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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 91, de 05/06/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 91
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 88
celebrada el jueves, 5 de junio de 1997
ORDEN DEL DIA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
-- Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la
mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
(«BOE», núm. 118, de 17 de mayo de 1997) (número de expediente
130/000021) (Corrección de error en «BOE» núm. 124, de 24 de mayo de
1997) (Página 4486)
-- Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo, por el que se regulan
incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el
fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
(«BOE», núm. 118, de 17 de mayo de 1997) (número de expediente
130/000022) (Corrección de error en «BOE» núm. 124, de 24 de mayo de
1997) (Página 4501)
Petición de autorización para la tramitación directa y en lectura única:
-- Proyectos de Ley de modificación del régimen de cesión de tributos
del Estado y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión a las
Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla y León, a la Generalidad de Cataluña, Madrid, Murcia,
La Rioja y Comunidad Valenciana (números de expedientes del 121/000041 al
121/000052) (Página 4514)
-- Proyecto de Ley por el que se aprueba la metodología de
determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001
(número de expediente 121/000065) (Página 4514)
-- Proyecto de Ley por el que se aprueba la modificación del Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (número de expediente
121/000064) (Página 4514)
-- Proposición de Ley para la inclusión de la variante de Pajares en el
Plan Director de Infraestructuras (número de expediente 125/000006)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: (Página 4514)
-- Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
número 13-1, de 18 de septiembre de 1996 (número de expediente
121/000012) (Página 4514)
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:
-- Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para
determinar las responsabilidades políticas de Miembros y Altos Cargos del
Gobierno, así como de los responsables y Altos Mandos de las Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad del Estado que se deriven de la creación,
financiación con posible utilización indebida de fondos reservados,
actuaciones y respaldo de los conocidos como Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL), formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición
Canaria y Mixto (número de expediente 156/000001) (Página 4526)
-- Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre las
actuaciones abusivas realizadas o impulsadas desde ámbitos del Gobierno
en relación con las empresas y grupos de empresa ANTENA 3 TELEVISION,
CANAL PLUS, SOGECABLE y CANAL SATELITE DIGITAL, formulada por 86
Diputados del Grupo Socialista del Congreso (número de expediente
156/000006) (Página 4540)
-- Solicitud de creación de una Comisión de Investigación que tenga por
objeto el esclarecimiento de todas las injerencias, presiones, tratos de
favor y actuaciones abusivas en relación con los medios informativos,
prensa, radio y televisión en los que pudo haber incurrido el Gobierno de
la Nación entre noviembre de 1982 y mayo de 1996, formulada por 96
Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de
expediente 156/000007) (Página 4557)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 4486)
Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la
mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida
(Página 4501)
Presenta el Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo, en nombre del
Gobierno, el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas
Bocanegra). Comienza su intervención expresando su agradecimiento a los
grupos parlamentarios que públicamente han mostrado su disposición
favorable hacia las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley o bien
hacia el procedimiento de tramitación, y asegura que si la Cámara estima
que la tramitación de este Real Decreto-Ley debe hacerse como proyecto de
ley, se cumplirá con todas las exigencias de la vida parlamentaria.
Igualmente agradece las críticas de quienes no están de acuerdo con el
contenido de este Real Decreto-Ley, porque está seguro que han
sido hechas desde la óptica de la defensa de los intereses generales.
Agradece, asimismo, al Consejo Económico y Social la celeridad y
precisión de su dictamen, y a la Conferencia sectorial de asuntos
laborales, con presencia de todas las comunidades autónomas, su apoyo,
desde el principio, a los acuerdos entre las organizaciones empresariales
y sindicales más representativas. Finalmente, agradece de manera expresa
el papel que han jugado las organizaciones empresariales y sindicales,
CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras y UGT.
Explica que el contenido de este Real Decreto-Ley es consecuencia del
proceso continuo de diálogo social emprendido por las organizaciones
sociales y propiciado e impulsado por el Gobierno y por las fuerzas
políticas democráticas. Como resultado de este diálogo han visto la luz
seis importantes acuerdos que, en opinión del Ministro, tienen un triple
valor: un valor económico, porque aporta confianza, seguridad y
estabilidad a la economía; un valor social porque contribuye a fortalecer
la sociedad del bienestar; y un valor político porque practica la
democracia desde la óptica del acuerdo y ayuda a cimentar una sociedad
tolerante y abierta.
A continuación, hace una breve exposición de la trayectoria seguida por
el mercado de trabajo desde 1974 hasta llegar a la situación real antes
de que se produjera el acuerdo entre las organizaciones empresariales y
sindicales. Manifiesta que, según la EPA, la tasa de desempleo del primer
trimestre de 1997 es casi del 21,5 por ciento y se contabiliza un 34 por
ciento de contrataciones temporales, realidad laboral a la que hay que
enfrentarse. Acto seguido explica las medidas contenidas en el Real
Decreto-Ley para mejorar el mercado de trabajo, orientadas
fundamentalmente a fomentar la estabilidad en el empleo; medidas que
afectan a los contratos formativos, a los contratos de duración
determinada, a los contratos a tiempo parcial, al nuevo contrato
indefinido de fomento de empleo; medidas de fomento de empleo, extinción
del contrato de trabajo por causas objetivas y empresas de trabajo
temporal.
Termina su intervención poniendo de relieve que el deseo del Gobierno es
que este gran acuerdo social entre sindicatos y empresarios también sea
un acuerdo político, para lo que solicita el respaldo de SS. SS. en la
convalidación de este Real Decreto-Ley y, si así lo estima la Cámara, en
la tramitación como proyecto de ley.
En turno en contra de la convalidación intervienen los señores Vázquez,
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y Vaquero del
Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal y el señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto;el
señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la
señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los
señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Griñán Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley
8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de
trabajo y el fomento de la contratación indefinida, se aprueba por 302
votos a favor, 18 en contra y una abstención.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto-Ley convalidado, se aprueba por 320 votos a favor, y dos
abstenciones.
Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos
en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la
contratación indefinida y la estabilidad en el empleo (Página 4501)
Presenta el Real Decreto-Ley, en nombre del Gobierno, el señor Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra). Manifiesta que este
Real Decreto-Ley, al igual que el anterior, atiende a una petición
explícita de las organizaciones sindicales y empresariales para respaldar
y apoyar los objetivos de mayor estabilidad en el empleo, prestando una
especial atención a ciertos colectivos de trabajadores desempleados que
tienen un mayor grado de dificultad para acceder al mercado de trabajo.
Añade que, desde el principio, el Gobierno ha dialogado extensamente con
las organizaciones empresariales y sindicales y con los grupos
parlamentarios de la Cámara sobre el contenido de este segundo Real
Decreto-Ley.
Expone, a continuación, que el texto que se presenta para su
convalidación favorece determinadas políticas activas de creación de
empleo sin menoscabo del conjunto de las políticas activas en marcha;
reordena los incentivos para la creación de empleo estable sin producir
tensiones presupuestarias y sin afectar al sistema de Seguridad Social;
producirá un incremento de la afiliación y de las cotizaciones, si las
nuevas figuras contractuales tienen éxito; establece
procedimientos sencillos para acceder a los incentivos; propicia
decididamente la creación de condiciones muy favorables para la
transformación de contratos temporales en contratos indefinidos;
introduce importantes beneficios fiscales, especialmente para las
pequeñas y medianas empresas; agiliza los procedimientos administrativos;
concentra el esfuerzo incentivador en un período de dos años; discrimina
positivamente a aquellos colectivos más perjudicados por la situación de
desempleo, y asegura la continuidad de las ayudas que estuvieran
recibiendo quienes se acogieron a los sistemas anteriores, al tiempo que
pretende coordinar estos incentivos con aquellos que se ofrecen en el
marco de las comunidades autónomas.
Pasa a detallar el conjunto de medidas que se proponen y contesta a
algunas de las preguntas que podrían formularse sobre las razones que
animan este Real Decreto-Ley.
Termina su intervención diciendo que considera que es un buen acuerdo
porque se ha respetado la autonomía de las organizaciones sociales,
porque se ha respetado el papel del Parlamento y de los grupos
parlamentarios, porque se han respetado las instituciones, como es el
caso del Consejo Económico y Social y de la Conferencia sectorial de
asuntos laborales, porque hay un diagnóstico común sobre el mercado de
trabajo, porque se pretende crear más empleo y empleo demás calidad y ,
sobre todo, porque consolida definitivamente el diálogo social como la
fórmula adecuda para afrontar los problemas que tiene la sociedad. Por
todo ello, solicita el apoyo de la Cámara.
En turno en contra intervienen los señores Vázquez Vázquez (don
Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y Vaquero del Pozo, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Homs i Ferret, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cercas Alonso, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Hernando Fraile, del Grupo
Parlamentario Popular.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley
9/1997, de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos en materia de
Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación
indefinida y la estabilidad en el empleo, se aprueba por 302 votos a
favor, 18 en contra y una abstención.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto-Ley convalidado, se aprueba por unanimidad.
Petición de autorización para la tramitación directa y en lectura única
(Página 4514)
Proyectos de Ley de modificación del régimen de cesión de tributos del
Estado y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión a las
Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla y León, a la Generalidad de Cataluña, Madrid, Murcia,
La Rioja y Comunidad Valenciana (Página 4514)
Proyecto de Ley por el que se aprueba la metodología de determinación del
Cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001 (Página 4514)
Proyecto de Ley por el que se aprueba la modificación del Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (Página 4514)
Proposición de Ley para la inclusión de la variante de Pajares en el Plan
Director de Infraestructuras (Página 4514)
Sometidos a votación los diversos proyectos de ley y la proposición de
ley, se aprueban por asentimiento.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 4514)
Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial (Página 4514)
En defensa de las enmiendas mantenidas al Proyecto de Ley Orgánica de
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, intervienen los señores
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Jover i Presa, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Admitidas a trámite la enmienda transaccional y las correcciones técnicas
presentadas por el señor Ollero Tassara, se procede a la votación de las
enmiendas y del dictamen.
Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, son rechazadas.
Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, son rechazadas.
Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
son rechazadas.
Sometida a votación la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario
Popular, se aprueba por 298 votos a favor y 21 abstenciones.
Sometidos a votación los artículos 1 y 4 del dictamen, se aprueban por
170 votos a favor, 22 en contra y 128 abstenciones.
Sometido a votación el artículo 2, se aprueba por 168 votos a favor, 151
en contra y una abstención.
Sometidos a votación los restantes artículos del dictamen, se aprueban
por 296 votos a favor, tres en contra y 21 abstenciones.
Sometida a votación la exposición de motivos, se aprueba por 193 votos a
favor, 28 en contra y 99 abstenciones.
Efectuada la votación final y de conjunto del proyecto de Ley, por su
carácter de orgánica, dio el siguiente resultado: 323 votos emitidos, 169
a favor, 15 en contra y 139 abstenciones. Por lo tanto, al no haber
alcanzado el apoyo de la mayoría absoluta, se devuelve a la Comisión, que
deberá emitir un nuevo dictamen.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación (Página 4526)
Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para determinar
las responsabilidades políticas de miembros y altos cargos del Gobierno,
así como de los responsables y altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de
la Seguridad del Estado que se deriven de la creación, financiación con
posible utilización indebida de fondos reservados, actuaciones y respaldo
de los conocidos como Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL),
formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y
Mixto (Página 4526)
Para la presentación de la iniciativa intervienen, en nombre de los
grupos firmantes, la señora Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; el señor Anasgasti Olabeaga,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno en contra interviene el señor Bayona Aznar, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de réplica intervienen el señor Anasagasti Olabeaga y las
señoras Lasagabaster Olazábal y Aguilar Rivero, duplicando el señor
Bayona Aznar.
En turno por alusiones interviene el señor Anasagasti Olabeaga.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Recoder Miralles,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gil Lázaro, del
Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la solicitud de creación de la Comisión de
investigación debatida, después de haber sido rechazada por el Grupo
Parlamentario Socialista la admisión a trámite de una enmienda presentada
por los propios grupos proponentes, se rechaza por 31 votos a favor, 144
en contra y 143 abstenciones.
Se suspende la sesión a las tres y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.
Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre las
actuaciones abusivas realizadas o impulsadas desde ámbitos del Gobierno
en relación con las empresas y grupos de empresa Antena 3 Televisión,
Canal Plus, Sogecable y Canal Satélite Digital, formulada por 86
Diputados del Grupo Socialista del Congreso (Página 4540)
Para la presentación de la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista interviene el señor Pérez Rubalcaba.
En turno en contra interviene el señor Trías Sagnier, del Grupo
Parlamentario Popular.
En turno de réplica interviene el señor Pérez Rubalcaba.
En turno por alusiones intervienen los señores De Grandes Pascual y
Caldera Sánchez-Capitán.
En un segundo turno intervienen los señores Pérez Rubalcaba y Trías
Sagnier.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i
Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri
Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Recoder i Miralles, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Alcaraz Massats, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de
creación de una Comisión de investigación, se rechaza por 138 votos a
favor 163 en contra y dos abstenciones.
Solicitud de creación de una Comisión de investigación que tenga por
objeto el esclarecimiento de todas las injerencias, presiones, tratos de
favor y actuaciones abusivas en relación con los medios informativos,
prensa, radio y televisión, en los que pudo haber incurrido el Gobierno
de la nación entre noviembre de 1982 y mayo de 1996, formulada por 96
Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Página 4557)
Interviene el señor Izquierdo Juárez, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, quien retira la solicitud de creación de la Comisión de
investigación.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con
la intervención del representante del Grupo Parlamentario Popular, hace
uso de la palabra el señor Caldera Sánchez-Capitán.
En turno por alusiones intervienen el señor De Grandes Pascual, del Grupo
Parlamentario Popular.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con la intervención del
representate del Grupo Parlamentario Popular, hace uso de la palabra el
señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
En un segundo turno intervienen los señores Izquierdo Juárez, del Grupo
Parlamentario Popular; Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
En un turno por alusiones intervienen los señores Hernando Fraile, del
Grupo Parlamentario Popular, y Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Se levanta la sesión a las siete y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:
--REAL DECRETO-LEY 8/1997, DE 16 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA
MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA
(Número de expediente 130/000021) El señor PRESIDENTE: Se reanuda la
sesión.
Punto séptimo del orden del día. Debate sobre convalidación o derogación
de reales decretos-leyes. En primer lugar, Real Decreto-ley número 8 de
1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de
trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra el Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, señor Arenas.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, señoras y señores diputados, antes de exponer las razones que
han motivado la promulgación de este Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de
mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el
fomento de la contratación indefinida, quiero expresar desde la tribuna
mi agradecimiento a los grupos parlamentarios que públicamente han
mostrado su disposición favorable hacia las medidas contenidas en este
real decreto o bien hacia el procedimiento de tramitación.
Al Gobierno nos parece que es muy importante que compartamos la urgencia
que exige la sensibilidad social sobre el empleo y también que el mejor
camino para acometer un cambio de reglas de juego en el funcionamiento de
nuestro mercado laboral es el acuerdo social previo.
Quisiera también agradecer, en este caso a todos los grupos
parlamentarios, el haber facilitado la labor del Gobierno, en la
seguridad de que, si los diputados estiman que la tramitación de este
real decreto-ley debe hacerse como proyecto de ley, se cumplirá con todas
las exigencias de la vida parlamentaria. Asimismo, señorías, quiero
agradecer las críticas a quienes no están de acuerdo con todo el
contenido de este real decreto-ley, porque estoy seguro de que la crítica
se ha hecho desde la convicción de que la posición que mantienen los
críticos con este real decreto-ley es la que mejor sostiene en su óptica
la defensa de los intereses generales.
Deseo reconocer también ante la Cámara el papel desempeñado por el
Consejo Económico y Social por la celeridad y la precisión de su
dictamen, emitido con la urgencia requerida y que ha sido favorable al
fondo y a la forma de las medidas que hoy se debaten.
Tengo que agradecer también la unanimidad de la Conferencia Sectorial de
Asuntos Laborales que, con presencia de todas las comunidades autónomas,
mostró, desde el nacimiento de los acuerdos entre las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas, su apoyo al desarrollo de
los mismos.
Señorías, quería dejar para el final de este capítulo de felicitaciones
nuestro reconocimiento expreso a las organizaciones empresariales y
sindicales CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras y UGT por haber contribuido,
en primer lugar, a ofrecer un análisis común de la realidad laboral de
nuestro país; por haber demostrado no sólo su sentido de la
responsabilidad, sino por haberlo hecho patente en unos momentos claves
del proceso de incorporación de España a la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria; por haber mostrado a la sociedad española que nos
unen más cosas de las que nos separan en este proceso de convergencia
histórica global que convivimos y, sobre todo
--y muy especialmente, señorías--, por haber tenido el coraje
necesario para llegar a un acuerdo. Digo esto, señorías, porque hay veces
que hay que tener coraje para oponerse, pero también hay veces en la vida
pública, en el sistema democrático, que hace falta coraje para dialogar y
para llegar a acuerdos.
Señoras y señores diputados, el contenido de este real decreto-ley --como
saben-- es consecuencia del proceso continuo de diálogo social emprendido
por las organizaciones sociales; un diálogo social que ha sido propiciado
e impulsado por el Gobierno y por las fuerzas políticas democráticas.
Decía el Profesor Aranguren que la democracia consiste, sobre todo, en el
reconocimiento de la diferencia. Y la democracia se construye día a día,
comprendiendo y aceptando que las diferencias no son absolutas, que hay
zonas de encuentro y que el acuerdo es siempre posible si se tiene una
voluntad política de concordia antes que un deseo de discordia. Pues
bien, desde el pasado mes de mayo de 1996, las organizaciones
empresariales y sindicales y el Gobierno han impulsado el diálogo social
de forma tripartita o bipartita, según los casos. Seis importantes
acuerdos han visto la luz como resultado de este diálogo, que en opinión
de este Ministro tiene un triple valor. Sin duda, un valor económico
porque aporta confianza, seguridad y estabilidad a la economía española;
un valor social porque, en sus consecuencias, contribuye a fortalecer la
sociedad de bienestar, y también, sin duda, un valor político porque
practica la democracia desde la óptica del acuerdo y contribuye, de ese
modo, a cimentar una sociedad tolerante y abierta por la que todos
apostamos.
Hay que gobernar por y para la sociedad, pero es profundamente
interesante y oportuno, en un sistema democrático, gobernar también
oyendo a la sociedad. Puedo decir con rotundidad que el diálogo social
defendido e impulsado por el Gobierno nunca ha sido, señorías,
consecuencia del oportunismo, sino producto de la convicción. Creemos que
con diálogo y con acuerdos se demuestra que España funciona y que
funciona bien.
España, señorías, necesitaba estos acuerdos, y en concreto el acuerdo que
sirve de base a este real decreto-ley que hoy debatimos. La crisis
económica de los años setenta tuvo graves repercusiones en el mercado de
trabajo español. Desde 1974 a 1985 se perdieron más de 2.100.000 empleos
--casi la quinta parte de los empleos existentes al comienzo de la
depresión-- y en estos once años la tasa de desempleo estimado por la
encuesta de población activa se multiplicó por 8,9 veces, ascendiendo del
2,3 por ciento en 1974 al 21,7 por ciento en 1985. Nuestras estructuras
no se adaptaron a las nuevas circunstancias internacionales, no se
adoptaron suficientes medidas económicas de ajuste y de reestructuración
productiva, aunque comenzó una clara tendencia hacia la moderación
salarial. En 1985 coincidió con un período de expansión económica que se
mantuvo hasta finales de 1990, con una tasa anual acumulativa de
crecimiento del PIB superior al cuatro por ciento. Sin embargo, a finales
de 1990 la tasa media de paro se situaba en el 19,5 por ciento, el paro
juvenil representaba casi la mitad del total de los parados y, como
consecuencia de la crisis del modelo de concertación social, se produjo
el fin de la moderación salarial. Las tensiones inflacionistas se
acentuaron y el IPC creció, en media anual, dos puntos más en 1989 y 1990
que en 1988.
Consecuencia de todo ello fue una nueva y profunda crisis del empleo, que
disminuyó vertiginosamente desde 1991, creciendo el paro en 1.300.000
personas hasta 1994. La media anual de la tasa de paro volvió a crecer
desde el 16,3 por ciento existente en 1990 hasta el 24,2 por ciento en
1994, ocho puntos porcentuales más.
Desde 1990, el mercado de trabajo español sufrió un profundo deterioro
que tuvo su más dolorosa virulencia en 1992 y 1993, coincidiendo con una
creciente tasa
de temporalidad próxima al 35 por ciento del total de los asalariados
ocupados y en torno al 40 por ciento de los asalariados ocupados en el
sector privado. Esta precarización del empleo tuvo consecuencias
absolutamente negativas para el conjunto de la economía española, para
las empresas españolas y muy especialmente para los ciudadanas y
ciudadanos españoles. Se produjo una elevada rotación laboral que
incremento también el conjunto del gasto en las prestaciones por
desempleo; se segmentó el mercado de trabajo entre contratados temporales
e indefinidos con condiciones laborales absolutamente diferentes; se
redujo el nivel de eficacia; descendió el nivel de competitividad de las
empresas; se incrementó la siniestralidad laboral, y disminuyó el nivel
de identificación entre empresas y trabajadores.
Tras la fuerte recesión del año 1993, la tasa del PIB real comenzó a
aumentar hasta alcanzar la cifra del tres por ciento en 1995, asistiendo
a años positivos para el empleo. Sin embargo, la tasa media anual de
desempleo seguía por encima del 22 por ciento y la temporalidad se
mantenía como factor precarizador del mercado de trabajo.
¿Cuál es, señorías, la situación real antes de que se produzca el acuerdo
entre las organizaciones empresariales y sindicales? Se cuenta con una
tasa de desempleo, según la EPA del primer trimestre de 1997, de casi el
21,5 por ciento --desgraciadamente es esta una de las cifras más altas de
Europa--, y se contabiliza un 34 por ciento de contrataciones temporales,
también la más alta de Europa, seguidos de Finlandia con un 16,3 por
ciento, menos de la mitad.
En 1996, de más de ocho millones y medio de contratos registrados en el
Inem, menos del cuatro por ciento fueron indefinidos. Desde 1987, el
porcentaje de contratación fija se ha reducido a la mitad hasta nuestros
días, del 8,4 por ciento al cuatro; el 70 por ciento de los contratos
duran, según los últimos datos, menos de tres meses; la mitad de los
contratos temporales duran menos de un mes y, asómbrense, señorías, ha
habido 400.000 personas que han debido hacer quince contratos en un solo
mes, cuando la media nacional es de dos contratos al año por persona
temporalmente contratada. Los colectivos más afectados seguían siendo los
jóvenes, los parados de larga duración y las mujeres. Los jóvenes menores
de 25 años sobrepasaban el 42 por ciento del paro total, los parados de
larga duración alcanzan otro 40 por ciento y los de muy larga duración,
dos años o más, casi la cuarta parte del paro, un 23 por ciento del
total. La tasa de paro en las mujeres casi duplica a la de los hombres.
Esta era, y es todavía en gran parte, la realidad laboral a la que nos
tenemos que enfrentar.
Permítanme que, con brevedad, resuma las medidas contenidas en este
primer real decreto-ley. Se contemplan en el mismo medidas de mejora del
funcionamiento del mercado de trabajo orientadas, fundamentalmente, a
fomentar la estabilidad en el empleo, y que afectan a los contratos
formativos, a los contratos de duración determinada, contratos a tiempo
parcial, nuevo contrato indefinido de fomento de empleo, medidas de
fomento de empleo, extinción del contrato de trabajo por causas objetivas
y empresas de trabajo temporal.
Empezaré, señorías, por revelar las modificaciones que se producen en el
plano de los contratos formativos. Así, en el caso de los contratos en
prácticas se permite que los convenios colectivos sectoriales puedan
determinar los puestos de trabajo, grupos, niveles y/o categorías
profesionales objeto de este contrato. En el terreno de la formación se
suprime el contrato de aprendizaje; se refuerza su componente formativo;
se mejora su régimen salarial y se acentúa --y esto es muy importante--
la protección social de estos contratos; se reduce de 25 a 21 años la
edad para celebrarlos, salvo en escuelas-taller y casas de oficios, que
podrá ampliarse hasta los 23 años; se limita su duración a dos años,
antes eran tres años, si bien la negociación colectiva sectorial puede
ampliar esta duración a un máximo de tres años; se vincula el contrato al
sistema de formación profesional, la negociación colectiva puede
determinar el número máximo de aprendices en función del tamaño de la
plantilla; se mejoran las condiciones salariales; se mejora la protección
social, como he dicho anteriormente, incorporando la prestación de ILT
actualmente inexistente; se combate el incumplimiento de las obligaciones
formativas por parte del empresario, y se favorece que la negociación
colectiva adopte compromisos de conversión de contratos formativos en
contratos por tiempo indefinido.
En cuanto a los contratos de duración determinada, se refuerza el
carácter causal de estas contrataciones, se combaten los abusos
detectados a partir de la legislación anterior y se suprime el contrato
de lanzamiento de nueva actividad.
En el supuesto de los contratos a tiempo parcial, se destaca dentro de
los mismos la singularidad del contrato de trabajadores fijos
discontínuos en el conjunto de los contratos, como decía, a tiempo
parcial y se mejora la protección de los contratos a tiempo parcial
marginales de menos de doce horas a la semana o cuarenta y ocho horas al
mes, que obtienen la protección íntegra para la totalidad de las
contingencias.
Señoría, creo que una de las grandes novedades de este real decreto-ley y
del acuerdo entre sindicatos y empresarios es, sin duda, el nuevo
contrato indefinido, un nuevo contrato indefinido que pretende fomentar
la estabilidad en el empleo, la cultura de la estabilidad frente a la
cultura de la temporalidad mediante un nuevo tipo de contratación
indefinida, y que regula su extinción por causas objetivas declaradas
improcedentes, fijando una indemnización de treinta y tres días por año
con un máximo de veinticuatro mensualidades.
Este nuevo contrato se dirige a los colectivos más afectados por el paro:
jóvenes menores de treinta años y mayores de cuarenta y cinco, parados de
larga duración, mujeres, personas que tienen alguna discapacidad y todos
aquellos que en este momento tienen contratos temporales. Se propicia el
que estos contratos temporales puedan transformarse en un nuevo contrato
indefinido, pero se obstaculiza que se sigan haciendo contratos
temporales cuando pueden suscribirse los nuevos contratos indefinidos. El
nuevo contrato indefinido es jurídicamente idéntico al anterior, con la
excepción --ya lo he indicado-- respecto a las indemnizaciones; se impide
que las empresas puedan sustituir empleo fijo actual por empleo fijo de
la nueva modalidad mediante las cautelas correspondientes y en perfecta
defensa de los derechos adquiridos en la actualidad.
Medidas en materia de política de empleo. Se deroga el contrato temporal
de fomento de empleo, excepto en el caso de los trabajadores
discapacitados, y se mantienen las posibilidades reconocidas al Gobierno
para adoptar medidas de fomento de empleo.
Medias en materia de extinción del contrato de trabajo por causas
objetivas. Se procede a una nueva redacción del artículo 52 c) del
Estatuto de los Trabajadores, que reproduce expresamente el acuerdo
alcanzado por sindicatos y empresarios, y que pretende racionalizar los
despidos justificados por razones técnicas, económicas, organizativas o
de producción, mediante la inclusión de causas relacionadas con la
posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda aunque
no concurran pérdidas económicas en el momento de producirse esos
despidos.
Finalmente, se adoptan algunas medidas en relación con las empresas de
trabajo temporal, que muchas de ellas se remiten a un grupo de trabajo
que tendrá la tarea de profundizar en la normativa que afecta a este tipo
de empresas.
Señor Presidente, señoras y señores diputados, este real decreto-ley es
el resultado del acuerdo entre los sindicatos y los empresarios, y es
también el resultado por parte del Gobierno de las consultas
parlamentarias efectuadas antes de su aprobación por el Consejo de
Ministros. Creo que pocas veces un conjunto de medidas pueden estar, en
su caso, tan ampliamente apoyadas en el Parlamento como en la propia
sociedad. Sólo le queda al Gobierno esperar que este conjunto de medidas
sean eficaces y sobre todo esperar que redunden en beneficio del empleo y
en beneficio de la calidad del empleo.
Esta es, en nuestra opinión, una gran oportunidad para los jóvenes
españoles, una gran oportunidad para los parados de larga duración, para
los parados mayores de cuarenta y cinco años, para las mujeres que siguen
absolutamente discriminadas en el marco del mercado laboral en España, y
sobre todo una oportunidad que se ofrece a todos estos colectivos
respetando plena y absolutamente los derechos adquiridos por los
trabajadores que tienen contratos indefinidos en este momento.
Hemos querido, señorías, que este gran acuerdo social entre sindicatos y
empresarios también sea un gran acuerdo político. Eso depende sin duda
del respaldo que hoy puedan dar SS. SS. a este real decreto-ley en su
convalidación y, si la Cámara lo estimara oportuno, también a su
tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Entiendo, señor Ministro, que ha utilizado el turno para defender la
convalidación conjuntamente de los dos decretos-leyes. (Pausa.) De
acuerdo, solamente para uno. Se lo preguntaba porque algún portavoz me
había hecho esa consulta a efectos de su intervención.
Muchas gracias.
¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Guillerme): Gracias, señor Presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de la convalidación
del Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo, conocido como decreto de la
reforma laboral, y lo vamos a hacer, no desde la comodidad, sino desde el
convencimiento de que las medidas que se proponen en el mismo suponen, en
general y globalmente, un retroceso en los derechos de los trabajadores y
trabajadoras; no van a servir para incrementar el empleo y a la larga
tampoco para disminuir la temporalidad; no va a ser la solución a los
problemas que padecen los empresarios, especialmente las pequeñas y
medianas empresas, acosadas cada vez más por la globalización de la
economía, por un modelo económico donde la libertad de mercado la ejercen
cada vez menos y donde la libertad de competir es cada vez más una
abstracción.
La reforma laboral que se propone no puede sustraerse del marco en el que
se mueve actualmente la economía, dominado por las recetas económicas de
un liberalismo simplón y arcaico. La política económica practicada en los
últimos años en el Estado español y en la Unión Europea estuvo
determinada por los intereses del capital financiero y resultó lesiva
para los sectores productivos. Como consecuencia de esa política se
perdieron muchos puestos de trabajo en el sector industrial y en otros
sectores. Esa política tuvo efectos negativos para la sociedad, y
especialmente para los sectores más desfavorecidos. Las consecuencias
son: el paro, la precariedad en el empleo, la pérdida del poder
adquisitivo de los salarios y la distribución más desigual de la renta.
No se puede, por tanto, estar hablando de paro sin referirse al marco
económico en el cual nos movemos. La empresa, evidentemente, en nuestro
sistema político es la fuente generadora de riqueza, empleo y bienestar,
pero la empresa la constituyen empresarios y trabajadores, y los
intereses deben tender a armonizarse, a conciliarse, a procurar que haya
un reparto de las rentas y de los derechos. Sin embargo, en los últimos
años se produce un progresivo proceso en el que, como decía antes, muchos
empresarios se ven impotentes ante una situación en la que el capital
transnacional fija condiciones imposibles para ellos, lo que les aboca al
cierre de empresas o a buscar la solución a los problemas por la vía de
la disminución de los costes laborales, en vez de buscar competir vía
aumento de la calidad y de un marco justo e igualitario para poder
ejercer en la práctica, como decía, la libre competencia. Al mismo
tiempo, los trabajadores también ven perjudicados sus derechos. Por
tanto, señoras y señores diputados, el paro y la precariedad son
consecuencias de esa política y no fruto del azar o de una maldición
bíblica; una política económica que puede considerarse fracasada desde el
punto de vista social, una política regida por los acuerdos de Maastricht
que es cuestionada cada vez más, se diga lo que se diga, por los
distintos pueblos europeos que, por cierto, recientemente han expresado
su hartazgo acerca de esta política en diversos procesos electorales. En
este contexto, en la reforma del año 1984 se favorecieron determinadas
modalidades de contratación temporal como fórmula para fomentar el
empleo, medidas que se preveían transitorias para un momento de crisis,
pero que ahí quedaron. En la reforma de 1994, estas modalidades de
contratación se amplían con los llamados contratos basura y se legaliza
el prestamismo laboral a través de las empresas de trabajo temporal; como
consecuencia, los contratos fijos pasan a ser una excepción en vez de ser
la regla. Esta situación perjudica a los trabajadores y también a las
empresas. Se produce la no integración de los trabajadores en la empresa,
la desmotivación para la formación, problemas en la organización del
trabajo, bajo rendimiento, aumento de accidentes laborales, etcétera.
La reforma que se nos plantea en este momento hay que decir que, desde el
punto de vista político, es un éxito para el Gobierno. Está avalada por
las cúpulas patronales y por las cúpulas de los grandes sindicatos
estatales, ya que si esta reforma hubiera de ser aplicada --y eso lo
decía un destacado representante de la patronal-- con la oposición de la
izquierda política y social, hubiera influido en su credibilidad y en las
posibilidades de aplicación. Conviene decir, sin embargo, que no cuenta,
como a veces se pretende transmitir, con la unanimidad de los
representantes sindicales. Sectores de las centrales firmantes, además de
sindicatos con importante implantación como LSTV, CIGA e Intersindical
Canaria-CGT, no están de acuerdo con la reforma.
La reforma nos plantea algo que, desde nuestro punto de vista, es
fundamental y que no se argumenta nunca cuando se habla de ella. En
primer lugar, plantea el abaratamiento del despido, lo que va a facilitar
que las indemnizaciones por despido objetivo improcedente se reduzcan de
45 días año y con un límite de 42 mensualidades, a 33 días año y con un
límite de 24 mensualidades. También las indemnizaciones por despido
objetivo procedente se fijarán en 20 días año, hasta un límite de 12
meses. Al aumentar las causas de despido objetivo también va a facilitar
que muchos de estos despidos de trabajadores fijos se hagan con una
indemnización de 20 días por año.
Se mantiene --y hay que decirlo así, señor Ministro--, la mayoría de las
modalidades de contratación temporal. Efectivamente, se eliminan los
contratos de lanzamiento de nueva actividad y fomento de empleo, justo
las fórmulas de contratación temporal que eran menos utilizados,
aproximadamente un 5 por ciento de los contratos temporales. Se mantienen
en lo fundamental lo que en su día se llamaron contratos basura, ya que
ahora se sustituyen los de aprendizaje por los de formación. Las fórmulas
de contratación temporal siguen persistiendo en lo fundamental. La
regulación en las empresas de trabajo temporal se queda como estaba.
Se marcan tendencias, aunque no tengan trasposición legal, para
centralizar aún más la negociación colectiva, algo que aleja esta
negociación de su ámbito natural, de su realidad económica y social;
centralización de la negociación que, aun sin trasposición legal, como
decía, nadie impedirá si los sindicatos estatales y la CEOE la impulsan,
algo inaceptable desde el punto de vista de un grupo político
nacionalista.
Para concluir, estamos ante una reforma laboral que mantiene en lo
sustancial las formas de contratación temporal, abarata el despido,
propone la centralización de la negociación colectiva, responde
fundamentalmente a los intereses de una parte, la patronal, y restringe
los derechos de los trabajadores. El paro y la precariedad son problemas
serios. Nosotros pensamos que para disminuirlos es necesaria una política
económica distinta, una política que tenga en cuenta las necesidades de
la gente. Necesitamos, por tanto, un marco que respete el derecho a
producir, que respete el intercambio igualitario y la igualdad de
condiciones para que nuestras empresas puedan competir, un marco en el
que no sólo se tengan en cuenta los intereses de las grandes
transnacionales. Probablemente esto sería más beneficioso para aquellos
empresarios que creen en su empresa, no para los especuladores o negreros
y, desde luego, sería mejor para las condiciones de vida y trabajo de las
personas.
En todo caso, señor Ministro, nosotros no creemos en estas medidas, pero
ojalá nos equivoquemos y sirvan para mejorar el mercado laboral.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de un turno en contra de la convalidación, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en anteriores debates en esta Cámara partimos, sin duda alguna,
de una coincidencia en la necesidad de una reforma del mercado de
trabajo, y partimos quizás desde distintos puntos de vista o matices,
pero en cualquier caso y en términos generales, del análisis de cierto
fracaso de las reformas del pasado, y en concreto de la última de 1994.
Ciertamente, desde nuestro punto de vista, la desregulación y la
flexibilización no han creado empleo, ha precarizado el mercado de
trabajo, han generado una rotación de los ocho millones y medio de
contratos de 1996, y han generado disfunciones económicas. Por tanto, no
sólo desde el punto de vista social, también desde el punto de vista
económico se ha detraído el consumo gravemente, creando un cuello de
botella en la economía y, al mismo tiempo, ha desorientado la
competitividad empresarial, conduciéndola hacia la incesante reducción de
costes laborales constantes, y no hacia la vía de la calidad. Por tanto,
era necesaria una nueva reforma del mercado de trabajo que persiguiese
como objetivos la creación de empleo de calidad, es decir, la creación y
la mejora del empleo, acabar con la precariedad y la rotación, introducir
la estabilidad en el empleo y, por qué no, también recomponer cierto
desequilibrio de fuerzas entre las partes en la negociación colectiva y
en el mercado de trabajo en general. Más allá de estas cuestiones,
introducir lo que, por lo menos desde nuestro punto de vista, era la
auténtica y verdadera reforma del mercado de trabajo: el reparto del
empleo, la necesidad de la reducción de la jornada laboral, la conversión
de los incrementos de productividad y de beneficios empresariales en
generación de empleo por la vía de reducción de la jornada laboral.
Este era, por tanto, nuestro punto de partida. A la hora de presentarnos
el Gobierno el real decreto-ley que hoy se nos presenta, ¿se consiguen
estos objetivos? Nosotros queremos decir que, lamentablmente, no se van a
conseguir estos objetivos. La reforma que hoy se pretende se ha deslizado
más bien justamente hacia lo contrario, hacía más flexibilidad, hacia más
recortes de los derechos sociales.
Nuestro desacuerdo pivota sobre cuatro razones fundamentales. Antes de
desgranarlas quisiera decir que sería injusto, y por tanto demagógico, no
reconocer que en el tema de la contratación se ha logrado en parte
rehacer el desaguisado de 1994, pero se ha hecho de tal forma que se
junta lo bueno y lo malo y, al final, el resultado es insuficiente y
precario. Por ejemplo, el nuevo contrato en formación sustituye al
contrato basura de aprendizaje, recupera el derecho de incapacidad
temporal, pero no el de desempleo; se mejoran las retribuciones llegando
a alcanzar el salario mínimo interprofesional, pero siempre descontando
la parte de la jornada que se destina a la docencia, manteniendo al mismo
tiempo una distinción entre los mayores y menores de 18 años; se prevé
penalizar la utilización del fraude, el fraude de ley de estos contratos,
pero siempre que se incumplan todos los requisitos del contrato nuevo de
formación. Efectivamente, ésta es una forma de impedir en la práctica la
viabilidad de la detección del fraude de estos contratos. Sin duda
alguna, deja de ser basura el contrato de aprendizaje, pero mantiene
elementos basura que, efectivamente, lo hace inviable para la
recuperación de todos los derechos sociales como habíamos planteado.
Respecto a la contratación temporal, se mantienen sustancialmente las
mismas fórmulas, excepto algunas en práctico desuso. (El señor
Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) El contrato a tiempo
parcial ciertamente mejora en algún segmento y, al mismo tiempo, se
recogen para las modalidades de contratación temporal de obra o servicio
determinado o eventuales por circunstancias de la producción, la
definición que ya estaba vigente en el Real Decreto 2.654/1994. Al mismo
tiempo, se mejora en parte ese contrato eventual por circunstancias de la
producción, limitándose el período de utilización del mismo.
En último término, el elemento que iba a desincentivar la utilización de
los contratos temporales, señorías, desincentivación activa por la vía de
penalización de su uso, ese elemento no se introduce en la reforma y, por
tanto, no entendemos por qué se confía en que vaya a haber una menor
utilización, la práctica de ir utilizando cada vez menos la contratación
temporal.
En este sentido, señorías, la primera razón por la que nosotros estamos
en desacuerdo con esta reforma que hoy se plantea es porque los avances
parciales, que sin duda se dan en el tema de la contratación, no son
suficientes para eliminar los aspectos negativos de la contrarreforma de
1994 ni van a desincentivar la temporalidad.
En segundo lugar, con el nuevo contrato indefinido no se va a estabilizar
el empleo ni se va a acabar con la rotación, pues nadie garantiza que
vaya a sustituir los contratos precarios o temporales, salvo que, como ya
afirma hoy algún articulista en un medio de comunicación estatal, sea
para blanquear aquellos contratos temporales utilizados irregularmente.
Nosotros entendemos que ese contrato bienintencionado, sin duda alguna,
que pretende convertir el temporal en indefinido sin duda también a
abaratar el despido, eso es clarísimo, pero al mismo tiempo no va a
incentivar de forma definitiva la menor utilización de los contratos
precarios y a cambiarlos por contratos fijos. En todo caso, en función de
los incentivos fiscales
y de cotizaciones a la Seguridad Social que se van a producir de este
último tercer incentivo del abaratamiento del despido, se va a generar,
eso sí, la utilización durante dos años de este contrato, con lo cual
vamos a retrotraernos a épocas pasadas, vamos a retrotraernos a los años
ochenta, a aquel contrato temporal de fomento del empleo, aunque en este
caso se llame indefinido; vamos a introducir la rotación en los fijos,
cuando antes teníamos solamente la rotación en los precarios.
La tercera razón, señorías, de nuestro rechazo a esta reforma es porque
profundiza la desregulación por la vía de abaratamiento del despido, que
no es ni más ni menos lo que hace la reforma del artículo 52.c) del
Estatuto de los Trabajadores. No se plantea, por ejemplo, como reforma
necesaria el incremento del período de preaviso para el despido, que
ciertamente en eso también somos deficitarios comparativamente respecto a
los países de la Unión Europea; no se plantea esto, sí se plantea una
nueva definición de las causas técnicas, organizativas y de producción
para el despido objetivo. Por esa vía las sentencias que dicen despido
improcedente se van a convertir en despido procedente y, por tanto, se va
a abaratar el despido de 45 días por año de indemnización y 42
mensualidades como tope, a 20 días por año de indemnización y 24
mensualidades como tope. Ahora que está tan de moda solicitar la
irretroactividad de las leyes, nosotros vamos a solicitar, sin duda
alguna señorías, la irretroactividad de esta ley, porque ciertamente
estos contratos afectan a colectivos de trabajadores, de gente que no
tiene más que esos contratos para sobrevivir. Vamos a hacerlo así porque
entendemos que esta irretroactividad sí es justa, señorías.
La cuarta razón para manifestar nuestro desacuerdo con esta reforma es
porque, en definitiva, reduce el objetivo de la creación de empleo. Señor
Ministro, señorías, pese a declaraciones que se han hecho a nivel
oficial, todo el mundo reconoce sottovoce que no se trata de crear
empleo, que esta reforma no va a crear empleo. Pues bien, ¿qué reforma va
a crear empleo? ¿Cuál es la política del Gobierno en función de la que se
acometa definitivamente la creación de empleo? ¿Estamos hablando, pura y
simplemente, de un preámbulo de otras reformas? Aquí no se ha dicho esto.
Esta es la gran realización del Gobierno respecto a la política de
creación de empleo, y es que, señorías, somos rehenes de una política
económica en la que la política de empleo siempre es correlato, sin duda
alguna. Efectivamente, este es el elemento fundamental.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vaquero, vaya concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente. Acabo en seguida.
La reforma no entra en el reparto del trabajo, en la reducción del tiempo
de trabajo y, por tanto, nosotros creemos que no afecta al núcleo
fundamental del problema, que es el paro enorme de nuestro país, las
terribles cifras de paro de nuestro país. Para esto sí hace falta aplicar
el coraje, ese coraje que el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
nos predica. Muchas veces hace falta, efectivamente, coraje para decir
sí; pero, sobre todo, hace falta coraje, señor Ministro, para acometer
políticas de empleo y rectificaciones en políticas económicas que en
nuestro país son quizá más precisas que en otros países.
Esta reforma, señor Ministro, ya está superada en la Francia de Jospin;
sin duda alguna nosotros seguimos anclados en la moda retro de los años
ochenta. Esta reforma, señor Ministro, es el pasado. No existe excusa ni
justificación de que aquí se traigan acuerdos de los agentes sociales y
económicos. La responsabilidad es del Gobierno, de su ministerio en
concreto, y de la soberanía que representa esta Cámara. Estamos aquí para
legislar, no para reproducir miméticamente actuaciones, por muy
respetable que sean, y efectivamente nosotros manifestamos nuestro
respeto.
Somos conscientes de que la tenaza neoliberal va a seguir funcionando
también en este momento, esa tenaza que en lo fundamental pone a cada uno
en su sitio. Izquierda Unida, señorías, no va a coincidir, por tanto, en
ser parte de la tenaza; no vamos a coincidir con políticas neoliberales,
con políticas de derechas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vaquero.
¿Señor Ministro? (Pausa.)
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna para establecer la posición que
vamos a mantener en relación a esta importante cuestión. Nuestro voto
será de abstención, y voy a exponer someramente las razones para ello.
Se nos plantea este real decreto como consecuencia de una concertación,
de un diálogo social, de un acuerdo, en concreto el acuerdo
interprofesional para la estabilidad del empleo, realizado de manera
bipartita e interconfederalmente. La primera observación que habría que
hacer es que en ese diálogo social, como se llama ahora, en esa
concertación echamos de menos la participación de agentes sociales y
económicos que, desde nuestro punto de vista y desde nuestra
territorialidad, son muy importantes.
En segundo lugar, entendemos que esta reforma tiene como objetivo no
tanto la creación de empleo directamente como la mejora en la estabilidad
del mismo,
la reducción de las altas tasas de temporalidad y de rotación; en
definitiva, la mejora y la promoción de la estabilidad del empleo, la
mejora de la competitividad y el buen funcionamiento de las empresas.
Ciertamente se produce a través de una reforma legislativa parcial:
modificando apenas siete preceptos del Estatuto de los Trabajadores y un
precepto de la Ley 14/1994. Nosotros no compartimos la euforia existente
en la medida que tenemos dudas de que realmente esta reforma, tal y como
se ha planteado, sea suficiente para llegar a la consecución de un
objetivo tan amplio como es la estabilidad del empleo, pero también somos
conscientes de que realmente el diálogo social realizado, las múltiples
horas trabajadas y el buen planteamiento de los agentes sociales y
económicos que han intervenido, merecen que les demos un margen de
maniobra para ver qué puede pasar. Creemos que para llegar a la
estabilidad en el empleo no es suficiente la flexibilización de los
costes laborales, sino que tiene que haber una adaptación general de los
sistemas de producción, del reparto de trabajo y, en definitiva, de la
organización de cada una de las empresas. Por eso, no vamos a votar en
contra, pero sí nos vamos a abstener.
Hay un punto muy importante que no nos permite votar positivamente esta
cuestión: la famosa centralización del marco autónomo laboral. A lo largo
de esta reforma, y observando el tenor literal de alguno de sus artículos
si no de la mayoría, observamos que hay una tendencia a centralizar el
ámbito de la negociación colectiva, algo que ya habíamos observado en los
acuerdos firmados por los agentes sociales y económicos. Con eso no
estamos de acuerdo ya que, de alguna manera, esta tendencia va en contra
de la reforma que se realizó en el año 1994, la reforma de los artículos
83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores. A nuestro entender, esa
centralización, esa tendencia marcada que ya observamos desde tal
reforma, no es conveniente desde el punto de vista sindical ni desde el
punto de vista político. Provengo de la Comunidad Autónoma del País Vasco
--en Navarra ocurre lo mismo-- y allí amplios ámbitos sindicales, que
pueden estar representados por ELA o por LAB, responden a una mayoría de
participación de más del 60 por ciento; es decir, en primer lugar, ese
más del 60 por ciento no estaría representado en estos acuerdos y, en
segundo lugar, de alguna manera se estaría intentando que no participaran
en ámbitos de negociación colectiva como estamos observando. Esto no es
bueno desde el punto de vista sindical, porque entendemos que cada
territorio, cada comunidad autónoma o cada país responde a sus propios
problemas y requiere sus propias soluciones desde el punto de vista de la
producción, de la situación económica y de la situación social. Por eso,
desde ese punto de vista, es importante la descentralización.
No menos importante --y aquí hablamos desde el punto de vista político--
es el hecho de que ese ámbito inferior a lo que es el ámbito estatal, que
ya ha sido respetado, que ya ha sido recogido en una reforma legislativa,
ahora pueda verse modificado a través de estas reformas. Desde nuestro
punto de vista, ni política, sindicalmente, ni desde el punto de vista
económico y social es bueno y entendemos que no debe permitirse; por eso,
en ese aspecto, no nos parece que esta reforma vaya por el buen camino.
Por tanto, en esta convalidación del real decreto votaremos abstención.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
El señor Chiquillo tiene la palabra.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para decir que votaremos
afirmativamente la convalidación del Real Decreto-ley 8/1997, así como
del Real Decreto-ley 9/1997 que, en conjunto, son los que determinan una
reforma laboral que nace con las mejores intenciones y el mejor consenso.
Partiendo del principio que nos indica que ningún acuerdo per se produce
los efectos que se desean al cien por cien, sí tenemos que valorar que
pretende dar estabilidad a los puestos de trabajo existentes y crear
nuevos puestos de trabajo. Creo que hoy tenemos que congratularnos, como
ha manifestado el Ministro, por este pacto, por este acuerdo. Las
dificultades no han impedido que los agentes sociales hayan conseguido el
presente acuerdo interconfederal para la estabilidad del empleo.
Si analizamos el contenido del presente acuerdo, debemos felicitarnos por
el acierto que supone pasar definitivamente página respecto a la anterior
reforma, apostando decididamente por la estabilidad en el empleo y
relegando la contratación temporal que en su momento no dio los
resultados deseados por todos. El pacto laboral para el empleo, suscrito
recientemente por las cúpulas sindicales y la patronal, introduce unos
cambios significativos en la legislación laboral. Creo que es de
agradecer el gran esfuerzo que han hecho los interlocutores sociales.
Un amplio colectivo de personas, de ciudadanos, entre los que se incluye
Unió Valenciana, pensamos que si los sindicatos, a través del diálogo
social y la negociación colectiva, alcanzan un acuerdo en lo básico, hay
que aceptarlo por definición por entender que debe beneficiar
generalmente al conjunto de trabajadores, a sus derechos y a sus
reivindicaciones.
El problema del empleo bien merece nuevas alternativas de contratación
que intenten generar un mejor funcionamiento del mercado de trabajo. Por
ello, hay que saludarlo como una prueba de madurez y responsabilidad de
los firmantes de dicho pacto.
¿Qué pretenden, qué se busca con este amplio acuerdo que hoy va a ser
refrendado? Un conjunto de medidas
que tienen como objetivo básico fomentar la creación de empleo y que este
empleo sea estable, seguro y de futuro.
La primera medida concierne a la temporalidad en el empleo, ya que según
datos estadísticos del propio Inem, más del 95 por ciento de los 8,5
millones de contratos registrados el pasado año son temporales. Para
corregir esta evolución se crea un nuevo tipo de contrato --quizá lo más
novedoso de la reforma-- que pretende fomentar la contratación indefinida
a cambio de que los sindicatos acepten una reducción de los costes de
indemnización por despido para los futuros contratos.
El contrato va dirigido especialmente a las personas paradas de 18 a 29
años --el 40 por ciento del paro total de nuestros jóvenes--, a los
mayores de 45 años, a los minusválidos y a aquellos que sufren el paro de
larga duración y que suponen el 55 por ciento del total. El acuerdo sobre
la reforma laboral establece la revisión en un sentido más racional y
moderno de los procedimientos utilizados para la negociación colectiva,
con el fin de mejorar la capacidad de intervención sindical en la
determinación de las condiciones de trabajo.
Desde la óptica de la Comunidad Valenciana hay una cuestión que queremos
resaltar con mucha claridad: se ha vuelto a introducir la figura del fijo
discontinuo de tanta importancia en algunos sectores económicos de la
Comunidad Valenciana y que desapareció por obra y gracia de la anterior
reforma laboral. Creo que es muy importante la recuperación de esta
figura del contrato fijo discontinuo, de vital importancia en muchos
sectores de la Comunidad Valenciana.
