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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 85, de 22/05/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 85
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 82
celebrada el jueves, 22 de mayo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
-- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (Núm. Reg. 23400)
(Página 4190)
Enmiendas del Senado:
-- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/1986, de 7 de enero,
por la que se crea el Consejo General de Formación Profesional. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 24-1, de 15 de noviembre de
1996 (número de expediente 121/000022) (Página 4191)
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Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-- Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula la utilización de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 16-1, de 4 de octubre
de 1996 (número de expediente 121/000014) (Página 4191)
Tramitación directa y en lectura única:
-- Proyecto de Ley por el que se aprueban y declaran de interés general
determinadas obras hidráulicas (número de expediente 121/000056) (Página 4200)
-- Proyecto de Ley por el que se aprueba el programa PREVER, para la
modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la
seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente (número de
expediente 121/000060) (Página 4200)
Ampliación de plazo:
-- Ampliación de plazo para la finalización de los trabajos de la
Comisión de Investigación sobre tramitación de expedientes de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (número de expediente 152/000001)
(Página 4200)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Continuación):
-- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 25-1, de
18 de diciembre de 1996 (número de expediente 121/000023) (Página 4200)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-- Proyecto de Ley de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las
Instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre
cesión de determinados derechos de crédito de la Administración General
del Estado. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 39-1, de
10 de abril de 1997 (número de expediente 121/000037) (Página 4213)
Votación de conjunto:
-- Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula la utilización de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos
(número de expediente 121/000014) (Página 4224)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana, con carácter secreto, para
debatir sobre el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados
sobre declaraciones de actividades de señores Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Enmiendas del Senado (Página 4191)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/1986, de 7 de enero, por
la que se crea el Consejo General de Formación Profesional (Página 4191)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la
que se modifica la Ley creadora del Consejo General de Formación
Profesional, se aprueban por 235 votos a favor y dos abstenciones.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 4191)
Proyecto de ley orgánica por la que se regula la utilización de
videocámara por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos
(Página 4191)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica,
intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla,
de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Navas Amores, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barrero López,
del Grupo Parlamentario Socialista, y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario
Popular; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y el señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Sometidas a votación las enmiendas presentadas al proyecto del ley
orgánica por la que se regula la utilización de videocámara por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, son rechazadas.
Sometido a votación el dictamen del proyecto de ley, es aprobado por 286
votos a favor y 14 en contra.
Tramitación directa y en lectura única (Página 4200)
Proyecto de ley por el que se aprueban y declaran de interés general
determinadas obras hidráulicas (Página 4200)
El señor Presidente comunica a la Cámara que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, ha decidido someter al Pleno la tramitación directa y en
lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley por el que se
aprueban y declaran de interés general determinadas obras hidráulicas, lo
que se aprueba por asentimiento.
Proyecto de ley por el que se aprueba el programa Prever, para la
modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la
seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente (Página 4200)
Asimismo, el señor Presidente comunica a la Cámara que la Mesa, oída la
Junta de Portavoces, ha decidido someter al Pleno la tramitación directa
y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley por el que se
aprueba el programa Prever, para la modernización del parque de vehículos
automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección
del medio ambiente, lo que se aprueba por asentimiento.
Ampliación del plazo (Página 4200)
Ampliación de plazo para la finalización de los trabajos de la Comisión
de Investigación sobre tramitación de expedientes en la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria (Página 4200)
El señor Presidente informa a la Cámara de la solicitud de la Comisión de
Investigación sobre tramitación de expedientes en la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria de ampliación del plazo para la finalización
de sus trabajos ante el Pleno hasta el 30 de junio de l997, lo que se
aprueba por asentimiento.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Continuación)
(Página 4200)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres
(Página 4200)
Al amparo de los apartados 1 y 2 del artículo 72 del Reglamento, y con la
venia del señor Presidente, el señor Cabrera Pérez-Camacho, del Grupo
Parlamentario Popular, da lectura de los artículos 34.b) y 28.2.f) de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y
de la flora y fauna silvestres.
En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas, una vez retiradas las
del Grupo Mixto, intervienen los señores Frutos Gras, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Ros Maorad,
del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno en contra de las enmiendas interviene la señora De Lara Carbó,
del Grupo Parlamentario Popular, replicando los señores Ros Maorad, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Frutos Gras, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y duplicando la señora De Lara
Carbó.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri
Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV, y Companys Sanfeliu, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometidas, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechazan por 141 votos a
favor, 166 en contra y una abstención.
Sometidas a votación, en segundo lugar, las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, se rechazan asimismo por 139 votos a favor y
169 en contra.
Sometidas a votación, en tercer lugar, las enmiendas técnicas presentadas
por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, se aprueban por
asentimiento.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión, se aprueba por 171 votos
a favor, 131 en contra y seis abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 4213)
Proyecto de ley de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las
instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre
cesión de determinados derechos de crédito de la Administración General
del Estado (Página 4213)
Para la presentación del proyecto de ley, en nombre del Gobierno,
interviene el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). Pone
de relieve el escaso desarrollo del mercado de viviendas en alquiler, por
lo que el Gobierno considera necesario estimular y potenciar el
crecimiento del parque de viviendas en alquiler tanto desde el punto de
vista económico como desde el punto de vista social. Añade que el
proyecto de ley que hoy presenta el Gobierno a la Cámara modifica
determinados aspectos de la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre el régimen
de las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y regulación de los
fondos de titulación hipotecaria que, en opinión del Gobierno, han sido
causa del escaso desarrollo de estas figuras y, en definitiva, del
incumplimiento del objetivo que se les atribuía. Se remite a la
descripción que se hace de la situación de las instituciones de inversión
en la Memoria de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 1996,
donde se señala que el exiguo interés que sigue despertando la inversión
colectiva inmobiliaria queda patente en la evolución de sus magnitudes de
referencia, que la actividad en el Registro de sociedades de inversión
inmobiliaria sigue siendo nula y que los promotores de los dos únicos
nuevos expedientes autorizados en 1996 desistieron finalmente de su
proyecto.Por lo tanto parece claro que la normativa vigente en siete años
no ha servido para estimular la implantación y desarrollo de las
instituciones de inversión inmobiliaria, en contraste con lo que ha
ocurrido en otros países y con la experiencia de otros instrumentos de
inversión colectiva en España.
A continuación expone que la reforma que el Gobierno trae hoy a la Cámara
abarca los ámbitos financiero y fiscal, introduciendo seis modificaciones
principales, que pasa a explicar.
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, interviene el señor Alvarez Gómez.
Replica el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo),
duplicando el señor Alvarez Gómez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ortiz González, del
Grupo Parlamentario Popular.
En un segundo turno, intervienen los señores Alvarez Gómez y Ortiz
González.
Sometida a votación, en primer lugar, la enmienda de totalidad, se
rechaza por 123 votos a favor, 170 en contra y 14 abstenciones.
Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica por la que se regula la
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
lugares públicos (Página 4224)
Sometida a votación de conjunto el proyecto de ley, derivada de su
carácter de orgánica, se aprueba por 293 votos a favor y 14 en contra.
Se levanta la sesión a la una de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de registro
23.400)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
ENMIENDAS DEL SENADO:
-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/1986, DE 7 DE ENERO,
POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL (Número de
expediente 121/000022)
El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: enmiendas del Senado al
proyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/1986, de 7 de enero, por
la que se creó el Consejo General de Formación Profesional.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación.
Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se
modifica la Ley creadora del Consejo General de Formación Profesional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a
favor, 235; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-- PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE REGULA LA UTILIZACION DE
VIDEOCAMARAS POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN LUGARES PUBLICOS
(Número de expediente 121/000014)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: dictámenes de
comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, dictamen de
la Comisión sobre el proyecto de ley orgánica por la que se regula la
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
lugares públicos.
Subsisten enmiendas de los grupos parlamentarios Mixto, de la señora
Lasagabaster, de Coalición Canaria, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Socialista.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Lasagabaster. (Rumores.) Un momento, señora Lasagabaster.
Señorías, ruego a quienes tengan que abandonar el hemiciclo
temporalmente, que lo hagan en silencio. (Rumores.) Señorías, guarden
silencio. Incluso quienes tienen que intercambiar documentación de
cualquier naturaleza, guarden silencio, por favor.
Puede comenzar.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna para defender las enmiendas
vivas, y también en nombre del Bloque Nacionalista Galego, para
establecer la posición final de nuestra votación en relación a este
proyecto de ley.
Iniciamos la tramitación de este proyecto con los debates de totalidad el
31 de octubre de 1996, y planteábamos ya en aquel debate nuestra posición
inequívoca y contraria a la tramitación de este proyecto de ley.
Entendíamos que el proyecto de ley no era oportuno y podía tener
consecuencias graves e importantes para derechos y libertades
fundamentales, como el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, al
secreto de las comunicaciones y, en el fondo, a derechos que afectan a
todos los ciudadanos. Igualmente entendíamos, y seguimos entendiendo, que
el objetivo para el que se estaba tramitando no era un objetivo que se
podía cumplimentar con este proyecto de ley, es decir, que no iba a ser
eficaz para lo que se pretendía y, por el contrario, suponía un grave
daño para el conjunto de los ciudadanos. Esa fue y esa es nuestra
postura, y así lo hemos defendido a lo largo de la tramitación. Sin
embargo, hemos participado activamente a la hora de presentar enmiendas
cuyo objetivo final no era otro que el de establecer mayores garantías,
mayores sujeciones para poder evitar lo que nosotros ya señalábamos.
En este sentido, varios grupos hemos presentado enmiendas, de las que se
han recogido bastantes, habiendo quedado vivas tres enmiendas que tienen
el mismo objetivo: tratar de establecer mayores garantías respecto de
estas circunstancias. Son tres enmiendas, una, al artículo 2, y dos al
artículo 8, en las que pedimos, por ejemplo, la eliminación de conceptos
tan genéricos como el de actividades preparatorias u otra cuestión
fundamental cual es la de la custodia de las cintas, en la que
entendíamos que la comisión era la que debía ser responsable y
competente.
En cualquier caso, a pesar de esta serie de enmiendas que se han
aceptado, mantenemos la misma postura respecto al fondo del asunto.
Primero, creemos que va a suponer unos graves perjuicios para una
generalidad de ciudadanos que nada tienen que ver con las cuestiones por
las que se presenta este proyecto de ley y, por el contrario, nos
encontraremos que no va a ser eficaz para aquellas cuestiones que
pretende.
En cualquier caso, votaremos en contra del conjunto del dictamen, y por
supuesto, del proyecto de ley, y mantenemos vivas esas enmiendas que
creemos que
pueden ser importantes para establecer mayores garantías en estas
cuestiones.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria solamente ha mantenido viva
una enmienda para este debate en Pleno, enmienda dirigida al artículo
3.1. Nosotros discrepamos en su momento tanto del informe de la ponencia
como del dictamen de la Comisión porque el proyecto que viene de la
Comisión, recogiendo lo que decía la ponencia y el texto del proyecto del
Gobierno, dice que, dentro del órgano colegiado que tiene que dar la
autorización para las instalaciones fijas de videocámaras en los espacios
abiertos urbanos, en las calles o plazas de los municipios, habrá un
representante de la justicia en la figura de un magistrado. Nosotros
proponemos que sea el ministerio fiscal porque, como quien va a tener que
resolver los recursos conteciosos-administrativos que se planteen es el
Tribunal Superior de Justicia de la respectiva comunidad autónoma, sería
chocante que un magistrado de esta propia Administración de justicia de
la comunidad autónoma fuera después desautorizado por la propia
estructura judicial y de magistrados que tiene allí.
En nuestra enmienda hay algo que tiene un valor significativo para
Coalición Canaria y es que en este órgano de decisión de la comisión
correspondiente esté el alcalde-presidente del ayuntamiento o del
municipio. Aquí es donde nosotros consideramos que, de aprobarse el texto
tal como viene, en el ayuntamiento o en el municipio donde traten de
ponerse videocámaras en las calles, plazas y espacios abiertos se van a
plantear litigios, porque el alcalde, el ayuntamiento, con la ordenanza
municipal en la mano, con su ley de régimen local, es el órgano superior
definitivo para dar licencias y cobrar la tasa correspondiente, en su
caso, de cualquier artilugio o instalación visible que se ponga en las
vías públicas. Claro, si se va a instalar una videocámara en un espacio
abierto me da la impresión que si no se cuenta con el dictamen del
ayuntamiento correspondiente va a durar muy poco tiempo en la calle esa
instalación fija de videocámaras.
Por eso, y con esto termino, señor Presidente, nosotros proponemos en
nuestra enmienda que se recoja en el texto tanto la presencia en la
comisión del ministerio fiscal como, y fundamentalmente, del
alcalde-presidente del ayuntamiento en el que se vaya a hacer la
instalación fija de las videocámaras, por las razones que he expuesto en
relación con las ordenanzas municipales y las leyes competenciales de la
Administración local en España.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor Presidente.
Con este acto acabamos un proceso que se inició, por el método de
urgencia, allá por el verano de 1996. Ahora, en la primavera de 1997, nos
encontramos intentando finalizarlo. Se trata de un proceso con una
urgencia un tanto sui generis, puesto que nace en un momento en el que
hay una tensión social importante, fruto de una incidencia grave a
consecuencia de la agitación callejera promovida por el MNLV en Euskadi,
y con la colaboración del Consejero de Interior del Gobierno vasco y del
Ministro de Interior, Mayor Oreja, para intentar dar respuesta a un
fenómeno determinado que se desarrolla en un territorio concreto de este
país. De ahí que nosotros, en su momento, analizáramos y pusiéramos de
relieve este elemento que consideramos fundamental: la regionalización de
esta ley.
Se trata de una ley que, a lo largo del proceso de enmiendas, se ha visto
modificada con la aceptación en su totalidad, al menos de forma
transaccional, de 50 enmiendas, una cifra que en un primer momento podría
suponer una aportación importante en cuanto al fondo de la ley pero que,
desde nuestro punto de vista, son enmiendas que sobre todo han
sustanciado algunas deficiencias técnico-jurídicas que incorporaba el
borrador original. Quizá ahí si se recoge o confirma ese proceso de
urgencia de hace casi un año, urgencia que supone la elaboración de un
borrador de ley con esta serie de deficiencias importantes. Algunos de
los cambios que se han introducido en la ley no son tan superficiales y
sí han disminuido el efecto que podía tener en cuanto a la afectación de
derechos fundamentales la aplicación de esta ley. Con esto hago
referencia a la posibilidad de grabar sonidos, un elemento que ha quedado
algo mediatizado por la incorporación de alguna de las enmiendas, a pesar
de que esas enmiendas se han incorporado en el último momento del plazo
abierto, por agotar la posibilidad de llegar a acuerdos. Son unas
enmiendas aceptadas con nocturnidad por lo avanzado de la hora, y de
alguna forma nos hubiese gustado que en un proceso abierto, como el que
ha habido en esta ponencia, se hubiera podido debatir en profundidad a lo
largo de tantos días y tantas reuniones como hemos tenido ocasión de
celebrar.
Mi grupo mantiene vivas una serie de enmiendas que se sitúan en cuatro
grandes grupos: unas que afectan a la autorización de las videocámaras,
distinguiendo algo que en la ley no queda suficientemente claro y es
quién autoriza la instalación y quién autoriza el uso de la instalación.
Pensamos que es fundamental la diferenciación
de esos dos términos. Respecto a la instalación, mantenemos que debe ser
la autoridad gubernativa --el hecho de instalar una máquina es un simple
hecho mecánico--, y el otro elemento que ya no es tan mecánico y que sí
es el elemento clave, el que pretende regular esta ley, es el uso que se
pretende hacer de esas instalaciones. Entendemos que la figura adecuada
para esa autorización debe ser el juez, porque es la persona que puede
analizar la proporcionalidad entre el medio que se utiliza y el fin que
se pretende conseguir y, sobre todo, porque es una garantía más para la
validez probatoria de lo que allí se pueda filmar.
El segundo gran grupo de enmiendas hace referencia a los criterios de
utilización, los principios y los fines, haciendo hincapié en que los
elementos --en este caso la comisión, que es como viene en el proyecto de
ley-- para dictaminar sobre las videocámaras tienen que fundamentarse
básicamente en los los principios incorporados en la propia ley que,
desde nuestro punto de vista, son tan genéricos, tan amplios que
posibilitarán un uso indiscriminado de este modelo de grabaciones. Por
eso, entendemos que las garantías deberían haber sido redactadas con una
mayor concreción jurídica.
El tercer gran grupo de enmiendas que presentamos es sobre los aspectos
procesales que vienen destinados a que en base a los derechos que se
pueden afectar la forma de recurrir de los afectados ante la
Administración debía ser un proceso lo más rápido posible y no un proceso
administrativo largo que se va extendiendo en el tiempo. Esto es,
suprimir todo ese proceso que viene incorporado a la ley por el derecho,
la solicitud de amparo ordinario, que llevaría a una resolución mucho más
rápida de un proceso sobre una grabación.
El cuarto grupo de enmiendas que mantenemos hace referencia a las
disposiciones adicionales, eso que algunos han venido a llamar algo que
se ha añadido a la ley y que no tiene una relación directa con la
vídeovigilancia --que algunos nos hemos extrañado al verlo incorporado en
este proyecto--, que son las afectaciones al derecho de reunión, que
llamamos nosotros, algo que en el proyecto de vídeovigilancia no tenía
mucho encaje, pero que si encaja con la filosofía con la que nace la ley,
que es actuar sobre un tipo de violencia concreta en ese territorio
determinado.
Para acabar, nosotros consideramos fundamental en este proceso la
evaluación de los resultados que se vayan obteniendo en la aplicación de
esta ley. ¿Por qué? Porque el principio fundamental de la
constitucionalidad, del ajuste al Estado de Derecho de esta ley se basa
en esa proporcionalidad, en esa ponderación, y lo que nosotros hemos
intentado incluir en el proyecto, aunque no ha sido aceptado, es la
posibilidad de que la Cámara tuviese información pormenorizada para,
periódicamente --nosotros introducíamos la expresión semestralmente,
aunque el plazo de seis meses era negociable, como se han negociado otros
plazos--, poder evaluar si los resultados que estábamos obteniendo eran
equiparables a la afectación de derechos que se puede producir. Esto es
fundamental para que este proyecto de ley pueda encajar dentro del
ordenamiento jurídico español, dentro de las libertades. Si no se hace
así, este proyecto de ley, evidentemente, afectará esos derechos, y
difícilmente --es casi imposible, a nuestro juicio-- podrá llegar a
cumplir los objetivos tan genéricos y tan amplios que están incorporados
en el proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navas Amores.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, sólo permanece viva una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista a este proyecto, la enmienda número 94, y no en su redacción
completa sino sólo en uno de sus apartados, consecuencia de la aceptación
en buena medida de las enmiendas presentadas por mi grupo a este proyecto
de ley, de las planteadas por los demás grupos y de manera especial por
el Grupo Parlamentario Popular.
Voy a describir de manera muy rápida el contenido de la enmienda que se
mantiene viva. Se trata de la no aceptación del magistrado que aparece en
el proyecto de ley como presidente de la comisión que, como órgano
colegiado, autoriza la instalación de las videocámaras fijas, por
entender que, de mantener el proyecto de ley la figura del magistrado, se
podría dar lugar a una clara confusión entre poderes y también, sin duda
alguna, porque podría resultar lesivo para la imparcialidad objetiva de
esta comisión. En la enmienda sugerimos la posibilidad de que sea el
fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia correspondiente quien
presida esta comisión. No estamos cerrados a que sea sólo un funcionario
de estas características quien la presida, podría ser otro. Además,
apelamos a que en otros trámites se reflexione seriamente sobre esta
cuestión, que no es de forma sino un cuestión importante de fondo.
Piénsese que este órgano estrictamente administrativo va a sufrir en
muchas de sus actuaciones recursos administrativos y
contencioso-administrativos que van a ser vistos en vía judicial, como
corresponde a un recurso de estas características, y, sin embargo, el
acto administrativo previo va a ser firmado en su resolución por un
magistrado y además miembro del Tribunal Superior de Justicia y,
concretamente, de su presidencia. Por tanto, el Grupo Parlamentario
Popular y el resto de los grupos deben reflexionar seriamente sobre lo
que no parece sino una clara confusión entre poderes y que agiliza poco
los trámites de posibles recursos. Confiamos, señor Presidente, en que en
los distintos
trámites parlamentarios pueda ser objeto de reflexión y de resolución
favorable, y advierto también que designamos un miembro de la Agencia de
Protección de Datos por razones obvias, propuesta que también debería ser
objeto de estudio.
Dicho esto, puesto que esta es la última intervención de mi grupo
parlamentario en relación con este proyecto de ley, quisiera hacer una
brevísima reflexión de lo que ha sido el trámite parlamentario y de lo
que ha sido la posición de mi grupo parlamentario en el debate de este
proyecto de ley.
