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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 175, de 17/09/1997
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D: 17 de septiembre de 1997 Núm. 175
GENERAL
INDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000149 Retirada de la Proposición no de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la declaración de zona
catastrófica de las zonas de la provincia de Guipúzcoa en que se produjo
la tromba de agua el día 01-06-97(Página 4)
162/000156 Retirada de la Proposición no de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto, sobre declaración de zona catastrófica a San
Sebastián y su comarca por las inundaciones sufridas el día
01-06-97(Página 4)
162/000159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a las inundaciones acaecidas en la ciudad de
Palencia y en algunos municipios de la zona sur de la provincia, el día
15-07-97(Página 4)
162/000160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre el contenido de un programa estratégico relativo a
suelos públicos(Página 5)
162/000161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa al programa de actuaciones del Gobierno para
cumplir los compromisos derivados del Convenio de Naciones Unidas sobre
cambio climático(Página 6)
162/000162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
Ley de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea(Página 6)
162/000163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre código de buenas prácticas comerciales(Página 7)
Comisión Constitucional
161/000660 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la
que se insta al Gobierno a desarrollar una campaña informativa dirigida
a los ciudadanos extranjeros residentes en España sobre la nueva
legislación que favorece su sufragio activo y pasivo(Página 9)
Comisión de Justicia e Interior
161/000651 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
medidas para facilitar la integración de los inmigrantes en España(Página 10)
161/000653 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
medidas para proceder a una amplia regularización de los y las
inmigrantes que se encuentren en España en situación de irregularidad con
anterioridad al 01-01-97(Página 11)
161/000654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
revisión de las previsiones del Plan de Amortización y Creación de Nuevos
Centros acerca de la apertura del centro penitenciario de Zuera
(Zaragoza)(Página 12)
161/000655 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre modificación del Código Penal para aumentar
las penas a los pederastas y sancionar la posesión y difusión de
pornografía infantil(Página 13)
Comisión de Defensa
161/000643 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre protección del espacio conocido por el nombre
de Punta de Seixo Branco en la costa de Dexo en el Ayuntamiento de
Oleiros (La Coruña)(Página 14)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000640 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre mantenimiento en el astillero público Astilleros de
Santander, S. A. (ASTANDER) de la actividad de transformación de
buques(Página 15)
161/000642 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre cumplimiento del Convenio para el desarrollo
de la electrificación rural de Galicia(Página 16)
161/000644 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
inclusión de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) en la
categoría de «cliente cualificado» a efectos del consumo eléctrico(Página 17)
161/000646 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de
reconversión de la industria militar para fines civiles(Página 17)
161/000656 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, relativa a política del Gobierno en relación con la
Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (ENDESA)(Página 19)
161/000659 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
medidas para erradicar la energía nuclear(Página 20)
Comisión de Política Social y Empleo
161/000657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en
relación con la situación de la población en el mundo(Página 21)
Comisión de Infraestructuras
161/000645 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
modificación del funcionamiento del sistema de peaje en la autopista A-7,
en dirección a la carretera N-II, en el término de Martorell(Página 23)
161/000647 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre el cumplimiento de los compromisos del Gobierno con
Ayuntamientos de Lleida, en el 1% cultural(Página 24)
161/000652 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
realización de las obras para el subtramo comprendido entre las
poblaciones de Cercara y Santa María del Camí, de la autovía
Cervera-Igualada(Página 24)
161/000661 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, sobre nuevos trazados de tren de
alta velocidad(Página 25)
Comisión de Medio Ambiente
161/000649 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
relativa a la instalación de tanques de almacenamiento de productos
petrolíferos en el puerto Almería-Motril(Página 26)
161/000658 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
medidas para la elaboración urgente de un reglamento que desarrolle el
artículo 7, apartado 4 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases(Página 27)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión Constitucional
181/000863 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco
Alcaraz Ramos (G. IU-IC), sobre medidas para asegurar el voto secreto de
las personas invidentes(Página 28)
181/000864 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Francisco
Alcaraz Ramos (G. IU-IC), sobre acuerdos para permitir el sufragio activo
y pasivo en elecciones locales de ciudadanos extranjeros
extracomunitarios, así como de los españoles en otros Estados(Página 28)
Comisión de Justicia e Interior
181/000860 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i
Canadés (G. C-CiU), sobre razones por las que la Campaña Informativa del
Ministerio de Justicia «La Objeción de Conciencia y el Voluntariado» no
informa acerca del reconocimiento de los servicios voluntarios en la
fórmula prevista en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 6/1996, de
13 de enero(Página 29)
Comisión de Educación y Cultura
181/000865 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Antonio
González Pérez (G. P), sobre objetivos y ventajas que pretende el Consejo
Superior de Deportes con el Real Decreto de regulación de las enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos de Técnicos Deportivos(Página 29)
181/000866 Pregunta formulada por el Diputado don Francisco Antonio
González Pérez (G. P), sobre grandes líneas de modificación del Real
Decreto sobre la Comisión Nacional Antidopaje que el Consejo Superior de
Deportes quiere promulgar en breve(Página 30)
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
181/000859 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana Isabel Leiva
Díez (G. S), sobre explicación de la censura ejercida por un medio de
comunicación afín al Gobierno, así como del malestar y la amenaza de la
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación por las críticas recibidas
ante el acuerdo de precios agrarios alcanzado en el último Consejo
Agrícola de Luxemburgo(Página 30)
Comisión de Medio Ambiente
181/000861 Pregunta formulada por la Diputada doña María Luisa
Bartolomé Núñez (G. S), sobre opinión de la Confederación Hidrográfica
del Segura acerca del proyecto reformado del puerto deportivo de
Guardamar (Alicante)(Página 31)
181/000862 Pregunta formulada por la Diputada doña María Luisa
Bartolomé Núñez (G. S), sobre trámites efectuados por la Dirección
General de Costas en relación con el Proyecto reformado elaborado por el
Ayuntamiento de Guardamar (Alicante) para la construcción de un puerto
deportivo(Página 31)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000065 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en los
recursos de inconstitucionalidad números 1712, 1716 y 1724/1988,
promovidos respectivamente, por el Gobierno Vasco, el Parlamento y el
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, contra diversos
preceptos de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores; y conflictos
positivos de competencia números 1527 y 1904/1989, planteados ambos por
el Gobierno Vasco, en relación con los Reales Decretos 276/1989 y
717/1989, sobre Sociedades y Agencias de Valores y Bolsas, todos
acumulados(Página 31)
CONTROL DE LA ACCION DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000149
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Retirada de su Proposición no de Ley sobre la declaración de zona
catastrófica de las zonas de la provincia de Guipúzcoa en que se produjo
la tromba de agua el día 01-06-97.
Acuerdo:
Tener por retirada la iniciativa de referencia, comunicando dicho acuerdo
al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
162/000156
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Retirada de su Proposición no de Ley sobre declaración de zona
catastrófica a San Sebastián y su comarca por las inundaciones sufridas
el día 01-06-97.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa
de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la
iniciativa y publicarlo en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
162/000159
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a las inundaciones acaecidas en la ciudad
de Palencia y en algunos municipios de la zona sur de la provincia, el
día 15-07-97.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y ss. del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a las inundaciones acaecidas en la ciudad
de Palencia y en algunos municipios de la zona sur de la provincia el día
15 de julio de 1997, para su debate en Pleno.
Exposición de Motivos
El pasado martes día 15 de julio de 1997 cayó una tromba de agua, con
granizo, sobre la ciudad de Palencia y varios municipios de la zona sur
de la provincia. La precipitación registrada es la mayor que se conoce en
la ciudad y en la zona afectada en los últimos siglos, al haberse
contabilizado más de 80 libros por metro cuadrado en escasamente una
hora, a los que hay que añadir las importantes cantidades de agua que
siguieron cayendo a lo largo de la tarde-noche del mismo martes.
Las primeras evaluaciones indican que más de 7.000 palentinos han sufrido
daños en sus viviendas y bienes por las inundaciones, afectando a
empresas, comercios, locales, viviendas, vehículos, etcétera, a lo que
hay que añadir desperfectos ocasionados en equipamientos públicos.
Igualmente el granizo afectó a unas 17.000 hectáreas de cultivos (secano,
regadíos, árboles frutales, remolacha, huertas, etcétera).
Los municipios más afectados por las fuertes lluvias son: Palencia,
Villalobón, Villamuriel de Cerrato, Tariego, Dueñas, Torquemada, Soto de
Cerrato, Magaz de Pisuerga, Baños de Cerrato, Hontoria de Cerrato y
Reinoso de Cerrato, entre otros.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Evaluar y cuantificar los daños causados por las inundaciones, en
colaboración con la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Castilla y
León, la Diputación Provincial de Palencia y los municipios afectados.
2. La aprobación urgente por parte del Gobierno de un Decreto Ley (en
términos similares a supuestos recientes) por el que se adopten medidas
urgentes para reparar los daños causados por la inundaciones acaecidas en
la ciudad de Palencia y en el resto de los municipios afectados.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de julio de 1997.--Julio
Villarrubia Mediavilla, Diputado del Grupo Parlamentario
Socialista.--Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
162/000160
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa al contenido de un programa estratégico
relativo a suelos públicos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa al contenido de un
programa estratégico relativo a suelos públicos, para su debate en Pleno.
Motivación
El conjunto del patrimonio de suelo de titularidad estatal constituye,
por su amplitud y por la ubicación preferente de dichos suelos, un
instrumento irrenunciable que debe contribuir a los objetivos de las
políticas del suelo y de la vivienda. En efecto, el suelo actualmente en
propiedad del Ministerio de Defensa, de RENFE, del Ministerio del
Interior y de otros departamentos y organismos de la Administración
General del Estado supone un total de 80 millones de m2, lo que podría
traducirse en suelo suficiente para la construcción de 1 millón de
viviendas protegidas. Asimismo, gran parte de estos suelos están siendo
desafectados, entre otras razones, por su progresiva ubicación en áreas
centrales de los núcleos urbanos consolidados, siendo oportuno el
desplazamiento hacia áreas más periféricas de las actividades a las que
han dado soporte hasta la fecha.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que el destino prioritario de
estos suelos debe ser la construcción de viviendas protegidas y de
equipamientos colectivos o zonas verdes, de forma que contribuyan a
mejorar la calidad de vida en las ciudades y las posibilidades de acceso
a la vivienda de las familias con menores niveles de ingresos, y en
particular de los jóvenes.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a dicha Cámara,
durante el próximo período de sesiones, un programa estratégico de
actuación sobre suelos de titularidad pública estatal --incluidos los
bienes inmuebles que desafecte el Ministerio de Defensa--, acorde con
objetivos de recuperación integrada de las áreas degradadas de las
ciudades y de mejora de la calidad ambiental urbana, y que garantice
durante los próximos cinco años la construcción de viviendas de alquiler
de precio asequible, destinadas prioritariamente a los jóvenes,
utilizando para esta finalidad como mínimo el 10% de los suelos públicos
o de los recursos que se generen por su enajenación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1997.--Cristina
Narbona Ruiz, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús Caldera
Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000161
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa al programa de actuaciones del Gobierno
para cumplir los compromisos derivados del Convenio de Naciones Unidas
sobre cambio climático.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa al programa de
actuaciones del Gobierno para cumplir los compromisos derivados del
Convenio de Naciones Unidas sobre cambio climático, para su debate en
Pleno.
Motivación
España, como país miembro de la UE, ha adquirido compromisos específicos
en el marco del Convenio de Naciones Unidas sobre cambio climático, que,
como consecuencia del reciente acuerdo interno de la UE para garantizar
una reducción global de las emisiones de CO2 de este área, del orden del
10% en el horizonte del año 2005, comportan para España la obligación de
no superar en dicha fecha un nivel de emisiones de CO2 equivalente a un
aumento del 17% respecto al nivel de emisiones alcanzado en 1990.
Dado que la evolución de las emisiones de CO2 en España sigue siendo
superior al aumento del PIB --lo que indica un modelo energético poco
eficiente--, y, de acuerdo con los últimos datos disponibles, en el año
2000 se alcanzará un nivel de emisiones de CO2 superior en más de un 15%
al nivel de 1990. El Gobierno español, por lo tanto, deberá adoptar de
inmediato medidas de amplio alcance que contribuyan a alcanzar los
objetivos acordados en el ámbito de la UE y que requieren una profunda
modificación de las pautas energéticas de nuestro país. En particular, es
preciso incentivar al máximo la eficiencia energética en todos los
ámbitos --el transporte, la industria, los usos domésticos...-- así como
las energías renovables. Respecto a dichas energías, España debería
liderar los procesos de utilización de la energía solar, teniendo en
cuenta las óptimas condiciones climáticas al respecto.
Por todo ello, el Grupo Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir, durante el
próximo período de sesiones, un programa de actuación para el
cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas sobre cambio climático, que
incluya como mínimo:
-- Un proyecto de ley de ordenación de la edificación, que vincule las
ayudas públicas a la vivienda al cumplimiento de los requisitos de
eficiencia energética establecidos en la directiva europea «SAVE».
