CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE



Año 1996 VI Legislatura Núm. 7



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 7



celebrada el martes, 28 de mayo de 1996



ORDEN DEL DIA:



Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de nuevos señores
Diputados (Página 224)



Toma en consideración de Proposiciones de Ley:



-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre Sociedades Laborales.

«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 14.1, de 12 de
abril de 1996 (número de expediente 122/000003) (Página 224)



-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre envases y residuos de envases. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 19.1, de 7 de mayo de 1996. Corrección
de error en «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número
19.2, de 14 de mayo de 1996 (número de expediente 122/000008) (Página 230)

Página 218



Proposiciones no de Ley:



-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre ampliación del embargo
unilateral sobre Cuba mediante la «Ley Helms-Burton» promulgada en los
Estados Unidos de América. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 10, de 16 de mayo de 1996 (número de expediente
162/000017) (Página 242)



-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre oposición a la Ley norteamericana conocida como
«Helms-Burton». «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D,
número 13, de 20 de mayo de 1996 (número de expediente 162/000018)
(Página 243)



-- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre devolución a la
Generalidad de Cataluña de la documentación depositada en el Archivo
Histórico de Salamanca, generada por dicha Comunidad durante la II
República. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 6,
de 7 de mayo de 1996 (número de expediente 162/000013) (Página 255)



Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:



-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre cuáles van a ser los efectos derivados en la economía
española de la reordenación del sector público empresarial y de la
aplicación del plan estratégico de privatizaciones (número de expediente
173/000001) (Página 264)



-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política que piensa
adoptar el Gobierno respecto al cumplimiento por España de los criterios
de convergencia para la Unión Económica y Monetaria (número de expediente
173/000002) (Página 273)



(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 8, de 29 de
mayo de 1996.)



SUMARIO



Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.




Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
Diputados (Página 224)



Toma en consideración de proposiciones de Ley (Página 224)



Del Grupo Socialista del Congreso, sobre Sociedades Laborales (Página 224)



El señor Arnau Navarro defiende la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista, expresando la preocupación que
existe en la sociedad por el fomento del empleo y el aumento de la
participación de los trabajadores en las empresas, aspiraciones acordes
con el artículo 129.2 de la Constitución Española, siendo la Ley 15/1986,
de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, un paso importante en
la consecución de estos objetivos.

Considera que las denominadas «sales» son «pymes», desempeñando un papel
activo en el fomento del empleo. Al hablar de sociedades laborales se
está refiriendo a la economía social, término de influencia francesa, que
equivale a la economía participada o de interés general. La eficiencia
económica se equilibra con la propiedad social y con la democracia
económica. Hablar de economía social implica hacerlo sobre una actividad
económica de carácter privado basada en la asociación de personas, en
entidades democráticas, con primacía de las aportaciones de trabajo sobre
las aportaciones de capital. En España son las cooperativas de trabajo
asociado y las sociedades anónimas laborales. Aproximadamente, unos
250.000 trabajadores se asocian en 24.000 empresas, de las cuales 18.600
son cooperativas y 5.400 son Sales. En la Unión Europea se adoptan
fórmulas equivalentes, agrupando a 150.000 empresas y unos tres millones
de puestos de trabajo.

Propone el Grupo Socialista que a la nueva regulación de las sociedades
laborales se la denomine «soles» en lugar de «sales». Considera el señor
Arnau que la principal novedad de esta nueva regulación es que los
trabajadores que decidan asociarse en sociedades mercantiles para
desarrollar una actividad económica puedan elegir la fórmula de sociedad
anónima o de sociedad de responsabilidad limitada. Añade que después de
la Ley 19/1989, de 25 de julio, de adaptación de las sociedades de
capital a las normas comunitarias, y de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de
sociedades de responsabilidad limitada, el número de sociedades que
adoptan la fórmula de responsabilidad limitada ha pasado a ser



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prácticamente el 92 por ciento de todas las sociedades mercantiles,
debido a la mayor flexibilidad de las sociedades limitadas, al menor
importe del capital mínimo, al número limitado de socios y a los tintes
personalistas de la misma.

La proposición de ley cuya consideración propone a la Cámara el Grupo
Socialista regula dos tipos societarios: el de sociedad anónima y el de
sociedad limitada. Las sociedades laborales, bien sean anónimas o
limitadas, serán aquellas en que los trabajadores sean propietarios de la
mayoría del capital social, que presten servicios retribuidos también de
forma personal y directa y que mantengan una relación laboral de carácter
indefinido, bien a tiempo parcial o a tiempo completo. El número de
trabajadores no socios con contrato indefinido se limita en función de
las horas trabajadas por los socios trabajadores, no superando el 15 por
ciento del total de las horas trabajadas por los socios trabajadores o el
25 por ciento en el caso de que los socios trabajadores sean menos de 25.

Asimismo, el límite de la participación en el capital social de los
socios se fija en la tercera parte del capital (con excepción de las
sociedades participadas por entes públicos) para obviar la pérdida de la
calificación laboral en casos como las adquisiciones por herencia o en
virtud de la preferencia de la adquisición. Se regulan asimismo las
acciones o participaciones de carácter laboral propiedad de los
trabajadores y las acciones o participaciones de carácter general. Se
regulan también en esta proposición de ley el derecho de adquisición
preferente en favor de los trabajadores no socios y en los casos de venta
o transmisión «inter vivos», la extinción del contrato y las
transmisiones «mortis causa» respetándose así las líneas maestras de las
sociedades laborales.

A continuación se refiere el señor Arnau a la obligación de constituir un
fondo de reserva especial dotado con el 10 por ciento de los beneficios
líquidos de cada ejercicio y al establecimiento de bonificaciones
fiscales en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y sobre Actos
Jurídicos Documentados, concediéndose además la libertad de
amortizaciones durante los cinco primeros años. Por otra parte, afirma
que se respetan las competencias de las comunidades autónomas, puesto que
las comunidades autónomas que tuvieran competencia sobre las «sales» las
mantendrán respecto a las sociedades laborales reguladas en esta
proposición de ley. A continuación hace una relación de normas a seguir,
según esta proposición de ley, por las sociedades laborales y piensa que
es una regulación completa a disposición de los trabajadores como un
instrumento no sólo participativo y democratizador sino también rentable.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Silva i Sánchez, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió); Vaquero del Pozo, del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y Camps Devesa, del Grupo Popular.

Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista por 305 votos a favor, uno en
contra y siete abstenciones.




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre envases y residuos de envases (Página 230)



El señor Frutos Gras defiende la proposición de ley del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Recuerda que el pasado 22 de
abril se celebró el Día de la Tierra teniendo lugar un acto al que fueron
invitados todos los grupos parlamentarios en el que se plantearon una
serie de propuestas sobre diversos temas. Uno de ellos, muy sugerente,
hacía referencia a la política de residuos sólidos urbanos respecto a la
que los movimientos ecologistas en España y en el mundo intentaban hacer
entender a las gentes que es posible realizar mucho en el terreno de la
reutilización, del reciclaje y, naturalmente, del ahorro. Uno de los
puntos importantes que planteaban era la aprobación de una ley de envases
y residuos, dando prioridad a la participación de los agentes sociales en
el control y seguimiento de los órganos de gestión y la puesta en marcha
de nuevas infraestructuras de tratamientos de residuos. Recuerda que en
la anterior legislatura su Grupo presentó una proposición sobre esta
misma materia que fue rechazada, y espera que la que ahora defienden
corra mejor suerte, así como que la creación de un Ministerio de Medio
Ambiente sirva para algo más que para un puro maquillaje de los problemas
medioambientales, de los problemas ecológicos. Alude, por otra parte, a
la existencia de un plazo, hasta el 30 de junio, para la aprobación de
una ley de estas características, aunque parece que España está destinada
a no cumplir nunca los plazos y, en todo caso, cuando se trata de
desarrollar las directivas comunitarias, normalmente lo hace a la baja,
parece que con desgana. Desearía que en esta ocasión actuáramos como
avanzadilla en Europa en temas medioambientales y en ese sentido va la
proposición.

Expone seguidamente el contenido concreto de los diversos puntos que
integran la proposición de ley y de los anexos que la acompañan,
precisando que se trata de una propuesta abierta, de acuerdo con las
peticiones de las organizaciones ecologistas, pidiendo,



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por tanto, su toma en consideración para su debate por parte de todos los
grupos parlamentarios e intentar llegar a una ley de consenso.




En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Popular, el señor
Burgos Gallego, manifestando que la misma proposición de ley de Izquierda
Unida constituye un auténtico ejemplo de reciclado parlamentario, ya que
se trata de un texto que, convenientemente envasado y recauchutado, se
les vuelve a presentar en la Cámara sin variar ni una sola coma respecto
a lo que tuvieron la oportunidad de debatir el 12 de septiembre de 1995.

Reconoce que el Grupo de Izquierda Unida está en su derecho de presentar
este texto cuantas veces lo considere conveniente, buscando tal vez crear
la sensación de intenso trabajo parlamentario o de intensa preocupación
por estos temas. Pero les permitirá dudar de que esa práctica suponga una
valoración añadida a la importancia de sus propuestas. Más bien diría que
la persistencia en los mismos planteamientos supone un notable ejemplo de
perseverancia en el error que sólo les conducirá a la melancolía.

Considera que podrían reproducir el debate antes citado y tendrían
razones sobradas para oponerse a la toma en consideración de la
proposición de ley, tanto por razones técnicas y de oportunidad como por
razones políticas.

Reconoce que el Gobierno Socialista fue incapaz de proceder a la
transposición de la Directiva 1994/62 que regula esta materia, siendo
voluntad del nuevo Gobierno realizar esa transposición, pero haciéndolo
bien y discutiendo previamente y de forma suficiente con los sectores
afectados, con los agentes implicados, que son muchos y muy diversos.

Precisamente, éste va a ser el marco de referencia para su Grupo
Parlamentario sin dejarse llevar por demagogias ni actuaciones
unilaterales, faltas de realismo, ni por objetivos ilusorios que están
muy lejos de tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de nuestro
país y la realidad de partida a la hora de aprobar una normativa de estas
características. Para el Grupo Popular no cabe otra política que no sea
la que contempla lo dispuesto por las directivas comunitarias en esta
materia y, precisamente, la proposición de Izquierda Unida contiene
bastantes aspectos claramente contrarios a lo dispuesto por esas
directivas. Menciona como ejemplos de esa contraposición los artículos
4.º, 6.º, 9.º y 10, aunque podrían añadir otros varios, por todo lo cual
reitera su oposición total a la proposición objeto del debate.




En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo de
Coalición Canaria; Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV); Recoder i
Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y señora Narbona Ruiz,
del Grupo Socialista.




Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya por 30 votos a favor, 167 en contra y 124
abstenciones.




Proposiciones no de ley (Página 242)



Del Grupo Socialista del Congreso, sobre ampliación del embargo
unilateral sobre Cuba mediante la «Ley Helms-Burton» promulgada en los
Estados Unidos de América (Página 242)



Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre oposición a la Ley norteamericana conocida como
«Helms-Burton» (Página 243)



El señor Yáñez-Barnuevo anuncia que el Grupo Socialista ha llegado a un
consenso con el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en
relación con las dos proposiciones no de ley presentadas por ambos
grupos, ofreciendo una enmienda de sustitución, que es la que defiende en
estos momentos. Esta proposición tiene tres objetivos: el primero, que
España se oponga enérgicamente a la Ley Helms-Burton porque vulnera el
Derecho internacional y las normas de la Organización Mundial de
Comercio, porque pone en grave peligro las inversiones e intereses
españoles en Cuba, porque contribuye a agravar la situación
socioeconómica que atraviesa el pueblo cubano y porque dificulta
objetivamente la democratización de Cuba. El segundo objetivo es que
España mantenga la cooperación con Cuba porque su suspensión penaliza al
pueblo, sobre todo a los más necesitados. El tercer objetivo es que
España propicie y fomente el diálogo entre los cubanos de dentro y fuera
del régimen, de dentro y fuera de la isla, para favorecer la
reconciliación, el reconocimiento de los derechos humanos y una
transición pacífica hacia la democracia, respetando siempre la soberanía
y el derecho del pueblo cubano a decidir su futuro sin injerencias
externas.

Considera que la Ley Helms-Burton es una amenaza directa para toda
persona física o jurídica que tenga intereses o presencia en Cuba, y
España es el primer país proveedor de Cuba, que acapara el 20 por ciento
de sus compras, ascendiendo nuestras exportaciones a Cuba a 40.000
millones de pesetas y las inversiones a más de 10.000 millones. A este



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respecto hace alusión al señor Durán i Lleida, dirigente de Unión
Democrática de Catalunya, que estuvo en Cuba durante el mes de febrero
con una delegación de cuarenta empresarios y donde ya se manifestó
rotundamente en contra de la aplicación de esa Ley.

Considera que es una Ley que, contra toda lógica, pretende sancionar y
perseguir las relaciones de terceros países con Cuba. Aplica así la
extraterritorialidad, sometiendo a tribunales norteamericanos presuntas
irregularidades, presuntos delitos de empresas de un país tercero que
trabaje en Cuba. Méjico y Canadá han reaccionado con rapidez y
contundencia, negándose a que sus conciudadanos y sus empresas sean
perseguidos por tribunales americanos por su comercio con Cuba. También
lo han condenado la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento Europeo;
incluso el Reino Unido ha aprobado una ley prohibiendo a sus empresas
someterse a la Ley Helms-Burton.

Se sorprende el señor Yáñez-Barnuevo por el cambio de actitud del Grupo
Popular, por cuanto que en la Comisión de Asuntos Exteriores del 3 de
octubre de 1995 se aprobó por unanimidad una proposición en la que se
rechazaba esta Ley. El portavoz del Grupo Popular, señor Muñoz Alonso,
señalaba en esa Comisión que, según informes de la Administración
Clinton, algunas de las previsiones de la legislación propuesta
entorpecerían la capacidad de los Estados Unidos para avanzar rápidamente
en la transición democrática pacífica. Añadía, citando ese mismo informe,
que la Ley Helms-Burton entraba en contradicción con los compromisos
adquiridos por los Estados Unidos en la Ronda Uruguay del GATT y en el
Tratado de Libre Comercio con Canadá, Méjico y la NAFTA y daba a los
Estados Unidos una autoridad que no tiene en relación con la
transferencia de propiedades entre dos partes no norteamericanas e
ignoraba los principios básicos del Derecho internacional y de la propia
práctica norteamericana.

Se sorprende el portavoz socialista de que el señor Aznar comunique ahora
que se va a suspender la cooperación con Cuba y exprese la tibia
preocupación del Gobierno español por dicha Ley. Se pregunta si el señor
Aznar no sabía que Clinton y Gore se oponían a dicha Ley y que si Clinton
es reelegido en noviembre tratará de abolir dicha Ley o disminuir sus
efectos. Considera que las actitudes de sumisión o de vasallaje no son de
recibo ni apreciadas por nadie y este error tendrá que se rectificado
tarde o temprano.

A continuación expresa que la política de España con Cuba está
sólidamente instalada en la opinión pública española porque tiene su
fundamento en razones históricas, culturales, lingüísticas y de sangre.

En 1977 fue el Presidente Suárez quien impulsó esa política que continuó
el Gobierno Socialista durante trece años y medio, a pesar de las
presiones de los Estados Unidos. Esta política constituye una seña de
identidad de España, que es apreciada por el pueblo cubano y respetada
por la comunidad internacional, especialmente por la comunidad
iberoamericana. Considera, por último, que fomentar el diálogo y la
convivencia de todos los cubanos, apoyando especialmente a aquellos que
trabajan por una transición pacífica y gradual a la democracia y por el
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, por el
bienestar y desarrollo de ese pueblo hermano es la única vía posible para
España.

La señora Maestro Martín interviene en nombre del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya para defender la enmienda de sustitución
que consensuó con el Grupo Socialista en relación con su proposición no
de ley.

El señor Robles Fraga defiende la enmienda presentada por el Grupo
Popular manifestando que su Grupo se caracteriza por la moderación, la
búsqueda del mayor consenso político en la Cámara y el rechazo a
posiciones que no parecen encaminadas a defender los verdaderos y
profundos intereses de España sino más bien a reivindicar oscuras
posturas ideológicas y guiños electorales de una izquierda mucho más
interesada en gestos que en la sustancia de las cosas. Agrega que el
sentido de las enmiendas presentadas por su Grupo es el de recalcar que
el objetivo de la acción exterior de España es y debe ser el de favorecer
un tránsito pacífico hacia la democracia plena en Cuba, con respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales. Esto lo han dicho
siempre y ellos no hacen discursos distintos según viajen a un sitio o
según quieran quedar bien con determinados grupos parlamentarios,
posición que no consideran incompatible, sino todo lo contrario, con la
firme defensa de los intereses y las inversiones españolas.

Entiende que la Ley Helms-Burton puede lesionar el derecho y la
jurisprudencia internacionales y quebrantar algunas normas establecidas
en los acuerdos del GATT y de la Organización Mundial de Comercio, pero,
naturalmente, el Gobierno defenderá con toda energía los intereses de las
empresas españolas. Afirma que sobre esto no debe caber duda alguna, ya
que el Grupo Popular y, desde luego, el Gobierno no tienen más compromiso
que la defensa de la libertad en Cuba y del interés español en aquella
isla.

Expone, por otra parte, su sorpresa por el hecho de que quienes en un
párrafo de la exposición de motivos



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de la proposición defienden las confiscaciones de hace treinta años, que
se supone que incluyen las sufridas por miles de emigrantes españoles,
ahora levanten la bandera de los intereses y de las inversiones de hoy.

La defensa firme y enérgica de los intereses españoles deberá hacerse de
acuerdo con la posición de la Unión Europea y, en la fase actual,
mediante gestiones diplomáticas y mecanismos de consolidación
establecidos en la Organización Mundial de Comercio. Reducir la posición
de España a la oposición a la Ley Helms-Burton es una equivocación que no
se debe cometer en este momento, cuando ninguna empresa española ha
recibido advertencia alguna. Lamenta nuevamente que en vez del consenso
se haya buscado la confrontación y concluye señalando que el problema de
Cuba no es la Ley Helms-Burton sino que el problema se llama Castro, que
hace que la propia Unión Europea sea incapaz de establecer un acuerdo de
cooperación con Cuba, porque la doctrina de la Unión Europea impone el
respeto a los derechos humanos, la democracia y a elecciones libre.

Consiguientemente, votarán en contra de la proposición no de ley conjunta
de los Grupos Socialista e Izquierda Unida, al mismo tiempo que lamenta
la no aceptación por estos grupos de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.




Para fijación de posiciones, intervienen los señores Rodríguez Sánchez,
del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, de Coalición Canaria y Guardans y
Cambo, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).

Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley por 160 votos a
favor y 162 en contra.




Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre devolución a la
Generalitat de Catalunya de la documentación depositada en el Archivo
Histórico de Salamanca, generada por dicha Comunidad durante la II
República (Página 255)



La señora Rahola i Martínez, por el Grupo de Esquerra Republicana,
presenta una enmienda transaccional «in voce», fruto del acuerdo de
Esquerra Republicana y Convergència i Unió que resume, a su vez, el
espíritu de las dos enmiendas, del PSOE y del Partido Popular.

Alude la señora Rahola a las innumerables proposiciones, preguntas y
esfuerzos parlamentarios para conseguir el retorno de la documentación
producida por la Generalitat de Catalunya durante la Segunda República,
que se encuentra depositada en el Archivo Histórico de Salamanca, y a la
larga trayectoria de dificultades, incomprensiones y falta de diálogo. Se
felicita, por otra parte, porque hoy, como parece, se vaya a desbloquear
finalmente el retorno a Cataluña de los Archivos de la Generalitat
depositados desde 1939 en Salamanca. No quiere recordar la ignominia y la
vergüenza que sintieron los catalanes cuando se apeló incluso al derecho
medieval de conquista. Apela a la racionalidad y al diálogo y considera
que la demagogia de entonces sólo consiguió enfrentar los pueblos y
destruir los puentes de diálogo. A continuación, manifiesta que es una
buena noticia, primero, para Salamanca, porque la grandeza de un pueblo
pasa por devolver lo que es de derecho a sus legítimos dueños, e
indiscutiblemente para Cataluña, que verá así recuperada parte de su
memoria histórica. Piensa que una vez que empiecen a llegar los
originales a Cataluña se cerrará una herida que el pueblo catalán tenía
abierta y habrá ganado la democracia.

A continuación, recuerda cómo se formó ese Archivo y las consecuencias de
esa información, considerando que, con el consenso parlamentario de hoy,
no se borra la memoria, pero se restituye parte de la vergüenza de esa
memoria negra. Añade que en Salamanca tienen que saber que la democracia
no puede hacer bueno lo que las armas impusieron y que el retorno de los
originales a Cataluña ha de ser un acuerdo simbólico en favor de la
convivencia y el mutuo respeto. Por último, enumera los principios en los
que fundamenta la enmienda transaccional que presenta: reconoce la
titularidad de la Generalitat, reconoce que sólo están en depósito en
Salamanca y acepta estudiar la ubicación definitiva, confiando en que, a
pesar de los problemas técnicos que se puedan originar, se llegará a una
solución en la que nadie pierde y en la que ganan todos los demócratas.




Para la defensa de las enmiendas presentadas por los Grupos
Parlamentarios Popular y Socialista, intervienen la señora
Rodríguez-Salmones Cabeza y el señor Caldera Sánchez-Capitán.




En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores González de
Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); la señora Gil i Miró, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y el señor Saura Laporta, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley debatida por 313
votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.




Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 264)



Página 223



Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre cuáles van a ser los efectos derivados en la economía
española de la reordenación del sector público empresarial y de la
aplicación del plan estratégico de privatizaciones (Página 264)



El señor Alcaraz Masats defiende la moción del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, consecuencia de la interpelación del
miércoles pasado, sobre el tan anunciado y nunca concretado plan
estratégico de privatizaciones, en la misma línea en que, de una u otra
forma, lo venía haciendo el Grupo Socialista a partir de 1985. Considera
que dicho plan tiene la obsesión de reducir el déficit de cara a entrar
en la primera velocidad de Maastricht a partir del 1 de enero de 1998.

Añade que Izquierda Unida piensa que se está actuando sobre un horizonte
que no es real y que, a lo mejor, habría que trasladarlo a ocho, nueve o
diez meses más allá del 1 de enero de 1998. No se puede atacar un
problema estructural, como es el del déficit público, a través de medidas
coyunturales y en función de una estructura bastante finita del sector
público industrial español. En 1994 no bajó el déficit a pesar de las
privatizaciones y del descenso en las inversiones públicas; en 1995 sí
bajo, y en 1996 se intenta hacer un ajuste de caballo de cara a 1997. En
este sentido, se pregunta qué pasará cuando en 1997 lo hayan vendido todo
y tengan el déficit en el 3 por ciento. ¿Qué se va a vender cuando la
Unión Europea nos siga pidiendo la convergencia permanente hasta llegar
al cero por ciento? Por tanto, no considera adecuada la política de
privatizaciones y recortes profundos.

Hace mención a las manifestaciones del señor Rato en la prensa
describiendo una situación catastrófica de la estructura económica
nacional y considera que es una guerra imprudente entre el Partido
Socialista y el Partido Popular. Habrá que esperar a ver si los datos que
dan son ciertos, porque hay una enorme diferencia entre el esquema
macroeconómico marcado por el Gobierno Socialista y el que marca el
Gobierno del Partido Popular. No entiende cómo el señor Piqué no se ha
referido todavía a un plan industrial, recordando la famosa frase de un
político socialista de que la mejor política industrial es la que no
existe, lo que, unido a las privatizaciones, podría dar lugar a que la
mejor empresa pública es la que se vende.

El señor Alcaraz, en definitiva, pide que se paralice el reloj de las
privatizaciones, porque el horizonte no está bien marcado y no se puede
combatir de manera coyuntural un problema estructural como el déficit
público y considera que no se puede establecer ningún tipo de proceso
privatizador sin tener en cuenta cómo afecta a la imbricación
territorial. Añade que el Gobierno tendría que presentar cuanto antes un
estatuto de la empresa pública y solicita que cada proceso de
privatización suponga un debate legislativo concreto, creándose una
ponencia que siga las consecuencias sociales, territoriales y de todo
tipo. Manifiesta, por último, que no aceptarán la enmienda que presenta
en esta moción el Grupo Popular.




En defensa de la enmienda presentada a la moción por el Grupo Popular,
interviene el señor Peón Torre.




Para fijación de posiciones, hacen uso de la palabra los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Mixto; Sánchez i Llibre, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) y Hernández Moltó, del Grupo Socialista.




Sometida a votación la moción del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya se rechaza por 18 votos a favor, 284 en
contra y seis abstenciones.




Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política que piensa adoptar
el Gobierno respecto al cumplimiento por España de los criterios de
convergencia para la Unión (Página 273)



El señor Eguiagaray Ucelay expone el contenido de los diversos puntos que
integran la moción.




En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ríos
Martínez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Aguirre
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular, y Homs i Ferret, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió).




Para fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez,
del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria y
Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV).




Para fijar su posición respecto a las enmiendas planteadas interviene el
señor Eguiagaray Ucelay.




Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, es
rechazada por 124 votos a favor y 164 en contra.




Se suspende la sesión a las once de la noche.




Página 224



Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.




JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:



El señor PRESIDENTE: Señorías, con carácter previo al orden del día,
vamos a proceder a la toma de juramento o promesa de acatamiento de la
Constitución a los nuevos Diputados y Diputadas que sustituyen a otros
anteriores.

Don Mario Mingo Zapatero, en sustitución de don Cristóbal Ricardo Montoro
Romero, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?



El señor MINGO ZAPATERO: Sí, prometo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.

Don Sergio Gómez-Alba Ruiz, en sustitución de don Jorge Fernández Díaz,
¿juráis o prometéis acatar la Constitución?



El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Sí, juro.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado. Don José Ramón Calpe Saera,
¿en sustitución de don Juan Costa Climent, ¿juráis o prometéis acatar la
Constitución?



El señor CALPE SAERA: Sí, prometo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.

Doña Ana María Torme Pardo, en sustitución de don Miguel Angel Cortés
Martín, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?



La señora TORME PARDO: Sí, juro.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Diputada.

En consecuencia, don Mario Mingo Zapatero, don Sergio Gómez-Alba Ruiz,
don José Ramón Calpe Saera y doña Ana María Torme Pardo han adquirido la
condición plena de Diputados. ¡Bienvenidos y enhorabuena! (Aplausos.)



TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:



--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE SOCIEDADES LABORALES (Número
de expediente 122/000003)



El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
sobre Sociedades Laborales.

Para la defensa de la proposición de ley, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, señorías, constituye una
preocupación constante en nuestra sociedad, a la que no somos ajenos los
legisladores, el fomento del empleo y el aumento de la participación de
los trabajadores en las empresas. Ambas finalidades, acordes con el
artículo 129.2 de la Constitución española, se conjugan en las
denominadas sales, sociedades anónimas laborales, a la vez que en las
mismas se incorporan distintos criterios, como el criterio de
rentabilidad social y el de rentabilidad sobre el capital.

La Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (sales),
supuso un paso importante en la consecución de estos objetivos. Las
sociedades anónimas laborales (sales), que aparecieron como solución a
situaciones empresariales de crisis, juegan hoy un papel importante no
sólo en el mantenimiento sino también en la creación de puestos de
trabajo. He de decir que la primera experiencia la protagonizó, en los
años 60, la empresa valenciana Saltuv, dedicada a los transportes urbanos
de Valencia.

En general, las sales son pymes y, por tanto, desempeñan un papel activo
en el fomento del empleo. Y al hablar de sociedades laborales, nos
estamos refiriendo a aquello que se denomina tercera vía o tercer sector
llamado economía social. El término de economía social se acuñó en España
procedente de la influencia francesa y equivale a la economía
participada, la economía colectiva o de interés general. Suplanta, por
tanto, el interés particular por el interés social. La eficiencia
económica se equilibra con la propiedad social y con la democracia
económica.

Hablar de economía social implica hacerlo sobre una actividad económica
de carácter privado, basada en la asociación de personas, en entidades
democráticas, participativas, con primacía de las aportaciones de trabajo
sobre las aportaciones de capital. En España, la economía social engloba,
hasta ahora, fundamentalmente a las cooperativas de trabajo asociado y a
las sociedades anónimas laborales. Aproximadamente, unos 250.000
trabajadores se asocian en España en 24.000 empresas, de las cuales,
18.600 son cooperativas y 5.400 son Sales.

En la Unión Europea, de acuerdo con el Comité de Coordinación de las
asociaciones cooperativas de la propia Unión Europea, se adoptan fórmulas
equivalentes a las nuestras de cooperativas y de Sales o de cooperativas
de trabajo asociado y de sociedades anónimas laborales. Estas fórmulas
europeas implican a 150.000 empresas y a unos tres millones de puestos de
trabajo. Estamos hablando, por tanto, de un sector importante, de un
sector decisivo en el autoempleo, en la



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autogestión, por parte de los trabajadores, de sus intereses, en este
caso, empresariales.

La nueva regulación de las sociedades laborales --podíamos llamarlas
soles; si antes, las sociedades anónimas laborales eran sales, a las
sociedades laborales actuales podríamos ya acuñar la expresión de
soles--, cuya toma en consideración propone el Grupo Socialista, incluye
como principal novedad que los trabajadores que decidan asociarse en
sociedades mercantiles para desarrollar una actividad económica, puedan
tener la opción o bien de elegir la fórmula de sociedad anónima o la
fórmula de sociedad de responsabilidad limitada.

Después de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de adaptación de las
sociedades de capital a las normas comunitarias, y también de la Ley
2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada, la
proporción de sociedades que adoptan la fórmula de responsabilidad
limitada en nuestro país ha pasado de ser un número exiguo a elevarse a
prácticamente el 92 por ciento de todas las sociedades mercantiles que se
constituyen.

¿Por qué? Entendemos que la mayor flexibilidad de las sociedades
limitadas, el menor importe de la cifra de capital mínimo, el número
limitado de socios y los tintes personalistas de la misma hacen más apta
a la sociedad de responsabilidad limitada como fórmula jurídica de
organización económica para los trabajadores y también como vehículo de
participación en las empresas. No obstante, la proposición de ley cuya
consideración proponemos a la Cámara regula dos tipos societarios, los
dos, el de sociedad anónima y el de sociedad limitada, cuya elección
queda a la voluntad de los trabajadores.

Las sociedades laborales, bien sean anónimas o limitadas, serán aquellas
en que los trabajadores sean propietarios de la mayoría del capital
social, que presten servicios retribuidos también de forma personal y
directa y que mantengan una relación laboral de carácter indefinido, si
bien ésta puede ser a tiempo parcial o a tiempo completo.

Entrando ya en la regulación de los aspectos, sólo los más importantes,
de la proposición de ley del Grupo Socialista, he de decir que el número
de trabajadores no socios con contrato indefinido se limita en la
proposición en función de las horas trabajadas por los socios
trabajadores. Así, no debe superarse el 15 por ciento del total de las
horas trabajadas por los socios trabajadores o el 25 por ciento en el
caso de que los socios trabajadores sean menos de 25. Cambia aquí la
regulación que contenía la Ley de Sociedades Anónimas Laborales, en cuya
Ley el número de los no socios se limitaba en función del número de los
socios trabajadores. Creemos que es más preciso hablar de horas/año que
hablar del número de socios trabajadores para establecer el límite de los
socios no trabajadores.

Asimismo, el límite de la participación en el capital social de los
socios, es decir, el límite de las acciones o participaciones, se fija en
la tercera parte del capital, con la excepción prevista para aquellas
sociedades participadas por entes públicos. Se eleva, por tanto, del 25
por ciento que figuraba en la Ley de Sociedades Anónimas Laborales, a la
tercera parte del capital social, y lo hacemos así para obviar la pérdida
de la calificación laboral en casos como las adquisiciones por herencia o
en virtud de preferencia de la adquisición. Se regulan asimismo dos
clases de acciones o participaciones, las acciones o participaciones de
carácter laboral propiedad de los trabajadores y las acciones o
participaciones de carácter general, que son todas las restantes.

El derecho de adquisición preferente en favor, en primer lugar, de los
trabajadores no socios, y en los casos de venta o transmisión inter
vivos, extinción del contrato y transmisiones mortis causa, se regula
también detalladamente en esta proposición de ley. Con todo ello (con el
límite del número de trabajadores no socios, el límite de la
participación de los trabajadores socios en el capital social, la
regulación de estas dos clases o tipos de acciones y participaciones, el
derecho de adquisición preferente) pensamos que estamos respetando las
líneas maestras de las sociedades laborales.

A todo ello hay que añadir la obligación de constituir un fondo de
reserva especial dotado con el 10 por ciento de los beneficios líquidos
de cada ejercicio; el establecimiento también de bonificaciones fiscales
--con el requisito de que este fondo especial o reserva esté dotado con
el 25 por ciento del beneficio líquido del ejercicio--, centradas en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, concediéndose además la libertad de amortizaciones durante
los cinco primeros años.

Por otra parte, y es importante decirlo, se respetan las competencias de
las comunidades autónomas, de forma que las comunidades autónomas que
tuvieran competencias sobre las sales las mantendrán también respecto a
las sociedades laborales reguladas en esta proposición de ley.

Las sociedades laborales pueden organizarse, igual que las sociedades
anónimas laborales, en asociaciones específicas, existiendo ya un
importante movimiento asociativo en nuestro país, del que son, por
ejemplo, protagonistas Asle, Confesal, etcétera.

La referencia normativa al fomento de las Sales se entiende hecho a las
sociedades laborales. Se regula la adaptación de la escritura y de los
estatutos a la nueva regulación, que no será necesaria, si bien es
imprescindible el acatar la ley en el momento en que entre en vigor. Se
deroga también la Ley de Sociedades Anónimas Laborales, de 25 de abril de
1986, y se respetan otros extremos del que forman parte todas las
sociedades laborales, como son el órgano específico de administración, la
impugnación de los acuerdos sociales y la pérdida de calificación de las
sociedades laborales.

En definitiva, señorías, y termino, pensamos que es una regulación
completa la que se pone a disposición



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de los trabajadores, de forma que las nuevas sociedades laborales sean un
instrumento, no sólo participativo y democratizador, sino también
rentable en manos de los trabajadores; que las sociedades laborales
nuevas conjuguen autogestión y autoempleo con rentabilidad y con la
competitividad con el resto de las empresas. Esto es lo que perseguimos
con esta proposición de ley del Grupo Socialista que ponemos a
consideración de todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau.

¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre del
Grupo de Coalición Canaria fijamos nuestra posición de voto ante esta
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la proposición
de ley sobre Sociedades Laborales.

Desde la legislación inicial que tuvimos con la ley 15/1986, después con
la ley 19/1989 y con la última que hicimos precisamente respecto a las
sociedades de responsabilidad limitada, la ley 2/1995, teniendo en cuenta
las reformas que en este tipo societario tuvimos que hacer en la Cámara,
sobre todo en 1989, por la imposición de la normativa de la Unión
Europea, de la Comunidad Económica Europea entonces, para adaptarnos a
una serie de legislaciones que tenían que formar parte del acervo
comunitario, llegamos a encontrar una formula que, como bien se dice aquí
en la exposición de motivos, flexibilizara todas las condiciones
laborales de creación de empleo, de romper, a veces, las dificultades y
las limitaciones que la burocracia imponía, sobre todo para empresas
emergentes con pocas posibilidades de recurrir a un capital circulante o
de fundación, con el fin de encontrarnos aquí con un mejor tratamiento
fiscal y una menor presión fiscal, no con tantas exigencias de la Ley de
Sociedades Anónimas, con los límites mínimos que se habían impuesto de
constitución de capital, después de la última reforma que se había hecho,
precisamente para darle solidez y garantía a las sociedades anónimas; las
sociedades de responsabilidad limitada tenían que empezar a jugar un
papel nuevo en España.

Y, efectivamente, visto el censo que había en las distintas entidades
correspondientes, de quiénes se estaban acogiendo a la nueva legislación
que era verdaderamente parca y ridícula, hemos observado el incremento
que aquí se ha señalado, casi en un 92 por ciento, que también coincide
más o menos con nuestros datos, y que en el ámbito del archipiélago
canario, donde nosotros, por la especial motivación política, nos vemos
obligados a tratar de aplicar tanto los resultados de la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada, como esta nueva que se nos oferta
aquí hoy como proposición de ley, nos hace que seamos especialmente
sensibles y comprendamos la necesidad de situarnos en una esfera que abra
el abanico de las sociedades. Por tanto, señorías, vamos a votar
favorablemente esta iniciativa. Queremos sentirnos reflejados en ella,
porque, en estructuras empresariales como las que emergen en España, y
concretamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, vemos
que figuras que podían haber tenido una similitud jurídica, como eran las
sociedades cooperativas, no nos satisfacen. El fenómeno de las empresas
cooperativas, en este ámbito más genérico que plantea la propia
iniciativa socialista que nosotros celebramos, no nos sirve. No estamos
hablando de sociedades cooperativas y nos congratulamos de que la ley dé
opciones de escoger los dos modelos que se pueden plantear aquí.

Hay determinadas observaciones sobre las que no vamos a hacer causa en
esta intervención, porque, aceptándose su tramitación, en el ámbito de la
Ponencia y de la Comisión defenderemos algunas enmiendas concretas.

También nosotros debemos tener en cuenta que, al abrir una nueva figura
societaria, como bien ha dicho el portavoz socialista, no podemos perder
de vista, junto a los aspectos positivos, como aquí se señala --menor
importe de la cifra de capital, menores gastos de constitución, número
ilimitado de socios--, el tema de los tintes personalistas en las
actuaciones de capital, entendiendo el personalismo como una persona
física que concurre precisamente a formar parte de lo que hay ahí. Es
importante, cuando nosotros estamos hablando aquí de trabajadores que no
son socios fundadores o partícipes en sí mismos, que se les pueda señalar
determinados límites para que no se produzca un fraude de ley; esto es
importante, si sabemos para quién estamos constituyendo la sociedad y por
quién la estamos constituyendo. Pero una sociedad con unos socios
perfectamente enmarcables en el texto de la ley debe tener unos márgenes
de flexibilidad respecto de los que van a trabajar, porque se necesitan
temporal o eventualmente especialistas o determinada mano de obra.

Nosotros compartimos esto. No podíamos hacer tampoco como las sociedades
cooperativas, porque o bien se era socio de la misma o no se podía estar
dentro de ella, pues era exigencia realizar la misma actividad. Por
tanto, creemos que estas son cuestiones positivas, al igual que la
exigencia de un fondo de reserva para la previsión de pérdidas. Todo esto
creemos que es progresismo social, que es sentido común de la realidad,
desde tener fondos de reserva, hasta fijar los requisitos para que una
plantilla de trabajadores de estas sociedades se pueda hacer ahí.

Tal vez en el trámite de enmiendas y en las discusiones que tengamos en
la Ponencia y en la Comisión podamos también darles las garantías
jurídicas, porque hace escasos días, afortunadamente después del
semestre, ha entrado en vigor el nuevo Código Penal de la democracia. En
este nuevo Código Penal que aprobamos en este Parlamento está la figura
del delito societario y en esa repercusión del delito societario en



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este nuevo tipo de sociedades creo que conviene tenerlo en cuenta para
evitar cualquier desviación de la fórmula y de la cautela que el
legislador previó a la hora de discutir el vigente, desde el día 25,
Código Penal español. Debemos tener en cuenta que la aplicación del
delito societario abarca a todo tipo de sociedades, y si hay que hacer
alguna salvedad estamos en tiempo legislativo.

Por estas razones, señorías, Coalición Canaria votará favorablemente esta
iniciativa del Grupo Socialista. Nada más y muchas gracias, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.




El señor SILVA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) votará también afirmativamente la proposición de ley sobre
Sociedades Laborales. Lo hará porque siempre ha hecho una opción decidida
en favor de la economía social, porque además es consciente del peso
económico que esta economía social tiene en el territorio de la Comunidad
de Cataluña. Por poner un ejemplo, hay que indicar que las sociedades y
personas jurídicas titulares o agentes de esta economía social suponen en
Cataluña ni más ni menos que el siete por ciento del producto interior
bruto y tienen una facturación superior al billón 200.000 millones de
pesetas y, por otra parte, emplean a más del 10 por ciento del personal
laboral de Cataluña, y porque así también fue asumido como compromiso en
el programa electoral de Convergència i Unió.

