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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 29, de 08/10/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 29
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 28
celebrada el martes, 8 de octubre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de nuevos señores
Diputados (Página 1200)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, reguladora de la cláusula de secreto profesional de los
periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución
española (Orgánica). «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B,
número 23.1, de 7 de mayo de 1996 (número de expediente 122/000012)
(Página 1200)
Proposiciones no de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre configuración
de un plan de tratamiento específico para internos condenados por delitos
contra la libertad sexual. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 45, de 24 de septiembre de 1996 (número de expediente
162/000046) (Página 1207)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la necesidad de
delimitar las líneas marítimas de interés social. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie D, número 42, de 17 de septiembre de 1996
(número de expediente 162/000040) (Página 1216)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del Gobierno en
relación al cumplimiento de los compromisos de España en política de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y su orientación para
el inicio de acciones en esta Legislatura. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie D, número 52, de 7 de octubre de 1996. (número de
expediente 173/000014) (Página 1222)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política hidrológica del Gobierno. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 52, de 7 de octubre de 1996.
(número de expediente 173/000015) (Página 1230)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 30, de 9 de
octubre de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de nuevos señores
Diputados (Página 1200)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 1200)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, reguladora de la cláusula de secreto profesional de los
periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución
Española (Orgánica) (Página 1200)
El señor Alcaraz Ramos defiende, en nombre del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la toma en consideración de la
proposición de ley orgánica reguladora del secreto profesional de los
periodistas. Manifiesta que quizá sea ésta, junto con la reguladora de la
cláusula de conciencia, la proposición de ley que más veces ha venido a
esta Cámara en las sucesivas legislaturas, llegando a denominarse en
algunos «Diarios de Sesiones» como proposición Guadiana. Añade que la
proposición que hoy someten a la consideración de la Cámara es
sustancialmente igual, con el cambio que se deriva de la entrada en vigor
del nuevo Código Penal, que la que fue aprobada el 15 de febrero de 1994
con 295 votos a favor y una abstención.
Considera que el carácter racional normativo de la Constitución española
permite la invocación inmediata de un derecho constitucional vulnerado y
bastaría ello para fundamentar una pretensión jurídica. Asimismo, estima
aconsejable que las leyes orgánicas desarrollen estos derechos, por
varias razones: para completar la protección que ofrecen, para facilitar
su ejercicio por parte de los interesados, para dar seguridad jurídica y
para no dejar al juez un excesivo margen creador, poco compatible con
nuestra tradición y sistema jurídico. Seguidamente, hace una reseña de
las sentencias del Tribunal Constitucional, en donde se recuerda a las
Cortes Generales sus deberes en materia de desarrollo de derechos
fundamentales, y de un informe del Parlamento Europeo que insta a los
Estados miembros a desarrollar la legislación pertinente en esta materia.
Considera que el secreto profesional del periodista es ante todo un
derecho subjetivo del profesional de la información y hay que entenderlo
a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional que, en su sentencia
6/1981, afirmó que el artículo 20 de la Constitución, en sus distintos
apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre,
sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la
Constitución consagra. Se refiere asimismo al objeto del Derecho, es
decir, sobre qué puede legítimamente versar la invocación de la cláusula
y ante quién puede hacerse. Explica que el artículo 2.º de la proposición
de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña se inclina claramente por la
protección de la fuente que proporciona la
información al periodista para que éste pueda desarrollar su actividad
profesional, puesto que la información para ser tal ha de ser difundida,
por lo que considera un sin sentido el concepto de información secreta.
En relación ante quién se puede ejercer el derecho, la proposición opta
por ampliar al máximo la protección y permitir que el periodista pueda
invocarlo ante cualquiera que le pretenda obligar a manifestar cuál ha
sido la fuente; sólo en el ámbito judicial la proposición de ley orgánica
incluye un límite y es en los delitos contra la seguridad exterior o de
ámbito internacional o en materias declaradas secretos oficiales,
adaptándose así al nuevo Código Penal.
Termina su intervención afirmando que con esta proposición su grupo
pretende cubrir una laguna normativa especialmente grave, y la presenta
ante la Cámara para que pueda ser enmendada y negociada y, así, lograr el
consenso de todos los grupos.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez
Vázquez, del Grupo Mixto; López de Lerma i López, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Jover Presa, del Grupo Socialista, y Muñoz-Alonso
i Ledo, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya por 142 votos en contra, 23 a favor y 139 abstenciones.
Proposiciones no de ley (Página 1207)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre configuración de un
plan de tratamiento específico para internos condenados por delitos
contra la libertad sexual (Página 1207)
El señor Gil Lázaro defiende la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular manifestando, en primer lugar, que el conjunto de
conductas tipificadas en el Título VIII del Código Penal como delitos
contra la libertad sexual mantiene en estos momentos en el interior de
los centros penitenciarios a un total de 1.700 internos, de los cuales,
1.311 son penados, 317 preventivos y 36 internados judiciales como
consecuencia de determinadas patologías psiquiátricas. Sin embargo, no le
interesa al Grupo Popular hacer un análisis cuantitativo, sino más bien
una valoración cualitativa de lo que significa este segmento de la
población penitenciaria, y lo hace en razón de cuatro consideraciones
fundamentales: en primer lugar, porque se trata de delitos contra la
libertad sexual que generan una gran inquietud, angustia y alarma social;
en segundo lugar, porque siguen siendo un tipo de delitos sólo
parcialmente denunciados; y, en tercer lugar, porque se trata de un tipo
de delitos en donde no hay una correspondencia estricta entre el número
de condenas y el número de delitos.
Se refiere, a continuación, al principio reeducacional y resocializador
del artículo 25.2 del texto constitucional y del artículo 59 de la Ley
Orgánica General Penitenciaria. Asimismo hace mención del Reglamento en
relación con esta materia. Manifiesta que es necesario dar una respuesta
eficaz y urgente a la problemática que genera este tipo de delitos y a la
situación particular de los internos condenados por la comisión de los
mismos, debiéndose establecer una situación de equilibrio entre lo que es
el derecho de la sociedad a buscar fórmulas de prevención y garantías de
seguridad general con lo que es también el derecho del interno a su plena
reeducación y reinserción. Desde este punto de vista, el Grupo Popular
quiere incidir en la necesidad de convertir la formulación potencial del
artículo 116.4 del Reglamento en un conjunto de programas que, de manera
inmediata, puedan tener su aplicación más efectiva. Añade que los delitos
contra la libertad sexual tienen un índice de reincidencia muy alto
debido a que el tratamiento penitenciario general no parece útil para
abordar este tipo de delitos y a que la conducta de este tipo de penados
suele presentar una acomodación pacífica al régimen penitenciario
ordinario, pero considera que para medir fiablemente su evolución, en
beneficio de ellos mismos y en beneficio del conjunto de la sociedad, es
necesario incorporar con urgencia criterios científicos serios.
Seguidamente, hace un análisis de las conductas de este tipo de penados y
considera que si se quiere hacer efectivo el mandato del artículo 25.2 de
la Constitución es preciso prever instrumentos especializados e
individualizados que permitan actuar sobre el origen y móvil de esas
conductas, a efectos de poder recuperar para la normalidad de la vida
social a estos delincuentes.
Considera que la iniciativa que presenta el Grupo Popular se puede
calificar como de progresista y añade que las enmiendas presentadas por
los Grupos Parlamentarios Catalán y Socialista han sido incorporadas al
texto que presentan ante la Cámara.
Defienden las enmiendas presentadas los señores Guardans i Cambó, del
Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Pérez Solano, del Grupo Socialista.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de
Coalición Canaria, y las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (PNV), y Almeida Castro, del Grupo Parlamentario de lzquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se aprueba por unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la necesidad de delimitar
las líneas marítimas de interés social (Página 1216)
El señor Segura Clavell presenta la proposición no de ley del Grupo
Socialista desde el convencimiento de la oportunidad de la misma y de su
necesidad en los meses actuales. Explica que en España, tradicionalmente,
la explotación del transporte marítimo en régimen de cabotaje entre la
península y las islas ha sido desarrollado y cubierto mediante la figura
del servicio público a través de concesión administrativa, garantizándose
la transparencia del proceso a la vez que se ha asegurado la capacidad,
solvencia y salvaguardia en la prestación del servicio público.
Seguidamente, hace referencia a la Compañía Trasmediterránea y a toda su
andadura como empresa incorporada al Patrimonio del Estado y dependiente
de la Dirección General del Patrimonio, del Ministerio de Economía y
Hacienda, estando vinculada a la Administración mediante un
contrato-programa. Sin embargo, en 1995 el anterior Ministerio de Obras
Públicas y Medio Ambiente denunció dicho contrato-programa en base al
proceso de liberalización del tráfico marítimo acordado en el seno de la
Unión Europea, proceso que culminará el 1 de enero de 1999. Las
relaciones contractuales de la Compañía Trasmediterránea con el Estado se
mantendrán hasta finales de 1997 y, a partir de ese momento, cesará su
derecho a percibir las aportaciones vinculadas al mantenimiento de
determinados servicios así como su obligación de sostener todos aquellos
que hoy se prestan por mandato imperativo de la Administración general
del Estado desde la óptica del servicio público. Ante esta situación, el
Grupo Socialista considera necesario definir de nuevo esta clase de
servicios marítimos y regular normativamente la concesión de los mismos.
Por otro lado, manifiesta que, debido al reciente proceso de asunción de
competencias en materia de transporte marítimo de las Comunidades
Autónomas de Baleares y Canarias, serán éstas las que definan y autoricen
en su ámbito territorial los servicios de aquellas líneas no rentables
con las compañías que se consideren más idóneas, que podrán percibir, en
su caso, las compensaciones que previamente se hayan estipulado en los
contratos-programas que se elaboren en su momento.
Estima muy necesario tener presente todo el conjunto de la legislación
comunitaria y hace mención especial del Reglamento número 3.577/92, del
Consejo de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de
libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los
Estados miembros. A continuación, explica los diferentes artículos de
dicho Reglamento para justificar su propuesta y expone, sin embargo, que
los acuerdos comunitarios relativos a la liberalización del tráfico
marítimo de cabotaje que a lo largo de los próximos años se irán poniendo
en práctica en la Unión Europea no deben resultar incompatibles con la
filosofía de servicio público que ha imperado a lo largo de los últimos
años. Añade que es urgente la delimitación por parte de la Administración
general del Estado de las líneas marítimas de interés social, a efectos
de dar paso a la elaboración reglamentaria de los pertinentes concursos
que garanticen la prestación de tales servicios.
Finalmente, anuncia que su grupo ha llegado a acuerdos con los diferentes
grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, lo que les ha
permitido plantear una enmienda transaccional.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Rivero Baute,
del Grupo de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Santiso del Valle, Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Soriano Benítez de Lugo, del
Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación, se aprueba por 297 votos a favor, uno en contra y
dos abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 1222)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del Gobierno en
relación al cumplimiento de los compromisos de España en política de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y su orientación para
el inicio de acciones en esta Legislatura (Página 1222)
La señora Riera Madurell, del Grupo Parlamentario Socialista, presenta la
moción, consecuencia de interpelación, en relación con el cumplimiento de
los compromisos de España en política de igualdad de oportunidades para
la mujer. Comienza su intervención remarcando el cambio social que se ha
producido a este respecto desde que se alcanzó la normalidad democrática
y considera que un importante empuje para este cambio fue la
incorporación de España como Estado miembro en los distintos organismos
internacionales.
Pasa después a explicar los momentos importantes en esta tarea de la
plena consecución de la igualdad de los derechos para hombres y mujeres,
se refiere al II y III Programa de Acción Comunitaria que fueron la base
del I y II Plan de Igualdad de Oportunidades, por lo que considera que la
política desarrollada por el anterior Gobierno en esta materia ha seguido
la línea marcada por la Unión Europea y ha encajado perfectamente dentro
de la estrategia de las Naciones Unidas para mejorar la situación de la
mujer. Celebra que el señor Ministro dijera claramente que éste es el
camino por el que se debe continuar, pero critica que, de momento, se
hayan rechazado en el Parlamento iniciativas claramente a favor de la
mujer, lo que pone de manifiesto la contradicción entre las palabras del
señor Ministro y el comportamiento de su grupo parlamentario a la hora de
votar. Asimismo se queja del funcionamiento de la Comisión Mixta
Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer, que tan importantes
contribuciones hizo en anteriores legislaturas. Se muestra convencida de
que la Cámara desea que esta Comisión funcione y se convierta en el
centro de debate en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, por lo que pide el voto favorable para el primer punto de la
moción.
Seguidamente, pasa a explicar los puntos de la moción que,
fundamentalmente, son: la consideración de medidas de acción positiva
para acelerar la plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
y la consideración de medidas legales para evitar que las mujeres que
hayan interrumpido voluntariamente su embarazo vayan a la cárcel.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene la señora Almeida
Castro.
En turno de fijación de posiciones, intervienen las señoras Solsona i
Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sainz
García, del Grupo Popular:
Para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada,
interviene de nuevo la señora Riera Madurell.
Sometida a votación, se rechaza por 155 votos en contra, 152 a favor y
una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política hidrológica del Gobierno (Página 1230)
El señor Ríos Martínez defiende la moción del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política hidrológica
del Gobierno, intentando afrontar el problema de la discusión histórica
del agua, no desde la confrontación sino respondiendo a las demandas
reales del país.
Considera que, en contra de lo que decía la señora Ministra en el debate
de la interpelación, la Ley de Acompañamiento modifica la acción
administrativa en materia de aguas, introduce una posible privatización y
una concesión para la construcción de infraestructuras vinculadas a la
regulación de recursos hidráulicos. Añade que la moción de su grupo tenía
como fin introducir sensatez en la discusión del agua, pero opina que los
hechos del Gobierno desmontan la buena voluntad en la tramitación.
Pretendían con su moción que el Gobierno tuviese respaldo unánime de la
Cámara para elaborar un plan hidrológico en el plazo más breve posible,
pero siempre desde la óptica de la gestión de la demanda. Seguidamente,
se refiere a las preguntas que formuló a la señora Ministra en la
interpelación, de la que es consecuencia esta moción, y a las
contestaciones categóricas de aquélla en cuanto a que no habría banco de
agua, no habría tarifa de agua y no habría privatización de concesiones.
El modelo de plan hidrológico que propugna su grupo se fundamenta en
cuatro puntos: primero, que se remita a esta Cámara un plan hidrológico
en el que se varíen los enfoques del anterior plan; segundo, que se
rechace la propuesta relativa a un canon del agua o un impuesto general
como concepto recaudatorio, porque se oponen a que el agua como consumo
sea un instrumento fiscal para el Gobierno; tercero, que se adopte un
criterio de globalidad del ciclo hidráulico, añadiendo un concepto de
calidad del agua, ya que no todas las aguas tienen hoy la misma realidad;
cuarto, que se democratice la gestión del agua, introduciendo unos
sistemas de
control que hagan más partícipes a los usuarios en función de la realidad
que viven. Considera que hay que fortalecer la gestión transparente del
recurso, que es escaso, y propugna en su moción que se traiga
semestralmente a la Cámara, por parte de la señora Ministra, un informe
sobre la elaboración del plan hidrológico, el desarrollo de la Ley de
Aguas o la propuesta de modificación y cuáles son las medidas que piensa
adoptar sobre los recursos hídricos. Entiende que el agua es un recurso
público que tiene que utilizarse con criterios de distribución racional y
desea que en esta Legislatura se consiga el plan hidrológico de todas las
cuencas, de todos los pueblos de España y de todos los españoles.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, intervienen la señora De
Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular, y el señor García-Arreciado
Batanero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones, hace uso de la palabra el señor Sedó
i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas,
interviene de nuevo el señor Ríos Martínez.
Sometida a votación, se aprueba por unanimidad.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DE NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Como punto previo al desarrollo del orden del día, vamos a recibir
juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de una nueva
Diputada.
Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento del Congreso, y una vez
proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña Rosa Isabel Díez
López sustituirá a don Luis Ramallo García. En consecuencia, doña Rosa
Isabel Díez López ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora DIEZ LOPEZ: Juro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En consecuencia, doña Rosa Isabel Díez López ha adquirido la plena
condición de Diputada. Enhorabuena. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, REGULADORA DE LA CLAUSULA DE SECRETO PROFESIONAL DE LOS
PERIODISTAS, RECONOCIDA EN EL ARTICULO 20.1.d) DE LA CONSTITUCION
ESPAÑOLA (ORGANICA) (Número de expediente 122/000012)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día, toma en
consideración de proposiciones de ley.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, reguladora de la cláusula de secreto profesional de los
periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución
española.
Para defensa de la proposición, en nombre del Grupo Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no debe ser para nadie una sorpresa ver subir a un Diputado del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para defender una
proposición de ley orgánica reguladora del secreto profesional de los
periodistas porque seguramente no se les oculta que esta proposición de
ley orgánica, junto con la reguladora de la cláusula de conciencia, es
quizás la que más veces ha venido a debate en esta Cámara en las
sucesivas legislaturas, hasta el punto que, releyendo el «Diario de
Sesiones» de legislaturas anteriores, he encontrado la opinión de un
Diputado que decía que ésta es una proposición Guadiana. No sé lo que
pensaría, transcurridos varios años, viendo que todavía no se ha
conseguido ver culminada la tarea legislativa de aprobación de esta ley
orgánica.
Me permito recordarles que en la anterior legislatura, el 15 de febrero
de 1994, se tomó en consideración una proposición similar, y se tomó en
consideración con 295 votos a favor, una abstención y ningún voto en
contra.
La proposición que esta tarde se trae a debate es sustancialmente igual a
aquella que fue aprobada el año 1994, con el cambio que se deriva,
necesariamente, de la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Esperamos,
por tanto, que al menos en esta fase parlamentaria de toma en
consideración el resultado que obtenga sea similar al que obtuvo en 1994,
pero que ahora no se pierda en ningún extraño laberinto, llegue
finalmente a prosperar y que esta legislatura sea la de aprobación de
esta ley orgánica.
Se ha insistido en la novedad que en el constitucionalismo comparado
supone la aparición expresamente indicada de este derecho en el bloque
normativo que configura el artículo 20 de nuestra Constitución. Por
ello también, junto a ese alegrarnos de la novedad constitucional que
aportó nuestra Carta Magna, convenga también insistir de nuevo en lo
injustificado del retraso de su aprobación.
Como es sabido el carácter racional normativo de la Constitución española
permite la invocación inmediata de un derecho constitucional vulnerado y
bastaría ello para fundamentar una pretensión jurídica, pero a la vez
todo parece aconsejar, por varias razones, que leyes orgánicas
desarrollen estos derechos: para completar la protección que ofrecen,
para facilitar su ejercicio por parte de los interesados, para defender
mejor la seguridad jurídica y para no dejar al juez un excesivo margen
creador poco compatible con nuestra tradición y sistema jurídico.
En alguna ocasión, el Tribunal Constitucional incluso ha recordado a las
Cortes Generales sus deberes en esta materia, en materia de desarrollo de
derechos fundamentales. Así, en una sentencia de 1982 el Tribunal
Constitucional dijo: La dilación en el cumplimiento del deber que la
Constitución impone al legislador no puede lesionar el derecho reconocido
en ella. Y no cabe duda de que el constituyente estableció a las Cortes
Generales un deber de este tipo al decir en el artículo 20.1.d) que la
ley regulará esta materia. Seguramente tampoco está de más recordar un
informe del Parlamento Europeo, de 20 de diciembre de 1993, que instó a
los Estados miembros a desarrollar la legislación pertinente en esta
materia. Por todo ello la presente proposición de ley orgánica, que
siempre ha sido oportuna, encuentra ahora y encontrará cada vez más mayor
número de argumentos para cumplir ese mandato constitucional.
El secreto profesional del periodista es ante todo, y con independencia
de otras consideraciones de índole deontológico o autorregulativo, un
derecho subjetivo del profesional de la información. Quién es o qué sea
un profesional de la información se define de manera no dogmática, de
manera abierta pero suficientemente precisa en el artículo primero de la
proposición que defiendo. Por lo demás, este principio, el principio de
que el derecho profesional es ante todo un derecho subjetivo del
periodista, hay que entenderlo a la luz de la doctrina del Tribunal
Constitucional, que en su sentencia 6/81 afirmó que el artículo 20 de la
Constitución --dice el Constitucional-- en sus distintos apartados,
garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual
quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución
consagra. Y sigue diciendo el Tribunal: La preservación de esa
comunicación pública libre, sin la cual no hay sociedad libre ni, por
tanto, soberanía popular, exige la garantía de ciertos derechos
fundamentales comunes a todos los ciudadanos, pero también una especial
consideración a los medios que aseguren la comunicación social y, en
razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven.
Por tanto, no se nos puede ocultar que ese derecho subjetivo de los
profesionales sirve a la vez a otros fines colectivos y opera, por tanto,
como una garantía de la libertad de emitir y de recibir libremente
información veraz, lo que, por lo demás, explica su exacta ubicación en
el artículo 20 y, en definitiva, en el texto constitucional.
También conviene traer a colación la sentencia del Tribunal
Constitucional alemán, juzgando el famoso caso Der Spiegel, cuando dijo
que el secreto profesional protege la posibilidad funcional de una prensa
libre, a cuyo efecto el secreto debe facilitarle el cumplimiento de sus
tareas públicas.
Encontramos, por tanto, que esta proposición de ley orgánica quiere
asegurar, ante todo, un derecho subjetivo establecido directamente en la
Constitución, pero un derecho subjetivo que, además, sirve para la
realización de fines colectivos más amplios y se convierte, por tanto, en
una garantía en la actuación de los medios de comunicación en el proceso
de formación de la opinión pública, sin la cual, como ha recordado el
Tribunal Constitucional, no se podría hablar propiamente de sistema
democrático.
Así pues, hemos acotado el sujeto del derecho, pero conviene ahora
referirnos, siquiera sea brevemente, al objeto, es decir, sobre qué puede
legítimamente versar la invocación de la cláusula y ante quién puede
hacerse. A ello se dedica el artículo segundo de la proposición que se
defiende.
En cuanto a lo protegido con la mejor doctrina constitucional, la
propuesta que formula Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se inclina
nítidamente por la fuente, es decir por la protección de la fuente que
proporcionará una información al periodista para que éste pueda
desarrollar su actividad profesional. Por tanto, no se trata, como a
veces se ha defendido erróneamente a nuestro entender, de la protección
abstracta de la información pues, por definición, la información para ser
tal ha de ser y difundida, al menos en el terreno periodístico y no
cabría, sería más allá de una paradoja, un sin sentido el concepto de
información secreta. Cosa bien distinta y que quedaría contemplada y
prohibida en la proposición de ley orgánica que se presenta, es que para
conseguir llegar hasta las fuentes una autoridad pública, un poder
público incautara o registrara material informativo aún no publicado,
pero siempre con ese objetivo de poder deducir que esa información,
todavía no publicada, ha sido la fuente de la que se ha valido el
periodista para conseguir dicha información.
En cuanto a ante quién se puede ejercer el derecho, la proposición opta,
como no podría ser de otra forma, por ampliar al máximo la protección, es
decir por permitir que el periodista pueda invocar este derecho ante
cualquiera de los posibles que le pretendan obligar a manifestar cuál ha
sido esa fuente. Por tanto, el derecho podrá ser invocado ante la empresa
periodística,
ante terceras personas en su caso, o ante los poderes públicos,
incluyendo aquí también ante los órganos judiciales en cualquier fase del
proceso. Sin embargo, el hecho de que también pueda ser invocado ante
órganos del Poder Judicial requiere de una aclaración, por ser en el
ámbito judicial donde la proposición de ley orgánica incluye un único
límite al derecho. En efecto, la proposición advierte que la cláusula no
podrá invocarse cuando el periodista sea requerido como testigo en un
proceso penal seguido por algunos delitos, en concreto (y aquí sería el
cambio respecto de la proposición presentada en la legislatura anterior,
porque ha habido que adaptarlo al nuevo Código Penal), por delitos contra
la seguridad exterior o de ámbito internacional, e igualmente tampoco
podrá ser invocado en materias declaradas secretos oficiales. Con ello se
pretende asegurar un necesario equilibrio entre diversos bienes
jurídicamente protegibles. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
Así pues, la proposición de ley orgánica que presenta el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al hacerlo la
ofrece a la Cámara para que pueda ser enmendada y negociada, sin
pretender, pese a su brevedad, que pueda contener todas las bondades en
un asunto que tanto ha esperado; por tanto merecería la pena hacer un
esfuerzo por parte de todos los grupos en llegar a ese consenso. Como
decía, la proposición que presenta nuestro grupo pretende cubrir una
laguna normativa especialmente grave, que es prácticamente junto con la
cláusula de conciencia el último derecho no desarrollado normativamente,
y digo que pretende cubrir una laguna normativa grave y, a la vez,
expresar simbólicamente la convicción de que la complejidad del mundo de
la comunicación, con sus poderosas maquinarias impersonales debe seguir
reservando un espacio, el mejor de sus espacios a la concepción del
trabajo periodístico como un elemento esencial de la evolución
democrática.
