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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 95, de 25/06/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 95
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 92
celebrada el miércoles, 25 de junio de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento:
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento, para informar sobre la
reunión del Consejo Europeo celebrada en Amsterdam los días 16 y 17 de
junio (Página 4759)
Preguntas (Página 4793)
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SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
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Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento
Página
Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento, para informar sobre la
reunión del Consejo Europeo celebrada en Amsterdam los días 16 y 17 de
junio
Comparece ante la Cámara el señor Presidente del Gobierno (Aznar López)
para informar sobre la última reunión del Consejo Europeo celebrada en
Amsterdam. Comienza su intervención manifestando su convencimiento de que
los resultados del Consejo Europeo de Amsterdam han sido razonablemente
positivos y suponen un paso adelante en la construcción europea en un
momento crucial de la misma, aunque no sea ésta, posiblemente, la
percepción dominante que se ha transmitido a través de algunos medios de
comunicación nacionales e internacionales. Considera que los pasos que se
han dado en Amsterdam son pasos de cierta envergadura, como la aprobación
del pacto de estabilidad y crecimiento que despeja el camino para el
lanzamiento de la moneda única el 1 de enero de 1999; la adopción de una
importante resolución sobre el crecimiento y el empleo; la satisfactoria
acogida del plan de acción para el mercado único elaborado por la
Comisión; la petición del Consejo a la Comisión Europea, a solicitud de
España, de estudiar las medidas eficaces que garanticen la libre
circulación de mercancías entre los Estados miembros; y finalmente, la
aprobación de la reforma de los tratados, fruto del trabajo desarrollado
por la Conferencia Intergubernamental, que persigue acercar la Unión a
los ciudadanos y reforzar la legitimidad de sus instituciones, haciendo
posible la puesta en marcha del proceso de ampliación de acuerdo con el
calendario fijado en el Consejo Europeo de Madrid en 1995.
A continuación pasa a explicar cada apartado con más detalle y expone los
contenidos más importantes del Tratado de Amsterdam que se refieren
singularmente a las propuestas españolas que quedan plasmadas en los
diferentes capítulos de la reforma. Resalta como uno de los objetivos
prioritarios de España a lo largo de la Conferencia el mantener y
desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia,
consagrándose el respeto a los derechos fundamentales y al principio de
no discriminación como clave de bóveda de la construcción europea. Hace
hincapié en la defensa que ha hecho España de que la institución del
asilo no puede ser manipulada para eludir la acción de la justicia,
teniendo en cuenta que en el ámbito de la Unión existe la mayor
protección de los derechos fundamentales y, por lo tanto, la invocación
al asilo carece de razón y justificación alguna. Expone como otro de los
objetivos de la Conferencia Intergubernamental el acercamiento de la
Unión a los ciudadanos, del que también se muestra satisfecho, puesto que
se decidió incluir en el Tratado un capítulo sobre el empleo que coincide
con los planteamientos de la propuesta española. Resalta en este ámbito
el reforzamiento del capítulo sobre política social y la igualdad
esencial entre hombre y mujer, consagrándose el principio de igual
remuneración a igual trabajo. Asimismo, se refiere a la defensa que ha
hecho España, junto con Portugal y Francia, de la necesidad de reconocer
la situación desventajosa de las llamadas regiones ultraperiféricas,
objetivo que ha sido plenamente alcanzado con la modificación acordada
del artículo 227 del Tratado de la Comunidad Europea.
A continuación se refiere al ámbito de la política exterior, donde, a
partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, se podrán tomar
decisiones por mayoría cualificada, introduciéndose en los casos en los
que el Consejo de Ministros siga decidiendo por unanimidad la figura de
la abstención constructiva. También se crea una Unidad de Planificación y
la figura del Secretario General para la Política Exterior y de Seguridad
Común.
Se centra a continuación en el capítulo institucional de la reforma, que
es el que ha centrado las críticas más generalizadas, aunque, según su
opinión, el panorama no es tan oscuro, puesto que se ha caminado en la
buena dirección, que es la defensa de los intereses de Europa en su
conjunto y de España en concreto. Se ha avanzado en el logro de una mayor
representatividad y eficacia en la toma de decisiones, el Parlamento
Europeo ha visto reforzado sus poderes, colocándose el Consejo y el
Parlamento en una situación de plena igualdad, y se va a decidir por
mayoría cualificada un buen número de materias ahora incorporadas al
Tratado y algunas de las que antes se decidían por unanimidad. Con
relación a dos frentes importantes de la posición española
en el ámbito institucional, se ha aceptado la práctica totalidad de la
propuesta española para el reforzamiento del Comité de las Regiones y se
ha llegado a una solución, aunque no plenamente satisfactoria, sobre el
peso específico de cada Estado miembro en las instituciones. Asimismo, la
Conferencia Intergubernamental ha reconocido que, en el ámbito de la
reforma institucional, España constituye un caso especial cuyo
tratamiento debe dar lugar a una solución adecuada antes de que se
produzca la ampliación.
Por último se refiere a una de las novedades principales del Tratado de
Amsterdam, como es la introducción de la flexibilidad como instrumento de
puesta en marcha de las llamadas cooperaciones reforzadas, tanto en el
pilar comunitario como en el tercer pilar. El texto finalmente acordado
refleja en buena medida los planteamientos españoles dirigidos a evitar
que la utilización de este mecanismo pudiera poner en riesgo la
solidaridad, base de la integración europea y la unidad del mercado
interior.
Opina que de su exposición se puede deducir la seriedad de los acuerdos
establecidos en el Consejo que aseguran las bases económicas de la Unión
Europea y dan otro paso más en la distribución del poder político de cada
país en su seno, avances que resultan favorables a España y al conjunto
de las instituciones europeas. Por otra parte, considera que el Gobierno
puede exhibir un muy alto nivel de cumplimiento de los acuerdos aprobados
por este Pleno en relación con los asuntos tratados en el Consejo Europeo
de Amsterdam, especialmente de los adoptados tras la celebración del
pasado debate sobre política general del estado de la Nación. En
Amsterdam se ha despejado definitivamente el camino hacia la Unión
Económica y Monetaria, se ha acordado una importante reforma de los
tratados que acercan la Unión a los ciudadanos, se ha reforzado la
legitimidad de las instituciones y se abren nuevas puertas a nuevos
miembros en los plazos convenidos. Termina su intervención manifestando
que hay que sentirse razonablemente satisfechos, conscientes de las
importantes tareas que han quedado pendientes y, sin duda, animados a
proseguir en el camino emprendido.
En turno de portavoces intervienen los señores Almunia Amann, del Grupo
Parlamentario Socialista; Anguita González, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Molins i Amat, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió); Anasagasti Olabeaga, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Lasagabaster Olazábal y los
señores Chiquillo Barber y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Mixto; y el señor De Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular.
Contesta a las intervenciones de todos los portavoces el señor Presidente
del Gobierno (Aznar López).
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Preguntas (Página 4793)
De la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Qué razones mantiene el Gobierno para que en
las últimas manifestaciones ciudadanas contrarias a las políticas del
Gobierno, la respuesta policial haya sido desmedida con el resultado de
heridos y desórdenes públicos derivados de la propia actuación policial?
(Número de expediente 180/000724) (Página 4793)
Del Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Considera
el Gobierno que conviene a los intereses de España y de los ciudadanos
españoles mantener la decisión política de no designar Embajador de
España en Cuba? (Número de expediente 180/000737) (Página 4795)
Del Diputado don José Luis Ros Maorad, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro
de la Presidencia: ¿Está Vd. en contra de la posición de la Ministra de
Medio Ambiente que se opone a la construcción de una carretera a Bulnes
detro del Parque Nacional de Picos de Europa? (Número de expediente
180/000738) (Página 4796)
Del Diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo
tiene programado el Ministerio de Justicia
la convocatoria de las 3.000 plazas de acceso a los Cuerpos de la
Administración de Justicia que contiene la oferta de empleo del presente
año? (Número de expediente 180/000729) (Página 4797)
De la Diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Vasco (EAJ-PNV),
que formula al Gobierno: ¿Cuándo está prevista la remisión a la Cámara de
las modificaciones pendientes de la Ley Orgánica de Tratamiento
Automatizado de Datos de Carácter Personal? (Número de expediente
180/000726) (Página 4798)
Del Diputado don José Francisco Herrera Antonaya, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha tomado
el Ministerio de Justicia para mejorar las inadecuadas instalaciones de
la Audiencia Provincial de Madrid? (Número de expediente 180/000727)
(Página 4799)
Del Diputado don José Alarcón Molina, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Gobierno explicar el
grado de cumplimiento de los Convenios para la Prestación Social
Sustitutoria en labores de apoyo a los Grupos Sociales? (Número de
expediente 180/000728) (Página 4800)
Del Diputado don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera la Sra. Ministra de
Justicia proporcionadas las sanciones impuestas a los Fiscales de la
Audiencia Nacional en relación con los hechos que se les imputan como
consecuencia de la inspección realizada en dicha Fiscalía? (Número de
expediente 180/000739) (Página 4800)
De la Diputada doña María Dolores Sánchez López, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa asumir el Ministro del
Interior las recomendaciones del Defensor del Pueblo para resolver la
situación de los inmigrantes y demandantes de asilo que se encuentran en
las ciudades de Ceuta y Melilla? (Número de expediente 180/000740)
(Página 4801)
Del Diputado don Antonio Martinón Cejas, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo explica el Gobierno la
persecución a la que ha sometido a los toxicómanos de Madrid mediante el
«cerco» policial establecido a ciertos poblados marginales? (Número de
expediente 180/000741) (Página 4803)
De la Diputada doña Matilde Fernández Sanz, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los motivos por los que
las Fuerzas de Seguridad del Estado han intervenido de manera tan
desproporcionada el pasado 12 de junio en Santander con los trabajadores
de ASTANDER? (Número de expediente 180/000742) (Página 4804)
De la Diputada doña María Jesús Arrate Varela Vázquez, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué sanciona el
Gobierno a los vecinos de Figueirido y Bértola en el municipio
pontevedrés de Vilaboa, que participaron en una concertación pacífica?
(Número de expediente 180/000743) (Página 4805)
Del Diputado don José Ignacio Llorens Torres, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo va a licitar el
Ministerio de Fomento las obras correspondientes al tramo Santa María del
Camí-Igualada, perteneciente al de Cervera-Igualada de la autovía
Madrid-Barcelona? (Número de expediente 180/000735) (Página 4806)
Del Diputado don José María Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué iniciativas piensa adoptar su
Gobierno para atender la petición de los ciudadanos de Elche de conseguir
el traslado temporal de la Dama de Elche a la capital ilicitana con
motivo del centenario del hallazgo de la citada pieza de arte ibérico?
(Número de expediente 180/000723) (Página 4807)
Del Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el
Ministerio de Sanidad y Consumo cuáles han sido las principales
conclusiones del Congreso Nacional de Enfermedad Meningocócica, celebrado
la semana pasada en Oviedo? (Número de expediente 180/000733) (Página 4808)
Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del Ministerio
de Sanidad y Consumo en cuanto a favorecer el acompañamiento de una
persona de confianza de la mujer embarazada durante todo el proceso del
parto? (Número de expediente 180/000734) (Página 4809)
De la Diputada doña María Angeles Amador Millán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo: ¿Cuál
es el objeto de los contratos suscritos por el INSALUD con empresas
consultoras desde mayo de 1996 hasta la fecha, en relación con la gestión
y organización de instituciones sanitarias? (Número de expediente
180/000744) (Página 4810)
Del Diputado don Angel Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué estado de desarrollo se
encuentran los trabajos para la elaboración de una Ley básica contra la
contaminación acústica? (Número de expediente 180/000730) (Página 4812)
Del Diputado don Cristóbal Juan Pons Franco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué acciones está
adoptando el Ministerio de Medio Ambiente en relación con la reciente
mortandaz de Focas Monge? (Número de expediente 180/000731) (Página 4813)
Del Diputado don Teófilo de Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado
el Gobierno para reforzar la coordinación entre las diferentes
Administraciones de cara a la actual campaña contra incendios forestales?
(Número de expediente 180/000732) (Página 4814)
Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO:
-- COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO, PARA INFORMAR SOBRE
LA REUNION DEL CONSEJO EUROPEO CELEBRADO EN AMSTERDAM LOS DIAS 16 Y 17 DE
JUNIO
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.
Punto VII del orden del día: comparecencia del Gobierno, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento, para informar sobre
la reunión del Consejo Europeo celebrado en Amsterdam los días 16 y 17 de
junio pasados. Tiene la palabra el Presidente del Gobierno, señor Aznar.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente,
señorías, quiero iniciar esta intervención manifestando mi convencimiento
de que los resultados del Consejo Europeo de Amsterdam han sido
razonablemente positivos y que suponen un paso adelante en la
construcción europea, en un momento crucial de la misma. Posiblemente no
es ésta la percepción dominante, al menos no es la percepción que se ha
transmitido a través de muchos medios de comunicación, nacionales e
internacionales, e incluso la que hemos escuchado en boca de los
representantes de algunas instituciones europeas. Sin embargo, ante
algunas muestras de lo que se puede considerar voluntarismo estéril, debo
recordar aquí que la construcción europea no es, ni mucho menos, labor de
un día ni tarea que pueda realizarse de un solo golpe. Europa se ha
construido y se seguirá construyendo paso a paso, mediante realizaciones
concretas que responden a las necesidades ciertas de cada momento. Pues
bien, señorías,
los pasos que hemos dado en Amsterdam son pasos de cierta envergadura. No
debemos caer, pues, en el pesimismo fácil que ha llevado a algunos a
calificar de insignificantes los resultados alcanzados. La simple
enumeración de los más importantes demuestra la importancia de lo
conseguido.
Se ha aprobado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que despeja el
camino para el lanzamiento de la moneda única el 1 de enero de 1999. Se
ha adoptado una importante resolución sobre el crecimiento y el empleo.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Presidente, un momento.
Señorías, les ruego que si, sin duda por error, han introducido en el
hemiciclo artefactos inalámbricos, tengan la bondad de desconectarlos
porque interfieren las comunicaciones de la Cámara y, desde luego,
distraen al orador y a los restantes miembros de la Cámara.
Puede continuar, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente.
Decía que se ha aprobado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que
despeja el camino para el lanzamiento de la moneda única el 1 de enero de
1999. Se ha adoptado una importante resolución sobre el crecimiento y el
empleo, muestra de la preocupación de los Estados miembros, de la
Comisión y del Consejo por el problema del desempleo, y prueba de la
voluntad de abordar con nuevas soluciones, en el marco de políticas
macroeconómicas sanas, el más acuciante problema que tiene Europa en este
momento, como es el del empleo.
Se ha recibido con satisfacción el plan de acción para el mercado único,
elaborado por la Comisión, reflejo de los compromisos de los Estados
miembros para lograr un mejor funcionamiento del mercado interior. A
petición de España, el Consejo ha solicitado a la Comisión Europea el
estudio de medidas eficaces que garanticen la libre circulación de
mercancías entre los Estados miembros. Finalmente, aunque sin duda es lo
más trascendente, se ha aprobado una reforma de los tratados, fruto del
trabajo desarrollado por la Conferencia Intergubernamental, que persigue
acercar la Unión a los ciudadanos y reforzar la legitimidad de sus
instituciones, haciendo posible la puesta en marcha del proceso de
ampliación de acuerdo con el calendario fijado en el Consejo Europeo de
Madrid en 1995. Permítanme, señorías, detenerme en cada uno de estos
cuatro apartados.
En primer lugar, la Unión Económica y Monetaria es hoy una realidad más
cercana gracias a los acuerdos alcanzados en Amsterdam. El primero de
ellos, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, comprende la aprobación de
dos reglamentos que establecerán sin demora un mecanismo de vigilancia
multilateral eficaz y contemplarán un marco de decisiones para el
procedimiento en caso de déficit excesivo. Es importante señalar en este
contexto que el importe de las sanciones que en el futuro se puedan
imponer, en caso de que un Estado miembro incurra en un déficit excesivo,
beneficiará a los Estados que integren el área del euro y mantengan sus
resultados dentro de los parámetros previstos. Estas sanciones, en todo
caso, no tendrán consecuencias para los límites máximos de gasto
incluidos en las perspectivas financieras.
El Consejo Europeo, por otro lado, ha fijado los elementos fundamentales
del nuevo mecanismo de tipos de cambio que sustituirá al sistema
monetario europeo y ha acordado mantener los márgenes actuales de
fluctuación, más menos el 15 por ciento, en los que se moverán las
monedas de los Estados miembros que no formen parte de la moneda única en
relación al euro. En fin, en el plano de los preparativos más tangibles
para la puesta en marcha del euro se ha aprobado el diseño de las monedas
fraccionarias, una de las cuales, como saben SS. SS., tendrá la forma de
la actual moneda española de cincuenta pesetas.
En segundo lugar, el Consejo Europeo ha prestado atención a la situación
del empleo en Europa y ha adoptado una importante resolución sobre el
crecimiento y el empleo. Con ella el Consejo ha colocado la creación de
empleo a la cabeza de sus preocupaciones, consciente de la difícil
situación por la que atraviesa Europa en esta materia y de las graves
consecuencias que de ello se derivan para los ciudadanos. Es preciso --y
así se ha proclamado-- estrechar la coordinación de las políticas
económicas de los Estados miembros, manteniendo comportamientos
macroeconómicos estables y sostenibles que permitan mejorar la
competitividad europea, requisito fundamental para la creación de empleo.
El Consejo ha reiterado la necesidad de mantener un planteamiento
coherente que incluya un marco macroeconómico estable, medidas orientadas
al desarrollo de una población activa bien preparada y adaptable, y mayor
flexibilidad de los mercados laborales ante los cambios económicos. Para
lograrlo debe prestarse la mayor atención a la eficacia del mercado de
trabajo, a la innovación tecnológica y al potencial de las pequeñas y
medianas empresas para la creación de empleo, así como fortalecerse la
formación y el aprendizaje continuos y revisarse los costes laborales no
salariales, a fin de incrementar las oportunidades de encontrar trabajo.
Me satisface comprobar, señorías, cómo estas directrices aprobadas en
Amsterdam trasladan al seno de la Unión Europea el núcleo fundamental de
la política de empleo mantenida por el Gobierno español. La combinación
de políticas de saneamiento de las finanzas públicas, reformas
estructurales, medidas de desregulación y privatización, con una
transformación del mercado de trabajo orientado a la creación de empleo
estable, están dando sus resultados y creo que su mantenimiento traerá
consigo nuevos éxitos.
El Consejo Europeo --quiero destacarlo también-- ha animado especialmente
a los interlocutores sociales a asumir plenamente sus responsabilidades.
Se han saludado los logros alcanzados en materia de moderación salarial y
trabajo a tiempo parcial, y el Consejo ha solicitado que se tenga
presente en los debates la necesidad de alcanzar un equilibrio entre la
adaptabilidad del mercado de trabajo y la seguridad social, con el
objetivo de mejorar las perspectivas de empleo. También aquí, señorías,
España se encuentra en la buena senda. El acuerdo alcanzado entre
sindicatos y empresarios ha sido recibido con satisfacción y señalado
como modelo de un camino a seguir.
Para resaltar la preocupación sentida por el problema del empleo, el
Consejo ha decidido también celebrar, el próximo mes de octubre, una
sesión extraordinaria en Luxemburgo en la que se analizarán los avances
realizados en la aplicación de diversas iniciativas tendentes a potenciar
la creación de empleo. El Consejo es asimismo consciente de la
importancia del mercado único no sólo como motor del proceso hacia la
Unión Económica y Monetaria, sino también como factor clave del
crecimiento y del empleo en Europa. De ahí que revista singular
importancia la llamada que el Consejo hace a la culminación del mercado
interior como elemento fundamental de una estrategia general para
fomentar la competitividad, el crecimiento económico y el empleo en toda
la Unión.
En tercer lugar, señorías, el Consejo Europeo ha acogido con satisfacción
el plan de acción para el mercado único de la Comisión y ha destacado la
importancia fundamental de la aplicación eficaz de sus normas, la
necesidad de informar detalladamente a los ciudadanos y empresas, y ha
impulsado la búsqueda de procedimientos más rápidos y eficaces para hacer
realidad el mercado único. Como ya he señalado, el Consejo, a iniciativa
española, ha solicitado a la Comisión que estudie el modo de garantizar
de manera eficaz la libre circulación de mercancías, incluyendo el examen
de la posibilidad de imponer sanciones a los Estados responsables de
violaciones de esa libertad básica contra el mercado único.
Por último, en cuarto lugar, el Consejo Europeo ha culminado los trabajos
de la Conferencia Intergubernamental con un acuerdo sobre el proyecto de
Tratado de Amsterdam. Con él se despeja el camino para avanzar en las
siguientes etapas de la construcción europea, en particular en la
ampliación, que se llevará a cabo respetando los procedimientos y
condiciones fijados en los Consejos Europeos de Madrid y Copenhague.
La Conferencia Intergubernamental se había fijado como objetivos acercar
la Unión al ciudadano, crear un espacio de libertad, seguridad y
justicia, hacer más eficaz y coherente la política exterior de la Unión,
y dotar de una mayor legitimidad a sus instituciones. En estos cuatro
campos se han registrado avances, tanto para Europa en su conjunto como
para los intereses españoles más inmediatos. Esto es algo que me interesa
resaltar porque el propósito de articular nuestros intereses con nuestro
proyecto europeo ha sido la idea que ha impulsado la delegación española
en esta conferencia, en la que nuestro país ha desarrollado un papel
extraordinariamente activo. Es preciso reafirmar la esterilidad de
contraponer intereses europeos e intereses nacionales. Los intereses de
Europa están enraizados en los intereses de sus Estados miembros. Europa
no puede construirse ni avanzar si sus componentes, ciudadanos y Estados,
no se sienten involucrados, representados y beneficiados. El gran número
de propuestas y de iniciativas presentadas por España a lo largo de la
conferencia ha tenido reflejo en su gran mayoría en el texto final del
acuerdo. Permítanme que me extienda en la exposición de los contenidos
más importantes del Tratado de Amsterdam y me refiera singularmente, a
medida que presente los diferentes capítulos en que queda plasmada la
reforma, a las propuestas españolas.
Señor Presidente, mantener y desarrollar la Unión como un espacio de
libertad, seguridad y justicia ha sido a lo largo de la conferencia un
objetivo prioritario para España. La primera manifestación de este
reforzamiento de la libertad, seguridad y justicia en la Unión es la
consagración del respeto a los derechos fundamentales y del principio de
no discriminación como clave de bóveda de la construcción europea,
respeto que se constituye, además, en exigencia para todos aquellos
Estados que quieran adherirse en el futuro a la Unión.
La eficacia en la protección de los derechos humanos queda asegurada por
dos mecanismos jurídicos importantes. En primer lugar, a iniciativa de
España, el Convenio europeo de derechos y libertades fundamentales se
hace expresamente justiciable ante el Tribunal de Luxemburgo, lo que
dotará a los ciudadanos europeos de mayores posibilidades de exigir el
respeto a esos derechos. Por otro lado, se prevé, para el caso de que un
Estado miembro no respete sus compromisos en este ámbito, que pueda ser
suspendido en sus derechos como miembro de la Unión.
La segunda vertiente del Tratado de Amsterdam en esta materia es la
creación propiamente dicha de una zona de libertad, seguridad y justicia
en la que la libre circulación de personas esté garantizada, junto con
las medidas adecuadas de control en fronteras, inmigración, lucha contra
la delincuencia, asilo y prevención. Para ello, la Unión adoptará, en un
plazo de cinco años, medidas encaminadas a abolir las fronteras
interiores y organizar una política común para el control de las
fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la protección de los
derechos de nacionales de terceros países. Un paso importante en este
camino lo constituye
la integración del Acuerdo de Schengen en el marco de la Unión Europea.
Se pone así fin a una situación insatisfactoria en la que uno de los
objetivos principales de la Unión se desarrollaba a través de un
mecanismo exterior a ésta. Para alcanzar el acuerdo ha sido preciso
establecer un estatuto especial para el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca,
que no estarán obligados a aplicar en su plenitud el acervo Schengen. La
negativa de estos países a participar inicialmente de manera plena
exigirá que su eventual integración posterior sea aprobada por unanimidad
de los Estados partícipes, de manera que se salvaguarden los intereses de
todos. En el caso particular de España se ha garantizado el mantenimiento
de los controles al tráfico de personas procedentes del Reino Unido y de
los territorios que representan la Unión, como es el caso de Gibraltar,
en cualquier punto de entrada del territorio español y sin limitación
temporal alguna.
Complemento imprescindible de esta política común en materia de libertad
de circulación, que incluye un tratamiento común a los solicitantes de
asilo procedentes de terceros países, es la necesidad de adoptar un
enfoque también común respecto de las solicitudes de asilo de ciudadanos
europeos. España ha defendido que la institución del asilo no puede ser
manipulada para eludir la acción de la justicia, teniendo en cuenta que
en el ámbito de la Unión existe la mayor protección de los derechos
fundamentales y, por lo tanto, la invocación del asilo carece de razón y
justificación alguna.
Finalmente, el Tratado de Amsterdam da una solución satisfactoria a esta
exigente demanda española ya que incluye un protocolo en el que se
reconoce que los Estados miembros de la Unión son países seguros de
origen a todos los efectos jurídicos y prácticos en relación con asuntos
de asilo. Esta decisión implica que las solicitudes de asilo efectuadas
por un nacional de un Estado miembro sólo podrán ser declaradas
admisibles para su examen si dicho Estado no respeta plenamente sus
obligaciones en materia de derechos humanos. Asimismo, si otro Estado
miembro admite a trámite tal solicitud la atenderá sobre la presunción de
que es manifiestamente infundada y tendrá la obligación de informar
inmediatamente al Consejo. Al mismo tiempo, los Estados miembros nos
hemos comprometido a examinar con más detenimiento la cuestión del abuso
de los procedimientos de asilo, con el propósito de introducir nuevas
mejoras que permitan acelerar el tratamiento de las solicitudes de asilo
manifiestamente infundadas.
En definitiva, la solución adoptada en el protocolo ha establecido en el
marco de la Unión Europea una triple salvaguardia frente a las
solicitudes de asilo infundadas: una salvaguardia jurídica derivada del
reconocimiento entre los Estados miembros de su condición de seguro a
todos los efectos en relación con las solicitudes de asilo; una
salvaguardia política derivada de la obligación de informar al Consejo de
las solicitudes admitidas a trámite, invirtiéndose así la carga de la
argumentación al presumirse la legitimidad de la pretensión del Estado
reclamante; y una salvaguardia procedimental, consecuencia de la
consideración de toda solicitud de asilo de un nacional de un país
miembro ante otro Estado miembro como manifiestamente infundada, lo que
llevará a una tramitación más ágil de las reclamaciones y evitará el
evidente fraude procesal que se deriva de la actual tardanza.
Señorías, el objetivo que perseguía España al presentar su propuesta era
el de constatar que la situación de respeto a los derechos fundamentales
en la Unión Europea privaba en buena parte de su razón de ser al derecho
de asilo tal y como estaba planteado hasta ahora. La manipulación de esta
institución hecha por integrantes de bandas terroristas hacía inaplazable
su adecuación a la realidad europea. Creo que ese objetivo, señorías,
está conseguido y que el Estado miembro que desee conceder asilo a un
nacional de un país europeo deberá en adelante explicar sus razones ante
el Consejo de la Unión y justificar que el Estado miembro del que es
nacional el solicitante no protege satisfactoriamente los derechos
fundamentales.
Este espacio de libertad y de seguridad se completa con el reforzamiento
de la cooperación policial y judicial para hacer frente a la
delincuencia. España ha sido firme defensor de ese reforzamiento y
considera que los resultados consagrados en el Tratado constituyen un
gran paso adelante. Quiero señalar, en particular, el fortalecimiento de
Europol, que podrá desempeñar en el futuro funciones operativas en
coordinación con las policías nacionales. Se garantiza así que el espacio
de libertad no va a beneficiar a quienes desarrollan actividades
ilícitas.
Señor Presidente, acercar la Unión a los ciudadanos era otro de los
objetivos fijados en la Conferencia Intergubernamental y aquí también los
logros alcanzados satisfacen las expectativas. Una primera manifestación
de esta preocupación compartida es la decisión de incluir en el Tratado
un capítulo sobre el empleo. El texto finalmente acordado coincide con
los planteamientos de la propuesta española... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Decía que el texto
acordado coincide con los planteamientos de la propuesta española basada
en el reconocimiento de las políticas de empleo como una responsabilidad
y una competencia de los Estados miembros. La Unión puede jugar un papel
importante en la promoción del empleo mediante la coordinación de las
políticas nacionales y la adopción de ciertas medidas de incentivo
dirigidas a apoyar la acción de los Estados miembros en dicho campo. En
todo caso, estos incentivos serán limitados y respetarán plenamente
los objetivos de la cohesión económica y social. Los incentivos deberán
financiarse sin afectar a los recursos actualmente dedicados a las
políticas estructurales. Es también importante señalar en este ámbito,
por su íntima vinculación con el empleo, el reforzamiento del capítulo
sobre política social. Pasa a integrarse en el cuerpo del Tratado del
protocolo social, ahora aceptado por el Reino Unido, que incluye medidas
concretas para luchar contra la exclusión social. En fin, el Tratado
recoge en este ámbito otro de los objetivos perseguidos por España en la
conferencia, cual era el reforzamiento de la igualdad esencial entre
hombre y mujer, consagrándose el principio de igual remuneración a igual
trabajo.
La mejora del medio ambiente, de la salud pública, de la protección de
los consumidores y de la transparencia en el funcionamiento de las
instituciones eran otras tantas de las metas perseguidas por la Unión
Europea para cumplir mejor con sus responsabilidades. En todos estos
ámbitos se registran avances importantes de los que España se siente
satisfecha, y quiero resaltar que estos avances se producen sin merma de
los otros objetivos de la Unión, singularmente del respeto al mercado
único.
El principio de subsidiariedad ha venido a simbolizar el proceso de
acercamiento de las decisiones a los ciudadanos y, naturalmente, no podía
faltar su reforzamiento en el Tratado de Amsterdam. El protocolo sobre
subsidiariedad, anejo al Tratado, permitirá poner freno a los excesos
legislativos y reglamentistas en la Unión pero, al mismo tiempo, su
redacción equilibrada evitará los riesgos de renacionalización de
políticas comunitarias o de dilución del mercado interior.
En este mismo capítulo, señorías, España, junto con Portugal y Francia,
ha defendido la necesidad de reconocer la situación desventajosa en que
se encuentran los ciudadanos que residen en las llamadas regiones
ultraperiféricas. Este objetivo ha sido plenamente alcanzado con la
modificación acordada del artículo 227 del Tratado de la Comunidad
Europea. Su nueva redacción es plenamente satisfactoria para España, y
para sus islas Canarias en particular, al recoger en su totalidad el
contenido de la propuesta presentada. Conforme a dicho artículo, el
Consejo podrá adoptar medidas por mayoría cualificada en los ámbitos
aduanero y comercial, fiscal, zonas francas, agrícola y pesquero, así
como abastecimiento de materias primas y bienes de consumo esenciales,
ayudas públicas y acceso a fondos estructurales y programas horizontales
comunitarios. Igualmente se ha reconocido en una declaración, cuyo texto
corresponde en términos literales a la propuesta presentada en su día por
España, la especificidad de las regiones insulares. En fin, la propuesta
también presentada en su día por España para que la Unión Europea tenga
en cuenta las contribuciones de sus ciudadanos a través de las
actividades del voluntariado, ha encontrado reflejo en la declaración
correspondiente que sobre esta cuestión se aneja al acta final.
Señorías, las decisiones de política exterior a partir de la entrada en
vigor del Tratado de Amsterdam se podrán tomar, en buena medida, por
mayoría cualificada, sin menoscabo del necesario mantenimiento del
consenso en cuanto a las líneas generales que deberán ser fijadas por el
Consejo Europeo con el acuerdo de todos los Estados miembros. Como
garantía adicional del respeto de los intereses nacionales esenciales,
los Estados miembros podrán oponerse a la aprobación de cualquier
decisión adoptada por mayoría cualificada que afecte a uno de sus
intereses, en cuyo caso la cuestión deberá ser resuelta por el Consejo
Europeo por unanimidad. En los casos en los que el Consejo de Ministros
siga decidiendo por unanimidad se introduce la figura de la abstención
constructiva, que permitirá a uno o varios Estados miembros no impedir la
adopción de la decisión, quedando excluidos de la obligación de
aplicarla.
Se logra así la flexibilidad necesaria para que la Unión pueda actuar,
aun cuando alguno de sus Estados miembros no se sienta comprometido en
acciones concretas.
La política exterior de la Unión se beneficiará de una mayor continuidad
y de una mayor visibilidad gracias a la creación de una unidad de
planificación y de la figura del Secretario General para la Política
Exterior y de Seguridad Común. Este, que actuará al servicio del Consejo
y la Presidencia, contará con la unidad de planificación para analizar la
evolución de la política internacional y suministrar alerta rápida a los
Estados miembros. Se pretende así hacer frente con anticipación a hechos
o situaciones que puedan tener repercusiones importantes y notables para
la política exterior y de seguridad de la Unión.
Finalmente, la Unión Europea estará capacitada para definir
progresivamente una política de defensa común, que podría desembocar en
una defensa común si así lo decidiera el Consejo Europeo. En esta tarea,
la Unión podrá recurrir a la Unión Europea Occidental para que elabore y
ponga en práctica las decisiones y acciones de la Unión, y el Consejo
Europeo podrá marcarle las correspondientes directrices. España habría
deseado ir más lejos en la articulación de las relaciones entre la Unión
Europea y la Unión Europea Occidental. No ha sido posible por el momento,
pero se ha reconocido que el fomento de relaciones institucionales más
estrechas podría desembocar en la integración de la UEO en la Unión si
así lo decidiera el Consejo Europeo. Están puestas las bases y confío en
que la experiencia práctica convencerá a unos y otros de la conveniencia
de dar ese paso en el momento oportuno.
El capítulo institucional de la reforma es el que ha centrado las
críticas más generalizadas. Sin embargo, y como he dicho al comienzo de
esta intervención, creo que el panorama no es tan oscuro. Hemos caminado
en la buena dirección en la defensa de los intereses de Europa en su
conjunto y de España en concreto. Se ha avanzado hacia el logro de una
mayor representatividad y eficacia en la toma de decisiones. En primer
lugar, el Parlamento Europeo ha visto reforzados sus poderes, ya que ha
sido ampliado el ámbito de aplicación del procedimiento de codecisión
--aquel en el que tiene una mayor participación-- y, simultáneamente, se
ha reformado dicho procedimiento, colocando al Consejo y al Parlamento en
situación de plena igualdad. En segundo lugar, se va a decidir por
mayoría cualificada buen número de materias ahora incorporadas al Tratado
y algunas de las que antes se decidían por unanimidad. Sin duda, hay
quien piensa que se debería haber ido más lejos en este punto, pero, como
he dicho, creo que la construcción europea debe tener en cuenta los
intereses de todos, sin excederse en los ámbitos competenciales de la
Unión y, en todo caso, no creo acertado ni conveniente equiparar
simplemente extensión de mayoría cualificada a progreso en la
construcción europea, sin matizaciones. Por otro lado, esta era una
cuestión ligada por algunos a la reponderación de votos. No habiéndose
cerrado un acuerdo en este tema, no era pensable ni razonable que se
llegase al final en esta cuestión.
