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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 24, de 18/09/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 24
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 23
celebrada el miércoles, 18 de septiembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 988)
Interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del Gobierno en
materia de inmigración (número de expediente 172/000013) (Página 1013)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en relación con las medidas de política general sanitaria que
va a adoptar el Gobierno para hacer efectivos los principios de
universalidad y gratuidad del sistema sanitario (número de expediente
172/000014) (Página 1026)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 25, de 19 de
septiembre de 1996.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 988)
Del Diputado don José Manuel Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el
Gobierno de la evolución del empleo en los últimos meses? (Número de
expediente 180/000187) (Página 988)
De la Diputada doña María Angeles Amador Millán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Sabe ya el
Sr. Presidente del Gobierno si el Gobierno va a cobrar una tasa sobre
recetas? (Número de expediente 180/000197) (Página 989)
Del Diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Con qué criterios y referencias va a
plantear el Gobierno la política de moderación y congelación salarial ya
anunciada? (Número de expediente 180/000207) (Página 991)
Del Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información tiene
el Gobierno acerca del grave incidente ocurrido entre un Moto Pesquero de
Huelva y una Patrullera portuguesa en la madrugada del 11 de septiembre?
(Número de expediente 180/000196) (Página 992)
Del Diputado don Javier Barrero López, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno
en relación al ametrallamiento por una patrullera portuguesa de
pescadores españoles? (Número de expediente 180/000201) (Página 993)
Del Diputado don Francisco Fuentes Gallardo, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores: ¿Qué
criterios ha seguido el Gobierno para establecer las subvenciones a los
proyectos y programas presentados por las Organizaciones no
Gubernamentales del Desarrollo (ONGD)? (Número de expediente 180/000198)
(Página 994)
Del Diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué iniciativas está adoptando
el Ministerio de Justicia para la creación de plazas de actividad para la
Prestación Social Sustitutoria de objetores de conciencia? (Número de
expediente 180/000191) (Página 995)
Del Diputado don Manuel Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles han sido las medidas que se
han adoptado por el Ministerio de Justicia para mejorar sus dotaciones en
infraestructuras? (Número de expediente 180/000192) (Página 996)
Del Diputado don Antonio Pérez Solano, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Cuántas excarcelaciones estima el Gobierno que
se van a producir como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo
Código Penal? (Número de expediente 180/000202) (Página 997)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene
previsto el Gobierno promover la modificación de la Ley 17/1989, de 19 de
julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional? (Número
de expediente 180/000188) (Página 998)
Del Diputado don Antonio Cárceles Nieto, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Está entre las previsiones del
Gobierno mantener la capacidad tecnológica de nuestros astilleros
mediante la construcción de nuevos submarinos? (Número de expediente
180/000189) (Página 999)
Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno modificar el
Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, de creación del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas? (Número de expediente
180/000190) (Página 1000)
Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es
la valoración del Gobierno sobre el resultado de las Olimpiadas de
Atlanta para el deporte español? (Número de expediente 180/000194)
(Página 1001)
De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno alguna
partida en los Presupuestos de 1997 para la ubicación de la Biblioteca
Provincial de Barcelona, así como la búsqueda de emplazamiento y fechas
de ejecución y apertura? (Número de expediente 180/000186) (Página 1002)
Del Diputado don Salvador Clotas Cierco, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los proyectos de la
Ministra de Educación y Cultura para la ampliación del Museo del Prado,
después de haber sido declarado desierto el Concurso Internacional de
Ideas? (Número de expediente 180/000200) (Página 1003)
Del Diputado don José Luis Centella Gómez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Excma. Sra. Ministra de Educación y Cultura: ¿Qué valoración le produce a
la Sra. Ministra de Educación y Cultura el resultado del concurso
realizado para la ampliación del Museo del Prado? (Número de expediente
180/000208) (Página 1004)
De la Diputada doña María Jesús Aguirre Uribe, del Grupo Vasco (EAJ-PNV),
que formula al Gobierno: ¿Cuándo definitivamente se van a traspasar las
políticas activas de empleo con inclusión de la cuota de formación
profesional al País Vasco? (Número de expediente 180/000185) (Página 1005)
Del Diputado don Teófilo de Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas adoptará el
Gobierno para eliminar las barreras de comunicación que dificultan la
integración social de los sordos? (Número de expediente 180/000195)
(Página 1007)
Del Diputado don Angel Díaz Sol, del Grupo Socialista del Congreso, que
formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto al
Plan concertado de Servicios Sociales? (Número de expediente 180/000203)
(Página 1008)
Del Diputado don Emilio Pérez Touriño, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Es cierto que el Gobierno
piensa cobrar una tasa o peaje sobre las autovías? (Número de expediente
180/000199) (Página 1009)
Del Diputado don Víctor Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno aprobar el
correspondiente reglamento técnico y de prestación del servicio de
telecomunicaciones por cable? (Número de expediente 180/000205)
(Página 1010)
Del Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y
Consumo: ¿Qué medidas tiene previstas adoptar el Gobierno ante el grave y
urgente
problema de los médicos especialistas sin título, que vienen realizando
una labor sanitaria a satisfacción, muchos de ellos con más de 15 años de
antigüedad? (Número de expediente 180/000184) (Página 1011)
Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el Sr.
Ministro el Plan de Acción contra el SIDA, que recientemente ha
anunciado? (Número de expediente 180/000193) (Página 1012)
Interpelaciones urgentes (Página 1013)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del Gobierno en
materia de inmigración (Página 1013)
La señora Fernández Sanz, en nombre del Grupo Socialista, expone los tres
motivos principales por los que su Grupo interpela al Gobierno. En primer
lugar, por unas palabras del señor Ministro del Interior acerca de la
necesidad de un pacto de Estado en materia de inmigración; en segundo
lugar, por declaraciones y silencios, en opinión de la interpelante y de
su Grupo, muy desafortunados; y en tercer lugar, por la situación actual
de Ceuta y Melilla, así como por las secuelas de la «operación Melilla».
A continuación manifiesta su oposición en cuanto a un nuevo pacto de
Estado sobre política inmigratoria, ya que se hizo en el año 1991 con la
colaboración también del Grupo Popular. Considera que en España existe
una política clara de inmigración --aunque tal vez no esté
suficientemente integrada en la sociedad española-- que se basa en tres
pilares: en contener los flujos, en desarrollar acciones positivas que
propicien la integración laboral y social de estos colectivos y en
impulsar políticas de cooperación, especialmente con aquellos países de
origen de los inmigrantes que vienen a España. Considera que la situación
de los ilegales --que, a su juicio, se debería decir irregulares-- se
agrava siempre en verano, pero el balance global del año es más o menos
el mismo, y existen normas suficientes para controlarla, aunque hay que
cumplirlas. Se refiere a una proposición no de ley que presentó el Grupo
Socialista en el mes de julio para buscar el diálogo en aquellas materias
en que fuera necesario ir adecuando este gran pacto del año 1991 con la
situación actual. Anuncia que la posición del Grupo Socialista en esta
materia, que será la que mantenga en la ponencia, es la de que no es
posible el crecimiento cero de llegada de inmigrantes.
A continuación se refiere a las declaraciones del señor Aznar y de
algunos alcaldes de Convergència i Unió en el mes de agosto, así como a
los silencios de los dirigentes del Grupo Popular. Añade que en su Grupo
siguen preocupados por la situación específica de Ceuta y Melilla, y
esperan contestación por parte de los Ministerios de Interior y de
Exteriores. Anuncia que el Grupo Socialista ha presentado una moción con
dieciséis propuestas y solicita al señor Ministro que las estudie para
lograr la próxima semana un consenso que pueda dar solución a los
problemas de estos ciudadanos.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Interior (Mayor
Oreja) manifestando estar de acuerdo con la señora Diputada del Grupo
Socialista en que hace falta diálogo en esta Cámara, porque si antes de
presentar la interpelación se hubiese dialogado con el Gobierno y con el
Ministro de Interior, se hubiesen vaciado de contenido muchas de las
razones de la interpelación. Reitera que considera la política de
inmigración como de Estado, al igual que la política antiterrorista,
porque lo que caracteriza una política de Estado es la continuidad y ésta
es necesaria en este caso. Añade su deseo de tener una conversación, un
diálogo y un acuerdo con el Grupo Socialista. Por otra parte, está de
acuerdo en que no es posible el crecimiento cero, pero no en que se tomen
como referencia unas situaciones que provocan xenofobia.
En cuanto a la segunda razón por la que se presenta la interpelación, que
son las declaraciones del Gobernador Civil de Gerona y los silencios del
Gobierno, considera que ya ha contestado en este Parlamento la semana
pasada, y valora el silencio, muchas veces, como un sentimiento de
prudencia. Asimismo, en lo referente a la «operación Melilla», manifiesta
que dio cumplida respuesta en su comparecencia voluntaria en el Congreso,
en el seno de la Comisión. Entiende las críticas que pueden haberse
producido, pero estima que se debe dar una reacción proporcionada a lo
que, a lo mejor, pudiera ser una medida equivocada del Gobierno, pero no
por ello se debe poner en riesgo lo que debe significar una política de
Estado en materia de inmigración.
A continuación expone ante la Cámara las directrices principales del
Gobierno en esta cuestión, que están encaminadas a una política racional,
equilibrada, que tenga en cuenta Schengen, pero, al mismo tiempo, tenga
en cuenta la necesaria acogida en España de un sector de la inmigración.
Manifiesta que, debido a que se ha duplicado en cinco años la cifra de
inmigración, es necesario tomar medidas urgentes. A este respecto,
anuncia, en primer lugar, la puesta en marcha de las oficinas de
extranjeros y el deseo del Gobierno de avanzar en la adopción de medidas
de integración social; en segundo lugar, el control de flujos migratorios
y la lucha contra la inmigración irregular y la explotación de
trabajadores extranjeros; y, en tercer lugar, la necesidad de la
solidaridad. En este terreno, España, a través de la Comunidad Europea,
tiene que plantearse seriamente la ayuda a países en vías de desarrollo,
pero tiene que ser consciente de que será uno de los problemas más
dramáticos y difíciles que se van a producir en el conjunto de Europa en
los próximos años.
Replica la señora Fernández Sanz, duplicando el señor Ministro de
Interior.
Para fijación de posiciones, intervienen los señores, Mardones Sevilla,
del Grupo de Coalición Canaria; Campuzano i Canadès, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; y el señor Gil Lázaro, del
Grupo Popular.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en relación con las medidas de política general sanitaria que
va a adoptar el Gobierno para hacer efectivos los principios de
universalidad y gratuidad del sistema sanitario (Página )
Interviene la señora Maestro Martín, en nombre de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que presenta la
interpelación para intentar acabar con esa cascada inaceptable de
declaraciones y contradeclaraciones de las medidas que piensa tomar el
Gobierno en relación con las prestaciones del sistema sanitario público.
Considera que lo único que perseguía el Ministerio de Sanidad al utilizar
la fórmula del Real Decreto-ley era aumentar el espacio del negocio
privado en la sanidad pública; se trataba de reducir el gasto público
como fuera, de privatizar la parte más rentable del actual sistema
sanitario y de facilitar el negocio a las aseguradoras privadas y a la
industria farmacéutica, en aras de conseguir los inalcanzables criterios
de Maastricht.
A continuación se refiere a la anunciada ampliación del Real Decreto-ley
de financiación selectiva de medicamentos basándose en que el sistema
sanitario es insostenible y en que hay una crisis fiscal del Estado,
cuando la realidad es, según su opinión, que la crisis fiscal del Estado
está siendo fabricada desde este Gobierno, y desde gobiernos anteriores
del Partido Socialista Obrero Español, a través de las sucesivas reformas
del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, hace mención de la justificación
de las medidas por el envejecimiento de la población, cuando en realidad
el incremento de jubilados y pensionistas se ha producido a través de
jubilaciones anticipadas impuestas, que han trasladado a la Seguridad
Social cargas que corresponden a la empresa privada. No considera de
recibo la cifra que ha dado la industria farmacéutica de un fraude de
50.000 millones de pesetas en las recetas de los pensionistas y considera
necesario que para hablar de fraude se ofrezcan estudios objetivos.
A continuación se refiere al gasto farmacéutico y a los factores que
intervienen en él, considerando necesario hablar de las multinacionales
de la industria farmacéutica que llevan a cabo políticas de monopolio y
que, a través de una presión económica, controlan la prescripción. Por
otro lado, considera escandaloso el que seamos el segundo país europeo en
número de especialidades farmacéuticas autorizadas, lo que no quiere
decir que tengamos el mejor registro farmacéutico, puesto que éste
introduce mayores niveles de confusión en la prescripción y en toda la
cadena del medicamento.
Se pregunta cómo se puede decir que la población es irresponsable e
irracional en el consumo de medicamentos cuando se ha introducido, vía
Ley del Medicamento, la publicidad en los medios de comunicación.
Asimismo, se refiere al uso de genéricos, que suponen en España un 2,9
por ciento cuando en otros países de la Unión Europea es el 30 por
ciento, y se pregunta sobre la posibilidad de la compra global de
medicamentos por parte de la Seguridad Social. Finaliza su intervención
manifestando que el único objetivo posible en democracia es el uso
racional de los medicamentos, de lo que se deduciría, sin duda, una
disminución del gasto.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo
(Romay Beccaría) diciendo que el compromiso de este Gobierno con el
Sistema Nacional de Salud quedó evidenciado en el discurso de investidura
del señor Presidente del Gobierno, y era potenciar y modernizar el
Sistema Nacional de Salud. Este compromiso fue unánime en esta Cámara y
dio lugar a la constitución de una ponencia para estudiar estos problemas
y tratar de encontrar, entre todos, las soluciones adecuadas, pero había
que tomar algunas medidas urgentes sin esperar a las conclusiones de los
trabajos de esa ponencia, puesto que el sistema sanitario es
excesivamente rígido, burocrático y carente de flexibilidad.
A estos efectos, se aprobaron dos decretos-ley: uno, mediante el que se
trata de dotar al Sistema Nacional de Salud de instrumentos de gestión
que permitan una mayor agilidad, y otro, de ampliación del servicio
farmacéutico a la población. Asimismo se acometió un plan de choque
contra las listas de espera.
En cuanto a la política farmacéutica, reconoce que es un grave problema
en España y constituye un elemento desequilibrante en cuanto al
crecimiento del gasto sanitario. Para corregir esta situación se han
elaborado programas de control del gasto farmacéutico en el Insalud, se
han previsto inspecciones y se ha recabado la colaboración de los
médicos. Asimismo se ha firmado un convenio con la industria
farmacéutica, con efectos de primero de julio pasado, en virtud del cual
esta industria farmacéutica hará aportaciones al sistema. También se ha
llegado a un acuerdo con el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos y con los almacenes de distribución. En relación con el
impulso de los medicamentos genéricos que se ha anunciado, manifiesta que
es una línea en la que hay que avanzar, aunque no hay ninguna intención
de introducir una nueva lista indicativa. Anuncia que se va a revisar
también el problema de los envases para corregir cualquier
disfuncionalidad que se pudiera presentar. Considera que todas estas
medidas están en línea con lo que puede ser una importante mejora de la
situación en la que nos encontramos y niega que tenga nada que ver con la
ampliación de ningún negocio privado. Estima que no tiene nada que ver
con la realidad el hablar de los problemas de la crisis fiscal para
justificar lo que se está haciendo, puesto que la sensibilidad del
Gobierno en relación con el gasto social y sanitario se evidencia en los
presupuestos restrictivos de este año, donde el gasto social se mantiene
y en sanidad se prevén incrementos del orden del 6 por ciento.
Finalmente, manifiesta que están en el buen camino para mejorar el
Sistema Nacional de Salud, que es trabajar por su universalidad y por la
equidad en el acceso.
Replica la señora Maestro Martín, duplicando el señor Ministro de Sanidad
y Consumo.
Para fijación de posiciones, hacen uso de la palabra el señor Homs i
Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); la señora Amador Millán,
del Grupo Socialista, y el señor Villalón Rico, del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON JOSE MANUEL PEREZ CORGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL
GOBIERNO DE LA EVOLUCION DEL EMPLEO EN LOS ULTIMOS MESES? (Número de
expediente 180/000187)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Con el turno de control al Gobierno, comienza el punto IV del orden del
día: preguntas orales al Gobierno.
Pregunta numero 11, que formula el Diputado del Grupo Parlamentario
Popular, don José Manuel Pérez Corgos, al Presidente del Gobierno.
El señor Pérez Corgos tiene la palabra.
El señor PEREZ CORGOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, el pasado 3 de mayo pronunciaba S. S. ante
esta Cámara el discurso de investidura, y uno de los primeros asuntos que
abordó en ese discurso fue el problema del desempleo.
Decía S. S. que el problema del paro es el primer problema que tiene la
economía española, pero que, con todo, no es solamente un problema
económico sino un verdadero drama familiar y personal, y propugnaba la
consecución de un sistema productivo, eficaz y competitivo, capaz de
generar empleo estable, capaz de adaptarse a las necesidades de los
mercados y a las nuevas tecnologías.
Por su parte, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en su
comparecencia ante la Comisión de Política Social y de Empleo de esta
Cámara, nos decía que la creación de empleo estable no sólo es un
objetivo del Gobierno sino la verdadera obsesión de este Gobierno.
Han pasado desde aquel 3 de mayo, señor Presidente, poco más de cuatro
meses y en ese período de tiempo el Gobierno ha adoptado una serie de
medidas de carácter económico y fiscal tendentes fundamentalmente a la
consecución de ese sistema productivo, eficaz y competitivo. Desde esa
doble perspectiva, la que nos da el tiempo transcurrido y la puesta en
práctica de esas medidas, señor Presidente, es desde la que le pregunto:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la evolución del empleo en los
últimos meses?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Corgos.
El señor Presidente del Gobierno tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente. Con mucho gusto, señor Pérez Corgos.
Empezaré dando los datos de los cuales dispone el Gobierno. En este
momento, tenemos en nuestro país 315.000 puestos de trabajo más que
teníamos hace un año. En los ocho primeros meses de 1996, podemos contar
con 233.000 parados menos, de los cuales, a los últimos cuatro meses, es
decir, de mayo hasta la fecha, corresponden exactamente 191.106 parados
menos. Los contratos indefinidos han aumentado un 5,4 por ciento y los
contratos temporales han descendido un 0,8 por ciento. Esos son los datos
de la realidad que nos llevan a hacer, por tanto, una valoración positiva
de la misma; una valoración positiva de una tendencia continuada y que
tiene ciertos caracteres de estabilidad, lo cual no nos debe hacer caer,
en ningún caso, en ninguna actitud rayana en la satisfacción ni mucho
menos en el triunfalismo. Estamos ante el primer problema del país que,
como usted acaba de recordar, es un problema que trasciende del dato
económico para transformarse en un problema con una enorme carga humana
que afecta a muchos millones de españoles, a muchas familias españolas y
respecto del cual el Gobierno no va hacer ninguna promesa fácil. No vamos
a decir alegremente que prometemos tantos miles o tantos cientos de miles
de puestos de trabajo. Me parece más útil tomar decisiones que alienten
el crecimiento sostenido y estable de nuestra economía y, por tanto, la
generación de puestos de trabajo. Permítame que entre ellas yo quiera
destacar que es positivo para la generación de empleo aumentar en
términos de ahorro y de inversión el clima de confianza en la economía
española; que será positivo, como desea el Gobierno, y espero que pueda
ser posible, la consecución de un pacto social, de acuerdos sociales
concretos que sirvan para generar confianza en los agentes económicos y
sociales; que es importante seguir adelante con las reformas
estructurales, tanto en orden a la liberalización de sectores que
alientan la competencia como a la reforma del sector público y otras
reformas y, por supuesto, que es muy importante lograr los objetivos de
que España esté preparada cumpliendo las condiciones, que en este momento
desgraciadamente no cumple, para acceder a la moneda única como una de
las mayores y grandes oportunidades de estabilidad y de crecimiento de
empleo que va a tener nuestro país. Por tanto, hay una tendencia positiva
y satisfactoria; creo que se va a cerrar el año bien, pero hay muchísimo
trabajo todavía por acometer. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ANGELES AMADOR MILLAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO:
¿SABE YA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO SI EL GOBIERNO VA A COBRAR UNA
TASA SOBRE RECETAS? (Número de expediente 180/000197)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno doña
María Angeles Amador Millán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor Presidente.
¿Sabe ya el señor Presidente del Gobierno si el Gobierno va a cobrar una
tasa sobre recetas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amador Señor Presidente del
Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Contesto con mucho gusto
a la señora Amador.
El Presidente del Gobierno sabe que hay un problema, sin duda muy
importante, de financiación del gasto sanitario en nuestro país, que está
decidido a acometer. Dentro de ese gasto sanitario, sabe el Gobierno
también que existe un problema grave de financiación del gasto
farmacéutico que, como usted conoce muy bien, supone en torno al 20 por
ciento del gasto sanitario total de nuestro país, y que afecta a las
administraciones, afecta a las empresas, afecta a los profesionales, sean
médicos o farmacéuticos, y afecta, por tanto, también a los usuarios. Su
señoría conoce muy bien la evolución de ese gasto en los últimos años,
que no se puede calificar plenamente de satisfactorio.
El Gobierno y el Presidente del Gobierno sabe muy bien que vamos a hacer
el mayor esfuerzo, dentro de las disponibilidades presupuestarias, para
mantener un nivel muy alto de prestaciones sociales en nuestro país en el
ámbito sanitario y, por supuesto, de mantenimiento de los derechos
sanitarios en el sistema de salud pública de los ciudadanos españoles. Y
el Presidente del Gobierno sabe, por supuesto, que va a cumplir su
compromiso, ofrecido desde esta tribuna en el discurso de investidura y
aceptado por la mayoría de la Cámara, de que una ponencia en el seno de
la Comisión de Sanidad establezca las reglas esenciales de reforma del
sistema sanitario en España. (Rumores.--Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, señor Aznar, le agradezco su contestación
hoy aquí, le agradezco que haya tenido a bien contestar la pregunta
porque la semana pasada no lo hizo e hizo referencia a este tema en los
pasillos del Congreso. Por tanto, le agradezco hoy su respuesta.
Quiero hacerle tres ruegos, señor Presidente. Desde mi grupo le hacemos
hoy tres peticiones. La primera, que mantenga su compromiso electoral y
de investidura de mantener el sistema sanitario público, señor
Presidente. Mantener el sistema es el que tenemos, señor Aznar, que no sé
si usted conocía bien, pero que tiene unas condiciones de la prestación
farmacéutica muy satisfactorias, que S. S. repasa estos días como
sorprendido y que parece querer modificar, y las compara, además, con
otros países europeos.
Quiero decirle que de esa prestación farmacéutica que hemos defendido,
estamos muy orgullosos y queremos mantenerla. Mantener el sistema no es
reformarlo para disminuirlo, es mantenerlo. Y cuando la compare con otros
países, señor Aznar, le ruego que haga la comparación completa, que
explique cuáles son los recortes que acaba de hacer el canciller Kohl,
para que todos comprueben que no estamos en el mismo punto y que, por
tanto, retroceder no es posible en el umbral de protección social que
nuestro país tiene.
En segundo lugar, señor Aznar, le quiero hacer otro ruego. Quiero rogar
al Gobierno que deje de hacer anuncios que no se corresponden con
decisiones de gobierno; quiero pedir al Gobierno que deje de hacer
anuncios que inquietan, que son inmediatamente desmentidos. Porque los
anuncios del Gobierno, señor Aznar, producen inquietud. No son debate,
son motivo de inquietud. A menos que el Gobierno pretenda que sus
anuncios se reciban a beneficio de inventario, que no espero. Por tanto,
ruego que cese este anuncio continuo de medidas en la sanidad que
inquietan a la sociedad española, que deje de tantear la capacidad de
resignación o de reacción de la sociedad ante determinadas medidas, señor
Aznar. Por último, le quiero pedir que no desaproveche la oportunidad que
tienen su Gobierno y usted, señor Presidente, de contar con una oposición
que antepone la defensa del valor social que representa la sanidad a la
tentación de imitar otros estilos de oposición que no han hecho nada
fáciles las cosas.
Hay que reducir, señor Aznar, el gasto farmacéutico, como ha dicho muy
bien, pero no a costa del pensionista. Hay que reducir los márgenes de la
industria, de las oficinas de farmacia, hay que prescribir mejor los
medicamentos y hay que profundizar en la política de uso racional del
medicamento, señor Aznar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amador, ha concluido su tiempo.
(Aplausos.)
La señora AMADOR MILLAN: Señor Presidente, acabo. No tienen....
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Concluya, señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Concluyo, señor Presidente. No tienen que pagar
los pensionistas, señor Presidente, y los que cobran una pensión alta ya
pagan impuestos, señor Aznar, que es la forma más equitativa de
distribuir los esfuerzos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amador.
Señor Presidente del Gobierno, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Yo comprendo, señora
Amador, aunque me sorprenden algunas de sus apreciaciones, que usted
pueda criticar al Gobierno por lo que hace. Ya me sorprende un poco más
que también le critique por lo que no hace o por lo que supuestamente
usted cree que va a hacer. (Rumores.)
Usted, que ha sido Ministra de Sanidad, debería saber varias cosas.
Nosotros hemos concluido un acuerdo con la industria farmacéutica mucho
más ventajoso para el sistema que el acuerdo que había anteriormente
(Rumores.), con muchos más márgenes en todos los sentidos, y estamos en
negociaciones con los colegios farmacéuticos para concluir un acuerdo en
condiciones mucho mejores que el que había. Cuando había antes unos
márgenes que empezaban a poner penalizaciones del 7 por ciento, nosotros
lo estimamos en el 2,5 por ciento, con lo cual se va a producir un ahorro
en el sistema verdaderamente importante. Es decir, hemos empezado por las
empresas, hemos empezado por los farmacéuticos, hemos empezado con un
control más estricto de los médicos y de los profesionales, estamos con
un control más estricto de los hospitales, que sabe usted --o debería
saber, señora Amador-- que más del 50 por ciento de los hospitales
gestionados por el Insalud no tienen los mínimos de intervención y de
control de gasto necesarios para controlar correctamente sus
administraciones y sus contabilidades, más de la mitad de los 92
hospitales gestionados directamente por el Insalud. Y sabe usted también
que el control del usuario es un control especialmente difícil por la
sencilla razón de que no está informatizado, que hay un control
informatizado de médicos, de empresas, pero no de los usuarios, y yo creo
que racionalizar eso es bastante importante y necesario para el sistema
en este momento. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON LUIS FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CON QUE CRITERIOS Y
REFERENCIAS VA A PLANTEAR EL GOBIERNO LA POLITICA DE MODERACION Y
CONGELACION SALARIAL YA ANUNCIADA? (Número de expediente 180/000207)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, que formula al Gobierno el
Diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señor Alcaraz, tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, señor Presidente del Gobierno,
¿con qué criterios, puntos de referencia e indicaciones va a plantear el
Gobierno su política de congelación salarial con respecto a los salarios
públicos y de moderación con respecto a los salarios privados?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Presidente del Gobierno, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Creo que el criterio en
relación con la decisión que ha tomado el Gobierno desde el punto de
vista presupuestario, que no es una decisión fácil ni agradable, como
puede comprender S. S., de congelar el sueldo de los funcionarios
públicos --que, por cierto, no es la primera vez que se toma, y no por
parte de este Gobierno, dicho sea de paso-- es un criterio de necesidad
objetiva. Lo necesitamos para cumplir los criterios de convergencia
establecidos en el Tratado de Maastricht y, por tanto, para que nuestro
país pueda cumplir las condiciones de acceder desde el primer momento a
la moneda única, que es nuestro deseo, porque creemos que eso es
beneficioso para la economía española.
Si la pregunta se refiere a si el Gobierno entiende beneficiosa o no la
moderación salarial en el conjunto del sistema económico, le tengo que
decir que sí, fundamentalmente por dos razones, porque la moderación
salarial y su ejercicio es muy positiva para combatir la inflación, es
más, yo diría que determinante para combatir la inflación, y porque es
determinante también para la creación de empleo. Habida cuenta que el
ejercicio de 1997 va a ser un año decisivo para España y para el
cumplimiento de esos criterios, yo le quiero decir que nosotros hemos
alentado claramente a las organizaciones empresariales y a las centrales
sindicales a que toda negociación salarial se haga teniendo en cuenta ese
horizonte y, por tanto, ese concepto de la moderación salarial se
convierta en un concepto estable que sea útil para luchar contra la
inflación y para procurar puestos de trabajo en España.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Aznar, es usted el primer patrón de
España, y en este aspecto ha tenido una actitud políticamente deleznable
(Rumores.) Ha empobrecido a los funcionarios 200.000 millones de pesetas.
Usted y su Gobierno son quienes más pueden influir en el tema de la
negociación salarial, y está usted pidiendo moderación salarial,
perdiendo las trabajadoras y trabajadores el 2,5 por ciento de poder
adquisitivo, cuando se calcula en 3,7 el interanual a estas alturas.
Está pidiendo usted, señor Aznar, un gran sacrificio social --lo han
cambiado ahora por esfuerzo--, un gran tirón del cinturón y, sin embargo,
lo están haciendo desde planteamientos, a mi juicio, engañosos y desde la
ruptura de distintos compromisos electorales.
¿Cómo es posible mejorar la calidad de vida, cosa que defendió usted ahí
desde la tribuna durante el discurso de investidura y al mismo tiempo
hacer un gran sacrificio? Más bien parece que están anunciando ustedes
una política sadomasoquista: viva usted mejor, sufriendo, y sobre todo
apuntan a los salarios, señor Aznar, siempre a los salarios, el señor
Montoro el otro día y hoy usted. ¿Por qué no dicen nada de los
beneficios? ¿Por qué siempre tienen que pagar los salarios?
Hay un grupo de expertos que usted conoce muy bien, GEPE, que dice que la
subida del IPC para 1996 y 1997, tiene mucho más que ver con los
beneficios que con los salarios y, sin embargo, ustedes siguen apuntando
a los salarios como fuente de la inflación. Y no se habla en este país de
la inflación de los beneficios, y hay que empezar a hablar de una vez
porque si no la propuesta que ustedes hacen es injusta y absolutamente
reaccionaria.
Como igualmente es irreal en este marco el motor principal para la
reactivación política que ustedes están señalando: el aumento del consumo
privado. ¿Cómo se puede consumir más con menos salario, cuando además el
salario, como usted sabe, al mismo tiempo, es coste, pero también
demanda?
En definitiva, señor Aznar su política económica tiene una lógica rota,
engañosa. En realidad iniciamos el camino del ajuste permanente y
consiguientemente de una severa regresividad social. Y esto no lo puede
usted justificar constantemente con la advocación carismática de
Maastricht. Es posible que al final del proceso el euro cambie mejor en
España, pero los españoles y las españolas viviremos mucho peor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): La verdad, con todo
respeto, señor Alcaraz, con la racha de aciertos que ustedes llevan, no
me extraña nada lo que usted acaba de decir.