Por todas estas razones, esperamos el voto favorable de SS. SS.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Turno en contra (Pausa.) Grupos que desean fijar su posición (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición
del Bloque Nacionalista Galego respecto de la proposición de ley
presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, reguladora de la cláusula de secreto profesional de los
periodistas. Como hizo ya referencia el proponente, algo pasa para que
una proposición que ya se aprobó en este Congreso de los Diputados aún no
se haya llevado a la práctica, aún no se haya regulado. Algo sucede. De
todas maneras, para nosotros esta iniciativa tiene la virtud de poner
sobre la mesa un problema básico en una sociedad democrática, que es el
derecho de los ciudadanos a recibir una información lo más veraz...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Vázquez.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.) Muchas gracias, señorías.
Puede continuar, señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Iba diciendo que los ciudadanos
tienen derecho a recibir una información lo más veraz, objetiva y plural
posible, consecuentemente, el derecho previsto en el ejercicio libre de
su profesión sin estar sometidos a cortapisas de diversa índole. El
derecho a la información, a transmitirla y a recibirla, es constantemente
y a lo largo de los tiempos, objeto de discusión, de polémica en ésta y
en todas las sociedades, más aún en un mundo en el que los medios de
comunicación juegan un papel de primer orden.
El ciudadano se ve sometido cada vez más a una ingente cantidad de
noticias que conforman su visión sobre lo que le rodea. Siempre se afirma
que para ser libre hay que estar bien informado. Desde nuestro punto de
vista hay una realidad innegable. El poder tiene siempre la tentación de
controlar la información y en muchos casos todo el mundo es consciente de
que lo hace. También hay diversos intereses políticos y económicos que
coartan el derecho a la información o lo adecuan a sus intereses.
Como decía, estas cuestiones son objeto de debate a lo largo de los
tiempos y, por lo que parece, no son fáciles de resolver. En este marco
deben desenvolver su labor los periodistas, que son las personas
encargadas de transmitir la información; una información que, como decía,
debe permitir a la ciudadanía formarse una opinión sobre lo que le rodea
para poder actuar como ciudadanos libres.
La regulación del derecho al secreto profesional parece algo elemental,
necesario y democrático. Que un periodista tenga derecho a negarse a
revelar las fuentes de la información es un paso, aunque desde nuestro
punto de vista no suficiente, para que estos profesionales puedan acceder
a su trabajo con un mínimo de libertad y dignidad. Es un paso necesario
--decía-- pero no suficiente porque corren malos tiempos para la lírica y
hoy muchos periodistas se ven sometidos a otras muchas cortapisas para
poder ejercer con libertad su profesión; y no sólo por las múltiples
presiones que reciben desde los poderes públicos, sino también,
y hay que decirlo, desde sus propias empresas, algunas de ellas con
intereses que van mucho más allá de la simple información.
Vivimos tiempos en los que, por parte de muchos, se trata de dar la
sensación de normalidad, de que aquí no pasa nada, pero seguimos
asistiendo, muchas veces impotentes, a auténticos abusos de poder sobre
estos profesionales y, en consecuencia, sobre la sociedad. Aún es posible
asistir, por ejemplo, a ver cómo a un profesional se le puede velar un
carrete cuando intenta sacar la foto de un determinado presidente
autonómico cuando determinada persona a su vez le ata las botas. O acaso
también no es conocido que muchos periodistas se ven marginados, cuando
no despedidos, de empresas públicas y también privadas por no informar al
gusto de sus responsables. Todos sabemos que muchos periodistas se ven
limitados por múltiples presiones, y desde luego no son mejores tampoco
las condiciones laborales a que se ven sometidos hoy día estos
profesionales, condiciones laborales de precariedad que les hacen aún más
vulnerables a todo tipo de presiones, lo que lleva, en no pocos casos, a
que ejerzan la propia autocensura.
Por tanto, reflexionar y discutir sobre el derecho a la información es
muy saludable para el conjunto de la sociedad, en un momento, por cierto,
en que parece que desde el Gobierno surgen vientos destinados a controlar
aún más lo que se emite por los medios audiovisuales, la famosa ley
mordaza. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Desde nuestro punto
de vista, los poderes públicos deberían preocuparse menos del control de
la información y más de garantizar el derecho a la misma, algo
fundamental, como decía, en una sociedad democrática. Entre las medidas
para garantizar ese derecho está el derecho al secreto profesional y por
eso nosotros vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición
de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías, intervengo
para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en relación a esta
proposición de ley que nos trae esta tarde el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la fijamos en los
siguientes términos.
Dice bien el grupo proponente en la exposición de motivos que la vigente
Constitución Española de 1978 introdujo en su parte dogmática, en su
parte de principios generales, una de las novedades más significativas
del Derecho constitucional comparado, al menos el más cercano a nosotros,
el de la Unión Europea, en el sentido de reconocer el derecho de los
profesionales de la información al secreto profesional.
No es menos cierto que cuando se redactó esta Constitución hoy vigente, y
concretamente este apartado, que se hizo de la mano de los Diputados
Miquel Roca y Jordi Solé Tura, ya existía la Ley Fundamental de Bonn, que
había constitucionalizado este derecho, esta cláusula de secreto
profesional de los periodistas. Teníamos un único referente
constitucional, que nosotros seguimos casi al pie de la letra y de hecho
nos sumamos a la modernidad en esta línea de protección de un derecho
fundamental para la libertad del conjunto del país y concretamente para
el buen uso de unos derechos y también de unos deberes por parte de los
profesionales de la información.
Es igualmente cierto, señor Presidente, señorías, que a lo largo de estos
años, yo diría que a lo largo de varias legislaturas, de hecho desde la
primera legislatura constitucional, distintas han sido las iniciativas
que han tendido, todas ellas, a regular de manera orgánica, como no puede
ser de otra manera, la cláusula del secreto profesional de los
periodistas, reconocida precisamente, como digo, en el artículo 20.1.d)
de la Constitución. Todos estos intentos --que a veces vinieron del hoy
desaparecido Grupo del CDS, otras muchas de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, otras de nuestro propio grupo, de Minoría Catalana o del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y otras del Grupo Socialista--,
todas estas iniciativas fueron apoyadas mayoritariamente por el Pleno de
la Cámara, pero ninguna de ellas pasó de manifestar un apoyo muy amplio,
muy generalizado, yo diría que casi unánime, en cada una de las
legislaturas y en cada una de las iniciativas parlamentarias, de cada uno
de los grupos parlamentarios, aunque, repito, no pasó de aquí. Por
ejemplo, la nuestra de 1988, que, si la memoria no me falla, fue la
pionera en esta voluntad de regular mediante ley orgánica esta cláusula
de secreto profesional.
No es menos cierto que, por ejemplo, iniciativas de este tipo fueron
también aceptadas a trámite en la pasada legislatura. Se abrieron los
correspondientes plazos de presentación de enmiendas, que se prolongaron
sucesivamente en el tiempo, porque descubrimos que no había una voluntad
mayoritaria para empezar a estudiar en profundidad lo que aquí había sido
tratado superficialmente, y digo superficialmente refiriéndome al mundo
de los conceptos y no al mundo de la articulación sistemática o de la
regulación de estos conceptos.
Por tanto, nosotros que, a través de Miquel Roca, introdujimos esta
cláusula, este derecho, esta protección de un derecho fundamental, que
hemos sido autores de iniciativas parecidas, no literalmente idénticas y
que hemos venido apoyando las iniciativas de otros grupos parlamentarios,
nos encontramos hoy en la necesidad de abstenernos en la votación al
entender que, si no hay un consenso previo que avale la iniciativa, y me
refiero a una iniciativa avalada y suscrita por la mayoría de la Cámara,
es difícil que esa iniciativa vea
la luz, sea aceptada y finalmente sea publicada en el Boletín Oficial del
Estado.
No estamos en contra de la iniciativa. No podemos estarlo al haber sido
autores o coautores materiales de que esta cláusula se incluyera en la
Constitución. Podríamos discutir tranquilamente algunos de sus apartados
concretos en fase de ponencia y Comisión, pero sí somos tremendamente
escépticos ante el éxito final de esta iniciativa si hoy le damos nuestro
plácet.
Por consiguiente, podríamos decir que estamos en situación de reserva
parlamentaria.
Nos vamos a abstener. Entendemos que deberíamos pensar en los equilibrios
de los derechos y de los deberes, porque mucho se habla de derechos, pero
poco se habla de deberes, y en esta situación estamos señores del Grupo
Federal de Izquierda unida-Iniciativa per Catalunya. Vamos a hacer una
abstención escéptica, si me permiten el epíteto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tiene la palabra el
señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el
Grupo Parlamentario Socialista ha estudiado detenidamente el contenido de
la proposición de ley que nos ocupa. Debo decir que nuestra posición
inicial, al menos la del portavoz que en este momento se dirige a
ustedes, era más bien favorable a la toma en consideración, sobre todo
teniendo en cuenta que en este trámite parlamentario solamente nos
posicionamos sobre la oportunidad de un debate y no sobre el contenido de
la proposición. Pero la verdad es que, posteriormente, realizando un
análisis más pormenorizado del contenido de la proposición, haciendo una
valoración cuidada de todos los datos que fueron aportados en la pasada
legislatura durante la tramitación parlamentaria de una proposición de
ley de contenidos prácticamente idénticos y, por tanto, sopesando todos
los pros y los contras, finalmente hemos llegado a la conclusión de que
no podemos avalar con nuestro voto esta proposición de ley. Intentaré
explicarlo brevemente.
Para empezar, señor Presidente, señoras y señores Diputados, mi grupo
considera que esta ley es innecesaria. Esta ley no es, en absoluto,
imprescindible para el adecuado ejercicio de este derecho. Por decirlo de
una manera más precisa, la plenitud del derecho fundamental al secreto
profesional de los periodistas no depende, en absoluto, de que haya o no
haya una regulación legal de la misma. Eso es así porque éste es un
derecho fundamental que está recogido por nuestra Constitución,
precisamente en el capítulo segundo del título I, es decir, en su núcleo
duro, de derechos fundamentales que son eficaces de manera directa o
inmediata, haya o no interposición del legislador. Por tanto, esto
significa que esos derechos se ejercen libremente y son vinculantes para
todas las autoridades y especialmente para jueces y magistrados, tanto si
hay regulación legal como si no la hay. Más aún en un derecho como éste
que es básicamente de abstención, de libertad, que no exige ningún tipo
de actuación prestacional por parte de los poderes públicos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Jover.
Señorías, les ruego que guarden silencio y se abstengan de realizar
negociaciones en el seno del hemiciclo.
Señor Recoder, señor Gil Lázaro, señor Guardans, les ruego que abandonen
el hemiciclo si han de seguir negociando iniciativas. (Pausa.)
Puede continuar.
El señor JOVER PRESA: Gracias, señor Presidente.
En segundo lugar, debo decir que nosotros estamos francamente en
desacuerdo o tenemos grandes dudas respecto a la mayoría de los aspectos
que contiene la proposición de ley. Por ejemplo, establece que el derecho
fundamental al secreto profesional de los periodistas es eficaz no
solamente ante los poderes públicos sino también ante la propia empresa
periodística. Esto ciertamente, como mínimo, es delicado, es un problema
tremendamente delicado. De esta manera lo que hacemos es lanzar el
problema al interior de las empresas, provocar la aparición de conflictos
que en absoluto serían de utilidad y, lo que es más grave, yo no me
imagino que la dirección de una empresa periodística solvente esté
dispuesta a publicar informaciones de gran calado sin conocer previamente
su origen, sin conocer la fuente.
Téngase en cuenta que en posibles procesos civiles o penales de
protección civil del honor por injurias o calumnias, muchas veces la
empresa periodística será responsable civil subsidiaria. Por tanto,
parece exagerado pedir que este derecho sea eficaz también en estos casos
y en estas circunstancias.
Asimismo, se nos plantean algunas dudas relativas a la amplitud del
derecho. La regulación que hace la proposición de ley es tan
tremendamente amplia que roza la configuración de un derecho casi
absoluto. En ese sentido, señor Presidente, yo quiero recordar que no
solamente se refiere a la negativa a actuar como testigos, sino que
también, y leo textualmente: Excluye también la obligación de denuncia
que se establece en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Esto es muy fuerte, porque de esta manera no solamente se está
protegiendo la fuente, que es lo que protege este derecho, sino también
los datos, los hechos, y esto en ningún caso puede ser amparado por este
derecho fundamental al secreto profesional.
Finalmente, señor Presidente, y esta es quizá la razón más de fondo, lo
que no podemos olvidar aquí es que a lo largo de toda la pasada
legislatura se hizo un
trabajo intenso sobre esta materia, se realizó toda una serie de
comparecencias a las que acudieron expertos en la materia, expertos en
ámbitos muy variados, desde el Derecho constitucional al Derecho
administrativo, desde las ciencias de la información y la comunicación
hasta la filosofía del derecho; comparecieron periodistas de prestigio;
comparecieron representantes de las empresas periodísticas más solventes;
comparecieron representantes de las organizaciones sindicales,
profesionales y colegiales de los periodistas e incluso compareció el
Presidente del Consejo General del Poder Judicial. Lo que resultó de todo
este conjunto de comparecencias fueron fundamentalmente dos cosas:
primera, que entre los expertos en la materia no hay acuerdo sobre el
contenido que debe tener este derecho y, segundo, que entre los
profesionales directamente afectados la regulación se veía más bien con
reticencias que con agrado. Este es un dato que hay que tener en cuenta,
que no tuvimos en su momento cuando votamos a favor de la toma en
consideración en la pasada legislatura, pero que ahora sí tenemos.
Esto significa, señor Presidente, que una regulación legislativa de esta
materia puede plantear graves problemas, porque por su propia naturaleza
la ley está dotada de las características de generalidad, de
universalidad, y difícilmente puede tener en cuenta el caso concreto.
Creo, señor Presidente, que quizá podríamos, aunque fuera solamente por
una vez, aprender un poco del Derecho anglosajón y tener en cuenta que no
siempre la regulación legal es lo más adecuado para resolver un problema.
¿Por qué no podemos utilizar en esta materia la misma técnica que se
aplica a otras materias relacionadas con el artículo 20 de la
Constitución? Cuando hay una contraposición, un conflicto entre derechos
fundamentales, por ejemplo, el derecho fundamental a la información y a
la libertad de expresión y el derecho igualmente fundamental al honor y a
la intimidad personal y familiar, ¿qué es lo que hace el juez, qué es lo
que hace, en última instancia el Tribunal Constitucional? Lo que los
americanos llaman el balance in test, el test de la ponderación. Pondera
porque comprende que hay dos derechos fundamentales igualmente
importantes que están en conflicto. Lo que no puede ser es dar
prevalencia a uno sobre el otro. Lo que hace el juez en este caso es
aplicar criterios de razonabilidad, criterios de proporcionabilidad y dar
prevalencia en cada caso al derecho que tiene más peso. Si esto se está
haciendo en otros ámbitos, ¿por qué no hacerlo también en éste? ¿Por qué
caer en la dinámica puramente racionalista de una regulación legal,
cerrada y estricta y no dejar, dentro de la práctica más empirista, que
este tema se resuelva caso a caso?
Esa es, señor Presidente, la solución que nosotros creemos más oportuna.
Por eso y por muchas otras razones que no puedo explicar ahora porque se
me acaba el tiempo, no podemos votar a favor de esta toma en
consideración. Sin embargo, como entendemos que un voto en contra podría
ser malinterpretado, espero que no, en el sentido de que estamos en
contra de la efectividad del derecho, siguiendo lo que ha dicho algún
otro portavoz, mi grupo se abstendrá en la votación de esta proposición
de ley.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jover.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Señor Presidente, señorías, efectivamente,
éste parece un asunto recurrente que una y otra vez viene a esta Cámara
--recuerdo al menos unas cuatro o cinco veces en las tres últimas
legislaturas, incluida ésta--, las proposiciones de ley presentadas por
diversos grupos siempre se atascaban en este trámite y nunca fueron
tomadas en consideración, salvo en la última ocasión. Como ha señalado el
señor Alcaraz, el 15 de febrero de 1994 --la fecha es importante por lo
que después diré-- fue aprobada por práctica unanimidad --hubo sólo una
abstención-- la toma en consideración de una iniciativa muy parecida a la
que hoy día llega a nosotros. A partir de aquel momento, de ese 15 de
febrero, y hasta noviembre de aquel año, en el seno de la Comisión
Constitucional hicimos, como ha señalado el señor Jover, una tarea creo
que muy fructífera. Pasaron por aquí profesores especializados,
periodistas con amplia experiencia en diversos medios, representantes de
asociaciones y colegios profesionales y, como se ha dicho también, el
propio presidente del Tribunal Supremo y el del Consejo General del Poder
Judicial.
¿Qué se obtuvo de todo ese proceso de prácticamente un año de trabajo y
de reflexión? Les voy a decir, señorías, mi propia experiencia, lo que yo
creo que se deducía de aquel período de trabajo y de reflexión, que
sintetizaría en varios puntos. En primer lugar, todos estuvimos de
acuerdo en la importancia del secreto profesional de los periodistas,
para mantener abiertas fuentes informativas de las que pueden proceder
informaciones útiles para la adecuada formación de la opinión pública,
que, como también se ha recordado aquí esta tarde, es esencial para el
correcto funcionamiento de la democracia. Llegábamos, en suma, a la
conclusión de que el secreto profesional de los periodistas es parte
esencial del bloque de las libertades informativas que ampara y garantiza
nuestra Constitución. En segundo lugar, todos tuvimos oportunidad de
expresar nuestra satisfacción porque en España --no sucede así en otros
muchos países, incluso algunos próximos-- este derecho, esencial como les
digo en el proceso informativo, está amparado por la Constitución.
Además, como se ha recordado aquí esta tarde es un derecho directamente
aplicable a la vida práctica y en la actividad judicial. Expresábamos
también nuestra satisfacción
porque en nuestra práctica procesal de estos años de atrás el secreto
profesional de los periodistas está siendo aceptado ampliamente por
nuestros tribunales, cumpliéndose así el fin querido por la Constitución,
esto es, el flujo amplio y libre de informaciones que por su interés son
útiles para la opinión pública. En resumidas cuentas, podemos decir que
en España constatábamos y seguimos constatando una amplia apertura de las
fuentes informativas y un flujo informativo adecuado a una sociedad de
libertades.
Sin embargo, durante aquel proceso de casi un año veíamos la dificultad
de hacer una ley. Veíamos esas dificultades porque había problemas para
lograr que la norma que se redactara fuera exactamente fiel a la
finalidad constitucional, temíamos --y se expresó ese temor en varias
ocasiones-- que se convirtiera involuntariamente en un instrumento de
restricción abusiva del derecho que pretendía garantizar, y expresábamos
también en muchas ocasiones nuestras dudas de que el casuismo excesivo y
dañino de una norma de ese tipo pudiera, en suma, ser un obstáculo para
la finalidad constitucional.
Como consecuencia de todo eso, algunos portavoces expresábamos las dudas
acerca de la conveniencia de una norma que en vez de consolidar la
seguridad jurídica --se hablaba mucho de seguridad jurídica como motivo
para hacer esa norma-- podría, por el contrario, incrementarla. No fue
ajeno, señorías, a todos estos elementos que el proceso que se había
iniciado en febrero de 1994 y que llegó hasta noviembre de dicho año
permaneciera prácticamente sin que se hiciera nada positivo hasta enero
de 1996, en que se disuelve la anterior legislatura. Es decir, no se
avanzó. ¿Por qué no se avanzó? Hablaba el señor Alcaraz de un extraño
laberinto. No hubo extraño laberinto, señor Alcaraz. Simplemente hubo la
convicción por parte de la mayor parte de los grupos parlamentarios de
esta Cámara de que, tal y como estaba redactada en la proposición que
había presentado su grupo parlamentario, no iba a ser una ley positiva
para la finalidad de garantizar las libertades informativas que todos
perseguíamos. Ahora tenemos ante nosotros, en esta nueva legislatura, una
nueva proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
tengo que comenzar diciendo, señoría, que tiene graves defectos técnicos,
empezando por el propio título, en el que se habla de cláusula del
secreto profesional. Eso es inadecuado. Se puede hablar de cláusula de
conciencia, porque es una cláusula implícita o tácita en todo contrato
entre informador y empresa, pero aquí no hay por qué hablar de cláusulas
sino de secreto profesional.
Por otra parte, me da la impresión de que los autores de esta proposición
que se presenta hoy no aprendieron nada del proceso de reflexión al que
hemos aludido varios intervinientes aquí esta tarde. Simplemente lo que
ha hecho su grupo parlamentario, señor Alcaraz, es tener en cuenta el
nuevo Código Penal, pero por lo demás se repite palabra por palabra el
texto presentado en 1994. A pesar de todo, de esta proposición de ley,
que es breve --sólo dos artículos--, se puede salvar muy poco. Empezaría,
por ejemplo, por referirme a la definición de periodista. Todos los que
han analizado esa definición de periodista, empezando por los propios
profesionales, han dicho que es insatisfactoria; por decirlo de una
manera más simple, por lo menos es discutible. ¿Dónde quedan, por
ejemplo, las posibilidades de aplicar el secreto profesional al
periodista que se llama free lance, o al colaborador informador, que
también existe? Quedaría fuera de la definición que ustedes presentan.
No voy a hacer un análisis de toda la proposición de ley, pero veamos las
excepciones previstas en el artículo 2.2 de la proposición, en las que se
incluyen delitos de traición, contra la paz y la independencia del
Estado, descubrimiento o revelación de secretos y delitos contra la
comunidad internacional. Es una enumeración de excepciones larguísima.
¿Han contado ustedes, señorías, que están ahí incluidos treinta y tres
artículos del Código Penal, es decir que hay treinta y tres posibles
excepciones? Eso es una cosa verdaderamente increíble y además
discutible. ¿Por qué no incluir, por ejemplo, los delitos contra la
Constitución, contra la Corona, o los delitos de terrorismo? Se podrían
incluir perfectamente en esa lista también. Es decir, desde el punto de
vista de nuestro Grupo, cualquier lista es mala y corre el peligro de
dinamitar la finalidad de la ley, cerrando las fuentes temerosas de que
la posterior calificación judicial impida su pretensión de anonimato. Si
me permiten, voy a leer brevemente lo que yo decía en una de esas
reuniones de comparecencia de la Comisión en la legislatura pasada. Decía
yo entonces: Quiero expresarle mi duda de que una enumeración de
excepciones por muy corta que sea --y ésta no es corta--, al final puede
producir un efecto negativo para la finalidad última de esta ley. La
finalidad última de esta ley es que las fuentes se abran y permanezcan
abiertas, pero en cuanto establezcamos una relación de excepciones, por
pequeña y estricta que sea, a la regla general del secreto profesional,
¿qué va a suceder? Me parece que lo que puede suceder es que las fuentes
se cierren porque puedan estimar que la posterior calificación
jurídico-penal de la materia objeto de la información que va a dar el
órgano jurisdiccional correspondiente pueda afectarles porque pueda
quedar incluida en una de esas limitaciones.
Además, en casi todas las excepciones late la idea de la seguridad del
Estado o seguridad nacional, ¿y no estamos viendo ahora mismo lo difícil
que es definir adecuada y correctamente este concepto? ¿Cómo podemos
hacer que penda tal espada de Damocles sobre un elemento esencial de las
libertades informativas? A mí me da la impresión de que no han
reflexionado suficientemente sobre esa situación.
