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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 90, de 04/06/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 90
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 87
celebrada el miércoles, 4 de junio de 1997
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 4437)
-- Dictamen de la Comisión Mixta de la Unión Europea sobre el Informe
de la Subcomisión, creada en el seno de la misma, especial de seguimiento
encargada de estudiar y discutir el proceso abierto por la Conferencia
Intergubernamental (número de expediente 154/000001) (Página 4460)
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SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas (Página 4437)
Del Diputado don José Carlos Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Considera el Sr. Presidente del Gobierno que siendo la defensa del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias ante la Comisión Europea una
cuestión de Estado, se están tomando, con la fuerza necesaria, todas las
medidas para preservar los derechos históricos de las Islas Canarias?
(Número de expediente 180/000694) (Página 4437)
Del Diputado don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuáles son
las verdaderas razones que han determinado el ascenso y nombramiento del
señor Fungairiño como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional? (Número de
expediente 180/000721) (Página 4438)
De la Diputada doña Mercè Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el
Gobierno en el marco de la Cumbre de Amsterdam y la Conferencia
Intergubernamental, en defensa de la libre circulación de mercancías y
ciudadanos en el ámbito de la Unión Europea? (Número de expediente
180/000708) (Página 4439)
Del Diputado don Jesús María López-Medel Bascones, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué
fase se encuentran los trabajos para la consecución del acuerdo que
permita alcanzar el denominado Pacto Local? (Número de expediente
180/000711) (Página 4440)
Del Diputado don Josep Sanus Tormo, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Considera el Ministro de Sanidad y Consumo que
el Proyecto Alcira es compatible con la Ley sobre nuevas formas de
gestión del Sistema Nacional de Salud? (Número de expediente 180/000699)
(Página 4441)
Del Diputado don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo: ¿Es
cierto que el Gobierno tiene prevista una vacunación masiva contra la
meningitis en otoño? (Número de expediente 180/000700) (Página 4442)
De la Diputada doña María Fernanda Faraldo Botana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo
tiene previsto el Ministerio de Sanidad y Consumo abordar la reordenación
de las urgencias médicas, tanto hospitalarias como extrahospitalarias?
(Número de expediente 180/000716) (Página 4443)
Del Diputado don Benito Jesús Rego Cobo, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Ministerio de Sanidad
y Consumo informar de las principales funciones de la recientemente
creada Comisión Nacional de Reproducción Asistida? (Número de expediente
180/000717) (Página 4444)
Del Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué planes tiene el
Gobierno con respecto a la extensión del 061 a todo el territorio del
INSALUD? (Número de expediente 180/000718) (Página 4445)
Del Diputado don Emilio Pérez Touriño, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Va el Gobierno a suprimir el peaje en los
tramos de autopista de las áreas metropolitanas de las ciudades, en
particular en La
Coruña y Vigo? (Número de expediente 180/000701) (Página 4446)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Comparte el Ministro de Fomento las
manifestaciones del Director General de Urbanismo sobre la
responsabilidad de los Ayuntamientos en la especulación urbanística?
(Número de expediente 180/000704) (Página 4447)
Del Diputado don Bernardo Bayona Aznar, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Ha tenido en cuenta el Gobierno al
condecorar recientemente a un General, la opinión del Consejo General del
Poder Judicial sobre dicho mando militar? (Número de expediente
180/000702) (Página 4448)
Del Diputado don Willy Enrique Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Gobierno: ¿Por qué motivos se niega el levantamiento del deber de guardar
secreto a los agentes del CESID, en materias relacionadas exclusivamente
con las imputaciones de los expedientes disciplinarios que se les pueda
incoar, pese a saber que ello provoca de forma automática su indefensión?
(Número de expediente 180/000709) (Página 4449)
Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno
las misiones que ha realizado el Equipo Médico Avanzado del Ejército de
Tierra (EMAT), que se encuentra desplegado en Albania? (Número de
expediente 180/000719) (Página 4450)
De la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno modificar la
legislación para restringir el tráfico de camiones de más de 7.500 kilos
en las Comunidades Autónomas en las que el Estado tiene competencias en
esta materia? (Número de expediente 180/000695) (Página 4451)
De la Diputada doña Matilde Fernández Sanz, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Cómo piensa el Gobierno resolver la ausencia
de recursos en los Consulados para que se puedan realizar las elecciones
a Consejos de Residentes con la garantía legal y democrática de haber
informado a los electores censados en el CERA (Censo Electoral de
Residentes Ausentes)? (Número de expediente 180/000697) (Página 4452)
Del Diputado don José Antonio Griñán Martínez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la
evolución del empleo estable desde el segundo trimestre de 1994? (Número
de expediente 180/000703) (Página 4453)
De la Diputada doña María Jesús Aguirre Uribe, del Grupo Vasco (EAJ-PNV),
que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para la
aplicación de tasas por los servicios de inspección y control sanitario
de carnes frescas y carnes de aves de corral en el Estado español?
(Número de expediente 180/000707) (Página 4455)
Del Diputado don Sergio Gómez-Alba Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué efectos va a producir en el
campo español el recientemente aprobado Plan PREVER para vehículos
industriales? (Número de expediente 180/000713) (Página 4456)
Del Diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene prevista alguna
medida el Gobierno para que el bacalao capturado por la flota española no
se sienta discriminado con el de otros países? (Número de expediente
180/000714) (Página 4457)
Del Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede informar el
Gobierno del último Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz?
(Número de expediente 180/000715) (Página 4457)
Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro
de la Presidencia: ¿Cuáles son las razones del cese del Director del
Parque Nacional de los Picos de Europa? (Número de expediente 180/000698)
(Página 4459)
Dictamen de la Comisión Mixta de la Unión Europea sobre el Informe de
la Subcomisión, creada en el seno de la misma, especial de seguimiento
encargada de estudiar y descutir el proceso abierto por la Conferencia
Intergubernamental (Número de expediente 154/000001) (Página 4460)
Dictamen de la Comisión Mixta de la Unión Europea sobre el Informe de la
Subcomisión, creada en el seno de la misma, especial de seguimiento
encargada de estudiar y discutir el proceso abierto por la Conferencia
Intergubernamental (Página 4460)
Para la presentación del informe de la Subcomisión, interviene el señor
Solbes Mira, Presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea. Pone
de manifiesto en primer lugar que la aprobación del Tratado de la Unión
Europea en Maastricht, en el año 1992, dejó pendientes una serie de
aspectos que, unidos a los nuevos retos que se plantean en la vida de la
Unión, hizo necesario poner en marcha una nueva Conferencia
Intergubernamental que permitiera modificar los textos originales,
adaptándolos a una nueva realidad. Explica a continuación el camino por
el que debe avanzar la Conferencia Intergubernamental para conseguir una
profundización adecuada que permita, tras el incremento del número de
miembros, un correcto funcionamiento institucional y la puesta en marcha
de la moneda única el 1º de enero de 1999.
Por otra parte, se refiere al dictamen de la Comisión Mixta
Congreso-Senado para la Unión Europea, del 29 de diciembre de 1995, que
se convirtió en el documento fundamental para los trabajos parlamentarios
posteriores, llegándose en la actual legislatura a la creación de la
Subcomisión especial de seguimiento encargada de estudiar y discutir el
proceso abierto por la Conferencia Intergubernamental, y hace una
relación detallada de los trabajos realizados en el seno de la misma
hasta llegar a la elaboración del dictamen que presenta hoy ante la
Cámara, de acuerdo con lo decidido por la Mesa el pasado 2 de julio.
En cuanto al texto, señala que los grupos lo apoyaron de forma unánime,
excepto el apartado referido al derecho de asilo, sobre el que se
presentaron dos redacciones alternativas, siendo dicho texto el que se
presenta hoy a debate. Añade que el documento modifica y complementa el
dictamen inicial de la Comisión Mixta y ha pretendido conseguir un
equilibrio entre las precisiones imprescindibles en todo dictamen de esta
naturaleza y el margen de maniobra necesario para los negociadores
durante el proceso final de la Conferencia Intergubernamental.
Da una breve explicación del contenido del dictamen, resaltando la
modificación del artículo L del Tratado de la Unión Europea, que se
refiere en particular al acuerdo de Schengen y al derecho de asilo; los
apartados sobre el empleo y el medio ambiente y todo lo relacionado con
las regiones ultraperiféricas e insulares. Asimismo hace referencia a las
reformas institucionales, sobre las que la Comisión toma posición en
cuanto a la extensión del voto por mayoría cualificada y la ponderación
de los votos en el futuro. De todas formas, considera que serán los
diferentes portavoces los que darán una cumplida explicación sobre todos
los aspectos del dictamen, puesto que han sido los responsables directos
de la elaboración del documento final.
Por último agradece a los diferentes grupos su activa participación tanto
en la Comisión como en la Subcomisión y, en nombre de la misma, agradece
al Ministerio de Asuntos Exteriores, y especialmente a su Ministro, la
importante colaboración prestada, que ha sido fundamental para que los
trabajos previstos pudieran llegar a buen término en el plazo previsto.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal y los señores Chiquillo Barber y Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Anasagsti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Costa Costa, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario
Popular.
Se suspende la sesión a las ocho y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON JOSE CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE SIENDO LA
DEFENSA DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS ANTE LA COMISION
EUROPEA UNA CUESTION DE ESTADO, SE ESTAN TOMANDO, CON LA FUERZA
NECESARIA, TODAS LAS MEDIDAS PARA PRESERVAR LOS DERECHOS HISTORICOS DE
LAS ISLAS CANARIAS? (Número de expediente 180/000694)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día: Preguntas orales al Gobierno en Pleno.
Pregunta número 7, que formula al Gobierno el Diputado don José Carlos
Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: señor Presidente del Gobierno, como es
sabido, el régimen económico y fiscal de Canarias es una pieza básica de
la articulación de Canarias en el Estado español. Hay una mención expresa
de nuestro acervo histórico en la Constitución española y lo hay también
en los tratados de la Unión Europea, en los reglamentos y en el Poseican.
Sin embargo, en los últimos meses se está produciendo, con grave alarma
en las islas Canarias, una actitud restrictiva de entender el régimen
económico y fiscal con un carácter transitorio, que llevaría a su
eliminación a medio plazo, sin tener en cuenta que el régimen económico y
fiscal está basado en razones de insularidad y lejanía que son, por
tanto, de carácter permanente.
Por ello le hago la siguiente pregunta: ¿Considera el Presidente del
Gobierno que siendo la defensa del régimen económico y fiscal de Canarias
ante la Comisión Europea una cuestión de Estado, se están tomando, con la
fuerza necesaria, todas las medidas para preservar los derechos
históricos de las islas Canarias?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente.
Con mucho gusto le contesto, señor Mauricio. Estoy completamente de
acuerdo con la exposición que S. S. hace. Es evidente que la defensa de
lo que significa el régimen económico y fiscal de Canarias, en la
singularidad que afecta al archipiélago, es tratada como una cuestión de
Estado; es una cuestión de Estado y, naturalmente, el Gobierno, como bien
conoce, a su vez, el Gobierno autónomo de Canarias, está poniendo todas
las medidas a su alcance para que las dificultades que hay en el
desarrollo del régimen económico y fiscal o de la zona económica canaria
sean superables.
Creo que podremos finalmente superarlas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
Señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Si le he entendido bien, señor Presidente,
ha dicho usted expresamente que es una cuestión de Estado. Entiendo que
eso obliga, lleva a la necesidad de que tenga un carácter prioritario en
la actuación del Gobierno en la próxima cumbre de Amsterdam.
Por tanto, le pediría que ponga toda su autoridad y la de su Gobierno en
defensa del estatuto permanente de Canarias, basado en razones de
insularidad y lejanía, que nos daría el soporte jurídico y político para
que el régimen económico y fiscal de Canarias tuviera un carácter
reconocido por la Unión Europea y un carácter permanente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente.
Como sabe S. S., el Gobierno español, junto con los gobiernos de Francia
y Portugal, ha presentado una propuesta a la Conferencia
Intergubernamental de reforma de los tratados, relativa a la
consideración de lo que pueden denominarse las regiones ultraperiféricas.
Le puedo decir que el proyecto de borrador de tratado, que ya ha
distribuido la Presidencia holandesa, recoge las tesis española, francesa
y portuguesa en un artículo y en el correspondiente protocolo anejo con
el mismo valor y fuerza jurídica del artículo. El proyecto de nuevo
artículo 227.2 pide expresamente a las instituciones
que tengan siempre en cuenta la situación social y económica de las
regiones ultraperiféricas, con sus desventajas estructurales, a la hora
de determinar las condiciones específicas de aplicación de las normas del
Tratado en dichos territorios y para acordar las medidas específicas que
les beneficien. El protocolo que desarrolla este precepto especifica que
la Comunidad deberá adaptar a la situación específica de las regiones
ultraperiféricas sus medidas en áreas como fiscalidad, agricultura,
pesca, aduanas, comercio, ayudas de Estado, acceso a fondos estructurales
o participación en programas horizontales de carácter comunitario. Esto
está recogido en el borrador. Naturalmente es un avance. Hay que
plasmarlo en la reforma de los tratados y espero que en las negociaciones
en marcha, que bien conoce el Gobierno canario, sirva de ayuda para que
esa cuestión de Estado, que compartirnos, pueda resolverse
satisfactoriamente en los problemas que se planteen.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
VERDADERAS RAZONES QUE HAN DETERMINADO EL ASCENSO Y NOMBRAMIENTO DEL
SEÑOR FUNGAIRIÑO COMO FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA NACIONAL? (Número de
expediente 180/000721)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, de nueva formulación, que efectúa
don Juan Alberto Belloch Julbe, Diputado del Grupo Socialista. Señor
Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Aznar, ¿cuáles son las verdaderas razones que han determinado el
ascenso y nombramiento del señor Fungairiño como Fiscal Jefe de la
Audiencia Nacional?
Le agradeceríamos que no limitara la respuesta a que han seguido el
dictamen del Fiscal General, señor Cardenal. No le creeríamos, se lo
anticipo. No le creeríamos porque 72 horas antes del Consejo de Ministros
(Rumores.) dijo que para él era vinculante el informe del Consejo a
efectos de ascenso. Después de más de 30 años en la carrera fiscal no nos
parece creíble que en 72 horas cambie de criterio, más bien nos parece
que ustedes, el Gobierno, le obligaron a hacerlo. ¿Cúales son las
verdaderas razones, señor Aznar?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belloch.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Yo estoy absolutamente
convencido, señor Presidente, de que el señor Diputado quiere saber
realmente las verdaderas razones. Por eso, tal vez, el día 29 formula una
pregunta diciendo por qué el Gobierno no nombra Fiscal Jefe de la
Audiencia Nacional y el día 30 formula una pregunta diciendo por qué el
Gobierno nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional. (Aplausos.--
Risas.) En fin, estoy seguro que desea conocer las verdaderas razones. En
todo caso le debo decir que el principal motivo es haber recibido una
propuesta razonada y fundada en términos de legalidad y oportunidad del
Fiscal General del Estado, que el Gobierno ha respaldado. (Aplausos.)
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que no sabía que mi pregunta hubiera determinado su
decisión. Se lo agradezco, no sabía que era tan importante. (Risas.) En
todo caso, de Derecho no pienso discutir con usted porque no le concedo
autoridad, jurídica me refiero. (Rumores y Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Belloch. Señorías, señorías,
señorías. Señor Isasi. Señorías del Grupo Popular, han impedido que la
Presidencia, e incluso el Presidente del Gobierno, que es a quien se le
formula la pregunta, pueda escuchar con nitidez la argumentación del
preguntante. Han interrumpido el turno. Les llamo severamente al orden.
Espero no tenerlo que hacer a lo largo de la sesión y que respeten en
todo caso al orador que está en el uso de la palabra.
Continúe señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias por su protección, señor
Presidente.
Tenemos la sensación de que usted piensa que la operación Audiencia
Nacional ya se ha concluido: cese político del señor Aranda, nombramiento
político partidista del señor Fungairiño; entretanto, cinco meses de
caos; conclusión, la peor crisis institucional que ha padecido el
ministerio público desde la instauración de la democracia. (Protestas.)
De acuerdo, ya tienen ustedes fiscales, seguramente los fiscales de
cámara serviciales que ustedes deseaban. ¿Midieron las consecuencias?
¿Fue asesorado, señor Presidente, sobre lo que iba a pasar? Se ha logrado
unanimidad por primera vez en la historia de la democracia entre la Junta
de Fiscales de Sala, el Consejo fiscal, el Gabinete técnico de la
Fiscalía --por cierto, el informe del señor Cardenal no se hizo en ese
Gabinete técnico, no sé dónde se haría-- y las asociaciones para estar en
contra de su nombramiento y no voy a discutir de legalidad, dejemos que
lo decidan los tribunales. Es que ustedes han hecho algo peor que eso.
Han designado y ascendido
como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional al jefe de los amotinados
(Protestas.) inmediatamente después de haber cesado al señor Aranda,
supuestamente por no tener capacidad para sofocar el motín. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belloch. Señor Presidente del
Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Diputado, ya veo
que hay tentaciones que no se superan, y la de sumarse a algún concurso
de tremendismo realmente veo que es difícil superar. (Risas.) Quiero
decir que el Gobierno ha cumplido con su obligación --había una vacante
en la Fiscalía de la Audiencia Nacional-- respaldando lo que es la
propuesta del Fiscal General del Estado, claramente cubriendo una vacante
que, sin duda, como demuestra el «Diario de Sesiones» de esta Cámara,
preocupaba mucho a S. S. El Gobierno ha actuado conforme al principio de
legalidad y la argumentación jurídica del Fiscal, tanto en los términos
de interpretación literal como sistemática del Estatuto fiscal, le parece
al Gobierno absolutamente congruente. Naturalmente, si hay algún problema
de carácter procesal en cuanto al fondo de la cuestión, existen los
correspondientes recursos ante los tribunales de justicia.
Respecto a la persona que ha recibido el nombramiento, tengo que decir
que el Gobierno se limita a respetar a una persona que ha acreditado
suficientes servicios y experiencia en la lucha antiterrorista, que es
uno de los objetivos principales del Gobierno y creo que de la sociedad
española. En todo caso, debo decir, señor Belloch, que en otros temas no
voy a entrar.
Usted puede negar la autoridad jurídica al Presidente del Gobierno y al
Gobierno entero. Pero el Gobierno le podría decir lo siguiente: cuando
alguien que ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial ha
votado a favor del nombramiento de un fiscal que el Tribunal Supremo
declara ilegal, a lo mejor no es la persona más indicada en su autoridad
moral para plantear estas cuestiones al Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MERCE RIVADULLA GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN EL
MARCO DE LA CUMBRE DE AMSTERDAM Y LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL EN
DEFENSA DE LA LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS Y CIUDADANOS EN EL AMBITO
DE LA UNION EUROPEA? (Número de expediente 180/000708)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, que formula al Gobierno la
Diputada doña Mercé Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, la libre circulación de bienes y personas
entre los países miembros de la Comunidad es uno de los pilares básicos
sobre los que se asienta la política comunitaria. Sin embargo, desde hace
varios años y por estas mismas fechas los productos agrícolas españoles
son objeto de salvajes agresiones por parte de agricultores franceses,
cuyo objetivo no es tanto la destrucción física de los mismos como el
hacerse por la fuerza con la cuota de mercado que se han ganado los
exportadores españoles. El testimonio de un camionero español, amenazado
de muerte mediante el macabro juego de la ruleta rusa, nos da una idea
exacta de la gravedad de unos hechos realizados gracias a la connivencia
o, en el mejor de los casos, a la pasividad de las autoridades francesas
y, a nuestro juicio, gracias a la política errática de su Gobierno. Lo
realmente preocupante de esta situación, lo que más ha indignado a la
opinión pública, y en especial a los agricultores y transportistas, es la
falta de medios de que dispone la Comisión para sancionar la conducta de
los Estados miembros que no garantizan dicho derecho. El procedimiento
lento, lentísimo, del recurso al Tribunal de Justicia, del que todavía
esperamos sentencia sobre los hechos acaecidos hace tres años, nos da una
idea de su inoperancia. Por eso, señor Aznar, a pesar de que hace muy
pocos minutos me acaban de entregar una propuesta que ha hecho el
Ministro Matutes en la Comisión de Exteriores, le pregunto, para que
responda formalmente en esta Cámara, cuál va a ser su posición en el
Consejo de Amsterdam en relación con este asunto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente.
Señores diputados, desgraciadamente esto ha ocurrido otros años, no es un
problema nuevo, pero, naturalmente, yo comparto plenamente su
preocupación; no creo que haya ningún ciudadano español que no comparta
la preocupación que todos sentimos al ver cómo se producen actos de
violencia, actos vandálicos absolutamente inaceptables contra nuestros
transportistas de distintas mercancías en el ámbito europeo. Espero que
S. S. no responsabilice también al Gobierno de esos problemas, porque
realmente me parecería un poco excesivo.
El Gobierno ha planteado una propuesta en la Conferencia
Intergubernamental en virtud de la cual, cuando un Estado miembro
incumpla las normas relativas a la garantía de circulación propia del
mercado interior, la Comisión pueda aprobar una decisión que establezca
una sanción económica o una multa coercitiva a ese Estado miembro.
Naturalmente, ésa es una acción de la Comisión que debe ser impulsada,
garantizada de alguna manera jurídicamente, evitando cualquier laguna,
como ocurre ahora en la legislación comunitaria.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Lo cierto es que la propuesta española se adhiere y enmienda la propuesta
italiana. Quiero decirle, señor Presidente, que Italia está mínimamente
afectada en sus exportaciones vitivinícolas. Es un país que ha sufrido
poco; nosotros hemos sufrido mucho, y ha sido el Gobierno italiano el
que, en el ámbito de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental,
ha hecho esta propuesta. Ustedes, señor Presidente, se han dedicado a
entorpecer, a introducir matices sobre si las sanciones deberían ir
solamente para aquellos casos en que los artículos fueran perecederos.
Creo que han perdido el tiempo. En vez de buscar apoyos para esta
propuesta lo único que han hecho ha sido introducir unos matices
absolutamente innecesarios y que entorpecerán la negociación en el ámbito
de la Conferencia Intergubernamental.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla. Tiene la palabra el señor
Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora Diputada, yo le
quiero decir que no comparto su opinión, porque el establecer sanciones o
no establecerlas no es una cuestión de matiz. Es una cuestión muy
importante, es una cuestión fundamental. Y, naturalmente, lo que ha hecho
la propuesta española es fortalecer una propuesta italiana que nos
parecía limitada, por lo cual las dificultades y las lagunas que hay en
este momento en la legislación comunitaria respecto al libre tránslto de
mercancías pueden ser cubiertas a los efectos que nos interesa. Ello no
empece que si se quieren hacer reclamaciones judiciales por vía
individual se puedan hacer, evidentemente con retraso, pero lo que nos
interesa sobre todo es que se sancione la violencia que dificulta el
tránsito de mercancías y la libre circulación en el ámbito del mercado
interior, y creo que esto está suficientemente salvaguardado con esta
propuesta. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JESUS MARIA LOPEZ-MEDEL BASCONES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE
FASE SEENCUENTRAN LOS TRABAJOS PARA LA CONSECUCION DEL ACUERDO QUE
PERMITA ALCANZAR EL DENOMINADO PACTO LOCAL? (Número de expediente
180/000711)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno el
Diputado don Jesús María López-Medel Bascones, del Grupo Popular.
Señor López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Muchas gracias.
Señor Presidente del Gobierno, característica fundamental del sistema de
distribución territorial del poder, según la Constitución, es el
principio de descentralización, el cual es aplicable a todas las
administraciones públicas, debiendo llevarse éste a sus últimas
consecuencias, facilitando así lo que es el acercamiento de las
competencias a los ciudadanos.
Desde el Partido Popular siempre hemos considerado que existen una serie
de áreas sobre las cuales este principio de descentralización, al igual
que el de eficacia, exige que se encomiende la ejecución de estas
competencias a las entidades locales, las cuales constituyen, como se ha
dicho reiteradamente, la administración más cercana a los ciudadanos.
Desde hace muchos años se viene hablando, señor Presidente, de la
necesidad de llegar a un pacto local, habiendo sido fundamental la
actitud que han tenido y siguen teniendo los responsables populares en
las distintas entidades locales. Por primera vez en un discurso de
investidura un candidato a Presidente de Gobierno hizo unas referencias
explícitas a la necesidad de llegar a un pacto local, y, aunque sólo ha
pasado un año desde su toma de posesión, el hecho de ser una cuestión
pendiente desde hace mucho tiempo, por incumplimientos de los anteriores
gobiernos, hace que desde el Partido Popular queramos que se llegue
pronto a ese acuerdo, que coloca a las entidades locales en el lugar que
les corresponde, siendo la única y principal responsabilidad del Gobierno
la de impulsar y facilitar a los partidos políticos un documento que,
tras su oportuno debate, sea asumido por todos.
Por ello me permito preguntarle, señor Presidente del Gobierno, en qué
fase se encuentran los estudios para la elaboración del llamado pacto
local. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López-Medel.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Como sabe S. S., desde
hace varios meses el Gobierno, a través del Ministerio de
Administraciones Públicas, lleva trabajando en la elaboración de un
documento de bases para la negociación de un acuerdo para el desarrollo
del gobierno local. Eso es lo que se ha venido en denominar pacto local,
que ha sido presentado hoy, que hoy ha sido remitido a los distintos
partidos políticos y que tiene como objetivo mejorar el marco jurídico y
competencial de las corporaciones locales. Con eso se plasma un
compromiso que yo asumí personalmente en el debate de investidura y se
plasma también un compromiso electoral del Partido Popular.
Yo quiero decir que a partir de este momento queda abierto el cauce de
diálogo con los partidos políticos y, naturalmente también, como se ha
venido haciendo hasta el momento, con la Federación Española de
Municipios y Provincias. Creo que tenemos que buscar varios objetivos,
conscientes de los problemas que hay. Sabe S. S. que la legislación de
bases de régimen local establecía un mínimo carácter competencial para
las corporaciones y luego establecía una remisión a la legislación de
carácter general autonómica. Creo que eso no ha sido desarrollado de
manera coherente y se producen distintos problemas, bien porque no se
ejercen las competencias con la suficiencia económica correspondiente,
bien porque no se ejerce la administración más cercana al ciudadano,
bien, realmente, porque no se ha producido un elemento de desarrollo de
carácter territorial equilibrador.
Yo creo que en la puesta en marcha del pacto local podemos conseguir más
eficacia en las administraciones, más equilibrio territorial y,
naturalmente, una compensación adecuada de competencias entre los tres
niveles de administración: el nivel central, el nivel autonómico y el
nivel local. Espero la colaboración y la cooperación de los distintos
grupos y partidos para llevar adelante el pacto local.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JOSEP SANUS TORMO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO QUE
EL PROYECTO ALCIRA ES COMPATIBLE CON LA LEY SOBRE NUEVAS FORMAS DE
GESTION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD? (Número de expediente 180/000699)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno el
Diputado don Josep Sanus Tormo, del Grupo Socialista.
