
asignación de recursos, que hoy no lo es. Porque esto es así, porque
estoy seguro de que usted tiene intención de estar ahí sentado, en el
banco azul, en el ya próximo año 2000, estoy seguro de que su respuesta
no será la de su compañero de gabinete.

Hay que empezar a trabajar desde hoy, y un buen instrumento para hacerlo
es la resolución que aprobó la Cámara en el pasado debate de política
general y que, aun cuando no contara con el apoyo de su grupo, obliga a
su Gobierno. En consecuencia, estamos seguros, señor vicepresidente
segundo del Gobierno, de que el año próximo podremos disponer de
información objetiva sobre el origen y el destino del total de los
recursos del Estado y de sus comunidades autónomas y, a partir de ahí,
iniciar con tiempo suficiente el análisis de los sistemas diversos de
financiación de las comunidades autónomas desde el año 2001. Así pues,
señor Rato, repito lo que usted decía del 2001 esta mañana, en el 2001
quizás todos calvos, pero con un nuevo sistema de financiación para las
comunidades autónomas. Estoy a su disposición en la réplica si quiere
profundizar en el tema, si es que se produce réplica.

Internacionalización de la economía. El único dato para nosotros no
satisfactorio de nuestro crecimiento previsto para el año próximo es la
aportación negativa del sector exterior al crecimiento del PIB. Hay que
priorizar las decisiones en materia económica relacionadas con la
internacionalización de la economía; hay que estimular la inversión hacia
el extranjero y dedicar recursos para la mejora de la formación de los
jóvenes que deberán dedicarse profesionalmente a los mercados
internacionales. Por ello, consideramos conveniente que los tres fondos
que se constituyen en los Presupuestos Generales del Estado para 1998
para el fomento de las exportaciones y su financiación, se redistribuyan
de forma que se destinen más recursos a los fondos de pequeñas empresas
que a los restantes, puesto que el reto principal de la
internacionalización está hoy más en las pequeñas y medianas empresas que
en las de tamaño superior, que ya encuentran mejores condiciones para
integrarse internacionalmente.

Sería positivo privatizar el Cesce y abrirlo al mercado, para que pueda
ser éste el que intervenga en los procesos de garantía y aseguramiento de
las exportaciones. Sería también positivo que se revisaran las normas
laborales y fiscales para aquellos trabajadores españoles que deben
desarrollar su actividad profesional en el extranjero, puesto que ésta
será una de las líneas más emergentes de creación de actividad.

La creación de ocupación. La economía funciona, crecemos por encima de la
media europea y creamos más ocupación que nadie en la Unión. A pesar de
ello, nuestro más grave problema era y sigue siendo el paro y, más
concretamente, la baja tasa de ocupación. El esfuerzo debe continuar. La
satisfacción por haber hecho las cosas bien, y ya he dicho al principio
que creo que las cosas se están haciendo muy bien, no nos puede llevar a
la inacción. Cada día que pasa sin actuar cuesta recuperarlo. Todas las
ideas deben ser valoradas; todas las iniciativas deben ser analizadas. No
debe haber tabúes en nuestro análisis por enraizadas que estén
determinadas actitudes. Los gobiernos, las fuerzas sociales y económicas,
esta Cámara --lo recordaba antes--, han avanzado en reformas laborales
que, al dar mayor flexibilidad al empleo y primar la continuidad de los
contratos, han ayudado a la creación de empleo y a la disminución de su
precariedad. Pero, ¿hemos avanzado suficientemente en el análisis de la
posibilidad del trabajo a tiempo parcial en una sociedad distinta como es
la actual? ¿Se apoya suficientemente a este tipo de contratos, los de
tiempo parcial? ¿Puede contribuir el acortamiento de la jornada laboral a
proporcionar mayor ocupación sin pérdida de competitividad? Las cargas
sociales existentes hoy ¿son lógicas? ¿Las repartimos con eficiencia?
¿Nos restan competitividad? ¿Cuadramos simplemente las cuentas aunque
esto sea a costa de penalizar el empleo?



El señor PRESIDENTE: Señor Molins, le ruego que vaya concluyendo.




El señor MOLINS I AMAT: ¿Y las políticas activas? ¿Empleamos
eficientemente los recursos disponibles? Gracias, señor presidente, acabo
en cuanto pueda.

El Forcem, ¿funciona como debe? ¿No podemos y debemos avanzar más en la
movilidad territorial y sectorial? Favorecer la creación de ocupación es
en muchas ocasiones sinónimo de favorecer la creación de nuevas pequeñas
empresas. En el futuro, crear empleo supondrá crear empresas. Es
necesario tomar iniciativas que garanticen la simplificación
administrativa en el proceso de implantación de una pequeña empresa. Es
necesario definir las características de las denominadas microempresas
para determinar su marco jurídico propio y normas fiscales y laborales
específicas, o establecer, ya sea en las instituciones públicas o en
colaboración con las privadas, líneas específicas de financiación o aval
para la implantación de microempresas.

La formación, la investigación, la ciencia y la tecnología. Por último,
¿nos preocupamos suficientemente de la formación ocupacional? ¿Y de la
formación en general, de las nuevas tecnologías, de la investigación y
desarrollo? De acuerdo con el informe de cohesión de la Comisión Europea,
España destaca por ser el penúltimo



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país --el último es Portugal-- en personal dedicado a investigación y
desarrollo tecnológico, por detrás --asómbrense ustedes-- de Irlanda e
incluso de Grecia. Ello es consecuencia del bajo nivel de gasto público
en investigación y desarrollo, tan bajo que el valor agregado para toda
la década transcurrida de los 90 nos sitúa en antepenúltimo lugar, sólo
por delante de Grecia y Portugal.

Bajo el peso de estos hechos tan evidentes, ¿cómo vamos a competir en el
nuevo mercado unificado del euro? Si existe un consenso general es el de
que el recurso competitivo fundamental es el desarrollo del conocimiento
y la tecnología. ¿Cuál va a ser el papel de esta sociedad en el futuro
inmediato? Difícil, muy difícil a no ser que se opere un radical cambio
de rumbo: que se otorgue prioridad en la asignación de los recursos
públicos a la investigación y al desarrollo; que se estimule el número de
titulados en ciencias e ingeniería mediante el estímulo y ampliación de
su mercado de trabajo; que se modifique el marco universitario para
dotarlo de mayor eficacia e independencia; que se fomenten con mayores
recursos la cooperación de las aplicaciones entre universidad y empresa.

Hay que revisar el marco jurídico que regula las sociedades de capital
riesgo y potenciar no solamente dichas sociedades sino también aquellas
actividades que se lleven a cabo con estas características. Hay que
estimular fiscalmente todavía más la canalización de la inversión hacia
I+D y revisando límites, ampliando los supuestos cuando esta
investigación se lleve a cabo de forma conjunta con otras sociedades en
el exterior. En definitiva, tenemos que desplegar todo el bagaje de
políticas que otros países ya vienen aplicando y que se haga de una forma
real, efectiva, esto es, con medios y con una programación adecuada.

Acabo, señor presidente. Como decía al principio, en los años que van de
1994 a 1997 hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho en el terreno de
la creación de riqueza y más todavía en el terreno del reparto justo de
esa riqueza, y, sobre todo, en la estabilidad y garantía de continuidad
de ese crecimiento y de ese reparto. Y hemos avanzado con el esfuerzo y
la colaboración de todos: los gobiernos que ha habido, las organizaciones
sociales y el conjunto de la sociedad, que han sabido incluso dejar de
lado la defensa de legítimos intereses en pro de ese objetivo. Y eso ha
sido así porque todos nos convencimos de que el objetivo valía la pena.

Hoy sigue siendo necesario ese esfuerzo. No hemos llegado al final.

Falta, como he intentado reflejar, mucho camino por recorrer. Y no estoy
seguro de que la actitud frente al esfuerzo necesario sea la misma que
fue, y conste que no lo digo por el debate de esta mañana, que me ha
parecido positivo en este aspecto. Pero cuando oigo a ex responsables
gubernamentales valorar con todos los epítetos del infierno las mismas
propuestas que en el campo de la sanidad, de las pensiones o de la
financiación de las comunidades autónomas con ellos defendimos, no tengo
la sensación de encontrar la voluntad de consenso con que
en esta Cámara se enfrentó a la sanidad, o a las pensiones, o a los
pactos de Toledo, o a la reestructuración sectorial o a tantas y tantas
otras cosas en años anteriores; esa voluntad de consenso, ese esfuerzo en
común que es el que nos ha permitido avanzar. Por eso acabo recordando lo
que decía al principio: el esfuerzo que hemos hecho, el esfuerzo que
debemos seguir haciendo no es por controlar el déficit, no es por bajar
lo tipos de interés o por controlar la inflación, eso son los medios; el
esfuerzo que hemos hecho y en el que debemos perseverar es por seguir
estando entre las sociedades del mundo que más progresan, que de más
libertad disfrutan y que, como ninguna otra, cree en la dignidad de la
persona por el mero hecho de serlo, y lo instrumenta con lo que más
cuesta instrumentarlo, con los recursos económicos, con el Estado del
bienestar. Ese es el objetivo, nuestro gran objetivo del siglo XX y del
siglo XXI. Por ese objetivo sí que ciertamente merece perseverar en el
esfuerzo. Para el impulso en pos de ese objetivo, el Gobierno, usted,
señor vicepresidente del Gobierno, la sociedad en su conjunto contará
siempre, como ha contado desde el principio hasta hoy, con nuestro grupo
parlamentario.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molins.

Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señor Molins, muchas
gracias por su intervención.

Sin duda que las reflexiones que ha hecho sobre lo que representa Europa
como espacio económico, social y político las comparto. Ha hecho después
una revisión de nuestra juventud y mediana edad y tengo que decir que no
comparto todo lo que ha dicho, pero no sé si vale la pena debatirlo a
estas alturas de la vida política. Las hemerotecas y los registros de la
Cámara están ahí para que todos sepamos lo que veíamos en 1992 que íba a
suceder y lo que no veíamos que iba a suceder. En ese sentido, todos
tenemos que aprender de nuestro pasado, que es probablemente lo que más
nos puede enseñar. A partir de ahí, quisiera entrar en cuestiones de
futuro.