Admitimos con satisfacción esta proposición de ley del Grupo Socialista;
sin embargo, hay que decir que lo hacemos con la misma satisfacción con
la que se ve al estudiante aprobar en el examen de febrero. Lo decimos
porque cuando esta Cámara aprobó el año pasado el proyecto de ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada, en una de sus disposiciones
adicionales se aprobó también que el Gobierno asumía el compromiso de
enviar a esta Cámara, en el plazo de tres meses, a contar desde el día 24
de marzo, un proyecto de ley de regulación de las sociedades laborales.

Nos vemos ahora, más de un año después de la asunción de aquel
compromiso, y por tanto, con un retraso de nueve meses. Nunca es tarde,
como se dice, si la dicha es buena, y vale la pena felicitarse por esta
iniciativa, que suponemos que contará también con la aprobación de los
restantes grupos de esta Cámara.

Sin embargo, hay que indicar, como se suele señalar muchas veces en esta
Cámara, que la proposición no deja de ser manifiestamente mejorable. Y lo
decimos, de un lado, porque a lo largo de su articulado se aprecia una
cierta confusión entre la caracterización de la sociedad laboral, si como
forma social o como modalidad de dos formas sociales, como son la
sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada.

Entendemos que de lo que se trata es de una pura modalidad de dos
sociedades, de la sociedad anónima o sociedad de responsabilidad
limitada. Por lo tanto, se obviarían en la proposición las referencias
que contiene a la transformación. No hay transformación si no hay cambio
de forma. La sociedad laboral continúa teniendo forma de sociedad
anónima, forma de sociedad limitada, si bien con una calificación que,
como acto de autoridad, le atribuye determinadas especificidades de su
régimen jurídico. Una asociación calificada de utilidad pública no es una
forma jurídica diferente a la de la asociación y, por tanto, entendemos
que una sociedad calificada como laboral no pierde la forma de sociedad
anónima o sociedad limitada para adquirir una forma diferente.

En segundo lugar, apreciamos también una cierta obscuridad en el texto,
bien es cierto que en el régimen de las sociedades laborales se
entremezclan estatutos personales diferentes y, por tanto, nos
encontramos con trabajadores que tienen una relación laboral de carácter
indefinido que pueden ser o no ser socios; nos encontramos también con
trabajadores cuya relación laboral no tiene carácter indefinido y que
pueden ser o no socios y, finalmente, nos encontramos con socios no
trabajadores. Esta es una distinción que a lo largo del texto debiera
matizarse suficientemente, porque en muchos casos se habla de socios
trabajadores, sin concretar si se refiere al trabajador con contrato
indefinido o no.

También habría que hacer referencia al artículo 2.º, cuando versa sobre
las competencias administrativas en la materia. En este artículo se
salva, obviamente, la competencia de las comunidades autónomas. Así se
efectúa también en la disposición adicional primera, pero no se efectúa
lo mismo en el artículo 5.º o en el 17.2 y 17.3 de esta proposición de
ley. Más valdría introducir en el texto este complemento y no dejarlo
para las disposiciones adicionales. A fin de cuentas, como se ha señalado
hasta la saciedad, las sociedades autónomas también son Estado y no deben
ser relegadas precisamente sus competencias a una disposición adicional.

Por lo demás, estamos en disconformidad con la redacción del artículo 5.º
cuando habla de la creación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de un registro de sociedades laborales. Ya existe uno que se creó
por la ley de 1986. Lo que habrá que señalar, en todo caso, es una
transformación de este registro, de su denominación o de los actos que en
él deban inscribirse, pero en modo alguno la creación de un registro ex
novo. ¿Qué va a ocurrir con el registro anterior? ¿Se extingue o qué es
lo que ocurre?
En el artículo 7.º se emplea también en el subtítulo la expresión de
categorías para referirse a las acciones y participaciones. Entendemos
también que se trata de una expresión desafortunada. El artículo 49 de la
Ley



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de Sociedades Anónimas, cuando se refiere a acciones con diverso
contenido de derecho, emplea la expresión clases y no categorías. En todo
caso, sería el que debiera incluirse aquí. Cabe también señalar una falta
de homogeneidad en la regulación que se establece en el artículo 8.º, de
los derechos de adquisición preferente, y en el artículo 16, de los
derechos de suscripción preferente de tales acciones o participaciones,
porque no se entiende por qué los llamados a ejercitar estos derechos son
diferentes en el caso de derechos de suscripción y en el caso de derechos
de transmisión. Habría que establecer un orden que fuese similar.

Obviamente, recibimos gratamente la constitución de la reserva especial y
la obligación de dotarla con un 10 por ciento de los beneficios líquidos
de cada ejercicio. Sin embargo, entendemos que el hecho de no fijar un
límite a esta dotación --límite que podría ser, por ejemplo, la cifra de
capital de la compañía-- puede acabar constituyendo una rémora para la
financiación y para el funcionamiento de este tipo de compañías. Por
tanto, bienvenida sea esta nueva reserva legal, pero en cualquier caso,
entendemos que habría que establecer algún límite a la misma.

Finalmente, echamos de menos en el artículo 17 que junto a la regulación
de las causas legales de pérdida de la condición laboral, se establezca
una inclusión de las causas voluntarias, esto es, la pérdida de esta
condición de carácter laboral por el acuerdo asumido o adoptado en la
junta general de la sociedad anónima o de la sociedad limitada
correspondiente. Por eso mismo no acabamos de entender que en el artículo
14 se regule la nulidad, por infracción o por resultar contrario a la
ley, por parte de la compañía de lo dispuesto en su artículo 6, en su
apartado tercero, y que, por otra parte, se pudiese adoptar con carácter
voluntario este acuerdo de exclusión de la condición de laboral de la
sociedad anónima o de la sociedad de responsabilidad limitada. Como ha
indicado antes el Diputado señor Mardones, a lo largo del debate
parlamentario de esta proposición ya intervendremos y aportaremos las
enmiendas correspondientes para intentar mejorar el proyecto. En
cualquier caso, como decía antes, bienvenido sea todo lo que conduzca o
resulte favorable a la economía social, a la intervención de los
trabajadores en la empresa, a hacer de esta economía social algo que sea
tanto social como economía, esto es, a que dé beneficios. Por tanto,
votaremos favorablemente a la proposición de ley.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva. Por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, señorías, intervengo para
expresar la posición del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya sobre la proposición de ley del Grupo Socialista de Sociedades
Laborales. Mi Grupo va a votar afirmativamente, pues en términos
generales coincidimos con la necesidad planteada en la exposición de
motivos de dicha proposición de adaptar la legislación hasta ahora
vigente a una nueva situación, siempre, claro está, sobre la base de
buscar el objetivo del artículo 129.2 de la Constitución de conseguir
nuevos métodos de creación de empleo y potenciar la participación de los
trabajadores en la empresa. Esa nueva realidad es la mayor flexibilidad
de la fórmula mercantil de las sociedades de responsabilidad limitada,
sobrevenida después del cambio legislativo proporcionado por la Ley
2/1995, de 23 de marzo, reconocida en la práctica mercantil por aquellos
pequeños empresarios que quieren beneficiarse de las mejores condiciones
que ofrece la nueva sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo, pues, no
extender esas nuevas posibilidades a aquellos trabajadores que quieran
mantener o crear sus puestos de trabajo mediante la fórmula de
constituirse colectivamente en sus propios empresarios?
Izquierda Unida coincide, por tanto, con la propuesta del Grupo
Socialista en la necesidad de incluir en una misma regulación la
posibilidad de que los trabajadores situados en estas condiciones puedan
optar por constituir una sociedad laboral bien con las características de
sociedad anónima laboral o bien bajo la fórmula sociedad limitada
laboral. Coincidimos también en el respeto que el texto propuesto
manifiesta respecto a las líneas maestras del concepto preexistente de
sociedad anónima laboral en este caso: que sean los trabajadores fijos
los que ostenten la mayoría del capital societario, que haya un límite de
trabajadores no socios contratados por tiempo indefinido, que también
esté limitado el máximo capital que posea cada socio, que se distingan
los tipos de acciones y participaciones en función de que sus
propietarios sean o no trabajadores, que existan reglas precisas de
derecho de adquisición preferente, aunque no coincidimos plenamente con
los criterios propuestos en la proposición de ley. Estamos de acuerdo en
que se prevea un fondo de reserva especial para compensar pérdidas, en
que exista un régimen de bonificaciones fiscales adecuado --aunque
entendemos que es insuficiente--, que coadyuve a la promoción de este
tipo de sociedad laboral, y, finalmente, que el Ministerio de Trabajo,
sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, controle,
mediante un registro administrativo, el uso correcto de este tipo de
sociedad y sus características. Todos estos elementos de la proposición
de ley, junto con una clara distinción de la figura de sociedad laboral
respecto de la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad
limitada, son los que confieren a la proposición de ley la idoneidad para
ser tenida en cuenta a los efectos de su tramitación parlamentaria.

Sin embargo, como ya hemos insinuado, que el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya vaya a dar su voto favorable para que la
proposición de ley pase a la siguiente fase de la correspondiente
tramitación



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parlamentaria no es óbice para que manifestemos nuestra discrepancia
respecto a algunos aspectos puntuales del texto propuesto, que serán en
su día objeto de las correspondientes enmiendas a proponer por nuestro
grupo, siempre en el ánimo de que en el transcurso del debate a realizar
podamos consensuar un texto legal que satisfaga al conjunto de la Cámara,
que satisfaga, sobre todo, a los usuarios, a los trabadores socios de las
actuales sociedades anónimas laborales, cuyas asociaciones han
participado en el estudio de la proposición de ley de Sociedades
Laborales.

Señor Presidente, señorías, queda, pues, anunciado el voto afirmativo del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la
proposición de ley del Grupo Socialista de Sociedades Laborales.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, paso a continuación a fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular en cuanto a la toma en consideración de la
proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
respecto a las Sociedades Laborales, que, por cierto, como bien sabemos,
es una reproducción milimétrica de la ya presentada por este grupo allá
por septiembre del año 1995. Más tarde haré referencia a los tempos
parlamentarios. Quiero centrarme ahora de inicio en el contenido del
texto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, que adelanto es
valorado globalmente de forma positiva por el grupo al cual represento.

No podía ser de otra manera en cuanto a su globalidad, porque la causa
que tiene esta proposición de ley es la necesaria adaptación de esta
particular figura asociativa, la sociedad laboral, a las modificaciones
que se han producido en nuestra regulación mercantil, tanto la adaptación
a la Ley de Sociedades Anónimas, como también, y en especial, a la de
Responsabilidad Limitada, que aprobamos no hace mucho, en la pasada
legislatura, y que además trae consigo que se rompa el patrón que hasta
ahora era el de la sociedad anónima laboral. Además, esa reforma que
permite utilizar la sociedad de responsabilidad limitada como sociedad
también laboral las hace igualmente aptas para, como fórmula novedosa de
autoempleo, de creación de empleo, hacer que los trabajadores participen
en el capital social de este tipo de sociedades, cuyas exigencias mínimas
de capital social sobre todo se acercan mucho más a la estructura
económica de la pequeña y mediana empresa. En un país donde la pequeña y
la mediana empresa, como todos sabemos, ocupa un elevadísimo porcentaje
de nuestro tejido productivo, dar prioridad máxima a esas fórmulas de
creación de empleo estable, cuando además hay un Gobierno que tiene como
máxima prioridad justamente esa creación de empleo, no puede tener más
que una valoración de tipo positivo por parte del grupo que lo sustenta,
el Grupo Parlamentario Popular. Además, en el presente caso estamos ante
una nueva forma de creación de empleo que fomenta la participación de los
trabajadores en la empresa, de acuerdo con el contenido, como se recoge
en la propia exposición de motivos de la proposición de ley, de artículo
129, número 2, de nuestra Carta Magna. Hay que ver qué respetuosos son
ustedes a veces con ciertos mandatos y qué poco escrupulosos con otros
mandatos que también deberían cumplir.

Pues bien, este texto normativo, que tiene como causa material esta
adaptación a la que me he referido con anterioridad, contiene aspectos
positivos y aspectos no tan positivos. Se persigue, por un lado, y de
manera positiva, la mayor flexibilidad normativa en cuanto a la
adaptación a la nueva regulación laboral de las modalidades de
contratación; se da entrada a los contratos indefinidos a tiempo parcial,
tanto en la constitución de la sociedad como en el ejercicio del derecho
de adquisición preferente o, también, en los casos de los aumentos de
capital, e incluso se posibilita la entrada como socios, aunque en último
grado de preferencia, a los trabajadores con contrato no indefinido. Se
suavizan también los requisitos de tiempo en cuanto al desembolso de los
dividendos pasivos de las aportaciones de capital; antes sabíamos que
estábamos circunscritos al plazo de un año en la Ley de Sociedades
Anónimas, ahora, en cambio, se rectifica y se deriva a lo que determinen
los estatutos sociales.

Por otra parte, también se suaviza la exigencia hasta ahora existente de
que ningún socio podía tener más allá de la cuarta parte del capital
social, fijándose ahora en un tercio. No obstante, también es cierto que
parece no seguirse este criterio de flexibilidad cuando se establece un
tope de horas trabajadas para los trabajadores no socios con contrato
indefinido, variando la proporcionalidad que hasta ahora existía cuando
se hablaba de trabajadores y número de trabajadores y no de número de
horas trabajadas. El propósito de la normativa vigente, como creo que
será el propósito también de la proposición de ley, supongo que es la
inclusión como trabajadores, evidentemente, como socios de aquellos
trabajadores con contrato indefinido, pero ello, aparte de forzar de una
manera artificial la libertad contractual, tanto societaria como laboral,
puede generar un efecto perverso en cuanto al fomento del empleo de este
último ámbito, dificultando el aumento de la plantilla con contratos
indefinidos o el paso de éste de jornadas parciales a jornada completa.

Por ello --y haré gracia a SS. SS. de otra serie de cuestiones que hayan
sido puestas de manifiesto por los que me han precedido en el uso de la
palabra, sobre todo por el representante del Grupo de Convergència i
Unió, que más parecía estar ya en el trámite de debate en Comisión que en
el de discutir la toma en consideración de la proposición de ley--,
reconociendo la valoración positiva de la globalidad del proyecto y, cómo
no, evidentemente, su mejora en el devenir



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parlamentario posterior que el mismo va a tener, no puedo dejar de hacer
mención, como decía con anterioridad, a los momentos, a los tempos
parlamentarios.

Cabría hacer una objeción a esta toma en consideración que ha sido ya
apuntada también anteriormente de una manera leve por algún grupo
interviniente. Cabría hacer una objeción porque esta toma en
consideración no tiene el necesario respeto a nuestra legislación en
vigor. De todos es conocido, al menos de todos los intervinientes, que la
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en su disposición
adicional séptima, establecía claramente un plazo de tres meses para que
el Gobierno remitiera a las Cortes un proyecto de ley de sociedades
laborales, en el cual se actualizara el régimen jurídico de las
sociedades anónimas laborales y se regulara el de las sociedades de
responsabilidad limitada laboral. Cabe preguntarse, ¿por qué el anterior
Gobierno incumplió el mandato que contenía una norma legislativa emanada
justamente de estas Cortes Generales? ¿Por qué el texto formalizado por
el anterior Ejecutivo apareció como proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista y se reproduce en estos momentos? Parece que más
que estar ante un Grupo Parlamentario Socialista que debiera dar apoyo a
un Gobierno, estuviéramos ante un Gobierno que daba apoyo a un Grupo
Parlamentario Socialista. ¿Por qué esta situación sin sentido en un
determinado momento? Tal vez nunca tengamos respuesta a estos
interrogantes; pero tal vez también podamos apuntar si no sería que allá
por septiembre de 1995 ustedes, señores socialistas, jugando un poco a
«pitonisos», quisieron ver lo que iba a suceder con posterioridad y, en
efecto, adivinaron cuál iba a ser su situación en estos momentos:
adivinaron que hoy serían el grupo mayoritario de la oposición y
adivinaron que de haber cumplido con el trámite por el Gobierno al que
ustedes daban apoyo, seguramente hoy sería otro Gobierno el que
presentaría la proposición de ley cuya toma en consideración hoy
discutimos.

Esta objeción bastaría para poder votar en contra de esta toma en
consideración. Pero desde las elecciones pasadas ha cambiado algo más,
aparte del Gobierno de este país, aparte de la correlación de fuerzas en
este Parlamento: han cambiado también las formas y los talantes. De
haberse producido este debate en este Parlamento en situación inversa, de
ser hoy el Grupo Popular el que propusiera la toma en consideración de
esta proposición de ley, ustedes seguramente la habrían rechazado,
valiéndose de las consideraciones más diversas --intemporalidad,
inoportunidad, remisión en breve por parte del Ejecutivo de un nuevo
texto más completo--; cualquier cosa les hubiera valido para rechazar un
texto que hubiera podido ser perfectamente válido. Y cualquier argumento
les hubiera valido porque, evidentemente, a ustedes no les importaba el
contenido de las proposiciones de ley, sino quién las realizaba. Pues,
bien, esto hoy ha cambiado. El texto de la proposición que hoy nos han
presentado es aceptable, aunque, evidentemente, muy mejorable, y su
oportunidad está ahí y su necesidad también, y como nosotros no
calificamos las tomas en consideración en virtud del grupo que las
realiza sino en virtud de su idoneidad, su oportunidad, su necesidad y su
contenido, hoy puedo anunciar que el Grupo Parlamentario Popular votará a
favor de la toma en consideración de la proposición del Grupo
Parlamentario Socialista. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy
bien!)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camps.

Vamos a proceder a la votación.

Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Socialista sobre Sociedades Laborales.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 305; en contra, uno; abstenciones, siete.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
proposición de ley.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES (Número de expediente
122/000008)



El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre envases y residuos de
envases.

Por el grupo parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Frutos.

(El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)



El señor FRUTOS GRAS: Señoras Diputados, señores Diputados, el pasado 22
de abril se celebró el Día de la Tierra y hubo un acto al que fuimos
invitados todos los partidos políticos y las organizaciones sociales, en
el que se plantearon una serie de propuestas --algunas de ellas
reinvidicaciones--, explicando cada uno de los temas que se proponían.

Un tema muy sugerente fue el que yo voy a utilizar para abrir la
intervención de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con motivo de
esta proposición de ley sobre residuos. Voy a leer textualmente lo que
decía la propuesta porque es una lectura corta y, al mismo tiempo,
explícita. La política de residuos no se ha enfocado hacia la prevención,
sino a gestionar los residuos a través de plantas de tratamiento,
atribuyendo al medio ambiente una capacidad infinita para asimilar
contaminantes. Para ello se han promovido y se continúan promoviendo
instalaciones de tratamiento de residuos, vertederos, incineradoras,
plantas de tratamiento físico-químico, etcétera, basadas en los conceptos
de dispersión y dilución. Se pretende imponer



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--continuaba la propuesta-- la incineración como el proceso de
eliminación teóricamente más adecuado, pero la incineración, en lugar de
eliminar los residuos, los transforma y disgrega en el medio ambiente
aumentando su toxicidad, a la vez que limita el desarrollo de políticas
de prevención y fomenta el derroche de los recursos naturales. La
reducción del volumen y toxicidad de los residuos es una prioridad
ambiental que en el caso de los residuos sólidos urbanos tiene como uno
de sus ejes fundamentales la aplicación de medidas que favorezcan el uso
de los envases reutilizables, una reducción efectiva del sobreembalaje y
el reciclado de los materiales que los componen.

Es decir, se trata de las célebres tres erres que forman una de las
consignas fundamentales de los movimientos ecologistas en España y en el
mundo, intentando de esta manera, de forma pedagógica, hacer entender a
la gente que es posible hacer mucho en el terreno de la reutilización,
del reciclaje y, naturalmente, del ahorro.

Continuaban proponiendo el desarrollo de una política de prevención
basada en la educación ambiental y en la implantación de medidas
económicas, legales y fiscales, para la minimización de la generación de
los residuos; implantar la recogida selectiva en origen, evitar la
producción y comercialización de objetos de usar y tirar, no retornables
y no reciclables, y sustituir materiales tóxicos como el PVC. Luego,
naturalmente, planteaban una serie de responsabilidades que recaían
fundamentalmente y en primer lugar sobre el fabricante, también en la
gestión de los residuos.

Proponían como un elemento importante --de aquí deriva nuestra
proposición de ley, sabiendo que hay un anteproyecto ya presentado, el
decimoquinto, si no recuerdo mal; se han presentado anteriormente catorce
más, parece que se está afinando y estamos en el número quince-- la
aprobación de una ley de envases y residuos de envases que, partiendo del
actual anteproyecto de ley, incluyera como mínimo el establecimiento de
la prioridad de prevención (lo que está contenido en nuestra proposición
de ley), la participación de los agentes sociales en el control y
seguimiento de los órganos de gestión (la participación, como siempre,
también está presente en nuestra proposición de ley, normalmente olvidada
en el anteproyecto), la reducción en peso de residuos y prohibición del
PVC para envases, evaluación de los aditivos nocivos y peligrosos
utilizados en la fabricación de los envases y, en definitiva, la puesta
en marcha de nuevas infraestructuras de tratamiento de residuos que se
debería condicionar a planes de residuos orientados en los criterios
ambientales expuestos, es decir, en todo caso sobre la base de un
concepto que todavía no está en el orden del día de este Parlamento,
sobre todo en el orden del día de la utilización del lenguaje, que es el
desarrollo sostenible; desarrollo sostenible inventado y asumido desde
hace bastante tiempo por las grandes organizaciones internacionales,
aunque luego no se aplican con todas las consecuencias de cara al país.

En definitiva, desarrollo frente a desarrollo sostenido o crecimiento
indefinido --de aquí vienen las plantas de incineración, etcétera--,
pensando que este planeta lo puede soportar todo. Pues bien, estamos en
un momento en que este planeta soporta lo que soporta, en el futuro va a
soportar lo que soporte.

En la anterior legislatura el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya presentó una proposición. La rechazaron. Esperamos que en
estos momentos se tome en consideración, como esperamos también, como
dijimos el otro día con motivo de otra proposición de ley, que la
constitución de un Ministerio de Medio Ambiente sirva para algo más que
para puro maquillaje de los problemas medioambientales, de los problemas
ecológicos.

Ahora hay una plazo para una ley de estas características hasta el 30 de
junio. Parece que España está destinada a no cumplir nunca los plazos.

Además, cuando cumple las directivas normalmente lo hace a la baja, los
mínimos de cada directiva, parece que lo hace con desgana, porque se
acaba de aprobar en septiembre pasado una ley en relación al tema de
información sobre el medio ambiente que parece que va a quedar desfasada
en los próximos meses. Por tanto, sería importante que alguna vez
fuéramos de avanzadilla en Europa en problemas medioambientales y
avanzáramos en algunas cuestiones. En este caso concreto la proposición
de ley va en este sentido.

El anterior Ministerio no puso de acuerdo a la patronal con las
organizaciones y asociaciones ecologistas, porque hay un lobby bastante
fuerte en la patronal que se resiste a participar en algo que sabe que a
la corta o a la larga va a representar un determinado gasto, aunque luego
este gasto socialmente va a ser reciclable, porque será concreto en el
momento de elaboración del producto, pero que, al mismo tiempo, será
reciclable en la medida en que habrá un beneficio social que afectará al
conjunto de la sociedad de forma positiva.

Por todas estas razones, nosotros presentamos esta proposición de ley,
aun sabiendo que hay un anteproyecto, ya que, como señalaban
prácticamente todas las organizaciones ecologistas reunidas el Día de la
Tierra, es necesario un proyecto de ley que incluya, como mínimo,
determinadas cosas, partiendo --como decían-- del actual anteproyecto. Es
decir, que tenían en cuenta el anterior anteproyecto, pero, al mismo
tiempo, avanzaban la necesidad de que hubiera un desarrollo en la línea
que ellos señalaban: establecimiento de las prioridades, participación de
los agentes sociales en el control, reducción en peso de residuos,
etcétera.

Nosotros también tenemos en cuenta el anteproyecto que se presentó.

Nuestra propuesta es una propuesta abierta, de acuerdo con las
organizaciones ecologistas, y esto quiero reiterarlo aquí, en esta
tribuna: nosotros trabajamos muy de acuerdo con las organizaciones
ecologistas. Y sería bueno que cuando salen



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SS. SS. a polemizar con un servidor sobre estos temas dijeran exactamente
lo mismo que dicen cuando están en una reunión a la que asisten las
organizaciones y los movimientos ecologistas; que no hubiera un doble
lenguaje, sino que siempre se empleara el mismo; que a ellos se les
dijera una cosa y que aquí, en esta tribuna, se dijera exactamente lo
mismo. No puede ser que yo sea el punching de determinadas señorías en un
momento de decir que no hacemos las cosas bien, que nuestras
proposiciones tienen defectos técnicos, etcétera. Seguramente nuestras
proposiciones tienen muchos defectos, pero me parece que, normalmente,
eso se utiliza para no tener en cuenta algo que es puramente una
consideración. Lo que pedimos es que se tome en cuenta la proposición de
ley y luego discutirla, y si SS. SS., lo grupos parlamentarios, tienen
tantos y tan importantes elementos que discutir en el terreno técnico, en
el terreno democrático, nosotros retiramos nuestra proposición de ley y
nos plegamos a lo que sea una ley de consenso que englobe todos estos
planteamientos que, de forma razonada y científica, está haciendo el
conjunto del movimiento ecologista en España y en el mundo.

Pasando a nuestra proposición de ley, tengo que decir que pretende
concretar en la gestión y tratamiento de los residuos generados en
nuestras comunidades locales los principios del desarrollo ecológicamente
sostenible, así como conseguir una reducción sustancial del porcentaje de
residuos que se genere en nuestro país.

Como segundo punto de los trece que voy a desarrollar --aunque sea martes
voy a desarrollar trece puntos--, diré que esta proposición de ley
transpone a nuestra legislación el contenido de la directiva europea
sobre envases, aprobada el pasado mes de noviembre, y responde a las
demandas que surgen de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y
de los grupos ecologistas interesados en el progreso de la política de
reciclaje de residuos. Esta nueva política que nosotros proponemos, que
avanzamos con nuestra proposición de ley, es una política de reciclaje de
residuos que actualmente topa con cuatro obstáculos principales --topa
con más obstáculos, pero los principales son cuatro--: el primero, el
alza continua en el número de residuos generados, es decir, que dentro de
estos residuos generales hay un 50 por ciento que procede de los envases;
el segundo, las insuficiencias financieras al no existir una ley
específica de financiación; el tercero, la inexistencia de disposiciones
legales que obliguen a las empresas a reintroducir materias primas
recicladas en sus ciclos productivos y, el cuarto, la necesidad de hacer
un trabajo para que por parte de los vecinos, de la ciudadanía, haya una
aceptación del hecho de la recogida de basura en contenedores separados
en función del tipo de residuos.

Por tanto, esta ley pretende influir, sobre todo, en los tres siguientes
puntos: frenando el alza de la generación de residuos, asegurando la
financiación de la recogida selectiva y promoviendo la reintroducción de
los residuos de envases.

Además, se marcan objetivos a tres y a diez años que deben desarrollarse
en colaboración con las comunidades autónomas. En anteriores leyes, como,
por ejemplo, en la Ley de Costas o en la Ley de la declaración de los
Picos de Europa como Parque Nacional, se nos dijo que no teníamos en
consideración las competencias de las comunidades autónomas. Me parece
que muchas veces eso también es una coartada para no tener una ley de
leyes que, respetando las competencias de las comunidades autónomas,
marque el signo de lo que debe ser una política de protección del medio
ambiente que no existe todavía en España. Es decir, nosotros planteamos
que, en tres años, el 60 por ciento en peso de los residuos de los
envases sea retirado para su aprovechamiento y, como segunda medida, que
a los diez años este porcentaje llegue al 90 por ciento. Se detallan con
amplitud, en el Anexo I de esta proposición de ley, los requisitos de
marcaje de los productos para informar al consumidor de qué tipo de
envases son reutilizables o aprovechables y cuáles son los fabricados con
materiales reciclados. Estas medidas, a nuestro entender, deben estar
plenamente en vigor a partir de los tres años.

Punto 6. Igualmente, se detallan en el Anexo II que acompaña a la
proposición de ley cuáles deben ser los requisitos de los envases para su
comercialización, en la línea de favorecer su reutilización, eliminar la
toxicidad por materiales pesados y eliminar también los envases que
dificultan el reciclaje.

En séptimo apartado se establece un sistema público de información, que
va en el Anexo III, a través de una base de datos interadministrativos de
acceso público, para que pueda haber una facilidad de acceso al conjunto
de las administraciones y no haya una deriva hacia una administración o
hacia otra.

En el punto 8 se apuesta por el sistema público de reciclaje, buscando,
eso sí, la máxima colaboración de los operadores económicos públicos y
privados. Es de destacar que esta idea se contrapone en nuestra
proposición de ley con los borradores del Decreto-ley del Gobierno y con
las propuestas, en concreto, de la CEOE, sobre cuya base se ha hecho el
anteproyecto, el número quince, que tenemos en estos momentos en nuestras
manos, ya que en ambos casos se establece que el responsable único de la
gestión sea el propio fabricante. En cambio, nosotros proponemos que haya
un control y una tutela públicos en todo el ciclo de vida de un envase.

Punto 9. Se estable un conjunto de potasas que conforman un sistema
impositivo selectivo, buscando la discriminación vía incremento de precio
de aquel tipo de envase no recomendable. Se establecen 5 pesetas por cada
envase individual no reutilizable fabricado con plástico no reciclable ni
biodegradable, o con tetrabrick. Se establece un mínimo de 3 pesetas por
cada envase individual no reutilizable, fabricado con vidrio,



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papel cartón, plásticos reciclables y metales. El resto de envases no
reutilizables primarios o secundarios de transportes se gravará con 1
peseta, y, naturalmente, quedan exentos de la tasa ambiental los envases
reutilizables, los pequeños envases y los que se fabriquen con materiales
biodegradables.

En el punto 10 se establece un sistema de depósito de los envases de
bebidas. El depósito supondrá una cantidad de 10 pesetas.

En el punto 11 se ordena al Gobierno remitir a las Cortes, en el plazo de
seis meses, un proyecto de ley de estímulos fiscales y de medidas de
apoyo para incentivar la incorporación al ciclo productivo de residuos de
envases y de otras materias primas reciclables.

En el punto 12 se ordena, asimismo, que en el plazo de un año el Gobierno
remita a las Cortes un proyecto de ley de modificación del Impuesto de
Actividades Económicas, IAE, que prevea un tratamiento favorable para
aquellos establecimientos comerciales que destinen un espacio suficiente,
dentro de dicho establecimiento, para el almacenaje de los residuos de
envases.

Finalmente, en el punto 13 se establece que en el plazo de seis meses el
Gobierno presentará, en colaboración con la Federación Española de
Municipios y Provincias --que no se ha tenido suficientemente en cuenta
en el desarrollo del anteproyecto--, un programa de medidas para que las
ordenanzas fiscales municipales contemplen la tasa para la recogida y el
tratamiento de residuos domésticos.

Espero, para esta proposición de ley, mejor suerte que la que tuvo la que
anteriormente propuso mi grupo sobre información del medio ambiente, y,
naturalmente, como he explicado en mi exposición inicial, espero que SS.

SS. estén abiertas a recoger hoy este papelito para llevarlo a la
ponencia y a la comisión y trabajarlo, para que luego vaya acompañado de
todas las posiciones. Me imagino que también en esto, como la lucha de
intereses no ha decaído, no ha muerto, habrá intereses diversos que se
intentarán expresar a través de los distintos grupos parlamentarios.

Discutámoslo, ya que es un debate abierto en el conjunto de la sociedad,
y, en todo caso, de forma democrática, asumamos la parte que corresponde
a cada propuesta del movimiento ecologista en su conjunto, de las
organizaciones ecologistas y de los partidos políticos, naturalmente
también de las organizaciones sociales, que también han participado en
este proceso, organizaciones patronales o sindicales, para intentar sacar
una ley que nos permita avanzar en el control de algo que en estos
momentos está siendo un problema grave, no solamente en nuestro país,
pero sí de modo especial en él.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Frutos.

¿Turno en contra? (Pausa.) El señor Burgos, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra.




El señor BURGOS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, vana esperanza, señor Frutos, pese a su
actitud humilde en esta Cámara, a la hora de presentar una proposición de
ley que evidentemente hay que calificar como ecológica, y no solamente
porque hace referencia a un tema tan ligado a la sensibilidad
medioambiental como la gestión de los residuos de envases y embalajes,
sino sobre todo porque en sí misma esta proposición de ley constituye un
auténtico ejemplo de reciclado, de reutilizado parlamentario. Esta
proposición de ley, convenientemente envasada y recauchutada, se nos
vuelve a presentar hoy en esta Cámara sin variar una sola coma con
respecto al texto que ya tuvimos la oportunidad de debatir el 12 de
septiembre de 1995. Por supuesto que su grupo está en su derecho de
presentarlo cuantas veces lo considere conveniente, buscando, tal vez,
crear la sensación de intenso trabajo parlamentario o de intensa
preocupación por estos temas. Nos permitirá, en todo caso, dudar de que
esta práctica suponga una valoración añadida de la importancia de sus
propuestas. Más bien yo diría que su persistencia en mantener los mismos
planteamientos, sin modificar, como digo, ni una sola coma, supone un
notable ejemplo de perseverancia en el error, que, como ya decían los
clásicos, no les va a conducir a otro lugar que a la melancolía.

Podríamos reproducir, por tanto, el debate ya citado y tendríamos razones
sobradas para oponernos a la toma en consideración de esta proposición de
ley, por razones técnicas, por razones de oportunidad, por razones
políticas. Trataré de fundamentar algunas por las que nos vamos a oponer,
reconociendo que en su momento aquella proposición de ley que hoy vuelven
a presentar suponía al menos la posibilidad de plantear en esta Cámara un
debate de actualidad, un debate interesante. Hay que reconocer que el
Gobierno socialista fue incapaz, a lo largo de su mandato, de proceder a
la transposición de la Directiva 94/62, que regula esta materia. Y
precisamente con sus vaivenes generó una notable incertidumbre en los
sectores afectados. Pues bien, la voluntad del nuevo Gobierno es hacerlo,
hacerlo bien y hacerlo discutiendo suficientemente con los sectores
afectados, con los agentes implicados, que son muchos y muy diversos. Y
hacer esa transposición de la directiva en sintonía con lo dispuesto por
la directiva europea a la que nos estamos refiriendo y a la que de algún
modo nos debemos todos. Ese va a ser el marco de referencia para el Grupo
Parlamentario Popular, sin dejarnos llevar ni por demagogias ni por
actuaciones unilaterales faltas de realismo, ni por objetivos ilusorios,
que están muy lejos de tener en cuenta las condiciones socio-económicas
de nuestro país y la realidad de partida que tenemos que tener en cuenta
a la hora de aprobar una normativa de estas características.

Conocemos las peculiares posiciones de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya sobre la Unión Europea



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y sus instituciones, normativas y planteamientos. Supongo que en esa
línea es en la que ustedes insisten para volver a traer aquí un texto de
estas características. Para ustedes no existe la Directiva 94/62, aunque
copian textualmente párrafos enteros de la misma, no la citan en la
exposición de motivos ni a lo largo del texto en ningún lugar, porque tal
vez así no queden en evidencia sus propios y particulares planteamientos.

Para ustedes tampoco existen los programas de acción comunitaria en
materia de medio ambiente y, por supuesto, no existen las políticas que
se consagran en ellos y que se están aplicando en toda Europa. Pues bien,
para el Grupo Parlamentario Popular no cabe otra política de gestión
adecuada de los envases y embalajes que no sea la que contemple lo
dispuesto por las directivas europeas en vigor en esta materia, y
precisamente su proposición de ley contiene bastantes aspectos que son
claramente contrarios a lo dispuesto por esas directivas. Podríamos
tratar docenas de ellos, pero me voy a limitar a hacer puntualizaciones
sobre algunos para no cansar a sus señorías.

Por ejemplo, en el artículo 4.º de la proposición de ley se regulan unos
objetivos, que usted ha citado, de reciclado y de valorización. Por
cierto, en la proposición de ley se utilizan indistintamente los términos
valorización y aprovechamiento y esos objetivos vulneran claramente lo
establecido en el artículo 6.1 de la propia directiva, y lo vulneran en
varios aspectos. En un apartado del citado artículo de la proposición de
ley se fijan unos objetivos de valorización mínimos del 60 por ciento y
de reciclado del 40 por ciento, que son mucho más estrictos de lo que la
propia directiva establece, y ustedes no tienen en cuenta que algo así
sólo podría hacerse precisamente con la autorización de la Comisión
Europea, previa acreditación por parte de nuestro país de que se reúnen
una serie de requisitos establecidos también en el artículo 6.6 de la
directiva, requisitos que España no cumple y que en ningún caso podría
cumplir a corto plazo.

En las letras b) y c) del citado artículo de la proposición de ley se
establecen otros objetivos todavía más ambiciosos que deberían alcanzarse
al cabo de diez años, y esa regulación que ustedes pretenden vulnera otro
artículo de la directiva en el que se establece que los objetivos que
tengan que cumplirse al cabo de diez años tienen que ser previamente
fijados por el Consejo de la Unión Europea.

¿A qué nos conducen objetivos tan ambiciosos como los que proponen
ustedes? Pues a la situación de otros países como Grecia, como Irlanda o
como Portugal, que incluso para cumplir los objetivos de la propia
directiva han tenido que pedir moratorias a la Comisión Europea hasta el
año 2005. Por tanto, un poco de realismo, señor Diputado.

En el artículo 4.3 de la proposición de ley se establece la desaparición
de los envases llamados suplementarios en el plazo de tres años.

Suplementario es todo aquello que no se considera estrictamente
necesario, según S. S. señala en la proposición de ley. El problema es
quién establece qué es lo que no es estrictamente necesario. Para
nosotros la franca indeterminación de esa terminología nos plantea
suficientes dudas como para que no estemos de acuerdo con lo que ustedes
exponen. Eso sin tener en cuenta que no es posible establecer en una
directiva de estas características limitaciones a la libre circulación de
las mercancías, limitaciones al principio de la libre circulación y a las
normas del mercado interior europeo.

En el artículo 6.º de la proposición de ley ustedes establecen unas
normas concretas sobre el marcaje de los productos, lo que, señor Frutos,
nuevamente es contrario a la siguiente regulación de la directiva.

En el artículo 8.1 de la directiva que estoy citando se establece
taxativamente que las normas de marcado referidas a las características
del material de envasado tienen que ser previamente establecidas por el
Consejo de la Unión Europea. Ustedes no saben o no quieren saber que en
estos momentos ya se han desarrollado numerosos contactos, numerosas
reuniones con el objetivo de elaborar una directiva específica sobre
marcado en el plazo aproximado de un año. No tendría ningún sentido que
nosotros aprobáramos un sistema de marcaje, de etiquetaje diferente al
que en muy pocas fechas va a proceder a realizar la propia Comisión
Europea. Si en algún aspecto tiene sentido la armonización de todas las
políticas en todos los países de la Unión Europea, sería precisamente en
este del marcado.

En el artículo 9.º ustedes configuran un sistema de gestión de residuos
de envases totalmente público y financiado con lo que se denomina tasa
ambiental, formando con ella el llamado fondo para la gestión de los
envases. La principal objeción que a nosotros nos cabría formular sobre
este sistema es que ustedes ni definen ni aclaran cuál sería la figura
tributaria que encajaría en esa denominada tasa ambiental. Si se trataría
de un impuesto indirecto, como parece deducirse, y si es así, si sería un
impuesto especial sobre consumos específicos o sería un recargo en los
impuestos sobre el consumo ya existentes, como el IVA, por ejemplo, o si,
por el contrario, se trataría realmente de una tasa --como podría indicar
el nombre que se ha empleado-- o de una contribución especial. Tampoco se
regulan las características esenciales de esa citada tasa ambiental.

Otra objeción no menos importante es que la recaudación obtenida por esas
tasas se destinaría a financiar, según ustedes, programas de residuos
domésticos en general y no sólo de residuos de envases, lo cual sería,
señor Frutos, mucho más lógico, teniendo en cuenta que la denominada tasa
ambiental se crea en una norma específica sobre envases y, por tanto,
solamente a los envases debería afectar.