Además, se ha avanzado en otros dos frentes importantes de la posición
española en el ámbito institucional. En primer término, en cuanto al
Comité de las Regiones, se ha retenido la práctica totalidad de la
propuesta española para el reforzamiento de este comité, dándole una
mayor autonomía administrativa y reforzando sus competencias consultivas,
en particular en la cooperación transfronteriza. En segundo lugar, en la
decisión sobre el peso específico de cada Estado miembro en las
instituciones, particularmente en el Consejo y en la Comisión, se ha
llegado a una solución que, si no es plenamente satisfactoria, preserva
los intereses españoles en la situación actual de una Europa de quince
miembros y también con vistas a la ampliación. En efecto, a iniciativa
española, se prorroga el llamado compromiso de Ioannina hasta que se
acuerde la reforma, de tal manera que se mantiene el peso relativo de
nuestro país en la toma de decisiones por mayoría, al forzar un esfuerzo
suplementario antes de dejar en minoría a un grupo de Estados que reúnan
23 votos. De otro lado, se fijan los principios que deberá respetar el
futuro acuerdo institucional previo a la ampliación. Se consagra que la
posible pérdida de un comisario con motivo de la ampliación estará
supeditada a la compensación de los países afectados. Por último, la
conferencia ha reconocido que, en el ámbito de la reforma institucional,
España constituye un caso especial cuyo tratamiento debe dar lugar a una
solución adecuada, en todo caso antes de que se produzca la ampliación.
Queda así aceptado por los Estados miembros, pues, que es preciso
mantener el delicado equilibrio obtenido por España en la negociación de
su adhesión en 1986. Este equilibrio fue alterado en la última ampliación
en que la pura trasposición mecánica del umbral de mayoría desconoció los
equilibrios geográficos y demográficos tradicionales en el seno de la
Unión. Es preciso mantener estos equilibrios si queremos hacer frente a
los problemas de la ampliación con suficiente legitimidad y respetando el
peso real de cada nación europea.
Señor Presidente, me gustaría referirme por último a una de las novedades
principales del Tratado de Amsterdam, la introducción de la flexibilidad
como instrumento de puesta en marcha de las llamadas cooperaciones
reforzadas, tanto en el pilar comunitario como en el tercer pilar.
El texto finalmente acordado refleja en buena medida los planteamientos
españoles dirigidos a evitar que la utilización de este mecanismo pudiera
poner en riesgo la solidaridad, base de la integración europea, y la
unidad del mercado interior. España velará en las instituciones europeas
por el buen uso de la flexibilidad para que no sea un modo de devaluar el
contenido de la integración ni facilite falsamente la ampliación mediante
la creación de núcleos duros en distintas materias que excluyan o
perjudiquen a determinados miembros simplemente por su distinto
desarrollo económico y social. La flexibilidad puede ser un buen
complemento de la moneda única y un incentivo adecuado para llegar a
acuerdos en áreas en las que se decide por unanimidad, pero no debe, por
el contrario, cambiar radicalmente los presupuestos políticos en los que
se basa la Unión Europea. No es deseable provocar una reacción en
aquellos países no llamados a participar en los núcleos duros ni
desnaturalizar las instituciones europeas, que siempre deberán velar por
el interés conjunto de la Unión.
Señorías, de mi exposición creo que puede deducirse la seriedad de los
acuerdos establecidos en este Consejo que aseguran las bases económicas
de la Unión Europea y dan otro paso más en la distribución del poder
político de cada país en su seno. Los dos avances resultan favorables a
España y al conjunto de las instituciones europeas. Ahora en esta fase
del proyecto común es preciso ser conscientes y quizá más conscientes que
nunca de que hemos llegado a un punto donde los principales objetivos
políticos y económicos marcados al principio de la Comunidad están hoy al
alcance de nuestras posibilidades. Han pasado a ser algo real, asequible
y no simplemente orientaciones deseables. Precisamente, es el éxito
logrado hasta hoy en la empresa de la integración el que nos obliga a
enfrentar cuestiones mayores, largo tiempo pospuestas, aplazadas por
prematuras o ensombrecidas por la necesidad de llegar a entendimientos
más modestos pero también más urgentes. En nuestro caso vale decir que
España se adapta con facilidad a esta aceleración de la historia europea
a pesar de nuestra tardía incorporación. Seremos previsores si en
adelante los grupos parlamentarios y el Gobierno suscitamos la atención
de nuestra opinión pública hacia las oportunidades y, claro está, hacia
los desafíos que plantea el futuro de la Unión. Alguien podrá sentir una
cierta incomodidad ante esta novedosa, al menos en nuestro país,
presencia de la sociedad, pero, a mi entender, esta presión democrática,
lejos de ser una dificultad innecesaria o un lastre en las relaciones con
las instituciones europeas, proporcionará un peso mayor a las posiciones
españolas y reforzará simultáneamente al conjunto de la Unión.
El Gobierno puede exhibir un muy alto nivel de cumplimiento de los
acuerdos aprobados por este Pleno en relación con los asuntos tratados en
el Consejo Europeo de Amsterdam, especialmente aquellos adoptados tras la
celebración del pasado debate sobre política general del estado de la
Nación. En Amsterdam, señorías, se ha despejado definitivamente el camino
hacia la Unión Económica y Monetaria, se ha acordado una importante
reforma de los tratados que acercan la Unión a los ciudadanos, se ha
reforzado la legitimidad de las instituciones y se abren las puertas a
nuevos miembros en los plazos convenidos. Este es un resultado del que,
como he dicho, debemos sentirnos razonablemente satisfechos, conscientes
de las importantes tareas que han quedado pendientes y, sin duda,
animados a proseguir en el camino emprendido.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores diputados,
señor Presidente del Gobierno, en este primer debate que tenemos ocasión
de celebrar después del 34 Congreso del Partido Socialista, no sólo
querría marcar ante la Cámara y ante la opinión pública la fijación de
posición del grupo parlamentario sobre lo discutido y lo acordado en el
Consejo Europeo de Amsterdam y en el Tratado reformado por la Conferencia
Intergubernamental, sino también tratar de marcar un estilo de oposición,
que desearía que fuese claro en cuanto a las coincidencias y las
discrepancias entre el principal grupo de la oposición y las posiciones
del Gobierno, un estilo de oposición sereno, responsable, sin rehuir el
debate ni la confrontación, que es inherente a la democracia y al
Parlamento, pero también buscando el consenso donde debe haberlo, sin
miedo a alcanzarlo y sin miedo a perseguirlo. Yo, como es obvio, no tengo
otro interés político en la relación con el Gobierno que servir a los
intereses generales del país y también que usted no tenga un segundo
mandato como Presidente del Gobierno. (Aplausos.) Ambas cosas son
compatibles. (Rumores.) Pretendo que la mayoría parlamentaria cambie de
signo en las próximas elecciones, pretendo que usted se siente un escaño
más arriba y que en ese otro escaño no esté la Ministra de Medio Ambiente
sino un Presidente del Gobierno socialista. (Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
El señor ALMUNIA AMANN: Pero siendo usted nuestro adversario político, mi
adversario político, también es el Presidente del Gobierno de mi país y
no estoy dispuesto a ignorarlo ni a que en mi trayectoria ni en la
trayectoria del Grupo Parlamentario Socialista alguien pueda ignorarlo.
Cuente conmigo y con el Grupo Parlamentario Socialista para colaborar en
la defensa de los intereses comunes de todos los españoles, para
colaborar en la defensa de los intereses generales de nuestro país, y,
sin duda --y entro ya en el tema del día de hoy--, Europa es uno de esos
temas.
¿Cómo se puede valorar el Consejo Europeo de Amsterdam? Debo decir que no
coincido totalmente con la valoración que usted nos acaba de manifestar.
Yo creo que en función de los objetivos que desde hace algún tiempo ya,
desde la cumbre de Madrid, tenía fijados este Consejo, el final de la
Conferencia Intergubernamental, los resultados son decepcionantes. Para
quienes creemos en Europa, para quienes queremos que el proceso de
construcción europea avance, se realice, se consolide y se profundice los
resultados, que los hay --y ahora entraré en ellos--, producen una cierta
frustración, porque hay resultados, pero son muchos menos de los que nos
hubiese gustado.
El Consejo Europeo de Amsterdam tenía que dar el pistoletazo de salida,
tenía que abrir la puerta a la Agenda 2000, tal como quedó definida en el
Consejo Europeo de Madrid a final de 1995, tenía que marcar una señal
inequívoca de que el proceso de ampliación hacia nuevos países, países
del centro y del este de Europa, iba a comenzar con verosimilitud, con
expectativas de que ese proceso llegará a su término y será un éxito en
un plazo de tiempo razonable. Este Consejo tenía que abrir la puerta para
abordar con rigor y con posibilidades de éxito las nuevas perspectivas
financieras de la Comunidad que sustituyan al paquete Delors II. Este
Consejo tenía que haber preparado el terreno para que afrontásemos en el
marco de la Unión Europea y en el marco de la Comunidad un debate a fondo
y riguroso sobre el futuro de la PAC y de los fondos estructurales. Los
resultados que faltan en el Consejo Europeo de Amsterdam, y en particular
en la reforma del Tratado --y luego tendré ocasión de referirme a alguno
de ellos--, hacen que la pregunta sobre si la Agenda 2000 va a poder ser
un éxito sea una pregunta real, no simplemente una pregunta retórica. Es
verdad que dentro de pocos días o semanas, se va a iniciar por parte de
la Comisión Europea el proceso de ampliación. Es verdad que las fechas de
la Agenda 2000 en teoría siguen vigentes,
pero las expectativas políticas de obtener un éxito en un tiempo
razonable en unos años cruciales, que son los años que quedan de la
década de los noventa, son menores ahora que hace unos meses, cuando
todavía se podía esperar y confiar en un éxito rotundo del Consejo de
Amsterdam y de la Conferencia Intergubernamental. Es verdad que la
conferencia ha concluido, que el Tratado ha sido reformado, pero las
ausencias clamorosas, y en particular la ausencia de un acuerdo claro y
nítido para abordar reformas institucionales que permitan gobernar una
Unión Europea con más miembros de los que tiene hoy llevan a imaginar un
proceso de ampliación largo y doloroso y dificultades serias,
dificultades reales, no artificiales, para el resto de los capítulos de
la agenda.
Dicho esto, nadie puede ocultar que hay resultados positivos, en primer
lugar, sobre el empleo. Somos muchos, en esta Cámara creo que somos
todos, los que hemos defendido y propugnado que en el Tratado figure un
capítulo sobre el empleo; y figura un capítulo sobre el empleo en el
Tratado de Amsterdam. Somos muchos los que hemos defendido y defendemos,
y en esta Cámara creo que somos todos, que la unión monetaria debe ser
combinada y completada, tal como quedó diseñada en el Tratado de
Maastricht, por una unión económica que sirva para coordinar políticas
económicas y para que éstas sirvan a objetivos compartidos por la inmensa
mayoría de los ciudadanos europeos, en particular que sirvan al objetivo
de crear empleo en Europa, que es la preocupación principal de los
ciudadanos europeos y desde luego de los ciudadanos españoles. Es verdad
que hay acuerdo, que hay capítulo de empleo en el Tratado, pero también
es verdad que no todo ha sido positivo en ese acuerdo y que hay algunas
insuficiencias.
Le voy a citar dos. Una tiene más que ver con nuestra política interna, y
es que en defensa del reconocimiento del empleo como un objetivo real y
como un objetivo que tenga instrumentos en las instituciones comunitarias
para poder ser alcanzado, la posición del Gobierno español no ha sido la
de estar al frente de esa reivindicación en todas las ocasiones, sino que
alguna vez ha sido de los gobiernos que han pisado el freno en vez del
acelerador, con un argumento que podemos entender, el de no poner en
riesgo la financiación de los fondos estructurales, de los cuales somos
uno de los principales beneficiarios, pero creo que lo uno y lo otro no
son incompatibles, sino que debían haber constituido, en todo caso, una
posición complementaria y coherente del Gobierno español. Un segundo
apunte de insuficiencia dentro de ese objetivo globalmente positivo del
tratamiento del empleo en este Consejo y en la reforma del Tratado es la
escasez clamorosa de recursos económicos que se destinan a financiar
políticas o actuaciones susceptibles de generar empleo desde los
presupuestos comunitarios. Si no he hecho mal las cuentas, no llegan más
allá de los 160 o 170.000 millones de pesetas en el conjunto de la Unión
Europea a través de préstamos, aparentemente préstamos, del Banco Europeo
de Inversiones: ni un solo ecu de recursos directamente generados en el
presupuesto comunitario para servir a los objetivos de empleo que se
proclaman.
El segundo elemento positivo al que usted también ha hecho referencia es
la Unión Económica y Monetaria. En Madrid, en el Consejo de diciembre de
1995, se acordaron muchos elementos de cara al inicio de la UEM, pero no
todos: faltaban básicamente cuatro puntos y, de esos cuatro puntos que
todavía quedaron por decidir, de los que se ha venido hablando a lo largo
del año 1996 y de los primeros meses del año 1997, en Amsterdam se han
arreglado tres: se ha acordado el Pacto de Estabilidad, se ha acordado la
situación de los países in y out y se ha acordado la naturaleza jurídica
del euro. Queda una decisión que es imposible tomar ahora, la del tipo de
cambio final o el tipo de cambio irrevocable, pero por supuesto las
decisiones adoptadas en materia de Unión Económica y Monetaria son
relevantes, son las que había que adoptar, y de ello nos felicitamos.
También se ha avanzado --nos parece muy positivo; lo había reclamado esta
Cámara en el debate sobre el estado de la Nación-- en la coordinación de
las políticas económicas, en la aplicación del artículo 103 del Tratado
de Maastricht, y ojalá que esos acuerdos y esas declaraciones --de las
cuales usted nos ha leído algunos párrafos de los textos acordados-- se
puedan llevar a la práctica y no se queden simplemente en declaraciones
formales.
El tercer elemento que nos parece positivo, coincidiendo con su propia
valoración, es la inclusión del acuerdo Schengen en el primer pilar. La
comunitarización de la libre circulación de personas nos parece que es
una decisión positiva. Quizá podemos tener todos dudas, espero que
ustedes también, sobre la bondad de la política de unanimidad como
exigencia para adoptar acuerdos con arreglo a los procedimientos
comunitarios del primer pilar. No todo son ventajas --éramos conscientes
de ello cuando defendíamos la inclusión en el primer pilar de esas
materias--, pero en todo caso, repito, nos felicitamos de ello, y quizás
el único «pero» en este capítulo es que, pese a lo que usted nos ha dicho
en relación a Gibraltar, tal vez hubiese sido necesaria una declaración
unilateral por parte de nuestro país, por parte de nuestro Gobierno,
sobre la situación particular de Gibraltar y nuestros criterios al
respecto.
Cuarto punto positivo, en coincidencia también con la valoración que
usted nos ha hecho, es la inclusión en el nuevo Tratado, en el artículo
227, del Estatuto de las regiones ultraperiféricas, que en nuestro caso
beneficia--esperemos que así sea en cuanto sea ratificado el Tratado y se
pongan en aplicación sus preceptos-- a las islas Canarias. Nos
felicitamos de ello, pero también le quiero hacer un comentario. Viendo
las cosas
ahora --y quizás es más fácil verlas ahora que hace unas semanas o que
hace unos meses, pero en todo caso ya que se pueden ver ahora con toda
claridad, conviene decirlo y conviene que lo discutamos aquí en el
Parlamento--, no estoy muy seguro de que sea una buena técnica
negociadora en la Unión Europea ir proclamando con las banderas
desplegadas en los consejos de ministros, en alguno de los cuales tuve
ocasión de participar hace años que tal o cual punto de los que se
reivindican es un objetivo irrenunciable, porque por cada
irrenunciabilidad, a lo mejor hay que tragarse unas cuantas renuncias.
Por tanto, yo creo que en este caso, como en el del derecho de asilo, al
que luego me voy a referir, quizá la experiencia nos aconseje a todos, y
a usted también, no hacer tanta valoración de las reivindicaciones cuanto
de los acuerdos conseguidos, no hacer tanto énfasis en lo que se pide,
sino en lo que se consigue. Parece, por lo que aconseja la experiencia,
que eso es bastante más útil en ese mundo complejo de las negociaciones,
de los consejos de ministros comunitarios y de los consejos europeos.
Y nos parece muy acertado y muy adecuado lo que el Consejo Europeo ha
acordado y lo que usted nos ha relatado en materia de segundo pilar, de
política exterior y de seguridad común, tanto los avances que se han
producido para el funcionamiento de ese importante pilar de la Unión
Europea como muchas de las posiciones fijadas en materia de política
exterior común, que nos parecen muy importantes y totalmente aceptables,
y en particular en lo que se refiere al Mediterráneo, al futuro de la
Conferencia Euromediterránea, al Oriente Medio y a la antigua Yugoslavia.
Menos positivo es el resultado en dos asuntos importantes, uno de ellos
importante más para nosotros que para el resto de los países de la Unión,
como es el tratamiento del derecho de asilo, y otro importante para
todos, como es el paquete institucional.
En derecho de asilo le repito lo que tuvo ocasión de decirle Felipe
González en el debate sobre el estado de la Nación. Apoyamos la petición
del Gobierno cuando se formuló --ya la había formulado el anterior
Gobierno socialista--, le apoyamos en una negociación difícil, sabemos la
dificultad de la negociación, apoyamos el acuerdo, pero también aquí,
igual que en el caso de las islas Canarias y del Estatuto de regiones
ultraperiféricas, recordamos lo difícil que es vender los resultados de
una negociación antes de que ésta finalice. Creo que algo de eso ha
sucedido. No es lo mismo lo que se nos decía aquí por parte del
Presidente del Gobierno cuando vino de Dublín, que lo que nos dice hoy
cuando viene de Amsterdam. Espero que el tiempo, además, nos permita
valorar positivamente lo que hemos conseguido. De verdad, sinceramente,
lo espero, igual que lo espera usted, igual que lo esperan todos los
españoles de bien, porque el éxito en la aplicación de ese acuerdo
supondrá un éxito más en la lucha contra el terrorismo.
En cuanto al compromiso institucional creo que es la gran ausencia de
este Consejo Europeo y la gran ausencia del Tratado reformado. Es verdad
que se ha conseguido a última hora, de madrugada, una referencia a que se
nos tendrá en cuenta en el futuro, pero, ojalá hubiese sido posible, para
nosotros y para el conjunto de la Unión, tener ya aclarado desde el
Consejo de Amsterdam, desde el nuevo Tratado, cómo puede funcionar, cómo
se pueden tomar decisiones, cómo va a estar estructurada la Comisión
Europea, cuál va a ser la composición del Parlamento Europeo para
afrontar con claridad y con expectativas de éxito la ampliación. Porque
los compromisos a última hora, de madrugada, en declaraciones anejas,
están bien, pero la experiencia pasada y reciente demuestra que no
siempre son suficientes. También en Dublín hubo compromisos, en nota a
pie de página, y no siempre se cumplen, como todos sabemos,
desgraciadamente.
Antes de acabar, señor Presidente, señoras y señores diputados, creo que
conviene formular por mi parte dos reflexiones generales, más allá de los
temas concretos que se han acordado o que no se han podido acordar en el
Consejo Europeo. Una es sobre el modo de negociar y actuar, al que ya me
he referido de pasada en mi intervención. Creo que la experiencia indica
que para conseguir resultados en las instituciones comunitarias, en los
complejos mecanismos de decisión, en la multitud de negociaciones y
conversaciones que hay que llevar a cabo a diferentes niveles para poder
lograr los propósitos que nos animan, hay que saber algunas cosas que no
está de más reiterar hoy. Hay que saber respetar las normas comunitarias
por parte del ordenamiento jurídico interno, o a la Comisión Europea. Hay
que saber respetar para que nos respeten, y no siempre en las últimas
semanas se ha respetado, por parte de su Gobierno o por parte de su
mayoría parlamentaria, el ordenamiento jurídico comunitario que tenemos
obligación de aplicar y de trasladar en sus propios términos a nuestro
ordenamiento jurídico interno, ni siempre se ha respetado en los últimos
tiempos a la Comisión Europea, como bien sabe, por ejemplo, el Ministro
de Fomento, y creo que conviene respetar para que nos respeten, señor
Presidente, señor Ministro de Fomento. Conviene cuidar mucho la buena
comunicación con la Comisión Europea; mejor que manifestarse contra la
Comisión es invitarla a dialogar y explicarle bien cuáles son nuestros
intereses. Conviene romper con la tendencia a confundir determinados
aspavientos con la firmeza. Conviene evitar repentinos cambios de
posición, como los que ha tenido su Gobierno en algunas materias
importantes, y, sobre todo, conviene no perder de vista la visión de
conjunto, porque nunca hay un solo tema en discusión en la Unión Europea,
sino que siempre hay muchos y hay que tenerlos a la vista, porque, si no,
parece que se ha arreglado el primero, pero luego vienen todos los demás
en
fila, uno detrás de otro, y es muy difícil hacer frente a todos con
éxito.
Hay una anécdota que nos contaba Francisco Fernández Ordóñez de uno de
sus numerosos consejos de ministros, donde a Italia, representada en
aquel Consejo por Andreotti, le querían suprimir los fondos
estructurales, y Andreotti le dijo a Francisco Fernández Ordóñez: ¡Para
qué se habrá inventado alguien en mi país il sorpasso! Creo que hay que
tener en cuenta este tipo de argumentos para no equivocarse, para no
sufrir, para no venir de vez en cuando con las manos vacías. La posición
de cualquier ministro y por supuesto del Presidente del Gobierno en una
negociación comunitaria es muy difícil, y la posición de cualquier
ministro de nuestro país lo es por nuestras peculiares características:
país intermedio, con una agricultura importante y, además, variada y
plural, con muchos intereses, con un saldo financiero muy positivo en
estos momentos para nuestro país. Por eso, para vencer esa dificultad
ustedes tienen todo el derecho e incluso la obligación de pedir respaldo
al resto de las fuerzas políticas y, en particular, al principal partido
de la oposición. Tienen todo el derecho de pedir ese respaldo y estamos
en plena disposición de dárselo, siempre que nos lo hagan mínimamente
compatible con la defensa de posiciones adquiridas en la Unión Europea
por gobiernos socialistas, y que ustedes han criticado a veces de forma
irresponsable, y siempre que nos lo hagan compatible con las
argumentaciones que respalden su petición, no vaya a ser que en su
petición haya argumentos que nos hagan difícil después asumirla y
apoyarla.
Una segunda y última reflexión --acabo ya, señor Presidente-- es que el
consenso no está reñido con la claridad sobre algunas diferencias que
tenemos ustedes y nosotros en la visión de la Unión Europea, del proyecto
europeo, de Europa. Ustedes, cuando vienen de un consejo europeo, o de
una reunión de un consejo de ministros, o de una reunión comunitaria,
tienden a valorar casi exclusivamente, a nuestro modo de ver, lo que
España ha conseguido arrancar a los demás países. Tienen esa tendencia,
quizá porque todavía llevan poco tiempo en el Gobierno y llevaban mucho
tiempo antes en la oposición. Nosotros, quizá por lo contrario, o quizá
por algo más, tenemos tendencia a no pensar sólo en el corto plazo, en la
ventaja adquirida en un momento determinado y desprovista de una visión
de conjunto, ni pensar en términos exclusivamente de ventaja nacional,
aunque a veces sea más difícil explicar esas posiciones ante nuestra
opinión publica interna. Creemos en Europa y por eso nos complace, no
sólo que nos vaya bien a nosotros en Europa como españoles, sino al resto
de los europeos, porque mal puede ir avanzando Europa si sólo a los
nacionales de un país les va bien en Europa. Por eso, ante la forma que
ustedes tienen a veces de vender sus éxitos en Europa con frases, con
argumentos, con imágenes exclusivamente de consumo interno, yo, cuando le
veía en la rueda de prensa después del consejo de Amsterdam, me hacía una
pregunta. Si el Presidente del Gobierno español y los presidentes de los
demás países miembros se dirigen a sus opiniones públicas para
explicarles lo que ha sucedido en Amsterdam exclusivamente en términos de
consumo interno ¿quién piensa en Europa?
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Anguita.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores diputados,
señor Presidente del Gobierno, éste no puede ser un debate protocolario
como el que se hace cada seis meses cuando termina el mandato de uno de
los países que preside la Unión Europea. No se puede despachar en un
debate como éste algo importantísimo y de una extraordinaria incidencia
en los bolsillos, en el trabajo y en la situación de los españoles y de
las españolas.
La cumbre de Amsterdam ha clausurado la Conferencia Intergubernamental,
que había sido convocada para revisar el Tratado de Maastrich. Y a partir
de ahí hay una serie de fechas en un calendario que yo quiero recalcar
para recabar después de S. S. una respuesta.
En octubre se firma el Tratado, después de diciembre, y según acuerda el
Consejo, lo antes posible, comienza el proceso de negociaciones con los
países que aspiran a integrarse en la Unión Europea. El Parlamento
Europeo se va a pronunciar sobre el Tratado en el mes de noviembre. A
partir de esa aprobación, los distintos Estados tienen que ratificar el
acuerdo de Amsterdam. Dinamarca, el Estado danés, va a convocar un
referéndum para febrero-marzo del año que viene.
Señor Aznar, S. S. ha planteado aquí que hay desilusión, que ha aparecido
desánimo. Se constata que la población española oye hablar de Maastrich,
oye hablar de Europa, pero no se entera de qué es lo que está pasando.
Constata que cada vez que a alguien se le aprieta el bolsillo, se moderan
los salarios o se reducen los gastos se le invoca Europa y se le invoca
Maastricht. Pues bien, señor Aznar, señor Presidente del Gobierno, ¿,por
qué no escogemos el camino de Francia, Irlanda, Noruega y Dinamarca y
convocamos un referéndum para que el pueblo español se pronuncie y pueda
intervenir y participar en debates y sepa de qué se trata cuando hablamos
de Maastricht, de Amsterdam o de la Conferencia Intergubernamental?
Yo demando de S. S. respuesta a esta petición, que tendrá entrada en esta
Cámara en la reanudación de las sesiones, allá por el mes de
septiembre-octubre, cuando presentemos la propuesta, la iniciativa
legislativa para que todos los grupos den su opinión acerca
de la convocatoria de ese referéndum. Es decir, estoy demandando que el
pueblo español participe y dé su opinión en materia tan importante.
Cumbre de Amsterdam. Uno estaría tentado a decir que ha sido el parto de
los montes; ya saben, SS. SS.: se abrieron los montes y parieron un
ratón. Si sólo fuera porque han parido un ratón... Pero ha sido algo más
peligroso que un ratón en segunda instancia.
El señor Presidente del Gobierno ha dicho en su intervención esta tarde
que en la opinión pública hay una sensación de fracaso, de fiasco, de
desencuentro, de euroescepticismo y que eso no es bueno para lo que se
está construyendo, expresión que ha dicho el señor Presidente del
Gobierno. De manera paralela, nos encontramos con 18 millones de parados,
con una movilización social, sobre todo en algunos sectores importantes,
como el sector de Renault. A partir de ahí, conviene explicar qué es lo
que ha ocurrido en Amsterdam, qué es lo que está pasando.
Señorías, yo creo que en este debate, si lo va a haber o si el señor
Presidente del Gobierno no va a contestar de manera protocolaria,
conviene que hagamos una recapitulación. Amsterdam no es un paso más;
Amsterdam es un resumen y, por lo tanto, voy a empezar a hacer aquí una
breve historia con lo que SS. SS. han dicho en esta Cámara en estos años.
Voy a empezar como tiempo eje a escoger 1992, cuando se aprueba el
Tratado de Maastricht. En 1992 se aprueba el Tratado de Maastricht y éste
tiene tres contenidos clarísimos o tres apartados, alguno sin contenido.
Primer contenido: se crea la Unión Económica y Monetaria; se ponen las
condiciones para el avance hacia la moneda única (los déficit, la
inflación, los tipos de interés, la deuda pública) y, señorías, se
comienza con un acto de planificación gigantesca. Es decir, se aprueban
unos contenidos, unas condiciones que se imponen, se quiera o no, y que
culminan con el Pacto de Estabilidad.
Segunda característica de Maastricht 1992; paso a leerla. Política
exterior y de seguridad común. Fíjense lo que se aprobó en Maastricht en
1992 cuando se habla de una política exterior. Uno de los objetivos era:
afirmar su identidad en el ámbito internacional, en particular mediante
la realización de una política exterior y de seguridad común que incluirá
en el futuro la definición de una política de defensa común que podría
conducir en su momento a una defensa común. ¿Alguien lo puede explicar?
Esto no es ninguna política exterior común, esto es simplemente un
galilimatías.
En tercer lugar, se constata en Maastricht que la expresión unión
política cayó y, por tanto, Maastricht sanciona un hecho que voy a
demostrar a continuación que la unión política ha desaparecido de la
visión de los hombres que están construyendo esto, y digo esto, después
diré qué quiero decir con esto.
¿Qué hay antes de ese Maastricht? Hagamos una breve historia. 1957,
Tratado de Roma. Se afirma: queremos una unión cada vez más estrecha
entre los pueblos.
1969. Cumbre de La Haya. Se mandata al Consejo para preparar la unión
económica y monetaria y a los ministros de Asuntos Exteriores para
estudiar el camino hacia la unificación política. Señorías, subrayo la
expresión estudiar el camino hacia la unión política de Europa.
1972. Cumbre de París. Se reafirma en esa cumbre la vocación de construir
una unión política.
1984, 14 de febrero. El Parlamento Europeo aprueba el Tratado de la Unión
Europea. Hay una gigantesca apuesta por la Unión política, y de diez
parlamentos seis lo ratifican y dos piden que se incorpore rápidamente,
es decir, es el clamor del Parlamento Europeo por una auténtica unión
política.
1987. La respuesta ante este clamor es la convocatoria del Consejo del
cual sale el Acta Unica europea. Y les llamo la atención, señorías, sobre
los dos pilares en los que se asienta el Acta Unica europea: por
supuesto, la construcción de un mercado único, pero el segundo pilar es
la cohesión económica y social; es decir, la creación de un espacio
económica y socialmente integrado y, dicho de otra manera, que en la
Europa del futuro vayan reduciéndose las diferencias sociales y las
diferencias territoriales. Señor Presidente del Gobierno, para que eso
sea posible necesita de un poder político que unifique y tome medidas a
fin de que las diferencias que genera el mercado puedan ser corregidas
por decisiones políticas sobre la propia economía. Esto es el Acta Unica
Europea.
1990. Algunas de SS. SS., señoras diputadas, señores diputados, quizá
fueron protagonistas del hecho que voy a relatar a continuación. Roma,
entre el 27 y el 30 de noviembre de 1990, primera reunión de parlamentos
europeos; de 189 asistentes votaron 150 a favor de los siguientes puntos
que paso a relatar: la Comunidad debe dotarse de unas políticas que
concreten el doble imperativo de justicia social y de democracia
económica; la voluntad de transformar la Comunidad en una Unión Europea
fundada en una base federal (es decir, algunas de SS. SS. seguramente
votaron este punto, la construcción de una Europa en la unión política
con base federal); la unión política debe comprender una política
exterior común; se debe prever una política social común.
Y la posición española, y por lo que hace muy especialmente referencia a
nuestro grupo, se planteaba algo que ha sobrevolado este Congreso y nadie
ha querido discutir, y que ha surgido después: un proceso constituyente
para Europa con cinco sujetos constituyentes: los pueblos de Europa; los
parlamentos nacionales; el Parlamento Europeo; el Consejo Europeo; y la
Comisión.
Pues bien, cuando pasa Maastricht, nos encontramos en 1993, 16 de marzo.
La Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, a través del
ponente
de la misma, don Marcelino Oreja Aguirre, hace una crítica al Tratado de
Maastricht y se aplica la elaboración de un proyecto de constitución
europea. El 8 de febrero de 1994, el Partido Socialista europeo y el
Partido Popular europeo impiden que ese proyecto de constitución europea
pase a debatirse en el Pleno del Parlamento Europeo. Es decir, que cuando
hay toda una elaboración surgida de personas eminentes de sus filas, nos
encontramos con que las dos grandes formaciones políticas europeas votan
en contra del proceso constituyente hacia la unidad política de Europa.
Por tanto, cuando llegamos a Maastricht nos encontramos con que
Maastricht ya fue un reductor de la unidad de Europa, que Maastricht lo
único que habla es de construir una unión económica y monetaria y por eso
deja caer la expresión unión política.
Ahora bien ¿qué era Maastricht, el Maastricht que se revisa en esta
cumbre de Amsterdam? Para empezar, Maastricht no era unión económica,
porque si hubiese sido unión económica hubiese habido convergencia de las
economías, que no de las políticas económicas. No hay unión económica
tampoco en ese Maastricht de 1992 que se revisa ahora, porque si no
hubiese habido una hacienda europea que hubiese servido para equilibrar
las diferencias sociales y territoriales. Y, naturalmente, junto a la
hacienda europea tenía que haber habido un presupuesto europeo digno de
tal nombre, y no como el que hay ahora, que no llega al 1,27 por ciento
del producto interior bruto y cuyo 92 por ciento se lo lleva la política
agraria comunitaria. Si hubiese habido auténtica unión económica, habría
habido hoy en día una política fiscal común para todos los europeos, con
unos impuestos parecidos, por no decir iguales, en Francia, en Portugal,
en Gran Bretaña, en Alemania y en Italia. Si no ¿cómo vamos a construir
una unión económica sin una política fiscal común? Y, desde luego, para
que hubiese habido unión económica, tenía que haber habido una política
social común.
Se hace en Maastricht un pequeño diseño. Se pueden hacer convenios
colectivos a nivel europeo. Lástima que a continuación se decía: pero si
los gobiernos nacionales no lo admiten, el convenio no sirve
absolutamente para nada. Y un protocolo, el número 15, sobre política
social, que estaba allí simplemente de adorno.
Pues bien; ante esta realidad de no construcción de la unión económica,
de no política exterior y, por supuesto, de abandono de la idea de unión
política que era Maastricht, se convoca la revisión del Tratado de
Maastricht.
Señor Aznar, sería importante que se convocase ese referéndum para que
pudiésemos debatir ante una cámara de televisión, ante la radio o
explicarle a nuestro pueblo una cosa curiosa, que es la siguiente. Cuando
se convoca una conferencia para revisar un tratado, todo el mundo espera
que todo el tratado sea sometido a revisión. Pero no, se lleva a la
revisión y se dice: la parte económica no se revisa, por tanto, la
Conferencia Intergubernamental no va a hablar de la llamada Unión
Económica y Monetaria. Es decir, el 90 por ciento del Tratado de
Maastricht no se somete a revisión. No está mal.
Se podía pensar: vamos a debatir en Maastricht acerca de la política
exterior de Europa. Pero, curiosamente, en septiembre del año pasado, la
OTAN, que no se puede asimilar a Europa, como SS. SS. saben
perfectamente, celebra su asamblea en Viena, y la OTAN decide, cuando
Europa está debatiendo acerca de la revisión de su Tratado, que en
adelante Europa va a tener una política de defensa autónoma, pero en el
marco de la OTAN. Es decir, la OTAN decide por la Unión Europea. A partir
de ahí ¿qué tipo de revisión va a tener Maastricht cuando alguien fuera
de la Unión Europea dice cuál va a ser la política exterior y de
seguridad compartida? ¿Qué es lo que se ha revisado en Amsterdam, si ya
la OTAN ha decidido qué es lo que hay que hacer? Después no nos quejemos;
después no digamos ni hagamos declaraciones amargas acerca de que la
Unión Europea no ha hecho nada en Yugoslavia, de que no tiene valor, de
que no tiene fuerza, si se admite ya que la OTAN le imponga la no
existencia de una política auténticamente europea y auténticamente
independiente. ¿Qué es lo que queda para ser revisado en la Conferencia
Intergubernamental? Simplemente la política institucional. Después
veremos lo que ha pasado con eso.