Un especialista en estas cuestiones, el profesor Marc Carrillo, que en un
libro específico sobre el secreto profesional y la cláusula de conciencia
se muestra en principio partidario de la legislación, acaba, sin embargo,
su capítulo diciendo: En mi opinión una noción tan amplia de las
excepciones --y se refiere a una proposición antigua que tenía muchas
menos que ésta-- plantea serios problemas de viabilidad de este instituto
jurídico, de hecho constituyen una puerta abierta, dice, para la
mediatización del derecho a la información sobre estas específicas pero a
la vez importantes materias.
Por tanto, señores, nuestro punto de vista es que no se puede aprobar
esta proposición de ley. No vale la pena que la tomemos en consideración,
porque ya lo hicimos en su momento en la legislatura pasada con otra cosa
muy parecida y tenemos que aprovechar el fruto de aquel trabajo al que he
aludido ya.
Dejemos la aplicación del secreto en manos del juez, como hasta ahora, y
ha funcionado bien. Es lo que se hace, además, en el ámbito mismo de las
libertades informativas, lo ha señalado el señor Jover, cuando se
producen conflictos entre la libertad de información y el derecho al
honor y la intimidad. ¿Cuál es la doctrina del Tribunal Constitucional?
La doctrina de la ponderación, que el juez pondere en cada caso y que de
ahí se obtenga una determinada decisión. Esa doctrina es muy favorable
porque ha llevado a la prevalencia de las libertades informativas, una
prevalencia que creo que se puede aplicar sin ninguna duda también al
secreto profesional del periodista, una prevalencia sobre otros posibles
derechos o sobre otras posibles libertades.
¿Cuál sería la alternativa que nosotros proponemos? Nosotros diríamos:
Pensemos otra cosa, por ejemplo, en que podrían modificarse algunos
artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concretamente creo que
podrían ser el 263, el 416 y el 417, con lo cual los periodistas, como
otros profesionales de los que allí se habla, quedarían excluidos de la
obligación de denunciar o incluso de la obligación de declarar como
testigos en ciertos casos. Esa sí podría ser una vía, pero no el camino
que plantea esta proposición de ley.
Por todas estas razones, señorías, nuestro grupo entiende que no es
conveniente tomar en consideración esta proposición de ley y propone el
voto negativo. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz-Alonso.
Vamos a proceder a la votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, reguladora de la cláusula de secreto
profesional de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de la
Constitución española. Se presenta con el carácter de orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 23; en contra, 142; abstenciones, 139.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la referida proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CONFIGURACIAN DE
UN PLAN DE TRATAMIENTO ESPECIFICO PARA INTERNOS CONDENADOS POR DELITOS
CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL (Número de expediente 162/000046)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, proposiciones no de
ley. Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre configuración
de un plan de tratamiento específico para internos condenados por delitos
contra la libertad sexual. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio para que pueda comenzar la exposición de la
proposición no de ley. (Continúan los rumores.)
Señorías, señor Alcaraz, señor Muñoz-Alonso, señor Isasi, guarden
silencio.
Para la defensa de la proposición, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el conjunto de conductas tipificadas en el Título VIII del
Código Penal como delitos contra la libertad sexual mantiene en estos
momentos en el interior de los centros penitenciarios dependientes de la
Administración del Estado a un total de 1.700 internos, de los cuales,
1.311 son penados, 317 preventivos y 36 internados judiciales, como
consecuencia de habérseles determinado patologías de naturaleza
psiquiátrica.
Podría decirse, desde un análisis cuantitativo de este segmento de la
población penitenciaria, que el mismo no representa un porcentaje
significativo sobre el conjunto de la población reclusa, cifrada en
36.000 personas, dependiente de los centros adscritos a la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior. En
todo caso, formular este análisis sería, a juicio del Grupo Parlamentario
Popular, una visión equivocada, habida cuenta de que importa hacer una
valoración puramente cualitativa de lo
que representa este segmento de la población penitenciaria... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gil Lázaro.
Por favor, señorías. Señor Saavedra, señor Belloch, guarden silencio, por
favor.
Que continúe el orador.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Decía que importa sobre todo realizar una valoración cualitativa de lo
que significa este segmento de la población penitenciaria a tenor de
cuatro consideraciones fundamentales. En primer lugar, estamos hablando
de un tipo de delitos, contra la fibertad sexual, que generan una gran
inquietud, angustia y alarma social; en segundo lugar, estamos hablando
de un tipo de delitos que, por desgracia, siguen siendo sólo parcialmente
denunciados, de manera que sigue existiendo en términos reales una cifra
negra de comisión de los mismos que se escapa a la valoración y a las
estadísticas oficiales; en tercer lugar, estamos hablando de un tipo de
delitos en los que, por lo dicho, no hay una correspondencia estricta
entre el número de condenas y el número de delitos, habida cuenta además
que en muchos casos la condena incorpora toda una concatenación de
delitos cometidos por el condenado sobre víctimas distintas; y en cuarto
lugar, por una consideración obvia, esto es, porque estamos hablando de
un tipo de delitos que normalmente generan un daño irreparable en la
víctima.
El artículo 25.2 de nuestro texto constitucional orienta la ejecución de
las penas privativas de libertad en orden a cumplimentar el fin
reeducacional y resocializador de las mismas y precisamente, a partir de
esta consideración, el artículo 59 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria define el tratramiento como el conjunto de actividades
orientadas a hacer efectivo ese principio reeducacional y resocializador,
incidiendo igualmente en la necesidad de propiciar en el interno hábitos
de vida que le permitan poder reingresar a la libertad sin choque con la
ley penal y desarrollando conductas y planteamientos que le permitan
vivir --dice el texto legal-- en paz consigo mismo y con los demás.
El artículo 110 del reglamento define igualmente la obligación de la
Administración para impulsar todo aquel conjunto de programas que de una
manera efectiva permitan hacer reales esos fines del tratamiento y aborda
igualmente la necesidad de que en esos programas la Administración tenga
que contemplar de una manera decidida la corrección de aquellos móviles
que pudieron apreciarse como impulsores en cada caso de la conducta
delictiva. Y en consonancia con todo ello, el artículo 116.4 del nuevo
reglamento penitenciario establece que la Administración podrá,
efectivamente, desarrollar programas orientados a esta recuperación de
los internos condenados por delitos contra la libertad sexual.
Nos encontramos, por tanto, señorías, ante una realidad que cabe afirmar
desde una doble consideración: en primer lugar, la de que es necesario
dar una respuesta eficaz y urgente a la problemática que genera este tipo
de delitos y a la situación particular de los internos condenados por la
comisión de los mismos, una solución que en todo punto sea acorde con
nuestro ordenamiento vigente y con el espíritu de lo dicho en el artículo
25.2 de la Constitución y que, aún más, establezca una situación de
equilibrio entre lo que es el derecho de la sociedad a buscar fórmulas de
prevención y a buscar fórmulas de garantía y de seguridad general con lo
que es también el derecho del interno a poder encontrar un instrumento
para su plena reeducación y reinserción. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Desde este punto de vista nosotros hemos querido incidir hoy a través de
esta iniciativa en la necesidad de convertir la formulación potencial del
artículo 116.4 del reglamento, «podrá desarrollar», por una formulación
contenida en un mandato político y parlamentario que determine que,
habida cuenta de la urgencia de esta situación, la Administración,
efectivamente, traduzca ese «podrá» en un conjunto de programas que, de
manera inmediata y en un plazo razonable, pueda tener su aplicación más
efectiva, y ello en función de un dato de la experiencia que resulta
obvio.
Nos encontramos ante un tipo de delitos, de conductas definidas como
delitos contra la libertad sexual en el que el dato de reincidencia es
muy alto y eso responde, esencialmente, señorías, a dos consideraciones
que no cabe obviar. En primer lugar, a que el hecho de que el tratamiento
penitenciario general en su formulación general y generalizada no parece
completamente útil para abordar las situaciones de origen que determinan
el impulso de la conducta delictiva en este tipo de penados; en segundo
lugar, a que la evolución de la conducta de este tipo de penados,
precisamente porque en la mayoría de los casos suelen presentar un
régimen pacífico de acomodación al régimen penitenciarlo ordinario, se ha
venido midiendo hasta la fecha por criterios puramente administrarivos,
precisamente de acomodación a ese régimen, de manera que para medir
fiablemente su evolución en beneficio de ellos mismos y en beneficio del
conjunto de la sociedad es necesario incorporar con urgencia criterios
científicos fiables.
Estamos ante un tipo de delincuentes que presentan un perfil común, un
pefil caracterizado en la mayoría de las ocasiones por una no consciencia
de la propia conducta criminal, de manera que basta atender a lo dicho en
gran parte de los estudios científicos al respecto para encontrarnos con
unos delincuentes que en la mayoría de los casos niegan o justifican su
conducta, piensan que la relación sexual es consentida o incluso buscada
por la víctima o, en casos ya absolutamente extremos, al borde mismo
de las patologías, que afirman que la víctima se merece lo que le ha
ocurrido. Estamos ante un tipo de internos que efectivamente, según los
estudios científicos, no cabe encuadrar en sentido estricto como enfermos
mentales, pero sí como individuos con unas gravísimas disfuncionalidades
de personalidad que están en el origen de esa conducta delictiva, de
forma que sin actuar científicamente, sin actuar de una manera técnica y
especializada sobre el origen de esa conducta delictiva intentando
corregir esas disfuncionalidades de personalidad o esas carencias, es
absolutamente imposible hacer efectivo ese principio de resocialización.
Además, estamos ante un tipo de delincuentes que se mide conforme a unos
patrones científicos ya clásicos por la afirmación de tres impulsos
genéricos, que se pueden dar de manera única o de manera combinada, y
simplemente la mención de los mismos incide en la necesidad de abordar
una respuesta especializada y científica: aquellos que se mueven por el
patrón de hostilidad, aquellos que se mueven a través de la agresión
sexual por la búsqueda de la afirmación del predominio y de la propia
personalidad y aquellos en los que prevalece un componente sádico.
En definitiva, creo, señorías, que este relato de hechos, esta referencia
al marco legal permite afirmar que si realmente queremos hacer efectivo
el mandato del artículo 25.2 de la Constitución, es preciso prever
instrumentos especializados e individualizados que permitan actuar sobre
el origen y el móvil de esa conducta delictiva a efectos de poder
recuperar a estos delincuentes para la normalidad de la vida social de
manera eficaz y clara. De lo contrario, ese fin reeducacional, ese fin
resocializador será de todo punto imposible.
Creo, señorías, que esta iniciativa que hoy presenta el Grupo
Parlamentario Popular, sin ninguna voluntad maximalista, puede
calificarse perfectamente como una iniciativa progresista. Lo es desde
una vertiente material en la medida en que estamos intentando avanzar en
instrumentos materiales concretos que mejoren la situación actual en
beneficio de esos internos, en beneficio de esos condenados y en
beneficio del conjunto social, y lo es, si me permiten SS. SS., también
desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista político,
desde un punto de vista ético, y va a permitir además un pronunciamiento
en ese sentido, si es el caso, del conjunto de la Cámara, porque,
precisamente, en momentos en que en países que podrían situarse en
nuestro entorno político y democrático, aunque no medie una situación de
proximidad geográfica, empiezan a suscitarse determinadas polémicas en
orden a abordar la respuesta a este tipo de delitos desde unos
planteamientos que este grupo parlamentario jamás podrá suscribir y que
en muchos casos pasan por establecer como respuesta legal la mera
mutilación, nosotros estamos ofreciendo hoy a la Cámara la posibilidad de
decir: aquí hay un instrumento, un mandato político para que la
Administración desarrolle una respuesta efectiva por científica y, al
mismo tiempo, una respuesta humanista que garantice ese punto debido de
equilibrio entre lo que es el derecho de la sociedad a mantener una
postura segura frente a este tipo de conductas disfuncionales agresivas y
lo que es el derecho del interno a poder encontrar un elemento de
recuperación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gil Lázaro,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente, señalando que los grupos
parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Socialista han tenido a
bien incorporar enmiendas a este texto. Yo creo que todas coinciden en el
planteamiento de fondo, aunque hay enriquecimientos de forma,
probablemente de referencia legal, que, al incorporarlos a esta
proposición, como va a ser la voluntad del Grupo Parlamentario Popular,
permiten efectivamente hacer de la misma un texto preciso y un texto de
todos. En ese sentido, señor Presidente, las conversaciones que hemos
mantenido el grupo proponente y los grupos enmendantes permiten llegar a
un texto único, que, si es el caso, procederé a leer y, posteriormente,
entregaré a la Mesa. Diría así: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que, respetando las competencias de las comunidades autónomas
y en el plazo máximo de seis meses, proceda a desarrollar en toda su
extensión el artículo 116.4 del reglamento penitenciario del 9 de febrero
de 1996, a los efectos de elaborar un programa general de tratamiento
especializado para internos condenados por delitos contra la libertad
sexual que sea de aplicación en todos los establecimientos penitenciarios
de su competencia, que se articule en su ejecución a partir de la emisión
de un diagnóstico igualmente especializado y que prevea, también, la
participación en dichos programas de aquellos servicios y entidades
extrapenitenciarias susceptibles de contribuir al mejor logro del
objetivo propuesto.
Creo, señor Presidente, señorías, y con esto concluyo, que el alto grado
de consenso que hoy puede obtener esta iniciativa nos permite
felicitarnos a todos y, sobre todo, y quiero recalcar esto, nos permite
formular una respuesta y una alternativa progresista a un problema real
que está ahí y que solamente puede ser solucionado a través de esos
criterios progresistas, que son legales y humanistas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gil Lázaro. Le ruego haga llegar el texto a la Presidencia.
A esta proposición no de ley han presentado enmiendas el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Socialista.
Para la defensa de las primeras enmiendas, tiene la palabra, en nombre
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar nuestra postura sobre la proposición no
de ley del Grupo Popular y para justificar el porqué de la doble enmienda
o enmienda de sustitución que ha presentado nuestro grupo.
La enmienda parte de un dato previo que no había sido tenido en cuenta
por el Grupo Parlamentario Popular al presentar su texto, dato no menor,
que es que en España existe, además de la Administración penitenciaria
dependiente de la Administración general del Estado, una Administración
penitenciaria que depende de la Generalitat de Cataluña, y sobre este
dato es sobre el que hay que trabajar. Cataluña tiene Administración
penitenciaria específica, tiene competencia en materia de régimen
penitenciario desde 1984 y tiene plena competencia ejecutiva en este
tema. Cualquier iniciativa acerca de un régimen a aplicar a los internos,
aunque podamos estar de acuerdo en los principios, evidentemente ha de
partir de este dato objetivo.
En cuanto a lo que es el fin mismo de la proposición no de ley está claro
--lo ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular-- que pone
sobre la mesa un problema sobre cuyo diagnóstico hay unanimidad
prácticamente en toda Europa, incluso diría que en todos los
ordenamientos occidentales. Sin embargo, esta unanimidad se convierte en
una diversidad enorme en cuanto a las respuestas a la hora de buscar
soluciones. El problema está claro. Consiste en el hecho de que los
condenados por delito contra la libertad sexual, es decir, en nuestro
ordenamiento, aquellos que están englobados en el Título VIII del Código
Penal, tienen --es un dato objetivo y probado estadísticamente-- un
altísimo grado de reincidencia. Esto se justifica o se apoya en un dato
científico, más o menos probado, que es la distinta patología que
presentan estos delincuentes, muchas veces de base estrictamente médica y
en todo caso una base psicológicamente distinta de la que pueden tener
otros delincuentes comunes. Evidentemente, este es un dato objetivo y
estadísticamente acreditado que cuando se pasa a la práctica provoca una
enorme alarma social, porque es conocida --no hace falta que citemos aquí
la gran cantidad de ejemplos que nos vienen a todos a la memoria, en
España y en otros países de nuestro entorno-- la alarma social provocada
por el hecho de que determinados internos condenados en su momento por
delitos contra la libertad sexual gozaran de determinados beneficios
previstos de forma indiscriminada para el conjunto de la población
reclusa y que, sin embargo, en este tipo de delincuentes el resultado
haya sido muchas veces la reincidencia con enorme alarma en la sociedad y
con una inmediata vuelta hacia la Administración, hacia el Gobierno
normalmente, en busca de una respuesta que es muy difícil dar. ¿Por qué
se concedió esa autorización? ¿Por qué ese señor estaba en la calle?
Sin embargo, hay otro punto de partida que nosotros queremos subrayar, y
es que algunas soluciones adoptadas en el Derecho comparado y alguna
puesta muy de relieve recientemente por los medios de comunicación,
utilizada en algún Estado norteamericano, tampoco parecen que sean las
mejores, aun siendo aceptadas voluntariamente por los reclusos o por los
internos de que se trata, porque parecen prácticas denigratorias que
cuando menos ponen en duda, si no lo atacan frontalmente, el respeto a la
dignidad humana de los internos.
Ya el nuevo reglamento penitenciario de 9 de febrero de 1996 previó que
se pudieran establecer programas específicos de tratamiento para internos
condenados por delitos contra la libertad sexual. De lo que se trata es
de intentar promover el desarrollo de esta previsión, pero --esta es la
aportación que desde nuestro grupo hacemos-- queda claro que tampoco hay
experiencias contrastadas, ni en España ni fuera de nuestro país. Por
tanto, lo que pretendemos decir nosotros desde nuestra experiencia es que
hay que ser muy prudentes con este tipo de intervenciones y con cualquier
apelación a programas específicos. En Cataluña, como bien sabe el
portavoz de Grupo Parlamentario Popular, ha habido ya algunas
intervenciones en el pasado en esta línea, pocas; hubo en su momento
cuatro o cinco seguimientos específicos de internos condenados por
delitos contra la libertad sexual en la cárcel de Brians, y ahora está a
punto de entrar en vigor un programa en otra cárcel catalana, el centro
penitenciario de Quatre Camíns, que empezará, en principio, a primeros de
noviembre y tiene una duración prevista de nueve meses. Por lo tanto, la
Administración de la Generalitat ya ha iniciado unos programas
específicos para este tipo de internos, pero todo ello con mucha
prudencia, sin ninguna certeza, porque no la hay, ni en España ni fuera;
con enormes reservas acerca de cuáles pueden ser los resultados y con la
moderación, a la hora de hablar de programas, de hablar de metas de
futuro, que impone no saber cuál es la mejor solución y qué es lo que de
ahí puede resultar.
Por tanto, apoyamos un programa de estas características, pero somos
conscientes de las dificultades que tiene. De entrada --y así se ha
acreditado en las experiencias que citaba que han tenido lugar en
Cataluña--, se requiere un esfuerzo muy importante (que entre otras cosas
tiene un coste financiero, como siempre ocurre cuando se habla de algún
tipo de proyecto novedoso) de formación de los funcionarios que
posteriormente tienen que poner en práctica este programa. Esa
ya sería por sí sola la primera de las dificultades, no insalvable pero
evidente, que debe tenerse en cuenta. Indudablemente, se puede llamar,
como insta la proposición no de ley, a la colaboración de servicios y
entidades extrapenitenciarias, pero de todos modos, tampoco hay que
llamarse a engaño, no existe en España ni en Cataluña en particular una
gran cantidad de entidades o servicios que desde fuera de la
Administración puedan prestar la colaboración que en este caso se
precisa. Por tanto, hay dificultades objetivas como son la formación de
los funcionarios que han de aplicar el programa, con el coste y con la
tarea que supone esta formación en sí misma; la duración de un programa
de estas características y, por consiguiente, la dificultad de medir sus
efectos; la dificultad de corregirlo, en su caso, puesto que sólo después
de un largo período de tiempo se llega a saber si realmente estamos ante
un programa que pueda provocar un resultado positivo, y, por último --en
el orden que cito, pero probablemente es la primera de las
dificultades--, está la resistencia de los propios internos a someterse a
este tipo de programas. No hace falta que entremos en detalles, puesto
que salta a la vista que estamos hablando de internos violentos en muchos
casos y con una cierta coacción dentro del propio centro penitenciario.
Por tanto, existe --y así está acreditado-- una resistencia muy
importante en muchos casos por parte de los internos que deberían ser
candidatos a estos seguimientos específicos para formar parte de estos
programas generales de seguimiento.
En suma, pues, apoyamos la proposición no de ley, con esa doble
matización de la enmienda que hemos presentado, es decir, por un lado,
dejando claro el respeto a las competencias de las comunidades autónomas
y, por otro, matizando la referencia temporal que contenía la proposición
no de ley original, en la cual se hablaba del año 1996, porque creemos
que es más prudente dar un plazo de seis meses desde este momento. En
estas condiciones y con la enmienda transaccional que recoge la
presentada por el Grupo Socialista, que nos parece perfectamente justa en
la medida que deja claro que estamos ante el desarrollo de algo que ya
está contenido en el nuevo reglamento penitenciario, daremos nuestro voto
favorable a esta proposición no de ley, pero haciendo una llamada --y con
esto quiero terminar-- a la moderación en la presentación de este tipo de
iniciativas, a relativizarlas y a no echar las campanas al vuelo en algo
que es una idea positiva, que todos recibimos muy favorablemente, pero
que ninguno de nosotros, ni aquí ni fuera de aquí, sabemos exactamente
qué tipo de resultados puede llegar a dar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Pérez Solano.
El señor PEREZ SOLANO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista cumplimenta el trámite de
explicación de la enmienda que ha formulado a la iniciativa presentada
por el Grupo Popular y, a la vez, quiere anunciar que, tal como ha
quedado al final la enmienda transaccional, que recoge aportaciones de
los enmendantes, CiU y el Grupo Socialista, votará favorablemente dicha
iniciativa. No obstante, quiere explicar, como decíamos al principio, las
razones que han motivado la presentación de su enmienda, porque si bien
es cierto que el autor de la iniciativa, señor Gil Lázaro, ha ampliado
oralmente tanto los fundamentos de su propuesta como el texto resultante
final, creo que es necesario explicar la postura nítida del Grupo
Socialista sobre la iniciativa primeramente formulada.
La iniciativa presentada por el señor Gil Lázaro recoge otras de la
legislatura pasada, en concreto una pregunta escrita, otra oral y una
proposición no de ley presentada en junio de 1995, que decayó como
consecuencia de la disolución de las Cámaras. Esta proposición no de ley,
según la exposición de motivos, persigue unos objetivos con los que
estamos de acuerdo, como no podía ser de otra manera, ya que recogen toda
la filosofía penitenciaria que ha impregnado la gestión del Gobierno
socialista, que se materializó últimamente en el reglamento Penitenciario
de 9 de febrero de 1992. Estos objetivos son la elaboración de un
tratamiento específico e integral para los condenados por delitos contra
la libertad sexual, la urgente reconsideración, a la vista de
estadísticas penitenciarias y delictivas, de la concepción y método del
tratamiento aplicable a estos condenados que prevea, entre otras
múltiples finalidades, la emisión de un diagnóstico especializado, la
singularización del tratamiento penitenciario y la coordinación no sólo
de los servicios internos penitenciarios, formativos, educacionales,
psicológicos, etcétera, sino también la colaboración con entidades
extrapenitenciarias, allá donde existan, interesadas en colaborar en que
los delincuentes en general y éstos en particular consigan una
rehabilitación y una reinserción social, en cumplimiento del mandato
parlamentario.
Estas finalidades han presidido siempre, como no podía ser de otra
manera, la política penitenciaria del Grupo Socialista y del Partido
Socialista en su acción de Gobierno, para perseguir la máxima eficacia en
la función rehabilitadora de la pena, sobre todo en esta clase de
internos con una especial conducta y tipología en los que se da un
altísimo índice de reincidencias, según ha dicho el representante de CiU,
aunque yo me atrevería a decir que es casi del cien por cien. Esto obliga
a la Administración penitenciaria a hacer un esfuerzo redoblado para
articular programas y mecanismos que traten de rehabilitar a estos
delincuentes.
