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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 107, de 09/10/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 107
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 103
celebrada el jueves, 9 de octubre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley Orgánica de cooperación jurídica internacional en
materia penal. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 61-1,
de 28 de mayo de 1997 (número de expediente 121/000058) (Página 5397)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
--Proposición de Ley sobre medidas presupuestarias aplicables al fondo de
los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados
(número de expediente 122/000084) (Página 5410)
Avocación por el Pleno:
--Del Proyecto de Ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa (número de expediente 121/000068) (Página 5410)
--De la Proposición de Ley sobre reconocimiento de efectos jurídicos a
las parejas de hecho estables (número de expediente 122/000071) (Página 5410)
Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1996:
--Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1996 (número de expediente 260/000002) (Página 5410)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en el Fondo Fiduciario Provisional de la Asociación Internacional
de Fomento. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 72-1, de
23 de junio de 1997 (número de expediente 121/000070) (Página 5428)
--Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en el undécimo aumento de recursos de la Asociación Internacional
de Fomento. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 73-1, de
23 de junio de 1997 (número de expediente 121/000071) (Página 5428)
--Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 67-1, de 12 de junio de 1997 (número de
expediente 121/000062) (Página 5429)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 5397)
Proyecto de ley orgánica de cooperación jurídica internacional en materia
penal (Página 5397)
En nombre del Gobierno presenta el proyecto de ley orgánica de
cooperación jurídica internacional en materia penal, la señora Ministra
de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). Manifiesta que el Gobierno ha
creído necesario presentar este proyecto para dar respuesta a un doble
objetivo: en primer lugar, hacer posible la ejecución de los numerosos
tratados multilaterales y bilaterales en los que España es parte, y en
segundo lugar, hacer posible de una manera previsible y reglada la
cooperación internacional cuando no exista tratado y deba entrar en juego
el principio de reciprocidad, en lugar de improvisaciones y prácticas
empíricas.
Pasa a comentar, siguiendo el esquema del proyecto, determinados puntos
relevantes. Destaca, en primer término, la no exigencia del principio de
doble incriminación en materia de extradición, que aparece recogido en el
artículo 43, aunque referido únicamente a delitos relativos a
constitución de bandas armadas terroristas, tráfico de drogas y
criminalidad organizada; en segundo término, la materia relativa al
asilo, donde se establece como principio básico que si no se concede la
extradición de un asilado, éste debe ser juzgado en España como si se
tratase de un nacional, porque si no sería de mejor condición que un
nacional; en tercer lugar, el desarrollo del principio «non bis in idem»,
que se contiene en el artículo 15, escasamente regulado en la Ley
Orgánica del Poder Judicial y que incorpora los conceptos que se
contienen en varios tratados del Consejo de Europa y en uno de la Unión
Europea. Asimismo destaca el desarrollo que se hace del artículo 13 de la
Constitución en orden a la definición del delito político, aislando y
precisando el ámbito del delito terrorista, acorde con los textos
europeos y nuestros tratados bilaterales más recientes.
A continuación pasa a explicar el contenido de los distintos títulos del
proyecto de ley orgánica, haciendo hincapié en algunas innovaciones, como
la posibilidad de ejecutar cierto tipo de sanciones administrativas
inicialmente.
Termina su intervención con una reflexión que considera que, por el órden
lógico, debería ser preliminar y es que la materia a la que se refiere
este proyecto de ley debería abordarse en el ámbito de la
discrecionalidad que con referencia a la cooperación jurídica
internacional debe mantener el Gobierno del Estado y teniendo presente la
seguridad jurídica que debe existir en razón a la ciencia y a la directa
incidencia de la cooperación jurídica internacional en el ámbito de los
derechos humanos. Considera que rehuir la iniciativa legislativa en
una materia ardua como es ésta no es otra cosa que claudicar ante la
necesidad de crear un marco normativo adecuado. Por ello ha presentado
ante la Cámara el proyecto de ley de cooperación jurídica internacional
en materia penal.
En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución al Gobierno de
este proyecto de ley intervienen la señora Fernández de la Vega Sanz, del
Grupo Socialista del Congreso, y el señor Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Almeida Castro
y Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Arqueros Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución, son
rechazadas.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas
(Página 5410)
Proposición de ley sobre medidas presupuestarias aplicables al fondo
procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados (Página 5410)
El señor Presidente comunica a la Cámara que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado someter al Pleno la tramitación directa y en
lectura única de la proposición de ley sobre medidas presupuestarias
aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados, que se aprueba por asentimiento.
Avocación por el Pleno (Página 5410)
Del proyecto de ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa (Página 5410)
El señor Presidente somete al Pleno la avocación de la deliberación y
votación final del proyecto de ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, que se aprueba por asentimiento.
De la proposición de ley sobre reconocimiento de efectos jurídicos a las
parejas de hecho estables (Página 5410)
Asimismo, el señor Presidente somete al Pleno la deliberación y votación
final de la proposición de ley sobre reconocimiento de efectos jurídicos
a las parejas de hecho estables, que se aprueba por asentimiento.
Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión
realizada durante el año 1996 (Página 5410)
El señor Defensor del Pueblo (Alvarez de Miranda Torres) expone ante el
Pleno del Congreso un resumen del informe correspondiente al año 1996, en
cumplimiento de la obligación que el artículo 32 de la Ley Orgánica
encomienda al Defensor del Pueblo. Anuncia que procurara no repetir su
exposición ante la Comisión Mixta celebrada el 16 de septiembre pasado,
pero sin desnaturalizar el contenido del propio informe, puesto que en
sus páginas se recogen las reclamaciones y quejas de ciudadanos, algunos
de los cuales pertenecen a los sectores económica y culturalmente más
débiles de nuestra sociedad.
En primer lugar destaca tres reflexiones fundamentales: los aspectos
básicos de su trabajo en lo que se refiere al tratamiento de las quejas,
el examen de los derechos fundamentales afectados por las mismas y la
valoración autocrítica del funcionamiento de la institución y de su nivel
de eficacia. En relación con el primer punto hace constar que las quejas
recibidas en la institución a lo largo del año 1996 han sido bastante más
numerosas que las del año precedente, cuando lo ideal sería que su número
fuera disminuyendo, y que las quejas investigadas a lo largo de 1996 han
sido 24.862 de las 25.875 recibidas, es decir, el 96,8 por ciento.
De entre las quejas tramitadas destaca algunas que han suscitado la
preocupación prioritaria de la institución y sobre las que se han hecho
ocho estudios monográficos, a los que hay que añadir una referencia
genérica sobre la situación de la infancia.
Expone que en su informe se deslindan todas aquellas cuestiones que
pudiera considerarse que afectan a derechos y libertades de aquellas
otras que únicamente reflejan una irregularidad en la actuación ordinaria
de las administraciones públicas. Sin embargo, añade que casi todas las
reclamaciones afectan a los derechos de contenido socioeconómico y son
relativas a la vivienda, situación penitenciaria, falta de recursos en la
enseñanza, salud
pública, problemas relacionados con la tercera edad o las minusvalías, el
paro y las deficiencias en la gestión de algunos servicios públicos,
etcétera. A continuación pasa a examinar los dos grandes bloques de
derechos que tienen un distinto grado de protección o de tutela en la
Constitución y en el ámbito de la Convención Europea de 1950.
Despues de hacer un recorrido sobre la situación de los derechos
fundamentales, pasa a realizar un breve balance del trabajo efectuado
durante el año 1996 y unas reflexiones en torno a la eficacia de la
institución. Considera que es difícil evaluar la actuación de la
institución en función de los logros y los resultados obtenidos y
constata que la tarea que tienen encomendada depende en gran medida de
los medios materiales de que pueda disponerse. Asimismo se refiere a la
invitación que se le hizo en la Comisión Mixta de no esperar a las
denuncias de los ciudadanos sino ir a buscar los problemas allí donde
pudieran encontrarse. La institución del Defensor del Pueblo es receptiva
a esta petición y hará todos los esfuerzos necesarios para realizar todas
la investigaciones que se refieran al ámbito de sus competencias, a pesar
del exiguo aumento en el presupuesto que se le ha asignado este año.
Asimismo recuerda a la Cámara la moción aprobada el 26 de septiembre de
1995 por la que se instaba al Gobierno a que diera respuesta a los
informes anuales del Defensor en un plazo de tres meses desde que fueran
presentados ante la Cámara, porque no hay que olvidar que las
recomendaciones y el contenido de los informes no son atendidos muchas
veces por la propia Administración.
Como conclusión, afirma que de la lectura del informe se desprende que, a
lo largo del año 1996, se han producido irregularidades en la actuación
ordinaria de las administraciones públicas y también ha habido
infracciones puntuales contra algunos de los derechos consagrados en la
Constitución, lo que no impide afirmar que los derechos fundamentales y
las libertdes públicas se respetan con carácter general en nuestro país y
se ejercitan sin especiales trabas.
Intervienen a continuación, para manifestarse sobre el informe
presentando por el Defensor del Pueblo, la señora Almeida Castro y el
señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Amorós i
Sans, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; y las señoras Alberdi Alonso, del Grupo
Socialista del Congreso, y Camilleri Hernández, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 5428)
Proyecto de ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en el Fondo Fiduciario Provisional de la Asociación Internacional
de Fomento (Página 5428)
Proyecto de ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en el undécimo aumento de recursos de la Asociación Internacional
de Fomento (Página 5428)
Proyecto de ley del sector eléctrico (Página 5429)
En defensa de las enmiendas planteadas intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mauricio Rodríguez, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Urán González, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
y el señor Fernández Fernández, del Grupo Socialista del Congreso.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Medina Toledo,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica intervienen la señora Urán González, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; y los
señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Fernández Fernández, del Grupo Socialista del Congreso,
duplicando el señor Medina Toledo.
Sometido a votación, en primer lugar, el dictamen del proyecto de ley por
la que se autoriza la participación del Reino de España en el Fondo
Fiduciario Provisional de la Asociación Internacional de Fomento, se
aprueba por unanimidad.
Sometido a votación, en segundo lugar, el dictamen del proyecto de ley
por la que se autoriza la participación del Reino de España en el
undécimo aumento de recursos de la Asociación Internacional de Fomento,
se aprueba por 302 votos a favor y una abstención.
A continuación se someten a votación las enmiendas y el proyecto de ley
del sector eléctrico.
Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
defendidas por el señor Rodríguez Sánchez, son rechazadas.
Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, son rechazadas.
Sometida a votación la enmienda número 363, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 17 votos a favor, 282 en
contra y seis abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la enmienda número 347
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y a la enmienda
número 134 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, se aprueba por 303 votos a favor y una abstención.
Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, son rechazadas, excepto la
número 145, que se aprueba por 302 votos a favor y dos en contra.
Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Socialista del Congreso, son
rechazadas.
Sometidos a votación los diferentes artículos del dictamen con las
enmiendas aprobadas ya incorporadas, son aprobados.
Se levanta la sesión a las dos y quince minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL EN
MATERIA PENAL (Número de expediente 121/000058)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión para la que, como conocen SS.
SS., la Junta de Portavoces con el presidente aprobó una alteración del
orden del día correspondiente a esta mañana, consistente en debatir, en
primer lugar, el punto que figura como último previsto para la sesión de
hoy en el orden del día que tienen impreso y repartido. Es decir, que se
debatirá inicialmente el proyecto de ley orgánica de cooperación jurídica
internacional en materia penal, en debate de totalidad, y pasará a ese
punto el que figuraba como primero, Informe anual del Defensor del Pueblo
correspondiente a la gestión realizada durante el año 1996, sin que se
altere el resto del contenido, que hace referencia, sobre todo, al punto
VIII, que seguirá al proyecto de ley orgánica de cooperación jurídica
internacional, puesto que los debates de totalidad de convenios
internacionales no han alcanzado enmiendas de tal carácter.
Antes de comenzar el debate de totalidad ya referido, quiero salir al
paso de algunas dudas que me han suscitado SS. SS. en los pasillos. No se
trata de una votación orgánica, se trata simplemente de una votación de
la enmienda de totalidad. En consecuencia, se producirá la votación
finalizado el debate. Quiero que tengan claro que no es una votación de
carácter orgánico que exija la mayoría absoluta de la Cámara para la
aprobación final del proyecto, sino la mayoría simple para, en su caso,
aprobar o rechazar las enmiendas o enmienda de totalidad presentadas.
Sin más preámbulo, debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de
cooperación jurídica internacional en materia penal, al que se han
presentado dos enmiendas de totalidad por los grupos parlamentarios
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista.
Para la presentación del proyecto ante el Pleno con carácter previo,
tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la ministra de Justicia, señora
Mariscal de Gante.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, señorías, comparezco ante esta Cámara para presentar un
importante proyecto de ley que regula la cooperación jurídica
internacional en materia penal. Los grandes principios y los dispositivos
procesales que contiene esta iniciativa constituyen los más importantes
fundamentos que justifican su necesidad. Tanto la memoria como la
exposición de motivos explican con abundancia de razonamientos las
coordenadas que ahora simplemente voy a extractar ante sus señorías.
El Gobierno ha creído necesario este proyecto para dar respuesta a un
doble objetivo. En primer lugar, hacer posible la ejecución de los
numerosos tratados multilaterales y bilaterales en los que España es
parte, ya que aunque en ciertos aspectos son ejecutivos por sí mismos en
sentido material, en otros aspectos no se pueden aplicar sin ciertos
complementos, tanto de tipo orgánico como procesal, ante la casi total
escasez de normas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. En segundo lugar, se trata de hacer posible, de
una manera previsible y reglada, la cooperación internacional cuando no
exista tratado y deba entrar en juego el principio de reciprocidad, en
lugar de improvisaciones. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Perdón, señora
ministra, le rogaría un segundo.
Algunas de SS. SS. no oyen bien por dos razones: porque el equipo de
sonido del hemiciclo está siendo revisado, puesto que está fallando; pero
también porque lamento tener que decir que algunas de SS. SS. no
colaboran en absoluto a que se pueda escuchar al orador.
Les ruego que guarden silencio y así no sólo respeten al orador sino
permitan a todas SS. SS. escuchar a quien está en uso de la palabra.
Continúe, señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Decía,
señorías, que el segundo objetivo del proyecto de ley trata de hacer
posible, de una manera previsible y reglada, la cooperación internacional
cuando no exista tratado y deba entrar en juego el principio de
reciprocidad, en lugar de improvisaciones y prácticas empíricas.
Como es sabido por SS. SS., el llamado principio de reciprocidad carece
de una regulación sistemática, tanto en el plano constitucional como
legal, pese a que constituye una fuente habitual de tal cooperación. Este
doble objetivo condiciona y explica la estructura del proyecto. El
proyecto establece qué tipo de actos se pueden prestar sólo cuando existe
tratado y cuáles otros se pueden prestar apelando a la reciprocidad. El
punto de partida va a condicionar las técnicas jurídicas seguidas en el
proyecto.
Cuando existe tratado se ha evitado incluir preceptos que serían
redundantes o desviados respecto al texto convencional aplicable,
estableciéndose en cambio los dispositivos procesales u orgánicos que
ahora faltan. Quizás el ejemplo más llamativo sea la materia relativa al
traslado de condenados en el extranjero, donde incluso existe una seria
laguna en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sólo prevé el traslado
a España de un condenado en el extranjero, pero no la hipótesis inversa:
el traslado desde España de un condenado por los tribunales españoles.
Por el contrario, cuando haya de procederse en virtud de reciprocidad, se
ha estimado necesario que tal principio no funcione en el vacío, sino en
función y dentro de los límites que marque nuestra ley interna, de suerte
que se sepa hasta dónde se puede pedir y hasta dónde se puede conceder.
Este diseño se ha efectuado tomando buenos modelos teóricos ya
existentes, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, así como en
nuestra práctica convencional en los últimos años.
En mi opinión, parece desenfocado sostener que al establecer la ley
española condiciones para la cooperación, se están imponiendo
unilateralmente obligaciones a un Estado extranjero. Se trata,
simplemente, de prefijar unas condiciones para prestar la cooperación que
el Estado extranjero es libre de aceptar o no.
Quisiera comentar a continuación, siguiendo el esquema del proyecto,
determinados puntos relevantes. El título I del proyecto contiene una
parte que bien podríamos calificar de dogmática, pues además de definir
por primera vez el principio de reciprocidad, se regulan el delito
político, la prestación de garantías, el principio non bis in idem, la
conexión de la cooperación internacional con las instituciones del amparo
y el asilo y un exhaustivo listado de las causas de denegación de la
cooperación, donde hemos creído encontrar un justo equilibrio entre los
intereses de los Estados y los derechos y libertades fundamentales, de
acuerdo con los pactos en los que España es parte, tal como se establece
en el artículo 2.1. Debo insistir sobre algunos de estos aspectos que por
su carácter innovador quizá puedan sorprender.
Me refiero en primer término a la no exigencia del principio de doble
incriminación en materia de extradición, que aparece recogido en el
artículo 43, aunque referido únicamente a delitos relativos a
constitución de bandas armadas terroristas, tráfico de drogas y
criminalidad organizada. El precepto se inspira en el Convenio de la
Unión Europea, relativo a la extradición, de 27 de septiembre de 1996,
que ha sido firmado por todos los Estados de la Unión, sin tener dudas de
que se pudiese violar el principio de legalidad. El Consejo de Estado
dictaminó que si tal derogación se contenía en un tratado sí respetaba el
principio de legalidad; así se ha hecho en el proyecto. Un razonamiento
análogo es aplicable en materia de prescripción.
Destaco, en segundo término, la materia relativa al asilo. El principio
básico que se establece es que si no se concede la extradición de un
asilado, entonces debe ser juzgado en España como si se tratase de un
nacional, porque si no, en nuestra opinión, sería de mejor condición que
un nacional. La posibilidad de extraditar asilados ya estaba recogida en
tratados internacionales recientes, sin reproche de esta Cámara; por
ejemplo, en el Tratado hispano-chileno de 14 de abril de 1992. La
extradición de asilados por delitos comunes que no guarden relación con
las causas que motivaron el asilo está rodeada de tales garantías, entre
ellas la devolución a España para cumplir la condena, que es impensable
que se pueda producir una violación del Convenio de Ginebra.
Cito, en tercer lugar, el desarrollo del principio non bis in idem, que
se contiene en el artículo 15, escasamente regulado en la Ley Orgánica
del Poder Judicial y que incorpora los conceptos que se contienen en
varios tratados del Consejo de Europa y en uno de la Unión Europea.
Por otra parte, me parece altamente importante el desarrollo que se hace
del artículo 13 de la Constitución en orden a la definición del delito
político, aislando y precisando el ámbito del delito terrorista, acorde
con los textos europeos y nuestros tratados bilaterales más recientes.
Siguiendo el modelo de numerosos Estados europeos, se descarga al Consejo
de Ministros de las responsabilidades en relación a numerosos actos
de cooperación internacional, regulándose la exclusividad de otras
competencias y las condiciones de su posible delegación.
En el título II se regula la extradición activa y pasiva, terminando con
la actual dualidad de fuentes e introduciendo los más recientes
desarrollos producidos en la Unión Europea. Pese a que los tratados
existentes en la materia son muy precisos, también lo es la ley, dado que
esta es una de las áreas en las que la cooperación puede prestarse sin
tratado por vía de reciprocidad.
En el título III se regula una institución introducida hace apenas una
década, pero de la que se está haciendo un uso cada vez más frecuente,
como es el traslado de personas condenadas sobre la base del convenio del
Consejo de Europa y diversos tratados bilaterales carentes de regulación
procesal en España. Este tipo de cooperación sólo puede prestarse en
virtud de un tratado, aunque se deja abierta la posibilidad de hacerlo
excepcionalmente y por razones humanitarias en ausencia de tratado. El
sistema opera sobre dos elementos: el consentimiento del condenado y la
discrecionalidad del Estado de condena.
El título IV regula mecanismos muy complejos de ejecución de sentencias,
tanto privativas de libertad como condenas de tipo económico o privativas
de derechos. Por ello, en este ámbito la cooperación no puede prestarse
sino en virtud de un tratado y, en consecuencia y de acuerdo con la
metodología citada al principio, se ha rehuido reproducir en la ley las
numerosas causas de denegación o los supuestos en que procede la
cooperación. El título desarrolla básicamente el Convenio número 70 del
Consejo de Europa, ampliado por un convenio complementario entre los
Estados de la Unión Europea. La existencia de ambos instrumentos ha
influido en la estructura del proyecto en este punto.
Otra innovación digna de destacar es la posibilidad de ejecutar cierto
tipo de sanciones administrativas inicialmente, pero que con
posterioridad se ratifican judicialmente. Son las llamadas en el sistema
alemán infracciones a los reglamentos de orden, cuya existencia ya tiene
admitida España al ratificar los Convenios 70 y 73 del Consejo de Europa
y el Convenio de aplicación de Schengen.
El título V regula la transmisión de procesos penales como mecanismo de
cooperación que va más allá de la simple denuncia para fines procesales
que regula el artículo 21 del Convenio número 30 del Consejo de Europa.
En este título se desarrolla básicamente el Convenio número 73 del
Consejo de Europa, sobre transmisión de procedimientos represivos, y un
convenio complementario de la Unión Europea, pero teniendo en cuenta que
aquí la cooperación puede prestarse por vía de reciprocidad, ha sido
necesario establecer casos y causas de admisión o denegación de las
solicitudes. Razones prácticas tendentes a evitar situaciones de
impunidad han aconsejado permitir aquí también la reciprocidad.
El título VI regula la vigilancia en España de personas condenadas
condicionalmente o en libertad condicional o la transmisión de esa
vigilancia sobre los condenados en España. Esta materia se regula por
primera vez en nuestro Derecho, estableciéndose un marco procesal que
permita ratificar el convenio del Consejo de Europa y hacer posible el
cumplimiento de nuevos tratados en este campo o de alguno bilateral ya
existente.
El título VII regula la asistencia judicial en materia penal,
desarrollando fundamentalmente el Convenio europeo número 30, de 1959, e
introduciendo innovaciones a la luz de los trabajos en curso en el seno
de la Unión Europea, tales como el testimonio por videoconferencia,
dentro de la tendencia al establecimiento de comunicaciones directas
entre órganos judiciales.
En este ámbito se consagra la práctica tradicional de prestar la
cooperación aunque no exista tratado y se prescinde por regla general de
la exigencia de doble incriminación, con alguna excepción en relación a
comisiones rogatorias de una cierta entidad como las relativas a embargo
de bienes, que tienen un tratamiento especial tanto en el convenio número
30 del Consejo de Europa como en el Convenio de aplicación de Schengen.
El título VIII regula una forma singular de cooperación internacional
para la represión del tráfico de drogas en alta mar, desarrollando una
previsión contenida en el artículo 17 del Convenio de Viena de Naciones
Unidas de 1988 y en el acuerdo del Consejo de Europa de 1995, así como en
el Tratado bilateral con Italia de 23 de marzo de 1990. Su innovación
técnica más importante es la supresión de la extradición sustituida por
la entrega al estado del pabellón del buque y personal a bordo. La
supresión de la extradición y su sustitución por una simple entrega ya
figura recogida en nuestro derecho en la Ley Orgánica 15/1994 relativa a
la cooperación con el tribunal internacional para el enjuiciamiento de
los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia.
Señores diputados, el proyecto de ley que ha sido presentado por el
Gobierno no es fruto de la improvisación ni de una yuxtaposición de
materiales sin coherencia interna. El proyecto descansa en una
investigación seria de Derecho comparado, en una identificación de
numerosas fuentes, en el conocimiento teórico de las mismas y además en
una dilatada experiencia en su manejo cotidiano por los servicios
competentes del ministerio.
Quisiera, no obstante, terminar esta intervención con una reflexión que
en el orden lógico sería preliminar. La materia a la que se refiere este
proyecto de ley debe abordarse desde dos puntos de vista. El primero es
el ámbito de discrecionalidad que con referencia a la cooperación
jurídica internacional debe mantener el Gobierno
del Estado; el segundo, y no menos importante, es la seguridad jurídica
que debe existir en razón a la ciencia y a la directa incidencia de la
cooperación jurídica internacional en el ámbito de los derechos humanos.
La definición de un Estado de Derecho no excluye la existencia de
materias de índole discrecional, pero sí que requiere reducir éstas a sus
justos términos. El control de los presupuestos de esta discrecionalidad
debe ser objeto ineludible de las normas, como es una tendencia
generalizada en todos los ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico ya en
la jurisprudencia constitucional, ya en nuestra legislación positiva, por
ejemplo en el artículo 54 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
La seguridad jurídica es un valor eminente de nuestro Estado de Derecho
que requiere tanto la existencia o producción de esas normas de control
como que éstas tengan el rango legislativo suficiente a la hora de
afectar a derechos y libertades.
Rehuir la iniciativa legislativa en una materia ardua como es ésta no es
otra cosa sino claudicar ante la necesidad de crear un marco normativo
adecuado.
Es por ello, señorías, que he tenido el honor de hacer la presentación
del proyecto de ley de cooperación jurídica nternacional en materia
penal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Justicia.
Como anuncié anteriormente, han sido presentadas dos enmiendas de
totalidad de devolución al Gobierno de este proyecto de ley, una por
parte del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
otra por parte del Grupo Socialista del Congreso.
En nombre del Grupo Socialista, para la defensa de su enmienda de
totalidad, tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor presidente, señorías, el
Grupo Parlamentario Socialista ha presentado enmienda a la totalidad de
devolución al Gobierno del proyecto de ley que nos acaba de ser
presentado, por considerarlo políticamente inoportuno y pernicioso,
constitucionalmente inaceptable, jurídicamente insostenible e inadecuado,
técnicamente... (Protestas.-- Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.
Adelante, señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: El proyecto es técnicamente
defectuoso y, lo que es más grave, atenta claramente a los derechos
fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento constitucional y
constituye, señorías, uno de los casos más flagrantes de intentos de
esquivar los controles democráticos en un Estado de Derecho creando una
zona de discrecionalidad del Gobierno que no tiene precedentes en nuestra
historia democrática. Se lo voy a explicar, señorías.
Es inoportuno porque aunque el objetivo, según la exposición de motivos,
es completar los tratados internacionales que España tiene suscritos con
otros países, permitiendo un mejor cumplimiento de los compromisos
internacionales en un momento de cambio e innovación en el ámbito de la
Unión Europea, supone un desconocimiento absoluto del alcance que ese
cambio e innovación va a tener precisamente a raíz de la reforma del
Tratado de la Unión aprobada en Amsterdam, porque las modificaciones que
introduce el Tratado de la Unión tienen una incidencia de primera
magnitud en las materias que aquí se regulan, en la medida que introduce
un nuevo título sobre asilo e inmigración y reforma el título VI referido
antes a la cooperación judicial y que ahora, precisamente, se va a
denominar de las disposiciones relativas a la cooperación policial y
judicial en materia penal, y va a tener como consecuencia que las normas
comunitarias sean directamente aplicables al ordenamiento jurídico
español. Ello va a hacer que esta ley quede de forma inmediata como una
ley residual, aparte de que va a determinar un encorsetamiento de la
acción exterior del Estado que verá reducida su capacidad para negociar
tratados que se opongan a esta ley y que le obligará a dificilísimas
negociaciones, aparte de crear multitud de conflictos técnico-jurídicos
estériles.
Pero de su absoluta inoportunidad y de su frágil articulación
técnico-jurídica sería un error deducir su irrelevancia político-jurídica
o su carácter constitucionalmente neutro, ya que por todo el texto se
deslizan inopinados crecimientos de la discrecionalidad del poder
político, inaceptables extensiones del acto político con la consiguiente
merma en el control judicial, muy serios atentados a la función de
control que la Constitución española otorga a las Cámaras y al Tribunal
Constitucional en la elaboración de tratados, recortes en los derechos
fundamentales y sus garantías y, señorías, hasta cesiones de poderes del
Estado.
El primero y más notorio entuerto de este proyecto de ley es una
permanente y perniciosa confusión entre dos técnicas normativas: la
técnica convencional y la técnica legislativa. Para abordar esta materia
se pueden utilizar dos vías. Una, tener una serie de iniciativas
políticas en virtud de las cuales se suscriben tratados para llegar a
tener una red de tratados completados con normas orgánicas y procesales,
o bien establecer una ley interna que diga qué se entiende por
cooperación internacional y que los tratados se sujeten a esa ley.
