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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 105, de 24/02/1997
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D:
GENERAL 24 de febrero de 1997 Núm. 105
INDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre elaboración de un plan plurianual de financiación del
sistema educativo (Página 5)
162/000091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre el establecimiento de un programa de actuaciones para
fomentar el reparto del tiempo del trabajo y la contratación indefinida
(Página 7)
162/000092 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre los Planes Hidrológicos de cuenca (Página 8)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000297 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre indemnizaciones a los perjudicados por la huelga de
transportistas en Francia. Corrección de error (Página 9)
Comisión de Justicia e Interior
161/000371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la separación visual del
espacio interior de las celdas de los centros penitenciarios (Página 10)
161/000375 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al
Gobierno a modificar determinados aspectos de la normativa sobre
seguridad privada (Página 10)
161/000382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a la singularidad territorial y geográfica de la
provincia de Cádiz en la Orden Ministerial que desarrollará la estructura
territorial de la Guardia Civil (Página 11)
Comisión de Defensa
161/000366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre transparencia y
control de las actividades de exportación de armamento (Página 12)
161/000367 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la prohibición total
del uso, fabricación y exportación de minas terrestres (Página 13)
Comisión de Educación y Cultura
161/000380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a la adhesión de España a Francia e Italia en el
proyecto para impulsar la industria europea del cine (Página 14)
161/000381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre la aprobación del currículo del Ciclo formativo de
Grado Superior Enotecnia y el título de Técnico Superior Enotécnico
(Página 15)
161/000383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa a la emisión de sellos y demás signos de franqueo
conmemorativos del centenario del nacimiento del músico y compositor
Robert Gerhard (Página 16)
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
161/000385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas
iniciativas en relación con la supuesta prescripción de determinados
expedientes tramitados por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (Página 17)
Comisión de Política Social y Empleo
161/000373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
supresión del requisito de las peonadas para acceder al cobro del
subsidio agrario y compensación de los jornales perdidos por los
temporales (Página 18)
Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo
161/000369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a
requerir al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD), para que
considere y contabilice como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) las
contribuciones aportadas por España por vía multilateral a las
operaciones de mantenimiento de la paz (Página 19)
Comisión de Infraestructuras
161/000368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la
que se insta al Gobierno a abandonar el proyecto de construcción de la
vía conocida como Vía Orbital entre Sant Celoni y Abrera, con paso por el
norte de Granollers, Sabadell y Terrassa, provincia de Barcelona (Página 20)
161/000376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre suspensión de la concesión administrativa
otorgada a Petrovigo, S. A., para la instalación de una terminal de
almacenamiento y suministro de combustible a buques en el puerto de Vigo
(Página 21)
161/000378 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la
que se insta al Gobierno a promover la realización de un estudio de
viabilidad sobre la reapertura de la línea ferroviaria
Albatera-Torrevieja (Alicante) (Página 21)
161/000384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, relativa al calendario de finalización de las autovías de
Galicia (Página 22)
Comisión de Medio Ambiente
161/000374 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre suspensión del Convenio firmado entre la Generalidad
Valenciana y el Ministerio de Medio Ambiente, en materia de obras de
infraestructura hidráulica, hasta que no sea aprobado por el Gobierno el
Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar (Página 23)
161/000377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
relativa al Parque Nacional Marítimo-Terrestre del archipiélago de
Cabrera (Palma de Mallorca) (Página 23)
161/000379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de
construcción del canal de la Litera Alta (Huesca) (Página 25)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000403 Pregunta formulada por la Diputada doña Matilde Fernández
Sanz (G. S), sobre procesos electorales para la renovación de los
Consejos de Residentes en el Exterior (Página 26)
181/000406 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre medidas para defender las exportaciones
españolas por carretera ante las dificultades impuestas por el Gobierno
francés en la circulación de vehículos pesados por su territorio durante
los fines de semana (Página 26)
181/000407 Pregunta formulada por el Diputado don Lluís Miquel
Recoder i Miralles (G. C-CiU), sobre medidas para aplicar el convenio
bilateral de protección de inversiones a los españoles expoliados por la
dictadura de Pinochet en Chile (Página 26)
Comisión de Justicia e Interior
181/000412 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre medidas para combatir el incremento del
tráfico de drogas que se observa en las costas del norte de la provincia
de Alicante y del sur de Valencia (Página 27)
181/000413 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre fecha prevista para la entrada en
funcionamiento de la Guardia Civil del Mar en la Comunidad Valenciana
(Página 27)
Comisión de Defensa
181/000410 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre planes del Ministerio de Defensa sobre
el futuro de la Unidad de Mantenimiento 7/XIII/61 sita en Pontevedra
(Página 28)
181/000411 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre valoración de la incidencia que tendrá
sobre el futuro de las unidades militares desplazadas en Galicia el
cierre de la Unidad de Mantenimiento 7/XIII/61 sita en Pontevedra
(Página 28)
181/000420 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Marsal
Muntalá (G. S), sobre situación y criterios a seguir acerca del concurso
para instituir el CETME (Página 28)
181/000421 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Marsal
Muntalá (G. S), sobre previsiones acerca de encargar la construcción del
segundo buque LPD a la empresa Bazán (Página 29)
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
181/000409 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre actuaciones para que la Comunidad
Valenciana continúe figurando como Objetivo I de la Unión Europea (UE)
(Página 29)
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
181/000416 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana Isabel Leiva
Díez (G. S), sobre razones de la defensa de los mínimos de cinco socios y
su volumen económico para la constitución de Organizaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas (Página 29)
181/000417 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana Isabel Leiva
Díez (G. S), sobre gestiones para solucionar la deuda de Hacienda con la
industria alimentaria (Página 30)
181/000418 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana Isabel Leiva
Díez (G. S), sobre opinión de la Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación acerca de los planes del Ministerio de Medio Ambiente sobre
la privatización encubierta del uso del agua para regadíos (Página 30)
181/000419 Pregunta formulada por el Diputado don Ramón Ortiz Molina
(G. S), sobre causas por las que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación no continúa con el avance del Plan Nacional de Regadíos,
Horizonte 2005 (Página 31)
181/000422 Pregunta formulada por el Diputado don Demetrio Madrid
López (G. S), sobre eficacia de la Orden Ministerial que desarrolla
medidas urgentes aprobadas por el Consejo de Ministros de Agricultura de
la Unión Europea para compensar al sector vacuno (Página 31)
181/000423 Pregunta formulada por el Diputado don José Luis Ros
Maorad (G. S), sobre coste para el sector agrario de la nueva tasa creada
por inscripción y acreditación catastral, del artículo 33 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y de
Orden Social (Página 31)
181/000424 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Chivite
Cornago (G. S), sobre motivo de la prórroga de la vigencia de los
Consejos Reguladores dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Página 32)
181/000425 Pregunta formulada por el Diputado don Gerardo Torres
Sahuquillo (G. S), sobre motivo para que los productores españoles de
oleaginosas dejen de recibir unos 5.000 millones de pesetas por la
penalización en esta campaña (Página 32)
181/000426 Pregunta formulada por el Diputado don Ricard Burballa i
Campabadal (G. C-CiU), sobre medidas para ayudar al sector de la patata
(Página 32)
181/000427 Pregunta formulada por el Diputado don Ricard Burballa i
Campabadal (G. C-CiU), sobre medidas para ayudar al sector de la almendra
(Página 33)
181/000428 Pregunta formulada por el Diputado don Ricard Burballa i
Campabadal (G. C-CiU), sobre actuaciones para favorecer la concentración
de la oferta en el sector de las frutas y hortalizas (Página 33)
Comisión de Política Social y Empleo
181/000404 Pregunta formulada por la Diputada doña Matilde Fernández
Sanz (G. S), sobre recursos económicos para los servicios sociales hacia
los españoles residentes en el exterior y, concretamente, en los países
de América (Página 33)
181/000408 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i
Canadés (G. C-CiU), sobre valoración del sistema de adaptación de la
estación de Sants de Barcelona para deficientes visuales a través de
intercomunicación (Página 34)
Comisión de Medio Ambiente
181/000380 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre previsiones acerca de la ejecución de la
regeneración de la fachada marítima de Gandía (Valencia) (Página 34)
181/000381 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Fernando
Peralta Ortega (G. IU-IC), sobre previsiones acerca de la ejecución del
Paseo Marítimo de Pusol (Valencia) (Página 35)
CONTROL DE LA ACCION DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000090
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre elaboración de un plan plurianual de
financiación del sistema educativo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín, así como notificarlo al
Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley, instando a elaborar un Plan
Plurianual de financiación del Sistema Educativo, para su debate en el
Pleno del Congreso de los Diputados.