Como dijimos en su momento desde la tribuna, consideramos que es una ley
importante. La posición del grupo parlamentario, como no podía ser menos,
ha sido una posición de responsabilidad. Creemos que desde hace un año
venimos dando muestras claras de saber diferenciar aquellas materias que
consideramos de confrontación legítima partidista de aquellas en las que
el consenso y la participación positiva del primer grupo de la oposición
es necesaria, y esta es una de ellas, por configurar un instrumento
parlamentario para el que el Gobierno nos pide, en cuanto autor de la
política antiterrorista y de la política de seguridad del Estado, nuestro
ayuda, apoyando también el proyecto como grupo parlamentario. Mi grupo da
este instrumento parlamentario al Gobierno de la nación, concretamente al
Ministerio del Interior, pero no deja de advertir, como hizo ya en la
tribuna, algo que, de no decirlo, no sería consciente de la
representación que tiene y de su sensibilidad hacia estos temas, como
grupo que ha tenido responsabilidades de Gobierno. Señor Ministro,
dudamos de su eficacia, lo dijimos, pero usted ha pedido este instrumento
al Parlamento, se lo ha pedido a nuestro grupo parlamentario y se lo
damos; sobre todo teniendo en cuenta que, como consecuencia del talante
de los demás grupos, pero de manera especial del Grupo Parlamentario
Popular, en vía parlamentaria ha sido aceptada de buen grado la inmensa
mayoría de las enmiendas del Grupo Socialista, dirigidas casi todas ellas
a no rebajar en nada la posible eficacia de la ley y a aumentar las
garantías de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos.
Por tanto, visto ese talante, aceptadas esas enmiendas y conocida la
responsabilidad del Grupo Parlamentario Socialista en estos temas, sólo
nos queda decir, señor Ministro, que ojalá el talante que el Grupo
Parlamentario Popular ha mostrado en este proyecto de ley fuera más
amplio, de manera tal que aquellos temas que todas las naciones, al menos
en nuestro ámbito cultural, consideran responsabilidad de todos o
cuestiones de Estado, como se dice de manera eufemística --por ejemplo,
financiaciones autonómicas, problemas que incidan en la cohesión
territorial, etcétera--, pudieran ser amparados en un talante tan
negociador, tan abierto como el que ha tenido el Grupo Parlamentario
Popular en este proyecto de ley. El grupo parlamentario tiene nuestro
aplauso en este trámite y les instamos para que también en otros temas de
responsabilidad de Estado se mantenga, se imponga y se consolide este
talante.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Concluimos hoy en esta Cámara la tramitación de un proyecto de ley de
videovigilancia que para nosotros ha tenido tres referencias
fundamentales. Hemos entendido que era un importante instrumento en orden
a reforzar el equilibrio de los valores de libertad y seguridad, sin
prevalencia ni menoscabo de ninguno de ellos. Hemos entendido que era un
instrumento básico en orden a reforzar la cohesión interna de nuestro
ordenamiento jurídico, precisamente al aportar una regulación específica
para el uso de videocámaras por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Finalmente, como tercera idea capital, hemos entendido que
este proyecto venía a reforzar las garantías del ciudadano precisamente
frente a esas técnicas policiales y precisamente también al cubrir un
vacío legal existente al respecto.
Este proyecto se gestó en origen en orden a una doble aspiración; doble
aspiración a la que entre todos hemos sabido dar cuerpo y efectividad a
lo largo de este trámite parlamentario, como recordaba hace unos
instantes el portavoz del Grupo Socialista. Es decir, que el diálogo y el
consenso fueran el gran instrumento de trabajo que permitiera a todos los
grupos dotar a este proyecto de un amplio respaldo político y, en segundo
lugar, que el punto común de encuentro entre todos los grupos, en orden
precisamente a poder construir ese diálogo y ese consenso, fuera
esencialmente el perfeccionamiento de todos aquellos mecanismos que
pudieran servir como elementos de garantía para dejar a salvo, en todo
caso, el valor de la privacidad.
Entendemos, señor Presidente, que estos dos grandes objetivos se han
cubierto de una manera muy notable a lo largo del trabajo en esta Cámara.
El logro del consenso ha quedado reflejado en la intensa actividad
transaccional desarrollada durante la ponencia y durante el debate en
Comisión, de manera que casi un centenar largo de enmiendas han sido
consensuadas, debatidas, analizadas e incorporadas en textos comunes, por
lo que tan sólo 16 de ellas llegan vivas a este acto. En segundo lugar, y
como consecuencia precisamente de lo dicho, el amplio respaldo obtenido
por el proyecto, en cuanto al sentido de la votación de los grupos en el
debate en Comisión, acredita el logro de estos objetivos.
El segundo gran objetivo, como decía, señor Presidente, era esencialmente
avanzar en aquellas manifestaciones
del proyecto que pudieran suponer un mejoramiento del régimen de
garantías. En este sentido, y precisamente con la aportación de todos los
grupos, se ha conseguido, entre otros extremos, dotar a todo el proyecto
de naturaleza de ley orgánica; incrementar los requisitos en orden al
régimen de instalación de videocámaras; se ha fijado la revocabilidad de
las autorizaciones; se han acortado plazos y fijado mejor los términos
del cómputo de otros; se han corregido fórmulas para evitar
manipulaciones de las imágenes y sonidos obtenidos; se han establecido
adecuadas garantías para el ejercicio del derecho de acceso y cancelación
por parte de los ciudadanos; se ha querido ser singularmente claro en la
determinación del régimen de recursos aplicables; se han añadido cautelas
para salvaguardar la responsabilidad de quienes, siendo convocantes de
manifestaciones, sí pusieron todos los medios a su alcance para evitar
daños a terceros; se ha modificado la tipificación de faltas muy graves
en el régimen disciplinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para regular como tal la posible utilización de los medios
técnicos regulados en esta ley para fines distintos de los previstos en
ella; se ha establecido, finalmente, un plazo de un año para que el
Gobierno elabore la normativa correspondiente que permita la aplicación
de los principios de esta ley al ámbito de la seguridad privada.
En ese contexto, y porque responde también al sentido de las enmiendas
planteadas, quiero decir que este régimen de garantías queda consagrado
en orden a algunos contenidos básicos. Como consecuencia del trabajo en
la Cámara, no se podrán tomar imágenes del interior de las viviendas ni
de sus vestíbulos, salvo con autorización de su propietario o, como es
natural, con autorización judicial. No se podrán tomar imágenes en los
espacios públicos señalados en la propia ley cuando se estime que afectan
de forma directa y gravosa a la intimidad de las personas. No se podrán
grabar conversiones de naturaleza privada y las cámaras fijas sólo podrán
grabar sonidos cuando así se autorice por la apreciación de un riesgo
concreto y preciso. Se prevé, finalmente, toda destrucción inmediata de
cualquier imagen y sonido captados accidentalmente.
En relación con las enmiendas que en este momento quedan vivas, señor
Presidente, quiero señalar, en primer lugar, que en todas aquellas que
afectan a diversos extremos de naturaleza o de carácter funcional de la
comisión autorizante --tal y como ya manifestamos en el debate en
Comisión y aunque formalmente en este acto tengamos que votar en
contra--, tenemos intención de aprovechar la tramitación en el Senado
para intentar avanzar en ese diálogo que se ha manifestado en el todo del
proyecto a lo largo del trabajo en esta Cámara. Tendremos ocasión de
hablar y de razonar en el Senado sobre cuestiones que afectan a la
presidencia por magistrado o fiscal de la comisión, cuestiones que
afectan al carácter vinculante o no de los informes emitidos por esta
comisión, cuestiones que afectan a la presencia o no en la comisión de
una representación municipal y muchas otras, siempre con la voluntad de
este grupo parlamentario, tal y como hemos acreditado en el trámite del
Congreso, de intentar llegar al mayor número de acuerdos posible. Me
estoy refiriendo básicamente a las enmiendas 94, del Grupo Socialista, 3,
de Coalición Canaria y 44, de Izquierda Unida.
En cuanto al resto de las enmiendas vivas, esto es las números 21, 31 y
33, de la señora Lasagabaster, y las números 42, 50 a 53, 55 a 58, 62,
63, y 69, de Izquierda Unida, votaremos también en este momento en
contra, sin que ello suponga, en modo alguno, menoscabo de ese clima de
diálogo y de aportación de todos que se ha hecho patente en la
tramitación de este proyecto. Votaremos en contra en orden a las
siguientes razones.
No creemos que deban excluirse del ámbito de esta norma las infracciones
de naturaleza administrativa en materia de seguridad ciudadana.
No creemos que quepa excluir la referencia a las actividades
preparatorias, porque de hacerlo podría resultar que sería legal la
grabación de imágenes y sonidos por videocámaras, pero no los actos
precisos para su instalación, con la gravísima contradicción legal y
material que eso comportaría. No creemos que quepa asimilar el régimen de
autorización de las cámaras móviles a las fijas, dada la naturaleza
distinta del riesgo que justifica el uso de unas u otras. No creemos que
quepa prescindir de elementos de evaluación concretos del riesgo para
definir precisamente en términos legales el uso de uno u otro tipo de
cámaras. No creemos que quepa hacer mayores reducciones de las que ya se
han operado en los plazos, precisamente porque si avanzáramos mucho más
en la cortedad de esos plazos probablemente lo único que estaríamos
estableciendo son unos requisitos de imposible aplicación. No creemos que
quepa atribuir funciones específicas de custodia a la comisión,
precisamente porque estaríamos modificando la naturaleza esencial de esa
comisión, que es una naturaleza esencialmente autorizante y no ejecutiva.
No creemos que sea una aportación especial, como se nos propone en una de
las enmiendas de Izquierda Unida, que el Ministerio del Interior tenga
que resolver las peticiones de acceso y cancelación. Entendemos que el
sistema previsto en el proyecto es mucho más ágil. No creemos que no
quepa introducir, como solicita Izquierda Unida, correcciones en
determinadas leyes orgánicas, precisamente porque hay que precisar mucho
mejor el régimen de responsabilidad frente a daños a terceros, pero sí
insistimos en que el proyecto ha incorporado en el trámite de ponencia y
Comisión garantías suficientes para que los organizadores y convocantes
de estas manifestaciones estén exentos de responsabilidad, siempre que de
una manera clara y suficiente hayan puesto los medios objetivos precisos
para evitar esos daños. Finalmente, no creemos que quepa confundir el
imperativo jurídico incorporado
en este caso a una ley orgánica con lo que es el ejercicio legítimo del
acto de control político, acto político que corresponde desarrollar en su
libre decisión a los grupos de esta Cámara. Todos los grupos de esta
Cámara, sin necesidad de que establezcamos un imperativo jurídico
específico y haciendo uso de sus facultades reglamentarias, tienen la
posibilidad de ejercitar --no cada seis meses, sino en el tiempo que
estimen oportuno, que puede ser mucho más breve-- esa tarea de control
sobre el Gobierno en orden a la aplicación de este proyecto.
Yo creo que el resultado de este trabajo parlamentario, como decía el
señor portavoz del Grupo Socialista, se ha hecho patente, en primer
lugar, en un notable ejercicio de diálogo y búsqueda de acuerdo por parte
de todos y, en segundo lugar, todos hemos puesto en práctica el sentido
auténtico de una política de Estado, de manera que valores tan
trascendentales como la libertad y la seguridad pudieran prevalecer en su
auténtica dimensión, más allá de controversias, probablemente pequeñas,
de signo partidista.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LAZARO: Concluyo insistiendo en la idea que señalaba el
portavoz del Grupo Socialista. Todos hemos podido en este debate, señor
Presidente, dar muestras de que efectivamente pesa mucho más el argumento
que el exabrupto, y que cuando hablamos de cuestiones de trascendencia
para la vida de los ciudadanos y para la propia dimensión de nuestro
Estado, vale siempre mucho más tratar de primar aquello en lo que estamos
de acuerdo que las legítimas diferencias --legítimas, subrayo, pero al
fin y al cabo diferencias-- que nos puedan separar.
Agradecí en Comisión el trabajo, la aportación y el talante de todos los
portavoces de los grupos, y hoy quiero reafirmarlo aquí e incorporar a
ese agradecimiento la colaboración que han prestado a este portavoz mis
compañeros señores Baón y Bueso.
Finalmente, para el conocimiento de todos los grupos, convendría hacer
referencia a la nota técnica que nos han pasado los servicios de la
Cámara, ya que, como consecuencia de la incorporación de diversas
enmiendas en el proyecto de ley orgánica por la que se regula la
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en lugares públicos durante su tramitación en el Congreso de los
Diputados, se observan diversos aspectos sistemáticos en el texto final,
cuya corrección material...
El señor PRESIDENTE: No entre en ello, señor Gil Lázaro, se lo ruego.
Concluya.
El señor GIL LAZARO: Concluyo señalando esos dos aspectos, que convendría
que todos los grupos tuvieran presentes. Uno es la modificación de una
expresión. El texto original de la exposición de motivos decía: el
proyecto de ley tiene casi totalidad de carácter de ley orgánica. Habrá
que sustituirlo por: «tiene carácter de ley orgánica». Por último, como
consecuencia del debate en Comisión, habrá que modificar la numeración de
las disposiciones adicionales, al haberse suprimido la disposición
adicional primera.
Señor Presidente, agradezco a todos los grupos el talante expresado en la
discusión de este proyecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas. (La señora Uría
Echevarría y el señor Guardans i Cambó piden la palabra.)
Rogaría a SS.SS., sin perjuicio de que esto signifique que les niegue la
palabra, que anuncien que van a consumir un turno cuando la Presidencia
convoca a que los grupos se manifiesten al respecto.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Le ruego dispense la actitud tanto de mi grupo como de Convergència i
Unió, pero hemos entendido que se estaba ofreciendo turno a los grupos
que tenían enmiendas vivas. Dándose la circunstancia de que ninguno de
los dos tenemos enmiendas vivas, queríamos intervenir en el turno de
fijación de posición. Si ha habido una confusión por parte de esta
portavoz, ruego que sea disculpada por la Presidencia.
Llegado el trámite de aprobación del dictamen de la Comisión, es un buen
momento para hacer una reflexión sobre el texto que se va plasmando, ya
que la redacción inicial ha quedado notablemente cambiada para mejorar, a
juicio del grupo al que represento, en la tendencia de introducir el
máximo posible de garantías.
Como indicamos en el debate de totalidad del proyecto, la Ley de
Seguridad Ciudadana y la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Continúe, señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Indicaba que tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como la Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado permiten a las distintas policías la
utilización de cuantos medios consideren adecuados para la persecución de
hechos delictivos que causen grave alarma social. Fruto de estas
previsiones legales ha sido la utilización generalizada por las distintas
policías de videocámaras fijas o móviles, cuyas grabaciones tenían
luego desigual fortuna al intentar ser utilizadas ante los tribunales. Se
hacía, por tanto, necesaria una regulación que tuviese dos virtualidades.
Primera, introducir el principio de legalidad en un quehacer policial
lícito ya existente, rodeando la actividad de todas las garantías
necesarias para que resista el contraste con los parámetros de
constitucionalidad en relación con la esfera protegida del derecho a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, con la posibilidad de
control y acceso a lo grabado por parte de los cuidados. Y segunda,
garantizar que lo obtenido tuviese eficacia probatoria en un proceso.
Cuando la Constitución... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Silencio,
señorías.
Continúe, señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Cuando la Constitución contempla en el
artículo 18 el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, establece como núcleo esencial del mismo la inviolabilidad del
domicilio y el secreto de las comunicaciones, requiriendo para incidir en
ellos mandamiento judicial. Esta esfera es escrupulosamente respetada por
el texto del proyecto, que prohibe tomar imágenes en las viviendas y en
los vestíbulos, y aun respecto de los lugares públicos impide que se
capten imágenes en que se afecte de forma directa y grave a la intimidad
de las personas, así como grabar conversaciones de naturaleza privada. De
obtenerse accidentalmente imágenes y sonidos sin estos requisitos...
(Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Uría.
Señorías, les ruego guarden silencio. Señor Robles Fraga, le ruego guarde
silencio. Es prácticamente imposible escuchar la intervención de la
señora Uría, que está realizando un esfuerzo no sólo de síntesis, sino de
aprovechamiento de tiempo al utilizar el micrófono desde el escaño. En
consecuencia, les ruego que guarden silencio.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Decía que, de obtenerse accidentalmente imágenes y sonidos con estos
requisitos, deberán ser --según el texto aprobado en Comisión--
inmediatamente destruidos por quien tenga la responsabilidad de su
custodia.
Creemos que la utilización de estas tecnologías vinculadas a la seguridad
ciudadana no incide en la esfera de la privacidad, cuya garantía
constitucional expresa se circunscribe a las dos manifestaciones
indicadas de inviolabilidad del domicilio y secreto de las
comunicaciones, sino que la incidencia se produce en la esfera de la
libertad, y ésta, en cuanto límite del actuar ajeno, no es un derecho
incondicionado, sino que puede resultar afectado... (Rumores.) El señor
PRESIDENTE: Un momento, señoría.
Señor Peón, se le oye a S.S. desde la Presidencia más que a la señora
Uría. Le ruego guarde silencio.
Continúe, señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Y ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el
recorte, según doctrina jurisprudencial, aparezca como necesario para
lograr el fin previsto. La ley plasma como finalidad de la regulación
asegurar la seguridad ciudadana, la erradicación de la violencia, la
utilización pacífica de las vías y espacios públicos y la prevención del
delito. Las cautelas del texto en salvaguarda de la esfera de la libertad
individual se manifiestan, además, al establecerse los principios de
utilización de las videocámaras, que se dice estarán presididos por el de
proporcionalidad en su doble versión de idoneidad y de intervención
mínima.
Contempla también el proyecto las cautelas y garantías legales de la
obtención de las imágenes y de su uso posterior, con el establecimiento
de un régimen de captación, guarda, utilización y destrucción. Prevé un
régimen distinto para las cámaras fijas vinculadas a la existencia de un
razonable riesgo para la seguridad ciudadana, que en principio sólo
captarán imágenes --fruto de una interesante enmienda introducida en el
texto por el Grupo Socialista--, salvo que se acredite la existencia de
un riesgo concreto y preciso, en cuyo caso se podrá permitir el grabar
sonido y cuya instalación se autorizará por una comisión presidida por el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que deberá fijar
genéricamente el ámbito físico susceptible de ser grabado. La utilización
de las videocámaras móviles se vincula a la existencia de peligro
concreto, y será necesaria la autorización de la autoridad policial. Si
lo grabado son hechos presuntamente delictivos...
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, le ruego que vaya concluyendo.
La señora URIA ECHEVARRíA: Sí, señor Presidente, porque me doy cuenta de
que es absolutamente imposible que lleguen a SS.SS. las opiniones en las
que estoy insistiendo.
Termino insistiendo, como ya han dicho los portavoces de los demás
grupos, en que en la elaboración de este texto en la Comisión y en su
paso por las distintas fases se ha ido plasmando una interesante
problemática jurídica y se ha ido resolviendo en una línea de apertura y
mejora del texto inicial, con el esfuerzo de todos los grupos. Creo que
las cautelas y garantías que se han introducido van a permitir que
contemos con una herramienta judicial interesante, a la vez que se
preservan los derechos de los ciudadanos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, ante todo, pero con el
debido respeto, me permito señalarle que a este portavoz no se le había
dado la oportunidad de pedir la palabra antes y, por tanto, creo que no
ha sido correcta la reprensión cordial que se le ha hecho desde la
Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, la Presidencia respeta siempre las
opiniones de SS.SS., como es su deber, pero la dirección del debate la
ejerce la Presidencia y, por tanto, no ha lugar a su reclamación. Puede
continuar.
El señor GUARDANS I CAMBO: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi grupo recibió en su momento esta ley aceptando los objetivos
políticos y jurídicos con los que se planteó, es decir, la regulación y
la protección de los derechos ante una nueva arma de vigilancia que podía
ser un arma de doble filo. Si, por un lado, la utilización de la
videovigilancia parecía inevitable, como de hecho se estaba produciendo,
parecía oportuno que se tradujera en una norma claramente elaborada cuál
debía ser el alcance del resultado de esas filmaciones. Por otro lado,
recibimos también con un cierto recelo --recelo que nos transmitieron
distintas organizaciones y ciudadanos a título individual-- el hecho de
que ese instrumento de la videovigilancia pudiera convertirse o pudiera
suponer una merma de los derechos y libertades de los ciudadanos. Desde
esta perspectiva, dimos nuestro apoyo inicial a este proyecto rechazando
las enmiendas a la totalidad, pero anunciamos desde la tribuna de este
hemiciclo la presentación de numerosas enmiendas que iban a ir
precisamente en esta línea. De ahí que mi grupo presentara abundantes
enmiendas, básicamente desde tres perspectivas o para intentar cubrir
tres frentes. En primer lugar, y por encima de todo, para proteger los
derechos y libertades de los ciudadanos y mejorar, por tanto, el
contenido de la ley introduciendo más elementos de tutela judicial,
aclarando conceptos que podían quedar oscuros, y, por ello, ir en
perjuicio de la tutela de los ciudadanos, y mejorando globalmente lo que
se pueden llamar las garantías que la ley contiene.
En segundo lugar, mi Grupo proponía --y así lo reflejó en las enmiendas--
la clarificación del reparto de competencias, habida cuenta de que
existen dos comunidades autónomas que tienen competencias de orden
público --una, plenas competencias y, otra, en fase de asunción en este
momento, como es la Comunidad Autónoma de Cataluña--, por lo que sus
autoridades y sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debían de ser las que se
recogieran en la propia ley. Estas enmiendas cobraron todavía mayor
importancia desde el momento en que se decidió, y nos parece correcto,
elevar al rango de ley orgánica la totalidad de la ley y no sólo algunas
de sus disposiciones haciendo imposible, por tanto, la modificación del
texto de la ley por una ley redactada por el Parlamento de Cataluña.
