Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 8, de 29/05/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 8
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 8
celebrada el miércoles, 29 de mayo de 1996
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 289)
Interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en relación con las medidas de política presupuestaria, fiscal
y financiera que va a adoptar el Gobierno para hacer efectivos los
principios de suficiencia, autonomía financiera, corresponsabilidad
fiscal y solidaridad en un nuevo modelo de financiación autonómica
(número de expediente 172/000003) (Página 313)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la reforma de la
Organización Común de Mercado del sector de frutas y hortalizas frescas y
transformadas (número de expediente 172/000004) (Página 323)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 9, de 30 de
mayo de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas (Página 289)
Del Diputado don Pedro Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Pretende el Gobierno priorizar la medida de
ampliación del período de cómputo de ocho a quince años, para el cálculo
de pensiones, respecto de la medida número cinco recomendada en el Pacto
de Toledo? (Número de expediente 180/000034) (Página 289)
Del Diputado don Joaquín Almunia Amann, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Es cierto
que el Sr. Presidente del Gobierno desconoce el coste de los acuerdos
sobre financiación autonómica suscritos por el Partido Popular? (Número
de expediente 180/000038) (Página 290)
Del Diputado don Luis de Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué criterios ha tenido en
cuenta el Gobierno para la designación de sus Delegados en las distintas
Comunidades Autónomas? (Número de expediente 180/000050) (Página 291)
De la Diputada doña Angeles Maestro Martín, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Gobierno: ¿Qué medidas de carácter diplomático piensa adoptar el Gobierno
para la continuidad de los miembros de la MINURSO en el Sáhara
Occidental, de manera que se garantice la celebración del referéndum de
autodeterminación del pueblo saharaui? (Número de expediente 180/000004)
(Página 292)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuántos Secretarios de Estado han
sido nombrados en el área de Presidencia del Gobierno? (Número de
expediente 180/000044) (Página 293)
De la Diputada doña María Jesús Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Gobierno: ¿Cuál es el calendario, red de centros y financiación previstos
por el Gobierno para la implantación de la Educación Secundaria
Obligatoria? (Número de expediente 180/000033) (Página 294)
Del Diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede informar el
Gobierno de los diálogos mantenidos con diferentes sectores de la
comunidad educativa sobre la implantación de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria? (Número de expediente 180/000057) (Página 295)
Del Diputado don José María Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué
iniciativas y/o propuestas piensa emprender su Gobierno para atender y
dar la solución definitiva a las reivindicaciones de los damnificados por
la rotura de la presa de Tous acaecida el 20 de octubre de 1982? (Número
de expediente 180/000032) (Página 296)
Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno realizar
la trasposición al Derecho español de la Directiva 93/12 de la Unión
Europea, sobre cláusulas abusivas en los contratos de compra-venta?
(Número de expediente 180/000058) (Página 297)
Del Diputado don Lluís Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno:
¿A qué actuaciones ha dedicado el Gobierno los Fondos Comunitarios
provenientes del programa MEDHUM (MEDWET)? (Número de expediente
180/000007) (Página 298)
De la Diputada doña Mercedes Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno recortar
el gasto público en un billón de pesetas? (Número de expediente
180/000040) (Página 299)
Del Diputado don Josep Borrell i Fontelles, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál ha sido la distribución por
Ministerios del acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, por importe
de 200.000 millones? (Número de expediente 180/000041) (Página 301)
Del Diputado don Ramón Aguirre Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué implicaciones tiene para
España la calificación de «país con déficit público excesivo» en relación
con la percepción de los fondos de cohesión? (Número de expediente
180/000051) (Página 302)
De la Diputada doña Reyes Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo tiene previsto el
Gobierno iniciar el desarrollo del Pacto de Toledo? (Número de expediente
180/000053) (Página 303)
Del Diputado don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa
adoptar el Gobierno en relación con el Plan de Empleo Rural? (Número de
expediente 180/000054) (Página 304)
Del Diputado don Jon Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que
formula al Gobierno: ¿Cuál es el estado actual y la fecha de finalización
prevista de las obras de acondicionamiento y ampliación del aeropuerto de
Sondika? (Número de expediente 180/000031) (Página 305)
Del Diputado don Ricard Burballa i Campabadal, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Qué aplicaciones
del llamado «1 por 100 cultural» de las obras públicas tiene previsto
realizar el Gobierno en el municipio ilerdense de Alcarràs, fuertemente
afectado por la variante de la carretera N-II de Lleida y por la línea
férrea del AVE? (Número de expediente 180/000036) (Página 306)
Del Diputado don Jenaro García-Arreciado Batanero, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Prevé el Ministerio de Fomento
mantener el escenario de inversión previsto en el Plan Director de
Infraestructuras? (Número de expediente 180/000042) (Página 307)
Del Diputado don Francisco Zambrano Vázquez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Seguirá manteniendo el
Gobierno como estructura periférica del Ministerio de Sanidad y Consumo
las hasta ahora inoperantes Direcciones Territoriales del Ministerio?
(Número de expediente 180/000056) (Página 308)
De la Diputada doña Carmen Romero López, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué empresas públicas tiene intención
el Gobierno de privatizar o cerrar en la provincia de Cádiz? (Número de
expediente 180/000046) (Página 309)
Del Diputado don Amador Alvarez Alvarez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Existen razones objetivas que
justifiquen la alarma que se ha generado en relación a la salud y
seguridad de los habitantes de la zona próxima a la central de Almaraz?
(Número de expediente 180/000055) (Página 310)
De la Diputada doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera
conveniente el Gobierno un acuerdo parlamentario con todas las fuerzas
autonómicas en materia de financiación autonómica? (Número de expediente
180/000039) (Página 311)
Del Diputado don Antonio Martinón Cejas, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Es cierto que el Gobierno nombrará
algunos cargos en Canarias, a propuesta de Coalición Canaria? (Número de
expediente 180/000043) (Página 312)
Interpelaciones urgentes (Página 313)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en relación con las medidas de política presupuestaria, fiscal
y financiera que va a adoptar el Gobierno para hacer efectivos los
principios de suficiencia, autonomía financiera, corresponsabilidad
fiscal y solidaridad en un nuevo modelo de financiación autonómica
(Página 313)
El señor Saura Laporta presenta la interpelación de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya exponiendo, en primer lugar, los tres
objetivos que la han motivado. En primer lugar pide aclaración sobre
algunos aspectos referentes a la financiación autonómica contemplados en
los acuerdos de gobernabilidad; en segundo lugar, ruega al señor Ministro
que exponga las líneas maestras con las que piensa estructurar el nuevo
sistema de financiación que ha de regir en enero de 1997 y, en tercer
lugar, pregunta sobre cómo piensa instrumentar el Gobierno el diálogo
político.
A continuación hace unas cuantas preguntas relativas al primero de los
objetivos, como por ejemplo, cuál es el año base de cálculo, si existen
topes en el crecimiento de la recaudación del tramo del IRPF o si los
niveles de financiación adquiridos por las comunidades seguirán siendo
los mismos. También pregunta sobre la financiación de distintas materias
transferidas, haciendo hincapié en las relativas a sanidad y si, como
parece entenderse de la intervención del señor Rato esta mañana, el nuevo
sistema de financiación autonómica irá ligado a la reducción de los
tramos del IRPF.
En cuanto al segundo objetivo le interesa saber las líneas maestras con
las que el Gobierno piensa afrontar las grandes insuficiencias del actual
sistema de financiación autonómica. En relación con estas insuficiencias
hace mención al libro blanco sobre financiación autonómica que ha escrito
un grupo de expertos a propuesta del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. En él se dice que el último acuerdo sobre financiación ha
constituido de hecho una mera prórroga, por lo que los problemas
esenciales siguen abiertos, como, por ejemplo, el configurar un nuevo
modelo de financiación que sea acorde con la estructura política
descentralizada. Continúa diciendo, según el libro blanco, que el actual
sistema de financiación autonómica se halla en un atolladero del que sólo
será posible salir con la autonomía financiera y el esquema de
nivelación. Coincide el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
con el diagnóstico que hace este grupo de expertos en el sentido de que
el actual sistema de financiación es un mero retoque del anterior y deja
abiertos tres grandes problemas: la corresponsabilidad fiscal, la
nivelación de servicios y la solidaridad. Reconoce que los acuerdos
firmados dan un vuelco importante en el cómo de la financiación y los
considera positivos, pero estima que en estos acuerdos no se concretan ni
los mecanismos de nivelación ni en base a qué criterios de equidad se
establecerán. Añade que en ningún momento se ha hecho referencia
explícita a cuál será el tratamiento del Fondo de Compensación
Interterritorial. Reconoce que se ha dado un paso importante en cuanto a
la corresponsabilidad, pero se pregunta si el Gobierno tiene pensadas las
grandes líneas políticas para hacer frente simultáneamente a los otros
dos retos.
En cuanto al tercer objetivo se pregunta cómo piensan concretar y
articular el diálogo porque el hecho de que los acuerdos se debatan en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera no puede hurtar en ningún caso el
debate y el acuerdo en el Congreso de los Diputados. Estima que la tarea
de diseñar un nuevo sistema de financiación sólido y estable supera las
energías de las negociaciones bilaterales en el Partido Popular y los
partidos que han firmado los acuerdos, considerando que ésta no es una
cuestión formal sino de fondo. En este sentido solicita del señor
Ministro que concrete cómo van a articular ese diálogo. Al mismo tiempo
le expresa su más clara y firme voluntad de participar responsablemente
en las negociaciones.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Administraciones
Públicas (Rajoy Brey) señalando que uno de los problemas más importantes
que tiene el actual modelo de Estado es el de la financiación de las
comunidades autónomas, aunque también es cierto que no es un problema
nuevo. Reconoce los problemas que ha expuesto el interpelante,
manifestando el interés del Gobierno en que el nuevo modelo que tiene que
entrar en vigor el 1 de enero del año 1997 aborde estos problemas y lo
haga al menos con una cierta vocación de permanencia.
En relación con las preguntas formuladas manifiesta que el primer
objetivo del Gobierno es mejorar la autonomía financiera de las
comunidades autónomas. Considera que pocos discuten el que el
autogobierno requiere unos ingresos tributarios propios y menos
subvenciones. Por otra parte, no deja de ser paradójico que las
corporaciones locales puedan establecer sus propios tipos impositivos y
no puedan hacerlo las comunidades autónomas. Por tanto, estima que la
corresponsabilidad fiscal es positiva.
Añade que en el acuerdo con sus coaligados se comprometen a dar a las
comunidades autónomas capacidad normativa en los tributos cedidos y a la
cesión de una participación en el IRPF, concretamente el 30 por ciento,
lo que llevará a una participación de las comunidades autónomas en la
Agencia Estatal Tributaria. Han llegado a este modelo de
corresponsabilidad porque, en primer lugar, aumenta sin duda la capacidad
de autogobierno; en segundo lugar, porque tenía un antecedente, que era
la cesión de la participación de 15 por ciento en el IRPF; y, en tercer
lugar, porque el libro de los expertos al que antes se refirió apunta al
IRPF como una buena fórmula para establecer la corresponsabilidad fiscal.
A continuación explica las etapas sucesivas por las que ha de pasar el
acuerdo y asegura que habrá otros muchos asuntos que deberán abordarse en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como la cantidad que la
Administración central del Estado deberá aportar a la PIE, partida que
con toda seguridad se ajustará a los criterios presupuestarios de rigidez
y austeridad; cómo se distribuyen esos recursos entre comunidades
autónomas, si hay o no unos mínimos de garantía, pasando a continuación a
un problema técnico como es el establecimiento de topes, lo que puede
desincentivar el ejercicio de esa capacidad normativa. El año base de
cálculo es otro tema que considera que se deberá determinar en su día por
el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se refiere también al que
considera el tema fundamental de la interpelación, que es la solidaridad,
exponiendo como principales puntos el tratamiento del Fondo de
Compensación Interterritorial y la nivelación de los servicios mínimos,
que recoge el artículo 15 de la LOFCA.
Finaliza su intervención respondiendo a la pregunta de cómo piensa
instrumentar el Gobierno la voluntad de acuerdo político que ha
manifestado el Presidente del Gobierno en el discurso de investidura.
Manifiesta que aunque las decisiones que adopta el Consejo de Política
Fiscal y Financiera no tienen valor alguno de tipo legal, sin embargo
cree que no sería malo que intervinieran los consejeros de Hacienda de
las distintas comunidades autónomas, aunque, como es natural, el criterio
hay que fijarlo en el Congreso y en el Senado. Se puede articular el
consenso, primero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera;
segundo, en conversaciones partido a partido y, tercero, en los debates
que se produzcan en ambas Cámaras en las próximas fechas.
Replica el señor Saura Laporta, duplicando el señor Ministro de
Administraciones Públicas.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Mixto; Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista, y
López Amor, del Grupo Popular.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre reforma de la Organización Común
de Mercado del sector de frutas y hortalizas frescas y transformadas
(Página 323)
La señora Leiva Díez presenta la interpelación del Grupo Socialista
recordando la opinión negativa en algunos foros cuando España ingresó en
la Comunidad Económica Europea en 1986. Sin embargo, después de diez
años, la agricultura es un sector más moderno, más competitivo y más
eficiente y la industria agroalimentaria ha mejorado, haciendo posible el
asentamiento del medio rural. España es el segundo país productor de
frutas y hortalizas de la Unión Europea y el tercero en cuanto a
percepción de ayudas. Todo esto, considera la interpelante que ha sido
posible gracias a nuestra integración en Europa y, concretamente, por la
reducción del período transitorio en la aplicación de la reforma de la
organización común del mercado de frutas y hortalizas. Sin embargo,
estima que los agricultores, en este momento, están muy preocupados por
lo que han oído decir al Partido Popular durante la campaña electoral y
por el discurso de investidura del Presidente del Gobierno, en donde no
ha hecho una sola mención al sector agrario.
Manifiesta la disposición del Grupo Socialista a colaborar en las
negociaciones de la política agraria común y espera que la señora
Ministra cuente con ellos. Añade que, ante la reforma de la organización
común de mercado de las frutas y hortalizas, España tiene que defender
sus intereses, lo que depende de la señora Ministra, de su equipo y de la
capacidad negociadora. Confía en que cuando vayan a Bruselas sepan hasta
dónde hay que echar el pulso,
porque de momento considera que sólo se ha iniciado una política de
gestos. Tendrá que negociar respetando siempre los pilares básicos de la
política comunitaria, que son la unidad de mercado, la no discriminación
entre productos de diferentes países de la Unión Europea y las ayudas,
porque tenemos los mismos derechos que otros países miembros, como
también tenemos derecho a la producción, a la comercialización y al libre
tránsito de productos.
Pregunta a continuación, en relación con las organizaciones de
productores de frutas y hortalizas, sobre el período transitorio que
piensa solicitar para las actuaciones de la reforma, sobre los fondos
operativos con respecto a la retirada de productos y sobre la
flexibilidad interanual que considera más conveniente en situaciones de
crisis. Continúa haciendo una serie de preguntas sobre la compensación de
retirada de diversos productos como la fresa, pepino, melón. En relación
con la preferencia comunitaria le gustaría saber qué mínimos piensa
solicitar ante la Comisión para que se cumplan los acuerdos de la Ronda
de Uruguay y del GATT, cuáles van a ser los controles de importación de
productos y si va a apoyar algunos de los tratados con terceros países.
Finaliza su interpelación con unas preguntas sobre los productos
transformados, sobre la demanda para que la ayuda pueda obtenerse sin
necesidad de que el contrato esté suscrito con organizaciones de
productores en el período transitorio y sobre los frutos secos y la
patata.
En nombre del Gobierno contesta la señora Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi) señalando que en los
«Diarios de Sesiones» se puede comprobar cómo el anterior Ministro y
otros responsables del Ministerio decían que no estaba tan mal el
documento que ha presentado la Comisión como reforma de la OCM de frutas
y hortalizas, siendo precisamente el Grupo Popular el que hacía una
crítica frontal. Le aconseja que se lea más el «Diario de Sesiones» para
que, utilizando otro tipo de estrategia, se lograra una colaboración
entre todos los grupos con el fin de conseguir acuerdos unánimes en
cuestiones como ésta. Manifiesta a continuación que cumplirá
estrictamente el mandato que acordó el Parlamento en el mes de noviembre
sobre la OCM de frutas y hortalizas. Se compromete a no dar pasos en
falso en la negociación, como los que dieron el Ministro Romero y el
Gobierno del señor González cuando se negoció la adhesión de España al
Mercado Común y se acordó una cuota ridícula para el tema lácteo, o en el
sistema de atribución de superficies en herbáceos o el número de primas
que recibimos para el ganado extensivo respecto de lo que están
recibiendo otros países.
Considera que el sector de frutas y hortalizas es un sector estratégico
para España en tanto en cuanto supone el 30,5 por ciento del producto
final agrario y contribuye al equilibrio de nuestra balanza comercial
agraria. Por otra parte, se trata de un sector que genera un gran número
de empleos y es especialmente competitivo, recibiendo escasas ayudas en
relación a otros sectores. Refiriéndose a la competitividad señala que, a
partir de 1993, con la puesta en marcha del mercado único, se ha
producido un gran crecimiento de este sector que ha favorecido la
integración de productores y comercializadores. Sin embargo, también
considera necesario hablar de ciertas amenazas y debilidades. Entre las
debilidades cabe citar una insuficiencia en el nivel tecnológico
desarrollado en algunas zonas o la necesidad de una reforma en relación
con el abastecimiento de agua. En cuanto a las amenazas señala que éstas
provienen de la competencia exterior, cuyo origen está en las nuevas
reglas que nos va a imponer el GATT y en una serie de acuerdos de libre
cambio y de tratados preferenciales que ponen gravemente en peligro la
preferencia comunitaria en un sector como el de frutas y hortalizas.
Entiende que hay que mejorar los rendimientos y la relación
calidad-precio para ser capaces de mantener el esfuerzo inversor que hay
que hacer. Se refiere a continuación a que lo que pretende la OCM de
frutas y hortalizas es mejorar la eficacia y la calidad de la producción,
ajustar la producción a la demanda y reducir progresivamente las
cantidades intervenidas. Declara que ha defendido ante el Comisario
Fischler la apertura del Anejo I y del Anejo II, haciendo una referencia
expresa a los frutos secos. En cuanto a la indemnización comunitaria de
retirada, entiende que sería suficiente un 10 por ciento y habría que
escalonarlo a lo largo del tiempo. Manifiesta a continuación que exigirán
la financiación comunitaria al cien por cien como se aprobó en el Consejo
Jumbo, y pide más flexibilidad en cuanto al fondo operacional.
Finaliza defendiendo el libre tránsito de nuestros productos y espera que
el Grupo de la señora Leiva respalde las iniciativas que desde el
Gobierno se están emprendiendo.
Replica la señora Leiva Díez, duplicando la señora Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación (De Palacio del Valle-Lersundi).
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Olabarría
Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Companys San Feliu, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y la señora Rivadulla Gracia, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON PEDRO VAQUERO DEL POZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL
EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PRETENDE EL GOBIERNO
PRIORIZAR LA MEDIDA DE AMPLIACION DEL PERIODO DE COMPUTO DE OCHO A QUINCE
AÑOS, PARA EL CALCULO DE LAS PENSIONES, RESPECTO DE LA MEDIDA NUMERO
CINCO RECOMENDADA EN EL PACTO DE TOLEDO? (Número de expediente
180/000034)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Continuamos con el orden del día, en el turno de control, preguntas
orales al Gobierno, pregunta número 13, de don Pedro Vaquero del Pozo,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al
Presidente del Gobierno.
El señor Vaquero tiene la palabra.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente del Gobierno, el Pacto de
Toledo fue un ejercicio de consenso y de aportación de cada partido
político de propuestas que hoy son un todo indivisible, pues de todas las
recomendaciones que forman el pacto, unas se orientan en el sentido de
mejorar la gestión, la recaudación, e incluso el volumen de trabajo en
función de la mejora de la economía productiva, y otras apuestan por la
racionalización del actual sistema público de pensiones. El acuerdo se
logró sobre el conjunto del pacto. De ahí la preocupación que Izquierda
Unida comparte con muchos ciudadanos y ciudadanas sobre cómo se va a
aplicar el Pacto de Toledo.
¿Pretende el Gobierno priorizar la medida de ampliación del período de
cómputo de ocho a quince años para el cálculo de las pensiones respecto,
por ejemplo, de la medida número 5 recomendada en el Pacto de Toledo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
El señor Presidente del Gobierno tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente, señor
Diputado, el Gobierno pretende aplicar el Pacto de Toledo en su
integridad.
Siendo el consenso parlamentario un instrumento básico para la
aplicación, el desarrollo y la propia definición del Pacto de Toledo,
quiero decirle que el Gobierno desea mantener ese consenso en el
desarrollo, como fue ya expresado en el discurso de investidura.
Yo creo que todos los que deseamos --que son la inmensa mayoría de
ciudadanos, estoy convencido de ello-- la consolidación y la mejora de un
sistema público de pensiones en nuestro país deberíamos trabajar
lealmente por la aplicación del Pacto de Toledo. Lo va a hacer el
Gobierno en los términos que se conocen de la aplicación íntegra del
Pacto de Toledo, y espera el Gobierno que también lo haga el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, que es uno de los firmantes del pacto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
El señor Vaquero tiene la palabra.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente del Gobierno, mi pregunta
buscaba una respuesta que satisficiera las incertidumbres creadas en
torno al tema de las pensiones, en la firme convicción de que eso sería
poco beneficioso para el crédito político de esta Cámara y para los
partidos políticos que suscribimos el Pacto de Toledo. La pregunta
pretende resolver tres cuestiones o dudas: que este pacto sea aplicado de
una forma unilateral por parte del Gobierno, constituido en intérprete
auténtico y único del mismo; que sea aplicado de forma parcial,
priorizando aspectos como la ampliación del cómputo de las pensiones
desde ocho a quince años, lo que en cualquier caso no viene a
dignificarlas más, sino más bien a recortar la masa global de inversión
de dinero que significan y, por tanto, a ser sospechosamente concomitante
con respecto a las prioridades económicas de este Gobierno de reducción
del gasto público que los criterios nominalistas de convergencia
implican; y, en tercer lugar, que el Gobierno posponga al mismo tiempo
sine die la aplicación de aspectos más progresistas.
En todo caso, tenga en cuenta, señor Presidente del Gobierno, que
Izquierda Unida va a estar por una aplicación consensuada y global del
Pacto de Toledo y no va a aceptar una aplicación unilateral y parcial del
mismo, como lo que parece que sugieren globos sonda que, en forma de
declaraciones, han lanzado altos responsables del Gobierno, declaraciones
que su contestación, señor Presidente, si no me equivoco, parece
desmentir.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
El señor Presidente tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente, señor
Diputado, con toda cordialidad tengo que decirle que tengo la sensación a
veces de que en su grupo parlamentario hay cierto barullo a la hora de
redactar las preguntas.
Su pregunta no se refiere a la recomendación número 5 del Pacto de
Toledo, como dice literalmente --que ésa tiene que ver con la morosidad
en el pago de cotizaciones
a la Administración--, sino a la número 9, que se refiere al intento de
buscar una gradualidad entre la prestación que se aspira recibir y el
esfuerzo contributivo que se ha realizado. Esa es la recomendación número
9, no la 5, que dice otra cosa.
Quiero decirle que el Gobierno ha empezado ya un desarrollo del Pacto de
Toledo y quiero decirle que ha empezado haciendo caso de la recomendación
número 11, que es la que invita a garantizar el poder adquisitivo de los
pensionistas y de las pensiones. No creo que usted vaya a llamar a eso
una iniciativa parcial ni unilateral del Gobierno. Creo que estará
bastante de acuerdo en ello.
El Gobierno ha encargado también un plan al Ministerio de Trabajo sobre y
contra la morosidad en el pago de cotizaciones sociales y naturalmente el
Gobierno pretende aplicar también la recomendación número 9 en cuanto lo
que significa buscar esa mayor proporcionalidad entre el esfuerzo
contributivo y la prestación que se recibe. Este es el criterio del
Gobierno y estoy absolutamente convencido de que desde la lealtad a los
acuerdos firmados la Cámara puede desarrollar un buen trabajo, como fue
el Pacto de Toledo, y puede garantizar un sistema público de pensiones
viable y seguro para los pensionistas españoles de hoy y de mañana.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Varios señores Diputados:
¡Muy bien! ¡Muy bien!)
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN ALMUNIA AMANN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ES
CIERTO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO DESCONOCE EL COSTE DE LOS
ACUERDOS SOBRE FINANCIACION AUTONOMICA SUSCRITOS POR EL PARTIDO POPULAR?
(Número de expediente 180/000038)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del Diputado don Joaquín Almunia
Amann, del Grupo Socialista del Congreso, al Presidente del Gobierno.
El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, le voy a hacer una pregunta que le sonará.
(Varios señores Diputados: ¡A ver, a ver!) ¿Es cierto que usted desconoce
el coste de los acuerdos que sobre el sistema de financiación autonómica
realizó su partido con Convergència i Unió y con otros grupos
parlamentarios? Si conoce el coste, dígalo, y si no lo conoce, por favor,
calcúlelo cuanto antes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente,
señorías, lo que el Presidente del Gobierno conoce es lo que S. S.
también debería saber, pero da la sensación de que no sabe, y es que los
acuerdos entre el Partido Popular y los partidos nacionalistas moderados
no tienen por qué suponer un coste adicional de la financiación en los
Presupuestos Generales del Estado. No tienen por qué suponerlo.
(Rumores.) Ocurre señoría, por el contrario, que es conveniente leer esos
acuerdos. Yo se lo recomiendo. Para eso los acuerdos se han hecho
públicos, a diferencia de los acuerdos a los que llegaban ustedes.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Varios señores Diputados:
¡Muy bien!) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra el señor Almunia.
El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, no me convence en absoluto, a
pesar de los aplausos de su grupo. (Risas.) El señor PRESIDENTE:
Señorías, guarden silencio.
El señor ALMUNIA AMANN: Estoy convencido de que usted y los miembros de
su partido que negociaban manejaban cantidades en cuanto al coste de las
diferentes alternativas. No puede ser de otro modo, no puede llegar a
tanto la irresponsabilidad de un negociador. (Rumores.) Es más, quienes
negociaban por el otro lado sí tienen cifras. Este mismo fin de semana
habrá podido usted leer que el señor Alavedra, Consejero de Hacienda de
la Generalitat de Cataluña, ha estimado en el Parlament de Cataluña la
cifra que le corresponde a Cataluña, según sus cálculos, de esos
acuerdos: 200.000 millones de pesetas o algo más, depende de las
hipótesis económicas, en cinco años. Mis cifras son más bajas que las del
señor Alavedra, pero yo quiero saber las suyas, las del Gobierno.
El señor Rato esta mañana en Comisión ha venido a decir que el acuerdo
implicaba que no había topes y que el acuerdo, según los deseos del
Gobierno, debiera partir de la base 1996. Incluso con esa base a nuestro
grupo le resulta un coste adicional de esos acuerdos que habrá que ver a
quién corresponde, cómo se reparte, cómo se financia y cómo se hace
compatible con la reducción del déficit público.
Usted prometió transparencia en el debate de investidura. Aplíquela, no
se esconda y responda. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) El señor PRESIDENTE:
Gracias, señor Almunia.
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Me parece, señor
Diputado, que respondiendo estamos, y por lo tanto los deseos de
esconderse debe ser para
otros que no están presentes en esta Cámara. (Aplausos en los bancos del
Grupo Popular.--Rumores.)
Quiero decirle, señor Diputado, que nos entusiasma realmente su
preocupación en torno al déficit público. Es una lástima que no lo hayan
demostrado con más intensidad durante los últimos años y España no cumpla
ese criterio de convergencia. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Vuestra señoría, que ha sido Ministro para las Administraciones Públicas,
sabe con toda claridad que hay elementos de definición de la financiación
pública, como la evolución del PIB nominal, como la evolución propia del
Impuesto sobre la Renta, a los cuales ya se ha referido el Ministro de
Administraciones Públicas en este mismo hemiciclo la semana pasada en
contestación a la misma pregunta sobre el mismo asunto. Y le quiero decir
que eso nos lleva a nosotros a la conclusión de que a ustedes lo que les
preocupa y lo que les molesta, señor Almunia, es que nosotros hayamos
sido capaces de llegar a un acuerdo con los partidos nacionalistas (Los
señores Yáñez-Barnuevo García y Amate Rodríguez: ¿Cuánto?)...
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): ...hayamos hecho públicos
esos acuerdos y estemos trabajando en el camino de la corresponsabilidad
fiscal. (Rumores.)