En Amsterdam, la reforma política institucional ha tenido unos resultados
tan pobres que lo único que puede afirmarse es que se ha limitado a
ratificar Maastricht. Yo en vez de la cumbre de Amsterdam la llamaría la
cumbre de Maastricht II, porque sin revisión de la unión económica y
monetaria, sin revisión de la política exterior de Europa, porque la OTAN
ha usurpado la función de decir cuál es, queda la revisión puramente de
lo que es la política institucional. Y no ha habido prácticamente nada de
nada.
Ahora bien, no se ha reducido el déficit democrático, no se avanza
cualitativamente en la creación de una auténtica ciudadanía. Y aquí
mostramos nuestra preocupación porque los acuerdos de Schengen se
incorporen al acervo comunitario y mostramos nuestro más enérgico
rechazo. No admitíamos Schengen antes, y ahora menos que antes. Y se han
aplazado problemas hacia el 2002, en el momento de la ampliación de la
comunidad.
Yo decía antes que Amsterdam había sido como el parto de los montes, y
decía que se abrieron los montes y parieron un ratón. Sí, eso en cuanto a
las expectativas que se habían levantado en tomo a la construcción
europea. Hoy no hay construcción europea, hay Unión Monetaria y Pacto de
Estabilidad. Pero de los discursos de SS. SS. en este hemiciclo, de las
declaraciones de hace años sobre la construcción de Europa, no queda
absolutamente nada, no queda nada más que
la moneda única y el Pacto de Estabilidad, que voy a pasar a explicar.
Para empezar, le manifestaba aquí, señor Aznar, el otro día, en el debate
sobre el estado de la Nación, que la OCDE --y S. S. me decía en el turno
de réplica: los mandatos de la OCDE no son de obligado cumplimiento. No,
pero se cumplen, milimétricamente se van cumpliendo-- recomendaba a los
países de la Unión Europea --y su Ministro de Economía, en declaraciones
públicas, decía que estaba de acuerdo-- que el Pacto de Estabilidad, que
es el auténtico meollo de esto que ustedes llaman construcción europea,
obligaba a las siguientes políticas: congelación del gasto corriente,
congelación de la inversión, continuidad de las privatizaciones del
sector público, reforma de los sistemas de pensiones, cambios en la
sanidad pública introduciendo en ella elementos de gestión privada,
moderación salarial, reducción de las cargas fiscales para empresas e
ingresos de nivel alto, recorte de los beneficios al desempleo, mejoras
en la educación introduciendo también elementos de privatización, aumento
de la flexibilidad de los costes salariales, de los costes laborales y de
la jornada de trabajo. Pero, a mayor abundamiento, llega el Grupo de los
Siete (más uno, que pasaba por allí, el señor Yeltsin; un grupo de siete
más uno un tanto incompleto) y leen la cartilla a la Unión Europea y le
dicen que, para que esto funcione, tiene que tomar tres importantes
medidas: reformas económicas en el sentido de mayor privatización,
eliminación de las rigideces de los mercados laborales --esto ya es
sarcástico. Todavía el mercado laboral es rígido, ¡a dónde quieren
llegar!-- y, en tercer lugar, reducir el nivel de prestaciones sociales,
más aún. Y claro, en el Grupo de los Siete hay países importantísimos de
la Unión Europea, está Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania; es decir,
no son unos países que están fuera de lo que puede constituir y
constituye de hecho el meollo de la Unión Europea.
Pacto de Estabilidad. Esta es la cuestión. Esto es lo que ha quedado del
tan cacareado discurso en esta tribuna de muchas de SS. SS., año tras año
hablando de la construcción europea. Un Pacto de Estabilidad que es el
ajuste permanente, la vuelta de tornillo constante contra los ingresos de
los trabajadores y contra la seguridad en el puesto de trabajo. A esto es
a lo que se ha reducido ese brillante discurso de la construcción
europea. Acabo de afirmar que el Pacto de Estabilidad es el ajuste
permanente. Razones: para empezar, ustedes, a través del Pacto de
Estabilidad, se comprometen a ir reduciendo el déficit hasta llegar al
superávit, para poder pagar con el superávit los intereses de la deuda
pública cuando éstos excedan del 60 por ciento que Maastricht prevé como
condición sine qua non para ingresar en tan excelso club. Sus señorías
podrán calcularlo clarísimamente. Si para reducir el déficit al 3 por
ciento ha habido que recortar gastos sociales, gastos de inversión y ha
habido que hacer trampas en la contabilidad, la famosa contabilidad
creativa, ¿me pueden decir SS. SS., y usted, señor Presidente del
Gobierno, cuánto gasto hay que reducir para llegar a déficit cero? Es
más, ¿cuánto gasto hay que reducir para tener superávit? Esto es el
ajuste permanente, y si no que me diga alguien cómo van ustedes a llegar
al déficit cero, en la perspectiva de tener superávit, sin aumentar los
impuestos, con la tendencia que ustedes tienen en el gasto fiscal, que en
los presupuestos de este año han sido 3,8 billones de pesetas.
Explíqueme, señor Presidente, cómo se puede ir a reducir el déficit en
esta perspectiva, si además se intenta bajar o reducir la fiscalidad; una
laxitud fiscal que, como ya denunciaba el otro día en el debate del
estado de la Nación, afecta naturalmente a las grandes empresas y a los
detentadores de grandes beneficios.
La tercera línea que hace que yo diga aquí que el Pacto de Estabilidad y
crecimiento es el ajuste permanente es la elevación de un altar a esa
deidad que ustedes llaman competitividad, como la permanente
justificación de la disminución progresiva de los costes salariales.
Señor Aznar, el otro día vi un estudio en Francia acerca de cómo
muchísimas empresas se habían ido de territorio francés y se habían
instalado en el sudeste asiático. Hay una lógica de la empresa, del
sistema capitalista: que va donde hay beneficios, es normal. Estamos ante
lo que se llama la deslocalización, la descentralización productiva y,
por tanto, si los Estados-nación de la Unión Europea intentan gravar para
sacar dinero con el que poder pagar las políticas sociales, las empresas
vuelan. ¿Por mor de qué? Por mor de la famosa competitividad, costes
salariales mucho más bajos, casi a precio de mantenimiento de la persona
y, por tanto, con el problema y la excusa de la competitividad ustedes no
tienen más remedio que seguir reduciendo los salarios y abaratando el
despido, para que ustedes puedan competir con los demás en base a
abaratar el producto y, claro, eso exige una flexibilidad total en los
mercados laborales en torno al despido y en torno a la facilidad de ese
despido.
Señorías, el Círculo de Empresarios tiene todos los años unas
publicaciones muy interesantes que hay que leer. La que puso fin al año
pasado, diciembre de 1996, contiene una serie de estudios en torno a una
nueva visión de la economía (las llaman las zonas monetarias óptimas) y
vienen a decir: cuando se pretende poner una moneda única en diversos
territorios, distintos Estados, para que esto sea relativamente fácil
tienen que concurrir tres condiciones, la primera es que las economías de
los distintos Estados sean similares, la segunda que haya un presupuesto
común digno de tal nombre y la tercera que haya una libre circulación de
capitales, de mercancías y de trabajadores, cosa que todavía no se ha
puesto en la Unión Europea. Y dicen los ilustres economistas que
desarrollan esta teoría: como ninguna de estas tres condiciones se da en
la llamada
construcción europea, esto en el caso de España tiene dos consecuencias
clarísimas: mayor flexibilidad en los mercados laborales, es decir, el
despido y el abaratamiento del despido (y en eso estamos) y, por
supuesto, mayor incidencia en el tema de las pensiones y jubilaciones.
Por tanto, concluyo esta parte: Pacto de Estabilidad sinónimo de ajuste
permanente.
Pero es que el Pacto de Estabilidad, que es el meollo de lo que ustedes
llaman construcción europea, porque ya han abandonado toda esa idea
--creo que era un recurso para ocultarle a la gente lo que había detrás--
de construir Europa, es incompatible con el Estado del bienestar; no
puede ser. ¿Cómo pueden ustedes hablar de reducir déficit, de mantener un
equilibrio presupuestario bajando los impuestos, privatizando el sector
público, y un largo etcétera, y mantener aquellas conquistas que han
venido en denominarse Estado del bienestar: el empleo fijo, las
pensiones, las jubilaciones, la educación, la salud? Es imposible.
Pitágoras dice que no es posible. Por tanto, el Pacto de Estabilidad, con
su imposición del equilibrio presupuestario, dice clarísimamente, a pesar
de todos los discursos que ustedes digan, que apostar por el Pacto de
Estabilidad y por el Estado del bienestar es decir una cosa y su
contraria, y ya va siendo hora de desmontar este discurso falaz que
plantea que ambas cosas son simultáneas, son cohonestables o son
coincidentes; no, una excluye a la otra.
Pero el Pacto de Estabilidad es un impedimiento para la creación del
empleo. Sí, señorías, no se crea empleo y voy a argumentar. La memoria de
esta Cámara, tan plagada de intervenciones europeístas, llamando a la
unidad de Europa y descalificando a otros porque ésta era la construcción
europea, recordará la cantidad de piropos que aquí se echaron al libro
blanco del señor Delors; eso iba a crear 15 millones de puestos de
trabajo; esta es la demostración de que los euroescépticos se han
equivocado. ¿Dónde está el libro blanco de Delors? En la papelera. ¿Dónde
están las solemnes declaraciones de ustedes aquí, en esta tribuna, hace
años? Se han olvidado. Pero el libro blanco pasó y llegó otro documento
sobre la confianza, el documento del nuevo comisario, el señor Jacques
Santer... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Anguita. Señorías, guarden
silencio.
Señor Anguita, vaya concluyendo, por favor.
El señor ANGUITA GONZALEZ: Voy concluyendo.
¿Dónde está el pacto de confianza del señor Santer? ¿Fue tirado en la
cumbre de Florencia? Y aquí hay que ver las cosas que ustedes dijeron.
Vamos a sacar el «Diario de Sesiones». Estábamos nuevamente descubriendo
el Mediterráneo, nuevamente la construcción europea. Y hablaba
simplemente --era más modesto que el plan Delors-- de crear puestos de
trabajo. Y, bien, tantas veces he traído aquí este ejemplo ..., pero
nunca lo encuentro en sus intervenciones. Hay un informe del Parlamento
Europeo, con un trabajo previo del señor Ken Coates, donde se afirma que
de seguir ustedes con el Pacto de Estabilidad, va a aumentar el paro en
Europa. Argumenta, razona. Cualquier día teníamos que debatir aquí sobre
estas cuestiones con más tiempo y no hacer un debate puramente
formulario, porque es un acuerdo del Parlamento Europeo que no ha sido
refutado nada más que por cuñas publicitarias. Ningún dato riguroso,
ninguna línea argumental. Pero es que, claro, la cumbre de Amsterdam, la
del empleo, gracia hace escucharlo: la cumbre de Amsterdam, la cumbre del
empleo. Vamos a ver qué ha hecho la cumbre de Amsterdam.
Para empezar dice: No se preocupen ustedes, va a haber una reunión
especial del Consejo el 17 y el 18 de octubre en Luxemburgo. ¿Para qué?
Para discutir. Es decir, llevan años y años, cumbre tras cumbre, hablando
del empleo, diciendo que es muy importante, no tomando ninguna medida.
Eso sí, de pronto, solemnemente, vámonos a octubre y hagamos una cumbre
especial. ¿Para qué? Para seguir hablando del empleo. Pero, claro, hay
una resolución. A veces me recuerdan ustedes un poco a los magos que
creen que por escribir algo o por dibujar a una persona ésta se
transforma en realidad. Y hay en su discurso elementos del pensamiento y
de la magia. El empleo se va a abordar. En el tratado no hay ni más ni
menos que una resolución. Bueno, ¿y qué? ¿Qué dice la resolución? Y lo ha
leído, de la pluma del señor Tony Blair. ¿Quién diría las cosas que
escriben algunos señores? ¿Dónde están los compromisos? ¿Están
cuantificados? ¿Dónde están los plazos? Es algo genérico. Es decir, habla
del empleo, eso sí, cumpliendo el Pacto de Estabilidad, apagando el fuego
echándole gasolina. Y, claro, habla de que va a haber una financiación.
¿Y de dónde sale la financiación? Bueno, pues cuando en el año 2002 se
acabe el Tratado de la CECA, 600 millones de ecus se van a aportar a la
creación de empleo.
Las cuatro recetas de siempre, a saber: competitividad, moderación
salarial, flexibilidad laboral y disciplina presupuestaria. Mézclese,
agítese y sírvase, es la misma bebida, cumbre tras cumbre. Y el paro
aumenta en Europa. Los mismos elementos, la misma música, la misma
canción, fracaso tras fracaso, pero estamos construyendo Europa y el paro
está ahí en el horizonte y en la realidad palpable de Europa.
Pacto de Estabilidad y democracia. Yo quiero llamar aquí la atención de
SS. SS. porque esto es bastante serio. Hay una auténtica aberración en la
que incurrió Buchanan y demás secuaces --y lo digo en el sentido de
seguidores, como dice el diccionario--, que es constitucionalizar el
déficit, en un texto constitucional explicitar que sería
anticonstitucional pasar de determinado déficit. Es decir, en la política
económica, que es un instrumento de un gobierno votado por el pueblo
para decidir sobre todo y, por supuesto, sobre la economía, hay un umbral
ante el cual se para, y ese umbral significa el déficit que ha sido
constitucionalizado. ¡Qué razón llevan los economistas a los que antes he
citado cuando en bastantes de sus publicaciones dicen algo tremendo que
SS. SS. no quieren discutir, que dan de lado! Cuando dicen: Maastricht es
nuestra auténtica democracia, ¡qué razón llevan! Por eso ustedes olvidan
la Constitución. Dicen que el artículo 35, como dijo un ilustre
parlamentario aquí, era obsoleto o el 40 o el 41 o el de la vivienda o el
de las pensiones. ¿Por qué? Porque la auténtica Constitución que, eso sí,
tiene un gran respaldo en esta Cámara, yo diría que el 94 por ciento está
en contradicción con ese Pacto de Estabilidad. Por tanto, esto atenta
contra la democracia, atenta en el sentido que la reduce, que la lamina,
que la constriñe, que impide que ésta pueda votar con todas sus
posibilidades dentro del texto constitucional. Se eleva a categoría de
fines aquello que es un instrumento. En puridad, en cualquier doctrina o
teoría política clásica --y clásico no es antiguo, clásico es lo que
permanece por encima del tiempo--, el control sobre el déficit, el manejo
del presupuesto, son instrumentos para fines superiores y en este caso y
en nuestro ordenamiento constitucional, los fines superiores son el pleno
empleo, la justicia social, la vivienda, pero cuando transforman ustedes
los instrumentos en objetivos, ustedes conculcan toda la lógica de la
política y, por ende, conculcan el ordenamiento jurídico y
constitucional, sin quererlo, por supuesto, le vacían de contenido. Y,
¿saben SS. SS. por qué esto es así, aparte de la pruebas que estoy dando?
Porque no hay nada más que leer el documento que casi todos los grupos de
esta Cámara --con la excepción de Izquierda Unida y algún otro-- han
suscrito en la Comisión Mixta Congreso-Senado, en el que sobre el paro
sólo hay catorce renglones. Es muy fácil venir aquí y decir: Nos preocupa
mucho el paro. Pero cuando ustedes llegan y se ponen a discutir elevan a
Europa un documento con catorce renglones sobre el paro y están de
acuerdo en todo ello. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
Pues bien, ¿qué dice esto? Que el pensamiento único significa que lo más
importante es que no haya déficit, que no haya inflación y que toda la
economía tiene que someterse a lo que la representa, que es la moneda, y
no al revés. Ustedes piensan de una manera única en economía. Y el
pensamiento único ustedes lo elevan a la categoría de pensamiento único
dentro de las posibilidades del ser y dan el siguiente paso
escalofriante: No existe ya otra política económica, esta es la verdad.
Eso es trasladar el pensamiento a la teología, a la definición. Y como
consecuencia de trasladar el pensamiento económico a la definición
teológica, ustedes transforman, sin querer, la democracia en un sistema
puramente electoral. Porque ya no se puede discutir de política
económica, ésta queda fuera de las decisiones de los grupos políticos,
ésta queda fuera de la opinión, porque la política económica es como
Dios, no se puede discutir, porque es eterna desde siempre. Este es el
tremendo drama, este es el cáncer que mina lo que ustedes llaman
construcción europea y que después de todo es el Pacto de Estabilidad.
Termino. Muchas veces hemos venido manifestando estas opiniones y estos
datos. Algunas de SS. SS. podían perder una parte de su tiempo que
dedican a ejercitar, quizá sin mucho control de la mente, la garganta, y
leer --creo que no hace daño a nadie--, leer lo que se ha dicho aquí por
Izquierda Unida desde hace seis años y tener siquiera un pequeño arrebato
de modestia por reconocer que se han equivocado ustedes. Y que los datos
de la realidad, que se palpan, que se tocan, en esto que ustedes
impropiamente están llamando construcción europea, avalan nuestra
posición. Estamos dispuestos a discutirla, a dialogar, constatando datos
con datos, resultados con resultados, sin afirmaciones apriorísticas, sin
dogmas de ningún título y, sobre todo, sin hacer ese grandioso gesto de
subordinación a esa planificación burocrática que es lo que ustedes están
haciendo con el hermoso nombre de construcción europea. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Anguita.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señorías, los dos días de la
cumbre de Amsterdam han tenido un reflejo completamente opuesto en los
medios de comunicación y en el propio progreso de la Unión Europea. Los
temores previos a la cumbre sobre un fracaso generalizado de la misma a
causa de los cambios políticos en Francia o en Gran Bretaña, dos de los
grandes países miembros, e incluso las tensiones de Alemania, se
disiparon el lunes cuando se discutieron los temas relativos a la
construcción de la Unión Económica y Monetaria. En cambio, si la
valoración del lunes, la vertiente económica, fue positiva, la valoración
del martes, a través de la vertiente política, ha sido calificada incluso
de fracaso por el hecho de no haber llegado a ningún acuerdo sobre la
reforma de las instituciones de la Unión. A nuestro entender, esta doble
realidad demuestra de nuevo que la construcción europea avanza; con
lentitud, pero avanza, sin detenerse y sin grandes impulsos,
particularmente en los dos años y medio últimos. Pero también demuestra
que, en cualquier caso, Europa no retrocede.
Paradójicamente, las consideraciones previas a la cumbre concentraron los
temores al fracaso en el ámbito económico, en la paralización del Pacto
de Estabilidad y en el posible retraso del calendario del euro. De
haberse cumplido estas perspectivas, aquellos Estados que, como España,
están haciendo un esfuerzo de convergencia con perspectivas de éxito
hubiéramos sido
los más perjudicados. Afortunadamente, la Unión Europea no ha fracasado
en este ámbito, sino al contrario. En Amsterdam la construcción de la
Unión Económica y Monetaria se ha fortalecido, constituyendo así uno de
los éxitos de esta cumbre. Concretamente --lo ha recordado el señor
Presidente del Gobierno--, se ha ratificado el calendario establecido,
que permitirá que la tercera fase de la Unión Monetaria se inicie, tal
como estaba acordado, el 1 de enero de 1999, y se ha ratificado el Pacto
de Estabilidad, sin modificaciones, decidiéndose igualmente aprobar dos
reglamentos para asegurar el nacimiento de un euro fuerte y solvente.
Prueba palpable del éxito de la cumbre de Amsterdam en relación a la
Unión Económica y Monetaria es la credibilidad con que los mercados
financieros internacionales han acogido esos resultados, estabilizando
incluso algunos movimientos especulativos sobre las divisas europeas, que
habían empezado a despertarse con motivo de los resultados del último
proceso electoral en Francia.
El segundo éxito de la cumbre se centra en la política de empleo. Es
cierto que la cumbre de Amsterdam no ha materializado programas e
incentivos específicos de ámbito comunitario para llevar a cabo las
medidas contenidas en el Libro Blanco sobre crecimiento y creación de
empleo propiciado en su momento por Jacques Delors, pero en Amsterdam se
ha conseguido incorporar el empleo al tratado europeo. Hay que recordar
que el empleo figuraba en el Tratado de Maastricht sólo como un anexo a
causa de la negativa de Gran Bretaña a suscribirlo. En cualquier caso, la
incorporación ahora al Tratado de Amsterdam elimina los temores a una
futura práctica de dumping social dentro de la propia Unión Europea. En
segundo lugar, la cumbre ha asumido el compromiso de celebrar el próximo
semestre una reunión extraordinaria del Consejo Europeo, bajo la
presidencia luxemburguesa, con el tema monográfico de la lucha contra el
desempleo. Y, en tercer lugar, en Amsterdam se han planteado diversas
actuaciones piloto, que incluso podrán ser financiadas con recursos
comunitarios, para potenciar políticas de empleo.
Permítanme, señor Presidente y señor Presidente del Gobierno, que, un
poco al hilo de las discusiones habidas a lo largo de esta tarde, haga un
comentario al respecto, aunque creo que la posición de nuestro grupo ya
quedó bastante explicitada en el debate de política general de hace
quince días. Para España, la política de convergencia --la política de
convergencia europea es la política del equilibrio de las grandes
variables macroeconómicas-- es la política para la creación de empleo.
Existe una total y absoluta correspondencia entre la política económica
necesaria para converger con Europa y, en el caso español, la política
necesaria para crear empleo, probablemente gracias al esfuerzo de muchos
años, probablemente gracias a la coincidencia de los grandes partidos de
esta Cámara --también el nuestro--, probablemente gracias incluso a la
suerte por el momento económico en el que se está procediendo a la
convergencia. Todo ese conjunto de circunstancias ha hecho que, en
nuestro caso, cumpliendo Maastricht crezcamos por encima de la media
europea, creemos más ocupación que nadie, manteniendo e incluso mejorando
el Estado del bienestar. Por desgracia, ese no es el caso de otros países
de la Unión Europea: la propia Alemania, Francia, Italia. Para cumplir
los parámetros de Maastricht algunos de estos países han tenido que
recortar las prestaciones de su Estado del bienestar y algunos han tenido
que incrementar la presión fiscal, como es el caso de Italia, con lo cual
y como consecuencia de todo ello crecen poco e incluso crean paro. No es,
insisto, el caso de España, en el que la política de convergencia es
exactamente la política que debemos hacer para crear empleo; coinciden
plenamente.
Siendo y debiendo ser como es nuestro objetivo la creación de la moneda
única en los plazos convenidos, señor Presidente del Gobierno, nuestra
situación es enormemente positiva, como estoy explicando, respecto a la
posibilidad de incorporación en la primera velocidad europea de la Unión
Monetaria, incluso la forma en que estamos consiguiendo esa convergencia
compatible con el crecimiento y con la creación de empleo. A pesar de esa
situación debemos intentar huir de presumir en exceso por cuanto que no
hay que olvidar que esos países, Italia, Francia, a los que me refería
anteriormente, que hoy están pasando por problemas momentáneos, son mucho
más fuertes estructuralmente que nosotros. Son dificultades momentáneas,
transitorias, pero son capaces de tener un producto interior bruto per
cápita muy superior al nuestro y, por tanto, hay que intentar pasar
humildemente por esta situación, aunque la nuestra es mucho mejor en este
momento que la de esos países. Sin embargo, nuestra situación no es
independiente de unas políticas comunitarias que nos están permitiendo
crecer, por ejemplo, gracias en buena parte a esos fondos estructurales,
a los fondos de cohesión.
Un poco al hilo de la discusión que se ha producido por la intervención
del portavoz socialista, secretario general del Partido Socialista Obrero
Español, sepa, señor Presidente del Gobierno, nuestro apoyo total y
absoluto a su posición en el sentido de que hay que ser conscientes de
que parece que éste no es momento como para que se generen nuevos
recursos para políticas comunitarias y, por tanto, cualquier política que
pretendiera utilizar para la creación de empleo nuevos fondos
comunitarios, no serían nuevos, serían los que ya existen. Nuestro
convencimiento es que difícilmente encontraríamos unos fondos que fueran
más capaces de crear empleo, en nuestro caso, que los fondos de cohesión
y los fondos estructurales de los que hoy disponemos.
Por tanto, estamos de acuerdo con su política de precaución sobre esas
políticas de creación de empleo,
convencidos como estamos de que en nuestro caso la mejor política de
creación de empleo es la política de convergencia y ese debe ser nuestro
gran objetivo: política y convergencia, inicio de la tercera fase de la
Unión Monetaria el 1 de enero y un euro lo más fuerte posible. Esa es la
política que entendemos está llevando a cabo el Gobierno.
Lamentablemente, los avances de Europa en materia económica y en materia
de empleo no han tenido su complemento en materia política. Valoramos
positivamente el incremento de poderes del Parlamento Europeo que ha de
permitir a la Eurocámara incrementar sus facultades de codecisión --antes
en muchos casos sólo la tenía de consulta-- en nuevos ámbitos. Es de
esperar, además, que los avances en la idea de lograr un procedimiento
electoral uniforme permitan plantear en su momento algo que usted sabe,
señor Presidente del Gobierno, desearía nuestro grupo, en todo caso antes
de la ampliación: la revisión del actual modelo de circunscripción única
aplicada actualmente en España y en algún otro Estado de la Unión.
También hemos recibido favorablemente que el Comité de las Regiones vea
ampliado --usted ha hecho referencia a ello, aunque sólo sea
ligeramente-- su ámbito de actuación y reforzada su estructura. La
mención singular en este contexto de la cooperación transfronteriza,
siguiendo la propuesta del Gobierno español, supone la inclusión en el
tratado de algo que desde Cataluña como desde cualquier comunidad
fronteriza hemos dado siempre gran importancia.
Lo anterior no puede ocultar que en los aspectos más trascendentales de
la reforma institucional, el Consejo Europeo no ha sido capaz de alcanzar
el consenso mínimo deseable. Hemos perdido una ocasión de recuperar el
equilibrio de poderes entre los Estados en el seno de la Unión, y este
cierre en falso deja sin resolver un aspecto de capital que sin nuevos
datos que alteren las posiciones actuales de unos y otros, deberá ser
necesariamente resuelto antes de la aceptación de nuevos miembros en la
Unión. El acuerdo alcanzado, gracias nuevamente a la posición de firmeza
del Gobierno español, deja claro que toda modificación del Colegio de
comisarios pasa por una previa revisión del peso de España en el Consejo
de Ministros. Es éste un mínimo que ha de ser valorado en cualquier caso
de forma positiva. Con toda seguridad es éste, señor Presidente, uno de
los compromisos que usted deberá vigilar con mayor atención en las
próximas cumbres hasta la aprobación definitiva de la reforma
institucional.
Los progresos ciertos en los ámbitos de justicia e interior han sido
menores de los que hubiera podido esperarse. Los ciudadanos tienen
derecho a exigir que Europa sea también cuanto antes un gran espacio de
libertad, seguridad y justicia, donde la cooperación policial y judicial
avance al mismo ritmo que la internacionalización de la delincuencia
organizada en el tráfico de drogas, el fraude, la criminalidad sexual o
el terrorismo. Pese a lamentar el aplazamiento durante cinco años de la
plena comunitarización de estas materias y los excesivos recelos y
dificultades que se han manifestado en esta cumbre, no dejamos de valorar
los progresos alcanzados, entre los que destacan, ya se ha dicho aquí, la
incorporación del sistema de Schengen como cooperación reforzada en
algunos Estados de la Unión, la previsión de una cierta capacidad
operativa para Europol a medio plazo y el establecimiento de nuevas
competencias de la Comisión y del Tribunal de Justicia en este ámbito.
En este contexto hay que valorar en su justa medida la aceptación final
del sentido de la propuesta española en materia de asilo a ciudadanos de
la Unión Europea. En todo caso, razones, algunas de ellas bien fundadas,
de carácter constitucional, alegadas por algunos Estados, unidas a otras
que, aunque respetables, tienen un fundamento mucho más discutible, han
conducido a un resultado que, sin suprimir el derecho de asilo en el seno
de la Unión, tiene la virtualidad de dificultar políticamente su proceso
de concesión. El asilo como vía fraudulenta para eludir la extradición
queda así neutralizado. En toda negociación es lícito pedir diez para
obtener cinco. Desde esta perspectiva hemos apoyado y apoyamos al
Gobierno, al anterior en su momento, ahora al actual en la posición que
han sostenido en esta materia.
Asimismo, en el marco de la defensa y la política exterior y de seguridad
común, es indudable que si lo alcanzado ha de medirse con las
aspiraciones que en abstracto defiende un europeísta convencido, los
avances han sido mínimos. Pero si nos ceñimos a la historia de esta
Europa que conocemos, podemos percibir algunos avances que nos impiden
perder la esperanza. La Unión Europea Occidental sigue desvinculada de la
Unión Europea, pero no se rechaza su estrecha vinculación y la vocación
de aquélla de integrarse en ésta. Se reconoce expresamente el papel que
la Unión Europea Occidental ha de desempeñar en las operaciones
humanitarias o de pacificación. Por otro lado, parecen haberse mejorado
los instrumentos que han de permitir a la Unión Europea tener un activo
papel político en las relaciones internacionales, aunque de nuevo es
indudable que estamos lejos de lo que sería nuestro modelo ideal. La
creación de la figura de un alto representante de la Unión en política
exterior en la persona del secretario general del Consejo juntamente con
la llamada --aquí ya se ha hecho referencia-- abstención constructiva en
el mecanismo de toma de decisiones, pueden dar un nuevo impulso a una de
las más graves carencias de la Unión Europea, sobradamente puesta de
manifiesto, por desgracia, en los últimos años en Sarajevo, en Gaza o en
Kinshasa. Convendrá de todos modos que el Gobierno español siga teniendo
una participación activa en la política exterior de la Unión
particularmente en algunos ámbitos específicos, los referentes a
Iberoamérica, a los países del Magreb o a la ribera mediterránea.
Valoramos de manera positiva que el nuevo Tratado de la Unión Europea
incluya en su articulado --y no sólo en un protocolo anexo-- la creación
de un estatuto especial para las regiones ultraperiféricas, entre las que
se encuentran las islas Canarias. Es positivo que se hayan asegurado una
serie de ventajas para el territorio de Canarias de carácter fiscal,
agrícola, pesquero, aduanero y de acceso a las materias primas, y que se
incluya, como digo, en una mención expresa de garantías para las zonas
francas.
Finalmente, entendemos que el nuevo tratado contiene dos menciones
novedosas que para nosotros tienen particular significación: por un lado,
la llamada a la Comunidad a respetar y fomentar la diversidad de sus
culturas en el conjunto de sus actuaciones y, por otro, la nueva
declaración, a la que también ha hecho referencia el señor Presidente del
Gobierno, sobre el voluntariado en su dimensión europea, que sin duda
será un estímulo para nuevas iniciativas en este ámbito.
El nacimiento del Tratado de Amsterdam da por concluida la Conferencia
Intergubernamental, con lo que queda despejado el camino para acometer el
proceso de ampliación hacia los países de la Europa central y oriental,
hecho que comporta un proceso generalizado de revisión de todas las
políticas de la Unión Europea, incluidas las políticas agrícola y
estructural, las cuestiones horizontales relativas a la ampliación, el
futuro marco financiero posterior a 1999, la distribución de fondos
estructurales, etcétera. Este proceso es el que se ha venido en llamar la
Agenda 2000.
En este sentido es de destacar la premura con que se procederá a dar
contenido a dicha Agenda. En el consejo de Luxemburgo a celebrar en el
mes de diciembre de este año ya se deberán adoptar las decisiones
necesarias sobre el proceso global de ampliación. En opinión de nuestro
grupo parlamentario es importante no postergar el análisis sobre la
ampliación, pero debemos ser conscientes de que para afrontar cualquier
nueva ampliación la Unión Europea debe consolidar antes su nuevo status.
A nadie escapa que la discusión en torno a la ampliación y a las
consecuencias que ésta tendrá sobre las políticas comunitarias es un reto
muy importante para España. Somos el principal país receptor de los
fondos estructurales y del Fondo de Cohesión, y uno de los principales
receptores de la PAC. No negaremos la importancia política que tiene la
ampliación de la Unión Europea para la Europa central y oriental. Nuestro
grupo siempre se ha manifestado favorable a dicho proceso, pero ello no
debe ser óbice para que, antes de proceder a la ampliación, se produzca
una verdadera reflexión sobre las repercusiones que tendrá la misma en
todos los sectores porque, de lo contrario, la ampliación podría originar
problemas de muy difícil resolución.
Por ello, creemos que es imprescindible que, a lo largo del próximo
semestre, bajo la presidencia luxemburguesa, el Gobierno español y las
Cortes Generales participen de manera intensa en las discusiones
relativas a la Agenda 2000 y defiendan los intereses españoles en todos
aquellos aspectos que deberán ser objeto de reforma. Para garantizar la
participación de las Cortes en los aspectos relativos a la Agenda 2000,
nuestro grupo parlamentario propone que la subcomisión constituida en el
seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de seguimiento de la
Conferencia Intergubernamental de reforma del Tratado de la Unión
Europea, ahora que se ha dado ya por concluida la Conferencia
Intergubernamental, se transforme en una ponencia de seguimiento de los
trabajos, que concluirán en una comunicación de carácter general conocida
como Agenda 2000.
A modo de conclusión, señor Presidente, señorías, señor Presidente del
Gobierno, la cumbre de Amsterdam ha garantizado de manera firme la
creación de la moneda única a partir del 1 de enero de 1999, y lo ha
hecho asegurando para el euro una solvencia en los mercados financieros
internacionales. España ha salido ganando con la ratificación de este
compromiso porque consolida las perspectivas en las que viene trabajando
y porque el Pacto de Estabilidad sienta las bases para la consecución de
un crecimiento estable en el área comunitaria. En segundo lugar,
celebramos la inclusión del empleo como política prioritaria de la Unión
Europea, lo que contribuirá a dotar de mayor credibilidad al proceso de
implantación del euro. En tercer lugar, lamentamos el lento avance en la
reforma institucional, que es el reflejo de que la construcción de la
Europa política es mucho más lenta que la construcción de la Europa
económica. Sin embargo, confiamos en que esta reforma se desbloqueará
antes de la ampliación europea y que España podrá mantener su peso
específico en la nueva Unión Europea, tal como se desprende de los
compromisos alcanzados en Amsterdam.
Si me permite, señor Presidente del Gobierno, en lenguaje coloquial y
ante las expresiones del señor portavoz que me ha precedido en el uso de
la palabra --unos dicen que fue Mao, otros que era Bismarck; en cualquier
caso, a mí me lo dice un labrador amigo mío--, las alcachofas hay que
comérselas de hoja en hoja. En este momento, para construir Europa, no
para hacer otra cosa, para construir Europa y para crear ocupación, hay
que comerse la hoja de la alcachofa de la convergencia europea, lo que
nos permitirá, después y en base a eso, construir esta Europa por la que
venimos trabajando desde hace tiempo.