Señor Sanus.
El señor SANUS TORMO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Conseller de Sanidad de la Generalitat valenciana
adjudicó a una unión de empresas privadas la gestión, mediante concesión,
de la atención sanitaria especializada en el área diez, el llamado
proyecto Alcira. ¿Cree el señor Ministro que ello es compatible con la
ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional
de Salud?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanus.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
Señoría, ésta es una iniciativa de la Comunidad Autónoma de Valencia,
creo recordar que anterior a la Ley 15/1997, que introduce la posibilidad
de nuevas formas de gestión en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
Estas nuevas formas de gestión se refieren a la posibilidad de que esta
gestión tenga lugar, además de en forma directa, indirectamente a través
de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad
pública admitidas en Derecho.
También es cierto que esta ley, en su párrafo segundo, se refiere a la
prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios, que
podrán llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos,
convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas en los
términos previstos en la Ley General de Sanidad.
De acuerdo con esta normativa, no está contemplada esta posibilidad, pero
tampoco está excluida, y los servicios jurídicos del Estado entienden que
no es incompatible lo dispuesto en la Ley 15/1997 con esta iniciativa de
la Comunidad Autónoma valenciana.
Muchas gracias, señor Presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Ruego a SS. SS. que guarden silencio. Señora Cuniella, silencio, por
favor.
Señor Sanus.
El señor SANUS TORMO: Señor Ministro, usted debe saber que el pliego de
cláusulas administrativas para el concurso por el que se adjudicó la
citada gestión se fundamenta en el Real Decreto-ley 10/1996 y que la Ley
15/1997, a la que usted ha aludido, exige la titularidad pública para los
entes que se puedan crear para la gestión del Sistema Nacional de Salud,
justo lo contrario de lo que ocurre en el proyecto Alcira, donde se
gestionará desde una unión de empresas privadas. En Alcira, mediante un
contrato atípico, patético y políticamente inaceptable, se entrega a una
empresa privada la asistencia especializada de 230.000 ciudadanos
valencianos, ciudadanos que vieron con asombro cómo el 12 de mayo se
adjudicó la gestión a una unión de empresas, cuando la ley estaba en
vigor desde el 26 de abril.
Espanta, señor Ministro, contemplar cómo el grupo que sustenta al
Gobierno decidió en esta Cámara consensuar con nuestro grupo las
enmiendas que supusieron de hecho la derogación del Decreto-ley,
entendiendo que ello era beneficioso para todos los ciudadanos españoles
al garantizar la titularidad pública del Sistema Nacional de Salud,
mientras que en la Comunidad valenciana su partido opta por lo contrario,
por el modelo de gestión privada que la ley ya ha derogado. Todo esto
evidencia una clara voluntad política de desoír desde el Gobierno
valenciano la voz de esta Cámara ya que, por coherencia, era lógico que,
si se había derogado el Decreto-ley, la Consellería valenciana paralizara
el proceso de adjudicación para ajustarse a lo establecido en la misma.
Tiempo sobrado ha existido para ello.
¿Ha pensado, señor Ministro, que el proyecto Alcira no es una isla sino
un agujero, un roto, en el Sistema Nacional de Salud, que convierte a los
230.000 habitantes de los 29 municipios afectados en ciudadanos de
segunda, al establecer un agravio comparativo con el resto de España?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanus.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Diputado, si ustedes creen que esta actuación de la Comunidad
valenciana no se ajusta al ordenamiento jurídico, saben perfectamente lo
que tienen que hacer para tratar de restablecer la legalidad.
Yo tengo que ser respetuoso con las competencias de la Comunidad y con
los informes de los servicios jurídicos del Estado. También puedo decir
que nosotros no tenemos ningún propósito de utilizar esa fórmula en el
ámbito de nuestras competencias y nos vamos atener estrictamente al
espíritu y a la letra de la ley que hemos consensuado en esta Cámara.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ENRIQUE MORATALLA MOLINA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿ES
CIERTO QUE EL GOBIERNO TIENE PREVISTA UNA VACUNACION MASIVA CONTRA LA
MENINGITIS EN OTOÑO? (Número de Expediente 180/000700)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno el
Diputado don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista.
Señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la meningitis es una enfermedad que se presenta de manera
cíclica. Los ciudadanos la consideran enfermedad grave y preocupante. En
los últimos años, en España la meningitis alcanzó su máxima incidencia en
1979, afectando a 918 personas. Su punto más bajo lo alcanzó en 1995, con
143 ciudadanos afectados. En los meses de enero y febrero de este año se
declararon 402 casos de meningitis. Si a esto se le añade una información
de su Ministerio dada a destiempo, dispersa y en ocasiones
contradictoria, podemos encontrarnos ante el origen de un clima de alarma
social e inquietud entre la población. Quien debe responder es el
Ministro de Sanidad, esa es la voz autorizada, y como está usted aún a
tiempo le pregunto: ¿es cierto que el Gobierno tiene prevista la
vacunación masiva contra la meningitis en otoño?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moratalla.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
El Gobierno tiene la misma preocupación que S. S. ante un problema de
esta gravedad y trascendencia, y a la vista de su evolución
epidemiológica, oportunamente se celebraron las consultas pertinentes y
los encuentros entre responsables de salud pública de las comunidades
autónomas, que, como usted sabe muy bien, tienen competencias plenas en
esta materia, y se acordó la política a seguir en este punto con consenso
de todas las comunidades autónomas y de todos los expertos y científicos
representados en esa ocasión. De acuerdo con esas pautas, en algunas
comunidades donde se alcanzaba el número de casos que, a juicio de los
expertos, aconsejaba una vacunación masiva, se produjo esa vacunación, y
en localidades concretas donde aparecía ese mismo problema se hizo así.
Se actuó siempre con todo rigor, siguiendo las pautas recomendadas por
las organizaciones internacionales y por las sociedades científicas más
competentes y se afrontó ese problema con toda responsabilidad informando
conveniente a la opinión pública en cada caso, no sólo por el Ministerio
de Sanidad ejerciendo las competencias que le corresponden, sino también
por los servicios competentes de salud de las comunidades autónomas.
En este momento, a la vista de lo ocurrido este año, se ha acordado que
la comisión de salud pública del Consejo interterritorial del Sistema
Nacional de Salud se reúna próximamente para que, a la vista de la
experiencia de este año y de las previsiones de futuro, se adopten las
decisiones pertinentes en orden a afrontar este problema el próximo año.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, he escuchado su contestación y me va a permitir un
consejo. La falta de una postura oficial y coherente hace perder
credibilidad. Los hechos sanitarios pueden presentarse de manera no
homogénea, pero la información, si es mucho más homogénea, traspasa los
límites de las comunidades autónomas y tiene alcances globales. Así pues,
las respuestas del Ministerio de Sanidad y Consumo debieran ser globales
y consistentes y el Consejo interterritorial podría ser el órgano
coordinador de esa información para trasladarla a las comunidades
autónomas.
Si partimos de la base de que el sistema sanitario es un conjunto de
bienes y servicios y una organización que gestiona recursos, la
información sanitaria es un bien y un recurso cuya propiedad es estatal
y, como bien fiscal, debe estar al alcance de todos bajo el principio de
equidad. Ese es nuestro criterio, señor Ministro, y en esa línea contará
con el apoyo del Grupo Socialista para rebajar la alarma social y tratar
temas que, como éste, tienen gran trascendencia social.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moratalla.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
La posición oficial del Ministerio en este asunto es muy clara: atender
la propuesta que en su momento formule la comisión de salud pública del
Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que está
compuesta por los directores generales de salud pública de todas las
comunidades autónomas y presidida por el Director General de Salud
Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. En ésta y en todas las demás
materias de trascendencia epidemiológica la información está circulando
con toda fluidez entre los servicios de salud de las comunidades
autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo, que hasta el momento han
procedido de perfecto acuerdo en esta cuestión y esperamos seguir
haciéndolo en lo sucesivo.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA MARIA FERNANDA FARALDO BOTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO TIENE PREVISTO EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO ABORDAR LA REORDENACION DE LAS URGENCIAS
MEDICAS, TANTO HOSPITALARIAS COMO EXTRAHOSPITALARIAS? (Número de
expediente 180/000716)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno doña
María Fernanda Faraldo Botana, del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Faraldo.
La señora FARALDO BOTANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo, somos conscientes de que la
problemática de la atención sanitaria urgente es compleja debido a su
doble vertiente sanitaria y social. Ante la aparición de un problema de
etiología diversa y gravedad variable se genera la necesidad inminente de
atención por parte del paciente, su familia o quien asuma su
responsabilidad; atención que es responsabilidad del sistema sanitario en
su conjunto, con implicación de la atención primaria y de la atención
especializada, actuando éstas de forma coordinada, pero hasta la fecha la
atracción que sobre los ciudadanos ejerce la tecnología hospitalaria y
los especialistas, quizá debido a que durante muchos años el hospital fue
el eje del sistema y a la mayor presencia de éstos en los medios de
comunicación de masas, ha traído como consecuencia que en muchas
ocasiones a los servicios de urgencia hospitalaria acudan pacientes con
procesos leves que deberían ser atendidos en los puestos de atención
continuada en la primaria. Esta situación no tardó en producir
importantes desequilibrios, como fue el aumento de la presión asistencial
en los citados servicios de urgencias hospitalarias con la consiguiente
masificación de los mismos y deshumanización del sistema, con el
correlativo aumento, como no podía ser menos, de la insatisfacción de los
pacientes y de sus familias.
Por todo ello, señor Ministro, y teniendo hecho, creo yo, un diagnóstico
de cuáles son los problemas y dificultades de la atención urgente en
general, me gustaría saber cómo tiene previsto el Ministerio de Sanidad
abordar la reordenación de las urgencias médicas, tanto hospitalarias
como extrahospitalarias.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moratalla. (Varias señoras
diputadas: ¡Moratalla, no!)
Perdón, ha sido un lapsus, por una interlineación que he sufrido con el
nombre del Diputado del Grupo Socialista que ha preguntado con
anterioridad. Perdón, señora Faraldo, ha sido la primera pregunta y eso
ha dado, sin duda, lugar al error y por ello también me permito
subrayarlo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
Estoy completamente de acuerdo en que la atención urgente es la que más
esfuerzos y recursos requiere, ya que el factor tiempo juega un papel muy
importante en la resolución satisfactoria de estos problemas. Es
lamentable que no se aprovechen debidamente los recursos
de atención primaria en este campo, porque eso deriva en una masificación
de las urgencias hospitalarias. Por tanto, si queremos mejorar esta
situación general, tenemos que plantearnos acciones en tres sentidos. En
primer lugar, incrementar la accesibilidad de los puntos de atención
continuada urgente en atención primaria y la calidad de los servicios
prestados en la misma. En segundo lugar, concienciar a la población de
que la puerta de acceso al sistema, tanto en la atención programada como
en la urgente, es la atención primaria y que ello redundaría en beneficio
de todos. En tercer lugar, incrementar la coordinación de todos los
puntos de urgencia para lograr una respuesta más rápida y efectiva.
Estamos trabajando en esas tres direcciones, incrementando puntos de
atención continuada y tratando de que se mejore la calidad de los
servicios que se prestan en ellos, concienciando a la población, y esto
estará muy presente en un programa de educación sanitaria que va a
aparecer en las ondas próximamente. En cuarto lugar, estamos tratando de
incrementar esa coordinación, para lo cual la extensión de los servicios
del 061 es una línea de trabajo indispensable.
Por lo que se refiere a las urgencias dentro de los hospitales, puedo
decir que en estos momentos existe en todos ellos un coordinador de
urgencias, cuya función principal consiste en tener conocimiento
permanente de los casos que acuden a la puerta, controlar que los
pacientes sean atendidos con la rapidez que exige su estado clínico,
tener información de las camas disponibles en las distintas
especialidades para poder realizar los ingresos en el caso de que sea
necesario y tener información de dónde existen camas libres para poder
derivar a aquellos enfermos que no puedan ser atendidos en el hospital
por estar cubierto.
Por lo que respecta a la ordenación de las urgencias hospitalarias, hay
que decir que los hospitales del Insalud revisan permanentemente la
demanda de urgencias y los recursos existentes procediendo de forma
automática a la adecuación de ambos. Esta actuación se hace especialmente
en determinados períodos estacionales, cuando la afluencia a urgencias es
mayor. Asimismo, hay que destacar la calidad profesional de quienes
trabajan en estos servicios.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON BENITO JESUS REGO COBO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL MINISTERIO DE
SANIDAD Y CONSUMO INFORMAR DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA
RECIENTEMENTE CREADA COMISION NACIONAL DE REPRODUCCION ASISTIDA? (Número
de expediente 180/000717)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al Gobierno don
Benito Jesús Rego Cobo, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Rego.
El señor REGO COBO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre reproducción
asistida, vino a establecer el marco jurídico que posibilitó la
aplicación de técnicas de la citada reproducción. El artículo 21
establecía la creación de una comisión nacional de reproducción asistida,
que tendría carácter multidisciplinar, en cuyo seno se debería recoger el
criterio mayoritario de la población, así como la opinión y aportación de
los diferentes expertos científicos en estas técnicas. A pesar del tiempo
transcurrido desde el año 1988, fecha en la que fue promulgada dicha ley,
el Gobierno socialista ha sido incapaz de realizar el desarrollo
reglamentario a fin de constituir dicha comisión, circunstancia
largamente demandada por profesionales y usuarios de esas técnicas.
Por ello, señor Ministro, y teniendo conocimiento de que el Consejo de
Ministros ha aprobado un real decreto por el que se crea la comisión
nacional de reproducción asistida, le pregunto: ¿Puede el señor Ministro
de Sanidad y Consumo informar de las principales funciones de esta
comisión?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rego.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Efectivamente, se trata de una norma que tenía que estar ya promulgada
hace mucho tiempo, porque las previsiones son de la Ley de reproducción
asistida del año 1988, en donde se establece que esta comisión debe estar
dirigida a orientar sobre la utilización de estas técnicas y a colaborar
con la Administración, tanto en el acopio de conocimientos científicos y
técnicos sobre estas materias como en la elaboración de criterios de
funcionamiento de los centros y servicios donde se
realizan dichas técnicas a fin de facilitar su mejor utilización. La
creación de estos organismos ha sido recomendada por la Asamblea
parlamentaria del Consejo de Europa y su característica principal es que
son de naturaleza multidisciplinar, con participación de expertos en las
diferentes técnicas, pero también de representantes de las distintas
posiciones filosóficas, éticas y sociales que en todas las ciudades
existen y se suscitan por la aplicación de estas técnicas.
De acuerdo con estos criterios, de la comisión formarán parte cuatro
representantes de las diferentes sociedades científicas y relacionadas
con la bioética; nueve vocales designados por distintas entidades y
corporaciones en función de su capacidad de aportar conocimiento
sobre aspectos éticos, sociales y jurídicos en materia de reproducción
asistida; cinco representantes designados por las comunidades autónomas y
otros cuatro nombrados por la Administración central, dos por el
Ministerio de Sanidad y Consumo, uno por el Ministerio de Trabajo y otro
por el Ministerio de Justicia.
De manera más específica, el artículo 1.º del Real Decreto 415/1997, por
el que se crea la comisión, atribuye a ésta el asesoramiento en las
siguientes cuestiones: las técnicas de reproducción asistida y las
actuaciones complementarias a las mismas; los centros o servicios donde
éstas se realizan; el diagnóstico y terapéutica de enfermedades genéticas
o hereditarias; la investigación o experimentación sobre la esterilidad
humana y sobre gametos y preembriones en los términos de la Ley de
reproducción humana asistida; la emisión de informes preceptivos sobre
los proyectos de disposiciones generales relacionados con las técnicas de
reproducción humana asistida; finalmente, la comisión realizará también
la coordinación con las comisiones homólogas constituidas en las
comunidades autónomas. Se ha solicitado ya la propuesta de los
representantes de las distintas entidades que deben formar parte de la
misma y esperamos que en muy breve plazo se podrá proceder a su
constitución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
¿Señor Rego? (Pausa.) Muchas gracias.
--DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO GIL MELGAREJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PLANES TIENE EL
GOBIERNO CON RESPECTO A LA EXTENSION DEL 061 A TODO EL TERRITORIO DEL
INSALUD? (Número de expediente 180/000718)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula al Gobierno el
Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo, en alguna ocasión usted ha expresado
la conveniencia de extender el servicio del 061 a todo el territorio
Insalud y hasta el día de hoy el citado servicio presta únicamente
función en dos comunidades autónomas --ciertamente, ambas de gran
envergadura--, la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que existe el mayor
número de recursos sanitarios, y la Comunidad Autónoma de Baleares, que
está condicionada por el tema de la insularidad.
También hay otro factor importante a tener en cuenta, cual es el tiempo
del desplazamiento y la atención sanitaria prestada en el mismo para
determinados procesos graves, siendo conocido además por todos algún caso
en el cual el requerimiento de una ambulancia desconociendo la situación
clínica del enfermo ha generado complicaciones posteriores en la
resolución, ya que debería haber sido atendido, asistido o trasladado en
una UVI móvil.
Además de todo lo anterior, señor Ministro, la atención urgente aglutina
servicios de más de una administración. Por tanto, se hace necesaria no
solamente la coordinación entre los distintos niveles, sino entre los
múltiples recursos sanitarios, sea cual sea su dependencia funcional u
orgánica. Hasta ahora, señor Ministro, el servicio del 061 ha logrado
coordinar todos los recursos de manera eficiente, ofreciendo respuesta
inmediata y adecuada a la necesidad del proceso clínico, lo que
incrementa de forma importante la eficiencia de las dotaciones de
urgencias.
Siendo esto así, parece lógica la implantación de este servicio en todo
el territorio del Insalud, y es por esto por lo que, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué planes
tiene el Gobierno con respecto a la extensión del 061 en todo el
territorio del Insalud?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Melgarejo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Como muy bien señala S. S., estamos ante un servicio de una enorme
importancia para la población. Yo lo he conocido muy de cerca porque he
tenido que ver con su implantación en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma gallega. Desde el servicio del 061 se da, como es sabido, un
primer consejo a las personas con problemas de esta naturaleza, consejo
facilitado por profesionales médicos de gran capacitación. Desde ese
mismo servicio se facilita a los pacientes la posibilidad de que un
médico se desplace hasta su domicilio y les pueda atender. El propio
servicio se encarga de la búsqueda de los profesionales más próximos para
que acudan al domicilio si esa es la indicación pertinente y desde el
propio servicio, si es necesario, se busca el transporte sanitario
correspondiente para que ese paciente se pueda desplazar a un centro de
salud o a un centro hospitalario en donde pueda ser correctamente
atendido. Yo creo que esta descripción de las funciones de estos
servicios es suficiente para darse cuenta del calado social que tienen su
implantación y su extensión.
Efectivamente, en el ámbito del Insalud funciona en tres comunidades
autónomas, Madrid, Baleares y Asturias; a lo largo de este año y en los
primeros meses del año que viene va a estar extendido ya a tres
comunidades
autónomas más gestionadas por el Insalud, como son Castilla-La Mancha,
Cantabria y Murcia, y confiamos en que dentro de esta legislatura, a ser
posible con la mayor anticipación que se pueda dar, esté extendido a
todas las comunidades autónomas en las que trabaja el Instituto Nacional
de la Salud.
La importancia de este servicio, además de por esa atención a la
población en los términos que he dicho, viene dada porque puede
contribuir muy eficazmente también a la descongestión de los servicios de
urgencia de los hospitales a través de una mejor utilización de los
recursos de atención primaria y una mejor coordinación de todas las
disponibilidades del sistema, y con eso se podría lograr también que
muchas de las casi cuatro millones de asistencias de urgencia practicadas
en los hospitales y que no precisaron de un ingreso pudieran ser
atendidas en muchos casos desde los servicios de atención primaria, con
lo que eso significaría para la desmasificación de los hospitales y para
una atención de los pacientes en puntos más próximos a su domicilio, sin
merma de la calidad del servicio que se les presta, porque nuestros
profesionales de atención primaria, oportunamente dotados de los medios
diagnósticos y terapéuticos adecuados, en lo que también se está
avanzando, están perfectamente capacitados para atender muchos de estos
problemas y dar perfecta satisfacción a las necesidades de los ciudadanos
sin necesidad de que se desplacen a las instalaciones hospitalarias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor Presidente.
Solamente quiero expresar mi satisfacción porque una de las comunidades
autónomas elegidas para ampliar el servicio 061 sea la Comunidad Autónoma
de Murcia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Melgarejo.
--DEL DIPUTADO DON EMILIO PEREZ TOURIÑO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA EL GOBIERNO A SUPRIMIR EL PEAJE EN
LOS TRAMOS DE AUTOPISTA DE LAS AREAS METROPOLITANAS DE LAS CIUDADES, EN
PARTICULAR EN LA CORUÑA Y VIGO? (Número de expediente 180/000701)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno el
Diputado don Emilio Pérez Touriño, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Pérez Touriño.
El señor PEREZ TOURIÑO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿existe el compromiso del Gobierno para suprimir el peaje
en las autopistas en las áreas metropolitanas de las ciudades y, en
particular, ese compromiso existe en relación con la entrada en La
Coruña, la entrada en Vigo y el nuevo tramo Rande-Puxeiros?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Touriño.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, hay efectivamente en el Ministerio de Fomento presentada una
petición de la Xunta de Galicia para la supresión del peaje en los tramos
a los que
S. S. se ha referido. El Ministerio de Fomento está en estos momentos
estudiando esa petición y especialmente las repercusiones que puede
provocar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Pérez Touriño.
El señor PEREZ TOURIÑO: Como ciudadano, como usuario y como Diputado,
deseaba obtener una respuesta afirmativa a esa pregunta, pero una
respuesta concreta, definida en sus compromisos y clarificadora en sus
repercusiones. Su respuesta no cumple ninguno de esos requisitos, señor
Ministro.
El Ministro sabe que estos meses, reiteradamente, el Secretario General
del Partido Popular en Galicia y el Presidente y fundador del mismo han
anunciado la supresión de estos peajes para antes del mes de julio. Ayer
en Vigo el señor Fraga la ha adelantado respecto al tramo Rande-Puxeiros.
La realidad es que después de un año de Gobierno, señor Ministro, han
incumplido ustedes el pacto de gobierno con Convergència y Unió respecto
a la rebaja de los peajes en general. (Rumores.) Han bloqueado, hace un
mes apenas, una proposición no de ley para liberar de peaje el tramo de
autopista en Tarragona. Han dicho en respuesta escrita, el pasado 24 de
marzo, en relación con la entrada en La Coruña --y le leo la respuesta
literal del Gobierno-- que el Gobierno no tiene previsto suprimir el
peaje en ninguna autopista. Por último, señor Ministro, presentan
hace poco un programa de autopistas para poner peaje precisamente en el
área metropolitana de Madrid, en Segovia o en Avila. En estas
condiciones, señor Ministro, basta ya de pasteleo, basta ya de toreo
entre todos y basta ya de políticas-anuncio. Los gallegos queremos una
respuesta afirmativa suya, pero con rigor y con credibilidad: cuándo, en
qué condiciones, quién asume las compensaciones, qué pasa en Cádiz, qué
pasa en Valencia o qué pasa en Cataluña con los peajes. (El señor
Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
Finalmente, señor Ministro, debe estar usted dando una respuesta y no me
cuente historias del pasado. No quiero tener que recordarle, señor
Ministro, que formó parte usted de un Gobierno que paralizó la autopista
del Atlántico, dañando gravemente el desarrollo de Galicia. Los
socialistas sacamos a esa empresa de la quiebra, la saneamos y unimos
Coruña y Vigo. Usted, además de inaugurar estos meses las obras hechas
por nosotros, tiene que dar respuesta a las demandas actuales. Basta ya,
Ministro, de políticas que no definen sus objetivos y no establecen sus
compromisos. (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Pérez Touriño.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, no deja
de ser sorprendente que plantee usted en estos momentos electorales el
problema de unos peajes que ustedes tuvieron muchos años para suprimir y
no suprimieron. Punto primero.
Punto segundo, una buena parte de las autopistas de peaje que existen en
estos momentos en España han sido construidas en concesiones otorgadas
por el Gobierno socialista. Ustedes han construido en España autopistas
de peaje. Resulta absolutamente demagógico, por no decir que es una
desfachatez, en un momento preelectoral, venir a plantear aquí la
supresión de unos peajes que el Ministerio de Fomento en todo caso tiene
en estudio. (Protestas.) Señoría, le añado, una concesión es un contrato,
tiene unas cláusulas. Hay que estudiar cuál es la repercusión de la
supresión de un peaje que ustedes establecieron, porque parece que ha
sido este Gobierno el que estableció los
peajes. Los peajes los establecieron ustedes y ahora no vengan
ustedes a reclamar que los suprimamos. (Rumores.) Si los suprimimos, será
a petición de la Xunta de Galicia, pero no a petición suya.
(Aplausos.--Rumores y protestas.--Una señora Diputada del Grupo
Socialista: Lo reclamamos.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.
Muchas gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMPARTE EL MINISTRO DE FOMENTO LAS
MANIFESTACIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO SOBRE LA
RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA ESPECULACION URBANISTICA?
(Número de expediente 180/000704.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 17, de don
José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Fomento, el pasado 22 de mayo hemos leído en un medio
de comunicación con cierta sorpresa y estupor generalizado, también
lógicamente del Grupo Socialista, en el ámbito de la presentación de su
último proyecto de ley del suelo, que el Director General de la Vivienda
y el Urbanismo, señor Fernando Nasarre, decía que con este proyecto se
pretendía, textualmente y entrecomillado, acabar con la especulación de
los ayuntamientos.
Comprenderá usted que esta pregunta tiene una motivación evidente y
razonable y por ello se la formulo: ¿comparte el señor Ministro la
declaración de su Director General en este tema?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez
Zapatero.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
En el contexto en que esas palabras fueron pronunciadas y con el sentido
profundo y riguroso con que fueron dichas por una persona que es
extraordinariamente competente en el ámbito del urbanismo, le digo,
señoría, que comparto esas declaraciones, porque el proyecto de ley tiene
por finalidad, efectivamente, abaratar la oferta de suelo poniendo fin a
la especulación, a todo tipo de especulación, señoría.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Ministro, la verdad es que seguramente
esta era la última orientación que uno podía esperar a la contestación a
esa pregunta. Lo digo porque no se le escapará que incluso la Federación
Española de Municipios, a través de la propia presidencia, que supongo no
considerará sospechosa ese Ministro, hizo una protesta pública y formal y
yo creo que suficientemente contundente sobre esas declaraciones que no
han sido rectificadas a pesar de que se podía deducir que había esa
intención. Ciertamente, este rasgo de prepotencia que usted ha expuesto
aquí respaldando a su Director General tiene poco sentido y poca
explicación política, porque alguien puede cometer un error, decir algo
mal o explicarlo mal, y es mucho más fácil decir que ha habido una
equivocación o una mala interpretación, pero el problema es que, después
de escucharle a usted, ya
comprendemos por qué esta ley se suma al conjunto de políticas que en
relación con la vida municipal se están realizando.