Respecto a la sanidad, como he dicho esta mañana en más de una ocasión y
lo reitero ahora, el Gobierno está convencido de que es imprescindible
aumentar los recursos económicos. Ese convencimiento surge, primero, de
nuestra propia experiencia y de nuestro propio convencimento a través de
las cifras y también de lo que ha sido la prácticamente unánime
recomendación de todos los responsables de comunidades autónomas. Y como
también he dicho --y coincido con



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S. S.-- el acuerdo de financiación de la sanidad no puede ni debe ser un
acuerdo bilateral; además, aunque alguien quisiera que lo fuera, no
podría serlo. Por tanto, es un acuerdo que ha de realizarse entre el
Gobierno y todas las comunidades autónomas involucradas, que se va a
hacer con el testigo de todas las demás. Porque no sé si la Cámara sabe
que, a voluntad de las comunidades autónomas, el grupo de trabajo que
está estudiando en estos momentos la sanidad tiene la presencia de todas
esas comunidades autónomas, aunque, como siempre sucede en estos temas en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al final las decisiones las
tomarán los afectados. Por consiguiente, vamos a estar en un proceso
abierto, como no podía ser de otra manera, en el que no sólo tenemos que
dictaminar cuál sea el nuevo sistema de financiación, sino los criterios
de reparto. El Gobierno está convencido de que el nuevo sistema de
financiación debe resolver los problemas reales de la sanidad --lo cual
quiere decir que no están resueltos-- y ha hecho un esfuerzo en el año
1997, como el grupo parlamentario del señor Molins y el señor Molins
conocen en detalle porque hemos trabajado juntos en él. Ha sido un
esfuerzo importante que debe continuar a lo largo de los próximos años ya
en un nuevo sistema de financiación que comenzará su vigencia el 1 de
enero de 1998.

En cuanto a la enseñanza, coincido en parte con lo que ha dicho S. S.

respecto a la necesidad de que libro blanco, que tiene su base en una
resolución que su grupo planteó el año pasado precisamente en la Ley de
presupuestos, nos permita estudiar cuál es la situación de la educación
pública en España. Pero, como ya he dicho en más de una ocasión, los
incrementos del presupuesto de educación para 1998 están relacionados
principalmente con el proceso de transferencias.

Respecto al Pacto de Toledo y a las cuestiones que preocupan a S. S.,
quisiera decirle que todas ellas están siendo objeto de estudio por parte
del Ministerio de Trabajo, y que espero que puedan ser solucionadas,
desde el punto de vista de propuestas concretas del Gobierno, en próximas
fechas, incluso durante este trámite parlamentario de los presupuestos,
si fuera posible.

En cuanto a las reformas estructurales, no le he escuchado a S. S.

ninguna referencia a la liberalización del mercado del gas, y estoy
convencido de que también es una reforma estructural que tendremos que
abordar, que como otras es imprescindible para la economía productiva y
que se la aporto yo a la lista que ha dado S. S., en la que yo coincido.

La reforma de la Administración es ya una realidad con la Lofage. El
Estatuto de la Función Pública, como sabe S. S., está en un período de
debate con los sindicatos. Por tanto, el Gobierno es plenamente
consciente de que una reforma presupuestaria no es una reforma de
reducción del gasto público si no viene acompañada de una reforma del
papel del Estado en la economía, e irremediable y positivamente de la
función pública. El Gobierno coincide en esa prioridad, que está no sólo
en estudio sino que está ya en un proceso de discusión previo al debate
político parlamentario.

Referente al sector público empresarial, sin duda las reflexiones que ha
hecho S. S. merecen atención, pero quisiera poner de relieve los
esfuerzos que estamos realizando en los últimos 18 meses. Sectores como
el naval o el acero o el de la defensa han entrado en fases nuevas, en
las que se está haciendo un claro esfuerzo de reindustrialización, de
competitividad y de futuro para sectores que hace pocos años podríamos
haber considerado como desahuciados, y que, en este momento, son sectores
con futuro; futuro dentro de la competitividad y, por tanto, dentro del
mercado. Es voluntad de este Gobierno, como lo ha puesto de manifiesto
--ya que el papel del Estado en la política de empresa es un papel que
carece de impulso efectivo--, que las empresas compitan en mercados
abiertos y no monopolísticos.

Desde el punto de vista de la minería, quisiera decir que la propuesta
del Gobierno es reducir las aportaciones a la minería a lo largo de un
calendario que coincide con los márgenes que nos da la Unión Europea, y
producir en ese calendario ayudas para la reindustrialización de
determinadas zonas.

En cuanto a Radiotelevisión Española, es indudablemente una cuestión que
el Gobierno debe abordar, yo lo reconozco, y que, en este momento, está
siendo abordada por parte de los responsables de Televisión en un proceso
de reducción de costes y de racionalización del ente que tendrá que
continuar adelante.

Respecto a las concesiones de televisiones locales, quisiera recordarle a
S. S. que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular son partidarios de
una mayor liberalización y de que sea por un régimen de autorización y no
de concesión, lo cual seguramente liberalizaría ese sector más
rápidamente. Si contáramos con los consensos parlamentarios lo haríamos.

En cuanto a las telecomunicaciones en general, creo que este Gobierno ha
dado muestras de estar convencido de que el proceso de liberalización del
sector de las telecomunicaciones debe ser rápido --lo hemos hecho
adelantando notablemente la fecha límite para la liberalización, a
finales del próximo año 1998--, y lo creemos porque es un sector en el
que, sin duda, se contienen grandes esperanzas de futuro para el empleo y
para la tecnología de nuestro país.

Referente a las autopistas, éste es un debate que viene marcado por una
larga historia. Quiero recordar a la Cámara --no a S. S. porque me consta
que es plenamente consciente-- que la política de autopistas en este país
varió radicalmente en el año 1982, y a partir de ese año 1982 hasta el
año 1996 hemos estado en una política distinta, que ha producido efectos
que no es posible negar ni borrar. El haber detenido la política de
autopistas en el año 1982 fue una apuesta que nosotros,



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en aquel momento, no considerábamos lógica, pero se hizo con todas las
consecuencias, e incluso todos tenemos la impresión de que se hizo por
partes, porque primero se construían un tipo de autovías que después
tuvieron que modificarse, dada su imposibilidad desde todos los puntos de
vista; ésa es una realidad con la que estamos contando.

El sistema fiscal. Indudablemente, para el Gobierno --esta mañana lo he
dicho--, el sistema fiscal es un instrumento no sólo de recaudación, no
sólo de redistribución de la riqueza, sino también de competitividad y de
crecimiento y, en ese sentido, creo que nuestras políticas, coincidentes
en todos los casos con las que su grupo parlamentario ha planteado, no en
esta legislatura, sino también en otras, referentes a la economía
productiva y al sector de las pequeñas y medianas empresas, están
produciendo cambios muy importantes en nuestro país. Aquellos grupos
parlamentarios, como el suyo y el mío, que durante mucho tiempo hemos
defendido la necesidad de acomodar nuestro sistema tributario al sector
productivo real español, pensamos que estamos en un camino adecuado y que
tenemos que continuar profundizando, porque, como he dicho esta mañana,
el entorno económico en que nos movemos nos exige una actitud de reformas
continuas que no podemos simplemente plantearnos con un límite de tiempo.

Los desafíos a los que vamos a estar sometidos y las oportunidades que se
nos van a ofrecer dependerán de nuestra capacidad de reacción en muchos
ámbitos y, sin duda, en éste.

Sobre las cotizaciones sociales, quiero reiterar que nuestro
convencimiento del papel que juegan en la competitividad y el empleo nos
ha llevado a incorporar a estos presupuestos 112.000 millones de pesetas
para reducción de cotizaciones en empleos estables. Creemos que es una
cifra considerable y que, a lo largo de los próximos años, dentro de los
compromisos del Pacto de Toledo, del equilibrio del sistema de pensiones
y de todo un juego de equilibrios en los que estamos comprometidos con
otros grupos de la Cámara, no sólo con aquellos que apoyan al Gobierno,
debemos caminar en esa dirección. El debate del año que viene sobre la
reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será el
momento de avanzar más todavía en una nueva definición de lo que debe ser
ese impuesto desde el punto de vista de las rentas del trabajo, desde el
punto de vista del ahorro y desde el de las familias. Sí quisiera decir
que, en nuestro incentivo al ahorro --con una política decidida de
impulso al ahorro como la que ya planteamos en la reforma del impuesto de
ganancias de capital--, hemos dado un paso más en estos presupuestos
mejorando las condiciones de los fondos de pensiones, que son claramente
un instrumento de ahorro a largo plazo.

Con respecto al sistema de financiación autonómica actual, coincido
plenamente con el señor Rajoy. El sistema de financiación autonómica
actual acaba de entrar en vigor y va a durar hasta el 2001. Por tanto,
desde el punto de vista del Partido Popular y del Gobierno estamos en el
primer año de vigencia. Sobre la afirmación que S. S. ha hecho de que el
sistema no da más de sí, creo que debemos verlo. El sistema dura cinco
años y durante ellos los parlamentos autonómicos van a poder debatir
crecientemente cuestiones tributarias con una nueva capacidad normativa y
vamos a poder comprobar hasta qué punto --y yo estoy convencido de ello--
la capacidad normativa y el autogobierno van a ser beneficiosos para cada
una de las comunidades autónomas y para el proyecto común español de
autonomía en su conjunto. A partir del año 2000, cuando finaliza este
período, seguramente las comunidades autónomas, cada una de ellas, y los
grupos parlamentarios plantearán los debates en función de las
experiencias de ese proceso.

Coincido plenamente en cuanto a la internacionalización de la economía.

Ha sido una de nuestras medidas iniciales en las reformas de junio de
1996, lo ha continuado siendo a lo largo de todo el proceso --del que
hemos sido responsables en estos últimos 18 meses-- y lo es en estos
presupuestos, desde el punto de vista tributario y desde el punto de
vista financiero, con nuevos elementos y nuevos fondos que van a permitir
utilizar recursos públicos o garantías públicas en la presencia de la
empresa española en los mercados internacionales más allá de las
limitaciones de los créditos FAD y también con fondos que están diseñados
especialmente para las pequeñas empresas. Sin duda, la empresa española
grande y un número importante de empresas industriales de tamaño medio
están siendo cada vez más conscientes de las posibilidades de la
internacionalización. Coincido con S. S. en que el proceso de apertura
debe llegar al conjunto de nuestras empresas, y ahí la interrelación y el
diálogo con el sector productivo nos parece imprescindible, como me
parece que también se está manifestando en la capacidad de diálogo
institucional entre las comunidades autónomas y el Gobierno central en
cuestiones en las que tenemos competencias, no compartidas, pero sí que
pueden complementarse, como es, y lo he podido comprobar en Expotecnia,
en la India, la presencia del conseller de Industria de la Generalitat
respaldando la presencia de industrias catalanas y el conjunto de
industrias españolas en la feria más importante que hacemos en el
extranjero, y como lo es también en las políticas de defensa y de
promoción de las pequeñas y medianas empresas, en la colaboración que se
está produciendo para no duplicar programas o no crear una maraña de
legislación autonómica y nacional que, al final, ahogue lo que todos
estamos tratando de fomentar. La colaboración que se está produciendo en
sectores tan concretos como el turismo, el comercio, las pymes y la
internacionalización de la empresa demuestran que un Estado de las
autonomías no tiene por qué ser un Estado en el que se produzcan
decisiones



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no coordinadas, sino más bien al contrario, como se están produciendo en
todos estos ámbitos y creo que por ello podemos todos felicitarnos.