Desde ese momento era todavía más necesaria la perfecta delimitación de
cuáles eran las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado o de la Administración central del Estado y las competencias del
Gobierno Vasco y la Generalitat de Cataluña en este caso.
En tercer lugar, presentamos algunas enmiendas que podríamos llamar
técnico-jurídicas, pero no por ello menos importantes, habida cuenta de
que estamos ante una ley prácticamente sin precedentes en el derecho
comparado y que regula por primera vez un asunto de la importancia de la
videovigilancia, que tiene consecuencias administrativas pero también
netamente penales, todas ellas de procedimiento, sin precedentes más que
en el derecho francés, precedente muy escaso y que ninguna de las fuerzas
políticas aquí representadas consideraba suficientemente ejemplar como
para ser reproducido en su totalidad.
Una vez elaborados los trabajos de la ponencia y finalizadas las
discusiones en la Comisión, aceptadas las enmiendas de unos y otros, el
resultado es una ley que a nosotros nos parece globalmente muy
equilibrada y mucho más garantista de lo que era cuando entró en este
hemiciclo. Por tanto, nos parece --y así lo queremos dejar claro desde
aquí-- que la ley que va desde este Congreso de los Diputados al Senado
es garantista, es una ley que teniendo riesgos para los ciudadanos, como
los tiene cualquier ley que se aproxime al equilibrio, que ha sido el
leitmotiv de todo este trabajo parlamentario, entre libertad y seguridad,
tiene también los mecanismos para proteger esos riesgos y por eso merece
nuestro apoyo. Aunque pueda suscitar dudas acerca de la eficacia final
--y ahí sí que no nos pronunciamos, puesto que será el tiempo el que lo
diga--, sobre todo en uno de los objetivos que pretende, como es la lucha
contra la violencia callejera --uno de los objetivos, que no el único,
porque también en otros ámbitos de peligrosidad en la vía pública podrá
ser utilizada la ley--, ciertamente, la ley que sale de este Congreso no
es una mala ley, es una buena ley.
Señor Presidente, sobre el resto de las enmiendas que quedan vivas por
parte de otros grupos hay un conjunto de ellas acerca de las cuales no
nos pronunciamos o, mejor dicho, nos pronunciamos negativamente, pero sin
dejar clara nuestra opinión sobre el fondo, puesto que vemos tantos
argumentos a favor como en contra. En consecuencia, por decirlo de alguna
forma, nos inclinamos con la mayoría, y si hubiera un cambio de opinión
en el Senado sobre ese punto, también estaríamos dispuestos a modificar
nuestro criterio. Me refiero a las enmiendas que tratan sobre cuál debe
ser el
órgano que presida la comisión que debe decidir la autorización o no de
los instrumentos de videovigilancia. Los grupos Socialista y de Coalición
Canaria insisten en que ese órgano debe estar presidido por el ministerio
fiscal y no por un magistrado. Nosotros entendemos las razones de estos
grupos en este ámbito, pero vemos que existen tantos argumentos a favor
de esa posición como a favor de la posición contraria; existen tantos
riesgos técnicos, jurídicos e incluso políticos en que esa comisión esté
presidida por un magistrado como en que esté presidida por un fiscal. De
ahí que dado que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha querido
dejar este tema abierto, también nosotros --insisto-- nos manifestemos
dispuestos a la negociación, pero dejando claro que existen tantos
argumentos a favor como en contra, y, por tanto, una de las dos opciones
habría de ser asumida.
Para terminar, me parece muy importante destacar, como ya han hecho otros
portavoces --y creo que eso quizá sí merecería la atención de SS.SS.--,
el talante negociador que ha manifestado el Grupo Parlamentario Popular y
el Gobierno, que estaba muy implicado en este proyecto de ley, y también
el trabajo que se ha realizado desde el grupo parlamentario y desde el
Gobierno para aceptar las enmiendas no sólo de mi grupo sino también de
otro grupo y como es muy bueno, de experiencias como ésta, sacar
conclusiones de cara al futuro, nos atrevemos a instar al Gobierno y al
Grupo Parlamentario Popular a que ejemplifiquen con este talante de cara
a otros proyectos de ley que puedan existir en la Cámara, en particular
proyectos de ley que tengan que ver con los derechos y libertades, y
otros, pero fundamentalmente éstos, y aprendan otros ponentes u otros
ámbitos ministeriales de lo que supone un talante negociador y un talante
de apertura no dogmático y dispuesto al diálogo, que ha permitido llegar
finalmente a un resultado como el de esta ley que hoy vamos a aprobar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans.
Vamos, ahora sí, a proceder a la votación.
Votaciones de las enmiendas, a las que seguirán en otro momento las del
proyecto en su conjunto como ley orgánica. Votaremos por tanto ahora las
enmiendas que quedan vivas de los grupos parlamentarios.
Quiero anunciar al Pleno que, tras ello, someteré a votación, en su caso
por asentimiento, algunas decisiones y propuestas de la Mesa y la Junta
de Portavoces y que la votación de carácter orgánico sobre este proyecto
de ley de utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado se producirá al final del desarrollo del orden del
día, es decir, tras el debate del dictamen de la Comisión sobre el
proyecto de ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres,
y del debate de totalidad sobre el de reforma del régimen jurídico y
fiscal de instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria
y cesión de determinados derechos de crédito de la Administración.
Votaciones, por tanto, de las enmiendas presentadas al proyecto de ley
orgánica por la que se regula la utilización de videocámaras por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. En primer lugar,
votamos las del Grupo Parlamentario Mixto.
Señora Lasagabaster, ¿mantiene la votación separada de la enmienda número
33 o pueden votarse conjuntamente? (Pausa.) Conjuntamente, entiendo.
Izquierda Unida pide votación separada.
Votación entonces de las enmiendas números 21 y 31 de la señora
Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a
favor, 12; en contra, 283; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 33, de la señora Lasagabaster, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a
favor, cuatro; en contra, 291; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda asimismo rechazada.
Votación de la enmienda subsistente, la número 3, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor, 123; en contra, 173; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 15; en contra, 285.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida.
Votación de la enmienda número 94, que es la única subsistente del Grupo
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 122; en contra, 175; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Socialista.
Votación del dictamen del proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 286; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA:
-- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBAN Y DECLARAN DE INTERES GENERAL
DETERMINADAS OBRAS HIDRAULICAS (Número de expediente 121/000056)
El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha decidido
someter al Pleno la tramitación directa y en lectura única por el propio
Pleno del proyecto de ley por el que se aprueban y declaran de interés
general determinadas obras hidráulicas.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Se entiende aprobado por
asentimiento.
-- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA PREVER, PARA LA
MODERNIZACION DEL PARQUE DE VEHICULOS AUTOMOVILES, EL INCREMENTO DE LA
SEGURIDAD VIAL Y LA DEFENSA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (Número de
expediente 121/000060)
El señor PRESIDENTE: De la misma manera, se somete a la consideración de
SS.SS. la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del
proyecto de ley por el que se aprueba el denominado programa Prever, para
la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la
seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente.
¿Lo aprueba así la Cámara? (Asentimiento.) Gracias. Se entiende aprobado
por asentimiento.
AMPLIACION DE PLAZO:
-- PARA LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION DE INVESTIGACION
SOBRE TRAMITACION DE EXPEDIENTES EN LA AGENCIA ESTATAL DE LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA (Número de expediente 152/000001)
El señor PRESIDENTE: Finalmente, la Mesa ha recibido la petición de la
Comisión de investigación de determinados expedientes en la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, que solicita la ampliación del
plazo para la finalización de sus trabajos ante el Pleno hasta el 30 de
junio de 1997.
¿Se aprueba así por el Pleno? (Asentimiento.) Se entiende también
aprobada por asentimiento del Pleno.
Vuelvo a recordar que la votación sobre el carácter orgánico del proyecto
de ley por la que se regula la utilización de videocámaras por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, cuyo dictamen acaba
de ser debatido y aprobado, se producirá al final de la tramitación del
orden del día y, en consecuencia, no antes de las once y media de la
mañana.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (Continuación.):
-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO,
DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA
SILVESTRES (Número de expediente 121/000023)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre el dictamen de la Comisión al proyecto
de ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de fecha 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
(El señor Cabrera Pérez-Camacho pide la palabra.) ¿A qué efectos, señor
Cabrera?
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Pido la palabra, señor Presidente, a
título individual y al amparo de los apartados primero y segundo del
artículo 72 del Reglamento.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea S.S. leer algún documento?
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: A eso es a lo que se refiere el apartado
segundo.
Con la venia del señor Presidente, me explicaré muy brevemente. Pienso
que lo que voy a decir es en beneficio del prestigio de esta Cámara.
Debatimos hoy, señor Presidente...
El señor PRESIDENTE: Un momento, ¿desea hacerlo con carácter previo a la
iniciación del debate sobre el dictamen de la Comisión?
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Efectivamente.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Debatimos hoy, señor Presidente, la
reforma de la Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales y de
la flora y fauna silvestres. Sin embargo, dos artículos de esta ley
fueron debatidos y reformados el día 7 de mayo por la Comisión de Medio
Ambiente actuando con competencia legislativa plena. El asunto es
evidente que partía de dos iniciativas formales distintas, una
proposición de ley del Grupo Vasco y este proyecto de ley del Gobierno.
Ahora bien, la norma afectada es la misma, la Ley 4/1989. Que la anterior
iniciativa se haya debatido con plena competencia legislativa por
Comisión y esta se debata en el Pleno no pasaría de ser una mera
anomalía, por llamarlo de alguna manera, político-procedimental, si no
fuera porque con la aprobación de esos dos preceptos hemos vulnerado el
ordenamiento jurídico comunitario, en concreto la Directiva 79/409 de la
Unión Europea, y con ello hemos vulnerado nuestro ordenamiento interno,
ya que por mandato del artículo 96 de la Constitución estamos todos
obligados a la observancia de dicha normativa.
El señor PRESIDENTE: Y del artículo 72 del Reglamento, perdóneme, es
decir que invocado que ha sido a efectos de leer un documento y tras la
exposición que acaba de realizar, lea el documento pero no entre en más
consideraciones.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, he invocado el apartado
primero y el segundo del artículo 72. El primero afectaría a la cuestión
de orden procedimental y el segundo a los documentos.
Aprobado que esto fue, siete días después, la Comisión de la Unión
Europea se ha dirigido al Gobierno del Reino de España pidiendo
explicaciones sobre la reforma, como primer paso para iniciar un
procedimiento infractor que conduciría a una condena de nuestro país en
el Tribunal de Luxemburgo. La reforma en sí implica que se autoriza la
matanza de aves en período de migración en el trayecto de retorno a sus
lugares de origen para anidar.
El señor PRESIDENTE: Señor Cabrera ...
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Me limito ya a leer el documento.
El señor PRESIDENTE: Al documento pero sin ninguna consideración
adicional. Voy a aclarar a la Cámara que la invocación que hace S.S. al
artículo 72.1 le da derecho a intervenir para decir cuál es el artículo
que invoca a efectos de su intervención, que es el artículo 72.2,
aclarado lo cual procede que se centre en la lectura del documento.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: En cuanto al primer aspecto yo mencioné
un artículo concreto importantísimo, el 96 de la Constitución, pero, en
fin, ya voy a los documentos.
El señor PRESIDENTE: La Constitución es importantísima toda ella, pero no
hace al caso la alegación. Céntrese en la lectura del documento.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Dada la trascendencia del asunto, yo pido
al señor Presidente que se lean tres documentos de ineludible
conocimiento por la Cámara. En primer lugar, la propia directiva 79/409,
en particular los considerandos de la misma, y el artículo quinto. En
segundo lugar, que se lea igualmente el dictamen que cuatro expertos
emitieron ante la Comisión de Medio Ambiente y que fueron contrarios a la
reforma por considerarla un acto cruel y salvaje. Y, en tercer lugar,
quiero que se lean dos artículos de la ley que hoy se debate, que son de
ineludible conocimiento para el Congreso, el artículo 34.b) de la Ley
4/1989 y el artículo 28.2.f).
El señor PRESIDENTE: En cuanto a estos dos artículos, si los tiene
disponibles SS.SS. puede proceder a su lectura. Y termina ahí la
flexibilidad con que la Presidencia le ha dado la palabra al amparo del
artículo 72.2.
Proceda a la lectura de los dos artículos de la ley.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: ¿Y la directiva?
El señor PRESIDENTE: Ya sabe S.S., que es buen jurista, y acaba de
demostrarlo en la hábil invocación de los preceptos del Reglamento, que
la Presidencia es quien decide los artículos de interés para la Cámara.
Lea los dos artículos.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Se agradece, en cualquier caso, señor
Presidente, la lectura de estos artículos.
Dice en particular el artículo más importante, el 34, apartado b): «Queda
igualmente prohibido con carácter general el ejercicio de la caza durante
las épocas de celo, reproducción y crianza, así como durante su trayecto
de regreso hasta los lugares de cría en el caso de las especies
migratorias.»
Esta Cámara ha aprobado exactamente lo contrario y yo pido que sea
reconsiderado, señor Presidente. (El señor Ros Maorad pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Ros tiene la palabra.
El señor ROS MAORAD: Gracias, señor Presidente.
Entiendo que se ha abierto un nuevo debate sobre un aspecto procedimental
sobre el que, como portavoz de mi grupo, quisiera dar alguna explicación
ante el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Señor Ros, no es el trámite previsto en el artículo
72 un trámite dirigido a abrir un debate sino a la invocación de un
derecho que tienen todos los diputados y diputadas por ese precepto para
dar lugar a la lectura de algún documento que se crea conducente a la
ilustración de la materia de que se trate. Es verdad que el señor
Cabrera, a la lectura, ha hecho preceder una interpretación, llamada
monista, de la unión entre el derecho europeo y el derecho interno. No
obstante, señor Ros, si S.S. va a ser quien, en nombre de su grupo,
defienda las enmiendas al dictamen, la Presidencia preferiría que uniera
el tiempo que ahora me solicita al de su intervención general para no
generar una duplicidad de intervenciones respecto a lo que acaba de decir
el señor Cabrera, garantizándole la Presidencia que podrá distinguir
claramente en su intervención entre lo relativo a las consideraciones del
señor Cabrera y lo que hace a la defensa de sus enmiendas.
El señor ROS MAORAD: Muchas gracias, señor Presidente. No quisiera yo
entorpecer en absoluto el funcionamiento del Pleno. Acepto la propuesta
de la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ros.
En consecuencia, vamos a proceder al desarrollo del debate sobre el
dictamen, al que, una vez que han sido retiradas las enmiendas del Grupo
Mixto, que habían sido suscritas por el señor Rodríguez Sánchez, se
mantienen las del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y del Grupo Parlamentario Socialista, tras la intervención de
los cuales daré la palabra a los grupos que no hayan intervenido y
quieran hacerlo en turno de fijación de posición.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, doy por defendida la posición de
nuestro grupo en lo fundamental con la explicación que dimos en su
momento ante la toma en consideración de la reforma de la ley, así como
enb el debate en Comisión con la defensa de las enmiendas. Lamento que la
Comisión no las haya tenido en cuenta, con lo que el dictamen sería
sustancialmente diferente al que vamos a ver hoy. Nosotros presentamos
una serie de enmiendas con el fin de mejorar la ley y fueron rechazas con
el pretexto de que esta ley sólo se ha adecuado a la Ley 4/1989, de 27 de
marzo, en definitiva, a la sentencia del Tribunal Constitucional en la
que se rectifica la atribución exclusiva al Estado de los parques
nacionales y pocas cosas más.
Desde Izquierda Unida pretendíamos que hubiera, y por eso hicimos una
serie de enmiendas articuladas, participación ciudadana, empezando por la
de los municipios y continuando por la de las organizaciones implicadas,
medioambientales, etcétera, para que en el conjunto de la ley hubiera un
concepto global de conservación bajo la responsabilidad de las dos
administraciones, la de las comunidades autónomas y la central.
Pretendíamos al mismo tiempo clasificar de forma exhaustiva algunas
categorías en función de los bienes y valores a proteger, trasponer
íntegramente las directivas europeas con sus anexos incluidos, definir,
en definitiva, y concretar las zonas de especial protección para las aves
y de especial conservación, a la vez que la designación de humedales de
importancia internacional. Por ejemplo, ayer en la Comisión de Medio
Ambiente, estuvimos discutiendo sobre la preservación en concreto de una
zona declarada P, que tiene también humedales y que va a conocer la
agresión medioambiental de una urbanización especulativa. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Todas
las enmiendas que hacíamos desde Izquierda Unida pretendían, en
definitiva, aprovechar esta oportunidad para entrar en la actualización,
profundización y modernización de la Ley 4/1989. No ha sido así y se ha
optado, por los votos de la Comisión, por una reforma de la ley mediante
la cual sólo se rectifican algunos elementos, como consecuencia de la
sentencia del Tribunal Constitucional. Lo lamentamos, pero continuaremos
batallando para que esta ley conozca unos contenidos diferentes a los que
tiene hoy.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Frutos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Gracias, señor Presidente.
Señorías, ya advertimos en su día, cuando en el mes de marzo se presentó
el proyecto de ley del Gobierno sobre la reforma de la Ley 4/1989, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres,
que, más que un proyecto, era un miniproyecto, una ley canija y
clandestina, porque no había sido consultada con ninguno de los
organismos que están previstos a tal efecto. El proyecto de ley que traía
el Gobierno se limitaba a adaptar la sentencia del Tribunal
Constitucional 102/1995 de una manera muy sui generis. El Tribunal
Constitucional consideraba esta ley, en su parte más importante, en su
parte conservacionista, absolutamente constitucional; solamente ponía una
pega a la disposición adicional quinta, porque se consideraban básicos
los artículos 21, en sus apartados 3 y 4; 32, en sus apartados 1 y 2, y
35, en sus apartados 1 y 2. Digo que esta ha sido una adaptación sui
generis de una sentencia porque el resultado ha sido una ley que
realmente no merece el nombre de tal.
La Ministra, aquel día en el que nos vino a presentar el proyecto de ley,
cuando le correspondió el turno de
réplica, reconocía las carencias del proyecto. Incluso, ante la
insistencia del Grupo Parlamentario Socialista indicándole las carencias
que significaba no incorporar absolutamente nada de las directivas
comunitarias sobre aves y hábitat, no incorporar absolutamente nada de
los convenios internacionales que España ya había firmado en ese período,
no decir absolutamente nada del catálogo de especies, etcétera, ella
misma llegó a reconocer que tan diminuta y canija era la ley que el
Gobierno ya estaba pensando presentar un nuevo proyecto de ley a esta
Cámara.
Señorías, la ley no ha mejorado en su trámite en Comisión. Sólo se ha
admitido una enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista. En un momento pensé que esta actuación del Grupo
Parlamentario Popular se debía a una especie de borrachera de soberbia
parlamentaria basada en esa minoría exigua de la que disponen en esta
Cámara, pero reflexionando un poco más y viendo qué ayudas tenían para
sacar adelante este proyecto de ley, descubrimos con rapidez que el Grupo
Parlamentario Popular, el Gobierno del Partido Popular y la Ministra de
Medio Ambiente estaban absolutamente vendidos ante las reclamaciones de
sus aliados de los distintos grupos nacionalistas. En este proyecto de
ley, señorías, no ha habido diálogo generoso del Gobierno con los grupos
parlamentarios. Lo que ha habido es una excesiva debilidad del Gobierno
respecto a los socios que le apoyan para gobernar.
No les cansaré con la defensa, una a una, de todas nuestras enmiendas.
Anuncio que mantenemos todas y cada una de ellas, exactamente igual que
hacemos con la enmienda a la totalidad y los votos particulares que hemos
incluido. Pero sí quiero decir alguna cosa significativa, por lo que
luego vendrá ante esta intervención que ha precedido al debate del
proyecto de ley. Por ejemplo, que esta preocupación medioambiental en
torno a las aves migratorias se votaba en contra cuando en la Comisión el
Grupo Socialista hablaba de introducir, de poner, de fijar protecciones
tanto de aves como de espacios, etcétera. No quedaba reflejado tampoco
suficientemente, ni queda en esta ley, un aspecto que a nosotros nos
parece muy importante y es que afirmamos con rotundidad que el proyecto
contraviene expresamente el concepto de interés general para el Estado
que tan extensa y profundamente ha diseccionado y elaborado el Tribunal
Constitucional. Del interés general del Estado debe derivarse su
responsabilidad en el apoyo presupuestario suficiente para el
funcionamiento de la red de parques nacionales. En estos momentos es tal
la confusión que, si no se mejora en el Senado esta ley, habrá al menos
cuatro modelos distintos de organización y funcionamiento de parques
nacionales. ¡Qué paradoja! Una ley que intenta ser básica, que debe
servir para todo, como consecuencia de la debilidad del Gobierno acaba
siendo una ley que al menos contempla para empezar ya cuatro modelos.
