Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 30, de 09/10/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 30
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 29
celebrada el miércoles, 9 de octubre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 1243)
Interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política general del Gobierno respecto de la
necesaria colaboración del mismo con los órganos judiciales para el
esclarecimiento de actividades terroristas. (número de expediente
172/000017) (Página 1263)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las razones de política
general del incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo
Administración-Sindicatos para el período 1995-1997 sobre condiciones de
trabajo en el ámbito de la función pública. (número de expediente
172/000018) (Página 1276)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 31, de 10 de
octubre de 1996.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Preguntas (Página 1243)
De la Diputada doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene ya el Gobierno una previsión
ajustada del coste total del nuevo modelo de financiación autonómica y su
distribución por cada Comunidad Autónoma? (Número de expediente
180/000246) (Página 1243)
Del Diputado don Antonio Martinón Cejas, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué razones ha tenido el Gobierno
para que durante el pasado verano no se hayan realizado las funciones
operativas de vigilancia aéreas propias del Servicio de Vigilancia
Aduanera? (Número de expediente 180/000251) (Página 1244)
Del Diputado don Fernando López-Amor García, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo considera el
gobierno que puede inicidir en la evolución de la economía española la
reducción de los tipos de interés? (Número de expediente 180/000256)
(Página 1246)
Del Diputado don Ricard Burballa i Campabadal, del Grupo parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones
tiene el Gobierno para los centros educativos que el Ministerio de
Defensa tiene en Cataluña? (Número de expediente 180/000255)
(Página 1247)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo se
completa el Plan Norte del Ejército de Tierra con la reorganización del
Cuartel General y del apoyo a la Fuerza? (Número de expediente
180/000258) (Página 1248)
Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo
parlamentario Pupular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿De qué
manera valora el Gobierno las actividades conjuntas de Unidades
encuadradas en la Brigada Española en la antigua Yugoslavia (SPABRI)
desde el punto de vista de la coordinación e integración alcanzadas?
(Número de expediente 180/000259) (Página 1249)
Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede evaluar el
Gobierno los puestos de trabajo que creará la Ley de Profesionalización
de las Fuerzas Armadas, además de los ya existentes? (Número de
expediente 180/000260) (Página 1250)
Del Diputado don Julián Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Gobierno: ¿Se han dado instrucciones al Delegado del Gobierno en Navarra,
por parte del Ministerio del Interior, para incitar a la población a
enfrentarse físicamente con los que provocan desórdenes callejeros?
(Número de expediente 180/000239) (Página 1250)
Del Diputado don Ignacio gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué avances en materia de gestión
de recursos públicos va a suponer la reciente creación de la Dirección
General de la Administración de la Seguridad? (Número de expediente
180/000263) (Página 1252)
Del Diputado don Jon Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que
formula al Gobierno: ¿Grado de cumplimiento de las obras del aeropuerto
de Bilbao? (Número de expediente 180/000211) (Página 1252)
De la Diputada doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los criterios del Gobierno
para la reforma
laboral que pretende llevar a cabo? (Número de expediente 180/000250)
(Página 1254)
Del Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones tiene
previstas desarrollar el Gobierno en orden a la investigación y
conocimiento de los recursos pesqueros nacionales? (Número de expediente
180/000261) (Página 1254)
De la Diputada doña María Visitación Pérez Vega, del Grupo parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas adicionales
piensa tomar el Gobierno para estabilizar el mercado de carne vacuno?
(Número de expediente 180/000262) (Página 1255)
Del Diputado don Joaquín Leguina Herrán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente del Gobierno: ¿Cuál es
el objetivo en relación a la elaboración de una ley sobre medios de
comunicación audiovisuales? (Número de expediente 180/000244)
(Página 1256)
Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Está
satisfecho el Presidente del Gobierno del estado actual de las relaciones
entre España e Italia? (Número de expediente 180/000242) (Página 1258)
Del Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Respalda el
Presidente del Gobierno las recientes declaraciones del Vicepresidente
Primero en Mérida el pasado día 29 de septiembre? (Número de expediente
180/000243) (Página 1259)
Del Diputado don Rafael Hernando Fraile, del Grupo parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión merece al Gobierno
el acuerdo suscrito por los sindicatos en relación con las pensiones y la
Seguridad Social? (Número de expediente 180/000257) (Página 1260)
Del Diputado don Bernardo Bayona Aznar, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Va a permanecer impasible el Gobierno
ante la prohibición de que las mujeres visiten las pinturas murales de
Goya en la Cartuja de Aula Dei (Zaragoza)? (Número de expediente
180/000247) (Página 1261)
De la Diputada doña Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el estado
actual de conservación y/o destrucción de los restos arqueológicos
comprendidos en el espacio urbano afectado por el proyecto de reforma de
la Plaza de Oriente, Plaza de Felipe IV y calles perimetrales, así como
las embocaduras del acceso por las calles Carlos III, Felipe IV y Bailén?
(Número de expediente 180/000248) (Página 1262)
Interpelaciones urgentes (Página 1263)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política general del Gobierno respecto de la
necesaria colaboración del mismo con los órganos judiciales para el
esclarecimiento de actividades terroristas (Página 1263)
La señora Aguilar Rivero, en nombre del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, manifiesta que su grupo no tendría que
haber presentado esta interpelación porque el Presidente del Gobierno
debería haber comparecido ante el Parlamento para explicar las razones
que le llevaron a no colaborar con la justicia y a no desclasificar los
documentos clasificados en su día como secretos. Añade que sospecha que
el Partido Popular se ha aliado con Convergència i Unió y con el PSOE
para no tener que dar la cara, desde el punto de vista político, en el
Parlamento, haciendo lo mismo que hacía el señor González, al que tanto
criticaban. A su juicio, está claro que para el Partido Popular hay dos
momentos totalmente distintos en todo lo relativo al tema GAL, al
terrorismo de Estado
y a la utilización indebida de los fondos reservados: antes y después de
las elecciones del 3 de marzo, puesto que, con anterioridad a las
elecciones, prácticamente la totalidad de los dirigentes y de los
diputados del Partido Popular arremetían a diario contra el Gobierno de
Felipe González y exigían depuración de responsabilidades políticas y
actuación contundente por parte de la justicia, adquiriendo, además, el
compromiso público con los ciudadanos de desclasificar los documentos
clasificados en su día como secretos. Por lo tanto, estima que hay que
pensar que desde el Gobierno y desde el propio Partido Popular se actuó
de forma demagógica y electoralista, al albur de las encuestas, postura
que les supuso que un buen número de ciudadanos les dieran el voto, dando
ahora, clarísimamente, la espalda a ese voto y al conjunto de la
sociedad. Añade que con la decisión de no desclasificar los documentos
del Cesid han socavado los cimientos del Estado de Derecho y han puesto
en entredicho el funcionamiento del sistema democrático.
No le cabe la menor duda de que este cambio radical del Grupo Popular y
del Gobierno obedece a alguna razón, y quiere conocer los argumentos y
los porqués del cambio de política del Partido Popular en todo lo
relativo a la trama GAL. Quiere saber si se han puesto de acuerdo con el
Gobierno anterior, si hay compromisos concretados con otras instancias o
aparatos del Estado en el tema GAL. Considera que es el momento de dar
las explicaciones en el Parlamento, que es donde reside la soberanía
popular.
A continuación, expone que hasta ahora sólo ha habido excusas y encuentra
incongruentes las manifestaciones del señor Ministro del Interior cuando
dice públicamente que no han desclasificado los papeles por no llevar la
contraria al Gobierno precedente, después de las efectuadas por el señor
Alvarez Cascos cuando dice que estamos hablando de unos papeles que no
afectaban a la seguridad del Estado sino a la seguridad de personas.
Considera que, en este tema de tan extraordinaria importancia, no se
puede seguir impasibles ante tal cúmulo de manifestaciones públicas, a
las que, como colofón, se suman las efectuadas últimamente por el señor
Alvarez Cascos diciendo que ha habido terrorismo de bodeguilla, que los
hechos que se pretende investigar, y que están siendo investigados desde
el ámbito judicial, fueron impulsados, organizados y relacionados con
personas del entorno, de la confianza del anterior Presidente del
Gobierno. Expone a continuación que si el señor Vicepresidente del
Gobierno no rectifica, sino que se afirma y se ratifica en esas
declaraciones públicas, está obligado, como conocedor de los documentos,
a ir ante el juez y declarar lo que sabe. Se pregunta si acaso con estas
declaraciones no se estaba avisando al PSOE y a Felipe González de que se
iba a tirar de la manta si el anterior Presidente del Gobierno seguía
provocando con sus manifestaciones públicas, y añade que está claro, a su
juicio, que el Gobierno y el Partido Popular, de la mano de Convergència
i Unió y del PSOE, están buscando el punto final en el asunto GAL.
Estima que uno de los peores favores que se puede hacer a la democracia
es seguir manteniendo clasificados como secretos los documentos, y pide
al Gobierno que rectifique y los desclasifique y que colabore con la
justicia, ayudando con ello a fortalecer el sistema democrático y el
Estado de Derecho. Termina su intervención con la esperanza de que el
señor Vicepresidente Primero explique ese cambio de política y de actitud
del Gobierno y del Partido Popular y diga, de una vez por todas, si hay
un acuerdo o pacto por el que hayan convenido silenciar el tema GAL y
ponerle punto final.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Vicepresidente Primero y
Ministro de la Presidencia (Alvarez-Cascos Fernández), agradeciendo, en
primer lugar, el tono en el que se ha pronunciado la interpelante al
plantear una serie de consideraciones a raíz de unas declaraciones
públicas.
En relación con la acusación de que el Partido Popular está haciendo
guiños al Partido Socialista, contesta que no parece que esos guiños o
pactos, que ella insinúa, se compadezcan con la realidad de los últimos
días en cuanto a la polémica en virtud de la cual presenta la
interpelación a la Cámara.
Seguidamente, estima que la intervención de la señora Aguilar es confusa
y mezcla responsabilidades políticas y penales, Gobierno y oposición,
promesas y hechos y, para dar claridad al tema, expone unos conceptos
fundamentales como son la naturaleza de las responsabilidades políticas,
la titularidad de las responsabilidades políticas, la oportunidad de la
exigencia de responsabilidades políticas, la sede de esa exigencia, y las
compatibilidades de las responsabilidades políticas. Añade que las
responsabilidades políticas nacen de los desaciertos y de los
incumplimientos de los políticos, y también del incumplimiento de las
leyes vigentes por parte de los políticos, hecho del que se derivan,
además, responsabilidades administrativas y judiciales. La titularidad de
las responsabilidades políticas recae sobre los políticos, en función de
su capacidad de acción, y principalmente sobre los gobernantes por su
mayor capacidad de decisión. La titularidad de la exigencia de estas
responsabilidades es patrimonio de quien emana la responsabilidad
política, que
es el pueblo soberano. La oportunidad de la exigencia de las
responsabilidades políticas la marcan los acontecimientos cuando se
conocen los hechos, y el foro inmediato de debate es la opinión pública,
así como las cámaras parlamentarias frente al Gobierno. Añade que para su
grupo las responsabilidades políticas que nazcan de los hechos de los que
se deriven responsabilidades judiciales son tan compatibles como
independientes.
Pasa a enumerar cronológicamente la cadena de testimonios iniciada en
diciembre de 1994, haciendo hincapié en un documento de 7 de febrero que
hizo público, en nombre de su partido, en una rueda de prensa, y en el
que se aportaban 36 razones acerca de las responsabilidades políticas del
señor González y de su Gobierno, y en una conclusión que presentó el 19
de enero de 1996 ante el XII Congreso Nacional del Partido Popular, que
dice: «La doctrina del Partido Popular partió siempre de la distinción
clara entre las responsabilidades políticas y las responsabilidades
penales, porque nacen de pautas de conducta distintas, órganos de control
distintos y sanciones distintas. Nosotros no admitimos que la
responsabilidad política se vincule exclusivamente a la existencia de una
responsabilidad penal y, mucho menos, de una sentencia judicial firme.»
Concluye: «El Partido Popular está firmemente convencido de que las
acciones de los GAL entrañan una gravísima responsabilidad política del
Gobierno y de su Presidente, sin cuyo consentimiento las acciones de este
grupo jamás hubieran podido iniciarse, prolongarse durante cuatro años y
liquidarse.»
A continuación agrega que sus palabras de Mérida no dicen ni más ni menos
que lo dicho en su momento en esta Cámara y que lo dicho en público ante
los ciudadanos.
A la pregunta de la señora Aguilar sobre la falta de colaboración con la
justicia para explicar sus manifestaciones, contesta que no tiene nada
que aportar porque sus conclusiones se basan en datos que ha conocido a
través de las investigaciones de los jueces en los distintos sumarios que
guardan relación con los GAL. Estima que, una vez concluido, el proceso
de delimitación de responsabilidades políticas se quiere mezclar con el
de las responsabilidades penales, vinculando sus palabras con la decisión
del Gobierno de no desclasificar los papeles del Cesid, y añade que en
todo cuanto afecta a las responsabilidades penales, la política del
Gobierno, en la materia referida, ha sido y será la de prestar la
colaboración requerida por los jueces y tribunales en el curso de los
procesos judiciales, como exige el artículo 118 de la Constitución
Española, sin perjuicio de que el Gobierno tiene, además, el deber de
garantizar la seguridad y la defensa del Estado, protegiendo el interés
general.
En relación con la petición de desclasificación de los documentos del
Cesid por parte de la justicia, contesta que el Gobierno ha sido
consciente de que se hallaba --cita una frase del dictamen del Consejo de
Estado-- ante una manifestación de la tensión axiológica entre seguridad
y justicia. Por otra parte, confiesa que desde que accedieron al Gobierno
han tratado de eludir cualquier referencia a las responsabilidades
políticas del anterior Gobierno y, sobre todo, de evitar que se
confundieran las responsabilidades políticas con las responsabilidades
jurídicas, cosa que hubiera continuado de no haberse producido el
escándalo de las declaraciones del señor González, calificando de
incidentes los sucesos del GAL que todo el mundo conoce. Manifiesta que
no buscan la crispación, pero eso no significa que deban soportarlo todo,
porque considera que la tolerancia es una virtud, pero el compadreo es un
vicio.
Hace a continuación unas consideraciones en cuanto a la actuación de las
personas en distintos planos, coincidiendo en su caso ser miembro del
Gobierno, ser miembro del partido y ser un ciudadano particular. Estima
que como partido y como grupo parlamentario han cumplido con el deber de
exigencia y delimitación de responsabilidades políticas en el escándalo
GAL, y que ahora, como Gobierno, no han faltado a ninguna promesa
electoral sino que han cumplido con su deber resolviendo en Derecho lo
que en Derecho solicitaron varios tribunales de justicia.
Replica la señora Aguilar Rivero, duplicando el señor Vicepresidente
Primero y Ministro de la Presidencia.
Para fijación de posiciones, intervienen el señor Rodríguez Sánchez y la
señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Mixto; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Vasco (PNV); y los señores López de Lerma i López, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); Cuesta Martínez, del Grupo Socialista, y
Gil Lázaro, del Grupo Popular.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las razones de política general
del incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo
Administración-Sindicatos para el período 1995-1997 sobre condiciones de
trabajo en el ámbito de la función pública (Página 1276)
El señor Rodríguez Zapatero, en nombre del Grupo Socialista, comienza su
intervención haciendo alusión
al acuerdo de 19 de julio de 1996 entre todos los sindicatos presentes en
la mesa general de la Administración del Estado con el Secretario de
Estado para la Administración Pública y el Secretario de Estado de
Presupuestos y Gastos, documento en el que ambas partes vienen a
coincidir en que el acuerdo de 15 de septiembre de 1994, por el que se
regulan las retribuciones y otros aspectos en el ámbito de la
Administración, era el marco adecuado para el logro de los objetivos
fijados. Sin embargo, el miércoles 24 de julio se convoca la mesa de
retribuciones y empleo y el jueves 25 de julio, de manera sorpresiva, se
convoca a los secretarios generales de los sindicatos para comunicarles,
por parte del Secretario de Estado de Administración Pública y del
Secretario de Estado de Hacienda, que el Gobierno tiene decidido
congelar, una vez más, los salarios de los empleados públicos. Aunque
está seguro de que el Ministro para las Administraciones Públicas conoce
la reacción de los sindicatos que tienen representación en el ámbito del
sector público, pasa a indicarle algunas de las cuestiones que plantean
todas las centrales sindicales. Entre otras, consideran que la medida del
Gobierno supone un atentado gravísimo contra el derecho a la negociación
colectiva, que el proyecto de ley es injusto y que esta medida supone
para los empleados públicos un deterioro de la calidad de los servicios y
administraciones públicas, repercutiendo en las condiciones de vida del
conjunto de los ciudadanos y, en especial, de las capas sociales más
desfavorecidas. Subraya que este Gobierno firmó un acuerdo por el cual se
comprometía a negociar las condiciones retributivas y el posible
incremento en los presupuestos que esta Cámara va a debatir para el año
1997. A continuación, recuerda al señor Ministro que, en su primera
comparecencia como Ministro en la Comisión de Régimen de las
Administraciones Públicas, dijo textualmente que el acuerdo de 1994 era
un buen acuerdo y que su voluntad era respetarlo, y el 19 de julio
firmaron un documento en el que se comprometían a negociar las
condiciones retributivas de los empleados públicos. Considera que las
razones que ha esgrimido el Gobierno para justificar la medida y la forma
de adopción de la decisión, en unos casos no son creíbles, en otros son
injustificables y, en los restantes, algunas de las cosas que se han
dicho son falsas, y añade que el Gobierno cumple sólo aquellos acuerdos
que le convienen como partido. Se pregunta por qué no se han sentado a
negociar con las centrales sindicales el escenario retributivo de 1997 y
sí lo han hecho con las comunidades autónomas para llegar al acuerdo de
financiación. Por otra parte, reconoce que el presupuesto que se va a
debatir en esta Cámara es decisivo para España y que hay que hacer
sacrificios, pero se pregunta por qué presumen que los empleados públicos
no estarían dispuestos a hacer algún sacrificio. En resumen, lo que
preocupa al Grupo Socialista es que ni siquiera se hayan sentado a
negociar cinco minutos y, en consecuencia, hayan dinamitado un buen
acuerdo. Estima que la postura del Gobierno es un ejemplo de falta de
palabra como Gobierno, es un ejemplo de incumplimiento de acuerdos y es
un ejemplo de falta de voluntad negociadora. Para pedir esfuerzos de
austeridad hay que hacerlo con credibilidad y con coherencia y no
dinamitando la negociación colectiva.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Administraciones
Públicas (Rajoy Brey), afirmando que la decisión del Gobierno de no subir
las retribuciones de todos los funcionarios y emplea dos de las
administraciones públicas no es una medida aislada. Añade que el objetivo
de la sociedad española es crear el marco idóneo para el crecimiento y la
generación de empleos sostenidos, que es el camino que conduce a
integrarse en el grupo de los países más prósperos que encabezarán la
Unión Monetaria europea, y los Presupuestos Generales del Estado para el
año 1997 reflejan nítidamente una nueva orientación de la política
económica para lograr esos objetivos, que no consiste solamente en la no
subida de las retribuciones de los funcionarios y empleados públicos sino
que supone una fuerte contención del gasto público, con la consiguiente
reducción del déficit y una no elevación de la presión fiscal, medidas
todas ellas que revelan la voluntad del Gobierno de mejorar la
credibilidad e incrementar la confianza de los agentes económicos y
sociales. En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado
coadyuvarán a la baja de los tipos de interés y a la recuperación de las
inversiones y del empleo. Asimismo, estima como una aportación decisiva
para tales objetivos la incorporación de medidas de rigor y control que
garantizan la no existencia de desviaciones entre la liquidación y lo
inicialmente aprobado.
A estos efectos, hace un breve repaso de lo sucedido en otros
presupuestos, poniendo de relieve que la medida que ahora toma el
Gobierno no es nueva y ya se adoptó en los ejercicios presupuestarios de
1993 y 1994. Sin embargo, existe una diferencia muy clara entre estas
decisiones: mientras que la decisión para los anteriores presupuestos era
una medida aislada, la decisión para los presupuestos de 1997 es una
medida que hay que entenderla en el conjunto de lo que es un presupuesto
austero, serio y riguroso. Además, los presupuestos del año 1997
van acompañados del comienzo de la reforma de la Administración del
Estado, de normas de disciplina y de control presupuestario y de una
serie de normas del control del gasto y reducción de la estructura y del
aparato administrativo del Estado.
A continuación, puntualiza la acusación que ha hecho el señor Rodríguez
Zapatero de violar un acuerdo con los sindicatos. Reconoce que el acuerdo
de 1994 era un buen acuerdo --y así lo dijo-- y que se debía trabajar en
base a dicho acuerdo, como se hizo también con ocasión de la Lofage o de
otros muchos trabajos que había elaborado el anterior Gobierno. Le parece
que sería una insensatez hacer lo contrario, y agrega que el texto del
acuerdo de 1994 ya preveía en su capítulo VI que se tendría en cuenta el
grado de cumplimiento de las previsiones y de los compromisos sobre los
que se hubiera basado el incremento retributivo del ejercicio anterior y
también la previsión de crecimiento económico y la capacidad de
financiación de los Presupuestos Generales del Estado, determinada en
función de la previsión del déficit presupuestario del conjunto de las
administraciones públicas.
Por otra parte, considera que no se rompe el diálogo social,
independientemente de las decisiones que quieran adoptar los
funcionarios, puesto que existen negociaciones abiertas sobre muchísimos
temas en el Ministerio de Administraciones Públicas entre los sindicatos
y el Gobierno.
A continuación defiende el modelo de financiación autonómica. En cuanto a
la referencia que hace el señor Rodríguez Zapatero a los recursos o a las
decisiones que adopten ayuntamientos y comunidades autónomas, considera
que se debe ser responsable y que si las Cortes Generales aprueban una
ley hay que hacer todo lo posible para que se cumpla y no generar la
sensación de que la ley no vale para nada y no hay que cumplirla.
Por otra parte, estima que la decisión que ha tomado el Gobierno no es
agradable, pero se enmarca dentro de un marco general con un objetivo muy
conocido que afecta al conjunto de la sociedad española.
Replica el señor Rodríguez Zapatero, duplicando el señor Ministro de
Administraciones Públicas.
Para fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez Vázquez, del
Grupo Mixto, y Ríos Martínez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Se suspende la sesión a las ocho y diez minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Antes de continuar con el orden del día, desearía comenzar este Pleno
dirigiendo un saludo afectuoso y cordial al Presidente de la Cámara de
Senadores de la República del Paraguay, excelentísimo señor don Miguel
Abdón Saguier, y a los ilustres parlamentarios paraguayos que le
acompañan en la tribuna institucional. A todos ellos les damos, en nombre
del Pleno, nuestra más calurosa bienvenida. (Aplausos.)
Muchas gracias.
PREGUNTAS:
--DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO RUBIALES TORREJON, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE YA EL GOBIERNO UNA PREVISION
AJUSTADA DEL COSTE TOTAL DEL NUEVO MODELO DE FINANCIACION AUTONOMICA Y SU
DISTRIBUCION POR CADA COMUNIDAD AUTONOMA? (Número de expediente
180/000246)
El señor PRESIDENTE: Preguntas orales al Gobierno.
Pregunta número 14, que formula la Diputada doña Amparo Rubiales
Torrejón, del Grupo Socialista del Congreso.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿tiene el Gobierno ya una previsión ajustada del coste
total del nuevo modelo de financiación autonómica y su distribución por
comunidades autónomas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.
Señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señora Rubiales, ya lo dije el pasado miércoles, respondiendo al señor
Caballero, de su grupo. El nuevo modelo no aporta ninguna cantidad
adicional respecto del año 1996 en la PIE. Hay, eso sí, una nueva partida
de 10.000 millones, dedicada al fondo de nivelación previsto en el
artículo 15 de la Lofca, y, además, a lo largo del quinquenio está
previsto destinar un máximo de 200.000 millones para cumplir con los
mínimos de garantía establecidos, que supongo que usted conoce. Pero son
cantidades máximas. Por eso, como dije el
otro día, el modelo costará un máximo de entre 200.000 y 300.000
millones, es decir, unos 400.000 millones menos que el que ustedes
aprobaron en el año 1992.
Para explicar cuál es la repercusión por comunidades autónomas debe usted
informarme antes de cómo piensan ejercer la capacidad normativa y de
gestión las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista,
porque estos dos factores, junto con el índice de evolución del IRPF en
las comunidades autónomas, son los que me pueden servir para precisarle
más concretamente el dato. Así que le ruego que me informe para poder
contestarle a la segunda parte de la pregunta. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Señor Ministro, primero tendrán que
informarle todas las comunidades autónomas, porque a todas, que yo sepa,
les afecta la capacidad normativa, no solamente a las comunidades
autónomas gobernadas por socialistas. Si tiene usted ya la información de
las otras, démela, y por lo menos tendré alguna información. No oculte
usted la información que, por lo visto, no tiene. Carece de ella, señor
Rajoy. Ustedes han dicho en cada ocasión una cosa diferente. Acaba usted
de reiterar que no tiene ninguna cantidad adicional y, sin embargo, la
mayoría de los consejeros de las comunidades autónomas dicen que todos
ganan. Si todos ganan, sin duda ninguna, el coste debe ser mayor.
Usted mismo ha dicho hoy entre 200 y 300.000 millones de pesetas.
Igualmente se lo dijo así el otro día a mi compañero de grupo Abel
Caballero. Primero dijo, entre 200 y 300.000, después dijo que menos de
200.000; perdió 100.000 millones en el camino.
Sin duda ninguna también les ha pasado lo mismo en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera; han presentado hasta cinco documentos con cinco
cantidades diferentes.
En los Presupuestos Generales del Estado pensábamos que, al fin, íbamos a
tener la oportunidad de ver identificada alguna cantidad. Pues bien, no
aparece ni cifra global, ni aparecen identificadas las cifras que
responden a las comunidades autónomas.
Por eso reiteramos hoy: ¿Cuánto cuesta el sistema global y cuál es su
distribución por comunidades autónomas?
El señor Aznar dijo ayer que las comunidades autónomas gobernadas por
socialistas van a perder mucho dinero, si quedan fuera del nuevo sistema
y del Fondo de Garantía. ¿Cuánto es mucho dinero?
Le voy a poner el ejemplo de mi comunidad autónoma, de Andalucía. El
señor Arenas --¿le suena?-- ha dicho que Andalucía va a recibir muchos
miles de millones. Al día siguiente: el Gobierno central garantiza que
Andalucía recibirá 1.500 millones. Otro día: el PP cifra en 18.000
millones adicionales el beneficio. El portavoz de su grupo en el
Parlamento andaluz dice: 85.000 millones más si da el sí. El PP insiste
en que la comunidad recibe 85.000 millones más con el nuevo modelo. Ayer:
el PP se reúne con el Gobierno central para recabar datos sobre
financiación autonómica. Hoy: la financiación autonómica, según el PP,
476.000. ¿Cuál es la cantidad, señor Rajoy? (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, ha visto usted que esto es inaudito, porque, ni me contesta,
ni me informa, ni me responde. (Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! ¡Silencio!
Continúe, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, a pesar de eso, no desespero. (Rumores.)