Yo le quiero decir que he contestado sobre la moderación salarial porque
usted me ha preguntado sobre ella. Hubiese contestado sobre los
beneficios si usted me hubiese preguntado sobre los beneficios. Pero
acabo de hablar, contestando a la pregunta de la señora Amador, sobre los
beneficios de alguna industria, de algunas empresas y sobre los márgenes
de ellas, que el Gobierno está dispuesto a actuar sobre ellos cuando es
necesario.
Ahora, para que haya unos salarios razonables, incluso en los términos de
moderación salarial, no es malo, sino bastante bueno, dicho sea de paso,
que las empresas los puedan pagar y tengan beneficios.
Yo lo que le quiero decir, señor Alcaraz, es que para la oportunidad de
la economía española, y para el crecimiento de la economía española y
para el descenso del paro, tener bien clara la secuencia
salarios-productividad-empleo, es fundamental, y no existe ningún país
del mundo en donde, desligándose los salarios de la productividad,
descienda el desempleo. Por eso es muy importante la moderación salarial.
A usted le podrá gustar más o le podrá gustar menos, dentro de los
adjetivos que ustedes pueden poner a las cosas. Sí le quiero decir que
hay datos objetivos a los que he hecho referencia: crece la economía
española, hay menos paro y hay más confianza en nuestro país y esos son
datos positivos, aunque a usted no le gusten. (Aplausos.)
--DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUINEZ MARQUINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INFORMACION TIENE
EL GOBIERNO ACERCA DEL GRAVE INCIDENTE OCURRIDO ENTRE UN MOTO PESQUERO DE
HUELVA Y UNA PATRULLERA PORTUGUESA EN LA MADRUGADA DEL 11 DE SEPTIEMBRE?
(Número de expediente 180/000196)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20 que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Popular don Luis Marquínez Marquínez.
Tiene la palabra el señor Marquínez.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Señor Presidente, señora Ministra, el
pasado 10 de septiembre, que no el 11, se produjo un incidente en aguas
de la provincia de Huelva entre el pesquero de arrastre artesanal,
Paquita Hurtado, y una patrullera portuguesa de nombre Azor. Ese
incidente trajo como consecuencia la herida por bala de dos marineros de
Huelva, los señores Ricardo Moreno y Gabriel Moreno.
La pregunta que quería hacerle a la Ministra es qué información tiene el
Gobierno acerca de esos incidentes, pero también recordarle que en este
momento las relaciones pesqueras con Portugal, con independencia de las
relaciones con Portugal a nivel general, pasan porque el convenio que
teníamos de pesca con Portugal ha quedado reducido a un convenio
fronterizo y los Diputados andaluces concretamente hemos requerido de la
Junta de Andalucía la definición de líneas dentro de ese convenio, que es
algo fundamental, y lo requerimos por petición expresa de los armadores y
pescadores andaluces. (Rumores.) En este caso quería decirle a la
Ministra... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Marquínez, un momento, por favor.
Señorías, guarden silencio. Es imposible que la señora Ministra, los
miembros del Gobierno y el resto de la Cámara escuchen al señor Marquínez
si continúan los rumores. Por favor, guarden silencio.
Puede continuar, señor Marquínez.
El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Gracias, señor Presidente. Quiero decirle
que en este momento, con independencia de las indemnizaciones que este
suceso deba provocar, es muy importante pensar en la vigilancia de esas
aguas y en la definición de las líneas para que esto no vuelva a
producirse.
Estoy seguro que la señora Ministra convendrá con nosotros --y en este
caso hablaría por los Diputados de las provincias andaluzas-- que desde
luego en relación con la pesca no más armas, por muy grave que sea la
infracción de un pesquero, caso de que la haya habido, que lo dudamos; no
más armas en relación con la pesca.
Señora Ministra, ¿qué información tiene el Gobierno al respecto?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marquínez.
La señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Marquínez.
Efectivamente a las 17 horas del día 10 de septiembre de 1996 un
patrullero de la Armada portuguesa realizó varios disparos sobre el
arrastrero español Paquita Hurtado con base en Isla Cristina. Según la
versión procedente de las autoridades portuguesas, el buque español se
encontraba faenando al arrastre una milla por dentro de aguas
portuguesas. Sin embargo, el patrón del buque español manifestó que se
encontraba en aguas españolas, a once millas de la desembocadura del
Guadiana.
Hay que decir que precisamente para dilucidar exactamente el punto del
incidente la semana que viene se reunirá la Comisión de Límites de España
y Portugal, y estamos pendientes de cuál sea la determinación final de la
cuestión.
Al margen del punto exacto de que estuviera o no el Paquita Hurtado en
aguas portuguesas o españolas, es lo cierto y verdad que la situación que
se ha producido es absolutamente inaceptable e injustificable, y que la
acción de la patrullera portuguesa no tiene la más mínima justificación.
No se puede, a partir de lo que supone una infracción administrativa,
como es en el peor de los casos haber traspasado las aguas territoriales
españolas y encontrarse en aguas territoriales portuguesas, ser
correspondido por un ametrallamiento, por un acto de violencia que, como
todo el mundo sabe, dio como resultado que Ricardo Moreno de los Angeles
tuviera que ser trasladado al hospital Infanta Elena, herido en la mano
derecha con estallido, fractura múltiple de huesos y pérdida ósea. Hay
que decir que sigue allí ingresado, sometido a unas operaciones de
cirugía plástica, iniciándose ya en este momento la rehabilitación.
Por otro lado, el marinero Gabriel Moreno Carmona fue herido con impacto
de entrada en el hemitórax derecho, y al no haber sufrido penetración en
la cavidad pulmonar ha sido ya dado de alta.
Lo que hay que pensar es en el futuro, y el futuro es la renovación del
tratado precisamente respecto a las aguas relacionadas en la zona de la
desembocadura del Guadiana y del Miño. Y el futuro también pasa por
llegar a un acuerdo con Portugal, y así se lo hemos hecho saber a las
autoridades portuguesas, en el sentido de establecer una colaboración
entre ambas Administraciones que permita que cada administración pesquera
pueda comunicar a la otra las actas de infracciones cometidas por barcos
de pabellón del otro país, de forma que los expedientes administrativos
sean perseguidos por el país de pabellón, con lo cual se evitarían gran
parte de estos incidentes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON JAVIER BARRERO LOPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES HA LLEVADO A CABO EL
GOBIERNO EN RELACION AL AMETRALLAMIENTO POR UNA PATRULLERA PORTUGUESA DE
PESCADORES ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000201)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, que formula al Gobierno el
Diputado don Javier Barrero López, del Grupo Socialista.
El señor Barrero tiene la palabra.
El señor BARRERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, en la misma línea que la pregunta anterior. ¿Qué
acciones ha llevado a cabo el Gobierno en relación al ametrallamiento por
una patrullera portuguesa de pescadores españoles?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, evidentemente tomar conocimiento de cuál era el estado
de salud de los heridos. En segundo lugar, intentar hacer las
averiguaciones pertinentes para poder determinar en su momento, cuando
tengamos la reunión con las autoridades portuguesas, el lugar donde tuvo
lugar el incidente. En tercer lugar, mandar una nota de protesta por
parte de nuestro cónsul directamente a las autoridades portuguesas y por
parte del Ministerio de Asuntos Exteriores español llamar al Embajador de
Portugal y trasladarle la protesta del Gobierno español por lo que
considerábamos un acto injustificado.
Hay que decir que por parte de las autoridades portuguesas se ha emitido
un comunicado en el que se lamentan los hechos. Se ha planteado algo que
de hecho se había iniciado, y es la posibilidad de colaboración entre
ambas autoridades en un sentido parecido a la colaboración que existe ya
con otros países europeos que permite evitar incidentes entre las
autoridades de vigilancia con los barcos de un país vecino. Asimismo, se
ha manifestado a las autoridades portuguesas el problema relacionado con
las correspondientes indemnizaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura.
Tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, no sé si comprende lo que representa en este momento
para Huelva la alarma social que ha generado el que unos trabajadores que
estaban trabajando tranquilamente hayan sido ametrallados por patrulleras
portuguesas.
Aparte del seguimiento parlamentario que nosotros como Diputados podamos
hacer de esta cuestión, quiero que sepa que hay unanimidad absoluta para
que este tipo de cuestiones no se vuelvan a producir. Incluso las cinco
cofradías de armadores de Huelva que representan a 400 embarcaciones,
aproximadamente 2.600 empleos directos y algo más de 8.000 indirectos,
confían en que este Gobierno dé tranquilidad para que puedan faenar de
forma absolutamente normal y no sometidos al albur de un posible
ametrallamiento.
Han solicitado del Gobierno, de ahí la advertencia del seguimiento
parlamentario que vamos a hacer, que en el
término de un mes, es decir con la máxima rapidez, se pongan ustedes de
acuerdo con el Gobierno portugués para ordenar correctamente la línea de
demarcación que diferencia la jurisdicción española de la portuguesa, por
las dificultades geográficas que existen en la zona.
Me alegra saber, señora Ministra, y se lo digo con sinceridad, que han
iniciado la solicitud de indemnizaciones que esperamos se realicen con
prontitud. Porque no tiene que olvidar que no sólo hay indemnizaciones de
tipo individual, en el caso de los lesionados, sino algunas de tipo
colectivo, toda vez que algunos armadores, y más específicamente el
armador sujeto a tiroteo, no ha podido faenar durante toda esta época.
Advirtiendo, señora Ministra, del seguimiento puntual que vamos a hacer
de esta cuestión, lo que mi grupo le requiere, aparte lo que le ha
solicitado, es una actuación rápida del Gobierno que tranquilice, que no
permita el amedrantamiento de las personas que faenan en aquella zona, y
que sea usted sensible a que son trabajadores que faenan exclusivamente
en tripulaciones de armadores con cinco tripulaciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.
Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias señor Presidente.
Señor Barrero, es evidente que informaré en nombre del Gobierno cuando
así me sea requerido. En cualquier caso, siempre estará cumplidamente
informado de las acciones de Gobierno en este tema.
Desde el primer momento, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores,
y aquí está el señor Ministro, se planteó el problema de las
indemnizaciones y el hecho de que es inaceptable e injustificable el acto
en sí y que no se puede volver a repetir.
Por parte de las autoridades portuguesas la explicación que se nos ha
dado es que, efectivamente, no se puede volver a repetir que entre países
amigos, socios, vecinos y hermanos, con una serie de intereses en común,
se pueda llegar a una situación como la que se ha producido. Tenemos que
tomar todas las medidas necesarias para que no vuelva a suceder.
Tengo que señalar que por parte de las autoridades españolas se ha
aumento la vigilancia en esa zona y que por parte de las autoridades
portuguesas se nos han dado todo tipo de garantías de que no va a volver
a producirse una situación semejante. Además, se están tomando las
medidas pertinentes para evitar que en el futuro pueda ocurrir nada
parecido, al contrario, que lo que exista sea una mayor colaboración
entre ambas Administraciones para terminar con hechos lamentables como
éste. Así ha sido calificado por las autoridades portuguesas...
Esto ha pasado con otros países. Hemos conseguido solucionar el problema
y, desde luego, estamos actuando con la máxima urgencia. Lo he dicho
desde el principio: nunca se puede justificar la utilización de un
ametrallamiento, como se ha producido, frente a una infracción
administrativa.
El señor PRESIDENTE: Señora Ministra, muchas gracias.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FUENTES GALLARDO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿QUE
CRITERIOS HA SEGUIDO EL GOBIERNO PARA ESTABLECER LAS SUBVENCIONES A LOS
PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES DEL DESARROLLO (ONGD)? (Número de expediente 180/000198)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno don
Francisco Fuentes Gallardo, Diputado del Grupo Socialista. El señor
Fuentes tiene la palabra.
El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Asuntos Exteriores, el pasado 18 de julio el «Boletín
Oficial del Estado» publicaba las nuevas normas para subvencionar
proyectos y programas de las ONG para el desarrollo. Por cierto, días más
tarde, el mismo «Boletín Oficial del Estado» publicaba casi una página
entera de corrección de errores, algo que ya viene siendo habitual en
ustedes. Todas las ONG y su coordinadora criticaron estas normas tanto
por su contenido, como por no haber sido negociadas con ellas, a pesar de
las reiteradas manifestaciones del Presidente del Gobierno de que uno de
los elementos fundamentales de la acción política de este Gobierno iba a
ser el diálogo social. Posteriormente, el Gobierno ha procedido al
reparto de las subvenciones a proyectos de las ONG que, en nuestra
opinión, se ha hecho sin respetar las propias normas que ustedes
aprobaron y de forma arbitraria.
Por todo ello, señor Ministro, le formulo la pregunta que figura en el
orden del día.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuentes.
El señor Ministro de Asuntos Exteriores tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente,
señorías, yo agradezco las consideraciones que acaba de formular su
señoría. Se remite al final de las mismas al enunciado de la pregunta...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro. Ruego a los servicios de
megafonía que eleven el volumen de los micrófonos del banco del Gobierno.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señor
Presidente.
Decía que agradecía a S. S. las consideraciones que nos acaba de hacer.
La pregunta, a la que se remite al final de las mismas, es la que figura
en el enunciado, es decir, qué criterios ha seguido el Gobierno para
establecer las subvenciones a los proyectos y programas presentados por
las ONG.
Pues bien, los criterios han sido los que se refieren a las condiciones
de elegibilidad establecidas por la ley, y que son, entre otros, los
siguientes: que las ONG estén legalmente constituidas, que carezcan de
fines de lucro, que tengan como fin expreso la cooperación al desarrollo,
que gocen de capacidad jurídica y de obrar en España, que dispongan de
estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y
que ostenten la antigüedad establecida de dos años como criterio
complementario. Fueron excluidas las ONG que presentaban irregularidades
o incumplimientos graves en el seguimiento de anteriores subvenciones
concedidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Fuentes tiene la palabra.
El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor Presidente.
La pregunta afecta tanto al reparto en sí, como a las normas que ustedes
aplicaron. Señor Ministro, en diciembre de 1995, la señorita Loyola de
Palacio firmó con las ONG un acuerdo que hablaba textualmente de un
compromiso para consensuar las normas para la ayuda oficial al
desarrollo. La página 240 de su programa electoral dice textualmente: La
política de cooperación y ayuda al desarrollo debe plantearse y
realizarse con el mayor acuerdo posible entre las fuerzas políticas y
sociales, y ustedes esto no lo han cumplido.
En cuanto al reparto, es verdad que reciben subvenciones proyectos de ONG
pertenecientes a todo el arco ideológico. Ahora bien, hay una conclusión
que, desde nuestro punto de vista, hay que resaltar, y es que hay un
recorte importante a todas las ONG de carácter laico. Le doy algunos
ejemplos: Iepala sufre un recorte del 15 por ciento; Solidaridad
Internacional, del 15 por ciento; La Segovia, del 30 por ciento. Y frente
a esto, nos encontramos datos que son espectaculares y que deben tener
alguna explicación. Nos encontramos con que Codespa, una ONG vinculada al
Opus Dei, casi triplica los fondos, pasa de 225 millones a 562. Se
convierte en la cuarta ONG más subvencionada, casi un 250 por ciento de
aumento. Yo no sé si esto tiene que ver con algún motivo terrenal o con
alguna influencia que existe en su grupo.
Le voy a dar otro dato: la Fundación Clinic pasa de cero a 424 millones
de pesetas, no sé si como consecuencia del pacto con CIU, pero además
esto le ha servido...
El señor PRESIDENTE: Señor Fuentes, muchas gracias. Ha concluido su
tiempo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señor
Presidente.
Yo creo, después de todas estas consideraciones, que convendría hacer una
aclaración previa. El señor Diputado se ha referido a los criterios y
condiciones de elegibilidad, aprobadas por el Gobierno en julio de este
año. Los criterios que se han seguido en la convocatoria a la que S. S.
se ha referido son justamente los mismos que existían, es decir, los
aprobados en 1993 por el anterior Gobierno. Esos son los que yo he leído
en mi anterior intervención y son los que se han seguido.
Evidentemente, hemos considerado oportuno rectificarlos y, a partir de
ahora, las próximas convocatorias van a venir regidas por esos criterios,
que se han explicado a las ONG y que, a mi juicio, introducen mayores
dosis de eficacia y de credibilidad. Por ejemplo, que haya un máximo de
80 por ciento en la suma de subvenciones de origen público solicitadas,
exigencia de presentación de resultados de auditoría interna,
establecimiento de un registro especial para recibir la documentación,
etcétera, criterios que van a permitirnos estar seguros de que el dinero
de los ciudadanos está bien gastado y resulta eficaz.
Respecto, y termino, señor Presidente, ...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. Ha concluido su
tiempo.
--DEL DIPUTADO DON ANDRES OLLERO TASSARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INICIATIVAS ESTA ADOPTANDO
EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA LA CREACION DE PLAZAS DE ACTIVIDAD PARA LA
PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA DE OBJETORES DE CONCIENCIA? (Número de
expediente 180/000191)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Andrés Ollero Tassara.
Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el artículo 30 de la Constitución, como sabemos, tras
recoger que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a
España, añade que la ley fijará con las debidas garantías la objeción de
conciencia, pudiendo imponer una prestación social sustitutoria. Se
trata, sin duda, de un artículo de gran relevancia porque es el único de
esta Constitución donde se alude a la posibilidad de que por motivos de
conciencia se pueda establecer una excepción, determinada y precisa, a
una obligación legal.
Junto al valor en juego, el respeto a la conciencia, está lógicamente la
seriedad con la que ello se debe garantizar, según la propia
Constitución, para evitar que algo tan serio se pueda convertir, siquiera
remotamente, en objeto de picaresca, y aún sería más lamentable que fuera
la pésima gestión de los poderes públicos la que, siquiera remotamente,
pudiera alimentarla, lo cual es de temer que haya venido ocurriendo en
los últimos años dado los agravios comparativos que fácilmente se
detectan, por una parte, entre quienes son puntualmente llamados a filas
y quienes, sin embargo, no son jamás requeridos para cumplir la
prestación social sustitutoria; o entre aquellos pocos que acaban
cumpliéndola, a veces voluntariamente, y los muchos que pacientemente han
esperado con tranquilidad que la incapacidad del Gobierno de entonces les
garantizara verse al final eximidos de su cumplimiento; o, por último,
aquellos que han desarrollado actividades de voluntariado y han tropezado
con una normativa rígida, muy poco flexible, que hacía difícil su
reconocimiento a estos efectos. Por último, también, mientras que algunos
podían organizar fácilmente su futuro familiar o profesional, otros se
veían, precisamente por su mayor edad, requeridos al final para cumplir
la prestación social antes de que se extinguieran sus obligaciones en
este ámbito.
Por eso le quería preguntar, aparte de si puede indicar cuántos objetores
actualmente hay pendientes de cumplir la prestación sustitutoria, qué
medidas concretas se han adoptado para terminar con esta situación o
paliarla en un momento en que la futura puesta en marcha de un ejército
profesional, sin duda, puede aumentar el riesgo al que antes me refería,
que desvirtuaría algo tan serio como el juego de la conciencia como única
excepción imaginable a este precepto legal y, por último, también, en su
caso, cuántos convenios con entidades colaboradoras...
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, ha concluido su tiempo y le recuerdo a
la señora Ministra que las preguntas que están formuladas en el orden del
día son las únicas que tiene el deber de contestar. No se pueden hacer,
al socaire de una pregunta formulada previamente, distintas y diversas
preguntas a la planteada.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, efectivamente, como ha señalado, el derecho o deber de realizar
la prestación social sustitutoria ha presentado graves problemas para el
Departamento del que soy titular. A fecha 1 de mayo, teníamos 130.000
objetores pendientes de incorporar a la prestación social sustitutoria.
Con este motivo, el Departamento, en concreto la Dirección General de
Objeción de Conciencia, ha elaborado un plan de choque, así denominado
por los medios de comunicación, en el que de lo que se trata es,
fundamentalmente, de aumentar los puestos de actividad para la
realización de esta prestación social sustitutoria. Con respecto al
número de puestos, puedo indicarle que, a fecha de septiembre, hemos
aumentado a 80.280 puestos de actividad los 72.738 puestos con que nos
encontrábamos, y que se han efectuado 272 convenios con entidades
colaboradoras. Igualmente, respecto al plan de choque, el objetivo es
llegar a 90.000 puestos de prestación social sustitutoria para este año,
105.000 para el año 1997, finalizando el año 1998 con 120.000.
Como último dato respecto al elaborado por la Dirección General de
Objeción de Conciencia, he de señalar a SS. SS. que es propósito del
Ministerio la modificación del Reglamento de objeción de conciencia, para
incluir en él los efectos de la ley del voluntariado y con ello rebajar
notablemente los puestos de objeción, por considerar computables los
voluntariados efectuados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL SECO GORDILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES HAN SIDO LAS MEDIDAS QUE
SE HAN ADOPTADO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA MEJORAR SUS DOTACIONES
EN INFRAESTRUCTURAS? (Número de expediente 180/000192)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno el
Diputado don Manuel Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva,
consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, tiene su nota
fundamental en la efectividad de la garantía jurisdiccional de los
derechos e intereses legítimos de los ciudadanos; garantía que será tanto
más efectiva cuanto más fácil tengan
los ciudadanos su acceso físico o material a los juzgados, como un
instrumento importante, aunque no único, de dicha garantía. Garantía de
efectividad que, por otra parte, no sólo debe plasmarse en la cercanía de
las sedes judiciales a los ciudadanos, de la que se encarga el desarrollo
de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, sino que también debe
plasmarse en la dignidad de las propias sedes judiciales. Porque, aunque
es cierto que algo se ha avanzado en los últimos años en esta dirección,
no es menos cierto que una gran parte de las sedes judiciales, de los
inmuebles en que radican los juzgados y tribunales españoles, carece de
la necesaria dignidad, es decir, de las mínimas condiciones exigibles
para que la justicia sea impartida en ellos de un modo digno.
Este problema de la falta de dignidad e idoneidad de las sedes judiciales
repercute no sólo en la calidad laboral --si es que puede llamarse así--
de todos los que de un modo u otro intervienen en la Administración de
Justicia, sino que repercute también de un modo negativo en el ánimo, e
incluso en la fe, con que los justiciables acuden a las sedes judiciales.
No pretendemos en este trámite parlamentario averiguar a quién incumbe la
responsabilidad de que eso sea así, aunque evidentemente alguna
corresponderá a quienes ostentaron con anterioridad el ejercicio del
Gobierno. Esta tarde queremos conocer únicamente, señora Ministra, la
opinión del Gobierno sobre la actual situación y las perspectivas de
solución de este problema.
Obvio es decir que cualquier política que tienda a mejorar las
condiciones en infraestructuras tiene, entre otras, una importante
limitación, la presupuestaria. Por ello, señora Ministra, desde esta
Cámara le solicitamos nos informe sobre los aspectos presupuestarios y
económicos de la política de mejora de dotaciones en infraestructuras que
piensa seguir desde su Departamento.
Por último y conscientes de que las necesidades son, también en este
caso, superiores a las disponibilidades económicas, lo que obliga a
establecer un elenco de prioridades, bueno sería que informara a esta
Cámara acerca de las prioridades de su Departamento en materia de mejora
de las infraestructuras judiciales.
Por todo ello, señora Ministra, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles
han sido las medidas que se han adoptado por el Ministerio de Justicia
para mejorar sus dotaciones en infraestructuras?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Seco.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, como ha dicho, los términos presupuestarios condicionan todas
las dotaciones que pueda efectuar el Ministerio de Justicia a la
Administración de Justicia. En primer lugar, debo señalar a S. S. y al
Parlamento que el crédito para este año se ha reducido por dos veces y
que en el capítulo VI nos encontramos con 5.042 millones de pesetas,
cantidad que para todas las necesidades es manifiestamente insuficiente.
Por ello, lo primero que el Ministerio ha hecho ha sido realizar una
priorización de necesidades en todo el ámbito nacional.
En cuanto a actuaciones concretas, aparte de las actualizaciones con
respecto a la Ley del Jurado, que se han efectuado todas, a excepción de
Melilla, Málaga, Ciudad Real y Pamplona, significo a S. S. que están en
marcha, o van a estarlo en los próximos meses, las remodelaciones de los
Palacios de Justicia de Zaragoza, Huesca, Almunia de Doña Godina, Llanes,
Motril, Guadix, Oviedo, Palma de Mallorca y Cáceres. Igualmente, en este
momento hemos terminado las obras de Almansa, Santa Cruz de Tenerife, La
Línea de la Concepción, Mahón, San Bartolomé de Tirajana, Totana, Gijón y
Pamplona.
Toda esta actividad desarrollada podría resumirla en la tramitación de
605 expedientes impulsados, 26 expedientes de obra iniciados, 3.183
unidades de suministro efectuadas, 19 proyectos cuya redacción se ha
iniciado, 28 proyectos supervisados y 32 recepciones realizadas. Este es
el resumen económico de la actividad efectuada en estos cuatro primeros
meses de Gobierno.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO PEREZ SOLANO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANTAS EXCARCELACIONES ESTIMA EL
GOBIERNO QUE SE VAN A PRODUCIR COMO CONSECUENCIA DE LA ENTRADA EN VIGOR
DEL NUEVO CODIGO PENAL? (Número de expediente 180/000202)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno el
Diputado don Antonio Pérez Solano, del Grupo Socialista del Congreso.
Señor Pérez Solano.
El señor PEREZ SOLANO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, como S. S. conoce, el día 25 de mayo próximo pasado
entró en vigor el Código Penal, que, en aplicación retroactiva de la ley
penal más favorable --principio angular del Derecho penal--, ha supuesto
la revisión de sentencias firmes. Como el tiempo transcurrido desde
aquella fecha ya es suficiente para hacer una evaluación, le formulo la
pregunta que
figura en el orden del día con el número 26, que dice: ¿Cuántas
excarcelaciones estima el Gobierno que se van a producir como
consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Código Penal?
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Solano.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, le voy a contestar tanto con datos reales como sobre la
valoración que me pide en su pregunta. Con datos reales, puedo decirle
que, a fecha de hoy, las excarcelaciones producidas con motivo de la
entrada en vigor del Código Penal se contabilizan en 530, y la previsión
que cabe hacer, siempre con el riesgo de equivocarse --evidentemente,
nada de esto depende del Gobierno, sino de los tribunales de justicia--,
es que, a final de año, podríamos estar en unas 700 excarcelaciones.
No sé si con esto contesto a su pregunta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Pérez Solano.
El señor PEREZ SOLANO: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, contesta de modo pleno a mi pregunta y su respuesta me
sugiere una observación: el Grupo Socialista constata que, a través del
control parlamentario, se van aclarando las tergiversaciones de la
realidad que hicieron relevantes miembros del Partido Popular, que,
demagógicamente, sembraron de exageraciones tanto la campaña electoral
como la discusión del Código Penal, con la única finalidad, creemos, de
crear alarmismo social.
Resulta que los miles de altos cargos nombrados por la Administración
socialista, cuya supresión iba a suponer un ahorro que remediaría todos
los males de la patria, se han quedado en cuatrocientos y pico. Ahora,
con su respuesta, se demuestra palmariamente que las declaraciones
grandilocuentes que realizó el portavoz del Partido Popular en la
discusión del Código Penal, al señalar contumazmente que el sistema tan
dulcificado de penas que establecía el Código Penal iba a poner en la
calle a más de 13.000 reclusos, fueron el ejemplo más paradigmático --lo
estamos constatando con su respuesta-- de tremendismo político encaminado
a crear alarmismo social, porque no se limitaba a exponer posturas
políticas y jurídicas discrepantes, lo cual es plenamente legítimo, sino
simplemente a crear alarmismo social. Consta expresamente en el «Diario
de Sesiones» que aquellas declaraciones tan grandilocuentes únicamente
trataban de colocarse en una posición dominante con vista a las
elecciones y de falsear la realidad.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Solano.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, no tengo más remedio que reconocer que si los datos que usted ha
dado en este momento son los que se dieron entonces, evidentemente existe
una equivocación, pero lo que no puedo admitirle es que se tratara de una
tergiversación malintencionada. Todos nos equivocamos (Rumores.), y no
tengo más remedio que traer a colación cuáles fueron las previsiones que
estableció el Gobierno anterior respecto al número de juicios por jurado
y la memoria económica que se trajo a esta Cámara, que establecían,
aproximadamente --en declaraciones del anterior titular--, unos mil
juicios por jurado a lo largo de este año, y unos ochocientos según la
memoria económica. Y tengo que decirle a S. S. que en este momento se han
celebrado 12 juicios por jurado y que, previsiblemente, vamos a terminar
el año con 32. Señoría, los números y las previsiones están sometidos a
la realidad y a eso me atengo.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE
PREVISTO EL GOBIERNO PROMOVER LA MODIFICACION DE LA LEY 17/1989, DE 19 DE
JULIO, REGULADORA DEL REGIMEN DEL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL? (Número
de expediente 180/000188)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Popular don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río.
Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, la promulgación de la Ley 17/1989, del Régimen
del Personal Militar, junto a las dos leyes de plantillas que se han
sucedido y que se solapan, lo cual sitúa en los umbrales del año 2000 la
más mínima tranquilidad en los escalafones militares y en las leyes de
plantillas de los tres ejércitos, tiene, como ha reconocido el Gobierno
anterior, determinados flecos, que son susceptibles de mejora. En ese
sentido, determinadas cuestiones que se recogen en la ley, como los
ascensos por elección o selección; las jubilaciones o el pase a la
reserva a los 32 años de servicio, con lo que aquellos profesionales que
hayan ingresado
de manera más joven se tendrán que retirar más pronto; los problemas que
subsisten con los subtenientes del Ejército de Tierra y su agravio
comparativo con los subtenientes de la Armada o del Ejército del Aire y
los tenientes de las escalas auxiliares; o de los cuerpos comunes de la
Defensa que, por ejemplo, entre otras cuestiones, agrupan en el Cuerpo de
Sanidad Militar a médicos, farmacéuticos y veterinarios; determinados
aspectos que están perjudicando de una manera clara al personal de las
Fuerzas Armadas, como puede ser la creación de la reserva transitoria, y
los importantes fondos de los presupuestos de la defensa que para ello se
destinan, o las jubilaciones a los 58 años de los profesionales de las
Fuerzas Armadas que podrían seguir destinados hasta los 61, como lo están
en determinados cuerpos, como son los de los cuerpos comunes y de
intendencia, no siendo así para los de los cuerpos generales de las Armas
o el Cuerpo de Infantería de Marina, han creado una serie de agravios
comparativos que, sin ninguna duda, necesitan de una revisión en
profundidad.
Pero siendo ésta la norma por la que se regula y se rige el régimen del
personal de las Fuerzas Armadas, el Grupo Parlamentario Popular entiende
que una revisión de esta ley debería hacerse en su conjunto y no por
apartados ni puntualmente. Por ello, pregunto al Gobierno si tiene
prevista alguna modificación amplia de la Ley 17/1989, del Régimen del
Personal Militar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Tiene razón, señoría. No sólo flecos, algunos extremos de mayor calado,
entre los que S. S. ha citado quizás los más importantes (régimen de
ingreso, de ascensos, jubilaciones, clasificaciones), necesitan de una
revisión en profundidad y en totalidad.