Exposición de Motivos
La aprobación de la LOGSE supuso un impulso fundamental en la
modernización y actualización del sistema educativo español. Esta ley se
presentó al Parlamento con el ambicioso objetivo de proporcionar una
respuesta adecuada a las nuevas demandas sociales. Los cambios en la
economía y en el mercado de trabajo están exigiendo una oferta educativa
que se extienda a la población entera y que sea de mayor calidad.
Esta voluntad de reforma de la educación se concretó en un conjunto de
objetivos específicos, incluyendo la extensión de la educación
obligatoria y la organización de una nueva etapa de educación secundaria,
la modificación sustancial de la formación profesional y la mejora de la
calidad de la enseñanza.
La ampliación de la educación obligatoria y gratuita dos años más, de los
catorce a los dieciséis años, es un objetivo ampliamente apoyado por la
mayoría de la sociedad. La extensión de la educación obligatoria, en la
medida en que retrasa dos años la elección de los alumnos entre la vía
académica y la vía profesional, implica también un esfuerzo para asegurar
una mayor igualdad de acceso a todos los alumnos a la educación. Sin
embargo, la extensión de la educación obligatoria, que exige un enorme
esfuerzo presupuestario para ampliar la red de institutos de secundaria y
para hacer posible la gratuidad en los centros privados concertados,
exige también recursos para los equipamientos de los centros, la
formación de los profesores, la creación de departamentos de orientación,
la renovación de los contenidos educativos y la actualización de los
materiales curriculares. La generalización de la escolaridad exige
iniciativas de reforma para mejorar la calidad de la enseñanza.
La transformación de la formación profesional es una de las metas más
ambiciosas del cambio propuesto. Su objetivo es doble. Por una parte
configurar una oferta más atractiva y más vinculada a las demandas del
mundo laboral dentro del sistema educativo; por otra parte impulsar un
sistema integrado de formación profesional. Su puesta en práctica
necesita no sólo de un diseño acertado de los nuevos perfiles
profesionales, sino también de una amplia oferta de formación del
profesorado, de adaptaciones de los centros para impartir las nuevas
titulaciones, de equipamientos actualizados y de acuerdos con las
empresas para realizar la formación en centros de trabajo.
La mejora de la calidad de la enseñanza es un objetivo indiscutible para
toda la sociedad española. Pero la calidad exige el compromiso y apoyo de
los poderes públicos con el cambio educativo: Los recursos
presupuestarios para la oferta de formación del profesorado, reforzar las
plantillas en los centros, mejorar sus instalaciones, dotarlos de las
aulas necesarias para las nuevas áreas curriculares y de departamentos de
orientación. En suma, para mejorar la educación de todos los alumnos.
La estimación del coste de la implantación de la reforma educativa se
realizó en una detallada y completa memoria económica. En ella se
analizaron los objetivos más importantes de la reforma y se definieron
los indicadores básicos que orientaron los trabajos de planificación de
la nueva oferta educativa. A partir de todos estos parámetros se
determinó el coste de la aplicación de la reforma que ascendió a 548.804
millones de pesetas para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación
y Ciencia y de 1.317.130 millones de pesetas para toda España.
El coste de la reforma se calculó pensando en que el calendario de
aplicación iba a extenderse durante siete años. Sin embargo, las
dificultades de financiación aconsejaron al Ministerio de Educación y a
la Conferencia de Consejeros de Educación, mediante acuerdo consensuado
dilatar su puesta en práctica hasta el tiempo máximo previsto por la Ley:
diez años. Parece razonable pensar en estos momentos que el esfuerzo para
completar la aplicación de la reforma va a tener que mantenerse durante
los próximos cinco años.
En el terreno de las reformas este año 1997 es decisivo al culminar la
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo diseñada por la
LOGSE. Se requiere un importante esfuerzo en lo que se refiere a la red
de centros adecuada para garantizar la calidad de la enseñanza secundaria
obligatoria (ESO), a la implantación de los ciclos formativos de grado
superior en la formación profesional, al profesorado numéricamente
necesario y bien preparado para conseguir los objetivos de igualdad y
calidad exigidos por la LOGSE. Conscientes de ello, las Cortes Generales
aprobaron la Disposición Adicional 3.ª de la misma, que mandata a «los
poderes públicos a dotar al conjunto del sistema educativo de los
recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
ley con el fin de garantizar la consecución de los objetivos en ella
previstos».
Toda reforma educativa es compleja, requiere impulso político sostenido a
lo largo del tiempo y compromiso básico de las fuerzas políticas y
sociales para ir solucionando los problemas que se suscitan en el
recorrido y para garantizar los medios necesarios. Un compromiso político
reclamado por las fuerzas sociales y propuesto por el Grupo Parlamentario
Socialista, que implica unos compromisos concretos de financiación.
Estos compromisos son tanto más necesarios en este año 1997, dado que
está previsto que el 1 de enero de 1998 reciban las transferencias de las
competencias en educación diez Comunidades Autónomas. De la forma en que
se negocien esas transferencias depende en buena parte el futuro de la
educación en nuestro país y también la capacidad financiera de las CC.
