Ruta de navegación

Publicaciones

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 14, de 19/06/1996
PDF





CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 13



celebrada el miércoles, 19 de junio de 1996



ORDEN DEL DIA:



Preguntas (Página 511)



Interpelaciones urgentes:



-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas que piensa adoptar
el Gobierno para la plena aplicación del nuevo Código Penal (número de
expediente 172/000008) (Página 541)



-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno respecto de las
Administraciones Locales y en concreto la referida al conocido como
«Pacto Local» (número de expediente 172/000009) (Página 549)



(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 15, de 20 de
junio de 1996.)



Página 506




SUMARIO



Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




Preguntas (Página 511)



Del Diputado don Willy Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno:
¿Piensa el Gobierno someter a referéndum cualquier modificación del
régimen de participación de España en la OTAN? (Número de expediente
180/000092) (Página 511)



Del Diputado don Joaquín Almunia Amann, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué
posición va a mantener el Gobierno en el próximo Consejo Europeo de
Florencia en relación al problema de «las vacas locas»? (Número de
expediente 180/000096) (Página 512)



Del Diputado don Gabriel Cisneros Laborda, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tras su encuentro con
el Canciller KÜhl, sigue considerando, aparte de deseable, verosímil el
que España participe desde el primer momento en el «núcleo duro» de la
Unión Monetaria? (Número de expediente 180/000110) (Página 513)



Del Diputado don Luis Ramallo García, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno las
consecuencias económicas que se derivan de la sentencia relacionada con
la expropiación de acciones de Galerías Preciados realizada el 23 de
febrero de 1983? (Número de expediente 180/000111) (Página 514)



Del Diputado don Eduardo Gamero Mir, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno
respecto a la próxima temporada turística? (Número de expediente
180/000120) (Página 515)



Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué incidencia va a
tener la actualización de balances de las empresas en el estímulo de la
actividad económica? (Número de expediente 180/000121) (Página 516)



Del Diputado don Luis Marquínez-Marquínez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué forma incidirá
el Plan de Orientación Plurianual (P. O. P.) de la Unión Europea para el
período 1997-2002 en el sector pesquero español? (Número de expediente
180/000119) (Página 517)



Del Diputado don Luis Yáñez-Barnuevo García, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Existe ya una posición definitiva del
Gobierno en relación con la Ley norteamericana conocida como Helms-Burton
y sobre la cooperación con Cuba? (Número de expediente 180/000076)
(Página 518)



Del Diputado don José Manuel Caballero Serrano, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Fue tratado el contencioso del Sahara
Occidental en las entrevistas del Presidente del Gobierno con el Primer
Ministro marroquí? (Número de expediente 180/000077) (Página 519)



Del Diputado don Alfonso Soriano y Benítez de Lugo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
actuaciones piensa llevar a cabo el Gobierno español en relación con la
decisión de Naciones Unidas de suspender el proceso para el referéndum de
autodeterminación del Sahara Occidental? (Número de expediente
180/000086) (Página 520)



Del Diputado don Lluís Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al



Página 507




Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores: ¿Qué actuaciones se están
llevando a cabo para detener a los líderes serbo-bosnios acusados de
crímenes contra la humanidad? (Número de expediente 180/000089)
(Página 521)



Del Diputado don Luis Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos
Exteriores: ¿En qué criterios se realizará la cooperación con Guinea
Ecuatorial? (Número de expediente 180/000095) (Página 522)



Del Diputado don José Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno:
¿Contempla el Gobierno la posibilidad de suspender en sus funciones al
General Enrique Rodríguez Galindo? (Número de expediente 180/000091)
(Página 523)



Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las medidas que piensa
adoptar el Gobierno para reforzar la seguridad en la Audiencia Nacional?
(Número de expediente 180/000116) (Página 524)



Del Diputado don Ramón Companys i Sanfeliú, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
previsiones del Gobierno en relación al trazado y al inicio de las obras
del tramo de la autovía entre Cervera e Igualada? (Número de expediente
180/000060) (Página 525)



Del Diputado don Emilio Pérez Touriño, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuáles son
las previsiones del Gobierno respecto al cumplimiento de su compromiso
electoral para el mantenimiento de la inversión pública? (Número de
expediente 180/000073) (Página 526)



Del Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto
(BNG), que formula al Gobierno: ¿Prevé el Ministerio de Fomento iniciar a
corto plazo la construcción de una autovía entre Santiago de Compostela y
Orense? (Número de expediente 180/000094) (Página 527)



Del Diputado don Francisco Camps Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué fecha estarán terminadas
las obras de la autovía Madrid-Valencia, salvando las Hoces del Cabriel?
(Número de expediente 180/000112) (Página 528)



Del Diputado don Fernando López-Amor García, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué beneficios
reportará a los Ayuntamientos las medidas adoptadas por el Gobierno en
materia de suelo? (Número de expediente 180/000114) (Página 528)



Del Diputado don Salvador Clotas i Cierco, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las razones por las que el
Gobierno pretende sustituir a doña Elena Salgado al frente de la
Fundación del Teatro Lírico? (Número de expediente 180/000102)
(Página 529)



Del Diputado don Eugenio Enrique Castillo Jaén, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa tomar el
Gobierno alguna medida para controlar una previsible expansión de la
tuberculosis en nuestro país siguiendo la pauta mundial? (Número de
expediente 180/000117) (Página 530)



Del Diputado don Carlos Sanjuán de la Rocha, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuántos altos cargos han sido
nombrados miembros de consejos de administración de empresas en las que
participa el sector público? (Número de expediente 180/000099)
(Página 531)



Del Diputado don Angel Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del
Congreso,



Página 508




que formula al Gobierno: ¿Sabe ya el Gobierno si va a existir o no topes
mínimos en la cesión del IRPF a las Comunidades Autónomas? (Número de
expediente 180/000100) (Página 532)



De la Diputada doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que
han sido designadas por el Gobierno altos cargos? (Número de expediente
180/000101) (Página 533)



Del Diputado don Manuel Núñez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué fecha tiene previsto el
Gobierno enviar a la Cámara el Estatuto de la Función Pública? (Número de
expediente 180/000115) (Página 534)



Del Diputado don Pablo Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno
en relación a los que sufren privación de libertad por los delitos
llamados de «insumisión», a la vista de la entrada en vigor del nuevo
Código Penal y la comprometida desaparición del servicio militar
obligatorio? (Número de expediente 180/000064) (Página 536)



Del Diputado don Antonio Pérez Solano, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Piensa la Sra. Ministra de Justicia que es el
Consejo General del Poder Judicial el órgano competente para conocer y
decidir sobre la clasificación y tratamiento penitenciario de los
reclusos? (Número de expediente 180/000097) (Página 537)



Del Diputado don Alfred Boix Pastor, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Qué medidas pretende adoptar el Gobierno
respecto al incremento de jóvenes que han solicitado prestar el servicio
social sustitutorio? (Número de expediente 180/000098) (Página 538)



De la Diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué planes tiene el Gobierno
para afrontar el problema de los atascos y consiguientes retrasos en la
jurisdicción contencioso-administrativa? (Número de expediente
180/000109) (Página 539)



Del Diputado don Damián Caneda Morales, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno
presentar algún Proyecto de Ley que regule la figura de la
multipropiedad? (Número de expediente 180/000118) (Página 540)



Interpelaciones urgentes (Página 541)



Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para la plena aplicación del nuevo Código Penal (Página 541)



La señora Fernández de la Vega Sanz presenta la interpelación del Grupo
Socialista del Congreso, expresando, en nombre de su grupo y en el suyo
propio, el deseo de poner en común cuantos esfuerzos e iniciativas sean
precisas para completar las importantes reformas que en materia de
justicia se han venido realizando en los últimos años. Vuelve a reiterar,
desde la oposición, el ofrecimiento que los socialistas hicieron en la
anterior legislatura, cuando eran Gobierno, para lograr un pacto de
Estado por la justicia.

Explica, a continuación, que el objetivo de la interpelación es conocer
las medidas que su Gobierno ha realizado en estos primeros cuarenta días
y las que necesariamente esté realizando o vaya a realizar en los
próximos meses para facilitar la aplicación efectiva del nuevo Código
Penal, recordando la importancia que ha tenido y tiene la aprobación del
nuevo Código Penal. Considera que desde su aprobación, el 8 de noviembre,
el anterior Ministerio de Justicia e Interior, a través de las tres
secretarías de Estado --Justicia, la Droga y Penitenciaria--, realizó un
trabajo coordinado para llevar a cabo las medidas necesarias, lo que
ahora puede resultar más difícil al pertenecer Instituciones
Penitenciarias al Ministerio del Interior.

Recuerda que la voluntad del Parlamento de aplicar un nuevo modelo de
valoración de las conductas



Página 509




delictivas y la respuesta a las mismas ha cambiado la política criminal y
hace necesaria la adopción de disposiciones normativas y dotación de
medios materiales. El Grupo Socialista agruparía estas medidas en tres
bloques: En primer lugar, las derivadas del cambio de atribución de
competencias de los jueces de lo Penal a las audiencias provinciales, las
mayores competencias de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria y los
requerimientos de enjuiciamiento en el período transitorio de los
juzgados de Menores; en segundo lugar, medidas derivadas de la
implantación de nuevas penas y de las nuevas formas de ejecución y
aplicación de esas penas, y, en tercer lugar, medidas de desarrollo
normativo. A continuación, plantea una serie de preguntas sobre las
medidas a tomar para su desarrollo y aplicación.

Refiriéndose al segundo bloque de medidas propuestas por el Grupo
Socialista, las derivadas de la implantación de nuevas penas, hace
hincapié en la pena de multa, entendiendo que, en la fase de
investigación penal, será necesario no sólo acreditar debidamente la
comisión del hecho delictivo, sino también la identificación de los
bienes y la situación económica de los imputados, para lo que sería
necesario convenios de colaboración con otras administraciones que
disponen de este tipo de información.

En cuanto a la nueva forma de aplicación y ejecución de las penas, se
refiere a la peligrosidad criminal como criterio para otorgar la
suspensión de la pena, la libertad condicional y las medidas de
seguridad. Para ello es necesario una serie de estudios
multidisciplinares que exigen una estructura adecuada que permita
llevarlos a cabo.

A continuación, se refiere a la necesidad de adaptar el Real Decreto por
el que se regula el registro de penados y rebeldes y de llevar a cabo una
reforma urgente y parcial del proceso penal en lo que se refiere a la
casación penal. Finaliza preguntando a la señora Ministra si considera
que es el momento de remitir a esta Cámara una nueva ley de ejecución de
penas.

En nombre del Gobierno, contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal
de Gante y Mirón) agradeciendo el ofrecimiento que ha hecho el Grupo
Socialista para llegar a un consenso en torno a la justicia. Manifiesta,
a continuación, que el campo de actuación del Gobierno en materias
judiciales se reduce sustancialmente al ejercicio de la iniciativa
legislativa y a proveer a los juzgados y tribunales de los medios
precisos para el desarrollo de su función, con independencia y eficacia.

Por ello, entiende que la entrada en vigor del Código Penal incide
inmediatamente en las audiencias provinciales por la exigencia de la
revisión de condenas y por la nueva carga competencial de sus tribunales.

En cuanto a la revisión de condenas, el nuevo Código Penal prevé asignar
a uno o a varios de los juzgados de lo Penal o secciones de las
audiencias provinciales, dedicados en régimen de exclusividad, a la
ejecución de sentencias penales y a la revisión de las sentencias firmes
dictadas antes de la vigencia de este Código. Considera que, en todo
caso, esta medida le corresponde adoptarla al Consejo General del Poder
Judicial. Continúa contestando a las preguntas formuladas por la
interpelante, explicando la situación en la que ha encontrado el
Ministerio y las medidas que piensa adoptar, confesando que el Ministerio
de Justicia no puede elaborar en este momento un plan que palie en su
totalidad la incidencia que va a tener el Código Penal en el
funcionamiento de audiencias y juzgados penales. Ante esta situación,
explica las líneas de actuación que va a seguir en su Departamento:
Reforzar, de manera inmediata, el personal no judicial de las secciones
de las audiencias provinciales con competencias penales; en segundo
lugar, también de manera inmediata, tratar de resolver problemas
materiales; en tercer lugar, pretende llevar a cabo, con la indispensable
colaboración de los presidentes de las audiencias, un seguimiento de la
actividad de éstas que permita conocer con fiabilidad los problemas que
suscita la aplicación del Código Penal y la Ley del Jurado. Termina su
intervención enumerando otra serie de medidas a adoptar en respuesta a
las preguntas formuladas por la interpelante.




Replica la señora Fernández de la Vega Sanz, duplicando la señora
Ministra de Justicia.




En turno de fijación de posiciones, intervienen, la señora Uría
Echevarría, del Grupo Vasco (PNV); y los señores Silva i Sánchez, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Ollero Tassara, del Grupo
Popular.




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno respecto de las
Administraciones Locales y en concreto la referida al conocido como
«Pacto Local» (Página 549)



El señor Navas Amores defiende la interpelación del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza destacando
que en estos momentos nos encontramos con una construcción de Estado
desequilibrado institucionalmente por la falta de descentralización ante
las



Página 510




entidades locales. Considera que los ayuntamientos son instituciones
fundamentales y básicas en nuestro sistema democrático y, desde la
perspectiva de las entidades locales, la descentralización debe ser igual
a eficiencia y participación ciudadana. Estima que el señor Ministro sólo
ha hablado de comunidades autónomas y no se ha referido al ámbito
municipal. Estima que la realidad municipal está caracterizada por la
asfixia económica, siendo el denominador común de los municipios la
situación de insuficiencia financiera para desarrollar sus servicios.

Añade que el déficit generado demanda soluciones urgentes y, ante estas
serias dificultades, el Gobierno de la derecha ha actuado aplicando un
recorte de 18.000 millones de pesetas en el presupuesto de este año y
aprobando un decreto por el que se decide la disminución de cesiones de
suelo del 15 al 10 por ciento, aunque, ante las quejas de los
representantes de la FEMP, el señor Aznar salió al paso garantizando a
los representantes municipales medidas compensatorias. Piensa que la
realidad es que el Gobierno, con sus medidas, ha iniciado un camino en
dirección contraria a la que estaban demandando e indicando los
ayuntamientos, supeditando el desarrollo del modelo de descentralización
y suficiencia financiera a la nueva realidad surgida tras los acuerdos de
gobernabilidad. Pide al Gobierno una explicación sobre si su compromiso
político comporta el que los ayuntamientos tengan prioridad y si se va a
contemplar la modificación de la Ley de bases de Régimen Local y la Ley
de Haciendas Locales.

En opinión del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, el pacto local debe concretarse en los primeros tiempos de
esta legislatura y dar respuesta a la insuficiencia de los instrumentos
políticos para hacer eficaz el contenido competencial de la autonomía
local.

En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Administraciones
Públicas (Rajoy Brey), manifestando que tratará de explicar el contenido
de lo que se llama el pacto local, en el bien entendido que el criterio
del Gobierno es un criterio abierto y, por lo tanto, el pacto que
pretende puede ser objeto de ampliación. Estima que su obligación aquí es
fijar el criterio del Gobierno, aunque también intentará dar respuesta a
algunas inquietudes que no se refieren propiamente al contenido del pacto
local.

En su opinión, el asunto básico que hay que abordar en el campo local es
el competencial y, en segundo lugar, la financiación de esas nuevas
competencias que ejercerían las corporaciones locales. Se pregunta, a
continuación, sobre qué ha sucedido en España desde la Constitución de
1978, a la hora de distribuir las competencias entre las distintas
administraciones públicas, y sobre lo que hay que hacer en el futuro.

Añade que en España se ha venido desarrollando un proceso de
descentralización política, mediante la atribución a las comunidades
autónomas de un conjunto de competencias, cuando a las entidades locales
sólo se les ha garantizado en las leyes un núcleo mínimo competencial.

Coincide con el señor Navas en que ni el legislador estatal ni el
autonómico han tenido en cuenta a las entidades locales a la hora de
atribuir competencias. Considera que lo que se ha hecho por parte de las
comunidades autónomas y de la Administración central del Estado choca con
el principio de descentralización política y administrativa que inspira
la Constitución Española.

Enumera, a continuación, los tres problemas básicos que la actual
situación genera: Primero, no es la administración más próxima al
ciudadano la que ejerce la competencia; segundo, se generan duplicidades
administrativas; y, tercero, a las corporaciones locales se les crea un
grave problema económico. Como respuesta a esta situación, plantea el
pacto local entre todas las fuerzas políticas para incrementar
sustancialmente las competencias de las comunidades autónomas y, a partir
de ahí, llegar a un acuerdo para que gran parte de estas competencias
pasen a ser ejercidas por las corporaciones locales, anunciando que el
Ministerio tiene ya diseñadas las líneas a seguir, una vez transferidas
las competencias a las corporaciones locales.

Concreta, a continuación, el procedimiento para llevar a cabo el pacto
local: Elaboración de un documento, como base de negociación, y entrega
del mismo a las fuerzas políticas y grupos parlamentarios, que deben
manifestar su criterio sobre el mismo. Aclara en este punto que los
partidos políticos, a la hora de proceder a la fijación de sus criterios,
deben tener en cuenta el de los representantes de esos partidos en los
distintos parlamentos autonómicos. Considera que el llevar a buen término
el pacto local no es tanto competencia del Gobierno como una labor de
impulso político y, sobre todo, una labor de los partidos políticos en
las distintas comunidades autónomas.

No está de acuerdo con las críticas que ha hecho el interpelante a la vía
del decreto-ley por la que ha optado el Gobierno, estimando que el
Gobierno toma decisiones sin ánimo de molestar a nadie, sino para que
redunden en beneficio del interés general. Termina su intervención
haciendo una referencia a que el Gobierno no pretende disgustar a los
gobiernos nacionalistas, entre otras cosas, porque su obligación es
mantener la estabilidad, y considera que esto no tiene nada que ver con
el pacto local.




Página 511




Replica el señor Navas Amores, duplicando el señor Ministro de
Administraciones Públicas.

Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Rodríguez
Bolaños, del Grupo Socialista, y López-Medel Bascones, del Grupo Popular.

Se suspende la sesión a las siete y cincuenta y cinco minutos de la
tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




PREGUNTAS:



--DEL DIPUTADO DON WILLY MEYER PLEITE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿PIENSA EL GOBIERNO SOMETER A REFERENDUM CUALQUIER MODIFICACION DEL
REGIMEN DE PARTICIPACION DE ESPAÑA EN LA OTAN? (Número de expediente
180/000092)



El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Preguntas orales al
Gobierno.

Pregunta número 17, que formula el Diputado don Willy Meyer Pleite, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al
Presidente del Gobierno.

Señor Meyer, tiene la palabra.




El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Presidente: ¿Piensa el Gobierno someter a referéndum
cualquier modificación del régimen de participación de España en la OTAN?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Meyer.

Señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente, el
Gobierno considera que la transformación de las estructuras de la Alianza
Atlántica no hará necesario, jurídica ni políticamente, someterla a
referéndum.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor Presidente.

La OTAN reformada, o la nueva OTAN si usted lo prefiere, señor
Presidente, a nuestro entender, nada tiene que ver con la estructura de
seguridad y defensa europea, desvinculada de los intereses de terceras
potencias y subordinada a los poderes políticos de la Unión Europea. Muy
al contrario, el Acuerdo de Berlín, del Consejo Atlántico, sobre el
concepto de fuerzas separables pero no separadas, sigue planteando la
seguridad de la Unión Europea bajo tutela de los Estados Unidos, en el
marco de una alianza resultado de la guerra fría ya superada. En su
momento, esta Cámara debatirá ese nuevo marco de seguridad compartida y
tendremos ocasión de plantear nuestra alternativa de seguridad compartida
frente a la actual doctrina de disuasión militar.

Señor Presidente, la decisión de entrar en la estructura militar de la
OTAN, contraviniendo una de las condiciones del referéndum de 1986, aun
tomándose por acuerdo de esta Cámara, más allá de aspectos reglamentarios
o normativos, supone una burla a esa decisión popular.

Si como ustedes dicen estamos hablando de otra OTAN, cosa muy discutible,
estamos desde su lógica hablando de la entrada en una nueva estructura
militar, de una nueva alianza militar. Pues bien, si para permanecer en
la OTAN fue el pueblo español quien decidió directamente por referéndum
esa permanencia condicionada, con la misma lógica se debería someter de
nuevo a referéndum la entrada o no en una, según ustedes, nueva
estructura militar de una nueva alianza militar.

Señor Presidente, no es bueno enmendar la plana al pueblo español y si se
tuvo en cuenta su opinión en 1986, se deberá contar también en 1996 con
su opinión directa sin intermediarios. Contribuiríamos a resolver con un
gran consenso y tras un gran debate qué espacio de seguridad es el
necesario tanto para la Unión Europea como para el continente en la
perspectiva del siglo XXI.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Meyer.

Señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente, señor
Diputado, creo que
S. S. no debería prejuzgar las decisiones del Gobierno, ni mucho menos
las decisiones de la Cámara. El compromiso del Gobierno manifestado en el
discurso de investidura --y cito textualmente-- es el de propiciar la
participación activa de España en el proceso de adaptación de la Alianza
Atlántica a las nuevas circunstancias del mundo y apoyará la ampliación
del espacio de seguridad europeo a las nuevas democracias del centro y
del este europeo.

Usted sabe, señor Diputado, ya he hecho referencia a ello, que el pasado
día 3 se reunió en Berlín el Consejo Atlántico primero con los ministros
de Asuntos Exteriores y posteriormente con los ministros de Defensa de
los países que integran la Alianza Atlántica. Hay una decisión clara de
transformar la Alianza Atlántica a



Página 512




una situación nueva, a un mundo nuevo en el que han cambiado los
objetivos. Tienen que cambiar las estructuras, tienen que cambiar las
dimensiones de participación de los países a una situación completamente
nueva, en la que todos los países que formaban antes el antiguo bloque
soviético desean participar en la Alianza Atlántica. Parece un poco
absurdo que España no adapte su posición, si lo considera necesario, para
lo cual el Gobierno favorecerá el mayor consenso parlamentario a esa
nueva Alianza Atlántica que en su seno tiene por primera vez la identidad
europea de defensa, que ha sido también un compromiso ampliamente
compartido por esta Cámara.

Todo cambia, señor Diputado, y a mí me gustaría también que en estos
terrenos cambiasen algunas de sus posiciones. Sería bastaste responsable
y bastante razonable. (Aplausos.--Un señor Diputado: ¡Muy bien!)
Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.




--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN ALMUNIA AMANN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE POSICION VA
A MANTENER EL GOBIERNO EN EL PROXIMO CONSEJO EUROPEO DE FLORENCIA EN
RELACION AL PROBLEMA DE «LAS VACAS LOCAS»? (Número de expediente
180/000096)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Socialista don Joaquín Almunia Amann.

Señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente del Gobierno, ¿qué posición va a mantener usted y el
Gobierno en el Consejo Europeo de Florencia de este fin de semana en
relación al llamado problema de «las vacas locas»?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.

Señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): En opinión del Gobierno
estamos claramente ante un problema de salud pública de los consumidores.

Todas las medidas y todas las decisiones que ha adoptado el Gobierno
tienden a garantizar esa salud pública y, por tanto, la confianza de los
consumidores y, en segundo lugar, la tranquilidad de los mercados, que es
muy necesaria. Por tanto, la posición del Gobierno en el Consejo Europeo
de Florencia será que antes de entrar en la consideración del
levantamiento incluso parcial de una parte del embargo, habrá de tener la
garantía de los comités científicos correspondientes en orden a la
tranquilidad de los consumidores y a la salud pública de los mismos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.

Señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente del Gobierno, la precisión y la seguridad con la que
usted me contesta esta tarde a la pregunta que yo le he formulado debiera
haber sido la precisión y la firmeza con la que nuestro Gobierno, a
través de la señora Ministra de Agricultura, se debió haber comportado en
los consejos de ministros europeos que han abordado esta cuestión.

España ha sido el único país de la Unión Europea que ha cambiado de voto
en relación al embargo sobre la exportación de productos británicos y nos
duele que España en este tema, que como usted bien dice preocupa y afecta
a la protección de la salud de nuestros ciudadanos, haya mostrado
indecisión cuando no frivolidad.

Ustedes empiezan a tener una característica en política exterior. Dan la
razón al interlocutor que tienen delante en cada momento. Vinieron los
británicos, les dieron la razón a los británicos; habló usted con el
señor Chirac, le dio la razón al señor Chirac; habló con el Presidente de
la Comisión Europea y usted salió de acuerdo con él. Pero en el Consejo
Europeo de Florencia usted se va a encontrar con todos ellos juntos y
habrá que tomar posición.

Está en juego la protección de la salud de los ciudadanos y la inquietud
con la que en todos los países de Europa, y también en España, se vive
este problema; la refleja el último índice de precios donde se ve cómo
aumentan los precios de las carnes diferentes del vacuno porque los
consumidores temen comer carne de vacuno. También está en juego el
proceso de construcción europea, porque la Comisión Europea ayer mismo ha
adoptado un paquete de medidas para impedir que las exportaciones
derivadas del vacuno británico puedan poner en peligro la salud de los
consumidores europeos, es posible que el Gobierno británico no esté de
acuerdo en Florencia con ese plan de la Comisión Europea y, si no está de
acuerdo, puede producir una parálisis del proceso de decisión no en esta
materia sino en todas las que están ligadas al orden del día del Consejo
Europeo. Por eso quiero que usted nos diga hoy cuál va a ser su posición
los próximos viernes y sábado, y deseo que el próximo miércoles, cuando
usted nos dé cuenta de lo que allí ha defendido, podamos estar de acuerdo
con usted



Página 513




porque haya defendido bien los intereses de los consumidores españoles,
del sector del vacuno español y los intereses de los españoles como
ciudadanos de Europa.

Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.

Señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Almunia, por
algunas de las razones que usted ha dicho sería bueno mantener una
actitud de prudencia y no generar ningún tipo de alarmismo ante una
situación que, sin duda, nuestro país no merece.

Quiero decir que si al mismo tiempo de garantizar la salud pública de los
consumidores, su tranquilidad y la confianza en los mercados se consigue
el desbloqueo de una actitud inaceptable desde el punto de vista político
en la postura británica, que es lo que también se está intentando, yo
creo que habremos cumplido correctamente con nuestra obligación.

Para darle los datos y los puntos de referencia exactos, quiero decirle
que el pasado día 20 de mayo la reunión del Comité Veterinario sometió a
votación el levantamiento parcial del embargo en tres productos, como
usted conoce muy bien. España votó en contra porque no había un plan de
erradicación británico, porque ni siquiera había garantías de plan de
control y porque la delegación especial de la Unión Europea en Gran
Bretaña había redactado un informe negativo.

El día 3 de junio ya en una reunión del Consejo de Ministros de
Agricultura, la enorme diferencia es que había un plan británico de
erradicación, había un informe favorable de la delegación de la Unión
Europea enviada a Gran Bretaña sobre la base de los controles de la
Comisión, y había el compromiso de la Comisión de responsabilizarse del
control del plan.

El día 6 al Gobierno británico, a sus ministros de Asuntos Exteriores y
de Agricultura, se le trasladó la posición del Gobierno español en orden
a que cualquier plan que afecte a lo que no son esos tres productos que
se había levantado parcialmente el embargo, requeriría por parte del
Gobierno español plena garantía previa de todos los comités científicos,
y ésa es la posición del Gobierno. Si finalmente el Consejo Europeo
decide en Florencia discutir, debatir o incluso aceptar debatir sobre el
plan que la Comisión ha preparado, la posición del Gobierno ya está
reflejada en ese plan, donde ha exigido el sistema de doble llave para
producir cualquier levantamiento del embargo.

Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.




--DEL DIPUTADO DON GABRIEL CISNEROS LABORDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TRAS SU ENCUENTRO CON
EL CANCILLER KöHL, SIGUE CONSIDERANDO, APARTE DE DESEABLE, VEROSIMIL EL
QUE ESPAÑA PARTICIPE DESDE EL PRIMER MOMENTO EN EL «NUCLEO DURO» DE LA
UNION MONETARIA? (Número de expediente 180/000110)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al Presidente del
Gobierno el Diputado del Grupo Popular, don Gabriel Cisneros Laborda.

Señor Cisneros.




El señor CISNEROS LABORDA: Con su venia, señor Presidente del Congreso.