He dicho, señor Presidente, que esos acuerdos no tienen por qué suponer
un coste adicional para los Presupuestos Generales del Estado y lo
mantengo, y lo que deseo, señor Almunia, es que la recomendación nacida
del informe de los expertos, contenida en un libro blanco sobre
corresponsabilidad fiscal, las recomendaciones nacidas del debate en el
Senado sobre el estado de la Nación, las recomendaciones votadas por
ustedes en esta misma Cámara y su propio programa electoral les lleven a
ustedes, aunque sea por una vez a ser coherentes (Rumores.--El señor
Yáñez-Barnuevo García y Amate Rodríguez: ¿Cuánto es?) y a aprovechar la
oportunidad de trabajar con los demás en un sistema de corresponsabilidad
fiscal.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON LUIS DE GRANDES PASCUAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE CRITERIOS HA TENIDO
EN CUENTA EL GOBIERNO PARA LA DESIGNACION DE SUS DELEGADOS EN LAS
DISTINTAS COMUNIDADES AUTONOMAS? (Número de expediente 180/000050)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, que formula el Diputado señor
Núñez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular, al Presidente del Gobierno.
El señor Núñez tiene la palabra.
El señor NUÑEZ PEREZ: Con la venia, señor Presidente, señorías.
Señor Presidente del Gobierno, el Estado autonómico está exigiendo una
transformación del Estado centralista y un nuevo modelo de
administraciones públicas; modelo que los gobiernos socialistas en estos
casi catorce años no han sabido, no han querido o no han podido darnos.
(Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) La prueba es que después de estos
catorce años siguen faltando en el ordenamiento jurídico leyes tan
importantes como la de organización y funcionamiento de la Administración
general del Estado o la ley del Gobierno. (El señor Yáñez-Barnuevo
García: ¡La pregunta!) La falta de estas normas y, por tanto, la falta de
un diseño de Administración pública adaptada al Estado autonómico ha
producido una monumental descoordinación, que es tanto como decir
duplicación y triplicación de los servicios del Estado, de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales, y, en consecuencia,
un monumental aumento de gastos de personal, de actos administrativos, de
recursos y de gastos corrientes que no se han traducido en una mejora en
la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
El señor NUÑEZ PEREZ: Precisamente, para evitar la descoordinación entre
las distintas administraciones, el artículo 154 de la Constitución
española establece que un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la
Administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y
coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la comunidad.
El nuevo Gobierno presidido por S. S. ha venido poniendo especial énfasis
en la necesaria reordenación de la Administración periférica del Estado
para ponerla en concordancia con la realidad del Estado de las
autonomías. En los primeros consejos de ministros se nombraron todos los
delegados de las comunidades autónomas (Rumores.), y el Grupo Popular
quisiera conocer las medidas que tomará el Gobierno y las nuevas
circunstancias que propiciará para que los delegados de las comunidades
autónomas... (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
El señor NUÑEZ PEREZ: ...puedan cumplir mejor la importante labor que
tienen encomendada.
Por eso, le pregunto: ¿qué criterios ha tenido en cuenta el Gobierno para
el nombramiento de estos delegados?
Nada más, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
El señor Presidente del Gobierno tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor Presidente,
señorías, para el Gobierno los delegados son piezas clave en el proceso
de reforma de la organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado. El Gobierno, como S. S. ha dicho, ha comenzado un
proceso de reformas administrativas que pretende impulsar durante las
semanas y meses sucesivos. A esos efectos, el delegado, como digo,
constitucionalmente prefigurado en nuestra Carta Magna, aparece como la
figura clave. Tendrá como objetivo la dirección de todos los servicios de
la Administración general del Estado en el territorio correspondiente a
su jurisdicción. Le corresponderá, asimismo, garantizar la debida
coordinación con las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Le corresponderá el nombramiento de los subdelegados del Gobierno, ya que
es decisión del Gobierno proponer a las Cámaras la eliminación de la
figura de los gobernadores civiles, y, por tanto, los subdelegados del
Gobierno dependerán y serán nombrados por el delegado del Gobierno; y
pondrá en marcha el proceso de racionalización y simplificación de la
Administración periférica del Estado en las comunidades autónomas en
torno al concepto de la Administración única.
A este respecto quiero anunciar a SS. SS. que el Gobierno enviará la
próxima semana a las Cámaras para su correspondiente debate el proyecto
de ley de organización y funcionamiento de la Administración general del
Estado.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGELES MAESTRO MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL
GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS DE CARACTER DIPLOMATICO PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO
PARA LA CONTINUIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA MINURSO EN EL SAHARA
OCCIDENTAL, DE MANERA QUE SE GARANTICE LA CELEBRACION DEL REFERENDUM DE
AUTODETERMINACION DEL PUEBLO SAHARAUI? (Número de expediente 180/000004)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, que formula al Gobierno doña
Angeles Maestro Martín.
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué medidas diplomáticas piensa tomar el Gobierno para
asegurar la permanencia de los miembros de la Minurso en el Sáhara
Occidental, de manera que se pueda asegurar la celebración del referéndum
para la autodeterminación del pueblo saharaui?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Ministro de Asuntos Exteriores tuvo ocasión de explicar
extensamente ayer mismo en el Senado la posición del Gobierno sobre este
tema. Me reafirmo en lo dicho por el señor Ministro de Asuntos Exteriores
en el Senado ayer por la tarde.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Como el señor Vicepresidente Primero del
Gobierno debe saber, estamos en este momento en el Congreso de los
Diputados en una sesión de control al Gobierno, y es obligación de éste
contestar a los Diputados a las preguntas que formulan.
En cualquier caso, señor Vicepresidente, probablemente en función de los
criterios de prioridades políticas que ayer por la tarde se pusieron de
manifiesto por su grupo en esta Cámara, el primer viaje del nuevo
Presidente del Gobierno ha sido una visita a la monarquía marroquí,
probablemente o bien porque la considera un adalid de los derechos
humanos y de las libertades públicas, o bien porque ha aprovechado esa
visita para preguntar por los presos políticos y por la situación de los
derechos humanos en Marruecos.
En cualquier caso, señor Vicepresidente del Gobierno, usted sabe que la
decisión del Secretario General de Naciones Unidas de plantear,
probablemente a finales de este mes, la retirada de las fuerzas de la
Minurso del Sáhara Occidental abre una situación de enorme inestabilidad,
que puede desencadenar --ojalá no sea así-- un conflicto armado directo
entre el Frente Polisario y Marruecos.
¿Ha pensado el Gobierno dirigirse al Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas solicitando la permanencia de la Minurso de manera que pueda
acabar de cumplir el cometido para el que fue destinada? ¿Ha pensado el
Gobierno plantear la celebración, tal y como se propuso en el Parlamento
Catalán el 7 de enero de 1994, de una conferencia de paz, con la
participación de la ONU y la OUA como coautores del plan de
paz, de Marruecos y el Frente Polisario como partes en conflicto, de
Argelia y Mauritania como países observadores del plan y de España como
antiguo país colonizador de la zona, así como de Francia y Estados Unidos
como países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, ha terminado su tiempo.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señorías, como pueden imaginarse, el Gobierno
sigue con enorme interés los acontecimientos a los que acaba de hacer
referencia la pregunta de su señoría, por razones de su especial
vinculación histórica con el territorio y de sus excelentes relaciones de
amistad con todos los gobiernos --con todos los gobiernos--
interlocutores de la región.
Es bien sabido, señorías, que España ha mantenido tradicionalmente, y
seguirá manteniendo, una posición de principio según la cual el problema
del Sáhara Occidental es un problema de descolonización, que sólo se
resolverá definitivamente con la autodeterminación del pueblo saharaui, a
través de un referéndum libre, justo y con garantías internacionales.
Por esta razón, señoría, si el Consejo de Seguridad decide finalmente
hacer suyas las razones expresadas por el Secretario General y lleva a
cabo las medidas propuestas, el Gobierno español lamentará la suspensión
práctica del proceso de identificación de votantes e insistirá en la
importancia de una pronta reanudación de éste y los demás aspectos
bloqueados del plan de arreglo.
En sus contactos con los representantes de las Naciones Unidas, con los
países miembros del Consejo de Seguridad y con los distintos actores
regionales y partes interesadas, el Gobierno español ha manifestado, y lo
seguirá haciendo, su preocupación por el estancamiento en el que se
encuentra el proceso de arreglo del conflicto sahariano, así como la
importancia de evitar cualquier acción, recalco, señoría, cualquier
acción que pueda alterar el clima de paz, entendimiento y convivencia
armoniosa entre los pueblos del Magreb.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANTOS SECRETARIOS DE ESTADO HAN
SIDO NOMBRADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO? (Número de
expediente 180/000044)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula, en nombre del Grupo
Socialista, el Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero.
Tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Hace una semana exactamente el Gobierno tenía alguna dificultad para
aclarar el número y el concepto de alto cargo. Por ello, el Grupo
Socialista, en un esfuerzo de aproximación y de generosidad, va a
intentar ir delimitando por una vía más concreta cuáles son realmente los
altos cargos y la estructura del nuevo Gobierno. A tal efecto, le formulo
la siguiente pregunta. ¿Cuántos secretarios de Estado han sido nombrados
en el área de Presidencia del Gobierno?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.
Mire usted, señor Rodríguez Zapatero, para esta pregunta no hace falta
ningún esfuerzo de aproximación y de diálogo; basta leer el «Boletín
Oficial del Estado». Exactamente ni uno más ni uno menos que los que ha
publicado el «Boletín Oficial del Estado». (Rumores.--Un señor Diputado:
¿Cuántos, cuántos?)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Señor Vicepresidente del Gobierno, me temo
que el tono de su respuesta no se corresponde ni siquiera con el fondo
que ha intentado mantener, porque no basta con leer el «Boletín Oficial
del Estado». Tenga en cuenta que han tenido varias rectificaciones en el
«Boletín Oficial del Estado» de sus propios nombramientos, e incluso
están haciendo nombramientos con un rango que no corresponde a nuestro
ordenamiento jurídico, como el de ayer, de un director del Gabinete de
Estado. No se puede saber simplemente leyendo el «BOE», por su impericia,
por su improvisación y por su falta de profesionalidad.
En todo caso, queda claro, de los nombramientos que han hecho hasta
ahora, que ustedes han aumentado de dos a cinco los secretarios de Estado
en el área de Presidencia del Gobierno; que esto supone algo
absolutamente contradictorio con la filosofía que habían mantenido de
reducción de superestructura en la Presidencia del Gobierno; que va a
suponer un aumento del gasto, porque, además, estos secretarios de
Estado, como bien sabe el Vicepresidente, conllevan un gabinete
y han aumentado el número, porque han pasado de dos a tres con su
Gobierno, y va a haber más asesores, más secretarios de Estado, más altos
cargos en el area de la Presidencia del Gobierno. Y no queremos hablar
--porque hablaremos otro día-- de los supergabinetes que los
vicepresidentes se han estructurado, con un subsecretario cada uno de
ellos al frente del mismo, con un director general cada uno de ellos, en
segundo orden de rango jerárquico, y con un número ilimitado de asesores.
Fíjese en su propio gabinete y en el del segundo Vicepresidente, fíjese
lo que va de lo que dijeron a lo que están haciendo, a lo que publica el
«BOE» cuando tienen que rectificar.
Me reafirmo en lo que manifesté la semana pasada al señor Rajoy: esto es
una gran estafa política y un gran engaño a los ciudadanos durante la
campaña.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.--Rumores.--El señor Hernández-Sito García-Blanco pronuncia
palabras que no se perciben.--Varios señores Diputados del Grupo
Socialista: ¡Sito!)
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Hernández-Sito!
Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
¡Señor Hernández-Sito!
Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señorías, para que el señor Rodríguez
Zapatero no siga equivocándose, suponiendo que está haciendo de buena fe
la interpretación y las cuentas que ha hecho, quiero decirle que, con
carácter general, todos los ministros de este Gobierno el día de su toma
de posesión renovaron el mandato de todos los asesores de confianza que
deseaban seguir en el cargo hasta que el Gobierno hubiera tomado las
decisiones en relación con el número y las personas que era conveniente
mantener. Por tanto, los que usted está contabilizando son los asesores
de libre designación que nuestros antecesores en el cargo habían
nombrado. (Rumores.--El señor Hernández-Sito García-Blanco pronuncia
palabras que no se perciben.)
En segundo lugar, señorías, ese ha sido el criterio, que probablemente no
es el que corresponde al estilo con el que ustedes, en un determinado
momento aterrizaron en la Administración, pero es el estilo del Partido
Popular ni del Gobierno del Partido Popular. (Rumores.)
En tercer lugar, con rango de Secretario de Estado, dependiendo del
Presidente del Gobierno, en la Presidencia del Gobierno, actualmente hay
tres y antes había dos, en el Gobierno anterior. Y en el Ministerio de la
Presidencia, con rango de Secretario de Estado, ahora hay dos y antes no
había ninguno. (Rumores y protestas.) Por eso, señorías, el balance final
del Gobierno, que usted conoce, es un ministerio menos, una secretaría de
Estado más, tres subsecretarías o secretarías generales menos, 86
direcciones generales menos, 55 asesores de ministros menos; en total:
144 altos cargos menos, de estos niveles, es decir, un 33 por ciento
menos.
Les guste o no les guste, ésta es la verdad del estilo de demostrar
austeridad del Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores.--Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
(Rumores.--Varios señores Diputados pronuncian palabras que no se
perciben.)
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA JESUS ARAMBURU DEL RIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE
FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL CALENDARIO, RED DE CENTROS Y
FINANCIACION PREVISTOS POR EL GOBIERNO PARA LA IMPLANTACION DE LA
EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA? (Número de expediente 180/000033)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno doña
María Jesús Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor Presidente, señora Ministra, señorías,
estamos hoy ante uno de los macrotemas de mayor envergadura política,
económica y social de esta legislatura, y el conjunto de la comunidad
escolar, los agentes sociales y mi propia fuerza política le instan a
que, a la mayor brevedad posible, informe, explícita y rigurosamente,
¿cuál es el calendario, red de centros y posible financiación previstos
por su Gobierno para la implantación de la Educación Secundaria
Obligatoria?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aramburu.
Señora Ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Señor Presidente, señorías, el calendario de aplicación de la reforma
previsto en la legislación vigente, el que está actualmente en la
legislación vigente.
La financiación no puede ser otra que la que en este momento figura en
los Presupuestos Generales del Estado. Y la red de centros, en este
momento, es la heredada del anterior Gobierno, la que está publicada por
el Departamento en un documento que se halla a su disposición. De hecho,
S. S. ha solicitado ya esta información por la vía del artículo 7.º, y le
será remitida en breve plazo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Su respuesta, señora Ministra, ilustra tanto
por lo que dice como por la letra pequeña de sus silencios y de sus
insinuaciones.
En los últimos tiempos, los problemas derivados de la implantación de la
educación secundaria obligatoria han cobrado, como usted sabe, una gran
actualidad y relevancia en los medios de comunicación, gracias a sus
afirmaciones confusas, en unos casos, y milimétricas, en otros, y a la
creciente dimensión que adquieren en el contexto del cambio de Gobierno,
a pesar de los tintes continuistas en la mayoría de las disciplinas y de
la irregular e insatisfactoria aplicación de la ESO en las zonas más
rurales, al igual que, en muchos casos, en ámbitos urbanos.
Sería conveniente, señora Ministra, evitar respuestas declarativas de
principios, pues ya conocemos sus tendencias privatizadoras y, por otra
parte, nos adentraríamos en inútiles comportamientos corporativos y
localistas, sin profundizar en las condiciones en las que se está
llevando a cabo el proceso de implantación de la reforma educativa, que
se encuentra en el ecuador y que, de forma casi unánime, con la oposición
casi exclusiva de su grupo, se respaldó con una enmienda en el texto
legal, en la que se afirmaba que los poderes públicos dotarían al
conjunto del sistema educativo de los recursos económicos necesarios para
complementar en la presente ley, con el fin de garantizar la consecución
de los objetivos en ella previstos. Recuerde la disposición adicional
segunda.
De la misma forma, hemos constatado con objetividad coincidencias en el
proceso de implantación con ciclos de recesión económica, amén de otros
avatares financieros, de recorte de recursos que aparcan las inyecciones
financieras suficientes, apostándose por sucesivas versiones del
calendario, estratégicas del retraso, que, unido a los tijeretazos en los
gastos sociales, nos sitúan, como habitualmente, en un incumplimiento de
los sucesivos presupuestos de un 70 por ciento de lo previsto, ya que
somos objeto preferente de los recortes.
Señora Ministra, permítame un consejo de una colega que lleva en política
más de la mitad de su vida: recíclese, asesórese y estudie, porque sus
declaraciones de compromiso de negociación no son más que declaraciones
amorosas sin pasar por la vicaría y considere algunas voces no
sospechosas, como las recientes, que dicen algo así como: Niños a la
escuela y no a la carretera; que frente a imposición, participación, ...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
La señora ARAMBURU DEL RIO: ...y que eso sí, pero con condiciones, no con
restricciones.
El señor PRESIDENTE: Señora Aramburu, ha cumplido su tiempo.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Y termino, señora Ministra, recordándole lo
que decía un clásico...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Ha concluido su tiempo. (Rumores.)
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.
Creo que no sería serio que habláramos de la financiación sin hablar
antes de la red de centros. No es ningún secreto para nadie que cuando
nos hemos hecho cargo del Ministerio, casi al final de este curso y al
principio del siguiente, nos hemos encontrado con una red de centros que,
como mínimo, no había sido suficientemente debatida con los sectores
afectados. Especialmente los sectores rurales tenían grandes dificultades
a la hora de aceptar la implantación de una red de centros que no había
sido suficientemente debatida y dialogada con ellos. Además de constatar
esta falta de diálogo, hemos visto que muchas de las infraestructuras
previstas estaban sin terminar. Y, por si fuera poco, señorías, la
previsión del Ministerio saliente hace que el 54 por ciento de los
alumnos que van a cursar primero de la ESO en el próximo curso 1996/1997
--así lo estableció el Gobierno anterior-- es que lo realicen en los
centros antiguos de primaria. Por tanto, señoría, creemos que se impone
abrir un diálogo y un debate con todos los sectores afectados. Así lo
hemos hecho; nos hemos reunido con los padres, con los profesores, con
los sindicatos de esos profesores, con casi todas las comunidades
autónomas y también con la Federación Española de Municipios, a pesar de
que los municipios no tienen competencias en esta materia, pero sí
tienen, creo, mucho que decir. Esperamos que de este diálogo se consigan
los dos objetivos muy claros que tiene el Ministerio. En primer lugar,
garantizar la máxima calidad de la enseñanza, cualquiera que sea el lugar
de España donde vivan los alumnos. En segundo lugar, no perjudicar la
calidad de vida en los medios rurales. Deseamos que estos objetivos se
consigan mediante el diálogo entre todos los sectores.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE INFORMAR EL
GOBIERNO DE LOS DIALOGOS MANTENIDOS CON DIFERENTES SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA IMPLANTACION DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA
OBLIGATORIA? (Número de expediente 180/000057)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno don Juan
Carlos Guerra Zunzunegui.
Tiene la palabra el señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, yo comprendo la complicada situación en que se ha
encontrado el nuevo Gobierno cuando se hizo cargo de la cartera de
Educación. Lo comprendo porque en lo que respecta a la ESO ha habido, a
mi juicio y a juicio del Grupo Popular, una falta de previsión, una falta
de medios y un desdibujado o equivocado mapa escolar. Una falta de
previsión porque la adicional segunda de la LOGSE preveía que se podría
retrasar la implantación de la ESO. No se ha hecho y se debería haber
hecho. Y, en segundo lugar, falta de medios. Porque, como bien ha dicho
la señora Ministra en su contestación a la señora Diputada de Izquierda
Unida, los institutos a los que iban a ir los niños al primer ciclo de la
ESO no estaban dotados suficientemente. No había laboratorios ni aulas
tecnológicas, etcétera.
Finalmente, se ha hecho un mapa escolar sin contar, en absoluto, con las
zonas rurales y con el consenso de los profesores, con el consenso de las
APAS y con el de los ayuntamientos de estas zonas rurales.
Me alegro, señora Ministra, que en la contestación anterior haya indicado
cómo ha habido una serie de contactos y reuniones con los diferentes
sectores de la comunidad educativa. Por ello, yo querría, señora
Ministra, que informara --si puede-- a este Parlamento de los diálogos
mantenidos con los diferentes sectores de la comunidad educativa sobre la
implantación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Estoy seguro de que
la señora Ministra dialogará, especialmente después de oír el discurso de
investidura del Presidente Aznar, donde dijo que este Gobierno iba a ser
dialogante respecto de todos los sectores implicados.
Muchas gracias, señora Ministra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerra.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, le agradezco mucho la pregunta porque creo que es oportuno
explicar a la Cámara que el Ministerio de Educación y Cultura está
haciendo un auténtico esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo con
todos los sectores afectados por la implantación de la reforma, en este
caso del primer curso de la enseñanza secundaria obligatoria, que se hará
en todo el llamado territorio MEC en el próximo curso.
Desde el Ministerio estamos haciendo un estudio en profundidad, un
análisis de la evolución de la población escolar, que es importante, de
los medios existentes, de los equipamientos, de los espacios, etcétera.
También estamos dialogando con los padres, con las principales
asociaciones de padres, la CEAPA y la Concapa, también con los padres que
habitan en las zonas rurales, con los sindicatos de profesores, tanto con
ANPE, CC.OO., FETE-UGT, CSI, etcétera, con todos. También con los
consejeros de comunidades autónomas, con los que personalmente me he
reunido. He visitado dos comunidades, las más afectadas por el problema
de la implantación de la ESO en las zonas rurales, Castilla y León y
Castilla-La Mancha, y próximamente también me reuniré con el Consejero de
Andalucía. En este momento lo que podemos decir es que los diálogos están
teniendo resultados positivos.
Me olvidaba de hablar de la Federación Española de Municipios, con quien
estamos tratando de llegar a un acuerdo definitivo para garantizar que el
primer año de la ESO tendrá una calidad de educación suficiente en todos
y cada uno de los centros educativos del territorio del Ministerio de
Educación, incluidas las zonas rurales. En ese sentido, tengo que
decirles que el Ministerio está aplicando un criterio flexible, que, por
otra parte, estaba previsto en el preámbulo de la LOGSE, y que ese
término de flexibilidad previsto será justamente el hilo conductor de
todas nuestras actuaciones, puesto que van a estar presididas por el
diálogo y por el intercambio de opiniones y de ideas entre todos los
sectores afectados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA CHIQUILLO BARBER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE
INICIATIVAS Y/O PROPUESTAS PIENSA EMPRENDER SU GOBIERNO PARA ATENDER Y
DAR SOLUCION DEFINITIVA A LAS REIVINDICACIONES DE LOS DAMNIFICADOS POR LA
ROTURA DE LA PRESA DE TOUS ACAECIDA EL 20 DE OCTUBRE DE 1982? (Número de
expediente 180/000032)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Mixto don José María Chiquillo Barber.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Justicia, ¿qué iniciativas y/o propuestas piensa
emprender su Gobierno para atender y dar solución definitiva a las
reivindicaciones de los
damnificados por la rotura de la presa de Tous acaecida el 20 de octubre
de 1982?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, las actuaciones previstas por el Gobierno para atender y dar
solución a las reivindicaciones de los damnificados por la rotura de la
presa de Tous se centran principalmente en la adecuada gestión de las
dotaciones presupuestarias existentes con tal fin. En este momento,
conviene indicar que la dotación presupuestaria total al día de hoy para
la aplicación de las previsiones del Real Decreto-ley 10/1995 es de
13.436 millones de pesetas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra. Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señora Ministra, han transcurrido casi catorce
años desde la rotura de la presa de Tous y la solución definitiva al
llamado caso Tous sigue siendo una asignatura pendiente del Gobierno
central para con los damnificados de la comarca valenciana de La Ribera.
Yo sé que ésta es una de esas herencias de las que ustedes han hablado y
me gustaría que hubiera algo más que esa contestación que me ha dado hoy.
Tras la aprobación de los dos reales decretos, el 4/1993, de 26 de marzo,
y el 10/1995, de 28 de diciembre, las reivindicaciones de los
damnificados no han sido satisfechas y no se puede hablar de que el
asunto esté resuelto. En el texto normativo al que usted ha hecho
mención, el del 28 de diciembre, hay lagunas y, sobre todo, se pretende
cerrar el caso de una manera incompleta e insuficiente para los legítimos
intereses de los damnificados.
La portavoz del PP, el partido de la nueva mayoría, en la Diputación
Permanente, el 30 de enero, la señora Loyola de Palacio, coincidía
conmigo en muchas de mis apreciaciones de hoy, en que con ese decreto no
se había dado solución al tema de Tous. Es más, aparte de que esté aquí
el «Diario de Sesiones», donde se puede comprobar, el propio Presidente
del Gobierno, señor Aznar, se comprometió públicamente en Alcira a
proponer iniciativas tendentes a la solución del caso para corregir,
modular y mejorar los decretos, que eran insuficientes y tenían muchas
lagunas.
Planteamos esto hoy, para que, sabiendo que es una herencia que ustedes
han recibido, tengan algo más que un gesto y, después de catorce años, se
haga justicia y se cierre esta triste página. Confiamos en ello,
confiamos en usted, señora Ministra, y en la palabra del señor Aznar. Si
dejan las palabras, van a las actuaciones concretas y se da solución
definitiva al tema de Tous, estaremos a su lado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.
Señoría, hacer de una eficaz gestión el objetivo principal del Gobierno
en relación al resarcimiento de los daños sufridos por los damnificados
de la presa de Tous ha sido el aspecto que ha presentado mayores
deficiencias, sumándose a la tardanza de anteriores gobiernos en adoptar
un marco normativo adecuado.
Desde el Real Decreto-ley 20/1982, de 23 de octubre, dotado con 60.000
millones de pesetas, que S. S. ha señalado, cuyo objetivo principal era
la reconstrucción de bienes públicos, hasta el Real Decreto-ley 4/1993,
de 26 de marzo, que sí inicia el resarcimiento de los daños sufridos por
los particulares, transcurren más de 10 años.
Sin perjuicio de las deficiencias materiales de dicha norma, que S. S. ha
señalado, lo cierto es que durante su período de vigencia apenas se
utilizaron las dos terceras partes de la dotación presupuestaria
consignada a tal efecto, y eso es fundamentalmente un problema de
gestión. Por otro lado, se ha tardado dos años y nueve meses en
establecer un nuevo marco que corrija las deficiencias del anterior y
que, hoy por hoy, cuenta con una habilitación presupuestaria suficiente
para cumplir sus fines. No parece, en principio, adecuado adoptar nuevas
iniciativas que, aunque supongan un lucimiento sobre el papel,
constituirían en realidad un perjuicio para los afectados al redundar en
mayores dilaciones para la pronta obtención de una adecuada
indemnización.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
--DEL DIPUTADO DON TOMAS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO
REALIZAR LA TRASPOSICION AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA 93/12 DE LA
UNION EUROPEA, SOBRE CLAUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA?
(Número de expediente 180/000058)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, que formula don Tomás Burgos
Gallego, del Grupo Parlamentario Popular al Gobierno.
Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la Ley general para la defensa de los consumidores y
usuarios recoge en su artículo 10
que las cláusulas, condiciones o estipulaciones que con carácter general
se apliquen a la oferta o venta de productos o servicios deben cumplir
entre otros los requisitos de buena fe y equilibrio de las
contraprestaciones que entre otros muchos aspectos excluyen taxativamente
las cláusulas abusivas en los contratos.
Sin embargo, en nuestro país la situación real es que la mayoría de los
contratos de compra-venta especialmente en algunos sectores como los
automóviles o los electrodomésticos contienen toda clase de cláusulas
abusivas, toda clase de cláusulas oscuras e incomprensibles para los
consumidores.
La realidad a la que nos enfrentamos es que el consumidor español se
encuentra desprotegido frente a múltiples irregularidades en lo que
respecta a los plazos de entrega, a los anticipos desproporcionados que
se les exigen, a las garantías del producto o a las modificaciones
unilaterales que se sufren. Todos estos aspectos y muchos más, incluyendo
una relación extensa y no exhaustiva de cláusulas abusivas muy al uso en
nuestro país se recogen en la Directiva 93/13, sobre cláusulas abusivas
en los contratos celebrados con consumidores.
España tendría que haber adaptado esa disposición a nuestro Ordenamiento
a más tardar el 31 de diciembre del año 1994. Numerosas promesas,
numerosos compromisos de la administración socialista, pero el resultado
es que los consumidores españoles siguen un año y medio después
desprotegidos frente, por ejemplo, a los contratos de adhesión o a la
exclusión abusiva de determinados derechos esenciales en los contratos.