-- Un plan de implantación obligatoria de la energía solar en edificios
públicos, que permita en el plazo de cinco años la instalación, como
mínimo, de 50.000 tejados dotados de energía fotovoltaica.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 1997.--Cristina
Narbona Ruiz, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús Caldera
Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000162
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre Ley de Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley sobre Ley de
aeropuertos españoles y navegación aérea en el Pleno de la Cámara.
El desarrollo de la navegación aérea es uno de los hechos más relevantes
del transporte en esta última mitad del siglo XX. Este hecho unánimemente
constatado exige que la norma jurídica destinada a regular las
actividades aeronáuticas contemple la situación tal y como se manifiesta
actualmente y pueda ordenar eficientemente la evolución futura.
Los requerimientos que el Derecho contemporáneo exige en materia de
seguridad de viajeros y aeronaves, el gran incremento del transporte de
mercancías por vía aérea, las grandes modificaciones experimentadas por
la tecnología de las aeronaves y de los equipos de navegación, control y
seguridad, así como el cambio cualitativo que se ha producido en el
funcionamiento de los aeropuertos, o las actividades urbanísticas que se
realizan en áreas afectas o no a las actividades propiamente aeronáuticas
en el entorno de los aeropuertos, son, entre otros muchos, elementos
suficientes para que se disponga de un instrumento legal adecuado.
Asimismo, conviene ordenar convenientemente el funcionamiento de la red
aeroportuaria, confiada desde 1991 al Ente Público Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.
Tanto este Organismo de la Administración del Estado como los aspectos
derivados de la constitución de las Comunidades Autónomas, requieren
igualmente una verdadera actualización del ordenamiento aplicable.
Por otra parte resultaba imposible que el legislador de 1960 hubiese
incluido en la ley, hoy vigente, los requerimientos medioambientales tan
determinantes en la actualidad, tanto para la navegación aérea como para
las instalaciones aeroportuarias y sus entornos.
Dada la importancia decisiva que alcanzan las relaciones internacionales
en todo cuanto concierne a navegación aérea e instalaciones
aeroportuarias, es inaplazable la promulgación de una ley que adopte las
adaptaciones que se deriven de la incorporación de España a las
instituciones de la Unión Europea con la correspondiente transposición de
Directivas y reglamentos sobre las materias objeto de la Ley de 1960.
A fin de llevar suficientemente el marco legal que, de hecho, existe al
estar manifiestamente desfasado y ser en muchos casos inexplicable.
Por ello se formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que antes de finalizar
el próximo período de sesiones, remita a las Cortes Generales un Proyecto
de Ley de Navegación Aérea y Aeropuertos del Estado que satisfaga la
necesidad de adecuar la legislación aeronáutica al actual marco
comunitario, así como la organización de la navegación aérea, la gestión
aeroportuaria y las actividades urbanísticas del Ente Público AENA en las
áreas no directamente afectadas por las actividades propiamente
aeronáuticas en el entorno de los aeropuertos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 1997.--Mariano
Santiso del Valle, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
162/000163
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre código de buenas prácticas comerciales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES, así como notificarlo al Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre código de buenas
prácticas comerciales, para su debate en Pleno.
Exposición de Motivos
La Ley de Ordenación del Comercio Minorista aprobada en enero de 1996,
con el consenso de todos los grupos parlamentarios, establecía en su
exposición de motivos la necesidad de establecer un marco de buenas
prácticas comerciales que produjera un mejor comportamiento de todos los
agentes del sector y cuyos efectos habrían de redundar en un mejor
funcionamiento de la competencia.
La Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que va a cumplir dos años de
vigencia, ha establecido en España un marco legal de mínimos tendente a
buscar equilibrios entre los distintos operadores del sector y una
repercusión favorable para los ciudadanos y ciudadanas que son
destinatarios finales como consumidores de un óptimo sistema de
distribución comercial.
Precisamente el espíritu de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista
fue el de completar ese marco legal de mínimos con los Códigos de
conducta libremente surgidos en el sector para su autoregulación.
La relación entre fabricantes y distribuidores fue abordada de forma
inteligente en la Ley, estableciendo mecanismos, que, sobre la premisa
del acuerdo de voluntades y del pacto, evitase situaciones de abuso de
posición con los consiguientes efectos financieros indeseables.
La experiencia que otros países de nuestro entorno han desarrollado para
poner en funcionamiento mecanismos paccionados de buenas prácticas
comerciales, ha sido fructífera para mejorar comportamientos, dotar de
transparencia a los contratos entre fabricantes y distribuidores y
establecer principios, garantías y cautelas que serían imposibles de
detallar casuísticamente en una Ley de mínimos como es la de Ordenación
del Comercio Minorista
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados considera:
1) Que el desarrollo equilibrado de la Ley de Ordenación del Comercio
Minorista, según establecía ésta en su Exposición de Motivos, requiere el
desarrollo e implantación de un «Código de buenas prácticas comerciales»,
que produzca un mejor comportamiento de todos los agentes que participan
en la actividad de distribución comercial y cuyos efectos redunden en un
adecuado funcionamiento de la competencia.
2) Que un marco legal de mínimos como es el de la Ley de Ordenación del
Comercio Minorista debe completarse con el desarrollo de Normas de mayor
detalle, y que para alguna de éstas es más procedente el acuerdo entre
las partes afectadas, que no una normativa legal exhaustiva.
3) Que en los países de nuestro entorno se han dado experiencias
positivas de autorregulación de la actividad, con resultados importantes
respecto de la mejora de la competencia y la eficiencia general en la
cadena de oferta de los productos de consumo.
Por ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A que convoque en el menor plazo de tiempo posible a las partes
sociales para elaborar y acordar un «Código de buenas prácticas
comerciales», a fin de que pueda ser aprobado en el presente período de
sesiones.
2. A que dicho Código contemple al menos los Principios básicos que se
relacionan a continuación.
a) Optimización de los recursos.
Por el principio de optimización de los recursos empleados en la
producción y la distribución, las empresas cooperarán para ofrecer el
mejor servicio a los consumidores, a la vez que se mejora la eficiencia
de la cadena de oferta, tanto en el mercado interno como en los mercados
externos
b) Reciprocidad.
El principio de reciprocidad establece que las relaciones entre empresas
deben fundamentarse sobre la proporcionalidad entre el servicio o
prestación realizado por una parte y la contrapartida entregada a cambio
por la otra parte, y sobre la posibilidad de cualquiera de las partes
para declinar las proposiciones que considere que no le reportan
beneficio suficiente, sin perturbar las relaciones existentes.
c) No discriminación.
Las empresas no harán discriminación, de proveedores o clientes, de
manera que el conjunto de las condiciones exigidas a los proveedores o
clientes, deberán ser equivalentes cuando correspondan a prestaciones
semejantes. Los distribuidores no exigirán condiciones o servicios a los
fabricantes que supongan discriminación para otros distribuidores.
Las empresas se comprometen a vender o comprar los productos a todas las
empresas que estuviesen dispuestas a adquirirlos o venderlos, respetando
las condiciones de partida de la negociación.
d) Estabilidad de las condiciones pactadas.
Las partes deberán respetar las condiciones pactadas con anterioridad. En
ningún caso se admitirá la modificación con retroactividad de condiciones
pactadas anteriormente.
e) Transparencia e información.
Las empresas, fabricantes y distribuidores, facilitarán a la otra parte
toda la información sobre las condiciones de partida de la negociación:
sobre precios, descuentos, condiciones de entrega y recepción de los
productos, plazos de pago, ...
Los acuerdos serán debidamente formalizados por escrito y por personas
con autoridad, comprendiendo todas las condiciones de la transacción.
Especialmente aquellos acuerdos que, como las denominadas «plantillas»,
se refieran a más de una transacción, en estos casos deberán además
recoger clara y expresamente el plazo de vigencia del acuerdo.
Las empresas se comprometen a facilitar a la otra parte con la que
mantengan relación, información suficiente sobre las tendencias de las
ventas.
f) Apoyo mutuo y respeto a las características de los productos de
marca de fabricante.
Las empresas distribuidoras se comprometen a presentar los productos de
marca de fabricante de tal forma que se respeten las características de
los productos y se fomente al máximo la compra por parte del consumidor.
Los fabricantes
se comprometen a apoyar la marca para la consecución de mayores ventas,
considerando las características de la empresa distribuidora y su, o sus,
establecimientos.
En caso de promociones de productos dirigidas a consumidores, las
empresas productoras se comprometen a la tutela de la calidad del
producto y a la equidad de la relación producto-precio. Los
distribuidores actuarán en el respeto a las características de los
productos, y no tomarán iniciativas que perturben la situación del
producto en el mercado.
g) Utilización de recursos de los productores en la distribución.
Los distribuidores se comprometen a no disponer sin retribución de
recursos de los proveedores en la explotación habitual del negocio. Sólo
en los casos que resulte imprescindible para el correcto funcionamiento
de las ventas (control de garantías y de caducidad, por ejemplo), o para
la asistencia en promociones o demostraciones, se podrían utilizar
recursos de los productores sin contraprestación.
h) Causalidad de los plazos de pago.
En la determinación de los plazos de pago se deberán tener en cuenta los
períodos de rotación media de las distintas categorías de productos,
evitando un uso impropio de los aplazamientos de pago como fuente
gratuita de financiación. Asimismo, los plazos de pago deberán contar a
partir del momento de entrega de los productos.
i) Transparencia mercantil de las compras realizadas por terceros.
Las compras realizadas o gestionadas a través de terceros (sean titulares
individuales, empresas, asociaciones o grupos de compra) sin que éstos
lleguen a adquirir la titularidad de los productos, se tendrán por
efectuadas directamente por los destinatarios reales del producto, a
todos los efectos. Particularmente, las transacciones realizadas a través
de las llamadas «centrales de compra» y similares, se considerarán como
realizadas directamente por los distribuidores a los que se destinen los
productos, y esto, a todos los efectos señalados en los principios
anteriores.
3. A que en el proceso de elaboración y acuerdo del «Código de buenas
prácticas comerciales» deben participar las asociaciones de los
distribuidores y de los productores que resulten afectadas por este
Código, siendo necesario que en el acuerdo se encuentre representada la
mayoría de productores y distribuidores.
4. A que el acuerdo tenga carácter general, permitiendo la incorporación
del mayor número posible de ramas de actividad de producción y de formas
comerciales minoristas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1997.--Francisco
Amarillo Doblado, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión Constitucional
161/000660
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a desarrollar una
campaña informativa dirigida a los ciudadanos
extranjeros residentes en España sobre la nueva legislación que favorece
su sufragio activo y pasivo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e
Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo
proponente y publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión
Constitucional.
El 8 de mayo de 1997, el Congreso de los Diputados aprobó el texto final
de la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General para la Transcripción de la Directiva 94/80/CEE, de
elecciones municipales.
Dicha Ley favorece el sufragio activo y pasivo de ciudadanos extranjeros
de la UE y extracomunitarios. Este hecho ha sido valorado de forma
positiva por todas las fuerzas políticas ya que representa una ampliación
real de las prácticas en el ámbito local y un paso, aunque tímido, para
cubrir el déficit democrático en la UE.
Por lo tanto, parece lógico que se ofrezca una adecuada y pronta
información para que los extranjeros residentes puedan conocer su derecho
y puedan, a la vez, disponer de tiempo suficiente para resolver los
posibles problemas administrativos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar una campaña
informativa dirigida a los ciudadanos extranjeros residentes en España
sobre la nueva legislación que favorece su sufragio activo y pasivo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de julio de 1997.--Manuel
Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Felipe
Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
Comisión de Justicia e Interior
161/000651
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre medidas para facilitar la integración de los
inmigrantes en España.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Justicia
e Interior.
Tras un año en vigor del nuevo Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica
7/1985, aprobado por el Real Decreto 155/1996, la realidad actual de la
sociedad del Estado español demuestra que esta norma no ha solucionado
muchos de los problemas de los inmigrantes que habitualmente residen en
el territorio español y no se ha avanzado, por lo tanto, en la
construcción de una sociedad que viva en la enriquecedora diversidad
cultural, uno de los objetivos del Plan Nacional para la Integración de
los inmigrantes.
El artículo 70 del Reglamento mencionado regula el establecimiento de
contingente de trabajadores no comunitarios con objeto de garantizar la
cobertura de aquellas ofertas de empleo no atendidas por el mercado
nacional de trabajo para sectores y zonas geográficas determinadas, y, en
su caso, establecer un procedimiento específico para su gestión.