La proposición no de ley podría tener sentido en su formulación escrita
con el anterior reglamento penitenciario,
pero no desde la aprobación del actual de 9 de febrero de 1992, que prevé
específicamente en su artículo 116, apartado 4, como ha dicho el señor
Gil Lázaro, que la Administración penitenciaria podrá realizar programas
específicos de tratamiento para internos condenados por delitos contra la
libertad sexual, a tenor de su diagnóstico previo, y todos aquellos otros
que se considere oportuno establecer.
Como no puede ser de otra manera en una apostilla, el seguimiento de
estos programas será siempre voluntario, ya que no se puede obligar a
ningún delincuente al cumplimiento de programas de ningún tipo, ni
educativo ni social ni formativo, en contra de su voluntad.
Por consiguiente, la ampliación oral de la formulación escrita del Grupo
Parlamentario Popular ha enmendado en este sentido --permítanme la
licencia-- su explicación escrita, porque en aquélla parece que trataba
de hacer tabla rasa de toda la política penitenciaria anterior, lo cual
no es justo, al no citar en concreto --para que no se extrañe el autor de
la iniciativa-- en la exposición de motivos de la iniciativa que nos da
por escrito que hay que desarrollarlo e impulsarlo, algo que ya estaba
contemplado en el artículo 116.4 del reglamento penitenciario actual. Por
consiguiente, creemos que es mucho más ponderado reconocer que ya existe
la previsión en el reglamento Penitenciario para el tratamiento
individual y científico de estos internos recluidos en establecimientos
penitenciarios y lo que procede en nuestra opinión, desde el punto de
vista político y jurídico, es el desarrollo en toda su extensión, con
toda la prudencia, como decía el representante de Convergència i Unió,
con cuyo planteamiento coincidimos, porque el alto índice de reincidencia
que se da en este tipo de internos y la alarma social que producen estos
delitos nos obliga a los responsables políticos a caminar, como se dice
vulgarmente, con pies de plomo para no crear más alarma social que la que
crea el propio delito, sino tratar de corregir y rehabilitar en lo
posible a estas personas que han delinquido por este tipo de delitos.
Por consiguiente, la enmienda que hemos formulado como Grupo Socialista
trata de desarrollar en toda su plenitud, y con todas sus consecuencias,
el artículo 116 del reglamento penitenciario. Por eso considerábamos que
lo más prudente era instar al Gobierno a que desarrollara el artículo 116
del reglamento Penitenciario para cumplir los objetivos que pretendemos
todos. Como el autor de la iniciativa ya ha enmendado, recogiendo
sugerencias --por decirlo de otro modo-- de otros grupos parlamentarios,
el Grupo Socialista manifi1esta de nuevo que la votará favorablemente
porque estamos de acuerdo con la filosofía y con la formulación escrita.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pérez Solano.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, hacemos esta intervención con la
creencia firme de que se trata de un tema espinoso y delicado y por eso
mismo exige la decisión interpretativa de cada uno de los grupos
parlamentarios de esta Cámara.
En las intervenciones de todos los grupos parlamentarios que me han
precedido, y en concreto en la del representante del Grupo Popular, se ha
hecho referencia a la alarma social que creaban los delitos de naturaleza
sexual o los delitos de atentado en contra de la libertad sexual, según
la terminología utilizada en el respectivo Código. Es curioso que cree
alarma social lo que tiene relación con el sexo y además con la conducta
que, si lo ciframos también en datos cuantitativos, afecta de manera
especial a la imagen de los hombres, que son los condenados de forma
mayoritaria por ese tipo de delitos. Por lo tanto, a partir de este
axioma queremos dejar claro que no debe guiarnos exclusivamente la alarma
social o incluso la imagen pública que pueda quedar al respecto de uno de
los sexos que componen la sociedad.
En la intervención del señor representante del Grupo Popular se habló de
que había un tratamiento penitenciario común para los delitos y que había
que hacer algo específico con la violencia de carácter sexual; este
término, violencia, es mucho mejor aún que el de delitos contra la
libertad sexual. Pero hay otras muchas conductas violentas, maltratos
físicos y psíquicos, que si las analizamos profundamente también podrían
ser psiquiatrizadas exactamente igual que éste, como se intenta hacer en
la exposición de motivos original.
Nosotros tenemos claro, y la exposición de motivos del Grupo Popular así
lo reconoce, que hay dificultades materiales muy graves en el conjunto
del sistema penitenciario para lograr la finalidad educativa e
integradora y, por lo tanto, la finalidad preventiva. No vamos a hablar
de las condiciones higiénicas, las alimenticias, las educativas, las de
relación, las afectivas, las integradoras o incluso las integradoras en
el sentido laboral de todos los presos y presas que hoy están en nuestro
sistema penitenciario.
Por lo tanto, ¿podemos decir que el sistema penitenciario español está
cumpliendo para todos aquellos que están hoy en prisión esa finalidad de
educación e integración? ¿Cuántos no conocemos a reincidentes no
solamente por delitos de carácter sexual entre los jóvenes que roban y
que están al mismo tiempo vinculados al tráfico, al trapicheo de drogas?
¿Cuántos no conocemos reincidencias o, en todo caso, la falta de tratos
específicos a personas jóvenes que están en la cárcel por asesinatos que
fueron provocados ante vejaciones de sus mayores, ante desprecios de
otras personas de la
sociedad, o cuántos maltratos de mujeres y de ninos y de niñas que pueden
no ser directamente sexuales, pero que tienen detrás lo que es la
correlación del poder en una sociedad como la nuestra clara y
abiertamente machista? Por no hablar, señorías, a estas alturas, de la
cantidad de presos enfermos de sida y de tuberculosos que aún están en
nuestro sistema penitenciario prácticamente pudriéndose. Por lo tanto,
entendemos esta especificidad de los delitos contra la libertad sexual,
pero nos parece que es excesivo dar un trato específico cuando tenemos
todo el sistema en un estado lamentable desde el punto de vista de la
finalidad educativa e integradora.
Si admitimos la justificación de una especial condición o trato para este
tipo de delitos tendremos que admitir que será, en todo caso, porque los
consideramos psicópatas. Incluso en la exposición de motivos se hablaba
de corregir los elementos que determinan la peligrosidad criminal de
estos internos, de la necesidad de un diagnóstico especializado y una
terapia específica y de la experiencia en otros lugares, pero ya fuimos
aquí informados de que en otras partes hay experiencias que no son dignas
de copiar. Podemos todos coincidir en el diagnóstico, pero no en las
soluciones. ¿Quién va a controlar las terapias?
Debemos decir, desde nuestra perspectiva, que después de escuchar al
señor representante del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i
Unió y al señor representante del Grupo Socialista quedamos algo más
tranquilizados, porque en el caso del Grupo Catalán se nos aclara no
solamente una cuestión política referida a las competencias autonómicas,
sino también lo que es prudencia y ponderación en el trato que debemos
dar a este tipo de delincuentes en la medida en que merezcan algo
especial. Y el señor representante del Grupo Socialista habló dentro de
la voluntariedad, cuestión muy importante y, por supuesto, siempre que no
se atente contra la dignidad o contra la integridad fsica de las
personas.
Por tanto, señorías, nosotros en todo caso vamos a apoyar esta
proposición no de ley después de las modificaciones que se hicieron, pero
queremos decirles algo: los violadores, especialmente los violadores de
menores, y sobre todo hace muchos años, eran muy mal vistos en el sistema
penitenciario cuando menos del Estado español; prácticamente eran
candidatos a ser castrados físicamente o agredidos por el resto de los
presos, sometidos a cuarentena y a marginación. Yo les hago la siguiente
pregunta: ¿cuánto hay de biológico, de fisiológico en la conducta de los
delitos sexuales que merecería un tratamiento psiquiátrico --incluso
admitiendo determinado tipo de tratamientos que fueran de carácter
farmacológico-- y cuánto de social y de cultural? Porque en muchas de las
violaciones y de las agresiones sexuales hay mucho de cultura del poder,
no todo es psiquiatrizable o psicopatológico. Por tanto, los peligros que
se abren en la aplicación psiquiátrica a conductas de violencia fsica
están claros en la información que apareció en la prensa con referencia
al Estado de California.
Por tanto, señorías, mucho cuidado, no vayamos a convertir lo que es la
violencia de otros en una violencia del sistema. Prudencia y ponderación,
y desde esa perspectiva, con las modificaciones anunciadas, votaremos
favorablemente.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, fijo en nombre del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria su posición ante esta iniciativa
de proposición no de ley que nos ha traído acertadamente el Grupo
Parlamentario Popular con los atinados argumentos con que el señor Gil
Lázaro ha defendido su iniciativa. Y congratulándome de la aceptación,
como él ha anunciado, de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y por el Grupo Parlamentario
Socialista, nosotros también anunciamos nuestro voto favorable al texto
definitivo.
Y ¿por qué lo hacemos? Señorías, en primer lugar, porque toda la
proposición no de ley en su texto definitivo se fundamenta en el
ordenamiento jurídico, penal y penitenciario español, sin meternos en
innovaciones. Comprendo perfectamente incluso las reservas que ha
expresado el portavoz catalán según la experiencia obtenida por la
Generalidad de Cataluña en su sistema penitenciario; es decir, vamos a
probar, vamos a probar sin echar las campanas al vuelo, pero algo hay que
hacer dentro de nuestro ordenamiento. Porque ¿qué es lo que ocurre?
Cuando nosotros en esta Cámara aprobamos el vigente Código Penal
señalamos en su Título VIII los delitos contra la libertad sexual, y
fijamos allí cinco figuras fundamentales que recogen cada uno de los
primeros capítulos de este Título VIII. Pero me voy a fijar
fundamentalmente en las tres que generan las penas máximas: las
agresiones sexuales, los abusos sexuales y el acoso sexual. Nuestro
Código Penal comenzó señalando que la libertad sexual es un bien jurídico
fundamental, y prueba de ello es que el Código Penal en todo este Título
VIII señala penas muy graves para estas tres figuras delictivas. Pero
¿qué ocurre al señalar penas fuertes para la defensa de este bien
jurídico? Que el Código Penal habla de la libertad condicional en sus
artículos 90 y 91, y el juez de vigilancia penitenciaria se ve obligado a
poner en libertad condicional a un penado condenado por delito sexual que
haya cumplido los apartados que se señalan en el artículo 90 del Código
Penal, como que se encuentre en tercer grado de tratamiento penitenciario
claro y
objetivo, pero también hay un apartado tercero que señala que haya
observado buena conducta y exista respecto al mismo penado un pronóstico
individualizado y favorable de reinserción social, con lo que estamos
entrando en la subjetividad. El tratamiento de este delito sexual
necesita, al menos en el marco jurídico, como propone la iniciativa del
Grupo Popular, experiencias que permitan responder al principio señalado
en la Ley del Régimen Penitenciario español sobre reinserción y
rehabilitación, con unas garantías dentro del marco legal y dentro de lo
que señala el reglamento penitenciario español vigente.
Me permito recordar a SS. SS. que el artículo 116 del vigente reglamento
penitenciario español viene a indicar, pero solamente en el condicional
de «podrá», lo siguiente: La Administración penitenciaria española podrá
--recalco-- realizar programas específicos de tratamiento para internos
condenados por delitos contra la libertad sexual a tenor de su
diagnóstico previo y a todos aquellos otros que se considere oportuno
establecer. El seguimiento de estos programas será siempre voluntario.
Nos empezamos a mover en un terreno en el que cuando el juez de
vigilancia penitenciaria pone en libertad condicional a uno de estos reos
y delincuentes se genera alarma social. Esa es la realidad con la que nos
encontramos. Y tenemos que defendernos, jurídica y políticamente, con una
respuesta a esa sociedad que está también legitimada para sentir alarma
social por lo que aquí se ha destacado por varios de los intervinientes:
la reincidencia de este tipo de delincuentes.
No entro en cuestiones fisiológicas o de enfermedad mental. Sencillamente
me sitúo en el Código Penal: delincuentes condenados por un delito
contemplado en el Título VIII de este Código contra la libertad sexual.
En cualquiera de sus figuras, y sobre todo en las tres principales que he
citado, porque las dos últimas --la prostitución y el exhibicionismo-- no
entran tanto en el caso de esta alarma social que se genera.
Para evitar especulaciones de sectores de la sociedad (que ante la alarma
social empiezan a presionar a través de medios de comunicación, de
asociaciones, etcétera, para que haya medidas extralegales en el
ordenamiento jurídico español; que han leído que hay modificaciones en la
legislación del Estado de California, o de cualquier otro país, que
permiten lo que, dentro de la limitación española de derechos, sería una
extralimitación de los mismos), creo que es oportuna esta iniciativa y
vamos a empezar a andar y a ir por ahí. Todo ello para conseguir el
mantenimiento de lo que dice nuestro Código Penal, para mantenernos en la
ortodoxia de nuestra Ley General Penitenciaria, para que el reglamento
penitenciario pueda transformar el «podrá» en «deberá» y para que con
esta filosofía se pueda permitir que ese delincuente se reinserte y se
rehabilite antes de que se produzca la libertad condicional, que es donde
viene la prueba de fuego de este test, olvide las motivaciones de su
delito, sea un ser más aceptado por la sociedad y no cause alarma social.
Por estas razones, Coalición Canaria va a votar favorablemente el texto
final resultante de la iniciativa del Grupo Popular y de las enmiendas de
los Grupos Parlamentarios Catalán y Socialista.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para anunciar que el Grupo Vasco también se suma a
la iniciativa promovida por el Grupo Popular para articular un plan de
tratamiento específico para internos condenados por delitos contra la
libertad sexual, con las modificaciones que las enmiendas presentadas por
los demás grupos han aportado.
Sí me gustaría, sin embargo, hacer consideraciones de tres órdenes que
creo deberán ser tenidas en cuenta a la hora de establecer el concreto
programa que se articule. Una de ellas es el exquisito cuidado que deberá
tenerse para evitar que exista algún tipo de problema en las competencias
que corresponden a la Administración penitenciaria y las de la
jurisdicción de vigilancia penitenciaria, fuente de tanta conflictividad
como todos conocemos.
Un segundo orden es el que hace referencia a lo expuesto por el
representante del Grupo de Convergència i Unió en relación con las
competencias propias de las comunidades autónomas. En el caso catalán
estas competencias ya han sido objeto de transferencia, no así en el caso
vasco, pero las competencias están previstas en el estatuto, existen y,
por tanto, están llamadas a ser ejercidas. Precisamente una de las
razones para que no se haya aceptado hasta ahora la transferencia es la
imposibilidad, con la normativa estatal hoy vigente, de articularse por
la comunidad autónoma políticas penitenciarias propias. Creo que esas
cuestiones deberán ser tenidas en cuenta a la hora de abordarse el
programa que se pretende.
Una tercera cuestión menor, que creo que habrá sido finalmente abordada
por vía de enmiendas, es la del plazo que la propia iniciativa se da a sí
misma para abordar lo que se propone, y es que el plazo de finalización
de 1996 se nos ofrece como extraordinariamente escaso para lo ambicioso
del programa o del estudio que se propone.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, no queríamos dejar de bajar a este estrado
para manifestar la opinión que el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene sobre esta proposición no de ley que
ha presentado el Grupo Popular y para la que se ha llegado a un acuerdo
parlamentario con el Grupo Socialista enmendante y el Grupo Catalán
(Convergència i Unió). Esta Diputada, en nombre de su grupo, quiere
manifestar también el apoyo a esta proposición.
Pero queremos hacer una reflexión, porque a veces nos creemos nosotros
las cosas que decimos, y muchas veces ya no son verdad. Es cierto que
nosotros creemos que ha de haber un tratamiento penitenciario para este
tipo de presos, pero también para todos los presos, porque así está
recogido en el reglamento. La labor que marca el artículo 25 de la
Constitución es la reinserción como un método penitenciario. Por tanto,
creemos que la exigencia de tratamiento para el conjunto de los presos es
un derecho y una obligación de unos y de otros que no queremos dejar de
recordar aquí. Y que conste que el tratamiento tampoco es un hecho
exclusivamente matemático, sino que requiere una voluntad política, una
formación del interno, un tratamiento en las cárceles, unos medios y unas
inversiones por las que no creemos que se esté muy por la labor. Por eso,
aunque no seré yo la que se oponga a la segregación de un grupo de
presos, como decía el compañero del Bloque Nacionalista Galego, que
hablaba en nombre del Grupo Mixto, a veces la alarma también se crea por
elementos que no son totalmente conocidos. Yo tengo que decir que en el
caso de los menores, el 75 por ciento de las agresiones sexuales se
producen en el ámbito familiar, en el ámbito de la familia, los amigos y
conocidos, y si nos ponemos a aplicar tratamiento en ese ámbito, estamos
convencidos de que la cosa no se ve de la misma manera. Lo que crea
alarma es la agresividad de la agresión, más que la propia agresión,
porque hay quizás una concepción en la sociedad en la que el sentido del
deseo sexual se apropia del otro y se ejerce como una condición de poder.
Por eso estamos preocupados por el tipo de tratamiento, porque no vale
sólo con que demos un tratamiento penitenciario al preso, sino que tiene
que haber una actitud y una política preventiva en la sociedad para
evitar este tipo de conductas.
Decía el portavoz de Convergència i Unió que no había muchas entidades
que pudieran ayudar en este tratamiento. En el año 1993/94 se hizo en la
prisión de Carabanchel, de acuerdo con decisiones de los juzgados de
vigilancia penitenciaria y por psicólogas de la propia asociación de
asistencia a mujeres violadas, un estudio sobre los tipos de agresores
sexuales que había en las cárceles, y si algo salió en claro de aquel
interesante estudio fue determinar el tipo de delincuencia que había en
este caso. Se hablaba de cuatro grandes grupos y se decía cómo se debía
intervenir, y precisamente en la labor reinsertadora y de tratamiento se
insistía mucho en la labor educativa, en la labor hacia la infancia y
hacia la adolescencia, porque precisamente muchos de los delincuentes
incluidos en esos cuatro tipos querían causar esa sensación de poder.
Había delincuentes impulsivos que cometían una grave agresión sexual
debido a su falta de autoestima. Había otros en los que podía más la
delicia de poder iniciar en el sexo a las jóvenes adolescentes y sin
defensa. Otros dirigían sus agresiones a los menores debido a su propia
frustración familiar y del abandono en que se encontraban, y había un
grupo que tenían un desprecio absoluto a la sociedad en la que vivían por
la falta de atención que habían tenido de esa sociedad. Por tanto, es un
tema complejo que a mí me gustaría que estudiáramos con más sinceridad.
No hay ya tanta reincidencia en este tipo de delito. Lo que pasa es que
la reincidencia es muy grave porque tiene una gran repercusión pública. Y
ya no hay tanto desprecio por los presos a este tipo de delincuentes
porque hoy, en cualquier delincuencia, se está incorporando,
fundamentalmente hacia la mujer, la agresión sexual. Si te roban luego se
produce una agresión sexual posterior. Es decir, que está cambiando el
tipo de delincuencia y el tipo de comprensión de la sociedad. En ese
sentido, debemos contar con todos estos elementos para que el tratamiento
que se haga tenga una voluntad política global en las cárceles; tenga una
voluntad hacia los funcionarios y tenga una voluntad hacia la sociedad.
Solamente con políticas preventivas y con políticas de tratamiento
tendremos mayor capacidad para evitar esto, y luego, en último lugar, hay
que contemplar la asistencia a las víctimas de este tipo de delito,
porque muchas veces esa asistencia a las víctimas se convierte en
auténtico proceso de sufrimiento y desequilibrio para la propia víctima.
Creemos que tiene que haber un tratamiento valorado conjuntamente,
contando con esta parte de la sociedad que ya tiene experiencia, que
incluso nos la ha transmitido a través de estudios. No nos debemos
centrar en un ámbito muy limitado porque hoy la delincuencia cada vez
está más vinculada a la falta de asistencia social y a la falta de
oportunidad.
Estamos de acuerdo en que se contemple lo específico, y voy a contar una
anécdota. Cuando fui a visitar la cárcel de Valladolid hace dos
legislaturas, siendo Diputada, con ocasión de la muerte de un preso, me
encontré al llamado violador del ascensor. Era un hombre reincidente en
todo tipo de delincuencia. Había tenido tres condenas, se encontraba en
libertad provisional, había pasado por muchas cárceles y en ninguna de
ellas había logrado ver a un psicólogo ni a nadie que le hubiera tratado
a lo largo de su estancia en prisión. Por supuesto, se ha dado la
reincidencia y el descuido de todo tipo de administraciones. Pero, ¡ojo!,
no nos dejemos llevar sólo por lo que tenga de oculto el sexo,
hay que tener en cuenta lo que tiene de libre la información, la defensa
de los menores, la formación sexual en las escuelas, la coeducación no
sexista, porque esos son los elementos reeducadores de verdad, no sólo de
los que atacan, sino también de los que conviven con una gran presión y
con una gran opresión, aunque no lleguen a ser delincuentes sexuales.
Por eso, nosotros vamos a apoyar la proposición. Queremos darle ese
sentido amplio, que no se compagina con que se estén eliminando o
mermando los equipos de tratamiento, con que no haya procesos de
reciclaje. Confiamos en que toda esta política que se quiere sacar
adelante no sea sólo el anuncio de un problema sino la solución del
conjunto de la situación de nuestras cárceles, que nos parece que es más
importante.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
Habiendo sido aceptado por los grupos enmendantes el texto transaccional
del grupo proponente, procede la votación de la proposición no de ley en
función de dicho texto. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre configuración de un plan de tratamiento
específico para internos condenados por delitos contra la libertad
sexual, en los términos del texto transaccional aceptado por los
enmendantes y leído por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 310.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley por
unanimidad. (Aplausos.)
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA NECESIDAD DE DELIMITAR
LAS LINEAS MARITIMAS DE INTERES SOCIAL (Número de expediente 162/000040)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Socialista del
Congreso, relativa a la necesidad de delimitar las líneas marítimas de
interés social.
Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista propone y
defiende en estos momentos la proposición no de ley relativa a la
necesidad de la delimitación de la líneas marítimas de interés social en
el Estado español. Y lo hacemos desde el convencimiento de la oportunidad
de la misma y de su necesidad en los meses actuales.
Señorías, debatir en el Pleno del Congreso de los Diputados o en el Pleno
del Senado, en las Cortes Generales españolas, sobre política marítima
parece elemental para un país como el nuestro, con una ribera tan amplia,
con ciudades aisladas del resto del Estado como Ceuta y Melilla, con dos
archipiélagos como el balear y el canario, y con una estructura portuaria
a través de la cual circulan el 80 por ciento de nuestras exportaciones y
el 70 por ciento de las importaciones de nuestro país.
Señorías, en España, tradicionalmente, la explotación del transporte
marítimo en régimen de cabotaje entre la Península y las islas, entre
otro tipo de líneas, ha sido desarrollada y cubierta mediante la figura
del servicio público a través de concesión administrativa, concesión que
tradicionalmente se ha articulado sobre unas bases y unos requisitos a
partir de los que, y por el procedimiento de libre concurrencia, se
prestaban y se presentaban a licitación entre las compañías interesadas.
Mediante este mecanismo siempre se ha estado garantizando la
transparencia del proceso, a la vez que se ha estado asegurando la
capacidad, la solvencia y la salvaguardia en la prestación del servicio
público y del interés nacional, que ha constituido siempre la esencia del
contrato de prestación de los servicios a los que se obliga la empresa
marítima transportista. Mediante esta fórmula a la que estoy haciendo
referencia, y basada en la naturaleza del servicio público, se han
cumplido los compromisos estatales de garantía de comunicación entre las
regiones periféricas, los controles tarifarios, el desarrollo económico
interregional, el transporte del correo, la disponibilidad estratégica de
los buques del concesionario para el transporte de tropas militares, el
diseño de los buques conforme a las necesidades logísticas del
departamento de Defensa, y así un largo etcétera que, entre otros
requisitos, han sido constantemente requeridos como compromisos
permanentes en la explotación del servicio por parte de la empresa a la
que se le ha otorgado tal concesión.