Me gustaría saber, señora Rubiales, cuál es su modelo, el del Partido
Socialista. Cuánto cuesta por comunidades autónomas. Yo, hasta el momento
presente, sólo conozco los quince modelos distintos que presenta el
Partido Socialista en cada comunidad autónoma y que cuestan billones de
pesetas. (Rumores.) Ese es el modelo que ustedes presentan. Puestos a
preguntar, ¿cuánto va a costar a los ciudadanos de las comunidades
autónomas gobernadas por ustedes su oposición, por razones estríctamente
políticas, al modelo? Esa es la pregunta que tienen ustedes que
responder. Porque la sensación generalizada que se empieza a extender en
este momento por España es que, como a ustedes les es muy difícil, por
las razones conocidas, hacer oposición al Gobierno, han decidido hacerla
a costa del dinero de los contribuyentes de las comunidades autónomas
donde gobiernan, lanzándolas como ariete contra el Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO MARTINON CEJAS, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE RAZONES HA TENIDO EL GOBIERNO
PARA QUE DURANTE EL PASADO VERANO NO SE HAYAN REALIZADO LAS FUNCIONES
OPERATIVAS DE VIGILANCIA AEREA PROPIAS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA
ADUANERA? (Número de expediente 180/000251)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno el
Diputado don Antonio Martinón Cejas, del Grupo Socialista del Congreso.
Señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Este verano, durante algunas semanas, el Servicio de Vigilancia Aduanera
no ha prestado su servicio y, por tanto, no ha existido vigilancia aérea,
la vigilancia que normalmente presta ese Servicio.
Pretendo averiguar las razones que han llevado al Gobierno a que esto sea
así.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
señor Martinón, gracias por su pregunta. Hay una inexactidud en
ella. Sí ha habido vigilancia aérea aduanera. Ha habido 111 vuelos de los
helicópteros. Por tanto, S. S. puede tranquilizarse. Sí ha habido
vigilancia. Y, además, se han producido numerosas aprehensiones, en
comparación con ejercicios anteriores.
Sí tiene razón S. S., y sin duda creo que es una información valiosa para
la Cámara, en que el Gobierno ha decidido, a la finalización del contrato
de mantenimiento con una empresa privada, sustituirlo por un convenio con
el Ministerio de Defensa, de manera que el Ejército del Aire sea el que
supla y el que garantice el mantenimiento técnico de los aviones del
Servicio de Vigilancia Aduanera. Nos parece una medida racional y que,
además, tiene buenas consecuencias para el Ministerio de Defensa y para
el erario público.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas
gracias, señor Vicepresidente encargado de asuntos de Hacienda y de
Economía.
Desde el 1 de julio hasta, al menos, el 20 de agosto, los aviones del
Servicio de Vigilancia Aduanera no han volado. Y los aviones del Ejército
del Aire, como muy pronto, empezaron a volar el 20 de agosto. Eso ha
supuesto, señor Vicepresidente, una menor eficacia en la vigilancia,
vigilancia que tiene como objetivo principalmente el narcotráfico y el
contrabando. Los aviones del Ejército del Aire tienen menos autonomía que
los del Servicio de Vigilancia Aduanera, es más difícil la observación
desde ellos, y a mí me parece grave y por eso le hacía la pregunta.
Tendría que haber razones muy poderosas para que durante cincuenta días
al menos no se haya prestado ese servicio.
Además, resulta especialmente contradictorio que, a finales de julio, su
Gobierno --supongo que a propuesta suya-- haya subido precisamente los
impuestos del alcohol y del tabaco. Sabe bien S. S. que la subida de ese
tipo de impuestos supone, de forma casi inevitable, un aumento del
contrabando. Mientras usted disminuía la vigilancia en la lucha contra el
contrabando, por otro lado propiciaba el aumento del contrabando con el
decreto-ley que subía esos impuestos.
Señor Vicepresidente, la forma más suave en que se me ocurre calificar lo
que su Gobierno ha hecho, por cierto dentro de su propio Ministerio,
puesto que el servicio depende del Ministerio de Hacienda, es de
altamente irresponsable. Yo creo que ha sido un acto de
irresponsabilidad. No sé si han pretendido ahorrarse alguna pesetilla en
esta operación, pero, desde luego, ha salido caro, no sólo desde el punto
de vista fiscal, sino posiblemente por lo fácil que lo han tenido los
narcotraficantes para introducir la droga en españa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Martinón, le agradecía su pregunta hasta las
presunciones finales. Yo voy a hacer también alguna presunción, pero
primero le quiero corregir dos ideas.
No es que hayamos sustituido los Servicios de Vigilancia Aduanera por los
aviones del Ejército del Aire, ha sido sólo el mantenimiento. Hemos
sustituido una empresa privada y --aquí viene la presunción-- parece ser
que usted estaba interesado en que se mantuviera ese contrato; yo creo
que era una mala idea, que es mejor mantenerlo con el Ministerio del
Aire.
Sobre presunciones, le voy a dar datos. Ya que está usted preocupado por
que las 111 salidas de helicópteros del Servicio de Vigilancia Aduanera
no hayan tenido efectos, sobre el total de mercancías, con respecto al
año anterior, han tenido un aumento del 92 por ciento; sobre el total de
resina de hachís, el 29,50; sobre la cocaína, el 833 por ciento; sobre el
tabaco, en unidades de cajetillas, el 51 por ciento. (Rumores.)
Señor Martinón, ustedes sacaban los aviones, pero, al parecer, no se
dedicaban a vigilar el contrabando. ¿Qué interés tenían ustedes en que no
se vigilara el contrabando? No haga usted presunciones, no las haga,
porque, cada vez que usted haga una presunción, yo le voy a hacer otra. Y
le acabo de demostrar, primero, que ha habido vigilancia; segundo, que la
vigilancia, para suerte de toda la sociedad española, ha sido más eficaz
que el año anterior; y, tercero, que este Gobierno ha tomado una decisión
que a mí me parece
absolutamente racional, que el mantenimiento de los aviones del Servicio
de Vigilancia Aduanera lo realice la propia Administración.
Ahora, yo le rogaría que la próxima vez que quiera usted hablar de cosas
serias no haga presunciones; utilice datos o pida información. (Aplausos
en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON FERNANDO LOPEZ-AMOR GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO CONSIDERA EL
GOBIERNO QUE PUEDE INCIDIR EN LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA LA
REDUCCION DE LOS TIPOS DE INTERES? (Número de expediente 180/000256)
El señor PRESlDENTE: Pregunta número 23, que formula al Gobierno el
Diputado don Fernando López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor López-Amor.
El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: El año 1995 fue un año perdido, desde el
punto de vista de la convergencia real. El Gobierno, entonces dirigido
por González (Rumores.), obtuvo, entre otros logros, que durante ese año
1995, repito, el Banco de españa tuviera que elevar los tipos de interés
en 1,25 puntos. Este rebrote de los tipos de interés, acompañado de un
repunte inflacionista, nos hizo desembocar en el año 1996 con unas
condiciones de incertidumbre apreciable sobre la evolución de nuestra
economía.
A principios de 1996, sólo había una certidumbre en nuestro país, el
deseo de cambio político. Ha sido el Gobierno del Partido Popular el que,
con una combinación de medidas de política económica y rigurosidad en los
planteamientos de su política fiscal, ha conseguido unos niveles
crecientes de actividad económica, con recuperación del empleo y del
control de variables consideradas fundamentales para nuestra plena
integración en la tercera fase de la Unión Europea y Monetaria, como son
la inflación y el déficit.
Durante este año, los tipos de interés han bajado seis veces
consecutivas, con una caída de 2,25 puntos, indicadores que ponen de
manifiesto la confianza de los mercados en la ejecución de la política
económica del Gobierno encaminada a la recuperación de la actividad
económica, que permita la creación sostenida de empleo y aumento del
bienestar de los ciudadanos, y, en segundo lugar, a la plena integración
de España en la Unión Económica y Monetaria.
Por último, la consolidación y previsible descenso, una vez más, a medio
plazo, de los tipos de interés, nos obliga a preguntar al Vicepresidente
Segundo del Gobierno: ¿Cómo considera el Gobierno que puede incidir en la
evolución de la economía española la reducción de los tipos de interés?
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la reciente bajada de los tipos de interés a corto en España
tiene como peculiaridad, aparte de la buena noticia que supone para el
conjunto de la sociedad, que se produce en un contexto de no coincidencia
con bajadas de otros mercados. En ese sentido, probablemente, es la
primera vez, en muchos meses, en que, desde el punto de vista de bajadas
de tipos de interés de intervención del banco emisor, España toma una
medida en solitario con respecto a otros países.
Es cierto que se estaban produciendo, y se siguen produciendo, bajadas
importantes de los tipos de interés a largo, en concreto desde la llegada
del Gobierno el cinco de mayo se ha producido una bajada de los tipos de
interés a largo de dos puntos, y en este momento el diferencial con
Alemania se sitúa en aproximadamente 180 puntos básicos, que es, con una
diferencia de unos 15 puntos básicos, la misma situación que la del Reino
Unido. Pienso que la creencia en las capacidades de convergencia de la
economía española ha aumentado considerablemente en los últimos meses, e
indudablemente las medidas de liberalización tomadas por el Gobierno, así
como el control del gasto público, la garantía del cumplimiento del
déficit público en 1996, y, desde luego --y yo creo que sobre todo--, la
presentación de un presupuesto riguroso y con credibilidad nos está
ayudando desde el punto de vista de la confianza de los mercados.
El hecho de que los tipos de interés se reduzcan en este momento, tanto
los tipos de interés a largo como los de intervención del banco emisor,
supone una mejora considerable en las expectativas de inversión, desde el
punto de vista de la rentabilidad de las empresas y de su capacidad de
inversión, supone una mejora considerable desde el punto de vista del
conjunto de las familias españolas en sus deudas con los bancos y supone
también una considerable mejora de las expectativas de consumo de los
ciudadanos.
Por tanto, sólo puedo decir, en nombre del Gobierno, que en todo lo que
sean políticas que garanticen la credibilidad de la política económica y
que contribuyan a la credibilidad de las posibilidades de España de
cumplir los objetivos de convergencia --que, por cierto, como S. S. ha
puesto de relieve, no se cumplían hace pocos meses--, tanto desde el
punto de vista del esfuerzo de inflación como desde el punto de vista del
esfuerzo respecto al déficit público, será, durante los próximos meses y
sobre todo durante el ejercicio de
1997, donde este Gobierno tendrá que hacer los esfuerzos que no se
hicieron anteriormente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON RICARD BURBALLA I CAMPABADAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES
TIENE EL GOBIERNO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE EL MINISTERIO DE
DEFENSA TIENE EN CATALUÑA? (Número de expediente 180/000255)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno el
Diputado don Ricard Burballa i Campabadal, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Espero que de los servicios de la Secretaría General de la casa alguna
vez consigamos que mi segundo apellido, que es Campabadal, salga
correctamente escrito en los comunicados y en las referencias de este
Pleno y en ello me esforzaré, señor Presidente, en las próximas semanas.
El señor PRESIDENTE: Señor Burballa i Campabadal, un momento, mis
disculpas en nombre de la Secretaría General y de la Mesa. En atención a
lo que acaba de decir, le descontaré el tiempo que ha invertido en
aclararnos su apellido. (Aplausos.)
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Muchas gracias, señor Presidente.
El pasado 25 de septiembre se aprobó por unanimidad en la Comisión de
Educación y Cultura una proposición no de ley instando al Gobierno a
transferir a la Xunta de Galicia los centros afectados en esa comunidad
por el convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de
Educación y Ciencia.
Señor ministro, ¿qué previsiones tiene el Gobierno para los centros
educativos que el Ministerio de Defensa tiene en Cataluña?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Como S. S. sabe, la creación en su día de centros en las distintas
comunidades por parte de los tres ejércitos tuvo por objeto garantizar la
enseñanza de los hijos de militares que, por razones de cambio de
destino, tenían que desplazarse con más frecuencia que otros ciudadanos.
Actualmente no existen razones para que el Ministerio tenga que seguir
manteniendo centros escolares cuya responsabilidad y competencia no le
corresponde. Por ello, lo que se está intentando es que en el caso de
Cataluña, comunidad autónoma con lengua propia, que tiene transferidas
las competencias educativas y donde existen cuatro centros educativos, un
instituto y un centro escolar en Barcelona y otro en Lleida, de los
cuales en esta última tanto la universidad como el ayuntamiento han
reclamado competencia; a lo que el Ministerio está dispuesto, digo, es a
negociar la cesión del uso de dichos centros escolares que resulten
necesarios a las autoridades educativas competentes, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos. Primero, que sigan destinados a la
finalidad educativa, cesión que se debería complementar con la de
personal no docente del Ministerio de Defensa por la comunidad autónoma
o, en su caso, por la corporación local que los absorbiera; segundo,
tener en cuenta que este personal no docente que se adscribiría tiene
derechos adquiridos que deben ser respetados; tercero, que se hagan cargo
de los costes de mantenimiento, personal y funcionamiento; y, por último,
que en relación con las comunidades autónomas con lengua propia, como es
el caso de Cataluña, pudieran garantizarse los derechos de los hijos de
militares a quienes les queda un tiempo de permanencia corto. También
habría que hacer frente a las cargas que suponga el traspaso de
competencia.
Esta es la previsión del Ministerio. Como le he dicho a S. S., estamos en
relación con las corporaciones citadas para poder llevar a cabo ese
traspaso.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Muchas gracias, señor ministro.
Estamos ante una situación que no sería conveniente prolongar. La
incertidumbre de los sectores implicados, padres y profesores
especialmente; el progresivo deterioro de algunos de estos centros; la
discriminación, por llamarlo de alguna manera, que estos centros pueden
sufrir en relación al proyecto educativo desarrollado por el Gobierno de
la Generalitat, son razones suficientes para desatascar un tema que
debemos evitar que derive en regresión de la convivencia en el propio
seno de la comunidad educativa en esos centros.
Si en un momento dado pareció poco conveniente integrar estos centros
educativos, nacidos de una determinada concepción seguramente hoy
anacrónica en el sistema educativo de Cataluña, y se hablaba de cosas
como el trágala de la lengua catalana, amparándose
en una hipotética exigencia lingüística para perpetuar la existencia de
centros donde los alumnos y alumnas reciben una educación distinta de la
que reciben otros alumnos y alumnas del mismo ámbito de convivencia, en
este momento, señor Ministro, son los propios alumnos y sus familias, los
profesores y toda la comunidad educativa los que demandan no continuar
marginados de este proceso educativo e integrarse normalmente en el
sistema educativo que tenemos en Cataluña.
La reestructuración de las Fuerzas Armadas, su perspectiva organizativa
en el futuro, la aplicación de la reforma educativa, son argumentos que
deben tenerse en cuenta al considerar la solución de esta cuestión, y no
deben serlo tanto, señor Ministro, los argumentos patrimoniales.
Le agradecemos esta aportación que ha hecho, la voluntad del Gobierno
expresada por S. S. en habilitar fórmulas que permitan, en el menor
tiempo posible, integrar estos centros educativos afectados en Cataluña
por el convenio dentro del paquete negociador de la Comisión de
transferencias del Estado a la Generalitat de Cataluña. Una decisión de
este tipo, señor ministro, no haría más que aportar racionalidad y
tranquilidad a las comunidades educativas de estos centros que aspiran a
integrarse en un sistema que asegure el mantenimiento de los niveles de
dignidad y de calidad de la enseñanza y, a la vez, contribuya a
fortalecer la convivencia.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burballa i Campabadal.
--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO SE
COMPLETA EL PLAN NORTE DEL EJERCITO DE TIERRA CON LA REORGANIZACION DEL
CUARTEL GENERAL Y DEL APOYO A LA FUERZA? (Número de expediente
180/000258)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular don Arsenio Fernández de Mesa.
Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor ministro, si por algo se ha caracterizado hasta este
momento lo que ha sido la política en materia de inversiones en el
Ministerio de Defensa ha sido por el incumplimiento de los planes que se
han venido programando. Por ejemplo, el plan Alta Mar, presentado por el
Gobierno socialista en la pasada legislatura, quedó aparcado; lo mismo
ocurrió con el plan del Ejército del Aire del año 2000, que quedó
exactamente igual, aparcado; la Ley de dotaciones y sostenimiento para
las Fuerzas Armadas, del año 1982-84, ha sido prorrogada permanentemente
hasta nuestros días, con las minoraciones y recortes que se han ido
produciendo anualmente en los presupuestos de la Defensa y con el
consiguiente perjuicio para las programaciones en las inversiones
diferentes.
En el Ejército de Tierra, que pasa por unas dificultades evidentes, tanto
en materia de inversiones como de reorganización y estructuración del
Ejército, en este momento está pendiente de que se complete el plan
Norte. Por eso, señor Ministro, yo le pregunto: ¿Cuándo se completa el
plan Norte del Ejército de Tierra con la reorganización del cuartel
general y del apoyo a la fuerza que tiene previsto el Ministerio de
Defensa en la actualidad?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Como S. S. sabe, el plan Norte contempla dos fases distintas. La primera,
referida a la organización de la fuerza del Ejército de Tierra, que tiene
prevista su finalización a mediados del próximo año 1997 y para la cual
se ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado una
dotación de, aproximadamente, 15.000 millones de pesetas para que, sin
más dilaciones, pueda finalizarse. La segunda fase, que tiene por objeto
la reestructuración del cuartel general y del apoyo a la fuerza, está
previsto que se implemente en los años 1997 y 1998. Hay que decir que,
sin la realización de esta segunda fase, quedaría incompleto el plan
Norte porque no se cubrirían los objetivos inicialmente marcados.
El Ministerio de Defensa está en fase muy avanzada de elaboración de la
normativa que permitirá tanto la finalización de la primera fase como la
puesta en marcha de la segunda, con la implantación de una nueva
estructura para el cuartel general, una reducción de los mandos
regionales y una mejora de la logística, tanto funcional como de campaña.
La creación de estas nuevas estructuras se está estudiando también, de
forma que sea compatible y pueda adaptarse al proceso de
profesionalización de las Fuerzas Armadas, actualmente en curso.
Entendemos que no tendrá ninguna demora la implantación de esa segunda
fase del plan Norte.
Muchas gracias, Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Defensa.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿DE QUE
MANERA VALORA EL GOBIERNO LAS ACTIVIDADES CONJUNTAS DE UNIDADES
ENCUADRADAS EN LA BRIGADA ESPAÑOLA EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA (SPABRI)
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COORDINACION E INTEGRACION ALCANZADAS?
(Número de expediente 180/000259)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno el
Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor González Pérez.
El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, es bien sabido que, para el éxito de las operaciones
militares modernas, la conjunción de esfuerzos entre distintas unidades y
ramas de las Fuerzas Armadas es una condición indispensable. En este
punto, recordaré la anécdota que, a toro pasado, puede resultar
simpática, pero que todos estaremos de acuerdo en que no está exenta de
tintes dramáticos: fue la de aquel soldado norteamericano que, en plena
invasión de la isla de Granada, tuvo que comunicarse con un helicóptero
de su propia fuerza utilizando una cabina telefónica, vía Estados Unidos.
Con esto quiero decir, señor ministro, que la interoperatividad y la
estandarización de procesos, en muchos casos, de sistemas de
comunicaciones de armas se ha vuelto imprescindible, máxime si además
nuestras Fuerzas Armadas tienen que actuar en combinación con las de
otros países. Tal fue el caso del Golfo y ha sido el de la antigua
Yugoslavia, con nuestra participación en la estructura de cascos azules
de Naciones Unidas y, hoy, en la estructura de Ifor.
De todos es sabido el alto grado de competencia de nuestras fuerzas,
reconocido y elogiado por todos los aliados implicados en la zona
anteriormente mencionada. Será cada vez más necesaria la estandarización
de estos procedimientos si, por una parte, tenemos en cuenta la evolución
de la propia estructura aliada, que camina hacia mandos conjuntos y
combinados, y, por otra, las condiciones de seguridad de nuestro
continente.
Por todo ello, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿De qué
manera valora el Gobierno las actividades conjuntas de unidades
encuadradas en la brigada española de la antigua Yugoslavia desde el
punto de vista de la coordinación e integración alcanzadas?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente;
gracias, señoría.
Yo creo que hay dos aspectos distintos en su pregunta: el relativo al
personal y el relativo al material. Por lo que respecta al personal, la
contestación a su pregunta es que la evaluación que hace el Gobierno de
la coordinación es muy satisfactoria. Ahora mismo están una brigada
paracaidista y un batallón de infantería de Marina, unidades que no sólo
son diferentes sino que además, a veces, tienen material distinto. Sin
embargo, para lograr la coordinación y el nivel de operatividad precisos,
antes de partir realizan una fase de adiestramiento y otra posterior.
Desde su llegada a la antigua Yugoslavia, el batallón de infantería de
Marina que ocupa la parte sureste, después de hacer una etapa de
aclimatación al terreno, ha realizado coordinaciones con la brigada
paracaidista, que está en la zona del centro y del norte. Podemos decir
que actualmente están plenamente integrados. Además, hay una relación
constante entre el jefe de la brigada y el jefe del batallón con la
integración del personal de este cuerpo, tanto en el Estado Mayor del
SPABRI, en Medjugore, al lado del escalón logístico del aeropuerto de
Mostar y el mando de apoyo logístico.
Desde el punto de vista de la interoperatividad y la coordinación, los
resultados son muy satisfactorios. Me alegro de que S. S. haga referencia
a los múltiples y constantes elogios que están recibiendo nuestras tropas
allí, de las que tendremos buenas noticias a partir del próximo día 12 de
octubre, día de la fiesta nacional, a pesar de que, como digo, los
materiales de infantería de Marina y del Ejército de Tierra no son los
mismos. Cuando la situación lo requiere, el mando de la brigada organiza
bloques tácticos, mezclando unidades de ambas en la proporción oportuna,
para garantizar el grado de protección y potencia precisos para actuar
adecuadamente.
Por lo que se refiere al material, tiene razón su señoría. Dentro de las
limitaciones presupuestarias del proyecto de ley, se ha procurado poner
énfasis en lo que son materiales de utilización conjunta y básicamente
comunicaciones, no sólo para operaciones en Bosnia sino para todas las
operaciones que previsiblemente tengan que hacerse en el seno de la
Alianza; son los materiales más urgentes y a ellos vamos a dedicar una
atención preferente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EVALUAR EL
GOBIERNO LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE CREARA LA LEY DE PROFESIONALIZACION
DE LAS FUERZAS ARMADAS, ADEMAS DE LOS YA EXISTENTES? (Número de
expediente 180/000260)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno el
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor Gutiérrez Molina tiene la palabra.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor ministro, como sabemos por las declaraciones de S. S. en
las distintas comparecencias que ha hecho ante esta Cámara, en Comisión,
y también ante el Senado, el Gobierno tiene la intención de enviar a esta
Cámara a la mayor brevedad, el proyecto de ley de la profesionalización
de las Fuerzas Armadas; profesionalización, señor ministro --sería ocioso
señalarlo--, que es el punto fundamental en el que su Ministerio está
trabajando en estos momentos; profesionalización, señor ministro, que
depende en gran medida de la evolución de los presupuestos. Yo estoy
convencido de que se van a cumplir los plazos establecidos por el
Presidente del Gobierno.
Antes de formularle la pregunta, no es ocioso señalar que sería muy
conveniente impulsar la nueva ley de dotaciones presupuestarias con el
fin de pasar de la situación presente a una seguridad que permita ver, a
medio plazo, cuáles son los programas que el Ministerio puede señalar.
En el contexto de este preámbulo, señor ministro, le hago la pregunta de
si puede el Ministerio evaluar, siquiera cualitativamente, los nuevos
puestos de trabajo que puede crear la nueva ley de profesionalización de
las Fuerzas Armadas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez Molina.
El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Le respondo a la pregunta y al preámbulo. Respecto al preámbulo, es
verdad que el Ministerio entiende que es una prioridad esencial contar
con una nueva ley de dotaciones que, de forma realista, permita enmarcar
los programas, que por propia naturaleza tienen que ser de largo plazo, y
que les permita a los ejércitos también hacer un encaje de sus
prioridades no sólo sobre bases más sólidas sino estableciendo esa
interoperatividad y esa contemplación global de cuáles son las
prioridades no de cada uno de los ejércitos sino de la defensa de España
en su conjunto.
En cuanto a la pregunta en concreto de la evaluación de los puestos de
trabajo, hay que decir que es una materia que será definitivamente
resuelta cuando se logren dos procesos actualmente en curso: primero, las
conclusiones de la creada y próximamente constituida Comisión mixta para
la profesionalización de las Fuerzas Armadas; segundo, el ciclo de
planeamiento recientemente iniciado tendrá que decirnos cuál es el
objetivo de fuerza conjunto y, en definitiva, el volumen total de la
fuerza.
Con los datos que hoy tenemos disponibles, esta Cámara aprobó una
horquilla entre 170.000 y 190.000 hombres para las Fuerzas Armadas. Si
descontamos 50.000 para jefes y oficiales (la decisión del Gobierno fue
180.000), para mandos tendríamos 130.000. Hay que pensar que con los
nuevos estudios y a la espera de ese doble dictamen, habrá no menos de
100.000 soldados, con lo cual, y teniendo en cuenta que hoy hay
aproximadamente 35.000 profesionales, hay que pensar en un número no
inferior a 60.000-70.000 los puestos de trabajo que creará el proceso de
profesionalización total de las Fuerzas Armadas.
Estoy conforme con S. S. --ésos son los cálculos del Ministerio de
Defensa-- en que no hay por qué demorar la fecha final que se ha dicho de
puesta en práctica (el plazo de los seis años), con lo cual en ese plazo
podrá tenerse este número mínimo de nuevos puestos de trabajo, sin que se
pueda evaluar por el momento los que exigiría, porque no son
cuantificables, nuevo personal civil al servicio del Ministerio de
Defensa, una vez finalizada la profesionalización.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
El señor Gutiérrez Molina tiene la palabra.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Señor Presidente, muchas gracias.
Sólo quiero agradecer al señor ministro la contestación, puesto que mi
circunscripción, Melilla, es especialmente sensible a este tipo de
cuestiones.
Muchas gracias, señor Presidente.
--DEL DIPUTADO DON JULIAN FERNANDEZ SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿SE HAN DADO INSTRUCCIONES AL DELEGADO DEL GOBIERNO EN NAVARRA,
POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, PARA INCITAR A LA POBLACION A
ENFRENTARSE FISICAMENTE CON LOS QUE PROVOCAN DESORDENES CALLEJEROS?
(Número de expediente 180/000239)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, que formula al Gobierno el
Diputado don Julián Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor Fernández tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor ministro, el pasado día 10 de noviembre en la localidad
Navarra de Huarte se produjeron enfrentamientos entre los que vienen
practicando la violencia callejera y un grupo de mozos de la localidad
que pretendió impedir la actuación de los que intentaban reventar las
fiestas. Como consecuencia de esta actuación se han producido unas
declaraciones del Delegado del Gobierno en Navarra, señor Ansuátegui, en
las cuales dice que aplaude la reacción popular contra la violencia.
Por ello, la pregunta concreta que le dirijo es la siguiente: ¿Se han
dado instrucciones al Delegado del Gobierno en Navarra, por parte del
Ministerio del Interior, para incitar a la población a enfrentarse
físicamente con los que provocan desórdenes callejeros?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
El señor Ministro del Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señor
Fernández, no se han dado instrucciones desde el Gobierno al Delegado del
Gobierno.
El Delegado del Gobierno en Navarra no ha incitado a la población a la
violencia física y no hay riesgos de confrontación civil, tal y como lo
diseña usted en su pregunta, en Navarra ni en el País Vasco.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
El señor Fernández tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Señor ministro, de su contestación se deduce
que quizá desconoce en parte las declaraciones del Delegado del Gobierno.
Yo, en todo caso, le voy a citar alguna de ellas a ver si por estas
declaraciones usted cambia su opinión.
Le cito algunas textualmente: «Mi aplauso a los mozos de Huarte. Un
ejemplo interesante a seguir por la juventud de otros barrios. Esto es
una reacción popular sana. El riau riau puede salir si los mozos deciden
adoptar posturas en contra de los violentos...» Y algunas más que no voy
a enumerar.