AA. que tendrán que gestionar a partir de esa fecha el desarrollo de la
reforma educativa y el funcionamiento del sistema educativo.
El mandato constitucional del equilibrio interterritorial y la
realización efectiva del principio de solidaridad (CE, artículo 138) debe
regir el espíritu de la transferencia total del sistema educativo social
y cultural heredado del pasado y en él debe cristalizar el esfuerzo para
compensar esa desigualdad.
Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado para 1997 han cortado
la tendencia histórica de un crecimiento sostenido del gasto público en
educación y contratan con los presupuestos elaborados por las CC. AA. con
competendas educativas, que crecen claramente por encima de lo
presupuestado para el territorio de gestión del Ministerio de Educación y
Cultura.
La insuficiencia de ese presupuesto ha sido puesta de manifiesto también
el pasado día 10 de diciembre, en el debate sobre la proposición de ley
de iniciativa popular reguladora de la financiación del sistema
educativo, por todos los Grupos Parlamentarios, incluido el Grupo
Popular, que reconoció la necesidad de estudiar alguna fórmula plurianual
para acortar la distancia con la media europea del gasto educativo.
Hacerlo significa cumplir la exigencia legal de la disposición adicional
3.ª de la LOGSE de que «el gasto público al finalizar el proceso de
aplicación de la reforma será equiparable al de los países comunitarios».
La propia Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 señala que:
«La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de
los españoles en el ejercicio de los derechos» y, por tanto, en el
ejercicio del derecho a la educación constituye una exigencia que impone
al Estado el artículo 149.1.1.ª de la Constitución y obligándole a
compensar, sin descanso y sin excusas mientras no se eliminen, las
desigualdades de partida en el campo de la educación entre las diferentes
CC. AA., que se traducen en desigualdades en el nivel de calidad de la
prestación de este servicio público y en desigualdad de oportunidades de
los ciudadanos en razón del lugar de nacimiento o residencia.
«La garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios
públicos fundamentales en todo el territorio español» (CE, artículo
158.1) obliga a establecer una asignación a las CC. AA. en función del
volumen de los servicios transferidos según el principio de suficienda
financiera, sin la cual los principios de autonomía y de
corresponsabilidad no son sino bellas palabras, pero vacías de contenido.
Por encima de las coyunturas políticas y de la mayoría de Gobierno,
independientemente del color político de quienes gobiernan en cada
Comunidad Autónoma, es imprescindible y urgente un plan plurianual de
financiación para garantizar un sistema educativo homologable, de calidad
y sin desigualdades inaceptables constitucionalmente y para garantizar
que las competencias en educación se dotan de recursos suficientes sin
hipotecar las haciendas y el autogobierno de las CC. AA. que las tienen
que ejercer.
Se impone, pues, un compromiso para la financiación de la reforma que
despeje las incertidumbres en este aspecto y que abra nuevas perspectivas
e ilusiones al conjunto de la sociedad, una sociedad que ve en la
educación el valor más seguro para las nuevas generaciones un compromiso
de financiación que asegure tanto el proceso de traspaso definitivo de
funciones y servicios en materia de educación a las diez Comunidades
Autónomas que han de recibir las competencias antes del 31 de diciembre
de 1997, como la financiación de la aplicación de la LOGSE en aquellas
Comunidades Autónomas que tienen ya asumidas plenas competencias
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de
cinco meses presente en la Cámara un
Plan de Financiación de aplicación de la LOGSE por Comunidades Autónomas
para los cinco próximos años. El citado Plan Plurianual de Financiación
de la LOGSE deberá incluir una distribución temporal acorde con el
calendario previsto para la aplicación de la Ley.
La estimación realizada por Comunidad Autónoma deberá considerar, al
menos, los siguientes conceptos de gasto: plantillas, gastos de
funcionamiento de los centros, transporte escolar, comedores escolares,
conciertos educativos, formación del profesorado, formación en empresas,
programas de garantía social, inversión nueva, inversión de reposición,
equipamiento y reposición del equipamiento.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 1997.--Joan Romero
González, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús Caldera
Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000091
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre el establecimiento de un programa de
actuaciones para fomentar el reparto del tiempo del trabajo y la
contratación indefinitida.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín, así como notificarlo al
Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y ss. del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre el establecimiento de un Programa de
Actuaciones para fomentar el reparto del tiempo del trabajo y la
contratación indefinida, para su debate en Pleno.
Exposición de Motivos
La elevada tasa de paro que padece aún nuestro país, constituye el
principal problema económico que debe afrontar el Gobierno y motivo común
de preocupación de todos los Grupos Parlamentarios. El paro estructural
es hoy un elemento que afecta al mercado de trabajo y constituye un
factor característico del cambio económico en el que se hallan inmersos
países de la Unión Europea.
Más allá de las dramáticas consecuencias sociales, familiares,
psicológicas y de marginación que sufren los ciudadanos y ciudadanas
desempleados, hoy sabemos que sus efectos sobre el conjunto de la
economía de un país y sobre su potencial desarrollo lo convierte en un
factor estratégico de primera magnitud.
El crecimiento económico se ha demostrado como una condición necesaria
para alcanzar una reducción significativa del paro. Pero si hasta hace
poco tiempo el empleo era considerado como un mero efecto inducido del
crecimiento, hoy todos los expertos coinciden en que el factor
crecimiento es una condición imprescindible pero no suficiente. Así se
señala en el conocido Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y
Empleo cuando se insiste en que «hay que resituar la política de empleo y
colocarla en el núcleo de las estrategias globales del sistema».
En este contexto se sitúa el debate sobre el reparto y la reordenación
del tiempo del trabajo como uno de los elementos sin duda no el único que
pueden coadyuvar a la absorción de un porcentaje importante de paro. El
reparto y la reordenación del tiempo de trabajo comporta, entre otras
medidas, la aceleración de la reducción de la jornada laboral media de
las personas ocupadas. Ahora bien, esta reducción no puede ser el
resultado de una medida unilateral decretada por los poderes públicos,
sino el resultado de un proceso de negociación entre empresarios y
trabajadores que atienda a ese objetivo de repartir el tiempo del trabajo
disponible, pero lo haga preservando la capacidad de competir de nuestras
empresas y sectores productivos.
Es preciso generar la conciencia de que estamos ante un auténtico
problema social que sólo podrá solucionarse con la implicación de los
sectores involucrados. A ello puede contribuir, sin duda, la adopción por
parte del Gobierno de determinadas medidas que incentiven y favorezcan la
adopción de acuerdos en el marco de una política de empleo ambiciosa y
concertada con trabajadores y empresarios.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un Programa
de Actuaciones para fomentar el reparto del tiempo de trabajo y la
contratación indefinida, a través de medidas que favorezcan:
1.ºLa contratación a jornada completa o a tiempo parcial de personas en
paro, siempre que estas contrataciones se generen como consecuencia de la
reducción, liberación o adaptación de la jornada de las empresas y esté
basada en:
a)Pactos colectivos o individuales en los siguientes términos:
1.Conversión de horas extraordinarias y complementos retribuidos de
tiempo libre.