Señorías, durante gran parte de este siglo ha sido la compañía
Trasmediterránea la que ha realizado la mayoría de los servicios públicos
referenciados y, particularmente en los últimos veinte años, incorporada
al Patrimonio del Estado y dependiente de la Dirección General de
Patrimonio del Ministerio de Economía y Hacienda, ha estado vinculada a
la Administración mediante un contrato programa, al amparo del cual ha
prestado los servicios como transportista que la propia Administración le
ha encargado y le ha adjudicado. Sin embargo, a mediados del año 1995,
hace algo más de un año, el antiguo Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente denunció el contrato
regulador que vinculaba al Estado con la compañía; contrato regulador
cuyo inicio se produjo cuando en la transición política, allá por el año
1977, la compañía Trasmediterránea pasa de sus antiguos propietarios a la
Administración general del Estado, con lo que se evita prácticamente la
quiebra de la compañía y con la que se suscribe un contrato programa de
veinte años de duración, que termina precisamente a finales del año
próximo. De acuerdo, pues, con lo que manifestaba el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en la exposición de motivos que
justificaba la denuncia del contrato, se decía textualmente que tal
denuncia tenía que enmarcarse dentro de las actuaciones de adaptación que
impone el proceso de liberalización del tráfico marítimo acordado en el
seno de la Unión Europea; proceso que culminará el 1 de enero de 1999 y
que hace necesaria una armonización en las condiciones de competencia de
las distintas navieras que operan en un mercado abierto. También,
señorías, a lo largo del año 1995 se modificó la prima de gestión, en
línea de coherencia con las futuras nuevas políticas marítimas, a efectos
de ir reduciendo la aportación del Estado al mantenimiento de los
servicios, de manera que tales servicios se mantengan esencialmente por
las tarifas abonadas por los usuarios. De ahí la conveniencia, según se
indicaba en la orden ministerial que desarrolló estos planteamientos, de
revisar determinadas fórmulas incentivadoras, hoy totalmente superadas.
Las relaciones contractuales de la compañía Trasmediterránea con el
Estado mantendrán, pues, su vigencia hasta finales de 1997, y es a partir
de ese momento cuando cesará su derecho a percibir las aportaciones
vinculadas al mantenimiento de determinados servicios, pero también
desaparecerá la obligación que hasta el momento tiene la compañía
Trasmediterránea de sostener todos aquellos servicios que hoy se prestan
por mandato imperativo de la Administración general del Estado, desde la
óptica del servicio público. Desde el punto de vista de la defensa del
bien público y del interés general, y dado que desde el 1 de enero de
1998 las líneas de interés general deberán ser objeto de otro tipo de
tratamiento, resulta, pues, evidente la necesidad de definir de nuevo
esta clase de servicios marítimos y de regular normativamente la
concesión de los mismos. En tal previsión, señorías, el 18 de diciembre
pasado se dictó por el antiguo MOPTMA una resolución por la que se abría
un concurso de consultoría y asistencia para el estudio del tráfico
marítimo interinsular y de relación con la Península y de interés social
de las líneas existentes en las comunidades archipielágicas, en las
comunidades autónomas de Baleares y Canarias. Las causas que lo motivaban
se exponen con toda claridad en su pliego de condiciones y, así, se
señala en él que tras la denuncia del contrato programa entre el Estado y
la compañía Trasmediterránea se hace necesario prever el establecimiento
de un nuevo mecanismo de aportación de subvenciones para aquellas líneas
que, siendo deficitarias, siguen efectuándose con criterios de interés
social.
Por otro lado, el proceso relativamente reciente de asunción de
competencias en materia de transporte marítimo de las comunidades
autónomas de Baleares y Canarias implica que serán éstas, las
administraciones autonómicas balear y canaria, las que definirán y
autorizarán en su ámbito territorial los servicios de aquellas líneas no
rentables con las compañías que se consideren más idóneas, las que, en su
caso, podrán percibir las compensaciones adecuadas que previamente se
hayan estipulado y acordó en los contratos programa pertinentes que en su
momento se elaboren. Por otro lado, señorías --y conviene recordarlo--,
en la vigente Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
en su capítulo III, De la Marina Mercante, y en su punto 4 del artículo 7
dice textualmente lo siguiente: Tendrán el carácter de navegaciones de
interés público aquellas que se consideren precisas para asegurar las
comunicaciones marítimas esenciales de la Península, de ésta con los
territorios españoles no peninsulares, y de éstos entre sí. Corresponde
al Gobierno la determinación de las mencionadas navegaciones.
Conviene, señorías, también tener muy presente todo el conjunto de
legislación comunitaria que nos vincula y cuya aplicación deberá ser
tenida en cuenta por la Administración marítima española. Así, el
Reglamento comunitario número 3.577 del Consejo, de 7 de diciembre de
1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios
a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros, es decir, el
cabotaje marítimo, establece muy claramente en su articulado los pasos
que se deben tener presentes en la toma por el Estado español, por
ejemplo, de decisiones en estas materias. Y dice --porque conviene
recordarlo y reflejarlo en el «Diario de Sesiones» en este debate-- en su
artículo 1.1 textualmente lo que sigue: Primero, a partir del 1 de enero
de 1993, la libre prestación de servicios de transporte marítimo dentro
de un Estado miembro se aplicará a los armadores comunitarios que
utilicen buques matriculados en un Estado miembro y que naveguen bajo
pabellón de dicho Estado, siempre que cumplan todos los requisitos
necesarios para poder efectuar servicios de cabotaje en dicho Estado.
Segundo, con carácter excepcional, la aplicación de lo dispuesto en el
apartado 1.º, por el que se exige que los buques cumplan todos los
requisitos necesarios para poder efectuar servicios de cabotaje en el
Estado miembro en el que estén matriculados en ese momento, será
suspendida temporalmente hasta el 31 de diciembre de 1993. El artículo
3.º.4 --y pediría a
SS. SS. que lo tuviesen muy presente a la hora de votar la toma en
consideración de esta proposición no de ley, de su parte resolutiva--
dice: La Comisión efectuará un estudio detenido de las consecuencias
económicas
y sociales de la liberalización del cabotaje insular y presentará un
informe al Consejo, como muy tarde, antes del 1 de enero de 1997. En su
artículo 4.1 dice: Los Estados miembros podrán celebrar contratos de
servicio público o imponer obligaciones de servicio público como
condición para la prestación de servicios de cabotaje a las compañías
marítimas que efectúen servicios regulares con destino u origen en islas
y entre islas. Cuando un Estado miembro celebre contrato de servicio
público o imponga obligaciones de servicio público, lo hará de forma no
discriminatoria respecto a cualquier armador comunitario. En su artículo
6.º.1 dice: Con carácter excepcional, el cabotaje insular dentro del
Mediterráneo y el cabotaje relativo a los archipiélagos de Canarias,
Azores y Madeira, Ceuta y Melilla y las islas francesas situadas frente a
las costas del Atlántico, y los departamentos franceses de ultramar
quedarán temporalmente excluidos de la aplicación del presente Reglamento
hasta el 1 de enero de 1999.
Consiguientemente, señorías, todas estas referencias al articulado del
Reglamento comunitario número 3.577/92, del Consejo, nos han parecido
imprescindibles a efectos de un mejor análisis justificativo de nuestra
propuesta de resolución y a efectos de un análisis más riguroso y
fundamentado, tanto en normativa comunitaria como en legislación del
propio Estado español. De aquí que nosotros también podríamos hacer
referencia a alguno de los interesantes contenidos de la comunicación de
la Comisión de las Comunidades Europeas sobre el desarrollo del
transporte marítimo de corta distancia en Europa, del mes de julio del
año 1995, que incide en todos sus términos en la preocupación que aquí
estamos exponiendo. Pensamos, señorías, que los acuerdos comunitarios
relativos a la liberalización del tráfico marítimo de cabotaje que a lo
largo de los próximos años se irán poniendo en práctica en la Unión
Europea --y es el concepto básico que impregna nuestro proyecto de
resolución-- no deben, en modo alguno, resultar incompatibles con la
filosofía de servicio público que ha imperado a lo largo de los últimos
años y a la que hemos hecho referencia. Pensamos, señorías, que la
liberalización de los tráficos marítimos, la libre competencia y, en
definitiva, el principio de igualdad de oportunidades no están, en
absoluto, reñidos con una prudente función y actuación fiscalizadora de
las administraciones públicas. Pensamos, y consiguientemente así lo
exponemos, que, por todas las razones a las que hemos hecho referencia,
parece relativamente urgente la delimitación por parte de la
Administración general del Estado de las líneas marítimas de interés
social, a efectos de dar pasos en la elaboración reglamentaria de los
pertinentes concursos que garanticen la prestación de tales servicios.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado el proyecto de
resolución, al que no voy a dar lectura, por cuanto hemos llegado a
algunos acuerdos que lo reemplazan en una enmienda transaccional en la
que se recogen manifestaciones y filosofías que los diferentes grupos
parlamentarios han expresado en las enmiendas alternativas y sobre lo que
ya manifestaremos nuestra posición cuando llegue el turno
correspondiente.
Señor Presidente, señorías, nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Segura Clavell.
Entiendo, señor Segura, que los grupos parlamentarios han retirado las
enmiendas ¿o van a defender las que se han presentado? (El señor Segura
Clavell pronuncia palabras que no se perciben.)
Se han presentado, efectivamente, dos enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
¿Desean defenderlas en este caso? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Soriano Benítez de Lugo.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, entiendo que al
haberse llegado a un acuerdo en una transaccional por parte de los grupos
que habían presentado enmiendas, es decir, el Grupo de Coalición Canaria
y el Grupo Popular, dichas enmiendas decaen.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿El señor Rivero es de la misma opinión? (Asentimiento.) Gracias.
En ese caso, señor Segura, puede proceder a la lectura de la
transaccional que subsume, entiendo, las presentadas por los grupos
Popular y Coalición Canaria.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, la enmienda transaccional
tendrá el siguiente texto: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
para que, en el plazo más breve posible, presente ante la Cámara la norma
mediante la cual se definan las líneas marítimas de interés social y de
interés del Estado, con especial atención al tráfico interinsular en las
comunidades archipielágicas, así como los criterios que impregnarán los
pertinentes concursos públicos mediante los cuales se garantice por parte
del Estado la prestación de los servicios que hasta el momento vienen
siendo atendidos por la compañía Trasmediterránea y que teniendo en
cuenta las políticas de liberalización del tráfico marítimo permitan el
mantenimiento de servicios públicos del Estado con el necesario nivel que
exige la norma comunitaria.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo, Coalición
Canaria, en relación a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista sobre la necesidad de delimitar las líneas marítimas de
interés social y de interés del Estado y también con respecto a las
enmiendas consensuadas presentadas por el Grupo Popular y por el propio
grupo que represento de Coalición Canaria.
Lo primero que hay que resaltar desde Coalición Canaria es el importante
esfuerzo que se ha realizado por el Grupo Popular, el Grupo Socialista y
Coalición Canaria para alcanzar ese acuerdo de consenso al que daba
lectura el portavoz del Grupo Socialista. En Coalición Canaria valoramos
muy positivamente la preocupación fundamental que viene mostrando el
Grupo Socialista con la presentación de dos proposiciones no de ley
--una, vista hace apenas unos días en Comisión sobre el transporte aéreo
y ésta que hoy debatimos en Pleno-- por la entrada en vigor de la
liberalización de los transportes en la Unión Europea y las repercusiones
que puede tener en algunos trayectos importantes, sobre todo de
territorios alejados, fundamentalmente entre Península y Canarias,
Península y Baleares o Ceuta y Melilla, así como en el tráfico
interinsular. Compartimos plenamente esa sensibilidad y esa preocupación,
y fruto de ella es el renunciar a parte de nuestra enmienda, que abarcaba
también el transporte aéreo. Desde hoy anuncio a la Cámara que
presentaremos con el Grupo Popular y otros grupos que apoyan al Gobierno
una iniciativa en ese sentido.
Las expectativas ante la liberalización de los transportes marítimos y
aéreos en la Unión Europea son grandes. Van a suponer, a buen seguro, la
cohesión de todos los territorios de la Unión; van a suponer una mayor
fluidez de las comunicaciones dentro de todos los territorios de la
Unión; van a suponer, a buen seguro, un abaratamiento de los precios, en
definitiva, una mejora de la calidad de los servicios que se presten en
los sistemas de transportes tanto aéreos como marítimos en los Estados de
la Unión Europea. Sin embargo, ese optimismo generalizado no es tan
grande visto desde los territorios alejados, sobre todo de los
territorios ultraperiféricos como es el archipiélago canario. Y no es tan
optimista porque en los archipiélagos, tanto en Baleares como en
Canarias, no tenemos alternativas al avión y al barco. El territorio
continental posibilita la alternativa de la carretera y del ferrocarril,
cuestión que en los territorios fragmentados, alejados, discontinuos, es
absolutamente imposible.
La incertidumbre de este proceso liberalizador es tan importante para un
archipiélago como el canario que tenemos que disponer de un sistema de
transporte económico y eficaz que pueda afianzar el desarrollo económico
y social del archipiélago y permitir la integración territorial del
archipiélago entre sí y de éste con el exterior. La fragilidad de los
territorios alejados y ultraperiféricos es tan importante y de tanta
sensibilidad que los propios reglamentos comunitarios ya contemplan la
posibilidad de establecer obligaciones de servicio público para cubrir el
déficit que pueda producir la liberalización de los sistemas del
transporte en estos territorios. La legislación nacional anterior a los
reglamentos de la Unión Europea ya preveía ayudas especiales del Estado,
tanto para el transporte marítimo, a través de la compañía
Trasmediterránea, como para el transporte aéreo, a través de la línea de
bandera Iberia o de su compañía auxiliar Binter.
Estamos absolutamente convencidos de que la única forma de garantizar la
integración territorial del Archipiélago y de éste con el continente es
mediante la declaración de obligación de servicio público con la
necesaria financiación del Estado. No obstante, y en la línea de la
propuesta consensuada, orientada a realizar los estudios previos,
esperamos que en la norma que presente el Gobierno se precisen las líneas
marítimas de interés social y de interés del Estado, asegurando la
integración territorial interinsular y de los archipiélagos con el
exterior, fijando los mecanismos de financiación de las mismas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo apoyará la proposición no de ley de la misma forma que
apoyó el texto transaccional, contribuyendo así al consenso.
Nosotros tenemos muy claro que el contrato de servicio público a través
de concesión --que se ha utilizado tradicionalmente-- garantiza la
transparencia del proceso, asegura la capacidad de la solvencia de la
prestación del servicio y salvaguarda el interés nacional que constituye
siempre la esencia del contrato de prestación del servicio público. En la
exposición de motivos de la proposición no de ley se ponen de manifiesto
estos temas y en ellos estoy basando nuestra posición.
Los acuerdos comunitarios relativos a la liberalización del tráfico
marítimo de cabotaje nos puede crear problemas en los próximos años
respecto a las incompatibilidades del servicio público y también los
puede crear en cuanto a garantizar la comunicación entre las regiones
periféricas. En algunas de mis intervenciones en las comparecencias del
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y en relación a la
liberalización de otros servicios --uno de ellos podría ser la
liberalización de Telefónica-- hice referencia a que es necesario
garantizar el servicio en la cabina que está situada en un pueblecito de
montaña. La liberalización nos puede llevar a que a un segundo operador o
a otros operadores no les interese cubrir aquella pequeña cabina.
Hoy estamos ante un tema análogo. Puede ocurrir que aplicando la
normativa comunitaria algunos servicios no se cumpliesen. Por ello con la
tramitación de esta proposición no de ley estamos intentando evitarlo.
La compañía Trasmediterránea a finales de 1997 dejará de percibir
determinadas aportaciones y, por tanto, puede dejar de prestar un
servicio. Este tema hay que solventarlo y la proposición no de ley nos
parece oportuna y urgente. La Administración general del Estado debe
definir las líneas marítimas de interés social. Debe contemplarse también
la transacción acordada entre todos los grupos, sin olvidar la aportación
de nuestro grupo que propone que esta definición se realice en el plazo
más breve posible, porque en esta Cámara estamos acostumbrados a marcar
plazos de tres o cuatro meses, pero como este tema es inminente, si
esperamos mucho tiempo no se podría cumplir.
Votando el texto transaccional resolvemos positivamente las necesidades
que con urgencia se pueden presentar en la temática que estamos
discutiendo.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor Presidente.
Simplemente quería ratificar el apoyo a la enmienda transaccional
presentada por el Grupo Socialista y el resto de grupos enmendantes.
El debate que se va a abrir es muy importante en cuanto a la
liberalización del transporte en general y, en este caso, del transporte
marítimo en particular porque, como ya se ha dicho en algunas de las
intervenciones, produce efectos perversos, en el sentido de que, al
final, esta libre competencia termina por centrarse en las relaciones
económicamente rentables. Por ejemplo, en el tráfico aéreo estamos viendo
la competencia entre las compañías públicas y privadas por determinados
corredores, como Madrid-Barcelona y otros y, sin embargo, produce un
deterioro de las relaciones de todo tipo de transportes en otros menos
llamativos o menos atractivos comercialmente.
En el caso insular es especialmente preocupante si no se toman a tiempo
medidas que garanticen que los ciudadanos que viven en estas comunidades
autónomas también puedan tener derecho a la libre circulación sin ser
penalizados por estas nuevas normativas que, al liberalizar el
transporte, tienen una filosofía de fondo: intentar que el usuario abone
íntegramente las tarifas. Por ello, hay que crear excepciones que
contemplen no solamente la movilidad de los ciudadanos, sino incluso otro
tipo de servicios o de intereses estratégicos que contemplaban los
anteriores contratos con Trasmediterránea como era, por ejemplo, el doble
uso de los barcos para el transporte de tropas con carácter estratégico o
el transporte de correo o de otras mercancías que, en determinados
momentos, puedan considerarse de interés estratégico. Por ello, es
importante, aunque nos parece que llega un poco tarde, este interés por
prepararse para 1997 ante la preocupante situación de los habitantes de
estas islas o de territorios como Ceuta y Melilla, que pueden ver
penalizada su propia residencia y sus desplazamientos a la Península.
Por tanto, bien venido sea este debate. Esperemos que el Gobierno,
efectivamente, asuma estos estudios y estas normas que tienen que regular
los futuros concursos públicos para la concesión del tráfico interinsular
y del tráfico con la Península. Creo que el debate sobre la
liberalización del transporte en general va a ser un debate muy
interesante en los próximos meses.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Soriano
Benítez de Lugo.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición no de ley del Grupo Socialista solicita del
Gobierno que presente ante la Cámara la norma mediante la cual se definan
las líneas marítimas de interés del Estado así como los criterios que
impregnarán los pertinentes concursos públicos mediante los cuales se
garanticen los servicios que hasta ahora viene prestando la compañía
Trasmediterránea.
La semana pasada, como ha dicho el portavoz de Coalición Canaria, el
Grupo Socialista también presentó una proposición no de ley que plantea
la misma cuestión de fondo, pero referida al transporte interinsular
aéreo en lugar de marítimo, y a la declaración de interés público de
determinadas líneas de la compañía Binter Canarias. En aquella sesión de
la Comisión de Infraestructuras en que se debatió esta proposición no de
ley ya se puso de manifiesto por parte del portavoz del Grupo Popular el
compromiso de este grupo, derivado precisamente del debate de esa
proposición no de ley, de presentar, juntamente con los restantes grupos
que apoyan al Gobierno, una iniciativa que solucione de forma más
completa y meditada los problemas del transporte aéreo interinsular no
rentable.
La presente iniciativa se sitúa en el marco de la liberalización del
transporte marítimo, que ha de afectar a los países miembros de la Unión
Europea y verse culminada el 1 de enero de 1999.
Como es conocido, en España el tráfico marítimo entre la Península y los
archipiélagos ha venido siendo realizado fundamentalmente por la compañía
Trasmediterránea, prestándose el servicio en sus distintas modalidades de
mercancías, viajeros, vehículos, correo, transporte de tropas, etcétera,
a través de un contrato regulador entre el Estado y la citada entidad.
Sin duda,
la futura liberalización del transporte marítimo y la subsiguiente o
potencial concurrencia de otros transportistas en condiciones de mercado,
no debería ser obstáculo para la continuidad y garantía de aquellos
transportes que quizá poco atractivos en términos económicos han de
seguir prestándose conforme al propio concepto de servicio público y los
intereses nacionales y sociales que se satisfacen.
Es en este marco en el que la proposición solicita que se considere o
definan los transportes de interés social y de interés para el Estado y
se prevean las condiciones o requisitos precisos que deban incluirse en
los concursos de adjudicación de los mismos. En su planteamiento general,
la proposición no de ley no parece desacertada y, evidentemente, los
servicios a que venimos refiriéndonos habrán de continuar prestándose y
tal prestación habrá de ser objeto de la oportuna regulación normativa.
No obstante, parece necesario formular dos consideraciones en relación
con el contenido de la iniciativa que nos ocupa. En primer término, al
Grupo Parlamentario Popular en modo alguno le es desconocida la
problemática que plantea la liberalización del transporte marítimo, y sin
duda somos conscientes de la necesidad de arbitrar medidas con que
afrontar las mismas. Va, pues, de suyo la conveniencia de realizar el
oportuno estudio al respecto; es más, incluso de los propios datos que la
proposición no de ley aporta resulta evidente que se han producido
estudios, como ya puso de manifiesto el propio señor Segura, análisis y
actuaciones con que afrontar el nuevo marco liberalizador e
indudablemente no tienen otro sentido que la denuncia del contrato con la
compañía Trasmediterránea, que ha de concluir en 1997, realizada por el
anterior Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, o el
contrato de consultoría y asistencia para el estudio del tráfico marítimo
interinsular y de relación con la Península y del interés social de las
líneas existentes en Baleares y Canarias ante la necesidad de arbitrar
mecanismos de compensación financiera para aquellas líneas que, siendo
deficitarias, deban mantenerse con criterios de interés general.
Ya el propio señor Segura ponía de manifiesto cómo en una contestación a
una pregunta con respuesta escrita formulada por dicho Diputado, el
Gobierno manifestó que la extinta secretaría general para los servicios
de transportes anunció la licitación, por el sistema del concurso
abierto, del contrato de consultoría y asistencia de un estudio de
tráfico marítimo interinsular y de relación con la Península y del
interés social de las líneas existentes en las comunidades autónomas de
Baleares y de Canarias. Adjudicado tal concurso con fecha 26 de marzo
último a la consultoría Ineco, la misma tiene un plazo de ocho meses para
la realización y finalización de dicho trabajo. Por consiguiente, a
dichos estudios no es ajeno el Grupo Parlamentario Popular ni el
Gobierno, que en cierta medida se ha anticipado a lo indicado por la
proposición no de ley del Grupo Socialista.
El actual contrato regulador de los servicios de comunicaciones marítimas
de interés nacional entre el Estado y la compañía Trasmediterránea basó
su objeto en el criterio de interés nacional expuesto en el Real Decreto
2866/1977, de 28 de octubre, por cuanto la realización de estos servicios
marítimos exigía la existencia de un operador con medios materiales
suficientes, acudiendo a fórmulas de subvención para mantener dicho
equilibrio.
Desde la celebración del contrato regulador citado hasta ahora la
realidad del tráfico marítimo en España ha variado sustancialmente,
habiéndose producido un importante ingreso en el mercado de empresas
navieras con medios materiales adecuados, que prestan servicios marítimos
regulares en igualdad de condiciones que la compañía Trasmediterránea.
Unido a ello, la liberalización de los servicios de transportes marítimo
dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, plasmado en el
reglamento del Consejo número 3577/1992, ya citado aquí anteriormente, se
aplicarán en toda su extensión y con especial incidencia para los
servicios que presta Trasmediterránea, a partir del 1 de enero de 1999,
lo que supondrá la posibilidad de aparición de operadores de otros países
comunitarios en el mercado del transporte marítimo español, y la Ley
27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, consagra como uno de los objetivos de la política de la Marina
Mercante en el marco de las competencias asignadas a la Administración
del Estado la existencia de los servicios de transporte marítimo que
demanden las necesidades del país. Es más, hoy mismo en la prensa de
Canarias aparecen unas declaraciones del Presidente de la compañía
Trasmediterránea, señor Trías de Bes, precisando que antes de la
rescisión del contrato a que antes he hecho referencia, que vence el 31
de diciembre de 1997, habrá que establecer las bases de dicha rescisión.