Todo esto, señor Ministro, supone en Navarra una llamada al
enfrentamiento civil desde la máxima instancia de la Delegación del
Gobierno. Se lo dice una persona que, por experiencia personal (nosotros
en algunas ocasiones también hemos sido atacados por estos grupos en
nuestros bienes y en nuestras personas), cree que habla con bastante
conocimiento de la causa.
Los demócratas, señor ministro, no podemos pedir a la sociedad reacciones
de enfrentamiento personal para hacer frente a actos vandálicos o
desórdenes de otro tipo. Los demócratas queremos vivir en una sociedad en
paz. El llamamiento a la reacción popular contra la violencia callejera
pone de manifiesto la impotencia de su Ministerio para asegurar el orden
público.
Señor ministro, me gustaría que hiciera alguna recomendación al Delegado
del Gobierno para reconducir su actuación y sus palabras dentro de un
marco de legalidad jurídica y de seguridad para los ciudadanos. Gracias,
señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Sánchez.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Una de las maneras más fáciles de distorsionar el sentido y el alcance de
una declaración es leerla en parte. Usted no ha leído la declaración
completa del Delegado del Gobierno en Navarra. Reitero que no ha habido
ninguna incitación a la violencia en Navarra.
Señor Fernández, el único problema en el País Vasco y Navarra es que hay
una minoría que quiere doblegar a una mayoría de vascos y de navarros.
Ese es el estricto problema que hay en el País Vasco y Navarra. Esa
minoría lo que pretende es sustituir o complementar, en su caso, la
acción de ETA con una acción de violencia callejera, de manera que cuanto
menos ETA haya, surja más violencia callejera.
No nos equivoquemos de adversario, ni ustedes ni nosotros. No nos
equivoquemos tampoco en el diagnóstico de la naturaleza de lo que está
sucediendo en Navarra y en el País Vasco. No existe un problema de
confrontación civil. Los que están amenazando y chantajeado todos los
días en el País Vasco y Navarra, precisamente en base a ese supuesto
riesgo de confrontación civil, tratan muchas veces de que la ciudadanía
sea incapaz de responder democráticamente al conjunto de barbarie que se
produce en el País Vasco.
El problema no está ni en las declaraciones del Delegado del Gobierno, ni
en las declaraciones del Presidente de la Comunidad Foral de Navarra, ni
siquiera en esta iniciativa que usted hace, que a mí me parece
inoportuna. El problema está en esa minoría violenta, en los que lanzan
cócteles molotov, en los que tienen secuestrado a Ortega Lara y en los
que son incapaces de respetar los derechos de los demás. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE AVANCES EN MATERIA DE GESTION
DE RECURSOS PUBLICOS VA A SUPONER LA RECIENTE CREACION DE LA DIRECCION
GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD? (Número de expediente
180/000263)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30 que formula al Gobierno el
Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, precisamente porque son de sobra conocidos algunos hechos
perpetrados en años anteriores en relación con el uso, distribución y
aplicación de fondos del Ministerio del Interior, no hace falta ser
especialmente explícitos en el recordatorio y en la descripción de los
mismos. Pero sí conviene traer a colación lo señalado por S. S. en su
comparecencia del 25 de junio ante la Comisión de Justicia e Interior, en
relación con la definición del concepto de seguridad integral, esto es,
la plena coparticipación de todas las administraciones con
responsabilidad en materia de seguridad. Señalaba, igualmente, que era
necesario definir un modelo integral de gestión económica de los fondos,
de los medios, de las partidas disponibles por parte del Ministerio del
Interior. Aquélla era, y sigue siendo, una necesidad evidente para
articular mejor la aplicación de esos medios y recursos en el contexto y
en el panorama de unas necesidades evidentes y de unos medios
presupuestarios limitados.
Por eso creemos interesante que en este momento y ante la Cámara el señor
Ministro del Interior pueda formular una somera explicación en orden a
conocer qué avances en materia de gestión pública, de gestión de esos
recursos, va a suponer la reciente creación de la Dirección General de la
Administración de la Seguridad. Porque entendemos que ha habido por parte
del Ministerio del Interior en este caso una especial sensibilidad para
detectar un problema evidente y, desde luego, una celeridad para abordar
la estructura administrativa necesaria para darle con previsión y
proyección de futuro respuesta eficaz a ese problema manifiesto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, le
agradezco al Diputado señor Gil Lázaro la pregunta porque me permite
diseñar brevísimamente los objetivos y la estructura esencial de la
Dirección General de la Administración de la Seguridad del Estado.
El objetivo fundamental, como usted bien ha apuntado, ha sido
racionalizar la organización administrativa, una búsqueda de la máxima
eficacia y también un esfuerzo en introducir criterios de gestión
empresarial en ese concepto amplio de la empresa de la seguridad del
Estado. En ese sentido, la Dirección General de Administración de la
Seguridad del Estado va a desarrollar su actividad en cuatro ámbitos
fundamentales. En primer lugar, tratando de diseñar una política que
permita que esa Dirección General de Administración de la Seguridad del
Estado realice funciones burocráticas que hoy desempeñan la Dirección
General de la Guardia Civil y de la Policía y que, en nuestra opinión,
detraen y limitan hombres y personas que deben estar en la calle
afrontando directamente los problemas de inseguridad.
La segunda función es armonizar los recursos humanos del Cuerpo Nacional
de Policía y de la Guardia Civil, haciendo también un esfuerzo de
reflexión conjunta, de modo que introduzcamos criterios de
racionalización en gestión de personal.
En tercer lugar, lo que significa un protagonismo especial de esa
Dirección en los presupuestos de la administración de la seguridad del
Estado, de modo que haya un concepto integral de los presupuestos en
próximos ejercicios que signifique también una mejor aplicación de los
recursos.
Y, en cuarto lugar, que los proyectos, la contratación y ejecución de
obras de ambos cuerpos, tenga un lugar común de encuentro, de reflexión
en el seno de esta Dirección General. En definitiva, la modernización de
la seguridad del Estado exige más gestión empresarial, más visión
conjunta y un concepto integral de la seguridad de la administración del
Estado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro del Interior.
--DEL DIPUTADO DON JON ZABALIA LEZAMIZ, DEL GRUPO VASCO (EAJ-PNV), QUE
FORMULA AL GOBIERNO: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS DEL AEROPUERTO DE
BILBAO (Número de expediente 180/000211)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6, que formula el Diputado don Jon
Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
El señor Zabalía tiene la palabra.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro del Interior, ¿me podría decir cómo está el grado de
ejecución de las obras del aeropuerto de Bilbao?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía. El señor Ministro del
Interior tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, en
ausencia del Ministro de Fomento, no por asunción de nuevas
responsabilidades en el Ministerio del Interior, quiero decirle que el
Ministro de Fomento le dio cumplida respuesta el pasado 29 de mayo,
reiterando la voluntad del Gobierno de cumplir los plazos previstos en la
construcción y acondicionamiento de las obras en el aeropuerto de
Sondika. Quiero decirle que, con fecha 15 de julio de 1996, Aena ha
autorizado la suspensión temporal, parcial, de lo que constituye el
expediente de obra civil y arquitectura, debido a que no se puede
disponer en estos momentos de los terrenos y debe ser imposible la
ejecución de la obra que afecta a las siguientes unidades: el edificio de
aparcamiento en su totalidad, obras exteriores de fábrica en un 90 por
ciento, urbanización en su totalidad y carretera de acceso en un 90 por
ciento.
La finalización de estas obras que estaba prevista para el mes de julio
de 1998, es verdad que podría sufrir un retraso debido a las incidencias
señaladas. El resto de expedientes que componen el conjunto de las obras
se encuentra en fase de estudio técnico de las ofertas presentadas a los
correspondientes concursos y, por tanto, están pendientes de
adjudicación.
Cabe señalar que, en vista de esta suspensión temporal que se ha
producido, se han adoptado recientemente los siguientes acuerdos:
primero, la decisión de llevar a cabo la ampliación de la terminal actual
con un presupuesto de 300 millones de pesetas, así como el aparcamiento
actual de vehículos, por importe de 150 millones de pesetas, lo que
permitirá, en opinión del Gobierno, cubrir las necesidades aeroportuarias
en tanto no finalice el plan de obras trazado. El inicio de estas
actuaciones está previsto para mediados del próximo 1997 y, por último,
le comunico que la torre de control se encuentra ya finalizada,
esperándose que pueda entrar en servicio próximamente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
El señor Zabalía tiene la palabra.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor ministro.
Como habrá comprobado, nuestro Grupo Parlamentario sigue persistentemente
y periódicamente vigilando y controlando el grado de ejecución de las
obras del aeropuerto de Bilbao. No lo tome como una postura de falta de
credibilidad hacia las promesas del Gobierno, concretamente del Ministro
de Fomento, que nos dio una fecha para la finalización de estas obras,
pero la experiencia en el cumplimiento del calendario de las mismas nos
hace estar seriamente preocupados.
Le voy a poner cuatro ejemplos: Está terminada la construcción de la
torre de control de la que ha hablado ahora, pero un error de
planteamiento ha complicado la solución de la misma. Cuando llueve
intensamente se inundan las oficinas de mantenimiento y las máquinas de
ascensores, y usted sabe cómo llueve en Bilbao, con lo cual el suministro
del sistema de comunicaciones aunque está adjudicado no se puede instalar
hasta que no se solucionen estos problemas.
Por lo que respecta al nuevo edificio de la terminal, no se ha adjudicado
la asistencia técnica encargada de llevar la coordinación y el control de
la construcción del edificio, y, como usted comprenderá, es
imprescindible tener contratada la empresa que coordine y controle
continuamente la marcha de las obras. ¿Cuál es el problema? Que si no hay
un control, aquello termina siendo un caos, con una paralización o
ralentización de las obras que estamos viendo permanentemente que está
suponiendo un retraso fuera de lo normal. Además, del nuevo edificio
terminal, no se han adjudicado ni la instalación eléctrica, ni la de aire
acondicionado, ni las instalaciones mecánicas, ni las instalaciones de
protección contra incendios, ni la de los elevadores y transportes,
ofertas que salieron el 28 de septiembre de 1995; todavía están sin
adjudicar.
En cuanto a la construcción de la celda de seguridad para las tierras
contaminadas, Aena se resiste a nombrar un director de obra para que
pueda dirigir dicha construcción conjuntamente con el Gobierno vasco.
Respecto a la ampliación de la terminal actual, efectivamente es muy
urgente llevar a cabo algunas obras inmediatas que nos permitan atender
el incremento constante de pasajeros del aeropuerto de Bilbao. Está
previsto que en el año 1996 pasen por el mismo del orden de 1.750.000
pasajeros. Por tanto, si no hacemos algo en la nueva terminal,
difícilmente podrán hacer uso de las mismas las personas que en estos
momentos hacen uso del aeropuerto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía. Tiene la palabra el señor
ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor Presidente.
Quiero decirle, señor Zabalía, que esté usted seguro de que su legítima
preocupación es compartida también por el Gobierno y de que éste
colaborará para solucionar todas las dificultades que en ese terreno
puedan significar un obstáculo adicional para que esta obra pueda
llevarse a efecto. Creemos que ha habido una etapa de ciertos
incumplimientos en este aeropuerto y entendemos perfectamente la
sensibilidad que S. S. denota con su intervención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Interior.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL LOPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO
PARA LA REFORMA LABORAL QUE PRETENDE LLEVAR A CABO? (Número de expediente
180/000250)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno la
Diputada doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Socialista.
Señora López.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Buenas tardes, señor Presidente, señorías.
Señor ministro, ¿cuáles son los criterios que el Gobierno va a seguir
para la reforma laboral que pretende llevar a cabo?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, como he hecho público en varias ocasiones, el criterio
del Gobierno en materia de reforma laboral es el de la espera. En este
momento hay una mesa de diálogo abierta entre sindicatos y empresarios,
como conoce S. S., y al Gobierno, en el proceso de modernización del
mercado de trabajo, le gustaría partir de un acuerdo previo de las
organizaciones sociales. Así que en principio no está prevista ninguna
iniciativa por nuestra parte mientras esté abierto el diálogo entre
sindicatos y empresarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora López.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Señor ministro, no dudo de lo que usted dice
aquí. Igual que al torero el valor se le supone, también voy a suponer
que nos dice lo que realmente quiere hacer, pero entonces no se comprende
la cantidad de declaraciones a la prensa, que podría tachar incluso de
imprudentes, porque realmente ponen en peligro esa mesa de negociación.
Usted sabe que las relaciones laborales en nuestro país necesitan de
estabilidad, necesitan que las partes lleguen a acuerdo, necesitan tiempo
para que ese acuerdo se produzca, y no sirve la voluntad de querer que se
llegue a acuerdos, porque si se torpedean desde la prensa, desde los
medios de comunicación, lo que interpreto es que se está haciendo más
caso de las voces que realmente no quieren el acuerdo porque quieren
otras cosas. Usted tiene en su ministerio trabajo y temas como para estar
en los medios de comunicación el tiempo que sea preciso y usted estime
oportuno, pero le pediría que no hablara usted más de la reforma, que
deje que los agentes sociales la diseñen, la elaboren y la acuerden, y
estoy convencida de que entonces será la reforma laboral que generará
empleo, que acabará con la precariedad y será la que nuestro país
necesita para el futuro.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora López.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, agradezco el tono de la intervención de la señora Diputada y
coincido plenamente, como ella sabe, en que efectivamente en el
departamento de Trabajo y Asuntos Sociales hay muchos temas importantes y
uno de ellos precisamente es la modernización del mercado de trabajo.
Su señoría sabe muy bien que en España se han hecho reformas laborales
sin consenso. Le diré que hay una gran diferencia y es que este Gobierno
no quiere plantear una reforma laboral que no tenga consenso. A los
medios de comunicación que me preguntan todos los días por la posición
del Gobierno con respecto al mercado de trabajo puedo trasladarles quizá
su sugerencia para que no me hagan ninguna pregunta. Ahora, cuantas veces
me pregunten los medios de comunicación, hablaré de cinco cuestiones
clave. La primera, que el deseo del Gobierno es una reforma consensuada;
la segunda, que tenemos que reducir las modalidades contractuales; la
tercera, que tenemos que perfeccionar y clarificar las causas del
despido; la cuarta, que es compromiso del Gobierno la modificación de los
contratos de aprendizaje y de prácticas; y la quinta, que aunque a
algunos les gustaría mucho, no es objetivo del Gobierno el abaratamiento
del coste del despido. Eso, con respeto a S.S., siempre lo voy a decir
cuando me pregunten los medios de comunicación o algún ciudadano.
Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
--EL DIPUTADO DON LUIS MARQUINEZ MARQUINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES TIENE
PREVISTAS DESARROLLAR EL GOBIERNO EN ORDEN A LA INVESTIGACION Y
CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS PESQUEROS NACIONALES? (Número de expediente
180/000261)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al Gobierno el
Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Marquínez.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora ministra, empiezo por decirle que desde el Grupo Popular de
Andalucía --pertenezco al Grupo Popular, pero soy andaluz-- pensamos que
España es un país pesquero, y creo que en esto coincidirá usted con
nosotros. Pensamos eso por tres razones fundamentales. Creemos que en
España tenemos un oficio que es un tesoro de todos nuestros pescadores
que lo han adquirido a lo largo de generaciones y generaciones y que es
algo que tenemos que conservar, porque es muy difícil que otro país pueda
llegar a tener ese tremendo patrimonio que tenemos nosotros. Además ese
oficio ha generado en España un hábito alimentario que produce un segundo
tesoro, que es un magnífico mercado, diríamos que el mejor mercado
pesquero del mundo. Por último, tenemos unas amplias costas, quizá más
largas que anchas, como sabe la señora ministra, que tenemos que cuidar.
Estas costas son el medio donde viven los recursos marinos. Pensamos que
la primera atención que debe dedicarse para una ordenación pesquera es la
relativa al cuidado y al conocimiento de estos recursos marinos y,
posteriormente, a su ordenación y, consecuentemente, a la ordenación del
sector pesquero.
Por tanto, le voy a hacer una primera pregunta --en lo sucesivo
seguiremos haciéndole otras-- que dice lo siguiente. ¿Qué actuaciones
tiene previstas realizar el ministerio en relación con la investigación y
conocimiento de los recursos pesqueros nacionales?
Gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marquínez.
Señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Señor Marquínez, coincido con usted plenamente, como no podía ser de otra
manera, en que España es un país con una vocación pesquera eminente, que
ha dado lugar a unos hábitos o a unas costumbres que suponen un gran
mercado precisamente para los productos del mar. Coincido además en que
hay que cuidar nuestras costas, puesto que somos el país europeo con
mayor número de kilómetros de litoral.
En ese sentido, el Gobierno está impulsando la investigación y
seguimiento de los recursos pesqueros explotados por las flotas
españolas, tanto en aguas territoriales nuestras o en zona económica
exclusiva cuanto en aguas internacionales. Ello se hace de una manera muy
fundamental a través del Instituto Español de Oceanografía que mantiene
una red de muestreo de las tallas de las especies desembarcadas en las
lonjas pesqueras del litoral, realiza investigaciones sobre la biología
de las principales especies desde el punto de vista comercial y lleva a
cabo numerosas campañas de investigación en la mar todos los años. Le
puedo señalar que este año se han impulsado de manera muy decisiva estas
actividades con una campaña científica de distribución del fletán negro
en NAFO, otra campaña científica de evaluación de la selectividad de las
artes en NAFO, campaña de evaluación de recursos demersales con palangre
en fondo en Brasil y evaluación de stocks de platija en aguas de NAFO.
Estos estudios, además, permiten que nuestros representantes puedan
negociar y defender adecuadamente los intereses espanoles en los comités
internacionales donde se regulan los stocks y las capturas.
Además de ello, tenemos cinco programas que cubren las pesquerías donde
actúan nuestras distintas flotas pesqueras, a saber: las aguas de la
Unión, Mediterráneo occidental, Africa y Canarias, túnidos y pesquerías
lejanas. En gran parte de los buques de gran altura tenemos destacados
observadores científicos que obtienen información directa de las
operaciones de pesca, con muestreos de capturas, recogiendo un material
biológico absolutamente necesario. Esto está teniendo lugar en las aguas
de NAFO, en Svalbard, en los fletaneros, en Malvinas, en congeladores de
pez espada o en atuneros congeladores.
Quiero decir que, de cara al próximo presupuesto, vamos a reforzar estas
actuaciones. Vamos a intensificar las posibilidades del Cornide Saavedra,
el buque oceanográfico español, duplicando su capacidad de actuación
destinada fundamentalmente a las aguas españolas, y también vamos a
actuar a través del Thalasa en coordinación con el Ifremer, que es el
equivalente al IEO en Francia, mediante un convenio que tenemos con
nuestro país vecino.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA VISITACION PEREZ VEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
MEDIDAS ADICIONALES PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA ESTABILIZAR EL MERCADO
DE CARNE DE VACUNO? (Número expediente 180/000262)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula la Diputada doña
María Visitación Pérez Vega, del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Pérez Vega.
La señora PEREZ VEGA: Señora Ministra, el mercado de carne de vacuno está
padeciendo una situación que se caracteriza por una caída del consumo
respecto al habitual en estas fechas, por una caída de los precios
respecto a los obtenidos en las mismas fechas en años anteriores y una
acumulación de la oferta que se agrava con el paso del tiempo. Esta caída
de los precios se viene produciendo desde el año 1993, con un ligero
repunte en el año 1995, pero como consecuencia de la crisis de las «vacas
locas», esta situación se ha agudizado produciendo grandes excedentes,
aunque en el momento actual se esté recuperando el mercado de carne de
vacuno.
Conocemos su preocupación por este sector y principalmente por los
ganaderos productores y también que ha mantenido reuniones con las
organizaciones profesionales agrarias y con Asocarne, así como con el
resto de representantes de todo el proceso, desde la producción hasta el
consumo. Sabemos que el Gobierno ya ha tomado importantes medidas que han
servido para paliar en parte la crisis que atraviesa el sector. Por ello,
señora ministra, la pregunta que formulo al Gobierno es la siguiente:
¿qué medidas adicionales piensa tomar el Gobierno para estabilizar el
mercado de carne de vacuno?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Vega.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Señora Pérez Vega, efectivamente la crisis que está atravesando el sector
del vacuno es una preocupación del Gobierno, pero tenemos que señalar que
estamos ya en un período de recuperación, que en este momento estamos
alcanzando el 90 por ciento del precio que tenía la carne en canal en
esta misma época del año pasado, con lo cual podemos empezar a mirar con
una cierta esperanza los próximos tiempos. Hay que decir que en cuanto a
lo que es el problema de los ganaderos se ha podido distribuir una serie
de ayudas, como usted muy bien sabe, fundamentalmente destinada a
aquellos que se dedican al ganado extensivo o a los que tienen vacas
nodrizas.
Quiero señalar, como muy bien ha dicho, que hay un exceso de oferta, y la
falta de demanda y el exceso de oferta se ha suplido mediante la
intervención del FEGA, que ha supuesto la retirada de 28.697 toneladas la
semana pasada por un importe de más de 11.000 millones de pesetas. En
este momento las ofertas que hay en los organismos de intervención
empiezan a disminuir de manera importante por cuanto que antes del verano
las ofertas que se planteaban en las subastas semanales rondaban las
18.000 toneladas y lo que ha supuesto en las últimas subastas ha sido una
oferta, en las licitaciones de septiembre, de 4.335 toneladas en la
primera licitación y 1.847 en la segunda, lo cual obedece, como he dicho,
a la recuperación del mercado. Pero eso no basta. Hay que recuperar la
confianza de los ciudadanos y conseguir que la demanda y el consumo
alcancen las cifras que tenían hace unos años.
En este sentido, nosotros entendemos que lo que hay que hacer es fomentar
la información a los ciudadanos --es la única manera de recuperar la
confianza-- y devolverles la seguridad, la certeza de que lo que están
comprando son productos de calidad, que tienen las condiciones de sanidad
requeridas y que además representan una carne de calidad. Estamos
impulsando desde el ministerio iniciativas del sector, concretamente
programas como el Clara, donde está actuando la interprofesional,
Intervac, destinado a garantizar a los ciudadanos que compran carne libre
de aditivos --es decir, que reúne y cumple todas las demandas
sanitarias--, así como una campaña de tipo genérico para incitar al
consumo de carne de calidad y de carne de procedencia española.
Igualmente existe una campaña destinada a permitir, mediante un
etiquetado, que se conozca la procedencia de la carne, para que cuando el
consumidor vaya al mercado a comprar una pieza sepa exactamente que esa
carne obedece a tal raza, eventualmente autóctona o no, alimentada de tal
manera y además criada en tal lugar; es decir, se trata de devolver la
confianza mediante la información y la seguridad a los consumidores.
Nada más y muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN LEGUINA HERRAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL
GOBIERNO: ¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL GOBIERNO EN RELACION A LA ELABORACION
DE UNA LEY SOBRE MEDIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUALES? (Número de
expediente 180/000244)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno el
Diputado don Joaquín Leguina Herrán, del Grupo Socialista del Congreso.
Señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRAN: Muchas gracias, señor Presidente.
¿Cuál es el objetivo del Gobierno en relación a la elaboración de una ley
sobre medios de comunicación audiovisuales?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Leguina.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Leguina, el Gobierno no está preparando ninguna ley sobre
contenidos audiovisuales. Si la pregunta de S. S. se refiere a un
documento del que se han hecho eco determinados medios de comunicación,
quiero decirle que la Secretaría de Estado para la Comunicación está
desarrollando un trabajo apoyándose en un grupo de expertos, con el
objeto de reflexionar acerca de las posibles iniciativas a adoptar para
continuar los trabajos o, si usted quiere, acerca de las conclusiones que
formuló la ponencia que en la pasada legislatura en el Senado se dedicó a
trabajar en esta materia de regulación de los medios audiovisuales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Independientemente de que la señora Camps, que presidía esa Comisión,
dice que nada tiene que ver este documento con aquellos trabajos, no
estamos, según lo acabamos de escuchar, ante un proyecto de norma
jurídica, sino ante una reflexión, producto de un seminario quizá o de
una tormenta de ideas, aunque esta reflexión filtrada al diario ABC
contenga artículos numerados correlativamente del 1 al 78; curiosa
reflexión cuyo artículo 78 dice exactamente: La presente ley entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Se trata de una reflexión articulada llena de pellizcos de monja y de
aparentes buenas intenciones, de ésas con las que, según se asegura, se
halla empedrado el infierno. ¿Una reflexión en sede gubernamental con
texto articulado? ¿No se tratará más bien de un proyecto de ley abortado
a través de una filtración interesada? Pero, dado el órgano de prensa en
el que apareció la filtración --el mismo diario que en 1953, por cierto,
anunció en su primera página que Lavrenti Beria, el jefe de la KGB
soviética, se había dejado caer en paracaídas sobre los campos de La
Mancha--, puesto que el medio utilizado, como digo, para la filtración ha
sido el ABC, también podemos avanzar otra hipótesis, y es la de que quizá
se trata de un globo cautivo más, de una cata en un nuevo melón para ver
desde la barrera cómo reacciona el personal. Por si acaso, en previsión
de que el Guadiana vuelva a aparecer, les leeré una de entre las muchas
perlas cultivadas que aparecen en este documento.
Cito textualmente: Se entienden especialmente atentatorios contra los
valores superiores los siguientes contenidos: los que promuevan el
enfrentamiento entre personas de ideologias contrarias más allá del juego
dialéctico democrático o empleen subterfugios, dobles mensajes u otras
técnicas de palabra e imagen que distorsionen la realidad o confundan al
público. Hasta ahí la cita.
Esté atento, señor Alvarez-Cascos, que esto, creo yo, va por usted.
(Risas y aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Leguina.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, señorías, la intervención
del señor Leguina es una confirmación de cómo el señor Diputado confunde
los deseos con la realidad. (Rumores.) La realidad es la que yo le he
contado, y los deseos, no sé si del político señor Leguina o del
novelista señor Leguina, son los que S. S. nos ha contado en su
intervención.
En todo caso, señor Leguina, oyéndole a usted y si me permite un símil
futbolístico, me estaba recordando a esos futbolistas más preocupados por
demostrar que son muy rápidos que por controlar el balón y que
habitualmente van tan lanzados que dejan el balón atrás, no se dan
cuenta, siguen corriendo y el balón ya está en otra jugada. (Risas.) Es
exactamente lo que ha hecho usted hoy esta tarde en esta sesión, hablar
de un asunto que no está en la realidad, lanzado en su fervor de hacer
oposición, señor Leguina.
Mire usted, la única referencia, por resumirle las muchas conclusiones
que la ponencia del Senado trasladó a todos, que nos compromete a todos y
que en todo caso le parece interesante al Gobierno es, por ejemplo, ésta:
una de las misiones de un Estado de Derecho es proteger a los individuos
de los distintos poderes que pueden agredirlo. Los medios de comunicación
en general y la televisión en particular cuentan con un poder de palabra
y de la imagen casi ilimitado. La Constitución y su desarrollo
legislativo señalan los límites de ese poder, y conviene considerar si
esa limitación es correcta tanto por lo que hace a la protección de la
dignidad de los ciudadanos y a la protección de la infancia como por lo
que se refiere a la protección de la libertad de expresión y de creación,
dos derechos fundamentales que merecen ser igualmente preservados y
defendidos.