Se crea también un nuevo contrato de formación, a la vez que se suprime
el aprendizaje, con lo cual parece que se cierra la puerta a esos
contratos llamados basura que han supuesto unos efectos perniciosos para
aquellos jóvenes que accedían por primera vez a un puesto de trabajo.
La única laguna que ha quedado en este amplio acuerdo, el único punto en
que no ha habido consenso es el de la reducción del tiempo de trabajo.
Hay una gran voluntad de trasladar esa posibilidad a una negociación
colectiva posterior y existe un compromiso por parte de todos los
interlocutores sociales para que siga abierto un debate en profundidad
sobre la reordenación del tiempo de trabajo.
En líneas generales, a pesar de que esta reforma no satisface al cien por
cien las legítimas aspiraciones de los derechos de los trabajadores y,
sobre todo, la gran asignatura pendiente del Estado español y de la Unión
Europea que es crear empleo, tenemos que dar un voto de confianza a este
gran paso que se da en el día de hoy, y aunque consideramos que todo es
mejorable, la oportunidad que se nos presenta no podemos dejarla pasar.
Hoy es un día importante para todos aquellos que tienen derecho y quieren
trabajar y éste puede ser el primer paso para que dejemos de lado la
crispación y los partidismos y trabajemos en la senda de cumplir y
aprobar esa asignatura pendiente que es la creación de puestos de trabajo
que la sociedad española nos demanda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos ante un debate importante, porque importantes son
aquellos temas que tienen incidencia especial en nuestra sociedad y cómo
no el paro y la precariedad del empleo son asuntos capitales que afectan
en mayor grado al conjunto de los ciudadanos en este momento.
Todos los gobiernos, todos los partidos políticos en sus programas de
Gobierno y en sus programas electorales, establecen siempre como asunto
prioritario la lucha contra el paro, la lucha contra la precariedad y el
empleo, porque no nos referimos a un problema, al del paro, sino también
a otros problemas derivados de una situación de desempleo que afectan
gravemente a la sociedad moderna de hoy, como es, por ejemplo, la
seguridad ciudadana o el tema de la droga.
Al hablar de desempleo, al hablar de la precariedad del mismo hablamos
del nivel de calidad de vida de los ciudadanos ¿Qué solemos hacer los
políticos ante este problema? Hablar mucho, dialogar mucho pero hacer
poco; medidas prácticas pocas. El paro en este momento tiene especial
incidencia en la juventud, en los mayores y en las mujeres. Para los
jóvenes porque el desaliento, la frustración, la impotencia les hace
caminar sin horizonte y sin rumbo y una sociedad no tiene futuro si no
tiene una juventud ilusionada. Por tanto, es un tema prioritario que hay
que atender decididamente. Para los mayores, porque el desasosiego, la
incertidumbre, la inestabilidad hacen que no puedan atender mínimamente
las condiciones de un nivel de calidad de vida exigido por la sociedad en
los tiempos en que nos movemos.
El marco general en el que se mueve nuestra economía en estos momentos es
adecuado, es bueno. Crecemos económicamente, se contiene el déficit,
bajan los tipos de interés, está controlada la inflación. En definitiva,
tenemos el ambiente adecuado para propiciar acuerdos que sirvan para
generar empleo, que sirvan para atacar su precariedad. En este cuadro
económico positivo los agentes sociales, sindicatos y empresarios, han
sido capaces de dialogar, que ya es importante.
Quisiera agradecer, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, tanto a las
organizaciones sindicales como a las empresariales el esfuerzo de
generosidad realizado por ambas partes para llegar a un punto de
encuentro en la búsqueda de fórmulas viables para luchar contra el
desempleo y la precariedad en el mismo. Algunos podrán discrepar, y de
hecho discrepan, de algunas de las medidas que se aportan en el real
decreto, pero en el trámite parlamentario correspondiente tendrán la
oportunidad de introducir las mejoras que consideren oportunas. Es el
momento de dejar de hablar, de dejar de teorizar y de proponer medidas
viables, contribuir a aportar medidas viables que hagan frente con
realismo al problema del paro. Para Coalición Canaria el acuerdo
alcanzado, fruto del diálogo, merece nuestro respeto, nuestra máxima
consideración y nuestro apoyo decidido.
Nuestro reconocimiento también al señor Ministro por dos razones
importantes: en primer lugar, porque ha dejado hacer, no ha interferido
en el diálogo, ha jugado de árbitro imparcial, en definitiva, ha dado
muestras de respeto, de tolerancia y de sentido común, y estas virtudes
generalmente no se suelen practicar con abundancia. Desgraciadamente,
otros temas importantes que en estos momentos encrespan al país se
encauzarían mucho mejor si la tolerancia, el diálogo, el respeto fueran
los que los encauzaran. En segundo lugar, porque ha tenido la
inteligencia, ha tenido el sentido común, ha tenido la sensatez de haber
recogido las propuestas de los interlocutores sociales e inmediatamente
las ha articulado, a través de uno de los procedimientos previstos en
nuestra Constitución, y lo somete hoy a debate ante el Parlamento.
Señor Ministro, señorías, si de verdad creemos en el empleo, si de verdad
creemos que esto es una prioridad, démosle la máxima rapidez, démosle la
máxima diligencia para poner en marcha las medidas pactadas. Algunos
podrán poner trabas, pero no debemos dejarnos influir por discursos más o
menos demagógicos, más o menos teóricos que nada aportan a una realidad
que tiene la sociedad de hoy, que es afrontar con realismo el problema
del paro. Los ciudadanos que sufren el drama del paro quieren soluciones
ya. Cada día entienden menos el doble lenguaje de los políticos. Hay que
ser prácticos; a todos nos gustaría que no hubiera ni un solo parado, ¿o
hay algún político al que le guste que haya parados en España? A todos
nos gustaría que no hubiera ni un solo parado; a todos nos gustaría que
todos los contratos fueran indefinidos; a todos nos gustaría que la
protección social alcanzara al máximo nivel a todos los trabajadores; a
todos nos gustaría que no existiera ningún tipo de abuso, desde el
empresario a los trabajadores, pero tenemos que ser prácticos. Ahora, lo
viable, lo único viable, lo posible, es el acuerdo alcanzado entre
sindicatos y empresarios.
Probablemente, desde Canarias, una de las comunidades que está a la
cabeza del paro en todo el Estado, estemos especialmente sensibilizados
con este tema, y mi grupo no solamente no pone obstáculos, sino que
intentará acelerar y apoyar decididamente con su voto favorable el real
decreto que hoy se somete a la consideración de esta Cámara, porque de
verdad creemos que el paro es un problema de Estado y porque
representamos a una tierra en la que el paro tiene una especial
incidencia en estos momentos.
Por eso nos parecen especialmente importantes, entre las medidas
pactadas, aquellas que se refieren a combatir el paro juvenil, sobre todo
a través de los contratos de formación. Es una de las fórmulas más
necesarias en estos momentos para cualificar a nuestras gentes y para que
los puestos de trabajo que comienzan a crearse puedan ser ocupados por
los jóvenes. Significativas también, y plausibles, desde nuestro punto de
vista, son las mejoras introducidas en los contratos a tiempo parcial,
sobre todo en lo que se refiere a extender el nivel de la protección
social a estos trabajadores, y asimismo merecen nuestra aprobación y
nuestro respaldo las medidas adoptadas para fomentar la contratación
indefinida.
En conclusión, y termino, señor Presidente, señor Ministro, Coalición
Canaria apoya el acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales y
votará favorablemente la articulación del mismo a través de este real
decreto-ley que hoy se somete a la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco va a dar el sí a la convalidación de estos
dos reales decretos-leyes, pero quiero indicar que, desde nuestro punto
de vista, no todo son claros en el contenido del Real Decreto de medidas
urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la
contratación indefinida.
A juicio del Partido Nacionalista Vasco, hay importantes sombras desde el
punto de los intereses autonómicos considerados en sentido amplio. De
sobra es conocida, señorías, la postura histórica de nuestro grupo
respecto a la consecución de un marco autonómico de relaciones laborales,
tanto en su vertiente de las relaciones individuales de trabajo como en
la de las colectivas. A tal fin, se enderezó, con explícito apoyo de
nuestro grupo y con el del entonces Ministro socialista Griñán, la
reforma del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha reforma
posibilitó que los acuerdos interprofesionales autonómicos pudieran
prevalecer sobre los del ámbito superior, si así era su voluntad, salvo
en una serie de materias, no negociables, en ámbitos inferiores, como
ustedes, señorías, perfectamente conocen.
Pues bien, señorías, el texto del Real Decreto relativo a las medidas
urgentes para la mejora del mercado del trabajo y el fomento de la
contratación indefinida supone, desde nuestro punto de vista, una
modificación
encubierta del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores al establecer
la prevalencia, en los aspectos susceptibles de negociación que en aquél
se señalan, de los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal sobre
los sectoriales de ámbito inferior. Rompe así, desde nuestro punto de
vista, lo establecido en el citado artículo 84 del Estatuto de los
Trabajadores.
Esta es una cuestión, señorías, que no puede ser admitida por nuestro
grupo parlamentario por lo que de erosión tiene respecto al
establecimiento de un marco autonómico de negociación colectiva que
atienda a las necesidades y objetivos específicos de los trabajadores en
ámbitos territoriales inferiores a los del Estado.
Señorías, se intenta limitar la reforma de 1994 a través de una
potenciación de la negociación colectiva sectorial de carácter estatal en
materia de contratación que, desde nuestro punto de vista, carece de todo
sentido. No es lógico bajo ningún concepto decir que, en una serie de
materias, por ejemplo los contratos formativos, los contratos por
circunstancias de mercado o por la acumulación de tareas, se dé por ley
una prevalencia a lo establecido en los convenios de ámbito estatal sobre
lo que se puede decidir en la negociación colectiva sectorial de ámbito
territorial inferior. Parece más razonable y ajustado a las necesidades
productivas y a las propias realidades de la negociación colectiva lo
establecido respecto a los contratos por obra o servicio, en los que no
existe, como muy bien conocen SS. SS., tal prevalencia.
Por otro lado, desde una óptica macroeconómica, ¿qué cabe esperar de esta
reforma? Desde nuestro punto de vista, tres efectos básicos parecen
evidentes: por una parte, facilitar la adaptación de las empresas al
ciclo, hacer más flexible la organización interna del trabajo y moderar
la dualidad y discriminación entre trabajadores fijos y temporales. Las
propias organizaciones firmantes, cuando han comparecido en la Comisión
de Política Social, han reconocido que el empleo es el resultado de
múltiples variables: de una política económica que lo potencie, de un
marco adecuado de relaciones laborales que contribuya a mejorar la
competitividad y el buen funcionamiento de las empresas, y además
nosotros añadimos, señorías, que depende también de variables que pueden
verse afectadas por la reforma, pero sobre todo por la adecuación de los
trabajadores a las vacantes existentes, a la existencia de proyectos de
inversión viables y a la inversión en tecnología y también al nivel de
formación de los trabajadores parados.
Quiero con ello significar que no se puede esperar que con la reforma del
mercado de trabajo se solucionen los problemas si no se reforma el
funcionamiento de otros mercados y de otras instituciones y se producen
además determinadas condiciones de ambiente. Uno de los aspectos
centrales de las medidas --y ya lo señalaba el señor Ministro cuando ha
presentado los dos reales decretos-- se destina a frenar el alto grado de
temporalidad y de rotación que hoy presenta la contratación laboral para
ser sustituido por un mayor grado de estabilidad y de permanencia en el
puesto de trabajo. En principio cabe convenir, y creo que todos
coincidimos, que a nadie le interesa la temporalidad, ni a los
trabajadores ni a las empresas. Y otro de los aspectos claves de la nueva
redacción del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores es que
busca precisar causas objetivas de extinción del contrato laboral.
El éxito de estas medidas, señorías, se juzgará en función de que se
produzca esta reducción de la temporalidad derivada del funcionamiento de
este nuevo contrato, clave de esta reforma que hoy estamos debatiendo,
sin olvidar que lo que puede garantizar el empleo estable es la
competitividad de las empresas.
Antes de finalizar, yo quería por lo menos dejar clara nuestra
preocupación sobre la desaparición de una modalidad de contratación que
yo sé que tenía muy poca incidencia, el contrato de lanzamiento de nueva
actividad, porque es una fórmula que ha sido utilizada precisamente al
amparo de los SIPE, de los semilleros de empresa y de las políticas
locales de empleo, precisamente para dar salida a los nuevos proyectos de
jóvenes que utilizaban las fórmulas de los semilleros municipales de
empresa, y por tanto tenían una posibilidad estos jóvenes que iniciaban
un nuevo proyecto, al amparo de los servicios integrales para el empleo,
que en este momento no pueden utilizar porque ha desaparecido la fórmula.
Por otra parte, con relación al decreto sobre incentivos, quiero decir
que el Grupo Vasco también va a apoyar la convalidación de este real
decreto-ley, pero que anunciamos las enmiendas en el siguiente trámite
parlamentario. Hay que indicar que el real decreto-ley no contiene la
habitual norma que debe existir en toda disposición que afecta a
materias, o de forma concreta a tributos, sobre los que los territorios
históricos del País Vasco tienen atribuidas competencias normativas. Esta
disposición, que no existe, señorías, en este real decreto-ley, no es
otra que la salvaguarda, o si se prefiere la salvedad, de que lo
dispuesto en el real decreto-ley se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el concierto económico, porque sobre la materia en la que
incide el decreto-ley existe competencia exclusiva de los territorios
históricos. Es algo evidente que resulta del propio concierto económico.
Por ello, señorías, el Grupo Vasco va a dar el sí a la convalidación de
los dos reales decretos, pero también anunciamos la presentación de
enmiendas en el siguiente trámite parlamentario, en la tramitación como
proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en la convalidación
del Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la
mejora del mercado de trabajo y fomento de la contratación indefinida.
Este real decreto, junto con el otro que supongo que el Ministro nos
presentará después, supone la concreción jurídica y política de los
acuerdos interconfederales para la estabilidad del empleo, la negociación
colectiva y sobre cobertura y vacíos. Este acuerdo ha sido precedido de
un año aproximadamente de debate y de tres meses de arduas discusiones
entre los agentes sociales. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Campazuno.
Ruego a SS. SS. que guarden silencio. Cada vez va siendo más difícil
poder escuchar lo que dice el señor Diputado que está en el uso de la
palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor Presidente.
Decía que por el esfuerzo que ha supuesto a las partes el acuerdo en sí
mismo ya es positivo. El acuerdo demostró madurez, sensatez, sentido de
la responsabilidad, y en la medida en que es un punto intermedio de
encuentro entre aquellas posiciones que inicialmente mantenían sindicatos
y organizaciones empresariales, ya nos parece positivo. Es más, creo que
podemos decir, sin ningún tipo de reparo, que este acuerdo constituye el
acuerdo social más importante desde los Pactos de la Moncloa. Pero
reconociendo también, insisto, este sentido de la responsabilidad de los
agentes sociales, hemos de afirmar que el conjunto de fuerzas políticas,
empezando por el Gobierno y muy especialmente por el Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, hemos tenido también el suficiente sentido de la
responsabilidad para entender que era necesario confiar en los agentes
sociales.
Durante estos últimos meses desde algunos sectores se pedía que el
Gobierno y los grupos políticos impulsásemos, al margen de esa
negociación, medidas políticas. Y todos hemos entendido que era necesario
tener la paciencia suficiente para que el acuerdo evolucionase y que ese
año, esos tres meses, con sus marchas atrás y adelante, sirviesen
finalmente para llegar a ese acuerdo.
Por tanto, en la medida en que el acuerdo es fruto de esa voluntad de las
fuerzas políticas y de las fuerzas sociales, en sí mismo ya es un acuerdo
positivo y, por ello, nos debemos felicitar, y en la medida en que el
real decreto que ahora estamos discutiendo recoge sin ningún tipo de
ambigüedad el contenido de los acuerdos, debemos manifestar nuestro
apoyo.
Yo no voy a entrar en una descripción de los elementos fundamentales de
los textos normativos; creo que en la intervención del señor Ministro ya
se ha hecho. Recordaré, en todo caso, que supone un favorecimiento de la
inserción laboral y la formación teórica y práctica de los jóvenes, así
como una especificación y delimitación de los supuestos de la
contratación temporal, que implica una modificación del artículo 52,c) de
concreción del significado de las causas objetivas de la extinción de la
relación laboral y que supone también un apoyo específico a la creación
del empleo estable con el nuevo contrato indefinido que se crea.
Por tanto, su contenido nos parece esencialmente positivo. Implica un
esfuerzo de solidaridad con aquellos que hoy no tienen empleo o con los
que lo tienen pero en precario. Este hecho, el de combatir esta
situación, el de ser solidarios con los ciudadanos en situación de
desempleo o empleo en precario, constituye el principal objetivo político
y social del conjunto de nuestra sociedad, así como el de la política
económica que desarrolla el Gobierno y que tiene el apoyo de esta Cámara.
¿Qué se pretendió con este acuerdo y qué pretendemos con esta norma, cuyo
trámite parlamentario iniciamos hoy? Dar estabilidad al empleo y fomentar
un crecimiento de sus índices de creación.
Este nuevo marco legal que hoy vamos a consolidar implica también la
aceptación de la reforma del año 1994. Me parece que éste es un dato
políticamente relevante. La reforma de 1997 consolida la de 1994, que no
fue aprovechada por el conjunto de los agentes sociales. En ella existían
posibilidades que no se aprovecharon. La reforma de 1994 seguramente no
tuvo éxito porque no vino precedida por el éxito que supone el acuerdo
que precede a este decreto. Esto nos vuelve a hacer entender la
importancia que ha tenido la negociación previa.
En cuanto a los contenidos del acuerdo, nuestro grupo no quiere entrar en
estos momentos en la discusión --ya lo hicimos en Comisión-- sobre
aquella parte que afecta a la negociación colectiva, lo que se viene
llamando la centralización de la negociación colectiva, entre otras
cosas, porque en los reales decretos que hoy vamos a convalidar no se
produce ninguna concreción de aquello que los agentes sociales pactaron
sobre estos aspectos. Tal como dijimos en Comisión, a nuestro grupo
parlamentario nos tranquiliza que hoy el acuerdo no conlleve ninguna
modificación del marco de la negociación colectiva. En todo caso,
reiteramos en el Pleno nuestra voluntad de oponernos a cualquier
modificación a posteriori de ese marco de negociación colectiva, porque
entendemos que eso afectaría a las posibilidades de consolidar marcos de
relaciones laborales en el ámbito de aquellas naciones del Estado que así
lo quieran realizar.
El contenido del acuerdo nos acerca a Europa y me parece que éste es
también un elemento a tener muy en cuenta, en la medida que introduce
mayores dosis de flexibilidad en el marco laboral; pero también hemos
de decir que la sociedad no se cambia por decreto. El trabajo no es
consecuencia única y directa de determinados marcos jurídicos. Creo que
todos somos conscientes de ello; lo éramos en el año 1994 y lo somos en
el año 1997. Esta reforma laboral no es la poción mágica de los druidas
galos, que nos va a dar la solución fantástica y la fuerza necesaria para
superar todos los problemas. Es evidente que no. El éxito o no de la
solución al problema se sitúa en otros parámetros, se sitúa en las
medidas que tome el Gobierno en relación con la reforma y, evidentemente,
el real decreto que después convalidaremos va en esa línea. Va a depender
de la existencia o no de una política macroeconómica determinada, va a
depender también de la estabilidad política del que el conjunto de las
fuerzas políticas seamos capaces de dotarnos y va a depender también de
la capacidad de hacer creíble esta reforma. Y el hacer creíble esta
reforma va a depender de la capacidad de los agentes sociales de crear
consenso en sus ámbitos en relación a esta materia y, también, de la
capacidad de los propios grupos políticos de hacer creíble esta reforma.
Insisto, la reforma en sí misma, como nuevo marco legal, no es una poción
mágica. Su éxito depende de las medidas específicas que tome el Gobierno,
depende de la política macroeconómica, depende de la estabilidad política
y depende de la capacidad de hacerla creíble.
Creo que hoy es un día en el que el Congreso de los Diputados debe tener
sentido de la responsabilidad para dar respuesta a uno de los acuciantes
problemas que se le plantean al conjunto de nuestra sociedad. Hoy es un
día en el que el Congreso de los Diputados debe dar esperanza y confianza
en nuestra capacidad colectiva de superar este principal problema de
nuestra sociedad. Además, creo que el Congreso de los Diputados,
reconociendo que el acuerdo en sí mismo prevé su necesaria y continua
modificación, ha de empezar a asumir que en el ámbito del mundo del
trabajo nos estamos moviendo en una etapa de una transición brutal.
Estamos entrando en una nueva cultura del trabajo, en unas nuevas
relaciones entre el ser humano y el trabajo, en la que se van a abrir
debates en relación a los nuevos yacimientos de trabajo, a esos nuevos
empleos que deben dar respuesta a los nuevos retos que plantea nuestra
sociedad, al propio debate en relación al reparto del trabajo, y hay que
tener muy presente que este acuerdo que hoy vamos a convalidar forma
parte de esta larga ola de la historia de reformas estructurales y
profundas de esos nuevos conceptos, que nos van a llevar también, sin
lugar a dudas, a un nuevo concepto de sociedad. Creo que la confianza y
la esperanza que debemos dar al conjunto de la sociedad es una esperanza
en la medida en que planteamos hoy una reforma posible, una reforma que
puede dar estabilidad y empleo a las nuevas generaciones, pero sobre todo
una reforma que nos puede permitir empezar a ver un nuevo horizonte en
este terreno. Esperamos que el sentido común que las fuerzas sociales han
demostrado en estos últimos meses y el sentido común que las fuerzas
políticas también hemos demostrado, en el futuro y en esta materia,
constituyan una referencia para todos nosotros.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista va a votar a favor de la
convalidación de este decreto-ley por muchas y buenas razones. La más
importante, sin duda, es porque se trata de una norma que eleva a rango
de ley lo que han sido acuerdos entre los protagonistas del mercado de
trabajo. Es verdad que considerábamos más correcto, parlamentariamente
hablando, que la reforma hubiera venido a la Cámara como proyecto de ley,
pero el Grupo Socialista va apoyar la convalidación de este real
decreto-ley porque el Gobierno ha hecho en él una traducción correctísima
de lo que acordaron empresarios y sindicatos.
Hoy estamos hablando de empleo que es, como saben, la mayor ambición y la
mayor inquietud y preocupación de la sociedad europea y también de la
sociedad española. A diferencia de lo que ocurrió en otras ocasiones, nos
encontramos con una modificación del marco regulador del mercado laboral
que se efectúa en unos momentos de recuperación y crecimiento económico y
de creación de empleo. Junto a esto, que es una realidad muy positiva, lo
hacemos también en tiempos de incertidumbre y de cambios, en tiempos en
que los cambios acelerados de las economías de los países más
desarrollados y la propia globalización económica nos están insistiendo,
machaconamente, en que casi nada, en materia de empleo, va a volver a ser
como en épocas anteriores. Es cierto que la situación concreta de hoy
aquí en España es favorable por muchas razones. Desde 1986, fecha de
nuestra incorporación a la Unión Europea, España es el país de la Unión
donde más ha crecido el empleo y donde mayores transformaciones
cualitativas se han producido en el mercado de trabajo. Se ha producido
una modernización que podemos medir por la reducción de empleo agrario,
por el crecimiento de la población activa femenina, por el final de la
emigración y el nacimiento de movimientos inmigratorios, por la igualdad
de oportunidades formativas y por un crecimiento, que yo llamaría
espectacular, de la cobertura de Seguridad Social. Además de todo esto,
desde 1994 en España, con tasas de crecimiento económico iguales a las de
otros países, se está creando más empleo y aumentan también los
asalariados con contrato indefinido. Aprovecho, señor Ministro,
para decir que utilicemos con cuidado las estadísticas de otros países,
porque no son comparables. Hay países que se señalan en las estadísticas
con casi todo su empleo estable y, sin embargo, como ocurrre en
Inglaterra, en Portugal y en otros países, los contratos indefinidos
tienen períodos de prueba de tres años, tres años en los que se puede
despedir gratuitamente a esa persona contratada. Durante esos tres años
en las estadísticas esos contratos figuran como empleo indefinido. Yo le
aseguro que no es empleo indefinido y, sin embargo, así figura. Por ello
tampoco es bueno comparar con otros países, porque la realidad de las
propias reglas del mercado son distintas. Pero es verdad que tenemos una
realidad nueva y favorable y también estamos inmersos en una realidad en
Europa distinta, en la que el empleo está cambiando en todos los países
más desarrollados.
En su informe anual sobre el empleo en 1996, la Comisión Europea nos dice
que la naturaleza del empleo está cambiando. El número de personas que
trabaja de noche y los fines de semana --dice la Comisión-- ha aumentado
en todas partes. La mayoría de los empleos creados en Europa en la década
de los noventa son a tiempo parcial y el empleo temporal ha supuesto la
totalidad del incremento de la ocupación masculina en la Unión, en toda
la Unión, de todos los países con diferentes reglas en el mercado de
trabajo. Por tanto, estamos en procesos acelerados de cambio que
requieren esfuerzos acelerados e importantes de adaptación. Y ese
esfuerzo de adaptación es, sin duda, el que han hecho los agentes
sociales y señaladamente los sindicatos.
Hay una parte importante del acuerdo, su preámbulo, que ha sido
escasamente analizada y que quizá haya sido poco valorada por quienes se
han acercado a este acuerdo. Los agentes sociales consideran
imprescindible un crecimiento económico sostenido para que haya creación
de empleo. Pero añaden que esto no basta; además de eso, resulta
necesaria una política económica que sepa distribuir mayor riqueza
mediante la creación de empleo y, junto a esto --que no está en la mano
de los agentes sociales conseguirlo--, es necesario, dicen empresarios y
sindicatos, un marco de relaciones laborales que permita mayor
flexibilidad y una mayor estabilidad del empleo para que una y otra
contribuyan a mejorar la competitividad y el buen funcionamiento de las
empresas. Esta sí es la responsabilidad que los agentes sociales han
asumido. Es decir, empresarios y sindicatos apuestan, en su acuerdo
reciente, por resolver al mismo tiempo los problemas del empresario, es
decir, la competitividad, y los problemas de los trabajadores, que son el
desempleo y la precariedad.
Es posible que quienes amurallan su discurso en la contradicción
insalvable entre capital y trabajo puedan tener dificultades para
comprender esta apuesta de los sindicatos, pero parece fuera de discusión
que es condición de supervivencia del empleo que haya empresas
competitivas, al tiempo que resulta también muy importante que esta
supervivencia se consiga sin deteriorar el modelo social europeo. A mí me
parece que para ello es imprescindible que las ganancias de productividad
no se destinen únicamente a mejorar beneficios de las empresas o a
mejorar las condiciones de trabajo de quienes tienen ya trabajo, sino a
conceder oportunidades a quienes lo buscan o a quienes temen perderlo.
Decía Luciano Lama, hace ya seis o siete años, que quienes entre nosotros
han insistido solamente en mejorar salarios de los que ya tienen trabajo,
han sido sin quererlo aliados objetivos de las fuerzas más reaccionarias.
Claro que Lama fue siempre eurocomunista y hoy es partidario del Olivo.
Señorías, en las sociedades más ricas, el conflicto histórico entre
capital y trabajo ha sido objeto de continuas transacciones, generando
amplios procesos de diálogo y de paz social. Ese ha sido el fundamento
más claro de la competitividad y de la cohesión social de los países más
ricos del mundo. Sin embargo, es posible que hoy las nuevas realidades
nos estén conduciendo a nuevas manifestaciones del conflicto social. Me
refiero fundamentalmente a aquel que se produce entre quienes tienen
empleo y quienes lo buscan y no lo encuentra, y aquel otro conflicto que
se puede producir entre quienes tienen trabajo en los sectores más
competitivos de la sociedad, que son cada vez menos pero con mejores
condiciones de trabajo, y aquellos otros que tienen su trabajo en los
sectores menos competitivos de la sociedad, que son cada vez más pero con
peores condiciones de trabajo. Un conflicto además que convive, porque se
produce en los países más ricos, con elevados crecimientos de la riqueza
y que precisamente por esta paradoja puede conducirnos a una sociedad
fragmentada, escasamente participativa, escéptica y conflictiva.
Pues bien, el compromiso con esta nueva realidad es el que ha llevado a
empresarios y sindicatos a este pacto. Por eso precisamente hay que
apoyar este pacto, hay que estar con él y hay que animar a los agentes
sociales a que continúen con el diálogo, porque lo fundamental del
diálogo social que iniciaron en 1994 es que no tiene fecha de caducidad.
Lo fundamental de este diálogo y de este acuerdo de ahora es que el
acuerdo de hoy será el germen de acuerdos del mañana, porque además
quedan todavía muchos temas por debatir de importancia tan extraordinaria
como el tiempo de trabajo y, sobre todo, porque la realidad del mercado
cambia día a día de manera tan acelerada que nada puede darse por
definitivamente cerrado.
Quiero ser también realista porque un excesivo triunfalismo nos puede
llevar de la euforia a la desilusión. Yo creo que deberíamos ser capaces,
y así lo ha hecho el Ministro, de considerar que el acuerdo también puede
merecer críticas, porque las críticas en definitiva lo único que hacen es
fortalecer un acuerdo
que es bueno. Sólo la fragilidad del acuerdo permitiría o no permitiría
que hubiera críticas. El acuerdo en sí mismo, precisamente analizándolo
con capacidad crítica, es bueno por muchos aspectos. A partir de aquí, yo
creo que el acuerdo no debe ser convalidado únicamente por las
estadísticas, sino que fundamentalmente son otros los que tienen que
hacerlo bueno y traducir los mayores crecimientos en empleo. Ahora no son
los trabajadores sino los empresarios los que tienen que hacer bueno este
acuerdo, y no es sólo el funcionamiento del mercado sino el impulso del
Gobierno lo que tiene que permitir que este acuerdo se traduzca en más
empleo estable.
Los empresarios se han quedado sin la excusa de que el despido es caro y
el Gobierno, además, tiene solucionado cualquier problema pendiente de
rigidez del mercado laboral. Ahora bien, bueno es saber que el fin
primordial del empresario no es solamente crear empleo, no es crear
empleo, en definitiva, sino obtener beneficios. Precisamente por eso el
objetivo principal de la política del Gobierno debe residir no en que
aumente la cuenta de resultados de la empresa sino en que aumente el
volumen de sus plantillas, y la colaboración del Gobierno al éxito de la
reforma deberá orientarse no sólo a blanquear contratos temporales, que
debe hacerse, sino sobre todo a los incrementos netos del empleo.
En cualquier caso, la pelota está en estos dos tejados. De la política
económica del Gobierno y de las declaraciones y de las decisiones
empresariales va a depender el éxito de la misma. Todos lo deseamos y
vamos a trabajar por conseguirlo, y por eso es bueno que sepamos algunas
cosas. Sepamos, por ejemplo, priorizar el empleo en la política
económica; sepamos que la creación de riqueza es necesaria pero no
suficiente para crear empleo; sepamos que el mercado por sí sólo no va a
resolver los problemas del empleo y sepamos, en definitiva, devolver a la
política lo que parece que en los últimos años ha sido secuestrado por
los patrocinadores del pensamiento único.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor):
Gracias, señor Griñán.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, señorías, dice el profesor
Sagardoy que la razón última de la legislación laboral está en la
corrección de la desigualdad social por vía jurídica. A eso es a lo que
nos aprestamos hoy, a intentar corregir la desigualdad jurídica que se
venía y se viene produciendo en España entre los parados y los que tienen
un empleo, y entre los que tienen un empleo fijo y los que lo tienen en
precario.
Ese es el objetivo fundamental de este real decreto de medidas urgentes
para la mejora del mercado de trabajo y fomento de la contratación
indefinida. Un real decreto basado en la comunicación de los agentes
sociales al Gobierno, el 28 de abril, en lo que, a nuestro juicio, ha
supuesto un acuerdo histórico de empresarios y sindicatos para luchar
contra la precarización y la inseguridad en el mercado del trabajo; un
acuerdo, señorías, que es sin duda alguna consecuencia de un diálogo
social abierto por el Gobierno desde el 9 de mayo.
No es un acuerdo aislado o esporádico el conseguido entre los agentes
sociales hoy en esta materia, sino que es el sexto acuerdo que se produce
ya en un año de Gobierno del Partido Popular. Los otros cinco afectaron a
temas también importantes, señor Ros: pensiones, formación, empleo
agrario, resolución extrajudicial de conflictos laborales y salud
laboral. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.) El Gobierno, en definitiva, ha creado un espacio vital
adecuado para el diálogo, y ha creado además un clima de confianza entre
los agentes sociales que, a nuestro juicio, no tiene precedentes. Los
agentes sociales han asumido su responsabilidad y han prestado un gran
servicio a la sociedad, una sociedad como la española en la que la tasa
de desempleo es la mayor de los países de la OCDE y en la que el
desempleo juvenil está en torno al 45 por ciento. Esto ha sido posible
gracias a una negociación que supone un cambio de cultura por las partes
que han sido las protagonistas de esta negociación, que ha supuesto que
estas partes acercaran posturas, las posturas de aquellos que creían en
la precarización como método de creación de empleo y las de aquellos
otros que apostaban por la rigidez y el elevado coste del despido como
garantía de estabilidad en el puesto de trabajo. En España, señorías, y
ya se ha dicho, el 35 por ciento del empleo es temporal, cifra muy
superior a la media del resto de los países de la Unión Europea. Eso ha
provocado inestabilidad entre muchos trabajadores, fundamentalmente entre
los más jóvenes que son, señorías, el elemento básico de vertebración de
cualquier sociedad. Por eso era urgente tomar medidas, y por eso,
señorías, debemos felicitar a los agentes sociales y al Gobierno por
traerlas hoy aquí.
Este es el objetivo de este real decreto, equilibrado, que busca la
calidad en el empleo, y nosotros confiamos en que esa mayor calidad
suponga también incrementar la cantidad de empleo en nuestro país. Este
es un real decreto, señorías, que apuesta por el empleo fijo y estable;
que pone fin a los contratos basura; que vincula formación práctica y
formación profesional; que limita la rotación y concatenación de
modalidades de contratos temporales, superando situaciones de verdadero
abuso del derecho, que elimina modalidades contractuales y crea otras
nuevas como la formación. Es un real decreto que apuesta y refuerza la
negociación de los agentes sociales como método de acuerdo
entre los mismos y que crea una nueva modalidad, eje fundamental de la
reforma, de contrato indefinido para los mayores de 45 años, para los
parados de larga duración, para las mujeres, subrepresentadas, para los
minusválidos y, fundamentalmente, para los jóvenes, porque este es el
acuerdo para los jóvenes.
No limita, en definitiva, ninguno de los derechos indisponibles
reconocidos en el orden público laboral, sino que los refuerza,
impulsando el carácter del derecho necesario de la negociación colectiva.
No modifica, señor Campuzano, el artículo 84 del Estatuto de los
Trabajadores, en el que se define el marco territorial de la negociación
colectiva. Además, señor Vaquero, establece garantías para evitar la
sustitución de los trabajadores que en estos momentos tienen un contrato
fijo y estable por nuevos trabajadores. Además, establece otra garantía
que, a nuestro juicio, nos parece esencial como es una comisión de
seguimiento entre los agentes sociales y el Gobierno, que va a permitir
hacer una evaluación continuada de cuál es el impacto y cuáles son los
efectos de estas medidas que hoy traemos a debate ante la Cámara.
Sin duda, estamos ante una nueva etapa en las relaciones laborales, unas
relaciones laborales cambiantes, unas relaciones laborales que están
siendo favorecidas por estas medidas y por una nueva forma de gobierno,
como lo desmuestran los acuerdos sociales a los que antes hemos hecho
referencia, o los acuerdos interconfederales que, alcanzados por los
agentes sociales, no hacen referencia sólo a la estabilidad en el empleo,
como es el caso que hoy debatimos, sino que también abren nuevas vías
para la negociación colectiva, para su posterior y continuo desarrollo y
para la cobertura de vacíos legales. La modernización de las relaciones
laborales implica una mayor negociación de las partes en el futuro y una
menor reglamentación. Ese es uno de los elementos fundamentales de estos
acuerdos.
Hoy es un día importante para la Cámara, señorías, para todos los grupos,
para la sociedad española, para los parados, para aquellos que tienen una
situación de contrato en precario y que ven que esta medida puede
transformar su situación actual. Estamos hablando del mayor problema de
los ciudadanos españoles. Este es el mayor problema de los españoles: el
desempleo. Es positivo que hayamos conseguido no sólo el consenso de los
agentes sociales, sino uno de los mayores consensos que se recuerdan en
esta Cámara.
Para concluir, voy a formular un deseo que creo que está en la mente de
todos los que han intervenido hoy en la tribuna: que aquellos que han
profetizado el fracaso de estas normas acaben equivocándose y que la
reforma dé la razón a aquellos que creemos que sí se va a poder crear más
empleo, que sí se va a poder crear empleo fijo y estable y que se abre
una nueva esperanza para muchos españoles, fundamentalmente para los más
jóvenes de este país
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernando.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación sobre la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley número 8/1997, de 16 de mayo, de medidas
urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la
contratación indefinida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 302; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la convalidación
del real decreto-ley debatido. (Fuertes aplausos.) Se ha pedido por
algunos portavoces, en nombre de sus grupos parlamentarios, la
tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado. Se
somete a votación su tramitación como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 320; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la tramitación como
proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
--REAL DECRETO-LEY 9/1997, DE 16 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULAN
INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CARACTER FISCAL PARA EL
FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
(Número de expediente 130/000022)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la convalidación o derogación del Real
Decreto-Ley número 9 de 1997, de 16 de mayo, por el que se regulan
incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el
fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Arenas. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio para que pueda continuar la sesión.
(Pausa.)
Cuando quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, por segunda vez intervengo en esta Cámara en
el día de hoy. En esta ocasión para defender la convalidación del Real
Decreto-ley 9/1997, de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos en
materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la
contratación indefinida y la estabilidad en el empleo. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Quiero
comenzar diciendo que éste, al igual que el anterior, es un real
decreto-ley que atiende... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Ministro, discúlpeme.
Señorías, les ruego silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que en este caso, al igual que en el anterior, este real
decreto-ley, el segundo que debatimos en el día de hoy, atiende a una
petición explícita de las organizaciones sindicales y empresariales para
respaldar y apoyar los objetivos de mayor estabilidad en el empleo, así
como una especial atención a ciertos colectivos de trabajadores
desempleados que, objetivamente, tienen un mayor grado de dificultad para
acceder al mercado de trabajo. Quiero añadir también que desde, el
principio, el Gobierno ha dialogado extensamente con las organizaciones
empresariales y sindicales el contenido de este segundo real decreto-ley,
y que también lo ha hecho con los grupos parlamentarios de esta Cámara.
En suma, señorías, este real decreto-ley, cuya convalidación también se
propone el día de hoy, concreta jurídica y políticamente la forma en que
desde el Gobierno, desde las decisiones de esta Cámara van a apoyarse los
principios y objetivos del real decreto-ley de medidas urgentes para la
mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
El texto que se propone para convalidación está fundamentado, en mi
opinión, en un conjunto de ideas claras y precisas. En primer lugar,
favorece determinadas políticas activas de creación de empleo, sin
menoscabo, quiero insistir en ello, del conjunto de las políticas activas
que ya están puestas en marcha. En segundo lugar, reordena decididamente
los incentivos hacia la meta de la creación de empleo estable en la
sociedad española, sin producir tensiones presupuestarias y sin afectar
negativamente en absoluto al Sistema de Seguridad Social, ya que se
instrumentan por la vía de bonificaciones a cargo del Instituto Nacional
de Empleo. En tercer lugar, no sólo no afecta a los recursos de la
Seguridad Social, sino que si, como esperamos, las nuevas figuras
contractuales tienen éxito, se producirá un incremento de la afiliación y
de las cotizaciones correspondientes. Por tanto, este conjunto de
incentivos pueden fortalecer el futuro y la viabilidad de nuestra
seguridad social.
En cuarto lugar, es un decreto-ley que establece procedimientos sencillos
para acceder a los incentivos, lo que favorece claramente la contratación
por las empresas y clarifica, señorías, el conjunto del sistema. En
quinto lugar, propicia decididamente la creación de condiciones muy
favorables para la transformación de contratos temporales en contratos
indefinidos. En sexto lugar, introduce importantes beneficios fiscales,
especialmente para las pequeñas y medianas empresas que incrementen su
plantilla u ofrezcan estabilidad con contratos indefinidos, beneficios
cuyo coste, también quiero dejarlo claro, será asumido por la Hacienda
pública, sin perjuicio de los ingresos de la propia Seguridad Social o
del propio Ministerio de Trabajo o del Inem. Quiero insistir en que esta
medida de beneficios fiscales ha sido solicitada también por algunos
grupos parlamentarios y muy especialmente por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
En séptimo lugar, el sistema que se propone agiliza notablemente los
procedimientos administrativos en comparación con el sistema de
subvenciones, permitiendo que los empresarios deduzcan directamente de
sus cuotas el importe de las bonificaciones. En octavo lugar, concentra,
desde una perspectiva estratégica, el esfuerzo incentivador en un período
de tiempo de dos años, con el fin de provocar el cambio de tendencia que
promueva la creación de empleo estable y la pérdida del miedo a contratar
en la modalidad del contrato indefinido. En noveno lugar, señorías, el
real decreto-ley discrimina positivamente a aquellos colectivos más
perjudicados por la situación de desempleo, muy especialmente los
jóvenes, los parados mayores de 45 años, los parados de larga duración,
las mujeres y las personas que tienen alguna discapacidad. En décimo
lugar, asegura la continuidad de las ayudas que estuvieran recibiendo
quienes se acogieron a los sistemas anteriores, al tiempo que pretende
coordinar estos incentivos con aquellos que se ofrecen en el marco de las
comunidades autónomas para que todos contribuyan al objetivo común de la
creación de empleo estable.
Antes de detallar el conjunto de las medidas que se proponen, me gustaría
responder ante ustedes a algunas preguntas que pueden formularse
legítimamente sobre las razones que animan este real decreto-ley. ¿Por
qué se ha optado por la bonificación de las cuotas por contingencias
comunes y no se ha optado por las subvenciones generales que ya existían
o por una reducción directa de esas cuotas? En primer lugar, porque la
bonificación mantiene el espíritu incentivador mes a mes durante toda la
vigencia de los contratos o de duración de la misma, contra el mecanismo
de la subvención que, como saben, se da de una vez. Sus señorías
comprenderán que es menos ágil controlar el destino correcto de los
fondos públicos en el caso de las subvenciones que en el caso de las
bonificaciones.
En segundo lugar, las bonificaciones, al ser asumidas por el Instituto
Nacional de Empleo, no afectan a los ingresos de la Seguridad Social,
cosa que hubiera ocurrido necesariamente si en lugar de bonificaciones se
hubiera acudido a una reducción de cuotas. ¿Por qué en el real decreto
hay diferencias porcentuales en los incentivos unas veces del 40, otras
del 50 y algunas del 60 por ciento? Primero, porque se pretende atender
de manera preferente a los colectivos que más sufren el problema del
desempleo y la precariedad. Segundo, porque España ha adquirido
compromisos, que comparte plenamente, derivados de su condición de
miembro de la Unión Europea, que la obligan al seguimiento de unos
criterios que van en el sentido de discriminar positivamente a estos
colectivos.
¿Por qué incentivar dos años y no toda la vida del contrato en algunos
casos? En primer lugar, porque estratégicamente parece conveniente
concentrar los esfuerzos en un tiempo corto con el fin de promover
rápidamente los objetivos que se persiguen. En segundo lugar, porque dos
años parecen un tiempo suficiente para incardinar importantes
contingentes de empleo estable en el mercado de trabajo y promover un
cambio sustancial de orientación en la contratación en dirección a la
estabilidad. Y en tercer lugar, porque limitar --y quiero decirlo con
claridad, señorías-- la incentivación a dos años no significa
necesariamente que transcurrido ese tiempo vaya a desaparecer. La marcha
del proceso y su dirección serán las que aconsejen las circunstancias
debidamente valoradas por la comisión mixta de seguimiento que se ha
constituido en el acuerdo entre sindicatos y empresarios.
¿Qué gasto va a originar, en una previsión que tenga el Gobierno, la
aplicación de estos incentivos? He dicho, señorías, que está prevista una
estimación en torno a los 100.000 millones anuales y que tiene diferente
periodificación en 1997, que será más corta la vigencia de los
incentivos, en 1998 y en 1999. También podrán SS. SS. plantear cuáles son
los objetivos del Gobierno o las previsiones del Gobierno en cuanto a
transformaciones o a nuevos contratos indefinidos y, en consecuencia, al
coste de bonificaciones. Quiero decir ante ustedes que me parece que el
Gobierno no es el responsable de la creación de empleo, que la creación
de empleo tiene como responsables a los empresarios, a los pequeños y
medianos empresarios y al conjunto de la sociedad. Sin embargo, al
Gobierno hay que demandarle políticas económicas, políticas sociales que
conduzcan a la creación de empleo. En ese sentido, nunca verán a este
Ministro asumir directamente la creación de empleo como compromiso del
Gobierno, sino adoptar políticas que permitan que sean la sociedad y los
creadores de empleo en base a la confianza los que adopten esos
compromisos. Bien podría afirmarse también que a la hora de cuantificar
el coste de las bonificaciones hemos previsto que se puedan transformar
en torno a 200.000 contratos temporales en períodos anuales, diciendo que
no es un compromiso del Gobierno sino un objetivo del Gobierno y de los
decretos.
El real decreto-ley que regula los incentivos de Seguridad Social y de
carácter fiscal para el fomento del empleo tiene las siguientes
características generales. Se aprueban bonificaciones en las cuotas
empresariales de Seguridad Social por contingencias comunes, tanto para
la contratación indefinida inicial como para la transformación de
contratos temporales en indefinidos. Para la inicial, la bonificación
general será del 40 por ciento. Para la transformación de contratos
temporales en indefinidos es del 50 por ciento. La cuantía de las
bonificaciones se incrementa en función de la mayor dificultad de
inserción en el mercado laboral. Para los mayores de 45 años la
bonificación asciende al 60 por ciento en los dos primeros años del
contrato y se mantiene en el 50 por ciento durante el resto de su
vigencia. En el caso de las mujeres desempleadas de larga duración, en
actividades en las que se hallen subrepresentadas, se bonifica en un 60
por ciento durante dos años. Para los desempleados de larga duración,
cualquiera que sea su edad, y jóvenes menores de 30 años se bonifica un
40 por ciento. La transformación en indefinidos de todos los contratos
temporales vigentes en el momento de la publicación de esta norma se
bonifica en un 50 por ciento. Como saben SS. SS., en el caso de los
discapacitados se mantiene el actual régimen de incentivación, que es el
más favorable de todos ellos. Quiero subrayar que precisamente éste es el
único colectivo que conserva una medida de incentivación a la
contratación temporal --las demás han desaparecido-- atendiendo a sus
particulares circunstancias de dificultad en el acceso al mercado de
trabajo.
Quiero decir finalmente en este capítulo que se permite la concurrencia
de ayudas por parte de todas las administraciones públicas, siempre y
cuando conjuntamente no superen el 60 por ciento del coste salarial anual
correspondiente. En este sentido, y teniendo en cuenta que los objetivos
de promover la estabilidad en el empleo son de toda la sociedad española
en su conjunto, no sólo es necesario y positivo el apoyo de la mayoría de
los grupos parlamentarios sino que, en mi opinión, también lo es la
cooperación del conjunto de las administraciones públicas y muy
especialmente de las comunidades autónomas. Como saben, el pasado 8 de
abril, las comunidades autónomas apoyaron el acuerdo suscrito entre
organizaciones empresariales y sindicales en la conferencia sectorial de
asuntos laborales. Quiero anticiparles que el ministerio ha convocado a
las comunidades autónomas a una conferencia sectorial, el 18 de junio, en
la que van a participar representantes de CEOE, Cepyme, Comisiones
Obreras y UGT para analizar en su conjunto las posibles políticas de
bonificaciones o de apoyos al empleo estable. Como he dicho, para que la
bonificación de los contratos referidos no perjudique los ingresos del
sistema de protección
social, las ayudas antes impuestas se financiarán a cargo de los
presupuestos del Inem. En nuestra opinión, esto constituye una nueva
política activa de empleo, que en absoluto va a mermar
presupuestariamente, en ninguna dirección, las actuales políticas de
empleo.
Finalmente, señorías, quiero exponer que desde el punto de vista fiscal,
y con el fin de incentivar las contrataciones estables en las pequeñas y
medianas empresas acogidas al sistema de módulos, durante dos años no se
computarán como personas asalariadas los desempleados menores de 30 años,
los mayores de 45 o parados de larga duración que sean contratados por
tiempo indefinido y, a los mismos efectos, tampoco se computarán los
trabajadores cuyo contrato se transforme en indefinido partiendo de
contratos de duración determinada, temporales, de aprendizaje, de
prácticas, para la formación, de relevos y de sustitución por anticipo de
la edad de jubilación. Permítanme que les diga que esta medida es
extraordinariamente positiva para la pequeña y mediana empresa y que da
satisfacción al planteamiento de algunos grupos parlamentarios, y como he
dicho antes especialmente en este supuesto al Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que lo ha planteado en reiteradas ocasiones. El
conjunto de estos incentivos beneficia a más de 1.400.000 trabajadores
desempleados y a los más de cinco millones de trabajadores contratados
temporalmente, lo que hace un total de 6.500.000 beneficiarios
potenciales de estos incentivos, cuando actualmente, con el régimen que
teníamos en vigor antes de la publicación de este real decreto-ley, no
superaban el millón
Termino diciendo, señor Presidente, que se ha hablado del carácter
histórico del acuerdo suscrito por las organizaciones empresariales y
sindicales y que desde luego ha apoyado decididamente el Gobierno. Creo
que es un buen acuerdo porque se ha respetado la autonomía de las
organizaciones sociales; porque, como no podía ser de otra manera, se ha
respetado el papel del Parlamento y de los grupos parlamentarios; porque
se han respetado las instituciones, como es el caso del Consejo Económico
y Social y de la Conferencia de Asuntos Laborales; porque hay un
diagnóstico común sobre el mercado de trabajo; porque pretende que se
cree más empleo y empleo de más calidad, y sobre todo porque me parece
que consolida definitivamente el diálogo social como la fórmula adecuada
para afrontar los problemas que tiene nuestra sociedad. Nunca se habían
propuesto --y espero que se aprueben por la mayoría de la Cámara-- unas
normas de incentivación de empleo tan importantes en momentos económicos
favorables; anteriormente hacía alusión a ello el portavoz socialista.
Nunca se había contado en la Cámara, como ha pasado en el anterior
decreto, con un apoyo tan decidido para un planteamiento de medidas que
afectan al mercado laboral. Me parece que cuando se tiene voluntad
política de acuerdo siempre es posible ese acuerdo.
Señorías, Antonio Machado escribió una vez estos versos: ¿Tu verdad? No,
la Verdad,/ y ven conmigo a buscarla./ La tuya, guardatelá./ (Un señor
Diputado: ¡Ole!) Muchas gracias por el ole. Hemos buscado esa verdad y la
hemos buscado entre todos los que han querido buscarla. Ojalá que la
verdad que estamos encontrando signifique mayor empleo, empleo de más
calidad, oportunidades para los jóvenes, para los parados mayores de 45
años, para aquellos que están en el desempleo desde hace mucho tiempo,
que son parados de larga duración, para aquellas mujeres en sectores
subrepresentados que todavía son objetivamente discriminadas y para
aquellos que sufren alguna discapacidad.