El artículo 10 de la proposición de ley establece un sistema obligatorio
de depósitos para los envases primarios destinados a contener bebidas, lo
que significa



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en sí mismo una clara discriminación con respecto a otros productos, y
usted lo entenderá perfectamente. ¿Por qué sólo bebidas, señor Frutos?
¿Por alguna razón en especial, por alguna cruzada contra los líquidos? ¿Y
qué tipo de bebidas? No se especifica si aquellas contenidas en vidrios,
en latas, en papel cartón, en plásticos. No aclaran ustedes en quién
repercutiría la cantidad del depósito. Si usted compra unas bebidas en
una tienda y no devuelve allí los envases, ¿quién se queda con el
depósito, con qué fin, cómo contabilizarlo? En definitiva, numerosos
aspectos que desde nuestro punto de vista plantean no solamente dudas,
sino manifiestas contradicciones, manifiestas ambigüedades, manifiestos
vacíos en sus disposiciones, que nos hacen entender que no es la
regulación más adecuada.

Hay otros aspectos que vulneran también la directiva, como los niveles
máximos de concentraciones de metales pesados que ustedes citan en el
texto o, incluso, el que ustedes no consideran la incineración, la
valorización con recuperación de energía, como un sistema útil y eficaz
de recuperación. Eluden ustedes cualquier referencia a algo que la
política comunitaria coloca, al menos, en el mismo nivel que la
reutilización y el reciclado, supongo que por algún tipo de prejuicio
ideológico, pero que en algún caso nosotros no podemos compartir porque
las políticas comunitarias sí contemplan la reutilización energética como
uno de los aspectos fundamentales a considerar.

En la disposición adicional primera también hacen ustedes referencia a la
necesidad, por parte del Gobierno, de realizar leyes de estímulos
fiscales, que tal vez hubiera sido útil haberlo establecido en el texto
para conocer de qué están ustedes hablando exactamente, porque modificar,
por ejemplo, el Impuesto sobre Actividades Económicas en el sentido que
se propone resulta, señoría, cuanto menos decepcionante. Que la única
idea que a ustedes se les ocurra sea modificar los módulos del Impuesto
sobre Actividades Económicas con respecto al almacenaje de los residuos,
a nosotros nos parece francamente empobrecedor. Los módulos del Impuesto
sobre Actividades Económicas presentan aspectos muchísimo más
controvertidos desde el punto de vista del uso racional de los recursos
--por ejemplo, el consumo de energía--, que tendrían que contemplarse de
forma global en una supuesta reforma del Impuesto sobre Actividades
Económicas, desde el punto de vista medioambiental o ecologista, y que
para ustedes, por lo visto, no tiene ningún interés.

En definitiva, creemos que tenemos razones más que sobradas para no tomar
en consideración este texto, porque lo que tiene que servir de punto de
partida, de punto de confluencia de intereses para reformar nuestra
legislación y adaptarla, no es la toma en consideración de su proposición
de ley, sino la directiva comunitaria en materia de gestión de residuos
de envases y embalajes.

Señor Frutos, ustedes no tuvieron para nada en cuenta el debate que
celebrábamos en septiembre del año 1995; ni siquiera se han tomado la
molestia de incorporar al texto de esta proposición de ley la nueva
organización administrativa derivada de las elecciones del 3 de marzo.

Para ustedes ni siquiera existe el Ministerio de Medio Ambiente; siguen
ustedes hablando en la proposición del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente. Para ustedes no parece haber existido el
cambio de Gobierno. Para este Diputado, para este Grupo Parlamentario,
ese cambio de Gobierno, ese cambio de política, va a ser, precisamente,
el que nos va a conducir, en muy breve espacio de tiempo, a adaptar
nuestra normativa de forma racional, de forma factible, de forma eficaz a
lo que ya están haciendo el resto de los países industrializados y
avanzados de Europa. Ese cambio de Gobierno es el que va a conseguir que
en España empiece a haber, a partir de ahora, sí, una eficaz política de
gestión de los residuos, que, le recuerdo, señoría, suponen, en cuanto a
los residuos sólidos urbanos, casi 15 millones de toneladas anuales, de
los cuales, más del 40 por ciento corresponden a los envases y embalajes.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Burgos.

El señor Frutos tiene la palabra.




El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Burgos, yo de humilde, nada, y mi grupo tampoco; de humildad, nada.

Intento exponer razonamientos y hacer propuestas y, luego, si
coincidimos, bien, y si no coincidimos, continuaremos batallando. Yo,
personalmente, soy hasta, si me permite decirlo, soberbio; ya no
orgulloso, sino soberbio. Y, además, cuando subo a esta tribuna, no hablo
nunca a título individual ni tan siquiera a título de mi grupo
únicamente. Hablo a título de otras organizaciones sociales, con las
cuales espero que, en el momento de hacer propuestas parecidas a las
mías, cuando usted o alguien de su grupo vaya a los eventos, jornadas,
simposios, etcétera, que celebren, utilice el mismo lenguaje; no utilice
un lenguaje franciscano en el momento de aproximarse al movimiento
ecologista real, y luego venga a esta tribuna descalificando a tirios y
troyanos. Por tanto, repito, de humildad, nada. Yo expongo, naturalmente,
con la voluntad de llegar a acuerdos, una proposición de ley, para
discutirla y procurar que se tenga en consideración.

¿Prejuicios ideológicos? Todavía menos. Pero, señor Burgos, ¿de verdad
usted se entera de las elaboraciones rigurosamente científicas, sin
ningún contenido ideológico, y menos ideologista, que se están haciendo
en relación a todas estas materias que estamos tratando,



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entre ellas los residuos industriales y los residuos de todo tipo? ¿Se
entera, realmente, de los informes rigurosamente científicos, repito, que
están saliendo en este momento concreto y de lo que dicen estos informes?
A mí me da la impresión de que no.

En relación al reciclado parlamentario, decía usted que volvemos a
repetir propuestas que han sido derrotadas después de un debate. Pues
mire, señor Burgos, nosotros consideramos no que tenemos la verdad
absoluta, pero sí que tenemos verdades; no que tenemos la razón absoluta,
pero sí que tenemos razones, y vamos a continuar exponiendo de forma
reiterada, cuando convenga o nos convenga, las propuestas, incluso
algunas que no han sido derrotadas. Porque es verdad que en nuestra
sociedad muchas veces existen, en determinados temas, como es el caso del
medio ambiente, pensamientos primarios como el suyo; pero yo estoy
convencido de que su pensamiento, al cabo del tiempo, se desarrollará y
será un pensamiento más complejo en el momento de conocer qué es lo que
realmente ocurre en la sociedad, interpretarlo y, naturalmente, hacer una
acción positiva de gobierno para transformarlo o para cambiarlo.

Por tanto, nosotros volveremos a exponer nuestras razones.

Nosotros no tenemos que dar una vuelta alrededor de una mesa para
significar que estamos trabajando. No. Nosotros trabajamos. Lo que pasa
es que nosotros no podemos tirar a la papelera razones, propuestas,
argumentos o proposiciones no de ley que hemos hecho en momentos
determinados. Y como nosotros estamos abiertos a ver qué sensibilidad
emana de este nuevo Gobierno, que efectivamente ha constituido un
Ministerio de Medio Ambiente, hacemos esta propuesta para ver si tenemos
mejor fortuna que en otra ocasión.

Usted ha utilizado todo un memorial ideológico de bajo voltaje --digo de
bajo voltaje porque tampoco llega a mucho: demagógico, falto de realismo,
ilusorio, etcétera--, y luego ha hecho una explicación amplia, detallada,
de lo bien que conoce todos los pasajes de la cuestión que estamos
discutiendo.

Yo me siento enternecido por dos cuestiones, señor Burgos: por su amor a
la ecología en concreto y por su conocimiento profundo del tema que
estamos tratando. En definitiva, me da la impresión de que en este tema
vamos a tener una legislatura movida, ya que si no hemos estado de
acuerdo con políticas que desde otras ópticas se han realizado porque nos
han parecido en algunos casos muy conservadoras, tan conservadoras como
las suyas, o en otros casos timoratas, naturalmente no vamos a permitir
ahora que, en pro de una modernidad, de un sentido europeo, que se
utiliza naturalmente cuando conviene, pero no en los elementos más
avanzados de este espíritu europeo de desarrollo de directivas, en cada
momento se plantee a ver hasta dónde se puede estirar la cuerda del
Gobierno del Partido Popular en el momento de poner en marcha políticas
que están siendo puestas en marcha en el conjunto de Europa y que
representan un avance en relación a otras políticas que se habían hecho.

Dice usted que no se pueden establecer medidas que dificulten la libre
circulación. Aquí habíamos llegado; con la Iglesia hemos topado, perdón,
con el libre mercado. O sea, que desde España no podemos ni tan siquiera
tener la pequeña osadía de ver, aceptando unas normas democráticas
globales, unas directivas generales para todos los componentes de la
Unión Europea, si podemos mejorar en tal o cual aspecto tal o cual
política, en este caso concreto la política de medio ambiente en lo que
se refiere a residuos.

Nosotros partimos de otra visión, de una concepción absolutamente
diferente. Ni somos humildes, ni España tiene que ser humilde, ni España
tiene que pedir perdón por plantear cosas que en algún momento pueden no
ser atendidas por el conjunto de los socios europeos pero que, al mismo
tiempo, al cabo del tiempo, se pueden demostrar muy interesantes para
solucionar determinados problemas que tiene el conjunto de la sociedad.

Voy terminando, señor Presidente.

En definitiva, me temo --y por eso he dicho que vamos a tener una
legislatura movida en los temas de medio ambiente-- que ustedes estarán
de acuerdo con todas las políticas conservadoras de la Unión Europea y en
lo que pueden ser las políticas más avanzadas, incluso con la posibilidad
desde España de hacer que estas políticas progresen en un determinado
sentido de avance, etcétera, van a cerrarse en banda. De todas formas,
nosotros, señor Burgos, vamos a continuar haciendo reciclaje
parlamentario de todas las cuestiones que en este aspecto no han sido
atendidas, o no lo han sido suficientemente, en la anterior o en las
anteriores legislaturas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Frutos.

Señor Burgos.




El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.

Señor Frutos, yo no sé si es usted humilde o soberbio, lo que sí sé es
que es usted recalcitrante. En el debate de septiembre del año 1995 y hoy
aquí le hemos citado a usted por activa y por pasiva docenas de
argumentos por los cuales su proposición de ley ni está en condiciones de
ser asumida por un país como España, ni respeta los compromisos
internacionales de nuestro país, ni desde luego encaja en las directivas
europeas que estamos obligados a trasponer a nuestro ordenamiento, ni
cuenta con la participación de las administraciones con competencias en
esta materia, como pueden ser las comunidades autónomas o las
corporaciones locales, ni por supuesto cuenta con los agentes económicos
o sociales implicados. Por eso es por lo



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que nosotros fundamentalmente nos oponemos a su proposición de ley.

Usted, con ese espíritu mesiánico que le caracteriza, viene aquí
declarándose poco más o menos que representante de las organizaciones
ecologistas en esta Cámara.

Tendrá usted que entender que hace mucho tiempo que en este país todos
los grupos parlamentarios tienen sus relaciones con las organizaciones
ecologistas, mantienen un diálogo fluido, mantenemos encuentros
periódicos y ellas conocen nuestro lenguaje, que es el que aparece en el
«Diario de Sesiones», perfectamente conocido y público para todos los
ciudadanos. Por tanto, nosotros no tenemos por qué argumentar cosas
diferentes.

Yo he venido hoy aquí a decirle exactamente lo mismo que le dije en
septiembre de 1995 a su compañero, entonces, el señor Ribó. Quienes no
parecen enterarse de en qué ámbito se están moviendo son ustedes, los
representantes de Izquierda Unida. Quienes desconocen absolutamente el
marco normativo europeo, porque no les gusta o porque les gustaría estar
en otro, son ustedes, los Diputados de Izquierda Unida. Quienes nos traen
una proposición de ley que no encaja con ningún sistema de gestión de
residuos que se esté realizando en ninguna parte del mundo son ustedes,
los señores de Izquierda Unida.

Mi Grupo Parlamentario, que cree en un modelo de sociedad occidental, de
libre mercado, intenta aplicar y va a aplicar, a través de la
transposición de esa directiva, las políticas que se están desarrollando
en los países occidentales modernos y avanzados. No sé en que sistema de
sociedad se encuentra más cómodo S. S.. No sé en qué modelo de sociedad
se habrán basado ustedes para traer esta proposición de ley.

Evidentemente no es el mío, evidentemente no es el nuestro y, por tanto,
su toma en consideración nos parece, en estos momentos, absolutamente
rechazable.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Burgos.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señoras y señores Diputados,
brevemente, mientras nos quede al Grupo Mixto derecho a la palabra,
quiero fijar posición acerca de la proposición de ley presentada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre envases y
residuos de envases.

Después de la intervención del Grupo Popular casi da miedo subirse a esta
tribuna e intentar decir que estamos a favor de la proposición presentada
por Izquierda Unida, porque probablemente no estemos ni en esta sociedad,
probablemente pertenezcamos al mundo de los extraterrestres. Aun así, al
BNG le parece una proposición oportuna y necesaria, aunque en un debate
posterior se pudiese modificar en un sentido o en otro.

En todo caso, el Grupo Popular parece que nos tranquiliza respecto a la
situación de los envases, que se van a tomar unas medidas legislativas
que obviamente van a resolver el problema. Y para qué vamos a dudar.

Esperemos que sea así. Hasta el momento poco se tiene hecho en este
terreno.

La actual situación se caracteriza por una cada vez mayor producción de
envases desechables, que, por cierto, responde en lo fundamental a los
intereses de una minoría, a quien poco preocupa lo que ocurra o no con el
medio ambiente. Aquí se busca el máximo beneficio al precio que sea. Y
eso hay que empezar a decirlo también, porque las cosas son así.

En consecuencia, la mayor producción de este tipo de envases nos lleva a
un mayor uso por los ciudadanos, aumenta la producción de residuos y cada
vez hay una mayor incapacidad para resolver el problema de cómo
deshacerse de ellos. Llega a ser ya un problema en el que no hay manera
de deshacerse de los residuos, porque nadie quiere vertederos, etcétera.

Por tanto, estamos en un ciclo infernal que, si no se toman medidas para,
de alguna manera, atajarlo, cortarlo, nos conducirá a una situación cada
vez más difícil de solucionar, cada vez más despilfarradora de las
materias primas y cada vez más perjudicial para el medio ambiente.

Y es verdad también que la conciencia de los ciudadanos, aunque va
aumentando en relación a este problema, no alcanza aún cotas suficientes
para enfrentarse a este tipo de problemas. En todo caso, es verdad que a
los ciudadanos muchas veces les vienen impuestas las maneras de
comportarse en este terreno. Es evidente que cuando vamos a comprar
cualquier tipo de producto a cualquier tipo de comercio, supermercado,
etcétera, encontramos los productos envasados de una determinada manera y
no de otra, con lo cual no nos queda más remedio que adquirirlo en esas
condiciones y de alguna manera convertirnos en agentes involuntarios del
proceso imparable de generación de residuos.

Desde nuestro punto de vista, es el Gobierno el que debe tomar las
riendas de esta situación, así como las medidas necesarias que permitan
caminar --no resolver ya, pero caminar-- hacia la reducción en la
producción de envases, a la reutilización y al reciclaje, y no permanecer
impasibles, como se está haciendo hasta el momento, mientras el problema
se agrava más. Es el Gobierno y las distintas administraciones quienes
tienen que fomentar la conciencia ciudadana, educándola en este sentido.

Hay que tomar también medidas concretas y no abstractas de declaraciones
de intenciones, abaratando el uso y la producción de envases reciclables
tanto a los ciudadanos como a aquellas empresas que desean cooperar en la
tarea conservacionista.

Nosotros estamos convencidos de que la promulgación de una ley marco que
favoreciese esta línea de



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disminución de los residuos contribuiría notablemente a avanzar en la
solución de alguno de los problemas que en la actualidad sufre el medio
ambiente.

Yo estaba convencido de que todos los grupos parlamentarios estarían
interesados en apoyar la toma en consideración de esta proposición de
ley. Ya veo que no es así. En todo caso, es evidente que el doble
lenguaje prima una y otra vez en esta Cámara y que lo que se afirma en
los programas electorales, una vez pasadas las elecciones, si te he
visto, ciudadano, no me acuerdo.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.

En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria me
apresto a fijar la posición sobre la proposición que se discute, lo que
hago desde este escaño en aras a la brevedad.

Estamos de acuerdo en la necesidad --yo diría urgente-- de esta
regulación. Por ejemplo, hay que acabar con la polución que supone el
arrojo de los residuos a los vertederos. En este orden de cosas estamos
de acuerdo con el reciclaje. En general, se puede afirmar que la sociedad
española reclama cada vez más mayor efectividad en las medidas
medioambientales que eviten las poluciones terrestres, marítimas, aéreas
y acústicas; política que, como ha dicho el señor Frutos, portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, todavía no existe en nuestro
país de una forma decidida.

Señorías, no acertamos a comprender la oportunidad y conveniencia de la
presentación de esta proposición por esta vía parlamentaria, ni estamos
de acuerdo sobre determinados puntos de su contenido. Permítanme que me
explique.

En primer lugar, llama la atención, como ha señalado el portavoz del
partido del Gobierno, señor Burgos, el hecho de que no se haga mención de
la Directiva comunitaria 62, que sobre esta materia específica tienen
aprobados el 20 de diciembre de 1994 tanto el Parlamento como el Consejo
Europeo, Directiva que, fíjense bien, deberá ser traspuesta al
ordenamiento español antes del 30 de junio próximo. Antes del 30 de junio
próximo. Con todo respeto y alabando la preocupación ecologista del grupo
proponente --criterio y preocupación que, gracias a Dios, ya va
impregnando todo el arco parlamentario--, creemos que está clarísimo que
no es esta la vía más adecuada para lograr este inmediato cumplimiento al
que nuestro país está obligado. Y es que, señorías, hay que recordar que
el anterior Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
elaboró un proyecto de real decreto-ley que fue sometido a discusión en
el Consejo Asesor del Medio Ambiente. Y la semana pasada, en Barcelona,
fue entregado por el Subdirector General de Residuos del nuevo Ministerio
de Medio Ambiente el texto de un nuevo real decreto-ley, legislación
básica a tenor de la Constitución española, que ha sido consultado y casi
consensuado con los diferentes agentes económicos y que presenta un
contenido más acorde con la citada directiva europea. Por tanto, creemos
que este camino gubernativo es el camino real y el más rápido.

En cuanto a su contenido, haremos algunas consideraciones. Estimamos que
las tasas ecológicas que se señalan no están basadas en un estudio
meditado y consecuente sobre el costo efectivo que supone su aplicación
en España. ¿Son verdaderas tasas o son impuestos encubiertos?
Permítanme un ejemplo. Un litro de leche envasada tiene un precio medio
de 80 pesetas. De aplicarse esta proposición de ley, se encarecería en
quince pesetas, cinco por ecotasa y diez por depósito. Si multiplicamos
las quince pesetas por los más de tres mil millones de envases que se
utilizan en España, nos daría un ingreso público, solamente por el
producto lácteo, de 45.000 millones de pesetas, sin computar otros
ingresos por envases como por vidrios para toda clase de bebidas,
etcétera. Señorías, será porque hablamos de vidrio, pero esto es algo
vidrioso y necesita ser algo más transparente.

Me permito preguntar si no estamos todos obligados a evitar la elevación
del coste de vida y su repercusión en la inflación, haya o no
convergencia con los criterios de Maastricht.

Tampoco se hace la más mínima consideración respecto a la peculiar
situación de nuestras pymes o, peor aún, sobre los efectos que podría
tener su aplicación para el comercio exterior con los países en vías de
desarrollo, que con esta norma tendrían una nueva barrera de entrada.

También pregunto ¿no hay que fomentar el comercio exterior?
Su propuesta de creación de un fondo para la gestión de envases es
inadmisible para comunidades autónomas como son la balear y la canaria,
que tienen una alta población turística. Como es sabido, Canarias, con
una población de 1.600.000 habitantes, recibe alrededor de diez millones
de visitantes. Por cada 1,6 canarios, diez millones de visitantes.

Fabricamos vidrio por 25.000 toneladas que estamos reciclando, pero ¿qué
hacemos con los más de 25.000.000 de kilos que se importan? El real
decreto presentado en la Ciudad Condal, siguiendo la Constitución
española, recoge el hecho insular, lo que no hace la proposición que
estamos debatiendo. Además, ha encontrado una solución aceptable para los
archipiélagos.

Por último, estimamos que, alejándose de la filosofía política actual, la
proposición no tiene apenas en cuenta la participación de las comunidades
autónomas y de los sectores interesados en la toma de decisiones que se
derivan de la ley.

Por todo ello, y por otras razones que la brevedad del tiempo me impide
exponer, el Grupo Parlamentario



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de Coalición Canaria votará negativamente la toma en consideración de la
referida proposición de ley.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez Rodríguez.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Señor Frutos, como en toda propuesta de modificación legislativa es
necesario tener como referencia la normativa comunitaria, en este caso la
Directiva 94/62, de 20 de diciembre, de la Comunidad Europea, relativa a
los envases y residuos de envases. Establece que los estados miembros
deberán hacer su transposición al Derecho nacional antes del 30 de junio.

Sabemos que el Gobierno español, y creo que lo ha dicho también usted,
viene trabajando desde hace tiempo en el tema; por lo menos, el anterior
gobierno, iba ya, creo recordar, por el borrador número 16. Y parece
inminente la finalización de la propuesta definitiva. Por tanto, creemos
que es extemporánea la proposición presentada por Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, siendo más lógico esperar al proyecto de
ley que presente al Gobierno.

Además, existen otras razones, como por ejemplo que la directiva
comunitaria dice que, cuando los estados miembros adopten dichas
disposiciones, éstas harán referencia a la presente directiva, lo que no
sucede en esta proposición de ley. No sabemos si ha sido un olvido casual
o intencionado, pero no aparece. En todo caso, la proposición nos parece
excesivamente intervencionista, con una exagerada identificación de
envases diferentes; lo que lleva a una insuficiente o ambigua definición
de los mismos, como cuando dice suplementario, que identifica como todo
aquél que no resulte estrictamente necesario para garantizar... etcétera,
sin que se sepa quién o cómo se puede dictaminar sobre ello.

Por otra parte, los objetivos planteados resultan excesivamente exigentes
y pretenden fijar desde ahora los objetivos finales, sin experimentar
previamente las posibilidades reales de avance progresivo y logro de los
objetivos parciales, como lo hace la propia directiva comunitaria o como
lo hizo la legislación alemana.

En cuanto a los objetivos marcados, existen diferencias sustanciales
entre la directiva y la proposición de ley presentada por ustedes, tanto
en los valores como en los conceptos. Así, la directiva establece que
antes de cinco años se valorizará el 50 por ciento como mínimo y como
máximo el 65 por ciento en peso de los residuos de envases y se reciclará
el 25 por ciento como mínimo y el 45 por ciento como máximo en peso de la
totalidad de los materiales de envasado de los residuos de envases, con
un mínimo del 15 por ciento cada material envasado. Por su parte, la
proposición establece un plazo de tres años para la retirada del 60 por
ciento del flujo de residuos para su aprovechamiento en peso de la
producción de residuos de envases y del 40 por ciento en peso de cada uno
de los materiales de los residuos de envases para su reciclado, con la
consideración de que en diez años el 60 por ciento anterior pase a ser el
90 y, además, deberá retirarse del flujo de residuos para su reciclado al
menos el 60 por ciento en peso de la producción de envases, no de los
residuos de envases. También establece que en diez años los derechos de
recogida y clasificación se limitarán a un porcentaje máximo del 10 por
ciento en peso de la producción de residuos de envases. Parece que quiere
decir que del 90 por ciento retirado para aprovechamiento sólo un 10 por
ciento podrá desecharse, quedando, por tanto, el 81 por ciento, que
necesariamente deberá aprovecharse mediante reutilización, reciclaje y
algún tipo de valoración que no sea la energética por incineración.

Además, según lo apuntado anteriormente, el 60 por ciento de la
producción de envases se habrá retirado para su reciclaje.

Todo esto, como habrán apreciado, resulta además de técnico y, desde
luego, farragoso, un tanto confuso y difícil de organizar y controlar,
muy poco realista. La directiva habla de valorizar y reciclar, mientras
que la proposición de ley introduce el término retirar del flujo de
residuos para su aprovechamiento. Pero la objeción fundamental, desde el
punto de vista conceptual, está en que la proposición prescinde
totalmente de la valoración energética mediante la incineración, y no
porque explícitamente lo prohíba, sino porque tanto en la exposición de
motivos, donde al presentar el principio del desarrollo sostenido expone
como criterios los de reducir su generación, reutilizarlos, etcétera, y,
en última instancia, reciclarlos, como en las definiciones, en los
requisitos básicos, donde la composición o el anexo número 4 listan las
operaciones que dejan una posibilidad de valoración y aprovechamiento, se
omite en ambos casos esta forma de gestión. Parece claro que ésta es una
forma sutil, entendemos, de establecer de facto su prohibición sin
incorporar un artículo que explícitamente lo indique. Sin embargo, este
criterio es contrario a lo establecido en las diferentes directivas de la
Unión Europea y específicamente en la 94/62, de 20 de diciembre de 1994,
relativa a envases y residuos de envases, que ahora se trata de trasponer
a la legislación española. También es contrario a la Directiva del
Consejo 91/156, del 18 de marzo de 1991, que modifica, a su vez, la
Directiva 75/442, relativa a los residuos; a la 94/62, donde se hace
referencia explícita en los considerandos, en las definiciones, artículo
6.º, en los objetivos y en los residuos básicos sobre composición.

Además, aunque la valoración económica exigiría un análisis más profundo
y una comparación con otros sistemas de gestión ya implantados en Europa,
el sistema propuesto por ustedes parece muy caro.

También habría que analizar la validez del criterio de que las tasas del
fondo para la gestión de envases y



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los residuos de envases se recauden desde la administración del Estado y
se redistribuyan a las comunidades autónomas en proporción al número de
habitantes.

Por todo lo expuesto, creemos conveniente oponernos a la toma en
consideración de esta proposición de ley y esperar a la inminente
presentación del proyecto de ley preparado por el Gobierno, que, según
parece, ha venido discutiéndose durante largo tiempo con los diferentes
agentes económicos implicados en esta materia. No sería lógico renunciar
a lo tratado y trabajado hasta ahora y empezar de nuevo.

Por tanto, anunciamos nuestro voto en contra a esta proposición de ley
presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Nada más, señor Presidente
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, el tema a que se
refiere esta proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya es sin duda importante. Son muchos los
esfuerzos que desde los distintos poderes públicos se vienen realizando
para reducir la generación de residuos domésticos en general y nosotros
también pensamos que es necesario dar un paso adelante comprometiendo
definitivamente a la industria en este tipo de políticas.

Nuestro grupo parlamentario así lo ha reclamado reiteradamente y en
aquellos lugares donde tenemos responsabilidades de gobierno desde hace
tiempo estamos aplicando políticas eficaces de minimización de residuos y
recuperación de envases, pero ciertamente nos falta un marco legislativo
amplio, el marco legislativo que exige el desarrollo de la directiva del
año 1994, tantas veces citada a lo largo de este debate.

Hoy se trata, como han dicho otros intervinientes, de una iniciativa que
ya conocíamos, por cuanto fue planteada en la anterior legislatura y, si
no recuerdo mal, fue defendida desde esta tribuna por el Diputado señor
Ribó.

Entrando en su contenido, debo decir de entrada, como ya dije hace
escasamente nueve meses, que éste excede el objetivo al cual su artículo
1.º parece referirse, pues si este artículo dice que el objetivo es el de
reducir los residuos domésticos, a continuación el artículo 2.º establece
que se aplicará a todos los envases y residuos de envases, ya sean
comerciales, domésticos o industriales.

El objetivo de la proposición en general no es otro que el de la
Directiva comunitaria, como decía, 90/62, de 20 de diciembre, a la que
ahora quiero referirme. Es una Directiva, también como se ha dicho,
todavía pendiente de transposición al ordenamiento interno español, a
pesar de que el Gobierno anterior trabajó en una norma en cuyo proceso de
elaboración participaron distintas instituciones, agentes sociales y las
comunidades autónomas, pero que no acabó de ver la luz.

Esta Directiva tiene por objeto prevenir o reducir el impacto de los
envases y residuos de envases sobre el medio. Para conseguirlo determina
la necesidad de establecer, en primer lugar, un sistema de devolución,
recogida y recuperación; en segundo lugar, sistemas de marcaje e
identificación de los envases que permitan reconocer la naturaleza de los
materiales empleados en su elaboración y, en tercer lugar, los requisitos
básicos sobre la fabricación y composición de los envases.

Además, para garantizar la adecuada gestión, la Directiva obliga a los
Estados miembros a que introduzcan en sus programas de gestión de
residuos un capítulo específico para los envases y residuos de envases.

Sin embargo, la proposición de ley en algunos de sus aspectos principales
se aleja de lo que es el contenido de la Directiva. Así sucede, por
ejemplo, en aquello que se refiere a los objetivos de aprovechamiento,
que describe el artículo 4.º, ya que cuando se establece que en el plazo
de diez años hay que aprovechar el 90 por ciento del peso de los residuos
de envases, parece desconocerse que la Directiva reserva al Consejo o a
los Estados miembros, pero con la conformidad previa de la Comisión, la
facultad de elevar los porcentajes de valorización.

El artículo 6.º del texto que discutimos, que regula el marcaje de los
productos --supongo que debe referirse al marcaje de los envases, porque
los productos no se marcan--, se aleja igualmente de la directiva, por
cuanto ésta determina que corresponde al Consejo la decisión sobre el
marcaje, o bien cuando se regulan los requisitos que han de cumplir los
envases para su comercialización --me refiero concretamente al anexo II
de la proposición de ley--, no se contempla dentro de las concentraciones
máximas de metales pesados la relativa al mercurio, a que sí hace
referencia la directiva, y en cambio ustedes sólo se refieren al
contenido en cadmio, plomo y cromo.

Asimismo, en las disposiciones adicionales primera y segunda se prevé
toda una serie de incentivos económicos para conseguir los objetivos de
la proposición. Estos objetivos son necesarios y serían loables si no
fuera porque la directiva establece que será el Consejo quien aprobará
los instrumentos económicos y sólo si el Consejo comunitario no adopta
estos instrumentos, sólo en este caso, repito, podrán hacerlo los
Estados.

La iniciativa legislativa que hoy debatimos tiene un marcado carácter
programático, ya que el cumplimiento de la mayoría de sus previsiones y
el logro de sus objetivos se hace depender de un posterior desarrollo
legislativo o de la actividad programadora de la Administración central.

Este carácter programático de la proposición debe ser la causa de que,
por ejemplo,



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no se prevea un régimen sancionador que echamos en falta.

Me llama también la atención que, teniendo como tiene esta proposición de
ley un carácter marcadamente medioambiental, su desarrollo se deje en
exclusiva en manos del Ministerio de Industria y Energía, que no es
precisamente el Ministerio responsable del Medio Ambiente. De hecho,
ustedes hacen referencia sólo en un artículo, el 13, al antiguo
Ministerio de Medio Ambiente, es decir, al Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente. Y al Ministerio de Medio Ambiente, por
razones obvias de la fecha de presentación, no se le menciona en ningún
momento.

Otro aspecto que no compartimos es el escaso respeto, desde nuestro punto
de vista, al reparto competencial en materia de medio ambiente que surge
del bloque de constitucionalidad. De entrada, no se establece el carácter
básico de la norma, carácter básico que luego se desprende del propio
texto, ni se indican los títulos competenciales que se invocan a la hora
de legislar. Son escasísimos los supuestos en los cuales intervienen las
comunidades autónomas, o al menos los supuestos en los cuales se
salvaguardan las importantes competencias de gestión y desarrollo
legislativo en materia de medio ambiente, que recaen en todas y cada una
de las autonomías.

De la ingente actividad programadora que el texto de la proposición de
ley atribuye al Gobierno, sólo en el artículo 5, que se refiere a los
sistemas de retorno y gestión, que prevé un programa marco de gestión de
envases y residuos de envases, se utiliza una fórmula de salvaguarda de
los planes de gestión de las comunidades autónomas. Por poner un ejemplo,
en el artículo 11, que crea el fondo para la gestión de envases, que se
nutre de las tasas ambientales que las empresas productoras de bienes de
consumo liquidarán a la Administración central, se establece que ésta
distribuirá territorialmente dicho fondo en proporción a los habitantes
de cada comunidad autónoma, pero sólo cuando la comunidad autónoma tenga
asumidas competencias --dicen ustedes-- en materia de coordinación del
tratamiento de residuos municipales le corresponderá la gestión de la
parte atribuida a su territorio. Nos parece que ésta es una redacción
desafortunada y que en ningún caso las competencias en materia de medio
ambiente se formulan de esta forma en los estatutos de autonomía.

Volviendo al artículo 5.º, dispone que, dentro del programa marco de
gestión de envases y residuos de envases, el Gobierno diseñará un sistema
básico de recogida selectiva y gestión de residuos de envases a cargo de
las empresas productoras, transformadoras y envasadoras, que podrán
asociarse al efecto. Pues bien, esta simple previsión deja también mucho
que desear a los efectos de salvaguardar las competencias de gestión
autonómicas, ya que no se determina quién autorizará los sistemas de
gestión que establezca la industria, cómo se identificará que un envase
está acogido a este sistema, no se articulan las garantías que aseguren
el correcto funcionamiento del sistema o la participación de las
distintas administraciones autonómicas.

Así --voy terminando, señor Presidente--, en la disposición adicional
tercera se prevé la presentación por el Gobierno de un programa de
medidas de coordinación con la Federación Española de Municipios y
Provincias para conseguir que los ayuntamientos contemplen en sus
ordenanzas fiscales la tasa de recogida y el tratamiento de residuos
sólidos o urbanos. Una previsión de este tipo, desde nuestro punto de
vista, sin la intervención de las comunidades autónomas, supone
desconocer el reparto competencial resultante del bloque de
constitucionalidad.

Señor Presidente, señorías, es obvio que, aun compartiendo la necesidad
de impulsar la minimización de los residuos generados por los envases,
nuestro grupo parlamentario, una vez más, no va a poder votar a favor de
la toma en consideración de esta proposición de ley. Lo lamento porque
nuestra predisposición sigue siendo absolutamente abierta a poder
considerar una iniciativa parlamentaria de este tipo, porque, como he
dicho al principio, creemos que es urgente la transposición al Estado
español de la directiva comunitaria, y el tiempo se nos hecha encima.

Ustedes con esta proposición de ley abrían la puerta al efecto, pero
entendemos --y creo que ha quedado claro en nuestra exposición-- que su
texto incorpora toda una serie de aspectos que son contradictorios tanto
con la directiva comunitaria como con el concepto del Estado de las
autonomías que nosotros defendemos y que se desprende del bloque de
constitucionalidad, lo cual nos dificultaría mucho enmendar este texto.

Por tanto, repito, nuestro voto no será favorable a su toma en
consideración.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Recoder.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista tendría en estos momentos los mismos argumentos
para votar en contra de la toma en consideración de la proposición de ley
formulada por Izquierda Unida que mantuvo durante el debate de un texto
idéntico, en el pasado mes de septiembre de 1995. En esa ocasión los
grupos parlamentarios intervinieron para señalar lo que se consideraban
defectos de forma o de fondo de la propuesta formulada por Izquierda
Unida. Sin embargo, en estos momentos, nuestra posición no coincide con
la que mantuvimos en la discusión del mes de septiembre porque la
coyuntura ha variado. Entonces estábamos elaborando un texto que la
Ministra de Medio Ambiente se ha encontrado preparado sobre la mesa,



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que había sido consensuado con todas las comunidades autónomas,
incorporando, en particular, las sugerencias hechas por las comunidades
autónomas de Cataluña y de Canarias --en concreto, el hecho diferencial
canario al que antes se refería el Diputado está presente en el texto que
el anterior gobierno tenía preparado--; es un texto al que sólo le
faltaba el informe del Consejo de Estado y que había sido objeto de
tramitación en todos los órganos que son pertinentes en esta materia.

De la intervención del señor Burgos deduzco que no es el texto que va a
aprobar el Gobierno del Partido Popular y, por lo tanto, no podemos dejar
de manifestar desde este momento nuestra posición contraria a cualquier
normativa que no refleje lo que ha sido un trabajo de búsqueda, de
consenso y de establecimiento de objetivos, que, respetando la normativa
comunitaria, pueden en algún aspecto, en la misma línea que propone
Izquierda Unida, ser más ambiciosos que la propia norma comunitaria.

Señor Burgos, lo que más me preocupa es la coincidencia de su tono y de
sus observaciones con las que formuló la CEOE a lo largo de la
elaboración del texto preparado por el anterior gobierno. En sus palabras
hay una tremenda dureza precisamente respecto de los mismos elementos que
suscitaron el disgusto de la CEOE. No es que me sorprenda, teniendo en
cuenta el importante número de representantes de la CEOE que hoy día
ocupan puestos en el actual Gobierno de la nación y que supongo que
dejarán oír su voz en ésta y en otras normas en elaboración.

Nosotros tenemos la voluntad como partido, como grupo parlamentario, de
presentar en esta Cámara la proposición de ley que se corresponde con el
texto que había alcanzado el grado mayor de madurez y que estaba
pendiente exclusivamente de informe de Consejo de Estado. Si no es ése el
texto que el Partido Popular trae a esta Cámara, tendremos que manifestar
nuestra discrepancia. El discurso que ha hecho el representante del
Partido Popular anuncia un dogmatismo por parte del Gobierno de la nación
en materia de política ambiental con el cual el Grupo Parlamentario
Socialista seguramente no coincidirá en ocasión tan trascendental como la
transposición de esta directiva.

Tampoco podemos posicionarnos con un voto favorable a la toma en
consideración de una norma que sigue adoleciendo de los mismos defectos
de forma y de fondo que hace unos meses. La posición de nuestro Grupo va
a ser de abstención motivada, sobre todo, por lo que vemos ya anunciarse
como la primera decisión, en materia de política ambiental, de un
Gobierno que en su discurso de investidura anunció que la política
ambiental iba a ser un eje fundamental de su acción pública y respecto de
ese eje fundamental lo único que ha habido hasta ahora ha sido la
creación de un Ministerio de Medio Ambiente, sin ninguna otra concreción
que la Ministra --que, de nuevo, está ausente en la discusión de una
norma que le afecta profundamente-- explique a la Cámara, ya que es uno
de los pocos ámbitos de la política del nuevo Gobierno que no ha sido
objeto de la mínima declaración.

Llevamos tres semanas oyendo hablar de déficit público, de convergencia y
de otras decisiones de gran trascendencia. Sobre política ambiental no
hemos oído nada, mejor dicho, hemos oído lo que esta tarde el señor
Burgos ha manifestado con un tono de especial dureza, que, como decía,
coincide en todos y cada uno de sus elementos con las críticas formuladas
por la CEOE en la elaboración del texto que llevó a cabo el anterior
Gobierno.

Señores del Partido Popular, señores del Gobierno, la reducción como
prioridad en la política de residuos seguirá siendo defendida por el
Grupo Parlamentario Socialista, como seguirá siendo defendida la
regulación de la incineración de acuerdo con las normas europeas y la
reducción en el uso de determinados productos contaminantes en los
envases. Todo eso que hizo que la única organización social que no
estuviera de acuerdo con el último texto fuera precisamente la CEOE.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista no vota a favor de la
toma en consideración, se abstiene e insta al Gobierno a que, a la máxima
brevedad, explique el contenido exacto de lo que debe tramitarse ya como
decreto-ley.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona.

Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre envases y residuos de envases.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 30; en contra, 167; abstenciones, 124.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE AMPLIACION DEL EMBARGO
UNILATERAL SOBRE CUBA MEDIANTE LA «LEY HELMS-BURTON» PROMULGADA POR LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (Número de expediente 162/000017)



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--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE OPOSICION A LA LEY NORTEAMERICANA CONOCIDA COMO
«HELMS-BURTON» (Número de expediente 162/000018)



El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: proposiciones no de ley.

Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre ampliación del embargo
unilateral sobre Cuba mediante la «Ley Helms-Burton», promulgada en los
Estados Unidos de América.

Para la defensa de la proposición no de ley, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, señorías, subo a esta
tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a defender una
proposición no de ley relativa a Cuba y a la ley norteamericana, conocida
como «Ley Helms-Burton», que en el transcurso de los últimos días ha
llegado a un consenso con la proposición que va en el punto siguiente del
orden del día de Izquierda Unida, convirtiéndose, en una especie de
autoenmienda de ambos grupos, en una enmienda de sustitución, que es la
que vamos a defender en estos momentos.