Barullo más importante no cabe. Hay un modelo que será el catalán, el de
parques de Aigües Tortes; habrá otro modelo que será el canario; habrá
otro modelo que será el de Los Picos y habrá otro modelo para el resto,
es decir, para aquellos en que el Gobierno no tiene necesidad de que se
le apoye en una autonomía o que se le apoye en el Congreso de los
Diputados. La prueba de que este proyecto de ley, cuando viene a este
Pleno después de pasar por la Comisión, no es un proyecto en gran parte
ya del Gobierno son algunos titulares de prensa, por ejemplo de Canarias,
que yo podría leer a SS.SS. del Grupo Popular para que se enteren de
quién, en realidad, ha hecho el proyecto de ley que hoy nos ocupa. No han
sido ustedes. Incluso, aunque parecía mentira, les han empeorado el
proyecto. ¿Cómo puede ser, señorías, que una ley que debe ser básica y
para todos contemple, como digo, no por exigencias del guión sino por
exigencias de la incapacidad y debilidad del Gobierno, nada menos que
cuatro modelos.
Hoy la Ministra tampoco está, como el día que este proyecto de ley se
presentó, pero si estuviera yo tendría que decirle que quién la ha visto
y quién la ve. Desde el día en que le pusieron un cartelón que ponía
Ministra de Medio Ambiente hasta el día de hoy, que ni siquiera es capaz
de sacar íntegramente un miniproyecto, una ley canija, como decía al
principio, de verdad, señora Ministra de Medio Ambiente ausente, quién la
ha visto y quién la ve, porque debajo de aquel cartel no había nada. Y
era tan evidente que no había nada que cuando la señora Ministra fue a
ver qué había en la Secretaría de Estado y vio que era la Secretaria de
Estado y que era la señora Ministra contempló que como Ministra, por
ejemplo, entre otras lindezas tenía un 50 por ciento menos de presupuesto
que la anterior Secretaria de Estado. Por tanto, mucho Ministerio de
Medio Ambiente pero a la hora de la verdad realmente no había nada. No
solamente es una cuestión de capacidad política que creo que le falta a
la Ministra, sino que además estoy seguro de que tiene un síndrome que la
paraliza para tomar muchas decisiones; y el síndrome que yo creo que
tiene la Ministra de Medio Ambiente es el síndrome Narbona, porque parece
que vive para contestar o contradecir aquellas cosas que los socialistas
hicimos en el ministerio.
Por tanto, mayor ridículo político creo que no cabe. Traer un proyecto de
ley que se lo acaben íntegramente sus socios para, a la postre, dejar una
situación con cuatro modelos de organización y funcionamiento de parques
nacionales, esto a mí me parece que es bastante inaceptable.No culpo sólo
a la Ministra de Medio Ambiente, porque algo tendrá que ver en esto
también --me imagino-- el señor Aznar por haber creado un ministerio y
detrás del ministerio demostrar día a día que no hay nada. Claro, yo al
señor Aznar, una vez que he podido leer en la prensa económica
internacional que le llaman el milagrero, que él mismo se autodenomina
el milagrero, cualquier cosa ya. Esto no lo digo con afán de crítica,
señorías, porque como ustedes saben es tradición en la historia española
adjetivar a personajes. Será Aznar el Milagrero, como era Enrique IV el
Impotente o Pepe Botella, por cierto, que fue un buen rey para este país
antes de la llegada de Napoleón.
Hay otras cuestiones. Por ejemplo, que, como se desprende del dictamen,
el proyecto desprecia la legislación europea sobre medio ambiente. Hoy
han intentado arreglarlo; ahora hablaremos del arreglo. Desde luego,
hasta ayer, la Directiva de Aves, la Directiva Hábitat, los convenios de
Ransar, los convenios de Río, todo eso les traía bastante sin cuidado. Y
no solamente han hecho cuatro modelos sino que, además, piensen lo que
puede ser para aquellos que no están metidos en estos asuntos del medio
ambiente un modelo con una organización en la que se superponen, en una
nueva concepción de lo que es el funcionamiento y organización de los
parques nacionales, unos nuevos órganos colegiados y unos nuevos órganos
unipersonales sobre todos los órganos colegiados y sobre todos los
órganos unipersonales de la Ley 4/1989. El barullo está servido. Incluso
alguien intentará hacer alguna enmienda sobre esto. Pero sólo quiero
decirles, por ejemplo, que hay órganos colegiados, que habrá una comisión
mixta de gestión, un patronato, otro patronato, una comisión nacional de
la protección de la naturaleza, un consejo rector estatal, un comité de
espacios naturales, un comité de flora y fauna silvestre, un presidente
de comisión, un presidente de consejo, un presidente de comisión
nacional, un presidente de patronato, otro presidente de patronato, un
director conservador, otro director conservador. En fin, si alguien es
capaz de garantizar que este proyecto de ley va a servir para algo, desde
luego habría que darle un premio.
Paso con su permiso, señor Presidente, a la segunda parte de lo que se ha
tratado aquí. En la Comisión se produjo tal desafuero que a los
socialistas no nos abandonó la perplejidad durante varios días. ¿Cómo era
posible que un grupo parlamentario que sustenta a un Gobierno democrático
en un Estado de Derecho votara a sabiendas una ilegalidad? Pues,
señorías, eso es lo que hizo el Grupo Parlamentario Popular: votar a
sabiendas una ilegalidad. Y si la Ministra era consentidora de que su
grupo votara a sabiendas una ilegalidad, es una ministra que no merece
tal nombre y que debía empezar a ausentarse del banco azul porque el
problema no era baladí. Aquí se ha intentado capear con dos artículos,
pero escuchen, señorías, lo que su grupo parlamentario y los
nacionalistas que les apoyan votaron en la Comisión. No sirvió decir que
esto iba en contra de la Directiva de Aves en su artículo 9, ya que nos
desgañitamos de decirlo en la Comisión. Nos desgañitamos diciéndoles que
era una ilegalidad, que había cinco sentencias del Tribunal de Luxemburgo
que ante situaciones parecidas había condenado a esos países. Les
advertimos que se había iniciado un procedimiento, que iban a recibir el
requerimiento de la comisaria correspondiente y que, desde luego,
haríamos el más absoluto de los ridículos porque eso iba a acabar en una
sentencia al Reino de España en el Tribunal de Luxemburgo. Además,
llevamos expertos, catedráticos de universidad, expertos en Derecho de la
naturaleza, conservacionistas, todos intentaron hacerles ver que eso era
un disparate y sin embargo votaron a favor. Ustedes votaron a favor de lo
siguiente. Lo digo porque ya se ha ausentado el que ha hecho la faena de
alivio. En las faenas de alivio no se cortan orejas, hay que estar hasta
el final, hasta que el toro se va al desolladero. (El señor Cabrera
Pérez-Camacho llama la atención del orador mediante gestos.) Perdón,
señoría.
Esto es lo que votaron ustedes, señorías, una enmienda transaccional del
Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria. Era una enmienda a la ley de reforma de la Ley 4/1989, de
espacios naturales, que efectivamente se había visto en la Comisión con
competencia plena de la misma pero para incorporar al documento base de
la Ley 4/1989. Por tanto, era una triquiñuela procedimental: intentar
colar en la ley, por vía de un trocito de una competencia plena de la
Comisión, lo siguiente. Ustedes votaron esto, señorías, los del Partido
Popular, Coalición Canaria y Convergència i Unió. Se trata del régimen de
excepciones a la caza, porque la Ley 4/1989 marca que todas las especies
son protegidas, excepto aquellas que pueden cazarse, las que son cazables
competencia de las comunidades autónomas y el resto del catálogo en sus
distintos tipos de protección. Ustedes intentaron saltarse lo que son
excepciones, que no tienen nada que ver con la sanidad, con la propia
conservación de las especies, con el tráfico aéreo, etcétera, pero nunca
con esto que hicieron ustedes, y aprobaron lo siguiente: Para permitir en
condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo la captura,
retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas especies
cinegéticas en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para
garantizar la conservación de las especies. Esto va frontalmente contra
la Directiva de Aves que estamos obligados a cumplir en el Derecho
comunitario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ros, le ruego
concluya.
El señor ROS MAORAD: Voy terminando, señor Presidente.
Votaron también ustedes que las comunidades autónomas comunicarán al
Ministerio de Medio Ambiente las autorizaciones acordadas. Y aquí estaba
el meollo de la cuestión. Yo no sé, esta semana, en el barómetro
de relaciones que tienen ustedes con sus aliados nacionalistas, si en el
caso...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ros, le
recuerdo que está utilizando el turno correspondiente a la solicitud que
hizo como consecuencia de la intervención del Diputado que pidió
previamente la palabra invocando el artículo 72.1. Le ruego que se ciña
exclusivamente a esa solicitud, no reabra nuevos debates y concluya en el
menor tiempo posible.
El señor ROS MAORAD: Muchas gracias, señor Presidente. Así lo haré.
Pretendía leer exactamente lo que votó el Partido Popular para que toda
la Cámara lo conozca, aunque hoy se desdice de todo lo que con firmeza
decía hace tres o cuatro días.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ros, cuando
S.S. estaba haciendo eso no le he interrumpido, pero si hace mención a
barómetros recientes reabre usted nuevos debates. Le ruego que se ciña
específicamente al turno que solicitó previamente.
El señor ROS MAORAD: Para terminar, esto es lo que se aprobó: Para las
aves migratorias, en torno a sus lugares de cría, la Administración
autonómica competente podrá dejar sin efecto la prohibición establecida
en el párrafo anterior, permitiendo la caza de especies concretas en
lugares tradicionales, de modo selectivo y en cantidades limitadas. Todo
esto va contra el Derecho comunitario.Qué pensarían SS.SS. si les dijera
que de forma selectiva, en pequeñas cantidades, de modo controlado,
pudiéramos volar una catedral gótica cada mes. Se llevarían las manos a
la cabeza. Pues tengo que decirles que con esto que aprobaron se podría
cazar de modo controlado, de modo selectivo, muy civilizadamente, por
ejemplo, un águila imperial. Hay más catedrales góticas que águilas
imperiales. Esto es lo que aprobaron.
Termino, señor Presidente. Nosotros vamos a mantener nuestras enmiendas y
vamos a seguir trabajando en el Senado a sabiendas de que va a ser
difícil convencerles, pero también con la esperanza de que como el
Gobierno se equivoca tantas veces, se equivoque una vez más y al final la
razón, el sentido común y el cuidado de la naturaleza pueda trasladarse
al Senado y allí triunfe lo que aquí ha sido imposible.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ros.
¿Algún grupo desea utilizar un turno en contra de las enmiendas? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora De
Lara.
La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, creo que el representante del Grupo Socialista se ha
equivocado; se ha equivocado de lugar, se ha equivocado de argumentación
y no tenía nada que explicarnos respecto a sus enmiendas. Leo en el orden
del día, que seguro tiene S.S.: dictamen de la Comisión sobre iniciativas
legislativas concretamente sobre este proyecto de ley. El señor Ros se ha
referido únicamente a la proposición de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco, que no es lo que vamos a debatir en este momento.
Este tema ya se debatió, tendrá su lugar, pero desde luego este no es el
momento, señoría.
Ha dicho usted aquí que se votaron cosas ilegales. Señor Ros, aquí no se
votan cosas ilegales. En el Parlamento se hacen las leyes. Usted se
confunde. Lo que sí vamos a hacer hoy al tramitar este proyecto de ley de
modificación de la Ley 4/1989 es atender a la sentencia del Tribunal
Constitucional que sí declaraba inconstitucionales algunos artículos de
la ley que ustedes hicieron. Esto sí es inconstitucional, señor Ros. Me
ha sorprendido que a pesar del montón de enmiendas que ustedes mantienen
no haya defendido ninguna, lógicamente porque no tienen defensa, porque
ustedes se empeñan en mantener enmiendas que exceden lo que es el
proyecto de ley que hoy debatimos. Y he visto que usted ha tachado de
canijo este proyecto de ley y ha dicho que debido al diálogo el Gobierno
y el Grupo Popular han mostrado su debilidad. Señor Ros, a veces uno dice
cosas que prefería no haber dicho, porque con esto nos ha demostrado que
ustedes sobre esto no dialogaban porque piensan que el diálogo es fruto
de debilidad. Nosotros creemos que el diálogo para el consenso al que
hemos llegado en este proyecto de ley es fructífero.
Volviendo al tema que nos ocupa --el que viene en el orden del día--, nos
encontramos ya en la recta final de la tramitación legislativa del
proyecto de ley, cuya finalidad es doble: de una parte, modificar
determinados artículos de la Ley 4/1989 para adaptar su contenido a la
doctrina constitucional y, de otra, incorporar preceptos nuevos para
regular los órganos de gestión y administración de los parques
nacionales. El texto del proyecto de ley llega de nuevo a esta Cámara
enriquecido tras un fructífero debate en ponencia y en Comisión, tras un
amplio diálogo, señor Ros --no debilidad, diálogo--, llega enriquecido
con las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. Se mantienen
solamente unas enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y del
Grupo Socialista que a pesar de que el representante del Grupo Socialista
no ha defendido yo voy a agrupar en tres bloques. En un primer bloque se
incluyen aquellas enmiendas que rebasan el ámbito de modificación
propuesto por el proyecto de ley,
ya que incorporan trasposiciones de directivas europeas que no
consideramos elementos a añadir cuando debatimos este concreto proyecto
de ley; directivas importantes y que por supuesto habrá que trasponer,
pero lo que en estos momentos el Gobierno del Partido Popular ha
considerado prioritario es acatar la sentencia del Tribunal
Constitucional y modificar el modelo de gestión de los parques nacionales
que, como usted bien sabe, señoría, se había mostrado inoperante en estos
pasados años. Hay un segundo bloque, con pocas enmiendas, en el que se
incluyen algunas cuyo sentido coincide con algunos textos que hemos
admitido en el proyecto de ley. Finalmente, en un tercer bloque de las
enmiendas del Grupo Socialista se confunden reiteradamente conceptos de
gestión y de participación, se quiere dar a los parques nacionales un
tratamiento común al resto de los espacios naturales protegidos, dan a
unas comunidades autónomas competencias de gestión sobre el territorio de
otras comunidades autónomas, no admiten directrices para la red de
parques nacionales y un largo etcétera, señorías, que desvirtúa el
concepto que el Grupo Parlamentario Popular tiene de la gestión y
administración de estos espacios protegidos.
El texto del proyecto de ley que hoy presentamos ante esta Cámara, fruto
--repito-- del consenso con los representantes de las comunidades
autónomas --del consenso, señoría, no de la debilidad--, supone la
incorporación de una serie de importantes aspectos que voy a enumerar
brevemente. Primero, la declaración de los parques nacionales requerirá
ley de las Cortes Generales previo acuerdo de las asambleas legislativas
de las comunidades autónomas en cuyo territorio se encuentre ubicado el
futuro parque nacional. Ya no se va a imponer a ninguna comunidad
autónoma un parque nacional como se ha hecho en otros momentos, señoría,
sino que van a ser éstas las que propongan los espacios a proteger y las
que estarán representadas en los órganos de gestión, en los órganos
consultivos y en los de participación de manera paritaria con la
Administración general del Estado. Segundo, se establece como elemento de
cohesión la red de parques nacionales en la que se integrarán para su
mejor conservación todos los parques nacionales y, como instrumento
básico de ordenación de la red, el plan director que fijará los objetivos
a alcanzar en materia de conservación, investigación, uso público,
formación y sensibilización, entre otros varios.La red de parques
nacionales no será, señorías, una relación, una suma de espacios
protegidos, sino un proyecto unitario de conservación de la naturaleza
que debe revestirse de unas particularidades organizativas en función de
la especial trascendencia de su valor global. En tercer lugar, se
contempla la posibilidad de incrementar los recursos económicos y
financieros del parque nacional a través de otras fuentes distintas de
las de carácter presupuestario y público. En cuarto lugar, se promociona
el desarrollo socioeconómico sostenible de las poblaciones que cuentan en
su territorio con parques nacionales, potenciando las actividades
tradicionales, potenciando aquellas actividades compatibles con la
conservación del medio ambiente y creando empleo --creando empleo,
señorías--, a través de ayudas técnicas, económicas y financieras, en las
áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales.En quinto
lugar, la piedra angular de la ley es la comisión mixta de gestión,
órgano de nueva creación para acomodar la gestión de cada uno de los
parques nacionales a la doctrina del Constitucional, integrado por el
mismo número de representantes de la Administración general del Estado y
de la comunidad autónoma en que se halle ubicado el parque. Su
composición paritaria, señorías, asegura una mejora de la gestión y una
mejor coordinación entre las distintas administraciones. En sexto y
último lugar, se amplían las funciones de los patronatos, órganos de
participación de la sociedad, para velar por el cumplimiento de las
normas establecidas en interés de los parques nacionales.
En definitiva, señorías, el proyecto de ley que presentamos hoy ante esta
Cámara modifica sustancialmente el modelo de gestión. Hemos pasado de un
modelo que respondía al dirigismo centralista de los gobiernos
socialistas, a la imposición, a otro en el que se contempla la realidad
plural en las decisiones y en las gestiones del Estado de las autonomías
nacido de la Constitución de 1978. Hemos pasado de un modelo en el que se
penalizaba a la población del entorno del espacio protegido a otro modelo
que contempla, como ya he dicho, la promoción y el desarrollo
socioeconómico sostenible en las áreas de influencia de los parques
nacionales. Desde el Grupo Parlamentario Popular se ha insistido
reiteradamente en el Congreso, en el Senado y en otras cámaras
legislativas que son precisamente los habitantes de las zonas que se van
a proteger los que han cuidado su entorno y nos lo han legado en las
condiciones actuales. A estos habitantes no se les puede penalizar sino
que hay que promocionar un desarrollo sostenible en toda la zona.
Señores diputados socialistas y de Izquierda Unida, estudien
detenidamente las propuestas de este nuevo modelo de gestión, que creo
que su señoría no se ha leído por lo que ha comentado pero que está
todavía a tiempo de leérselo para, entre todos, intentar que salga
adelante una modificación del modelo de gestión de los parques nacionales
que redunde en beneficio de toda la red de parques nacionales. Tenemos la
responsabilidad de proteger los espacios singulares, de proteger el medio
natural, lo que redundará en un incremento de la calidad de vida de todos
los seres humanos. Uno de los mayores caminantes y conocedores de la
geografía española, el maestro Azorín, dijo: El hombre es el paisaje;
enriqueciendo y protegiendo al paisaje, enriquecemos y protegemos al
hombre. La cita, señorías, tiene hoy plena actualidad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara.
Señor Ros.
El señor ROS MAORAD: Gracias, señor Presidente.
Uno que ha sido Diputado del grupo parlamentario que apoya al Gobierno
sabe que ocurren cosas muy curiosas: que desde el ministerio le hacen un
discurso de contestación a un supuesto discurso que desde la oposición se
va a dar y a veces ocurre como hoy que, como yo no he hecho el discurso
para la respuesta que le habían preparado desde el ministerio a la señora
portavoz del Partido Popular, parece que estamos hablando de mundos
absolutamente distintos. Pues no, señorías, no estamos hablando de mundos
absolutamente distintos; estamos hablando, aunque no lo parezca, del
mismo proyecto de ley. Y no se puede insistir de nuevo en que esta ley
está consensuada. Ya he dicho que hay muchas formas de consensuar, y veo
incluso algunas bondadosas sonrisas en alguna bancada próxima. No hay que
confundir nunca lo que es el diálogo y el consenso con lo que es la
debilidad. Ustedes no han pactado este proyecto de ley. A ustedes les han
hecho pasar otra vez por el aro, pero esta vez en una especie de
trilateral del aro. Eso es lo que les ha ocurrido, y no otra cosa. No me
venga, por tanto, echándome responsos. Porque ¿cómo puede decir, señora
Lara, que esta ley está consensuada y resulta que todas las enmiendas de
Izquierda Unida y del Grupo Socialista han sido barridas, y son cerca de
100 enmiendas? No me diga eso. Usted ha acordado esto porque la han
obligado a acordarlo. Y para no reabrir ningún debate, estoy seguro de
que cosas que hoy se han explicado y se han producido no están
seguramente en el ánimo de algunos de ustedes que ahora las defienden,
porque si no no entiendo nada.
Hay una cuestión que es la que a nosotros más nos preocupa. Nos preocupa
seriamente que ustedes sean incapaces de conservar, potenciar y hacer
funcionar a la red de parques nacionales. Nos preocupa porque va a ser
muy difícil funcionar con cuatro modelos distintos, que algunos incluso
se enganchan hoy a la red para recibir --será-- alguna financiación y
advierten que van a seguir funcionando y organizados como
tradicionalmente funcionaban. No estaban en la red. Ese sería un modelo.
Desde luego, el modelo canario va a ser otro porque promete una especie
de consorcio entre todos, tienen cinco parques. Yo lo entiendo desde el
punto de vista canario. Por eso sé que ustedes en la prensa, tanto de
Tenerife como de Las Palmas, se han presentado casi como los triunfadores
de la ley de reforma de la conservación de la naturaleza. Yo no les
critico a ustedes. Yo también lo haría. Pero alguna sonrisa les debe
producir este debate cuando oyen estos apasionados consensos con lo que
estos día ha pasado aquí sobre todo con los grupos nacionalistas.