2.No realización de horas extraordinarias.
3.Reducción de la jornada.
4.Adaptación de la jornada.
5.Reducción de la jornada de trabajo para atender a personas mayores,
discapacitados, y/o de los hijos.
6.Reducción de la jornada de trabajo para ampliar la formación o el
perfeccionamiento profesional.
7. Reducción de la jornada de trabajo para prestar servicios de
voluntariado.
8.Permiso para la formación o el perfeccionamiento profesional.
9.Permiso sin sueldo.
b)Utilización de las figuras contractuales contempladas en el
Estatuto de los Trabajadores, o pactos que mejoren sus condiciones en
asuntos de:
1.Jubilación parcial y contrato de relevo.
2.Excedencia forzosa.
3.Excedencia voluntaria.
4.Excedencia para la atención de los hijos o hijas.
5.Guarda legal de un/a menor.
6.Invalidez con reserva del puesto de trabajo.
7.Maternidad/paternidad o adopción.
8.Prestación del servicio militar o de la prestación social sustitutoria.
2º.La contratación de personas que pertenezcan a colectivos con
especiales dificultades para su inserción laboral y/o social.
3.ºLa conversión en indefinidos de los contratos de duración determinada
a jornada completa o a tiempo parcial, a los que hacen referencia los
apartados anteriores.
4.ºLa realización de estudios en las empresas sobre la repercusión de la
adaptación de medidas de reparto de tiempo de trabajo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 1997.--Isabel
López i Chamosa, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000092
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre los Planes Hidrológicos de cuenca.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín, así como notificarlo al
Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tengo el honor
de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo
193 y siguientes del vigente del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los Planes
Hidrológicos de cuenca, para su debate en el Pleno del Congreso de los
Diputados.
Exposición de Motivos
La planificación hidrológica es un elemento básico para la utilización y
protección de los recursos hídricos españoles. El artículo 1 de la Ley de
Aguas de 1985 establece que a la planificación hidrológica «deberá
someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico».
Por ello, los Planes Hidrológicos de cuenca definidos en la Ley de Aguas
en su artículo 40 regulan y enmarcan prácticamente cualquier tipo de
actuación relativa a la gestión del agua, desde el inventario de los
recursos hídricos, el estudio de las demandas y la asignación de los
primeros a las segundas de acuerdo con los oportunos criterios de
prioridad de los diferentes usos, hasta la definición de las
infraestructuras que hagan realmente posible el aprovechamiento del agua,
pasando por todas las acciones necesarias para proteger y mejorar los
recursos y su entorno en cuanto a calidad, defensa contra la
sobreexplotación y las inundaciones, y conservación en general del
patrimonio ambiental hídrico.
En resumen, no es posible una gestión completa y rigurosa del agua de
acuerdo con la aplicación plena de la legislación hidráulica mientras no
se disponga de unos Planes Hidrológicos de cuenca aprobados por el
Gobierno, tal como prevé el artículo 38 de la Ley de Aguas.
Con arreglo al desarrollo de la Ley, han de elaborarse y aprobarse de
momento 16 Planes de cuenca: 12 de ellos corresponden a las denominadas
cuencas intercomunitarias y su elaboración es competencia de la
Administración General del Estado, y los otros 4 corresponden a las
cuencas intracomunitarias cuyas competencias han sido ya traspasadas a
las respectivas Administraciones Autonómicas y deben ser elaborados por
éstas.
De los 12 Planes intercomunitarios, 9 de ellos --Norte I, Norte II, Norte
III, Duero, Guadiana I, Guadiana II,
Guadalquivir/Guadalete/Barbate, Sur y Ebro-- ya fueron elaborados por los
respectivos Organismos de cuenca, debatidos ampliamente por los Consejos
de Agua de cada cuenca y elevados por éstos --entre julio de 1994 y abril
de 1996-- al entonces Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente para que se iniciara el trámite de su aprobación, de acuerdo en
todo con el artículo 33 de la Ley y el 101 del Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.
Paralelamente, de los 4 Planes intercomunitarios, 1 de ellos --el de las
cuencas internas de Cataluña-- fue remitido al Ministerio con el mismo
fin en septiembre de 1995 por la Generalitat de Cataluña.
Como consecuencia de ello, los 10 Planes indicados fueron presentados por
el Ministerio en octubre y noviembre de 1995 --excepto el del Ebro, que
lo fue en abril de 1996-- al Consejo Nacional del Agua para el informe
preceptivo de éste previo a la aprobación por el Gobierno.
De los otros 3 Planes intercomunitarios, 2 de ellos --Tajo y Júcar--
están redactados por los Organismos de cuenca desde hace más de un año y
el del Segura tiene ya su redacción técnica prácticamente terminada desde
hace meses.
Finalmente, los otros 3 Planes intracomunitarios --Galicia Costa,
Baleares y Canarias-- se encuentran en diferentes grados de elaboración y
tramitación por parte de las Comunidades Autónomas respectivas.
En lo que se refiere al Plan Hidrológico Nacional, el Ministerio de Medio
Ambiente ha manifestado en varias ocasiones su intención de posponer
hasta 1998 la presentación ante el Congreso del proyecto de ley
correspondiente.
La aprobación del Plan Hidrológico Nacional implica, de acuerdo con el
artículo 43 de la Ley de Aguas, la adaptación de los Planes Hidrológicos
de cuenca a las previsiones de aquél, por lo que éstos pueden ser
aprobados sin necesidad de que se resientan del atraso del Plan Nacional.
En cualquier caso, la aprobación de los Planes de cuenca debe
condicionarse a una evaluación ambiental del conjunto de las actuaciones
correspondientes a cada una de las cuencas, con carácter estratégico y
para permitir la máxima eficacia de la legislación vigente sobre
evaluación del impacto ambiental.
De acuerdo con la trascendencia de los Planes Hidrológicos de cuenca para
la gestión de los recursos hídricos y con el consiguiente perjuicio que
supone el no disponer todavía de ellos, teniendo en cuenta el avanzado
estado de elaboración de la gran mayoría y no previéndose hasta 1998 la
tramitación del Plan Hidrológico Nacional en el Congreso, el Grupo
Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Aprobar en el menor plazo posible los 10 Planes Hidrológicos de cuenca
ya presentados a informe del Consejo Nacional del Agua, con las
modificaciones que el Gobierno considere oportunas, sometiéndoles
previamente, en cualquier caso, a una evaluación estratégica del impacto
ambiental del conjunto de actuaciones correspondientes a cada cuenca.