Pues bien, la ley mezcla las dos técnicas y origina un auténtico caos
jurídico. Por una parte dice que esta ley es subsidiaria, es decir,
aplicable sólo cuando no haya tratado; sin embargo, lo que hace la ley
por otra parte, es distinguir entre materias para las que se necesitan
tratados y materias para las que no son necesarios tratados. Pues bien,
para las materias que necesitan siempre tratados, es decir, traslado de
personas condenadas, ejecución de sentencias o represión del delito de
tráfico de drogas en el mar, la función de la ley sería completar con
normas orgánicas y procesales lo que no está en el tratado, pero como
resulta que la ley lo que hace es copiar literalmente los tratados que ya
existen, que tienen escasas normas orgánicas y procesales, la ley deviene
absolutamente inútil y no sólo eso, sino que nos vamos a encontrar con
problemas constitucionales en su aplicación, porque va a ocurrir que por
una autorización de las Cámaras, regida por el principio de la mayoría
según el procedimiento legislativo común, se va a modificar una ley
orgánica que tiene otro tipo de mayoría. Pero esto no es lo más
preocupante; lo más preocupante es que en aquellas materias para las que
la ley no exige tratado, es decir, extradición, transmisión de la
ejecución de sentencias penales o asistencia judicial internacional, las
disposiciones de la ley son en opinión de mi grupo, señorías,
absolutamente devastadoras, puesto que constituyen uno de los más serios
desvirtuamientos de control político y judicial de los actos del
Gobierno.
Fíjense ustedes lo que hace el proyecto. El proyecto dice: no será
necesaria la existencia de un tratado para cooperar; es decir, se podrá
cooperar, o sea, por un mero acto político del Gobierno se podrán
concluir acuerdos con otros Estados sobre extradición, transmisión de
sentencias penales y asistencia judicial. En definitiva, no es verdad que
no haga falta tratado, porque, señora ministra, un tratado no es algo
distinto a un acuerdo entre Estados por el que se asumen obligaciones
internacionales recíprocas, así lo establece la convención de Viena. No.
Lo que el proyecto de ley hace, transformando a su antojo y conveniencia
el principio de reciprocidad de las relaciones internacionales y
torciendo su naturaleza y destino, es convertirlo en un instrumento por
el que el Gobierno o la ministra pueden concluir acuerdos internacionales
en estas materias no sujetos a las garantías y controles que la
Constitución establece sobre los tratados. Así, mediante esta notable
invención, en un supuesto autónomo principio de reciprocidad y sin
fundamento alguno se pretende crear una nueva vía por la que el Estado
español asume obligaciones internacionales en estas materias de las que
se elimina todo el sistema de garantías y controles de la instrumentación
jurídica de las obligaciones internacionales. Pues bien, señorías, no
existe ningún principio de reciprocidad autónomo como instrumento de
creación de obligaciones internacionales, porque las obligaciones
internacionales se asumen, señora ministra, por vía consuetudinaria
unilateral o convencional bajo condición de reciprocidad o no, y si se
asumen bajo condición de reciprocidad es entonces cuando el principio de
reciprocidad puede sustanciar el régimen jurídico de esas obligaciones en
el plano internacional. Esta deliberada confusión del proyecto no tiene
otro objeto, señorías, que excluir la actividad de cooperación
internacional de todo control jurídico, constitucional y parlamentario,
convirtiéndola en una especie de acto político sin sujeción a nada ni a
nadie.
Pero aquí no acaban los disparates, señorías, todo el proyecto de ley se
encuentra plagado de curiosas disposiciones que pretenden imponer
obligaciones a los Estados invadiendo sus competencias. Por ejemplo, se
dice: los ministerios de Justicia del mundo --no sé qué pasará allí donde
no haya Ministerio de Justicia, parece ser que usted lo quiere crear--
serán competentes para... También se dice la autoridad central, cuando
usted sabe bien, señora ministra, que autoridad central es un organismo
propio de un sistema, de un convenio determinado.
Pero en esta confusión el proyecto hace dos cosas tremendas. Por una
parte, España asume obligaciones unilaterales internacionales, sin más,
de forma gratuita, por ley nos obligamos. Se compromete a cosas a las que
nadie en el mundo se compromete así; por ejemplo, en los plazos, el
cómputo de los plazos lo puede fijar unilateralmente un Estado
extranjero, o por ejemplo, en los delitos políticos se asume una
obligación unilateral en relación a un futurible tribunal internacional
penal, que todavía no existe, que se lleva discutiendo años en Naciones
Unidas, y ya lo hemos creado prácticamente con esta ley; o nos
comprometemos a reconocer sentencias penales extranjeras.
Pero es que además, España no sólo asume obligaciones, sino que renuncia,
también unilateralmente para todos los supuestos y con independencia del
Estado a que vaya referido, a determinados principios y reglas
convirtiendo la excepción en regla general. Así, por ejemplo, se renuncia
al principio de especialidad en la extradición, o al principio de doble
incriminación. Señora ministra, usted no ha sido capaz de convencer a
nuestros socios europeos de la derogación parcial del principio de doble
incriminación en materia de terrorismo y ahora lo deroga usted, no para
Europa, no para el terrorismo, sino para el mundo mundial, y desde luego
para cualquier tipo de delito. Esto, señora ministra, nuestra
Constitución no lo resiste.
Causa perplejidad la tendencia a regular cuestiones que dependen del
Derecho internacional como, por ejemplo, cuando regula la entrada en
vigor de los tratados, o el régimen de las reservas y lo que nos parece
verdaderamente insólito es que,cuando habla de otras formas de entrega en
la extradición, establece la posibilidad de celebrar un verdadero acuerdo
internacional por un mero canje de notas para entregar a una persona. Es
verdad que aquí la ley dice que en este caso se hará uso moderado de esta
entrega de personas con canje de notas ¡menos mal que recomienda un uso
moderado! pero no sé quién va a controlar ese uso moderado.
Insólita es la declaración, señorías, de aceptación de la jurisdicción
del Tribunal internacional de justicia. La aceptamos cuando además es
inútil declararlo porque esa declaración ha de hacerse como se establece
en el Estatuto del reglamento del Tribunal internacional de justicia y
extraordinario es el caso de unos supuestos nacionales de la Unión
Europea donde la obsesión legislativa sobre Estados extranjeros, que
reiteradamente muestra esta ley, llega a su máxima expresión imponiendo
obligaciones a todos los Estados miembros de la Unión Europea y asumiendo
España, una vez más, una obligación unilateral gratuita y sin
contrapartida.
Para finalizar con este primer apartado o elenco de disparates, aunque
hay más, llamo la atención, señorías, sobre la disposición adicional
segunda de la ley, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para
decir que los jueces y tribunales ejercerán la jurisdicción cuando ésta
no haya sido delegada a un Estado extranjero. ¿Pero cómo puede delegarse
uno de los poderes básicos del Estado, señorías? ¿Pero qué Constitución
soportaría este desmembramiento? Desde luego, la nuestra no. Quizá los
redactores estaban pensando en el excepcionalísimo caso de cesiones de
jurisdicción preferente, pero para eso, señorías, no era necesario volar
todo el bloque de constitucionalidad.
Finalmente, señorías, este inoportuno, débil y defectuoso cuerpo legal
contiene lo que, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, es más
grave, un ataque frontal a los derechos fundamentales y a las libertades
públicas que vulnera no sólo los reconocidos en nuestra Constitución sino
tratados internacionales suscritos por España como la Convención sobre el
Estatuto de los refugiados de 1951. Voy a citar solamente unos casos. Por
ejemplo, el silencio sobre la posibilidad de recursos contra decisiones
de la Administración; la posibilidad de extraditar a personas a quienes
se haya concedido asilo, sin que se garantice su no devolución al país de
origen; la extradición de personas acusadas de delitos políticos en
terceros países, incluso países que tienen sistemas no democráticos,
porque el proyecto no matiza; la posibilidad, incluso, de que una persona
sea extraditada aunque el delito por el que esté acusada no esté
tipificado en la legislación española, y eso supone, a la inversa, la
renuncia al principio de doble incriminación. Además, no es verdad, como
decía aquí la señora ministra, que es sólo referido a delitos de
terrorismo, porque el artículo 30 dice: o cualquier otro tipo de delito.
Es un pequeño matiz.
Otro supuesto gravísimo es la aceptación de efectos de sentencias penales
dictadas en rebeldía, sin que se establezcan las debidas garantías de un
juicio justo, o la permisividad de la extradición incluso cuando pueda
aplicarse una pena inhumana y degradante; la inexistencia de garantías en
el tratamiento automatizado de datos de carácter personal y la
posiblidad, como les decía al principio de mi intervención, de entregar
personas solicitadas por otro país, cualquiera que sea su régimen
político, con un mero canje de notas.
En suma, este proyecto de ley no protege adecuadamente el derecho a la
vida y la integridad física de las personas objeto de una posible
extradición; no respeta el principio de legalidad, estableciendo la
retroactividad de las normas penales, es decir, la posibilidad de
entregar a una persona con independencia de que los hechos de que se le
acusan fueran o no delictivos en el momento que se produjeron; establece
la posibilidad de que una persona pueda ser extraditada aunque ya haya
sido juzgada o condenada por los mismos hechos, en contra del principio
non bis in idem, señoría. La ley dice: se podrá denegar. No. No es que se
podrá denegar, es que se denegará siempre. Asimismo, esta ley vulnera el
derecho de un asilado a no ser devuelto a su país de origen o por lo
menos no se establecen garantías suficientes, como tampoco se establecen
las garantías a un juicio justo, etcétera. En esto también vemos que el
Gobierno se sitúa de nuevo a espaldas de Europa, señorías. Todos estos
disparates están a lo largo de os 133 inefables artículos de esta ley y
de sus disposiciones adicionales. No se olviden, también hay una
transitoria que no tiene desperdicio; aconsejo a SS. SS. que se la lean.
Por todo ello, señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista solicita el voto favorable a esta enmienda a la totalidad, de
devolución, que tiene el más puro y auténtico sentido de enmienda de
totalidad de devolución, como señala el artículo 110 del Reglamento de
esta Cámara, porque afecta a la oportunidad, a los principios y al
espíritu del proyecto. Mi grupo entenderá que quien no apoye esta
enmienda a la totalidad está de acuerdo con el proyecto, y yo dudo,
señorías, que algún diputado de esta Cámara pueda estar de acuerdo con
este elenco de disparates que hemos señalado. Por tanto, si no apoyan
esta enmienda entenderemos que se está vulnerando el artículo 110 del
Reglamento, porque, señorías, esta ley no tiene arreglo ni con 100
enmiendas parciales, que parece van a hacer muchos grupos, y eso es
desvirtuar lo que significa una auténtica enmienda a la totalidad.
No es que lo diga sólo el Grupo Parlamentario Socialista, lo ha dicho el
Consejo de Estado, que ha pedido a la ministra que retire el proyecto; lo
ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, y todas las
organizaciones no gubernamentales están verdaderamente asustadas con que
este proyecto de ley pueda prosperar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista recaba el voto favorable
a nuestra enmienda de totalidad de devolución de este proyecto de ley
inoportuno, innecesario, pernicioso, que vulnera derechos fundamentales y
habilita al Gobierno para suscribir acuerdos internacionales en materias
sensibles, de espaldas a esta Cámara y de espaldas a Europa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de la Vega.
También ha presentado una enmienda de totalidad, con el mismo carácter de
devolución, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Para su defensa tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados, el Grupo Federal de Izquierda Unida, al amparo del artículo
110 del Reglamento del Congreso, presenta una enmienda de totalidad que
pretende la devolución de este proyecto al Gobierno para su reelaboración
y para su reposo y repaso. Teniendo en cuenta una serie de críticas muy
serias que, como ha dicho el representante de algún grupo parlamentario
de esta Cámara que me ha precedido en el uso de la palabra y mi grupo
también es de esa opinión, proceden no sólo del Consejo de Estado, no
sólo del Consejo General del Poder Judicial sino también de distintos y
bastantes organismos y ministerios del Gobierno en que se integra la
ministra de Justicia.
Pensamos que la presentación de este proyecto es una demostración de que
el Ministerio de Justicia y la señora ministra encabezan o han entrado en
una especie de huida hacia adelante, de carrera legislativa sin auténtica
preparación, sin auténtica maduración de los proyectos que presentan.
Pensamos que junto a éste, ya lo hemos dicho anteriormente, se presentan
en la Cámara una serie de proyectos sin atender en absoluto a su
oportunidad o a su necesidad. Concretamente éste en el que hoy nos
estamos centrando, respecto a la cooperación jurídica internacional en
materia penal, encontramos que no tiene el grado de coherencia interna
necesaria; en absoluto, no lo tiene. También pensamos que incluso no
tiene convicción, y la señora ministra tampoco ha demostrado aquí ningún
tipo de convicción porque ha contestado a críticas anteriores que se han
hecho poniéndose absolutamente a la defensiva en su intervención de
presentación, en su intervención previa.
Al mismo tiempo consideramos que teniendo en cuenta lo que prevén la
Constitución y los tratados internacionales, se trata de un proyecto
absolutamente innecesario y, desde luego, técnicamente es muy malo, no
tiene suficiente grado de preparación, de maduración para haberlo
presentado a esta Cámara en nombre del Gobierno. Ya en la fase de
elaboración del proyecto, teniendo en cuenta que se conocieron algunas de
sus previsiones, surgieron críticas de diversos órganos e incluso de
departamentos ministeriales. Hay suficientes instancias gubernamentales
que se han pronunciado en contra de este proyecto de ley en su fase
preparatoria, aunque después, obviamente, han tenido que acallar sus
críticas más o menos públicas, y han realizado críticas sustanciales el
Ministerio de Administraciones Públicas, así como los de Interior, de la
Presidencia, de Industria y Energía y de Asuntos Exteriores.
Fundamentalmente han criticado la falta de capacidad de cooperación del
Ministerio de Justicia, implícitamente su intento de protagonismo por
encima de las mínimas normas de cooperación interministerial que deben
tenerse en cuenta. Por tanto, se han criticado desde distintos
ministerios del actual Gobierno, las excesivas competencias y
delegaciones que a través de esta ley se dan al Ministerio de Justicia;
competencias que, hasta este momento, se ejercían de manera coordinada,
más o menos criticable pero de manera coordinada, por todos estos
ministerios que acabo de nombrar.
Si esta crítica ya era muy importante porque procedía del propio
Gobierno, es muchísimo más importante, aunque no fuese vinculante por su
contenido, dureza y severidad, la crítica emitida por el Consejo de
Estado, a cuyo dictamen se sometió previamente el texto que ahora
debatimos. El Consejo de Estado llega a decir en su dictamen que se trata
más bien de un mosaico, que tiene la estructura de un mosaico que no se
sustenta sobre unas bases homogéneas. Apunta igualmente el Consejo de
Estado en su dictamen que en este proyecto se realiza de modo
fragmentario --llega a decir de modo inexacto, señora ministra; creo que
es un término durísimo-- una recopilación de los tratados internacionales
que no se atiene a la debida prudencia (esto de prudencia lo digo yo
derivándolo de la crítica durísima que realiza en su dictamen el Consejo
de Estado), con los consiguientes riesgos, puesto que está en juego la
responsabilidad internacional de España en el cumplimiento exacto de
dichos tratados.
Con esta serie de argumentos, y otros en sintonía, sugiere literalmente
al Gobierno, señora ministra, cosa que en absoluto se ha tenido en
cuenta, reconsiderar --comillas-- la necesidad de una iniciativa
legislativa como la sometida a consulta. No sólo piden mayor reflexión,
no sólo piden una reelaboración, sino que dudan muchísimo de la
coherencia, de la integridad --no es un texto entero coherente-- y
también de su propia necesidad de cara al futuro, teniendo en cuenta las
previsiones constitucionales y las de los tratados internacionales.
En el mismo sentido, y quizá con la misma dureza, realiza su crítica el
Consejo General del Poder Judicial. En su informe acerca de este
proyecto, en absoluto se queda atrás en su severidad y en su crítica
técnica y también profundamente jurídica. Señala, entre otras
incorrecciones, que la materia que constituye el objeto de la presente
ley podría resultar más propia de los tratados internacionales que de
leyes internas, aunque reconoce que efectivamente existen leyes internas
parecidas (dice que no se recoge el espíritu de los tratados
internacionales de manera coherente, de manera elaborada) en países como
el Reino Unido, Suiza y Portugal, que efectivamente se dotaron en su
momento de leyes que respondían a los objetivos que usted
pretende, pero pensamos nosotros, piensa el Consejo General del Poder
Judicial y piensa el Consejo de Estado, que en absoluto lo ha conseguido
su ministerio, señora ministra, y resulta poco idóneo en este proyecto
puesto que se están abordando materias directamente atinentes a derechos
fundamentales. Se dice explícitamente, pero sobre todo implícitamente,
que no se ha hecho una lectura adecuada de la Constitución y del amparo
que en la Constitución se da a los derechos fundamentales, lo que nos
parece la crítica más dura que se ha expresado aquí --no necesitamos más
adjetivos para decirlo-- respecto a la elaboración del texto definitivo
que hoy se nos presenta en el trámite correspondiente del proyecto de ley
orgánica que estamos discutiendo.
A la vez, habría que decir que teniendo en cuenta las previsiones
aprobadas a nivel europeo que se contienen en el Tratado de la Unión
Europea, este texto resulta o puede resultar absolutamente efímero,
absolutamente innecesario, pues no recoge previsiones, cambios o matices
fundamentales que se recogen en el texto del Tratado de la Unión Europea,
por ejemplo los referentes a asilo e inmigración u otros que ha citado la
anterior portavoz en esta tribuna.
Desde ese punto de vista, señora ministra, pensamos que el Gobierno
debiera reconsiderar la aceptación de esta petición de devolución. Es
importante saber corregir. A veces, este Gobierno, cuya política en
absoluto compartimos y hemos criticado reiteradamente, ha tenido cierto
éxito cuando ha corregido algunos sondeos, ciertos globos sonda o ciertos
textos que había elaborado, que incluso se habían publicado en la prensa
y que retiró posteriormente. Este es el momentoque tiene, aunque bastante
último, de poder hacerlo, de corregir un texto que en absoluto es
coherente, que en absoluto es necesario, que en absoluto se atiene a las
normas constitucionales españolas respecto a estos puntos que he
señalado, y que tampoco se atiene a las últimas previsiones recogidas en
el Tratado de la Unión Europea. Pensamos que ninguna de las prevenciones
que debe tener todo legislador se han tenido en cuenta respecto a la
elaboración y a la redacción final de este texto legislativo. Entendemos
que es una síntesis, en absoluto elaborada, de los textos que se recogen
en los distintos tratados internacionales; es una síntesis mala
técnicamente y es una síntesis que se escapa a la capacidad de
coordinación con otros ministerios que ya han efectuado su crítica, como
he dicho anteriormente. No se ha tenido sensibilidad a la hora de
repartir esa cooperación sobre temas de enorme importancia que se recogen
en el texto que ahora debatimos; y, desde luego, pierde seguridad con
relación a las previsiones constitucionales, como anteriormente he
manifestado.
Señora ministra, pensamos que para adecuarlo al Tratado de la Unión
Europea, para adecuarlo rigurosamente al texto constitucional, para
elaborarlo teniendo en cuenta la necesidad de cooperación
interministerial, para superar el cúmulo de errores técnicos que tiene,
debieran aceptar la devolución de este proyecto como un signo de
sensibilidad que hasta ahora no ha tenido la ministra, teniendo en cuenta
las críticas muy severas que han realizado tanto el Consejo General del
Poder Judicial como el Consejo de Estado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar tiene la palabra la
señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Mixto, y en nombre de Nueva Izquierda, queremos decir que
nuestro grupo va a apoyar ambas iniciativas de enmienda a la totalidad de
devolución, precisamente porque es un proyecto que tiene gran importancia
para pensar que se puede hacer desde la contra. Diría con todo respeto a
la ministra de Justicia que los proyectos de ley que trae no tienen muy
buena suerte. El último proyecto de ley orgánica que trajo lo tuvimos que
devolver y ahora nos trae éste. Podía haber hecho un esfuerzo por buscar
más consenso. Este proyecto viene con el informe en contra del Consejo de
Estado, con el informe en contra del Consejo General del Poder Judicial y
con la oposición de grupos de esta Cámara, y todo ello cuando hablamos
del respeto al pacto de la justicia. El proyecto lo podían haber traído
más conformado. Parece como si viniera aquí a que lo machaquen, y es
verdad que hay que machacar un poquito este proyecto. ¿Por qué? Porque va
a regular relaciones muy importantes, relaciones no sólo burocráticas,
sino relaciones que generan derechos en los ciudadanos, seguridad
jurídica, amparo social en un país, asilo político y a través de este
texto se hace un causalismo, una especie de arbitrariedad, no tratar
muchos asuntos por la vía de defensa de estos derechos sino otorgando una
arbitrariedad a la Administración, utilizando métodos de canjes de notas,
falta de control, falta de recursos y, además, como si no importara nada
a qué países mandamos a unas personas o de qué países nos traemos a
otras.
A mí me parece que hoy, desgraciadamente, existen todavía en el mundo
derechos y libertades que son conculcados a muchas personas, situaciones
que hacen que la gente tenga que irse de los países, no garantizando el
derecho de asilo, que es un acto de solidaridad política, que nosotros lo
tenemos en la teoría, pero que con esta ley se queda en una arbitrariedad
administrativa, y nos parece gravísimo, como lo están denunciando las
organizaciones no gubernamentales.
Yo creo que en leyes tan generales como es una ley de cooperación
internacional, que nos vincula no sólo dentro de nuestro Estado, sino con
otros Estados, tendría que haberse dado un mayor consenso y una mayor
actividad para poder hacer una ley que nos valga para siempre. Yo no creo
que sean leyes en las que cada uno pueda decidir a qué Estado se da o a
qué Estado no se le reconoce la extradición, sino que tienen que dar
medios, causas, elementos de verdad de defensa de valores
constitucionales y no solamente poder a la Administración a través de una
ley que, ni siquiera como tal ley, tendría que tener a lo mejor esta
categoría, pero, precisamente, como regula todo de una forma tan
farragosa, no tenemos la ocasión de decir que los que son derechos
fundamentales tienen que ir aquí, y que los que no son derechos
fundamentales donde tienen que estar es en un reglamento. Aquí lo juntan
todo, transformando una actividad política, solidaria y, además, de
respeto de las libertades en un mero trámite, cuando no burocrático, que
ya sabemos, y usted lo sabe perfectamente, la burocracia que hoy en día
hay ya en los pocos canjes que tenemos de presos, precisamente para
poderlos llevar de un lado a otro --hoy mismo se iba a hacer constar ante
el Defensor del Pueblo, porque es una de las críticas del informe de este
año-, porque hay mucha gente en el extranjero. Usted trae una ley a la
contra, una ley que no esta pactada y que encima le viene criticada desde
los órganos que tienen que vigilar un poco la base jurídica y la base de
actualización y de posibilidad de una ley y todos le han dicho que la
retire.
Yo creo que se pueden lograr acuerdos si el proyecto del Gobierno que ha
venido aquí admite esa crítica y admite que es un tema muy grave que
afecta a derechos fundamentales. Debemos sentarnos con tranquilidad, no
para enmendar algo que no tiene enmienda, sino para elaborar algo que
pueda tener solución. Nosotros nos ofrecemos, precisamente, para hacer un
proyecto que tenga solución. También, desde luego, si esto sigue
adelante, haremos un proyecto de enmienda que va a ser más gordo que el
propio proyecto de ley que usted ha traído. Yo creo que, basados en ese
espíritu que debe guiar la justicia, debe retirar el proyecto. Vamos a
votar las dos enmiendas de devolución, tanto la de Izquierda Unida como
la del Partido Socialista, y como no he calculado mucho el tiempo, pido
disculpas a la otra compañera y anuncio que ojalá tenga usted la
iniciativa de retirarlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en este caso en nombre del Bloque Nacionalista Galego y de
Eusko Alkartasuna para señalar de manera clara y contundente, si cabe, y
si se puede, más allá de los argumentos que se han señalado en esta
Cámara, nuestro apoyo a ambas enmiendas a la totalidad y, además del
voto, la solicitud para que se devuelva este proyecto de ley que, nos
parece poco acertado en la parte procedimental, en la técnica jurídica y,
desde luego, en los contenidos.
No tendríamos más que leer los razonamientos del Consejo de Estado y del
Consejo General del Poder Judicial para establecer esta devolución.
Señalar como señalan estos informes que esta materia es más propia de
tratados internacionales, que la terminología que se utiliza no es la
correcta para un procedimiento legislativo de una ley interna, o señalar
las dificultades que pueda tener cuando exista tratado sobre la materia,
sería suficiente, por no mencionar el que algunos artículos parecen
imponer obligaciones a otros Estados impropias de una ley de este tenor.
Pero lo que más nos preocupa, desde luego, es el contenido de esta ley,
esta ley de 135 artículos, que todos ellos han sido objeto de algún
comentario, pero, especialmente, si se puede señalar en este breve
tiempo, el título II, referente a la extradición. Señala el Consejo
General del Poder Judicial, señala el Consejo de Estado y han venido
siendo señaladas por esta Cámara las graves dificultades y, sobre todo,
la no adaptación a determinados convenios que, a nuestro entender, son
absolutamente fundamentales, porque regulan derechos y libertades
fundamentales.
Así nos resulta grave que en el artículo 34 --no son palabras mías, sino
del Consejo General del Poder Judicial-- se diga que se tenga muy en
cuenta lo que se está regulando, porque podría suponer que se deje sin
ningún contenido una institución que para nosotros es vital, que es la
institución del asilo. Este aspecto sería suficiente para devolverlo. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Además, en relación a otra serie de artículos, por ejemplo el 30, hay que
recordar la doctrina de tribunales tan importantes como el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, por no señalar que también se hace una
referencia a la Convención del estatuto de los refugiados, el problema
grave de falta de control o qué ocurre con el silencio a los recursos
contra decisiones de la Administración. Nos parece que recordatorios como
éste serían suficientes en una materia en la cual nosotros, los
parlamentarios, deberíamos tener una especial sensibilidad: los derechos
y libertades fundamentales.
Por todo ello, votaremos a favor de esas enmiendas de devolución y además
del voto, si se puede y si cabe, solicitaríamos a la ministra que, de
oficio, retirase el proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Cuando recibimos este proyecto de ley del Gobierno de cooperación
jurídica internacional en materia penal, mi grupo leyó primero la
exposición de motivos con gran interés, porque la exposición de motivos
trae una serie de consideraciones objetivas y subjetivas que nos parecen
razonables y sensatas. Pero cuando empezamos la lectura del articulado
fueron creciendo nuestras preocupaciones y temores de demócratas en un
Estado de Derecho. Empezamos a preparar una serie de enmiendas al
articulado de lo que nos iba llamando la atención y, junto a cuestiones
puramente técnicas en Derecho penal, en cuanto a la articulación de un
instrumento técnico para que los tratados internacionales que pueda
suscribir España en el futuro se ajusten a una técnica determinada, nos
pareció que en el apartado 3º del artículo 13 se conculca el artículo
13.3 de la Constitución española. Fuimos avanzando y nos encontramos con
que en el artículo 30 se contiene nada más y nada menos que la
permisividad de excepcionar la aplicación del principio de doble
incriminación. Esto implica conculcar el principio de legalidad penal,
base del Estado de Derecho. Esto es grave. Esto ya no se puede corregir
mediante un tecnicismo. Esto hay que quitarlo, porque no se puede hacer
ningún apaño, ningún enmascaramiento de lo que son principios
fundamentales, no ya constitucionales, sino principios de legalidad penal
que son base del Estado de Derecho.
De este tenor hay algunas cuestiones más que quisiera resaltar aquí. Por
ejemplo, el artículo 124, que habla del Estado interviniente. La
expresión Estado interviniente que trae el proyecto imposibilita la
aplicación del Derecho internacional, porque un Estado cualquiera no
puede obligar a terceros por una ley nacional, sea la Ley Helms-Burton
sea la ley que tratamos de sacar ahora, en aspectos comerciales o en
aspectos penales y jurídicos.
Y también, cuando lo relacionamos con Derecho internacional, nos llama la
atención una cuestión. Aquí se han alegado por anteriores intervinientes
las objeciones que el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder
Judicial han puesto. Nosotros las sucribimos, pues nos han encendido las
luces rojas de las señales de alerta, pero nos gustaría saber la opinión
del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este diputado que les habla tiene
una larga experiencia como portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores,
y en los acuerdos bilaterales o multilaterales de los tratados
internacionales esta materia se ha llevado siempre en el ámbito de la
diplomacia de la política exterior española; política exterior cuyo
instrumento ejecutor es el Ministerio de Asuntos Exteriores con el apoyo
de los restantes departamentos del Gobierno. Si esto lo aprobamos así, el
Ministerio de Asuntos Exteriores español no podrá firmar en lo sucesivo
prácticamente ningún acuerdo bilateral con ningún otro país en temas
penales y que estén relacionados, en este caso, con la cooperación
jurídica internacional. Si dicha cooperación la llevamos ya al tema de
los asilados y refugiados, las preocupaciones de mi grupo y de este
diputado empiezan a tomar un crescendo verdaderamente preocupante.