Agradezco la atención de SS. SS. y solicito el apoyo de la Cámara para
este conjunto de medidas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
¿Algún grupo desea utilizar un turno en contra? (Pausa.) En nombre del
Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores diputados, el Real Decreto-ley 9/1997, de 16 de mayo,
de incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el
fomento de la contratación indefinida supone el complemento del real
decreto-ley que discutimos anteriormente y en el que se plasma la reforma
laboral. Tiene poco sentido proceder a una discusión separada de ambos
reales decretos porque en realidad forman un todo. En todo caso,
planteada la cuestión así, sólo cabe decir que la
posición del Bloque Nacionalista Galego va a ser contraria a la
convalidación, y no porque en abstracto no estemos de acuerdo con la
incentivación del empleo fijo, dadas las circunstancias por las que
atraviesa el denominado mercado de trabajo, es decir, dada la cantidad de
personas que sufren las consecuencias del paro y la precariedad derivadas
de la política económica que se practica, sino porque este decreto de
incentivos, como decía al principio, no se puede desligar del conjunto de
una reforma laboral que creemos perjudicial para los intereses de los
trabajadores y no va a resolver el problema de la competitividad de las
empresas, especialmente pequeñas y medianas, salvo transitoria y
engañosamente.
En segundo lugar, votamos en contra de la convalidación porque no
confiamos en que los incentivos planteados en el real decreto-ley
resulten eficaces para contribuir a disminuir la contratación temporal y
menos aún para favorecer el empleo estable, especialmente a la luz de
experiencias anteriores en las que se
anunciaron incentivos de éste o de otro tipo como grandes panaceas que
luego se saldaron como fracasos, desde el punto de vista del teórico
objetivo perseguido, cuando no sirvieron más que para fomentar la
picaresca de algunos empresarios. Además, tal y como están planteados en
el real decreto-ley de incentivos planean serias dudas, a pesar de lo
afirmado por el señor Ministro en su intervención, sobre la utilización
de los mismos, de manera que puede llegar a resultar rentable para muchos
empresarios acogerse a este tipo de incentivos para los nuevos contratos,
toda vez que el ahorro que supone esta forma de contratación será incluso
superior al gasto que ocasione en su momento despedir a los trabajadores,
aun siendo declarado despido improcedente. Queda también la duda
razonable de saber de dónde van a salir las partidas para la financiación
de esta incentivación prevista, en principio, a cargo del Inem, pero si
tal como afirman los defensores de la reforma se produce un alto número
de este tipo de contratos queda la duda de si no acabarán detrayéndose de
los fondos de la Seguridad Social, lo que no parece nada aconsejable. En
todo caso, el señor Ministro acaba de afirmar que esto no será así, lo
cual en principio nos tranquiliza. Esperemos a ver qué acontece.
Por último, conviene resaltar que las modalidades de contratación
temporal no van a ser penalizadas, lo que sin duda favorecería el
abandono de este tipo de contratación que en teoría se pretende conseguir
con estas reformas. Se puede llegar a decir que para plantearse un
decreto de incentivos a la contratación indefinida para nada hacía falta
plantearse la reforma laboral. Por tanto, señoras y señores diputados, el
Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de la convalidación de
este real decreto-ley en coherencia con el voto al decreto de la reforma
laboral porque ambos constituyen un todo y no algo separable.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nosotros entendemos que es imposible separar la discusión del
debate de este real decreto-ley del que nos ha precedido, pues en
definitiva el Real Decreto-ley 9/1997 viene a incentivar --en último
término es su finalidad-- el nuevo contrato, entre comillas, indefinido
del Real Decreto-ley 8/1997.
Hay que decir previamente que es un elemento positivo, es una buena
noticia oír que se van a eliminar los incentivos a los contratos
precarios, a la contratación temporal porque, en cualquier caso, no van a
variar sustancialmente los elementos en presencia, los mecanismos de
incentivación que se han habilitado en otras épocas respecto a la
contratación temporal. Sí van a variar los requisitos de este real
decreto, por ejemplo, respecto a los que planteaba la Ley 22/1992, pues
en el futuro la utilización de estas bonificaciones, de estos incentivos,
no va a tener como requisito el incremento del empleo neto de las
empresas, por ejemplo, ni va a tener el requisito de mantener las
plantillas durante un período determinado, por ejemplo, ni va a tener el
requisito de la incompatibilidad con otras ayudas provenientes de las
comunidades autónomas y de la Unión Europea. Esto no lo digo yo; lo dice
hoy un artículo muy interesante de un profesor de Derecho laboral. Esta
es una realidad. Se flexibiliza también la utilización de estos
incentivos y de estas bonificaciones.
El elemento fundamental de por qué Izquierda Unida no está a favor de
este tipo de modalidades es, en primer lugar, porque el objeto de esas
bonificaciones, ese contrato indefinido no va a ser tal porque no va a
ser aplicado a ese millón 400.000 trabajadores en paro que acaba de
afirmar el Ministro que van a poder verse potencialmente beneficiados por
estas bonificaciones. No es verdad. No se trata de crear empleo. Se trata
de convertir contratos temporales en contratos fijos, indefinidos, pero
en función del tipo de bonificaciones, en función de la acumulación en
dos años de esas bonificaciones. Va a ser precisamente ese tiempo el que
se va a emplear por parte de ese mercado negro de utilización empresarial
de los contratos temporales. Se van a blanquear los contratos temporales
irregulares durante ese tiempo precisamente que va a ser el que resulte
rentable a los empresarios porque van a echar sus cálculos y van a ver
cuánto les va a costar y cuánto van a ganar en función de la reducción de
las cotizaciones sociales y en función de las bonificaciones fiscales;
van a echar sus cálculos y les va a salir positivo, y efectivamente van a
utilizarlos durante dos años aquellos que no tengan la necesidad de
utilizar realmente la contratación temporal. Por tanto, no va a
solucionar realmente nada. Ese contrato indefinido va a ser un contrato
indefinido inestable, no se va a potenciar la estabilidad. En este
sentido, Izquierda Unida dice que para este viaje no hacen falta
alforjas, para esta reforma no hay que dar ni un solo duro del dinero
público.
Por otro lado, nosotros entendemos que el tipo de bonificaciones, que
siguen siendo las mismas, crea un problema añadido. Ya sabemos, en
términos generales, cómo hay que tratar los incentivos fiscales en la
medida en que la Hacienda deja de ingresar dinero y, por tanto, puede ser
un detraer de la Hacienda pública dinero público para otros menesteres,
para otro tipo de política de empleo. Efectivamente, si a nosotros se nos
ofreciera hoy, aquí, la política de creación de empleo, de repartir el
trabajo, de reducir la jornada, etcétera, quizá estaríamos hablando de
otras posibilidades, estaríamos hablando de otras cuestiones. Pero en
último término sabemos que la experiencia ha demostrado
que el mayor gasto fiscal apenas ha tenido influencia en el pasado sobre
la creación de empleo, y no creemos que hoy vaya a tener una influencia
distinta en este sentido.
Por otra parte, creemos que pasa lo mismo con las cotizaciones sociales.
Señorías, desde 1980 a 1994, las cotizaciones sociales, la cotización
empresarial por contingencias comunes ha descendido seis puntos, del 34,3
al 28,3. ¿Eso ha ayudado a crear empleo? Ciertamente no. El efecto ha
sido nulo. ¿Por qué creemos hoy que eso va a ser distinto? Nosotros
creemos que este discurso de la reducción de costes laborales
--insistiremos en ello una y otra vez-- ha fracasado. Señorías, no se nos
pida en nombre de la belleza poética que dejemos nuestra verdad oculta,
que nos guardemos nuestra verdad. Vamos a insistir una y otra vez porque
esa es la lealtad que tenemos a esta Cámara y a lo que representa. Sin
embargo, ese efecto nulo de la reducción de las cotizaciones sociales
puede tener y va a tener un precedente ciertamente negativo. Señorías,
nosotros entendemos que «reducir los costes no salariales del trabajo a
fin de incrementar la competitividad de nuestras empresas y favorecer la
creación de empleo mediante la disminución progresiva en los términos del
Pacto de Toledo de las cotizaciones sociales como elemento dinamizador
del empleo» es un objetivo y es una política del programa electoral del
Partido Popular. Creemos que efectivamente este es un elemento progresivo
de la aplicación de ese programa. Nada que decir de la coherencia en este
sentido por parte de quien propone esta medida, pero nosotros entendemos
que este es un paso, un precedente para iniciar un camino, y no se puede
decir que esto no es así porque no se van a reducir las cuotas. No es una
reducción estructural sino simplemente una bonificación. En cualquier
caso, ahí está la sensación por parte del empresario de una reducción
cierta de lo que tiene que cotizar a la seguridad social, y es el
precedente de por qué no se va a extender a otros colectivos que sin duda
también lo van a solicitar legítimamente en función de perder el miedo a
contratar ¿Por qué no, ciertamente? En cualquier caso, nosotros
entendemos que esto va a ser financiado por el Inem. Pues no nos salen
las cuentas, señor Ministro. En función de la reducción de las ayudas,
las bonificaciones, etcétera, que se concedían hasta ahora a la
contratación temporal se van a ahorrar 33.000 millones de pesetas, más o
menos. Hasta 100.000 millones quedan unos cuantos miles de millones de
pesetas. ¿De dónde va a salir? ¿Del incremento de la actividad económica
o de la reducción del paro? Sabemos que estas medidas no van a crear
empleo. En todo caso van a convertir empleo temporal en empleo indefinido
e inestable; indefinido e inestable, señor Ministro. ¿De dónde va a
salir? De normativas ya pasadas y quizá futuras que recorten las
prestaciones por desempleo, como es lógico, tanto en la cuantía como en
la duración de las prestaciones. Si no, señor Ministro, no nos salen las
cuentas. ¿De dónde se va a sacar eso? Hay una confianza excesiva en sus
propias medidas.
Señor Ministro, señorías, por todas estas razones, Izquierda Unida
plantea que para este tipo de reforma no debería gastarse ni un solo duro
del dinero público. Es necesario traer a esta Cámara medidas que
ciertamente merezcan hacer el esfuerzo colectivo de invertir el dinero.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno a favor? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre de
Coalición Canaria fijo nuestra posición para la convalidación de este
Real Decreto-ley 9/1997, por el que se regulan los incentivos en materia
de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la
contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
Bien dice el refrán que lo mejor es enemigo de lo bueno. Posiblemente la
mejor legislación para conseguir empleo fijo está por hacer y en este
momento sería prácticamente una utopía. Y como lo mejor es enemigo de lo
bueno, yo digo que este decreto-ley es un buen decreto-ley. Es bueno
técnicamente --y explicaré las razones--, es bueno jurídicamente y es
bueno políticamente. Este decreto-ley es necesario políticamente porque,
si no, al convalidar el anterior lo hubiéramos hecho en falso. El acuerdo
interconfederal para la estabilidad en el empleo, en el que muestran su
voluntad empresarial y laboral los interlocutores sociales, empresarios y
sindicatos, de encontrar ese punto de inflexión a una posible tensión de
la vida laboral, hace que tanto en este momento el Gobierno y el
Parlamento, como anteriormente los interlocutores sociales, encuentren un
valor político en la paz social y en la paz laboral. Porque Maastricht no
es solamente la euromoneda; Maastricht no es solamente la convergencia
sobre puntos del déficit público o la inflación. Maastricht es la
política de cohesión social y es también un principio de solidaridad
interna que se consigue con esto. Sin este decreto-ley a lo mejor habría
quedado en pura retórica el acuerdo interconfederal, en el que hay todo
un sistema jurídico contractual que con una tramitación de ley
consagraremos en el ordenamiento laboral español. Pero el combustible de
incentivación para que los empresarios no tengan ya la excusa de decir
que no transforman empleo precario en empleo fijo ¿es porque no
encuentran ningún incentivo? Ahora tienen la respuesta dada por el
Gobierno y por el Parlamento.
Solamente aquellas empresas que no hayan cumplido con sus deberes
fiscales o con la Seguridad Social, de acuerdo con los requisitos que se
exigen en el artículo 5º de este real decreto-ley, o aquellas que tengan
una estructura empresarial de trabajo temporal --determinadas actividades
como en el mundo turístico que puede encontrarse a veces en una exigencia
de trabajo temporal estacional-- serán las únicas que se mantengan en esa
estructura temporal.
Entendemos que se ha hecho un ejercicio político de sentido común muy
afortunado. No se hace una distinción en incentivar lo nuevo y no lo
antiguo, porque entonces el empresario habría caído en la tentación de
cometer un fraude de ley, cosa que podría haber hecho si no se le hubiera
dicho que estos incentivos se extienden tanto a la contratación
indefinida ordinaria o tradicional como al nuevo contrato. Haber
incentivado el nuevo contrato posiblemente --y quiero felicitarle por
esto, señor Ministro-- hubiera sido dar paso a un fraude de ley, y dentro
de unos doce o veinticuatro meses habríamos manejado cifras falsas,
porque se habría manipulado con el fraude de ley el resultado de una
estadística de empleos transformados en fijos cuando ya de verdad lo eran
por la legislación anterior.
Este decreto-ley es bueno jurídicamente porque respeta todo el
ordenamiento laboral tanto de la Ley 22/1992 como de las concordantes con
ella, y lo que se modifica es sin perjuicio de toda esa relación
contractual laboral. Esto es hacer las cosas con sensatez. Y si estamos
definiendo que es necesario en España, en este mundo, un sosiego, una
sensatez, una política de centro, que es equilibrar las posiciones que
puedan ser progresistas de la izquierda, por un lado, con las posiciones
realistas que vienen del mundo empresarial de la derecha, aquí han tenido
precisamente su lugar de convergencia. De ahí que nos sea muy fácil a
Diputados como el que les habla, y desde el punto de vista de Coalición
Canaria, dar nuestro voto de apoyo a la convalidación de este real
decreto-ley para elevarlo al máximo rango. Y dado que se están haciendo
incluso derogaciones de textos importantes como el que he citado de la
Ley 22/1992 y modificaciones en leyes de 1988 y en la Ley de medidas de
acompañamiento de diciembre de 1966, es necesario también consagrarlo con
el máximo rango de ley. Por eso Coalición Canaria se sumará a la petición
de que se tramite este real decreto-ley como proyecto de ley.
Entendemos también que se ha hecho algo muy importante en el ámbito de
aplicación: la discrecionalidad política del Gobierno, que ahora ratifica
esta Cámara, de que unas medidas de incentivación al empleo fijo no
pueden ser una especie de indiscriminación en todo el mundo laboral. Es
necesario entender, porque nos obligan los tratados de la política de
cohesión y la política social de la Unión Europea, quiénes son los que
necesitan esta prioridad en la aplicación en un índice de prioridades, y
hay que atraerse a los jóvenes desempleados menores de 30 años. En
comunidades autónomas como la canaria, como le ocurre a la España
meridional, con una tasa de natalidad heredada de los últimos veinte años
muy alta, con un acceso al mercado laboral en el que cantidad de jóvenes
de una población censalmente muy joven, de menores de 30 años, se
encuentran frustrados, hay que encontrar una respuesta política.
Igualmente el colectivo de los desempleados que llevan casi doce meses
inscritos en las oficinas de empleo y no han encontrado una expectativa
necesita una política social, y quiero mostrarle mi apoyo al señor
Ministro por haber prestado atención al colectivo de las personas mayores
de 45 años en estas circunstancias laborales.
Despejar políticamente la incertidumbre es bueno, es conveniente y
necesario. Despejar del mundo laboral la conflictividad es también
acceder, dentro de dos años, al Tratado de la Unión Europea en unas
condiciones no solamente buenas económica o fiscalmente o en producto
interior bruto, sino con un mercado laboral más justo y en condiciones de
paz y sosiego laborales. Es otra de las convergencias que parece que se
olvidaron en Maastricht pero que subyacen aquí, y de ahí nuestro apoyo al
señor Ministro de Trabajo y al Gobierno y nuestra petición a todos los
grupos de la Cámara para que lo voten favorablemente.
Creemos que, cuando se ha hecho uso de los incentivos, ha sido jurídica,
técnica y políticamente racional. Porque el Gobierno tiene el derecho de
la discrecionalidad en la aplicación de los porcentajes de incentivos. Si
hay un índice de prioridades sociopolíticas sobre las mujeres, los
discapacitados, los jóvenes, los mayores de 45 años, el empresario ha de
saber que, si los extrae de estos colectivos en los que hemos definido
nuestra preocupación politico-social, tendrá una escala gradual de
incentivos. Por tanto, no será igual de atractiva una desgravación del 40
por ciento que una del 50 ó del 60 por ciento.
Entendemos que esto es un acierto también porque impregna no solamente
un Decreto-ley, a nuestro juicio, técnica y jurídicamente bien concebido,
sino también políticamente. Es decir, lo que hoy en día se llama lenguaje
políticamente correcto; políticamente correcto con acierto, porque aquí
se hace, precisamente, una extracción de fondos. No nos preocupan las
provisiones que se adjudiquen, porque hay una fórmula instrumentalizada
aquí mediante los fondos del Instituto Nacional de Empleo.
Quiero hacer aquí un llamamiento a los funcionarios de la Administración
laboral española que van a tener sobre sus espaldas una gran
responsabilidad. Cuando en la disposición primera, que se refiere a la
financiación, se habla de que la Tesorería General de la Seguridad Social
facilitará mensualmente al Instituto Nacional de Empleo el número de
trabajadores objeto de bonificación de cuotas a la Seguridad Social
detallada por colectivos, ello va a suponer un gran esfuerzo
para un colectivo, señor Ministro, que, como bien sabemos todos, tiene
sus salarios congelados, como todos los funcionarios del Estado. Ellos
van a tener que mostrar el máximo celo profesional, y desde aquí mi
reconocimiento a todos los Cuerpos y funcionarios de la Administración
laboral española, para que esos partes mensuales funcionen, porque si no
la burocracia produciría una especie de cuello de botella. Si no hay
voluntad de servicio para aplicar estas ideas políticas y administrativas
que se están proponiendo, podría fracasar sencillamente por
estrangulación.
Termino, señor Presidente, diciendo que todas las garantías jurídicas que
aquí se dan nos parecen acertadas. Se ha incluido una fecha prudencial,
como ha dicho el señor Ministro: dos años; veinticuatro meses, dice
acertadamente el texto del Decreto. Ese será tiempo suficiente para ver
si las garantías jurídicas que necesita también todo empresario no es un
horizonte dilatado ad kalendas graecas ni es tampoco un plazo de
precariedad que supone que hoy lo hago y dentro de un ejercicio simple
económico me lo quitan y no lo encuentro. No; nosotros creemos que en
esta línea también se ha acertado con la prudencia, y en ella también
está en juego posiblemente la exigencia de rectificaciones en su momento,
dentro de pocos meses, en los Presupuestos Generales del Estado para
hacer frente también a las compensaciones por las que la Tesorería
General del Estado deja de recaudar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mardones, le
ruego concluya.
El señor MARDONES SEVILLA: También es de destacar, señor Ministro, que
uno de los requisitos, como ya dije antes, era exigir a las empresas el
cumplimiento de la Ley 8/1988, que es una ley de disciplina que en su
momento aprobó el Gobierno anterior, y que nosotros apoyamos porque
creemos que es necesario el mantenimiento de esta exigencia con rigor.
Los empresarios que no estén al día con sus obligaciones han de saber que
esta ley no les penaliza directamente, porque para eso está la Ley de
1988, pero no van a poder tener una justificación política en un convenio
laboral frente a los trabajadores para excusarse de aplicar este Real
Decreto-ley, la futura ley, que es, a juicio de Coalición Canaria, una
buena legislación laboral en la mejor tradición de prudencia y de
justicia social española. Expreso aquí el voto favorable de Coalición
Canaria.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
En el turno que he utilizado en nombre de mi grupo para fijar la posición
con relación al anterior Real Decreto-ley también la he fijado sobre
éste, porque había entendido que el señor Ministro había contestado
afirmativamente a la pregunta del Presidente del Parlamento. Ya veo que
no ha sido así. Por eso, por economía procesal, que SS. SS. me
agradecerán, telegráficamente voy a repetir dos argumentos clave que he
utilizado con relación a este Real Decreto-ley.
Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con el contenido de este Real
Decreto-ley, pero yo decía en la anterior intervención que echábamos en
falta la habitual disposición de salvaguarda, la salvedad de que lo
dispuesto en el Real Decreto-ley se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el concierto económico vasco, porque sobre la materia que
incide este Real Decreto-ley existe competencia normativa en los
territorios históricos del País Vasco, y resulta evidente la implicación
del concierto económico. Me estoy refiriendo al artículo 3 de este Real
Decreto-ley, sobre todo a los puntos 4 y 5. Por eso, nuestro grupo
parlamentario confía en que se incluya esta disposición en el siguiente
trámite parlamentario y solicitamos que se tramite como proyecto de ley.
El Grupo Parlamentario Vasco --y termino-- va a dar el sí a la
convalidación de este Real Decreto-ley porque apostamos por la
contratación indefinida, porque apostamos por la inserción laboral de los
jóvenes y porque apostamos por la inserción laboral de los colectivos que
tienen menos oportunidades y que son más desfavorecidos precisamente a la
hora de ocupar un puesto en el mercado de trabajo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguirre.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario va a dar su voto favorable a la
convalidación de este Real Decreto-ley y también a la petición de
tramitación como proyecto de ley, si la hubiere. Este Real Decreto-ley
contiene incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal
para influir en la contratación y transformar los contratos temporales en
estables. A nuestro grupo nos parece que, en su casi totalidad, tiene una
buena previsión, un buen contenido, y que podemos darle nuestro apoyo. Se
trata de un Real Decreto-ley que recoge perfectamente --yo diría que de
forma muy correcta-- los términos del acuerdo interconfederal para la
estabilidad en el empleo; acuerdo al que SS. SS. saben perfectamente que
mi grupo, como otros grupos parlamentarios, le hemos dado nuestro apoyo.
En primer lugar, lo que nos corresponde analizar es si los contenidos de
este Real Decreto-ley se ajustan a
este acuerdo interconfederal. Para nuestro grupo, se ajustan y, por ello,
vamos a dar nuestro voto favorable a la convalidación. El acuerdo
interconfederal, señorías, abre una nueva página de la vida social y
económica de este país y hay que significarlo políticamente, al margen de
su contenido. Creo que la sola existencia de este acuerdo social tiene
una gran trascendencia para el futuro de nuestra sociedad, y
especialmente para el futuro y el desarrollo de la economía del país. El
que hoy hayamos transmitido a Europa y al mundo la imagen de que en
España ha sido posible el diálogo entre empresarios y sindicatos, y que
es un marco de diálogo que da resultados y tiene contenido, tiene una
gran trascendencia para todo el mercado europeo y para el mundo
económico, en general. Por consiguiente, la sola existencia de ese
diálogo nos abre unas grandes expectativas. Un país que tiene esa
expectativa de diálogo y que llega a acuerdos, es un país que tiene
esperanza, que tiene futuro. No pueden decir lo mismo otros países de
Europa, muy importantes también económicamente. Nuestro país hoy ha dado,
en ese punto, un buen paso, un paso con trascendencia política que
nuestro grupo ha apoyado, y quisiera felicitar no sólo a las partes por
haber llegado a un acuerdo, sino también al Gobierno por haberlo hecho
posible. Si me lo permiten, debemos felicitarnos igualmente todas las
fuerzas políticas porque en su momento supimos crear el contexto político
general para que las partes pudieran llegar a un acuerdo. Por lo tanto,
señorías, hay que saber valorar políticamente ese momento y hay que saber
valorar políticamente la traslación de este acuerdo, de significación
política trascendente, a un texto legal que hoy estamos debatiendo y que
vamos a convalidar.
En segundo lugar, señorías, este Real Decreto-ley nos va a permitir de
forma importante avanzar en la reducción del paro y del empleo precario.
Todos los partidos y las fuerzas políticas representados en esta Cámara
dijeron en la campaña electoral que el paro era uno de los objetivos más
importantes de la política económica de este país. Y todas las fuerzas
políticas se comprometieron en tomar decisiones y medidas para avanzar en
la reducción del paro. Este Real Decreto-ley es una medida que va en la
dirección efectiva y positiva de reducción del paro y del empleo
precario.
En tercer lugar, vamos a dar nuestro apoyo a este Real Decreto-ley porque
creemos que nos acerca de forma positiva a las normas hoy existentes en
Europa. Este nuevo marco nos acerca a Europa; nos acercó ya a Europa el
que se adoptó en los años 1994 y 1995. No le cuesta a mi grupo
parlamenario reconocerlo en estos momentos. Participamos entonces también
en el diálogo para establecer un avance en las normas de incentivos a la
contratación en los años 1994 y 1995 y dimos un paso en aquella
dirección. Nos acercábamos al marco de los instrumentos que los países
europeos estaban aplicando y los incorporamos en nuestro país. El paso
que damos mediante este Real Decreto-ley nos permite dar otro paso
adelante para mejorar los mecanismos de estímulo a la contratación, tal y
como lo están haciendo la mayoría de los países de Europa.
En cuarto lugar, este Real Decreto-ley creemos que avanza en el necesario
principio de la flexibilidad en las normas laborales y en el mercado
laboral. Esta es una condición necesaria para que el país sea
competitivo. Hay que incorporar flexibilidad en los marcos normativos, no
solamente en los regímenes jurídicos de la contratación, sino también en
los regímenes de estímulos a la creación de empleo, así como la
transformación de empleos temporales en empleos estables. Este Real
Decreto-ley que debatimos nos permite también hacer efectiva la necesaria
flexibilización que tienen que tener las normas en esos campos.
En quinto lugar, este Real Decreto-ley, a nuestro entender, establece
unos incentivos similares a los existentes aprobados en los últimos dos
años pero, si me lo permiten, con una mayor potencialidad en su
aplicación. Muchísimos ciudadanos van a ser receptivos de estos
incentivos. No hay grandes elementos trascendentales que nos diferencien
de los incentivos hasta ahora existentes, pero estas medidas nos van a
permitir llegar a muchos más ciudadanos y por eso es mucho más positivo.
Renunciando a alguna parte de lo que ya teníamos en nuestro ordenamiento
legal, se ha hecho un ajuste inteligente que nos permite ser mucho más
efectivos porque alcanzamos a muchos más ciudadanos en situación de paro
o en situación de contratos temporales. Por ello, estos incentivos son
positivos porque nos van a permitir ser más eficaces en la estabilización
del empleo, más eficaces en la conversión del empleo precario a empleo
estable y más eficaces en la reducción del paro.
En sexto lugar, los incentivos van a contribuir a la reducción de los
costes laborales, no salariales, de las empresas, sin duda, y ello va a
ayudar a ser más competitivos, sin duda. En este sentido quiero, señor
Ministro, incorporar una pequeña cautela, si me lo permite, sin ánimo de
que pueda ser interpretada como una crítica, porque no la tengo,
simplemente es una puntual observación. A la pequeña empresa le preocupa,
le inquieta que a lo mejor pudiera generarse algún mecanismo de
competencia desleal mediante la nueva contratación. Eso no puede suceder
en una gran empresa. Es imposible constituir una gran empresa de cien
trabajadores sobre las nuevas normas de contratación y establecer un
marco comparativo de costes salariales muy distinto, es imposible. Pero
en una pequeña empresa de dos, tres o cuatro trabajadores es más fácil,
no digo que sea muy posible. Por tanto, la nueva actividad económica que
se implante en el mercado, por tener un marco laboral más favorable a la
nueva contratación, podría tener unos efectos comparativos que les
pudiera generar algún perjuicio. En este tema deberíamos pensar (es
complicado, porque siempre estamos hablando de incentivos a futuro, a
nuevos comportamientos, y siempre para los que ya están instalados en el
mercado les genera unas comparaciones relativas que pueden dar lugar a
algunas desventajas) si es que hay trámite parlamentario de enmiendas, si
podíamos establecer algunas puntuales observaciones para que no se puedan
dar dinámicas de competencia desleal.
Por último, nuestro grupo ha tenido en este Real Decreto-ley, como ya ha
expresado el señor Ministro, una gran preocupación por la pequeña
empresa. La pequeña empresa va a ser la realidad económica que más va a
contratar en los próximos años, la que va a ser más efectiva en la
reducción del paro, la que nos va a permitir ser más positivos en la
estabilización del empleo precario.
Por lo tanto, nuestro grupo pidió al Gobierno en su momento que, en la
traslación del acuerdo interconfederal a este texto, se buscaran en los
incentivos formas de primar a la pequeña empresa, y se ha hecho.
Felicitamos al Gobierno porque ha sido sensible a nuestra preocupación y
lo ha hecho con un paso que creemos que es importante y que ha sido
objeto de muchos debates de esta Cámara. Hace mucho tiempo que venimos
diciendo que el hecho de contratar a un trabajador no debe suponer para
una pequeña empresa anticipar impuestos, como consecuencia del incremento
que pueda generar la variable empleo.
El Gobierno ha sido sensible a estos planteamientos. Ya lo fue en el
debate de los presupuestos, donde tomamos una medida en esta dirección, y
ha sabido trasladar a este Real Decreto-ley esta preocupación. Pueden y
deben saber hoy por los medios de comunicación que sigan este debate que
las pequeñas empresas van a tener dos años de mora, dos años de no efecto
en la fiscalidad cuando contraten a un trabajador. Desearíamos que eso se
pudiera prorrogar, si la situación económica lo permite, para que una
pequeña empresa contratara empleo estable dirigido a personas mayores de
45 años, con minusvalías o en paro. El hecho de que una pequeña empresa
pueda contratar a una persona no va a incrementar el módulo. Este es un
compromiso y un mensaje muy positivo para la pequeña empresa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le
ruego vaya concluyendo.
El señor HOMS I FERRET: Termino.
Hay que decir al mundo económico de la pequeña empresa que contrate, que
ello de momento no supondrá pagar más impuestos. Esto creo que es muy
positivo.
Señor Ministro, le felicitamos por la parte que usted ha tenido de
director de orquesta, si me lo permite en términos coloquiales, en todo
este proceso; nos felicitamos todos los grupos políticos porque hemos
sabido crear el contexto político necesario para ese diálogo social que
ha dado como resultado este acuerdo interconfederal y felicitamos también
al mundo sindical y al mundo empresarial por saber conducir ese diálogo
hacia un contenido; un contenido que es un paso más, señorías, en la
necesidad de adaptar nuestras normas laborales y nuestras normas que
incentivan la contratación a lo que hoy tiene Europa. Vamos a tener que
dar más pasos, sin duda, y, a lo mejor dentro de esta legislatura, pero
éste que se da es positivo y nos va a ayudar en el objetivo y en el
propósito de reducir el paro y de estabilizar nuestra economía.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Ministro de Trabajo, voy a fijar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista en el trámite de
convalidación del Real Decreto-ley 9/1997, de 16 de mayo. El debate
político preliminar que ha tenido lugar en la mañana de hoy me libera, y
libera a SS. SS., de enmarcar mis reflexiones en un momento que sin duda
es importante y que debe ser tomado en consideración a la hora de
estudiar este Real Decreto-ley.
En concreto, el Decreto-ley que vamos a convalidar a continuación se
propone, según expresa su exposición de motivos, fomentar, mediante
incentivos fiscales y de seguridad social, la contratación indefinida o
la transformación de los contratos de duración determinada o temporal en
contratos indefinidos. El Grupo Parlamentario Socialista estima, señoras
y señores Diputados, que estos objetivos son absolutamente deseables y,
por tanto, merecen el apoyo de toda la Cámara y de nuestro grupo
parlamentario.
No es doctrina del Grupo Socialista, señor Ministro, oponerse a lo que
proponga el Gobierno por principio. En aras del consenso y del clima de
diálogo y de encuentro que hay esta mañana en la Cámara, voy a resistir
la tentación de acudir al «Diario de Sesiones» para ver que estos no eran
precisamente principios asumidos por su grupo cuando, en circunstancias
similares, se trajeron a la Cámara propuestas, reformas legislativas, con
similares propósitos a las que hoy nos ocupan.
Estamos hoy, por tanto, señor Ministro, dando una sanción parlamentaria a
un importante acuerdo de la sociedad española en la búsqueda de estos
objetivos, y el Grupo Parlamentario Socialista quiere, en el inicio de mi
intervención, dejar nítido y claro que el Gobierno de España puede contar
con el apoyo de la oposición cuando los objetivos que persigue son los
que refleja la exposición de motivos del citado Decreto.
Deseo igualmente señalar con total nitidez que mi grupo quiere decir, a
renglón seguido y sin solución de
continuidad, que nuestro voto favorable, que hoy anuncio, a este Decreto
es posible porque, junto a los propósitos, el Gobierno ha asumido un
compromiso.
El Ministro de Trabajo se ha comprometido solemnemente en esta tribuna a
que los importes de estos incentivos (que serán sin duda cifras muy
importantes, y alguna ha dado el señor Ministro, que tampoco voy a
glosar, pero que significarían según sus propias cuentas 250.000 millones
de aquí al año 2000) no van a afectar negativamente a los ingresos de la
Seguridad Social, ni a los programas, ni a los recursos destinados al
fomento de políticas activas de empleo.
Quiero dejar muy claro que si no hubiera existido ese compromiso político
el voto del Grupo Socialista en este trámite no hubiera sido ni siquiera
de abstención, sino negativo, y no por cuestión de principios que, como
digo, en estos temas los dejamos de lado, sino por una cuestión de
principios --en plural--, por una cuestión de razones sólidas y
relevantes, porque mi grupo entiende que, con carácter general, no sería
buena política intentar resolver un problema --ni siquiera resolverlo,
sino intentarlo como hacen todas las normas-- creando un problema aún
mayor, o tomar decisiones de hipotéticos buenos resultados, cuando la
única evidencia sería que produjera resultados negativos ciertos.
Para nuestro grupo sería enormemente preocupante, yo diría aún más, sería
realmente un siniestro hipotecar el futuro del sistema de las pensiones,
o bien no hipotecarlo, salvar el equilibrio presupuestario de la
Seguridad Social, pero haciendo que el coste de estas medidas de fomento
significara eliminar programas, y precisamente programas que son los que
permiten cualificar a la mano de obra en las exigencias que hoy tiene
nuestro mercado de trabajo.
Nosotros pensamos que el problema del paro en nuestro país no se
resolverá con las soluciones simplistas de las que todo lo cifran en el
aligeramiento de los costes sociales. Si un día en España, señor
Ministro, se materializaran esas ideas, que hoy afortunadamente sólo
están en foros de opinión, en estudios subvencionados por determinados
sectores muy interesados en ir subrayando esta visión doctrinal o
doctrinaria, en España se produciría una catástrofe social: se produciría
el hundimiento de nuestro sistema de protección social, se produciría una
considerable regresión en la cohesión social y territorial de nuestro
país y condenaría a la miseria a una parte muy importante de nuestra
población, sin resolver, además, el problema del empleo en nuestro país.
Garantizado por el Gobierno en el trámite de esta mañana que ni la
Seguridad Social ni las políticas activas van a pagar el coste de las
medidas de fomento de este Decreto, sino que serán subvencionadas con
cargo a la fiscalidad general, nuestro apoyo está garantizado, señor
Ministro, porque no despreciamos ningún mecanismo que facilite la
contratación y que facilite, además, la contratación estable en nuestro
país. Pero sí queremos reiterarles que sería abusivo en este trámite no
recordar que, como la historia demuestra en nuestro país y en países de
nuestro entorno, estas medidas no van a resolver por sí mismas de forma
sustancial el problema, sino que, más bien, es el momento de reflexionar
en la Càmara que la solución del problema estará mucho más en mejorar la
cualificación de los trabajadores que están hoy fuera de las condiciones
del mercado y a los que la única disyuntiva posible en el futuro ,
señoras y señores Diputados, no es solamente incentivar o unificar, la
disyuntiva es cualificarles o marginalizarles. De una u otra manera, esa
es la importante disyuntiva que tienen hoy centenares de miles de
trabajadores.
Este debate me sirve también para decirles que, no sólo hoy sino en el
futuro, el Grupo Socialista va a apoyar cualquier política que busque
incrementar la cantidad o la calidad del trabajo en nuestro país, incluso
para programas respecto de los cuales tengamos un razonable escepticismo.
Similares programas a los que hoy aprobamos, no vamos a llamarnos a
engaño --ya ha sido relatado por algún otro interviniente--, han estado
operativos en diversas coyunturas en nuestro país a lo largo de los
últimos 25 años. En nuestra etapa de gobierno ha habido programas
similares. Lo único que esperamos sinceramente es que en esta coyuntura,
en este nuevo marco del pacto social realizado entre trabajadores y
empresarios , cuando pase el tiempo suficiente y podamos hacer balance de
estas medidas, nos encontremos con un resultado espléndido. Los
socialistas deseamos fervientemente que tenga éxito, aunque no debemos
engañarnos. Sabemos que la historia y la doctrina más relevante se
muestran más bien escépticas en que no el resultado estadítico, que puede
ser espléndido, sino el resultado real colme las ambiciones de los
redactores del Decreto-ley. Pero el Partido Socialista quiere apostar hoy
por el optimismo de la voluntad de los promotores. Por tanto, nuestro
apoyo a esta iniciativa del Ministerio de Trabajo. Además, señor
Ministro, tampoco queremos negarle la oportunidad de que usted también
--lo tuvieron todos sus antecesores en el cargo-- tenga su programa de
fomento del empleo, deseando que sea exitoso.
Dicho esto, que es lo sustancial del debate de la mañana, la
fundamentación del apoyo positivo a la convalidación por el Grupo
Parlamentario Socialista, al mismo tiempo que solicito a la Presidencia
de la Cámara que este Decreto-ley se tramite como proyecto de ley,
queremos decirle que nuestro apoyo no puede ser interpretado como un
cheque en blando a todos y cada uno de los preceptos. Algunos diputados
ya han hecho referencia a cuestiones que, desde nuestro punto de vista,
están necesitadas de mejores definiciones, quizás otros preceptos de
algunas cautelas adicionales y algunos, a los que presentaremos las
enmiendas correspondientes, de unos enfoques más selectivos. En
este sentido, quisiera sumarme a las preocupaciones que ha expresado, por
ejemplo, el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). Entre las preocupaciones que suscita el Decreto, debemos encontrar
e imaginar vías que cierren la posibilidad a una competencia desleal, que
puede producirse entre empresas que ahora contraten con bajo coste a
trabajadores de alta cualificación y originar situaciones de dificultad
para empresas de los mismos ramos, de las mismas actividades que, en
cambio, tienen plantillas antiguas, con mayores costes. Si no vigilamos
atentamente y no hacemos un esfuerzo adicional en los preceptos, tal y
como los presenta hoy el proyecto del Gobierno, podrían tener
dificultades añadidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, le
ruego vaya concluyendo.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente. En treinta
segundos termino. Digo que puede tranquilizarse su señoría porque
nuestras enmiendas son plenamente congruentes con lo que dicen las
recomendaciones de la Unión Europea, el Libro Blanco de Delors y con lo
que ya convinimos en la Cámara cuando discutimos el Pacto de Toledo.
Nosotros pensamos que, dado que son recursos que provienen de la
fiscalidad general, lo lógico sería concitar el mayor volumen de estas
bonificaciones hacia aquellos colectivos que tienen especial dificultad
en la búsqueda y en el encuentro del puesto de trabajo, porque dedicar
recursos públicos a quienes no tienen dificultades sería un despilfarro.
Concluyo, señor Presidente. El Grupo Parlamentario Socialista va a votar
favorablemente este real decreto-ley con la esperanza de que ayude a la
creación de más empleo y de mejor calidad y bajo la premisa de que la
mayoría gubernamental, el Gobierno de la nación, hará honor a su
compromiso de que la financiación de estas medidas no va a suponer
ninguna dificultad adicional al equilibrio de las cuentas de la Seguridad
Social ni va a frenar el desarrollo de otros programas de políticas
activas del Inem. Si no fuera así, señor Ministro, y yo espero que esta
eventualidad no se produzca, lo que hoy es motivo de consenso entre
Gobierno y oposición lamentablemente se convertiría en denuncia y en una
oposición sería y dura en el sentido de exigirles el fiel cumplimiento
del compromiso que usted ha asumido esta mañana.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cercas.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, continuamos el debate iniciado esta mañana con la convalidación
de un real decreto, que ya ha sido presentado por el Ministro, por el que
se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal
para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el
empleo, y que es la prueba evidente de que este Gobierno cree que la
inversión en el empleo es la mejor inversión posible.
Este real decreto, al igual que el anterior, durante su tramitación fue
consultado con los agentes sociales, los cuales manifestaron en la Cámara
como una fórmula adecuada la plasmada en el mismo, así como también los
grupos parlamentarios, que hoy han dado su opinión de manera formal y que
lo hicieron previamente a la presentación, elevación y aprobación del
real decreto.
Con esta norma se derogan los anteriores incentivos a la contratación
temporal, lo que de hecho, señor Vázquez, ya supone una penalización a
esa contratación temporal, tal como estaba definida antes de la reforma
laboral que hoy aprobamos. Es un real decreto que apoya de forma decidida
a las pymes, porque estamos de acuerdo con el señor Homs en que son las
pymes el elemento dinamizador de la creación de empleo en este país y
que, por tanto, son estas empresas las que favorecen la creación de
empleo. Es un real decreto que impulsa el nuevo contrato indefinido, eje
básico del anterior real decreto y de la reforma laboral en su conjunto,
y que también favorece la transformación de contratos temporales en
indefinidos. Eso es, señor Vaquero, lo que pretenden, en definitiva,
determinadas bonificaciones que se contemplan en esta norma.
Además, es un real decreto que no es neutral porque interviene de forma
decidida entre determinados grupos de trabajadores. Interviene con los
mayores de cuarenta y cinco años, entre los que la situación de desempleo
acaba convirtiéndose indudablemente en un drama trágico para muchos de
ellos. Interviene también con bonificaciones de hasta el 60 por ciento en
sectores en los que la mujer está subrepresentada, con los parados
menores de treinta años y aquellos otros que llevan en paro más de un año
y tiene ventajas muy especiales para los minusválidos en subvenciones y
en bonificaciones. También establece garantías. La primera garantía es su
duración limitada en la mayoría de los casos a los 24 meses; garantías en
cuanto que no afecta al presupuesto y estabilidad del sistema de la
Seguridad Social, y ya se ha comprometido en esta Cámara y en este mismo
momento en señor Ministro a que no sea así en la presentación de este
real decreto; garantías porque no afecta tampoco a las políticas activas
del Inem, aun cuando yo creo que la mejor política activa es precisamente
la que va a favorecer la creación de estos puestos de trabajo, y además
establece garantías de anclaje en el artículo 4 del real decreto para
imposibilitar
la sustitución de trabajadores que tenían antiguos contratos.
También la financiación ha sido definida claramente, señor Vaquero, por
el propio señor Ministro. La financiación este año vendrá definida por el
menor gasto en subvenciones y el menor gasto en desempleo, no por la
menor cobertura en desempleo, como están demostrando las cifras, que nos
dicen que este año se está incrementando la cobertura del desempleo hasta
en un punto y medio por encima de lo que fue el año pasado, alcanzando un
total del 51,7 por ciento, y que en el próximo año estas aportaciones
vendrán, además de por estas dos medidas, por una aportación decidida del
Estado al sistema y de apoyo al real decreto.
Señorías, la mejor política social es indudablemente la política que crea
empleo, y el empleo es la base fundamental para tener políticas de
solidaridad en España o en cualquier otro país. En España creemos que
existe margen para crear más empleo y de más calidad, y ésa es la base de
estos dos reales decretos que aprobamos hoy. Esta reforma laboral, a
nuestro juicio, va a intervenir de forma positiva en nuestra economía,
estimulando la demanda interna, como lo ha manifestado ya el propio
Consejo Económico y Social, y para eso, señorías, el Gobierno, además, ha
establecido un marco con una política económica adecuada; una política
económica rigurosa y acertada, de liberalización y de reformas; una
política económica que está facilitando el control del déficit y la
reducción del gasto público; una política económica, señorías, que ha
posibilitado reducir los tipos de interés hasta medidas y datos
históricos y que también ha permitido la contención de la inflación hasta
el 1,7 por ciento.
Estamos viviendo, señorías, una situación de estabilidad política,
económica y social, y eso se está traduciendo en estos momentos en una
mejora de los ingresos de la familia, en una reducción de la
conflictividad social y en mayores prestaciones sociales. Eso está
suponiendo en estos momentos una reducción clara del desempleo, que ha
sido puesta en evidencia a lo largo de este último año, y que, según ha
declarado el propio señor Ministro y el Presidente del Gobierno, en el
mes de mayo va a suponer la disminución por encima de los 50.000 parados.
Además, estamos teniendo un récord en afiliaciones en la Seguridad Social
y, como he dicho antes, eso es compatible perfectamente con una
ampliación en la cobertura del desempleo.
Para finalizar, quiero decirles lo siguiente. Alonso Olea, decano de los
catedráticos en Derecho laboral durante muchos años, decía que es la
aplicación del Derecho lo que establece el puente entre la norma y la
realidad normada, entre quienes regulan y lo que se quiere regular; cómo
se produzca esta integración es algo de fenomenal trascendencia, pues de
lo que ocurra y de la forma en que ocurra depende el que la realidad
encuentre en la norma el cauce por el que tiene que discurrir sin tener
que desbordar.
Es obvio, señorías, que la reforma de 1994 desbordó por su abuso en
algunas modalidades de contratación. Creemos que esta reforma laboral,
reforzada y basada en estos dos reales decretos, encauza de forma
adecuada la creación de empleo en este país, la lucha contra la
precarización y el combate contra el desempleo juvenil. En definitiva, el
que estas dos medidas circulen por el cauce adecuado es lo que desea mi
grupo parlamentario, lo que desea el Gobierno y lo que creo que desean
todos los españoles.
Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernando.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación sobre la
convalidación o derogación del real decreto-ley debatido, quiero
anunciarles que, al tratarse el siguiente punto del orden del día de un
proyecto de ley orgánica que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial,
la votación de esta naturaleza no se producirá antes de la una de la
tarde.
Vamos a proceder a la votación de la convalidación o derogación del
decreto-ley. Luego les rogaría unos segundos más para aprobar algunos
acuerdos por asentimiento, en su caso, sobre tramitaciones directas y en
lectura única de proyectos y proposiciones de ley.
Votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/1997,
de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad
Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida
y de la estabilidad en el empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 302; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley debatido.
(Aplausos.)
Algunos grupos parlamentarios han solicitado la tramitación como proyecto
de ley del real decreto-ley convalidado. En consecuencia, lo sometemos a
votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 321.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno la
tramitación como proyecto de ley.
PETICION DE AUTORIZACION PARA LA TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA:
--PROYECTOS DE LEY DE MODIFICACION DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL
ESTADO Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION A LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS DE ARAGON, ASTURIAS, ISLAS BALEARES, CANARIAS,
CANTABRIA, CASTILLA Y LEON, GENERALITAT DE CATALUÑA, GALICIA, MADRID,
MURCIA, LA RIOJA, Y COMUNIDAD VALENCIANA (Números de expedientes del
121/000041 a 121/000052)
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha considerado
la conveniencia de someter a la aprobación del Pleno la tramitación
directa y en lectura única del proyecto de ley de modificación del
régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de
Aragón y de los restantes proyectos de ley sobre la misma materia, que
afectan a las comunidades autónomas de Asturias, Islas Baleares,
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Generalitat de Cataluña, Galicia,
Madrid, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Se entiende aprobado por
asentimiento.
--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA LA METODOLOGIA DE DETERMINACION
DEL CUPO DEL PAIS VASCO PARA EL QUINQUENIO 1997-2001 (Número de
expediente 121/000065)
El señor PRESIDENTE: De la misma manera, el proyecto de ley por el que se
aprueba la metodología de determinación del cupo del País Vasco para el
quinquenio 1997-2001, su tramitación directa y en lectura única.
¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL CONCIERTO
ECONOMICO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO (Número de expediente
121/000064)
El señor PRESIDENTE: También de la misma forma, el proyecto de ley,
conexo con el anterior, por el que se aprueba la modificación del
concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
--PROPOSICION DE LEY PARA LA INCLUSION DE LA VARIANTE DE PAJARES EN EL
PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS (Número de expediente 125/000006)
El señor PRESIDENTE: Finalmente, la proposición de ley para la inclusión
de la variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras,
también para su tramitación directa y en lectura única.
¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE
JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Número de expediente 121/000012)
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día, dictamen de la
Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley orgánica de reforma de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (El señor
Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) El señor
VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, vamos a dar comienzo
al debate sobre el dictamen de la Comisión relativo al proyecto de ley
orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para defender
las enmiendas que ha mantenido para este trámite, tiene la palabra el
representante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
De la relación de enmiendas que Coalición Canaria notificó a la Mesa que
mantenía vivas para este trámite de Pleno, quiero anunciar la retirada de
las números 22, 24, 29, 30, 32, 90, 91, 93 y 97. (Rumores.) El señor
VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señorías, guarden
silencio.
Señor Mardones, ha retirado la enmienda número 29 y no consta a esta
Presidencia que fuera mantenida. ¿Se refiere quizá a la 28?
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, la enmienda número 29 fue
notificada en su momento a la Mesa y después, por otro escrito, retirada,
pero por un error mecanográfico. Por si esta enmienda figurase en los
servicios de la Cámara como viva, ratifico aquí que está retirada.
Paso a defender sucintamente, primero, las enmiendas números 19 y 20. La
enmienda número 19 se refiere
a aquellos posibles justiciables o partes en un pleito que indebidamente
hayan sido excluidos del mismo, bien por no notificación, bien por otro
defecto procesal o procedimental y, que, por tanto, indebidamente,
repito, no han sido parte en el proceso y necesitan una oportunidad de
defensa mediante audiencia en el incidente. La enmienda número 20 está en
la misma línea, ya que se refiere a los recursos del juzgado o tribunal
que haya dictado sentencia o resolución; que se diga que no es
susceptible de recurso ordinario o extraordinario. Nosotros creemos que
el que esta precisión figurase en el texto del proyecto daría más
seguridad jurídica.
La número 28 es una enmienda a la que Coalición Canaria da máxima
importancia. Se refiere a eso que en la opinión pública se ha llamado la
contaminación de jueces o magistrados que hayan ido a procesos
electorales figurando en listas. (Rumores.) En el proyecto se aplica una
penalización en su carrera profesional, dándose a veces circunstancias
tan esperpénticas como que figurando en una lista electoral y en último
lugar, en un lugar en que estadísticamente es seguro que no sale elegido
para el cargo de representación de diputado...
No me oigo, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, guarden
silencio, por favor.
Puede continuar, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Es decir, por circunstancias a veces tan peculiares como la de figurar en
los últimos lugares de una lista electoral y no salir elegido, por ese
mero hecho, sin haber ostentado cargo en cámara parlamentaria de
cualquiera de los niveles o en representación electoral, municipal,
insular o parlamentaria, se es objeto de una penalización profesional y
específica.
Las enmiendas números 88 y 89, señor Presidente, se refieren al ámbito de
magistrados del Tribunal Supremo. En la enmienda número 88, dado que
estamos regulando una magistratura del Tribunal Supremo como magistratura
de ejercicio, entendemos que habría que producir una modificación de la
Ley Orgánica 6/ 1985, del Poder Judicial, y la salida correlativa de un
estatuto específico para los magistrados de ese Tribunal Supremo. Además,
la enmienda número 89 también está en esa línea de buscar una
representatividad, y si se hace dentro del estatuto específico de los
magistrados del Tribunal Supremo que proponemos, será a los efectos de
oir el informe no vinculante de la sala donde se produzca la vacante.
Esto o va aquí en el texto del proyecto de ley o va un estatuto
específico.