Señor Presidente del Gobierno, permítame S. S., primero, matizar una no
muy feliz redacción de la pregunta, deficiencia de mi exclusiva
responsabilidad, de cuya formulación podría algún malintencionado deducir
que el que España esté o no en el día D y en la hora H de la Unión
Monetaria pueda depender de factores externos ajenos a la libre y
soberana decisión de nuestras instituciones. Ciertamente, como puede
comprender el señor Presidente del Gobierno, no es ése su alcance; pero
acontece que aunque ese espacio de la libertad, del orden del Derecho
estable y del progreso que es la Unión Europea es un club con quince
socios iguales en derechos y obligaciones, el realismo político nos
muestra que no es, no puede ser igual la capacidad de impulso de los
socios más fuertes que la de aquellos otros más débiles y vulnerables,
entre los que, por desgracia, nos encontramos.

El debate, nunca cerrado del todo, sobre la geometría variable o las dos
velocidades, las expectativas de revisión del rígido calendario de la
convergencia, etcétera, está, entendemos, en función de las perspectivas
que adopten los socios más poderosos. De ahí mi interés por conocer las
impresiones que S. S. haya podido allegar en su reciente encuentro con el
Canciller KÜhl.

No cumplimos ninguna de las condiciones de convergencia. En el ejercicio
de la oposición, S. S. expresó alguna vez cierto escepticismo respecto a
nuestra capacidad para superar esas dificultades y estar desde el primer
momento en el núcleo duro de la Unión monetaria. Hemos oído, ciertamente,
en su discurso de investidura y en muchas otras ocasiones sus reiteradas
afirmaciones voluntaristas de poder superar tan enormes dificultades. Por
todo ello, me permito reconducirme a la formulación de mi pregunta
literal tal como aparece publicada en el orden del día. ¿Considera, señor
Presidente del Gobierno, además de obviamente deseable, verosímil el que
España participe desde el primer momento en el núcleo duro de la Unión
monetaria?



Página 514




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cisneros.

Señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Reiteraré, señor
Presidente, ante la pregunta del señor Cisneros, que la decisión y la
voluntad política del Gobierno en torno a dar los pasos necesarios para
que España esté en condiciones de participar en la tercera fase de la
Unión Económica y Monetaria, es una decisión política irreversible. En
consecuencia, el Gobierno adoptará todas las medidas que entienda
convenientes y necesarias, que deban responder a esa exigencia del
cumplimiento por España de los requisitos de convergencia. Es verdad que
tenemos, por tanto, una meta --cumplir esos requisitos--, y unos plazos,
unos plazos que son estrechos, unos plazos que no van más allá de los
dieciocho meses. Somos conscientes de que no es un camino fácil. Usted ha
dicho, con razón, al formular la pregunta, que desgraciadamente no
cumplimos en este momento ninguno de los requisitos de convergencia. Pues
bien, la decisión del Gobierno, a pesar de esa realidad, es hacer todo el
esfuerzo necesario para cumplirlos. Creemos que, además de deseable, es
posible cumplirlos, y que la competitividad, el empleo y el saneamiento
de la economía española dependen, en gran medida, del cumplimiento de
esos requisitos.

He expuesto en alguna ocasión que tener menos inflación, menos deuda,
menos déficit es objetivamente bueno para nuestra economía. Le quiero
decir que las medidas económicas que ha adoptado el Gobierno, tanto
aquellas de consolidación fiscal como las de reformas estructurales, han
generado confianza en los mercados financieros y en términos políticos.

Eso lo he podido constatar en la entrevista a que usted ha hecho
referencia y en otras entrevistas.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.




--DEL DIPUTADO DON LUIS RAMALLO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO LAS
CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE SE DERIVAN DE LA SENTENCIA RELACIONADA CON
LA EXPROPIACION DE ACCIONES DE GALERIAS PRECIADOS REALIZADA EL 23 DE
FEBRERO DE 1983? (Número de expediente 180/000111)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular don Luis Ramallo García.

Señor Ramallo.




El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Por reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
concretamente del 6 de mayo, se ha fijado el justiprecio de las acciones
expropiadas a Galerías Preciados el 23 de febrero de 1983. El precio,
señor Vicepresidente, se ha fijado en 423 pesetas por acción, más el 5
por ciento de afección, y lo que se deja para determinar en ejecución de
sentencia, que es la revalorización de los inmovilizados materiales.

Hoy queremos desde el Grupo Popular, señor Vicepresidente, saber la
valoración que el Gobierno hace, en términos económicos, de la
consecuencia de esta sentencia. Pero permítame le recuerde que el 23 de
febrero de 1983 el Gobierno socialista no sólo expropió al señor Ruiz
Mateos sino que en el caso de Galerías Preciados expropió a 20.000
pequeños accionistas, que tenían una media de 375 acciones por persona,
que en la mayor parte de los casos eran acciones ganadas con su trabajo
como personas empleadas en Galerías Preciados. Es decir, el propio
Gobierno incumplió lo que se decía en el artículo 1.º de la Ley del caso
único de expropiación de Rumasa, porque había que proteger los intereses
legítimos de los trabajadores y de los terceros.

Hoy es forzoso recordar las palabras de don Alfonso Guerra el año 1983 en
un mitin en Toledo: Hubo una vez un empresario que osó desafiar al
Gobierno. Tú no desafíes a nadie, todo lo que tienes «pa» el pueblo. El
pueblo resultó ser, entre otros, don Gustavo Cisneros, amigo del siempre
ausente de esta Cámara, antes Presidente del Gobierno, hoy jefe de filas
del Partido Socialista, señor González. (Rumores.) ¡Ahí, están, ahí están
sus abrazos en la prensa! (Continúan los rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.




El señor RAMALLO GARCIA: Doscientos dieciséis millones de pesetas por una
empresa que costó sanearla 40.000 millones, tres años para dejarla en la
bancarrota y 30.600 millones de pesetas, señor Vicepresidente, que hizo
de caja, sin pagar impuestos en España, el susodicho señor Cisneros,
amigo también de don Carlos Andrés Pérez. (Rumores.) Yo comprendo que les
moleste, señor Borrell. (Continúan los rumores.)
Señor Ministro, mire usted, lo que ha ocurrido, como dijo el señor
Solchaga, después de insultar como hacía siempre en esta Cámara, es que
Rumasa fue...




El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, ha concluido su tiempo.




El señor RAMALLO GARCIA: Rumasa fue la operación económico-financiera...




El señor PRESIDENTE: Ha concluido su tiempo, señor Ramallo.

Muchas gracias. Ha concluido su tiempo.




Página 515




El señor RAMALLO GARCIA: No puedo hablar, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Ha concluido su tiempo, señor Ramallo.




El señor RAMALLO GARCIA: ¡Cómo molesta lo que hicieron, eh! (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.

Señor Vicepresidente segundo del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.

Gracias, señor Ramallo. Respecto a la literalidad de su pregunta, y sin
que el Gobierno vaya ahora a hacer manifestaciones políticas sobre el
tema de la expropiación de Rumasa que ya fueron defendidas en nuestro
nombre por S. S. a lo largo de muchos años, y con toda razón, quisiera
simplemente mencionar que en estos momentos la sentencia a la que hace
referencia S. S. ha sido recurrida por la Abogacía del Estado, como es su
obligación, y, por tanto, cualquier efecto económico sólo se producirá
respecto a esa sentencia en el supuesto de una sentencia firme con
pronunciamiento distinto al criterio de la Administración.

En ese sentido, en estos momentos el Estado tiene depositado en la Caja
General de Depósitos, desde el 15 de marzo de 1995, un aval de 3.991
millones de pesetas en virtud de una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, de 11 de mayo de 1990, que fue ratificada por el
Tribunal Supremo y que obligó a consignar la citada cifra a resultas de
que se fijase finalmente el justiprecio de Galerías Preciados.

En cualquier caso, desde el punto de vista del Gobierno, el Gobierno
defenderá los intereses de la Administración, y desde el punto de vista
de las valoraciones políticas del incidente de Rumasa las valoraciones
del Grupo Popular son de sobra conocidas y las acaba de exponer S. S.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente segundo del
Gobierno.




--DEL DIPUTADO DON EDUARDO GAMERO MIR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO
RESPECTO A LA PROXIMA TEMPORADA TURISTICA? (Número de expediente
180/000120)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 37, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Popular don Eduardo Gamero.

Señor Gamero.




El señor GAMERO MIR: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente y Ministro de Economía y Hacienda, señoras y señores
Diputados, mi pregunta se refiere a la temporada turística, pero, no
obstante, permítame en primer lugar felicitarle, señor Vicepresidente,
por su decidido apoyo al sector turístico, y muy especialmente por el
paquete de medidas económicas y fiscales que recientemente ha adoptado
para impulsar la economía, crear empleo y, sobre todo, en favor de las
pymes. (Rumores.) Como usted muy bien sabe, el 99 por ciento...




El señor PRESIDENTE: Señor Gamero, un momento, por favor. No se preocupe
porque he parado el tiempo.

Señorías, ruego a quienes hayan de abandonar el hemiciclo que lo hagan
rápidamente y nos permitan continuar la sesión oyendo al orador con
respeto. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Gamero.




El señor GAMERO MIR: Gracias, señor Presidente.

Como usted muy bien sabe, señor Vicepresidente, el 99 por ciento del
sector turístico lo integran pequeñas y medianas empresas, que
representan el 10 por ciento del producto interior bruto y más del 11 por
ciento de los puestos de trabajo. Estas medidas, señor Vicepresidente,
han sido valoradas muy positivamente y el sector se lo agradece.

También quiero manifestarle que el sector turístico está muy satisfecho
por la mayor sensibilidad que demuestra el Gobierno que preside José
María Aznar al haber incorporado Turismo a la Vicepresidencia segunda.

(Rumores.) Sin ninguna duda, es de todos conocida la importancia que
tiene el turismo para la economía nacional. No obstante, da la sensación
de que esta realidad no trasciende suficientemente a la sociedad
española. Buena prueba de ello es lo poco o casi nada que en esta Cámara
se habla de turismo; y no digo esto en tono de crítica, sino todo lo
contrario, tan sólo constato un hecho.

Sucede también lo mismo en los medios de comunicación de ámbito nacional.

Tan sólo se ocupan del turismo durante los meses de julio y agosto, que
es cuando los líderes de opinión toman sus vacaciones. El resto del año
es para ellos como si la actividad turística no existiese. Parece ser que
se considera al turismo un tema un tanto recurrente, y se acude a él
cuando se quieren recordar las grandes cifras o significar lo que aporta
a nuestra balanza de pagos.

Es curioso que, en términos generales, se le preste tan poca atención al
sector económico más importante de nuestro país, el más dinámico y el que
ha demostrado tener el mayor crecimiento sostenido. Conviene, asimismo,
no olvidar que la actividad turística está estrechamente vinculada con
todos los demás sectores.




Página 516




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gamero, ahora sí tiene que concluir.




El señor GAMERO MIR: Concluyo, señor Presidente.

Al concluir este año,...




El señor PRESIDENTE: Señor Gamero, lo siento.

La pregunta está formulada al Gobierno por escrito y ya conoce el texto
el señor Vicepresidente. No se preocupe. Puede sentarse.




El señor GAMERO MIR: Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Señor Vicepresidente segundo del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Presidente, las previsiones que tiene el Gobierno
respecto a la próxima temporada turística suponen una mejora sobre las de
1995. En concreto, la mayoría de los mercados presentan bien una
situación estable con relación a la temporada del verano de 1995, que fue
un récord como SS. SS. saben para el turismo español, o registra un
crecimiento más o menos acusado, como es el caso de Estados Unidos, con
un crecimiento de turistas hacia España entre el 10 y 16 por ciento; del
mercado alemán, con un crecimiento del 3 al 5 por ciento; del mercado
suizo, con un crecimiento del 10 al 20 por ciento; o de los países
escandinavos, donde el crecimiento es del 4 al 20 por ciento, dependiendo
de los países.

En este sentido, además, hay que destacar que desde el punto de vista
calidad/precio, los principales competidores de España se encuentran en
este momento en peor situación que nosotros habiendo aventajado, desde
este punto de vista, nuestro país, en relación calidad/precio, a los
principales destinos mediterráneos.

Es importante destacar, desde el punto de vista del Gobierno, que se está
elaborando una revisión del plan estratégico para el turismo español,
acorde con esta situación de liderazgo mundial. Hay que recordar que
España es el tercer país en el mundo, desde el punto de vista de su
industria turística, y que, como S. S. ha dicho, los ingresos de turismo
representan un elemento esencial de nuestra balanza por cuenta corriente.

El plan estratégico para el turismo español tendrá principalmente cuatro
aspectos: una revisión del concepto y utilización de las oficinas
exteriores de turismo; un impulso por parte del Gobierno para que las
enseñanzas turísticas adquieran su pleno grado, no sólo teórico sino
práctico en la universidad, y en ese sentido tengo que reconocer a la
Cámara que el Gobierno está cerrando acuerdos con tres importantes
universidades españolas para el próximo curso; también un impulso a la
nueva oferta y a la diversificación, desde el punto de vista de la oferta
turística, y en este sentido, es especialmente importante la relación y
la colaboración con las comunidades autónomas a través de la conferencia
sectorial y, desde luego, el firme convencimiento del Gobierno de que los
intereses y la posición turística española deben quedar patentes, desde
el punto de vista del liderazgo, en todos los foros de la Unión Europea.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente segundo del Gobierno.




--DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
INCIDENCIA VA A TENER LA ACTUALIZACION DE BALANCES DE LAS EMPRESAS EN EL
ESTIMULO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA? (Número de expediente 180/000121)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 38, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Vicente Martínez-Pujalte
López.

Señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente, hemos estado muchos años oyendo que la política
económica que se practicaba era la única posible, pidiendo a los
ciudadanos que aceptaran la política económica del Gobierno con cierto
grado de estoicismo, porque se decía que se hacía lo único posible.

Cuando desde estos bancos del Grupo Popular se pedían medidas concretas,
como la actualización de balances, y ante la posibilidad de que
significaran recortes en los ingresos públicos y, por tanto, en la
capacidad de ir aumentando más el gasto público, se rechazaban de plano
sin pensar que se podía estar dañando a los verdaderos creadores de
empleo: las pequeñas y medianas empresas.

Como ha quedado demostrado después de la publicación de los últimos
decretos, se podían hacer cosas distintas y los que decían que no era
posible adoptar otro tipo de medidas, ahora han empezado a confundir a la
opinión pública diciendo si benefician a unos o a otros. Se olvidan de
que los que pueden salir beneficiados de estas medidas son los pequeños y
medianos empresarios, los trabajadores que encuentran un puesto de
trabajo, los jóvenes que tengan acceso a una vivienda en mejores
condiciones, etcétera.

Señor Vicepresidente, una de estas medidas hace referencia a la
actualización de balances, que es una acción de hondo arraigo y
significación en nuestra política tributaria. Con una cierta periodicidad
la autoridad



Página 517




económica, consciente de las dificultades producidas por las tensiones
inflacionistas, ha procedido a la autorización de la actualización
monetaria de los valores contables sin carga fiscal o con carga fiscal
simbólica. Hace trece años que esto no se hacía, y 100 pesetas de 1983
son 202 en 1996.

Yo, señor Vicepresidente, agradezco, porque así me lo ha hecho saber el
sector, las medidas que llevan a la posibilidad de que las empresas
actualicen sus balances, y quería preguntarle qué incidencia, si lo tiene
valorado el Gobierno, va a tener esta actualización de balances en el
estímulo de la actividad económica.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.

Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.

Desde el punto de vista de las previsiones del Gobierno, es indudable que
la actualización de balances va a permitir reflejar una imagen fiel de la
situación patrimonial de las empresas, lo cual abre posibilidades de
autofinanciación y también de acceso a nuevos mercados de capitales y a
financiación externa. En primer lugar, como he dicho, se dará
cumplimiento al principio contable de imagen fiel de los activos y de los
balances, en los que se podrán reflejar los efectos de la inflación sobre
el precio de los activos. Asimismo se producirá un incremento del
patrimonio neto contable de las empresas y consecuentemente se facilitará
el acceso de las mismas a la financiación ajena, al mismo tiempo que se
robustecerán las cuentas de capital de las propias empresas.

Desde el punto de vista de la liquidez que generen los balances de las
empresas, es indudable que una mayor capacidad de amortización,
consecuencia directa de un aumento del precio nominal de los activos,
permitirá a las empresas aumentar su financiación interna y, por tanto,
sus garantías de solvencia. El Gobierno ha considerado imprescindible que
esta medida se tomase desde un inicio por el efecto que, en nuestra
opinión, puede tener sobre las expectativas empresariales y económicas
del conjunto de la sociedad, porque también quiero recordar a S. S. que
por primera vez esta actualización de balances no sólo va a afectar a los
activos de las empresas sino a los activos de los profesionales, que
representan cada vez más una mayor cantidad de la actividad económica
española y que sin duda habían sido relegados en las últimas medidas
fiscales. Como muy bien ha recordado S. S., la última actualización de
balances se produjo en 1983, también al comienzo de una nueva
legislatura, por un nuevo Gobierno, y desde entonces se había
prácticamente duplicado el índice de precios al consumo en nuestro país.

Quiero también resaltar, desde el punto de vista de las garantías de
recaudación de la Hacienda pública, que esta vez, a diferencia de lo
acaecido en 1983 y también en 1977, el Gobierno ha considerado
imprescindible la introducción de un impuesto del 3 por ciento que
garantice la recaudación de la Hacienda tributaria durante los períodos
iniciales de la actualización de balances, en los que con menos
intensidad se pueden sentir los efectos beneficiosos del aumento de
capitalización de las empresas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.




--DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUINEZ MARQUINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE FORMA INCIDIRA
EL PLAN DE ORIENTACION PLURIANUAL (P.O.P.) DE LA UNION EUROPEA PARA EL
PERIODO 1997-2002 EN EL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL? (Número de expediente
180/000119)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 36, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Popular don Luis Marquínez Marquínez.

Señor Marquínez, tiene la palabra.




El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, como usted sabe soy Diputado por Huelva, y en Huelva nos
preocupa mucho la política pesquera y todo lo relativo a la pesca. Por
tanto, vamos a traer aquí el tema de la pesca todas las veces que sea
necesario.

Sabe la señora Ministra que la pesca ha sido uno de los sectores, yo
diría, más vapuleados en los últimos años por las políticas anteriores, y
por tanto de los que ha sufrido más una falta de política general. Ahora,
además de la política que se hace aquí, la política pesquera se hace en
Bruselas, como sabe la señora Ministra. Concretamente hablamos del último
29 de mayo, fecha en la que se aprobó en Bruselas el último Plan de
Orientación Plurianual, que de alguna manera va a regir los destinos de
la política pesquera española en los próximos seis años, desde 1997 al
2002. A todos los que estamos relacionados con la pesca y con provincias
pesqueras nos preocupa y queremos oír de la Ministra cuál va a ser la
política pesquera de nuestro Gobierno en relación con ese Plan de
Orientación Plurianual, en qué va a consistir, en qué va a afectar a
nuestra flota, cómo se va a aplicar a nuestra flota, qué



Página 518




medidas de acompañamiento social --si son necesarias-- se van a aplicar y
qué actuaciones va a tener el Gobierno de la nación en defensa de
nuestros intereses pesqueros.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marquínez.

Tiene la palabra la señora Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.

El problema de la pesca es una cuestión que preocupa de manera muy
importante no sólo a Huelva sino a Andalucía y, en general, a todo el
litoral español. Hay que señalar que todavía no existe aprobado un
programa de ordenación plurianual de recursos pesqueros, sino que lo que
se presentó en el Consejo de Pesca en Luxemburgo, el día 10 de este mes
de junio, fueron las líneas directrices de ese futuro plan de ordenación.

Hay que decir que el Gobierno español ha planteado ya, en una primera
aproximación, una serie de puntualizaciones y de críticas al documento
porque, en primer lugar, entendemos que cualquier nuevo plan de
orientación de los recursos pesqueros reclama tener en cuenta lo que ha
sido el cumplimiento del POP-3, es decir, del programa anterior. Por
tanto, un país como España, que ha cumplido ampliamente los requisitos de
reducción de capacidad extractiva, yendo mucho más allá de lo que se le
exigía en el tercer programa que ahora concluye, tiene que mantener de
alguna manera un crédito que permita que los esfuerzos de reducción se
tengan que hacer antes en otros países que, sin embargo, no han cumplido
la parte que les correspondía. Por consiguiente, nosotros no obligaremos,
en ningún caso, a nuestra flota a realizar ninguna reducción mientras el
resto de los países no lleven a cabo las reducciones exigidas en el
POP-3.

Segunda cuestión. Hay que tener en cuenta los estudios científicos
dirigidos por el profesor Lassen, que dan lugar a una necesidad de
reducción de las capturas. Cualquier gestión de los recursos pesqueros
exige no sólo la conservación de los stocks de pesca sino, en su caso, la
recuperación de los stocks de pesca a veces ampliamente dañados. Nosotros
entendemos que eso se tiene que hacer de una manera homogénea y dando a
los estudios científicos el mismo valor para las distintas zonas y que no
se nos discrimine, por ejemplo, en algunas zonas donde tienen especial
incidencia las pesquerías españolas.

En tercer lugar, en síntesis, tenemos que defender la capacidad
extractiva de nuestra flota acompasándola, ello es verdad, a la
existencia de recursos, pero cualquier esfuerzo en una mayor reducción de
nuestra capacidad extractiva tiene que estar precedida por una reducción
por parte de los terceros países que no han cumplido todavía con sus
responsabilidades.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación.




--DEL DIPUTADO DON LUIS YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EXISTE YA UNA POSICION DEFINITIVA DEL
GOBIERNO EN RELACION CON LA LEY NORTEAMERICANA CONOCIDA COMO HELMS-BURTON
Y SOBRE LA COOPERACION CON CUBA? (Número de expediente 180/000076)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno don Luis
Yáñez-Barnuevo García, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.

Señor Yáñez -Barnuevo.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar quiero dar la bienvenida al Ministro de Asuntos
Exteriores a esta sesión de control. Es la primera vez que comparece en
este período de sesiones de la legislatura, lo cual explica que hayamos
debatido ya mucho sobre la pregunta que estaba planteada hace varias
semanas. Pero nunca es tarde si la dicha es buena porque vale más la
palabra del Ministro, que es el que expresa la opinión de la política
exterior del Gobierno, que la de los muchos portavoces que le han salido
espontáneos en su grupo, en el partido y en el propio Gobierno, sobre el
tema de Cuba y la Ley Helms-Burton. Nos gustaría saber por boca del
Ministro cuál es la posición definitiva del Gobierno sobre el tema de la
cooperación con Cuba y la Ley Helms-Burton.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias señor Yáñez-Barnuevo.

Señor Ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señor
Presidente.

La pregunta de si existe ya una posición definitiva del Gobierno en
relación con la Ley Helms-Burton y sobre la cooperación con Cuba la
quiero contestar muy cordialmente al señor Yáñez diciéndole que el
Gobierno viene manteniendo una posición invariable en las dos cuestiones
a las que se refiere S. S. Esta posición la encontrará en el programa
electoral y en las diversas manifestaciones públicas que al respecto han
hecho tanto el Presidente del Gobierno como el Ministro que le responde.

Muchas gracias.




Página 519




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Asuntos Exteriores.

Señor Yáñez.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.

En el programa electoral dicen ustedes unas cosas que luego no se han ido
confirmando por los hechos. Usted me dirá que lo que vale es lo que dice
el Gobierno, pero quizá no sea ocioso recordarle lo que dijo el
Presidente fundador del Partido Popular, don Manuel Fraga Iribarne,
comparando al Senador Helms con Blas Piñar, o diciendo que no se puede ir
contra el Gobierno cubano a costa de la salud y de la vida de los
jóvenes, de los viejos, del pueblo cubano; o lo que dice algún Diputado
de su grupo parlamentario autoproclamándose autor de la nueva política
del Partido Popular sobre Cuba; o lo que dicen otros, alineándose con el
señor Mas Canosa o Alberto Montaner o el señor Vargas-Llosa, que también
se autotitulan portavoces de lo que debe o no debe hacer el Grupo Popular
y el Gobierno del Partido Popular, incluso llegando algunos a insultar a
los empresarios españoles en Cuba llamándoles ladrones y aprovechados.

Todo eso forma el universo, el escenario, el abanico de posiciones que se
han mostrado por personas que se autotitulan al menos portavoces del
Gobierno y del Partido Popular. Por eso le decía, señor Ministro, que me
interesaba su opinión, al menos que no sea contradicha por el propio
Presidente del Gobierno.

Yo no voy a llegar, señor Ministro, como sabe muy bien, a decir lo que un
periódico de pequeño formato dice en un pie de foto célebre sobre que
usted va a mandar la Armada española a defender las inversiones españolas
al Caribe, a las orillas de Cuba. Por algo lo dirá. Pero llama la
atención que el periódico más conservador de España diga eso del Ministro
de Asuntos Exteriores conservador de su propio país.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez.

El señor Ministro de Asuntos Exteriores tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente,
yo ya le he afirmado al señor Yáñez que la posición estaba fijada por el
Presidente del Gobierno y por mí mismo. Esta mañana ha tenido el señor
Yáñez ocasión de oír de nuevo mi posición, que le voy a reiterar, porque
en todo caso representa una ocasión más para deshacer malos entendidos.

Hay que decir, en primer lugar, que la Ley Helms-Burton y la cooperación
con Cuba son dos cuestiones separadas y que mezclarlas puede y de hecho
nos lleva a la confusión.

El Gobierno ha dejado bien claro, en tantas cuantas ocasiones ha tenido
de pronunciarse sobre la cuestión, su oposición a la Ley Helms Burton y
su decidida defensa de los intereses económicos españoles en Cuba. El
propio Presidente Aznar tuvo ocasión de expresárselo personal y muy
claramente al Vicepresidente norteamericano Al Gore, durante su pasada
visita a España. El Gobierno considera en su actual fase que su acción
debe coordinarla, como de hecho ya está haciendo, con la Comisión Europea
y el resto de los Estados miembros, sin descartar medidas bilaterales a
este respecto.

En relación a la cooperación con Cuba, como S. S. sabe, el Gobierno ha
expresado en múltiples ocasiones que no hará nada que pueda perjudicar al
pueblo cubano y que tratará de promover, por todos los medios y en
particular con su política de cooperación, un tránsito pacífico hacia el
sistema democrático. En esta línea se mantendrá la ayuda humanitaria que
beneficie directamente a la población y se favorecerá la ejecución de
proyectos por medio de organizaciones no gubernamentales e instituciones
independientes.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON JOSE MANUEL CABALLERO SERRANO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿FUE TRATADO EL CONTENCIOSO DEL
SAHARA OCCIDENTAL EN LAS ENTREVISTAS DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CON EL
PRIMER MINISTRO MARROQUI? (Número de expediente 180/000077)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno don José
Manuel Caballero Serrano, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Caballero tiene la palabra.




El señor CABALLERO SERRANO: Gracias, Presidente.

Como sabrá el señor Ministro de Asuntos Exteriores, durante la última
semana del mes de mayo se realizaron una serie de movilizaciones por
cuenta de la Plataforma de Organizaciones Juveniles de Apoyo al Pueblo
Saharaui. Es motivo de preocupación e interés de dicha plataforma conocer
las conversaciones que el señor Presidente del Gobierno tuvo con los
mandatarios marroquíes. Por eso mi grupo presentó ante el Registro de la
Cámara una pregunta que decía así: ¿Fue tratado el contencioso del Sáhara
Occidental en las entrevistas del Presidente del Gobierno con el Rey
Hassan II o con el Primer Ministro marroquí? Dicha pregunta fue censurada
por algún miembro de la Mesa y, por tanto, quedó de otra forma, que es en
la que se la voy a hacer, que dice: ¿Fue tratado el contencioso del
Sáhara Occidental en las entrevistas del Presidente del Gobierno



Página 520




con el Primer Ministro marroquí? Cualquiera de las dos me gustaría que me
respondiera, principalmente la primera, que fue la que yo en realidad
hice en su momento.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caballero.

Como saben el señor Ministro, sus señorías y el señor preguntante, la
única pregunta que hay formulada y a la que puede y debe responder el
señor Ministro es la que figura en el orden del día.

El señor Ministro de Asuntos Exteriores tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señor
Presidente.

Quiero responder con mucho gusto a S. S. que, efectivamente, en el
transcurso de la entrevista sobre temas de interés bilateral que tuvo el
Presidente Aznar con el Primer Ministro y Ministro de Exteriores
marroquí, señor Filali, el Presidente Aznar abordó el tema del Sáhara.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Caballero.




El señor CABALLERO SERRANO: Yo no preguntaba únicamente si era verdad o
no, sino que imagino que esa conversación se produciría en algún sentido,
que es lo que nos interesa a mí en este caso y a las organizaciones
juveniles, que estaban preocupadas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caballero.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señor
Presidente.