Esta proposición, tal como está redactada ahora, tiene tres objetivos. El
primero, que España se oponga enérgicamente a la «Ley Helms-Burton», en
primer lugar, porque vulnera de una manera flagrante el derecho
internacional y las normas de la Organización Mundial de Comercio; en
segundo lugar, porque pone en grave peligro las inversiones e intereses
españoles en Cuba; en tercer lugar, porque contribuye a agravar la
situación socioeconómica que atraviesa el pueblo cubano y, en cuarto
lugar, porque dificulta objetivamente la democratización de Cuba, dando
la razón, en una dramática paradoja, a los más duros, a los más ortodoxos
del régimen de La Habana.

El segundo objetivo es que España mantenga la cooperación con Cuba porque
su suspensión penaliza al pueblo y, sobre todo, a los más necesitados,
que son los auténticos receptores de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo)
y refuerza --una vez más se da la paradoja-- los argumentos victimistas
del régimen cubano.

El tercer objetivo es que España propicie y fomente el diálogo entre los
cubanos de dentro y de fuera del régimen, de dentro y de fuera de la
isla, para favorecer la reconciliación, el reconocimiento de los derechos
humanos y una transición pacífica, gradual, democrática y de respeto a
las libertades fundamentales, todo ello respetando también la soberanía y
el derecho del pueblo cubano a decidir su futuro sin injerencias
externas.

Señorías, España es el principal proveedor de Cuba y acapara el 20 por
ciento de sus compras. Nuestras exportaciones a Cuba ascienden a 40.000
millones de pesetas y las inversiones a más de 10.000 millones. Cerca de
500 empresas españolas operan directa o indirectamente en Cuba, de las
cuales unas 40 tienen allí fuertes intereses e inversiones. Sectores como
los hoteleros, tabaqueros, bancarios, inmobiliarios, energéticos y otros
tienen una presencia creciente en la isla y grandes posibilidades de
futuro en ese mercado. Miles de puestos de trabajo en España y en Cuba
dependen directa o indirectamente de estas actividades económicas y la
ley norteamericana, la «Ley Helms-Burton», supone una amenaza directa e
inminente --lo supone incluso antes de su aplicación por el efecto
disuasorio-- para toda persona física o jurídica, para toda empresa que
actúe, que tenga intereses o presencia en Cuba. Para comprobarlo sólo hay
que preguntar a la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, a muchos
empresarios españoles que conocen la situación, a muchos sectores
políticos relacionados con esas empresas. El propio señor Durán i Lleida,
dirigente de Unió Democrática de Catalunya, estuvo en febrero en Cuba con
una delegación de 40 empresarios y ya se manifestó rotundamente contra la
aplicación de esa ley. Una ley que, contra toda lógica, contra la
jurisprudencia más consolidada del Derecho internacional, contra las
normas internacionales del libre mercado y de la propia Organización
Mundial de Comercio, pretende sancionar y perseguir las relaciones de
terceros países con Cuba. Aplica así la extraterritorialidad, sometiendo
a tribunales norteamericanos presuntas irregularidades, presuntos delitos
de empresas de un país tercero que actúe, que trabaje en Cuba.

Méjico y Canadá, los dos países que, junto con España, tienen más
relaciones con Cuba y que, a su vez, son socios de Estados Unidos en
NAFTA, han reaccionado con rapidez y contundencia, negándose a que sus
ciudadanos, sus conciudadanos y sus empresas sean perseguidos por
tribunales americanos por su comercio con Cuba. También la Unión Europea,
la Comisión y el Parlamento Europeo han condenado esto, e incluso un país
miembro de la Unión Europea, el Reino Unido, un país tradicionalmente
amigo de los Estados Unidos, ha aprobado una ley prohibiendo a sus
empresas someterse a los dictados de la Ley Helms-Burton. Este mismo
Congreso de los Diputados, en la Comisión de Asuntos Exteriores de la
anterior legislatura, tan lejos como el 3 de octubre de 1995, aprobó por
unanimidad una proposición en la que se rechazaba firmemente esta ley que
entonces aún no había sido aprobada por el Senado.

El portavoz del Grupo Popular en esa Comisión, señor Muñoz-Alonso, tuvo
una intervención en la que, después de señalar que esa ley no sería
aprobada por el Senado --luego lo ha sido--, que no sería firmada por
Clinton, que sería vetada --Clinton la ha firmado--, añadía que informes
de la administración Clinton señalaban, por ejemplo, que algunas de las
previsiones de la legislación propuesta entorpecería la capacidad de los
Estados Unidos para hacer avanzar



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nuestros objetivos --los de Estados Unidos--, que consisten en promover
la transición democrática pacífica y rápidamente.

Añadía, citando ese informe de la administración Clinton, que la Ley
Helms-Burton entra en contradicción con los compromisos adquiridos por
los Estados Unidos en la Ronda Uruguay del GATT y en el Tratado de Libre
Comercio con Canadá y Méjico, NAFTA. La Ley Helms-Burton da a Estados
Unidos una autoridad --decía la propia administración Clinton-- que no
tiene en relación con la transferencia de propiedades entre dos partes no
norteamericanas, parte Cubana y parte de terceros países, e ignora
--insiste el informe-- los principios básicos del Derecho Internacional y
de la propia práctica norteamericana, argumento de la administración
Clinton que utilizaba el portavoz del Grupo Popular para apoyar esa
proposición contraria a la Ley Helms-Burton, y así fue como todos los
grupos votaron a favor de la misma.

Ante todo ello, resulta especialmente sorprendente que el pasado sábado,
con motivo de la visita del Vicepresidente de los Estados Unidos a
España, el señor Aznar le comunique que va a suspender la cooperación con
Cuba y le exprese la tibia preocupación del Gobierno español por dicha
ley.

¿No sabía el señor Aznar que Clinton y Gore se oponían a dicha ley, que
su partido, el Partido Demócrata, está en minoría en ambas Cámaras? ¿No
sabe el señor Aznar que si Clinton es reelegido en noviembre tratará de
abolir dicha ley o disminuir sus efectos? ¿Piensa el señor Aznar ser más
papista que el Papa?
En las relaciones internacionales sólo se respeta al que se respeta a sí
mismo, las actitudes de sumisión o de vasallaje no son de recibo ni son
apreciadas por aquél que las exige.

Este primer error, este primer tropiezo importante del señor Aznar en
política exterior, así definido, por cierto, en una rara unanimidad,
estando en período de gracia por el conjunto de la prensa, por los
editoriales de los principales medios de comunicación; este error, digo,
tendrá que ser rectificado tarde o temprano porque la realidad terminará
por imponerse.

Ya, de hecho, hay contradicciones, como en otros temas, entre lo que dice
Aznar y lo que dice el Ministro correspondiente, en este caso el señor
Matutes.

Esa realidad de la que hablaba, señorías, es que la política con Cuba es
una peculiaridad sólidamente instalada en la opinión pública española; es
una política que tiene su fundamento en razones históricas, culturales,
lingüísticas, de sangre. Por esas razones España ha mantenido siempre
unas vías de comunicación política y de cooperación con Cuba, que no se
han roto nunca, al margen de vaivenes políticos.

Desde 1977 el Presidente Suárez estableció, impulsó esa política que ha
continuado el Gobierno socialista durante trece años y medio. Esta
política se ha mantenido a pesar de las presiones de los Estados Unidos,
que en el pasado han llegado a ser muy fuertes. En éste como en otros
temas, ¿por qué tenemos que hacer lo que otros digan, por poderosos que
sean sus medios?
Esta política constituye una seña de identidad de España, que es
apreciada por el pueblo cubano y respetada y admirada por la comunidad
internacional y especialmente por la comunidad iberoamericana. Por
cierto, que la inmensa mayoría de los países de la comunidad
iberoamericana practica esa misma política de autonomía, de independencia
y de soberanía en su relación con Cuba.

España no puede ni debe dejarse arrastrar por la estrategia de la tensión
y de la confrontación que alimentan, desde hace más de treinta años, los
sectores más conservadores, más derechistas de Washington y de Miami, y
cuyos resultados están a la vista: mayor penuria del pueblo cubano,
mayores argumentos a los sectores ortodoxos de La Habana, ningún avance
en la democratización de Cuba.




El señor PRESIDENTE: Señor Yáñez, le ruego que vaya concluyendo.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Termino, señor Presidente.

Señorías, fomentar el diálogo y la convivencia de todos los cubanos, de
dentro y de fuera del Gobierno y de dentro y de fuera del país también,
apoyando especialmente a aquellos que trabajan por una transición
pacífica y gradual a la democracia y por el respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales, por el bienestar y desarrollo
de ese pueblo hermano, es la única vía posible para España. No hagamos el
juego ni a los ortodoxos del régimen ni a los fundamentalistas de
Washington y de Miami, que es una dialéctica dramática que se
retroalimenta y se justifica mutuamente. Acordémonos --y termino-- de la
transición española y cómo al final fue un éxito porque en un clima de
tolerancia, de diálogo y de consenso se pudo llegar a la reconciliación
entre los aperturistas de dentro del régimen y la oposición democrática
del interior y del exilio.

Señorías, si ustedes van a Cuba se encontrarán a muchísima gente que
critica la burocracia estatal, el hostigamiento y las penurias y
dificultades por las que pasa el pueblo cubano. Pero esa misma gente y no
otra, que creo que es la inmensa mayoría, critica con más dureza aún las
actitudes de hostigamiento de Washington y de la extrema derecha de
Miami. Por ese camino no podemos ir; vayamos por el camino del diálogo,
por el camino de las puertas abiertas, de la mano tendida, buscando en
Cuba una transición pacífica y democrática de ese país.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez.

Sobre la misma materia, es decir, sobre el embargo unilateral sobre Cuba
mediante la ley Helms-Burton,



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el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya ha formulado también una proposición no de ley, para cuya
defensa tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.

Señorías, como el señor Yáñez ha manifestado, tanto el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como el Grupo
Socialista lo que han defendido aquí es una propuesta conjunta de
consenso que supone una autoenmienda mutua a las proposiciones no de ley
planteadas con el mismo objeto: proponer que el Parlamento inste al
Gobierno español a oponerse con todas sus fuerzas a la llamada ley
Helms-Burton, ratificada finalmente por el Presidente de Estados Unidos
el día 12 de marzo de 1996.

Señorías, vamos a debatir hoy, en un parlamento democrático de un país
soberano, una de las aberraciones máximas a las que se ha llegado, una de
las vulneraciones más flagrantes del Derecho internacional por parte de
un país hacia la soberanía de otros y al derecho de autodeterminación de
los pueblos. La ley Helms-Burton supone conceder rango de ley a la
injerencia en asuntos internos de otros países y además intentar
imponérselo al resto del mundo.

Una vez más ha funcionado un antiquísimo método utilizado por Estados
Unidos para imponer sus razones: una provocación que justifique la
intervención en contra de un país que no se somete a sus designios. Doce
días antes de la ratificación por parte del Presidente de Estados Unidos
de la Ley Helms-Burton --que ninguno de los grupos parlamentarios de esta
Cámara creía que semejante aberración pudiera conocer finalmente la
aprobación del Senado y menos la ratificación por parte del Presidente de
Estados Unidos-- dicha ley se pone en marcha. Doce días antes la
organización de la extrema derecha de Miami, Hermanos al rescate,
liderada por el señor Mas Canosa, viola flagrantemente el espacio aéreo
cubano y pone en marcha la justificación de la aprobación de la Ley
Helms-Burton. De nada sirvió que Cuba, con mucho retraso, pudiera
demostrar ante la Asamblea de las Naciones Unidas que el derribo de las
avionetas se había producido en violación flagrante del espacio aéreo
cubano. De nada ha servido que muchos días después, en páginas interiores
de diarios nacionales, apareciera la noticia de que la propia asociación
civil de pilotos norteamericanos quitaba la licencia a uno de los pilotos
por vulneración del espacio aéreo de otro país. La provocación estaba en
marcha y la Ley encontró el caldo de cultivo, el calor para poder
aprobarse.

No es nuevo, señorías. La intervención norteamericana en la Guerra de
Independencia de Cuba con respecto a España tuvo un elemento semejante:
el autohundimiento del buque Maine estadounidense en 1898 fue utilizado
como instrumento para intervenir en la guerra e imponer la enmienda Platt
en 1902, que justificaba la intervención militar de Estados Unidos en
Cuba siempre que considerara que sus derechos estaban siendo vulnerados.

Después de 1959, Estados Unidos, que jamás pudo admitir que Cuba era otra
cosa que un territorio propio, después del triunfo de la revolución
cubana la histeria estadounidense se desborda. Se pone en marcha un
bloqueo unilateral ilegítimo, condenado año tras año por la Asamblea
General de Naciones Unidas, que pretende imponer al pueblo cubano
condiciones de hambre, de miseria y de enfermedad para doblegar su
resistencia y aceptar finalmente el derecho de Estados Unidos a imponer
sus designios. Sin embargo, en los últimos tiempos y después de que Cuba
sigue resistiendo, a pesar del hundimiento del bloque socioeconómico del
Este y de las situaciones dramáticas que está viviendo este país, los
argumentos de Estados Unidos para mantener el bloqueo a Cuba se
debilitan. Es muy difícil argumentar que Cuba es un peligro para la
seguridad interna de Estados Unidos; es muy difícil de explicar al pueblo
cubano, que está viendo cómo la implementación de las políticas
neoliberales en América Latina está suponiendo que un millón de niños
muera al año por desnutrición y que 230 millones de personas estén en
situación de miseria en América Latina; es muy difícil que se esgrima
como ejemplo la situación de otros países bien cercanos a Cuba que han
aceptado estos designios por parte de los grandes centros de poder
económico del mundo.

Sin embargo, la Ley Helms-Burton se ratifica finalmente el 12 de marzo de
1996. Voy a señalar a SS. SS. brevemente algunos de los preceptos que
esta Ley establece y que, insisto, son planteamientos inéditos en el
Derecho Internacional, son planteamientos intolerables desde el punto de
vista del derecho a la soberanía de los pueblos. Por ejemplo, se plantea
la prohibición de préstamos, créditos u otro tipo de financiamiento por
parte de ciudadanos o instituciones norteamericanas a cualquier persona
que trafique con propiedades confiscadas por el Gobierno de Cuba y que
sean reclamadas por nacionales de Estados Unidos. Estados Unidos se
opondrá a la entrada de Cuba en instituciones financieras
internacionales, y en el caso de que alguna de ellas apruebe un crédito o
alguna otra forma de financiamiento a Cuba, Estados Unidos suspendería
sus pagos a dicha institución internacional por una suma igual a la
otorgada a Cuba. Estados Unidos prohibirá la importación de azúcares,
melazas, siropes y otros productos que contengan productos de terceros
países que, a su vez, importen estos productos de Cuba.

Estados Unidos dará los pasos necesarios para que, por imposición
directa, la Organización de Estados Americanos asigne una cantidad de no
menos de cinco millones de dólares, destinada, supuestamente a financiar
inspectores de derechos humanos en Cuba. Y si la OEA no acepta, Estados
Unidos suspenderá el pago de



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sus deudas a la OEA por una cantidad semejante. Se plantea la instalación
del macartismo más rancio. Se plantea la prohibición de la entrada a
Estados Unidos de personas y de sus familiares --de cónyuges, hijos,
familias-- de todas aquellas personas que hayan traficado con supuestas
propiedades nacionalizadas. También se plantea que quienes hayan
traficado tendrán plena responsabilidad legal, ante los reclamantes
norteamericanos, en los tribunales y también a través de la posibilidad
del Ministro del Tesoro norteamericano para imponer multas de hasta
50.000 dólares a todas aquellas empresas o individuos que según ellos
hayan traficado con propiedades estadounidenses en Cuba. Además, se
plantea incluir como reclamantes a personas que hoy son ciudadanos
norteamericanos, pero que no lo eran en el momento en que se produjeron
las expropiaciones. Evidentemente, esto introduce una aberración jurídica
sin precedentes dentro de la propia legislación interna norteamericana.

En Estados Unidos existe una comisión federal de reclamaciones, que
permite el derecho a plantear conflictos de ciudadanos o empresas
estadounidenses que hayan sufrido en sus intereses por las decisiones de
un gobierno extranjero. Evidentemente, la comisión federal exige la
demostración de que, no solamente en el momento en que se produjo la
agresión a sus intereses sino en todo el tiempo posterior, la empresa o
el individuo ha continuado siendo norteamericano. ¿Qué va a pasar cuando
ciudadanos cubanos, que perdieron la nacionalidad cubana y que hoy son
norteamericanos, reclamen por propiedades nacionalizadas en Cuba?
El proyecto llega al máximo delirio en la legalización de la injerencia
cuando define cuál sería el proceso de transición democrática en Cuba. Se
plantea que habría un delegado del Gobierno norteamericano, encargado de
comprobar si la revolución cubana ha sido finalmente derrotada por el
bloqueo. Pero esto no supondría la suspensión automática del mismo. Se
crearía una comisión federal, compuesta por el Gobierno norteamericano y
por empresas privadas norteamericanas, que decidiría las inversiones
norteamericanas en Cuba. Evidentemente, ya no habría Gobierno cubano, ya
no habría República de Cuba. Directamente, Estados Unidos decidiría sin
intermediarios sobre sus inversiones y sobre la política cubana. Se
plantea, asimismo, que la finalización del proceso democrático --¡fíjense
ustedes!-- no tiene características políticas, no tiene requisitos de
democracia política. El final del proceso democrático que diseñan para
Cuba culminará cuando esta comisión estadounidense compruebe que la
totalidad de los intereses estadounidenses en Cuba han sido resarcidos.

¿Por qué cantidad, señorías? El propio Departamento de Estado
norteamericano calcula que esta cantidad sería superior a los 100.000
millones de dólares, es decir, muchas veces el producto interior bruto
anual de Cuba. Y se tendría que devolver hasta la última propiedad, hasta
el último casino, hasta el último burdel, hasta el último garito, si es
que hubieran continuado existiendo. Y se plantea la devolución de casas,
existentes hoy y propiedad de ciudadanos cubanos, edificadas en
territorios, en solares que hoy son ciudades en Cuba. Evidentemente es el
delirio máximo a que ha podido llegar la extrema derecha norteamericana y
el exilio cubano.

Finalmente, un detalle. La Ley Helms-Burton, señoría, legisla sobre cómo
se devolverá la nacionalidad cubana a aquéllos que hoy son ciudadanos de
Estados Unidos. ¿Cómo es posible que un país legisle sobre cómo y a quién
se reconoce la nacionalidad de otro país? Evidentemente, la condición
para que estas ideas puedan transformarse en letra legal es que se
considere al otro país como un vasallo, que se considere al otro país
como dependiente del Congreso que legisla.

Señorías, la intervención del señor Yáñez acerca de las intervenciones
parlamentarias del PP, de Convergència i Unió y de otros grupos en la
Comisión de Asuntos Exteriores de hace poco más de seis meses, me evita
utilizar tiempo para intentar negar toda legitimidad. Evidentemente. las
posiciones democráticas cambian, pero es imposible argumentar, señorías
del Grupo Popular, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), del Grupo
Vasco (PNV), cómo, en seis meses, las razones que dieron lugar a una
votación unánime en la Comisión de Asuntos Exteriores no solamente se
mantienen intactas sino que se han agravado, en el sentido que dio origen
a la votación. Ustedes, en este momento, se plantean impedir que este
Parlamento soberano haga una demostración de dignidad en la afirmación de
que este país comercia, negocia, establece relaciones diplomáticas y
relaciones internacionales en función de sus propios intereses soberanos
exclusivamente.




El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego concluya.




La señora MAESTRO MARTIN: Sí, señor Presidente.

Señor Aznar, señores del Gobierno del PP, señores del Grupo Parlamentario
Popular, ¿de quién vamos a tomar lecciones de democracia? ¿De quién?
¿Quién va a indicar a este Gobierno, quién va a indicar a este país
cuándo un país es democrático o no?
Señorías, hay cosas que cada vez se dicen menos, pero que mi grupo
parlamentario cree necesario decir aquí. Estados Unidos es el país del
mundo que más veces ha violado el Derecho internacional; el país del
mundo que, en función de sus intereses, ha sometido la soberanía de los
pueblos a sus propios designios; que ha puesto dictadores cuando las
decisiones de los gobiernos no convenían a sus intereses y que ha
financiado y ejecutado asesinatos a través de sus servicios de
inteligencia.




El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le ruego que concluya. Ha rebasado
su tiempo.




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La señora MAESTRO MARTIN: Termino.

Señores del Gobierno, señores del Grupo Parlamentario Popular, no
minusvaloren la sensibilidad y la inteligencia de este pueblo. No son
ideologías lo que sustenta la solidaridad del pueblo español con el
pueblo cubano, sino un enorme respeto a la dignidad de un pueblo pobre,
de un pueblo débil, de un pueblo pequeño, que ha tenido la osadía de
rescatar y de sostener su derecho a la soberanía, su derecho a la
independencia y su derecho al desarrollo democrático, que vendrá en
función exclusivamente de los designios de su propio pueblo soberano. (El
señor Gortazar Echevarría: ¡Qué barbaridad!--Varios señores Diputados:
¡Muy bien!--Aplausos.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.

A las proposiciones se han presentado enmiendas por el Grupo
Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor
Robles.




El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.

Señora Maestro, por si no lo sabe, quien impide que los cubanos elijan
libremente su destino no son los Estados Unidos sino el dictador Castro,
con quien usted, al parecer, comparte algo más que la oposición a la Ley
Helms-Burton. (Rumores.)
Miren ustedes, la posición del Grupo Popular se caracteriza por
moderación, búsqueda del mayor consenso político en esta Cámara y el
rechazo a posiciones que no parecen encaminadas a defender verdaderos y
profundos intereses de España, sino que, más bien, parecen reivindicar
posturas ideológicas y guiños electorales de una izquierda mucho más
interesada en gestos y en algarabías que en la sustancia de las cosas.

Son ustedes, señores del Grupo Socialista y de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, quienes practican la sumisión y el vasallaje a unos
reflejos ideológicos que dificultan que hoy, en esta Cámara, se encuentre
la unanimidad de hace unos meses. (Protestas.--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: ¡Señorías...!



El señor ROBLES FRAGA: El sentido de las enmiendas presentadas por mi
grupo es el de recalcar que el objetivo de la acción exterior de España
es y debe ser, como decíamos hace unos meses por boca de nuestro
Diputado, señor Muñoz-Alonso, y entiendo que no podría ser ahora de otra
manera, favorecer un tránsito pacífico hacia la democracia plena en Cuba,
con respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Eso
lo hemos dicho en la oposición y lo decimos también desde la actual
situación de mayoría que apoya al Gobierno; lo hemos dicho en Madrid, lo
hemos dicho en Miami y lo hemos dicho en La Habana por boca de nuestro
Diputado Guillermo Gortazar. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.




El señor ROBLES FRAGA: Lo hemos dicho en todas partes, señorías, nosotros
no hacemos discursos distintos según viajemos a un sitio o a otro, según
nos abracemos a un dictador o a otro o según queramos quedar bien con
determinados grupos parlamentarios. (Rumores.) Esta posición de principio
no es incompatible, sino todo lo contrario, con la firme defensa de los
intereses y las inversiones españoles. Entendemos que la Ley Helms-Burton
puede lesionar el derecho y la jurisprudencia internacionales y que
quebranta algunas normas establecidas con los acuerdos del GATT y de la
Organización Mundial del Comercio, y que naturalmente con toda energía
deberemos defender los intereses españoles y los intereses de las
empresas españolas. Sobre eso no debe caber duda alguna: el objeto de
esta proposición demuestra claramente que el Partido Popular, el Grupo
Popular y desde luego el Gobierno no tienen más compromiso que la defensa
de la libertad en Cuba y del interés español en Cuba.

Pero no deja de provocarme sorpresa que quienes en un párrafo de su
exposición de motivos defienden las confiscaciones de hace treinta años,
incluyendo, claro está, imagino, las sufridas por miles de emigrantes
españoles, hoy levanten la bandera de los intereses y de las inversiones
de hoy. La Ley Helms-Burton, a pesar de su gran alcance, dirige su acción
a aquellas empresas que trafican, entre comillas, con bienes confiscados
o expropiados a ciudadanos norteamericanos, y nosotros discutimos --y lo
hemos hecho en el seno de la Unión Europea, lo hemos hecho por gestiones
diplomáticas, lo ha hecho el Presidente Aznar con el Vicepresidente Gore,
entrevista de la que usted parece que no ha leído el texto completo de
las declaraciones del señor Aznar-- que a esos efectos se pueda
considerar norteamericanos a quienes adquieran esa nacionalidad con
posterioridad al acto expropiatorio; discutimos que se pueda considerar
norteamericanos a esos efectos a quienes no eran norteamericanos en el
momento de la expropiación, y discutimos, claro está, la aplicación
extraterritorial de ciertas disposiciones de la Ley Helms-Burton, por
supuesto, y esa defensa firme, enérgica, de los intereses españoles
deberá hacerse de acuerdo con la posición de la Unión Europea, y en la
fase actual, desde luego, mediante gestiones diplomáticas y mediante
mecanismos de conciliación establecidos en la Organización Mundial de
Comercio. Pero insisto en que reducir la posición de España respecto a
Cuba en el inicio de esta nueva fase política a la oposición a la Ley
Helms-Burton es una equivocación que no debemos cometer, porque sobre
todo y en el momento actual, cuando ninguna empresa española ha recibido
carta de advertencia alguna, la prudencia, que es siempre aconsejable en
política exterior, es más que nunca necesaria para defender realmente a
los empresarios españoles.

Quizá a los proponentes y enmendantes socialistas y de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya no les preocupa



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tanto esto como atacar desde el primer momento la política exterior del
nuevo Gobierno, por razones que, entiendo, poco tienen que ver con una
correcta defensa de los intereses españoles. Por eso los proponentes y
los enmendantes ni siquiera se han molestado en leerse las declaraciones
del Presidente del Gobierno en su rueda de prensa con el Vicepresidente
norteamericano; por eso la proposición no de ley enmendada por los
socialistas no se limita a la Ley Helms-Burton, sino que aborda
cuestiones relativas al tipo y a la calidad de la política exterior hacia
Cuba, que este Congreso de los Diputados demanda hoy al nuevo Gobierno de
España. Y tengo que lamentar, y lo hago de verdad, que a pesar de haber
buscado el consenso se ha preferido la confrontación al acuerdo.

Me parece obvio, cosa que no ha sido dicha aquí hasta ahora, constatar
que en este momento no se cumplen las condiciones para avanzar en una
mayor cooperación de todo tipo con Cuba, ni desde España ni desde la
Unión Europea, debido a la existencia, señora Maestro y señor Yáñez, en
la Isla de un sistema político no democrático y de la demostrada falta de
voluntad por parte del Gobierno de La Habana de avanzar en un camino de
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, por no
hablar de las reformas económicas capaces de poner remedio, de verdad, a
la grave situación de penuria que se vive en la Isla y de crear el marco
adecuado para el desarrollo y la prosperidad del pueblo cubano, que bien
se lo merece.

Señorías, el problema de Cuba no es la Ley Helms-Burton, no es en primer
lugar la Ley Helms-Burton, el problema de Cuba se llama Castro, y parece
necesario recordar que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su
último informe, de 7 de febrero, señala que siguen produciéndose
violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales proclamadas en
la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Creo que alguna de SS. SS. encontrarían alguna luz e ilustración sobre la
actual situación en Cuba leyendo las 38 páginas de ese informe que, sin
duda, hubiera sido mayor y mucho más esclarecedor para SS. SS. si el
Gobierno de Cuba hubiera permitido la entrada en el país del relator
especial, señor Groth.

Una vez más en ese informe se reiteran al Gobierno de Cuba las
recomendaciones que, en número de 12, condensan las ya hechas en años
anteriores y que se resumen en una: que el Gobierno de Cuba debe cesar en
la persecución y castigo de los ciudadanos por motivos vinculados al
ejercicio de la libertad de expresión y asociación pacífica, a lo que se
añade recientemente una condena a muerte y más de seis condenas a más de
30 años por este mismo tipo de delitos.

Señor Presidente, señorías, en la pasada legislatura, el 9 de octubre de
1995, esta Cámara aprobaba una proposición no de ley sobre este mismo
asunto con el voto favorable de mi grupo. Desde entonces España ha
respaldado los intentos de diálogo con Cuba por la Unión Europea, de cara
a la consecución de un acuerdo de cooperación, acuerdo que hemos visto
fracasar por la intransigencia del régimen de Cuba a efectuar signo
alguno de apertura política o económica, como recientemente reconocía el
propio Vicepresidente de la Comisión Europea, impulsor de dicho acuerdo,
don Manuel Marín.

La hostilidad contra la Unión Europea y su exigencia de condicionar este
acuerdo a avances democráticos, se manifestaba en un reciente informe del
Buró Político del Partido Comunista de Cuba, que sin duda SS. SS.

conocen, lo que ilustra de manera clara la intransigencia del Gobierno de
La Habana.

El derribo de dos aviones civiles en una intervención militar cubana (y
coincidirá conmigo la señora Maestro que la violación del espacio aéreo
no es, de acuerdo con el sentido común, la decencia y la dignidad, ni
mucho menos con el Derecho internacional, motivo bastante para su
derribo), y la detención y acoso de disidentes integrados en el concilio
cubano, que agrupa a más de 130 organizaciones defensoras de los derechos
humanos y las libertades en Cuba, han hecho aparecer todavía más
claramente la actitud real de un Gobierno que no quiere ni desea cambio
alguno que permita al pueblo cubano elegir libremente su destino.

Señor Presidente, se ha hablado aquí mucho de la no injerencia, pero se
olvidan que existe --desde luego, en un Parlamento como éste existe el
deber de injerencia humanitaria democrático cuando se conculcan
gravemente derechos y libertades fundamentales--, y que dentro de esa
concepción estricta de la no injerencia a la que ustedes hacían
referencia, cabría también incluir la propuesta aprobada por unanimidad
de esta Cámara en la legislatura pasada de propiciar un proceso pacífico
de democracia en Cuba que, repito, y como ustedes recordarán, gozó del
apoyo unánime de todos los grupos de esta Cámara en la Comisión de
Asuntos Exteriores.

Señor Presidente, señorías, en estos momentos la propia Unión Europea es
incapaz de establecer un acuerdo de cooperación con Cuba, porque la
doctrina de la Unión Europea incluye y demanda el respeto a los derechos
humanos, democracia y elecciones libres. Y en esa línea el Gobierno de
España ha anunciado que la nueva política hacia Cuba deberá ser definida
por tres líneas fundamentales: democracia, derechos humanos y ayuda
humanitaria al pueblo cubano.

Señorías, la política de España no puede significar, de ningún modo,
respaldo a la intransigencia del régimen antidemocrático de Cuba. Mucho
menos puede ser percibida por ese mismo Gobierno, por el pueblo de Cuba,
como un aval a ese tipo de conductas. Por eso, tenemos que apoyar con
mayor energía que hasta la fecha los esfuerzos a favor de la libertad en
Cuba. Por eso debemos pedir la libertad de los presos políticos y el cese
del hostigamiento a la oposición cubana. Y por eso nuestra enmienda
incluye este punto.

Quienes critican, además, la suspensión de la cooperación con el Gobierno
de Cuba parecen olvidar que



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son los mismos socialistas los que, en situaciones humanitarias
igualmente graves, suspendieron esa cooperación entre los años 1990 y
1991. Quienes atacan la posición del Gobierno parecen desconocer las
cifras y las finalidades de una cooperación que, hasta la fecha, sólo en
parte cabía dentro del apartado de ayuda humanitaria. ¿O es que es ayuda
humanitaria la formación de expertos tributarios, o en aviación civil
--hablando de avionetas, señora Maestro-- expertos y funcionarios
elegidos por el Gobierno de Castro, del primero al último, con programas
no gestionados directamente por España sino por el Gobierno cubano sin
control alguno? Si lo que se quería, además, con tales programas de
cooperación oficial eran avances en el camino de la democracia, cabe
reconocer que hemos cosechado con la Unión Europea un sonoro fracaso,
cuyas consecuencias no parece que saquen los proponentes socialistas y
comunistas.

Señorías, tras ese fracaso, y en el actual momento político, tenemos que
administrar una circunstancia nueva y preguntarnos, como en toda gestión
de política exterior, cuál es el interés de España y de qué manera
podemos afirmarlo y promoverlo. Señorías, desde nuestro punto de vista el
interés de España, de cara a la transición que deseamos y que queremos,
es encontrarse en ese momento al lado del pueblo de Cuba que quiere y
tendrá la libertad que merece y no de quienes lo oprimen y aplastan hoy.

Este es el verdadero interés de España, señorías. Por eso el énfasis de
nuestra política no puede estar en discutir primero la posición de países
terceros, por muy importantes que sean; debe estar en reafirmar que
actuamos y actuaremos por y a favor de la libertad y la democracia en
Cuba. En ese contexto debe valorarse y situarse la posición de España,
que nunca ha realizado embargo alguno respecto a Cuba, ni aprueba los de
terceros países. No podemos hacer nada, ni siquiera un gesto, señorías,
que sirva para fortalecer a Castro. Tampoco, naturalmente, debemos hacer
nada que pueda perjudicar, desde el punto de vista humanitario, al pueblo
cubano. Por eso en nuestra enmienda hablábamos de mantener la ayuda
humanitaria. No excluíamos que quepa aumentarla, porque desde luego la
que actualmente se presta forma, como repito, una parte relativamente
pequeña del total de la ayuda oficial al desarrollo a Cuba. Por eso
lamentamos la oposición cerrada del Grupo Socialista, que contrasta con
la que tuvo mi Grupo en la pasada legislatura cuando votó a favor de la
enmienda, de la posición del entonces grupo mayoritario, en la que se
hacía constar que la política del Gobierno debía consistir en propiciar
un proceso pacífico de transición hacia la democracia en Cuba.

En la política exterior, y desde luego en la política hacia Cuba, la
señales son de gran importancia. Mucho más en el inicio de una etapa
política. Por eso votaremos en contra de la proposición no de ley
conjunta de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, puesto que las razones que dan poco tienen que ver con la
posición de esta Cámara en la pasada legislatura. Desde luego no tienen
voluntad de consenso alguno, como el que se encontró gracias a mi grupo
en la pasada legislatura, y mucho menos con la defensa de los intereses
españoles lesionados por la Ley Helms-Burton o cualquier disposición del
Gobierno o del Parlamento norteamericano.




El señor PRESIDENTE Señor Robles, le ruego vaya concluyendo.




El señor ROBLES FRAGA: Termino, señor Presidente.

Lamentamos la no aceptación de nuestras enmiendas y anuncio que pronto
discutiremos en esta Cámara una proposición no de ley sobre la política
exterior de España hacia Cuba y la defensa de los intereses españoles
capaz, espero, de reunir mayores apoyos que la que --repito-- hoy, por
razones más ideológicas que de verdadero interés nacional, se nos ha
presentado.

Permítanme que termine con una cita de José Martí (Rumores.) Sí,
señorías, José Martí era un gran cubano, el más universal de todos los
cubanos, y no como algunas personalidades a las que ustedes tienen tanta
afición. Decía José Martí que sin aire la tierra muere; sin libertad,
como sin aire propio y esencial, nada vive; el pensamiento mismo, tan
infatigable y expansivo, sin libertad se recoge afligido.

Señorías, a sus propuestas sobre Cuba les faltaba libertad y por eso
recogerán, sin duda afligidos, el rechazo de esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.

¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, señoras Diputadas, señores
Diputados, recordarán que cuando de jóvenes o de adolescentes íbamos a la
escuela leíamos en las clases de historia aquello de la doctrina Monroe,
que hablaba de América para los americanos. Francamente, no sé si a
ustedes les pasó igual que a mí, que no acababa de entender aquello,
porque acto seguido comprobaba que Puerto Rico no era para los
puertorriqueños, Cuba no era para los cubanos, Texas era para Estados
Unidos, Nuevo Méjico exactamente igual, California exactamente igual,
Panamá era invadido y así sucesivamente. A mí personalmente me ayudó
mucho a comprender que el lenguaje puede estar separado del pensamiento
y, lógicamente, el pensamiento separado de la realidad.

Estamos asistiendo después de la doctrina Monroe, curiosamente a finales
de siglo, a un nuevo proceso o a un nuevo salto irracional en la
separación del pensamiento y la realidad cuando de forma cínica se habla



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de ley para la democracia, que consiste exclusivamente en dañar los
intereses de la población civil, o cuando se habla de libertad en Cuba y
solidaridad democrática, simple y llanamente para torturar a la mayoría
de la población cubana, o incluso para dictar desde su exterior aquello
que es bueno para los ciudadanos de Cuba.

Desde el Bloque Nacionalista Galego miramos con preocupación la posición
del Gobierno español, que está perfectamente enunciada en su enmienda de
modificación a la proposición no de ley que presentaron el Grupo
Parlamentario Socialista y el de Izquierda Unida. Me voy a explicar.

Es grave porque en el primer punto de la modificación se ve que el
Gobierno español está cediendo a una política de chantaje y de injerencia
política en el interior de los asuntos de la isla caribeña, cuando dice
que la acción exterior de España respecto de Cuba se va a modular
solamente en relación con los avances y reformas reales que pudieran
producirse en un sentido democratizador que es el que dicta Estados
Unidos.

Desde el Bloque Nacionalista Galego les invitamos a cavilar en que con
esta perspectiva habría que poner muy en cuarentena las relaciones de
España con Marruecos, por ejemplo, con Guatemala, con Méjico, con
Ecuador, con Perú, con Venezuela, y así sucesivamente. Es muy mala
política andar haciendo de posición papista respecto de los problemas de
los demás.

En segundo lugar, se nota también que es grave la posición del Gobierno
español cuando va a mantener ayuda de carácter humanitario desvinculada
del Gobierno de la Isla. Esto significa que el Gobierno español asume no
solamente que el Gobierno de Cuba no es representativo, sino que además
está deslegitimado y, por lo tanto, se inicia la carrera de satanización,
que es lo que interesa a la política de los Estados Unidos.

En su tercer punto, cuando se habla de apoyar los esfuerzos en favor de
la libertad en Cuba y a demandar la liberación de los presos políticos y
el cese del hostigamiento a la oposición, cabe indicarles que éste es un
lenguaje muy ambiguo que vale para legitimar cualquier tipo de actividad
que vaya destinada a la provocación interna o, incluso, a actos de
terrorismo que pueden llegar desde guerra biológica hasta invasión más o
menos provocadora de la Isla, para después decir que aquellos que hacen
ese tipo de provocación son víctimas de la intolerancia y del militarismo
de Fidel Castro.

Y, en último lugar, parece que enseñan un poco la pata mezquina cuando se
preocupan de los intereses económicos de las empresas españolas, pero
buscando el subterfugio de la Unión Europea. Pensamos que el Gobierno
español no está haciendo honores al concepto de madre patria del que
seguramente participan los redactores de esta enmienda de modificación.

En definitiva, pensamos que el Gobierno español entra en la estrategia de
Estados Unidos de deslegitimar y satanizar al Gobierno de Castro.

Vamos a votar favorablemente a la proposición no de ley refundida del
Grupo Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida por las siguientes
razones que conviene explicitar.

En primer lugar, efectivamente, hay unos principios del Derecho
internacional y unas normas de la Organización Mundial del Comercio que
debemos respetar todos taxativamente, incluso al margen de gustos sobre
los regímenes políticos. Si no, estamos abocados a que no sólo exista un
imperialismo económico, sino un imperialismo simbólico y político que se
acepta con total indignidad a escala planetaria.

En segundo lugar, porque defiende los intereses propios del Estado
español, recurriendo a un concepto que desgraciadamente estaba un poco
dejado de mano, que es el concepto de soberanía. Pensamos que aun en
1996, es esencial que las naciones y los estados tengan un margen de
posibilidades de autodeterminación de sus criterios.

En tercer lugar, porque se aboga por el principio de solidaridad
internacional en los foros políticos a nivel mundial, enseñando el rostro
de cada uno y diciendo las atrocidades que no se pueden cometer, por lo
menos en el plano de la política internacional. Y, en fin, porque se opta
por cooperar sin deslegitimar. No es este Parlamento, ni el Gobierno
español, quién para dictar a la isla de Cuba cuáles tienen que ser los
procesos de democratización. No se obvia que hay problemas, pero los
problemas, allí igual que aquí y en cualquier parte del globo, hay que
superarlos con el diálogo, sin injerencias y con respeto por la
soberanía.