Se sustrae a la política flexible que necesita siempre la diplomacia
exterior, a través de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, un
instrumento muy importante, que son los acuerdos bilaterales, y más en
esta materia, con toda la tradición que hay detrás, porque además esto
forma parte de los derechos de una política flexible, no escrita,
programática electoralmente, por supuesto, de cualquier partido
gobernante. Pero no hay que ponerse los grilletes y el corsé para no
poder hacer nada en política exterior.
Y yo también me pregunto: si vamos a debatir pronto en esta Cámara la
ratificación del Tratado de Amsterdam, la modificación que los países
miembros de la Unión Europea hemos hecho, en el que el nuevo espacio
judicial europeo va a ser objeto de modificaciones, ¿en qué situación de
incongruencia nos deja este proyecto? Esto, señorías, es muy preocupante.
Y aunque mi grupo en este momento tiene prácticamente redactadas 32
enmiendas a este proyecto, que nos parecen muchas, y quitando las que
puedan ser de pura adecuación, de tecnicismos, que no tendrían mayor
trascendencia, eso nos lleva a manifestar aquí, desde el punto de vista
ideológico que caracteriza a Coalición Canaria y también por la
sensibilidad hacia Latinoamérica y hacia otros países que nuestro
Archipiélago ha tenido en el ámbito del derecho de asilo y el derecho de
los refugiados --y quiero decir en este caso que en Canarias hay, por
ejemplo, refugiados y asilados saharauis, por la inmediatez que tenemos-,
que una aplicación directa de este tema nos impide apoyar el proyecto que
se ha presentado aquí. Lo vemos de una gran incongruencia en este
momento. Como tenemos que defender unos principios, Coalición Canaria,
pidiéndole al Gobierno con todo sentido de colaboración que reconsidere o
que retire este proyecto, por esta congruencia y de acuerdo con el
criterio ideológico de mi grupo, va a apoyar las enmiendas de los Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Parlamentario
Socialista, ofertando el mejor sentido de rectificación y colaboración
que pueda hacerse.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, señorías, al abordar un
debate de totalidad intentamos
en nuestro grupo valorar los dos elementos sustanciales que en estos
casos deben plantearse: en primer lugar, si es oportuna y necesaria la
regulación que se pretende y, en segundo lugar, si el texto propuesto
tiene los elementos mínimos aceptables para constituir un tronco
alrededor del cual sea posible hacer una regulación correcta.
En cuanto al primer punto, no hace falta hacer excesivos esfuerzos,
porque los propios informes que acompañan al proyecto evidencian que no
existe esta necesidad. El informe del Consejo General del Poder Judicial
duda de la necesidad, repetimos, y considera que la materia que se regula
es más propia de tratados internacionales. En el mismo sentido, el
Consejo de Estado apunta que esta iniciativa puede resultar efímera o con
necesidades de revisión frecuentes y plantea como alternativa, que merece
la pena sopesar, el perfeccionamiento del sistema actual, esto es, la
elaboración de una compilación permanentemente actualizada de tratados
que obliguen a España.
Coincidimos, por tanto, con la recomendación del propio Consejo de Estado
cuando sugiere a la autoridad consultante reconsiderar la necesidad de
esta iniciativa legislativa que se le somete a consulta.
En cuanto al texto que se nos somete consideramos, en primer lugar, que
la técnica legislativa seguida puede dar lugar a numerosos e importantes
problemas. Sería necesario diferenciar, y en ello coincidimos con el
informe hecho por el propio Ministerio de la Presidencia, en el sistema
de cooperación internacional, tres ámbitos diversos de cooperación de
mayor a menor intensidad: el ámbito Schengen, el ámbito de los países de
la Unión Europea y el de los países terceros, teniendo en cuenta además
las relaciones de estos últimos con la Unión Europea para permitir
tratamientos diferenciados. Esto mismo se sugiere por otro departamento
ministerial. El Ministerio de Asuntos Exteriores insiste en la necesidad
de diferenciar ámbitos.
Otro problema, que también plantea en un segundo bloque el Consejo de
Estado, es la técnica normativa, ya que le parece que hay preceptos en el
proyecto que exceden de la finalidad de proporcionar normas internas
orgánicas y procesales que permitan a las autoridades españolas la
aplicación de las disposiciones de los tratados.
En tercer lugar, me referiré a un aspecto particularmente importante
desde nuestra óptica, y es que el proyecto regula determinados supuestos
en materia de derechos humanos que vulneran las garantías mínimas
establecidas tanto en la normativa internacional como en la Convención
sobre el estatuto de los refugiados de 1951 y en la propia Constitución
española. En este punto nos parece, como grupo, íntegramente asumible el
documento elaborado por Amnistía Internacional, que ha sido remitido a
todos los grupos de la Cámara. En él se afirma que el proyecto no protege
adecuadamente el derecho a la vida y a la integridad física de aquellas
personas objeto de una posible extradición, y que vulnera el derecho de
un asilado a no ser devuelto a sus países de origen.
Asimismo, siguiendo con el informe de Amnistía Internacional, el proyecto
abre la posibilidad de que puedan ser extraditados a países de la
comunidad iberoamericana o de la Unión Europea personas acusadas de
delitos políticos. Creemos que a este respecto se vulnera el artículo 13
de la Constitución española cuando establece que quedan excluidos de
extradición los delitos políticos, si bien no se considerarán como tales
los actos de terrorismo.
El Grupo Vasco no presentó enmienda de totalidad en un intento de
sostener el proyecto del Gobierno, como ha sido su práctica en esta
legislatura, y pensando hacer el ímprobo esfuerzo de mejorarlo con
enmiendas parciales. Presentadas enmiendas de totalidad por dos grupos,
nos parece que lo sensato es sumarnos a ellas, votarlas favorablemente y
solicitar la devolución del texto al Gobierno.
No puedo concluir sin manifestar un último aspecto que me parece
absolutamente importante y que evidencia un defecto técnico notable en el
texto de la ley, más aún, evidencia una contradicción del Gobierno
consigo mismo. Están en este momento en tramitación en la Cámara dos
proyectos de ley en los cuales se hacen manifestaciones absolutamente
contrarias sobre un elemento del que el Grupo Popular hizo bandera
durante su campaña electoral, que es el concepto del acto político. En el
texto que ahora estamos examinando se dice en la exposición de motivos
que es doctrina ampliamente compartida y ratificada por reciente
jurisprudencia el reconocimiento de la naturaleza de acto político a los
adoptados por el Gobierno en este ámbito. Se remite al informe del
Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de la ley de la
jurisdicción contenciosa, y manifiesta que es por todos reconocida la
pervivencia de esta categoría de acto político. Sin embargo, en el
proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa --que, repito, está a la
vez que este texto tramitándose en la Cámara-- se dice exactamente lo
contrario. Dice la exposición de motivos del proyecto de ley de la
jurisdicción contenciosa que la ley parte del principio del sometimiento
pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera
cláusula regia del Estado de Derecho, que es incompatible con el
reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad,
llámense actos políticos, de Gobierno o de dirección política. En
realidad, el propio concepto de acto político --dice este otro proyecto
de ley-- se halla hoy en franca retirada en el Derecho público europeo;
los intentos encaminados a mantenerlos resultan inadmisibles en un Estado
de Derecho. ¿En qué quedamos, son inadmisibles o son admisibles?, como se
dice en la exposición de motivos del proyecto que ahora estamos
examinando.
No considero necesario hacer más observaciones; este es un elemento más
que justifica nuestro apoyo a
que el texto sea devuelto al Gobierno para que lo reconsidere.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Si hay dos ámbitos de la política del Estado que debieran basarse en el
consenso y en el acuerdo de los grupos parlamentarios, desde luego es el
ámbito de la política exterior y el ámbito de la justicia. Y si algo se
nos ha puesto de manifiesto en el día de hoy es que no han sido
realizados los esfuerzos necesarios para dirigir esos ámbitos de la
Administración y de la política del Estado sobre esa base de consenso.
El proyecto enviado por el Gobierno llega a las Cortes Generales, no
quiero decir que en no buena compañía, porque el Consejo de Estado y el
Consejo General del Poder Judicial son buena compañía, es que llega sin
esa compañía. Por otra parte, ya se ha puesto aquí de manifiesto que el
recibimiento por los grupos parlamentarios, no sólo por aquellos que se
encuentran en lo que pudiéramos denominar oposición, sino también por
grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, ha sido tremendamente
contundente. Por tanto, quiero decir en estos momentos que el Grupo
Parlamentario Catalán se reserva la determinación de su posición hasta
escuchar cuál es el compromiso que tiene el Grupo Parlamentario Popular
respecto de las enmiendas, las conversaciones, la posición que le ha sido
manifestada reiteradamente por el Grupo Parlamentario Catalán a lo largo
de diversas ocasiones. Si el Grupo Parlamentario Popular hubiese empleado
el turno en contra, en estos momentos posiblemente hubiéramos podido
fijar esa opinión. En estos momentos, a la espera de que se nos
manifieste por el Grupo Parlamentario Popular el compromiso de reforma
sustancial de este proyecto de ley y, por tanto, de aceptación de
aquellos principios y espíritus que han sido manifestados aquí por los
grupos parlamentarios, el Grupo Catalán se reserva la fijación de
posición.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Señor presidente, señorías, en nombre del Grupo
Popular voy a expresar las razones por las cuales no sólo es oportuno el
momento en que este proyecto de ley se presenta ante las Cámaras, sino
también las razones por las cuales el Grupo Parlamentario Popular, por
medio de este portavoz, anuncia su voto en contra de las enmiendas de
totalidad presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista e
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a la vez que queda abierto a
discutir, estudiar y aceptar enmiendas en la posterior tramitación del
proyecto de ley. (El señor Yáñez-Barnuevo García: Y Ollero ¿dónde está?)
Antes de dar respuesta a las enmiendas que han sido planteadas, expongo,
aunque sea de una manera escueta, la utilidad de este proyecto de ley,
que regula la cooperación jurídica internacional en materia penal. El
proyecto de ley articula materias muy sensibles y fundamentales para la
lucha internacional para la delincuencia, tales como la extradición, el
traslado de personas condenadas para cumplir su condena en su país de
origen, el auxilio judicial, el cumplimiento de sentencias extranjeras o
el abordaje de buques en alta mar cuando hubiere sospechas de tráfico de
drogas. Con este proyecto de ley se dota a nuestros tribunales y al
Gobierno de los instrumentos jurídicos que ahora faltan para el
establecimiento de una cooperación internacional y, muy especialmente,
para contribuir a crear el espacio judicial europeo. El proyecto de ley
no tiene precedente en el Derecho español y son escasos los Estados que
han acometido una tarea de estas dimensiones, salvo, si acaso, Portugal,
Suiza y parcialmente el Reino Unido, como ha reconocido el señor Alcaraz.
Tiene en cuenta los avances ya producidos en el seno de la Unión Europea,
lo que se revela en aspectos tan esenciales como la regulación del delito
político para excluir de este concepto todas las formas de terrorismo. Se
reconoce, como no podía ser menos, la pervivencia de la categoría del
acto político. En el artículo 13 del proyecto de ley está reproducido el
artículo 13 de la Constitución española. El proyecto de ley no podía ser
insensible a las nuevas tecnologías, y prueba de ello es la regulación
que lleva a cabo, por ejemplo,de la recepción de pruebas testificales a
distancia por medio de viodeoconferencia o interceptación internacional
de telecomunicaciones.
El proyecto de ley, además de los fundamentos jurídicos que contiene,
tiene una base esencialmente empírica. Con esta futura ley nuestros
tribunales tendrán normas precisas para solicitar la colaboración
internacional o prestar la que se les pida, regulándose incluso el
desplazamiento al extranjero para obtener pruebas, y todo ello,
naturalmente, en una regulación que combina la eficacia con el respeto
más absoluto a las garantías individuales, tal y como se han definido en
los pactos internacionales de derechos humanos y en nuestra legislación.
Con este proyecto de ley se reafirma el compromiso del Gobierno y del
grupo parlamentario que lo sustenta de respetar los tratados
internacionales existentes, así
como su adhesión a los principios expresados en la Carta de las Naciones
Unidas y en los demás instrumentos internacionales existentes. Se
consigue el objetivo de intensificar la lucha contra la delincuencia
internacional, respetando y promoviendo el imperio del derecho y de la
legalidad en las relaciones internacionales y, con tal fin, completando y
continuando el desarrollo del Derecho penal internacional, cumpliendo
plenamente con las obligaciones derivadas de los tratados e intrumentos
internacionales en la materia, examinando la legislación nacional a fin
de cerciorarse de que se ajusta a las necesidades del Derecho penal
internacional.
La enmienda del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida se limita a reproducir una cita fragmentaria del
Consejo de Estado, olvidando que, en su parte final, y con referencia
únicamente a 16 observaciones, algunas de las cuales han sido recogidas,
se concluye que procede elevar el anteproyecto al Gobierno para su
aprobación y remisión a las Cortes.
El Grupo Socialista pretende descender desde la generalidad a lo concreto
y se apoya en citas inadecuadas que no guardan relación con el proyecto.
Bajo un párrafo a) de la enmienda ... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Arqueros.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar, señor
Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Muchas gracias, señor presidente.
Bajo un párrafo a) de la enmienda sostiene, sin más desarrollo, que el
nuevo Tratado de la Unión, el de Amsterdam, introduciría cambios
sustanciales en el ámbito objeto del proyecto. El proyecto de ley no
interfiere en la soberanía doméstica más de lo que interfería la antigua
cooperación política europea y el título VI del Tratado de Maastricht.
Con independencia de los futuros desarrollos de estos títulos, la ley
seguirá siendo necesaria para sus aspectos orgánicos y procesales, y no
sólo en un ámbito europeo, sino universal. Por ello, reitero la postura
del Grupo Popular de aceptar posibles enmiendas que mejoren objetivamente
el proyecto.
Pero no veo otra utilidad a las citas hechas por la portavoz del Grupo
Socialista que sorprender al Ministerio de Justicia o a los redactores
del proyecto invocando un dato de difícil localización para quien no está
especializado altamente. Tal sorpresa no se ha producido. Están ustedes
citando el documento PC-OC/NF 96-13, del Comité director de problemas
criminales, de 15 de noviembre de 1996, que, por cierto, no es un órgano
político, sino técnico, y, por tanto, no se puede decir que sus
decisiones sean decisiones del Consejo de Europa, sino de tal órgano.
Este proyecto de convenio general quizá sea poco reconocido por el
anterior equipo ministerial, aunque ya estaba elaborado cuando asumió las
responsabilidades ministeriales. No se ha trabajado en él después, pero
no porque siguiera una metodología inadecuada, como parece sugerir la
enmienda del Grupo Socialista, sino por razones estrictamente
presupuestarias derivadas de la necesidad de establecer prioridades ante
la difícil situación económica del Consejo de Europa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arqueros, le
ruego vaya concluyendo.
El señor ARQUEROS OROZCO: Termino, señor presidente.
Por todas estas razones, porque pensamos que es un proyecto de ley
necesario, porque la sociedad internacional en la que estamos inmersos se
caracteriza por una tendencia a la búsqueda de la paz mediante el
derecho, porque es una ley que articula los mecanismos orgánicos y
procesales que permiten al Estado un fiel cumplimiento de sus numerosos y
complejos compromisos internacionales en un constante proceso de cambio e
innovación, sobre todo en ciertos marcos institucionales como es la Unión
Europea, y por la flojedad de ciertos argumentos en las enmiendas a la
totalidad presentadas por los grupos Socialista e Izquierda Unida, es por
lo que vamos a dar nuestro voto en contra a la enmienda de devolución. No
obstante, y sin perjuicio de las anteriores consideraciones, el Grupo
Parlamentario Popular no tiene inconveniente alguno para que en ponencia,
en comisión y en posteriores debates se puedan estudiar otras enmiendas,
y en su caso aceptarlas, que contribuyan a la mejora del texto de este
proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Arqueros.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas de totalidad de devolución
presentadas y defendidas por los grupos parlamentarios Socialista y
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley
orgánica de cooperación jurídica internacional en materia penal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 144; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de
totalidad.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROPOSICION DE LEY SOBRE MEDIDAS PRESUPUESTARIAS APLICABLES AL FONDO
PROCEDENTE DE LOS BIENES DECOMISADOS POR TRAFICO DE DROGAS Y OTROS
DELITOS RELACIONADOS. (Número de expediente 122/000084)
El señor PRESIDENTE: Señorías, la Mesa de la Cámara, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado someter al Pleno la tramitación directa y en
lectura única de la proposición de ley sobre medidas presupuestarias
aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Se entiende aprobado.
AVOCACION POR EL PLENO:
--DEL PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA JURISDICCION
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. (Número de expediente 121/000068)
El señor PRESIDENTE: Asimismo se ha acordado someter al Pleno la
avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
¿Acuerda el Pleno recabar para sí la deliberación y votación final de
este proyecto? (Asentimiento.) Así se entiende aprobado.
--DE LA PROPOSICION DE LEY SOBRE RECONOCIMIENTO DE EFECTOS JURIDICOS A
LAS PAREJAS DE HECHO ESTABLES. (Número de expediente 122/000071)
El señor PRESIDENTE: Se ha acordado también de la misma forma la votación
y deliberación final de la proposición de ley sobre reconocimiento de
efectos jurídicos a las parejas de hecho estables.
¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Gracias, señorías.
--INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTION
REALIZADA DURANTE EL AÑO 1996. (Número de expediente 260/000002)
El señor PRESIDENTE: Señorías, como habíamos anunciado, al haberse
acordado la modificación de los puntos que constituyen el orden del día
de la sesión de esta mañana, vamos a pasar al informe anual del Defensor
del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 1996.
(Rumores.) Señorías, ruego a quienes hayan de abandonar el hemiciclo que
lo hagan con toda celeridad y, en todo caso, que guarden silencio.
(Continúan los rumores.)
Silencio, señorías. (Pausa.)
Para presentar el informe anual correspondiente a la gestión realizada
durante el año 1996, tiene la palabra el Defensor del Pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda Torres): Excelentísimo
señor presidente del Congreso, excelentísimos señoras y señores
diputados, me propongo en este acto dar cumplimiento a la obligación que
el artículo 32 de la Ley orgánica encomienda al Defensor del Pueblo de
exponer ante el Pleno de este Congreso un resumen del informe
correspondiente al año 1996. Trataré de no provocar el tedio de SS. SS.
con la repetición de lo que ya expuse durante mi comparecencia ante la
Comisión mixta celebrada el pasado 16 de septiembre, pero sin cercenar
esta intervención hasta tal punto que pudiera llegar a desnaturalizar el
contenido del propio informe, porque conviene no olvidar que en sus
páginas se recogen las reclamaciones y quejas de nuestros conciudadanos,
algunos de los cuales pertenecen a los sectores económico y culturalmente
más débiles de nuestra sociedad. Gracias, señorías, por su presencia hoy
en esta Cámara y por dispensarme su atención.
Centraré mi exposición en tres puntos, tres reflexiones fundamentales con
las que pretendo destacar, en primer lugar, los aspectos básicos de
nuestro trabajo en lo que se refiere al tratamiento de las quejas; en
segundo lugar, un examen de los derechos fundamentales afectados por las
mismas y, finalmente, una valoración autocrítica del funcionamiento de la
institución y de su nivel de eficacia.
Entrando ya en la materia objeto de mi primera reflexión, comenzaré
diciendo que las quejas recibidas en la institución a lo largo del año
1996 han sido bastante más numerosas que las del año precedente, a pesar
de que el ideal precisamente consistiría en que su número fuera
disminuyendo, como síntoma de que la Administración mejoraba en su trato
al ciudadano y corregía sus viejos y más obstinados errores. En total han
sido 25.875 las quejas recibidas, de las que 14.898 corresponden a
colectivos o grupos idénticos, cuyo valor estadístico no siempre es el
mismo y, por ello, en el informe se ha optado por separar este tipo de
quejas de las individuales. De estas últimas, es decir, de las
individuales, el 41 por ciento han sido cursadas ante la Administración y
el resto no han podido ser admitidas por distintas causas. Así, por
ejemplo, hemos continuado recibiendo numerosas reclamaciones sobre
cuestiones jurídico-privadas que quedan fuera de la órbita de nuestra
institución. Otras veces nos han requerido actuaciones contra la
Administración cuando ni siquiera se han utilizado previamente los
procedimientos administrativos legalmente establecidos. Y en ocasiones
incluso se ha pretendido que llevemos a cabo la revisión de sentencias
judiciales ya firmes, lo que obviamente no corresponde al Defensor. Para
corregir todos estos errores de enfoque competencial, hemos realizado un
esfuerzo informativo y pedagógico en esta tarea de deslindar los perfiles
básicos de lo que constituye nuestra institución.
Otro dato importante es el número de quejas investigadas a lo largo de
1996. De las 25.875 que antes les indicaba que habíamos recibido, a 31 de
diciembre de 1996 se encontraban pendientes de examen 1.013 quejas, lo
que supone que a lo largo de todo el año se han tramitado 24.862, es
decir, el 96,8 por ciento de las mismas. Entre las quejas que han sido
tramitadas, el informe destaca algunas que han suscitado la preocupación
prioritaria de la institución y se recogen en forma de estudios
monográficos. Esos estudios han sido ocho en total, a los que es preciso
añadir una referencia genérica sobre la situación de la infancia, lo que
constituye una novedad digna de ser resaltada. Todos estos temas reciben,
ciertamente, un tratamiento especial en el informe, y no porque las
restantes quejas no sean consideradas y estudiadas de forma minuciosa y
con el máximo interés, lo que sucede es que hay asuntos que por afectar a
amplios sectores de la población, por referirse a derechos fundamentales
o por su repercusión social han preocupado, como decimos, de manera
especial a la institución. Y puesto que la misión que tenemos encomendada
es la defensa de los derechos fundamentales, entiendo, señorías, que
sería de interés deslindar todas aquellas cuestiones que pudiera
considerarse que afectan a derechos y libertades de aquellas otras que
únicamente reflejan una irregularidad en la actuación ordinaria de las
administraciones públicas.
Cuando el artículo 54 de la Constitución española encomienda al Defensor
la protección de todos los derechos comprendidos en su título I incluye
los derechos fundamentales, cívicos y políticos o libertades públicas,
pero también los principios rectores de la política social, económica y
cultural. Los ciudadanos nos han remitido quejas manifestando la posible
vulneración de ambos, pero cabe destacar que con mucha mayor frecuencia
estas quejas se refieren a lo que reconocemos como derechos económicos,
sociales y culturales, que gravitan sobre los valores de la igualdad, la
justicia y la solidaridad. En definitiva, una vez más, las reclamaciones
que se dirigen al Defensor afectan en su mayoría a estos derechos de
contenido socioeconómico. Reclamaciones relativas a la vivienda,
situación penitenciaria, falta de recursos en la enseñanza, salud
pública, problemas relacionados con la tercera edad o las minusvalías, el
paro y las deficiencias en la gestión de algunos servicios públicos
constituyen el núcleo esencial de las patologías administrativas
recogidas en nuestro informe.
Dicho esto, vamos a pasar a examinar los dos grandes bloques de derechos
que tienen un distinto grado de protección o de tutela en nuestra
Constitución y en el ámbito de la Convención Europea de 1950. En cuanto
al primer grupo, al de los derechos civiles y políticos, destacaremos
aquellos que nos pueden resultar más relevantes.
Por lo que se refiere al ámbito de aplicación del artículo 17 de nuestra
Constitución y en relación también con el artículo 18, que garantiza el
derecho a la intimidad personal, hay que señalar que se han recibido
varias quejas denunciando la falta de rigor con que ha venido llevándose
a cabo la práctica del registro con desnudo integral de detenidos por
miembros del Cuerpo Nacional de Policía, como consecuencia de la
insuficiente regulación de esta materia en el ordenamiento jurídico
español. Para evitar la arbitrariedad en el uso de esta medida, el
Defensor del Pueblo formuló al Ministerio del Interior la recomendación
de que elaborase una instrucción dirigida a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. La instrucción fue efectivamente dictada por la
Secretaría de Estado para la Seguridad y en ella se recoge nuestra
recomendación estableciendo que la práctica del desnudo de los detenidos
ha de decidirse, en último termino, por el funcionario responsable de
acordar dicha medida, que deberá ser en todo caso motivada, debiendo
quedar constancia de la misma en el correspondiente libro registro de
detenidos.
También podemos aquí incluir el tema de la expulsión de 103 inmigrantes
en Melilla, en junio del pasado año, que reafirmó la necesidad de
preservar la adecuada utilización de los procedimientos previstos en la
Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España.
Tras las investigaciones practicadas por nuestra institución se concluyó
que el proceso de expulsión había tenido una serie de anomalías que
supusieron una violación de las previsiones legales. Todo ello, junto al
hecho de haberse constatado que la permanencia de estas personas en
territorio español lo era en condiciones de abandono y marginalidad,
contrarias a la Constitución, hizo imprescindible formular al Ministerio
del Interior las correspondientes recomendaciones para la aplicación de
la ley, recomendaciones que están siendo objeto de un especial
seguimiento a lo largo de este año 1997. Recientemente hemos examinado
con responsables cualificados del los ministerios de Asuntos Exteriores,
Interior, Trabajo y Asuntos Sociales la fórmulas de cumplimiento de
coordinación más idóneas para solucionar los problemas reales que se
siguen presentando en esa frontera sur de nuestro país. Y entre las
conclusiones que acaban de ser aprobadas por la totalidad de los
comisionados
autonómicos y defensores del pueblo se reitera la necesidad y la urgencia
de contar con una autoridad única que actúe eficazmente en la
coordinación y resolución de los problemas de inmigración.
Otro derecho esencial, como es el de la libre circulación por el
territorio nacional, consagrado en el artículo 19 de nuestra
Constitución, puede ser objeto de nuestros comentarios. Hay que citar
algunas actuaciones de la Policía local de determinados ayuntamientos en
relación con las personas que piden limosna en la calle, ya que
amparándose en viejas ordenanzas municipales se procedía a su detención
como procedimiento para erradicar la mendicidad, en ocasiones se les
requisaba el dinero que llevaban encima, e incluso se llegó a trasladar a
estas personas a otros lugares alejados del municipio. A los
ayuntamientos implicados se les ha recomendado la modificación de las
viejas ordenanzas municipales que han servido de soporte a la actuación
policial y su sustitución por otras nuevas adecuadas a los principios de
legalidad y tipicidad y a los derechos fundamentales de la persona.
Siempre que esta mendicidad suponga la constatación de una realidad como
la pobreza y se practique sin coacciones y sin que se vean implicados
menores de edad, es evidente que no puede expulsarse a los ciudadanos que
la ejercen por el solo hecho de que su presencia resulte molesta. Es más,
el Defensor del Pueblo, por la misma naturaleza de la institución, estará
en todo momento dispuesto a dispensarles su amparo. Así, abogamos por una
discriminación positiva hacia los desfavorecidos, que se fundamenta en
una amplia interpretación del principio de igualdad que consagra nuestra
Constitución.
En cuanto a la libertad para expresar pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción, se han
recibido numerosas quejas cuestionando los contenidos de la programación
de las distintas cadenas de televisión, públicas y privadas, en relación
con el exceso de publicidad, la contraprogramación y la emisión de
escenas de contenido inadecuado o perjudicial para la juventud y la
infancia. Importa aclarar que, tal como la propia Constitución señala,
los derechos consagrados en su artículo 20 sobre libertad de expresión
tienen un límite general en el respeto a los restantes derechos que la
Constitución y las leyes reconocen a los ciudadanos y, de modo más
preciso, en el respeto del derecho al honor, a la intimidad, a la propia
imagen y a la protección de la juventud y la infancia. No parece adecuado
que una política de persuasión tan comprensiva, como la que parece que se
está manteniendo hacia las cadenas de televisión por parte de los
organismos responsables del control de las mismas, implique la dejación
de competencias reguladoras en perjuicio de la debida protección de un
colectivo como el de menores y jóvenes que carecen de otros mecanismos de
defensa frente a estas agresiones. El propio Estatuto de Radio y
Televisión, tanto pública como privada, así como la ley que incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva de la Unión Europea sobre el
ejercicio de actividades de radiodifusión y televisión inciden en la
transcendencia de proteger a la juventud y a la infancia prohibiendo la
emisión de escenas que puedan dañar a estos colectivos.