Esta en todo caso, con carácter general, señor Leguina, es la única
preocupación del Gobierno.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ESTA
SATISFECHO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS RELACIONES
ENTRE ESPAÑA E ITALIA? (Número de expediente 180/000242)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el
Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista del
Congreso.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Aznar, sus declaraciones al Financial Times han provocado serias
reacciones en Italia; desde la calificación de bofetada desdeñosa hasta
la de injuriosa actitud hacia Italia se han podido escuchar en estos
días. Si el señor Prodi le pidió ralentizar el acceso a la Unión
Monetaria, usted ha cometido, al menos, una grave imprudencia; si no se
lo pidió, es aún peor, porque ha faltado a la verdad. porque ha faltado a
la verdad. Estos hechos y otros que están ocurriendo en los últimos
tiempos dan pie a pensar que España está perdiendo peso e influencia en
la escena internacional (Risas y rumores.), dan pie a esa posibilidad, y
lo dejo en posible: frialdad en las relaciones con Alemania --las cumbres
entre ambos países se reducen a la mínima expresión--; problemas con
Estados Unidos en su acción bélica en Irak; problemas con Gran Bretaña en
una delegación (Rumores.) que allí acudió representando a España. Por
todo eso, le pregunto, señor Presidente, con el mejor de los ánimos, si
está satisfecho del actual nivel de relaciones entre España e Italia.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Con mucho gusto, señor
Presidente, contesto a la pregunta del señor Diputado.
El Presidente del Gobierno está plenamente satisfecho de esas relaciones
porque son unas relaciones magníficas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, yo no lo estaría
tanto. Ultimamente se han adoptado bastantes decisiones en la Unión
Europea que no benefician para nada nuestros intereses, y buena forma es
ésta de buscarse usted aliados perdiendo amigos.
La reforma de la OCM de frutas y hortalizas, a pesar de la maña que se
dio su ministra en repartir fresas en el Consejo de Ministros de
Agricultura, ha salido mal para los intereses españoles. Ese gesto no fue
suficiente. No se hace política exterior con gestos. (Rumores)
Las redes transeuropeas, en relación con las cuales usted consintió, en
la cumbre de Florencia, modificar el proyecto de comunicación entre
Lisboa y Valladolid por una conexión multimodal, están suponiendo un
retraso que está permitiendo que sólo se estén desarrollando los
proyectos que afectan al norte y al centro de Europa y no los que afectan
al sur.
Pero todavía hay cosas más graves. El Consejo de Ministros, señor Aznar,
ha presentado ante el Parlamento un proyecto de presupuestos para el
próximo año en el que propone un recorte de 1.000 millones de ecus en las
ayudas estructurales. No debemos consentirlo y le pido que solicite a sus
Diputados que hagan lo mismo que los socialistas: oponerse radicalmente a
ello. Porque, señor Aznar, para defender los intereses de España hay que
tener una ambición ilimitada y me da la impresión de que usted se
conforma con bastante poco, con sonreír, y hacen falta más cosas, saber
hablar y saber callar. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente.
Realmente, no sé qué tienen que ver las relaciones entre España e Italia
con todo lo que ha dicho el señor Diputado, pero quiero decirle que si el
señor Diputado estuviese más pendiente del interés español y de enterarse
de algunas cosas, se evitaría alguno de los comentarios que ha hecho.
Señor Caldera, hace cinco meses nadie creía que España iba a estar en el
grupo de cabeza en la Unión Monetaria; hoy nadie duda que va a estar.
(Aplausos.) Probablemente, eso es lo que a usted le inquieta o lo que a
usted le molesta, estando más preocupado en intentar descalificar al
Gobierno que de estar pendiente del interés español, interés español que
está bien salvaguardado. Y le tengo que decir que, dentro de ese interés,
estamos dando un impulso positivo y razonable al proceso de desarrollo
europeo, tanto en sus términos políticos como en sus términos económicos.
Así se aprecia en todas partes y para eso la relación de España e Italia
es una relación buena, satisfactoria y de plena utilidad en ese camino.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PEREZ RUBALCABA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿RESPALDA EL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO LAS RECIENTES DECLARACIONES DEL VICEPRESIDENTE
PRIMERO EN MERIDA EL PASADO DIA 29 DE SEPTIEMBRE? (Número de expediente
180/000243)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno el
Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, en los últimos días, destacados miembros
de su Gobierno y de su partido han formulado graves calumnias contra el
jefe de la oposición. (Rumores.) Son personas demasiado relevantes, se
sientan cerca de usted, incluso hoy en este turno de preguntas, como para
pensar que se trata de una casualidad. En todo caso, señor Presidente del
Gobierno, estaríamos dispuestos a entender que no reflejan el ánimo de su
Gobierno si hoy usted, aquí, públicamente, en el Parlamento, las
rectifica. Este es el sentido de mi pregunta que, como usted sabe, es:
¿respalda usted las declaraciones del Vicepresidente del Gobierno hechas
en Mérida el 29 de septiembre pasado?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente, todos
los miembros del Gobierno tienen la confianza del Presidente. (Varios
señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente. Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor Presidente. Ya imaginaba
yo, señor Presidente del Gobierno, y fíjese usted que le estoy llamando
todo el tiempo Presidente del Gobierno (Un señor Diputado: Lo que es),
que se iría usted por las ramas. (Rumores.--Un señor Diputado: Las ramas
de los bonsáis.) Déjeme que le proponga un sencillo juego. Mire usted su
escaño, señor Presidente del Gobierno, mire usted qué color tiene. Tiene
color azul. El mío es de color distinto. (Rumores.--Risas.) Esto usted lo
entiende bien, significa que usted es el Gobierno y nosotros somos la
oposición o, dicho en términos de este debate... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, dejen que se exprese el orador. Continúe,
señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Señor Presidente, si me dejan.
O dicho en términos de este debate, que usted es el Gobierno y responde a
las preguntas de la oposición. Por tanto, respóndame ahora, señor Aznar,
no se vaya por las ramas, o no me responda haciéndome preguntas a mí, que
sería ya el colmo.
Es un tema delicado, señor Presidente del Gobierno, tiene usted la
posibilidad de rectificar en este segundo turno y yo creo que haría usted
un servicio a todos los españoles, empezando por su propio Gobierno, y,
si no lo hace, señor Aznar, tendríamos el derecho de pensar que usted,
que ha cambiado la práctica totalidad de las políticas que defendió aquí,
desde la oposición, en este Parlamento, las ha cambiado todas menos una,
aquella que se refleja, que se condensa bien en esa frase que usted
repetía machaconamente de: ¡Váyase, señor González! (Un señor Diputado:
Ya se ha ido.--Rumores.), frase que tengo que decirle, señor Aznar, que
desde los bancos de la oposición sonaba truculenta y que dicha desde los
bancos del Gobierno es infinitamente más preocupante para todos los
españoles, pues querría decir que desde el Gobierno se está intentando
acallar o silenciar a la oposición. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Concluya, señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Si me dejan. Espero que me cuente el tiempo.
Estoy como en un partido de baloncesto...
El señor PRESIDENTE: Eso corresponde a la Presidencia, señor Rubalcaba,
no se preocupe. Concluya. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor PEREZ RUBALCABA: Señor Aznar, rectifique usted hoy aquí y acalle
esta polémica, acabe con ella. Rectifique para que podamos creer que es
usted capaz de gobernar con oposición. Rectifique para que los españoles
veamos que usted comprende bien que en democracia no se puede desde el
Gobierno intentar acallar, silenciar o terminar con la oposición.
Rectifique usted --es lo último que le digo--, señor Presidente del
Gobierno, porque si usted intenta eso, en todo caso estaría haciendo un
intento estéril, vano, porque usted eso nunca lo va a conseguir.
Tiene usted la palabra en este segundo turno, señor Presidente del
Gobierno. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Con mucho gusto, señor
Presidente.
Sin duda, señor Diputado, que el Gobierno gobierna y va a seguir
gobernando con oposición, incluso con una oposición como la suya. No
tenga en eso la menor duda.
Usted sabe muy bien, señor Pérez Rubalcaba, cuál es la política del
Gobierno y sabe muy bien, en el asunto de que trata esta pregunta, cuáles
han sido las decisiones del Gobierno, que no han sido unas decisiones
fáciles precisamente, no han sido unas decisiones sin coste precisamente
y dudo mucho que otros en mi lugar las hubiesen tomado si hubiesen tenido
esa oportunidad y esa responsabilidad (Varios señores Diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.), lo dudo mucho, señor Pérez Rubalcaba.
Usted sabe claramente que yo he propuesto hablar menos de algunas cosas,
mirar hacia adelante y concentrarnos en los problemas del país, y lo sigo
proponiendo, y por eso me extraña, señor Pérez Rubalcaba, que usted
traiga aquí esta pregunta, porque yo no tengo ningún inconveniente en
hablar ni del GAL, ni de los fondos reservados, ni de ningún otro asunto,
pero creo que ustedes tienen que tener algún cuidado en hablar de esas
cosas (Protestas.), algún cuidado. (Aplausos.) Yo no voy a calificar
nada, ni de incidente grave, ni de incidente pequeño, ni de incidente
penoso. Me importa, como estoy haciendo desde el Gobierno, tomando
decisiones del Gobierno, afrontar el futuro del país, y si hay
responsabilidades, como he dicho, que se exijan donde se tienen que
exigir. Lo que sí le digo es que, mientras yo sea Presidente del
Gobierno, en España habrá contra el terrorismo ley y ningún atajo por
ningún sitio.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON RAFAEL HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION MERECE AL
GOBIERNO EL ACUERDO SUSCRITO POR LOS SINDICATOS EN RELACION CON LAS
PENSIONES Y LA SEGURIDAD SOCIAL? (Número de expediente 180/000257)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, que formula al Gobierno el
Diputado don Rafael Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Hernando, tiene la palabra.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, desde que en 1908 el Gobierno de don
Antonio Maura creara el Instituto Nacional de Previsión y en 1921 don
Eduardo Dato regulara el retiro obrero, que proporcionaba a los
trabajadores las primeras pensiones de jubilación, se han venido
produciendo a lo largo de la historia de España distintas reformas para
mejorar y ampliar el sistema de protección social de nuestros ciudadanos.
La Constitución de 1978 configuraba el sistema de pensiones basándose en
un sistema público y suficiente, que tenía sus aportaciones a través de
las cotizaciones e impuestos y que utilizaba un sistema de reparto para
la realización de estas prestaciones.
Todo ello tuvo como consecuencia el Pacto de Toledo, que firmaron todas
las fuerzas políticas de la Cámara en 1995, que consolidaba el sistema
público de pensiones basado en un crecimiento moderado del sistema. Sin
embargo, señorías, durante las elecciones de 1993 y 1996 y en un
ejercicio extremo de maniqueísmo político, un asunto como éste fue eje de
campaña de algunas fuerzas políticas ante el miedo y ante la evidencia de
la posibilidad de que surgiera una alternativa democrática, como así se
produjo en las últimas elecciones. Estas elecciones de 1996 produjeron
esa alternativa política, a pesar de que algunos utilizaron como arma el
miedo.
Es por eso, señor Presidente, por lo que hoy, después de un año sin que
ese Pacto de Toledo, eje básico del futuro de las pensiones, fuera
desarrollado y a la vista del acuerdo, firmado esta mañana, al que ha
llegado el propio Gobierno con las fuerzas sindicales principales de este
país, es por ello, repito, por lo que le queremos preguntar, cuál es su
opinión sobre el acuerdo al que se ha llegado con esas fuerzas
sindicales.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando. Tiene la palabra el señor
Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente, con
mucho gusto le contesto, señor Diputado. Yo creo que el acuerdo que se ha
firmado hoy entre el Gobierno y las centrales sindicales sobre desarrollo
del Pacto de Toledo y sistema público de pensiones es una demostración y
una prueba de la voluntad del Gobierno en cuanto al cumplimiento de su
programa electoral, de su programa político, y también de los compromisos
adoptados y asumidos en el discurso de investidura. Significa, sin duda,
una opción, una apuesta, un mensaje de gran tranquilidad para todos los
pensionistas españoles, puesto que el sistema público de pensiones en
España va a ser consolidado y reformado, manteniéndose el poder
adquisitivo de los pensionistas y dando tranquilidad a todos los
pensionistas para el futuro. Por tanto, es un acuerdo
que tiene un contenido de presente, en cuanto afecta a los pensionistas
actuales, y de futuro, en cuanto al desarrollo del sistema.
Me encuentro muy satisfecho de que se haya hecho, tanto por parte del
Gobierno como por parte de las centrales sindicales, ese ejercicio de
responsabilidad y haber podido llevar la tranquilidad a tantos millones
de pensionistas. Espero que el desarrollo de todos los puntos del Pacto
de Toledo sea, como estoy seguro de que va a ser así el desarrollo de
este acuerdo, extraordinariamente útil para nuestro sistema de bienestar
social y que todas las recomendaciones del Pacto sean desarrolladas con
prudencia y con decisión para el bien de nuestro sistema de pensiones y
para el bien de nuestros pensionistas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON BERNARDO BAYONA AZNAR, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA A PERMANECER IMPASIBLE EL GOBIERNO
ANTE LA PROHIBICION DE QUE LAS MUJERES VISITEN LAS PINTURAS MURALES DE
GOYA EN LA CARTUJA DE AULA DEI (ZARAGOZA)? (Número de expediente
180/000247)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, que formula el Diputado don
Fernando Bayona Aznar, del Grupo Socialista del Congreso.
Señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
Las mujeres no pueden visitar las pinturas de Goya en la Cartuja de Aula
Dei. ¿Va a permanecer impasible el Gobierno ante esta prohibición,
amparándose en que es competencia autonómica?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bayona.
Señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el Gobierno no va a permanecer más impasible de lo que
permaneció el Gobierno anterior.
Yo soy la primera que, como mujer y como ministra, quisiera visitar la
pintura mural de Goya en la Cartuja de Aula Dei, pero tengo que decirle a
S. S., y lamento que S. S. no quiera que se lo diga, que la competencia
es de la Diputación General de Aragón. En este punto estamos totalmente
de acuerdo con mi antecesora en el cargo, la señora Alborch, que en fecha
28 de febrero, en carta de su jefe de gabinete a alguien que se
interesaba por lo mismo que S. S., decía textualmente: El servicio
jurídico del departamento entiende que la obligación que tienen los
bienes declarados de interés cultural de mostrarse al público, podía
exceptuarse con causa justificada. Y textualmente dice: Esta excepción
podía ser de aplicación al caso que usted plantea, al considerar que las
normas de clausura de la congregación son causa justificada de la
dispensa.
Por tanto, señoría, comprenderá que tenga que alegar que es competencia
de la Diputación General de Aragón, si bien este Gobierno colaborará en
todo lo posible para evitar esta discriminación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. Señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente. El consejero aragonés,
el competente, según dice usted, ya se ha dirigido al Papa que es, según
los cartujos, el único competente para levantar esa prohibición; pero lo
ha hecho en vano. Y desde febrero, señora ministra, han pasado muchas
cosas.
Yo pregunté por escrito al Gobierno si iba a mediar en el conflicto y si
había situaciones similares en otros monasterios españoles. Y el
Gobierno, en vez de responder, se despacha diciendo que estas pinturas de
Goya no son bien de interés cultural. Y esto sí que es incompetencia, y
grave, señora ministra. Porque la Cartuja de Aula Dei fue declarada
monumento histórico artístico nacional en el Boletín Oficial del Estado
de 18 de abril de 1983. Por si no conoce la Ley del Patrimonio Histórico
Español de 1985, por su disposición adicional primera pasa
automáticamente a ser bien de interés cultural. Y lo fue precisamente por
el valor de sus pinturas murales, ya que no se pueden separar los muros
del conjunto de la Cartuja. Y esas pinturas, restauradas con dinero de
los españoles y de las españolas, sin distinción de sexos, impiden que
usted, y lo ha dicho usted misma, por muy Ministra de Cultura que sea,
pueda visitarlas; solamente por ser mujer. Y estamos ante una norma
religiosa.
Por tanto, creo que de lo que se trata aquí, aunque no sea la ley
islámica que prohíbe a las mujeres ir a la escuela o trabajar, es de que
las leyes religiosas no prevalezcan sobre las leyes democráticas y sobre
la Constitución.
Por consiguiente, le vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿Va a mediar, va a
hacer gestiones el Gobierno para encontrar soluciones? En la Cartuja de
Miraflores está resuelto el problema y las mujeres pueden entrar.
La Comunidad Autónoma de Aragón se ha dirigido al Papa. ¿Qué hace el
Gobierno, desde febrero aquí, para apoyar a la Comunidad Autónoma de
Aragón? Usted dice que es incompetente como Ministra de Cultura. Bien,
además de incompetente está demostrando ser insensible con la
discriminación que padece su sexo y demuestra también ser indiferente con
el incumplimiento
de la Constitución. Por tanto, yo le animo a que se merezca ser la
ministra de la cultura española y de las mujeres, porque lleva camino de
no merecerlo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bayona.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.
Yo creo que S. S. no me ha escuchado, porque en la primera respuesta le
he dicho con toda claridad que, como mujer y como Ministra de Cultura,
soy la primera a quien le gustaría contemplar las pinturas murales de
Goya. Sin embargo, señoría, creo que no se puede hacer un uso alternativo
de algo tan importante como la protección del patrimonio. Coincido con mi
antecesora en que este motivo es causa justificada de dispensa del
artículo de la ley del patrimonio que les obliga a exhibirlo. Sin
embargo, no vamos a cejar en las gestiones, tanto con la Diputación
General de Aragón, como con la orden de la Cartuja y la Santa Sede, para
que se consiga evitar lo que es hoy una discriminación por sexo y de la
cual esta ministra no está satisfecha y piensa seguir luchando para
conseguirlo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENTINA DIEZ DE BALDEON GARCIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL ESTADO
ACTUAL DE CONSERVACION Y/O DESTRUCCION DE LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS
COMPRENDIDOS EN EL ESPACIO URBANO AFECTADO POR EL PROYECTO DE REFORMA DE
LA PLAZA DE ORIENTE, PLAZA DE FELIPE IV Y CALLES PERIMETRALES, ASI COMO
LAS EMBOCADURAS DE ACCESO POR LAS CALLES CARLOS III, FELIPE IV Y BAILEN?
(Número de expediente 180/000248)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno doña
Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo Socialista del Congreso.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor Presidente.
La pregunta que formulamos a la señora Ministra de Educación y Cultura
es: ¿Cuál es el estado actual de conservación o destrucción de los restos
arqueológicos comprendidos en el espacio urbano afectado por el proyecto
de reforma de la plaza de Oriente, plaza de Felipe IV y calles
perimetrales, así como las embocaduras de acceso por las calles Carlos
III, Felipe IV y Bailén?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el entorno de la plaza de Oriente de Madrid, incluido su
subsuelo, fue declarado en su día bien de interés cultural por la
Comunidad de Madrid y es a la Comunidad de Madrid a la que compete, de
acuerdo con la ley, la protección del patrimonio.
Sobre esta cuestión, señoría, señor Presidente, ya ha tenido lugar un
amplísimo debate en la Asamblea de Madrid, cuya lectura yo recomiendo a
S. S. porque creo que se fijaron las posiciones por parte de todos los
grupos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Señora ministra, quisiera saber si
usted aprueba o no, como responsable última de la cultura de este país,
el procedimiento de excavaciones y demoliciones llevado a cabo en la
plaza de Oriente de Madrid. Los grupos parlamentarios de la oposición del
Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y diversos colectivos
profesionales han manifestado públicamente la existencia de una serie de
irregularidades muy importantes, que la brevedad del tiempo me impide
detallar, pero que desde luego usted debe conocer.
No estamos hablando de unos restos arqueológicos cualquiera, estamos
hablando de restos arqueológicos que se encuentran en el corazón de la
capital de España, del primer recinto amurallado del siglo XI, de restos
árabes y de restos palaciegos de gran interés, anexos al Alcázar Real de
los Austrias. Estamos hablando, por tanto, de restos que tienen
catalogación de bienes de interés cultural, pero usted también sabe que
estamos hablando de restos arqueológicos, como la muralla de Madrid, que
están calificados dentro del patrimonio histórico.
Además, quisiera que centremos el debate en términos políticos. No
digamos que hay informes contradictorios sobre la calidad artística de
los restos y sobre la conveniencia o no de su conservación. No sería
conveniente que traslademos el problema a los arqueólogos o a los
historiadores. Usted sabe que muchos informes preceptivos o bien no se
han realizado o se han ocultado. Esto es de una extraordinaria gravedad
porque, en cualquier caso, indica que ha habido o
bien dejación o bien alevosía para ocultar información muy importante.
También quisiera aprovechar esta pregunta para despejar una
tergiversación y además quisiera aclarar el sentido de mi pregunta. Los
socialistas no nos oponemos al desarrollo de las ciudades; nuestro
interés en este asunto no es, como se ha dicho, malévolamente por cierto,
por algún medio de comunicación, provocar una intoxicación de la opinión
pública ni utilizar el tema sin otro interés que desprestigiar sin más a
la oposición. Estamos a favor del progreso, de la armonización necesaria
para abordar...
El señor PRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón, muchas gracias, ha concluido
su tiempo.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: ... los grandes retos del futuro y los
problemas de circulación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez de Baldeón. Tiene que
concluir.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Perdón, señor Presidente, quisiera
únicamente decirle, señora ministra, que sea coherente con su cargo y,
desde luego, no se inhiba ante un asunto que es de suma importancia para
todos los españoles.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón, ha concluido su
tiempo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la verdad es que las obras de la plaza de Oriente no han
empezado este verano y la polémica sobre ellas tampoco. Creo que es
esencial en un Estado de Derecho el respeto a las competencias que a cada
una de las instancias políticas le atribuyen la Constitución y, en
nuestro caso, los estatutos de autonomía. En respeto de esas
competencias, el anterior equipo del ministerio, que presidía su
compañera doña Carmen Alborch, aceptó la capacidad de la Comunidad
Autónoma de Madrid como ente competente para tomar sus propias decisiones
y en ningún momento consideró oportuno que se iniciara ninguna acción.
Cuando yo llegué al ministerio no había ningún papel, ningún expediente,
sobre este asunto. No lo digo como crítica a mi antecesora sino todo lo
contrario, porque comparto con ella su confianza en las autoridades
competentes, de acuerdo con las leyes; en este caso las competentes en la
Comunidad de Madrid.
Quiero decir a S. S. que este no es un caso extraordinario. Ha habido
casos, como las obras de la estación del AVE en Córdoba, por ejemplo, el
Teatro Romano de Sagunto o la Junta de Extremadura en Mérida que, como
recordará S. S., estuvieron acompañadas no de una discrepancia sino de un
clamor en contra por parte de los expertos y de la opinión pública. El
Ministerio de Cultura decidió entonces no interferir en las comunidades
autónomas de Andalucía, Valencia o Extremadura, y en las obras de la
plaza de Oriente tampoco intervino el anterior ministerio. Podrá haber
discrepancias al respecto pero no hay, ni de lejos, una polémica
comparable a aquellos otros casos. Por tanto, la decisión del Ministerio
de Cultura hasta el mes de mayo fue la de no intervenir y la mía es la
misma, en este momento, por respeto al Estado de Derecho y a la
distribución de competencias que nuestra Constitución atribuye a los
poderes autonómicos. (Aplausos.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA GENERAL DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA
NECESARIA COLABORACION DEL MISMO CON LOS ORGANOS JUDICIALES PARA EL
ESCLARECIMIENTO DE ACTIVIDADES TERRORISTAS (Número de expediente
172/000017)
El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de preguntas orales, que
constituía el punto IV del orden del día, pasamos al punto V,
interpelaciones urgentes. La primera de ellas se formula por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre
la política general del Gobierno respecto de la necesaria colaboración
del mismo con los órganos judiciales para el esclarecimiento de
actividades terroristas.
Para la defensa de la interpelación, tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, quiero comenzar
esta intervención, que realizo en nombre de mi grupo parlamentario,
diciendo que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no tendría que
haber presentado esta interpelación porque el Presidente del Gobierno, el
señor Aznar, debiera haber comparecido ante este Parlamento para explicar
las razones que han llevado al Partido Popular, al Gobierno, a no
colaborar con la justicia y, por ende, a no desclasificar los documentos
clasificados en su día como secretos. Pero el señor Aznar, el Partido
Popular, cuando ha sido solicitada su comparecencia en esta Cámara por
tres grupos parlamentarios, ha actuado exactamente
igual que su predecesor en el cargo, señor González. Se han aliado
ustedes, señores del Partido Popular, con Convergència i Unió y con el
PSOE para no tener que dar la cara, desde el punto de vista político,
donde debe dar cuenta el Gobierno, en el Parlamento.
El Partido Popular ha hecho todo lo posible, y lo imposible, por liberar
al Presidente del Gobierno de lo que es una obligación política, de que
comparezca en este Parlamento para debatir el cambio de posición política
del Partido Popular en un tema tan extraordinariamente importante como el
del GAL.
Ustedes, en épocas pasadas, en la legislatura anterior, criticaban
sistemáticamente el hecho de que el señor González no quisiera comparecer
ante este Parlamento para dar cuenta de su actuación política como
Presidente del Gobierno, pero llegado el momento han hecho exactamente
igual que antes hacía el señor González: evitar que venga a dar cuenta a
este Parlamento el señor Aznar.
Hay que poner encima de la mesa una realidad que se ha producido, y es
que para el Partido Popular hay dos momentos claramente distintos y
diferenciados en todo lo relativo al tema GAL, terrorismo de Estado y la
utilización indebida de los fondos reservados: antes de las elecciones
del 3 de marzo y después de las elecciones del 3 de marzo, con posiciones
políticas contrapuestas dentro del Partido Popular y del Gobierno. Antes
decían una cosa y ahora hacen justamente la contraria. Con anterioridad a
la celebración de las elecciones, prácticamente la totalidad de los
dirigentes y de los Diputados y Diputadas, responsables de los distintos
temas del Partido Popular, arremetían a diario contra el Gobierno de
Felipe González y exigían depuración de responsabilidades políticas y
actuación contundente por parte de la justicia. Pero es más, es que
adquirían ustedes compromisos públicos con los ciudadanos para el futuro,
uno de ellos el de la desclasificación de los documentos clasificados en
su día como secretos. Y asumían ese compromiso. Decían en aquellos
momentos --antes de la celebración de las elecciones-- que lo hacían para
colaborar con la justicia y que los jueces pudieran actuar y llegar hasta
el final en un tema tan grave e importante como el de los GAL.
Bien es verdad que hay un dato muy significativo, y es que en aquellos
momentos, antes de las elecciones del 3 marzo, cuando el Partido Popular
mantenía esta posición y se comprometía con los ciudadanos, las encuestas
situaban el caso GAL como el asunto más grave e importante para los
españoles. Si después vemos las palabras y los hechos desde el Gobierno y
desde el propio Partido Popular hay que pensar que ustedes actuaron
entonces de forma demagógica y electoralista, al albur de las encuestas.
Es decir, para el Partido Popular las encuestas eran las que determinaban
su política y no las ideas, los principios ni las convicciones.
Durante la campaña electoral ustedes tuvieron, señores del Grupo Popular,
señores del Gobierno, como bandera, como santo y seña el tema GAL, la
regeneración democrática para España, y se comprometieron con la
sociedad. Ello comportó que un buen número de ciudadanos les dieran el
voto de buena fe para que cumplieran con su palabra, cumplieran con sus
compromisos, desclasificaran los documentos, colaboraran con la justicia
y se pudiera saber por parte de la sociedad española toda la verdad en
torno al tema GAL, al terrorismo de Estado, a la utilización indebida de
los fondos reservados. Y ustedes ahora han dado clarísimamente, de forma
contundente, la espalda a ese voto y al conjunto de la sociedad, faltando
a su palabra, una palabra que habían empeñado, que habían comprometido,
que habían dado reiteradamente, desde el presidente del partido entonces,
hoy Presidente del Gobierno, pasando por los distintos dirigentes del
Partido Popular.