El acuerdo del Consejo de Ministros del presente año que fija el
contingente de autorizaciones para el empleo de ciudadanos extranjeros ha
establecido un límite de 15.000 autorizaciones centrándose en cuatro
sectores: servicio doméstico, campo, construcción y un cajón de sastre de
«otros». Las solicitudes hasta la fecha han sido de aproximadamente
50.000, la mayoría de ellas, de personas que viven en España en situación
de irregularidad. La fecha límite de presentación de solicitudes era, en
principio, del 31 de diciembre, pero ante la avalancha de solicitudes que
demuestran la absoluta insuficiencia del cupo y evidencia el fallo del
sistema normativo en materia de inmigración, parece que el Gobierno tiene
la intención de proceder a una modificación del plazo final con fecha de
31 de julio o principios de agosto, acabando con la esperanza de mucha
gente que teniendo su documentación de viaje en regla, su solicitud de
autorización había comenzado a tramitarse.
Por otra parte, el cumplimiento de la obligación de ir al país de origen
para buscar el visado correspondiente una vez que los y las inmigrantes
tienen aprobada, por parte del Ministerio de Trabajo, la solicitud, es
absolutamente dificultosa por diferentes motivos, sobre todo porque la
mayor parte de la inmigración que pueden acogerse al contingente están en
una situación económica desfavorable, que no les permite pagar el billete
del viaje a su país de origen, y por otra parte, porque muchos
inmigrantes proceden de países donde no existen representaciones
diplomáticas de España (Gambia, Estados de la ex URSS...) teniendo que
viajar a solicitar el visado a terceros países o proceden de países
actualmente en conflicto.
Esto comportaría la adopción de medidas urgentes por parte del Gobierno
para la eliminación de la obligación de ir al país de origen a solicitar
el correspondiente visado en determinadas situaciones.
Por otra parte es conveniente, para verdaderamente hacer de nuestra
sociedad una que viva en la enriquecedora diversidad cultural y que todas
las personas, sean ciudadanos o residentes, vivan en la completa
integración, que el contingente de trabajadores y trabajadoras
extranjeros fijado cada año por el Gobierno con los agentes sociales y
los empresarios tenga como destinatarios únicamente a los y las
extranjeros que quieren venir a trabajar a España y no para aquellos que
viven ya en España en una situación de irregularidad en nuestro país.
Esto es una reivindicación de todos los colectivos, ONG's y de gran parte
de la opinión pública que piden urgentemente un cambio en las
instrucciones gubernamentales.
Mientras tanto, para todos aquellos inmigrantes que viven en nuestro país
en situación de irregularidad, que aprovechan el contingente anual de
trabajo y que pudieran quedar perjudicados por esta medida, el Gobierno
deberá aprobar una serie de medidas para la regularización de inmigrantes
siempre guiadas por una serie de criterios que justifiquen este proceso.
Por todo lo que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º proceder para el presente año a la ampliación del número del
contingente de trabajadores para todas aquellas personas que en la fecha
de hoy hubieran solicitado autorización y que teniendo su documentación
de viaje en regla hubiera comenzado, por parte del Ministerio de Trabajo
la tramitación del procedimiento,
2.º proceder a la adopción de medidas urgentes para la modificación de la
Orden de 11 de abril de 1996 sobre exenciones de visado para hacer que
los inmigrantes procedentes de países que no tengan representación
diplomática de España, los inmigrantes de todos los países actualmente en
conflicto y todos los inmigrantes que habiendo obtenido la aprobación de
cupo, demostraron haber vivido 2 años en España, queden exentos de visado
para acceder a la autorización de contingente de trabajo,
3.º destinar a partir del año que viene, el contingente de trabajadores,
sólo para personas que viven en otros países y que quieren venir a
trabajar a España, siempre a la vez de una previsión gubernamental de
establecer mecanismos de regularización para los inmigrantes que están en
España en situación de irregularidad.
4.º establecer negociaciones con los agentes sociales, sindicatos, ong's
de inmigración y empresarios, para analizar anualmente el volumen total,
la distribución territorial y sectores regulados por el contingente de
trabajadores.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 1997.--Joan Saura
Laporta, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000653
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre medidas para proceder a una amplia
regularización de los y las inmigrantes que se encuentren en España en
situación de irregularidad con anterioridad al 01-01-97.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Justicia
e Interior.
La Ley Orgánica 7/85 sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y el anterior Reglamento establecía un procedimiento dificultoso
para la renovación o la concesión del primer permiso de trabajo y
residencia para los extranjeros que vivían en España. En 1991 se realizó
la última regularización amplia en España, de la que se beneficiaron
cerca de 100.000 inmigrantes. Desde entonces, muchos de los inmigrantes
que viven en España están en situación de irregularidad y la mitad de los
inmigrantes regularizados en el proceso de 1991 han vuelto a caer en la
situación de irregularidad. Es difícil saber con exactitud el número de
inmigrantes en situación de irregularidad, o más comúnmente conocido como
de «los sin papeles» en España. Existen diferentes censos como el de
Cáritas que los cifra en 200.000 y la Cruz Roja en 300.000 pero, en
cualquier caso, es un número considerable, superior al 25% de los
inmigrantes legales. Estos inmigrantes están sujetos a varias formas de
explotación y a intimidaciones; son personas a las que difícilmente se
les podría exigir una plena integración en la sociedad.
El anterior Gobierno reconoció, en la introducción del nuevo Reglamento
de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985 (aprobado por Real Decreto 155/96,
de 2 de febrero) el fracaso de la Ley y del anterior Reglamento, por no
crear los mecanismos para estabilizar la situación de los inmigrantes y,
sobre todo, por no facilitar la regularización de los inmigrantes «sin
papeles». Pero este nuevo Reglamento no ha producido ninguna mejora
sustancial sino que, por el contrario, está dificultando algunos de los
trámites de regulación de derechos de los inmigrantes. Algunos colectivos
de inmigrantes han calificado este proceso de regularización como de
fracaso estrepitoso.
La Disposición Transitoria Tercera del Reglamento (de la Documentación de
extranjeros en situación irregular) que intentó regularizar únicamente a
los inmigrantes que tuvieron alguna vez un permiso de trabajo o de
residencia y a sus familiares, afectó a muy pocas personas. El anterior
Gobierno cifró en 60.000 personas a quienes pudieron acogerse a esta
«regularización limitada»; las solicitudes presentadas fueron 24.000 en
toda España y posteriormente la cifra de las solicitudes aprobadas fue de
alrededor de 15.000 en toda España.
Esta situación evidencia el fracaso o la insuficiencia de este proceso y
demuestra realmente que viven en España decenas de miles de inmigrantes
sin papeles, seguramente un número superior a 100.000, puesto que a los
60.000 que el Gobierno cifraba que pueden acogerse a la Disposición
Transitoria hay que sumar una cifra muy superior de inmigrantes que no
entran en este proceso.
Ante la situación actual se hace necesario llevar a cabo un amplio
proceso de regularización para todas aquellas personas que ya han
trabajado en España y que quieren continuar haciéndolo, para sus
familiares más próximos. Porque supeditar el permiso de Por todo ello, se
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para proceder a una amplia regularización de los y las
inmigrantes que se encuentren en España en situación de irregularidad
desde antes del 1 de enero de 1997 teniendo en cuenta los criterios
siguientes: 1. Concesión de permisos de trabajo y residencia para
aquellos inmigrantes que tuvieran oferta de trabajo, un certificado de
que han trabajado 6 de los últimos 24 meses y una declaración jurada de
que van a trabajar, especificando la actividad que van a desarrollar.
2. Concesión de permiso de residencia ordinario sin necesidad de
otorgamiento de permiso de trabajo para: a) Los familiares (cónyuge,
ascendientes, descendientes menores y mayores de 18 años) de inmigrantes
legales.
b) Los familiares de inmigrantes irregulares que se acojan a la
regularización (cónyuge, ascendientes y descendientes menores y mayores
de 18 años).
c) Inmigrantes con medios de vida suficientes.
d) Cónyuges de nacionales comunitarios/as, de hecho o de derecho,
sin necesidad de justificar tres años de matrimonio o de convivencia.
e) Extranjeros o extranjeras, ex cónyuges de extranjeros o
extranjeras legales o de ciudadanos o ciudadanas comunitarios/as que
puedan justificar medios de vida propios o del o la ex cónyuge.
f) Inmigrantes que demostraran voluntad de permanencia y reunieran
alguno de estos dos requisitos: estar empadronados en algún municipio o
que lleven tres años viviendo en España.» Palacio del Congreso de los
Diputados, 22 de julio de 1997.--Joan Saura Laporta, Diputado del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC.
161/000654
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre revisión de las previsiones del Plan de
Amortización y Creación de Nuevos Centros acerca de la apertura del
centro penitenciario de Zuera (Zaragoza).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Justicia e
Interior de la Cámara.
El Plan de amortización y creación de centros penitenciarios aprobado por
el Gobierno en julio de 1991 preveía la amortización de centros
inadecuados y obsoletos, así como la construcción de 18 nuevos
establecimientos, entre ellos un centro en el área territorial de Huesca
y Zaragoza con una capacidad aproximada para 950 internos.
Las llamadas «macrocárceles», previstas en este Plan, no se ajustan al
espíritu de la Ley Orgánica General Penitenciaria, la cual en su artículo
2.º recoge que los establecimientos penitenciarios no deberán acoger a
más de 350 internos por unidad. El espíritu de esta Ley va en consonancia
con el principio de reinserción que debe orientar, según la Constitución,
las penas privativas de libertad, y con lo dispuesto en normas
internacionales. Así, el apartado 63.3 de las Reglas Mínimas, aprobadas
en Ginebra en 1955, estima que el número idóneo de reclusos no debe pasar
de 500 en establecimientos ordinarios y el número deberá ser lo más
reducido posible en los establecimientos abiertos.
Está previsto también en la Ley Orgánica Penitenciaria que, en todo caso,
se procurará que cada comunidad autónoma cuente con el número suficiente
de prisiones para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el
desarraigo de los penados. Pues bien, ni en su espíritu ni en las
disposiciones que la desarrollan, se cumpliría la Ley Orgánica General
Penitenciaria de llevarse a efecto la apertura de la «macrocárcel de
Zuera».
La aprobación y aplicación del nuevo Código Penal, que incluye penas
alternativas a las tradicionales de reclusión y prisión, ha puesto de
manifiesto, aún más, que se van a hacer necesarios centros penitenciarios
más pequeños, alejados del concepto de centros faraónicos previstos en el
referido Plan. Por otra parte, la creación de establecimientos
penitenciarios en puntos distantes de las capitales de provincia es
obviamente desaconsejable, especialmente en lo que se refiere a los
condenados a estas penas alternativas y a los internos de tercer grado.
Por último, no debe olvidarse que en los establecimientos de un gran
número de internos se acentúan las consecuencias perniciosas del encierro
carcelario, la despersonalización del sujeto, la eliminación de la
singularidad, la pérdida de la identidad y de la intimidad, las
relaciones personales conflictivas, con frecuentes amenazas,
humillaciones y extorsiones. Por todo ello, sería contraindicado al fin
resocializador de las penas privativas de libertad un establecimiento con
capacidad teórica para 1.422 internos, como el previsto en Zuera.
En esta línea, esta Cámara aprobó, en los inicios de la presente
Legislatura, una Moción presentada por este Grupo Parlamentario, que
instaba al Gobierno, para que, entre otras medidas de política
penitenciaria, procediera a una revisión del Plan de Amortización y
Creación de Nuevos Centros y del vigente modelo de centros-tipo a fin de
establecer un mapa de infraestructuras penitenciarias que se adecuara a
las previsiones del nuevo Código Penal y a las demandas inherentes al
marco de legalidad surgido del imperativo establecido en el artículo 25.2
de la Constitución y en la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Por otra parte, el Parlamento de la Comunidad Autónoma, las Cortes de
Aragón, en seis resoluciones (de fechas 13 de febrero de 1992, 9 de
diciembre de 1993, 6 de octubre y 1 de diciembre de 1994, 10 de noviembre
de 1995 y 6 de febrero de 1997), ha tomado posición en contra de la
instalación de la macrocárcel. También otras instituciones se han
manifestado en este sentido: el Justicia de Aragón dictó una resolución
negativa el 8 de febrero de 1992, el Consejo de Gobierno de la Diputación
General de Aragón tomó acuerdo de rechazo el 17 de agosto de 1996 y los
candidatos de Izquierda Unida, Partido Aragonés y Partido Popular a las
últimas elecciones, firmaron conjuntamente un acuerdo en contra de su
apertura el 8 de febrero de 1996.
Además los Ayuntamientos de Zaragoza y Huesca han asumido el compromiso
de resolver para sus presos --entendiendo que son ciudadanos que
necesitan atención--, con la cesión de terrenos, el problema de las
instalaciones. Por tanto, las alternativas están en la construcción de
centros penitenciarios en las ciudades de Huesca y Zaragoza, sin
problemas de concordancia con la legalidad vigente, para lo que los
respectivos Ayuntamientos, como ya se ha señalado, han ofrecido los
terrenos.
Por último, la construcción de este centro penitenciario en Zuera, ha
adolecido de numerosos problemas legales, que llevaron al Tribunal
Supremo, en Sentencia de 7 de mayo de 1996, ha estimar parcialmente el
recurso contencioso-administrativo presentado por la Coordinadora Local
de Zuera, declarando no conforme a derecho el Acuerdo del Consejo de
Ministros que declaraba de urgencia la ocupación de los bienes y terrenos
afectados para ejecución del Centro penitenciario.