Pero de todo este bloque de derechos y libertades, uno de los más
importantes es, sin duda, el de la tutela efectiva por los jueces y
tribunales. La mayoría de las quejas que nos llegan sobre esta materia se
refieren a las dilaciones indebidas en la Administración de justicia y,
más concretamente, en la jurisdicción contencioso-administrativa. Es
evidente que existe un déficit de personal y de medios técnicos en los
juzgados y en los tribunales, circunstancia esta que se ha sido puesta de
manifiesto en el Libro Blanco de la justicia, elaborado por el propio
Consejo General del Poder Judicial. Somos absolutamente conscientes de
esta situación, pero, la verdad, la triste realidad es que los ciudadanos
se quejan, y lo hacen insistentemente, del retraso en los procesos
judiciales y en su ejecución. Las jurisdicciones que presentan mayor
número de procedimientos pendientes de resolver son la
contencioso-administrativa y la civil. Por ello, el Defensor del Pueblo
ha dirigido al Ministerio de Justicia sendas recomendaciones insistiendo
en la necesidad de dotar a estos órganos jurisdiccionales de los medios
técnicos indispensables para acometer sus funciones. Respecto de la
jurisdicción contencioso-administrativa se subraya, además, la
conveniencia de aprobar una nueva ley con procedimientos rápidos y
eficaces para resolver aquellas cuestiones que por su contenido y
naturaleza no requieran la utilización de un procedimiento más complejo.
También han sido numerosas las quejas relativas a la actuación de
abogados y procuradores, por lo que hemos procedido a tramitar estas
reclamaciones ante los respectivos colegios profesionales. De otra parte,
se han recibido quejas de los centros penitenciarios que se refieren a la
masificación y falta de suficiente espacio, escasez de puestos de trabajo
remunerado, traslados de reclusos, suicidios, régimen penitenciario,
aplicación del artículo 60 del Reglamento penitenciario, y tantos otros
que no podemos pormenorizar, porque hay que recordar que en el año 1996
se elaboró un informe monográfico sobre la situación de las cárceles
españolas que abarca el período 1988-1996. Por esta razón, en el informe
de este año no se recogen, con el detalle de otros, todas las actuaciones
llevadas a cabo por el Defensor en esta materia.
Sí puede señalarse que en la actualidad hay cinco establecimientos
penitenciarios en construcción y cuatro ya terminados y a la espera de su
inminente inauguración, por lo que conviene resaltar la importancia que
sobre la realidad penitenciaria tendría la efectiva entrada en
funcionamiento de todos estos centros.
En cuanto al derecho a la educación y los problemas que afectan al
sistema educativo, hay que decir que siempre son objeto del máximo
interés del Defensor del Pueblo. En este sentido, hemos abordado
nuevamente diversos asuntos que ya habían sido tratados en años
anteriores. Pero, si acaso, puede destacarse un mayor énfasis en la
ineludible necesidad de dotar al sistema educativo de todos los recursos
necesarios para que cumpla adecuadamente con su misión. Y esta ineludible
necesidad no tiene únicamente como destinatario el sistema público
educativo, sino también el privado.
Por ello --insisto-- se insiste ante los representantes de la soberanía
popular, a quienes compete la aprobación anual de las leyes de
presupuestos, para que en un momento como el presente, en el que es
obligado mantener un rigor presupuestario por exigencias derivadas de
nuestra incorporación al proceso de creación de moneda única en la Unión
Europea, no se escatimen al sistema educativo los recursos que le son
imprescindibles.
Finalmente, voy a referirme a la objeción de conciencia, derecho al que
el constituyente ha otorgado una considerable importancia específica,
puesto que el artículo 53.2 de la Constitución española le reconoce la
protección jurisdiccional especial reservada para los derechos
fundamentales y libertades públicas, aunque no pueda considerarse como
tal stricto sensu.
Las demoras crónicas y generalizadas para la incorporación al período de
actividad de la prestación social sustitutoria siguen siendo el problema
más relevante que afecta a los objetores de conciencia. El Defensor
estima que el Ministerio de Justicia debería estudiar y proponer aquellas
modificaciones del Reglamento de objeción de conciencia que configuren un
procedimiento de gestión caracterizado por su claridad y por la
previsibilidad de los actos jurídicos que afecten a los interesados.
Por lo que se refiere a la insumisión, hay que señalar que si se cumplen
las previsiones de profesionalización del ejército para el año 2003 y se
suprimen, por tanto, las prestaciones personales obligatorias actualmente
vigentes, se producirá la situación de que habrá unos jóvenes condenados
por determinadas conductas, que dentro de poco dejarán de ser delictivas.
Este Defensor, siguiendo un criterio elaborado en común con los restantes
comisionados autonómicos, entiende que estas conductas no deberían
conllevar pena de prisión y que la sanción que merezcan deberá ser
proporcionada al interés jurídico que pretenden proteger.
Junto a estos derechos civiles y políticos, es decir, las libertades
personales, se encuentra el otro gran bloque de los derechos económicos,
sociales y culturales derivados de los principios rectores, que son
aquéllos sobre los que se cimenta realmente el Estado del bienestar, los
que responden a los valores de igualdad y solidaridad humana.
Lógicamente, sobre este bloque el número de quejas que se han recibido en
nuestra institución es mucho mayor que el referido a los derechos cívicos
y políticos. Seguramente esto ocurre también en otros países democráticos
de nuestro entorno, pero ello no obsta para reiterar que los poderes
públicos deberían esforzarse en promover estos derechos recogidos en el
capítulo tercero del Título I de nuestra Constitución.
Como no resulta posible recoger todas las quejas referidas a este bloque,
destacaré aquéllas que me parece puedan ser más relevantes. En el informe
hay algunas reclamaciones que se refieren a materia tributaria, es decir,
a quejas que los ciudadanos presentan contra determinados impuestos. Por
ejemplo, hasta el año fiscal 1996 los padres con hijos discapacitados a
cargo venían obligados a incluir como rendimiento del trabajo en la
declaración del IRPF las prestaciones familiares que recibían por estos
hijos. El Defensor consideró que al tratar Hacienda estas rentas como
pensiones podría ocurrir que las consecuencias fiscales anulasen los
beneficios de dichos ingresos.
Igualmente se entendió que cuando los hijos mayores de edad son
declarados incapaces judicialmente, prorrogándose así la patria potestad,
las obligaciones de los padres vienen a ser las mismas que cuando los
hijos son menores, por lo que parecía lógico que pudiesen formar parte de
la unidad familiar a efectos del citado impuesto. Ambas recomendaciones
han quedado incluidas en la Ley de medidas fiscales, administrativas y de
orden social, de 30 de diciembre de 1996, con efectos para la declaración
de la renta.
En lo que concierne al derecho al trabajo, hay que decir que el registro
de minusválidos demandantes de empleo apenas tiene operatividad en las
oficinas de colocación. No están coordinadas con los centros
ocupacionales y no disponen de medios personales ni materiales para
atenderlos. En cambio, hay que destacar que de las 29 oficinas de empleo
visitadas por el Defensor, un número apreciable de ellas, concretamente
23, eran accesibles para los discapacitados, situación muy distinta de la
que existe en numerosos organismos públicos y edificios privados que no
han eliminado todavía las barreras arquitectónicas.
Estas consideraciones dieron lugar a que el Defensor recomendase al Inem
la elaboración de un programa específico destinado a superar las
carencias actualmente existentes, tanto en relación con la eliminación de
las barreras arquitectónicas de las oficinas en las que aún existan, como
para que los trabajadores minusválidos vean incrementadas sus
posibilidades de acceso a un empleo.
En lo que respecta al derecho a la salud, hay que señalar que, como ha
venido ocurriendo en años anteriores, un significado número de quejas se
refiere a los derechos reconocidos a los usuarios del sistema sanitario
público. Durante el año en el que se centra este informe han continuado
efectuándose actuaciones relativas
a las listas de espera, referidas en la mayoría de los casos a la
realización de intervenciones quirúrgicas. Parece que se observa un
paulatino descenso en el número de estas quejas, lo que podría apuntar
hacia una posible mejora en la situación de dichas listas.
Respecto al medio ambiente, la institución del Defensor del Pueblo ha
recomendado que se revise la Ley de protección de ambiente atmosférico,
de 1972, para que sean adecuadamente regulados los diferentes focos y
fuentes de emisión de materias o formas de energía que impliquen daño o
molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza,
atendiendo de forma especial a los residuos urbanos e industriales. La
futura ley deberá establecer también una regulación de los índices de
calidad del aire más acorde con las exigencias actuales, ya que la
normativa actual establece unos límites mucho menos estrictos que los
exigidos en la legislación de los países de nuestro entorno. Sería
también preciso promover la educación ambiental y adoptar medidas de
sensibilización social en relación con los temas de generación de
residuos.
Han sido numerosas también las quejas recibidas denunciando
irregularidades en la actuación de la Administración en materia de
vivienda y tráfico urbano.
Respecto a las viviendas, hay que recordar las numerosas solicitudes de
arrendatarios, que se dirigen a nuestra institución solicitando que
intervenga en el problema de las pésimas condiciones en que se encuentran
algunos edificios, lo que coloca en una posición de riesgo e incomodidad
a sus moradores, dada la resistencia de la propiedad a reparar los
inmuebles.
Un nuevo asunto de interés que se ha presentado a nuestra institución se
refiere al retraso en la entrega de las viviendas de promoción pública,
ya adjudicadas, y a la deficiente información que las entidades
financieras transmiten a sus clientes que tienen reconocido el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la financiación
cualificada.
Hemos recibido también numerosos escritos de protesta contra las
notificaciones realizadas por las administraciones municipales en materia
de tráfico. Existe, ciertamente, una inadecuada actualización de las
bases de datos que utilizan los ayuntamientos, puesto que en ocasiones se
remiten dichas notificaciones a quienes ya no son los titulares de los
vehículos en el momento de cometerse la infracción. Hemos recomendado a
las autoridades municipales que se arbitren medidas en orden a la
constante actualización de los domicilios que figuran en sus bases de
datos. También se ha recomendado a algún ayuntamiento y a la Dirección
General de Correos y Telégrafos que, en las notificaciones recibidas por
personas distintas de los interesados, se observe un escrupuloso
cumplimiento de todos los requisitos exigidos, especialmente el de hacer
constar el nombre, apellidos y número del documento nacional de identidad
de quien lo reciba.
Quisiera cerrar este capítulo refiriéndome a un tema que, supongo, ha de
interesar a SS. SS. La situación de la infancia en España ha constituido,
desde los orígenes de la institución, una de las preocupaciones
esenciales del Defensor. De conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, se tomó la decisión de que las quejas
relacionadas con la infancia fuesen coordinadas por la adjuntía primera
del Defensor. En consecuencia, en el informe de 1996 se ha incluido un
estudio genérico sobre las actuaciones que ha desarrollado nuestra
institución en relación con la situación de la infancia en España. De
este inform se deduce, por ejemplo, el retraso en la entrada en vigor de
la norma relativa a la responsabilidad criminal de los menores de 18
años, en desarrollo del artículo 19 de nuestro Código Penal, asunto que
resulta hoy prioritario y que ha venido constituyendo una petición
constante en esta institución desde el año 1991. También la información
surgida en torno a la explotación sexual de los menores ha motivado que
se haya dirigido una recomendación al Ministerio de Justicia sobre tres
aspectos importantes del nuevo Código Penal. El primero se refiere a la
difusión de pornografía infantil a través de medios informáticos, ya que
existe una cierta dificultad jurídica para encontrar un tipo penal en el
que se pudiera sancionar la difusión de esas imágenes, cuando se hace
desde fuera del territorio nacional y los receptores son mayores de edad.
El segundo aspecto considera la diferente penalidad con la que se
castigaba el delito de corrupción de menores en el anterior Código Penal
y en el texto vigente.
Y, por último, los aspectos que contiene la recomendación citada se
refieren a la dificultad existente en algunas audiencias provinciales
para sancionar conductas que afectan a menores, debido a la reducción de
los plazos de prescripción. Esta recomendación fue asumida plenamente por
el Ministerio en la proposición de ley que se remitió a las Cortes.
Un tema siempre destacable en el informe es el que se refiere a la
recomendaciones y sugerencias que el Defensor ha formulado a las
distintas administraciones públicas. Como es esta una cuestión que ha
suscitado el interés de SS. SS., en el informe se incluye este año un
apartado específico en el que se relacionan todas ellas, señalando cuáles
han sido aceptadas o rechazadas por la administración competente y
haciendo una breve síntesis de su contenido.
Como ya es sobradamente conocido, el Defensor del Pueblo, por ser una
magistratura denominada de persuasión, carece de autoridad ejecutiva. La
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo permite que se incluyan en el
informe aquellas administraciones que han incumplido con el deber legal
de colaborar con esta institución. Por ello, se ha dejado constancia en
el informe de estas administraciones que no han contestado a los escritos
del Defensor.
En la tercera parte del informe se incluyen las solicitudes de
interposición de recursos de inconstitucionalidad dirigidas a la
institución. De todas ellas solamente se interpuso el recurso, en el año
1996, contra el inciso «que residan legalmente en España» del apartado a)
del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, por entender que vulneraba el artículo 24 de la Constitución,
al no respetar el contenido esencial del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva.
En los restantes casos solicitados, no se consideró oportuna la
interposición de recurso de inconstitucionalidad, por los diferentes
motivos que se especifican en el informe.
Señorías, este recorrido sobre la situación de los derechos
fundamentales, efectuado a través de las páginas de nuestra memoria
anual, nos permite realizar un breve balance del trabajo efectuado
durante el año 1996 y hacer algunas reflexiones en torno a la eficacia de
nuestra institución.
En ocasiones, los medios de comunicación, e incluso los ciudadanos, se
preguntan si tiene verdadera utilidad esta institución del Defensor del
Pueblo, de nombre tan sugestivo, pero de eficacia a veces discutida.
Enjuiciar la actuación de la institución en función de los logros y los
resultados obtenidos, plantea no pocos problemas. Es difícil evaluar, por
ejemplo, el impacto que puede tener una determinada recomendación
aceptada por la Administración pública. Tampoco resulta fácil valorar la
resolución de una queja cuando no se concluye en términos de satisfacción
plena para el reclamante. Es imposible conocer el alcance real de un
cambio en las actitudes administrativas motivado por la actuación del
Defensor del Pueblo. Pero lo que sin duda es cierto es que en todos los
informes parlamentarios que el Defensor del Pueblo ha presentado ante
estas Cortes, así como en las páginas que corresponden al que ahora
examinamos, están contenidas miles de quejas que han podido ser
solucionadas satisfactoriamente. Para poder ser cada vez más eficaces,
hemos de constatar nuevamente que la tarea de nuestra institución tiene
también una dimensión que depende en gran medida de los medios materiales
de que pueda disponerse.
En mi reciente comparecencia ante la Comisión Mixta se nos instaba a no
esperar las denuncias de los ciudadanos e ir a buscar los problemas allí
donde pudieran encontrarse, invitándonos a realizar estudios e
investigaciones sectoriales dirigidas a paliar las consecuencias de las
diversas problemáticas sociales que afectan a nuestros ciudadanos. El
régimen legal de las familias numerosas, los malos tratos a las mujeres,
la situación de los establecimientos psiquiátricos, las relaciones entre
droga y delincuencia y su repercusión en la violencia en nuestras calles
son, por citar tan sólo algunos ejemplos, investigaciones que SS. SS. nos
proponen para dar respuesta a estas situaciones de quebranto social.
Quiero dejar constancia ante SS. SS. de que la institución que presido
hará los esfuerzos que sean necesarios para realizar todas las
investigaciones que se refieran al ámbito de nuestras competencias, no
obstante el exiguo aumento del presupuesto que para este año nos ha sido
asignado.
Y finalmente quiero recordar de nuevo la moción aprobada el 26 de
septiembre de 1995, durante la anterior legislatura, por la que se
instaba al Gobierno a que diera respuesta a los informes anuales del
Defensor en un plazo de tres meses desde que fueran presentados en la
Cámara, porque importa no olvidar que las recomendaciones y el contenido
de los informes muchas veces no son atendidos desde la propia
Administración. Entiendo, señorías, que el cumplimiento del contenido de
esta moción sería la mejor forma de colaboración que se podría prestar a
la institución del Defensor del Pueblo.
Como conclusión, cabe afirmar que de la lectura del informe se desprende
que, a lo largo del año 1996, se han producido irregularidades en la
actuación ordinaria de las administraciones públicas y también ha habido
infracciones puntuales contra algunos de los derechos consagrados en
nuestra Constitución, lo que no impide afirmar que los derechos
fundamentales y las libertades públicas se respetan con carácter general
en nuestro país y se ejercitan sin especiales trabas.
El Defensor del Pueblo ha de intervenir cuando piensa que existe alguna
violación de un derecho fundamental y, posteriormente, dar cuenta del
resultado de sus actuaciones, trámite este último que acabo de realizar.
Gracias de nuevo, señorías, por la ayuda que hasta ahora nos han prestado
y por el estímulo que para nosotros representa su presencia aquí y su
constante aliento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Defensor del Pueblo, por
su informe, sobre el cual, habiéndolo ya debatido la Comisión, solicito
grupos parlamentarios que deseen intervenir. (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, en tiempo
compartido la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de Nueva Izquierda quisiera hacer una reflexión sobre el
informe que nos ha dado el Defensor del Pueblo, aunque la verdad es que
ya habíamos intervenido anteriormente en representación del Grupo de
Izquierda Unida.
Nos han preocupado mucho algunas de las informaciones que se han vertido
hoy. Es verdad que las libertades formales se cumplen, pero no es tan
cierto que el derecho a esas libertades y que su ejercicio se refleje,
precisamente, en este informe del Defensor del Pueblo.
Hemos tenido constancia --también lo ha destacado él-- de que se está
dando un retroceso en la defensa de los derechos de las capas más
desfavorecidas. Incluso diré que se ha producido --así lo dijimos en la
Comisión y lo repito aquí hoy-- una especie de, más que evitar la
pobreza, esconderla. Así, hemos visto cómo se ha denunciado que
determinados ayuntamientos expulsan a los mendigos, los mandan a otra
parte, los esconden, los persiguen más que intentar que se acabe la
pobreza; cómo desde el ejercicio de la libertad de educación se están
produciendo desfases denunciados masivamente por muchísimas asociaciones
de padres, de colectivos de enseñanza, etcétera; cómo, desde el punto de
vista de la justicia, aunque el Defensor del Pueblo nunca entre en las
cuestiones judiciales, se están haciendo denuncias del retraso
injustificado, de la falta de respuesta, que genera desamparo en la
sociedad, tema en el que sí debía entrar el Defensor del Pueblo.
Ha dicho una cosa importante, que este Parlamento está en deuda con el
Defensor del Pueblo. Está en deuda porque en septiembre de 1995 se aprobó
por unanimidad una propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
en la anterior legislatura en la que se pedía que el Gobierno contestara
por escrito. Este informe tiene doble número de quejas, de lo cual nos
alegramos, por una parte, y nos entristecemos, por otra. Es doble porque
la gente se queja más, aunque, como dice el Defensor del Pueblo, se queja
menos de lo que protesta. Ese aumento de las quejas nos hace pensar que
las cosas no van mejor, porque lo ideal sería que no hubiera quejas, no
por silencio sino porque no hubiera infracción por parte de la
Administración, pero ninguna de estas cosas se da y lo que aquí se
refleja es precisamente que no marcha demasiado bien la situación. No
marchan las cárceles, que es donde hoy día está la gente desprotegida, ni
se ofrece una salida a los drogadictos, ni a las personas que están en
fase terminal. No se aplica el artículo 60. En los centros penitenciarios
de mujeres no hay trabajo, tienen que barrer y fregar como si fuera casi
una maldición y no existen procesos de formación, que es lo que realmente
tendría un sentido mucho más positivo para la democracia.
Nosotros asumimos --se lo decimos ahora al Defensor del Pueblo y se lo
dijimos en la Comisión-, en nuestra escasa entidad, el compromiso de
hacer valer ese acuerdo de 26 de septiembre; ese acuerdo por el que el
Gobierno se compromete a contestar por escrito, porque de lo que diga el
Gobierno no solamente se va a derivar una respuesta burocrática, sino una
propuesta presupuestaria, una forma de acción y una forma de
intervención. No basta con decir que se va a subir un seis por ciento en
los presupuestos de educación, si de ese seis por ciento va a ir la mitad
a lo privado o a centros, como hoy leemos en la prensa, en los que se
esté concentrando la marginalidad con una influencia fundamental para el
futuro desarrollo de la igualdad. No se han tomado medidas para evitar
una prisión ficticia, una penalidad ficticia, como la de la insumisión o
la de la objeción de conciencia, estando ya en un proceso de
desintegración del ejército para convertirlo en un ejército profesional
y, en tanto que vengan los dineros, estamos creando unos presos de
conciencia que están sufriendo una penalidad que no tiene ningún objeto
ni en el artículo 25 de nuestra Constitución.
Las deficiencias que se denuncian en vivienda, en educación, en sanidad,
son más profundas que las de un informe del Defensor del Pueblo. Son
opciones presupuestarias en que se apuesta por llegar a una Europa en la
que parece que no cabe todo lo que hay en este informe del Defensor del
Pueblo y, sin embargo, no se apuesta por llegar a una Europa de la
modernidad, de la igualdad, de la capacidad de tener derecho y de poder
ejercerlo. Vamos a presentar una proposición de ley, primero, para lograr
esa respuesta que queremos del Gobierno y, en segundo lugar, para que esa
respuesta dé lugar a un reflejo presupuestario que dé solución a las
denuncias del Defensor del Pueblo. También presentaremos las
correspondientes enmiendas que sirvan de introducción para el Defensor
del Pueblo.
Por último, nos ha informado perfectamente de lo que pasa, aunque yo le
pediría más actividad. No se crea que para encontrar los problemas va a
tener que dar muchas vueltas. A poco que salga se los va a encontrar.
Pero ayudar a crear conciencia de democracia en nuestro país, conciencia
no de democracia formal, sino de ciudadanos protegidos, será también una
labor del Defensor del Pueblo. El hará eso y nosotros, como
representantes del pueblo, tenemos que dar la validez y la protección que
de este informe se deriva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: En primer lugar, deseo agradecer la
información del señor Defensor del Pueblo, don Fernando Alvarez de
Miranda, en nombre de Eusko Alkartasuna y del Bloque Nacionalista Galego.
Y lo hacemos así porque no es frecuente en este Congreso de los
Diputados, en las sesiones plenarias, que la problemática de la realidad,
esa realidad muchas veces escondida, entre en nuestros debates.
De la información del señor Defensor del Pueblo se deducen algunas
cuestiones preocupantes. No sé si se podrá afirmar a esta altura, pero
parece que hay índices de ello, que el número de quejas está empezando a
coincidir con un momento de desregulación de la economía y de aplicación
de un sistema neoliberal que, sin duda, va a agudizar las desigualdades
existentes en el Estado español a nivel social y territorial. Es evidente
también que seguramente estamos en un momento conflictivo a la hora de
defender las libertades democráticas.
Por eso, todo lo que el señor Alvarez de Miranda ha mencionado en
relación con las arbitrariedades que se cometen en determinado tipo de
tratos por parte de los funcionarios del Ministerio del Interior, que
ponen en entredicho la dignidad de las personas, y sobre todo lo que
afecta a los centros penitenciarios, no solamente es una denuncia que se
debe hacer reiteradamente, sino que es algo que los representantes
políticos debemos ayudar a solucionar.
Quiero comunicar al señor Alvarez de Miranda que sus quejas, por lo menos
en la actividad parlamentaria, no están cayendo en saco roto. Tanto la
compañera Begoña Lasagabaster como yo estamos intentando acabar, a través
de una serie de iniciativas parlamentarias, con esta situación tan grave
de los centros penitenciarios, sobre todo en lo que se refiere a la
población que está afectada por enfermedades contagiosas y en una fase
terminal y a la malísima calidad higiénica de nuestros centros
penitenciarios, que no sirven precisamente para reintegrar a los presos.
El señor Defensor del Pueblo ha hablado además de objeción de conciencia
y de insumisión. Efectivamente, no sabemos qué podemos hacer, desde el
punto de vista político, para que la insumisión, que hoy es un delito, no
tenga consecuencias mayores que el delito que se comete. Es
incuestionable que no se puede seguir metiendo gente en la cárcel, además
afectando a su vida laboral. Esperamos de todos los grupos parlamentarios
de la Cámara una solución a esta problemática, hasta que llegue el
ejército profesional.
Las denuncias que ha hecho sobre la afectación de derechos económicos y
sociales básicos son curiosas y queremos hacer hincapié en tres
cuestiones.
La vivienda, en lo que tiene de relación con las entidades de crédito. Es
cierto que la banca se porta con opacidad y con una prepotencia terrible
a la hora de tramitar los créditos y de relacionarse con los clientes,
que van a pagar religiosamente. Queremos incidir en este aspecto: la
indefensión muchas veces de los usuarios ante cuestiones que son de total
lógica democrática y que son derechos que nadie les regala, pues van a
tener que pagar religiosamente. Además, la Administración está vinculada
con la protección de estos derechos sociales. Habría que lograr que los
trámites fueran mucho más claros, fueran mucho más seguros y que hubiera
menor indefensión por parte del usuario.
En medio ambiente, exactamente igual. Una cosa es la predicación, que a
todos nos une, de que esto es muy interesante y otra cosa es la realidad
práctica, que está funcionando de una manera altamente peligrosa. Mucha
propaganda y realidades que continúan siendo las de los años anteriores.
Y, por fin, la situación de la infancia. Yo espero que con el informe del
señor Alvarez de Miranda, y le insto a ello, si me lo permite, no
caigamos en la hipocresía. La prostitución de la infancia, los niños
pidiendo limosna, es una consecuencia de un sistema social injusto. Sería
gravísimo reducirlo a un problema de moral. Todo el mundo sabe que ese
problema, que las casas de prostitución, si el Gobierno quisiera, como
dijo ya Castelao respecto de la pesca, acabaría instantáneamente, por lo
menos en cuanto a negocio. Es curioso que así no se haga. Por lo tanto,
vayamos al origen de las cosas, no las reduzcamos a un problema de
moralidad; es un problema social, un problema de protección efectiva, de
medios efectivos. Será la mejor forma de enfrentar el problema, y no
solamente por la vía del Código Penal o por la vía de la restricción de
las libertades informativas o de difusión de ideas.
Le deseo los mayores éxitos y tenga en cuenta que va a contar siempre
con el Bloque Nacionalista Galego y con Eusko Alkartasuna, no sólo para
defender esta institución, sino para que el Gobierno le haga caso, y esto
es fundamental, en su legitimidad, aunque no sea una institución de
carácter ejecutivo, solamente persuasivo. Siempre nos tendrá a favor de
esta funcionalidad. Los grupos parlamentarios me parece que algo tenemos
que decir para que así sea; es la única forma de que la democracia
funcione.
Nada más.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene
la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Con su venia, señor presidente, y muchas
gracias.
Señorías, para Coalición Canaria la presentación del informe del Defensor
del Pueblo no es un trámite parlamentario meramente formalista, aunque el
hemiciclo no tenga la presencia que todos deseáramos. Porque la rutina no
puede entrar en una de las actuaciones de un órgano de la Cámara como es
el Defensor del Pueblo, nuestro comisionado, que nos trae con su informe
un auténtico manual de la patología de las relaciones entre el ciudadano
y la Administración. Es un termómetro que toma un pulso anualmente al
comportamiento de esta ciudadanía, que, en un Estado de Derecho, trata de
hacer uso de él --y digo que lo trata muchas veces-- y no encuentra o
cree que no encuentra las respuestas de la Administración. De aquí, el
respeto con que yo miro siempre el informe, los diagnósticos y las
recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Comienzo por decir, como ya lo habíamos explicitado de alguna manera en
la reunión de la Comisión, que el informe está perfectamente
estructurado. El seguimiento anual de estos informes me lleva a decir
ante la Cámara que estamos en un camino magníficamente defendido por la
institución del Defensor del Pueblo, tanto por su titular como por los
señores adjuntos y todo el equipo, que constituye un magnífico referente
de calidad. La institución del Defensor del
Pueblo se ha adaptado a dos posiciones fundamentales: la posición pasiva
de recibir las quejas del ciudadano y algo muy importante, de lo que
tenemos que tomar conciencia y potenciar, que es la posición activa de ir
a detectar los problemas, ir a ver qué ocurre en el escenario social en
que se desarrollan esas penurias. Y de ahí esa larga serie de informes
horizontales, de informes sectoriales que la institución del Defensor del
Pueblo va a buscar en las cárceles, en los hospitales, en las bolsas de
pobreza, en una palabra, en la calle, donde la ciudadanía está padeciendo
o gozando los males o los bienes de una Administración que trata también
de atenderles por otras vías.