La pregunta, tal como el señor Presidente ha tenido a bien recordar, se
refería a si se había abordado el asunto y nada más, y yo he contestado a
lo que me ha preguntado, pero si S. S. se interesa por la posición que
mantuvo el Presidente Aznar, con mucho gusto se la hago patente.

El Presidente del Gobierno español recordó la tradicional posición de
principio defendida desde siempre por el Gobierno, según la cual el
problema del Sáhara sólo se resolverá definitivamente con la
autodeterminación del pueblo saharaui a través de un referéndum libre y
con garantías internacionales, y también reiteró el firme apoyo de España
al Plan de arreglo aprobado en su día por las partes y asumido por toda
la comunidad internacional. Por último, el Presidente del Gobierno
aprovechó la oportunidad para animar a Marruecos a perseverar en el
camino iniciado por el Plan de arreglo, que supone la única solución
viable y estable al conflicto, y a superar los obstáculos actuales con un
espíritu constructivo que genere confianza entre las partes.

En cualquier caso, quiero destacar que el Consejo de Seguridad no ha
renunciado a su compromiso de organizar este referéndum justo y libre,
así como ha dejado intacto el componente militar de la Minurso, encargado
de la supervisión del cese el fuego.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ALFONSO SORIANO Y BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
ACTUACIONES PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO ESPAÑOL EN RELACION CON LA
DECISION DE NACIONES UNIDAS DE SUSPENDER EL PROCESO PARA EL REFERENDUM DE
AUTODETERMINACION DEL SAHARA OCCIDENTAL? (Número de expediente
180/000086)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, de don Alfonso Soriano Benítez
de Luego, del Grupo Parlamentario Popular, que formula al Gobierno.

Señor Soriano.




El señor SORIANO Y BENITEZ DE LUGO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Asuntos Exteriores, ahora se cumplen 20 años del
Acuerdo de Madrid, por el cual España transfirió la administración del
territorio del Sáhara, que no la soberanía, hasta tanto los habitantes de
este territorio decidieran sus destinos por medio de un referéndum.

Posteriormente, y tras una guerra entre el Frente Polisario y Marruecos,
en el año 1991, se constituyó la Minurso --Misión de Naciones Unidas para
el referéndum en el Sáhara Occidental--, que preveía la celebración de
este referéndum para el año 1992. Las declaraciones del Secretario
General de Naciones Unidas, Butros Gali, a principios de este mes de
mayo, ya anunciaban la suspensión del proceso del referéndum y la
retirada de las personas de la Minurso, anuncio que se vio posteriormente
confirmado cuando el día 29 de mayo el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas aceptó la recomendación del Secretario General de suspender este
proceso, prorrogando hasta el 30 de noviembre el mandato de la Minurso.

La cuestión es especialmente sensible para las islas Canarias, que distan
tan sólo 100 kilómetros del territorio saharaui y, como muy bien sabe el
Ministro de Asuntos Exteriores, el pasado día 23 de mayo ha habido un
pronunciamiento unánime de todas las fuerzas políticas del Parlamento de
Canarias a favor del cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas que
exigía la celebración de este referéndum desde el año 1992. He de
advertir que ya han abandonado



Página 521




la zona 39 de los 63 miembros de Naciones Unidas y que desde marzo el
grupo se ha reducido en más de 30 personas, permaneciendo aún allí 230
cascos azules.

En definitiva, señor Ministro, tenemos una gran preocupación, dadas las
relaciones de vecindad, de amistad, comerciales y de toda índole que
mantienen las islas Canarias con el territorio saharaui. El asunto
preocupa hondamente en España, y muy concretamente en Canarias, por las
razones antes indicadas y, por todo ello, señor Ministro, le pregunto:
¿Qué actuaciones piensa llevar a cabo el Gobierno español en relación con
la decisión de Naciones Unidas de suspender el proceso para el referéndum
de autodeterminación del Sáhara Occidental?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.

Señor Ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señor
Presidente.

El Gobierno no es insensible ante este problema que, como acaba de
ponerse de manifiesto, preocupa gravemente a la gran mayoría de los
grupos de esta Cámara. Por esta razón, el Gobierno ha lamentado en varias
ocasiones ya la suspensión del proceso de identificación de votantes y ha
manifestado la importancia de su reanudación a la mayor brevedad posible.

Sin embargo, es conveniente señalar que el Consejo de Seguridad no ha
dejado sin vigencia el Plan de arreglo, ni ha renunciado a su compromiso
de lograr una solución justa y duradera a la cuestión del Sáhara mediante
la única de las fórmulas posibles --ya me he referido a ella--, que es la
celebración del referéndum en los términos que he mencionado. Por ello,
las propias Naciones Unidas, además de preservar su presencia militar,
han decidido mantener una oficina política en el territorio encargada de
dialogar con las partes y los países vecinos. El propio Consejo de
Seguridad ha pedido al Secretario General que prosiga en sus esfuerzos
para el desbloqueo del plan de arreglo.

Ante esta situación, el Gobierno español hace lo que puede, suscitar
iniciativas y un clima de diálogo y de mayor comprensión mutua entre las
distintas partes implicadas, y ha reiterado hasta la saciedad su
tradicional posición de principio respecto de cuál es su posición
definitiva. Está dispuesto a hacer cuantas iniciativas puedan concertarse
previamente con las partes. No puede hacer otra cosa en estos momentos,
tal como está la situación en manos de las Naciones Unidas, que aportar
sus buenos oficios, que es lo que está haciendo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON LLUIS RECODER I MIRALLES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿QUE ACTUACIONES SE ESTAN LLEVANDO A CABO
PARA DETENER A LOS LIDERES SERBO-BOSNIOS ACUSADOS DE CRIMENES CONTRA LA
HUMANIDAD? (Número de expediente 180/000089)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Catalán (Convergència i Unió), don Lluís Recoder i
Miralles, que tiene la palabra.




El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, formulé esta pregunta hace unos
días a raíz de la alarma surgida como consecuencia de las noticias
que apuntaban la presencia del criminal de guerra serbo-bosnio Ratko
Mladic en las calles de Banja Luka, a pocos metros del cuartel británico
de la IFOR, y su asistencia también en Belgrado al funeral celebrado por
otro criminal de guerra, el general Djukik, liberado por el Tribunal
Penal Internacional precisamente por hallarse enfermo, en fase terminal,
para cuyo desplazamiento tuvo que superar necesariamente los controles de
IFOR, todo ello a pesar de existir una orden de busca y captura
internacional en su contra. Estos hechos, obviamente, nos hicieron dudar
de la existencia de una voluntad real por parte de la comunidad
internacional de cumplir uno de los principales puntos del acuerdo de paz
de Dayton, como es el relativo a tener la larga lista de cincuenta y
siete criminales de guerra de Bosnia, acusados de las mayores atrocidades
acaecidas en Europa desde hace décadas, lista encabezada por Karadzic y
el mismo Mladic, los cuales están directamente acusados de las muertes
consecuencia de los cuarenta y tres meses de asedio de Sarajevo y de la
masacre de Srebrenica, zona protegida de la ONU, conquistada precisamente
por el mismo Mladic, en julio de 1995.

Con posterioridad a la formulación de esta pregunta, señor Ministro, han
aparecido noticias acerca de la determinación, tanto de OTAN como de
IFOR, para conseguir la puesta a disposición de la justicia de esos
personajes, y simultáneamente se ha especulado sobre la presencia en
Rusia de Mladic, intentando rehuir la detención. Es por ello que le
pregunto qué actuaciones se están llevando a cabo para detener a los
líderes serbo-bosnios acusados de crímenes contra la humanidad.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.

Señor Ministro.




Página 522




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente,
yo quisiera asegurar y dar garantías al señor Recoder de que la comunidad
internacional ha tratado de conseguir la cooperación de los Estados ex
miembros de la antigua República Federal yugoslava acusados por el
Tribunal de La Haya para el arresto de los criminales de guerra,
actuación y cooperación que era insospechable y que hasta el momento ha
sido muy limitada. Sin embargo, se están produciendo actuaciones por
parte del conjunto de las fuerzas IFOR y de la comunidad internacional.

En primer lugar, el alto representante Carl Bildt ha diseñado una triple
línea de acción para apartar al Presidente Karadzic del poder, fomentando
el protagonismo de líderes alternativos, utilizando incentivos económicos
que fuercen la sustitución de Karadzic e incrementando las patrullas de
IFOR para limitar al máximo la libertad de movimientos. Esta estrategia
ha tenido resultados limitados pero importantes, tales como la
transferencia de poderes del Presidente Karadzic a la Vicepresidenta
Plavsic. Una vez que Karadzic y Mladic hayan sido apartados del poder, lo
que además --como muy bien ha recordado el señor Recoder-- es una
obligación derivada del acuerdo de Dayton, el siguiente paso, en el que
yo espero que haya más colaboración, será forzar su arresto y extradición
a La Haya.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON LUIS MARDONES SEVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES: ¿EN QUE CRITERIOS SE REALIZARA LA COOPERACION CON GUINEA
ECUATORIAL? (Número de expediente 180/000095)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo de Coalición Canaria, don Luis Mardones Sevilla.

Señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente. Le hago la
siguiente pregunta al señor Ministro de Asuntos Exteriores: ¿En qué
criterios se realizará la cooperación con Guinea Ecuatorial?
Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.

Señor Ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente,
tradicionalmente, desde 1979 la cooperación española en Guinea Ecuatorial
ha venido siendo una labor de carácter fundamentalmente asistencial y
humanitaria, dirigida en su mayor parte a los sectores sociales básicos
como la educación y la sanidad. Por supuesto, el apoyo a la normalización
democrática de Guinea Ecuatorial inspirará todas las actuaciones del
Gobierno.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señor Ministro. La intención de mi pregunta obedecía a
dos cuestiones: una, conocer por boca del nuevo titular de Asuntos
Exteriores --a quien le vuelvo a reiterar los deseos de éxito y provecho
en su gestión-- este aspecto de la cooperación con Guinea Ecuatorial,
país paradigmático que ha venido recibiendo ayudas sistemáticas del
Estado español y dentro del marco en el que se tiene que hacer la
cooperación con cualquier país, como hemos señalado para Cuba, o con
cualquiera otro de los múltiples a los que se dirige la cooperación
española. En segundo lugar, por la atención preferente a Guinea
Ecuatorial por los problemas políticos implícitos allí. Yo le animo,
señor Ministro, al mantenimiento de la línea de cooperación, tanto de
asistencia social, humanitaria y de sanidad, como también de las líneas
culturales: no perder el patrimonio de la lengua común que tenemos entre
el Estado español y la República de Guinea Ecuatorial, y que tanto el
Instituto Cervantes como cualquiera de las otras instituciones de tipo
cultural, pedagógico puedan desarrollar su labor con los cooperantes
españoles de la mejor manera posible.

Al mismo tiempo, sabe el señor Ministro el cuidado que hay que tener en
un régimen político de las peculiaridades del que mantiene el General
Obiang. Esto hace, señor Ministro, que Coalición Canaria le pida que
junto al mantenimiento de la ayuda y cooperación con Guinea en todos los
órdenes señalados, coincidentes con los que ha dicho el señor Ministro y
con los que pueda ampliar, se haga con un exquisito control para evitar
desviaciones atípicas por el propio régimen político. Me estoy refiriendo
también a que por circunstancias étnicas o raciales en las cuestiones de
la etnia fang del Presidente, pero sobre todo mirando Coalición Canaria
con un gran afecto a los representantes del grupo bubi de la isla de
Bioko de Fernando Poo, que han tenido una participación política pidiendo
la abstención en las pasadas elecciones y con el movimiento del maíz para
su autodeterminación, no sean merecedores del castigo del régimen
político guineano, sino que España garantice que la ayuda de todos los
órdenes que ha señalado el señor Ministro les llegue como una labor de
justicia. Todo ello constituye para



Página 523




el Gobierno español el pueblo de Guinea Ecuatorial. A ellos nos
dirigimos, señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.

El señor Ministro de Asuntos Exteriores tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Muy brevemente,
quiero dar la seguridad al señor Mardones de que las precauciones a que
se ha referido serán muy especialmente consideradas, habida cuenta de las
circunstancias que concurren y a las que él mismo se ha referido.

Quisiera también tranquilizarle respecto de que una parte importante de
nuestra ayuda se destinará a fomentar la difusión de la cultura y la
lengua española. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Asuntos Exteriores.




--DEL DIPUTADO DON JOSE NAVAS AMORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CONTEMPLA EL GOBIERNO LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER EN SUS FUNCIONES AL
GENERAL ENRIQUE RODRIGUEZ GALINDO? (Número de expediente 180/000091)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, don José Navas Amores.

El señor Navas tiene la palabra.




El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, ¿contempla el Gobierno la posibilidad de suspender en sus
funciones al General Enrique Rodríguez Galindo?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navas.

El señor Ministro del Interior tiene la palabra.




El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, el
Gobierno en estos momentos no contempla la posibilidad de suspender en
sus funciones al General Rodríguez Galindo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

El señor Navas tiene la palabra.




El señor NAVAS AMORES: Les hemos escuchado decir que el general Enrique
Rodríguez Galindo había sido cesado en el destino que ocupaba como vocal
asesor de la Dirección General de la Guardia Civil tanto por respeto
absoluto a las leyes, al estar el general en prisión preventiva, como
porque el Ministro del Interior había considerado que, ante la gravedad
de los hechos imputados, la prudencia aconsejaba el cese. No son la misma
cosa la prudencia y el respeto a la ley. Por prudencia no hace falta
esperar al ingreso en prisión preventiva del general para comunicar su
cese. Las sospechas, los testimonios y las investigaciones judiciales
vienen de lejos y ustedes ya han perdido una ocasión de oro para haber
hecho caso de la prudencia. En el momento en el que se constituyó el
Gobierno, una de sus primeras medidas debiera de haber consistido en
abrir una investigación interna, un expediente informativo y cesar
cautelarmente al general hasta el término de la investigación. Por
respeto a la ley tampoco han actuado correctamente. El cese en un destino
de libre designación es voluntad del Gobierno y la situación
administrativa consiguiente del militar es la disponibilidad pendiente de
destino, como si en este caso no hubiese ocurrido nada más: lo hemos
cesado y hemos cumplido con la ley. Le recuerdo que la acusación que pesa
sobre el general es: autor por inducción del secuestro, tortura y
asesinato de dos personas. Si el Ministro de Defensa quería ser
respetuoso con la ley debía haber aplicado la suspensión de funciones,
que es la situación que recoge el ordenamiento jurídico militar para
aplicar a quien se le imputen hechos graves. La existencia o no de
prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiere al régimen de
las Fuerzas Armadas o la alarma social producida, todas esas condiciones
las reúne Enrique Rodríguez Galindo.

Señor Ministro, sobre este nuevo Gobierno cae la sospecha de favoritismo
en la aplicación de la ley, de estar a favor del borrón y cuenta nueva.

La democracia no puede arrastrar un lastre que mantiene en sospecha
permanente la salud del Estado democrático de Derecho. Cumplir
estrictamente la ley y posibilitar la investigación judicial y política
pondría en evidencia que el Gobierno Aznar está por la regeneración de la
democracia y permitiría recabar la confianza en el Estado, muy limitada
por la guerra sucia.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navas.

Señor Ministro de Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, en
contestación a una interpelación de la Diputada señora Lasagabaster que
fue formulada en el Congreso de los Diputados el 22 de mayo ya tuve
ocasión de pronunciarme sobre este tema, poniendo el acento en la
prudencia y, evidentemente, siempre en el respeto estricto del
cumplimiento de la ley. Ya advertía en aquel momento que, sin duda
ninguna, en función de un posible agravamiento de la situación judicial
del general Rodríguez Galindo se adoptarían las medidas



Página 524




pertinentes, ajustadas, en todo caso, a los pronunciamientos judiciales.

Los hechos posteriores vinieron a demostrar y confirmar que el
agravamiento judicial de la situación del general Rodríguez Galindo
exigía una respuesta por parte del Gobierno y, en ese sentido, el
Ministro del Interior cesó en sus funciones como vocal asesor funcionario
al general Rodríguez Galindo, de modo y manera que se adoptó la medida
que en ese momento creímos oportuna y adecuada.

La prudencia, evidentemente, cada uno la interpreta de la forma que
considera oportuna. Hay quienes han juzgado esta decisión como el primer
gran error del Ministerio del Interior y hay quienes, desde otras
posiciones, consideran que es insuficiente la decisión adoptada por el
Gobierno. Le quiero decir que aproximarse a los problemas reales, a las
raíces reales de los problemas, casi siempre exige alejarse de la
radicalidad en la toma de decisiones. En ese sentido, quiero poner de
manifiesto que el Gobierno no actuará ni desde la complicidad ni desde el
silencio, pero también se alejará de lo que nosotros consideramos pudiera
ser una posición extrema o radical, también por sentido de la prudencia.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro del Interior.




--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS MEDIDAS QUE PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REFORZAR LA SEGURIDAD EN LA AUDIENCIA NACIONAL?
(Número de expediente 180/000116)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Popular don Ignacio Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, el reciente atentado contra el magistrado Jiménez-Alfaro
ha producido la consternación y la repulsa que en todos los demócratas
acarrea este tipo de acciones criminales. Por cierto, quiero aprovechar
este acto para, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, reafirmar una
vez más nuestro agradecimiento a todos los grupos parlamentarios de la
Cámara por las inmediatas expresiones de solidaridad y de apoyo a la
acción del Gobierno en la lucha contra el terrorismo que tuvieron a bien
pronunciar minutos después de este criminal suceso. Sin embargo, al
estado de consternación y de repulsa natural se une en este caso un
componente de sorpresa por el hecho de que este atentado criminal se
produjera en el interior mismo de la Audiencia Nacional, esto es, de un
edificio dotado de una serie de instalaciones de carácter técnico y de
unos servicios humanos orientados precisamente a prever y evitar este
tipo de sucesos.

Manifesté inmediatamente después de producidos los hechos la necesidad
por nuestra parte de evitar polémicas públicas, sin lugar a dudas
bienintencionadas en todo caso, pero que pudieran ser involuntariamente
coadyuvantes a los intereses propagandísticos y a los intereses
intimidatorios, desde luego inútilmente intimidatorios, de los autores
del atentado. Sin embargo, este natural efecto de autolimitación no
empecía para reclamar del Gobierno acciones inmediatas, tal y como así ha
sucedido, porque era imprescindible que el Gobierno adoptara iniciativas
concretas en orden a esclarecer las circunstancias concurrentes en el
hecho, en orden a adoptar las medidas correctoras urgentes para prever
las situaciones de error que se hubieran podido cometer y en orden a
evaluar las condiciones de seguridad, no solamente del edificio afectado,
sino del conjunto de edificios de especial sensibilidad en este centro.

Son conocidas ya, a través de las declaraciones oficiales del Gobierno,
las primeras medidas adoptadas por éste. Sin embargo, nos parecía
importante, precisamente por la singularidad de este hecho, que esa
declaración la oficializara el propio Gobierno en sede parlamentaria. Por
eso preguntamos cuáles son las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para reforzar la seguridad en la Audiencia Nacional.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.

Tiene la palabra el señor Ministro de Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, agradezco
a S. S. la pregunta que hoy me formula ante la Cámara, que sin duda
ninguna afecta muy sensiblemente a la seguridad de todos los españoles.

Ciertamente, los acontecimientos que se han producido en las últimas
semanas han obligado al Ministerio del Interior a adoptar una serie de
medidas en orden a reforzar la seguridad en la Audiencia Nacional y,
además, quiero dejar muy claro que le han obligado a adoptar unas medidas
más allá del funcionamiento de los aparatos de escáner y de control. Por
ello, era exigible una respuesta general a los problemas de seguridad en
los edificios públicos.

En días pasados, el Ministerio del Interior ha firmado un protocolo de
medidas de seguridad a establecer en la Audiencia Nacional, cuyos
aspectos más importantes son los siguientes. En primer lugar, la
configuración de un mando policial único en la Audiencia, con competencia
orgánica y funcional sobre la unidad adscrita y la unidad de seguridad.

En segundo lugar, control riguroso de acceso de personas al edificio, así
como la obligatoriedad de llevar de forma ostensible la acreditación en
su interior. En tercer lugar, un control exhaustivo e individualizado



Página 525




de la paquetería, de los bultos y la correspondencia. En cuarto lugar, la
delimitación del perímetro de seguridad exterior con prohibición rigurosa
de estacionamiento. Quinto, retirada y depósito de armas para todas las
personas que accedan al edificio y que no presten servicios de seguridad.

Y sexto, chequeo de los medios técnicos como circuitos cerrados de
televisión, arcos detectores, escáner, alarmas, así como de
mantenimiento, de conformidad con la normativa de seguridad al respecto.

En estos momentos se está negociando, después de la firma de este
protocolo por parte del Ministerio de Interior con la Audiencia Nacional,
y se han cursado las órdenes oportunas a la Dirección General de la
Policía para la puesta en marcha, con carácter urgente, de este
protocolo.

Por último, se plantea seriamente un estudio global de seguridad en los
demás edificios de carácter institucional que, sin duda ninguna, tienen
que tener también un concepto de seguridad integral y única, con
responsables únicos, tanto en el edificio como en el seno del aparato
central del Ministerio del Interior.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON RAMON COMPANYS I SANFELIU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS
PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION AL TRAZADO Y AL INICIO DE LAS OBRAS
DEL TRAMO DE LA AUTOVIA ENTRE CERVERA E IGUALADA? (Número de expediente
180/000060)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Catalán (Convergència i Unió) don Ramón Companys i
Sanfeliú.




El señor COMPANYS I SANFELIU: Señor Presidente, señor Ministro, la
construcción de la autovía Lleida-Barcelona ha sido desde el inicio
fuente de polémica. Cabe recordar, por ejemplo, el debate que hubo en
torno al trazado de la variante nacional de Lleida. La triste realidad de
esta variante, a pesar de la precipitada inauguración --que, por cierto,
se hizo en plena campaña electoral--, es que sólo una parte de ella está
actualmente en funcionamiento.

En este momento, y para terminar la obra entre Lleida y Barcelona, falta
la adjudicación del tramo Cervera-Igualada, tramo que se convierte en un
inmenso cuello de botella y que provoca grandes retenciones. Todas las
formaciones políticas lleidetanas estamos de acuerdo en que es una obra
imprescindible. El retraso de la puesta en funcionamiento ralentiza el
desarrollo de nuestras comarcas. Por lo tanto, hay que realizarla con la
máxima urgencia.

Desde su nombramiento, y básicamente a través de terceras personas y, en
ocasiones, de su propio partido, se han difundido diferentes
informaciones que, en algunos casos, le atribuyen a usted, señor Ministro
--y yo no digo que sean declaraciones posiblemente interesadas las de
esas terceras personas--, respecto al futuro del mencionado tramo de
autovía. Y para terminar de complicar el tema, para marear más la perdiz,
hace unos días el ex Ministro señor Borrell declaró también a la prensa
de mi tierra que con los recortes presupuestarios podría quedar
paralizada la construcción de ese tramo de autovía.

Ese constante goteo de información --a mi entender, no suficientemente
constatado-- sobre el trazado definitivo, así como la incertidumbre sobre
su inmediata construcción, tienen muy preocupada a la gente del
territorio. Por esos motivos, y sin ganas de polemizar pero sí con la
voluntad de saber la opinión de su Ministerio, es por lo que le formulo
esta pregunta: ¿cuál va a ser el trazado definitivo del tramo de la
autovía entre Cervera e Igualada y cuándo tienen previsto el inicio de
las obras?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Companys.

Señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, plantea S. S. una cuestión en la que hay división de
opiniones; división de opiniones en el seno de su grupo político y
división de opiniones en el seno de mi partido.

Debo decirle que de las dos soluciones contempladas para el trazado del
tramo Cervera-Santa María del Camí el antiguo MOPTMA optó por la llamada
alternativa norte, aprobada por Orden Ministerial de 19 de diciembre de
1994. Actualmente están redactándose los proyectos de trazado y
construcción. El plazo para la redacción de los proyectos concluye a
final de año. Tan pronto como concluya ese plazo se iniciará la
licitación para la contratación de las obras, por tanto, hacia finales
del presente año o principios del siguiente. El plazo de ejecución es de
18 meses a partir de la firma del contrato.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.

Señor Companys, tiene 24 segundos.




El señor COMPANYS I SANFELIU: Señor Ministro, no me ha dicho cuál va a
ser el trazado definitivo, que era lo que le estaba preguntando.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Companys.

Puede replicar el señor Ministro.




Página 526




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Creo que he
contestado que el antiguo Ministerio de Obras Públicas optó por la
llamada alternativa norte, que es la que se encuentra actualmente en
proceso de ejecución; alternativa norte que tiene diversas ventajas:
implica un ahorro de costes superior a los 3.000 millones de pesetas y
además mantiene dos itinerarios entre Cervera y Santa María del Camí, uno
a través de la actual Nacional II, que será mejorada, y otro por la nueva
autovía. Por consiguiente, creemos que es una buena solución la que en
estos momentos se encuentra en proceso de ejecución.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON EMILIO PEREZ TOURIÑO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA: ¿CUALES SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO AL
CUMPLIMIENTO DE SU COMPROMISO ELECTORAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA
INVERSION PUBLICA? (Número de expediente 180/000073)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Parlamentario Socialista don Emilio Pérez Touriño.




El señor PEREZ TOURIÑO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, teniendo en cuenta el recorte presupuestario, ¿cuáles son
las previsiones del Gobierno respecto al cumplimiento de su compromiso
electoral para el mantenimiento de la inversión pública?



El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, señoría, la respuesta ha de ser necesariamente breve.

Es propósito del Gobierno mantener la inversión pública en términos
compatibles con los objetivos de convergencia europea. Llegaremos hasta
el límite de lo posible siempre y cuando se respete el gran objetivo
nacional: que España pueda ingresar en la tercera fase de la Unión
Monetaria cumpliendo fundamentalmente el requisito de déficit.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Pérez Touriño.




El señor PEREZ TOURIÑO: Señor Ministro, lo más importante en esta materia
es que ustedes han demostrado una extraordinaria falta de consistencia y
de coherencia política. En su programa electoral se habían literalmente
comprometido a no reducir la inversión pública y a que el ajuste del
presupuesto no recaería sobre estas partidas. Les ha faltado tiempo para
que su primera actuación significativa en esta materia fuera una drástica
reducción de la inversión en infraestructuras. El extraordinario esfuerzo
inversor en el equipamiento público realizado en los últimos diez años
puede verse yugulado y congelado al seguir con esta política y de
proseguir con este intento de reducción. Esta política, con sus efectos
sobre la competitividad, sobre el empleo y sobre la actividad, nos
alejará más de Europa. Pero, señor Ministro, es casi más preocupante que
a estas alturas no sepamos a qué programas y a qué actuaciones va a
afectar, si las menores transferencias de capital representan menos
vivienda o menos ferrocarril y cómo afectan territorialmente.

Finalmente, señor Ministro, en aras de su credibilidad, ante esta Cámara
se comprometió a que el ajuste no afectaría a actuaciones muy relevantes
como son las autovías de Galicia. Quinientos cuarenta kilómetros de
autovía están hoy en construcción o en servicio. Sería insólito que
fueran paralizadas o retrasadas. Confiamos en el cumplimiento de los
plazos. Tan sólo faltan por licitar y adjudicar los cinco tramos
correspondientes a Piedrafita. Sus proyectos han sido aprobados y los
tienen en un cajón a la espera de ser llevados a un Consejo de Ministros
y listos para su licitación. ¿Está usted o no dispuesto a licitarlos
antes del próximo mes de agosto?
Galicia, por necesidad virtual y por simbología política, necesita de una
contestación positiva a estas preguntas. Por su credibilidad y por la del
Gobierno de la Xunta de Galicia, deseo que sea así. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Touriño.

Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, señoría, debo manifestarle que no sólo en el programa
electoral del Partido Popular, sino también en el programa electoral del
Partido Socialista del año 1993 y del año 1996 se establece claramente
que en ningún caso la política de rigor presupuestario afectaría a la
inversión pública. Pues bien, en el año 1991, la inversión pública medida
en términos de Producto Interior Bruto fue de 4,9; en 1992, de 4,1; en
1993, 4; en 1994, 3,9 y en 1995, 3,5. Han estado ustedes recortando la
inversión pública en los últimos cuatro años.