2.Finalizar la elaboración del Plan de la cuenca del Segura y promover la
remisión de los Planes de las cuencas del Tajo, Segura y Júcar al
Ministerio de Medio Ambiente, para asimismo adoptar las medidas
necesarias para su urgente aprobación, con las mismas consideraciones que
en el apartado anterior.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 1997.--Cristina
Narbona Ruiz, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús Caldera
Sánchez Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000297
Publicada por error en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie
D, número 95, de 23 de enero de 1997, la Proposición no de Ley presentada
por el Grupo Socialista del Congreso, sobre indemnización a los
perjudicados por la huelga de transportistas en Francia (161/000297), se
subsana a continuación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre indemnizaciones a los
perjudicados por la huelga de transportistas en Francia, para su debate
en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Exposición de Motivos
La última huelga del transporte en Francia obligó al «secuestro injusto»
durante doce días de más de 1.400 camioneros de la provincia de Almería y
otros tantos de las restantes provincias españolas, sometidos a una
tensión excepcional que han tenido que sufrir las penurias y pérdida
económicas como consecuencias de esa situación.
El sector que más ha padecido este conflicto es la hortofrutícola. A
nivel nacional se pueden fijar las pérdida en unos 45.000 millones de
pesetas, ya que este sector realiza 1/4 de su negocio en ese período del
año. A nivel provincial se fijan en unos 2.700 millones en Almería.
No se pueden cuantificar las pérdidas sólo con los camioneros, sino que
hay que tener en cuenta las consecuencias que el bloqueo ha acarreado con
la caída de precios en origen de hasta un 50%.
De todos los afectados los únicos que tienen posibilidades de ser
indemnizados son las empresas de transporte, eso sí, después de sufrir
las «trabas burocráticas» que el Gobierno francés se encargó de ir
gestando durante el conflicto, impidiendo la tramitación de denuncias en
las Gendarmerías, etc., y, sobre todo, pisoteando todos los acuerdos
comunitarios existentes entre el transporte de mercancías.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español para que exija al
Gobierno de la República francesa el pago de indemnizaciones por los
daños y perjuicios ocasionados en las exportaciones españolas como
consecuencia de la huelga de camioneros franceses del pasado mes de
noviembre; así como en caso de demora de los pagos adelante el importe de
las mismas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 1996.--María
Isabel Salinas García, Diputada del Grupo Parlamentario
Socialista.--Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Justicia e Interior
161/000371
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la separación visual del espacio
interior de las celdas de los centros penitenciarios.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el articulo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la
separación visual del espacio interior de las celdas de los Centros
Penitenciarios, para su debate en Comisión de Justicia e Interior.
Exposición de Motivos
La Ley Orgánica General Penitenciaria establece en su artículo 19 que los
internos se alojarán en celdas individuales; no obstante, la propia Ley
contempla la posibilidad de que ello no sea posible en determinados
casos, determinando que en el supuesto de insuficiencia temporal de
alojamiento o por indicación de los facultativos o profesionales
técnicos, se pueda recurrir a dependencias colectivas.
Este mismo precepto establece que las dependencias destinadas al
alojamiento de los reclusos habrán de reunir adecuadas condiciones de
higiene.
El Reglamento Penitenciario, por su parte, hace asimismo referencia, en
los artículos 13 y 14, a la posibilidad de que los internos compartan
celda cuando la población penitenciaria supere el numero de plazas
individuales disponibles, estableciendo también determinadas condiciones
de habitabilidad.
Especial relevancia adquiere la necesidad de preservar el derecho a la
intimidad de los internos ya que en la actualidad en estos supuestos, no
existe la adecuada separación entre la zona de celda destinada a
habitación y aquella otra destinada a la instalación y al uso de aparatos
sanitarios. Naturalmente, ello supone que los internos que comparten
celda se vean forzados a utilizar esa instalación sanitaria sin
posibilidad alguna del debido recogimiento.
En este sentido, el artículo 4 del Reglamento Penitenciario y dentro del
elenco de derechos de los internos, reconoce el derecho a que se preserve
su dignidad, así como su intimidad, sin perjuicio de las medidas exigidas
por la ordenada vida en la prisión.
Por ello, y con el objetivo fundamental de mejorar las condiciones de
calidad de vida de los internos y de preservar adecuadamente su derecho a
la intimidad, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo más
breve posible, adopte las medidas oportunas tendentes a la instalación de
mamparas, cortinas o cualesquiera otros elementos idóneos a fin de
separar visualmente las zonas de habitación de las de sanitarios en el
interior de las celdas, en los Centros Penitenciarios que deban ser
compartidas por más de un interno.»
Madrid, 11 de Febrero de 1997.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.
161/000375
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a modificar
determinados aspectos de la normativa sobre seguridad privada.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquim Molins i Amat, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su
discusión ante la Comisión de Justicia e Interior, una Proposición no de
Ley por la que se insta al Gobierno a modificar determinados aspectos de
la normativa sobre seguridad privada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 1997.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Joaquim
Molins i Amat.
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), por la que se insta al Gobierno a modificar determinados aspectos
de la normativa sobre seguridad privada
La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada ha dispuesto, de
forma genérica, que las empresas de seguridad habrán de poseer un
determinado capital social, contar con medios humanos, de formación,
financieros, materiales y técnicos suficientes y prestar las garantías
que se establezcan, todo ello de acuerdo con lo que concrete el
correspondiente Reglamento.
Sin embargo, el Reglamento de desarrollo de la Ley, de 9 de diciembre de
1994, al dar cumplimiento y concreción a estas previsiones, aunque ha
diferenciado en distintos estratos la tipología de las empresas de
seguridad, teniendo en cuenta su objeto y su ámbito geográfico de
actuación, no ha tenido suficientemente en consideración la necesaria
adaptación de dichos requisitos a las dimensiones y otras características
de las empresas.
Esta falta de proporcionalidad a las dimensiones de las empresas de
seguridad, afecta concretamente a las pequeñas empresas del sector
electrónico, y muy especialmente a las de instalación y mantenimiento de
aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, que deben ser objeto de
un tratamiento más adecuado, en el contexto del mencionado Reglamento,
por razones de estricta justicia, pero también por razones objetivas de
desarrollo económico y de promoción de empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que complete el
desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada,
incorporando al Reglamento aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de
diciembre, la determinación de los requisitos específicos de las pequeñas
empresas de seguridad, especialmente las de seguridad electrónica,
teniendo en cuenta sus reducidas dimensiones, su restringido ámbito de
actuación y las restantes características y circunstancias que concurren
en su creación y funcionamiento; y reduciendo a mínimos imprescindibles
los controles exigibles para el cumplimiento de las finalidades de la Ley
y los requisitos de inscripción y autorización de aquéllas, en especial
los relativos a las garantías o avales necesarios.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 1997.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Joaquim
Molins i Amat.