Proposición no de ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en la
comprometida revisión del Plan de Amortización y Creación de Nuevos
Centros y del vigente modelo de centros-tipo a fin de establecer un nuevo
mapa de infraestructuras penitenciarias, y en colaboración con la
Comunidad Autónoma de Aragón y los Ayuntamientos afectados: 1. Proceda a
revisar las previsiones del citado plan acerca de la apertura del centro
penitenciario de Zuera, en el área territorial de Huesca y Zaragoza,
sustituyendo la finalidad prevista para las construcciones existentes,
por otras de uso no penitenciario.
2. Inicie, en el plazo de tres meses, los estudios previos necesarios
para la implantación de dos nuevos centros, uno en Huesca y otro en
Zaragoza, en sustitución de los actuales que, por su antigüedad, se han
quedado anticuados y prácticamente en el centro de las dos capitales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 1997.--Pablo
Castellano Cardalliaguet, Diputado del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.--Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.
161/000655
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre modificación del Código Penal para aumentar
las penas a los pederastas y sancionar la posesión y difusión de
pornografía infantil.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Pilar Rahola i Martínez, Diputada por Barcelona, integrada en el Grupo
Mixto (PI), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para su debate en la Comisión, en relación a la necesidad de cambiar
el Código Penal aumentando las penas a los pederastas y sancionando la
posesión y difusión de pornografía infantil.
Exposición de Motivos En el XIII Congreso Mundial se sexología que se
celebro en Valencia el pasado mes de junio se dieron a conocer los
escalofriantes datos de una encuesta realizada en España a 2.000
personas: el 23% de las niñas y el 15% de los niños menores de 17 años
sufre algún tipo de abuso sexual. El 70% de las víctimas sufre secuelas
a corto plazo.
Cada vez son más y más alarmantes las informaciones que aparecen a la luz
pública acerca de tramas de prostitución infantil y pornografía infantil,
como cada vez son más complejas las redes de distribución y venta de este
tipo de material pornográfico que atenta contra la ética, la dignidad y
los derechos fundamentales del menor.
La prostitución infantil es un mercado floreciente no tan sólo en países
empobrecidos si no en toda la geografía Europea.
Hace tan sólo unos días teníamos conocimiento por los medios de
comunicación de la aberrante conducta de unos padres que alquilaban a su
hijo de diez años a un pederasta a cambio de 30.000 pesetas los fines de
semana. Otros menores estuvieron a punto de formar parte de tan
envilecido comercio.
Es por todo ello y con el objetivo de reconocer y respetar los derechos
de los menores que se hace necesario e imprescindible legislar explícita
y claramente en dicho sentido.
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Establecer aquellas Disposiciones que agilicen las gestiones ante el
organismo competente para una revisión del Código Penal, en la que se
aumenten las penas para los pederastas y que se penalice la posesión y
difusión de pornografía infantil.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 1997.--Pilar Rahola
i Martínez, Diputada por Barcelona.--Francisco Rodríguez Sánchez,
Portavoz del Grupo Mixto.
Comisión de Defensa
161/000643
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre protección del espacio conocido por el nombre
de Punta de Seixo Branco en la costa de Dexo en el Ayuntamiento de
Oleiros (La Coruña).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión.
Exposición de Motivos
La Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la
Fauna Silvestre, recientemente actualizada para adaptarla a las
competencias de las Comunidades Autónomas, defiende abiertamente que
«asegurar una digna calidad de vida para todos los ciudadanos obliga a
admitir que la política de conservación de la naturaleza es uno de los
grandes cometidos públicos de nuestra época». En la misma línea está la
Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales
y de la Fauna y Flora Silvestres y la Ley 1/1995 de Protección Ambiental
de Galicia.
Toda esta legislación tiene como principios inspiradores la preservación
de la variedad, la singularidad y la belleza de los ecosistemas naturales
y del paisaje, dejando claro que no se puede pretender conservar las
especies si no protegemos sus hábitats.
El Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) conserva algunos espacios naturales
de indudable interés, pese a ser un área geográfica densamente poblada,
y de la vitalidad y crecimiento poblacional actual. Todavía hoy podemos
observar paisajes costeros de gran naturalidad, como la costa de Dexo. El
Informe de INECO: A Costa de Dexo. Informe Naturalístico, 1997 confirma
la importancia de este tramo de costa como espacio natural y pone en
evidencia valores insospechados para aquellos que son ajenos
al ámbito naturalístico. Esta costa alberga especies endémicas tanto de
animales como de plantas, además de dar cobijo a las principales colonias
de aves marinas de las llamadas rías centrales (A Coruña, Ares-Betanzos
y Ferrol).
La Comunidad de aves de este espacio natural la constituyen 82 especies,
de las que 57 son nidificantes. Tampoco es pequeña su importancia para
otros grupos de animales vertebrados (16 especies de mamíferos seguras y
11 probables). Además hay que añadir 8 especies de reptiles y 8 de
anfibios.
En conjunto la variedad de vegetales presentes es muy considerable, pero
destaca particularmente la existencia de seis endemismos botánicos,
algunos de ellos en peligro de extinción. Asimismo destaca la importancia
de hábitats naturales presentes. Es, también, un ejemplo representativo
de una de las formaciones geológicas más características de Galicia,
constituyendo un aula privilegiada para el estudio de los materiales, los
procesos y la historia geológica del País. Desde el punto de vista
paisajístico, es un tramo de costa de gran belleza e interés, abierto a
dos rías, la de A Coruña y la de Ares, con una perspectiva visual muy
amplia, con grandes espacios abiertos y espectaculares acantilados.
Adicionalmente, existen elementos y rastros de ocupación humana que a los
naturales unen valores etnográficos e histórico-artísticos (castros,
papel histórico crucial en el sistema defensivo de la bahía de A
Coruña-Punta de Seixo Branco).
Las Normas de Planeamiento de la Xunta y las municipales consideran este
tramo litoral como costa protegida, con la catalogación de espacio
natural. Todos los Partidos Políticos con representación municipal abogan
por alguna forma de protección para este tramo de la costa del municipio,
existiendo propuestas al efecto, que necesitan la colaboración del
Ministerio de Defensa por existir Bienes Desafectados Militarmente.
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno-Ministerio de Defensa a:
1. Garantizar la conservación de los valores naturales, y favorecer el
uso racional, del espacio desafectado conocido por el nombre de Punta de
Seixo Branco en la costa de Dexo (Ayuntamiento de Oleiros, A Coruña).
2. Impulsar y colaborar con las propuestas institucionales --del
Ayuntamiento y/o de la Xunta de Galicia--, destinadas a declarar espacio
natural protegido, la costa de Dexo, de la que forma parte la Punta de
Seixo Branco, propiedad desafectada por el Ministerio de Defensa.
3. Llegar preferentemente a acuerdos con el Ayuntamiento de Oleiros, a
través de la actuación legal que se considere más adecuada --Convenio,
reversión,...--, para que el espacio Punta de Seixo Branco, propiedad
desafectada por Defensa, pueda ser contemplado en el conjunto de la costa
de Dexo, dentro de los planes municipales de promoción ambiental,
turística y socioeconómica, propios de un espacio natural protegido.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 1997.--Francisco
Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto (BNG).
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000640
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre mantenimiento en el astillero público
Astilleros de Santander, S. A. (ASTANDER), de la actividad de
transformación de buques.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de Motivos
En la reunión del Consejo de Ministros de Industria de la UE celebrada en
Luxemburgo el pasado 24 de abril se aprobó una propuesta de ayuda a
determinados astilleros en Alemania, España y Grecia con una serie de
condiciones.
Una de estas condiciones, a la que accedió el Gobierno de España, es que
el astillero de ASTANDER no lleve
a cabo transformaciones de buques mientras siga siendo propiedad pública.
Esta decisión, aceptada por España, supone la ruptura por parte del
Gobierno del PP del Plan Estratégico y de Competitividad (PEC) firmado
por los Sindicatos y el Gobierno Socialista en octubre de 1995, y en el
que se establecía que las actividades a desarrollar por ASTANDER serían
las transformaciones y reparaciones de buques.
Igualmente, esta decisión, supone el incumplimiento del convenio
colectivo, firmado recientemente entre el Gobierno del señor Aznar y los
Sindicatos, y que se basa en el cumplimiento del PEC.
Esta posición del Gobierno de la Nación condena a ASTANDER a que su
actividad se limite a la reparación de buques, lo que provocaría la
inviabilidad de la factoría cántabra, y la abocaría a su cierre o, en
todo caso, a una privatización que convertiría al astillero cántabro en
un taller de reparaciones con una plantilla no superior a los cien
trabajadores, y a la desaparición de la industria auxiliar instalada en
la zona de la bahía de Santander.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Industria a que, en
el marco del Plan Estratégico de Competitividad del Sector Naval de 1995
y dentro del acuerdo con los Sindicatos, se mantenga, en el astillero
público ASTANDER, la actividad de transformación de buques.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 1997.--Jaime Blanco
García, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús Caldera
Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000642
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre cumplimiento del Convenio para el desarrollo
de la electrificación rural de Galicia.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión.
Exposición de Motivos
La conocida especialización de Galicia en la producción de energía
eléctrica ha ido acompañada de una no menos persistente exportación de un
porcentaje importante de la energía generada.
Esta singular posición energética, consolidada con las nuevas
posibilidades derivadas del aprovechamiento de los recursos eólicos y las
instalaciones de cogeneración, no ha supuesto ninguna ventaja comparativa
para la localización industrial y no ha inducido beneficios claros en la
estructura económica gallega.
Esta especialización productiva ha convivido con una notable deficiencia
estructural en el suministro de energía eléctrica a los propios
habitantes de Galicia. Lugares y aldeas que comparten vecindad con las
centrales termoeléctricas o hidroeléctricas han padecido directamente la
paradoja de sufrir los costes inherentes a ese tipo de instalaciones
industriales sin conocer las teóricas ventajas asociadas a una
distribución eléctrica de parámetros de calidad normalizados.
A partir de 1991, se puso en funcionamiento el llamado Plan MEGA con el
proclamado fin de corregir la referida deficiencia en el suministro
eléctrico a los hogares y a las explotaciones productivas. El Plan fijaba
unas necesidades de inversión de 67.000 millones de pesetas del año 1990
y establecía fórmulas de financiación conjunta entre la Xunta de Galicia,
el Ministerio de Industria y Energía y las empresas eléctricas
distribuidoras.
El 10 de abril de 1996, don Manuel Fraga y don Juan Manuel Eguiagaray
firmaron en Santiago de Compostela el «Convenio para el desarrollo de la
electrificación rural de Galicia entre el Ministerio de Industria y
Energía y la Xunta de Galicia». En este convenio, el Ministerio de
Industria se comprometía a remunerar con 18.000 millones de pesetas las
obras de electrificación correspondientes al Plan MEGA durante los años
1996, 1997 y 1998.
El grado de cumplimiento del mencionado Convenio por parte del Ministerio
de Industria se revela claramente insatisfactorio hasta la fecha. Así, en
1996 no se destinó cantidad alguna a este fin, y en 1997 sólo se
comprometieron 3.500 millones de pesetas.
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento íntegro al «Convenio
para el desarrollo de la electrificación rural de Galicia» suscrito entre
el Ministerio de Industria y Energía y la Xunta de Galicia el 10 de abril
de 1996, en lo que se refiere tanto a la cantidad (18.000 millones) como
al plazo temporal previsto (1998).
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 1997.--Guillerme
Vázquez Vázquez, Diputado por Pontevedra (BNG).--Francisco Rodríguez
Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000644
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre inclusión de la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles (RENFE) en la categoría de «cliente cualificado» a efectos del
consumo eléctrico.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Industria y Energía.
El nuevo Protocolo Eléctrico establecía la paulatina liberalización del
sector eléctrico, en el sentido de que grandes empresas o consumidores
podrían comprar su electricidad a cualquier productor.
La definición de esa gran empresa o consumidor venía diseñada antes a una
tarifa específica y próximamente por la calificación de consumidor
cualificado.
Un gran consumidor, la RENFE no ha podido beneficiarse de estas tarifas
incomprensiblemente, a pesar de que es un gran consumidor, actúa en el
transporte colectivo y es la empresa de un modo de transporte menos
contaminante. Además, nuestro país, se ha comprometido a reducir las
emisiones de CO2.
Esto nos obliga, a estudiar y revisar el marco tarifario o las
definiciones de consumidor cualificado que, cumpliendo otras normas de la
competencia y no discriminación, puedan hacer factible la inclusión de la
RENFE en estas categorías. Además, favorecería a la reducción de
subvenciones cruzadas, porque si se facilita la cuenta de resultados a
las compañías eléctricas por medio de ese Protocolo, bueno sería el
aprovechamiento de ese mismo protocolo en la parte de reducción, aún
parcial de determinados costes a determinados usuarios.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a definir la categoría de
«cliente cualificado» de tal forma que, sin perjuicio de las normas de
competencia y no discriminación, la empresa RENFE por su consumo sea
incluida.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1997.--Mariano
Santiso del Valle, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000646
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley de reconversión de la industria militar para fines
civiles.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Energía y
Turismo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley de reconversión
de la industria militar para fines civiles, para su debate en la Comisión
de Industria, Energía y Turismo.