El Partido Popular adquirió un firme compromiso en la defensa de los
derechos de los consumidores y en la regulación equilibrada de las
relaciones de consumo en nuestro país. Por eso, señora Ministra, le
pregunto cuándo piensa el Gobierno, de una vez por todas, realizar la
trasposición al Derecho español de la Directiva 93/12 de la Unión
Europea, sobre cláusulas abusivas en los contratos de compra-venta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, usted ya formuló una pregunta similar en la anterior
legislatura, que le fue contestada con fecha 10 de mayo de 1995 por el
entonces Ministro de Justicia e Interior, en el sentido de que en ese
momento existía un borrador de anteproyecto de ley pendiente de los
informes de la Comisión General de Codificación y del Ministerio de
Sanidad y Consumo.
A este respecto, tenga en cuenta que esta directiva inicia su andadura en
1993 con la obligación expresa de estar traspuesta al ordenamiento
interno el 31 de diciembre de 1994. A 10 de mayo de 1995, fecha de la
pregunta anterior, después de más de dos años de período de adaptación,
el Gobierno anterior no ha sido capaz de realizar la trasposición
obligada, cambiando en tres ocasiones los criterios básicos del contenido
sustancial de la norma aplicable, en el sentido siguiente: primero, se
optó por incluir la directiva en el anteproyecto de ley de condiciones
generales de contratación; segundo, la paralización del anteproyecto
anterior llevó al Departamento a elaborar un anteproyecto de ley
específico para trasponer directamente la directiva; tercero, por último,
y es la opción en trámite, se decidió modificar la vigente Ley 2/1984, de
19 de julio, para la defensa de los consumidores y usuarios en el sentido
de modificar los artículos afectados por la directiva.
A la fecha de hoy, el anteproyecto de ley para la trasposición de la
directiva a que ha hecho referencia ha sido informado por el Ministerio
de Sanidad y Consumo el 26 de octubre de 1995 y por el Consejo General
del Poder Judicial el 20 de diciembre del mismo año. Desde esta misma
fecha, de forma incomprensible, se encuentra paralizado en su
tramitación, no habiéndose sometido al trámite de audiencia de las
asociaciones y entidades afectadas, todo ello necesario antes de su
elevación al Consejo de Ministros, lo que indica una nueva paralización
de cuatro meses por parte del anterior Ministro de Justicia e Interior.
Las consecuencias negativas de esta situación creada por el Gobierno
anterior para la Administración son el procedimiento de infracción 95/79,
cuyo emplazamiento se hizo por la Comisión Europea el 16 de mayo de 1995
y que, gracias a lo servicios administrativos del departamento, ha sido
paralizado por el momento.
Es decisión de este Gobierno agilizar al máximo los trámites pendientes
en el anteproyecto para lograr su llegada al Consejo de Ministros en el
más breve plazo posible, conservando en todo caso su contenido actual,
por ser el que más se adapta a la opción de este departamento de
simplificar el ordenamiento jurídico, para lo cual es recomendable
adaptarlo a la directiva...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
--DEL DIPUTADO DON LLUIS RECODER I MIRALLES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿A QUE
ACTUACIONES HA DEDICADO EL GOBIERNO LOS FONDOS COMUNITARIOS PROVENIENTES
DEL PROGRAMA MEDHUM (MEDWET)? (Número de expediente 180/000007)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Catalán don Lluís Recoder i Miralles.
Señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, para la aplicación de la estrategia comunitaria de
protección de zonas húmedas mediterráneas se creó el programa MEDWET o
MEDHUM para el período 1993-96, dotado por la Unión Europea con seis
millones de ecus. Al frente de cada uno de los cinco subprogramas
integrantes de dicha estrategia se designó una organización no
gubernamental o gubernamental de distintos países, correspondiendo al
ICONA la coordinación del subprograma de gestión. Quisiéramos, en primer
lugar, saber la cuantía, así como a qué se han dedicado los recursos del
subprograma coordinado por el ICONA.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
Recoder, como usted muy bien acaba de comentar, se empezó a desarrollar
ese programa a raíz del año 1992, por un acuerdo de la Conferencia de
Venecia, y se ha financiado correspondiéndole a España concretamente un
subproyecto de gestión de humedales por un importe de 1.226.000 ecus,
financiados en un 75 por ciento por la Comunidad Europea. Los estudios
que se han desarrollado han ido en dos líneas: por una parte, hacer un
estudio administrativo y jurídico de los humedales y, por otra parte,
hacer un estudio de cómo se habían gestionado estos humedales en estos
años.
Concretamente el Gobierno anterior asignó estos estudios mediante un
convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, en lo
que se refiere al estudio jurídico, y por otra parte con el departamento
de Análisis Geográfico, también de la Universidad Complutense, así como
con diversas empresas consultoras con las que se desarrollaron diversos
contratos.
En la actualidad nos consta que se está imprimiendo el resultado de esos
estudios en un total de cuatro volúmenes, que van a ser presentados entre
los próximos días 5 y 9 en la Conferencia de Venecia.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, en primer lugar nos ha confirmado algo que ya
sospechábamos, que es que los dos millones de ecus que inicialmente
correspondía gestionar al ICONA fueron reducidos, usted nos dice, a un
1,2 millones de ecus.
También quisiera significarle que, por la información de que disponemos,
durante el período de aplicación de este programa, se ha dado la paradoja
de que la Administración central no ha contado para nada con las
comunidades autónomas, que son las responsables de la gestión en materia
de medio ambiente. En cambio, sorprendentemente, algunas comunidades
autónomas han podido realizar actividades con cargo al programa MEDWET
con subvenciones recibidas a través de organizaciones no gubernamentales
que gestionaban alguno de los cuatro subprogramas. Por ello, quiero
manifestar nuestra sorpresa ante el hecho de que sea más fácil para una
comunidad autónoma del Estado español obtener fondos con cargo a un
programa comunitario de organizaciones internacionales que del Gobierno
de España.
Y quisiera manifestarle, señora Ministra, que, con la puesta en
funcionamiento de su Ministerio, nuestro grupo parlamentario tiene la
sincera esperanza de que haya una buena y sincera colaboración entre las
comunidades autónomas y el Ministerio que usted dirige.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor Presidente.
Ese es, señoría, nuestro deseo. De lo que yo les he informado aquí es de
la gestión del anterior Gobierno y de lo que nos hemos encontrado al día
de hoy.
Lo que sí le puedo decir es que el actual Gobierno, en toda distribución
de fondos, le puede garantizar la absoluta transparencia y, por
descontado, ese diálogo y esa participación de las comunidades autónomas.
Es más, nos proponemos en este terreno concreto ampliar las zonas de
interés, de tal forma que no solamente se puedan presentar proyectos de
espacios protegidos, sino que las albuferas, las salinas, los embalses o
incluso las costas puedan ser también objetivo de estos fondos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Medio Ambiente.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MERCEDES AROZ IBAÑEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO RECORTAR
EL GASTO PUBLICO EN UN BILLON DE PESETAS? (Número de expediente
180/000040)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula la Diputada del
Grupo Socialista doña Mercedes Aroz Ibáñez al Gobierno.
Señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, vamos a seguir insistiendo, a la vista del poco
éxito que hemos obtenido hasta ahora
en nuestras preguntas, en decirle que resulta inaplazable para la buena
marcha del proceso de convergencia que ustedes concreten el ajuste
presupuestario para 1996 y para 1997. Deben decir ya también a los
ciudadanos españoles qué conceptos de gasto y qué sectores sociales se
van a ver afectados por los recortes que han anunciado.
¿Puede usted ya precisar, además, cuál va a ser la cifra del recorte del
gasto? ¿Van ustedes a recortar el gasto en un billón de pesetas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Para contestar a la señora Diputada, le tendría que preguntar, a mi vez,
a cuál de los dos ejercicios se refiere, porque ¿es un billón de pesetas
a repartir entre los dos ejercicios lo que a la señora Diputada le
interesa, o es un recorte en el 96 o un recorte en el 97? Puesto que esa
precisión me falta, espero que me la haga para poderle contestar.
(Rumores.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: El que tiene que contestar, señor Vicepresidente,
es el Gobierno. Ustedes son los que han anunciado un recorte de un billón
de pesetas; ustedes y portavoces de la coalición que les dan apoyo.
Yo quisiera decir que ustedes no están avanzando en la clarificación de
sus objetivos. Ustedes siguen instalados en objetivos difusos y en la
indecisión, señor Rato, y fruto de esa indecisión es el balance realmente
pobre que ustedes ofrecen de tres semanas de Gobierno.
(Risas.--Rumores.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señora Aroz, puede continuar. (Rumores.--Risas.)
Señorías, guarden silencio y respeten al orador.
La señora AROZ IBAÑEZ: Yo quisiera recordar --no se rían tanto, señores
del Partido Popular-- que en tres semanas de Gobierno, en una situación
mucho más difícil, el Gobierno socialista tomó decisiones tan importantes
como las siguientes: la implantación de la jornada laboral en cuarenta
horas y la ampliación de los permisos remunerados hasta treinta días; la
regularización efectiva, y no ficticia, del gasto en 200.000 millones de
pesetas; la reducción de impuestos, como la reducción del Impuesto sobre
el Lujo en los automóviles. Ustedes no han tomado una sola decisión de
Gobierno en estos días. Una sola, ayer: la revisión del cuadro
macroeconómico. Una revisión que es necesaria para toda la Unión Europea.
Pero ustedes han elegido la peor opción posible, la opción más negativa,
una opción que fija unos objetivos muy desfavorables en materia de
empleo. Y hay que preguntarse, señor Rato, si ésta no es la justificación
y la coartada para prevenir, para llevar a cabo un ajuste duro.
Y le voy a decir algo que es, además, señor Rato, una advertencia.
(Rumores.) No es posible reducir el gasto público en un billón de pesetas
sin producir una gran fractura social. Si hoy usted me dice que no es un
compromiso de reducción de gastos, sino de reducción de déficit, yo le
voy a creer, pero le voy a emplazar también a que lo explique, porque si
esa...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz, su tiempo ha terminado.
La señora AROZ IBAÑEZ: ...cifra es en términos de déficit, también
requiere una explicación.
El señor PRESIDENTE: Señora Diputada, muchas gracias.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Efectivamente, en 1982, el Gobierno socialista, al llegar
al poder, devaluó la moneda. Es cierto que fue una medida inmediata, que
pudo tomar entonces en condiciones distintas.
La señora Diputada ha ido bailando entre el año 1996 y el año 1997,
conscientemente. Pues bien, en el año 96, como la señora Diputada sabe
muy bien, entre el límite de no disponibilidad del Gobierno anterior y el
límite de no disponibilidad que nosotros tomamos a los tres días de
llegar al Gobierno, la cifra es un billón 50.000 millones de pesetas.
Pero seguro que usted no se refiere al año 1996, porque ya lo sabe. Usted
está tratando de confundir a la opinión pública sobre el año 1997, lo
cual es extraordinariamente grave, habida cuenta de que estamos hablando
de la reducción del déficit público. Respecto al déficit público en el
año 1997, efectivamente, como consecuencia de que será el Gobierno del
Partido Popular el que tenga que llevar a cabo el 70 por ciento del
esfuerzo del Programa de Convergencia, frente al 30 que ustedes hicieron
en dos años, tendrá que aplicar una reducción del déficit público de 1,4
puntos. Pero una reducción del déficit público, como S. S. sabe, no
quiere decir una reducción del gasto. Una reducción del déficit, que se
conseguirá según la propuesta que
S. S. también conoce, porque yo se la he dicho personalmente desde la
tribuna, supone unas previsiones presupuestarias de congelación del gasto
en términos reales y
el mantenimiento de la presión fiscal, no aumentando la recaudación por
encima del PIB nominal. Su señoría lo sabe, lo que pasa es que está
jugando no ya con recortes de periódicos sino con titulares de prensa. Su
señoría está tratando de menoscabar en este momento el crédito de un
Gobierno que, a los tres días de llegar a las responsabilidades, ha
tomado una medida presupuestaria que va a explicar en tres semanas y,
como podré responderle a su compañero de escaño en la siguiente pregunta,
eso se compara ventajosísimamente con cualquiera de las responsabilidades
que tomaron ustedes, no después de tres semanas sino después de años de
estar en el Gobierno, exceptuando, efectivamente, la devaluación de la
peseta, medida que adoptaron al llegar al Gobierno en el año 1982.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JOSEP BORRELL I FONTELLES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL HA SIDO LA DISTRIBUCION POR
MINISTERIOS DEL ACUERDO DE NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, POR IMPORTE
DE 200.000 MILLONES? (Número de expediente 180/000041)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula el Diputado del
Grupo Socialista, don Josep Borrell i Fontelles.
Señor Borrell.
El señor BORRELL I FONTELLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, ¿cuál ha sido la distribución por ministerios del
acuerdo de no disponibilidad presupuestaria por importe de 200.000
millones?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Borrell.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Señor Borrell, en un total de 20 días esta Cámara y la opinión pública
conocerán esa distribución, lo cual se compara con 18 meses en la primera
toma de decisiones de ustedes, en enero de 1995, y de 5 meses en la
segunda toma de decisiones, de 28 de diciembre de 1995. Esa es la
comparación entre su capacidad como Gobierno, del cual por cierto usted
era miembro, y nuestra capacidad.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados: !Muy bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Borrell.
El señor BORRELL I FONTELLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, aquí no viene usted a comparar; se viene a
contestar. Aquí viene usted a contestar a las preguntas que se le hacen.
La pregunta es muy clara, ¿cuál ha sido la distribución por ministerios
del recorte de 200.000 millones?
Usted debe saberlo, porque en la anterior sesión de control del Gobierno
nos dijeron que estaban los ministerios trabajando en distribuir, por
capítulos y partidas concretas, las cifras que a cada cual se le habían
asignado. ¿O es que está distribuyendo cada Ministro en su despacho unas
cifras que no sabe cuáles son? A nivel de ministerio, por lo menos a este
nivel, ustedes tienen que haber fijado ya esta cantidad, de lo contrario
no se entiende qué están esperando hacer.
Lo que pasa es que ustedes llegaron al Gobierno cabalgando sobre la
demagogia de los 5.000 altos cargos y el despilfarro, cuya supresión iba
a resolver todos los problemas presupuestarios. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerda
usted que en un debate me dijo que para reducir el déficit no hacía falta
tocar la inversión ni hacía falta subir los impuestos ni, por supuesto,
modificar el Estado del bienestar? Bastaba con suprimir el despilfarro.
Pues bien, estamos esperando cuánto despilfarro van a suprimir ustedes en
estos 200.000 millones de pesetas, porque estamos seguros de que no
tocarán la inversión, estamos segurísimos de que no van a modificar, de
acuerdo con sus planteamientos electorales, ninguna partida de gasto
socialmente útil, que va a ser todo supresión de despilfarro. Quizá por
eso tardan tanto tiempo en encontrarlo. Quizá por eso no han sido capaces
todavía de distribuirlo por ministerios. Y quizá por eso, señorías,
cuando nos lo cuenten de verdad, constataremos que tal despilfarro no
existía y que habrán ustedes recortado la inversión, disminuido
contrapartidas de los ciudadanos, después de tanto tiempo de esperar una
respuesta que hoy tampoco son capaces de dar. (Aplausos en los bancos del
Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Borrell.
Señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Borrell, de lo que se trata es de dar respuestas ciertas, porque
para respuestas no exactas ya han estado ustedes. (Rumores.)
Quiero primero recordarle a usted, porque las comparaciones jugarán
siempre, señor Borrell, que este
Gobierno se va a sentir obligado a explicar los ajustes que ustedes
tomaron porque ustedes no los pudieron explicar y la opinión pública se
lo merece.
Fíjense que el primer ajuste que ustedes toman, en enero de 1995, no es
un límite de no disponibilidad sino que es, simplemente, un no
reconocimiento, con lo cual han enviado ustedes a ejercicios sucesivos el
gasto que comprometieron en el año 1995 por encima de ese límite. Lea
usted la ley. Usted nunca ha querido tomarse demasiado en serio las
letras de las leyes y así le ha ido a la Hacienda Pública en el Tribunal
Constitucional. (Rumores.)
Segunda cuestión. En el ajuste que ustedes tomaron, supuestamente el 28
de diciembre de 1995 para el ejercicio en curso de 1996, acordaron un
ajuste, esta vez sí de no disponibilidad, que distribuyeron entre
ministerios, pero se les olvidó un dato, que es dar una fecha a los
ministerios para aplicarlo. Cuando se dieron cuenta de que se les había
olvidado la fecha, el 8 de febrero, en una carta que yo leí aquí el otro
día, mandaron ustedes la carta a los Ministerios, pero fíjese usted por
dónde que algunos ni la contestaron y otros ni siquiera la han aplicado,
lo cual demuestra que en este momento ni el Ministerio de Asuntos
Exteriores, ni el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ni el
Ministerio de Justicia e Interior, ni el Ministerio de Defensa, ni las
relaciones financieras con las comunidades autónomas han concretado el
ajuste que ustedes sí explicaron a la opinión pública, pero que resulta
ser en este momento, como poco, inexacto, porque estos cinco Ministerios
que acabo de mencionar, estas cinco secciones, suman, de 850.000
millones, más de 400.000 millones. Es decir, el 57 por ciento del ajuste
que ustedes explicaron a la opinión pública el 28 de diciembre no se ha
producido. Nosotros, en veinte días, vamos a haber hecho un límite de no
disponibilidad y explicado exactamente en qué partidas se contienen,
porque nosotros no confundimos disponibilidad con reconocimiento, como
les pasó a ustedes en el primero, ni se nos olvidó dar una fecha, como
les pasó a ustedes en el segundo. Por tanto, señor Borrell, tendrá usted
cumplida información de sus recortes y de los nuestros. (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON RAMON AGUIRRE RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE IMPLICACIONES TIENE
PARA ESPAÑA LA CALIFICACION DE «PAIS CON DEFICIT PUBLICO EXCESIVO» EN
RELACION CON LA PERCEPCION DE LOS FONDOS DE COHESION? (Número de
expediente 180/000051)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Parlamentario Popular don Ramón Aguirre Rodríguez.
Señor Aguirre, tiene la palabra.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Parece, señor Vicepresidente, que algunas de SS. SS. están interesadas en
hablar de cabalgaduras y de despilfarros. Sobre algunas cabalgaduras y
despilfarros convendría que esta Cámara supiera qué efectos puede tener
el expediente que a España se le abrió de déficit excesivo.
Como saben el señor Vicepresidente y todas SS. SS., este expediente tiene
siempre dos consecuencias: por un lado, que se puede producir una
recomendación por parte de la Comisión de la Unión Europea, y, por otro
lado, que el incumplimiento de esa recomendación puede generar una
sanción. Esa sanción puede ser el mero hecho de publicar que España tiene
un expediente de déficit excesivo abierto por culpa de cabalgaduras y de
despilfarros, publicación que tiene siempre como consecuencia una
penalización indirecta de los mercados. Pero, a más a más, cabría pensar
que aquellas cabalgaduras y aquellos despilfarros pueden generar en
España la suspensión de transferencias de fondos de cohesión si
mantenemos y no corregimos esos expedientes de déficit excesivo.
Señor Vicepresidente del Gobierno, por eso es bueno que esta Cámara y
aquellos que hablan de cabalgaduras y de despilfarros sepan cuál es la
opinión del Vicepresidente del Gobierno respecto a qué implicaciones
tiene para España la calificación de «país con déficit público excesivo»
en relación con la percepción de los fondos de cohesión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Señor Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Gracias, señor Presidente. Señor Aguirre, las cifras del
déficit público presentadas por el Gobierno español en la Comisión
europea respecto a 1995 han tenido la particularidad de que son dos,
habida cuenta, según la información que nosotros hemos recibido, de la
incapacidad de poner de acuerdo a los técnicos sobre si la cifra era el
5,8 ó el 6,2.
Por las negociaciones que se han mantenido con la Comisión Europea, y
habida cuenta de que el 5,8 se desprendía del criterio de devengo de las
cuotas de la Seguridad Social, que es el criterio que se aplica desde el
punto de vista de la contabilización del déficit de la Unión Europea,
esperamos que esta cifra sea capaz de primar, y así está siendo defendida
en Europa por los responsables del Gobierno.
Cualquier otra situación sería extraordinariamente delicada para
nosotros, ya que los fondos de cohesión
tienen un carácter condicionado y se aplican no sólo a unos determinados
países, como SS. SS. saben, con una renta per capita inferior al 90 por
ciento --en este caso, Portugal, Grecia, Irlanda y España--, sino que
además el fondo no podrá financiar --dice textualmente el propio
Reglamento-- ningún nuevo proyecto o, en caso de que se trate de grandes
proyectos de varias fases, ninguna nueva fase de los proyectos cuando un
Estado miembro incumpla sus compromisos de déficit.
Estos compromisos de déficit son los que fija el Tratado de la Unión, y,
en el caso de que hayan presentado programas de convergencia, los que los
propios Gobiernos se han comprometido; en el caso del programa de
convergencia, es decir, en el caso de España, para el año 1995 sería el
5,9 del producto interior bruto.
Como digo, cualquier interpretación que pudiera acercar la posición de la
Comisión a una de las dos cifras presentadas por el Gobierno anterior
podría perjudicar, si fuera la mayor, seriamente los intereses españoles.
Tengo que decir que, en estos momentos, la impresión del Gobierno es que
va a primar y a triunfar la tesis de que la Comisión aplique
exclusivamente la segunda cifra, la que se refiere al 5,8. En cualquier
caso, no deja de ser sorprendente que nuestro Gobierno haya remitido dos
cifras de déficit distintas, sobre el mismo año, a la Comisión Europea,
lo cual indudablemente no ha dejado en demasiado buen lugar la seriedad
de las cifras oficiales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON RAFAEL HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO ACTUALIZAR EL PROGRAMA PLURIANUAL PRESENTADO POR ESPAÑA DE
ACUERDO CON LA CUMBRE DE ESSEN? (Número de expediente 180/000052)
--DE LA DIPUTADA DOÑA REYES MONTSENY MASIP, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO TIENE PREVISTO
EL GOBIERNO INICIAR EL DESARROLLO DEL PACTO DE TOLEDO? (Número de
expediente 180/000053)
El señor PRESIDENTE: La pregunta número 26, que se formulaba al Gobierno
por don Rafael Hernando Fraile, ha sido retirada, en forma, ante la Mesa.
En consecuencia, pregunta número 27, que formula al Gobierno la Diputada
del Grupo Parlamentario Popular, doña Reyes Montseny Masip.
Señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, hemos oído una pregunta
concreta, la número 13, formulada por un Diputado de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, dirigida al señor Presidente del
Gobierno, sobre el cálculo de las pensiones.
En este mismo ámbito, me gustaría preguntarle por los objetivos, en un
plan más generalizado, puesto que también por el Presidente del Gobierno
ha sido facilitada la noción clara y el programa de gobierno de
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Quisiera que
ampliara los objetivos de su departamento en cuanto al cumplimiento de
los pactos de Toledo.
No voy a insistir, como se ha hecho aquí, en alusiones generales, en que
ha tomado en 20 días más decisiones que las que adoptó el Gobierno
anterior, puesto que los pactos de Toledo fueron suscritos hace más de un
año y esta Diputada desconoce si el anterior Gobierno asumió alguna
prioridad para ponerlos en marcha.
Puesto que se ha hablado también de 20 días y esta Diputada creía que la
cortesía parlamentaria implicaba tres meses para empezar a exigir datos
concretos al Gobierno, en el bien ententendido de que el Vicepresidente y
Ministro de Economía ha puesto en conocimiento de esta Cámara que en 20
días va a dar una serie de señales, le rogaría una ampliación, en este
ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre esas
prioridades.
Gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montseny.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, el Gobierno tiene previsto solicitar su comparecencia en
el Congreso de los Diputados para explicar, en primer lugar, la situación
real de la Seguridad Social. Nos parece que, de esta forma, el Gobierno
también contribuye al inicio del desarrollo de los pactos de Toledo,
suscritos con un amplio consenso parlamentario.
También quiero decirle a la señora Diputada que es objetivo del Gobierno,
inmediatamente después de explicar la situación de la Seguridad Social,
diagnóstico imprescindible para el desarrollo de los pactos de Toledo,
convocar, en el ámbito parlamentario que los grupos determinen, el
desarrollo de los mismos.
En segundo lugar, deseamos compatibilizar el consenso parlamentario, el
acuerdo de los grupos políticos, con las necesarias conversaciones y
negociaciones con las organizaciones sindicales y empresariales. Como ha
dicho el señor Presidente del Gobierno, no deseamos
un desarrollo parcial de los pactos de Toledo sino que deseamos, señoría,
un desarrollo global de las 15 recomendaciones.
Es también objetivo del Gobierno que los trabajos parlamentarios de
desarrollo estén finalizados antes de que el Gobierno presente en la
Cámara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Finalmente, quiero decirle, señoría, que añado a ese principio, a esa
cuestión enunciada por el señor Presidente del Gobierno como compromiso
ineludible del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, un
segundo gran objetivo: la plena consolidación del sistema de la Seguridad
Social. El Gobierno, señor Presidente, en absoluto transmite a la
sociedad española una sensación de alarma sobre la Seguridad Social, sino
una preocupación. Quiere compartir esa preocupación con toda la Cámara,
pero han pasado pocos días desde las elecciones y hubo quien sembró la
alarma diciendo que la alternancia podría producir la eliminación de las
pensiones. Ha habido alternancia y los mayores españoles cobrarán sus
pensiones todos los meses.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL ALBENDEA PABON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO EN RELACION CON EL PLAN DE EMPLEO RURAL? (Número de
expediente 180/000054)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al Gobierno el
Diputado del Grupo Popular don Juan Manuel Albendea Pabón.
Señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABON: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, cualquier persona conocedora de la realidad
socioeconómica del agro andaluz y extremeño sabe perfectamente que el
Plan de Empleo Rural no es un privilegio, sino un instrumento de
solidaridad ante una situación verdaderamente grave. Sin embargo, el Plan
de Empleo Rural ha intentado ser utilizado durante estos últimos años
torticeramente por el Partido Socialista como instrumento de clientelismo
político. De ahí que en estos momentos, cuando ya han perdido el Gobierno
central, están solicitando la transferencia a las comunidades autónomas,
cosa que hasta ahora no habían hecho nunca cuando coincidían ambos
gobiernos.
Desgraciadamente también, el Plan de Empleo Rural da lugar a que pueda
existir fraude por el tipo de regulación que hay, creando situaciones
verdaderamente penosas y lamentables.
En base a todo ello pregunto, señor Ministro, ¿qué medidas piensa adoptar
el Gobierno en relacion con el Plan de Empleo Rural?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albendea.
Señor Ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor Presidente.
Aprovecho la intervención para anticiparle que probablemente, en breves
minutos, de una manera formal se pueda producir la apertura del diálogo
social con los agentes sociales, en una reunión con las organizaciones
sindicales.
Hago este preámbulo para poner de manifiesto que el objetivo del
Gobierno, en materia de regulación de lo que se conoce como Plan de
Empleo Rural, es llegar a un consenso con los agentes sociales. Es básica
la opinión de los sindicatos, básica la opinión de los empresarios,
especialmente de las organizaciones agrarias, y tengo que decir que, como
muy bien sabe S. S., al Gobierno le importan mucho las opiniones de las
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura a través de sus
respectivos gobiernos.
Coincido con S. S. en que el PER ha podido ser instrumentalizado
políticamente y le quiero decir con toda claridad que uno de los
objetivos del Ministro de Trabajo es que el PER --el Plan de Empleo
Rural--, que es un sistema de compensación de renta agraria, un sistema
que ha dotado de mayor calidad de servicio a estos municipios, deje de
utilizarse políticamente. Si este Gobierno siempre ha dicho que el PER se
utilizaba por otros electoralmente, el Partido Popular nunca va a
utilizar electoralmente el Plan de Empleo Rural.
No se trata de decir que antes algunos manifestaban que el PER estaba
vinculado a Felipe González y que ahora digamos, por supuesto, que está
vinculado a José María Aznar. Por tanto, el primer objetivo de nuestro
Departamento es que el PER se neutralice políticamente y deje de ser un
instrumento político partidista.
En segundo lugar, señores Diputados, tenemos que hacer un esfuerzo
extraordinario para vincular al PER con las políticas activas de creación
de empleo, con la formación profesional y sin duda también, y hay que
ponerlo de manifiesto, para luchar contra el fraude que se produce en
torno al PER y que ya tiene, incluso, reconocimiento en algunas
decisiones judiciales; todo ello, señorías, buscando que en Andalucía y
Extremadura no sólo haya un sistema de reequilibrio de rentas agrarias,
no sólo haya un sistema de mejora de los servicios en los ámbitos
rurales, sino que también se cree empleo en esos ámbitos rurales. Esa
debe ser una ambición
compartida por el Gobierno de España, por el gobierno andaluz y por el
gobierno extremeño.