161/000382
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la singularidad territorial y geográfica
de la provincia de Cádiz en la Orden Ministerial que desarrollará la
estructura territorial de la Guardia Civil.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la singularidad
territorial y geográfica de la provincia de Cádiz en la Orden Ministerial
que desarrollará la estructura territorial de la Guardia Civil, para su
debate en la Comisión de Justicia e Interior.
Exposición de Motivos
En la comparecencia del Señor Director General de la Guardia Civil, en la
Comisión de Justicia e Interior celebrada el pasado 24 de septiembre de
1997, para informar sobre las medidas de reestructuración de las
competencias de la Guardia Civil, según el desarrollo de los pactos de
investidura y el redimensionamiento del papel de dicho Cuerpo en la
defensa nacional y su dotación de personal, manifestó que «la
reestructuración de la Dirección General tendría dos etapas: Una primera,
que ya se ha culminado en su manifestación legal, el Real Decreto de
Organización del Ministerio del Interior. Una segunda, elaborándose una
Orden Ministerial de desarrollo del mencionado Real Decreto, que
reestructuraría la Dirección General, encontrándose ya muy avanzada dicha
Orden».
Se dijo en sede Parlamentaria que se acometería una adaptación y
simplificación de la estructura territorial de la Guardia Civil,
constituyéndose una zona de la Guardia Civil por cada Comunidad Autónoma
y una Comandancia por provincia.
En este último sentido entendemos que hipotética redacción de una Orden
Ministerial que contemplara la existencia de una Comandancia por
provincia debería de contener excepciones, ya que la provincia de Cádiz
por su singularidad territorial y situación geográfica debe de seguir
contando con esa peculiaridad que hace que, hoy en día, Algeciras cuente
con una Comandancia, la 234, distinta a la de Cádiz y, por tanto, que la
provincia cuente con dos Comandancias.
Entendemos que hechos presentes y futuros, tales como el reforzamiento de
la protección de la frontera Sureuropea en concordancia con lo dispuesto
por el Tratado de Schengen, así como la lucha contra el narcotráfico, la
inmigración ilegal y el contrabando, todos ellos debido a la situación
geográfica de la zona del Campo de Gibraltar, así como la diversidad
territorial de la provincia de Cádiz, hacen que Algeciras constituya en
sí misma una provincia diferente de Cádiz.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las previsiones
necesarias para que en la elaboración de la Orden Ministerial por la que
se acometerá una adaptación y simplificación de la estructura territorial
de la Guardia Civil, se contemple con especial atención la problemática
que se suscita en la provincia de Cádiz.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 1997.--Salvador
de la Encina Ortega, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/000366
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley sobre transparencia y control de las actividades de
exportación de armamento.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquim Molins i Amat, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta, para su
discusión en la Comisión de Defensa, una Proposición no de Ley sobre
transparencia y control de las actividades de exportación de armamento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 1997.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Joaquim
Molins i Amat.
Proposición no de Ley que presenta el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre transparencia y control de las actividades
de exportación de armamento
Exposición de Motivos
El comercio de armamento continúa siendo uno de los temas más delicados
de la política internacional, tanto
por el volumen de armas que se comercia en el mundo, como por los efectos
que ello puede tener ante la existencia de países en situación de
conflicto bélico o inestabilidad política.
De los diferentes estudios que sobre la materia se han realizado
recientemente por parte de los distintos organismos internacionales como
la Arms Control and Disarmament Agency (ACDA) o el Stockholm
International Peace Research Institute (SIPR), se deduce claramente que
el Estado español, si bien no es uno de los principales países
exportadores mundiales de armamento, ocupa un lugar de segunda fila en
este tipo de comercio, junto a países como Italia, Canadá y Holanda.
A este dato hay que añadirle el hecho de que hay ciertas dificultades en
lograr datos oficiales sobre las exportaciones españolas de armamento,
tanto a partir del momento en que se desea conocer con precisión el
volumen real de las exportaciones anuales del material de Defensa y del
material de doble uso, como a partir del momento en que se desea conocer
cuáles son los países destinatarios del material exportado. Y, a pesar
que desde 1995 la Administración ha ampliado el nivel de información
sobre las operaciones aprobadas por la Junta Interministerial Reguladora
del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Material de Doble Uso
estamos lejos aún de haber alcanzado unos niveles de suficiente
transparencia en este ámbito.
Nuestra legislación sobre exportación de armas, viene configurada
básicamente por el Real Decreto 824/1993, de 28 de mayo, el cual aprueba
el Reglamento de comercio exterior de Material de Defensa y de Material
de Doble Uso. Este Reglamento, derivado de la Ley Orgánica 3/1992, de 30
de abril, delimita los requisitos básicos a que se deben sujetar las
correspondientes autorizaciones administrativas de exportación y
establece el régimen jurídico de las mismas, otorgando a la Junta
Interministerial anteriormente mencionada, competencias para controlar y
autorizar dichas exportaciones. Esta normativa, además, se complementa
con el Reglamento CE numero 3381/1994 y con la Decisión del Consejo
94/942/PESC y posteriores modificaciones. Desde este punto de vista, la
incorporación al máximo nivel legal posible de los ocho criterios comunes
aprobados por la Unión Europa en junio de 1991 y junio de 1992 daría una
nueva dimensión legal a ese necesario control de estas exportaciones.
Además, el Código de Conducta europeo sobre el comercio de armamentos,
elaborado por las organizaciones British-American Security Council,
Safeworld y World Development Movement, constituye una muy buena
referencia para las legislaciones de los Estados Comunitarios a la hora
de incorporar los ocho criterios comunes.
Asimismo, no existe ningún mecanismo de control parlamentario sobre las
referidas exportaciones, hecho que ha provocado que las distintas
Organizaciones no gubernamentales tengan serias dudas sobre la idoneidad
de los países destinatarios de las exportaciones.
En consecuencia, es necesario que se ofrezca información sobre los
aspectos fundamentales del comercio exterior de Material de defensa y
Material de Doble Uso, especialmente, en aquello que afecta a los países
y regiones receptoras del material militar español, importes de los
contratos firmados, clasificación por materiales, así como cualquier otro
aspecto que permita efectuar una valoración detallada sobre las
exportaciones de armamento realizadas desde el Estado español.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:
a)Con objeto de obtener mayor transparencia sobre las operaciones de
exportación de material de Defensa y material de Doble Uso, adopte las
medidas oportunas para que, cada seis meses, se hagan públicos los datos
fundamentales de las Actas aprobadas por la Junta Interministerial
Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Material de
Doble Uso en las que consten, como mínimo, los países de destino de las
operaciones de exportación, los productos exportados y el montante
económico de las mismas.
b)Informe anualmente a la Comisión de Defensa sobre las
correspondientes autorizaciones administrativas de exportación del
material de Defensa y del material de Doble Uso realizadas en el último
año, así como sobre la estimación de las ventas que, en relación a dichos
materiales, se van a efectuar durante el año siguiente, de modo que se
permita efectuar una valoración detallada sobre cuáles son los países
destinatarios de las exportaciones.
c)Incorpore a la legislación española los ocho criterios sobre
transparencia y control de las actividades de exportación de armamento
aprobados por la Unión Europea en 1991 y 1992, teniendo en cuenta,
además, la necesidad de concretarlos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 1997.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Joaquim
Molins i Amat.