Esa es una negociación que ya se ha emprendido y para la que hay una
comisión que se ocupa de estudiar la liquidación en sí, que es bastante
complicada. Añadía que una vez liquidado o rescindido el contrato, el
Estado, paralelamente, tendrá que regular lo que son las líneas de
servicio público y, a su vez, las comunidades autónomas que tienen
transferidas sus competencias, y en concreto las comunidades balear y
canaria, tienen que regular el marco jurídico y las líneas de interés
público que estarán sujetas a subvención. Terminó diciendo el señor Trías
de Bes que ese marco regulador, que no existe, debe hacerse a la mayor
brevedad posible.
Como ya se ha indicado anteriormente, consideramos que hay que tener en
cuenta el contenido de la proposición no de ley que en estos momentos se
debate en la Cámara, y el Grupo Popular, conjuntamente con los grupos que
apoyan al Gobierno, ha hecho un esfuerzo para poder dar contenido a una
enmienda
transaccional --que ha sido leída por el señor Segura-- a efectos de que
pueda obtener el mayor apoyo en asuntos de tanta importancia, sobre todo
para los archipiélagos y para Ceuta y Melilla. Creemos que esta enmienda
transaccional puede dar plena satisfacción a los intereses marítimos del
conjunto de las tierras de España, por lo que, en consecuencia, debe
merecer el apoyo de los grupos que la han aceptado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso
relativa a la necesidad de delimitar las líneas marítimas de interés
social, en los términos de la aceptación por el grupo proponente de la
redacción de una enmienda transaccional en concordancia con los grupos
que habían enmendado la proposición no de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a
favor, 297; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, en consecuencia, la proposición no
de ley en los términos de la enmienda transaccional.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN
RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE ESPAÑA EN POLITICA DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y SU ORIENTACION PARA
EL INICIO DE ACCIONES EN ESTA LEGISLATURA (Número de expediente
173/000014)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día, mociones consecuencia
de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del
Gobierno en relación al cumplimiento de los compromisos de España en
política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y su
orientación para el inicio de acciones en esta legislatura.
Tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, la moción que presentamos como consecuencia de
la interpelación formulada al Gobierno en relación al cumplimiento de los
compromisos de España en política de igualdad de oportunidades para la
mujer. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Riera.
Señorías, les ruego encarecidamente que guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar.
La señora RIERA MADURELL: Gracias, señor Presidente.
Para ello, quisiera comenzar mi intervención diciendo que, después de
escuchar con mucha atención las palabras del señor ministro en la
anterior sesión plenaria de esta Cámara, todas y todos podemos coincidir
en que uno de los cambios sociales más visibles y más reconocidos dentro
y fuera de nuestro país, desde que alcanzamos la normalidad democrática,
es, sin lugar a dudas, el que se ha producido en relación con la
situación, las oportunidades y la forma de vida de las mujeres.
Me gustaría remarcar aquí, aunque sea muy brevemente, ya que en ello voy
a basar la defensa de los distintos puntos de esta moción, el empuje
importantísimo que supuso para este cambio la incorporación de España
como Estado miembro en los distintos organismos internacionales. Con la
ratificación por parte de España en diciembre de 1983 de la convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer se dio un gran paso hacia la plena consecución de la igualdad de
derechos. Con la incorporación de España en enero de 1986 a la entonces
denominada Comunidad Económica Europea se adecuó la normativa española a
la comunitaria y esta adecuación es la que nos ha permitido poder
participar en programas, actividades conjuntas, intercambiar experiencias
y realizar proyectos con los demás países de la Comunidad.
El II y III programa de Acción Comunitaria fueron la base de nuestro I y
II Plan y la participación activa de España en los comités, seminarios y
conferencias que promueven los organismos internacionales, especialmente
las Naciones Unidas, ha servido para adquirir un mayor conocimiento de
las estrategias y de las políticas que pueden aplicarse para combatir los
obstáculos que impiden la plena igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. Podemos afirmar, pues, que la política desarrollada por el
anterior Gobierno en materia de igualdad de oportunidades ha seguido
perfectamente la línea marcada por la Unión Europea y ha encajado
perfectamente también dentro de la estrategia de Naciones Unidas para
mejorar la situación de la mujer.
Celebramos que el señor ministro dijera claramente que este es el camino
por el que debemos continuar, aunque ciertamente no podía ser de otro
modo ya que a ello se comprometió el Estado español al integrarse a
Europa y al suscribir tratados y convenios internacionales de tanta
trascendencia como los que acabo de mencionar. Pero ojalá, señorías, que
esta coincidencia en términos generales, esta buena música, como dijeron
algunas de las portavoces que intervinieron en la interpelación, venga
acompañada de una buena letra, venga acompañada de compromisos concretos
adquiridos en este Parlamento. Porque de momento, señorías, la poca letra
que el Gobierno ha puesto durante estos cuatro meses no ha sido muy
claramente favorable a las necesidades de la mujer. De momento, señorías,
se han rechazado en este Parlamento iniciativas claramente a favor de la
mujer. Por lo tanto, señorías, después de escuchar al ministro, que habló
desde esta tribuna, estamos dispuestas a darle nuestro voto de confianza,
pero debe comprender nuestra inquietud y nuestras dudas, que no son más
que consecuencia de la contradicción entre sus palabras y el
comportamiento de su grupo parlamentario a la hora de votar. En cualquier
caso, son dudas y contradicciones que pueden quedar definitivamente
aclaradas hoy al votar cada uno de los puntos de esta moción.
El señor ministro dijo desde esta tribuna que debíamos construir
políticas de Estado en materia de igualdad de oportunidades y también que
la lucha por la igualdad de oportunidades debe ser, junto con el empleo,
el objetivo prioritario de todos los gobiernos de la Unión Europea.
Estamos completamente de acuerdo pero, ¿cómo ligan estas palabras con el
hecho, por ejemplo, de que el Presidente Aznar en su discurso de
investidura no se refiriera ni una sola vez a las políticas de igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres? Señorías, les diré más, en todo
su discurso no citó ni una sola vez la palabra mujer; sólo una vez la
palabra femenino.
Tampoco la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer,
que tan importantes contribuciones hizo en anteriores legislaturas,
funciona como es nuestro deseo. Desde su constitución, en mayo, ha
celebrado una única sesión. Es, pues, una Comisión que prácticamente no
ha iniciado sus trabajos. Nuestro grupo está convencido de que es un
deseo de esta Cámara el que esta Comisión funcione y si, como dijo el
señor ministro, la lucha por la igualdad de oportunidades ha de
constituir el objetivo de su Gobierno, estarán de acuerdo con nosotros en
que es absolutamente necesario potenciar el funcionamiento de esta
Comisión. Estarán de acuerdo en que la Comisión Mixta debe convertirse en
el centro de debate en materia de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres. Pongamos, pues, señorías, buena letra a este deseo, que
compartimos todos, votando a favor del primer punto de la moción.
El año 1995 fue de una gran trascendencia para el desarrollo de las
políticas de igualdad y, en definitiva, para las mujeres. A principios de
septiembre se aprobó en Pekín la plataforma de acción, a cuyo
cumplimiento se comprometieron todos los Estados participantes en la
conferencia. En diciembre, bajo la presidencia española, se aprobó el
cuarto programa de acción comunitario, y con el año finalizó en nuestro
país el período de vigencia del segundo plan de igualdad, cuya evaluación
dejó terminada el Gobierno socialista al finalizar su mandato. Estos tres
documentos marcan claramente la línea política del futuro; por tanto,
está todo preparado para poder continuar el buen trabajo que durante años
se ha venido realizando para mejorar la situación de la mujer.
Creemos que no es bueno esperar hasta marzo para poner en marcha el
tercer plan de acción. No es bueno, en primer lugar, porque no es
necesario, ya que el anterior Gobierno dejó mucho trabajo hecho, y, en
segundo lugar, porque el cuarto plan de acción comunitario en su objetivo
seis marca unos plazos que todos los Estados miembros deben cumplir. Va a
ser muy difícil efectuar una evaluación intermedia, a finales de 1998, si
nuestro plan no lleva al menos dos años de vigencia. También la
plataforma de acción de Pekín es absolutamente clara en este sentido, en
su artículo 297 dice: cuanto antes, preferiblemente antes de fin de 1995
y tras consultar a las instituciones pertinentes y a las organizaciones
no gubernamentales los gobiernos deben comenzar a diseñar fórmulas de
aplicación de la plataforma y deben preparar sus estrategias y planes de
acción, a ser posible para fines de 1996. De ahí nuestra propuesta en el
punto 2.3 de esta moción.
De acuerdo, también, con el artículo 297, que acabo de mencionar, es
absolutamente necesario que el Gobierno organice cuanto antes el
seguimiento en nuestro país del cumplimiento de la plataforma de acción
de Pekín. Nuestra propuesta en el punto 2.1 de esta moción, no es otra
que la recomendada por el artículo antes mencionado de la plataforma.
También es absolutamente necesario, señorías, que el Gobierno dé a
conocer cuanto antes las conclusiones de la evaluación del segundo plan
para la igualdad de oportunidades de la mujer, evaluación que dejó
terminada el anterior Gobierno y que únicamente la convocatoria
anticipada de elecciones impidió divulgar. No comprendemos el retraso y
por ello insistimos en el punto 2.2 de esta moción.
Los apartados 2.5 y 2.6 ponen letra a dos compromisos ya asumidos por el
señor ministro en esta tribuna: el primero, cumplir los compromisos
internacionales en relación con las políticas de igualdad de
oportunidades de la mujer; y, el segundo, potenciar el Instituto de la
Mujer instando a las comunidades autónomas a que hagan lo mismo con sus
respectivos organismos de igualdad, de acuerdo siempre con las
recomendaciones de la convención.
Finalmente --y con esto termino, señor Presidente--, los dos puntos
restantes de la moción reproducen textualmente el artículo 4.º de la
convención y el artículo 106-K de la plataforma de acción de Pekín, por
lo que el
voto de SS. SS. tiene que ser necesariamente afirmativo, pero que por
hacer referencia a dos temas de mucha trascendencia, nunca totalmente
clarificados por el Grupo Popular, los hemos querido poner de relieve
especialmente en esta moción. Los temas en cuestión son: la consideración
de medidas de acción positiva para acelerar la plena igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y la consideración de medidas
legales para evitar que las mujeres que hayan interrumpido
voluntariamente su embarazo vayan a la cárcel.
Para terminar, señorías, quiero decirles que con esta moción el Grupo
Socialista quiere sentar las bases para seguir avanzando en el desarrollo
de políticas de igualdad, ya que estamos absolutamente convencidos de que
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un derecho del
que toda la ciudadanía democrática debe gozar plenamente.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Riera.
A la moción defendida por S. S. se ha presentado una enmienda por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
que pasa a defender la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, más que una enmienda, lo que el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado son
unas adiciones, puesto que respetamos el sentido de la moción del Grupo
Socialista, que es quien presentó la interpelación y después esta moción.
A lo mejor no la hubiera presentado nuestro grupo, pero en cualquier caso
nunca se debe quitar el protagonismo organizativo que significa una
moción de esta naturaleza. Nosotros hemos querido hacer alguna adición a
su moción, en lugar de presentar enmiendas de sustitución, porque no creo
que sea el trámite parlamentario que debamos utilizar.
Como vamos a tener tiempo para presentar iniciativas, la nuestra vendrá a
lo largo de esta legislatura en relación con los temas que afectan al
conjunto de las mujeres. Quizá porque nos ha parecido que no tenía todo
el contenido que debía manifestarse después de una interpelación urgente,
este grupo ha hecho una serie de adiciones que queremos defender en este
trámite.
En cuanto al primer punto, al que ya se ha referido la proponente, sobre
la valoración que hace de la Comisión mixta Congreso-Senado de los
derechos de la mujer, que es donde se deben plantear estas cuestiones,
por parte de nuestro grupo se presentó este tema al principio de la
legislatura, pero con los cupos que tenemos todavía no se ha visto. Dado
que esta legislatura va a coincidir con los cuatro años que nos faltan de
cara al año 2000, que tantas cosas nos promete, y teniendo en cuenta la
plataforma de acción aprobada en Pekín y, sobre todo, las estrategias que
se aprobaron en Nairobi en 1985, esa comisión va a tener un papel
importante para poder adaptar, desde el punto de vista normativo, nuestro
ordenamiento jurídico a todos los acuerdos y compromisos que se hicieron
por el Gobierno en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en
Pekín.
Por eso hemos añadido un punto que dice lo siguiente: «Ante la
importancia que esta VI Legislatura va a tener en la adaptación normativa
en nuestro ordenamiento jurídico de los acuerdos y compromisos firmados
en la IV Conferencia de Pekín, el Congreso de los Diputados estudiará, y
en su caso impulsará, la conversión de dicha Comisión mixta en una
comisión para la igualdad de la mujer con carácter permanente».
¿Qué sentido tiene esto? Pues que hoy la Comisión mixta la verdad es que
cumple un papel de puras comparecencias, pero con una falta absoluta de
iniciativa legislativa y una capacidad de estudiar por sí misma los
asuntos. Cuando viene cualquier asunto tenemos que ir de comisión en
comisión para saber dónde nos preocupa el tema de situación de la mujer.
Creemos que la identificación de esta plataforma y sus acuerdos
justificarían, incluso con este carácter, que se creara una comisión
permanente dentro del Congreso de los Diputados para estudiar este
asunto. No hemos fijado la obligación, pero sí el estudio porque creemos
que sería muy importante para poder discutir de forma colectiva, y con
una visión unitaria, todos los temas relativos a la mujer.
La segunda adición, también al punto 2.1, se refiere al seguimiento y
evaluación de la plataforma aprobada en Pekín. Dado que hay
descentralización en todas estas políticas sobre la mujer en las
distintas comunidades autónomas, así como gran cantidad de organizaciones
no gubernamentales del movimiento feminista que están trabajando en
distintos aspectos muy importantes para poder llevar adelante la
reflexión sobre todos estos temas, debería crearse una comisión de
seguimiento. Según nos comunicó el propio Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales en la Comisión mixta que se reunió el otro día, ya estaba
funcionando una comisión de seguimiento precisamente sobre la plataforma
de Pekín, y me parece que sería muy importante que en esa comisión de
seguimiento, de una forma plural y diversa, como plurales y diversas
somos las mujeres, y precisamente con gran participación de las
comunidades autónomas y del resto de organizaciones no gubernamentales,
se llevaran adelante y se impulsaran esas políticas.
La tercera enmienda es al punto 2.2 en cuanto a la evaluación del segundo
plan de igualdad de las mujeres que se pretende. Nos parecía un poco
rimbombante decir que todo estaba preparado por el Gobierno anterior. Es
verdad que la evaluación nos va a servir sobre todo para ver si se ha
cumplimentado o no, y lo
que queremos decir es que, si no se ha cumplimentado, se tomen las
medidas efectivas, ante todos los incumplimientos que haya podido haber
del segundo plan de acción de la mujer, para dar término de inmediato a
todas las medidas que ya estaban previstas en ese segundo plan antes de
que se inicien --que ya se nos ha comunicado que se están iniciando-- los
trabajos para hacer el tercer plan de igualdad.
La siguiente enmienda es de adición al punto 2.3 sobre elaborar el nuevo
plan de igualdad de oportunidades de la mujer, el tercer plan, que se va
a corresponder con el cuarto plan comunitario. Nosotros creemos que dicho
plan --y ya tenemos la experiencia de otras discusiones en la Cámara--
debe ser algo más concreto que meras declaraciones programáticas. Por eso
hemos pedido algo que ya habíamos pedido incluso en alguna otra ocasión
sin mucho éxito, y es que el plan de igualdad de oportunidades que se
haga para el conjunto del país o para las comunidades autónomas incluya
la correspondiente cuantificación económica y asignación presupuestaria
de todas y cada una de las medidas y actuaciones establecidas en el
mismo. Nos ocuparemos en lo posible de que figure en los presupuestos,
pero si tomáramos el acuerdo de que se intentara cuantificar, y sobre
todo valorar, no solamente la teoría, sino la acción política que debe
designarse a través de su planteamiento económico, me parece que sería
mucho más importante.
De cara a hacer ese gran pacto que yo creo tenemos que hacer las mujeres
de nuestro país, y no aisladamente, como constitutivas también de una
forma de acción política, que ese plan que se vaya a hacer se haga con el
acuerdo máximo de todas las que de una u otra forma estamos en los
distintos grupos parlamentarios. Por eso decimos que, una vez elaborado
el tercer plan, el Gobierno quedará obligado a remitirlo al Congreso de
los Diputados para su conocimiento, discusión y aprobación, porque quizá
de esa forma colectiva, unitaria y con la máxima aprobación que se pueda
hacer en este Congreso vendrá una mejor valoración de ese plan que
nosotros solicitamos.
La siguiente enmienda es al punto 2.4. Se está hablando de las políticas
de acción positiva de una forma muy general, pero ya hay hoy
ordenamiento, y sobre todo también compromisos con el cuarto plan de
igualdad comunitario, en el que a nosotros nos parece que hay que
concretar más las medidas de acción positiva. Por eso, porque la
declaración que hace la resolución nos parece muy vaga: adoptar medidas
especiales de carácter temporal, medidas de acción positiva, encaminadas
a acelerar la plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
nosotros añadimos y en particular medidas que faciliten el acceso de las
mujeres al empleo, que solucionen la precariedad de sus contratos, la
diferencia de sus salarios, que amplíen su protección social, que eviten
situaciones de discriminación en su maternidad y que faciliten la
compatibilización de su vida profesional y sus responsabilidades
familiares y domésticas. Creo que son los puntos de acción del plan
comunitario, como tal creemos que se deben especificar de forma más
expresa, y por eso hemos hecho este añadido a la moción que se nos
presenta.
El punto 2.5 es precisamente para aumentar los organismos de igualdad,
que en algunas autonomías --y ya lo reconoció el propio Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales en la Comisión Mixta--, como por ejemplo en la
Comunidad de Murcia, habíamos dicho que la dirección de la mujer se
llamaba dirección de asuntos sociales y de la familia, habiendo suprimido
esa entidad, esa numeración y separación de la mujer de los temas de la
familia, porque la familia es de dos o de los que sean, pero desde luego
no es exclusiva responsabilidad de las mujeres. Nosotros habíamos
planteado precisamente que se mantengan no sólo esos organismos, que en
algunos casos se han quitado, sino que además se amplíe el marco de
ayudas al mantenimiento y fomento del movimiento asociativo de las
mujeres, porque también nos hemos encontrado con que ha habido en algunas
comunidades reducciones de estos presupuestos, con lo cual se
perjudicaría a las mujeres.
Me voy a referir ahora a las dos últimas enmiendas que quedan. Dentro de
la propia moción se establece la necesidad de que el conjunto del
Gobierno tenga una mayor representación en todos los entes
internacionales donde se traten los temas de la mujer, y nosotros
queremos hacer algo que comprometa más decididamente al Gobierno y, de
igual forma, mantener una mayor paridad entre hombres y mujeres en cuanto
a nombramiento y representaciones deba designar en los niveles de
decisión económica, social y cultural, tanto en el ámbito nacional, como
en el ámbito internacional, para que se dé una visión más igualitaria de
la acción política, económica y cultural de nuestro país entre hombres y
mujeres.
Por último, la moción en el punto 2.7 recoge uno de los acuerdos firmados
por todos los gobiernos en la plataforma de acción de Pekín, que es
revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han
tenido abortos ilegales. Es verdad que allí se acordó que ninguna mujer,
aunque hubiera tenido un aborto ilegal, fuera condenada y lo que es mucho
más grave, fuera llevada por su situación a la cárcel.
El sentido de este compromiso se refería mucho más a los numerosos
países, no de nuestro entorno, que tienen todavía prohibida legalmente la
interrupción del embarazo; pero también lo tenemos que aplicar a nuestra
legislación, porque todavía las deficiencias de esta legislación está
haciendo que haya mujeres que puedan ser condenadas, con el riesgo de ir
a prisión, y nos parece que suena un poco casi tercermundista dentro del
contorno europeo. Por eso hemos añadido algo; algo que yo sé va a empezar
siempre
con la problemática. Nosotros no vamos a cejar hasta que haya una
valoración de que la decisión de la mujer en la interrupción del embarazo
es una decisión de responsabilidad porque nos parece que si sólo hablamos
de que no se condene a las mujeres estamos otra vez condenando el aborto
clandestino, el aborto que nos tengamos que hacer nosotras. Si condenamos
a los médicos, y no condenamos a las mujeres, al final, desgraciadamente,
tendremos que ir otra vez con el perejil y con las armas que como hemos
visto a lo largo de mucho tiempo, han causado en nuestro país enormes
estragos.
Por tanto, si estamos en un concierto europeo, nosotros solicitamos que
el Gobierno se comprometa a realizar las reformas legales necesarias,
para que las leyes que regulen la interrupción voluntaria del embarazo en
nuestro país, no difieran de los derechos reconocidos a las mujeres en el
conjunto de la mayoría de países de la Unión Europea, y eviten la
clandestinidad de las interrupciones del embarazo y la condena de médicos
(por error en el texto escrito han puesto medios) y personas que asisten
a las mujeres en esta prestación de salud.
Estos son los añadidos que hacemos, de cara a tener una mayor vinculación
y compromiso en esta moción consecuencia de la interpelación urgente, que
esperamos sean admitidas por las compañeras del Grupo Socialista. En este
sentido nosotros ofertamos la votación favorable a esta moción presentada
por el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almeida.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, antes de expresar el posicionamiento de nuestro grupo
parlamentario, quisiera recordar brevemente que un debate parecido al que
hoy estamos llevando a cabo, se produjo en esta Cámara durante los meses
de septiembre y octubre del pasado año, a raíz de una interpelación y
moción posterior, presentada en aquel momento por el Grupo Popular. Creo
que deberíamos celebrar esta coincidencia de preocupaciones que hay entre
los dos partidos con amplia representación parlamentaria.
Hecho este breve paréntesis, debemos tener presente que hay una serie de
acuerdos internacionales al respecto que hemos aceptado y que hay que
cumplir. Me refiero concretamente al cuarto programa de acción
comunitario para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
(1996 al año 2000) y a la plataforma de acción aprobada en la IV
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para las mujeres, el mes de
septiembre del pasado año.
Recordemos que España presidió la delegación de la Unión Europea en la
Conferencia de Pekín, una delegación en la que estaban presentes los
agentes sociales, las comunidades autónomas y las Cortes Generales, con
lo cual todos estamos obligados a cumplir estos pactos. Asimismo, el
cuarto programa de acción comunitario fue aprobado durante el período de
la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
Estos son, pues, compromisos adquiridos que hay que cumplir adoptando las
estrategias que marcan ambos programas a la realidad territorial concreta
y respetando el ámbito competencial de las comunidades autónomas que, a
su vez, deberán también aplicar estas estrategias.
Creo que éste es un punto en el que deberíamos estar de acuerdo todos los
grupos políticos. La igualdad de oportunidades para las mujeres debe
afrontarse desde posiciones constructivas de diálogo y de consenso; un
diálogo en el que hemos de estar presentes todas las partes implicadas,
tal y como se contempla en la plataforma de acción de Pekín; y a partir
del diálogo es preciso hacer propuestas concretas y aparcar los discursos
voluntaristas. En el tema de la igualdad de oportunidades insistimos en
que hay que partir del consenso político para conseguir el consenso
social. Es naturalmente, señorías, la Comisión mixta Congreso-Senado el
marco donde tratar, debatir e impulsar las políticas para la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
En cuanto a tomar las medidas oportunas para dar a conocer y explicar las
conclusiones de la evaluación del segundo plan para la igualdad de
oportunidades, ya anunció el señor Ministro de Asuntos Sociales en su
comparecencia que próximamente sería presentada dicha evaluación en la
Comisión mixta.
También fue comunicada por el ministro la intención de presentar el
tercer plan de igualdad de oportunidades, de acuerdo con la evaluación
del segundo plan y los compromisos asumidos en la Unión Europea y con la
plataforma de acción de Pekín.
A nuestro grupo le hubiese gustado que se hubiera llegado a un consenso
en esta ocasión, pero dado que no ha sido posible y dado que el Gobierno,
en boca del señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, ya se
comprometió a llevar a cabo estas medidas a favor de la mujer, nuestro
partido considera innecesario seguir adelante con esta moción, pero
instamos al Gobierno a cumplir estos compromisos asumidos ante la
Comisión de la Cámara y que corresponden a los que en su momento asumió a
nivel internacional.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Solsona.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo en
relación a la moción presentada por el Grupo Socialista.