El Gobierno está preparando una revisión a fondo de la ley citada para
adecuarla y poder tener las Fuerzas Armadas que España necesita y que
estén en concordancia con el otro gran tema de personal, que es la
profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas. Ello no obsta para que el
Gobierno ya haya adoptado medidas, como sin duda S. S. conoce, como es la
de poner los cuerpos comunes bajo la dependencia del Estado Mayor de la
Defensa, para evitar agravios comparativos y disfunciones que en la
práctica se estaban revelando perjudiciales. De manera que sí se tiene en
proyecto la revisión en profundidad de la Ley del Régimen del Personal de
las Fuerzas Armadas y se están adoptando progresivamente medidas para
acabar con los extremos que fueran más perjudiciales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Defensa.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO CARCELES NIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ESTA ENTRE LAS
PREVISIONES DEL GOBIERNO MANTENER LA CAPACIDAD TECNOLOGICA DE NUESTROS
ASTILLEROS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE NUEVOS SUBMARINOS? (Número de
expediente 180/000189)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del Diputado don Antonio
Cárceles Nieto, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor Cárceles tiene la palabra.
El señor CARCELES NIETO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el peso específico de España, en el marco estratégico de
la defensa del Mediterráneo, depende en gran medida de la capacidad de
nuestra arma submarina en relación con los países sur y este del
Mediterráneo.
Lo cierto es que el plan Alta Mar, que diseñó el Gobierno socialista, no
ha sido cumplido en ninguno de sus aspectos y asistimos perplejos a una
jubilación masiva de la flota española. Pero, especialmente, en el arma
submarina, cuyas primeras unidades, tipo Dafnes, empiezan su jubilación
después de ese período medio de vida de aproximadamente 25 años para
finales del siglo.
Teniendo en cuenta que, en el programa de construcción de submarinos
aproximadamente dura tres años la fase de proyecto y cuatro la de
ejecución material, es decir, se produce un ciclo de siete años, con un
coste por unidad de unos 30.000 millones de pesetas, y dadas las
circunstancias tan extraordinarias de las condiciones de Maastricht,
tememos que en esta nueva situación España no pueda cumplir sus
compromisos internacionales en la defensa de la nación.
Por todas estas razones, queríamos preguntar, señor Ministro, si mantiene
el Ministerio la capacidad tecnológica de nuestros astilleros para la
construcción de nuevos submarinos o bien, en su caso, de grandes carenas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cárceles.
Señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Señorías, me parece que fue Andrea Doria el que dijo que el Mediterráneo
tenía tres grandes puertos, Cartagena y los meses de julio y agosto. La
Marina, la Armada, no van a olvidarse de Cartagena de ninguna manera.
Es verdad que el plan Alta Mar no ha podido ser cumplimentado, entre
otras cosas, como conoce sobradamente la Cámara, por las restricciones
presupuestarias acumuladas y aceleradas que el Departamento ha sufrido en
los últimos años.
Efectivamente, los astilleros de Cartagena tienen una buena capacidad
tecnológica, que el Gobierno, en la medida de sus posibilidades, va a
intentar no sólo mantener sino acrecentar.
Ha dicho muy bien S. S. que todavía hay que esperar unos años para que
pueda comenzar la construcción de la nueva generación de submarinos, en
la que esperamos, como digo, mejorar sustancialmente la capacidad
tecnológica de esos astilleros, que ya es buena por los materiales que
utiliza, pero creemos que en la próxima generación puede utilizar otro
tipo de tecnologías, como la propulsión independiente de la atmósfera,
etcétera.
Mientras tanto, no vamos a dejar que los astilleros estén sin trabajo,
por lo cual no sólo por el mantenimiento de los submarinos actualmente en
la flota, sino también por la enorme importancia del programa de grandes
carenas, vamos a asegurar la supervivencia de los astilleros y la
progresiva mejora de capacitación tecnológica.
Muchas gracias, señor Ministro de Defensa.
--DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO MODIFICAR EL
REAL DECRETO 1751/1990, DE 20 DE DICIEMBRE, DE CREACION DEL INSTITUTO
PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS? (Número de expediente
180/000190)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del Diputado don Luis de Torres
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra.
El señor DE TORRES GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como usted ya sabe, el Gobierno socialista elaboró y
aprobó el Real Decreto 1751, de 20 de diciembre de 1990, por el que se
creaba el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, el célebre
Invifa. Digo célebre porque, desgraciadamente, en pocas ocasiones un
decreto ha generado tanto malestar y tantos afectados.
En principio, quiero decirle que no tengo nada en contra del concepto de
vivienda logística, pues, al fin y al cabo, a los militares se les exige
para el cumplimiento de sus funciones una movilidad geográfica que es
necesario contemplar, paliar e incluso arreglar en la medida de lo
posible.
Sin embargo, la aplicación de este decreto, lejos de mejorar las
condiciones anejas a esa movilidad, ha impactado muy negativamente en
diversos colectivos que ven, unos, cómo se les cierra la posibilidad de
solicitar vivienda porque desarrollan su actividad militar en una misma
plaza, es decir, sin cambiar de ciudad, y, otros, porque se ven forzados
al desalojo en unas condiciones de precariedad total, como puede ser el
caso de las viudas militares.
A lo largo de estos años pasados, el Grupo Parlamentario Popular se ha
hecho eco de este malestar que existe en estos colectivos, y el anterior
gobierno ni siquiera se dignó a escucharlos o a recibirlos. El Partido
Popular ha ido avanzando ideas para el desarrollo eficaz de una política
de viviendas distinta a la que hasta ahora se ha venido practicando.
A tenor de esto, le formulo la siguiente pregunta: ¿Piensa el Gobierno
modificar el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, de creación del
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Señoría, tiene usted un exacto conocimiento de la realidad social.
Efectivamente, en el régimen de viviendas para las Fuerzas Armadas, hay
que combinar dos necesidades que deben armonizarse obligatoriamente: las
viviendas de carácter logístico para que puedan ser ocupadas por el
personal en activo que, como dice S. S., se ve sometido a frecuentes
cambios de residencia, y, en segundo lugar, para los que pasan a la
reserva en sus distintas condiciones para que no se den situaciones
sociales realmente dolorosas. Por todo ello, el Gobierno, se lo confirmo,
señoría, no es que tenga la intención, sino que está trabajando en la
modificación del Decreto 1751/1990.
Efectivamente, ha creado un gran malestar en algunos sectores, y estamos
elaborando diversas normas para, primero, evitar ese malestar y, segundo,
sustituir el régimen actual de las viviendas. La primera es un real
decreto que modifica el anteriormente citado, por el que se creó el
Instituto Social para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, el Invifas, que
en el momento actual está ya en fase de regulación, es decir, sometido a
informe y dictamen de las distintas unidades del Ministerio de Defensa.
Como además afecta al personal militar, hemos solicitado informe de los
cuarteles generales, que tienen un conocimiento más cercano de la
realidad. Como además, como bien ha dicho S. S., había
originado situaciones de tensión socialmente dolorosas en otros
colectivos, lo que hemos hecho es acercamos a esos grupos de afectados,
que han tenido ya conversaciones con el Ministerio y cuyas aspiraciones
estamos intentando recoger.
Entendemos que, con eso, se puede conseguir una gestión más ágil y
eficiente de las viviendas, racionalizar el uso y aprovechamiento del
parque de las mismas y atender especialmente esas situaciones sensibles.
En concreto, estamos considerando la posibilidad de solicitar una
vivienda cuando se obtenga el primer destino y estamos intentando
solventar, reestructurando la comisión encargada de tal fin, que los
expedientes de desalojo puedan tener en la debida consideración, en la
forma que se merecen, esas situaciones socialmente dolorosas y que deben
paliarse.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Defensa.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES
LA VALORACION DEL GOBIERNO SOBRE EL RESULTADO DE LAS OLIMPIADAS DE
ATLANTA PARA EL DEPORTE ESPAÑOL? (Número de expediente 180/000194)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, de don Francisco Antonio
González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular, que dirige a la Ministra
de Educación y Cultura.
Señor González Pérez.
El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, puede parecer que esta pregunta llegue con retraso, pero
no es menos cierto que las valoraciones de unos resultados en su conjunto
se tienen que hacer desde la perspectiva del pasado y con miras de
futuro.
Todos hemos podido comprobar que el deporte español de alta competición
mantiene unos niveles deportivos más que aceptables, y es obligación de
todos que este alto nivel no sólo se mantenga, sino que se mejore
paulatinamente. No es menos cierto que los responsables políticos que
tienen que velar por ese mantenimiento y futura mejora han dado muestras
de una continuidad responsable, que no se debe confundir con continuismo.
En este orden de cosas, hemos podido comprobar todos los españoles que el
estilo de los responsables del departamento que usted encabeza ha
cambiado sustancialmente. Hemos pasado de esas participaciones masivas de
altos cargos del departamento anterior, intentando protagonizar los
medalleros españoles, a esta etapa actual donde los protagonistas, los
auténticos protagonistas, que son nuestros atletas, han sido el mejor
escaparate de nuestro país.
Llegado a este punto, he de manifestar que espero que el resultado del
deporte español en las pasadas Olimpiadas de Atlanta haya sido un acicate
para trabajar más y mejor pensando en los próximos Juegos de Sidney. Por
todo ello, señora Ministra, le pedimos la valoración del Gobierno
respecto al resultado de las Olimpiadas de Atlanta para el deporte
español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, me complace responder a su pregunta que el Gobierno ha hecho una
valoración muy positiva del resultado de la participación española en los
Juegos Olímpicos de Atlanta. Creemos que la Olimpiada de Atlanta ha
consolidado la posición de España entre los países más competitivos del
mundo y ha demostrado que los éxitos de nuestros deportistas en Barcelona
no fueron fruto de la casualidad.
De los resultados obtenidos por nuestros deportistas olímpicos y
paralímpicos se desprende que el deporte español de alto nivel goza de
una muy buena salud, como ya dije en la Comisión de Educación y Cultura,
y que ha conseguido consolidarse a nivel internacional, todo ello gracias
al esfuerzo de nuestros deportistas, de sus preparadores y de los
técnicos y también de las instituciones públicas y privadas que han
colaborado en la financiación de su preparación. Hemos obtenido
diecisiete medallas y esto creo que acredita el alto nivel de
competitividad y a ello hay que sumar los treinta y seis diplomas que han
colocado a otros tantos deportistas españoles en los lugares de honor que
suceden a los del podio.
Y si es brillante el resultado de las Olimpiadas, señoría, creo que no
podemos olvidar los resultados obtenidos por los Paralímpicos, que han
obtenido ciento seis medallas, y de ellas noventa han sido en atletismo y
natación, que son deportes considerados como buques insignia de los
Juegos tanto Olímpicos como Paralímpicos. Esto nos sitúa en el quinto
lugar del medallero internacional en los Paralímpicos, de un total de
sesenta países de todo el mundo. Pero, señoría, lo importante es el
futuro y quiero decir que el Ministerio se va a dedicar a potenciar la
política deportiva, impulsando los centros de alto rendimiento, haciendo
el seguimiento de los deportistas de alto nivel a través del plan ADO,
que ya se ha reunido y ha hecho un nuevo programa de apoyo con las
empresas patrocinadoras y ha
perfilado los criterios de actuación de cara a los Juegos Olímpicos de
Sidney en el año 2000.
Finalmente, señoría, lo que no tenemos que olvidar, creo, es que tenemos
una asignatura pendiente en el ámbito deportivo, que no es otra que la de
fomentar y apoyar el deporte escolar y universitario, de donde saldrán
nuestros futuros campeones.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTA EL GOBIERNO ALGUNA
PARTIDA EN LOS PRESUPUESTOS DE 1997 PARA LA UBICACION DE LA BIBLIOTECA
PROVINCIAL DE BARCELONA, ASI COMO LA BUSQUEDA DE EMPLAZAMIENTO Y FECHAS
DE EJECUCION Y APERTURA? (Número de expediente 180/000186)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, que formula al Gobierno la
Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
¿Tiene previsto el Gobierno alguna partida en los presupuestos de 1997
para la ubicación de la biblioteca provincial de Barcelona, así como la
búsqueda de emplazamiento y fechas de ejecución y apertura?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 será
remitido por el Gobierno a esta Cámara en el plazo que marca la
Constitución, es decir, antes de que finalice este mes de septiembre, y
le corresponderá al Parlamento su aprobación definitiva.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Con independencia del debate de
presupuestos, que evidentemente llegará a esta Cámara en el momento
oportuno, es indiscutible que era necesario saber hoy en esta Cámara si
había o no había un compromiso por parte del Ministerio de Cultura para
realizar de una vez las obras de la biblioteca provincial de Barcelona.
Esta es una vieja demanda que Cataluña ha hecho al Ministerio de Cultura
reiteradamente y que todavía no ha sido satisfecha. Hubo un compromiso
firme, parecía así en su momento, en la época de Jorge Semprún, pero
nunca se cumplió, hasta el punto de que en estos momentos Barcelona es de
las pocas ciudades que aún no tienen una biblioteca provincial. Mientras
tanto no llega la biblioteca provincial, la universidad cumple sus
funciones, pero ha tenido que salvar numerosos problemas, entre otros el
que afectaba a los fondos más antiguos. Hay declaraciones en este sentido
de la directora de la biblioteca central de Barcelona francamente
preocupantes por lo que hace a estos fondos.
A estas alturas de 1996 estimamos sinceramente incomprensible que después
de la reciente construcción de bibliotecas públicas por parte del
Ministerio como la de Murcia, La Coruña o incluso la de Lleida, Barcelona
no cuente aún con la biblioteca pública provincial. Por tanto, lo que le
pido a la Ministra es, como mínimo, el compromiso de que desde el
Ministerio de Cultura haya la voluntad real de hacer de una vez la
biblioteca provincial de Barcelona, o tendremos que pensar que el hecho
de que Barcelona esté gobernada por una isla de progresismo en una España
del Partido Popular deja a Barcelona fuera de las grandes decisiones
presupuestarias, de las grandes infraestructuras, algunas de las cuales
parece ser que no van a ser asumidas por el Partido Popular.
En todo caso, la biblioteca provincial es un tema importante; es
incomprensible que Barcelona aún no haya tenido esta infraestructura
fundamental y lo único que pedimos es que haya un compromiso y una
voluntad real presupuestaria y, por tanto, también programática, de que
el Ministerio de Cultura haga de una vez en Barcelona --y parece
ciertamente vergonzoso que aún no exista-- la biblioteca que en su
momento prometió el Partido Socialista y no cumplió.
Esperamos en todo caso del Partido Popular que no abandone a Barcelona,
que no la deje fuera de las grandes infraestructuras, de las grandes
decisiones que se tienen que tomar y sobre las cuales no hay, de momento,
ningún tipo de compromiso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.
Al margen de las cuestiones presupuestarias que S. S. ya tendrá ocasión
de tratar en el debate correspondiente cuando estén sobre la mesa tanto
el proyecto del Gobierno como las enmiendas de su señoría, lo que sí
quiero decirle es que me alegro de comprobar que compartimos la
preocupación y el interés por que finalmente Barcelona tenga su
biblioteca provincial.
Se trata, como S. S. sabe muy bien, de un proyecto que le afecta muy
especialmente a una ciudad, Barcelona, de cuyo equipo municipal de
gobierno S. S. forma parte destacadísima como teniente de alcalde. Dice
S. S que es incomprensible y hasta ha dicho que es vergonzoso. Pues tanto
esta Ministra como los ciudadanos de Barcelona agradeceríamos enormemente
a S. S. que transmitiera su preocupación a la corporación municipal de la
ciudad para que el equipo de gobierno se ponga de acuerdo y haga un
pronunciamiento claro sobre el emplazamiento que proponen para la
biblioteca, porque este Ministerio, que considera importantísimo este
proyecto, podrá estudiar si es viable o no dependiendo del emplazamiento
que se proponga y aportará mas o menos fondos a su financiación de
acuerdo con la ubicación definitiva que nos dé el ayuntamiento, una vez
que podamos incluirlo en el programa de inversiones. Por lo tanto, no
podemos hablar ni de fechas de ejecución ni de fechas de apertura hasta
que no tengamos esa decisión y hasta que el equipo de gobierno de
Barcelona, del que, insisto, S. S. es parte destacadísima, no se ponga de
acuerdo en la controversia que tienen sobre el emplazamiento.
En resumen, señoría, me complace decirle que el Ministerio de Cultura
considera importantísimo el proyecto de esta biblioteca. Quien tiene el
tema pendiente es el ayuntamiento de Barcelona y pedimos a
S. S. que cuando logre ponerse de acuerdo con sus compañeros del equipo
de gobierno, nos lo haga saber de inmediato.
Muchas gracias. (La señora Rahola i Martínez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Como sabe, señora Rahola, el turno reglamentariamente permite sólo dos
intervenciones. Muchas gracias.
--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CLOTAS I CIERCO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS PROYECTOS DE LA
MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA PARA LA AMPLIACION DEL MUSEO DEL PRADO,
DESPUES DE HABER SIDO DECLARADO DESIERTO EL CONCURSO INTERNACIONAL DE
IDEAS? (Número de expediente 180/000200)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Socialista del Congreso don Salvador Clotas i Cierco.
Tiene la palabra el señor Clotas.
El señor CLOTAS I CIERCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el resultado del concurso internacional de ideas para la
ampliación del Prado ha constituido un verdadero shock nacional. Ha
producido inquietud, preocupación, indignación, y no es extraño. No es
extraño porque la situación creada es muy difícil. No es extraño porque
cuesta entender que entre 500 proyectos o ideas presentadas no hubiera
ninguna que pudiera adecuarse a las necesidades del museo. No es extraño
porque usted sabe que no es la primera vez que fracasa un proyecto de
ampliación de nuestro museo, y me podría referir incluso a los años
setenta. Lo que sí resulta extraño, señora Ministra, es que usted
levantara la reunión que presidía sin una solución y se creara la
situación verdaderamente compleja que hay ahora.
Por eso mi pregunta le da la ocasión, señora Ministra, de explicar con
claridad cuáles son sus proyectos. Mi pregunta no pretende ninguna
utilización política de este tema, sino todo lo contrario. Mi grupo desea
ayudarle, pero desea ayudarle si usted nos explica qué va a hacer ahora
con la situación creada.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clotas.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.
A la pregunta de S. S. sobre qué va a hacer el Ministerio de Educación y
Cultura no puedo sino manifestarle con toda claridad y con toda
rotundidad que lo que va a hacer el Ministerio de Educación y Cultura es
llevar adelante la ampliación del Museo del Prado con arreglo al acuerdo
parlamentario que alcanzó la mayoría de los grupos presentes hoy en esta
Cámara en la pasada legislatura y de acuerdo con los deseos del Real
Patronato que este Gobierno ha hecho suyos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Clotas.
El señor CLOTAS I CIERCO: Señora Ministra, en parte le agradezco la
respuesta y me tranquiliza la voluntad de mantener un acuerdo, un
consenso, que me parece una condición necesaria para resolver el problema
del Prado. En parte, creo que falta concreción a su voluntad. Usted es
consciente de que la situación creada es complejísima. Cualquier proyecto
puede ser objeto de pleitos internacionales, porque será muy difícil que
cualquier idea no tenga algo de lo que estaba ya presente en el concurso.
Creo que la situación es muy compleja, señora Ministra, y creo que su
respuesta no es satisfactoria, en el sentido de la claridad y en el
sentido de dar una solución a la situación, muy compleja, que creó esa no
decisión del jurado. Yo tengo el íntimo convencimiento, señora Ministra
--con todo respeto--, de que su antecesora en el cargo no hubiera
permitido que se levantara esa reunión que ella presidía sin una solución
para el Museo del Prado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clotas.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero decirle a S. S. que no ha habido ninguna no
decisión. Se ha adoptado una decisión por unanimidad del jurado, del que
formaban parte trece miembros y tan sólo dos éramos políticos, el
Secretario de Estado de Cultura y yo misma. Precisamente, mi antecesora
tomó la cautela --que nuestro grupo apoyó entonces y que apoyamos ahora--
de decir que, para que pudiera haber un primer premio, necesariamente
tenía que haber una mayoría de dos tercios de los miembros del jurado;
mayoría que no hubo y, por tanto, fue unánime la decisión de declarar
desierto el primer premio.
Me pide S. S. concreción y lo voy a intentar. El Real Patronato del Museo
del Prado se reunió el pasado lunes y acordó, primero, seguir adelante
con la ampliación del museo y, segundo, encargar al director que
reelabore de inmediato un plan museográfico concreto, que esperamos tener
en el mes de diciembre. ¿Por qué este nuevo plan museográfico? Porque,
señoría, a diferencia de hace unos meses, ahora ya sabemos con qué
edificios cuenta el Museo del Prado para su ampliación. Sabemos que
podemos disponer ya del salón de Reinos del Museo del Ejército; sabemos
que podemos proceder a la restauración y a la reconstrucción del claustro
de los Jerónimos, porque hemos tenido ya conversaciones con el
Arzobispado de Madrid y le hemos explicado que se trata únicamente de
reconstruir o de restaurar el claustro de los Jerónimos, sin merma del
destino parroquial de una parte de ese edificio. Y cuando el plan
museográfico esté ya completo, será el momento de decidir por quién y
cómo se ejecuta esa obra. Lo que yo sí quiero es garantizar a S. S. que
se hará por los medios que la ley establece, con la máxima transparencia
y haciendo posible que participen todos los ciudadanos, y desde luego los
grupos políticos, en el debate que la exposición de todos los proyectos
presentados va a hacer posible, en Madrid y en toda España.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS CENTELLA GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA A LA
SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA: ¿QUE VALORACION LE PRODUCE A LA
SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA EL RESULTADO DEL CONCURSO
REALIZADO PARA LA AMPLIACION DEL MUSEO DEL PRADO? (Número de expediente
180/000208)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno el
Diputado don José Luis Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Educación y Cultura, ¿qué valoración le produce a
usted el resultado del concurso para la ampliación del Museo del Prado?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Centella.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, la única valoración que me puede producir el resultado del
concurso para la ampliación del Museo del Prado es de profundo respeto.
El concurso se ha desarrollado y se ha fallado con arreglo a las bases
que el Gobierno que me precedió publicó por orden ministerial y conforme
al reglamento y al programa aprobados por la Unión Internacional de
Arquitectos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Evidentemente, señora Ministra, ustedes pueden
seguir en el error, pero para nosotros es necesario que se empiece
admitiendo que el concurso era un proyecto equivocado desde su inicio y
que allí estaba el problema; un concurso que nacía de una falta de
definición y de una falta de concreción porque no se sabía, como usted
acaba de reconocer, qué museo se quería, y ha sido un concurso que ha
impedido afrontar de una forma seria y clara la resolución de uno de los
problemas más importantes, de una de las asignaturas pendientes de
nuestra cultura. Fue un concurso que mereció en su día no solamente la
crítica de este grupo, sino que también mereció la crítica de gran número
de profesionales, porque era absurdo pensar que en ese concurso podía
aparecer una idea genial, una idea que resolviese de golpe todos
los problemas que tenía planteados el Museo del Prado. Por eso, para
nosotros, ese concurso, más que un riesgo, era una auténtica barbaridad,
era una temeridad. Nosotros creemos que el fallo de este concurso no era
sino la historia de un fracaso anunciado y, también, como ha dicho el
propio decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, que era una verdadera
estafa colectiva. Difícilmente podemos entender cómo se ha llevado tan
mal un asunto que ponía en juego el prestigio de nuestra cultura.
Ustedes, todos los grupos que apoyaron ese concurso, deben ser
conscientes de que han dilapidado horas de trabajo y dinero invertido,
pero sobre todo de que han frustrado la ilusión de cientos de
profesionales.
Sobre el futuro, usted acaba de decir algo, pero a nosotros nos
preocupaba que parecía que usted cambiaba de opinión cada día y cada
semana. Nos preocupa mucho más que ustedes no tienen --al parecer, en
diciembre a lo mejor la tienen-- una política definida sobre el museo.
Algo sí nos tiene tranquilos y es que, por ahora, parece que el Museo del
Prado es de lo poco que ustedes no han anunciado que van a privatizar o
que van a vender.
Por otra parte, nosotros estamos dispuestos al consenso, al consenso al
que no se pudo llegar antes, porque no se tenía definido cuál era el
Museo del Prado que se quería, y en este consenso ustedes pueden contar
con nosotros si ustedes toman conciencia de que el patrimonio de este
país es demasiado importante como para que ustedes sigan experimentando
con él.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
La señora Ministra de Educación y Cultura tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero comenzar agradeciendo las últimas palabras que ha pronunciado su
señora en el sentido de que el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya se uniría al acuerdo parlamentario al que en la pasada
legislatura, al Grupo Socialista, en el Gobierno, se unieron el Grupo
Popular, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Vasco (PNV).
Bienvenido sea el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a
este consenso que sobre la institución cultural más importante de España
alcanzaron el resto de los grupos en la anterior legislatura y que confío
que se mantenga en ésta.
Es innegable, señoría, que diseñar un proyecto adecuado a las necesidades
museográficas del Prado y, además, acorde con el entorno de los Jerónimos
y de esa zona emblemática de Madrid no era una tarea sencilla, eso es
innegable y, por tanto, ni podía designarse un ganador a la ligera ni era
posible que el Gobierno anterior hubiera tomado una decisión unilateral
al respecto. Por ello, el Gobierno anterior y la Unión Internacional de
Arquitectos tuvieron la cautela de decir en las bases que para que
hubiera un ganador se necesitaban los dos tercios de los miembros del
jurado presentes. Le repito lo que le he dicho antes al responder al
señor Clotas. Entre los miembros del jurado, había dos políticos y el
resto eran arquitectos de indiscutible prestigio internacional y ninguno
de ellos quiso separarse de la decisión unánime del jurado. El jurado
tomó dos decisiones unánimes: primera, dejar desierto el primer premio;
segunda, conceder los accésit. Se decidió convocar este concurso bajo la
supervisión de la Unión Internacional de Arquitectos, y esta fue una
decisión que nosotros apoyamos entonces. Podía haberse decidido que se
hubiera convocado el concurso bajo la supervisión del Colegio de
Arquitectos de Madrid, pero no se hizo, y nosotros entonces lo apoyamos y
entendimos que fue una solución verdaderamente positiva y es la que se
adoptó entonces. Por tanto, señoría, yo creo que no cabe decir que ha
habido ningún tipo de desunión ni de manipulación en el jurado.
Quiero terminar diciendo a S. S. que lo importante en esta cuestión no es
ni el concurso ni el primer premio ni los otros premios, lo importante es
el Museo del Prado, que se va a ampliar para el disfrute de los millones
de españoles y extranjeros que visitan el museo cada año. Este es el
compromiso del Gobierno, que se va a hacer con arreglo al acuerdo
parlamentario de la anterior legislatura. Yo recojo las palabras de su
señoría en el sentido de que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se
sumaría a este consenso.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Educación y Cultura.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA JESUS AGUIRRE URIBE, DEL GRUPO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO DEFINITIVAMENTE SE VAN A
TRASPASAR LAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO CON INCLUSION DE LA CUOTA DE
FORMACION PROFESIONAL AL PAIS VASCO? (Número de expediente 180/000185)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, que formula al Gobierno la
Diputada doña María Jesús Aguirre Uribe, del Grupo Vasco (PNV).
Señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Gracias, señor Presidente.
Como ya conocerá el señor Ministro, en el pleno del Parlamento vasco, de
1 de julio de 1993, se aprobó el informe de la ponencia sobre el
desarrollo estatutario.
En la ficha 35, la ponencia estimó que debe procederse al traspaso a la
comunidad autónoma de las funciones y servicios dedicados a la promoción
y gestión del empleo que la Administración del Estado presta en el País
Vasco. Por su parte, el artículo 10.25 de nuestro Estatuto de Autonomía
reconoce a la comunidad autónoma competencia exclusiva en materia de
promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad
económica. En consecuencia, la ponencia estimó que también procede la
transferencia de la ejecución de los programas de formación profesional
que en la actualidad gestiona el Inem en Euskadi.
El Senado, en sesión de 28 de septiembre de 1994, aprobó una moción del
siguiente tenor: El Senado insta al Gobierno para que cumpla las
previsiones contenidas en el Estatuto de Guernica, tomando como base el
acuerdo del Parlamento vasco. En el mismo sentido, se aprobó una
resolución en esta Cámara, con ocasión del debate sobre el estado de la
Nación, el 20 de abril de 1994.
Por todo ello, mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo definitivamente se
van a transferir las políticas activas de empleo con inclusión de la
cuota de formación profesional al País Vasco?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguirre.
El señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, señora Diputada, las transferencias de políticas activas de
empleo al País Vasco, respondiendo a su pregunta, se producirán en cuanto
terminen las conversaciones que ya se han emprendido en torno al Gobierno
de España y también con los representantes del Gobierno vasco. Estas
conversaciones han tenido lugar con el Consejero responsable, señor
Jáuregui, con el Vicelehendakari y también con el señor Ardanza.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Gracias, señor Ministro, pero su respuesta me
satisface sólo a medias.
Coincidirá conmigo en que uno de los elementos centrales de la acción
política es establecer planes que favorezcan la generación de empleo.
Cuando de puestos de trabajo se trata, todos los grupos políticos
decimos: prioridad absoluta. Algunos de los instrumentos para alcanzar
estos objetivos son la formación profesional ocupacional, para poder
cualificar los recursos humanos que requiere el mercado de trabajo, para
la regeneración del tejido económico a través de nuevas profesiones y
para ejercer una función de prevención de la cronicidad del desempleo y
de la exclusión social. Además, a través de las políticas activas de
empleo, como usted sabe perfectamente, se persigue dotar a los
demandantes de los recursos personales y técnicos adecuados para la
inserción laboral.
Por eso, señor Ministro, reivindicamos con fuerza esta transferencia,
porque así lo recoge nuestro Estatuto de Autonomía, y es un derecho de
los vascos, y porque si se acercan estos servicios a las instituciones
más próximas al ciudadano, ganamos en eficacia y en eficiencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguirre.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con la esperanza de que si mi respuesta anterior le ha
satisfecho a medias, ahora que voy a completarla le satisfaga
íntegramente a la señora Diputada.
Quiero decirle que hay tres planos importantes en su pregunta. En cuanto
al primero, que se refiere a las políticas activas de empleo,
intermediación y formación, la voluntad política del Gobierno es
consolidar en las comunidades autónomas la verdadera administración
referida a las políticas de empleo y de formación, pero, paulatinamente,
tienen que ir constituyéndose los correspondientes servicios de empleo en
las comunidades autónomas, y a nivel de toda España tenemos que diseñar
el futuro también del necesario servicio público de empleo de España, que
es una exigencia europea de coordinación interna de España y con otros
países de la Unión Europea.