Hay otra cuestión --termino, señor Presidente--, y es que no podemos
compartir --ya se han dicho tres o cuatro cosas distintas sobre lo
mismo-- que si un parque nacional para serlo debe ser declarado por ley
como de interés general, y eso se hace en este Congreso, no tenga el
aporte presupuestario para mantener ese aspecto del interés general. Por
tanto, como no se ha aclarado lo de la cofinanciación han sucedido ya
tres cosas. La señora Ministra dijo que sí, luego dijo que no y ahora ya,
cuando el proyecto de ley se va sedimentando, es evidente que sí se va a
tener que cofinanciar y a partir de ahí pueden entrar otras muchas cosas.
Para terminar --se lo prometo, señor Presidente--, señora Lara, no hable
de la inoperancia del funcionamiento de los parques nacionales como si
todos hubieran sido exactamente iguales, ya que hay muchas matizaciones,
como usted sabe. Pero hay una cosa que estoy seguro de que no soluciona
la inoperancia de los parques nacionales. Me estoy refiriendo a cuando la
señora Ministra viene a proponer y propone, como persona física Isabel
Tocino, presidenta del parque de Doñana a la señora Ministra Isabel
Tocino. Ese es un ridículo que deberían ustedes corregir porque no creo
que sea ninguna muestra de operancia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ros.
Señora De Lara.
La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, señor Ros, le voy a aclarar algunos puntos. Le aseguro
que el Ministerio de Medio Ambiente tiene muchas y amplias funciones que
usted seguramente conoce, pero entre estas funciones no está la de hacer
los discursos de la portavoz de medio ambiente del Grupo Parlamentario
Popular. Le digo esto simplemente como aclaración.
Dice que me he referido a unos aspectos a los que usted no se ha
referido, pero es que yo estoy defendiendo el proyecto de ley, y como
usted no ha sabido explicarnos las enmiendas que mantienen, las he tenido
que explicar yo para explicar, a continuación, nuestro voto negativo a
las mismas, que he dividido en varios bloques. Es decir, yo he explicado,
señor Ros, lo que usted no ha sabido explicar de sus enmiendas.
Duda usted del futuro funcionamiento de los parques nacionales. Es un
juicio de valor y como tal lo aceptamos. Nosotros creemos que el mejor
indicador del funcionamiento de la ley va a ser que en un próximo futuro
varias comunidades autónomas solicitarán la inclusión en la red de
parques nacionales de otros espacios protegidos.
Le repito, señor Ros, que entiendo que usted no conciba que el diálogo
conduce a un consenso; y quiero decirle que el diálogo, señor Ros, no es
debilidad. Repito
que usted lo cree porque ustedes no ejercieron el diálogo, y por tanto
intentaron gobernar con prepotencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara.
Señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Muy brevemente, señor Presidente, en relación a que
aquí se ha hablado de si esta ley es fruto del consenso y de la
debilidad. Yo creo que esta ley es fruto de un pacto; han pactado
diversos programas, diversas formas de ver la vida y, en concreto,
diversas formas de enfocar una ley como ésta. A mi entender, son formas
que pueden pactar legítimamente, están absolutamente legitimados para
ello y lo hacen. Yo no voy a decir si son desde la debilidad o desde la
fortaleza; es desde su consenso. Pero he querido remarcar en una
intervención muy breve que es desde su consenso, pero no a partir de un
consenso con el conjunto de los grupos de la Cámara, y, sobre todo, un
consenso con el conjunto de propuestas que tendían todas, en un debate a
fondo, a intentar enriquecer la ley. No se hizo ese debate a fondo; se
descalificó en un momento determinado, porque se consideraron enmiendas
que no pertenecían a este proyecto, que eran fruto de otro, ya que en
éste simplemente se había intentado concretar la sentencia del Tribunal
Constitucional a la ley 4/1989.
Yo creo que todo el mundo está legitimado para buscar acuerdos, para
buscar pactos, para buscar consensos con los más afines en el programa
que se defiende en un momento, o en función de la relación de fuerzas que
se busquen en cada momento. Pero yo creo que se ha renunciado,en
definitiva, en esta reforma de la ley 4/1989, a una sólida ley de bases
que, permitiendo una fuerte presencia de las comunidades autónomas y de
la Administración del Estado, hubiera buscado (eso sí, efectivamente a
través de una participación ciudadana mucho más amplia) una verdadera
reforma de la ley y, al mismo tiempo, un funcionamiento que hubiera
podido durar unos cuantos años.
A estas alturas del debate, habiendo pasado por esta Cámara en la toma de
consideración, habiendo pasado por la Comisión, la verdad es que plantear
de nuevo tales o cuales enmiendas y explicarlas en concreto ya me produce
melancolía. Por tanto, renuncio también a ello.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Frutos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, hay una nota de Coalición Canaria, entregada
en el Registro, en la que hacemos algunas precisiones, que entendemos
técnicas, al dictamen. Está acompañada de un informe del letrado y, si
los distintos Grupos Parlamentarios lo tienen a bien, nos parece que
deberíamos asumir lo que dice el letrado. Hay solamente una indicación
del mismo, en el sentido de que debe plantearse como una enmienda in
voce, si se considera oportuno, con respecto al artículo único, apartado
1, artículo 23, que se refiere a quién desempeña la Secretaría de la
Comisión Mixta en aquellas comunidades autónomas donde pueda existir más
de un parque nacional. En las comunidades autónomas donde existe un sólo
parque nacional, hace las veces de secretario el director conservador. La
enmienda iría en el sentido de que en aquellas comunidades donde hay más
de un parque nacional las veces de secretario las hagan periódicamente, o
de forma rotatoria, los directores conservadores de los distintos parques
nacionales.
Esta es una precisión que entendemos que mejora y se ajusta a la línea
que ha marcado el asesor jurídico, y nos parece que puede ser asumible
por parte de los distintos grupos. Es una precisión que mejora y se
ajusta a la línea que ha marcado el asesor jurídico y creemos que puede
ser asumible por parte de los distintos grupos.
Nos parece que se ha hecho un esfuerzo importante, con la aportación de
todos los grupos parlamentarios, para adaptar la ley de 1989 al fallo del
Tribunal Constitucional. El modelo que surge de este dictamen, que hoy se
somete a la consideración de la Cámara, entendemos que es un verdadero
modelo de cogestión, donde se engarzan perfectamente unas directrices
básicas emanadas desde el Estado para conseguir la unidad medioambiental
de la red de parques nacionales y, por otra parte, la participación
activa de las comunidades autónomas en todos sus mecanismos de gestión.
En definitiva, el modelo que se somete a la consideración de la Cámara se
acerca bastante al propuesto en las enmiendas de otros grupos
parlamentarios que, desgraciadamente, quizá por una falta de esfuerzo por
conseguir un mayor consenso, al final no se han sumado al mismo. Desde
luego, no es responsabilidad del Grupo de Coalición Canaria no haber
conseguido un mayor consenso en esta modificación de la ley de 1989.
Nosotros entendemos que con las enmiendas que se habían presentado era
posible un mayor aval , un mayor respaldo a este proyecto de ley. Nos
parecen muy positivas las diez cuestiones que se regulan en este proyecto
de ley y el proceso de mejora que tuvo lugar en los trámites de ponencia
y dictamen, con la aportación, repito, de todos los grupos políticos.
La declaración de un parque nacional que se preveía en el proyecto de ley
como que era de ley de Cortes Generales y que ahora se dictamina en favor
de que sea
previo acuerdo de los parlamentos autónomos, nos parece un avance
importante.
El que el plan rector de uso y gestión, que se preveía en el proyecto de
ley que lo aprobara el Consejo de Ministros, ahora lo aprueben los
gobiernos autónomos, también nos parece una aportación importante, de
cara a dar mayor participación a las comunidades autónomas.
El plan director de la red de parques nacionales, que se preveía como un
instrumento de planificación general, ahora es un instrumento de
directrices generales. También hay una coincidencia generalizada en este
instrumento de directrices.
Que el consejo de la red de parques nacionales, que se definía como un
órgano rector, ahora lo sea de coordinación de la red de parques, también
nos parece una aportación positiva.
La Comisión Mixta de Gestión, que se preveía en el proyecto de ley con la
presidencia de un vocal propuesto por el Ministerio, que tenía el voto de
calidad para decidir en esa comisión paritaria, no nos parecía acertado,
porque no era un órgano de cogestión lo que estábamos haciendo, sino un
órgano que funcionaba de cara a tener siempre una mayoría del Estado. La
propuesta que se aprueba con una comisión paritaria y con un presidente
rotativo propuesto por el Ministerio o por los gobiernos autónomos,
también nos parece que es una participación importante de las
administraciones autonómicas con el Estado.
De la misma manera podemos hablar de la financiación, ya que, con las
modificaciones introducidas, ahora se prevé que pueda ser mediante los
Presupuestos Generales del Estado y con aportaciones de las comunidades
autónomas.
El avance en cuanto al director conservador del parque, que en el
proyecto de ley se reservaba a que fuera designado por el Ministerio, y
ahora se prevé que, a propuesta de la Comisión mixta, sea nombrado por
los consejos de Gobierno de cada una de las comunidades autónomas.
En cuanto al personal de los parques, estaba previsto que la función de
director conservador la pudieran desempeñar sólo los funcionarios del
Estado, y ahora se abre a que también puedan participar funcionarios de
las comunidades autónomas.
Que en aquellos lugares donde un parque nacional alcanza a más de una
comunidad autónoma exista la posibilidad de crear órganos consorciales
para su gestión, o que en aquellas comunidades autónomas que tienen más
de un parque nacional puedan existir también consorcios para su gestión,
nos parecen avances muy positivos e importantes a los que, repito,
podrían haberse sumado otros grupos parlamentarios, porque estábamos muy
cerca del modelo que proponían.
Por lo que respecta, señor Presidente -- y termino--, a la propuesta que
realizaba el Diputado del Partido Popular en relación a los artículos
28.2, de protección de la flora y fauna, y 34.b), de protección de las
especies, a la vista de los requerimientos del Comisario europeo y de la
normativa europea, rectificar es de sabios, y nosotros, en el
procedimiento parlamentario correspondiente, estamos dispuestos a
rectificar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el
señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
No sabría, señor Ros, si manifestar mi estupefacción o recurrir a
expresiones más coloquiales, más usadas en ámbitos juveniles, en relación
a poder expresar que qué jeta o qué papo o qué morro. Yo creo que ése es
el tipo de expresiones que reflejan mejor la estupefacción que me ha
producido su intervención. Entiendo razonable que la Diputada portavoz
del Grupo Parlamentario Popular se haya encontrado un tanto dislocada en
su intervención, porque, señor Presidente --y le hago un llamamiento a la
aplicación del Reglamento--, el tema que nos ocupa en el Pleno de hoy
hace referencia a una reforma de la ley de flora y fauna en relación a
los parques nacionales y nada más. De eso nos estamos ocupando y no de
otros temas.
Desde esa perspectiva, la estupefacción es doble, porque el debate ha
ido en relación a otra proposición de ley que nuestro grupo parlamentario
defendió y cuya aceptación consiguió en esta Cámara, y que, examinada en
trámite de ponencia y en Comisión con competencia legislativa plena, está
remitida en este momento al Senado. El volver a incidir por tercera vez
en este tema, es la causa de nuestra estupefacción, señor Presidente,
máxime cuando se siguen dando argumentos que poco tienen que ver con la
realidad. El señor Ros nos hablaba hasta de las catedrales góticas. Sería
lo mismo, señor Ros, que desde el Grupo Parlamentario Vasco le digamos
que conocemos ecologistas que airean el matar personas, y ciertamente los
conocemos, personas y grupos de ecologistas que no tienen ningún problema
para gritar: Gora ETA y ETA mátalos. ¿Pero sería eso centrar el debate,
señor Ros? ¿Sería eso asistir al tema que nos ocupa? ¡Pero si estamos
hablando de parques nacionales! ¿de qué estamos hablando? , ¿de
catedrales góticas? Estamos hablando de parques nacionales. Sería lo
mismo que afirmar que conocemos políticos muy preocupados por millones de
palomas que pasan a kilómetros de distancia, por donde las escopetas no
pueden llegar, y que miran para otro lado cuando estamos hablando de 28
muertos del GAL. Es exactamente lo mismo, señor Ros; es el mismo nivel de
demagogia. Y yo acepto que no se pueden decir esas cosas, evidentemente,
pero se dicen al hilo de intervenciones como la del señor Ros, que
intentan
desmadrar completamente el debate y que intenta crear unos niveles de
crispación en ámbitos de la sociedad que están preocupados,
indudablemente, por la ecología, por el medio ambiente, por la caza y por
el conservacionismo, al igual que estamos nosotros, señor Ros, por lo
menos al mismo nivel. Esta es la causa de nuestra estupefacción, señor
Presidente.
En segundo lugar, estupefacción también porque, en relación al tema que
nos ocupa, que hace referencia a parques nacionales, estamos hablando
nada más y nada menos que de una acomodación de esta legislación
precisamente porque el Gobierno socialista incurrió en
inconstitucionalidad en todos estos artículos, y ahora estamos adecuando
la ley a esa inconstitucionalidad. Y cuando estamos realizando esa labor,
que debiera poner por lo menos sonrojado al Grupo Socialista, se nos
acusa de ilegalidades. ¿Qué es, pues, presentar, defender y apoyar un
proyecto en nivel de inconstitucionalidad y dictado por el Tribunal
Constitucional? ¿Qué es eso, pues?
Se está diciendo que el Comisario europeo ha puesto algunas pegas en
relación a la proposición de ley de referencia. Nosotros las
desconocemos, señor Presidente. Francia no debe ser Europa. Debemos vivir
en una Europa invertebrada, donde hay que hacer mapas con colores
distintos. ¿Por qué esta utilización indebida de la información? ¿Por qué
este poner en marcha rumores interesados, intentando presionar al
legítimo poder que está radicado en esta Cámara? ¿Esto es democrático,
señor Presidente?
Estamos, pues, intentando acomodar aquello que en su día, con el voto en
contra, entre otros, del Grupo Parlamentario Vasco, hizo muy mal el
Gobierno socialista en relación a los parques nacionales. En esta nueva
acomodación, en lo que respecta a los parques nacionales, el Grupo
Parlamentario Vasco no presentó ninguna enmienda, porque le pareció
correcta la adecuación que el Gobierno popular realizaba y presentaba
como proyecto de ley en la Cámara. No se hable, pues, en plural,
introduciendo a todos los grupos parlamentarios en el mismo saco; el
Grupo Parlamentario Vasco, señor Presidente, no ha presentado ninguna
enmienda. Desde el primer momento, desde la aceptación a trámite en el
Pleno de Cámara del proyecto de ley, indicamos que estábamos de acuerdo.
Los sucesivos trámites en ponencia y en Comisión han ido mejorando el
proyecto de ley en orden, precisamente, al cumplimiento de lo dispuesto
por el Tribunal Constitucional, y manifestamos nuestro agrado en relación
a este tema; nos parece que en este momento está mejor acomodado a lo que
el Tribunal Constitucional dictó y que se realiza una organización plural
de los parques nacionales.
¿Por qué tanto miedo a una organización plural de la actividad
administrativa? ¿Por qué este canto permanente a que todo tiene que
funcionar como si fuese un ejército, de arriba a abajo, unidireccional y
jerárquicamente estructurado? ¿Es que no hay en esta vida otros modelos
organizativos? En otros ámbitos sociales y empresariales esta no es la
norma de conducta y conocemos empresas que funcionan muy bien, empresas
que cumplen sus objetivos. ¿Por qué este permanente empeño en que la
Administración pública no funcione con parámetros acordes a los de la
empresa privada y los órganos sociales establecidos? Esa es nuestra
pregunta, señor Presidente.
Manifestamos, por tanto, nuestra perplejidad ante este debate y ante los
acontecimientos e intervenciones que se han producido, que poco tienen
que ver con el debate que nos ocupa en relación a los parques nacionales,
y manifestamos nuestro acuerdo con el dictamen y con el texto que en este
momento es objeto de consideración.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys. Le rogaría, si S.S. no tiene inconveniente,
que fijase su posición desde el escaño.
El señor COMPANYS SANFELIU: Es más cómodo ahí.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Como S.S. quiera.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.
Es una cuestión de comodidad; es más cómodo hablar desde aquí que desde
el escaño. No obstante, vamos al tema, porque el tiempo es limitado.
Hoy es un día especialmente importante para toda aquella gente que de
verdad cree no sólo en la letra sino en el espíritu de la Constitución.
Hoy es un día, si ustedes me permiten decirlo, desgraciadamente
importante, porque, una vez más, como resultado de la sentencia del alto
Tribunal, tenemos la oportunidad de modificar una ley que, a todas luces,
se hizo de espaldas a la realidad constitucional del Estado español.
Aunque el señor Ros se empeñe en minimizar el fallo del Tribunal, no es
menos cierto que sólo el hecho de haberse presentado catorce recursos de
inconstitucionalidad, siete de ellos a la ley y siete a los tres reales
decretos que la desarrollan, es todo un récord de cómo no deben hacerse
las cosas. Si además añadimos que esos catorce recursos al conjunto de la
normativa se presentaron por la Generalitat de Catalunya, por el Gobierno
Vasco, por la Junta de Andalucía, por el Gobierno de Canarias, por la
Junta de Galicia, por el Parlament de Catalunya, por la Junta de Castilla
y León, por la Diputación General de Aragón, por el Gobierno de las islas
Baleares, por la Diputación Regional de
Cantabria, por el Consell Ejecutivo de la Generalitat, por el Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón, como mínimo debemos aceptar
que la ley y su posterior aplicación ha levantado ampollas en todo el
arco parlamentario.
Además, y es una opinión personal, de la lectura desapasionada de la ley
uno tiene la impresión de que los redactores de la misma estaban pensando
más en cómo se actuaba, en ese caso, en contra del Parque Nacional de
Aiguestortes que en cómo se avanzaba en la protección del medio ambiente.
Si me permiten, haré un poco de historia para el conocimiento de todas
las señoras y señores diputados y también para que quede constancia en
los libros de actas de este Parlamento de cómo se actuó y de cómo se ha
llegado a la situación actual.
El año 1916 se aprueba la Ley de Parques Nacionales, la única que ha
existido como tal y que, sin duda, es un primer paso importante hacia el
reconocimiento de esa necesidad de protección. La ley, cuando definía los
parques nacionales, hablaba de aquellos sitios o parajes excepcionalmente
pintorescos, etcétera, y terminaba diciendo que la misma permitiría
evitar de ese modo, con la mayor eficacia, todo acto de destrucción,
deterioro o desfiguración por la mano del hombre.
De eso hace muchos años y la filosofía ha cambiado, pero, en todo caso,
hay que reconocer su larga vigencia, 60 años, su voluntad
conservacionista y que, con toda seguridad, fue una ley innovadora para
su época. A su amparo se crearon todos los parques nacionales existentes
en ese momento, a excepción del Parque Nacional de Garajonay, que se creó
por la ley del año 1975, y de los del archipiélago de Cabrera y
Cabañeros, que lo hicieron por la ley que hoy estamos modificando.
Si hacemos un análisis cronológico de la creación de los parques
nacionales, veremos que hay un primer grupo que nació inmediatamente
después de la aprobación de la ley de 1916, como fueron el Parque
Nacional Montaña de Covadonga, en el año 1918, y el Parque Nacional de
Ordesa, el 16 de agosto de 1918.
Un segundo grupo se creó en la segunda mitad de los años 50: en 1954 se
crearon los parques nacionales del Teide, en Tenerife, y de Caldera de
Taburiente, en la isla de La Palma, y hace 42 años, el Parque Nacional
d'Aiguestortes, en la provincia de Lleida.
A partir de los años 70 se han ido creando otros: en 1969, el de Doñana;
en 1973, el de Tablas de Daimiel, y en 1974, el Parque Nacional de
Timanfaya, en la Isla de Lanzarote.
El 2 de mayo de 1975, casi 60 años desde la aprobación de la primera ley
de parques nacionales, se aprueba la ley de espacios naturales
protegidos, que, entre otras cosas, obliga a los diferentes parques
nacionales a reclasificarse por ley. (En el año 1978 se reclasifica
Doñana, en el año 1980, Tablas de Daimiel, en el año 1981, Taburiente,
Teide y Timanfaya, y en el año 1982, Ordesa.) El año 1981, ya en
aplicación de la ley 15/1975, se declara parque nacional el de Garajonay
en la isla de La Gomera. Mientras tanto, el 31 de julio de 1980 se
publica del decreto de traspasos de los servicios del Estado a la
Generalitat de Catalunya en materia de conservación de la naturaleza. Ese
decreto de traspasos, hecho por el Gobierno del Estado, declara de una
forma clara las competencias exclusivas, entre otras materias, en los
espacios naturales protegidos. El decreto textualmente dice: «Se
transfieren a la Generalitat de Catalunya las funciones que corresponden
al Icona» y en el punto f) especifica: «la política y la gestión de los
espacios naturales protegidos».
Es bueno recordar en ese punto que en el momento del traspaso estaba en
vigor la ley 15/1975 sobre espacios naturales. Por tanto, queda bien
claro lo que se traspasaba con el decreto antes mencionado.