Permítame, señor Presidente, antes de finalizar, mencionar una reunión
aunque tenga relación simplemente por el momento en que se está
produciendo. Señor Presidente del Gobierno, hoy ha comenzado en Bruselas,
como probablemente conocerá --de hecho, se inauguró ayer, aunque hoy han
comenzado propiamente las sesiones de negociación--, la cumbre
preparatoria
de la convención sobre la prohibición del uso, almacenamiento, producción
y transferencia de minas antipersona y su destrucción. Esta reunión, que
viene enmarcada en el proceso de Otawa, va a necesitar que un conjunto de
Estados adopte una actitud decidida y sin titubeos para conseguir la
prohibición total de las minas antipersona. Si la delegación española no
se situara entre los Estados líderes, es evidente que se alejaría del
espíritu y de la letra de la proposición no de ley que este Pleno aprobó
el pasado día 25 de febrero por unanimidad del conjunto de la Cámara.
Como no estamos seguros de que la posición de la delegación española vaya
en este sentido, de ahí mi llamada y mi petición, señor Presidente del
Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Molins.
En nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, el Tratado de
Maastricht contenía una previsión de reforma en el momento de su
aprobación. Para ello, hace quince meses se lanzó en Turín una
Conferencia Intergubernamental con el objetivo de elaborar un nuevo
tratado europeo que sirviera para corregir las deficiencias del
funcionamiento institucional, democratizar la Unión, desarrollar una
política exterior y de seguridad común, crear un espacio judicial y
policial europeo y preparar la futura ampliación al Este. Su culminación
estaba prevista en la cumbre de Amsterdam. Sin embargo, en los últimos
días, las tormentas políticas arreciaron. La madrugada del martes ustedes
desistieron del intento de coronar la cumbre y volvieron al campamento
base con un cierto perfil bajo. Hubo quizás una decepción en las filas
europeístas, pero también hay que reconocer que se mantienen los
objetivos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Quizás el error ha consistido en lanzar una reforma institucional
profunda en un momento en el que la Unión Europea prepara una revolución,
que es la moneda única, y como decía Jean Monet a Europa la hará la
moneda. De esta forma, el intento de reforma ha estado viciado y preso de
un calendario que no admite demora. Hace dos semanas el nuevo Primer
Ministro francés anunciaba nubarrones al negarse a aceptar el pacto de
estabilidad, un serio programa de control de gasto público para después
de 1999, si no se complementaba con una apuesta seria por el empleo y con
la creación de un contrapoder político al futuro Banco Central Europeo.
El cuestionamiento de un pacto ya cerrado en Dublín el pasado diciembre,
y que sólo requería una plasmación jurídica en Amsterdam, se convirtió en
el tema estrella de la cumbre: había que salvar los muebles del euro y la
reforma institucional quedaba hasta cierto punto aparcada.
La cumbre de Amsterdam, pues, hubiera podido calificarse como fracaso si
el pacto de estabilidad y el camino hacia el euro se hubiesen cerrado en
falso. Su resultado final está más cerca de una decepción en la medida en
la que no se ha cubierto el objetivo previsto, pero por otro lado la
implantación de la moneda única y el pistoletazo de salida que se ha dado
a la ampliación a los países del centro y este de Europa va a obligar a
medio plazo a llevar a cabo todas las reformas que los temores, las
dificultades y los intereses del momento han impedido culminar en
Amsterdam.
El Presidente del Parlamento Europeo se preguntaba el pasado domingo qué
pueden pensar los ciudadanos europeos cuando ven desfilar un tratado
después del otro, mientras apostaba por una reforma en profundidad que
preparase la Unión Europea para unos cuantos años. Además, Gil Robles
advertía a los jefes de Gobierno de los mínimos necesarios que había que
abordar ahora: una extensión importante del voto por mayorías
cualificadas en lugar de por unanimidad, generalización de la codecisión
legislativa del Parlamento Europeo a todas las materias, la limitación
del número de comisarios a uno por país y una cierta ponderación del
voto. Finalmente, el Presidente de la Eurocámara se preguntaba si unas
modificaciones mínimas en el tratado de política exterior y de seguridad
permitirán evitar la impotencia de la Unión Europea en casos como la ex
Yugoslavia o los Grandes Lagos africanos.
Respondiendo, pues, a su intervención, podríamos decir que Amsterdam es
un tratado más en el desfile, que exigirá pronto uno nuevo. En lo que
respecta a esas reformas institucionales mínimas para evitar el bloqueo
de las unanimidades y aumentar el control democrático y parlamentario de
la Eurocámara, así como para aumentar la eficacia en la toma de
decisiones, han quedado en gran medida aparcadas, y la respuesta a la
sangrante pregunta última sobre la política exterior creo que es
absolutamente clara: nada. Ni siquiera las cuestiones de fondo planteadas
sobre el euro han sido resueltas con claridad.
Por ejemplo, ¿cómo se van a articular las relaciones entre ese Banco
Central y los poderes públicos? ¿Qué va a priorizar esa política
monetaria y con qué criterios? ¿Solamente la estabilidad y la fortaleza
de la moneda o también el crecimiento y la creación de empleo? Podría
pensarse que es una reflexión nueva, obligada por la victoria socialista
en Francia, pero de hecho la inició Giscard d'Estaing el pasado otoño al
incidir en la importancia de la paridad del euro y las monedas europeas
respecto al dólar y cuestionar la política de fortaleza del euro a
ultranza. El propio Juppé declaraba en diciembre: nuestros amigos
alemanes no quieren un euro débil, nadie lo quiere, yo quiero un euro
justo para fortalecer el empleo. Estoy convencido
de que estas cuestiones no deben dejarse sólo en manos de los
gobernadores de los bancos centrales.
Amsterdam ha hecho, pues, en esta materia lo que ha podido. Se ha
mostrado una voluntad de coordinar las políticas económicas de futuro y
de crear mecanismos de apoyo al empleo; pero la desconfianza de los
mercados hacia un debilitamiento del euro en un momento de riesgo como
éste tampoco, es cierto, permitían alegrías. Por otro lado, tampoco la
incertidumbre que despierta en Alemania el cambio de un marco fuerte al
euro permitía flexibilidad en el pacto de estabilidad. Quizá se ha echado
de menos una voluntad de implicar los fondos estructurales y de cohesión
--cuatro billones de pesetas al año-- en acciones de formación y creación
de empleo tan importantes.
Estamos otra vez en una situación de perfil bajo, avanzando con pasos de
geisha, porque la cuestión no es hacer un banco central menos
independiente, sino cómo organizar una rama ejecutiva a nivel europeo. El
problema es que no existe un gobierno federal en Europa y ése, quizá, es
el problema real; pero la revolución, quizá, venga en 18 meses, y esta
transformación del euro va a necesitar un cierto gobierno europeo.
Por otra parte, la ampliación a 20 o 25 miembros obligará a abordar todo
lo que Amsterdam no ha resuelto. Si el euro y la ampliación triunfan, sus
vientos se llevarán nubes y nieves, saldremos tímidamente de la atonía y
el camino hacia una Europa política estará despejado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anasagasti.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
señor Presidente del Gobierno, este debate sobre la cumbre europea de
Amsterdam tiene para Coalición Canaria un valor político y un valor
simbólico fundamental. Usted ha comenzado su intervención haciendo una
prudente y modesta valoración al manifestar que se sentía relativamente
satisfecho. Nosotros, desde Coalición Canaria, nos sentimos ampliamente
satisfechos y queremos que usted también participe de esta amplitud, como
Presidente del Gobierno de España y como político.
Ha sido una labor de todos, de todas las fuerzas políticas
parlamentarias, de este Congreso de los Diputados y del Parlamento
autónomo de Canarias, de los eurodiputados de todos los partidos
políticos, de todos los miembros, tanto de su Gobierno, como del Gobierno
autónomo de Canarias y de todas aquellas personas especializadas que han
trabajado desde hace un par de años y, sobre todo, en estos últimos meses
y semanas en la recta final, para conseguir que lo que fue un deseo y una
inquietud, desde la agenda de la Conferencia Intergubernamental, se haya
plasmado en un hecho importante.
Yo quiero destacar aquí, señor Presidente, un valor político para su
reconocimiento. La exigencia de un estatuto permanente para Canarias fue
uno de los puntos que Coalición Canaria pactó con su partido en el debate
de investidura. Nos sentimos hoy satisfechos de este balance, señor
Presidente, y queremos que también usted se sienta satisfecho, por haber
cumplido uno de los puntos y compromisos del debate de investidura que
usted anunció aquí y que nuestro portavoz igualmente recordó en su
momento.
A ello se han sumado una serie de labores diplomáticas y profesionales.
Quiero destacar aquí a todo el equipo del Ministerio de Asuntos
Exteriores, presidido por su Ministro, don Abel Matutes, porque
verdaderamente le hemos abrumado, tanto con acuerdos en la Comisión Mixta
Congreso-Senado para la Unión Europea, como con las gestiones que los
miembros de Coalición Canaria hemos hecho. Asimismo quiero reconocer aquí
tanto la labor del embajador Elorza, como del Secretario de Estado, señor
De Miguel, y de cuantos les han acompañado. Ha sido una labor de
profesionalidad de la que queremos dejar aquí constancia porque al final
ha sido su propia postura política.
En esta conferencia de Amsterdam puede haber los claroscuros que se
quiera, pero para nosotros lo importante es que Europa sigue avanzando y
que en este examen semestral, con todo lo que se quiera decir en demérito
del mismo, nosotros desde Canarias, con vocación de españoles,
europeístas de primer grado, nos sentimos en este momento en concordancia
con su política, señor Presidente del Gobierno. Esto que le sirva también
de apoyo y de acicate frente a cualquier sinsabor.
Quiero hacer determinadas matizaciones en aquellos aspectos que de alguna
manera tienen relación con la modificación que se ha hecho del punto 2
artículo 227 del Tratado de la Unión. En primer lugar, quiero destacar
aquella ilusión que tuvimos aquí a finales de 1991 cuando se realizó el
Tratado de Maastrich, cuando se firma el 7 de enero por el Gobierno del
Reino de España con los otros países miembros del Tratado de Maastrich,
cuando en octubre de 1991 debatimos en esta Cámara ampliamente el tratado
para obtener la ley orgánica que a finales del año 1992 consigue la
ratificación del tratado. Con esa misma ilusión vamos a estar a partir de
hoy hasta que llegue a esta Cámara la ratificación, donde esperamos que
el voto sea mayoritario a la hora de ratificar este nuevo tratado de
Amsterdam, donde a Canarias se le da por primera vez un reconocimiento en
derecho primario comunitario. Teníamos los antecedentes de derecho
derivado, lo que era el Poseican y la OCM del plátano. Hoy damos este
nuevo paso importantísimo y fundamental desde un punto de vista político
y jurídico. Político, porque es situar a Canarias en el texto y léxico
del artículo 227 del Tratado de la
Unión Europea con derecho propio; jurídico, porque va a permitir el
desarrollo de todas aquellas directivas o reglamentos que hagan
referencia a esta modificación e introducción jurídica obtenida por el
Gobierno español con el apoyo de los socios comunitarios en la reunión de
Amsterdam.
Hay aspectos que quiero destacar. En primer lugar, una táctica de
negociación por la que yo le quiero felicitar, señor Presidente del
Gobierno, porque consiguió, a pesar de las dudas que teníamos en las
últimas semanas en cuanto a los textos que nos ofrecía el Gobierno
holandés, unificar lo que era artículo con lo que era protocolo en un
solo texto. Jurídicamente eso es mucho mejor. Yo no entro en que el
cuarto párrafo de ese artículo nuevo tenga unas garantías, que son las
lógicas de todo consorcio y todo pacto, como tiene la Unión Europea, que
ya están reflejadas en su artículo 130, que es quien remite a las altas
instancias de defensa los derechos individuales o colectivos de cualquier
ciudadano de la Unión Europea o entidad que se pueda sentir menoscabada
en su derecho.
Sobre el tema de cómo se ha redactado el texto de las regiones
periféricas para Canarias, he visto en algún medio informativo que ha
habido una crítica hacia usted. Han dicho que bloqueó durante varias
horas por la noche la firma total del tratado. ¡Pues bien bloqueado,
señor Presidente! El bloqueo era por la cuestión del voto. Si España en
1986, a cambio de tener dos comisarios, renuncia a tener doce votos en el
Consejo, como los otros países, y se queda con ocho, una vez que se
apruebe este artículo 227 del Estatuto permanente de las regiones
ultraperiféricas, fundamentalmente para Canarias, iba a ser muy difícil
desarrollarlo en el futuro, ya que se dice paladinamente que la votación
será por mayoría cualificada. Fíjese si es importante, señor Presidente,
que usted haya bloqueado aquello durante horas y haya forzado, aunque se
haya desplazado en el tiempo, que se resuelva en Luxemburgo o el año que
viene. España necesita esto para la defensa europea de sus derechos,
porque no se es más o menos europeo aquí. El hecho de ser español supone
pleno reconocimiento de europeidad, ya que estamos en el tratado de la
Unión Europea.
Pues bien, si nosotros no modificamos la ponderación de voto podemos
poner en peligro una OCM nueva del aceite de oliva, cuestiones futuras de
la OCM del plátano o el desarrollo reglamentario del estatuto permanente
para Canarias y llevarnos desagradables sorpresas. Manténgase usted en
esa línea, señor Presidente. La apoyamos y le felicitamos por la misma,
porque para desarrollar estas garantías es fundamental que dispongamos de
una equiparación de voto con los otros cuatro grandes países de la Unión
Europea: Italia, Alemania, Francia y Reino Unido. En su día España ha
demostrado ante la Unión Europea con los comisarios que ha tenido --hoy
uno aquí presente, el señor Matutes; su compañero el señor Marín y el
actual comisario señor Oreja-- un ejemplo de sensatez, responsabilidad,
seriedad y garantía. Lo digo también como un principio de satisfacción
para los dos actuales comisarios que he citado, los señores Oreja y
Marín, que han mantenido perfectamente, sin renunciar a un ápice de
europeidad, su sentido de responsabilidad con el país al que representan,
España, del que usted es su Presidente.
Mantengámonos en esa línea, porque no podemos ir a una ampliación de la
Unión Europea que supondría el menoscabo, el desplazamiento de los
intereses del área sur del Mediterráneo hacia otros países. Si ahí
perdemos la batalla de los votos (el nuevo estatuto permanente para
Canarias, una futura OCM del aceite de oliva, una futura renovación de la
OCM del plátano en el año 2002), estaremos en unas condiciones de
precariedad absoluta. Por tanto, nos parece muy bien los bloqueos que se
hayan hecho. También en el año 1991 el entonces Presidente del Gobierno
lanzó un órdago a la grande con el tema de los fondos de cohesión.
Otro asunto que quiero mencionarle en apoyo de su labor política, señor
Presidente, es el de blindar los fondos de cohesión y los fondos
estructurales. Porque el estatuto reconocido para Canarias en este nuevo
artículo 227, en su párrafo tercero, dice --cuando todos los países
miembros de la Unión Europea lo ratifiquemos-- que de lo que se trata es
de ayudas públicas y condiciones de acceso a los fondos estructurales y
los programas horizontales comunitarios. Si los fondos estructurales no
estuvieran blindados, con la labor que usted ha hecho, esto sería acaso
una pura lección de retórica.
No se debe caer en esa demagogia, que nosotros no compartimos, de decir
que porque no se dan fondos estructurales para políticas de empleo no se
crea empleo. No; lo que queremos es que con los fondos estructurales
España vaya financiando infraestructuras, como las de Canarias. Con esa
justificación que se había planteado en el famoso libro Delors, que
afortunadamente no se ha aplicado, nos hubiéramos quedado, tal vez, con
unos proyectos sobre el papel pero sin financiación de fondos
estructurales para obras de infraestructura. Este es un capítulo muy
importante: haber obtenido un blindaje de los actuales fondos
estructurales y de cohesión para que nosotros podamos desarrollar
políticas concretas en España, que benefician al contexto europeo.
Nosotros desde Coalición Canaria hemos dicho que los fondos estructurales
que vayan a nuestra comunidad autónoma y los que irán ahora, al amparo de
este nuevo artículo 227, no son fondos de una falsa política nacionalista
de mirarnos el ombligo. ¿Quién utiliza las infraestructuras que existen
actualmente en Canarias, aparte de los ciudadanos canarios y los
peninsulares que se desplazan allí? De una población de derecho de un
millón y medio de canarios, estamos recibiendo en estos momentos del
orden de los diez millones de turistas de la
Unión Europea. Usted también podrá utilizar el argumento de decir: si os
estamos financiando porque, cuando lleguéis allí a pasar vuestras
vacaciones o en plan de negocios, tendréis una buena infraestructura de
aeropuertos, de puertos, de carreteras, de equipamiento sanitario, de
todo orden, al que el modelo económico, social y político nos tiene que
llevar.
Si se dice que tenemos acceso garantizado a todas estas políticas
aduaneras y comerciales supone el reconocimiento jurídico de lo que es el
acervo histórico del régimen económico y fiscal de Canarias.
Yo quería hacerle, señor Presidente, una reflexión. Esto ha de ser una
pieza que nos permita estar en mejores condiciones para discutir y
negociar el régimen económico y fiscal de Canarias; que se decida en qué
medida, coordinados el gobierno autónomo de Canarias, su consejería
específica, con su Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda, se van a despejar las dudas en Bruselas sobre si el REF está
cerrado o no, después de la zona especial canaria, que afortunadamente
queda recogida también aquí.
Yo le hago al respecto una sugerencia, señor Presidente del Gobierno. Tal
vez sería conveniente que, durante los próximos meses, y hasta que se
alcance la plena ratificación por los parlamentos europeos y, por
supuesto, la de esta Cámara, de este nuevo y bienvenido punto 2 del
artículo 227 del Tratado de la Unión Europea para la región
ultraperiférica de Canarias, se creara en la Administración española
--tocará discernir el ministerio al que le corresponda, bien Asuntos
Exteriores o Economía y Hacienda-- algún órgano de gestión de este nuevo
artículo. Porque ahora España se encuentra con un derecho correspondiente
a lo que es su territorio normal, peninsular y balear, y con lo que va a
ser la especificidad y especialidad de Canarias.
Este artículo tiene como finalidad, y lo tiene magistralmente recogido,
adoptar medidas específicas, en este caso para Canarias como región
ultraperiférica, orientadas --y leo textualmente lo que ustedes han
aprobado allí-- a fijar las condiciones para la aplicación del presente
tratado (es decir, todo el tratado) en dichas regiones, incluidas las
políticas comunes. Las políticas comunes van dentro del marco general de
España, pero estas medidas específicas (aquí le hemos puesto muchas veces
el nombre de estatuto permanente para consolidar lo obtenido, o estatuto
específico) para fijar condiciones para la aplicación del presente
tratado obligará a su Administración, señor Presidente, y cuente ya de
antemano con nuestro apoyo --y me permito decir que el del Gobierno
canario al unísono--, a lo que es en verdad una dinámica de negociación.
Este es un arranque de base jurídica para ya no descansar en las
propuestas que haya de nuevos reglamentos, de nuevas aplicaciones, de
nuevas directivas que sean aplicables al territorio del archipiélago
canario en razón de esta nueva percha jurídica.
Por tanto, ahora es importante trabajar muy codo con codo entre ambas
Administraciones, tanto la central como la autonómica. Por ello sería
conveniente pensar en la creación de un órgano de seguimiento y de
control, porque se negociará aparte, ya que es una aplicación específica.
Termino, señor Presidente, diciendo que yo creo que se ha avanzado
también en el derecho de asilo. La Unión Europea no es un balance de
empresa a ejercicio cerrado. Aquí hay un balance de pérdidas y de
ganancias. Yo creo que en todo lo que hay, aunque las ganancias no sean
desmesuradas son positivas. Conseguir con el derecho de asilo que una
simple petición de acogida no vaya a bloquear un proceso judicial de
extradición, es ir avanzando; se está, además, disuadiendo al terrorismo
y dando un ejemplo de integridad a los otros socios, haga lo que haga al
final el Gobierno de Bélgica o cualquier otro.
Tiene usted nuestro apoyo, señor Presidente, para mantenerse en esa línea
de coherencia, porque defender los legítimos intereses de España en el
marco europeo no es ningún demérito. Parece que aquí se está tratando por
algunas fuerzas políticas que defender una situación específica nacional
en el seno europeo es ir en contra del fenómeno europeo. Es un fenómeno
natural de todo proceso de negociación y de enriquecimiento en la
pluralidad, porque nadie ha dicho desde el Tratado de Roma que tengamos
que ir todos pintados de gris y con la misma talla. Se llevan las
especialidades y especificaciones de tipo político y cultural en un mismo
modelo democrático.
Termino, señor Presidente, con las palabras que el martes por la noche el
Presidente del Gobierno de Canarias, don Manuel Hermoso, decía al
comunicar a los periodistas los resultados de la cumbre de Amsterdam:
gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la
señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, señor Presidente del
Gobierno, señoras y señores Diputados, nuestra reflexión, después de la
cumbre de Amsterdam, ya la hemos realizado en alguna otra ocasión, y es
la diferencia de avance en la integración económica respecto a la
integración política. De hecho, los resultados de la cumbre son
perfectamente visibles a este respecto. Si, por un lado, la primera parte
de la cumbre, en cuanto a la integración económica o al avance en la
unión económica y monetaria, ha sido positiva, no es menos cierto que en
la segunda parte, aquella que hace referencia a la integración política,
los resultados se pueden calificar, no son mis palabras sino las de
algunos responsables de instituciones
europeas, como de fracaso o realmente fracaso total. Creo que es más
acertado decir razonablemente positivo, y no lo que dicen las
conclusiones: trabajos que se han visto coronados por el éxito. En
cualquier caso, sí nos produce la sensación de una cierta frustración,
porque esta reforma del tratado se había percibido desde hace ya bastante
tiempo como una reforma importante, primero por aquellas cuestiones sobre
las que no había sido posible conciliar los ánimos en el Tratado de
Maastricht y, segundo, para recoger aquellas cuestiones que fue necesario
reformar.
Creemos que esto también va a influir en la agenda 2000, porque no es lo
mismo llegar con una reforma correcta de todas las instituciones, que
llegar a una ampliación o, al menos, a una negociación de la ampliación
con cuestiones que están abiertas y de las que nadie sabe cómo se va a
salir con éxito para todo el mundo.
Ha habido una cuestión positiva, y es la incardinación del tema del
empleo como acción comunitaria, sin perjuicio de que se siga manteniendo
como política estatal. Creemos que en este tema hay que hacer un mayor
esfuerzo. En este sentido, el Estado español tendrá que avanzar en sus
posiciones. Sorprende en Europa en muchas ocasiones que el Estado que
tiene un mayor nivel de paro no quiera avanzar igual que el resto de los
Estados. Sabemos que es preciso defender los fondos estructurales y que
es preciso también para nuestra economía que no se relacione el tema del
empleo con los criterios de convergencia. Pero hay que hacer un esfuerzo
sincero para que en el próximo Consejo Europeo extraordinario de octubre
de 1997, no sólo se examinen los resultados de las iniciativas ya
comenzadas, sino que también se hagan propuestas correctas, lógicas con
la economía y la política que se sigue para llevar a cabo las políticas
de empleo. Hay que hacer un gran esfuerzo en este tema y no ir a remolque
de lo que otros Estados están realizando.
En materia de reformas institucionales, hay que señalar que ha sido un
gran fracaso. En primer lugar, ha habido una extensión a las mayorías
cualificadas bastante pobre. Se sigue manteniendo la unanimidad en casi
50 competencias del primer pilar del tratado en aspectos muy importantes.
Tampoco vemos que haya habido progresos significativos en cuanto al
dictamen conforme al Parlamento Europeo. Es verdad que ha habido algunos,
pero sigue sorprendiendo curiosamente, si leen las conclusiones, cómo se
describe la participación del Presidente del Parlamento Europeo: cambio
de impresiones. Y realmente sorprende ese lenguaje porque uno pensaría
que un Parlamento no tiene que ser simplemente alguien que cambie
impresiones con el Consejo. Sé que ha sido un avance respecto a hace unos
años, en los que ni tan siquiera cambiaban impresiones, pero creo que
éste es un punto en el que ya el propio lenguaje nos dice realmente cuál
es el papel que el Parlamento Europeo tiene por ahora.
También sabemos que en el Comité de Regiones se han ampliado sus
competencias y que se ha reforzado su funcionamiento, pero creemos que
hay dos cuestiones que se echan en falta, que son, primero, el
reconocimiento como institución europea y, segundo, el recurso que pueda
tener al Tribunal de Justicia. Era algo que nosotros reclamábamos en el
dictamen que aprobó esta Cámara y nos parece que en este tema no se ha
avanzado apenas.
Respecto de la comunitarización de Schengen, efectivamente ha podido
haber algunos progresos, pero existen muchas dificultades, muchas
rigideces en las disposiciones previstas y numerosas excepciones en
protocolos adicionales. La Unión sigue sin tener personalidad jurídica y
en este tema creemos que también hay que dar un paso importante. Y nos
preocupa --como lo he señalado en otras ocasiones-- la transparencia de
las deliberaciones del Consejo Europeo o consejos subsiguientes, que
actúan en este caso como cámaras legislativas. Esas deliberaciones siguen
siendo secretas. Nos parece que éste es un tema que también habrá que
planteárselo una y otra vez, el conocimiento de los ciudadanos y de los
medios de comunicación del contenido en concreto de todo lo que allí se
habla.
¿Se acerca la reforma del Tratado? ¿Se acerca Europa a los ciudadanos?
Creo que se acerca poco, por no decir nada. Es verdad que las cuestiones
que allí se discuten afectan directamente, nadie lo duda, pero acercar
Europa a los ciudadanos significa que tengan un mejor conocimiento y que
puedan calibrar la importancia de lo que allí se decide, es decir, hacer
campañas significativas e importantes para que los ciudadanos europeos,
desde el primero hasta el último, se sientan involucrados en el
desarrollo de la Europa política. En este sentido, pensamos que
realmente, hoy por hoy, no se está realizando nada, ni desde el punto de
vista de las instituciones comunitarias, ni desde el de los propios
Estados miembros.
Por último, un tema importante, el del asilo. Como ciudadana de bien,
que, desde luego, como ustedes bien saben, no apoyo en ningún momento ni
he apoyado jamás el terrorismo, discrepo, sin embargo, de la postura
mayoritaria de esta Cámara, porque entiendo que las modificaciones que se
pretendían no justifican este tema, por los perjuicios que puedan causar.
Me alegra saber que, aunque sea aquí minoritaria, también hay otros
Estados miembros y otros ciudadanos que comparten mis mismas
preocupaciones. Suele ser un consuelo. En este sentido, al menos la
propuesta que ha salido, aunque sigue sin gustarnos relativamente por el
tema de prejuzgar, manifiestamente infundado, de las solicitudes, creemos
que es mejor que lo que se pretendía.
En conclusión, nos parece que ha sido ciertamente frustrante, pero como
formación política, y desde luego
a nivel individual, nunca tiramos la toalla, nunca tiro la toalla, y creo
que a nivel europeo tampoco se puede tirar. Pienso que tenemos que acudir
a las nuevas reuniones que existan, en concreto hago referencia a la de
octubre de 1997, y el Estado español, sus líderes, sus gobernantes
tendrán que acudir no solamente con los oídos receptivos a lo que se
diga, sino con propuestas claras para ver cómo se mejora el tema
principal, que es el del empleo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, señor Presidente
del Gobierno, en esta intervención, en nombre de Unió Valenciana, voy a
hacer una valoración del Consejo Europeo de Amsterdam celebrado los
pasados días 16 y 17 de junio.
Hay que ser un poco realistas en esa valoración y, como está ocurriendo
en esta Cámara, ha habido en la opinión pública una división de
opiniones, tanto por parte de los países integrantes de la Unión Europea
como de los medios de comunicación y expertos que han seguido los
trabajos del citado Consejo, y así se ha visto en el día de hoy en esta
sede parlamentaria.
La valoración, en líneas generales, desde Unión Valenciana es positiva,
sobre todo en el terreno económico, en cuestiones medioambientales, de
seguridad y libertad, en acción exterior. Hay otros puntos menos
positivos, cuestiones inciertas. Pero, en líneas generales, siempre que
se avancen unos pasos, aunque se retrocedan unos cuantos menos, el
resultado, el saldo es positivo, y eso es importante, ir sumando, ir
avanzando, ir caminando, en el objetivo de ese gran proyecto que es la
Unión Europea.
Creo que es un avance muy importante el paso firme, con compromiso, del
anexo sobre el empleo, la lucha contra el paro debe ser prioritaria y el
esfuerzo que se plasma en ese documento es un poco más significativo y un
poco más comprometedor para los Estados, para que realmente sea el
objetivo prioritario de este proyecto global y común que es la Unión
Europea. Se incluirá un capítulo sobre creación de empleo en el nuevo
tratado de la Unión y me parece que eso es saludable y es importante.
El capítulo social. Como otras veces hemos dicho muchos interlocutores
políticos, sería muy importante que la misma intensidad que se pone en
las cuestiones económicas y monetarias se pusiera en el capítulo social.
Pero se abre una cierta duda cuando no se destinan fondos al capítulo
social o se deja de alguna manera una cierta incógnita respecto a la
provisión presupuestaria de ese capítulo social tan importante, que ha
sido calificado por algunos miembros entusiastas del proyecto europeo
como esa gran asignatura pendiente que tiene que resolver la Unión
Europea del siglo XXI.
Ha quedado abierta la vía para el lanzamiento puntual de la Unión
Económica y Monetaria el 1 de enero de 1999. Ese es un gran paso. Había
muchas dudas, pero creo que se ha dado un paso firme con gran intensidad.
Se han abierto también las posibilidades de que el Banco Europeo de
Inversiones promueva con créditos blandos proyectos de creación de
puestos de trabajo en áreas como la alta tecnología, el medio ambiente,
la medicina y la investigación y las redes de comunicación transeuropeas.
Y se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene para el futuro de
la Unión Europea la potenciación del eje norte-sur. El norte siempre ha
estado especialmente protegido, incentivado, pero el eje motor de la
economía de la Unión Europea es ese eje norte-sur, esa espina dorsal de
la Unión Europea que va no sólo de Londres-Colonia-Milán, sino que se
engancha con ese eje Milán-Barcelona-Valencia, que tiene que ser
especialmente cuidado para el futuro de ese proyecto que es la Unión
Europea.
Se aguarda para octubre de 1997 en Luxemburgo una cumbre extraordinaria
sobre el empleo y el capítulo social, se abordará con firmeza en el
próximo semestre. En general, las políticas de creación de empleo, donde
las pyme juegan un papel muy importante, un papel básico a tener en
cuenta para tomar decisiones. Esperemos nuevos compromisos y sobre todo
respaldo presupuestario, que empiecen a cumplirse y a darse con firmeza
esos pasos no sólo en lo económico, sino en busca de esa convergencia
real en lo social, que sigue siendo un reto y respecto a lo que hay
muchas dudas. Son casi 18 millones de parados en la Unión Europea;
Alemania, con un 25 por ciento de los mismos, tiene más de 4 millones de
parados, y en España, a pesar de los alentadores datos últimos, los
indicadores nos ponen por encima de la media de la Unión Europea.
Ese pacto de estabilidad del euro, ese gran impulso a lo económico que he
dicho en el primer momento, es un gran acuerdo. Había muchas dudas y no
podíamos estar en la incertidumbre de que ese gran esfuerzo que estábamos
haciendo en el último año y medio pudiera irse al traste. España ha sido
un ejemplo, y así ha sido reconocido y Unión Valenciana se lo reconoce,
ha hecho un gran esfuerzo en el buen camino para conseguir los retos de
esa Unión Europea. Ese esfuerzo firme desde Dublín en diciembre de 1996,
cuyo objetivo básico es garantizar la disciplina presupuestaria y fiscal
y fortalecer el euro, ha salido refrendado en esta cumbre, cuestión de la
que nos alegramos casi todos en esta Cámara. El objetivo común debe ser
consagrar el euro como divisa fuerte.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, vaya concluyendo, por favor.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.
Han quedado ciertas dudas, como decía en el inicio de mi intervención, en
la reforma institucional, en el contenido de la reforma del Tratado de la
Unión y en las conclusiones de esa reforma del Tratado de Maastricht, la
reforma institucional, la ampliación de la Unión Europea a países del
centro y del este de Europa, Chipre, cuestiones de política agraria,
libre circulación de mercancías, que se ha tambaleado por las conductas
irresponsables de un país en concreto.
En otro orden de cosas, pensamos que sería bueno que se reflexionara
sobre la propuesta hecha por los sindicatos europeos de castigar a
aquellos países que tengan una tasa de paro excesivamente elevada. Es una
idea a debate introducida por los sindicatos de la Unión Europea y merece
cuando menos, una reflexión.
Compartimos con usted y con su Gobierno la idea de que el fomento del
empleo y el mantenimiento de los fondos de cohesión y los fondos
estructurales son compatibles en estos momentos en ese gran impulso que
necesita la Unión Europea, pero o la Unión Europea es más sensible a los
temas sociales, laborales, políticos y medioambientales o no será, de
cara al siglo XXI, lo que todos queremos que sea. Algo se ha avanzado en
Amsterdam. Cuanto más se tenga en cuenta a los ciudadanos de la Unión
Europea y más participen en la toma de sus decisiones, más avanzaremos.
El objetivo se conseguirá sin prisa pero sin pausa, y mientras se siga
avanzando y se impulsen todas las políticas, las económicas y las
sociales, Unión Valenciana estará al lado de su Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias. señor Presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor Presidente del Gobierno, las
conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Amsterdam están
llenas de autosatisfacción y de éxito y, como siempre, de un lenguaje
encubridor, que, en este caso, puede resultar muchísimo más sintomático.
Y, curiosamente, además, en este caso, reducidos a razonablemente
positivos, en palabras del propio señor Presidente del Gobierno del
Estado español. De todas maneras, no cabe duda de que esta
autosatisfacción, este éxito y este lenguaje encubridor no oculta que hay
dos objetivos firmes, que, efectivamente, se van a cumplir, como diría el
otro, si Dios no lo remedia, que son, en primer lugar, la ampliación de
otros Estados de Europa a la Unión Europea y, en segundo lugar --y es a
lo que nos referimos al decir que si Dios no lo remedia--, la entrada en
la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, que se sabe que es
específicamente la creación del euro y la convergencia nominal, pero con
graves desigualdades de carácter real en la economía, y la insistencia en
mantener el posterior Pacto de Estabilidad. En una palabra, entrarán en
una primera hornada los Estados de la Europa del Este, que interesan
sobre todo a la economía alemana --Polonia, Chequia, sobre todo--, y
además se va a imponer una disciplina presupuestaria, con sanciones
--curiosamente, Estados que estarán dispuestos a pagar del erario público
precisamente por no cumplir--, y una visión del Estado cada vez más
raquítico, con más economía privatizada y con más incapacidad para hacer
frente a las necesidades sociales de sus respectivas naciones.
Se deja claro que va a haber una política de cambio de moneda, con un más
menos 15 por ciento, que viene a establecer la Europa de la doble
velocidad. Pero no nos engañemos, la Europa de la doble velocidad que no
corresponde a dos economías radicalmente diferentes, sino a un sector de
economías híbridas y a otro que es muchísimo más homogéneo, porque
quedarán ahí Dinamarca, Suecia, Noruega, que no está pero que entra
dentro de esa interrelación económica, y Gran Bretaña curiosamente. Esta
Europa que queda fuera no cabe duda de que va a jugar con ventaja
comparativa, sobre todo en relación con la economía del Estado español.