En segundo lugar, aunque no ha hecho referencia a ello la señora Diputada
en su intervención, sabe que dentro de los acuerdos de gobernabilidad
entre el PNV y el Partido Popular se contemplaba un compromiso de apoyo
financiero a lo que significa el acuerdo interprofesional vasco sobre
formación continua. Ese acuerdo de formación suscrito en el ámbito del
País Vasco ya ha sido objeto de tratamiento conjunto. Tuve ocasión de
firmar un protocolo de intenciones con el Lehendakari sobre el mismo y
espero que en el mes de septiembre se concrete definitivamente la
transferencia presupuestaria que estaba comprometida.
Finalmente, deseo decirle también a S. S. que, como sabe, en este año de
1996 concluye el Plan Nacional de Formación Profesional, que existe un
Consejo General de Formación Profesional, en el que el Gobierno pretende
que no solamente participen los agentes sociales y el Gobierno sino
también las comunidades autónomas, y que ese Consejo General de Formación
Profesional es, en nuestra opinión, el foro adecuado para el segundo Plan
de Formación Profesional, para hablar de formación profesional inicial,
para hablar también de formación continua.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON TEOFILO DE LUIS RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS ADOPTARA EL
GOBIERNO PARA ELIMINAR LAS BARRERAS DE COMUNICACION QUE DIFICULTAN LA
INTEGRACION SOCIAL DE LOS SORDOS? (Número de expediente 180/000195)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular don Teófilo de Luis Rodríguez.
Señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en este país existe un importante número de personas
sordas. Algunas estadísticas hablan de que son 70.000 los sordos
profundos que existen en España. Para este colectivo, tanto los que son
sordos profundos como aquellos que solamente tienen alguna deficiencia
parcial, las barreras de comunicación son un inconveniente fundamental
para su plena integración social.
Mi grupo parlamentario en los últimos años ha considerado este asunto
fundamental y ha insistido, a través de varias iniciativas en esta
Cámara, para que se resolviera el problema. En la Comisión de Control de
Radiotelevisión Española, de la que usted fue portavoz de mi grupo una
temporada, se formuló una importante cantidad de preguntas orales al
director general de entonces para que incrementara las horas de
programación destinadas a este colectivo. Sin embargo, a pesar de nuestra
presión, ni el Gobierno ni el director general de entonces se mostraron
sensibles por el problema, y nos vimos en la necesidad de presentar una
iniciativa no de ley y de contribuir con nuestros votos, en diciembre de
1995, a que la Cámara aprobara un mandato al Gobierno para que, a través
de un convenio Asuntos Sociales-Televisión Española, se consiguiera el
incremento de horas de programación para los sordos. En 1994, mi grupo
parlamentario también presentó en Comisión una proposición no de ley
reclamando al Gobierno de entonces medidas económicas de apoyo para
facilitar el acceso de los sordos a la adquisición de equipos de
teléfonos con texto, facilitando así las comunicaciones interpersonales.
Señor Ministro, la relación de iniciativas y el interés de este grupo
parlamentario que le he relatado es prueba evidente de nuestra gran
preocupación por este asunto. Esta preocupación la mantenemos vigente y
nuestro interés es aún mayor si cabe por conseguir la solución a estos
problemas en este momento, en el que yo formo parte del grupo que apoya
al Gobierno. Por ello, tengo un gran interés en conocer la respuesta que
usted va a dar a la pregunta que le formulo, y es, ¿qué medidas adoptará
el Gobierno para eliminar las barreras de comunicación que dificultan la
integración social de los sordos?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco muy especialmente la intervención del señor Diputado, que ha
hablado de la fe y la preocupación de su grupo parlamentario en este
asunto, y yo quiero transmitirle la muy especial sensibilidad del
conjunto del Gobierno para lo que significan los problemas de las
personas que sufren discapacidades y muy especialmente para lo que
significa la eliminación de barreras de comunicación que dificultan la
integración social de los sordos.
Quiero decirle al señor Diputado que, como él también conoce, el programa
que fue soporte de la presentación del Partido Popular a las pasadas
elecciones llevaba un capítulo muy importante dedicado a lo que significa
la eliminación de barreras en la comunicación de los sordos. En este
sentido, se van a desarrollar una serie de políticas, a través de
actuaciones del Inserso, que básicamente tienen los siguientes ejes.
Primero hay un apartado muy importante en el global de lo que es el plan
de acción para las personas con discapacidad. En segundo lugar, tenemos
una impresión muy positiva de lo que ha sido el centro de intermediación
telefónica, y pretendemos ampliar los convenios que tenemos suscritos con
Telefónica a 1997 y 1998. Pretendo también en los próximos meses
intensificar los convenios con las comunidades autónomas y con las
corporaciones locales. Próximamente se va a editar una guía específica de
teléfonos de texto, incluyendo en las guías convencionales indicativos
especiales para los números que corresponden a los teléfonos.
En el plano de la investigación es muy importante señalar que en el seno
del plan Peter, que sabe que corresponde a lo que son tecnologías
relacionadas con la rehabilitación, hay un capítulo dedicado
especialmente a las tecnologías de acceso a la comunicación con las
personas que sufren discapacidades, y especialmente los sordos.
Finalmente, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales va a mantener
todas las ayudas actuales de rehabilitación, de asistencia especializada
y de carácter institucional, y si me lo permite el señor Presidente
concluiré diciendo que me parece muy acertada la reflexión del señor
Diputado acerca del comportamiento de las televisiones públicas y que
creo que las televisiones públicas, todas, deberían ser ejemplares
(también
las privadas, pero especialmente las públicas) en lo que significa
facilitar el acceso a la comunicación de personas que tienen problemas.
Le quiero comentar que en el último Real Patronato de Prevención de
Minusvalías, que preside Su Majestad la Reina, este asunto fue objeto de
tratamiento, y me parece que el Gobierno debe intensificar su acción en
este sentido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--EL DIPUTADO DON ANGEL DIAZ SOL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE
FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO AL
PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES? (Número de expediente 180/000203)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Socialista del Congreso don Angel Díaz Sol.
Señor Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Gracias, señor Presidente.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno respecto al Plan concertado de
Servicios Sociales?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Sol.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
Presidente, señor Diputado, la previsión del Gobierno es mantener con
todas sus consecuencias y, si es posible, incrementar presupuestariamente
el Plan concertado de Servicios Sociales para 1997. El señor Diputado
sabe que hay problemas importantes en su aplicación que esperamos
resolver en la próxima Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Gracias, señor Ministro. Esperamos que esta respuesta
que ha dado usted en cuanto al mantenimiento de este Plan y el aumento de
su dotación se lleve adelante y no sea un anuncio más, de los que nos
tienen últimamente acostumbrados, que varíe en el futuro, y esto no lo
digo sin ninguna base, ya que la desaparición del Ministerio de Asuntos
Sociales, así como la ausencia casi permanente en su discurso respecto a
políticas sociales, salvo la referencia a las pensiones de nuestros
mayores, hacen temer que las políticas basadas en los servicios sociales
tengan una ubicación de segundo nivel en la preocupación de su señoría.
Yo quisiera decirle que, si esto fuera así, sería un error importante de
la política a desarrollar por su Departamento.
La red básica de servicios sociales es un elemento fundamental y una de
las áreas de primer orden que los Gobiernos de la Unión Europea atienden
fundamentalmente en su acción de gobierno, no sólo por el servicio que
prestan a aquellas personas que tienen problemas de integración en
nuestra sociedad, permitiéndoles superar las barreras que dificultan esta
integración, sino que son útiles a todos los ciudadanos.
De ahí la vocación universal de esta política, que permite, al igual que
otras políticas, como la de barreras arquitectónicas, ser utilizada no
sólo por los minusválidos físicos, sino también por muchos ciudadanos que
se benefician de ellas, y que permite superar los problemas que una
sociedad, en constante dinamismo, genera en cada momento.
Pero, además, la política de servicios sociales, como usted sabe, sin
lugar a dudas, es una fuente importante de empleo y es uno de los
hallazgos que se han realizado últimamente, respecto a las posibilidades
de generación de empleo.
Las turbulencias que se esperan a la hora de la confección de los
presupuestos, y la situación que se prevé, en segundo lugar, de las
políticas sociales, como de alguna forma ha dado a entender S. S. por su
falta de preocupación en referencias a temas de este tipo, nos hacen
temer que esta aseveración que acaba de hacer usted, pueda tener
verdaderos problemas en el futuro ante un presupuesto de carácter tan
restrictivo como el que anuncian.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz Sol.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Con todos los respetos y, además, con afecto al señor Diputado, me parece
que no debe construir una intervención sobre las posiciones del Gobierno.
Yo lo que sí creo, señor Diputado, es que se están defraudando muchas
expectativas, aunque expectativas de algunos. Hubo quien dijo en su
momento que las pensiones corrían riesgo con un Gobierno del Partido
Popular y no corren riesgo. Hubo quien dijo en su momento que si el
Partido Popular gobernaba, desaparecerían los subsidios en el ámbito
agrario, y no van a desaparecer. Y también hubo quien dijo en su momento
que con el Partido Popular desaparecerían las políticas sociales. El
señor Diputado no sería capaz de citar un solo ejemplo de una política
social que haya desaparecido durante el Gobierno de José María Aznar.
En segundo lugar, quiero decirle al señor Diputado que yo sí podría
hablar de recortes en el gasto social
durante 1995, y recordar que el gasto social, al menos en 1995, tuvo una
disminución en torno a los 500.000 millones de pesetas. Pero ésa no era
la pregunta que formula el señor Diputado, que creo que debería
coordinarse mejor con su grupo parlamentario. Todas las veces que he
comparecido para explicar las políticas de asuntos sociales hemos sido
felicitados por el Grupo Socialista, y esta mañana mismo, la Secretaria
General de Asuntos Sociales, doña Amalia Gómez, ha sido felicitada por su
intervención.
Termino diciendo, señor Presidente, que el plan concertado, pese a quien
le pese, se va a mantener con todas las consecuencias en 1997, que va a
ser de las pocas partidas, dentro de los presupuestos del Gobierno, que
se va a incrementar en el marco del rigor presupuestario que ha planteado
el Presidente para 1997 y que, desde luego, se empeñe quien se empeña,
con un Gobierno de José María Aznar, se mantienen con todas las
consecuencias y se mejoran las políticas de atención social.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
--DEL DIPUTADO DON EMILIO PEREZ TOURIÑO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO: ¿ES CIERTO QUE
EL GOBIERNO PIENSA COBRAR UNA TASA O PEAJE SOBRE LAS AUTOVIAS? (Número de
expediente 180/000199)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Socialista, don Emilio Pérez Touriño.
Señor Pérez Touriño.
El señor PEREZ TOURIÑO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Fomento, ¿piensa el Gobierno cobrar una tasa o peaje
sobre las autovías?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Touriño.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
El Gobierno no tiene la intención de cobrar tasa o peaje por las
autovías, señor Diputado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Pérez Touriño.
El señor PEREZ TOURIÑO: Gracias, señor Ministro por su respuesta.
El problema es que no sabemos qué creer, si lo que dice usted, y afirma
hoy aquí, o lo que se pueda decir mañana. No voy a hacer una exégesis
completa de lo que se ha dicho por altos cargos y miembros del Gobierno
en relación con este tema, sino que tan sólo me voy a limitar a lo
siguiente. En su comparecencia ante la Comisión correspondiente decía
usted el 19 de junio: Asumo el compromiso de que se harán autovías, que
se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Ese es
el modelo en el que estamos hoy y, hoy por hoy, no se va a cambiar. Ese
modelo se aplicará en esta legislatura.
Poco tiempo después, el Ministro de Economía y Vicepresidente Segundo del
Gobierno decía que el Ejecutivo se planteaba la posibilidad de imponer
una tasa anual por la circulación de las autovías y se compensaría a los
que ya pagan peaje con una rebaja. Era una sugerencia de Convergència i
Unió.
El problema es que hace tan sólo hoy ocho días, el Director General de
Carreteras, después de haber desmentido usted y afirmado lo que hoy nos
dice aquí, afirma en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que se
descarta el cobro de cualquier tasa o peaje en la red actual, pero no en
las de nueva construcción, que exigirá un mecanismo extrapresupuestario.
Han generado ustedes, señor Ministro, un gran desconcierto en importantes
sectores de actividad económica y entre los ciudadanos. Da la impresión
de que en esta materia no tienen política propia, no tienen norte y que
su brújula gira un poco al compás de lo que hoy propone Convergència y
Unió, o de lo que las constructoras le han propuesto al Ministerio de
Fomento.
Cuando ustedes hablan de movilizar el capital privado para hacer
carreteras ¿quiere decir que primarán los criterios de rentabilidad y,
por tanto, se harán prioritariamente aquéllas, muy pocas, por otra parte,
que son rentables privadamente para las constructoras y grandes bancos?
Cuando piensan en generalizar un modelo de explotación con peajes o
tasas, ¿es sólo para las nuevas autovías?
En días pasados, el Presidente de la Xunta de Galicia presentaba como un
éxito que el Ministro de Fomento le había anunciado que la proyectada
autovía Santiago-Orense se haría como autopista de peaje. Esto anunciaba.
Igual desconcierto se produce en Castilla-León, porque al parecer hay
manifestaciones oficiales en el sentido de que la autovía
Tordesillas-Salamanca-Fuentes de Oñoro será también ahora una autopista
de peaje. ¿También será así la de Bailén-Motril? ¿También la extensión de
la autovía del Cantábrico? Señor Ministro, ¿puede confirmarnos que no van
a ser autopistas de peaje las nuevas autovías?
Señor Ministro, nuestro Grupo cree que tienen que asumir la
responsabilidad de decir qué carreteras y
qué ferrocarriles piensan hacer en esta legislatura y cómo piensan
financiarlas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Touriño. Ha consumido su
tiempo. Gracias.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
A mí me gustaría hacerle a S. S. una reflexión . ¿Cómo organizamos alguna
vez en la sociedad española un debate público sobre cualquier cuestión?
Porque no hay manera de organizar un debate público, según usted, sin
producir desorientación, y eso es un absurdo. El debate público sobre el
mantenimiento de las infraestructuras es un debate que está vigente en el
mundo entero y también en la sociedad española. Y a continuación añado:
hay dos conceptos en la legislación española: uno que han introducido
ustedes, que es el de autovías, y otro que es el de autopistas.
Las autovías se financian con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, y las autopistas son tramos de carretera que se sacan a concesión
administrativa, participa el capital privado y naturalmente tienen peaje.
Y estas Cortes tendrán que decidir cuáles van a ser para siempre autovías
sin peaje y qué tramos de autopista conviene sacar para mantener un ritmo
de inversión pública que mantenga la actividad económica y que nos
permita crecer a tasas próximas al 3 por ciento el próximo año, señor
Diputado.
Por tanto, no confundamos. El programa público de autovías continúa
siendo un programa público de autovías y no va a haber peaje y, al mismo
tiempo, es absolutamente razonable que la sociedad española se plantee, y
el Gobierno también, si es preciso introducir, además, autopistas de
peaje.
Yo creo que es conveniente introducir algunas autopistas de peaje, porque
hay tramos de carretera que no están previstos en un programa de autovías
y no se podrían realizar a corto plazo si no es con financiación privada;
financiación privada que hoy hay que incorporar para mantener el ritmo de
actividad económica.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON VICTOR MORLAN GRACIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO APROBAR EL
CORRESPONDIENTE REGLAMENTO TECNICO Y DE PRESTACION DEL SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES POR CABLE? (Número de expediente 180/000205)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Socialista del Congreso, don Víctor Morlán Gracia.
El señor Morlán tiene la palabra.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es posible que usted piense que esta pregunta ha perdido
vigencia, desde el momento en que el pasado viernes ustedes aprobaron el
reglamento técnico de prestación de servicios de telecomunicaciones por
cable.
Yo también podría pensar que la respuesta a mi pregunta ha sido la
aprobación inmediata del mismo. Pero, señor Ministro, lo que sí creo es
que, bajo mi punto de vista, es políticamente rechazable la aprobación de
ese reglamento estando pendiente en esta Cámara el debate de su propuesta
legislativa sobre liberalización de las telecomunicaciones, y que
objetivamente, pensamos nosotros, debiera incidir sobre el texto del
reglamento.
Por eso permítame que mantenga mi pregunta y le siga planteando cuándo
piensa el Gobierno aprobar definitivamente el correspondiente reglamento
técnico y de prestación de servicios de telecomunicaciones por cable.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor
Presidente.
El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros el llamado
reglamento del cable, que será publicado, creo, a principios de la
próxima semana en el «Boletín Oficial del Estado».
Señoría, el Decreto-ley tiene vigencia en nuestro ordenamiento jurídico,
y hoy eso es una ley vigente, y con arreglo a la misma el Gobierno puede
dictar un reglamento, y lo va a hacer porque, gracias a la gestión del
Gobierno Socialista, España tiene un caos de legislación de
telecomunicaciones, desgraciadamente.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Morlán tiene la palabra.
El señor MORLAN GRACIA: Diga lo que diga, señor Ministro, hay una cosa
muy clara. Esa iniciativa que han tenido ustedes de aprobar el reglamento
tiene dos tipos de consecuencias: si ustedes lo han hecho con el criterio
de que esta Cámara no iba a introducir ninguna modificación en el
proyecto de ley que pronto va a ser debatido, entiendo que es una falta
de respeto a esta Cámara, y esto ustedes lo llamarían prepotencia o
menosprecio democrático al Congreso, o algo parecido.
Usted sabe como yo que en política las formas son importantes y, en este
caso, como en otros, creo que
las han perdido. Si, por el contrario, el debate de esta Cámara trae
consigo la correspondiente modificación del reglamento, motivado por el
normal diálogo y acuerdo parlamentario que mi grupo está dispuesto a
tener para que en el tema de las telecomunicaciones haya el necesario
consenso parlamentario, que nosotros siempre hemos promovido y en el que
ustedes muy pocas veces han entrado, resultará que han hecho un flaco
servicio al sector de las telecomunicaciones y a las instituciones
interesadas en el desarrollo del cable. Habrán generado intranquilidad e
inseguridad jurídica, a todas luces innecesarias, y estaremos perdiendo
un tiempo precioso para consolidar y dinamizar este sector productivo.
De todas formas, esta decisión suya me da la impresión de que ha sido tan
precipitada que hasta sus propios socios la están criticando. Se habla de
imprecisión, falta de claridad, indefinición, ambigüedad, etcétera. Son
los calificativos más suaves que está recibiendo este reglamento.
Ustedes plantean, según la nota del Consejo de Ministros que nos han
hecho llegar, que en el caso de operadores de cable que no resulten
adjudicatarios de concurso, les dan diez años. Según tengo entendido
Convergència i Unió plantea que sean tres. Hay dudas sobre si podría
superarse o no el 25 por ciento de inversión pública, y eso ustedes no lo
han aclarado, ni sé si lo van a aclarar y, por tanto, pueden introducir
alguna modificación en el conjunto del reglamento.
¿Qué sucede con Telefónica? Porque también hay ciertas dudas sobre qué va
a pasar con Telefónica y con esta moratoria que ustedes la han planteado
para entrar en el cable. Es decir, creo que deberían haber esperado hasta
que se tramitara la iniciativa que ustedes mismos pusieron en marcha, y
lo que más le preocupa a mi grupo es que el mal está hecho y va a ser muy
difícil enmendarlo.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morlán.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Diputado, acepto su última afirmación. El mal está hecho, pero el
responsable no es este Gobierno. Llevamos un retraso tan monumental en el
ámbito de las telecomunicaciones que, o vamos rápidamente, o nos coge el
1 de enero de 1998 sin haber utilizado siquiera ese derecho que tiene
España, reconocido por la legislación comunitaria, para proteger su
mercado durante un cierto tiempo y ordenar el mercado de las
telecomunicaciones.
Su argumentación no tiene sentido, porque haría inviable el decreto-ley
que es precisamente una fórmula de urgencia que permite, como es lógico,
dictar un reglamento. Nosotros vamos a dictar ese reglamento que se va a
publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y, gracias a ese reglamento,
se va a clarificar lo que hoy, desgraciadamente, por su responsabilidad,
no está clarificado. Y sobre todo vamos a hacer una cosa fundamental:
porque vamos a publicar el reglamento y porque va a entrar en vigor,
vamos a poder convocar los concursos del cable.
Ya no se puede esperar más, señor Diputado. Se ha perdido demasiado
tiempo. Ahora lo que estamos haciendo es ganar un tiempo precioso para
poder asegurar que las empresas españolas estén en condiciones de
competir cuando llegue la hora de la liberalización plena.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JESUS JOSE GOMEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE SANIDAD Y
CONSUMO: ¿QUE MEDIDAS TIENE PREVISTAS ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL GRAVE Y
URGENTE PROBLEMA DE LOS MEDICOS ESPECIALISTAS SIN TITULO, QUE VIENEN
REALIZANDO UNA LABOR SANITARIA A SATISFACCION, MUCHOS DE ELLOS CON MAS DE
15 AÑOS DE ANTIGUEDAD? (Número de expediente 180/000184)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, que formula al Gobierno el
Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo parlamentario de
Coalición Canaria.
Señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Sanidad y Consumo, mi pregunta se va a
referir a un viejo problema que afecta, no sólo a la clase médica de
Canarias, sino del resto de las comunidades del Estado español. Esta
pregunta es del siguiente tenor: ¿Qué medidas tiene previstas adoptar el
Gobierno ante el grave problema de los médicos especialistas sin título,
los mestos, que vienen realizando una labor sanitaria a satisfacción,
muchos de ellos con más de 15 años de antigüedad?
Como es sabido, señor Ministro, ello afecta a decenas de miles de
profesionales. Al mismo tiempo, esta labor eficaz está acercándose, si no
es que se incurra, en figuras punibles como son las del intrusismo
profesional.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Como S. S. conoce, la formación médica especializada está regulada en
España por un Real Decreto de 1984, que establece además como
procedimiento único un sistema de residencia hospitalaria que incluye
este tipo de formación. Este sistema a lo largo de diez años ha
demostrado una gran eficacia y ha permitido dotar a la sanidad española
de profesionales excelentemente formados, comparables con los mejores de
cualquier país europeo. Por esta razón, no es propósito del Ministerio
introducir aquí ningún cambio de procedimiento ni en el sistema general
de formación especialista de los médicos. Existe, sin embargo, ese
problema al que usted se refiere, médicos que trabajan en los servicios
sanitarios, que prestan buenos servicios y que no tienen reconocido este
título oficial de especialista. Sobre esto ha habido incluso en el
Congreso de los Diputados una proposición no de ley pidiendo al Gobierno
que se instrumentaran soluciones para este importante colectivo de
profesionales que prestan un estimable trabajo a los servicios
sanitarios. De acuerdo con esa proposición no de ley, los Ministerios de
Educación y de Sanidad vienen trabajando para encontrar una solución
adecuada al reconocimiento del trabajo de estos profesionales. Se han
dado distintos pasos, se han constituido comisiones de calificación de la
experiencia profesional de estas personas, y se trabaja conjuntamente por
estos dos Ministerios tratando de encontrar una solución equilibrada,
justa y razonable a este problema, dando una salida a estos
profesionales, pero sin desconocer las exigencias globales del sistema y
los derechos adquiridos por los profesionales que han entrado de acuerdo
con el sistema regulado por el Real Decreto de 1984.
De acuerdo con estos criterios, esperamos tener pronto una solución para
este problema, del que somos conscientes, y pediremos en su momento la
colaboración de todos los grupos parlamentarios, porque creemos que la
solución de este problema exige también el mayor consenso posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Ministro, por su
contestación, y estoy seguro de que pronto veremos alguna norma que
regule esta situación anómala y que afecta a toda la sanidad del Estado
español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL señor
MINISTRO EL PLAN DE ACCION CONTRA EL SIDA, QUE RECIENTEMENTE HA
ANUNCIADO? (Número de expediente 180/000193)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Antonio Gutiérrez Molina.
Señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, no es ocioso que en esta sesión de control al
Gobierno haya querido poner una vez más ante esta Cámara el problema del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No por reiterado, no por
estudiado por estudiosos médicos, profesionales, etcétera, el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida, señor Presidente, ha dejado de ser un
problema de Estado, como afirmó recientemente el señor Ministro; problema
de Estado es en efecto, y por ello creemos también que es absolutamente
necesario, señor Ministro, que todas las administraciones dediquen no
sólo esfuerzos contra esa pandemia, sino también estoy seguro de que el
Ministerio que S. S. preside no ahorrará esfuerzos para mejorar la
calidad asistencial de esta población afectada. Sabe el señor Ministro
perfectamente, saben SS. SS., que hay más de cien mil casos de población
afectada por el virus y, aunque la cifra es preocupante, las últimas
estadísticas están demostrando un estancamiento de la enfermedad. Quizás
sea, señor Ministro, señor Presidente, este estancamiento de la pandemia
el momento idóneo para aprovechar tal situación y desarrollar el plan
director, el plan de acción contra el sida que recientemente el
Ministerio ha esbozado.
Por eso, aprovechando la sesión de control, aprovechando la presencia de
S. S. en la Cámara, quisiera preguntarle cuáles son las medidas generales
que este plan de acción contiene, con objeto de que S. S. lo explicara a
la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez. El señor Ministro de
Sanidad y Consumo tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente. (El señor Gutiérrez Molina hace gestos desde el
escaño).
El señor PRESIDENTE: Perdón, un momento, señor Ministro. ¿Señor Gómez
Rodríguez...?
El señor GUTIERREZ MOLINA: Gutiérrez Molina.
El señor PRESIDENTE: Perdón, discúlpeme, señor Diputado.
Señor Ministro, puede continuar.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
Efectivamente, tal como tuve ocasión de anunciar en mi comparecencia ante
esta Cámara, el Ministerio de Sanidad y Consumo está trabajando en la
elaboración de un plan de lucha contra el sida, para el que ha pedido el
mayor respaldo político, teniendo en cuenta que este problema no es sólo
un problema sanitario, que es también un problema social y económico, que
afecta a colectivos jóvenes y que genera un gran sufrimiento individual,
familiar y social.
Recientemente la pandemia, en efecto, ha empezado a estar controlada en
otros países. Lamentablemente, no es el caso de España y eso tiene que
ver con que el 80 por ciento de los casos de sida conocidos en nuestro
país están relacionados con la drogodependencia por vía parenteral, que
hace que las medidas de prevención que en otros países están teniendo los
efectos deseados aquí no lo consigan todavía. De ahí que tengamos que
redoblar y aunar esfuerzos y para eso hemos acometido la elaboración de
este plan, que necesita en primer lugar la colaboración y la coordinación
de todas las administraciones implicadas --dentro de la Administración
estatal, todas las que tienen responsabilidades en esta materia,
administraciones autonómicas, administraciones locales-- y la
coordinación de las organizaciones no gubernamentales. En segundo lugar,
es preciso favorecer y ampliar todas las acciones en marcha en la lucha
contra esta enfermedad y, en tercer lugar, hay que seguir insistiendo en
que el sida sólo podrá ser combatido eficazmente mediante acciones
coordinadas en lo que se refiere a la prevención, la asistencia, la
vigilancia epidemiológica y la investigación.
Respecto a las acciones a desarrollar en el plan, se centran en cuatro
grandes grupos: en materia de prevención, en acciones de información y
formación específicas dirigidas a la población en general, a los jóvenes
y adolescentes y a los colectivos en situación de mayor riesgo. En
materia de investigación, se trata de potenciar el desarrollo de estudios
clínicos dirigidos a la asistencia y manejo clínico de los pacientes
afectados por la enfermedad. En cuanto a la vigilancia epidemiológica, se
trata de completar los sistemas de vigilancia ya establecidos y realizar
estudios de prevalencia y de conductas de riesgo. Por último, en materia
de asistencia sanitaria, se va a mantener y mejorar la calidad de la
asistencia a los pacientes, adecuando los recursos disponibles a sus
necesidades, garantizando la accesibilidad a tratamientos eficaces y
potenciando la coordinación de instituciones sociales y organizaciones no
gubernamentales.
Como S. S. conoce, esta enfermedad es muy grave, de gran trascendencia
social y es, por tanto, criterio prioritario del Gobierno impulsar todas
estas acciones tendentes a mejorar la situación de nuestro país en
relación con este grave problema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gutiérrez Molina, ¿no desea consumir el resto de su tiempo?
El señor GUTIERREZ MOLINA: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al señor Ministro las líneas generales de la acción del
plan director y además congratularme también porque ha dejado entrever la
posibilidad de que en el Congreso se pueda estudiar en una subcomisión
íntimamente ligada con el problema de la droga, el problema del síndrome
de inmunodeficiencia adquirida.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Gutiérrez Molina.
La pregunta número 28, de don José Luis Rodríguez Zapatero, ha quedado
aplazada y con ello concluye el punto IV del orden del día de preguntas
orales al Gobierno.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN
MATERIA DE INMIGRACION (Número de expediente 172/000013)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto V, Interpelaciones urgentes. La
primera, del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del
Gobierno en materia de inmigración.
Para la defensa de la interpelación, tiene la palabra la señora
Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, señores Diputados, señoras
Diputadas, tres son los motivos más importantes por los que el Grupo
Socialista hacemos esta interpelación al Gobierno en materia de política
de inmigración: en primer lugar, unas palabras que no hace muchos días el
señor Ministro de Interior dijo acerca de la necesidad de hacer un pacto
de Estado en materia de inmigración; en segundo lugar, por las
declaraciones, los silencios que ha habido
en los últimos meses, declaraciones y silencios, en opinión de este grupo
y de esta Diputada, muy desafortunados; y, en tercer lugar, por la
situación actual de Ceuta y Melilla en la que todos, especialmente el
Gobierno, tenemos que actuar, así como por las secuelas de la llamada ya
por todo el mundo desafortunada operación de Melilla. Voy a hablar de
cada uno de estos tres aspectos.
¿Qué quería decir el señor Ministro de Interior cuando habló de un pacto
de Estado? ¿Quería decir que era necesaria una nueva política de
inmigración? Esto es lo que ha entendido la mayoría de las organizaciones
de inmigrantes y están preocupadas. Si es eso lo que quiere decir el
Gobierno, el Grupo Socialista le adelanta que no va a estar de acuerdo.
Vamos a manifestar nuestra oposición a un nuevo pacto de Estado sobre
política inmigratoria. Ese pacto, señor Ministro, se hizo a principios de
esta década, con la colaboración también del Grupo Popular, en el año
1991.
Todos los países han de tener una política clara de inmigración, y no es
fácil llegar a ella. En España llegamos, tenemos una política clara de
inmigración. Tal vez no esté suficientemente integrada en la sociedad
española, y ésa es la tarea de todos nosotros, pero desde luego tenemos
una política clara y activa en materia de inmigración, que se basa en
tres pilares.