Termino, señor Presidente, como lo hacía en mi anterior pregunta. También
se ha dicho siempre en Andalucía que con un gobierno del Partido Popular
en Extremadura se acabaría el PER. Aquí está el gobierno del Partido
Popular para mejorar el PER, para que no sea utilizado partidistamente,
pero también, señorías, para mantener el PER porque es un gasto social
necesario en Andalucía, necesario en Extremadura.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
--DEL DIPUTADO DON JON ZABALIA LEZAMIZ, DEL GRUPO VASCO (EAJ-PNV), QUE
FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL ESTADO ACTUAL Y LA FECHA DE FINALIZACION
PREVISTA DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE
SONDIKA? (Número de expediente 180/000031)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, que formula el señor Zabalía
Lezámiz, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al Gobierno.
Señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Fomento, siguiendo con nuestras preguntas sobre la
situación de infraestructuras, quisiéramos saber cómo están actualmente
las obras de acondicionamiento y cuándo tiene previsto el Gobierno
finalizar la terminal del aeropuerto de Bilbao.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Zabalía, la contestación es necesariamente breve. De acuerdo con la
información que me pasan los servicios del Ministerio, las obras
constitutivas del expediente aeropuerto de Bilbao, lo que se denomina
obra civil y arquitectura, tiene prevista su finalización para el mes de
julio de 1998, de acuerdo con el plazo de ejecución del proyecto.
Hay otras obras de acondicionamiento, que son posteriores a la conclusión
de la estructura básica del edificio, que se encuentran en estos momentos
en fase de estudio técnico de las ofertas presentadas a los
correspondientes concursos. Como digo, son obras complementarias y
dependen para su posibilidad de ejecución de la conclusión efectiva de
las obras principales.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Ministro.
No sé si lo que le voy a decir usted lo conocerá, pero posiblemente sí su
Departamento, y no sé, pero creo que no, la Cámara.
Desde el año 1989, es decir hace siete años, en que el Gobierno central y
el Gobierno vasco firmaron un acuerdo político para el desarrollo de
algunas acciones de infraestructuras en el País Vasco, emana el proyecto
de ampliación y reformas del aeropuerto de Bilbao, proyecto que ha tomado
el nombre, como usted sabe, del arquitecto que lo hizo, el señor
Calatrava.
Este proyecto, que presentó el señor Ministro de Transportes, entonces,
señor Barrionuevo, en 1991, todavía está en una situación que, como usted
mismo reconoce, no puede dar una fecha de finalización de las obras.
Desde entonces el camino que se ha recorrido en este proyecto ha sido
ciertamente accidentado.
En primer lugar, una reducción de su dimensionamento y presupuesto. Se
redujo del proyecto inicial porque pensaban que no iba a tener la
dimensión que en este momento está adquiriendo el aeropuerto de Bilbao.
Retrasos en sacar a concurso las obras. Insuficiencia de dotación
presupuestaria, lo que originó el que, en primera instancia, el concurso
quedara desierto. Problemas de cesión de licencias por parte de los
ayuntamientos en donde se asientan los terrenos de la terminal del
aeropuerto. Licencias que ya están otorgadas y que, por tanto, ya no
existen trabas administrativas para el normal desarrollo de estas obras.
La aparición del indane, un pesticida procedente de un vertedero
industrial y que también ocasionó retrasos en la concesión de licencias
de obras.
Hoy todos estos obstáculos están ya superados y no creemos que, salvo la
voluntad del Gobierno central, haya problemas para que las obras de
ampliación de la terminal del aeropuerto de Bilbao puedan tener un ritmo
adecuado y finalización en unas fechas próximas.
Desde nuestro punto de vista, todo esto depende sólo y exclusivamente de
la voluntad política que pueda tener el Gobierno en acelerar estas obras.
Y si nuestro Grupo Parlamentario está insistiendo permanentemente en esta
última legislatura al Gobierno sobre la situación del aeropuerto de
Sondika, no lo estamos haciendo por capricho. La terminal del aeropuerto
de Sondika superó el año pasado la barrera del 1.600.000 pasajeros, con
un crecimiento de 175.000 viajeros...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía. Se ha acabado su tiempo.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Zabalía, usted mismo ha descrito perfectamente muchas de las
dificultades objetivas con que se ha encontrado el proceso de realización
de la obra que constituye el objeto de su pregunta.
Yo le puedo aquí reiterar la voluntad del Gobierno de cumplir los plazos
previstos, tal y como nos hemos encontrado el expediente al acceder al
Gobierno. Pero, fíjese usted, hasta qué punto ha sido complicado el
proceso de realización que, además de las incidencias que ha venido
señalando en todo el proceso de adjudicación a que se ha referido, el
acta de comprobación del replanteo tiene fecha de 1 de marzo de 1996. Ese
es el último trámite administrativo que, por así decirlo, da vía libre a
las obras y, en concreto, da vía libre también a todo lo que afecta a ese
elemento, el indane, que es un residuo tóxico que exige determinado
tratamiento para el cual hay también un convenio entre el Ministerio de
Fomento y el Gobierno vasco, a los efectos de producir su eliminación.
En definitiva, se trata de dificultades objetivas que muchas veces se
encuentran en la ejecución de los proyectos de obra. La fecha de julio de
1998, me parece que para la magnitud de la obra es una fecha razonable.
Le reitero la voluntad política del Gobierno de cumplir los plazos
establecidos.
Muchas gracias señor Diputado. Muchas gracias señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON RICARD BURBALLA I CAMPABADAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE APLICACIONES
DEL LLAMADO «1 POR 100 CULTURAL» DE LAS OBRAS PUBLICAS TIENE PREVISTO
REALIZAR EL GOBIERNO EN EL MUNICIPIO ILERDENSE DE ALCARRAS, FUERTEMENTE
AFECTADO POR LA VARIANTE DE LA CARRETERA N-II DE LLEIDA Y POR LA LINEA
FERREA DEL AVE? (Número de expediente 180/000036)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Burballa i Campabadal,
del Grupo Parlamentario Catalán, que formula al Gobierno.
Señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor Presidente, señor Ministro de
Fomento, ¿qué aplicaciones del llamado 1 por ciento cultural de las obras
públicas tiene previsto realizar el Gobierno en el municipio ilerdense de
Alcarràs, fuertemente afectado por la variante de la carretera N-II de
Lleida y por la línea del tren de Alta Velocidad?
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Burballa.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Diputado, en estos momentos la respuesta concreta que puedo
ofrecerle es que dentro del programa de actuaciones culturales con cargo
al 1 por ciento cultural, no existe actuación alguna ni en ejecución ni
pendiente de ejecutar en el municipio ilerdense de Alcarràs.
Esto no significa que en el futuro, siguiendo los trámites establecidos,
se pueda prever algún tipo de aplicaciones de este 1 por ciento cultural
dentro de los objetivos que ese 1 por ciento cultural tiene.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Burballa tiene la palabra.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Muchas gracias, señor Ministro.
Este es un tema importante y que nos interesa, porque precisamente afecta
a dos situaciones, como son la de coordinación y la de sensibilidad.
El territorio de Lleida está fuertemente afectado por importantes obras
públicas que están pendientes de realización. Es cierto que se han
efectuado en el pasado inversiones que han mejorado los accesos a zonas
de nuestro territorio que se encontraban en situaciones tercermundistas.
También hay que decir que algunas de estas inversiones no se han
traducido en realidades consolidadas. Este es el caso, por ejemplo, del
tramo de carretera de la Pobla de Segur a Sort, que periódicamente en
cuanto caen cuatro gotas sufre desprendimientos que ponen en peligro las
vidas de los usuarios y dificultan tremendamente los accesos a las
comarcas del Pallás.
Entre las obras públicas pendientes y urgentes se encuentran, y usted lo
sabe, a modo de ejemplo, la finalización del tramo Cervera-Igualada de la
autovía de Lleida a Barcelona, la finalización del eje pirenaico o la
línea del tren de alta velocidad; obras de considerable volumen
presupuestario que deberían comportar también actuaciones concretas en la
conservación del patrimonio artístico e histórico o en proyectos de
creatividad artística, preferentemente ubicados en el entorno de la obra.
Este es el sentido de la proposición no de ley aprobada en esta Cámara en
la legislatura pasada.
Nuestro Grupo, señor Ministro, velará escrupulosamente para que su
Departamento tenga en cuenta el 1 por ciento cultural de todas las obras
que se realicen en nuestro territorio, y velará también para que se
apliquen a medida que se consoliden en su inversión mediante los
Presupuestos Generales del Estado; que se coordinen también las
actuaciones con el Ministerio de Educación y Cultura, y se tenga en
cuenta el previo
informe de la Generalitat de Catalunya. Velaremos también, en ese
aspecto, ante el Ministerio de Educación y Cultura.
Señor Ministro, deseamos que el recuerdo de alguno de sus predecesores no
signifique para los ciudadanos de Lleida y de su territorio motivo de
frustración.
Con el rigor de la buena administración, le pedimos sensibilidad hacia el
reequilibrio territorial y hacia casos como el expuesto en mi pregunta,
en que un municipio queda radicalmente dividido por obras de esta
envergadura, como es el de Alcarràs.
Muchas gracias, señor Ministro, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burballa
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Puede usted contar con la sensibilidad de este Gobierno, señor Diputado.
Yo, por ello, me voy a permitir invitarle a que, de acuerdo con los
trámites establecidos, se presente la correspondiente solicitud ante la
Comisión Mixta, que constituyen el Ministerio de Fomento y el Ministerio
de Educación y Cultura, y presente iniciativas o proyectos respecto de
los cuales sea posible aplicar el 1 por ciento cultural.
En la medida en que esas solicitudes se presenten, yo pongo a su
disposición todos los servicios del Departamento para que la Comisión
Mixta los estudie a fondo y si ha lugar, como es lógico, proceda a
establecer mecanismos de compensación, de aplicación del 1 por ciento
cultural a poblaciones afectadas, teniendo en cuenta una cosa
fundamental, que la proximidad de las obras no es criterio determinante
para la aplicación del 1 por ciento cultural. Eso no significa que en las
poblaciones afectadas no haya proyectos culturales que sean susceptibles
de ser financiados en parte o subvencionados mediante la aplicación del 1
por ciento.
Muchas gracias, señor Diputado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JENARO GARCIA-ARRECIADO BATANERO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PREVE EL MINISTERIO DE
FOMENTO MANTENER EL ESCENARIO DE INVERSION PREVISTO EN EL PLAN DIRECTOR
DE INFRAESTRUCTURAS? (Número de expediente 180/000042)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno el señor
García-Arreciado Batanero, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor García-Arreciado tiene la palabra.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Fomento, en una de las últimas sesiones de la anterior
legislatura, en concreto el 21 de diciembre, la Cámara dictaminó
favorablemente el Plan Director de Infraestructuras después de más de un
año de trabajo, de estudio y de la comparecencia de casi cien
especialistas en las diferentes materias que componen dicho Plan,
comparecencias que contribuyeron a enriquecer el juicio de los Diputados
encargados de dictaminarlo.
Entre los documentos del mismo figura un marco de actuaciones financieras
y del Presupuesto. Algunas de las declaraciones aparecidas en prensa y
atribuidas a usted ponen, a mi criterio, en grave riesgo de fracaso la
consecución de los objetivos básicos del Plan, que --tengo que
recordarlo-- en lo sustantivo salió con el apoyo de su Grupo
Parlamentario. Con tal motivo deseo que me responda a la pregunta de si
prevé el Ministerio de Fomento mantener el escenario de inversiones
contenido en el Plan.
Muchas gracias, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Arreciado.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
Presidente, muchas gracias.
Señoría, la respuesta se centra en torno a esta premisa fundamental. El
Gobierno tiene como objetivo prioritario cumplir los criterios de
convergencia, y en ese objetivo creo que estamos todos de acuerdo. Ese
objetivo, concretamente el de déficit, implica necesariamente una
política de rigor presupuesto. Yo, como miembro de este Gobierno, me
comprometo a que esa política de rigor presupuestario signifique el
esfuerzo mayor posible para mantener al mismo tiempo el escenario
presupuestario y financiero que prevé el Plan Director de
Infraestructuras. Esa es la respuesta que le puedo dar, a sabiendas de
que las dificultades que se van a presentar en los próximos 18 meses son
unas dificultades objetivas de las que ya tuvo conocimiento el Gobierno
anterior y que naturalmente recoge este Gobierno en su actuación para el
presente año y para el próximo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Los objetivos de convergencia, y en concreto el compromiso referido al
déficit, eran bien conocidos por S. S. y por su partido en la campaña
electoral. Tengo que decirle que sólo en carreteras hicieron ustedes una
oferta electoral superior a la efectuada por el Partido Socialista
en una relación de dos a uno. Tengo que decirle que en ferrocarriles
hicieron ustedes ofertas de mantenimiento de líneas regionales y de
construcción de variantes de altísimo coste y de dudosa prioridad. Tengo
que decirle que sobre el Plan Director de Infraestructuras, que ustedes
han llegado a calificar de faraónico, pintaron casi cinco billones más de
inversiones. Tengo que decirle que en algunas de sus propuestas de
resolución establecían como insuficiente la financiación del Plan
Director de Infraestructuras, sobre todo llegaban ustedes a decir: si se
incorporan a él las peticiones de las comunidades autónomas sin
introducir ningún elemento de criba sobre esas pretensiones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Los números --me permite, señor
Presidente-- no les van a cuadrar, no les pueden cuadrar, y yo quiero
decirle, rogarle que tenga en cuenta que si el gasto social es la
garantía del bienestar de hoy, el gasto en infraestructuras es la
garantía del bienestar y del progreso en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señor Diputado, yo le agradezco la valoración y cuantificación que ha
realizado de nuestro programa electoral. Es su valoración, no la nuestra.
También podría leer las resoluciones aprobadas por este Congreso de los
Diputados sobre el Plan Director de Infraestructuras, pero me llevaría
todo el tiempo. Ahí se habla de inconcreción financiera, de
inconcreciones presupuestarias y, por consiguiente, creo que está
sentenciado, desde esa perspectiva, lo que el Plan Director de
Infraestructuras supone desde una visión financiera y presupuestaria.
Simplemente le tengo que recordar un dato que a estos efectos es el
esencial. Yo comparto, como es lógico, la valoración que usted hace sobre
la importancia que tienen las infraestructuras desde el punto de vista de
la cohesión territorial, pero sumando el recorte presupuestario, el
ajuste o el acuerdo de no disponibilidad del mes de diciembre, que ha
salido en las preguntas anteriores, más la prohibición de incorporación
de remanentes de crédito en la prórroga de los presupuestos, su Gobierno,
el Gobierno que apoyó usted en la legislatura anterior, le dio un corte,
y digo un corte por no decir un hachazo, de más de 120.000 millones de
pesetas a la inversión pública.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ZAMBRANO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SEGUIRA MANTENIENDO EL
GOBIERNO COMO ESTRUCTURA PERIFERICA DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
LAS HASTA AHORA INOPERANTES DIRECCIONES TERRITORIALES DEL MINISTERIO?
(Número expediente 180/000056)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, que formula al Gobierno don
Francisco Zambrano Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Señor Zambrano.
El señor ZAMBRANO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, los Reales Decretos 347 y 348, de 5 de marzo de 1993 del
anterior Gobierno suprimían las direcciones territoriales del Instituto
Nacional de la Salud, que apenas habían funcionado dos años, y creaban
las direcciones territoriales del Ministerio de Sanidad y Consumo, con
rango de subdirecciones generales, nivel 30, de libre designación, que
desde su nombramiento no se les conoce función ni cometido, ya que no han
tenido ninguna competencia. Por este motivo, le realizo la siguiente
pregunta: ¿seguirá manteniendo el Gobierno como estructura periférica del
Ministerio de Sanidad y Consumo las hasta ahora inoperantes direcciones
territoriales del Ministerio? Caso de contestación afirmativa, ¿las
dotará de competencias concretas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El señor Ministro de Sanidad tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Presidente.
La estructura periférica del Ministerio de Sanidad y Consumo está
constituida por estas direcciones territoriales, que vinieron a sustituir
a las direcciones provinciales y a los directores comisionados, y por las
direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Salud.
Efectivamente, estas direcciones territoriales a que se refiere el señor
Diputado tienen escasísimas competencias. No hay más que reparar en las
que le da el citado Decreto de 1993 para darse cuenta realmente del
escaso contenido que tienen como función estos órganos: coordinar y
comunicar al departamento con las administraciones autónomas, ejercer las
funciones de alta inspección cuando se les encomiende, coordinar,
supervisar y valorar planes y actuaciones en el ámbito territorial de los
servicios del Ministerio, que en donde están transferidas las
competencias son muy escasas, y, por tanto, creemos que una política de
racionalidad y de ahorro en el gasto público debe llevar a la supresión
de estas direcciones territoriales, pura y simplemente, y a la encomienda
de las misiones que
hasta ahora ejercen a los órganos centrales del departamento, a las
delegaciones del Gobierno, en su caso, y eventualmente, donde subsistan
las funciones del Insalud, a la Dirección Provincial del Insalud. De modo
que, repartiendo las funciones de estas direcciones territoriales en
estos órganos a los que me refiero, creo que se pueden ejercer
cumplidamente y se puede producir un ahorro importante y significativo
dentro de esta política de austeridad.
La idea del departamento es elevar al Gobierno próximamente un decreto
que suprima estas direcciones territoriales y que asigne sus escasas
competencias a estas instancias a las que me he referido: órganos
centrales del Ministerio, delegaciones del Gobierno, eventualmente
direcciones provinciales del Insalud.
En paralelo a esto, y en forma análoga a lo que hicimos en el
departamento, nos proponemos potenciar los servicios del Insalud ahí
donde todavía ejercemos competencias, y crear incluso servicios
regionales del Insalud, con objeto de que se ejerzan desde la propia
región muchas competencias relacionadas con esa institución, y se vayan
formando lo que van a ser en el futuro las administraciones de la
asistencia sanitaria del sistema de salud a ejercer por las comunidades
autónomas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--PREGUNTA DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN ROMERO LOPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EMPRESAS PUBLICAS TIENE
INTENCION EL GOBIERNO DE PRIVATIZAR O CERRAR EN LA PROVINCIA DE CADIZ?
(Número de expediente 180/000046)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23 que formula al Gobierno doña
Carmen Romero López, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora Romero tiene la palabra.
La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente. Señor Ministro de
Industria, sus declaraciones sobre privatización de todas las empresas
públicas han sumido a la sociedad gaditana en un mar de incertidumbres.
En la sociedad gaditana, como sabe, tiene un gran peso la empresa
pública, y en estos momentos los trabajadores de la Empresa Nacional
Bazán tienen la amenaza de un expediente de regulación de empleo.
Sus declaraciones fueron rectificadas por el Ministro de Economía, señor
Rato, pero habían sido confirmadas y reafirmadas por el señor Barea,
Director de la Oficina Presupuestaria. En estos momentos no sabemos si
usted es el portavoz del señor Rato, es el portavoz del señor Barea, o es
el portavoz de otros Diputados que, como los que en nuestra
circunscripción niegan esa intención, sumen nuestra sociedad de un mar de
incertidumbres. No sabemos a qué carta quedarnos. Es por esa razón por la
que quisiéramos una respuesta clara y contundente. En nuestra provincia
existen empresas que pertenecen a la Agencia Industrial del Estado,
empresas que pertenecen al Grupo Téneo, y deseamos saber en estos
momentos qué empresas públicas tiene su Ministerio la intención de
privatizar o de cerrar. Por favor, señor Ministro, aclaren su posición
para que la sociedad gaditana pueda en estos momentos saber a qué
atenerse.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.
Señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchísimas
gracias, señor Presidente.
Primero le diría a S. S. que soy portavoz de mí mismo, pero también del
conjunto del Gobierno y, por tanto, pretendo expresar su posición
respecto a un compromiso públicamente asumido en el debate y discurso de
investidura por el propio Presidente del Gobierno en cuanto a la
presentación en breve plazo de un plan estratégico de privatizaciones.
Como es natural, en lo que se refiere al ámbito de responsabilidad de
este Ministerio, que son las empresas públicas industriales, ese plan
estratégico se está elaborando y pensamos presentarlo en muy breve plazo,
tanto al Parlamento como al conjunto de la opinión pública española.
Por consiguiente, le podría decir ahora que sería prematuro por mi parte
anticipar alguna concreción en relación a empresas concretas de su
circunscripción o de cualquier otra. Pero no quisiera desaprovechar esta
oportunidad para expresarle ya algunos criterios que creo que van más
allá de la mera lectura de los titulares periodísticos que, lógicamente,
tienen una clara propensión a simplificar los mensajes.
Este Ministro nunca ha dicho que va a privatizar todas las empresas
públicas. Lo que sí ha dicho es que las empresas públicas que están
integradas en el Grupo Téneo son todas ellas susceptibles de
privatización a lo largo de una legislatura, que, en principio, como
usted sabe, dura cuatro años.
Esto puede afectar en algún momento a empresas que están en su
circunscripción o en cualquier otra, pero desde luego lo que se va a
hacer, dentro del marco del plan estratégico es, primero, realizarlo
dentro de un esquema coherente y consistente, no un poco ad hoc y en
función de las circunstancias específicas y de las necesidades concretas
de cada momento, como se ha venido haciendo hasta ahora; hacerlo en un
marco coherente y consistente que pueda ser perfectamente explicado a la
opinión pública.
Además, le diría que va a haber otro principio que creo que también
supone un cambio respecto al procedimiento anterior: se va a hacer con la
máxima transparencia,
la máxima objetividad y el máximo rigor, y me estoy refiriendo a las
empresas públicas del Grupo Téneo, no a las empresas integradas en la
Agencia Industrial del Estado, que por sus propias características están
conectadas a los presupuestos generales, hay unos compromisos asumidos,
que desde luego el Gobierno va a respetar, pero que tampoco van a ser
obstáculo para que sigamos tensionando al máximo la gestión, porque el
problema no está en la titularidad de esas empresas, sino en su capacidad
para ser competitivas y para no seguir gravando el bolsillo del conjunto
de los contribuyentes.
Por tanto, me atrevo a ser muy concreto en su pregunta...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Acabo, señor
Presidente.
Este Gobierno no va a cerrar ni va a privatizar ninguna empresa en la
provincia de Cádiz a corto plazo, cosa que en algún momento probablemente
estuviera en la intención del anterior Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Romero.
La señora ROMERO LOPEZ: ¿Quiere decir eso, señor Ministro, que los
trabajadores de la Empresa Nacional Bazán y de la empresa CASA, que
también está en nuestra circunscripción, pueden estar tranquilos ante su
decisión de última hora, es decir, la declaración que acaba de hacer
acerca de la posición del Gobierno con respecto a esa empresa pública?
Nombren ustedes de una vez al presidente del Grupo Téneo. Sepan a qué
atenerse. Sepamos todos a qué atenernos y digan de una vez a todos los
ciudadanos lo que van a hacer. Díganselo también a sus Diputados, para
que sepan también qué tienen que hacer con su acta de Diputado.
Muchas gracias. (El señor Ministro de Industria y Energía pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.
Lo siento, señor Ministro, ha consumido su tiempo en el primer turno.
--DE DON AMADOR ALVAREZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EXISTEN RAZONES OBJETIVAS QUE
JUSTIFIQUEN LA ALARMA QUE SE HA GENERADO EN RELACION A LA SALUD Y
SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA ZONA PROXIMA A LA CENTRAL DE ALMARAZ?
(Número de expediente 180/000055)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula al Gobierno don
Amador Alvarez Alvarez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Alvarez.
El señor ALVAREZ ALVAREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Industria, desde las administraciones públicas y desde
el Gobierno estamos obligados a velar por la tranquilidad y la seguridad
de los ciudadanos y para garantizarles cada vez una mejor calidad de
vida. Sin lugar a dudas, esa mejora de las condiciones de vida ha exigido
ampliar las fuentes de energía tradicionales e incorporar la energía
nuclear en todo el mundo desarrollado. Por supuesto, somos conscientes de
esta necesidad y la compartimos.
Para garantizar la seguridad en las centrales nucleares existen normas
muy estrictas de obligado cumplimiento, no solamente de carácter
nacional, sino también internacional y cuya vigilancia la llevan a cabo,
por supuesto, organismos competentes.
Hace unos días, a través de los medios de comunicación, se propagaron
noticias sensacionalistas sobre la central nuclear de Almaraz, ubicada en
la provincia de Cáceres, de la que soy uno de los representantes en esta
Cámara. Estas noticias han provocado la alarma social y la inquietud
entre los ciudadanos que residen en esta zona cacereña. Por este motivo,
estos ciudadanos están preocupados y esperan respuesta del Gobierno y
garantías de que esas noticias no responden a la realidad.
Por eso, le transmito, en nombre de estos ciudadanos, la siguiente
pregunta: ¿Existen razones objetivas, señor Ministro, que justifiquen la
alarma que se ha generado en relación a la salud y seguridad de los
habitantes de la zona próxima a la central de Almaraz?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señor
Presidente.
Señor Alvarez, la central nuclear de Almaraz funciona al amparo, como
usted sabe, de los permisos que concede el Ministerio de Industria y
Energía, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Ahora hay un
permiso que está vigente, ya que el día 8 de junio va a cumplir un año.
Como usted también sabe, la seguridad nuclear y la protección radiológica
son competencia del Consejo de Seguridad Nuclear, que realiza
periódicamente auditorías de inspección y control, y mantiene, además,
destacados in situ dos inspectores en el propio emplazamiento de la
central.
En este contexto le puedo decir, según el Consejo de Seguridad Nuclear, a
quien hemos pedido, lógicamente,
documentación que le puedo mostrar si a usted le resulta de interés, que
el control estricto de las instalaciones --nos dice el Consejo-- incluye
el análisis y las mediciones de los líquidos y gases liberados, así como
la toma de muestras de la atmósfera, el suelo, el agua y los alimentos.
Estos resultados nos permiten afirmar que el impacto radiológico de la
central nuclear de Almaraz es despreciable frente al valor propio del
fondo radiactivo natural de la zona, e inferior a las fluctuaciones del
mismo. En ningún momento de la historia de la central se han producido
descargas de radiactividad al exterior por encima de los límites
establecidos.
Por otro lado, aunque el estudio ya tiene una cierta antigüedad, creo que
sigue siendo vigente, el Organismo Internacional de Energía Atómica, a
petición del Estado español, hizo un informe sobre la seguridad
operacional de la central de Almaraz, y decía, entre otras cosas, que la
seguridad operacional de la central está claramente por encima de la
media del resto de centrales, y en algunas de las áreas analizadas los
resultados son tan buenos que van a ser comunicados al organismo
internacional, a la organización internacional de energía atómica, para
que las apliquen en otras instalaciones en funcionamiento.
Además, para estar ya completamente seguros, pedimos hace dos días
información, con documentos que también le puedo mostrar, a la Dirección
General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, que nos ha
comunicado que de acuerdo con los datos suministrados por la propia
Dirección General de la Junta de Extremadura, así como los del
Departamento de Sanidad, no hay ninguna evidencia de que en la zona de
salud de Almaraz exista una situación epidemiológica especial en relación
con procesos tumorales, malformaciones congénitas o abortos espontáneos.
Por tanto, le puedo decir, con toda rotundidad, que por ningún concepto
existe razón objetiva que justifique la alarma que se ha generado en
virtud de determinadas informaciones en algunos medios de comunicación en
relación a la salud y seguridad de los habitantes de la zona próxima a la
central nuclear de Almaraz.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Alvarez.
El señor ALVAREZ ALVAREZ: Señor Ministro, espero que la respuesta que
acaba de dar tranquilice y lleve la serenidad a estos ciudadanos que
tenían esta inquietud. Le agradecería que esos datos, si es posible,
efectivamente, me los proporcione.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez.
--DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO RUBIALES TORREJON, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA CONVENIENTE EL GOBIERNO UN
ACUERDO PARLAMENTARIO CON TODAS LAS FUERZAS AUTONOMICAS EN MATERIA DE
FINANCIACION AUTONOMICA? (Número de expediente 180/000039)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno doña
Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el día 2 de septiembre de 1993 S. S. afirmaba: El Partido
Popular se opone a cualquier fórmula que no pase por un acuerdo
parlamentario de todas las fuerzas políticas y por un acuerdo unánime del
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tan clara y rotunda
manifestación se hacía entonces en relación con la financiación de las
comunidades autónomas. Hoy, mi Grupo Parlamentario, señoría, quiere saber
algo muy simple y concreto: ¿Considera conveniente el Gobierno un acuerdo
parlamentario con todas las fuerzas políticas en materia de financiación
autonómica? ¿Cómo pretenden llevarlo a cabo? ¿Con los grupos
parlamentarios? ¿En la Comisión General de Comunidades Autónomas del
Senado? ¿Con los partidos políticos con representación parlamentaria?