En la actualidad los planteamientos existentes respecto de la industria
militar son contrapuestos. Existe el discurso tradicional integrado en la
defensa nacional, que la considera un elemento estratégico ante posibles
amenazas exteriores. Por lo tanto, sería necesaria su existencia, y su
grado de diversidad y de suministro sería total. Sería la plena vigencia
de la autarquía. Una lectura actualizada de este discurso estaría en que
el grado de suministro se abriera a los proveedores «aliados», admitiendo
que una especialización productiva sería menos costosa e incluso
rentable. Así, unos producirían aviones y otros fragatas, etc.
Este discurso, en todo caso, necesita la legitimación de la existencia de
un «Enemigo». La ideología es la que procura la creación de ese enemigo.
Por otro lado, la industria militar es un reflejo de la capacidad
tecnológica y la base económica-presupuestaria sobre la que se asienta.
En el caso español, sin obviar completamente alguno de los nichos
productivos que posea, la realidad industrial militar parecería que se
acerca más a una industria madura, con escasa tecnología punta, y con una
gran capacidad ociosa.
Ante ello, los diferentes Gobiernos prudentemente no se han creado
«enemigos» para fortalecer una industria militar, pero tampoco han
rebatido el «diktak» que sus «aliados» han dispuesto día a día. Han
importado armas tecnológicamente más avanzadas y han querido amortiguar
la caída de compras interiores, dadas las limitaciones tecnológicas de la
industria nacional, por medio de la venta a cualesquiera regímenes
políticamente correctos, de su muestrario armamentísticos, incluso
abusando para ello de los Fondos de Ayuda al Desarrollo. Con los datos
que poseemos, el Ministerio de Defensa para este año 1997 todavía dedica
para el mantenimiento y compra de armamento, la impresionante cantidad de
131.574 millones de pesetas.
Pero todo tiene un límite. Porque si socialmente vía presupuestos del
Estado se limita la capacidad de compra armamentística, se prohíbe la
fabricación de minas y por fin se hace transparente el comercio de armas
que no cabe duda supondrá un corsé a unas ventas indiscriminadas, se está
determinando la situación real de nuestra industria militar:
sobrecapacidad, regulaciones de empleo y jubilaciones anticipadas,
déficit empresariales e incluso quiebra de no estar el Estado como
garante de esas empresas. Es decir, no habríamos sacado partido de los
dividendos de la paz.
La propuesta alternativa a esta situación ya está descubierta... Y poco
desarrollada. Reconversión de la industria militar, a civil. Algo se
hizo, pero se acabo el impulso político y falta la presión social. Así,
se hizo un pacto con los sindicatos para fabricar las paletas de los
generadores eólicos en Toledo y se está diversificando algo, haciendo,
por ejemplo, determinados elementos precisos para cogeneración
industrial. Pero la situación es manifiestamente mejorable. Hay demandas
insatisfechas y recursos industriales, tecnológicos y humanos ociosos.
Por ejemplo, la cogeneración en hospitales públicos es un terreno todavía
lleno de potencialidades y ventajas: Mejoraría el rendimiento térmico,
con una menor contaminación global y una menor factura a pagar por los
contribuyentes.
El campo de aplicación tecnológica a las minusvalías físicas o
sensoriales está sin desarrollar. Los instrumentos técnicos que alivien
la situación de esas personas son muchas veces importados, en otros casos
tienen características individuales que impiden un tratamiento en serie
y en casi todos los casos hay, lógicamente, una cobertura potencial de la
seguridad social no realizable porque no existen los utensilios precisos.
Los detectores de minas, las cocinas solares, y todas aquellas
aplicaciones industriales de bajo consumo energético adecuadas a las
necesidades de colectivos de zonas subdesarrolladas, etc. deberían ser
otro campo de demanda de esas industrias militares reconvertidas a cubrir
necesidades civiles.
Todo menos la inacción, el envejecimiento, y la pérdida de la posibilidad
de mejorar el presente y el futuro de las personas. Deberían las CCAA que
tienen centros fabriles en su territorio, el Estado, los sindicatos y los
trabajadores, pero sobre todo los ciudadanos exigir una transformación de
esas instalaciones para la producción de bienes civiles. Si hay que
achatarrar partes de una producción ya obsoleta, no deberíamos tener
pena, lo relevante sería establecer nuevas líneas de producción más
útiles económica y socialmente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.º Que antes de finales de este año, realice y presente ante esta Cámara
un plan de reconversión y reindustrialización de la industria militar
española con el objetivo de ampliar su capacidad de producción civil.
Para ello se diversificarán sus líneas de producción y se mantendrían los
puestos de trabajo.
Este plan servirá tanto a las empresas públicas y privadas, y deberá
realizarse con la colaboración de las partes afectadas, propietarios,
sindicatos, asociaciones de solidaridad, ecologistas, discapacitados, y
otros colectivos, y la participación de los Gobiernos de las Comunidades
Autónomas que tengan centros fabriles en su territorio.
2.º Adoptar las medidas necesarias para que las líneas de producción
civil prioritarias que garanticen el mantenimiento y estabilidad en el
empleo sean, entre otras, las energías renovables y el ahorro energético,
las paliativas o correctoras de minusvalías y productos adecuados a las
necesidades de zonas menos desarrolladas y propias del desarrollo
sostenible.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 1997.--Mariano
Santiso del Valle, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000656
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a política del Gobierno en relación con la
Empresa Nacional de Electricidad, S. A. (ENDESA).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa a política del Gobierno en
relación con ENDESA, para su debate en Comisión.
Exposición de Motivos
A finales del mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó la venta del
35% del capital de ENDESA. Esta privatización de la empresa pública se
llevará a cabo en el mes de octubre a través de una Oferta Pública de
Venta de Acciones. Inicialmente se pondrá a la venta un 25% y el segundo
tramo del 10% a principios de 1998. En la OPV destinada al mercado
internacional (32,5%), hay cuatro tramos, uno para USA, otro para el
Reino Unido, otro para Asia y el último para el resto del mundo.
Con esta operación, el Estado ingresaría un billón de pesetas, por lo que
constituye la mayor operación de venta de acciones de una empresa
pública. De esta forma, el Estado pasaría de controlar el 66,8% del
capital de ENDESA a quedar sólo con el 31%. Esta política entra dentro de
la estrategia de privatización de empresas públicas rentables para
favorecer la reestructuración del gran capital financiero-industrial a
escala internacional, y al mismo tiempo cumplir los criterios de
Maastricht de una manera fraudulenta, así como de hacer desaparecer el
papel del Estado como potencial planificador de la economía al privarlo
de toda capacidad de actuación precisamente en sectores estratégicos,
como las telecomunicaciones y la energía.
El Grupo ENDESA constituye el mayor grupo eléctrico en el Estado español,
nada menos que con una cuota de producción del 47,3% del total.
Sus beneficios fueron constantes año tras año; en 1995, 149.853 millones
de beneficio neto; en 1996, 165.088 millones. La privatización convertirá
en núcleos duros de la empresa a dos o tres bancos españoles y a dos o
tres grupos de capital financiero-industrial con sede en USA, Inglaterra
y Alemania.
Este coloso energético se levantó especialmente a partir de 1972 cuando
ENDESA --creada en 1944 y con pequeñas centrales térmicas en León-- se
fusionó con Hidrogalicia y adquirió las minas a cielo abierto de As
Pontes (A Coruña), construyendo y poniendo en marcha la central térmica
de 1.400 MW en esta villa gallega. A partir de entonces se pusieron en
marcha más centrales y se agrandaron otras, se participó activamente en
la energía nuclear y en la eólica. En 1988, previa disminución de la
participación del INI al 75% de las acciones, los títulos comienzan a
cotizar en la bolsa de Nueva York. Se inicia el proceso que llevará al
control de Eléctrica de Viesgo, FECSA, Sevillana, Saltos del Nansa, y la
transnacionalización en Argentina, Alemania, Portugal, con la
contribución de International ENDESA B.V. No existe ningún grupo
industrial en el Estado español que se haya construido de manera tan
fulgurante y sólida, y siempre a través de una gestión pública, por más
que no fuese atenta a una incardinación social y económica, especialmente
en las comarcas en las que expolia sus recursos y gracias a las que se
construyó el poder del actual grupo, como As Pontes (Galicia).
El actual proceso de privatización presenta graves peligros desde el
punto de vista económico, social y político:
a) Priva al Estado de presencia determinante en el sector industrial
estratégico, la producción de energía eléctrica, que, además, genera
cuantiosos beneficios. Por lo tanto, menos dinero para las arcas del
Estado y menos capacidad de incidir en la economía con fines sociales,
laborales y de promoción de tejido productivo. Curiosamente, la actual
ENDESA se dirige a la participación en el mundo de las telecomunicaciones
y el control de la información.
b) Consolida la negativa a que una parte de las sustanciosas
ganancias del Grupo ENDESA compense a las zonas que padecieron su
expoliación salvaje --las minas de lignito a cielo abierto,
especialmente--, sin los debidos cuidados medioambientales, y con las
consecuencias contaminantes derivadas de centrales térmicas de gran
potencia, como las de Andorra y As Pontes.
c) Incide en una mayor debilidad, falta de autonomía y capacidad de
incidencia del Gobierno del Estado frente a los grandes grupos
industriales y financieros transnacionalizados, a los que prácticamente
queda atado de pies y manos, como mero regulador, al dictado de sus
caprichos e intereses.
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener en manos del estado, por lo menos, el 31% de las acciones del
Grupo ENDESA que, hasta ahora, no fueron objeto de una oferta pública de
venta, por tratarse de una empresa de gran importancia estratégica y
capaz de generar beneficios vitales para el erario público, y por lo
tanto para el conjunto de la sociedad.
2. Informar detalladamente a la Cámara del resultado de la Oferta Pública
de Venta de Acciones por un total del 25% del capital del grupo
eléctrico, especialmente en lo referido a:
a) Reparto accionarial resultante de la oferta pública de venta
destinada al mercado español.
b) Reparto accionarial resultante de la oferta pública de venta
destinada al mercado internacional.
c) Valoración de la posible consolidación de núcleos duros en el
accionariado y de los efectos de trasnacionalización.
d) Planes y objetivos del Gobierno, a defender a través de los
representantes del Estado en el grupo, en cuanto al papel de ENDESA
dentro de la economía española, con especial valoración de su
participación en el sector de las telecomunicaciones.
e) Ingresos del Estado por la privatización de esta parte tan
importante de sus acciones en ENDESA y destino de los mismos.
3. Comprometerse a invertir una parte significativa de los ingresos
derivados de esta privatización en infraestructuras y tejido productivo
en los territorios de los que ENDESA sacó importantes dividendos a partir
de la explotación de sus materias primas y de la instalación de centrales
térmicas, con la consiguiente contaminación y deterioro medioambiental,
sin las compensaciones que serían de justicia.
4. Elaborar, conjuntamente con las Comunidades Autónomas en las que están
ubicados los antedichos territorios, afectados por actuaciones de ENDESA,
un plan de infraestructuras y de desenvolvimiento económico financiado
con una parte significativa de los ingresos derivados de esta
privatización de capital del Estado en el grupo eléctrico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 1997.--Francisco
Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Mixto (BNG).
161/000659
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre medidas para erradicar la energía nuclear.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Industria, Energía y Turismo.
El actual modelo energético del Estado Español, basado en gran parte en
la energía nuclear, en el crecimiento ilimitado del consumo, y en el
derroche de energía, provoca problemas medioambientales. La energía
nuclear (en clara recesión en todo el mundo) ha demostrado no ser
rentable económicamente, ha provocado diversos accidentes como la
catástrofe de Chernóbil, estuvo a punto de provocar una grave catástrofe
en Vandellós, y ha generado millones de toneladas de residuos
radiactivos, algunos de ellos con una vida de hasta 10.000 años --un
período de tiempo equivalente al que ha transcurrido desde el Neolítico
hasta nuestros días-- provocando con su acumulación lo que puede ser la
agresión medioambiental más grave que haya sufrido nunca el planeta
tierra
El impacto negativo que el actual enfoque provoca en el medio ambiente
tiene que ser el principal estímulo para cambiar nuestro modelo
energético, enfocándolo hacia la diversificación de las fuentes de
energía, un consumo más responsable y eficiente de nuestros recursos, una
planificación energética basada en la gestión de la demanda, un impulso
decidido de las energías limpias y renovables, en línea con la última
propuesta de la comisión europea de producir en el año 2010 un 12% de
energía
procedente de fuentes renovables, y la erradicación decidida de la
energía nuclear.