Señor Ministro, ustedes con el proyecto anterior y con este nuevo
intentan reducir fuertemente los ingresos de las corporaciones locales
por la vía del aprovechamiento urbanístico, porque les consideran además
los especuladores. Ustedes han reducido fuertemente la cooperación local
del Estado a los ayuntamientos en más de un 26 por ciento, con una
reducción de sus ingresos de miles de millones. Ustedes han tenido
paralizado el pacto local, aunque hoy hemos oído otra consideración. ¿Y
saben cuál es la consecuencia de su política? Que el IPC de la vivienda
desde el año 1991 ha sido éste el último año que ha subido por encima del
IPC general.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez
Zapatero.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, las declaraciones del Director General fueron unas
declaraciones extensas, como es propio de un hombre extraordinariamente
riguroso. Hacer oposición sobre la base de una frase entrecomillada
carece de sentido. Yo me he referido al contexto en que el Director
General hizo esas afirmaciones y al sentido con el que las hizo, pero,
señoría, el error en política está en no reconocer los hechos, ese es el
más grave error. La prepotencia consiste justamente en desfigurar la
realidad para, en última instancia, engañar a los ciudadanos. No hay
nadie serio en este país que niegue que en España hay una gran
especulación urbanística, que de esa gran especulación urbanística hay
muchos sujetos responsables y que la especulación urbanística es una de
las causas del alto precio de la vivienda, y ustedes, señoría, durante
diez o catorce años, han estado aplicando un modelo urbanístico que ha
sido un rotundo fracaso, porque al final de su mandato en España las
viviendas que hay son caras y no son accesibles, y España tiene por
resolver un problema de vivienda, y tiene que hacerlo porque no hay suelo
urbanizable, y no hay suelo urbanizable porque su modelo urbanístico
fracasó.
Déjennos a nosotros que intentemos resolver un problema que ustedes no
supieron resolver, señoría.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
--DEL DIPUTADO DON BERNARDO BAYONA AZNAR, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA TENIDO EN CUENTA EL GOBIERNO AL
CONDECORAR RECIENTEMENTE A UN GENERAL LA OPINION DEL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL SOBRE DICHO MANDO MILITAR? (Número de expediente
180/000702)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 15, de don
Bernardo Bayona Aznar, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BAYONA AZNAR: El Gobierno ha otorgado la Gran Cruz de San
Hermenegildo, el más alto reconocimiento militar en tiempo de paz, al
general Jefe de Estado Mayor de la Región Pirenaica Oriental, a pesar de
la advertencia del Consejo General del Poder Judicial sobre la gravedad
de una afirmación inconstitucional de este mando militar.
¿Ha tenido en cuenta el Gobierno, al condecorar a este general, la
opinión del Consejo General del Poder Judicial sobre dicho mando
militar?.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Bayona.
Señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, Presidente.
Supongo, señoría, que su pregunta se refiere a la resolución dictada en
el recurso ordinario interpuesto por don José María Llorente Sagaseta
contra acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, de 10
de septiembre de 1996, y que dictó el Consejo General del Poder Judicial
el día 7 de mayo de 1997. Obviamente, no se ha podido tener en cuenta la
observación contenida en la resolución dictada por el Consejo General del
Poder Judicial ya que tuvo entrada en el Ministerio de Defensa el día 23
de mayo de 1997, tuvo salida del Consejo General del Poder Judicial el 14
de mayo, mientras que la condecoración apareció publicada en el «Boletín
Oficial» el día 12 de mayo y, por tanto, antes de que hubiera el mínimo
conocimiento de la citada resolución.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
Señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Como ha dicho el señor Ministro, la resolución del
Consejo General del Poder Judicial es del 7 de mayo. La condecoración se
publica en el «Boletín Oficial del Estado» el 23 de mayo. Hay tres
Consejos de Ministros. Pero ya es sorprendente que ascendiera a general
después de haber sido denunciado por el juez togado militar de Zaragoza
por una afirmación inconstitucional del 26 de mayo de 1996, hace un año.
Pregunto por una condecoración que exige
acuerdo del Consejo de Ministros. El Gobierno la puede conceder o no. Si
la concede es porque reconoce méritos excepcionales en la persona que la
recibe. El que hubiera sido ascendido a general y, por tanto,
automáticamente le correspondiera esa condecoración, no le exime de
responsabilidad al Gobierno.
Usted sabe bien, señor Ministro, que la competencia profesional no
siempre va unida al espíritu constitucional; usted lo sabe mejor que
nadie. Por ambos debe velar el Gobierno, también en 1997, también ahora;
de ambos es responsable. Yo creo que no hay precedentes de un mando
militar condecorado, a pesar de una seria advertencia del Consejo General
del Poder Judicial al Gobierno; advertencia excepcional que ni siquiera
después, que yo sepa, ha merecido una simple amonestación que, de haberse
producido antes, habría retrasado la condecoración. Este Gobierno también
desestimó, señor Presidente, las observaciones del Poder Judicial en el
nombramiento del Fiscal General del Estado, y parece empeñado en premiar
a quienes se expresan fuera del orden constitucional. Es preocupante que
con tales premios se incentiven actitudes de todo punto inaceptables
contra los derechos y libertades constitucionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Bayona.
Señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Señoría, me temo que tiene usted un error en las fechas. El Consejo de
Ministros otorgó la condecoración --y aparece en el «Boletín Oficial»--
por Real Decreto de 12 de mayo. Como le he dicho a S. S., la resolución
del Consejo General del Poder Judicial sale con posterioridad a esa
condecoración. Por tanto, no hay, señoría, ni tres, ni dos, ni un Consejo
de Ministros, porque difícilmente puede haber entre el 12 de mayo, fecha
en la que se otorga la condecoración, y el 14 de mayo, que sale del
Consejo General del Poder judicial, llegando al Ministerio de Defensa el
día 23, ningún Consejo de Ministros. Es más, S. S. dice que esa
recompensa es para méritos extraordinarios.
El Reglamento al que se somete este Gobierno, como a toda la legislación
vigente, dice que los requisitos son: tener cumplidos los tiempos de
servicio exigidos; haber observado una conducta intachable; y no tener en
la fecha de su solicitud nada desfavorable sin cancelar en su
documentación personal. Por tanto, los tres requisitos existían y se
cumplió la legalidad vigente.
Dice S. S. que el Consejo de Ministros podía haberlo revisado. Después de
que el Ministerio de Defensa tiene conocimiento pide informe al Jefe del
Estado Mayor del Ejército y a la asesoría jurídica y, de conformidad con
ambos informes, actúa en consecuencia.
Por último, señoría, no se puede decir que fue un escrito de denuncia.
Era recurso contra una resolución del Tribunal Militar Central del que,
respetando la independencia del Poder Judicial, este Ministerio no tuvo
la mínima noticia. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON WILLY ENRIQUE MEYER PLEITE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿POR QUE MOTIVOS SE NIEGA EL LEVANTAMIENTO DEL DEBER DE GUARDAR
SECRETO A LOS AGENTES DEL CESID, EN MATERIAS RELACIONADAS EXCLUSIVAMENTE
CON LAS IMPUTACIONES DE LOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS QUE SE LES PUEDA
INCOAR, PESE A SABER QUE ELLO PROVOCA DE FORMA AUTOMATICA SU INDEFENSION?
(Número de expediente 180/000709)
El señor VICEPRESIDENTE: (Marcet i Morera): Pregunta número 21 de don
Willy Enrique Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que tiene la palabra.
El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Defensa, nos gustaría conocer las razones por las que
no se levanta el deber de la reserva a los ex agentes del Cesid para
poder ejercer su defensa.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Meyer.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señoría, porque no tiene
ninguna conexión la restricción posible al derecho de defensa con el
motivo de la sanción. Dicho motivo es el haber hecho declaraciones
contrarias a la disciplina a través de los medios de comunicación social.
Para constatar ese hecho no hacía falta, porque no tenía ninguna
relación, constatar o no la veracidad o falsedad de dichas afirmaciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
Tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor Ministro, en estos momentos están cumpliendo
arresto disciplinario en establecimientos militares el coronel don Diego
Camacho y el teniente coronel Manuel Rey, ambos cesados el pasado mes de
diciembre junto a otros funcionarios
del Cesid, al no considerar el actual Director del Centro la idoneidad de
su continuidad.
Lo que podía haber pasado por un episodio rutinario de evaluación de la
idoneidad de una continuidad en el servicio de estos agentes, se
convirtió, a raíz de las declaraciones en los medios de comunicación del
Presidente del Gobierno y otros dos cargos del Partido Popular, en un
intento de presentar esos ceses con la prometida limpieza necesaria del
Centro Superior de Información de la Defensa, en relación con todas las
actividades sucias en las que participó: escuchas ilegales, GAL,
operación Mengele, etcétera. Así lo señaló el señor Aznar el 30 de
diciembre del año pasado. Decía: «Esa criba era conveniente para la
operatividad, para la limpieza y para la credibilidad de nuestros
servicios de inteligencia.» Es decir, a esos funcionarios se les señalaba
directamente como los responsables de todas las actividades ilegales y
criminales del Cesid.
La gravedad de esas imputaciones obligó a estos ex agentes a manifestar
públicamente que nada tenían que ver con esas actividades, que para
demostrarlo se les eximiera del deber de la reserva y salvar así su
profesionalidad y honorabilidad. Paradójicamente, señor Ministro, no sólo
no se les permitió hacer uso de la información que disponen para su
defensa, sino que se les incoó expediente sancionador, sanción que, como
decía, están cumpliendo en la actualidad.
Llegado a este punto, señor Ministro, el Ministerio de Defensa, a través
de un comunicado, declaraba recientemente que estos funcionarios nada
tienen que ver con actividades ilegales en el Cesid; declaración que, sin
duda, restituye el buen nombre y profesionalidad del coronel Camacho y
teniente coronel Rey, pero, señor Ministro, nos devuelve a todos los
ciudadanos una gran incertidumbre. Si los únicos ceses producidos en el
Cesid por su Gobierno han sido éstos, los realizados en el mes de
diciembre, y ahora indican que nada tienen que ver con esa limpieza, eso
significa, señor Ministro, que, al día de hoy y después de un año de
Gobierno del Partido Popular, los funcionarios del Cesid implicados en
actos criminales e ilegales siguen en el Centro, y mucho nos tememos que
algunos incluso hayan sido promocionados. Su compromiso electoral en un
tema no menor, como es el de conseguir que los servicios de información e
inteligencia actúen en y desde la legalidad, está por cumplir, señor
Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Meyer.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Señoría, el proceso seguido para la aplicación del Estatuto se ha basado
en elementos totalmente objetivos.
Como dijo este Ministro en declaraciones públicas el 28 de enero de 1997
--cuyo contenido está recogido en vídeo y se le ha ofrecido a los
interesados--, ello se hizo, repito, por razones estrictamente
profesionales.
En el Centro Superior de Información de la Defensa se creó un órgano de
evaluación, del que, por cierto, no formaba parte el Director, que, por
unanimidadad, decidió proponer la no profesionalización, no sólo de
ellos, sino de más funcionarios del Centro.
Dicho órgano de evaluación, señoría, ha tenido en consideración elementos
totalmente objetivos a la hora de elaborar sus propuestas, tales como las
calificaciones, los informes personales, el rendimiento, la capacidad, la
personalidad y otra serie de circunstancias directamente relacionadas con
la confianza que un centro, que realiza una labor tan sensible, debe
tener en sus funcionarios.
Así las cosas, habiéndose aclarado totalmente las razones estrictamente
profesionales y objetivas por las cuales no se procedió a la
profesionalización, se ha estimado que podían hacerlo después de tantos
años en los que, teniendo conocimiento de algún hecho ilegal, no lo han
querido poner en conocimiento de la justicia, y así se les ha comunicado
a los interesados a través de los respectivos jefes de Estado Mayor.
Como se les dijo a ellos, y se puede repetir aquí, no hay el mínimo
propósito de encubrir a nada ni a nadie. En ese sentido, se ha dejado
abierta la puerta para que puedan exponer el conocimiento que tengan de
actos contrarios a la ley y, mientras tanto, se aplica otra vez el
derecho vigente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO
LAS MISIONES QUE HA REALIZADO EL EQUIPO MEDICO AVANZADO DEL EJERCITO DE
TIERRA (EMAT), QUE SE ENCUENTRA DESPLEGADO EN ALBANIA? (Número de
expediente 180/000719)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 30, del señor
Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor Gutiérrez Molina tiene la palabra.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, no tiene por objeto mi pregunta hacer un
análisis cualitativo ni cuantitativo de la misión que el escalón médico
avanzado del Ejército de Tierra está realizando estos meses en Albania.
Con independencia de los aspectos meramente cualitativos y
cuantitativos, mi misión era fundamentalmente distinta. Quería poner de
manifiesto, en la valoración que
S. S. va a hacer hoy en la Cámara, la misión de apoyo al Ejército y a las
fuerzas desplegadas en Albania que este escalón médico avanzado está
efectuando en la población en consultas externas, de ambulatorio, en
recorridos de kilómetros, etcétera. Con ser esto importante, señor
Ministro, es secundario, en mi opinión, porque es necesario que la
opinión pública y esta Cámara conozcan la misión que desde el principio
este escalón médico avanzado del Ejército de Tierra está realizando en
apoyo de las fuerzas desplegadas en Albania.
Por eso, señor Ministro, con brevedad, con concisión, pero también con el
interés que creo necesario poner de manifiesto ante SS. SS., aprovecho la
presencia de S. S. en esta sesión de control para preguntar cómo valora
el Ministerio las misiones, en cuanto a operatividad y a los aspectos que
le he señalado en la pregunta, que está realizando el escalón médico
avanzado del Ejército de Tierra desplegado en Albania.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Gutiérrez.
El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Tiene toda la razón,
señoría, en que es bueno que la opinión pública, y muy particularmente la
Cámara, conozcan la labor que está realizando el equipo médico avanzado
del Ejército de Tierra que se encuentra desplegado en Albania. El
Gobierno considera que el escalón médico avanzado allí desplegado está
realizando una tarea realmente extraordinaria, no sólo en lo que se
refiere al cumplimiento estricto de su misión, de prestar apoyo sanitario
al contingente español y al resto de la fuerza multinacional de
protección, sino el que está prestando con carácter asiduo a la población
civil del área de responsabilidad de nuestro contingente. Esta actividad,
que va más allá de la misión específica que tiene asignada, favorece,
además, la imagen y el prestigio de nuestro contingente ante la población
albanesa, lo que facilita el mejor cumplimiento de las misiones
encomendadas.
La situación socio-política que se vive en Albania, las condiciones tanto
higiénico-sanitarias como de la red viaria, y la ausencia casi total de
agencias de ayudas humanitaria en el área de responsabilidad de nuestro
contingente, hacen indispensable la atención sanitaria a la población
civil por parte de nuestros facultativos, habiendo casos realmente
llamativos para los que estamos intentando también hacer acciones de
carácter extraordinario para paliar el dolor de los pacientes. La
situación, por tanto, es de colaboración con hospitales, dispensarios,
ambulatorios, colegios y centros religiosos, en todo lo que se refiere a
tratamiento médico Esta actividad se ve favorecida porque, por el
momento, la fuerza española no ha precisado hasta ahora más que una
atención sanitaria de carácter rutinario.
Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA BEGOÑA LASAGABASTER OLAZABAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO
MODIFICAR LA LEGISLACION PARA RESTRINGIR EL TRAFICO DE CAMIONES DE MAS DE
7.500 KILOS EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LAS QUE EL ESTADO TIENE
COMPETENCIAS EN ESTA MATERIA? (Número de expediente 180/000695)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 8, de doña
Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora Lasagabaster tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Me permito formular una pregunta al Gobierno en relación a la siguiente
cuestión. ¿Considera el Gobierno que es importante o que se debe
modificar la legislación para restringir el tráfico de camiones de más de
7.000 kilos en aquellas comunidades autónomas en las cuales el Estado
tiene competencias en esta materia?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Lasagabaster.
Señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría,
la Dirección de Tráfico acaba de dictar una resolución, con fecha 28 de
febrero de 1997, en la que se establecen medidas especiales de regulación
del tráfico durante el año 1997. Esta resolución ha sido coordinada con
los ministerios afectados y ha sido informada previamente por las
Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios de Fomentos e Interior,
así como por la Comisión interministerial de transporte de mercancías
peligrosas y el Estado Mayor de Defensa.
En esta resolución de la Dirección General de Tráfico, en la que se
prevén desplazamientos masivos, se establecen medidas especiales de
regulación del tráfico al objeto de garantizar la seguridad y la fluidez
de la circulación de un modo muy detallado y muy concreto para este año
de 1997.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas
gracias, señor Ministro.
Ciertamente, ustedes han presentado una resolución de 28 de febrero
recogiendo esa serie de temas, pero yo preguntaba qué piensan hacer en
relación a una restricción no parcial, sino general, del tráfico los
domingos y festivos a nivel estatal. Como usted bien sabrá, por
resolución del Gobierno vasco se ha restringido la circulación del
tráfico pesado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, una restricción
general sin carácter discriminatorio --como tampoco lo tenía antes cuando
se promulgó esa resolución--, por dos razones: en primer lugar, porque
está en línea con lo que están haciendo otros Estados europeos --Francia,
Alemania, Portugal, Italia--; y, en segundo lugar, por
el mismo motivo por el que lo hacen esos países europeos: por
seguridad vial y fluidez en las carreteras. Se ha demostrado que ese
tráfico de camiones pesados es un elemento muy importante y grave en
cuanto a la siniestralidad, y se ha demostrado también que el hecho de
que no haya esa circulación los domingos hace bajar la tasa de
siniestralidad de manera importante.
Nuestro problema radica en que si el Estado, el Gobierno central, no
adopta esta restricción general ello implicaría graves perjuicios para
nuestros transportistas. Es más, los directores generales de transportes
de las comunidades autónomas, reunidos la semana pasada, consideraban que
es importante y beneficioso para todos que esa restricción, esa medida
pionera de Euskadi se extienda a todo el territorio. El 27 de mayo los
directores generales solicitan una serie de reuniones con representantes
de su ministerio y de otros para que esto se haga así. En Europa caminan
en este sentido y pensamos que esta restricción no sólo tiene que estar
vigente en Euskadi, que ha sido pionera --a pesar del desgaste que haya
podido sufrir--, sino en el Estado, por el bien de todos los ciudadanos
que circulan por las carreteras.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Lasagabaster.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoría,
usted sabe muy bien que el problema que estamos debatiendo esta tarde en
el Congreso no es estrictamente de tráfico, porque si así fuera
obviamente esta decisión ya habría sido tomada por el Ministerio del
Interior. Nos encontramos ante un problema que responde más a la
ordenación del sector del transporte, ya que es un sector muy atomizado
en España, constituido por muchos transportistas individuales, que es lo
que nos diferencia respecto de otras naciones europeas a las que usted
hace referencia. Para no dañar los intereses de este sector hay que ser
extremadamente cuidadoso y riguroso con estas decisiones y es preciso
poner el acento en el diálogo con el sector, donde precisamente lo pone
el Gobierno.
En cualquier caso, como sus consideraciones están llenas de sentido, qué
duda cabe que para 1998, en la futura regulación, tendrán que tener
conocimiento los distintos departamentos y ese diálogo con el sector
habrá que abrirlo también con los demás grupos políticos para tomar una
decisión en tal sentido.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MATILDE FERNANDEZ SANZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿COMO PIENSA EL GOBIERNO RESOLVER LA AUSENCIA
DE RECURSOS EN LOS CONSULADOS PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS ELECCIONES
A CONSEJOS DE RESIDENTES CON LA GARANTIA LEGAL Y DEMOCRATICA DE HABER
INFORMADO A LOS ELECTORES CENSADOS EN EL CERA (CENSO ELECTORAL DE
RESIDENTES AUSENTES)? (Número de expediente 180/000697)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 10, de doña
Matilde Fernández Sanz, del Grupo Socialista.
Tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el último pleno del
Consejo General de la Emigración, que se celebró los días 19 al 21 del
pasado mes de mayo, los consejeros aprobaron por unanimidad una
resolución, plantearon el problema a los diputados que formamos parte de
la subcomisión de política migratoria, y llevaron una propuesta concreta
al Presidente del Gobierno. Pedían una transferencia de crédito, desde el
Ministerio de Economía al Ministerio de Asuntos Exteriores, para que se
pudiera cumplir rigurosamente la ley.
Por eso le he formulado la pregunta que S. S. ya conoce. ¿Qué decisión ha
tomado el Gobierno para resolver la insuficiencia de recursos existentes
en los consulados para que se puedan celebrar las elecciones con las
garantías legales y democráticas de haber llegado a
todos los electores censados en el censo de residentes ausentes de
España?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Fernández.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, intervengo para agradecer la pregunta a la señora Diputada y
decirle que, como S. S. ya sabe, asistí a las reuniones del Consejo
General de la Emigración y conozco esa resolución que tenemos que mejorar
notablemente. Espero que se plasmen en los próximos presupuestos las
dotaciones para las elecciones en los CRE.
No obstante, discrepo de S. S. en que no se ha cumplido la legalidad. La
legalidad viene establecida en una Orden ministerial de 1988 y se ha
cumplido escrupulosamente. El incremento presupuestario ha sido del 10
por ciento en las dotaciones, y la señora Diputada sabe que tenemos que
afrontar un problema complejo por el incremento espectacular que se ha
producido en los inscritos en el CERA y también por el incremento
espectacular que se ha producido en los consejos de residentes, que se ha
multiplicado en un período de tiempo muy breve.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ministro.
Señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, gobernar es prever, y ustedes tenían que haber previsto
--se les avisó-- que necesitaban más recursos para llegar a un censo que
era creciente. Mi pregunta afecta a 813.000 españoles que están censados,
por decisión de esta Cámara en la anterior legislatura. Esta pregunta
tiene que ver con los derechos civiles, políticos y democráticos de esos
españoles; el derecho a saber y a estar informado para poder participar.
Ustedes tienen la obligación de facilitar las elecciones en 85
consulados, donde hay más de 700 españoles censados en cada uno de ellos.
Se han celebrado las elecciones en 24 y se tienen que repetir en 11
porque no ha llegado la información. Han dedicado 30 millones --dicen que
el 10 por ciento más que hace cuatro años--, pero sigue siendo
insuficiente. Algunos cónsules incluso están diciendo que no van a poder
celebrar las elecciones. Usted suele decir, señor Ministro, que la
política migratoria es política de Estado. Pues bien, hacer política de
Estado es respetar lo que heredan, hasta que ustedes decidan mejorarlo y
cambiarlo. Han heredado un proceso electoral donde se propicia el voto
por correo y el envío de toda la documentación a los ciudadanos, a cada
uno de los censados.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Fernández.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente.
Me reconocerá la señora Diputada que en este caso quien habla de herencia
--está hablando de lo que hemos heredado-- es la Diputada, no el
Gobierno. Señora Diputada, lo que hemos heredado es una normativa que nos
obliga a situar en los tablones de anuncios de las oficinas consulares
las elecciones, y lo hemos hecho; lo que hemos heredado es una normativa
que nos obliga a comunicar a todas las asociaciones la celebración de las
elecciones y, por supuesto lo hemos hecho. Que se haya producido un
incremento de 300.000 a 818.000 inscritos, es un problema de previsión;
habrá que saber qué Gobierno tenía que prever, porque este incremento se
ha producido en cuatro años y no en los últimos ocho meses.
Quiero decirle a la señora Diputada que cuando se ha hecho la
comunicación individual la participación no ha superado el 5 por ciento,
como en los casos de Stuttgart, de Montpelier o de Frankfurt; y que no
puede hablar de 32 millones, sino de 65 millones de pesetas, porque hemos
mejorado notablemente las dotaciones presupuestarias del Gobierno
anterior.
Dicho eso, señora Diputada, con toda esa herencia, le invito a que
mejoremos el trabajo, a que mejoremos la comunicación en las oficinas
consulares y a que no hagamos demagogia sino política de Estado con
respecto a la emigración.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO DE LA
EVOLUCION DEL EMPLEO ESTABLE DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1994? (Número
de expediente 180/000703)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 16 de don José
Antonio Griñán Martínez, del Grupo Socialista.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no le voy a hablar de herencias porque la verdad es que
dejé al Ministro ab intestato, pero, en todo caso, le quiero preguntar
qué valoración hace el Gobierno de la evolución del empleo estable desde
el segundo trimestre de 1994 hasta la fecha.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señoría
Griñán.
Señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Estoy
convencido, señor Presidente, de la valoración que haría el señor Griñán
también como Ministro de Trabajo y de que cualquier ministro de Trabajo
del Gobierno español nunca estará satisfecho con las tasas de paro que
tenemos en nuestro país ni con la divergencia europea que tenemos en
materia de empleo. Dicho esto, que estoy seguro que comparte el señor
Griñán, tengo que añadir que, a partir de 1994, hemos vivido un período
de creación de empleo, en el que destaca un incremento muy importante de
la contratación temporal y un estancamiento de la contratación
indefinida. Básicamente, ése es el primer balance que puede reflejar una
cierta satisfacción, pero, desde luego, también un balance agridulce
porque pasarán algunos años hasta que un ministro de Trabajo en España
pueda presentar un balance satisfactorio.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
Señor Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: La verdad es que no hacía la pregunta con ánimo
de satisfacción o insatisfacción, sino porque creo que el conocimiento de
la
realidad es imprescindible para solucionar los problemas. Desde ese
punto de vista, y coincidiendo absolutamente con el diagnóstico que hace
de la situación, quisiera añadir algunos datos de evolución histórica que
me parecen importantes porque mañana vamos a convalidar todos aquí la
reforma laboral --casi con la unanimidad de la Cámara-- que han pactado
los agentes sociales --empresarios y sindicatos-- y que se establece
sobre una realidad que importa conocer fielmente. Es verdad que España
tiene un problema de temporalidad. También es cierto que desde 1994,
después de la reforma laboral, se ha logrado contener una evolución de
crecimiento del porcentaje de empleo temporal que había sobre el empleo
total. Según la encuesta de población activa, a partir de 1994, eso se
contiene, disminuye el número de empleo temporal sobre el total y aumenta
algo el empleo indefinido, cosa que es cierta según dice la encuesta de
población activa. Lo importante de conocer esto es saber que, con
independencia de lo que ocurra en este país y en toda Europa, lo que está
pasando es que el empleo está cambiando de manera que crece el empleo
inestable, el empleo precario en los sectores menos productivos de la
economía. Y eso ocurre con independencia de cuál sea el marco laboral que
tenga cada uno de los países de Europa. Por eso, precisamente, en este
momento es importante conocer que desde 1994 ha cambiado una tendencia
histórica en nuestro mercado de trabajo, que fue el crecimiento
ininterrumpido del porcentaje de empleo temporal sobre el total de la
población. Ha aumentado el empleo indefinido, y ésa es una buena
situación para que sobre ella se establezca este nuevo marco de
relaciones laborales, que, insisto, mañana aprobaremos, y que se
establece precisamente para dar mayor estabilidad a la contratación.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Griñán.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Con
la misma cortesía con que ha intervenido el señor Griñán, en una pregunta
que es francamente compleja porque estamos interviniendo el Ministro
actual y el anterior y, además, versa sobre un período en el que ha
tenido responsabilidad el señor ex Ministro y en el que también la tiene
el actual Ministro, quiero indicar que la pregunta se sitúa en el
contexto de las últimas modificaciones de 1994.