Queremos saber en qué tiempo, ¿cuándo piensan convocar el Consejo de
Política Fiscal y Financiera?
Señor Ministro, quisiéramos, en definitiva, una respuesta concreta a
algunas de estas interrogantes que hoy nos formulamos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.
El señor Ministro de Administraciones Públicas tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente, y muchas gracias, señora Rubiales.
Pues sí, queremos que haya un acuerdo para ser coherentes con lo que
dijimos en el año 1993, como usted ha recordado y, sobre todo, y en
segundo lugar, por la mala experiencia que supuso la circunstancia de que
en el año 1993, puesto que el Gobierno no lo propició, no hubiera
acuerdo. Por tanto, por esas dos razones, parece lógico que nosotros
queramos que haya acuerdo.
¿Dónde debe producirse el acuerdo? Según dice la Ley, en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera. Pero yo también considero conveniente que
se produzca en ambas Cámaras, en el Congreso y en el Senado, y en
conversaciones entre partidos políticos, como normalmente se han hecho
los acuerdos de tipo autonómico.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
La señora Rubiales tiene la palabra.
La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente, señoría, la respuesta que
ha dado a mi pregunta era la que esperaba.
Es lógico que el Gobierno quiera un acuerdo parlamentario lo más amplio
posible con todas las fuerzas políticas en una materia de tanta
importancia como la relativa a la financiación autonómica; no dudamos
para nada, señoría, ni de sus deseos ni de sus buenas intenciones. Pero,
señor Ministro, los deseos no basta con formularlos ni con reiterarlos
para que se consigan. Hay que concretarlos, hay que llevarlos a cabo para
que puedan hacerse realidad. Y le aseguro que mi Grupo Parlamentario, en
este tema como en tantos otros, desea de corazón que consigan un acuerdo
parlamentario estable y duradero, por el bien de todos. Sin embargo,
señoría, usted sabe que del dicho al hecho hay un largo trecho; un largo
trecho que tiene que cubrirse, y queremos saber cómo van a hacerlo.
En las posiciones políticas de su Grupo Parlamentario, después de las
elecciones generales del 3 de marzo, se ha producido en este tema, como
en algún otro, un giro de 180 grados. Han pasado de mantener, en 1993,
una oposición frontal a la cesión del 15 por ciento del IRPF, a decirnos
que la cesión del 30 por ciento es lo mejor del mundo. Quisiéramos poder
compartir con ustedes esa convicción. Por ello, queremos que nos
concreten hoy y aquí, siquiera sea brevemente, cómo van a hacerlo.
En la reciente historia de España, y en la aplicación del Título VIII de
la Constitución, siempre ha estado políticamente presente el Partido
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señoría, ya
estamos de acuerdo en algo: en que nosotros queremos el acuerdo y ustedes
también lo quieren. También estamos de acuerdo en otra cosa, porque usted
ha dicho que del dicho al hecho hay un largo trecho; yo me lo aplico,
aplíquenselo ustedes también.
Por otra parte, han dicho que el Gobierno ha dado un giro de 180 grados
respecto a sus posiciones anteriores, porque en su día nos opusimos a la
cesión del 15 por ciento del IRPF, y ahora, sin embargo, estamos a favor
del 30 por ciento. Eso se lo podían aplicar también ustedes. Pero, en
cualquier caso, yo le recuerdo que nosotros nos opusimos a la cesión de
una participación en la cuota líquida porque no llevaba aparejada la
corresponsabilidad fiscal, y sin corresponsabilidad fiscal no hay
autonomía financiera, y sin autonomía financiera, sin duda alguna, se ve
lesionado el autogobierno.
Por tanto, señora Rubiales, vuelvo a reiterar por enésima vez, y supongo
que volveré a hacerlo en numerosas sesiones parlamentarias mientras
ustedes sigan preguntándome sobre este asunto, que hay voluntad del
Gobierno de llegar a un acuerdo; que me gustaría que también la hubiera
por parte del Grupo Socialista, y que en este momento no podemos precisar
más de lo que dicen los acuerdos de Convergència i Unió, porque el resto
de los temas han de debatirse en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo sobre los
mismos, ya que si los hubiéramos cerrado con Convergència i Unió era
imposible que nos pusiéramos de acuerdo sobre unos temas que ya habríamos
acordado, quedándose ustedes fuera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON ANTONIO MARTINON CEJAS, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES CIERTO QUE EL GOBIERNO NOMBRARA
ALGUNOS CARGOS EN CANARIAS, A PROPUESTA DE COALICION CANARIA? (Número de
expediente 180/000043)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, que formula al Gobierno el
Diputado don Antonio Martinón Cejas, del Grupo Parlamentario Socialista,
para lo cual tiene la palabra.
El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Partido Popular y Coalición Canaria han llegado a un
acuerdo de reparto de cargos propios de la Administración General del
Estado y de empresas públicas en Canarias, entre ellos las direcciones
provinciales del Instituto Nacional de Empleo y las jefaturas de las
demarcaciones provinciales de costas.
Por todo ello, formulo al Gobierno la pregunta de si es cierto que el
Gobierno nombrará algunos cargos en Canarias a propuesta de Coalición
Canaria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias,
señor Presidente. Muchas gracias, señor Martinón.
Usted hace una afirmación y luego una pregunta, porque primero dice que
hemos acordado que Coalición Canaria nombre determinados responsables del
Gobierno, y después me pregunta si es cierto que eso es así. No es así,
señor Martinón; no es así. El Gobierno nombrará a quien estime oportuno y
conveniente en el ejercicio de las facultades que establece la
legislación vigente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Ministro, me alegra esta respuesta. Se ha
publicado en la prensa de Canarias que dirigentes del Partido Popular de
Canarias y dirigentes de Coalición Canaria han venido a hablar con
miembros del Gobierno que han ratificado esa distribución de puestos,
algunos de los cuales --como muy bien sabe S.S.-- se asignan tras la
celebración de un concurso. Se han publicado nombres de personas que se
han sentido afectadas de forma involuntaria al haber sido propuestas,
bien por el Partido Popular bien por Coalición Canaria, para ocupar
--insisto-- puestos de la Administración que se asignan tras la
celebración de un concurso.
Si usted me dice que lo que se ha publicado en la prensa de Canarias es
falso, por un lado me alegro, puesto que se respeta la ley, se respetan
las exigencias jurídicas y, por otro lado, me quedo sorprendido de la
manifiesta desautorización que el Gobierno acaba de realizar de los
correligionarios y de los colaboradores que en Canarias tiene, tanto para
su sostenimiento como para el sostenimiento del Gobierno de Canarias.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias,
señor Presidente.
Señor Martinón, ¡Dios me libre a mí de desmentir a la prensa de Canarias
ni de ninguna otra comunidad autónomas o país europeo o de otro lugar!
Quiero decir una cosa con absoluta claridad, porque creo que hay que
juzgar, fundamentalmente, los hechos y no las declaraciones de
intenciones. Hasta el momento presente, y que yo recuerde, solamente se
ha producido un nombramiento en la administración periférica, en la
Comunidad Autónoma de Canarias, que fue el delegado del Gobierno en la
Comunidad, y creo recordar que también el Gobernador Civil de la
provincia de Tenerife. Hasta este momento no se ha producido ningún
nombramiento más. Esto en primer lugar.
En segundo lugar, no está en el acuerdo que hemos firmado el Partido
Popular y Coalición Canaria que esta última formación nombre unas u otras
personas ni que tenga facultad de proponerlas. En tercer lugar, lo que sí
quiero decirle es que el Gobierno, que en aplicación de su programa
electoral está dispuesto a transferir a las comunidades autónomas
determinadas competencias que son de titularidad estatal, utilizando la
vía del artículo 150.2, puede considerar conveniente --de momento no lo
ha hecho-- entrar en contacto con los gobiernos autonómicos --no con
Coalición Canaria, sino con cualesquiera gobiernos autonómicos-- a los
efectos de designar personas que tengan una responsabilidad que es
probable que en un plazo de unos meses o de unos años vayan a ser
asumidas por los respectivos gobiernos autonómicos. A lo mejor sus dudas
y sus suspicacias surgen de esto, pero de lo demás, tenga S. S. la
absoluta certeza de que no hay más que lo que le dice este Ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, EN RELACION CON LAS MEDIDAS DE POLITICA PRESUPUESTARIA, FISCAL
Y FINANCIERA QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA HACER EFECTIVOS LOS
PRINCIPIOS DE SUFICIENCIA, AUTONOMIA FINANCIERA, CORRESPONSABILIDAD
FISCAL Y SOLIDARIDAD EN UN NUEVO MODELO DE FINANCIACION AUTONOMICA
(Número de expediente 180/000003)
El señor PRESIDENTE: Finalizadas las preguntas orales al Gobierno,
pasamos al punto número V del orden del día, interpelaciones urgentes.
Está encabezado este punto por la interpelación presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en
relación con las medidas de política presupuestaria, fiscal y financiera
que va a adoptar el Gobierno para hacer efectivos los principios de
suficiencia, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal y
solidaridad en el nuevo modelo de financiación autonómica.
Para la presentación de la interpelación, tiene la palabra el señor
Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como cuestión previa quisiera manifestarle cuáles son los
tres objetivos que han motivado a nuestro Grupo a sustanciar esta
interpelación sobre financiación autonómica.
En primer lugar, consideramos necesario que usted precise y aclare en
esta Cámara algunos aspectos referentes a la financiación autonómica
contemplados en los acuerdos de gobernabilidad suscritos entre el Partido
Popular y otras fuerzas políticas que o bien no están detallados o quedan
confusos en el texto de los mismos, ya que es innegable que ustedes han
estado remisos a aclarar o precisar alguno de estos contenidos.
En segundo lugar, y en la medida en que los citados acuerdos no
configuran un modelo de financiación diseñado absolutamente de forma
cerrada, y que de este modelo de financiación faltan elementos
esenciales,
rogaríamos al señor Ministro que nos expusiera las líneas maestras, los
ejes políticos fundamentales con los que el Gobierno piensa conformar y
estructurar el nuevo sistema de financiación que ha de regir en enero de
1997.
En tercer lugar, nos interesa conocer cómo piensa el Gobierno
instrumentar, articular el diálogo político que el señor Presidente del
Gobierno y el señor Ministro han ofrecido para que el nuevo sistema de
financiación, a diferencia del actual, tenga el máximo consenso
parlamentario posible.
A continuación, y de forma breve, intentaré desarrollar los tres bloques
en los que dividimos la interpelación que efectuamos hoy.
En relación al primer bloque, y en cuanto a las cuestiones que pensamos
que ustedes deberían precisar o aclarar en esta Cámara, permítame que le
plantee cinco preguntas, algunas de las cuales ya han sido efectuadas y
medio contestadas o contestadas de forma confusa, y pienso que hoy sería
una buena ocasión para que usted pudiera responder.
La primera pregunta es cuál es el año base de cálculo, ya que en el texto
no figura y ha habido diversas contestaciones a esta pregunta. El
Gobierno catalán ha dicho en el Parlamento catalán que la base de cálculo
será el año 1996 y, si esto es así, creo que sería bueno que usted
también lo pudiera decir hoy.
La segunda pregunta hace referencia a si existen o no de topes en el
crecimiento de la recaudación del tramo del IRPF, en el bien entendido,
señor Ministro, de que la ausencia de topes no debe conllevar
obligatoriamente una ampliación de la desigualdad territorial si existen
otros mecanismos simultáneos de solidaridad.
La tercera pregunta hace referencia a una parte del texto del acuerdo al
que han llegado el Partido Popular y Convergència i Unió, que
literalmente dice que el Partido Popular y Convergència i Unió plantearán
como punto de partida para el nuevo acuerdo que los niveles de
financiación adquiridos por las comunidades sigan siendo los mismos. La
pregunta es si esta redacción, un tanto ambigua o confusa, debe
interpretarse como que en ningún caso existirá disminución de la actual
financiación de las comunidades autónomas.
La cuarta pregunta de este primer bloque hace referencia al hecho de que
los acuerdos también contemplan el compromiso de recalcular la
financiación de distintas materias transferidas. En concreto, el acuerdo
se refiere a Instituciones Penitenciarias, al modelo policial, etcétera,
pero pone especial énfasis en sanidad. En este caso, nos interesaría
conocer el horizonte temporal de este recálculo de las transferencias y
si hoy el Gobierno tiene ya escenarios o previsiones económicas de qué
significaría esta revisión.
La última pregunta de este primer bloque viene motivada por la
intervención habida en la comparecencia del señor Rato en la Comisión de
Economía de esta mañana, en la que me ha parecido entender que el señor
Rato ligaba el nuevo sistema de financiación autonómica a la reducción de
los tramos del IRPF. Quisiera preguntarle si esto es así.
Son cinco preguntas concretas. Podría hacer muchas más, pero pensamos que
estas cinco son políticamente relevantes ya que, insisto, en un primer
bloque hacen referencia a los acuerdos que ya han sido firmados.
En relación al segundo bloque, les diré que en esta interpelación
queremos conocer cuáles son las líneas maestras, los ejes políticos con
los que el Gobierno piensa afrontar las grandes insuficiencias del actual
sistema de financiación autonómica, y remarco, las grandes insuficiencias
del actual sistema de financiación autonómica. Y permítame que para
definir estas grandes insuficiencias me remita --estoy seguro de que
usted lo conoce, pero creo que es importante insistir en ello-- a algunas
frases que se dicen que figuran en el libro blanco sobre financiación
autonómica que ha escrito un grupo de expertos, a propuesta del Consejo
de Política Fiscal y Financiera. En este libro, el grupo de estudio dice
que el último acuerdo sobre financiación, es decir, el actual, ha
constituido de hecho una mera prórroga, con retoques, de la situación
previa. Sigue diciendo que, por tanto, los problemas esenciales siguen
abiertos y que éstos no son otros que configurar un nuevo modelo de
financiación que sea acorde con la estructura política descentralizada.
En este sentido, el informe continúa diciendo que, por tanto, siguen
abiertos los problemas esenciales de aumentar la corresponsabilidad
fiscal, clarificar y completar los mecanismos de nivelación financiera y
solidaridad y mejorar la coordinación de políticas presupuestarias. Una
de las conclusiones de dicho informe es --leo literalmente-- que puede
decirse sin exageración que el actual sistema de financiación autonómica
se halla en un atolladero del que solamente podrá salir si somos capaces
de configurar simultáneamente el camino hacia la autonomía financiera y
el esquema de nivelación.
Nosotros, señor Ministro, hemos de decirle que coincidimos en el
diagnóstico que el grupo de expertos hace --que pensamos que usted conoce
perfectamente-- en el sentido de que el actual sistema de financiación es
un mero retoque del anterior y que dejó abiertos los tres grandes
problemas que el sistema de financiación autonómica sigue teniendo desde
su inicio.
Uno de estos tres grandes problemas son la corresponsabilidad fiscal. Es
curioso que hace tres años la cesión del 15 por ciento levantó una gran
polvareda política en todo el Estado, para que hoy nadie tenga dudas de
que esa cesión no fue evidentemente una cesión de corresponsabilidad
fiscal. Por tanto, quedaba pendiente el tema de la corresponsabilidad
fiscal, el tema de la nivelación de servicios y el tema de la
solidaridad. En este sentido, me parece importante destacar y señalar la
frase de los expertos que dicen que estamos
en un atolladero y que sólo seremos capaces de salir del mismo si,
simultáneamente --destaco lo de simultáneamente-- ponemos en marcha
mecanismos de autonomía financiera y solidaridad.
En consecuencia, señor Ministro, los acuerdos que ustedes han firmado son
unos acuerdos que dan un vuelco importante en el cómo de la financiación;
esto es positivo, es decir, los acuerdos que ustedes han configurado con
los partidos nacionalistas significan de verdad corresponsabilidad
fiscal. Pero, en cambio, estos acuerdos no necesariamente debían
contemplar, no contemplan --ustedes hasta hoy no han dicho nada--, no han
concretado ni especificado ni los mecanismos de nivelación ni en base a
qué criterios de equidad se establecerán.
Insisto que, según el informe de los expertos pero también según nuestra
opinión política, es fundamental que se establezcan simultáneamente, es
decir, es necesario conocer en base a qué se recibirán los recursos
totales de las comunidades autónomas. ¿Se continuarán recibiendo, señor
Ministro, en base a una complicada fórmula polinómica, como hasta ahora?
¿Piensan, en cambio, establecer un criterio objetivo de igualdad, siendo
conscientes de que el criterio objetivo de igualdad permite diversas
interpretaciones? Pero, ¿se puede fijar o quieren ustedes fijar un
criterio de igualdad?
En este mismo sentido, quiero decir que tampoco en los acuerdos firmados
ni en las declaraciones que ustedes han efectuado hay referencia
explícita alguna a cuál será el tratamiento del Fondo de Compensación
Interterritorial. Como usted sabe, ésta es una preocupación importante de
muchas comunidades autónomas, que han visto cómo en los últimos cuatro o
cinco años este Fondo de Compensación Interterritorial ha sido congelado.
En síntesis, señor Ministro, si los grandes problemas de la financiación
eran la corresponsabilidad, la nivelación de servicios y la solidaridad,
reconocemos que en el primer tema se ha dado un paso importante, que
celebramos, pero le pedimos a usted que nos explique si el Gobierno tiene
pensadas las grandes líneas políticas para hacer frente simultáneamente a
los otros dos retos.
Para acabar, señor Ministro, el tercer bloque de mi intervención, de
forma muy breve, es cómo ustedes piensan concretar y articular el
diálogo. Usted ha dicho repetidamente --hace un momento lo ha dicho-- que
esto se debe debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo
quiero recordarle al señor Ministro que el Consejo de Política Fiscal y
Financiera es un organismo de coordinación entre el Gobierno central y
las comunidades autónomas, y que el hecho de que allí se debata y se
coordine, en ningún caso puede hurtar el debate y el acuerdo en el
Congreso de los Diputados. El tema de establecer cuál va a ser el nuevo
sistema de financiación es lo suficientemente importante como para que
busquemos fórmulas de acuerdos parlamentarios entre el conjunto de todas
las fuerzas parlamentarias del Congreso de Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señor Presidente.
Estamos convencidos de que esta tarea, la de diseñar un nuevo sistema de
financiación sólido y estable, supera las energías de las negociaciones
bilaterales entre el Partido Popular y los partidos que han signado los
acuerdos, y ésta no es una cuestión formal, es una cuestión política de
fondo. En ese sentido, señor Ministro, queremos pedirle que concrete cómo
vamos a articular este diálogo y, al mismo tiempo, queremos expresarle
nuestra más clara y firme voluntad de participar responsablemente en las
negociaciones oportunas que puedan dar lugar a que el nuevo sistema de
financiación tenga el máximo consenso de todos los grupos parlamentarios
y el consenso total del conjunto de comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de
Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, señor Saura, probablemente uno
de los problemas más importantes que tiene el actual modelo de Estado
--sin duda tiene otros-- es el de la financiación de las comunidades
autónomas. Como ha dicho el interpelante, no es un problema nuevo, sino
que los sucesivos modelos de financiación habidos hasta el presente han
ido abordando esta cuestión, tengo que decir, con dudoso acierto, y
espero que se me permita utilizar esta expresión, que en cualquier caso
es bastante ambigua y no creo que moleste a nadie.
Hay, efectivamente, como ha dicho el interpelante, problemas de autonomía
financiera, los hay de suficiencia financiera y los hay también de
solidaridad. Lógicamente, el interés del Gobierno es que el nuevo modelo,
que, por imperativo legal, tiene que entrar en vigor el 1.º de enero del
año 1997 y que se mantendrá hasta el año 2002 o hasta el 31 de diciembre
del año 2001, aborde estos problemas y lo haga, al menos, con una cierta
vocación de permanencia. Si no se trata de una solución definitiva, al
menos debe abordarlos de una forma que el acuerdo genere una mayor
permanencia en el tiempo, para salir de ese atolladero al que usted antes
ha hecho referencia y que efectivamente se recogía en el libro blanco de
los expertos, encargado por el Gobierno.
¿Cuál es la intención del Gobierno y cuáles son los acuerdos que, por
otra parte, son públicos con nuestros
coaligados? Creo que lo que a usted le interesa es que precise los
acuerdos, que dice son confusos. Pregunta también que como el modelo no
es cerrado, qué es lo que vamos a hacer y cuál es nuestro criterio. Voy a
intentar responderle de la manera más clara posible a las preguntas que
me ha hecho.
El primer objetivo del Gobierno, sin duda alguna, y también de los
acuerdos a los que hemos llegado con nuestros coaligados, es mejorar la
autonomía financiera de las comunidades autónoma, y mejorar la autonomía
financiera de las comunidades autónomas sin duda va a servir también para
que éstas puedan mejorar su actual suficiencia o insuficiencia
financiera.
Yo creo que hoy en día pocas personas pueden discutir que el autobierno
requiere unos ingresos tributarios propios y menos subvenciones y
transferencias, justo una situación contraria a la que tenemos en este
momento, en la cual los ingresos de las comunidades autónomas son
fundamentalmente los provenientes de transferencias del Estado o de
subvenciones y tienen muy pocos ingresos propios. Por otra parte, no deja
de resultar paradójico que las corporaciones locales, que son unas
instituciones de mucho menos calado político que las comunidades
autónomas, tengan una gran autonomía financiera, puedan establecer sus
propios tipos impositivos, recaudarlos en impuestos tan importantes como
el IBI, como el IAE u otro tipo de tasas y no puedan hacerlo las
comunidades autónomas.
En suma, creo que en este momento son muy pocas las personas que pueden
sostener que la corresponsabilidad fiscal es una mala solución para
resolver los problemas de la financiación autonómica. De hecho, no hay
partido político en esta Cámara que no haya apostado en su programa
electoral por la existencia de un sistema de corresponsabilidad fiscal
--vuelvo a insistir-- para abordar los graves problemas que genera el
actual modelo de financiación autonómica.
Sentado, pues, que la corresponsabilidad fiscal es positiva, ¿a qué hemos
llegado con nuestros coaligados? En primer lugar, a dar a las comunidades
autónomas capacidad normativa en los tributos cedidos, lo que no sucedía
hasta el momento presente. Los tributos cedidos son los antiguos Derechos
Reales, Impuesto de Sucesiones y Transmisiones, luego sobre el Juego,
Patrimonio y Actos Jurídicos Documentados, etcétera. En segundo lugar, a
la cesión de una participación en el IRPF, concretamente el 30 por
ciento, pero con capacidad normativa plena, de suerte que pueden fijar el
mínimo exento, los tramos, las tarifas y las deducciones. Es decir, en la
práctica se crea un impuesto nuevo, que sin duda alguna aumenta la
autonomía financiera de las comunidades autónomas y también el
autogobierno. Lógicamente, esta decisión lleva aparejada una
participación de las comunidades autónomas en la Agencia Estatal
Tributaria, puesto que lo que se recaude por IRPF va a afectar de una
manera decisiva a los presupuestos de esas comunidades autónomas, que
tienen un interés directo y legítimo y, por tanto, es lógico que
participen en la Agencia Estatal Tributaria.
Este es el modelo de corresponsabilidad por el que hemos optado. Sin
duda, había otras muchas posibilidades que también se recogen en el libro
de los expertos, donde se habla de la posibilidad de ceder el IVA y los
impuestos especiales, que no se deben descartar en el futuro, pero en
este momento nos pareció mejor la cesión del 30 por ciento del IRPF, por
las siguientes razones. En primer lugar, porque aumenta sin duda la
capacidad de autogobierno. Ese es un hecho objetivo y creo que todos
estamos de acuerdo en esto. No me cabe en la cabeza que exista un solo
dirigente autonómico que pueda negarse a fijar sus propios tipos
impositivos y a recaudar, en suma, a hacer una política fiscal y una
política económica. Por tanto, no creo que haya ningún dirigente
autonómico que pueda oponerse a esto con un mínimo de sentido común. En
segundo lugar, porque tenía un antecedente, que era la cesión de una
participación en el IRPF, concretamente en el 15 por ciento, aunque fuera
la cuota líquida y aunque fuera un sistema que a nosotros, como he
señalado antes, no nos gustaba. En tercer lugar, por una razón que apuntó
usted en su intervención, y es que el libro de los expertos --a los
cuales el Gobierno encargó un trabajo-- apunta al IRPF como una buena
fórmula para establecer la corresponsabilidad fiscal. Pues bien, este es
el acuerdo.
A partir de este acuerdo, que prevé una etapa transitoria en la que no
voy a entrar ahora para no hacer excesivamente larga mi intervención (en
la primera etapa transitoria sólo se cedería el 15 por ciento a las
comunidades que no tienen todavía transferida la educación y a las demás
el 30 por ciento, pero un 15 sería cuota líquida y otro 15 el nuevo
modelo), habrá que abordar otros muchos asuntos, que son sin duda
decisivos en la configuración del modelo --que yo ya he reiterado en
algunas ocasiones contestando a preguntas de señores Diputados, y también
de señores Senadores en el día de ayer-- y que habrán de abordarse en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es decir el modelo no está
cerrado.
¿Cuáles son los temas que habrá que abordar? Con ello respondo a las
preguntas que usted me ha hecho en el día de hoy. En primer lugar, la
cantidad que la Administración central del Estado aporte a la PIE, es
decir, la partida presupuestaria destinada a las comunidades autónomas en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 1997. Si quiere que le
dé mi opinión, yo creo que, con los tiempos de austeridad y de rigor
presupuestario que se avecinan y que exigen la necesidad de cumplir con
los requisitos de la convergencia europea, ésta será también una partida
que se ajustará a los criterios presupuestarios de rigidez y de
austeridad a los que acabo de hacer referencia. Sin embargo
--respondiendo a otra pregunta suya--, sí quiero afirmar con meridiana
claridad que en ningún caso en el año 1997 las comunidades autónomas van
a
ver menguados sus ingresos por decisiones presupuestarias de este
Gobierno.
En segundo lugar, habrá que ver cómo se distribuyen esos recursos entre
comunidades autónomas. En este momento, la LOFCA establece una serie de
variables y luego hay unos determinados acuerdos que deciden cómo se
ponderan esas variables. Eso es algo que habrá que debatir en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, y también en esta Cámara y en el Senado.
Mi opinión --que es una opinión personal y que la someto, como es
natural, al consenso que se pueda producir en donde acabo de señalar-- es
que no deben modificarse mucho ni las variables que se utilizan para
distribuir los recursos ni tampoco la ponderación de las mismas.
Comprendo que es un criterio discutible. En tercer lugar, habrá que
debatir si hay o no unos mínimos de garantía. Sin duda, es un tema que
también habrá que debatir, puesto que hay argumentos a favor y hay
argumentos en contra. También es un tema discutible si hay o no topes,
tanto mínimos como máximos, habiendo argumentos a favor y en contra.
Hay un tema de tipo técnico que quiero traer aquí a colación, pero que
tiene una gran importancia política y que habrá que definir en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera. Qué duda cabe que cuando se les da a
unas comunidades autónomas capacidad normativa y al mismo tiempo se les
da capacidad de gestión, el establecimiento de topes puede desincentivar
el ejercicio de esa capacidad normativa, sobre todo si es para subir los
impuestos, y desde luego el ejercicio de la capacidad de gestión,
particularmente en la lucha contra el fraude.
El año base de cálculo es otro tema que también habremos de determinar,
en su día, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Mi opinión
personal --aunque también lo someto a mejor criterio--, sin duda alguna,
es que parece lógico, aplicando criterios que se han utilizado con
anterioridad, que sea el año 1996.
Hay otra decisión muy importante que habrá que adoptar, que es cuál va a
ser la variable que se utilice para determinar la evolución de la PIE a
lo largo de los próximo cinco años. Como todos ustedes saben, en los
cinco años pasados el criterio que fundamentalmente dominó y el que más
se aplicó fue el del PIB nominal. Sin duda es otro tema que habrá que
debatir. Si quiere mi criterio personal, creo que no está mal seguir
aplicando el del PIB nominal, pero también habrá que discutirlo en su
día.
En suma, son muchos los temas que están pendientes, son muchos los temas
sobre los cuales existe criterio. He manifestado el mío, pero comprendo
que es un tema complejo y comprendo que tenga que someterse a consenso.
Por tanto, para conseguir ese consenso estamos dispuestos a hablar todo
el tiempo que haga falta.