De la memoria de 1996 quiero destacar muy brevemente algo de lo que
debemos sensibilizarnos. Lo que es, en la sistemática, la defensa de los
derechos individuales de la persona que reclama y los derechos de
colectividades de tipo económico-social, ha dicho don Fernando Alvarez de
Miranda, que estarían en el ambiente de lo que es el Estado del
bienestar, donde muchas veces se recogen estas deficiencias. Pero, señor
presidente, quiero saber --porque fue una pregunta que le hice en
Comisión al señor Defensor del Pueblo-- si para mantener esta línea
activa de actuación, no la pasiva, puramente receptora de las quejas del
ciudadano, si para ir a detectar los problemas están suficientemente
dotados con medios materiales y humanos.
En el informe del Defensor del Pueblo se está entrando en una actuación
que requiere una exigencia de personal muy cualificado que sirva en esa
institución. Me refiero, por ejemplo, a la hora de hacer, con un gran
sentido jurídico, administrativo y técnico, las recomendaciones a la
Administración. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.) El capítulo de recomendaciones, señor presidente,
es verdaderamente exhaustivo y ejemplar. Se detectan cuestiones que
tenemos como asignatura pendiente, la objeción de conciencia, la
jurisdicción contencioso-administrativa, y se ven las dilaciones, las
largas esperas de un ciudadano que recurre a la Administración de
justicia por la vía de lo contencioso-administrativo; qué largo se nos
fía en el programa del calendario, incluso años. Hay un caso de un
militar, precisamente de la Comunidad Autónoma canaria, en Santa Cruz de
Tenerife, que lleva diez años esperando que la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, a través del Ministerio de Defensa, le
resuelva un problema de reclamación de invalidez en acto de servicio. No
es una justicia ejemplar si tarda diez años en resolver a un ciudadano su
problema. Lo mismo ocurre con las reclamaciones que se dan en los ámbitos
de la sanidad o de la propia objeción de conciencia.
Por tanto, la Administración, esta Cámara tiene que adoptar el criterio
de dotar de medios suficientes, porque a la jurisdicción
contencioso-administrativa o se la dota de más juzgados, de más jueces,
de más personal de justicia, o la judicialización que hemos hecho en esta
Cámara de una serie de actos administrativos, como una multa de tráfico,
que antes se podía ver en recurso de súplica o de alzada por el propio
alcalde del término municipal, termina en los tribunales de justicia. El
resultado es el atasco en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Quiero volver a insistir en la exigencia de calidad del personal que está
en la institución del Defensor del Pueblo cuando entramos en la materia
de los recursos de inconstitucionalidad. Hay una pieza ejemplar en esta
memoria. Fue un recurso de inconstitucionalidad que, a través del
Defensor del Pueblo, había solicitado un colectivo de funcionarios de la
Administración autónoma canaria. El Defensor del Pueblo les denegó el año
pasado ese trámite del recurso de inconstitucionalidad y lo fundamenta en
unos principios jurídicos ejemplares de Derecho constitucional, de
Derecho comparado. Porque cuando se dice al ciudadano: usted no tiene
derecho a utilizar esta vía y no hay presunción de inconstitucionalidad,
hay que decírselo con todo un razonamiento jurídico, técnico en Derecho,
que sea prácticamente inapelable. Esto dará fuerza moral a la institución
para defender hasta la última instancia administrativa lo que tenga que
defender, porque entiende que es justo y que se ajusta a Derecho, en un
país democrático y constitucional; y cuando tenga que rechazarlo, que
tenga los mismos argumentos objetivos para ello.
Señor presidente, mi grupo, aparte de las palabras de felicitación,
quiere llevar a la institución del Defensor del Pueblo el ánimo de seguir
adelante, pero ese ánimo necesita medios materiales, y, dado que es un
instrumento comisionado de estas Cortes, tengamos esa sensibilidad. Si
los grupos parlamentarios exigimos mayores informes, mayores actuaciones
y estudios analíticos más profundos de dónde están los problemas sociales
--porque ese Estado del bienestar es algo más que las propias leyes de la
Seguridad Social o el propio sentido del Estado del bienestar, es el
sentido de dignidad democrática que inspira nuestra Constitución y que
inspira el comportamiento ético de todas las fuerzas político-sociales
del país-, señor presidente, que no tenga la institución del Defensor del
Pueblo que dejar de practicar actuaciones de análisis, de diagnóstico,
informáticas, por una cuestión de limitación de medios materiales.
Tengamos todos el sentido de responsabilidad, en este caso hablo
presupuestariamente, para que nuestra institución siga manteniendo las
cotas de prestigio y desarrollo y dándonos este diagnóstico, del que sale
la posibilidad de muchas iniciativas de los grupos parlamentarios para
corregir deficiencias, legales o estructurales, de nuestra propia
Administración. Esa es la responsabilidad que señaló la Constitución a la
Cámara, a través del instrumento que se dotó en la Ley del Defensor del
Pueblo.
Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra la señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: Señor presidente, señorías, un año más recibimos
al alto comisionado de las Cortes Generales para que rinda su informe en
esta Cámara. Una vez más felicitamos al Defensor del Pueblo en nombre del
Grup Parlamentari Catalá de Convergència i Unió y en el mío propio por el
trabajo realizado, intenso y meditado, por la manera clara y racional en
que se presenta. No cesaremos de realzar la humanidad que se desprende
del informe y la atención especial que dedica a los más débiles y
desfavorecidos. Asímismo nos impresiona el empeño con que realiza su ya
difícil misión, a pesar de no disponer de los recursos que serían
deseables, ya que, como nos informa, el presupuesto de la institución
está prácticamente congelado desde el año 1993. Esto dice mucho y muy
bueno de su labor al frente de la institución pues, en cierta medida,
demuestra que el éxito no se debe tan sólo a los recursos económicos,
sino que la voluntad de servicio y la profesionalidad tienen un peso muy
importante en la labor de defensa y mejora de las instituciones
democráticas de las que gozamos.
Antes de entrar a hacer las consideraciones que me parecen más oportunas
del informe que nos presenta, debo hacer una observación de un hecho que
me preocupa muchísimo. Me refiero a las quejas sobre las que ha actuado
el Defensor, no al número de quejas admitidas a trámite o no, sino al
fondo de las mismas, diríamos, a su objeto.
Encuentra esta diputada que cada año aparecen las mismas quejas, algunas,
en mayor número, otras, en menor. En definitiva, no veo que haya
desaparecido ninguna; al contrario, cada año surgen algunas nuevas. Que
haya nuevas parece hasta cierto punto lógico, debido a la rapidez con que
cambia y se modifica la realidad de una sociedad democrática avanzada
como la nuestra, pero todo lo contrario sucede con el otro caso. No puedo
más que preguntarme la razón de ello: ¿a qué se debe? ¿Es quizá debido a
que no se presta al Defensor la debida cooperación? ¿Quizá no se atienden
suficientemente sus recomendaciones? Esto es de todo punto indispensable,
si realmente queremos dar a esta institución la mayor operatividad
posible, dentro de los límites de la ley orgánica que la creó.
Señorías, en el año 1995 el Defensor del Pueblo recibió un total de
15.130 quejas y el pasado año, 1996, fueron 25.780. Esto representa un
incremento del 70 por ciento. Tal aumento esperamos que sea debido a un
mejor conocimiento de la institución, como desea esta diputada, y no a un
peor funcionamiento de las administraciones.
Quisiera hacer un especial hincapié en la encuesta del CIS de finales de
1996, en lo que se llama el barómetro de invierno, que, al intentar
evaluar el nivel de eficacia del Defensor del Pueblo en su papel de
interlocutor entre la Administración y la ciudadanía, da como resultado
que más del 50 por ciento de la población encuestada cree que la
institución es útil o muy útil. Estos datos nos parecen enormemente
positivos. Sin embargo, al Grup Parlamentari Català de Convergència i
Unió le preocupa, del resultado de esta misma encuesta, que tan sólo un
porcentaje inferior al 25 por ciento de los encuestados considere que la
Administración hace caso al Defensor del Pueblo. Es un porcentaje que en
todo caso consideramos extremadamente bajo. Así como es loable la labor
que hace el Defensor del Pueblo para estrechar relaciones y aunar
esfuerzos con instituciones análogas de otros estados de nuestro entorno
y con los comisionados autonómicos, sería deseable que, aparte de las
visitas meramente protocolarias que efectúa a distintas instancias de la
Administración, se realizaran otros encuentros frecuentes y con la vista
puesta en lograr una mayor eficacia en la colaboración, a la que, por
ley, vienen obligadas administraciones y la institución.
En el informe, como ya he mencionado con anterioridad, encontramos unos
apartados que podríamos llamar clásicos, de todos los años, como, por
ejemplo, el que atañe a la regulación de la prestación social
sustitutoria o a la insumisión. Existen problemas en cuanto a la
posibilidad de cumplir la prestación social sustitutoria o la
inoportunidad en tenerla que cumplir y en cuanto a la insumisión.
Señorías, sabiendo que los ejércitos estarán formados en el inmediato
futuro por personal profesional, no tiene ninguna lógica que se persiga
judicialmente a los que se niegan a integrarse en el ejército o a cumplir
la prestación social sustitutoria, con la correspondiente angustia del
afectado, sus familiares allegados y el gasto para el Estado.
Es tradicional, por no decir viejo, el debate acerca de la lentitud de la
Administración de justicia, señorías. Pero, dentro de lo tradicional,
aparece ahora una novedad : el increíble retraso en lo que se viene
llamando la justicia administrativa. Nos referimos, como ya se ha
adivinado, a las salas de lo contencioso-administrativo. No cabe duda de
que la recomendación que efectuó el comisionado a la ministra de Justicia
el pasado 29 de julio de 1996 ayudaría a la solución de tan grave
problema, y que, en muchos casos, por ejemplo cuando se trata de recursos
o de permisos de apertura de centros económicos, incide muy negativamente
en la creación de puestos de trabajo, de los que está tan necesitada esta
sociedad y la economía en su conjunto.
Causa perplejidad, señorías, que en el año 1997 el informe del Defensor
del Pueblo tenga que hablar de mendicidad, actividad que debería estar
erradicada de la sociedad actual. Dice que para algunos la mendicidad es
molesta. No hay duda. Al primero que molesta es al mendigo. Hay que
trabajar para cambiar a aquellas personas que voluntariamente escogen
este camino
para vivir o sobrevivir, pero hay que proteger a aquellos que sin
vocación tienen que mendigar, a aquellos que hayan agotado el subsidio de
desempleo, a aquellos que, por razón de edad, abandono familiar, por
haber sido condenados o por tener problemas de drogas o de sida, estén
sufriendo circunstancias desgraciadas y tengan que pedir en público.
Deben recibir nuestra ayuda.
La pobreza es una realidad contra la que hay que luchar, pero no hay que
luchar nunca contra aquellos seres humanos que no tienen más alternativa
que subsistir de esta manera, y menos ocultándolos o negándoles sus
derechos. El Grup Parlamentari Català de Convergencia i Uniò comparte con
usted la preocupación y el empeño por defender los derechos de los más
necesitados, de aquellos ciudadanos y ciudadanas más desafortunados y
débiles.
No puedo más que mostrar mi más profundo desconcierto en otro apartado,
en el de la televisión. La secretaría general de las comunicaciones del
ministerio de Fomento, en respuesta a la solicitud que hizo el Defensor
del Pueblo en el año 1996 acerca de la contraprogramación, publicidad y
emisión de contenidos inadecuados e impropios para los espectadores
infantiles y juveniles, aceptó paladinamente que la Ley 4/1984 no se
cumple. Además, deja entrever la existencia de una cierta comprensión con
las infracciones de publicidad, situándolas en la pugna por la audiencia.
Esta permisividad es esencialmente grave. La Administración está sujeta a
la ley y es la primera que debe cumplirla y hacerla cumplir.
No puedo compartir la estimación que hace el Defensor del Pueblo para la
creación de alguna nueva autoridad u organismo independiente. Esto
supondría, por una parte, reconocer que hay dejación de funciones por
parte del ministerio. Cada uno de los órganos de la Administración debe
cumplir todas las funciones que tiene encomendadas. Si el ministerio de
Fomento es el que debe sancionar, que sancione, si hay motivo suficiente
para ello. Y si lo hace sin razón, ya se verá recurrido. La televisión
está considerada como un servicio público esencial. Por ello, sorprende
la laxitud que existe, según el informe que nos presenta, en la
imposición de sanciones. No creemos que sea imposible ni difícil, ni
mucho menos caro, el control de emisiones en este espacio de tiempo.
Sabemos, no somos tan ingenuos, los intereses económicos que se mueven,
pero estos jamás serán equiparables a los beneficios culturales y
educativos que se lograrían mediante el cumplimiento estricto de la ley
en esta determinada franja horaria.
En el apartado 3.5, que trata de las personas que sufren discapacidad, se
refiere el informe que examinamos, aunque en verdad someramente, a la
eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas, tema también
clásico en él. Se continúa mostrando la realidad de estos ciudadanos y
ciudadanas, que siguen sin poder disfrutar con plenitud de las
condiciones de acceso y calidad de vida y, en definitiva, de la libertad
a las que tienen derecho. En algunos casos, expresiones como libertad de
movimientos, acceso al trabajo, acceso al ocio, están, por así decirlo,
fuera del alcance de estos colectivos, incluso para las actividades en
apariencia más sencillas y cotidianas.
Quiero hacer especial mención al capítulo número 9, en el que se trata de
un tema de especial preocupación social, la ocupación y la relación de
los ciudadanos y ciudadanas con la Administración laboral, con especial
referencia a los desocupados y desocupadas discapacitados y
discapacitadas. Es de agradecer la preocupación que muestra por la
atención personal que se les dispensa en las oficinas de empleo y
asimismo la utilización por estos demandantes de trabajo de todos los
recursos materiales de los que disponen las mismas. Sin embargo, a estas
alturas, después de tanto tiempo desde la entrada en vigor de la Lismi,
dieciséis años concretamente, me parece lamentable tener que recomendar
al Instituto Nacional de Empleo la supresión de barreras arquitectónicas
en sus propias oficinas, así como recordar las ventajas que reportaría a
los empresarios contratar a un integrante de este colectivo, por no decir
la obligación que tienen ciertas empresas de tener cubierto por el 2 por
ciento de este colectivo su nómina. Permítanme hacer un inciso en este
tema. Si fueran ciertas las informaciones que han salido en la prensa de
que en esta casa se va a proceder a la ampliación de las plazas de
funcionarios y funcionarias, sería de esperar que se tuviera en cuenta la
reserva del 2 por ciento de plazas, establecida por ley, para ser
cubiertas por este colectivo de desocupados y desocupadas.
El Defensor del Pueblo nos insiste en que existe un registro de
trabajadores...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Amorós, la
ruego vaya concluyendo.
La señora AMOROS I SANS: Enseguida termino, señor presidente.
Existe un registro de trabajadores y trabajadoras minusválidos que se
encuentra informatizado con carácter de enlace estatal y que tiene escasa
operatividad por la dificultad de las oficinas de empleo para acceder
directamente al registro. Un número apreciable de estas oficinas no
realiza acciones específicas en favor de este colectivo y no se informa
suficientemente a los empresarios de los beneficios fiscales y sociales
que podía representar la contratación de un desocupado de esas
características. Señorías, una campaña publicitaria del año anterior ya
nos hacía una pregunta: Ellos están preparados, pero ¿nosotros estamos
preparados, estamos concienciados para ser solidarios y darles una
oportunidad?
Hay muchos temas en este informe extenso e intenso, como ya he dicho al
principio de mi intervención,
que, por premura, me es imposible tratar, pero no quisiera terminar sin
referirme a una problemática que, afectando a toda la sociedad en
general, me atañe muy directamente a mí como mujer y madre. Estoy
hablando de la maternidad. La maternidad debe ser considerada, porque es
así, un bien social, y como tal debe protegerse y, consecuentemente,
fomentarse. En el apartado 9 de su informe, y dentro de las relaciones de
los ciudadanos y ciudadanas con la Administración laboral, y en el
apartado dedicado a la formación profesional, en un párrafo muy
pequeñito, casi insignificante --pero menos es nada-, nos informa de la
dificultad de las empleadas con hijos a cargo para realizar cursos de
formación y reciclaje laboral, debido a la incompatibilidad de horarios,
sobre todo en aquellos supuestos, por otra parte demasiado frecuentes, en
los que no hay posibilidad de confiar el cuidado de los menores y de
otros parientes necesitados de atención a familiares o a instituciones
públicas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Amorós, la
ruego concluya.
La señora AMOROS I SANS: Me falta un poquito nada más. Enseguida termino.
Aunque en pocas líneas, creo que ha puesto usted el dedo en la llaga. Hoy
día es por todos y todas reconocido que la formación continua es la mejor
y más eficaz arma para la lucha contra el desempleo. La tasa de
desocupación femenina es actual y desgraciadamente la más alta dentro de
las cifras globales del desempleo. La realidad fáctica es que no puede
haber una verdadera igualdad de oportunidades sin una política clara de
reconocimiento, ayuda y protección a la maternidad, por parte de las
administraciones, las fuerzas sociales y la sociedad en su conjunto.
No estoy hablando solamente de las mujeres trabajadoras, empresarias o
amas de casa, sino, además, de todas aquellas parejas jóvenes a las que
debe hacerse el camino llevadero para poder optar con libertad y
responsabilidad a un bien social como es el de la maternidad y el derecho
a crear y a disfrutar una familia.
Tampoco debemos olvidar que las cargas familiares que obstaculizan la
plena integración laboral de la mujer también han evolucionado. En la
realidad social en la que vivimos, también deben ser consideradas como
cargas la atención y cuidado de nuestros mayores, responsabilidad de la
familia, pero del núcleo familiar, no de la mujer en soledad. Es
indiscutible que las políticas de ayuda a la familia tienen que proteger
el derecho y el deber de las familias a hacerse cargo de sus mayores,
aunque sin perjudicar la libertad de elección de la mujer y la
continuidad de la promoción de su vida profesional.
En este mismo apartado de fomento de empleo y en 93 líneas, refiere el
Defensor la queja de un varón que se siente discriminado por el Instituto
de la Mujer, al pedir información sobre las ayudas de la Unión Europea a
las empresas creadas por mujeres. Señorías, a esta diputada, como ustedes
comprenderán, no le satisface que se discrimine a nadie, pero es de
agradecer la imparcialidad que demuestra el Defensor al informarnos de
que hay un varón español que se siente discriminado por razón de sexo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Amorós, debe
concluir.
La señora AMOROS I SANS: Termino ahora mismo, señor presidente.
En Comisión, esta diputada le hizo patente su inquietud, con el fin de
que en su próximo informe incluyera un estudio monográfico sobre la
violencia doméstica. Es una petición y una demanda de una parte
importante de la ciudadanía, que en muchas ocasiones no es escuchada por
la Administración con suficiente sensibilidad. Cada semana muere una
mujer en el Estado español, una ciudadana, a manos del que quizá ha sido
hasta aquel momento su compañero. Se trata de mujeres que han sido
maltratadas asiduamente por estos compañeros y que, cuando deciden poner
fin a su calvario, son amenazadas y aterrorizadas; mujeres a las que se
presta atención cuando ya no hay remedio. La Administración, la sociedad
en su conjunto, debe prestar la suficiente atención y protección a estas
mujeres y a sus hijos.
Señor presidente, señorías, no quiero terminar mi intervención sin
agradecer al Defensor del Pueblo y a la institución que representa la
relación de respeto y colaboración con el Sìndic de Greuges de mi país,
Cataluña.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amorós.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Lógicamente, nuestro grupo parlamentario se une a la bienvenida al
Defensor del Pueblo y, con él, a todo su equipo, destacando ya y en
primer lugar ese talante tan poco habitual en ciertos cargos públicos de,
al subir a esta tribuna, utilizar permanentemente el nosotros y no
utilizar el yo carismático, lo cual, de por sí, ya representa un cierto
avance en cuanto a la concepción de la función política y social de
determinados cometidos.
Yo no voy a hacer ninguna clase halagos al Defensor del Pueblo. A todos
nos consta que tanto él como su equipo tienen una enorme sensibilidad
democrática y humana, que quieren contribuir a la efectividad del
Estado de Derecho, que se preocupan por los valores y derechos no sólo de
orden político, sino también por los que conforman el patrimonio moral;
en suma, que, como dice la Constitución, están tratando de ser ese alto
comisionado de las Cortes para contribuir a mejorar la situación y a
profundizar en nuestro país la convivencia en democracia.
Lo que habría que preguntarle al Defensor del Pueblo es si este
agradecimiento que a veces le damos aquí formalmente es un agradecimiento
sincero o es un agradecimiento absolutamente hipócrita, porque estas
sesiones litúrgicas, en las que comparece el Defensor del Pueblo para
decirnos las deficiencias que hay en uno u otro lugar de nuestra
Administración o de nuestro quehacer, se repiten y, por lo que se ve, al
final no tienen ninguna respuesta; sistemáticamente, año a año, se
reproducen sus recomendaciones, sus llamadas de atención y las cosas no
varían. Por ejemplo, al Defensor del Pueblo le debe llamar la atención
que haya insistido tanto en un tema que está siendo tocado aquí por todo
el mundo, cual es el de la insumisión, el de que aquellos ciudadanos que
hacen uso del derecho a la objeción de conciencia sean privados de
libertad, porque aquí todo el mundo se lamenta de esa situación, pero
cuando llega el momento se aprueba un Código Penal que mantiene esa
condena o no se respaldan las correspondientes mociones o iniciativas
para que desaparezca inmediatamente esa auténtica injusticia.
Es evidente que el Defensor del Pueblo, además de ser el tutelador del
ciudadano ante la Administración y defensor de los derechos
fundamentales, es una pieza básica de este Parlamento. ¿Para qué? Para
denunciarnos algunas cosas que, efectivamente, tienen que ser corregidas.
El lo hace con otro lenguaje; lo hace con el lenguaje de una alta
institución. Desde nuestro grupo parlamentario lo tenemos que hacer con
el único lenguaje que tenemos, que es ya el de un cierto hastío en la
denuncia del vaciamiento constitucional, en la denuncia del déficit
democrático y social que poco a poco va sufriendo nuestra Constitución. Y
nos ha agradado enormemente que el Defensor del Pueblo, al hablar de los
derechos fundamentales, haga una interpretación no restrictiva sino
extensiva, e incluya los derechos socioeconómicos, ya que cuando hablamos
de ellos se dice: no, no, mire usted, esos no son derechos, esos son
principios que deben regir la política pero, ¿ cómo se va a invocar, con
qué título se va a invocar el derecho a la vivienda, el derecho al
trabajo, el derecho a la salud, el derecho a un sistema fiscal justo y
redistributivo? No, todo eso son indicaciones que hacemos para ver si
alguien las acoge.
Yo creo sinceramente que, como sigamos por este camino, la primera
reforma constitucional que tenemos que hacer es la de borrar de una vez
por todas el artículo 9º de la Constitución, que dice que los poderes
públicos están obligados a remover cuanto obstáculo suponga ni más ni
menos que desigualdad para individuos y para colectividades.
Es muy importante el tema y yo sé que nuestra queja, que hoy se une aquí
a la del Defensor del Pueblo, no va a servir para nada, por un problema
muy sencillo, porque no es un problema de medios materiales. Al Defensor
del Pueblo le podemos dar todos los medios materiales que queramos y nos
hará una memoria el doble de larga, y nos dirá, porque habrá tenido
muchas más quejas, que hay muchas más. Esto es un problema de voluntad
política, y el Defensor del Pueblo se tiene que preguntar si los que le
mandatan, los que le comisionan tienen la menor voluntad política de
solucionar estos asuntos. Las quejas del Defensor del Pueblo, hasta
ahora, se suelen dirigir hacia el Poder Ejecutivo, que efectivamente
ignora la moción que fue objeto de aprobación en esta Cámara y no
contesta a sus reclamaciones; y se suelen dirigir hacia el Poder
Judicial, que efectivamente también suele escuchar y escudarse en la
falta de medios materiales para no solucionar ningún problema. Ahora
bien, ya es hora de que un día el Defensor del Pueblo venga aquí y haga
las quejas ante esta Cámara, ante el Poder Legislativo, porque es el
Poder Legislativo el que tiene que solucionar los problemas. Porque si
hay insuficiencia en los medios de justicia, aquí está la
responsabilidad; si hay insuficiencia en la educación, aquí está la
responsabilidad; si hay insuficiencia en la legislación protectora de los
derechos humanos hacia determinadas comunidades, aquí está la
responsabilidad. Y aquí, sinceramente, se ha adoptado la cómoda postura
de los tres monitos: taparse los ojos, taparse la boca y taparse las
orejas. Y así vamos arrastrando una situación que, efectivamente, no les
extrañe a ustedes que suponga que casi se duplique el número de quejas
que llegan al Defensor del Pueblo.
Cuando discutíamos la Constitución, algunos pensábamos que la figura del
Defensor del Pueblo podría no ser precisa, porque ahí estaba la Abogacía
del Estado, estaba la Fiscalía, estaba lógicamente este propio Parlamento
que, ¿ por qué no?, podía recibir las quejas directamente de los
ciudadanos y además podía por sí llevar a cabo la inspección de la
Administración. Esto se discutió mucho, pero al final se llegó a la
conclusión de que era buena la figura. Algunos la introdujeron en nuestro
ordenamiento jurídico para parecer más nórdicos y porque estaba de moda,
había que hacer una Constitución y cuanto más nórdica pareciera era
mejor. En fin, ahí está el Defensor del Pueblo. Y cuando llega el momento
de decir al Defensor del Pueblo: no se desanime usted que su trabajo y el
de su equipo vale para algo, alguien quiere reducir al Defensor del
Pueblo al buzón del pataleo, a la coartada para la mala conciencia. Una
vez al año hacemos aquí un ejercicio de catarsis y nos quedamos todos tan
tranquilos.
Nosotros no estamos satisfechos con esta situación, lo decimos
claramente. Creemos que, de verdad, quizá
la simple apariencia de la institución pone de manifiesto la valoración
que damos al trabajo de esta pieza insustituible en nuestro ordenamiento
jurídico y por ello perdonen ustedes que unamos nuestra voz a ese coro de
lamentaciones.
Yo no voy a hacer ninguna sugerencia acerca de lo que debe hacer el
Defensor del Pueblo, que lo saben de sobra, y experiencia tienen tanto
actuando de oficio como actuando a instancia de parte. Sólo le voy a
pedir que siga en el empeño, que cuente con nuestra colaboración, pero
que en la próxima, pegue un buen varapalo a esta Cámara y a la otra,
porque vamos continuando un conjunto de reformas legislativas y cuando
llegan las que de verdad tienen que plasmarse en la superación del
déficit social y democrático, ésas ya no son urgentes. Sólo le voy a
hacer una recomendación, y se la hago desde la perspectiva de esos
ciudadanos que como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo de
hace muy pocos días han merecido la tutela judicial para que cobren las
indemnizaciones en el asunto de la colza. Llevan ya detrás de este
intento de manifestación de la solidaridad más de 12 años. Sólo le voy a
pedir al Defensor del Pueblo que en este caso tan concreto vigile la
morosidad en el cumplimiento de esta condena por parte de la
Administración porque puede ser que el cumplimiento de esta condena se
una a esa demora que ya tienen sobre sí los que sufrieron la catástrofe
de la presa de Tous, o los que cada día tienen derecho a una
indemnización o a una subvención por cualquier calamidad y al final aquí
sí aprobamos inmediatamente la declaración de riesgo catastrófico, pero
aprobamos muy tardíamente la resolución de la catástrofe que nosotros
suponemos en cuanto tenemos esos riesgos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Señor presidente, señorías, una vez más
comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para valorar el
informe del Defensor del Pueblo del año 1996.
En primer lugar, queremos hacerle llegar nuestro agradecimiento porque
siempre es un estímulo recibir de la institución del Defensor todas esas
posibles líneas de actuación con respecto a temas que atañen a los
derechos fundamentales, en suma, a la profundización de la democracia.
Es de destacar que se haya intensificado el desarrollo de la actividad
institucional por parte del Defensor y también un grado positivo de
aceptación, por parte de las distintas Administraciones públicas, de los
requerimientos del Defensor. Hay que insistir en esa necesidad de
eficacia del Defensor en su papel de interlocutor entre el ciudadano y la
Administración. Ciertamente ha mejorado y debe seguir haciéndolo.
Con respecto a las quejas, es cierto que figuran 25.875 que en apariencia
es una cifra superior, hay un aumento; pero no podemos olvidar que 14.898
son idénticas. Por tanto, no hay esa subida y es lógico, dada la asunción
de competencias cada vez en mayor medida por parte de las comunidades
autónomas y también la existencia de defensores autonómicos. Cabe decir
en este punto que 9.000 quejas corresponden a Madrid donde todavía no hay
esa institución. Por tanto, esas quejas hay que valorarlas en su justa
medida.