Y cuando se habla de preocupación por el empleo y por política social, el
lenguaje compensatorio, no se pueden ocultar las realidades. Se revelan
mentiras del lenguaje encubridor. No deja de ser curioso, aunque el señor
Aznar no lo aludió por lo menos con insistencia, que las conclusiones de
la Presidencia en este aspecto dejen claro mercados laborales flexibles,
es decir, empleo inestable y abaratamiento del despido, moderación
salarial, es decir, reducción de la capacidad adquisitiva de los sectores
sociales más populares. El propio documento alude a la incapacidad de la
Seguridad Social de seguir haciendo frente a las demandas de la
población, tal como funciona el sistema, según sus criterios. Sobre todo,
hay algo gravísimo, y el documento lo deja claro sin ambigüedades, y es
que el nuevo marco económico debe legitimar, además de legalizar, por
supuesto, las diferencias salariales importantes en función de diferentes
cualificaciones profesionales, y lo que es peor, en función de las
diferencias regionales. No es solamente legítimo y real, sino que va a
ser, por la filosofía del sistema, muy legal, que los sueldos, los
salarios sean abismalmente distintos, efectivamente, entre Galicia,
Extremadura, Sicilia, por supuesto, la Padania o Renania. Esto es parte
del documento que se nos entrega como conclusiones de la Presidencia del
Consejo Europeo de Amsterdam.
Es curioso también que el documento, sin ambigüedades, diga a la opinión
pública del Estado español que el sector industrial es la base del
crecimiento. La base del crecimiento el sector industrial, y se está
desmantelando
el poco que teníamos, al menos en muchas partes del Estado español.
Deja claro también --y llama la atención--, en una alusión a la política
agrícola, que se va a modificar a muy corto plazo y que es un tema
pendiente, de importancia crucial para el Estado español y para su
Gobierno. En ese sentido, lamento que el señor Presidente del Gobierno no
haya hecho alusiones a otras cuestiones que no figuran directamente en
las conclusiones de la Presidencia, pero que sí son ilustrativas; por
ejemplo, la carta del señor Jacques Santer, Presidente de la Comisión
Europea, al señor Primer Ministro de la Gran Bretaña. hablándole de las
rectificaciones en relación con la política pesquera, que fueron
aprovechadas a posteriori para hablar de la necesidad de transparencia
política en relación con los Estados participantes.
Efectivamente, señorías, transparencia política. Y les voy a decir algo,
en nombre del Bloque Nacionalista Galego, que les puede sorprender.
Pensamos que es sintomático y una de las pocas virtudes que le quedan a
la Unión Europea que precisamente a nivel institucional no se haya
llegado a acuerdos. Porque no es de recibo una Comisión donde no estén
representados todos los Estados, sean grandes o pequeños, como no es de
recibo, sobre todo en una etapa transitoria que durará muchos años, no
mantener el derecho de veto. Los Estados de la Unión Europea son Estados
nacionales o plurinacionales y tienen que ser muy sensibles a las
demandas de sus pueblos. Pienso que esta es una de las principales
cuestiones que el Estado español no acaba de entender, y eso que tiene el
problema dentro de su casa.
Igual que, en definitiva, señorías, es muy sintomático todo el texto
dedicado a la política internacional. No les voy a hablar de la ausencia
de referencias a la política ambiental interna, de la cual estamos tan
necesitados, pero sí les quiero hablar de que queda claro que la relación
Unión Europea-Estados Unidos es una relación de tutelaje, y recordar a
estas alturas el plan Marshall creo que debía enrojecer a cualquier
europeísta convicto, y no hace falta precisamente ser un nacionalista
gallego exacerbado.
Como no cabe duda tampoco de que las alusiones a las zonas
euromediterráneas se hacen en función de una estabilidad política, no en
función de la justicia y de la interrelación igualitaria con todos los
pueblos. O la curiosa alusión a Sudáfrica, garantizando cooperación en
pesca y vinos, es decir, en sectores terciarios, curiosamente, que van a
afectar de nuevo a algunas partes de la periferia de la Unión Europea.
Por no hablarles de ese carácter marginal de la alusión a América Latina
y al Caribe junto con Africa.
Concluyo, señor Presidente, sabemos que estamos inmersos en este contexto
y le aseguramos que sería muy de desear que ya que lo estamos, y no
solamente para aquellos que discutimos la política global de la Unión
Europea en este proceso, se tuviese en cuenta, por lo menos por los que
gobiernan y por los que tienen la hegemonía política en el Estado
español, que es muy necesaria la atención a otra política agraria
favorable para todos, a otra política pesquera equilibrada en función de
los intereses de todos y a otra política industrial. Y esperemos que la
opinión pública española, de todas las naciones que integran el Estado
español, esté dispuesta a exigir a su Gobierno, a sus gobiernos, otra
posición cuando esto se pueda modificar.
El Estado español es un Estado contradictorio, dual. El actual Gobierno
nos lo deja claro con su política de interrelación, de cierta
subordinación a Alemania y Francia, pero también con sus guiños y a sus
interrelaciones con los Estados Unidos. Está mal situado en una Europa
del norte, claramente del norte, que no fue la fundadora de la Unión
Europea, de la Comunidad Económica Europea entonces, y los Estados del
centro. No se acaba de situar tampoco entre los tres Estados latinos que
tienen una economía más similar. Y, por fin, es contradictorio también
entre tanta euforia europeísta y una realidad económica de los sectores
productivos que no nos acaba de funcionar.
Termino definitivamente. Para nosotros queda claro en esta conferencia de
Amsterdam que el rostro real de Unión Europea sigue siendo un rostro
economicista, favorable al capital transnacional y transnacionalizado,
por más que lo quiera maquillar ahora con frases compensatorias, esto es
lo que va a misa; que admite la desigualdad dentro de la Unión Europea
como un factor clave del sistema y que empieza a ser felizmente discutido
por la diversidad nacional de Europa, sobre todo en los Estados pequeños,
es curioso, y por amplias capas sociales y naciones periféricas, que,
como Galicia, no nos gusta este contexto, porque no funciona equilibrada
y justamente.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular valora positivamente el resultado alcanzado en la
Conferencia Intergubernamental que despeja el camino para acometer el
proceso de ampliación de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo
de Madrid.
Todos somos conscientes de lo difícil de una negociación, en la que todos
los temas importantes fueron decididos a última hora por los jefes de
Estado y de Gobierno. Por ello, este grupo parlamentario se siente
orgulloso de lo que consideramos un éxito personal de José María Aznar en
la defensa de los intereses de España y una aportación importante de
nuestro país en el proceso de la construcción europea.
Algunos pensarán que los logros han sido pocos y que las reformas
resultan insuficientes. La realidad es que Europa siempre se ha
construido poco a poco, con pasos seguros y positivos, al ritmo que
impone en cada momento el sentir de nuestras sociedades y en esa
necesaria conjunción entre lo que debemos hacer juntos y lo que conviene
que sean responsabilidades de los Estados miembros.
Cualquier conocedor de las vicisitudes de la construcción europea sabe
hasta qué punto ese proceso ha estado jalonado de dificultades. Como
muchas veces, la exacerbación de los intereses nacionales ha prevalecido
sobre la ambición unitaria, cómo el propio estado de conciencia de las
opiniones públicas de las naciones europeas ha actuado como freno de
impulso de los líderes. La cumbre de Amsterdam ha sido un ejemplo más, y
no precisamente el más dramático, de la dificultad de acomodar los ritmos
en la determinación de lo que Europa debe hacer junta y lo que deben
seguir haciendo los Estados que integran la Unión y, a su vez, en la
necesidad de que la adopción de esas decisiones tenga el imprescindible
acompañamiento de las opiniones públicas nacionales. Por eso no acertamos
a entender el reproche que hemos creído advertir en las palabras del
portavoz de la oposición mayoritaria. No ha habido triunfalismo ni
autocomplacencia en la exposición del señor Presidente del Gobierno ni va
a haberla en la de este portavoz. Pero tampoco debemos ni queremos dejar
de denunciar una cierta injusticia que supone desconocer los
satisfactorios logros alcanzados en todas y cada una de las pretensiones
específicamente españolas. Y mucho menos omitir, que no lo ha hecho todo
el mundo, sino todo lo contrario, la firmeza y resolución del Presidente
del Gobierno, evitando la consolidación de una reforma institucional
ajena a la realidad del peso específico de España, desconocimiento de ese
peso, por cierto, que difícilmente puede ser imputado a la
responsabilidad de nuestra etapa de gobierno. Más allá de los términos
del Acuerdo de Ioannina, por primera vez una declaración específica alude
a la consideración especial de que España debe ser objeto de cara a la
reordenación de la estructura y composición del Consejo y de la Comisión.
Por tanto, nada de resultados decepcionantes. El Grupo Parlamentario
Popular aspira a preservar el alto nivel de consenso que ha sustentado
siempre la acción de los sucesivos gobiernos en el dominio europeo. Nos
parecería ciertamente lamentable que el nuevo estilo de oposición nada
tenga de nuevo, sino de clónico, y con los mismos rasgos y afanes
didácticos. Tampoco esa actitud nos va a arredrar en el propósito de
respaldar y reclamar de nuestro Gobierno la perseverancia en la
trayectoria de firmeza seguida por el Presidente Aznar, en la que se
integra el vector del impulso decidido a la Unión Económica Monetaria,
con la preservación de los específicos intereses nacionales españoles.
En otro orden de cosas, quede claro que la calificación de objetivos
irrenunciables no la hace el Gobierno, sino el Congreso de los Diputados,
que así los definió. España acudía a la cumbre con algunos objetivos
irrenunciables, fruto de esa sintonía perfecta entre el Gobierno y el
Parlamento en política europea, como se desprende del dictamen de la
Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea sobre la Conferencia
Intergubernamental. Los resultados obtenidos avalan el interés del
Gobierno en la defensa de las distintas prioridades que señalaba dicho
dictamen. Hemos podido constatar con enorme satisfacción que se ha
conseguido al cien por cien la consolidación en el texto del Tratado y un
tratamiento preferente para las islas Canarias, que de forma permanente
dispondrán de una serie de ventajas fiscales, aduaneras, comerciales,
agrícolas y pesqueras, que compensen justamente su alejamiento y
singularidad. Este es el objetivo del estatuto permanente para las
regiones ultraperiféricas que veníamos reclamando desde hace tiempo para
el archipiélago canario.
Para este Parlamento, uno de los objetivos prioritarios de la Conferencia
consistía en progresar en el establecimiento de una zona de libertad, de
seguridad y de justicia. Se ha conseguido que el objetivo español haya
sido asumido por el resto de los Estados de la Unión y que la Unión se
comprometa en la defensa de los derechos fundamentales y en la no
discriminación, haciendo del Convenio de Roma la protección de los
derechos humanos y las libertades fundamentales ante el Tribunal de
Justicia de Luxemburgo. De ahora en adelante, en caso de violación grave
por parte de un Estado miembro de alguno de los derechos fundamentales,
la Unión Europea contará con mecanismos para responder a esta infracción.
Asimismo, en lo que se refiere al asilo, el texto aprobado satisface el
deseo de España de que en el futuro los terroristas no puedan
beneficiarse del derecho de asilo. Podemos decir que el protocolo
incluido en el Tratado dificulta la manipulación de esta institución para
fines para los que no está prevista. A España le cabe el honor de haber
iniciado un profundo debate en este punto, lo que, al final, como todos
esperábamos, ha permitido llegar a una solución que, como acabo de decir,
nos parece altamente satisfactoria.
Hemos conseguido también la integración de Schengen en el Tratado, sin
desvirtuarlo y manteniendo su acervo al completo. Al mismo tiempo, el
mecanismo acordado para la ampliación de esta cooperación reforzada a
otros países cuando éstos deseen hacerlo y que requerirá el acuerdo
unánime de los actuales integrantes nos ha permitido salvar nuestra
posición en el contencioso sobre Gibraltar y seguir manteniendo nuestros
controles exteriores para los ciudadanos provenientes del Reino Unido y
territorios sujetos a su jurisdicción.
En cuanto a los avances realizados por lo que a la cooperación policial y
judicial se refiere, vemos con
satisfacción algunas propuestas españolas reflejadas en los nuevos
artículos aprobados dentro del título VI del Tratado de la Unión Europea,
y de forma especial el desarrollo que tendrá Europol, cuyas funciones en
el futuro también se extenderán al ámbito operativo.
Todos somos conscientes de la importancia fundamental que deben tener las
políticas de empleo y la lucha contra la exclusión social en el
desarrollo de la Europa de los ciudadanos. El texto finalmente aprobado
coincide con los planteamientos de la propuesta española y de nuestro
Parlamento, basada en la idea de que, aunque las competencias en este
área son y deben seguir siendo nacionales, la Unión puede jugar un papel
importante en la promoción del empleo mediante la coordinación de las
políticas nacionales y la adopción de ciertas medidas de incentivo
dirigidas a apoyar la acción de los Estados miembros en dicho campo. En
todo caso, estos incentivos serán limitados y respetarán plenamente los
objetivos de la cohesión económica y social. Sin embargo, lo más
importante es que el Consejo Europeo ha reconocido los esfuerzos
realizados por los interlocutores sociales en algunos países europeos,
animándoles a continuar por esta senda y, como no podía ser menos, el
acuerdo alcanzado recientemente en España entre empresarios y
trabajadores ha sido recibido con satisfacción y señalado como el modelo
y el camino a seguir.
En cuanto a la igualdad hombre-mujer, el principio de igualdad propuesto
por España ha quedado muy reforzado en el nuevo Tratado mediante la
modificación de los artículos 2, 3 y 119. Queda consagrado en el Tratado
de Amsterdam el principio solicitado por España de igual remuneración por
igual trabajo o trabajo de igual valor, que impedirá que continúen las
discriminaciones en materia de remuneraciones que tradicionalmente ha
sufrido y sufre la mujer.
Señorías, señor Presidente, estamos muy satisfechos del éxito de las
propuestas españolas tendentes a reforzar las funciones y atribuciones
del Comité de las Regiones, especialmente las cuestiones de cooperación
transfronteriza para las cuales podrá ser consultado el Consejo o la
Comisión. Me gustaría en ese sentido resaltar las propuestas innovadoras
de nuestro Gobierno para la consolidación del Comité de las Regiones
dentro del marco de competencias que establece el Tratado.
Es cierto, señorías, que en lo referente al capítulo de las reformas
institucionales en la conferencia no se ha conseguido alcanzar las metas
propuestas, excepción hecha del Comité de las Regiones al que me acabo de
referir y del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo ha visto
reforzados notablemente sus poderes, ya que se ha ampliado
sustancialmente el ámbito de aplicación del procedimiento de codecisión,
que es aquel en el que el Parlamento Europeo tiene una mayor
participación, y simultáneamente se ha reformado dicho procedimiento
colocándolo en situación de plena igualdad con el Consejo. También aquí
España hubiera ido más allá en algunas de las reformas, pero el resultado
al que se ha llegado nos parece realista cuando menos.
No se ha rematado --por utilizar una expresión del Presidente del
Gobierno-- la reforma institucional necesaria, pero sí se ha avanzado en
la buena dirección para los intereses de Europa en su conjunto, y de
España en particular. Hemos garantizado el mantenimiento del peso
específico de España en las instituciones comunitarias y en el proceso
decisorio, no solamente mientras persista la situación actual de una
Europa de quince Estados, sino con vistas a la ampliación.
El mantenimiento del acuerdo de Ioannina hasta el momento de la reforma
preserva el peso relativo de nuestro país en la toma de decisiones por
mayoría. En cuanto a la futura negociación del paquete Comisión-Consejo,
el acuerdo garantiza que los países grandes de la Unión Europea, entre
los que se encuentra España, deberán recibir una compensación en el
número de votos en el Consejo y que no habrá reordenación de la Comisión
si no hay recompensación, bien por la vía de ponderación de voto, bien
por las dobles mayorías. En el caso de España se añade una declaración
específica que dice que España deberá tener una consideración especial
que le beneficie en el Consejo ante la proyectada reforma de la Comisión.
Permítame, señor Presidente del Gobierno, que le felicite en nombre del
Grupo Parlamentario Popular y en el mío propio por este éxito en la
negociación de la que S. S. personalmente fue artífice y protagonista.
Señor Presidente, el acuerdo al que se ha llegado mediante la aprobación
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento abre la vía para el lanzamiento de
la moneda única el 1 de enero de 1999 y garantiza la Unión Monetaria en
la que se encontrará España desde el primer momento, en el tiempo y en la
forma prevista, como resultado de las excelentes políticas económicas
puestas en marcha por nuestro Gobierno.
Es justo reconocer, señorías, que los logros obtenidos por nuestro
Gobierno en el ámbito de la conferencia, tanto para España como para
Europa, no son ni pocos ni insuficientes y lo que debemos hacer en este
momento, tras felicitar al Gobierno por su impecable negociación en los
términos contenidos en el dictamen de este Parlamento, es continuar
colaborando con el Gobierno en los nuevos procesos de negociación como
preveía la Agenda 2000 de la cumbre de Madrid, que se iniciará pronto.
Sólo desde esta actitud podremos continuar contribuyendo, mediante la
defensa de los intereses de nuestro país y de sus ciudadanos, a la
construcción de una Europa más democrática, más solidaria y más justa.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente,
señorías, me permitirán los portavoces de los grupos parlamentarios que
al iniciar este turno comience recogiendo las palabras que ha manifestado
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Almunia, en su
primera intervención después de su nuevo cargo. Quiero decirle que las
acojo con toda cordialidad; por cierto, aprovecho también para desearle
suerte. Cuando el Gobierno empezaba desde aquí, como usted ha mencionado
antes, yo nunca escuché esas palabras. Yo se lo deseo. Lo que no le puedo
decir es que cumpla todos sus objetivos, eso no se lo deseo. (Risas.) Su
señoría ha dicho que quiere hablar con claridad, me parece muy bien;
además, es de agradecer hablar con claridad. En segundo lugar, ha
manifestado una aspiración que me parece bastante obvia, que es la
aspiración de subirnos un escaño a los que estamos en el banco azul. La
noticia, dicho sea con toda cordialidad, hubiese sido la contraria; ésa
hubiese sido una declaración bastante importante. Por último, ha
expresado un deseo de manifestar y de preservar áreas de consenso, que
sinceramente lo acojo. Creo que es el factor más relevante. Quiero
decirle que por parte del Gobierno y de su Presidente tendrá siempre esa
disposición de diálogo abierto, a veces desde la concordancia, a veces
desde la discrepancia, pero siempre en la medida de nuestras
posibilidades, buscando puntos de encuentro y de acción en común
especialmente en aquellas cuestiones en las que por afectar al interés
nacional, al interés de España, sea cual sea el gobierno, bien merece la
pena un esfuerzo especial al respecto.
Señor Presidente, yo quisiera agradecer a todos los portavoces de los
grupos parlamentarios los comentarios que han realizado, sus
aportaciones, sus sugerencias, sin duda con matices, también con
discrepancias, algunas radicales como, por otra parte, parece bastante
lógico y significativo. Quiero decir, en primer lugar, que la Comisión
Mixta Congreso Senado ha hecho un buen trabajo, ha encaminado bien sus
tareas, sus conclusiones han sido muy positivas, incluso en aquéllas en
las que, como se acaba de recordar, eran planteadas por la Comisión y por
el propio Congreso de los Diputados como irrenunciables. El trabajo de la
Comisión, de las subcomisiones creadas al respecto ha supuesto una buena
labor, especialmente el realizado por la subcomisión de seguimiento de la
Conferencia Intergubernamental, cuya última sesión se celebró pocos días
antes de celebrar el Consejo Europeo de Amsterdam y que, si duda, tuvo un
alto grado de consenso en torno a la comparecencia del Ministro de
Asuntos Exteriores.
Me gustaría seguir en ese espíritu de intentar buscar los acuerdos
correspondientes para el futuro, de seguir un trabajo en común y de
procedimiento parlamentario. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado
hoy una iniciativa en virtud de la cual se crea una ponencia --creo que
se ha referido a ella esta mañana el señor Molins--, cuyo objetivo es
hacer el seguimiento de todos los trabajos relativos a la ampliación de
la Unión Europea. Por tanto, mi deseo es facilitar al máximo las cosas
desde el Gobierno para que esa Comisión Mixta, bien en Pleno, bien en
subcomisión, bien en ponencias se organice de la manera que
parlamentariamente parezca más adecuada para seguir encauzando sus
trabajos y produciendo tan excelentes resultados como los que ha tenido.
Los que creemos que el acuerdo y el consenso, especialmente en estas
áreas, es una cuestión importante --hablamos también de esto en el debate
del estado de la Nación-- y que la posición española históricamente se ha
visto fortalecida en los momentos en los que en las negociaciones el
progreso europeo era considerado como una gran aspiración, como una gran
ambición nacional y, como recordamos en el debate del estado de la
Nación, como uno de los elementos que constituyen el acervo que nació con
la transición democrática en nuestro país, estimamos que dicha ambición
debe ser preservada. Eso teniendo en cuenta los retos que hay que
afrontar inmediatamente, que no son retos pequeños, entre los cuales
destaca, como acabo de decir, el de la ampliación.
Ha habido distintas valoraciones del Consejo Europeo de Amsterdam,
matices y discrepancias; se han escuchado palabras como decepción,
frustración, etcétera, pero a la hora de justificarlas eso resulta un
poco más dificultoso. Quiero decir que yo he utilizado la fórmula de
razonablemente positivo, que sinceramente es lo que me parece. Ni he
salido del Consejo, como salieron algunos dirigentes que asistieron al
mismo, diciendo que era un extraordinario éxito --creo que ha sido un
moderado éxito--, ni tampoco merece la pena, en mi opinión, utilizar
palabras como frustración, decepción, etcétera.
Convengamos exactamente cuáles eran los objetivos, porque ha habido algún
portavoz de grupo parlamentario que no ha centrado exactamente los
objetivos. En el Consejo Europeo de Amsterdam no se trataba de definir
nada en relación con la ampliación, nada en relación con las perspectivas
financieras, nada en relación con la política agraria común y nada en
relación con los fondos; de lo que se trataba exactamente era de respetar
la agenda establecida en el Consejo Europeo de Madrid. Por tanto, huelga
el discurso de decir que nos gustaría que se hubiese tratado eso. Es que
no se tenía que tratar eso, se ha tratado exactamente lo que estaba
previsto tratar, en respeto a la agenda establecida en Madrid. Justamente
ahora es cuando viene la necesidad de ocuparse de los retos derivados del
proceso de ampliación, de las perspectivas financieras, etcétera. Está
bien planteado que sea así porque habría sido una equivocación y un error
mezclar las distintas circunstancias que se han mencionado.
Hay que valorar este Consejo teniendo en cuenta todas las circunstancias
que se han producido. No hay que olvidar que cambios de Gobierno en
Estados muy importantes de Europa han motivado planteamientos nuevos que
han afectado claramente al Consejo en algunos casos, como, por ejemplo,
la puesta en marcha del Pacto de Estabilidad. También había un sinnúmero
de cuestiones abiertas en torno a la Conferencia Intergubernamental como
consecuencia de un hecho que, desde el punto de vista negociador, es
bastante lógico, y es que en cuestiones que se consideran llamémoslas
importantes, notables, trascendentales o vitales las posiciones se
reservan hasta el último momento de las negociaciones.
Respecto a la primera cuestión, no hay que omitir ni olvidar la
valoración del Consejo, porque puede haber siempre quien apueste por un
fracaso, y más habida cuenta de estas circunstancias. No ha habido
fracaso en Amsterdam. Puede haber quien apueste por un retroceso, pero
tampoco ha habido retroceso en Amsterdam. Y puede haber quien olvide en
ocasiones que la Unión Europea, como he dicho antes, se hace paso a paso,
negociación a negociación; a veces, a algunos les puede parecer lento
pero, como he dicho antes, al comienzo de mi intervención anterior,
estamos alcanzando metas que hace poco tiempo parecían sencillamente
utópicas. No se están discutiendo ya las grandes cuestiones de la puesta
en marcha de la moneda única, la moneda única está prácticamente delante
de nosotros para ser puesta en marcha, entre otras cosas. Parecía
imposible, tal como estaban las cosas en el ambiente de cambio que había
en algunos países, que se pudiesen cerrar todas las cuestiones abiertas
en torno a la Conferencia Intergubernamental. Se han cerrado, y se han
cerrado algunas otras colaterales. Se podrá manifestar un mayor o menor
grado de satisfacción, pero sinceramente creo que, en conjunto, el avance
es bastante importante; y razonable, como por otra parte constato en
líneas generales, con alguna excepción, haciendo el repaso que han
realizado los distintos portavoces parlamentarios de los asuntos
concretos que han tratado.
Es importante y razonable en el triple marco al que nos tenemos que
referir: el marco de la moneda única, de la Unión Monetaria, de la
Conferencia Intergubernamental y de lo que significan los intereses
españoles. Evidentemente, los intereses españoles en ningún caso pueden
plantearse como intereses ajenos al proceso de construcción europea. He
expuesto claramente que no puede existir --y cada vez existe menos--
aquello que determina lo que es un interés específico en el ámbito de la
construcción europea y un interés genuinamente español, que puede verse
como contrapuesto al ámbito de construcción europea. Si repasan SS. SS.
en este punto muy especialmente las propuestas que la delegación española
ha presentado a la Conferencia Intergubernamental, algunas de ellas
provenientes de la acción del Gobierno anterior, otras añadidas por este
Gobierno, verán que se puede y se debe hablar de interés nacional, como
es lógico, y que se puede hablar de una visión de conjunto. Lo que no veo
es la contraposición entre el interés nacional y la visión de conjunto,
salvo que se tenga una visión de conjunto totalmente diferente, que es el
caso del señor Anguita. En el otro caso no, porque si hablamos de la
Unión Monetaria no hay mejor aportación a la visión de conjunto que la de
que es buena para Europa la puesta en marcha de la moneda única y cumplir
las condiciones para estar en la Unión Monetaria desde el primer momento.
Si se habla de la política exterior de seguridad, no hay mejor aportación
que hacer con seis Estados miembros una propuesta sin duda avanzada de
integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea. Y si se
habla de las cuestiones relativas al espacio de libertad, seguridad y
justicia, es difícil hacer propuestas más completas que las que ha hecho
España, con un trabajo tan activo, para sacar unas conclusiones positivas
en este congreso.
Propuesta de visión conjunta es, por ejemplo, que los derechos
fundamentales o el principio de no discriminación sean justiciables ante
el Tribunal de Luxemburgo, que se avance en materia de libertad,
seguridad y justicia, el asilo, etcétera. No es una posición solamente
española, es la posición lógica en el marco de ese espacio de seguridad,
de libertad y de justicia. Desgraciadamente, estando reunidos los Jefes
de Estado y de Gobierno en Amsterdam llegó la noticia del asesinato de
dos policías en Irlanda del Norte. No estamos hablando de una cuestión
específicamente española, que también; estamos hablando de una lógica de
cooperación internacional, en este caso de lucha contra el terrorismo,
citada expresamente en el Tratado junto con la lucha contra la
delincuencia, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra
la explotación de niños, etcétera, que supone un avance muy claro y que
beneficia al conjunto, como lo benefician la cooperación judicial y la
incorporación de Schengen al Tratado, en donde es bueno respetar las
reglas de la unanimidad --en ese caso sí, como diré luego, pensando
estrictamente en el interés español--; estamos hablando de las propuestas
en relación con el empleo de las propuestas recogidas en un artículo del
Tratado relativas a la igualdad de remuneración a igualdad de trabajo
entre hombre y mujer, al fortalecimiento de la salud pública, al
reconocimiento de las regiones insulares, al principio de subsidiariedad,
al Comité de las Regiones o a ampliar el poder de codecisión en el
Parlamento Europeo. Todo eso impulsa el conjunto de las cosas, y
naturalmente la defensa de las cosas que se pueden considerar más
específicas españolas se enmarca en un cuadro perfectamente coherente de
impulso político y de impulso económico de la construcción europea.
Yo nunca he participado de la idea de decir, hablando del progreso de la
Unión Monetaria, que hay progreso
económico pero que no hay progreso político. Se ha llegado a decir
incluso que se renuncia a la unión política. No participo de eso. Es
difícil --lo hablábamos también en el debate sobre el estado de la
Nación-- encontrar una decisión política tan importante como que en
Europa haya una moneda única. Cuando se habla de construcción política de
Europa no se debe contraponer a una construcción económica que
teóricamente avanza, porque eso está en los principios exactos de la
construcción política europea.
Alguien recordaba aquí --me parece que ha sido el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco-- cómo los fundadores, el propio Jean Monet, decían
que Europa se haría finalmente a través de una moneda. Es un contenido
político extraordinario, que se había puesto en marcha y materializado de
una manera bastante clara en el último Consejo Europeo de Dublín y sobre
el cual, como he dicho, se establecían algunas dudas de última hora.
El que se haya conseguido un gran acuerdo sobre crecimiento y
estabilidad, con la aprobación de los reglamentos correspondientes,
despeja definitivamente el camino hacia la moneda única, y ahora lo
importante es que cada Estado haga el esfuerzo correspondiente para estar
en la moneda única, si se cree en ese proceso. Naturalmente, nosotros
creemos en ese proceso.
La segunda parte es la declaración relativa al crecimiento y el empleo.
Yo quiero decir --ya lo he explicado-- que no participo de la idea de que
sea incompatible el proceso de moneda única, de estabilidad y de
saneamiento con la creación de empleo. No sólo no es incompatible sino
que es perfectamente compatible. Es más, en mi opinión es absolutamente
necesario y hasta inexcusable y, desde luego, ese será el sentido de la
política que siga practicando el Gobierno y es el sentido de los términos
en los que se recoge la declaración aprobada por el Consejo Europeo
claramente en Amsterdam. A partir de ese momento se puede discrepar de
muchas otras cuestiones en relación con las políticas económicas, los
déficit, los programas de convergencia o, lo que se ha dado en denominar,
el ajuste permanente. No lo creo. Sinceramente no lo creo.
El Pacto de Estabilidad es un pacto de rigor, coherente con el objetivo
de la moneda única, exigente, pero, en mi opinión, conveniente también
para la credibilidad del proceso y, por supuesto, para la puesta en
marcha de la moneda única con todas las garantías. El conjunto de la
política de saneamiento y estabilidad, como he tenido ocasión de referir,
a mí me parece imprescindible. Dicho de otra manera, con Maastricht o sin
Maastricht. nosotros debemos hacer la política que estamos practicando,
que es la que está produciendo los resultados que SS. SS. conocen con
apreciable éxito.
Hace falta seguir en una senda bien confirmada, tanto en la declaración
correspondiente, como en lo que se refiere a las rúbricas en el Pacto de
Estabilidad y en las correspondientes al crecimiento y al empleo. Es
necesario decir que el compromiso de realizar un consejo extraordinario
sobre el empleo requiere que sea muy bien preparado. Creo que hay un
consenso bastante general entre los distintos Estados miembros de que no
se puede llegar a un consejo extraordinario sobre el empleo en cualquier
circunstancia, sino que requiere una preparación específica. No se pueden
abrir falsas expectativas y conviene aclarar las cuestiones.
En primer lugar, el empleo sigue siendo una competencia esencial de los
Estados miembros y, en mi opinión, es bueno que así sea. En segundo
lugar, conviene establecer la diferencia entre la declaración sobre el
crecimiento y el empleo, en donde se establece como fórmula para
instrumentar algunos proyectos que se acuda al Banco Europeo de
Inversiones, y lo contenido en el título del Tratado, sobre el empleo, en
el que España ha trabajado activamente y al que no se ha puesto ningún
freno. Al incorporarse al Tratado vincula también la posibilidad de
utilizar unos recursos, que son los correspondientes a la partida número
3, es decir, determinados recursos propios de políticas de la Unión
Europea. No hay que confundir el título con la declaración, ni lo que se
establece en el Banco Europeo de Inversiones, en la declaración, con lo
que se recoge en el título respecto a las partidas presupuestarias,
perspectivas financieras, número 3.
En lo que sí habría que tener cuidado --eso no es un freno sino un
elemento de prudencia muy claro-- es en no hacer una supuesta operación
sobre el empleo con cargo a fondos estructurales, a fondos de cohesión, o
a políticas especialmente importantes para España, como es la política
agraria común.
Cabe preguntarse: ¿existía ese riesgo? Naturalmente que existía ese
riesgo. Lo que sucede es que se ha evitado ese riesgo en el Tratado, y al
serlo es evitado en la consecuencia que el tratamiento financiero del
empleo pueda tener en distintos consejos europeos y en el Consejo Europeo
extraordinario.
Con toda franqueza tengo que decir, señorías --y me parece habérselo
escuchado a algún portavoz parlamentario--, que no participo de la idea
que supone el que puedan verse afectados fondos estructurales a políticas
de empleo. Eso para España es profundamente negativo. Tenemos que actuar
en consecuencia e intentar conseguirlo. A la hora de hacer todas las
intervenciones sobre el empleo conviene tener claro cuál es exactamente
el punto en el que nos tenemos que mover. Y a la hora de intentar
interpretar lo que ha pretendido el Consejo Europeo, desde el punto de
vista de la coordinación de políticas económicas, de la posibilidad de
establecer incentivos, del establecimiento de medidas de saneamientos o
de reformas estructurales, incluso en lo que se refieren a las reformas
de los mercados de trabajo, conviene sacar las respectivas conclusiones
en nuestro país.
He escuchado algunas afirmaciones que tampoco comparto en el sentido de
decir que la reforma del mercado de trabajo no es suficiente todavía.
¿Quién ha dicho que la reforma o la flexibilidad del mercado de trabajo
esté inevitablemente asociada a precariedad? En ningún sitio está
escrito. El camino que hay que seguir es buscar la mayor estabilidad
posible dentro de un marco de reforma, que es justamente lo que se está
intentando hacer, me da la sensación de que con algún éxito modesto
porque las dificultades son muchas.
Cuando se habla del empleo dentro de lo que es el marco de la política
económica, etcétera, conviene puntualizar estas cuestiones que, sin duda,
son muy importantes. Desde luego, comparto plenamente la tesis que ha
manifestado algún portavoz parlamentario, creo que el señor Molins, en el
sentido de que para crear empleo lo más importante es cumplir las
condiciones de convergencia, hacer una política de saneamiento y de
reformas estructurales. Esto es lo más importante y, desde luego, es la
voluntad del Gobierno.
Si avanzamos en el análisis de algunas de las cuestiones que se han
tratado y que forman parte del elemento básico --paso a la segunda parte,
que es la reforma de los tratados, la culminación de la Conferencia
Intergubernamental-- veremos los avances importantes que se han producido
en el marco de la libertad, de la seguridad y de la justicia. Hemos
hablado de los derechos fundamentales, del principio de no
discriminación, ratificado también a propuesta española en el Tratado, de
la abolición de la pena de muerte o de la igualdad hombre-mujer, y del
establecimiento de unos mecanismos importantes, cual es la suspensión de
los derechos de un Estado miembro en el caso de violaciones graves de
libertades, derechos fundamentales, Estado de Derecho, principios
democráticos, etcétera. Me parece especialmente importante que eso haya
sido recogido en el Tratado y creo que en ese punto estamos bastante de
acuerdo.