En primer lugar, en contener los flujos, es decir en actuar sobre la
demanda del país, en este caso España, y no sobre la oferta de los
ciudadanos que vienen en busca de un trabajo a los países ricos. Para eso
hay mecanismos puestos en marcha en esta Cámara: fijar contingentes. ¿Por
qué el Gobierno no ha fijado contingentes en 1996? Aflorar irregulares;
perseguir y sancionar a los que trafican con los inmigrantes.
El segundo pilar es el de desarrollar acciones positivas que propicien la
integración laboral y social de estos colectivos. Tenemos un plan, como
el plan de integración de los inmigrantes, herramienta de la que también
se ha dotado este país, sobre el que luego usted podrá decir que se
necesitan más recursos, más objetivos, más experiencias piloto. Sin duda.
En política nunca hay foto fija. En política y en sociología los
acontecimientos evolucionan más deprisa de lo que queremos los seres
humanos, en muchas ocasiones. Habrá que producir modificaciones y cambios
en recursos humanos y económicos, pero el eje central de esa política
está ya desarrollado con el consenso mayoritario. Ni siquiera tuvimos la
oposición de Izquierda Unida. No votó a favor porque se sentía
insatisfecha de dos o tres aspectos, pero se puede decir que, si no con
el voto positivo de un grupo pero tampoco con el negativo, tuvimos el
apoyo de toda la Cámara, del conjunto de los grupos políticos, para sacar
adelante estos objetivos.
El tercer pilar es el de impulsar políticas de cooperación, especialmente
con aquellos países origen de los inmigrantes que llegan a España.
Programas de retorno, programas de desarrollo. Vamos a estar vigilantes
para ver en qué partida de los Presupuestos para 1997 nos trae el
Gobierno esta materia porque estamos preocupados. Hoy mismo ha habido una
pregunta de un miembro de mi grupo parlamentario al Ministro de Asuntos
Exteriores. ¡Hablan ustedes tanto del diálogo! Pero en materias como
ésta, tan importantes para el futuro, en política interior y en política
exterior, tenemos que escuchar en este hemiciclo que el Ministro de
Asuntos Exteriores dice que dialogar consiste en que cambia la norma de
las subvenciones de las organizaciones dedicadas al desarrollo y luego
informa, a posteriori, a estas organizaciones de los cambios que
unilateralmente decide.
Señor Ministro, la situación no ha cambiado tanto como parece que ustedes
quieren dejar de mensaje a través de tantas pateras y de tantos ilegales
detenidos durante el mes de agosto. De la información que esta Diputada
tiene parece desprenderse, entre otras cosas, que es necesario esperar a
ver cómo se concluye el año, porque usted sabe que el intento de los
ilegales de llegar por mar, por pateras, siempre es en verano y que en
cuanto llega el otoño no hay pateras, entre otras cosas, porque el riesgo
es tremendo; llegan durante un mes, dos meses o, como mucho tres, en los
que la temperatura es más alta. De todas formas ustedes se sienten
preocupados porque puede haber un crecimiento, que, repito, podría
haberlo como balance del año, pero, si yo miro los datos completos de los
últimos cuatro o cinco años veo que en los períodos de verano siempre hay
un crecimiento de los intentos de llegada de irregulares --algunos los
llaman ilegales aunque yo creo que es mejor que digamos irregulares-- y
que luego el balance global del año es más o menos el mismo. Yo creo que
en el año 1996 va a pasar lo mismo o quizá haya un crecimiento, pero si
están preocupados, digo, ¿por qué no han sacado ustedes los contingentes,
que es la forma de analizar una oferta, un camino legal de llegada de
estos ciudadanos e incluso de evitar irregulares? Estoy segura, señor
Ministro, de que ahora reflexionará sobre el argumento que utilizaba su
grupo y que ha dado usted mismo de decir: Nosotros hemos expulsado a 103
de Melilla, pero durante el año 1995 se expulsó a cuatro mil y pico. Está
claro que nuestras leyes permiten eso, sólo se trata de que hay que
cumplir la ley en las expulsiones. Por eso, el eje fundamental eran
contingentes y flujos. Está claro que la figura de la expulsión es algo
que está en nuestras normas y en el hacer de los diferentes gobiernos y
ni España ni ningún país de Europa, ni el más rico de los más ricos, ni
los grandes países como Australia, como Canadá o Estados Unidos, que
antes no se basaban en una demanda, sino que acogían la oferta de
trabajadores que llegaba porque tenían capacidad para ello, pueden seguir
acogiendo a todo el que llega.
Usted, señor Ministro, decía que quiere empezar a reflexionar porque
quiere introducir algunos cambios. Déjeme decirle que el Grupo Socialista
presentó a esta
Cámara una proposición no de ley en el mes de julio, con el fin de que se
creara una subcomisión --la Mesa ha decidido que ahora se llame así a las
ponencias-- para buscar el diálogo, el pacto y el consenso, en aquellas
materias, normas, acciones positivas, políticas, programas, etcétera, en
que pudiera ser necesario ir adecuando este gran pacto del año 1991.
Por cierto, que fue el señor Jordano el que en principio defendió un
intento de que la comisión fuera sólo de política emigratoria, pero al
ver que todos los grupos --Convergència i Unió, el PNV,
etcétera--preferían apoyar la posición del Grupo Socialista de que se
estudiara también la situación de los inmigrantes y de los refugiados,
cambiaron e introdujeron esa enmienda que proponía partir del pacto de
1991.
Yo, señor Jordano, me he acordado mucho de usted en estas vacaciones,
porque justo al día siguiente de esa interpelación fue cuando se hizo la
operación Melilla. Yo decía: ¿qué pensará el señor Jordano, que hablaba
de que con el criterio, la norma, el pacto del año 1991 era suficiente y,
al día siguiente, su Gobierno hace esa expulsión de 103 ciudadanos que
estaban en Melilla?
Señor Ministro, hay un pacto del año 1991 y, si hay cosas que cambiar,
hay una ponencia constituida, que, por cierto, se ha creado formalmente
en la mañana de hoy, para que dialogue el conjunto de los grupos de esta
Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández,
le ruego que vaya concluyendo.
La señora FERNANDEZ SANZ: Voy concluyendo, señor Presidente, aunque
tendré que dejar algunos argumentos para la dúplica.
Le adelantaré la posición del Grupo Socialista en esta materia, señor
Ministro, que será la que mantenga en la ponencia: no es posible el
crecimiento cero de llegada de inmigrantes. No es posible. Eso que se
está hablando en un país tan cercano al nuestro como Francia en este
momento, en España no es posible por dos motivos de un peso tremendo. En
España no llegamos al dos por ciento de ciudadanos inmigrantes acogidos.
Estamos en el 1,6, 1,7, según unas estadísticas u otras. La media europea
es el 2,5 por ciento. Los países que se están empezando a plantear
contención o no crecimiento en unos años son países que tienen un 7 un 8
por ciento, como Alemania, o más de un 5 por ciento como Francia. No será
posible llegar a acuerdo con el Grupo Socialista si el Gobierno nos
plantea crecimiento cero de acogida solidaria.
Es más, tenemos que recuperar tiempo perdido para acercarnos a la media
europea en cuanto a promedio de capacidad de solidaridad de los países de
la Unión Europea, y si en algún momento tenemos que dar algún paso
«defensivo» --entre comillas-- en futuras propuestas en torno a esta
política tendrá que ir acompañado también de pasos que supongan más
protección, más seguridad y más solidaridad para los que ya están aquí o
para los que tengan que seguir viniendo.
Le decía, en segundo lugar, que estaban ustedes hablando de declaraciones
y de silencios durante los meses de julio y agosto. La declaración más
patética la hizo el señor Aznar cuando dijo que teníamos un problema y
que lo habíamos resuelto. Es una frase patética. Creo que él llegará a
esa conclusión fácilmente. Pero, después, continuaron cuatro alcaldes de
Convergència i Unió, y ustedes guardaron silencio, ningún dirigente del
Partido Popular dijo absolutamente nada. El Gobierno de Convergència sí,
un consejero llamó la atención a esos alcaldes, y un Diputado, que se
sienta en esta Cámara, que es portavoz en la Comisión de Política Social
y Empleo, el señor Campuzano, también llamó la atención a sus compañeros.
Ustedes guardaron silencio tal vez porque piensan que todos los políticos
somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras, pero en
esta ocasión también podemos ser esclavos de nuestros silencios si no
tenemos ningún mensaje pedagógico que trasladar a la sociedad española
cuando alguien dice: los ilegales son delincuentes. O cuando un
gobernador suyo, señor Ministro de Interior, dice: «Bueno, delincuentes,
todos, no, pero casi todos». Eso fue lo que dijo el gobernador de Gerona.
Usted tendrá que tomar nota de su gobernador de Gerona y también, meses
antes, de la actitud y comportamiento de su gobernador de Málaga.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández,
le ruego concluya.
La señora FERNANDEZ SANZ: Le pido dos minutos más, señor Presidente.
Sobre esta segunda gran reflexión, dejo el mensaje de que el Parlamento y
el Gobierno debemos contribuir firmemente al desarrollo de un conjunto de
valores filosóficos, culturales y éticos en torno a la tolerancia, como
forma de manifestar el respeto entre todos nosotros y como virtud
característica de una democracia plural, que es en la que nosotros
vivimos.
Por cierto, señor Ministro, hubo alguien más que guardó silencio: la
Iglesia. En otros tiempos estaba muy sensible a cualquier posible
irregularidad, pero, junto con el Gobierno y el Grupo Parlamentario, la
jerarquía de la Iglesia católica también guardó silencio.
Le decía que el tercer argumento, y ya sólo lo describo, era que seguimos
preocupados por la situación específica de Ceuta y Melilla. No ha
contestado el Gobierno a las preguntas que el Grupo Parlamentario hizo.
No quiero ir más allá de lo que fue el Diputado señor Belloch en la
comparecencia a finales de julio. Ahí están nuestras dudas y esperamos su
respuesta como Gobierno, no sólo la de su Ministerio sino también la de
Asuntos Exteriores, para hacer más comentarios
acerca de esa operación, incluso las respuestas al Defensor del Pueblo y
a las ONG. Mientras tanto, seguimos manteniendo las dudas y queremos
decirle, señor Ministro, que sigue habiendo en Guinea-Bissau cincuenta
ciudadanos, que expulsó este país, que están privados de libertad. ¿Qué
vamos a hacer para resolver ese problema? ¿Qué vamos a hacer con los
cuatrocientos, casi quinientos, según unas fuentes u otras, ciudadanos
que hay en un campamento de Ceuta que a duras penas puede atender a un
centenar? ¿Qué vamos a hacer con ciento cincuenta personas que están ya
en Melilla?
El Grupo Socialista ha hecho esta interpelación y ha presentado una
moción con dieciséis propuestas. Yo le ruego que las mire e intentemos
sacar una moción la próxima semana para lograr un consenso desde las
políticas hasta ahora desarrolladas, dando soluciones a los problemas de
estos ciudadanos.
Muchísimas gracias, señor Presidente, por su benevolencia. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias a
usted, señoría.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro del Interior,
don Jaime Mayor Oreja.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señoras y
señores Diputados.
Tiene razón la Diputada del Grupo Socialista, doña Matilde Fernández, al
decir que en esta Cámara falta el diálogo porque yo estoy seguro de que
si antes de presentar la interpelación hubiese dialogado con el Gobierno
y con el Ministro del Interior muchas de las razones por las que la ha
presentado se hubiesen vaciado mucho antes de esta sesión parlamentaria.
Voy a tratar de explicar algunas directrices puntuales del Gobierno
relativas a las tres razones por las que usted presenta esta
interpelación.
Dice que la primera razón es porque yo he denominado la política de
inmigración como una política de Estado. Me reitero en ello. Como la
política antiterrorista. Yo he dicho que la política antiterrorista era y
es una política de Estado. ¿Eso significa que esté haciendo un
planteamiento de revolución de la política antiterrorista del Gobierno?
No. Cuando yo defiendo la política de Estado como una característica de
la política de inmigración estoy diciendo precisamente que la política de
inmigración tiene que ser objeto de mucho más diálogo, de mucho más
acuerdo, de mucho más consenso entre las fuerzas políticas que cualquier
otra política del Gobierno, pero no estoy diciendo absolutamente nada
más. Si precisamente por algo se caracteriza la política de Estado es por
la continuidad de la misma, porque una política de Estado va más allá de
una política de Gobierno. Y si estoy diciendo que es una política de
Estado la política de inmigración precisamente estoy haciendo un
planteamiento continuista, en su marco general, de la política anterior.
Ese es el significado de la política de Estado, señora Diputada. En ese
terreno quiero volverle a decir lo mismo que le dije al interlocutor
habitual en temas de interior, como es el señor Benegas, hace pocos días.
Le dije que en materia de inmigración estaba deseando tener una
conversación, un diálogo y un acuerdo con el Grupo Socialista.
No hay ningún interés informativo por parte del Gobierno. Lo que hay es
una acumulación de detenciones que se han ido produciendo. El Ministerio
del Interior no ha influido mínimamente en dar ninguna de esas
informaciones. No hay ninguna estrategia informativa en estos momentos
para crear alarma social en este terreno. Si así se interpreta debido a
una acumulación de informaciones, quiero desmentir absolutamente que eso
pudiera obedecer a una política informativa concreta del Gobierno.
Dentro de esa primera razón decía --y trato de responder muy escuetamente
a su intervención-- que no es posible un crecimiento cero, y el Gobierno
está absolutamente de acuerdo. No es posible el crecimiento cero en
materia de inmigración, y nadie lo ha pretendido, porque resultaría
absurdo. Una cosa es que haya un Convenio de Schengen, que siempre es una
referencia permanente hacia España en lo que significa un control
riguroso en materia de extranjería, y otra cosa bien distinta es que nos
hayamos planteado alguna vez el crecimiento cero. ¿Quién le ha dicho que
el Gobierno se plantea el crecimiento cero en materia de inmigración? Eso
es la sinrazón en lo que es una política internacional hoy y una realidad
internacional que se produce todos los días.
En lo único que puedo diferir de su intervención es que yo tampoco quiero
el objetivo de la inmigración que tienen Francia y Alemania. No es un
objetivo llegar al 7 o al 10 por ciento, como tienen esos países. Lo que
hace falta es una política equilibrada propia, sabiendo que no tenemos
las angustias y los problemas que tienen los franceses y los alemanes.
Una cosa es que haya crecimiento cero y otra que coloquemos como
referencia unas cuestiones que son auténticos dramas en la convivencia en
aquellos países, con problemas que provocan situaciones de xenofobia que
a mí no me gustaría que se produjesen en España.
La segunda razón por la que presenta la interpelación son las
declaraciones del gobernador civil de Gerona y los silencios del
Gobierno. Sobre eso, yo ya he respondido en este Parlamento. Yo no sé si
estaba el día del control parlamentario, pero he contestado la semana
pasada. No ha habido silencio del Gobierno sobre esa cuestión y he
tratado de decir la verdad de las declaraciones del gobernador de Gerona.
A raíz de otras declaraciones que se produjeron, lo que quiso
fundamentalmente fue favorecer una situación de distensión, no quiso
enrarecer más el ambiente que se podía producir ante esas declaraciones.
Le vuelvo a recordar
que no se puede uno fijar en las frases que se dicen muchas veces cuando
además no van acompañadas de políticas que confirman, con preocupación,
esa situación. Repito lo mismo que le dije a su compañero de grupo hace
una semana. Hace un año, el gobernador de Gerona del Partido Socialista,
señor Navarra, anunciaba que llegaría al límite de la ley para expulsar a
argelinos multirreincidentes, ya que representan el principal problema de
orden público. ¿Significaba eso un sentimiento xenófobo del gobernador
civil de Gerona? No, porque su conducta no lo acreditó nunca. El
gobernador civil de Gerona se caracteriza precisamente por todo lo
contrario. Ya que existe allí una Oficina de Extranjería, probablemente
una de las pocas que existen en estos momentos en España, creo que hay
casi una exigencia permanente para que en ese tema y en ese lugar haya un
especial cuidado por parte de las autoridades del Gobierno.
Sobre los silencios, no voy a contestar sobre los silencios de la
Iglesia, pero es evidente que si tuviésemos que comentar todos los días
todas las declaraciones que hacemos todos los políticos, realmente sería
un ejercicio absolutamente imposible y creo que todo tendría una mala
interpretación. Pasan cosas tan graves en España, según, evidentemente,
muchos medios de comunicación, que antes de hacer cualquier valoración al
respecto cabría pensar que el silencio es muchas veces un sentimiento de
prudencia, siendo evidente que no se puede interpretar éste como que se
están apoyando unas declaraciones de esas características.
La tercera cuestión que usted planteaba era sobre la operación de
Melilla. Yo creo que di respuesta a ella en comparecencia voluntaria en
el Congreso, en el seno de la Comisión, y usted estaba presente. Quiero
decir que comparto evidentemente la preocupación que pudiera haberse
producido en un momento determinado y entiendo las críticas que pudieran
haberse producido. Sobre la política de inmigración, no se trata de que
por una determinada movida se aproveche la situación para poner en
entredicho toda la política de inmigración. La política de inmigración es
mucho más.
En la legislatura anterior, cuando también se produjeron movimientos, en
tres ocasiones, importantes y significativos, ¿se imagina que eso hubiera
significado que la política de inmigración del Gobierno socialista se
ponía absolutamente en cuestión? Se debe acotar, se debe dar una reacción
proporcionada a lo que, a lo mejor, es una medida equivocada del
Gobierno, pero no por ello debemos poner en riesgo lo que debe significar
una política de Estado en materia de política de inmigración.
Hechas estas puntualizaciones, sí me gustaría, aunque no sé si voy a
tener mucho tiempo, tratar al menos de poner en su conocimiento lo que
son las políticas y las directrices principales del Gobierno en esta
cuestión.
Nosotros queremos aplicar una política racional, equilibrada, que tenga
en cuenta Schengen, pero que al mismo tiempo tenga en cuenta lo que es la
necesaria acogida por parte de España a un sector de la inmigración.
Nosotros definimos nuestros parámetros de la política de inmigración por
nuestra Ley Orgánica de Extranjería de 1985, por el Reglamento de
ejecución de 1996, por la proposición no de ley de 1991 y por la
proposición no de ley que presentaron ustedes también el 25 de junio de
1996. Esto quiere decir, en primer lugar que la política es continuista
en el marco y yo lo reafirmo como una característica de los sucesivos
Gobiernos. En segundo lugar, por ser una política de Estado en el sentido
que yo le he trasladado, no en el sentido en que usted interpreta lo que
es una política de Estado. En tercer lugar, y creo que eso también me lo
reconocerá, hace falta una política de adaptación porque las previsiones
de su Gobierno en esa materia han sido superadas por la realidad.
Esa ha sido la gran cuestión de los problemas que tenemos en buena medida
ahora, y que también comparten los grupos políticos en su momento de
oposición: que la realidad ha sido superada y las previsiones de acceso
de la inmigración, que han duplicado en cinco años la cifra de
inmigración, han sido superadas respecto de los instrumentos legales que
nos dimos. En ese esfuerzo de adaptación vuelvo a plantear la política de
Estado, hagamos juntos esa política de adaptación, porque lo que no cabe
es instalarse --y no lo ha hecho usted-- en la autosatisfacción por los
instrumentos que hoy tenemos en ese terreno.
De ahí que haya algunas cuestiones especialmente urgentes que quiero
poner de manifiesto dentro de la política del Gobierno. En primer lugar,
y respecto de la integración de extranjeros en España, le quiero reiterar
la necesidad urgente de poner en marcha lo que son oficinas de
extranjeros, que vienen a significar el esfuerzo de ir en la dirección de
la ventanilla única de extranjeros. Existen hoy cuatro en España:
Alicante, Almería, Gerona y Santa Cruz de Tenerife. Nosotros estamos
haciendo un estudio para proceder a la apertura en Madrid, Barcelona, Las
Palmas y Baleares y, de acuerdo también con las indicaciones del Defensor
del Pueblo, con las oficinas de extranjeros en Ceuta y Melilla.
En ese terreno el Gobierno quiere también avanzar en la adopción de
medidas de integración social y en ese sentido ponemos de manifiesto que
vamos a impulsar el foro para la integración social de los inmigrantes
como un órgano de participación y de diálogo y que el observatorio
permanente de inmigración pueda perfeccionar su funcionamiento para tener
un diagnóstico más exacto, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de la realidad presente y futura.
Asimismo, dentro de este primer capítulo de medidas, nos parece
indispensable también avanzar de una forma decidida en la mejora de los
mecanismos de colaboración entre los diferentes departamentos del
Gobierno. Por ello la comisión interministerial se reunirá
mañana, por vez primera, para poder abordar precisamente uno de los temas
a que trataré de dar respuesta y que es el del cupo para el año 1997.
También se va a avanzar en lo que es el control de flujos migratorios, la
lucha contra la inmigración irregular y la explotación de trabajadores
extranjeros. En ese sentido quiero decirle a S. S. que el Gobierno, en
este trimestre, como no podía ser de otra forma, va a establecer el cupo,
el contingente de trabajadores que puede ser acogido para puestos de
trabajo vacantes. ¿Por qué no se ha hecho un contingente para 1996?
Pregúnteselo también a su propio Gobierno anterior, puesto que ha
gobernado hasta el mes de mayo. ¿Por qué no trabajó sobre un cupo y un
contingente para 1996?
El Gobierno no lo ha hecho para 1996 por varias razones. En primer lugar,
porque la regularización de extranjeros significa tal complejidad que
toda la Administración está en el proyecto de regularización. Es la
primera medida y ya le estoy justificando a su Gobierno anterior. La
regularización tiene una complejidad administrativa que dificulta
enormemente esa definición del cupo.
En segundo lugar, porque ciertamente ha sido un año muy delicado de
cambio de Gobierno y de elecciones y tanto la Administración anterior
como la actual tienen la enorme dificultad de saber a quién le
corresponde la definición de ese cupo. Por ello, mañana mismo, en la
comisión interministerial que presidirá el Subsecretario de Interior se
va a trabajar sobre el cupo y el contingente para el año 1997.
Hay otra razón que no se la he dado hace un momento. Todavía faltaba por
completar el cupo de 1995, que no está cubierto al cien por cien, sino en
un 98 por ciento. En ese sentido, para trabajar sobre el cupo o el
contingente de 1997, lo que se necesitaba era terminar los contingentes
de 1995 y también saber cómo había finalizado el proceso de documentación
de la inmigración ilegal o irregular, como usted dice, que terminaba el
23 de agosto de este año. Pues bien, mañana se reúne la comisión
interministerial, se va a definir el cupo no sobre los criterios de 1995
sino sobre los criterios de 1993 y 1994, es decir, por cuotas
provinciales, no por adscripción, como nos lo ha dicho el Defensor del
Pueblo, en base a nacionalidades, y en ese terreno también estamos y
estaremos abiertos a ampliar el diálogo con los distintos grupos
políticos.
Por último, quisiera simplemente insistir, en este mismo terreno, en que
hay una idea básica en ese control de inmigración, y precisamente
referida a Ceuta y Melilla. El problema principal de Ceuta y Melilla es
que la Comisión Mixta que tenía que formarse, fruto del tratado bilateral
con Marruecos de readmisión de inmigrantes ilegales, no se había puesto
en marcha. Este Gobierno la ha puesto en marcha. Hoy, en Madrid, se ha
reunido por primera vez, encabezada por el gobernador general de
Marruecos. Esa Comisión Mixta es la que en realidad tendrá que trabajar
seriamente en el tema de fondo de lo que significa Ceuta y Melilla, que
es la entrada desde Marruecos de un volumen indeterminado y exagerado,
sin duda ninguna, de inmigrantes ilegales.
Y le diré otra cosa, y ha sido la consecuencia de la reunión de hoy, no
será suficiente simplemente una Comisión Mixta de esas características,
sino que haya un comité técnico que trabaje seriamente dando aplicación y
sentido a esa Comisión Mixta.
El Ministro de Interior de Marruecos va a venir, respondiendo a la visita
y a la invitación que yo le he hecho, los días 2 y 3 de octubre, y hasta
que no planteemos seriamente la actuación, de común acuerdo con
Marruecos, no habrá solución en Ceuta y Melilla.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Termino.
Y reiteraré al final otro principio; le he dicho ya dos. El tercero sería
el gran principio de la solidaridad. En ese terreno, España, a través de
la Comunidad Europea, tiene que plantearse seriamente la ayuda a países
en vías de desarrollo, y la política de cooperación al desarrollo debe
ser uno de los ejes fundamentales de esta política que, le reitero, es
una política de Estado desde el acuerdo, desde el consenso, porque la
inmigración, sin duda ninguna, yo no sé si preocupa hoy exageradamente,
de verdad, a todo el conjunto de la sociedad española, pero tenemos que
saber que va a ser uno de los problemas más dramáticos y más difíciles
que se van a producir en los próximos años en el conjunto de Europa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ministro.
Señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, señor Ministro, señoras y
señores Diputados, si con esta interpelación las organizaciones de
inmigrantes --y, como le decía al escuchar sus palabras, hay que hacer
una política de Estado-- comprueban que el Ministro del Interior lo que
ha dicho es que la política de inmigración es una política de Estado y
que tiene continuidad, bienvenida la interpelación, señor Ministro,
porque producirá tranquilidad y aclarará conceptos a personas que viven
situaciones con bastante inseguridad y que lo que menos necesitan es
inseguridad.
Yo creo que pienso igual que usted, por lo que ha dicho, de lo que es una
política de Estado. Identifico la continuidad de esa política como uno de
los ejes fundamentales. Por eso, señor Ministro, le he preguntado
por qué no ponían en marcha las actuaciones políticas de las que se
podían dotar. Me alegro de que usted también diga ahora que van a fijar
contingentes. Lo antes posible, aunque sea con mensaje para 1997. Pero no
es lo que ha dicho otro ministerio en el foro de la inmigración.
Yo no quiero decir tonterías en este hemiciclo por respeto a todas SS.
SS., pero es que en el mes de julio el Gobierno ha contestado al foro de
la inmigración, cuando le ha hecho esa pregunta, que no iba a haber
contingentes y que de momento sólo pretendía el proceso de regularización
de irregulares.
Señor Ministro, usted sabe --lo ha dicho antes-- que los contingentes han
salido normalmente, desde 1991, con la primera regularización, en los
años 1992, 1993, 1994 y 1995, entre mayo y junio, incluso un año en el
mes de julio. Hasta ahí, nosotros dábamos tiempo, señor Ministro. Pero,
en julio, el Gobierno ha dicho que no iba a haber contingente. Y le digo
dónde, en el foro, como respuesta a las organizaciones de inmigrantes.
Por eso le he preguntado por qué el Gobierno no aflora y no fija los
contingentes.
También le digo algo más, que ya se lo decimos en la interpelación.
Estaban pendientes de aflorar los irregulares y ya hemos visto que no
aflora lo que el observatorio de la inmigración decía. El conjunto de las
universidades, investigadores y sindicatos que han participado para
intentar saber --¡lo difícil que es!-- cuántos irregulares puede haber en
el país, cifraban el dato en torno a 50.000 personas. Ustedes tienen
recogidas, si no estoy mal informada, 24.000 solicitudes. Si el Gobierno
iba al objetivo de aflorar 50.000, algo tendremos que hacer, señor
Ministro; a lo mejor, me dice usted que la norma que hizo el Gobierno
socialista era un poco cicatera. No me importa que lo diga, señor
Ministro. Ahora le toca, en la política de continuidad, ajustar esa
situación. Por favor, hagan un nuevo proceso de regularización para que
quede lo que habíamos dicho colectivamente, que era aflorar los 50.000
irregulares que había en el país. Insisto, señor Ministro, ábranse los
centros u oficinas de extranjería; empiece por Ceuta y Melilla, por el
problema que hay ahí. Se lo ha pedido el Defensor del Pueblo, se lo ha
pedido este grupo, se lo ha pedido su grupo a mi grupo, en los últimos
meses, cuando aparecía esa situación. Eso es hablar con sentido de
continuidad de esa política de Estado.
En cuanto a la política equilibrada, como usted dice, yo tiendo a creerle
a usted, me cae bien --además, ya sabe que se lo he dicho; tengo yo
empatía con los demócrata-cristianos--, pero hasta ahora, señor Ministro,
la política equilibrada del Gobierno actual, del Gobierno del señor
Aznar, es la operación Melilla, y la operación Melilla desarrolla
expedientes colectivos, no respeta la Ley de Asilo y devuelve a
ciudadanos a otros países.
Yo pregunto al señor Ministro: La Liga Internacional de Derechos Humanos
nos dice que sigue habiendo 50 detenidos en Guinea Bissau. ¿Qué hacemos?
¿Qué decide este Gobierno, qué gestiones de diplomacia para dar la
libertad a los ciudadanos que nosotros hemos devuelto a un país que no
era el suyo, incumpliendo la norma?
Respecto a la Comisión mixta, le felicito, porque es verdad. Se lo he
oído yo a los ministros de Interior socialistas, a todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández,
le ruego concluya.
La señora FERNANDEZ SANZ: Termino.
El señor Belloch se lo decía a usted en la comparecencia: No hemos
conseguido que se reúna. En todo lo que sea presionar al Gobierno de
Marruecos, va a encontrar usted de su lado a los socialistas. Claro está
que el Gobierno de Marruecos tiene que hacerse cargo de los inmigrantes
que pasan por su país y no están en una situación regularizada. Y tiene
responsabilidades este Gobierno. Incluso se pueden hacer cosas positivas:
programas de retorno, oficinas abiertas en ese mismo país para informar
bien a los ciudadanos. Hay mucho que hacer; nosotros intentamos recoger
algo en la interpelación. Pero que le quede claro, le felicito porque
haya conseguido constituir esa Comisión. Ojalá se reúna, además de
constituirse, porque ya se constituyó con el ministro Corcuera y con el
ministro Belloch, pero luego no hubo forma de reunirlos. Nos va a tener
de su lado para intentar forzar a un Gobierno, el de Marruecos, al que el
Grupo Socialista no tiene --sí sus ciudadanos, sus hombres y mujeres--
ningún respeto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, primero,
yo me alegro extraordinariamente si, a pesar de que haya tenido que
sufrir la interpelación, mis palabras han servido para tranquilizar a
esas organizaciones no gubernamentales o a aquellas personas que están
muy preocupadas en este terreno por la política del Gobierno, pero no me
negará que lo que no tiene mucho sentido, después de lo que ha dicho, es
haber presentado una interpelación con un carácter crítico sobre esta
política de inmigración del Gobierno.
No me consta que el Gobierno, en ningún foro, ni siquiera en el de la
inmigración, haya dicho que no había contingente para el año 1997. Es
más, la propuesta, como es natural, no viene del Ministerio del Interior.