Es importante que mantengamos estas dos enmiendas, señor Presidente,
junto con la número 92, porque traen causa de la enmienda número 101, que
mantenemos, con las correspondientes modificaciones que ya sufrió en
parte en el trámite de Comisión, sobre la especificación en el texto de
la ley del rango o cuantificación de las remuneraciones de los miembros
del Tribunal Supremo. Porque si bien estamos regulando aquí una materia
del Consejo General del Poder Judicial, también afecta a aquellas otras
altas instancias constitucionales como el Tribunal Constitucional en
primer lugar, después el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder
Judicial y la institución del Defensor del Pueblo. Y es necesario, por
dignificación, por adecuación, por lo que contribuye no sólo a su
especial responsabilidad de ejercicio profesional y de magistratura de
ejercicio, una remuneración armónica, digna y acorde con este principio,
sin que haya intencionalidad por nuestra parte de generar ningún agravio
comparativo ni con la alta magistratura del Tribunal Constitucional ni
con las otras instancias orgánicas constitucionales que he citado; sólo
hay un reconocimiento de méritos propios no comparativos, ya que ninguna
de esas partes lo aceptaría.
Por esta razón, nuestra enmienda 101 permite el enganche con lo que acabo
de decir sobre las competencias de los magistrados del Tribunal Supremo
relacionadas con nuestras enmiendas 88, 89 y 92.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Castellano para defender sus enmiendas.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Me va a permitir S. S. que en este último tramo, y en lo que se refiere a
este proyecto de ley, además de mantener para que sean objeto de votación
las enmiendas números 33, 34, 35 y 36 que tienen como motivo la
eliminación del texto o supresión de los artículos primero, segundo,
tercero y cuarto, y que quede retirada, por si no consta así en los
antecedentes que obran en poder de S. S., la enmienda 37, haga una
valoración final de lo que este proyecto de ley supone para nuestro Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
Es evidente que se han hecho esfuerzos denodados por parte de todos y
cada uno de los grupos parlamentarios por tratar de reencauzar y de
corregir este proyecto de ley pero, lamentablemente, esos buenos intentos
y esfuerzos no se han visto premiados con el éxito. Persiste, a nuestro
juicio de forma realmente equivocada, la introducción de un incidente de
nulidad de actuaciones y de una forma claramente contradictoria, porque
si bien en el número 3 de dicho artículo primero se dice que no se
admitirá el incidente de nulidad, a continuación en el párrafo siguiente
dice: «Será competente para conocer de este incidente el mismo Juzgado
o Tribunal»... Debe ser un modelo de congruencia legislativa declarar que
no existe el incidente para, al final, acabar regulando el incidente, y
también debe ser un modelo de congruencia legislativa en un asunto ya de
por sí bastante criticable, por si fuera poco, que se pueda declarar la
nulidad de actuaciones de sentencias firmes y hasta ejecutadas se hable,
entre otras causas, ya no sólo de la indefensión, que podía tener si
quieren ustedes alguna explicación, sino que, además, se añada ahora la
incongruencia del fallo, que para cualquiera que tenga un mínimum de
experiencia forense sabe que es un auténtico cajón de sastre para poder
mantener los correspondientes recursos ante otros tribunales.
Sinceramente, este artículo primero (repito que ponemos de manifiesto y
resaltamos la buena fe de todos los que han querido enmendarlo) es un
artículo que no tiene otra razón de ser que tratar de evitar determinados
recursos de amparo, y va a dar la casualidad de que como no se dice que
quien utilice este recurso extraordinario ya no podrá acudir al recurso
de amparo, se utilizará el recurso extraordinario, se utilizará el
recurso de amparo, y seguiremos exactamente igual. Es posible que
habiendo utilizado el recurso extraordinario, cuando se llegue al
Tribunal Constitucional la sala tenga ya algún motivo para rechazarlo de
plano, pero el intento se va a producir, lo que se llama la dilación en
la tramitación del proceso se va a agudizar, y si nos preocupa muchísimo
preservar el principio de la indefensión y el de tutela judicial
efectiva, nos debía preocupar tanto o más el juicio rápido, sin
dilaciones indebidas, y esto es abrir el portillo de forma total para que
nadie se conforme con las sentencias, incluso durante cinco años después
de haber sido pronunciadas y alegando que el conocimiento de cualquier
clase de defectos acaba de ser de orden inmediato se vuelvan a reanudar
los procedimientos ya archivados ante los mismos juzgados y tribunales.
Sinceramente, si se piensa con un poco de seriedad, por salir de Málaga
--perdonen ustedes la expresión coloquial-- se cae en Malagón. Como el
tiempo nos va a acabar dando la razón --y deseamos a todos ustedes larga
vida y feliz ventura-- algún día tendrán que soportar que este portavoz o
cualquier otro portavoz de Izquierda Unida, porque uno no tiene vocación
de perpetuidad, les recuerde a ustedes que fueron advertidos, pero están
en una situación de cierto empecinamiento.
No digamos en lo que se refiere a la segunda parte de este proyecto de
ley, que por llamarlo por su verdadero nombre y por no utilizar
eufemismos, no regula las situaciones administrativas de los jueces y
magistrados, sino que establece la discriminación política sobre aquellos
jueces y magistrados que tengan la menor tentación de participar en la
vida política. Persiste una actitud absolutamente discriminatoria, sobre
todo absolutamente innecesaria y que, además, no conduce a nada. Repito
lo que dije en la enmienda de totalidad, si la cámara de descomprensión
de cualquier contaminación política de aquel que haya sido cargo político
o de quien haya pasado por unas cámaras bien sean éstas, las autonómicas
o municipales, es de tres años, yo quiero que me expliquen por qué no es
de cuatro o por qué no es de dos. ¿Es que tienen ustedes un termómetro
especial para medir el grado de intoxicación como si estuviéramos
tratando de la investigación de una central nuclear que nos dice que
pasado cierto tiempo es evidente que han desaparecido toda clase de
posibles peligros en lo que se refiere a circular por aquel ambiente? No
tiene ninguna sensatez; es más, esto es una especie de retórica con la
cual en alguna medida y de forma bastante despectiva por quienes impulsan
este proyecto, se quiere reforzar una imparcialidad que nosotros, desde
este grupo parlamentario, jamás hemos puesto en duda en ningún juez o
magistrado por el simple hecho de que se haya sentado en estos bancos o
en algunos similares. Nos parecería mucho más correcto --nos referimos al
Gobierno y al grupo que lo soporta-- que, hablando de procesos de
descontaminación, a lo mejor los tomáramos no con aquellos que participan
en la política sino con quienes se ocuparen de algún consejo de
administración o presidan alguna compañía multinacional. Se puede dar el
caso de que algunos magistrados, por sus conocimientos jurídicos, sean
fichados para dedicarse a gestionar intereses absolutamente legítimos y
luego quieran volver a la carrera. Eso no les va a producir la menor
contaminación.
Además, subsiste la enorme incongruencia de que aquel juez o magistado,
por el simple hecho de ser candidato y sin llegar a ser elegido, tenga
que soportar esta situación de excedencia forzosa, sin embargo no se ve
privado de ninguna clase de emolumentos, con lo cual están ustedes
incitando a que aquellos magistrados y jueces en los que no se dé lo que
se llamaba en tiempos de don Antonio Hernández Gil la acuciosidad
laboral, se apunten rápidamente a figurar en los últimos puestos de la
lista y, durante esos tres años de excedencia forzosa, además de percibir
el sueldo, sin el complemento correspondiente, puedan recibir otros
emolumentos. Sigue siendo un auténtico disparate.
Disparate es, y modelo de falta de concreción jurídica, que a las causas
de recusación que ya teníamos, que a nuestro juicio eran bastantes
teniendo todas ellas un carácter bastante objetivo, se añada una tan
absolutamente inconcreta como haber podido formar criterio, con
detrimento de la debida imparcialidad sobre el objeto del pleito o causa,
las partes, sus representantes y asesores. ¿Cómo medimos que se ha
formado criterio? Para medir si se ha formado criterio, necesitaremos de
algún acto manifiestamente visible y, en cuanto el acto sea
manifiestamente visible, no nos hará falta para nada esta causa
duodécima, porque efectivamente podremos aplicar la amistad o enemistad
manifiesta o el interés en el pleito. Sinceramente, no sé a qué creen
ustedes que va a conducir esta causa de recusación que no sea
efectivamente para que, en algunos supuestos y aprovechando cualquier
circunstancia, después de haberse reincorporado el juez o magistrado y
llevando a lo mejor mucho tiempo ejerciendo la profesión, cogiendo un
poco el rábano por las hojas, alguien pueda alegar dicha causa con tal de
dilatar el procedimiento.
Aquí acababa el proyecto de ley que nos remitió el Ministerio de
Justicia. Como consecuencia de la introducción de ciertas enmiendas para
legislar sobre un presunto estatuto del Tribunal Supremo, el proyecto de
ley se ha visto completado por ese intento de estatuto del Tribunal
Supremo y por algunas disposiciones que afectan a los señores secretarios
judiciales y otras que quedan pendientes sobre agentes y auxiliares de la
Administración de Justicia.
Es evidente que nosotros no estamos, bajo ningún concepto, en contra de
que haya un auténtico estatuto del Tribunal Supremo y nos parece de
enorme importancia que los magistrados del Tribunal Supremo sean
remunerados con arreglo a ese severo régimen de incompatibilidades que se
les impone para que efectivamente presten su servicio al Estado de la
mejor manera posible. Sinceramente, esto no es un estatuto del Tribunal
Supremo; esto será, añadiéndole un articulito por delante y poniéndole
otro articulito por detrás, un intento bienintencionado de corregir una
situación que puede resultar injusta en lo que se refiere a las
remuneraciones de los señores magistrados del Tribunal Supremo, y no es
un estatuto del Tribunal Supremo porque aquí hay lagunas (y esta llamada
de atención la hacemos al ministerio para que en su día por lo menos nos
remita algún proyecto complementario que pueda cubrir este vacío
legislativo) en cuanto a un estatuto del Tribunal Supremo que son
sinceramente preocupantes, querida señora Ministra, y es el tema de los
magistrados suplentes del Tribunal Supremo, que con arreglo a este
proyecto es evidente que van a recibir en su día las mismas
remuneraciones, pero se da en ellos una circunstancia muy especial, y es
que una de las características esenciales de la función, la inamovilidad,
no la tienen, son magistrados jubilados del Tribunal Supremo a los que se
repesca --perdone usted la expresión coloquial-- para que actúen de
suplentes, dependientes del Consejo General del Poder Judicial y que
reciben un nombramiento por un año. Ya que son ustedes tan suspicaces con
los magistrados que se puedan dedicar a la política sean un poco
suspicaces con aquellos magistrados suplentes que a lo mejor están más
pendientes de los deseos de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial, de quien depende la renovación de su nombramiento, que de otros
temas, y que además, qué casualidad, suelen aparecer en determinados
pleitos, cuando llega el momento de la composición de las salas,
sustituyendo a magistrados de pleno ejercicio y descomponiendo por
completo una de las principales garantías que debe tener la
Administración de justicia, que si en el juez predeterminado por la ley,
en el juez unipersonal, está perfectamente clara, tiene que estar en la
sala predeterminada por la ley y no en salas formadas ocasionalmente con
algún que otro juez sustituto según convenga la ocasión. Eso debía venir
en este estatuto del Tribunal Supremo, y no viene; por tanto, queremos
llamar la atención para que por lo menos se corrija.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Castellano, por
favor, vaya concluyendo.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo enseguida, señor Presidente.
Nada tenemos que decir sobre solucionar problemas que afectaban a los
secretarios y a los auxiliares y agentes judiciales.
Tenemos que hacer, como es lógico y natural en este último turno, un
balance global. Repito que valoramos los esfuerzos que se han hecho para
tratar de enmendar muchas cosas de este proyecto que al final no hemos
logrado enmendar. Haciendo este balance global advertimos ya a la Cámara
que, aunque haya en él algunos datos positivos y algunos elementos que
nos parecen aceptables, como tenemos que votarlo en su totalidad, este
proyecto de ley no va a gozar de nuestro voto positivo; al contrario, el
voto de este grupo parlamentario será un voto en contra del proyecto de
ley orgánica que sinceramente puede ser calificado de un parche
ocasional, oportunista, discriminador, con evidentes presiones
corporativistas, contradictorio y entorpecedor de lo que es la
Administración de justicia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Castellano.
Para defender las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Jover.
El señor JOVER I PRESA: Señor Presidente, señoras y señores diputados,
por las intervenciones de los demás grupos que mantienen enmiendas vivas,
ya está claro que nos encontramos ante un proyecto de reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que modifica aspectos muy variados, aspectos
enormemente variados de la ley y aspectos en absoluto relacionados entre
sí, concretamente tres grandes temas: nulidad de actuaciones, situaciones
administrativas de jueces y magistrados y el nuevo estatuto especial,
llamémoslo así, de los magistrados del Tribunal Supremo.
Es por ello, señor Presidente, que la posición de mi grupo respecto al
dictamen en su conjunto no puede expresarse con los criterios habituales
a favor o en contra, porque la realidad es que, dada la heterogeneidad
del proyecto (y no lo digo en sentido peyorativo, ni mucho menos, porque
en gran medida las enmiendas de mi grupo creo han contribuido a ella), mi
grupo respecto a algunos aspectos del dictamen está bastante de acuerdo o
relativamente de acuerdo y, en cambio, respecto a otros aspectos del
dictamen, yo diría sobre el núcleo del mismo, está totalmente en
desacuerdo. Comenzaré por los primeros, que son los más fáciles de
explicar, y después me referiré a los segundos.
Para empezar, artículo primero, introducción del incidente de nulidad de
actuaciones. Debo reconocer, señor Presidente, que en este aspecto los
trabajos de Ponencia y posteriormente de Comisión han mejorado
sensiblemente el contenido del proyecto, porque se han introducido unas
cautelas, la mayoría de las cuales ya venían anunciadas en el informe del
Consejo General del Poder Judicial. En ese sentido, debo decir en este
momento que mi grupo retira la enmienda número 48 que se mantenía a este
aspecto. No significa que nos acabe de gustar el texto del dictamen, por
supuesto que no; nos parece todavía insuficiente y, sobre todo, esperamos
que la aprobación de esta nueva regulación del artículo 240 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial no constituya una excusa por parte del
Gobierno para dejar de enviar lo que todos esperamos, que es la ley que
desarrolle definitivamente el artículo 53.2 de la Constitución. Todos
sabemos, señor Presidente, que al respecto hay un procedimiento
preferente y sumario para la protección de leyes fundamentales cuando la
vulneración procede de las administraciones públicas, pero en cambio
cuando la vulneración procede de un órgano judicial, no hay todavía
procedimiento preferente y sumario. En este aspecto, señor Presidente, es
importante regular esta cuestión. Por tanto, repito, retiramos nuestra
enmienda 48 y en la parte correspondiente del dictamen nos abstendremos
porque, aunque reconocemos las mejoras que se han realizado, no acaba de
convencernos definitivamente su contenido.
Respecto al artículo quinto, nuevo estatuto especial de los magistrados
del Tribunal Supremo, llamémosle así, mi grupo también debe reconocer que
se han realizado mejoras sustanciales, porque en este asunto el proyecto
no decía absolutamente nada. Fue gracias a las enmiendas que presentamos
diferentes grupos parlamentarios como finalmente se ha conseguido llegar
a un acuerdo, primero en ponencia y luego en Comisión, que para nosotros
es relativamente satisfactorio. ¿Por qué? Porque lo que básicamente
pretendíamos aparece en el texto del dictamen.
Está claro que la magistratura del Tribunal Supremo queda configurada
como una magistratura de ejercicio; el nuevo artículo 299 deja muy claro
que solamente se adquirirá la categoría de magistrado del Tribunal
Supremo, que es diferente a la magistrado, cuando efectivamente se pase a
ejercer funciones jurisdiccionales en dicho tribunal y, sensu contrario,
también se dice que cuando se dejen de ejercer esas funciones por pasar a
excedencia voluntaria o forzosa, por desempeñar cualesquiera otras
funciones públicas o privadas obviamente se pierde esa categoría de
magistrado del Tribunal Supremo. Además se establece un nuevo régimen de
incompatibilidades, bastante más estricto del que había actualmente, y,
como consecuencia de esos cambios, obviamente también se regula de manera
mucho más completa el régimen de las retribuciones.
Por supuesto, no es todo lo que nosotros deseábamos, nuestras enmiendas
iban mucho más allá, y sigo pensando que la redacción del artículo 348, y
en esto estoy de acuerdo con la nota que nos pasaron los servicios de la
Cámara, no acaba de estar bien argumentada. Hay algunos aspectos de
cierta ambigüedad; creo que en trámites posteriores tendremos ocasión de
poder aclarar estos aspectos.
Por tanto, señor Presidente, anuncio en este momento que mi grupo retira
todas las enmiendas que mantenemos a este artículo quinto, que son
concretamente de la 57 a la 64, ambas inclusive --la 65 ya se había
retirado en Comisión--, y la 71. Todas ellas quedan retiradas en este
momento y mi grupo votará obviamente a favor del artículo quinto del
dictamen.
A partir de aquí, ya no puedo continuar con este tono positivo; por el
contrario, mi grupo debe expresar su más completo desacuerdo, su más
radical oposición a la regulación que se hace en los artículos segundo y
cuarto --sobre todo en el artículo segundo-- de las situaciones
administrativas de jueces y magistrados que optan por ejercer el derecho
fundamental del sufragio pasivo o por ocupar cargos políticos o de
confianza, que además es --ya se ha dicho aquí-- el núcleo central del
proyecto. Todo lo demás eran aspectos colaterales o aspectos que se han
añadido durante la tramitación parlamentaria; el núcleo central del
proyecto era y sigue siendo este aspecto.
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero decir que nuestra
oposición radical a esta regulación no significa que no estemos de
acuerdo con los objetivos que el proyecto dice pretender. ¿Cómo no vamos
a estar de acuerdo? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con todo aquello
que signifique incrementar al máximo, defender al máximo la independencia
y la imparcialidad de jueces y magistrados? Por supuesto que sí. Y
también estamos de acuerdo, naturalmente, en las líneas que propone el
proyecto, que son básicamente dos. Por una parte, regulación de la
situación administrativa en que pueden quedar estos jueces y magistrados
y, por otra, una nueva regulación de las causas de excepción de esta
situación. Estamos de acuerdo en que éstas eran las líneas de actuación,
por supuesto; pero en lo que no podemos coincidir es en los medios
concretos que se utilizan para alcanzar estos fines. Estamos plenamente
de acuerdo con los fines, estamos plenamente de acuerdo con el camino,
pero en absoluto estamos de acuerdo con los medios
que se utilizan. Por lo que se refiere a las situaciones administrativas
nos parece que es una regulación totalmente desproporcionada e
inadecuada. Los tres años de excedencia forzosa --ya se ha dicho aquí por
parte de los dos diputados intervinientes-- nos parecen un disparate; los
consideramos no solamente desproporcionados, sino que además no sirven
para conseguir lo que se pretende, no sirven para alcanzar una mayor
independencia o imparcialidad del juez o magistrado que está en esta
situación. Por tanto, no servirán para los fines que se pretenden.
Respecto al segundo caso, aunque reconocemos el avance importante que
significa el proyecto en la nueva regulación de los artículos 219 y 220
de la Ley orgánica, nos parece que aquí, en cambio, el proyecto se queda
corto: es insuficiente y por eso mantenemos nuestras enmiendas.
Respecto al primer caso, es decir las situaciones administrativas de
jueces o magistrados que han optado por la política --por decirlo
brevemente--, ¿por qué consideramos que es una solución desproporcionada?
Pues bien, señor Presidente, no es porque no reconozcamos que la
regulación actual tiene imperfecciones; seguramente las tiene. Nosotros
hemos reflexionado sobre este tema a lo largo de estos meses, incluso en
las últimas semanas, y llegamos a la conclusión de que es cierto que el
régimen de servicios especiales que hay actualmente quizá es excesivo y,
por tanto, el proyecto hace bien en limitarlo a una serie de casos cuyo
número ya es mucho más reducido. Consecuentemente, señor Presidente, en
este sentido, vamos a retirar nuestras enmiendas números 47, 49, 50, 51 y
55. Ahora bien, en absoluto podemos estar de acuerdo con la solución que
consiste en decir: en primer lugar, excedencia voluntaria y, luego, tres
años de excedencia forzosa. Aquí ya se han dado muchos argumentos y yo me
sumo, en gran medida, a todo lo que ha dicho el señor Diputado que
representaba a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el señor
Mardones cuando se han opuesto también a esta solución. Nos parece
disparatada, nos parece injusta, nos parece discriminatoria y, además,
nos parece inútil, porque no va a servir para lo que se pretende. Nos
parece inútil por una razón muy sencilla, señor Presidente. La situación
de excedencia forzosa que se exige para estos jueces y magistrados estaba
y está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial --artículo 356--
como una situación absolutamente excepcional, una situación que solamente
se produce en casos muy excepcionales y que dura períodos de tiempo muy
cortos. Por eso la Ley Orgánica del Poder Judicial --incluso después de
esta reforma-- mantiene que la excedencia forzosa significa que no están
en activo --por supuesto-- y, además, significa que siguen percibiendo
todos sus derechos económicos, con lo cual --ya se ha dicho por parte del
señor Castellano-- nos encontramos con una absoluta incongruencia. ¿Por
qué? Porque durante estos tres años, ¿de qué se van a descontaminar estos
jueces o magistrados? Estarán percibiendo sus remuneraciones, sus
derechos económicos íntegros --quizás no el de complemento de destino,
pero sí todos los demás-- y además, como no están en activo, podrán hacer
lo que quieran y deseen siempre que no esté prohibido expresamente por la
ley. Podrán realizar actividades privadas, podrán asesorar bufetes de
abogados, asesorías, consulting, lo que se quieran. Esto lo dije en
Comisión y lo mantengo ahora. Como el artículo 127 de la Constitución
solamente prohíbe la militancia en partidos políticos a los jueces en
activo, aquellos que no estén en activo sí podrán realizar esta
militancia, con lo cual incluso la perspectiva del proyecto que es por
así decirlo establecer un plazo de carencia, de descomprensión --se ha
dicho aquí--, de tres años entre el período del compromiso político y el
período de vuelta, no se consigue, porque en estos tres años no hay nada
que impida a estos jueces y magistrados que están en excedencia forzosa
seguir teniendo el compromiso político, no de cargo público, pero si de
militancia. Creo que estamos ante una contradicción completa y absoluta
en sus términos.
La fórmula que planteamos en nuestras enmiendas números 52, 53 y 54, es
mucho más lógica. Nosotros estamos de acuerdo con lo que propuso en su
informe el Consejo General del Poder Judicial, pero no quiero insistir en
esto porque va a parecer que solamente hacemos lo que dice el Consejo, y
no es verdad, la propuesta nos parece muy lógica y es que estos jueces o
magistrados se acojan a la excedencia voluntaria, que ya es una
discriminación respecto a otros funcionarios, porque al ser voluntaria
significa que no hay reserva de plaza y significa que no tienen ningún
tipo de derechos económicos, pasivos ni nada más, porque los jueces y
magistrados no son como cualquier otro funcionario, y una vez cesado en
el cargo o si no salen elegidos, que se reincorporen, pero que no se
reincorporen a la plaza que tenían antes, sino a aquella que decida el
Consejo General y que no plantee problemas para su independencia e
imparcialidad en función del puesto que habían tenido anteriormente.
Creo, señor Presidente, que nuestra propuesta es mucho más moderada,
mucho más proporcionada, consigue exactamente igual los fines que se
proponen y, sin embargo, no es tan gravosa para el ejercicio de lo que,
al fin y al cabo, es un derecho fundamental, el establecido en el
artículo 23 de la Constitución.
Finalmente, señor Presidente, nuestra enmienda 56, al artículo cuarto, la
mantenemos aunque reconozcamos el avance que supone el proyecto. La
mantenemos, fundamentalmente por dos aspectos. Nos parece que la causa de
abstención o recusación, que actualmente es conocida por la clásica
expresión de amistad íntima o enemistad manifiesta, debe hacerse
extensiva no solamente a las partes, sino también a sus representantes,
abogados o asesores. Cualquier persona que tenga experiencia judicial --y
yo no la tengo-- se da
cuenta que un gran problema para la imparcialidad del juez no es tanto la
amistad o enemistad con las partes como con sus representantes o
asesores.
En segundo lugar, nosotros pretendemos que se establezca una nueva
redacción de la causa duodécima, en virtud de la cual se tenga en cuenta
también como causa de excepción o recusación, que el juez o magistrado en
cuestión haya realizado una intervención directa en el debate público,
emitiendo opiniones sobre el objeto de la controversia, o sobre sus
representantes o asesores, que puedan afectar al sentido de su
resolución.
Señor Presidente, concluyo diciendo que nuestra enmienda número 66 ha
sido aceptada solamente en parte y nosotros la mantenemos en lo que se
refiere a los artículos 492 y 493, a los que se ha referido aquí el señor
Castellano, es decir, en lo relativo a los funcionarios del cuerpo
auxiliar y a los agentes judiciales. Retiramos de esta enmienda número 66
la parte que se refiere al artículo 478, secretarios judiciales, porque
en este aspecto creemos que el dictamen nos da satisfacción.
Consecuentemente con lo anterior, retiramos las enmiendas números 69 y
71.
Esta es, señor Presidente, nuestra posición. Quiero terminar manifestando
que mi grupo, de conformidad con lo que acabo de decir, reconoce que a lo
largo de la tramitación parlamentaria se han realizado mejoras
importantes en el proyecto, pero el núcleo central del mismo, el que se
refiere básicamente al artículo segundo, sigue presentando una regulación
absolutamente insuficiente, una regulación desproporcionada, con la cual
no estamos de acuerdo y, por tanto, cuando se vote el dictamen,
plantearemos la votación separada de los artículos correspondientes.
Queda finalmente, la votación de totalidad que plantea un problema
importante a todos los grupos, porque ciertamente como he dicho al
principio, en unos aspectos del proyecto estamos de acuerdo y en otros
estamos en total desacuerdo. Nuestra única posibilidad es no votar a
favor del proyecto, pero sí establecer una posición intermedia.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Jover.
Para defender las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, quiero ante todo
expresar en nombre del Grupo Popular, que apoya al Gobierno, nuestra
satisfacción por el claro afán de colaboración que se ha ido respirando a
lo largo de la prolongada reflexión sobre este proyecto de ley, y
bastaría para constatarlo comparar los planteamientos que se hicieron
aquí con motivo de la presentación de dos enmiendas a la totalidad y los
que se han hecho hoy por esos mismos portavoces pasados unos meses. Por
otra parte, el afán de colaboración ha llevado también a nuestro grupo a
mostrarse especialmente receptivo para esas mejoras a las que ya se ha
aludido en la intervención anterior.
En primer lugar, respecto al llamado incidente de nulidad de actuaciones,
nos ha movido una doble preocupación: por una parte, la necesidad de
descargar en lo posible un buen número de recursos de amparo que acaban
llegando al Tribunal Constitucional como consecuencia de la efectiva
existencia de una nulidad de actuaciones, como consecuencia de unos
vicios que no han encontrado fórmula procesal alguna para ser reparados
en el momento de ser advertidos cuando ya la sentencia o resolución no
admitía ningún recurso.
El propio Consejo General del Poder Judicial, al que se ha aludido aquí,
como suele ser tan habitual en los debates de justicia de esta Cámara,
como es obvio, en varios de sus informes, año tras año, reclamó una
regulación legal que abordara esta cuestión. Junto a esto, nos ha
preocupado también sin duda la posibilidad de que se utilizara, como se
ha dicho en alguna de las intervenciones anteriores, esta fórmula como un
portillo dilatorio dentro del ya abigarrado campo procesal, y yo creo que
hemos conseguido entre todos mejorar sin duda las previsiones del
proyecto para lograr los objetivos que él nos marcaba. Por un lado, para
evitar la utilización abusiva o dilatoria, se ha eliminado el brevísimo,
por otra parte, trámite de vista que se preveía en el proyecto; por otro,
se ha señalado un plazo límite para la presentación y la solicitud de
este incidente de cinco años por equiparación al recurso de revisión.
Pensamos que con esto se regula de una manera satisfactoria esta
cuestión.
En cuanto al artículo segundo, sin duda el más polémico, se ocupa, como
ya ha quedado claro, de la situación de los jueces que vuelven de la
política y, como consecuencia también, obviamente, de la situación de los
jueces que se van a la política.
Yo creo que en este prolongado debate hemos ido poco a poco todos
cobrando una dimensión más pragmática sobre la necesidad de poner fin a
ese fácil deslizamiento de los jueces, como todos los demás funcionarios,
hacia la actividad política, pero que en el caso de los jueces y
fiscales, como la propia Constitución, previsión también constitucional,
artículo 127.1, se ha preocupado de señalar, en el caso de los jueces y
fiscales, que son unos funcionarios muy peculiares, que necesitan la
confianza del ciudadano para su actuación, para el cumplimiento de su
función y ésta depende claramente de una independencia no sólo subjetiva,
que nadie tiene por qué poner en duda, sino a la vez aparente, objetiva,
nos parecía fundamental el abordar esa cuestión.
Insistimos en que es esa independencia objetiva la que nos preocupa, y no
deja de ser sintomático que se hayan retirado enmiendas precisamente
argumentando en Comisión, como se ha hecho, que el clamor social
es ya tal sobre esta cuestión que a determinados grupos no les ha costado
ningún trabajo retirar esas enmiendas al constatar en qué medida el
ciudadano se siente desasosegado al ver una mezcla entre quien tiene que
hacer imparcialmente justicia y quien días antes ha tomado partido,
legítimamente, en el ámbito de la contienda partidista y política.
Hemos llegado a una mayor precisión en los cargos que justificarían
excepcionalmente el paso a servicios especiales, y hemos contemplado,
como ya se ha dicho, una excedencia voluntaria que nos parece decisiva,
puesto que el artículo 358 de la Ley Orgánica del Poder Judicial queda
redactado de manera tal que, quienes están en esta excedencia voluntaria
por el solo hecho de presentarse a unas elecciones, no devengarán
retribuciones ni les será computado el tiempo que han permanecido en tal
situación a efectos de ascensos o antigüedad. De todos es sabido que hay
quien ha hecho carrera judicial desde cargos públicos en años muy
recientes, y eso es algo que no tiene ningún sentido, que significa una
auténtica prima para participar en la política.
Por otra parte, se mantiene también por tres años una excedencia forzosa.
Se ha dicho que por qué tres años y no dos o cuatro. Yo quiero recordar
que, al igual que en el proceso la carga de la prueba la tiene el que
acusa, en un debate parlamentario la carga de la prueba la tiene el que
enmienda. Por tanto, que alguien nos explique por qué dos o por qué
cuatro. Nosotros hemos propuesto tres, y la ventaja del proyecto es que
no tiene por qué argumentarse. Tiene que ser el que enmienda el que
explique que cuatro sería el módulo exacto y a lo mejor lo admitimos,
pero han faltado argumentos y, rebus sic stantibus, nos quedamos como
estábamos.
A mí lo que me parece curioso es la doble argumentación que se ha
utilizado respecto a estas excedencias forzosas, que a este portavoz le
deja en una gran perplejidad, porque no he llegado a entender bien si con
esto estamos dando paso a una discriminación enormemente rechazable o,
por el contrario, estamos dando una situación privilegiada que puede
crear picaresca. Es algo que no acabo de entender. Por un lado, se nos
dice que discriminamos al obligar a estar tres años apartado de la
función judicial, pero, por otra parte, se nos dice que discriminamos con
tal afecto, cariño y entusiasmo que la gente se va a apuntar. Entonces
una de dos, este caso de discriminación inversa es un tanto curioso: o
nosotros aquí lo que estamos haciendo torpemente es favorecer que los
jueces, con tal de estar tres años sin poner una sentencia, con gastos
pagados, se vayan todos a la política, en cuyo caso no hay discriminación
alguna, o las dos cosas... Lo que no puede ser, no puede ser, y además es
imposible, como se repite tanto desde esta tribuna. Ahí eso no acaba de
encajar.
En cuanto al artículo cuarto, se fijan unas causas de recusación y de
abstención, y se preguntaba que cómo se aprecia. Muy fácil: el caso
Piersack el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo aprecia de manera tan
simple como la siguiente: un señor que había sido fiscal respecto a una
cuestión y que luego se convierte en juez, no puede entender de esa
cuestión, sin más; no porque se haya probado en el psiquiatra que
realmente había formado juicio, sino porque se entiende que, si ha sido
fiscal y lo ha hecho con un mínimo de competencia, se habrá preocupado de
formar juicio, y si ahora es juez va a tener ya un juicio formado. Por
tanto, volvemos a una causa bastante objetiva, porque de lo que se trata
es de preservar la independencia objetiva fundamentalmente, no tanto la
subjetiva.
En cuanto al artículo quinto nuevo, en efecto, el proyecto había aplazado
para una reforma más ambiciosa de la ley Orgánica del Poder Judicial (que
nuestro grupo sigue ilusionado con que se lleve a cabo y que llegue a
afectar al modo de elegir a los vocales del Consejo General del Poder
Judicial, que de tan gran prestigio gozan en determinados bancos de esta
Cámara) el abordar la cuestión de cuál debe ser la consideración que
merezcan en su función los magistrados del Tribunal Supremo. Pero, como
fruto de nuestra actitud receptiva, hemos ido incorporando una serie de
enmiendas, con lo cual no cabe reprochar a la señora Ministra --a la que
me honro en este caso en defender-- de laguna alguna en su proyecto. No
puede haber laguna, puesto que ella no ha abordado esa cuestión. En todo
caso, habría habido lagunas en los miembros del Grupo Popular, que no
hemos llegado a aceptar todas las enmiendas, algunas de ellas, dicho sea
de paso, disparatadas, como aquella que decía que los magistrados del
Tribunal Supremo no pueden ocupar cargos en los partidos políticos,
cuando simplemente no pueden pertenecer a ellos. Lo cual es un argumento
a fortiori, creo que dicen los expertos, que impide absolutamente la
consideración de la enmienda en sus propios términos. Se ve que quien la
hizo, aunque fuera en el Tribunal Supremo , no tuvo un día demasiado
feliz.
Por lo demás, sí que hemos estado bastante abiertos a este tipo de
sugerencias. En concreto, teníamos tres preocupaciones que hemos
procurado mantener. Primero, respetar el diseño constitucional de la
carrera. Por eso hemos conseguido que se mantenga la categoría de
magistrado del Tribunal Supremo y no la peregrina sugerencia de que los
magistrados del Tribunal Supremo no fueran una categoría, pero estuvieran
en el escalafón aparte de los demás, asunto que se prestaba a todo tipo
de comentarios, y no especialmente favorables, por cierto. Preferimos que
siga siendo una categoría, y cuando se deja de ejercer en el Tribunal
Supremo, no es que se pierda la categoría, porque quizá no se podía
hablar en esos términos en algunos casos, sino que se incluye en la
categoría de magistrado. A lo mejor alguien no ha sido magistrado, como
es sabido. Por tanto, una simple pérdida le dejaría fuera del Poder
Judicial, lo cual no respetaría la Constitución.
Por otra parte, nos ha preocupado un máximo respeto a las competencias
del Consejo General del Poder Judicial, precisamente, y por eso hemos
rechazado enmiendas que pretendían que la inspección en el Tribunal
Supremo se llevara desde el Tribunal Supremo, al margen del Consejo
General del Poder Judicial. No las hemos aceptado y hemos querido evitar
toda confusión entre el ámbito, enormemente relevante, sin duda, del
Tribunal Supremo y el de determinados altos órganos constitucionales
como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. En ese sentido, ha habido
una ardua búsqueda de consenso que se plasmó en Comisión en una fórmula
sibilina que iba a producir, sin duda, grandes problemas de
interpretación. Tenemos aquí una transaccional que proponemos a todos los
grupos, por la cual se añadiría un artículo 404 bis en la Ley Orgánica
del Poder Judicial que diría: De conformidad con el principio de
supremacía jurisdiccional que se recoge en el artículo 123 de la
Constitución, y de acuerdo con el carácter de magistratura de ejercicio
contemplado en la presente ley, las remuneraciones de los magistrados del
Tribunal Supremo se establecerán en cuantía similar a las de los
titulares de otros altos órganos constitucionales. Y una disposición
transitoria que señala: En los Presupuestos Generales del Estado para
1998 se consignarán los créditos precisos para incrementar la retribución
de los magistrados del Tribunal Supremo, haciendo efectivo lo dispuesto
en el nuevo artículo 404 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Con esto damos paso a una mención expresa de la magistratura de
ejercicio, que era una de las peticiones de primer orden de estos
profesionales; en segundo lugar, se disipan las ambigüedades a las que me
he referido, y, en tercer lugar, se recoge expresamente un compromiso
presupuestario para la próxima ley. Entendemos que es una fórmula mejor
que la que ha quedado en el dictamen de la Comisión.
Aprovecho también para señalar que la única enmienda que mantiene mi
grupo en este trámite la voy a retirar, no porque no esté convencido de
su conveniencia, sino porque algunos grupos nos sugieren que sería mejor
debatirla con más tranquilidad en el Senado. Se trata de la enmienda
número 86, que pretende eliminar el tope de 72 años para las suplencias
en los órganos judiciales, incluido, como es lógico, el Tribunal Supremo.
Se ha señalado aquí, con acierto, que esta situación de las suplencias no
es nada envidiable y que tiene aspectos claramente negativos. Ahora, en
la medida en que es inevitable, y ojalá lo sea por muy escaso tiempo, y
eso sin duda va a depender del Gobierno y del grupo que le apoya, parece
razonable recurrir antes a un magistrado del Tribunal Supremo de 73 años
que a un licenciado en Derecho de 71. Así piensa nuestro grupo y seguirá
defendiéndolo en el Senado, donde también sería bueno ocuparse de otros
aspectos que han quedado en el proyecto un poco asimétricos. Por ejemplo,
se ha aprobado con el voto en contra de nuestro grupo una enmienda que le
quita retroactividad a este proyecto, pero se conserva una retroactividad
muy estricta, de un año, prácticamente, como campo de juego, para los
magistrados del Supremo que están, por ejemplo, en la Audiencia Nacional
en este momento, que tendrían que volver en un año, antes, a lo mejor, de
consumar el mandato de su cargo. Quizá eso valdría la pena revisarlo
también en el Senado.
Termino. El artículo sexto, nuevo también, ha aprobado, además por doble
vía, la extensión a los secretarios judiciales del sistema de promoción
previsto para jueces y magistrados. Se ha aprobado una doble enmienda y
eso ha planteado algunos problemas técnicos, por lo cual nuestro grupo,
haciéndose eco de las observaciones de los servicios de la Cámara,
sugiere tres correcciones meramente técnicas, si todos los grupos
entienden que tienen ese carácter.
En primer lugar, que para solucionar esta doble votación sobre este
aspecto, el contenido de los apartados dos y tres del artículo sexto
nuevo del dictamen de la Comisión quede suprimido, siendo sustituido por
el contenido de los apartados uno y dos del artículo séptimo nuevo, con
lo cual se soluciona esta duplicidad perturbadora.
En segundo lugar, que en la disposición transitoria tercera nueva, donde
dice: «el artículo 348 bis de esta ley», debe decir: el artículo 348 bis
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que esta ley pretende
complementar, para evitar toda confusión técnica.
En tercer lugar, sustituir los números por letras minúsculas dentro de
los dos apartados existentes en el artículo quinto nuevo, apartado
cuatro, para evitar que de manera duplicada recurramos a guarismos.
Por último, eliminar el párrafo noveno que se ha introducido en la
exposición de motivos mediante una enmienda, porque se corresponde
precisamente a la enmienda que acabo de retirar. Por tanto, se está
anunciando algo que en el texto no va a figurar.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Ollero.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de las enmiendas que han
quedado mantenidas? (Pausa.)
¿Fijación de posición por parte de algún grupo? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
El grupo parlamentario al que represento llega a este trámite sin
enmiendas vivas, por lo que trataré de ser extraordinariamente sintética
al exponer su postura respecto de este proyecto de ley que examinamos.
El primero de los apartados a que se refiere, el tratamiento procesal de
la nulidad de actuaciones, ha merecido críticas por parte de la
representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en
el sentido de que fomentaba la inseguridad jurídica. Puesto que la
redacción definitivamente aprobada es en gran medida fruto de las
enmiendas presentadas por el Grupo Vasco, quiero defender el texto que
resulta aludiendo a que con la regulación que se propone se intenta
evitar el que lleguen al Tribunal Constitucional --y así lo ha
manifestado el señor Castellano-- un número tan extraordinario de
amparos, ya que el 95 por ciento de su ocupación lo son de amparo y de
entre ellos un altísimo porcentaje lo son por defecto en los actos
procesales de comunicación. Parece que si estos defectos pudieran
evitarse en un trámite anterior, sería un bien a la seguridad jurídica, a
la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Creemos que el
procedimiento que se ha establecido y los topes temporales en cuanto a
las posibilidades de ejercicio abundan para conseguir el fin que se
propone y que efectivamente el texto ha quedado equilibrado en cuanto a
la pretensión de conseguir la seguridad jurídica y la tutela judicial
efectiva a la que he aludido. Es obvio que en el texto se han incluido
algunos conceptos que se han calificado como jurídicos indeterminados
(que pueden permitir una amplísima interpretación, como por ejemplo en el
sentido de incongruencia) con la precisa interpretación jurisdiccional
que de este término ha hecho el Tribunal Constitucional.
El segundo apartado del proyecto se refería a la regulación del estatuto
de jueces y magistrados en lo que se refiere al desempeño por éstos de
cargos públicos ajenos a la Administración de justicia. En el bloque
referido a la concesión de situaciones de servicios especiales se ha
conseguido un amplio consenso en lo que hace referencia a desempeñar
puestos en órganos de relevancia constitucional o comisionados de los
órganos legislativos ampliándolo, conforme a la redacción actual, tanto a
los órganos estatales como a los autonómicos.
Más discusión ha habido en cuanto a la situación de excedencia forzosa
que se predica en el texto definitivamente aprobado respecto de quienes
desempeñan cargos públicos ajenos a la Administración de justicia. La
postura inicial que sosteníamos como grupo de entender que la redacción
que se proponía suponía un excesivo desapoderamiento en los derechos de
unos ciudadanos funcionarios, que podían vulnerar el 23.2, ha
evolucionado durante la tramitación del texto. Nos hemos acercado a la
postura del texto propuesto, entendiendo que la realidad social ampara un
tratamiento distinto de un colectivo de funcionarios, justificado por la
especial función que ejercitan de detentar el Poder Judicial. Por ello
nos parece que la situación de excedencia forzosa es adecuada a esta
finalidad constitucional y jurídicamente amparable.
En cuanto a las enmiendas relativas al estatuto de los magistrados del
Tribunal Supremo, nos sumamos ya en Comisión al consenso obtenido
respecto de fortalecer la idea de magistratura de ejercicio, y en
idéntico sentido nos sumamos ahora a la redacción que se le da al
artículo 404 bis y a la disposición transitoria, fruto de una transacción
a propósito de una enmienda del Grupo de Coalición Canaria.
Me resta sólo referirme a la nota efectuada por los servicios técnicos de
la Cámara aconsejando ajustes en el texto, fruto de la aprobación de
distintas enmiendas. Quiero decir que comparto íntegramente el sentir
manifestado por el portavoz del Grupo Popular, y en tal sentido
emitiremos nuestro voto.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Si atendemos al contenido del debate de totalidad de esta ley, celebrado
el 14 de noviembre del año pasado, el Grupo Parlamentario Catalán no
puede sino expresar su satisfacción, en la medida en que el texto actual
recoge sustancialmente la posición política que, bien sea por acción, a
través de la presentación de diversas enmiendas, o por omisión,
precisamente mediante la ausencia de las mismas, planteó el Grupo
Parlamentario Catalán. En cualquier caso, el texto tiene tres partes
claramente diferenciadas, a las que ya se ha hecho referencia: por un
lado, la regulación del expediente de nulidad de actuaciones; en segundo
lugar, la situación de los jueces y magistrados; y finalmente, el
estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo. Muy brevemente me
referiré a estas tres partes.
Respecto del expediente de nulidad de actuaciones, cierto es que el texto
ha sido mejorado gracias a la colaboración de los diversos grupos, y que
se encuentra en un punto que entendemos perfectamente equilibrado entre
los principios de seguridad jurídica, de respeto a la cosa juzgada y de
invariabilidad de las sentencias, y el principio del derecho a la tutela
judicial efectiva, el derecho asimismo a un proceso sin dilaciones
indebidas y al carácter subsidiario del recurso de amparo. Cabe citar
perfectamente, como mejoras en favor de una mayor seguridad jurídica, el
establecimiento del límite de cinco años desde la notificación de la
sentencia para acudir a este incidente, la celeridad que supone la
eliminación del trámite de vista, que sí venía contemplado en el proyecto
de ley, y finalmente, la supresión de esa suspensión de carácter cuasi
automático que venía regulada en el proyecto, sustituyéndolo por ese otro
concepto, ese otro criterio que hemos acogido de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, de establecer únicamente la suspensión que
debe acordarse expresamente, cuando de otro modo se haría perder al
incidente su finalidad. No dudamos que la apertura del incidente, no ya
aquellos defectos formales que pueden originar indefensión, sino los
supuestos de incongruencia, podría suponer abrir de alguna manera una
caja de Pandora. Esperemos que seamos capaces de utilizar este incidente
correctamente y, en cualquier caso, lo que sí supondrá es que, en
numerosos procesos que, por defectos derivados de una incongruencia
omisiva, están en estos momentos acabando en el Tribunal Constitucional,
podrán resolverse antes.
Respecto de la situación de los jueces y magistrados, cabe decir que la
regulación responde a un claro criterio de oportunidad, que ni siquiera
ha sido desconocido por el Consejo General del Poder Judicial. Este
Consejo en su informe habla de la necesidad de posibilitar una mayor
libertad de actuación durante el desempeño de las nuevas
responsabilidades políticas, cabe entender, a los jueces y magistrados,
asegurarles en su vuelta al ejercicio de la jurisdicción unas mayores
garantías de imparcialidad, evitar el riesgo de que su actuación o sus
manifestaciones públicas puedan condicionar su ulterior actividad
jurisdiccional, e incluso atender al hecho de que la actuación
jurisdiccional previa pueda haber sido precisamente motivo de que sean
llamados al desempeño de esas funciones representativas.
En cualquier caso, mi grupo entiende que la apariencia es un elemento
fundamental, que existe también en este caso un importante requisito o
clamor, incluso popular, y que hay que atender a lo que ya señala también
el propio Consejo, de que las apariencias pueden revestir importancia,
porque no sólo debe hacerse justicia, sino que debe parecer que así se
hace, efectivamente.
Mi grupo no manifiesta una adhesión inquebrantable a las soluciones
ofrecidas por el proyecto de ley, pero en cualquier caso las soluciones
que se nos ofrecen a través de otras enmiendas, e incluso por el propio
Consejo, no nos parecen, por así decirlo, mejores. Convertir al Consejo
General del Poder Judicial en un órgano designado por el Parlamento y que
podría, a través de designaciones específicas, poner en duda el principio
del derecho al juez natural, no consideramos que sea una solución
precisamente idónea. Por otra parte, se ha establecido una extensión de
estas situaciones a supuestos de cargos en los ámbitos de la
Administración autonómica, lo cual nos parece perfecto, y, tal como ha
manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Ollero,
cabe extender las soluciones de derecho transitorio propuestas por el
Grupo Parlamentario Catalán en este ámbito, situación del Estatuto a la
que también pueden vincularse los magistrados del Tribunal Supremo.
Finalmente, señor Presidente, se felicita mi grupo de la introducción de
este estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo, que atiende a los
principios de supremacía jurisdiccional --obviamente, salvo en materia de
garantías constitucionales-- y de magistratura de ejercicio.
Entiende asimismo mi grupo que el acto que se efectúa hoy, inicialmente
en esta Cámara y que deberá ser objeto obviamente de aprobación
definitiva en un momento posterior, no deja de ser sino la reparación de
un agravio histórico. Este Diputado, que no tiene edad suficiente...
(Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Un momento,
señor Silva.
Por favor, señorías, vayan ocupando en silencio sus escaños. (Pausa.)
Prosiga, señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Estaba comentando, señor Presidente, que el acto de hoy no deja de ser la
reparación de un agravio histórico que la literatura política nos
manifiesta que se cometió en su día con el Tribunal Supremo. Aquellos
acontecimientos de la primavera de 1977, en relación a la legalización
del Partido Comunista de España, nos dice esta literatura política,
reitero, tuvo posteriormente como consecuencia una cierta marginación del
Tribunal Supremo en la ordenación de nuestras instituciones
jurisdiccionales. Por tanto, aquella expulsión del paraíso, aquel pecado
original estoy convencido de que se ve superado por el acto de redención
que, como un bautismo, realiza hoy esta Cámara.
En cualquier caso, como ya he comentado, en el Senado tendremos tiempo
para... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López):
Señorías, por favor. (Pausa.) Prosiga y finalice, señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como decía --y con esto concluyo, no teman--, en el Senado
tendremos oportunidad de resolver las situaciones transitorias de
aquellos magistrados del Tribunal Supremo que están en estos momentos en
la Audiencia Nacional o en situaciones de excedencia; podríamos ir a una
transitoriedad de cinco años, o incluso también, y sólo desde el punto de
vista transitorio, establecer una solución respecto de los magistrados
suplentes.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Silva.
Señorías, el señor Ollero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, ha
presentado una enmienda transaccional y tres correcciones técnicas.
Entiende la Presidencia que nadie se opone a la tramitación de esta
transaccional y que todos los grupos entienden como
correcciones técnicas las que ha aportado el señor Ollero. ¿De acuerdo?
(Asentimiento.) Vamos a proceder a la votación de las enmiendas y del
dictamen. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones relativas al dictamen de la Comisión
sobre el proyecto ley de reforma de la Orgánica del Poder Judicial.
Votamos las enmiendas, comenzando con las de Coalición Canaria.
Enmienda número 19, de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 131; en contra, 166; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 28, de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 130; en contra, 164; abstenciones, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, cuatro; en contra, 289; abstenciones, 26.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas de
Coalición Canaria.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
Enmienda número 33.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 22; en contra, 172; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre la enmienda número 34.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 21; en contra, 171; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 22; en contra, 297.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones respecto de las enmiendas del Grupo Socialista.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 52,53 y 54.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 132; en contra, 166; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación sobre la enmienda número 66, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 150; en contra, 168; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 129; en contra, 170; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo
Socialista.
Votación de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 298; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votaciones relativas al dictamen.
En primer lugar, votamos los artículos 1 y 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 170; en contra, 22; abstenciones 128.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación sobre el artículo 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 168; en contra, 151; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de los restantes artículos del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 296; en contra, tres; abstenciones 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación sobre la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 193; en contra, 28; abstenciones, 99.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación final y de conjunto sobre el carácter orgánico de la ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 169; en contra, 15; abstenciones, 139.
El señor PRESIDENTE: Al no haber alcanzado en la votación de conjunto la
mayoría absoluta de los votos de la Cámara, no tiene tal carácter y la
previsión reglamentaria es la vuelta del proyecto a la Comisión.
(Rumores.) Señorías, el precepto al que aludía al referirme a la
previsión reglamentaria es el artículo 131.2, que aclara que si, por el
contrario, la ley de este carácter --de naturaleza orgánica-- no
consiguiese el apoyo de la mayoría absoluta, será devuelto a la Comisión,
que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes.
Punto IX del orden del día. Debate de totalidad de convenios
internacionales.
Al no haberse presentado enmiendas de totalidad, se da por decaído del
orden del día del Pleno.
Como no existen enmiendas de totalidad a los proyectos de ley que figuran
como punto X del orden del día, tampoco se produce tal debate.
SOLICITUDES DE CREACION DE COMISIONES DE INVESTIGACION:
--COMISION DE INVESTIGACION PARA DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES
POLITICAS DE MIEMBROS Y ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO, ASI COMO DE LOS
RESPONSABLES Y ALTOS MANDOS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE LA SEGURIDAD DEL
ESTADO QUE SE DERIVEN DE LA CREACION, FINANCIACION CON POSIBLE
UTILIZACION INDEBIDA DE FONDOS RESERVADOS, ACTUACIONES Y RESPALDO DE LOS
CONOCIDOS COMO GRUPOS ANTITERRORISTAS DE LIBERACION (GAL), FORMULADA POR
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICION CANARIA Y MIXTO (Número de
expediente 156/000001)
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, pasamos al punto XI, solicitudes de
creación de comisiones de investigación.