161/000367
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposición no de Ley sobre la prohibición total del uso, fabricación y
exportación de minas terrestres.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Joaquim Molins i Amat, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta, para su
discusión ante la Comisión de Defensa, una Proposición no de Ley sobre la
prohibición total del uso, fabricación y exportación de minas terrestres.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 1997.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Joaquim Molins i
Amat.
Proposición no de Ley que presenta el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) sobre la prohibición total del uso, fabricación y
exportación de minas terrestres
La utilización masiva de minas terrestres se ha convertido en un problema
de amplias dimensiones y con trágicas consecuencias para numerosos seres
humanos. Actualmente hay aproximadamente 110 millones de minas colocadas
en todo el mundo y alrededor de cien millones más están esperando ser
distribuidas. Las tareas de desminado se llevan a cabo con escasos medios
y poca intensidad. En un año se desactivan unas 80.000 minas, pero en el
mismo período de tiempo se instalan cerca de dos millones y medio, con lo
que el esfuerzo es casi nulo. Desde 1975, alrededor de un millón de
personas han resultado muertas o heridas por detonaciones de minas
incontroladas y un 73% de las mismas sufren algún tipo de mutilación.
Estudios recientes, por su parte, han demostrado la escasa eficacia de
estos artefactos. Así, cabe destacar el Informe Bladgen, en el que se
especifica la inutilidad de estas armas para frenar incursiones enemigas,
tal y como ha quedado demostrado en diferentes conflictos bélicos
(Vietnam, Angola, Kuwait).
Hay que añadir, también, que en situación de conflicto bélico la
población civil no cuenta con los medios para evitar estas mortíferas
armas. Esta situación agrava, sin duda, el problema.
Diversas organizaciones internacionales consideran la utilización de
minas como una violación de los derechos humanos. La utilización masiva
de las mismas, su permanencia una vez ha terminado el conflicto y la gran
cantidad de víctimas que provocan justifican plenamente esta
consideración.
La comunidad internacional, por su parte, ya ha empezado a reaccionar.
Así, 44 Estados ya se han manifestado por la prohibición total y en la
reciente Conferencia de Otawa «Hacia una estrategia para la prohibición
global de las minas antipersonales» se ha aprobado una declaración final
en la que los Estados participantes se comprometen a trabajar juntos para
asegurar la conclusión, en el plazo más breve posible, de un Acuerdo
Internacional jurídicamente vinculante que prohíba las minas
antipersonales. Además, determinados Estados europeos han apostado por
avanzarse. En este sentido, Austria, Bélgica y Suecia ya han aprobado
sendas leyes que prohíben el uso, la fabricación y el comercio de minas y
la destrucción de todos sus arsenales.
Hasta ahora el Estado español ha realizado tímidos avances en esta
dirección. En 1994 el Gobierno adoptó una moratoria sobre exportación de
minas que posteriormente adaptó a la Acción Común de la Unión Europea de
1996. Y en diciembre de 1995 el Pleno del Congreso de los Diputados
aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley sobre Minas
Antipersonales de alcance limitado, aunque evidentemente positivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Proyecto de
ley que establezca:
a)La prohibición de manera definitiva, del almacenamiento, comercio,
transferencia, exportación y empleo de todas las minas terrestres y
bombas de racimo, y de sus componentes, así como de cualquier munición de
similares características y de los mecanismos empleados para su
fragmentación y dispersión.
b)La regulación del proceso de destrucción de los stocks existentes
de minas antipersonales en el Estado español.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 1997.--El Portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), Joaquím Molins i
Amat.
Comisión de Educación y Cultura
161/000380
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la adhesión de España a Francia e Italia
en el proyecto para impulsar la industria europea del cine.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ecuación y
Cultura.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley, para que España se sume a
Francia e Italia en el Proyecto para impulsar la industria Europea del
Cine.
Exposición de Motivos
No cabe duda de que los crecientes lazos económicos y políticos entre los
Estados miembros de la Unión Europea configuran el entramado básico del
proceso de integración, pero sólo a través del conocimiento y del
intercambio cultural lograrán arraigar los valores y sentimientos de una
conciencia europea común entre los ciudadanos de los países de la Unión.
En este sentido, el cine, el sector audiovisual en su conjunto, es el
vehículo más apropiado y de mayor potencia para, desde la diversidad,
desarrollar y difundir la nueva realidad cultural europea. Una realidad
que, precisamente por considerarla una de sus mayores riquezas, debe
sustentarse en proyectos y políticas capaces de garantizar la existencia
de esa diversidad en un espacio propio, que contrarreste la tendencia
general de las poderosas industrias culturales extraeuropeas a la
concentración económica y a la homogeneización de los contenidos.
La labor de los distintos profesionales del cine español ha gozado en los
últimos años de un merecido reconocimiento internacional, que ha
discurrido en paralelo a la firme actitud oficial en favor del proceso de
construcción de un verdadero espacio audiovisual europeo. En 1989,
durante la primera presidencia española de la Comunidad, se llegó al
acuerdo para aprobar la Directiva Televisión sin Fronteras y, con ocasión
de la negociación de la Ronda Uruguay del GATT, nuestro país se mantuvo
en primera línea de la defensa de la excepción cultural europea. No se
trababa entonces, ni tampoco ahora, de promover medidas meramente
proteccionistas, sino de responder a las demandas de nuestro cine y del
europeo, cuyos crecientes costes, complejidad e integración en el
conjunto del sector audiovisual han incrementado, en perjuicio de las
industrias cinematográficas europeas, el profundo desequilibrio ya
existente.
Se trata, lisa y llanamente, de que sea posible un cine, español,
francés, italiano, danés o de cualquier otra cultura europea que desee
una cinematografía propia, y de que el diálogo y la colaboración entre
todas las cinematografías europeas haga posible también un cine europeo.
Para todo ello hace falta profundizar en el marco jurídico común y en el
apoyo a la producción de películas y obras audiovisuales europeas,
reforzando las estructuras industriales propias, abriendo cauces a la
creatividad de nuestros profesionales y garantizando el reconocimiento de
los derechos de autor.