Después de lo que ustedes comprometieron con la sociedad española, antes
y durante la campaña electoral y después de lo que han hecho pasado el 3
de marzo, podemos concluir, señores del Grupo Popular, que ustedes no son
de fiar; dicen una cosa y, llegado el momento, cuando tienen la
responsabilidad de acometerla y de cumplir con lo que han dicho, hacen la
contraria. Y eso que, en palabras del señor Alvarez-Cascos, estamos ante
hechos muy graves que no han ocurrido en otro país del mundo. Eso lo ha
subrayado con intensidad y con reiteración el actual Vicepresidente
Primero del Gobierno.
Después del 3 de marzo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuando el Partido
Popular había hablado durante dos años del tema GAL ha tenido la
oportunidad y la responsabilidad política de colaborar con la justicia,
de demostrar que nuestro sistema democrático funciona, que es una
realidad el Estado de Derecho y que no existe para nadie, absolutamente
para nadie, zona de impunidad. Y ustedes han optado justamente por lo
contrario. Han malogrado la oportunidad que tenían; no han cumplido con
lo que es una responsabilidad política con la sociedad moral y ética y
han incumplido el compromiso y la palabra que dieron a nuestro pueblo.
Con la decisión de no desclasificar los documentos del Cesid, han
socavado, y deben ser conscientes de ello, los cimientos del Estado de
Derecho y han puesto en entredicho el funcionamiento de nuestro sistema
democrático. Y lo que es más, han echado de manera consciente, desde el
punto de vista político, un manto, configurando una zona de impunidad a
funcionarios del Estado sobre los que recaen más que indicios, sospechas
fundadas, de haber torturado, secuestrado y asesinado.
Este cambio radical de posición del Grupo Popular y del Gobierno del
señor Aznar no nos cabe la menor duda que obedece a alguna razón, y la
queremos conocer.
Queremos conocer las razones, los argumentos, los porqués del cambio de
política del Partido Popular en todo lo relativo a la trama GAL. Queremos
saber por qué el Gobierno del señor Aznar ha incumplido con la palabra
que le había dado al conjunto de la sociedad. Lo queremos conocer porque
creemos que tenemos el derecho de conocerlo en este Parlamento, que
tenemos el derecho de saber si ha habido o no pactos encubiertos con el
Gobierno anterior. Queremos saber si ustedes se han puesto de acuerdo con
el Gobierno anterior y, si han concretado ese acuerdo, en qué términos lo
han hecho, por qué han cambiado y han variado radicalmente su posición.
Queremos saber si hay compromisos concretados con otras instancias o
aparatos del Estado, qué es lo que hay detrás, señor Vicepresidente
Primero del Gobierno, del cambio de posición política del Partido Popular
en el tema GAL.
Explíquelo. Esta tarde, en este Parlamento nuestro, tiene la oportunidad.
¿No cree, señor Vicepresidente Primero del Gobierno, que este Parlamento
nuestro, donde reside la soberanía popular, tiene derecho a conocer
cuántas actuaciones se han hecho entre bastidores para que el Partido
Popular haya cambiado su posición en relación al tema GAL? Si hay algún
acuerdo, si hay algún pacto, díganlo, explíquenlo al conjunto de la
sociedad y a este Parlamento porque es absolutamente imprescindible y
necesario para nuestro sistema democrático. Porque hasta ahora, lo que
hemos tenido, por parte del Partido Popular y del Gobierno del señor
Aznar, han sido excusas; no se ha dado ni una sola razón para el cambio
radical de posición en relación a lo que decían antes del 3 de marzo y lo
que dicen y hacen ahora, desde el Gobierno de la nación. Excusas, algunas
de ellas sorprendentes, como la del Ministro de Interior, señor Mayor
Oreja, cuando ha dicho públicamente que no han desclasificado los
papeles, clasificados en su momento como secretos, por no llevar la
contraria al Gobierno precedente. Y todo eso lo ha dicho el señor Mayor
Oreja después de que el señor Alvarez-Cascos hubiera manifestado, también
públicamente, que estamos hablando de unos papeles que no afectaban a la
seguridad del Estado sino a la seguridad de personas.
¿En qué quedamos? ¿No han desclasificado ustedes los documentos porque
hay algún pacto que no conocemos? ¿No han desclasificado ustedes los
documentos para no llevar la contraria al Gobierno del señor González?
¿No han desclasificado ustedes los documentos porque están amparando,
manteniéndolos como secretos, la seguridad de algunas personas? ¿Nos lo
pueden explicar, señores del Gobierno del Partido Popular, para que
conozcamos realmente cuál es la verdad? Porque tenemos derecho a ello, no
sólo en el Parlamento, sino el conjunto de la sociedad.
Nosotros exigimos una explicación fundada y razonada, y sobre todo una
explicación veraz. No queremos más artimañas, no queremos más excusas.
Queremos razones que sustenten las decisiones. Por respeto,
fundamentalmente, a este Congreso, estamos demandando del Gobierno que dé
la explicación pertinente en su cambio de posición, que es
extraordinariamente importante porque ha hecho todo lo contrario de lo
que tenía comprometido con el pueblo español. Y ello, porque nosotros
consideramos que, ante este tema...
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, le ruego vaya concluyendo.
La señora AGUILAR RIBERO: Voy a ir concluyendo, señor Presidente.
Decía que consideramos que, ante este tema, de tan extraordinaria
importancia, no podemos seguir impasibles ante el cúmulo de
manifestaciones públicas que se están dando, una tras otra. Después del
cambio de posición del Partido Popular y del Gobierno del señor Aznar,
nos hemos encontrado con un colofón en el tema de los GAL, y son las
manifestaciones últimas efectuadas por el señor Alvarez-Cascos,
Vicepresidente Primero del Gobierno, diciendo que ha habido terrorismo de
bodeguilla, que los hechos que se pretende investigar y que están siendo
investigados desde el ámbito judicial fueron impulsados, organizados y
relacionados con personas del entorno de la confianza del anterior
Presidente del Gobierno. Y el señor Alvarez-Cascos ha dicho algo más. No
sólo se ha ratificado en esas manifestaciones, sino que ha dicho que era
consciente de la trascendencia que tenían las mismas.
Si usted, señor Vicepresidente del Gobierno, se afirma y se ratifica,
aquí y ahora, en este Parlamento, en esas manifestaciones, en esas
declaraciones públicas que ha hecho, una persona del Gobierno que tiene
acceso a los documentos clasificados como secretos y que, por tanto, sabe
lo que dicen esos documentos, conoce el contenido exacto de los mismos,
de no rectificar, señor Alvarez-Cascos, usted está obligado como
Vicepresidente del Gobierno, conocedor de los documentos, a ir ante el
juez y declarar lo que sabe, después de haber afirmado que sí ha habido
terrorismo, que ha sido terrorismo de bodeguilla y que fue organizado y
orquestado en los aledaños del anterior Presidente de Gobierno. Esta
afirmación le obliga política, moral y éticamente a poner en conocimiento
del juez lo que usted conoce, lo que usted sabe, después de acceder a
esos documentos clasificados como secretos.
Y decimos algo más. Esperamos que esta declaración suya no sea una de
tantas para utilizar demagógicamente el tema GAL, para intentar hacer un
guiño a su electorado después de la decisión del Gobierno de no
desclasificar los documentos.
Señor Alvarez-Cascos: con estas declaraciones públicas que usted ha
hecho, ¿acaso estaba avisando, también públicamente, al PSOE y a Felipe
González de que iba a tirar de la manta si el anterior Presidente del
Gobierno seguía diciendo barbaridades como las que últimamente ha dicho
públicamente y provocando con sus manifestaciones públicas? ¿Es un aviso
al PSOE y al anterior Presidente del Gobierno lo que usted ha hecho con
esas manifestaciones públicas, porque hay algún acuerdo encubierto y
ustedes, entre los dos partidos, están haciéndose guiños y gestos para
cesar, acabar y acallar el tema GAL? Explíquelo, porque es hora ya de que
sepamos lo que hay detrás.
Algo está claro, y es que ustedes, de la mano de Convergència i Unió y
del PSOE, están buscando en el asunto GAL el punto y final. Ya no quieren
la claridad, no quieren que la sociedad sepa la verdad, aunque cierto y
verdad es que ustedes conocen cómo con dinero de los ciudadanos españoles
se ha torturado, se ha secuestrado y se ha matado. Y desde esa
perspectiva --concluyo, señor Presidente--, el peor de los favores que
pueden ustedes hacer a nuestra democracia, y deben ser conscientes de
ello por una vez, al menos por una vez y sin que sirva de precedente, es
seguir manteniendo clasificados como secretos esos documentos.
Rectifiquen su decisión, desclasifiquen los documentos, ayuden con ello a
fortalecer nuestro sistema democrático y el Estado de Derecho y colaboren
con la justicia, para que se pueda llegar hasta el final en la
investigación sobre el tema GAL y, de una vez por todas, el conjunto de
la sociedad española podamos saber, porque tenemos derecho a ello, toda
la verdad, caiga quien caiga.
Espero que el señor Vicepresidente Primero, desde esta tribuna, explique
ese cambio de política del Gobierno del que forma parte, ese cambio de
actitud y de política del Partido Popular en relación a lo que decían
antes y lo que hacen ahora y, sobre todo, nos diga de una vez por todas
si hay un acuerdo o pacto por el que hayan convenido silenciar el tema
GAL y ponerle punto y final, porque todas las actuaciones que ustedes
están llevando a cabo parece que van a eso: a tapar, a ocultar y a
amparar a quienes cometieron delito con las decisiones políticas que en
los últimos tiempos han tomado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el Vicepresidente Primero, señor Alvarez-Cascos.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Con la venia, señor Presidente.
Señorías, señora Aguilar, yo quiero agradecerle, de verdad, el tono
--que, por otra parte, es el suyo habitual-- en el que se ha pronunciado
en esta tribuna al plantear una serie de consideraciones a raíz de unas
declaraciones públicas que yo formulé en un discurso, en un congreso de
mi partido, en Mérida, hace algo más de una semana.
Usted decía a lo largo de su intervención, y concluyó prácticamente con
esa argumentación, que el Gobierno no quiere que se conozca la verdad, y
dice que nos estamos haciendo guiños el Partido Socialista y el Partido
Popular. ¡Pues ya ha visto usted los guiños que me han dedicado la semana
pasada desde el Partido Socialista! No parece que esos pactos que usted
insinúa y esos guiños que usted establece como prueba de unas buenas
relaciones y de un entente cordial se compadezcan con la realidad de lo
que hemos visto en los últimos días en relación con la polémica, en
virtud de la cual usted trae hoy esta interpelación a la Cámara.
Señoría, yo creo que el objetivo de su interpelación, de la interpelación
de su grupo, tiene una finalidad: conseguir monopolizar la bandera de la
ética y de la defensa del Estado de Derecho en relación con el escándalo
del GAL, y de tal manera que, si ustedes consiguen ese monopolio, los
demás estemos todos en un mismo saco de responsabilidad ante la sociedad
española, de lo cual, evidentemente, para su grupo, se derivarían
determinadas ventajas políticas.
Yo voy a procurar darle argumentos, frente a la confusión con la que
usted ha mezclado responsabilidades políticas y penales, Gobierno y
oposición, promesas y hechos; voy a darle argumentos para demostrar que
por lo menos al grupo político que represento, y al grupo político que
apoya al Gobierno del que formo parte, no se le puede confundir en ese
debate. Para clarificarlo, permítame que me refiera a unos conceptos
fundamentales: la naturaleza de las responsabilidades políticas; la
titularidad de las responsabilidades políticas; la oportunidad de la
exigencia de responsabilidades políticas; la sede de esa exigencia y las
compatibilidades de las responsabilidades políticas.
Las responsabilidades políticas nacen de los desaciertos de los
políticos; de los incumplimientos de los políticos y de las omisiones de
los políticos, y también del incumplimiento de las leyes vigentes por
parte de los políticos, hecho del que se derivan, además de las
responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas y
judiciales.
Pues bien, la titularidad de las responsabilidades políticas recae, como
es natural, sobre los políticos en función de su capacidad de acción, y
principalmente sobre los gobernantes por su mayor capacidad de decisión;
y la titularidad de la exigencia de estas responsabilidades es patrimonio
de quien emana la responsabilidad política, que es el pueblo soberano,
bien directamente con ocasión de las elecciones, bien a través de sus
legítimos representantes, como es el caso de los parlamentarios
nacionales frente al Gobierno de la nación.
La oportunidad de la exigencia de las responsabilidades políticas la
marcan los acontecimientos cuando se conocen los hechos y el foro
inmediato de debate acerca de los mismos es toda la opinión pública de
manera ilimitada e informal, así como las Cámaras parlamentarias frente
al Gobierno de modo formal y
reglamentario. Ambas (la opinión pública y las Cámaras) con capacidad de
decisión, cuya suprema expresión, a juicio de nuestro grupo, es el voto
de los ciudadanos en las elecciones.
Para nuestro grupo las responsabilidades políticas que nazcan de los
hechos de los que se deriven responsabilidades judiciales son tan
compatibles como independientes, y recalco la compatibilidad de ambas
responsabilidades en función justamente de que son independientes. Una
independencia que nace de su diferente naturaleza (las responsabilidades
políticas derivan de los códigos de comportamiento político frente a los
códigos penales); de su diferente titularidad (el Poder Judicial es
diferente, es el que exige responsabilidades judiciales, es independiente
del Ejecutivo y el Legislativo); de su oportunidad y localización (los
códigos de funcionamiento de las instituciones políticas frente a los
códigos procesales, y también la sede de los parlamentos frente a los
tribunales).
Hecha esta excursión sobre la teoría para clarificar alguno de los
conceptos que usted ha barajado, me voy a ceñir --por respeto a la
verdad-- cronológicamente a la cadena de testimonios iniciada en
diciembre de 1994, a raíz de las declaraciones de Amedo y Domínguez, de
Alvarez y de Planchuelo, de Sancristóbal y de García Damborenea, porque
en esta Cámara he tenido oportunidad en reiteradas ocasiones de
representar a mi grupo para exigir al Gobierno de turno las
responsabilidades políticas por este asunto.
Así, el 22 de diciembre de 1994 participé en un debate para pedir una
comisión de investigación sobre el uso de los fondos reservados (no sé si
lo recuerda S. S., pero está en el «Diario de Sesiones»); el 30 de
diciembre de 1994, en la Comisión de Justicia e Interior, para pedir
explicaciones al Gobierno sobre la trama de los GAL; el 12 de enero de
1995, para apoyarles a ustedes en la Diputación Permanente en relación
con la comparecencia del señor González sobre este mismo asunto; y
formulé una pregunta al señor González, en el primer Pleno del 22 de
febrero de 1995, sobre estas materias también de su responsabilidad
política; y el 22 de marzo de 1995, para interpelar al Gobierno sobre el
uso ilícito de los fondos reservados.
Por citar sólo una declaración política en mis responsabilidades de
partido, el 7 de febrero de 1995 hice público en rueda de prensa, en
nombre de mi partido, un documento en el que aportábamos, señoría,
aportábamos 36 razones. Es un documento público, distribuido a los medios
de comunicación. Treinta y seis razones acerca de las responsabilidades
políticas del señor González y de su Gobierno. De todo ello, ya se lo he
dicho, dan testimonio los «Diarios de Sesiones» de esta Cámara. Y se
podrían resumir en una conclusión que presenté el 19 de enero de este año
ante el XII Congreso Nacional de mi partido, que dice así: La doctrina
del Partido Popular partió siempre de la distinción clara entre
responsabilidades políticas y responsabilidades penales, porque nacen de
pautas de conducta distintas, órganos de control distintos y sanciones
distintas. Nosotros no admitimos que la responsabilidad política se
vincule exclusivamente a la existencia de una responsabilidad penal, y
mucho menos de una sentencia judicial firme. Y concluía: El Partido
Popular está firmemente convencido de que las acciones de los GAL
entrañan una gravísima responsabilidad política del Gobierno y de su
Presidente, sin cuyo consentimiento las acciones de este grupo jamás
hubieran podido iniciarse, prolongarse durante cuatro años y liquidarse.
¿De qué se sorprende usted ahora, señoría?
Estas responsabilidades políticas en relación con las consideraciones de
carácter general, como le he dicho, fueron exigidas en sede parlamentaria
y quedaron, a nuestro juicio, nítidamente delimitadas el día 3 de marzo
por quien podía zanjar ese juicio político, que era la soberanía
nacional, el conjunto de los ciudadanos. Mis palabras de Mérida no dicen
ni más ni menos que lo dicho en su momento en esta Cámara, que lo dicho
en público ante los ciudadanos. Forman parte del mismo discurso político
y reiteran el mismo juicio político que emitimos antes del 3 de marzo.
Recalco: antes del 3 de marzo.
Usted me reclama ahora que yo acuda ante el juez para explicar estas
palabras, y yo creo que no tengo nada que aportar a la justicia; estoy a
su disposición, pero creo que no tengo nada que aportar a la justicia. Es
al revés, señoría, mis conclusiones, las que le he contado, las de mi
grupo político, las de mi partido, y seguramente la suyas, se basan en
datos que hemos conocido a través de las investigaciones de los jueces en
los distintos sumarios que guardan relación con los GAL. Yo, señorías, no
sé nada que los jueces ignoren, ni tengo otra información que aquella que
se ha difundido desde el propio proceso, ni dispongo de dato alguno que
no obre ya en poder de los jueces.
Usted quiere mezclar ahora, en el proceso ya concluido de delimitación de
responsabilidades políticas, el de las responsabilidades penales,
vinculando mis palabras no al discurso que le acabo de reiterar, porque a
usted no le interesa recordar lo que se ha dicho en esta Cámara y en
público desde el año 1994; no le interesa. No lo ha recordado, lo ha
omitido. A usted le interesa vincularlo con la decisión del Gobierno de
no desclasificar los papeles del Cesid. Señoría, yerra el tiro; yerra
claramente el tiro, porque en todo cuanto afecta a las responsabilidades
penales, y el requerimiento de unos jueces al Gobierno se enmarca en un
proceso penal de responsabilidades penales, en todo cuanto afecta a las
responsabilidades penales la política del Gobierno en la materia referida
ha sido y será la de prestar la colaboración requerida por los jueces y
tribunales en el curso de los procesos judiciales, como exige el artículo
118 de la Constitución Española. Sin perjuicio de este deber de
colaboración del Gobierno, y usted no ha dicho
nada de ello, el Gobierno tiene además el deber de garantizar la
seguridad y la defensa del Estado, protegiendo el interés general.
En el caso de la petición de desclasificación de los documentos del Cesid
por parte de la justicia, el Gobierno ha sido consciente de que se
hallaba --y le voy a citar una frase del dictamen del Consejo de
Estado--: ante una manifestación de la tensión axiológica entre seguridad
y justicia. Cierro la cita. Y optó por no desclasificar los citados
documentos por considerar que esa desclasificación podría entrañar
riesgos para la seguridad y la defensa del Estado.
Señoría, desde que accedimos al Gobierno creo que hemos hecho un
ejercicio de responsabilidad que usted sabe perfectamente que nos ha
costado muchas críticas y muchas incomprensiones, pero hemos tratado
perseverantemente de eludir cualquier referencia a las responsabilidades
políticas del anterior Gobierno y, sobre todo, de evitar que se
confundieran los campos de las responsabilidades políticas con las
responsabilidades jurídicas. Y las cosas hubieran continuado así de no
haberse producido el escándalo de las declaraciones del señor González
calificando de incidentes los sucesos, las barbaridades del GAL que todo
el mundo conoce; hubieran seguido así. Pero, a partir de ese momento, era
necesario salir al paso de estas sinrazones. Usted misma las ha abonado,
ha dicho que ha habido un pacto, un acuerdo, que es rigurosamente falso.
Usted ha contribuido con sus afirmaciones a crear ese clima, a justificar
esas sinrazones. Era necesario, señoría, poner las cosas en claro para
que no quepan dudas, para que no se propague la confusión, para que pueda
saber todo el mundo dónde está cada uno, para que no tergiversen ni las
actitudes ni las opiniones del Partido Popular.
Nosotros no deseamos ni buscamos la crispación, pero eso no significa que
por tener la fiesta en paz debamos soportarlo todo. Eso no puede
significar que nuestra actitud se malinterprete, y mucho menos que pueda
servir de franquicia a quienes buscan en la actitud responsable del
Gobierno un aval para sus propios intereses. La tolerancia, señoría, es
una virtud, el compadreo es un vicio. Por eso, señoría, entiendo que no
cabe ningún tipo de confusión en relación con los compromisos del Partido
Popular, en relación con la conducta del Partido Popular en el momento en
el que era preciso establecer la delimitación y la depuración de las
responsabilidades políticas y la acción del Gobierno. Y si usted quiere
concentrar en mi persona otra serie de consideraciones, permítame que
concluya diciéndole que las personas normales actuamos en distintos
planos y tenemos más de una dimensión. En mi caso coincide un miembro del
Gobierno con un miembro del Partido y con un ciudadano particular. Cuando
estoy en el Gobierno hablo como miembro del Gobierno y, le guste a usted
o no, cuando estoy en el partido no ejerzo otra responsabilidad ni
desempeño otro papel que el que me corresponde como Secretario General, y
cuando voto en las elecciones soy un simple ciudadano con una opinión
particular, y nadie se confunde; no se confunde más que el que quiere
confundir las cosas. Yo, señoría, creo que como partido y como grupo
parlamentario, en el momento en el que era preciso, hemos cumplido con
nuestro deber de exigencia y delimitación de responsabilidades políticas
en el escándalo GAL, y ahora tengo para mí que como Gobierno no sólo no
hemos faltado a ninguna promesa electoral, sino que también hemos
cumplido con nuestro deber resolviendo en Derecho lo que en Derecho nos
solicitaron varios tribunales de justicia.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
La señora Aguilar tiene la palabra.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señorías, señor
Alvarez-Cascos, comenzaba su intervención en esta tribuna planteando que
por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya queríamos monopolizar el tema GAL, y yo le tengo que decir que
desde nuestro grupo parlamentario hemos venido a reclamarle desde esta
tribuna que el Partido Popular sea coherente con lo que decía antes y
acompase con lo que hace ahora. Ustedes estaban manifestando desde esta
tribuna, en sede parlamentaria, toda una serie de cuestiones antes del 3
de marzo y se estaban comprometiendo con los ciudadanos a desclasificar
los documentos y a colaborar con la justicia, y han hecho ustedes
justamente lo contrario. Lo que le venimos a reclamar y a pedir es que
sean coherentes políticamente, que acompasen las palabras con los hechos,
que no hagan lo contrario de lo que han venido diciendo. Pero es más, yo
le tengo que decir que nosotros no queremos ni monopolizar ni estar
solos, entre otras cosas porque hay otros grupos parlamentarios que
coinciden con el planteamiento que en torno al terrorismo de Estado, al
tema GAL, a la utilización de los fondos reservados viene haciendo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y porque además en la calle
estamos al lado de muchos ciudadanos y ciudadanas, del conjunto de la
sociedad española, que quieren saber la verdad, que quieren que se
depuren las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales,
y que quieren que se deje de hablar de los GAL porque hayamos conocido
toda la verdad de lo que ha ocurrido, de lo que ha sucedido, caiga quien
caiga. Esa es la pretensión de Izquierda Unida, la claridad, el que
conozca la verdad la sociedad.
Lamento que el Partido Popular también haya cambiado ese planteamiento y
ahora no le preocupe el que la sociedad conozca y que la claridad sea una
realidad porque se colabore con la justicia, se puedan depurar
responsabilidades políticas y se puedan depurar responsabilidades
penales.
En ese sentido, usted desde esta tribuna ha recordado una serie de
intervenciones que ha realizado por su parte en el Parlamento en defensa
de toda una serie de planteamientos en la anterior legislatura, y citaba
usted los fondos reservados cuando en nombre del Partido Popular apoyó en
este hemiciclo que se constituyera una comisión que investigara la
utilización de fondos reservados, y hacía mención también a la solicitud
de su grupo, conjuntamente con otros grupos políticos de la Cámara, de
comparecencia del señor González, entonces Presidente del Gobierno, para
que diera cuenta de su responsabilidad política en el tema GAL, y de las
preguntas que ha formulado y de las responsabilidades políticas de los
GAL demandadas por el Partido Popular. Por último, exhibía las 36 razones
que tienen ustedes impresas en un papel pero que no les sirven
absolutamente de nada porque es un papel mojado, toda vez que ahora hacen
y dicen lo contrario.
Lo que precisamente desde esta tribuna le estaba solicitando en nombre de
mi grupo parlamentario, señor Alvarez-Cascos, es que todo eso que usted
ha citado lo haga realidad. Si ustedes estaban dispuestos a investigar la
mala utilización de los fondos reservados, ahora que están en el
Gobierno, que son el grupo mayoritario, ¿por qué no lo llevan a cabo? Si
ustedes estaban dispuestos a desclasificar los documentos del Cesid
cuando estaban en la oposición y se lo decían a los ciudadanos, ¿por qué
ahora en el Gobierno han hecho todo lo contrario y no los han
desclasificado? Esto es lo que usted tiene que responder, por qué ha
cambiado de posición de manera radical el Partido Popular, y a eso
justamente es a lo que usted no se ha referido porque, sencillamente, no
le interesa. Tiene que desvelar cosas en este Parlamento que ustedes
están dispuestos a toda costa a callar.
Es más. Le tengo que decir una cosa, porque S. S. tiene buena memoria y
tiene que recordarlo. Después de las elecciones de 1993, cuando el
Partido Socialista Obrero Español hablaba de que había habido unas
elecciones, unos resultados, unos votos y que, por tanto, todo lo de
atrás había que dejarlo ya, había que olvidarlo, ustedes manifestaron que
los votos nunca amnistían de la responsabilidad. ¿Viene usted ahora a
argumentar justamente lo contrario a esta tribuna diciendo que es que las
elecciones celebradas en 1996 han dejado todo cerrado y todo zanjado,
cuando lo que esas elecciones han hecho es obligar a un partido que ha
sido el más votado a que cumpla con sus compromisos contraídos con el
conjunto de la sociedad, con el conjunto de las ciudadanas y de los
ciudadanos? ¿Viene usted ahora a argumentar lo que entonces argumentaba
el PSOE, que ustedes contraargumentaban sistemáticamente porque nunca
amnistían las elecciones?
Usted sabe exactamente igual que yo, señor Alvarez-Cascos, Vicepresidente
Primero del Gobierno, que las elecciones no amnistían, que las elecciones
no son una coartada para hacer lo contrario de aquello a lo que se
compromete uno durante la campaña, que los resultados de las elecciones
no son un manto que todo lo tapa, sino todo lo contrario: la celebración
de unas elecciones, el voto de unos ciudadanos y de unas ciudadanas es la
consumación de un compromiso realizado por un partido político, y el suyo
se comprometió con la sociedad española a desclasificar los documentos, a
colaborar con la justicia para que el Poder Judicial pudiera llegar hasta
el final, y eso justamente es lo que ustedes no han hecho.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno parece, por lo que nos acaba de
decir aquí, que en usted concurre el milagro de la Santísima Trinidad,
porque desde luego son tres personas en una. Tendremos que saber cuándo
habla usted como Vicepresidente Primero del Gobierno, cuándo habla usted
como responsable del partido, cuándo actúa usted en calidad de ciudadano
de a pie, porque eso es imposible separarlo.
Usted es consciente, desde el punto de vista político, de que sus
declaraciones las hace, independientemente de que las haga en un mitin de
su partido, el Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, le ruego que concluya.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor Presidente.
¿Acaso nos quiere usted venir a decir aquí, en el Parlamento, que cuando
el Presidente del Gobierno habla en calidad de Presidente del Partido
Popular, eso no tiene nada que ver con lo que luego vaya a hacer como
Presidente del Gobierno? ¿Este es el Gobierno que tenemos, que tiene una
actuación cuando habla como partido y otra cuando se sitúa en clave de
Gobierno? ¿Ya no nos podemos fiar absolutamente de nada, porque ustedes
tienen vías dobles por las que circulan, diciendo una u otra cosa según
convenga para confundir a la sociedad española?