Desde el punto de vista de la ocupación, es el centro de la política
económica --lo he dicho esta mañana y lo reitero ahora-- y está ligada a
temas tan importantes como la competitividad, las cargas sociales, el
ahorro la tributación. Al final, la política económica debe ser una clara
política coherente y debe responder desde el punto de vista de los
grandes objetivos, todos en una misma dirección. Nada hay más frustrante
para la sociedad y más falto de eficacia para una política que tratar de
compensar políticas económicas con políticas sociales. No debemos caer en
el error en el que hemos caído en otros momentos en nuestro país de creer
que lo que se pedía a la sociedad desde el punto de vista de las
realidades macroeconómicas debía compensarse desde la óptica de otras
políticas. Estamos descubriendo que la estabilidad macroeconómica no es
más que pagar 40.000 pesetas menos por una hipoteca, que si no hay
estabilidad macroeconómica no se pueden producir empleos estables y que
tenemos que construir posiciones políticas, globales y coherentes que
permitan que los presupuestos no sean sólo una definición de política de
gastos e ingresos, sino también una definición del conjunto de las
políticas sectoriales de un Gobierno, como creo que lo demuestran éstos.

Las políticas activas en el modelo del Gobierno deben ser protagonizadas
crecientemente por las comunidades autónomas. Hemos llegado a acuerdos
con algunas, con Cataluña, por ejemplo, con Galicia también, y nos
gustaría llegar a acuerdos con otras, porque entendemos que las políticas
activas de formación y de intermediación del mercado laboral deben ser
cada vez mejor representadas por administraciones más próximas a los
mercados y a los ciudadanos. En ese sentido, a partir del uno de enero de
1998, la Generalitat de Cataluña tiene el protagonismo de las políticas
activas y también entendemos que, desde el funcionamiento general de la
economía, el Estado central tiene un papel determinante en las políticas
pasivas.

Por lo que se refiere a la formación y a la investigación y desarrollo,
coincido con la posición de S. S., que venimos de un retraso notable,
pero también quisiera poner de relieve que hacemos un esfuerzo
considerable. Los gastos en formación aumentan un 30 por ciento en el
presupuesto de 1998 y la investigación y desarrollo un 32 por ciento; en
un presupuesto que crece el 3,2, creo que es un esfuerzo considerable.

Termino, señor presidente, en el mismo punto y espero que con el mismo
tono que el señor Molins. Estamos en un proceso de esfuerzos de la
sociedad española que podemos cifrar en el año que queramos. La sociedad
española ha hecho notables esfuerzos en los últimos años, desde el punto
de vista político, social y económico. Hemos de darnos cuenta de que
hemos demostrado ser uno de los países con mayor capacidad de cambio y
una de las sociedades con mayor capacidad de aceptación de nuevos retos,
como fue el proceso democrático, el Estado de las autonomías o la
incorporación a Europa. En ese sentido, las actitudes recientes de los
interlocutores sociales y de la propia sociedad española nos demuestran
que ese vigor y esa capacidad de adaptación no ha desaparecido, sino al
contrario.

Coincido con S. S. en que es responsabilidad básica de este Gobierno y de
esta Cámara continuar impulsando a la sociedad española en uno de los
caminos que más beneficios le ha dado; cuando la sociedad española se
abre a los cambios, a la libertad y al pluralismo es cuando obtiene los
mejores resultados y cuando da lo mejor de sí misma.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.

Señor Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor vicepresidente, por su réplica. Creo que estamos en
la misma dirección.

Vamos a ver algunas aclaraciones a su muy amable réplica. En la sanidad,
como lo habíamos hablado muchas veces, usted remarca lo que se ha hecho
en 1997, es bien cierto, se ha integrado en el sistema ahorros que podían
haber ido al presupuesto general y se han integrado en beneficio de la
sanidad hasta 70.000 millones. Son los que desde años anteriores veníamos
reclamando como insuficiencia de recursos de la sanidad, que veníamos
repitiendo a los gobiernos socialistas desde hacía tres años
aproximadamente; aquellos recortes que se incrementó con el PIB nominal
el gasto sin incrementar la base y después se produjeron dos recortes,
uno de 60.000 y otro de 90.000. Llegamos a finales de 1996, cuando el
Gobierno del PSOE, que se iba, propuso recogerlos; no se pudieron recoger
en aquel momento, y después, tras una corajuda negociación, conseguimos
del ministro de Economía y vicepresidente segundo, señor Rato, que se
integraran en la financiación de la sanidad. Son esos. Pero no son
suficientes. Este es el tema, usted lo sabe, y me consta que usted lo
sabe, y, precisamente porque lo sabemos todos, se va a intentar corregir
a través del acuerdo de la Comisión de Política Fiscal y Financiera. Le
agradezco que diga y que reconozca públicamente --siempre lo ha hecho el
Gobierno, debo decirlo-- que esto no es una cosa de Cataluña, no es una
cosa de la sanidad catalana; es una exigencia del conjunto de la
sociedad, que demanda cada vez más los servicios sanitarios. Eso no debe
hacernos bajar la guardia en cuanto a la eficiencia del propio gasto
sanitario. Debemos seguir esforzándonos como lo hemos intentado, nuestro
grupo parlamentario también, y como hace el



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Gobierno de la Generalitat, por supuesto. Nuestro grupo parlamentario lo
hace en el análisis del problema de la sanidad del futuro que hemos
venido debatiendo en el seno de la subcomisión creada en esta Cámara.

Hay una cuestión que me gustaría que me explicará. Ya he entendido, ya lo
sabía por otra parte, que en televisiones locales no pensamos igual. Ya
sé que el Gobierno presentó ante esta Cámara una normativa para cambiar
la existente actualmente y, como no tenía mayoría, no la ha cambiado. Lo
que no sé es si eso quiere decir que no piensan desarrollar la normativa
que hoy está vigente y que es la de obligado cumplimiento. El problema
que yo planteaba era que existe una ley, que existen vigentes unas
peticiones de los gobiernos locales para que, en uso de la normativa,
puedan las comunidades autónomas convocar los concursos y el Gobierno
debe aportar las frecuencias para que se puedan desarrollar esas
concesiones.

Me dejaría usted muy perplejo si me dijera que, como no están de acuerdo
con la ley, lo que no harán será dar las frecuencias. Eso sí que sería
una respuesta que estoy seguro que no va a darme; es simplemente que no
es su campo concreto y ése ha sido el problema. Pero quizá sería bueno
que lo aclaráramos.

En cuanto a las autovías y las autopistas, señor vicepresidente, sé más
que nadie que no es por su culpa por lo que estamos en la situación en la
que estamos. Además, sé que tampoco estaban de acuerdo en lo que se hizo
en su momento. Por lo tanto, como ya he dicho desde el principio, no es
en absoluto una petición al Gobierno de responsabilidad por algo que no
es responsabilidad suya, pero hoy es el Gobierno y, en tanto que
Gobierno, debe ser capaz de tomar con la mayor racionalidad posible las
decisiones de inversión. Y para ello y para tomar esas decisiones de
prioridades es imprescindible tener una serie de datos sobre la mesa.

Seguro que si así se hubiera hecho no se hubiera producido lo que se está
produciendo, que hay autovías que tienen un tráfico de 5.000
vehículos/día, que están hechas como autovías, y carreteras de un carril
con tráficos de 22.000 vehículos/día. Ya se ve que no tiene demasiada
relación una cosa con otra. No, no lo han hecho ustedes, se hizo
anteriormente. Pero, para que no ocurra en el futuro debemos tener esa
manera de tomar las decisiones, de priorizar las inversiones. ¿De qué
manera se hace? Como también, tampoco es culpa suya, pero ustedes lo
tienen encima de la mesa, cómo se hace eso que sólo ocurre en España;
curiosamente, no ocurre en ningún otro lugar de Europa. En Europa hay dos
tipos de países, los ricos, que tienen autovías gratuitas, autopistas
gratuitas, como Alemania, los del norte fundamentalmente, y los pobres
del sur, que ya no somos tan pobres, como Italia, Francia, que las tienen
todas de peaje. España es el único que tiene de las dos y con
distribuciones territoriales excluyentes. Hay comunidades autónomas,
territorios, regiones, que tienen el 70 o el 60 por ciento de kilómetros
de autopistas de peaje y el 1 o el 2 por ciento de las libres de peaje;
hay otras comunidades que tienen el cero por ciento de kilómetros de
peaje y el 30 o el 20 por ciento de autovías libres de peaje.

Eso hay que arreglarlo de alguna manera. En algunos casos no se tendrá
que duplicar la autopista de peaje con otra de no peaje. Probablemente
sería más inteligente llegar a acuerdos con los concesionarios, para
hacer peajes reducidos. No sé lo que hay que hacer. Pero el Gobierno
debería saberlo o, por lo menos, debería estar trabajando para que, en
común, todos encontremos una solución a ese problema, que es real, que no
me lo invento yo y que no es culpa suya; lo tenemos delante y tenemos que
ser capaces de trabajar en él.

Cotizaciones sociales. Señor vicepresidente, a mí me gusta mucho que
haya hasta 100.000 millones de pesetas para impulsar los contratos
estables. Me parece muy bien. Pero éste no es el tema. El tema sigue
siendo que, de acuerdo con los datos del informe de cohesión de la OCDE,
del conjunto de la carga fiscal española las cotizaciones sociales
representan el 33,6 de los ingresos fiscales, mientras que la media de la
OCDE es el 26,5. Eso es muy grave, porque esa fiscalidad afecta
directamente al empleo y a la competitividad. Eso es lo que hay que
corregir, aunque sea incrementando otro tipo de fiscalidad; pero ésta es
una situación en la que no debemos continuar, porque nos estamos cargando
aquello que nos es más preciado, el empleo, de la mano de la pérdida de
competitividad. Ese es el tema. No cómo o en qué se utilizan, aunque
también me parece muy bien que, transitoria o coyunturalmente, un año se
utilice la disminución de las cotizaciones sociales para impulsar los
contratos estables o, como yo le proponía, para consolidar los contratos
a tiempo parcial. Esta podría ser otra política, pero son políticas
coyunturales que nada tienen que ver con la dirección a medio plazo, que
es a la que yo me refiero, que es la disminución del peso de las
cotizaciones sociales en los ingresos fiscales del Estado.

Han incrementado el I+D, por ejemplo, en las aportaciones a los programas
de investigación y desarrollo con las universidades, un 20 por ciento.