Creo que cabe destacar el tratamiento que ya en el informe anterior dio
el Defensor en cuanto a analizar de una forma monográfica determinados
temas que por su interés consideraba debían ser objeto de una atención
más profunda. Ahí creo que hay una serie de temas que tenemos que tomar
en consideración en esta Cámara de una forma especial y, en su caso,
poner en marcha las iniciativas legislativas correspondientes para
mejorar esa situación.
El primero de ellos es el tema de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Afortunadamente, tenemos en la Cámara un
proyecto de ley para la reforma de esa jurisdicción. Es un tema que viene
ya de años atrás. En los informes del Consejo General del Poder Judicial
viene aludiéndose ya a esas alarmantes cifras de pendencia que están en
la jurisdicción contencioso-administrativa. El Defensor ha trabajado en
cooperación con los servicios de inspección del Consejo General del Poder
Judicial y ha llegado a soluciones parecidas a las que ha venido
proponiendo a lo largo de los años también el Consejo. Hay que establecer
una ley nueva que desarrolle un proceso rápido, un proceso que responda a
las necesidades actuales.
La recomendación del Defensor de 29 de julio de 1996 va dirigida al
Gobierno en la línea de forzar de forma transitoria un mantenimiento de
todos los refuerzos que se han venido llevando a cabo en las audiencias,
en las secciones de lo contencioso-administrativo y también en la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, así como el desarrollo de una nueva ley
reguladora de lo contencioso-administrativo, la puesta en funcionamiento
de los juzgados de lo contencioso-administrativo y también dotar de los
suficientes medios técnicos y personales a este ámbito de la
jurisdicción.
Con respecto a la mendicidad, que es otro de los temas que trata el
Defensor monográficamente en esta ocasión, hemos de decir que aquí hemos
detectado
--el Defensor lo ha dicho, ha aludido incluso a la necesidad de
hacer una discriminación positiva, cosa que ya pusimos de relieve en su
momento-- un retroceso de las libertades. Los derechos fundamentales y
las libertades son base y razón de la convivencia democrática, por eso en
ese aspecto tenemos que ser muy cuidadosos, pero actuaciones de
determinados municipios
resultaron contrarias a los principios de respeto a los derechos
fundamentales de la persona, como dice textualmente el informe del
Defensor. En algunos casos se constató que se estaban aplicando
ordenanzas del año 1900. Estamos hablando de los ayuntamientos de
Santander, de Murcia, Mazarrón, Cartagena, Vigo y Zaragoza. A la vista de
la situación, el Defensor del Pueblo dirigió una recomendación para
corregir esta situación. La mendicidad, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, sólo puede perseguirse --y hoy nos lo ha reiterado
el Defensor-- cuando se realiza con intimidación o se utiliza a menores
de edad, no en otro caso.
Otro tema monográfico al que alude el Defensor son los presos españoles
en el extranjero. Este es un tema de preocupación, hay un mayor número de
quejas que proviene de familias de presos españoles, especialmente en
cárceles marroquíes y países iberoamericanos. Estamos pendientes --e
insiste en ello el Defensor-- de la negociación de un convenio de
traslado de personas condenadas para cumplimiento de penas en sus países
de origen.
Otro tema que incide en algo que nos es objeto de una preocupación
particular es el de los contenidos televisivos porque alude a la
situación de los menores y de la infancia. El artículo 20 de la
Constitución establece claramente la libertad de expresión como uno de
los pilares de nuestro sistema democrático, pero el propio artículo pone
unos límites expresos: la protección de la juventud y la protección de la
infancia. Todo el tema de la publicidad, de la contraprogramación, de las
escenas o de los mensajes perjudiciales para la juventud o para la
infancia son objeto de preocupación por parte del Defensor. Alude a un
incumplimiento frecuente, a una dejación de aplicación de sanciones, a
los déficit de protección, a abandono de instrumentos legales --dice
textualmente-, y el Defensor nos manifiesta que no está siendo eficaz,
hasta el momento, el sistema de control diseñado, al menos desde la
perspectiva de los menores a los que debe protegerse. Por tanto, ahí
tendremos que llevar a cabo las medidas necesarias para modificar esta
situación. El Defensor propone la creación de alguna autoridad u
organismo independiente, desvinculado jerárquicamente de la
Administración, que aplicara ese régimen sancionador previsto. También
alude a la Comisión especial sobre contenidos televisivos del Senado que
se llevó a cabo en la anterior legislatura y que, entre sus conclusiones,
propuso la creación de un consejo superior de medios audiovisuales.
Otro tema monográfico es la atención residencial a personas con
discapacidad. El informe del Defensor de este año tiene una especial
sensibilidad con todo el tema relativo a las personas con discapacidad, y
ello es de agradecer por la importancia que se está dando, cada vez mayor
en nuestras sociedades, a los aspectos de la integración laboral a través
de la actuación en las oficinas de empleo, la eliminación de las barreras
urbanísticas arquitectónicas de transporte y de comunicación y el
tratamiento específico a los menores discapacitados y a los tutelados.
También alude al tratamiento que debe darse en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas a las familias con hijos discapacitados a su
cargo: los mayores de edad declarados incapaces judicialmente a efectos
del IRPF deberían formar parte de la unidad familiar. La recomendación
del Defensor ha sido aceptada y se incorporó a la Ley de acompañamiento
de diciembre de 1996. Ciertamente, como aquí se ha dicho, hay veces que
son declaraciones programáticas, ideas generales que no se llevan luego a
efecto; sin embargo, hay bastantes ocasiones --y así se recoge en el
informe del Defensor-- que sí se aceptan esas recomendaciones y que sí
son efectivos los trabajos y las recomendaciones que lleva a cabo el
Defensor.
Se trata de forma monográfica lo referente al medio ambiente, que ya se
inició el año pasado en el informe anterior, y ahí se alude a las líneas
de alta tensión y al problema de su proximidad a núcleos residenciales.
Hay una resolución del Parlamento Europeo, de mayo de 1994, que aconseja
esos pasillos eléctricos y una serie de cautelas, todo ello evaluando el
impacto medio ambiental. Es importante que el Defensor haya incorporado,
en el ejercicio anterior y en éste, el tema medio ambiental, en el que
todavía es necesario que haya mucha toma de conciencia y una mayor
incorporación del mismo, dada su importancia, a todo el trabajo
parlamentario que podamos llevar a cabo.
También se ha referido a las notificaciones en materia de tráfico, que
una vez más ha dado lugar a una serie de irregularidades y de nulidades.
Pide el Defensor mayor coordinación, lo que es difícil, pero hay que
actuar y arbitrar medidas para que haya una constante actualización de
los domicilios.
Dentro de este tratamiento monográfico me voy a referir de una forma
específica a la infancia. Como consecuencia de la aprobación de la Ley
1/1996 de 15 de enero se le adjudicó al Defensor del Pueblo el que su
adjuntía primera tratara específicamente el tema de la infancia. Esto ha
dado lugar a una visión de conjunto de las actuaciones llevadas a cabo en
el tema del Defensor muy positiva. Por ello debemos felicitarnos de la
aprobación de aquella ley que determinó que hubiera ese conocimiento
directo y exclusivo por parte de la adjuntía primera del Defensor. De ahí
que también se haya analizado el impacto de la Ley 10/1995, de 23 de
noviembre, que aprobó el Código Penal, así como el Real Decreto 155/1996,
de 2 de febrero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España, que es la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería. En
este sentido es importante que se incorporase el derecho a la educación y
asistencia sanitaria de los menores extranjeros. Todo esto lo analiza el
Defensor positivamente.
Asimismo está el tema de la adopción, que se incorporó en esta ley, con
todo lo que significa la idea de la idoneidad en la adopción
internacional, que no estaba contemplada en la legislación anterior.
Alude especialmente a algo que nos debe preocupar en esta Cámara y en lo
que debemos tomar --sobre todo quien tiene especial competencia que es el
Gobierno-- la iniciativa legislativa. En la disposición final séptima del
nuevo Código Penal se dice que se suspende la entrada en vigor del
artículo 19, relativo a la responsabilidad penal de los menores de 18
años, en tanto se regule la nueva ley de justicia juvenil. El Defensor ha
insistido --y nosotros lo hacemos en nombre de nuestro grupo-- en qué
pasa con la nueva ley de justicia juvenil que tenía que estar ya en esta
Cámara. Está pendiente de informes, está pendiente de que se tome la
iniciativa sobre ella. La Ley Orgánica 4/1992, de 11 de junio, sobre
mecanismos de los juzgados de menores, es insuficiente. Es urgente, pues,
la elaboración de un marco legal adecuado para los menores infractores.
También alude --y lo ha comentado hoy el Defensor-- al tema de la
explotación sexual de menores, que a todos nos preocupa, sobre todo por
los nuevos sistemas tecnológicos que permiten que haya situaciones
nuevas, situaciones distintas no contempladas y que también deben ser
objeto de incriminación penal.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Alberdi, le
ruego vaya concluyendo.
La señora ALBERDI ALONSO: Sí, señor presidente, voy a intentar resumir.
También está el tema de la violencia en los centros escolares y sobre
todo la preocupación que nos traslada el Defensor del Pueblo en cuanto al
tratamiento de los menores.
Asimismo, quiero referirme a la expulsión de los inmigrantes en Melilla.
La situación ha empeorado extraordinariamente y es una responsabilidad
que el Gobierno tiene. La expulsión o devolución colectiva de 113
personas en 72 horas --dice el Defensor-- ha lesionado las garantías
previstas en el vigente ordenamiento jurídico en materia de extranjería y
asilo. Se lesionaron todas las previsiones legales, sin otro criterio que
la eficacia --había un problema y se resolvió, pero no se ha resuelto, al
revés, se han multiplicado los problemas-- y sin aplicar la
interpretación restrictiva que debe presidir la devolución, por lo que
las personas que fueron devueltas de esa forma carecieron de las
suficientes garantías. En este sentido, el Defensor ha hecho una
recomendación, en este caso no atendida, sobre más personal policial y
administrativo en las ciudades de Ceuta y Melilla, un tratamiento
individualizado de los casos y que se proceda a crear las oficinas de
extranjería.
También quiero referirme, aunque muy brevemente, al tema educativo, al
que alude el Defensor de una forma clara. Dice que las limitaciones de
carácter presupuestario han incidido negativamente en materia educativa.
El Defensor dice que, juzgando los resultados de determinadas actuaciones
realizadas en el ejercicio de 1996, cabe concluir que el actual marco de
restricciones presupuestarias ha tenido una repercusión negativa en el
ámbito educativo. El Defensor es consciente de las razones que puedan
justificar esa limitación del gasto público, pero no debiera padecer
--dice-- sus efectos el sistema educativo, sobre el que necesariamente se
ha de cimentar cualquier progreso de futuro. Las restricciones, según el
informe, han ocasionado en el sector educativo repercusiones más amplias,
hasta el extremo de haberse reabierto --dice textualmente el informe del
Defensor-- el debate sobre el carácter público o privado de la enseñanza.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Alberdi, le
ruego concluya.
La señora ALBERDI ALONSO: Sí, señor presidente, voy concluyendo.
Nos dice que sería desleal con la enseñanza pública hacerla competir con
la privada estando sometida a restricciones presupuestarias. Alude a la
gratuidad en libros de texto, a los beneficios de carácter educativo en
cuanto a familias numerosas o transporte escolar. Todavía hay problemas
de peligrosidad y pérdida de tiempo en desplazamientos, persisten los
problemas de escolarización provisional de alumnos del primer ciclo de
secundaria en centros de primaria de sus respectivas localidades y hay
algunos padres que se han opuesto a que sus hijos inicien las actividades
lectivas. Esto es importante, el Defensor alude a ello y hemos de dar
solución y respuesta a estos problemas.
En el ámbito de la educación sanitaria hay un tema importante, la salud
mental, aparte de otros generales que también analiza, y aunque el nuevo
Código Penal da solución al carácter indefinido de los internamientos
pisquiátricos en los casos en que se aprecia la eximente completa de
enajenación mental, sin embargo los problemas de asistencia a estos
enfermos no se han resuelto.
Para terminar ya, señor presidente, voy a referirme muy brevemente al
tema de urbanismo y vivienda, porque el Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de
junio, que modifica la Ley del Suelo de 1992, sobre medidas
liberalizadoras en materia de suelo cambia la categorización de
programados y no programados del suelo urbanizable y reduce la
participación de la comunidad en el aprovechamiento lucrativo del 15 al
10 por ciento. A esto se refiere de una forma específica el Defensor
cuando trata el tema de la vivienda social y nos dice que en el plan...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Su señoría debe
concluir de forma inmediata.
La señora ALBERDI ALONSO: Señor presidente, voy terminando. No he
consumido mucho más tiempo que otros diputados que me han precedido en el
uso de la palabra, y le ruego me permita terminar el tema de la vivienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Alberdi, yo
le permito terminar, pero ha superado con creces el tiempo consumido por
otros portavoces. Yo no he establecido comparación. Le ruego que S. S. no
la establezca y que concluya.
La señora ALBERDI ALONSO: Ya voy terminando, señor presidente.
Simplemente quiero referirme al tema de que el propio informe destaca que
ese Real Decreto 5/1996, de 7 de junio, al reducir al 10 por ciento la
cesión del suelo a los ayuntamientos --y leo textualmente del informe del
Defensor-- podría dificultar el objetivo de la creación de patrimonios
municipales con fines colectivos.
Termino ya, señor presidente, agradeciendo al Defensor del Pueblo que
haya reconocido aquí hoy públicamente en su comparecencia ante el Pleno
del Congreso que va a tomar las medidas necesarias para estudiar a fondo
el tema de los malos tratos a mujeres y de las muertes producidas por
agresiones a mujeres, sobre el que Grupo Parlamentario Socialista ya tuvo
ocasión en la Comisión de pedirle que incidiera, lo analizara a fondo y
propusiera recomendaciones para su erradicación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Alberdi.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, de nuevo un año más comparece el Defensor del Pueblo como
comisionado de las Cortes Generales para dar cuenta de la gestión
realizada a lo largo del ejercicio de 1996 mediante la presentación de un
informe conforme establecen los artículos 32 y 33 de su ley reguladora.
El arraigo logrado por la institución del Defensor del Pueblo en el plazo
transcurrido desde su implantación ha sido realmente sorprendente. El
dato del elevadísimo número de quejas presentadas demuestra que la
institución es necesaria y que su existencia es bien conocida, aunque
algunos estimen que debería darse mayor difusión a sus actividades. Las
encuestas sobre la imagen y conocimiento de la institución la colocan
entre las que mayor confianza inspiran a los ciudadanos. El Centro de
Investigaciones Sociológicas, en una de sus últimas encuestas elaborada a
finales de 1996, sitúa al Defensor del Pueblo en segundo lugar en el
grado de confianza de los españoles hacia las instituciones nacionales.
Pero a veces si no analizamos correctamente el número de quejas, como
ocurre este año, puede conducirnos a error, como ha sucedido en el caso
de la señora Almeida y de la señora Amorós. Efectivamente, en el año 1996
se registraron 25.898 quejas frente a las 13.214 del año anterior.
¿Quiere eso decir que se han duplicado los problemas? No, señorías, pues
de las 25.898 quejas registradas, 14.898 corresponden a trece problemas,
con lo que nos quedaría una cifra de 10.990 quejas, número similar al del
año anterior, ya que en 1995 se recibieron 10.832 quejas frente a las
10.990 del año 1996.
Los informes anuales se convierten en el elemento básico a través del
cual éste da publicidad de sus actuaciones. La función del Defensor del
Pueblo se justifica en la medida en que la institución es conocida y
comprendida, y es a éste al que le corresponde la misión de darse a
conocer. Es precisamente esta publicidad en el actuar de los ombudsmen la
que les confiere más auctoritas y contribuye a humanizar la
Administración en sus relaciones con los ciudadanos.
Junto a esta función de publicidad que cumple el informe anual, hay que
destacar otra serie de funciones que ponen de manifiesto su utilidad. En
primer lugar, es una medida a través de la cual vemos el estado de la
Administración. La institución del Defensor del Pueblo se muestra como
una caja de resonancia social y el informe aparece como una radiografía
social. El Defensor del Pueblo es la institución que cuenta con más
capacitación para realizar esta función puesto que, a través de la
presentación de las quejas, los ciudadanos se dirigen a él mostrándole
los problemas que la actuación de la Administración suscita. Hemos de
recordar, señorías, que la institución del Defensor del Pueblo recibe
quejas --no felicitaciones-, por la actuación de la Administración; ahora
bien, esta institución debe ser consciente de ello y tratar de ser lo más
objetiva posible. El informe debe ser crítico y un reflejo de aquello que
efectivamente va mal, un reflejo de la realidad en el que se evita
introducir juicios de valor y, sin embargo, se incluyen hechos. En el
informe ha de apreciarse una cautelosa prudencia para en ningún momento
convertir al Defensor del Pueblo en un arma política sino que sea
objetivamente apreciado por todas las fuerzas políticas del país, y luego
veremos cómo el Gobierno del Partido Popular así lo ha entendido. Por
ello, el informe no ha de ser un instrumento contra nadie sino un
documento para todos, porque tanto al Gobierno como a la oposición les
interesa saber lo que está ocurriendo realmente. De ahí que el Defensor
del Pueblo no deba evaluar sino únicamente describir, así como señalar
algunas propuestas de solución a través de sus resoluciones.
El informe, además de ser el balance anual de la actuación del Defensor
del Pueblo y proporcionar una visión de las relaciones de la
Administración con el ciudadano, cumple una función preventiva contra
nuevas
vulneraciones de derechos. Desde este punto de vista, el informe es una
llamada clara, objetiva, y sobre todo imparcial, a la reflexión y al
compromiso. Es una llamada a la reflexión porque nos está diciendo cuáles
son las auténticas demandas que tiene planteadas nuestra sociedad; y es
una llamada al compromiso porque lo dicho en el informe ha de mover la
acción de las instituciones públicas para alcanzar respuestas adecuadas a
los problemas que se plantean.
Al principio de mi intervención, citaba el artículo 33 de la ley orgánica
que nos indica el contenido del informe. Decíamos que debe contener el
número y tipo de quejas presentadas, las rechazadas, que este año han
sido numerosas, 5.677, así como las que fueron objeto de investigación, y
el resultado de las mismas, con especificación de las sugerencias o
recomendaciones admitidas por las administraciones públicas. Este último
capítulo es importante porque, como SS. SS. conocen, el Defensor del
Pueblo no tiene misión jurisdiccional y no modifica ni anula los actos
administrativos. El contenido de sus resoluciones puede consistir en una
sugerencia a la Administración para que modifique los criterios de
producción de sus actos, en una referencia al órgano legislativo
competente para que modifique una ley, en instar a la Administración a
que ejerza sus facultades de inspección y sanción y, por último, puede
interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo. Como pueden ver
SS. SS., el Defensor del Pueblo insta, sugiere, advierte, recomienda,
recuerda, pero no anula ni modifica; por tanto, si la Administración no
acepta esas resoluciones, la labor del Defensor del Pueblo se hace
inútil.
En este sentido y analizando muy brevemente --ya que carezco de tiempo y
dudo de que la Presidencia me lo concediera-- las distintas resoluciones
del Defensor del Pueblo a lo largo del voluminoso informe que hoy nos
presenta, comprobaremos cómo el Gobierno del Partido Popular acepta esa
autoridad moral del Defensor del Pueblo y hace suyas sus resoluciones.
Por ejemplo, en el área de educación, ya que ha sido citada aquí, en los
sucesivos informes anuales anteriores, el Defensor del Pueblo ha venido
destacando los efectos negativos de las limitaciones presupuestarias
desde el mismo inicio de la implantación del nuevo sistema educativo,
hasta el presupuesto de 1996 aprobado por el anterior Gobierno. El
presupuesto de 1997, el primero elaborado por el Partido Popular, viene a
coincidir con la preocupación expresada por el Defensor del Pueblo y
contemplaba un incremento del 3,8 por ciento del gasto por alumno y un
plan de inversiones de 33.500 millones, que ha permitido la ampliación y
modernización de la red de centros públicos.
Asimismo, el ministerio atendió la mayoría de las recomendaciones del
Defensor del Pueblo; entre ellas destacan las referidas a becas y ayudas
al estudio, acceso de padres separados a las calificaciones escolares,
homologación de títulos extranjeros, consejos escolares y derecho de
elección de centros docentes, entre otras. Asimismo, en los presupuestos
para el próximo año el gasto en educación crecerá el 6,8 por ciento.
En el área de Hacienda, por citar algún ejemplo, y al que se ha referido
asimismo el Defensor del Pueblo en su intervención, en cuanto al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, los problemas planteados en la
tributación por este impuesto que afectan a las familias con hijos
discapacitados a cargo, las recomendaciones formuladas por el Defensor
del Pueblo fueron atendidas, tal como constata el informe, a través de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y
del orden social, mediante la oportuna modificación de los artículos 9 y
87 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, reguladora de este impuesto.
En el área de Justicia, a que también se han referido los portavoces que
me han precedido, el Defensor del Pueblo pone de manifiesto, una vez más,
su preocupación por las dilaciones indebidas en la jurisdicción
contencioso-administrativa. Este punto constituye, a su vez, uno de los
focos de preocupación de la Administración de justicia en los sucesivos
gobiernos, como demuestra el hecho de que ya en 1994 el entonces titular
de este departamento se comprometió a presentar un proyecto de ley de
procedimiento contencioso-administrativo antes del mes de septiembre de
ese año. Dicho proyecto, sin embargo, no fue aprobado por el Consejo de
Ministros hasta el día 21 de julio de 1995, caducando posteriormente por
convocatoria de elecciones.
Asimismo, quedó sin desarrollar el establecimiento de los juzgados de lo
contencioso-administrativo, previsto por el artículo 90 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, incumpliendo lo establecido en la
disposición adicional primera de la citada ley que preveía su desarrollo
en el plazo máximo de un año.
El Gobierno del Partido Popular, consciente de la situación de urgente
necesidad que presenta la jurisdicción contencioso-administrativa, ha
proveído medidas puntuales de refuerzo y se han ido incrementando los
medios personales de la Administración de justicia en general, en 80
nuevas plazas de magistrados, lo que constituye el mayor esfuerzo
realizado en los pasados años, superando este número a la totalidad de
los creados en los cinco años anteriores. Una parte importante de este
esfuerzo ha sido destinado al orden contencioso-administrativo, al que
corresponden 16 plazas del total indicado.
Por lo que se refiere a las medidas legales emprendidas, se concretan en
la presentación de un proyecto de ley de jurisdicción
contencioso-administrativa; se ha pretendido reestructurar la
jurisdicción, previendo la puesta en funcionamiento de los juzgados de lo
contencioso-administrativo durante los ejercicios 1998, 1999 y 2000; se
ha simplificado el régimen procesal sin ruptura con la Ley de 1956, cuyo
esquema es altamente valioso y ha sido un instrumento eficaz durante los
años de su vigencia.
En cuanto a la atención residencial a personas con discapacidad, que ha
sido objeto de un informe monográfico, el Defensor del Pueblo realizó una
recomendación al Ministerio de Justicia para que impulsase las reformas
legislativas necesarias que dieran lugar a un control jurisdiccional más
intenso del régimen de internamiento de personas con discapacidad, del
régimen de vida de esas personas en los referidos centros y en especial
de garantía de sus derechos fundamentales. Dicha recomendación ha sido
contestada positivamente en el sentido de iniciarse trabajos preliminares
de estudio sobre posibles iniciativas legislativas en este sentido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Camilleri,
le ruego vaya concluyendo.
La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Por lo que respecta al Ministerio del
Interior, el año 1996 ha venido marcado por las novedades introducidas en
el Código Penal de 1995 en materia de cumplimiento de penas.
Otra gran preocupación del Defensor del Pueblo, reflejada en los informes
anteriores, es el hacinamiento en las prisiones. Esta preocupación, como
es lógico, se ha visto disminuida en la medida que se reconocen los
efectos beneficiosos de la puesta en funcionamiento de los nuevos centros
penitenciarios que, como él mismo apunta, redundará no sólo en la mejora
de las condiciones físicas de los internos, sino también en el objetivo
constitucional del tratamiento penitenciario, cual es la reeducación y la
reinserción social.
Por ir resumiendo, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ha
reducido el número de quejas tramitadas, que son 269, realmente
insignificantes si se considera el elevadísimo número de actos
administrativos que se generan en el ámbito de los organismos y entidades
adscritos al mismo.
En el aspecto jurídico, las cuestiones que requieren una modificación
normativa han sido resueltas con la Ley 24/1997, de 15 de julio, de
consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social.
En el epígrafe Inem, prestaciones por desempleo, se señala en sentido
positivo la publicación de la resolución de 11 de julio de 1996, que
permite la obtención de prestaciones por desempleo a aquellos extranjeros
que acrediten permiso de residencia aun careciendo de permiso de trabajo
en vigor. En este epígrafe tengo que manifestar la escasa relevancia del
número de quejas en relación con la complejidad de la gestión de las
prestaciones por desempleo, que en el año 1996 tramitaron 3.056.307
expedientes.
En el Ministerio de Sanidad y Consumo, de la lectura del informe se
desprende una valoración global que podemos considerar satisfactoria,
tanto en la resolución de las quejas como en la asunción de las
recomendaciones efectuadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Camilleri,
le ruego concluya.
La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Por último, y ya que mis compañeros han aludido al tema, en cuanto a la
referencia de que el Gobierno contesta al informe del Defensor del
Pueblo, yo les diría que la mejor respuesta es aceptar las
recomendaciones del propio Defensor del Pueblo y llevarlas a la práctica,
como sucintamente, puesto que no he podido en la totalidad, les he citado
en algunos casos. Señorías, obras son amores y no buenas razones, como
dicen en mi tierra.
Para terminar, destacaré las palabras del Defensor del Pueblo en la
presentación de este informe, cuando dice que hay una realidad evidente
que se desprende de la lectura del informe que ahora se presenta, que los
derechos y libertades fundamentales comprendidos en nuestra Constitución
son vividos de forma plena por la generalidad de los ciudadanos y se
ejercitan sin trabas de ningún tipo. Por tanto, es posible afirmar que
España se encuentra perfectamente homologada en este aspecto con el resto
de los países europeos de más honda raigambre democrática. Por estas
palabras, señorías, debemos felicitarnos todos y, como no, al Defensor
del Pueblo por este magnífico informe.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Camilleri.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE
ESPAÑA EN EL FONDO FIDUCIARIO PROVISIONAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL
DE FOMENTO. (Número de expediente 121/000070)
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE
ESPAÑA EN EL UNDECIMO AUMENTO DE RECURSOS DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL
DE FOMENTO. (Número de expediente 121/000071)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto VIII del
orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir en relación con el dictamen
del proyecto de ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en el Fondo Fiduciario Provisional de la Asociación Internacional
de Fomento? (Pausa.)
¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir en relación con el dictamen
del proyecto de ley por la que
se autoriza la participación del Reino de España en el undécimo aumento
de recursos de la Asociación Internacional de Fomento? (Pausa.)
--PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELECTRICO. (Número de expediente 121/000062)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Si les parece a SS.
SS., pasamos a continuación al dictamen del proyecto de ley del sector
eléctrico, y procederemos al final del debate a la votación de los tres
dictámenes.
¿Turno a favor del dictamen? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Fijación de posición? (Pausa.)
Para defender las enmiendas planteadas, en primer lugar por el Grupo
Mixto, el señor Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Aunque en algunos aspectos relacionados con la cuestión de las
competencias de las comunidades autónomas la Ley del sector eléctrico ha
salido mejorada del trámite en Comisión, de este trámite tan rápido que
se ha realizado, sin embargo, seguimos manteniendo nuestras enmiendas por
cuanto la ley no se ha transformado en aspectos claves que hacen
referencia a la planificación del sistema eléctrico por parte de las
administraciones públicas y, además, sigue sin considerar el sistema
eléctrico como un servicio público, dejando todo en mano de las empresas
eléctricas como grandes dueñas y señoras de un sistema básico para el
desarrollo social y económico de un Estado. Por tanto, si abogamos por un
mayor control de la planificación por parte de la Administración pública,
es lógico que dejemos en pie las enmiendas números 73, 74, 76, 79, 80,
81, 82 y 86, las últimas referentes, además, al hecho de que en el acceso
de terceros a la red se siga el método del comprador único, compatible
con las directivas comunitarias, que da un papel de mayor control al
Estado en este acceso, y algo que es importante para algunas empresas
eléctricas que en la actualidad están vinculadas a las explotaciones
mineras, como es que haya separación contable entre las dos actividades,
pero no separación jurídica.