Por último, hay otros dos temas a los que usted hace referencia en su
intervención, que voy a pasar a contestar. El fundamental es el tema de
la solidaridad. En este tema hay dos asuntos --a los que se ha referido--
que también son de importancia capital y que el Gobierno quiere abordar
en este año. En primer lugar, el tratamiento del Fondo de Compensación
Interterritorial. El Fondo de Compensación, que es un instrumento de
solidaridad por excelencia, ha estado congelado a lo largo de estos cinco
años. Es decir, el Fondo de Compensación del año 1996 es exactamente el
mismo que el del año 1993. Sin duda alguna, y sin perjuicio de los
problemas presupuestarios que pueda haber, el Gobierno tiene voluntad de
que esa partida --de solidaridad por excelencia-- pueda ser aumentada a
lo largo de estos días, por tanto en los presupuestos del año 1997.
Hay otro tema también muy importante, que es el de la nivelación de
servicios mínimos, que recoge el artículo 15 de la LOFCA, y que a lo
largo de los últimos 14 ó 15 años, por razones que desconozco, no se ha
aplicado; tema al que también se hace referencia, como usted muy bien ha
señalado, en el libro blanco de los expertos que ha encargado el
Gobierno. El Gobierno actual tiene la voluntad política de poner en
marcha el artículo 15 de la LOFCA. Habrá que definir, sin duda, cuáles
son esos servicios mínimos fundamentales. Si quiere que le dé mi opinión
--vuelvo a insistir que no es, sin alguna duda, un dogma de fe, porque
quiero señalar en este tema con claridad que hay que debatir estos
asuntos-- creo que, desde luego, servicios públicos esenciales y
fundamentales son sanidad, educación y servicios sociales. Probablemente
haya más, pero esos tres me parecen los servicios que llevan aparejada la
idea de solidaridad por excelencia. Por tanto, también es nuestra
voluntad poner en marcha este artículo 15 de la LOFCA que a lo largo de
estos años no se ha puesto en marcha.
Hay otros muchos problemas. No voy a entrar en ellos porque creo que he
dado respuesta a todas sus preguntas, menos a una --voy a hacerlo
ahora--, que es cómo piensa instrumentar el Gobierno la voluntad de
acuerdo político que ha manifestado el Presidente en el discurso de
investidura. Le voy a contestar con meridiana claridad porque también
ayer me hicieron esta pregunta en una interpelación similar a la de hoy
en el Senado.
Las decisiones que adopta el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin
duda alguna, no tienen valor alguno de tipo legal. Es evidente. Pero
creemos que no es malo que los consejeros de Hacienda de las distintas
comunidades autónomas, que tienen una cierta representación y bastante
conocimiento del asunto, ayuden allí a fijar criterio. El criterio, como
es natural, hay que fijarlo en el Congreso y en el Senado. ¿Cómo
pretendemos articular el consenso? Primero, en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera; segundo, en conversaciones partido a partido y,
tercero, en los debates que se produzcan en el Congreso de los Diputados
y en el Senado a lo largo de las próximas fechas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco su voluntad de contestar a algunas preguntas
a título personal. A otras no me ha contestado. Voy a hacer un repaso de
las que no me ha contestado y de las que me ha contestado.
Hay una a la que no ha hecho referencia, que está en el primer bloque, en
relación al recálculo de las transferencias efectuadas, cuál es el
horizonte temporal que ustedes tienen y, si ya tienen previsiones
económicas, qué puede significar esto, especialmente en el tema de
sanidad. Tampoco me ha contestado a la mención que esta mañana el
Ministro de Economía y Hacienda ha hecho en relación a si en el nuevo
sistema de financiación ustedes van a imbricar la reducción de los tramos
del IRPF. Son dos temas suficientemente importantes, pienso, como para
que usted los hubiera contestado.
En relación a las cuestiones que usted me ha contestado, quiero
reiterarle, en primer lugar, que el grupo parlamentario al que represento
ha tenido en los programas de las dos formaciones políticas que conforman
el grupo la propuesta de corresponsabilidad fiscal, pero me parece
importante y me preocupa que, aunque usted dice que en el tema de
solidaridad y en el tema de nivelación de servicios quieren hacer un
pequeño esfuerzo, diga usted que no piensa efectuar modificación alguna
en cómo se distribuye el dinero. Usted dice: es que la fórmula actual es
una fórmula que viene de la LOFCA. Es cierto, es una fórmula complicada
que podría venir de la LOFCA y de cualquier sitio porque no hay quien la
entienda; es una fórmula que se hizo después de decidir cómo se repartía
el dinero, y entonces se buscó la formula. Pienso que esta fórmula es
injusta. Hoy las pesetas por habitante o por usuario, como usted lo
quiera contar, de unas comunidades con otras, no tienen nada que ver con
el nivel de riqueza, de paro ni de necesidad, y en ese sentido nos
parecería importante que en el nuevo sistema de financiación las pesetas
por habitante o cualquier otro criterio de igualdad fueran algo objetivo
y que se pudiera explicar. Hoy no hay nadie que pueda explicar a qué
responde la fórmula polinómica.
En relación a los topes, al año base de cálculo, a la evolución de la
participación de los impuestos del Estado, usted ha venido a expresar su
opinión y de hecho nos ha remitido constantemente a la reunión del
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo quiero insistir, señor
Ministro, en que el Consejo de Política Fiscal y Financiera es un
organismo de coordinación consultivo, insisto, entre el Gobierno central
y las comunidades autónomas y que sería importante que antes de que el
Gobierno central se coordinara con las comunidades autónomas o
simultáneamente, en el Congreso de los Diputados pudiéramos debatir cuál
es la propuesta que el Gobierno central lleva en coordinación con las
comunidades autónomas. Es decir, que no nos parecería de recibo que
ustedes vinieran al Congreso de los Diputados una vez que tuvieran el
acuerdo absolutamente firmado.
Quiero decirle también, señor Ministro, que sería importante que algunas
actitudes por parte de su Gobierno, que ha podido parecer que son
actitudes defensivas, confusas o que pueden generar recelos en relación
al nuevo sistema de financiación, sean rápidamente solucionadas. Es
decir, durante quince días o tres semanas, hoy mismo en parte --aunque
reconozco que usted hoy ha concretado algunas propuestas--, da la
sensación de que una parte de los acuerdos se explican en Cataluña y aquí
no, o se explican menos que en Cataluña, y esto puede levantar recelos en
algunas comunidades autónomas y dificultar precisamente el consenso no
sólo parlamentario, sino entre todas las comunidades autónomas, que debe
presidir la redacción del nuevo sistema de financiación.
Por tanto y para terminar, señor Ministro, pienso que las cuestiones
importantes son, primero, que pueda existir este diálogo que usted ha
dicho en el Congreso de los Diputados; segundo, que exista una
simultaneidad entre la corresponsabilidad, la nivelación de servicios y
la solidaridad. Recojo que ustedes tienen voluntad de incrementar las
partidas de solidaridad, pero le ruego que usted recoja la necesidad de
que el criterio de suficiencia y de nivelación de servicios sea un
criterio objetivo y que, por tanto, modifiquen la actual fórmula
polinómica, que es a todas luces injusta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
Efectivamente, han sido muchas las preguntas del señor Saura, a dos a las
que no había dado respuesta, pero voy a hacerlo ahora en mi turno, que no
es de réplica sino de ampliación del anterior.
Es verdad que en uno de los puntos básicos del acuerdo con una de las
coaliciones que apoyan en este momento al Gobierno, Convergència i Unió,
se asumía el compromiso, por parte del Partido Popular y de Convergència
i Unió, de estudiar y revisar, en su caso, los costes reales de las
transferencias de instituciones penitenciarias y del desarrollo del
modelo policial ya acordado. En este momento, lo único que puedo decirle
es que el compromiso, como es natural, se mantiene; que vamos a
estudiarlos y que, a resultas de ese estudio, adoptaremos la decisión de
revisarlos o no, en su caso, pero que hasta el momento presente el
Gobierno no puede dar una información concreta sobre este asunto, porque
no se ha procedido al estudio detallado
del mismo, aunque ya han comenzado los contactos entre el Gobierno de la
Generalitat y el Gobierno español.
En cuanto al tema de la sanidad, el acuerdo tiene tres partes. En primer
lugar, el Partido Popular manifiesta su voluntad de respetar los
precedentes establecidos entre el Gobierno anterior y las comunidades
autónomas respecto a los pacientes desplazados, de suerte que vamos a
continuar con el mismo criterio que se mantenía con anterioridad, que es
un criterio que responde bastante a la lógica y al sentido común.
En segundo lugar, aceptamos el compromiso del anterior Gobierno, un
compromiso que ya se había deliberado, aunque no se había adoptado
acuerdo en el Consejo de Ministros, respecto a la financiación sanitaria
del año 1994, que suponía un total no sé si de 90.000 o de 60.000
millones para las comunidades autónomas, no tengo el dato, pero de esa
cantidad le correspondía a la Generalitat de Cataluña el 15,99 por
ciento, casi el 16 por ciento.
El tercer tema, sin duda, tiene enorme importancia y sobre él habrá que
debatir en este Congreso de los Diputados y será necesario hacerlo a lo
largo de los próximos años. Uno de los problemas más importantes que hay
en este momento en España es el del coste sanitario y por parte de todos
los partidos políticos se ha manifestado la voluntad de estudiar a fondo
este asunto para que, sin perjuicio de la merma de la gratuidad de la
sanidad y sin perjuicio de la merma de la eficacia de la misma, se pueda
atender mejor las situaciones presupuestarias que se provocan. Por tanto,
hay un compromiso de estudiar la financiación de la sanidad que, en mi
opinión, debe hacerse efectivo a través de una ponencia que se constituya
en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados.
Hay otro tema al que usted también se refería. Ha hecho alusión a una
afirmación del señor Vicepresidente Segundo, que no entendió de forma
clara. Me pareció entender que planteaba si estaba unida la reducción de
los tramos del IRPF con el nuevo modelo de financiación. No. El Gobierno
ha manifestado su voluntad de que haya menos tramos en la tarifa del
IRPF, pero eso nada tiene que ver con la cesión del 30 por ciento, porque
las comunidades autónomas podrán decidir el mínimo exento y, como he
dicho antes, también los tramos, la tarifa y las deducciones. Por tanto,
puede haber tramos diferentes en la parte del 70 por ciento del Estado y
en la parte del 30 por ciento de las comunidades autónomas.
Quisiera hacer dos o tres precisiones sobre dos o tres comentarios que
usted ha hecho. Es decir, ya no son respuestas a sus preguntas sino, más
bien, precisiones a sus comentarios.
Efectivamente, he dicho que los criterios de distribución de la PIE entre
las comunidades autónomas, en este momento, son los que son, los que
están marcados en la LOFCA y con la ponderación que se ha acordado en las
últimas reuniones habidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
y, sobre todo, aquí, en el Parlamento, que es quien lo tiene que
ratificar. Son la población, la superficie, las unidades administrativas,
la insularidad, el esfuerzo fiscal y la pobreza relativa.
Usted se muestra partidario --usted y otras muchas personas-- de que se
vaya a un criterio de pesetas por habitante, me pareció entenderlo así.
Si no se muestra usted partidario de ese criterio vamos a coincidir más
usted y yo, porque son muchas las comunidades autónomas y probablemente
muchos los partidos políticos que creen que no es un buen criterio el de
pesetas por habitante, sino que hay que tener en cuenta circunstancias
como puedan ser la insularidad --que sin duda alguna afecta concretamente
a dos comunidades autónomas--, la superficie y la pobreza relativa. Son
temas ciertamente complejos. Como usted muy bien ha dicho, el criterio de
la igualdad es un concepto muy relativo; yo diría que es un concepto
jurídico indeterminado, que cada uno puede interpretar como estime
oportuno y conveniente, y probablemente cada comunidad autónoma lo hará
arrimando el ascua a su sardina, lo cual, por otra parte, es lógico y
natural. Por eso es importante hacer un esfuerzo para determinar entre
todos cuál es el criterio que más se acerca a la igualdad que, repito, es
un concepto jurídico indeterminado.
Una segunda precisión sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Es evidente que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no toma
decisiones, pero es un organismo que tiene una importancia política
fundamental y, por tanto, creo que lo que diga el mismo deber ser tenido
muy en cuenta por todos los señores Diputados y también por todos los
señores Senadores. Vuelvo a insistir en que hay muchas formas de intentar
los acuerdos. A mí el procedimiento que más me gusta es el de acuerdo
entre partidos. Ese es el procedimiento que nosotros intentaremos poner
en práctica a lo largo de los próximos días, sin perjuicio de que luego
se pueda acordar también, lógicamente, en el Congreso de los Diputados y
en el Senado, que son los que tienen que tomar la decisión definitiva en
este asunto, pero sin olvidar --repito-- al Consejo de Política Fiscal y
Financiera.
Un breve comentario --el tercero-- sobre los recelos que se han generado
con este nuevo modelo. No creo que se hayan creado recelos con este nuevo
modelo, por lo que le dije antes. Son muy pocas las personas que, si
tienen voluntad de actuar con buena fe, se pueden oponer a que se aplique
un sistema de corresponsabilidad fiscal. En este momento la
Administración Central del Estado fija impuestos, gestiona impuestos, lo
hacen las corporaciones locales y no deja de ser paradójico que una
institución de gran calado político --vuelvo a insistir--, como es la
comunidad autónoma, resulta que se limita a recibir transferencias del
Estado y a estar en polémica constante con el Estado, no sabemos sin con
razón o sin ella, sobre si las transferencias
que se hacen son suficientes, no son suficientes, justas o injustas.
Creo que la corresponsabilidad y, sobre todo, que los dirigentes de los
gobiernos autonómicos asuman su responsabilidad ante los ciudadanos es
una buena decisión. Creo que el Gobierno ha explicado siempre las cosas
con claridad, al menos así lo pienso. Lo que sucede es que los acuerdos,
como hemos señalado antes, no abarcan todos y cada uno de los extremos de
la financiación autonómica, sino sólo unos concretos y determinados, que
son los que se recogen en el texto que, por otra parte, es público. En
cualquier caso vuelvo a insistir en que si tengo que volver a responder
sobre este asunto con mucho gusto lo haré, pero será difícil, hasta que
no vayamos avanzando en la negociación, que pueda dar datos nuevos
respecto de los que hemos aportado en las últimas fechas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene
la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, señoras Diputadas, señores
Diputados, hacemos esta intervención, a raíz de la interpelación
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, con carácter
cautelar, pero también claro, a fin de ir situando las posiciones del
Bloque Nacionalista Galego en relación con un tema que, sin duda, va a
preocupar en el futuro y pensamos que quizá será una de las claves de la
evolución política del Estado español. Cuando nos referimos a las medidas
presupuestarias, fiscales y financieras, está claro que hablamos siempre
dentro de un proyecto político y económico que habría que explicitar.
De las palabras del señor Ministro se deduce cierta perplejidad, una
cierta situación de confusión, sin duda derivada de que el proyecto
político y económico de futuro no acaba de estar suficientemente
clarificado. Me voy a explicar. Es cierto que todos participamos del
criterio de que la autonomía financiera es la parte fundamental del
andamiaje de la autonomía política, pero está claro que habría que
discutir qué grado de autonomía política, y eso pensamos que es un tema
de debate pendiente porque realmente no se quiere enfrentar ni la reforma
de la Constitución, en la medida en que fuera necesario, ni distinguir
--si es necesario distinguir, nosotros pensamos que sí-- entre
nacionalidades históricas y regiones, todo ello por el bien de lo que se
considera que es España y no por otro motivo de carácter discriminatorio
o egoísta. Cuando incluso la reforma del Senado no se enfrenta con
claridad y no sabemos en lo que va a consistir, permítasenos la duda de
que no sabemos en lo que consiste la autonomía política, con lo cual se
opaca a su vez el problema de la autonomía financiera.
En segundo lugar, está claro que el principio de suficiencia no lo vamos
a discutir, si se entiende en relación con la cobertura y nivelación de
servicios y, por tanto, el soporte presupuestario de las respectivas
comunidades autónomas y sus competencias, dentro de los Presupuestos
Generales del Estado, a través de operaciones corrientes y de capital.
Pero no hay que ocultar que, si cada vez incrementamos más la
participación de las comunidades autónomas, lo que no tiene mucho sentido
es el Estado, con lo cual volvemos otra vez a plantear el tipo de Estado:
¿Un Estado confederal? ¿Un Estado que no salga del marco de las
autonomías limitadamente de un Estado unitario?
En tercer lugar, el principio de solidaridad o de equidad que sería
mejor. Aquí es donde podemos tener un debate dentro del Estado español,
tal como es hoy en día, que es un Estado unitario constitucionalmente.
Nosotros pensamos que es fundamental reformular y revitalizar el Fondo de
Compensación Interterritorial, y revisar y renovar los baremos para
redistribución de fondos públicos estatales. Por cierto, señor Ministro,
hay muchos criterios, uno es el de la insolidaridad, pero nosotros
pensamos que desde Galicia habría que tener en cuenta el criterio de la
dispersión de la población.
Si hay algo lamentable en la cesión del IRPF es que no solamente hay un
tributo, que es el IRPF, que desde luego beneficia a las comunidades con
más alta renta, sino que hay otras actividades recaudatorias y
tributarias que podríamos tener en cuenta. Por ejemplo, la fase minorista
del IVA o algo muy importante para Galicia: Dónde cotizan las actividades
empresariales. En Galicia en este sentido estamos abiertamente
discriminados. CitrÜen cotiza en Madrid; Endesa cotiza en Madrid; Astano
cotiza en Madrid; Bazán cotiza en Madrid; Imenosa cotiza en Madrid.
Entonces, si empezáramos a discutir este tipo de tributaciones, la imagen
final en el espejo sería otra muy distinta a la que parece que se está
aplicando momentáneamente. En definitiva, la especificidad de cada caso.
Por último, habría que debatir el problema económico general del Estado,
es decir, el tipo de planificación económica, porque ahí tendríamos que
hablar de muchas cuestiones.
En todo caso, quiero que quede claro, desde la perspectiva del Bloque
Nacionalista Galego que vamos a actuar en defensa de lo que ustedes
llaman nuestra comunidad autónoma, en un sentido positivo, no haciendo
intervenciones contrarias a otras comunidades autónomas, en este caso a
aquéllas que han pactado con el Gobierno. Pensamos que, si hay algo malo
es que todo esto se tenga que dirimir por acuerdos puntuales,
unilaterales, derivados de resultados electorales y no de discusiones
sobre la cuestión de la estructura del Estado, que sería mucho más
interesante.
Por otra parte, quiero decir que el resultado por lo de ahora ofrece la
imagen de quien pacta, con unas deficiencias respecto de los que estamos
excluidos y no digo partidariamente, sino como países, como pueblos, como
nacionalidades o como comunidades históricas. En el caso de Galicia es
curioso cómo se mantuvo
una posición en determinado momento, que ahora se rectifica en nombre de
cuestiones de intereses de Estado, de intereses partidarios o de
intereses de un Gobierno momentáneamente.
En definitiva, nosotros nos posicionaremos cuando venga la moción en este
sentido positivo, teniendo en cuenta este tipo de criterios que hay que
considerar, si queremos actuar con sentido de futuro.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, quería, en primer lugar, fijar la posición del
Grupo Parlamentario Socialista alrededor de una interpelación que me
parece de sumo interés y sobre la que ya el Grupo Parlamentario
Socialista ha tenido ocasión, como es conocido por la Cámara, y por
usted, señoría, de expresarse en diversos momentos.
Yo creo que fijar la posición en este momento es volver a insistir en la
necesidad de clarificación. Volver a insistir en la necesidad de
clarificación no en torno a principios abstractos, sino en torno a las
consecuencias concretas de la aplicación de principios abstractos en
torno a acuerdos políticos muy precisos. Dicho de otra forma: No estoy
dispuesto a discutir de suficiencia, ni de corresponsabilidad, ni de
autonomía financiera, ni de otra serie de grandes y bellos principios que
ya están en nuestra legislación, no en los principios políticos que
inspiran el Estado de las Autonomías. Pero cuando hablamos de hacer
política y hablamos de nada menos que de instaurar un nuevo sistema de
financiación de las comunidades autónomas, tenemos derecho a saber algo
más que qué significa autonomía financiera, qué significa
corresponsabilidad, qué significa suficiencia, qué significan, en
definitiva, todos estos principios de los cuales llevamos discutiendo
desde hace más de 15 o casi 20 años en nuestro país.
El Grupo Parlamentario Socialista, señor Ministro, ha preguntado en
diversas ocasiones, con respuestas en todos los casos insatisfactorias,
qué es lo que ustedes entienden como consecuencias derivadas del acuerdo
alcanzado con la coalición de Convergència i Unió.
Hemos preguntado esto; hemos preguntado cuánto cuesta, si cuesta; hemos
preguntado cómo se reparte; hemos preguntado si hay topes o no los hay;
hemos preguntado hasta dónde llega la autonomía normativa; hemos
preguntado todo un conjunto de cosas, y hemos recibido respuestas,
algunas diferentes de miembros del Gobierno, otras elusivas, y algunas
claramente contradictorias.
Le cito nada más que las contradicciones de esta misma mañana. Este fin
de semana el Conseller, señor Maciá Alavedra, explicaba que la
sobrefinanciación esperable para Cataluña, como consecuencia del acuerdo
de financiación, ascendía a 220.000 millones de pesetas.
Preguntado, que ha sido, el Vicepresidente del Gobierno en su
comparecencia sobre esta misma cuestión, naturalmente no se ha
pronunciado sobre si esto era razonable. Pero al representante de un
Grupo que en este momento sostiene al Gobierno, como es Convergència i
Unió, le parecía razonable el hacer estas previsiones.
El señor Aznar en el debate de investidura no contestó a la pregunta del
Presidente del Gobierno anterior sobre si efectivamente era posible que
existieran topes en la cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Más aún, dio a entender --y le remito al «Diario de Sesiones» de
aquella sesión-- que efectivamente podría haber topes. Pues bien, esta
mañana, en la Comisión, el señor Rato ha ratificado que no hay topes y
que hay un acuerdo en el que no los hay.
Usted no me contestó a esta misma pregunta hace unos días. Entonces,
tengo tres contestaciones: una del Presidente del Gobierno, señor Aznar,
admitiendo la posibilidad de que hubiera topes, si así se fijaba en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera; unas declaraciones del
Presidente de la Generalitat de Cataluña diciendo que hay un acuerdo
personal con el señor Aznar de que no hubiera topes; las declaraciones
del señor Homs diciendo que no hay topes; la ratificación de que esto es
así por parte del Vicepresidente del Gobierno, señor Rato; y no sé cuál
será su respuesta.
Yo no quiero, señor Rajoy, poner en cuestión unos acuerdos. Lo que quiero
es saber en qué consisten los acuerdos.
En segundo lugar, usted habla de la existencia de un modelo. Yo no sé si
llama usted modelo al acuerdo suscrito con Convergència i Unió, pero
entiendo que un modelo, más allá de una elucubración teórica, técnica,
política, económica, es sobre todo algo que pueda ser adoptado por el
conjunto de instituciones y de fuerzas políticas que tienen que hacer lo
posible en términos legales y en términos de acuerdo institucional.
No veo de qué manera, con la ley en la mano, pueda ser adoptado un
acuerdo como el que se deriva de esos sus compromisos políticos si no hay
previamente un compromiso político de los grupos políticos de esta Cámara
y, posteriormente, su traslación a las leyes que lo harían posible, entre
otras la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y al
acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debiera llevar
también compromisos políticos de adaptación de la legislación en algunas
de las comunidades autónomas.
Entre tanto, creo que estamos hablando de un compromiso bilateral en el
que mi pregunta, señor Rajoy, es: ¿Qué ocurriría si por algún azar de la
política, de la historia, de los hados o del destino, ese acuerdo, en el
que alguno parece que ha puesto todas sus excelencias, no pudiera
cumplirse en los términos en los cuales está previsto al parecer que se
cumpla? ¿Qué ocurriría si ese acuerdo no se puede trasladar a la ley?
¿Qué ocurriría si no se puede trasladar a un acuerdo unánime del Consejo
de Política Fiscal y Financiera? ¿Qué ocurriría si efectivamente las
previsiones o las expectativas de aumento de ingresos que parecen
deducirse de las declaraciones de unos y de otros no se trasladaran de
verdad a la realidad?
Yo creo que la discusión técnica es una discusión que se puede hacer. La
discusión política es una discusión que se puede hacer. Lo que creo que
no se puede ni se debe hacer, señor Rajoy, es discutir en abstracto
cuando no se sabe cuál es el nivel de compromisos, cuáles son los
cálculos que se han hecho, cuáles son las expectativas que se tienen y,
sobre todo, cómo se quiere plasmar políticamente un acuerdo de esa
naturaleza, sin prever de antemano el que puede resultar de la discusión
una cosa completamente diferente a la que se tiene plasmada por escrito.
La posición, por tanto, señor Rajoy, del Grupo Parlamentario Socialista y
la posición que también quisiera hacer llegar al grupo proponente de esta
interpelación es la de solicitar, una y mil veces más, claridad; claridad
y compromisos políticos. La corresponsabilidad no es un invento de nadie,
es, sin duda alguna, un camino y un camino que tiene muy diversas
soluciones. Ya dijimos que puesto que en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera de la pasada legislatura, del año 1992-1993 se había llegado
al acuerdo de encargar a unos expertos un bello documento, un libro
blanco sobre la financiación, las conclusiones...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Eguiagaray,
le ruego concluya.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Gracias, señor Presidente. Termino.
Las conclusiones --digo-- podrían ser discutidas entre todos los grupos
políticos. Tal vez esto arrojara alguna luz, pero esto de pretender que
unos acuerdos merezcan simplemente la bendición cuando no se quiere ni
siquiera explicar en qué consisten ni cuáles son sus consecuencias
económicas, su reparto y sus efectos en términos de financiación, de
solidaridad e incluso de déficit, me parece que es algo superior a la
fuerza humana que se puede pedir a cualquier grupo político y mucho más
si está en la oposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Eguiagaray.
El señor López Amor, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra.
El señor LOPEZ AMOR: Con la venia, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, resulta verdaderamente gratificante haber
oído la intervención del señor Ministro porque no sólo ha dejado claros
muchos temas que preocupan a todas las bancadas de la oposición, sino que
yo creo que de una vez por todas ha contestado a todos aquellos
interrogantes que algunas personas en concreto se han planteado sobre
unos acuerdos de financiación autonómica. Yo creo que esos acuerdos de
financiación autonómica tienen una importancia decisiva porque van a
permitir avanzar en aquel modelo de financiación de todo el conjunto del
Estado y van a permitir cerrarlo de una forma que yo creo que no podía
ser de otra manera y es mediante el establecimiento de una auténtica
corresponsabilidad fiscal. Esa corresponsabilidad fiscal se establece no
sólo desde el punto de vista de la capacidad normativa, sino también
desde el punto de vista de la capacidad de gestión y, por tanto, va a
hacer posible que las comunidades autónomas tengan una auténtica
autonomía financiera, autonomía que tiene que traducirse no sólo en el
gasto sino también en el ingreso.
Yo creo que el camino se ha empezado a andar, que el camino es importante
y, por tanto, lo que hay que hacer es profundizar con una voluntad clara
por parte del Grupo Parlamentario Popular y por parte del Gobierno de que
exista un consenso en todas estas materias. Yo creo que son lo
suficientemente importantes como para que todos pongamos de nuestra parte
aquel granito de arena que permita profundizar en el sistema y en el
modelo de financiación autonómica que estamos construyendo. Yo creo que
está suficientemente explicitado por parte del señor Ministro, por parte
del Gobierno, el deseo de que exista un consenso claro en estas materias,
en materias que son decisivas para el buen funcionamiento de nuestro
país.
Ayer decía el Ministro de Administraciones Públicas que la mejor voluntad
demostrativa de esa intención de consenso es que él jamás estando en la
oposición había planteado alguna moción o alguna interpelación en alguna
Cámara, en el Parlamento, sobre materias autonómicas y que sin embargo y
a pesar de la crispación de momentos políticos como los que se oían en el
año 1992, se fue capaz de llegar a un consenso para firmar el denominado
Pacto Autonómico. Por tanto, no debemos olvidar el norte. Yo creo que
éste es el tema fundamental, la voluntad del Gobierno y del Grupo
Parlamentario Popular de llegar a un consenso en materia de financiación
autonómica; y hay que llegar a un consenso en materia de financiación
autonómica en todos aquellos foros y en todos aquellos lugares en que sea
necesario lograr este acuerdo.