En definitiva, señoras y señores Diputados, desde el Bloque Nacionalista
Galego pensamos que las palabras libertad y democracia no se pueden
emplear como subterfugios para las agresiones. Y ya que se citó a José
Martí, quiero recomendarle al señor representante del Partido Popular que
lea íntegra la obra de Martí, y le aseguró que Martí puede ser que
estuviera en contra de Castro, pero lo que nunca estaría sería a favor de
los Estados Unidos y de las injerencias en los asuntos internos de la
Isla. Y si no quieren ser fieles a este criterio, séanlo por lo menos a
un hombre tan católico y moderado como era el cosmopolita Rubén Dario en
su «Oda a Roosevelt», o si no, por lo menos, a un hombre que como tuvo
emigrantes en Cuba, igual que los tuve yo, mis abuelos, al menos llora
con ellos y los defiende: don Manuel Fraga Iribarne.

Nada más, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria
para fijar su posición ante esta iniciativa va a tener presente el texto
de la enmienda conjunta o aceptada del Grupo Parlamentario Socialista a
su propia iniciativa anterior y a la del Grupo



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de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y adelanto que la vamos a
apoyar votándola favorablemente.

Coalición Canaria quiere seguir aquí en la línea de congruencia que ha
mantenido permanentemente de apoyo a toda iniciativa parlamentaria, sea
cual sea el Grupo que lo haya traído. Adelanto que Coalición Canaria verá
la iniciativa que ha anunciado el portavoz del Grupo Popular, señor
Robles Fraga, con todo el afecto y con todo el interés por algo que a los
canarios nos es entrañable: señorías, el techo del salón del trono de la
actual Capitanía General de Canarias está decorado con el anagrama de la
W, la W del Capitán General don Valeriano Weyler, a quien el Gobierno
mandó de Capitán General a Canarias y que fue el Comandante en Jefe del
Ejército español expedicionario en la Guerra de Cuba. Y hace cien años,
en 1896, en este Parlamento, con representantes parlamentarios cubanos se
debatía toda una crisis de Gobierno, en las puertas de la gran crisis de
la guerra hispano-norteamericana o hispano-cubana, que iba a traer toda
una crisis de gobierno en 1898, la fecha más emblemática casi de finales
de ese siglo y de principios del XX actual.

Hoy, cien años después, volvemos a hablar en este hemiciclo de la
problemática cubana, pero esta vez con un signo inverso. Si aquella vez
los Estados Unidos cuidaron su imagen internacional al presentarse como
una potencia liberalizadora, amante de las libertades de los pueblos y de
su derecho de autodeterminación y de independencia de lo que llamaban la
colonia cubana de España, hoy en día resulta que se invierten los papeles
frente a un proteccionismo español en aquella época que quería cerrar las
fronteras comerciales de Cuba y reservarla sólo al monopolio de los
traficantes peninsulares españoles.

Es curioso, señorías, que cuando hacemos este debate Coalición Canaria,
que habla desde el punto de vista del sentimiento y el pragmatismo, tenga
que recordar --aunque algunos portavoces ya lo han venido haciendo--
fechas señeras. Se ha hablado del debate que tuvimos el pasado año en la
Comisión de Asuntos Exteriores, en la que aprobamos por unanimidad una
resolución que había presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, con una enmienda del Grupo Socialista. Pero cuando el 12 de marzo
pasado el Senado y el Congreso norteamericanos aprueban la Ley
Helms-Burton, es necesario hacer una primera reconsideración.

El título originario de dicha Ley, la denominación que tiene en el texto
de las Cámaras norteamericanas es: Ley para la búsqueda de sanciones
internacionales contra el Gobierno de Castro, para la planificación del
apoyo a un gobierno de transición, que conduzca a un gobierno elegido
democráticamente en Cuba, y para otros propósitos. Ya veremos qué podrán
ser esos otros propósitos.

En la segunda traducción que de esta ley se hace por los servicios de la
Cámara norteamericana es llamada: Ley de la libertad en Cuba y la
solidaridad democrática 1996. Y siguiendo con el ejemplo de las películas
norteamericanas al final se abrevia en Ley Helms-Burton.

Coalición Canaria quiere denunciar un doble hecho. En primer lugar,
nosotros no partimos de cuestiones ideológicas, no analizamos
ideológicamente ningún régimen, sino que nos basamos en el respeto del
Derecho internacional en cuanto a la soberanía de los países.

En segundo lugar, lo hacemos también desde una posición española, y por
supuesto canaria, de pragmatismo. Un pragmatismo que ha sido constante en
la política del Gobierno español en estos últimos años y diría que a lo
largo de todo el siglo XX. Desde el incidente del embajador Lojendio en
el régimen anterior; desde la política de la Unión de Centro Democrático
cuando se utilizó Canarias como base de avituallamiento y de escala
intermedia de los trasatlánticos rusos, o soviéticos entonces, que
transportaban fuerzas militares expedicionarias cubanas hacia Angola y
Mozambique, y el Gobierno centrista de la UCD respetó una política de
Estado y no toleró presiones ni injerencias de nadie. Los ciudadanos
canarios vimos en las décadas de los años setenta y ochenta cómo
atracaban en los muelles del Puerto de La Luz y de Santa Cruz de Tenerife
los buques soviéticos que transportaban --de refresco hacia allá y de
regreso-- fuerzas militares cubanas. Posteriormente hemos seguido una
línea de respeto en la política de Estado.

De la misma manera que pensamos que el Gobierno español tiene que
entenderse con sus vecinos --y estoy hablando de Marruecos--, sin entrar
en la ideología o en la manera en que el imperio alahuita gobierna a sus
ciudadanos, porque creemos que una política pragmática de Estado obliga a
ello, y tendríamos que hablar bastante del régimen de Hassan II, pero no
lo hacemos en este sentido. Esas líneas de pragmatismo encuentran también
una respuesta adecuada en sectores empresariales españoles que proceden
concretamente de las islas Baleares, algunos de Cataluña y de las islas
Canarias que están haciendo inversiones en la República de Cuba,
fundamentalmente en el sector turístico.

Pero es más, es que la compañía estatal española que ha tenido el
monopolio del tabaco, la Tabacalera, S. A., frente a cualquier presión
norteamericana en el embargo de las labores de cigarros habanos cubanos,
ha mantenido este criterio de Estado y de independencia.

Lo que sería triste es que en las circunstancias actuales hubiera un
lobby norteamericano preparado para cuando el señor Clinton levante la
barrera --porque no le interese la Ley Helms-Burton más que por los
presentes motivos electorales-- y que sean estos sectores los que
recuperen la vieja tradición que usaron en el régimen del dictador
Fulgencio Batista y se vuelvan a meter en la isla, porque es un mercado
con una potencia turística impresionante, pero no para que veraneen



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los cubanos, sino para que vayan allí, en viajes de ocio, los procedentes
del mercado turístico norteamericano, que es el vecino que tienen.

Señorías, tenemos que ser consecuentes en que si el 12 de marzo se aprobó
esa Ley, el 14 de marzo el Parlamento Europeo, por abrumadora mayoría,
aprueba una resolución denunciando la Ley Helms-Burton y no quisiera
Coalición Canaria que se desviara el objetivo de nuestro discurso
dialéctico. Lo que me preocupa enormemente es el precedente en el Derecho
internacional de la Ley Helms-Burton, este es el hecho grave, se aplique
a Cuba o se aplique a cualquier otro país, porque si el desencadenante es
el derribo de unas avionetas, fuerza moral para hablar del derribo de
aviones no la puede tener ni la antigua Unión Soviética, cuando un caza
derriba a un avión civil coreano, ni cuando un misil norteamericano
derriba un avión iraní con pasajeros civiles. O hay doble rasero o
aceptamos plenamente unas normas de derecho internacional a las que
España debe adscribirse.

Señorías, con todos estos antecedentes, el 28 de noviembre, cerca de 95
diputados de esta Cámara firmamos un documento, dirigido al Presidente de
la Cámara de Representantes norteamericana, señor Gringrich, al
Presidente del Senado y al Vicepresidente de Estados Unidos. Ese
documento lo firmamos aquí el 28 de noviembre y, vía Embajador de Estados
Unidos en España, se hizo llegar a estos presidentes de las Cámaras
norteamericanas. Allí expusimos que nuestro primer punto político era que
todos los firmantes habíamos defendido la promoción de los derechos
humanos y las libertades públicas, y se las habíamos exigido
políticamente al régimen cubano, pero que entendíamos que no se debía
tratar de hacer esta ley desde Estados Unidos. También reconocíamos que
respetábamos la soberanía de las Cámaras norteamericanas, de la Cámara de
Representantes y del Senado para legislar, pero no para entrometerse en
los asuntos de terceros países, porque sabíamos que la Ley Helms-Burton
se opone a la Carta de Naciones Unidas, se opone a la Organización
Internacional de Comercio y a su normativa y a la Organización Mundial de
Turismo.

Pero es más, señorías, con presencia de Su Majestad el Rey de España y
del Presidente de Portugal, en ese momento Mario Soares, de los
presidentes de Gobierno de veintiún Estados soberanos, los días 16 y 17
de octubre del año pasado, en la localidad de Bariloche, en Argentina, la
V Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno expresa su
oposición al proyecto de ley Helms-Burton. Vamos a ser consecuentes, al
menos lo será Coalición Canaria que considera, desde la normativa
internacional que he citado y desde el derecho comparado internacional,
intolerable e inadmisible la Ley Helms-Burton.

Estas son las razones por las que vamos a apoyar favorablemente esta
proposición. Si entrásemos en la forma, diríamos que incluso sobra el
punto 2, proponer a este Congreso de los Diputados un proyecto de ley que
defienda y proteja inversiones e intereses españoles en Cuba, porque los
intereses de las empresas españolas se protegen en terceros países con el
Derecho internacional, y sería extensivo a las empresas españolas en
Marruecos o en cualquier país, en Tahilandia o en cualquier otro que
incluso estuviera puesto en cuarentena por las organizaciones
internacionales de derechos humanos.

Por estas razones de consecuencia y congruencia, para rechazar lo que es
una injerencia intolerable votaremos favorablemente, porque hay que
hacerles llegar esto, ya que el Congreso y el Senado norteamericano, y la
opinión pública norteamericana, afortunadamente para su orgullo, son
demócratas, piensan democráticamente, y son muchos los ilustres
pensadores norteamericanos, políticos e intelectuales o del pueblo llano,
que creen que la Ley Helms-Burton es verdaderamente algo intolerable en
una nación que tiene que tener el sentido de la ejemplaridad en las
relaciones humanas.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBO: Señor Presidente, señorías, antes de comenzar,
si me lo permiten, muy brevemente, quisiera dejar expresa constancia, en
esta mi segunda intervención ante esta Cámara, del honor que supone y de
la impresión que produce ocupar esta tribuna sesenta y un años después de
que mi abuelo, don Francesc Cambó, pronunciara en ella el que sería el
último discurso de una larga y fecunda trayectoria parlamentaria.

Dicho esto, paso a fijar la que es la posición de nuestro Grupo respecto
de la proposición no de ley del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. No es la primera vez que este tema se
debate en esta Cámara, sí en el Pleno, no en la Cámara. En ese momento,
como ya se ha repetido, la aprobación de la Ley Helms-Burton parecía
simplemente una amenaza; una amenaza que por su contenido nadie quería
creer que fuera realmente cierta y todos esperábamos que realmente
desaparecería, quizá confiando en la prudencia del Presidente Clinton e
infravalorando la fuerza que puede tener un compromiso electoral. Hoy la
Ley Helms-Burton es un hecho, es una ley aprobada y en vigor. Están en
juego aquí no sólo, por tanto, una determinada orientación política sobre
Cuba --cuál debe ser la política exterior de España hacia Cuba, cómo
podemos desde España permitir, facilitar o impulsar el desarrollo de la
democracia en ese país--, sino que está en juego aquí el respeto a la
legalidad internacional y a la soberanía, además de la obligación del
Gobierno --y por extensión, de este Parlamento-- de proteger los
intereses de todos los



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ciudadanos españoles, y entre esos intereses, también los intereses
económicos.

No es, no lo ha sido nunca, el bloqueo comercial la mejor manera de
instaurar la democracia en Cuba ni en ningún otro país. Un bloqueo
comercial perjudica a los más débiles y no aporta nada, es el desarrollo
económico el que de verdad contribuye a la transformación política. Desde
la pobreza nunca se ha llegado a instaurar la democracia en un país por
cauces pacíficos. La pobreza sólo crea resentimiento, y si la pobreza
viene impuesta desde el exterior, es absolutamente contraproducente para
lo que todos, en este caso, pretendemos: contribuir a la democratización
de Cuba y al respeto de los derechos humanos en la Isla.

El bloqueo o el embargo sólo son eficaces cuando son multilaterales,
cuando son aceptados por la generalidad de los países que están en
condiciones de respetarlo y, dentro del actual ordenamiento
internacional, cuando se llevan a cabo en el marco de la Carta de las
Naciones Unidas y, en concreto, de los artículos 41 y 42 de la misma.

Los embargos o bloqueos unilaterales son simplemente medidas de fuerza y
medidas de presión que se han demostrado absolutamente ineficaces para el
objetivo que pretenden. La ley Helms-Burton es, por tanto, una verdadera
aberración tanto en términos políticos como en términos jurídicos.

Hay que destacar, con algunos matices, que esta Ley tiene abundantes
precedentes, en muchos casos anteriores, todos ellos muy poco sensibles
para la opinión pública española y para este Parlamento, porque no ponían
en juego los intereses que en este caso están sobre la mesa. Los Estados
Unidos ya han intentado imponer de forma unilateral restricciones
comerciales, pretendiendo que tuvieran eficacia también respecto de
terceros Estados. En todos esos supuestos, los Estados afectados han
sabido reaccionar con vigor y, en ocasiones, con medidas legislativas
para oponerse a lo que consideraban que era una intromisión en su
soberanía y en la administración de su política exterior.

Esas medidas de contralegislación que --insisto-- son numerosas en la
historia de la guerra fría, se han dado precisamente en un contexto en
que el mundo estaba dividido en bloques, y aun en esa división del mundo
en bloques, ninguno de los miembros del bloque teóricamente sostenedor
también de la política norteamericana consideró que era un riesgo al
equilibrio, un riesgo a la paz o un riesgo a sus buenas relaciones con
Estados Unidos, mostrar con absoluta firmeza y con absoluto vigor la
necesidad de respetar la soberanía de los Estados.

Creo que no es discutible la existencia de relaciones muy estrechas entre
el Reino Unido y los Estados Unidos de América y, sin embargo, fue el
Reino Unido quien en 1980, por ejemplo, cuando bajo la Presidencia de
Ronald Reagan se intentó una ley similar en este sentido a la ley
Helms-Burton... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Guardans, un minuto. Señorías, les
ruego que guarden silencio o que tengan la amabilidad de abandonar el
hemiciclo. (Pausa.)
Puede continuar.




El señor GUARDANS I CAMBO: Gracias.

Cuando en 1980 el Presidente Reagan intentó --de hecho, aprobó-- una ley
similar en lo que suponía de ataque a la soberanía situada en el contexto
de la construcción del gasoducto siberiano y de las represalias por la
invasión de Afganistán, el Reino Unido, que, insisto, es bien conocido
por sus relaciones estrechas con los Estados Unidos, no dudó en que el
Parlamento británico aprobara una ley que obligaba o, en términos
negativos, prohibía a sus súbditos someterse a las restricciones
comerciales impuestas por los Estados Unidos. Valga ello para decir que
en ningún caso el mostrar la necesidad del respeto a la propia soberanía,
el mostrar firmeza en la política exterior ha de confundirse con un
supuesto ataque a la necesidad de unas buenas relaciones trasatlánticas o
debe confundirse con un antiamericanismo difuso que no es el nuestro.

Nosotros no estamos por el antiamericanismo difuso, sí por un respeto
claro, duro y por una oposición absolutamente frontal a cualquier
invasión de soberanía como es esta Ley y como han sido --insisto-- otras
con menor repercusión en la economía española. De hecho, ahora otros
parlamentos antes que el nuestro ya han empezado a reaccionar ante la Ley
Helms-Burton, al igual que gobiernos nacionales.

El Parlamento Europeo expresamente, el 14 de marzo de 1996, resolvió
oponerse formalmente a la aplicación de la ley Helms-Burton. Por tanto,
no seamos más papistas que el Papa. No crea el Gobierno de la nación, ni
dé la impresión siquiera, que perjudica sus relaciones trasatlánticas
mostrando firmeza en lo que es una aberración jurídica y política y una
invasión de soberanía.

En clave estrictamente jurídica --y sin pretender alargarme sobre este
extremo--, la ley Helms-Burton contradice las reglas más elementales del
Derecho internacional, entre ellas su referencia a los bienes
teóricamente objeto de tráfico, según la utilización del término,
contradice un principio de territorialidad que el propio tribunal supremo
norteamericano ha reconocido en numerosísimas ocasiones. Yo ruego a la
Cámara que imagine por un momento qué ocurriría si los principios que
pretende llevar a cabo la ley Helms-Burton se aplicaran a la Europa del
Este. ¿Qué ocurriría si alguien pretendiera traficar --en terminología de
la ley Helms-Burton-- con bienes expropiados por los estados comunistas y
ahora se tuviera que deshacer todo?
Hay un principio claro, y es que se respetan las decisiones de un Estado
soberano tomadas en su territorio sobre bienes raíces en ese territorio
que no ha tenido excepción, que ha sido reconocido por todos los
tribunales europeos cuando ha sido necesario --y pienso en



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la descolonización-- y, en este caso, no tenemos por qué claudicar por el
solo hecho de que los Estados Unidos nos lo pretenda imponer. Es más, la
opinión pública y este Parlamento deben saber que a los ciudadanos
norteamericanos, a los súbditos de los Estados Unidos de América, les
está formalmente prohibido por ley obedecer a cualquier restricción
comercial de un tercer país que contradiga su propia política exterior.

En Estados Unidos existe la Ley de Administración de las Exportaciones
que formalmente prohíbe --insisto, por si no ha quedado suficientemente
claro-- que cualquier súbdito norteamericano se pliegue a restricciones
comerciales extranjeras que se opongan a las necesidades, a los intereses
de la política exterior norteamericana.

En este contexto es evidente que lo que se nos pide mediante esta ley a
España, a todos los países europeos y a todos los países que no son los
Estados Unidos de América es una contradicción en sus propios términos
respecto de lo que ellos consideran legítimo exigir a sus ciudadanos.

Valga toda la exposición anterior o para dejar muy claro que no ha
cambiado en nada la posición de nuestro grupo respecto de la oposición a
la ley Helms-Burton y a cualquier intromisión en la soberanía. No ha
cambiado en nada. Lo que sí ha cambiado es la formulación que se nos
pretende imponer, al hilo de la sanción de la ley Helms-Burton, por parte
de los Grupos Socialista e Izquierda Unida acumulando dos textos en un
resultado final que es peor que los dos anteriores. Por tanto, no hagan
demagogia con nuestro voto y sirva para ello la explicación del voto que
está prevista en el Reglamento de esta Cámara.

No hemos cambiado nuestra posición y creo que está suficientemente claro
que nos oponemos a ella. Lamentablemente, el Grupo Socialista ha
presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley
--resultado de la fusión de ambas propuestas-- que va mucho más allá de
la condena a la ley Helms-Burton y que pretende plantear, en unos
términos y con unas características que no nos parecen convenientes, el
conjunto y el marco de las relaciones con Cuba. Los términos de esa
proposición no de ley no nos parece que sean los más adecuados en el
contexto de una política de Gobierno, creemos que los términos pertenecen
a una declaración absolutamente gratuita y que está flotando en el aire.

Exigir que el Gobierno dicte una ley para proteger los intereses de los
inversores españoles va más allá de lo que nos parece correcto.

Entendemos y conocemos el Derecho comparado y sabemos que es posible que
esa ley sea importante y necesaria. De todos modos, no hay ni un solo
ordenamiento integrado en nuestro sistema jurídico que haya dictado una
ley semejante. Los únicos precedentes que hay de leyes de ese estilo se
dan en Canadá y en Reino Unido y, como saben, la legislación en Canadá y
en el Reino Unido tiene un papel muy distinto del que tiene en nuestro
sistema. Por tanto, exigir al Gobierno una ley de protección de las
inversiones nos parece excesivo. Se podía haber dejado la posibilidad de
que se estudie la conveniencia, en su caso, de aprobar semejante ley.

Por otro lado, y en términos más generales, la necesidad de apoyar el
tránsito de Cuba a la democracia, la necesidad de exigir el respeto al
pluralismo político y de exigir el respeto a los derechos humanos en
Cuba, no está, a nuestro juicio, correctamente formulada en la
proposición no de ley que se somete a nuestra votación.




El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, le ruego que vaya terminando.




El señor GUARDANS I CAMBO: Voy terminando, señor Presidente.

Contiene una terminología que no nos parece correcta, insisto, en
términos de formular una política de Gobierno. Por tanto, lamentamos no
poder votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Socialista y de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Quisiéramos haberla podido
votar. (Rumores.) Por ello, lamentamos que los grupos proponentes no
hayan sido capaces de llegar, en un tema tan sensible como este, a un
texto de consenso que hubiera podido ser aceptado por la totalidad de
esta Cámara. Asumimos el compromiso de apoyar, en su momento, la
proposición no de ley que presente el Grupo Popular, siempre y cuando se
modifique en el sentido de endurecer, respecto de la enmienda que hoy
había propuesto, la condena formal que este Parlamento realiza a la ley
Helms-Burton.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans i Cambó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Yáñez, a
los solos efectos de aceptar o denegar las enmiendas presentadas.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Creo que en este debate estamos hablando solamente de una enmienda, la
del Grupo Popular, de sustitución a la presentada por el Grupo Socialista
y a la de Izquierda Unida, en cuya defensa el señor Robles Fraga hace
bueno aquello de que no hay mayor fanatismo que el del converso, porque
por sus orígenes izquierdistas tiene que purgar sus culpas en el seno...




El señor PRESIDENTE: Señor Yáñez, le ruego que se atenga estrictamente a
si acepta o no acepta la enmienda, no reabra el debate, por favor.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Me atengo a la enmienda.

La enmienda, señor Presidente, en uno por uno de sus cuatro puntos, si se
compara con la ley Helms-Burton, se corresponde casi con capítulos
exactos de dicha



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ley. Es decir, es una justificación encubierta de la propia ley. Por
tanto, no podemos aceptarla, porque parece escrita al dictado del señor
Mas Canosa y la Fundación Cubanorteamericana.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez.

Señora Maestro, para la aceptación o rechazo de la enmienda presentada
por el Grupo Socialista.




La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.

Evidentemente, por las mismas razones que el señor Yáñez ha señalado, es
decir, porque la asunción por parte del Grupo Popular de los principios
que inspiran la ley Helms-Burton y su actitud de cómplices en la puesta
en marcha de una ley que contraviene el Derecho internacional, se
justifica sobradamente la no aceptación de la enmienda presentada.

En cualquier caso, quiero congratularme públicamente del alto nivel que
ha tenido el debate parlamentario en un tema que pudiera parecer anodino,
pero que ha supuesto toma de posiciones en asuntos importantísimos, con
frecuencia obligados, en torno al Derecho internacional, al derecho a la
soberanía de los pueblos y al respeto a los principios de no injerencia
en los asuntos internos de cada país.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, le agradezco su intervención, pero
tiene que manifestar si acepta o no la enmienda planteada por el Grupo
Socialista.




La señora MAESTRO MARTIN: Quizá no me ha oído, señor Presidente, pero he
dicho que por los mismos motivos que el señor Yáñez ha señalado, no la
aceptamos.




El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, la del Grupo Socialista, que viene a
coincidir y a dejar en un sólo texto la proposición no de ley, la
entiendo aceptada por su grupo. (El señor Robles Fraga pide la palabra.)



La señora MAESTRO MARTIN: Sí, exactamente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.

Señor Robles, las intervenciones de SS. SS. han sido a los solos efectos
de aceptar o rechazar las enmiendas de su grupo parlamentario y del Grupo
Parlamentario Socialista en relación a la de Izquierda Unida. Ha habido
alusiones y, por tanto, tiene S. S. la palabra por un minuto, que cierra
el debate.




El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, en mi trayectoria política nunca se ha quebrado la línea de
pensamiento de que solamente el pueblo cubano podía decidir sobre su
propio destino y, desde luego, si alguna complicidad hay en esta Cámara,
lo es con quienes todavía creen que Fidel Castro, que la Revolución
Cubana, son la mejor manera y el mejor futuro para el pueblo de Cuba.

Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que elecciones libres, libertad de
presos políticos y cese del hostigamiento a la oposición sería mucho
mejor para el pueblo de Cuba.

Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.

Vamos a proceder a la votación.

Se someten a votación las proposiciones no de ley presentadas por los
Grupos Socialista y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre
oposición a la ley norteamericana conocida como Ley Helms-Burton,
conforme al texto común aceptado por los grupos proponentes en el
transcurso del debate.

Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: votos emitidos, 322; a favor, 160; en contra, 162.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley
anteriormente citada.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA RAHOLA), SOBRE DEVOLUCION A LA
GENERALIDAD DE CATALUÑA DE LA DOCUMENTACION DEPOSITADA EN EL ARCHIVO
HISTORICO DE SALAMANCA, GENERADA POR DICHA COMUNIDAD DURANTE LA II
REPUBLICA (Número de expediente 162/000013)



El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre devolución a la Generalidad de Cataluña de la documentación
depositada en el Archivo Histórico de Salamanca, generada por dicha
Comunidad durante la II República.

Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Para clarificar desde el principio el
debate, planteo, de entrada, la enmienda transaccional «in voce», fruto
del acuerdo de Esquerra Republicana y Convergència i Unió, y que resume
el espíritu de las dos enmiendas del PSOE y del Partido Popular; una vez
consensuado el texto, diría así: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a impulsar los trabajos de la comisión de expertos que se
constituyó en la anterior legislatura para que, en el plazo de seis
meses, eleve un informe sobre la documentación generada por la
Generalidad de Cataluña durante la II República, que se encuentra
depositada en el Archivo Histórico de Salamanca, y proponga las



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soluciones para su ubicación, garantizando con los medios técnicos
idóneos la integridad del Archivo.

Señor Presidente, señorías, empiezo mi exposición: junio de 1994, en
Pleno a propuesta de Esquerra Republicana; febrero de 1994, en Comisión,
a propuesta de Iniciativa per Catalunya. Meses y años anteriores, tanto
en esta Cámara como también en el Parlament de Catalunya. Josep Benet,
Xavier Folch, Antonio de Senillosa, el Senador Françesc Farré,
innumerables proposiciones, preguntas, esfuerzos parlamentarios para
conseguir el retorno. Entremedio, múltiples gestiones de la Generalitat,
un sinfín de declaraciones públicas, incluso alguna manifestación en la
calle, mucha adrenalina y poca racionalidad.

La proposición no de ley que hoy planteamos nuevamente desde Esquerra
Republicana de Catalunya viene connotada por una larga trayectoria de
dificultades, incomprensiones y falta de diálogo que han impedido la
resolución tranquila y democrática de un hecho que nació de la barbarie y
del terror.

Si hoy, como parece, hay un acuerdo en esta Cámara para desbloquear
finalmente el retorno a Cataluña de los Archivos de la Generalitat
republicana, depositados desde 1939 en Salamanca, nos podríamos felicitar
todas las partes y todas las sensibilidades, primero, porque nadie ganará
si no es el concepto democrático, la voluntad de esta Cámara de no
legitimar parlamentariamente lo que nació fruto de las armas y la
conquista; segundo, porque habremos resuelto por la vía del consenso y el
diálogo lo que nunca tendría que haber sido tratado de forma visceral,
estomacal y primitiva. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden
silencio o abandonen el hemiciclo.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: No recordaré la ignominia, la enorme
vergüenza que sentimos los catalanes cuando, en boca de la inteligencia,
aunque hay bocas que a veces pierden la inteligencia, se apeló incluso al
derecho medieval de conquista, como si el Mío Cid cabalgara de nuevo por
la meseta.

Hoy, que es tiempo para el diálogo, apelo a que nunca más se alimente el
bajo vientre de los pueblos para resolver los problemas políticos. El
retorno legítimo, justo, indiscutible, a Cataluña de lo que fue robado
con el único propósito de humillarnos como pueblo y articular una
represión feroz contra todos los disidentes; nunca había de haber
traspasado los cauces de la racionalidad; y los traspasó, señorías; y
algunos de los que hoy participarán del diálogo y el consenso recuperados
fueron ayer los principales artífices de la demagogia. Sólo consiguieron
con ello enfrentarnos como pueblos, legitimar un hecho bárbaro y hacer
más difícil la comprensión de Cataluña al resto de ciudadanos. No
construyeron ni en favor de Salamanca ni en favor de la convivencia, sólo
se destruyeron puentes de diálogo. Hoy, sin embargo, si no se rompe en
esta fase última, recomponemos el diálogo e iniciarnos el proceso de
solución.

Es una buena noticia, primero, para Salamanca, que dejará de ser la
excusa triste para no asumir un hecho de justicia. La grandeza de un
pueblo, señor Torrente Ballester, no pasa por ejercer el derecho de
conquista, por ejercer la dominación en democracia, sino por devolver lo
que es de derecho a sus legítimos dueños.

Indiscutiblemente, es una excelente noticia para Cataluña, que verá así
recuperada, después de años de lucha colectiva, parte de su memoria
histórica.

Cuando la comisión que hoy creamos haya acabado sus trabajos y empiecen
--así lo esperamos-- a llegar los originales a Cataluña, cerraremos
simbólica y gráficamente una herida que el pueblo catalán tenía abierta y
que, en consecuencia, tenía abierta la democracia. Gana la democracia y
este es el sentido más profundo del acuerdo que hoy adoptamos. ¿Recuerdan
cómo se formó este Archivo? ¿Hace falta recordar la oficina de
investigación y propaganda anticomunista, que se nutrió de las miles de
fichas personales de republicanos catalanes y de muchos lugares, que
fueron después duramente reprimidos, cuando no asesinados, gracias a la
información que de ella se derivó? ¿Recordar la funesta Delegación
Nacional de Servicios Especiales creada en 1937 o el negro tribunal de
represión de la masonería y del comunismo, que en 1940 empezó a funcionar
y que protagonizó la memoria más negra de la historia reciente?
Con el consenso parlamentario de hoy no borramos la memoria, puesto que
la memoria activa es el antídoto contra la barbarie, pero restituimos
parte de la vergüenza de esa memoria negra. La democracia no puede hacer
bueno lo que las armas impusieron. Eso tienen que saberlo en Salamanca y
actuar con grandeza. Y, en todo caso, que sea el retorno de los
originales a Cataluña algo más que un acuerdo político; que sea un
acuerdo simbólico en favor de la convivencia, el mutuo respeto y el
sentir democrático.

En nombre de Esquerra Republica, y me atrevo a decir que en nombre de
Cataluña, interpretando el sentir unánime ya expresado en el Parlament
por todas las fuerzas políticas, la enmienda transaccional que hoy
aceptará esta Cámara desbloquea definitivamente el tema, porque se basa
en tres principios fundamentales: reconoce la titularidad de la
Generalitat, reconoce que sólo están en depósito en Salamanca y acepta
estudiar la ubicación definitiva, que es lo mismo que aceptar que la
actual ubicación no está resuelta.

Problemas técnicos obligan a estudiar el tema con rigor, ciertamente,
pero el plazo de seis meses que la enmienda plantea garantiza una
solución rápida y consensuada.

Empieza, pues, el camino de retorno de unos archivos que nunca tuvieron
que ser expoliados, que nunca habrían tenido que alimentar la más negra
represión y que, sobre todo, nunca tendrían que haber sido la excusa



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para un enfrentamiento entre colectivos y ciudadanos.

Con este acuerdo de hoy los ciudadanos de Cataluña recuperamos un aspecto
de nuestra identidad. No lo hacemos a costa del patrimonio de los
ciudadanos de Salamanca; que nunca más se utilicen estos términos de esta
manera. Lo hacemos en favor de la razón y la justicia y en contra de
legitimar la conquista, el dominio, la represión en plena democracia.

Hoy nadie pierde, pues, sino que ganamos todos los demócratas. Esquerra
Republicana se siente especialmente satisfecha de haber posibilitado con
nuestra proposición este acuerdo parlamentario: el desbloqueo de una
asignatura pendiente ya histórica y, sobre todo, de haber reconstruido de
nuevo los puentes del diálogo.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.

A la proposición no de ley se han presentado enmiendas por los Grupos
Parlamentarios Popular y Socialista.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.




La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Señor Presidente, señorías,
intervengo hoy para fijar la posición de nuestro grupo y también para
explicar nuestra enmienda, aunque ya ha sido subsumida en otra cuya
aceptación anuncia la señora Rahola, a la proposición no de ley de la
señora Rahola, del Grupo Mixto, sobre la devolución de los documentos de
la Generalidad que están ahora mismo en el Archivo de Salamanca.

La señora Rahola ha anunciado en un primer momento y muy amablemente que
habíamos llegado todos a un acuerdo, eso es cierto, sobre el texto que a
partir de las enmiendas que presenta el Grupo Socialista y de la enmienda
que presenta el Grupo Popular consensuamos con un texto que redacta
Convergència i Unió y que la señora Rahola acepta, con lo que sustituye
el texto de su proposición no de ley. Sin embargo, nos sorprende que lo
que se inicia como un acuerdo basado en la creación de una comisión de
expertos, para la señora Rahola sea definitivamente un triunfo de su
posición, un triunfo que nos pinta casi con un aire belicoso, dando por
supuestas cuáles son las soluciones que nos van a proponer esos expertos.

No sabemos lo que puede tardar dicha Comisión en llegar a unas
conclusiones, pero no nos parece adecuado presuponer todo lo que van a
decir los expertos en función de unos términos que yo no los interpreto
de la misma manera, nuestro grupo no los entiende así, porque no se trata
de que con el texto de esta enmienda se entreguen los documentos a la
Generalitat de Cataluña; no se trata de eso ni de lo contrario. Se trata
sencillamente de que los expertos lo estudien. Por tanto, nos choca la
posición consistente en que la señora Rahola coloca como ganadora, seis
meses después la tesis que ella está defendiendo.

Me parece importante que consideremos tres puntos en la pequeña
exposición que voy a hacer. El primer punto tendría que ver con el nuevo
clima político. Quizá les parezca que hemos tratado demasiado sobre ello
entre todos, no sólo nosotros, pero yo creo que siempre es útil
recordarlo. Asistimos a un nuevo clima político en el que parece que se
propicia encontrar siempre vías de acuerdo. Segundo punto: me gustaría
que quedara muy clara cuál es la postura del Grupo Parlamentario Popular
en lo que se refiere a la devolución de patrimonios pendientes que tengan
un origen similar al del que estamos hablando, en general, porque todavía
algún patrimonio queda pendiente, y ya hablaremos de ello. En tercer
lugar, me gustaría explicar lo que nosotros creemos que debe hacer esa
comisión de expertos, que proponemos en nuestra enmienda y que a su vez
asume la enmienda de Convergència i Unió, que todos aceptaríamos si es
que la hemos entendido así.

Señora Rahola, nos congratulamos de que usted acepte la enmienda, tenía
en su mano rechazarla y, por tanto, le estamos agradecidos. Sin embargo,
esta tensión --y digo tensión por huir de la palabra crispación que hemos
usado tanto--, este tono tan belicoso no tiene sentido. A lo largo de
todo su discurso hay como una simplificación de un problema complejo; es
como si trajéramos a la seriedad de esta Cámara el clima de las películas
de buenos y malos. Hay una actitud favorable al acuerdo, pero luego hay
una especie de discurso beligerante de buenos y malos que realmente hoy
no tiene sentido.

Estamos ante un problema y, por definición, todos los problemas tienen
solución, si no serían una tragedia. Ahora bien, no es una buena manera
de solucionar los problemas echar gasolina en los rescoldos que se vayan
encontrando. Por consiguiente, nos sorprendemos de esto porque no es
necesario, porque si previamente estamos diciendo que encontramos las
bases para un acuerdo, ¿qué sentido tiene que usted nos pinte esta
película?
Nosotros creemos que en este clima nuevo que pretendemos que se instaure
en la Cámara hay lugar para los debates y para los debates muy profundos,
y hay lugar para las discrepancias y para las discrepancias muy
profundas, pero, desde luego, para lo que hay lugar es para la solución a
los problemas. Yo no sé si la solución --y parto de la base de que en la
actitud que usted tiene hay una contradicción entre que usted lo acepta,
pero que usted agrede-- pasa por esta especie de atizamiento de rescoldos
que usted encuentra.

Señorías, yo no puedo aprobar que en un problema que tiene su origen en
la Guerra Civil, y desde luego lo tiene, la señora Rahola vuelva a hacer
un alegato poniéndonos otra vez la Guerra Civil encima de la mesa. La
Guerra Civil no tiene nada, nada que ver con el problema



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que hoy estamos tratando... (Protestas.) Tuvo su origen... (Varios
señores Diputados pronuncian palabras que no se perciben.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías.




La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Tuvo su origen, y lo he dicho, pero
reconozcan, señorías, que hoy no estamos hablando de eso, como no tiene
nada que ver con esto la confrontación interterritorial. No tiene nada
que ver. Es decir, si este archivo tuviera que pasar, por las razones que
fuera, de Salamanca a Zamora, pongo por ejemplo, ¿ustedes no creen que en
Salamanca sucedería exactamente lo mismo? No azucen esto con cuestiones
que sabemos que están en el origen, como naturalmente está en el origen
el momento en que se requisaron estos documentos. Hoy no estamos hablando
de ello. Y no azucen con conflictos interterritoriales. Podrán ser
rentables a intereses de grupo, y posiblemente legítimos, pero a los
ciudadanos no les son rentables. Dice que a nosotros, sí. A nosotros, no,
señora Rahola, y aquí estamos precisamente porque hemos creado ese clima
de sosiego. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.




La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: ¿Cuál es, señores, la actitud del
Partido Popular ante el problema que realmente subyace en todo esto, que
es la devolución del patrimonio que haya sido incautado cuando fueron
incautados los documentos de los que estamos hablando, que tuvieron su
origen ahí? Pues bien, contra todas las cabezas que se están moviendo, yo
quiero decir que tenemos un ejemplo que vale más que mil palabras.

Después de las elecciones generales y en el tiempo que medió entre las
elecciones generales y la investidura, el Partido Popular y el Partido
Nacionalista Vasco entablaron unas conversaciones para llegar a un
acuerdo. Realmente, uno de los puntos más importantes fue la devolución
del patrimonio de los partidos incautado en la Guerra Civil. Esa cuestión
había sido planteada en esta Cámara desde 1984. Desde 1984, doce años y
cinco grandes debates después, no se había encontrado una solución, y hay
que decir que muchos grupos que ahora hablan y mueven las cabezas
ofrecieron entonces disculpas bastante extrañas para rechazar esta
devolución. Pues bien, el Partido Popular ha llegado a un acuerdo con el
Partido Nacionalista Vasco --un acuerdo que, insisto, doce años y cinco
debates en esta Cámara no habían logrado-- bajo un simple principio de
equidad. No hemos usado grandes palabras de generosidad, de
reconciliación. El simple principio de equidad ha valido para que el
Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco acuerden la devolución de
aquel patrimonio incautado. Los expertos, de uno y otro lado, han
trabajado y ahora se creará una comisión ad hoc que estudie caso por
caso, porque sí es muy importante no agredir, por ejemplo, los intereses
de un tercero de buena fe cuando se trate de la devolución de un
inmueble. Por esa comisión se buscará la solución. Está más que clara
cuál es la postura del Partido Popular, que por cierto nunca se había
logrado en esta Cámara.

Entrando en lo que hoy es objeto de este debate, quiero decir que el
Archivo de Salamanca es un caso singular --claro que lo es, todos los
archivos lo son--, no es una obra de arte aislada, no es un inmueble.

Estos se pueden devolver sin hacer un daño añadido; quizá exista la
tristeza del que se queda sin su obra de arte, pero eso no es digno de
consideración. Ahora bien, un archivo no es una obra aislada. Todos y
cada uno de los documentos que forman el archivo constituyen una unidad,
y es muy difícil desmembrar, a pesar de los procedimientos modernos, un
archivo sin hacer un daño al todo. Por otro lado, aquí hay razones más
que suficientes para estudiar y para llegar a tener que encontrar una
solución que satisfaga a todos. Pero señalamos que no es tan simple como
decir: este cuadro me fue incautado, que se me devuelva. Un archivo tiene
otros problemas.