Por lo que se refiere estrictamente al espacio de libertad, seguridad y
justicia, debo decir que lo que es más importante, en el plazo de cinco
años y en el futuro, cuando se puedan establecer políticas comunes de
asilo, de inmigración, de fronteras interiores o exteriores, las
políticas de visados que ya no funcionan por unanimidad sino por mayoría,
es preservar para nuestro país la unanimidad. Desde el punto de vista de
los intereses españoles, pensando en Gibraltar, es importante. Y vale más
esta declaración que garantiza una atemporalidad y una no limitación que
una declaración específica sobre Gibraltar. Es más importante. Aquí, a su
vez, hay que distinguir entre esa declaración contenida en el artículo
3.º del protocolo equis, por el cual se determina la relación de Gran
Bretaña con este espacio, y lo que es luego la incorporación, no al
primer pilar sino al Tratado, al acervo Schengen, al espacio Schengen, en
virtud del cual hay que establecer también otra singularidad, que es que
la incorporación debe hacerse por unanimidad. El funcionamiento es por
unanimidad y la incorporación también debe serlo. Eso fortalece, en mi
opinión, la posición española de una manera mucho más nítida, porque
parece bastante lógico que se puedan obviar, por razones negociadoras,
elementos singulares que no sean estrictamente imprescindibles.
Creo que se ha avanzado --y así ha sido reconocido-- en la cooperación
policial y judicial, en la operatividad de Europol y la definición de los
asuntos en los cuales la operación policial y judicial, sobre todo en la
vía penal, sean de delincuencia, de terrorismo o de droga, debe ahondar.
Es un paso importante también que se puedan establecer para los países
miembros normas mínimas respecto de algunas situaciones, penas o
sanciones.
Me he referido antes al asilo. En relación con el asilo, debatido ya en
esta Cámara, me da la sensación de que se ha encontrado una solución
razonable. He advertido antes de este Consejo --sin duda ha sido una
negociación especialmente dura y difícil-- que teníamos que ser
comprensivos con las dificultades que otros países pudieran tener.
Evidentemente, el punto de partida de la posición española era alto pues
era el mandato del Consejo Europeo de Dublín. Por tanto, podemos estar
satisfechos con ese mandato que nos ha permitido culminar una negociación
en la que, en mi opinión, claramente se manifiesta un avance nítido,
serio e importante en el ámbito de la cooperación internacional para que
el asilo no pueda ser utilizado como elemento para burlar los aspectos de
los convenios de extradición a los que están obligados los Estados
miembros. Ha sido un elemento difícil de conseguir, pero supone un avance
importante en materia de cooperación internacional y naturalmente se ha
obtenido un resultado razonable, que no excluye, como se dice en el
propio texto del Tratado, su mejora en el futuro.
Hemos hablado del empleo con las matizaciones correspondientes. Me parece
interesante también reseñar la creación de un comité de empleo que pueda
tener carácter consultivo, teniendo que ser informado al respecto el
Consejo Europeo. Conviene resaltar también desde el punto de vista del
empleo y de la política económica y social la incorporación del protocolo
social al Tratado. Es evidente que eso hay que hacerlo y se hace en el
marco del respeto a las normas nacionales. No crea alguna de SS. SS. que
la armonización permanente de algún tipo de políticas, como se ha
reclamado desde esta tribuna, supone un beneficio para nuestro país, sino
más bien lo contrario, pero es importante que el protocolo social esté
incorporado al Tratado a partir de esta reforma.
Se han reforzado algunas cuestiones relevantes sobre el medio ambiente o
la salud pública, derivadas, como he dicho, de la posición española. Ha
quedado un texto, en mi opinión, muy aceptable en relación con la
subsidiariedad. Establece un criterio de proporcionalidad
muy claro de equilibrio entre instituciones que, naturalmente, garantiza
que no pueda existir una interpretación renacionalizadora de políticas.
Se ha avanzado también en el campo de la transparencia.
Me quiero centrar ahora brevemente, porque no quiero hacer una
intervención muy larga, en el Estatuto de regiones ultraperiféricas, con
el que yo creo que el interés de la Cámara, el interés de las islas
Canarias y, en consecuencia, el interés de España se ha visto claramente
satisfecho. Yo tuve la oportunidad de contestar algunas preguntas
parlamentarias de SS. SS. hace algunas semanas, en las que efectivamente
se reflejaba que la negociación iba por un camino bastante positivo y
constructivo. Desgraciadamente, se torció muy pocos momentos antes del
comienzo del Consejo y hubo que retomarla otra vez entera. Fue una
negociación laboriosa porque la Presidencia dio marcha atrás claramente y
hubo que retomarla desde el comienzo y volver al cuadro que
definitivamente ha quedado, con la ventaja a la que se ha referido, y
agradezco sus palabras, especialmente el señor Mardones cuando dice que
es mejor que todo quede contenido en un artículo. Por lo tanto, ese
reconocimiento en un artículo, que significa a su vez el reconocimiento
de derecho primario, es muy importante y si además se consigue, como se
ha dicho, blindar la cuestión de los fondos de cohesión y de los fondos
estructurales, me parece que el conjunto de la operación es positivo.
Desde luego, estoy satisfecho de haber podido contribuir al éxito de esa
negociación, pero, sobre todo, hay que estar satisfechos no sólo porque
sea el cumplimiento de un acuerdo político, electoral o para una
investidura, sino porque creo que, razonablemente, los intereses de
Canarias y los intereses españoles han sido en este caso al menos muy
bien servidos. Yo estoy abierto a que desde ese punto de vista y según el
resultado establecido en el artículo 227 del Tratado, se incorporen los
correspondientes mecanismos de cooperación y de colaboración, llámeselos
como quiera. En todo caso, ya se está trabajando en la continuidad
respecto al régimen económico y fiscal y a la zona especial de Canarias,
como sabe muy bien su señoría, y espero que se pueda llegar también a
conclusiones positivas en ese sentido. Ya advertí hace algunos días que
era muy importante llegar a una conclusión positiva de respaldo al
Estatuto de regiones ultraperiféricas a la hora de hacer frente
claramente a esas negociaciones. Además, en mi opinión, se puede
encontrar un motivo razonable de satisfacción respecto al reconocimiento
de las especificidades insulares, que también era una propuesta española
que, como he dicho antes, ha sido recogida en su integridad. Es bueno que
desde ese punto de vista ya exista una situación de tranquilidad respecto
a los objetivos de España en cuanto a reconocimiento de las regiones
ultraperiféricas.
Respecto a lo que es la política exterior y de seguridad ha habido
algunos avances. Evidentemente es uno de los terrenos en el que se puede
decir que no se ha avanzado todo lo que a uno le gustaría, es posible.
España hizo una propuesta junto con seis Estados miembros, como he dicho
antes, para la integración de la Unión Europea Occidental en la Unión
Europea. Naturalmente se ha avanzado; establecer la posibilidad de que
haya una integración, de hacer emanar directrices y de una colaboración
más estrecha no es un elemento pleno de satisfacción, pero responde
perfectamente al espíritu europeo y hay que hacerlo con todo buen sentido
--y yo personalmente discrepo con algunas de las cosas que se han dicho
aquí-- en perfecta colaboración con lo que significan los elementos
básicos de la seguridad en Europa, uno de los cuales es la Alianza
Atlántica, y sería situarse absolutamente fuera de la realidad y hacer
imposible el intento de trazar una arquitectura mínima de una política
común de defensa europea sin contar con lo que significa la Alianza
Atlántica, tengo que decir que afortunadamente. Yo espero que se siga
trabajando en ese camino y que la próxima cumbre que celebraremos en
Madrid los días 8 y 9 de julio nos permita afrontar esa tarea.
Me importa reseñar a este respecto que es un modesto avance también la
significación o personalización del representante de la Unión Europea en
política exterior, el llamado Mister PESC o Missis PESC, como se quiera.
Me parece relevante porque creo que va a dar más posibilidades de acción
a la política exterior de la Unión y más posibilidades de que puedan
plantearse, desde ese punto de vista, acciones, estrategias u
orientaciones comunes.
Es verdad que resta un principio básico, como no podía ser de otra
manera, de unanimidad para la definición de estrategias y de principios
de la Unión y es verdad que existe el reflejo de una cláusula vital para
los países a la hora de aplicación en propuestas o en acciones concretas
de esas medidas. Digo que es verdad afortunadamente, porque es lógico que
un Estado pueda apelar a la cláusula de interés vital a la hora de
establecer un elemento diferenciador que afecte gravemente y de manera
determinante a sus instituciones. En todas estas cuestiones, con algunos
matices (Unión Económica y Monetaria, espacio de libertad y seguridad,
regiones ultraperiféricas, derecho de asilo, segundo pilar, etcétera),
parece que existe un campo bastante concreto y notable de lo que ha
significado una acción yo creo que satisfactoria desde el punto de vista
del impulso europeo y desde el punto de vista de la posición española.
Quiero llegar ahora a la cuestión institucional, en la cual cuando se
habla del fracaso de la reforma no se está diciendo exactamente toda la
verdad. No creo que pueda caber la palabra fracaso en lo que significan
los nuevos poderes del Parlamento Europeo, sinceramente. Los poderes de
codecisión del Parlamento Europeo están aumentados muy notablemente en el
Tratado --no hace falta leer la lista a SS. SS.-- se puede
establecer un número muy importante de temas que a partir de este momento
serán tratados por el procedimiento de codecisión por el Parlamento
Europeo. También tengo que decir que la delegación española tuvo buen
cuidado de que todo lo referente a los fondos estructurales y de cohesión
fuese tratado por el procedimiento actual de dictamen conforme, no por el
procedimiento de codecisión. Eso me parece absolutamente determinante
para la salvaguarda de nuestros intereses en ese punto en concreto. Desde
el punto de vista del Parlamento Europeo pienso que eso ha sido lo
correcto. He escuchado algunas cosas que puedo calificar no como muy
relevantes, pero sí de curiosas o de simpáticas, como que existe un
cambio de impresiones entre el Presidente del Parlamento Europeo y el
Consejo Europeo. Es verdad, está concebido de esa manera y no puede ser
de otra, porque el Parlamento Europeo es una institución distinta del
Consejo y, por tanto, al Presidente se le escucha, por parte de los jefes
de Estado y de Gobierno, cuando da un informe sobre las pretensiones y
opiniones del Parlamento Europeo, y se cambian impresiones, pero no es
concebible que el Presidente del Parlamento Europeo pudiese, como
institución, participar en igualdad de derechos en el Consejo Europeo,
que es exactamente la institución que corresponde a los Estados miembros.
Lo mismo ocurre a la inversa, como es lógico, cuando se producen debates
parlamentarios desde el punto de vista institucional.
Se ha producido un avance que me parece también relevante en puntos
relativos a la extensión de la mayoría cualificada. He dicho antes que no
comparto la idea de que si hay avances en mayorías cualificadas muy
importantes, eso constituye un éxito, y si no los hay o se interpreta
así, es un fracaso. No participo de esa idea. El proceso de construcción
europea que ha tenido desde su origen como regla básica la de la
unanimidad nos ha llevado hasta ahora. Otra cosa distinta es que ahora,
como se hace, se tenga que establecer una revisión de esas reglas en
función no sólo de lo que puede ser la próxima ampliación sino de la
propia realidad de la Unión Europea, pero hay cuestiones básicas, por
ejemplo las relativas a política exterior de seguridad, a seguridad
interior o a algunas de las relativas a comercio, sobre las que deben
preservarse unas reglas muy importantes por afectar a intereses
determinantes de los Estados miembros, tanto más si este asunto viene
unido al de la reponderación de votos o al de la negociación
institucional, a los que me referiré a continuación. Por lo tanto, ha
habido un avance razonable en el Parlamento Europeo, también en mayorías
cualificadas y el punto del Comité de las regiones también me parece muy
relevante. No creo que se pueda calificar ni de retroceso ni de fracaso
que haya más poderes consultivos por parte del Comité de las regiones,
que se haya separado el Comité de las regiones del Comité Económico y
Social y además que se hayan fortalecido sus competencias de carácter
consultivo respecto de lo que significa la cooperación transfronteriza.
Donde no fue posible llegar a un acuerdo, como hubiese sido deseable, fue
en el capítulo institucional. Eso no quiere decir que los resultados
tengan que ser pobres, como alguien ha dicho. No lo comparto. Respecto a
la ampliación, el horizonte de trabajo de la Unión Europea hacia el
futuro está despejado, aunque no conviene que nadie se llame a engaño; la
futura ampliación de la Unión Europea requerirá largo tiempo y
negociaciones muy difíciles y laboriosas y, además de eso, cuando se
culminen requerirá períodos transitorios muy largos. Es básico comprender
eso a la hora de afrontar ese proceso de la ampliación. Aunque nadie pone
en duda la necesidad política de la ampliación de la Unión Europea, cosa
bien distinta es cómo se instrumente ese proceso de ampliación y cómo
deba establecerse claramente la posición española al respecto desde ese
mismo momento.
El contenido final de la negociación institucional relativo a la
organización de la Comisión y al peso de cada Estado miembro en el
Consejo Europeo fue resuelto por unas fórmulas de compromiso, como suele
ocurrir de una manera bastante habitual en los consejos europeos. Si bien
desde el punto de vista general nos hubiera gustado avanzar más, desde el
punto de vista español se establecen las suficientes salvaguardas en un
sentido muy claro. Primero, cualquier Estado miembro que pueda renunciar
a un comisario no lo hará si no obtiene claramente una compensación por
esa renuncia. Por lo tanto, no hay renuncia a comisario sin compensación
en términos de ponderación, en términos de votos o en términos de peso
por esa renuncia. ¿Cómo se puede llegar a ese acuerdo? Por la vía directa
de la ponderación, de lo cual eran partidarios algunos países (España,
por ejemplo) o por la vía de la doble mayoría de la población, de lo cual
eran partidarios todos los países pequeños. Hay que pensar que esto no
sólo afecta a la posición española sino también al equilibrio histórico y
tradicional en el seno de la Unión Europea. Es evidente que a algunos
Estados les cuesta trabajo aceptar el sistema de doble mayoría, porque
cuando se ha establecido el equilibrio político de la Unión sobre una
paridad, la mayoría deshace la paridad y establece el desequilibrio. Esa
es también una fuente de preocupación y de problemas que habrá que
resolver. La primera regla es que a la hora de una ordenación razonable
de la Comisión y en la perspectiva de una Unión Europea a Veinte, como se
dice en el propio Tratado, todos los Estados miembros tendrán un
comisario, y si se quiere renunciar a uno, no habrá más remedio que tener
en su momento una compensación clara en términos de votos y de peso
político. Como segunda regla se establece la garantía del mantenimiento
del llamado compromiso de Ioannina hasta que se produzca la reforma
institucional. Quiere decir que los déficit que se apreciaron en la
anterior ampliación y que dieron lugar al establecimiento de esos
compromisos están mantenidos, y era importante una declaración en ese
sentido, porque si no podía interpretarse que ese compromiso de Ioannina
decaía en el momento de aprobarse la reforma de los tratados. Por tanto,
cuando un país pueda sentir que sus intereses están suficientemente
puestos en entredicho o corre el riesgo de verse grave y sistemáticamente
minorizado, puede, por una minoría de 23 votos, volver a replantear el
asunto. En tercer lugar, existe una cuestión específicamente española,
que es el reconocimiento del caso especial de España, que deriva de la
búsqueda y de la recuperación en gran medida de los equilibrios con los
cuales entró España en la Comunidad Europea en 1986. Me permitirán SS.
SS. que diga que a mí me parece a estas alturas un ejercicio estéril el
de debatir si al entrar España en 1986 y tener la oferta de diez votos,
un comisario, u ocho votos, dos comisarios se acertó o no se acertó a la
hora de esta segunda fórmula. Lo que importa ahora es si en la
perspectiva del desarrollo institucional de la Unión hoy y en función de
los equilibrios con los cuales entró España en 1986, en función de la
primera ampliación de la Unión y en función de las circunstancias
actuales de la Unión y de la futura ampliación, ese es un caso que merece
la pena que sea políticamente reconocido por todos los Estados miembros y
que, naturalmente, produzca la consecuencia de ser revisado antes de la
próxima ampliación. Esa es exactamente la secuencia y la consecuencia de
lo que significa la reforma institucional que queda pendiente, en ese
ámbito del Consejo y de la Comisión, para un futuro, pero ese
aplazamiento no se refiere a todo el ámbito de la reforma institucional.
Señorías, si para conseguir este objetivo, que es un objetivo razonable,
como se ha dicho --y yo no entro ahí en una cuestión de críticas o no
críticas--, es necesario en un determinado momento --porque creo que los
intereses de nuestro país así lo exigen-- paralizar o, si alguien lo
quiere llamar de otra manera, bloquear durante las horas que sean
necesarias una conferencia, me parece absolutamente claro que debe
hacerse y estoy convencido de que si no se hubiese hecho, no se hubiese
llegado a una conclusión positiva a este respecto. Por tanto, a veces, el
propio proceso de construcción europea, de tener en cuenta en todo
momento lo que significan los intereses de nuestro país --y es lógico que
cuando estemos hablando de votos en un Consejo o de presencia de
comisarios en una Comisión estemos hablando de intereses de Estados
miembros-- hace necesario que se adopten las fórmulas que en ese momento
de la negociación parezcan más oportunas. Esas negociaciones, señorías,
fueron extraordinariamente duras y dificultosas y, naturalmente, lo que a
mí me importa, sobre todo, es entender que el interés de España queda
salvaguardado de una manera justa pensando en la evolución de la Unión
Europea en el futuro.
En resumidas cuentas, señorías, espero que podamos seguir trabajando en
el espíritu de consenso y de acuerdo que ha servido en todo momento y
siempre para fortalecer la posición española. Yo quiero agradecer, en
nombre del Gobierno, una vez que han terminado los trabajos de la
Conferencia Intergubernamental y una vez que hemos terminado el Consejo
Europeo, el apoyo mayoritario y sentido a través de la Comisión Mixta que
esta Cámara ha dado al Gobierno para sus negociaciones. Y también quiero
agradecer las discrepancias. Cuando no se comparten evidentemente las
propuestas, las propuestas hay que respetarlas, y cuando hay visiones
distintas de lo que es un proceso de construcción político europeo, se
discrepa de ello, pero por eso no se deja de pedir también que se haga,
en la medida de lo posible, el esfuerzo suficiente y razonable para
seguir contribuyendo, cada uno con su visión, a lo que es lo mejor para
el interés de España.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.--El señor Anguita González pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente del Gobierno.
Señor Anguita, es bueno recordar que, en el trámite de información del
Gobierno como el que acaba de celebrarse, los precedentes vienen marcando
que tras la intervención del Presidente del Gobierno y las de SS. SS.
cierra el debate el Presidente del Gobierno y no suele haber, salvo con
muy excepcional fundamento, una segunda ronda, porque además, en ese
caso, se alargaría excesivamente el debate. Si S. S. piensa que hay algo
excepcional que quiera subrayar, le agradecería, sin embargo, que
mantuviéramos el precedente. (El señor Anguita González pronuncia
palabras que no se perciben.)
Muchas gracias, señor Anguita. Queda intentado, queda constancia.
PREGUNTAS:
-- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE RAZONES MANTIENE EL GOBIERNO PARA QUE EN
LAS ULTIMAS MANIFESTACIONES CIUDADANAS CONTRARIAS A LAS POLITICAS DEL
GOBIERNO LA RESPUESTA POLICIAL HAYA SIDO DESMEDIDA, CON EL RESULTADO DE
HERIDOS Y DESORDENES PUBLICOS DERIVADOS DE LA PROPIA ACTUACION POLICIAL?
(Número de expediente 180/000724)
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día, preguntas orales al
Gobierno.
Pregunta número 14, de la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
formulará el Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez.
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, en democracia las formas de
actuar son tan importantes como los contenidos, y usted y su Gobierno, en
un año, ante demandas sociales para las que no han encontrado respuestas
políticas, han abusado de la acción policial, y ante decisiones políticas
de su Gobierno, contestadas socialmente, han respondido en demasiadas
ocasiones con la represión policial.
¿Qué razones mantiene el Gobierno para que en las últimas manifestaciones
ciudadanas contrarias a la política del Gobierno la respuesta policial
haya sido desmedida, con el resultado de heridos y desórdenes públicos
derivados de la propia actuación de las fuerzas de seguridad?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente.
Está claro, señoría, que no coincido con su visión de las cosas. La
actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, que tienen el pleno
respaldo del Gobierno, ha sido proporcional a las situaciones que han
tenido que afrontar y, evidentemente, si en cualquier momento el Gobierno
considerase que las fuerzas de seguridad del Estado no cumplen
correctamente sus obligaciones, instauraría las medidas de corrección
oportunas. No se da esa circunstancia en ninguno de los casos que el
Gobierno conoce hasta ahora.
Gracias señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente. Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, la verdad es que los datos en
un año de Gobierno han llevado a Izquierda Unida a solicitar en once
ocasiones la comparecencia de altos cargos del Gobierno para responder de
la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sólo en las siete
últimas manifestaciones, en Santander con los trabajadores de Astander,
en Villaverde con los ciudadanos contra la droga, en Tarifa ante la
instalación de un cable de alta tensión, en Villamartín de Don Sancho
(León) por la construcción de un vertedero, en Aranjuez para disolver un
pleno municipal, en Tenerife ante la integración en la OTAN y en Oviedo
por la visita del señor Bush, ¿sabe usted cuál es el resumen? Cien
personas en los hospitales, ancianos y niños también, y treinta y cinco
detenidos. ¿Este coste es el que van a tener que afrontar los ciudadanos
durante toda la legislatura?
Señor Presidente, es preocupante que quienes deben de garantizar el orden
sean portada en los periódicos por su propia actuación. Diario El
Montañés, 13 de junio: Batalla campal entre la policía y los
trabajadores. Diario El País, Madrid: Una protesta acaba en batalla
campal. La verdad es, señor Aznar, que el abuso de la represión puede ser
por tres razones: una, por la debilidad del Gobierno; dos, por la
incapacidad de diálogo y, tres, por el talante a la hora de actuar. Esta
forma de proceder es bastante conocida en España. ¿Va a rectificar este
proceder? ¿Va por lo menos a investigar estos excesos? Desde IU y desde
los ciudadanos le pedimos respuestas políticas a las demandas sociales y
aguantar la acción policial.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Comprendo que S. S. desde
Izquierda Unida plantee esa cuestión; en lo que no estoy tan de acuerdo
es que la plantee también en nombre de los ciudadanos. Será en nombre de
los ciudadanos a los que representa Izquierda Unida, como es lógico,
porque parece que, en lo que se conoce, los ciudadanos respaldan bastante
mayoritariamente la actuación del Ministerio del Interior, que en ningún
caso ha dado ni dará ninguna orden, señoría, que pueda contemplarse como
un exceso desde el punto de vista de lo que es la aplicación del Estado
de derecho, desde el punto de vista de lo que significa la aplicación de
la Ley orgánica de protección de seguridad ciudadana, que es la
obligación de las fuerzas de seguridad del Estado. Comprendo que es más
fácil defender lo contrario, pero le puedo decir, señor Ríos, que, en mi
opinión y en opinión del Gobierno, no tiene razón S. S. Aquí en nuestro
país se puede defender lo que se quiera, uno se puede manifestar donde
quiera, simplemente hace falta notificarlo; pero lo que no se puede es
utilizar la violencia para intentar quebrantar la ley. En ese caso y para
eso están las fuerzas de seguridad del Estado. Y cuando se utiliza la
violencia, donde sea y la ejerza quien sea, ahí estarán, espero, siempre
las fuerzas de seguridad del Estado, justamente haciendo lo que usted
reclama: velando por los derechos y libertades de los ciudadanos
españoles.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL
GOBIERNO QUE CONVIENE A LOS INTERESES DE ESPAÑA Y DE LOS CIUDADANOS
ESPAÑOLES MANTENER LA DECISION POLITICA DE NO DESIGNAR EMBAJADOR DE
ESPAÑA EN CUBA? (Número de expediente 180/000737)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al Gobierno el
Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Socialista.
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, desde hace más de doscientos
días España no tiene embajador en Cuba. Esta ausencia es la expresión más
visible de la política hostil hacia Cuba, puesta en marcha por el
Gobierno y el Partido Popular.
¿Considera el Presidente del Gobierno que beneficia los intereses de
España y de los españoles la decisión de mantener vacante la embajada de
España en Cuba?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, no compartiendo la valoración que usted hace respecto de la
hostilidad, porque gesto sin duda hostil es retirar el plácet que está
concedido a un embajador, cosa que no ha hecho el Gobierno de España --y
ruego a S. S. que medite sobre ello a la hora de hacer sus
argumentaciones--, le puedo decir que no hay ninguna decisión política
sobre el no nombramiento de un embajador de España en Cuba, ninguna.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, son más de doscientos días.
Cuando un Gobierno rebaja el perfil de las relaciones diplomáticas hay un
perjuicio inmediato que es tanto mayor cuanto más intensas son esas
relaciones. Los empresarios españoles, empresa pública y privada, se han
sentido faltos de apoyo y cobertura, lo han dicho públicamente; se han
sentido presionados para participar en un régimen de embargo encubierto a
Cuba. Por otra parte, al no haber una buena interlocución, se resiente
también la información. El Ministro de Asuntos Exteriores llegó a
anunciar una recomendación de no viajar a la isla; alguien le había dicho
que el turista Jesús Martín estaba en la cárcel, lo cual no era cierto.
Hicimos el ridículo.
Señor Presidente, mi grupo --y con eso le contesto-- rechazó rotundamente
en su momento la decisión cubana de retirar el plácet al embajador
Coderch, pero cualquiera que sea la opinión política que nos merezcan un
país y su Gobierno, la ausencia deliberada de embajador supone para
España una pérdida de interlocución política y es un gesto inamistoso que
tiene repercusiones también en el conjunto latinoamericano. La actitud de
España no se comprende, los vacíos que España deja en diálogo y
relaciones los ocupan otros países que sí tienen allí un embajador.
España pierde también la influencia política que se precisa para
favorecer y acompañar una futura transición en Cuba. Finalmente, nadie
entendería que por razones de política partidaria la visita del Rey a
comienzos de 1998 no tenga lugar en un contexto de plena normalización
diplomática.
Señor Presidente, la política del gesto y de la ofensa, la diplomacia de
la corbata no merece ser llamada diplomacia. Las relaciones exteriores
son algo mucho más serio, mucho más complejo, como le explicaba esta
tarde el señor Almunia. Ayer el Gobierno anunció la próxima designación
de embajador dentro de unos meses. Me felicito en la medida en que esta
pregunta haya podido contribuir a que el Gobierno mueva pieza para poner
fin a esta situación, pero no espere otros cien días, se lo pide el Grupo
Socialista, pero también se lo ha dicho el PNV, se lo ha dicho
Convergència i Unió, se lo ha dicho Izquierda Unida, se lo ha dicho
Coalición Canaria y se lo pide también el interés de España y de los
españoles que usted está obligado a defender y a garantizar, señor
Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Estrella. Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias señor Presidente.
Como S. S. ha hablado de intereses de España y de cuestiones de presencia
española en Cuba, le daré algunos datos que seguro que interesarán a su
señoría. En el comercio bilateral de España con Cuba en 1996 las
exportaciones españolas sumaron 59.000 millones de pesetas frente a
51.000 millones en 1995. Respecto a las importaciones procedentes de
Cuba, en 1996 representaron 16.000 millones frente a los 11.000 millones
de 1995. La tasa de cobertura comercial es en este momento del 355 por
ciento. No parece que el comercio español con Cuba ni el comercio de Cuba
con España se hayan visto especialmente perjudicados. Cuando se habla de
intereses concretos españoles conviene decir qué intereses específicos se
han visto entorpecidos por una política determinada, porque realmente los
datos de la relación económica y comercial, insisto, de España con Cuba
demuestran y dicen exactamente lo contrario.
Respecto al asunto del nombramiento del embajador, no le puedo decir otra
cosa, señoría, respondiendo a su pregunta, que lo que le he dicho antes.
No
hay una decisión política de no nombrar. El Gobierno, en función del
conjunto de las relaciones con Cuba, nombrará embajador cuando le parezca
que es exactamente el momento oportuno, valorando todas las
circunstancias, y no conviene olvidar --insisto-- que si esa situación se
produce es por la retirada absurda, desproporcionada e injustificada,
desde el punto de vista de la política internacional en cualquier país,
del plácet concedido en este caso al embajador de España, que,
naturalmente, reunía todas las condiciones para ser un buen embajador de
España allí, como ahora defienden todos los funcionarios diplomáticos
correctamente nuestros intereses en Cuba, intereses que además forman
parte de la posición común de la Unión Europea en relación con Cuba y de
la declaración conjunta de Viña del Mar de todos los jefes de Estado y de
Gobierno de Iberoamérica. Esa será la actitud del Gobierno, que intentará
un restablecimiento progresivo de la normalidad de relaciones y seguirá
defendiendo los derechos humanos y las libertades en Cuba, que parece ser
que unos lo defendemos con más intensidad que otros.
Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.-- Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS ROS MAORAD, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿ESTA USTED EN CONTRA DE LA
POSICION DE LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE QUE SE OPONE A LA CONSTRUCCION
DE UNA CARRETERA A BULNES DENTRO DEL PARQUE NACIONAL DE PICOS DE EUROPA?
(Número de expediente 180/000738)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula al Gobierno el
Diputado don José Luis Ros Maorad, del Grupo Socialista.
Señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, ¿está usted en contra de la posición
de la Ministra de Medio Ambiente, quien se opone a la construcción de una
carretera a Bulnes dentro del parque nacional de Picos de Europa?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias.
Señoría, todos los miembros del Gobierno, como no podía ser de otra
manera, estamos de acuerdo en el cumplimiento de las leyes y también,
como expresión de la declaración general, en el cumplimiento de la ley
que afecta al parque nacional de Picos de Europa.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Alvarez-Cascos, el día 4 de junio la Ministra de Medio Ambiente,
ante una pregunta de este parlamentario interesándose por las razones por
las cuales se había cesado al director de Picos de Europa, dio una
contestación defensiva, desde luego plagada de falsedades, que fue muy
jaleada por diputados del Partido Popular, que en un momento determinado
llevaron a la Ministra a una especie de delirio medioambiental que le
hizo afirmar que el Ministerio de Medio Ambiente tenía un estudio técnico
y que se oponía a la construcción de esa carretera. Seguramente la señora
Ministra no sabía dónde se metía y el barullo que iba a crear, porque,
efectivamente, se vistió otra vez de pastorcilla, pero al día siguiente
había un enfrentamiento muy grande dentro del Partido Popular:
enfrentamiento entre el Partido Popular nacional y el Partido Popular
regional, enfrentamiento entre el señor Marqués, presidente del
Principado, y la señora Tocino, enfrentamiento de la señora Tocino con
los alcaldes del Partido Popular de la zona, enfrentamiento de los
señores alcaldes del Partido Popular con el señor Casas, que es el que la
señora Ministra ha propuesto; en definitiva, señor Cascos, enfrentamiento
suyo con la señora Tocino, a quien desautorizó usted nada más llegar a
Asturias el día 10. Por tanto, esto sí que es la liga del esperpento. Y
usted, señor Vicepresidente, ha metido la pata, porque le corresponde un
papel como Vicepresidente del Gobierno de coordinación y de equilibrio
dentro del Gobierno, y lo que se ha hecho con mucha ligereza es lanzarse
al enfrentamiento y a la bronca, hasta tal punto que me pregunto quién
sobra en el Gobierno, si usted como Vicepresidente o la señora Ministra
de Medio Ambiente. Ha habido incluso personas muy significativas del
Partido Popular que se han salido de esta maraña que ustedes han creado.
Le podía citar La Voz de Asturias, donde un líder muy significado del
Partido Popular dice: Afortunadamente, no somos todos clónicos y el hecho
de que se mantengan diferencias de criterio sólo quiere decir que hay
distintas opiniones. Esto pasará seguramente a los anales de la
politología. Pero, señor Vicepresidente del Gobierno, ustedes han tomado
Picos de Europa --no solamente
se han llamado clónicos entre ustedes, y no sé si pedirle la lista de
ministros clónicos-- como una moneda de cambio ante la falta de encuentro
de los miembros del Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, señoría, yo creo que, como
desahogo personal, ha cumplido usted brillantemente en su intervención;
como desahogo personal ha sido impecable. (Aplausos.) Yo le he dicho que
el Gobierno va a defender el cumplimiento de las leyes y va a practicar
el cumplimiento de las leyes. La ley de la declaración de los Picos de
Europa como parque nacional, dice en su exposición de motivos que «los
Picos de Europa son también gente, unos pobladores que a lo largo de
siglos han compatibilizado su vida con la conservación de la naturaleza,
unos pobladores sin los que estas tierras nos serían lo que son»; y
además añade: «hoy por hoy en los Picos de Europa no está garantizada ni
la conservación de la naturaleza ni la mejora equilibrada de la calidad
de vida de sus habitantes». Ley del año 1995.
En el Real Decreto del año 1994, cuando su gobierno aprobó el plan de
Picos de Europa se decía en el punto 5.º que «se procurará garantizar el
acceso rodado a todos los núcleos de población permanente». Y Bulnes es
un núcleo de población permanente. Precisamente por eso, en el programa
del Partido Popular, que defendió en las elecciones con transparencia y
con el respaldo mayoritario de los asturianos, figura el compromiso de
llevar el acceso rodado a Bulnes. En estos momentos, señoría, lo que está
en juego es cómo se resuelve ese compromiso, haciendo compatible lo que
en la declaración de principios del parque de Picos se dice para
garantizar el nivel de vida de sus habitantes con las razonables medidas
protectoras para evitar impactos ambientales negativos.
Pero quería subrayar y saber sobre todo si usted quiere negarle a los
habitantes de Bulnes el derecho a tener libre circulación, acceso a la
sanidad, derecho a las prestaciones de la tercera edad, etcétera. Porque
a lo mejor lo que usted quiere con los habitantes de Bulnes es
convertirlos en unos habitantes de excepción en todo el territorio
español. Y eso, señoría, ni se corresponde con la Constitución ni con la
solidaridad que todos deberíamos defender.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
Ha sido retirada la pregunta número 13, de don Carles Campuzano i
Canadés, que se formulaba al Ministro de Asuntos Exteriores.
Preguntas relativas al área de justicia.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO
TIENE PROGRAMADA EL MINISTERIO DE JUSTICIA LA CONVOCATORIA DE LAS 3.000
PLAZAS DE ACCESO A LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA QUE
CONTIENE LA OFERTA DE EMPLEO DEL PRESENTE AÑO? (Número de expediente
180/000729)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, que formula el Diputado don José
Antonio Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Justicia, uno de los objetivos de este Gobierno,
puesto de manifiesto en diferentes intervenciones a lo largo de la
presente legislatura, es lograr la mejora de la situación de la
Administración de justicia en España. Y siendo precisamente la
modernización y la eficacia de la justicia una de las prioridades de este
Gobierno, además de medidas de carácter legislativo, es necesario dotarla
de recursos materiales y humanos suficientes sin los cuales difícilmente
podría alcanzarse una justicia que sirva de manera profesional, ágil y
eficaz a los ciudadanos.
Sin embargo, sólo puede entenderse que el Gobierno cumple con esa
finalidad cuando provee sus necesidades de acuerdo con los principios de
acceso a la función pública que las leyes establecen, esto es, atendiendo
a los criterios de mérito y capacidad. Si bien necesidades puntuales de
carácter temporal autorizan la contratación de interinos, es lo cierto
que durante la etapa anterior la utilización de este recurso de forma
masiva e indiscriminada para atender necesidades de carácter permanente
de la Administración de justicia ha venido menoscabando los principios
anteriormente enunciados.