Por otra parte, el ajuste está realizándose y concretándose en este
momento en la medida en que hay que señalar los programas a los que
afecta, por lo que debo



Página 527




decirle que exige usted una actuación en un tiempo récord. Ustedes
tardaron cuatro meses en decidir qué programas se verían afectados por el
ajuste presupuestario acordado por el Gobierno Socialista en diciembre
del pasado año. Le añadiré que el ajuste presupuestario no afectará a las
autovías. Haremos el esfuerzo inversor necesario para concluirlas en
1998. No será posible concluir los cinco tramos de Piedrafita porque
tienen unas circunstancias técnicas y de dificultad de construcción que
exigen un mayor plazo de tiempo, pero el resto se concluirá en el
transcurso de 1998.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON GUILLERME VAZQUEZ VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO (BNG), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PREVE EL MINISTERIO DE FOMENTO
INICIAR A CORTO PLAZO LA CONSTRUCCION DE UNA AUTOVIA ENTRE SANTIAGO DE
COMPOSTELA Y ORENSE? (Número de expediente 180/000094)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno el
Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, como usted sabe, la actual carretera Nacional 525, entre
Orense y Santiago, es claramente insuficiente para absorber el volumen de
tráfico de vehículos que soporta actualmente. En esa carretera se vienen
acometiendo desde hace varios años obras de mejora y firme, pero es
opinión común que, en el caso de que se acaben alguna vez --y digo esto
porque hay algún tramo en este momento paralizado por suspensión de pagos
de la empresa adjudicataria--, seguirían resultando insuficiente.

Su predecesor en el cargo anunció en alguna ocasión la posibilidad de
construir una autovía entre ambas ciudades. También hay sectores sociales
y económicos que solicitan esta construcción. Es por lo que le pregunto
si prevé el Ministerio iniciar a corto plazo la construcción de una
autovía entre Santiago de Compostela y Ourense. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Vázquez.

Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, señoría, como usted sabe, el Plan Director de
Infraestructuras contempla la construcción de una vía entre Orense y
Santiago de Compostela. Su programación se hará de acuerdo con el próximo
plan sectorial de carreteras que el Gobierno está a punto de concluir y
que presentará en su momento en esta Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.

En todo caso, permítame que le diga que me deja preocupado, porque los
gallegos no estamos acostumbrados a tener un exceso de infraestructuras
viarias. Pero he aquí que el Conselleiro de Política Territorial en
Galicia anuncia la construcción de una autopista para el año 1999. ¿No
será el demonio que esto de la Administración única empieza a quebrar
rápidamente? Póngase de acuerdo, en todo caso, con él, porque si vamos a
tener dos vías de alta capacidad en tan breve plazo de tiempo, igual nos
da un soponcio en aquellas latitudes, tal como estamos. (Risas.) Desde
luego, me deja sorprendido con semejante contestación. En todo caso, ya
digo, póngase en contacto con el señor conselleiro --por cierto, de su
propio Partido-- para acometer una sola obra de estas características, no
sea el demonio que se crucen con las máquinas unas con otras.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.

Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señoría.

Señor Presidente, voy a tratar de despejar toda preocupación de la mente
de S. S. Puedo informarle que actualmente se está realizando un estudio
informativo de este tramo, y en este estudio informativo se decidirán el
trazado y las características de esta nueva vía. En el momento en que
tiene un tráfico superior a diez mil vehículos diarios, existen claras
posibilidades de que haya de ser una autovía. Decía antes, y le repito
ahora, que su programación será de acuerdo con el próximo plan sectorial
de carreteras, cuyo borrador se encuentra prácticamente concluido.

Debo señalar que en el itinerario de la carretera nacional 525, entre
Orense y Santiago de Compostela, se están terminando en estos momentos
tres tramos de obras que suponen la implantación de más de 20 kilómetros
de vía lenta, para salir al paso, con carácter inmediato, de las
dificultades de congestión que tiene esa vía.

Muchas gracias, señor Presidente.




Página 528




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Fomento.




--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO CAMPS ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE FECHA ESTARAN TERMINADAS
LAS OBRAS DE LA AUTOVIA MADRID-VALENCIA, SALVANDO LAS HOCES DEL CABRIEL?
(Número de expediente 180/000112)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Popular don Francisco Camps Ortiz.

Señor Camps.




El señor CAMPS ORTIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, después de catorce años sin tener capacidad para
construir la autovía Valencia-Madrid, después de los líos internos que ha
tenido el Partido Socialista para intentar solucionar el problema de esta
autovía, una de las primeras infraestructuras que deberían haber
terminado en su momento, precisamente los que no han sabido resolver este
problema son los que ahora se preocupan del tiempo que pueda tardar de
más la ejecución de esta autovía por un trazado que ellos no pudieron
pactar, no pudieron convenir. Como es paradójico que quienes no han
podido solucionar este grave problema de comunicación de Valencia durante
catorce años estén ahora preocupados por algunos días o semanas de
retraso en la finalización, por fin, de una autovía con un proyecto que
puede salir adelante sin ningún tipo de problema en los tribunales, como
sí los había en el trazado que en principio se empecinó en llevar
adelante el ex Ministro Borrell, le hago esta pregunta en el Pleno de
esta Cámara: ¿En cuánto tiempo calcula el señor Ministro que tendremos
terminada definitivamente los valencianos la autovía entre Valencia y
Madrid?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camps.

Señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señoría, de acuerdo con la información que me suministran los servicios
técnicos y de acuerdo con la información que me suministra la empresa
adjudicataria, el plazo de construcción será aproximadamente entre
veinticuatro y veintiocho meses a partir del inicio de reanudación de las
obras; inicio de reanudación de las obras que comenzará aproximadamente
en la primera semana de julio.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON FERNANDO LOPEZ-AMOR GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE BENEFICIOS
REPORTARAN A LOS AYUNTAMIENTOS LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO EN
MATERIA DE SUELO? (Número de expediente 180/000114)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Popular don Fernando López-Amor García.




El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Gracias, señor Presidente.

De todos es conocido el incremento desorbitado que en el precio del
suelo, y en consecuencia de la vivienda, produjeron en su día unos planes
de ordenación urbana absolutamente rígidos y basados en lo que la
doctrina llama el urbanismo dialéctico. Estos planes de ordenación urbana
contenían unos principios básicos que determinaban como resultado la
escasez de suelo urbano finalista. La intervención administrativa en la
creación de suelo, el planteamiento urbanístico, de complicadísima
tramitación, y las cesiones obligatorias, sobreañadidas a otras cargas
urbanísticas, produjeron una atonía en la demanda de la vivienda una vez
que pasó el boom que españa y la economía internacional vivieron en los
años 1985 hasta principios de 1989.

Los ayuntamientos han sufrido el efecto perverso de este planeamiento
urbanístico, cuyo efecto primordial, vuelvo a reiterar, era la
contingentación del suelo urbano. Este efecto perverso ha tenido como
consecuencia, sin intentar agotar sus efectos, en primer lugar, cargar
sus presupuestos con la construcción de equipamientos, a veces
innecesarios, una vez pasados los primeros tiempos de capitalización
pública. En segundo lugar, no han dado respuesta a la demanda de vivienda
existente en nuestro país. En tercer lugar, no han luchado contra el
desempleo, primer objetivo que debe tener cualquier Gobierno y no han
luchado tampoco por la reactivación económica al ralentizar de forma
directa un sector locomotora como es el de la construcción. Y, cuarto,
los ayuntamientos han tenido unos lucros cesantes con la no inclusión de
nuevas viviendas, comunidades catastrales, no generando hechos imponibles
con las nuevas licencias de obra.

Las medidas que ha tomado el Gobierno sobre liberalización del suelo
entiendo que son importantísimas y producen unos beneficios a los 8.000
ayuntamientos de toda España. Por ello, formulo la pregunta de qué
beneficio reportarán a los ayuntamientos las medidas adoptadas por el
Gobierno en materia de suelo.

Muchas gracias.




Página 529




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López-Amor.

Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, S. S. hace unas consideraciones que yo entiendo muy puestas
en razón. Y añadiría a su argumentación la siguiente consideración. Yo
creo que hay situaciones que no benefician a nadie, y la primera que no
beneficia a nadie es que hay escasez de suelo, no hay viviendas
suficientes y además las viviendas son muy caras. Tenemos una juventud
que prácticamente no puede ejercer su derecho a la vivienda, salvo en los
muy altos niveles de renta. Esta es una situación absolutamente negativa
para toda la sociedad española y también, por tanto, para todos los
ayuntamientos.

¿Cuál es el beneficio que de estas primeras medidas liberalizadoras en
materia de suelo y vivienda ha puesto en marcha el Gobierno? Pues empieza
a garantizar en mayor medida el acceso a la vivienda, la garantía
constitucional del derecho a la vivienda. Bajar el precio del suelo
beneficia a todos los ciudadanos y, cuando algo beneficia a todos los
ciudadanos, beneficia también a los ayuntamientos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.




--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CLOTAS I CIERCO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL
GOBIERNO PRETENDE SUSTITUIR A DOÑA ELENA SALGADO AL FRENTE DE LA
FUNDACION DEL TEATRO LIRICO? (Número de expediente 180/000102) El señor
PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno el Diputado del
Grupo Socialista del Congreso don Salvador Clotas i Cierco.




El señor CLOTAS I CIERCO: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, ¿puede usted informar a la Cámara de lo que hay
realmente detrás de la precipitada decisión de destituir a la señora
Salgado al frente de la Fundación del Teatro Lírico y de la súbita
necesidad de reformar los estatutos de dicha fundación?
Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clotas.

Señora Ministra de Educación y Cultura.




La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente. Puedo informar a la Cámara que, como
S. S. no ignora, la decisión sobre la persona que debe o no estar al
frente del Teatro Lírico no le corresponde al Gobierno sino al Patronato
de la Fundación Teatro Lírico.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra. Tiene la palabra el señor
Clotas.




El señor CLOTAS I CIERCO: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, precisamente uno de los motivos que ha hecho inaceptable
esta decisión para el mundo cultural, y así lo han denunciado personas
muy relevantes como una intromisión de la política en la gestión
cultural, ha sido el hecho de que la decisión o las primeras
manifestaciones han partido del Gobierno, de su Ministerio, señora
Ministra, y no del Patronato, que hace muy poco tiempo votó por
unanimidad el nombramiento de la señora Salgado.

Pero hay más, señora Ministra. Además, se ha dicho desde su Ministerio
que hay problemas de falta de confianza política, cuando el nombramiento
de esta persona fue consensuado con la Comunidad de Madrid, cuyo
Presidente pertenece a su partido, y le merecía la señora Salgado toda su
confianza. Pero hay más, señora Ministra. Además, usted vio el proyecto y
le pareció muy bien. La señora Salgado prácticamente no ha empezado su
gestión, por tanto, aquí no se está juzgando una gestión, no se la está
destituyendo por una gestión. Y hay más, señora Ministra. Se está oyendo
que intenciones parecidas, crónicas de muerte o de destitución anunciada
parecidas, se pueden producir o se están produciendo en el Centro
Dramático Nacional, en la Compañía de Teatro Clásico. Una persona como
don José Luis Gómez, que no podrá usted tildar de socialista porque
precisamente está a propuesta de su partido en la Fundación del Teatro
Lírico, ha dicho que hay una nube de intranquilidad en el mundo cultural
debido a su política, señora Ministra, y me temo que esa nube empieza ya
a ser una tormenta.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clotas.

La señora Ministra tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.

Me parece que el señor Clotas tiene una nube de intranquilidad sobre el
futuro profesional de la señora Salgado. La verdad es que a mí también me
preocupa, pero realmente yo no tengo ningún compromiso con la



Página 530




que fue la anterior Secretaria General de Comunicaciones en el Gobierno
pasado.

Con lo que sí tiene un compromiso esta Ministra, y desde luego el
Gobierno, es con que la fecha de inauguración del Teatro Real se
mantenga, con que el Teatro Real sea una realidad en la fecha prevista,
es decir, en octubre de 1997. Yo creo, y lo ha dicho muy bien el señor
Clotas, que lo importante no son las personas sino los proyectos, y ese
proyecto es el que nosotros vamos apoyar.

Me parece que la permanencia o no de una persona no debe generar ninguna
inquietud. A mí, en cambio, me producen inquietud los numerosos avatares,
y yo diría que desatinos, que se han producido en este teatro. Del
presupuesto previsto, primero de 1.800 millones, luego de 4.000 y por
último de 6.000, llevamos ya 20.000 millones gastados en lo que iba a ser
el arreglo de un escenario. Del plazo previsto para la inauguración del
teatro, que era 1992, resulta que estamos ya en que la inauguración será
en 1997, habiendo transcurrido los años 1993, 1994 y 1995.

A mí, realmente, lo que me gustaría, lo que yo preferiría, es que
hablaramos del futuro y no del pasado, que hablaramos de los proyectos y
no de las personas y que habláramos de los compromisos, y el del Gobierno
es, desde luego, inaugurar este teatro en una fecha.

En cuanto a compromisos, lo que me hubiera gustado, lo que yo hubiera
preferido, es que no se hubiera filmado un contrato por cuatro años
justamente dos días después de haberse convocado las elecciones que el
Partido Socialista sabía que iba a perder.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra de Educación y
Cultura.




--DEL DIPUTADO DON EUGENIO ENRIQUE CASTILLO JAEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA TOMAR EL
GOBIERNO ALGUNA MEDIDA PARA CONTROLAR UNA PREVISIBLE EXPANSION DE LA
TUBERCULOSIS EN NUESTRO PAIS SIGUIENDO LA PAUTA MUNDIAL? (Número de
expediente 180/000117)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, que formula al Gobierno don
Eugenio Enrique Castillo Jaén, del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra.




El señor CASTILLO JAEN: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en las conclusiones de la Conferencia de Washington de
septiembre de 1995, sobre tuberculosis, se puso de manifiesto que la
resistencia farmacológica, la pobreza, los desastres naturales, el sida y
la falta de compromiso de algunos gobiernos han contribuido a un
resurgimiento mundial de la tuberculosis. Estos datos de septiembre de
1995 vienen corroborados en la actualidad por los últimos informes de la
Organización Mundial de la Salud en el sentido de un grave resurgimiento
de esta enfermedad a nivel mundial, con datos tan escalofriantes como que
en el año 1995 han muerto tres millones de personas en el mundo y que es
la enfermedad que más muertes ha causado, estimándose que, de no tomarse
medidas concretas, en los próximos cincuenta años morirán unos cien
millones de individuos en la Tierra por esta enfermedad.

Esta evolución comienza a preocupar no sólo en los ámbitos sanitarios
sino que trasciende a la población, por lo que nuestro Grupo se preocupa
y a ello viene esta pregunta. Ante la ausencia de medidas directas que en
los últimos años se han adoptado respecto de esta evolución ya conocida,
¿su Ministerio ha previsto algunas medidas para paliar esta evolución
negativa de la enfermedad?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castillo.

Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.

Como muy bien dice el señor Diputado, se asiste a un recrudecimiento de
esta enfermedad que sitúa los datos en nuestro país en una incidencia de
cuarenta casos por cada cien mil habitantes, que es una cifra
preocupante, y yo considero con S. S. que, según los estudios más seguros
sobre esta materia, este recrudecimiento de la enfermedad tiene que ver
con procesos de marginalidad y de inmigración a grandes núcleos urbanos,
juntamente con todo lo que se refiere a la drogadicción intravenosa.

Ello está obligando a las administraciones sanitarias más responsables a
adoptar medidas en esta materia. Por nuestra parte, en mi reciente
comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso anuncié
que desde el Ministerio íbamos a tratar de impulsar una acción coordinada
de todos los servicios del Sistema Nacional de Salud en relación con
cuatro tipos de patologías que llamamos «áreas clave» y que en unos casos
son causa de una mortalidad prematura, como el cáncer o las enfermedades
cardiovasculares. En otros son Patologías de una gran trascendencia
social, como es ésta de la tuberculosis que bien tratada puede ser
curada. Otro tipo de patologías tienen también gran trascendencia social
y ocasionan muertes prematuras, como puede ser el caso del sida. Por
último, otra patología cuya nota más destacada es que afecta a un
colectivo muy indefenso, como es el de los



Página 531




enfermos mentales. Ahí vamos a incidir de una manera especial y lo vamos
a hacer tratando de coordinar e impulsar la acción de las comunidades
autónomas, que tienen muchas competencias en este campo, sin olvidar
acciones directas a realizar por el Ministerio en el campo de la
investigación epidemiológica y de los programas de control de estas
enfermedades.

Nos proponemos avanzar en esos campos tratando de establecer, para
mejorar la vigilancia epidemiológica, protocolos uniformes de
intervención ante los brotes o casos sospechosos. Vamos a desarrollar
sistemas de información microbiológica a través de la red de laboratorios
de las comunidades autónomas, y a elaborar un programa específico para la
vigilancia de la tuberculosis multiresistente y un modelo unificado de
informe sobre resistencias antimicrobianas. En el campo de la
investigación avanzaremos también en este aspecto.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Sanidad y Consumo.




--DEL DIPUTADO DON CARLOS SANJUAN DE LA ROCHA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANTOS ALTOS CARGOS HAN SIDO
NOMBRADOS MIEMBROS DE CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN LAS QUE
PARTICIPA EL SECTOR PUBLICO? (Número de expediente 180/000099)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula el Diputado don
Carlos Sanjuán de la Rocha, del Grupo Socialista del Congreso, al
Gobierno.

Señor Sanjuán.




El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Muchas gracias, señor Presidente.

La pregunta es bastante sencilla. Va dirigida a saber qué número de altos
cargos han sido nombrados miembros de consejos de administración de
empresas en las que participa el sector público.

Como es evidente que todavía el Gobierno está procediendo a efectuar
nombramientos y destituciones de anteriores miembros de consejos de
administración, parece lógico que persiga como objetivo no sólo conocer
este número sino, también, las razones por las cuales el Gobierno ha
decidido nombrar a altos cargos miembros del consejo de administración de
empresas participadas por el sector público.

Sin duda, S. S. pensará que mi curiosidad no es gratuita y que encierra
un reproche. Aseguro a S. S. que gratuita no es, como no lo son las
asistencias de los altos cargos a los consejos de administración, y que,
desde luego, encierra un reproche. Espero su respuesta, señoría.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanjuán.

Señor Ministro de Administraciones Públicas.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.

Efectivamente, como decía el señor Sanjuán al formular la pregunta,
todavía se está en el proceso de sustitución de antiguos altos cargos por
las nuevas personas que han asumido responsabilidades en la
Administración.

Hasta el momento presente, los ministerios han solicitado la sustitución
de 106 altos cargos por otros pertenecientes al actual Gobierno, pero
todavía no se ha hecho el nombramiento efectivo más que entre 40 y 50
personas, sin que pueda especificarle más.

Es cierto que a lo largo de los próximos días, y hasta que se adopte una
solución definitiva sobre este asunto, seguiremos el proceso de
renovación de los altos cargos miembros de los consejos de administración
de las empresas públicas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Sanjuán.




El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Señor Ministro, evidentemente usted no
atiende mi curiosidad por conocer cuáles son las razones por las que
están designando ahora a altos cargos, es decir, secretarios de Estado,
subsecretarios, secretarios generales y directores generales como
miembros de los consejos de administración de empresas participadas por
el sector público.

Le digo esto porque no estamos en contra de que nombren altos cargos a
miembros de la Administración. Lo hacíamos nosotros. Lo hacíamos teniendo
unas razones, que eran las de atención al mejor servicio público. Pero
ustedes no entendían estas razones. Ustedes acusaban entonces al Gobierno
socialista de que lo único que se pretendía con estos nombramientos era
redondear sueldos. Ustedes ahora están haciendo lo mismo.

Lo que yo he querido, y este es el reproche, es poner de manifiesto la
incoherencia y su demagogia, tanto cuando ejercían la oposición como
ahora cuando hacen absolutamente todo lo contrario de aquello que venían
diciendo que nosotros hacíamos, pero con un sentido, es decir, pensando
que estaba bien para la Administración pública; aspecto que ustedes en
absoluto tenían entonces en cuenta y ahora dudo también que lo tengan.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanjuán.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias,
señor Presidente.




Página 532




Señor Sanjuán, nosotros hemos procedido al nombramiento de altos cargos
porque había una ley aprobada en el año 1995, que está en vigor, como
usted conoce, y que habilita para que los altos cargos formen parte de
los Consejos de Administración de las empresas públicas. Lo que está
haciendo el Gobierno en este momento es sustituir a los altos cargos
nombrados por el Gobierno socialista por altos cargos nombrados por el
Gobierno del Partido Popular, porque tendría su gracia que al frente de
estas responsabilidades estuvieran miembros del anterior Gobierno, con lo
cual el actual no podría aplicar su política. Por tanto, supongo que
usted entenderá que nosotros procedamos a la sustitución de unos altos
cargos por otros. De todos modos, ésta es una medida de carácter
provisional porque, sin perjuicio de que yo conozca su criterio y me
parece muy bien que mantenga el mismo criterio cuando está en el Gobierno
que cuando está en la oposición, yo tengo que decirle que el Gobierno se
planteará y ya está estudiando una reestructuración del nombramiento de
altos cargos en las empresas públicas para establecerlos con mayor
racionalidad que como se ha regulado en la Ley de 1995 y, por tanto, como
se aplica en el presente momento.

En cualquier caso, me ha hecho un reproche --usted mismo lo ha dicho--,
pero yo quisiera recordarle afectuosamente, porque usted así lo ha sido
en su intervención, que la función de la oposición es controlar al
Gobierno, porque da la sensación de que aquí se está controlando por la
oposición a la anterior oposición, y en este momento ya no estamos unos
en la oposición ni otros están en el Gobierno.

Por tanto, yo creo que la obligación del Diputado de la oposición debe
ser controlar al Gobierno, y yo como parte de él estaré muy contento de
que así lo haga.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SABE YA EL GOBIERNO SI VAN A EXISTIR
O NO TOPES MINIMOS EN LA CESION DEL IRPF A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS?
(Número de expediente 180/000100)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Socialista del Congreso, don Angel Martínez Sanjuán.

El señor Martínez Sanjuán tiene la palabra.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Gracias, señor Presidente.

Normalmente a estas horas de la tarde en Televisión española y en muchas
otras televisiones suele ser la hora de los telefilmes o de las
telenovelas. También en esta Cámara ésta suele ser la hora de los
culebrones, porque parece que es un culebrón tratar de conocer cuáles son
los auténticos objetivos e intereses en materia de financiación
autonómica. Dicen los expertos que saber quién es al final el amante de
la protagonista suele ser difícil, pero conocer el auténtico sentido,
señor Ministro, del origen y el final de la financiación autonómica
parece que es bastante complicado. Tampoco podría ser de otra forma
cuando oímos tantas declaraciones contradictorias dentro y fuera del
Gobierno hablando de este tema tan importante. No me refiero solamente a
la financiación de las comunidades autónomas, señor Ministro, sino a
tantos otros temas como pensiones, cotizaciones a la Seguridad Social, si
bajar o subir impuestos, etcétera.

Por lo que vamos descubriendo por algunas preguntas o intervenciones de
SS. SS., parece que no habrá topes máximos en el sistema de financiación
nuevo, que algunas comunidades autónomas recaudarán más de lo que están
recaudando ahora, aunque esto parezca no preocuparle a su Secretario de
Estado, y que las que más luchen contra el fraude fiscal serán las que
mejor terminen este proceso.

Aquí no estamos hablando del resultado de la Eurocopa, señor Ministro.

Estamos hablando de algo muy serio, como es el futuro de la financiación
de todas las comunidades autónomas, e incluso S. S. habla ya de mínimos
de garantía.

Por eso, señor Ministro, quiero saber si van a existir o no topes mínimos
en la cesión del IRPF a las comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias,
señor Presidente.

Gracias, señor Martínez Sanjuán. En fin, yo no sé mucho de culebrones,
supongo que bastante menos que S. S. pero, en cualquier caso, siempre es
bueno esperar al último capítulo y todavía no estamos en ese momento.

Nosotros hemos dicho lo siguiente: propondremos un sistema de
financiación autonómica por virtud del cual se transfiera a las
comunidades autónomas el 30 por ciento del IRPF, que es el acuerdo al que
hemos llegado con nuestros coaligados y el compromiso del Presidente del
Gobierno en su discurso de investidura. A partir de ahí hemos dicho que
estos asuntos hay que debatirlos --al final del capítulo, por tanto-- en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reunirá, al menos por
primera vez, en la segunda quincena de julio, salvo que haya algún
cambio, que probablemente vuelva a reunirse en septiembre, y
posteriormente tendremos que debatir todos estos asuntos en el Congreso y
en el Senado con ocasión



Página 533




del debate de los Presupuestos Generales del Estado. Puedo adelantarle
alguno de los criterios que tiene el Gobierno, pero que someterá a lo que
digan las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y a lo que digan todos los Diputados de esta Cámara en los
debates a los que he hecho referencia.

Mi opinión y el criterio del Gobierno es que el año base de cálculo debe
ser 1996; que no debe haber topes máximos, porque si establecemos un
sistema con capacidad normativa y capacidad de gestión, el
establecimiento de topes máximos supone, como usted entiende
perfectamente, desincentivar el ejercicio de la capacidad normativa y la
de gestión.

En cuanto a los topes mínimos, el criterio del Gobierno, y el mío propio
como Ministro de Administraciones Públicas, y el del Ministro de Economía
y Hacienda, es que efectivamente existan, pero lo sometemos también al
criterio de las comunidades autónomas y al superior de esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, efectivamente, usted ha hablado en diferentes ocasiones
de salvaguardar a las comunidades autónomas su financiación en el caso de
que esta futura recaudación caiga por debajo de unos límites. También ha
dicho que existe la posibilidad de que haya comunidades autónomas que con
el nuevo sistema pueden perder algo si su IRPF no va bien. Efectivamente,
ustedes están dando la impresión, o dando la certeza o la seguridad, de
que va a haber comunidades autónomas que van a salir muy bien y otras,
posiblemente, salgan relativamente mal.

De todas formas, señor Ministro, estar planteándonos esta cuestión de los
topes mínimos o unos mínimos de garantía, como usted ha dicho en alguna
ocasión, es consecuencia de un futuro sistema que creemos descompensado,
insolidario y favorecedor de determinadas circunstancias y comunidades, y
éste no es el modelo que preconiza ni va a apoyar el Partido Socialista.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Sanjuán.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Martínez Sanjuán, a mí me gustaría que su contestación no fuese tan
radical y que, al menos, no se negasen a intentar una negociación sobre
un asunto tan importante como es la financiación autonómica.

Sin embargo, debo recordarle que en el modelo que está actualmente en
vigor, que es el de cesión de una participación en la cuota líquida del
IRPF, concretamente el 15 por ciento, sí hay unos topes mínimos que
garantizan a las comunidades autónomas que no perderán respecto del
anterior sistema, y esto es precisamente lo que se está planteando el
actual Gobierno.

Es evidente que si el IRPF de una comunidad evoluciona por encima del
factor que se establezca para la evolución de la PIE, que puede ser el
PIB nominal, que es el que es ahora, o puede ser otro, unas comunidades
autónomas recibirán más, pero es evidente que pueden recibir menos.

Lo que es muy difícil es determinar cuáles van a ser las comunidades
autónomas que reciban más o menos, porque depende de cómo evolucione su
IRPF. Por ejemplo, cuando se debatió el asunto de la cesión del 15 por
ciento, ninguno de los aquí presentes ni ninguno de todos los que
hicieron análisis «brillantes» --entre comillas-- en aquellos momentos,
podían decir que una comunidad como Andalucía podía ser la que más
recibieran en términos absolutos por el 15 por ciento de la cuota
líquida, cuando no jugaron ni los mínimos ni los máximos. Y tal y como va
la recaudación del año 1996, nos podemos encontrar con la sorpresa...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Ha terminado su tiempo.




--DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO RUBIALES TORREJON, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL PORCENTAJE DE MUJERES QUE
HAN SIDO DESIGNADAS POR EL GOBIERNO ALTOS CARGOS? (Número de expediente
180/000101)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, que formula al Gobierno doña
Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista del Congreso.

La señora Rubiales tiene la palabra.




La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, mi Grupo desearía saber cuál es el porcentaje de mujeres
que han sido designadas por el Gobierno altos cargos.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Administraciones Públicas tiene
la palabra.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias,
señor Presidente.

Señora Rubiales, hasta el momento presente, es de un 13 por ciento.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

La señora Rubiales tiene la palabra.




Página 534




La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, efectivamente, puede andar en torno a ese 13 por ciento,
un poquito más o un poquito menos. Pero la razón de la pregunta no era
exactamente formular eso, sino hacer una reflexión política en torno a
ese porcentaje, que es más bajo del que había existido hasta ahora en
todas las etapas de la transición democrática, pese a que el señor Aznar,
el día 7 de mayo, en la toma de posesión de su Gobierno, se hace una
fotografía con las cuatro mujeres ministras, porque es verdad que es el
porcentaje más alto de ministras que ha existido en el Gobierno de
España, en la transición democrática, y nos parecía a todas las mujeres
muy bien que hubiera cuatro mujeres ministras en el primer Gobierno
Aznar.