Tengo que reafirmarme en lo que he dicho anteriormente. Tenemos dos
grandes parámetros de lo que significa la medición de contratos: una es
la evolución de los contratos según la encuesta de población activa, y
otra es la evolución de los contratos registrados en el Instituto
Nacional de Empleo. Hay que decir que, en términos de encuesta de
población activa, se ha mantenido esa tendencia a la que aludía el señor
Ministro en cuanto a la contratación temporal y ha habido un
estancamiento, no ha continuado el retroceso que se estaba produciendo en
años anteriores con respecto a la contratación indefinida. No cabría
decir lo mismo si atendemos a lo que son contratos registrados en el
Instituto Nacional de Empleo, donde se ha producido un incremento mucho
más sólido de la contratación temporal porcentualmente, han perdido los
contratos indefinidos. En cualquier caso, señor Presidente, al anterior
Ministro y al actual nos guía en este debate con toda seguridad, un ánimo
constructivo. Estoy seguro de que el señor Ministro de Trabajo anterior y
el actual tienen la conciencia cierta de que tenemos que seguir atacando
la precariedad en el empleo porque desgraciadamente en España, al día de
hoy, entre un 34 por ciento o un 35 por ciento del total de los
asalariados lo son a tiempo parcial, tienen contratos temporales en esos
casos. Me parece que ésa es una asignatura conjunta que el Gobierno
espera compartir con el Grupo Parlamentario Socialista y, por supuesto,
con el anterior Ministro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA JESUS AGUIRRE URIBE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA LA APLICACION DE TASAS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y
CONTROL SANITARIO DE CARNES FRESCAS Y CARNES DE AVES DE CORRAL EN EL
ESTADO ESPAÑOL? (Número de expediente 180/000707)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 19, de doña
María Jesús Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, de acuerdo con la normativa comunitaria, la Directiva
93/118, del Consejo, se aprobó en el País Vasco la Ley 3/1996, de tasas
por los servicios de inspección y control sanitario de carnes frescas y
carnes de aves de corral. Desde esa fecha, señora Ministra, en los
mataderos del País Vasco se está cobrando la correspondiente tasa.
Sabemos que, a nivel del Estado español, este cobro no se está realizando
de forma generalizada, lo que, desde nuestro punto de vista, supone un
agravio comparativo para nuestros establecimientos, pues deben pagar una
tasa y un precio superior al que pagan el resto de los mataderos ubicados
en otras comunidades autónomas, ya que, como usted bien conoce, el
importe de la tasa por los servicios de inspección y control sanitario se
repercute en sus precios.
Por eso, le pregunto: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para la
aplicación de tasas por los servicios de inspección y control sanitario
de carnes frescas y carnes de aves de corral en el Estado español?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Aguirre.
Señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Señora Aguirre, como bien sabe, la Directiva 96/43 de la Unión Europea
modifica y codifica la Directiva 85/73. Además, esta modificación recoge
las tesis españolas según las cuales nosotros insistíamos en que había
que adaptar las tasas aplicables a los costes reales de cada Estado
miembro, fijando así las tasas medias para todos los países y los
coeficientes correctores, que, en nuestro caso, pueden llegar a situar la
tasa en torno al 55 por ciento de lo que es la tasa general aprobada para
el ámbito comunitario. Para incorporar la normativa comunitaria al
ordenamiento jurídico interno, en lo que respecta a la cuantía de las
tasas para el mercado intracomunitario, a través de los departamentos del
ministerio hemos puesto en marcha un diálogo, unas reuniones, con los
sectores implicados, a fin de conocer no sólo los problemas, sino las
exigencias del sector.
Por otro lado, y como bien sabe S. S., conforme al artículo 7.2 de la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, las tasas
sanitarias que gravan la inspección de carnes frescas tienen la
consideración de tributos propios de las comunidades autónomas y, por lo
tanto, se han mantenido reuniones con representantes de estas comunidades
con objeto de que colaboren y participen en la redacción final del
proyecto de ley de tasas para inspecciones y controles veterinarios de
animales y sus productos, proyecto que está elaborado y que en este
momento se encuentra pendiente de un acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, precisamente en el propio Ministerio de Economía y
Hacienda.
Comparto con S. S. el problema al que se refiere, pero lo que estamos
intentando conseguir es que no se produzcan situaciones de discriminación
entre las distintas comunidades autónomas y, por tanto, lo que
pretendemos es conseguir un acuerdo general que permita que la
incorporación de esta directiva se haga de una manera homogénea para
todos los mataderos españoles.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Ministra.
Señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señora Ministra. Yo le agradezco las medidas que va
adoptando precisamente para que no se produzcan estas discriminaciones
entre las comunidades autónomas. Usted, como ha reconocido, sabe que la
regla general es que las comunidades autónomas no están aplicando
correctamente estas tasas y por eso insiste en ello. Hay comunidades
autónomas que todavía no han aprobado la normativa o, si la han aprobado,
la tienen en suspenso. Hay comunidades autónomas que, teniendo aprobada
la normativa de tasas, no la están aplicando, a pesar de la obligación de
cumplir con esta normativa europea desde el 1 de enero de 1996. Quiero
decirle que sólo la Comunidad Autónoma vasca ha aprobado el decreto de
desarrollo reglamentario de la Ley reguladora de tasas; por eso, le
repito el agradecimiento por el hecho de que siga poniendo en marcha
todos los mecanismos para evitar estas discriminaciones entre comunidades
autónomas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Aguirre.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Voy a ser muy breve.
Quiero darle las gracias por la ocasión que me ha dado y que me ha
permitido decir lo que he dicho. Desde luego, insistiré, porque es en el
ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde de alguna manera
hay que conseguir una aceptación por parte de todas las comunidades
autónomas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Ministra.
--DEL DIPUTADO DON SERGIO GOMEZ-ALBA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EFECTOS VA A
PRODUCIR EN EL CAMPO ESPAÑOL EL RECIENTEMENTE APROBADO PLAN PREVER PARA
VEHICULOS INDUSTRIALES? (Número de expediente 180/000713)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 24,
de don Sergio Gómez-Alba Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gómez-Alba.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Señora Ministra, en el real decreto para la
modernización del parque de vehículos automóviles llamado Prever,
aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de abril, se
establecieron una serie de medidas para favorecer la mejora de la
seguridad y reducir las emisiones contaminantes. Quiero poner de relieve
que al hacer extensiva esta medida a la maquinaria agrícola, pues
posteriormente el Ministerio de Agricultura incluyó los tractores en el
convenio establecido entre el Instituto de Crédito Oficial y el
Ministerio de Industria para que se beneficiasen de la línea especial de
crédito abierta, se estaba marcando un hito, porque era la primera vez
que la maquinaria agrícola se incluía en un plan para la renovación del
sector de la automoción, hecho que nos parece muy importante, dado que la
edad media de los tractores en España se sitúa por encima de los
dieciséis años. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Los
beneficios que para el campo español pudieran desprenderse de este
convenio pensamos que pueden ser notables, por lo que le preguntamos:
Señora Ministra, ¿qué efectos va a producir en el campo español el
recientemente aprobado Plan Prever para vehículos industriales?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Alba.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, es la primera vez que un plan de modernización de
vehículos de automoción del Gobierno contempla los vehículos agrícolas y
concretamente los tractores. Debo resaltar la sensibilidad por parte del
Ministerio de Industria de incorporar este aspecto que hasta ahora había
sido olvidado de manera sistemática.
Tenemos más de 400.000 vehículos que superan los diez años que se exige
para poderse beneficiar de las ayudas en este sector. Las adquisiciones
de nuevos vehículos el año pasado ascendieron a 19.000 y nosotros
esperamos que este año, con estos apoyos y estas ayudas, puedan aumentar
en un 40 por ciento o por encima incluso el número de vehículos que se
acojan a este tipo de ayudas.
Esto se ha podido conseguir gracias a un convenio de colaboración firmado
entre el Ministerio de Industria y el ICO, estableciendo una línea
especial destinada a financiación para la adquisición de vehículos
industriales y donde, insisto, tienen cabida los tractores agrícolas,
incluidos los de cadenas. Se consigue así un sistema de financiación
especial para las inversiones productivas en el sector agrario y tengo
que decir que tanto la renovación del parque de tractores como la
financiación especial para inversiones productivas del sector agrario
eran dos puntos de nuestro programa electoral en el sector agrario.
Con eso pretendemos que se renueve el parque de tractores, que, insisto,
está muy envejecido, partiendo de la base de que las ayudas van a suponer
en torno a unas 85.000 pesetas por millón de préstamo, ya que los
préstamos concedidos serán del 70 por ciento del valor del tractor, la
duración del préstamo es de cuatro años, el tipo de interés aplicado
oscilará entre el 6,5 y el 7 por ciento, con una subvención de cuatro
puntos y medio. Por tanto, unas 85.000 pesetas por millón. A ello se
pueden acoger todos los tractores de más de diez años, dando de baja
definitiva al correspondiente tractor en el registro oficial de
maquinaria agrícola y en la Dirección General de Tráfico, y el titular
del nuevo tractor deberá ser el mismo que aquél que era el titular del
tractor que se da de baja.
Espero que con éstas y con otra serie de medidas consigamos obtener un
sector agrario más moderno, más competitivo y, además, donde las
condiciones de vida de nuestros agricultores mejoren y se adapten a las
nuevas posibilidades que ofrecen los nuevos tiempos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO Don CARLOS MANTILLA RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTA ALGUNA
MEDIDA EL GOBIERNO PARA QUE EL BACALAO CAPTURADO POR LA FLOTA ESPAÑOLA NO
SE SIENTA DISCRIMINADO CON EL DE OTROS PAISES? (Número de expediente
180/000714)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número veinticinco, que formula al Gobierno
el Diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, como usted bien sabe, la flota bacaladera es igual que
el perro flaco, todo son pulgas. Tenemos que recordar que al final de la
década de 1970 había más de 122 parejas bacaladeras, que podían hacer dos
mareas completas al año. En la actualidad hay tan sólo once parejas
bacaladeras, que escasamente pueden hacer una marea al año. Pero, además,
está ocurriendo una cosa en el mercado español y es que los precios que
están alcanzando los productos son considerablemente inferiores a los que
está alcanzando el bacalao de Noruega. Sin duda, esto es debido a una
agresiva campaña que están haciendo los noruegos en el mercado nacional.
Usted bien sabe que se publican en reiteradas ocasiones panfletos
relacionados con el mar de Noruega en los cuales están intentando
conseguir, y lo están consiguiendo, la captación del mercado nacional, no
sólo en el bacalao, sino también en el salmón.
Sabe usted, señora Ministra, que en el tema del salmón hay dos
expedientes abiertos por la Unión Europea por un dumping y por
subvenciones antirreglamentarias, pero con el bacalao está ocurriendo lo
mismo, que están consiguiendo que el ama de casa español considere que el
bacalao blanco noruego es mejor que nuestro bacalao. Es igual que si
dijéramos que un jamón de cinco jotas es peor que un jamón de fábrica o,
como diría mi compañero de escaño, que un Rioja gran reserva es peor que
un vino vulgar de mesa. Vuelvo a repetir que eso está ocurriendo
actualmente y que es debido a una agresiva campaña publicitaria que está
haciendo Noruega en el mercado nacional. Usted sabe, señora Ministra, que
en Televisión Española, en La 1 y en La 2, hay una campaña publicitaria
del bacalao y del salmón noruego que durará todo un mes.
Por tanto, le pregunto, señora Ministra: ¿Tiene previsto el Gobierno
alguna medida para compensar esta campaña agresiva que están haciendo los
noruegos?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mantilla.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Como primera medida, señor Diputado, se ha fijado un precio de referencia
anual, mecanismo que determina el precio por debajo del cual no puede
importarse este producto. Se mantiene, a su vez, un precio mínimo
garantizado para la venta de la producción nacional de bacalao. En un
principio, sólo se fijó un precio de referencia para el bacalao verde
salado y a partir de 1996 se impuso un precio diferente según las tallas
y, por tanto, las calidades. En cuanto al bacalao destinado a la
industria, se han examinado cuidadosamente los contingentes arancelarios
comunitarios autónomos correspondientes a 1997, para, sin desabastecer a
la industria, tratar de minimizarlos a fin de proteger a nuestros
productores.
Además, en estos momentos, el FROM está realizando un estudio de
investigación del mercado de bacalao en España para determinar cuál es el
posicionamiento en el mercado nacional del bacalao capturado por nuestra
flota frente al importado. En las conclusiones de este estudio se
elaborarán unas recomendaciones para llevar a cabo acciones
publicitarias, precisamente acciones publicitarias, que incentiven el
consumo nacional de este producto ya que, en mi modesta opinión, desde el
punto de vista culinario, es mucho mejor el bacalao salado tradicional
español, con una salazón total, que éste a medio salar, verde para
entendernos, que es el que se nos ofrece, y que, desde luego, para
algunos platos, en mi opinión, es mucho menos adecuado.
Finalmente, hay que señalar que, en el marco de la organización común de
mercados pesqueros, el sector bacaladero no tiene opción para utilizar
mecanismos de intervención. Ante la próxima reforma de dicha OCM, España
ha solicitado la inclusión de determinados productos, además de los ya
existentes, entre los que se encuentra el bacalao verde salado, a fin de
favorecer este sector con determinadas ayudas de retirada, aplazamiento y
almacenamiento privado.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUINEZ MARQUINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE INFORMAR EL
GOBIERNO DEL ULTIMO PLAN DE MODERNIZACION DEL SECTOR PESQUERO ANDALUZ?
(Número de expediente 180/000715)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno el
Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Popular.
Señor Marquínez.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, vamos a ver si consigue la señora Ministra sacarnos de
una duda a los diputados andaluces.
En el Parlamento de Andalucía, reiteradamente se ha pedido un plan de
modernización del sector pesquero andaluz, que, por las noticias que
tenemos, el Partido Socialista nunca ha traído a la Cámara andaluza. Sin
embargo, hace poco tiempo, el Presidente de la Junta de Andalucía, señor
Chaves, presentó ante los medios de comunicación, no ante el Parlamento,
lo que llamó un plan de modernización del sector pesquero andaluz. Como
las únicas noticias que hemos podido tener ha sido a través de los
periódicos, le voy a decir las que he podido recoger. En un periódico de
Algeciras se hablaba de 20.000 millones de pesetas de inversión; en un
periódico de Cádiz, se hablaba de 50.000 millones de pesetas de
inversión; en un periódico de Huelva, se hablaba de 79.000 millones de
pesetas de inversión; finalmente, El Correo de Andalucía hablaba de
500.000 millones de pesetas de inversión. Sólo sabemos eso. En lo que sí
coinciden todas las informaciones, señora Ministra, es en que la Junta de
Andalucía va a nutrir este plan con fondos de la Comunidad Económica
Europea; las informaciones que más se ajustan hablan de 35.000 millones
de la Comunidad Económica Europea y el resto entre la Administración
central y la propia Junta de Andalucía. Si vemos el presupuesto que la
Junta de Andalucía ha dedicado este año a pesca, exclusivamente 500
millones de pesetas, la verdad es que entre 35.000 y 50.000 hay 15.000
millones de pesetas, si restamos los 500 que suele destinar la Junta de
Andalucía a pesca, parece ser que ha adjudicado al Gobierno central
14.500 millones de pesetas.
Esta es una historia cuando menos dudosa, y no se la achacamos a usted,
señora Ministra, sino al contrario, pedimos por caridad que, ya que la
Junta de Andalucía no nos informa, pueda decirnos usted qué va a pasar
con el plan de modernización pesquero andaluz, si es que puede.
Gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marquínez.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Por informaciones de prensa y por una entrega que le hizo hace breves
fechas al Secretario General de Pesca Marítima del MAPA el director
general de la Junta, hemos tenido conocimiento del plan de modernización
del sector pesquero andaluz, que consta de ocho programas operativos, con
un presupuesto, según los datos de que disponemos, de 76.000 millones de
pesetas y que va de 1997 al 2003.
Evidentemente, el Ministerio no ha participado en la elaboración de este
plan ni ha tenido conocimiento de él hasta que nos ha sido facilitado y
lo hemos leído en la prensa. Se está estudiando su contenido y tenemos
que decir que habría que enlazarlo con el actual Plan sectorial pesquero
español, que comprende desde el año 1994 hasta 1999 y en el que participa
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la parte que puede considerarse
regionalizada le corresponde una cantidad de 112 millones de ecus de
fondos de la Unión Europea más la parte de cofinanciación mínima que
garantiza la Administración central. Sorprende, por lo tanto, que,
estando vigente un plan hasta el año 1999, se presente otro plan que
pretende empezar a funcionar este año, es decir, habría tres años sin
enlaces claros. Como muy bien conoce S. S., la disponibilidad de fondos
estructurales de la Unión Europea no llega más allá del año 1999 y sin
embargo este plan ya contempla el año 2003. ¿Por qué no haber ido un poco
más lejos?
Nos preguntamos cuál va a ser su fuente de financiación cuando en el
mismo se indican presupuestos para los años 1997, 1998 y 1999 que son
superiores a las cantidades asignadas a la comunidad autónoma y la
aportación que hace esta comunidad para el presente ejercicio de 1997,
según la información proporcionada por la Consejería de Agricultura y
Pesca, en los ejes de adaptación de capacidades, renovación y
modernización de buques, es cero, por lo tanto, para los proyectos que
pueden ser atendidos por el IFOP. Entendemos, pues, que este plan está
descompensado en el tiempo, por lo que trataremos de estudiar cuáles son
las necesidades que tiene el sector de pesca andaluz, según la Consejería
de Agricultura y Pesca, y en estos momentos estamos haciendo un esfuerzo
para que se puedan aplicar los fondos que están programados para el
vigente plan que abarca hasta el año 1999 y de los que se debe beneficiar
el sector pesquero andaluz.
Por último, no hay que olvidar que hemos de ser ambiciosos y presentarnos
con el trabajo bien hecho al final del programa, con la finalidad de
solicitar que haya, de cara a las próximas directrices presupuestarias de
la Unión Europea, unos fondos destinados al IFOP que permitan elaborar
unos nuevos planes pesqueros. Pero, insisto, señoría, no vemos demasiado
clara la financiación y además nos sorprende que, habiendo un plan
vigente hasta el año 1999, de repente se sustituya todo sin previo aviso,
sin hablar ni consultar, ni tan siquiera coordinar con la Administración
General del Estado, cualquier posible modificación al respecto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
--DEL DIPUTADO DON LUIS MARTINEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CUALES SON LAS RAZONES DEL CESE DEL DIRECTOR
DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA?(Número de expediente
180/000698)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el
Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Parlamentario Socialista, que
va a ser sustituido, según se comunica a la Presidencia, por don José
Luis Ros Maorad. Señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Gracias, señor Presidente. Señora Ministra, ¿cuáles
son las razones del cese del director del Parque Nacional de los Picos de
Europa?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros. Señora Ministra de Medio
Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Considerar
el presidente del organismo autónomo Parques Nacionales que el señor De
Sebastián, director accidental del parque nacional, no era la persona más
adecuada para ejercer las funciones de director general.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra. Señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Gracias, señor Presidente.
Señora Tocino, usted se me antoja el rostro más sectario del Gobierno de
José María Aznar, que ha llevado la mayor purga política que en este país
ha habido en la reciente democracia. (Rumores.) Además miente, miente a
sabiendas cuando se ha acusado al antiguo director de dejación de
funciones, y raya en el ridículo, permítame que se lo diga, viniendo de
usted, que se le acuse de incapacidad para el diálogo; usted, que lleva
ya tres directores de gabinete, dos secretarios generales, no se entiende
con el Consejo del Medio Ambiente, no se entiende con el movimiento
ecologista y se entiende sólo con usted misma, por eso usted misma,
Ministra, se propone como presidenta del Parque de Doñana. ¡Mayor
ridículo no cabe!
Pero déjeme que le diga cuál es la verdad. La verdad es que el día 21 de
abril el antiguo director firma un dictamen por el que se opone a la caza
deportiva en estas circunstancias en los Picos de Europa. Qué casualidad
que el día 24 este director de parque nacional es cesado. Seguramente
algunos amigos suyos, algunos amigos de algún miembro muy destacado del
Gobierno de José María Aznar se habrán quedado tranquilos y van a poder
seguir cazando. Porque autorizar la caza en los Picos de Europa, señora
Ministra, es una ilegalidad y tengo informes que lo demuestran, porque no
hay razones sanitarias ni de exceso de población que aconsejen semejante
cosa.
Señora Ministra, usted se ha puesto en contra de la Ley de Caza, en
contra de su reglamento, en contra de la Ley de Declaración de Parque de
los Picos de Europa, en contra de la Ley 4/1989, en contra del Plan de
ordenación de recursos naturales. Créame, y se lo digo con cariño, señora
Ministra, los rebecos son inocentes (Rumores.), están sanos y son pocos.
No cometa usted más torpezas, como la que acaba de cometer, proponiendo
para el Patronato del Parque Nacional de Cabañeros a un ciudadano también
amigo suyo que hace unos años presentaba alegaciones para impedir que
Cabañeros fuera declarado parque nacional. Vaya papelón.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ros.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Señorías, si no tengo amigos, ¿cómo tengo amigos para colocar en
Cabañeros?
Le aseguro que también estoy dispuesta a dialogar y a entenderme con
usted, si usted quiere. No guarda ninguna coherencia ni su interpretación
ni la que el señor De Sebastián le dice cuando cuenta que, por oponerse
el 21 de abril, le cesamos el día 24.
Señoría, usted debería saber que esa decisión de no autorizar la
ejecución del control de población solicitado por la Comunidad Autónoma
de Asturias --que nada tiene que ver con la de la Junta de Castilla y
León, donde se han producido esas cacerías que usted dice, que no son
ilegales, sino que están hechas precisamente donde hay una reserva
nacional de caza que no ha sido suspendida y con competencias de la Junta
de Castilla y León, que nada tienen que ver con las del Parque Nacional
Picos de Europa--, que ese señor que usted dice que se opone de repente
era el mismo señor que autorizó en todos los planes anteriores la cacería
en las mismas épocas y en las mismas zonas. (Rumores.) El mismo fue el
que hizo ese plan para los años 1995-1996 y para la temporada 1996-1997 y
es el que muy orgulloso nos enviaba un informe el 19 de febrero diciendo
que ya se había ejecutado el 94 por ciento de la propuesta tramitada en
el año 1996 desde su área de conservación; entre ellas cita curiosamente
la adquisición de armamento para el control de poblaciones silvestres.
No puede haber más grado de cinismo, más grado de arbitrariedad en
semejantes interpretaciones y las palabras que usted pronuncia en este
momento.
Quiero decirle que, en cuanto a la comunicación y al diálogo, desde luego
brilló por su ausencia en algo que era competencia del señor De
Sebastián. Hemos estado
a punto de no enterarnos de la posible construcción de una carretera
precisamente en Picos de Europa, en el Naranco de Bulnes, porque no
informó al ministerio en ningún momento, ni con ningún expediente, ni con
ningún trámite, ni con una llamada telefónica. (Rumores.) No hubo
posibilidad ninguna de saber cuáles eran las actuaciones. Y,
curiosamente, el Parque Nacional Picos de Europa no ha podido intervenir
en ninguno de los procesos de actuaciones administrativas y ha sido el
Ministerio de Medio Ambiente el que ha hecho un informe negativo a la
construcción de esa carretera, precisamente en el Naranco de Bulnes. Eso
sí que es Parque Nacional de los Picos de Europa. Si cree usted que eso
no es dejación de sus funciones, dígame usted dónde está la coherencia.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA DE LA UNION EUROPEA SOBRE EL INFORME DE LA
SUBCOMISION, CREADA EN EL SENO DE LA MISMA, ESPECIAL DE SEGUIMIENTO
ENCARGADA DE ESTUDIAR Y DISCUTIR EL PROCESO ABIERTO POR LA CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL:
--DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA DE LA UNION EUROPEA SOBRE EL INFORME DE
LA SUBCOMISION, CREADA EN EL SENO DE LA MISMA, ESPECIAL DE SEGUIMIENTO
ENCARGADA DE ESTUDIAR Y DISCUTIR EL PROCESO ABIERTO POR LA CONFERENCIA
INTERGUBERNAMENTAL (Número de expediente 154/000001)
El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de preguntas orales al Gobierno,
constitutivo del punto V del orden del día, entramos en el punto VI,
debate sobre el informe de la subcomisión, creada en el seno de la
Comisión Mixta para la Unión Europea, especial de seguimiento, encargada
de estudiar y discutir el proceso abierto por la Conferencia
Intergubernamental.
Para la exposición del informe, tiene la palabra el presidente de la
Comisión Mixta para la Unión Europea, señor Solbes Mira.
El señor SOLBES MIRA: Señor Presidente, señorías, la aprobación del
Tratado de la Unión Europea en Maastricht en el año 1992 dejó pendientes
una serie de aspectos que, unidos a los nuevos retos que se plantean en
la vida de la Unión, hizo necesario poner en marcha una nueva Conferencia
Intergubernamental que permitiera modificar los textos originales,
adaptándolos a una nueva realidad. Durante la presidencia española --en
el segundo semestre del año 1996-- se puso en marcha el grupo de
reflexión, presidido por Carlos Westendorp, que elaboró un informe que,
elevado a la Cumbre de Madrid, permitió el inicio de las negociaciones en
Turín, durante la presidencia italiana.
La agenda 2000 de la Unión da a la culminación de la Conferencia
Intergubernamental el carácter de paso previo para avanzar en el proceso
de ampliación. Como en casos anteriores, la conferencia es el instrumento
necesario para conseguir una profundización adecuada que permita un
correcto funcionamiento institucional tras el incremento del número de
miembros; por supuesto, es imprescindible también, antes de suscitar la
definición de un nuevo marco financiero de la Unión. En paralelo con
estas negociaciones se desarrollan los trabajos para la puesta en marcha
de la moneda única el 1.º de enero de 1999.