La propuesta viene del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, porque
le corresponde a ese ministerio. El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales es el que fundamentalmente ha protagonizado ese esfuerzo
de explicar en la Comisión Interministerial de mañana mismo que van a
plantear determinados criterios de cupo. Sinceramente, yo todavía no
conozco ninguna declaración del Gobierno diciendo que no había cupo y que
no había contingente. Y si hay alguna declaración escrita por parte del
Gobierno, le ruego que me la haga llegar, pero ésa no ha sido en ningún
momento ninguna posición que a mí me haya trasladado ningún miembro del
Gobierno, con lo cual, en ese terreno, tampoco tenía sentido en la
interpelación lo que es el cupo o qué es la política de contingentes por
parte del Gobierno, porque el Gobierno no ha dicho eso en ningún momento.
Sí es verdad que, en lo que significa la regularización de inmigrantes
ilegales, el Gobierno no va a ampliar el plazo, porque, en mi opinión,
aunque sabemos que toda situación provoca unas injusticias, es evidente
que estas políticas de regularización tienen que extremar su prudencia en
cuanto a calendarios. Ustedes han hecho tres regularizaciones: el año
1985, el año 1991 y el año 1996; han hecho una regularización cada cinco
años. Lo que no tiene sentido es que en el año 1996, el 23 de agosto,
cuando finaliza esa regularización, en esos momentos, el Gobierno amplíe
esa regularización o aplique otra regularización. No lo va a hacer el
Gobierno, porque, sin duda, en ese sentido, creemos que no sería una
medida correcta y generaría expectativas que a nada conducen.
Uno de los motivos de la presencia intensa de los inmigrantes irregulares
precisamente en los meses de julio y agosto era que, desde las mafias que
muchas veces organizan este tipo de viajes, les dicen que en España había
una expectativa de regularización, y ello provoca muchas veces, muchas
decepciones, mucho dolor, expectativas que el Gobierno no va a apoyar.
Para definir una política de inmigración de un gobierno, hay muchos más
parámetros que una determinada acción. Es como si yo hubiese definido al
Gobierno del señor González por una medida de los kurdos en un momento
determinado. Es injusto hacer una valoración de la política de
inmigración por eso. Insisto, hay que acotar una medida de esa naturaleza
y hay que hacer un planteamiento general.
En el tema general, de mayo a agosto de 1996, las solicitudes de asilo en
España han sido prácticamente las mismas que de mayo a agosto de 1995;
1.374, en el año 1995 y de mayo a agosto de 1996, 1.141. Inadmitidas, de
mayo a agosto de 1995, 842; de mayo a agosto de 1996, 710. Y si vamos a
la cifra de expulsiones que se han producido en el año 1995 y hasta julio
de 1996, el total del año 1995 son 4.835, y hasta julio de 1996 son
2.909; no hay variaciones. Le reitero que hay una política, en sus
grandes marcos y en sus grandes apartados, continuista esencialmente. De
ahí que no tiene, yo creo, ninguna explicación ese esfuerzo para tratar
de trasladar en algunos discursos que este Gobierno, de fondo, es más
xenófobo que el anterior. Yo le quiero decir --y con ello quiero
terminar-- que eso es un error; es un error porque, probablemente, en el
discurso de fondo se trata de trasladar esa imagen a la opinión pública,
y no es así. Primero, porque tenemos la suerte en esta Cámara de que no
hay ningún grupo político, ninguno, ni de la izquierda ni del centro ni
de la derecha ni de los nacionalistas, que tenga sentimientos xenófobos;
no puede decir lo mismo probablemente ningún grupo de Europa, ningún
parlamento europeo.
Eso es un valor en sí mismo. Estemos contentos porque todos no tengamos
esos sentimientos. Es un valor que tenemos que preservar en el centro, en
la izquierda y en la derecha. Pero ese discurso de dejar caer que hay un
grupo más radical que otro, o más xenófobo que otro, es una mala política
para España, sobre todo en materia de inmigración, donde nos vamos a
necesitar todos en los próximos años, sea el Gobierno que sea. Al revés,
tenemos que estar orgullosos de la falta de xenofobia de los demás grupos
políticos en la Cámara. Este es el discurso que debemos hacer todos.
Podrá haber críticas por la medida que se ha adoptado en Melilla. A lo
mejor se dice que ha sido una improvisación y que ha sido una política
excesivamente rápida y que en ese sentido lo hemos hecho mal. Acoten la
crítica, hagan la crítica, pero no aprovechen un error, quizá, de un
Ministro, como puede haber sido mi caso si se ha producido tal error,
para introducir el discurso político de que en España hay grupos más
xenófobos que otros, más intolerantes que otros. Ese es un mal mensaje,
ese es un mal discurso. Le aseguro que, en ese terreno, estamos haciendo
todos un flaco favor precisamente en un valor que hoy caracteriza a todos
los españoles y es que ese sentimiento no está arraigado ni en nuestra
sociedad ni en nuestros grupos políticos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro. (El señor Jordano Salinas pide la palabra.)
Señor Jordano, dígame.
El señor JORDANO SALINAS: Pedía la palabra por alusiones en la
intervención de la señora Fernández.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene la palabra
por tres minutos para ceñirse a la contestación de aquello por lo que ha
sido aludido.
El señor JORDANO SALINAS: Muchas gracias.
Señora Fernández, ante todo, gracias por recordarme; sería el primer
agradecimiento. Quiero decirla también que mi actitud o mi sensibilidad,
la actitud y la sensibilidad del Partido Popular ante la inmigración no
ha cambiado en absoluto.
El problema de Melilla, evidentemente, llama la atención, pero es un
problema que debió resolverse
mucho antes de que se constituyera el Gobierno del Partido Popular. Era
un problema de inmigración ilegal en estricto sentido.
Tengo que decirla también que una política que pretenda encauzar los
flujos migratorios tiene que ser una política dinámica. No se pueden
dejar estar los problemas, contemplar esos problemas y, cuando estallan,
lamentarse o alegrarse si el problema se produce a otro y no a quien lo
ha creado.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Jordano.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, para Coalición Canaria la iniciativa de este debate reúne unos
componentes de interés y de valoración alta por algo que, en verdad, no
está contenido tanto en los motivos de la interpelación del Grupo
Socialista como en lo que ha dicho el señor Ministro del Interior al
final de su primera intervención; no tanto porque el problema en este
momento en España no tenga cotas de dramatismo, sino porque las va a
tener.
Coincidimos, señor Ministro, en que en esto es necesario una política de
Estado y de máximo consenso, sin fáciles demagogias, sin falsa búsqueda
de clientelismos oportunistas. El tema será en el futuro lo
suficientemente grave, con las movilizaciones de masas, de inmigrantes
impulsados por el hambre, por la guerra, por las calamidades que hay,
sobre todo en el continente africano, y, desde luego, nos van a hacer
falta verdaderos motivos de política de Estado y verdaderos consensos
para resolver el grave problema que, como usted bien ha dicho, es el más
dramático y difícil que vamos a tener en un futuro. En esa misma sintonía
y en esa misma valoración estamos. O lo resolvemos ya o el problema nos
va a desbordar.
Le agradezco, señor Ministro, que haya tomado la defensa, pero aquí
estamos también los portavoces de los otros grupos --ha dicho usted
incluso los grupos parlamentarios nacionalistas-- que no somos xenófobos,
entre ellos el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Coalición
Canaria reivindica también su dignidad y su honor en proclamar la
ausencia de sentimientos de xenofobia. Pero esto no nos exime de que
tomemos las medidas cautelares pertinentes para que una penetración que
produce dislocaciones en el mapa laboral, cultural, político,
sociológico, religioso incluso, no nos lleve a confundir una tolerancia o
un mal entendimiento de derechos de terceros con lo que tenemos nosotros
que proteger, que es la convivencia nacional.
La interpelación del Grupo Socialista hacía referencia en su tercer
párrafo --y no me he sentido aludido, señora Fernández, a quien admiro y
respeto-- a que han escuchado declaraciones racistas y xenófobas de altos
responsables del Gobierno y también de alcaldes de la coalición que
sustenta al Gobierno. Supongo que será otro el destinatario y no voy a
entrar en esta incidencia. Sí quiero decirle, señor Ministro, que, cuando
usted ha reconocido las distintas facetas del planteamiento de la
política actual del Gobierno en la cuestión de la inmigración, nos parece
sensato y de sentido común que se hable de una política racional y
equilibrada, teniendo en cuenta Schengen pero también nuestros intereses,
y creo que esto también subyace en la interpelación del Grupo Socialista
y así se ha venido evidenciando en los años de su mandato y
responsabilidad.
Me congratula que al Ministro no le duelan prendas en decir que está
practicando una política continuista y de Estado, no podía ser otra,
porque a fin de cuentas el instrumento legal de referencia es
precisamente la Ley de 1985, nuestra denominada Ley Orgánica de
Extranjería --que es a la que nos tenemos que referir, dado que nunca
hemos tenido una ley de inmigración propiamente dicha--, y el reglamento
que la desarrolla. Ahora bien, cuando el Ministro ha entrado en la
política de adaptación creo que podemos hacer todos un esfuerzo de
colaboración. Yo le diría al señor Ministro lo siguiente: Me parece
adecuado y al hilo de este debate que cuando se hable del contingente y
de las cuotas, el primero se pueda llevar por una vía de diálogo en todas
las comisiones posibles y que el sistema de cuotas sea el provincial. Yo
me inclino por esta opción del Gobierno frente a la que ha señalado el
Defensor del Pueblo, al que amparan unos derechos pero que me da la
sensación de que no está en la recta interpretación de cómo tiene que ser
distribuida una responsabilidad administrativa del sistema de cuotas,
cómo lo ubica, por provincias o no. Y digo que sería peligrosa la
interpretación de la inmigración en las cuotas que da el Defensor del
Pueblo porque podría concentrar en determinadas provincias, territorios o
comunidades autónomas españolas un problema de concentración de
inmigrantes extranjeros que, aflorados o no, distorsionan y dislocan
sistemas de convivencia, sistemas laborales, sistemas de retribuciones de
trabajo, etcétera.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mardones, le
ruego concluya.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente.
Unicamente quiero decir al señor Ministro que le apoyo en algo muy
importante: no amplíen los plazos. Esto se lo recrimino al Gobierno
anterior. Tres aperturas de plazos fomentan las largas colas y presiones
de inmigrantes ilegales que, en manos de mafias, en manos de comerciantes
de la miseria, acuden a las fronteras españolas. Hay que mantener una
seriedad en los
plazos y, por tanto, plazo señalado, plazo que no se puede ampliar,
porque si no estaríamos abriendo portillos a la presión de este sistema.
Esto obliga a que no sea tan sólo el Ministro del Interior el que tenga
que venir a dar la cara con un problema en el que a él le toca actuar de
bombero de las acciones que se realizan en otros ámbitos. Coordinación en
el Gobierno, porque no es sólo el Ministerio del Interior el que está
implicado; le toca la parte más dura, más áspera, la parte de hacer
cumplir la disciplina rígida del reglamento. Y ahí está el Ministerio de
Trabajo, que a veces toma medidas que fomentan las colas, porque las
mafias utilizan determinados mensajes y resquicios para fomentar toda su
clientela del hambre, de la miseria y de la desesperación; ahí hay un
Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene que velar por hacer cumplir
los acuerdos que hay con Marruecos o con otros países; ahí hay un
Ministerio de Justicia, que tiene una parte a la que se llama en la
legislación pertinente, y por estas razones, y termino, señor Presidente,
nosotros apoyamos plenamente esta línea que está desarrollando el
Ministerio de Interior actual, solicitando del Ministro que haya una
coordinación entre los ministerios implicados, que cada palo aguante su
vela, como se dice, en la coordinación del Gobierno.
Pero, por favor, en este tema, sentido común, respeto a nuestras leyes y
el respeto a las leyes está también en cumplir los plazos; tenemos ahí
una de las brechas más graves para empezar a solucionar este problema.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente. Voy a hablar
desde el escaño porque seré breve.
Nuestro Grupo, en el debate que tendremos la semana que viene, porque
supongo que el Grupo Socialista presentará la correspondiente moción,
entrará en el fondo de la cuestión. En todo caso, me gustaría tan sólo
marcar algunas posiciones.
De entrada, entiendo que todo lo que sucedió este verano ya se contestó
políticamente por los responsables del gobierno de la Generalitat; por
tanto, no tenemos voluntad de insistir. Creo que la Diputada interpelante
ya ha hecho referencia a esta cuestión.
Quiero decir también que esta mañana se ha constituido, en el seno de la
Comisión de Política Social y Empleo, una subcomisión que va a tratar de
manera muy amplia los problemas de la inmigración. A mí me parece que
estamos delante de un problema suficientemente complejo como para
liquidarlo tranquilamente en una interpelación. No es prudente. Me parece
que si el Grupo Socialista en su día propuso la creación de esta
subcomisión es precisamente para poder desarrollar una política basada en
el consenso y que tenga como objetivo principal la integración. Hacer de
esta cuestión motivo de choque entre los diversos grupos parlamentarios
me puede parecer imprudente. No creo que en estos temas sea necesario que
unos y otros nos colguemos medallas en un sentido o en otro. Existe un
mecanismo parlamentario que se ponía en marcha esta mañana y que lo
debemos utilizar con el objetivo del consenso.
Sería importante, por tanto, que la moción que se verá la semana que
viene tuviese también como voluntad política llegar a ese consenso,
consenso del Gobierno, consenso del Grupo Socialista, consenso del
conjunto de grupos de la Cámara.
Nos parece, además, que ese consenso ha de trascender las paredes del
Congreso de los Diputados. Creo que una política eficaz en el terreno de
la inmigración es una política que implique y que encuentre apoyos y
complicidades con los gobiernos de las naciones y de las regiones que
componen el Estado. Son esos gobiernos, en el caso concreto el Gobierno
de Cataluña, los que deben lidiar muchísimas veces con los problemas y
con las oportunidades derivados de la inmigración. En la definición de
esa política de Estado es importante también encontrar ese consenso, no
tan sólo con los grupos parlamentarios, sino con esos gobiernos. Por
consiguiente, nos debemos plantear un pacto institucional del conjunto de
las fuerzas políticas y de las instituciones que tienen competencias en
esa materia. Esto entendemos nosotros que es una política de Estado.
Sin querer entrar en el fondo, porque lo haremos la semana que viene y en
el seno de esta subcomisión que hemos creado esta mañana, nos parece que
el objetivo que deben tener estas políticas es el de la integración. Y
hoy, todos, siendo sinceros, tanto los anteriores gobiernos como el
actual y los gobiernos municipales y los de las naciones y regiones del
Estado, tienen mucho camino que recorrer en el desarrollo de políticas de
integración en serio. Esta es la gran asignatura pendiente en el tema de
la inmigración y resolverla, si no existe un consenso político
responsable y serio, seguramente será difícil.
Esperemos que en los debates que tendremos las próximas semanas ese
consenso sea posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a fijar la posición del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con motivo de la interpelación
del Grupo Parlamentario Socialista en materia de inmigración.
Nos ha dado la impresión de que como consecuencia de esta interpelación,
en que se ha puesto de manifiesto una declarada voluntad continuista con
la política anterior, se está incurriendo en una determinada
autocomplacencia, creando la imagen, en alguna medida, de que las cosas
funcionan con los instrumentos que tenemos y que solamente hay que hacer
algunos determinados retoques. Pues bien, desde luego, no es ésa nuestra
postura. Creo que sería bueno, sin entrar en la dialéctica de ver quién
lo hizo mejor o quién lo va a hacer peor, y de cara a que va a existir
una subcomisión a la que tenemos la obligación de darle la mayor cantidad
de datos y de iniciativas, que hiciéramos de verdad en este tema de la
inmigración un examen mínimamente autocrítico.
Dejando de lado la ley de Extranjería, dejando de lado --no porque lo
despreciemos, claro que no-- todo un conjunto de circulares y de
ordenanzas, vayamos a la realidad en la calle. Vayamos a darnos una
vuelta por la calle y ver cómo estamos viviendo este problema los
ciudadanos.
Aquí, por lo pronto, no es un problema de xenofobia. Habrá quién pueda
ser xenófobo, pero no creo que la mayoría de nuestro país por su
historia, ni por sus comunidades, ni por su tradición tenga actitudes
xenófobas. A lo mejor resulta --no me gustaría que malinterpreten lo que
voy a decir a continuación como una especie de obligada manifestación
izquierdosa-- que sea un problema de clase, porque es evidente que aquí
hay una política del embudo y hay determinados técnicos o determinados
futbolistas de altísimo precio y determinados inversores de nadie sabe
qué turbio origen que gozan de una situación excepcional --perdonen
ustedes la expresión, no quiero ser demagogo, pero es una realidad que
está en la calle--frente a los más necesitados y a los más pobres.
Yo no sé cuál será su experiencia, pero la experiencia que algunos de
nosotros tenemos no la extraemos de un profundo análisis hecho en un
laboratorio universitario, sino de leer los periódicos. Leemos, por
ejemplo, y vemos en los periódicos un poco la alarma que está creando en
muchísimos ciudadanos ver con qué facilidad se puede expulsar a unos
emigrantes, yo no sé si para resolver un problema o no --no quiero hacer
chistes--, y con qué facilidad mafias de los países del Este están
perfectamente asentadas en todas nuestras costas con unos negocios harto
lucrativos. Algo está fallando cuando se está diciendo que se tiene una
preocupación espantosa por las mafias que se dedican al tráfico, o las
que han encontrado acomodo en nuestro país, lógicamente por lo que es hoy
la permeabilidad de las fronteras y, sin embargo, son los inocentes los
que pagan el precio, que no las mafias.
Qué poquitas noticias produce el Ministerio del Interior en cuanto al
desmontaje de determinadas bandas y organizaciones extranjeras, muy
poquitas. Sin embargo, sí produce demasiadas en lo que se refiere a
gentes que están mucho más necesitadas de amparo y mucho más necesitadas
de protección para algo tan elemental como es el derecho a vivir.
Hay, por tanto, no xenofobia, pero sí retórica constitucional al lado de
una actitud absolutamente despreciativa, detrás de la cual subyace,
repito, no voy a decir un planteamiento de clases, pero sí un
planteamiento discriminatorio.
Hay además una política absolutamente errática, señor Ministro del
Interior, que además usted puede comprobar. Solamente basta con que usted
pida el resumen de cuántas exenciones de visado se han concedido en
determinados gobiernos provinciales y cuántas se han denegado en otros, y
verá usted cómo en determinados sitios conseguir la exención de visado es
mucho más fácil que en otros. ¿Esto que crea? Inseguridad jurídica,
inseguridad jurídica que tiene que ponerse en relación con ese volumen
importante de emigrantes que ustedes califican, entre comillas, de
irregulares que no se han podido ni atrever a pedir la regularización,
porque no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera ocasión en que
la petición de exención de visado, a la que se contesta negativamente,
viene acompañada con la inmediata expulsión del territorio nacional. El
mismo agente policial que notifica esa exención de visado, notifica la
expulsión del territorio.
Afortunadamente algunos están lo suficientemente informados, y algunas
organizaciones les ayudan, para poder interponer el recurso
contencioso-administrativo, pero sabiendo lógicamente que el mismo tiene
muy pocas posibilidades de poder ser estimado, dado que la legislación
que estamos manejando, señor Ministro del Interior, es una legislación en
que el grado de arbitrariedad de la Administración es absolutamente
extraordinario, y digo arbitrariedad...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego vaya
concluyendo.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo en seguida.
Estamos de acuerdo con la intervención del Diputado de Convergència i
Unió, porque todo el enfoque que se está haciendo aquí es un enfoque de
que este es un problema español y no lo es; es un problema europeo. Y si
hay otros problemas europeos como, por ejemplo, el de la pesca que se
resuelven en el marco de la Comunidad, ¿por qué este problema no se
resuelve en el marco de la Comunidad? Sería una interpretación no muy
generosa para el papel que cumplimos en la Comunidad Europea el ser los
cancerberos de la puerta sur, encargándonos de evitarles a otros
problemas que, efectivamente, pueden ser problemas muy asfixiantes, pero
no tener ellos la menor colaboración.
Y sobre todo hay un papel, señor Ministro del Interior, porque son
ustedes un gobierno, al parecer, como órgano colegiado, en que a lo mejor
hace falta que también nuestro servicio exterior sirva para algo, porque
tenemos un servicio exterior que despacha visados sin pedir el menor
antecedente de nadie. A lo mejor resulta que está dando visados a gentes
que lo merecen. Muchos de ellos piden el visado cual si vinieran a
estudiar para luego poder trabajar, pero hay muchos que piden el visado y
la ristra de delitos cometidos en su lugar de origen no hace falta ni
siquiera acudir a una gran colaboración interpolicial, basta con leerse
los periódicos cada mañana. A lo mejor resulta que el servicio exterior
--del que algún día habrá que hacer aquí una interpelación, entre
comillas, entiéndame usted, porque es un tema que nunca tocamos-- muy
experto en lo que se llama el protocolo, pero poco experto en otras
cosas, debería cumplir otro papel.
En todo caso, le voy a decir, señor Ministro del Interior, que el otro
día los miembros de la Comisión de Justicia e Interior hemos tenido la
suerte de recibir una delegación noruega, porque se están planteando allí
si piden o no piden la incorporación al Tratado de Schengen. Vino la
representación de todos los grupos parlamentarios, y todos venían con una
enorme duda: si la interpretación del Tratado de Schengen --porque ellos
tienen experiencia de lo que está ocurriendo en otros países y, sobre
todo, en el nuestro, que era en el que más querían palpar el resultado de
la aplicación de ese Tratado-- se iba a convertir, ni más ni menos, que
en la gran coartada para negar la verdadera solidaridad con los derechos
humanos y, sobre todo, el olvido de nuestro prólogo constitucional que
habla de una sociedad progresista y avanzada.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano,
le ruego concluya.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo inmediatamente, señor
Presidente.
Cada vez que ustedes hablan de una política de Estado nuestro grupo se
echa a temblar, porque detrás de la llamada política de Estado algunos
tienen la tentación de justificarlo absolutamente todo. Por eso les vamos
a pedir que de ahora en adelante ya no se vuelva a hablar aquí de
política de Estado si no se dice política de Estado social y democrático
de Derecho. Porque hablar sólo de esa razón de Estado en plan muy
maquiavélico puede justificar muchísimas cosas.
En todo caso, hagamos lo que tengamos que hacer. Va a contar con la
colaboración de nuestro grupo en esa subcomisión y en todos los sitios,
pero hagámoslo de tal manera que la legislación que ponemos en marcha y
la política que desarrollamos no conduzca a que precisamente nosotros
fomentemos la irregularidad, porque sea tan escasa la perspectiva que se
abre a aquellos que necesitan de nuestro amparo, dicho así, que
desconfiando de que puedan encontrarla con unos criterios objetivos,
acaban teniendo que acudir a mecanismos que no son los que nos gustarían.
En todo caso, señor Ministro de Interior, dentro del respeto que tienen
ustedes y la coincidencia con el Gobierno anterior, que me parece muy
bien, porque al fin y al cabo la continuidad no hace falta que usted la
proclamara, se percibe, que por lo menos en esto haya un pequeño cambio a
mejor y a una política no tan discriminatoria y menos restrictiva.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias señor
Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con toda brevedad porque, como es natural, el Grupo Parlamentario Popular
no va a entrar en precisiones en relación con los asuntos concretos que
han surgido a lo largo del debate, en la medida en que comparte
plenamente las argumentaciones dadas por el señor Ministro de Interior.
Pero sí entendemos que esta oportunidad es en todo caso buena para hacer
algunas afirmaciones de principio, en la medida en que por obvias deben
ser definitivamente dichas, para que no vuelvan a ser cuestionadas por
nadie, y en tanto en cuanto esa obviedad va a permitir seguir avanzando
en la línea de diálogo, en la línea de construcción en común, en la línea
de encuentro que dio pie al final de la sesión del 29 de julio. Y también
en ese mismo sentido, esta intervención debe permitirnos señalar algunas
condiciones de carácter operativo en lo que puede ser el desarrollo de la
moción de la próxima semana.
Tengo que decir --puede parecer obvio, podemos no tener necesidad de
decirlo, pero queremos plantearlo nuevamente-- que hay una serie de
valores, que son los valores del pluralismo, de la tolerancia, de la
solidaridad, que son los valores que conforman la cultura democrática de
los derechos del hombre, que son afortunadamente compartidos, como
recordaba el señor Ministro de Interior, por todos los grupos de esta
Cámara, y que sería bueno, en un conjunto de temas, y especialmente en el
futuro cuando hablemos de esto, que ningún grupo parlamentario sienta la
tentación de establecer una política maniquea de los buenos y de los
malos, del más y del menos, porque es, en todo caso, una argumentación
injusta y, sobre todo, más que injusta es esencialmente una política
inútil.
El Grupo Parlamentario Popular lo dijo al finalizar la sesión del pasado
29 de julio, lo reafirma hoy, celebra que el cenit final de aquella
sesión permitiera fundamentalmente
recobrar el consenso entendido como voluntad de diálogo, como capacidad
de encuentro, como razonamiento de todos los grupos parlamentarios para
llegar a confluencias en este asunto; consenso que no significa
uniformidad, y consenso, sin lugar a dudas, que no significa que nadie
tenga que hacer renuncia expresa de ningún tipo al papel político y
parlamentario que le corresponde desarrollar. Naturalmente que este
Gobierno y el Grupo Parlamentario que lo sostiene entiende que el
ejercicio de la función de oposición, y en estos asuntos de una manera
muy especial, constituye un acicate para todos porque permite, como dije
en la sesión del 29 de julio, profundizar en esos contenidos de calidad
democrática. Pero sin lugar a dudas, también es bueno recordar --como hoy
se ha hecho, como yo creo que además el desarrollo de este debate permite
labrar para el futuro--, es bueno recordar, digo, que en estos temas hay
que actuar todos con el rigor, el sentido y el compromiso de hacer una
política de Estado, una política de continuidad en el diálogo, una
política de continuidad en el encuentro, una política de continuidad en
el realismo de saber cuáles son las posibilidades efectivas de España en
esta materia en función de nuestra propia realidad nacional y en función
de nuestra presencia en aquellos foros y en aquellos compromisos y en
aquellos proyectos internacionales de los que somos partícipes; una
política de Estado sin lugar a dudas, de Estado social y democrático de
Derecho, porque eso tampoco puede estar en cuestión, ni siquiera, si
cabe, como recurso puramente dialéctico.
Aquí hacemos una política de Estado con voluntad de dar realidad en las
políticas concretas de inmigración y de extranjería a esos valores que
nuestra Constitución define, valores de la tolerancia, valores de la
solidaridad, valores del pluralismo y que dan cuerpo a ese Estado social
y democrático de Derecho.
Decía la señora Fernández que van a estar vigilantes, y celebramos, sin
lugar a dudas, que vayan a estar vigilantes, porque ésa es su función y
porque estar vigilantes significa un acicate para todos, como antes
señalaba. Pero desearíamos también que sin renuncia alguna a esa legítima
función vigilante que les corresponde, fueran también copartícipes, desde
luego desde la discrepancia cuando sea el caso, pero copartícipes en el
desarrollo de esa voluntad de encuentro, de ese compromiso de trabajar
juntos, de esa necesidad de diálogo en función no solamente de los
intereses más limpios, más legítimos de Estado, sino también
fundamentalmente en función del compromiso con aquellas personas que, al
fin y al cabo, son los beneficiarios o, en su caso, las víctimas de una
situación como la que estamos abordando.
En ese sentido nos gustaría también recordar que no ha habido --y no
sería justo señalarlo así-- por parte de este Gobierno ninguna actitud de
silencio...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gil Lázaro,
le ruego vaya concluyendo.
El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente.
La celeridad, y no solamente la celeridad en el tiempo, sino el rigor y
la transparencia con la que el señor Ministro de Interior compareció en
la sesión de 29 de julio, creo que fueron sobradamente reconocidos por la
opinión pública y sobradamente reconocidos también, me atrevo a decir,
por todos los grupos parlamentarios, en una actitud que, sin lugar a
dudas, honra a todos esos grupos parlamentarios. No hay en esto ningún
género de retórica constitucional, hay compromiso constitucional para
desarrollar en políticas concretas los mandatos contenidos en nuestra
Constitución. Y señalar que hay retórica constitucional, como se ha
podido decir, probablemente es querer situar este debate en unos
términos, como señalaba al principio de mi intervención, maniqueos de
buenos y malos, y eso sería en todo punto injusto y, sobre todo, erróneo
e inútil.
Finalmente quiero decir que sería bueno, y esa es desde luego la
predisposición de mi grupo parlamentario, que el próximo martes, como
gesto hacia el exterior de esta Cámara y desde luego como compromiso de
trabajo interno para lo que han de ser las futuras actividades del
Parlamento, fuéramos todos capaces de elaborar un texto de consenso, y
elaborar un texto de consenso significa en este caso y sobre todo abordar
una moción con contenidos intensos, sí, pero realistas que no sólo
maximalistas o literarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gil Lázaro,
le ruego concluya.
El señor GIL LAZARO: Concluyo. Y significa, en definitiva, señor
Presidente, entender que del resultado del texto que se nos proponga el
próximo martes a la consideración de los grupos como moción resultante de
esta interpelación se pueda o no recobrar el espíritu y los contenidos de
aquel trabajo del año 1991 en donde se prefijó el consenso inicial, pero
un consenso que este Gobierno y este grupo parlamentario quiere que tenga
un carácter dinámico, permanente, de presente y de futuro, no simplemente
una retórica de pasado, no simplemente una referencia al ayer.
Tenemos una duda y yo creo que eso tiene que mover a la reflexión de
todos: la forma en que se pueden compatibilizar los contenidos, los
trabajos de una subcomisión creada hoy mismo con lo que pudieran ser los
contenidos ya prefijados de una moción que en teoría puede llegar a
aprobarse el próximo martes. Ese es también un compromiso para el trabajo
y la reflexión de todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, EN RELACION CON LAS MEDIDAS DE POLITICA GENERAL SANITARIA QUE
VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA HACER EFECTIVOS LOS PRINCIPIOS DE
UNIVERSALIDAD Y GRATUIDAD DEL SISTEMA SANITARIO (Número de expediente
172/000014)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
en relación con las medidas de política general sanitaria que va a
adoptar el Gobierno para hacer efectivos los principios de universalidad
y gratuidad del sistema sanitario.
En nombre del grupo interpelante tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, no puedo ocultar que intervengo con una cierta
melancolía ante la posibilidad de que el señor Ministro de Sanidad
responda con claridad a las preguntas que desde diferentes grupos
parlamentarios, incluido el mío, se le están dirigiendo para intentar
acabar de una vez por todas con esa cascada inaceptable de declaraciones
y contradeclaraciones acerca de las medidas que piensa adoptar el
Gobierno en relación con las prestaciones del sistema sanitario público.
Ayer mismo, señor Ministro, asistíamos a unas declaraciones suyas
hablando de la introducción de medidas que supondrán ampliar el conocido
como medicamentazo, real decreto de financiación selectiva de los
medicamentos. Su Secretario de Estado --y no ha sido cesado hasta el
momento-- tuvo la osadía de desmentirle a usted categóricamente diciendo
que el Ministerio de Sanidad no pensaba hacer nada en absoluto nada de
eso.