Pero hay una serie de universidades que, por el sitio donde están
ubicadas, tienen acceso a los fondos de objetivo l de la Unión Europea,
donde el 50 por ciento del programa en investigación y desarrollo está
subvencionado por Europa. ¿Y sabe lo que esto significa? Pues que, como
hay muchas peticiones, y los dineros se han incrementado en un 20 o en un
30 por ciento, no sé exactamente en cuánto, respecto al año anterior,
Madrid, Barcelona y País Vasco se quedan sin poder hacer los programas de
investigación, que hasta ahora representaban aproximadamente el 60 por
ciento de los programas de investigación que se hacían en España. La
partida se ha incrementado, pero va toda para los que han conseguido
concertar con Europa, porque son región



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de objetivo 1.Han quedado fuera las universidades de Madrid, Barcelona y
País Vasco, que, insisto, hacían el 60 por ciento aproximadamente de la
investigación española. Es un detalle pequeño; la diferencia son 3.000
millones. Esto no puede ocurrir. Es buenísimo aprovecharse del 50 por
ciento de recursos que vienen de la Unión Europea, pero no a costa de que
la universidad que ha investigado desde siempre se vea obligada a dejar
de investigar porque no tiene los recursos económicos para hacerlo. Esto
es una parte pequeña. Nos jugamos mucho en esto. Se consiguió incrementar
las desgravaciones de las inversiones en I+D hasta el 35 por ciento en el
Impuesto sobre Sociedades. Hay sitios donde las tienen al 70 y al 80 por
ciento. Hagámoslo. Seamos valientes. Nos jugamos el futuro. El único
capital diferenciador de un país y otro en el seno de la Unión Monetaria
será el capital humano, será la formación de las personas, será la
capacidad de investigar, de desarrollo tecnológico. Ahí es donde nos
jugamos la diferencia y la competitividad en el futuro. No será en los
salarios, no será en las diferencias monetarias, no podremos tenerlo en
eso. Lo tendremos en la capacidad de formación, de investigar y de
desarrollar la creatividad. Por eso, hay que hacer un esfuerzo
extraordinario, mayor todavía del que los presupuestos ya contienen.

No me ha respondido a un tema que para mí es de capital importancia,
aunque estoy seguro de que lo tendrá en sus notas y que después, en su
despacho, seguro que lo tendría presente, y si no ya lo tendría por otros
mecanismos, que es el tema de la justicia. Creo que es muy importante,
señor vicepresidente, no tanto lo de los contenciosos administrativos
como el hecho de que en los países donde hay una tendencia a que se dé la
morosidad, que no sé por qué vuelve a ser más en los países del sur que
en los del norte, el único mecanismo con el que han acabado con ella
--aparte de la modernización de la legislación, de la que yo también le
hablaba-- ha sido porque los tribunales actúan en tiempo real. ¿Qué
quiere decir en tiempo real? Que usted presenta un efecto impagado hoy
ante un tribunal y pasado mañana o lo ha pagado o el señor que no lo ha
pagado está embargado. En 48 horas actúa la justicia. Eso es lo que
deberíamos ser capaces de conseguir. Todo lo otro puede mejorar las
cosas, puede ayudar, pero no cambiará el problema. Ese es un proceso
largo, también costoso probablemente, pero que deberíamos ser capaces de
acometer.

Señor vicepresidente, tampoco tengo yo ningunas ganas de insistir en el
tema. Yo le he dicho desde el principio que nuestra discusión sobre el
sistema de financiación de las comunidades autónomas, en concreto lo que
yo le venía a decir aquí, es a partir del 2001, nadie discute el sistema
hasta el 2001, no lo hemos hecho en ningún momento. Lo que le hemos dicho
es que para que lleguemos al 2001 hay que empezar ya.

Se ha extrañado de que yo dijera que el sistema no da para más. Es
nuestro convencimiento, para nosotros, para Cataluña, el sistema no da
para más; para nosotros, para el Gobierno de la Generalitat, que en este
momento gobierna en Cataluña, el sistema no da para más. Y si pudiéramos
charlar un rato, usted también se daría cuenta. Ha sido una mejora
tremenda la de 1996 respecto a la de 1993, pero el sistema no da para
más. Sólo redistribuye, continúa teniendo metido en el cálculo del coste
de las competencias transferidas el factor pobreza relativa, sólo
redistribuye, no aporta suficiente autonomía financiera --se lo decía un
interviniente esta misma mañana en este mismo debate--, da cosas como
esas absolutamente impensables o imposibles, que no se producen en ningún
otro lugar del mundo, y en este caso concreto en ningún otro lugar de la
Unión Europea, de que Cataluña, que como usted sabe está por debajo de la
media europea en cuanto a PIB, sea portadora neta de recursos a la Unión
Europea. Eso no ocurre en ningún país de Europa. No hay ni un sólo Land
alemán que, estando por debajo de la media que tienen algunos de renta,
sea portador neto a la Comunidad, aunque lo sea el conjunto del Estado
alemán, es un contrasentido. Eso comporta cosas que además usted
recordará que hemos tenido oportunidad de comentar previamente, cosas tan
imposibles de asumir por el propio sistema como el hecho de que en
Cataluña, por ejemplo, y por ser el tema que yo conozco, en la sanidad
nosotros tenemos que hacer frente a las inversiones sanitarias con los
fondos que nos vienen del sistema sanitario, mientras que otras
comunidades, como tienen acceso a fondos de objetivo 1 u otro tipo de
fondos, acuden con el presupuesto general en ayuda de la sanidad, en la
construcción de hospitales, o en la construcción de escuelas, me da lo
mismo; tienen otros ingresos. Cuando no se tiene una financiación propia
da una situación que, permítame que yo se lo diga así, aunque para usted
dé para más, para nosotros no lo da. Quede claro, el sistema para
nosotros no da para más. Pedimos que desde ahora se prepare ese 2001 y
tiene, le insisto, señor vicepresidente, un instrumento aprobado por
mayoría en esta Cámara, que, aunque no contara con el voto de su grupo,
le obliga a usted como Gobierno, que es el darnos información objetiva.

No se pide nada más. La información objetiva es la base para poder
discutir con ecuanimidad las cosas y para evitar que los demagogos de
turno --sean unos o seamos otros-- puedan hacer demagogia con ese tema
que, como usted sabe y lo ha sufrido también, se ha hecho y ya, por
cierto, demasiada.

Acabo ya, señor presidente, muchas gracias.

Señor vicepresidente del Gobierno, he intentado en mi exposición y ahora
en mi réplica, hacer lo que creo que corresponde como función y que es la
función del grupo parlamentario al que represento, de Convergència i
Unió: impulsar el trabajo del Gobierno en una dirección en la que no
podemos estar más de acuerdo. Esa es nuestra función, eso es lo que he
intentado decir, que a nuestro parecer deben conformar las prioridades



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de la acción política del Gobierno en el próximo futuro en el campo
económico, para consolidar aquello que, insisto, con el esfuerzo de todos
ya hemos conseguido, que es formar parte de esa Unión Europea, que,
vuelvo a decirlo, no es tanto una entidad económica como un objetivo
político de primera magnitud.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molins.

Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor Molins.

Con respecto a los temas que han quedado un poco abiertos en su segunda
intervención quisiera decir que, sobre decisiones locales, es indudable
que, si no tenemos consenso, la legislación vigente es la que es, pero
quiero insistir en que nuestra posición, aunque no es abrir este debate,
hubiera ido más lejos en la liberalización. En las autovías, las
reflexiones que ha hecho S. S. digamos que no es que las compartamos, es
que reflejan la realidad. En el año 1982 se tomó una decisión y eso ha
producido efectos, como no podría ser de otra manera, y las correcciones
que podamos plantear siempre serán correcciones.

El tema de las cotizaciones sociales es un tema muy importante y quisiera
que no simplemente se valorara como una política sectorial o limitada y
que invirtamos 112.000 millones en fomentar el empleo estable, es que eso
es un punto del conjunto de las cotizaciones. En vez de fomentar el
empleo estable, simplemente con eso, reduciríamos un punto las
cotizaciones, lo cual es una cifra muy importante. A partir de ahí,
quisiera poner de relieve que para avanzar en esta dirección hay que
tener en cuenta los equilibrios financieros de la Seguridad Social, hay
que tener en cuenta el Pacto de Toledo y los compromisos que ahí tenemos,
y hay que tener en cuenta que no podemos avanzar de manera
indiscriminada. No todos los regímenes son iguales y, por tanto, tenemos
que buscar el equilibrio financiero no sólo del conjunto, sino también de
los subregímenes, de manera que al final tengamos un sistema más saneado,
que es lo que creo que todos pretendemos, y al mismo tiempo podamos tomar
medidas que reduzcan la presión de los costes no salariales en el empleo,
en lo que coincido con S. S.

Sobre la justicia coincido en las apreciaciones, sabe que el Gobierno
está trabajando en una reforma de las leyes mercantiles e indudablemente
nos gustaría que esta reforma pudiera hacerse realidad en el menor tiempo
posible. Coincido en la necesidad de que, junto a la competitividad de
los mercados, tengamos la competitividad del sistema mercantil y del
funcionamiento que da garantías y seguridad jurídica a los ciudadanos.

En la financiación autonómica, señor Molins, estoy convencido de que de
aquí al 2001 tengo mucha más confianza en los Parlamentos autonómicos que
en pensar que no vamos a aprender mucho de lo que van a darnos ellos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor
Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor presidente, señorías, señor
vicepresidente del Gobierno, desde que la política presupuestaria ha
tomado el relevo a la política monetaria como instrumento de política
económica, los Presupuestos Generales del Estado han adquirido un grado
de protagonismo mucho mayor. A partir del Programa de Convergencia de
Maastricht, todos los países de la Unión Europea intentamos ajustar las
políticas presupuestarias con el fin de cumplir con los objetivos de
convergencia y poder acceder de esta forma a la Unión Monetaria. De ahí
la importancia de establecer una política presupuestaria adecuada que
conjugue la situación económica con los intereses de la sociedad y con el
objetivo de integración en la moneda única. Todo ello se traduce, en
definitiva, en un objetivo de convergencia real con los países más
adelantados de Europa. Además, la pertenencia a la Unión Monetaria
impone, a través del Plan de Estabilidad, una disciplina presupuestaria
que obliga a controlar el déficit público en una banda de fluctuación del
tres por ciento. Esto hace necesario elaborar una política presupuestaria
restrictiva. A partir de ahora, todos los gobiernos integrados en la
Unión Monetaria tendrán un margen de maniobra más limitado en la
elaboración de sus cuentas públicas. Es, por tanto, absolutamente
necesario preparar un sistema económico que equilibre austeridad
presupuestaria con crecimiento económico. Es necesario un sistema
económico que aproveche la previsible bonanza de la economía para
establecer las reformas estructurales necesarias, de forma que la demanda
de empleo reduzca drásticamente la tasa de paro. Estas deben ser las
variables y los objetivos en que deben moverse los Presupuestos Generales
del Estado.

Hace un año por estas fechas estábamos debatiendo los presupuestos que
algunos entendíamos eran excesivamente optimistas. Ni los analistas
económicos más prestigiosos, ni instituciones nacionales o
internacionales preveían un crecimiento económico del 3 por ciento del
producto interior bruto para el año 1997. Hoy podemos adelantar que este
índice se sobrepasará al final del año. Lo mismo podíamos decir del
control del déficit público y de la inflación. Sólo en un parámetro hemos
acertado de las previsiones que ya habíamos hecho hace un año,
desgraciadamente en el más importante: en el mantenimiento de las tasas
de desempleo.