En primer lugar, es verdad que hay que entender que en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, en donde están representadas todas las
comunidades autónomas, se debe llegar a un acuerdo inicial y previo, pero
luego debe ser sustanciado, evidentemente, en donde se llega a los
acuerdos políticos, que es en esta Cámara. Por tanto, yo creo que eso es
lo fundamental,
y en ese camino hay que ir despejando, construyendo, oyendo y pidiendo la
colaboración de todos los grupos políticos para la construcción de ese
modelo de financiación autonómica. Estos acuerdos van a permitir no sólo
construir y cerrar el modelo de financiación global del Estado, sino
mejorar la autonomía financiera, dando además un mayor grado de
suficiencia financiera a las comunidades autónomas.
Por otra parte, yo creo que se va a avanzar suficientemente en el tema de
dar una mayor capacidad normativa, como ha dicho el señor Ministro, en
aquellos tributos que son propios de las comunidades autónomas. Por
tanto, creo que eso conllevará una mayor optimización del ingreso
público, al mismo tiempo que la cesión del 30 por ciento del IRPF va a
pemitir de alguna manera que se haga un esfuerzo importantísimo no sólo
en aquella parte de capacidad normativa que se les da también a las
comunidades autónomas con esta cesión del 30 por ciento, sino que además
van a hacer un esfuerzo en la lucha por el fraude fiscal en aquellos
territorios de sus propias comunidades.
Por tanto, yo creo que el sistema no va a ser más caro. El sistema en
principio tiene que tener una vocación de neutralidad, porque todo
aquello que sea cesión de una parte del IRPF evidentemente va a ser
sustraído de la participación en ingresos del Estado. En consecuencia, yo
no diría que tenga que haber topes en ese sentido, únicamente puede
haberlos desde el punto de vista de unos topes mínimos que permitan que
sean efectivos los principios de solidaridad y los principios de
igualación de los servicios mínimos y de puesta en marcha no sólo de un
nuevo Fondo de Compensación Interterritorial, sino también del artículo
15 de la LOFCA. En este sentido, únicamente quiero decir, para terminar,
que me alegro del tono en que se han producido las intervenciones, me
alegro mucho de la interpelación que ha realizado el señor Saura, y
evidentemente nos va a tener, como grupo parlamentario, a su disposición
para participar en lo que sea la posible construcción de un nuevo modelo
de financiación autonómica.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López-Amor.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA REFORMA DE LA ORGANIZACION
COMUN DE MERCADO DEL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS Y
TRANSFORMADAS (Número de expediente 172/000004)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Concluido el debate
de la interpelación que corresponde al número 34, pasamos a la
presentación de la interpelación urgente del Grupo Socialista del
Congreso, sobre la reforma de la Organización Común de Mercado del sector
de frutas y hortalizas frescas y transformadas.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
señora Ministra, en el año 1986 España ingresó en la Comunidad Económica
Europea. Hace ahora ya diez años. Se ha cumplido una década. En esta
década hemos oído de todo. En esta década la derecha nunca ha creído en
la incorporación de España a la Unión Europea, señora Ministra.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
La señora LEIVA DIEZ: Hemos oído decir en muchos foros que era una
catástrofe para el sector agrario, que España perdía o iba a perder con
la incorporación a la Comunidad Económica Europea. Hemos oído también
anunciar la muerte para el sector agrario. Era la crónica de una muerte
anunciada.
Después de diez años, la agricultura es un sector más moderno, es un
sector mucho más competitivo, más eficiente; el sector está bastante
mejor organizado que estaba hace diez años, pero todavía nos quedan por
hacer muchas más cosas. La industria agroalimentaria ha mejorado; la
industria agroalimentaria ha ido confeccionando nuestro tejido rural, ha
ido instalándose en nuestros pueblos, en nuestras comarcas, haciendo
posible el asentamiento de ese medio rural y la vida de nuestros pueblos.
España es el segundo país productor de frutas y hortalizas de la Unión
Europea. Además, España es actualmente el país que ocupa el tercer lugar
como perceptor de estas ayudas, aunque todos sepamos qué opina de estas
ayudas --que, al fin y al cabo, son una compensación a las rentas de los
agricultores-- su compañera de Gobierno la Ministra de Cultura. En los
últimos diez años es el país en el que más ha evolucionado la renta
agraria por unidad de trabajo anual. Pero no les voy a abrumar con
cifras, en absoluto. Las tienen ustedes en los propios anales y en las
estadísticas oficiales tanto del Ministerio como de la Unión Europea.
Espero, señora Ministra, que las conozca. Mi grupo y yo conocemos las
grandes cifras macroeconómicas del sector agrario en este momento y
también las del sector agroalimentario de la última década. ¿Qué opinión
le merece a la señora Ministra la evolución de los datos macroeconómicos
del sector agrario y agroalimentario? Todo ello ha sido posible, sin
duda, por nuestra integración en Europa y, concretamente, por la
reducción del período transitorio, en aplicación de la reforma de la
organización común del mercado de frutas y hortalizas.
El sector hortofrutícola español es ahora más competitivo, está mejor
posicionado en los mercados y han crecido las exportaciones. Estamos en
este momento
en un período importante para el futuro de la política agraria común y,
sobre todo, para el sector hortofrutícola. La responsabilidad política a
partir de este momento es suya.
Mire, soy socialista, soy riojana, hija de agricultores y amiga de muchos
agricultores y, por las conversaciones que mantengo con ellos, sé que
están muy preocupados y están también desconcertados, porque no conocen
cuál es la posición del actual Gobierno. (Rumores.) Ese es el motivo y,
¿saben por qué?, por una cosa muy clara: porque el Partido Popular ha ido
planteando unas cosas a lo largo de esta última legislatura que le
preocupaban. Además, cuando se iba aproximando la campaña electoral iba
diciendo otras cosas alarmantes. Además, cuando han leído el discurso de
investidura del señor Presidente del Gobierno, el señor Aznar, han visto
que en su primera intervención no hizo ni una sola mención al sector
agrario. Hemos oído decir muchas cosas a la derecha, porque ustedes han
jugado en muchas ocasiones con la sensibilidad de los sectores (Rumores.)
y, además, señores Diputados, han jugado con la credibilidad de las
instituciones. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio. (Rumores.) ¡Señor Pascual! Señorías, permitamos que se exprese
la señora Diputada. (Rumores.) ¡Señor Torres, guarde silencio, por favor!
Continúe, señora Leiva.
La señora LEIVA DIEZ: No se preocupen, señores Diputados del Partido
Popular, que nosotros no vamos a hacer lo mismo. Podríamos leer ahora en
la Cámara muchos «Diarios de Sesiones» y se sorprenderían ustedes de la
demagogia que han hecho.
Negociar es complicado; usted, señora Ministra, no ha negociado nunca, es
nueva en esta materia. Tenga mucho cuidado, no dé ningún paso en falso
(Un señor Diputado del Grupo Popular: Anda muy bien.), porque no sólo lo
pagarían usted y su grupo sino, desgraciadamente, todo el sector agrario
español.
El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a colaborar con ustedes
en las negociaciones de la política agraria común. Recientemente se han
publicado unas declaraciones suyas en un diario nacional, en un día
festivo, y las leí con interés, y resultó que entre las personas e
instituciones en las que usted iba a confiar, a las que iba a consultar,
no aparecía este Parlamento. Yo me sentí un poquito decepcionada, espero
que sea porque en una entrevista no se puede abarcar todo y confío,
señora Ministra, en que cuente con nosotros, que cuente con el
Parlamento, que cuente con la Comisión de Agricultura, que cuente con el
Grupo Socialista.
Nos encontramos, por tanto, ante la reforma de la organización común de
mercado de las frutas y las hortalizas, en la que España tiene que
defender en este momento sus intereses. Cuando nosotros ingresamos, como
le decía, en la Unión Europea, nos tuvimos que atener a las normas que
databan del año 1972, pero en este momento tenemos la oportunidad de que
toda la especificidad regional, toda la problemática de las comunidades
autónomas quede recogida en esta reforma, y que, a partir de ahora,
España también tenga oportunidad de ser contemplada con todas esas
producciones en el resultado de la reforma final. Depende de usted,
depende también de su equipo, depende de la capacidad negociadora de
ambos. Por tanto, el futuro está en su mano y, a partir de ahora, usted
es quien tendrá que dar cuenta a los agricultores, a los fruticultores y
a los horticultores de España del resultado de esta reforma. España, por
tanto, debe defender sus intereses con firmeza.
He estado buscando en su programa electoral las referencias a la reforma
de la organización común de mercado de frutas y hortalizas para preparar
este debate, y mi sorpresa ha sido mayúscula: solamente dice que irán a
Bruselas con fuerza. Espero que de verdad en el futuro vayan a Bruselas
con fuerza, pero sabiendo hasta dónde hay que echar el pulso. Desde
luego, usted ha iniciado una política de gestos; espero que se negocie
con algo más que con gestos.
Por tanto, tendrá que negociar con todos los países de la Unión Europea y
también tendrá que negociar y dejar oír su voz en todas las instituciones
del ámbito comunitario. Negociar respetando siempre los pilares básicos
de la política comunitaria, pilares que todos conocemos y de los que se
ha hablado en muchas ocasiones en esta Cámara, por lo que solamente me
voy a permitir recordarlos brevemente. La unidad de mercado, con la no
discriminación entre productos de diferentes países de la Unión Europea;
las ayudas, porque le recuerdo que tenemos los mismos derechos que otros
países miembros de la Unión Europea; derecho a la producción, a la
comercialización y también derecho a un libre tránsito de productos. (Un
señor Diputado del Grupo Popular: ¿Qué han hecho Atienza y Romero?)
Ustedes han tenido oportunidad de pedir responsabilidades al Gobierno
anterior. Déjennos que nosotros, ahora, conozcamos la opinión del
Gobierno actual; déjennos, porque es un derecho que tenemos como
parlamentarios en esta Cámara, y es lo menos que se puede pedir por un
sector pujante en España, un sector que afecta a miles de familias, a
miles de pueblos, a muchas industrias agroalimentarias y el tren de
Bruselas se pierde. (Rumores.) Porque, aunque queramos respetar los 90
días, en este momento, en Bruselas, se están debatiendo todos estos
aspectos. (Rumores.) Como le decía, otra materia que hay que tener en
cuenta es la preferencia comunitaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Leiva, le
ruego vaya concluyendo.
La señora LEIVA DIEZ: Tenemos que garantizar la producción interna, los
límites establecidos en el GATT, la solidaridad financiera (Rumores.)
Queremos una reforma financiada al cien por cien que no nos discrimine
con otros productos.
Por todo lo expuesto, y conociendo los trabajos que se han realizado en
la anterior legislatura, en esta Cámara y en el sector, y el gran
esfuerzo que se ha estado haciendo, le quiero hacer unas preguntas que
ruego me conteste, en nombre de su Departamento, la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
En relación con las organizaciones de productores de frutas y hortalizas,
¿qué período transitorio piensa solicitar para las actuaciones de la
reforma? ¿Qué opinión le merecen los fondos operativos con respecto a la
retirada de productos? ¿Qué flexibilidad interanual considera más
conveniente en situación de crisis grave? (Rumores.) Para complementar
los precios de industria, ¿cree conveniente usar los fondos de retirada?
¿Cómo sufragar la parte de financiación pública del fondo de retirada:
con fondos de Bruselas, del Feoga-garantía? ¿Qué hacer con las zonas o
regiones donde existe poca tradición de organizaciones de productores o
estén poco implantadas? ¿A quién correspondería el reconocimiento de una
organización de productores? Se puede dar el caso de que Grecia y España
actúen de forma totalmente distinta a la de Francia o Alemania. Esto
puede ser muy peligroso para la competitividad y la eficacia de este
pilar de la reforma que son las organizaciones de productores. El
programa operativo, por tanto, ¿qué funciones debería de cumplir?
En relación con el régimen de intervención, ...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Leiva, por
favor, le ruego concluya.
La señora LEIVA DIEZ: Un segundo, señor Presidente. Termino enseguida.
¿Defiende la actual propuesta de financiación al cien por cien de las
retiradas de productos con fondos comunitarios? Nosotros, en ningún caso,
aceptaríamos una cofinanciación.
Con respecto a los cálculos de precios mínimos, ¿va a solicitar que no se
tenga en cuenta la penalización coyuntural por el rebasamiento en la
presente campaña 1995/1996?
En este momento, hay productos como la fresa, pepino, melón, pimiento,
cebolla, lechuga, ajos, azafrán, espárragos o champiñón fuera de la
lista. (Rumores.) ¿Va a solicitar que se amplíen los productos que tienen
derecho a compensación de retirada? ¿Cuáles? Le ruego que tome nota,
porque espero respuesta a estas preguntas. (Rumores.)
En relación con la preferencia comunitaria (no se ría, señora Ministra),
me gustaría saber qué mínimos piensa solicitar ante la Comisión para que
cumplan los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT. ¿Qué me dice de los
controles de importación de productos? La cantidad, la calidad, los
precios. ¿Qué forma de control? ¿Va a apoyar alguno de los tratados con
terceros países? (Rumores.) En cuanto a los pequeños productos de
carácter local o regional, ¿qué medidas piensa defender su Gobierno? y en
relación con los productos transformados, para ir abreviando (Rumores.),
¿piensa mantener la petición de ampliación de productos industriales con
derecho a ayudas, tanto frutas como hortalizas, en concreto, el
espárrago, albaricoque, ciruelas pasas distintas de las dente?
Las organizaciones de productores van a ser las protagonistas de este
proceso. En este momento, ¿cuál va a ser la demanda para el período
transitorio para que la ayuda pueda obtenerse sin necesidad de que el
contrato esté suscrito con organizaciones de productores?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Leiva, debe
concluir. (Rumores.)
La señora LEIVA DIEZ: Simplemente quiero decirle, Señoría, si ha pensado
algo en relación con los frutos secos y si tiene previsto que la patata
se incluya en la actual organización común del mercado de frutas y
hortalizas o si piensa para ella una organización común del mercado
específica.
Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Leiva.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra la Ministra de Agricultura,
señora De Palacio. (Rumores.)
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Leiva, usted ha debido de leer poco los «Diarios de Sesiones» de
esta Cámara porque si no, no hubiera hecho esta intervención. Se lo
aseguro. Porque si se hubiera leído los «Diarios de Sesiones» hubiera
visto cómo mi antecesor y otros responsables del Ministerio en el período
anterior decían que no estaba tan mal el documento que ha presentado la
Comisión como reforma de la OCM de frutas y hortalizas. Precisamente
éramos nosotros los que hacíamos una crítica frontal a ese documento. Le
aconsejo que lea un poquito más para que vea que, si utilizamos otro tipo
de estrategia, quizá pueda ser más beneficioso para clarificar y, entre
todos, lograr esa colaboración que yo creo conveniente por parte de todos
los grupos y volver a conseguir acuerdos unánimes en cuestiones como
ésta, como hicimos en la legislatura anterior. Si se hubiera leído esos
debates, esas mociones y esos acuerdos, posiblemente no me habría
planteado alguno de estos temas.
Como primera cuestión, respeto y voy a cumplir estrictamente el mandato
que acordó este Parlamento
en el mes de noviembre sobre la OCM de frutas y hortalizas. Ahí
encontrará S. S. gran parte de las contestaciones a las preguntas que me
ha formulado. Además, quiero hacer un par de precisiones.
Hablaba usted de no sé qué derecha, de la cuestión de la Unión Europea,
de la integración y de si se cree o no en la construcción de Europa. Yo
no sé a quién se refería usted. Yo sólo le voy a dar un dato: la carta
que envió el Gobierno español a la entonces Comunidad Económica Europea
solicitando la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, ¿sabe
usted quién la firmaba? Don Marcelino Oreja, que es un ilustre militante
del Partido Popular. Nada más que eso para que se vaya enterando.
(Rumores.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)
Segunda cuestión. En cuanto a dar pasos en falso cuando se negocia, yo
intentaré ser lo más prudente y no dar pasos en falso, como ha sucedido
en otras ocasiones. Porque sólo le voy a recordar algún pequeño detalle
como, por ejemplo, que España está teniendo que pagar 200.000 millones de
pesetas --repito, 200.000 millones de pesetas-- por culpa de la multa de
la leche. (Risas.) Sí ríanse ustedes, 200.000 millones de pesetas debido,
señora Leiva, a los pasos en falso que dieron el Ministro Romero y el
Gobierno del señor González cuando negoció la adhesión de España al
Mercado Común. Y acordó una cuota láctea ridícula respecto a lo que de
verdad se produce y se consume en España. (La señora Leiva Díez: Conteste
a lo que le he preguntado.) Yo me estoy ateniendo a lo que usted ha
dicho, señora Leiva; a ver si usted aprende a atenerse al tema de la
interpelación y así no me referiré yo a otros asuntos. Yo traía preparada
una contestación a la interpelación, pero usted ha empezado a decir que
estos diez años han sido fantásticos. Señora Leiva, han tenido ocasión de
convencer a los agricultores de que han sido diez años fantásticos hace
un par de meses y parece ser que no fueron demasiado exitosos en su
mensaje. Ahora no es el momento de explicarnos lo bien que lo hicieron.
(Rumores.)
Le voy a hacer algunas precisiones más para que se entere de los pasos en
falso. Le puedo hablar de la cuota láctea, le puedo hablar del sistema de
atribución de superficies en herbáceos que en este momento nos ha creado
un problema, como usted muy bien sabe. O de la situación, bastante
ridícula, en cuanto al número de primas que recibimos para el ganado
extensivo respecto de lo que están recibiendo otros países: estamos en el
52 por ciento cuando la media comunitaria es el 89 por ciento. Podría
seguir dándole ejemplos; lamentablemente, hay demasiados ejemplos de lo
que han sido los pasos en falso de los anteriores gobiernos del señor
González en todas las negociaciones comunitarias y, precisamente por eso,
yo voy a intentar no darlos. Además, voy a intentar no darlos contando
con su ayuda, con la ayuda de su grupo. Si vamos por ese camino, va a
tener en mí un interlocutor siempre abierto al diálogo, una persona
dispuesta a escuchar y a negociar. Creo que no tiene ningún sentido
iniciar una interpelación como la ha empezado usted.
Paso ya a hablar de lo que yo creo que hay que hablar: la OCM de frutas y
hortalizas tal y como está a día de hoy, que, como le digo, a mi
antecesor no le parecía tan mal.
En primer lugar, le tengo que decir que el sector de frutas y hortalizas
es, obviamente, un sector estratégico para España en tanto en cuanto
supone el 30,5 por ciento del producto final agrario; si hablamos de la
producción vegetal final, estamos hablando de más del 50 por ciento. Es
un elemento básico, que contribuye al equilibrio de nuestra balanza
comercial agraria, y tengo aquí los datos: en el año 1995, como sabe muy
bien, recibimos 746.000 millones de exportaciones frente a los 177.000
millones de importaciones. Por otra parte, se trata de un sector que
genera un gran número de empleos, no ya de organizaciones empresariales o
de pequeñas explotaciones familiares, sino que en este terreno hay
560.000 personas asalariadas directamente según la estadística nacional
de explotaciones agrarias de 1993. Además, es un sector especialmente
competitivo y que recibe escasas ayudas en relación a otros sectores. Es
un sector que en España se encuentra en una situación dual; hay que
distinguir entre lo que es todo el Levante y Andalucía y lo que es la
cuenca del Ebro y las dos Castillas. En Levante y en Andalucía estamos
hablando de un sector con una tecnología punta, con mano de obra
intensiva y proyectado fundamentalmente hacia el mercado exterior; en las
dos Castillas, en Cataluña, en Aragón, en Navarra, en el corredor del
Ebro, en La Rioja --en su tierra--, estamos hablando de un sector con
tecnología menor, menos intensivo, más atomizado y más volcado hacia lo
que es el mercado interior.
Y si hablamos de competitividad, yo señalaría que a partir de 1993, con
la puesta en marcha del Mercado Unico, se ha producido un gran
lanzamiento de este sector, un gran crecimiento que ha favorecido la
integración de productores, de comercializadores, precisamente para
proyectar ese aspecto exportador que es la vocación fundamental de este
sector, en el que, además, mantenemos una relación calidad/precio que es
lo que está permitiendo esas cuotas de mercado.
Sin embargo, para situar esta OCM de frutas y hortalizas hay que hablar
de unas ciertas amenazas o de unas ciertas debilidades. Si hablamos de
debilidades, yo señalaría que todavía hay algunas zonas --y me he
referido a ellas-- en las que existe una insuficiencia en el nivel
tecnológico desarrollado; que hay zonas que reclaman una reestructuración
en función del tamaño de las explotaciones, del tamaño de las empresas,
del tamaño de las comercializadoras; que somos excesivamente dependientes
en terrenos claves, como pueden ser las semillas, los fitosanitarios o
los fertilizantes; que todavía hay que hacer un esfuerzo muy grande en el
terreno de la formación, y que tenemos un limitante que no hay que
olvidar, que es el agua. Desde luego, en
relación con el agua es necesario hacer una gran reforma y un gran
esfuerzo a la hora de modernizar nuestras infraestructuras.
Voy a señalar las amenazas. Las amenazas fundamentales para este sector,
en mi opinión --usted ha hecho una mención a ellas de pasada--, provienen
de la entrada de la competencia exterior, cuyo origen está
fundamentalmente en las nuevas reglas que ya nos está imponiendo el GATT,
y algo mucho más importante, que es la firma en cascada, creo que a veces
de manera poco reflexiva y poco calculada, de una serie de acuerdos de
libre cambio y de tratados preferenciales que ponen gravemente en riesgo
precisamente la preferencia comunitaria en un sector sensible para
nosotros como es el de frutas y hortalizas, cuestión que ha sido
ampliamente impulsada desde los gobiernos anteriores, que sin embargo no
han planteado este problema con suficiente fuerza y que no han tenido en
cuenta suficientemente los problemas que va a crear a nuestras frutas y
hortalizas y a sus transformados la irrupción, la puesta en marcha de
todos esos tratados firmados, donde nunca se ha hecho algo que se debía
haber hecho: un análisis consolidado del efecto que en su globalidad van
a producir sobre todo el sector. Sin embargo, sistemáticamente se ha
focalizado lo que suponía el acuerdo A o el acuerdo B o el acuerdo C
desgajadamente del efecto que va a producir el conjunto de todos esos
tratados sobre nuestra capacidad de competir frente a todos esos países.
Eso exige mejorar los rendimientos, seguir mejorando en la relación
calidad-precio, mejorar la rentabilidad de nuestras explotaciones
precisamente para ser capaces de mantener el esfuerzo inversor que hay
que hacer en este terreno, que es un esfuerzo inversor alto, haciendo
asimismo una reorientación de las estructuras más tradicionales y menos
competitivas.
En ese marco es donde se encuadra la OCM de frutas y hortalizas que le
parecía tan buena a mis antecesores. Y voy a decirle que aquí se aprobó
que esta OCM de frutas y hortalizas fuera liderada por España cuando
España presidía la Comunidad. (Rumores.) Señora Leiva, estamos en lo que
estamos y la Presidencia pasó. Aquí se aprobó precisamente una moción en
el mes de noviembre para que hiciéramos entre todos un esfuerzo para
atender una serie de cuestiones, y es en lo que estoy, lo que voy a
mantener y voy a defender. Por cierto, se aprobó por unanimidad en una
magnífica moción, presentada por mi compañero don José Ramón Pascual, que
de frutas y hortalizas sabe un montón, según he podido comprobar cuando
me la he estudiado a fondo.
Dicho esto, ¿qué pretende la OCM de frutas y hortalizas? Lo sabe bien,
señora Leiva: mejorar la eficacia y la calidad de la producción; ajustar
la producción a la demanda y reducir progresivamente las cantidades
intervenidas, es decir, terminar con lo que está pasando en algunos
países, que no voy a señalar, donde se produce sencillamente para la
retirada; aumentar la responsabilidad de los propios productores;
reorientar el gasto, reduciendo las retiradas e incrementando los gastos
orientados a mejorar la calidad de las estructuras; aplicar los
compromisos adquiridos en la Ronda Uruguay; intentar conseguir mantener
esa preferencia comunitaria, que es donde hay que insistir, después de lo
que he dicho en cuanto a la entrada de productos por mor de todos esos
acuerdos y tratados de libre cambio y preferenciales que se han firmado;
simplificar la OCM actual, y, además, luchar contra los fraudes, que,
como muy bien sabe, son múltiples.
Cuestión anejos. Le voy a ser muy clara. He defendido ya, y se lo he
planteado al Comisario Fischler en mi primera visita, que hay que abrir
el Anejo I y el Anejo II. Que en el Anejo I hay que incorporar el
espárrago y que tenemos unas propuestas muy concretas respecto a la
cuestión del tomate transformado, en la que somos partidarios de un
umbral global.
Segunda cuestión. Pretendemos claramente que se abra el Anejo II, al
igual que el Anejo I. Es una promesa que reiteradamente se nos ha hecho
desde la Comisión cada vez que lo hemos planteado y que se nos ha ido
posponiendo precisamente al momento en que estamos ahora, cuando se está
modificando la OCM de frutas y hortalizas. Queremos que se incorpore el
pimiento, la fresa, el pepino, el melón, la cebolla, la lechuga. En
cuanto a los productos más localizados o más sensibles, hay un apartado
específico y ahí tendríamos que meter ajos y champiñones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Ministra, le
ruego concluya.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Voy concluyendo, señor Presidente.
Eso por no referirme a un asunto muy concreto, que aunque afecta nada más
que a una parte muy pequeña de nuestra geografía, no por ello deja de
tener una importancia tremenda, porque es prácticamente monocultivo en
esa zona, como es la cuestión de las avellanas, amén de los frutos secos.
En la reunión del Consejo pasado hemos solicitado que se tratara el
problema de los frutos secos y concretamente de las avellanas; lo
planteamos junto con Francia e Italia. Reclamamos que en el reglamento de
la OCM de frutas y hortalizas se incorpore un artículo específico para
ayudas concretas para las avellanas, que en este momento sufren una
situación absolutamente límite.
En cuanto a la indemnización comunitaria de retirada le voy a decir muy
claramente que nosotros entendemos que hay varios problemas. No se puede
hacer una rebaja como la que pretenden en cuanto al precio de retirada.
Por supuesto, no se pueden considerar las penalizaciones que pudieran
fijarse por rebasar las cuotas del año anterior. Además hay que
escalonarlo a lo largo de este tiempo y creemos que un 10 por ciento
sería una rebaja suficiente. Asimismo, habría que discriminar entre
productos, porque esa indemnización tiene que ser suficiente para
financiar la recogida y retirada de productos de los árboles o de los
campos, cuestión absolutamente básica, aunque sí tiene que ser disuasoria
de producir para retirar como hacen algunos países.
En cuanto al período de aplicación, nosotros entendemos que esa
limitación del 10 por ciento de la comercialización es insuficiente.
Pensamos que habría que ir a un 15 por ciento. Además, ese 15 por ciento
tendría que computarse sobre varios años; un período razonable sería el
de cinco años, pero como mínimo debería ser un período de tres. ¿Por qué?
Porque un país como el nuestro registra unas irregularidades climáticas
que producen cosechas francamente irregulares y hay que tener en cuenta
los efectos compensatorios de unos años respecto a otros.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Ministra, le
ruego vaya terminando.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Es que no quiero concluir sin contestar a la curiosidad
y al interés mostrado por la señora Leiva.
Fondo operacional. Financiación comunitaria cien por cien. No se puede
romper el principio planteado en el Consejo jumbo, que el 20 de
septiembre de 1993 señaló que la financiación iba a ser exclusivamente
comunitaria. No puede permitirse que a los del sur, que nos han dejado
para el final --y la responsabilidad ha sido de otros-- nos hagan
cofinanciar las ayudas, mientras los del norte, los productos
continentales se financian cien por cien con los fondos comunitarios. Eso
se aprobó en el Consejo jumbo y desde luego lo vamos a exigir.
En cuanto al fondo operacional, también tengo que decirle que nosotros
pedimos más flexibilidad. Ya se ha conseguido un 30 por ciento y
consideramos que debe haber más flexibilidad todavía para poder dedicar
al apoyo a la retirada de productos el porcentaje que estimen oportuno y
que las organizaciones de productores apliquen lo mejor posible esos
fondos.
Organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Sabe tan bien como
yo que todavía están muy desvertebrados en España, en general, salvo
algunos sectores concretos, como puede ser la fresa o los cítricos;
prácticamente no existen. Hay que conseguir un período transitorio que
nosotros ciframos en seis años, lo mismo que mi antecesor, lo mismo que
en la moción a que me he referido al principio. Además, hay que dar un
tratamiento especial durante el período transitorio y creo que en este
sentido coincidirá conmigo la señora Leiva.
Concluyo, señor Presidente. Solamente me cabe decir que hay que defender
el libre tránsito de nuestros productos por todos los sitios, que hay que
contar con los sectores para que no haya discriminaciones. ¿Que el tren
de Bruselas se pierde?, decía la señora Leiva. Yo, lamentablemente, temo
que hemos perdido bastantes viajes. Yo espero que entre todos consigamos
ponernos a la máxima velocidad y que no perdamos ninguno más ni nos hagan
pagar billete doble, como nos lo han hecho pagar en algún momento.