Un dato a tener en cuenta para valorar la voluntad de descentralización
del Partido Socialista es que, si bien es cierto que en el año 1980 se
firmó el decreto de traspasos, no fue hasta el año 1995, 15 años después,
cuando se terminaron de hacer efectivos los traspasos del Parque Nacional
d'Aiguastortes; 15 años tardaron en cumplir una ley que se había impuesto
por parte del Gobierno central.
Como ya les he explicado, en aplicación de la ley de 1975 los parques
nacionales existentes tenían que ser reclasificados por ley y así se hizo
a partir de 1978, de forma especial durante los años 1992, 1993 y 1994.
Una vez transcurridos 13 años desde la aprobación de la normativa que
obligaba a la recalificación de los parques y viendo la nula voluntad del
Estado en cumplir con su obligación, el Parlament de Catalunya, en base a
sus competencias, aprueba el año 1985 la Llei d'espais naturals, en la
cual se fija la figura de parque nacional, sus características y el
procedimiento de declaración, que debe ser por ley.
El año 1988 el Parlament de Catalunya aprueba la Llei de reclasificación
del Parc Nacional d'Aiguastortes i Estany de San Maurici y de este forma
es el Parlamento de Cataluña el que da cumplimiento a la ley del año 1975
y lo reclasifica. Por tanto, a pesar de la desidia del Gobierno, tenemos
un parque nacional reclasificado. Es entonces cuando al Gobierno
socialista le entran todas las prisas del mundo y, en pocos meses, en
noviembre del mismo año, presentó el proyecto de ley de conservación de
los espacios naturales, de la flora y de la fauna silvestre, ley que, por
su concepción, marginaba a las comunidades autónomas de la participación
en la ordenación del territorio y en cuya redacción de la disposición
adicional primera dice textualmente lo siguiente: Los parques nacionales
existentes en el territorio nacional a la entradra en vigor de la
presente ley --eso decía la ley de 1975-- quedarán integrados
automáticamente en la red estatal de parques nacionales. Y en la lista no
se incluye el Parque Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici,
pero a los
redactores de la ley les falló el subconsciente, y lo cierto es que en el
anejo segundo de la ley 4/1989 sí aparece como ecosistema a proteger bajo
la figura de parque nacional, a nivel de Estado, el ecosistema que
alberga el Parque Nacional d'Aiguestortes. Por tanto, sí se reconoce que
el ecosistema que alberga el parque nacional hay que protegerlo por ley,
pero luego, al hacer la relación, se les olvida ponerlo, y en la misma se
habla de la necesidad de una ley de las Cortes Generales para declarar
parque nacional, hecho que no pasaba en la ley 15/1975, adición que se
incluye en ésa para evitar que otra comunidad autónoma pueda declarar por
ley un parque nacional.
La ley es recurrida ante los tribunales por inconstitucional, y
posteriormente así lo reconoce el Tribunal Constitucional, dejándola en
una situación más bien complicada. Eso no es óbice para que el Gobierno,
basándose en esa normativa, a la que se habían presentado catorce
recursos de inconstitucionalidad, declare el día 29 de abril de 1991
Parque acional marítimo terrestre el archipiélago de Cabrera, hecho que
no censuramos, pero que sí constatamos que se hace sobre la base de una
ley que está recurrida ante el Tribunal Constitucional.
El 31 de julio de 1995 el Tribunal falla y declara la nulidad de toda una
serie de artículos de dicha normativa. No obstante, el Gobierno no sólo
no pone en marcha el proceso de adaptación de la citada ley a la
normativa constitucional, que es lo que debiera haber hecho, sino que,
basándose en esa ley recurrida y declarada inconstitucional, el año 1996
se creó el Parque Nacional de Cabañeros, que aplaudimos, pero que
volvemos a constatar que se hace sobre la base de una ley que está
recurrida y contra la que ha fallado el Tribunal Constitucional.
Por tanto, me gustaría que se me explicase por qué el Estado, en el
período 1975/1989, en aplicación de la ley 15/1975, en la que se Nacional
seis parques nacionales, no da el mismo tratamiento...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Companys, le
recuerdo que está a punto de consumir el tiempo que le concede el
Reglamento.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor Presidente, yo le pido un poco de
benevolencia, termino en medio minuto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Companys, a
esta Presidencia le resulta más cómodo simplemente aplicar el Reglamento
y le ruego concluya.
El señor COMPANYS SANFELIU: ¿Por qué el Estado, en el período 1975/1989,
en aplicación de la ley de 1975, en la que se reclasificaron seis parques
nacionales, no dio el mismo tratamiento al Parque Nacional d'Aiguestortes
i Estany de Sant Maurici y al de la Montaña de Covadonga que al resto de
parques? ¿Fue realmente un olvido o fue fruto de la mala fe?
Si partimos de esta hipótesis, y es que podemos pensar que fue un olvido
no reclasificar esos dos parques nacionales, ¿por qué el Gobierno
socialista, inspirador de la ley de 1989, que ahora intentamos ajustar a
Derecho, en la disposición adicional primera sí que incluye el Parque
Nacional de la Montaña de Covadonga, que no había sido reclasificado, en
una acción loable y que aplaudimos, pero una vez más se vuelve a olvidar
de la inclusión del Parque Nacional d'Aiguestortes y Estany de Sant
Maurici, que sí había sido declarado por ley, a pesar de que, como he
dicho antes, el ecosistema a proteger figura en la ley anterior?
Por tanto, no quiero creer que fuera un castigo el no reclasificarlo
porque en aquellos momentos había sido traspasado a la Generalitat, pero
me gustaría --y con esto termino, señor Presidente-- que alguien me
explicase, porque no es lógica, no es racional y no es ajustada a
Derecho, esa actuación que sólo es explicable desde un posicionamiento de
absoluta miopía política y que confunde la calidad del parque con la
titularidad del mismo, y eso es un error garrafal.
Por ese motivo, presentamos una serie de enmiendas, pero dos
fundamentales, que en ponencia han sido aceptadas y, por tanto, están
incluidas en el texto del dictamen, que van a permitir la integración a
la red estatal de parques nacionales del Parque Nacional d'Aiguestortes,
con cuarenta y dos años de historia, cuyo prestigio está reconocido
internacionalmente, que a nivel de visitantes es con toda seguridad uno
de los más visitados del Estado español y que la ley de 1989 intentó
hacer desaparecer.
La incorporación de estas enmiendas al texto en el trámite de ponencia
cerrará definitivamente una situación que ha sido más fruto de la
intolerancia que de la voluntad de dotar al Estado de medidas adecuadas
para proteger los espacios naturales.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Companys, le
ruego concluya.
El señor COMPANYS SANFELIU: No quiero terminar mi intervención sin hacer
un reconocimiento a la Ministra de Medio Ambiente por su sensibilidad en
este tema y al Secretario General, señor Muriel, por su predisposición
que ha permitido a nuestro entender hacer una nueva ley de un proyecto
que era defectuoso.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Companys.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre el proyecto de ley dictaminado por la
Comisión por el que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
Votamos en primer lugar las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al haber sido retiradas las del
Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 141; en contra, 166; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 139; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ha presentado una serie de
enmiendas técnicas, que entendemos han sido aceptadas por todos los
grupos parlamentarios. En consecuencia, se pueden dar por aprobadas por
asentimiento. ¿Así se estima? (Asentimiento.) Finalmente, votación del
dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 171; en contra, 131; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL REGIMEN JURIDICO Y FISCAL DE LAS
INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA DE NATURALEZA INMOBILIARIA Y SOBRE
CESION DE DETERMINADOS DERECHOS DE CREDITO DE LA ADMINISTRACION GENERAL
DEL ESTADO (Número de expediente 121/000037)
El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día. Debate de totalidad
del proyecto de ley de reforma del régimen jurídico y fiscal de las
instituciones de inversión colectiva de naturaleza inmobiliaria y sobre
cesión de determinados derechos de crédito de la Administración general
del Estado.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el Ministro de Fomento, señor Arias Salgado. (Varios señores
diputados abandonan el salón de sesiones.--Rumores.)
Silencio, señorías.
Cuando quiera, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Subo a la tribuna, señorías, para presentar el proyecto de ley de reforma
del régimen jurídico y fiscal de las instituciones de inversión colectiva
de naturaleza inmobiliaria.
En el marco de la política de vivienda del Gobierno, uno de los aspectos
que más preocupan --y seguramente también a la mayor parte de los
parlamentarios de la Cámara-- es el escaso desarrollo del mercado de
viviendas en alquiler. El Gobierno considera que el estímulo y la
potenciación de crecimiento del parque de viviendas en alquiler es una
medida necesaria, tanto desde el punto de vista económico como desde el
punto de vista social. Desde el punto de vista social, avanzar en la
solución de lo que posiblemente es la mayor carencia de nuestro mercado
inmobiliario beneficia especialmente a los jóvenes; desde la perspectiva
de la política económica, no me extenderé en los beneficios que genera un
mercado de viviendas en alquiler, desarrollando la movilidad geográfica y
la eficiencia en el mercado de trabajo. Es una cuestión largamente
debatida en esta Cámara, sobre la que seguramente existe también un
elevado grado de coincidencia entre los diferentes grupos parlamentarios.
El proyecto que hoy presenta el Gobierno ante esta Cámara modifica
determinados aspectos de la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre régimen de
las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y regulación de los
fondos de titulación hipotecaria que, en opinión del Gobierno, han sido
causa del escaso desarrollo de estas figuras y, en definitiva, de
incumplimiento del objetivo que se les atribuía. Con la Ley 19/1992, y la
normativa que la desarrolla, se pretendía poner en marcha en España las
instituciones de inversión colectiva de carácter inmobiliario, de notable
arraigo y utilidad en países de nuestro entorno, con la finalidad de
estimular la oferta de viviendas en alquiler, respondiendo así a una de
las preocupación en materia de política de vivienda. Sin embargo, las
excesivas cautelas, prohibiciones y limitaciones establecidas --sin
suponer por otra parte una garantía real para los socios o partícipes--
han constituido un obstáculo para su desarrollo. Los datos son
expresivos. En siete años de vigencia de la ley sólo se han constituido
cuatro fondos, cuyo patrimonio apenas supera los 15.000 millones de
pesetas, y el número de partícipes asciende a 2.174. Estas cifras
contrastan con la implantación de
estas instituciones en otras economías de la Unión Europea. A finales del
tercer trimestre de 1996, en Alemania, el patrimonio de los fondos
inmobiliarios ascendía a 37.000 millones de ecus; en Francia, a 13.000
millones de ecus; en Holanda, a 7.600 millones de ecus; en Portugal está
por encima de los 2.200 millones de ecus; en España, el patrimonio
valorado en ecus apenas superó los 80 millones.
Una descripción de la situación de las instituciones de inversión
inmobiliaria se puede encontrar en la memoria de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores de 1996, que coincide en señalar que el exiguo interés
que sigue despertando la inversión colectiva inmobiliaria queda patente
en la evolución de sus magnitudes de referencia. Se dice, asimismo, que
la actividad en el registro de sociedades de inversión inmobiliaria sigue
siendo nula --no hay ninguna sociedad registrada-- y que los promotores
de los dos únicos nuevos expedientes autorizados en 1996, finalmente
desistieron de su proyecto. Parece claro, por tanto, que la normativa
vigente los últimos siete años no ha servido para estimular la
implantación y desarrollo de las instituciones de inversión inmobiliaria,
en contraste con lo que ha ocurrido en otros países y con la experiencia
de otros instrumentos de inversión colectiva en España.
La reforma que el Gobierno trae hoy a la Cámara del régimen jurídico de
las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria abarca a dos
ámbitos: el ámbito financiero y el ámbito fiscal. En el ámbito
financiero, el proyecto de ley introduce seis modificaciones principales.
La primera modificación afecta a la regulación de las aportaciones en
especie. Se admite la posibilidad, en los casos y con las garantías que
se establecerán reglamentariamente, de efectuar aportaciones en especie,
ampliando con ello las vías para acceder a la condición de partícipe o
accionista. Es cierto que esta posibilidad está ya prevista en el texto
vigente, sin embargo el carácter excepcional que se atribuye a las
aportaciones en especie y su posterior desarrollo reglamentario, han
impedido que éstas se conviertan en una vía más para nutrir el patrimonio
de las instituciones de inversión colectiva. El Gobierno entiende que
impedir a los ahorradores adquirir la condición de accionistas o
partícipes mediante la aportación de un inmueble, produce dos
consecuencias: de un lado, no aporta nada al régimen de garantías
existente, ya que los posibles problemas en la valoración de las
aportaciones no son distintos de los que podrían darse en cualquier
inversión de los fondos o sociedades de inversión inmobiliaria, y para
evitar esos problemas se han establecido las cautelas necesarias que
además y aprovecho la ocasión para anunciarlo, se reforzarán mediante la
próxima aprobación por el Gobierno de un real decreto sobre el régimen
jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación.De
otro lado, otra consecuencia que produce la rigidez de la vigente
regulación es que se cierra una vía que en el futuro puede constituir una
alternativa eficiente para muchos ahorradores, cuyas inversiones están
materializadas en activos inmobiliarios y en ocasiones inadecuadamente
gestionados e incluso fuera del mercado de alquiler de viviendas.
La segunda modificación que introduce el proyecto de ley se refiere a la
posibilidad de que una misma persona sea accionista o partícipe y al
mismo tiempo arrendatario. La limitación que hoy existe en la vigente ley
es innecesaria siempre que exista transparencia y se fijen precios de
mercado en el alquiler. En cualquier caso, reglamentariamente se
establecerán algunas cautelas para evitar que se produzcan conflictos de
intereses.
La tercera modificación afecta a la flexibilización de plazos para
alcanzar los coeficientes de inversión. Se prevé la posibilidad de
excepcionar el plazo mínimo para alcanzar los porcentajes de inversión en
inmuebles. Con arreglo a la normativa vigente se obliga a las gestoras a
alcanzar los porcentajes de inversión en inmuebles en un año, como
condición para poder beneficiarse del régimen fiscal establecido en la
ley. Este plazo, teniendo en cuenta las particularidades del mercado
inmobiliario, resulta insuficiente e incluso contraproducente. La
constitución de patrimonios inmobiliarios requiere un período de tiempo
para estudiar y negociar los productos, asegurarse de que no existan
cargas o limitaciones de dominio, etcétera, que desde luego es superior
habitualmente a un año.
La rigidez de la normativa vigente obliga a las gestoras de fondos a
apresurarse en la adquisición de inmuebles en detrimento de la formación
y eficiencia de la cartera inmobiliaria, y, por otro lado, supone un
riego añadido tanto para las gestoras como para los partícipes que se
enfrentan a la posibilidad de perder el régimen fiscal favorable si no
consiguen cumplir los coeficientes de inversión establecidos en el plazo
consagrado en la normativa actualmente vigente.
La cuarta modificación se refiere a la adquisición de inmuebles en
diversas fases de construcción. El proyecto de ley admite la posibilidad
de incorporar al activo de estas instituciones inmuebles cuya
construcción no haya concluido con las cautelas y garantías que se
establezcan reglamentariamente. Con ello, el proyecto pretende situar a
estas instituciones en igualdad de condiciones respecto a las
inmobiliarias y promotoras, cuya práctica habitual es invertir sobre
plano o en algún estadio intermedio anterior a la entrega de la obra,
obteniendo indudables beneficios que hoy están vetados a los accionistas
y partícipes de las instituciones de inversión inmobiliaria. Por otro
lado, al no poder adquirir inmuebles que no estén completamente
terminados, las gestoras están abocadas a invertir en aquellos inmuebles
de cada promoción que no han podido venderse a otros interesados, con lo
que, una vez más, la limitación no sólo representa una garantía, sino
que impide inversiones operativas y eficientes en perjuicio de los
ahorradores cuyos intereses se pretende proteger.
La quinta modificación se refiere a la reducción del plazo de permanencia
de los inmuebles en el patrimonio. Se reduce de cuatro a tres años el
plazo de tiempo que los inmuebles deben permanecer en el patrimonio de
las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria para beneficiarse
del régimen fiscal específico. Con ello se pretende flexibilizar la
actuación de las instituciones para permitirles no desaprovechar
coyunturas favorables en una determinada inversión.
La sexta modificación que introduce el proyecto de ley contempla la
inversión en residencias para ancianos y universitarios. Se amplía el
objeto de inversión de las instituciones de inversión colectiva,
equiparando al concepto de vivienda las residencias para ancianos y
universitarios. Con esta modificación se quiere responder a la creciente
demanda social de este tipo de inmuebles que, si bien en puridad no
pueden conceptuarse como viviendas, responden al mismo fin y destino
primordial; esto es, a satisfacer la necesidad de vivienda permanente.
Así se evita que algún tramo de edad quede marginado de los efectos
beneficiosos que reporta este marco normativo.
Por lo que se refiere al régimen fiscal, las modificaciones introducidas
en el proyecto tratan de aproximar la tributación de las instituciones de
inversión colectiva inmobiliaria a la del resto de instituciones de
carácter financiero. Estas modificaciones se centran en el Impuesto sobre
Sociedades y, en concreto, en la aplicación del tipo de gravamen, único
aspecto en el que, como saben SS.SS., difiere el régimen fiscal de ambos
tipos de instituciones. El tipo de gravamen aplicable en el Impuesto de
Sociedades no varía en función del objeto social de estas entidades; el
tipo varía en función del porcentaje que representen las viviendas sobre
el total del activo. Las entidades en que las viviendas representen al
menos el 70 por ciento del total del activo, tributan al uno por ciento.
De acuerdo con el régimen fiscal vigente, sólo aquellas entidades que
tienen por objeto social exclusivo la inversión en viviendas para
alquiler pueden beneficiares de este tipo de gravamen. Las entidades en
que las viviendas representen al menos el 35 por ciento del total del
activo, tributarán según dos tipos impositivos: el uno por ciento, que se
aplica a la parte de la base imponible derivada del arrendamiento de
viviendas y a la parte de la base imponible derivada del arrendamiento de
inmuebles destinados a residencias universitarias y a residencias de la
tercera edad, y el 7 por ciento que se aplica al resto de la base
imponible obtenida durante el ejercicio. Esta medida pretende evitar la
rigidez que conlleva exigir para la aplicación del tipo de gravamen del
uno por ciento en el Impuesto sobre Sociedades que las instituciones
tengan como objeto social exclusivo la inversión en viviendas para su
arrendamiento. Ello plantea problemas operativos a las entidades, como
prueba el hecho de que ninguno de los cuatro fondos constituidos ha
podido acogerse a este tipo de gravamen. Por otro lado, el porcentaje
establecido del 70 por ciento supone una garantía suficiente de que el
objeto de la entidad continúa siendo el arrendamiento de viviendas,
mientras que la separación de la base imponible respecto a la aplicación
incentiva asimismo que la actividad de las instituciones se dirija hacia
el alquiler de viviendas, evitando que la reducción del porcentaje del 50
al 35 por ciento suponga una desviación de la actividad de las
instituciones hacia el alquiler de otros inmuebles.
Por último, la disposición adicional primera del proyecto de ley contiene
una autorización al Ministerio de Fomento para la cesión de los créditos
hipotecarios de los que es titular la Administración del Estado, como
consecuencia de los apoyos financieros y ayudas económicas personales
otorgados por el Instituto Nacional de la Vivienda y el Instituto para la
Promoción Pública de la Vivienda. Estos préstamos consistían en el abono
por ambos institutos de determinados porcentajes de la cuotas de
amortización que debían satisfacer los adquirentes a la entidad
financiera con la que habían formalizado un préstamo bancario. En
garantía de la devolución de los mencionados préstamos se gravaron cada
una de las viviendas con segundas hipotecas a favor del Estado, una vez
amortizado el préstamo principal y en el plazo de dos a cinco años
siguientes. Estos créditos deben calificarse jurídicamente como contratos
administrativos y no como contratos privados, por lo que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 30 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria es necesaria una norma con rango de ley que habilite al
Estado para proceder a su enajenación. Esta disposición permitirá al
Estado tener el valor actual de los prestamos hipotecarios liberando a la
Administración de la carga que supone la gestión de estas hipotecas. El
procedimiento de enajenación mediante el cual ha de efectuarse la cesión,
es la enajenación directa por el precio que se pacte, previo informe de
la Dirección General de Patrimonio del Estado. El valor de la cartera de
hipotecas dependerá del importe de la deuda teórica total,
aproximadamente en el momento actual algo menos e 45.000 millones de
pesetas, y dependerá también de la tasa de actualización que se utilice,
lo que a su vez dependerá de los tipos de interés de mercado en el
momento que se produzca la cesión. Con ello se obtiene el valor actual
teórico de la deuda que podría haberse reducido, como es lógico, por el
riesgo de pérdida asociado siempre a la cartera. En cualquier caso, y
como ya se ha señalado, la valoración será definitivamente establecida
por la Dirección General de Patrimonio del Estado.