La verdad es que esto no es nuevo, todo el verano ha sido así y no creo
que se incurra en ningún tipo de exageración si afirmo que hay una alarma
social grave. Se está convirtiendo usted, señor Ministro, en un
importante peligro para la salud de la población en la medida en que está
incrementando los niveles de ansiedad y de angustia, factores de riesgo
conocidos para las enfermedades cardiovasculares, principal causa de
muerte en nuestro país. (Un señor Diputado: ¡Qué barbaridad!) Porque
ninguna de las medidas anunciadas tiene que ver con la mejora de la
calidad del sistema sanitario público, ninguna que tenga que ver con
sacar adelante el sistema sanitario público de la deuda histórica
expresada en infraestructuras, personal, medios que padece.
Su Ministerio ha demostrado que la única urgencia que usted tiene --y
para eso utilizó la fórmula del real decreto-ley-- es aumentar el espacio
de negocio privado en la sanidad pública (es decir, nada que ver con la
mejora del sistema sanitario público de la que tanto se hablaba en la
anterior legislatura por parte de su grupo parlamentario y sí mucho con
planteamientos economicistas de supeditación de las prestaciones sociales
a políticas económicas destinadas, en un Ministerio como el de Sanidad, a
garantizar la ley del máximo beneficio). Se trata al parecer, Señor
Ministro, de reducir el gasto público como sea, de privatizar la parte
más rentable del actual sistema sanitario y de facilitar el negocio a las
aseguradoras privadas y a la industria farmacéutica, en aras de conseguir
los inalcanzables criterios del Tratado de Maastricht, utilizado como
coartada ideológica para reducir los gastos sociales y para la
desfiscalización de las rentas del capital, de lo que hablaré a
continuación.
Todo lo que se les ha ocurrido hasta ahora es introducir tasas por el
acceso a recetas en una escala delirante de sectores de renta, que a
todas luces ha demostrado, antes de que ustedes se atrevieran a
aplicarlo, que los gastos burocráticos que conllevaba su gestión eran muy
superiores a posibles incrementos en los ingresos. Asimismo, el nivel de
respuesta social, señor Ministro, es muy alto.
Yo no sé la política de comunicación que usted sigue, lo que sí le
garantizo es que el nivel de preocupación que existe en estos momentos en
la sociedad, el nivel de sensibilidad hacia cualquier medida que ustedes
puedan tomar es muy superior al que existía en los meses de abril o mayo,
antes de que ustedes empezaran a gobernar.
Ha anunciado usted --no sé si lo desmentirá a continuación-- la
ampliación del real decreto de financiación selectiva de medicamentos
--ahora puedo decirlo con todas las letras-- al que ustedes hicieron una
oposición demagógica. Izquierda Unida se opuso con criterios muy claros,
en los que en este debate tendremos ocasión de entrar, pero ustedes
hicieron una oposición demagógica, en la medida en que usted, por las
buenas, como recién llegado a la sanidad de este país, habla de ampliar
el decreto, que ya excluía de la financiación --se decía y nosotros no
compartíamos el criterio-- de fármacos de no reconocida eficacia
terapéutica, máxime, señor Ministro, cuando en el real decreto se hablaba
de una reducción del gasto farmacéutico de 100.000 millones de pesetas. Y
lo que se ha conseguido, como Izquierda Unida señaló, por vía de la
sustitución de medicamentos más baratos por medicamentos más caros, es un
incremento del gasto sanitario que incluso ha sido superior al de
ejercicios anteriores.
Se habla de que el sistema sanitario es insostenible, de que hay una
crisis fiscal del Estado, de que el envejecimiento de la población obliga
a introducir medidas e incluso de que el fraude de los usuarios en el uso
de la sanidad pública exige tomar determinado tipo de medidas.
Yo quiero señalar aquí --porque es inevitable, desgraciadamente, con
gobiernos como éste hablar de medidas económicas que son las que están
determinando el gasto sanitario más allá de las necesidades de salud de
la población, que cada vez están más olvidadas-- que la crisis fiscal del
Estado está siendo generada, ha sido creada, es una crisis fabricada
desde este Gobierno y desde gobiernos anteriores del Partido Socialista
Obrero Español. Crisis fiscal fabricada a través de las sucesivas
reformas del Impuesto sobre sociedades, que llevaron a una disminución de
ingresos del Estado de medio billón de pesetas; a la nueva Ley de
Sociedades que ahora el señor Barea se entera que va a suponer una
reducción de ingresos anual de 180.000 millones de pesetas; a unas
medidas fiscales que ustedes han aprobado en el mes de junio que se cree
que, como mínimo, supondrán una reducción de 200.000 millones de pesetas;
a los tres billones anuales de fraude fiscal que, desde luego, no
proceden de las rentas del trabajo, que proceden mayoritariamente de las
rentas del capital, según los cálculos del Instituto de Estudios
Fiscales. Estamos ante un enorme escenario construido, de crisis fiscal
generada a través de una reducción de los impuestos de los más poderosos
en este país, para introducir medidas incalificables, como las que usted
ha anunciado que va a aplicar.
Se habla del envejecimiento de la población. En nuestro país no se dan,
ni muchísimo menos, las tasas de envejecimiento de la población que se
están dando en otros países europeos como para hacer transposiciones
mecánicas de esa situación. La generación que se está incorporando ahora
mismo a la edad de jubilación es la generación que procede de la
posguerra, como usted bien sabe, con tasas de natalidad muy bajas en
nuestro país.
Al mismo tiempo, no se está hablando del incremento perverso de jubilados
y pensionistas que se ha producido a través de jubilaciones anticipadas
impuestas para evitar tensiones sociales en cierres de empresas, que han
trasladado a la Seguridad Social cargas que corresponden a la empresa
privada. En este sentido, es incalificable que se utilice al colectivo de
jubilados y pensionistas como la diana de los argumentos del Gobierno.
Voy a hablar ahora del fraude de recetas de pensionistas. Quiero
preguntar aquí de dónde se ha sacado una cifra de fraude de 50.000
millones de pesetas, de la que se ha hecho eco la prensa; qué estudios la
respaldan. El único estudio que yo conozco --así fue tratado en la
Comisión de Sanidad en la pasada legislatura-- lo realizó la Dirección
Provincial del Insalud de Madrid en 1992, con el examen de 50.000
recetas, y no al azar, sino buscando bolsas de fraude y, ¿sabe usted,
señor Ministro, cuál fue el resultado de tan encomiable estudio,
destinado sin ninguna duda a penalizar y culpabilizar al colectivo de
jubilados y pensionistas? Pues, sobre 50.000 recetas, 25 recetas dudosas.
Quien hable de fraude debe ofrecer datos, debe ofrecer estudios objetivos
y no culpabilizar a un colectivo de jubilados y pensionistas en el que yo
no niego a priori que pueda haber determinado nivel de fraude, pero sí
exijo a los poderes públicos y a quienes aportan esas cifras que las
demuestren.
El gasto farmacéutico, señor Ministro, ha sido el principal objetivo no
de usted, sino de todos los ministros de Sanidad; he estado repasando
«Diarios de Sesiones» y, desde que yo estoy en el Congreso, todos los
ministros de Sanidad han intentado intervenir sobre el gasto farmacéutico
y, curiosamente, con las mismas medidas: introducción de tasas, tiques
moderadores, etcétera, que no han llevado a la práctica por el nivel de
respuesta social que han generado.
Pero es necesario hablar de los factores que intervienen en el gasto
farmacéutico; es necesario hablar de la producción de medicamentos en
nuestro país, un país que en su inmensa mayoría está controlado por
multinacionales de la industria farmacéutica que llevan a cabo políticas
de monopolio, imponiendo en la práctica elevadísimos precios. Vía precios
de transferencia, actividad absolutamente opaca, fuera de cualquier
control económico o político, las multinacionales sobrevaloran las
importaciones que, desde países periféricos como el nuestro, realizan las
casas centrales. Ese traslado interno de dinero supone una evasión fiscal
y, señor Ministro, a ustedes que aman tanto el liberalismo y la ley de la
oferta y la demanda, les digo que estamos en una situación en la cual la
industria farmacéutica, multinacionales y no multinacionales, controlan
en la práctica la demanda; es decir, que la demanda no controla la
oferta, sino que es la oferta la que controla una demanda inelástica e
institucionalizada a través de unos gastos de promoción escandalosos, de
unos gastos de promoción que no tienen nada que ver con la información
sobre productos farmacéuticos y que constituyen un ingente nivel de
presión económica sobre la prescripción que hacen los médicos.
La industria farmacéutica, a través de una presión económica, controla la
prescripción y, quiero decirlo, hay profesionales que aguantan, pero la
inmensa mayoría no la aguanta cuando se mantiene en las proporciones en
que se mantiene.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le
ruego que vaya concluyendo.
La señora MAESTRO MARTIN: Concluyo, señor Presidente.
En este país, otro de los factores que están presentes y que la Ley del
Medicamento no abordó es el registro de medicamentos. Nuestro registro no
abordó la introducción de la cláusula de necesidad para el registro de un
nuevo fármaco.
Es escandaloso, señor Ministro, pero somos el segundo país europeo en
numero de especialidades farmacéuticas autorizadas, lo que no quiere
decir que
tengamos el mejor registro farmacéutico. Tenemos el registro
farmacéutico, que introduce mayores niveles de confusión en la
prescripción y en toda la cadena del medicamento, introduciendo factores
de riesgo sobre la salud de las personas que, por ejemplo, hace que se
produzcan más de dos mil muertes al año en nuestro país exclusivamente.
Es un estudio del Instituto de Farmacología Clínica de la Universidad
Autónoma de Barcelona --no son datos de Izquierda Unida, están
publicados, consulte la bibliografía, señor Ministro--, que habla de que
en el 50 por ciento de los casos esas muertes se debieron a un
medicamento inútil, innecesario y mal prescrito.
La prescripción, el principal elemento que condiciona, según todos los
estudios, la estructura del gasto farmacéutico, es el tipo de modelo
sanitario existente, y en nuestro país se da la paradoja de que tenemos
uno de los menores niveles de gasto público sanitario en relación con
otros países de la Unión Europea, pero uno de los más elevados de gasto
farmacéutico.
Eso quiere decir que una atención primaria masificada, que es responsable
del 74 por ciento del consumo de medicamentos, que ha visto cómo
progresivamente disminuía --evidentemente eso no es responsabilidad suya,
es responsabilidad de gobiernos anteriores-- el porcentaje del
presupuesto destinado a atención primaria hasta llegar al 15 por ciento
nada más, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda un 35 por
ciento...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le
ruego concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Como decía, es responsable de que el
medicamento se haya convertido en una válvula de escape para las
pensiones sociales, que origina la insatisfacción de la población por las
insuficiencias del sistema sanitario.
Se ha introducido, vía Ley del Medicamento, la publicidad en los medios
de comunicación. ¿Cómo es tolerable decir que la población es
irresponsable e irracional en el consumo de medicamentos, cuando se le
está bombardeando con el posible efecto milagroso de fármacos que,
además, tienen efectos secundarios importantes?
Decía usted también que va a extender el uso de genéricos. Le quiero
decir que no es ninguna novedad. Todos los gobiernos anteriores iban a
extender el uso de genéricos. En este momento, los genéricos suponen un
2,9 por ciento cuando en otros países de la Unión Europea es el 30 por
ciento. Llegar a esos niveles supondría un ahorro de 40.000 millones de
pesetas.
¿Por qué no se plantea el señor Ministro la compra global de medicamentos
por parte de la Seguridad Social? ¿Cómo es posible que quien consume el
75 por ciento de medicamentos vaya cada persona con su receta a la
farmacia? Permítame ponerle un ejemplo: es como si el Ministerio de
Fomento, en lugar de comprar todos los bolígrafos que necesitan sus
funcionarios, le diera a cada uno un valecito para ir a la papelería de
la esquina.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Perdone, señor Presidente. Termino en este
momento.
El asunto es, señor Ministro, que el consumo de medicamentos, mientras ha
aumentado el número de recetas en un 11 por ciento solamente en los
últimos cinco años, se ha incrementado en un 61 por ciento el gasto
sanitario. Yo diría, señor Ministro, que el objetivo político en
democracia, con criterios de salud pública, el único objetivo posible, es
el uso racional de medicamentos, del que se deducirá, sin ninguna duda,
una disminución del gasto, pero el objetivo es el uso racional de
medicamentos.
Yo le vuelvo a preguntar, señor Ministro, ¿qué medidas van a tomar?
Aclare, por favor, esta tarde aquí, de una vez, la situación. Es una
urgencia de alarma social, y no me lo estoy inventando desde el Grupo de
Izquierda Unida.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, se
ha cumplido con creces el tiempo reglamentario. Tendrá tiempo de volver a
intervenir en la réplica. Muchas gracias.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, señora Maestro, la interpelación se plantea
sobre las medidas de política general sanitaria que va a adoptar el
Gobierno para hacer efectivos los principios de universalidad y gratuidad
del sistema sanitario español y, en concreto, en relación con la política
del medicamento.
El compromiso de este Gobierno con el Sistema Nacional de Salud quedó
evidenciado en el discurso de investidura del Presidente del Gobierno
que, con toda rotundidad, señaló que en el ámbito sanitario el objetivo
fundamental del Gobierno era potenciar y modernizar el Sistema Nacional
de Salud. Señaló que el grado de equidad conseguido convertía a nuestro
sistema sanitario en un instrumento importante de cohesión social que es
preciso preservar.
Toda nuestra preocupación consiste, pues, en ver cómo se consolida y se
mejora este Servicio Nacional de Salud. La conciencia de que era
procedente hacer una reflexión colectiva sobre la situación del Servicio
Nacional de Salud y sobre las medidas que hubiera que tomar para su
consolidación y para ponerlo en condiciones de afrontar los desafíos y
los retos que tiene ya y que va a tener en el futuro, como consecuencia
de la
creciente demanda de servicios sanitarios que se va a producir en España,
como ocurre en todas partes, y que tiene que ver con el envejecimiento de
la población, mayor o menor en unos sitios que en otros, pero evidente en
todas partes, con la aparición de nuevas patologías, con el
encarecimiento de la tecnología, con la capacidad de la medicina para
resolver problemas que antes no se resolvían, pero que determinan una
mayor presión sobre la demanda sanitaria; sobre la necesidad de
reflexionar sobre todo esto y de ver cómo se afrontaba la solución de
estos problemas que pueden aparecer en el futuro, fue unánime en esta
Cámara y dio lugar a la constitución de una Ponencia para estudiar estos
problemas y tratar de encontrar entre todos las soluciones adecuadas.
Nosotros, naturalmente, estamos en esa línea, pero teníamos que afrontar
también algunos trabajos necesarios para ir resolviendo problemas que la
situación plantea, sin esperar a las conclusiones de esa Ponencia.
Anunciamos también cuáles eran, a nuestro juicio, algunas de las líneas
básicas que debían inspirar esta reforma de nuestros servicios sanitarios
para ponernos a la altura de los modelos europeos con los que
habitualmente nos comparamos. Tenemos un sistema sanitario excesivamente
rígido, burocrático, carente de flexibilidad y carente, por lo tanto, de
dar una respuesta ágil, eficaz, a las demandas de la población. Y tenemos
que introducir en este sistema, a nuestro juicio, sin perder su carácter
público, defendiéndolo, flexibilidad; tenemos que introducir agilidad;
tenemos que conseguir resolver problemas graves que tiene el sistema de
diseño institucional, de cultura organizativa, de motivación del
personal, para conseguir ese servicio ágil y eficaz que la población
necesita. Apuntamos que, desde nuestro punto de vista, eso exigía medidas
de descentralización de los servicios, separación de las funciones, de
financiación y de provisión, autonomía de los centros, libertad de
elección de los ciudadanos.
En línea con algunos de estos planteamientos, se aprobaron dos
decretos-leyes, uno mediante el que se trata de dotar al Sistema Nacional
de Salud, al Insalud en particular, de instrumentos de gestión que
permiten esta mayor agilidad, y un decreto-ley de ampliación del servicio
farmacéutico a la población, que tienden a un mejor y más equitativo
servicio a la población.
En la línea de atender necesidades reales de los ciudadanos y de darles
por esta vía ese servicio universal y equitativo, acometimos un plan de
choque contra las listas de espera, para reducir la demora media en el
Insalud de 207 días a 121 a final de año, y conseguir que en esa fecha
ningún paciente del Insalud tenga una demora superior a un año. Y sabe S.
S. que los datos que recibimos de final de marzo es que eran 21.000 los
que tenían unas demoras quirúrgicas superiores a un año. Afortunadamente,
ese plan de choque contra las listas de espera está dando ya sus
resultados y a finales de agosto se había conseguido reducir en 10.000 el
número de pacientes que tenían que ser intervenidos antes de fin de año
para cumplir ese objetivo de que nadie tuviera una demora quirúrgica
superior al año. Eso se consiguió básicamente incrementando la actividad
quirúrgica de nuestros hospitales, que se elevó en ese período de dos
meses, julio y agosto, un 20 por ciento sobre la actividad de años
anteriores.
Trabajamos en la mejora general de los servicios del Insalud
desarrollando las líneas estratégicas que tuve el honor de presentar ante
la Comisión correspondiente del Congreso cuando expuse las líneas básicas
de política sanitaria. Esas líneas estratégicas pasan por una mejora de
los sistemas de información, aplicar esas nuevas formas de gestión,
ampliar las alternativas para la hospitalización, es decir, más cirugía
ambulatoria, más hospitales de día, más hospitalización a domicilio, más
unidades de cuidados preventivos, unidades de apoyo a los centros
asistenciales, motivación de los recursos humanos, nueva política de
conciertos y plan estratégico del Insalud. También hemos hecho un
convenio con el Ministerio de Defensa para utilizar los hospitales
militares al servicio de la población civil, lo que nos va a permitir
realizar 12.964 procesos médicos y quirúrgicos y 68.000 determinaciones
médicas. Nos proponemos avanzar en la atención urgente a través del 061,
ampliar los programas de screening de mama, educación sanitaria, medicina
preventiva, trabajando especialmente sobre la hipotensión y las
enfermedades cardíacas.
Política farmacéutica. El nivel del gasto farmacéutico en España --está
reconocido por todos-- es un grave problema en nuestro país. En mi
comparecencia ante el Congreso ya dije que constituye un elemento
desequilibrante en lo que respecta al crecimiento del gasto sanitario. La
evolución del consumo farmacéutico, desde 1988 hasta 1995, pasó de
347.000 millones a más de 800.000, es decir, creció un 130 por ciento,
quince puntos más que el gasto sanitario, que en este mismo período de
tiempo creció un 115 por ciento. Tenemos el porcentaje de gasto
farmacéutico más alto de la OCDE, a pesar de que nuestros precios son los
más bajos de Europa. Tenemos también graves desequilibrios en la
estructura de ese consumo. En este mismo período de siete años, el número
de recetas subió un 20 por ciento, el número de recetas a pensionistas
subió un 50 por ciento y el número de recetas a activos bajó un 12 por
ciento. La aportación del usuario es en España también la más baja de
Europa, un 8,8 por ciento, y decreciente porque de un 19 por ciento en el
año 1981 bajó al 8,8 por ciento en 1995.
Ante esta situación, que compromete gravemente la financiación del
Sistema Público de Salud, con estos crecimientos insostenibles --se decía
con razón-- en estos últimos años, el Gobierno ha adoptado una serie de
medidas dirigidas a frenar ese consumo farmacéutico, por razones
económicas y por razones sanitarias también, porque es sabido que el
abuso de los medicamentos
tiene contraindicaciones sanitarias. Para eso, hemos elaborado programas
de control del gasto farmacéutico en el Insalud, con directrices a los
servicios de atención primaria de las consultas especializadas; y hemos
previsto inspecciones para algunos casos, afortunadamente pocos, en los
que se han detectado prescripciones excesivas por parte de algunos
facultativos.
Al margen de estas medidas inspectoras, estamos recabando la colaboración
de los médicos para buscar su ayuda en esta importante tarea. Hemos
firmado un convenio con la industria farmacéutica, con efectos de primero
de julio pasado, en virtud del cual crecimientos superiores al 2,6 por
ciento empiezan a determinar que la industria farmacéutica haga
aportaciones al sistema, que para crecimientos del 12 por ciento, en un
período de dos años, alcanzan los 56.000 millones, mejorando
sensiblemente la situación de partida con la que nos encontramos.
Hemos alcanzado un acuerdo también con el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos y con los almacenes de distribución para otra
aportación de estos colectivos al sistema sanitario, que, para ese mismo
período de dos años, puede alcanzar la cifra de 76.291 millones, también
con una mejora significativa sobre la situación anterior y entrando, por
primera vez en estas operaciones, aportaciones adicionales al sistema
para contribuir al sostenimiento del gasto farmacéutico de los almacenes
de distribución.
Hemos anunciado el impulso de los medicamentos genéricos, porque creemos
que es una línea en la que hay que avanzar, pues estamos excesivamente
bajos. Lo dije en el Senado y lo he repetido también aquí. Anuncié
también nuestro propósito de ir a una aplicación más eficaz del Real
Decreto de financiación selectiva del medicamento. Pero S. S. sabe muy
bien que eso se puede hacer sin necesidad de caer en ninguna nueva lista
negativa, que yo negué expresamente en mi comparecencia ante los medios
de comunicación hace tres días y que el Subsecretario ayer ratificó y hoy
he vuelto yo a ratificar ante los medios de comunicación: no hay ninguna
intención de introducir una lista indicativa nueva, lo cual es
compatible, como S. S. sabe muy bien, con intentar una aplicación más
rigurosa del Real Decreto de financiación selectiva que permita resolver
algunos de los problemas que S. S. planteó.
Vamos a revisar el problema de los envases por si hubiera alguna
disfuncionalidad que hubiera que corregir, y vamos a tratar de luchar
también contra el fraude que podamos apreciar.
En su momento se planteó también la aportación de los usuarios a la
prestación farmacéutica, que, dados los datos que expuse, justifica una
reflexión y una consideración sobre ese problema que, por todas las
implicaciones sociales que tiene, preferimos llevar con toda serenidad y
ponderación y remitir su consideración y su estudio en profundidad a los
debates de la ponencia del Congreso, cuando estudie la financiación
general de la sanidad, porque creemos que es una decisión política de
gran trascendencia que requiere la meditación, el trabajo y, a ser
posible, el consenso de todos. En cuanto al gasto farmacéutico, estamos
en realidad ante una realidad preocupante que obliga a éste, como obligó
a los gobiernos anteriores, a hacer un esfuerzo de racionalización. Todas
estas medidas que apunto creo que están en la línea de lo que puede ser
una importante mejora de la situación en la que nos encontramos.
Señora Maestro, nada de lo que hemos hecho tiene que ver con la
ampliación de ningún negocio privado. El decreto-ley que habilita al
Insalud para introducir nuevas formas de gestión busca la potenciación
del sector público, hacerlo más ágil y más eficiente, que es la mejor
manera de defenderlo. El peor servicio que se le puede prestar a nuestro
sistema público es mantenerlo encorsetado en unas estructuras
administrativas y burocráticas que ya no quedan en Europa. Los únicos dos
países que tenían un modelo de gestión sanitaria parecido al nuestro, que
eran Suecia y la Gran Bretaña, sabe S. S. que han abandonado ese modelo,
porque no se pueden gestionar servicios tan complejos, tan sofisticados,
tan cambiantes como son los servicios sanitarios con modelos
administrativos rígidos y burocráticos.
Por eso, en España ya se habían iniciado políticas en este sentido,
algunas comunidades autónomas las tenían muy avanzadas. Cataluña había
dado muchos pasos en esta dirección, pero Andalucía, gobernada por el
Partido Socialista, había creado empresas públicas para gestionar
servicios; en Galicia lo habíamos hecho nosotros, habíamos creado una
fundación para gestionar el hospital de Verín. Le puedo decir que en el
hospital de Verín los profesionales, todos los trabajadores, estaban
mejor pagados que en los hospitales convencionales de la red. Los
pacientes estaban más satisfechos con la atención que allí recibían y el
coste de la UPA era en Verín de 25.000 pesetas y en los hospitales
homologables de la red, los que se podían comparar con Verín, de 38.000
pesetas. Ese es el resultado de cambiar un modelo de gestión, de
introducir técnicas organizativas modernas, cultura organizativa moderna,
tener al personal motivado, con eso se consiguen estos tres excelentes
efectos. Eso no tiene nada que ver con la privatización de la sanidad,
tiene que ver con la defensa del sistema público para hacerlo más
eficiente.
Hablar de todos los problemas de la crisis fiscal de que S. S. habló para
justificar lo que estamos haciendo, para embridar el crecimiento del
gasto farmacéutico, que está en unos niveles altísimos en España, no
tiene nada que ver con la realidad. La sensibilidad del Gobierno, en
relación con el gasto social y el gasto sanitario, se evidencia a todas
luces en los presupuestos de este año, restrictivos donde los haya por
las condiciones
que todos conocemos, pero en donde el gasto social se mantiene y en
sanidad se prevén incrementos del orden del 6 por ciento. El contexto de
la política presupuestaria del Gobierno y de las exigencias económicas de
este momento, habla con toda evidencia y rotundidad de la sensibilidad de
este Gobierno por el gasto social. De modo que en este contexto hacer ese
tipo de razonamientos y traer aquí esas cuestiones, me parece que no
tiene ningún fundamento.
Por lo demás, creo que con las medidas que apunté se pueden conseguir
mejoras significativas en relación con el gasto farmacéutico. Reitero que
empezamos pidiendo un esfuerzo a la industria farmacéutica, un esfuerzo
tendente a desincentivar su interés en que aumente el gasto. A partir de
crecimientos del dos por seis empieza a hacer aportaciones al sistema,
que, al llegar al 10 por ciento de crecimiento de la facturación, esa
aportación es del 70 por ciento del precio que perciben los...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ministro, le
ruego que vaya terminando.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Concluyo, señor
Presidente.
Por todo lo que he dicho, creo que estamos en el buen camino, que
trabajamos por la mejora del Sistema Nacional de Salud, que es trabajar
por su universalidad y por la equidad en el acceso. El ciudadano que
sufre demoras de un año para ser atendido en el sistema público está
padeciendo problemas de equidad, porque los hay que pueden acudir al
sector privado.
Tenemos que conseguir que los ciudadanos del sistema público tengan
dentro de él la atención que satisfaga sus necesidades y entonces haremos
un sistema verdaderamente equitativo. Ese es uno de los grandes objetivos
de este Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Ministro.
Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, empiezo por donde usted ha terminado. Para
hacer ese sistema suficiente, de calidad y equitativo, público, de
titularidad pública, ¿cuál va a ser el incremento en los Presupuestos
Generales del Estado más allá de las cantidades previstas para el pago de
la deuda acumulada por comunidades autónomas transferidas? ¿No le ha
llamado la atención al señor Ministro que aquellas comunidades autónomas,
precisamente las que usted ha nombrado, significativamente las más
grandes, Cataluña y Andalucía, que han introducido en mayor medida
sistemas de gestión privados, sean las que estén acumulando una deuda de
mayor volumen? ¿No le llama la atención que esa «parasitación» de la
sanidad pública, que se está produciendo por empresas privadas, está
repercutiendo en precariedad y en disminución de la calidad de atención
de todas aquellas comunidades, como las que no tienen transferido el
Insalud, que han seguido una mayor disciplina presupuestaria? ¿No le
llama la atención a la hora de vanagloriarse de la capacidad de
fundaciones y empresas y determinados entes para la gestión?
Señor Ministro, antes de continuar con las preguntas, yo quisiera hacerle
una observación. Yo no sé si usted lee los periódicos, escucha la radio o
ve la televisión. No puede, desde el punto de vista de la ética
parlamentaria, venir al Congreso de los Diputados a hacer filosofía y a
hacer grandes declaraciones y despacharse usted, otros miembros del
Gobierno u otros altos cargos de su Ministerio, con bombazos para
desmentirlos después a corto o medio plazo.
¿Cuáles van a ser las medidas que piensan tomar? ¿Van a seguir
incentivando económicamente, como se está haciendo en este momento, la
disminución de la prescripción y el uso de medidas diagnósticas y
terapéuticas, incentivando directamente a los profesionales? Es decir,
¿se está pagando el ahorro sin saber en qué medida ese ahorro está
repercutiendo directamente sobre la calidad? ¿Qué quiere decir «aplicar
con mayor eficacia el Real Decreto-ley de financiación selectiva de
medicamentos»? Quizá la aplicación del artículo 2.º, que curiosamente
aparecía con un condicional, como recordará la señora Amador: Podrán
eliminarse de la financiación de la Seguridad Social aquellas
especialidades farmacéuticas iguales en su composición y eficacia y de
mayor precio. Qué curioso que la lista de fármacos eliminados de la
financiación sea suprimida y no se haya adoptado ninguna medida para
excluir la financiación de específicos iguales nada más que con
diferentes precios, evidentemente, financiando los de menor precio. ¿Se
va a tomar alguna medida acerca de la adecuación de las cantidades de
medicamento de cada envase al uso terapéutico más corriente?
Como usted no estaba en el Parlamento, le voy a contar una historia,
señor Ministro. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó una
enmienda a la Ley del Medicamento planteando exactamente eso, que
especialidades antibióticas como el Clamoxyl no tuvieran 16 cápsulas
cuando para un tratamiento completo hacen falta 20. Con lo cual, o se
tiran las tres cuartas partes de uno a la papelera, se acumulan --y luego
se hace presión a la población--, o bien se hace un tratamiento
insuficiente y de riesgo para la enfermedad que se trataba. ¿Sabe usted?
Esa enmienda, de sentido común, de cajón, fue apoyada por todos los
grupos parlamentarios, menos por el Grupo Socialista. ¿Y sabe por qué?
Sinceramente, no creo que por ningún tipo de incomprensión o de maldad
intrínseca, sino
porque él era el que recibía las presiones de la industria farmacéutica.
Porque estamos, señor Ministro, ante un sistema sanitario en el cual,
insisto, la industria farmacéutica decide el gasto, decide qué
medicamentos se prescriben.
Un anterior ministro de Sanidad decía aquí, escandalizado, que con el
gasto producido anualmente en la prescripción de un antiinflamatorio
exactamente igual que otro, sólo que mucho más caro, podía haberse
construido un centro de salud. ¿Quién es el responsable de que se hayan
registrado medicamentos iguales, pero con el precio más elevado? ¿Quién
es el responsable de que se haya permitido a los laboratorios utilizar
ese mecanismo fraudulento de eliminación de los precios? ¿Van ustedes a
tomar alguna medida? Usted dice: Se ha incrementado el gasto
farmacéutico. ¡Claro, en más del doble, el 61 por ciento! Pero no por
aumento del número de recetas, no por abusos de la población, sino por
incrementos de precio introducidos por la industria farmacéutica, al
margen de cualquier control administrativo de precios.