En primer lugar, solicitud de creación de una comisión de investigación
para determinar las responsabilidades políticas de miembros y altos
cargos del Gobierno, así como de los responsables y altos mandos de las
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado que se deriven de la
creación, financiación con posible utilización indebida de fondos
reservados, actuaciones y respaldo de los conocidos como Grupos
Antiterroristas de Liberación (GAL), formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco
(EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto. (Rumores.)
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el primer grupo
parlamentario firmante, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En su nombre, la señora Aguilar.
(Rumores.)
Silencio, señorías. Les ruego guarden silencio para que pueda comenzar la
exposición de la señora Aguilar y continuar la tramitación del orden del
día en beneficio de todos, dado lo avanzado de la hora. (Pausa.)
Ruego a quienes están abandonando el hemiciclo por los pasillos
centrales, lo hagan en silencio y con la máxima celeridad.
Señorías, a efectos de hacer una previsión que no interfiera en el debate
de las solicitudes de creación de comisiones de investigación, la
Presidencia puede decir que si llegadas las dos y cuarenta y cinco
minutos de la tarde, las tres menos cuarto, no se hubiera concluido ese o
el siguiente punto, continuaríamos la sesión a las cuatro de la tarde. No
puedo anticiparles otra cosa para no interferir en los contenidos y
derechos de los grupos.
Puede comenzar señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero comenzar esta intervención, que realizo en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
planteando algo muy importante en relación con la iniciativa que se
sustancia en estos momentos que es ni más ni menos que la solicitud de
creación de una comisión de investigación para depurar las
responsabilidades políticas a que haya lugar en relación con la trama
GAL, el terrorismo de Estado y la utilización indebida de fondos
reservados. Esta iniciativa nada, absolutamente
nada, tiene que ver con las otras dos iniciativas que se van a sustanciar
en este Pleno con posterioridad. Esta solicitud de creación de una
comisión de investigación sobre el GAL, que suscribimos varios grupos
parlamentarios de esta Cámara, es consecuencia de una necesidad objetiva,
determinar de una vez por todas las responsabilidades políticas que se
derivan del terrorismo de Estado y la utilización indebida de fondos
reservados, es decir, del dinero de las ciudadanas y de los ciudadanos.
Señorías, la sociedad tiene el derecho y nosotros, este Parlamento, el
deber de devolverle esta página negra de la historia de España clara y
transparente tras haberla investigado tal y como el pueblo español exige,
tal y como en un caso tan grave como éste merece. Las otras dos
iniciativas, independientemente de la suerte que corran o de lo que hagan
sus autores con ellas, relativas a la creación de otras comisiones de
investigación, permítanme que con todo el respeto se lo diga, son
producto de una estrategia, la de la tensión, la crispación por la que
han optado los dos partidos, los dos grupos mayoritarios de esta Cámara,
el PSOE y el Partido Popular. Parece que ni uno ni otro se resignan o se
acostumbran a su nuevo papel: el de oposición, unos que antes eran
Gobierno, el de Gobierno, otros que antes eran la oposición.
Por ello queremos separar nuestra iniciativa de las otras dos que se van
a sustanciar, para que no se la contamine políticamente y pueda debatirse
con garantías suficientes para que cada cual, en un momento como éste dé
la cara y se posicione claramente a favor o en contra de investigar el
asesinato, el crimen de Estado, el uso para ello indebido del dinero de
las ciudadanas y de los ciudadanos.
Señorías, hoy esta iniciativa no sólo tiene virtualidad, sino que es una
necesidad, una exigencia para quienes estamos decididos a apostar por que
se apruebe una asignatura pendiente con nuestro sistema democrático y a
saldar la deuda para con el Estado de Derecho, investigando, desvelando y
demandando todas y cada una de las responsabilidades políticas que se
derivan de la práctica del terrorismo de Estado. Hay que decir aquí y
ahora, para que algunos tomen nota, que las responsabilidades políticas
por el caso GAL no las exoneran las elecciones celebradas, que las
elecciones no son una amnistía, no son un borrón y cuenta nueva y que, en
cualquier caso, quienes dan esa interpretación interesada y errónea a las
elecciones deben saber que introduciéndonos en su lógica, ilógica por
otra parte, la mayoría de la sociedad, que es la suma de votos de todas
las fuerzas políticas que en tiempo electoral estaban por clarificar y
llegar al fondo en la trama GAL, exige investigar y depurar
responsabilidades políticas. Pero, es más, quien sostiene algo que no se
tiene en pie, que es que las elecciones en sí mismas fueron un punto y
final, está asumiendo su responsabilidad política, porque a quien se le
otorga perdón es que fue culpable, en este caso responsable.
Señorías, nuestra democracia necesita muchas cosas, una de ellas sin duda
es que se investiguen los GAL, de una vez por todas, y se depuren
responsabilidades políticas. Lo que no necesita nuestra democracia es que
el tema GAL se use, se manosee o se utilice demagógicamente. Se lo digo
con toda claridad, señores del Partido Popular. Desde el Gobierno, más
concretamente su Vicepresidente Primero, también el candidato en 1996,
hoy Presidente de Gobierno, señor Aznar, y desde el propio grupo
parlamentario en esta Cámara, ha habido compromisos públicos de
investigar, de investigar la trama GAL y, a la hora de la verdad, vuelven
a faltar a su palabra. El último compromiso público contraído por el
Vicepresidente Primero del Gobierno fue el 13 de mayo, cuando manifestó
que el Gobierno, que el Partido Popular, estaba dispuesto a apoyar la
creación de una comisión parlamentaria que investigara el caso GAL. Hoy,
una vez más, a pesar de lo que dijo el Vicepresidente Primero, prefieren
desautorizarlo y seguir faltando a la palabra que habían dado en esta
Cámara, lo que nos lleva a pensar que el entonces candidato, hoy
Presidente de Gobierno, utilizó el terrorismo de Estado para hacer
demagogia electoral y ganar votos, y eso no deja de ser una grave
irresponsabilidad. El otro, hoy Vicepresidente Primero, lo usa en sus
disputas personales y partidarias y hasta abusa de ello en su mano a mano
con el señor González para situarle, unas veces, contra las cuerdas, para
recordarle, en otros momentos, el arma política que contra él puede usar
o para acallarle. Es un recordatorio permanente el que ustedes hacen con
los GAL, lo que en definitiva demuestra que el Partido Popular nunca ha
tenido voluntad política ni ha querido investigar la trama GAL, porque
han tenido varias oportunidades y, en ninguno de los casos, ustedes se
han comprometido con la investigación y con la depuración de
responsabilidades políticas. Hoy, tienen una nueva oportunidad y la van a
volver a malograr, aunque les sitúe en la incoherencia y en la falta de
palabra que han venido dando a lo largo de los tiempos.
Les rogaría, señores del Partido Popular, que no digan más que quieren
investigar los GAL porque luego, a la hora de la verdad, ustedes no hacen
lo que dicen. Convendrán conmigo que, cuando menos, es reprochable y
reprobable que, desde el Gobierno y desde su grupo parlamentario, ustedes
traten un tema tan extraordinariamente grave e importante con tanta
ligereza y con tanta incoherencia. A partir de ahora --lo lamento, pero
se lo tengo que decir--, se lo ponen fácil al Grupo Parlamentario
Socialista, porque el Partido Popular, si no vota la creación de esta
comisión de investigación, se convierte en cómplice y aliado del PSOE al
negar la investigación por acción o por omisión. Un PSOE que, por cierto,
dista mucho, muchísimo, de parecerse a sus colegas franceses, que no sólo
han hecho una renovación total en el seno de su partido sino que han
pedido perdón públicamente, en todos
y cada uno de sus actos públicos, por los escándalos y la corrupción,
mientras que el Grupo Parlamentario Socialista, aquí en España, una vez
más, ante esta oportunidad, se embosca, se enroca frente a la posibilidad
de investigar. Esto hace pensar políticamente que ustedes, señores del
PSOE, prefieren pagar el coste político de oponerse a la investigación
que el que comportaría los resultados de la investigación caso de
llevarse a cabo.
Hay que decirlo así de claro y hay que decir también que, a partir de
hoy, ustedes, señores del PSOE, y ustedes, señores del PP, cohabitan
contra el esclarecimeinto de la trama GAL. No quieren investigar; unos,
faltando a su palabra dada y, otros, porque son incapaces de aceptar que
asumir una investigación es simplemente iniciar la posibilidad de llegar
hasta el final, y es una investigación que les compromete, les afecta y
les compete.
Quiero concluir, señor Presidente, diciendo que algunos podrían alegar
que este no es el momento para la creación de esta comisión de
investigación. Yo les digo que el tiempo y el momento van ligados a la
voluntad política, que es justo lo que hace falta para que el tiempo y el
momento se puedan dar, y que alegar ahora que no es tiempo y momento
simplemente es buscar una excusa porque no se tiene razón, es buscar la
excusa de los que no quieren investigar. Parece que nunca es momento para
poder investigar, para poder determinar en el Parlamento las
responsabilidades políticas en relación a la trama GAL, y es que, si no
se conjuga tiempo con voluntad, es imposible hacer posible el momento
idóneo para investigar.
Y hay algo más, señorías.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.
La señora AGUILAR RIVERO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Después de todo lo que se ha actuado sobre el GAL desde el Poder
Judicial, que ha dado lugar a que toda la cúpula de Interior esté
procesada, sentada en el banquillo, incluido quien entonces era su máximo
mandatario, el Ministro del Interior, Poder Judicial que, por cierto, en
un Estado social democrático y de Derecho como el nuestro debe tener
independencia y no debe ser descalificado, erosionado o presionado, sino
que hay que dejarlo trabajar para que de verdad pueda investigar, pueda
llegar hasta el final en lo que respecta a las responsabilidades penales
y civiles, después de la actuación del Poder Judicial, es ahora necesario
que se actúe desde otro poder, desde el Poder Legislativo. La democracia
merece que una institución como el Parlamento contribuya a que, con la
cabeza alta, con limpieza, podamos dejar de hablar del GAL, no porque se
haya enterrado, sino porque se haya investigado, y porque además debemos
hablar de las decisiones políticas que hay detrás de la trama GAL, que no
las juzgan los tribunales de justicia. La razón de Estado, señorías, en
algunos momentos alegada, lo que aconseja justamente y a lo que obliga es
a no pasar una página de la historia de este país llena de interrogantes,
de oscuridad, de tachaduras y de sangre, una página que ni se puede pasar
ni puede tener un punto y final.
Concluyo diciendo que investigar el GAL, llegar hasta el final y depurar
las responsabilidades políticas es un compromiso también de combatir a
ETA, que investigar el GAL es construir la paz en el País Vasco, que
investigar el GAL es también una apuesta para construir futuro en el País
Vasco y en el resto del Estado.
Izquierda Unida ha sido una fuerza política que ha mantenido una posición
firme y coherente desde siempre; Izquierda Unida --lo puedo asegurar,
señorías--, más que nadie, quiere dejar de hablar del GAL, no a costa de
callar, de dejar sombras, de dejar de aclarar, sino porque de verdad se
hayan depurado, de una vez por todas, absolutamente todas las
responsabilidades políticas, porque hayan ganado, porque hayan triunfado
el Estado de Derecho y el sistema democrático, porque hayan ganado las
ciudadanas y los ciudadanos y porque hayamos garantizado que hechos de
este tipo no se volverán a repetir en la historia de este nuestro país.
Eso, justamente eso, es lo que estamos pidiendo. Por eso consideramos que
hay que hacerlo caiga quien caiga. Si no, simplemente, desde esta tribuna
y con todo el respeto les voy a dejar una advertencia en nombre de
nuestro grupo parlamentario: si no se investiga, si no se depuran
responsabilidades políticas, señores del PSOE, señores del Partido
Popular, no conseguirán callarnos. Hoy --hay que decirlo así-- no muere
definitivamente nada; pueden ustedes con sus votos matar momentáneamente
esta iniciativa, pero desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
seguiremos trabajando por que un día la verdad resplandezca en todo lo
relativo a la trama GAL y se depuren las responsabilidades políticas por
el bien de nuestra democracia y por el bien del conjunto de la sociedad.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señora Aguilar.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, atenderé a su observación
y trataré de ser breve pero contundente porque, un año después de haber
sido presentada esta petición de comisión, en la discusión de esta
iniciativa suscrita por cuatro grupos parlamentarios se nos hacen
fundamentalmente dos críticas de fondo. La primera, la responsabilidad
política de un gobierno ya ha sido dirimida por las urnas y no es
aceptable que se investigue algo que está sub iudice. Indudablemente esto
pudo haberse investigado en la anterior legislatura si hubiera habido
voluntad al
respecto. No se puede hablar de cuestiones del pasado cuando esas
cuestiones no se dejaron investigar. En relación con el solapamiento que
se produce entre el Poder Judicial y una investigación política, hemos de
recordar que algunas de las comparecencias que se utilizaron en la
comisión Roldán son declaraciones que el instructor del caso Roldán ha
admitido. Si no se está de acuerdo con este argumento, cámbiese el actual
Reglamento del Congreso de los Diputados y tásese para que esto en el
futuro sea así, que no lo es ahora y por eso lo sacamos a colación,
porque además nadie nos impide hacerlo.
Pero antes de nada, y dada su plena actualidad, no entendemos que este
sea un asunto del pasado. Nosotros creemos que es precisamente lo
contrario. Aunque parezca paradójico, es un asunto del futuro, porque
mirar al futuro es luchar por el perfeccionamiento de la democracia, lo
que implica corregir los desafueros y abusos cometidos. Un sistema
político serio y solvente no puede mirar al futuro sin limpiar a fondo un
pasado que pesará siempre como una losa. Por eso mirar hacia adelante
requeriría dos cosas: dar la máxima facilidad a los jueces y establecer
un marco político para que aquella terrible quiebra del Estado de Derecho
que fue el GAL no pueda volver a repetirse.
Sinceramente, señor Presidente, no entendemos que algunos defiendan
echar tierra sobre este asunto con tanta vehemencia y gestos tan
destemplados que parecen una confesión de culpa o diciendo que esto
también ocurre en otros lugares. No estamos de acuerdo con el viva la
muerte. A nuestro grupo no le mueve ningún interés de venganza política
ni de lapidación de nadie. A nosotros nos mueve fundamentalmente el hecho
de que a ETA hay que combatirla con la ley en la mano, con el respeto
escrupuloso a los derechos humanos y con la idea clara de que ningún fin
puede justificar ningún medio ilícito. Producido esto, no puede haber
justicia selectiva en un Estado de Derecho y mucho menos impunidad. De
ahí que creamos de interés analizar por qué fallaron todos los controles,
cuál fue la motivación, con qué apoyos se contaba, qué presiones hubo,
por qué se hizo un análisis tan superficial y asesino de la situación,
por qué el Cesid ofreció toda su red y cobertura para delinquir, por qué
no se encendieron todas las luces rojas del sistema, por qué la oposición
parlamentaria no pudo llevar a cabo un buen control de esas cuestiones.No
se concibe que cuando se estaba quebrando la legalidad se dijese que
también el Estado se defendía en las cañerías y la oposición se viera
maniatada y no pudiera hacer prácticamente nada porque no tenía forma
humana de acceder a ninguna información.
Señor Presidente, la democracia, además de la justicia, es también un
ejecutivo que gobierna y una oposición que controla y, sin embargo, ni en
fondos reservados ni en reconocimiento absolutamente de nada, ni tan
siquiera aceptar la duda sobre espaciadas irregularidades y asesinatos,
nada, absolutamente nada se pudo hacer desde este Congreso de los
Diputados. Se nos pide ahora que en esta situación una cámara
parlamentaria tiene que seguir muda, tiene que aceptar que esto sólo ha
de dirimirse judicialmente, sin que la representación política tenga
derecho a decir ni una sola palabra cuando se trata de 28 vidas humanas.
Y no se me diga que es ETA la que sigue atentando, porque nadie pone en
cuestión esto ni nadie pone en cuestión que se persiga a los asesinos ni
que se les encarcele. Y recuerdo que las cárceles están llenas de
culpables.
¿Qué imagen de Estado de Derecho estamos dando cuando diez años después
de finalizado el GAL seguimos hablando de esto pero se está pidiendo que
miremos a otro sitio? Los GAL, señor Presidente, dicen algunos que como
organización terrorista armada ha dejado de existir --es verdad-- y, sin
embargo, ETA sigue matando o atentando --anteayer, en Granada, sin ir más
lejos, trató de hacerlo--, además de mantener secuestradas y torturadas a
dos personas, y en la medida en que sigamos hurgando hacia atrás
--argumentan-- estaremos dando alas y más razones morales a ETA y a su
existencia. Deplorable argumento si con el mismo se pretende que la
investigación judicial termine su ruta a satisfacción de ciertas partes
interesadas en los sumarios que se tramitan. ¿Por qué nos escandalizamos
ante los crímenes de Videla, de Pinochet, de Bosnia, de Zaire, y no
cuando el horror llega a nuestra casa? ¿Debemos mostrarnos en esta Cámara
como auténticos avestruces políticos? ¿De qué sirve hablar del pacto de
Ajuria Enea y lo que esto significa si somos tan selectivos a la hora de
analizar lo que es delito o no?
En una de las notas-despacho del Cesid y bajo el epígrafe asunto sur de
Francia se decía: De fuentes totalmente seguras se sabe que está previsto
realizar acciones en el sur de Francia en fechas inmediatas; estas
acciones se llevarían a cabo por miembros de la Guardia Civil que
actuarían respaldados por la comandancia de San Sebastián; estas acciones
se harían en paralelo con otras llevadas a cabo por individuos
contratados en Francia; la selección de objetivos es inmediata.
Absolutamente terrible. Y no sacamos a colación ni otras notas ni otras
informaciones sobre aquellos crímenes. ¿Es que alguien con una mínima
sensibilidad democrática, que busque que esas cosas no queden impunes y
que cree que la ejemplaridad para el servidor del Estado en su castigo ha
de ser tan llamativa que disuada a quienes estén tentados en caer en este
tipo de atajos y que sepan que todo el peso de la ley les va a caer
encima, puede dejar de oponerse a que no se pase página? Sinceramente,
como grupo parlamentario, creemos que no.
Y termino, señor Presidente. Que actúen los jueces y que la política, sin
juzgar a las personas, establezca los criterios para que aquella quiebra,
aquel horror no vuelva a producirse. Deseo pensar que todos los que
estamos aquí compartimos la convicción de que el esclarecimiento total
del GAL y la determinación de las correspondientes responsabilidades
penadas por la justicia son actuaciones absolutamente necesarias para
restablecer la confianza de los ciudadanos en el correcto funcionamiento
del Estado de Derecho, y así enviar mensajes a la sociedad, que nos
permita seguir avanzando en el proceso de pacificación.
A nuestro grupo parlamentario le gustaría que toda la Cámara votara a
favor de la creación de esta comisión de investigación. Si esto no fuera
así, lo lamentaríamos y anunciamos que volveremos a presentar la
iniciativa creo, en principio, que con Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE:
Gracias, señor Anasagasti.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señoras y señores diputados, intervengo
en nombre y representación del Grupo Parlamentario Mixto y, en este
sentido, de todas y cada una de las formaciones políticas que lo
componen: Bloque Nacionalista Galego, Uniò Valenciana, Partido per la
Independencia y Eusko Alkartasuna. Intervengo para defender, como han
hecho otros compañeros cofirmantes de esta solicitud, la creación de una
comisión de investigación en relación a la sórdida trama GAL. Quiero
señalar --ya se ha dicho aquí también--, como cuestión previa, que desde
Eusko Alkartasuna jamás hemos condicionado ni relacionado ni subordinado
esta comisión a nada ni a nadie. Señalo: a nada ni a nadie. En este
sentido queremos dejar claro que todas las iniciativas son perfectamente
legítimas, cualquier solicitud de comisión de investigación. A nuestro
entender, nada está relacionado y la naturaleza de la que aquí hoy
presentamos es suficientemente importante como para mantenerla sin que
tenga que aludirse ni a oportunismo ni a momentos ni a nada.
Eusko Alkartasuna, desde hace muchísimos años, nuestros representantes en
estas Cortes y fuera de este recinto parlamentario han venido manteniendo
la necesidad de esclarecer esta trama GAL. Y lo han hecho en momentos en
los que desde luego no era fácil, en momentos en los que se oponían
muchos partidos políticos e incluso algún fiscal general del Estado,
habiendo sido denunciados, en algunas ocasiones, nuestros representantes
en Cortes Generales por este tema. Hemos sido pioneros con otros,
ciertamente, pero pioneros, y seguiremos solicitando esta comisión de
investigación.
Algunos se preguntan que por qué esta comisión de investigación y aluden
a una serie de argumentos que su propia actuación política les llevaría a
retirarlos de forma inmediata. Se dice que las elecciones depuran todo
tipo de responsabilidades políticas. Es una solución bien fácil, una
especie de amnistía encubierta. Ya me gustaría saber por qué votaron
todos ustedes la creación de una comisión de investigación sobre
prescripciones de expedientes tributarios. ¿O es que acaso no hablábamos
de responsabilidades políticas del anterior ejecutivo? ¿O es que tiene
más importancia? Porque eso sí que me sorprendería. Se dice que está sub
iudice. Qué fácil sería presentar una querella cada vez que nos queremos
liquidar una comisión de investigación. Y vuelvo al ejemplo: ¿o es que no
hay un procedimiento judicial sobre los famosos 200.000 millones?
Señoras y señores diputados, creo que en esta Cámara todos debiéramos ser
sinceros y plantear cuáles son los verdaderos argumentos para que
realmente no se quiera investigar. ¿Cuáles son? Yo creo que la ciudadanía
debe al menos pedir a sus representantes la sinceridad y la honestidad
políticas para hacerlo. Nos preguntamos por qué este tema habitualmente
es utilizado en los medios de comunicación --y en este caso he de señalar
al Partido Popular--, pero eso sí, siempre como arma arrojadiza. Si
realmente hay interés en esclarecer este tema ahora es el momento.
Nosotros no hemos utilizado este tema como arma arrojadiza porque hemos
mantenido siempre lo mismo, desde hace muchos años. Hemos observado que
ha habido determinados cambios de actuación. El Partido Popular, antes de
llegar al poder, estaba dispuesto a apoyar esta comisión de
investigación. Una vez llegado al poder parece que no es así. Me pregunto
por qué. ¿Qué razón existe, no confesable, para que ahora en un tema en
el que subyacen crímenes, atentados y horrendas actuaciones que afectan a
la integridad física, una vez llegado al poder, no se proceda a crear
esta comisión? Buena pregunta. Lo mismo ocurre con el famoso tema, como
ya hemos visto, de los papeles del Cesid que obvio decir, gracias a Dios,
tuvieron que ser subsanadas.
Este no es un tema del pasado, por mucho que algunos quieran señalarlo.
No puede ser jamás un tema del pasado el no esclarecimiento o el dejar en
la zona oscura la depuración de responsabilidades políticas. Yo no sé en
qué sociedad entienden ustedes que es normal...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Sí, señor Presidente.
Desde luego, en la que nosotros propugnamos esto jamás debe ser normal.
Este tema, como se ha señalado anteriormente, ha tenido una gran
trascendencia en la violación de derechos humanos y en las connotaciones
y circunstancias políticas. Así, se ha señalado en concreto en el pacto
de Ajuria Enea, el 11 de enero de 1996, pacto al que todos ustedes aluden
tan reiteradamente pero al parecer sólo para apoyar aquello que les
interesa, se ha aludido en múltiples ocasiones a que
este tema tenía que quedar absolutamente depurado. Se dice que es un tema
del pasado. ¡Qué fácil es el pasado cuando se tiene la llave para no
permitir la investigación! Y en este sentido me dirijo al Partido
Socialista: si realmente no hay nada, apoyen la comisión de
investigación; si realmente ustedes quieren quedar absolutamente libres
de cualquier sospecha, háganlo; ya lo hicieron en la comisión de
investigación anteriormente citada.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, su tiempo ha concluido.
Termine, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Sin más, supongo que no prosperará, pero
también les aseguro que con la aquiescencia y con la colaboración de
todos aquellos grupos interesados en esclarecer este tema seguiremos
adelante. La verdad suele ser a veces difícil de conseguir pero al final
termina saliendo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Grupos que desean consumir un turno en contra. (Pausa.) Por el Grupo
Socialista tiene la palabra el señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, señorías, la comisión de
investigación que se solicita llegó a crearse, llegó a crearse al final
de la legislatura pasada en el Senado, y se disolvió a petición del grupo
parlamentario solicitante, que por cierto había conseguido crearla
enseñando las papeletas de una votación secreta. Aquella experiencia
debería haber vacunado a todos los grupos, no sólo a algunos, para volver
a repetirla. Las razones por las que mi grupo se opuso en la legislatura
pasada siguen siendo plenamente válidas, especialmente la de no
interferir con los procedimientos judiciales en marcha. Pero hay otras
nuevas.
La primera deriva de la exposición de motivos de la propia solicitud.
Leo: El inicio de la legislatura ha generado, por una parte, un clima de
sosiego político oportuno para el cumplimiento de los objetivos de la
comisión solicitada y, por otra, soslaya y obvia la utilización
partidista de la investigación. ¿De verdad creen que hay sosiego hoy para
esta investigación? ¿De verdad creen que obvia la utilización partidista
de esa comisión? ¿No la ha habido ya en las intervenciones que hemos
escuchado? Si el sosiego y la renuncia a la utilización partidista son
condiciones para crear esta comisión lo que deberían hacer es retirarla
por coherencia; retirarla, no aplazarla para cuando convenga. ¿O se trata
sólo de una iniciativa para reactivar de cuando en cuando, de manera
irresponsable, sin llegar nunca a votarla? ¿Se quiere tener siempre
pendiente una posible creación de la comisión de investigación sobre los
GAL como amenaza y chantaje a la oposición? Pues se equivocan con
nosotros; unos y otros se equivocan. Nada ni nadie impedirá que
presentemos las iniciativas que estimemos oportunas cuando estimemos
oportuno; nada ni nadie, ni la advertencia de la portavoz de Izquierda
Unida. Se nos ha acusado incluso de ser los culpables de que este debate
se celebre. ¿Es que los culpables de este debate no son los firmantes?
¿Es que no son los firmantes y aquellos que votaron la semana pasada en
la Junta de Portavoces --y lo hizo el PP-- que este punto entrara en el
orden del día?
No voy a confrontar algunas de las cosas que se han dicho por los
intervinientes. Podría hacerlo, señor Anasagasti. Al PNV, que ha
defendido esta iniciativa yo creo con un lenguaje más propio de cara a un
electorado que de cara a creer en las posibilidades reales de esta
comisión, le podría recordar frases como aquella de «estos chicos»,
«estos patriotas equivocados», según Arzalluz, que son los asesinos de
ETA, sin los cuales nada de lo que estamos hablando aquí habría sucedido;
nada de lo que estamos hablando aquí habría sucedido. Los socialistas
preferimos ver en los nacionalistas vascos la otra cara, la cara de los
responsables de un gobierno que lucha contra el terrorismo junto con
nosotros; esa es la cara que preferimos ver. Y vamos al fondo de la
cuestión.
La creación de esta comisión de investigación en el Senado demostró la
imposibilidad de investigar en el Parlamento simultáneamente sobre hechos
que estaban sometidos a procedimientos judiciales sin interferir la
acción de la justicia. Véanlo si no, y tengo que recordarlo. El 10 de
noviembre, según fuentes próximas al juez Móner, el Tribunal Supremo veía
con preocupación y contrariedad que se llamara a comparecer a aforados
que figuran en el sumario que instruye dicho juez. El 16 de noviembre, el
señor Perote publicó un comunicado en el que enmarcaba su anunciada
comparecencia ante la Comisión en una estrategia urdida por los
inculpados, pero que contó --como hemos ido sabiendo más tarde-- con
importantes apoyos. Y afirmaba este procesado textualmente: A quienes
incumben las responsabilidades políticas por lo ocurrido las asuman con
hombría, y en ese marco se alumbren también soluciones generosas para
otros problemas que tanto daño nos han causado. El 17 de noviembre, el
Presidente del Tribunal Supremo expresa el malestar de la judicatura por
el solapamiento que se produce cuando se crean comisiones de
investigación sobre asuntos que están instruyendo los jueces. El 27 de
noviembre comparecían el general Fuentes y el comisario de policía De
Federico aportando sendos escritos del juez Bueren, de la Audiencia
Nacional, en los que se les recordaba que estaban bajo secreto de sumario
sobre los asesinatos que investigaban. El 30 de noviembre, dos policías
procesados, los señores Alvarez y Planchuelo, enviaron un escrito a la
Comisión solicitando no comparecer en la fecha en que estaban citados por
las repercusiones que podía tener para su situación
procesal una comparecencia sin las garantías constitucionales previstas
para los procedimientos judiciales. El mismo juez togado militar advertía
por escrito al señor Perote --como hemos visto antes, ansioso de
comparecer en aquella Comisión, en función de una estrategia legítima
como procesado-- que podía incurrir en delito si declaraba sobre
cuestiones por las que está procesado. El Tribunal Supremo no había
enviado las declaraciones sumariales solicitadas, ni la Comisión dispuso
de los documentos del Cesid considerados imprescindibles por la Comisión
pero cuyo conocimiento está reservado a la Comisión de Secretos Oficiales
en esta Cámara.
Este rosario de dificultades y algunas más demuestran que no se puede
investigar a partir de comparecientes incursos en procesos penales sobre
los mismos hechos. Ninguna comisión parlamentaria puede obligar a
vulnerar el secreto del sumario, a declarar contra sí mismo o a desvelar
asuntos sometidos a reserva legal. Más grave aún, una comisión
parlamentaria que no ofrece ninguna de las dos garantías básicas de
cualquier proceso --la imparcialidad del tribunal y las garantías de
defensa-- puede contaminar todo el proceso judicial y puede vulnerar los
derechos constitucionales del artículo 24. En teoría, señor Presidente,
es fácil diferenciar la investigación parlamentaria y la instrucción
judicial, y aunque así lo hizo el Presidente de esta Cámara, en ocasión
semejante, con una larga intervención la legislatura pasada, la
experiencia ha demostrado que la discrepancia entre una comisión
parlamentaria y un juez no tiene fácil solución y que las investigaciones
simultáneas a los procesos interfieren, de hecho, las diligencias
judiciales. Por tanto, aunque la Constitución permite crear comisiones
parlamentarias sobre asuntos de interés general sometidos a investigación
judicial, parece razonable limitar la investigación en tales supuestos.
Más aún, la insistencia constitucional en la separación de ambos campos
para no afectar a las resoluciones judiciales se garantiza mejor cuando
se excluye la coincidencia.
En Francia, por decisión del Consejo Constitucional, decisión tomada en
1958, es imposible constituir comisiones de investigación parlamentaria
sobre asuntos que estén sometidos al mismo tiempo a los tribunales de
justicia. Más recientemente, la Unión Europea ha establecido en el
artículo 138 del Tratado de Maastricht, desarrollado por el artículo 136
del Reglamento del Parlamento Europeo, la prohibición expresa de la
investigación parlamentaria sobre hechos sobre los que estén conociendo
los tribunales de justicia. En otros países que se suelen citar, como
Alemania u Holanda, sí puede darse esa simultaneidad, pero allí los
parlamentos se abstienen en la práctica de investigar asuntos sometidos a
los jueces para evitar conflictos con los tribunales de justicia. Por
tanto, existiendo en España el derecho constitucional a investigar,
también vista la experiencia y la necesidad de autolimitarse, habría que
establecer algunas limitaciones parecidas a las que existen en esos
países, definiendo, por ejemplo, en qué momento del procedimiento
judicial debe suspenderse una investigación parlamentaria para que
tampoco se impida investigar al Parlamento mediante el simple inicio de
actuaciones judiciales. Esta cuestión sigue pendiente de debate y
regulación en nuestro país. Es una cuestión que debería resolverse en la
reforma del Reglamento emprendida en esta legislatura. Habría que optar
por excluir la simultaneidad entre procesos judiciales y comisiones
parlamentarias de investigación o por llenar éstas de garantías
procesales equivalentes a las del artículo 24 de la Constitución. Sin
haber resuelto este problema, señorías, crear comisiones de investigación
sobre hechos sometidos a procesos penales avanzados, como la que hoy
debatimos, demuestra incapacidad de aprender de los errores o, peor aún,
indiferencia ante el descrédito que sufre por ello el Parlamento.
Voy a entrar en la segunda parte de mi intervención. ¿Qué se trata de
investigar en esta comisión? Si se trata de conocer la verdad de los
hechos que están siendo juzgados, serán los tribunales de justicia los
que la establezcan. No creo que quepa hablar de dos verdades, una probada
y sentenciada por la justicia y otra política que se imponga en función
de una mayoría. ¿Es que a estas alturas alguien todavía puede pensar que
los repetidos intentos de crear esta comisión eran para conocer la verdad
y no para inhabilitar políticamente al Partido Socialista? En la
legislatura pasada había que echar a los socialistas del Gobierno y para
ello se decía: Hay que establecer la responsabilidad política. Ahora que
no estamos en el Gobierno ¿de qué se trata? ¿Se trata de echarnos también
de la oposición? Si la obligación irrenunciable del Parlamento es
controlar al Gobierno ¿a qué estrategia política obedece ocupar el
Parlamento con debates acerca de unos grupos que --hay que recordarlo--
desaparecieron hace doce años y cuyos responsables, confesos en unos
casos, presuntos en otros, ya están siendo juzgados, mientras en esta
legislatura ETA sigue matando y mantiene secuestrados a dos ciudadanos
españoles? Los españoles queremos que se sepa la verdad, toda la verdad,
que se aclare, pero seguir utilizando los GAL para hacer oposición a los
socialistas descalifica a quien lo hace porque desvela el resentimiento y
el sectarismo con el que algunos transitan por la política. Este tipo de
acontecimientos, cuando suceden en otros países democráticos, no son
utilizados partidistamente. Este tipo de iniciativas pretenden, en vano,
neutralizar a nueve millones de votantes que ni quieren que en España
gobierne la derecha ni confían en Izquierda Unida. Algunos de los que han
firmado esta propuesta quieren investigar a los gobiernos anteriores
porque no les basta la derrota del adversario, sino que...
El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, vaya concluyendo, por favor.
El señor BAYONA AZNAR: Procuraré hacerlo, señor Presidente.
Persiguen su exterminio para que no volvamos a ganar. Pues bien, no lo
van a conseguir. ¿Existe mayor contrasentido democrático que pretender
que el Parlamento investigue y controle a la oposición y no al Gobierno?
Las elecciones no son, señora Aguilar, una amnistía. Evidentemente que
no. Por eso hay en marcha procesos judiciales. ¿Pero acaso existe mejor
juicio político en una democracia que la libre expresión de la voluntad
de los ciudadanos en unas elecciones? Si de responsabilidades pasadas se
trata ¿por qué sólo las de cuatro años de los gobiernos socialistas, de
1982 a 1986? ¿Por qué no pide Izquierda Unida investigar también lo que
decían y escribían políticos de diferentes partidos y otras personas de
gran influencia en la opinión pública y en los dirigentes tanto del
Partido Popular como de Izquierda Unida cuando sucedían aquellos
acontecimientos? A lo mejor bastaban los artículos de un solo mes,
octubre de 1983. Una investigación parlamentaria debe circunscribirse al
tiempo político, que es el tiempo de las decisiones. Los partidos que
ahora la piden tuvieron 14 años para hacerlo. No lo hicieron. No puede
decir, señor Anasagasti, que no le dejaron hacerlo. No puede decir que
nada se pudo hacer. Los asesinatos eran conocidos, las siglas que los
reivindicaban también, en algunos casos los autores detenidos y en otros
incluso condenados. Por tanto, si hacemos un repaso, habría que hacerlo
de la posición que cada cual ha mantenido en cada momento. Esta comisión
parece que quiere revisar lo sucedido hace cuatro legislaturas, no en la
pasada. ¿Por qué no remontarse...
El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, vaya concluyendo.
El señor BAYONA AZNAR: ¿Por qué, pues, no remontarse a cuatro sino a una
más o dos más? ¿Por qué no buscar, como dice la exposición de motivos, el
verdadero origen de estos grupos antiterroristas? ¿Por qué no investigar
los asesinatos que hubo durante otros gobiernos? ¿Por qué no propone
Izquierda Unida establecer la responsabilidad política y las
responsabilidades de cualquier otro tipo que pudieran derivarse de los
diferentes políticos no socialistas que ocuparon el Ministerio del
Interior, la Vicepresidencia del Gobierno o la Presidencia? Aquí sólo se
quiere inhabilitar políticamente a los socialistas.
Entre octubre de 1980 y 1982 hubo una docena de atentados con seis
muertos, y entre 1975 y 1981 fueron asesinados 43 presuntos etarras en 56
atentados. Que existieran o no previamente a los GAL unos grupos
antiterroristas puede ser penalmente indiferente, pero no lo es
políticamente, ni desde luego lo va a ser para establecer un juicio
histórico, mucho menos si alguno de los miembros del Batallón Vasco
Español formaron parte de los primeros GAL.
La verdad histórica, señorías, es que con todos los gobiernos de la
democracia hubo episodios criminales intolerables perpetrados a manos de
grupos de extrema derecha. Hubo grupos anti ETA, hubo batallones
vasco-español, hubo gales. La verdad histórica es que todos acabaron en
1986, acabaron con un Gobierno socialista presidido por Felipe González.
Hay que recordar que tanto ETA como los llamados grupos antiterroristas
son hijos de la dictadura. Se da la paradoja de que esa democracia, que
por prudencia política renunció a investigar la dictadura y expidió
certificado de demócrata a quien decidió serlo, independientemente del
papel, el puesto y la función que hubiera hecho en la dictadura, parece
empeñada en abrirse procesos a sí misma.
Sin duda, señorías, y termino, señor Presidente, quedan muchas cosas por
saber. Confiamos en que acabarán conociéndose. Van apareciendo nuevos
datos que atañen al Gobierno actual y que pueden dar explicaciones de
muchas cosas, incluso de por qué se pidió la apertura de aquella comisión
de investigación en la legislatura pasada. No se rían, señorías. Si se
creara la comisión habría que saber, por ejemplo, por qué los
agradecimientos del señor Perote al actual Vicepresidente Primero del
Gobierno. Habría que saber de esas reuniones con abogados de condenados
que son testigos de cargo en los procesos por parte también del
Vicepresidente Primero del actual Gobierno. Podríamos estudiar la
conexión entre muchas de estas reuniones y algunos artículos aparecidos
en enero de 1995. Por tanto, no se rían. No iba a decirlo, pero no se
rían, señorías. (Rumores.) Termino, señor Presidente, si me dejan. En el
mismo mes de enero de 1995 don Francisco Tomás y Valiente, en un artículo
sobre la reactivación de los procesos de los GAL, se preguntaba: ¿Qué
pasa aquí? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Y concluía: ¿Qué
debemos hacer para que deje de pasar lo que está pasando? Una de las
condiciones para salir de la situación era, según él, separar la
investigación judicial y la actuación política. Con sus propias palabras:
Las continuas e impunes invasiones de las fronteras entre los terrenos
judicial y político son perniciosas para el sistema. Cada cosa en su
sitio, porque así como están ahora, fuera de quicio, no es bueno seguir.
Gracias, señorías. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
Bayona.
Señor Anasagasti. Si S. S. puede intervenir desde el escaño se lo
agradecería para, a estas alturas del debate, ahorrar tiempo en beneficio
de todos.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor Presidente.
A pesar de lo que haya podido decir el señor Bayona sobre el énfasis que
yo he podido hacer en mi intervención, me he quedado absolutamente
pequeño frente
al que él ha experimentado. Pero hay una cuestión que nosotros, como
Grupo Parlamentario Vasco, no podemos permitir. Incluso solicitaría, de
la mejor de las maneras, al señor Bayona que rectificara, porque no
podemos tolerar que una intervención en la cual nosotros hemos
argumentado el porqué de la petición de esta comisión de investigación,
sea respondida con una acusación, a nuestro juicio, muy grave y que no se
había producido en los últimos tiempos, en el sentido de que nuestro
grupo es poco menos que un grupo parlamentario y un partido político
equívoco, que tenemos poco menos que dos caras, y que el mundo de Herri
Batasuna y el mundo de ETA es algo parecido a lo que nosotros podamos
representar. (Rumores.) Yo creo que esto está en el «Diario de Sesiones»,
y esto es tan injusto como esa acusación que se dice por ahí de que el
PSOE es igual al GAL; es injusto, y nosotros no podemos tolerar esto. Por
tanto, yo le pediría al señor Bayona que retirase estas palabras, porque
esto es gravísimo y consideramos que puede tener también sus
consecuencias políticas.
Rechazo toda la argumentación del señor Bayona. El está en su legítimo
derecho de hacerla. Sé lo que hizo el señor Bayona en la Comisión del
Senado. Sé lo que hicimos nosotros en aquella comisión del Senado. Y
nosotros pensamos que se debería abrir una comisión de investigación del
caso GAL no con un criterio de venganza, sino con un criterio de tratar
de solventar una deuda con el pasado. Como también decía Tomás y
Valiente, no se pueden olvidar ciertos pasados. Hay que leer
completemente lo que decía Tomás y Valiente, porque creemos que aquello
fue una quiebra del Estado de Derecho de tal gravedad que, para que no
vuelva a repetirse, tenemos que sacar políticamente las conclusiones que
consideremos oportunas, no con ánimo de venganza, sino fundamentalmente
con ánimo de que no vuelva a repetirse.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Señora Lasagabaster, muy brevemente, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor Presidente. Simplemente
para una cuestión de procedimiento.
El señor Bayona ha señalado que determinados grupos que presentábamos
esta iniciativa éramos culpables. Me permitirá que no comparta su
opinión. Yo no me siento culpable --ni desde luego el grupo al que
represento en estos momentos-- de haber presentado iniciativa. Si usted
prefiere, yo diría que positivamente responsable de que se debata esta
iniciativa, pero no en el término peyorativo, que creo que no es de
recibo en un tema en el cual es legítimo debatir y más en esta situación.
Por el fondo del contenido creo que su alegato ha sido más bien de
reconocimiento de los hechos, y no quiero hablar de esa comparación con
la dictadura. Ustedes sabrán si se pueden comparar o no, pero en fin, su
alegato ha sido de defensa de algo que han reconocido.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
La señora Aguilar tiene la palabra.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, no quería yo haber
respondido, en absoluto, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
en esa intervención que ha hecho, llena de provocación y de
despropósitos, pero sí le diré, puesto que interrogaba a mi grupo
parlamentario de por qué no presentábamos otra serie de iniciativas, que
si su grupo parlamentario está tan interesado en investigar un período de
tiempo de la historia de este país, en la que efectivamente hubo crímenes
y asesinatos, que presente la iniciativa mañana mismo que nosotros, con
mucho gusto, la apoyaremos. No tenemos nada que callar ni nada que
ocultar, pero me parece que entrar a ensuciar y a empañar una parte de la
historia de España, que la construimos entre todos con muchos esfuerzos,
recién salidos de una dictadura, para abrirle las puertas a una
democracia, con tal de justificar lo injustificable, que es la práctica
de terrorismo de Estado y la utilización indebida de los fondos
reservados desde 1983, es poco serio y poco responsable. A mi me parece
que lo que tiene que hacer es respetar una iniciativa que, como aquí se
ha dicho, no tiene ningún ánimo de venganza, sino simplemente el objetivo
de investigar para depurar responsabilidades políticas. Yo le pediría al
Grupo Parlamentario Socialista que no se ponga a la defensiva, que no
provoque, que no descalifique la iniciativa y que la tome en sus justos
términos. Queremos investigar algo que nos parece extraordinariamente
grave e importante para nuestro sistema democrático y para el Estado de
Derecho, que ha sido la práctica de terrorismo de Estado y el uso
indebido de fondos de reservados. Nada más que eso, no queremos vengarnos
de nadie, sino poner claridad donde hoy hay oscuridad y sangre.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
Comenzaré por contestar a la señora Lasagabaster. He dicho que algunos
nos han acusado y culpado de que este debate se haya producido. Yo he
dicho que, de haber algún culpable, serían los firmantes, si quiere digo
responsable. Pero la palabra culpable se ha atribuido al Grupo Socialista
por haber provocado, al parecer, esta discusión, cuando nosotros votamos
en contra, en la Junta de Portavoces, de que este debate se celebrara.
Otros lo apoyaron, entre ellos el Partido Popular.
En mi intervención creo que he tratado de hacer un debate que fuera
constructivo y útil para el futuro. He
manifestado cómo en la reforma del Reglamento posiblemente haya que
resolver problemas que se plantearon con la Comisión de investigación de
los GAL en el Senado. Creo que regular las comisiones de investigación en
ese sentido es algo positivo, y he defendido la posición de mi grupo
también respecto a otro debate que seguramente se va a producir más tarde
respecto a la investigación de hechos sucedidos con gobiernos anteriores.
Ese es el esfuerzo que he hecho y las únicas referencias al Partido
Nacionalista Vasco han sido para decir que los socialistas preferíamos
reconocer en el PNV la cara de quien lucha contra el terrorismo desde el
Gobierno vasco y desde la Mesa de Ajuria Enea. Eso es lo que he dicho,
eso es lo que digo y ninguna otra cosa. Por tanto, que no se mezcle.
He recordado, sí, que tanto ETA como los grupos anti ETA son hijos de la
dictadura, cosa que también ha dicho en su réplica la portavoz de
Izquierda Unida. En la democracia, tanto ETA como los GAL son un
agujero negro, que como los agujeros negros tienen tendencia a la
absorción. Recuerdo a este respecto las palabras del Lehendakari Ardanza
en una entrevista la semana pasada: Con el caso GAL se ha producido un
profundísimo agujero en el Estado de Derecho. Dicho esto --sigue él-- hay
que aceptar que ETA sigue siendo nuestra gran quiebra. En esto estamos de
acuerdo: ETA sigue siendo nuestra gran quiebra. Los demócratas podemos
coincidir en la lucha antiterrorista y en eso creo que el Partido
Nacionalista Vasco y el Partido Socialista podemos seguir coincidiendo.
Por tanto, ese es el sentido de mis palabras y no otro.
En cuanto a Izquierda Unida, no creo que fuera necesario que llevara tan
lejos el apoyo al Partido Popular a la hora de poner límites y fechas. No
creo que fuera necesario. Hoy hay otro gobierno, los socialistas estamos
en la oposición y no sé qué es lo que mueve a Izquierda Unida a esa
estrategia política. Tenemos nueve millones y medio de votos, ¿es eso?
Hemos quedado como referentes fundamentales de la alternativa, ¿es eso lo
que les preocupa? Sinceramente, creo que están en esta legislatura
haciendo un flaco favor a la izquierda en este país.
Su señoría ha empezado hablando de Francia. Quizá deberían empezar
aprendiendo de Francia, aprendiendo también de lo que hacen los
comunistas franceses, porque para los demócratas, señora Aguilar, las
elecciones son el mejor juicio político, diría que casi el único, y
cuando ustedes se enzarzan en esta vuelta atrás, perdiendo tiempo en el
Parlamento para controlar a gobiernos anteriores y no hacerlo con el
Gobierno actual, es porque SS. SS. obedecen a una estrategia muy clara:
están confundiendo las reglas del juego democrático, están confundiendo y
haciendo que el Parlamento pretenda confundirse.
Los socialistas no vamos a caer en esa trampa. Defenderemos que las cosas
vuelvan a su cauce, que se respete la delimitación de los terrenos
judicial y político, que los jueces instruyan los sumarios con claridad y
discreción, que el Gobierno se dedique a gobernar y no a deslegitimar a
la oposición y que nos dejen a los socialistas hacer oposición y
controlar al Gobierno porque eso es lo que quieren los ciudadanos
españoles. (Aplausos.--El señor Anasagasti Olabeaga pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bayona.
Señor Anasagasti, sabe S. S. que el trámite de réplica está concluido. Si
es para algún matiz que no vuelva a reabrir el debate, muy brevemente le
concedo la palabra.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Por supuesto, señor Presidente, por
alusiones.
Simplemente quiero decir que no nos damos por satisfechos con la
intervención del señor Bayona. En el «Diario de Sesiones» consta lo que
ha querido decir y, por tanto, consideramos que es, a nuestro juicio, muy
grave.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, cuatro grupos de
la Cámara solicitan la creación de una comisión de investigación para
determinar la existencia de posibles responsabilidades políticas en torno
al asunto del grupo terrorista GAL, que cometió numerosos atentados,
secuestros y demás actos violentos entre los años 1983-1987 e incluso se
le llegan a atribuir un total de veintisiete asesinatos.
No sorprenderá a nadie que, de entrada, anuncie nuestro voto contrario a
la creación de esta comisión, porque ya lo manifestamos públicamente,
nada más incluirse en el orden del día esta propuesta, que tampoco es
nueva, puesto que ya a finales de la anterior legislatura se debatieron
dos iniciativas idénticas, la una en este Congreso de los Diputados, que
fue rechazada, y, la otra, en el Senado que, si bien llegó a
constituirse, no pudo tan siquiera intentar investigar nada por causa de
la disolución de las Cámaras y la convocatoria electoral anticipada. No
debe sorprender el sentido de nuestro voto, porque tanto la propuesta
derrotada como la victoriosa contaron con el voto en contra de este grupo
parlamentario.
Bueno es recordar ahora el clima de extraordinario enfrentamiento y
crispación en el que se realizaron dichos debates y celebrar el tono
pausado, hasta el momento, en el que está discurriendo el debate de hoy,
cuanto menos en comparación con los debates de la anterior legislatura.
Parece que las cosas han cambiado desde entonces; han cambiado tanto que
hoy somos bastantes más que
entonces los que nos oponemos a la comisión. Me alegro de ello. Quizá
alguien se sienta tentado a criticar el cambio de actitud de quienes
defendieron con fervor la creación de la comisión y hoy lo niegan.
Nosotros no lo haremos, simplemente lo celebramos porque ello es bueno
para nuestro sistema democrático. Pero debo añadir, a continuación, que
para mi Grupo Parlamentario nada a acaecido que nos haga reconsiderar
nuestra posición; al contrario, todas las novedades alrededor del tema
GAL nos hacen sostener aún con mayor fuerza nuestra opinión, por lo que,
en coherencia con nuestra posición de siempre, volveremos a emitir, como
decía, un voto negativo.
Llegado a este punto, permítanme que me extienda algo más acerca de la
razón de nuestro voto de ahora y de entonces. Ante todo, consideramos
fundamental que en ningún caso una comisión de investigación pueda
interferir en la acción de la justicia; no sólo es conveniente sino
también necesario garantizar que la actuación de una comisión de
investigación no interfiera en la labor que llevan a cabo los tribunales
para determinar la existencia o no de responsabilidades penales. Ello,
desde luego, no es obstáculo para que desde nuestro punto de vista las
Cámaras puedan investigar supuestas responsabilidades políticas sobre
temas que se encuentran sub iudice, pero siempre con el límite --para
nosotros infranqueable-- de no interferencia en la labor de la justicia.
El respeto escrupuloso, hasta el extremo de este planteamiento, ha
conducido, por poner un ejemplo geográficamente próximo y, además, que se
citaba, pero por otros motivos, por un anterior interviniente, que es el
de Francia. Pues bien, en Francia se establece la incompatibilidad
absoluta entre las actuaciones judiciales y la creación de una comisión
de investigación sobre el mismo tema, obligándose incluso en el
Reglamento de la Asamblea Nacional a notificar al Ministerio de Justicia
la presentación de cualquier propuesta de creación de una comisión de
esta clase, para que pueda decir si el tema sobre el que se pretende
investigar está siendo sometido a una investigación en el ámbito
judicial. Una previsión idéntica se contempla en la revisión del Tratado
de la Unión Europea, en el Tratado de Maastricht.