Esto que usted nos ha dicho, desde nuestro punto de vista, es
extraordinariamente importante, pero, a la vez, extraordinariamente grave
porque siembra dudas permanentes, lícitas y legítimas, sobre las
actuaciones de quienes hoy conforman el Gobierno de la nación, desde su
Presidente hasta el último ministro con responsabilidad en el seno del
Partido Popular.
Por último, señor Vicepresidente, le planteo una cuestión, simplemente
una cuestión. Sean ustedes coherentes, sean ustedes consecuentes, no se
vaya usted por las ramas en la réplica; díganos si van a desclasificar
los documentos o no, porque en la campaña electoral ustedes se
comprometieron con la sociedad. No es verdad que ustedes les dijeran a
los ciudadanos que
la campaña electoral todo lo iba a tapar al día de la celebración de las
elecciones generales. Pero es más, yo les pido una cosa: consecuencia,
coherencia política, decencia política. Nosotros no queremos que se les
tenga que caer la cara de vergüenza porque sigan haciendo todo lo
contrario de lo que han dicho y han comprometido con el conjunto de la
sociedad española, con nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos. Creo
que es hora ya de que asuman su responsabilidad política y desclasifiquen
los documentos para que pueda actuar la justicia. Están obstaculizando la
actuación del poder judicial, están impidiendo que la justicia llegue
hasta el final. Sean coherentes, al menos por una vez y sin que sirva de
precedente, desclasifiquen los documentos y dejen que los jueces depuren
las responsabilidades penales, que es su obligación, pero ustedes están
impidiendo que la cumplan porque no llevan a efecto la desclasificación
de los documentos.
Concluyo con una frase suya, señor Alvarez- Cascos: No hay deshonor más
censurable que el de aquellos que faltan a la verdad. Aplíqueselo, por
favor.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, señorías, intervengo muy
brevemente para decir que yo, en todo caso, renuncio a ser el oráculo de
Delfos que dice la última palabra sobre la verdad. En todo caso, he
venido aquí a defender mi verdad y usted ha sido poco respetuosa con la
interpretación de mi verdad; ha querido usted hacer su interpretación de
la verdad de todos, por ejemplo, haciendo una interpretación de mis
palabras y llegando a la conclusión de que estábamos anunciando una
amnistía, diciendo que estaba todo zanjado en las elecciones del 3 de
marzo. Querrá usted decir que están zanjadas las responsabilidades
políticas. ¿Pero usted me ha escuchado a mí o a alguno de mis compañeros
en algún discurso, alguna interpretación interfiriendo antes del 3 de
marzo, durante el 3 de marzo o después el normal desarrollo de los
procesos judiciales que antes, durante y después deben continuar con toda
normalidad y que no están afectados por ninguna decisión electoral ni por
ningún cambio de Gobierno? Las responsabilidades políticas mi grupo las
ha delimitado aquí, las ha exigido aquí. Y para nosotros están ya
perfectamente zanjadas, y no se borran, señoría, ni se amnistían; las
responsabilidades políticas están presentes en la memoria política de
todos y en el haber político de todos.
En segundo lugar, quiero decir que cuando dice que hemos faltado a un
compromiso electoral vuelve usted a confundir las cosas. Seguro que usted
puede encontrar muchas citas de todos nosotros, de mí el primero,
criticando la clasificación de determinados documentos por el anterior
Gobierno, seguro. ¿A que no encuentra una sola cita anunciando que desde
el Gobierno vamos a adoptar una decisión de desclasificación? (El señor
Castellano Cardalliaguet pronuncia palabras que no se perciben.) ¿A que
no encuentra ni una sola cita, ni el señor Castellano, que la está
apoyando? Porque no existe, porque es perfectamente compatible criticar
un acto del Gobierno anterior y no desclasificar la decisión del Gobierno
anterior, y no desclasificarla, señorías. Por tanto, no nos confunda,
señoría, no nos confunda; ni está en nuestro programa ni está en nuestros
discursos.
Finalmente, ustedes han hecho muy bien, desde su punto de vista político,
en hacer su discurso de responsabilidades políticas; y ustedes han sido
muy precisos --usted misma en los medios de comunicación, y no la voy a
aburrir volviendo a citarla, el señor Anguita en sede parlamentaria en
varios discursos-- estableciendo y delimitando con toda precisión las
responsabilidades políticas desde su punto de vista, y ninguno de ustedes
ha ido a los tribunales y ha hecho muy bien. ¿Y por qué me piden a mí
ahora que vaya a los tribunales? Pregunto. ¿Por qué lo que no han hecho
ustedes sobre el mismo discurso...? Repito, podría hacer citas mucho más
mordaces que la que yo he hecho en mi intervención de Mérida, están en
sus declaraciones. ¿Por qué me piden a mí ahora que vaya a los juzgados,
si ustedes, con toda razón, no han ido, porque no han confundido las
responsabilidades políticas con las penales?
Señorías, seamos serios en esta materia. El plazo para depurar las
responsabilidades políticas del GAL ha concluido, la sentencia está
dictada y ahora toca hacer su trabajo a los jueces y todos debemos
respetar su veredicto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, subimos a esta tribuna para
posicionarnos con relación al tema objeto y a la propia formulación de la
interpelación presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Cartalunya y, al mismo tiempo, en relación con la intervención del señor
Vicepresidente del Gobierno, el señor Alvarez Cascos.
Realmente, en la formulación del grupo interpelante por escrito se
presentaban dos aspectos de la cuestión: uno de ellos, que era el
sometimiento de los poderes públicos al imperio de la ley, el deber de
colaborar con los jueces y los tribunales, de tal manera que no se impida
conocer hechos delictivos. Y un segundo aspecto, relacionado con las
declaraciones abiertamente políticas del señor Vicepresidente Primero del
Gobierno. En realidad, aunque la interpelación urgente, tal como se
formula, se desliza por el primer camino, las declaraciones políticas del
señor Alvarez Cascos ponen en evidencia muchas cuestiones que exceden con
mucho del aspecto personal para entrar en el institucional, en el
orgánico y en el ideológico-político, aunque cabe afirmar aquí, porque
parece que se está continuamente atomizando la cuestión, que tanto el
aspecto judicial como el aspecto político están interrelacionados.
No sé si por un azar el señor Alvarez Cascos desconoce la comparecencia
del señor Serra en este mismo Congreso de los Diputados. El señor Serra,
curiosamente, tuvo yo no sé si la valentía o el desliz de dar una
interpretación abiertamente política del problema. Otra cosa es que cómo
lo interpreten los ciudadanos, teniendo en cuenta que escasea la libertad
de información en el Estado español hoy por hoy y, sobre todo, el debate
político real. Y el debate político real del señor Serra fue el siguiente
aquí hubo una continua evolución política que fue un debate entre pactar
o no con el pasado, y el pasado en cada momento de los últimos 15 años
tiene un nombre, unos apellidos y unos sucesos, bien si hay reforma o si
hay ruptura. No sé lo que se entiende en este momento, en 1996, por
reforma o ruptura; se sabría en el momento de la transición del
franquismo a la actual democracia; y el problema de la
internacionalización aguda de los servicios de espionaje e incluso de los
ejércitos. Pero, señorías, yo les quiero recordar como representante de
un grupo político nacionalista, para evocar un poco la memoria histórica,
que después del 23 de febrero, del 23-F, tuvieron lugar en el Estado
español intentos, que son paralelos aunque legales, a todos los sucesos
que ahora estamos discutiendo. Aquí hubo el intento de aplicar una Loapa,
se exigió retroactivamente el juramento de acatamiento, que estaba muy
bien, pero de fidelidad (que ya es decir, una fórmula feudal) a todos los
grupos que permanecían actuando en las instituciones políticas a la
Constitución Española. Empezaron a aflorar, a diversificar y, sobre todo,
a impulsarse grupos armados de carácter para oficial como el GAL, e
indudablemente está claro que algún compromiso implícito existiría en
alguna institución u organismos del Estado para que todo este proceso
fuese adelante. Y hace unos días un conspicuo representante del Partido
Popular, que es compatriota de quien les habla, recordó la total
legitimidad del Estado para andar a tiros con todo el mundo que discrepe
desde el punto de vista del terrorismo, es decir, que recurra a acciones
armadas. Está claro que esto venía a santificar, no ya un proceso,
digamos, de tipo ilegal, sino incluso un proceso político que creo que
hoy se superó en algunos aspectos, pero que dista mucho de estar
superado. Me refiero al respeto por lo siguiente: el Estado de Derecho
que tanto se invoca aquí. Me imagino que el Estado de Derecho tiene que
ver con el papel de la justicia, clarificar el problema de los
asesinatos, y ¡ojo!, que la justicia no se exceda entrometiéndose en
cuestiones políticas, sobre todo para intentar cualquier tipo de cambio
político.
En segundo lugar, la cuestión de la democracia y el respeto por el
pluralismo político, que yo creo que en el Estado español se dista mucho
de respetar por igual a todas las opciones políticas que recurrimos a
armas de carácter legal y no ilegal.
En tercer lugar, la cuestión de la libertad de expresión y de información
que, desde luego, palidece. A muchos de los que hablan de la corrupción
política se les debía caer la cara de vergüenza, porque son los
principales corruptos en cuanto al control de la libertad de expresión y
de información.
Y, por fin, algo muy grave, la neutralidad de las instituciones, es
decir, que el aparato del Estado sea más respetuoso en su actuación.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, le ruego concluya.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: En todo caso, desde el Bloque Nacionalista
Galego, no nos gustaría que todo este debate se convirtiese en un arma
arrojadiza entre el Partido Popular y el PSOE, sino que valiese, cuando
menos, para que el Estado español funcionase de otra manera y se
clarificasen también algunos hechos delictivos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Comparte su turno con la señora Lasagabaster, que tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, señorías, supongo que
todos saben que hablamos de terrorismo de Estado, porque a mí a veces me
parece que... (El señor AGUIRIANO FORNIES: ¡No!) ¿No? ¡No! Algunos
discuten que no, pero yo supongo que hablar de horror, secuestro, tortura
y asesinato organizado, manipulado y financiado, sobre todo, y ejecutado
por aparatos del Estado, es terrorismo de Estado. Todo eso hace que sean
crímenes absolutamente execrables y absolutamente rechazables, como
cualquier acto terrorista, y no meros incidentes; o, a lo mejor, como
decía el chiste de El País de hoy: los veintiocho muertos por el GAL
tendrán que pedir perdón por las molestias; a lo mejor.
En cualquier caso, aquí hay cosas muy claras: es todo una floritura
dialéctica y, desde luego, esto es un pacto entre un lado y el otro. Que
hay pacto es evidente. Que tengamos que aguantar todo por tener la fiesta
en paz, es clarísimo. Que diga el señor portavoz del Grupo Popular en la
Comisión de Defensa: nos habéis
dejado el fango y nos tenemos que quedar con el fango, es obvio. No hace
falta decir nada más.
En cuanto a las responsabilidades políticas, dos cuestiones: primera, que
cada cual asuma sus responsabilidades, y los que hayan ejecutado,
asumido, financiado u organizado lo que ha pasado, que asuman sus
responsabilidades. ¡Ojo! Políticas y penales, porque hay
responsabilidades políticas hoy por hoy, y éstas no se acaban porque se
ganen o se pierdan unas elecciones, porque algunas de esas personas
tienen parte en responsabilidades políticas y forman parte de un cuerpo
legislativo, y por menos han dimitido personas de cargos anteriores.
Y del Gobierno, ¿qué vamos a decir? Hay responsabilidades políticas
cuando no se desclasifican una serie de documentos que son vitales para
la investigación de una serie de sumarios, curiosa y contrariamente a lo
que se venía diciendo anteriormente. No tengo tiempo para citar todo lo
que se decía, como ha recogido el Vicepresidente Primero, siempre antes
del 3 de marzo, curiosamente nunca después. Y, curiosamente también,
ninguna de las declaraciones de los ministros coincide, al parecer, con
lo que ha pasado, y, si no, podemos ir a las actas; primero, todos dicen
que afecta a la seguridad del Estado; segundo, todos dicen que es una
cuestión de no venganza; tercero, algunos dicen que ni existen, con lo
cual ya no sabemos qué existe o qué no existe; y, cuarto, es una cuestión
de no dejar en evidencia a los servicios de información. Eso a costa de
que no se descubran crímenes execrables. Increíble.
En segundo lugar, también hay responsabilidades políticas, porque, hoy
por hoy, el Gobierno también tiene determinadas iniciativas que pudiera
utilizar. ¿Por qué no se persona el Gobierno, en nombre del Estado, como
parte acusadora? Ya me gustaría saberlo. ¿O es que no tiene interés en
esclarecerlo, al menos, en nombre del Estado? ¿O es que no tiene interés
en formar parte de la acusación para esclarecer lo que realmente ha
pasado, si no tiene nada que decir o no tiene nada que ver? Son
cuestiones realmente importantes.
Simplemente, y concluyendo, creo que ésta es una cuestión que desgraciada
y probablemente seguirá. Existe una solicitud para crear una comisión de
investigación de los GAL; nosotros llevamos pidiéndolo muchos, muchos
años. Espero que los que me sigan, los próximos que obtengan el acta de
Diputado en representación de mi partido, no tengan que seguir con la
cuestión, pero eso sólo depende de la responsabilidad política y de la
actuación del Gobierno.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
La postura de mi grupo en este tema es de todos conocida; se ha suscitado
en otras ocasiones en la propia Cámara, como ayer en la Comisión de
Justicia e Interior, y, en todo caso, el debate en los medios nos
precede. Nuestra postura es de total apoyo a lo expuesto por la Diputada
señora Aguilar en la interpelación que plantea al Gobierno.
Además, no puedo compartir el concepto de responsabilidades políticas
sostenido por el señor Vicepresidente del Gobierno, y me permitiría
recomendarle la lectura de un interesante libro del profesor don Luis
Díez Picazo sobre la criminalidad de los gobernantes. En dicho libro se
establece una interesantísima disquisición sobre la dualidad que pueden
plantear los aforismos de hágase justicia y húndase el mundo y que la
salvación del Estado sea la suprema ley, además de establecerse un
concepto de responsabilidades políticas y penales y la posible
articulación entre ambas que nada tiene que ver con lo por él sostenido.
Las responsabilidades políticas no se confunden con las penales en ningún
caso y en modo alguno desaparecen tras un proceso electoral, más cuando
su resultado ha sido el acceso al Gobierno de quien hacía unas
manifestaciones muy distintas cuando actuaba como oposición.
Frente a eso, y ante las manifestaciones que ahora se hacen como Gobierno
de mirar al futuro, de dejar hacer a los jueces, nos planteamos qué
posibilidades les van a quedar de poder esclarecer, por ejemplo, el
asesinato de Lasa y Zabala, del que se hablaba ayer, con lo que parece
una acordada eliminación de las pruebas a través de las declaraciones
oficiales de secreto. De ahí que compartamos, y así lo hicimos público en
su día, las afirmaciones vertidas en el famoso auto de la Sección Segunda
de la Audiencia Nacional del pasado mes, que contenía el reproche, o la
queja, o, si se quiere, el desahogo de los señores magistrados frente al
muro con el que se encuentran.
Es cierto que el trámite procesal de que se trataba, la resolución de un
recurso contra un auto de procesamiento, no tenía virtualidad de obligar
al Ejecutivo, pero una Diputada o un grupo pueden también manifestar su
adhesión a la literalidad de una resolución judicial. No nos parece que
se pueda hablar de talante democrático, como se dice desde el Gobierno, y
de decidida voluntad de no interferir en la lógica judicial y, sin
embargo, no dar facilidades a los jueces para que puedan demostrar lo que
ya es casi evidente. El mirar siempre adelante no es una solución a todos
los problemas; además, no fue la pauta seguida por el propio Gobierno con
la decisión del mes de agosto de mantener el secreto oficial sobre
determinada documentación.
Tal y como tuve ayer ocasión de manifestar en la Comisión de Justicia e
Interior, los secretos oficiales, en efecto, existen en todos los países
democráticos, pero
lo que un Estado de Derecho exige es que la declaración formal de secreto
oficial, que, evidentemente, debe corresponder siempre al Gobierno, al
Ejecutivo, sea posible sólo en los casos en los que la materia lo sea; es
decir, que la comisión de hechos delictivos nunca puede constituir
materialmente secreto de Estado. De ahí mi confianza, que también le
manifesté ayer al señor Ministro del Interior, de que esta decisión del
Gobierno sobre el secreto, acto claramente político, pueda ser revisada,
y de hecho lo sea, en los recursos contencioso-administrativos que están
planteados frente a ella, por el evidente contenido reglado que tiene la
propia esencia del concepto de secreto oficial.
He creído entender en lo que se ha manifestado desde los medios del
Gobierno a la prensa que en este caso, si así lo acuerda la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Supremo, se entregarían los documentos a los
jueces. Espero que en ese caso no nos encontremos con que nuevamente se
apela al recurso a la Sala de Conflictos. En fin, señor Vicepresidente,
no quisiera darle ideas en este sentido.
He dicho ya en alguna otra ocasión en esta Cámara que una declaración de
secretos, o una actitud de ocultamiento, enseña tanto como oculta, y esta
es la sensación que tiene esta Diputada, sobre todo tras la respuesta
dada por el señor Aznar esta tarde a la pregunta que se le formulaba por
el Diputado señor Pérez Rubalcaba.
Aumenta esta actitud las sospechas de pacto de ocultamiento que la señora
Aguilar mantiene en su interpelación y con la que estamos plenamente de
acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías, con el
reglamento en la mano, como ustedes conocen perfectamente, no tenemos
ninguna obligación de fijar nuestra postura alrededor de una
interpelación, y, en todo caso, sí que hay una cierta obligación moral,
cuanto menos, de fijarla en relación a la moción consecuencia de esta
interpelación que el grupo interpelante puede presentar y puede
examinarse en una próxima sesión plenaria. Pero políticamente nos vemos
en la obligación de plantear o de fijar nuestra posición al respecto,
sabiendo y conociendo que esta fijación de posición comporta algún riesgo
político y que la comodidad política podría llevarnos a esperar y ver, y,
en todo caso, fijar nuestra posición, o, simplemente, votar a favor, en
contra o abstenernos ante una presumible moción que pueda seguir a esta
interpelación.
Pero hemos preferido asumir el riesgo de fijar nuestra postura al
respecto para decir lo siguiente. En primer lugar, que nosotros estamos
de acuerdo con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya cuando dice que
uno de los pilares del sistema democrático y del propio Estado de Derecho
es precisamente el que se deriva de someter a todos los ciudadanos, sin
excepción, a todos los poderes públicos, por tanto, al imperio de la ley,
y, por ende, como consecuencia, a la acción de la justicia y que de este
principio básico fundamental para un Estado de Derecho y para un Estado
democrático se deriva la obligación de prestar colaboración a la acción
de la justicia.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo con este planteamiento que abre la
interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Pero estamos absolutamente en contra, por
tanto no estamos de acuerdo, en que, como ha venido a decir la
representante, la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, desclasificar como secretos unos
documentos equivalga a colaborar con la justicia y la no desclasificación
de estos mismos documentos equivalga a no colaborar con la justicia y
equivalga, incluso más allá, a una confrontación política, voluntaria,
con el mismo poder judicial. Con estas equivalencias y estos sinónimos
que subyacen, cuando no se han dicho casi literalmente, en la exposición
de la interpelación, nosotros no estamos de acuerdo.
Tampoco estamos de acuerdo, señorías, sino todo lo contrario, en que,
como aparece casi siempre, cuanto dice Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya por acuerdo de sus portavoces es la verdad y cuanto decimos
todos los demás portavoces es exactamente lo contrario a la verdad, es
decir, falso; y no estamos de acuerdo en que cuanto diga Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sea sinónimo de ética, de responsabilidad
ciudadana, de buen hacer político, y cuanto digamos los demás sea
sinónimo, como ha dicho literalmente respecto de nuestro grupo tantas y
tantas veces, de complicidad respecto de unos actos que nuestro grupo,
desde el primer día y en esta misma tribuna condenó; sean cuales sean sus
autores y sean cuales sean sus móviles; los condenó desde el primer día
en esta misma tribuna, y lo hizo nuestro portavoz de entonces, don Miquel
Roca, y lo han hecho cuantos portavoces han intervenido en representación
de nuestro grupo para tratar de un tema que, siendo importante, quizá en
orden de importancia hoy, ante los ciudadanos, lo sería menos que a
cuánto les bajan la hipoteca.
¿Consideramos legal la actuación del Gobierno respecto de la solicitud de
desclasificación de unos documentos, como aquí se ha interrogado? Pues
sí. Consideramos totalmente legal, totalmente conforme a derecho, la
actuación que ha tenido el Gobierno del Presidente Aznar; de igual manera
que encontramos conforme a derecho, totalmente ajustada a la ley, la
actuación que en su día tuvo el Gobierno presidido por el señor González.
Tanto se actúa en derecho clasificando, porque se hace de acuerdo con una
norma, como
se actúa en derecho desclasificando, porque también se actúa bajo el
imperio de la ley, con la misma norma.
Y quiero recordar expresamente al grupo interpelante, que seguro no lo
tiene olvidado, que la fuente de derecho es precisamente esta Cámara,
junto con el Senado. Fueron las Cortes Generales las que aprobaron la
actual normativa sobre secretos oficiales, y es esta misma Cámara, junto
con el Senado, la que puede modificar esta misma ley, y yo no he
observado, o no está en mi memoria, ninguna oposición total, frontal, del
entonces Grupo Parlamentario Comunista a la hoy vigente Ley de Secretos
Oficiales, ni encuentro en mi memoria ninguna iniciativa de Izquierda
Unida para modificar esta norma, que avala una decisión de un Gobierno
saliente, que ya no está, y de un Gobierno entrante, que está en plena
acción. Este Gobierno, como el Gobierno anterior, ha actuado, por tanto,
según nuestro parecer, conforme a derecho.
Consideramos políticamente acertada la decisión del Gobierno del
Presidente Aznar; totalmente acertada. Lo dijimos en su momento
públicamente y lo digo en esta tribuna: totalmente acertada. Cuando un
Gobierno clasifica lo hace en base a una ley, la que le dan las Cortes
Generales; en base a un criterio de oportunidad, en función de unos
documentos, y en base a un sentido de Estado, y habría poco sentido de
Estado para un Gobierno recién llegado que desclasificara unos documentos
que el anterior Gobierno, al que sustituye, hubiera clasificado como
secretos.
El señor PRESIDENTE: Señor López de Lerma, le ruego vaya concluyendo.
El señor LOPEZ DE LERMA Y LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quizá hubiera aplausos por algún sector, pero probablemente habría algún
interrogante sobre el contenido político y la finalidad política de esa
desclasificación. Por tanto, nosotros encontramos políticamente acertada
la decisión del Gobierno del Presidente Aznar.
¿Pone esa decisión, como aquí se ha dicho, en entredicho el
funcionamiento del sistema democrático? No, porque se basa en derecho y
en sentido de Estado. Ni crea zonas de impunidad. Quien lo afirma no
tiene ningún fundamento real, y me parece sembrar dudas absolutamente
innecesarias, pueriles en su fundamento, pero muy perjudiciales para la
sociedad española, como si hubiera pactos escondidos entre un Gobierno
que existe y un Gobierno que dejó de existir, o un grupo parlamentario
que está aquí y otro grupo parlamentario que está allí. Sembrar dudas sin
aportar pruebas hace daño a nuestra sociedad, a la creencia de que
estamos en un Estado de Derecho, y nuestra obligación como parlamentarios
es transmitir constantemente (el Gobierno, pero también todos los
parlamentarios) a la sociedad que las reglas son las reglas para todos.
El señor PRESIDENTE: Señor López de Lerma, concluya, por favor.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Acabo, señor Presidente. Por tanto,
señor Presidente, señoría, nosotros, que en ningún momento intentamos
monopolizar la verdad, ni la bandera de la ética, lo que creemos
absolutamente inoportuno es que se nos diga, tanto a nosotros como a los
demás grupos (y en todo caso ellos fijaran su posición) que nosotros lo
que deseamos es un punto final a este tema. No. Lo que deseamos es que la
justicia actúe en profundidad, ponga las cosas en claro y que actúe con
aquellos instrumentos que nosotros les hemos dado, que son las leyes, que
es como han actuado el Gobierno saliente y el Gobierno entrante.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. (La señora Aguilar Rivero,
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, a qué efectos pide la palabra.
La señora AGUILAR RIVERO: A efectos de invocar el artículo 183 del
reglamento, para que el trámite que se le dé a la interpelación sea
justamente el del reglamento y haya fijación de posición de los grupos y
no turno en contra de la interpelación.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señora Aguilar, que el señor portavoz del
Grupo Catalán ha fijado la posición en relación a la interpelación de su
grupo, y que en ella no ha habido alusiones personales que trasciendan a
lo que ha planteado S. S. al defender la interpelación. Si S. S. ha
percibido algún otro tipo de interpretación reglamentaria, le ruego que
lo alegue y lo tendrá en cuenta la Presidencia.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, invocaba el artículo 183, que
es el de la tramitación reglamentaria de las interpelaciones porque,
desde nuestro punto de vista, el portavoz de Convergència i Unió lo que
ha hecho ha sido un turno en contra de la interpelación de nuestro grupo
parlamentario y no una fijación de posición, y queríamos el amparo del
señor Presidente para que no ocurra con los sucesivos grupos
parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Así lo procuraré, señora Aguilar.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, en el debate de
esta interpelación en la tarde de hoy, hemos asistido con perplejidad a
una cierta
confusión, a un doble lenguaje cuando se produce esa disquisición entre
los roles y las dimensiones de la persona y también el doble lenguaje del
que usa en este foro un planteamiento responsable, desde el punto de
vista institucional, y en otros momentos, también en este foro, como
ocurrió en el trámite de preguntas, se quebranta ese ejercicio necesario
de la responsabilidad institucional para amenazar a la oposición, como
así efectuó en su momento el Presidente del Gobierno esta tarde en su
última intervención.
Decía anteriormente que observamos algunas contradicciones, porque parece
que el Vicepresidente del Gobierno fundamenta su arenga, su discurso o su
rol de partido político en Mérida, en base a unas declaraciones que
imputa, y que considera que son lamentables, del señor González Márquez.
Ayer mismo el señor Aznar hablaba, en relación a determinados actos
terroristas, de errores, de grave y profundo error; o el propio señor
Fraga, el domingo pasado, publicaba en un medio de comunicación que no es
terrorismo de Estado combatir el terrorismo, incluso si se hace
ilegalmente.
Por tanto, es malo intentar justificar un determinado tono de un discurso
político en afirmaciones de otros políticos que, en ocasiones, en el
terreno de los conceptos, pudieran terminológicamente tener los mismos
deslices que se imputan al líder de la oposición.
También nos ha dado la impresión de observar a dos fiscales de distrito
que se rinden cuentas, por el grado de agresividad que es preciso usar en
cada momento. Esta es la impresión que he sacado del debate entre
interpelante e interpelado.
Por otro lado, señora Aguilar, y no es tampoco introducir elementos que
vayan contra la interpelación, pero que son implícitos a la hora de fijar
una posición, es intolerable que se deslicen permanentemente dudas sobre
la voluntad política o sobre la limpieza o nivel ético que existe en esta
Cámara en el proceder de los grupos parlamentarios. Intentar arrojar
sombras de sospecha diciendo que aquí hay acuerdos encubiertos o
soterrados entre el Partido Popular y el Partido Socialista no solamente
es un disparate; es una irresponsabilidad y es algo que para nosotros
resulta absolutamente intolerable. Nosotros podríamos haber tenido la
percepción de esos acuerdos subterráneos en la legislatura anterior en el
proceder del primer grupo de la oposición en aquel momento y el Grupo de
Izquierda Unida, pero si yo tuviera la percepción de que, digamos, existe
al día de hoy un pacto soterrado entre su grupo y el Grupo Popular, desde
luego, no me sentaría con ustedes en un proceso de diálogo político. Si
tuviera esa convicción, no iniciaría un proceso de diálogo político en el
seno de la izquierda. Por lo tanto, moderen y maticen sus expresiones y
sus falsas imputaciones.