Podemos pararnos a revisar algunos datos sobre el impacto de la energía
nuclear como un ejemplo de lo que puede devenir la factura de Chernóbil.
Oficialmente se reconocen 131.000 km2 gravemente contaminados en
Bielorrusia, Ucrania y Rusia, una superficie equivalente a tres veces
Bélgica. Más de cinco millones de personas viven en estas áreas con
niveles de radiactividad totalmente inaceptables. La contaminación por
cesio de los alimentos es diez veces superior a la normal. Los cánceres
de tiroides en la población de Bielorrusia se han multiplicado por 24. Un
estudio reciente de la Sociedad Nuclear Española calcula que se
producirán 20.000 casos de cánceres añadidos dentro de la Unión Europea
a causa de la contaminación producida por Chernóbil. Cerca de 125.000
personas han muerto a causa del accidente según el Ministerio de Salud de
Ucrania. Las estimaciones oficiales del número de muertos que se
producirán como consecuencia del accidente de Chernóbil en todo el mundo
en los próximos 70 años se valoran en 500.000 personas. La estimación del
coste económico que comportara el accidente hasta el año 2000 es entre
39,6 y 50,1 billones de pesetas. Este y muchos otros argumentos de peso
se podrían alegar para reclamar el abandono progresivo y urgente del uso
de la energía nuclear en el Estado español.
La alternativa al actual modelo energético es una planificación basada en
la demanda. Este principio se basa en la Planificación Integrada de
Recursos (PIR) que busca encontrar un equilibrio entre las alternativas
de la oferta y las que consisten en acciones de gestión de la demanda
(reducción y mejora de la eficiencia en el consumo y en general
modificaciones beneficiosas de la curva de carga) con un coste mínimo
para la sociedad.
La gestión de la demanda (GdD) se puede definir genéricamente como el
conjunto de actividades de las empresas energéticas el objetivo de las
cuales es influir en el uso que los usuarios hacen de la energía, con el
fin de optimizar el consumo, reduciéndolo de una forma significativa. Por
tanto se trata de dar mejores o iguales servicios consumiendo menos
energías. Se trata de cambiar el concepto de empresa distribuidora de
energía por el de empresa que ofrece servicios energéticos integrales a
sus clientes. El nivel de implantación de la GdD varía según los países.
En los Estados Unidos se realizan programas de GdD en más de 300 empresas
admitiendo los agentes reguladores la inclusión de los costes relativos
de estos programas, y compensando las posibles pérdidas resultantes de la
posible reducción de ingresos por venta de electricidad.
Según el Plan Energético Nacional (PEN 91) la demanda de energía primaria
en España el año 1990 fue de 89.701 Ktep de los que más de la mitad, el
52,59% tenían su origen en el petróleo, el 20,92% en el carbón y el
15,76% en la energía nuclear. Sólo el 5,2% de las necesidades energéticas
españolas se cubrieron con energías renovables, incluyendo la gran
hidráulica. Para el año 2000 se prevé que el consumo aumente un 24%. ¿Es
necesario consumir tanta energía? Un informe de Greenpeace, Ahorro y
eficiencia energética, el enfoque de la demanda en la planificación
eléctrica para España, demuestra y concluye que es posible ahorrar
electricidad utilizando mejor la tecnología, concretando que este ahorro
podría ser del 30% y llegar incluso al 50% con tecnología considerada
avanzada en el momento del estudio. Otro trabajo, energía 2000 de ADENAT
(Asociación para la Defensa de la Naturaleza) e Izquierda Unida,
demuestra como se puede hacer una planificación energética erradicando
progresivamente la energía nuclear.
Recibimos cantidades de energía proveniente del sol en forma de radiación
difusa. Tanta energía recibimos que el gasto energético del conjunto de
la humanidad representa solamente el 0,006% de la radiación solar que el
planeta recibe. Las posibilidades, por tanto de explotar la energía
solar, en todas sus vertientes, son infinitas.
Tenemos pues alternativas al uso de la energía nuclear. Considerando el
peligro de este tipo de energía, considerando que la explotación de las
Centrales Nucleares comportan la generación de unos residuos radiactivos
de muy larga vida, gestionados actualmente por la empresa nacional de
Residuos (ENRESA) con la aportación de un 1,3% del total de la factura de
la luz por parte del usuario para financiar un plan basado en el
soterramiento de estos residuos, y teniendo en cuenta que el almacenaje
de los residuos radiactivos de alta actividad en superficie es una
alternativa mejor.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. El cierre progresivo de todas las Centrales Nucleares del Estado en un
tiempo a determinar, pero no superior a los diez años, de acuerdo con
todos los sectores sociales, partidos políticos y organizaciones
ecologistas.
2. Una vez este cierre sea acordado, proceder a la relación de un nuevo
Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, de acuerdo con todos los
sectores antes mencionados, que contemple un emplazamiento consensuado
para los mismos y en superficie.
Mientras no se ponga en funcionamiento lo establecido en los puntos
anteriores, el Gobierno regulará la posibilidad de que los consumidores
del servicio eléctrico que lo deseen puedan destinar el 1,3% del recibo
de la luz, que en la actualidad sirve para financiar los planes de
ENRESA, a la promoción de las energías limpias.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 1997.--Joan Saura
Laporta, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
Comisión de Política Social y Empleo
161/000657
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley en relación con la situación de la población en el
mundo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política
Social y Empleo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate
en la Comisión de Política Social y Empleo.
En el mes de noviembre del año 1996 se celebraron las Jornadas
Internacionales para la Erradicación de la Pobreza organizadas por la
Asociación de Amigos de la UNESCO del Prat, la Federación Catalana de
Asociaciones y Clubes UNESCO y el Centro UNESCO de Catalunya. Fruto de
las mismas fue la aprobación de la Declaración de Sant Cosme del Prat de
Llobregat sobre erradicación de la pobreza que recoge la profunda
preocupación por el estado actual del mundo, donde la pobreza ha
aumentado en vez de disminuir durante las últimas décadas y donde las
diferencias entre ricos y pobres continúan aumentando.
Dicha declaración expresa las preocupaciones y las posibles soluciones
que afectan de manera creciente a todas las sociedades del mundo, tanto
en el Norte como en el Sur, en Oriente o en Occidente:
El proceso creciente de la pobreza contemporánea es el resultado de la
lógica de un sistema global que genera simultáneamente una riqueza
inmensa e insuficiencias profundas. No se trata sólo de insuficiencias
monetarias, ni de la creciente desigualdad en la distribución de las
riquezas y de las rentas, sino también la negación de la atención a las
necesidades humanas básicas que ha generado situaciones de marginación y
exclusión social, de pérdida de identidad, de aislamiento y
discriminación, que agreden la dignidad humana. Son especialmente
víctimas de este fenómeno las mujeres, los niños, los inmigrantes, los
refugiados, los pueblos indígenas, los pueblos oprimidos, las minorías,
los viejos y los enfermos.
A pesar de que la globalización tiende a una integración del mundo cada
vez mayor, en realidad, la diversidad y la jerarquización de las diversas
sociedades en los diferentes Estados, en todos los continentes provocan
un panorama heterogéneo de formas y situaciones de pobreza:
-- en las economías industrializadas encontramos paro y también exclusión
de grupos minoritarios importantes en conexión con la discriminación y la
xenofobia,
-- en los países en vías de industrialización se constata la
sobreexplotación del trabajo con salarios bajos y falta de cobertura
social, que afectan especialmente a las mujeres y a los niños,
-- en países que tienen una economía basada en la agricultura encontramos
la degradación de las condiciones de subsistencia de los agricultores, de
emigración creciente de poblaciones que van a los suburbios urbanos, y de
privación de los derechos mínimos de los pueblos indígenas, comunidades
tribales y minorías étnicas.
Causas reales de esta situación son, entre otras, los principios que
promueve actualmente la Organización Mundial del Comercio (OMC) que
protegen la concentración oligopólica de la producción.
La actual organización del mercado mundial de capitales está orientada a
beneficiar exclusivamente el capital financiero internacional en
detrimento de las inversiones productivas a nivel local. La gestión a
largo plazo de los recursos necesarios para resolver las necesidades
fundamentales de los pueblos, incluidas las necesidades de las
generaciones futuras, exige cálculos sociales y económicos diferentes de
los del beneficio monetario inmediato que es el que actualmente
prevalece. Esto significa poner totalmente en cuestión las políticas del
Banco Mundial que están en clara contradicción con los objetivos del
desarrollo sostenible.
Las estrategias efectivas para erradicar la pobreza ponen radicalmente en
crisis las formas y visiones existentes del poder político, económico y
social a todos los niveles, desde la comunidad local hasta las
instituciones multilaterales del sistema mundial.
En el ámbito local, los pueblos reivindican la autogestión, el acceso a
los mecanismos de decisión y poder, el control de sus propios recursos y
la libertad para decidir su destino y el ejercicio del derecho humano
fundamental a la autodeterminación.
En el ámbito estatal, estas estrategias conducen necesariamente a la
revitalización del papel del Estado como promotor del desarrollo
equitativo y del bienestar de sus poblaciones.
Los procesos de reorganización del poder político, económico y social
tendrán que incluir también las estructuras supranacionales, promoviendo
la integración económica y política regional y reestructurando las
organizaciones multilaterales para hacerlas más adecuadas a las
aspiraciones y necesidades de los pueblos.
Por todo lo cual, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
1.º El Congreso de los Diputados expresa, en consonancia con la
Declaración de Sant Cosme del Prat de
Llobregat fruto de las Jornadas Internacionales para la Erradicación de
la Pobreza, la profunda preocupación por el estado actual del mundo,
donde la pobreza ha aumentado en vez de disminuir durante las últimas
décadas.
2.º El Congreso de los Diputados es consciente de que la erradicación de
la pobreza sólo puede conseguirse mediante transformaciones de las
grandes estructuras económicas y de las grandes decisiones políticas. La
actual globalización debe, por lo tanto, ser respetuosa hacia las
diversas actuaciones, necesidades y capacidades de los pueblos para dar
respuesta a los desafíos que lleva implícitos y ha de inscribirse en la
perspectiva de la construcción de un mundo policéntrico que permita a las
regiones y países negociar libremente su integración en el sistema
mundial.
3.º El Congreso de los Diputados es consciente de la necesidad de
establecer el marco adecuado en el ámbito europeo e internacional para
que se tenga en cuenta especialmente los derechos de los pueblos, se
proceda a la regeneración de la distribución de las actividades
productivas en el mercado mundial a favor de las poblaciones trabajadoras
y a que se establezcan políticas sociales y económicas para establecer la
gestión a largo plazo para llegar al efectivo cumplimiento de los
objetivos del desarrollo sostenible.
4.º El Congreso de los Diputados acuerda acogerse al contenido de dicha
Declaración y a trasladar al Gobierno el contenido de dicha proposición
para que adopte las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias
y traslade al seno de la Unión Europea y de Naciones Unidas la
preocupación por la situación actual de pobreza en el ámbito europeo e
internacional.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 1997.--Joan Saura
Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
Comisión de Infraestructuras
161/000645
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre modificación del funcionamiento del sistema
de peaje en la autopista A-7, en dirección a la carretera N-II, en el
término de Martorell.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate
en la Comisión de Infraestructuras.
En el acceso a la autopista A-7 desde la carretera Nacional-II, en el
término municipal de Martorell (Barcelona), se producen retenciones
importantes, prácticamente todos los domingos en las operaciones regreso,
a causa, sobre todo, del punto de cobro de peaje que existe en el tronco
de acceso a dicha autopista.
Las causas de la retención no se explican por una insuficiencia en los
puntos de cobro de peaje, sino que se deben a que los catorce puntos de
cobro no se distribuyen conforme a las intensidades de tráfico en uno y
otro sentido. Cuatro de estos catorce puntos de cobro son reversibles,
permitiendo el cobro en ambos sentidos de la marcha. En las operaciones
retorno del domingo la disposición de estos puntos no es la que facilita
el paso fluido de tráfico en el sentido de más intensidad, es decir, una
configuración de 9 puntos de cobro hacia la autopista A-7 y 5 puntos para
el tráfico de salida de esta autopista, sino que continúa siendo
simétrica, 7 puntos de cobro por sentido, como si los gestores del peaje
no se diesen por aludidos de que el tráfico no es simétrico. Estas
retenciones pueden alcanzar valores altos, entre diez y veinticinco
minutos, y son atribuibles exclusivamente a una deficiente gestión de los
puntos de cobro del peaje.
Los gestores de la autopista, ACESA, reconocen que las competencias de
ordenación del tráfico corresponden a la Dirección General de Tráfico y
no a ellos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dictar las
instrucciones para establecer en el peaje de acceso y de salida de la
autopista A-7, en dirección a la Carretera Nacional-II, en el término de
Martorell, una modificación de funcionamiento del sistema de peaje que
evite las demoras que se producen en las operaciones de salida y retorno
masivos y fines de semana, aprovechando las instalaciones existentes y la
reversibilidad de cuatro de los puntos de cobro.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 1997.--Joan Saura
Laporta, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000647
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de los compromisos del
Gobierno con Ayuntamientos de Lleida, en el 1% cultural.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de los
compromisos del Gobierno con Ayuntamientos de Lleida, en el 1% cultural
para su debate en Comisión.