Con ello, señor Presidente, concluyo. Tales son en lo fundamental, las
modificaciones que introduce el proyecto de ley que hoy presenta el
Gobierno a una ley vigente
que no ha producido los resultados que se esperaban de ella y que, por
consiguiente, conviene modificar y conviene modificar no solamente para
favorecer la existencia de unas instituciones de inversión colectiva,
conviene modificar, señorías, porque es absolutamente imprescindible que
en España se incremente sustantivamente el parque de viviendas en
alquiler. Tenemos la más baja tasa de viviendas de alquiler de la Unión
Europea, la inexistencia de viviendas en régimen de alquiler en número
suficiente para atender la demanda del mercado y las exigencias de la
población española y los problemas de nuestra juventud aconseja que de
manera perentoria se introduzcan unos cambios legislativos destinados a
mejorar el régimen financiero y fiscal de las instituciones de inversión
colectiva en el ámbito inmobiliario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Al proyecto se ha presentado una enmienda a la totalidad por el Grupo
Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor Alvarez Gómez.
El señor ALVAREZ GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar quiero ya manifestar que desde el Grupo
Socialista no queremos centrar nuestra oposición a la tramitación de este
proyecto de ley en torno a la nueva fiscalidad de las sociedades y fondos
de inversión inmobiliaria que propone el Gobierno, aunque trataré de
situar en términos más precisos cuál es nuestra posición al respecto.
Antes de identificar aquellos principios y elementos del proyecto de ley
sobre los que se asienta nuestra enmienda a la totalidad de devolución,
voy a señalar, para fijar nuestra posición de forma bastante precisa,
algunos puntos que, aun no siendo coincidentes con el planteamiento que
ha hecho el Gobierno, podríamos debatir. En primer lugar, podríamos estar
de acuerdo en debatir en esta Cámara la conveniencia de disminuir la
presión fiscal a las entidades de inversión colectiva de naturaleza
inmobiliaria con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda en
alquiler, la captación de ahorro y la dinamización del sector
inmobiliario. Podríamos estar de acuerdo también en analizar la
oportunidad de dar a estas entidades un tratamiento fiscal similar al de
las instituciones de inversión mobiliaria que, por cierto, no hace en
toda su extensión el proyecto de ley. Podríamos debatir en esta Cámara si
con la actual regulación, tomando como marco la evolución de las
principales variables económicas y de los mercados de capital, así como
la especificidad de la vivienda en España, es previsible que las
instituciones de inversión inmobiliaria incrementen a lo largo del tiempo
la cuantía del ahorro en ellas depositado y la parte del activo
constituido por viviendas.
A todo esto que denominamos debatible y analizable, no nos oponemos y,
además, en términos razonables, estamos dispuestos a avanzar en esta
línea. Pero quiero señalar a continuación aquellos aspectos y aquellos
principios de este proyecto de ley que nos parecen más sustantivos en
orden a la posición que defendemos en el Grupo Socialista, constituidos
por las modificaciones que vienen a facilitar operaciones de ingeniería
financiera y fiscal y a legitimar otras actividades diferentes de las del
estricto arrendamiento de inmuebles de naturaleza inmobiliaria. Aunque lo
más visible del proyecto de ley pudiera ser el tratamiento fiscal más
beneficioso que se da a las sociedades y fondos de inversión
inmobiliaria, lo más sustantivo lo constituye, a nuestro juicio, la
ruptura de las garantías y cautelas contenidas en el vigente régimen
jurídico para proteger a los inversores, a todos los inversores y, al
mismo tiempo, evitar operaciones de ingeniería fiscal o financiera que se
facilitan con este proyecto, al permitir que los socios o partícipes sean
arrendatarios de cualquier clase de inmuebles que formen parte del activo
de estas instituciones y que, por si ello no fuera suficiente, también
puedan ser titulares de cualquier otro derecho distinto del de propiedad
sobre cualesquiera bienes o derechos que integren dicho activo y que
puedan hacer aportaciones en especie también sin limitación legal alguna.
Por tanto, no es que se excepcione respecto al actual status jurídico del
socio partícipe algún derecho del que se le permita ser titular, no es
que se rompa ésta o aquella cautela, es que respecto al socio partícipe
se rompen casi todas las limitaciones vigentes. Yo no sé si alguien puede
pensar que la forma más simple y eficaz de que el caballo llegue antes a
la meta es dejarlo libre, sin brida o control alguno. Quizá ello permita
que dé más saltos y que se muestre más enérgico, pero la meta la fijará
él y no aquéllos que tenemos la responsabilidad de conducirlo a unos
objetivos concretos, estimulado precisamente por una fiscalidad blanda, a
la que he hecho referencia. Parece que, más que controlar los cauces por
los que debe discurrir la gestión de estas entidades, que para ello se
les estimula a través de este tratamiento fiscal beneficioso, el Gobierno
permite que se motive la imaginación de socios y gestores para que
encuentren fórmulas que, con cobertura legal, permitan operaciones
financieras y fiscales de dudosa transparencia. No podemos olvidar algo
muy importante, señor Ministro: estas instituciones tratarán de captar
ahorro y están tratando de hacerlo, pero su capacidad para ello también
va a depender del marco normativo que regule esta actividad, y no podemos
olvidar que la actuación libre de estas instituciones en el mercado tiene
que hacerse necesariamente compatible con otros principios no menos
importantes como el de la seguridad de los inversores, de todos los
inversores y el de transparencia. Si además, a pesar de que el proyecto
de ley reitera hasta la saciedad --y usted, señor
Ministro, lo ha repetido en esta tribuna hace un momento--, el objetivo
básico es la política de vivienda, la política de fomento de vivienda en
alquiler, nosotros afirmamos, con muchas posibilidades de que ello se
convierta en realidad, que a corto plazo con este proyecto de ley, con
estas modificaciones, la oferta de vivienda en alquiler puede caer nada
menos que en un 30 por ciento. ¿Qué es lo que nos propone el Gobierno?
Tengo la convicción de que aquí, una vez más, es útil echar mano del
refranero para decir aquello de: Dime de qué presumes y te diré de lo que
careces.
También forma parte del contenido sustantivo, con el que no estamos en
absoluto de acuerdo, la permisividad de que las sociedades y fondos de
inversión inmobiliaria realicen actividades económicas que excedan del
típico arrendamiento, que excedan del típico objeto social de las mismas,
salvo que se dote a algunas de ellas de las suficientes cautelas para
evitar perjuicios de todo tipo. Así, bajo la apariencia de una finalidad
social, se permite que realicen actividades económicas de explotación, de
explotación directa de residencias de tercera edad y universitarias.
Desde luego, habrá que reconocer que es inusual que se permita la
explotación económica de una actividad empresarial que conlleva una gran
complejidad y que puede dar lugar a fenómenos poco deseables. Aquí no hay
un contrato de arrendamiento con un precio cierto, fijado por el mercado.
En este supuesto, el beneficio de la renta será el resultado de complejas
partidas continuadas, de ingresos, de gastos y amortizaciones, que pueden
restar transparencia a la gestión. No es, pues, el instrumento adecuado
para promover estas dotaciones de servicios; coincidimos en que es
posible --y habrá que hacerlo-- fomentar este tipo de instrumentos de
cohesión social, pero no creemos que éste sea el instrumento adecuado.
Además de ello y en ciertos y notorios casos, ciertamente aislados y
concretos, puede ser el instrumento preciso para conseguir otras
finalidades, que se corresponden con intereses de instituciones de
pretendido afán no lucrativo y que, además de intereses económicos
evidentes --y en determinados casos, repito--, incluso pueden esconder
tangencialmente intereses electoralistas.
Otra actividad económica que subrepticiamente permite el proyecto de ley,
que no directamente, es la de la promoción inmobiliaria. No se dice
expresamente en el proyecto de ley, pero habida cuenta de que estos
fondos y sociedades podrán adquirir inmuebles en construcción, es obvio
que implícitamente se le está permitiendo la promoción inmobiliaria.Por
si ello no fuera suficiente, nos volvemos a encontrar con una redacción
tan amplia y generosa que posibilita la adquisición de cualquier tipo de
bienes inmuebles en cualquier fase de construcción, lo que, como
explicaba hace un momento el señor Ministro, equivale en la práctica a
reconocer que puedan comprar solares y terrenos, pues bastará cualquier
pequeña actividad constructora previa, o incluso la simple obtención de
la licencia de edificación, para considerar cumplido dicho requisito.
Respecto a esta nueva actividad, no establece la ley ninguna limitación
en la ejecución de aquélla y creemos que estas cautelas deben estar
contenidas ya en el propio proyecto de ley.
Señor Ministro, estamos dispuestos a apoyar iniciativas legislativas para
estas entidades en la línea de lo que hemos definido como discutible y
analizable, pero habrán de ser proyectos asentados sobre bases sólidas,
con modelos contrastados en los países de nuestro entorno y con el grado
de madurez suficiente. En nuestro país tienen escasa tradición, hace
pocos años que se han puesto en marcha. Por tanto, acudir a estos datos
para justificar que son necesarios cambios radicales en este tipo de
instituciones no parece lo más oportuno. Quizá sería conveniente, si se
hiciera la fundamentación en base a esto, esperar a que transcurrieran
algunos años más, de tal manera que, con proyectos de esta naturaleza,
resulte razonable pensar que, de verdad, sin hipocresías, se va a
contribuir a estimular la economía nacional, a facilitar la financiación
de las empresas y a incrementar la oferta de viviendas en alquiler. Pero
no vamos a avalar con nuestros votos un proyecto de ley que elimina las
garantías y cautelas mínimas y básicas precisas para evitar que se
desvirtúe la naturaleza y objetivos de estas instituciones. No avalaremos
con nuestros votos un proyecto de ley que configura, desde el punto de
vista financiero, un modelo difuso que, además, no sólo no va a conseguir
el objetivo de incrementar la oferta de vivienda en alquiler --y eso lo
sabemos todos los que estamos en esta Cámara--, sino que tendrá a corto
plazo la dudosa virtud de reducirla. En suma es un proyecto de ley al que
encontramos muchos e insalvables inconvenientes y que las pocas ventajas
teóricamente esbozadas se convierten en realidad en serios aldabonazos
contra el mismo.
Señor Ministro, estaremos de acuerdo, al menos, en que por la naturaleza,
funciones y objetivos de estas instituciones, su ley reguladora no es
extensa, profusa; más bien es todo lo contrario y nada hay que objetar a
ello. Pero no nos gusta el camino y el modelo que ha adoptado el
Gobierno, porque o el Gobierno rectifica en el desarrollo reglamentario,
o el desarrollo reglamentario sigue esta misma senda y, en consecuencia,
va a multiplicar los problemas que ahora simplemente se esbozan, pero
que, por ello, tienen mayor gravedad.
Para terminar, señor Presidente, quiero hacer una breve referencia a los
cambios introducidos en el régimen fiscal de estas instituciones,
reiterando que entramos en el terreno de lo debatible y corregible,
mediante las correspondientes enmiendas, pero que refuerzan los
argumentos antes señalados para rechazar el proyecto de ley.Con la nueva
fiscalidad las instituciones de inversión inmobiliaria tenderán a
mantener la inversión mínima en vivienda --35 por ciento-- para
beneficiarse
de la rentabilidad económico-fiscal más ventajosa. Solamente si cayera la
rentabilidad de los otros inmuebles de naturaleza urbana y el negocio de
las residencias universitarias y de la tercera edad estuviera saturado,
en ese supuesto podría pensarse razonablemente que el porcentaje de
viviendas en el activo se iba a incrementar. Ello supondrá que, a corto
plazo, caerá en un 30 por ciento la oferta de la vivienda en alquiler,
realizada por estas instituciones, pasando del 50 por ciento, al 35 por
ciento.
Con la nueva fiscalidad es posible que se incrementen en términos
significativos los beneficios, pero habrá caídas de recaudación más
importantes, alrededor del 15 por ciento. Solamente si se incrementase la
captación de nuevos ahorros en más del 40 por ciento, respecto al volumen
actual --objetivo nada fácil de conseguir, dada la situación de otros
mercados de capital, dada la especificidad del problema de la vivienda en
España, donde más del 86 por ciento de las familias viven en una vivienda
de su propiedad--, se podría pensar que no va a ser posible aumentar la
oferta de vivienda en alquiler.
El señor PRESIDENTE: Señor Alvarez Gómez, vaya concluyendo, por favor.
El señor ALVAREZ GOMEZ: Finalmente es previsible que solamente mejore la
recaudación, si se incrementa la captación de ahorro en cuantía
importante, en más del 20 por ciento. Habría que ver, señor Ministro, qué
diferenciales de captación de ahorro se alcanzan respecto de la evolución
del sector en los últimos años para hacer un análisis más dinámico de
estos datos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alvarez Gómez.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
Quiero agradecer el tono de la intervención de S.S. y el intento de dar
rigor al debate. Sin embargo, permítame que le diga que he echado de
menos un cierto ejercicio de autocrítica, señoría. Porque fíjese, lo que
usted viene a proponer, ni más ni menos, sin perjuicio de admitir el
debate sobre determinado tipo de cuestiones, es que a una ley que lleva
vigente siete años y que no ha dado resultado le demos más tiempo, por
ejemplo, siete años, y mientras tanto no se incrementa el parque de
viviendas en alquiler en un país como España en el que en estos momentos
no hay viviendas, las que hay son caras y no hay viviendas suficientes en
régimen de alquiler.
Señoría, el problema de la vivienda es un problema urgente. Yo creo que
en un ejercicio de sinceridad se debería partir del fracaso de una
legislación y abrir la posibilidad a su modificación sustantiva y después
discutir el régimen de cautelas y garantías. Pero en una legislación que
pretende promocionar la vivienda en alquiler y que en siete años no ha
producido ni una sola sociedad de inversión inmobiliaria y únicamente
cuatro fondos de inversión inmobiliaria, que suman en conjunto un
patrimonio ridículo de 14.000 millones de pesetas, de 80 millones de ecus
--en Portugal, señorías, país que tampoco tiene esa tradición y que tiene
una renta per capita más baja que España, el patrimonio de los fondos de
inversión inmobiliaria suma 2.200 millones de marcos; en España 80
millones de marcos--, si no partimos de esa reflexión es muy difícil que
nos podamos entender sobre el nuevo régimen jurídico. No ha dado
resultado. No es ningún desdoro que un proyecto de ley no produzca los
resultados apetecibles, pero el debate es mucho más fecundo si se acepta
que no se han producido resultados y vamos a tratar de modificar un
régimen jurídico para, introduciendo mayor flexibilidad, alcanzar los
objetivos, que estoy convencido que todos queremos alcanzar, de que haya
más viviendas, más baratas y mayor parque de viviendas en alquiler.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Alvarez Gómez.
El señor ALVAREZ GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Yo creo que justamente, en aras del rigor de este debate, también habría
que reconocer que, a pesar de que la legislación ha sido promulgada hace
siete años, como señalaba S.S., lo cierto es que en la práctica estos
fondos llevan apenas tres años de funcionamiento y que además son a largo
plazo y no cabe esperar, ni con la modificación que ustedes introducen en
esta ley, que se produzcan cambios sustantivos en el incremento del
ahorro destinado a estas sociedades y fondos de inversión inmobiliaria,
con un agravante, que además se están retirando cautelas y garantías que
a nosotros nos parecen fundamentales para evitar algunas operaciones de
dudosa transparencia. Si el Gobierno quiere que se afloren patrimonios y
plusvalías ocultas a través de este proyecto de ley, que lo diga
claramente, pero no achaquemos todo el fracaso a la legislación vigente,
porque lleva poco tiempo en vigor. Quizá la modificación fiscal sea
insuficiente, pero también tenemos que reconocer que gran parte de los
efectos que ha producido se han debido precisamente a la especificidad
del problema de la vivienda en España, donde el 86 por ciento de las
familias viven en viviendas de su propiedad, y solamente en el sector
inmobiliario, que no es estrictamente de vivienda (locales comerciales,
locales de oficinas, etcétera), será posible que los fondos incrementen
sustancialmente sus inversiones y su captación de ahorro.
Añadamos esto y podremos llegar, señor Ministro, a un punto de
confluencia. Ejerzamos esa sinceridad para reconocer que tampoco esto va
a cambiar nada en el panorama, reconozcámoslo haciendo el examen de esta
cuestión.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez Gómez.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Este proyecto de ley que presenta el Gobierno pretende modificar el
régimen jurídico y tributario de las instituciones de inversión colectiva
de naturaleza inmobiliaria, con el objeto de conseguir, a través del
desarrollo de estas instituciones, mejorar el mercado de alquiler de
viviendas. Ante esto no podemos sino estar plenamente de acuerdo con el
objetivo del proyecto. Todos sabemos que el mercado de viviendas en
alquiler es claramente insuficiente en nuestro país, en el que, por un
lado, existe un grave problema de acceso a la vivienda --fundamentalmente
en los sectores más jóvenes de la población, en el acceso a su primera
vivienda-- y, por otro lado, existe un extenso parque de viviendas
desocupadas, a lo que se une, no lo olvidemos, una arraigada cultura por
la posesión de una vivienda. Creemos que es muy importante emprender
acciones para romper con la situación que acabo de describir, puesto que
con ello se conseguiría no sólo paliar el problema de la vivienda, sino
que además la liberalización, si se puede llamar así --por lo menos entre
comillas--, de este mercado redundaría en una mayor eficacia del mismo, y
también facilitaría la movilidad de los ciudadanos, dotando de mayor
eficacia al propio mercado laboral.
El camino que emprende este proyecto de ley consiste en mejorar el
tratamiento tributario de las instituciones de inversión colectiva de
naturaleza inmobiliaria o la inversión en las mismas, mejoras que se
pueden resumir en dos puntos. Tributación al 1 por ciento en el Impuesto
sobre Sociedades, para las instituciones que tengan por objeto exclusivo
la inversión en bienes inmuebles de naturaleza urbana para su
arrendamiento, y que las viviendas presenten, al menos, el 70 por ciento
de su activo. Recordemos que en la actualidad este tipo se aplica
únicamente a instituciones que tuvieran por objeto exclusivo la inversión
de viviendas para su arrendamiento, exigiéndose una permanencia mínima de
cuatro años de las viviendas en los activos. Por lo tanto, aquí se
produce una primera ampliación en el acceso al tratamiento de
tributación, que se completa con el segundo punto, que es tributación a
los tipos del 1 y 7 por ciento, en el Impuesto sobre Sociedades, para las
instituciones que tengan por objeto exclusivo la inversión en bienes
inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, y que las viviendas
representen, al menos, el 35 por ciento de su activo. El tipo del 1 por
ciento se aplica únicamente a la base imponible derivada del
arrendamiento de viviendas, mientras que el tipo del 7 por ciento en el
Impuesto sobre Sociedades se aplica al resto de la base imponible. Desde
el punto de vista de la reforma del régimen jurídico de estas
instituciones, se flexibilizan determinados requisitos y condiciones,
dejando en gran medida su concreción para un posterior desarrollo a
través del reglamento.
Tras el análisis de estas reformas, el juicio que le merece a nuestro
grupo parlamentario el proyecto de ley es positivo, desde el punto de
vista del objeto a lograr. Podremos tener ciertas diferencias sobre el
alcance de las medidas propuestas y, desde luego, propondremos que, desde
un punto de vista puramente técnico, no empiece a malograrse uno de los
objetivos casi cumplidos --y digo casi cumplidos-- por la reciente ley
del Impuesto sobre Sociedades; me refiero a la integración en un solo
texto legal de los diversos regímenes especiales del impuesto. Porque
aquí, de nuevo, corremos el peligro de empezar a dispersar la normativa
de este impuesto.
Sobre estas cuestiones ya adelantamos que nuestro grupo parlamentario
presentará una serie de enmiendas. El proyecto puede adolecer de
determinadas carencias en otras situaciones, pero sin embargo entendemos
que es plenamente cierta la existencia del problema y el escaso
desarrollo actual de estas instituciones que disfrutan, y eso hay que
reconocerlo, de ciertas ventajas promovidas por anteriores gobiernos, que
precisamente pretendían lograr el mismo objetivo. Pero tenemos que
reconocer que no ha tenido los resultados esperados. Si estas medidas
fueron insuficientes, debe abordarse su reforma. Serán discutibles las
medidas a adoptar o su propio alcance. Lo que entiendo que es inevitable
o, si se quiere, indiscutible, además de ser coherentes con estas
apreciaciones, es la necesidad de abordar tal reforma. En esto parece que
estamos todos de acuerdo. Por ello entendemos, desde nuestro punto de
vista, que no procede la devolución al Gobierno de este proyecto de ley y
anunciamos que no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad que ha
presentado el Grupo Socialista. Queremos acometer las reformas necesarias
para intentar resolver el problema de acceso a la vivienda y propiciar el
desarrollo de los sistemas de alquiler, sobre todo en ese sector joven de
la población que tantas dificultades tiene de acceso a su primera
vivienda, como he dicho al principio. Por lo tanto, como decía,
anunciamos que votaremos en contra de la enmienda a la totalidad
presentada por el Grupo Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo va a votar en contra de la enmienda de devolución. No
estamos de acuerdo en devolver este proyecto de ley al Gobierno porque la
legislación que hoy mantiene y regula los fondos de inversión
inmobiliaria ha sido un gran fracaso. Ya lo anunciamos cuando discutimos
en esta Cámara aquel proyecto de ley y dijimos que con esos contenidos
este proyecto de ley daría pie a unos instrumentos financieros que no
responderían a la finalidad para la que se constituía, que es promover la
vivienda de alquiler en España. La verdad es que demorar más aquel
fracaso parece absurdo. Creo que hemos de ir a una reforma de esta
legislación. Si los contenidos del proyecto de ley no son suficientes
para el Partido Socialista, discutamos las enmiendas y las alternativas
técnicas a ese proyecto de ley. Pero es oportuno y conveniente reformar y
revisar la legislación que hoy regula los fondos de inversión
inmobiliaria.