El Parlamento, en su anterior legislatura, ya se ocupó de definir las
condiciones que debería satisfacer la negociación para que la Conferencia
Intergubernamental alcanzara unos resultados aceptables para España. El
dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado, sobre la Unión Europea,
del 29 de diciembre del año 1995, se convirtió en el documento
fundamental para los trabajos parlamentarios posteriores. En la actual
legislatura, el Pleno del Congreso, en su sesión del 21 de mayo de 1996,
con motivo de una proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya --que planteaba la creación en la Comisión Mixta de una
ponencia especial para el seguimiento de la Conferencia
Intergubernamental--, acordó constituir una ponencia especial a estos
efectos. La Mesa de la Cámara, el día 2 de julio pasado, acordó
denominarla subcomisión especial de seguimiento de la Conferencia
Intergubernamental de reforma del Tratado de la Unión Europea; acordó
también ratificar que el informe que elaborase fuese objeto de debate en
el Pleno de la Cámara y que el plazo de finalización de los trabajos para
el mismo fuese el de la conclusión de la conferencia.
La Comisión inició sus trabajos el día 29 de octubre de 1996 y tomó como
punto de partida para sus trabajos el informe antes citado, así como el
documento del Gobierno titulado: Conferencia Intergubernamental.
Elementos para una posición española. Ha llegado el momento --próximo a
la finalización de esta conferencia-- de que la Comisión Mixta aprobara
el dictamen de la subcomisión y lo elevase a esta Cámara.
Entre noviembre de 1996 y el pasado 29 de mayo, la subcomisión ha tenido
trece reuniones y han acudido a la misma diez comparecientes, que han
expuesto diferentes visiones sobre la marcha global de la negociación o
sobre aspectos específicos de la misma. Además de responsables de la
Administración española, han comparecido, a invitación de la Comisión, el
Comisario Europeo titular de Asuntos Institucionales, don Marcelino
Oreja, y uno de los europarlamentarios que representan a la Cámara de
Estrasburgo en el proceso de la negociación de la conferencia. Tras las
comparecencias, se ha procedido a la elaboración del pertinente
dictamen a presentar al Pleno, de acuerdo con lo decidido por la Mesa el
pasado 2 de julio. Para hacerlo, se ha contado con documentos globales de
los grupos Popular, Socialista y de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, así como de enmiendas concretas de los grupos parlamentarios
Catalán (Convergència i Unió), Coalición Canaria y Mixto. En el debate
final en la Comisión quedaron vivos dos textos: uno, apoyado por los
grupos parlamentarios Popular, Socialista, Catalán (Convergència i Unió),
Vasco (EAJ-PNV) y Coalición Canaria; y otro, defendido por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El texto con
el mayor respaldo --con algunas enmiendas-- fue aprobado por mayoría,
siendo rechazado el texto alternativo presentado por Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
En cuanto al texto aprobado, quiero señalar que los grupos que lo apoyan
lo votaron de forma unánime, excepto el apartado referido al derecho de
asilo, sobre el que se presentaron dos redacciones alternativas. Este
texto, el aprobado por la Comisión Mixta, es el que se ha elevado al
Pleno del Congreso y del Senado y que servirá de base para el debate de
hoy. En el mismo se recogen las posiciones pactadas sobre los diferentes
temas objeto de la negociación y se toman en consideración los avances
que en la misma se habían producido hasta el momento de su redacción. El
documento modifica y complementa el dictamen inicial de la Comisión Mixta
y ha pretendido conseguir un equilibrio entre las precisiones
imprescindibles en todo dictamen de esta naturaleza, manteniendo al mismo
tiempo un suficiente margen de maniobra para nuestros negociadores
durante el proceso final de la conferencia.
Todos ustedes conocen el dictamen; no tiene excesivo sentido que yo me
extienda en él, aunque sí quiero recordar la importancia de aspectos como
los derechos fundamentales, y especialmente la modificación del artículo
L del Tratado de la Unión Europea; los temas referidos a justicia e
interior, especialmente Schengen y el derecho de asilo; los temas
referidos a empleo y medio ambiente; el punto específico, de especial
interés para nuestro país, de las regiones ultraperiféricas y de las
regiones insulares. Hay unas referencias, que son las posiciones de la
Comisión en temas tan relevantes como la subsidiariedad o la
flexibilidad, así como --punto muy importante-- la insistencia en el
mantenimiento de políticas comunes y una definición sobre política
exterior y de seguridad común, incluyendo las relaciones económicas
exteriores.
Además de ello hay una clara referencia sobre las reformas
institucionales, en que la Comisión toma posición sobre las ideas a
mantener en cuanto a la extensión del voto por mayoría cualificada y en
cuanto a la ponderación de los votos en el futuro. Hay una importante
toma de posición por parte de la Comisión --y ya con esto termino en
cuanto a la presentación-- respecto al Comité de las Regiones, que recoge
parte de la posición mantenida por las comunidades autónomas en la
conferencia sectorial, y también sobre el futuro de las relaciones de los
parlamentos nacionales con las instituciones comunitarias, dentro del
proceso de la integración europea.
Estoy seguro de que los portavoces de los diferentes grupos, que han sido
por otra parte los responsables directos de la elaboración del documento
final, darán cumplida explicación sobre los aspectos que acabo de citar y
defenderán los puntos de vista que les han llevado a apoyar este
dictamen.
Para terminar, solamente quiero agradecer a los diferentes grupos su
activa participación tanto en la Comisión como en la subcomisión, y en
nombre de la misma agradecer al Ministerio de Asuntos Exteriores y
especialmente a su Ministro, hoy presente en este debate, la importante
colaboración que nos han prestado y que ha sido fundamental para que los
trabajos previstos pudieran llegar a buen término en el plazo previsto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Presidente de la Comisión Mixta para
la Unión Europea, señor Solbes.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la
señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna para determinar nuestra
posición respecto del dictamen que se presenta a esta Cámara. Creo que la
visión que tenemos ahora refleja muy bien la visión que probablemente
tenga la sociedad europea en su conjunto respecto de este tema. La
primera cuestión por la que se planteaba hacer una reforma del tratado
--como ha dicho el Presidente de la Comisión, señor Solbes-- era para
tratar de conseguir algunas cuestiones que no habían podido ser acordadas
y reformar lo que los ciudadanos europeos habían considerado insuficiente
o no del todo correcto. Uno de los puntos que no gustó nada a la
ciudadanía europea fue el hecho de que se hubiera firmado un tratado que
desconocían, que les era difícil comprender, y que no había llegado a los
ciudadanos. Por tanto, mi primera reflexión sería si realmente los
trabajos de esta Conferencia Intergubernamental han subsanado ese error.
Yo les pregunto y me pregunto: ¿Se ha hecho una reforma que haya llegado
realmente a los ciudadanos? ¿Se ha hecho una reforma comprensible para
los ciudadanos? ¿Se ha hecho una reforma que realmente supere las
deficiencias que tenía el anterior Tratado de Maastricht? Desde nuestro
punto de vista, a estas preguntas se puede contestar que no. Puede haber
avances, pero éstos no van a llegar
a los ciudadanos de forma directa, o al menos no los van a comprender y,
además, quedan muchas cosas en el tintero. La segunda reflexión sería:
¿Realmente se han conseguido unas instituciones europeas más democráticas
y eficaces? Creo que la respuesta puede ser contestada a medias tintas.
Para centrarme más en el informe quiero señalar que el mismo tiene, desde
nuestro punto de vista, zonas de claroscuros. Hay cuestiones en las que
se puede decir que se ha avanzado, pero desde nuestro punto de vista --y
por eso me voy a centrar más en aquellas cuestiones que han sido objeto
de enmiendas por nuestra parte--, determinados temas no se han recogido
en este dictamen o al menos no tal y como nosotros planteábamos. Hay tres
puntos que nos parecían claves. En primer lugar, el tema relativo a los
derechos, en el que nosotros planteábamos la incorporación del derecho a
la lengua y culturas propias, en resumen, el derecho a mantener y
proteger la diversidad de Europa, para que los ciudadanos puedan tener
conciencia de que forman parte de una Europa que puede estar más o menos
unida pero que también puede ser más o menos diversa en su cultura.
Una segunda parte de nuestras enmiendas iba dirigida al famoso tema del
espacio de justicia, seguridad y libertad. Se ha hablado de este espacio
muchísimas veces y nosotros siempre lo hemos planteado como una absoluta
necesidad de tener un equilibrio muy estricto y muy riguroso en este
tema. Realmente nos llegábamos a plantear si existía ese equilibrio en
estas negociaciones, que todavía no han terminado y veremos lo que dan de
sí. A nuestro entender había varias propuestas que nos llevaban a señalar
que existía un menoscabo y no había ese equilibrio; en concreto el tema
del asilo.
Para ser muy escueta, nosotros señalábamos que el tema del asilo
procedimentalmente no debería ser la propuesta estrella por parte del
Gobierno central. ¿Por qué? Porque el tema del asilo puede tener una
serie de perjuicios a nivel de publicidad, por ser utilizado para fines
para los que no se concibió, pero no era un tema como para ser la
propuesta estrella. Por otra parte, entendíamos que el derecho de asilo
era, es y esperamos que seguirá siendo, un derecho que hay que
salvaguardar frente a todo y frente a todos. Ciertamente lo que se
pretendía con esa propuesta era tratar de evitar una utilización
fraudulenta de este derecho. Pero no se puede manifestar la supresión del
derecho de asilo porque entendemos que, aunque los problemas que ahora se
citan son importantes, no es menos cierto que son coyunturales. Por ello,
entendemos que no es tan correcta la forma ni el contenido. Somos más
partidarios de cómo ha quedado que de cómo se presentaba hace seis meses.
El tercer núcleo central de las enmiendas que presentamos es el tema
relativo a la participación de las comunidades autónomas. Es evidente que
nuestro Estado no debería ser centralizado; no sé si lo somos o no, pero
no debía ser así. Por ello, entendíamos que debíamos plantear aquellas
cuestiones que hicieran que Europa respondiera a la realidad europea. En
este sentido, nuestras enmiendas iban dirigidas a que las comunidades
autónomas pudieran tener una integración directa y concreta en todo el
mecanismo de participación de formación o ejecución de las decisiones, y,
así, hablábamos, por ejemplo, del artículo 3 b), del principio de
subsidiariedad, en el que entendíamos tenía que haber sido incluida una
expresión, según la cual se respetase la estructura de cada uno de los
Estados, con lo cual se estaba salvaguardando la existencia de entes
subestatales, en muchos casos con competencias legislativas propias, por
no hablar del acceso directo de estas comunidades autónomas al Tribunal
de Justicia, por no hablar del reforzamiento de los poderes consultivos
del Comité de las Regiones y por no hablar, para no extenderme más, de
una cuestión que a nuestro entender era y es una cuestión clave: que
apareciera en esta reforma del tratado una declaración muy concreta, una
declaración que no hace más que responder a la realidad de lo que existe
hoy en día, que es el hecho de que hay comunidades autónomas, hay
regiones del Estado belga o regiones del Estado italiano, hay Lander en
Alemania, hay Länder en Austria, hay una serie de entes subestatales que
tienen competencias legislativas propias y que tienen que tener un cauce
directo para poder llevar sus propuestas, defender sus intereses o
defender aquello que están legislando, y es por lo que nosotros
planteábamos establecer esta declaración que no va más allá de lo que ya
existe, y lo único que pretende es preservar lo que ya existe.
Esto no ha sido considerado oportuno dentro de la propia Comisión, pero
nosotros creemos que es conveniente mantenerlo; creemos que de alguna
manera la línea de los hechos va a ir, quizá no dentro de poco, pero
dentro de un futuro --aspiramos que sea dentro de un futuro próximo--, a
que se vaya incluyendo esta serie de cuestiones, porque realmente las
reformas de los tratados tienen que ir, primero, a ser simples, segundo,
a ser entendibles, a ser comprensibles y, en tercer lugar, a que sean el
reflejo de lo que es Europa. Y si los ciudadanos, los pueblos, las
naciones, o como quieran ustedes llamarles, comunidades autónomas,
regiones, etcétera, no se sienten incluidos en esa Europa, creo que esta
Europa no va a poder ir más allá. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster. Señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente. Con extrema
brevedad intervengo en nombre de Unión Valenciana para fijar la posición
respecto a este dictamen que nos han entregado en los últimos días, y que
hoy forma parte del orden del día, respecto
al informe elaborado por la subcomisión en cuanto al seguimiento del
proceso abierto como consecuencia de la propuesta de reforma del Tratado
de la Unión Europea, abierto por la Conferencia Intergubernamental. (El
señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Unión
Valenciana, que en su día presentó las enmiendas a través del Grupo
Mixto, defendidas por la señora Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna,
algunas de ellas asumidas íntegramente por el grupo parlamentario, tiene
que decir al respecto que, a pesar de que se coincide en los grandes
trazos y grandes cuestiones mantenidas en este dictamen, como muy bien ha
apuntado la portavoz de Eusko Alkartasuna, hay cuestiones en las que hay
ciertas zonas de sombra, o de alguna manera no hay tanta claridad en
algunos aspectos en cuanto al futuro de esta reforma del Tratado de la
Unión Europea, del Tratado de Maastricht.
Evidentemente nosotros estamos apoyando, y nos manifestamos
favorablemente, la reforma, pero no sólo para defender la participación
activa y directa de todos los pueblos de la Unión Europea y, en especial
de las nacionalidades, como en este caso la que representamos, la
nacionalidad valenciana, en el seno de la Administración europea, sino
para hacer aquellas aportaciones que consideramos más oportunas ante los
nuevos retos que afronta la Unión Europea de los próximos años y del
próximo siglo.
La reforma del Tratado de Maastricht, que comienza con la Conferencia
Intergubernamental de marzo de 1996 en la ciudad de Turín, pensamos que
puede quedar vacía en algunas cuestiones porque hay un vicio, aparte de
la falta de conocimiento por parte de la ciudadanía que no se siente
partícipe de aquel Tratado de la Unión Europea, porque en el caso del
Estado español no se tuvo a bien hacer un referéndum ni tampoco grandes
campañas de conocimiento entre los ciudadanos del Estado español de
cuáles eran los contenidos, los objetivos, las instituciones, el sí de
ese proyecto que queremos conformar, que es la Unión Europea del siglo
XXI.
Por lo tanto, una reforma ahora de aquel tratado que ya era desconocido
adolece de aquel vicio multiplicado por dos, que deja a muchos ciudadanos
del Estado español sin poder conocer en sí qué es lo que se está
gestando.
En Unión Valenciana algunos de los planteamientos que mantuvimos en su
momento, y mantenemos ahora, que no están reflejados en este dictamen y
que nos tememos que en la reforma no van a ser considerados, son la
cuestión básica desde un planteamiento nacionalista, como el que
representa Unión Valenciana. No se ve una participación efectiva de las
comunidades autónomas en el Consejo de Ministros en aquellas medidas que
afecten a las competencias exclusivas que tienen cada una de las
comunidades autónomas del Estado español. Esta cuestión es básica, por
cuanto pensamos que puede ser motivo para encubrir que los Estados entren
a debatir y a decidir sobre cuestiones cuya competencia, por el
ordenamiento jurídico interno de cada Estado, tienen las comunidades
autónomas en el caso del Estado español.
Creo que la reforma de las instituciones europeas tendría que haber sido
un esfuerzo muy importante para acercar el hecho europeo a los ciudadanos
del Estado español, de los Estados miembros de la Unión Europea,
respetando las propias formas de organización territorial de cada uno de
los Estados. En este caso las comunidades autónomas quedan, de alguna
manera, de lado en ese proceso de construcción de la Unión Europea, en el
que creemos, pero en el que estamos ciertamente discriminados.
Denunciamos en su día, y lo seguimos haciendo en estos momentos, la
cuestión de la circunscripción autonómica en las elecciones al Parlamento
Europeo, que no es motivo de debate ahora, pero que pensamos es una de
las circunstancias que más separa a los ciudadanos de cada una de las
comunidades del Estado español a la hora de verse involucrados en esta
construcción europea, porque no entendemos cómo hay una circunscripción
única estatal cuando la organización territorial del Estado es una
estructura claramente definida de un Estado autonómico que no se respeta
a la hora de estas elecciones al Parlamento Europeo. Se debería potenciar
con seriedad, con firmeza, con rigor, creyéndonoslo, el Comité de las
Regiones, iniciando un proceso de separación de entes regionales y
locales en dicho Comité de las Regiones, y abogando porque los miembros
del mismo tengan un mandato democrático de una asamblea regional
legislativa de la que emane un poder ejecutivo. Se debe incrementar el
papel de los parlamentos regionales, incentivando su relación con el
Parlamento Europeo y el proceso legislativo en Europa, en aquellos temas
que afecten a cuestiones regionales. Se debería reconocer la legitimación
activa de las comunidades autónomas ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea; fomentar la cooperación transfronteriza interregional,
contribuyendo a crear lazos y relaciones de cooperación pacífica entre
los diferentes países europeos y pueblos de la Unión Europea;
colaboración y participación de los entes regionales en la programación,
seguimiento y control de las políticas estructurales, fundamentales para
el desarrollo de cada una de nuestras regiones, de todas las regiones que
componen la Unión Europea.
Pensamos que también queda un poco de lado la cuestión de potenciar la
preservación de la identidad y diversidad de la cultura de Europa,
culturas y lenguas minoritarias, que son dejadas de lado, pensando que de
esa plurinacionalidad que compone el Estado español y que componen las
diversas culturas de la Unión Europea sale una riqueza que nos une desde
las diferencias. Y, sobre todo, el reconocimiento de las representaciones
permanentes de las comunidades autónomas
ante las instituciones comunitarias. Pensamos que se pierde de nuevo la
gran oportunidad de que las regiones estén involucradas en el proceso de
construcción de la Unión Europea, y en Unión Valenciana creemos que se
pierde una gran oportunidad para acercar el proyecto europeo común a
todos los ciudadanos de la Unión Europea, porque si las regiones no se
ven involucradas y no participan activamente y con decisión, aquello que
se inició con este Tratado de la Unión Europea no se va a poder corregir
ahora, porque la Unión Europea seguirá estando en lo básico, muy lejos de
los ciudadanos de a pie. Aún podemos rectificar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras diputadas y señores diputados, pensamos que el documento que se
nos presenta hoy aquí no responde a una de sus frases introductorias, que
es la de servir de respuesta a los grandes desafíos de la Unión Europea.
Muy al contrario, pensamos que es un documento vacío de contenido y no
apropiado ni siquiera para aquellos que comparten la política del Tratado
de Maastricht y la actual situación de la Unión Europea.
Empezaremos por decir que llama la atención que en un apartado dedicado a
libertad, seguridad y justicia, pese muchísimo más todo aquello que tiene
que ver con la seguridad entendida como obsesión policial que aquello que
tiene que ver con la libertad y justicia. Desde el punto de vista táctico
puede entenderse que el Gobierno español esté preocupado por el posible
derecho de asilo al que se puedan acoger personas consideradas
terroristas, pero no cabe la menor duda de que en los Estados
democráticos esta obsesión no debía de ser tal, si todo el mundo
cumplimos una serie de reglas de juego elementales. Pero, sobre todo, lo
que no puede hacer el Gobierno español es centrar todo a una carta
policial, por muy legítima que sea, cuando abandona derechos
fundamentales tan esenciales, desde la perspectiva misma de un Estado
plurinacional y plurilingüe, como el derecho a la diversidad lingüística
cultural, que es una de las señas de identidad de Europa, como gran
espacio frente a otros grandes espacios, como puede ser, por ejemplo,
Estados Unidos, donde esta diversidad cultural y lingüística está
solapada por un dominio anglosajón y por el dominio del inglés. Pero es
más grave, incluso, que ese documento recurra a vaguedades en relación
con los gravísimos problemas que tiene el Estado español. Por ejemplo, el
problema del empleo. Entendemos que no se haga un alegato social o una
proclama auténticamente revolucionaria, pero no cabe la menor duda de que
no es de recibo que no se pongan en relación con el gravísimo problema
del empleo, y en concreto en el Estado español, las dificultades por las
que pasan sectores productivos del Estado, de sus distintas naciones, que
están en la base del progresivo aumento del paro o de la incapacidad para
combatirlo.
Ese era el momento fundamental para plantear la necesidad de que la
política agraria común, sobre todo ahora que se van a introducir en la
Unión Europea algunos Estados del Este, se fundamentase en el criterio de
que todas las naciones deben de tener una base agraria propia, de acuerdo
con sus competencias, de acuerdo con su clima, de acuerdo con sus
ventajas comparativas. No va a haber manera de establecer una especie de
espacio igualitario en este terreno si no aceptamos de buen grado este
criterio por motivos ecológicos básicos y por motivos de carácter
económico básicos. Igual que no es de recibo que la única alusión que
haga el documento a la política pesquera sea para contradecir la posición
de Gran Bretaña y no para defender legítimamente los intereses del Estado
español frente a terceros países, o bien la libre circulación de
trabajadores y de capitales dentro de la Unión Europea. Como no cabe la
menor duda que no es de recibo que no hagamos alusión de ninguna clase a
un sector competitivo tan importante como es el sector naval, que está en
un momento de litigio, incluso a nivel internacional, porque todo el
mundo sabe que Estados Unidos no está dispuesto a respetar lo que fueron
acuerdos tomados respecto de las subvenciones del sector naval y está
impulsando decididamente lo que fueron sus astilleros para la
construcción naval militar.
Es incluso increíble que cuando se habla de ecología o de medio ambiente
precisamente se utilice para ponernos en guardia sobre que no se pueden
establecer barreras al comercio, mientras no se hace una sola incitación
a que haya un marco común, por ejemplo en el tratamiento de residuos
sólidos urbanos, que podía ser un marco perfectamente europeo, solamente
por unas cuantas indicaciones que podían aceptar todos los Estados
miembros. O no se entiende que la preocupación por la salud pública,
hablando de las «vacas locas», no lleve consigo ni siquiera una alusión
al cuidado en la comercialización de productos transgénicos.
En definitiva, señorías, creemos que la política exterior se entiende
como una política de defensa y no como una política precisamente a favor
de que todos los espacios regionales del planeta respeten el derecho
internacional. No se hace hincapié en la condena a la legislación
extraterritorial y a una defensa del derecho de todos los pueblos a
labrar libremente su propio destino.
Es curioso, y nosotros como nacionalistas queremos ponerlo aquí en
evidencia, y no desde una postura nacionalista, sino desde una postura de
los intereses comunes a todos los pueblos del Estado español, que el
Estado español tenga tanta obsesión por situarse como
gran Estado de la Unión Europea, y sea el principal adalid en cuanto a
que no haya flexibilidad en el camino hacia la moneda única. Parece ser
que todo el mundo tiene problemas. Los grandes Estados del centro tienen
problemas; el Estado español, no. Esto es una alegría increíble. ¿Pero
ustedes creen que puede haber alguien en la opinión pública sensata del
Estado español que acredite este tipo de proclamas tan sumamente
aproblemáticas? O, ¿cómo se puede creer que el Estado español sea tan
alegre en la decisión de que no todos los Estados de la Unión Europea,
aunque seamos veinte, que es un número relativamente reducido, tengamos
que tener presencia en la Comisión? ¿Por qué razón este seguidismo de la
política, que sería en todo caso propicia a los grandes Estados del
centro, pero no a un Estado periférico, como es éste, gústenos o no? Y no
voy a hacer referencia alguna al Comité de las Regiones que,
efectivamente, pensamos que es un tema pendiente y que en este documento
va por una línea también light de un hibridismo totalmente inasumible.
En definitiva, pensamos que este documento es sintomático de un Estado
aproblemático, seguidista, sin perfil propio, más papista que el Papa, en
un contexto donde existen amplias reticencias y exigencias, pero
nosotros, eso sí, todo nebuloso y todo inconcreto. Realmente hoy mismo
este debate es una prueba de que se reincide en el carácter clandestino,
testimonial, vacío de contenido de la política europea del Estado
español, y desgraciadamente la opinión pública seguirá desilusionada, el
Gobierno tan eufórico como suicida, pero desgraciadamente esta lección
tan aprendida y rutinaria no está al servicio de las necesidades no del
pueblo gallego en exclusiva, que es el que lo está pasando muy mal, sino
de ninguno de los pueblos que están integrados hoy en el Estado español.
Por tanto, volvemos a remarcar nuestro total desacuerdo con este
documento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señoras y señores diputados,
Coalición Canaria defiende este informe que ha hecho la subcomisión,
porque para Canarias la Conferencia Intergubernamental, desde el primer
momento de su creación en el seno de los países de la Unión Europea, fue
un nuevo escenario para exigir el reconocimiento del peculiar régimen
legal, económico y fiscal de Canarias, y especialmente también las nuevas
creaciones que estaban reconocidas en las leyes españolas de la zona
especial de Canarias, así como lo que es nuestro gran anhelo
institucional de encontrar el estatuto permanente o estatuto específico,
que ya Maastricht reconoce en una resolución y que nosotros queríamos ver
plasmada ya en el texto articulado como estatuto de las regiones
ultraperiféricas. Y aquí siempre hay que buscar un escenario de
cooperación con los otros países, con regiones ultraperiféricas de la
Unión Europea, como Portugal y España.
Agradezco la presencia aquí del señor Ministro de Asuntos Exteriores,
porque ha sido el Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto en la época del
anterior Secretario de Estado y después Ministro, el señor Westendorp,
hoy en otras misiones de responsabilidad que prestigian la diplomacia y
la política exterior española --y a esta felicitación se une este
Diputado, en nombre de Coalición Canaria--, como en la del actual
Secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea, señor
De Miguel que, en conexión con nuestro Ministro de Asuntos Exteriores,
nos ha tenido a Coalición Canaria, a nuestro Gobierno autónomo,
perfectamente informados del día a día, quienes han sido objeto de
nuestras cargas --valga la expresión-- para que la presidencia holandesa,
en estos seis últimos meses, fuera reconsiderando sus tibios textos a la
hora de introducir el nuevo artículo 227 de regiones ultraperiféricas.
Nosotros suscribimos y apoyamos al Gobierno español desde esta Cámara en
el comunicado conjunto del texto que en diciembre los tres embajadores,
el de España, señor Elorza, de Portugal y de Francia, presentan ante la
Unión Europea exigiendo y presentando un texto con un protocolo para la
modificación del artículo nuevo 227 del Tratado de la Unión Europea. Ese
documento nosotros lo defendemos en la misma línea que lo ha presentado
el Presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea, don Pedro
Solbes, a quien yo también quiero agradecer aquí la paciencia, la
inteligencia con que ha llevado todas las sesiones de trabajo y en el que
Coalición Canaria ha encontrado un defensor de las propias sistemáticas
de nuestras iniciativas. Y se lo agradezco también a todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara, que la semana pasada aceptaron la enmienda
que Coalición Canaria presentó al texto que se había redactado de este
informe para que en lo referente a las regiones ultraperiféricas se
hiciera el reconocimiento expreso de la Comunidad Autónoma de Canarias,
porque es la región ultraperiférica que señala el Tratado de Maastricht
con nombre y apellidos, como señala otros territorios de Portugal y
Francia a los que se aplica el criterio de regiones ultraperiféricas
fundamentalmente por sus características de insularidad y de lejanía.