Pues bien, todos nosotros sabemos --y lo conocen los ciudadanos-- que el
caso GAL, a pesar de referirse a unos hechos cometidos cuando menos hace
diez años, no duerme el sueño de los justos, sino que ha sido y está
siendo objeto de intensas y complejas actuaciones judiciales y por su
trascendencia debatidas, comentadas y objeto de polémica. También sabemos
que en el año 1991 se dictó una sentencia condenatoria por delitos
relacionados con el asunto GAL, y que actualmente se está instruyendo un
sumario en la Audiencia Nacional, el denominado caso Lasa-Zabala, y que
existe otro procedimiento en marcha en la Sala Segunda del Tribunal
Supremo por el secuestro de Segundo Marey, consecuencia del suplicatorio
elevado ante dicho Tribunal por la condición de aforados de algunos de
los imputados. Como sabemos también que está próxima la fecha de
celebración del juicio.
A nuestro Grupo Parlamentario no le cabe en la cabeza que una
investigación parlamentaria pueda no interferir en estas actuaciones;
pero tampoco podemos imaginar que sea capaz de aportar alguna novedad a
un asunto que viene siendo objeto de investigación judicial desde hace
varios años. Por tanto, tengo la sensación de que sería una pérdida de
tiempo, cuanto menos de cara a colaborar al esclarecimiento de unos
hechos tan lamentables; incluso la opinión pública podría llegar a
interpretar que estamos dudando de la capacidad de la justicia para
llegar al fondo del asunto. Pero ello no es lo más importante ni lo
determinante para nosotros, lo principal es que no tenemos ninguna duda
acerca de que la existencia de la comisión cuya creación se nos propone
interferiría de pleno en la acción de la justicia.
El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, le ruego que concluya.
El señor RECODER I MIRALLES: Voy terminando, señor Presidente.
Si se plantea la posible existencia de responsabilidades políticas en
este asunto, es precisamente como consecuencia de la investigación
judicial, si no ¿por qué habiendo pasado unos cuantos años desde que
sucedieran estos hechos no fue hasta el mes de febrero de 1995 cuando
surgió la propuesta de investigarlos políticamente? ¿Por qué no se
planteó esta propuesta hasta entonces? Precisamente porque fue la
apertura de un nuevo sumario lo que levantó la liebre al apuntar hacia
antiguos responsables políticos.
Si, como parece, para exigir responsabilidades políticas se considera que
hay que saber más, dejemos que sean los tribunales quienes lleguen al
final, señalen culpables y atribuyan responsabilidades penales, y ya se
exigirán en su momento, cuando los hechos se esclarezcan, las
responsabilidades políticas que correspondan. Aprovecho la ocasión para
reiterar nuestro criterio de que dichas responsabilidades sólo son
exigibles a quienes están ejerciendo alguna labor de gobierno, y parece
claro que las supuestas responsabilidades en este turbio asunto apuntan a
políticos que ya no ejercen responsabilidades de este tipo.
El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, concluya ya.
El señor RECODER I MIRALLES: Termino ahora mismo, señor Presidente.
Reitero una vez más nuestro convencimiento de que la acción criminal de
los GAL, además de un atentado al Estado de Derecho, supuso un paso atrás
en la lucha contra el terrorismo etarra. Reitero también que si de
las actuaciones judiciales en marcha se deducen otras responsabilidades,
entonces será el momento de exigirlas por quien crea que debe hacerlo,
pero, hoy por hoy, el mejor favor que podemos hacer al esclarecimiento de
estos hechos es dejar que los tribunales acaben sus investigaciones,
concluyan los sumarios y atribuyan responsabilidades penales, y que, si
puede ser, todo ello lo hagan sin verse sometidos a presiones políticas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, mal que les pese a algunos, la historia no se despacha tratando
de volver la espalda a la realidad, y, mal que les pese a otros, tampoco
se dictamina en una sola votación parlamentaria. Siempre dijimos --y
decimos hoy-- que, sin duda, el GAL fue la negación de los cimientos
básicos de toda sociedad democrática porque fue la negación de la ley,
fue la negación de la razón y fue la negación de la libertad. Hoy,
igualmente mal que les pueda pesar a algunos, hay una intervención que es
esencialmente inevitable; frente a intervenciones que pudieran parecer
provocativas, es de suyo, y en este momento necesario, formular
intervenciones esencialmente evocativas. Y es de suyo necesaria esa
intervención evocativa porque es imprescindible recordar que el anterior
Gobierno pugnó desesperadamente por eludir sustanciar ante esta Cámara
sus responsabilidades políticas por aquellos hechos; responsabilidades
que, sin querer prejuzgarlas por nuestra parte en toda su extensión, sí
cabe suponer que existieron, siquiera fuera por culpa in vigilando. Por
el contrario, el Grupo Popular impulsó entonces los medios reglamentarios
precisos para que el Congreso de los Diputados no permaneciera ajeno a
una investigación orientada a esclarecer el cómo y el porqué de los GAL y
muy especialmente el por orden de quién, derivando de ello las
responsabilidades pertinentes.
Fuimos rigurosos y coherentes en el ejercicio de nuestra tarea de
control, señor Bayona, y lo fuimos hasta el punto de no consentir que un
apunte de investigación iniciado en el Senado llegara a convertirse en
una simple pantomima, la que trató de provocar el entonces Gobierno,
sumando a esa comisión de investigación un principio de confusión,
precisamente o probablemente para tratar de escudar en ella su propia
confusión.
Tiene hoy usted que recordar aquí, señor Bayona, si hace citación como ha
hecho de aquellos momentos, por qué se produjeron los hechos finales. Se
produjeron porque su grupo parlamentario impidió que ante esa comisión de
investigación pudieran comparecer quienes de suyo debían hacerlo, es
decir, los responsables políticos, aquellos a los que se les debía
exigir, en su caso, si no una responsabilidad política, sí una
explicación política. Ante ese apunte de pantomima, señor Bayona, este
grupo parlamentario por su compromiso y su servicio a la verdad.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gil Lázaro. Señalo a S. S. que no
aluda a otros intervinientes a efectos de no reabrir debates.
El señor GIL LAZARO: Tiene toda la razón el señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señorías, en beneficio de todos y dada la hora, les
ruego no hagan alusiones, pues luego tienen trámite, como saben.
Libremente S. S. puede seguir por ese camino, pero reabriríamos
innecesariamente el debate.
El señor GIL LAZARO: Tiene toda la razón el señor Presidente, pero este
grupo no excusa que ha sido sistemáticamente aludido en las
intervenciones de todos.
Señor Presidente, nadie podrá decir que no fuimos explícitos en nuestras
valoraciones en relación con aquellos hechos. Dijimos que el GAL fue una
vergüenza para la democracia, una lacra moral y un monumental error
estratégico que sólo benefició a ETA. Dijimos que el GAL fue la excusa
para que unos cuantos hicieran su agosto a costa de la conversión de
fondos reservados en botín del que apropiarse. Dijimos, en suma, que el
GAL por su naturaleza nunca pudo ser, como algunos trataron de presentar,
un simple asunto de policías y guardias civiles.
El Gobierno del señor González, entonces, y continuando con este hilo
evocativo, no nos quiso escuchar. No nos quisieron escuchar porque
prefirieron escudarse en absurdas teorías de la conspiración antes que
encarar la verdad. No nos quisieron escuchar porque prefirieron tratar de
adquirir presuntamente el silencio de terceros para que esos terceros
cifraran en sí mismos toda la responsabilidad. No nos quisieron escuchar
porque prefirieron protegerse en falsas disquisiciones conceptuales por
mor de las cuales pugnaron por diferir el debate sobre las
responsabilidades políticas a la previa determinación definitiva de
responsabilidades penales, ignorando interesadamente que en democracia
sanción penal y sanción política operan con dimensión autónoma y no cabe
la invocación de una para excusar la aplicación de la otra.
El atrincheramiento de aquel Gobierno derivó inevitablemente en una
ceremonia permanente de despropósitos y contradicciones cuya notoriedad
aún subiste ¿Cómo se entiende, señorías, que desde aquel Gobierno se
impulsara la dimisión de un Ministro del Interior por su responsabilidad
política en la fuga de Roldán
y que, en cambio, nadie asumiera con su renuncia las consecuencias
inherentes a la perpetración de 28 asesinatos, en los que presuntamente
medió de manera instrumental el uso de dinero público y la presencia de
agentes y servicios del Estado en el entorno de los mismos? ¿Cómo se
entiende que se pretendiera despachar toda explicación asegurando
exclusivamente que nunca nadie podría probar nada y que por eso los
hechos no existían en términos de responsabilidad? ¿Cómo se entiende que
se dijera que los crímenes del GAL fueron simples incidentes o que se
excusara toda responsabilidad propia señalando que si se hubiere dado una
auténtica implicación del Estado en aquellas muertes las muertes mismas
hubieren sido muchas más?
Hoy mismo, sin ir más lejos, en esa cadena de contradicciones y de
despropósitos hemos podido leer en los periódicos que una distinguida
personalidad socialista afirma que el GAL no le quita el sueño, y trata
de convencernos de que un fenómeno criminal como aquel es normal en todos
los países democráticos. Pues miren, señorías, nosotros, desde esta
tribuna, hoy como ayer, subrayo, hoy como ayer decimos que no, que no es
normal el uso de asesinos y mercenarios, que no es normal secuestrar y
matar, que no es normal que después de todo nadie quiera dar la cara por
aquello o que se pretenda hacer comulgar a los españoles con ruedas de
molino.
Hoy, por tanto, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario
Popular se reafirma claramente en cuantas valoraciones hicimos porque con
ello pugnamos una vez más, hoy desde aquí, por servir a un fin que era
entonces y sigue siendo hoy el fin de la verdad. Sin embargo, señor
Presidente, el tiempo obliga a modular los actos presentes en función
precisamente de ese mejor triunfo al servicio de la verdad. Hoy nos
encontramos en tiempo inmediato a que la justicia juzgue hechos y
presuntos responsables, y a esa tarea de la justicia se puede contribuir
legítimamente desde cualquier posición, sin lugar a dudas, pero nosotros
creemos que nuestra contribución nos obliga a dejar que los hechos sean
valorados inicialmente por la justicia, para que no puedan verse sujetos
a una controversia diferente a la que formalmente, con inmediatez --y
quiero subrayar esa expresión--, con inmediatez porque hoy hay inmediatez
en la sustanciación de los hechos ante la justicia --ayer no la hubo--,
hoy con inmediatez va a sostenerse ya en foro judicial.
No se trata...
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, vaya concluyendo.
El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente.
No se trata, y ténganlo claro todos los grupos parlamentarios, no se
trata con ello de olvidar una exigencia de responsabilidades políticas
que de suyo permanece y que permanecerá igualmente tras el dictamen de la
justicia. Tampoco se trata de aceptar que porque aquel Gobierno ya no
existe, no existe ya nadie, no existe ya sujeto al que reclamar esas
responsabilidades políticas. Lejos de todo ello, de lo que se trata es de
favorecer que el acceso a la verdad puedan hacerlo hoy los tribunales
desde la objetividad, la serenidad y la independencia, y que de los
hechos probados que determinen en el orden penal, otros, conforme a su
propia teoría, que nosotros nunca compartimos, otros, repito, tengan
también que asumirlos en orden a las responsabilidades políticas que aún
siguen abiertas.
Comprendemos, pues, señor Presidente, señoras y señores diputados, el
impulso de fondo que ha movido a los grupos proponentes a plantear esta
vía de investigación en su doble aspiración básica, esto es, encarar
definitivamente en el orden político el alcance real de unos hechos que
por repugnar a la más elemental sensibilidad democrática no pueden quedar
en la sombra, y, en segundo lugar, abordar desde ellos la determinación
de quienes deben políticamente asumir su responsabilidad en aquellos
hechos. Por cierto, y al hilo de esto, téngase presente por parte de
todos los grupos parlamentarios, y especialmente por parte de alguno, que
esta iniciativa hoy se tramita ante esta Cámara no porque la haya votado
el Grupo Parlamentario Popular, sino porque el Grupo Parlamentario
Popular no la ha vetado, como no vetará jamás ninguna iniciativa que
legítimamente, en el uso de su derecho, quiera plantear cualquier grupo
de esta Cámara, bien en vía de iniciativa legislativa propia, bien en vía
de control, porque eso supone, señoras y señores diputados, servir sin
lugar a dudas a un fin y a un compromiso de profundización democrática.
En definitiva, la primacía de oportunidad, de oportunidad en su sentido
más profundo, en su sentido más noble, en su mejor contribución al
esclarecimiento de la verdad; la primacía de oportunidad que ahora hay
que dar a la vía jurisdiccional, no impedirá en el futuro sustanciar esos
considerandos...
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, concluya por favor.
El señor GIL LAZARO: Y de la misma forma que, en un momento dado, el
impulso parlamentario y político debió ser, y fue, desde la perspectiva y
la acción de este grupo parlamentario, el motor principal para llegar a
la verdad, ahora, porque las cosas así han venido dadas, debe dejarse
discurrir la acción inminente de los tribunales en su propia dimensión.
En su consecuencia, y concluyo señor Presidente, este grupo parlamentario
no puede ni quiere --subrayo lo dicho--, no puede ni quiere, y
especialmente no quiere, votar en contra de esta iniciativa porque se
reafirma,
sin lugar a duda, en sus propios precedentes. Sin embargo, consecuentes
con el respeto a ese papel de la justicia, y consecuentes también con la
voluntad de que nuestro peso como grupo mayoritario de esta Cámara no
pueda ser entendido por nadie como voluntad vindicativa de ajustar
cuentas de pasado, tampoco debemos --subrayo lo dicho--, tampoco debemos
votar a favor, pero quede claro, señor Presidente y señoras y señores
diputados, quede claro que nuestra abstención hoy no es un desentendernos
políticamente de cuanto sucedió. Por el contrario, quiere ser, es y va a
ser una actitud militante y comprometida; una actitud militante y
comprometida con la acción de la justicia y con lo que la justicia diga;
una acción militante y comprometida con el más absoluto repudio de lo que
fue el GAL y, finalmente, una acción militante y comprometida con nuestra
convicción de que, con independencia de la sentencia de los tribunales,
alguien, en un momento dado, no podrá obviar por más asumir lo que
entonces sucedió y, al asumir lo que entonces sucedió, actuar en
consecuencia ante los españoles y ante su propio partido, porque ése es
un imperativo, señor Presidente, de memoria histórica y sería difícil
borrar esa memoria histórica. (Rumores.) Por eso, más allá de cualquier
otra consideración, hoy, este grupo parlamentario, como tal grupo que da
soporte al Gobierno, garantiza finalmente algo que sí que está en nuestra
responsabilidad y en nuestro deber garantizar (Rumores.)...
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Concluya, señor Gil Lázaro, o le retiraré la palabra. (Rumores.)
Silencio, señorías.
El señor GIL LAZARO: Este grupo parlamentario garantiza finalmente,
porque sí que está en su responsabilidad inmediata, que nunca más en
nuestra democracia resucitará un fenómeno tan detestable como ese que
algunos bautizaron con el sucio nombre de Grupos Antiterroristas de
Liberación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro. (El señor Bayona Aznar
pide la palabra.)
No, señor Bayona. (Protestas.)
El señor BAYONA AZNAR: Se ha mencionado mi nombre hasta cuatro veces.
El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, los precedentes, el Reglamento y las
convenciones de la Cámara hacen que, cuando hay un nombramiento a un
defensor de una posición por quien está fijando posición, la Presidencia
advierta al que está haciendo uso de la palabra para que no vuelva
hacerlo. Así se ha hecho y así se ha sometido al criterio de la
Presidencia el señor Gil Lázaro, por lo que S. S. no tiene ahora ningún
turno. No lo tiene, señor Bayona. (Protestas.) Señorías, los grupos
proponentes plantearon una enmienda a su propio texto para la creación de
la debatida comisión de investigación, que dice: Esta comisión de
investigación se constituirá al inicio del próximo período de sesiones,
en la segunda quincena del mes de septiembre del presente año. Ese es el
texto de la enmienda, que, si no hay oposición por ningún grupo, se
incorporaría al texto de la resolución que se somete a votación. (El
señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)
Señor Caldera, tiene la palabra.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, sin que mi posición
signifique entorpecimiento alguno de las tareas de la Cámara, he de
recordarle que existe un Reglamento, que existen unos procedimientos, y
mi primera noticia como portavoz de este grupo de que se ha presentado
esa enmienda la tengo ahora. En consecuencia, usted juzgará que no debe
ser sometida ni aceptada a trámite.
El señor PRESIDENTE: Para eso lo notifico al Pleno, señor Caldera. Los
grupos proponentes lo han presentado, no han aludido a la enmienda
durante sus intervenciones, al menos no lo ha percibido la Presidencia y
no lo han escuchado sus señorías. Si no se admite por el Grupo
Socialista, no se pasará a trámite y se somete a votación, en
consecuencia, la comisión de investigación en los términos en que fue
presentada.
Vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la solicitud de creación de una comisión de investigación
planteada por los Grupos de Izquierda Unida, Nacionalista Vasco,
Coalición Canaria y Mixto en torno a las responsabilidades políticas que
pudieran derivarse de los conocidos como Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 31; en contra, 144; abstenciones, 143.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la solicitud de
creación de la comisión de investigación debatida.
El Pleno se reanudará a partir de las cuatro y cuarto de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.
SOLICITUDES DE CREACION DE COMISIONES DE INVESTIGACION. (Continuación):
--SOLICITUD DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LAS
ACTUACIONES ABUSIVAS REALIZADAS O IMPULSADAS DESDE AMBITOS DEL GOBIERNO
EN RELACION CON LAS EMPRESAS Y GRUPOS DE EMPRESA ANTENA 3 TELEVISION,
CANAL PLUS, SOGECABLE Y CANAL SATELITE DIGITAL, FORMULADA POR 86
DIPUTADOS DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
156/000006)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Ocupen sus escaños, vamos a
reanudar la sesión.
Se reanuda la sesión.
Solicitud de creación de una comisión de investigación sobre las
actuaciones abusivas realizadas o impulsadas desde ámbitos del Gobierno
en relación con las empresas y grupos de empresas Antena 3 Televisión,
Canal Plus, Sogecable y Canal Satélite Digital, formulada por 86
diputados del Grupo Socialista del Congreso.
Para su presentación y defensa ante el Pleno, tiene la palabra el señor
Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna
para intentar una misión imposible: lograr que el Partido Popular permita
la creación de una comisión parlamentaria para investigar actuaciones del
Gobierno, del Gobierno del Partido Popular. Ojalá me equivoque, pero
mucho me temo que mi esfuerzo va a resultar estéril. Porque hasta este
momento el Partido Popular, que, como nadie ignora, es el partido de la
transparencia y de la regeneración democrática, ha respaldado una
comisión de investigación en esta Cámara, eso sí, del Gobierno
socialista.
En el orden del día de esta sesión figura la propuesta de otra comisión
de investigación, una propuesta del Partido Popular --partido que, como
saben ustedes, apoya al Gobierno-- para que se investigue al Gobierno, al
Gobierno socialista. Debo reconocer que lo que no les puedo reprochar es
incoherencia, porque es justamente esto lo que han estado haciendo en
comunidades autónomas en las que han gobernado, como en Castilla y León o
en Galicia. Es lo que podríamos llamar la doctrina Aznar. El Parlamento
está para controlar las actuaciones del Gobierno, siempre, naturalmente,
que sean las del Gobierno anterior. (Aplausos.)
Señorías, en todo caso, realizaré una exposición de hechos basada en
informaciones, muchas de ellas aparecidas en medios de comunicación que a
ustedes, señores del grupo mayoritario de esa Cámara, les son
especialmente cercanos.
En estos momentos, está claro para todos que el proceso que hoy nos ocupa
se desencadenó el 24 de diciembre. Fue ese día cuando se firmó lo que
luego se ha conocido como el pacto de Nochebuena, un acuerdo empresarial
entre dos grupos de comunicación españoles para poner fin a la llamada
guerra del fútbol.
¿Cómo encajó, señorías, el Gobierno este acuerdo? Según las palabras del
veraz portavoz del Gobierno, el Gobierno estaba encantado con este pacto.
Nada más lejos de la realidad. El Gobierno encajó muy mal este pacto,
pero que muy mal, señorías, y, para atestiguarlo, basta recoger lo que
decían algunos medios de comunicación cercanos, muy cercanos, al
Gobierno, en los días posteriores. El más explícito, sin duda, el diario
El Mundo, el cual, el 26 de diciembre, relataba
--cito textualmente--, comillas: Cuando en la Moncloa se supo que
Asensio había pactado con Polanco, la reacción no pudo ser más airada. Se
habló de traición --entre comillas, en la información-- y algún alto
cargo del Gobierno llegó a calificar a Asensio de gángster --entre
comillas, en la información--. Recuerden esta expresión porque sobre ella
volveré más adelante.
No es sin duda el único testimonio. La revista Epoca, en su número de 20
de enero, en relación con dicho pacto, llegó a afirmar, comillas, cito
textualmente: El hijo mayor del Presidente del Gobierno le dijo a su
compañero de pupitre: Nunca había visto a mi padre tan cabreado. Fin de
la cita. (Rumores.) Lo dice Epoca, no yo. La razón de ese enfado era
clara y no hace falta explicarla mucho. El propio 26 de diciembre, un
comentarista de la cadena COPE afirmaba en antena --vuelvo a citar
textualmente--, comillas: El Gobierno hizo un proyecto de control, o de
no sé, de transformación del mercado informativo y se le ha vuelto en
veinticuatro horas totalmente al revés. Es --añadía el comentarista--, en
cierto modo, el fin del proyecto de Aznar de cambiar el mapa de
comunicaciones en España. Fin de la cita.
Veníamos oyendo, señorías, que estábamos ante un proyecto que buscaba
defender el interés general, ante un proyecto en el que el Gobierno no
tenía interés particular alguno, defendía el interés general. Sin duda,
las citas que hasta aquí acabo de darles --hay muchísimas más--
atestiguan que estábamos ante la defensa del interés general. Por cierto,
los tres medios que he citado forman parte de la llamada plataforma
digital gubernamental.
Como les decía, bastan estos testimonios, pero existen muchos más para
entender lo que vino a continuación, y son estos testimonios los que
acreditan la veracidad de las amenazas que esos días se produjeron hacia
uno de los dos firmantes del pacto de Nochebuena, amenazas que, en lo que
se refiere a los escritos de los señores Oneto y Hermida, nunca han sido
desmentidas, porque no pueden serlo. Viene a cuento recordar aquí alguna
de las frases que, entrecomilladas también, se recogen en los mencionados
escritos: Estás trabajando para un gángster y un mafioso. ¿Les suena
la palabra gángster? ¿No les parece sorprendente la coincidencia de la
expresión utilizada en el escrito de don José Oneto con la que se recoge
en el diario El Mundo, que acabo de citar aquí? La razón es evidente,
ambas salieron de la misma boca.
Yo creo que sí, que se pronunciaron expresiones como: Dile a tu jefe que
acabará en la cárcel como Mario Conde; que vamos a ir a por él. Dile
también que no le van a servir de nada los guardaespaldas, porque el
Gobierno tiene muchos más. Como eres amigo, te llamaré para avisarte
cinco minutos antes de que metamos en la cárcel al H.P. para el que
trabajas. Creo, señorías, que dichas frases se pronunciaron esos días.
Señorías, si grave es sin duda que quien ocupa un puesto de la máxima
responsabilidad del Presidente del Gobierno en la Administración del
Estado profiera este tipo de amenazas, mucho más lo es que dichas
amenazas se materialicen. La realidad es que efectivamente quienes se
atrevieron a estampar su firma en el llamado pacto de Nochebuena se iban
a enterar. Una parte de los aconteceres que poco después iban a suceder
lo anticipaba el diario El Mundo el día 30 de diciembre de 1996. Ya tuve
ocasión de comentarlo en esta Cámara; lo voy a reiterar ahora. ¿Qué puede
hacer el Gobierno ante el pacto de Nochebuena? Se preguntaba el
editorialista de dicho periódico. Y se contestaba a sí mismo: Tratar de
sacar adelante una legislación complementaria, para lo cual no podrá
contar con el apoyo de Pujol, pero probablemente sí con el de Izquierda
Unida, o, lo que sería más práctico, impedir la utilización del fútbol
como palanca de la televisión de pago.
Convendrán conmigo que la capacidad de predicción de este diario es
notable y no sólo en lo relativo a la actividad del Gobierno. El propio
diario añadía: Se abre, pues, un margen de tiempo en el que todos los
frentes siguen activos. Efectivamente, se abrieron todos los frentes y en
ellos se han venido utilizando todos los medios de combate. Es éste un
asunto en el que ustedes se deben estar jugando tanto que no han dudado
incluso en poner en juego todos los poderes del Estado. Sobre él vienen
actuando el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, todos ellos en torno
a las mismas personas, en torno a las mismas empresas, con un mismo
resultado objetivo, sean cuales sean los motivos o razones que provocan
la intervención. El objetivo: acabar por todos los medios con quienes
mantienen hoy o mantendrán en el futuro posiciones diferentes de lo que
son proyectos políticos u opciones empresariales del propio Gobierno.
Una conjunción tan formidable, señorías, no podía ser fruto de la
casualidad. Era la consecuencia del anuncio de que todos los frentes
estaban abiertos. A partir de aquel momento se suceden las cosas
rápidamente. El 31 de enero de 1997 el Gobierno empleaba un decreto-ley
para regular la televisión digital en España. Se cumple, pues, la primera
amenaza. Sobre su anormal proceso de elaboración ya tuvimos ocasión de
discutir en este Parlamento, también sobre su intencionalidad política,
desvelada en el diario ABC a toda página, en su primera edición, el 25 de
enero de 1997. Cito textualmente una vez más: La plataforma
Polanco-Asensio abocada al fracaso al reservarse el Gobierno la
homologación de los descodificadores.
Dijimos entonces que la norma era un galimatías pensado únicamente para
dificultar la actividad de una determinada empresa y no para impulsar el
nacimiento de una nueva forma de televisión en España. Desgraciadamente,
el tiempo nos ha dado la razón.
La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, cuatro meses después,
denegó la inscripción del único operador de televisión digital que existe
hoy en nuestro país. La denegación se produjo por no cumplir los
requisitos legales en España. Y digo en España porque la Comisión Europea
ya ha dado por bueno, en declaraciones públicas de sus responsables, el
sistema de descodificación utilizado por ese operador. Como pueden ver,
señorías, las amenazas se vuelven a concretar. En cualquier caso, el
Tribunal Constitucional, la Comisión Europea y, estoy seguro, la Corte de
Justicia de Luxemburgo habrán de pronunciarse sobre ese tema.
El lunes 3 de febrero del presente año... (Rumores.) Le echaba a usted de
menos, señor Hernando, no notaba ningún zumbido en los escaños.
El señor PRESIDENTE: No intercambien diálogo.
Señor Hernando.
El señor PEREZ RUBALCABA: El lunes 3 de febrero del presente año, la
inspección de Telecomunicaciones se presentó en unos grandes almacenes
madrileños para investigar la venta de los descodificadores de la
plataforma digital de Canal Satélite. Dicha inspección, cuyos resultados
son desconocidos, no continuó. Se trató, pues, de un acto singular,
añadiría, de intimidación. Las amenazas se cumplen nuevamente.
La pregunta que cabe hacerse es: ¿Por qué se pararon las inspecciones si
la plataforma mencionada se seguía comercializando? Es evidente que, si
se estaba cometiendo una ilegalidad, las inspecciones deberían haber
continuado, y si no se estaba cometiendo, ¿qué se pretendía con esa
inspección anunciada a bombo y platillo? Y, en todo caso, ¿quién dio la
orden de hacerla? ¿Partió de la Dirección General de Telecomunicaciones,
de la Secretaría General del propio Ministro, o de la propia Moncloa? Son
aspectos que merecen, a nuestro juicio, una aclaración, porque lo que es
evidente es que dicha inspección anunciada, como decía, a bombo y
platillo, hoy sólo puede ser entendida cabalmente como un intento de
amedrentar, cuando no de perjudicar a una determinada empresa de
comunicación.
Las cosas, señorías, como ustedes conocen no acaban aquí. Al día
siguiente por la tarde, es decir, el martes
4 de febrero, el Fiscal General del Estado anunció sorpresivamente que
enunciaba dos denuncias, una de ellas anónima, a la Fiscalía
anticorrupción, y que casualmente ambas denuncias afectaban a las dos
empresas de comunicación firmantes del llamado pacto de Nochebuena.
Una vez más surgen las preguntas: ¿Por qué actuó el Fiscal General del
Estado de forma digamos tan peculiar? ¿Por qué se produjo un nuevo
anuncio público de actuaciones de la Fiscalía a bombo y platillo? ¿Actuó
el Fiscal General motu proprio, como parecen asegurar miembros del
Gobierno? Porque la verdad, señorías, viendo las cosas en perspectiva,
esas afirmaciones son muy difíciles de creer. Más fácil, más lógico, en
todo caso, es afirmar que una nueva amenaza se había cumplido en este
caso a través de la Fiscalía General del Estado.
Y tampoco se detienen ahí las cosas, señorías. El día 24 de febrero se
presenta en la Audiencia Nacional una denuncia contra una empresa de
comunicación. Qué casualidad, se trataba, cómo no, de una de las dos
empresas implicadas en el pacto de Nochebuena. La denuncia, además, sin
duda también por azar, aterrizó en el Juzgado del señor Gómez de Liaño.
Se nos dijo por el Gobierno que nada tenía que ver esa denuncia con la
discusión sobre la llamada televisión digital. Hoy sabemos que eso no es
cierto. Hoy sabemos que la base documental de esa denuncia era un informe
elaborado, entre otros, por el decano del Colegio de Economistas de
Madrid, Gerardo Ortega, a petición, según él mismo testificó en el
Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, de un Secretario de Estado
todavía no identificado. Hoy sabemos que, en el período que transcurre
desde la finalización de dicho informe hasta la presentación de esa
querella, parte del contenido de aquél fue publicado en la revista Epoca
por un periodista que pocos días después fue nombrado para un puesto de
alta responsabilidad en la Agencia oficial de noticias Efe. Hoy sabemos
también que en el curso de la investigación desarrollada en la Audiencia
se encargaron averiguaciones sobre el patrimonio de algunos responsables
de Sogecable, tal y como se publicó destacadamente en el diario ABC por
esas fechas. Finalmente, hoy sabemos que quien firmó esa noticia en ABC
declaró en el Juzgado número cinco de la Audiencia Nacional que dichas
informaciones le habían sido suministradas, entre otras, por fuentes de
la Agencia Tributaria. Así pues, las amenazas, una y otra vez, se
ejecutan.
Señorías, estos hechos merecen ser investigados en este Parlamento. Este
Parlamento y, a través de él, los ciudadanos españoles deben conocer qué
Secretario de Estado encargó el informe al señor Ortega, con qué
objetivo, cómo llegó ese informe a manos de la revista Epoca, qué
funcionario o responsable de la Agencia Tributaria filtró datos, sin duda
reservados, sobre las indagaciones que se hacen en dicha Agencia por
encargo de un juzgado. Como merece ser investigado en este Parlamento si,
como se ha publicado, existe alguna relación entre la denuncia anónima y
la venta de un paquete de películas a Televisión Española por parte de un
conocido productor de cine, casualmente accionista de Antena 3. Todos
estos datos, señorías, permitirán conocer con exactitud el grado de
implicación del Gobierno y de responsables políticos de la Administración
en todas estas incidencias, que, sin duda, demuestran bien a las claras
que, efectivamente, quienes firmaron el pacto de Nochebuena se iban a
enterar. Lo que a estas alturas del relato parece claro es que quien
profirió las amenazas sabía muy bien lo que estaba diciendo.
Finalmente, y para no extendernos, sólo recordaré a este Parlamento que,
con posterioridad a los hechos hasta aquí descritos y tal como anunció el
diario El Mundo, el Gobierno remitió a esta Cámara un proyecto de ley
para regular los acontecimientos deportivos de interés general. Se trató
desde el Gobierno de explicar que dicho proyecto pretendía garantizar el
fútbol abierto para todos los españoles. Se aprovechó este momento para
lanzar una campaña de insidias desde el Partido Popular sobre los oscuros
intereses del Partido Socialista, que no eran otros, se decía desde el
Partido Popular, desde el Gobierno, que privar a trabajadores y
pensionistas del espectáculo de ver los partidos de fútbol por los
canales de televisión públicos y en abierto. Hoy sabemos que detrás de
toda esta operación de manipulación informativa se escondía un interés
político inconfesable y otra vez más la ejecución de las amenazas.
Señorías, poco importaba garantizar la emisión del partido
Madrid-Barcelona en abierto; de lo que realmente se trataba, y las
discusiones en esta Cámara no dejan lugar a dudas, era de romper los
contratos firmados por los clubes de fútbol con los dos grupos de
comunicación firmantes del pacto de Nochebuena. De lo que se trataba era
de castigar a estos dos grupos de comunicación, de privarles de los
derechos del fútbol televisado, que, por cierto, comparten con las
televisiones públicas autonómicas, y eso a cualquier precio, porque para
pagar, señorías, ya está Telefónica.
Señorías, el Parlamento debe asumir sus propias funciones e investigar lo
ocurrido conforme a lo previsto en el artículo 79 de la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, vaya concluyendo.
El señor PEREZ RUBALCABA: Voy terminando, señor Presidente.
En términos políticos, los hechos sucintamente narrados constituyen un
manifiesto abuso de poder que no encaja en las reglas por las que deben
regirse los poderes públicos en un Estado democrático. Dichos hechos,
además, no agotan la febril actividad del Gobierno
en estos meses. Este Parlamento ha de conocer si en este período de
tiempo desde el Ejecutivo se han producido avisos, presiones o coacciones
dirigidas a algunos de los accionistas de los medios de comunicación
firmantes del llamado pacto de Nochebuena. Es necesario saber también qué
maniobras, qué presiones se han ejercido para ampliar la llamada
plataforma gubernamental. Quizás en este contexto podamos entender las
idas y vueltas del Ministro de Fomento en relación con los futuros
canales de televisión en abierto. Quizás podamos saber si son promesas,
amenazas, o las dos cosas. Es necesario también conocer qué ha pasado en
este tiempo con la publicidad institucional, al menos con la de
Telefónica, y al menos mientras en dicha compañía existía capital
público. Quién y por qué se toma la decisión de empeñar a Televisión
Española en una batalla publicitaria completamente absurda.
Las amenazas, las coacciones, las connivencias más o menos expresas entre
el poder público, algunos medios de comunicación y determinados intereses
privados no son comportamientos que deban quedar al margen del reproche
político de este Parlamento. Si desde el Poder Ejecutivo se ignoran
derechos individuales o societarios, si se restringen las libertades de
información en la empresa, deben exigirse las correspondientes
responsabilidades políticas.
Voy terminando ya. Creo que el relato de hechos es contundente. Retratan
a un Gobierno en campaña contra unos medios de comunicación que no se
dejan doblegar. No, señorías. No es una batalla entre medios, en la que
no entraríamos; es una batalla del Poder Ejecutivo, del Gobierno español
contra unos medios muy concretos, aquellos que no le son dóciles,
aquellos que no le son afines. ¿Es que alguien piensa que la Compañía
Telefónica se hubiera embarcado a liderar una plataforma de televisión
digital si no fuera por indicación expresa del Presidente Aznar? ¿Es que
alguien se imagina que la revista Epoca se lanzaría a la conquista de los
cielos si no fuera porque así conviene al Gobierno del señor Aznar? ¿De
verdad a alguien se le pasa por la cabeza que el Fiscal General hubiera
emprendido acciones, a partir de una denuncia anónima, contra un
empresario de comunicación si no le conviniera al Gobierno del señor
Aznar? ¿Es que queda alguien en esta Cámara tan ingenuo como para pensar
hoy que se instruiría en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional una
demanda contra los directivos del otro grupo de comunicación firmante del
pacto de Nochebuena si el Gobierno de Aznar no lo hubiera alentado? No,
señorías. No estamos ante una guerra entre medios de comunicación.
Estamos ante una guerra del Gobierno de José María Aznar contra los
medios de comunicación que no se pliegan a sus deseos. Dicho de otro
modo, si los diarios El País y El Periódico, el grupo Prisa y el grupo
Zeta, trocaran sus críticas a Aznar por lisonjas y elogios, no se hubiera
producido ninguna de las actuaciones que he referido, ni las amenazas, ni
las leyes, ni las actuaciones fiscales, ni las instrucciones judiciales.
Nada de eso hubiera ocurrido, porque todas ellas son, señoría, pura y
simplemente, represalias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rubalcaba, termine ya, por favor.
El señor PEREZ RUBALCABA: Termino ya, señor Presidente.
En España, señorías, existen unos medios de comunicación progresistas y
otros conservadores, como en cualquier nación democrática. Los hay más
complacientes con el Gobierno de derechas y los hay más críticos. Es lo
normal en cualquier país en el que existan libertades. Pero la
originalidad está en que aquí manda un Gobierno, el del señor Aznar, que
sólo quiere medios de comunicación afines. (Rumores.) Sólo acepta que por
la radio, por las televisiones o en las páginas de los periódicos se
repitan una y otra vez sus consignas o las de su portavoz.
El Presidente Aznar afirmó hace pocas fechas, a preguntas de un
prestigioso diario internacional, en relación con la situación de la
economía española, que el milagro era él. Señorías, si este hombre
milagroso que hoy preside nuestro Gobierno consiguiera el milagro de
hacer callar a todos los medios de comunicación independientes, con
amenazas, con leyes, con decretos, con fiscales o con tribunales,
entonces, señorías, el milagro resultante no merecería el nombre de
democracia.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Trías
Sagnier.
El señor TRIAS SAGNIER: Gracias, señor Presidente.
Sinceramente, señor Rubalcaba, creía que usted iba a elevar el tono del
debate y no iba a caer en la fácil argumentación que llevamos oyendo en
esta Cámara desde hace casi cuatro meses.
Esta Cámara es la casa donde se hacen las leyes y es el gran foro del
debate político. Quizá es una visión un poco idealista de este modesto y
neófito Diputado. Lo cierto es que llevamos meses discutiendo, gracias a
las iniciativas de sus señorías del Grupo Socialista, sobre los intereses
particulares, por otra parte perfectamente legítimos, de unos grupos y de
unos oligopolios. Resulta de verdad sorprendente esta forma que tienen
SS. SS. de entender el Estado del bienestar. Esa es quizá la doctrina
González. (Aplausos.)
Por otro lado, señor Rubalcaba, usted ha hecho una cita de la revista
Epoca que me parece carente de toda
y de la más mínima cortesía parlamentaria, al traer aquí, como apoyatura
de su discurso, una cita del hijo del Presidente del Gobierno. Yo, por
cortesía parlamentaria, no voy a citar lo que han dicho tantas revistas,
tantos diarios de la familia del ex Presidente del Gobierno, porque
merece todos mis respetos y porque no quiero mezclarlo en este debate.
(Aplausos.--Varios señores diputados: Muy bien.), Señorías, mi actuación,
tanto pública como privada, ha estado presidida siempre, en toda mi vida,
por el deseo de concordia. He impulsado acuerdos y he impulsado pactos, y
he evitado, siempre que he podido, la confrontación y la descalificación
del adversario. Yo, desde luego, no voy a descalificarles, pero mi deber
como Diputado es centrar este debate en lo que es la calificación. Y por
lo que respecta a la solicitud insólita de creación de una comisión de
investigación de ámbito genérico, que no esconde otra cosa que un deseo
de juzgar toda la actuación de un año de Gobierno, sin centrarse en lo
que es fundamental: acuerdo de pensiones, acuerdo del mercado laboral
--hoy hemos convalidado los dos reales decretos--, acuerdo en lo
esencial, en lo que es la unidad monetaria, ustedes intentan centrarse en
lo accesorio, y por ello nuestro grupo en esto --y además se ha debatido
hasta la saciedad-- se opone de forma rotunda y contundente. Yo le he
dicho que no voy a calificar su iniciativa, porque eso ya lo hizo la Mesa
y la Junta de Portavoces del Congreso, en lo que son sus aspectos
jurídico procesales, pero sí lo voy a hacer desde el punto de vista
político y desde los aspectos jurídico-materiales.
¿Cuál es el sentido que tienen las comisiones de investigación, señoría?
Cójanse la ley y lean el espíritu y la letra de la misma. Las comisiones
de investigación tienen que ser sobre un objeto determinado, no
fundamentarse en cuestiones genéricas, en juicios de valor y orientada a
juzgar la acción del Gobierno en los campos más accesorios, más diversos
y más variopintos: telecomunicaciones, Agencia Tributaria, actuación de
los miembros del Gobierno, Fiscalía General del Estado, presuntas
coacciones o amenazas. Ustedes ni siquiera tienen la corrección de
llamarlas presuntas, lo afirman de una manera rotunda, concluyendo lo que
en todo caso tendría que concluir una comisión de investigación. Yo creo
que ustedes hacen un totum revolutum de lo que es accesorio para elevar
el tono de la crispación. Para ello, señorías, tienen ustedes otros
campos parlamentarios, que son las preguntas, que semanalmente se les
hace a los diversos miembros del Gobierno y a su Presidente a la cabeza,
en lo que son las sesiones de control y, por otro lado, las comisiones de
investigación para investigar temas concretos. Por ejemplo, si SS. SS.
quieren investigar cómo un Gobierno adjudicó a una cadena privada de
televisión, al parecer preteriendo otros intereses que legalmente parece
que estaban mejor protegidos en el año 1989, pues podríamos investigarlo.
Si SS. SS. quieren investigar, por ejemplo, si hubo presiones por parte
de un gobierno para que una cadena de radio dejase el lugar a otra cadena
de radio, que adquirió prácticamente todos sus derechos, quizá también
sería interesante investigarlo. Para temas concretos y determinados. Pero
es que en la solicitud que ustedes han presentado a esta Cámara,
señorías, prejuzgan los hechos y concluyen, en coherencia antijurídica,
con ese prejuicio.
Yo no le voy a negar a usted legitimidad jurídica, aunque usted sea
químico, porque estuvo muchos años dentro del Gobierno, fue Ministro de
la Presidencia y creo que tiene usted toda la legitimidad jurídica, pero
se ha equivocado. O sea, usted concluye, en coherencia antijurídica, lo
que prejuzga en los hechos y en los motivos que han ocasionado la
presentación de esta Comisión, llegando al cenit de la incoherencia y del
absurdo, por lo menos del absurdo jurídico, cuando dicen: «Todos estos
hechos y otros que no viene al caso relatar aquí, para no alargar
innecesariamente este escrito, son la prueba de que el Gobierno utiliza
procedimientos de presión y coacción contra empresas, constituyendo un
manifiesto abuso de poder». Y afirman, para concluir, que tienen que
averiguar cuáles han sido las actuaciones abusivas --que ya lo han
concluido-- que el Gobierno realiza desde el 24 de diciembre de 1996. Y
todo ello con un único fin: que el Gobierno reoriente --lo dicen ustedes
en su proposición-- la estrategia con respecto a la televisión digital.
Yo extraigo dos conclusiones. La primera, que la única estrategia que
ustedes pretenden con la creación de esta comisión es la defensa de unos
intereses legítimos, pero privados. Eso es lo que ustedes sostienen
cuando dicen que quieren analizar la estrategia respecto a la televisión
digital. En segundo lugar, señoría, me tiene que admitir que como
abogado, no ya como Diputado solamente, me resulte chocante y
sorprendente la utilización de términos tan imprecisos para formular tan
graves acusaciones como la de que fundamentan su petición en otros hechos
que no viene al caso relatar aquí para no alargar innecesariamente este
escrito. ¿No será, señorías, que no tienen ningún argumento y han
utilizado este pobrísimo recurso forense de mal abogado para fundamentar
su pretensión?
Por otro lado, si nos ponemos a investigar quizá lo tendríamos que hacer
desde que se liberalizó la televisión; si se concedió algún canal con
evidente abuso de poder. Así al menos lo afirmó un día, hace años, el
presidente de una cadena privada de televisión. ¿Qué me dirían ustedes si
hubiese dicho del Gobierno: «Miren, todos estos despropósitos y algunos
más graves que me reservo por sentido de la responsabilidad no se
produjeron en una charla informal ni en una conversación telefónica, sino
en un despacho de La Moncloa al que fui formalmente convocado por la
Ministra portavoz del Gobierno. Fui apercibido en la misma conversación
de que me atuviese a las consecuencias si no acataba sumisamente esta
arbitrariedad». También
afirmó el señor Asensio en su día: «El Gobierno ha cometido una
ilegalidad jurídica --refiriéndose a ustedes-- y una arbitrariedad
política al dejarse llevar por intereses particulares de dudosa moralidad
de algunos ministros y de sus poderosos amigos y por intereses económicos
y estratégicos partidistas, no por inconfesables menos ciertos». Son
palabras pronunciadas por una persona que ahora goza de su amistad,
porque pudimos ver cómo le recibían, por las cadenas de televisión.
(Risas.--El señor Pérez Rubalcaba hace signos negativos.) No, no usted,
señoría, otras personas que se sientan en esos escaños. Son vuelcos que
da la vida política.
Nunca, señorías, se le otorgó por parte del Grupo Popular la más mínima
credibilidad a esas manifestaciones y nosotros no solicitamos entonces
que se organizase una comisión de investigación por esas palabras, que
son lógicas, porque él defiende unos intereses privados, que repetiré una
y cien veces que son perfectamente legítimos si no están en
contraposición con intereses públicos. Eso es lo que intenta hacer el
Gobierno: regular intereses que favorezcan a todo el mundo.
(Aplausos.--¡Muy bien.--Muy bien.) Señorías, las intenciones que persigue
el Grupo Socialista parecen claras y no tienen nada que ver --como les he
dicho antes-- ni con la letra ni con el espíritu para el que están
constituidas las comisiones de investigación. Ustedes pretenden una
especie de juicio paralelo y público sobre campos tangenciales para
desviar la atención de otros temas que comprendo que les pesan a ustedes
como auténticas losas y que no voy a citar porque yo sí tengo cortesía
parlamentaria. (Aplausos.) Sin embargo, no puedo evitar desenmascarar una
estrategia que repiten ustedes, señorías, de forma machacona en una
especie de argumentario aburrido y común a todos. Para quitarse los
problemas que tienen encima lo hacen del siguiente modo. Por un lado --y
eso es algo que solemos hacer los abogados (Risas.), preconstituir
pruebas--, preconstituyen pruebas. Primero, descalifican a los jueces que
les incomodan, a los que llaman descerebrados. Esos jueces descerebrados
que ustedes rescatan de la Judicatura, que los ponen como número dos en
las listas electorales y que van con ustedes no con nosotros. (Aplausos y
protestas.) Segundo. Se insulta a los medios de comunicación que no son
de su agrado, denominándoles el sindicato del crimen, sindicato del
crimen donde prácticamente todos los que ustedes meten en ese saco fueron
los más fervientes apoyos que ustedes tuvieron en las legislaturas
primera y segunda. (Varios señores diputados: ABC.--Protestas.) Sí,
señorías, los más fervientes apoyos que ustedes tuvieron. Si no, acudan a
las hemerotecas; si les gusta leer. Tercero. Cuando algún tema judicial
se les pone de cara, dicen: Hombre, ya lo decíamos nosotros; van a por
nosotros, nos persiguen, es una conspiración urdida por jueces
descerebrados, por el Gobierno, por el Grupo Popular, por todo el mundo.
(Rumores.)
En fin, llegando al otro lado de la cuestión, tienen ustedes
instrucciones de elevar la tensión con argumentos tan ruines --porque no
tienen otro nombre-- como que el Partido Popular ataca las libertades,
que con la derecha vuelve la caverna (Varios señores diputados: Sí, sí.)
y que pretendemos acabar con la libertad de expresión. (Aplausos.--Varios
señores diputados: Sí, sí.) Pues miren, señorías, afortunadamente no
todos los de su grupo son de esa misma opinión y gritan un sí como si
fuese una instrucción, sino que muchas personas de su grupo piensan justo
lo contrario. (Rumores.--Varios señores diputados: No, no.) Ustedes,
desde el 30 de diciembre de 1996, como puso de manifiesto y desenmascaró
en la Comisión Constitucional el Secretario de Estado para la
Comunicación, tienen instrucciones de elevar la tensión porque les
atenazan otros temas que ya les he dicho que no voy a citar por cortesía
parlamentaria, y no lo voy a hacer. (Protestas.)
Para oponernos a la creación de esta comisión también quiero alegar
motivos de pura economía parlamentaria. En la Comisión Constitucional, y
ahí están los «Diarios de Sesiones», se discutió por activa y por pasiva
todo lo que se tenía que discutir, y no de una forma genérica como
ustedes pretenden ahora en esta comisión de investigación.
Por todos estos motivos, señorías, señor Presidente, el Grupo Popular se
opone a la creación de esta comisión. Esto ya se ha debatido, son temas
que se han debatido hasta la saciedad. El verdadero debate no está en
estas cuestiones; el verdadero debate está en temas mucho más
importantes, no en la defensa de unos intereses privados y su verdadero
debate también lo tienen ustedes en otros sitios.
Nada más. Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trías.
Señor Pérez Rubalcaba. (Rumores.--Un señor Diputado: Ten cuidado, que es
abogado.)
El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias,
señor Trías, por su intervención, por el tono de la misma y por la clase
de Derecho que nos ha dado a todos, a mí singularmente que,
efectivamente, buena falta me hace. Pero aquí no venimos hoy a hablar de
Derecho, sino de política; ese es el problema.
Déjeme que haga tres pequeñísimas precisiones a su intervención y luego
entro en el fondo del problema, que usted no ha querido tocar. Primero.
No diga usted que nosotros no hacemos otra cosa que hablar de estos
temas, porque ustedes han traído aquí dos proyectos de ley en los últimos
cuatro meses: un decreto-ley que se ha convalidado como ley y se ha
tramitado como ley; una ley que estamos viendo a uña de caballo, con
trámites de urgencia, con comparecencias hechas por
la tarde y por la noche, saliendo del Parlamento a las doce... Pero,
señor Trías, por favor, ustedes son los que traen ese debate, ustedes son
los que viven obsesionados con ese debate (Rumores.), nosotros nos
limitamos a relatar los hechos. (Protestas.--El señor Vera pronuncia
palabras que no se perciben.) Estoy hablando con el señor Trías, no con
usted, señor Vera.
El señor PRESIDENTE: Señor Vera, no establezca diálogo con el orador. (El
señor Vera pronuncia de nuevo palabras que no se perciben.) ¡Señor Vera!
(El señor Vera pronuncia de nuevo palabras que no se perciben.) ¡Señor
Vera, le llamo al orden!
Continúe, señor Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Señor Trías, respecto a la crispación, me gusta
su tono, creo que me parezco a usted en eso, pretendo ser un
parlamentario tranquilo y estoy más cómodo en ese tono que en otro, pero
de crispación no sigan ustedes hablando. Déjeme que haga una incursión
por lo que ha pasado estos
días ¿Quién ha crispado a los fiscales, señores del PP? (Algunos
señores Diputados: ¡Vosotros! ¡Vosotros!) ¿Nosotros? ¿Nosotros hemos
nombrado al señor Fungairiño? ¡Hombre! Señorías, me parece demasiado.
(Aplausos.) Tercero. Para historias raras de conspiraciones, de guiones,
la del señor Rodríguez el otro día en la Cámara. Pero usted y yo hoy aquí
lo tenemos facilísimo. Le propongo una cosa muy sencilla, muy elemental,
que venga aquí y diga ante toda la Cámara que los señores Oneto, Hermida
y Campo Vidal han mentido. Se lo propongo. Yo le digo a usted que el
señor Rodríguez y el Vicepresidente --que me perdone porque no está en el
debate-- no han dicho la verdad. El señor Rodríguez en su comparecencia
mintió, lo afirmo con toda la claridad. Por tanto, no saque
intervenciones pasadas porque, créame, no le van a hacer ningún favor.
Salga aquí y dígalo, si se atreve. Don Miguel Angel Rodríguez no lo pudo
decir y, ¿sabe por qué no lo pudo decir? Porque es verdad, señor Trías,
porque lo sabe todo el mundo y, sobre todo, porque el relato de hechos es
concluyente, porque no se amenazó, se concretaron las amenazas y he hecho
un relato, repito, concluyente aquí.