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En ese sí hemos acertado. Con un crecimiento de previsión superior al 3
por ciento en 1997 y 1998, no somos capaces de reducir la tasa de
desempleo más que en 2,7 puntos, manteniendo un diferencial con la media
europea que todavía se acerca al doble. Tenemos presupuestada una tasa de
desempleo del 19,5 por ciento para 1998. Esta es nuestra asignatura
pendiente, y sigue estando pendiente. A pesar de que los presupuestos
destinan 473.000 millones a las políticas activas de empleo, esa cifra
tan sólo representa el 1,55 por ciento del presupuesto total consolidado.

Se prevé que la ocupación aumente con una creación de 318.000 puestos de
trabajo, aproximadamente, para el año 1998. Sin embargo, aun siendo
importante, no es suficiente. No queda más que confiar en la iniciativa y
talante negociador de los agentes sociales y en la capacidad del Gobierno
para profundizar en las reformas del mercado de trabajo. En este punto no
está de más analizar las claves que han permitido llegar a la situación
económica actual, entre otras cosas porque de este análisis podemos sacar
las enseñanzas sobre los parámetros en que debe desenvolverse la política
económica y presupuestaria.

En primer lugar, la economía española ha salido de una profunda crisis
que ha provocado importantes ajustes en las plantillas de las empresas,
acompañado de una moderación salarial de los últimos años. Esto, unido a
las devaluaciones de la peseta , ha posibilitado un incremento
considerable del nivel de competitividad empresarial. En segundo lugar,
la desaparición de la crispación política con el adelanto de las
elecciones generales y la conformación de una mayoría parlamentaria
estable, basada en los pactos con los nacionalistas. En tercer lugar, a
la paz política se ha sumado la paz social, producto de los acuerdos
sociolaborales alcanzados entre el Gobierno y los agentes sociales. En
cuarto lugar, la influencia de un contexto económico internacional y el
buen comportamiento de los mercados emergentes, dentro de una economía
globalizada y fuertemente interrelacionada. En quinto lugar, una buena
dirección de la política presupuestaria, apostando claramente por el
cumplimiento del programa de convergencia, que asegura la entrada en la
Unión Monetaria y el esfuerzo de consolidación fiscal que ha permitido el
control del déficit público, la inflación y la bajada de tipos de
interés. Finalmente, el impacto, bien es cierto más de forma que de
fondo, de las medidas desreguladoras y liberalizadoras de los sectores
monopolistas que están dando confianza a los mercados de capitales y
animan la inversión y el consumo.

Hoy, por lo tanto, el debate presupuestario se desarrolla en un marco
económico mucho más optimista. Si hace un año existían dudas sobre la
posibilidad de la economía española de cara a cumplir con los criterios
de convergencia, en estos momentos la propia Comisión Europea nos sitúa
entre los Estados con mayor probabilidad de entrar en el euro. Si hace un
año se elaboraban unos presupuestos en una situación de incertidumbre, de
imperiosa necesidad de ajuste y consolidación fiscal, de necesidad de
reformas estructurales de nuestra economía, estos presupuestos para 1998,
con un panorama mucho más optimista, tampoco deben estar exentos de
mantener la austeridad de las cuentas públicas, la consolidación fiscal y
de seguir profundizando en reformas estructurales. Si no aprovechamos los
momentos de bonanza económica, perderemos la mejor ocasión para conseguir
una economía competitiva que consolide un crecimiento económico duradero
y estable, un crecimiento económico que demande puestos de trabajo.

¿Cumplen estos presupuestos con tales fines? ¿Van en la dirección
correcta en un año en que se va a producir la integración en la moneda
única? En términos generales podemos afirmar que sí, pero dicho esto,
también debemos señalar que no aprovechan suficientemente la actual
coyuntura para consolidar nuestra economía. Me van a permitir, señor
vicepresidente, señorías, que haga referencia a ciertas cuestiones y a
algunas medidas relacionadas con el capítulo de ingresos y con la
política de gastos.

Por lo que se refiere a los ingresos, quisiera destacar las buenas
previsiones de cierre del ejercicio actual que, según estimaciones del
Gobierno, va a alcanzar el 103,2 por ciento de lo presupuestado, es
decir, se va ingresar 3,2 puntos más de lo previsto. Sin embargo, no se
está aprovechando de forma adecuada este crecimiento, que debería
dirigirse hacia un mayor control y contención del déficit público y no
hacia un incremento de gasto. Para este ejercicio se va a contar con un
menor ingreso patrimonial por privatizaciones, puesto que en el año 1997
se va a ingresar aproximadamente un billón de pesetas por este concepto,
frente a los 400.000 millones que estaban previstos. Y para 1998 se
estima en un 8 por ciento menos de lo presupuestado para este año. Por
cierto, no está muy claro cuál va a ser el juego contable del excedente
ingresado. Por lo menos a mí me gustaría conocer en qué ejercicio se va a
imputar ese excedente del incremento de ingresos por privatizaciones. ¿En
1997, en 1998? ¿Cómo se va a efectuar contablemente ese excedente
presupuestario? También se ingresará menos por tasas y precios públicos
al disminuir los ingresos por prima de emisión de deuda pública, a pesar
del incremento del 6 por ciento de las tasas. El total de ingresos crece
sobre la previsión de liquidación de este año, pero lo hace por debajo de
la recaudación tributaria, que crece más, un 5,7 por ciento frente al 3,8
que crecen los ingresos sobre la previsión de liquidación; el 5,7 por
ciento que, en el fondo, es muy parecido al producto interior bruto
nominal al no existir un incremento de presión fiscal. Efectivamente,
creo que no existe un incremento de presión fiscal global, puesto que los
aumentos de tasas, primas de seguros, impuestos especiales y algunas



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retenciones de profesionales autónomos y miembros de los consejos de
administración se compensan con los descensos de recaudación por
deducciones familiares, mejoras en la fiscalidad de los fondos de
pensiones y de los fondos de inversión. En definitiva, se aprecia una
traslación, a nuestro entender, de la imposición directa hacia la
indirecta, dado que los impuestos directos crecen un 2,7 por ciento
frente al crecimiento del 9,5 de los impuestos indirectos. Conclusión: se
deberían aprovechar los excedentes de ingresos presupuestarios en el año
1997 para una mayor consolidación fiscal, y nos parece excesivamente
prudente la estimación de ingresos en 1998 con la perspectiva de
crecimiento económico que parece que se va a producir.

En cuanto al gasto, éste va a aumentar por encima de la inflación un 3,2
por ciento. Sin embargo, hay margen para reducir el gasto, puesto que
sólo disminuye el capítulo que se refiere al pago por intereses y gastos
financieros, creciendo los demás capítulos de gasto por encima de la
inflación. En cualquier caso, el presupuesto no refleja el crecimiento
total del gasto, ya que al integrarse en la SEPI todas la empresas
públicas en pérdidas, se eliminan del presupuesto las transferencias del
Estado a las mismas, que se financian con los beneficios obtenidos por
las privatizaciones. La previsión de liquidación de gasto del año 1997 es
superior al presupuesto inicial, alrededor de 89.600 millones de pesetas,
y el Gobierno continúa sin tomar medidas estructurales para mitigar el
gasto público. Las medidas tomadas, como la congelación salarial de los
funcionarios en el año 1997 o la ruptura del vínculo entre empresas
públicas deficitarias y el presupuesto, sustituido por la cesión de
avales por parte del Estado, no se puede considerar que sean reformas
estructurales. Bien es cierto que el déficit se presupuesta por debajo
del objetivo de este año. Incluso es un objetivo más ambicioso que el
acuerdo del Pacto de Estabilidad. Sin embargo, los ahorros obtenidos como
consecuencia del menor gasto producido son ajenos a políticas
presupuestarias intencionadas. Se puede decir, en definitiva, que el
presupuesto podría haber sido más restrictivo. Además, el incremento de
gasto en sanidad y educación pone en peligro el objetivo de consolidación
fiscal, ya que es un gasto que se va a afianzar y habrá problemas para
financiarlo en momentos en los que el ciclo económico no sea tan
expansivo como el actual y los ingresos por privatizaciones y dividendos
desaparezcan. Luego, cuidado con este capítulo.

También la necesidad de converger en tipos oficiales con Alemania va a
implicar que la política monetaria sea más expansiva de lo que el ciclo
económico aconseja. Con lo cual se producirán tensiones inflacionistas
que pueden ralentizar el crecimiento de la economía. Mientras que los
países más desarrollados incrementan los tipos de interés, el Banco de
España los reduce, lo cual es necesario para la economía productiva e
inevitable, puesto que, con la Unión Económica y Monetaria, como todos
ustedes saben, el diferencial de los tipos de interés debe equilibrarse.

Otro factor que puede calentar los precios es el incremento de los
capítulos de gasto que los presupuestos provocan en el consumo público y,
por efecto inducido, en el consumo privado, a lo que hay que añadir el
riesgo inflacionista de los incrementos salariales reales por encima de
la inflación. Todo ello es lo que nos hace afirmar, como he dicho antes,
que los presupuestos deberían haber sido más restrictivos.

Para conseguir materializar sus políticas, fundamentalmente la política
de ingresos, el Gobierno presenta un conjunto de medidas de carácter
tributario, tanto en el proyecto de ley de presupuestos como en el de
acompañamiento, de las que cabe formular una crítica genérica, más por su
cantidad que por su calidad. Señor vicepresidente, con el ritmo de
modificaciones que está imponiendo el Gobierno, no va a haber forma de
conocer nuestro sistema tributario, a pesar del incremento de confusión y
la pérdida de seguridad jurídica que ello conlleva.

Por ejemplo, se introducen modificaciones sustanciales en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas: reducción y deflactación de las
tarifas, reformas importantes y adecuación de la deducción por
descendientes, aumento de exención de pago de prestaciones por desempleo,
ampliación de límites para aportaciones a planes de pensiones, corrección
de deducciones por rendimiento de trabajo y, como novedad más relevante,
la creación de un nuevo régimen de estimación directa simplificada para
actividades empresariales y profesionales, del que poco sabemos todavía,
pendiente de desarrollo reglamentario. Todo ello en un momento en que, al
parecer, el Gobierno está preparando una reforma global del impuesto. Al
final, nos podemos encontrar con que no haya nada que reformar en el
impuesto sobre la renta porque ya esté todo reformado debido a que el
Gobierno lo ha modificado parcialmente en siete leyes distintas. Eso sin
contar con las posibles discrepancias que existan en las medidas que
ahora se van a adoptar y que veremos en el debate parlamentario de los
presupuestos.