A los pocos días, aparece una fotografía de la Ministra de Educación y
Cultura con su equipo, y ya está ella sola con seis hombres. Eso nos
parece relativamente peor, porque creemos que la sensibilidad de una
mujer requiere también la presencia de las mujeres. No se rían, aunque el
tema de las mujeres siempre incita a la gracia a los señores, de la
oposición y del Gobierno. Todos tenemos que tener cuidado con el
lenguaje. En ocasiones, y desgraciadamente a los de mi Grupo también, hay
que decirles que estas fotos valen más que mil palabras. Es un problema
de imagen lo que ustedes están haciendo con la presencia de mujeres en
los altos cargos del Gobierno de la nación, un problema de imagen y de
fotografía, pero no de cambiar los contenidos concretos de la
participación de las mujeres en la vida pública. Por eso ustedes han ido
reduciendo el porcentaje de participación y solamente tienen un 28 por
ciento de ministras, no tienen ninguna secretaria de Estado, ninguna
subsecretaria, una sola secretaria general, dieciséis directoras
generales, dos delegadas del Gobierno y cuatro gobernadoras civiles, es
decir, porcentajes del cero por ciento, del cero por ciento, del 11 por
ciento, del 13 por ciento, del 10 por ciento, del 11 y del 7 por ciento.

En total, de 252, a fecha 14 de junio --por eso en el último Consejo de
Ministros nombraron a tres más--, eran 25 mujeres, un escaso 10 u 11 por
ciento.

El Gobierno socialista anterior partía de niveles muy bajos, pero nunca,
señor Rajoy, señores del Gobierno, las mujeres habíamos retrocedido desde
el comienzo de la transición democrática; siempre, tanto en el Parlamento
como en los gobiernos autonómicos, en las diputaciones y en los
ayuntamientos, habíamos ido avanzando en el poder y la representación
pública. Por eso queremos poner de relieve que no se puede hacer con la
participación de las mujeres política de imagen y política pública, sino
que es un problema muy serio en el que todas las mujeres, las españolas y
las europeas, queremos alcanzar la democracia paritaria, porque creemos
que la sociedad la componemos hombres y mujeres y queremos codirigirla de
verdad hombres y mujeres y no hacernos fotografías en momentos
determinados.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.

Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias,
señor Presidente.

Señora Rubiales, ¡qué quiere que le diga! Usted me ha preguntado por el
porcentaje de mujeres a las que el Gobierno ha nombrado altos cargos y yo
le he dicho que el 13 por ciento. El anterior Gobierno socialista había
nombrado un 11,5 por ciento. En cualquier caso, recibo sus críticas, con
sus compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, y me gustaría que
también recibieran las críticas los distintos Gobiernos autonómicos cuya
responsabilidad asume el Partido Socialista. Supongo que al señor
Rodríguez Ibarra lo pondrá usted de vuelta y media porque no ha nombrado
ni una sola consejera, igual que al señor Otano, aunque creo que hay
argumentos más importantes para citarlo (Rumores.), y lo mismo podemos
decir del señor Bono, que tiene una mujer de consejera. Creo que el señor
Chaves, que tiene tres, cumple más estos términos.

En cualquier caso, para animarla a usted a que lleve a buen término su
pretensión, y yo creo que ahí se demuestra cuándo el discurso deja de ser
discurso y se convierten las cosas en temas serios, le reto a usted o a
su grupo a que presente una proposición no de ley, o incluso si quiere de
ley, en este Parlamento y nos diga cuántas mujeres tienen que asumir la
responsabilidad de ejercer altos cargos en la Administración. De
cualquier forma, la felicito por su brillante intervención, y espero que
también me felicite a mí, porque como Ministro de Administraciones
Públicas tengo el doble de altos cargos que los que tenían los anteriores
ministros, lo cual quiere decir que voy en la buena senda y en la buena
dirección, al menos en opinión de la señora Rubiales.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON MANUEL NUÑEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE FECHA TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO ENVIAR A LA CAMARA EL ESTATUTO DE LA FUNCION PUBLICA? (Número de
expediente 180/000115)



Página 535




El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, que formula el Diputado don
Manuel Núñez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno.

Señor Núñez, tiene la palabra.




El señor NUÑEZ PEREZ: Con la venia, señor Presidente.

Antes de formular la pregunta se hacen precisas tres consideraciones. La
primera, que el artículo 103.3 de la Constitución establece un mandato
claro, que no ha sido cumplido: «La ley regulará el estatuto de los
funcionarios públicos...» La segunda, que existen unos responsables del
incumplimiento, los Gobiernos socialistas, que han tenido trece años para
enviar a la Cámara el Estatuto, poner orden y racionalidad en la función
pública... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Núñez. (Pausa.) Puede continuar.




El señor NUÑEZ PEREZ: ¿Se han puesto de acuerdo ya entre los altos
cargos, señoras y señores? (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Continúe, señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Quería decir que la segunda consideración es que
los culpables del incumplimiento del mandato constitucional son los
Gobiernos socialistas, que han tenido trece años para enviar a la Cámara
el estatuto, poner orden y racionalidad en la Función Pública y
acomodarlo a las exigencias derivadas de la nueva configuración del
Estado.

La tercera es que los gobiernos socialistas apostaron, no por el
Estatuto, como es evidente, sino por medidas coyunturales, provisionales,
parciales e inconexas, como las de la Ley 30/1984, y las que acompañaban
a los Presupuestos Generales del Estado de cada año, como mejor vía para
abusar de la discrecionalidad y, en muchas ocasiones, de la
arbitrariedad. Todo lo cual ha privado a los funcionarios de una norma
global y básica, que respete los principios constitucionales de mérito,
capacidad e igualdad y garantice la imparcialidad en el ejercicio de sus
funciones.

Aunque, señor Ministro, sólo han pasado nueve semanas y media desde que
usted ha sido nombrado, ya habrá tenido tiempo de chequear los graves
problemas que aquejan a la Función Pública, entre los que le recuerdo,
usted lo sabe muy bien, procesos irregulares de funcionalización,
sistemas retributivos sin objetividad y con blindajes de última hora
escandalosos, abusos de libres designaciones que han dinamitado la
profesionalización y la carrera administrativa, etcétera.

Como las soluciones son urgentes y necesitan no sólo, pero sí con
carácter prioritario, el Estatuto, quisiéramos que el Gobierno del
Partido Popular fuera en este punto muy diligente y que, en definitiva,
nos enviase a la Cámara lo más pronto posible esta norma. Por eso le
pregunto: ¿Para cuándo lo tiene previsto el Gobierno, señor Ministro?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.

Señor Ministro de Administraciones Públicas.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.

En principio es intención del Gobierno remitir a esta Cámara el Estatuto
de la Función Pública a lo largo del año 1997, en primer lugar, para da
cumplimiento a los artículos 103.3 y 149.1.18.ª de la Constitución. En
segundo lugar, para poner fin a la dispersión normativa que existe en
materia de Función Pública. En tercer lugar, para adaptar el sistema al
concepto de Administración única, que era un principio inspirador de
nuestro programa electoral. Y en cuarto lugar, porque hay una necesidad
altamente sentida, tanto en las administraciones públicas como en su
personal, de presentar el Estatuto.

A tales efectos en el Ministerio se ha comenzado a trabajar en este
asunto y ya hay algunos temas sobre los que se comienza a fijar
criterios. Sobre todo y fundamentalmente en lo que hace referencia a los
aspectos que ha de tocar la ley, que puedo comentarlos muy de pasada. En
primer lugar, su ámbito de aplicación. El alcance de la normativa básica
donde lógicamente habrá que pactar con las comunidades autónomas puesto
que tienen facultades constitucionales en esta materia y corresponden al
Estado las bases. También habrá que tener en cuenta lo que ha dicho el
Tribunal Constitucional, que ya ha fijado criterios importantes sobre
esta materia. Desde luego intentaremos hacer un estatuto con afán de
permanencia en el tiempo y, a ser posible, pactado con las distintas
fuerzas políticas, porque creo que es un tema en el que se puede llegar a
acuerdos.

Trataremos también algunos temas que pueden suscitar una cierta polémica
y que habrá que plantear con los sindicatos, como la movilidad entre el
personal de las administraciones públicas, la adquisición y pérdida de la
condición de funcionarios y algo tan importante como es el sistema de
provisión de puestos, asignación de funciones, la carrera administrativa
y los derechos retributivos. Asuntos estos donde hay que adoptar
probablemente algunas modificaciones importantes respecto a la
legislación actual. También el régimen de incompatibilidades y un asunto
que a mí me preocupa especialmente: definir con claridad cuáles son
aquellas materias que tienen que ser objeto de negociación de los
sindicatos y determinar, al mismo tiempo, con toda precisión cuáles son
aquellas en las que el Gobierno tiene que aplicar la política que estime
oportuno y conveniente por mandato de los electores.

Por último, hay otro asunto que es tremendamente preocupante en este
momento, y que se puede arreglar



Página 536




potenciando los órganos de encuentro y colaboración entre las
administraciones públicas, porque en estos momentos se están produciendo
algunos agravios comparativos entre las decisiones que toma el Estado y
las que toman algunas comunidades autónomas, de suerte que personas que
ejercen el mismo servicio público y la misma función en defensa del
interés general están percibiendo unas remuneraciones muy diferentes. Por
eso es importantísima la cooperación con las comunidades autónomas, como
corresponde, por otra parte, a un principio que, si no está establecido
claramente en la Constitución española, sí lo exigen todos los
tratadistas, todas las personas que han abordado el tema como básico y
complementario del proceso de descentralización: el principio de
cooperación con las distintas comunidades autónomas, para que la
regulación de los funcionarios sea más o menos homogénea, con las
diferencias lógicas que debe haber, en el conjunto de las comunidades
autónomas y en la Administración Central del Estado.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.




--DEL DIPUTADO DON PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE
FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A
TOMAR EL GOBIERNO EN RELACION A LOS QUE SUFREN PRIVACION DE LIBERTAD POR
LOS DELITOS LLAMADOS DE INSUMISION, A LA VISTA DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL
NUEVO CODIGO PENAL Y LA COMPROMETIDA DESAPARICION DEL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO? (Número de expediente 180/000064)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, que formula el Diputado don
Pablo Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, a la Ministra de Justicia.

Señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno en
relación a los que sufren privación de libertad por los delitos llamados
de insumisión, a la vista de la entrada en vigor del nuevo Código Penal y
la comprometida desaparición del servicio militar obligatorio?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.

Señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Señor Castellano, señoría, con ocasión de los compromisos adquiridos por
este Gobierno mediante el discurso de investidura de su Presidente, en
orden a la supresión del servicio militar obligatorio, se han venido
produciendo determinadas iniciativas parlamentarias tendentes a la
averiguación de la postura que se va a adoptar desde el Gobierno con
respecto a la insumisión. Se pretende en algunos casos promover la
despenalización anticipada de las conductas de aquellos ciudadanos que se
nieguen a realizar el servicio militar o la prestación sustitutoria,
antes incluso de que uno y otra desaparezcan conforme a los compromisos
ya indicados.

Sin embargo, debo recordar a SS. SS. que el vigente Código Penal tipifica
como delito contra el deber de prestación del servicio militar la
negativa al cumplimiento del mismo sin causa justificada.

El criterio del Gobierno en esta materia no puede ser sino aquél que
dicta la propia estructura de cualquier Estado de derecho, esto es, la
aplicación de la ley.

No parece que el corto período de vigencia del Código Penal pueda
aconsejar en modo alguno promover en este momento una modificación del
mismo ni puede pensarse que las situaciones sean tan por completo
distintas hace unos meses y ahora que hayan alterado la alta base de
consenso que el mismo recibió.

En consecuencia, el Gobierno debe reafirmarse en el sentido de que la
despenalización será procedente cuando el servicio militar obligatorio
desaparezca en España.

Todo lo anterior, sin embargo, no empece la voluntad del Gobierno de
mantener una política generosa de indultos como la seguida hasta este
momento.

En este sentido debo aclarar a S. S. que doce condenados que han
solicitado el indulto se encuentran cumpliendo condena y no por
denegación de su expediente, sino hasta su tramitación completa,
disfrutando hasta este momento de régimen abierto, como la práctica
totalidad de los otros 337 penados por delito de insumisión.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señora Ministra, por
su contestación, pero entenderá que no podemos coincidir cuando usted
afirma que no ha variado la situación. El simple hecho de que el
Presidente del Gobierno comprometa en su discurso de investidura la
desaparición del servicio militar obligatorio produce automáticamente que
las conductas por las que hayan podido ser condenados todos estos
ciudadanos se conviertan ya relativizadas en conductas que dentro de muy
poco tiempo, si cumplen ustedes su compromiso, van a ser conductas que



Página 537




no tienen el menor contenido ni asocial ni delictivo, y nos vamos a
encontrar tranquilamente ante una de las figuras de un delito pura y
simplemente formal.

Quítese el chip de magistrado o juez, que efectivamente debe usted tener
cuando aplica la legalidad vigente, colóquese el de político y piense en
que, día a día, hechos que no van a ser delito dentro de muy poco tiempo
están teniendo a un conjunto de ciudadanos --aunque fuera uno sólo--
privado de libertad, libertad que no le vamos a devolver ninguno de
nosotros.

No se escude usted en un intento de despenalización futura y empiecen ya,
primero --que me parece bien--, no sólo llevando adelante una política de
indultos generosa y amplia, sino dando instrucciones al Ministerio
público para que desde este momento pida la suspensión del cumplimiento
de todas las condenas a fin de que, entre otras cosas, dejemos de
aparecer en el Informe de Amnistía Internacional, que, con mucha razón,
en esta clase de delitos que no responden a la esencia auténtica de las
actitudes asociales, sino que dependen de la voluntad del legislador, se
les califica de delito de opinión y se les equipara a delitos políticos.

No creo que la imagen de nuestra democracia se vea beneficiada conque hoy
haya ni un solo ciudadano que pueda cumplir condena ni esta misma noche
por esta clase de delitos que usted y yo sabemos que no tienen la menor
razón de ser y que se han comprometido a que desaparezcan.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.

Señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Señor Castellano, cambiando de chip de juez a en este momento miembro del
Gobierno, recojo su sugerencia de dar instrucciones al Ministerio Fiscal.

No sé si serán bastantes a los efectos que S. S. quiere.

Independientemente de eso, le quiero decir, señor Castellano, que en mi
opinión resulta incoherente que una norma que ha sido aprobada por amplio
consenso parlamentario en este momento tenga que sufrir una alteración
tan sustancial como la que sugiere Su Señoría.

El artículo 30 del texto constitucional establece el derecho y el deber
de defender a España, salvaguardando la posibilidad de objeción de
conciencia que se materializa en un servicio igualmente útil a la
sociedad. Cualquier conducta negatoria de este precepto es contraria al
ordenamiento jurídico y si el aseguramiento de los fines encomendados por
la Constitución a las Fuerzas Armadas exige que estas conductas se
penalicen, como establecieron SS. SS. al aprobar el nuevo Código Penal,
al Gobierno no le queda otra función, hoy por hoy, que promover la
aplicación de la ley.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--DEL DIPUTADO DON ANTONIO PEREZ SOLANO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA LA SEÑORA MINISTRA QUE ES EL
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EL ORGANO COMPETENTE PARA CONOCER Y
DECIDIR SOBRE LA CLASIFICACION Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO DE LOS
RECLUSOS? (Número de expediente 180/000097)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno el
Diputado don Antonio Pérez Solano, del Grupo Socialista del Congreso.

Señor Pérez Solano.




El señor PEREZ SOLANO: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, en una entrevista que ha concedido usted a una revista
de información general, comentando la atribución de competencias de la
política penitenciaria del Ministerio de Justicia al de Interior, cuando
la entrevistadora le pregunta si será en todo caso Jaime Mayor Oreja
quien tenga la facultad de otorgar un tercer grado, usted responde: No lo
creo; yo lucharía para que esto no ocurriera y no para que esa decisión
me compitiera a mí, sino, como digo, al órgano competente, que es el
Consejo General del Poder Judicial, cuya revitalización yo me propongo.

En atención a estas declaraciones, que desde mi modestia jurídica
considero una auténtica incorrección a la vista del ordenamiento jurídico
español, yo pido a S. S. que, si lo tiene a bien, me responda a la
siguiente pregunta: ¿Piensa la señora Ministra de Justicia que es el
Consejo General del Poder Judicial el órgano competente para conocer y
decidir sobre la clasificación y tratamiento penitenciario de los
reclusos?
Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Solano.

Señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, si eso es lo que recoge la entrevista, no voy a decir que no lo
dije, pero, evidentemente, me equivoqué. No he defendido en ningún
momento que sea el Consejo General del Poder Judicial el que deba vigilar
el cumplimiento de las penas. Supongo que quise decir --a lo mejor lo
dije y a lo largo de la entrevista no se traduce-- que eran los jueces de
vigilancia penitenciaria. Reconduciendo a los jueces de vigilancia
penitenciaria la aplicación de las penas, debo manifestar que,
efectivamente, en cumplimiento del programa electoral del Partido Popular
se promoverán las reformas necesarias que otorguen el control y la
decisión sobre la



Página 538




clasificación y tratamiento penitenciario de los reclusos a los jueces de
vigilancia penitenciaria.

En este sentido, por parte del Ministerio de Justicia se está promoviendo
la formación específica de los fiscales de vigilancia penitenciaria, en
orden a la puesta al día de su formación con respecto al nuevo Reglamento
de Vigilancia Penitenciaria, de 9 de febrero de 1996, que entró en vigor
el 25 de mayo, al mismo tiempo que el Código Penal. A este curso son
invitados los jueces de vigilancia penitenciaria y habrá lugar para
intercambiar pareceres en relación a la reforma proyectada.

No dudo que esta reforma, adecuadamente dotada en orden a la suficiente
provisión de medios materiales y humanos, para su aplicación dará lugar a
un control más satisfactorio del judicial, por supuesto, de la situación
del penado y, en último caso, de la forma de cumplimiento de la pena.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.

Señor Pérez Solano.




El señor PEREZ SOLANO: Gracias, señor Presidente.

Me alegra mucho, señora Ministra, que rectifique públicamente tal
aberración jurídica, si es que así se había producido, porque S. S., como
Ministra de Justicia y antes como magistrada, no desconoce en modo alguno
que el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en ningún
momento atribuye ninguna competencia de política penitenciaria al órgano
del gobierno de los jueces, sino que, por el contrario, se la atribuye
expresamente a los jueces de vigilancia penitenciaria, según los
artículos 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 74 de la Ley General
Penitenciaria.

Por consiguiente, me alegra esta rectificación pública; lo contrario
sería una auténtica revolución y yo no espero nunca una revolución de un
Gobierno conservador.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Solano.

Señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Tampoco hay que desesperar de revoluciones en materias legislativas de
ningún gobierno.

Una vez aclarado que, efectivamente, yo no entendía que el Consejo sea el
órgano que debe controlar, espero que, las reformas proyectadas permitan
cuanto antes que sean los jueces de vigilancia los que controlen las
penas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--DEL DIPUTADO DON ALFRED BOIX PASTOR, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PRETENDE ADOPTAR EL GOBIERNO
RESPECTO AL INCREMENTO DE JOVENES QUE HAN SOLICITADO PRESTAR EL SERVICIO
SOCIAL SUSTITUTORIO? (Número de expediente 180/000098)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno el
Diputado don Alfred Boix Pastor, del Grupo Socialista del Congreso.

Señor Boix.




El señor BOIX PASTOR: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, por las declaraciones formuladas por el Ministro de
Defensa el pasado 11 de junio en el Senado hemos podido saber que en los
últimos cinco meses aproximadamente 36.000 jóvenes han solicitado ser
reconocidos objetores de conciencia. Esta cifra significa un incremento
sustancial --utilizando las mismas palabras que don Eduardo Serra--, un
incremento de un 50 por ciento más de solicitudes respecto al mismo
período de 1995. Por este motivo, nos gustaría saber qué medidas pretende
adoptar el Gobierno frente al incremento de jóvenes que han solicitado
prestar el servicio social sustitutorio.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boix.

Señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, mi Departamento, en orden a buscar una solución global que
permita el cumplimiento de la prestación social sustitutoria a todos los
jóvenes reconocidos como objetores de conciencia, tiene prevista la
adopción de las siguientes medidas: En primer lugar, reforzar y
descentralizar la estructura de gestión del servicio con la finalidad de
conseguir una mayor eficacia, lo que se logrará especialmente con la
potenciación de las delegaciones territoriales y servicios de inspección.

En segundo lugar, elaboración de un plan de choque para aumentar el
número de puestos de actividad, potenciando la consecución de convenios;
en este sentido, nos establecemos como objetivo alcanzar a finales de
1997 la cifra de 90.000 plazas concertadas. En tercer lugar, profundizar
en la colaboración con las comunidades autónomas para una mejor gestión
en la prestación social sustitutoria, haciendo un especial esfuerzo para
la regionalización de la creación de plazas en los ámbitos territoriales
específicos donde existe mayor déficit. En efecto, los problemas
existentes para el cumplimiento de la prestación social tienen unos
ámbitos muy circunscritos desde el punto de vista territorial, si bien se
plantea una cierta dificultad en casi



Página 539




todas las capitales de provincia. Por último, reformar la normativa
reglamentaria en materia de objeción de conciencia y prestación social
sustitutoria en desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley
6/1996, de 15 de enero, que permita, sin menoscabo del cumplimiento del
deber de la prestación social, que ésta se realice o compute a efectos de
ésta el tiempo de prestación del servicio de voluntario en las
organizaciones que regula el texto legal citado. Esta medida, si bien no
creará plazas para el cumplimiento de la prestación social, sí
posibilitará la absorción de un número considerable de objetores en
espera del cumplimiento de la prestación. Es de señalar que ya se han
producido 1.100 solicitudes para el reconocimiento del servicio de
voluntariado a los efectos del cumplimiento de la prestación.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Señor Boix.




El señor BOIX PASTOR: Señora Ministra, le agradezco su contestación,
aunque le tengo que manifestar nuestra preocupación por la poca seriedad
con la que se está tratando un tema tan importante para muchos miles de
jóvenes de este país. Los jóvenes estamos asistiendo durante los últimos
meses a un verdadero cambalache de propuestas relativas al servicio
militar por parte del Gobierno, que permítame calificar tanto de
innovadoras como de inesperadas.

Yo creo que éste es el verdadero motivo del incremento sustancial de
jóvenes que han solicitado ser reconocidos objetores de conciencia y no,
como mencionaba el Ministro de Defensa el pasado 11 de junio en el
Senado, la actual legislación.

¿Es que acaso la señora Ministra se opone a la equiparación de la
prestación social respecto al servicio militar? Porque, entendámonos,
esta medida podría incrementar aún más las expectativas de los jóvenes,
expectativas que por su número ustedes no podrían hacer viables. Los
jóvenes que se deciden por la prestación social son jóvenes solidarios
que optan decididamente por ofrecer su esfuerzo a través de un servicio
civil.

A nuestro entender, tanto los jóvenes que optan por el servicio militar
como los que optan por un servicio civil se merecen todo el respeto de
esta Cámara y la misma dedicación por parte del Gobierno.

Ya el Presidente del Gobierno sufrió un olvido durante el discurso de
investidura, no citando en ningún momento la situación de muchos miles de
jóvenes objetores. Esperamos que tan sólo fuera un olvido.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boix.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, en este momento, el Gobierno no trata ya de que las medidas sean
para solucionar los problemas derivados de un previsible incremento de
solicitudes de objetores de conciencia, apasionados por la previsible
abolición del servicio militar obligatorio sino la necesidad de
solucionar de una vez la bolsa de 120.000 objetores de conciencia que
esperan cumplir la prestación social sustitutoria.

Parece que en materia de objeción de conciencia, independientemente de
olvidos, debiera hacerse un especial esfuerzo de reflexión y de
responsabilidad, máximo quienes hasta hace poco han tenido en sus manos
la acción de gobierno y han visto cómo este problema les ha desbordado.

Sólo cabe hablar de desbordamiento cuando en un primer momento, del año
1989 al 21 de diciembre de 1989, tuvieron que constatar su incapacidad
para resolver el problema, haciendo cuenta nueva ante la liberalización
de objetores, acumulando aproximadamente la cifra de 120.000.

Pero no es esencial este punto, sino que más bien quiero dejar claro y
fuera de toda duda que el Gobierno tiene la firme decisión de mantener la
prestación social sustitutoria dentro de los parámetros actuales,
posibilitando y exigiendo su cumplimiento. Ello no quiere decir que la
duración de la misma no vaya a acompasarse a las posibles reducciones de
duración del servicio militar obligatorio; sólo quiere decir que este
Gobierno va a realizar un esfuerzo en orden a que el derecho a la
objeción de conciencia no se convierta en una insumisión encubierta por
cuanto no vaya acompañado del efectivo cumplimiento de la prestación.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--PREGUNTA DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URIA ECHEVARRIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PLANES TIENE
EL GOBIERNO PARA AFRONTAR EL PROBLEMA DE LOS ATASCOS Y CONSIGUIENTES
RETRASOS EN LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA? (Número de
expediente 180/000109)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula la Diputada doña
Margarita Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).

La señora Uría tiene la palabra.




La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, mi pregunta es: ¿Qué planes tiene el Gobierno para
afrontar el problema de los atascos y



Página 540




consiguientes retrasos en el orden contencioso-administrativo?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, ésta es una pregunta que viene a tocar de lleno uno de los
problemas más acuciantes del Ministerio de Justicia. Se trata, en efecto,
de un problema a corto plazo difícil, ya que la opción inmediata estriba
en el mantenimiento y ampliación incluso de las medidas de refuerzo que a
lo largo de los últimos años han demostrado eficacia, como recogen las
dos últimas memorias del Consejo General del Poder Judicial.

El mantenimiento de estas medidas de refuerzo se hace sustancialmente a
través de un presupuesto de gratificaciones, dotado este año de prórroga
de presupuesto con la cantidad de 344 millones de pesetas y que ha sido
comprometido en los primeros meses del año en un 90 por ciento de su
totalidad. Quiere esto decir que en la actualidad y con las
habilitaciones presupuestarias de que dispone el Ministerio se encuentra
limitado para ampliar o modificar las medidas de refuerzo. A más largo
plazo, el Gobierno, siendo éste uno de los puntos de compromiso
electoral, tiene la voluntad de poner en marcha los juzgados
unipersonales de lo contencioso-administrativo previstos en la Ley de
Planta, pero jamás desarrollados. Desde ese paulatino desarrollo, el
Gobierno prevé, en la medida en que los tribunales superiores de justicia
se vean aliviados de trabajo, redefinir la competencia de la Audiencia
Nacional de forma más estricta.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente. Gracias también a
la señora Ministra y celebro que comparta mi preocupación por el estado
actual de la jurisdicción contenciosa, en la medida en que es una
preocupación de los ciudadanos, ya que en este orden jurisdiccional se
dilucidan sus problemas frente a las administraciones públicas o en
relación con ellas.

Comparto también su fe o su confianza en que, aun cuando las medidas que
se han adoptado han dado buenos resultados, la ley requiere de una
modificación urgente, tanto orgánica como funcional. Hay, efectivamente,
excelentes magistrados de lo contencioso, pero si importante es hacer
justicia, también es que se haga con rapidez y con el menor costo posible
para nuestra convivencia.

Me hubiese gustado además oír a la señora Ministra referise a los
trabajos adelantados ya en la anterior legislatura. Desde el Ministerio
de Justicia e Interior se hizo un importante esfuerzo, abierto a la
sociedad, por elaborar un texto del proceso contencioso-administrativo,
texto que, bajo la dirección del profesor Leguina, dio cabida a la
generalidad de la doctrina y también a las distintas administraciones
públicas. Terminó en un proyecto de ley que la disolución de la
legislatura no dio tiempo a que se viese, pero creo que es un trabajo
adelantado que no es despreciable y que debe tenerse en cuenta en esta
legislatura.

En definitiva, señora Ministra, creo que estamos hablando de algo
fundamental, de un derecho reconocido como tal en nuestra Constitución,
que es el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial o el derecho que
el Convenio europeo de derechos humanos reconoce a un proceso justo y
equitativo, al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas que se
integra dentro de este derecho.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, el Ministerio de Justicia no olvida la Ley de la jurisdicción,
pero es obligación de la Ministra de Justicia poner de manifiesto ante la
Cámara que acometer la reforma de la jurisdicción
contencioso-administrativa en profundidad, tal y como requiere la Ley,
tiene un coste económico valorado en 6.000 millones de pesetas
aproximadamente. En este sentido, el Gobierno se puede marcar objetivos
claros y en cada materia establecer los programas necesarios para el
cumplimiento de aquellos; sin embargo, una tarea de la envergadura que
estamos tratando, con el coste económico indicado, no es una tarea que se
pueda acometer en cualquier momento. En esta anualidad nos encontramos en
situación de prórroga presupuestaria que dificulta la adopción de medidas
más concretas y más generales al mismo tiempo.