En segundo lugar, hemos observado que se ha aceptado una enmienda del
Grupo Catalán (Convergència i Unió) que hacía referencia a las
competencias de las comunidades autónomas en el ámbito efectivo de
control de la concesión de instalaciones; por tanto retiramos la número
75 que nosotros habíamos mantenido viva. Conservamos, sin embargo, las
números 77, 83, 84 y 85, que no hacen más que reafirmar o aumentar el
derecho de concesión de instalaciones para las administraciones
autonómicas, pretenden disminuir el centralismo de las autorizaciones
administrativas que se contempla en la nueva ley, dar algún papel en el
control de la distribución de energía y, por supuesto, en cómo afecta la
instalación de la distribución en los planes urbanísticos y en el medio
ambiente.
La enmienda número 78, que hemos mantenido viva, va en la orientación de
convertir a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico en un órgano de
participación activa de todas las comunidades autónomas, no solamente en
el consejo consultivo. Pensamos que la conformación de la Comisión
Nacional del Sistema Eléctrico de manera totalmente irregular, sin estar
vinculada a lo que son las administraciones públicas diversas que existen
en el Estado español, puede contentar políticamente a los grupos
mayoritarios o a los pactos electorales que se realicen, en cuanto que se
colocan personas de determinado tipo de tendencias, pero no responde a la
estructura del Estado español como un Estado descentralizado.
Por último, quiero decirles que seguimos manifestando nuestra voluntad de
que el sistema eléctrico se considere intervenido claramente por la
Administración pública, planificado por ella, por tanto como un servicio
público, y sería mejor seguir un modelo como el francés o incluso uno
híbrido, como el alemán, antes que el modelo inglés de los últimos
tiempos, que ha sido el escogido como modelo para la realización de esta
ley del sistema eléctrico.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
Para defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, en primer lugar el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) quiere manifestar su satisfacción por el
trámite parlamentario que ha experimentado la Ley del sector eléctrico,
tanto en el trabajo de ponencia como en el de Comisión, donde ha sido
posible tener un intercambio de impresiones y unas aportaciones
importantes de todos los grupos parlamentarios a fin y efecto de ir
mejorando sensiblemente la ley presentada por el Gobierno.
También quiere manifestar nuestro agradecimiento por la sensibilidad
manifestada por el Grupo Parlamentario Popular, grupo que apoya al
Gobierno, y por la aceptación de una parte importante de nuestras
enmiendas. Nuestro grupo parlamentario ha presentado 47 enmiendas, nueve
las ha retirado en el trámite parlamentario, han sido aprobadas 33
enmiendas y tres van a quedar vivas para este debate en el Pleno. En esta
intervención también quiero aprovechar para manifestar
que nuestra enmienda número 365 se transaccionó en Comisión con la 272,
del Partido Socialista, a través de una transacción del Partido Popular,
por lo cual dicha enmienda no va quedar viva para este debate. También
anuncio que vamos a retirar nuestra enmienda 361.
Creemos sinceramente que con nuestra aportación, la del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), hemos ayudado a mejorar
sensiblemente esta ley en una serie de aspectos que nosotros consideramos
básicos, que sin duda contribuirán en cierta medida a modernizarla y a
hacerla más competitiva; también hemos contribuido a sensibilizarla en
aquellos campos de las energías renovables y de autogeneración de
producción de la energía eléctrica.
Estamos satisfechos ya que en el ámbito autonómico han quedado
perfectamente definidas las competencias y las participaciones de las
diferentes comunidades autónomas en todos aquellos aspectos de la
planificación eléctrica, de la gestión de los registros de distribuidores
y comercializadores, delimitación de las zonas eléctricas, autorización
de empresas comercializadoras, resolución de conflictos, participaciones
de las comunidades autónomas en la comisión permanente, así como en
diferentes aspectos relativos a la territorialización de las redes
eléctricas.
Satisfacción también en nuestro grupo, Convergència i Unió, porque el
Grupo Parlamentario Popular ha aceptado la globalidad de nuestra
propuesta que iba dirigida a la mejora constante de la calidad del
servicio eléctrico y a una protección real del consumidor. Por primera
vez se va a poder aplicar en España una reducción de las tarifas
eléctricas cuando el suministro no tenga calidad suficiente o cuando se
produzcan interrupciones en dicho suministro, y va a ser posible el abono
directo en la cuenta del cliente en cuestión.
También hay satisfacción en Convergència i Unió por la aceptación de
nuestra propuesta al considerar la energía circulada como referencia a
tener en cuenta para considerar la retribución de la distribución.
Igualmente queremos mostrar la complacencia por la incorporación en
Comisión de una propuesta de Convergència i Unió dirigida a garantizar el
mantenimiento y la producción en el campo de la generación y
autogeneración eléctrica, básicamente en todas aquellas compañías que
estaban incorporadas al Real Decreto 2366, de generación y autoproducción
eléctrica, así como también la posibilidad de percibir prima por aquellas
empresas autorizadas con posterioridad a la aprobación de dicha norma.
En definitiva, nuestra satisfacción finaliza una vez incorporadas dichas
enmiendas en el trámite de Comisión. Esperamos tenerla también tras la
defensa que voy a hacer de nuestra enmienda 347 por la aprobación no sólo
del Gobierno sino del resto de grupos parlamentarios que componen la
Cámara.
Nuestra enmienda 347 va en la dirección de aprovechar una oportunidad
histórica, que nos permite dicho trámite parlamentario en el Congreso de
los Diputados al debatir esta ley, para consolidar definitivamente el
marco de referencia de las energías renovables, en las que, dicho sea de
paso, hay un gran interés por todos los grupos de la Cámara de llegar a
un consenso, según las diferentes propuestas que los diversos grupos
parlamentarios hemos mantenido tanto en ponencia como en Comisión.
Es cierto que la enmienda de Convergència i Unió es muy ambiciosa; a
nuestro entender, si se aprueba aportaría claridad, concreción,
objetividad y definición de un marco estable en cuanto al régimen
económico referido a las instalaciones de producción eléctrica en régimen
especial.
En nuestro grupo definimos un marco de actuación donde el Gobierno podría
fijar primas dentro de una banda porcentual que, a nuestro entender,
tendría que oscilar entre el 75 y el 85 por ciento sobre una base media
de las tarifas que se determine para los consumidores finales que no
tengan la consideración de cualificados.
Dentro de este paquete incorporaríamos a los siguientes sectores. En
primer lugar, a los sectores productores de energía eléctrica mediante
energías renovables --no hidráulicas--, y biomasa, incluidas en el
régimen especial. En segundo lugar, a las centrales hidroeléctricas de
potencia igual o inferior a 10 megavatios.
En nuestra enmienda de Convergència i Unió, también incorporamos dentro
del régimen especial, un esquema de las primas, aunque con menor
porcentaje al que antes habíamos definido comprendido entre el 75 por
ciento y el 85 por ciento, a un paquete de empresas que estarían
definidas dentro de las instalaciones de tratamiento y reducción de
residuos de los sectores agrícola, ganadero y de servicios, con una
potencia igual o inferior a 25 megavatios. Aquí nos referimos,
concretamente, a los sectores de tratamiento de purinas y a los sectores
que se dedican al secado de los barros.
Dentro de este paquete también incorporaríamos sectores cuando se
utilicen energías primarias de residuos no renovables básicamente
orientados a los residuos sólidos urbanos y, dentro de estos sectores y
de este campo de primas que fijaríamos en esta banda porcentual, también
incorporaríamos a las centrales hidroeléctricas productoras de energía
con un nivel de potencia comprendida entre 10 y 50 megavatios, y también
contemplaríamos la posiblidad de que existiera para aquellas centrales de
más de 50 megavatios
--aunque sobre unas tarifas más reducidas--, la posiblidad de que
pudieran incorporarse dentro del ámbito de las energías del régimen
especial. Por último, también incorporaríamos dentro de este segmento a
todas aquellas instalaciones de cogeneración de energía cuya potencia
fuera inferior a 10 megavatios.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entendemos que
para la determinación de las primas se deberían tener en cuenta una serie
de
factores para que los precios resultaran competitivos, para que los
precios de las primas resultaran atractivas, y así estas inversiones
continuaran produciéndose en el ámbito del Estado español. En primer
lugar, habría que tener en cuenta el nivel de tensión de la energía
circulada, la contribución efectiva a la mejora del medio ambiente, el
ahorro de la energía primaria, la eficiencia energética y los costes de
inversión, a los efectos últimos de conseguir unas tasas de rentabilidad
razonables con referencia al coste del dinero incorporado en el mercado
de capitales.
Sinceramente creo, señoras y señores diputados, que si se aprueba esta
enmienda presentada por Convergència i Unió, o la enmienda producto de
alguna transacción que, en su caso, pudiera presentar el Gobierno,
estaríamos en el buen camino de combatir el grave problema que el cambio
climático supondrá para nuestro planeta por el calentamiento global del
mismo, tal como ya anunciaban los 1.500 científicos reunidos
recientemente en Washington entre los que se encontraban 98 Premios Nobel
de la ciencia, y concluían manifestando que una de las pocas soluciones
para resolver este terrible problema pasaba por fomentar de forma
efectiva la mejora de la eficiencia energética y de las energías
renovables.
Por esto, señorías, señores diputados, les aliento e incito a que
sinceramente debatan y analicen con profundidad la enmienda presentada
por nuestro grupo, Convergència i Unió, que ya mereció el apoyo del
Partido Socialista en el debate de Comisión y la consideración por parte
del Partido Popular de ser estudiada para plantear con toda probabilidad
una transacción y lograr así unanimidad en este campo tan importante de
las energías renovables, contando lógicamente también con el apoyo de los
diferentes grupos parlamentarios nacionalistas, así como del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por último, señor presidente, nosotros también hemos mantenido para su
debate en el pleno del Congreso de los Diputados la enmienda 363,
denominada por nuestro grupo como la enmienda Nadal-Sedó (Un señor
diputado: ¡Muy bien!), orientada básicamente a la posibilidad de que
aquellos municipios situados en el campo limítrofe de los 40 kilómetros
de una central nuclear puedan gozar de una bonificación del 20 por ciento
en las tarifas industriales de electricidad, a fin de paliar de esta
forma ciertos desequilibrios que existen en las industrias, ya que por no
estar al lado de centrales nucleares van a otras zonas donde están más
primadas económicamente. Por tanto, también agradecería que S. S votaran
favorablemente nuestra enmienda número 363.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente, por
concederme este turno de intervención.
Señoras y señores diputados, voy a expresarles, de la forma más breve que
pueda, y supongo que lo lograré, nuestro desacuerdo con algunas de las
enmiendas que se han introducido en el procedimiento de ponencia y
Comisión y que vuelven hoy aquí, al Pleno, y aprovecho naturalmente, como
es mi obligación, para defender y dar por defendidas las enmiendas que
presenta Coalición Canaria.
Yo creo que aquí se ha producido un hecho que, por descoordinación o por
lo que fuere, tengo que calificar de una cierta gravedad. No me gusta
utilizar frases excesivas, ni crear ningún tipo de melodrama, pero cuando
hay hechos graves hay que decirlo exactamente como es. El hecho es grave;
es grave por lo siguiente. Hemos aprobado hace apenas unas semanas la ley
del sector eléctrico, que está justificada en su exposición de motivos
diciendo, con toda rotundidad y claridad, que un servicio público
esencial, como es suministrar energía, electricidad a los ciudadanos,
debe ser liberalizado para generar competencia, eficiencia, mejora en la
calidad y en los costes del servicio. Yo creo que esa filosofía es
correcta y la experiencia internacional demuestra que hay que evitar que,
en un mercado tan importante como éste, existan situaciones de predominio
que conducen, sin duda ninguna, a abusos y a que no se genere la libertad
y la transparencia de la competencia, que es lo que da eficiencia a los
sistemas públicos y a los sistemas en este caso de producción de energía.
Ocurre, sin embargo, que después de haber presentado esa ley con esa
exposición de motivos, se lleva a la ponencia y luego a la Comisión y, yo
no sé por qué, alguien decide que lo que es bueno para el resto de España
--y utilizo el término con precisión, no hablo del Estado español-- por
lo visto es malo para Canarias. En un lugar, el resto del territorio
peninsular, donde existen diversas fuentes de energía, donde existen
diversas empresas en competencia, resulta que eso, que a esa escala es
bueno, a una escala más pequeña, con un monopolio privado --que es la
situación actual de la empresa Unelco en Canarias-, puede existir en
Canarias. Yo no sé si es que alguien piensa que el enclave geográfico
africano de las islas Canarias permite una cierta situación neocolonial
en el servicio del sistema eléctrico. Esto es una cosa absolutamente
increíble. Efectivamente, el argumento es que el artículo 12 de la ley
dice que existen sistemas extrapeninsulares e insulares que deben tener
un tratamiento específico, pero tratamiento específico para garantizar
una situación de monopolio de hecho en la cual estamos, porque adviertan,
señorías, que estamos en una situación de monopolio público y antes de
monopolio
privado que fue un desastre. En las islas Canarias la existencia del
monopolio privado de Unelco produjo un desastre, y los ciudadanos
canarios se han sentido tranquilizados porque exista ahora un monopolio
público. Aplicando la ley dicen: hay que privatizar también Unelco,
dentro de la privatización de Endesa, porque no se puede segregar. Y
cuando se llega a esa situación se aplica el artículo 12, que es un
sistema extrapeninsular e insular, y para defender el interés general,
dada la existencia de un monopolio, nosotros presentamos un conjunto de
enmiendas, que estoy dando por defendidas, para garantizar que la
planificación del control estratégico de las islas Canarias sobre ese
sistema de producción eléctrica sea importante, pues resulta que nuestras
enmiendas se rechazan, y se dice: no, lo que hay que hacer es blindar el
monopolio privado, dándole diez años en un sistema de transición. Y ese
blindaje se justifica diciendo que como en el resto de España el sistema
de transición en la liberalización se ha compensado al conjunto de las
empresas eléctricas, como en Canarias no se le quiere compensar, Unelco
pide que como compensación se le blinde. ¡Esto es asombroso! Yo no sé si
logro expresarles la incoherencia de lo que se está planteando.
Yo creo que aquí ha habido simplemente un pequeño despiste, pero a veces
el infierno está empedrado de buenas intenciones, porque estoy hablando
del infierno y de la gravedad del hecho, aunque puedo entender que ha
habido una descoordinación. Esa no es, y lo digo con toda claridad, la
política del Gobierno de España. Lo sé. No es la política de los sectores
responsables de esto; son las presiones de algunas empresas sobre el
Grupo Parlamentario Popular intentando ver cómo vale más Unelco de lo que
debería valer blindándola.
Entonces, si hemos hecho una ley que aquí ha sido defendida y apoyada por
nosotros hace tres semanas para crear una situación de liberalización de
la energía en España, no me puede meter una enmienda el Grupo Popular en
ponencia y en Comisión con premeditación y alevosía, cambiándome el
espíritu de la ley sólo para Canarias. Esto es grave. Si a los amigos se
les trata así ... Creo que era Decimus Laberio, del siglo I antes de
Cristo, el que decía: A los enemigos hay que tratarlos como si en el
futuro pudieran ser amigos. Pero, claro, ya me parece un traducción burda
de Decimus Laberio que a los amigos hay tratarlos como enemigos.
Aquí hay un hecho grave. Me parece que cuando nosotros decimos estas
palabras tenemos la autoridad de no haberlas dicho antes ni de usarlas
para cuestiones menores. Cuando las decimos es que estamos hablando en
serio, porque, naturalmente, la estabilidad parlamentaria, que es un
elemento básico, exige que haya dos socios muy importantes como hay, pero
es imprescindible que existan tres y muy conveniente que existan cuatro.
Cuando se atenta contra los intereses generales de Canarias, que es parte
del Estado español y, por tanto, de España, ahora que ustedes están con
los himnos (no olviden que si el fútbol es de interés general, que yo no
lo sé, la electricidad sí es interés general), y nosotros no vamos a
permitir que, en un asunto de interés general, se pueda atentar contra
una parte del Estado español. Por tanto, pido al Grupo Popular que se lo
piense y me diga cuándo va a modificar esa disposición decimosexta, que
es un atentado contra los intereses generales de Canarias.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mauricio.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la
señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, ya es conocida por esta Cámara, porque el debate sobre la ley
del sistema eléctrico se ha producido en un espacio de tiempo muy breve,
la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya con respecto al proyecto de ley que ha traído el Gobierno
para la liberalización del sector eléctrico. Este grupo parlamentario no
comparte ni los principios ni los criterios que se han utilizado, y las
enmiendas que mantenemos vivas están todas encaminadas precisamente a un
desarrollo de modelo diferente al que se ha venido a plantear.
Estamos convencidos de que el proyecto de ley que ha presentado el
Gobierno no va a satisfacer las necesidades de servicios eléctricos ni la
seguridad del suministro con lo que se pretende al menor coste para los
usuarios y con el menor impacto ambiental posible, sino todo lo
contrario, va a plantear mayores aumentos de consumo. Se ha decidido
plantear la liberalización de las instalaciones de potencia y, señorías,
de todos y de todas es conocido que en el sector eléctrico español no es
necesaria una mayor instalación de potencia y sí es necesario el control,
por parte del Estado, sobre estas instalaciones, cosa que se elimina en
el proyecto del Gobierno.
Es sabido que existen elementos monopolísticos naturales en el sector que
necesitan de un elevado nivel de regulación, y precisamente este elevado
nivel de regulación tiene que servir para preservar los intereses de los
usuarios y reducir los impactos ambientales. Por eso, este grupo
parlamentario ha planteado en sus enmiendas la necesidad de mantener la
consideración de servicio público, porque entendemos que es la mejor
manera de defender y garantizar el suministro a los usuarios y de reducir
los impactos ambientales.
Desde nuestro punto de vista, y así lo hemos planteado en nuestras
enmiendas, es totalmente necesario que exista una planificación integrada
de recursos basada fundamentalmente en el ahorro y en el uso más
eficiente
de la energía, que es lo que va a favorecer la reducción del coste para
los usuarios a través de la tarifa.
Planteamos también la necesidad de los aspectos que han de regir la
planificación en coherencia con nuestra filosofía con respecto al sector,
y no sólo esto, sino que, además, creemos que es necesaria la
intervención de esta Cámara para que pueda ser una planificación con
visión global de todo el Estado y con la colaboración de las comunidades
autónomas.
Creemos necesario e insistimos, aunque nuestras enmiendas no van a ser
tenidas en cuenta, en que se dote de mayor competencia a la Comisión del
Sistema Eléctrico. Señorías, en la filosofía del Gobierno y de los grupos
que lo sustentan, si el sector va a ser liberalizado, sería necesario que
un organismo independiente, como debe ser la Comisión del Sistema
Eléctrico, tuviera mayores competencias para preservar todo aquello que
se está diciendo defender, a pesar de que estamos convencidos, por las
votaciones que se han producido en Comisión, de que no va a ser posible y
que se quedarán con las que en estos momentos figuran en el proyecto de
ley.
Creemos necesario defender que los sujetos que han de desarrollar las
actividades eléctricas en la ordenación del suministro deben ser todos
aquellos que en nuestra enmienda 102 quedan reflejados, donde ya
introducimos la peculiaridad, por decirlo de alguna manera, de la
creación de la compañía de ahorro eléctrico. Si SS. SS. lo han visto,
nuestro grupo parlamentario no defiende en absoluto que exista el
operador del mercado. Creemos que es necesario que tanto los
transportistas como los distribuidores no sean sociedades mercantiles,
sino empresas con personalidad jurídica propia dependientes de la
Administración.
Pensamos que es necesario el carácter regulado de la explotación
unificada, el transporte y la distribución, garantizando el acceso a las
redes de terceros. Todo esto es un conglomerado que viene a plantear lo
que nosotros estamos defendiendo como planificación integrada.
Creemos necesario que, dentro del régimen económico, existan mecanismos
discriminatorios que vayan a fortalecer aquellas actividades que, a
través del desarrollo reglamentario, preserven más el medio ambiente; es
decir, primar al sector cuando haga el esfuerzo inversor necesario para
preservar el medio ambiente y que esto se le reconozca.
Como costes permanentes del funcionamiento del sistema, planteamos que
deben ser los incentivos o efectos económicos adicionales derivados de la
producción en régimen especial. Creemos que es necesario que se incluyan
también en los costes permanentes de funcionamiento. Asimismo, pensamos
que es necesario que se consideren como costes la diversificación y
seguridad de abastecimiento, además de los recogidos en el proyecto, los
costes para financiar las existencias del carbón nacional.
Señorías, tal como se plantea el proyecto de ley, corre un grave riesgo
el carbón nacional, no sólo porque se deje de utilizar, sino por el costo
social que conllevaría: la cantidad de puestos de trabajo que pueden
desaparecer en un espacio de tiempo más bien breve.
Creemos que es necesaria la introducción de una tasa de aplicación
ecológica en las tarifas que refleje los costes ambientales, que debe
dirigirse a la compañía de ahorro eléctrico y al Ministerio de Industria
para programas de corrección ambiental.
Es necesario, según nuestro criterio, que sea precisamente una compañía
--con ello planteamos la creación de la compañía de ahorro eléctrico-- la
que esté trabajando en los programas de ahorro de demanda, en los que
realmente se verifique que se trabaja sobre la eficiencia y el ahorro
energético y que, además, según el consumo, la tasa de aplicación
ecológica se destine a estas situaciones.
Creemos que es necesario que cuando se utilicen caudales hidraúlicos para
la producción de energía eléctrica se devuelva el mismo caudal a las
cuencas hidráulicas, y esa enmienda, que es totalmente necesaria para
preservar en tiempos de sequía el caudal de los
ríos, no ha sido admitida, y no cambia para nada el fondo del texto
del Gobierno, es más una preservación del medio ambiente que parece ser
que el Gobierno y los grupos que le sustentan no están dispuestos a
admitir.
Señorías, llegamos al tema de las energías renovables. Es cierto que
todos los grupos parlamentarios hemos hecho un esfuerzo para que sea
posible presentar una enmienda transaccional para la financiación, para
las primas de las energías renovables que, sin satisfacer totalmente a
este grupo parlamentario, sí que vamos a aceptar, cuando nos sea
presentada, porque creemos que a través de esta enmienda van a quedar
mejor defendidas --por decirlo de alguna manera-- en el proyecto de ley.
Ese esfuerzo lo hemos hecho todos los grupos parlamentarios de la Cámara,
y creo que era necesario porque, desde luego, las energías renovables
quedaban bastante mal paradas en el texto del Gobierno.
Para ir terminando, señorías, estamos convencidos de que este texto del
Gobierno va a llevar a unos beneficios a las empresas eléctricas que no
compartimos. Por eso planteamos la supresión de la disposición
transitoria sexta, además de presentar también enmiendas parciales a esta
disposición, porque somos conscientes de que no se va a admitir, porque
estamos convencidos de que, si las compañías eléctricas, si el sector
eléctrico no está conforme con el marco que existe en estos momentos y ha
presionado para que se modifique, no es justo que se compense a los
principales beneficiarios del proceso en función de los compromisos
adquiridos por un marco regulador que ellos mismos están interesados en
hacer desaparecer.
Por tanto, señorías, ya para finalizar, estamos seguros y seguras de que
el trámite no ha mejorado los aspectos más negativos de la ley, es más,
desde nuestro punto de vista, creemos que la ley ha empeorado en algunos
sentidos. Y siendo un tema tan complejo y tan importante como es la
desregularización y la liberalización del sector eléctrico, el debate lo
hemos hecho en esta Cámara en tres semanas escasas; es decir, un debate
acelerado que lleva a no saber en qué condiciones vamos a tener el sector
eléctrico, o a estar seguros --por lo menos este grupo parlamentario-- de
que con este nuevo sistema, ya aplicado en otros países de nuestro
entorno y que ha sido un rotundo fracaso, vamos conducidos al fracaso más
absoluto, poniendo en peligro un sector esencial, el de la energía
eléctrica.
Señorías, si Izquierda Unida en algún momento llega al gobierno, o tiene
capacidad para influir en otros gobiernos, tengan por seguro que
lucharemos para que este texto sea cambiado radicalmente.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, no hace mucho tiempo debatimos en esta misma Cámara las
enmiendas a la totalidad del proyecto de ley eléctrica. En aquel momento,
el Grupo Socialista no presentó ningún texto alternativo porque realmente
lo teníamos, lo tenemos: la ley vigente, la LOSEN, que consideramos que
es una ley inédita en cuanto a su desarrollo reglamentario, una ley que
abre un camino pausado, un camino gradual, pero un camino seguro hacia la
competencia y, además, una ley que, en el marco del sistema integrado,
permite evitar determinadas incertidumbres que sí introduce el proyecto
de ley que nos ha remitido el Gobierno. (El señor vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.) Nosotros no sacralizamos la LOSEN, lo
hemos dicho una y otra vez; estábamos dispuestos a abrirla, a negociar, a
establecer con el Gobierno y con los demás grupos parlamentarios un marco
normativo estable, que es lo que necesita el sector, pero eso no ha sido
posible. No ha sido posible y el Grupo Socialista ha presentado 108
enmiendas a este proyecto de ley, enmiendas que han sido rechazadas
masivamente. Pero las hemos presentado no para volver a nuestro modelo, a
la LOSEN, sino para mejorar su modelo, por razones puramente pragmáticas.
Sabíamos que la propia mecánica, la aritmética parlamentaria y los pactos
de gobernabilidad iban a impedir alterar ese modelo en el sentido del de
la LOSEN y, por tanto, lo que queríamos hacer era que su modelo, el
proyecto de ley que se remitió aquí no se quedara en pura retórica de
competitividad, de mercado, de desregulación, de liberalización, y se
concretara en la práctica en un auténtico mercado que redundara en
beneficio de los consumidores.
Este pragmatismo también lo hemos puesto de manifiesto en el
planteamiento que hemos seguido en nuestras enmiendas sobre las energías
renovables. Tenemos un planteamiento propio, porque, en relación con
estas energías, entendemos que, dado que son tecnologías distintas y, por
tanto, con costes distintos, para conseguir un desarrollo armónico sería
necesaria una planificación desde el Gobierno, de tal manera que con esos
planes plurianuales se pudiera conseguir, con vistas al año 2010, ese
objetivo de un 12 por ciento de participación de las energías renovables,
con lo que eso supone en cuanto a economía y a menor impacto ambiental.
Pero, como no iba a poder surtir los efectos que nosotros deseábamos, nos
hemos adherido a la modificación, a la transacción que se ha hecho en
relación al artículo 30.4, en que, efectivamente, se fija una banda que
evita la discrecionalidad que se planteaba en el proyecto que presentó el
Gobierno para la retribución de esas energías y, por tanto, da una
seguridad para el futuro, aunque, desde luego, haya alguna energía
renovable, como es el caso de la fotovoltaica, que no va a tener el
desarrollo que necesita en el marco de esta nueva ley.
El resto de las enmiendas que habíamos presentado esencialmente iban
dirigidas a que se promueva efectivamente el mercado y se promueva la
competencia. Iban en esa dirección de una manera clara y tampoco han sido
discutidas, simplemente no han sido consideradas; por eso, las mantenemos
vivas todas ellas.
Es difícil transmitir la problemática del sector desde el lenguaje
ciertamente oscuro, desde la terminología del propio sector eléctrico,
pero hay cosas que son tan elementales que todo el mundo las puede
comprender. Para que haya competencia en el marco de un sector que tiene
una oferta tan concentrada, un sector con un cártel de oferta en el que
dos compañías tienen más del 80 por ciento de la generación, es evidente
que hay que buscar la apertura de la demanda; una demanda concentrada,
una demanda agregada, una demanda organizada que presione esa oferta, y
el planteamiento del proyecto de ley es insuficiente. Con esos 20
gigavatios/hora de consumo, y de consumo puntual, para que los
consumidores puedan acceder a la elección de sus suministradores, no es
factible dinamizar el mercado; no es factible y los ejemplos que ustedes
plantearon en su día, cuando elaboraron el protocolo, hablando
concretamente del modelo californiano, ponen en evidencia que esto es
insuficiente, porque, señorías, en California se va a abrir el mercado
absolutamente desde el momento en que se inicie el sistema de apertura a
la competencia.
No nos han explicado por qué no han aceptado esas enmiendas, como tampoco
nos han explicado por qué no han aceptado las que iban dirigidas a que
los comercializadores tengan un papel real que llevar a cabo. En el marco
del proyecto de ley, los comercializadores simplemente van a
comercializar con aquellos clientes elegidos, aquellos que hagan uso de
su cualificación, que serán pocos porque están mejor situados en sus
actuales y beneficiadas tarifas, y, además, los que efectivamente hagan
uso de esa condición de elegibles, lo harán en el marco de los contratos
bilaterales físicos que se permiten en este proyecto de ley.