Lo mismo ocurre con el Impuesto sobre el Valor Añadido. Es mejor
plantearse una reforma, a un plazo determinado, de los aspectos en los
que el Estado tiene capacidad para tomar decisiones sobre el mismo, que
son muchos. Cuestiones como el encaje del sector público en el impuesto,
determinadas exenciones, el tratamiento de las subvenciones, las
exclusiones y limitaciones del derecho a deducir, los regímenes
especiales, todo esto compone un cuadro que puede ser objeto de
reflexión. El propio Impuesto sobre Sociedades está siendo reformado en
demasiadas ocasiones.

En definitiva, en materia tributaria, se están aprobando medidas que
necesitan mayor maduración. De



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hecho, en los presupuestos que ahora debatimos, nos encontramos con
modificaciones de medidas aprobadas en los presupuesto anteriores. En
materia tributaria es preciso no crear confusiones; es preciso
salvaguardar la seguridad jurídica. El contribuyente tiene que conocer
con certeza, como un elemento más en su toma de decisiones, cuáles son
las implicaciones tributarias de las mismas. Y no solo ello, debe tener
la certeza de que no van a producirse cambios a posteriori que le
afecten.

Señorías, he tratado de resaltar de forma muy sintética aquellos aspectos
que me parecen más destacables de estos presupuestos generales para el
próximo año. Habrá oportunidad de mejorarlos a través de los trámites
parlamentarios, sobre todo la distribución territorial de las
inversiones. En términos globales, son unos presupuestos correctos aunque
insuficientes; insuficientes como instrumento de política económica desde
la perspectiva de las necesidades de la economía española. Si no se
profundiza en la liberalización del sector servicios; si no se continúa
con reformas del mercado laboral y del sistema de la Seguridad Social; si
no se reforma y establece un sistema privado de previsión social
complementaria; si no se reforma la sanidad y el sistema sanitario
buscando su financiación equilibrada; si no se reforma el sistema
tributario; si no se acomete una reforma paulatina y decidida de la
Administración pública, difícilmente se conseguirá alcanzar una economía
competitiva y creadora de empleo.

Desde el Grupo Parlamentario Vasco, señor vicepresidente del Gobierno,
queremos contribuir a conseguir estos objetivos. Por eso desde nuestra
responsabilidad, una responsabilidad que pretende mantener la estabilidad
política, que pretende dar confianza a los mercados, dar confianza a las
empresas y a los trabajadores, en definitiva, dar confianza a toda la
sociedad, desde esa responsabilidad, entendemos que estos presupuestos no
pueden ser devueltos al Gobierno y más en un momento histórico como es el
que vamos a tener con la entrada en la Unión Económica y Monetaria.

Pero que no se nos interprete mal, ni por unos ni por otros. Nuestra
responsabilidad política tiene que ser correspondida con la
responsabilidad política del Gobierno y del partido que lo representa.

Esta se producirá cuando se completen los compromisos adquiridos en esta
legislatura. No admitiremos que se cuestione el pleno y leal desarrollo
del Estatuto de Gernika, refrendado por el pueblo vasco a través del
documento aprobado por el Parlamento vasco el 20 de octubre de 1995 y
comprometido por el presidente del Gobierno en el pacto de investidura.

No admitiremos ni recortes ni limitaciones; no admitiremos retrasos
premeditados ni desvíos hacia vías muertas, porque el Estatuto de Gernika
no está muerto, a pesar de que algunos lo vean así. Algunos que, por
cierto, se mueven más por intereses partidistas, interesados, que
analizan el desarrollo del estatuto con una visión negativa, sin
reconocer los logros conseguidos, criticando desde ciertas atalayas
privilegiadas, sin involucrarse con su esfuerzo y su labor responsable en
el objetivo común de conseguir el máximo desarrollo del Estatuto vasco. A
estos tenemos que demostrarles que el estatuto no está muerto. No lo
olviden, señores del Gobierno, porque pueden comprometer no sólo la
palabra dada por su presidente, sino la propia estabilidad parlamentaria.

Espero que esto no ocurra porque creo en su responsabilidad y en el
cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.

Señor vicepresidente del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.

Señor Zabalía, muchas gracias por su intervención y por el tono de la
misma. También quiero agradecer su indicación final respecto al respaldo
a los presupuestos, que efectivamente se producen en un momento
históricamente decisivo para la historia española y también para el
proceso de intregración europea.

Las reflexiones que ha hecho S. S. sobre el protagonismo de la política
presupuestaria están plenamente ajustadas, porque probablemente uno de
los grandes cambios de política económica que vivimos en estos momentos
es el convencimiento por parte de las sociedades modernas de que sólo a
través de una política presupuestaria que garantice los equilibrios
podemos generar empleo y crecimiento o crecimiento y empleo, que
probablemente es el orden más adecuado. Las épocas en las que se pensaba
que una política presupuestaria podía ser siempre compensada por una
política monetaria o incluso, como sucedió en nuestro país, los momentos
en los que se creía que la financiación exterior de una economía no tenía
límite, han dado paso a decepciones muy profundas con un gran coste
social y económico, y hoy el mundo, no sólo Europa, no sólo la OCDE,
camina en una nueva dirección de las políticas económicas. Reducción del
déficit público, liberalización de mercados, desregulación no son sólo
frases o políticas que se utilizan en Europa, sino que en este momento
están definiendo el conjunto de las políticas de la mayor parte de los
países que integran el Fondo Monetario Internacional, y creo que vamos a
ver en los próximos años todavía un mayor incremento de este tipo de
políticas y de planteamientos que coinciden con un fenómeno mundial como
el de la globalización.

En ese sentido --y esta mañana surgía en el debate--, la convergencia
económica que se está produciendo en Europa, el hecho de que hoy,
efectivamente, podamos comprobar cómo economías que hace tan sólo unos
años se encontraban en posiciones realmente



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divergentes coinciden hoy en tasas de inflación y en niveles de déficit
público, nos indica hasta qué punto no sólo estamos en el camino
adecuado, sino que tenemos que continuar y perseverar en él porque otros,
que son nuestros socios pero también nuestros competidores, están
haciendo las cosas al menos tan bien o mejor que nosotros. En ese sentido
tenemos que hacer claros esfuerzos, vuelvo a repetir, en una sociedad
como la española, que está aceptando claramente los retos y que está
dispuesta a protagonizar un intenso proceso de cambio, y esta Cámara debe
liderar ese proceso de cambio.

Creo que el voto a estos presupuestos indica un voto más allá de las
medidas concretas que en ellos se contienen, aunque, desde luego, dichas
medidas respaldan estas afirmaciones. Es sobre todo un voto en la
confianza de resolver los problemas que hoy la sociedad española tiene
ante sí y que tienen mucho que ver con la competitividad, con la
globalización de la economía y con una respuesta nueva y flexible ante
las oportunidades que se nos ofrecen.

El pacto de estabilidad que ha mencionado S. S. nos indica claramente que
en el contexto en el que nos vamos a ver inmersos a partir del 1 de enero
de 1999, la política presupuestaria tendrá un protagonismo creciente en
las relaciones europeas, y todo el debate que surge alrededor de eso, en
cuanto a la coordinación de políticas económicas, señala hasta qué punto
la interrelación que se va a producir entre los países que estén en una
moneda única va a ir más allá de las simples decisiones de política
monetaria.

Ha dicho S. S. que en el contexto del cuadro macroeconómico sólo hemos
acertado en un parámetro. No coincido con su señoría. Es verdad que
numéricamente S. S. puede encontrar que sólo hemos acertado en un
parámetro, pero la apuesta del Gobierno para 1997 es que ése sería el año
en el que la demanda interna tomaría el relevo, si se me permite esa
expresión, en el crecimiento económico. Y así se ha producido. La demanda
interna está aumentando en este momento considerablemente en nuestro
país, con un incremento creciente de la inversión; el índice de
producción industrial del pasado mes de agosto es casi el doble del
logrado en el mes de junio. Por tanto, estamos ante un nivel intenso de
crecimiento como consecuencia de la inversión y del consumo, pero se está
produciendo un fenómeno que, indudablemente, debe sorprendernos y, sobre
todo, debe hacernos meditar, que es el de la contribución al crecimiento
del sector exterior o, dicho de otra manera, la pujanza y competitividad
de nuestras exportaciones o, dicho de otra manera, la capacidad de
nuestras empresas industriales para competir en los mercados
globalizados. Ese fenómeno es una sorpresa muy agradable. Darnos cuenta
de que además de las previsiones macroeconómicas que están basadas en
experiencias de ciclos anteriores y en las previsiones de futuro, nos
encontramos con un sector privado industrial y comercial mucho más
pujante, con mucha más capacidad de reacción ante la globalización de la
que podíamos haber previsto, nos indica que el camino de la
internacionalización de la empresa, de la reforma de la economía y de la
confianza en el tirón que deben dar las empresas españolas en el desafío
internacional nos debe llevar a plantearnos políticas que cada vez
amplíen más las posibilidades del sector privado y de la
internacionalización de nuestras empresas.

Desde el punto de vista de la reducción de la tasa de paro, vamos a
reducir la tasa de paro en España entre los años 1996, 1997 y 1998 en 2,7
puntos. Es una reducción importante si se tiene en cuenta nuestra tasa de
actividad. España tiene un mercado laboral complejo, porque es un mercado
laboral con una alta tasa de paro y , además, con una baja tasa de
actividad, lo cual hace que cada vez que el mercado laboral se reactiva,
el número de personas desanimadas que cambian de opinión y quieren
encontrar trabajo, hace que la tasa de paro se reduzca con más lentitud
que en otros lugares. Esto es positivo, porque estamos logrando que se
incorporen al sistema productivo personas que por distintos motivos se
encontraban desanimadas o en la economía sumergida. Es más, hemos de
entender que una reducción de la tasa de paro en España, en un momento en
el que la tasa de paro de nuestros principales competidores europeos no
se reduce, nos indica que tenemos un camino por el que continuar y
perseverar. Vuelvo a insistir en que las reformas no se han agotado ni se
van a agotar con facilidad. Un proceso de reformas continuas y gradual es
lo que, en este momento, demanda la sociedad española y es la respuesta
que debemos dar a un proceso económico de internacionalización y
globalización.

Dice S. S. que los presupuestos de 1998 no aprovechan totalmente la
coyuntura. A mí me gustaría que ese juicio lo pudiéramos ir comprobando a
lo largo de los próximos meses porque, respecto a 1997, está obligado por
el artículo 10.5 de la Ley de presupuestos del año 1997 a que el aumento
de ingresos en términos de contabilidad nacional se aplique a la
reducción del déficit, y eso es lo que hemos hecho. Tenemos un aumento de
ingresos en contabilidad nacional de una décima y hemos reducido el
déficit público en una décima, del 3 al 2,9. Ese artículo es una
propuesta del proyecto de ley de presupuestos que, si se produce mañana
el rechazo de las enmiendas de totalidad, podrá ser debatido por esta
Cámara. Ese artículo nos obliga a que el aumento de ingresos se traslade
a la reducción del déficit y lo vamos a hacer así en 1998, como lo hemos
hecho en 1997.