Vamos a apoyar todo el documento. Nos sentimos reconocidos en este
documento cuando en el apartado 7 del punto 2, que trata de la Unión y el
ciudadano, se inscriben las regiones ultraperiféricas. Creemos que es
necesario que la Conferencia Intergubernamental reciba este mensaje no
solamente del Gobierno español, de sus autoridades diplomáticas
encabezadas tanto por el Presidente del Gobierno como por nuestro
Ministro
de Asuntos Exteriores, sino el mensaje directo de este Parlamento, porque
estamos hablando también de órganos institucionales. De ahí que Coalición
Canaria considere que este documento no solamente nos refleja
específicamente en este punto, sino que coparticipa por solidaridad con
los otros planteamientos de este documento, llámese política social,
llámese haber puesto por delante el problema del paro, del desempleo,
como política social fundamental, como cuando se habla de los aspectos de
libertad, seguridad y justicia y, como he dicho antes, los relativos a la
Unión y el ciudadano, para que los ciudadanos se sientan también
reflejados en este documento y no crean que es un documento sólo de
eurócratas, con unos principios inaccesibles al entendimiento del
ciudadano medio.
Hay algo importante en lo que Coalición Canaria hace un acto de
solidaridad con el resto del territorio español y con el resto de la
Unión Europea, y es que la política exterior sea coherente y eficaz. Me
congratulo de que el informe de la Comisión haya introducido como
epígrafe lo que en ciertos documentos es solamente definición de política
exterior y de seguridad común, el epígrafe de una política exterior
coherente y eficaz, porque si una de las recomendaciones que hemos hecho
en este documento es, por ejemplo, proponer la integración progresiva en
tres etapas de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea, queremos
brindarle un instrumento a nuestro Gobierno para que en nuestro debate
sobre el tema de la OTAN y de la utilización de Canarias como una zona
estratégica dentro de la OTAN nos sintamos más cómodos, más en nuestra
casa, dentro del espectro de la Unión Europea Occidental como instrumento
de política de defensa de la Unión Europea. Teniendo como testigo de esto
que digo a nuestro propio Ministro de Asuntos Exteriores, él sabe cuán
importante es esto, sentirnos también la parte más distante y lejana del
territorio del Estado español. Nos gustaría que se llevara a cabo una
política exterior y de defensa que superara concepciones estratégicas
trasnochadas de los perímetros atlánticos del mando OTAN; nos
encontraríamos más en nuestra casa europea con la recomendación que hace
este documento.
Qué decir de las reformas institucionales. Cuando estamos llegando a este
grado de complejidad, cuando vemos que la entrada de un nuevo artículo
227, de regiones ultraperiféricas, hará necesaria una nueva estructura
del voto, nosotros queremos también --y lo ha destacado el Presidente de
la Comisión, don Pedro Solbes-- tratar el importantísimo tema de la
estructura técnica de los votos, modificar todo el sistema de votaciones,
la doble mayoría, el voto ponderado y la mayoría cualificada. Este
documento es importante porque ha sabido precisar qué temáticas deben ser
objeto de voto por unanimidad y en qué otros aspectos puede ser necesario
un voto por mayoría. Si Canarias se va a enfrentar como región
ultraperiférica con la toma de decisiones del Consejo de la Unión Europea
en su OCM del plátano, en aspectos de su defensa, de sus exportaciones,
de su política de transporte y de telecomunicaciones, en los que tenemos
que tener una cierta solidaridad con los otros países de la Unión
Europea, pero especialmente con los que tienen regiones ultraperiféricas
como Francia y Portugal, qué duda cabe que disponer de un sistema de voto
por mayoría cualificada nos puede ayudar muchísimo y no queremos cerrar
puertas. De ahí la importancia de este documento. Las recomendaciones que
se hacen en este documento creemos que significan un avance, un paso más
en este compromiso de la Unión Europea en el que Canarias no quiere
faltar.
Termino, señor Presidente, resaltando el penúltimo punto del informe, que
es el que se refiere a la flexibilidad o cooperación reforzada. Creemos
que en este momento la política que sigue nuestro departamento de
Exteriores es acertada; que la postura del Gobierno español, secundada
por casi todos los grupos de esta Cámara, que defiende la necesidad de
una política de flexibilidad y cooperación reforzada en determinadas
materias, en determinados aspectos, es acertada. Esto es una cuestión de
inteligencia, de sentido común, porque si no disponemos de una política
de flexibilidad y de cooperación reforzada en determinadas materias que
nos son muy propias para buscar la identidad de las necesidades de todo
tipo, económico, social, etcétera, de la política española dentro del
seno de la Unión Europea, tendríamos una Unión Europea verdaderamente
rígida, fosilizada, que no permitiría llevar a cabo las actuaciones que
cada país decidiera a través de su Parlamento y de su Gobierno.
Coalición Canaria, desde este punto de vista, apoya íntegramente este
documento, en toda su extensión literal, en su planteamiento y en su
filosofía política, y desea que, siendo testigo de ello el señor Ministro
de Asuntos Exteriores, sea un instrumento de cooperación válido para que
el Gobierno español, en la próxima Conferencia de Holanda, y ante la
incorporación de cualquier otra idea en la Conferencia
Intergubernamental, pueda decir sencillamente a los otros países: Aquí
está el papel del Gobierno español y de su Parlamento democrático.
Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, el informe de
la Subcomisión especial para estudiar el proceso abierto por la
Conferencia Intergubernamental nos da la impresión de que entusiasma a
muy poca gente. Desde luego, a nosotros no. Está un poco en sintonía con
las turbulencias europeas que
precisamente esta semana se han desatado y que son tan típicas de una
Unión que se va haciendo a empellones. La situación alemana, la francesa
tras las elecciones, la italiana y la equívoca británica, no sabemos en
qué va a hacer desembocar la Cumbre. Sí sabemos que el proyecto de
Tratado resulta aún difícilmente digerible para buena parte de los
Estados miembros. Los elementos sometidos a discusión, la reforma
institucional, la nueva ponderación de votos, la política exterior común,
las materias que deberán ser decididas por mayoría cualificada y no como
hasta ahora, por unanimidad, dibujan una confusión mucho más acentuada
que la existente inmediatamente antes de que se acordara el Tratado de
Maastricht.
Dicho esto, creemos que el documento que hoy se aprueba es quizá tímido y
demasiado ajustado al perfil bajo que vive en la actualidad la Unión
Europea. Un poco más de valentía en determinados aspectos y una gota más
de ideología federal no hubieran venido nada mal en momentos de tantos
temores. Se echa en falta un impulso realmente europeo y se aprecian
demasiados miedos. Y una constatación: a pesar de que el principio de
subsidiariedad se presenta como una valiosa incorporación al
funcionamiento de las instituciones, se muestra una preocupación sobre la
racionalización de las políticas comunitarias. Si bien esto es verdad, no
lo es menos que a este principio se le tiene pavor. He llegado a escuchar
que se considera peligroso aplicarlo porque rompería la estructura de la
Unión si se aplica en su espíritu, ya que quienes hacen Europa son los
Estados. Abogamos por una Europa federal constituida por Estados
federados en los que los principios de democracia, transparencia y
cercanía al ciudadano sean las políticas inspiradoras que guíen la labor
emanada de las instituciones de la federación tan futura. La distribución
de competencias debe ser claramente atribuida en virtud de ese famoso
principio que muchas veces entra y sale pero que quizá no sabemos
aplicar. Esta división competencial vertical debe comprender todas las
instituciones políticas que se interpongan, desde la federación hasta el
municipio. Fundamentalmente, las competencias que le corresponderían a la
federación serían los asuntos exteriores, la defensa, las cuestiones que
afectan a la ciudadanía, el sistema monetario, asuntos judiciales e
interior y también la protección de las fronteras exteriores.
Por tanto, conviene quizá pasar, aunque sea de puntillas, sobre algunos
aspectos que interesan a esa Europa en construcción, como puede ser cómo
queda el Parlamento Europeo. Elegido desde 1979 en régimen de sufragio
universal directo por los ciudadanos europeos, es la institución con el
más alto nivel de legitimidad democrática entre los organismos de la
Unión. A nuestro juicio, el Parlamento debería ser la última instancia
decisoria en materia legislativa, reforzando su papel y sustrayendo
progresivamente al Consejo, en la medida en que la construcción europea
se vaya consolidando, poderes legislativos que en buena lid democrática
corresponderían al Parlamento; la capacidad tanto para promover
iniciativas legislativas como para debatir y aprobar leyes, así como para
fortalecer el ejercicio de elección, control y censura de la Comisión; la
modificación de los tratados que supongan procesos constituyentes y
requieran la aprobación del Parlamento Europeo, y que el Parlamento
Europeo sea la instancia última que apruebe o rechace la elección de los
magistrados de la Corte de Justicia europea. Sin embargo, con estos
documentos que aprobamos, o que por lo menos suscribimos, no creemos que
el Parlamento se vea en esta situación.
La propia Comisión Europea, en el marco institucional europeo, debería
convertirse en el gobierno de la federación europea y debería dirigir sus
actuaciones sobre la base de la disposiciones legislativas emanadas de
los órganos pertinentes. La propuesta de elección del Presidente de la
Comisión debería ser formulada por el Parlamento Europeo oído el Consejo.
Nada más lejos de la realidad. El Presidente de la Comisión debería
designar su equipo de comisarios tras previa consulta con los Estados
miembros y al Consejo, sometiéndose posteriormente a un voto de confianza
del Parlamento. Nada más lejos de la realidad. La Comisión no debería
estar obligada a aceptar a representantes de todos los Estados ya que
ésta tiene que responder a intereses supranacionales y, por lo tanto,
debería ser limitada en el número de sus miembros para el desarrollo de
una labor eficaz.
Y otra cuestión, además del Parlamento y la Comisión Europea, sobre el
Consejo de la Unión, el Consejo de Ministros que, en la actualidad, es el
verdadero motor y que resume en la propia institución lo que podría ser
el Parlamento y la Comisión, porque ésa es la institución más
intergubernamental que existe en las estructuras europeas, por lo que
entendemos su paulatina comunitarización como una labor ineludible para
el fortalecimiento de la Unión política. Creemos que en esta línea se
deberían proponer una serie de medidas: la transferencia progresiva de
poderes legislativos del Consejo al Parlamento para que éste vaya
adquiriendo de forma natural competencias de una auténtica Cámara
legislativa con la legitimación popular que el sufragio directo y
universal le otorga. Creemos que todas las decisiones legislativas
deberían adoptarse por mayoría en el Consejo. Las cuestiones
concernientes al segundo y tercer pilar, así como las derivadas de las
modificaciones del Tratado y la ampliación, deberían contar con mayoría
cualificada, y al hablar de mayorías hay que tener en cuenta tanto el
peso de cada Estado como la población. Creemos que el sistema de
presidencia semestral del Consejo Europeo debería ser reformado para
asegurar una continuidad y una acción eficaz. En este sentido
consideramos que la presidencia debería tener al menos una duración de un
año y debería estar gestionada por al menos tres
países, distribuyéndose de este modo el trabajo de la presidencia entre
los Estados que presiden la Unión.
Quisiera decir que, de todas formas, como grupo parlamentario sentimos
una cierta frustración en el sentido de que cuando se aprobó el Tratado
de Maastricht y se anunció que posteriormente habría una revisión de los
tratados --la Conferencia Intergubernamental que se está celebrando en la
actualidad-- todos pensábamos en aquel entonces que se iba a avanzar
mucho más de lo que se ha avanzado, y exceptuando el aspecto del euro, de
la Unión Económica y Monetaria --que es un tema realmente importante y no
olvidemos que, como decía Jean Monet, a Europa la hará la moneda--, hay
otra serie de temas en los que no hemos avanzado casi nada. Cuando se
aprobó el Tratado de Maastricht todos dábamos por hecho que en la
Conferencia Intergubernamental que se celebra en estos momentos se darían
avances importantes en la política exterior y de seguridad común, que se
caminaría hacia una integración de la UEO en la Unión Europea, que
Shengen quedaría incluida en el Tratado, y desde luego en estos tres
puntos, salvo que cambie mucho de aquí a que se celebre la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno, no se va a dar ningún paso importante al
respecto.
Hay otro tema que también quisiera comentar muy brevemente, que es el del
Comité de las Regiones. Nuestro grupo parlamentario, en su momento ya lo
dijo, no creía en esta configuración del Comité de las Regiones, no creía
en un Comité de Regiones en el que se integran dentro de una Europa
profundamente asimétrica, de acuerdo con sus respectivas constituciones,
nacionalidades y regiones del Estado español, los länder alemanes,
austriacos, unidades administrativas francesas, condados británicos y
ayuntamientos; mezclar nacionalidades y regiones con una fuerte capacidad
competencial y política con instituciones administrativas como pueden ser
los ayuntamientos, o incluso con departamentos administrativos franceses,
creemos que de alguna forma es igualar a la baja la capacidad de
presencia de las nacionalidades y de las regiones europeas. A nosotros
nos hubiera gustado que esa revisión del Tratado hubiera contemplado la
posibilidad de la capacidad de recurso de todas las regiones europeas
ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, pero eso no se ha llevado a
cabo. Creemos, señor Presidente, que la postura española no ha sido de
punta de lanza, como quizá lo fue cuando se aprobó el Tratado de
Maastricht coordinando sus iniciativas con la postura alemana.
Pasando a otro tema, quisiera resaltar dos elementos positivos de este
texto. En primer lugar, aunque quizá es un planteamiento un poco tímido,
se introduce, de una vez por todas, un capítulo sobre el empleo. Cada día
somos todos más conscientes no sólo aquí, sino en toda Europa, de que el
gran desafío que tiene la sociedad europea es el desempleo. En este
sentido, creemos que es positivo que se introduzca este capítulo, aunque
esperamos que no se quede ahí, sino que sirva para que la Unión Europea,
de la misma forma que atacó frontalmente el tema de la moneda única,
ataque también frontalmente el tema del desempleo y haya una conferencia
en la que se plantee monográficamente este problema. De lo contrario se
quedaría en un simple enunciado o quizá en un saludo al nuevo Primer
Ministro británico, Tony Blair.
El segundo punto que nos resulta satisfactorio de este texto es el que se
refiere a la cooperación transfronteriza. Dentro de la esfera del Comité
de Regiones se introduce una mayor capacidad en el ámbito de la
cooperación transfronteriza, lo que creemos que es positivo porque es
hacer Europa y porque no hay que olvidar que existen pueblos con una
misma cultura, con una misma lengua, que están a caballo entre dos
Estados.
En definitiva, tal y como decía al principio, nuestro grupo asume este
dictamen, pero lo va a asumir con una cierta decepción en el sentido de
que desde Maastricht hasta aquí no se ha progresado excesivamente, que
única y exclusivamente se está progresando en el ámbito económico y
monetario, en el ámbito financiero. Esta es la constatación de una
tendencia que está llevando a cabo la Unión Europea desde su fundación.
En la primera de las comunidades, la Comunidad Económica del Carbón y del
Acero, se creó y se desarrolló una alta autoridad para legislar sobre
todo lo relacionado con esas dos materias primas estratégicas, muy
importantes después de la Segunda Guerra Mundial. La Comunidad Económica
Europea creó básicamente una unidad aduanera y una política agrícola
común. Y seguimos hablando única y exclusivamente de economía. El Acta
Unica Europea, aparte del mercado único, introducía una serie de
componentes no solamente económicos, como la libre circulación de
personas. A pesar de que dicha Acta Unica Europea entró en vigor en 1993,
la libre circulación de mercancías y de capitales se está cumpliendo,
pero no la libre circulación de las personas. Respecto al Tratado de
Maastricht, vemos que básicamente se va a cumplir en lo referente al
euro, pero los pasos que se dan en lo que se refiere al segundo y tercer
pilares, en definitiva, a la política ciudadana, quedan muy cortos, muy
escasos y con muy poco aliento.
Por tanto, nosotros creemos que la Unión Europea tiene que hacer una
reflexión. El proyecto no puede ser única y exclusivamente económico. Hay
que hacer un proyecto que ilusione al ciudadano europeo. Si queremos
hacer realmente una Unión política, es necesario dotarla de otra serie de
contenidos y de una serie de avances que no se están dando en la
actualidad. En ese aspecto, quisiera resaltar las pocas competencias de
más que se le van a ofrecer al Parlamento Europeo, lo cual acrecienta el
déficit democrático de la Unión Europea. Sin embargo y a pesar de todo,
tenemos que
reconocer que se avanza, y todo lo que sea avanzar en una dirección
positiva lo hemos de apoyar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Anasagasti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor Ministro en este
debate, consciente de que sus compromisos esta tarde, y vale la pena
decirlo, no hacían sencilla su presencia en esta Cámara. El hecho de su
asistencia realza o compensa en parte otras ausencias, ausencias a las
que, por lo demás, estamos acostumbrados, y no me estoy refiriendo a tal
o cual portavoz o a tal o cual grupo político, sino al conjunto de la
sociedad, que no valora, o no lo hace en toda su dimensión, la
transcendencia de este momento. Tampoco se valoró cuando se reformó el
Tratado de Maastricht, y de hecho sólo en el momento en el que pareció
que todo el proyecto europeo podía quedar en suspenso, a resultas del
referéndum francés o del referéndum danés, la sociedad despertó y
descubrió que había mucho en juego y que había países más o menos lejanos
en los que los ciudadanos eran capaces de discutir en una cafetería sobre
el Tratado de reforma de la Unión Europea y sobre si convenía o no
convenía aprobar tal o cual artículo. No era esa entonces nuestra
posición y parece que tampoco lo es hoy. Hoy los debates son sobre el
fútbol o, en determinadas zonas de España, sobre el olivo, o, en otras
zonas de España, sobre el agua o sobre los precios de las líneas aéreas,
sin que nadie acabe de darse cuenta de que el olivo, el Zaire, Albania,
los precios de las líneas aéreas, los problemas de Canarias, el régimen
fiscal de Canarias, el desarrollo de la industria turística, la
protección de los consumidores, la legitimidad de las plataformas
digitales y lo que podría ser prácticamente el 60 o 70 por ciento de los
debates de totalidad que se han seguido en esta Cámara tienen su
fundamento y su base, no sólo jurídica sino política, en iniciativas y
decisiones que proceden de la Unión Europea y que están fundamentadas en
un determinado equilibrio institucional en el seno de la Unión. Eso es lo
que todos los que estamos en esta Cámara hoy, o en general todos los
miembros de esta Cámara, tenemos la responsabilidad de transmitir a la
opinión pública, siendo acompañados, en la medida en que ello sea
posible, por los medios de información. No engañemos a la opinión pública
haciéndole creer que nuestro Gobierno o que nuestro Parlamento es
soberano. No lo es, hace tiempo que en el ejercicio de su soberanía
renunció a buena parte
de esa soberanía y la transfirió a otra institución, y es esa
institución, ese Gobierno europeo que constituye el Consejo de Ministros,
que constituye la Unión Europea, lo que está a punto de ser reformado.
Previsiblemente, será reformado los días 16 y 17 de junio, concluyendo
entonces el largo proceso que ha significado la Conferencia
Intergubernamental. Ciertamente, hay indicios, como resultado de las
últimas elecciones, que hacen suponer --o, por lo menos, intuir-- que
quizá la Conferencia Intergubernamental no concluirá, tal y como estaba
previsto, los días 16 y 17 de junio. Tampoco cree nuestro grupo que a ese
posible o hipotético aplazamiento haya que darle una trascendencia mayor,
siempre y cuando eso no suponga --y no parece que lo vaya a suponer-- un
descarrilamiento del proyecto. Es más, hemos tenido ocasión de comentar
esta mañana en una comparecencia del señor Ministro de Asuntos
Exteriores, y lo quiero reiterar aquí, que, desde el punto de vista de mi
grupo, el resultado de las últimas elecciones en dos Estados de la Unión
Europea --que, en el fondo, son elecciones tan nuestras como las propias
elecciones españolas en la medida en que contribuyan a reformar una parte
de uno de nuestros gobiernos como es el Consejo Europeo-- han permitido
recordar a todas las instituciones de la Unión, a los representantes de
la Unión y a lo que se suele llamar la clase política, que no se puede
reformar Europa, no se puede hacer Europa a espaldas de los ciudadanos y
limitándose a utilizar determinados conceptos o determinados esquemas
meramente tecnócratas.
Por tanto, esa cierta renovación del espíritu democrático en el ámbito de
las instituciones europeas, ese toque de atención que supone decir:
señores, cuidado, sin democracia, sin los ciudadanos, no se puede hacer
nada, ese toque de atención en sí nos parece positivo, aunque pudiera
llegar a suponer un pequeño aplazamiento en esta reforma. En todo caso,
conviene --y este es el momento-- fijar la posición de este Parlamento
como tal de cara al resto de las instituciones y gobiernos de la Unión
Europea y de los demás parlamentos y, evidentemente, al hilo de esa
posición, la posición de cada uno de los grupos que la componen.
La Comisión Mixta para la Unión Europea, después de una larga serie de
trabajos --concretamente en el marco de la Subcomisión de seguimiento de
la Conferencia Intergubernamental--, aprobó un extenso documento que ha
sido comentado y que, de hecho, es el eje sobre el cual deben
construirse, entiendo, nuestras intervenciones aquí esta tarde. Ese
documento fue aprobado con nuestros votos, incluyó alguna de nuestras
enmiendas, básicamente el sentido de todas ellas y, por tanto, yo debo
decir, ante todo, que nos sentimos satisfechos de ese documento tal cual
fue aprobado. Ahora bien, siempre que se habla de la Unión Europea --y se
aplica también al balance que se puede hacer aquí de ese documento--,
nuestro grupo, como el Grupo Nacionalista Vasco según deduzco de la
intervención que acabo de escuchar, y como prácticamente cualquier grupo
que se considere europeísta, se encuentra
en la tensión de saber si prefiere valorar la botella medio llena o la
botella medio vacía, puesto que efectivamente la botella no está del todo
llena, tiene todavía muchos elementos que podrían completarse, pero está
más llena de lo que lo estaba antes. Nosotros ni de lejos consideramos
que en ese documento, ni en el conjunto de lo que son las reformas que
previsiblemente van a ser aprobadas, esté reflejado todo aquello que
nosotros desearíamos para la integración europea. Desde este punto de
vista, efectivamente podríamos compartir lo que se ha dicho: decepción,
desilusión, falta de perspectiva. Es posible, como es posible también que
el documento que ha sido aprobado no tenga todo el perfil político que
podría tener, quizá como precio que ha sido necesario pagar para
conseguir el consenso con el cual ha sido finalmente aprobado. Antes de
entrar en el detalle de tal o cual punto que nos parezca mejor o peor,
querría decir que, globalmente, preferimos valorar la botella medio
llena. Insisto, está más llena de lo que estaba antes y lo estará con la
reforma de la Conferencia Intergubernamental.
Decía el Presidente Santer, con motivo de un acto organizado precisamente
por la Generalitat de Cataluña hace muy pocos días, apenas unas semanas,
en Perelada, en el norte de Cataluña, que él, cuando habla de la
construcción europea, suele pensar en una procesión tradicional que tiene
lugar en Luxemburgo, en la cual se desplazan los penitentes --no sé si
penitentes, celebrantes en todo caso-- a lo largo de un camino dando tres
pasos adelante y dos pasos atrás. La procesión tarda muchísimo en llegar
a su destino, pero dando tres pasos adelante y dos pasos atrás, tres
pasos adelante y dos pasos atrás, finalmente sí se llega a la
construcción europea. Esa analogía del Presidente de la Comisión Europea,
de Jacques Santer, me parece perfectamente clara y, desde esta
perspectiva, aunque efectivamente vayamos comprobando que de vez en
cuando se dan dos pasos atrás, el hecho de que inmediatamente después se
den tres pasos adelante nos parece mucho más interesante y más digno de
ser valorado.
Entrando un poco más en materia, nuestro grupo ha dado pleno apoyo al
Gobierno en lo que supone el acercamiento de la Unión Europea a los
ciudadanos y la inclusión en el nuevo Tratado de la Unión de distintos
asuntos que se derivan del hecho de que estamos ante un proyecto político
común, no ante un simple proyecto económico, no ante un simple mercado
interior, sino ante una auténtica unidad económica y una auténtica unidad
política en todos los sentidos. Desde esta perspectiva, nosotros damos
pleno apoyo, y consideramos que tiene grandísima importancia, al
incremento del papel de la Unión Europea como un gran espacio de
libertad, seguridad y justicia. Se decía antes que en el documento, y
quizá en el propio Tratado, se destaca mucho más el elemento seguridad
que el elemento justicia. Yo no compartiría esa apreciación, pero en todo
caso, si así fuera, eso sería sólo en los documentos y en los textos
jurídicos. Evidentemente, son dos elementos que se contraponen y yo
entiendo que el equilibrio se alcanza con estas reformas. Más libertad en
la Unión Europea para los ciudadanos, libertad de movimiento, acompañada
lógicamente de mayores elementos de seguridad y de justicia. Auténtica
creación de un espacio policial europeo, quizá no tan ambicioso como
podría llegar a ser, pero más de lo que significa ahora; auténtica
instauración de un espacio judicial europeo. Aquellos que hemos tenido
ocasión de trabajar en estos ámbitos sabemos la enorme importancia que
tiene un pequeñísimo inciso por el cual se permite a la Comisión
establecer mecanismos para fomentar la cooperación judicial a nivel
europeo. Con menos que eso, en los últimos veinticinco años la Unión
Europea ha celebrado tratados de enorme importancia para los ciudadanos y
para la comunicación de las empresas, la reclamación de créditos, el
reconocimiento de sentencias, etcétera. Por tanto, entendemos que se da
un importante paso adelante con las disposiciones que previsiblemente
serán aprobadas. Un espacio común, también, de protección de los derechos
fundamentales. Por tanto, también nos alegramos por la modificación del
artículo L del Tratado, que permite el control jurisdiccional de este
punto por parte del Tribunal de Justicia.
También consideramos un avance importante la posible o previsible
comunitarización de los acuerdos de Schengen. Es cierto que todo o buena
parte de lo que estamos diciendo aquí dependerá para su eficacia final de
lo que se ha decidido en la Conferencia. Pero, según las informaciones de
que disponemos, al menos en términos de cooperación reforzada y dentro de
sus esquemas, es probable que se pueda llegar a una cierta
comunitarización de los acuerdos de Schengen y todo lo que de ellos se
deriva.
Querría destacar algo a lo que mi grupo ha dado una enorme importancia,
como es el hecho de que de ahí derivará un mayor control político de los
acuerdos de Schengen. No se trata sólo de que aquello que hoy se decide a
nivel intergubernamental (la concesión de visados, etcétera), de que todo
lo que suponen los acuerdos de Schengen, pase a ser decidido por unos o
por otros, de lo intergubernamental pase a lo comunitario. Creemos que
tiene mucha importancia que lo que hoy está en tierra de nadie, como es
lo intergubernamental, que no puede ser controlado por esta Cámara pero
tampoco por la Cámara europea, pase a estar en terreno clara y netamente
comunitario y, por tanto, pueda ser objeto de auténtico control político
en un ámbito de enorme trascendencia.