Insisto en las preguntas: ¿Van ustedes a hacer compra global de
medicamentos por la Seguridad Social? ¿Van ustedes a ampliar la lista de
medicamentos ineficaces en aquellos que curiosamente se quedaron fuera
del Real Decreto-ley de financiación selectiva de medicamentos, como los
vasodilatadores cerebrales, que son el paradigma de la ineficacia
terapéutica? ¿Van ustedes a intervenir los gastos de promoción de la
industria farmacéutica? Y es intervenible. En países de la Unión Europea,
como en Gran Bretaña, se consiguió un acuerdo entre los laboratorios para
reducir los gastos de promoción al 7 por ciento. ¡Fíjese usted, de un 40
por ciento a un 7 por ciento! Y fue aceptado porque esos gastos de
promoción, evidentemente, se utilizan como elemento de competición para
lograr mejor situación en el mercado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le
ruego que vaya concluyendo.
La señora MAESTRO MARTIN: ¿Va usted, en los Presupuestos Generales del
Estado, a incrementar la cobertura de la atención primaria al cien por
cien de la población, dotándola de suficientes recursos personales?
Insisto. En los primeros años de la reforma de la atención primaria, un
centro de salud suficientemente dotado de personal y de medios era capaz
de reducir hasta el 50 por ciento el gasto farmacéutico. ¿Se va a mejorar
la formación de los profesionales, en farmacología, la formación posgrado
y la formación continuada? ¿Se va a eliminar la publicidad de
medicamentos? ¿Se va a reformar el artículo 31 de la Ley del Medicamento?
¿Se va a poner en marcha, como criterio de eliminación de medicamentos
ineficaces, el programa de revisión selectiva de medicamentos, el único
creíble que, desafortunadamente, no se tuvo en cuenta para nada a la hora
de las listas negativas que introdujo el Real Decreto-ley de financiación
selectiva?
Yo le pido que responda, señor Ministro. Y le pido, con toda
responsabilidad, que decir que no se va a introducir ninguna medida que
suponga limitaciones o restricciones en las condiciones económicas o de
calidad en las que se está accediendo al sistema sanitario público, se
mantenga. Que se diga claramente si la negativa a responder es el
producto de una situación en la que están ustedes atados de pies y manos
por pactos parlamentarios, que son los que les mantienen en el Gobierno y
que están introduciendo condiciones draconianas para el pago, insisto, de
una deuda sanitaria acumulada, por mecanismos en los cuales la gestión
privada, desde luego, está ocasionando pingües beneficios a la sanidad
privada y a las aseguradoras privadas, pero están empantanando y agotando
las formas de financiación de la sanidad pública.
Espero que su respuesta sea negativa, señor Ministro, que haya una
declaración tajante...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le
ruego concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: ...aquí, en sede parlamentaria, para que se
puedan cumplir aspectos que se citaron en la ponencia acerca de las
reformas de la sanidad pública, de que no se van a modificar, insisto,
las condiciones económicas ni de otro tipo, a peor, se entiende, de
acceso de la población a los servicios sanitarios. Usted sabe, señor
Ministro, que esa es la condición por la cual Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya se sentiría vinculada a un espacio de diálogo parlamentario
y que, en cualquier otro caso, no va a contribuir a engañar a la
población con falsos consensos mientras se están tomando medidas como las
que repetidamente se anuncian.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, señora Diputada interpelante, por lo que yo
conozco, nada, por lo que se refiere a la introducción de nuevas fórmulas
organizativas de gestión en los servicios sanitarios de las comunidades
autónomas, tiene que ver con eso que usted llama gestión privada, entrega
de la sanidad a las aseguradoras; nada tiene que ver con eso, y, desde
luego, nada tiene que ver con el encarecimiento de la asistencia
sanitaria, que estoy seguro de que no guarda ninguna relación con la
existencia de una empresa pública que gestiona un hospital en Marbella;
no tiene nada que ver con eso. Desde luego, la experiencia que
nosotros tenemos es la de que la utilización de estas figuras nos ha
permitido, como antes decía, una gestión más eficiente de los recursos,
retribuir mejor al personal, dar mayor satisfacción a los usuarios y
obtener economías que son muy necesarias para mejorar los servicios
sanitarios, algo a lo que todos aspiramos. No hay tal «parasitación» de
las empresas privadas y, por tanto, desmiento la mayor y creo que no es
necesario insistir en esta argumentación.
Tenga usted la seguridad de que ningún incentivo que nosotros podamos
poner a una gestión eficiente de los recursos va a ser en merma de la
calidad sanitaria. Desde luego, ese es un valor intangible. Lo que
queremos es que se mantenga, se mejore la calidad sanitaria y que esa
calidad se dé en las mejores condiciones económicas también, porque todos
los recursos son necesarios y porque lo que gastamos mal dando una
prestación excesivamente costosa que no aumenta la calidad lo estamos
sustrayendo de las mejoras que necesitaríamos para reducir las listas de
espera, para mejorar esa atención primaria, que claro que la queremos
mejorar y a la que prestaremos la mayor atención, porque yo estoy de
acuerdo con usted en que, realmente, uno de los problemas que está detrás
de este crecimiento del gasto farmacéutico es la dificultad de nuestros
servicios sanitarios, en ocasiones, para dedicar todo el tiempo que sería
deseable a la atención de determinadas patologías, lo cual puede
redundar, a veces, en una dispensación excesiva. Por tanto, todo lo que
sea mejorar la atención humana y ampliar la calidad de nuestros servicios
asistenciales es también una medida que tiene que ver con la reducción
del gasto farmacéutico. Pero, desde luego, nada de lo que hagamos, como
es fácil de comprender, en cuanto a la racionalización en el uso de los
recursos, va a redundar en perjuicio de la calidad de la asistencia, que
es un valor absolutamente fundamental en estos servicios.
Sobre las medidas previstas en relación con el gasto farmacéutico, yo
creo que dije todas las que pensamos tomar. Hablé de una aplicación más
rigurosa en el decreto de financiación selectiva de los medicamentos,
pero ello no tiene necesariamente que traducirse en ampliación de las
listas negativas. Se puede hacer una aplicación más rigurosa de ese
decreto de financiación en relación con los nuevos registros, y lo vamos
a hacer, para ver si realmente está justificado el nuevo registro y la
financiación por parte del Sistema Nacional de Salud de ese registro en
las nuevas especialidades, o si se trata, por el contrario, de obtener
por ahí simplemente un mejor precio para el fabricante correspondiente.
He hablado también de revisar los envases. Me parece que usted no atendía
en ese momento a mi intervención, porque trae aquí nuevamente esa
cuestión, como si yo no me hubiera referido a ello; pues sí me he
referido a ello. Vamos a revisarlos. Los expertos me dicen que,
naturalmente, se puede hacer, se debe hacer, siempre se pueden mejorar
las cosas, pero que no creen que haya ahí grandes problemas, que nos
hayamos encontrado ahí con grandes problemas. Vamos a hacer una revisión
cuidadosa por si hubiera algunos supuestos en que hubiera una
disfuncionalidad en los tamaños de los envases que conviniera corregir,
porque naturalmente queremos y deseamos que los envases se correspondan
con las dosificaciones adecuadas y tengan el tamaño que deben tener. Si
no lo tienen, trataremos de corregirlo, lo estudiaremos con toda
serenidad y con toda objetividad, sin más propósito que el de acertar y
corregir algún defecto que hubiera. Por lo tanto, por ahí no hay ningún
problema.
En relación con la industria, tengo que decirle que el hecho es que
nuestros precios son los más bajos de Europa. Si el nivel del gasto
farmacéutico en España estuviera en los porcentajes europeos, estoy
seguro que no estaríamos teniendo este debate. Habríamos asumido
seguramente que nos estaba pasando con el gasto farmacéutico lo que les
está pasando a todos y trataríamos de hacerlo mejor, pero no tendría la
urgencia ni la perentoriedad ni la gravedad que tiene, pero es que en el
gasto farmacéutico sí estamos desviados en relación con los países de
Europa, con los que nos comparamos habitualmente, pero no lo estamos en
el precio de los medicamentos, lo cual hace, si se quiere, todavía más
grave el problema del gasto farmacéutico, que es muy alto en un país de
precios más bajos que los europeos. Esta es la realidad. A pesar de eso,
naturalmente trabajamos también con la industria. Ha sido a la primera a
la que le hemos pedido un esfuerzo de aportación económica para
contribuir al sostenimiento de las cargas sanitarias en este punto, a
descompensar el crecimiento del gasto farmacéutico. Le hemos pedido esa
aportación que, como digo, empieza a partir de crecimientos del 2,6 por
ciento, tendente a desincentivar el interés de la industria en aumentar
indefinidamente su facturación.
Los presupuestos van a tener un crecimiento que creo que expresa mejor
que ninguna palabra lo que es el interés del Gobierno sobre el gasto
social. Por lo tanto, creo que de eso nos debemos congratular todos los
que tenemos que ver con el mundo de la sanidad y, en general, toda la
población española, que verá sus servicios sanitarios financiados de
forma que puedan seguir prestando el servicio que la población demanda.
Estoy de acuerdo también con usted en que es necesaria la información a
los profesionales --a lo que también me he referido en alguna de las
intervenciones--, una información independiente, sobre farmacología y
política de medicamentos, y naturalmente que la vamos a llevar adelante.
Confiamos en que eso contribuya también a una mejor dispensación y
facilite el cumplimiento de nuestros objetivos.
Tenga usted la seguridad que no vamos a tomar ninguna medida que
restrinja el acceso de la población a los servicios sanitarios en merma
de la equidad del sistema,
que es una preocupación que tenemos y que creo que compartimos todos. Las
reformas que haya que introducir en el sistema, si hay que introducir
alguna, las trataremos con serenidad y con profundidad en el seno de la
ponencia constituida en el Congreso para esto y buscaremos el máximo
consenso posible de todas las fuerzas políticas para afrontar una
cuestión realmente de Estado, como es la prestación de los servicios
sanitarios, un servicio que afecta a uno de los valores más estimados de
la población, que contribuye a la cohesión social en la forma a que antes
me refería citando palabras del Presidente del Gobierno y que nos
proponemos preservar y mejorar en beneficio de todos los españoles.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que nuestro grupo en el debate de esta interpelación tiene
un interés relativo en entrar en la polémica suscitada por el titular de
la iniciativa. Ha sido oportuno que el Grupo de Izquierda Unida planteara
esta interpelación, quizás a raíz de las varias presencias que la
problemática sanitaria ha tenido últimamente en los medios de
comunicación y también a raíz de la situación en torno a las
conversaciones para determinar cuáles deben ser los volúmenes de gasto
presupuestario para el año 1997, que han suscitado informaciones en los
medios. De ahí, repito, quizá se ha derivado la necesidad de provocar
esta interpelación.
Sin ánimo de polémica ni de iniciar ninguna discusión con ningún grupo,
ni mucho menos con el Grupo de Izquierda Unida, nuestro grupo quisiera
dejar constancia de que, al iniciar la legislatura, nos comprometimos
todos los grupos parlamentarios a la constitución de una ponencia que
está prácticamente en el inicio de su proceso y tiene un marco de seis
meses para profundizar en toda la situación actual de la sanidad en
España, y quisiera dejar constancia de que para nuestro grupo esa
subcomisión de estudio y análisis de la problemática de la sanidad tiene
mucho valor político. No es una subcomisión como cualquiera de las que a
veces constituimos quizá para no abordar en profundidad las cosas. Esta
es una subcomisión de la que nuestro grupo quiere que se desprendan
importantes compromisos hacia lo que debe ser la revisión de todo el
sistema de la sanidad, porque a la par de lo que ha sucedido en el campo
de las pensiones públicas, en el que fuimos capaces de adoptar un
instrumento que nos permitió alcanzar un pacto, como el Pacto de Toledo,
del que se han desprendido las que deben ser las líneas genéricas de
evolución del sistema público de pensiones para garantizarlo, nosotros
entendemos que esta subcomisión debe dar como fruto final las grandes
líneas y los grandes compromisos para garantizar el sistema público de la
sanidad en España, no para privatizar nada, sino para garantizarlo.
¿Y por qué garantizarlo? Sin duda hay que mejorarlo, modernizarlo,
introducir más garantías de perfeccionamiento en la prestación de la
sanidad, porque problemas hay muchísimos y hay campo para adoptar muchas
decisiones, pero quiero transmitir al Grupo de Izquierda Unida que
nuestro compromiso político es dar a esta subcomisión una gran
trascendencia en los trabajos parlamentarios, porque tenemos esperanzas
de que se pueda alcanzar un consenso en ella. Es más, entendemos que la
sanidad en España necesita un consenso político. Si no somos capaces de
adoptar un consenso político en el ámbito de la reflexión política sobre
la problemática de la sanidad, volveremos a errar en las predicciones y
en las estrategias políticas para conducir los problemas que hoy aquejan
a la sanidad. ¿Por qué? Porque, como usted ha dicho y lo compartimos, lo
ha dicho el Ministro y lo hemos dicho muchas veces, la sanidad española
está inmersa en un ciclo en el que año tras año crece el gasto sanitario
a un ritmo que no vamos a poder digerir siempre como lo hemos hecho en el
pasado. Esta sociedad no se va a poder permitir pagar cada año tasas de
crecimiento del 13 por ciento. El año 1994 se adoptó un acuerdo político
que en sí mismo tenía elementos positivos, sin duda los tenía, pero aquel
acuerdo no permitió resolver todos los problemas y no los resolvió, aun
siendo un gran avance para racionalizar el sistema de funcionamiento de
la sanidad, pero aquel acuerdo introdujo el compromiso de que el gasto
sanitario crecería a tasas del 6 por ciento en términos de PIB. Es un
gran compromiso político que se mantiene para el año 1997, pero quiero
decir a todos los grupos parlamentarios que, en cuanto a someter a una
restricción el crecimiento del gasto sanitario en España, cuando la
población envejece a un ritmo importante y cuando no solamente la
población envejece, sino que crece la esperanza de vida en España y
además crecen la sensibilidad y la preferencia del ciudadano hacia todo
lo que es la salud y a la medicina preventiva --si antes no había tanta
exigencia por parte de la sociedad en una atención preventiva en cuanto a
temas de la salud, hoy sí la hay y va a ser mayor en el futuro--, si va a
crecer la presión de la asistencia sanitaria en este país, si no
racionalizamos el modo de funcionar, la consecuencia es un gasto excesivo
que no vamos a poder controlar. Por tanto, hemos de asumir políticamente
esa realidad y saber tomas las medidas suficientes para garantizar el
sistema público, pautarlo, racionalizarlo y mejorar su eficacia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le
ruego vaya concluyendo.
El señor HOMS I FERRET: Termino, señor Presidente.
No quiero entrar en los aspectos puntuales de la interpelación en cuanto
a temas de funcionamiento del sistema, porque sin duda ahora entraríamos
en una discusión para la que no tengo tiempo, y tampoco lo deseamos,
porque hay muchas cosas que no funcionan como desearíamos, sin duda, pero
la ponencia, la subcomisión a partir de ahora, tiene un gran valor
político.
Por parte de nuestro grupo quisiéramos transmitirle que en cuanto a esas
inquietudes que algunas veces hemos visto reflejadas en los medios y en
algunas de las intervenciones, de que podían estarse acordando decisiones
para el año 1997 que no se elaboraran en el seno de esta subcomisión,
deben entender que esta subcomisión tiene seis meses como mandato, que lo
que tiene que acordar tiene perspectiva a medio plazo y que lo importante
es lo que haga esta subcomisión, pero esto no quita para que deba
elaborarse el presupuesto del año 1997 y se deben tomar algunas medidas,
pero no las más fundamentales, ni las más profundas, ni las más
sustantivas, que deben tomarse en esta subcomisión. La subcomisión se
reúne muy pronto, creo que el martes que viene, y por pertenecer a la
misma voy a estar presente en ella. Espero que de esta interpelación no
se deriven mociones que puedan quebrar el trabajo parlamentario a ritmo
de consenso, que es lo que yo y mi grupo desearíamos en esta subcomisión.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, brevemente voy a fijar la posición del Grupo
Socialista en esta interpelación, aunque bajo a la tribuna para no dar la
espalda a la interpelante, porque desde mi posición en el escaño no es
cómodo dirigirme a ella.
La posición del Grupo Socialista respecto al debate suscitado hoy aquí yo
creo que es clara porque hemos tenido ocasión de puntualizarla a lo largo
de alguna comparecencia del Ministro y de alguna pregunta, precisamente
hoy, al Presidente del Gobierno.
Por tanto, yo quiero reiterar con claridad que el Grupo Socialista está
de acuerdo con el planteamiento que hace el Ministro de Sanidad y
Consumo, cuando ratifica el compromiso de investidura del Presidente del
Gobierno, que claramente se comprometió a mejorar el sistema sanitario
público.
El paso siguiente fue la constitución de la ponencia a la que ha hecho
referencia el Diputado señor Homs; ponencia que se ha constituido para
avanzar en la consolidación del sistema sanitario público y estudiar con
rigor y con seriedad los problemas que el sistema tiene. Mi grupo
contribuyó a la creación de esa ponencia, que se aprobó por unanimidad,
de manera entusiasta.
Creemos que el sistema sanitario público en España merece el esfuerzo de
todos los grupos para tratarlo con rigor, con seriedad, para no caer en
la tentación de hacer demagogia y de ser oportunista, desde el punto de
vista del debate político. Nos hemos comprometido a ello y lo vamos a
mantener.
El problema es que, a continuación, inmediatamente después de
constituirse esa ponencia, se han producido algunos debates y algunos
anuncios del Gobierno, bien es verdad que rectificados, que nos han
sumido en la preocupación y en la perplejidad.
Es evidente que la ponencia parlamentaria no va a suplir la acción del
Gobierno, ni lo pretende, ni podría hacerlo, ni tendría fundamento. El
Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar y de asumir sus decisiones,
pero es el Gobierno el que ha pedido que en el ámbito de la sanidad se
debata y se trate de conseguir consenso político. Y, señor Ministro, el
análisis riguroso, serio y la búsqueda del consenso que el señor Homs
vuelve a pedir no es compatible con la adopción de decisiones
unilaterales que, en algunos casos se han adoptado ya, como es el caso de
los decretos-leyes y en otros han producido anuncios.
Consolidar el sistema es consolidar el sistema que tenemos. Por tanto, el
Grupo Socialista está dispuesto, con toda claridad, a estudiar todos los
problemas del sistema, a aportar las soluciones más constructivas, pero
en el bien entendido de que vamos a preservar y a consolidar el modelo de
sistema que tenemos y, por tanto las garantías de los derechos que hoy
tienen reconocidos los ciudadanos. Y hay fórmulas distintas para obtener
los mismos resultados. Algunas cosas se han hecho.
El señor Homs ha hecho referencia al acuerdo político de 1994 sobre la
financiación, que no lo resuelve todo, pero es que, señor Homs, es un
acuerdo político, no es Lourdes. Este acuerdo no podía resolverlo todo,
pero ha dotado de estabilidad financiera el sistema durante cuatro años.
Y cuando el señor Ministro puede venir hoy aquí lógicamente satisfecho de
que el presupuesto sanitario vaya a crecer un 6 por ciento el año que
viene, eso se debe a ese acuerdo que ha tenido vigencia durante cuatro
años y que ha dotado al sistema sanitario español de una estabilidad
financiera que no había conocido.
De manera que consolidación del sistema, análisis de todas las reformas y
propuestas necesarias, pero con la garantía y la barrera infranqueable de
seguir garantizando
los derechos de los que hoy disfrutan los ciudadanos.
Señor Ministro, no se pueden repasar, como se ha hecho en estos días, las
condiciones de la prestación farmacéutica casi con asombro. La prestación
farmacéutica es muy favorable en España. Lo sabíamos, y además estamos
muy orgullosos de ello, y queremos mantenerla. Queremos mantener unas
condiciones de una prestación muy favorable, que ha costado mucho y que
cuesta mucho mantener. Estamos dispuestos a colaborar en todas las
medidas que eviten los efectos perturbadores, indeseados, fraudulentos,
cómo no, pero el objetivo es bien claro, el Grupo Socialista lo tiene
clarísimo, y el Ministro cada vez que comparece aquí lo expone, y yo
quiero decirle que estoy de acuerdo con ese planteamiento. Falta sólo que
los hechos se correspondan con el discurso.
Por eso, señor Ministro, quiero pedirle que exija usted en su Gobierno
que la política sanitaria se la dejen hacer a usted y que la política
económica u otro tipo de políticas no se hagan a costa de la sanitaria.
La sanidad no puede ser la piedra de toque del ajuste de Maastricht. No
podemos desayunar todos los días con una mala noticia en sanidad, porque
es mala noticia.
Es verdad que el gasto sanitario crece y la demanda crece. Todos esos
factores que ha recordado el señor Homs son verdad. Pero también es
verdad que con cuatro billones de pesetas que va a alcanzar el
presupuesto el año que viene también deberíamos de ser capaces de hacer
algún esfuerzo para que con ese marco financiero podamos seguir
garantizando las prestaciones que hoy disfrutamos, porque, como he tenido
ocasión de recordar hoy, no hemos llegado todavía a ese punto al que han
llegado otros en el que se pueden permitir hablar de retroceder. Nosotros
no creo que estemos en ese punto en el que nos tengamos que plantear
retroceder en el nivel de protección.
Respecto a alguna alusión que la señora Maestro ha hecho a la
responsabilidad de gobiernos anteriores y que realmente tiene poco que
ver con las medidas de futuro que intentamos conocer con motivo de esta
interpelación, yo no voy a comentarla, naturalmente, cómo no iba a asumir
las críticas y los reproches que la señora Maestro ha hecho, pero hay una
que me parece especialmente rechazable y se lo quiero decir, señora
Maestro.
Usted ha dicho que no le atribuye a los socialistas maldad intrínseca
cuando se aprobó la Ley del Medicamento, que es de hace bastantes años,
pero le atribuye que cedieron a la presión de la industria. Señora
Maestro, a mí me parece esa la más grave de todas las acusaciones que se
pueda hacer a un responsable político. Por tanto, no la matice, déjelo.
Usted es muy libre de decirlo, pero no diga que no les atribuye maldad,
porque les ha atribuido usted la peor de las maldades y yo quiero
rechazarlo expresamente aquí.
Señor Ministro, cuenta usted, se lo reitero --no es la primera vez que lo
digo--, con la colaboración del Grupo Socialista para trabajar en la
ponencia sobre todos los asuntos que afectan al sistema sanitario
público. Parta de la premisa de que el Grupo Socialista no va a aceptar
recortes en los niveles de prestación que afectan a los ciudadanos...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Amador, le
ruego vaya concluyendo.
La señora AMADOR MILLAN: Sólo con esa premisa no dude de nuestra
colaboración, pero exija, por favor, que la política sanitaria no sea la
piedra de toque de otras decisiones; que deje de ser noticia la sanidad,
señor Ministro. Vamos a trabajar seriamente para conseguirlo.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amador.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Villalón.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Grupo Popular para
fijar la posición de nuestro grupo y lógicamente, como no podía ser de
otra forma, para apoyar la intervención del Ministro, del Gobierno, con
motivo de la interpelación que ha hecho el Grupo de Izquierda Unida sobre
materia sanitaria.
Con el permiso del señor Presidente y haciendo una breve referencia a la
Diputada interpelante, a mí me ha llamado la atención el tono de su
intervención, porque el texto decía: Medidas de política general
sanitaria que va a adoptar el Gobierno para hacer efectivos los
principios de universalidad y gratuidad del sistema sanitario.
Creo que la interpelante se ha referido a muchas cuestiones menos a ésta.
Se ha referido a esas cuestiones que han estado de actualidad en los
últimos días sobre el tema del medicamento, sobre el gasto farmacéutico,
pero no se ha referido a lo que establece el artículo 181 del Reglamento
de la Cámara sobre los motivos de una interpelación. Tengo que decirle
que no sólo el Gobierno, por boca del Ministro, sino los grupos que hemos
intervenido aquí hemos contestado poniendo de manifiesto que creemos que
S. S. va por un camino equivocado, porque llama la atención que los
grupos que han intervenido aquí, desde aspectos ideológicos diferentes,
hayan hecho más referencia a usted que a lo que es la política del
Gobierno en materia sanitaria.
Señor Presidente, si hay que hablar de la política general del Gobierno
en materia sanitaria, desde el Partido Popular hay que decir que el
compromiso de nuestro grupo y de nuestro partido es el de mantener las
prestaciones sanitarias como las conocemos en estos
últimos años, es mantener el sistema público de sanidad como ha sido a lo
largo de los últimos años y como creo que ha sido expresado por boca del
señor Ministro, por boca del Gobierno, por boca, incluso, del Presidente
del Gobierno.
Habla el texto de la interpelación del Grupo de Izquierda Unida de las
líneas básicas sobre las que el Gobierno piensa actuar en materia
sanitaria. Aunque hace dos o tres meses que se ha celebrado en la
Comisión de Sanidad la comparecencia del Ministro para explicar las
líneas básicas, a eso hay que remitirse. Estaba de más esta
interpelación. Quiero leer textualmente algunas partes de la intervención
del Ministro en aquel momento. Habló de la equidad y universalización
para todos los ciudadanos dentro de lo que es el Sistema Nacional de
Salud, de la relación en el Insalud de la universalidad y gratuidad de la
asistencia, fundamentalmente con una eficacia en los servicios y mejoras
en la gestión. Ese fue el espíritu del Gobierno, del Ministerio y del
Ministro cuando presentó aquí el Decreto-ley sobre las nuevas formas de
gestión, Decreto-ley que, como usted muy bien sabe, está en fase de
enmiendas porque se va a tramitar como proyecto de ley.
Dentro de lo que podrían ser las nuevas formas de gestión, un
planteamiento actual, un planteamiento de cómo se está gestionando desde
el Ministerio de Sanidad y desde el Insalud es el plan de choque contra
las listas de espera. El Ministro a hecho referencia a este plan de
choque. Me parece importante incidir en que en los meses de julio y
agosto se ha rebajado la lista de espera de aquellos pacientes que
necesitaban tratamiento quirúrgico y que estaban en lista de espera
superior a un año en 10.000, cuando habitualmente en los meses de verano
esa lista de espera se incrementa. Hay que tener en cuenta que los
ciudadanos que estaban en lista de espera superior a un año superan a los
50.000.
Cuando esté tramitado el proyecto de ley de nuevas formas de gestión del
Sistema Nacional de Salud el espíritu con que fue redactado por el
Ministerio favorecerá la gestión y ello repercutirá desde un punto de
vista positivo sobre los profesionales y los ciudadanos en general.
Es preciso hacer referencia a la comparecencia del señor Ministro en la
Comisión de Sanidad cuando hablaba y hoy lo ha vuelto a mencionar, de un
plan estratégico del Insalud en el que en estos días se está trabajando
desde la Secretaría General de Asistencia Sanitaria. Uno de los aspectos
fundamentales de lo que se estipuló como un plazo razonablemente
prudencial fue la transferencia de la gestión del Insalud a aquellas
comunidades autónomas que no tienen transferidas estas competencias, el
hecho de potenciar el Consejo interterritorial para que tenga más
capacidad de decisión o que algunas de las cuestiones que en él se tratan
tengan mayor repercusión sobre el Ministerio y sobre los servicios de
salud.
Desde el Grupo Popular y desde el Gobierno se está planteando que la
política sanitaria sea uno de los aspectos fundamentales de la política
global del Gobierno. Incluso sin tener en cuenta mis palabras ni las del
Ministro, hay que hacer referencia al debate de investidura, al
compromiso del Presidente del Gobierno, ya que uno de los aspectos
fundamentales se refería al tema sanitario.
Estableció el compromiso --y lo han dicho aquí todos los Diputados que
han intervenido en este punto del orden del día-- de la constitución de
la ponencia. Como usted muy bien conoce, el Grupo Popular tomó el
compromiso del Presidente del Gobierno, salió la ponencia por unanimidad,
y yo creo que es otro de los aspectos fundamentales. Seguramente, si
nosotros no quisiéramos --y lo ha dicho el portavoz de Convergència i
Unió-- que la política nacional de sanidad fuera una política de acuerdo
global, de consenso, es posible que podríamos haber llevado a cabo
algunas de las medidas que consideramos necesarias con el apoyo de los
grupos nacionalistas; pero no queremos eso; queremos que la política
sanitaria sea una política de Estado...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villalón, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor VILLALON RICO: Se me va a perdonar el término Estado teniendo en
cuenta la interpelación anterior, en la que un Diputado comentaba que no
quería hablar de políticas de Estado. Queremos que la política sanitaria
--perdone, señor Presidente, enseguida termino-- sea una política de
acuerdo entre todos los grupos políticos. Por eso, nosotros hemos
remitido un documento a la ponencia, que usted conoce, donde hay cuatro
grandes líneas de trabajo, que serían: la financiación, el papel del
Ministerio, las prestaciones sanitarias que desde el Sistema Nacional de
Salud se pueden prestar y, por supuesto, la administración, organización
y gestión del sistema.
También tengo que hacer referencia, con permiso del señor Presidente, a
algunas de sus palabras, como es el tema del gasto farmacéutico, en el
que ha incidido fundamentalmente. Usted lo conoce, lo conocen ilustres
Diputados de esta Cámara por las responsabilidades que tienen, y lo está
manifestando el Gobierno por boca del Ministro. Uno de los grandes
problemas que tiene la sanidad española es el gasto sanitario, y dentro
del gasto sanitario, el gasto farmacéutico. Y le voy a dar algunos datos:
en los últimos siete años el consumo farmacéutico ha aumentado en un 130
por ciento. En nuestro país --lo ha dicho el Ministro-- siendo la
medicación más barata de los países de nuestro entorno, de cada 100
pesetas que gastamos en sanidad, 20 las gastamos en gasto farmacéutico,
teniendo en cuenta que en esos países están en torno a 16, 17 pesetas por
cada 100 de gasto sanitario.
En resumidas cuentas, señora Maestro, el Insalud en el año 1995 superó en
9.000 millones lo presupuestado
en farmacia. A todas estas cosas, lógicamente, hay que darles solución,
hay que tomar medidas, y yo veo que el Gobierno no toma medidas
unilaterales, el Gobierno transmite al Congreso, envía a la ponencia
todas aquellas cosas que quiere que se solucionen por el bien de los
ciudadanos, pero no desde un punto de vista particular, sino...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Villalón, le
ruego concluya.
El señor VILLALON RICO: Enseguida termino, señor Presidente.
Señora Maestro, el otro día, cuando estaba en la ponencia, criticaba
algunas medidas que había tomado el Gobierno. Yo creo que es incompatible
decir que el Gobierno toma medidas y, a continuación, no ha pasado una
semana, usted trae aquí una interpelación para ver cuáles son las líneas
básicas desde el punto de vista sanitario.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Villalón.
Concluido el trámite de la segunda interpelación, se suspende la sesión
hasta mañana a las nueve de la mañana.
Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.