Las privatizaciones de 1998 se contabilizan en 1998 y las de 1997 en
1997, y las que provienen del sector público estatal se aplican en la
reducción de deuda. Lo he dicho varias veces e insisto en ello: estamos
saneando el futuro de presupuestos venideros a base de reducir, en este
momento, la carga de deuda y permitir que otros presupuestos en el futuro
no tengan que asumir



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las cargas de intereses que nosotros estamos asumiendo. Si a eso añadimos
que el efecto de la reducción de tipos de interés todavía no se ha
trasladado en 700.000 millones al presupuesto, que será el efecto a lo
largo de los años, según vayamos amortizando deuda que está a unos
determinados tipos de interés y estará a otros nuevos cuando se amortice,
desde el punto de vista de tipos de interés, los efectos van a ser
duraderos. Es indudable que se reduce el gasto público por encima de lo
que se reducen los tipos de interés, puesto que nos encontramos no con un
déficit, sino con un superávit primario y, por lo tanto, la diferencia
entre ingresos y gastos, sin tener en cuenta los intereses, es positiva a
favor de los ingresos. Esto indica claramente que no estamos sólo ante
una reducción del déficit como consecuencia de la caída de tipos de
interés, sino también ante una corrección del crecimiento de los gastos
de funcionamiento del Estado y, vuelvo a insistir, en que el consumo
público crece muy por debajo de lo que crece el consumo privado, un
tercio en concreto. (El señor vicepresidente, López de Lerma i López,
ocupa la Presidencia.) Los impuestos indirectos crecen como consecuencia
del aumento del consumo y también --desde el punto de vista no de
contabilidad nacional sino de contabilidad presupuestaria-- como
consecuencia de que los impuestos directos han tenido en 1997 unas
evoluciones distintas de las previstas, primero, por la caída de los
tipos de interés y su repercusión en las rentas del capital y, segundo,
como consecuencia de la nueva tarifa de retenciones, que ha dejado fuera
de las mismas a 300.000 españoles en el año 1997, con efectos indudables
en la recaudación de caja del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

Dice S. S. que los gastos crecen por encima de la inflación; sí, pero lo
hacen notablemente por debajo del crecimiento de la economía y, por lo
tanto, estamos dentro de lo que podríamos denominar círculo virtuoso.

Tenemos una economía que crece por encima de los precios en términos
reales y tenemos un gasto público que crece por debajo de la economía, y
por ahí se produce una reducción del peso del gasto público en la
economía que augura futuros márgenes presupuestarios más amplios, como
consecuencia de la reducción del peso del gasto público en el conjunto de
la renta nacional.

Los efectos de la financiación de las empresas públicas en el presupuesto
se adaptan, y se han adaptado siempre, a las reglas de Eurostat. No es
posible hacer la asunción de deudas en este momento, salvo que se aplique
directamente al déficit y, por lo tanto, hay una nueva definición de la
relación entre privatizaciones, asunción de deuda y financiación del
sector empresarial público que responde a las necesidades que nos vienen
impuestas. Sin embargo, no hay un cambio desde el punto de vista
económico, porque las privatizaciones las vamos a aplicar y las estamos
aplicando en el caso de la industria pública, a la reducción que en el
año 1999 será total de la deuda histórica del INI, y a la externalización
de las cargas que provienen de reconversiones industriales en los
ejercicios del proceso de reconversión industrial.

Gastos de sanidad y educación. Su señoría apunta a que los incrementos en
sanidad y educación no serán sostenibles. Yo no estoy de acuerdo. Creo
que los pactos que se firmen en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera serán acuerdos, por un lado necesarios para garantizar el
crecimiento del gasto sanitario a ritmos que satisfagan a la sociedad
para aumentar esa financiación y también para tener en cuenta la
evolución de las restricciones presupuestarias en el futuro.

Desde el punto de vista de la política monetaria, S. S. ha planteado un
tema muy importante y muy interesante: el calendario de convergencia con
Europa indica que los tipos de interés en España se reducen y que al
mismo tiempo se está produciendo una coincidencia de esa política
monetaria de reducción de tipos de interés con un aumento del crecimiento
económico y de la demanda interna. Pero yo quisiera poner de relieve que
los tipos de interés reales en España no se han reducido, sino que han
aumentado y que, por tanto, estamos yo creo --y ésta es una cuestión que
depende del Banco de España--, ante un claro papel positivo de la
autonomía del Banco de España y de la política monetaria, lo que también
se demuestra al comprobar que el objetivo de inflación del 2 por ciento
previsto por el Banco de España para finales de 1998, es una realidad ya
a finales de 1997.

Es verdad que el tema de los precios es muy importante y que el Gobierno
es y será vigilante en todos los aspectos que tiene competencia o
capacidad, ya sean los acuerdos que pueden vulnerar la competencia, los
precios regulados, la desregulación de sectores, el crecimiento de los
servicios o nuestras recomendaciones en la evolución de los salarios y
nuestra propia posición en la evolución de los salarios que dependen de
negociaciones en las que somos parte.

En cuanto a la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, S. S. ha dicho primero que estamos haciendo la reforma antes de
que llegue 1998 y después nos ha dicho que es importante hacer la
reforma. Yo creo que a la reforma le queda mucho por hacer en 1998 y lo
podremos comprobar en la ley. Lo que principalmente hemos hecho ha sido
simplificar la tarifa, hemos bajado de 16 tramos a ocho, lo cual nos
parecía razonable, primero porque la simplificación de tramos era un
anticipo de la reforma del IRPF que nos permitía mejorar la situación de
las rentas más bajas, de ahí los 300.000 españoles que han dejado de
tener retenciones en 1997, pero por otro lado también porque una
reducción de 16 a 4 ó 5 tramos podía ser excesiva para realizar en un
sólo momento. Es indudable que temas, probablemente los más importantes,
quedan todavía en la definición del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, como también un tratamiento homogéneo del ahorro, y
todos esos debates van a ocupar, espero, gran atención por parte de SS.

SS. en el próximo período de sesiones.




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No cabe duda de que si queríamos reactivar la economía y activar el
empleo teníamos que llevar a cabo urgentemente una activa política
tributaria y financiera en beneficio de las pequeñas y medianas empresas.

Hubiera sido imposible que se hubiera producido una mejora de la
confianza, de las expectativas y del empleo en España sin un cambio de
política de pequeñas y medianas empresas, y eso teníamos que anticiparlo
en cualquier caso.

También hemos entendido que, ante las opciones que se nos podían ofrecer
en la política tributaria para el año 1998, el respaldo a la familia era
una prioridad que merecía la pena atender. En cualquier caso, creo que
tendremos motivos suficientes para trabajar, desde el punto de vista de
la reforma tributaria, en el futuro Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

Señor presidente, señor Zabalía --y ya termino--, en cualquier caso, yo
creo que valoroen lo que vale, y mi grupo lo hace como también el
Gobierno, el respaldo que ustedes, como otros grupos parlamentarios,
otorgan a estos presupuestos. Creo que hemos hecho un esfuerzo
considerable en el último año y medio en beneficio de los ciudadanos que
es reconocido por la sociedad, que es reconocido por los ciudadanos y que
está dando a España la oportunidad, que hace poco tiempo parecía difícil
si no imposible, de formar parte de una Europa unida monetariamente a
principios del año 1999. Esa oportunidad ha merecido la pena, como creo
que merece la pena asentar las bases para que esa presencia de nuestra
economía y de nuestro país en la Unión Económica y Monetaria otorgue a la
sociedad española y, sobre todo a los ciudadanos, las mejores
oportunidades de prosperidad y de empleo.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda.

El señor Zabalía tiene la palabra.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro y vicepresidente del Gobierno, creo que usted en la
réplica prácticamente ha hecho un análisis de la situación económica que
yo había adelantado. Entiendo que no nos guste cuando decimos que de
todos los parámetros que habíamos previsto el año pasado sólo hemos
acertado uno; pero mírelo desde un punto de vista objetivo. No pensábamos
que íbamos a crecer tanto; yo creo que no pensábamos que íbamos a crecer
tanto. Veíamos difícil el control del déficit público hasta la tasa a que
hemos llegado. También teníamos problemas para controlar la inflación,
por lo menos que tuviésemos una inflación ya consolidada o en una
tendencia que creemos se estaba controlando.

Todos esos parámetros macroeconómicos hace un año no estaban tan claros.

Sí estaba claro el año pasado cuál iba a ser la tasa de desempleo este
año, eso estaba claro; y este año también está claro cuál va a ser la
tasa de desempleo del año que viene. Este es el grave problema que
tenemos; éste es el grave problema de nuestra economía. Nosotros aquí
podremos dar todas las explicaciones que queramos, pero con una economía
como la que todos estamos reconociendo que tiene una senda de crecimiento
como ésta, donde todos los estamentos internacionales y europeos nos
ponen casi como ejemplo de política económica o de economía y vamos a
entrar en una situación mejor que ninguno o de los primeros en la Unión
Monetaria, cosa que teníamos en duda hace un año, la sociedad hoy se
pregunta: ¿cómo en esta situación podemos estar reduciendo la tasa de
desempleo un punto todos los años? Eso es lo que llevamos reduciendo
desde aproximadamente el año 1991, es decir, un punto cada año. Si sólo
reducimos un punto de la tasa de desempleo, ¿cuántos años necesitamos
para llegar a la media europea, es decir aproximadamente al 10 por
ciento? ¿Qué nos queda todavía? ¿Nueve años y, además, de bonanza
económica? Esa es mi pregunta, es el problema que la sociedad se está
planteando en estos momentos. Vamos muy bien, estamos controlando todos
los parámetros, estamos creciendo más de lo previsto, pero seguimos con
este problema, seguimos reduciendo únicamente un punto al año la tasa de
desempleo, que el año que viene será del 19,5 por ciento. Si cogemos las
estadísticas comparativas de todos los países en donde aparecen los
parámetros macroeconómicos, ahí destaca siempre el nuestro: 19,5 por
ciento. Ese es el problema, y es un problema de todos. Yo no estoy
buscando aquí responsabilidades, es un problema de todos, pero
fundamentalmente es un problema del Gobierno, y ahí es donde tenemos que
atacar.