Por todo ello, no es el caso de establecer un programa de reforma de la
jurisdicción en este momento, en esta contestación de la jurisdicción
contencioso-administrativa, hasta que se pueda incardinar en un proyecto
de ley, para el cual contamos con el antecedente de la anterior
legislatura y los medios necesarios al efecto.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--PREGUNTA DEL DIPUTADO DON DAMIAN CANEDA MORALES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE
PREVISTO EL GOBIERNO PRESENTAR ALGUN PROYECTO DE LEY QUE REGULE LA FIGURA
DE LA MULTIPROPIEDAD? (Número de expediente 180/000118)



Página 541




El señor PRESIDENTE: Pregunta número 35, que formula el Diputado don
Damián Caneda Morales, del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Caneda.




El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, le voy a hacer una pregunta que debe ser muy difícil por
el tiempo que lleva sin arreglarse, pero que espero que, por la subida de
la cualificación de la mano de obra de los componentes del Gobierno, me
la pueda resolver.

Desde el año 1983, que aunque haya llovido poco es mucho tiempo, en
España empezó a introducirse la figura de la multipropiedad como una
forma que facilita el acceso a la propiedad compartida en tiempo
sucesivo, normalmente una semana o quince días, por lo que hace que sea
muy utilizada en las vacaciones.

Ya en el año 1986-1987 se extendió como un plaga, sobre todo en las zonas
turísticas, la Costa del Sol y Canarias, pero, pese a que todo el sector
turístico hotelero, inmobiliarias, zonas turísticas y ayuntamientos,
pidieron que se regulara --el Grupo Popular en el año 1987 ya lo pidió--,
por razones, supongo, de dificultad, celos ministeriales o cualquier otra
causa, ha seguido sin regularse, conllevando una mala imagen por las
estafas producidas, una inseguridad en los propietarios. Y, pese a que
mueve cientos de miles de usuarios, cientos de miles de millones, tampoco
hemos tenido posibilidad de controlarla fiscalmente.

Por eso pregunto al Gobierno: ¿Tiene pensado este Gobierno presentar un
proyecto de ley que regule esta figura de la multipropiedad?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caneda.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, efectivamente el Gobierno tiene intención de remitir a la Cámara
un proyecto de ley de regulación de la figura de la multipropiedad, cuyo
contenido vendrá perfilado, fundamentalmente, por la Directiva 94/47 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la
protección de adquirentes sobre determinados aspectos de los contratos de
adquisición de un derecho de utilización de inmuebles en régimen de
tiempo compartido.

Esta iniciativa vendrá a dar cumplimiento en plazo, es decir, con
anterioridad al final de abril de 1997, a la obligada transcripción de la
citada Directiva para su integración en el ordenamiento nacional.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.




INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA LA PLENA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PENAL (Número de
Expediente 172/000008)



El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de preguntas orales al Gobierno,
continúa el orden del día con el trámite que hace el punto número cinco,
interpelaciones urgentes, y en primer lugar la del Grupo Socialista del
Congreso sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para la plena
aplicación del nuevo Código Penal.

Para la defensa de la interpelación, en nombre del grupo proponente,
tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.




La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra de Justicia, señorías, me van a permitir que mis
iniciales palabras a la señora Ministra de Justicia en esta primera
interpelación urgente que presenta el Grupo Parlamentario Socialista sean
para expresarle, en nombre de mi grupo y en el mío propio, nuestro deseo
de poner en común cuantos esfuerzos e iniciativas sean precisos para
completar las importantes reformas que en materia de justicia se han
venido realizando estos últimos años.

Con el objetivo comúnmente compartido, creo que por todas o casi todas
las fuerzas políticas, de hacer más eficaz la tutela judicial efectiva y
potenciar el servicio público de justicia, generador de prestaciones a
los ciudadanos, los socialistas en la anterior legislatura ofrecimos un
pacto de Estado por la justicia, porque creíamos que había que ponerse de
acuerdo en estos temas, eran temas de Estado y, por tanto, había que
consensuar y llegar a acuerdos.

Hoy, desde la oposición, señora Ministra, volvemos a hacer ese
ofrecimiento. Creemos que se trata de temas en los que tenemos que llegar
a acuerdos comunes y desde luego con esos objetivos y esos fines usted
nos tendrá apoyándoles.

El objetivo de la interpelación que hoy le formulamos es conocer las
medidas que su Gobierno ha realizado en estos primeros cuarenta días y
las que necesariamente esté realizando o vaya a realizar en los próximos
meses para facilitar la aplicación efectiva del nuevo Código Penal.

Señora Ministra, una vez más el Grupo Socialista quiere recordar la
importancia que ha tenido y tiene la aprobación del nuevo Código Penal.

Era una tarea pendiente de nuestra democracia acomodar el ordenamiento
penal a los principios y valores constitucionales. Así lo entendieron el
anterior gobierno y este Parlamento,



Página 542




puesto que este Parlamento fue el auténtico protagonista de su
elaboración.

Si todo esto lo recordamos en estos momentos --me va a permitir, señora
Ministra-- es porque precisamente fue su grupo el único que no sólo no lo
apoyó, sino que desde el 8 de noviembre hasta el 3 de marzo se dedicó a
transmitir toda suerte de predicciones sobre su entrada en vigor.

Felizmente el Código Penal ha entrado en vigor hace unos días y ustedes
parece que han renunciado a las derogaciones o suspensiones anunciadas.

(El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
El Código está en vigor, pero ahí no acaba todo; somos conscientes de que
las leyes no echan a andar con su sola aprobación, sino que hay muchas
tareas materiales que ejecutar y la aplicación de la justicia penal desde
luego va a cambiar decisivamente con este nuevo Código en nuestro país.

Desde antes de la presentación del Código, sobre todo a la hora de
elaborar la memoria económica que hubo que acompañar para remitir a las
Cámaras, pero, sobre todo, desde la aprobación el 8 de noviembre, el
anterior Ministerio de Justicia e Interior, a través de las tres
Secretarías de Estado, Justicia, la Droga y Penitenciaria, realizó un
trabajo coordinado para llevar a cabo las medidas necesarias. Es verdad
que la anterior estructura favorecía esa coordinación y que ahora puede
ser más dificultoso, porque Instituciones Penitenciarias se ha quedado en
el Ministerio del Interior; no vamos a insistir más en ese tema, aunque
hubiéramos preferido que, evidentemente, hubiera estado en su
Departamento, sobre todo porque creemos que es éste el que debe impulsar
las políticas de derechos humanos y garantía de los derechos que debe
presidir las instituciones penitenciarias y la ejecución de las penas.

En cualquier caso, estoy absolutamente segura, señora Ministra, y confío
en ello, de que desde su Departamento se coordinarán cuantas medidas
deban adoptarse para poner en práctica el Código Penal.

El Parlamento expresó su voluntad, desde luego, de aplicar un nuevo
modelo de valoración de las conductas delictivas y de la respuesta a las
mismas. Esto ha cambiado la política criminal y es necesaria la adopción
de medidas, de medios materiales y de disposiciones normativas.

Los nuevos hechos delictivos no van a enjuiciarse probablemente hasta
finales de año, porque las causas se han empezado a instruir hace muy
poco tiempo; de ahí que consideremos que el Gobierno dispone de tiempo
para abordar estos cambios impuestos por la voluntad mayoritaria del
Parlamento.

Las medidas que el Grupo Parlamentario Socialista considera que deberían
aprobarse las agruparía en tres bloques muy sencillos. Primero, las
derivadas del cambio de atribución de competencias de los jueces de lo
penal a las audiencias provinciales, las mayores competencias de los
juzgados de vigilancia penitenciaria y los requerimientos de
enjuiciamiento en el período transitorio de los juzgados de menores.

Segundo, medidas derivadas de la implantación de nuevas penas y de las
nuevas formas de ejecución y aplicación de esas penas. Finalmente,
medidas de desarrollo normativo.

En cuanto a las primeras, medidas competenciales, es evidente que el
Código Penal va a suponer una mayor carga de trabajo para las audiencias
provinciales y descarga para los juzgados de lo penal, al atribuir a
aquéllas competencias para el enjuiciamiento de los delitos más graves,
más de tres años, dejando en los juzgados de lo penal, como órganos
unipersonales, los temas de menor gravedad, inferiores a tres años. Esta
no fue una decisión no meditada, se debatió aquí ampliamente y se
consideró que el órgano colegiado debía tener mayor competencia para los
temas más graves.

Para atender estas previsiones, como usted sabe, en la anterior
legislatura se hicieron trabajos para dotar de forma inmediata a las
audiencias provinciales del cuarto magistrado, posibilidad que prevé la
Ley Orgánica aprobada el año pasado, así como la de establecer secciones
nuevas allí donde se requiriese. Nosotros teníamos calculado que serían
unos 40 magistrados los que habría que crear de forma inmediata y lo que
nos gustaría saber es qué piensa la señora Ministra sobre este tema, si
se va a aprobar ese decreto pronto o si va a ser el decreto de creación
de órganos de este año.

Por otra parte, en una segunda fase, también nos gustaría conocer si van
a empezarse --aunque ya se empezaron--, si se van a continuar los
estudios necesarios para el redimensionamiento de la planta de los
juzgados de lo penal que, evidentemente, al perder competencias va a
haber que amortizar, aunque esto habrá que hacerlo probablemente con un
poquito más de lentitud, porque habrá que conocer los datos estadísticos;
habrá que amortizar unos y habrá que convertirlos, evidentemente, en
plazas de la Audiencia.

Pueden plantearse también (no sabemos si ha habido alguna petición; hasta
el momento en que nosotros dejamos el Gobierno no la había) problemas de
personal o de equipos de apoyo en las audiencias provinciales a efectos
de personal auxiliar. Ahí creemos que bastaría con llevar a cabo una
redistribución o redimensionamiento de las plantillas, como ya se hizo en
la legislatura anterior.

Creo que es importante también, porque fue una decisión discutida y
aprobada por el Parlamento, que el nuevo Código Penal lleve aparejada la
posibilidad de que el mayor número posible de tipos delictivos fueran
susceptibles de ser interpretados por el Tribunal Supremo en el ejercicio
de la función de unificación de la jurisprudencia que le corresponde. Con
independencia de los cambios normativos a los que luego me referiré, me
gustaría saber qué medidas van a adoptar para atajar



Página 543




esa mayor carga competencial de la Sala II del Tribunal Supremo.

Y lo mismo quiero decir con respecto a los Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria, que, como usted sabe, tienen un mayor catálogo de
competencias en el control judicial de la ejecución de la pena, de las
medidas de seguridad, de la libertad condicional y de los arrestos de fin
de semana o medidas sustitutivas. También nos gustaría saber si va a
haber algún proyecto de su Gobierno en esta materia.

Y lo mismo habrá que decir con respecto a los Juzgados de Menores. Ayer
se aprobó en este Parlamento una moción para instar a su Gobierno, aunque
estábamos hablando en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, pero yo
creo que corresponde al de Justicia, a la presentación inmediata del
proyecto de ley de responsabilidad penal del menor. Yo creo que, al mismo
tiempo, hay que empezar a estudiar ya también la planta de los Juzgados
de Menores porque, evidentemente, va a exigir modificaciones.

El segundo bloque de medidas que planteábamos se refiere a aquellas que
se derivan de la implantación de nuevas penas. No voy a decir nada
realmente de los arrestos de fin de semana y del trabajo en beneficio de
la comunidad, porque eso se trató ayer en el ámbito de Instituciones
Penitenciarias, pero sí voy a decir algo en cuanto a una de las
modalidades que cambian de penas en el nuevo Código, que es la de las
multas.

Como usted sabe, señora Ministra, la nueva configuración de la pena de
multa obliga a acomodar la situación económica del reo deducida de su
patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares, además de otras
circunstancias personales. Para ello, yo creo que es preciso que en la
fase de investigación penal no sólo se acredite debidamente la comisión
del hecho delictivo, sino que se identifiquen los bienes y la situación
económica de los imputados para que, de esta forma, se pueda garantizar
ya no sólo la responsabilidad civil derivada del delito, sino también la
posible imposición de multas como pena principal. Desde luego, esta
investigación de patrimonio de los imputados no está en estos momentos,
como usted muy bien sabe, al alcance de los Juzgados de Instrucción. Por
ello, deben promoverse --estimamos-- convenios de colaboración, como se
hizo con la Fiscalía Anticorrupción, con otras administraciones que
disponen de este tipo de información, a fin de garantizar que no se
produzcan las actualmente masivas declaraciones de insolvencia.

En cuanto a las nuevas formas de aplicación y ejecución de las penas, no
voy a decir nada tampoco de las toxicomanías, porque de eso se habló
ayer, pero sí hablar algo de la peligrosidad criminal como criterio para
otorgar la suspensión de la pena, la libertad condicional y las medidas
de seguridad. Es decir, el pronóstico sobre la probabilidad de comisión
de nuevos hechos delictivos hoy, a partir del Código se convierte en el
eje de muchas instituciones, especialmente de las formas sustitutivas de
las penas cortas privativas de libertad y de las medidas de seguridad.

Por eso es preciso, para que el juez o tribunal sentenciador pueda emitir
ese pronóstico de peligrosidad, que cuente con informes que le pongan de
manifiesto el perfil criminológico del imputado o del penado. Esos
estudios evidentemente son multidisciplinarios, porque en ellos influyen
factores familiares, sociales, educativos y criminológicos. Por tanto, ha
de existir una estructura que permita llevar a cabo dichos estudios para
facilitar la individualización de las penas a imponer por los tribunales.

Por otra parte, la disposición transitoria duodécima del Código impone o
establece que los jueces y tribunales, en tanto se aprueba la ley de
responsabilidad penal del menor, que conozcan de delitos relativos a los
menores, soliciten un diagnóstico también de probabilidad o de pronóstico
a los Tribunales de Menores, porque allí sí que tienen equipos. Para
esto, evidentemente, hay que adoptar una serie de medidas. Ya se
previeron en la oferta de empleo de este año 49 equipos para hacer frente
a la situación inmediata del Código Penal. Quería que me explicara,
señora Ministra, qué va a pasar con esa oferta de empleo.

Finalmente, quiero hacer una breve mención a la necesidad también de
adaptar el Real Decreto por el que se regula el registro de penados y
rebeldes. Ya hicimos las adaptaciones y modificaciones técnicas para que
pudiese empezar a funcionar, y empezó a funcionar el 7 de mayo, pero
ahora hay que adaptar también la normativa.

En cuanto al desarrollo legislativo, no voy a mencionar la ley del menor,
porque ya está en la moción que aprobamos ayer. Sí quiero decir que sería
importante --y nosotros consideramos que necesario-- adelantar una
reforma urgente y parcial del proceso penal en lo que se refiere a la
casación penal.

Estábamos diciendo antes que, como consecuencia del Código, la Sala
Segunda va a tener conocimiento de mayores tipos delictivos.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández de
la Vega, le ruego vaya concluyendo.




La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Además de adaptar la planta, sería
importantísimo que se produjese una modificación del procedimiento, es
decir, de la casación penal. Por tanto, nosotros consideramos que quizá
habría que adelantar a la reforma del proceso penal una modificación del
recurso de casación.

Finalmente, creo que fue el Consejo General del Poder Judicial, del que
usted formaba parte, quien sugirió hace aproximadamente un año la
necesidad de elaborar una ley de ejecución de penas. Quisiéramos saber,
señora Ministra, si considera que este es el momento



Página 544




de remitir a esta Cámara una nueva ley que regule esta materia. Muchas
gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández de la Vega.

Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias señora Fernández de la Vega. Le agradezco de verdad el
ofrecimiento que ha hecho de consenso entre fuerzas parlamentarias para
sacar adelante un tema como es el de la justicia, tema que en definitiva
nos afecta a todos y a cada uno de nosotros en bastante más medida de la
que en principio parecemos darnos cuenta.

Dicho esto, como saben SS. SS., el campo de actuación del Gobierno de la
nación en materias judiciales se reduce sustancialmente al ejercicio de
la iniciativa legislativa, por un lado y, por otro, a proveer a los
juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su
función con independencia y eficacia, según establece el artículo 37, que
S. S. conoce bien, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Naturalmente,
es en este último ámbito en el que ha de moverse en principio la acción
de Gobierno.

Por ello, el Gobierno entiende que la entrada en vigor del Código Penal
incide en las audiencias provinciales de un doble modo: Inmediatamente,
por la exigencia de la revisión de condenas; inmediatamente, por la nueva
carga competencial de esos tribunales, a causa de las nuevas sanciones
del Código Penal y de la reforma del artículo 14 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que se produce por la disposición final primera
de dicho Código, y que S. S. ha repetido en este momento.

En cuanto a la revisión de condenas, la disposición transitoria quinta
del Código Penal prevé la medida consistente en (cito literalmente)
asignar a uno o a varios de los Juzgados de lo Penal, o secciones de las
Audiencias Provinciales dedicados en régimen de exclusividad a la
ejecución de sentencias penales, la revisión de las sentencias firmes
dictadas antes de la vigencia de este Código.

La Ministra que tiene el honor de dirigirse a SS. SS. opina que se trata
de una medida que sólo muy limitadamente puede contribuir a agilizar el
conjunto de la tarea de revisión de condenas y, por tanto, a que las
Audiencias Provinciales puedan volver a dedicarse a sus cometidos,
digamos, ordinarios. En todo caso, es una medida que le corresponde
adoptar, no al Gobierno, sino, como no deja de señalar la citada
disposición, al Consejo General del Poder Judicial .

El Gobierno no tiene noticia de que el Consejo General del Poder Judicial
haya aplicado esa disposición transitoria a ninguno de los casos y, por
el obvio motivo del tiempo en que era procedente revisar las condenas
penales, el Gobierno del que formo parte poco ha podido y poco puede
hacer para reforzar los equipos humanos de jueces y magistrados y de
personal al servicio de la Administración de justicia que han debido
acometer esa revisión de penas.

Por lo que respecta a la nueva carga competencial penal de las Audiencias
Provinciales y las nuevas competencias de los Juzgados de lo Penal, los
dos tipos de órganos penales enjuiciadores, según ha referido S. S., la
situación deriva de la modificación legal que antes ha apuntado. La
disposición final primera del Código Penal modifica el artículo 14 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y atribuye a los Juzgados de lo Penal el
conocimiento y fallo de las causas por delitos menos graves. El
conocimiento y fallo de las causas por infracciones graves, esto es,
aquellas sancionadas con penas graves, es el que corresponde a las
Audiencias Provinciales y eso significa un importante aumento de la carga
competencial de este tipo de órganos, porque, hasta el nuevo Código
Penal, las Audiencias Provinciales tenían atribuida la competencia en las
causas con delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a
seis años.

Al hacerme cargo de la cartera de Justicia, he encontrado en el
Ministerio alguna documentación sobre (y cito textualmente) incidencia de
la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que, en el punto que nos
ocupa, y al que ha hecho referencia S. S., me voy a permitir transmitir
literalmente: Tras una primera labor de muestreo, realizada por algunas
Audiencias Provinciales, a partir de los procedimientos que durante el
año 1995 tuvieron entrada en un determinado número de Juzgados de lo
Penal y que, con la nueva normativa, pasarían a ser competencia de dichas
Audiencias Provinciales, cabe formular dos aproximaciones a la futura
--en este momento, presente-- situación. Las dos aproximaciones
--continúo citando-- son éstas: la disminución de las cargas de los
Juzgados de lo Penal se situaría en torno al 25 por ciento. Las
Audiencias Provinciales experimentarían, correlativamente, un incremento
sustancial en materia penal, en primera aproximación, efectuando una
traslación directa del número de asuntos trasvasados. La cifra de
magistrados requeridos para hacerles frente se situaría en torno a los
125.

Se entiende, aunque el documento no lo diga expresamente, que siendo 550
el número total de magistrados de las Audiencias Provinciales previsto en
la Ley de Demarcación y Planta, esa cifra de 125 magistrados se refiere a
nuevos magistrados. Permítame que me parezca excesivo el número de
magistrados a asumir y a plantear por el Consejo General del Poder
Judicial en estos momentos.

Sin embargo, el documento sobre incidencia del Código Penal --documento,
lo recuerdo, preparado antes de que yo llegara al Ministerio-- afirma:
Esta cifra, sin embargo, debe ser modulada a la baja por varias razones
que, según el documento, serían las siguientes: La disminución simultánea
en el número de apelaciones,



Página 545




sobre la que no cabe hacer una estimación válida en estos momentos. En
segundo lugar, la situación actual de un cierto número de Audiencias
Provinciales y la derivada de la propuesta de dotación de un cuarto
magistrado, como consecuencia del incremento de carga en materia civil y
de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que
--prosigue el documento-- brindan un margen de maniobra suficiente para
asimilar, total o parcialmente, el incremento, con un alza del número de
asuntos por magistrado apreciable, pero perfectamente asumible. Aunque
ese margen de maniobra debe ser forzosamente revisado a la vista de los
datos estadísticos correspondientes a 1995 la cifra inicial de 125
magistrados podría reducirse hasta los 80, con una primera distribución
que se establece en función de un cuadro que va, desde un magistrado en
la Audiencia que menos, por ejemplo Alava, a catorce en la Audiencia que
más, que serían Barcelona y Madrid.

Las estimaciones tienen carácter absolutamente preliminar y habrán de ser
contrastadas con un análisis más amplio y actualizado. En cualquier caso,
los datos manejados destacan la necesidad de abordar un
redimensionamiento de la planta de ambos tipos de órganos judiciales,
orientado a ampliar la dotación de magistrados en las Audiencias
Provinciales, por una parte, y a suprimir o transformar Juzgados de lo
Penal, por otra, en la medida en que su carga se sitúe sensiblemente por
debajo de módulos razonables.

Sigue el documento hablando de la provisionalidad de los datos. En
definitiva, lo que quisiera hacer notar en este momento es que las cifras
en sí mismas ya presentan algunos fundamentos bastante endebles; se basan
en un muestreo sobre la disminución de apelaciones; no cabe hacer una
estimación válida, según se dice en otra parte del documento; la
propuesta del cuarto magistrado por sección no puede, como todo lo que es
mera propuesta, modificar la realidad. En definitiva, es una primera
aproximación.

Pero hay más. Los estudios que estoy transmitiendo a SS. SS., tras la
cifra también impresionante de 80 magistrados y tras el plan de su
distribución, prosiguen en lo siguientes términos: Dichas estimaciones
tienen carácter absolutamente preliminar y habrán de ser contrastadas con
un análisis más amplio y actualizado. En cualquier caso, los datos
manejados destacan la necesidad de abordar un redimensionamiento de la
planta de ambos tipos de órganos. Como primera actuación, sería
conveniente reforzar en este ejercicio las Audiencias Provinciales y
congelar la planta actual de los Juzgados de lo Penal.

Esas eran las medidas propuestas.

La Ministra que tiene el honor de dirigirse a SS. SS. piensa, desde hace
mucho tiempo, que no decir la verdad es algo especialmente reprobable.

Comparecer aquí con fabulaciones engañosas sería no decir la verdad. Por
eso, tengo que decir a SS. SS., en cuanto al estado de cosas que el
Gobierno ha encontrado respecto a la incidencia del Código Penal en el
trabajo procesal penal de las Audiencias Provinciales, que el Ministerio
del que soy titular no puede elaborar en este momento un plan que palíe
en su totalidad la incidencia que va a tener el Código Penal en el
funcionamiento de Audiencias y Juzgados Penales.

Pero como evidentemente lo que no cabe es que la única respuesta que dé a
la Cámara es que no voy a hacer nada, una vez expuestos los problemas con
los que me he encontrado a la llegada al Ministerio, vamos a proponer las
siguientes líneas.

De manera inmediata reforzar, siempre que sea posible --y por el momento
lo es--, el personal no judicial de las secciones de las Audiencias
Provinciales con competencias penales, sea de modo exclusivo o junto a la
materia civil. En segundo lugar, de manera también inmediata, tratar de
resolver problemas materiales que padecen algunas Audiencias
Provinciales, en concreto la sede de la Audiencia Provincial de Madrid,
que dificultan bastante tanto la creación de secciones como la
persistencia de las existentes en este momento.

A estos fines, se han llevado a cabo ya y pronto se completarán reuniones
de trabajo con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia,
los de las Audiencias Provinciales y los responsables de las gerencias
territoriales del Ministerio, organismos creados por el Gobierno anterior
para la más ágil y acertada gestión de los recursos materiales. Estas
gerencias se encuentran en trance de probar su funcionalidad y eficacia
ante un reto de singular dificultad.

También de manera inmediata pretendemos llevar a cabo, con la
indispensable colaboración de los presidentes de las Audiencias, un
seguimiento de la actividad de éstas que permita, de un lado, conocer con
fiabilidad los problemas que suscitan o agravan en todos los órdenes la
aplicación del Código Penal y la Ley del Jurado, que no olvidemos también
está incidiendo seriamente en el funcionamiento de las Audiencias.

A corto plazo, distribuiremos los escasos recursos disponibles que han de
aplicarse a la ampliación de la planta de las Audiencias Provinciales,
reestudiando y consultando previamente si la fórmula del cuarto
magistrado (que no descarto en absoluto) por sección es en efecto la
mejor para esa ampliación o reforzamiento desde los distintos puntos de
vista que deben contemplarse.

De manera inmediata, pero con resultados que no pueden esperarse a corto
sino a medio plazo, el Ministerio pretende que el necesario recorte del
gasto público no afecte a un sector institucional, el de la justicia, que
ni los expertos ni la ciudadanía han identificado como una zona o ámbito
del Estado en que sobren o se despilfarren los recursos. Sin duda cabe
mejorar la gestión y la aplicación de los caudales públicos en la
Administración de justicia, pero confio en que SS. SS. convengan conmigo
en que, de los tres poderes del Estado,



Página 546




es el Poder Judicial, por decirlo en términos constitucionales, aquel que
menos recursos consume en términos relativos.

A medio plazo, aunque con los trabajos iniciados ya, el Ministerio del
que soy titular se propone concretar en propuestas de posibles reformas
legales los cambios que, en su caso, la experiencia muestre que son
urgentes en el Código Penal y su desarrollo legislativo, en la línea que
ha sugerido la señora Fernández de la Vega. Digo, señorías, que estos
trabajos se han iniciado ya, con mentalidad opuesta a cualquier
reformismo precipitado, siempre desaconsejable, porque lamentablemente
antes de la entrada en vigor del Código Penal se detectaban ya con
significativa coincidencia ciertos puntos oscuros en el texto legal al
que nos hemos venido refiriendo. En todo caso, al Gobierno incumbe tratar
de cumplir lo mejor posible su deber de ejercitar responsablemente la
iniciativa legislativa para estas eventuales reformas y desarrollo
legislativo que exige el Código Penal y debe ser la concurrencia de un
amplio consenso en las dos Cámaras legislativas competentes la que nos
lleve a elaborar leyes que son fundamentales para el completo desarrollo
de la ley penal.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.

Tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.




La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, me alegra enormemente que acepte nuestro pacto de
Estado, que en la anterior legislatura su grupo no quiso aceptar. Me
alegra enormemente que ahora desde el Gobierno usted esté dispuesta a
colaborar con todas las fuerzas políticas para llegar a acuerdos en temas
que creíamos, creemos y vamos a seguir creyendo que son de Estado y en
los que creo que es bueno que nos pongamos de acuerdo, porque nos lo van
a agradecer además todos los ciudadanos.

Yo me alegro de que lea usted los papeles que le dejamos. Ya conocíamos
los papeles. Es verdad que se han hecho estudios. Yo lo que quería saber
no es lo que había hecho el Gobierno anterior, sino lo que está haciendo
este Gobierno. De todas formas, he visto que en algunas de las cosas
usted ya me ha adelantado por dónde van a ir los pasos. Es verdad que los
estudios eran estudios preliminares, porque no pueden ser de otra manera,
señora Ministra, usted lo sabe muy bien; va a haber que tener un margen
de tiempo para ver cómo utilizan los jueces y tribunales el Código Penal
y para, a raíz de esa utilización, ver cómo tenemos que redimensionar
todos los medios materiales de la Administración de justicia. Pero eso no
significa que de entrada ya, en estos momentos, como además decía una de
las conclusiones del informe que usted ha tenido a bien leernos aquí,
haya que adoptar medidas de refuerzo importantes, porque eso puede servir
para que esa avalancha en las Audiencias Provinciales de la que se está
hablando, que además yo no creo que se vaya a producir hasta dentro de un
año, pueda ser mitigada.