Evidentemente, también damos un apoyo claro e indiscutido al hecho de que
se incluya en el Tratado una mención más explícita y neta acerca del
problema del empleo. Nosotros no creemos, como no creo que nadie pueda
creer que no haga demagogia, que la solución del problema del empleo
pueda venir sencillamente
por el hecho de recoger uno, seis, veinte o veinticinco artículos sobre
el empleo en el Tratado de la Unión Europea.
El problema del empleo en Europa, en cada uno de sus Estados miembros y
en cada una de las naciones que puedan componerla, es mucho más complejo
que la simple inclusión en un tratado de un determinado texto legal.
Ahora bien, tal como ya se acordó en un momento determinado en los
Consejos de Essen y Madrid, principalmente, es oportuno, es muy útil dar
instrumentos a la Unión Europea para que pueda haber una auténtica
política comunitaria de empleo, una auténtica coordinación entre los
Estados en sus políticas de empleo y que allí donde sea posible, en
aplicación del principio de subsidiariedad, allí donde convenga,
directamente sea la Unión Europea la que pueda tomar iniciativas
concretas desde esta perspectiva.
Precisamente, la subsidiariedad es, sin duda, y así lo recoge
expresamente el informe o el dictamen de la Comisión Mixta, una muy
valiosa aportación que hizo el Tratado de Maastricht. Era una aportación
a la que nosotros, como grupo político nacionalista, le dimos en su
momento, y seguimos dándoselo, una enorme importancia. Ahora bien, no
tenemos inconveniente en que se le pongan determinadas cautelas, porque
entendemos que las que se le imponen al principio de subsidiariedad no la
desnaturalizan, antes bien, refuerzan su auténtico sentido.
Estamos de acuerdo con la posición del Gobierno en este punto en intentar
evitar que la subsidiariedad se acabe convirtiendo en un cauce para
renacionalizar, reestatalizar, según la terminología que se quiera
utilizar, determinadas políticas que ya han sido transferidas a la Unión
Europea. Desde esta perspectiva, matizar el principio de subsidiariedad
no entendemos que perjudique para nada aquello que nosotros defendemos.
Sí creemos que el Gobierno ha sido un poco timorato en un punto concreto
en este ámbito y que los Estados presentes en la Conferencia
Intergubernamental no avanzan todo lo que querríamos en lo que supone el
papel directo de las regiones en la defensa del principio de
subsidiariedad. En este sentido, ya lo han dicho los distintos portavoces
de grupos nacionalistas en esta Cámara, y no puedo sino unir mi voz a las
suyas, nosotros hubiéramos querido, evidentemente, que el nuevo tratado
de la Unión Europea hubiera recogido el derecho de legitimación activa,
directa, es decir, la posibilidad directa de recurso, por parte de las
regiones en términos europeos, de las comunidades autónomas, ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Incluso, y así lo propuso el Gobierno de la Generalitat en el seno de la
conferencia sectorial para asuntos de la Unión Europea, como propuesta a
elevar al Gobierno, podía haberse llegado a proponer, y ni siquiera eso
fue planteado formalmente por el Gobierno en la conferencia, una
distinción neta entre aquellas regiones que tienen auténticas
competencias legislativas, que tienen soberanía, por tanto, y gobiernos
soberanamente elegidos por el pueblo, y aquellas otras que no son más que
meras circunscripciones administrativas. Este tema es una laguna, es
parte de la botella que queda por llenar.
El documento que hoy se aprueba recoge también claramente una postura,
que nosotros hacemos nuestra, acerca de las relaciones exteriores, del
reforzamiento de la política exterior y del papel de las relaciones
exteriores de la Unión Europea; una política exterior y de seguridad
común que nos parece de enorme importancia precisamente por lo que
decíamos al principio: para convertir la Unión Europea en lo que desde el
principio se quiso que fuera, mucho más que un simple espacio económico y
una auténtica institución política con voz propia en el escenario
internacional.
Ciertamente, volvemos a lo mismo, ¿todo lo que se reforma es aquello que
hubiéramos querido? No, pero tampoco creo, y me refiero a alguna de las
intervenciones que me han precedido, que si las cosas se aprueban tal
como está previsto en el último proyecto o borrador del tratado que se
nos ha dado pueda decirse que es un avance inútil. Yo entiendo que no.
Entiendo que damos un importante paso adelante en el escenario mundial de
la Unión Europea, en el ámbito de política exterior, y en una cierta y
progresiva incorporación de la Unión Europea Occidental dentro de la
Unión Europea y, por tanto, un cierto paso hacia un auténtico esquema
europeo de seguridad y defensa.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Guardans, vaya concluyendo.
El señor GUARDANS I CAMBO: Voy concluyendo, señor Presidente, en breve.
La mención que se hace en el proyecto de tratado a la inclusión de las
llamadas misiones Petersberg, aquellas misiones de defensa con carácter
netamente humanitario, es en este sentido un elemento de gran
importancia.
Entendemos las reservas que ha formulado el Gobierno, que pueden parecer
una discusión más o menos tecnocrática, acerca de las relaciones
económicas exteriores y la reforma del tratado en esta perspectiva.
Consideramos que, hoy por hoy, las cautelas que formula el Gobierno
acerca de atribuir más competencias a la Comisión Europea o a la Unión
Europea, como tal, en la negociación en la Organización Mundial de
Comercio de determinados ámbitos y en lo que es el comercio exterior o
los servicios de la Unión, más que en auténticas diferencias de principio
se basan en una mala praxis y en unas malas conductas por parte de la
Comisión Europea hasta ahora. Por tanto, creemos que con un seguimiento y
una corrección de lo que es
el papel y las formas de funcionar de la Comisión Europea, lo que suponen
las relaciones exteriores desde una perspectiva netamente económica o
industrial no debería ser especialmente limitado y podría ser un elemento
más de integración.
El Gobierno tiene nuestro apoyo en sus planteamientos ante la Conferencia
Intergubernamental en la postura que ha defendido acerca de la reforma
institucional. No voy a entrar en el detalle de los distintos puntos que
están en juego, ya han sido comentados en otras intervenciones, pero sí
es oportuno destacar que está ahí mucho en juego.
Vuelvo a lo que decía al principio. Es ahí donde está en juego el olivo,
es ahí donde está en juego la política hidráulica, es ahí donde están en
juego tantas y tantas cosas en función de cómo y de qué manera se decidan
y se estructuren los equilibrios en el seno de la Unión Europea.
Nosotros, como la mayoría de los grupos de la Cámara, un día votamos que
sí a una cesión de soberanía en favor de otra institución. Hubiéramos
querido y seguimos soñando con el momento en que exista un ejecutivo
comunitario que responda políticamente ante un parlamento europeo, pero
mientras eso no exista, mientras el ejecutivo comunitario sea quien tiene
funciones legislativas en ese estadio, que para nosotros es intermedio,
en el que el Consejo de Ministros toma decisiones sin responder
políticamente ante ninguna Cámara, sino sólo ante sus propios
parlamentos, mientras ello sea sí --insisto-- nosotros creemos que es
necesario mantener los equilibrios de los Estados en ese organismo, y
mientras esa posición dure España debe seguir teniendo el peso que se
corresponde con su población y con su situación política en el seno de la
Unión. Por tanto, la corrección y el reequilibrio del juego de fuerzas es
algo que debe ser absolutamente defendido.
Termino, señor Presidente, mencionando un tema al que damos gran
importancia: los avances logrados en el Comité de Regiones. Una vez más
los avances, no sólo en lo que son las propuestas formuladas por el
Gobierno, sino en lo que previsiblemente será aprobado, son mucho menores
de lo que algunos hubiéramos querido, pero no por ello dejan de ser
avances. Es cierto que el organismo del Comité de Regiones plantea dudas
acerca de la eficacia que pueda llegar a tener, las plantea por su propia
composición, pero vemos con mucha satisfacción que el Gobierno haya hecho
propias algunas de las iniciativas que plantearon las comunidades
autónomas en su momento.
Ya he tenido ocasión de comentar al señor Ministro de Asuntos Exteriores
en una comparecencia de esta mañana, pero querría recalcarlo aquí, que
nos parece de enorme importancia política el hecho de que si finalmente
la cooperación transfronteriza no fuera aprobada tal como fue propuesta
por el Gobierno español, es decir, en el marco de la reforma del Comité
de Regiones, el Gobierno esté muy pendiente de ello
--si se me permite la expresión-- y tenga la agilidad suficiente
para entonces proponerlo de otra forma, de modo y manera que finalmente
en el Tratado quede recogida la cooperación transfronteriza, ya sea a
través del Comité de las Regiones o por otro cauce.
En síntesis --y ahora sí termino, señor Presidente--, estamos en un
momento absolutamente clave de la construcción europea. Nosotros vemos
este momento con mucho más optimismo que alguno de los portavoces que me
puede haber precedido. Entendemos que hay elementos para la desilusión,
pero también los hay para el optimismo, y nosotros preferimos verlo con
enorme optimismo; optimismo que no es ingenuidad. Optimismo que es, de
vez en cuando, recordar un poco la Historia, recordar cómo se ha
construido la Europa que conocemos, recordar cómo alguno de los puntos
que hoy estamos discutiendo si se incluyen con mayor o menor firmeza,
hace apenas cinco, seis o siete años dificilmente hubieran entrado ni
siquiera en una reunión de negociaciones de modificación del Tratado.
Desde esta perspectiva, nosotros creemos que esta reforma es importante y
querríamos animar a la complicidad de todos los miembros de la Cámara
para hacer llegar, como caja de resonancia --que no deja de ser una de
las funciones que tiene este Parlamento--, la trascendencia de este
momento y de lo que aquí se está debatiendo a todos los ciudadanos que
nos dieron, en su momento, su confianza. Es necesario que todo el mundo
sepa claramente la importancia que tiene el momento en el que estamos y,
desde esta perspectiva, entiendo que el debate puede haber sido un
elemento de contribución.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Alcaraz Masats.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
En una atmósfera de entusiasmo plenamente descriptible, estamos
realizando un debate de enorme importancia, ni más ni menos que la
reforma del Tratado de la Unión Europea aprobado en 1992, en la simpática
ciudad de Maastricht, y que ahora, de cara a los
días 16 y 17 de junio, pensamos todos que hay que reformar en la
Cumbre de Amsterdam. Nosotros, señor Presidente, señor Ministro,
intentamos qué el bacilo del Parlamento Europeo no anidara en este
Parlamento español, pero la idea de aprobar aquí resoluciones --que
hubiera concitado una mayor atención de los diputados, y creo que también
de los medios de comunicación-- fue rechazada en la Junta de Portavoces.
Nos encontramos en este momento en un debate bastante
anodino sobre un tema de enorme importancia, que en todo caso refleja lo
que ha venido pasando con Maastricht desde 1992 hasta ahora: que la mitad
de la población no lo acepta y la otra mitad dice que sí acepta esta
construcción europea, pero sin saber por qué. Es decir, ante una
indiferencia tal que, posiblemente, a partir de los días 16 y 17, si se
llega a un acuerdo --yo lo dudo en estos momentos, por las tormentas que
se han interpuesto en función de lo que pasa en distintos países--, se
dice, incluso, que se cambiará el título y se empezará a llamar Tratado
de Amsterdam, para encubrir esta derrota de comunicación del Tratado de
Maastricht, que ha tenido tiempo de sobra, pero no ha logrado concitar el
interés, y mucho menos la ilusión de la gente. Entre otras cosas, porque
los políticos que tenían que defender Maastricht --desde luego, no
nosotros-- no han puesto los medios ni la pedagogía suficiente ni la
transparencia necesaria para que este tema se extendiera y tuviera una
posibilidad de apoyo social, que no la tiene en estos momentos, señorías.
En la Comisión se han votado dos textos diferentes. Un texto ha sido
votado por el PP y el PSOE --no teman SS. SS. que no lo voy a llamar
pinza--, al que también se han sumado Convergència i Unió, PNV,
Coalición Canaria y parte del Grupo Mixto, a excepción, naturalmente, del
Bloque Nacionalista Galego. Este documento se ha votado --si no recuerdo
mal-- el día 29 de abril, y nos ha extrañado bastante su redacción final
y cómo se ha producido esta convergencia. En primer lugar, porque el día
28, en Bruselas, el señor González hizo unas declaraciones tajantes. Dijo
que las aportaciones del Gobierno de don José María Aznar a la reforma
del Tratado eran ininteresantes por completo --no repito las palabras
textuales; posiblemente son de mayor enjundia--, que no tenían ningún
tipo de creatividad y que no había aprovechado bien la iniciativa que
debía tener el Gobierno para reformar el Tratado de Maastricht. Eso un
día antes de que consigan aprobar aquí un documento conjunto,
fundamentalmente debido a la iniciativa del PP y del PSOE. Nos extraña
muchísimo esta forma de hacer política.
Por otra parte, este documento que se ha aprobado y que figura con el
nombre de proyecto de dictamen se aprueba el 29 y ya está superado; es un
documento absolutamente exótico y excéntrico con respecto a lo que está
pasando en Europa en estos momentos. Parece como si no nos diéramos
cuenta de la enorme tormenta que está atravesando el marco europeo,
Suecia dice que no se suma a la tercera fase y que no acepta entrar en la
moneda única hasta el año 2003. El señor Blair hace una crítica a la
construcción que se está haciendo de la moneda única, y al mismo tiempo
entre sus compromisos electorales está convocar un referéndum para
devolverle la palabra al pueblo. En la República Federal Alemana, que no
cumple los criterios de convergencia, el Ministro de Economía quiere
realizar experimentos y una economía creativa, imaginativa, de cara a
superar de manera falsa, por la puerta falsa, el tema del déficit y algún
otro indicador de convergencia. También suma en este criterio la
necesidad de reformular, de reorientar las reservas de oro en una
determinada dirección, cosa que ha provocado una tormenta muy importante,
máxime cuando deriva de la República Federal Alemana y ha sido en función
de una pelea política, financiera y económica entre el Gobierno y los
dirigentes del Bundesbank. En Francia acaba de ganar la izquierda,
posiblemente en estos momentos, a partir de las próximas horas, se está
constituyendo un gobierno de socialistas, comunistas y verdes, en función
de una campaña electoral muy específica, que no tiene nada que ver con
este documento suscrito también por los socialistas españoles. Por eso
nos extraña muchísimo que se suscriba este documento días después de las
declaraciones del señor González y días después de que gane Lionel Jospin
en Francia.
La campaña de Jospin ha sido muy clara: no hay que caer en el dogmatismo,
en la ortodoxia monetarista, la que marcan los indicadores nominales de
convergencia --eso lo ha dicho nítidamente y lo mantiene--; en segundo
lugar, se trata de reorientar desde ahora y a medio plazo el Tratado de
la Unión en su aplicación cotidiana; en tercer lugar, ha dicho que se
trata de poner el empleo como objetivo principal, y de hecho ha realizado
una promesa muy singular y muy concreta de la creación inmediata de
700.000 puestos de trabajo para la juventud. Al mismo tiempo ha hablado
de que una cosa puede ser, en todo caso, el Tratado de Maastricht, que no
se debe leer de manera ortodoxa, no se puede llevar al fetichismo de los
indicadores de convergencia, y otra cosa es, desde el punto de vista de
una crítica muy fuerte que se le ha hecho a lo largo de la campaña
electoral, el pacto de estabilidad y de convergencia, o el programa de
convergencia y crecimiento, como se llama aquí, en este país, que es una
política económica que se está realizando precisamente sin que se haya
aprobado antes la presunta reforma del Tratado de Maastricht, y ha sido
muy criticada a lo largo de la campaña electoral por el Partido Comunista
francés, por los verdes y también por el señor Jospin.
Si la postura del señor Jospin se hubiera trasladado a España, Izquierda
Unida y los socialistas habríamos llegado a un acuerdo, como han llegado
a un acuerdo en Francia los socialistas de Jospin, que en cada mitin
pedía perdón por los casos de corrupción que se habían dado a lo largo
del pretérito, naturalmente, tampoco ninguno de los implicados figura en
la candidatura ni va a obtener ningún cargo de relevancia. Desde ese
punto de vista esa es una postura que no se ha extrapolado a España en
este documento, ni a partir de ahora, y que naturalmente nos lleva a
pensar que el Partido Socialista --ya sabíamos la lectura que tenía el
Partido Popular del Tratado de Maastricht-- está haciendo
una lectura durísima, ortodoxa y monetarista, de las condiciones y de los
criterios de convergencia.
Esto también nos lleva a otra reflexión, señor Presidente. Constantemente
se repite, aunque hoy aquí no se ha dicho, por cierto, que Izquierda
Unida está sola, por cierto, cada vez menos sola. Posiblemente está sola
hoy aquí por lo que respecta a una votación que no se va a producir, pero
que sí se produjo en la Comisión. Todos los grupos votaron este dictamen,
que es paupérrimo, lo menos que se despacha en botica y, naturalmente,
Izquierda Unida votó su texto alternativo con la abstención del Bloque
Nacionalista Galego respecto a nuestro texto. Estamos solos aquí, pero
cada vez menos teniendo en cuenta la reacción de la Europa social. El día
29 de mayo salieron a la calle los trabajadores y dijeron que el Tratado
de Maastricht no asume el objetivo de la creación de empleo ni de la
protección social ni de la Europa social que reclaman los sindicatos y la
Confederación Europea de Sindicatos que convocaba esta acción.
Nos sentimos menos solos cuando vemos que algunas de nuestras previsiones
con respecto a los indicadores de convergencia y a los plazos ya no se
pueden cumplir en términos absolutos. Suecia ha dicho que no; el Gobierno
socialdemócrata sueco ha dicho que no, que no entrará en la moneda única
por lo menos hasta el año 2003. Y ya veremos si prorroga esta apuesta en
contra de los criterios de convergencia del Tratado por lo que compete a
la Unión Económica y Monetaria. El señor Broek ha dicho que convoca un
referéndum y que también establece críticas respecto a los aspectos
sociales que se derivan de los pactos de estabilidad y convergencia. En
Inglaterra hay una crítica muy dura desde la izquierda respecto al
control de la red europea de bancos centrales y a la creación, con las
previsiones que funcionan hasta este momento y que se van a concretar en
marzo o abril de 1998, del Banco Central Europeo. Lo controlan
prácticamente todo, apenas dejan margen de maniobra a los parlamentos
nacionales y, naturalmente, a partir de ahí los ajustes presupuestarios y
los pactos de estabilidad no van a tener el recurso del control
democrático de las soberanías populares en la medida que nosotros creemos
conveniente. Incluso el Ministro anterior de finanzas inglés Kenneth
Clarke, en absoluto sospechoso de ser de izquierdas, llegó a expresar sus
dudas, su crítica respecto a lo que pasaba y dijo: ¿Para qué sirven a
partir de ahora los parlamentos nacionales? Hay que recordar a SS. SS.
que estos parlamentos se crearon para debatir el dinero que entra y sale
a lo largo del año para los gastos públicos, es decir, para el control y
el desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado.
Nos encontramos en esta tesitura. Nosotros dijimos que no era posible
cumplir Maastricht en las condiciones que se habían establecido y ya el
caso de Suecia demuestra que no estábamos en otra galaxia como aquí se
dijo. El giro a la izquierda que se ésta produciendo a través de la urnas
en Europa, con esta coincidencia de comunistas, socialistas y verdes en
Francia demuestra que no se puede aplicar el Tratado de Maastricht desde
la lectura radical, desde la lectura del fundamentalismo neoliberal con
la que se intenta aplicar en este documento que se ha suscrito en este
país el 29 del mes pasado.
Nosotros saludamos la actual posición de la izquierda francesa; nosotros
saludamos las previsiones de cara a la creación de empleo y de cara a la
creación de garantías para la protección social y la Europa social por lo
que afecte a Francia a partir de ahora, y saludamos lo que ha permitido
la convergencia de esfuerzos, que aquí no es posible, porque la lectura
que se hace es drásticamente neoliberal. Y el documento que se nos
presenta no es solamente ortodoxo, monetarista hasta el máximo, sino un
documento paupérrimo. Son trece folios en los que objetivos fundamentales
aparecen difuminados y donde no se contienen ni objetivos claves que se
hayan popularizado por parte del Gobierno, por ejemplo, respecto al tema
de la lucha contraterrorista y el derecho de asilo. Ni siquiera se
contiene esa apuesta que se había hecho en principio y que se había
popularizado de manera bastante amplia.
Respecto al empleo --y lo pueden comprobar SS. SS.-- sólo hay diez
líneas, de las que desaparecen tres o cuatro del anteproyecto del
dictamen anterior, en las que se podía hablar de objetivo básico y
fundamental. Desde luego, sería un recurso a la claudicación decir que no
tiene importancia que sean pocas líneas y que en pocas líneas se puede
contener mucho. Es muy poco en cantidad y poquísimo en calidad lo que se
contiene respecto a la creación de empleo. Es un auténtico ejercicio de
claudicación sobre la aplicación de la política económica, a partir de
ahora, por lo que compete a la reforma del Tratado de la Unión Europea,
que se va a operar los días 16 y 17 presuntamente. Pensamos que no. Habrá
que prolongar este encuentro una semana y posiblemente será necesario
convocar un consejo extraordinario en Luxembugo antes de que llegue el
mes de agosto, porque las condiciones son nuevas, porque cuatro países,
como mínimo, establecen condiciones nuevas, porque Italia, que no reúne
las condiciones de convergencia, los criterios nominales de convergencia,
va a entrar en la primera velocidad, allá por septiembre u octubre se le
va a dar el plácet para que entre definitivamente en el examen, aunque no
reúna las condiciones en marzo y abril, por lo que habrá que ir a
condiciones nuevas desde postulados nuevos.
Sería interesante que los firmantes revisaran este documento en función
de las condiciones que existen, en función de las tormentas monetarias
que se van a derivar de esta situación allá por los meses de septiembre,
octubre y noviembre y en función también de previsiones con respecto a la
Europa social, que se deriva de los nuevos gobiernos del Reino Unido y de
Francia, como mínimo. Por lo tanto, no aparece el objetivo
de la creación de empleo y las ocho o nueve líneas dirigidas a la
política social indudablemente son también patéticas, lo mismo que es
patético el tema de la igualdad hombre o mujer o el resto de los temas.
Nosotros hemos presentado una enmienda con texto alternativo de unos 37
folios, completa en todos los casos; digo completa porque aquí no se
habla para nada de la reforma de la Unión Económica y Monetaria. Ustedes
me dirán que no está en la agenda. Pero habría que presionar para que
estuviese en la agenda. En el Tratado de Maastricht se contiene que ese
capítulo también hay que reformarlo. Sin embargo, se ha quitado de en
medio y no aparece la reforma del tema económico de cara a la
construcción de una nueva Europa como debiera ser dada la importancia del
tema.
Nosotros planteamos que el objetivo número uno es el de la creación de
empleo y compartimos con Jospin y con el Partido Comunista francés que
había que ir a una ley-marco. Ese era el compromiso concretísimo del
señor Jospin para reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas.
Consecuentemente con esta ley-marco que se va a aprobar en la Asamblea
francesa, compartimos la necesidad de empezar a repartir el trabajo en
función de la reducción de la jornada, en función de la reducción
drástica de la hora extraordinaria y en función de la reducción de la
edad de jubilación.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, vaya concluyendo.
El señor ALCARAZ MASATS: Desde ese punto de vista, ni este documento
votado por todos ustedes, excepto el Bloque Nacionalista Galego y
nosotros, ni el programa de convergencia y crecimiento que el otro día
presentó el señor Rato, que también en sus líneas fundamentales fue
votado por PP y PSOE en la Comisión de Economía, contienen el objetivo de
la creación de empleo.
Con respecto a la política exterior de seguridad común --la política
exterior y la política de defensa--, no aparece ninguna recomendación ni
seria ni frívola. Nos encontramos ante una reforma que se prevé para los
días 16 y 17, o posteriores, seguramente posteriores, en los que se
diseña una política exterior como muy limitada, muy subordinada a los
intereses de los Estados Unidos; una política bajo el paraguas de la
OTAN, que no tiene en cuenta en el futuro la política de paz, la política
de diálogo de cara a una defensa compartida, a una seguridad compartida,
que no tiene en cuenta las previsiones de reforma que hay que operar para
que esto se cumpla así con respecto a la OSCE.
En esta política que se diseña aquí no se tiene en cuenta ninguna
iniciativa de cara a la reforma de la ONU, a los casos que están
sucediendo constantemente en el Zaire, en el tema de cooperación al
desarrollo, etcétera. La política europea es simplemente esperar y ver
sin ninguna voz común, sin ninguna voz comunitarizada, como se dice
eufemísticamente en los sectores de la Unión Europea, sin ningún perfil
político real, la incidencia en estos temas de enorme importancia que
estamos viviendo como auténticas tragedias colectivas y ante los cuales
Europa pasa, espera, ve y no dice absolutamente nada. Nosotros incluso
planteamos que, de cara al desarrollo de la cooperación, sea obligatorio
el cumplimiento del 0,7 del PIB en los presupuestos nacionales de los
países integrados en la Unión Europea.
También planteamos una reforma de la política agraria comunitaria. El 20
por ciento de los agricultores europeos recibe el 80 por ciento del
presupuesto comunitario con respecto a agricultura y los que lo reciben,
inversamente a la política de cohesión, son los más ricos. No quiero
extenderme aquí, señor Ministro, pero solicitamos una política de reforma
de la PAC que es absolutamente necesaria y urgente. Ya que aquí se ha
hablado del olivo. Nosotros aceptamos el antiguo GATT, la Organización
Mundial del Comercio, y nos resulta grotesco, señor Ministro, que por la
mañana se camine en la marcha del aceite de oliva y por la tarde se venga
aquí a defender la Organización Mundial del Comercio, porque el olivar va
a entrar en una reestructuración profunda, no en función de que hay un
Comisario malo llamado Fischler, sino de que ese Comisario está
aplicando, interiorizando en los aspectos del Tratado de la Unión
Europea, la aprobación de la Organización Mundial del Comercio, el
antiguo GATT, no otra cosa. Luego es un ejercicio de cinismo caminar en
una marcha para venir aquí por la tarde a defender el GATT, defender la
Organización Mundial del Comercio. Así de claro.
Con respecto a la ciudadanía, en el Tratado de la Unión Europea los
aspectos que se refieren a la creación de la ciudadanía europea son
limitadísimos, prácticamente se reducen a votar y ser votado en los
comicios municipales y a algunos aspectos de derechos consulares.
Nosotros planteamos que hay que ir a una auténtica ciudadanía europea en
concordancia con la ciudadanía correspondiente a las soberanías
nacionales que vivimos en estos momentos de manera mucho más
significativa.