En este sentido, la anunciada reordenación y racionalización de la
plantilla de su Ministerio puede ser un instrumento adecuado para
corregir dicha situación. De ahí que podamos congratularnos al haber
tenido conocimiento de que la oferta pública de empleo para 1997 autoriza
a su Ministerio a convocar pruebas selectivas para ingreso en los
distintos cuerpos de la Administración de justicia en un número de 2.950
plazas para personal funcionario, a las que hay que sumar 131 plazas más
para personal laboral.
Por ello, y con el deseo de que esos efectivos sean seleccionados lo
antes posible, es por lo que le formulo la siguiente pregunta. ¿Cuándo
tiene programada el Ministerio de Justicia la convocatoria de las 3.000
plazas de acceso a los cuerpos de la Administración de
justicia que contiene la oferta de empleo para el presente año?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bermúdez de Castro.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias señor
Presidente.
Señoría, de las 3.081 plazas, 100 corresponden a secretarios judiciales;
25, a médicos forenses; 700, a oficiales; 1.025, a auxiliares; 1.100, a
agentes, y 131 a personal laboral. Todas ellas van a ser convocadas a lo
largo del mes que viene y en el mes de septiembre, a excepción de las
plazas de secretarios judiciales, que han sido convocadas mediante
resolución de 5 de mayo pasado. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
La complejidad de las diferentes convocatorias no ha permitido
efectuarlas hasta el momento presente, pero se están agilizando todos y
cada uno de los trámites para que en el mes de septiembre a lo más tardar
estén todas las convocatorias y todos los tribunales precisos para las
diferentes oposiciones publicados en el boletín correspondiente.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URIA ECHEVARRIA, DEL GRUPO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO ESTA PREVISTA LA REMISION A
LA CAMARA DE LAS MODIFICACIONES PENDIENTES DE LA LEY ORGANICA DE
TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL? (Número de
expediente 180/000726)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 17,
de doña Margarita Uría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
La materia de mi pregunta es motivo de preocupación constante para mi
Grupo, ya que se trata de la garantía de los derechos individuales en
materia de protección de datos de carácter personal.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior, le
preguntaba por la transposición de la Directiva 95/46 a nuestro
ordenamiento. Obviamente, en aquel momento todavía era muy pronto para
que usted tuviese un conocimiento fundado de esta materia. Ahora,
transcurrido un año, le pregunto: ¿cuándo piensa remitir a la Cámara el
proyecto, con las modificaciones pendientes, de la ley orgánica de
tratamiento automatizado de datos de carácter personal?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Uría.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, la modificación legislativa, en la que no solamente se
incorporará la directiva a la que S. S. ha hecho referencia, sino también
las experiencias que el propio director de la Agencia ha relatado ante
SS. SS. en las diferentes comparecencias efectuadas a lo largo del mes de
febrero y del mes de marzo del presente año, se va a presentar ante el
Consejo de Ministros a principios del año que viene, porque la fecha de
integración, que S. S. conoce, es la de 1998. Para dicha fecha, estará
aprobada la modificación legal, con la incorporación de la directiva y, a
ser posible, con la doctrina recogida por el Tribunal Constitucional
respecto a los recursos de inconstitucionalidad presentados por los
diferentes grupos parlamentarios.
Gracias señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
Señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señora Ministra, conocía lo avanzado de los
trabajos y ése era el motivo de la pregunta. Me gustaría que, si fuera
posible, en su turno posterior me adelante algo sobre temas como si se va
a mantener la no división fundamental de nuestra Ley orgánica sobre
ficheros de titularidad pública y titularidad privada, el tratamiento de
datos personales y la libertad de expresión o el hecho de que la
información recabada proceda del propio interesado o de persona distinta,
así como algo que me parece fundamental, si la configuración de la
Agencia va a ser tal y como es ahora o si se pasará a hacerla depender de
las Cortes Generales, como es deseo de mi grupo y sería más lógico. En
todo caso, sí le manifiesto que también es nuestro deseo que esta
importante operación legislativa se pudiera hacer coincidir con la
finalización, por cualesquiera de los modos que el Derecho permite, de
los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley orgánica 5/1992, que
en este momento están pendientes ante el Tribunal Constitucional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Como ha dicho S. S., los trabajos se encuentran muy avanzados, aunque en
fase de borrador y en tramitación interna. Sí puedo asegurar a S. S. que
se trata de adecuar el régimen de garantías a lo que establece la
directiva y a las premisas que establecieron los recursos de
inconstitucionalidad. En cuanto a datos concretos, me permitirá S. S.
que, aunque están en fase de borrador y en tramitación interna, no los
adelante en la Cámara, para no tensionar al equipo que en este momento
está efectuando ese trabajo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE FRANCISCO HERRERA ANTONAYA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
MEDIDAS HA TOMADO EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA MEJORAR LAS INADECUADAS
INSTALACIONES DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID? (Número de expediente
180/000727)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 18,
de don José Herrera, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Herrera.
El señor HERRERA ANTONAYA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, quien conozca la sede de la Audiencia Provincial de
Madrid coincidirá conmigo en calificar como inadecuadas sus actuales
instalaciones. A problemas como la dificultad de accesos o aparcamientos
propios de su céntrica situación, se unen otros derivados de las
características del propio inmueble, como la masificación y falta de
espacio, la no segregación de circulaciones, la ausencia de estancias
apropiadas para los testigos o la existencia de pilares en la sala de
vistas, que dificultan notablemente la visibilidad y el seguimiento de
los juicios. A todo esto hay que añadir la implantación del tribunal del
jurado y el aumento de competencias en materia penal previstas por el
nuevo código para las audiencias, con lo que la Audiencia Provincial de
Madrid pasa a tener catorce secciones frente a las diez anteriores.
Por todo ello, y dada la necesidad de una solución urgente, el Ministerio
comenzó la búsqueda de un edificio de oficinas en arrendamiento apropiado
a su nuevo uso y con el carácter representativo que requiere la
Administración de justicia.
Tras un intenso estudio de las ofertas presentadas, se optó por un
edificio de reciente construcción ajardinado y con aparcamiento propio,
situado en una moderna zona residencial bien dotada y con fácil acceso
tanto en automóvil como en transporte público. Cabe recordar aquí que
precisamente uno de los tramos de metro que tiene previsto construir el
actual Gobierno de la Comunidad de Madrid llegará hasta las inmediaciones
del edificio mencionado.
El pasado 29 de octubre se formalizó el contrato de arrendamiento y se
redactó el proyecto de adecuación para los fines y programas propuestos,
es decir, para la ubicación de catorce secciones penales de la Audiencia
de Madrid y de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid.
Las obras fueron sacadas a subasta pública por la Dirección General del
Patrimonio del Estado en el «BOE» del 25 de enero pasado, adjudicándose a
la empresa Teconsa, que actualmente las lleva a cabo bajo la dirección
facultativa compartida por dicha dirección general y el Ministerio de
Justicia. Recientemente, se ha finalizado e incluso amueblado, la primera
de las fases de las obras.
Teniendo en cuenta estos datos, señora Ministra, le formulo la siguiente
pregunta: ¿qué medidas ha tomado el Ministerio para mejorar las
inadecuadas instalaciones de la Audiencia Provincial de Madrid?
Gracias, señor Presidente. Gracias, señora Ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Herrera.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
No podría describir mejor las medidas de lo que lo ha hecho su señoría.
Todos los que conocemos la sede del edificio de la calle Cartagena
sabemos de las deficiencias del mismo, sabemos de todos los defectos
estructurales que padece, y por ello el Ministerio de Justicia optó por
el arrendamiento de un edificio sito en la calle Santiago de Compostela,
96, que reúne, en opinión de los técnicos del Ministerio, las
características necesarias para ubicar las catorce secciones de la
Audiencia Provincial de Madrid.
A primeros de junio se encontraba terminada una planta para la
celebración de juicios, por si era necesaria la celebración de un juicio
que se encuentra realizándose en este momento en la sede del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, porque así lo prefirió el presidente de
la sección, y esperamos que al final de año estén terminadas
completamente las obras que permitirán el traslado a una sede digna y
adecuada de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid.
Gracias, señoría. Gracias, señor Presidente.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE ALARCON MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL GOBIERNO EXPLICAR EL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS PARA LA PRESTACION SOCIAL
SUSTITUTORIA EN LABORES DE APOYO A GRUPOS SOCIALES? (Número de expediente
180/000728)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
Pregunta número 19, que formula don José Alarcón Molina, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Alarcón.
El señor ALARCON MOLINA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, corren tiempos en que se cuestiona tanto el deber jurídico del
cumplimiento del servicio militar y de la prestación social sustitutoria
como la utilidad social de ambos servicios. Por ahora, desearía subrayar
el enorme interés general de la prestación social sustitutoria como
instrumento de participación social de los jóvenes.
Señor Presidente, el artículo 6 de la Ley 48/1984, de 26 de diciembre,
que regula la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria
establece una serie de actividad genérica cuyos datos sería de mucho
interés subrayar, pero debido al tiempo pasaré a recordar a la Cámara
sólo aquellos ejemplos que pueden constituir materia de los servicios
sociales, como son: acompañamiento de ancianos e impedidos, traslado de
minusválidos, colaboración en programas de prevención e integración de
drogodependientes, orientación a refugiados y transeúntes, entre otras
finalidades.
En el campo de cooperación internacional, podríamos señalar, sólo como
ejemplo, la colaboración que se está dando en campos de desplazados y
refugiados por conflictos bélicos o aquellos que se refieren a la ayuda y
desarrollo de promoción de los países del tercer mundo.
Lo antedicho configura no sólo una alternativa frente al servicio
militar, sino también un valor en sí mismo. Frente a posturas de
desintegración y atomización social, se hace necesario que el Estado
fomente las vías adecuadas para conseguir unos niveles de solidaridad y
cohesión mínimas que son la garantía última de una verdadera democracia.
Por las razones expuestas, señora Ministra de Justicia, formulo la
siguiente pregunta: ¿Puede el Gobierno explicar el grado de cumplimiento
de los convenios para la prestación social sustitutoria en labores de
apoyo a grupos sociales?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alarcón.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, en este momento en los diferentes programas de prestación social
sustitutoria en grupos sociales se encuentran destinados aproximadamente
más de 10.000 objetores de conciencia. Según los servicios de Inspección,
el grado de cumplimiento es satisfactorio y de alguna manera es motivador
para los jóvenes, puesto que la demanda de estos puestos es cada día
mayor. A título de ejemplo, podría decirle a S. S. que en programas con
minusválidos tenemos concertados con entidades privadas, tales como ANDE
o Afanias, 39 proyectos; con Cáritas, 153 proyectos; con Aldeas
Infantiles SOS, 3 proyectos; con atención a drogodependientes Proyecto
Hombre y Asociación Vasida, 20 proyectos; con Cooperación internacional,
Fe y Alegría y Médicos del Mundo, 50 proyectos; con Acción Social
Penitenciaria, como entidad pública, proyectos que alcanzan a 1.500
objetores. Y en el día de hoy hemos firmado un convenio de colaboración
con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que los objetores de
conciencia puedan atender las necesidades de los inmigrantes y colaborar
con su prestación social a erradicar la violencia y la intolerancia en
aquellos que se integran en la sociedad española.
Gracias, señoría. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
-- DEL DIPUTADO DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA LA SEÑORA MINISTRA DE
JUSTICIA PROPORCIONADAS LAS SANCIONES IMPUESTAS A LOS FISCALES DE LA
AUDIENCIA NACIONAL EN RELACION CON LOS HECHOS QUE SE LES IMPUTAN COMO
CONSECUENCIA DE LA INSPECCION REALIZADA EN DICHA FISCALIA? (Número de
expediente 180/000739)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 30,
que formula doña María Teresa Fernández de la Vega, del Grupo Socialista.
Señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Justicia, la inspección realizada en la Audiencia
Nacional el año pasado desveló que cuatro fiscales habían cometido hechos
tan graves como desobedecer sistemáticamente al jefe, mantener unas
discrepancias permanentes con él desatendiendo sus instrucciones y
órdenes, ocultar pruebas en la instrucción
del proceso y utilizar alumnos para la realización del trabajo que tenían
que hacer los fiscales, como calificar las causas.
Estos hechos, calificados como muy graves tanto por los instructores de
los expedientes como por el Consejo Fiscal y por el propio Fiscal General
del Estado, terminaron en unas sanciones, a nuestro juicio, mínimas, como
son una de traslado, cuando se pedían cuatro de traslado, una de
suspensión de un mes, cuando se pedían seis meses de suspensión y una
multa de 50.000 pesetas.
¿Considera la señora Ministra proporcionadas estas sanciones a unos
hechos tan graves derivados de esa inspección?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández de la Vega.
La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, de los expedientes que S. S. ha relatado solamente ha sido
resuelto por la Ministra el expediente de traslado, no de sanción de
traslado, sino expediente de traslado, y es público y notorio que la
Ministra de Justicia resolvió que era adecuada la propuesta del Fiscal
General que asumía, a su vez, la del Consejo Fiscal.
Los otros expedientes, que se encuentran recurridos por los interesados,
están en la fase de tramitación ante el órgano competente del Ministerio
de Justicia y en este momento no es adecuado ni conveniente que la
Ministra adelante un criterio jurídico que sólo cuando recaiga la
resolución deberá ser notificado a los interesados y posteriormente hecho
público.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
Señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Señora Ministra, no hay ni un solo
ciudadano en este país que pueda entender que unos fiscales autores de
hechos tan graves sean sancionados con penas o con sanciones tan mínimas,
y que incluso ellos se permitan casi el lujo de reírse públicamente de
ellas. El propio señor Fungairiño se permitió decir públicamente que no
tenía ninguna importancia la sanción, la comparó con una multa de
tráfico. Si ocultar pruebas en un proceso equivale a 50.000 pesetas, como
una multa de tráfico, tiene razón el señor Fungairiño. No sabemos si el
traslado del que, parece ser, va a ser objeto la señora Márquez de Prado
lo ha propuesto usted o lo ha propuesto el Presidente del Gobierno,
porque ella dijo públicamente que usted no la quería trasladar, y usted
le contestó públicamente que ni lo confirmaba ni lo desmentía. No sabemos
si usted ampara a la señora Fiscal o a su Presidente del Gobierno.
En cualquier caso, señora Ministra, no creemos que promover una política
disciplinaria que permita o avale que los fiscales puedan ocultar
pruebas, desobedecer sistemáticamente a su jefe y utilizar a sus alumnos
para realizar un trabajo, que no es un trabajo cualquiera, sino
interponer la acción penal en nombre del Estado, defender los derechos de
los ciudadanos y el interés general, se pueda sancionar con penas tan
leves.
¿Sabe lo que opinamos, señora Ministra? En principio, yo no creo que esta
política la pueda avalar usted si no es a cambio de algo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Desde luego, lo que está claro es
que hay unos fiscales que, con sus amigos, en este país mandan más que
usted.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Fernández de la Vega.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, veo por su exposición que conoce muy a fondo el contenido de los
expedientes; contenido que, teóricamente, sólo conoce la Inspección o los
miembros del Consejo Fiscal y el Fiscal General, que han sido quienes han
resuelto los mismos. También veo por su exposición que, si usted fuera
Ministra de Justicia, no solamente confirmaría las sanciones, sino que
las elevaría.
Señoría, repito, no es éste el momento de dar la solución jurídica que en
su momento daré. Su señoría está en su derecho de hacer todas las
elucubraciones que ha hecho, pero me permitirá que no las comparta en
absoluto, ni unas ni otras.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES SANCHEZ LOPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA ASUMIR EL MINISTRO DEL
INTERIOR LAS RECOMENDACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA RESOLVER LA
SITUACION DE LOS INMIGRANTES Y DEMANDANTES DE ASILO QUE SE ENCUENTRAN EN
LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA? (Número de expediente 180/000740)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 31,
de doña Dolores Sánchez López, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Sánchez.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Defensor del Pueblo, tras unas jornadas con las ONG,
realizadas los días 5 y 6 de junio, sobre la situación de la inmigración
en España, más concretamente en Ceuta y Melilla, decidió dirigir al señor
Ministro de Interior una serie de recomendaciones, cuatro para ser más
exactos, que le enviaron el día 12 de junio. Con esta pregunta,
pretendemos saber su opinión y su respuesta a las sugerencias hechas por
el Defensor del Pueblo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sánchez.
Señor Ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, no sólo pienso
asumir las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre inmigrantes y
sobre demandantes de asilo, sino que ya se están aplicando en base a sus
directrices, en base a sus orientaciones, y hoy buena parte de esas
directrices ya son realidades en la política del Ministerio del Interior,
especialmente respecto de Ceuta y Melilla.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Señora Sánchez López.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Señor Ministro, evidentemente, es usted el único
relacionado con la política de inmigración que piensa que se están
aplicando esas políticas.
Las recomendaciones del Defensor del Pueblo se producen un año después de
la aprobación por unanimidad por parte de este Pleno de 16 puntos,
también recomendaciones, de una moción, algunos de los cuales coinciden
incluso literalmente con lo que ahora le recomienda hacer el Defensor del
Pueblo. Esto significa, señor Ministro, que, en un año, su Ministerio no
ha avanzado nada --esto no lo decimos nosotros desde el Grupo Socialista
sino que lo ha dicho el Defensor del Pueblo en reiteradas ocasiones y lo
dicen las ONG-- en la solución del problema de los ciudadanos inmigrantes
asentados en Ceuta y Melilla. No han mejorado las condiciones de vida en
estas dos ciudades, más bien han empeorado, porque hoy hay 400 personas
más que entonces en estos campamentos. Además, no se han mejorado las
instalaciones, no se han creado las unidades de asilo y refugio, por lo
que se conculca el derecho de los posibles solicitantes, al no poder
tramitar con todas las garantías legales esa solicitud; no se ha
incrementado suficientemente la colaboración con las ONG, como
recomendaba aquella moción que todos aprobamos por unanimidad. Además,
las irregularidades que denunciamos en el triste caso de la expulsión de
los 103 inmigrantes subsaharianos siguen cometiéndose.
Señor Ministro, las ONG que se ocupan de los derechos humanos y de la
solidaridad nos trasladan su preocupación y su temor a que se vuelvan a
producir expulsiones sin respeto a la ley y a los derechos humanos y a
que la situación en Ceuta y Melilla sea grave durante el verano. Queremos
decirles desde aquí, a ellos y a usted, que vamos a estar atentos a lo
que suceda, ya que no podemos confiar en su Gobierno que, lejos de
aprender y de rectificar después del error, no de la solución, como dijo
su Presidente de Gobierno, sino del error de los 103...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sánchez López.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría,
voy a hacer exactamente lo contrario de lo que usted ha hecho. Yo voy a
hablar de las demandas concretas del Defensor del Pueblo y voy a señalar
la respuesta que ha dado el Gobierno, exactamente lo contrario de lo que
usted ha hecho.
En primer lugar, voy a hablar de los demandantes de asilo, que el
Defensor del Pueblo nos pidió que se individualizaran. Puedo decirle que
sobre 288 se han admitido a trámite, siempre individualizadamente, 78, en
un porcentaje similar a años anteriores. En extranjería el Defensor del
Pueblo habló de que los que no fuesen expulsados fuesen objeto de
programas de acogida. Quiero decirles que ha habido un programa de
acogida desde el mes de octubre que compete a 710 subsaharianos, 328 de
Ceuta y 382 de Melilla, en el programa más ambicioso de proyectos de
acogida de subsaharianos que se conoce en estos años de la democracia
española. En tercer lugar, hablaba de la coordinación de las
Administraciones central y autonómica de Ceuta y Melilla. Quiero decirle
que en el mes de junio una delegación presidida por el subsecretario de
Trabajo, Defensa, Fomento y Medio Ambiente ha ido a Ceuta y a Melilla, en
dos circunstancias únicas en la historia de ambas ciudades, en comisiones
interministeriales. Cuarto, nos hablaron de incremento de medios humanos
y materiales, y he de decirle que por primera vez --y lo he reiterado en
este Parlamento-- va a haber oficinas de extranjería en Ceuta y Melilla
en un plazo de cuatro meses. Por último, en lo que se refiere a la
adecuación de instalaciones de acogida, quiero decirle que va a haber un
centro de acogida en Melilla y que en Ceuta se seguirá trabajando, como
aquí se ha puesto de manifiesto, en lo que significan mejoras de esos
campamentos.
Quiero decirle que yo creía que usted no leía la política del Gobierno,
pero después de escucharle, el problema y su tragedia es que tampoco ha
leído las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
-- DEL DIPUTADO DON ANTONIO MARTINON CEJAS, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO EXPLICA EL GOBIERNO LA
PERSECUCION A LA QUE HA SOMETIDO A LOS TOXICOMANOS DE MADRID MEDIANTE EL
«CERCO» POLICIAL ESTABLECIDO A CIERTOS POBLADOS MARGINALES? (Número de
expediente 180/000741)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 32,
que formula don Antonio Martinón, del Grupo Socialista.
Señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, lo que el Gobierno ha hecho recientemente en varios
poblados marginales de Madrid, en nuestra opinión, ha sido la persecución
de miles de drogodependientes. Por eso le hago la pregunta que ahora le
voy a formular, y le adelanto que sepa que estoy dispuesto a escuchar las
razones que me va a dar y dispuesto, por tanto, a que me convenza. ¿Cómo
explica el Gobierno la persecución a la que ha sometido a los toxicómanos
de Madrid mediante el cerco policial establecido a ciertos poblados
marginales?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martinón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señor
Martinón, aunque prolongue posteriormente mi intervención en la réplica
quiero decirle que no ha habido un cerco policial a los
drogodependientes, que son unos enfermos, sino que ha habido un cerco
policial a los que son traficantes, sobre los que debe caer estrictamente
el cumplimiento de la ley. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Ministro, no es como usted dice, es
exactamente lo contrario. Ustedes no han ido contra los traficantes, han
ido contra los drogodependientes. La operación ha servido para aumentar
su marginación, para que suba el precio de la droga, para que haya mayor
adulteración de la droga, para que los drogodependientes sufran más, para
que se asocie drogodependencia con delincuencia. La idea que tanto había
avanzado en la sociedad española de que los toxicómanos son enfermos, con
esa operación que ustedes han hecho, ha retrocedido. Este tipo de
actuaciones, señor Ministro, ya se realizaron hace tiempo y quedó probada
la inutilidad de las mismas. La persecución de los drogodependientes,
señor Ministro, no conduce a nada. Usted es el responsable de la política
policial y de la política de drogas y debe saber --lo sabe, señor
Ministro-- que la política sobre drogas es mucho más que una política
policial. Aquí ha habido una operación policial, y les ha salido mal
porque no tuvieron en cuenta la necesidad de atención al drogodependiente
que esa operación policial les iba a ocasionar.
Parte importante del discurso del Gobierno en política de drogas, señor
Ministro, cada día nos gusta menos; tampoco nos gusta el discurso hablado
contra la tolerancia y el respeto, como quedó de manifiesto en un ataque
contra el Presidente de la Asamblea portuguesa por parte del delegado del
Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, ni el discurso de los hechos,
como recientemente han demostrado en Madrid. El Ministro de Interior,
señor Mayor Oreja, debe comprender la complejidad del fenómeno de las
drogas, porque es complejo, y los problemas de las drogas necesitan un
Ministro de Interior que sea algo más que una buena persona. Señor
Ministro, además de ser una buena persona, que no es poco y usted lo es,
hace falta que los problemas de las drogas se aborden con más eficacia y
con más inteligencia.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martinón.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría,
creo que si fuésemos capaces de no caer en la exageración y en la
desproporción, estoy seguro que podríamos afrontar, más y mejor,
problemas ciertamente dramáticos para la sociedad española. Y hay algunas
observaciones que usted ha hecho en las que ha caído en la exageración,
como si, a partir de esa actuación policial hubiese un antes y un después
que, en el fondo, lo que hace simplemente es debilitar su posición.
Quiero decirle que nosotros sabemos separar y diferenciar lo que es el
enfermo, lo que es el drogodependiente, de lo que es el traficante. Lo
que sucede es que, ¿sabe usted en qué radica el problema? Pues en que hay
lugares, asentamientos, donde precisamente los
pequeños traficantes tratan de esconderse de la policía, transformándose
aparentemente en consumidores. En esos asentamientos se crea, por esa
dificilísima situación, por ese fraude de ley que se produce por los
pequeños traficantes, una dificilísima actuación del Gobierno en ese
momento y en ese lugar. Lo que hay que hacer, simple y llanamente, es
saber aplicar la ley sobre esos traficantes y saber separar lo que son
enfermos de lo que son narcotraficantes. La dificultad en esos
asentamientos. Pero la peor de las políticas, ¿sabe cuál es? Cruzarse de
brazos. No podemos instalarnos en la resignación de unos asentamientos
que están produciendo auténtico temor en muchos ciudadanos de Madrid. En
esa política de la resignación no va a caer el Gobierno.Y de lo que usted
ha dicho lo más importante es que, como consecuencia, apliquemos más
medidas asistenciales cuando hagamos estas actuaciones policiales. En ese
sentido de la proporción en la actuación estamos dispuestos a trabajar,
pero este Gobierno no está dispuesto a resignarse al fraude de ley que
cometen los pequeños traficantes en muchos asentamientos, que están
provocando la desolación, el desorden, la tragedia y el miedo en muchas
familias de España. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MATILDE FERNANDEZ SANZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO HAN INTERVENIDO DE MANERA TAN
DESPROPORCIONADA EL PASADO 12 DE JUNIO EN SANTANDER CON LOS TRABAJADORES
DE ASTANDER? (Número de expediente 180/000742)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta numero 33,
que formula doña Matilde Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, señor Ministro, ¿a qué
conclusiones ha llegado y qué decisiones ha tomado, sobre las
responsabilidades de los mandos de la Policía y de la Guardia Civil de
Cantabria y del delegado del Gobierno, ante las actuaciones contra los
trabajadores de Astander el pasado 12 de junio?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Sí, señor Presidente,
señoría, me permitirá que, después de haber analizado la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, respecto de los
acontecimientos de Santander, la pregunta que hay que hacerse es: ¿Cuáles
son las razones de fondo, no superficiales, profundas, por las que se
puede producir una actuación colectiva tan violenta como la que los
trabajadores de Astander protagonizaron en Santander y que transformaron
la concentración de unos trabajadores en un comportamiento agresivo y
violento, que significó la puesta en riesgo no sólo de bienes
jurídicamente protegidos, sino que puso en riesgo la integridad física de
los agentes de la Policía? Esta es la pregunta que hay que hacerse, en mi
opinión, respecto de los acontecimientos de Santander del otro día.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ministro.
Señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ahora resulta que van a ser responsables los
trabajadores. No, señor Ministro, la actuación fue injusta, porque los
trabajadores dejaron claro que buscaban llamar la atención sobre un
problema que creó el Ministro de Industria, que en la última reunión
europea acordó que el astillero de Astander no hiciera transformaciones
de buques mientras fuera astillero de propiedad pública y eso es una
facturación de 1.500 millones.
La actuación fue provocada por la Guardia Civil del Mar que arremetió
contra los trabajadores que nadaban, intentando evitar que el ferry
llegara a puerto. Fue desproporcionada, como lo demuestran los cartuchos
de postas, las heridas de los trabajadores y, más tarde, también, las de
los policías. No estuvo planificada, sólo había ocho o nueve policías a
los que se les mandó cargar, poniendo en una situación difícil a los
policías, y difícil también para ellos. Y luego llegó tarde la unidad de
Oviedo que volvió a cargar contra los trabajadores cuando iban a la
Delegación del Gobierno. No estuvo dirigida, no hubo ni un mando de la
Policía, ni uno de la Guardia Civil para hablar con los trabajadores o
los trabajadores con ellos. El delegado del Gobierno lo veía todo desde
la ventana.
Señor Ministro, en Cantabria tenemos muy mal recuerdo todos de los
sucesos de Reinosa y no queremos que se vuelva a repetir algo parecido,
ni con trabajadores, ni con Fuerzas de Seguridad del Estado. Por eso
usted debe de exigir responsabilidades al delegado y a los mandos de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, no a los agentes. Y todo el
Gobierno debe exigir responsabilidades a su compañero de gabinete, el
Ministro de Industria, porque unilateralmente cambió un acuerdo firmado
en 1995 con los trabajadores, con los
sindicatos, el plan estratégico de competitividad, el convenio de
Astander, poniendo en peligro a 400 trabajadores de Astander, a 400
trabajadores de las 16 empresas auxiliares que trabajan con el sector, a
una región que sufre el no crecimiento de empleo cuando es más optimista
en otras zonas del país y a una región que ve que su producto interior
bruto decrece cuando crece el de las otras regiones. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría,
quiero recordar, en primer lugar, exactamente lo que sucedió aquel día en
Santander. Primero, que se trataba de una concentración --quiero
recordarle-- ilegal, que no había sido comunicada a la autoridad
gubernativa, y fue de carácter violento, que derivó en una importante
alteración del orden público. En segundo lugar, quiero recordarle que un
vehículo zeta de la Policía fue arrojado al agua. Hubo siete policías y
cuatro trabajadores --pero siete policías-- que se lesionaron y que
tuvieron que ser objeto de atenciones en centros sanitarios. Quiero
decirle que difícilmente hubo una actuación desproporcionada cuando el
dispositivo policial, usted lo ha recordado, estaba formado por una
unidad de nueve miembros del grupo operativo de prevención de
delincuencia y dos miembros del grupo zeta. En definitiva, señoría,
quiero decirle que no se produjo una desproporcionalidad cuando nueve
miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen que contener a 300
trabajadores que en un momento determinado destruyen una valla protectora
en ese terreno. Podrá discutir la operatividad, pero no la desproporción
de la operación.
Quiero decirle que en su intervención, señoría, hay un punto de encuentro
y un punto de desencuentro. El punto de encuentro es que ante hechos
violentos de orden público en muchas ocasiones hay causas profundas y yo
estoy de acuerdo en poner de manifiesto la necesidad de que desde el
Gobierno y desde la oposición analicemos lo que signifique una crisis
profunda en la comisa cantábrica, que puede dar lugar, y ya se está
viendo en alguna circunstancia, a causas de desorden público. Habrá un
punto de encuentro: analizar el orden público y hacerlo en profundidad
sobre las razones por las que se produce. También hay un punto de
desencuentro con usted: ni en el Gobierno ni en la oposición utilizaré la
siempre difícil actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado para
diferenciarme como arma arrojadiza frente al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA JESUS ARRATE VARELA VAZQUEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE SANCIONA EL
GOBIERNO A LOS VECINOS DE FIGUEIRIDO Y BERTOLA EN EL MUNICIPIO
PONTEVEDRES DE VILABOA, QUE PARTICIPARON EN UNA CONCENTRACION PACIFICA?
(Número de expediente 180/000743)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 34,
que formula doña María Jesús Arrate, del Grupo Socialista.
Señora Arrate.
La señora ARRATE VARELA VAZQUEZ: Muchas gracias.
Señor Ministro, el alcalde popular de Vigo prometió en su día, con el
beneplácito de la Xunta, que si alcanzaba la alcaldía cerraría la
empacadora de basuras de Visar. Ahora y próximas las elecciones gallegas,
tiene que cumplir su promesa y, por tanto, la Xunta ha extraído de la
chistera la solución y pretende ubicar en terrenos particulares otra
empacadora situada a 25 kilómetros de la anterior y trasladar de esta
forma las 450 toneladas de basura diarias que genera Vigo al pueblo de
Vilaboa que no genera ni dos. Los vecinos se manifiestan y son
denunciados por la Delegación del Gobierno popular, con sanciones de
hasta un millón de pesetas. ¿Por qué? ¿Qué le han hecho, señor Ministro,
los vecinos de Vilaboa para ser sancionados?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Arrate.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, yo no voy a entrar
en el problema concreto, ya que tienen que ser las instituciones locales
y autonómicas gallegas las que den respuesta al mismo. Yo únicamente le
quiero decir que no se están tramitando denuncias simplemente por
concentraciones pacíficas o por tomas de posición contrarias a las
directrices de la Xunta y del Ayuntamiento. Se están tramitando porque se
están produciendo alteraciones de orden y seguridad ciudadana en actos no
comunicados a la autoridad correspondiente y lo único que está tratando
de hacer la Delegación del Gobierno en ese sentido es que se cumpla
estrictamente la ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Señora Arrate.
La señora ARRATE VARELA VAZQUEZ: Señor Ministro, el origen de todo el
conflicto es la promesa electoral de un alcalde del Partido Popular que
no tiene
nada que ver con Vilaboa y lógicamente los vecinos se defienden y
defienden sus tierras. Por tanto, ¿qué le han hecho los vecinos de un
pueblo de 5.800 habitantes para recibir sanciones de este tipo? Por
gritar canciones y eslóganes en los domicilios de los concejales, multa
de hasta un millón de pesetas, siendo los multados más de 200 y la
cuantía más de 200 millones. ¿Qué le han hecho para toparse con un señor
Fraga que los reta a quitarse la chaqueta y enseñarle los tirantes, amén
de llamarles homínidos, gilipuertas o perros a los que hay que poner
bozal? ¿Qué le han hecho para tener al pueblo en estado de sitio, ocupado
diariamente y desde febrero por 30 guardias civiles y reforzado los días
de pleno con 150 GEO procedentes de León? ¿Qué le han hecho para que la
Guardia Civil los cachee y les abra una ficha con todo tipo de datos,
incluida la filiación política? ¿Para qué es esa ficha?
Señor Ministro, las consecuencias de todo esto son, sobre todo, dos. Por
un lado, la utilización de la Policía de forma partidaria al servicio del
Partido Popular. Por otro, las sanciones que están recibiendo los
ciudadanos, que les ha caído el problema encima, sin comerlo ni beberlo.
Señor Ministro, no se deben instrumentalizar las fuerzas del orden al
servicio del Partido Popular. No se debe amedrentar a la sociedad ni
retroceder 50 años en la historia. Debe decirle al Gobierno gallego que
el electoralismo tiene sus límites. Por último, señor Ministro, explique
a los vecinos de Vilaboa por qué el Gobierno los sanciona. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Arrate.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Le insisto en que no estamos
debatiendo la idoneidad o no de una planta transformadora de basuras.
sino que lo que estamos diciendo es lo siguiente. Cuando se produce un
corte sistemático de carreteras, cuando se interrumpe la vía férrea,
cuando se irrumpe violentamente en plenos de la corporación local, cuando
no solamente se canta a los vecinos sino que se asedia las viviendas de
los concejales del Partido Popular y se coacciona a sus familiares --y el
Partido Socialista en Vigo sabe muy bien cuándo se coacciona, se intimida
y se amenaza a otras personas, y también se investiga policialmente--,
cuando hay una decena de vecinos que agreden en la vía pública a un
concejal del Ayuntamiento de Vilaboa cuando se dirigía a su trabajo y
cuando se le producen heridas y contusiones de diversa gravedad, ¿qué
debe hacer un delegado del Gobierno, distinto y diferente de lo que ha
hecho, que ha sido simplemente tramitar un conjunto de expedientes a
aquellas personas que han actuado frente a la ley? ¿Es que ustedes están
apoyando las interrupciones en las carreteras, las agresiones al vecino?