Yo estoy de acuerdo en que usted tiene que priorizar, porque sé que tiene
un presupuesto muy pequeño y además hemos tenido un presupuesto muy
pequeño en Justicia en los últimos años, pero esas priorizaciones tienen
que pasar también por temas que están ya en el «Boletín Oficial del
Estado», como es el Código Penal. Yo sé que usted va a tener muchísimos
problemas a la hora de elegir qué órganos va a crear este año, a la hora
de aprobar el decreto de creación de órganos, que espero que ya esté
preparando, porque, es verdad, ya han pasado cuarenta días, tienen ahí
todos esos informes y lo tendrán que mandar al Consejo General del Poder
Judicial para que lo informe, en septiembre se tendrá que aprobar para
que puedan salir las plazas a concurso y se puedan cubrir en diciembre
todos esos trámites que la señora Ministra conoce muy bien. Por eso nos
importaba saber si vamos a tener pronto un real decreto que, en opinión
del Grupo Parlamentario Socialista, tiene que priorizar este año,
precisamente, porque ha habido cambios importantes en la justicia penal,
las Audiencias Provinciales.

Es verdad que se hablaba, primero, de 125, luego de 80, pero tenga en
cuenta, señora Ministra, que todas esas cifras se daban teniendo presente
que muchos Juzgados de lo Penal habrá que amortizarlos, porque es lógico
que vayan a quedarse con unas competencias mucho más residuales de las
que tienen hoy. Eso no se puede hacer ahora; eso hay que hacerlo a medio
plazo. Pero lo que sí se puede hacer ahora es priorizar, entre las
necesidades de la Administración de justicia, para que no haya problemas
en la justicia penal, que es la que más reformas ha tenido en la última
legislatura, para poder crear esas cuarenta o cincuenta plazas de
magistrados, la cifra la podrá usted terminar de matizar, y eso es lo que
queremos saber.

Además de eso, me alegra mucho que no haya habido peticiones para las
revisiones de las causas. Yo sé que los jueces han trabajado mucho en
esta materia y que, por tanto, prácticamente, ya se ha producido una
masiva revisión de causas. Por cierto, que además se han revisado las
causas y no han salido tantos presos a la calle, señora Ministra.

Perdóneme que lo repita, pero es que, como este tema lo sufrimos tanto en
la anterior legislatura, no me queda más remedio, aunque sea al paso de
mi intervención.

Luego quería saber también, porque usted no ha hecho referencia, qué va a
pasar con los equipos necesariamente de apoyo personales que requiere el
nuevo Código Penal, porque hemos hablado de la necesidad del informe
criminológico que tienen que emitir ahora los jueces y los tribunales
sentenciadores de la disposición transitoria duodécima en cuanto a que,
hasta que



Página 547




se apruebe la ley de responsabilidad del menor, los jueces y tribunales
tengan que pedir ese informe de diagnóstico a los equipos que dependen de
los Juzgados de Menores. Es decir, aparte del tema de los magistrados de
las Audiencias Provinciales, yo creo que también es urgente e importante
saber si se van a sacar en la oferta de empleo las plazas; creo recordar
que había previstos cuarenta y nueve equipos de psicólogos y sociólogos,
para atender a estos requerimientos en esta primera fase.

Y quisiera saber también si realmente va a hacer algo con la Sala Segunda
del Supremo, tema al que no me ha contestado, señora Ministra. Tampoco
creo yo que ése sea el tema más urgente, pero sí que hay que preverlo,
porque los recursos de casación pueden llegar el año que viene. Pero
sería bueno que, por lo menos, ustedes supieran lo que van a hacer o que
lo incluyeran en los presupuestos del próximo año, porque evidentemente
habrá que ampliar la planta de la Sala Segunda de lo Penal. Y, al mismo
tiempo, querríamos saber también si ustedes van a presentar, con carácter
urgente, una reforma de la casación penal, lo mismo que una ley de
ejecución de penas que, desde luego, solucionaría muchísimos problemas.

Yo sé que la ley de ejecución de penas no es un tema de ahora mismo;
mañana usted va a comparecer y nos contará cuáles van a ser sus
prioridades para toda esta legislatura, pero, como estamos hablando ahora
del Código Penal, permítame que le adelante esta pregunta en orden a
todos estos temas.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández de la Vega.

Tiene la palabra la señora Ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señora
Fernández de la Vega, empezando por la última parte de su intervención,
le diré que en este momento hay que priorizar y no tengo como prioridad
el llevar a cabo la reforma de la casación penal. Existen cuestiones y
proyectos legislativos que en este momento preocupan más al Ministerio de
Justicia.

Respecto a la ley de ejecución de penas, evidentemente, es una ley que
tenemos en estudio y que muy previsiblemente a corto plazo será
presentada.

En cuanto a los equipos, si existe dotación presupuestaria, no dude la
señora Diputada que esos equipos serán puestos a disposición de los
juzgados y tribunales a los que les haga falta. No puedo decirle en este
momento, porque desconozco el dato, si son cuarenta o cincuenta equipos,
pero, repito, si existe dotación presupuestaria, los equipos se pondrán
en funcionamiento.

Respecto a los desarrollos legislativos a los que antes hemos hecho
alusión, quiero reiterar que, efectivamente, el consenso parlamentario es
fundamental para la Ministra de Justicia y que de él tendremos que hablar
a la hora de elaborar la ley penal del menor y juvenil, y en la
comparecencia de mañana desarrollaré más varios de los proyectos que
tiene pendientes el Ministerio de Justicia.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, compartimos las inquietudes manifestadas por la
interpelante y por usted. Nos sumamos a la voluntad de consenso
manifestada, puesto que creemos que es tarea, que en esta legislatura
debe abordarse, hacer que el Código Penal pueda ser un instrumento hábil
para la convivencia. Tal fue la ilusión con la que se aprobó en la pasada
legislatura.

De todas formas, creemos que las medidas a adoptar frente a la
inexistencia de establecimientos suficientes para la deshabituación y
para poder certificar que esta deshabituación se ha producido de cara a
la suspensión de las condenas, o el cumplimiento de las nuevas medidas de
seguridad, o las plazas para poder efectuar los trabajos en beneficio de
la comunidad, así como la propia ley penal del menor, o la modificación
de la planta judicial, son todos temas muy difíciles de abordar en épocas
de restricciones presupuestarias.

Nos sumamos, por tanto, a esta voluntad de consenso para que entre todos
podamos conseguir que no queden en el aire todas las previsiones y
esperamos la comparecencia de la señora Ministra para conocer sus
proyectos en profundidad.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene
la palabra el señor Silva.




El señor SILVA I SANCHEZ: Señora Ministra, entendemos que el diagnóstico
que ha efectuado la Diputada Fernández de la Vega es acertado. Así lo
hemos podido comprobar en los trámites de preparación de esta
interpelación.

Entendemos también que lo que se produjo en esta Cámara el día de ayer,
esto es, el consenso entre prácticamente todos los grupos --creo recordar
que todos los grupos, por el resultado de la votación-- sobre iniciativas
que debían adoptarse por el Gobierno para garantizar una ejecución y un
desarrollo correcto del Código Penal, es el ejemplo que debería guiarnos
en estos momentos y en momentos sucesivos, que estamos seguros



Página 548




que para su Ministerio van a ser duros, desde el punto de vista de las
restricciones presupuestarias; pero también al menos desde el Grupo
Parlamentario Catalán querríamos animarla a que no se deje reducir
demasiado el presupuesto, porque la justicia es realmente una prioridad.

Así hay que entenderlo antes o después. Por lo tanto, comprendemos los
requisitos de austeridad, pero sepa y tenga por cierto que va a contar
con todo nuestro apoyo cuando se trate de hacer entender a su propio
Gobierno las necesidades de la adopción de algunas medidas de carácter
legislativo que, obviamente, llevarán aparejadas los créditos
presupuestarios correspondientes.

Por lo demás, en cuanto a algunas de las cuestiones que aquí han sido
comentadas --estoy pensando en estos momentos en el problema de la pena
de multa--, son temas que nos interesan mucho. Discrepamos ligeramente de
alguna apreciación que se ha hecho respecto a que antes de conocerse la
sentencia deba constar en autos cuál es el caudal y el patrimonio del
imputado o de la persona contra la que se haya dirigido una querella. En
cualquier caso, nos consta que es un problema real que está preocupando
mucho a la Fiscalía. Lo propio ocurre respecto a las nuevas obligaciones
que incumben a los Juzgados de Menores, en virtud de la disposición
duodécima, que ha sido citada anteriormente, que también causa inquietud
y está acumulando notablemente el trabajo.

En cualquier caso, quedamos también pendientes de su comparecencia de
mañana y de las mociones que puedan presentarse como consecuencia de esta
interpelación, y hemos de agradecer, obviamente, su esfuerzo por obtener
ese consenso.

Tenga por seguro que nosotros también haremos los esfuerzos posibles para
obtener tanto ese consenso como para llevar a otros grupos, si es
preciso, ese consenso. En cuanto a los problemas de carácter
presupuestario, que sin duda alguna tendrá, tenga también por seguro que
en el Grupo Catalán encontrará un aliado importante para que se sepa
cuáles son las necesidades de la justicia en estos momentos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.

En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, asistimos hoy al segundo acto de un debate sobre las
consecuencias del Código Penal que comenzó ayer, lógicamente, con la
aprobación de una moción en la que se fijaba mucho más la atención en las
consecuencias de la aplicación de las penas, que traía como efecto este
Código Penal, que en los temas orgánicos o en los temas legislativos.

Digo segundo acto porque no podemos ocultar que mañana habrá el tercer
acto con la comparecencia de la señora Ministra, a la que, lógicamente,
ya hay que desear tenga un buen descanso porque el día de mañana puede
ser todavía mucho más penoso que el de hoy.

En todo caso, nos ha gustado asistir a un debate entre una Ministra sin
nombramiento y una Ministra con nombramiento, pero que daba el buen
aspecto de que estaban discutiendo asuntos muy domésticos acerca de cómo
dejé los papeles o cómo me los he encontrado, y en alguna medida muy
reduccionista acerca de si todos los problemas que se deducen de la nueva
aplicación del Código Penal van a ser en un momento determinado el número
de magistrados que van a hacer falta en las Audiencias o qué pasa con el
Código Penal. Entiéndase, entre paréntesis, que como nuestro Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a lo largo de
muchísimo tiempo ya puso de manifiesto sus reticencias frente a esa
figura del llamado juzgado de lo penal, que en un momento determinado no
tenía otro objeto que quitar papel de las Audiencias --porque no tenía
otra filosofía--, y que luego, además, traía como consecuencia una
disminución de garantías por aquello de que más ven seis ojos que dos en
cuanto a ese derecho de plenario que tiene, nosotros no lamentamos que se
restituya al proceso, en el sentido más clásico ante los tribunales o los
órganos colegiados, el mayor número de competencias. Pero no nos gustaría
fijar sólo la atención, que la merece, en las consecuencias orgánicas que
puede traer para la Ley de Planta la aplicación del Código Penal, sino
que nos gustaría fijar más la atención en las consecuencias realmente de
política criminológica que este Código comporta. En todo caso, también, y
aprovechando que estamos en el tratamiento de estos temas, agradeceríamos
a la señora Ministra de Justicia que cuando llegue el momento de
enfrentarse con el tema de los juzgados de menores se enfrente de forma
muy seria con el procedimiento de enjuiciamiento de los delitos cometidos
por menores, porque nada tiene que ver con un tratamiento de carácter de
no imputabilidad, como dice nuestro artículo 8.º del Código Penal, y
parece un auténtico proceso que no se compadece con la irresponsabilidad
que a los menores, en un momento determinado, queremos darles cuando
hablamos del Código Penal.

Ciertamente, son muchas las cosas a modificar, pero la primera que hay
que modificar, querida señora Ministra, es la mentalidad con que nos
enfrentamos a un Código Penal que innova en un conjunto de delitos
importantísimos, delitos de orden socioeconómico, delitos societarios,
delitos de ordenación del territorio, que son algo más que el delito
ecológico, delitos sobre la integridad moral de la Función Pública,
delitos de cuello blanco para los cuales es evidente que no tenemos una
policía judicial ni una policía vamos a decir



Página 549




criminal suficientemente preparada. Lo primero que habrá que hacer es que
para que no queden en la más absoluta impunidad, además del conocimiento
que se supone por aquello de la máxima iura non victuria de la judicatura
y por aquello de los fiscales, a aquellos que están encargados, porque no
son los jueces y fiscales los encargados de investigar los delitos, ni de
tratar de la averiguación de los delincuentes, sino que habrá que
conseguir que los que tienen tal cometido se enteren de verdad por dónde
va el nuevo Código Penal, no vaya a ser que a este Código Penal en
algunos temas le pueda pasar lo que a la Ley General Penitenciaria, que
quedó francamente «bonita» --entre comillas--, fue aprobada por la
unanimidad de la Cámara pero todavía en gran parte está inaplicada, y no
sólo por falta de medios materiales y humanos, en los que se suele poner
mucho acento, sino por falta de voluntad política en que de una vez por
todas llevemos adelante una política penitenciaria dedicada a la
reinserción y no al almacenamiento.

Hay delitos muy importantes contra los trabajadores que yo, sinceramente
creo que como tiene usted unos miembros de Gabinete con los que le
supongo cierta cordialidad, a lo mejor conseguimos que la Inspección de
trabajo sirva para algo; a lo mejor lo conseguimos, y es un anhelo que
algunos tenemos ya hace mucho tiempo, cuando los derechos que en este
momento hay en contra de los trabajadores en materia de seguridad ya son
a tener en cuenta, si son cerca de 1.000 accidentes de trabajo anuales
los que soportamos, con todo lo que comportan.

Hay delitos contra el patrimonio artístico, histórico y cultural, contra
el medio ambiente; nuevos delitos en materia de energía nuclear, en
materia de protección de flora y fauna. En suma, lo que nos interesa
desde este grupo parlamentario, además de valorar las consecuencias de lo
que pueda suponer el aumento de plantillas, es la capacitación de todos
aquellos que tienen como cometido esta colaboración. Y a la vista del
fracaso rotundo, pues no se puede calificar de otra manera, porque ha
quedado en una situación de auténtica inoperatividad de la policía
judicial, de la que todavía estamos discutiendo si depende orgánicamente
o no de los jueces o depende o no funcionalmente del Ministerio del
Interior, sería importante que el Código Penal no vaya a suponer una
nueva frustración si queremos de verdad que sea un Código Penal, al que
tan rimbombantemente se ha adornado del adjetivo de Código Penal de la
democracia, como si el resto de las leyes hubieran sido, ni más ni menos,
que objeto de una licencia de importación de algún país africano.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano,
le ruego concluya.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo enseguida, señor Presidente.

Va a contar S. S. con toda nuestra colaboración, porque éste es un tema
que basta con asomarse al «Diario de Sesiones» para ver que toda
intervención de miembros de nuestro grupo ha tenido siempre como punto
fundamental llamar la atención sobre la gran asignatura pendiente;
asignatura que no nos gustaría siguiera siendo objeto de parcheo. En esa
línea, mañana continuaremos con este debate y le reitero que esperemos
esta vez por todas que las leyes no se nos queden sobre los papeles, sino
que empiecen a tener importancia y aplicación en la calle, que es de lo
que se trata.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente.

Hemos asistido hoy, sin duda, a una interpelación un tanto atípica. Es
lógico porque el hecho de que en cada Pleno semanal haya dos
interpelaciones, a veces puede ser un poquito forzado.

Como interpelación ha parecido prematura, porque no parecía que todavía
hubiera mucho sobre lo que interpelar, y se ha acabado escenificando un
traspaso de poderes, quizás tardíamente, y un antiguo alto cargo nos ha
explicado hasta qué punto conoce bien lo muchísimo que ha quedado por
hacer, no sé si con alivio, no nos lo ha explicado, y la Ministra
brillantemente ha dado muestras de que también sabe perfectamente lo
muchísimo que ha quedado por hacer.

En nombre de mi grupo lo único que quiero hacer es felicitar a la señora
Ministra porque ha dicho algo aquí que ha sido lo más importante del
debate. Ha dicho que ha leído los papeles de sus antecesores. Hay dos
maneras de hacer política: una, entrar hacer borrón y cuenta nueva, con
uno empieza la historia y, a partir de eso, pedir un pacto de Estado para
que todos hagan lo que a uno se le ocurra; otra, leerse los papeles de
los antecesores.

Enhorabuena, señora Ministra, y esperamos su comparecencia de mañana.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ollero.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO RESPECTO DE LAS
ADMINISTRACIONES LOCALES Y EN CONCRETO LA REFERIDA AL CONOCIDO COMO
«PACTO LOCAL» (Número de expediente 172/000009)



Página 550




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
sobre la política del Gobierno respecto de las Administraciones Locales
y, en concreto, la referida al conocido como pacto local.

En nombre del Grupo Parlamentario interpelante, tiene la palabra el señor
Navas.




El señor NAVAS AMORES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para presentar ante el Gobierno una
interpelación sobre el pacto local.

Tras años de buenas voluntades y escasos hechos, nos encontramos en estos
momentos con una construcción de Estado desequilibrada institucionalmente
por la falta de descentralización ante las entidades locales, a pesar de
las reiteradas declaraciones de la práctica totalidad de los grupos de la
Cámara.

Introducimos de nuevo el debate sobre la realidad de los ayuntamientos,
considerándolos como una parte fundamental del Estado que continúa
marginada.

La realidad de 1996 para los ayuntamientos es prácticamente idéntica a
aquella que describíamos en nuestra interpelación y moción aprobada en
esta Cámara en 1993, porque prácticamente nada se ha hecho en relación a
ellos, toda vez que no ha sido un tema prioritario, lo cual no deja de
ser un grave error político, porque los ayuntamientos son instituciones
fundamentales y básicas en nuestro sistema democrático. Esta falta de
prioridad política para profundizar en los principios constitucionales de
autonomía en la gestión de sus intereses mediante la construcción de un
Estado descentralizado y basado en el principio de suficiencia
financiera, es el origen del desequilibrio institucional al que hemos
hecho referencia.

Desde la perspectiva de las entidades locales, la descentralización debe
ser igual a eficiencia y participación ciudadana. Este es un elemento
clave a la hora de contemplar el necesario trasvase de competencias, no
sólo desde la Administración central a las autonómicas, sino de ambas al
poder local. No se ha aplicado el principio de subsidiariedad a los entes
locales, no se ha garantizado que las decisiones sean adoptadas en el
nivel más próximo posible a la ciudadanía, con la consiguiente garantía
de una mayor transparencia y eficacia de la acción de los poderes
locales. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
Señor Ministro, usted no ha anunciado el ámbito municipal como
importante, como centro de su plan de trabajo, como centro de sus
prioridades. Usted ha anunciado más comunidades autónomas, pero no más
municipios. La realidad municipal viene igualmente caracterizada por la
asfixia económica en que se encuentran los municipios. Aquí no hace falta
concretar en exceso los tamaños de los municipios en grandes, medianos y
pequeños; el denominador común a aplicar a todos ellos es la situación de
insuficiencia financiera para desarrollar sus servicios como fruto de un
sistema de financiación que no obedece a las necesidades locales actuales
y que exige la definición de un nuevo modelo de financiación, debido
también a la confusión competencial y a la petición de la ciudadanía para
recibir servicios públicos cada vez más amplios y de calidad; por las
actividades que los ayuntamientos se ven obligados a realizar, que en
algunos casos no son propias y cuya financiación suele ser insuficiente e
incluso a veces nula.

El déficit generado demanda soluciones urgentes. En la inmensa mayoría de
los ayuntamientos existen muy serias dificultades para hacer inversiones,
pagar los gastos sociales e incluso los salarios de los propios
trabajadores, pero ustedes, el Gobierno de la derecha, a pesar del escaso
margen de tiempo transcurrido desde su toma de posesión, han actuado ya
con medidas que afectan a los ayuntamientos. ¿En qué han consistido esas
medidas? Pues en aplicarles un recorte de 18.000 millones de pesetas en
el presupuesto de este año, presupuesto que ya se había recortado y que
había sufrido un ajuste en enero del año 1995.

También se han referido a los ayuntamientos en sus medidas aprobando el
decreto por el que se decide la disminución de cesiones de suelo del 15
al 10 por ciento, suponiendo un ataque frontal a la configuración del
patrimonio municipal de suelo, pero también a su autonomía para diseñar
la ciudad y disponer de suelo para infraestructuras y centros públicos,
todavía hoy escasos o inexistentes en algunos municipios.

Ante las quejas de los representantes de la FEMP, cuya Presidenta es de
su mismo partido, el señor Aznar salió al paso garantizando a los
representantes municipales medidas compensatorias ante la agresión a sus
intereses. El Gobierno ha actuado con premeditación y alevosía, ha tomado
iniciativas que perjudican gravemente a los ayuntamientos, hasta tal
punto que el mismo Presidente ha tenido que reconocer el daño que ha
causado y, como acabo de referir, ha anunciado medidas compensatorias.

Pero la cuestión no es compensar, sino tomar medidas políticas que
generen la posibilidad de llegar a acuerdos sin necesidad de tener que
situar medidas correctoras. El Gobierno con sus medidas ha iniciado un
camino en dirección contraria a la que estaban demandando e indicando los
ayuntamientos, razones por las cuales estamos muy preocupados por lo que
hasta ahora ha dejado entrever en el campo de la administración local.

Supeditan el desarrollo del modelo de descentralización y suficiencia
financiera a la nueva realidad surgida tras los acuerdos de
gobernabilidad con Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco y
Coalición Canaria. El Gobierno tiene que explicar aquí y ahora si su
compromiso político comporta la concreción, el detalle



Página 551




del pacto local; si los ayuntamientos van a ser una prioridad en su
acción de Gobierno, si contempla en lo inmediato, y en qué sentido, la
modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Haciendas
Locales, o si, por el contrario, toda su política municipal va a estar
supeditada a los acuerdos de gobernabilidad y, por tanto, va a ir
dirigida a no disgustar a sus apoyos nacionalistas.

Desde el punto de vista de nuestro Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el pacto local debe concretarse en los
primeros tiempos de esta legislatura. Debe necesariamente dar respuesta a
la insuficiencia de los instrumentos jurídicos para definir positivamente
y hacer eficaz el contenido competencial concreto de la autonomía local,
que están reclamando para la gestión de sus intereses propios y la
autonomía e insuficiencia financiera.

La política de gestos en asuntos municipales, no debe sustituir a la
política de hechos. Ustedes se han entrevistado, señor Ministro, con la
Presidenta de la FEMP. Ha habido una audiencia de la dirección de la FEMP
con el Presidente del Gobierno, señor Aznar. La FEMP ha invitado al
Ministro a asistir a su Comisión Ejecutiva. Son una serie de
acontecimientos, de gestos para estar expectantes ante las peticiones o
hacia la hipotética sensibilidad hacia la realidad municipal; pero, en
cambio, los hechos, como las medidas tomadas a espaldas de las entidades
locales y esa falta de concreción de los principios recogidos en el
discurso de investidura del señor Aznar, nos suenan a continuismo en la
política municipal e incluso a agresión con su política al poder
municipal.

Con la interpelación de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tienen
oportunidad de rectifica los pasos dados en relación al ámbito municipal,
y tienen la oportunidad, mediante el consenso y el diálogo con todos los
grupos parlamentarios y las administraciones afectadas, de dar respuesta
a la realidad municipal.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Navas. Para
contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de
Administraciones Públicas.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, señor Navas, voy a tratar de
explicar en mi intervención cuál debe ser, en opinión del Gobierno, el
contenido de eso que ya empieza a ser un concepto jurídico indeterminado
que se llama el pacto local, bien entendido, y quiero hacer ya esa
afirmación en primer lugar, que el criterio del Gobierno es un criterio
abierto y, por tanto, el contenido del pacto que pretende el Gobierno
puede ser objeto de ampliación, porque, de no ser así, no estaríamos ante
un pacto, sino ante una imposición, y cuando se está ante una imposición
se imposibilita la consecución del referido pacto.

En cualquier caso mi obligación aquí es fijar el criterio del Gobierno
aunque, como es lógico, también voy a intentar dar respuesta a algunas
cuestiones que usted ha planteado y a algunas inquietudes que ha mostrado
en su intervención y que no se refieren propiamente al contenido del
pacto local, pero creo que es mi obligación responder a esas inquietudes
y a esas cuestiones que usted planteaba.

En mi opinión el asunto básico que hay que abordar en el campo local es
el competencial; es decir, qué competencias tienen que ejercer las
corporaciones locales en general, y de forma más particular los
ayuntamientos; en consecuencia, el segundo tema que hay que abordar es el
de la financiación de esas nuevas competencias que ejercerían las
corporaciones locales. No excluyo que en el pacto local pueda abordarse
también un tema muy específico, muy concreto y que también puede formar
parte, por tanto, del mismo, que es el de si las grandes ciudades deben o
no tener una regulación especial en atención a sus también especiales
características.

En cualquier caso, el realismo político y la dificultad que tiene este
tema (puedo asegurarle a usted que no es algo ciertamente fácil de llevar
a buen término, luego haré algunos apuntes sobre esta idea, y por eso
hasta el momento presente no se ha podido hacer este pacto local) me hace
ser sólo razonablemente ambicioso en el planteamiento. Creo que es mejor
no ser excesivamente ambicioso, pero intentar que los cuatro, cinco, diez
o doce temas que se puedan resolver, se resuelvan y pasemos de los
discursos, que coincido con usted han sido muchos, a los hechos concretos
y determinados.

Dicho esto, qué ha sucedido en España, es la pregunta que hay que
hacerse, desde la Constitución del año 1978 a la hora de distribuir las
competencias entre las distintas administraciones públicas y, sobre todo
--que es la pregunta más importante--, qué hay que hacer en el futuro
que, vuelvo a repetirle, no es ciertamente un tema fácil.

Pues bien, desde la aprobación de la Constitución en el año 1978 en
España se ha venido desarrollando un proceso de descentralización
política mediante la atribución a las comunidades autónomas de un
conjunto de competencias concretadas en sus respectivos estatutos de
autonomía, algunos de los cuales, como todos ustedes saben, se han ido
reformando a lo largo del tiempo.

Sin embargo, respecto a las entidades locales, únicamente se ha
garantizado en las leyes un núcleo mínimo competencial, tanto en la
propia Constitución como en la Ley de Bases de Régimen Local,
remitiéndose el legislador al sectorial, ya sea estatal o autonómico,
para que concretase las materias que los ayuntamientos y las
corporaciones locales en general debían ejercer



Página 552




en los diversos ámbitos de la acción pública. Es decir, ha habido una
remisión a la legislación sectorial.

¿Qué ha sucedido en la práctica? Pues coincido con lo que ha dicho usted,
señor Navas, en su intervención, que ni el legislador estatal ni el
autonómico han tenido en cuenta a las entidades locales a la hora de
atribuir competencias, dicho sea esto como regla y como afirmación
general que, como es natural, ha tenido sus excepciones, sobre todo en
aquellas comunidades autónomas que tienen islas, donde ha habido
transferencias importantes tanto a los Cabildos en la Comunidad de
Canarias como a los Consells en la Comunidad de Baleares.

El criterio que tiene el Gobierno actual de lo que ha sucedido en esta
materia a lo largo de estos últimos años es negativo. Yo creo que lo que
se ha hecho, tanto por parte de las comunidades autónomas,
independientemente, hay que decirlo, de su signo político, como de la
Administración central del Estado, choca en mi opinión de manera bastante
evidente con el principio de descentralización política y administrativa
que inspira la Constitución española y que no prevé que la
descentralización sea solamente de la Administración central del Estado a
las comunidades autónomas, sino también de la Administración central y de
las comunidades autónomas en favor de las corporaciones locales. Pero es
que, en mi opinión, no sólo choca con los principios que pueden inspirar
la Constitución, sino creo que también con el sentido común que parece
aconsejar que determinadas competencias --habrá que ver cuáles, y luego
yo diré alguna cosa sobre este asunto-- sean ejercidas por la
Administración más próxima al vecino que es la Administración local.

Si a estas circunstancias añadimos que la Administración local, porque es
la que tiene más próxima al vecino, sufre la presión de éste, con lo que
se ve obligada en la práctica a ejercer por la vía de hecho competencias
que ninguna ley le atribuye ni nadie le financia, podemos afirmar y
concluir que la situación no es ciertamente la más deseable, y no sólo
por esta razón económica, sino porque en muchas ocasiones se producen
duplicidades administrativas que en nada benefician al conjunto del buen
funcionamiento de las administraciones públicas.