Hace quince días, como SS. SS. saben, el Partido Socialista presentó una
interpelación sobre política de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, y se hacía cuando ya el ministro había fijado su comparecencia
en la Comisión mixta, por lo que él mismo señaló que tal vez, con todos
los derechos del grupo para presentarlo, no hacía que la interpelación se
produjese en el momento más oportuno.
En ambas comparecencias quedó claramente perfilada y definida la
orientación del Gobierno en relación a la política de igualdad: La
relevancia que para el Gobierno tenía la necesidad de incrementar los
mecanismos de coordinación entre las comunidades autónomas y la necesidad
de coordinar también las políticas entre los distintos ministerios.
Asimismo, el compromiso de tratar de implementar, en su caso, la
información y la coordinación que hasta ahora se estaba dando a las
distintas comunidades autónomas.
Nuestro grupo también manifestó en la Comisión mixta la satisfacción que
le había producido oír determinadas propuestas de acción claramente
perfiladas y concretas sobre temas de gran importancia. Efectivamente, el
hecho de que las mujeres españolas dupliquemos en paro la media de los
países europeos evidenciaba que era necesario se produjera un cambio, que
se hablase de nuevas acciones positivas, capaces de acabar con esa
situación de clara discriminación a la que nos había llevado la política
seguida en los últimos trece años del Gobierno anterior.
Nuestro Presidente, entonces candidato a la presidencia, el señor Aznar,
en el debate de investidura hizo hincapié desde esta tribuna en que era
también objetivo prioritario del Gobierno la lucha contra el paro, y
habló de manera muy clara de la situación discriminatoria a que estaban
sometidas las mujeres en el terreno laboral. Por ello escuchamos al señor
ministro con satisfacción cuando hablaba de realización de programas para
ampliar las acciones profesionales para la mujer, incentivos para las
empresas, hablaba también, cómo no, de fomento del autoempleo y de un
sinfín de acciones positivas. Por tanto, no entendemos cómo el Grupo
Socialista presenta hoy esta moción después de que se hubiesen producido
ya esas dos comparecencias donde quedó muy clara la posición y el
compromiso del Gobierno sobre la política de igualdad de oportunidades, y
donde además se asumieron claros compromisos.
Nuestro grupo no puede apoyar genéricamente esta moción por varias
razones. Creemos que en algunos puntos no se respetan debidamente las
competencias de las comunidades autónomas, y que otros puntos son
claramente ociosos por haberlos anunciado ya el Gobierno como compromisos
de acción. No obstante, en aras de buscar el mayor consenso posible,
nuestro grupo haría el esfuerzo de apoyar el punto primero de la moción.
Nuestro grupo suscribe el deseo de que la Comisión mixta sea un foro
importante de debate de la política de igualdad. Reiteramos nuestro
compromiso de conseguir entre todos darle vitalidad a lo que hasta la
fecha no pudo ser posible y que tenga un funcionamiento claramente
operativo. Es más, pensamos que sería bueno estudiar la
instrumentalización jurídica a través, si ello es posible, del Reglamento
de la Cámara, con el fin de darle carácter estable. Por ello, en aras
también de ese consenso del que hacía referencia el ministro, si el grupo
proponente de la moción lo admite, propondríamos aceptar conjuntamente la
propuesta de adición hecha por el Grupo de Izquierda Unida al punto
primero de la moción, siempre que no se plantee como algo vinculante,
porque el Gobierno ha de tener capacidad de acción pues le toca gobernar;
y, por otro lado, tampoco podríamos ir en contra de las competencias que
otras instancias parlamentarias tienen de por sí.
Partiendo de la base de que no es el objetivo del punto uno y que sí se
respeta claramente lo que hemos señalado, las acciones del Gobierno y las
competencias asumidas por otras instancias parlamentarias, estaríamos
dispuestos a votar a favor. No así el punto segundo, y por ello,
invitaríamos al Grupo Socialista a que lo retirase porque pensamos que en
buena medida los apartados son ociosos después de la comparecencia del
Gobierno.
En relación con el apartado uno del punto dos, se solicita algo que el
Gobierno anunció que ya había instrumentalizado. Consideramos que el
seguimiento de la plataforma de acción aprobada en Pekín tiene como foro
adecuado la conferencia sectorial, pero es algo que ya anunció el señor
Ministro y que además se había acordado en la primera conferencia
sectorial. Desde luego, no apoyaríamos la otra parte, en el marco de las
previsiones establecidas en el apartado primero, porque creemos que
mezclar la colaboración de las distintas administraciones con otras
instancias, con otros sectores, no es lo más procedente. Hay otros foros
perfectamente definidos, perfectamente instrumentalizados, que son una
realidad practicada, en donde ya se da cauce de participación a las
diferentes fuerzas sociales.
En el apartado segundo solicita lo que ya es un compromiso asumido por el
Gobierno, y naturalmente estamos de acuerdo, cómo no lo vamos a estar,
con que se evalúe el segundo plan de igualdad. Esto también lo anunció el
señor Ministro y lo hará de una forma inicial la directora del Instituto
de la Mujer en su próxima comparecencia. Pero no es cierto --me tienen
que permitir que se lo diga con cordialidad-- que el Gobierno socialista
haya dejado evaluado el segundo plan de igualdad. Hay varias partes en la
evaluación, y de la
segunda no dispondrá el Gobierno porque así se convino con las personas
que iban a hacer esa evaluación, por contrato anterior, hasta finales de
este año.
En relación con el apartado tercero, diremos lo mismo. El Gobierno asumió
el compromiso de elaborar ya y presentar en el mes de marzo el tercer
plan de acuerdo con el cuarto programa de acción europea y con el texto
de la plataforma de Pekín. Además, se han adelantado claramente en la
intervención ante la Comisión Mixta todos los objetivos importantísimos
que van a figurar en este tercer plan de igualdad. No nos parece normal,
no nos parece adecuado discutir ahora por dos meses antes o por dos meses
después, y mucho menos cuando el Gobierno no va a disponer de la
evaluación completa del segundo plan hasta finales de este año.
El apartado cuatro parece redactado, sinceramente, por un grupo que no
hubiese escuchado al señor Ministro, porque en sus dos intervenciones
asumió claramente los compromisos de acción positiva y de acciones
concretas. Bien es cierto que todos recordamos cómo en ese momento la
señora Alberdi, que hacía de portavoz, enumeró una panoplia de acciones
que no se habían hecho cuando ella era ministra y que ahora quiere que
haga este Gobierno. Esto debe quedar muy claro, como también está claro
que el Gobierno perfiló ya una serie de importantes acciones positivas
que se están abordando desde el primer momento.
En cuanto al apartado quinto, quiero decirle que el Gobierno anunció algo
que creo que es importante en el marco de los Presupuestos de 1997, como
es el hecho de que se mantuviese el presupuesto del Instituto de la
Mujer. Se mantenía y con ello se rompía, por otra parte, la dinámica
iniciada por el Gobierno socialista en el año 1996, que rebajó el
presupuesto del Instituto de la Mujer en relación con el presupuesto de
1995. Por ello, nuestro grupo considera positivo que se mantenga ese
presupuesto.
En relación con la otra parte de este apartado quinto, el Grupo Popular
nunca podría apoyarlo, porque claramente es respetuoso con las
competencias de las comunidades autónomas, con la soberanía...
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, le ruego vaya concluyendo.
La señora SAINZ GARCIA: Sí, señor Presidente, termino enseguida.
... con la soberanía que éstas tienen. El señor Ministro ya indicó cómo
había recomendado que se mantuviese un equilibrio en los organismos de
igualdad, pero naturalmente una cosa es esa recomendación y otra es
instar, como se solicita en la moción, para que se modifiquen todos los
organismos. Lo importante es que los haya, lo importante es que está
garantizada la coordinación a través de esas conferencias sectoriales.
Por último, en relación al apartado sexto, quiero señalarles que,
quedando muy clara la legitimidad política de esa petición, el Grupo
Popular piensa claramente que no es recomendable quebrar el consenso
político y social que a todos y entre todos, y con renuncia de
postulados, nos costó conseguir. Por otro lado, si para el Gobierno
socialista fue tan importante en su momento, tuvieron trece años, muchos
de ellos de mayoría absoluta, para haber cumplido con las asignaturas que
consideraban pendientes.
Por todo ello, y termino, señor Presidente, el Grupo Popular sólo puede
apoyar el punto 1 de la moción, a la que aceptaríamos incorporar el punto
1, de adición, de Izquierda Unida, porque creemos que el apartado segundo
no aporta nada nuevo frente a lo que enunció ya el Gobierno, que apostó
claramente por una política europea, por una política moderna, por una
política en colaboración clara con las comunidades autónomas, solidaria y
que permitirá avanzar en la igualdad de oportunidades, que todavía en
nuestro país está lejos de ser una realidad vivida por todas las mujeres.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Gracias, señor Presidente.
Lo siento, señora portavoz del Grupo Popular, no vamos a retirar el
segundo punto y, además, después de escucharla con mucha atención, tengo
que decirle que sus palabras no se corresponden en absoluto con las que
el señor ministro pronunció tanto desde esta tribuna como en la
comparecencia. Al contrario, creo que su discurso está lleno de
contradicciones con las palabras del señor ministro. Es más, creo que el
señor ministro hizo desde esta tribuna una clara propuesta de consenso
que ahora la señora portavoz del Grupo Popular, de manera injustificada,
quiere romper.
Es cierto que el ministro hizo aquí una serie de afirmaciones que
nosotros hemos recogido justamente en los puntos de esta moción y ahora
parece ser que el Grupo Popular va a votar en contra. Señorías, el Grupo
Socialista hubiera podido hacer una moción mucho más dura, que no ha
hecho en aras de este consenso, y ahora justamente esta coincidencia
parece ser que es la excusa del Grupo Popular para votar en contra.
Creo que es absolutamente incomprensible. ¿Creen ustedes, señorías, que
hay mayor incoherencia que la que acabamos de escuchar? Suponemos,
sencillamente, que se trata de una contradicción más de las muchas a las
que el Grupo Popular nos tiene acostumbrados. El ministro dice una cosa y
siempre hay alguien en el Grupo Popular que se encarga de decir lo
contrario. No entendemos, si son cosas que ha asumido el ministro, por
qué ahora el Grupo Popular va a votar en contra.
¿Se da cuenta, por ejemplo, de que en más de una ocasión el ministro ha
dicho que iba a cumplir los compromisos de Pekín y ahora va a votar en
contra de dos puntos de esta moción que son copia textual de dos
artículos del documento aprobado en Pekín? A partir de ahora cuando el
ministro diga que va a cumplir los compromisos de Pekín deberá decir
cuáles piensa cumplir y cuáles no. Por el bien de las mujeres, señoras y
señores del Grupo Popular, deben recapacitar, ser coherentes con los
compromisos internacionales adquiridos por nuestro país y firmados por
todos los países participantes en la Conferencia, y votar
afirmativamente. Por favor, no utilicen a las mujeres para hacer una
política todavía de oposición al Grupo Socialista.
Voy a hacer ahora un recorrido rápido por los distintos puntos de la
moción, para justificar nuestra posición frente a las distintas enmiendas
presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
El primer punto de la moción trataba únicamente de manifestar nuestra
voluntad de encontrar una fórmula para que realmente la comisión mixta
sea el centro de debate en materia de igualdad de oportunidades para la
mujer. En definitiva, se trataba de expresar por escrito lo que creemos
--y así se ha manifestado en esta Cámara-- es la voluntad de todos los
Grupos: potenciar el funcionamiento de la comisión mediante un cierto
compromiso de todos los grupos de que la gran mayoría de iniciativas
parlamentarias que se hicieran...
El señor PRESIDENTE: Señora Riera, limítese, por favor, a aceptar o
rechazar las enmiendas propuestas y no sobrepase la extensión ni en el
tiempo ni en el contenido de este trámite.
La señora RIERA MADURELL: De acuerdo, señor Presidente.
Respecto a la enmienda propuesta por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya al punto 1 de la moción, vamos a
aceptarla, nos parece bien estudiar el tema de convertir la comisión
mixta Congreso-Senado en una comisión permanente. Nosotros hemos empezado
ya a realizar este estudio. Ciertamente hay una iniciativa pendiente del
Grupo de Izquierda Unida en este sentido, aunque nos parece difícil con
el actual Reglamento, pero nos parece bien estudiarlo; aceptaríamos
incorporar el texto que propone Izquierda Unida.
Respecto al punto 2, la comisión de seguimiento de Pekín, nosotros
dejábamos al Gobierno que organizara realmente este seguimiento,
simplemente le dábamos la pauta de que debía hacerlo, de acuerdo con el
capítulo quinto de la plataforma de Pekín, que trata de las disposiciones
institucionales. El Grupo de Izquierda Unida va un poco más lejos, pero
nos parece bien, porque en cualquier organigrama al final tiene que haber
alguien responsable y nos parece oportuno que sea una comisión con las
características que propone Izquierda Unida.
Respecto a la enmienda que presenta el Grupo de Izquierda Unida al punto
2.2 de la moción, la aceptaríamos si sustituye «deficiencias e
incumplimientos» por «resultados». Nos parece que a priori no es bueno
hablar de deficiencias. En su caso, una vez vistos los resultados,
estamos de acuerdo en que de inmediato se tomen las medidas necesarias
para dar efectivo cumplimiento a aquello que pueda quedar pendiente del
segundo plan de igualdad de oportunidades para la mujer.
Ciertamente nosotros hemos evaluado este segundo plan... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Riera.
Señorías, guarden silencio.
Señora Riera, le vuelvo a insistir en que se limite a la aceptación o
rechazo de las enmiendas, sin mayor trámite. Ya ha tenido su tiempo. Le
rogaría que fuera concluyendo.
La señora RIERA MADURELL: Pido disculpas al señor Presidente, pero
realmente después de la intervención de la portavoz del Grupo Popular,
debe comprender que se me hace difícil no replicar a alguna de las cosas
que ha dicho.
Respecto a la enmienda de adición al punto 2.3, no estamos de acuerdo en
que un plan tenga que incluir la cuantificación económica. Nos parece que
esto tiene que dejarse para el presupuesto. No estaríamos de acuerdo con
este primer apartado de la enmienda al punto 2.3. Sin embargo, después de
escuchar a la portavoz de Izquierda Unida, sí estaríamos de acuerdo en la
segunda parte, ya que la palabra «aprobación» la dice en el sentido de
vincular a todos los grupos representados en esta Cámara. Nosotros
creemos que la aprobación definitiva del plan la tiene que hacer el
Gobierno, así lo hicimos nosotros cuando estábamos en el Gobierno, pero
sí es bueno que el plan de igualdad de oportunidades venga al Parlamento
para su discusión y para una mayor vinculación de los grupos de esta
Cámara.
Respecto al punto 2.4, nos parece que es entrar ya en contenidos.
Nosotros no teníamos esta intención aquí, pero no hace daño. Vamos a
aceptar esta enmienda, aunque realmente junto a los ejemplos que sugiere
aquí el Grupo de Izquierda Unida también deberían figurar otros.
Respecto al punto 2.5, estamos de acuerdo con la enmienda de adición de
Izquierda Unida y la aceptamos en su totalidad, tal como la ha
presentado.
Respecto al punto 2.6, tampoco nos parecía adecuado entrar aquí en el
tema de la paridad entre hombres y mujeres, pero creemos que es un buen
complemento
a nuestro texto y, por tanto, también lo vamos a aceptar en su totalidad.
Finalmente, en el punto 2.7, si bien nosotros habíamos reproducido
textualmente lo que dice la plataforma de Pekín, nos parece bien
incorporar a los médicos entre las personas que tampoco deben pagar en el
caso de practicar abortos. Por tanto, también vamos a aceptar la enmienda
de Izquierda Unida.
Me gustaría que el señor ministro comprendiera que siempre va a tener a
su lado al Grupo Socialista cuando la buena música lleve incorporada una
buena letra, pero cuando no sea así nos tendrá siempre enfrente, aunque
siempre por el bien y por la defensa de las mujeres.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Vamos a proceder a la votación. (La señora Sainz García pide la palabra.)
Señora Sainz, ¿a qué efectos pide la palabra?
La señora SAINZ GARCIA: Señor Presidente, la portavoz del Grupo
Socialista, como ha reconocido desde esta tribuna, ha utilizado este
último turno no para fijar exclusivamente la posición ante las
enmiendas...
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, eso le corresponde valorarlo a la
Presidencia y no a su señoría. No tiene la palabra, lo siento.
(Protestas.--La señora Almeida Castro pide la palabra.)
Señora Almedia, el debate ha concluido, hemos llamado a votación. Lo
lamento, pero tampoco tiene la palabra. Sabe, señora Almeida, y conoce
muy bien el Reglamento, que no debo darle la palabra.
La señora ALMEIDA CASTRO: Es que me han quitado una enmienda y tendré que
decir si acepto el cambio que me han ofrecido.
El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, sólo puede aceptar o denegar el
grupo que ha presentado la moción. Ha contestado la señora Riera y es lo
que se va a someter a votación.
La señora ALMEIDA CASTRO: Bien, si yo iba a aceptarla. (El señor Núñez
Pérez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo solicitaría la votación separada del punto 1 de esta
moción.
El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, en el punto 1 se ha aceptado una
enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, en consecuencia,
no se puede producir la votación separada solicitada por su grupo. (La
señora Almeida Castro pide la palabra.)
Señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Señor Presidente, se ha admitido la enmienda
también por el Grupo Popular. Por lo tanto, nosotros no vemos
inconveniente en que se vote separadamente del resto de la moción, puesto
que la enmienda ha sido admitida. El Grupo Popular ha admitido tanto la
moción como la enmienda presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, yo comprendo el interés de S. S.,
pero el Reglamento no lo autoriza. Lo lamento.
Vamos, en consecuencia, a proceder a la votación en los términos
resultantes de la aceptación de las enmiendas presentadas y que ha
expuesto la ponente del Grupo Socialista, señora Riera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 152; en contra, 155; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la moción.
(Rumores.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA SOBRE LA POLITICA HIDROLOGICA DEL GOBIERNO (Número expediente
173/000015)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política hidrológica del
Gobierno.
Para la defensa de la moción, en nombre del grupo proponente tiene la
palabra el señor Ríos. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
guarden silencio. No podremos comenzar el debate si no es así.
Puede empezar, señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, para defender hoy la
moción consecuencia del debate que hace dos semanas tuvimos en esta
Cámara con la Ministra de Medio Ambiente sobre la situación en la gestión
del agua, sobre la improvisación que había surgido en un proceso
determinado. Sin embargo, la verdad es que este Diputado, en nombre del
Grupo
Federal de izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no puede sustraerse,
puesto que también afecta al debate de esta propuesta, a lo que está
siendo la forma en la que vamos a tramitar un sinfín de proyectos.
Esta mañana en los órganos de la Cámara discutíamos cómo tramitar los
presupuestos, la ley de acompañamiento, la ley de financiación de
comunidades, la ley de regulación presupuestaria, etcétera, y ahora
venimos a discutir también, como fruto de la interpelación, una moción de
Izquierda Unida que intentaba dar un cauce común y global al tratamiento
del tema del agua para que evitáramos afrontar el problema de la
discusión histórica del agua en nuestro país, desde la confrontación o la
demanda, no viendo quién es el que lo está haciendo mejor, sino cómo
respondemos a las demandas de nuestro país. Sin embargo, señor
Presidente, señorías, yo me he encontrado con lo que se llama ley de
acompañamiento, que más que ley de acompañamiento se debería denominar
ley de acompasamiento de los grupos a la voluntad del Gobierno para hacer
un sinfín de cosas.
Decía la señora ministra que en esta ley de acompañamiento no se iba a
abordar una tarifa para el agua, que no se iban a privatizar las
estructuras del agua, que no se iba a ir a una concesión y trasiego de
concesiones, pero resulta que la ley de acompañamiento modifica la acción
administrativa en materia de agua. Resulta que se introduce una posible
privatización, una concesión --nada más y nada menos-- para la
construcción de infraestructuras vinculadas a la regulación de recursos
hidráulicos, su conducción, potabilización, desalinización, saneamiento y
depuración de aguas residuales; le ha faltado citar la de los cauces
tradicionales de los ríos. Por todo lo demás, las obras que afecten a
esos temas pueden realizarse desde esta ley en la que se introduce una
privatización, incluso quien haga la obra puede vender a terceros hasta
un 40 por ciento de la concesión, incluso se habla de la cesión de bienes
públicos e incluso se habla de una serie de concesiones en el Registro de
la Propiedad. En suma, señorías, si la moción consecuencia de
interpelación presentada por este grupo, un grupo pequeño dentro de la
Cámara, tenía como fin introducir sensatez en la discusión del agua para
que no nos tiráramos los trastos a la cabeza, resulta que los hechos del
Gobierno nos desmontan la buena voluntad en la tramitación y, como fruto
de esa situación, se produce improvisación en la gestión del agua,
tenemos una situación de inseguridad en la gestión del agua, y la verdad
es que el debate de la moción hoy, aquí, tiene una presión añadida a la
voluntad que mi grupo tenía.
Mi grupo quería, con una moción que contase con el respaldo unánime de
esta Cámara, facilitar que el Gobierno elaborase un plan hidrológico en
el plazo más breve posible, plan hidrológico que recogiese los planes de
cuenca y los planes de regadío y que, a la misma vez, ahormara la
realidad que significa un compromiso de cubrir los déficit dentro de la
planificación hidrológica, pero desde una óptica de gestión de la
demanda. Además, quería responder a las preguntas que hacíamos en aquella
interpelación.
Le preguntábamos a la ministra, al Gobierno, en aquella interpelación,
cuáles eran los criterios y calendarios para elaborar el plan hidrológico
y si se iba a modificar el enfoque del plan hidrológico introduciendo
otro enfoque relativo a la gestión de la demanda que significara invertir
para ahorrar agua. Incluso se podría calcular el agua que podríamos
ahorrar en usos domésticos, en regadíos, en usos industriales, en ocio.
Preguntábamos cuál era la propuesta del Gobierno para cubrir los déficit
hídricos y cuál la política de trasvases, en qué condiciones y cuáles
podrían hacerse. Le preguntábamos también si se iba a modificar la
financiación del agua; si en esa economía del agua se iban a modificar
los cánones recogidos en el título VI de la Ley de Aguas, cánones que,
como ustedes saben, tienen una historia desde el año 1986, ya que se
dedican al dominio hidráulico, los vertidos, la regulación y autorización
de obras hidráulicas.
La verdad es que la respuesta de la ministra fue categórica: no habrá
banco de agua, no habrá tarifa de agua y no habrá privatización de
concesiones. Y yo, ahora, me encuentro ante una duda. Claro que, con el
caso que se hace de algunas leyes, a lo mejor esta ley es para
entretenernos mientras la tramitamos, pero luego no la van a poner en
marcha.
Por eso, ¿cuál es la voluntad de mi grupo al intentar consensuar esta
moción sobre la base de las propuestas y enmiendas que los distintos
grupos hayan podido presentar? Se trataría de evitar la inseguridad que
teníamos hace una semana y, en la medida de lo posible, superar esa
improvisación para añadir un criterio de racionalización a las propuestas
y un acuerdo unánime.
¿En qué vertiente proponía la moción? El modelo se fundamentaría en
cuatro puntos y, luego, haríamos un seguimiento desde la Cámara. En
nuestra propuesta le decíamos al Gobierno lo siguiente.
Primero, que se remita a esta Cámara un plan hidrológico en las
condiciones que decía antes, de forma que se varíen los enfoques del
anterior plan.