Entiendo que ustedes tienen que contraatacar. Usted lo ha hecho de forma
razonable, no se ha pasado en ese asunto --otros compañeros de su grupo
seguro que lo hubieran hecho mucho más agresivamente--, pero la filosofía
es la misma que la que impregna la propuesta del Grupo Popular que vamos
a discutir después en esta Cámara, que el señor De Grandes, su portavoz,
nos aclaró en una rueda de prensa. Nos dijo: presentamos esta propuesta
para investigar hacia atrás, para que quitéis la vuestra. (Un señor
Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) En definitiva, igual que
con los medios de comunicación, que se calle la oposición. Ese es el
problema señorías, ese es el problema (Aplausos.) con los medios de
comunicación y con la oposición.
Déjeme que le diga una cosa, ya que usted ha dado lecciones jurídicas, me
voy a permitir mencionarle una lección democrática --no sé si usted la
necesita o no, algunos compañeros de su grupo, sí--. (Rumores.) En
democracia, a la oposición le corresponde controlar al poder y al poder
le corresponde aguantar y yo me he sentado en ese banco y he aguantado
muchas críticas. Algunas me han gustado más y otras menos, pero esa es mi
obligación democrática. Lo que no es democrático es decirle a la
oposición: o quitáis la petición de comisión de investigación o pedimos
otra. Eso no es democrático, eso pretende tapar la boca a la oposición
igual que lo que discutimos aquí en esta tarde, que lo que se pretende es
tapar la boca a los medios de comunicación.
Le voy a decir una segunda cosa muy elemental, no nos van a callar (Un
señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.), y no nos van a
callar por una razón muy sencilla, porque como dijo el otro día Felipe
González y le repito hoy aquí, nosotros no tenemos ningún paquete de
acciones en ningún medio de comunicación. (Varios señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben.) Ninguno. (Aplausos.) No podría
decir lo mismo de todos los que se sientan ahí; nosotros ninguno. Sin
embargo, sí tenemos un paquete de acciones, uno, una inversión muy
importante, la que hicimos como partido político en la transición en una
cosa que se llama libertad de expresión en España y en la defensa de esa
inversión con uñas y dientes nos va a encontrar, con uñas y dientes.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, debe concluir.
El señor PEREZ RUBALCABA: Sólo tres minutos, señor Presidente.
El problema, señor Trías, no es si hay monopolios u oligopolios. Haga
usted una comparación de la estructura de medios en España y la que hay
en Europa y verá cómo en España hay mucha más dispersión de poder en
términos de medios de comunicación que en Europa. Ese no es el problema.
El problema que aquí discutimos hoy y el que usted no quiere discutir es
por qué ustedes no soportan la crítica, por qué no encajan la crítica,
por qué quieren amordazar a todo aquel que les insulta...(Risas.) Y que
les critica; también los insultos valen en política. Miren, ustedes en
esta materia, señorías, son reincidentes. Ese es su primer problema. Son
reincidentes. Ustedes ya trataron de hacer lo mismo, el señor Aznar en
concreto, en el Gobierno de Castilla-León. (Rumores.--Un señor Diputado
pronuncia palabras que no se perciben.) No, no le voy a hablar de las
listas negras, no. Hoy voy por otro sitio. Mire, le voy a leer una frase
muy sencillita dicha
en un seminario dirigido por un sociólogo que nada tiene que ver con el
Partido Socialista, celebrado en Avila en 1994, pronunciada por un
director de un medio de comunicación de Castilla-León, que decía que la
interdependencia entre el Gobierno y los medios en Castilla-León había
rebajado hasta límites mínimos el sentido crítico de la prensa frente al
poder público, y ha instaurado una cierta uniformidad editorial. Añadía:
en el mejor de los casos no se critica la labor de la Junta, y en el
peor, en la mayoría, se es complaciente y adulatorio. Ese es el proyecto.
Ese es el proyecto al que se refería el comentarista de la cadena COPE
cuando dijo aquello de: había un intento de controlar, quiero decir, de
reorganizar los medios de comunicación.
Ese es el proyecto. Medios dóciles, medios afines, medios que repitan las
consignas del portavoz del Gobierno. En este caso, desgraciadamente, el
portaamenazas. (Rumores.) Ustedes tienen ese problema, que son
reincidentes, y le voy a decir más, tienen otro, que no sólo han enredado
en esto que hemos discutido hoy aquí, que es muy importante, que lo han
hecho en muchos otros sitios. Mire, le recomiendo que lea usted un
periódico, el diario El Sur de Málaga... (Risas.) Sí, perdonen, ya lo
siento. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) No,
déjeme que le voy a leer palabras textuales, no es de Zeta, lo veo aquí,
lo tengo aquí y dice: Tres grandes grupos de comunicación de España
denuncian presiones del Gobierno. No voy a hablar del grupo Zeta. Voy a
leer las declaraciones de un altísimo dirigente del grupo El Correo, que
creo que no tiene nada que ver con el Partido Socialista y que dice...
(Rumores.) Y que dice que durante el mandato socialista --se lo digo por
lo que vamos a discutir después-- no tuvimos nunca ningún problema, pero
ahora hemos tenido presiones bastante importantes, como las que han
ocurrido para entrar en la televisión digital. Pero no es esto lo más
grave. Mire, un alto directivo, cuyo nombre, por razones evidentes, me
guardo aunque, si quieren lo digo, un alto directivo
de otro gran grupo de comunicación Prensa Ibérica
--también ésta es del Partido Socialista, seguramente-- decía
literalmente: Al gabinete de Aznar le cuesta digerir las discrepancias
informativas. Y también aclaro que esta situación no se daba en la etapa
anterior. Y este alto directivo del grupo Prensa Ibérica --el subdirector
de este grupo es el que es-- aseguró --para el que lo preguntaba-- que
desde el poder central se han producido amenazas y provocaciones. Ese es
su problema.
Y su tercer problema --y ya voy terminando-- es que ustedes en esta
historia han mentido mucho, mucho. Se lo he dicho antes. Don Miguel Angel
Martínez (Risas.), Miguel Angel Rodríguez, perdón... (Risas.) mintió en
esta Cámara, mintió también en Tele 5 cuando le preguntaron por el pacto
Asensio-Polanco y dijo aquello de que, desde luego, piensa que el pacto
es libre y que el Gobierno defiende la libertad de hacer cualquier tipo
de operaciones, etcétera. Mintió aquí cuando le preguntó el Grupo
Socialista qué pensaba del Pacto de Nochebuena y dijo que el Gobierno no
tenía ninguna opinión contraria a los pactos empresariales que surjan en
España.
Señorías, no es posible. No es posible que venga aquí el portavoz del
Gobierno y nos diga que el Pacto de Nochebuena le parece magnífico. Es
que si le llega a parecer mal, declaran ustedes la guerra atómica.
(Risas.) No es posible, señorías, no es posible. (Risas.--Aplausos.) No
es posible que se diga por parte del Vicepresidente del Gobierno que esto
de la plataforma digital y de la audiencia no tiene nada que ver con la
historia que hoy nos ocupa. No es posible, señor Cascos, usted lo sabe,
porque luego sale alguien y dice...
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, concluya.
El señor PEREZ RUBALCABA: Termino, ya. Luego sale alguien y dice que
aquello de que había un informe del Secretario de Estado. Ya sé que usted
puede declarar que no conoce al señor Ortega, que no le ha visto nunca,
que no ha hablado con él por teléfono. Todo esto lo puede declarar, pero
no es posible. No se puede decir algo que luego no resulta cierto, y eso
es lo que nos impulsa aún más a pedir aquí una comisión de investigación.
Porque ustedes son reincidentes. Yo diría que tienen una patología
genética... (Risas.) Tienen una patología genética que está en los libros
de historia descrita y que se llama intolerancia y autoritarismo...
(Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Porque ustedes son
reincidentes. (Aplausos.) Porque ustedes lo que están haciendo con dos
grupos de comunicación es lo que hacen con otros grupos de comunicación
en España. Lo que pasa es que esto es tremendo porque el relato de hechos
es concluyente. Y porque ustedes en toda esta historia han mentido en las
radios, en las televisiones, y también en este Parlamento, es por lo que
tenemos que hacer una comisión de investigación. (Fuertes y prolongados
rumores.) Señorías, porque el tema es muy grave. (Un señor Diputado:
¡Gravísimo!) Porque no es posible que usted me haga creer que no ha
pasado nada cuando ha habido dos leyes...
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, ha excedido con creces el
tiempo de la réplica. Concluya de inmediato.
El señor PEREZ RUBALCABA: Termino, ya, señoría.
Cuando ha habido dos leyes, actuación de la Inspección fiscal, de la de
telecomunicaciones, de la Comisión Nacional del Mercado de las
Telecomunicaciones, de la Audiencia Nacional, del Fiscal General del
Estado...
¿Todo es casual? ¿Todo es casual? (Un señor Diputado: ¿Qué dices, hombre,
qué dices?) ¿Todo se lo inventa el Partido Socialista? (Rumores.) No,
señorías. Forma parte de una actitud muy profunda del poder y muy
especialmente de su Presidente, el señor Aznar, que debe ser investigado
porque ese abuso de poder, señorías... (Un señor Diputado pronuncia
palabras que no se perciben.)... implica en nuestra Constitución --y esto
sí que me lo sé-- la asunción de responsabilidades políticas. (Varios
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.--Fuertes y
prolongados rumores.) Y eso, señor Trías, corresponde hacerlo en este
Parlamento.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba. (El señor De Grandes
Pascual pide la palabra.) Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, por alusiones, al amparo
del artículo 71 del Reglamento. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¿En qué punto, señor De Grandes? Porque el portavoz
de su grupo, que entiendo que en este debate es el señor Trías, va a
tener ahora derecho a la réplica.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, el portavoz de mi grupo le
va a representar dignísimamente sobre el tema de fondo, y esta persona
que habla, Diputado individual, quiere responder a alusiones personales
proferidas por el señor Diputado en el uso de la palabra. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: ¿Alusiones personales? De acuerdo, señor De Grandes,
no le había entendido eso. (Protestas.--El señor Caldera Sánchez-Capitán
pide la palabra.) Señor Caldera, no tiene S. S. la palabra. (Fuertes
protestas.) ¡Silencio, señorías! El señor De Grandes me está solicitando
un turno de alusiones personales.
Señor De Grandes, adelante, pero le ruego que comience señalando en qué
punto ha sido aludido.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Gracias, señor Presidente.
Tenga la seguridad de que me voy a limitar a las alusiones personales que
ha proferido el señor Rubalcaba. (Protestas.--La señora Rubiales
Torrejón: ¿Pero qué estás diciendo?--El señor Serra i Serra pronuncia
palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor De Grandes. Señor Serra.
Le ruego, señor De Grandes, que comience aclarando a la Cámara en qué
momento se han producido las alusiones personales que motivan su
intervención. (Fuertes protestas.) Silencio, señorías, silencio.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Si me deja el griterío.
El señor PRESIDENTE: Señor De Grandes no perdamos más tiempo en el
incidente. (Protestas.) Silencio, señorías.
El señor DE GRANDES PASCUAL: No me dejan hablar.
Gracias, señor Presidente, tenga la seguridad S. S. de que me voy a
referir a las alusiones personales. (Protestas.) El señor Rubalcaba se ha
referido al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y además me ha
citado por mi nombre y apellidos, me ha imputado expresiones y ha hecho
juicios de valor. Yo le quiero aclarar que es cierto que dije, en rueda
de prensa, y lo reitero aquí, que nuestra petición de comisión de
investigación sobre supuestos abusos de poder del Partido Socialista en
relación con los medios de comunicación y que afectaban a la libertad de
expresión, al derecho a la información y que afectaba al pluralismo
político, era una respuesta política. Lo reitero: era una respuesta
política a la desfachatez del Grupo Socialista, a la indecencia del Grupo
Socialista que se atrevió a... (Fuertes protestas.--El señor Caldera
Sánchez-Capitán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor De Grandes. Silencio, señorías. Si SS. SS. se
sosiegan, habrá tiempo para resolver todas las incidencias. (Fuertes
protestas.) ¡Señorías, guarden silencio!
Señor De Grandes, el turno de alusiones permite y debe dirigirse a
contestar a las alusiones sin entrar en el fondo del asunto ni hacer
nuevas alusiones. No voy a debatir con S. S. Es el texto del artículo 71
y, en efecto, ha aludido al Grupo Socialista en sus últimas palabras, en
términos que pueden considerarse vejatorios, para lo cual y dando por
zanjado el incidente, señorías, tiene un turno de alusiones de grupo
parlamentario el señor Caldera por otros tres minutos.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
No me refiero a ese artículo del Reglamento. Primero, invoco, señor
Presidente, el artículo 72: «En cualquier estado del debate, un Diputado
podrá pedir la observancia del Reglamento...», para recriminarle a usted,
señor Presidente... (Fuertes protestas.) Estoy en el uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Señorías, la Presidencia no necesita que intervenga
nadie más que los diputados que quieran llamar la atención sobre el
Reglamento.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: ... para recriminarle una incorrecta
interpretación del Reglamento. El señor De Grandes ha sido citado...
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, no compliquemos ...
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: ... con una información...
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Caldera!
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente...
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Caldera!
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, con una
información...
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, sabe perfectamente S. S. que en lo
que a la interpretación del Reglamento se refiere no cabe debate con la
Presidencia. Su señoría tiene otras vías para manifestar su protesta
perfectamente legítimas, pero no hace al caso, señor Caldera. Si lo
desea, puede consumir ahora un turno por alusiones; si no, le retiraré la
palabra, porque no cabe debate sobre la interpretación reglamentaria de
la Presidencia, señor Caldera, y lo sabe perfectamente.
Si desea consumir un turno por alusiones, tiene la palabra.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, a continuación, el
portavoz del Grupo Socialista en este debate manifestará en el turno de
alusiones lo que le parezca conveniente. En todo caso, respeto su
autoridad en la dirección de los debates (Una señora Diputada del Grupo
Socialista: Nosotros nos fiamos de él), pero me permito solicitar que
conste en Acta mi formal protesta por esa concesión que, repito, rompe
todo precedente en esta Cámara... (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡ Silencio, señorías!
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, lo podremos comprobar
en el «Diario de Sesiones»...
El señor PRESIDENTE: Así se hará.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Rompe todo precedente en esta Cámara en
relación al hecho de que la cita a un parlamentario, si está concretada
en una declaración pública y periodística, es una cita, no una alusión. Y
en relación...
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, así se hará, a partir del «Diario de
Sesiones».
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: En relación con el turno que me
corresponde con respecto a los insultos que el señor De Grandes...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Caldera, me ha dicho que lo iba a
utilizar el señor Pérez Rubalcaba.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Lo utilizará el señor Pérez Rubalcaba,
pero acabo diciendo que, por los insultos que el señor De Grandes ha
dirigido a mi grupo parlamentario, toda la Cámara podrá ver quién es el
causante de la crispación. Mejor ejemplo, imposible. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Señor Presidente, efectivamente yo he aludido
al señor De Grandes; para ser exacto, a unas declaraciones del señor De
Grandes que salieron en todos los medios de comunicación, en las que el
señor De Grandes decía más o menos lo siguiente (El señor Hernando
Fraile: Más o menos, no.) Señor Hernando, es usted un parlanchín
infatigable. (El señor Hernando Fraile: Pido la palabra por alusiones.)
El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, evite nuevas referencias y
termine su turno.
El señor PEREZ RUBALCABA: Señor De Grandes, usted decía: Presentamos una
propuesta de comisión de investigación del pasado para que los
socialistas retiren la suya del presente. Eso es lo que usted decía. (El
señor De Grandes Pascual: ¡Eso no es verdad!) Y, señor De Grandes, lo he
dicho en la tribuna y lo repito aquí: eso es profundamente
antidemocrático. Nosotros somos la oposición. Nuestra obligación es
controlar al Gobierno, a este Gobierno, no al anterior. Ustedes no pueden
pretender callarnos la boca con amagos y gambitos sobre el pasado. Si
quieren investigar el pasado, háganlo; después vamos a discutirlo, pero
háganlo hasta donde quieran. Pero eso no quiere decir que no
investiguemos los abusos de poder que desde el Gobierno del Partido
Popular se están cometiendo. (Aplausos.--El señor De Grandes Pascual:
¡Falta usted a la verdad!--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalbaca. (El señor Trías
Sagnier pide la palabra.) Señor Trías, las incidencias y alusiones son
cruzadas. (El señor Hernando Fraile pide la palabra.) Señor Hernando, S.
S. no ha sido aludido para nada. (Varios
señores Diputados del Grupo Popular: ¡Sí, sí!--Risas.)
¡Señorías, hasta ahí podían llegar las bromas! Señor Hernando, S. S. ha
establecido diálogo cruzado con el señor Pérez Rubalcaba.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente...
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Hernandol Su señoría ha establecido diálogo
cruzado con el interviniente...
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, he sido aludido...
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Hernando! Ha establecido un diálogo cruzado
con el interviniente, y dése por satisfecho con no haber sido llamado al
orden.
Tiene la palabra el señor Trías.
El señor TRIAS SAGNIER: Señor Presidente, desde luego estoy dispuesto a
aceptar todo tipo de reprimendas y a ser un disciplinadísimo Diputado,
pero convendrá conmigo, señor Presidente, que quizá la apelación más dura
que se ha hecho contra un grupo parlamentario salió de las filas del
Partido Socialista, que ha hecho una alusión nada menos que a la Guerra
Civil a causa del tema de la guerra del fútbol. (Aplausos.--Rumores.)
Señor Presidente, voy a procurar intervenir brevísimamente para no
alargar más este larguísimo debate. El señor Pérez Rubalcaba no ha
explicado por qué hacen esa defensa numantina de unos grupos
minoritarios, de unos oligopolios; primera cosa que no ha explicado, y ha
descentrado el debate.
Le agradezco esa cariñosa expresión sobre las clases de Derecho. Usted no
las necesita. Yo estoy dispuesto, en cambio, a aceptar todo tipo de
clases de democracia, pero estará usted de acuerdo conmigo en que eran
precisamente ustedes, hace años, los que contraponían la democracia
formal con la democracia material. Muchos de los que lo hacían se sientan
en esos bancos, señorías. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor TRIAS SAGNIER: Los maestros de esa distinción se sientan ahora
en sus bancos. El que desconoce la democracia formal es imposible que sea
respetuoso con la democracia material. (Rumores.--El señor Cuesta
Martínez pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señor Cuesta.
El señor TRIAS SAGNIER: Usted ha citado con frases gruesas, y eso me
parece otra descortesía parlamentaria, al Secretario de Estado para la
Comunicación, don Miguel Angel Rodríguez, que no tiene fuero
parlamentario y que no puede defenderse. (Rumores y protestas.--El señor
Aguiriano Forniés: ¡Miente!) Usted ha citado la escasa actividad
legislativa y parlamentaria que hay en esta Cámara. Yo, señoría, estoy
sorprendidísimo. Precisamente, muchas veces salimos a las doce de la
noche, y eso a usted no le debería extrañar; estamos precisamente para
trabajar; para trabajar en las leyes y trabajar, si es preciso, hasta las
tres de la madrugada. (Aplausos.--Rumores.)
Usted se ha referido a la denominada por ustedes guerra de los fiscales.
Lo dijo ayer el Presidente del Gobierno: ustedes no tienen autoridad
moral para referirse a la cuestión de los fiscales. (Rumores y
protestas.--Varios señores diputados: ¡Oh!)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor TRIAS SAGNIER: Usted ha citado a tres periodistas absolutamente
dignos, con algunos de los cuales me une una amistad desde hace
muchísimos años. Con uno en concreto he escrito en un diario cuando él
era el director. Pero convendrá conmigo en que lo que yo hago es --y
perdóneme usted que vuelva a utilizar un argumento jurídico-- una tacha
de testigos, porque están a sueldo, y me parece perfectamente lícito y
legítimo (Rumores.), de otro medio de comunicación que está precisamente
en liza en esta batalla. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor TRIAS SAGNIER: Que usted diga que se intenta acallar a la
oposición y tapar la boca a la libertad de expresión me parece una frase
absolutamente excesiva, sobre todo cuando el diario The Economist
señalaba que España, en el ranking de los países con libertad de
expresión, estaba muy por encima de Gran Bretaña, Francia y Alemania. (El
señor Aguiriano Forniés: ¡Estaba, estaba!) Y precisamente lo recordó don
Mario Vargas Llosa, colaborador del diario El País, cuando recibía los
premios Cavia de un diario que ustedes incluyen dentro de lo que
denominan la caverna.
Ustedes tienen una distinta vara de medir cuando la aplican para ustedes
que cuando lo hacen con el contrario. Tienen una doble moral. (Rumores.)
Eso mismo es lo que han hecho esta mañana cuando su representante
imputaba, acusaba al Partido Nacionalista Vasco de ser ambiguos en algo
tan delicado como es la lucha antiterrorista. (Rumores y protestas.) El
Partido Nacionalista Vasco, socio nuestro, ha sido siempre coherente con
sus actitudes, los que no lo han sido son ustedes, señorías.
(Aplausos.--El señor Aguiriano Forniés: ¡Mentira, no tienes ni idea!
Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trías Sagnier.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio. No podemos continuar el debate si SS. SS. no hacen posible la
consecución del mismo.
Puede comenzar, señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Después de oir el debate de esta tarde, aún me ratifico más en la
posición que voy a defender, puesto que entiendo que la guerra dialéctica
que hoy han planteado ciertamente sólo les interesa a ustedes dos. Soy
uno de los diputados, en este caso Diputada, que forma parte de la
Comisión que investiga las actuaciones de la Agencia Tributaria, y
también acabo de votar, conjuntamente con el resto de los diputados del
Grupo Mixto, la creación de la comisión para investigar las
responsabilidades del tema GAL. En este último caso, por convicción
profunda, porque entiendo que la lucha para saber lo que ocurrió en los
años oscuros de la guerra sucia es una lucha antigua y vital para la
democracia. En todo caso, esta lucha es de tal naturaleza que la demanda
de una comisión GAL necesariamente tiene que situarse fuera de contextos
concretos, de coyunturas más o menos apasionantes.
No puedo, en cambio, decir lo mismo ni de la Comisión que ya existe sobre
la Agencia Tributaria ni de las dos que hoy se plantean vinculadas a la
política del Gobierno, el actual y el anterior, respecto a los medios de
comunicación. Creo que estamos cayendo todos en una trampa mortal, en una
especie de ruleta rusa parlamentaria que está disparando al corazón mismo
de la credibilidad de este Parlamento. ¿Cuántas comisiones de
investigación más van a plantear ustedes, unos y otros, en esta
legislatura? ¿Cuántas comisiones que no van a servir nada más que para
lanzarse los platos a la cabeza, declarando y contra declarando unos
contra otros, en una espiral de odios y venganzas que sólo servirá para
crispar y tensar la vida política? ¿Hay un solo Diputado en esta Cámara
que a estas alturas de la película piense que tanta iniciativa
investigadora va a servir para investigar o esclarecer alguna cosa?
Señorías, me voy a abstener en las dos iniciativas casi, casi por higiene
parlamentaria y, por supuesto, no porque esté de acuerdo con algunas
actitudes que recientemente se han producido, como la escandalosa
injerencia del Partido Popular en el libre mercado comunicativo a través
de la ley del fútbol. Y tampoco soy tan ingenua para pensar que el
Partido Socialista no cometió en su momento abusos respecto a los medios
de comunicación. No; me abstengo porque creo que estamos pervirtiendo el
sentido de esta Cámara, convirtiéndola en una especie de corral que grita
más que legisla. Creo además que es una locura sobrecargar de comisiones
de investigación una Cámara que luego, además, es incapaz de llegar a
conclusiones de ningún tipo. Unos y otros, señorías, Partido Popular y
Partido Socialista, están utilizando las comisiones de investigación como
escenario de sus peleas particulares y sus temas pendientes. Su objetivo
no es tanto la investigación --y lo vemos día a día en la Comisión que
busca 200.000 millones de pesetas perdidos-- como tener un escenario más
o menos espectacular donde encontrarse y medirse permanentemente las
fuerzas. En todo caso, es evidente que me parece más lógica esta comisión
planteada por el Partido Socialista, porque, como mínimo, intenta
investigar al Gobierno actual, que no la siguiente propuesta del Partido
Popular, que encima intenta investigar a un partido que ya no gobierna.
Eso sí que es la más absoluta perversión del sistema.
Señores del Partido Popular, hagan ustedes de Gobierno y dejen de forzar
a este Parlamento a controlar a un partido que perdió las elecciones y ya
no tiene responsabilidades políticas. No utilicen ustedes al Partido
Socialista de ayer como escudo protector de sus responsabilidades de hoy.
Que se lo diga una Diputada independentista puede parecer chocante,
ciertamente, pero a ver si de una vez tienen ustedes más mentalidad
institucional, más criterios de Estado y menos vocación de oposición.
Y ustedes, señorías del Partido Socialista, no caigan en la trampa; no
piensen que recoger el guante de la provocación les legitima más o les
exonera. Ustedes fueron responsables de muchos errores, pero lo pagaron
electoralmente. Y la mejor manera de volver a ganar credibilidad creo que
no se consigue a golpe de comisiones de investigación.
En fin, porque creo que nada ganamos, que sólo ayudamos a desacreditar
este Parlamento, que estamos cayendo en una vorágine que nos puede
devorar a todos, porque creo que el ciudadano ya está bastante harto de
estas peleas de salón, por todo ello me voy a abstener en la votación de
las dos comisiones. Lo voy a hacer porque creo que en ello reside el
sentido común.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde la dialéctica de la serenidad, Coalición Canaria se va a pronunciar
simultáneamente ante estas dos iniciativas de creación de comisiones de
investigación, la que estamos discutiendo en este momento procesal,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y la
que veremos a continuación, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Presidente, vamos a votar en contra de las dos iniciativas. No nos
vamos a abstener, votaremos que no. Si vamos a trasladar a sendas
comisiones de investigación el mismo talante, el mismo espíritu, la misma
fogosidad que se ha empleado en este debate --debate, por supuesto,
democrático y parlamentario--, si vamos a utilizar unos instrumentos en
los que estarían obligados a analizar los datos con frialdad objetiva, yo
me pregunto: ¿qué datos, qué carga de la prueba se puede encontrar en lo
que es legítimamente un debate político puro que debe celebrarse en otro
escenario que no es el de unas comisiones de investigación? No digo yo
que no se hable de estos temas; que se hable libremente, pero no
utilizando como instrumento una comisión de investigación que debería
tener un rigor jurídico, científico, técnico, político también, por
supuesto, comisión de la que tendríamos que formar parte grupos
minoritarios. Porque, señor Presidente, con la dinámica que se ha
establecido en esta Cámara de Subcomisiones, de ponencias de estudio, de
análisis, de investigación, los grupos parlamentarios que tenemos un
mandato político de nuestro electores para controlar al Gobierno, para
legislar, no podemos ni controlar al Gobierno ni legislar. Este problema
se nos plantea a los grupos que tenemos un número de diputados menor que
el número de ponencias y Subcomisiones que hay en esta Cámara, que se
añade a las Comisiones que señala nuestro Reglamento para trabajar en un
sistema político.
Señor Presidente, he encontrado dos puntos de contacto en las
motivaciones de las dos iniciativas: las dos recurren al concepto de
actuaciones abusivas. Si se han llevado a cabo actuaciones abusivas por
parte de cualquier Administración pública, de este Gobierno o del
anterior, contra empresas privadas, que tienen sus cuadros de medios
humanos y económicos para recurrir, en un Estado de Derecho, a los
tribunales; si han sido agredidas con actos abusivos desde el poder
administrativo, un Estado democrático de Derecho lo ha debatido
democráticamente aquí, lo debate la opinión pública, y ahora el Estado
democrático de Derecho hace uso del Derecho. Aquellas entidades, empresas
periodísticas, radios o emisoras de televisión que entiendan que han sido
agredidas por actos abusivos desde el poder administrativo, cualquiera
que haya sido la sanción que pueda habérseles puesto tanto por la vía
administrativa, directamente desde el Poder o a través de leyes
parlamentarias, disponen en España de instancias, afortunadamente, como
el Tribunal Constitucional y la justicia ordinaria. Que recurran, porque
no habrá mayor varapalo para un gobierno, para un partido político que
sustenta a un gobierno o lo haya sustentado, que una sentencia en contra.
Es mucho más importante la sentencia firme de un Tribunal Constitucional
o de un Tribunal Supremo que el resultado de la aritmética parlamentaria.
Señor Presidente, queremos dar un ejemplo desde la Cámara de sosiego y de
tranquilidad. Yo represento a una minoría a la que pueden ponérsele todos
los calificativos que se quiera por su pequeño peso, pero el sentido
común y la responsabilidad no se miden con el sistema métrico decimal ni
con el sistema parlamentario. Ese ejemplo es el que queremos trasladar, y
por eso anuncio que no participaremos, aunque se apruebe la creación de
estas dos comisiones, en los trabajos y composición de las mismas, y no
porque entendamos que vaya a ser un trabajo infructuoso e innecesario. Lo
que no queremos es perder tiempo ni actuar como instrumentos de
participación ante una opinión pública española que tiene por delante
otros retos que requieren más sosiego, más tranquilidad. Los debates
parlamentarios tienen que hacerse donde la opinión pública democrática
entiende que deben hacerse. Pero vamos a garantizar a los ciudadanos, a
las personalidades y a las sociedades anónimas o de cualquier tipo que
entiendan que hayan sido agredidos, que el tercer Poder del Estado, el
Poder Judicial, va a dar o a quitar la razón a quien la tenga.
Desde ese punto de vista, desde el sentido común que invocaba
anteriormente la señora portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, nosotros
no queremos contribuir, desde nuestra pequeñez, en ni siquiera un
miligramo de crispación en este país. ¡Ya está bien!
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el
señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI: Gracias, señor Presidente.
Señorías, las relaciones entre la política y los medios de comunicación
social, entre la representación de la soberanía popular y los grupos de
comunicación organizados, han constituido durante décadas el núcleo de
intensos y apasionados debates. Las relaciones entre el Poder popular y
el llamado cuarto Poder constituyen ciertamente un campo complejo,
interrelacionado, sutil, de mutuas complicidades. En la sociedad actual
no hay políticas sin medios de comunicación social, ni hay prensa, radio
y televisión sin política. Las comisiones de investigación que se
proponen en el día de hoy, tanto por el Grupo Parlamentario Socialista
como después por el Grupo Parlamentario Popular, son, por ello, más que
ninguna otra cosa, sugestivas.
Hagamos, por un momento, señorías, un ejercicio de ciencia-ficción.
Imagínense que somos diputados en una Cámara de representación donde es
posible ejercer la acción de control del Gobierno prevista en el artículo
79 de la Constitución, tal y como indicaba el señor Pérez Rubalcaba en su
intervención; que por unos meses esta Cámara pudiera asumir las funciones
que la Constitución le tiene asignadas en relación al control de la
acción del Gobierno y que una comisión ad hoc se pusiera a trabajar con
medios y recursos humanos suficientes como para poder analizar los abusos
de poder y las consiguientes interferencias que se hayan podido producir
a lo largo de estos años, acumulando los tiempos de los análisis de ambas
solicitudes, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como del Grupo
Parlamentario Popular. Además de cumplir con las funciones
constitucionales, esta Cámara realizaría un sano ejercicio democrático, y
no les oculto que sería ciertamente gratificante, interesante, incluso
apasionante, poder participar en una comisión de investigación que con
esos recursos pudiera alcanzar el objetivo que se está describiendo a lo
largo de las intervenciones que me han precedido, el objetivo de un
análisis transparente de la gestión de los gobiernos en relación a los
medios de comunicación social.
Pero para qué soñar, señorías. Habiéndole concedido sólo un par de
minutos a la ciencia-ficción, creo que es mejor que regresemos todos a la
realidad política del Estado con los pies en el suelo. Por ello, en
opinión del Grupo Parlamentario Vasco, tanto el Grupo Socialista como el
Grupo Popular llevan excesivo tiempo gastando la pólvora en salvas. Mucho
ruido, afiladas acusaciones, agitación en los medios de comunicación
social con declaraciones altisonantes, expectativas y, al final del
camino, tal y como hemos visto en el final del Pleno de esta mañana,
neutralizaciones mutuas en el momento de la verdad. En el momento en que
hay que apretar el botón verde del sí, los dos grupos mayoritarios buscan
la forma de compensarse mutuamente para dejar todo tal cual. Por ello,
mucho gasto en salvas, pero pocas energías para poner en marcha
mecanismos de control de la acción del Gobierno.
Si el humo que se refleja en los medios de comunicación social fuera
consecuencia de fuego real, si los abusos de poder y la ruptura de las
reglas de juego democráticas fueran tan evidentes como se deduce de las
declaraciones de los portavoces de los distintos grupos mayoritarios,
cuyo reflejo podemos ir siguiendo todos los días en prensa, radio y
televisión, esta Cámara, señorías, no podría en ningún caso mirar para
otro lado. Sin embargo, estamos generando una atmósfera en la cual el
humo se entremezcla con el ruido y, los unos por los otros, la casa sin
barrer.
En este contexto, que debe llamarse hoy en día de estrategias
parlamentarias o estrategias políticas --el Grupo Parlamentario Vasco no
termina de entender por qué se gastan tantas energías en estas historias;
podemos comprobar en las propias tribunas la expectación que produce el
debate--, estamos asistiendo a un gran debate de fondo, a una titánica
lucha de intereses entre grandes grupos de comunicación por sostener,
unos, sus posiciones y, otros, por mejorarlas. Ni las actuaciones del
Gobierno ni las de este Parlamento son evidentemente neutras. Por la
descripción de hechos y situaciones producidas, de lo que no se puede
hablar, en opinión del Grupo Parlamentario Vasco, es de arbitrariedad. Si
por una decidida voluntad política mayoritaria en esta Cámara por
preservar el interés general de los ciudadanos, por relativizar y por
socializar, en definitiva, posiciones de monopolio y de dominio en el
mercado, se están produciendo estas situaciones, habrá que ir, señorías,
al fondo de la cuestión. El Grupo Parlamentario Vasco entiende que es
razonable que el Parlamento legisle en materia referida a los medios de
comunicación social con criterios similares a los que sostiene en otros
ámbitos de la actividad empresarial, social o cultural. Desde esta
perspectiva, desde el debate que hemos conocido en los últimos meses en
esta Cámara en relación a sendos proyectos de ley, entendemos que en
ningún caso se puede hablar de abuso de poder precisamente por ejercer el
poder para el que democráticamente se ha sido elegido.
Sin embargo, en el día a día político parlamentario, constatamos que la
caja de Pandora se abrió de súbito la Nochebuena del año pasado. A partir
de ahí, se han magnificado y distorsionado todas y cada una de las
actuaciones que tanto el Gobierno como los propios grupos de comunicación
han conocido, y hemos asistido a un lamentable espectáculo, los unos
contra los otros, y los trastos dirigidos a la cabeza del vecino sin
ninguna consideración. La polémica, desde nuestra perspectiva, señorías,
no tiene en ningún caso ni entidad ni magnitud real que hagan precisa la
creación de sendas comisiones de investigación en esta Cámara. La entidad
del tema está precisamente en los dos proyectos legislativos que esta
Cámara está todavía tramitando. Ahí está el fondo de la cuestión, y en
ese fondo de la cuestión se ha actuado con suficiente diligencia,
transparencia y rigor. En consecuencia, estas proposiciones para
constituir comisiones de investigación son como la hojarasca en relación
a ese tronco común del que nos hemos ocupado suficientemente. Es cierto
que hemos asistido a duras e intencionadas embestidas por parte de
representantes de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios,
pero ciertamente también por parte de algunos medios de comunicación que
se resisten a acomodar su situación a una nueva legalidad que emana
precisamente de la voluntad mayoritaria de esta Cámara intentado
condicionarla. Y desde esta Cámara, señorías, no podemos más que
reafirmar el nivel de autonomía que la misma debe tener, exigiendo a esos
medios de comunicación el respeto debido, de la misma forma que todos y
cada uno de los grupos parlamentarios aquí representados respetamos
dichos medios asumiendo, en libertad y pluralidad, sus líneas editoriales
y sus actuaciones.
En consecuencia, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Vasco no va a
tomar en consideración las propuestas de los Grupos Parlamentarios
Popular y Socialista que pretenden constituir sendas comisiones de
investigación para el esclarecimiento de los hechos
narrados, entendiendo que los mismos se han magnificado y distorsionado y
que los grupos políticos los han utilizado los unos contra los otros como
armas arrojadizas.
Saben SS. SS. que, una vez abierta la caja de Pandora, los males se
dispersaron por el mundo, no quedando más que esperanza en el fondo. A
esa esperanza del fondo de la caja recurrimos, señor Presidente, cuando
asistimos a debates como el actual.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista ha solicitado la creación de una comisión de
investigación sobre la supuestas actuaciones abusivas realizadas o
impulsadas desde el Gobierno en relación con determinadas empresas
periodísticas. No va a coger de sorpresa a nadie que anuncie nuestro voto
contrario a la constitución de esta comisión de investigación; no cogerá
de sorpresa a nadie porque inmediatamente después de que fuera incluida
en el orden del día esta propuesta, como la que ha precedido a este
debate y como la que viene después, anunciamos que íbamos a votar en
contra de las tres. Permítame, señor Presidente, que me explique, cuando
menos brevemente, sobre los motivos que fundamentan el sentido de nuestro
voto.
La propuesta de la comisión, según hemos oído y hemos leído en la
motivación que apoya la propia iniciativa, obedece a la supuesta
existencia de una estrategia gubernamental que surge como respuesta al
tan traído acuerdo de Nochebuena del 24 de diciembre de 1996, que dio luz
a la plataforma conocida con el nombre de Canal Satélite Digital. Dicha
estrategia, aunque inconfesa, se deduce, según el grupo proponente, de
toda una serie de acciones, incidentes y coincidencias, y de ellas se
derivaría toda una serie de consecuencias en forma de leyes, amenazas o
querellas.
No voy a entrar a analizar estos extremos, porque todavía resuena en la
Cámara el eco de recientes debates al respecto. De hecho, desde que en el
mes de febrero reanudamos las sesiones parlamentarias y se inició este
período de sesiones, hemos consumido horas y horas, se han llenado
páginas y páginas del «Diario de Sesiones» de Pleno y de Comisión y estos
debates tenían como común denominador que en todos ellos planeaba la
sombra de esta supuesta estrategia, contestación al acuerdo del 24 de
diciembre.
A nuestro grupo parlamentario, más que la existencia o no de esta
estrategia global, cuyo esclarecimiento preferimos dejar al periodismo de
investigación y a esos libros de lectura fácil que se pueden encontrar en
las estanterías de los quioscos de los aeropuertos y estaciones y que a
menudo a los usuarios del puente aéreo nos distraen en las largas horas
de espera en Barajas --lo que, como saben, viene siendo una tradición
desde hace bastantes meses--, más que la existencia o no de esta
estrategia global, lo que nos preocupa son las manifestaciones y las
consecuencias de esa estrategia, si es que existe.
Hemos oído en los recientes debates a que me refería hace un momento que,
por ejemplo, la denominada ley de la televisión digital o el proyecto de
ley del fútbol televisado son piezas clave de esta estrategia. Es
suficientemente conocida nuestra opinión y nuestro escaso entusiasmo
tanto hacia una parte importante del contenido de la ley de televisión
digital --escaso entusiasmo compartido por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que también ha anunciado que iba a votar en contra de
la creación de esta comisión--, como del proyecto de ley del fútbol,
opinión que hemos defendido en los sucesivos trámites del debate
parlamentario con mayor o menor fortuna. En este momento sólo queda por
debatir el proyecto de ley del fútbol en el Senado, y si finalmente no
nos gusta, quizá sólo nos quede abierta la vía del Tribunal
Constitucional. Francamente, pues, poco nos preocupa dilucidar aún más
por qué se han remitido estas leyes a la Cámara --ya tenemos una opinión
al respecto--; lo que nos preocupa son algunos de sus artículos y
políticamente ya los hemos contestado cuando tocaba hacerlo.
Se aduce también por el Grupo Socialista en la motivación las gravísimas
y tan traídas amenazas denunciadas por el empresario señor Asensio,
ciertamente muy graves, pero que ya dieron lugar a una comparecencia
parlamentaria del Secretario de Estado de Comunicación. A partir de ahí,
cada grupo político extrajimos nuestras conclusiones y hemos obrado en
consecuencia. Por tanto, también ahí poco le queda por investigar a la
Cámara. Asimismo, se hace referencia a la querella interpuesta contra la
empresa Sogecable, cuestión sobre la que no me voy a extender porque se
encuentra en fase de instrucción en el Juzgado Central de Instrucción
número 1 de la Audiencia Nacional, y no voy a reiterar lo que hemos
expuesto en el anterior debate sobre cuál es nuestro criterio en cuanto a
la investigación parlamentaria de aquellos temas que se encuentran sub
iudice. No quiero extenderme más en relación a esta sucesión de elementos
en los cuales funda el grupo proponente la propuesta --valga la
redundancia-- de creación de esta comisión de investigación. Por tanto,
estamos ante una sucesión de hechos que individualmente tienen todos y
cada uno de ellos una respuesta política e incluso judicial en algunos
casos, vía esta última que continúa además abierta para cualquier
ciudadano que se sienta amenazado o lesionado en sus intereses.
Yendo un poco más lejos, señor Presidente, señorías, consideramos
totalmente inoportuna e innecesaria la
creación de esta comisión, porque al hecho de que poco hay que
investigar, como decía ahora, se añadiría el aumento del clima de
crispación que su creación contribuiría a alimentar. Sinceramente,
pensamos que no vale la pena pagar este precio. Me refiero tanto a la
creación de esta comisión como, por supuesto, a la que viene después del
Grupo Popular, que pretende investigar toda una serie de hechos parecidos
a los que fundamentan la propuesta del Grupo Socialista, pero en este
caso referidos a la acción del anterior Gobierno. En este caso deberíamos
añadir que nuestro grupo parlamentario no cree que pueda ser objeto del
trabajo de una comisión de investigación dilucidar responsabilidades
políticas de aquellos responsables que en este momento ya no las tienen.
No tengo mejor ejemplo para ilustrar nuestro convencimiento de que no es
conveniente crear esta comisión de investigación, que contribuiría a
alimentar un clima que nos desagrada y con el cual no nos sentimos en
absoluto identificados, que el debate que se ha producido esta tarde en
este Pleno, que podría ser el prolegómeno de lo que pudiera suceder
durante el tiempo en que los trabajos de esta comisión, en caso de que se
aprobara, estuvieran en marcha.
Por tanto, señor Presidente, termino reiterando que vamos a votar en
contra de la creación de la comisión y que además espero con muchas ganas
y con mucho entusiasmo que no prospere su creación, como también espero
que no prospere la creación de la que viene después.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Recoder.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Hemos escuchado con gran atención la intervención del señor Rubalcaba
justificando la petición de una comisión de investigación. Ha utilizado
la lógica usual en el Grupo Socialista, pero a nuestro juicio ha mezclado
cosas que tenía que haber separado rigurosamente, porque en la lógica
interna de su discurso --que, por cierto, no se ha correspondido
exactamente con la exposición de motivos de la petición-- ha mezclado las
dos leyes que se han debatido aquí, una de las cuales ya se ha aprobado,
diciendo que ellos, al luchar contra la supuesta presión autoritaria en
otros temas y en otras cuestiones, están luchando también contra esas
leyes en función de la defensa de la libertad de expresión. Eso no me ha
parecido en absoluto adecuado. Además ha dicho que ellos están luchando
por la libertad de expresión y lo han hecho a lo largo de la transición.
Nosotros hemos luchado contra el autoritarismo de todo tipo, en favor de
la libertad y de la libertad de expresión no sólo en la transición sino
muchos años antes. Por lo tanto, hay que explicar las cosas de manera
rigurosa para no mezclar las leyes en una comisión de investigación sobre
otros temas. Desde ese punto de vista la intervención del señor Rubalcaba
se ha deslizado por lo mínimo en cuatro ocasiones.
A nuestro juicio, está ocurriendo algo que se necesita investigar desde
el punto de vista de lo político y de lo histórico, y si se quiere aquí
investigar desde el punto de vista de lo que es una comisión de
investigación, nosotros no nos vamos a oponer. Siempre hemos votado la
constitución de las comisiones de investigación, y así nos parece que hay
que hacerlo en este momento, siempre que salieran aprobadas las dos,
porque si una no sale aprobada, pensamos que no sería justo que la otra
sí saliera y se hiciera una investigación, a nuestro juicio, un tanto
desequilibrada.
En nuestra opinión, lo que está teniendo lugar es una guerra comercial
desaforada, una guerra específica en un país donde no se ha desarrollado
la televisión por cable --no voy a entrar en este tema ahora-- y donde,
por tanto, la televisión digital está concitando un interés y una
histeria que no tiene motivos, por ejemplo, en otros países de la Unión
Europea ni en el resto del mundo. Al no haber ningún tipo de ley, la
guerra comercial se desarrolla como se estaba desarrollando la guerra del
cable sin la ley que aprobamos al final de la legislatura anterior, es
decir, un poco como una guerra abierta, como la ley de la selva: quien
más corre, más copa; quien más corre, más mercado coge y más lo cautiva.
Por tanto, hay que regular. Regulamos el tema del cable socialistas,
Izquierda Unida, Convergència i Unió, PNV, juntos, y sacamos fuera la
guerra de la histeria que se estaba produciendo, cuando se dijo: al
asalto a los ayuntamientos, confundiendo licencias con los títulos
habilitantes con respecto a la comunicación, y ahora nos parece que se
corresponde también la realidad con la necesidad de regular la televisión
digital. Por cierto, que se viene confundiendo siempre televisión digital
con televisión de pago. Ahora volveré sobre este tema, que está en el
fondo de la cuestión.
Señor Presidente, desde luego nosotros tampoco aceptamos de buena fe
amenazas ni calumnias ni campañas personales, le afecten a quien le
afecten. Del mismo modo que les afectan a otros y se ha denunciado en la
comisión correspondiente, posiblemente empiece también a afectarnos a
nosotros. Por tanto, no lo vamos a aceptar de buena fe, desde el punto de
vista de quienes han luchado por la libertad de expresión y por la
libertad en este país, y desde la tranquilidad y desde la ecuanimidad
vamos a contestar contundentemente, desde la razón, no desde el insulto,
no desde la calumnia, no desde la difamación. (Un señor Diputado: ¡Díselo
a Anguita!)
Nosotros en esta guerra comercial tenemos nuestros puntos de vista. En
primer lugar, no tenemos acciones
en la Cope, no tenemos acciones en la Cadena Ser, estamos libres de
hipotecas. El punto de vista nuestro es el interés del usuario, del que
está viendo la televisión de esta parte, del que aprieta unos botones u
otros, ése es nuestro punto de vista. En segundo lugar, nuestra posición
es la de que no haya una comunicación cautiva, sino que sea libre, porque
ahí va la esencia de la democracia, la libertad de información y
comunicación. En tercer lugar, sostenemos la necesidad de que se
preserve, por motivos obvios que aquí no voy a explicar, el interés de la
empresa pública, Radiotelevisión Española y las televisiones autonómicas.
Al actuar desde estos puntos de vista, entramos en contradicción con
intereses comerciales, posiblemente de las dos plataformas, pero entramos
en contradicción con intereses de cara al beneficio, legítimo, si ustedes
quieren, pero que va a la acumulación de las ganancias en función de que
paguen más los usuarios. Si esta acumulación del beneficio supone al
mismo tiempo una locomotora que va a tirar de la información, la va a
cautivar y la va a retener en cierto modo, nuestra contradicción está
marcada, está cantada, va a ser una contradicción dura, máxime cuando se
está enfocando el negocio de manera visceral y no de manera racional.
El negocio de la televisión digital en este país --ya tuve ocasión de
decirlo otra vez desde esta tribuna-- no existe cuando haya dos
plataformas digitales; solamente cuando exista una plataforma digital y
que tenga en cuenta una serie de equilibrios. Al no haber una, solamente
puede existir negocio para la dos o para una de ellas cuando se suban
mucho los precios o cuando se suba mucho el nivel de monopolio o el nivel
de exclusividad. Por tanto, el nivel de nuestra contradicción aumenta
conforme aumenta la necesidad de que el negocio se haga aumentando el
nivel de monopolio y el nivel de precios, al no haber competitividad,
subiendo los precios que tienen que pagar los usuarios. Desde ese punto
de vista, señorías, ¡ojo! al pay per view, al pago por consumo que se
está dibujando en este país, ¡ojo! porque, tal como se está dibujando, va
a hacer que toda la televisión por cable que después vendrá y,
fundamentalmente ahora, toda la televisión de emisión por satélite sea
televisión por pago, y esto no hay por qué aceptarlo así. Desde la
izquierda hay que ir a canales cuanto más abiertos, mejor, cuanto menos
exclusividad, mejor, cuanto menos monopolio, mejor, ese es el punto de
vista de la izquierda, y el pay per view en España, si se monta sobre el
negocio de dos plataformas digitales, va a ser muy caro, poco competitivo
y va a ocupar una gran extensión de lo que debiéramos ver gratis, de lo
que debiéramos ver en abierto. Nuestra contradicción está señalada desde
el principio, es ésta.
El segundo tema que se cruza, señor Presidente, es que en función de una
lucha tremenda por la alternancia --legítima, si ustedes quieren--, se
intenta controlar la comunicación y la información, un intento serio --en
función, unos, por mantenerse en el poder y, otros, por recuperarlo-- de
controlar la información y la comunicación. (Un señor Diputado: ¡No
tienes ni idea!) Esto también se mezcla y aparece en esta dinámica un
grupo que naturalmente tiende a la concentración y posiblemente al
proyecto de crear otro grupo de concentración alternativo para dar la
batalla de la alternancia, y aquí también entramos en contradicción los
grupos que no creemos en el bipartidismo, que no lo vamos a defender y
que tampoco creemos en la concentración. Estamos ultimando una ley
antitrust, por tanto a favor de la pluralidad y contra la concentración
de los medios de comunicación y la constitución de los grupos multimedia.
Estas son nuestras dos contradicciones y las hemos expresado a través del
debate en esas dos leyes.
En función de estas dos contradicciones, señor Presidente, ¿por qué hemos
debatido nosotros desde ese prisma con respecto a la ley de
descodificadores, para entendernos mejor, y la ley del fútbol? Es muy
fácil de entender. ¿Qué es mejor, dos descodificadores o uno para los
ciudadanos? Uno, multiuso y mucho más barato. ¿Qué es mejor, que el
precio tienda a costes o que no tienda a costes? Que tienda a costes, esa
fue una de nuestras enmiendas que se aprobó, porque el descodificador va
a andar por encima de las 70.000 pesetas y si tiende a costes en la
competitividad que se está generando, tendrá que ser subvencionado por
las empresas. ¿Qué es mejor, que los descodificadores y todo este mercado
paguen el 6 por ciento o lo que tienen que pagar en función de la
situación fiscal que tiene este país? Es mejor que no paguen el 6 por
ciento. ¿Qué es mejor, que se reserve o no el 40 por ciento para los
operadores independientes en todo el sistema de transmisión de las dos
plataformas digitales?...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Es mejor que se reserve el 40 por ciento.
El otro proyecto de ley --voy terminando, señor Presidente, si me permite
unos segundos--, el proyecto de ley del fútbol, se ha aprobado en el 80
por ciento con la participación de todos los grupos parlamentarios (El
señor Aguiriano Forniés: ¡Con la tuya!) y el 20 por ciento que queda son
nuestras enmiendas, no las del PP ni las del PNV, son nuestras enmiendas.
Queda una pendiente, que vendrá, suponemos, desde el Senado, y es que
esas exclusividades que ahora tanto se discuten se mantengan un año e
incluso un año y medio, y cada año y medio se recupere un mercado abierto
que naturalmente será competitivo y bajará el precio del pay per view,
eso hemos votado. (Risas.) No sé si habrá que hacer de ahora en adelante
un control antidoping en esta Cámara a partir de cierta hora, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Esta es la posición de Izquierda Unida, señor
Presidente, y nos hemos visto abocados incluso a que comparezca en esta
Cámara la cara esperpéntica del debate, me refiero al combate de los
pesos medios entre el señor Rodríguez y el señor Asensio. Eso ha sido
realmente esperpéntico y nosotros no creemos que debamos convertir el
«Diario de Sesiones» en un semanario de chismorreos. El prestigio de la
Cámara está en juego y me parece que de todos depende preservarlo.