Quiero simplemente recordarle un dato al portavoz del Partido
Socialista. En estos momentos en España hay 13.000 millones de pesetas
depositados como participaciones en fondos de inversión inmobiliaria;
13.000 millones de pesetas que prácticamente se acumulan en cuatro fondos
de inversión. Si analizamos lo que pasa en Europa, solamente en Alemania
hay 37.000 millones de ecus. El equivalente de los 13.500 millones de
pesetas en España son 80 millones de ecus. En España hay 80 millones de
ecus, en Alemania hay 37.000 millones de ecus en este instrumento de
fondos de inversión inmobiliaria. En Francia hay 12.000 millones. Nuestro
instrumento hoy es un fracaso. No sirve para su finalidad. Por tanto, hay
que revisarlo, y más cuando el ahorro, que está creciendo en nuestra
sociedad, se está depositando en los fondos de inversión cuya finalidad
es absolutamente abierta, como usted sabe, y no tiene una canalización
específica sobre la vivienda y sobre la vivienda en alquiler. Por tanto,
nuestro grupo cree que es necesario hacer esa reforma y priorizarla hacia
una determinada modalidad de vivienda, la vivienda de alquiler. Por
tanto, creemos que debiéramos tomar en consideración ese proyecto de ley
y abrir un debate en el Congreso de los Diputados para estudiar si
técnicamente también va a servir a su finalidad, que es quizá un poco la
razón intrínseca del discurso que he oído al portavoz del Partido
Socialista. Pero es que tengo que decirle, con todo cariño, que me
hubiera gustado que cuando ustedes gobernaban nos hubieran hecho caso a
nosotros y a otros grupos, que decíamos lo que usted ha dicho hoy. Yo
puedo estar de acuerdo con lo que usted ha dicho, pero precisamente
porque estoy de acuerdo en buena parte de las cosas que usted dice, le
diría que tomemos en consideración ese proyecto de ley, abramos un debate
técnico, porque tiene mucho de característica técnica el contenido de
este proyecto de ley, y hagamos que este instrumento sea positivo y
operativo para la finalidad que persigue, que es canalizar ahorro para la
inversión en promoción de vivienda y vivienda de alquiler.
Ahora bien, a nuestro grupo tampoco le gusta plenamente el texto, y
quiero también decírselo al Grupo Parlamentario Popular. Nos quedamos a
medio camino de lo que creemos que hay que hacer para ser eficaces en el
propósito. El propósito que tiene el proyecto de ley es, señorías, captar
ahorro de la sociedad y canalizarlo hacia la vivienda preferentemente de
alquiler. Y para ello se justifica tomar unas decisiones fiscales y
primar fiscalmente cuando la inversión se canaliza hacia la vivienda de
alquiler. En esto estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios.
Pues, señorías, hagámoslo bien para que esto pueda ser así, porque tal
como está no tenemos la certeza de que realmente podamos llegar al
objetivo que pretendemos, y es que en España un gran volumen de ahorro se
materialice en inversión en vivienda de alquiler, para bajar el precio
del alquiler y hacerlo más asequible a la mayoría de la población.
Creemos que este criterio del 70 por ciento como límite obligatorio para
materializar la inversión de los fondos es excesivo, y en el que,
señorías, no va a funcionar el instrumento de canalización de ahorro
hacia la inversión. Ahora bien, me hubiera gustado que en la actual
legislación hecha por el Gobierno socialista, en la que el límite es del
cien por cien, le hubieran hecho caso a usted. Pero no estábamos de
acuerdo entonces en el cien por cien, no estamos de acuerdo ahora con el
70, y vamos a proponer unas enmiendas para ir hacia el porcentaje más
bajo.
Nos gustaría también que se tomara en consideración que materializar ese
criterio del 70 por ciento en base al activo patrimonial es un error que
va a hacer inviable el instrumento de los fondos de inversión, porque no
podemos hablar de un límite del 70 por ciento sobre el activo
patrimonial; hay que hablar del activo inmobiliario, señorías. Es el
activo inmobiliario el que debe estar preferentemente materializado en
inversiones de viviendas de alquiler. Si hablamos de todo el activo
patrimonial, no funcionará. ¿Por qué razón? Porque en el mercado,
señorías, hay fondos de inversión cuya rentabilidad siempre va a ser más
elevada que la que podamos darle a través de este proyecto de ley, con lo
cual el ahorro que pretendemos no se materializará en los fondos de
inversión para poder hacer viviendas en alquiler en este país a precios
accesibles para los ciudadanos. Por tanto, hay que revisar este segundo
punto.
Y hay que revisar un tercer punto, señorías, porque el marco fiscal no
puede aplicarse desdoblando la base
imponible. No se puede pensar en un fondo de inversión o en una sociedad
de inversión cuya ventaja fiscal le va a obligar a dividir su base
imponible para que una parte vaya al 1 por ciento y otra parte al 7 por
ciento. Es casi imposible dividir los balances de las empresas de forma
exacta y mimética como para poder decir qué parte de toda la actividad de
la empresa se imputa a la promoción de vivienda de alquiler y qué parte
se imputa a otro activo que esté desarrollando. Técnicamente va a ser muy
difícil poder hacer esto y, como va a ser tan difícil, no se podrá
aplicar. Por ello, les invitamos a incorporar un criterio distinto,
criterio que tampoco mantuvieron ustedes y que el Grupo Popular nos
presenta de forma más aceptable, pero que todavía no es suficiente.
Señorías, estas son cuestiones puntuales. Nosotros creemos que la
prioridad para canalizar inversión hacia viviendas en alquiler es
absolutamente necesaria, y aplaudimos el hecho de que el Grupo
Parlamentario Popular dé apoyo también a esa iniciativa del Gobierno. Es
un compromiso recogido en la Ley de Presupuestos, votada por la mayoría
de esta Cámara, y hay que cumplirlo. Pero, señorías, hay que hablar de
reformas parciales y puntuales de ese texto, hemos de flexibilizar
criterios, hemos de conseguir que se materialicen inversiones en bienes
inmobiliarios que tampoco sean estrictamente viviendas de alquiler,
porque si no sabemos combinar las dos inversiones no haremos rentables
estos fondos y no se podrá obtener el objetivo de canalizar ahorro hacia
estos instrumentos.
En suma, señorías, termino diciendo que no nos olvidemos de que la gran
inversión en vivienda en este país la están haciendo las sociedades
promotoras de vivienda. Y no se puede hacer un marco jurídico y fiscal
específico y favorable para unos instrumentos que se llaman fondos de
inversión inmobiliaria olvidando que en el mercado el gran volumen de
sociedades que hoy pueden hacer inversión en vivienda de alquiler son las
que se dedican a estas funciones. Hay que revisar también el régimen
fiscal de las sociedades que hoy pueden realmente hacer promociones de
vivienda en alquiler y homologar el régimen fiscal. No hagamos solamente
un régimen fiscal para un instrumento, hagamos un mismo régimen fiscal
para todos los instrumentos que hoy operan en el mercado y que pueden
hacer promoción de viviendas de alquiler; si no, volveremos a fracasar.
Señorías, muy bien por la iniciativa del Gobierno. Es absolutamente
necesario revisar esta legislación, la que tenemos ha sido un absoluto
fracaso que no justifica que no aceptemos a trámite su iniciativa. Vamos
a votar, por tanto, en contra de la devolución, pero invitamos al Partido
Popular a revisar técnicamente el texto para que podamos ser muy eficaces
en el buen propósito que tiene la iniciativa.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Es obvio que el grupo que sostiene al Gobierno no va a apoyar la enmienda
de totalidad del Grupo Parlamentario Socialista. Además, quería recordar
a S.S., el portavoz socialista, el artículo 110.2 del Reglamento de la
Cámara, donde se define lo que se entiende por enmienda de totalidad: Es
enmienda de totalidad aquella que versa --le recuerdo el texto, ya sé que
no hace falta-- sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del
proyecto y postula, en consecuencia, su devolución. Digo esto, señoría,
porque no se cohonesta, no se compagina su exposición --que, al fin y al
cabo, se ha circunscrito a manifestar la desconfianza sobre el
levantamiento de una serie de garantías o de cautelas-- con el no rechazo
que hace del proyecto en su conjunto y de la necesidad de revisar los
aspectos financieros y fiscales de los fondos de inversión colectiva de
carácter inmobiliario. Me temo, señoría, que hay más de prejuicio, de
antejuicio, de posición predeterminada en su enmienda de totalidad que un
rechazo total y radical que no se desprende de sus palabras. En este
sentido, señor Alvarez Gómez, le felicito y aplaudo el tono de su
intervención y su actitud y su disposición a colaborar en Comisión para
la mejora del texto.
Entiendo, señorías, que en el marco en que se produce este proyecto hay
que registrar un doble fracaso: el fracaso del modelo del Gobierno
anterior de los fondos de inversión inmobiliaria y el fracaso del modelo
de política de vivienda en alquiler. Y los fracasos o los éxitos se miden
en función de los resultados. El fracaso del modelo de los fondos de
inversión inmobiliaria se percibe si se tiene en cuenta, como se ha
reiterado por el Ministro y por el portavoz de Convergència i Unió, que
son cuatro los fondos que se han constituido, el número de partícipes,
que apenas son 2.000, y los fondos que han aglutinado o que han
convertido en patrimonio. Si esto se compara con los fondos de inversión
mobiliaria, que totalizan 20 billones de pesetas de patrimonio y más de 5
millones de españoles partícipes en los mismos, se podrá apreciar cómo
los fondos de inversión inmobiliaria que ustedes crearon por Ley del año
1992, que convirtieron --y figura en el preámbulo-- en pieza esencial de
la política de vivienda, han sido un fracaso radical y absoluto. Y
aquello que es objeto de fracaso debe ser objeto de reflexión y,
consiguientemente, objeto de revisión.
El segundo fracaso, señorías, es la política de vivienda en alquiler. Voy
a reiterar una vez más que, en un parque de 17 millones de viviendas, las
viviendas en alquiler apenas llegan a dos millones, lo que significa el
13,9 por ciento del parque de viviendas, según el censo de 1991, que baja
el porcentaje al 13,7 según la encuesta de presupuestos familiares del
año 1995.
Señorías, estamos en presencia de un doble fracaso: el fracaso del modelo
de fondos de inversión inmobiliaria y el fracaso de la política de
vivienda en alquiler, siendo, no obstante, un objetivo de política social
primordial y también un objetivo de política económica, como recordaba el
Ministro de Fomento, por lo que significa de contribución a la movilidad
geográfica de los trabajadores y, en definitiva, a la competitividad.
Quiero agregar, refiriéndome a la exposición del portavoz socialista,
señor Alvarez Gómez, que su rechazo a la eliminación de cautelas tendrá
plena respuesta reglamentaria mediante normas sobre diversificación de
riesgos, en el establecimiento de porcentajes de lo que un inmueble
determinado puede significar en el conjunto del activo inmobiliario de
las entidades; tendrá respuesta en mecanismos de control, en normativa
contable específica, en la evitación de que se produzcan traspasos de
actividades de unos ámbitos empresariales a otros. En definitiva, su
planteamiento, que obedece a una posición predeterminada y a una actitud
de desconfianza, tendrá plenitud de respuesta en términos de regulación
reglamentaria, y por supuesto la tendrá en la incorporación de enmiendas
parciales cuando se produzca el debate en Comisión.
Al portavoz de Convergència i Unió quiero decirle que a título personal
estoy íntegramente de acuerdo con su planteamiento, pero también lo
estamos como grupo parlamentario haciendo la siguiente afirmación: este
proyecto de ley, como todo proyecto de ley, es obviamente perfectible, no
sólo porque es perfectible toda obra humana, sino porque este proyecto es
susceptible de mejora; de mejora en el ámbito financiero y sobre todo en
los aspectos fiscales. Ciertamente el norte al que queremos orientarnos
en materia de fiscalidad de fondos de inversión inmobiliaria es la
plenitud de equiparación a los fondos de inversión mobiliaria y, por
consiguiente, la aplicación de un tipo ciertamente único.
El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, antes de que acabe quiero señalarle
que, como no se le escapa a S.S., la intervención ha sido contraria, por
no poner calificativos, a la intervención del defensor de la enmienda de
totalidad, cuando S.S. está consumiendo el turno de fijación de posición.
Se lo digo a todos los efectos.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Sabe el señor Presidente, porque es un
parlamentario avezado, que las fronteras entre una cosa y otra son a
veces muy difíciles de trazar, y mucho más todavía cuando se está en el
uso de la palabra con un mínimo apasionamiento.
El señor PRESIDENTE: Me limito a advertirle, señor Ortiz, porque también
sabe perfectamente S.S., devolviéndole la gentileza, que si las fronteras
son difusas, los efectos son bien distintos.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Lo sé, señor Presidente, y supongo que la
Presidencia tomará buena nota y será la que extraiga las consecuencias de
este turno. Su Señoría estima que se ha convertido en turno en contra, yo
no lo creo.
Acabo, señor Presidente. Consiguientemente, coincidimos con el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el sentido de que el
proyecto es perfectible, es mejorable en Comisión, es mejorable en los
aspectos financieros y también en los aspectos fiscales. Las
desconfianzas del Grupo Parlamentario Socialista respecto a lo que ha
llamado eliminación de cautelas, a que se deje un campo a actuaciones de
ingeniería financiera, tendrá adecuada respuesta en la regulación
reglamentaria.
En todo caso, señorías, estamos en presencia de un proyecto absolutamente
esencial desde el punto de vista de la promoción del mercado de alquiler.
España no puede seguir ocupando este lugar de dudoso elogio, el último
lugar de la Unión Europea en lo que significa el porcentaje de vivienda
en alquiler respecto al conjunto del parque de vivienda. En consecuencia,
y acabo, señor Presidente, invito al Grupo Parlamentario Socialista a que
retire su enmienda y formule cuantas enmiendas parciales tenga a bien, y
a los demás grupos de la Cámara, a que apoyen al Gobierno y,
consiguientemente, voten en contra de la enmienda a la totalidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz.
Tiene la palabra el señor Alvarez Gómez.
El señor ALVAREZ GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Yo deduzco de la intervención del señor Ortiz que su objetividad no le ha
permitido distinguir siquiera una fundamentación en la defensa que hemos
hecho de la enmienda de totalidad. Yo no le voy a pedir tanto, no voy a
pedirle que aprecie los argumentos del Grupo Socialista sobre algunos
elementos objetivos, pero sí voy a pedirles, tanto a usted como al Grupo
Popular que apoya al Gobierno, que al menos crean las argumentaciones que
el propio Gobierno expone nada menos que en el propio texto del proyecto
de ley, y leo textualmente lo que se expone en la fundamentación de este
proyecto de ley: Las cautelas y garantías establecidas en el referido
grupo normativo, con la finalidad fundamentalmente de proteger a los
partícipes de los mismos, han impedido un adecuado desarrollo de estas
instituciones, lo cual deriva lógicamente en el incumplimiento del
objetivo para el que fueron creadas, ya que, como señaló la exposición de
motivos de la Ley 19/1992, de 7 de julio, constituyen una pieza de la
política gubernamental de vivienda.
Así termina el párrafo. Es decir, no habría que extenderse en más
argumentaciones sobre el particular, puesto que el propio texto del
Gobierno señala que las
cautelas y las garantías establecidas para proteger a los partícipes, en
suma, para proteger a los inversores, son los obstáculos que hay que
remover para alcanzar un objetivo: el fomento de la oferta de vivienda en
alquiler. Y entre dos opciones, la actual, a la que posiblemente se
pudieran introducir modificaciones y mejoras que permitiesen alcanzar
este objetivo --y en esto estamos de acuerdo--, y una de futuro, una ley
que pudiera introducir mejoras en la oferta de viviendas en alquiler sin
menoscabar esencialmente las referidas cautelas establecidas en beneficio
del inversor, el Gobierno ha optado por la peor. Ni cautelas ni garantías
ni tampoco incremento de la oferta de viviendas, porque, a corto plazo,
la oferta de viviendas en alquiler va a descender del 50 al 35 por
ciento.
Hay otras finalidades que pueden subyacer detrás del proyecto; ya lo he
dicho. Si el Gobierno cree que es conveniente este instrumento para que
afloren estos dos billones y medio de patrimonios ocultos de los que
hablan el Gobernador del Banco de España y el Secretario de Estado de
Hacienda, que nos lo digan. Pero con este proyecto de ley, a salvo de
estas operaciones opacas, no se garantiza, sino todo lo contrario, que la
oferta de vivienda de alquiler no vaya a caer a corto plazo.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Alvarez Gómez
El señor ALVAREZ GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Y esto es responsabilidad del Gobierno, que ha presentado esta
iniciativa; la responsabilidad de proteger al inversor es del Gobierno,
pero también es responsabilidad de esta Cámara si no acepta la enmienda
de totalidad que nosotros hemos presentado.
¿Qué es lo que está pasando? A nuestro juicio, lo que está pasando es que
el Gobierno, el autor del texto, piensa en segunda persona del plural, y
nosotros creemos que hay que pensar en tercera persona del plural. No se
pueden hacer proyectos para temas específicos y concretos; tienen que
hacerse para conseguir una globalidad de objetivos que puedan ser
alcanzarlos mediante los instrumentos adecuados.
Yo le pido una reflexión última, y termino, señor Presidente. Supongamos
que es usted un inversor particular. Supongamos que lee concienzudamente
el proyecto de ley que nos remite el Gobierno y que lee que se han
removido las cautelas y las garantías de que está dotado el actual
régimen jurídico y financiero de estas instituciones. Le hago una
pregunta: ¿usted invertiría a partir de ahí sus pequeños ahorros en estos
fondos y sociedades de inversión inmobiliaria?
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez Gómez.
Tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Por supuesto que invertiría, señor Alvarez Gómez. Invertiría porque
ninguna de las seis modificaciones que se introducen en lo que usted ha
denominado eliminación de cautelas tiene que ver con la puesta en riesgo
del patrimonio de los partícipes. Ni la permisividad con las aportaciones
en especie ni la posibilidad de que se pueda ser al mismo tiempo
arrendatario y partícipe ni la flexibilización de los plazos para
materializar los activos inmobiliarios, etcétera, ninguna de ellas,
analícelo concienzudamente, tiene que ver con la puesta en riesgo o con
problemas de seguridad jurídica o de solvencia de los fondos o de las
gestoras; ninguna de ellas. Consecuentemente, mi respuesta es sí, por
supuesto que invertiría.
Quiero decir, en segundo término, que esta regulación de los fondos de
inversión inmobiliaria, esta modificación, es un paso más en la
orientación de una política de promoción y fomento del alquiler.
Ciertamente este proyecto, que ya he dicho que es perfectible, no va a
garantizar una promoción inmediata del alquiler, pero es un elemento más
y, en todo caso, es la eliminación de un obstáculo del sector. La
Comisión Nacional del Mercado de Valores, los inversores, compañeros
suyos de grupo parlamentario han puesto en evidencia el obstáculo para
que los fondos de inversión inmobiliaria hayan tenido el grado de
difusión y crecimiento que han tenido en el resto de Europa. Piense que
en los países de la Unión Europea hay 457 fondos de inversión
inmobiliaria, y en España son sólo cuatro, con 2.000 partícipes y apenas
15.000 millones de pesetas de patrimonio.
Lectura por lectura, permítame que le lea, para que usted entienda cómo
en su propio grupo hay quien está más de acuerdo conmigo que con usted,
lo que figura en el documento Esquema general de ideas sobre el plan de
vivienda 1996-1999, cuya autoría adivino que no está muy lejos
físicamente de usted. En dicho documento se decía: La creación de fondos
de inversión inmobiliaria, aun cuando prometedora, está resultando
extraordinariamente lenta y no cabe esperar en el medio plazo que suponga
un revulsivo positivo de impacto muy significativo en el mercado de
alquiler, en razón de las cautelas y garantías excesivas con que se
constituyeron en su momento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz.
Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, votación de la
enmienda de totalidad al proyecto de ley de reforma del régimen jurídico
y fiscal de las instituciones de inversión colectiva de naturaleza
inmobiliaria y sobre cesión de determinados derechos de crédito de la
Administración general del Estado, que acaba de debatirse.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a
favor, 123; en contra, 170; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.
-- VOTACION DE CONJUNTO DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE REGULA
LA UTILIZACION DE VIDEOCAMARAS POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN
LUGARES PUBLICOS (Número de expediente 121/000014)
El señor PRESIDENTE: Votación derivada del carácter orgánico del proyecto
de ley por la que se regula la utilización de videocámaras por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a
favor, 293; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el proyecto con el
carácter de orgánico.
Señorías, antes de levantar la sesión, tengo que comunicar que, durante
el transcurso del último debate, algún Diputado ha dejado un teléfono
inalámbrico --uno de esos artefactos indeseables (Risas.)-- en un escaño
que no era el suyo y ha tenido que ser desactivado por alguna de SS.SS.
Está confiscado debidamente por la Presidencia (Risas.), ante la que
pueden retirarlo.
Se levanta la sesión.
Era la una de la tarde.