¿Cuál es el sentido de nuestra enmienda y cuál es el sentido, según creo,
de la enmienda que hemos acordado y que la señora Rahola se ofrece a
aceptar?



El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez-Salmones, le ruego que vaya
concluyendo.




La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Termino enseguida, señor Presidente.

Nosotros proponemos que unos expertos, que de modo inmediato se reúnan,
comiencen a estudiar toda la amplia gama de problemas que se plantean.

Naturalmente, esto no es aplazar el problema, porque difícilmente puede
aplazar los problemas un Gobierno que lleva unas semanas. En cualquier
caso, ese reproche sobre el aplazamiento lo podríamos admitir más
adelante. ¿A partir de dónde creemos que esta comisión de expertos puede
empezar a funcionar? Existe una Junta Superior de Archivos, que se creó
en 1992, pero que no se constituyó hasta principios de 1996, y de la que
desgraciadamente ahora falta una persona insustituible, como es el
profesor Tomás y Valiente, pero ese mismo nombre da la garantía de quién
formaba esta Junta Superior de Archivos. Permanecen todavía los señores
Anes, Artola, Elorza, Santos Juliá, Tusell,... por decir algunos. Pues
bien, póngase a trabajar esa junta de expertos; compleméntese como haga
falta, en la medida que se quiera, todos acordaremos quién debe
integrarla; pongamos unos plazos, pero que se ponga a trabajar ya.

Naturalmente, yo no le voy a marcar aquí los trabajos: unidad de
criterio, unidad de archivo, etcétera, que ustedes conocen. Lo que sí sé
es que su solución debe ser justa para las dos partes y justa, desde
luego, para todos.

Lo que nos preguntamos ahora, señores de los bancos socialistas, es por
qué no se consultó esa junta antes



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de la incendiaria decisión del Consejo de Ministros. No lo sabemos. ¿Por
qué no se consultó el Consejo del Patrimonio Nacional, que se creó por la
ley del Patrimonio, en el que están representadas todas las comunidades
autónomas? ¿Por qué no se consultó el Patronato del Archivo de Salamanca?
Tener tres órganos de esa importancia y tomar una decisión que en una
noche levantó Salamanca prácticamente en armas es una cosa
incomprensible, pero, en fin,...




El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez-Salmones, debe concluir.




La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Ahora mismo concluyo, señor
Presidente.

Quiero decir sencillamente, para concluir, que nosotros nos congratulamos
de que la señora Rahola nos acepte la enmienda consensuada; que no
creemos que esta enmienda consensuada nos vaya a llevar, o quizá sí, pero
no lo presuponemos, a donde la señora Rahola, con tanta vehemencia, nos
ha querido conducir ya antes de oírnos.

Por último, y con permiso del señor Presidente, me permitiría recordar
que la misma persona que he echado de menos en esa Junta Superior de
Archivos, el profesor Tomás y Valiente, señalaba con palabras muy justas,
pocos días antes de morir asesinado, que debíamos tener un silencio
grande sobre esta cuestión, meses de silencio, dijo, sobre esta cuestión,
para, después, sin desmembrar el Archivo, sin afectar a su integridad y
sin envenenar el problema, buscar la solución más justa. Creo que es lo
que nosotros proponemos hoy, quizás en tono menos beligerante que la
señora Rahola.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez-Salmones.

Para la defensa de la el enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Caldera.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.

Señorías, pretendo hacer una intervención serena, clara y firme, por
cierto, para referirme a la proposición no de ley que esta tarde ha
defendido aquí la señora Rahola, y no a un acuerdo, extramuros de esta
Cámara, muy legítimo, que tiene que ver con la devolución del patrimonio
incautado a los partidos políticos y que recuerdo, señorías, se adoptó en
este Pleno, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, y fue
sancionado por el Gobierno anterior con un informe que entró en la Cámara
en diciembre del año pasado, favorable a esa devolución. En todo caso, se
necesitaría una ley para adoptarla, y no se puede permitir, señoras y
señores Diputados, que un acuerdo extraparlamentario, legítimo sin duda,
se sobreponga a las funciones de esta Cámara. Será realidad la devolución
de ese patrimonio cuando lo aprobemos, y mi grupo parlamentario sin duda
alguna lo hará, en esta Cámara, y hablo en nombre no sólo del Partido
Nacionalista Vasco, que seguro que apoyará hasta mi intervención, no sólo
del Partido Popular, sino también de Unió Democrática, del Partido
Socialista Obrero Español, del Partido Comunista de España y de tantos
grupos políticos, los cuales --entre ellos también Esquerra Republicana
de Catalunya, claro--, por la intervención bárbara de una ilegitimidad de
origen, se vieron privados en la Guerra Civil española del patrimonio que
con tanto esfuerzo construyeron.

Ahora bien, señorías, vamos a lo que hoy nos ocupa, y lo que hoy nos
ocupa tiene que ver, claro que sí, con la memoria histórica. ¿Cómo no va
a tener que ver este debate con el origen del mismo? ¿Cómo no va a haber
una relación directa entre la tétrica Guerra Civil española y la
existencia de una sección sobre Guerra Civil en el Archivo Histórico
Nacional de Salamanca? ¿Cómo no, señoras y señores Diputados? Al punto de
que a ninguno de ustedes le gustaría discutir esta tarde aquí este
problema si se hubiera podido evitar. Yo no querría tener un Archivo
Nacional con una sección denominada de Guerra Civil española. Yo querría
haber evitado aquella sinrazón, barbarie, que enfrentó a los españoles.

Pues bien, desde 1981 --tienen ustedes razón-- se ha discutido en esta
Cámara este problema. Mi grupo parlamentario --y quiero aquí traer a
colación la imagen y el recuerdo de los parlamentarios que defendieron
nuestra posición-- siempre tuvo un planteamiento nítido y claro, siempre,
desde 1981, en que se defendió la reivindicación, legítima, siempre así
entendida por nosotros, legítima, tanto de la Generalitat de Catalunya,
como del Parlament de Catalunya como de todas las fuerzas políticas de
Cataluña; siempre dijimos que había que enmarcarlo en un debate dentro de
una serie de límites que había que superar. Y los parlamentarios que
hablaron en nombre del Grupo Socialista --el señor Paniagua, que aquí
toma asiento-- en una excelente intervención ya en el año 1989 marcaron
esas pautas; el señor Granado en el Senado, y luego hablaremos de ello,
también lo hizo, y yo mismo en dos ocasiones en esta Cámara me pronuncié
en nombre de mi grupo sobre este problema.

Fijamos nuestra posición en base a una serie de consideraciones:
históricas, la ilegitimidad de origen de aquel bárbaro acto que no
deberíamos recordar --históricas por tanto--; técnico-documentales, es
decir, la aplicación de los principios archivísticos modernos sobre
unidad documental y fondo patrimonial común; y competenciales, es decir,
la aplicación del artículo 149.1.28 de la Constitución española, que
atribuye al Gobierno la competencia exclusiva sobre museos de titularidad
estatal. Pero dijimos que la función de un archivo tiene una triple
dimensión, como nos ocupa en este caso: una dimensión de ser el
depositario de la memoria común de un pueblo, cosa que no niegan los
proponentes, no niega la señora Rahola ni niega el



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Parlament de Catalunya cuando lo ha planteado; una segunda función, que
en este caso ha sido importantísima para el cumplimiento de derechos
subjetivos, que es la certificante, es decir, aquellos luctuosos sucesos
obligaron a la democracia española justamente a reconsiderar y a
compensar a quienes sufrieron aquellas atrocidades --por tanto, una
segunda función, la certificante, que se establece sobre la base
documental existente, en este caso y entre otros lugares, en el Archivo
Histórico Nacional--; y una tercera, la utilidad de permitir que un fondo
patrimonial pueda ser accesible por los investigadores para reconstruir,
interpretar y enseñar el acervo de nuestra historia común.

Pues bien, ¿esas tres funciones son compatibles con la legítima
reivindicación que hoy expresa la señora Rahola y en otras ocasiones
expresaron otros grupos? Mi grupo parlamentario cree que sí, señorías,
son compatibles, y lo son porque los medios técnicos actuales permiten
alcanzar soluciones de consenso, y lo son porque se ha venido haciendo a
lo largo del tiempo, a través de procedimientos técnicos como la
microfilmación y después la digitalización, sólo iniciada, que debe
completarse, cierto es, que permite el acceso a los fondos documentales
sin el contacto físico con los documentos que allí se mantienen.

Y, señoras y señores Diputados, durante muchos años este debate se
mantuvo en un tono de cordialidad, dentro de los márgenes técnicos de lo
que estoy indicando, de hacer compatible aquella reivindicación con el
concepto de integridad de los archivos, que es lo que creo que a todos
nos mueve en la defensa esta tarde aquí de cada una de nuestras
iniciativas. Durante mucho tiempo, durante casi catorce años, el debate
fluctuó por un camino tranquilo, normal, de diversas consideraciones,
pero, señoras y señores Diputados, cuando el Gobierno socialista anterior
pretendió (y señora portavoz del Grupo Popular, no utilice usted el
simple expediente, para justificar un cambio de posición, que a mí me
alegra en su grupo parlamentario,de un acuerdo formal del Consejo de
Gobierno, porque no existe) cuando el Gobierno anterior --repito-- quiso
profundizar en el campo de la compatibilidad entre los medios técnicos de
que hoy disponemos y la reivindicación de quienes se consideran legítimos
propietarios de la documentación depositada en el Archivo de Salamanca,
¿qué fue lo que ocurrió, señorías? Ocurrió algo muy simple, este país
vivió momentos difíciles. Se creó un clima irrespirable en determinadas
partes del territorio nacional.

¿Qué pasó, señorías, para que se transitara de este modo entre las
diversas posiciones de un grupo político, en concreto, el Grupo
Parlamentario Popular, y tengo que recordarlo como antecedente del
debate, para que en 1989 el señor Montesinos en nombre de Coalición
Popular en la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara afirmara: En
principio esta iniciativa merece el apoyo de nuestro grupo por cuanto
entendemos que siendo fondos de propiedad de la Generalitat, restituida
ésta, no existe ningún inconveniente para que de nuevo se ocupe de la
guardia y custodia de los mismos, y un Senador del Grupo Parlamentario
Popular, supongo que en nombre de todo su grupo, en mayo de 1995, en el
Senado dijera que dar cumplimiento a esta reivindicación supondría --y
leo textualmente, señorías-- una violencia explícita de la Constitución y
una violación flagrante de la legislación sobre el patrimonio? Estas son
las actitudes que deben ser rechazadas, que deben ser depuradas, que
deben ser expulsadas de la vida política, porque no contribuyen en modo
alguno al acuerdo, el consenso y la conciliación, porque en una sociedad
democrática, señorías, las diferencias, incluso los conflictos, se
resuelven por la vida del diálogo y no por la vías del enfrentamiento.

Qué ocurrió, señorías, entre la posición del año 1989 y la catarata de
declaraciones que si hoy traigo aquí, lo hago con una sola intención,
creánmelo, la de que no vuelvan a ocurrir nunca hechos de esta
naturaleza? ¿Qué ocurrió para que se identificara esa reivindicación que
afecta exclusivamente a menos del uno por ciento del patrimonio
documental depositado en el Archivo de Salamanca para que ilustres
portavoces del Grupo Popular en Salamanca y en Castilla y León hicieran
estas afirmaciones, señorías: Si quieren llevarse el Archivo, que se lo
lleven entero. Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León
estudian la forma de evitar el traslado del Archivo a Cataluña? ¿Qué
ocurrió entre el año 1989 y el año 1995 para que se cayera en el
histrionismo, en mi opinión más vulgar, y que todo un Presidente de una
Junta de Gobierno de una Comunidad Autónoma, como el señor Lucas,
declarara: «Nunca votaré para que el Archivo de Salamanca se vaya de
allí» --estamos ya en el campo de la identificación insidiosa-- «pero, si
me obliga mi partido, o no voto o dejo la política»? ¿Creen ustedes que
estos son los argumentos que se deben utilizar en un debate de esta
naturaleza? ¿Creen ustedes que esto es razonable admitirlo? O las
declaraciones sobre que el anterior Gobierno actuaba con sigilo --leo
textualmente, señorías-- para sustraer fondos del Archivo. Cómo iba a
actuar con sigilo, ni a la luz pública para sustraer nada, sino para
cumplir con sus obligaciones constitucionales y para arbitrar soluciones
de encuentro, de concordia entre los diversos intereses en presencia. O
cómo, señorías, se puede admitir la calificación de esa reivindicación
por parte del mismo Senador, que hoy es alcalde de la ciudad de
Salamanca, que defendió su moción en el Senado, impidiendo cualquier
acuerdo afirmando que esa reivindicación constituía un expolio.

Señorías, yo quiero que esto no vuelva a ocurrir. No quiero que se
cabalgue en procesos electorales, o en momentos electorales, a lomos de
corceles contaminados en parte por la intolerancia, en parte por la
falsificación y en parte por la imputación fraudulenta de intenciones que
un gobierno legítimo no tenía. No quiero que esto ocurra. Les garantizo
que a la hora de tender nuestra mano a un acuerdo de esta naturaleza y de
defender



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nuestra enmienda, que es una solución de consenso, para los socialistas,
que representamos la misma voz en toda España (Rumores.) este es un hecho
simbólico importante. La misma, señorías. Aquí y en Cataluña, en Cataluña
y en Galicia, en Galicia y en Extremadura hablamos igual. Quiero
recordarles que los socialistas en aquel momento sufrimos una seria merma
en el caudal de nuestro honor. (Risas.) No se rían ustedes. Sufrimos una
seria merma en el caudal de nuestra confianza y probablemente, aunque eso
pertenece a la vida ordinaria política, sufrimos una importante merma en
el caudal de nuestros votos para que ahora se reconozca --espero que por
unanimidad de la Cámara-- la corrección de la propuesta que realizó el
anterior Gobierno de la nación, y que llamando a la continuidad de una
comisión de expertos se concilie definitivamente ese legítimo interés con
la integridad... (Una señora Diputada pronuncia palabras que no se
perciben.); sí, señora Diputada, la integridad, claro que sí, del fondo
documental existente en Salamanca, previa clasificación y previo estudio
del conjunto de los documentos allí existentes; ¡claro que sí!, para que
se mantenga la utilidad social y política de ese Archivo, porque nadie se
va a llevar nada. Sólo queremos --y es lo que les ofrecemos con la
enmienda que estoy dispuesto a retirar para que prospere la transacción
ofrecida por la señora Rahola-- acuerdo, acuerdo y más acuerdo, y que en
ese acuerdo las libertades y los derechos de todos se vean reconocidos.

Nada más y muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien! Aplausos
en los bancos del Grupo Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.

¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txábarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.

Desde el Grupo Vasco saludamos con satisfacción este nuevo ambiente en
relación a un tema tan debatido en esta Cámara tanto en el Pleno como en
la Comisión de Educación y Cultura, y, sobre todo, los contenidos de la
enmienda transaccional que se anuncia con la aprobación de la mayoría de
los grupos, mayoría a la que también nos vamos a sumar por participar de
los contenidos que se recogen en la misma.

En la fijación de nuestra posición sí quisiéramos indicar dos
consideraciones que estimamos fundamentales en este debate. Una primera
es en relación al origen político del debate que nos ocupa. No
participamos en ningún caso del criterio de que este es un problema
técnico. La técnica tiene hoy en día soluciones más que satisfactorias en
el mundo de la archivística como para poder abordar estas situaciones. Si
este hubiese sido un problema de técnicos, estoy seguro, señor
Presidente, que a estas alturas estaría solventado con satisfacción. No
está ahí el origen del problema ni el origen de la sección Guerra Civil
del Archivo de Salamanca.

En segundo lugar quisiera indicar, señor Presidente, que existe aquí un
claro problema de opinión pública. Además del origen político de estos
fondos y de estos archivos, aquí hemos conocido una seria manipulación de
la opinión pública en relación a estos temas. Haríamos bien en
preguntarnos quién azuza a la opinión pública cuando se tocan temas de
sensibilidad política tan delicados como estos. Tal como hemos hecho en
otras ocasiones, habría que realizar un llamamiento a los distintos
grupos políticos a fin de considerar estos temas en sus justos términos.

Aquellos problemas que son políticos, que son sensibles, que tienen en la
opinión pública un componente sentimental fuerte deben ser también
considerados desde esta perspectiva. Nos felicitamos porque ésta ha sido
la tónica que el Grupo Vasco ha usado en relación a estos temas.

Es justo felicitar también al Gobierno socialista anterior y a la titular
de Cultura, que no sé si está por aquí en estos momentos, por los
esfuerzos que se han realizado en la legislatura anterior desde ese
Ministerio, para que este tema fuese puesto en unos niveles de discusión,
por lo menos ilustrada. Entendemos, señor Presidente, que hay que hacer
una labor pedagógica ante la opinión pública, al margen de las comisiones
que se recogen en la enmienda transaccional que nos ocupa, para que
entienda los parámetros sobre los cuales debe centrarse este debate. Por
ello, desde el Grupo Vasco vamos a votar a favor de la enmienda que se
anuncia. Esperemos que este criterio expresado hoy por esta Cámara sea
recogido también en relación a otros apartados de esta misma sección de
la Guerra Civil. Muchos partidos, como indicaba el señor Caldera en su
intervención, tenemos depositados en esa sección de la Guerra Civil
fondos a los que tenemos cariño y que están muy cerca de nuestro corazón,
razón más que suficiente y poderosa para que este tema sea tratado con la
máxima delicadeza en lo que se refiere a sus aspectos políticos, y con el
máximo rigor en lo que se refiere a una ciencia, como es la archivística,
en el tema que nos ocupa. Esperemos que este sea el tono con el que se
lleve este tema y que sea un primer nivel de acercamiento a este Archivo.

Creemos que la Generalitat de Catalunya puede estar muy satisfecha por el
avance que este tema puede conocer en el día de hoy y esperamos que no
sea nada más que el primer eslabón de una cadena que sería importante.

Hay asuntos, señor Presidente, donde es muy difícil pasar página, porque
la página está inscrita en cada una de las personas que han vivido una
serie de historias intensamente. Sólo aquellos que tienen memoria
histórica son capaces de construir su futuro.

Nada más. Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txábarri.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora
Gil.




La señora GIL I MIRO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario
Catalán votará positivamente la proposición no de ley presentada por la
Diputada de Esquerra Republicana de Cataluña señora Rahola, y lo hacemos
confiados en que podremos iniciar el camino hasta el punto final en
cuanto a las demandas y actuaciones que iniciamos hace ya más de
diecisiete años, en 1979, y que han sido reiteradas insistentemente en
esta Cámara por nuestro grupo, que presentó la primera proposición de ley
el año 1989, y también fuera de ella, por nuestro Gobierno. Y no sólo
votaremos positivamente, sino que queremos mostrar nuestra satisfacción,
porque confiamos que el texto transaccional que hemos presentado, y que
ahora le entregamos, señor Presidente, vaya en aras de conseguir una
decisión apoyada por el máximo consenso posible, por todos y cada uno de
los miembros del Congreso. Lo hacemos por dos razones: en nombre del
comportamiento democrático y en nombre de la equidad, valores sustantivos
de la ideología de todos los partidos políticos representados en este
Congreso y a su vez superiores a cualquier decisión política coyuntural.

La Generalitat de Cataluña y su Parlamento, en nombre de la sociedad
catalana, reclaman la devolución de los documentos demandados por una
sola razón: porque son de su propiedad, porque son parte y recordatorio
permanente de una historia arrebatada. Cataluña, señorías, fue tratada a
partir de 1939 como una nación enemiga vencida y el vencedor puso todo su
empeño en aniquilar la memoria nacional del pueblo catalán e intentó
convertirlo en un pueblo sin historia y sin raíces. Cataluña jamás ha
perdido su identidad, el orgullo de su historia y la esperanza de
recuperarla. Dentro de la recuperación democrática del Estado español,
Cataluña ha recobrado sus instituciones, el uso de la lengua jamás
abandonado, y pensamos que sean ustedes ahora, señorías, los
protagonistas generosos del punto de inicio del camino para restituir a
Cataluña aquello que es suyo y que lo hagamos por consenso. Porque, ¿qué
criterio puede esgrimirse contrario a la devolución a la Generalitat de
los documentos referidos al Estatut de 1932, a su texto, a las actas de
sesiones de su Comisión? ¿ Qué razón técnica o moral podrá defender que
no se encuentre en el Archivo Nacional de Cataluña? Y la correspondencia
desde el año 1931 dirigida a Francesc Maciá, como Presidente provisional
de Cataluña, y la correspondencia de Lluis Companys? Yo creo que no
debemos convertir en mito una demanda legítima y concreta.

De las palabras de consenso que hemos oído deducimos, Grupo Socialista,
que la ética ya sin condiciones y no utilitarista prevalece en su
decisión y apoya el cumplimiento del acuerdo del Gobierno de la última
legislatura y esperamos del discurso de ustedes, Grupo Popular, que ésta
sea una muestra inequívoca de que han iniciado con convicción una nueva
etapa de comprensión de la realidad plurinacional del Estado. Todos ya
somos distintos, no somos los mismos. Ustedes tienen ahora y ejercen un
nuevo cometido, son el partido del Gobierno del Estado español, y en el
ejercicio de este cometido estamos seguros de que sabrán encontrar
soluciones y negociarán con el Gobierno de Cataluña para restituirle la
documentación histórica de la que es su legítimo dueño. Sabemos que hay
que resolver cuestiones técnicas y políticas, pero las resolveremos.

Habremos de olvidar el uso de perversas dicotomías, porque Cataluña no es
excluyente, tiene mucho que ofrecer y es generosa; el Grupo Parlamentario
Catalán goza de excelente salud y de excelente memoria y guardará en ella
el valor de la decisión política generosa y la solución al agravio a la
demanda legítima de la sociedad catalana. En algún momento se ha
sucumbido a la tentación de subsumir la ética y el compromiso moral en
razones supuestamente técnicas, en criterios tecnócratas y por su
naturaleza convencionales y modificables. La Comisión técnica cumplirá,
sin duda, de manera objetiva y rigurosa este cometido en el estudio que
el Gobierno, en nombre de este Parlamento, le encomiende, pero nosotros
aquí, en este Congreso, no debemos hacer dejación del ejercicio político,
no debemos hacerlo, porque no podemos subvertir la naturaleza misma del
Congreso, pues el Congreso, y hoy más que nunca, debe ser el lugar de
unión de las diversas partes, los partidos, que conforman la sociedad
política. Mostremos, pues, hoy a la sociedad española que la actuación de
la sociedad política tiene como criterio rector la exigencia democrática
y moral y que los razonamientos tecnocráticos orientan, pero no pueden
dirigir y controlar la decisión política.

En nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Catalán, en nombre también
de la voluntad del pueblo catalán expresada a través de su Parlamento,
manifestamos la confianza en que, con el mayor grado de consenso posible,
se repare un agravio secesionista y construyamos consensuadamente un
instrumento fundamental para el progreso de la vertebración del Estado de
las autonomías.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gil.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para fijar su posición,
tiene la palabra el señor Saura.




El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, quisiera, en primer lugar, anunciar, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
nuestro voto afirmativo a la proposición no de ley que ha presentado la
señora



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Rahola, con las modificaciones que supone la enmienda transaccional.

He de confesarles, no obstante, que he sentido un cierto desasosiego
después de la intervención de la portavoz del Partido Popular,
desasosiego, en todo caso, que someto al esfuerzo de consenso que ha
significado esta enmienda transaccional y al convencimiento de que hoy
damos un paso importante en la demanda que representa esta proposición no
de ley.

La finalidad de esta iniciativa, como bien ha explicado la señora Rahola,
es muy sencilla. El amigo Pablo Castellano decía que es de cajón: a una
institución legítima se le robaron documentos y se trata de devolverlos.

La señora Pilar Rahola en su proposición no de ley insta al Gobierno a
devolver a la Generalitat de Catalunya la documentación que,
encontrándose actualmente en el Archivo Histórico de Salamanca, fue
motivo de incautación y de robo durante la guerra civil.

Señoras Diputadas y señores Diputados, la documentación a que hoy hacemos
referencia es una parte dolorosa de la historia de Cataluña. Permítanme
recordar a SS. SS. que los momentos más oscuros de la historia de
Cataluña han sido aquellos en los que se pretendió borrar sus signos de
identidad o negar su voluntad y capacidad de autogobierno. En ese sentido
se explica cómo, desde posiciones políticas e ideológicas muy diversas,
en Cataluña hay una gran unanimidad en considerar que la documentación a
la que hoy hacemos referencia forma parte del patrimonio histórico del
pueblo catalán y como tal es irrenunciable.

Hablamos, pues, de unos documentos que proceden de una incautación hecha
con finalidad policial al final de la guerra civil, cara a la posterior
represión y depuración política. Eran unos momentos en que el solo hecho
de ser catalán o catalana era motivo, en el mejor de los casos, de
sospecha.

Estas son las razones que han motivado que desde la recuperación de la
democracia, de forma repetida y tozuda, grupos parlamentarios
ideológicamente diversos hayamos coincido en plantear, ya sea en el
Parlament Catalá o en esta Cámara, la necesidad de que la Generalitat de
Catalunya recupere la documentación que nunca debió perder.

En 1979 ya Antonio de Senillosa presentó una iniciativa en este Congreso.

En diciembre de 1980 fue el entonces Senador Josep Benet. En 1982, Xavier
Folch, Diputado al Parlament de Catalunya, criticó el acuerdo alcanzado
entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat para microfilmar parte de
aquellos documentos, pues en ese acuerdo el gobierno central se atribuía
la propiedad de los mismos, incluso el criterio de microfilmarlos y de su
selección.

En 1985, la Ley de Archivos del Parlament de Catalunya, en su disposición
transitoria, encargaba al Gobierno de Cataluña las gestiones para la
recuperación de la propiedad de aquellos documentos. Posteriormente, el
Grupo Parlamentario de Minoría Catalana presentó una proposición no de
ley que fue rechazada. En 1992, el entonces Senador Ferrer preguntaba al
Ministro de Cultura, y, en febrero y junio de 1994, Rafael Ribó y Pilar
Rahola presentaron, respectivamente, sendas proposiciones no de ley que
fueron nuevamente rechazadas. Es decir, multitud de iniciativas
coincidentes desde pensamientos políticos e ideológicos diferentes.

Hoy, 28 de mayo de 1996, se somete, una vez más, a la consideración de
esta Cámara una cuestión sencilla pero políticamente relevante y
vivamente sentida por amplios sectores de la sociedad catalana: el
retorno a la Generalitat de una documentación de la que es legítima
propietaria. Espero y deseo que hoy se inicie el camino del retorno.

Además, señoras y señores Diputados, por otra parte, como SS. SS.

conocen, la Generalitat de Cataluña tiene, según el Estatuto de
Autonomía, competencia exclusiva sobre temas de cultura. Se ha creado un
Archivo Nacional en el que se están recogiendo, desde hace años, todos
los documentos que afectan a la historia de Cataluña, en el marco que
establecen principios del Derecho internacional y principios reconocidos
por la propia Unesco, como es aquél que establece que la documentación
debe estar en su país de origen, o como es el artículo 19 de la
Convención de La Haya, sobre protección de bienes culturales confiscados
en conflictos armados, Convención suscrita por el propio Estado español,
que habla del retorno de los documentos requisados en cualquier
conflicto, sea éste internacional o civil.

En anteriores debates en esta Cámara, hoy también, para rechazar esta
iniciativa, se ha dado el argumento de la unidad del archivo. Se dice que
si se llegasen a devolver aquellos documentos se produciría un vacío
irreparable, se rompería la unidad documental y se mermarían los
documentos del archivo de la guerra civil. Hasta hoy, este es el
principal argumento para rechazar esta petición.

Ciertamente, la devolución ha de efectuarse garantizando la
microfilmación de los expedientes, de tal manera que el Archivo de
Salamanca mantenga íntegra su capacidad documental actual. Esto ha de
hacerse. Pero pienso que a SS. SS. no les debe costar hacer un ejercicio
sensu contrario: pensar si es o no un vacío irreparable para Cataluña,
para el Archivo Nacional de Cataluña la inexistencia de aquellos
documentos, si es o no romper el principio de unidad documental el que no
estén depositados en el lugar que les pertenece. El vacío que hoy existe
en el Archivo Nacional de Cataluña se origina como incautación y sería
realmente paradójico, por no decirlo de forma más escandalosa, que
reivindicar el retorno de lo incautado pueda producir un daño
irreparable.

Es poco riguroso argumentar sobre una pretendida unidad del archivo de la
guerra civil española cuando hay centenares de archivos esparcidos por el
mundo con miles y miles de documentos, archivos, a veces, con colecciones
más completas que las de Salamanca,



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como el de Amsterdam, el de Nueva York, el de Moscú u otros archivos
esparcidos por la geografía española.

Ciertamente, como exponía en 1992 el entonces Ministro de Cultura, señor
Solé Tura, existen cuestiones técnicas que es necesario resolver. Pues
bien, resuélvanse; inventariemos los documentos; creemos tantas cuantas
comisiones de expertos sean necesarias; efectuemos un calendario
razonable y prudente de devolución en función de las dimensiones del
trabajo. Pero, señoras y señores Diputados, no neguemos, con razones
técnicas, la solución a un problema político vivamente sentido por
amplios sectores de la sociedad catalana.

Acabo, señoras y señores Diputados, pidiéndoles que voten afirmativamente
esta proposición de ley, no sólo por las razones políticas que diversos
portavoces hemos expuesto, les pido que voten afirmativamente esta
proposición de ley también por sensibilidad hacia los grandes y a menudo
dolorosos esfuerzos que todos los pueblos, en este caso el pueblo
catalán, han debido hacer para mantener su identidad. Estos documentos
son una parte de ella, de su identidad, y por eso estamos convencidos de
que tarde o temprano residirán en el Archivo Nacional de Cataluña.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.

A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas planteadas o, en
su caso, para leer al Pleno la fórmula transaccional a la que se ha
aludido reiteradamente, tiene la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, quedan descartadas las
diferentes enmiendas en favor de la enmienda transaccional, fruto del
acuerdo de Esquerra Catalana y Convergencia, que creemos que resume el
espíritu de las dos enmiendas del PSOE y del Partido Popular. Queda,
pues, así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar los
trabajos de la Comisión de Expertos que se constituyó en la anterior
legislatura para que en el plazo de seis meses eleve un informe sobre la
documentación generada por la Generalitat le Cataluña durante la II
República que se encuentra depositada en el Archivo Histórico de
Salamanca y proponga las soluciones para su ubicación, garantizando con
los medios técnicos idóneos la integridad del archivo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.

Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación sobre la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre devolución a la Generalidad de Cataluña de la documentación
depositada en el Archivo Histórico de Salamanca, generada por dicha
Comunidad durante la II República, de acuerdo con el texto transaccional
que se ha sometido al Pleno.

Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 313; en contra, uno; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley
anteriormente citada.




MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE CUALES VAN A SER LOS EFECTOS DERIVADOS EN LA ECONOMIA
ESPAÑOLA DE LA REORDENACION DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL Y DE LA
APLICACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE PRIVATIZACIONES (Número de expediente
173/000001)



El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia
de interpelaciones urgentes.

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre los efectos derivados en la economía española de la
reordenación del sector público empresarial y de la aplicación del plan
estratégico de privatizaciones.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Alcaraz. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)



EL señor ALCARAZ MASATS: Con la venía, señor Presidente.

El miércoles pasado, el señor Ministro de Industria, señor Piqué, y yo,
en representación de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, mantuvimos
un debate acerca de la política económica, singularmente en relación a
los aspectos industriales, de cara al anunciado y nunca concretado, a lo
largo del debate del miércoles pasado, plan estratégico urgente de
privatizaciones. Este plan de privatizaciones se ha anunciado en la
prensa, como una de las políticas estrellas del Partido Popular, hoy en
el Gobierno, en la misma línea en que, de una u otra forma lo venía
haciendo el Partido Socialista Obrero Español a partir de 1985. Por lo
tanto, la política que, a nuestro juicio, está empezando a poner en
práctica el Partido Popular --hay muchas más declaraciones que
concreciones-- supone un continuismo radical y acelerado de la política
del Partido Socialista Obrero Español.

El Partido Socialista inició procesos de privatización --en un número de
cuarenta-- a partir de 1985, teniendo objetivos distintos hasta 1991 y
desde 1991, en una segunda etapa, hasta 1995. El primer objetivo era no
gastar más dinero, no aportar mayores subvenciones a las empresas no
rentables y, por lo tanto, reducir



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el gasto del Estado en empresas no eficientes, tal y como se decía
entonces, fundamentalmente en la etapa del señor Solchaga. En el segundo
período, hasta 1995, el Partido Socialista --fundamentalmente de cara a
lo que entonces empezó a ser la filosofía de integración en la Unión
Europea a costa de lo que fuese--, empezó a privatizar con el fin de
reducir el déficit. Este era el criterio estrella en la política
económica del Partido Socialista y hoy, sin lugar a dudas, del Partido
Popular y del Gobierno del señor Aznar.

El plan urgente estratégico de privatizaciones anunciado, y nunca
descrito en la intervención del último miércoles del señor Piqué, tiene
la obsesión de reducir el déficit de cara a entrar en la primera
velocidad de Maastricht, a partir del examen del 1 de enero de 1998.

Ustedes quieren entrar en Maastricht sin parar el reloj, como ha dicho el
señor Rato, o sea que no quieren entrar de matute, por así decirlo;
quieren entrar en plan y forma, tal y como corresponde, con la ortodoxia
que marca la Unión Europea.

Pues bien, lo primero que le decimos nosotros, señor Rato (porque veo que
el señor Piqué no ha encontrado el Congreso. Es tan joven que
posiblemente todavía no sepa dónde está), es que ustedes están actuando
sobre un horizonte que no es real. Precisamente aquí radica el desliz del
señor Matutes cuando dijo que posiblemente hubiera que parar relojes. Y
es que, indudablemente, a lo mejor hay que trasladar el horizonte ocho,
nueve o diez meses por encima del 1 de enero de 1998. Sin embargo,
ustedes van a privatizar a velocidad de 1 de enero de 1998. Por lo tanto,
no tienen un horizonte real y no tienen a este respecto una política real
de privatizaciones. A la vez, está claro que ustedes quieren privatizar
deprisa y corriendo, cuando el mercado, fundamentalmente el tramo
nacional, no acepta más de 500.000 millones de pesetas de compra a lo
largo del año. El tramo internacional está absolutamente saturado y si
ese plan estratégico urgente del señor Piqué se lleva a cabo se vendería
a precios bajos. casi seguro por debajo del precio del mercado en muchos
casos, teniendo en cuenta la prisa por reducir el déficit público de cara
a la entrada en la primera velocidad de Maastricht.

Esto también lo dijimos el día anterior, señores del Gobierno y del Grupo
Popular. No se puede atacar un problema estructural, como es el déficit
público, a través de medidas coyunturales y en función de una estructura
bastante finita del sector público industrial español. Ustedes pueden
bajar el déficit de manera coyuntural, y eso si se tiene en cuenta una
serie de cuestiones.

En 1994, por ejemplo, se privatizó mucho, pero teniendo en cuenta los
dividendos que se dejaron de cobrar, teniendo en cuenta que las empresas
privatizadas dieron más beneficios que anteriormente los habían dado y
teniendo en cuenta --cosa que no calcularon ustedes y que ahora también
está ocurriendo-- que bajaron los tipos de interés, el año 1994 no bajó
el déficit a pesar de las privatizaciones y a pesar del bajón en las
inversiones públicas. En 1995 sí bajó. En 1996 intentan ustedes hacer un
ajuste de caballo de cara a 1997, pero cuando en 1997 lo hayan vendido
todo y hayan más o menos matizado el déficit de cara al 3 por ciento,
¿qué se va a vender cuando la Unión Europea nos siga pidiendo la
convergencia permanente, es decir, bajar el déficit por debajo del 3, del
2, del 1,5, hasta llegar al cero por ciento? Por ello, señores del
Gobierno, la política que ustedes han inaugurado, de cara a la entrada en
la primera velocidad de Maastricht, basada en privatizaciones y recortes
profundos, en vender sector público y bajar a tope las inversiones, no es
una política adecuada.

En este marco, el señor Rato --lo he leído esta tarde en los medios de
comunicación en la sala de prensa-- acaba de hacer una descripción
catastrófica del esquema macroeconómico de la situación, de la estructura
económica nacional. En las previsiones marca que, en lugar de 350.000
puestos de trabajo, sólo se van a crear 126.000, con una bajada tremenda
en el consumo privado y en el producto interior bruto, en el tramo que él
analiza, supongo que preparando la comparecencia de mañana en la Comisión
de Economía.

Si esto es verdad, si no se trata de una guerra entre el PSOE y el PP en
el sentido de que el PSOE dice: ustedes han tenido una herencia positiva,
si no entran en Maastricht será culpa de ustedes. Y ustedes le devuelven
la pelota --con estas declaraciones que usted acaba de hacer--
diciéndoles: la herencia es totalmente negativa, si no podemos entrar en
Maastricht la culpa es de ustedes. Si esa guerra es así, y creemos que
puede ser así --mañana lo veremos tranquilamente en la Comisión de
Economía--, es una guerra imprudente, porque los datos que se han dado
hoy, de cara incluso al mercado de capitales, de valores, son
imprudentes, a menos que fueran absolutamente ciertos. Y, si son
absolutamente ciertos, hay una enorme diferencia entre el esquema
macroeconómico marcado por el Gobierno socialista y el que ustedes
marcan. ¿Qué pasa? ¿Qué los técnicos no han funcionado ni siquiera a un
nivel mínimo en que pudiera haber una cierta fluctuación? Esto suena un
poco, señor Rato, a dar dato por liebre. Veremos a ver mañana, en el
debate tranquilo de la comisión; pero me parece que se está jugando, de
manera relativamente frívola, con datos esenciales, de cara a las
consecuencias que van a tener sobre el déficit y sobre la política
económica. Esto quiere decir que si las repercusiones son negativas hay
que adelantar las privatizaciones y hay que aumentar los recortes, y todo
eso estaría absolutamente justificado desde el punto de vista de la
política del Partido Popular.

Pero el señor Piqué fue mucho más «lejos» --entre comillas--, ha ido
mucho más «lejos» en sus declaraciones públicas. Ha hablado de plan
estratégico de privatizaciones y, teniendo en cuenta la propia
denominación de su Ministerio, no se comprende cómo no ha hablado todavía
de un plan industrial. En este sentido, parece recordar la famosa frase
de un ministro socialista



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de que la mejor política industrial es la que no existe y, sumándole a
esto las privatizaciones, parece decirnos que la mejor empresa pública es
la que se vende.

También don Carlos Solchaga decía que las empresas públicas no son una
parte de la política industrial, sino, en todo caso, una parte de la
política financiera; son una parte de dividendos, de activos, que no
pueden permanecer ociosos, y con ello justificaba uno de los más
radicales tramos de privatización, como fue el período en que fue
ministro el señor Solchaga.

En definitiva, señores del Gobierno, nosotros pedimos que se paralice el
reloj de las privatizaciones. En primer lugar, porque el horizonte no
está bien marcado y no se puede combatir de manera superficial y
coyuntural un problema estructural como es el déficit económico, déficit
cuya superación ustedes están señalando constantemente como criterio
estrella de su política económica.

Hemos presentado una moción pidiendo que se paralice el modelo de
privatizaciones. Por lo menos, que tengamos el punto de referencia de un
plan estratégico que constantemente, y siempre de manera inútil, se nos
ha anunciado. No se puede establecer ningún tipo de proceso privatizador
sin tener en cuenta cómo afecta a la imbricación territorial el sector
público. Por ejemplo, en Andalucía, en Asturias, en Galicia, quitar el
sector público quiere decir tanto como desarraigar en gran parte de aquel
territorio a las empresas que allí tienen un gran coeficiente, una gran
rentabilidad social, aunque en muchos casos la rentabilidad económica
esté por debajo y haya que seguir financiando el endeudamiento, como se
viene haciendo hasta ahora.

Ustedes, señores del Gobierno, nos dicen que su política se basa en
vender de inmediato, de cara al 1 de enero de 1998, todas las empresas
públicas rentables, en venderlas, liquidarlas en una legislatura, según
ha dicho el señor Piqué.