Por tanto, no podemos dejar exclusivamente en manos del crecimiento
económico la solución del problema del desempleo. Algo más tendremos que
hacer. Desde luego, está claro que debemos ir por la senda de las
reformas estructurales; ésa parece la solución. Parece ser que todavía
hay que avanzar mucho más en las reformas del mercado laboral. Se están
tomando medidas, pero ¿esas medidas son suficientes? ¿Se está avanzando
suficientemente en la reforma del mercado laboral?
Hablaba antes de la reforma del sistema tributario. Indudablemente
estamos reformando ya tantas veces el Impuesto sobre la Renta que poco
tiene que reformarse, pero cuando me refiero a la reforma del sistema
tributario quiero decir que hay que establecer un sistema tributario
coherente, que no se puede ir reformando paulatinamente, año por año y de
forma parcheada. Debemos tener claro el sistema tributario que debe tener
el Estado. Tiene que haber una coordinación entre el Impuesto sobre la
Renta y el Impuesto sobre Sociedades y tiene que haber una coordinación
con el Impuesto sobre el Valor Añadido, y todo esto no se puede hacer
modificando todos los años, a través de diversas leyes ciertos impuestos
o los impuestos directos e indirectos más importantes. Todavía falta la
reforma de la Ley General Tributaria, que nos está obligando a tener otra
ley que ayer se vio en comisión, la de derechos y garantías del
contribuyente. ¿Por qué? Porque



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no estaba reformada la Ley General Tributaria. Si ya estuviese reformado
el Impuesto sobre la Renta, si tuviésemos reformado el Impuesto sobre el
Valor Añadido, si tuviésemos reformada toda la estructura tributaria, no
necesitaríamos estar permanentemente con modificaciones y medidas
tributarias. A eso me refiero, y es lo que se necesita para dar
credibilidad y estabilidad a los mercados. Por eso es importante este
tema.

Me he referido antes a los gastos de sanidad y educación. Lógicamente
todos estamos deseando tener la mejor educación y la mejor sanidad,
indudablemente; pero digo: ojo con establecer un sistema que llegue a una
situación de financiación que no esté suficientemente controlada, porque
son gastos estructurales. Lo que hoy establecemos como sistemas sanitario
y educativo, no es algo que podemos reformar el día de mañana
disminuyendo gastos en estas partidas, no lo podemos hacer, por tanto
debemos ser conscientes de que estamos creando unos sistemas que el día
de mañana, si el ciclo económico es depresivo, van a tener también
suficiente financiación y, ¿qué hay que hacer? Montar ahora un sistema de
financiación del sistema sanitario y educativo que parece no está
suficientemente claro. Estos son los aspectos que yo antes he apuntado y
lo he hecho como una reflexión. Vuelvo a incidir en algo que es el
fundamento de todo: que consigamos una economía que cree puestos de
trabajo. Ese es el verdadero reto que tenemos. Para conseguir una
economía que cree puestos de trabajo no podemos quedarnos satisfechos al
decir que vamos a crear 350.000 puestos de trabajo, la media de lo que
van a crear los países europeo. Tengamos presente que nuestras tasas son
mucho mayores, casi el doble, y ahí es donde tenemos que trabajar. Si no
logramos ese objetivo no podemos trasladar este optimismo de crecimiento
económico a la sociedad; no podemos trasladarlo. Esta es la asignatura
pendiente, el grave problema que tenemos y sobre el que debemos trabajar.

Por eso decía: trabajemos sobre las reformas estructurales que se
necesitan, y las reformas estructurales --sobre las que no me ha dicho
nada--, llevan consigo también las reformas de la Administración pública.

Ahí también hay que trabajar; es un difícil campo de trabajo, pero hay
que hacerlo.

Coincidimos señor vicepresidente en muchos análisis que hacemos sobre los
aspectos económicos y la situación económica del país, pero creo que a
partir de que el día 1º de enero empiecen a funcionar estos presupuestos
no podemos pararnos, hay que seguir tomando las medidas necesarias. Los
presupuestos no sólo son las medidas económicas que debe tomar el
Gobierno, es ahí donde por supuesto se fundamenta toda la política
económica del Gobierno pero, como sabe, tenemos que seguir trabajando en
las reformas estructurales. Eso hay que seguir haciéndolo de forma mucho
más profunda que según la estábamos haciendo hasta ahora. Ese es el
camino que tenemos que recorrer.

Hay otra cuestión que no entraba en este análisis, pero que a mí siempre
me ha preocupado, y es que dedicamos mucho tiempo, muchos esfuerzos a
debatir los presupuestos del año próximo y creo que deberíamos debatir
también con tanta energía y con tanta dedicación el cumplimiento de los
presupuestos del año anterior. No lo hacemos porque el sistema
parlamentario está así, pero creo que por ahí tenemos que trabajar
también. Precisamente a mí siempre me suele preocupar no tanto cómo
empiezan los presupuestos el 1º de enero, sino cómo terminan el 31 de
diciembre y en estos momentos, desde luego, andamos con unas previsiones
que se alejan bastante de lo que pueden ser al final los datos
definitivos. Este es un problema que de alguna forma tendríamos que
acometer de cara al futuro. Creo que necesitamos dedicar más tiempo al
control del cumplimiento de la ejecución presupuestaria que a lo que es
el propio debate del presupuesto que tiene que empezar a funcionar el 1º
de enero del año siguiente.

Nada más, muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Zabalía.

El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda, tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Gracias señor presidente.

Muy brevemente. Se ha producido, señor Zabalía, una reducción efectiva
del déficit público en el año 1996 y en el año 1997, que nos sitúa del
6,7 a finales de 1995, si no me falla la memoria, en el 2,9, a finales de
1997. En eso enlazo con lo que acaba de decir S. S. al final, estoy de
acuerdo con S. S. en que los presupuestos de 1997 deben ser analizados.

Vuelvo a insistir que en términos de contabilidad nacional, la que debe
preocuparnos porque indica la evolución real desde el punto de vista del
devengo, 1997 se va a saldar con un déficit público en el Estado, no en
el resto de las administraciones públicas, inferior al previsto y con un
déficit previsto en la Seguridad Social que supone una reducción muy
considerable del déficit que tuvimos en el año 1996. Por tanto,
estudiando la evolución de los gastos y de los ingresos en este año
podemos comprobar --y los he repasado esta mañana-- que los gastos
producidos por encima de la previsión de las obligaciones reconocidas
para 1997 están plenamente identificados. Hay una partida, la más
importante, que supone el anticipo de deuda pública, 150.000 millones;
88.000 millones que están relacionados con el Fondo de Compensación
Interterritorial, un crédito incorporado, y después hay créditos
extraordinarios en el caso de la multa por la cuota láctea y en las
inundaciones, así como una ampliación de 22.000 millones de pesetas de
nuestra presencia en Bosnia. Son cantidades importantes, pero la más
importante, prácticamente la mitad de ese aumento, es un anticipo de
déficit público de años posteriores a 1997 en amortización acelerada



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de deuda. En ese sentido tengo que decir que la evolución del gasto de
1997 no es nada preocupante para el Gobierno y debe ser analizada por la
Cámara, como lo es el hecho de que en términos de contabilidad nacional,
el déficit público se sitúe en el 2,9.

Desde el punto de vista del empleo, es verdad que la media europea en
este momento se sitúa entre el 11 y 12 por ciento, y que la media
española, a finales de 1998, se situará en el 19 por ciento; pero también
es cierto que nosotros estamos en un proceso claro de reducción, y que en
nuestro caso juega la tasa de actividad, o el aumento de la población
activa si S. S. prefiere, como un elemento a tener en cuenta. A un ritmo
de creación de empleo como el que estamos teniendo este año, como el que
vamos a tener en el año 1998 y como el que tuvimos en el año 1996, desde
luego la sociedad española puede caminar en una dirección de reducción de
la tasa de desempleo y aumento del empleo de proporciones muy
importantes.

La economía está creando empleo a un ritmo muy intenso, del 2,7, todavía
está moviéndose en ritmos tan intensos en 1996 y se moverá en ritmos
similarmente intensos en 1998. Eso demuestra que se ha producido un
cambio importante en nuestro mercado laboral, que debemos seguir
profundizando sin ninguna duda, y que ahí juegan no sólo las leyes sino
también los interlocutores sociales, por un lado, y por otro la
Administración en todas las políticas de lucha contra el fraude, que
también inciden en las políticas de competitividad y en las políticas de
empleo.

Coincido totalmente con S. S. en la necesidad de reformas estructurales.

El Gobierno aprobó un programa de reformas estructurales para 1997 y
espero poder informar a la Comisión de Economía del Congreso durante este
período de sesiones de su grado de realización, que confío sea
satisfactorio. En cualquier caso, S. S. tendrá oportunidad de debatir ese
documento con el resto de grupos parlamentarios y el Gobierno en la
Comisión de Economía antes de que finalice este período de sesiones.

Respecto a reformas que tienen que ver con la Administración pública --ya
lo he dicho en otra intervención--, hemos puesto en marcha la Lofage y en
este momento estamos en un proceso de negociación con los interlocutores
sociales de la Función pública, con los sindicatos, para avanzar en el
Estatuto de la Función pública y poderlo remitir a la Cámara. En este
sentido creo que España camina en un proceso de reformas estructurales
junto con una política presupuestaria claramente restrictiva, que el
Estado está perdiendo peso en la economía, que el déficit público se está
reduciendo considerablemente y que, además, se está haciendo sin aumento
de presión fiscal. Pensemos que en este ciclo económico, si el año 1998
supone por un lado la recuperación de la economía europea, es decir que
nuestros principales mercados recuperen una pujanza de gran interés para
nosotros, que se haga en un entorno de estabilidad de precios y los
efectos impulsores que va a tener la Unión Monetaria, el año 1999 también
puede ser un año importante si sabemos aprovechar las ocasiones. Pensemos
en los efectos que sobre nuestra realidad macroeconómica tendría, y va
tener si hacemos las cosas como debemos, que el déficit público que
estemos discutiendo dentro de un año no sea del 2,4 o del 2 por ciento
para la administración central sino por debajo. Si las administraciones
centrales sitúen ya su déficit público en el 2 o por debajo del 2 por
ciento en Seguridad Social y Estado, estaremos caminando claramente en un
nuevo escenario macroeconómico en nuestro país y creo que eso, en este
momento, no sólo es posible sino que está al alcance de la mano. Coincido
con S. S. en que la ejecución del presupuesto al final es la verdad y
donde veremos la medida de los esfuerzos que todos tenemos que realizar.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las diez horas.




Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.




ACLARACION: En la sesión secreta del Pleno del día 18 de septiembre de
1997, Diario de Sesiones 101, en el momento en que el señor Diputado don
Miguel Angel Martínez Martínez hace su entrada en el hemiciclo entre los
aplausos de la Cámara, el señor Presidente expresó la felicitación por su
elección como Presidente de la Unión Interparlamentaria en los siguientes
términos:
«Resulta ocioso tratar de expresar el sentir de la Cámara, que se ha
anticipado a cualquier expresión por parte de la Presidencia, pero es muy
interesante que se aclare a efectos taquigráficos y, por tanto,
históricos, la felicitación unánime y efusiva de todas SS. SS. a don
Miguel Angel Martínez, que nos acompaña por primera vez después de haber
sido elegido Presidente de la Unión Interparlamentaria con el apoyo de
más de la mayoría absoluta de los parlamentarios de todo el mundo,
culminando así un trabajo de muchos años de dedicación a las reuniones de
la Unión Interparlamentaria y llenando de orgullo a este Congreso de los
Diputados y a las Cortes Generales. Nuestra felicitación.»