Segundo, que se rechace la propuesta relativa a un canon del agua o un
impuesto general como concepto recaudatorio, aunque nosotros estamos
dispuestos a hablar de financiar el agua, mediante cánones o tarifas,
incluyendo en eso todos los gastos, todos los costos, hasta el costo
medioambiental, modificando o añadiendo un criterio finalista. Estábamos
dispuestos a discutir una nueva situación de la gestión histórica del
título VI de la Ley de Aguas, pero queríamos rechazar que el agua como
consumo fuera un instrumento fiscal para el Gobierno, que no se
introdujera una idea de fiscalidad paralela. Por tanto, nuestra idea era
combinar los nuevos precios, las nuevas tarifas, de forma que se
conjugasen con la calidad del agua, los usos y
las prioridades, porque no es lo mismo regar con un fin agrícola,
industrial o de ocio, como puede ser un campo de golf, que el uso
abastecimiento doméstico. Junto con ello, se trataría de primar el
ahorro, lo que significa también la posibilidad de hacer hincapié en las
personas que despilfarran. Es decir, que en la tarifa se conjugaran
calidad, cantidad y prioridades. Esa era la segunda conclusión que
queríamos proponer con nuestra moción: primero, un plan hidrológico y,
segundo, mientras se hace ese plan, que no se le añada esa elaboración y
se revise. Nosotros creíamos que debía hacerse modificando el título VI,
pero este criterio de actuación sobre los cánones, los precios o las
tarifas actuales podría cambiarse en el reglamento. El tercer criterio
que queríamos añadir es que se pusiesen encima de la mesa el concepto del
agua y todos sus recursos desde un criterio de globalidad del ciclo
hidráulico, incluidas las aguas subterráneas.
Decía en su comparecencia el presidente del Instituto Geominero que
nuestro país tiene en su subsuelo un volumen de recursos muy importantes
que no han sido tenidos en cuenta a la hora de hacer ese plan hidrológico
en el sentido de poder usarlos accidentalmente o en momentos de sequía, o
por lo menos él entendía que no había sido partícipe de aquella
discusión. Es verdad que eso lo hacía en la comparecencia con motivo del
PDI, pero la verdad es que no se ha hecho un diseño en el tema del agua
desde la globalidad de todos los recursos y desde la realidad de que la
planificación hidrológica se hiciese en cada cuenca, preguntando qué
demandas hay de agua, qué necesidades hay, cuáles se pueden conseguir
ahorrando, cuáles reutilizando y cuáles hay que cubrir con otras
aportaciones, puesto que entre los recursos de aguas subterráneas, los
recursos de aguas superficiales y de otras vertientes complementarias, no
se han podido cubrir las necesidades que teníamos. En este punto tercero
añadíamos el concepto de calidad del agua, porque todas las aguas que
estamos usando hoy no tienen la misma realidad.
El cuarto elemento que queríamos añadir era democratizar la gestión del
agua, introducir unos nuevos sistemas de control que hagan más partícipes
a la gente en función de la realidad que vive y que las confederaciones
sean el sitio donde puedan participar desde los sindicatos de
agricultores hasta los usuarios. Me dirán ustedes que para eso es posible
que haya que modificar la Ley de Aguas. Lo que sí que es cierto es que la
gestión del agua hoy está creando focos opacos donde quien tiene el
recurso y no lo quiere usar lo puede vender a un precio desorbitado
creando pequeños mercados negros del agua, y sin embargo no estamos
consiguiendo que haya una gestión transparente de cada litro, de cada
metro cúbico del agua. Nosotros creemos que hay que fortalecer la gestión
transparente del recurso, que es escaso y que además puede provocar
determinados choques, y somos partidarios de que el sistema de decisión
en esa gestión del agua sea en función de las personas que lo necesitan y
no en función de las propiedades que tenga la persona que lo use. Decía
yo en aquella interpelación que una persona que tenga 300 hectáreas
decide y, aunque se junten 300 agricultores con una hectárea cada uno, el
que ha decidido es uno solo sobre 300, y pone los condicionantes de cómo
se distribuye el agua y quién riega, y si las tierras están río abajo, la
prioridad está marcada por una persona en función de la propiedad de la
tierra y no en función del agua que usa, no en función de los metros
cúbicos de agua que puede tener.
Terminábamos la moción, señor Presidente, con un sistema de gestión de
esta propuesta, que era que semestralmente, aquí, a la Cámara, se trajese
un informe por parte de la ministra donde se recogiera cómo está la
elaboración del plan hidrológico, cómo está el desarrollo de la Ley de
Aguas o la propuesta de modificación y cuáles son las medidas para actuar
sobre los recursos hídricos. Lo cierto, señor Presidente, es que la
moción pretendía buscar el consenso y el encuentro de todas las fuerzas
políticas. Yo creo que, por desgracia, el Gobierno, con la propuesta de
incorporación en la ley de acompañamiento, en lugar de favorecer este
encuentro entre las fuerzas políticas, ha impuesto ya de partida un
criterio no pactado, no discutido, no negociado, que se encamina a algo
tan raro como que el mercado puede ajustar las cosas en el agua, y la
verdad es que el mercado en el agua no ajusta nada. El agua es un recurso
público que tiene que utilizarse con criterios de distribución racional
para que todos los usuarios actuales puedan recibirla y para que no haya
negocio con ese recurso, porque, si no, iríamos a lo que pudiéramos
llamar la incorporación a la vida agrícola y a la vida de la
administración del recurso agua de los vendedores de agua como negocio,
de las industrias vendedoras de agua. Eso no ayuda a esa solución
integral sino que más bien la dificulta. En todo caso, espero que en el
curso del debate, en la defensa de las enmiendas que se han hecho a esta
propuesta por parte de los distintos grupos, se pueda precisar y ver si
hay voluntad de llegar a un encuentro que obligue al Gobierno y le
mandate para que en esta legislatura por fin tengamos plan hidrológico,
que no pase en esta legislatura como en las anteriores. Tengamos plan
hidrológico y que sea el plan hidrológico de todas las cuencas, de todos
los pueblos de España y de todos los españoles, no de unos contra otros,
porque si es de unos contra otros, si es de un partido frente a otro, si
es de unos usuarios del agua frente a otros o si es de una región contra
otra, jamás habrá respuesta al plan hidrológico.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
Han sido presentadas a esta moción enmiendas por el Grupo Parlamentario
Popular, y por el Grupo Parlamentario Socialista fuera de plazo. Estas
enmiendas
podrían ser debatidas a continuación si ningún grupo parlamentario se
opone a su tramitación. (Pausa.)
Comenzamos por las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular, para cuya defensa tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender las enmiendas que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular y para debatir los puntos de la
moción consecuencia de la interpelación sobre política hidráulica que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, cuyos fundamentos
son compartidos en gran parte por el Grupo Parlamentario Popular.
En el contexto actual, los diversos valores del agua confluyen e incluso
se contraponen en sus múltiples facetas medioambientales, socioeconómicas
y territoriales. La gestión integral del agua debe tener presente todos
estos factores para orientarlos en beneficio del interés general de los
ciudadanos, siempre desde el máximo respeto al entorno natural. En el
debate de la pasada interpelación quedó clara la postura del Gobierno de
la nación, expresada por la Ministra de Medio Ambiente, cuyos puntos
esenciales resumo de forma breve.
El principio fundamental en la política hidráulica va a ser el de la
economía del agua como ahorro, como uso eficiente de ese recurso tan
escaso. Existe una necesidad de optimizar las infraestructuras existentes
y de utilizar los recursos no convencionales. Los trasvases no
constituyen la única solución para corregir el déficit hídrico. Podrán
ser necesarios en determinadas condiciones, siempre acompañados de los
correspondientes estudios de viabilidad tecnicoeconómica y medioambiental
y analizando trazados alternativos cuando se demuestre efectivamente que
hay una cuenca deficitaria y hay una cuenca excedentaria.
Creo, señor Ríos, que nuestros planteamientos y los que usted ha
defendido son bastante similares. La moción que presenta supone una
aportación positiva con la que estamos de acuerdo, en la consideración
general, en dos de los cinco puntos, el primero y el quinto, con las
modificaciones que sustentan nuestras enmiendas que, como observará S.
S., se refieren a ellos.
El primer punto de nuestra enmienda mejora la redacción del texto
original y puntualiza el aspecto concreto de la gestión de la demanda.
Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que el Plan Hidrológico
Nacional debe orientarse de manera preferente hacia la gestión de la
demanda, pero sin olvidar tampoco que un país como el nuestro puede
necesitar en algún momento aumentar los volúmenes disponibles en base a
demandas previsibles, con el fin de poder así mantener su desarrollo.
El segundo punto de nuestra enmienda creemos que, como el anterior,
enriquece el punto quinto de la moción de Izquierda Unida. Asimismo,
puntualiza, respecto al informe, que se remita semestralmente y que en él
se indiquen las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de gestión
hidráulica.
No comparte nuestro grupo parlamentario, sin embargo, las propuestas
contenidas en el punto segundo de la moción, ya que los cánones y tarifas
establecidos en la vigente Ley de Aguas se consideran en principio
suficientes para los fines perseguidos, que no son otros que la
racionalidad en el uso del agua y la preservación de una adecuada calidad
del recurso, acorde con los fines a que es destinado, debiendo, eso sí,
perfeccionar la aplicación de tales instrumentos. Señor Ríos, también
respecto a ese punto y como usted bien sabe, el canon de vertido ya tiene
en la vigente Ley de Aguas un sentido finalista, aunque no hay que
descartar que los demás conceptos puedan también tenerlo en un futuro,
previo estudio y posible modificación de la Ley de Aguas.
Respecto al punto tercero, tampoco podemos apoyarle, porque posiblemente
usted ya habrá percibido que existe en él una enorme mezcolanza. Se
menciona que hay que abordar el ciclo hidráulico en su globalidad, cuando
ya lo hace la Ley de Aguas al declarar públicas tanto las aguas
superficiales como las subterráneas, aunque excluyendo de estas últimas
las minero medicinales, que requieren tal calificación de los ministerios
de Industria y Energía y de Sanidad y Consumo. Asimismo, en este punto, a
la vez que aboga por la utilización integral de las aguas, solicita
aparcar el uso indiscriminado de desaladoras como incremento de la oferta
y apoya las inversiones dirigidas a redes municipales de distribución.
Creo que es preciso subrayar en este punto que la Administración fomenta
una utilización racional de los recursos y que en materia de desalación
sólo se ejecutan y ponen en servicio aquellas instalaciones necesarias
para la atención de unas demandas concretas, por lo que solicitar el
aparcamiento del uso indiscriminado de desaladoras --y cito sus
palabras-- carece de toda lógica. Tampoco debe olvidar S. S. que el
abastecimiento y saneamiento y, por tanto, las redes de suministro
intramunicipal son competencia de las administraciones locales y, por
consiguiente, suya es la responsabilidad de su buena explotación y de su
mantenimiento.
En lo que al cuarto punto de la moción se refiere, tanto el
funcionamiento y la estructura de las confederaciones hidrográficas como
la composición y funciones de sus órganos de representación están
establecidos por la vigente Ley de Aguas, en la que, como es bien sabido,
se da una gran importancia a los usuarios. Ese es el motivo por el cual
los sindicatos agrarios no figuran representados, por no ser propiamente
usuarios, aunque sí tienen cabida en el Consejo Nacional del Agua.
Señorías, aunque por los motivos expuestos no nos es posible votar
afirmativamente estos puntos de la
moción, no le quepa a usted, señor Ríos, ninguna duda de que, como ha
afirmado en varias ocasiones la Ministra de Medio Ambiente, la política
hidráulica es un tema prioritario para el Gobierno de la nación, y la
presentación a esta Cámara del Plan Hidrológico Nacional será un hecho.
españa tiene un Gobierno que gobierna, un Gobierno responsable con el
programa de gobierno que consiguió el respaldo necesario de esta Cámara y
en el que estaba incluida la presentación del Plan Hidrológico Nacional.
Espero, señor Ríos, que acepte nuestra enmienda, que supongo estará de
acuerdo conmigo que recoge los principales puntos de su moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias también a los grupos parlamentarios por la interpretación
parlamentaria y política que han hecho del Reglamento del Congreso, al
permitir a este grupo, que por error había presentado las enmiendas fuera
de plazo, poder sostenerlas y defenderlas ante el Pleno del Congreso.
Mi situación en la jerarquía parlamentaria no me permite, como al señor
Ríos, disponer de la ley de acompañamiento a los presupuestos, pero sí
tengo un conocimiento de la misma, por algún alma piadosa que continúa
informándonos de algunos de los desafueros más importantes de este
Gobierno. A ello me voy a referir más tarde, porque hoy estamos, como ha
señalado el señor Ríos, en una contradicción; una contradicción que
consiste en que el orden del día nos lleva a tratar de la moción
presentada por Izquierda Unida, consecuencia de la interpelación
formulada el día 25 pasado, y la responsabilidad política nos debería de
llevar a debatir los contenidos de la ley de acompañamiento de los
presupuestos y la voladura descarnada y descarada que hace de la Ley de
Aguas y de la gestión pública de dominio público...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
García-Arreciado, yo le rogaría que se ciñese a la defensa de las
enmiendas que presenta a la moción y no sucumbiese a la tentación de
debatir la ley de acompañamiento en este momento.
Muchas gracias.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Aunque decía Oscar Wilde que la mejor
manera de vencer la tentación es caer en ella, seguiré el consejo del
señor Presidente.
Nuestras enmiendas parten del convencimiento pleno de que lo que digamos
aquí hoy no tiene otra función que ocupar el tiempo de SS. SS. y
aburrirles, porque decisiones paralelas del Gobierno han situado el
debate en un punto bien distinto de la moción que hoy consideramos.
La moción pide un Plan Hidrológico Nacional, señor Ríos. Nosotros, aparte
de querer poner fecha a ese Plan Hidrológico Nacional, nos permitimos
dudar de la capacidad y de la voluntad del Gobierno, a la luz de lo
contemplado en la ley que antes he citado, para elaborarlo. ¿Cómo es
posible elaborar un plan de cuenca o un Plan Hidrológico Nacional frente
a concesionarios a los que la citada ley les otorga un concesión de 75
años en la construcción, explotación y gestión de infraestructuras
hidráulicas? ¿Cómo es posible atender a una distribución equilibrada de
un recurso, la mayoría del cual quedará cautivo durante 75 años de
concesiones que, además, quedan exentas de la Ley de Contratos del
Estado? Es decir, se van a producir en un sistema de total opacidad ante
la opinión pública, donde el Estado garantiza el equilibrio financiero de
la explotación vía tarifa, y cuando eso no funcione el Estado prevé
otorgar determinadas ayudas --no faltaría más--, no sea que el año no sea
bueno y podamos encontrarnos con que lo que se concibe como un negocio no
lo sea. ¿Cómo es posible redactar un Plan Hidrológico Nacional con
organismos de cuenca que van a ser socios mercantiles de empresas
constructoras asociadas a los grupos eléctricos y financieros de este
país, los mismos grupos que cada vez que hay un mal año hidrológico
presionan a los organismos de cuenca y al ministerio para que la
definición de año hidrológico que se haga no cause daños irreversibles en
sus cuentas de resultados? ¿Cómo es posible que los organismos de cuenca
encargados de velar por la distribución equitativa del recurso, por la
calidad, por la preservación de esa calidad, sean socios mercantiles de
quienes un año tras otro van a ser sus rivales a la hora de definir usos
prioritarios del agua o a la hora de definir años hidrológicos? ¿Qué
valor tiene ante esta Cámara la palabra de un miembro del Gobierno que
todavía con el «Diario de Sesiones» del día 25 fresco se comprometía a
que no habría proceso de privatizaciones en el agua, que no se
implantaría un mercado, ni tan siquiera un banco del agua, que no había
ninguna iniciativa de privatización de la gestión de un recurso que es
público? ¿Qué valor puede tener para el Grupo Parlamentario Socialista y
para el resto de los grupos de esta Cámara la palabra de un miembro del
Gobierno que se comprometía a que ni por tasa ni por canon ni por precio
ni por impuesto se producirían alteraciones en el precio del agua? ¿Se
puede creer alguien que entienda algo de esto que empresas privadas
encargadas de gestionar bajo el principio de equilibrio financiero de la
concesión no van a trasladar al usuario el coste entre 12 y 15 pesetas
del metro cúbico del agua trasvasada?
¿Cómo es posible plantear en la moción de Izquierda Unida la revisión del
régimen del agua contemplado en el titulo VI, con una ley de
acompañamiento de los presupuestos que dinamita ese título VI de la Ley
de Aguas?
Esa es la situación real del debate. De manera que la bienintencionada
voluntad del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya de
encontrar amplios consensos parlamentarios debe ser respetada por todo el
mundo y por el Gobierno. Escuchamos aquí a la Ministra de Medio Ambiente
hacer una ingenua apelación, como dijo este portavoz, a una voluntad
universal de consenso en torno a la planificación hidrológica del país y
lo dijo el mismo día y hora en el que estaba mandando al Ministerio de
Economía y Hacienda una redacción de determinados preceptos de la ley de
acompañamiento que no puede sino provocar la indignación de los grupos
parlamentarios de esta Cámara.
El orden del día y la cortesía parlamentaria me obligan a referirme a la
moción presentada por Izquierda Unida.
Señor Ríos, hemos hecho un esfuerzo importante por mejorar un texto que
es confuso; ha habido veces en que no he conseguido entenderlo, no sé muy
bien a lo que se refiere, pero eso es lo de menos. El gran problema de su
moción, a la que vamos a votar favorablemente si aceptan las enmiendas
que nosotros hemos presentado, es que corremos el peligro de caer otra
vez en el error de la anterior legislatura, de cada mes o cada dos meses
traer a esta Cámara mociones, proposiciones no de ley relativas al tema
del agua, y de que, por tener la fiesta en paz, todos los grupos
parlamentarios acordamos consensuar un texto muchas veces contradictorio,
que no lanza un mensaje claro al Gobierno de lo que esta Cámara o, al
menos, determinada parte de esta Cámara quiere hacer con la política del
agua.
Hemos presentado estas enmiendas, pero sería un ruego de mi grupo
parlamentario que en el futuro, cuando se planteen debates sobre el agua
establezcamos jerarquías, porque no tiene sentido, en una misma moción,
hablar de la democratización interna de los sindicatos de regantes y del
Plan Hidrológico Nacional. Son cosas tan desconexas, están en escalas de
valores tan absolutamente diferentes que el resultado final será --y
posiblemente hoy aquí se vuelva a producir-- tener la fiesta en paz, no
dar la nota discordante, decir que todo el mundo estamos de acuerdo en
los objetivos básicos de la política del agua y, mientras tanto, el
Gobierno, hace unos días, estaba discutiendo la ley cuyo reglamento había
sido publicado el mismo día que había que debatir la ley en este Pleno
del Congreso de los Diputados, que ya es guasa; y hoy, se está planteando
una moción y un texto alternativo a la misma que no tiene valor ninguno
frente a los mecanismos privatizadores del dominio público puestos en
marcha por este Gobierno.
Vamos a ver si, por lo menos, ustedes y nosotros y algunos otros grupos
somos capaces de tener una voz coherente, una voz uniforme, una voz
sólida, una voz jerarquizada en la prioridad de los objetivos frente a
las políticas que nos propone el Gobierno, porque, de no conseguirlo, el
resultado será, como he dicho anteriormente, el mismo que en la anterior
legislatura, textos descafeinados, textos contradictorios, textos que
permiten al Gobierno, como en este caso, seguir haciendo lo que tiene por
conveniente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor García-Arreciado.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene
la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, se dice que el vino
produce locuacidad. Verdaderamente, en todo caso, en el tema del agua, en
esta sala y estos últimos días, se está produciendo el milagro de las
bodas de Caná, porque el agua da locuacidad a todo el mundo y tanto en la
interpelación como en lo que llevamos de debate de la moción nos salen
unos grandes discursos. Espero que el mío no sea muy amplio y que sea un
sencillo comentario sobre el contenido de la moción que se nos ha
presentado.
Nuestro grupo tiene muy claro en estos momentos lo que va a hacer, y lo
voy a explicar. Si no se acepta ninguna enmienda, nuestro grupo va a
votar favorablemente los números 1 y 5 de la moción. Si la petición que
voy a hacer no se aceptase como una enmienda que no se podría votar por
separado, pediría una corrección quizá de estilo, en el sentido de que al
final del número 1, donde se habla de gravamen al derroche o despilfarro,
se dijese gravamen al consumo desmedido o consumo desmesurado. Esta sería
nuestra posición.
En cuanto al número 2, señor Ríos, estos días hemos discutido aquí, fuera
de aquí, en otros foros, sobre los temas de cánones y de tarifas y no
estamos de acuerdo con lo que usted propone y, además, la redacción de
este número 2 nos parece muy farragosa, toca muchos temas y mezcla cosas
la mayoría de las cuales no son de recibo para nosotros. Exactamente
igual nos ocurre con el punto 3, donde se habla de abordar en globalidad
todo el ciclo hidráulico, y usted mezcla un montón de cosas como
desaladoras, aguas superficiales, aguas subterráneas, consumo doméstico.
Nos parece que estos temas no deben figurar en esta moción. Igual ocurre
con el punto 4, que se refiere a la presencia de organizaciones en el
tema del agua. Creemos que en estos momentos esto ya se está llevando
bien. Si hay reforma de la ley, quizá también se aborde este tema. El
contenido de los puntos 2 y 3 prácticamente es el que deben figurar en el
Plan Hidrológico Nacional.
Estamos completamente de acuerdo con el punto 5 en el sentido de que el
Congreso semestralmente presente un informe de cómo está el plan. Nos
parece favorable y si se votara separadamente, lo haríamos en sentido
afirmativo. Depende después de las enmiendas que usted admita. No sé qué
enmiendas admitirá. En todo caso le diría que somos muy favorables a la
mayoría de ellas.
No puedo definir más la posición de nuestro grupo respecto a su moción
inicial. Tengo que conocer cuál es su postura respecto a las enmiendas
para decir si votamos el texto favorablemente. Podría ser en sentido
favorable, pero depende de lo que nos diga respecto a las enmiendas del
Grupo Socialista y del Grupo Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
Para expresar su aceptación o no a las enmiendas presentadas, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, creo que si
admitiéramos íntegramente todas las enmiendas del Grupo Socialista, la
moción se aprobaría de la misma manera que si pudiéramos mejorar incluso
el texto que ha presentado Izquierda Unida. Nuestro grupo aprobaría todas
las enmiendas del Grupo Socialista, salvo la primera. Voy a leer cómo
quedaría el párrafo de la primera y después se lo pasaré al señor
Presidente para que pueda someterse a votación. Recoge en parte la
enmienda socialista, puesto que voy a retirar lo referente al amplio
consenso nacional, cuya redacción le preocupa. El texto diría así:
Remitir a la Cámara, en el plazo más breve posible, un Plan Hidrológico
Nacional que permita abordar con éxito su aplicación en coordinación con
los planes hidrológicos de cuenca y con el plan nacional de regadíos. Su
elaboración deberá afrontarse desde la racionalidad, la previsión y el
rigor técnico, y deberá orientarse de manera preferente hacia la gestión
de la demanda, fomentando el ahorro y la utilización racional de los
recursos hídricos. Todo ello para lograr que en esta legislatura esté
aprobado el Plan Hidrológico Nacional. Ese sería el primer punto y
aceptaríamos los demás del Grupo Socialista. Sin embargo, en el quinto,
señor Presidente, la propuesta del Grupo Socialista es que igualmente se
remitan al Congreso de los Diputados, con carácter semestral, los
documentos enviados por el Gobierno al Consejo Nacional del Agua y los
producidos por éste. Creo que es mejor la redacción que nosotros
proponíamos. En todo caso, la propuesta que hace el Grupo Popular sería:
remitir semestralmente al Congreso de los Diputados un informe en el que
se dé cuenta del estado de elaboración del plan hidrológico, del
desarrollo de la Ley de Aguas y de las medidas adoptadas por el Gobierno
en materia de gestión hidráulica. Si a eso le añadimos: y las que
proponga el Consejo Nacional del Agua, estarían recogidas las dos
propuestas. Esta es la redacción que haré llegar a continuación al señor
Presidente, por lo que propongo la votación de la enmienda del Grupo
Socialista con estas dos precisiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos. En esos términos se someterá a votación la moción presentada
por su grupo parlamentario. Le ruego haga llegar a la Presidencia por
escrito ambas transacciones.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política hidrológica del Gobierno, en los términos
resultantes de la aceptación de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 306.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada por unanimidad.
(Aplausos.)
Se suspende la sesión hasta mañana a las dieciséis horas.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.