Nosotros lo que planteábamos era, simplemente, que además pudieran
comercializar a tarifa y así la mayoría de los consumidores, que estamos
ahora cautivos de las suministradoras, podríamos elegir a nuestro
suministrador en un marco que evitara el descreme del mercado, tal y como
se planteaba en nuestras enmiendas, por esas comercializadoras. Y eso no
ha sido aceptado. No ha sido aceptado pese a la recomendación que yo les
leí en Comisión del Tribunal de la Competencia. Claro que el mismo
Tribunal de la Competencia --también se lo leí-- decía, en relación al
Comité de agentes del mercado, que fomentaba la autorregulación, y es
verdad. La autorrregulación planea, señorías, por todo este proyecto de
ley, y en un sistema como el sistema eléctrico español, fuertemente
cartelizado, con una fortísima concentración horizontal, la
autorregulación es una ecuación que tiene una única y muy sencilla
solución: duopolio de oferta más autorregulación significa, lisa y
llanamente, perjuicio para los consumidores.
Si ustedes, los liberales popperianos, los que promueven teóricamente la
competencia y son adeptos a la competitividad y al mercado no hacen caso
del Tribunal de la Competencia, difícilmente podemos entender y creer que
esta ley vaya dirigida efectivamente a promover la competencia, pero
menos lo podemos entender cuando también en el artículo 24.4 les
planteamos la necesidad de regular la oferta de determinadas energías, de
la energía hidráulica en concreto, reguladas reglamentariamente, no
decimos que se plantee en la ley. La energía hidráulica es sabido que es
insustituible como elemento de regulación y además actúa en las puntas de
demanda, lo saben ustedes perfectamente, y algunos reconocidos
especialistas en el sector, como el señor Ariño, que para ustedes no es
sospechoso de nada, recomienda determinadas cautelas en relación a la
utilización de la energía hidráulica porque da poder de mercado a quien
la tiene, y aquí esa distribución es absolutamente asimétrica: está en
manos de una compañía más del 50 por ciento de la energía hidráulica
regulable. Sólo les pedíamos que no se permitiera el ejercicio de poder
de mercado mediante esas limitaciones reglamentarias. ¿Ustedes creen que
con la energía hidráulica se puede ejercer o no poder de mercado? Y si se
puede ejercer, que se puede, díganme por qué no han aceptado esa enmienda
o no han propuesto otra similar.
También nos preocupa de una manera extraordinaria lo relativo al acceso a
la red. Este es un sistema de red. Aquí nadie va a venir y va a poner su
central de generación y luego va a instalar también su línea; hay muchos
miles de kilómetros de líneas de alta tensión por las que debe
transcurrir y debe ir toda la electricidad que se genere. Obviamente, si
ustedes permiten que ese foro en el que realmente se va a establecer el
mercado, que son las líneas de alta tensión, que es la red, a través del
operador, no del mercado, del operador del sistema y del gestor de la
red, que son los que en definitiva hacen viables o no las casaciones
económicas que haya hecho el operador de mercado, si ustedes permiten el
dominio de la red a las compañías, difícilmente aquí va a venir nadie. No
va a haber entrantes, y si no hay entrantes vamos a seguir con la misma
concentración horizontal y no va a haber competencia. Eso es lo que se
propicia, porque si tanto el gestor de la red como el operador del
sistema pueden tener una participación de las propias compañías de hasta
el 10 por ciento y acumulada del 40 por ciento, díganme ustedes quiénes
van a ser los otros inversores, quién va a ir a invertir; los llevarán de
la oreja, quizá, pero será una participación absolutamente atomizada,
porque los estímulos no son grandes, es un negocio regulado que
corresponde a un monopolio y por tanto van a ser las compañías las que
controlen la red, y a las compañías no les interesa, en buena lógica, la
competencia que les puedan hacer los nuevos entrantes, que así nunca
entrarán.
Hablábamos el otro día, sin obtener absolutamente ninguna respuesta, de
los costes de transición a la competencia, de los que se ha hablado
mucho. Ustedes establecen, mediante una metodología más que discutible
pero que yo no voy a discutir ahora, un límite superior próximo a los dos
billones de pesetas. Nosotros lo establecemos alrededor del medio billón
de pesetas. Hay una discrepancia ahí evidente y es difícil señalar a lo
largo de esta discusión quién puede tener razón.
Lo que más me repugna de sus argumentos --y lo digo con estas palabras--
es que cuando se les dice esto vuelven al marco legal estable y dicen:
no, es que con el marco legal estable proyectado dentro de 10 años
seguramente nos iba a costar más. Y no es verdad. No es verdad, señor
Medina, y usted lo sabe perfectamente. O lo sabe o no se ha mirado la
LOSEN, porque el marco legal estable es anterior a la LOSEN, y si usted
ve el marco retributivo de la LOSEN, artículo 16, verá que efectivamente
sanciona el marco legal estable en cuanto a hacer un reconocimiento de
costes.
¿Pero qué costes son los que sanciona? No sanciona las extensiones de
vida útil, no sanciona el fondo especial de retribución y no sanciona las
inversiones adicionales. Sume usted cada uno de estos años lo que eran
esas cantidades, alrededor de 150.000 millones de
pesetas, proyéctelo usted en diez años y mire lo que le sale, señor
Medina.
Por tanto, no utilicen ese argumento porque es erróneo, es un argumento
falso y, en cambio, díganme por qué han considerado ustedes en esos
cálculos --ya lo pregunté el otro día sin obtener respuesta-- el valor
útil en el inmovilizado desde el 31 de diciembre de 1995 en vez del 31 de
diciembre de 1997, como sería lógico y teniendo en cuenta que hay varios
miles de millones, muchos, que se están jugando ahí. Díganme también por
qué el coste medio de esas centrales ficticias, de ese parque generador
de gas y de carbón de importación que ustedes ponen, cuando el coste de
generación del parque actual es menor, y por ahí se recuperan más de
400.000 millones de pesetas que están en los costes de transición en la
competencia. Díganme por qué se considera en esos cálculos una vida útil
de seis años para las centrales actuales cuando en las memorias públicas
de las compañías es de trece años. Dígame usted todo eso. Si quiere no me
lo diga, pero acépteme que ustedes retirarían esa cantidad y nosotros la
nuestra.
¿En qué nos hemos puesto de acuerdo? En la Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional ustedes querían cambiar unas siglas y de paso cambiar
también a unas personas. Eso no ha sucedido y nos hemos puesto de acuerdo
en su composición y funciones. Pues bien, que esa comisión sobre la que
todos hemos consensuado --y le felicito por ello, por esa rectificación y
ese cambio-- vaya evaluando cada año cuáles son esos costes de acuerdo
con los parámetros que ella misma determine. Es una comisión en la que
puede estar el ministro de Industria y el secretario de la Energía o en
quienes ellos deleguen.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández, vaya
concluyendo.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Termino enseguida, señor presidente.
No me lo va a aceptar porque no le dejan aceptar una transacción de esa
naturaleza. Tampoco le dejan mantener lo que es un derecho que creíamos
consolidado de los consumidores, como es que no se proceda el corte de
suministro sin pedir autorización administrativa. Ese derecho
consolidado, ese derecho histórico lo quiebran ustedes en esta ley
permitiendo, por la presión de las propias compañías, que se les corte el
suministro a los consumidores, naturalmente con aviso previo; esa fue la
modificación: aviso previo fehaciente. Faltaría más que lo cortaran sin
comunicar que iban a proceder a ese corte. Igual que ocurre y se lo
señalé el otro día en relación al régimen sancionador, cuando la Losen
decía taxativamente que se considerara una falta muy grave que se
utilizaran materiales no homologados sin certificados. Como ve usted,
algo absolutamente taxativo, algo absolutamente preciso y objetivo se
sustituye por una redacción, que interesa también a las compañías, por la
cual se sancionará cuando no afecte a la seguridad de las personas,
introduciendo mayor laxitud, mayor subjetividad, mayor permisividad en un
tema tan complejo y al que tan sensible es la sociedad como el de la
seguridad. Y todo eso lo hacen, señorías, porque quizá no pueden hacer
otra cosa y porque están promoviendo una ley potencialmente de mercado,
una ley teóricamente liberalizadora, pero lo que pretenden con esa ley es
sacralizar de alguna manera la estructura actual del sector.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández.
¿Turno en contra? (Pausa.) El señor Medina tiene la palabra.
El señor MEDINA TOLEDO: Señor presidente, señorías, desde el comienzo de
mi intervención quiero resaltar que, de acuerdo con lo manifestado en el
debate de totalidad, nuestro grupo parlamentario ha buscado el diálogo
con todos los grupos de la Cámara para conocer sus posiciones e intentar
incorporar, dentro de lo posible, sus puntos de vista a la ley que
debatimos. Fruto de estos contactos ha sido la incorporación de un gran
número de enmiendas en ponencia y en Comisión, incluso la posible
incorporación de nuevas enmiendas a lo largo del debate en el plenario de
hoy y durante la tramitación de la ley en el Senado. Es posible también
que el trámite de urgencia, por otra parte absolutamente necesario dada
la transcendencia de la ley y la necesidad de su entrada en vigor en los
plazos previstos, haya impedido en esta primera etapa profundizar en los
contactos explorando nuevas vías de posible consenso. El Grupo
Parlamentario Popular mantiene su voluntad de diálogo y de concertación
en el resto del trámite de esta ley. Debo manifestar mi agradecimiento y
reconocimiento, tanto personal como en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, a todos los portavoces del resto de los grupos de la Cámara por
su actitud abierta de diálogo y su voluntad de concertación. Todo ello
sin menoscabo del derecho que les asiste a plantear sus argumentos con la
dureza que estimen conveniente y debo añadir, después de la intervención
de hoy, que con la delicadeza que han estimado conveniente en términos
parlamentarios en defensa de sus legítimas posiciones. Obviamente, desde
el respeto, este portavoz piensa hacer uso del mismo derecho.
Respecto de las enmiendas de Convergència i Unió, a la número 363
lamentablemente debo discutirle la paternidad a su digno portavoz, porque
si bien usted dijo Nadal, la paternidad de Sedó se la debe atribuir a
este parlamentario. No voy a discutir pero quiero que quede constancia en
el «Diario de Sesiones». Lamentablemente y a pesar de mi aprecio al señor
Sedó, no podemos
admitir la enmienda porque estimamos que es contraria al espíritu de la
ley, en el sentido de que ésta ley marca un principio de tarifa única en
todo el territorio nacional; dicho corto y breve, precio único o precio
libre, no caben otras alternativas. (Un señor diputado: Precio libre.)
Tengo el honor de manifestar en nombre de todos los grupos de la Cámara
que ofrezco a sus señorías una enmienda transaccional a la número 347, de
Convergència i Unió, respecto de las energías renovables, que es fruto de
un consenso entre todos los grupos de la Cámara sin excepción, inclusive
el proponente enmendante a través de la 347, porque dicha enmienda
transaccional puede y debe considerarse una obra de todos y fiel reflejo
del consenso antes anunciado. En esta tramitación del proyecto de ley, si
algo ha quedado absolutamente claro es la voluntad de todos los grupos de
hacer un esfuerzo para que las energías renovables sean convenientemente
apoyadas y protegidas. La Presidencia y los servicios de la Cámara tienen
el texto literal de esa enmienda transaccional de todos los grupos.
Respecto a las enmiendas de Coalición Canaria y la intervención de su
portavoz señor Mauricio, debo decir que tanto en el trámite de ponencia
como en el trámite de Comisión se sustanciaron sin la presencia de ningún
representante del grupo. Pese a ello y porque soy consciente de la
importancia que tiene su grupo y de la importancia y la seriedad de los
planteamientos que suele suscribir, este portavoz hizo un intento de
transaccionar determinadas enmiendas con miembros de su grupo
parlamentario. Nadie, en su ausencia, quiso aceptar esa responsabilidad,
con lo cual en Comisión la totalidad de las enmiendas, en algunos casos
por unanimidad, fueron rechazadas. Esto no obsta para que nuestro grupo
parlamentario, acorde con lo manifestado al principio de su exposición,
esté abierto a llegar a un acuerdo en el trámite del Senado, no porque no
estime --que sí está absolutamente claro-- que los intereses generales de
Canarias están salvaguardados con las enmiendas introducidas por nuestro
grupo parlamentario en la ley, más aún le diría que los intereses
generales comportan los intereses de los consumidores e incluso el
equilibrio económico-financiero de la empresa. Por tanto, no estamos
sometidos a ningún tipo de presión de ningún grupo, sino que actuamos en
nuestro buen saber y entender, y siempre con riesgo de equivocarnos, de
la mejor manera posible. Por consiguiente, queda ese ofrecimiento de
negociación abierto y dispuesto. Evidentemente es así porque toda obra es
perfeccionable y esta ley también.
Quisiera dejar constancia de algo que se repite con muy poca precisión y
es que en Canarias no existió jamás un monopolio privado. Había multitud
de empresas en las distintas islas que estaban haciendo un servicio
fragmentado y solamente a través de la compañía Unelco, en este momento
de titularidad pública, el suministro en todas las islas se ha agrupado.
Por tanto, no existe ningún tipo de experiencia de un supuesto monopolio
privado en Canarias. Ante la ausencia del portavoz parlamentario de
Coalición Canaria, sólo tengo que hacer una precisión. Creo sinceramente
--y debo dejar constancia en el «Diario de Sesiones»-- que el Grupo
Parlamentario Popular ha hecho un gran esfuerzo de transacción porque las
enmiendas, literalmente como estaban planteadas, suponían de alguna
manera una contradicción con el espíritu del proyecto de ley y, pese a
ello, nuestro grupo parlamentario hacía y estaba dispuesto a hacer ese
esfuerzo de consenso.
Respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, nuestro grupo parlamentario
manifiesta su intención de votar favorablemente la número 145, mientras
que no podemos votar a favor del resto de las enmiendas por los motivos
que ya han sido sobradamente expuestos en el debate de totalidad. Sólo
quiero recalcar un punto, y es que tampoco podemos acceder al
sostenimiento del concepto de la electricidad como servicio público y sí
nos ratificamos en el de servicio esencial, puesto que entre ese debate y
éste ha mediado un informe de la Cámara en el que se deja constancia
expresa de que dicho concepto está constitucionalmente aceptado, incluso
este portavoz ha creído entender de ese informe jurídico, siempre
espinoso para llegar a su completa profundidad, que en el caso de
servicios liberalizados el concepto esencial es el más acorde y ajustado
a lo que se pretende en el fondo, que es la expresa garantía de
suministro a todos los demandantes dentro del territorio nacional y los
mecanismos de intervención administrativa que están contemplados en el
artículo 10 de la ley. Todo eso establece un marco de garantías que
nosotros estimamos suficiente y adecuado en la ley.
El señor Fernández sabe que nosotros compartimos, además de la condición
de técnicos, una serie de cuestiones que estimo que son razonables. No es
que yo haya hecho un ejercicio de adivinación, pero sabía por dónde iba
usted en su intervención, y lo que ha hecho ha sido reiterar argumentos
que se han discutido en los debates de totalidad y Comisión. Creo que, en
síntesis, las discrepancias fundamentales están en el cálculo y la
gestión de los costes de la transición a la competencia, CTC, y en la
composición y funciones de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico.
Usted ha aludido en este debate a un pacto sobre la comisión, pero queda
el tema de las funciones, en algunas de las cuales estamos de acuerdo y
en otras no. Por eso quiero matizarle que nuestra intención no era, en
absoluto, simplemente cambiar un nombre y quitar a una persona, porque no
pretendíamos quitar a nadie. Sí pretendíamos una comisión que fuese
adaptada a las mayores competencias que objetivamente hoy tiene --así lo
reconocen incluso los propios miembros de la comisión-- y, por supuesto,
buscar un mecanismo de equilibrio y de representatividad de la sociedad
en sus distintos aspectos, en aras y garantía de esa independencia que
todos manifestamos
desear en la Comisión. Creo que no hay que seguir más adelante en este
tema, como tampoco en uno de los puntos que esperaba en su intervención
--y así ha sido--, de las energías renovables, en el que todos nos
felicitamos de haber conseguido un consenso suficiente.
Hay algunas cuestiones importantes que el ministro señor Piqué señaló y
que se ven repasando el «Diario de Sesiones» del debate de totalidad. No
es un modelo y, ciertamente, cuando con un número masivo de enmiendas
pretenden enmendar aquello en lo que no creen cometen contradicciones y
defienden una cosa al mismo tiempo que la contraria. Casa poco el intento
que ustedes pretenden de competir en el mercado, de facilitar una
competencia mayor y una apertura del mercado con la fijación obsesiva que
tienen en el tema de la energía hidráulica. Debo manifestarle que me
sorprende porque no sólo la energía hidráulica puede competir en puntas
de forma efectiva. Por ejemplo, en Canarias se da el caso de que hay
grupos con turbinas de fuel oil, porque no tenemos gas, que pueden actuar
en puntas y funcionar perfectamente, por lo que también podrán hacerlo
perfectamente aquí. Por tanto, es absolutamente competitivo y no entiendo
cómo casa el querer poner un tope a la energía y un tope al precio con
una liberalización del mercado, como en el caso de la hidráulica, como
ustedes quieren. No lo consigo entender; por más vueltas que hemos dado
al asunto con técnicos y expertos no conseguimos entender cuál es su
idea.
Por otra parte, hay un tema que a ustedes también les preocupa y les
quiero tranquilizar, el de red eléctrica y su capacidad efectiva de libre
acceso de terceros. Respecto a ese 40 por ciento, con el tope del 10 por
ciento a cada uno de los socios que pueden ser empresas eléctricas,
ustedes temen que la dispersión del 60 por ciento restante impida de
alguna manera, o garantice de alguna manera, el dominio de alguien en esa
compañía y que pueda conculcar el libre acceso a la red. Lo primero es
que dudo que las compañías se presten a una maniobra de ese tipo en
contra de la competencia, pero salvado ese tema existen mecanismos
suficientes en la ley española vigente para que tal situación no se
produzca, y ustedes lo saben exactamente igual que yo. Creo que no es
necesario que hagamos ninguna aclaración al respecto. Sinceramente pienso
que debemos mantener, aunque quizá no ha sido posible debido a la rapidez
en el trámite de este proyecto de ley, y seguimos manteniendo ese
espíritu y esa voluntad de apertura y de negociación. Puede que
encontremos otros puntos en los que se pueda profundizar.
Señor presidente, con su venia, es mi intención acabar diciendo algo que
me gustaría que escucharan con atención los portavoces socialistas. Se
dice normalmente que los verdaderos sentimientos, el convencimiento
profundo se manifiesta a través de las frases que se pronuncian
espontáneamente y que expresan algo que no coincide con lo que se quería
decir. Me voy a quedar con dos manifestadas por los portavoces
socialistas en diferentes momentos del debate de la tramitación de este
proyecto de ley. En el debate de totalidad el portavoz socialista aludió
en dos ocasiones a los costes de transición a la democracia. Lo escuchó
tanto este portavoz como los compañeros de grupo, aunque en aquel momento
lógicamente y por cortesía no aludimos a la cuestión. Puede consultarse
el «Diario de Sesiones» 101 en su página 5.091. Durante el debate de
Comisión el portavoz socialista, argumentando sobre una enmienda al
artículo 61.3, que ha vuelto a invocar hoy hablando de materiales
homologados y normalizados, alegó que con el texto del Gobierno --y cito
textualmente-- se disminuye la capacidad de coacción en el sector; página
42.4 de la transcripción taquigráfica. Señor Presidente, señorías, creo
que sobran explicaciones, y es obvio que la intención del Gobierno en
esta ley es traer apertura y libertad a un sector que durante años ha
estado sometido yo diría en términos coloquiales --no me lo tomen como un
insulto-- a una férrea dictadura eléctrica por parte del Partido
Socialista. Siguen manifestando a través de las palabras que expresan lo
que sienten, pero no quieren decir una inequívoca voluntad de coaccionar
y de controlar el sector. (Rumores.) Señor presidente, decía --y no
quiero que esto añada un tono de dureza al debate-, que hay que hacer
referencia a algunas cuestiones, y creo que con lo que he dicho en esta
primera intervención queda suficientemente aclarado cuál es la postura
del Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Medina.
¿Grupos que han defendido sus enmiendas y que quieran consumir un turno
de réplica? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para dejar constancia en el «Diario de
Sesiones» de que si dos conversaciones mantenidas con el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular significan diálogo con este grupo
parlamentario, tengo que decirle que ése no es el concepto de diálogo que
nosotros tenemos. Hay muchísimas más enmiendas que las aludidas por el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular que hubieran podido ser objeto
de consenso con este grupo parlamentario y estamos convencidos de que ése
no ha sido el deseo. Esperamos que en el trámite en el Senado este
diálogo se pueda ver de alguna manera sustituido por un diálogo real.
Señorías, también tengo que decir que cuando se plantea desde la tribuna
por el Gobierno o por el Grupo Popular la liberalización del sector, no
es cierto que se vaya a liberalizar el sector, no es cierto que con su
proyecto de ley vayan ustedes a introducir la competitividad en el sector
eléctrico, sino que lo que ustedes están generando aquí es un duopolio,
que no un monopolio, donde dos empresas son las que compiten entre ellas
pero que al final se van a poner de acuerdo. En definitiva, lo único que
estamos haciendo es trasladar las decisiones desde los órganos de la
Administración, desde las instituciones democráticas hacia las empresas
privadas que legítimamente van a defender sus intereses y no los
intereses generales que en este sector son tan importantes para el
funcionamiento económico de la sociedad, que es quien lo tiene que
defender: la Administración y los órganos democráticos elegidos por los
ciudadanos, y ustedes los trasladan a los intereses privados. A partir de
ahí, señorías, no podemos sino ratificarnos en que estamos en contra de
esta iniciativa del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
El señor Sánchez i Llibre había pedido la palabra y la Presidencia no lo
había advertido. Señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El motivo de mi intervención es manifestar que nuestro Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió acepta gustosamente la transaccional
presentada por el Grupo Parlamentario Popular a nuestra enmienda número
347, ya que recoge perfectamente todos los objetivos que planteábamos de
cara a reorientar el tratamiento de las energías renovables con las
primas correspondientes. Asimismo he de como manifestar a esta
Presidencia que nuestro grupo retira las enmiendas números 361 y 348 y
mantiene para su votación la enmienda número 363, cuyo bautizo inicial
reclama el diputado del Partido Popular don Antonio Luis Medina, pero
quizás la paternidad no corresponda al señor Nadal ni al señor Sedó sino
al señor Sabanza, diputado del Parlamento autonómico de Cataluña.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Fernández.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Empiezo por donde terminó el señor Medina.
No me malinterprete. Cuando hablamos de coacción, simplemente estamos
hablando de seguridad, y una de las vertientes de la seguridad --para eso
están los regímenes sancionadores-- es precisamente ejercer la coacción
sobre el sector para que no cometa imprudencias en ese sentido. Esta ley
lo posibilita en mayor medida que la anterior, y eso es lo que he
comentado. Luego no interprete mal lo relativo a la coacción sobre el
sector.
Por otro lado, en cuanto al desequilibrio hidráulico y la utilización del
agua, dígame usted, señor Medina, en qué país donde se haya procedido a
un apertura a la liberalización de esta naturaleza se ha permitido que
con el agua se hagan ofertas competitivas; puede que en algún país donde
el 80 ó el 90 por ciento no sea agua, como es el caso de Brasil o
Noruega. Dígamelo, porque no lo encontrará; ni siquiera en Argentina
donde el desequilibrio hidráulico no es tal porque las empresas tienen un
porcentaje del 10 por ciento en la generación. No lo va a encontrar en
California, donde se liberaliza pero el agua queda excluida del régimen
de ofertas y queda regulada. No lo va a encontrar en ninguna parte. Por
tanto, no lo defienda.
Por otra parte, agradezco su planteamiento de consenso, pero ¿qué
consenso si, de 108 enmiendas que hemos presentado, entre las enmiendas
esenciales solamente han aceptado la relativa a la Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional y lo que hemos consensuado respecto al régimen
especial? Nosotros vamos a confrontar este modelo porque no es el nuestro
y porque ni siquiera hemos podido modificarlo en el sentido de que lo que
plantean teóricamente, que es promover competencia y liberalización, se
concreten en la práctica.
Por último, señor Medina, entre la democracia del sector público y la
democracia de las empresas eléctricas, nosotros, los socialistas, nos
quedamos con el sector público, sin duda.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández.
Señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Señor presidente, de forma muy breve sólo quiero
decir que, evidentemente, cada uno de nosotros es representante de un
grupo parlamentario que tiene una historia, no sólo este momento. No es
una cuestión entre usted y yo, no es una cuestión de diálogo, pero sí le
digo que la voluntad de diálogo, la voluntad de aceptación de enmiendas,
la voluntad de información y la información efectiva que acompaña a la
ley, incluso en relación con los CTC que ustedes tanto discuten, es
estratosféricamente superior en este Gobierno a la de todos los gobiernos
socialistas anteriores. (Protestas.) Estoy convencido de que algunas de
las señorías que protestan lo veían en la Cámara, pero yo lo veía como
sufridor en casa y les puedo decir que la perspectiva lejana es mucho más
clara que aquí.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Algún grupo parlamentario que no
haya intervenido en el debate quiere fijar su posición? (Pausa.) Pasamos
entonces a la votación de los dictámenes de Comisión pendientes. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones derivadas del
debate de los dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
En primer lugar, se somete a votación el dictamen de la Comisión sobre el
proyecto de ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en el Fondo Fiduciario Provisional de la Asociación Internacional
de Fomento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 305.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación sobre el dictamen de la Comisión al proyecto de ley por la que
se autoriza la participación del Reino de España en el undécimo aumento
de recursos de la Asociación Internacional de Fomento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 302; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votaciones sobre las enmiendas y el dictamen al proyecto de ley del
sector eléctrico.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto mantenidas por el
señor Rodríguez. La primera de ellas es la número 78.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 2; en contra, 288; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 83, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a
favor, 132; en contra, 169; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Mixto, señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 18; en contra, 170; abstenciones, 117.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. En primer lugar, la número 265.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 123; en contra, 179; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 291.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 139; en contra, 165; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 284, 292 y 293, del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, seis; en contra, 283; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 286 y 287 del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, seis; en contra, 179; abstenciones, 120.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, cinco; en contra, 297; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Al
haberse retirado la 361 y la 348 sometemos, en primer lugar, a votación
la enmienda número 363.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 17; en contra, 282; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se somete a votación la enmienda transaccional a la 347, que también lo
es a la 134 del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 303; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. En primer lugar, se somete a votación un bloque
constituido por las enmiendas de dicho grupo números 87, 88, 89, 170, 98,
101, 106, 107, 171, 111, 114, 120, 121, 123, 126, 133, 154, 155, 156,
157, 175, 166, 151 y 152.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 135; en contra, 170.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación sometemos a votación un bloque integrado por las enmiendas
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya números 94, 95, 96,
105, 108, 116, 127, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 150 y 177.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 15; en contra, 289.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se somete a votación la enmienda 145 del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 302; en contra dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 15; en contra, 175; abstenciones, 115.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
de Izquierda Unida.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Sometemos a votación, en
primer lugar, las enmiendas numeradas como 185, 186, 224, 264 y 272.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 120; en contra, 170; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 197, 198, 200, 202, 220, 232, 250, 276, 280 y 282
del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 120; en contra, 182; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 135; en contra, 170.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Socialista.
Votaciones correspondientes al dictamen con las enmiendas aprobadas y ya
incorporadas.
En primer lugar, votamos los artículos 5, 10, 18, 29, 46 a 49, 53 a 60,
63 a 67, disposiciones adicionales primera, segunda, octava a
decimocuarta, disposiciones transitorias primera, tercera, quinta,
séptima, décima, decimoquinta y decimosexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 184; en contra, 120; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos.
Votamos los artículos 6 a 8, 12, 15, 20, 27, 28, 30, 31, 35 a 42, 51, 52,
61 y 62, más las disposiciones adicionales quinta a séptima y las
transitorias cuarta, undécima y duodécima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 168; en contra, 121; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el resto del articulado y disposiciones del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 164; en contra, 138; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los restantes artículos y
disposiciones.
Votación sobre la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 166; en contra, 133; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos y el
dictamen.
Al no haberse presentado enmiendas de totalidad a los convenios
internacionales, que constituyen el punto IX del orden del día, no es
menester debate.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.