En segundo lugar, el señor Piqué también ha dicho que se trata de reducir
drásticamente --lo ha reiterado en una entrevista en ABC el señor Rato--
todas las aportaciones que se hacen a las empresas públicas no rentables,
lo que quiere decir que romperían los acuerdos sociales que se han hecho
con Hunosa, Astilleros, etcétera, de cara al año 2000 y que suponen una
aportación del Estado de un billón de pesetas en función de la
rentabilidad territorial y social. Es decir, que supone romper acuerdos
previos bastante importantes.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
ruego que vaya concluyendo.




El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.

Además señores del Gobierno, señores del Partido Popular, habría que
presentar cuanto antes un estatuto de la empresa pública.

Y la única novedad que ustedes dijeron que aportarían, que sería la
transparencia, está por ver. En la enmienda que ustedes presentan a una
moción de tres folios y medio a un espacio, una enmienda mínima, lo menos
que se despacha en botica, intentan reflejar lo que prometieron
--prometieron procesos absolutamente transparentes en lo político,
institucional y social-- y lo que dicen es que pueden seguir las
privatizaciones sin plan estratégico y que, en todo caso, darían cuenta a
la Comisión correspondiente de este Congreso. No; nosotros pedimos que
cada proceso de privatización suponga un debate legislativo concreto; es
decir, una ley concreta cada vez que se cambie el sector público
empresarial español y que, al mismo tiempo, se cree una ponencia que siga
las consecuencias sociales, territoriales y de todo tipo de los procesos
privatizadores que se aprueben en esta Cámara.

Por tanto, no podemos aceptar la enmienda que presentan, en la que
simplemente dicen que se pueden seguir las privatizaciones sin plan
estratégico y que, en el fondo, no habría un proceso transparente, sino
un proceso informativo ante una comisión y ningún tipo de vinculación, y,
si no se hace a nivel institucional, nos tememos que tampoco se haga a
nivel social ni territorial.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Peón.




El señor PEON TORRE: Gracias, señor Presidente.

Señor Alcaraz, el otro día le decía que me daba la impresión de que
vuelve a sonar en esta Cámara un cierto discurso ideológico sobre la
empresa pública. Hacía tiempo que no se escuchaba ese tipo de discurso.

Yo creo que durante estos últimos años tanto los debates en la Comisión
de Industria, Energía y Turismo, con intervenciones de compañeros de su
grupo, como con intervenciones del conjunto de los grupos que conforman
el arco parlamentario, no existía un debate ideológico, existía un debate
sobre la eficiencia en la empresa pública, sobre la necesidad de
transparencia en la empresa pública.

Sin embargo, ya el miércoles pasado usted hacía un discurso que a todos
nos parecía --según decíamos-- con ciertos ribetes demagógicos, y
perdóneme que hoy sea la misma impresión la que percibo por el tono de su
intervención. Habla de que hay un plan nunca concretado, y luego dice que
la política que se está empezando a poner en práctica le alerta. ¿En qué
quedamos? ¿Hay plan concretado? ¿No hay plan concretado? Sinceramente,
señor Alcaraz, a estas alturas, cuando no llega a un mes que el Gobierno
tiene la obligación de desarrollar un política ejecutiva, no se puede
hablar de un plan nunca concretado, cuando ni siquiera se ha producido la
comparecencia del señor Ministro de Industria en la Comisión
correspondiente para dar cuenta



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de cuál va a ser su política industrial. Nos parece buscar puntos de
confrontación o lagunas donde no puede haberlas en el momento en que nos
encontramos. No puede haberlas. Está pendiente todavía la definición, o,
mejor dicho, la exposición de la política industrial del Gobierno en la
Comisión correspondiente y, como usted sabe, todavía ni siquiera se ha
producido esa primera exposición.

Habla de continuismo del modelo anterior, del modelo socialista, cuando
precisamente es lo contrario. Hemos estado de acuerdo siempre en los
debates en Comisión en que lo que ocurría anteriormente es que no había
modelo, era un goteo, un parcheo permanente en los procesos de
privatización. Además, esos procesos de privatización no se hacían con la
intención de sanear el tejido productivo español o la empresa pública
española, sino simplemente para cubrir necesidades de caja, para reducir
el déficit público.

Decíamos que ése no era el mejor sistema para finanzas públicas, que, en
todo caso lo necesario hubiera sido disminuir el nivel de deuda, nunca
reducir el déficit y, desde luego, mucho menos tratar de reducir el gasto
corriente con esas privatizaciones, con ese furor privatizador que en el
fondo no respondía a un intento de racionalizar el sector público
español.

En eso estábamos de acuerdo, señor Alcaraz. Precisamente lo que
intentamos es hacer un auténtico modelo estratégico, racional, que trate
de corregir esos defectos que se apreciaban en el modelo anterior. No
diga que es un modelo continuista. Tuvo que escuchar al Ministro el
miércoles pasado, quien le dijo lo contrario de lo que usted está
diciendo. Usted no supo o no quiso escuchar lo que dijo el señor
Ministro, pero es lo contrario de lo que usted interpreta que dijo,
exactamente lo contrario.

Eso ocurre cuando se intenta hacer un discurso ideológico sobre esta
cuestión. Si no se hace un discurso ideológico, sino un discurso de
eficiencia empresarial, hay pocos motivos para discrepar.

Señor Alcaraz, en este momento, el sector público español está
sustrayendo una gran cantidad de recursos públicos, que son necesarios
también para atender otras prioridades. En la última década han sido 13
billones de pesetas; sólo en pérdidas en empresas públicas, ha sido 2,5
billones de pesetas; sólo el sector siderúrgico español público, un
billón de pesetas. Además, esas cantidades exorbitantes no han servido
para poner en situación de competir al sector público español, todo lo
contrario --lo decían ustedes--, sólo reducciones de plantillas, sólo
reducciones de capacidad, pero no había una auténtica política de apoyo
industrial al sector público y al sector privado. Esos recursos no se han
aprovechado lo que tenían que haberse aprovechado. Llegados a esta
situación, tenemos que actuar realizando un auténtico modelo estratégico
que ayude a modernizar el sector público español.

Señor Alcaraz, señor Presidente, señorías, a nosotros nos gustaría ver
aspectos positivos en su propuesta, porque los hay. Nos parece que todo
lo que se afirma en su moción respecto a la necesidad de reformar el
actual sistema de gestión en la empresa pública, dotándole de mayor
competencia y autonomía, o aquello que se refiere a ampliar la
participación de las comunidades autónomas en aquellas empresas públicas
que tienen una importancia trascendental, económica y social, en los
territorios geográficos respectivos, o lo que se refiere a la necesidad
de profesionalizar la gestión y poner al frente de esas empresas a
auténticos profesionales del sector, o lo que se refiere a un sistema
trasparente en las compras y ventas de empresa pública es correcto y
estamos de acuerdo en esos principios. Eso no lo decimos ahora. En el
programa del Partido Popular que sometimos a la consideración de los
electores en las pasadas elecciones así lo decíamos. Estamos de acuerdo
en esos principios, estamos de acuerdo en que esos principios son los que
deben ayudar a redefinir el papel de la empresa pública en España. Sin
embargo, señor Alcaraz, no compartimos el método empleado.

Con la moción de Izquierda Unida a nuestro grupo le da la impresión de
que se quieren convertir en el Gobierno, que quieren sustituir la labor
propia del Gobierno y convertir a esta Cámara en una especie de Gobierno
bis.

Cuando el Presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, anunció
el plan estratégico de privatizaciones y de modernización del sector
público y el Ministro de Industria, la semana pasada, confirmó ese
anuncio y se comprometió a enviar a esta Cámara el plan para que pueda
ser debatido exhaustivamente en su conjunto y todas las actuaciones que
se emprendan en cada una de las empresas públicas afectadas por ese plan,
adelantarse ahora a esa labor del Gobierno ya anunciada con una moción
que abunda en los mismos principios que el Ministro decía que iban a ser
tenidos en cuenta para elaborar el plan nos parece un contrasentido,
señor Alcaraz. Creo que tienen una auténtica ansia de gobernar, pero
antes hay que ganar las elecciones. Esperen un poquito. De momento,
dejemos que el Gobierno gobierne que presente el plan que ha prometido y
no adelantemos el contenido de un plan que es función más propia del
Gobierno. Después ya debatiremos su contenido concreto en esta Cámara,
que tiempo tendremos para ello.

Señorías, es verdad que nuestra enmienda puede parecer poca cosa, todo es
valorable, pero desde luego es mucho más de lo que hizo el Gobierno
anterior. Con el Gobierno anterior no pudimos debatir muchos procesos de
privatización ni siquiera en la Comisión de Industria. Yo sé que el
representante del Partido Socialista, cuando intervenga en último lugar,
cuando ya no tengamos oportunidad de replicarle, dirá que eso no es así.

Pero lo que sí le adelanto es que, por ejemplo, en el caso de Sidenor
este Diputado, entonces responsable de las cuestiones siderúrgicas, desde
agosto de 1994 solicitó en la Comisión de Industria la comparecencia



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del entonces Ministro para que informara del proceso de privatización de
Sidenor. Un año después reiteró esa petición. La privatización se hizo
efectiva y lo supimos porque nos enteramos por los medios de
comunicación, no porque se dijera en la Cámara. Incluso agotándose ya la
legislatura, hubo un rechazo por la Mesa de la Comisión de Industria a
que esa cuestión entrara en el orden del día y se pudiera no ya debatir
la privatización, que ya se había efectuado, sino de que por lo menos
tuviéramos constancia en la Comisión de Industria de que esa
privatización se había producido.

Aunque a usted le parezca poco, señor Alcaraz, es mucho más de lo que
hizo el anterior Gobierno. Claro que las cosas se pueden mejorar, pero
vayamos, en la medida de lo posible, buscando puntos de encuentro y no
forzando debates artificiales que en el fondo no existen, por mucho que
entienda su interés en abanderar ahora un discurso de empresa pública
versus empresa privada, cuando todos pensábamos que ese discurso
ideológico ya se encontraba abandonado.

Nosotros vamos a mantener nuestra intención de buscar el consenso con
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara en todo lo que se refiera
a cuestiones que afecten a la empresa pública. Vamos a seguir
intentándolo, también con Izquierda Unida.

Creo que la moción no va a prosperar porque debe ser intención de otros
grupos del arco parlamentario mostrar el mismo rechazo que nosotros.

Insistimos, no tanto por muchos de los principios, que nos parecen
acertados, sino por el método que emplea. Dejemos que sea el Gobierno el
que establezca el método en el proceso de transparecencia, que sea el
Gobierno el que diseñe los principios generales de ese plan estratégico y
cuando el mismo esté finalizado se enviará a la Cámara para ser debatido
en profundidad.

Reitero, señor Alcaraz, que nosotros vamos a estar abiertos al consenso
para buscar puntos de encuentro, para encontrar la manera de ayudar a que
el sector productivo español sea más eficiente, pero si sigue insistiendo
en argumentos que no se corresponden con la realidad de lo que va a hacer
el Gobierno, nunca podremos estar de acuerdo.

Acaba de poner en boca del Ministro afirmaciones que son las contrarias a
las que él hizo el miércoles pasado. Estamos de acuerdo con la afirmación
de que en 1994 con la política de privatizaciones del anterior Gobierno
no se solucionaron los problemas de déficit, pero no impute esos errores
de gestión al actual Gobierno. ¡Claro que se falló, claro que se hizo
como no debía hacerse!, pero no se lo impute a nuestro Gobierno.

Termino ya, señor Presidente. Insisto en que nuestro grupo tiene una
auténtica voluntad de consenso con el mayor número de grupos de la
Cámara. Esperamos, además, que esa aportación de los grupos de la Cámara
esté guiada por una auténtica voluntad, una auténtica intención de
aportar soluciones constructivas y esa finalidad de conseguir desarrollo
empresarial y empleo para nuestro país.

Desde luego, nosotros no queremos creer, señor Alcaraz, que algunos
grupos pretendan resucitar viejos debates ideológicos o dogmáticos que
creíamos ya superados y que simplemente se produzca ese nuevo discurso
porque el actual Gobierno es de diferente signo político del anterior.

Nos preocuparía que así fuera, señor Alcaraz, nos preocuparía que el
discurso de coherencia que ha mantenido Izquierda Unida en estos temas
hasta hace muy poco cambiara hacia el discurso ideológico de
confrontación simplemente porque el Gobierno actual es de un signo
político diferente al anterior. Nos gustaría que no fuera así.

Nuestra mano va a estar tendida. Sólo esperamos que en la próxima ocasión
en que se debata en esta Cámara cualquier incidencia o iniciativa que
tenga que ver con la empresa pública, seamos capaces entre todos de
encontrar la capacidad de ponernos de acuerdo. Ojalá que en la próxima
ocasión seamos capaces de conseguir ese consenso porque hoy, a pesar de
nuestra sincera intención de alcanzarlo, no ha sido posible. Esperemos la
próxima ocasión, señor Alcaraz. Yo lo deseo fervientemente.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peón.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, intervengo para fijar la posición del BNG sobre la
moción presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

A pesar del tono conciliador que acaba de emplear el representante del
Grupo Parlamentario Popular, no nos queda más remedio que hacernos
partícipes de una preocupación que sí existe en la sociedad gallega
acerca de las intenciones privatizadoras de las empresas públicas que el
Gobierno sí tiene expresadas aunque no concretadas. Por eso el sentido de
la moción nos parece positivo en estos momentos delicados para este tipo
de empresas.

Ya en el pasado Pleno con motivo del debate de la interpelación el Bloque
Nacionalista Galego fijó su posición sobre las intenciones expresadas por
el Ministro y, por tanto, contrarias a esa filosofía. Nosotros estamos
totalmente en contra de la filosofía que sustenta las intenciones del
Gobierno, porque, además, nos parece irresponsable anunciar un plan de
privatizaciones sin tenerlo concretado, sin saber qué repercusiones
tendrá en determinadas zonas del Estado como, por ejemplo, en Galicia, o
lo que sería peor, saberlo y no importar lo que suponga desde el punto de
vista económico y social para una sociedad como la nuestra.




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Porque se realiza también una declaración de intenciones --y así lo
percibe la sociedad, por más que aquí se nos den palabras conciliadoras--
sin ninguna previsión, sin ninguna medida de apoyo, sin ningún plan de
industrialización que garantice la continuidad, la viabilidad de las
empresas privatizadas o, cuando menos, soluciones alternativas en el caso
de cierre de algunas de las empresas que se pretenden privatizar.

Nosotros tenemos que insistir en las graves repercusiones que para la
economía gallega tendría una política de privatización a ultranza de las
empresas públicas. Esas repercusiones son percibidas por una parte
importante de la ciudadanía, no sólo por los trabajadores que se verán
afectados o amenazados por la privatización de las empresas, sino incluso
por sectores empresariales cuya actividad depende fundamentalmente de
estas empresas públicas, como recientemente ya expresaron asociaciones
empresariales de la ciudad de Ferrol.

El peso que el sector público tiene en Galicia es muy importante respecto
al conjunto de su economía. El escaso desarrollo industrial de Galicia no
se debe a un déficit genético o a una incapacidad intrínseca de los
gallegos para crear empresas. Nosotros estamos convencidos de que
probablemente tienen mucho más que ver los condicionantes políticos.

Tampoco la presencia de empresas públicas coarta las iniciativas
empresariales, como se desprende de la intervención del señor Ministro en
la pasada sesión. Por lo tanto, no estamos aquí para pedir caridad del
papá Estado. Decimos que cuando por decisiones políticas se destina a
Galicia a ser un país productor de materia prima, un país destinado a la
exportación de mano de obra, privatizar las empresas públicas hoy
existentes, abocando a algunas a su cierre, no deja de ser otra actuación
injusta. Más aún. Las condiciones en que el Estado español se integró en
el Mercado Común Europeo, hoy Unión Europea, fueron claramente
perjudiciales para nuestra economía. Como SS. SS. saben, supusieron, por
ejemplo, una importantísima reducción del sector naval, un impedimento
--y siguen suponiéndolo-- para el desarrollo y modernización del sector
lechero y ganadero, una puesta en cuestión del importante y moderno
sector pesquero o del sector de la conserva, por no hablar del
importantísimo retraso de la puesta en funcionamiento de las autovías de
conexión con Benavente, la nula inversión y progresivo desmantelamiento
del ferrocarril y otros déficit de infraestructuras para la conexión de
Galicia con el Cantábrico y Portugal, que no hacen más que incrementar la
dificultad para crear un tejido empresarial de cierta importancia.

En estas circunstancias, insisto que la privatización de la totalidad de
las empresas públicas, tal como en principio parece que propone el
Gobierno, dudo que cuente con el apoyo de la mayoría de la sociedad
gallega. En consecuencia, apoyamos que el Gobierno presente un plan
detallado, concreto, para que sepamos qué alternativas ofrece para
contrarrestar los efectos que esta política tendrá sobre la economía. Un
plan que el Parlamento debe conocer y debatir. Tengan por seguro que a la
sociedad gallega sí que le interesa conocerlo y debatirlo, le interesa
mucho.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.




El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, la posición del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió respecto a la moción presentada por el señor Alcaraz,
después de haberla analizado y estudiado detenidamente, y después de
haber visto que no había puntos de coincidencia y que había más
divergencias que coincidencias, como es lógico, debido básicamente a la
diferencia ideológica entre nuestro Grupo y el Grupo que representa el
señor Alcaraz, va a ser la de no apoyar y votar negativamente la moción
presentada por su Grupo.

Básicamente, nuestra decisión viene motivada por cuatro o cinco puntos
fundamentales que voy a explicar rápidamente. El señor Alcaraz, en su
propuesta, vuelve a insistir en que las privatizaciones sugeridas por el
Partido Popular, y apoyadas también por Convergència i Unió en
determinados aspectos y formas, van única y exclusivamente dirigidas a
compensar el déficit público. Nosotros --ya lo expusimos en la
intervención de la semana pasada, cuando S. S. presentó la
interpelación-- estamos convencidos de que las privatizaciones o la
racionalización del sector público está orientada básicamente a mejorar
la eficiencia económica del sector industrial del Estado español.

Lógicamente esta racionalización del sector público va a constituir un
núcleo fundamental de competitividad del tejido industrial español, que
va a posibilitar más competitividad de la Unión Europea, más
competitividad en el mercado internacional. Por tanto, nosotros estamos a
favor de impulsar un proceso de privatización. Y aquí quiero concretar,
señor Alcaraz. Se trata de privatizar inmediatamente las empresas
públicas del Estado, y no me refiero a compañías calificadas como las
joyas de la corona, que han sido mencionadas en muchos debates de esta
Cámara, sino a compañías pequeñas que hoy tienen competencia directa con
cuestiones desarrolladas perfectamente por empresas privadas.

En definitiva, el Estado está haciendo de empresario en sectores como el
de la construcción, sectores comerciales, del papel, del aluminio,
sectores metalúrgicos y electrónicos, en los que hay bastantes, por no
decir infinidad, compañías públicas rentables que podían ser privatizadas
inmediatamente sin dañar el núcleo estratégico de empresas públicas que
hoy forman el Estado español. Lógicamente, a través de esas



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privatizaciones, mejoraríamos la eficiencia económica del sector
productivo y dejaríamos de hacer la competencia desleal a pequeñas
empresas privadas que hoy están desarrollando los mismos objetivos.

Estamos en desacuerdo con el señor Alcaraz. En su moción indica que, a
través del sector público empresarial y de no privatizar, se puede
desarrollar el sector industrial privado. Nosotros pensamos que sucede lo
contrario: que a través de la privatización y de mejorar la
competitividad, mejoraremos el sector industrial del Estado español; por
tanto, liberalizaremos sectores que hoy están actuando en régimen de
monopolio y, asimismo, a través de esta desregularización, podremos
actuar con más competitividad y podremos influir en cuestiones como la
inflación, que hoy, debido a estos sectores estratégicos que actúan en
monopolio, básicamente en el sector de la energía y del transporte,
podemos mejorar perfectamente.

En su enmienda propone también incrementar la capacidad del endeudamiento
de la Agencia Industrial del Estado. Nosotros estamos en desacuerdo. En
la pasada legislatura, a través de una iniciativa del Gobierno
socialista, logramos delimitar que las empresas no rentables tuvieran una
capacidad limitativa en cuanto a poder endeudarse y solicitar avales;
entendíamos que de esta manera mejorábamos la gestión y el control de las
mismas y no incrementábamos el déficit público.

En su moción, el señor Alcaraz nos propone que el SEPI, es decir, el
sector rentable de las empresas públicas españolas, tenga la posibilidad
de incorporar a las empresas no rentables de la Agencia Industrial del
Estado, pero que cuando sean rentables, en vez de pasar al sector
privado, vuelvan a encabezar las empresas rentables del sector público.

Con esta proposición no mejoramos la competitividad del tejido industrial
español y, por ello, pensamos que se tendría que hacer lo contrario: que
las empresas rentables de la Agencia Industrial del Estado, cuando hayan
pasado de las pérdidas a las ganancias, si es que esto se produce,
pudieran pasar al sector privado y no al sector público.

Nos propone también el señor Alcaraz en su moción la posibilidad de que
la deuda histórica del INI, ahora asumida por las empresas rentables del
sector público empresarial español, vuelva a pasar a los Presupuestos
Generales del Estado, con lo cual, a través de esta medida, suponiendo
que prosperara esta moción, volveríamos a incrementar el déficit público.

En Convergència i Unió pensamos que restaríamos posibilidades al sector
rentable de las empresas españolas, como es el SEPI, de que sus
beneficios puedan amortizar esta deuda histórica del Instituto Nacional
de Industria, que a finales del año 1995 ascendía a la nada despreciable
cifra de un billón de pesetas.

Por todas estas consideraciones, y, repito, después de estudiar
detenidamente la propuesta del señor Alcaraz, nuestro grupo votará
negativamente la moción presentada por su grupo.

Muchas gracias, señoras y señores Diputados, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hernández Moltó.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.

Si me perdona el Presidente, quisiera tratar una cuestión previa, porque
en la intervención del meritorio portavoz del Grupo Popular desde esta
tribuna hizo una mención a que el representante del Grupo Socialista iba
a intervenir en último lugar para no ser contestado en sus argumentos,
dando a entender que veníamos en último lugar por alguna cuestión de
oportunismo o de miedo político. Yo pido el amparo de S. S., señor
Presidente, para que después le explique al señor Diputado que si
intervenimos en último lugar, no es por temor a la contundencia de sus
argumentos ni a sus habilidades parlamentarias, que a la vista han
quedado, sino por cuestiones puramente reglamentarias.

Dicho esto, mi grupo sube en último lugar --porque así le corresponde en
el Reglamento-- a fijar su posición en relación a la moción que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre la
reorganización del sector empresarial y el plan de privatizaciones, una
moción que responde a una interpelación de características, por cierto,
muy similares a la que hace aproximadamente un año también se debatió en
este Parlamento, una interpelación que tenía argumentos muy similares a
los que se trajeron a un Gobierno distinto en este Parlamento. Y,
obviamente, el Grupo Parlamentario Socialista, que coincide en algunas de
las apreciaciones --siempre que hay un debate de estas características
por gente de izquierdas solemos coincidir--, sin embargo no coincide en
la totalidad de los puntos que se recogen en la moción, quizá,
fundamentalmente, porque hay concepciones distintas de lo que debe ser la
gestión de la empresa pública.

No nos separan cuestiones ideológicas, en las que, por cierto, dicho sea
de paso, no me siento en un debate nuevo sobre la ideologización de la
política ¡estaría bueno! Quizá lo que más me sorprende es el exceso de
ideología que desde el Partido Popular últimamente se le ha introducido a
este debate de las privatizaciones, no sé si porque la cuestión de cuenta
de resultados y de dividendos estimula mucho más unos debates ideológicos
que otros. En cualquier caso me parece que es un debate en el que, desde
el punto de vista ideológico, coincidimos en algunas cosas, pero desde el
punto de vista estratégico en pocas. Por eso ya anticipo que va a ser
difícil que podamos votar a favor de su moción.

Quizá sería bueno que le señalara algunas cuestiones, por pura cortesía.

Coincidirá usted conmigo en



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que quizá en una de las cuestiones que usted señala en la moción es
desproporcionado que los dirigentes de las empresas públicas sean
designados por esta misma Cámara, como reza alguno de sus argumentos,
como probablemente es desproporcionado que se requiera una ley para
cualquier alteración que se vaya a producir en el sector público
empresarial, como parte del patrimonio público; como probablemente
también sea algo excesivo que, en caso de venta de algún patrimonio
público, se tenga que hacer también por una cuestión de rango de ley.

Creo que hay algunas cuestiones de exceso que probablemente vienen más
para justificar el exceso de argumentos en un debate como este, más que
por la propia convicción que S. S. o su propio Grupo tengan de la
conveniencia de que haya que hacer este tipo de cuestiones. Por tanto, va
a ser difícil que coincidamos, como, sin haber escuchado, intuyo la
aceptación o no de la enmienda que ha presentado el Partido Popular, mi
Grupo tampoco, obviamente, en el caso de que usted acepte la enmienda del
Partido Popular, podría atenderla. Pero no la atenderíamos incluso por
ser una cuestión innecesaria, porque, a fin de cuentas, el Partido
Popular se compromete en una enmienda, he de decir que no sé si muy
ambiciosa, pero algo raquítica desde el punto de vista de la aportación
de los argumentos, y digo que es innecesaria porque es una oferta que ya
hizo con generosidad, abundancia y algo de imaginación el propio señor
Gámir en el «Diario de Sesiones», hace algunos meses, cuando ya
comprometía ante esta Cámara que las empresas públicas iban a dar la
información que las mismas empresas que cotizan en Bolsa dan a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Y ya decía el señor Gámir, y yo recuerdo en honor suyo, que algo que por
el Gobierno Socialista parecía tan difícil, después de las elecciones iba
a ser algo tan sencillo que inmediatamente lo iban a poder hacer. Cosa
que, sin duda alguna, antes, de la comparecencia del Ministro de
Industria en la Comisión, su señoría, SS. SS. y nosotros mismos tendremos
la oportunidad, eso sí, espero que con la misma discreción que la
Comisión Nacional del Mercado de Valores utiliza esos datos, de conocer
los propios datos económicos y financieros de esas mismas empresas
públicas. Por tanto, por innecesaria, tampoco podríamos aceptar esta
enmienda.

Dichas estas cosas parecería que el debate no es oportuno. Ya dijimos en
la anterior interpelación que quizá era algo precipitado. Yo tengo que
reconocer las intranquilidades que se están generando en la sociedad por
parte de lo que interpreto que es una excesiva cruzada contra la empresa
pública. A mí sinceramente, no sé si porque el Ministro el otro día tuvo
la oportunidad de desmarcarse de alguna de sus propias declaraciones y de
algunas de las propias posiciones del Partido Popular, me parece oportuno
tener ocasiones parlamentarias como ésta para mandar alguna tranquilidad
a las personas que viven de la empresa pública, a los responsables de las
empresas públicas, que creo que están siendo sometidos a una crítica
desmedida, injusta, desproporcionada y probablemente desinformada.

Entiendo que hay que mandar también alguna cierta tranquilidad a los
mercados financieros que están algo desconcertados con las idas y venidas
de este debate. Yo creo que hay que parar.

Mi grupo se sentiría satisfecho si aprovechando la oportunidad de esta
moción, aunque no pueda ser aprobada, se pudiera contribuir a algo que
creo que es conveniente que se ponga de manifiesto en este debate: un
basta ya. Basta ya de estos mensajes interesados, obsesivos, mensajes en
los que, a veces, da la sensación de que se mandan más que por la
convicción o por las estrategias de Gobierno que se tengan, por pagar
favores o por contentar o halagar oídos de algunos de los que, en otros
momentos, les han animado a decir, e incluso les han ayudado a construir
sus propios compromisos electorales. Creo que es el momento del basta ya,
porque quizá es una buena oportunidad para romper una lanza a favor de la
empresa pública. No sé si eso será una reflexión ideológica y después
seré tildado por alguna de SS. SS. de introducir política en el debate
económico o en el debate de la empresa pública, pero quiero hacerlo.

Quiero hacerlo, fundamentalmente, para, al romper esa lanza en favor de
la empresa pública, hacerlo también en favor del esfuerzo importante que
se ha hecho en los últimos diez años en España por lograr lo que muchos
parece que no se enteran aún que hemos conseguido: una empresa pública
bastante lejana ya de aquella otra tan criticada, por cierto, por todos
los intereses y sectores económicos y políticos de la derecha, cuando la
inmensa mayoría de los argumentos para criticar el mal funcionamiento de
esas empresas públicas ha sido precisamente para sacarlas de las pérdidas
que algunas de las señorías de las derechas, sus padres o sus abuelos no
supieron gestionar en el momento en que eran privadas. A ver si ha
llegado el momento de poner las cosas en su sitio.

Este es un país que en los últimos diez años ha conseguido mejorar hasta
tal punto la gestión de las empresas públicas que convendrán conmigo SS.

SS. que son empresas que están saliendo a las bolsas nacionales e
internacionales cumpliendo las calificaciones más rígidas que existen en
esos mercados. Es decir, han conseguido incluso superar la falta de
eficiencia, la falta de capacidad de no poco número de empresarios y
familias empresariales que, créanme, ninguna pertenece a los intereses ni
a las filas de la izquierda de este país. Por tanto, es un buen momento
para hacer ese parón. Un momento también para hacer alguna advertencia,
algún aviso a los navegantes, aviso al procedimiento que se está
siguiendo en los cambios en algunas empresas públicas, un aviso a los
navegantes y una repulsa también por la forma en que se están produciendo
algunas de esas modificaciones, que sinceramente



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no están enriqueciendo esos primeros días de gestión del Gobierno
popular.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernández
Moltó, le ruego vaya concluyendo.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Y también algunos de los mensajes que se están
produciendo en los mercados, casi dando por anticipado ya quiénes van a
ser los destinatarios definitivos de esas privatizaciones, olvidando, por
cierto, algunos de los compromisos del Partido Popular que denominaban,
muy eufemísticamente, el accionariado popular, que no sé si se refería al
accionariado del pueblo español o a accionistas del Partido Popular. Lo
digo por algunas de las invitaciones a que accionistas muy señalados de
algunos grupos vayan a ser los destinatarios definitivos del paquete del
Partido Popular.

Con esto acabo, señor Presidente. Nuestro grupo político no necesita hoy
apoyar la moción de Izquierda Unida para tener una posición muy clara en
relación a la reorganización del sector público empresarial y al proceso
de privatizaciones; tan claro como que está escrito en esta Cámara, tan
claro como que está contenido en todos y cada uno de los epígrafes que el
Gobierno socialista ha traído a esta Cámara, ha discutido hasta la
saciedad con los grupos políticos, con los agentes sociales y económicos
que existen también, señores del Grupo Popular --los agentes sociales
también tienen una voz en este debate--, con gran número de
profesionales, expertos y empresarios, que tuvo como conclusión la
adopción de 26 medidas de reorganización de la empresa pública y del
proceso de privatización y, créanme, nos sentimos orgullosos del esfuerzo
y de sus resultados.

Ocasión habrá, señores del Grupo Popular y señores de Izquierda Unida,
para que podamos estar de acuerdo en lo que, sin duda alguna, coincide
toda la gente sobre lo que con sentido común, y sin un interés desmedido
ni desproporcionado sobre la privatización de empresas públicas o la
reorganización del sector empresarial, nosotros hemos ofrecido a los
ciudadanos y que viene recogido, cómo no, en nuestro propio programa
electoral.

Por lo tanto, esperando que haya una coincidencia en el futuro en
posiciones algo más realistas que las que el Grupo de Izquierda Unida ha
planteado y algo menos fenicias, si se me permite el término, que el
Partido Popular parece que día a día está introduciendo en este debate,
es posible que entonces podamos coincidir. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernández Moltó.

Señor Alcaraz en el momento de la presentación de la moción ha expresado
ya S. S. la no aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
que rogaría ratificase en este momento.




El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor Presidente.

La prueba del nueve de la democracia es ser leales a los argumentos que
se emplean y no crear un maniqueo para responder a algo que no se ha
dicho.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
rogaría no iniciase un debate, porque el turno es para expresar la
aceptación o no de la enmienda.




El señor ALCARAZ MASATS: Digo esto de cara a la aceptación de la
enmienda, pero pidiendo que no se utilicen términos como demagogia,
cuando doña Teófila Martínez estuvo al frente de la reivindicación de
Astilleros pidiendo que no se cerrara de ninguna manera.

Señor Presidente, por razones que ya he explicado aquí de índole
estrictamente económica...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz,
termine.




El señor ALCARAZ MASATS: No se ponga nervioso, señor Presidente, termino
enseguida. La vez anterior permitieron más margen.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le
rogaría no entre en debate con la Presidencia. Sabe S. S., que es
parlamentario experto, que este turno, y menos con alusiones a terceros,
es para explicar su aceptación o no.




El señor ALCARAZ MASATS: Termino enseguida.

Por las razones estrictamente económicas que acabo de exponer --no he
utilizado las enaguas de las señora Thatcher en ningún momento-- no
podemos aceptar las propuestas raquíticas que ha hecho en este debate que
ustedes no le han dado la importancia que tiene para todos.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Alcaraz.

Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación sobre la moción consecuencia
de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre los efectos derivados en la
economía española de la reordenación del sector público empresarial y de
la aplicación del plan estratégico de privatizaciones.

Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 18; en contra, 284; abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción consecuencia de
interpelación.




--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POLITICA QUE PIENSA ADOPTAR
EL GOBIERNO RESPECTO AL CUMPLIMIENTO POR ESPAÑA DE LOS CRITERIOS DE
CONVERGENCIA PARA LA UNION ECONOMICA Y MONETARIA (Número de expediente
173/000002)



El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Socialista del Congreso, sobre la política que piensa adoptar el
Gobierno respecto al cumplimiento por España de los criterios de
convergencia para la Unión Económica y Monetaria.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Eguiagaray.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, a
las casi diez de la noche parece que hablar de convergencia no es
seguramente la mejor de las invitaciones que uno puede hacer desde esta
tribuna y, sin embargo, éste es un debate importante, un debate al que el
Grupo Socialista ha querido aportar no solamente sus convicciones
políticas y económicas, sino situarlo en el comienzo de esta legislatura
en el lugar de relevancia que, sin duda alguna, tiene para nuestro país y
para todos sus habitantes. Desde esta concepción de la importancia que
sin duda va a tener en los próximos meses y en los próximos años para
España el estar o no en condiciones de alcanzar los objetivos de la
convergencia y, por tanto, formar parte de la Unión Económica y Monetaria
desde el primer momento, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista
presentó al nuevo Gobierno de la nación una interpelación en relación con
los propósitos relativos a una cuestión de tamaño interés como es la que
ahora nos ocupa.

Debo decir, señorías, que cuando uno se levanta por las mañanas y tiene
por afición, por oficio o por convicción la necesidad o la costumbre de
analizar los indicadores económicos o ver las noticias, se puede
encontrar con hechos singulares. Puede ocurrir que uno se dé cuenta de
que la diferencia entre el rendimiento del bono español a diez años y el
bono alemán haya crecido, o puede ser que se encuentre con el más feliz
resultado de que haya descendido. A veces, cuando se ha producido un
aumento de la diferencia entre el rendimiento de las obligaciones o de
los bonos a diez años españoles y alemanes, esto es, del diferencial,
esto ha tenido que ver con los fundamentos económicos de la economía
española en relación con la alemana; y sin duda alguna, cuando éstos se
han ido reduciendo, ha sido fruto de la realización de una política
económica correcta, que ha ido pausadamente --pero sin duda alguna sin
ninguna pausa-- reduciendo este diferencial, como ha ocurrido en los
últimos meses. Nada menos que 280 puntos básicos se han producido de
reducción del diferencial del bono español a diez años con el alemán, si
se compara el primer trimestre de 1996 con el primer trimestre de 1995,
fruto de una política consecuente. Pero también ocurre que a veces uno,
al desayunar, se encuentra con que unas declaraciones no pensadas, o
especialmente algunas dudas confesadas imprudentemente, traen como efecto
la puesta en cuestión de objetivos y de políticas buscadas
permanentemente y con insistencia a lo largo de varios años.

Cuando el nuevo Gobierno, en uno de los primeros errores cometidos, puso
en duda los objetivos de la convergencia o puso en cuestión que este
fuera un objetivo para nuestro país, porque habría otros atajos u otros
medios de colocarse en primera línea en Europa, parando no se sabe muy
bien qué relojes, y cuando el Vicepresidente del Gobierno no salió al
paso de esas declaraciones, se produjo un aumento instantáneo del
diferencial entre el bono español y el bono alemán.

Esta fue una primera señal de alarma, de que hablar de la convergencia no
era solamente hacer un juego entre gobierno y oposición, sino, por el
contrario, decir con toda claridad que este es un objetivo nacional de
primera magnitud, un objetivo cuya dificultad no tenemos nadie por qué
enfatizar más de lo necesario, a salvo nuestro propio conocimiento de la
materia, pero que es absolutamente imprescindible ponerse de acuerdo
sobre si efectivamente estamos de acuerdo en que este es un objetivo
nacional.

Creo que va siendo hora --así lo pretendimos en la interpelación que se
formuló por mi grupo parlamentario--, aunque en las políticas que se
pongan en marcha para alcanzar los objetivos podamos diferir, de que no
pongamos en cuestión aquello que todos decimos o proclamamos que forma
parte de nuestros intereses generales como país, como nación.

Por eso esta moción, la que presenta el Grupo Parlamentario Socialista
después del debate sobre la interpelación, es la conclusión lógica de
algo para lo que sí creo que sirvió el debate de la interpelación: para
poner de manifiesto que hay objetivos en los cuales coincidimos y para
que, si todavía no se ha conseguido que cada uno se coloque en su lugar,
quien era oposición y ahora es gobierno gobernando, y quien antes era
gobierno y ahora es oposición haciendo oposición, pero no una oposición
que sirva para negar los objetivos que antes ha proclamado, si esto se
empieza a conseguir no habría, no debiera haber ningún inconveniente en
hacer una afirmación seria, solemne si se quiere, en todo caso de común
acuerdo de todos los grupos políticos que integran esta Cámara y que
coinciden en que



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para los españoles de cualquier lugar de nuestra geografía, de todo tipo
y condición, para los que creen que el empleo o que el bienestar
económico o que el Estado del Bienestar que hemos sido capaces de
construir en los años anteriores es algo muy importante, eso está
sometido, está condicionado, se podrá mantener, se podrá ampliar, se
podrá desarrollar, si efectivamente somos capaces de garantizar los
objetivos del plan de convergencia, la presencia de España en primera
línea en la construcción de la Unión Económica y Monetaria.

En esta dirección es en la que el Grupo Parlamentario Socialista reitera
sus ideas, las viejas ideas que ha defendido en los años en los que ha
estado sosteniendo al gobierno y las que seguirá defendiendo también
desde la oposición, aunque ahora sean otros los que tengan la
responsabilidad de gobernar; la afirmación de los objetivos de la
convergencia como gran objetivo nacional y, al mismo tiempo, la libertad
legítima también para el gobierno que tiene la responsabilidad de
gobernar, no la de hacer oposición, de adoptar aquellos medios que
considere oportunos para conseguir los objetivos en los cuales nos
podemos poner de acuerdo.

Mi grupo no cree que el consenso se tenga que extender a todo en la vida
política y tampoco en la vida económica. Podemos coincidir en los grandes
objetivos; no necesariamente tenemos por qué coincidir en los
instrumentos o en los medios puestos en marcha para alcanzar los
objetivos. Lo que sí se puede es pedir al Gobierno que abandone el chip
de la oposición, como tantas veces se ha dicho ya en estos días, y se
coloque en esta tribuna o en el Consejo de Ministros dispuesto no sólo a
anunciar medidas sino a tomar las medidas congruentes con los objetivos
que dice pretender. Pero estos objetivos, y sobre todo las medidas que se
tomen, tendrán que ser objeto de análisis posteriormente. Por eso es por
lo que mi Grupo no solamente propone, al presentar esta moción, la
reafirmación de los objetivos del plan de convergencia, que es algo, por
cierto, bien distinto de la adecuación de un cuadro macroeconómico hecha
en unas condiciones más adaptadas a las previsiones que han de hacerse
cuando cambia el escenario mundial o el escenario europeo. Pero lo que no
han cambiado son, desde luego los objetivos ni las metas de la
convergencia, y no debiéramos ser ninguno en esta Cámara, ni el Gobierno
ni la oposición ni los grupos que sostienen al Gobierno ni la oposición,
quienes pusiéramos en cuestión objetivos de cuya duda depende en muchos
casos el que el tipo de interés tenga uno u otro comportamiento, el que
los mercados aprecien de una u otra forma la confianza que les merece
este país, de que de una u otra actitud se sigan determinados
comportamientos, determinadas impresiones sobre por dónde va a ir nuestro
país en los próximos meses, en los próximos años.