¿Ustedes están apoyando eso? ¿Ustedes están diciendo que el Gobierno,
cuando se transgrede la ley, tiene que actuar desde la impasibilidad y
cruzarse de brazos? ¿Esa es la posición de la izquierda frente a la
actuación del Gobierno? Les aseguro que no les reconozco como un partido
de gobierno, y parece mentira porque hace muy poco tiempo que ustedes
sabían de la dificultad y la responsabilidad de gobernar España.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE IGNACIO LLORENS TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO VA A LICITAR EL
MINISTERIO DE FOMENTO LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL TRAMO SANTA MARIA DEL
CAMI-IGUALADA, PERTENECIENTE AL DE CERVERA-IGUALADA DE LA AUTOVIA
MADRID-BARCELONA? (Número de expediente 180/000735)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 26
que formula don José Ignacio Llorens Torres, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Muchas gracias, señor Presidente. Es una
pregunta al Ministro de Fomento. ¿Cuándo va a licitar el Ministerio de
Fomento las obras correspondientes al tramo Santa María del
Camí-Igualada, perteneciente al de Cervera-Igualada, de la autovía
Madrid-Barcelona?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Llorens.
señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, señoría, en términos tan concretos como ha formulado la
pregunta voy a proceder a su contestación. El único dato que me gustaría
que retuviera es justamente el de las fechas. El subtramo de Santa María
del Camí-Igualada, del tramo Cervera-Igualada, de la autovía
Lleida-Barcelona, cuenta con un proyecto de trazado aprobado en fecha 15
de abril de 1997, y proyecto de construcción aprobado el pasado 16 de
junio, con un presupuesto de 9.866 millones de pesetas. Está previsto que
su licitación se produzca en el tercer trimestre del presente año, bajo
el procedimiento de contrato administrativo de obra en la modalidad de
abono total del precio, comúnmente llamado sistema alemán o sistema de
pago aplazado, por el que el Estado procede al pago del coste de la obra
una vez acabada su construcción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Muchas gracias, señor Ministro, por la
concreción de la respuesta. Usted sabe, señor Ministro, que ha sido una
preocupación de este Diputado, desde que se constituyó este Gobierno,
conocer realmente cuál iba a ser la fecha de adjudicación de esta
importantísima obra. Le consta, señor Ministro, que el tramo
Cervera-Igualada, de unos 25 kilómetros, es el único que falta por
terminar de la autovía Madrid-Barcelona, lo que provoca un
estrechamiento, un cuello de botella con frecuentes retenciones.
Sin embargo, este Diputado está francamente asombrado por la campaña
demagógica que han hecho los diputados de las distintas fuerzas políticas
de la demarcación que represento, por cierto, hoy ausentes ante esta
importante pregunta que les iba a despejar sus inquietudes. Esta obra
estaba incluida en el Plan General de Carreteras del año 1986 --por
cierto aprobado por un ministro de Lleida, el señor Borrell--, y hasta la
fecha en que este Gobierno ha entrado los proyectos no estaban
terminados. Sin embargo, se ha puesto en marcha una campaña con un
manifiesto, que por supuesto han firmado los otros tres diputados por
Lleida, para urgir la construcción de esta autovía, necesidad o urgencia
que no se había puesto de manifiesto durante los trece años de retraso
del Gobierno anterior.
Por tanto, yo he hecho esta pregunta, señor Ministro, sabiendo las
dificultades que ha vencido este ministerio, entre ellas la de que se
encontró con que los proyectos no estaban hechos, y también para calmar
las inquietudes de estos diputados que de forma tan demagógica como
irresponsable están firmando manifiestos pidiendo la urgencia de estas
obras. Yo creo que mañana se enterarán por los periódicos de la respuesta
que usted da. Yo me siento muy orgulloso, señor Ministro, de formar parte
de un partido que está apoyando a un Gobierno que cumple sus promesas.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Llorens.
Archivo: y:plenopleno9535.wp5
Nombre: Paco
-- DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA CHIQUILLO BARBER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INICIATIVAS PIENSA ADOPTAR SU
GOBIERNO PARA ATENDER LA PeticiOn DE LOS CIUDADANOS DE ELCHE DE CONSEGUIR
EL TRASLADO TEMPORAL DE LA DAMA DE ELCHE A LA CAPITAL ILICITANA CON
MOTIVO DEL CENTENARIO DEL HALLAZGO DE LA CITADA PIEZA DE ARTE IBERICO?
(Número de expediente 180/000723)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 16,
que formula don José María Chiquillo, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Administraciones Públicas y Ministro de Educación y
Cultura en funciones, por lo menos en este trámite, ¿qué iniciativas
piensa adoptar su Gobierno para atender la petición de los ciudadanos de
Elche de conseguir el traslado temporal de la Dama de Elche a la capital
ilicitana con motivo del centenario del hallazgo de la citada pieza de
arte ibérico? Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PQBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Chiquillo, las iniciativas que piensa adoptar el Gobierno se
reducen fundamentalmente a una: exhibir la Dama de Elche en el Museo
Arqueológico Municipal de Elche en el momento en que técnicamente se
puedan garantizar las debidas condiciones de conservación y traslado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Ministro, esta mañana hemos asistido en
la Comisión de Educación a un debate muy clarificador, y ese ha sido el
acuerdo que se ha adoptado, el que se instaba al Gobierno a adoptar las
medidas oportunas para que el busto, atendiendo las reivindicaciones de
los ilicitanos e ilicitanas, estuviera exhibido en el Museo Arqueológico
Municipal de Elche en el momento en que técnicamente se pudieran
garantizar esas condiciones. ¿Eso va a significar que se va a hacer un
nuevo informe? ¿Eso va a significar que el que ha sido el argumento
utilizado por el ministerio que desaconsejaba este traslado va a ser
retirado y se va a solicitar un nuevo informe?
Lo que sí tenemos claro en Unión Valenciana es que de solicitarse un
nuevo informe sobre esas condiciones de conservación, traslado, seguridad
y preservación de
la pieza de arte ibérico, esperamos que sea independiente e imparcial,
que dé solución a los problemas técnicos desde soluciones técnicas,
avalado por personalidades de prestigio, arqueólogos ajenos al Museo
Arqueológico Nacional y a la Junta Superior de Museos, máxime cuando esta
mañana, después del acuerdo tan importante que se ha adoptado por
unanimidad en esa Comisión de Educación y Cultura, el director general de
Bellas Artes decía que, desde el respeto a ese acuerdo, él dudaba que se
fuera a confeccionar, elaborar o dictaminar un nuevo informe un mes y
medio después del anterior que viniera a contradecirlo.
Lo que sí le solicitamos es que traslade a la Ministra de Educación que
hay una gran reivindicación, una gran preocupación y que pedimos que si
se tiene que hacer un nuevo informe, dictamen o recomendación, la hagan
arqueólogos independientes del máximo prestigio, porque los informes o
recomendaciones del Museo Arqueológico Nacional o de la Junta Superior de
Museos, ya los conocemos. Pedimos un dictamen independiente para hacer
realidad lo que es un clamor popular en la ciudad de Elche, que es que la
Dama de Elche esté en la ciudad ilicitana con motivo de los cien años de
su hallazgo.
Muchas gracias, y transmita esa preocupación, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PQBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señor Chiquillo, no hay ninguna razón política para que la Dama de Elche
no sea trasladada temporalmente a dicha ciudad. Efectivamente esta mañana
se ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del Grupo
Socialista; dentro de unos días se debate en el Senado otra proposición
no de ley del Grupo Popular en idéntico sentido, y hace unos meses se
aprobó aquí una de Izquierda Unida que pretendía exactamente lo mismo.
Por tanto, no hay ninguna razón política, pero hay una salvedad, que es
de tipo técnico. Yo creo que ni usted ni yo, ni probablemente buena parte
de todos los que dieron su voto favorable, que fueron todos los que
estaban en las comisiones a las que antes he hecho referencia, seamos
unos expertos en este tipo de asuntos. En consecuencia, parece lógico
que, puesto que el máximo órgano consultivo del Gobierno es la Junta
Superior de Museos, le oigamos, porque si nosotros tomásemos la decisión
de trasladar la Dama de Elche, y se produjese, como consecuencia de esa
decisión, un gravísimo daño a un patrimonio de la humanidad, como es la
Dama de Elche, comprenderá usted que asumiríamos gravísimas
responsabilidades. Decir aquí que se solicite un informe a personas u
organismos diferentes de los que han informado hasta el presente momento,
da la sensación de que lo que usted pretende es que se le pida un informe
a aquél que diga que técnicamente se puede proceder al traslado de la
Dama de Elche, lo cual no sé si es un planteamiento excesivamente serio.
Creo que hay que respetar los organismos que existen que se supone que
estarán formados por personas responsables y no por personas
irresponsables, porque si no va a ser muy difícil poder tomar decisiones
mínimamente sensatas.
-- DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO GIL MELGAREJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO CUALES HAN SIDO LAS PRINCIPALES
CONCLUSIONES DEL CONGRESO NACIONAL DE ENFERMEDAD MENINGOCOCICA, CELEBRADO
LA SEMANA PASADA EN OVIEDO? (Número de expediente 180/000733)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Pregunta número 24, que formula don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Señor Presidente, señor Ministro de Sanidad y
Consumo, la semana pasada, concretamente los días 16 y 17, tuvo lugar en
Oviedo la Conferencia Nacional de Enfermedad Meningocócica, propiciada
por su departamento, donde estuvieron presentes los responsables
sanitarios máximos de las distintas comunidades autónomas, así como
diferentes expertos y especialistas, tanto nacionales como
internacionales, relacionados con esta enfermedad.
El objeto de dicho congreso ha consistido, en primer lugar, en estudiar
la evolución de la incidencia de la infección meningocócica en España y,
en segundo lugar, evaluar las posibles estrategias de intervención para
hacer frente a dicha infección. Como bien sabe, señor Ministro, esta
enfermedad es de declaración obligatoria y, por lo tanto, está sometida a
una estrecha vigilancia epidemiológica. Por esta razón se cuenta con
registros razonables que permiten conocer su evolución. Además, su mayor
incidencia en niños y en jóvenes de edades comprendidas entre los 2 y los
20 años la hace especialmente sensible en los hábitats familiar y social
y también por sus distintas formas de presentación, y según que el
serotipo predominante sea el A, el B o el C, la hace asimismo diferente,
tanto en su diagnóstico como en su tratamiento.
Por todo ello, señor Ministro, y en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, le formulo la siguiente pregunta:
¿Cuáles han sido las principales conclusiones de dicho Congreso Nacional
de Enfermedad Meningocócica? Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Gil
Melgarejo.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
En esa reunión a la que se refiere S. S. se constató, a juicio
mayoritario de los expertos y especialistas, que España no está en la
actualidad en una situación que aconseje una vacunación masiva en todo el
territorio, y que no nos encontramos en una situación epidémica, aunque
se observa una tendencia geográficamente desigual de incremento de
incidencia de la enfermedad.
En base a todas las consideraciones concurrentes, de común acuerdo, de un
modo colegiado y de forma consensuada, la Comisión de Salud Pública
celebrada en la misma ciudad el día 18, decidió elevar al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebrará en el
mes de julio, una propuesta de actuación que, en términos generales, se
resume en los siguientes puntos. Mantener el criterio de intervención que
ha venido utilizándose, en el sentido de efectuar quimioprofilaxis y
eventualmente vacunación a los contactos de los casos, así como realizar
vacunación generalizada en ámbitos territoriales concretos. En
situaciones especiales, matizar el criterio anterior con los elementos
aportados por la OMS, es decir, incidencia en grupos sectarios en los que
la vacuna es más eficaz, mortalidad registrada, distribuciones
geográficas que impidan la actuación estratificada, incremento en
relación con períodos anteriores de la circulación de una nueva cepa.
Establecer una línea de actuación que, en la medida de lo posible,
facilite la consecución de amplios territorios en los que las estrategias
sean uniformes a fin de minimizar los efectos frontera o vecino.
En consecuencia, durante los meses de septiembre y octubre, las
comunidades autónomas del País Vasco, Madrid y Extremadura, consultados
sus órganos asesores, procederán a una oferta de vacunación a los niños y
jóvenes entre 18 meses y 19 años, ambos inclusive. Por su parte, la
Comunidad Autónoma de Murcia procederá a una evaluación de situación, a
la luz de las aportaciones que se han producido durante la conferencia
científica. Evidentemente, las autoridades sanitarias de las comunidades
autónomas podrán ajustar sus decisiones en cada momento a la evolución de
situación y a los criterios que sobre la misma aconsejen sus órganos
técnicos.
La Comisión de Salud Pública mantendrá una comisión de análisis
permanente con la participación de las sociedades científicas médicas que
han intervenido en la conferencia. Se mantendrá, asimismo, un análisis de
la evolución de la situación, extremándose la vigilancia epidemiológica,
a fin de poder actuar en consecuencia en cada momento. Las comunidades
autónomas mantendrán un sistema de información dirigido tanto a los
profesionales sanitarios como a la población en general.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
El señor Gil Melgarejo tiene la palabra.
El señor GIL MELGAREJO: Quiero agradecer la contestación del señor
Ministro y aclarar, en caso de que así sea necesario, en el «Diario de
Sesiones» que lo que he querido decir al comienzo de mi intervención es
que este Congreso nacional de enfermedad meningocócica ha sido auspiciado
por el Ministerio de Sanidad que dignamente dirige.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gil Melgarejo.
-- DEL DIPUTADO DON TOMAS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA POSICION DEL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO EN CUANTO A FAVORECER EL ACOMPAÑAMIENTO
DE UNA PERSONA DE CONFIANZA DE LA MUJER EMBARAZADA DURANTE TODO EL
PROCESO DEL PARTO? (Número de expediente 180/000734)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 25,
que formula don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Burgos Gallego.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, una sanidad moderna es sin duda una sanidad orientada
hacia la satisfacción de los usuarios y hacia la promoción de sus
derechos. Los usuarios, los pacientes demandan permanentemente mejores
objetivos de calidad en la asistencia; objetivos de calidad en la
asistencia que no se concretan solamente en la modernización de las
prestaciones asistenciales, sino sobre todo en la humanización permanente
de esa misma prestación, desde el respeto al ciudadano, a los pacientes,
a sus preferencias y a sus deseos en lo posible, y desde luego desde el
respeto a su intimidad, cuando además ésta no ponga en entredicho la
actuación profesional.
Señor Ministro, sé que comparte conmigo que la sanidad no es solamente
cifras, que no es solamente estadísticas,
costes o financiación, que la sanidad es sobre todo atención humana,
sensibilidad y confianza. Esa es la sanidad que estamos promoviendo, ésa
es la sanidad que valoramos y que deseamos que se desarrolle día a día.
La Organización Mundial de la Salud establece entre sus recomendaciones
aquella que aconseja la presencia de acompañante durante el proceso del
parto como un elemento beneficioso para el bienestar y para la confianza
de la paciente. Dicha recomendación ha sido tenida en cuenta en numerosos
informes y estudios al respecto, e incluso ha venido siendo considerada
en algunos momentos por la propia memoria anual del Defensor del Pueblo.
En nuestro país, en la red de centros que gestiona el Insalud existen
aproximadamente todavía un 20 por ciento de hospitales en los cuales no
puede entrar el padre a contemplar el nacimiento de su propio hijo. Las
razones aducidas para esta negativa se relacionan con las reticencias que
siguen manifestando determinados profesionales sobre la presencia de
acompañantes durante los partos y las deficiencias estructurales que se
mantienen en algunos centros, que no permiten la permanencia del
acompañante de la mujer en el período de dilatación del parto por afectar
a la intimidad necesaria y requerida cuando hay más de una mujer en esa
circunstancia. El derecho a la intimidad exigible, incluso sin
acompañante, y la consideración que nos merece el resultado de promover
la participación y la presencia del padre en todo el proceso del parto,
nos lleva a presentar la siguiente pregunta: ¿Cuál es la posición del
Ministerio de Sanidad y Consumo en cuanto a favorecer el acompañamiento
de una persona de confianza de la mujer embarazada durante todo el
proceso del parto?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Burgos.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Comparto con S. S. la valoración de los aspectos humanos de la asistencia
sanitaria y cualquier programa de calidad tiene que tenerlos muy presente
para dar la satisfacción debida a los pacientes y no sólo la atención
científico-técnica imprescindible. El artículo 10 de la Ley General de
Sanidad no recoge como un derecho de los usuarios el acompañamiento de la
mujer durante el parto. No obstante, el Gobierno es consciente de que
esta posibilidad supone una mayor tranquilidad y bienestar psicológico
para la parturienta, y en ese sentido apoya la extensión de esta medida
sin ninguna duda.
Se ha incorporado, como un objetivo de calidad más, en los centros
sanitarios donde existe servicio de obstetricia el acompañamiento del
padre o de una persona de confianza de la mujer embarazada, tanto en el
proceso de dilatación como del parto. La Organización Mundial de la Salud
contempla también esta posibilidad, y así lo reconoció en la conferencia
de Pekín, como una iniciativa beneficiosa para la mujer y para la propia
evolución del parto.
En el Instituto Nacional de la Salud el acompañamiento a la mujer durante
la dilatación y el parto es un objetivo que figura en el programa de
calidad de todos los hospitales y sus resultados han ido mejorando
progresivamente. Las razones por las cuales no se alcanza al cien por
cien son esas a las que S. S. se refirió: problemas de estructura física.
Hay algunos centros en los que puede resultar inviable, dada la
disposición y la capacidad de las salas de dilatación, necesitándose para
poder ejercer este derecho obras de remodelación en los servicios de
obstetricia y salas de parto que no están todavía realizadas, y en
ocasiones también son reticencias de los profesionales, justificando las
mismas por la actitud que pueden mantener ciertos acompañantes. No
obstante, los programas de educación para el parto ofrecidos a las
parejas han contribuido a que el padre mantenga una actitud mucho más
colaboradora, convirtiéndose en un apoyo importante para los
profesionales sanitarios.
Los resultados hasta ahora alcanzados están en la línea de los que ha
señalado S. S. En el 88,2 por ciento de los hospitales se ofrece esta
posibilidad de estar acompañada durante la dilatación, frente al 17,8 por
ciento de los hospitales donde no es posible ejercerla por los problemas
señalados anteriormente, habiéndose producido un incremento de un 5 por
ciento sobre el año anterior.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ministro.
-- DE DOÑA MARIA ANGELES AMADOR MILLAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUAL ES EL
OBJETO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL INSALUD CON EMPRESAS CONSULTORAS
DESDE MAYO DE 1996 HASTA LA FECHA, EN RELACION CON LA GESTION Y
ORGANIZACION DE INSTITUCIONES SANITARIAS? (Número de Expediente
180/000744)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 35,
de doña María Angeles Amador, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no creo, como el Diputado de su grupo que le ha
preguntado, que su Ministerio auspicie
ninguna enfermedad y, por tanto, confio en que haya sido un lapsus. Lo
que le voy a preguntar es lo que usted conoce, señor Ministro, ¿cuál es
el objeto de los contratos suscritos por el Insalud con empresas
consultoras desde mayo de 1996 hasta la fecha en relación con la gestión
y organización de instituciones sanitarias.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amador.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señora Diputada, entre los contratos que el Insalud ha celebrado con
empresas consultoras, en relación con esas materias, distinguiría dos
grupos: uno, que se refiere a contratos que tienen su finalidad en apoyar
y colaborar en los trabajos que el instituto está desarrollando en
relación con el plan estratégico que anuncié en mi primera comparecencia
ante este Congreso; y otro que se refiere más concretamente a necesidades
específicas de algunos hospitales, planes estratégicos de algunos de
ellos u otros trabajos relacionados con problemas concretos de algunos
hospitales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me gustaría que en el siguiente turno pudiera usted
precisar a qué necesidades de los hospitales se refieren esos encargos,
porque le diré que se comenta en reuniones internacionales que está
cambiando el modelo sanitario español porque hay diversas consultoras
trabajando en la privatización de 60 hospitales, y como S. S. comprenderá
tenemos el mayor interés en darle la oportunidad de aclararlo.
De paso, señor Ministro, quiero hacerle alguna consideración, porque el
desapego de este Gobierno por lo público, su desconfianza --y estoy
recordando aquella invitación insólita a un especialista del sector del
automóvil para arreglar la sanidad--, unido a su afán de privatizar hasta
la inteligencia, nos está haciendo asistir a algunas decisiones que nos
preocupan. Usted suprimió recién llegado al Ministerio la Dirección
General de Aseguramiento y Planificación, por ejemplo, y ahora sabemos
que el plan estratégico del Insalud, que se comprometieron a presentar
antes de finalizar diciembre, ha costado cien millones de pesetas, han
participado diversas entidades consultoras y todavía no está hecho.
Señor Ministro, en el Instituto de Salud Carlos III también se ha
privatizado la inteligencia para decidir el plan estratégico, y fíjese lo
que nos decía su director general cuando compareció y le preguntamos por
este asunto. Nos dijo: Evidentemente que tenemos gente espléndida para
plantearnos nosotros mismos un plan estratégico, ¿cómo no va a ser así si
tenemos, por ejemplo, la Escuela Nacional de Sanidad y estamos
impartiendo master en administración sanitaria? Evidentemente que es así.
De hecho podría yo decir --dice su director general, señor Ministro-- que
la mayor parte de los asesores externos que pudieran estar en las
consultoras, de todos conocidas, gran parte de ellos proceden de la
Escuela Nacional de Sanidad. De manera que esto nos parece una
observación pertinente. Yo espero que a usted también le parezca
pertinente esta preocupación nuestra por encomendar permanentemente
trabajos a consultoras externas que reclutan a los expertos del sector
público. Primero, nos preocupa porque demuestra desconfianza hacia la
inteligencia que se mantiene en lo público, que es mucha, señor Ministro,
y, segundo, porque a lo mejor se cambian los objetivos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amador.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señora Amador, no tiene ningún fundamento, ningún fundamento, nada que se
parezca a la realidad esa afirmación de que hicimos un contrato para
privatizar 60 hospitales. Eso está absolutamente fuera de la realidad; lo
hemos dicho ya muchas veces, no tienen ustedes ninguna base para hacer
esa afirmación. Por favor, no confundan a la opinión pública con mensajes
de esta naturaleza, carentes en absoluto de fundamento.
Le puedo decir a qué se refieren algunos contratos en relación con los
hospitales. En La Paz se ha hecho un contrato con una consultora para
elaborar el plan estratégico; en el Príncipe de Asturias, otro plan
estratégico con otra consultora; en el Severo Ochoa, el análisis
estratégico y diagnóstico de situación; en el Hospital de La Princesa, el
estudio del marco legal y relaciones con las entidades presentes en el
citado hospital; en el complejo hospitalario de Salamanca, un estudio de
inmovilizado material, iniciado con anterioridad a mayo de 1996; en el
Hospital Virgen de la Reixaca, elaboración del plan estratégico; y un
plan estratégico del Insalud, que a mí ya me gustaría haberme encontrado
hecho, pero que ustedes no lo hicieron, ni con dirección de planificación
ni sin ella. Cuando usted lo conozca, estoy seguro de que comprenderá lo
importante que fue el hecho de haberlo concebido, haberlo encargado,
haber trabajado en él y poder afrontar el proceso de transformación del
Insalud, de modernización del Insalud y de transferencia del Insalud
a las comunidades autónomas, desde las bases científicas y técnicas más
seguras.
Nuestra organización sanitaria está muy necesitada --lo sabe S. S.-- de
una modernización. No podemos mantener estructuras burocráticas
anquilosadas en el pasado y ser el único país de Europa que mantiene una
estructura burocrática para prestación del servicio sanitario. Por tanto,
la transformación exige todos estos esfuerzos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
-- DEL DIPUTADO DON ANGEL PINTADO BARBANOJ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE ESTADO DE
DESARROLLO SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS PARA LA ELABORACION DE UNA LEY
BASICA CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA? (Número de expediente
180/000730)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 21,
que formula don Angel Pintado, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Medio Ambiente, cuando coloquialmente nos referimos a
la contaminación, se asocia normalmente con todo tipo de basuras
esparcidas por el campo, vertidos incontrolados de las fábricas a los
cauces de los ríos y atmósfera asfixiante y oscura que envuelve a
nuestras ciudades. Debido a la dualidad causa-efecto, estos desórdenes
están causando daños más allá de lo visual: alteraciones de ecosistemas,
degradaciones y daños en fauna y flora, infertilidad de campos y, por
ende, abandono de los mismos y desertificación, incluso perjuicios para
la salud humana, como pueden ser tanto intoxicaciones como enfermedades
respiratorias, etcétera.
Siguiendo con esta lista de enfermedades y dolencias, que son más propias
de analizar quizá en la Comisión de Sanidad, aparecería la sordera.
Puesto que hemos apuntado el efecto, justo sería señalar una de las
causas posibles: la contaminación acústica. Este tipo de contaminación ha
estado siempre un poco abandonada; tanto es así que ni tan siquiera
existe una normativa básica sobre ruido en España.
Por eso, nuestro Grupo Parlamentario entiende que sería interesante la
elaboración de un proyecto de ley que establezca y prevea la
contaminación acústica y aúne el texto refundido de la Ley sobre el
régimen del suelo y ordenación urbana, así como las declaraciones de
impacto ambiental y las ordenanzas municipales. Dado que la Directiva
96/61 del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al
control de la contaminación, donde se encuentra inmersa la contaminación
acústica, establece que los Estados miembros adoptarán las disposiciones
legales reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento
a lo establecido en la presente directiva, a más tardar tres años después
de su entrada en vigor, nos parece oportuno desde nuestro grupo
formularle la siguiente pregunta. ¿En qué estado de desarrollo se
encuentran los trabajos para la elaboración de una ley básica contra la
contaminación acústica?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pintado.
Señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Tiene razón S. S. en que, si bien es cierto que hay que ir acabando con
la contaminación de las aguas, con la contaminación de los suelos, con la
contaminación atmosférica, no es menos cierto que dentro de esa
contaminación atmosférica un papel fundamental lo juega la contaminación
acústica y que, lamentablemente, en las últimas décadas ha ido
incrementándose precisamente por la actividad humana, sobre todo en
ciudades densamente pobladas.
Ha comentado S. S., y tiene toda la razón, que España no tiene una
legislación básica; es más, la legislación que tiene está muy dispersa en
distintas leyes, en distintos reglamentos, tanto desde la Administración
central como desde administraciones autonómicas o los propios
ayuntamientos. Por eso, el Ministerio, siguiendo, además, las directrices
del libro verde que presentó la Comisión en diciembre de 1996, que dice
que lo mejor para acabar con la contaminación acústica es la coordinación
de toda la legislación vigente en los Estados, está trabajando en un
anteproyecto de ley básica; una ley básica que, evidentemente, tiene que
atender a las circunstancias, a las costumbres, al estado de situación
real de contaminación acústica que tiene España. Por eso hemos
constituido una comisión ad hoc con técnicos, con científicos, con
representantes de las tres administraciones, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, la Sociedad Estatal Acústica, que está
trabajando en el modo de prevenir realmente esos problemas, porque es el
objetivo que estamos persiguiendo. ¿Cómo queremos hacerlo? Pues de muy
distintas formas: señalando zonas de especial protección acústica. En
algunas de ellas va a ser imposible limitar externamente el ruido
--tendremos que ocuparnos de limitarlo internamente--; y en otras, a
través de la planificación urbanística, a través de una planificación
distinta en los transportes urbanos, a través de programas muy
específicos para determinadas áreas, estamos seguros de encontrar las
medidas adecuadas, la norma administrativa más ágil y más eficaz
para que, en definitiva, sean los ciudadanos los que encuentren una mejor
calidad de vida.
Créame S. S. que estamos trabajando en ese borrador. A finales de este
año 1997 lo presentaremos a la opinión pública y a lo largo del año 1998
esperamos sea un anteproyecto de ley, que, aprobado por el Consejo de
Ministros, entre en esta Cámara para el debate correspondiente.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
-- DEL DIPUTADO DON CRISTOBAL JUAN PONS FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACCIONES ESTA
ADOPTANDO EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN RELACION CON LA RECIENTE
MORTANDAD DE FOCAS MONGE? (Número de expediente 180/000731)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 22,
que formula don Cristóbal Pons, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Pons.
El señor PONS FRANCO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Medio Ambiente, recientemente estamos siendo
informados, tanto por la prensa escrita como por los servicios
informativos de televisión, de la situación crítica por la que atraviesan
las colonias de focas Monge en la península de Cabo Blanco, en
Mauritania. En los últimos meses se han reducido en más de un 50 por
ciento el número de animales censados, que anda en la actualidad en un
poco más de un centenar de ejemplares. Lo cierto es que el panorama no es
demasiado alentador para este mamíferos debido fundamental y
supuestamente a la proliferación de un alga tóxica en su hábitat. La
preocupación y la responsabilidad española en este tema queda bien
patente, puesto que está trabajando desde 1992 un grupo de técnicos y
científicos españoles en Cabo Blanco para posibilitar la conservación de
una de las especies animales que recordemos más amenazada del planeta.
Desde nuestro grupo creemos que los medios e importancia de las acciones
no deben estar en relación directa al número de individuos de la especie,
sino por lo que representa cualitativamente, en términos de biología
marina, la conservación de la misma. Por todo ello, señora Ministra,
desde nuestro grupo le formulamos la siguiente pregunta: ¿qué acciones
está adoptando el Ministerio de Medio Ambiente en relación con la
reciente mortandad de focas Monge en la península de Cabo Blanco, en
Mauritania?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pons.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Sabe S. S., como acaba de reconocer, que desde el año 1992 viene
trabajando un comité de científicos y de expertos movidos por expertos
españoles, que desde el año 1994 cuenta con fondos del programa de la
Comisión Europea. A raíz de lo que S. S. acaba de comentar de cómo este
año, en tan sólo un mes, hemos perdido de una colonia muy poco
numerosa--no llegaba ni a los 500-- casi la tercera parte de estos
mamíferos, especie que realmente necesita de una especial protección,
hemos conseguido que la propia Comisión Europea nos permita cambiar la
orientación de esos programas que estábamos llevando, que eran de
investigación y conservación, para hacer un programa específico, que ha
tenido bastante éxito en la medida en que podemos decir que al 6 de junio
ha terminado este programa choque con esos mismos fondos del programa.
¿En qué ha consistido? Fundamentalmente en no trasladar de lugar a las
focas que existen en este momento y que son ya muy escasas, sino en
cerrarlas, como si dijéramos, cerca de sus cuevas para evitar que vayan
al mar abierto, salvaje y pudieran nuevamente ser envenenadadas por algo
que, aunque todavía no tenemos certeza, parece que ha sido producto de
unas algas contaminadas que han consumido las presas que, a su vez,
alimentan a estas focas. No es seguro todavía a ciencia cierta que éste
sea el problema que ha causado la mortandad, pero sí que es cierto que se
las ha aislado completamente en cuevas a todas ellas al día 6 de junio.
Lo he comentado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea el pasado
jueves en Luxemburgo. A partir de ahora desde la propia Comisión Europea
vamos a conseguir más ayuda para establecer un programa de choque de
investigación y de conservación de esta especie, porque tanto en
Mauritania, como desde luego en España, como en las islas Chafarinas, e
inclusive las que se están reproduciendo en cautividad en las islas
Canarias, tienen que tener una protección específica.
Agradezco públicamente también desde esta tribuna a todos los científicos
tanto de Holanda, Gran Bretaña como irlandeses, franceses, alemanes y
canadienses, junto con la Comisión Europea, la ayuda imprescindible que
nos han prestado, y al Ministerio de Defensa que está haciéndonos toda la
labor de logística y de infraestructura para que les llegue todo lo que
necesitan estas focas, precisamente a aquellos puntos tan aislados de la
geografía española, como en este momento son las islas Chafarinas, que
son las que tienen la foca Monge.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Ministra.
-- DEL DIPUTADO DON TEOFILO DE LUIS RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO
EL GOBIERNO PARA REFORZAR LA COORDINACION ENTRE LAS DIFERENTES
ADMINISTRACIONES DE CARA A LA ACTUAL CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES?
(Número de expediente 180/000732)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 23,
que formula don Teófilo de Luis, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, para nosotros un incendio forestal es una catástrofe
importante porque causa daños ecológicos, en ocasiones irreparables,
perjuicios graves para el desarrollo de la economía agraria de la zona,
un riesgo para la vida de la población del entorno en donde se produce el
incendio y frena los objetivos que pueden tener las administraciones
públicas de reforestación. En los próximos meses es tradición que el
riesgo de incendios forestales aumente considerablemente con el
incremento de las temperaturas y la ausencia de humedad, incluso en años
como éste en los que la primavera y el invierno han sido especialmente
secos.
Señora Ministra, nosotros sabemos que las competencias de su Ministerio
son las que son y que hay muchas competencias transferidas a otras
administraciones públicas. Pero puede comprender que, en función de las
reflexiones que antes he hecho, para nosotros es de capital importancia
que se adopten todas las medidas preventivas necesarias para evitar que
se produzcan incendios forestales y también que se adopten medidas para
garantizar la plena eficacia de los medios materiales y humanos dedicados
a combatir el fuego en el momento en que éste se produzca.
Por estas razones le formulo la pregunta que figura en el orden del día
del Pleno.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor De
Luis.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Tal y como el señor Diputado acaba de plantear, la preocupación máxima en
temas de medio ambiente que tiene la población ciudadana es precisamente
la prevención de incendios forestales o los incendios forestales, según
se ha publicado en una encuesta del CIS hecha pública justamente esta
mañana. Quiero decirle con esto que también es prioridad del Ministerio,
aunque las competencias están transferidas, establecer esa labor de
coordinación y cooperación con las comunidades autónomas. En ese sentido
se creó en el Ministerio la Comisión nacional de protección de la
naturaleza, que es desde donde se coordinan todo este tipo de
actuaciones.
Concretamente el 29 de abril de este año se ha presentado el plan de
actuaciones contra incendios forestales para el año 1997, existe un
comité especializado en el Ministerio de lucha contra incendios
forestales, al que se dedican concretamente en el Papif, en el Plan de
actuaciones prioritarias contra incendios forestales, este año 1.470
millones de pesetas. Concretamente, como medios puestos a disposición de
las comunidades autónomas por el Ministerio de Medio Ambiente, hay: 20
aviones anfibios, 15 aviones de carga en tierra, 4 helicópteros
bombarderos, 5 brigadas rápidas de incendios forestales, 5 brigadas para
acciones rápidas en zonas de alto peligro y 4 aviones de observación para
enviar imágenes de los incendios a las centrales de operaciones, porque
entendemos que desde el Instituto Nacional de Meteorología se puede
ayudar mucho advirtiendo cuáles son los riesgos y cuál puede ser el
desarrollo de esos incendios, para que la prevención actúe precisamente
allí. Igualmente, este comité que acabo de comentar ha presentado ya dos
textos definitivos, llamados libros rojos --por aquello del fuego y no
por otra causa--: el libro rojo de la prevención de incendios forestales
y libro rojo de coordinación contra incendios forestales.
He de decirle, señor Diputado, que las dificultades y deficiencias nos
llevan a pensar que lo más importante es que los incendios no se
produzcan y, por eso, las labores de silvicultura, la atención a esos
bosques, creemos que es la actuación principal. En cualquier caso, el
presupuesto total del capítulo VI para toda esta gestión por la que S. S.
me pregunta, en el año 1997 ha sido de 3.973 millones, tanto para gastos
de desarrollo de infraestructura de detección como para comunicaciones,
prevención y predicción del peligro de incendios forestales.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Ministra.
Muchas gracias, señorías.
El Pleno se reanudará mañana, a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y veinte minutos de la noche.