Motivación
En la Ley de Bienes Culturales y Patrimonio del año 1985, se establecía
la posibilidad de rehabilitar el patrimonio cultural de los municipios
afectados por la construcción de obras públicas en su territorio, como
mecanismo compensatorio de los posibles perjuicios ocasionados por dicha
obras públicas, por un lado, y, por otro, como una manera de recuperar
dicho patrimonio.
Desde la entrada en vigor de la Ley, se han ido acordando entre la
Administración del Estado y los municipios de todo el territorio español,
convenios para dar cumplimiento a lo establecido a través de la Dirección
General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura y a través del
programa «intervención del Patrimonio arquitectónico y las Obras Públicas
con valor patrimonial o histórico de titularidad pública».
Algunos de estos convenios, los ya cumplimentados, han dejado entre los
municipios afectados la satisfacción de ver recuperada una parte de su
historia y el disfrute de su patrimonio por parte de sus ciudadanos y
ciudadanas.
Otros convenios, quedan pendientes de su cumplimiento por parte de la
administración, a pesar de que los Ayuntamientos hayan cumplido su parte
del acuerdo.
Para evitar el perjuicio que puede ser ocasionado a estos últimos, ya que
en esos convenios se trata de patrimonio de difícil rehabilitación y a la
vista de la urgencia de que se ponga en marcha su recuperación, el Grupo
Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a atender los compromisos
suscritos entre el Gobierno y los Ayuntamientos, cualquiera que sea la
fecha en que se acordaran, con el fin de atender las necesidades de
conservación, mejora y rehabilitación del patrimonio histórico, propiedad
de las Corporaciones Locales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 1997.--Teresa
Cunillera i Mestres, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000652
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre realización de las obras para el sub-tramo
comprendido entre las poblaciones de Cercara y Santa María del Camí, en
la autovía Cervera-Igualada.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Infraestructuras.
La realización de las obras para la modernización de la red viaria del
Estado, ha llevado al desdoblamiento de todas las principales carreteras
nacionales para convertirlas en autovías.
En Cataluña, se están realizando las obras de la llamada autovía del
Llobregat que corresponde a la N-II entre Martorell y Barcelona.
Queda por ejecutar la variante de Cervera, que ya dispone de autorización
aprobada en el Consejo de Ministros y los dos subtramos pertenecientes al
proyecto para enlazar las poblaciones de Cervera e Igualada, completando
de este modo la conexión de Barcelona con Lleida mediante Autovía.
Para el sub-tramo Santa María del Camí-Igualada, que se ha previsto
ejecutar mediante desdoblamiento de la actual N-II, se comunica, en fecha
23 de junio, por el Ministerio de la Presidencia que el Gobierno no
dispone del correspondiente proyecto de construcción, pero en el Consejo
de Ministros del 18 de julio se autorizó su contratación, mediante la
figura del contrato de obras bajo la modalidad de abono total de precio
por una cantidad de 9.866 pesetas.
Para el sub-tramo Cercara-Santa María del Camí, ya el Parlamento Catalán
instó a la Generalitat a que defendiera su desdoblamiento como opción,
también, más acorde con los intereses de Cataluña.
A la vista de las respuestas remitidas por el Ministerio de la
Presidencia, en fecha de 23 de junio, referidas a las previsiones de
construcción para las obras: a) variante de la N-II a su paso por Cervera
de la cual no se ha iniciado ninguna expropiación; y b) autovía entre
Cervera e Igualada, sin ningún proyecto aprobado, según se desprende de
las mencionadas respuestas.
A la vista de lo manifestado, en fecha 20 de marzo de 1997, por la
Audiencia Nacional, accediendo a petición del Ayuntamiento de Estaras y
otros, «a suspender cautelarmente la OM de 19 de diciembre de 1994 por la
que se aprueba el trazado definitivo, alcanzando esta suspensión a
aquellas actuaciones materiales subsiguientes de ejecución del proyecto
que pudieran implicar la transformación de la realidad física del lugar
en donde se va a ejecutar la obra».
Siendo previsible que el recurso de Casación, interpuesto delante del
Tribunal Supremo por el Ministerio de Fomento, al mencionado «AUTO» de la
Audiencia Nacional, no se resolverá antes del año 2000.
Formulada la demanda del Contencioso Administrativo interpuesto contra la
OM de 19 de diciembre de 1994, en fechas recientes, por lo que, también,
no es de prever su resolución y la de los posibles recursos de Casación
antes del año 2000.
Impidiendo el «AUTO» de la Audiencia Nacional «transformación de la
realidad física del lugar en donde se va a ejecutar la obra». Motivo por
el cual no se podrán realizar los trabajos pendientes para la correcta
redacción encargada en la OM de 19 de diciembre de 1994, antes del año
2000.
Dado que, la información pública del estudio informativo, en el año 1992,
contemplaba el proyecto de desdoblar la actual N-II, para dicho tramo.
De acuerdo con la declaración de impacto ambiental de fecha 9 de agosto
de 1994, que consideraba: «desde la óptica exclusiva de conservación del
medio natural, la alternativa óptima es la duplicación».
Por todo ello, a los efectos de iniciar inmediatamente las obras y que
dicha ejecución coincida con la obra «variante de Cervera» y con la obra
«desdoblamiento de la N-II entre Santa María del Camí-Igualada», se
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a realizar
las obras para el sub-tramo comprendido entre las poblaciones de Cercara
y Santa María del Camí, de la autovía Cervera-Igualada, desdoblando la
carretera actual, enlazando las ciudades de Lleida y Barcelona con
autovía libre de peaje en el año 2000.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 1997.--Mercè
Rivadulla Gràcia, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000661
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre nuevos trazados de tren de alta velocidad.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre nuevos
trazados de tren de alta velocidad.
Exposición de Motivos
El programa «Europa 2000» sobre perspectivas de desarrollo del territorio
comunitario se inspira en la idea de que una ordenación del territorio a
escala europea es una condición previa para un desarrollo más armonioso
de la Unión y para una mejor integración de las regiones periféricas.
Asimismo las ventajas potenciales del mercado único resultarían más
positivas si los problemas de espacio, tales como la falta de enlaces en
las redes de comunicaciones, fuesen resueltos o al menos atenuados, pues
resulta evidente que la forma de utilizar el espacio terrestre y marítimo
de Europa influye considerablemente en la competitividad y, por tanto, en
el desarrollo de la economía europea a largo plazo y en la prosperidad de
su población.
Entre las cinco prioridades para la acción comunitaria propuestas en el
Libro Blanco de la Comisión sobre «Crecimiento, Competitividad y Empleo»
figura la creación de grandes redes europeas de infraestructura.
En la lista de proyectos prioritarios en el sector de transportes se
incluyen las líneas de alta velocidad Madrid-Barcelona-Perpignán y
Madrid-Vitoria-Dax, que vienen a articular una red de ferrocarriles de
alta velocidad que une Sevilla, Madrid, Zaragoza, Vitoria y Barcelona con
el resto de la Unión Europea.
No obstante, nuestra red sigue siendo a todas luces insuficiente para
lograr el adecuado desarrollo económico y social del sur y de la zona del
Levante español, pues, pese a su importancia económica y estratégica en
el extremo occidental del Mediterráneo, constituyen una de las zonas
menos accesibles y desarrolladas del continente europeo.
Resulta, por lo tanto, necesario que junto a los fondos estructurales
destinados a los proyectos prioritarios, la Unión Europea contemple a
partir del año 2000, en las nuevas perspectivas financieras, a otros
proyectos, tales como las líneas Madrid-Valencia y Córdoba-Málaga,
igualmente necesarios para garantizar la cohesión económica y social y la
mejor vertebración de todo el espacio europeo.
Por todo lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
1.º El Congreso de los Diputados comparte y apoya el carácter prioritario
establecido por la Unión Europea en relación con la construcción de las
líneas de alta velocidad Madrid-Barcelona-Perpignán y Madrid-Vitoria-Dax.
2.º El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las
medidas oportunas para que la Unión Europea dentro del próximo Marco
Comunitario de Apoyo, asuma el interés prioritario de carácter económico,
turístico y de vertebración territorial de proceder a la ejecución de las
líneas de alta velocidad Córdoba-Málaga y Madrid-Valencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de agosto de 1997.--El
Portavoz, Luis de Grandes Pascual.
Comisión de Medio Ambiente
161/000649
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley relativa a la instalación de tanques de
almacenamiento de productos petrolíferos en el puerto Almería-Motril.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio
Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Medio
Ambiente.
El proyecto de ampliación del puerto de Motril está siendo sometido al
procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, y el
Real Decreto 1131/1986, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución del anterior.
A la fecha de registrarse la presente Proposición no de Ley ya se ha
realizado la fase de consultas a personas, instituciones y
administraciones previsiblemente afectadas por la ejecución del mismo,
después de que con fecha 3 de febrero de 1997, la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental, diese traslado de las respuestas
recibidas a la Autoridad Portuaria de Almería-Motril, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 del citado Real Decreto.
Sin embargo, entretanto la misma autoridad portuaria ha autorizado a la
instalación en el mismo espacio portuario de unos tanques de recepción y
almacenamiento de productos petrolíferos, declarando que no existe riesgo
suficiente como para considerar un impacto medioambiental negativo
suficiente como para declarar dicho proyecto de instalación no
susceptible de ser autorizado.
En cambio, se da la circunstancia de que el informe medioambiental
elaborado por los técnicos a los que el Excmo. Ayuntamiento de Motril se
lo encargó, declara la peligrosidad de dichas instalaciones. Así pues, la
Autoridad portuaria del puerto Almería-Motril ha decidido autorizar dicha
instalación sin atender al informe antedicho.
Por otra parte, la citada concesión administrativa podría realizarse en
ubicación distinta, precisamente en la ampliación del puerto de Motril.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fin de que el
Ministerio de Medio Ambiente realice en el menor plazo posible la
revisión de la decisión de la Autoridad portuaria del puerto
Almería-Motril de autorizar el proyecto de la empresa Secicar, S. A., de
instalación de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos,
incluyendo en la Declaración de Impacto Ambiental referido a la
ampliación del puerto de Motril, lo relativo al impacto de las antedichas
instalaciones.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 1997.--Pedro
Vaquero del Pozo, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000658
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre medidas para la elaboración urgente de un
reglamento que desarrolle el artículo 7, apartado 4
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio
Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Medio
Ambiente.
La recientemente aprobada Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases regula la gestión de los residuos de envases una vez
puesto el envase en el mercado. Esta Ley establece dos sistemas de
gestión de los residuos alternativos: el sistema general de depósito,
devolución y retorno y el sistema integrado de gestión de los envases
usados y de los residuos de envases.
Esta Ley contempla además en su artículo 7, apartado 4, que
«reglamentariamente podrá establecerse que determinados productos
envasados sólo puedan acogerse a la exención regulada en el apartado 1
(que los agentes económicos se acojan al sistema de depósito, devolución
y retorno) cuando su composición química o del material que han
contenido, no presenten unas características de peligrosidad o toxicidad
que comprometan el reciclado o la disposición de las distintas fracciones
residuales constitutivas de los residuos municipales o supongan un riesgo
para la salud de las personas o el medio ambiente».
Este redactado abre las puertas a establecer un sistema de gestión de los
residuos de envases con características tóxicas y peligrosas fuera de los
circuitos habituales de tratamiento general y por tanto se optimice la
gestión global del ciclo de residuos. El desarrollo reglamentario
posterior que se pude hacer de esta norma establecería unos verdaderos
compromisos serios de una gestión sostenible de los envases y de sus
residuos y la introducción de unas medidas preventivas, que, ya que no se
han podido introducir en la producción y fabricación, pueden introducirse
en la gestión para asegurar, y aumentar claramente los porcentajes de
reutilización, reciclaje y valorización ecológica. Significaría la puesta
en práctica real de la aplicación de medidas de minimización en cantidad
y peligrosidad. Además permitiría obtener una materia orgánica poco
contaminada y de alta calidad que podría ser compostada.
Por otra parte, un desarrollo posterior de este sistema de depósito,
devolución y retorno para estos residuos de envases a los que se hace
referencia, lograría que las administraciones locales puedan afrontar una
gestión de los residuos de envases comprometida con los objetivos de
reutilización, reciclaje y recuperación.