Ante esta interpelación y ante el tema que está hoy a debate, quisiera
decir que mi grupo reitera lo que ha sido tradicional postura política y
concepción política. Entendemos que el Gobierno --lo hemos practicado
como gobierno y lo seguiremos practicando como oposición-- tiene la
obligación de colaboración con la justicia en los términos del artículo
118 de la Constitución española. ¿Cómo debe colaborar un Gobierno con la
justicia? Yo creo que, por un lado, asumiendo las competencias y las
propias responsabilidades como Gobierno; aplicando y respetando el
principio de legalidad en todo, absolutamente en todo; respetando la
independencia del Poder judicial, sin introducir crispación, sin
pretender tampoco presionar de alguna forma a los tribunales desde el
radicalismo verbal; obrando desde la legalidad y usando de los
instrumentos legales que una política responsable exige a un Gobierno,
sobre todo cuando hay temas que afectan al concepto mismo de seguridad
del Estado. Cuando entra en colisión ese concepto, ese objetivo o ese
fin, hay que plantear, en su caso, si ello se deduce también del propio
principio de legalidad, lo consecuente a la vigencia de una ley, la Ley
2/1987, reguladora de los conflictos de jurisdicción, o los recursos
procedimentales que se estimen oportunos. Hay que colaborar poniendo al
servicio del Poder judicial instrumentos y recursos para que el Poder
judicial pueda llegar al fondo de los hechos e investigar todo tipo de
delitos.
Cuando un tribunal de justicia se dirige al Gobierno pidiendo
determinados datos que son materia clasificada, es indudable --y se
deduce del propio principio de legalidad-- que la competencia para la
clasificación o desclasificación de esos documentos corresponde
exclusivamente al Gobierno y es el Gobierno el que debe valorar los
intereses en juego, principalmente si está en juego el principio de la
seguridad del Estado.
El principio de legalidad nos lleva a aplicar también, cómo no, la propia
Ley de Secretos Oficiales 9/1968, modificada por la Ley 48/1978. En esta
Ley se establece que existe un conjunto de actuaciones que escapan
claramente a la función jurisdiccional y que se residencian en la función
del Gobierno. Estamos, se dice en esta Ley, ante un bloque de
competencias o de materias específicamente atribuidas por ley al Gobierno
de la nación.
El Consejo de Ministros, en 1986, cuando los socialistas teníamos la
responsabilidad de gobernar, declaró formalmente el carácter secreto de
la estructura, organización, medios y procedimientos operativos de los
servicios de información, así como todas las fuentes e informaciones que
puedan revelar su actuación.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, le ruego vaya concluyendo.
El señor CUESTA MARTINEZ: Voy resumiendo y finalizando mi intervención.
Cuando se toma esta decisión, no se mira a qué conceptos, a qué medidas o
a qué gobiernos se corresponden, y el propio Consejo de Ministros de 2 de
agosto del año en curso decidió mantener también en el ámbito de lo
secreto determinados temas que están clasificados como secretos.
Pues bien, en esta materia no ha habido --y no debe quedar ninguna duda--
la más mínima arbitrariedad. Cuando los socialistas actuamos en esta
materia, eliminamos las sombras de arbitrariedad acudiendo al propio
Tribunal de conflictos de jurisdicción, que, el 14 de diciembre, declara
que es competencia del Gobierno resolver sobre la entrega de los
documentos, informaciones y relaciones personales objeto de los
requerimientos judiciales.
Es cierto que a veces hay tensiones y problemas límites incluso en la
investigación de determinados delitos. Por ejemplo, hay una obligación
inexcusable de los poderes públicos de colaborar con la justicia; hay
también una obligación inexcusable de los jueces y tribunales de que su
investigación discurra dentro de los cauces establecidos por las leyes; y
las leyes imponen algunas limitaciones, no sólo las que se derivan de
nuestra propia Constitución cuando habla, por ejemplo, en el artículo 20,
del secreto profesional, sino las derivadas de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, en sus artículos 416 y 417, hablando del deber de guardar
secreto ante determinadas declaraciones. El propio Reglamento de esta
Cámara, en su artículo 16, y no ha sido combatido por nadie, también
establece y regula la obligación de guardar secreto con los datos a
través del acceso a los secretos oficiales.
¿Significa este cúmulo de disposiciones o de límites que existen en
nuestro ordenamiento espacios de impunidad? Desde el punto de vista del
Grupo Socialista, no se puede concluir que, por estas excepciones o estas
limitaciones en nuestro ordenamiento, existan espacios de impunidad. ¿Hay
que derogar alguna de estas disposiciones vigentes? No ha sido planteado
en ningún momento por ningún grupo parlamentario y existe un importante
consenso en torno a estos problemas. Por tanto, no imputemos la
existencia de espacios de impunidad cuando estamos aplicando el principio
de legalidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, concluya, por favor.
El señor CUESTA MARTINEZ: Sí, señor Presidente.
La propia resolución --y ya termino-- del Tribunal de conflictos concluye
diciendo: Es patente que no puede hablarse de creación de espacios de
impunidad para ciertos comportamientos delictivos ni de exención para las
administraciones públicas del deber de denunciar y perseguir los delitos
de que tuvieren conocimiento. Lo que hace el ordenamiento no es dejar
fuera de la labor investigadora del juez espacio delictivo alguno, sino
únicamente modular restrictivamente la utilización de determinados medios
probatorios. No es la materia relativa a los secretos oficiales la única
que produce este resultado.
En efecto, señor Presidente, señoras y señores Diputados, en esta materia
hay una especial sensibilidad. En algún momento, esta Cámara fue
informada de que se produjo una determinada disminución en los flujos de
información a nuestros aparatos de seguridad. Incluso en la prensa de hoy
se habla de que existe en el ámbito de la OTAN una cierta investigación
sobre si se han producido fallos de seguridad en el control de documentos
clasificados de interés para los aliados.
Estamos ante un tema que requiere responsabilidad, que requiere prudencia
y, desde la óptica del Grupo Parlamentario Socialista, no es desde la
amenaza, no es desde el exceso verbal, no es desde la crispación o desde
la presión a los tribunales; es desde el respeto al principio de
legalidad y desde el respeto a la independencia del Poder judicial como
se debe colaborar y abordar estas cuestiones.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, a tenor del debate y como es natural, dado que
compartimos plenamente la intervención del señor Vicepresidente del
Gobierno, renunciamos en este momento a hacer uso de la palabra y
formularemos --eso sí-- las correspondientes consideraciones a la vista,
si es el caso, de la moción subsiguiente a esta interpelación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LAS RAZONES DE POLITICA
GENERAL DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ACUERDO
ADMINISTRACION-SINDICATOS PARA EL PERIODO 1995/1997 SOBRE CONDICIONES DE
TRABAJO EN EL AMBITO DE LA FUNCION PUBLICA (Número de expediente
172/000018)
El señor PRESIDENTE: Concluida la tramitación de la interpelación del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
corresponde al orden del día la tramitación de la interpelación urgente
del Grupo Socialista del Congreso, sobre las razones de política general
del incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo
Administración-sindicatos
para el período 1995/1997 sobre condiciones de trabajo en el ámbito de la
función pública.
Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra, en nombre del
grupo proponente, el señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores
Diputados, el 19 de julio de 1996 se firma entre todos los sindicatos
presentes en la Mesa general de la Administración del Estado con el
Secretario de Estado para la Administración pública y el Secretario de
Estado de Presupuestos y Gastos un documento en cuya introducción ambas
partes vienen a coincidir que el acuerdo de 15 de septiembre de 1994, por
el que se regula las retribuciones y otros aspectos en el ámbito de la
Administración, firmado por el Gobierno de aquel entonces y todos los
sindicatos, proporciona, dice literalmente el texto firmado por el
Gobierno y por los sindicatos este 19 de julio de 1996, el marco adecuado
para el logro de los objetivos fijados. Y añade: El citado acuerdo supuso
un paso decisivo en la recuperación del clima de diálogo y concertación
en las relaciones entre la Administración y representantes de los
empleados públicos. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
En el punto 9, concretamente, del acuerdo de 19 de julio, firmado por
este Gobierno, se dice textualmente: Negociar, en el seno de la Mesa
general de negociación en el mes de septiembre, el incremento retributivo
a incluir en el proyecto de la ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1997, así como conocer y discutir los contenidos normativos que
afectan a la función pública y que se vayan a recoger en las leyes
correspondientes.
El miércoles 24 de julio se convoca la Mesa de retribuciones y empleo. El
jueves día 25 de julio, de manera sorpresiva, de forma urgente, casi con
alevosía, los secretarios generales de los sindicatos son convocados para
ser informados o más bien para comunicarles, por parte del Secretario de
Estado de Administración Pública y el Secretario de Estado de Hacienda,
que el Gobierno tiene decidido congelar una vez más los salarios de los
empleados públicos.
Creo que el señor Ministro para las Administraciones Públicas conocerá
cuál ha sido la reacción de todos los sindicatos que tienen
representación en el ámbito del sector público. Es un escrito dirigido a
todos los grupos parlamentarios; lógicamente no se trata de ningún
panfleto, sino de un escrito que está en la Cámara y que conocen todos
los grupos parlamentarios. Quiero subrayar simplemente algunas de las
cuestiones que indican todas las centrales sindicales. Entre otras,
consideran que la medida del Gobierno supone un atentado gravísimo contra
el derecho a la negociación colectiva. Asimismo consideran que el
proyecto de ley es injusto. Entienden, por otro lado --y ciertamente es
lo que más preocupa o una de las cuestiones que más preocupa al Grupo
Socialista--, que esta medida supone para los empleados públicos un
deterioro de la calidad de los servicios y administraciones públicas,
repercutiendo, por tanto, en las condiciones de vida del conjunto de los
ciudadanos y, en especial, de las capas sociales más desfavorecidas. Y
por ello, continúa el escrito, los sindicatos han convocado una serie de
movilinzaciones.
Pues bien, he de subrayar, resaltar, en primer lugar, que el Gobierno,
este Gobierno firmó un acuerdo, como he relatado anteriormente, por el
cual se comprometía a negociar las condiciones retributivas y el posible
incremento, incluidos los Presupuestos que esta Cámara va a debatir para
el año 1997.
Quiero recordar, señor Ministro, que usted dijo textualmente en la
Comisión, en su primera comparecencia como Ministro de Administraciones
Públicas, que el acuerdo de 1994 era un buen acuerdo y que, lógicamente,
su voluntad y su deseo era respetarlo. Y, repito, el 19 de julio ustedes
firman un documento por el cual se comprometen con los sindicatos a que
en el mes de septiembre se negocie la retribución en el sector público.
Señor Ministro, sobre la medida en sí de la congelación, le sería muy
fácil a este interpelante traer a colación lo que ustedes dijeron durante
tantos y tantos debates de Presupuestos. Usted lo conoce, los empleados
públicos, también y, desde luego, la decisión que ustedes han tomado
supone no ya una vuelta de calcetín --en frase ya famosa del portavoz de
Convergència i Unió, de cómo es la política de su Gobierno--, no; supone
algo más. Supone --si repasáramos algunas de las cosas, sólo algunas--
una auténtica mutación genética, que indica, desde nuestra perspectiva,
una de dos: o que fueron irresponsables, muy irresponsables y muy
demagógicos cuando hacían oposición o que, cuando llegaron al Gobierno,
no tenían un proyecto serio. Y no vale argumentar que no conocían cuál
era el estado presupuestario, porque, insisto, el 19 de julio ustedes
firmaron, su Gobierno, un documento en el cual se comprometían a negociar
las condiciones retributivas de los empleados públicos para el año 1997.
Hasta ahora, señor Ministro, las razones que han esgrimido para
justificar la medida y la forma de adopción de la decisión, en unos
casos, no son creíbles; en otros, son injustificables y, en los
restantes, algunas de las cosas que se han dicho, sencillamente, son
falsas. Su decisión y la forma en que se ha tomado pone de manifiesto que
su Gobierno no cumple sus acuerdos, los suyos, los que firmaron el 19 de
julio, que les obligaba a ustedes a negociar, firmado por este Gobierno,
por sus dos secretarios de Estado (no sé si han quedado desautorizados
por esto, como suelen hacer con algún otro secretario de Estado muy
famoso ya en todo el país); pero su Gobierno, ciertamente, incumplió sus
propios acuerdos, no ya el respeto al acuerdo firmado por el Gobierno
anterior, a pesar de que ustedes lo consideraron bueno.
Esto nos lleva a una primera conclusión. Este Gobierno no cumple sus
acuerdos; o mejor, este Gobierno sólo cumple aquéllos que le conviene
como partido. Porque, señor Ministro, ¿por qué no se han sentado, aunque
sea sólo durante cinco minutos, con las centrales sindicales para
negociar el escenario retributivo de 1997, sólo cinco minutos? Sin
embargo, ¿cuántas horas han dedicado a negociar con las comunidades
autónomas para llegar al acuerdo de financiación? ¿Cuánto dinero han ido
poniendo, cada cinco minutos, encima de la mesa, para cada comunidad
autónoma, al objeto de que se firmara el acuerdo? ¿Cuánto dinero salía
cada cinco minutos? ¿Cuántas horas de negociación? Porque, sin ir muy
lejos, yo he vivido cómo el presidente de mi comunidad autónoma, en los
dos días anteriores al acuerdo final, salía cada poco en la prensa
regional, diciendo, más o menos: Ya tenemos 5.000 millones más, ya
tenemos 10.000. ¿Por qué no han puesto el mismo esfuerzo negociador con
los empleados públicos, con los que no se han sentado ni cinco minutos? Y
han llegado a abrir todo el abanico de un futuro incierto, que es el que
han comprometido a este presupuesto y a los siguientes, con su supuesto
modelo de financiación autonómica, que ciertamente no lo es. Han
preguntado siquiera una vez a los empleados públicos si están dispuestos
a realizar algún sacrificio? ¿Por qué tienen la presunción de que los
empleados públicos y sus representantes no estarían dispuestos a hacer
algún sacrificio? Es verdad que este presupuesto que vamos a debatir y,
en su caso, a aprobar en esta Cámara es un presupuesto decisivo para
España. Es verdad que hay que hacer sacrificios. ¿Por qué presumen que
los empleados públicos no estarían dispuestos a hacer algún sacrificio?
No le estoy diciendo si hay que subir equis pesetas. Lo que preocupa al
Grupo Socialista, lo que no es presentable de la actitud del Gobierno es
que ni siquiera se haya sentado a negociar cinco minutos y que haya
dinamitado un buen acuerdo, haya dinamitado el ambiente en el sector
público, lo cual va a traer consecuencias serias porque este año también
la actitud de los empleados públicos va a ser muy determinante para que
se cumplan esos objetivos que se han planteado.
Señorías, han dicho algunas cosas ciertamente preocupantes. ¿No ha
producido sonrojo a algún miembro de su Gobierno poner a los pensionistas
y a la revalorización de las pensiones como escudo protector para
justificar esta decisión? Lo ha dicho el señor Folgado; yo le he oído
directamente. ¿Creen que el control del déficit público pasa por la
congelación de los salarios de los empleados públicos? ¿Les parece
razonable justificar la congelación por la estabilidad en el empleo? ¿Qué
opinión le merece, salvo lo que pueda servir de mofa, lo que ustedes
dicen en la página 81, sobre la explicación a la sección de su
ministerio,...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana) Señor Rodríguez
Zapatero, le ruego vaya concluyendo.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Voy terminando, señoría.
...a la Sección 22, en la que hacen un canto, dentro de sus objetivos,
página 81, a la negociación y al acuerdo, acuerdo que dan por hecho, con
los sindicatos y que durante 1997 garantizará la prevención de la
conflictividad laboral? (Ciertamente, debía estar redactado antes de
saber lo que ha pasado o es un lapsus notorio) ¿Van a recurrir, señoría,
las decisiones de comunidades autónomas y ayuntamientos, a los que
también han dinamitado muchos acuerdos, puesto que, como se sabe, después
de 1994, hubo una cadena de acuerdos en cascada, después del acuerdo
general que se firmó entre la Administración y los sindicatos?
En definitiva, señoría, su postura es un ejemplo de falta de palabra como
Gobierno, su postura es un ejemplo de incumplimiento de acuerdos, su
postura es un ejemplo de falta de voluntad negociadora. Para pedir
esfuerzos de austeridad, primero, hay que hacerlo, que no sabemos si se
ha hecho, porque supongo que entre el todo y la nada (para la
financiación autonómica a ustedes les ha valido el todo, para los
funcionarios ha sido la nada) habrá trechos razonables en una cuestión
importante.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez
Zapatero, le ruego concluya.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Por tanto, como le decía, para pedir
esfuerzos de austeridad, hay que hacerlo con credibilidad y con
coherencia. Dinamitando la negociación colectiva, se carece de
credibilidad y de coherencia desde la seguridad de que el sector público
también está dispuesto a hacer sacrificios.
Por ello, en la moción consecuencia de la interpelación anunciaremos cuál
debe ser la actitud, a nuestro juicio, del Gobierno. (El señor Caldera
Sánchez-Capitán: ¡Así se habla!--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez Zapatero.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el Ministro de Administraciones
Públicas, señor Rajoy.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Me decía la señora Rubiales que también debo hacer preguntas al señor
Rodríguez Zapatero. Se las haré. Si la señora Rubiales quiere que le haga
preguntas, hasta ahí podía llegar yo, no hacer caso a la señora Rubiales.
Por tanto, señor Rodríguez Zapatero, le haré preguntas,
pero porque quiere la señora Rubiales. (Rumores.--El señor Núñez Pérez:
Así aprenden.)
Yo quisiera comenzar mi intervención haciendo una afirmación que me
parece importante y que va a constituir su eje básico, la de que la
decisión del Gobierno de no subir las retribuciones de todos los
funcionarios y empleados de las Administraciones públicas no es una
medida aislada. El objetivo de la sociedad española --que yo entiendo que
el Grupo Socialista comparte, al menos eso ha dicho y yo no tengo razón
alguna para pensar lo contrario-- es crear el marco idóneo para el
crecimiento y la generación de empleos sostenidos, que, además, es el
camino que conduce, como es sabido, a integrarse en el grupo de los
países más prósperos que encabezarán la Unión Monetaria Europea. Yo creo
que éste es un objetivo de todos y que, por tanto, no debe haber
discusión sobre el mismo; si no de todos, sí, al menos, de casi todos. A
tales efectos --y naturalmente, aquí pueden comenzar las discusiones--,
los Presupuestos Generales del Estado para el año 1997 reflejan
nítidamente una nueva orientación de la política económica, una nueva
política económica para lograr esos objetivos, que no consiste solamente,
e insisto en este tema, en la no subida de las retribuciones de los
funcionarios y empleados públicos; suponen estos Presupuestos Generales
del Estado una fuerte contención del gasto público, con la consiguiente
reducción del déficit, una no elevación de la presión fiscal, medidas
todas ellas que revelan la voluntad del Gobierno de mejorar la
credibilidad e incrementar la confianza de los agentes económicos y
sociales. En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado
coadyuvarán, ya lo han hecho, a la baja de los tipos de interés, a la
recuperación de las inversiones y el empleo.
A mayor abundamiento, la incorporación de medidas de rigor y control, que
son ciertamente importantes y que están plasmadas en los nuevos
procedimientos presupuestarios que garantizan la no existencia de
desviaciones --que ha sido un mal a lo largo de estos últimos años--
entre la liquidación y lo inicialmente aprobado, sin duda alguna supone
una aportación decisiva para tales objetivos.
Repito que tenía interés en hacer este preámbulo, que quizá algunas
personas puedan pensar que no tiene mucho que ver con la interpelación de
que se trata, porque quiero poner especial énfasis en este punto ya que,
como he dicho al principio, no estamos ante una medida aislada que se
adopte porque sí.
A estos efectos, quiero hacer ahora un breve repaso de lo sucedido en
otros presupuestos, que sin duda alguna puede ilustrar a las señoras y
señores Diputados.
Señor Rodríguez Zapatero, esta medida no es nueva, desgraciadamente no lo
es, y supongo que a quien la adoptó en otros ejercicios presupuestarios
no le gustaba, como tampoco le gusta al Gobierno que la adopta para el
ejercicio presupuestario del año 1997.
Concretamente, el Gobierno anterior, al que usted apoyaba, adoptó una
medida similar en dos ejercicios presupuestarios (años 1993 y 1994).
Cierto es que en el año 1993, mediante un real decreto-ley, creo recordar
que fue del mes de enero --y supongo que porque era un año electoral--,
esto se modificó, pero en el año 1994 se produjo una congelación de las
remuneraciones de los empleados y funcionarios públicos.
¿Cuál es la diferencia entre la decisión que se adoptó para los
Presupuestos de 1994 y la que se adopta para los de 1997? Es una
diferencia muy clara y que ustedes van a entender. Mientras que la
decisión para el Presupuesto de 1994 era una medida aislada, la decisión
para los Presupuestos de 1997 es una medida que hay que entender en el
conjunto de lo que es un presupuesto austero, serio y riguroso. El
presupuesto de gastos del año 1997 va a subir un 1,7, mientras que el de
1994 subía un 11,8. Esta es una diferencia ciertamente importante porque,
entre otras cosas, mientras que el capítulo de Gastos Corrientes y
Servicios del Presupuesto de 1994 subía espectacularmente, el capítulo de
Gastos Corrientes, es decir, el Capítulo II del Presupuesto del Estado de
1997, experimenta un descenso del 9,9, con descensos tan importantes como
los que le puedo citar: gastos en publicaciones desciende un 47,2;
indemnizaciones por razones de servicio, un 13; arrendamientos, un 12,8;
reparación y conservación, un 11,8; etcétera.
Le voy a dar los datos comparados de lo que ocurrió en 1994 con 1997. Por
poner un ejemplo: el Ministerio de Asuntos Exteriores subía su
presupuesto en el año 1994 el 32,7 por ciento, mientras que en el año
1997 va a subir el 11,6; el de Justicia subía en el año 1994 un 6,6
mientras que ahora baja un 10,1; el de Defensa subía un 6,3 y ahora baja
un 0; el de Economía y Hacienda bajaba un 0,1 y ahora baja un 2,9; el de
Obras Públicas, equivalente al de Fomento, subía un 15,6 y ahora baja un
10,8; y el de Trabajo subía un 20,6 y ahora baja un 30,3, 50 puntos de
diferencia.
¿Qué es lo que quiero decir con esta información que transmito a la
Cámara? Que aquél era un presupuesto en el cual se contemplaba como
medida aislada la congelación de los sueldos de los empleados públicos,
cosa que no ocurre con éste, porque en este presupuesto solamente suben
la partida de las pensiones (salvo que el Grupo Socialista quiera
oponerse a que eso sea así), la partida de Sanidad (salvo que el Grupo
socialista quiera oponerse a que eso sea así) y la partida presupuestaria
destinada a comunidades autónomas y a corporaciones locales, que si el
Grupo Socialista quiere que la bajemos sin duda alguna puede hacerlo
mediante la presentación de la correspondiente enmienda.
Además, los presupuestos del año 1997 van acompañados del comienzo de la
reforma de la Administración del Estado; de normas de disciplina y de
control presupuestario, y de una serie de normas de control
del gasto y reducción de la estructura y del aparato administrativo del
Estado. Esa es la diferencia entre el presupuesto de 1994 y el
presupuesto de 1997, ésa es la diferencia entre la medida que se adoptó
en aquel momento y la que se adopta ahora.
Voy a decirle una cosa, señor Rodríguez Zapatero, que irá precedida de un
agradecimiento a su intervención. Ha dicho S. S. que a lo largo de
pasadas legislaturas el señor Núñez, del Grupo Popular, se opuso en ese
presupuesto a la congelación de las retribuciones de los empleados
públicos. Se opuso precisamente por esta razón, porque se trataba de un
presupuesto en el que se subía el 11,8 por ciento y, por tanto, estábamos
adoptando una medida aislada, precisamente todo lo contrario de lo que
estamos haciendo ahora. Pero lo que no tiene sentido es que ustedes, que
hicieron la congelación en aquel momento, se opongan a la congelación
ahora cuando responde a una medida plenamente coherente con el resto del
presupuesto. Por eso, estoy francamente sorprendido de que ustedes se
opongan a la congelación salarial. Supongo que no será para pescar en río
revuelto, lo cual cada vez tengo más la impresión --créame que se lo digo
de verdad-- de que es poco rentable. He llegado a la conclusión, tras
unos cuantos años en la vida política, de que lo único rentable es hacer
las cosas bien. Por lo menos, lo es en el medio plazo. Por eso procuro
hacer las cosas bien.
Voy a puntualizar algunas de las afirmaciones que usted ha hecho, en
concreto, una sobre la acusación de violar un acuerdo con los sindicatos.
Ha dicho que el acuerdo del año 1994, Administración Central del
Estado-sindicatos, era un buen acuerdo. Es más, ha dicho que yo dije que
era un buen acuerdo. Naturalmente que sí. Yo dije que era un buen
acuerdo, y como me pareció bueno, entiendo que se debe trabajar en base a
ese acuerdo. Pero no lo he hecho sólo en relación con este tema concreto.
Lo he hecho --ya lo he dicho en esta Cámara-- con la Lofage y con muchos
de los trabajos que había elaborado el anterior gobierno. Me parecería
una insensatez hacer lo contrario. Si hay algo que está bien,
utilicémoslo. Lo contrario, como fácilmente puede entenderse, es una
insensatez.
Sin embargo, sí quiero decirle que el texto del acuerdo, tal y como lo
firmaron en su día el anterior gobierno y las organizaciones sindicales,
ya preveía en su capítulo sexto que el grado de cumplimiento de las
previsiones y de los compromisos sobre los que se hubiera basado el
incremento retributivo del ejercicio anterior se tendría en cuenta, y
también la previsión de crecimiento económico y la capacidad de
financiación de los Presupuestos Generales del Estado, determinada en
función de la previsión del déficit presupuestario del conjunto de las
administraciones públicas. Precisamente éste es el argumento, como antes
creo haber demostrado, que justifica que el Gobierno adopte esta
decisión. Estoy seguro de que usted estará absolutamente de acuerdo con
todo lo que yo he dicho.
No se rompe el diálogo social, independientemente de las decisiones que
quieran adoptar los funcionarios a lo largo de los próximos días.
Precisamente en base a ese acuerdo del año 1994, al que usted y yo nos
acabamos de referir en este momento, existen negociaciones abiertas sobre
muchísimos temas en el Ministerio de Administraciones Públicas entre los
sindicatos y el Gobierno. Voy a darle datos. Concretamente ayer se ha
reunido el grupo de trabajo del Estatuto de la Función Pública; anteayer,
el día 7, el grupo de trabajo para la solución extrajudicial de
conflictos; a lo largo de estas últimas fechas se ha reunido el grupo de
trabajo del acuerdo marco, el grupo de trabajo de funcionalización, la
comisión general de formación continua, la comisión del acuerdo marco del
personal laboral, etcétera.
No debemos hablar aquí de quién hace mejores o peores acuerdos, pero
ustedes no han sido precisamente un ejemplo de realizar buenos acuerdos
con los sindicatos a lo largo de estos últimos años. No creo que deba
incidir en este asunto, pero este Gobierno ha hecho recientemente un
acuerdo con los sindicatos que creo que es importante a la hora de
establecer y mantener el poder adquisitivo de las pensiones durante un
período de cinco años, cosa que ustedes conocen perfectamente.