En cuanto a la cooperación judicial en la lucha contra el terrorismo,
nosotros desde el principio hemos defendido que no decaiga el derecho de
asilo, un derecho cultural que tiene su virtualidad jurídica, política y
también cultural en el seno de todos los países de la Unión Europea. Otra
cosa es que haya que llegar a medidas concretísimas para que no sirva de
instrumento a la hora de salvaguardar delitos de todo tipo que puedan
intentar taparse con el derecho de asilo. Esta era la posición que hemos
defendido y la que al final va a salir, porque había matizaciones que en
principio defendió el Partido Socialista y que últimamente ha defendido
el Partido Popular, pero han decaído. Esa era la gran propuesta del
Partido Popular y no ha podido
ser. Otra cosa es que se llegue a medidas concretísimas para que nadie se
pueda aprovechar del derecho de asilo en los problemas de terrorismo que
viven una serie de Estados de la Unión Europea.
Nosotros creemos que hay que distinguir de manera muy nítida, cosa que no
se hace ni en el Tratado ni en las reformas que se prevén, entre
terrorismo, narcotráfico e inmigración. Ahí hay una confusión grave y
dramática que es preciso despejar de manera nítida. La línea divisoria
debe estar uniendo, si se quiere, por sus causas y sus consecuencias, el
narcotráfico y el terrorismo, pero en absoluto puede rozar el tema de la
inmigración, que es algo absolutamente diferente que nada tiene que ver,
y hay que ir rompiendo las puertas de una Europa-fortaleza que intenta
convertir la inmigración en problemas no sólo de orden público sino que
incluso rocen lo que son el terrorismo y el narcotráfico.
Termino, señor Presidente. Nuestra propuesta es posible, mucho más ahora;
era posible desde siempre y por eso la planteábamos. Desde el punto de
vista jurídico, financiero, económico, legal y cultural, era posible;
ahora mucho más. Suecia, Francia, Inglaterra e Italia, que se va a
incorporar sin cumplir las condiciones de convergencia, y la última
tormenta en Alemania demuestran que nuestra posición no es de otra
galaxia, sino de ésta. No estamos solos, sabemos lo que queremos y lo
sabíamos desde el principio.
Ustedes nos presentan un documento que ya nada tiene que ver con la
realidad europea. Estudien esa
realidad hoy en la prensa, mañana y pasado y verán cómo este
documento es lo mínimo que se despacha en botica y se suma a una lectura
ortodoxa y radical del neoliberalismo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señoras y señores diputados,
señor Ministro, la Comisión Mixta para la Unión Europea ha concluido los
trabajos que le encargó en su momento el Pleno de la Cámara sobre la
Conferencia Intergubernamental. Desde la constitución de la subcomisión,
con la colaboración de los servicios de la Cámara y la disponibilidad de
los comparecientes, hemos ido creando criterio en cada uno de los grupos
parlamentarios de la Cámara sobre el alcance de la reforma del Tratado
que la Conferencia Intergubernamental debe concluir en Amsterdam o bien,
próximamente, en Luxemburgo.
Es cierto que en el último mes se han producido profundos cambios
políticos en los gobiernos de países centrales de la Unión Europea. Las
elecciones del Reino Unido, las elecciones en Francia, la situación de
Suecia, que no está incorporada al Sistema Monetario Europeo, o la
necesidad de Alemania de cubrir un déficit público cada vez más creciente
y el intento de hacerlo con las reservas federales de oro en estos
momentos han creado una cierta incertidumbre que es necesario despejar.
En cualquier caso, es absolutamente inadmisible que haya portavoces que
se atribuyan una posición que por un segundo para alguna mente, por muy
ofuscada que esté, puede pasar como que es la misma que defiende S. S. en
esta tribuna. Resulta increíble asimilar las posiciones del Reino Unido,
de Francia, de Suecia o de Alemania en la construcción europea con la
posición que algún portavoz acaba de expresar en esta tribuna. Señorías,
es cierto que ha habido cambios profundos en la Unión Europea. Es cierto
que esos cambios afectan a la construcción europea, pero la afectan en la
línea que nuestro grupo y otros grupos de esta Cámara, que socialistas,
socialdemócratas y demócrata cristianos hemos venido defendiendo en la
construcción europea. Por lo tanto, señorías, nosotros tenemos unas
orientaciones que vamos a seguir y que son las que nos hemos dado en esta
Cámara.
La cuestión no es entusiasmar, la cuestión es ser responsables respecto
de las realidades que se pueden lograr, respecto de los avances que en
esa fase concreta de la construcción europea se pueden obtener, porque no
es el deseo de una de sus señorías ni siquiera el deseo de esta Cámara el
que va a primar; es el deseo conjunto de quince países que conforman la
Unión Europea y el de sus opiniones públicas el que va a determinar el
grado de progreso en la integración que va a sufrir la Unión Europea.
Quienes olvidan esta realidad se automarginan del proceso y viven en otra
bella utopía, que es lícita, pero que nosotros no compartimos.
Los objetivos de la actual reforma son básicamente la preparación de las
instituciones de la Unión Europea para acoger en su seno a los países
candidatos a la integración, la necesidad de profundizar en la
democracia, la eficacia y la transparencia de las instituciones europeas
y abordar los problemas actuales de los ciudadanos europeos, como el del
empleo, manteniendo la cohesión económica y social, la creación de un
espacio equilibrado de libertad y seguridad y una política exterior más
ambiciosa y acorde con la realidad política y económica de Europa.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos contribuido,
junto a otros grupos de la Cámara, al dictamen que hoy debatimos. Lo
hemos hecho con una visión histórica de la construcción europea, pero sin
limitarnos a escenarios excesivamente reduccionistas de lo que representa
el reto de la construcción europea. Hemos aportado una visión que tiene
como destinatarios a los ciudadanos europeos y sus problemas. La Unión
Europea no se limita a una moneda y un mercado. Son instrumentos
necesarios que los socialistas compartimos y queremos contribuir a
consolidar, pero el corazón de la construcción europea, el alma de
Europa, el elemento diferenciador de ésta con
cualquier otra área o región económica está en su cohesión económica y
social, en la garantía que ofrece como espacio de paz y libertad, en las
garantías que ofrece a los ciudadanos de no ser marginados en el progreso
colectivo económico y social. Este es el corazón de Europa y esta es la
Europa que nosotros, junto a otros grupos políticos, hemos contribuido y
estamos contribuyendo a construir con el dictamen que hoy estamos
debatiendo. Por ello, hemos realizado aportaciones que contribuyan a una
Europa ilusionante, con instrumentos capaces de resolver los problemas
que preocupan a sus ciudadanos, como son las políticas de empleo y las
políticas sociales de la Unión Europea.
Efectivamente, señorías, el empleo es el primer problema que Europa debe
resolver coordinadamente. Para ello, queremos instrumentos precisos que
garanticen políticas comunes cuyo objetivo sea la consecución y la
creación de puestos de trabajo estables; que se instrumenten mecanismos
con la participación de los agentes socioeconómicos, empresarios y
sindicatos que contribuyan a crear un nuevo marco que tenga como objetivo
la creación de puestos de trabajo estables. Los consejos europeos de
Essen y Madrid dieron pasos importantes en esa dirección. Entendemos que
la Conferencia Intergubernamental debe crear el marco institucional en el
que se garantice la consecución de los objetivos acordados en la lucha
por el empleo en los Estados de la Unión Europea. Señorías, no se pueden
tener tantas veleidades. Si unimos a Kenneth Clarke con una dosis de
federalismo imposible, nos encontramos seguro con un populista. Por eso,
nosotros no vamos a caer en esas políticas y queremos que esos mecanismos
para lograr el empleo se instrumentalicen.
Junto al empleo, señorías, encontramos un lugar destacado en los derechos
sociales que garanticen el modelo de integración social que subyace en el
modelo socioeconómico europeo. Particularmente, queremos integrar en el
Tratado el acuerdo sobre política social anejo al protocolo 14,
incorporando al mismo el principio de igualdad hombre-mujer en todas las
condiciones laborales, así como acciones positivas para lograr hacer
realidad este principio sujeto a situaciones de origen claramente
discriminatorias para una de las partes.
También mostramos nuestra preocupación por la naturaleza desde una
perspectiva de solidaridad generacional al incorporar al Tratado una
cláusula sobre desarrollo sostenible y medio ambiente.
Lejos de reducir la construcción europea a la unión monetaria, el Grupo
Parlamentario Socialista desea que la Conferencia Intergubernamental
constituya un paso más en la configuración de la Europa política y social
y que con ello se dote de controles e instituciones democráticas en todos
los ámbitos. Señorías, nuestras posiciones serán contrastadas con las
políticas del Gobierno francés y del Gobierno del Reino Unido en la
Conferencia Intergubernamental. Las posiciones del grupo que me ha
antecedido no sólo no serán contrastables con las de los miembros de
estos gobiernos, sino que ni siquiera lo son con las de los miembros del
Partido Comunista que participan en el Gobierno francés, porque nada
tiene que ver la enmienda de totalidad presentada por el Grupo de
Izquierda Unida aquí hoy en esta Cámara con el programa pactado entre el
Partido Socialista francés, los Verdes y el Partido Comunista francés,
nada en absoluto. No tiene ningún nivel de equiparación ni de
comparación, porque el Partido Comunista francés está en posiciones mucho
más razonables, criticando quizás a la izquierda en algunos de los temas,
pero siempre frente a la derecha y nunca haciendo el juego a la derecha.
Jamás los comunistas franceses han dedicado una crítica frontal a un
gobierno del Partido Socialista francés. Por esto, señorías, nosotros
transitamos este camino y lo hacemos frente a quienes ven en la
construcción europea riesgos, peligros y hasta temores. El Grupo
Parlamentario Socialista encuentra en Europa el espacio natural en el que
realizar y desarrollar las posibilidades y esperanzas productivas,
creativas y culturales de los ciudadanos españoles, pero, señorías, la
construcción europea no empieza hoy ni concluye con la reforma del
Tratado objeto de la Conferencia Intergubernamental. El Grupo Socialista
considera que el grado de integración europea logrado constituye una
experiencia de gran valor, ha cambiado las formas de pensar de los
ciudadanos europeos y representa una etapa verdaderamente importante en
el proceso de bienestar económico y social de libertad y paz en Europa.
Estamos, señorías, inmersos en una profunda mutación económica
estructural que amenaza los equilibrios sociales y la estabilidad de las
estructuras en las que se apoya y cuya mayor consecuencia es, como ya
hemos dicho, el desempleo. Los esfuerzos desplegados y las ilusiones
comprometidas por millones de ciudadanos europeos y por los padres de la
Comunidad Europea para formar la Unión que hoy tenemos han valido la
pena. Hemos abierto los ojos a la interdependencia, hemos encontrado en
la experiencia de la cooperación con los demás la virtud necesaria para
resolver los desacuerdos y conflictos propios de una sociedad compleja y
plural. Estamos en condiciones de hacer el esfuerzo de hacer extensivos
estos logros que nosotros ya hemos alcanzado a una Unión más amplia, a
los países europeos que han regresado a los sistemas de democracia y
libertad después de años de dictaduras comunistas. Desgraciadamente, no
vivimos en un mundo ideal y nuestro progreso tiene que hacerse por
etapas, porque tiene los límites impuestos por la realidad, a pesar de
que ésta no nos guste.
A veces se oyen opiniones que siendo respetables no consideran
suficientemente las visiones y experiencias de los demás. Europa es,
también y sobre todo, un proceso de integración constante en el que deben
encontrar acomodo el conjunto de Estados, culturas y
sistemas jurídicos que lo componen. No sirven para ello discursos
maximalistas, no compartidos por la amplia mayoría, que lo único que
comportan es confusión para los ciudadanos respecto de las posibilidades
reales de integración. En cualquier caso, señorías, en esos discursos no
encontramos absolutamente nada nuevo. Nunca han participado en los
proyectos de construcción europea. Siempre se han quedado al margen.
Jamás han querido comprometerse con un proyecto concreto para los
ciudadanos y para resolver sus problemas. ¿Por qué tendrían que hacerlo
ahora? No hay ningún cambio, señorías, ninguna novedad al respecto.
El dictamen presentado por el señor Solbes, que cuenta con el apoyo de
una amplísima mayoría de las fuerzas políticas representadas en la
Cámara, es un paso más, un compromiso firme en el camino de la
construcción europea, en el que debe primar el proceso de integración,
que es donde encontramos el interés para el desarrollo y el bienestar de
los ciudadanos españoles. En este camino, señorías, abrimos nuevos
horizontes a los derechos y libertades compartidas de los ciudadanos
europeos. Hacemos de la igualdad entre hombres y mujeres y de las
posibilidades de desarrollar políticas positivas uno de los objetivos a
consolidar por la Unión Europea. Consideramos la protección de los
derechos de los consumidores y la salud pública. Buscamos acomodo a
nuestras singularidades con la inclusión en el Tratado de un estatuto
permanente para regiones ultraperiféricas para Canarias y un
reconocimiento a la insularidad en general. Demandamos garantías para
nuestro país y para nuestros intereses en los sistemas de adopción de
decisiones, en la reponderación del voto en el Consejo y en el sistema de
doble llave: Estados miembros más número de ciudadanos representados, y
en el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada.
Señorías, mucho más allá de los aspectos formales, estas reformas afectan
a decisiones referidas a políticas sensibles para nuestro país como son
la agricultura mediterránea, la OCM de la aceituna, la OCM de frutas y
hortalizas, la OCM del vino, que tanto preocupa a algunos de los
portavoces: a la cohesión económica y social; a la competitividad
económica, la pesca, el mercado interior, la cooperación al desarrollo
con terceros países y al presupuesto comunitario. Cuando estamos
hablando, señorías, de reformas en el sistema de decisiones de la Unión,
por si alguien no lo ha entendido, nos estamos refiriendo a políticas
concretas que afectan cada día a los ciudadanos, y nosotros, lejos de
hacer la demagogia de ponernos al frente de la manifestación, tenemos la
responsabilidad, el Gobierno en primer lugar, de ofrecerles soluciones,
como estamos haciendo en el texto que aquí se ha intentado despreciar.
Se extienden, señorías, en ese dictamen, las competencias del Parlamento
Europeo y se simplifican y disminuyen los procedimientos de consulta,
decisión y dictamen conforme. Se impulsa una mayor participación de los
parlamentos nacionales en las actividades de la Unión. Se da un paso más
relacionado con la dimensión política de Europa hacia su realidad
económica y se solicita que se establezca un sistema propio de defensa
con un sistema progresivo de integración en la Unión Europea de la Unión
Europea Occidental.
En las regiones se ha atendido en gran parte a las comunidades autónomas
que han dado su opinión en la conferencia sectorial para asuntos
europeos. Se incorpora, por tanto, una gran número de las demandas de las
comunidades autónomas españolas para su participación en la realidad
europea, pero lo hacemos conociendo y sabiendo que muchos de los Estados
de la Unión no tienen comunidades autónomas, ni siquiera tienen entes
regionales y que esto, por tanto, hay que coordinarlo con catorce países
más para que se pueda llevar a cabo.
Tenemos una pequeña discrepancia, señorías, no de fondo, sino en aquello
que nosotros consideramos que fue un error conceptual del señor Aznar en
la presentación de las conclusiones del Consejo de Dublín en materia de
asilo. Fruto de la necesidad de vender algún logro en política europea,
seguramente condicionado por los éxitos que España había obtenido en
algunas de las políticas, como el estatuto especial para Canarias o como
las políticas de fondos estructurales y de cohesión, el señor Aznar en el
primer Consejo en el que se sintió Presidente del Gobierno necesitó
vender el logro del asilo, y lo hizo equivocadamente desde un punto de
vista conceptual. Habló de eliminar el asilo político en la Unión
Europea. Gran error. Y ahora nosotros le pedimos que desarrolle
exactamente el texto acordado en el Consejo de Dublín a lo que el Grupo
Popular, curiosamente, se ha opuesto, y nos hemos quedado en minoría en
la Comisión. Simplemente es una posición para pedir responsabilidad al
máximo responsable del Gobierno de nuestro país cuando haga declaraciones
ante esta Cámara o declaraciones públicas, que fueron mucho más
contundentes, haciendo creer al conjunto de los ciudadanos que ese
problema estaba ya resuelto para siempre, cuando ahora llevamos ya seis
meses intentando ver si encontramos una solución mínimamente
satisfactoria para nuestros intereses.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo, señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Acabo, señor Presidente.
Dicho esto, que es la única crítica que tenemos a este documento,
establecemos también condiciones que impiden la involución de la Unión
Europea en su proceso de integración, cosa que es importante en el
momento en que vivimos, porque hay Estados de la Unión que o bien quieren
renacionalizar algunas competencias o bien quieren hacer una Unión o un
núcleo duro de la Unión en el que participen sólo los países más
avanzados y los países mejor situados económicamente de la Unión Europea.
Establecemos esas condiciones
fijando limitaciones a la flexibilidad y solicitando que en materia de
subsidiariedad se mantengan las declaración de Edimburgo y de Birmingham.
Con nuestras aportaciones, señorías, deseamos contribuir a disipar las
dudas sobre la voluntad de integración europea. Contribuimos a preservar
el instrumento que ha generado las mayores cotas de bienestar desde la
cohesión económica y social de sus ciudadanos desde la libertad, desde la
paz y desde la seguridad. En este camino, señorías, encontrarán todos los
grupos de la Cámara al Grupo Parlamentario Socialista. A aquellos que
opten por aislarse del contexto de la realidad en un discurso populista y
fácil les damos todo el derecho a hacerlo, pero que no busquen nuestra
complicidad para llevar a nuestro país a un lugar del que no sabemos cómo
se regresa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
Finalmente, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Martínez
Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, me es especialmente grato estar hoy en esta tribuna en nombre
del Grupo del Partido Popular, porque esto demuestra que el compromiso
del Gobierno y de mi grupo parlamentario de tener permanentemente
asociado e informado a este Parlamento en los temas referentes a la Unión
Europea es una realidad. Y quiero agradecer al Ministro su presencia en
este largo debate, al igual que esta mañana en la reunión de la Comisión
Mixta para la Unión Europea, así como también la colaboración que
personalmente él y todo el equipo del Ministerio de Asuntos Exteriores
nos han prestado, tanto a nivel de subcomisión como a nivel de Comisión,
que ha hecho posible la elaboración de este informe y de este dictamen.
Quiero resaltar como han hecho los compañeros que me han precedido en el
uso de la palabra la importancia de la CIG, de la Conferencia
Intergubernamental, importancia que vino marcada ya en el Tratado de
Maastricht y que viene también dada por ser requisito previo para que
empiecen las negociaciones sobre la ampliación: adecuar las instituciones
de la Unión Europea para hacer frente a la ampliación.
¿Seremos capaces de finalizar la Conferencia, tal como estaba previsto,
los días 16 y 17 de junio, en Amsterdam tras los últimos acontecimientos?
No lo sé. La importancia política de los temas y el riesgo de que el
fracaso o el retraso incidan en las otras cuestiones que se han
denominado agenda de Madrid --negociaciones para llevar a cabo la
ampliación, negociación de las perspectivas financieras para el año 2000,
etcétera-- hacen muy recomendable que la CIG concluya sin retrasos, pero
esto no puede realizarse a cualquier precio, ya que la definición de una
reforma institucional capaz de hacer funcionar eficaz y democráticamente
a la Unión Europea ampliada es una exigencia irrenunciable para que la
Conferencia pueda concluir.
Señorías, nos encontramos ante un proceso de defensa de los intereses de
España en el seno de la Unión Europea que en lo que se refiere a esta
Conferencia comenzó durante la legislatura pasada con aquel grupo de
reflexión, presidido por un español, que se encargó, a tenor de las
propuestas de los Estados miembros, de identificar y fijar los capítulos
o puntos de la reforma. Este Gobierno ha recogido la antorcha,
continuando en unos casos con la defensa de las propuestas formuladas y
en otros formulando propuestas nuevas. En este proceso de negociación ha
habido, como ya decía esta mañana, luces y sombras y, al final, como
sucede en toda negociación y como sucede siempre en democracia, triunfan
unas tesis o triunfan a medias, fracasan otras y triunfa siempre la
democracia y en este caso triunfa el proceso de construcción europea, que
se realiza poco a poco, al ritmo que marcan los impulsos políticos y el
sentir popular de los distintos Estados miembros y de sus ciudadanos. Es
la Europa de los Estados y la Europa de los ciudadanos.
Ahora es el momento de apoyar la labor negociadora del Gobierno y de su
Presidente. El Grupo del Partido Popular está satisfecho de esa labor
negociadora del Gobierno. El dictamen de la Comisión Mixta para la Unión
Europea de 29 de diciembre de 1995, en la legislatura anterior, fijó como
principios inspiradores de la construcción europea la democracia, la
transparencia y la eficacia. En este sentido se trataba de acercar a los
ciudadanos la Europa que nos ocupa y, por lo tanto, de potenciar las
políticas de empleo y el establecimiento progresivo de una zona de
libertad, de seguridad y de justicia.
Este Gobierno, tal y como había hecho el Gobierno anterior, ha tomado
este tema como una de sus prioridades y se mostró satisfecho cuando, en
Dublín, se acordó un mandato en el Consejo Europeo sobre el asilo de
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, teniendo en
cuenta los tratados internacionales y, por supuesto, el respeto a sus
propios preceptos constitucionales.
En estos momentos, el resultado que se perfila tras la larga negociación
no es maximalista ni minimalista, sino posible y aceptable.
Nos satisface en tanto en cuanto imposibilita la manipulación de esta
valiosa institución para fines para los que no está prevista. A España le
cabe el honor de haber iniciado un profundo debate en este punto, lo que,
al final, habrá permitido, como todos esperamos, llegar a una solución
que, como acabo de decir, nos parece satisfactoria.
Señorías, señor Presidente, nos satisface la buena acogida que ha tenido
la propuesta española, francesa y portuguesa sobre el estatuto permanente
de las regiones ultraperiféricas. Nos satisface porque es importante
para las islas Canarias, pero me gustaría aclarar que lo que pedimos y va
a ser una realidad no es ningún privilegio especial, sino tan sólo el
reconocimiento que históricamente han visto garantizado: que sus
características especiales imponen un status y un régimen específico
propio. Por eso, no se trata de pedir algo especial, sino de constatar
algo, de plasmar algo que ya existe y es de justicia.
Menos cerrado está a estas alturas --y mal que nos parece-- el apartado
de la reforma institucional, imprescindible para la ampliación, pero
somos conscientes --siempre lo hemos sido-- de que el acuerdo global, que
hará referencia al Consejo y a la Comisión, sólo se conseguirá en el
último minuto de la negociación. Reponderación de votos, doble mayoría,
son dos posible soluciones; no entraré en ellas, porque de lo que se
trata es del mantenimiento, y en su caso la mejora, del peso específico
de España en las instituciones y en el proceso decisorio. Como hemos
dicho antes, democracia, transparencia y eficacia; instituciones que
reflejen mejor a los Estados y al número de sus ciudadanos, que funcionen
con transparencia y con eficacia, que estén sujetas al control
democrático del Parlamento Europeo o de los parlamentos nacionales.
Creemos que las distintas soluciones que se perfilan en este momento
contribuirán a mejorar el Estado actual y, en cualquier caso, irán más
allá y mejorarán el equilibrio precario, insuficiente pero útil en su
momento, alcanzado con el acuerdo de Ioannina. Nuestros negociadores se
están esforzando para que el Comité de las Regiones salga tan reforzado
como sea posible. Digo esto respondiendo a las inquietudes manifestadas
por algunos portavoces parlamentarios que me han precedido en el uso de
la palabra. Esto supone un gran avance respecto de las tesis contenidas
en nuestro dictamen de 29 de diciembre de 1995, que viene aconsejado por
las peculiaridades propias del Estado español, de sus regiones y de sus
nacionalidades, que cuentan con un ámbito de participación a nivel
interno en la conferencia de asuntos relacionados con la Comunidad
Europea.
Todos estos asuntos no son de fácil aceptación por parte de algunos
socios comunitarios con una organización territorial distinta del Estado.
Sin embargo, el Gobierno español se ha comprometido a hacer todo lo
posible para que nuestras tesis salgan adelante: potenciación de la
legitimación democrática de sus miembros, fortalecimiento de su capacidad
administrativa y organizativa, ampliación de sus funciones consultivas,
especialmente en lo que se refiere a la cooperación transfronteriza, y
reconocimiento de la legitimación activa del Comité de las Regiones ante
el Tribunal de Justicia en defensa de sus propias competencias.
En este momento cobran especial protagonismo las propuestas españolas
tendentes a la protección del mercado interior, sin el cual
desaparecerían las bases de la Unión Europea, y por ello nos
congratulamos de la propuesta española para la modificación del artículo
100.A del Tratado de la Comunidad Europea para una aplicación uniforme y
eficaz de las disposiciones relativas al mercado interior, que para
España resulta de gran importancia para salvaguardar la libre circulación
de mercancías frente a acciones unilaterales de otros Estados o de otros
ciudadanos de la Unión. Son sangrantes en estos momentos y desde hace
bastantes semanas los asaltos a nuestros transportistas, a nuestras
frutas y hortalizas en algún país miembro de la Unión, tema recurrente
desde 1986, año en que entramos en la Unión Europea. Espero que, de una
vez por todas, sentemos las bases para encontrar una solución
satisfactoria.
Asimismo, consideramos adecuado el tratamiento dado a la propuesta
británica sobre la política pesquera que el Reino Unido presentó en forma
de protocolo anejo al Tratado y que establecía que la participación
mayoritaria de la propiedad y la tripulación de los barcos que faenan en
la costa de un Estado miembro fueran de la propiedad de éste.
Tengo que decir que la réplica española, dentro de la más pura doctrina
del Tribunal de Justicia de Luxemburgo y de la defensa de los intereses
de nuestro sector pesquero, ha tenido por efecto que la presidencia no
incorpore en su documento la discusión de la llamada quota-hopping, que
vulnera rotundamente las libertades del mercado interior. En este
sentido, quiero expresar mi más profunda felicitación al Ministro de
Asuntos Exteriores, como lo hice en su momento a la Ministra de
Agricultura, por su negociación tenaz en este capítulo.
Señorías, otras propuestas especiales, como la equiparación de la mujer
al hombre tanto en las política sociales como en las laborales; la
tendencia a potenciar el voluntariado a nivel europeo; la defensa de las
regiones insulares dentro de la línea de la declaración de Mahón; la
propuesta española sobre el empleo, en la línea de la defendida por
gobiernos anteriores de España en los Consejos de Essen y Madrid,
muestran hasta qué punto el Gobierno en coordinación con este Parlamento,
siempre en coordinación con este Parlamento, es sensible a los diferentes
problemas del Estado español, de sus comunidades autónomas y de sus
ciudadanos.
Por ello, señor Presidente, señor Ministro, señorías, mi grupo
parlamentario presta apoyo y desea todo el éxito posible al Gobierno en
esta fase final de la negociación.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Martínez
Casañ.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve. Se suspende la sesión.
Eran las ocho y diez minutos de la tarde.