Es necesario y urgente concienciarse de la importancia de la futura
aplicación de esta Ley en todos sus términos y reconsiderar la
importancia capital que tendrá la adopción de un sistema u otro para
determinados residuos de envases y las repercusiones económicas y
medioambientales que tendrán en todo el territorio del Estado español la
correcta racionalización de la gestión de los residuos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para la elaboración urgente de un reglamento que desarrolle el
artículo 7, apartado 4 de la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases para hacer que todos los residuos de envases que a
continuación se especifican, y en todo caso, todos aquellos que están
elaborados con las sustancias tóxicas y peligrosas recogidas en el Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio, pasen a ser incluidos en el sistema de
depósito, devolución y retorno por contener en la materia prima de la que
están hechos o del producto que contuvieran, sustancias tóxicas y
peligrosas que comprometen el reciclado y pudieran resultar peligrosos
para la salud de las personas o el medio ambiente, en el supuesto de ser
gestionados por el sistema de gestión integrado:
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 1997.--Joan Saura
Laporta, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
Preguntas para respuesta oral
Comisión Constitucional
181/000863
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. IU-IC).
Medidas para asegurar el voto secreto de las personas invidentes.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión Constitucional.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión Constitucional
Diputado don Manuel Francisco Alcaraz Ramos
Texto
La Constitución Española garantiza a todos los ciudadanos el ejercicio
del derecho de sufragio secreto, igualmente el artículo 14 de la
Constitución asegura la igualdad de todos ante la Ley. Sin embargo, los
ciudadanos invidentes no disponen de ningún mecanismo que asegure su voto
secreto, vulnerándose así, de facto, el principio de igualdad.
-- ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para solucionar este problema?
Madrid, 31 de julio de 1997.--Manuel Francisco Alcaraz Ramos.
181/000864
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Alcaraz Ramos, Manuel Francisco (G. IU-IC).
Acuerdos para permitir el sufragio activo y pasivo en elecciones locales
de ciudadanos extranjeros extracomunitarios, así como de los españoles en
otros Estados.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión Constitucional.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión Constitucional
Diputado don Manuel Francisco Alcaraz Ramos
Texto
-- ¿Qué acuerdos se han adoptado o se están negociando para permitir el
sufragio activo y pasivo en elecciones locales de ciudadanos extranjeros
extracomunitarios y de los españoles en otros Estados?
Madrid, 31 de julio de 1997.--Manuel Francisco Alcaraz Ramos.
Comisión de Justicia e Interior
181/000860
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (G. C-CiU).
Razones por las que la Campaña Informativa del Ministerio de Justicia «La
Objeción de Conciencia y el Voluntariado» no informa acerca del
reconocimiento de los servicios voluntarios en la fórmula prevista en la
Disposición Adicional Tercera de la Ley 6/1996, de 13 de enero.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior
Diputado don Carles Campuzano i Canadés
Texto
¿Por qué razón la Campaña Informativa del Ministerio de Justicia «La
Objeción de Conciencia y el Voluntariado» no informa que también es
posible el reconocimiento de los servicios voluntarios en la fórmula
prevista en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 6/1996, de 13 de
enero, que prevé la extensión del régimen contemplado en los artículos 14
y 15 de dicha Ley a los voluntarios que participen en programas que
desarrollen actividades de competencias de las CC. AA. o de los Entes
Locales, en el seno de organizaciones que reúnan los requisitos previstos
en el artículo 8 de la misma Ley?
Madrid, 22 de julio de 1997.--Carles Campuzano i Canadés.
Comisión de Educación y Cultura
181/000865
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (G. P).
Objetivos y ventajas que pretende el Consejo Superior de Deportes con el
Real Decreto de regulación de las enseñanzas conducentes a la obtención
de títulos de Técnicos Deportivos.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación y
Cultura.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Cultura
Diputado don Francisco Antonio González Pérez
Objeto: Secretario de Estado de Deportes
Texto
¿Cuáles son los objetivos y ventajas que pretende el Consejo Superior de
Deportes con el Real Decreto de Regulación de las Enseñanzas conducentes
a la obtención de Títulos de Técnicos Deportivos?
Madrid, 24 de julio de 1997.--Francisco Antonio González Pérez.
181/000866
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: González Pérez, Francisco Antonio (G. P).
Grandes líneas de modificación del Real Decreto sobre la Comisión
Nacional Antidopaje que el Consejo Superior de Deportes quiere promulgar
en breve.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Educación y
Cultura.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Popular
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Cultura
Diputado don Francisco Antonio González Pérez
Objeto: Secretario de Estado de Deportes
Texto
¿Cuáles son las grandes líneas de modificación del Real Decreto sobre la
Comisión Nacional Antidopaje que el Consejo Superior de Deportes quiere
promulgar en breve?
Madrid, 24 de julio de 1997.--Francisco Antonio González Pérez.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
181/000859
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Explicación de la censura ejercida por un medio de comunicación afín al
Gobierno, así como del malestar y la amenaza de la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación por las críticas recibidas ante el
acuerdo de precios agrarios alcanzado en el último Consejo Agrícola de
Luxemburgo.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada
preguntante y publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca
Diputada doña Ana Isabel Leiva Díez
Objeto: Con motivo del acuerdo de precios agrarios alcanzando en el
último Consejo Agrícola de Luxemburgo, la delegación española se quedó
sola en su oposición, siendo destacados en diversos medios de
comunicación nacionales los aspectos críticos del acuerdo alcanzado
respecto de las reivindicaciones españolas.
Se ha conocido, sin embargo, que, en un determinado periódico, el
artículo de opinión que su habitual corresponsal realiza en las páginas
de Agricultura, fue «levantado» de la edición del pasado domingo 28 de
junio. Ese mismo medio recogía, el día 30 de ese mismo mes un
correspondiente y elogioso editorial, titulado «Defensa de la
Agricultura».
Texto
¿Explica la censura ejercida por un determinado medio de comunicación
afín al Gobierno, el malestar y la amenaza que la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación manifestó en su día ante un periodista,
colaborador habitual de la sección correspondiente de este mismo
periódico, por las críticas recibidas?
Madrid, 11 de julio de 1997.--Ana Isabel Leiva Díez.
Comisión de Medio Ambiente
181/000861
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Bartolomé Núñez, María Luisa (G. S).
Opinión de la Confederación Hidrográfica del Segura acerca del proyecto
reformado del puerto deportivo de Guardamar (Alicante).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada
preguntante y publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente
Diputada doña María Luisa Bartolomé Núñez
Texto
¿Qué opinión, en su caso, merece a la Confederación Hidrográfica del
Segura el proyecto reformado del puerto deportivo de Guardamar
(Alicante)?
Madrid, 22 de julio de 1997.--María Luisa Bartolomé Núñez.
181/000862
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Bartolomé Núñez, María Luisa (G. S).
Trámites efectuados por la Dirección General de Costas en relación con el
proyecto reformado elaborado por el Ayuntamiento de Guardamar (Alicante)
para la construcción de un puerto deportivo.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada
preguntante y publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Medio Ambiente
Diputada doña María Luisa Bartolomé Núñez
Texto
¿Cuáles son los trámites en su caso efectuados por la Dirección General
de Costas en relación con el proyecto reformado elaborado por el
Ayuntamiento de Guardamar (Alicante) para la construcción de un puerto
deportivo?
Madrid, 22 de julio de 1997.--María Luisa Bartolomé Núñez.
COMPETENCIAS EN RELACION CON OTROS ORGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000065
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
AUTOR: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en los recursos de
inconstitucionalidad números 1712, 1716 y 1724/1988, promovidos,
respectivamente, por el Gobierno Vasco, el Parlamento y el Consejo
Ejecutivo de
la Generalidad de Cataluña, contra diversos preceptos de la Ley 24/1988,
del Mercado de Valores; y conflictos positivos de competencia números
1527 y 1904/1989, planteados ambos por el Gobierno Vasco, en relación con
los Reales Decretos 276/1989 y 717/1989, sobre Sociedades y Agencias de
Valores y Bolsas, todos acumulados.
Acuerdo:
1. Teniendo en cuenta lo establecido en el auto de aclaración del
Tribunal Constitucional de 17-7-97 en sus números 1.b) y 2, tomar
conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios y Documentación de la
Secretaría General, así como publicar en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
2. Asimismo, teniendo en cuenta que se halla en tramitación, en el seno
de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, el Proyecto de Ley de
reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
trasladar a dicha Comisión.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
El Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por don Alvaro Rodríguez
Bereijo, Presidente; don José Gabaldón López, Vicepresidente; don
Fernando García-Mon y González-Regueral, don Vicente Gimeno Sendra, don
Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro
Cruz Villalón, don Carles Viver Pi-Sunyer, don Enrique Ruiz Vadillo, don
Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás S. Vives Antón y don Pablo
García Manzano, Magistrados, ha pronundiado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En los recursos de inconstitucionalidad acumulados números 1712/1988,
1716/1988 y 1724/1988, promovidos, respectivamente, por el Gobierno
Vasco, el Parlamento de Cataluña y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad
de Cataluña, contra la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, así como en los conflictos positivos de competencia números
1527/1989 y 1924/1989, planteados por el Gobierno Vasco contra los Reales
Decretos 276/1989, de 22 de marzo, de Sociedades y Agencias de Valores,
y 717/1989, de 23 de junio, sobre Sociedades Rectoras y miembros de las
Bolsas de Valores, Sociedad de Bolsas y Fianza Colectiva,
respectivamente. Ha comparecido el Gobierno de la Nación, representado y
defendido por el Abogado del Estado, y ha sido Ponente el Magistrado don
Rafael de Mendizábal Allende, quien expresa el parecer del Tribunal.
Estado, así ocurrirá en una abrumadora mayoría de casos, pero, de no ser
así, tales preceptos carecen de todo significado excluyente y no impiden
que sean las Comunidades Autónomas competentes las que inicien las
actuaciones sancionadoras.
Los artículos 25.3 y 26.1, en efecto, son complemento del artículo 84 de
la Ley del Mercado de Valores, pero más directamente del artículo 97.a)
de la misma Ley, que en el aspecto sancionador, atribuye a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores competencia para la instrucción de los
expedientes. Consecuentemente, la solución que hayamos de dar aquí debe
ser la misma que la facilitada con ocasión de la impugnación del segundo
de los preceptos legales citados [F.J.11.º.d) de esta Sentencia] y, por
lo tanto, hemos de concluir que los dos preceptos reglamentarios que nos
ocupan respetan las competencias autonómicas. Que ello es así se pone de
manifiesto en el artículo 84 de la Ley, en el que se excluyen del
carácter básico las referencias contenidas en los artículos del título
VIII --del que el 84 es cabecera y el 97.a) forma parte-- a órganos o
entidades estatales. Consecuentemente, ese artículo 97.a) no es una norma
básica y, por ello, no resulta aplicable a la Comunidad Autónoma
recurrente. Si ello es así, tampoco lo serán los artículos 25.3 y 26.1
del Real Decreto 717/1989, que son su desarrollo y complemento.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la
autoridad que le confiere la Constitución de la nación española,
Ha decidido
1.º) Estimar en parte los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en consecuencia:
a) Declarar que no son aplicables en las Comunidades Autónomas del
País Vasco y Cataluña: el artículo 45, en el inciso «aunque requerirá la
conformidad del Gobierno de la Nación, atendiendo a los elementos y
consecuencias supracomunitarias de dicha creación»; el inciso «Los
estatutos de dichas Sociedades y sus modificaciones requerirán la previa
aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores», del artículo
48; el artículo 64, párrafo 1.º, en el inciso que dice «ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores», y la imposición del cambio de nombre de
las actuales Bolsas existentes en las Comunidades Autónomas del País
Vasco y Cataluña, contenida en la Disposición Adicional Primera.
b) Declarar que no invaden las competencias de las Comunidades
Autónomas recurrentes, siempre que se interpreten de acuerdo con lo
expuesto en los fundamentos jurídicos de esta Sentencia que se
especifican, los siguientes artículos de la Ley 24/1988: artículos 31.c
y 59 [fundamento jurídico 9.A.a)]; artículo 34 [fundamento jurídico
9.A.d)]; artículo 47 [fundamento jurídico 9.B.c)] y artículo 78
(fundamento jurídico 11).
c) Desestimar los recursos en todo lo demás.
2.º) Estimar en parte los conflictos positivos de competencia suscitados
frente a los Reales Decretos 276/1989 y 717/1989 y en consecuencia:
a) Declarar que son de la titularidad exclusiva de la Comunidad
Autónoma del País Vasco las competencias de aprobación contenidas en el
artículo 7; las competencias de suspender y dejar sin efecto así como las
de vigilancia del artículo 15, apartados 2 y 3; las competencias de
aprobación del artículo 17.2, y las competencias de fijación del importe
global de la fianza y de reparto previstas en el artículo 23.2; todos
ellos del Real Decreto 717/1989, de 23 de junio, sobre Sociedades
Rectoras y miembros de las Bolsas de Valores, Sociedad de Bolsas y Fianza
Colectiva.
b) Declarar que el artículo 12 del citado Real Decreto 717/1989 no
invade las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco siempre
que sea interpretado en la forma expresada en el fundamento jurídico
18.A.c) de esta Sentencia.
c) Desestimar los dos conflictos de competencia en todo lo demás.
Publíquese este Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a dieciséis de julio de mil novecientos noventa y siete.