Ha hecho también algunos comentarios aludiendo a unas declaraciones del
señor Folgado --estoy seguro de que no las ha pronunciado, en cualquier
caso no me consta--, y luego ha hecho dos apreciaciones: una sobre la
financiación autonómica, diciendo que nosotros cada día poníamos más
dinero encima de la mesa. No hay manera de convencerles --y fíjese que
respondo yo a preguntas sobre la financiación autonómica-- de que nunca
había puesto el Estado menos dinero encima de la mesa que en este modelo.
Vea los Presupuestos Generales del Estado, solamente hemos puesto 10.000
millones para el fondo de nivelación. Hasta tal punto es así que hoy lo
ha dicho la señora Rubiales en esta misma Cámara, como todos los señores
Diputados recuerdan. Por tanto...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rajoy, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Sí, señor
Presidente. Simplemente era para defender --cosa que hago con entusiasmo
y muy a menudo-- el modelo de financiación autonómica al que el señor
Rodríguez Zapatero ni siquiera le concede la consideración de modelo.
Al final, hace una referencia a las decisiones que adopten ayuntamientos
y comunidades autónomas. Aquí hay que ser serio. Si las Cortes Generales
aprueban una ley, independientemente de que hayamos o no
apoyado esa ley, todos debemos ser responsables y, por tanto, hacer todo
lo posible para que se cumpla, porque si aquí se comienza a generar la
sensación de que la ley no vale para nada y de que no hay que cumplirla,
me parece que vamos por muy mal camino.
Luego me acusa de que dinamitamos acuerdos que han hecho las centrales
sindicales con ayuntamientos y corporaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Que
ustedes también han dinamitado acuerdos que han hecho las comunidades
autónomas y las corporaciones locales con las centrales sindicales?
Porque a lo largo de estos últimos años --y no quiero abrumarle-- ustedes
han interpuesto, porque era su obligación, y lo hicieron bien, un sinfín
de recursos contencioso-administrativos contra decisiones de las
corporaciones locales que vulneraban la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, como era su obligación y como debe ser. ¡Hasta ahí podíamos
llegar! ¡Qué haría este país si las personas que asumen responsabilidades
públicas no hicieran todo lo posible para que se cumpla la ley!
Señor Zapatero, la decisión que ha adoptado el Gobierno, que es una
decisión no agradable --supongo que ustedes lo sabrán por experiencia,
porque también adoptaron algunas decisiones similares en otras
oportunidades--, se engloba en un marco general, con un objetivo muy
conocido que afecta al conjunto de la sociedad española y en el que
prácticamente a todo el mundo se le pide sacrificios. A mí personalmente,
al Gobierno del que formo parte, a todos los miembros del Grupo Popular,
y entiendo que los demás grupos, nos gustaría que no tuviéramos la
necesidad de volver a repetirlo en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rajoy.
El señor Rodríguez Zapatero tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, la verdad es que sobre la financiación autónomica ustedes
van a poder explicar lo que quieran a los ciudadanos, pero todo el mundo
ha oído a los distintos presidentes de comunidades autónomas afirmar,
cada vez que aparecían pidiendo más, después de la reunión, que su región
iba a sacar no sé cuántos miles de millones más. Eso lo han dicho todos
sus presidentes de comunidades autónomas, el de mi región y el de todas.
Por tanto, alguien está engañando a la ciudadanía. Yo creo que la
ciudadanía, que tiene mucho sentido común y sabe de qué va estas cosas,
sabe muy bien que ustedes han puesto lo que le han ido pidiendo para que
se firmara el acuerdo, que hay más gasto de las comunidades autónomas, y
aquí sí han tenido toda la voluntad negociadora.
Señor ministro, yo en ningún momento he discutido si en el presupuesto de
1997 la congelación o la posibilidad de un sacrificio de empleados
públicos fuera lo que aconsejara el cuadro macroeconómico y las
exigencias del déficit. Le he dicho que no se han sentado cinco minutos a
negociar con las centrales sindicales, y que por ello han roto el
principio de negociación colectiva en el sector público, aunque su
posición final hubiera sido la misma. Todos hemos contemplado las horas
de negociación con las comunidades autónomas. Ustedes han presumido de
que los sindicatos y empleados públicos no tenían una disposición a hacer
algún sacrificio, y es verdad que han hecho ya algunos en años
precedentes. Esa es la segunda cuestión que quiero comentar.
Yo no he citado lo que pasó en el año 1994, ha sido el señor Ministro, ni
siquiera había mencionado al señor Núñez Pérez, entre otras cosas, por
cortesía de circunscripción, pero como ha sido usted el que introduce el
debate, permítame que inevitablemente recuerde algunas cosas. En el año
1994 había un crecimiento negativo de la economía y el aumento del gasto,
como usted bien sabe, se debe a la necesidad de aumentar el gasto social,
especialmente en aquel año, el gasto del desempleo. Por tanto, no hagamos
un juego demagógico.
En segundo lugar, en el presupuesto de 1997 hay cosas, sin duda alguna,
muy significativas de la credibilidad en los gestos en relación con la
austeridad, no ya porque aumente el gasto de las comunidades autónomas en
un 11,6 por ciento, que seguramente parece excesivo, o el de las
corporaciones locales, sino porque aumentan algunas otras partidas del
gasto, señor Rajoy. Le voy a dar una que le va a sorprender, porque a lo
mejor no la ha retenido o no la tiene. ¿Sabe el señor ministro que el
gasto del presupuesto en personal de confianza o eventual aumenta este
año en relación con el anterior? Ese gasto también aumenta después de las
cosas que hemos oído desde esta tribuna, desde los bancos populares,
sobre el personal de confianza, asesores, etcétera. Pues bien, aumenta en
alguna cantidad y resulta extraordinariamente elocuente.
En tercer lugar, ¿como ustedes propusieron en el año 1994 para hacer más
creíble la posible congelación, en qué artículo de la ley de presupuestos
de este año está la prohibición de que los altos cargos perciban
retribuciones por su presencia en los consejos de administración? Ustedes
lo proponían en cada presupuesto. La congelación parece también aquí una
medida aislada, como dicen que fue en 1994 aunque no lo fue, con un
crecimiento negativo de la economía y este año ustedes han previsto un
crecimiento positivo de la economía del 3 por ciento.
¿Dónde está la prohibición de que los entes y entidades de derecho
público pacten con su personal de alta dirección algún tipo de
indemnización que ustedes proponían como ejemplo de austeridad, como
ejemplo
para poder argumentar la congelación de los empleados públicos? ¿Dónde
está? Porque hoy hemos conocido en los medios de comunicación, entre
otras cosas, los sueldos de algún empleado público de Radiotelevisión y
que, curiosamente, en caso de rescisión de contrato tienen también
indemnización como antes, y ustedes lo prohibían aquí en cada
presupuesto.
Mi interés fue ir a buscar en el articulado si habían sido mínimamente
coherentes. ¿Dónde está el artículo que prohíba que los entes públicos o
las empresas públicas negocien convenios con carácter plurianual? Ustedes
lo querían prohibir en todas las leyes de presupuestos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez
Zapatero, le ruego que vaya concluyendo.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: ¿Qué credibilidad puede tener una medida
cuando le he puesto cuatro ejemplos que ustedes clamaban de gestos de
austeridad? Que los empleados públicos sepan que con este Gobierno,
frente a lo que pasaba y lo que han dicho, aumenta el presupuesto para el
personal eventual o de confianza. Eso hace muy poco creíbles todas las
argumentaciones de datos y de cifras comparativas entre 1994 y 1997.
En todo caso, reitero que el Grupo Socialista por lo que interpela no es
tanto por el fondo de la decisión, sino porque ustedes con esto han roto
el principio de negociación colectiva. Les vamos a instar, sea cual sea
el resultado, en la moción consecuencia de interpelación, a que se
sienten inmediatamente a negociar y a que despejen esa incógnita.
En cuanto a las mesas que hay abiertas, usted debe ser consciente de que
los resultados van a ser muy pesimistas por el ambiente que su decisión
no explicada, no justificada, sin cinco minutos para sentarse con los
representantes de los empleados públicos, ha tenido en el sector.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): señor Rodríguez
Zapatero, le ruego concluya.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor ministro, lamento sinceramente que
haya sacado la comparación de 1994. No fue una decisión aislada, no es
verdad que el capítulo II en este presupuesto se reduzca. Sabe muy bien
S. S. lo que ha supuesto la operación de los 50.000 millones dentro de
los 700.000 del decreto-ley que ha aprobado este Congreso. Todos lo
sabemos, lo ha explicado ya en alguna ocasión nuestro portavoz y lo que
sí es cierto es que aumentan varias partidas de gastos. Algunas pueden
ser justificables, pero otras, no. Lo cierto es que hay un crecimiento
económico, pero lo más grave es que no han negociado ni un minuto. ¿Sabe
por qué no han negociado ni un minuto y con las comunidades autónomas,
horas y horas por la noche? Porque de ello no depende su estancia en el
Gobierno de la nación. Esa invocación a la responsabilidad última y al
medio plazo se la hago yo aquí. Siéntense a negociar, aunque sean cinco o
diez minutos, porque verá que son responsables y que a lo mejor están
dispuestos a hacer algún sacrificio.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Rodríguez Zapatero.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, las posturas están bastante claras, pero voy a hacer, por
cortesía, algunos comentarios a las afirmaciones del señor Rodríguez
Zapatero.
No le ha gustado que yo hiciera alusión al presupuesto del año 1994. No
lo he hecho --usted lo sabe, porque no es mi costumbre hacerlo-- para
juzgar lo que hizo un gobierno anterior, sino precisamente para explicar
ante la Cámara en qué marco se inscribía la decisión de congelar los
sueldos de los empleados y funcionarios públicos. He dicho que ésta no es
una medida aislada que el Gobierno adopta porque sí, sino que, por el
contrario, es una medida dentro de otras muchas que se adoptan en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 1997 y en los cuales,
vuelvo a insistir, solamente experimentan subidas tres partidas
significativas: las pensiones, la sanidad y las transferencias a
comunidades autónomas y corporaciones locales, sobre las cuales tendré
que hacer algún comentario en este turno de réplica, en relación a las
afirmaciones que usted ha hecho. Esa es la razón por la que he traído a
colación el presupuesto del año 1994.
Voy a hacer algunos comentarios sobre su intervención. Sí se reduce en
9,9 puntos el capítulo II del presupuesto. Sobre financiación autonómica,
ha dicho usted que los presidentes de las comunidades autónomas llegaban
de Madrid a la comunidad autónoma de que se tratase y hacían grandes
declaraciones afirmando que habían conseguido una mayor financiación para
su comunidad. Mire usted, no lo sé. Lo que sí sé es que los socialistas,
sus compañeros de partido en todas y cada una de las comunidades
autónomas decían que el modelo era nefasto para la comunidad de que se
trataba y que la comunidad de que se trataba perdía dinero, con lo cual
todos perdían dinero, pero luego aquí decían que el modelo era muy
costoso para la Administración central del Estado, lo cual es imposible
porque si todos pierden al Estado, evidentemente, no le cuesta un duro.
Insisto en lo que he dicho, y además están los Presupuestos Generales del
Estado, con lo cual es inatacable mi afirmación. No se ha puesto un duro
más respecto de lo que se ha puesto en el año anterior, salvo los
10.000 millones del fondo de nivelación, lo cual demuestra, entre otras
cosas, la habilidad negociadora de los Ministros de Economía y Hacienda y
de Administraciones Públicas de este Gobierno, dicho sea sin falsa
modestia. (Rumores.)
En cuanto a la congelación, ha dicho usted que no nos hemos sentado a
negociar. Probablemente tenga usted razón, aquí tengo que darle la razón.
Nosotros, que hemos tenido, como usted sabe, muchas reuniones y muchas
mesas abiertas con las organizaciones sindicales, una vez que el Gobierno
elaboró los anteproyectos de Presupuestos Generales del Estado, llegamos
a la conclusión de que no había, por las razones que he dicho, más
solución que congelar los sueldos de los empleados y funcionarios
públicos. Y nos pareció más sensato no estar --y perdón por la
utilización de la expresión que, en cualquier caso, es muy clara--
mareando la perdiz. Por eso citamos, en julio, en reunión informal, a los
representantes de las organizaciones sindicales para manifestarles que no
era posible ninguna subida para el presupuesto del año 1997. Y no hace
falta que usted en la moción me inste a negociar, porque, como ya he
dicho antes y he demostrado, ya estamos negociando con las organizaciones
sindicales.
Por otra parte --y esto no va por usted, pero sí por algunos
representantes ilustres del Grupo Socialista--, no parece que sea el
Partido Socialista, después de lo que ha ocurrido a lo largo de estos
últimos años, el más adecuado para decirle a nadie cómo tiene que
negociar, porque ya sabemos cuáles han sido las relaciones
sindicatos-Administración del Estado a lo largo de estos últimos años. No
se preocupe usted; no me inste a negociar que ya procuraré yo encargarme
de hacer lo que me parezca más conveniente para el interés general, sin
perjuicio de atender, como es natural, sus sugerencias, que casi siempre
son muy acertadas.
Dice S. S. que en el año 1994 había una previsión de crecimiento negativo
y que, por tanto, hubo que aumentar mucho las partidas para el desempleo.
Cierto, pero no es toda la verdad porque no tiene nada que ver el aumento
de nada menos que el 110,2 por ciento del Ministerio de la Presidencia
frente al 25,3 de reducción para el presupuesto de 1997. No creo que con
cargo al Ministerio de la Presidencia se pagasen las partidas de
desempleo, como tampoco creo que se pagasen con cargo al Ministerio que
yo dirijo, porque en aquel año bajó el 8,5 por ciento. Siempre se nos
trata mal en los presupuestos, pero este año mucho peor porque baja el
19,4 por ciento, y que yo sepa en mi ministerio no le pago a nadie el
seguro de desempleo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro, le
ruego concluya.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey):
Naturalmente, tampoco se paga en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en
otros muchos.
Hay un dato muy importante en cuanto a la congelación de sueldos. Sin
duda, no es una buena ni simpática decisión, pero en el año 1994 la
previsión de inflación era de 4,8 por ciento y este año es solamente del
2,6 por ciento.
Por último, no le puedo aceptar lo que ha dicho de la subida de las
comunidades autónomas o de las corporaciones locales. La subida del 11,6
por ciento no es real porque se han producido muchos traspasos a lo largo
de este año y, por lo tanto, competencias que antes asumía el Estado
ahora las ejercen las comunidades autónomas. En cualquier caso, si a
usted le parece exagerada la partida presupuestaria destinada a
comunidades autónomas y a corporaciones locales, yo le invito a que
cuando se enmienden los Presupuestos Generales del Estado se presente
aquí y le diga a todas las comunidades autónomas y corporaciones locales
que va a reducir su participación en los ingresos generales del Estado.
Puede hacerlo, está usted en su derecho. Yo, desde luego, no lo voy a
hacer.
Por último, tengo que decir que no estoy de acuerdo con que hayan
aumentado los gastos del personal eventual. Tengo que contestar a esta
afirmación porque, si no, podría generarse la duda de que es cierta.
Precisamente me he preocupado de establecer un número máximo de personal
eventual de que podían disponer los ministros del Gobierno, y el máximo
del que pueden disponer, que no está totalmente cubierto, es de 68
personas menos que los que había cuando asumimos la responsabilidad de
gobernar; repito que el máximo es de 68 personas menos que las que había.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le
ruego concluya.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): En cuanto a
las indemnizaciones, ha citado aquí a un alto cargo y dice que cuando
cese percibe una indemnización. Tiene una indemnización de siete días por
año, los anteriores tenían 45 días por año; hay una diferencia no menor
de 38 días por año. Por si ello no fuera suficiente, esa persona cesa
cuando cese el director general. El problema es cuando uno se encuentra
con contratos de dos años que hay que cumplir en su integridad, que los
ha hecho el director general, luego éste cesa, el señor sigue contratado
durante dos años y hay que seguir pagándole cantidades no menores como
algunas a las que usted acaba de hacer referencia.
Señor Presidente, creo haber justificado el porqué de la decisión. Se
enmarca dentro de una serie de medidas que hay que adoptar para que
España pueda crecer de una manera sostenida, para que se pueda crear
empleo y para que, en suma, podamos entrar en el
grupo de países más prósperos de la Unión Europea. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Aplausos.) En nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para fijar la posición del Bloque
Nacionalista Galego acerca de la interpelación presentada por el Grupo
Socialista.
De un tiempo a esta parte oímos insistentes mensajes desde diversos
lugares --hoy lo vuelve a repetir el señor Ministro-- que nos inducen a
que caminemos jubilosos hacia Maastricht, a que hagamos sacrificios hoy
para poder disfrutar mañana de un supuesto paraíso, y a que avancemos
ilusionados hacia la primera velocidad.
El Gobierno parece estar ante una misión trascendente, ante un objetivo
que tiene que cumplir y, naturalmente, por el bien de los ciudadanos.
¿Qué importa entonces cómo se alcancen los objetivos propuestos si es por
nuestro bien? ¿Qué importa quién tiene que hacerse cargo de la factura?
Hay que recortar el gasto, hay que disminuir el déficit público y nada
mejor, como en este caso, que hacer recaer el recorte, por ejemplo, sobre
los funcionarios y otros empleados al servicio de la Administración. Y
para hacerlo al Gobierno no le importa para nada saltarse a la torera un
acuerdo firmado con los sindicatos que, entre otras cosas, preveía el
aumento de sus retribuciones en función de la previsión presupuestaria de
incremento del IPC.
Desde nuestro punto de vista, los funcionarios públicos se ven sometidos
desde hace mucho tiempo a todo tipo de vejaciones, a una campaña que,
como en el caso de otros sectores, trata de arrojarles a los pies del
caballo de la opinión pública; en esencia, una campaña de desprestigio.
Nosotros no vamos a ser quienes digamos que dentro del sector de los
empleados públicos no hay quien no trabaje con un sentido de servicio a
los ciudadanos, pero sí creemos que es innegable que la mayoría de los
funcionarios son personas que cumplen y, por cierto, muy bien con su
trabajo. A pesar de eso, como decía, muchas veces sufren el acoso incluso
desde los mismos poderes públicos, desde considerarlos privilegiados por
tener un empleo estable en los tiempos que corren de inestabilidad,
cuando la estabilidad en el empleo no es un privilegio sino un derecho
del que los demás ciudadanos no funcionarios deberían disfrutar también
si estuviésemos en un marco social más justo, hasta calificarlos de vagos
e improductivos cuando muchas veces son los funcionarios los que tienen
que sacar las castañas del fuego a un sinnúmero de despropósitos causados
por muchos cargos de la Administración en muchos casos incompetentes. O,
cómo no, otras muchas veces se transmite a la sociedad la imagen falsa de
que, efectivamente, disfrutan de salarios muy altos por encima de la
media de los demás ciudadanos.
Por este tipo de cuestiones que facilitan después llegar a medidas como
la congelación salarial, los funcionarios desde hace años vienen
sufriendo una pérdida importante de su poder adquisitivo, que se acerca
al 12 por ciento, en el período 1993-1997, como consecuencia de sucesivos
aumentos salariales que, en general, lo fueron por debajo del IPC o como
consecuencia de la congelación que sufrieron en el año 1994. Conviene
decir esto porque, efectivamente, no es la primera vez que los
funcionarios sufren de esta especie de mal que representa la congelación
salarial para ellos.
El Gobierno está adoptando sucesivas medidas en este terreno y en otros
que, desde nuestro punto de vista, perjudican claramente a los sectores
más débiles de la sociedad. Es evidente que este tipo de medidas, esta
vía elegida por el Gobierno va a tener consecuencias sociales negativas
para el conjunto de los ciudadanos sin que --estamos convencidos de
ello-- sirva para reactivar la economía ni para alcanzar los fines que se
dice que se proponen. Por cierto, ya diversas voces autorizadas empiezan
a alertar sobre ese asunto, no se van a conseguir esos objetivos con las
medidas propuestas.
Los ciudadanos, señoras y señores Diputados, tienen derecho a una
Administración eficaz que dé respuesta a sus necesidades, y para que haya
una Administración pública eficaz de este tipo no parece la mejor vía
romper unilateralmente los acuerdos firmados y proceder a la congelación
salarial; congelación que, además, se hace más inasumible cuando sigue
habiendo muchas situaciones de privilegio. Efectivamente, para algunas
personas, cuyos sueldos también dependen de los Presupuestos Generales
del Estado, sigue habiendo contratos blindados o pago de cantidades
supermillonarias.
Cuando se habla con tanta frialdad de que es necesario hacer sacrificios,
conviene recordar que es muy cómodo hacerlo desde posiciones a las que no
afectan esos sacrificios. Lo digo porque muchas veces se hace referencia
a ello desde posiciones de privilegio.
En opinión del BNG, a los funcionarios y a otros trabajadores ya se les
han pedido bastantes sacrificios sin que se vea reflejado ese mismo
sacrificio en otros sectores sociales cada vez más minoritarios, cada vez
más ricos, cada vez más distanciados de la mayoría social. Desde nuestro
punto de vista, lo único que conseguirá esta medida será desmotivar aún
más a los trabajadores sin que, como decía, resuelva substancialmente
nada.
El Gobierno debería esforzarse en encontrar otras soluciones más
imaginativas y menos socorridas para contener el gasto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vázquez, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Acabo, señor Presidente.
El Gobierno debería rectificar su decisión. Aún tiene tiempo de hacerlo a
lo largo del debate presupuestario o entablando negociación con las
centrales sindicales.
Señoras y señores Diputados, si para alcanzar las metas de Maastricht la
única solución es que se deterioren cada vez más las condiciones de vida
de la mayoría de los ciudadanos, cabe preguntarse si a éstos les merecerá
la pena.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en lo que es la interpelación, a expensas
de lo que puede ser el debate de la moción. Quiero traer a colación dos
cosas. Una, que el año pasado, a primeros de septiembre, yo presenté una
interpelación de una índole parecida, y el Ministro señor Solbes me dijo
que cómo se me ocurría franquear el debate presupuestario a través de una
interpelación cuando ya teníamos presentados los presupuestos. Yo le dije
que no queríamos subvertir los presupuestos, sino debatir de un tema
puntual. Ahora yo me alegro de que, ya presentados los presupuestos,
podamos discutir de algo tan sencillo, que tiene proyección
presupuestaria, pero que tiene un amplio efecto social, no solamente por
los dineros, que se pueden congelar, sino por la filosofía que hay
detrás, que es lo que más nos preocupa.
La segunda reflexión iría unida a lo que ha sido la intervención del
señor ministro, porque para nosotros el problema no es que en el año 1997
vaya a haber una inflación prevista del 2,6; es que lo ha puesto en
relación con el año 1994, en que era el 4,5, y el acuerdo solamente
recogía la subida de la previsión inicial del 2,5, sin cláusula de
revisión. Eso hubiera estado bien para que usted hubiera añadido: y,
además, vamos a agregar la cláusula de revisión. Incluso los
funcionarios, en aquel debate, cuando se les congeló en la etapa
anterior, estuvieron discutiendo de la posibilidad de que simplemente no
hubiera subida, pero que se incluyera la cláusula de revisión, que
suponía la inflación que pudiera haber habido.
Lo más importante para nosotros es la filosofía que hay detrás de esto.
El Gobierno dice: invitamos a los funcionarios, a los empleados públicos
a que vengan a participar en un nuevo modelo de Administración, en un
modelo de Administración más profesionalizada, más neutral, donde todos
son necesarios. Y la respuesta es: vamos a negociar. Pues no, son
lentejas, si las quieres, las tomas y, si no, las dejas: congelación. La
explicación es Maastricht y, a partir de ahí, negociamos. ¡Hombre!, esta
bien eso de negociar, pero claro, ¿qué negociamos? La segunda filosofia:
de lo pactado, nosotros no nos hacemos cargo.
Por tanto, el Gobierno ha puesto encima de la mesa dos decisiones
negativas. Una, que no mantienen los acuerdos, que no respetan los
acuerdos firmados, y hay un acuerdo hasta 1997 que significaba una
determinada subida. Y, ojo, que la congelación actual para Maastricht ya
supone 11 puntos, porque ha habido congelaciones anteriores, no vaya a
ser que los españoles que tienen la suerte o la desgracia de trabajar en
la Función pública, de trabajar relacionados con la Administración sí se
tengan que ajustar a Maastricht y los demás no. Demos un discurso a todos
los españoles para apretarnos el cinturón todos en igual medida. Por
tanto, lo malo es que no se respetan los acuerdos y que la negociación es
para lo que pudiéramos llamar cositas complementarias, van a discutir de
cosas menores y la única respuesta es congelación. En la dinámica
ministerial, desde luego, con el talante que usted tiene, señor ministro,
tan abierto y tan dialogante, la verdad es que esto choca un poquitín. Es
como abrir la puerta y encontrarse con el truco de que está vallada y se
choca uno con esa valla al entrar.
La segunda filosofía es algo que ha surgido en el debate con los
anteriores portavoces, de que lo público tiene que dar el ejemplo, lo
público tiene que rendir cuentas, de que, en fin, lo público tiene que
tener una concepción medio vergonzante, tiene que limitarse, tiene que
reducirse, porque como tienen puesto fijo, como tienen trabajo, pues que
paguen otra parte, más o menos relacionada. Esa idea de descrédito hacia
lo público, de utilizar lo público como ejemplarizador es lo que nosotros
creemos que es más peligroso todavía. Por tanto, lo nuevo que tenemos en
este debate presupuestario y que no teníamos en el debate anterior es que
el día 30 de septiembre, cuando se presentaron los presupuestos, el año
anterior no había miles de personas frente a los ministerios y las
delegaciones del Gobierno y este año sí. Y fíjense lo que pedían:
potenciación de lo público, capacidad de negociación y, por último,
impedir la congelación. Por tanto, discutamos, negociemos.
Pero es que el Gobierno central no se ha contentado con eso, sino que ha
dicho: ojo al dato, no es posible que ayuntamientos y comunidades me den
la vuelta por detrás; si no, iremos a por todas e iremos a recurrirlas
todas. Bueno, pues algunos han dicho --un ejemplo--: miren ustedes, no
podemos subir el sueldo, pero ¿y si producimos, porque somos nuevos, una
reclasificación
de funciones entre los empleados públicos, que añadan algunas cosas? Y,
no, no se sube el sueldo, pero, eso sí, el que está en este puesto pasa
al otro, y, mire por donde, puede darse la subida. También se va a
recurrir.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego vaya concluyendo.
El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor Presidente.
Lo que le vengo a decir es que me da la impresión que ha abierto usted
una batalla a lo público tan grande, aun justificada con Maastricht y con
el tipo de país que queremos, que desde luego no le arriendo lo que pueda
ser la ganancia. Estoy convencido en todo caso que la moción que se
proponga aquí se va a encontrar con un compromiso, el que ha contraído
Izquierda Unida con las fuerzas sindicales. Nosotros vamos a reivindicar
en trámites presupuestarios que se mantenga lo pactado con las fuerzas
sindicales para la Función pública. Nosotros vamos a intentar que se
fuerce y se reconozca la capacidad de negociación colectiva y que la
dinámica que se establezca entre todos los empleados públicos sea la
misma que para todos los españoles, la misma, ni más ni menos. Ese va a
ser el enfoque con el que vamos a ver la proposición de moción que el
Grupo Socialista presente y que intentaremos después proyectar también a
las enmiendas. Por tanto, reiteración y anuncio a navegantes: esta
batalla va para largo plazo, no se termina solamente con el debate de la
moción ni de la interpelación ni de los presupuestos. Va a traer cola.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y diez minutos de la noche.