Espero, señora Leiva, que todos ustedes respalden las iniciativas que
este Gobierno, con toda fuerza, está emprendiendo y ha emprendido ya para
evitar que esta broma reiterada año tras año de que nuestros productos
sean objeto de ataques vandálicos en Francia deje de producirse. Hay
muchas cosas que todavía se podían hacer y las estamos haciendo, las
vamos a llevar adelante y esperamos terminar de una vez con situaciones
lamentables que se han vuelto a repetir hace bien poquito, pero que a
ustedes se las han repetido durante diez años seguidos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--El
señor Hernández-Sito García-Blanco, dirigiéndose a los Diputados del
Grupo Socialista: El único Ministro que no ha sido Diputado. No le
querían ni en su pueblo.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Señor
Hernández-Sito, le ruego silencio! Señora Leiva, tiene la palabra.
La señora LEIVA DIEZ: He tenido pocas oportunidades de escuchar debates
en esta Cámara. En la semana anterior asistí a otro Pleno y tuve la
oportunidad de oír una voz que coreaba a la Ministra, porque ella había
hecho más en una semana que todos los anteriores desde el año 86. (El
señor Hernández-Sito García-Blanco: Señor Presidente, pido la palabra por
alusiones.) Creo que todos sabemos que la política de gestos tiene que ir
acompañada de otras cosas, y esas son las negociaciones. En todo caso,
que la Ministra no se crea esos coreos que le hacen sus correligionarios,
porque sería malo. Señora Ministra, se nota que usted viene de Galicia,
se nota que estos días ha estado con las vacas en danza y que ha estado
con las fresas. Se nota porque profundiza más en estos aspectos. Le
quiero decir que si he iniciado así mi primera intervención, ha sido
porque desde que yo participé en el nacimiento, hace veinte años --ahora
que estamos celebrando el congreso de la UGT--, desde que yo estoy
colaborando con sindicatos agrarios (El señor Hernández-Sito
García-Blanco: Agrarios, no), desde que estoy colaborando con sindicatos
agrarios (recuerdo que en alguno llevamos ya veinte años de
funcionamiento), hemos estado oyendo demandas por parte del sector
agrario y todos hemos sido testigos de las versiones de la derecha que yo
le he recordado. Nadie tiene que renunciar a su pasado. Está en las
bibliotecas, está en los periódicos. Y todas las cosas que le he dicho, y
alguna que no le he dicho, por respeto a mi condición femenina...
(Rumores.) son las cosas que hemos
estado oyendo de bocas de personas del Partido Popular que, si hubieran
tenido la responsabilidad de la persona que usted me ha citado,
seguramente nunca lo hubieran dicho porque normalmente, dependiendo del
momento en que nos encontramos, tenemos diferentes voces.
Es difícil negociar, y gobernar es ir solucionando los problemas que se
van planteando en el camino día a día. Yo no he dicho que hayan sido diez
años fantásticos, en absoluto. Han sido unos años en los cuales la
agricultura, la fruticultura y la horticultura en España han evolucionado
de forma muy favorable. También he añadido que queda mucho por hacer, y
aquí nos vemos en esta nueva etapa, en esta nueva legislatura.
Señora Ministra, de verdad, le agradezco la imagen, el talante y las
ganas de diálogo que me quiere tender en este momento. En el pasado,
tendrán que reconocer que no fue así. Por lo tanto, por la
responsabilidad de este grupo en la oposición, se lo acepto y le digo que
nos tendrá a su lado para negociar por el bien de la fruticultura y de la
agricultura en general, de toda España.
Como estábamos de acuerdo con el sector cuando España ocupaba la
presidencia de la Unión Europea, por coherencia, porque a España no le
gustaba cómo iba a salir, por eso no se aprobó la reforma durante la
presidencia española. El mandato que a través de esa moción se elevó al
Gobierno de la nación, a través del Pleno de esta Cámara, fue contundente
y desde luego eso es lo que hay que seguir manteniendo. Eso y algunas
otras cosas. Por eso nuestro grupo, en este momento, plantea esta
interpelación, para conocer ahora cuál es la postura del actual Gobierno
de la derecha en España, para conocer cuál es la postura en la defensa
del sector de las frutas y las hortalizas. Eso en este momento es
importante que se conozca. Por ello, voy a anunciar ante esta Cámara que
seguiremos debatiendo el tema, porque creo que no se ha debatido de forma
suficiente, en una moción posterior. Además, espero que la señora
Ministra, en su comparecencia en la Comisión de Agricultura, se pueda
extender más, ya con un criterio más hecho respecto a los temas que desde
aquí el Grupo Socialista le hemos demandado.
En este momento hay puntos que hay que defender en relación con las
organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Esto es muy
importante porque, como decía, es el instrumento que va a sustentar la
reforma de la organización común del mercado en el sector de frutas y
hortalizas.
En cuanto al período transitorio, no podemos consentir que sea de cuatro
años. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía en muchas zonas productoras de
frutas y hortalizas preparadas las infraestructuras, las cooperativas,
las sociedades agrarias de transformación convertidas en organizaciones
de productores de frutas y hortalizas.
Por cierto, uno de los motivos del agujero del Ministerio de Agricultura
era la financiación de las inversiones que tenían que hacer estas
organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Por lo tanto, nos
tendrá a su disposición para solicitar al Gobierno un incremento
presupuestario para poderlas dotar financieramente para que puedan ser
cada vez más competitivas y puedan afrontar con suficiente nitidez la
reforma de la organización común del mercado de frutas y hortalizas.
Otro de los capítulos que consignaban este agujero eran los gastos de
constitución y funcionamiento, las subvenciones que se dan por parte del
Ministerio de Agricultura y que se aprueban por las comunidades autónomas
para que funcionen con suficiente organización y con suficiente
implantación en los mercados las organizaciones de productores de frutas
y hortalizas. Le ruego que eche un vistazo a esos documentos que le
dejaron por escrito y verá que esto es verdad.
También quiero decirle, respecto a las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas, que en este momento no podemos aceptar en España que
nos sirvan los contratos que estén firmados por personas de fuera. Aquí
tendrá que haber también un período transitorio, pero lo lógico es que si
queremos fortalecer las organizaciones de productores de frutas y
hortalizas tendremos que tener el sector vertebrado. Ahí, en la
vertebración del sector hortofrutícola, también nos va a tener
colaborando con usted.
En relación con el régimen de intervención, tenemos que conseguir que la
actual propuesta de financiación al cien por cien de retirada de los
productos con fondos comunitarios, como usted muy bien decía, se
mantenga, y, además, incrementar esa lista de productos. Sólo le voy a
decir que lo que vamos a intentar es que, una vez que hemos respetado el
acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados en una iniciativa del
Grupo Popular, en este momento, con otra iniciativa del Grupo Socialista,
seamos capaces de reconocer el sentir del sector, de las organizaciones
agrarias, de las organizaciones económicas comercializadoras de la
Federación de frutas y hortalizas, de las comunidades autónomas; cosas
que han ido evolucionando en los últimos años porque la agricultura y el
sector hortofrutícola es un sector vivo, es un sector dinámico, es un
sector que no está estancado y es un sector que se tiene que adaptar
continuamente a todos los acuerdos comerciales que se firman día a día,
porque no estamos aislados en el mundo, sino que pertenecemos a la Unión
Europea. Además, formamos parte de otros acuerdos comerciales con otros
países, como muy bien sabe el señor Aznar, que acaba de estar en
Marruecos y al que acaba de visitar el Vicepresidente de los Estados
Unidos. Con ellos hay también relaciones comerciales.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Leiva, le
ruego concluya.
La señora LEIVA DIEZ: Muy bien, señor Presidente. Voy a ser respetuosa
con el tiempo. Quiero emplazar a la Ministra a continuar con el debate
por el bien de las
frutas y hortalizas, por el bien de la agricultura española. (Aplausos en
los bancos del Grupo Socialista.--El señor Hernández-Sito García-Blanco
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Hernández-Sito, ¿para qué solicita la palabra?
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Me acojo al artículo 71 del
Reglamento, por alusiones directas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): He entendido
perfectamente su petición, señoría. No ha sido aludido directamente en el
debate. (Un señor Diputado del Grupo Popular: Indirectamente, sí.)
Señora Ministra, tiene usted la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor Presidente.
Señora Leiva, en cuanto a pasados, efectivamente, cada uno tenemos el
nuestro. Le he recordado que en cuanto a pasados en este asunto, por
ejemplo, está una moción aprobada por unanimidad en el mes de noviembre
por esta Cámara a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, y en cuanto
a nuestra posición en la Unión Europea y nuestro europeísmo ahí está la
carta de petición de adhesión de España al Mercado Común firmada por mi
compañero de partido el señor Marcelino Oreja. Pero efectivamente todos
tenemos nuestro pasado, y ustedes desde luego también, y además incluso
inmediato.
Pero voy más allá. Criterio más hecho. Yo tengo bastante formados los
criterios; lo que pasa es que yo siempre estoy abierta a modificar mis
propios criterios si se me convence de una postura distinta, y lo que eso
quiere decir es que yo tengo hecho mi criterio, pero que nunca es un
criterio cerrado, sino que siempre estoy dispuesta a someterlo a debate,
a discusión, e incluso a modificarlo si se me convence.
En cuanto a la cuestión de las OPFH y la vertebración del sector se lo he
dicho muy claro. En eso estamos, eso es lo que hemos planteado desde hace
mucho tiempo desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Partido
Popular y vamos a seguir en ese terreno.
Le voy a señalar dos cuestiones más y concluyo. Dice que me va a apoyar
para aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Lo que le
pregunto es por qué no lo aumentaron el señor Atienza, el señor Solbes o
los anteriores ministros de Agricultura, porque si hubieran tenido unos
presupuestos realistas, yo no me hubiera encontrado con la situación
--que les explicaré con todo detalle cuando comparezca en la Comisión de
Agricultura-- que me he encontrado, de insuficiencia presupuestaria muy
grave, que coloca al Ministerio en una situación muy complicada. No es el
momento de que usted diga que ahora va a apoyar el aumento de los
presupuestos de este Ministerio. Lo que le digo es que por qué el señor
Atienza admitió que le dijeran a principios de año que había limitaciones
de créditos en el Ministerio de Agricultura y que no aumentaban los
presupuestos en su momento, y ha dejado una situación como la actual,
donde hay cuestiones que se arrastran de varios años atrás y que están
todavía pendientes.
Por último, la moción. Le voy a dar un consejo, señora Leiva: léase la
moción que se presentó en el mes de noviembre. Usted dice que el sector
hortofrutícola es un sector dinámico y que cambia, y es verdad, tiene
usted toda la razón. Lo que pasa es que estamos hablando de una moción
aprobada por esta Cámara por unanimidad hace cinco o seis meses, con lo
cual yo creo que de ahí se puede modificar bastante poco, porque en mi
opinión la moción que aprobamos entre todos es magnífica, a mí me obliga,
como le he dicho desde el principio, y es uno de los elementos que he
tenido como base precisamente para formar ese criterio al que me he
referido antes.
De todas formas, diálogo y colaboración, por supuesto que siempre, y nada
más recordarle a usted, que ha estado militando en el sindicalismo
agrario --y me parece magnífico--, que uno de los problemas que tenía el
señor Atienza era precisamente que no se reunía lo suficiente con los
sectores.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) El
señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora
Ministra.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor AGUIRIANO FORNIES: ¿De esto también sabes? ¡Sabes de todo!
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Aguiriano, le
ruego silencio.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, agradeciendo estas palabras
de ánimo iniciales saludando mi intervención, quiero decirle que, tras
escuchar sobre todo las segundas intervenciones, tanto de la señora Leiva
como de la señora Ministra, no somos capaces de comprender en este
momento cuáles son los reales elementos de contradicción entre los
términos de la propia interpelación y la política del Ministerio. En
definitiva, señor Presidente, la señora Leiva ha presentado una serie de
inquietudes razonables, coherentes, y la señora Ministra ha dado una
serie de respuestas y de formulaciones sólidas e igualmente coherentes.
Tenemos alguna duda sobre la coherencia, a su vez, y perdone la
reiteración de la utilización de este vocablo,
de los términos de la interpelación con acuerdos parlamentarios de amplio
espectro anteriores, concitados en la anterior legislatura, y, por tanto,
señor Presidente, esperaremos a ver cómo se redacta la moción para poder
intervenir con mayor fundamento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor Presidente, señora Ministra, señoras y
señores Diputados, es para mí un motivo de satisfacción en esta mi
primera intervención en esta Cámara, el poder hacerlo sobre un tema que
tanto preocupa al mundo agrícola, en general, y de una forma especial al
sector hortofrutícola, que, con toda seguridad y como se ha dicho antes,
es uno de los sectores más dinámicos y más competitivos que existen y que
ha tenido que soportar, prácticamente en solitario, el trauma que
representó la incorporación de España a la Unión Europea, en las
condiciones de precariedad en que se realizó. Por ejemplo, hay que
recordar que en el período transitorio en frutas y verduras, que ha
durado, en algunos casos, casi diez años, era más fácil exportar los
melocotones desde Marruecos a la Unión Europea, vía Francia, que hacerlo
desde España.
Tampoco quiero dejar pasar ésta mi primera intervención sin felicitar a
la señora Ministra, doña Loyola de Palacio, por su nombramiento y, de
forma especial, por el esfuerzo que me consta ha hecho para estar
presente hoy en la interpelación.
Tengo la impresión de que usted, señora Ministra, es una mujer con
fuertes convicciones, y eso en la vida siempre es importante y estoy
seguro de que sabrá defender a nuestro sector no sólo de la presión de la
competencia exterior, sino de que luchará para que el sector agrario no
se convierta, una vez más, en moneda de cambio, como ha ocurrido en
tantas y tantas ocasiones.
La problemática que conlleva la aprobación de la OCM de frutas y
hortalizas afecta, a nuestro entender, a la supervivencia del sector
hortofrutícola, sector con una aportación del 27 al 30 ó 34 por ciento,
según ha dicho usted, a la producción final agraria y que es el principal
sector productivo en el marco de la agricultura y la ganadería, sobre
todo si tenemos en cuenta que más de una cuarta parte de su propia
producción se dedica a la exportación, hecho que demuestra su vitalidad y
su potencial competitivo, a pesar del trato discriminatorio que ha
recibido y está recibiendo, en este momento, por parte de la Unión
Europea.
El modelo de agricultura por el que ha apostado la Unión Europea nada
tiene que ver con la realidad de la agricultura española. La Unión
Europea ha apostado por un modelo de agricultura atlántica y ha dedicado
los máximos esfuerzos presupuestarios para asegurar su supervivencia, y,
como es natural, el peso de cada uno de los sectores en la formación de
la producción agraria final nada tiene que ver en un modelo o en otro.
Si analizamos los gastos del Feoga-garantía vemos que representan el 97
por ciento del coste neto de la PAC, o dicho de otra manera, el
Feoga-garantía representa más del 50 por ciento del presupuesto de la
Unión Europea. Por tanto estamos hablando, en este momento, de cifras
realmente importantes. En el año 1993 se dedicaron 34.000 millones de
ecus a la política agraria comunitaria. El 21 por ciento de esa cantidad
se dedicó a los cereales; el 15,8 a los productos lácteos; el 11,2 a la
carne de bovino; el ocho a los productos oleaginosos; el 6,2 al aceite;
el seis por ciento al azúcar, y un 4,4 a las frutas y a las hortalizas,
cuando las frutas y las hortalizas, a nivel de la Unión Europea, tienen
un peso del 16 por ciento.
Vemos que existen dos producciones que se llevan casi el 50 por ciento de
la ayuda comunitaria, del Feoga-garantía, que son el sector de los
cereales y el sector del vacuno, sumando lo que sería la carne más la
leche.
Cuando aplicamos al Estado español la propuesta de gasto pensado para la
agricultura de carácter atlántico vemos que las ayudas comunitarias nada
tienen que ver con la realidad de nuestro sector agrario, de tal manera
que a los cereales se dedican siete mil y pico de millones de ecus, lo
que supone el 20,9 por ciento de los fondos comunitarios, cuando a nivel
del Estado español esos cereales sólo representan casi el ocho por ciento
en la configuración de la producción final agraria; o las ayudas del
Feoga-garantía al sector vacuno, carne más leche, que suponen
aportaciones más allá del 27 por ciento del total del fondo comunitario,
cuando a nivel del Estado español el peso en la formación de la
producción final agraria no supera el 13,5 por ciento; mientras que el
sector de frutas y verduras que en este momento estamos debatiendo, con
un peso del 27 ó 30 por ciento en el conjunto de la producción agraria
española, sólo recibe un 4,4 por ciento de ayuda de los fondos
comunitarios. Esas cifras, como mínimo, señora Ministra, demuestran la
dicotomía de la política agraria comunitaria.
El modelo que la Unión Europea ha escogido nada tiene que ver con la
realidad española. De hecho, ha apostado con claridad hacia un modelo de
agricultura y ganadería de marcado carácter atlántico, y eso conlleva la
consiguiente penalización de los cultivos de tipo mediterráneo.
Señora Ministra, perdimos, como se ha dicho hace un momento desde aquí,
una magnífica ocasión al no lograr que la OCM de frutas y hortalizas
fuese aprobada durante la presidencia española, pero ahora no es el
momento de los lamentos y tendremos que afrontar la situación actual tal
como está.
La propuesta que tenemos en este momento encima de la mesa, a nuestro
entender, supone un incumplimiento
grave de los compromisos que se adoptaron en el Consejo de Ministros
comunitario el 20 de septiembre de 1993, en la línea de aplicar en los
sectores pendientes de reforma los mismos criterios que en las OCM ya
modificadas. Pensamos, señora Ministra, que no se puede aprobar una OCM
que vaya contra los criterios que han regido en el momento de la
aprobación de las OCM que en este momento están en vigor.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cree en la necesidad
de revisar los mecanismos financieros del proyecto de reforma que tenemos
encima de la mesa, con la finalidad de conseguir un documento más acorde
con los principios que inspiró el tratado de constitución de la Unión
Europea. Pensamos que es prioritario el hecho de que, primero, no se
recorten los presupuestos comunitarios dedicados al sector de frutas y
verduras, ya que esa actuación no respetaría el principio de solidaridad
financiera que enmarca las actuaciones de la Unión Europea.
A nuestro entender, es fundamental la defensa de la preferencia
comunitaria para los productos agrarios que se producen en el interior de
la Unión Europea. Los excedentes tienen que ir financiados al cien por
cien con los fondos Feoga-garantía, así como con los programas de
adaptación a la producción a través de la línea Feoga-orientación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Companys, le
ruego vaya terminando.
El señor COMPANYS SANFELIU: Termino en dos minutos, señor Presidente.
Otro aspecto que creemos de vital importancia es que en la futura OCM de
frutas y hortalizas se dé un tratamiento específico al sector de la fruta
seca, y de forma especial por lo que hace referencia al sector de la
avellana, de tal forma que se establezca una ayuda económica
compensatoria de la pérdida de renta a los productores de la misma.
Creemos que es muy importante la obligatoriedad en la presentación de
certificados de importación, tanto para las avellanas en cáscara o en
grano como para los productos transformados a base también de avellana, y
que se mantenga un régimen específico para la fruta seca en la OCM de
frutas y hortalizas, así como que las ayudas actuales continúen más allá
de los diez años que en este momento están previstos.
Para terminar, señor Presidente y señora Ministra, creemos que sería
importante estimular las organizaciones de productores en el momento que
procedan a la retirada de algún producto, y que en vez de destinarlo a la
destrucción, con los graves problemas de carácter ecológico y
medioambiental que se ocasionan, puedan entregar su producción a la
transformación, sin que esa acción suponga pérdidas a sus rentas.
Señora Ministra, no dudamos de su buena voluntad, de su predisposición,
de su voluntad de diálogo con todos los grupos políticos. Y, por nuestra
parte, desearíamos que, en esta legislatura, que prácticamente inaugura
usted hoy a nivel de agricultura, la gente que sentimos, que amamos el
mundo de la agricultura lleguemos al consenso. A través del consenso de
todas las fuerzas políticas podemos presentar un frente común a la Unión
Europea y, sobre todo, tendremos el reconocimiento de todo el sector.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, me propongo
quitar un poco de hierro con mi intervención, al igual que ha hecho el
compañero Diputado de Convergència i Unió, señor Companys, a este trámite
parlamentario.
Me he sentido bastante incómoda con la forma en que se ha producido este
trámite de interpelación. Creo que no deberíamos romper el consenso que
se ha producido en torno a temas clave como son la OCM de frutas y
hortalizas, la del vino y la que tendremos ocasión de debatir, que es la
del aceite.
Por esto, señora Ministra, yo, en primer lugar, quisiera saludarle en su
nueva responsabilidad. Como Diputada quiero felicitarme de que en este
nuevo Gobierno haya una Ministra de Agricultura, de Educación y Ciencia,
de Justicia y de Medio Ambiente. Creo sinceramente que con eso avanzamos
en lo que las mujeres de cualquier grupo político nos proponemos, que es
que la democracia paritaria siga adelante. Esto es un buen paso.
En segundo lugar, a pesar de que sea una cuestión de gestos, quiero
agradecerle también, señora Ministra, que se presentase usted en Bruselas
con una caja de fresas, porque hay cosas que trascienden a los gestos. A
mí me parece que éste es un buen comienzo, que el sector debe agradecer.
No puede ser que permanezcamos pasivos. Impasibles no hemos estado.
Siempre ha habido contestación del Gobierno y contestación parlamentaria.
Esos productores franceses que, de forma violenta, sistemáticamente,
campaña tras campaña, se empeñan en causarnos daños directos e
inmediatos, como es la destrucción de mercancía, y daños también mediatos
por cuanto cohíben la libre circulación de mercaderías, deben saber que
por parte de todas las fuerzas parlamentarias y del Gobierno va a haber
una respuesta contundente.
Nuestros mercados reciben cantidades ingentes de carne de vacuno, de
cereales y de leche, que son importaciones que hacemos de los países
europeos; tienen el tránsito absolutamente abierto en nuestro mercado y
tendrán que entender que las producciones donde somos competitivos,
porque nuestras producciones aparecen antes en el tiempo, tendrán que
respetarlas.
El tema que nos ocupa hoy ha sido debatido extensamente en esta Cámara.
Ha habido intervenciones,
iniciativas parlamentarias prácticamente del conjunto de los grupos
políticos y la verdad es que hemos llegado a un consenso.
Por eso yo me atrevería a solicitar, con absoluto respeto, a la compañera
Diputada del Partido Socialista, que en la moción que nos vaya a
presentar en el próximo Pleno procuremos mantener esos mínimos de
consenso, que nos darán fuerza para las negociaciones que, con firmeza,
tendremos que plantear ante la Unión Europea. Es un ruego que le hago y
estoy segura de que, teniendo en cuenta la línea que su partido ha
mantenido durante la legislatura anterior, lo tendrá en cuenta.
Estamos hablando de un sector competitivo e importante --ya se han dicho
aquí las cifras--, que ha hecho un esfuerzo enorme para ser competitivo,
sector que representa el 30 por ciento de nuestra producción final
agraria, con unas exportaciones del orden de 700.000 millones de pesetas.
Pues bien, a pesar de todo ello, sólo recibe el 4 por ciento del gasto
del Feoga-Garantía.
En ese sentido, señora Ministra, quisiera ponerla en alerta de la
situación que se puede producir con motivo del tratamiento que se pueda
dar en la Unión Europea a la encefalopatía espongiforme bovina, el tema
de las vacas locas. Nuestro grupo parlamentario en el Parlamento Europeo
ha planteado que estas ayudas se incluyan en la línea directriz
presupuestaria y esto produciría gastos adicionales para la OCM de carne
de vacuno, con lo que se incrementaría la diferencia que hay para la
financiación de organizaciones comunes de mercado que afectan a los
productos mediterráneos y aquéllas que afectan a los productos
continentales.
Señora Ministra, yo la insto a que haga un seguimiento detenido de este
tema.
Digo que el sector es competitivo y que ha hecho un gran esfuerzo, pero
tenemos una situación complicada después de la firma de los acuerdos del
GATT y con todos los acuerdos preferenciales que el Gobierno de España y
la Unión Europea han firmado sobre todo con los países del Magreb y otros
países de Sudamérica y el hemisferio sur.
Nuestro país, en el mercado europeo, ahora mismo está abierto a todos
esos productos, con lo cual empieza a generar distorsiones. Hemos hablado
de la avellana y es ahí donde efectivamente nos percatamos de las
disfunciones que puede producir. En este momento lo estamos notando en
estas producciones que no están protegidas, pero a la larga, con la
disminución de protección que nos impone el acuerdo del GATT y con esos
acuerdos preferenciales, un sector que ahora es competitivo podría
encontrarse con dificultades a medio y largo plazo.
Por eso, señora Ministra, tendremos que exigir que haya un control en los
precios de entrada, en donde puede haber un fraude absolutamente
incontrolable. No podremos ir lote por lote de todas las cosas que
vayamos importando, sino que se tendrá que llegar a un acuerdo para que
no haya fraude.
Es inadmisible, creo que no lo debemos aceptar en absoluto, el hecho de
que la gestión de mercado sea financiada por los propios productores,
cuando realmente no son responsables de la saturación de los mercados.
Los productores estaban en desacuerdo con los acuerdos preferenciales y
son las víctimas de dichos acuerdos. Por tanto, la financiación, como
usted bien ha señalado, ha de ser cien por cien a cargo del
Feoga-Garantía.
En materia de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas el
período transitorio tiene que ser más largo, pero es que además también
deberemos luchar y combatir contra aquellas organizaciones de productores
que no lo son, que se forman precisamente para recibir ayudas
comunitarias pero que no son organizaciones de productores. La OCM
debería contemplar que se elaboraran normas estrictas que garanticen el
funcionamiento democrático de dichas organizaciones y su actividad
comercial.
En relación con el tema de las retiradas, la Comisión Europea las
califica como problemas estructurales y prácticamente era partidaria de
su supresión. No decimos nosotros que no haya problemas de tipo
estructural y no decimos nosotros que no haya productos que tengan un
precio de retirada muy elevado, por ejemplo la coliflor de Bretaña que
sistemáticamente acude a las retiradas, pero es cierto que las retiradas
muchas veces se hacen necesarias porque hay importaciones masivas que el
mercado no puede realmente absorber. Por tanto, la solución que han
propuesto las organizaciones de productores, y que nosotros también
compartimos, es que se limitase el volumen de las retiradas en relación
al volumen de comercialización de cada organización de productores.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rivadulla,
le ruego vaya concluyendo.
La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, señor Presidente, termino.
Como conclusión, yo diría, señora Ministra, que usted se debería regir
por lo que aquí hemos aprobado en estas mociones.
En segundo lugar, hay una agricultura competitiva en nuestro país a la
cual hay que atender, pero hay una agricultura también marginal que no
debemos desatender, porque el coste que nos acarrearían a largo plazo la
desertización y el desequilibrio territorial lo pagaríamos muy caro. Hay
que garantizar la renta de esos agricultores que tienen producciones
marginales pero es necesario que sean atendidos, porque constituyen una
política básica de equilibrio territorial.
Por último, señora Ministra, desde el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya le insto a actuar con firmeza.
Para nosotros son un poco patéticas --nosotros hemos estado prácticamente
siempre en la oposición-- estas situaciones en las que se van cambiando
los papeles, y lo que yo le pediría es que actuase con absoluta firmeza.
A los grupos parlamentarios de la Cámara nos tiene detrás de
usted, manteniéndonos también firme. Yo no descarto la posibilidad de
que, según como se plantee esta OCM, tuviese usted que solicitar el veto
a esta organización común de mercado.
Nada más, señora Ministra. Le deseo éxito en su gestión. Su éxito
realmente será el del conjunto de la agricultura del Estado español y de
las familias que viven de y por la agricultura.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rivadulla.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los
grupos que han intervenido, muy especialmente al portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y a la portavoz del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y señalar que, como talante, yo
creo en el Parlamento. Yo creo en el Parlamento como lugar de encuentro,
como lugar de debate, lugar de donde se debe sacar una síntesis
enriquecida después de un debate. Desde luego van a contar siempre
conmigo en ese terreno y espero ese refuerzo porque lo que hace falta es,
entre todos, conseguir el mejor futuro posible dentro de esa Unión
Europea a la cual todos vamos a defender y a la cual todos queremos
pertenecer.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Ministra.
Finalizado el trámite de las interpelaciones urgentes, el Pleno se
reanudará mañana, a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y quince minutos de la tarde.