A nuestro juicio, el Congreso puede y debe investigar y vamos a votar a
favor de ello. Siempre hemos votado a favor de las comisiones de
investigación que se nos han planteado y pensamos que debe aprobarse la
creación de las dos comisiones de investigación y desde ese punto de
vista vamos a actuar para ser justos. Para nosotros, si no sale una, no
debe salir la otra; quizá dependa de nuestros votos y así lo vamos a
hacer. Para ser justos y equilibrados, no vamos a favorecer a nadie y
que, por razones de astucia parlamentaria o de suerte parlamentaria,
pueda salir con nuestros votos una comisión que desequilibraría la
investigación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, S.
S. debe terminar de forma inmediata.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable a la comisión de
investigación que plantea el Partido Socialista Obrero Español, comisión
que sólo a lo largo de la investigación se justificará si estaba
objetivamente fundamentada o no. Ya tuvimos ocasión de expresar nuestra
posición en el debate ante la comparecencia del señor Rodríguez, que va
en la dirección --ya veremos el voto subsiguiente-- de que si no sale
esta comisión de investigación, impedir que salga la siguiente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la solicitud de creación de una
comisión de investigación, propuesta por el Grupo Socialista, sobre las
actuaciones abusivas realizadas o impulsadas desde ámbitos del Gobierno
en relación con las empresas y grupos de empresa Antena 3 Televisión,
Canal Plus, Sogecable y Canal Satélite Digital, que ha sido debatida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 138; en contra, 163; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la solicitud de
creación de la comisión de investigación referida.
--SOLICITUD DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION QUE TENGA POR
OBJETO EL ESCLARECIMIENTO DE TODAS LAS INJERENCIAS, PRESIONES, TRATOS DE
FAVOR Y ACTUACIONES ABUSIVAS EN RELACION CON LOS MEDIOS INFORMATIVOS,
PRENSA, RADIO Y TELEVISION, EN LOS QUE PUDO HABER INCURRIDO EL GOBIERNO
DE LA NACION ENTRE NOVIEMBRE DE 1982 Y MAYO DE 1996, FORMULADA POR 96
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de
expediente 156/000007)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la solicitud de creación de una
comisión de investigación que tenga por objeto el esclarecimiento de
todas las injerencias, presiones, tratos de favor y actuaciones abusivas
en relación con los medios informativos, prensa, radio y televisión, en
los que pudo haber incurrido el Gobierno de la nación entre noviembre de
1982 y mayo de 1996, formulada por 96 diputados del Grupo Parlamentario
Popular.
Para su presentación y defensa ante el Pleno, tiene la palabra el señor
Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, créanme si les digo que subo a esta tribuna con el ánimo
encontrado. Permítanme que les lea, para iniciar mi intervención, el
objeto de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Quiere el Grupo
Parlamentario Popular, señorías, que esta Cámara esclarezca todas las
injerencias, presiones, tratos de favor y actuaciones abusivas en
relación con los medios informativos de prensa, radio y televisión en los
que pudo haber incurrido el Gobierno de la nación --y permítanme un
paréntesis: el Gobierno de todos los españoles-- entre noviembre de 1982
y mayo de 1996. (Los señores Cercas Alonso y Amate Rodríguez: Antes,
antes.) Quiere el Grupo Parlamentario Popular, a efectos de su inequívoca
fijación ante la opinión pública española, averiguar en qué medida han
contribuido al intento de cristalización de posiciones dominantes que
pueden dificultar los valores constitucionales del pluralismo, la
libertad de expresión y el derecho a la información. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Creo, señorías, que el debate de la iniciativa
anterior establece de manera ilustrativa y clarísima el estado de ánimo
en el que todos nos encontramos. No quiere el Grupo Parlamentario Popular
con esta iniciativa investigar a los medios de comunicación de este país.
Tampoco quiere el Grupo Parlamentario Popular investigar al Gobierno
anterior, dicho de esa manera. (Rumores.) En cualquier caso, señorías,
sería legítimo; estamos acostumbrados a que de la mentira se haga una
sentencia y a la manipulación permanente del lenguaje. Se ha dicho
reiteradas veces en estos días que investigar gobiernos anteriores no
tiene uso en la democracia. No lo entiendo muy bien. No se investiga al
Gobierno anterior, se investiga una situación de corrupción, de abuso de
poder y de responsabilidad, y fruto de esa investigación se determinarán
las responsabilidades. En este caso, entiendo, señorías, que podría estar
plenamente justificada.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la anterior iniciativa
ha hecho referencia a la historia. Yo no quiero hacer en este momento de
mi intervención juicios de valor ni expresar opiniones desde una óptica
personal. Ha hecho referencia a la historia, atribuyéndose la legitimidad
--no se sabe muy bien por qué, señorías-- de valores tan importantes como
la libertad, la democracia, el pluralismo, la libertad de prensa, de
información, etcétera.
Me voy a referir y voy a apelar a la historia también. No hablaré yo de
la historia de España. He tenido la tentación de traerme a la tribuna
unos quince o veinte manuales de Historia de España e ir sacando citas,
manuales de Historia de España que hoy nuestros estudiantes de
bachillerato estudian en todas las comunidades autónomas y nuestros
conciudadanos en la universidad. De uno de ellos les leeré, señorías, una
cita que ilustrará lo que quiero decir: de la Historia de España de
García de Cortázar y González. Cito literalmente, señorías, abro
comillas: «Tras los prolegómenos reformistas de los Gobiernos de Adolfo
Suárez, el acceso del PSOE a la dirección del Estado en 1982 alimenta la
esperanza en el progreso modernizador de España y en el recorte de las
diferencias económicas existentes. Los votos obtenidos por Felipe
González y la abrumadora mayoría de las Cámaras legislativas avalaban el
proyecto, así como el abandono programático de los principios marxistas
presentes desde la fundación del Partido Socialista. No obstante, la vía
renovadora se agosta pronto. Bajo la legitimidad de las urnas, los
socialistas exhiben una forma de gobernar que excluye, en principio,
cualquier práctica de consenso, mientras el rodillo parlamentario se
prolonga al resto de los resortes del Estado. La monopolización de las
instituciones públicas, sin dejar ningún resquicio a la oposición activa,
o el reparto partitocrático de ellas al estilo italiano, servirá de
tapadera a los fenómenos de corrupción que jalonan el final de la tercera
legislatura socialista.»
Esto, señorías, está en la Historia de España, pero también en el trabajo
titulado, La corrupción en España, que Antonio Elorza publicó en Historia
16 en enero del pasado año. Por los datos, entenderán SS. SS.
perfectamente por qué hago estas citas y adónde quiero ir, si tienen un
poco de paciencia y de cortesía para escucharlas. Abro comillas: «Por los
datos que ahora poseemos de los escándalos descubiertos entre 1992 y
1995, las estructuras de corrupción se encontraban ya sólidamente
establecidas a mediados de los ochenta. Se articularon sobre estas tres
líneas convergentes hacia el vértice del Gobierno González:
a) La corrupción de tipo europeo, asimilable a la que han
experimentado otros socialistas del sur en los años ochenta. como
consecuencia de la desideologización de unos gestores políticos que
entran en contacto con círculos de poder económico y adoptan conductas de
enriquecimiento fraudulento.
b) La corrupción derivada del monopolio de poder ejercido por el
PSOE en el Estado y, durante cierto tiempo, en administraciones
regionales y locales, similar en su núcleo a la tangentópolis italiana,
con las ventajas que supone no tener que repartir entre varios partidos
asociados.
c) La corrupción surgida del encuentro entre la supervivencia de
formas y mal gobierno franquistas con el incremento de recursos puestos a
disposición del sector público es la específica de la España de Felipe
González y la que, de forma más clara, supone una quiebra para el
funcionamiento del Estado de Derecho.» Señoras y señores diputados, yo me
pregunto: ¿pasará a la historia la etapa de González como una etapa donde
estuvieron a punto de perderse en este
país nuevamente las libertades...(Grandes y prolongados
rumores.--Una señora Diputada: ¡Eso es muy fuerte!) y la esperanza de
bienestar, de modernización y desarrollo de España? No ha habido en la
historia de España, ni contemporánea ni moderna ni antigua, un dirigente
político que haya tenido el apoyo tan unánime de la opinión pública, de
la sociedad, de la prudencia, serenidad y ejercicio de la responsabilidad
de tantos españoles. No ha habido un dirigente político que lo haya
tenido. Pero pronto González dio muestras
--nos lo cuentan los historiadores-- de no entender... (Nuevos
rumores.) Pronto González dio muestras de no entender que ejercer el
poder es precisamente ejercer una responsabilidad delegada.
Para explicar a SS. SS. --sobre todo a SS. SS.-- de lo que estamos
hablando, y hechas estas citas previas de carácter histórico... (El señor
Estrella Pedrola: ¿De qué hablamos?) Hablamos de la presión del poder
sobre la prensa, señoría. (El señor Estrella Pedrola: ¡De eso sí que
sabe!) Y para eso, señorías, me he permitido un ejercicio sencillo, que
ha sido recopilar cientos de titulares de prensa en los años de 1982 a
1996.
Señorías, voy a ser muy respetuoso con los medios de comunicación que han
escrito estos titulares. He
buscado y voy a ofrecerles, señorías, simplemente aquellos titulares de
prensa que no emiten, en mi opinión, juicios de valor. (Rumores.)
Créanme, señorías, que ha sido difícil, porque es un tema controvertido,
como se ha dicho. Aunque es un tema controvertido, voy a hacer un relato
cronológico de esos titulares de prensa. (Continúan los rumores.) Omitiré
nombres propios y omitiré medios de comunicación. Créanme que están todos
los medios de comunicación importantes en este país. (Grandes y
prolongados rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, respeten el uso de la palabra!
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Tres de enero de l983: Se detectan sospechosas
coincidencias en los ataques a la política informativa del Gobierno,
según el portavoz del Ejecutivo. (Rumores.) Tres de abril de 1983: La
información, el flanco débil del Gobierno. Veintiocho de mayo de 1983: El
portavoz del Gobierno anuncia un proyecto para objetivar las ayudas
estatales a la prensa. (Rumores.)
Señorías, saltamos seis años más tarde. Veintinueve de julio de 1989: El
Gobierno retrasa la adjudicación de las televisiones privadas y concede
las emisoras de FM. Veintiséis de agosto de 1989: El Gobierno da canales
de televisión a sus afines. El Grupo Zeta, en el mismo diario y el mismo
día, impugna las concesiones y acusa al Gobierno de ilegalidad e
inmoralidad política. (Grandes y prolongados rumores.) Siete de
septiembre de 1989: Presentados cerca de 300 recursos contra la
adjudicación de emisoras de frecuencia modulada. Once de septiembre de
1989: La Moncloa silencia a periodistas del Grupo Zeta.
Hago un paréntesis, señorías, simplemente para distender el discurso.
Esta noticia se refiere que los periodistas del Grupo Zeta acreditados en
la Moncloa ante el Consejo de Ministros no podían preguntar al Presidente
del Gobierno, eran silenciados mediante el sistema electrónico, como
tiene en su potestad hacer el Presidente de las Cortes en sus funciones.
(Grandes y prolongados rumores.--Un señor Diputado: ¡Qué barbaridad!)
Veintiocho de octubre de 1991: Los trabajadores de El Independiente piden
precisiones sobre la venta y el futuro del diario. Cinco de junio del año
1992: Prisa compra el 25 por ciento de la SER a mitad de precio. Seis de
junio del mismo año: El Estado vende a Prisa el 25 por ciento de la SER
por 3.200 millones de pesetas. Veintidós de julio de 1993: J. P. explicó
la compra de Antena 3 de radio por Prisa. Dos de febrero de 1996:
Domínguez destituye a José Luis Gutiérrez en la dirección de Diario 16.
Veinte de septiembre de 1996: Canal Plus demanda a Antonio Asensio y a
Antena 3 por competencia desleal. Veintidós de octubre de 1996: Duro
comunicado de Antena 3 Televisión contra el grupo Prisa. La última,
señorías (Varios señores diputados: ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!) --muchas gracias--,
once de febrero de 1997: González salta a la arena digital.
Señorías, González salta a la arena digital y el PSOE está en campaña.
Campaña, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua,
significa: Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican
a conseguir un fin determinado. El de María Moliner dice: Actividad en
que hay lucha o esfuerzo en favor o en contra de una cosa. Vuelvo al de
la Academia de la Lengua, señorías: En su acepción militar, campaña
significa tiempo que cada año están los ejércitos fuera de sus cuarteles
contra sus enemigos. González, señorías, está en campaña. (Aplausos.)
Está en campaña mientras mister Blair renueva las estructuras del
laborismo británico y gana las elecciones; está en campaña mientras
Jospin renueva la corrupción del socialismo francés y gana las
elecciones. El señor González está en campaña; estuvo en campaña en 1982,
estuvo en campaña permanentemente desde el poder y hoy, que no está en
él, sigue en campaña.
Mientras el señor González está en campaña, señorías (de ahí, la
referencia que hago a estos titulares de prensa, con el respeto que debo
a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación que los
han escrito, porque el Grupo Parlamentario Popular cree en la libertad de
prensa y en la libertad de información y, por supuesto, ¡faltaría más!,
en la crítica, por supuesto que sí); mientras González está en campaña,
repito, todos: los medios de comunicación, partidos políticos, grupos
económicos, hemos sido marionetas de una estrategia; marionetas de una
estrategia pensada y meditada simple y llanamente para conservar el poder
desde el poder. (Rumores.) Después de esta campaña, de esta
escenificación durante años de abuso de poder, ¿vamos ahora a
convertirnos todos en títeres de una nueva estrategia? Una estrategia,
señorías, que ni siquiera ha nacido por el conjunto de la opinión del
grupo mayoritario de la oposición, que sabemos perfectamente los
diputados de esta Cámara que corresponde a lo que ya se conoce en los
pasillos como diseñada por el comité Gobelas (Prolongados rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías!
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Una estrategia permanente de la confrontación
por la confrontación, de la provocación por la provocación, con el objeto
de crispar la situación. De crispar. ¿Para qué crispar? (El señor
Aguiriano Forniés: ¡Que venga el abogado!) Mientras, el Parlamento
trabaja con una actividad parlamentaria inusitada.
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, vaya concluyendo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Voy terminando, señor Presidente. Decía que el
Parlamento está trabajando con una actividad que no tiene parangón en la
democracia. Mientras el Gobierno se dedica a resolver los problemas de
este país, mientras las trabajadoras y los trabajadores de este país
--que entiendo yo son todos, empresarios y trabajadores-- firman acuerdos
por el empleo y la estabilidad laboral, ustedes se dedican a la bronca, a
la descalificación, al insulto y a la difamación. Por eso, señorías, nos
encontrarán siempre enfrente en la estrategia; por eso presentamos esta
iniciativa parlamentaria; por eso, porque siempre nos encontrarán en la
estrategia y enfrente de la difamación, de la calumnia y del insulto;
siempre.
El Grupo Parlamentario Popular quiere recuperar la esperanza del
bienestar (Varios señores diputados del Grupo Socialista: ¡Ah! ¡Ah!);
queremos recuperar para todos los españoles el prestigio de la clase
política y de este Parlamento. No vamos a contribuir, ni un minuto más, a
esta pantomima, a este disparate. La mayoría de los grupos de la Cámara
han expresado con claridad, en su intervención en el debate anterior, sus
posiciones. La votación ha sido todavía más clara. Se han quedado ustedes
nuevamente solos en su estrategia de la provocación. Preguntan los
portavoces del Grupo Parlamentario Socialista permanentemente cuando
intervienen --ustedes lo habrán notado, señorías--: ¿Quién crispa? ¿Quién
crispa? ¿Quién crispa?
Señorías, ninguno tenemos horchata en la sangre. Les aseguramos que todos
creemos en las libertades y vamos a tener y tenemos --y lo estamos
demostrando-- la oportunidad de hacerlo; pero no vamos a caer ni un
minuto más en esta estrategia. Durante toda la semana les hemos ofrecido
la posibilidad...
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Izquierdo, por favor.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Concluyo, señor Presidente.
Decía que les hemos ofrecido la posibilidad de retirar una iniciativa que
no tenía sentido. Ustedes se han quedado solos en la Junta de Portavoces
y no la han retirado.
Nosotros, por decencia, por serenidad, por sentido de futuro y, sobre
todo, por no tener sentido del ridículo, anunciamos en estos momentos la
retirada de esta petición de comisión de investigación.
Gracias, señor Presidente. (Rumores.--Aplausos.--La señora Aroz Ibáñez:
¡Es un fraude!--El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.--Un
señor Diputado del Grupo Socialista: ¡Tener valor y votarla!)
El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Socialista ha solicitado a la
Presidencia un turno de intervención al entender que, aunque al final el
portavoz del Grupo Popular ha retirado la solicitud, se había creado
estado de debate suficiente para que su grupo tuviera derecho a fijar una
posición, al menos en réplica. Así lo ha entendido la Presidencia, que
previamente había consultado los precedentes.
¿Algún otro grupo parlamentario desea hacer uso de este turno de
explicación, después de retirada la solicitud? (Pausa.) El Grupo de
Izquierda Unida tendrá la palabra después de la intervención del señor
Caldera.
Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
El mismo hecho de que esta iniciativa haya sido retirada por su
proponente demuestra, señorías, que era un puro desatino y una
arbitrariedad (Rumores.); que carecía de respaldo, no ya reglamentario,
sino constitucional y político (Rumores.); y que los extravagantes
esfuerzos del señor Izquierdo no me van a desviar del fondo de la
cuestión, que ustedes han tenido la oportunidad de plantear. Yo deseo
consumir otro turno, en nombre de mi grupo, para contestar.
¿Por qué discutíamos hoy aquí esta iniciativa? ¿Por qué hoy y no durante
los últimos catorce años, señor Izquierdo, de los que nos ha enseñado tan
abundante material de prensa? ¿Qué espíritu crítico sobrevenido les ha
entrado? ¿Qué descubrimiento a posteriori? ¿Por qué no, repito, durante
tantos años? (Rumores.) Y eso, señorías, que no puede decirse que ustedes
fueran prudentes a la hora de administrar las propuestas de creación de
comisiones de investigación; propusieron decenas. Dicho en términos
vulgares, disparaban contra todo lo que se movía. (Continúan los
rumores.)
¿Por qué se discutía esta tarde esa iniciativa? No porque mi grupo fuera
intolerante y se negara, como ha dicho el señor Izquierdo, a admitir su
retirada. No; no, señorías. Voy a acudir, si me lo permite el Presidente,
a una cita, no a una alusión (Rumores.); y lo voy a hacer en nombre de
una pequeña autoridad. Me refiero al señor De Grandes, que ha perdido hoy
totalmente. (Rumores y protestas.) Autoridad que ha perdido del todo, a
la vista y a los ojos de nuestro grupo parlamentario. (Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Autoridad que ha
perdido, aunque he de justificar nuestra posición y la tranquilidad de mi
grupo porque su escala de valores es tan distinta a la nuestra que
indecencia seguramente para ustedes significa honestidad y defensa de los
intereses generales. (El señor Lapuerta Quintero: ¡Honestidad!) Si eso es
indecencia, mi grupo puede ser indecente.
Digo que me voy a referir a S. S. porque afirmó esta semana, en una rueda
de prensa pública, lo siguiente. Usted dijo --no podrá negarlo--: «Esta
iniciativa es sólo una respuesta política. No es nuestra intención hacer
un falso proceso a los medios de comunicación». Entonces, yo le pregunto:
¿Cuál era su intención, señor
De Grandes? (Continúan los rumores.) ¿Cuál era su intención, repito? ¿La
de anular las facultades que la Constitución española atribuye a la
Cámara? Ya sabe usted: controlar la acción del Gobierno. ¿Especialmente
cuando este Gobierno, éste, el que hay, el que existe, abusa del poder?
(Un señor Diputado: ¡No, no!) Señorías, eso se llama autoritarismo.
(Rumores.)
La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular constituía --diccionario
por diccionario, señor Izquierdo, no pensaba citarlo pero usted me ha
obligado a hacerlo-- una represalia y un chantaje. (Rumores.) Constituía
una represalia y un chantaje. Busco también en el diccionario, como le
gusta a usted, el vocablo represalia. Significa, por extensión, el mal
que se causa a otro en venganza o satisfacción de un agravio. ¿Se guían
ustedes por tan primitivo sentimiento, señor Izquierdo y señor De
Grandes? ¿El de la venganza? ¿O consideran un agravio el pleno
cumplimiento de nuestras facultades y obligaciones como grupo
parlamentario al constatar y denunciar los abusos de poder del Gobierno?
Su iniciativa pretendía el chantaje, señorías. Chantaje es aquella
presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a
obrar en determinado sentido. (Rumores.)
Señor Presidente, lamento que el ruido me impida hablar. (Rumores y
protestas.--Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.)
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, puede continuar
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Chantaje, decía, es aquella presión que
mediante amenazas se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en
determinado sentido. Eso querían hacer con la Cámara: silenciarla.
(Rumores y protestas.)
La comisión de investigación que proponían, y que saben que iba a ser
derrotada, constituía una pura amenaza fuera de todo marco constitucional
y político. Señorías, la gravedad se acrecienta y el raciocinio se anula
cuando ustedes acaban de impedir que la Cámara cumpla plenamente sus
funciones constitucionales: que se controle al Gobierno. Deseaban --y no
lo hacen porque saben que lo van a perder-- controlar a un gobierno que
ya no existe, al Gobierno anterior. (Un señor Diputado: ¡Incontrolable!)
Incontrolable, exactamente. (Rumores y protestas.) ¿Por qué, por tanto,
nos obligan a hacer este debate? No es la intransigencia del Grupo
Socialista; es su posición y su planteamiento el que lo evita.
Aquel Gobierno rindió ya cuentas, fue examinado, también en el ámbito de
las responsabilidades políticas, en 1986, 1989, 1993 y 1996. ¿Se puede
entender, por lo tanto, su posición? No; es un puro desatino, señorías,
lo más preocupante es que esta actitud no es un hecho aislado. El
Gobierno, a quien presta apoyo su grupo parlamentario, busca, cada vez
con menos disimulo, el acallamiento de toda voz crítica, discrepante,
autónoma, se emita en los medios de información o en el Parlamento.
Me interesa hacer una breve referencia, a pesar de la retirada de la
iniciativa, a los límites constitucionales que para mi grupo
parlamentario tienen estas iniciativas, para hoy y para el futuro. El
artículo 66 de la Constitución establece, en su número 2, cuáles son las
funciones de las Cortes Generales: potestad legislativa, aprobación de
presupuestos y controlar la acción del Gobierno. Que yo sepa, sólo hay
uno, señorías.
Una mención tan expresiva tiene su propia explicación: la Constitución
optó por un modelo de organización que garantizase la estabilidad
gubernamental. En consecuencia, la Constitución ha rodeado al Ejecutivo
de mecanismos jurídicos que posibilitan su estabilidad, cuya mejor
expresión se contiene en la regulación de la moción de censura. Pero a un
tiempo, señorías, la Constitución ha combinado y compensado esta opción
por la estabilidad gubernamental con esa atribución expresa a las Cámaras
de la función concreta de controlar al gobierno. Con ello, el gobierno se
configura en la Constitución como un Poder Ejecutivo cuya actividad está
sometida al control político de las Cámaras y que, en consecuencia,
responde solidariamente en su gestión política ante este Congreso de los
Diputados. Para hacer posible ese control y la consiguiente exigencia de
responsabilidad, se dota a las Cámaras de un bloque de poderes de control
parlamentario sobre la actividad gubernamental, cuyas notas esenciales
son la extensión del campo de esa actuación de control parlamentario y su
intensidad.
Las formas de ejercer el control de la acción del Gobierno y, en su caso,
exigir las responsabilidades son múltiples, lo conocen ustedes bien. En
ellas se incluyen desde el supuesto más radical y formalizado --moción de
censura--, hasta las fórmulas más ágiles de preguntas e interpelaciones
para llegar, al fin, a fórmulas inicialmente características de sistemas
presidencialistas, pero que se han recogido a lo largo de este siglo en
los ordenamientos de democracias --y usted también debería haberlo hecho,
señoría-- parlamentarias, como son las denominadas comisiones de
investigación, que se distinguen de otros medios de control
parlamentario, como, por ejemplo, las preguntas e interpelaciones, porque
son instrumentos de control colectivos, colegiados, porque mientras las
preguntas e interpelaciones son instrumentos de control de utilización
continuada, las comisiones de investigación constituyen un medio de
control ocasional, utilizado exclusivamente para determinados supuestos
y, vista la experiencia acumulada, realmente excepcionales.
El control parlamentario del Gobierno está en la misma base de la
aparición y extensión del poder de encuesta de los parlamentos. Aparecen,
en ese sentido, como consecuencia de la presunción de que han existido en
la actuación de un órgano o agente gubernamental
--gubernamental, repito--deficiencias cuya responsabilidad corresponde al
Ejecutivo.
La pretensión de controlar aquello que tiene apariencia de actuación
irregular del Ejecutivo o de la Administración y deducir las oportunas
responsabilidades que se desprendan, es el mayor punto en la tensión que
el control parlamentario ofrece a la oposición frente al Gobierno,
excluyendo, obviamente, la moción de censura. Esta deducción de
responsabilidades, que se infiere tanto de la redacción del artículo 76
de la Constitución como del 52 del Reglamento del Congreso se da a las
comisiones de investigación cuando se dice que sus conclusiones no serán
vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones
judiciales, sin perjuicio de que el resultado sea comunicado al
ministerio fiscal, en el que permita asegurar que la sustanciación de
responsabilidad política es el objetivo real de las comisiones de
investigación.
Siendo esto así, ¿qué pregunta tenemos que formularnos? Está claro. ¿A
quién cabe exigir esa responsabilidad política? ¿Respecto de quién o
quiénes cabe constituir una comisión de investigación que en las
conclusiones de sus tareas pueda imputar la responsabilidad política y
exigirla? El Gobierno --dice la Constitución-- cesa tras la celebración
de elecciones generales. La Diputación Permanente ejerce las facultades y
poderes de las Cámaras cuando éstas están disueltas, no constituidas o no
reunidas. Dicho en castellano, señorías, el Gobierno se encuentra
vinculado a las Cámaras y, más en concreto, al Congreso que le otorgó la
investidura. Ni el Gobierno puede extender su acción al ámbito temporal
correspondiente a una Cámara que no designó a su Presidente ni una Cámara
puede ejercer sus poderes, funciones y competencias respecto de gobiernos
no designados por ella. Y ello se produce
--y termino, señor Presidente-- por falta de relación política entre
ambos y también por la imposibilidad de reclamar responsabilidades a un
órgano que ya no existe ni en términos reales ni políticos. La confianza
política, señorías, señor Izquierdo, la otorgan y reconocen los
electores, a pesar de leer los libros de historia, sobre lo adecuado o
inadecuado en las elecciones generales, sobre lo satisfactorio o
insatisfactorio de la acción política desarrollada por el Gobierno que ha
concluido su mandato al convocar las elecciones.
(El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
Dicho esto, queda la gran pregunta todavía flotando en el aire. ¿No es
menos cierto, señorías, que las comisiones de investigación son un
instrumento para la exigencia de responsabilidades políticas a quienes
tienen --no a quienes han tenido-- encomendada la dirección política del
Estado? (Rumores.) ¿No es menos cierto que afecta a quienes están, no a
quienes han estado en el ejercicio de la función pública? ¿Es mentira,
señor Robles, esto que yo digo? (El señor Robles Fraga: ¿Es una alusión
personal?) Si es mentira y ustedes no creen en este principio, fíjense,
nada más y nada menos, a quién están desautorizando: al actual Presidente
de la Cámara, miembro de su grupo político (Un señor Diputado: No
provoque.) --no provoco, cito--, quien en un debate, el 5 de octubre de
1995, sobre creación de una comisión de investigación nos recordaba a
todos que efectivamente hay un plus adicional que afecta a quien tiene
encomendada la dirección política del Estado, no a quien la ha tenido --a
quien la tiene encomendada-- y que la responsabilidad política, señorías,
en los foros parlamentarios compete a quienes están, no a quienes han
estado, en el ejercicio de la Función pública. Yo sé que la doble moral
es patrimonio de la derecha, señorías, pero nunca pensé que llegaran a
tanto en su hipocresía. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: En consecuencia, aplíquense estas
enseñanzas en las que ustedes mismos decían que creían en la anterior
legislatura. Ustedes han olvidado una lección importante, señor
Izquierdo, que este pueblo nos dio a todos. Y esa lección es que el
pueblo español supo mirar a su futuro sin hacer un juicio a la historia
reciente. (Rumores.) Han ignorado la lección que los gobiernos que les
antecedieron han ido dando respecto de los que les habían precedido.
Están sentando un mal camino. Han sentado hoy un mal camino porque con
toda seguridad ustedes serán sucedidos en el Gobierno, y yo les garantizo
que cuando ello ocurra y mi partido político legítimamente, por decisión
de los ciudadanos, vuelva a ocupar el ejercicio de las responsabilidades
políticas no hará, ni siquiera por amago, un espectáculo como el que
ustedes no han dado aquí esta tarde queriendo investigar al anterior
Gobierno legítimo de la nación española.
Muchas gracias. (Aplausos.--El señor De Grandes Pascual pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias
señoría.
Señor De Grandes, ¿por qué motivo solicita la palabra?
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, pido la palabra por
alusiones. (Rumores.) Y si quiere, antes de entrar en el fondo le narro
qué es lo que creo que son alusiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. la
palabra por tres minutos para responder en turno de alusiones.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Gracias, señor Presidente. Tenga la
seguridad de que voy a ser muy breve.
Señor Caldera, a S. S. antes le han faltado reflejos para contestar, y
ahora de forma reflexiva, premeditada, ha venido a descalificar con una
vieja forma de hacerlo, y es que ustedes cuando insultan pretenden ser
descriptivos, pero cuando nosotros respondemos legítimamente les parece
que descalificamos de una forma en que ha llegado a decir que para
ustedes yo he perdido autoridad. (El señor Caldera Sánchez-Capitán:
¡Toda, toda!-- Rumores.) Tenga la seguridad, señor Caldera, que a mí no
me resulta indiferente perder la autoridad ni siquiera respecto de su
grupo. Pretendo permanentemente tener auctoritas aparte de protestas.
(Rumores.) Tenga la seguridad que tengo la autoridad que me da mi grupo y
tenga la seguridad de que en el futuro me voy a tratar de ganar la
autoridad democrática respecto del suyo. (La señora García-Alcañiz Calvo:
¡Muy bien!) Yo no soy autoritario, señor Caldera; usted sabe que no soy
autoritario. Usted sabe que yo soy una persona normalmente moderada, pero
que en el uso del oficio que me han dado los votos de esta Cámara y el
apoyo de mi grupo tengo la obligación inexcusable de responder a sus
improperios. Y si a usted no le parece improperio calificar de chantaje y
le parece que no se corresponde con indecencia, yo no tengo el mismo
juicio de valor. (Aplausos.--Los señores Caldera Sánchez-Capitán y
Alcaraz Masats piden la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Con qué motivo
solicita la palabra, señor Caldera?
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: El señor De Grandes ha pedido la
palabra por alusiones, y yo la pido exactamente por la misma razón, en
concreto para decirle...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): He entendido la
solicitud perfectamente. He concedido la palabra al señor De Grandes,
aludido por su señoría sin participar en el debate, para un turno de
alusiones. El señor De Grandes tiene derecho a replicar a S. S. y con eso
se termina el debate. No tiene S. S. la palabra por la intervención del
señor De Grandes. (Rumores.)
Silencio, señorías. (Rumores.) ¡Silencio, señorías!
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, le garantizo que en
medio minuto acabo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, señor Caldera.
No es cuestión del tiempo. Es cuestión de que tenga cabida la solicitud
de palabra de su señoría en el Reglamento y no la tiene. No tiene S. S.
la palabra.
Tiene la palabra el señor Alcaraz en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente, yo siento mucho
que no se pueda pedir la palabra en un turno por indignación o por
cabreo, porque ¡manda huevos en qué se está convirtiendo este Congreso de
los Diputados!
Señor Presidente, hay que empezar ya a sentir rubor parlamentario,
vergüenza parlamentaria de gente que hemos estado muchísimo tiempo en
parlamentos, sea aquí en 1979, sea en la Comunidad Autónoma de Andalucía
o aquí a partir de la anterior legislatura, porque se está empezando a
rozar el desacato en la aplicación reglamentaria, incluso se está
empezando a interrumpir de manera desaforada y sucesiva a los oradores
que aquí en esta tribuna estamos. Nosotros no vamos a perder la calma. No
la perdimos en cuarenta años de autoritarismo fascista, no la perdimos en
veinte años de transición muy difícil y no la vamos a perder ahora, en un
momento en que este grupo que no tiene vocación de ser marginal va a ser
determinante en este Congreso en muchos aspectos desde su propia
política, desde su propio programa, le pese a quien le pese. Esa es la
vergüenza que empezamos a sentir, que se está actuando como hinchas de un
equipo de fútbol, de un partido de fútbol desde la visceralidad, desde la
falta de racionalidad. (Rumores.)
Señor Presidente, esto se debe a que las batallas no terminan como
debieran terminar. Por ejemplo, la batalla entre el señor Asensio y el
señor Rodríguez lógicamente tenía que haber terminado en los tribunales o
no es serio lo que ha ocurrido. Es el punto de llegada de esa batalla tal
como estaba planteada, y si no es así estamos aquí en un parlamento de
cartón-piedra y estamos haciendo una política de amagar y no dar,
naturalmente todo basado en esta especie de fuegos artificiales en que se
convierten los distintos debates a los que estamos asistiendo. Este tema,
que parecía que se estaba planteando seriamente, si se hubiera tenido
incluso astucia parlamentaria, el Grupo Popular hubiera aprobado la
comisión de investigación propuesta por el Partido Socialista y también
tendríamos que haber dado el apoyo entonces para que se creara la
comisión de investigación propuesta por el Partido Popular. Eso es lo
serio. Pero aquí la batalla es otra, señoría. Se está haciendo la batalla
de la alternancia a cara de perro, de manera visceral, de manera
provocativa, de manera insultante, con una campaña de desprestigio que
afecta a personas y a grupos parlamentarios, y nosotros estamos sufriendo
una parte importante de esta campaña porque el único medio de
comunicación que nos trata bien por ahora es el AVE, no el resto de los
medios de comunicación, y estamos soportando este chaparrón con
tranquilidad y así vamos a seguir. Y en esta batalla de la alternancia,
el resto de los grupos parece intentar conseguir dividendos informativos
a cambio de que las empresas consigan dividendos en sus beneficios
anuales --este es el problema de fondo--, a costa del interés de los
usuarios, a costa del interés de una
información democrática abierta, a costa del interés de la televisión
pública, de Radiotelevisión Española y de las televisiones públicas
autonómicas. Aquí vale todo, caiga quien caiga, aunque caiga el interés
de los usuarios y caiga el interés de la televisión pública. Nunca como
hasta ahora, señorías (y yo llevo muchos años en sedes institucionales),
han estado tan presentes las empresas y sus intereses en este Congreso de
los Diputados; nunca como hasta ahora ha sobrevolado el interés de las
empresas por estos pasillos, por las comisiones y por este Pleno del
Congreso de los Diputados; y nunca como hasta ahora, señorías, ha estado
tan presente el poder político en los despachos y en los terminales de
las empresas fundamentales de comunicación en este país. En esta batalla
de la alternancia, en un instante en que el nuevo Gobierno no termina de
consolidarse, en un instante en que el partido de la oposición no termina
de despegarse de la Moncloa y siente síndrome de abstinencia, estamos
asistiendo a un debate que si se cristaliza, que si sigue así,
indudablemente va a afectar al prestigio de la Cámara, al prestigio de la
democracia. Esto es así, y lo saben diputados con tantísima experiencia
como el señor Rubalcaba, y lo saben diputados con tantísima experiencia y
responsabilidad como el señor Alvarez-Cascos; lo sabemos todos.
Está apareciendo aquí la cara del vodevil parlamentario. Lo hemos visto
perfectamente todos en la comparecencia del señor Asensio y en la
comparecencia del señor Rodríguez. Y no se está calibrando esta situación
en un momento muy difícil para eso que ustedes decían defender, que era
el tramo final de cara a la construcción de la moneda única, y en un
momento muy difícil en que afortunadamente está girando a la izquierda
una gran parte de la escena política europea y estamos enzarzados en
temas que no se corresponden con lo que este país demanda. El esperpento
es tan visible, señorías, y se está tramitando en términos tan absolutos
de chismorreo que se dice en los pasillos que el señor Oneto acaba de
contestar al señor Rodríguez en un nuevo tarjetón diciendo: Te comunico
que la viejecita sigue viva, guárdame el secreto. Estos son los términos
del debate parlamentario con respecto a un tema fundamental cual es el
futuro tecnológico de la televisión digital, el futuro de una información
democrática por la que estamos luchando a fondo, y el futuro de un país
respecto a lo que tienen que pagar los usuarios de cara a la información
que está batallando en el pago por consumo sin tener cable y que si no se
controla el monopolio y la exclusividad va a costar muchísimo dinero en
este país.
Algunos estamos luchando por que no se establezca desde ahora en este
país una comunicación para ricos y otra distinta para pobres; que no se
establezca una televisión para los ricos y una televisión distinta para
los pobres; que no haya una información privilegiada para elites y para
los ricos y otro tipo de información manipuladora, contagiada de
monopolismo y de exclusividad para el resto de los mortales en este país.
Por eso estamos luchando, señorías, y si no lo saben, por lo menos sepan
cuál es nuestra opinión en este momento un poco esperpéntico que se vive
en el Congreso de los Diputados.
No es legítimo, a nuestro juicio, señor Presidente, que los grupos
parlamentarios se enzarcen en una guerra sin cuartel por la alternancia y
puedan empezar a convertirse poco a poco en auténticos lobbies
empresariales. Esta es una novedad que empieza a tener su proceso en esta
Cámara. Y no es legítimo que las empresas periodísticas se conviertan en
terminales propagandísticos del poder o del bipartidismo al uso; no es
legítimo, no vale todo.
Se ha dicho que hay miedo en este país, lo dijo el señor Asensio y lo han
dicho articulistas mil. Es posible que pueda empezar a haber cierto miedo
tal vez, a mi juicio, señorías, como consecuencia de una pérdida seria de
la independencia y de un cierto retorcimiento de la conciencia en función
de determinaciones prácticas de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿son
totalmente libres los periodistas con contratos en precario, en un
momento en que no se puede ser objetor, en que hay que ponerse casco y
meterse en una trinchera? ¿Son realmente libres algunos de los
periodistas en este momento? ¿Son totalmente libres, señorías, ciertos
políticos que no saben dónde se redactan las enmiendas y que a lo largo
de los trámites en ponencia, en comisión y en Pleno no tienen ningún
margen de maniobra para negociar y nos dicen que no pueden negociar
porque son unos mandados? ¿Son realmente libres? ¿No tendrán cierto miedo
en función de estas determinaciones cotidianas que conectan con sus vidas
y con sus haciendas? Es posible que haya cierto miedo y que se empiece a
agudizar a partir de ahora si no reconducimos el debate a lo que interesa
a la vida material de la gente, a los intereses de este país. En lo
comunicativo igual: los intereses de la comunicación y a los intereses de
la televisión por pago que viene, que si seguimos así va a tener muy
pocos canales en abierto y el pago va a ser superior a lo que deseamos
todos.
Nosotros pensamos --y termino señor Presidente-- que hay un interés que
defender y que desde nuestro punto de vista no se va a perder en la
pelea. Nosotros así lo vamos a hacer. Hay interés en la comunicación
libre, hay interés en la lucha contra la concentración, incluso hay una
última ponencia de la Presidencia holandesa que se manda a la OSCE
pidiendo que no siga habiendo patologías de la concentración en los
medios europeos en la lucha por una comunicación igual para unos que para
otros, porque no se estratifique a la gente en función de qué dinero
tiene para pagar la televisión y también en función de los intereses de
una comunicación democrática e independiente. Esa es nuestra batalla. A
partir de esa batalla, puesto que tenemos pocas influencias mediáticas y
no queremos ni
podemos ni sabríamos realizar dialécticas de concentración, nosotros
estamos siendo profundamente insultados. No voy a citar a nadie pero he
oído insultos muy serios en los medios de comunicación. Como siempre --en
otras etapas teníamos que ir incluso al extranjero o a otros sitios
peores-- vamos a oír esos insultos no con respeto, pero sí con paciencia,
y vamos a empezar a contestar tranquilamente uno por uno. No vamos a
contestar a los insultos con insultos, sino con explicación, con
reflexión, con independencia y con la vocación de estas fuerzas políticas
por ser determinantes las votaciones que puedan serlo en función de la
defensa de su programa electoral.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Izquierdo Juárez pide la
palabra).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Señor Izquierdo, queda concluido el debate después de la retirada por su
señoría de la iniciativa y la fijación de posición de los dos grupos
parlamentarios. ¿A qué efectos solicita S. S. la palabra?
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, si no pudiera tener un turno
de réplica, que creo que corresponde porque aunque haya retirado la
iniciativa somos sus autores, sí por alusiones, he sido reiteradas veces
aludido por el señor Caldera.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Para responder
estrictamente aquellas cosas en las que ha sido contradicho a lo largo de
la intervención de los anteriores grupos parlamentarios, tiene la palabra
durante un tiempo no superior a cinco minutos. (Rumores.)
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Caldera, no retiramos la iniciativa, como S. S. me ha atribuido,
porque la vayamos a perder. Ha estado usted ausente del debate.
Pregúntele al portavoz anterior y sabrá que este grupo parlamentario
tenía los votos suficientes para sacarla adelante. La retiramos por
decencia y por no entrar en esta pontomina. (Rumores.)
Señor Caldera, la teoría de investigar las responsabilidades de gobiernos
anteriores es de su grupo parlamentario. La introdujeron en la democracia
española en la pasada legislatura intentando investigar, y además
consiguiéndolo, las responsabilidades de los gobiernos de UCD durante la
transición.
Señor Caldera, por más que usted se empeñe en repetir las cosas y sus
propias estrategias, no entendemos ni va a entender la opinión pública
que tenga S. S. razón. La confianza política la dan las elecciones, pero
las elecciones no legitiman a ningún gobierno democrático para realizar
abusos de poder; abusos de ningún tipo, señor Caldera. Para eso está la
labor de control, la labor de este Parlamento, la labor de la oposición y
el funcionamiento normal, señor Caldera, de las instituciones.
Señor Caldera, yo creo que deben ustedes reconducir la estrategia. No
hagan más el ridículo. Se han quedado solos en los argumentos y solos en
las votaciones. Hagan oposición, señor Caldera, que España necesita que
el Partido Socialista haga oposición y deje de hacer estrategia. Estamos,
señor Caldera, hastiados de tanta estrategia; hastiados. (Rumores.)
Señor Alcaraz, completamente de acuerdo con lo que ha dicho, pero quiero
decirle una cosa. El Grupo Parlamentario Popular no está en la batalla.
Es cierto que hay una batalla importante que ha provocado la pérdida de
poder del señor González. Y punto. Pero ni el Grupo Parlamentario Popular
ni el Partido Popular ni el Gobierno de este país está en la batalla.
Sabemos por las intervenciones de todos los grupos parlamentarios,
excepto la del Grupo Parlamentario Socialista --todos, señorías, con
diferentes posiciones políticas, con diferentes puntos de vista, con
diferentes situaciones-- que todos los grupos de esta Cámara en la ley
del fútbol, en este debate y en anteriores debates, estamos por el
interés general, por el interés de todos los españoles. Los únicos que no
están por el interés general, ni siquiera de su propio partido, son
ustedes. Están por el interés de cuestiones determinadas, confesables o
inconfesables, señorías, pero no por el interés de todos los españoles.
(Aplausos.)
Gracias, señor Presidente. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Izquierdo.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, pido la palabra para
un turno de replica, porque eso no son alusiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): señor Caldera,
tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Confieso, señor Izquierdo, que es
perfectamente comprensible su estado de ánimo hoy. Ya me explico cómo son
capaces de decir las cosas que están vertiendo al «Diario de Sesiones».
La pérdida de una votación esta mañana les debe haber supuesto tal
situación que están ustedes expandiendo hacia los demás su irritación
--déjenlo ahí-- y pasan de la indecencia de su portavoz a la falta a
la verdad, por no decir la mentira que S. S. utiliza. (Un señor Diputado:
Esto no es tolerable.) Pero vamos a ver. ¿Usted ha escuchado el debate,
señor Izquierdo? ¿Usted ha oído pronunciarse a los diversos grupos
parlamentarios acerca de su iniciativa?
¿Usted sabe que Convergència i Unió, PNV, Coalición Canaria, Grupo
Socialista e Izquierda Unida, como le dirá en este momento el señor
Alcaraz, han dicho todos que se oponían a su iniciativa? (Rumores.) Sí,
señor. Ha estado usted fuera de juego de lo que ha ocurrido.
Ustedes han querido utilizar este trámite con una finalidad puramente
coaccionadora. Ustedes han querido, en línea con lo que es su actuación
habitual, mirar hacia atrás, y han querido impedir las facultades de
control que usted me está reconociendo cuando me habla de que las
elecciones son el elemento esencial que ratifica la confianza política.
¡Pues claro! ¡Las elecciones! Y cuando me habla de que las facultades de
control de la Cámara se dirigen al Gobierno, ¡claro! a este Gobierno, al
Gobierno que existe. Ustedes han pretendido desarrollar una alteración de
los límites constitucionales y políticos de lo que es una facultad de
investigación de esta Cámara de tal naturaleza que se sienten
avergonzados. Usted ha tenido una intervención que yo le agradezco en
parte en el tono pero puramente extravagante, sin venir a cuento, sin
saber qué decir y desde la más absoluta soledad, esa soledad de la que
día a día se van a ir ustedes ocupando cada vez con más continuidad.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Caldera.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nosotros, que sabemos que en muchas ocasiones a partir de ahora
vamos a ser determinantes, estamos estudiando con mucho cuidado nuestros
votos. Desde el punto de vista de nuestra tradición siempre hemos votado
a favor de cualquier investigación. Esta fue nuestra primera reflexión.
Desde otro punto de vista, nosotros tenemos una experiencia que ustedes
han olvidado que fue negativa. Creo que fue en el último debate sobre el
estado de la nación, ante una intervención del señor Aznar hablando de
ciertas cuestiones que no estaban claras, por reacción el señor González
dijo que se iba a constituir una comisión de investigación sobre la
financiación de los partidos. Se acuerdan ustedes, ¿verdad? No se puede
constituir una comisión de investigación como respuesta a nada. Es una
utilización que si se hace mal puede ser una utilización torticera,
máxime cuando aquella vez --lo digo por intervenciones que ha habido en
esta Cámara a lo largo de este debate y del anterior-- no se investigaba
a ningún Gobierno (no sé si lo recuerdan) se investigaba la financiación
de todos los partidos políticos, incluidos todos los partidos políticos
que integran Izquierda Unida; éramos tres o cuatro. Por tanto, eso
también deshace una de las intervenciones que se ha hecho aquí en el
sentido de que sólo se investigan gobiernos, no es verdad. Pero no se
puede, no se debe constituir una comisión de investigación como respuesta
en un debate a que un orador le meta el dedo en el ojo al otro. Eso es
mala señal, es mala dinámica. A pesar de eso nosotros dijimos: Lo justo
es, si ambos grupos quieren investigar, el Socialista y el Popular, que
las dos comisiones de investigación salgan adelante. Anoche lo
discutíamos y llegamos a la conclusión de que o salían las dos o
impediríamos que saliera ninguna si de nuestros votos dependía. Como esto
ha sido así, yo ya había anunciado aquí que o salían las dos o no saldría
ninguna. Por tanto, queda clara nuestra posición ¿A qué conclusión
llegamos en este momento, señor Izquierdo, señor Caldera? A que no había
intención de investigar. Ha sido un paripé, ha sido un juego de acciones
y reacciones, ha sido un ajedrez mal jugado, ha sido un álgebra mal
establecida, ha sido una pérdida de tiempo que afecta al prestigio de
este Parlamento y, por tanto, no ha sido un debate planteado con
seriedad, ni éste ni el anterior. (El señor Hernández Fraile pide la
palabra.) Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Señor Hernando, ¿a qué efectos me solicita S. S. la palabra?
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, en el anterior debate hubo
una alusión personalísima y pedí la palabra por ese motivo, palabra que
no se me concedió entendiendo que no se había producido tal alusión. Ha
sido comprobada por parte de esa Presidencia en el «Diario de Sesiones»
la alusión como tal formulada...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernando, si
me permite un instante. Ha sido comprobada por el Presidente,
efectivamente, la alusión de que S. S. es objeto en el debate en el cual
intervenía en ese momento el señor Pérez Rubalcaba, y a efectos
exclusivos de responder a esa alusión personal, tiene S. S. tres minutos
de tiempo. (Rumores.)
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente. No necesito ni tres
segundos.
Le he ofrecido al señor Rubalcaba que modificara su apreciación antes
delante del Presidente. El señor Rubalcaba se ha ofrecido a realizarlo.
Me parecía oportuno que lo hiciera en público y ante la Cámara, ya que lo
aceptaba. Luego la Presidencia ha vuelto a insistir en que podía
solucionarse y solventarse este asunto en virtud de una modificación del
«Diario de Sesiones», pero el señor Rubalcaba ahora no acepta seguramente
porque no quiere hacer en estos momentos demérito ante su grupo
parlamentario. (Rumores.) Yo no voy a hacer descalificaciones al señor
Rubalcaba. Sería muy fácil hacerlo en el debate y muy fácil hacerlo con
la palabra. Pero, señorías, el señor Rubalcaba esta tarde se ha ofendido
él con sus hechos y con sus actos. Le pido al señor Rubalcaba, por última
vez, si es posible, y con el máximo de la cortesía parlamentaria que
rectifique en lo que considero que es una ofensa personal y que entiendo
que ha formulado de forma deliberada al no intentar enmendarla. El tiene
la palabra y la Cámara juzgará, según sus actos, la dignidad o la
indignidad del señor Rubalcaba.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernando.
Señor Pérez Rubalcaba, en función de la intervención del señor Hernando,
S. S. debe expresar si efectivamente desea modificar el concepto que
utilizó o no. Le ruego lo haga con la mayor brevedad posible.
El señor PEREZ RUBALCABA: Voy a ser muy breve, señor Presidente.
Señor Hernando, creo que no me caracterizo por ser un parlamentario que
utilice el insulto, no me caracterizo por eso. Desde que usted ha entrado
esta tarde en el hemiciclo --y lo he dicho-- no ha dejado usted de
hablar. He oído esta tarde en este hemiciclo insultos muy graves
procedentes de su grupo parlamentario, no sé si de usted, de muchos; se
me ha llamado sinvergüenza, se me ha llamado pinocho, se me ha llamado
mentiroso; incluso se ha pronunciado en público la palabra indecente, y
pongo por testigo a los miembros de la Mesa, que lo han oído como yo.
Señor Hernando, no creo que parlanchín sea un insulto, no lo creo. Desde
luego, no es ni mucho menos comparable a lo que yo he oído aquí esta
tarde y a lo que figurará seguramente en el «Diario de Sesiones». Déjeme
que le diga que parlanchín yo entiendo que es alguien que habla mucho y
usted no ha parado de hablar en todo el debate.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernando, tiene la palabra para un
último y definitivo turno.
El señor HERNANDO FRAILE: Puede ser que usted entienda que llamar
parlanchín a un parlamentario no es una ofensa. Yo entiendo que sí. Usted
ha quedado en estos momentos cualificado para mí y calificado con sus
palabras y con su persistencia en mantenella y no enmendalla.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.