Por tanto, al reiterar, señor Presidente, señorías, los objetivos del
plan de convergencia, y al pedir al mismo tiempo al Gobierno que con toda
libertad tome aquellas medidas que considere oportuno tomar para alcanzar
estos objetivos, el Grupo Parlamentario Socialista está cumpliendo con su
exquisita función de coincidir en los objetivos en los que cree poder
coincidir con el Gobierno, ofrece también su esfuerzo para arrimar el
hombro en la consecución de esos objetivos y, al mismo tiempo, pide al
Gobierno que asuma la responsabilidad de tomar las medidas que considere
oportunas en esta dirección.

Quiero pedirles, señorías, que voten favorablemente esta propuesta. Es la
propuesta que me parece que corresponde a este momento, la propuesta que
elimina incertidumbres, la propuesta que puede permitir borrar algunas
declaraciones no suficientemente pensadas o la que puede,
definitivamente, hacer pasar la página de un papel que antes era el que
ustedes jugaban como oposición, pero que ahora lo tienen que jugar como
Gobierno, y un papel que es el que antes nosotros jugábamos como Gobierno
pero que ahora tenemos que jugar, también lealmente, como oposición.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Eguiagaray.

A la moción se han presentado enmiendas por los Grupos Parlamentarios de
Izquierda Unida, Popular y Catalán.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, empezaba el señor
portavoz del Grupo proponente resaltando la importancia de la
convergencia, en este caso era la convergencia para la construcción de la
Unión Europea, y la verdad es que lo ha situado en el contexto de
reinvindicar del Gobierno que continúe por el buen camino ya iniciado por
el Gobierno anterior.

La verdad es que la parte resolutiva de la moción dista un poquitín de
algunos de los elementos que se esgrimieron en la interpelación. Digo que
dista un poquitín porque estuvo incidiendo ante el Gobierno demandándole
precisiones, cuadrar números, etcétera. Pero lo cierto es que la
propuesta que se nos viene a hacer más o menos viene a decir: cumplamos
los plazos para esta Unión Económica y Monetaria, es indispensable --se
llena de adjetivos la propuesta--, altamente beneficioso para el
bienestar de los españoles, y termina exigiendo, como parte más
conclusiva, además de cuadrar todos los compromisos, que el Gobierno
eleve antes del 30 de septiembre cuáles van a ser las medidas que van a
adecuar la parte titubeante de lo que hasta ahora han venido haciendo.

Nos encontramos, fruto de la interpelación, con que el Gobierno decía que
su primera medida como Gobierno era precisamente intentar adecuar las
limitaciones



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que le había dejado la herencia anterior, y decía que había un recorte
presupuestario para poder cumplir los compromisos de déficit, porque,
primero, no llegábamos a ninguno de los niveles de cumplimiento de
convergencia. Segundo, la situación económica de nuestro país no era tan
boyante como las previsiones macroeconómicas del ejercicio apuntaban.

Pero ¿cuál es el objetivo de Izquierda Unida?
A nosotros nos gustaría poner de manifiesto que estamos convencidos de
que la Unión Económica y Monetaria es positiva en nuestro país y en este
momento. Por eso creemos que es importante tomar medidas para
conseguirlo. Pero esa construcción europea debe de ir acompasada no
solamente de unos criterios, sino también de la realidad que pueda
provocar esa actuación macroeconómica, no solamente de los criterios
meramente monetarios --inflación y déficit público-- sino de los
criterios que derivan de la propia actuación económica para que veamos
qué realidad hemos tenido después de un plan de actuación a nivel de
construcción europea. Porque después de este plan de trabajo que ha
tenido el Gobierno anterior, nos encontramos que, según el informe de
desregulación y empleo elaborado por la Dirección General de Empleo de la
Comisión Europea, precisamente toda la realidad a nivel del mercado de
trabajo y de empleo que se ha ido creando no ha mejorado en este tiempo
sino que se han incrementado las desigualdades. A mí me gustaría que
pudiéramos utilizar los dos baremos, el baremo de la situación, y el de
las condiciones de convergencia al año 1995, y, a nivel de inflación, la
divergencia está en 1,9, puesto que el límite que estaba por encima de
los tres países con menor inflación se encuentra a esa distancia. Los
tipos de interés tienen una divergencia de 1,3 puntos porque la media que
existe a nivel europeo es del 9,9 por ciento y en España es el 11,2. El
déficit público tiene una situación de una demanda de un recorte de
actuación del Gobierno de casi dos billones de pesetas y la deuda en
circulación está en el 64 por ciento. Por tanto, el camino que debería
precisar el Gobierno significaría desde nuestro punto de vista un
agrandamiento de los efectos que la política monetaria ha venido teniendo
en el conjunto de la Unión. Por tanto, la primera enmienda que nosotros
venimos a hacer a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista sería
el tema de los plazos.

Nosotros no creemos que hoy estemos en condiciones de provocar un ajuste
en déficit público en estos dos años y no solamente nosotros, sino que en
Europa se va caminando en esta realidad ahora mismo con mucha más fuerzas
que las nuestras solamente. Nosotros además creemos que el camino de dos
Europas o de Europas de varias velocidades y de ubicarnos nosotros en uno
u otro punto no es el centro de la discusión, sino que deberíamos tratar
sobre lo que significa la revisión del Tratado hoy en este momento,
incorporando más elementos que los que hay meramente monetarios. Por
ejemplo, lo que puede ser la estabilidad económica de un país, lo que
puede ser el modelo o el nivel de empleo, lo que puede ser el nivel de
situación de riqueza o de desarrollo de un país. En suma, hay muchos más
niveles para medir la Europa que queremos construir, no vaya a ser que la
España que hagamos a finales de 1997, habiendo cumplido alguno de los
elementos, sea una España que agudice las limitaciones que hoy tiene a
nivel de estructura y capacidad productiva, a nivel de empleo, aunque
hayamos controlado el propio déficit público.

En ese sentido es en el que nosotros planteamos que es positiva la Unión
Económica y Monetaria, pero, a la misma vez, es necesario dar algún paso
para que se incorporen otros elementos que hasta ahora no se han tenido
en cuenta.

Sería lógico, por tanto, y es lo que venimos a plantear en nuestra
segunda enmienda, introducir otros criterios y los plazos intentar
relativizarlos, no vaya a ser que, después de las exigencias que nosotros
mismos nos hemos marcado, cuando termine todo, nos encontremos con que la
mayoría de los países en nuestro proceso europeo no cumplen las
condiciones de esa convergencia y hayamos puesto a nuestro país al
servicio de estos elementos y al cumplirlos, se relativicen. Por ejemplo,
no es lo mismo hablar del déficit público estructural que del déficit
público que tenemos hoy; por ejemplo, podemos tomar una decisión política
cuando pasen dos años y ver la realidad que podamos tener. Porque a
nuestro grupo, al Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, no le cabe duda de que el núcleo más importante de la Unión
Europea no se podrá construir si en él no están alemanes, franceses,
italianos como mínimo en esa propia realidad y dudamos mucho que, si
sigue la situación económica en nuestro país y en este desarrollo de la
Unión Europea, se puedan cumplir los cuatro criterios que ahora mismo
estamos barajando.

Creemos, además, que siempre es importante hablar del presupuesto
comunitario y de su aplicación para realizar una corrección de los
desequilibrios que puede haber en la Unión. Además, creemos que en la
revisión del Tratado se deben corregir déficit democráticos, por ejemplo,
el tema relativo a un referéndum. Nosotros también creemos que el
criterio que ustedes nos manifiestan al decir: mantengan el Estado del
bienestar que hasta ahora hemos construido, no vaya a ser que el déficit
público pueda generar una actuación sobre él. Ustedes vienen a plantear
en la parte resolutiva de la moción, en el punto tercero, que el
mantenimiento del Estado del bienestar debe hacerse compatible con la
reducción del déficit público. Supongo que se referirán al mantenimiento
y desarrollo del Estado del bienestar que podamos tener en cada momento;
un país que crece económicamente debe hacer también crecer su propio
Estado del bienestar. Por tanto, no se trata de: «virgencica, virgencica,
que me quede como estoy». Se trata también de poder



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avanzar en lo económico y en lo social desde nuestro propio
planteamiento.

Por último, nosotros compartimos el criterio de que se puedan presentar
en el Congreso de los Diputados, antes del 30 de septiembre, medidas para
mejorar las condiciones que hemos descrito en los puntos anteriores.

Lógicamente, además de los cuatro criterios de convergencia que hasta
ahora se han barajado, estarían incluidos los criterios que hemos ido
introduciendo.

Señorías, junto con estos criterios de esta Europa que puede llegar a
tener en el año 1997 un núcleo duro en el que podría ser bueno que
estuviésemos todos los países que componen la Unión Europea y,
lógicamente, también el nuestro, tendríamos que mirar la realidad que
deja; el nivel de lo que es el mercado de trabajo, el nivel de
contratación dentro de la Unión Europea, el nivel de parados y los años
que están en el paro, el nivel de colocaciones que se pueden registrar
dentro de cada uno de los países. En suma, lo que han venido demandando,
tanto el sindicato de Comisiones Obreras como el sindicato de UGT a la
hora de hablar del proceso de la Unión Europea. Este planteamiento
significaría tener la precaución de no eliminar 800.000 millones de
pesetas anuales de las cuentas estatales para reducir el déficit al 3 por
ciento y estrechar el diferencial de inflación a 1,5 no vaya a provocar
una situación de un deslizamiento hacia una modificación de la situación
económica y social en nuestro propio país. Por tanto, nuestra idea de
construcción europea va más en el camino de una realidad nueva, de una
mayor participación social y de una mayor convergencia europea, tanto a
nivel monetario como a nivel político y a nivel social. En todo caso,
nosotros queremos evitar una discusión al inicio de la legislatura, como
dije la pasada semana cuando se presentó la interpelación. Parece que la
discusión está en la autovía que se había marcado el Gobierno anterior y
la autopista que podría proponer el Gobierno actual con peaje, a la
sombra o no. Creemos que las enmiendas que el Grupo Catalán (Convergència
i Unió) ha planteado al Grupo proponente, aún precisan más las distancia
que tendríamos nosotros con las propuestas que formula el Grupo
Parlamentario Socialista. Hay que tener en cuenta que las enmiendas que
presenta Convergència i Unió precisa mucho más eso que hay que fijar el
día 30 de septiembre.

Estoy convencido de que el europeismo lo podremos medir al final de todo
el proceso y éste no termina en el año 1997, seguirá en los años 1998 y
1999. En ese trabajo de esa Europa más política y más social encontrarán
a nuestro Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

El pasado miércoles, 22 de mayo, el Grupo Socialista interpeló al
Gobierno del Partido Popular respecto del cumplimiento de los criterios
de convergencia para la Unión Económica y Monetaria. Hoy, por lo tanto,
corresponde el debate de la moción que, como consecuencia de aquella
interpelación, ha presentado el grupo proponente.

Nos pedía el señor Eguiagaray declaraciones. Ya expresamos en aquella
ocasión, señor Eguiagaray, el agradecimiento del Grupo Popular y de su
Gobierno por el hecho de que la primera interpelación que desde la
oposición socialista se hacía fuese sobre política económica. Ese
agradecimiento también lo hacíamos extensivo porque fuese, además, sobre
los retos del cumplimiento de la convergencia en la Unión Europea. Ya lo
dijimos, pero creemos que hoy es políticamente necesario insistir en la
voluntad del Gobierno del Partido Popular sobre el compromiso de liderar
el proceso para conducirnos a la Unión Económica y Monetaria en el marco
de lo que consideramos válido y vigente, programa de convergencia
aprobado en octubre de 1994, pero --y aquí hay otra declaración, señor
Eguiagaray-- haciéndolo compatible con el mantenimiento del Estado del
bienestar.

Me atrevería a subrayar que no hay en esta Cámara discrepancias si
afirmamos que la incorporación a la Unión Económica y Monetaria, dentro
de los 18 meses que quedan hasta el 31 de diciembre de 1997, es el
desafío más importante que han tenido últimamente la economía y la
sociedad española. Me atrevería también, señor Eguiagaray y señores
representantes de otros grupos, a subrayar que no existen entre los
grupos de esta Cámara discrepancias si afirmamos que la creación de
empleo y el cumplimiento de los criterios de Maastricht son, tienen que
convertirse y tienen que ser, el objetivo común de todos los grupos
representados en esta Cámara. Declaraciones y compromisos políticos que,
como verá, se dicen desde el grupo que sustenta al Gobierno.

Con estas afirmaciones y con estos compromisos políticos hemos llegado a
la lectura detenida y detallada de la moción que ha presentado el Grupo
Socialista, que ahora desde la oposición, curiosamente, hace un
planteamiento dirigido a conocer las medidas necesarias para la plena
integración de España en la Unión Económica y Monetaria, y lo hace desde
el reconocimiento de que el programa de convergencia aprobado en 1994 es
el camino para lograr el cumplimiento de los criterios. Señor Eguiagaray,
aquí tiene que haber alguna contradicción. Alguna contradicción encierra
el hecho de que vengan ustedes ahora a demandar medidas necesarias para
la plena integración y decir que las contenidas en el programa de
convergencia son suficientes y válidas. Si fueran suficientes y válidas
las medidas contenidas en el programa de convergencia, no estarían
ustedes ahora proponiéndonos que presentemos un paquete de medidas. Está
claro que están ustedes



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planteando una contradicción en el contenido de la moción.

Pero, como nosotros consideramos absolutamente prioritario no perder ni
un sólo minuto más, vamos ahora mismo a abandonar cuál puede ser la
valoración política o cuál puede ser el alcance de la contradicción que
existe en su moción. Y en ese no perder ni un minuto más, les hemos
propuesto un conjunto de enmiendas a los puntos 2.º, 3.º y 4.º,
anunciando ya nuestra plena conformidad con el primer párrafo y con el
primer punto de su moción; párrafo primero y primer punto cuyos
contenidos y declaraciones son, como puede usted observar, absolutamente
coincidentes con los compromisos y con las afirmaciones políticas
realizadas al inicio de mi intervención, en el horizonte de un sí
cerrado, de un sí sin reservas a los plazos y a los criterios de
convergencia en el marco del Tratado. Un sí cerrado y un sí sin reservas
desde el convencimiento de que de la mano del desafío de la Unión
Monetaria vendrán los beneficios para la modernización de España, pero
también, señor Eguiagaray, desde el convencimiento de que, con desafío o
sin desafío, reducir el déficit, reducir la inflación, acelerar los
procesos de liberalización de los mercados es bueno para los españoles y
para la creación de empleo en España.

Llegado el segundo punto de la moción, quisiéramos ofrecer --y así lo
hemos hecho en tiempo y forma-- un texto al grupo proponente con el
objeto de construir un consenso --consenso que usted ha reclamado desde
esta tribuna-- en lo relativo a la política de convergencia con Europa,
fundamentalmente para reforzar y fortalecer la posición de España en ese
proceso que tenemos enfrente.

Mi Grupo cree que sería prudente reconocer en este momento del año --casi
finalizado el mes de mayo-- que la evolución de la economía española
presenta un crecimiento económico menor que el previsto, lo que, sin
duda, señor Eguiagaray, está reclamando la adopción de nuevas medidas
para impedir que este menor crecimiento de la economía incida de una
manera negativa en el cumplimiento del objetivo de déficit público, en la
medida en que podemos tener que afrontar una minoración de ingresos para,
como digo, hacer frente al mismo presupuesto de gastos. Este es el
sentido de la enmienda que hemos presentado al segundo punto, dejando en
ella plasmada la existencia de un cuadro macroeconómico revisado por la
realidad de un menor crecimiento económico.

Al tercer punto de su moción, que pivota sobre el reconocimiento del
compromiso político, reconocimiento que ya hemos declarado al inicio de
nuestra intervención, en las primeras afirmaciones que le dirigía en esta
intervención, el Grupo Popular insiste en su enmienda, enmienda que apoya
y nace de la necesidad irrenunciable de defender y compatibilizar el
mantenimiento del Estado de bienestar con el cumplimiento de los
criterios de Maastricht. Además, queremos añadir en esa enmienda que el
Estado de bienestar no es tal ni puede ser entendido como tal sin una
creación de empleo que acompañe este proceso.

Estas son, señor Eguiagaray, las razones que nos hacen ofrecer al grupo
de la oposición, y hoy proponente de la moción, una redacción nueva del
punto tercero, redacción que reconozca la declaración política que
acabamos de formular y que identifique los esfuerzos, compatibles pero al
mismo tiempo necesarios, para resolver los desequilibrios públicos en
términos de déficit y en términos de inflación principalmente.




El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, le ruego que vaya concluyendo.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Termino, señor Presidente.

Señores del grupo proponente, nos resulta muy impreciso lo que buscan en
el cuarto punto de la moción, y decimos que nos resulta impreciso por
entender en qué momento del curso político nos encontramos. Estamos en
puertas del debate presupuestario, estamos en puertas del debate del
reajuste presupuestario de los prorrogados para el año 1996 y estamos en
puertas de la presentación del paquete de medidas, que hará mañana, en la
Comisión de Economía, el Vicepresidente del Gobierno, señor Rato. Por
eso, creemos que no sería hoy ocioso repetir ese paquete de medidas que
ya se están anunciando y que se van a poner en marcha desde el Gobierno.

Lo decía el señor Rato en su última intervención con motivo de la
interpelación; acuerdo de no disponibilidad en el presupuesto de gastos,
mensualización de los pagos no sólo en ministerios sino también en entes
públicos, crecimiento de ingresos al ritmo del PIB nominal, crecimiento
de gastos por debajo de la inflación, reformas estructurales en suelo,
telecomunicaciones, energía y transportes, impulso a las políticas
industriales y macroeconómicas, diálogo social, reformas fiscales para el
fraude, el ahorro y la inversión, políticas de privatización.

Por esas razones, señores de la oposición, consideramos poco práctico el
punto número 4, dado que lo que ustedes nos están planteando en ese punto
es que multipliquemos debates, debates que ya están hoy comprometidos por
el Gobierno, o bien debates que ya están comprometidos y exigidos por el
curso del Reglamento parlamentario; en definitiva, duplicidades de
debates que consideramos hoy innecesarias.

Por el contrario, hemos visto con satisfacción la enmienda presentada por
el Grupo Catalán (Convergència i Unió), donde creemos que se desciende a
una mayor concreción, que se desciende a un mayor detalle y donde creemos
que se están definiendo cuáles son las vías económicas para garantizar
ese proceso de integración en Europa.

Lo acertado del contenido, lo acertado del alcance de la enmienda que nos
presenta hoy el Grupo Catalán (Convergencia i Unió) nos hace anunciar que
de ser



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aceptada por ustedes y de poder ser votada contaría con nuestro apoyo.

Señorías --señor Presidente, ya termino--, la semana pasada pudimos
escuchar en esta tribuna la satisfacción que el Grupo Socialista
expresaba ante las intervenciones sucesivas del Vicepresidente del
Gobierno, señor Rato. También pudimos, igualmente, anotar el deseo de
presentar una moción con vocación de consenso. Su portavoz en aquella
ocasión nos anunció esta voluntad y a esa voluntad de consenso que se nos
anunció apelamos hoy para fortalecer la posición de España, para reforzar
la posición de España en un proceso, señor Eguiagaray, que necesita una
unidad de acción de todas las fuerzas políticas, una unidad de acción
entre Gobierno y oposición, una unidad de acción entre el Gobierno y el
conjunto del Parlamento en toda su extensión.

Con las enmiendas que hoy ha presentado el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), con la que les ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y con
parte de la moción que han presentado ustedes, sumadas todas ellas desde
la voluntad del consenso en la búsqueda de esa unidad de acción
parlamentaria, podemos comenzar a colaborar en una acción política que
interesa sobremanera a España y que desde luego está más cargada de
coincidencias, coincidencias que, como habrá visto usted, sobrepasan
abrumadoramente a las discrepancias que se han podido expresar en esta
tribuna.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguirre.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente.

Muy brevemente, en atención a la hora de esta sesión, quisiera
simplemente manifestar en nombre de mi grupo parlamentario que ésta es
una moción en la que después de la lectura detallada del contenido de sus
tres primeros puntos es muy difícil discrepar. Creo que es una
declaración de principio, de criterios, en los que, a excepción de
Izquierda Unida, que nunca se sabe exactamente si están plenamente de
acuerdo o no en el proceso de entrar en la Unión Económica y Monetaria,
por parte de los demás grupos de la Cámara todos estaríamos de acuerdo
con el espíritu, con el contenido y casi con la redacción literal de las
expresiones que obtienen esos tres primeros puntos. Las enmiendas que
plantea el Grupo Parlamentario Popular vienen prácticamente a redondear,
pero no contradicen el espíritu concreto de esos tres primeros puntos.

El problema quizá está en el cuarto punto, señor Presidente. El cuarto
punto solamente aboca un compromiso a plantear medidas en esta Cámara
para poder alcanzar el objetivo de estar en la Unión Monetaria en 1999.

No dice nada más. Es un planteamiento vacuo, sin ningún compromiso,
prácticamente lo único que exige es un plazo a septiembre de 1996: que el
Gobierno plantee medidas para garantizar el proceso de incorporar a
España en la Unión Monetaria. ¿Qué medidas? A lo mejor, las medidas que
se propusieran no nos llevarían al objetivo de estar en la Unión
Económica y Monetaria.

Nuestro grupo cree que en estos momentos ya no estamos en condiciones de
hacer declaraciones de principios, pues ya se ha pasado el plazo para
hacer manifestaciones de voluntades. Hay que ser muy conscientes de que
dentro de dieciocho meses nos van a exigir si cumplimos ya con los cuatro
máximos requisitos que nos impone el Tratado de Maastricht. Por tanto, no
hagamos declaraciones voluntaristas, no hagamos actos de fe y expresiones
vacuas de contenido, señor Eguiagaray. Les invito a que hagan un
compromiso más concreto, porque el tiempo nos apremia y no podemos
perderlo en ese proceso. Si ustedes están de acuerdo en que España debe
estar en la Unión Económica y Monetaria, que creo que sí, y si estiman
que es bueno para los españoles que en 1999 estemos en la Unión Económica
y Monetaria, lo que nos proponen hoy es una pérdida de tiempo. Con los
trece años de experiencia de gobierno, el Partido Socialista no puede
plantear a esta Cámara algo más que un compromiso temporal de medidas.

Por eso la enmienda que presenta nuestro grupo a esta iniciativa del
Grupo Socialista compromete algo más, ya que sólo disponemos de dieciocho
meses, como es instar al Gobierno a que plantee unas medidas en unas
determinadas direcciones, porque no tenemos tiempo para esperar a que
ciertas medidas se planteen y analicen en esta Cámara. Por eso
introducimos cuatro paquetes de medidas, en cuatro direcciones,
concretando sus principales objetivos, a fin de no perder tiempo en otros
derroteros.

La enmienda que presentamos se inspira prácticamente en el llamamiento
que hizo su portavoz el día de la interpelación invitándonos a un
consenso, que no es lo que he escuchado en la intervención del
representante del Grupo Socialista. Parece que nos invita más a un
disenso que a un consenso.

Si les parecen bien los tres primeros puntos, que son declaraciones de
principios, más las enmiendas que se plantean; si les parece bien la
concreción que plantea nuestro grupo y los elementos que proponemos son
aceptables, porque no difieren de lo que aprobamos en esta Cámara con
motivo del plan de convergencia, a instancias del Gobierno socialista,
señor Eguiagaray, de todo este material podría salir un compromiso
político que tendría valor en sí mismo. Un compromiso político
simplemente temporal, remitiéndose a una fecha, el 30 de septiembre de
1996, para que el Gobierno traiga a esta Cámara medidas, no sabemos de
qué contenido, de qué naturaleza, con qué propósitos y con qué alcance,
no es suficiente para que nuestro grupo dé su voto favorable. Por eso
invitamos al Grupo Socialista,



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que ha tenido largos años de responsabilidad en el Gobierno y es un grupo
responsable, a que admita nuestra enmienda de concreción, de precisión y,
en torno a la misma y con las demás enmiendas, alcancemos un consenso y
traslademos a la sociedad un mensaje positivo de voluntad política de
llevar al país a la Unión Económica y Monetaria en 1999.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.

¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, efectúo esta intervención
desde la tribuna porque desde el púlpito donde nos toca estar francamente
no se escucha nada y, por consiguiente, no queda más remedio que hacerlo
desde aquí.

Cuatro cuestiones fundamentales para acabar, porque es muy tarde. La
primera de ellas es que nosotros no acreditamos, en una política
macroeconómica como la de Maastricht, si se tiene en cuenta que hay una
voluntad decidida de que haya desenvolvimiento --no hablamos de
crecimiento--, potenciación del empleo y, en todo caso, posibilidad de
que países periféricos como el nuestro puedan avanzar en su desarrollo.

En segundo lugar, pensamos que se sigue reincidiendo en estas
declaraciones en la confesionalidad del déficit público y la inflación,
pensando que la economía se reduce a este tipo de epifenómenos.

En tercer lugar, nos parece contradictoria la moción, cuando se habla de
mantener el Estado de bienestar y, sin embargo, se adoptan medidas
restrictivas de ajuste que pensamos que van a afectar, que ya están
afectando, al desenvolvimiento, a la creación de empleo y a lo que
ustedes llaman solidaridad.

En cuarto y último lugar, he de manifestar que estamos preocupados porque
hay una política de entusiasmo grande en ambos bandos de las bancadas de
este hemiciclo, con una escasez de espíritu crítico que modestamente
pensamos que no debemos contribuir a aumentar. En todo caso, quiero
decirles que resulta preocupante una política macroeconómica que es tan
frágil que ni siquiera se puede permitir el lujo de la crítica porque
entonces se tambalea. Nosotros nos preguntamos qué clase de política
macroeconómica es ésa, si no será suficientemente falsa como para que con
tanto entusiasmo se nos impida ver la realidad.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.

Por el Grupo Canario tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo desde el escaño para concretar con brevedad por la hora en que
se desarrolla la sesión. Coalición Canaria dijo ya desde un principio,
incluso en las negociaciones del pacto de gobierno con el Partido
Popular, que hacía una valoración prioritaria del cumplimiento de los
programas de convergencia aprobados por el Consejo de Ministros de
Economía y Finanzas de la Unión Europea el año 1994, donde precisamente
también estuvo presente el Ministro de Economía y Hacienda del Gobierno
socialista español a la sazón, y que hacíamos una causa de compromiso de
Estado y de política de Estado para el cumplimiento de estos principios
de convergencia.

Dicho esto, nosotros entendemos que, con un nuevo Gobierno, es el
Gobierno el que tiene que negociar, y Coalición Canaria le da el margen
de confianza y el apoyo para que puedan redefinirse aquellos criterios de
tipo económico del cuadro macroeconómico para ajustar precisamente la
coyuntura en 1996 de la política económica del Gobierno español.

En consecuencia, nosotros nos preguntamos ¿es o no necesaria una
coordinación y un consenso de todos los grupos políticos mayoritariamente
de la Cámara, pero fundamentalmente de los dos grupos mayoritarios, el
del Gobierno, el Partido Popular, y el del Partido Socialista? Comparto
plenamente los argumentos que el portavoz del Grupo Catalán de
Convergència i Unió ha hecho: o aquí se concretan medidas, o darnos el
plazo del sentido común que son los Presupuestos Generales del Estado. Es
el Gobierno en el poder en este momento el que tiene que concretar,
precisamente en el cuadro macroeconómico, con qué criterios
presupuestarios, qué cuantificaciones presupuestarias, qué quita de aquí
y qué pone de allá y ésos van a ser los puntos fundamentales de la
estructura y del debate de los Presupuestos Generales del Estado para
1997.

De aquí que nosotros en la declaración de principios de la moción que
trae el Grupo Socialista veamos que estamos de acuerdo en el punto 1,
porque es una declaración de principios. Estamos perfectamente de
acuerdo, ni el propio Grupo Popular la enmienda, porque es de sentido dar
introducción a los principios que hemos defendido durante los últimos
años.

En cuanto a la enmienda número 2, adelanto que nos parece mucho más
razonable que, dándole este margen de confianza al Gobierno, también se
tenga en cuenta que, si hay una enmienda número 2 al número 2 del Grupo
Socialista, es porque el número 2 de la moción del Grupo Socialista
también hace un enunciado, pero al concretar para 1996 la situación del
déficit público en el 4,4 por ciento y en el 3 para 1997, en el 3 por
ciento para 1997 coincide la enmienda del Grupo Popular.

Señores del Grupo Socialista, vamos a situarnos en 1997, en el 3 por
ciento. ¿Cómo vamos a responder aquí nadie en esta coyuntura, y en este
momento procesal



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del 4,4 por ciento? Pero es que aquí estamos olvidando que el Gobierno
español del momento presente no tiene que adaptar también el ritmo y la
intensidad del cuadro macroeconómico al efecto locomotora de la economía
alemana que en este momento está atravesando una crisis. Nosotros
entendemos que el instrumento que tiene que traer el Gobierno aquí tiene
que servir para atender incluso la declaración de principios, porque
parece que aquí en el fondo todos estamos de acuerdo, parece que estamos
en un ejercicio de principios de curso de definir quién es Gobierno y
quién es oposición, y se ha buscado un motivo que tendrá su base de
discusión sensata, razonable y en profundidad cuando el Gobierno traiga a
esta Cámara el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1997. Ahí veremos con qué medidas, cuantitativas y cualitativas, el
Gobierno propone acercarnos al cumplimiento de los objetivos de
convergencia. Nos parece razonable la enmienda al punto número 2, cuando
señala que es necesaria la remisión del cuadro macroeconómico a la vista
del impacto negativo del menor crecimiento que está teniendo la economía
española en 1996. ¡Pero es que también la está teniendo Alemania, que es
el efecto locomotora! De ahí la necesidad de que se traiga el cuadro
macroeconómico, no sólo para que se puedan hacer los reajustes, sino
incluso los propios intereses del dinero público, el precio del dinero
que pueda fijar el Banco de España. Aquí son varias las partes que se
tienen que llamar a la razón.

En el punto número 3 de la moción del Grupo Parlamentario Socialista
entramos en el debate del Estado de bienestar. Cuando lleguen los
Presupuestos Generales del Estado será cuando nuestro Grupo de Coalición
Canaria verá si se están cumpliendo los objetivos de convergencia en el
aspecto del Estado de bienestar. No se pueden decidir en el debate de
este momento, porque lo que afecta precisamente al Estado de bienestar va
a tener su reflejo concreto en los Presupuestos Generales del Estado.

Vamos a remitirnos a la fecha de los meses de septiembre y octubre, que
ya habrán entrado en esta Cámara los Presupuestos y tendremos el debate
correspondiente.

Con respecto al número 4 de la moción del Grupo Parlamentario Socialista,
tengo que decir que coincido con lo que ha manifestado el portavoz del
Grupo Catalán, y no entro en el enjuiciamiento de la enmienda del Grupo
Catalán porque incluso yo diría que, quizá, al concretar excesivamente
las enmiendas de Convergència i Unió, se está privando al Gobierno de la
maniobrabilidad con que tiene que llegar a los Presupuestos Generales del
Estado, que --vuelvo a decir-- son los que tienen que concretar las
medidas del cuadro macroeconómico y, por supuesto, del Estado de
bienestar. Hasta que no veamos en la ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1997, y antes en su proyecto de ley, qué cifras se destinan
al mantenimiento de este equilibrio del Estado de bienestar, no podemos
pronunciarnos. Estamos todos de acuerdo en los principios.

Por estas razones, señorías, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
de ser aceptadas por el grupo proponente, votaría favorablemente, aparte
del punto 1, en el que están de acuerdo, las enmiendas que presenta el
Grupo Parlamentario Popular.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.

Está siendo ya habitual en esta Cámara, por lo menos en el tiempo que yo
llevo, presentar interpelaciones, y posteriormente mociones
correspondientes, cuyo principal fin no es, en la mayor parte de los
casos, convencer a los grupos de la oposición o al resto de los grupos
sobre un tema concreto, sino más bien abrir un debate. Yo creo que, en
este momento, abrir un debate sobre la conveniencia, la urgencia, la
necesidad de entrar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria
está desproporcionado a lo que es una moción de este tipo. Hoy el debate,
por lo menos para nosotros, no debe enfocarse en estos términos, ni
siquiera con enmiendas al mismo, porque queda excesivamente limitado. Al
final, ¿qué vamos a sacar? ¿Un pronunciamiento? Al final, si no se vota a
favor, parece que uno está en contra de lo que en realidad puede
significar una moción de este tipo, como es en este caso estar a favor de
la entrada en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Yo creo
que es un debate que está desproporcionado.

Mañana va a comparecer el Ministro de Economía y Hacienda en la Comisión
de Economía y vamos a repetir, otra vez, todo lo que hemos dicho hoy,
pero mucho más ampliado. Pues bien, nosotros --y a estas horas-- dejamos
muy claro que nuestro Grupo Parlamentario siempre ha estado, y siempre va
a estar, y va a defender el hacer todo lo posible para que el Gobierno
establezca las medidas necesarias para entrar entre los primeros en la
tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Pero es que esto va a
ser, además, lo que va a marcar la política económica del Gobierno, y no
sólo la política económica, sino la política social, la política
industrial, la política en general. Restringir el debate simplemente a
dos páginas, donde vayamos a hacer una interpretación o un manifiesto de
que todos los grupos, o casi todos, estamos de acuerdo en que la entrada
en la Unión Económica y Monetaria es fundamental para el Estado de
bienestar y para la prosperidad de este país, creo que es obvio y, por
tanto, desde mi Grupo Parlamentario entendemos que no es necesario y no
vamos a apoyar esta moción.

Nada más. Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.

Por el Grupo proponente, para aceptar o denegar las enmiendas planteadas,
tiene la palabra el señor Eguiagaray. Señor Eguiagaray, me permito
recordarle que es a los solos efectos de aceptación o rechazo de las
enmiendas que se le han planteado. No hay debate luego.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.

Con rapidez, espero poder dejar claro cuál es la posición del grupo
proponente después de las intervenciones de todos los grupos, a los
cuales se lo agradezco. No siempre puede uno coincidir, como no puedo
coincidir con el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya cuando
pretende que se haga una modificación de las condiciones de convergencia,
incluso del calendario, que es algo que no forma y me parece que no debe
formar parte de la política de este país. En ese sentido, con
independencia de otras aproximaciones, me parece que esto tiene alguna
dificultad para ser aceptado por el Grupo Socialista, en cambio, sí
quiero encontrar aproximaciones en otros temas y con otros grupos y,
fundamentalmente, en este caso, con el grupo del Partido Popular y con el
de Convergència i Unió.

Creo que es positivo, a pesar de las diferencias, que se eliminen
incertidumbres sobre la aceptación de los objetivos del plan de
convergencia, en tanto que objetivos a perseguir. Hasta ahora, esto no
había sido así y me parece que una manifestación tras otra y, sobre todo,
establecidas dentro de la Cámara, ayudan.

Yo contribuiré también a facilitar la aceptación y la expresión, espero
que positiva, del Grupo Popular, si así lo entiende, introduciendo en el
texto original de la moción del Grupo Parlamentario Socialista algunas
modificaciones de las que han sido sugeridas por el representante del
Partido Popular. Para que la Mesa, y el Presidente especialmente, puedan
seguir lo que estoy tratando de decir, el punto 1 de la moción sería
igual; no se ha hecho ninguna objeción por parte de grupo alguno a lo que
se dice en este texto. El punto 2 introduciría las modificaciones
sugeridas por el Partido Popular en relación, fundamentalmente, al
reconocimiento del cambio en la coyuntura que ha tenido lugar durante
1996 y, por tanto, la necesidad de hacer algunas correcciones, lo que
significa que el texto diría: España debe y puede participar en la Unión
Económica y Monetaria desde el primer momento; ello exige el cumplimiento
de los criterios de convergencia a finales de 1997, de acuerdo con los
objetivos planteados en el Programa de Convergencia, aprobado por el
Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea en
octubre de 1994. Para ello, es necesario reducir el déficit de las
Administraciones públicas al 4,4 por ciento en 1996 y al 3 por ciento en
1997, y situar la inflación, como máximo, en 1,5 puntos porcentuales por
encima de la media de los tres países con mejor comportamiento de los
precios. Sin embargo, dado que la evolución de la economía española en
1996 presenta un menor crecimiento que el previsto, se hace necesaria la
adopción de medidas adicionales que compensen el impacto negativo del
menor crecimiento sobre la consolidación presupuestaria. Entiendo que, de
esa forma, las sugerencias del Grupo Parlamentario Popular, que me
parecían razonables, quedarían incorporadas en el texto de la moción.

El punto 3, celebrando que los grupos que se han pronunciado coincidan en
que la convergencia no ha de conseguirse al precio de abandonar el estado
del bienestar, trata de compatibilizar algunos matices que se han
introducido en las intervenciones al texto de la moción socialista.

Diría: La política económica que se aplique para el cumplimiento de los
objetivos marcados debe hacer compatible, como en el pasado, la
corrección de los desequilibrios con el mantenimiento del estado de
bienestar, esto es, sin renunciar al crecimiento ni a la generación de
empleo ni a las políticas de solidaridad. Desde esta perspectiva, señor
Presidente, creo que doy respuesta a lo que se ha sugerido tanto por
Convergència i Unió, como por el Partido Popular como por otros grupos
integrantes del Grupo Mixto, así como por el de Coalición Canaria, que se
han pronunciado en esta dirección.

No puedo, sin embargo, aceptar el texto de la propuesta del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), por una razón que el señor Homs entenderá en este
momento. Si de lo que se trata no es de hacer discursos, sino de gobernar
y de tomar medidas, yo creo que ayuda muy poco a tomar medidas un texto
en el que se dice, entre otras cosas que no conducen al consenso, que se
impulse un plan de privatizaciones y de revisión del sector público
empresarial --hoy hemos tenido un debate alrededor de esto y hemos visto
que no parecía haber una gran coincidencia sobre algunas de las líneas en
esta dirección--, y me parece que tampoco conduce demasiado al consenso
hablar de cosas como las reformas necesarias, sin saber cuáles son, o las
modificaciones normativas pertinentes en materia de gasto público, sin
saber cuáles son. Yo creo que es bueno que haya una coincidencia en
objetivos y que el Gobierno tenga toda la libertad, toda, de presentar su
plan de acción para alcanzar los objetivos en los que coincidimos.




El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, le ruego concluya.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Por eso, señor Presidente, el texto de la
moción, con estas autoenmiendas, fruto de la incorporación de las
propuestas



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de varios grupos, es el que pido, que sea sometido a votación.




El señor PRESIDENTE: El señor Aguirre, en nombre del Grupo Popular, para
aceptar o rechazar la propuesta hecha por el grupo proponente, tiene la
palabra.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

Agradezco igualmente el tono de la intervención del señor Eguiagaray,
pero al mismo tiempo tengo que lamentar que la capacidad de esfuerzo para
buscar ese consenso que proponían en su interpelación haya quedado
resumido al punto número 2, porque reconocerá conmigo que no acceder a la
propuesta que se plantea en su totalidad en la enmienda al punto 3 por
parte del Grupo Popular, buscando una transaccional que no tiene el
suficiente carácter neutral que hay que buscar para poder construir ese
consenso, me parece que es aportar poco a la búsqueda de la unidad de
acción en la construcción de la integración española en Europa, y desde
luego lamento profundamente que rechace la enmienda que le ha sido
presentada por Convergència i Unió, lo que prácticamente impide que mi
grupo esté en este momento en el sentido favorable que tendría que tener
la votación si su texto finalmente hubiera perseguido, con altura y con
grandeza, el consenso para buscar las condiciones básicas del proceso de
integración de España en la Unión Económica y Monetaria.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.

En consecuencia, vamos a proceder a la votación del texto presentado por
el Grupo Parlamentario Socialista.




El señor PRESIDENTE: Votación de la moción, consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política que piensa
adoptar el Gobierno respecto al cumplimiento por España de los criterios
de convergencia para la Unión Económica y Monetaria.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a
favor, 124; en contra, 164.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la moción.

El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.




Se suspende la sesión Eran las once de la noche.