Por tanto, tres son los problemas que la actual situación genera:
primero, no es la Administración más próxima al ciudadano la que ejerce
la competencia, lo cual en muchos casos no es lo más deseable; segundo,
se generan en muchas ocasiones, por las razones a las que acabo de hacer
referencia, muchas duplicidades administrativas; y, tercero, se crea sin
duda alguna a las corporaciones locales un grave problema económico.

¿Qué hay que hacer para obviar esta situación? Sin duda alguna, y como
usted señalaba en su intervención, un pacto local entre todas las fuerzas
políticas (luego explicaré los pasos que hay que dar en opinión del
Gobierno y los que se han dado en este momento) para incrementar
sustancialmente las competencias de las comunidades autónomas.

Puedo hacer aquí algunos apuntes, puedo darle muchos datos, pero tengo
que ceñirme al tiempo que me ha dado el Presidente. En cualquier caso,
puedo responder a las preguntas que usted quiera hacerme en la réplica.

Los temas en que se puede trabajar son los siguientes: circulación y
transportes, consumo, deportes, educación, empleo, medio ambiente,
protección ciudadana, sanidad, urbanismo, juventud, mujer y servicios
sociales.

Es un planteamiento, como ya decía al principio, razonablemente
ambicioso; pero creo que es un buen planteamiento y, desde luego, me
conformaría con que las fuerzas políticas llegásemos a un acuerdo para
que buena parte de estas competencias pasaran a ser ejercidas por las
corporaciones locales.

El Ministerio ya tiene diseñado qué habría que hacer una vez que se
establezcan las competencias que podían ser transferidas a las
corporaciones locales. Voy a intentar sintetizar qué hay que hacer, en mi
opinión, en el futuro.

Primero, identificar el servicio objeto de la atribución competencial
precisando cuál es en ese momento su ámbito territorial de prestación, de
tal forma que se concrete si dicho ámbito afecta al conjunto de
municipios o solamente a municipios concretos. Este es un tema
importante, porque hay competencias que, según el número de habitantes,
pueden ejercer las corporaciones locales hacia las que dirigen su
actuación política y administrativa y hay otras que tendrán que
ejercerlas necesariamente las diputaciones provinciales, porque es
evidente que un ayuntamiento pequeño no puede ejercer determinadas
competencias.

En segundo lugar, habrá que identificar, según la legislación vigente,
estatal o autonómica, cuáles son las funciones concretas asignadas a la
prestación del servicio o competencia objeto del acuerdo.

En tercer lugar, identificar y concretar los medios que en ese momento se
encuentran destinados por el Estado o la comunidad autónoma a la
prestación de dicho servicio o servicios adscritos a la competencia de
que se trate; en concreto, medios materiales, personales y financieros.

En cuarto lugar, y relacionado con el punto anterior, resulta
especialmente importante la identificación y valoración de la
financiación necesaria para la prestación del servicio, según haya sido
el sistema elegido para la atribución de la competencia, porque se puede
delegar la competencia atribuyéndola como propia, simplemente como
delegada, o se puede acudir a los convenios entre comunidades autónomas o
Administración central del Estado y ayuntamientos. Esta actividad haría
referencia a los siguientes contenidos: posibilidad de valorar el coste
del servicio prestado por la Administración que atribuye la competencia;
posibilidad



Página 553




de prever gastos y sistema de liquidación; existencia de financiación
anual en los presupuestos de la Administración delegante y transferencia
posible al presupuesto local, y existencia de financiación a través de
convenios u otro tipo de acuerdos puntuales.

Por tanto, había que establecer un sistema de transferencia similar
--aunque probablemente sea exagerado utilizar la expresión similar--, al
que se utiliza cuando se transfieren competencias de la Administración
central del Estado a las comunidades autónomas. En cualquier caso, ya le
digo que el Ministerio tiene diseñados los pasos que habría que dar
cuando nos pongamos de acuerdo sobre las transferencias de competencias
que sería bueno pasasen a ejercer las corporaciones locales. De todos
modos, antes le he hecho un breve apunte de las competencias que pueden
ejercer estas corporaciones locales. Puedo hacerlo con mucho más detalle,
pero no me parece oportuno ni prudente hacerlo en este momento, salvo que
me lo pida usted, pues no quiero alargar mi intervención excesivamente.

Dicho esto --y quiero sepa usted que el Ministerio ya tiene avanzado por
dónde cree que deben hacerse las cosas en el futuro--, ¿cómo se puede
concretar este pacto local, es decir, cuál es el procedimiento para
llevarlo a buen término? Primero habría que elaborar un documento que
sirviese de base a la negociación, porque si no estaríamos hablando
durante años y años del pacto local y seguiríamos sin concretar en qué
consiste y qué hay que hacer; por tanto, hay que elaborar un documento
que sirva de base a la negociación, documento que prácticamente está
elaborado. De hecho, algunos de los datos y apuntes a los que hice
referencia en mi intervención se han extraído del citado documento, que
en este momento están elaborando conjuntamente la ejecutiva de la
Federación Española de Municipios y Provincias, donde están representados
no todos, pero sí una parte importante de los grupos parlamentarios, que
también están en esta cámara, y el Ministerio de Administraciones
Públicas. Calculo que ese documento estará elaborado en un plazo no
superior a los diez o doce días, y espero que en esa reunión de la
Comisión Ejecutiva de la FEMP, a la que usted hacía referencia en su
intervención, se pueda aprobar definitivamente.

Una vez elaborado el mencionado documento --ya digo que no van a pasar
muchos días-- se debe entregar a las fuerzas políticas y grupos
parlamentarios. A mí me es igual entregárselo a las fuerzas políticas que
a los grupos parlamentarios. Yo siempre soy partidario de los pactos
entre partidos, pero, al fin y a la postre, cada partido decide cómo
quiere hacer estas cosas. Ha habido pactos entre partidos que han
funcionado para resolver problemas muy importantes en materia de
organización territorial: desde la propia Constitución hasta los
distintos estatutos de autonomía y, más recientemente, el Pacto
Autonómico de 1992 o la aprobación de los Estatutos de Ceuta y Melilla.

Es decir, que cuando los partidos se ponen de acuerdo --y tengo que decir
que en ocasiones no ocurre con todos--, es más fácil concretar este tipo
de asuntos.

Por tanto, una vez elaborado el documento se entregará a los partidos
políticos que, a continuación, tras sucesivas negociaciones, deben
manifestar su criterio sobre el documento que, como digo, están llevando
a cabo conjuntamente el Ministerio y la Federación Española de Municipios
y Provincias. Ahora bien, tengo que decir una cosa con meridiana
claridad: los partidos políticos, a la hora de proceder a la fijación de
sus criterios, deben tener en cuenta el criterio de los representantes de
esos partidos en los distintos parlamentos autonómicos, porque una gran
mayoría de las competencias que pueden transferirse a las corporaciones
locales en este momento son de titularidad de las comunidades autónomas.

Por consiguiente, si una determinada comunidad autónoma no quiere
transferir competencias a las corporaciones locales, puede hacerlo
legítimamente en uso de las atribuciones que le da su estatuto de
autonomía. Por eso digo que no es tan fácil llevar a buen término el
pacto local; es más, llevar a buen término el pacto local no es tanto
competencia del Gobierno, que está haciendo cuanto puede y lo hará en el
futuro, que es una labor de impulso político, sino sobre todo y
fundamentalmente una labor de competencia de los partidos políticos y,
desde luego, de los dirigentes de los mismos en las distintas comunidades
autónomas.

Voy a adelantarle una cosa, que yo espero que se supere con la buena
voluntad y sobre todo con el sentido común de todos en la negociación. No
va a ser fácil que comunidades autónomas tengan la voluntad de transferir
competencias a determinados ayuntamientos, sobre todo cuando esos
ayuntamientos son de un signo político diferente al de la comunidad
autónoma de que se trate. Es decir, piense que en este momento la
Administración central del Estado, a lo largo de estos años, ha
transferido competencias a distintas comunidades autónomas, unas eran del
mismo color político que el Gobierno central que había, y otras eran de
distinto color político, pero las transferencias se producían de una
forma bastante razonable.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya terminando,
por favor.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Voy
terminando, señor Presidente.

Simplemente, quisiera hacer una breve alusión a otros comentarios que el
señor Navas ha hecho en su intervención y que no hacen referencia
exactamente al pacto local.

Concretamente, ha hecho una crítica a determinadas decisiones que el
Gobierno ha adoptado vía decreto-ley, que afectan sin duda a las
competencias de las



Página 554




corporaciones locales. Ha utilizado las expresiones, en mi opinión
excesivamente duras, de que estas decisiones las ha adoptado el Gobierno
con premeditación y alevosía. Yo creo que con premeditación sí, porque
lógicamente se las había estudiado, pero no me parece muy correcta la
expresión «premeditación» cuando se trata de decisiones que toma el
Gobierno y que se supone que las toma no con el ánimo de molestar a nadie
sino, lisa y llanamente, de abordar temas que pueden redundar, al menos
en criterio del Gobierno, en beneficio del interés general.

Efectivamente, se ha producido una declaración de no disponibilidad de
18.000 millones de pesetas, pero las declaraciones de no disponibilidad
afectan a muchas partidas del presupuesto y, al final, el criterio del
Gobierno ha sido que no afectasen a los gastos sociales. A partir de ahí,
hay muchísimas partidas del presupuesto en las que es absolutamente
imposible la declaración de no disponibilidad, por ejemplo en el capítulo
I, porque es evidente que los sueldos de quienes en este momento están
ejerciendo la función pública en la Administración no puede decidir el
Gobierno rebajarlos ni determinadas partidas del capítulo II, que se han
reducido algunas, ni otras muchas. Por tanto se ha reducido, donde el
Gobierno ha podido, en un presupuesto que, no olvidemos, es prórroga del
año 1995 y que ya ha sufrido una primera declaración de no disponibilidad
a principios del año 1996.

En cuanto a la medida que afecta a la legislación sobre el suelo, reducir
de un 15 a un 10 por ciento la parte que los promotores tienen que
aportar a las propias corporaciones locales es una medida que, sin duda,
puede no ser beneficiosa para los ayuntamientos si la consideramos
aisladamente, pero con esa medida el Gobierno pretende abordar uno de los
problemas más importantes que tiene en este momento el conjunto de los
ciudadanos, todos los españoles, y que por tanto también afecta a los
ayuntamientos, que es el precio de la vivienda. Sin duda alguna, el
tiempo demostrará si era o no acertada esta medida, que nosotros creemos
que sí, que ha adoptado el Gobierno.

Por último, hace una breve referencia a los pactos con los grupos
políticos que en este momento, aparte del Grupo Popular, apoyan al
Gobierno, y ha preguntado si el Partido Popular y el Gobierno están
dispuestos a disgustar a los partidos nacionalistas. Nos gustaría no
disgustar a los partidos nacionalistas y, desde luego, no estamos
dispuestos a disgustarles, como usted perfectamente puede entender, entre
otras cosas porque una de nuestras obligaciones es mantener la
estabilidad del Gobierno, porque creemos que redunda en beneficio del
interés general. Pero yo no creo que no se puedan conciliar los pactos
que hemos hecho con los partidos nacionalistas, que nada tienen que ver
con el pacto local, con un pacto que afecta a la transferencia de
delegación de competencias a las corporaciones locales. En cualquier
caso, como he dicho, al final serán las comunidades autónomas las que
tengan una capacidad de decisión muy importante en este asunto, que no
creo que pueda ni deba plantearse en términos de si son o no compatibles
con los pactos a los que hemos llegado con los partidos nacionalistas,
porque ya le aseguro y le garantizo a usted que en absoluto lo son.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Navas.




El señor NAVAS AMORES: Simplemente voy a hacer unas referencias a la
intervención del señor Ministro.

Es evidente que los discursos se vienen repitiendo habitualmente,
asiduamente, cada vez que hay que tratar estos temas en la Cámara. Al
final parece que hay sintonía en el conjunto de los partidos, de los
grupos parlamentarios, a la hora de definir cuáles deben ser los pasos,
cuáles deben ser los caminos a seguir para situar a las corporaciones
locales en el nivel del Estado que la propia Constitución ampara y
protege. Pero luego lo concreto, lo que nosotros reclamábamos al
Gobierno, al nuevo Gobierno, es la voluntad política para poder
desarrollar esos principios básicos fundamentales, y para ello partimos
de una base común de coincidencia. Hablamos de subsidiariedad, hablamos
de suficiencia financiera, hablamos de descentralización, pero el pacto
local debe suponer la solución a estas problemáticas, pero para nada se
ha concretado si realmente el Ministro considera que la Ley de Bases del
Régimen Local y la Ley de Haciendas Locales deben ser modificadas. Con
todo ello, al final seguimos hablando de filosofía, de principios
generales, de enunciados que en mayor medida todos más o menos hemos
podido firmar, pero en concreto seguimos en la indefinición de qué
medidas adoptar.

A nosotros nos preocupa terriblemente la referencia que han hecho
responsables del Gobierno en cuanto a que el pacto local iba a estar
supeditado a los consensos o a los acuerdos políticos que hayan tenido
con los partidos que han apoyado al Gobierno en la investidura. ¿Por qué
lo decimos? Porque consideramos que no han demostrado la suficiente
voluntad política --que es lo que le estamos reclamando al Gobierno--
para desarrollar esos principios constitucionales y situar a esos
ayuntamientos, a ese otro trozo de Estado, en el nivel que la propia
Constitución recoge. Por eso vamos a tener ocasión de presentar de nuevo,
con la moción correspondiente, puntos de detalle, de mayor concreción, en
los cuales los distintos grupos van a tener ocasión de definir cuáles son
los modelos de desarrollo competencial, de desarrollo financiero, de
posibilidades de que los ayuntamientos de una vez por todas superen el
nivel de olvido, el nivel de la falta de prioridad política que hasta
ahora han estado padeciendo por



Página 555




parte de los distintos gobiernos de este país. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Navas.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey):
Efectivamente hay un problema importante de voluntad política, pero hay
otro problema adicional, que es actuar con un cierto realismo en estos
planteamientos. Yo creo que los partido políticos --y al menos ése será
el criterio que manifestará el Gobierno cuando se empiece a tratar a
fondo este asunto-- deben ser conscientes de que hay que tener sobre todo
y fijar claramente unos objetivos concretos y determinados. Es decir, no
pretendamos darle un vuelco absoluto y radical a toda la legislación
actual, porque eso al final no serviría para absolutamente nada. Por
tanto, vamos a intentar hacer las cosas con un cierto realismo político.

En segundo lugar, yo creo que el Gobierno acredita que tiene voluntad
política de llevar a buen término el pacto local cuando, como le he
señalado en mi primera intervención, ya hemos celebrado una reunión con
la Federación española de Municipios y Provincias y ya está prácticamente
elaborado ese documento que se entregará a las distintas fuerzas
políticas. Yo mismo he señalado --no lo ha dicho usted-- que asistiré a
la próxima reunión del Comité Ejecutivo de la FEMP, donde espero que se
apruebe ese documento.

Y precisamente en la línea de actuar con un cierto realismo político, yo
puedo decirle sobre dos preguntas concretas que me acaba de hacer ahora
lo que yo opino. Yo, en representación del Gobierno, no soy partidario de
modificar, al menos de momento, la actual Ley de Haciendas Locales. Creo
que no conseguiríamos nada positivo. Es decir, la Ley de Haciendas
Locales establece de una forma bastante razonable --hay cosas que sin
duda se pueden mejorar-- cómo se financian las corporaciones locales, y
en este momento hay un acuerdo, al que ha llegado el anterior Gobierno,
para cinco años, con la Federación española de Municipios y Provincias
sobre la participación de las corporaciones locales en los ingresos del
Estado. Creo que es un acuerdo razonable, como casi todas las
regulaciones y los acuerdos susceptible de ser mejorado, pero yo no soy
partidario en este momento de establecer una modificación. Sí que soy
partidario de establecer un procedimiento de delegación de competencias
que en algún caso puede llevar aparejada la transferencia de la
financiación correspondiente por parte de la Administración que la haga.

Lo mismo le digo respecto de la Ley de Bases de Régimen Local. Tampoco
soy muy partidario en este momento de proceder a su modificación, porque
en el presente instante la práctica totalidad de las competencias que
ejercen las administraciones públicas están atribuidas a una
administración, y en este momento en la Ley de Bases de Régimen Local no
podemos atribuir a las corporaciones locales competencias que están
atribuidas a las comunidades autónomas en sus respectivos estatutos de
autonomía por razones jurídicas y por las razones políticas que a usted,
a buen seguro, no se le escapan. Por eso soy más partidario, porque creo
que es la única forma de llevarlo a buen término, de que esto se haga
mediante un acuerdo que sirva para delegar y transferir competencias a
las corporaciones locales.

En cuanto al tema de las coaliciones, evidentemente en los acuerdos que
hemos hecho públicos de coalición no se trató el tema del pacto local ni
el de los ayuntamientos, pero es que han sido muchos los temas que no se
han tratado. Fundamentalmente se han tratado los grandes temas generales.

Sin duda tiene usted legítimo derecho a echar en falta el que no se haya
hablado de las corporaciones locales. Sí se ha hablado en un caso
concreto, en los acuerdos con Coalición Canaria, pero fundamentalmente se
abordaron los grandes temas de interés nacional para los próximos cuatro
años: la convergencia europea, temas de política económica, temas
sociales y lo referido a la construcción del Estado autonómico. Esos
fueron los temas que se han pactado y luego, evidentemente, tanto el
Gobierno como los distintos grupos de la Cámara ejercerán, uno por la vía
del proyecto de ley y otros por la vía de la proposición de ley, las
iniciativas que estimen oportunas y competentes.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.

Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y que deseen
fijar su posición con respecto al mismo. (Pausa.)
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.




El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Presidente, he asistido con enorme
atención al debate producto de esta interpelación de Izquierda Unida
porque realmente interesa al Partido Socialista lo que se refiere al
pacto local.

Creo que hay una sintonía en el análisis y por lo menos debo de
manifestar mi acuerdo con la exposición del señor Ministro en cuanto a lo
que ha pasado en nuestro país. Es cierto que la Constitución española
configura un Estado, el Estado de las autonomías, que produce una
transformación enorme, compleja y profunda que constituye el hecho de que
se produzca una reivindicación en el sentido de la descentralización,
pero entendida casi exclusivamente en el vaciamiento de competencias de
la Administración central para trasladarlas al ámbito de la comunidad
autónoma, y que en este proceso la descentralización no llega hasta



Página 556




el final porque probablemente hay poca voluntad descentralizadora también
por las propias comunidades autónomas. Incluso es posible que se deba
justificar en muchos sentidos porque las comunidades autónomas históricas
tienen un propio comportamiento reconocido también por la ciudadanía, y
otras comunidades autónomas de reciente cuño necesitan también hacerse
ver y no piensan, en absoluto, en ese proceso de descentralización hacia
los entes locales. Ahora bien, creo que es llegado el momento de que
asumamos el principio de subsidiariedad aprobado en la Carta de Autonomía
Local europea, suscrita entre otros por el propio Gobierno español, que
plantea clara y rotundamente aproximar las competencias a aquella
administración que esté situada en mejores condiciones para prestarlas
más eficazmente. Y qué duda cabe que esos son los ayuntamientos.

La propia Federación Española de Municipios ha sido consciente e incluso
ha aceptado este proceso hasta que la Asamblea celebrada en la ciudad de
La Coruña propuso con fuerza la constitución de ese pacto local que
realmente lo que debe suponer es un acuerdo --soy del mismo parecer que
el señor Ministro-- complejo, no es fácil, porque deben intervenir las
comunidades autónomas y los partidos políticos para que al final estemos
de acuerdo en dónde deben estar situadas las competencias.

Este debate no es el primero que se produce en la Cámara. En la anterior
legislatura, también a través de una moción de Izquierda Unida, hubo un
consenso entre todas las fuerzas políticas para instar al Gobierno a que
impulsara ese pacto local. El Gobierno, entonces en el Ministerio de
Administraciones Públicas el señor Saavedra, puso en marcha un documento
que trasladó además de a la Federación española de Municipios y
Provincias a todas las fuerzas políticas, y tengo que decir que solamente
el Partido Socialista Obrero Español contestó con una propuesta y con una
alternativa a lo que proponía el Gobierno, no así el resto de las fuerzas
políticas.

Dicho esto, tengo que manifestar que nosotros estamos en la mejor
disposición de llegar a ese consenso con todos los grupos políticos, con
todas las fuerzas, para que el pacto local sea una realidad en nuestro
país.

Decía usted, señor Ministro, que puede ser difícil porque en muchas
ocasiones puede que haya una no voluntad descentralizadora desde el
Gobierno de una comunidad autónoma, porque a lo mejor de lo que se trata
es de transferir a municipios que no tienen su propio color político. Yo
no sé si lo que dice es por intuición o por un conocimiento exhaustivo de
la realidad. Le aseguro que tengo el conocimiento más concreto de las
cosas, porque usted no ignora que yo he estado durante unos cuantos años
dirigiendo una administración municipal, y tengo que decir que he
conocido la experiencia de lo que decía el hoy Presidente del Gobierno,
señor Aznar, y entonces Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. Tengo que decir que ingenuamente le creí cuando salió a los medios
de comunicación diciendo que iba a introducir un proceso de
transferencias a las corporaciones locales. Como conclusión quiero
decirle, señor Ministro, que Castilla y León hoy es la comunidad autónoma
que menos proceso de descentralización ha producido. Es la diferencia
entre lo dicho y lo hecho, bastante notorio en el Partido Popular, por lo
que se ve.

Pero no solamente influye eso para que en mí se suscite algún tipo de
desconfianza sobre la voluntad política del Partido Popular o del
Gobierno en cuanto a este proceso de descentralización. No sé si seré
excesivamente duro, pero le aseguro que las últimas medidas legislativas
adoptadas por su Gobierno han sido el atentado mayor que ha habido contra
los ayuntamientos en este país. El atentado mayor. No solamente sin
ningún tipo de diálogo con los interlocutores naturales, que es la
Federación española de Municipios y Provincias, sino que, además, por
decreto se les ha sustraído el 33 por ciento del suelo, se ha irrumpido
en el proceso de urbanismo que estaban ajustando las corporaciones
locales y que estaba dando un buen resultado, bajo el parapeto del
abaratamiento de la vivienda, cosa que yo me permito mucho dudar. Mañana
mismo habrá un debate en la Cámara donde los grupos explicarán y fijarán
su posición en cuanto al decreto-ley en cuestión. Le aseguro que hoy
alguien del Partido Popular, en lo que se llama preguntas de control al
Gobierno y que debería llamarse, en estos miércoles, más bien preguntas
de control al Gobierno y loas de los correligionarios al Gobierno, se
hacía, no sé en virtud de qué, representante de los ayuntamientos
españoles diciendo que estaban muy satisfechos. Pregunte usted, señor
Ministro, a la Federación Española de Municipios y pregunte usted a los
ayuntamientos españoles. Insisto en que ha sido la medida más dura y más
antimunicipalista que se ha conocido en todo el proceso democrático en
nuestro país. Con estas posiciones anteriores, esta del decreto-ley y la
del señor Aznar que donde dice digo digo Diego, permítame que desconfíe.

En cualquier caso, nuestro grupo seguirá muy de cerca la moción que
presente Izquierda Unida y le aseguro que estará en la posición decidida
de que se produzca en nuestro país la necesaria descentralización en
favor de las corporaciones locales.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez Bolaños.

Tiene la palabra el señor López-Medel.




El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor Presidente.

Señorías, desde hace tiempo se ha dicho que los responsables locales han
venido instando al Gobierno del Estado para que impulsase lo que se ha
denominado el pacto local y que los municipios, las diputaciones
provinciales,



Página 557




todo tipo de entidades locales ocupasen el lugar que verdaderamente les
corresponde en un Estado compuesto como es el nuestro.

El hito fundamental en esta larga reivindicación --se ha dicho hace un
momento por el señor Rodríguez Bolaños-- fueron las resoluciones
aprobadas por la Asamblea extraordinaria de la Federación de Municipios y
Provincias celebrada en La Coruña en noviembre del año 1993. He de
decirle, señor Rodríguez Bolaños, que usted sabe bien que en esta labor
de impulso y de reivindicación ha sido fundamental la actitud que han
tenido los responsables populares en los distintos municipios de España.

Y en este tiempo, a pesar de que han pasado dos años y medio desde esas
resoluciones aprobadas por la Federación de Municipios, y a pesar de que
el Presidente en aquel momento era de su partido político, el Gobierno
que existía hasta hace dos meses no fue capaz de llevar a cabo ese
impulso.

Hasta ahora, ciertamente, el Partido Popular no ha tenido responsabilidad
de Gobierno, y ahora la tiene. La formación del nuevo Gobierno del
Partido Popular ha abierto, también en el tema del pacto local, una etapa
de notables expectativas para las entidades locales que deberá culminar
en el reconocimiento definitivo que a éstas les corresponde.

Se ha dicho también que la Constitución diseñó un sistema
descentralizado, un sistema de distribución del poder en torno a varias
entidades territoriales, dotadas todas ellas no sólo de autonomía
administrativa sino también de autonomía política para la gestión de sus
respectivos intereses. Se ha dicho también que es característica
fundamental del sistema el principio de descentralización; principio de
descentralización que desde el Grupo Popular entendemos que es predicable
a todas las administraciones públicas, debiendo llevarse a cabo una
reordenación competencial y una clarificación de las funciones a
desarrollar por cada administración. Sin embargo, también se ha dicho
antes por el señor Ministro que durante mucho tiempo se ha prestado una
atención más que prioritaria a la descentralización de competencias del
Estado hacia las comunidades autónomas pero con un notable olvido de lo
que se refería a las entidades locales, las cuales llegaron a ser
calificadas en aquellos momentos como los parientes pobres de una España
que estaba estrenando traje de etiqueta. Pero ha llegado el momento --y
desde el Grupo Popular así lo entendemos-- de que consolidado el sistema
autonómico hay que profundizar en lo que supone el principio de
descentralización. Hay que llevar el principio de descentralización a sus
últimas consecuencias, facilitando lo que es el acercamiento y la
aproximación de las competencias y las decisiones administrativas a los
ciudadanos. Existen también diversas áreas sobre las cuales este
principio de descentralización, al igual que el de eficacia, exige que se
encomiende la ejecución de estas competencias a las entidades locales,
siendo necesario el desarrollo práctico de las previsiones que contienen
los estatutos de autonomía, al igual que la Ley de Bases de Régimen Local
y la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por el Estado español
en el año 1988. Son varias las materias sobre las cuales esa proximidad a
los ciudadanos exige que se lleve a cabo ese proceso de
descentralización. El señor Ministro se ha referido a ellas y desde el
Grupo Popular coincidimos en las mismas porque, como antes he dicho,
desde los responsables municipales del Partido Popular se ha estado
impulsando la descentralización en una serie de materias. Por ello yo
quisiera felicitar la actitud del nuevo Gobierno.

Estamos convencidos de que la reforma del Estado nunca estará completa
hasta que las entidades locales no ocupen un lugar más adecuado. No debe
olvidarse algo importante. Ya el Tribunal Constitucional en el año 1982
dijo que las entidades locales tenían un carácter bifronte. Ello supone
ni más ni menos que han de tener relaciones tanto con las comunidades
autónomas como con la Administración del Estado, lo que supone, por lo
que al pacto local se refiere, la necesidad de llevar a cabo un gran
esfuerzo, la necesidad de llevar a cabo una concertación importante,
tanto a nivel político como a nivel territorial, y que permita a las
comunidades autónomas desarrollar las previsiones estatutarias
respetando, en todo caso --y es fundamental-- el ámbito de decisión
propio de las comunidades autónomas que podrán modular la intensidad de
esa descentralización, la forma de llevarlo a cabo y los destinatarios de
tal proceso.

En cualquier caso, queremos poner de relieve algo importante. Por vez
primera en un debate de investidura el candidato a presidente del
Gobierno hizo unas referencias explícitas al pacto local, y esas
referencias explícitas se traducen en un compromiso, compromiso que fue
realizado también en la declaración programática que el Gobierno llevó a
cabo el día 10 de mayo del año 1992. Por ello --voy concluyendo-- quiero
animar desde el Grupo Popular al Gobierno de la nación para que siga
realizando lo que le corresponde, que es impulsar el pacto local. Esta es
la voluntad inequívoca. En todo caso, señor Navas, hagámoslo bien y no
convirtamos nunca, aunque el tema lleve pendiente desde hace mucho
tiempo, lo que es la virtud de la rapidez en el defecto de la prisa.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López-Medel.

El Pleno se reanudará mañana a las nueve.

Se suspende la sesión.




Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.