Es este sentido, constituye una iniciativa de gran trascendencia el
acuerdo entre los Ministerios de Cultura de Francia e Italia durante el
Festival de Venecia, para impulsar una industria europea del cine.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las gestiones
necesarias para integrarse en el proyecto de impulsar la industria
europea del cine promovido por Francia e Italia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 1997.--Salvador
Clotas i Cierco, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000381
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre la aprobación del currículo del Ciclo
Formativo de Grado Superior Enotecnia y el título de Técnico Superior
Enotécnico.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y
Cultura.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley,
sobre la aprobación del currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior
Enotecnia y el título de Técnico Superior Enotécnico, para su debate en
la Comisión de Educación y Cultura.
Exposición de Motivos
En España, que es el país vitivinícola más importante del mundo en
superficie y por población dedicada al sector, existe la especialidad de
FP II Viticultura y Enología, habiéndose aprobado recientemente también
la licenciatura en Enología.
El Consejo General de la Formación Profesional, a principios del curso
1995-96, consideró en la conveniencia de establecer el Ciclo Formativo de
Grado Superior Enotecnia. En la documentación utilizada por el Ministerio
de Educación y por el Consejo General de la Formación Profesional para
autorizar los estudios de Ciclo Formativo de Grado Superior Enotecnia al
Instituto de Cariñena (Zaragoza) consta que Francia e Italia, que son los
principales países competidores del mundo en el sector vitivinícola,
tienen reglados los estudios conducentes al título de Técnico Superior
Enotécnico.
De acuerdo con el criterio del Consejo General de la Formación
Profesional, la Orden Ministerial de 15 de marzo, por la que se autoriza
la implantación y modificación de enseñanzas en Institutos de Educación
Secundaria para el curso 1996-97, publicada en el «BOE» de 23 de marzo,
autoriza al IES «Joaquín Costa» de Cariñena (Zaragoza) a implantar
estudios del Ciclo Formativo de Grado Superior Enotecnia.
la provincia de Zaragoza de que cuando terminen sus estudios no
recibirán el título de Técnico Superior Enotécnico, sino el de Técnico
Superior en Industria Alimentaria.
Después de los trámites de preinscripción, admisión y matriculación, los
alumnos comenzaron las clases el 3 de octubre del pasado año.
Sorprendentemente, en noviembre fueron informados verbalmente por
representantes del Ministerio de Educación y Cultura en
Este cambio de titulación significa un cambio del perfil profesional y de
las perspectivas profesionales, al tiempo que afectaría a los contenidos
curriculares, aún por fijar. El CFGS de Industrias Alimentarias está
diseñado para formar un profesional polivalente que lo mismo pueda
trabajar en el sector conservero, en la industria cárnica, en el sector
del aceite o en el lácteo.
Dadas las especificidades culturales, la diferenciación de los procesos
de producción y comercialización, parece conveniente mantener los
estudios conducentes a un título específico de Enotecnia. En Francia
existe el título de Técnico Superior Agrícola y diferentes
especialidades, entre las que destacan tres referidas al sector
vitivinícola (Viticultura y Enología, Elaboración y Comercialización de
Vinos y Licores, Análisis y Conducción de los sistemas de Explotación
Vitivinícola).
La puesta en marcha del Segundo Programa Nacional de Formación
Profesional para el período 1997-2000 no debe suponer un retroceso en los
esfuerzos emprendidos en los últimos años por conectar el sistema
educativo con el desarrollo económico regional y el tejido empresarial,
sino que debe avanzar en la línea de propiciar mayor interrelación
funcional entre los sistemas de clasificación profesional y el sistema
nacional de cualificaciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Respetar la Orden Ministerial de 15 de marzo de 1996, por la que se
autoriza a impartir el Ciclo Formativo de Grado Superior Enotecnia al
Instituto de Enseñanza Secundaria «Joaquín Costa» de Cariñena (Zaragoza).
2.Aprobar en el plazo de tres meses el título de Técnico Superior
Enotécnico y el currículo del CFGS Enotecnia.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 1976.--Bernardo
Bayona Aznar, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Angel
Martínez Sanjuán, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000383
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la emisión de sellos y demás signos de
franqueo conmemorativos del centenario del nacimiento del músico y
compositor Robert Gerhard.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y
Cultura.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la emisión de sellos y demás signos de franqueo conmemorativos del
centenario del nacimiento del músico y compositor Robert Gerhard, para su
debate en la Comisión de Educación y Cultura.
Exposición de Motivos
Robert Gerhard es internacionalmente conocido y reconocido como uno de
los compositores más notorios del siglo XX. Destaca por ser el precursor
en España de un lenguaje musical de amplias perspectivas que empezaba a
nacer en Europa, y ello sin perder sus raíces étnicas.
Robert Gerhard nace en Valls (Tarragona) el 25 de septiembre de 1896 y
fallece en Cambridge el 5 de enero de 1970. Discípulo de Felip Pedrell,
Enrique Granados y Schonberg; este último lo acepta como alumno en el año
1923 y trabaja con él en Viena y Berlín hasta el año 1928. Años éstos en
los que se introduce en el método de composición que utiliza de una forma
particular los doce tonos de la escala cromática, el dodecafonismo,
movimiento musical que supondrá una auténtica revolución en evolución de
la música.
Posteriormente se traslada a Barcelona donde trabaja en el Institut
d'Estudis Catalans y en la Biblioteca Central de Barcelona, hasta que por
los avatares de la guerra civil y colaboración con el poder
constitucional, tiene que salir del país, trasladándose en un primer
momento a París, para pasar después de un breve período a Cambridge donde
se le ofreció una plaza de investigación; trabajo que comparte con la
participación en diferentes espacios radiofónicos de la BBC para los
países anglosajones y en castellano para España y Sudamérica.
En este año 1996 se está conmemorando el centenario del insigne
compositor con actos y emisión de discografía en Barcelona, Madrid, Valls
(su ciudad natal) en la que se erige un monumento con la colaboración de
instituciones y de la ciudadanía, así como en otras poblaciones
españolas, europeas y americanas.
Todo ello entendemos que justifica suficientemente la proposición que se
presenta, y nos honra a todos en el reconocimiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la Comisión de
Programación de Emisiones de Sellos y demás signos de franqueo, apruebe
una emisión filatélica conmemorativa del Centenario del Nacimiento del
músico y compositor Robert Gerhard.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 1976.--Alfred
Pérez de Tudela Molina, Diputado del Grupo Parlamentario
Socialista.--Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
161/000385
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a adoptar
determinadas iniciativas en relación con la supuesta prescripción de
determinados expedientes tramitados por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al
Gobierno a adoptar determinadas iniciativas en relación a la supuesta
prescripción de determinados expedientes tramitados por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, para su debate en la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda.
Exposición de Motivos
Los problemas y debates que se han suscitado en torno a la supuesta
prescripción de determinados expedientes tramitados por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, no puede impedir la adopción de
aquellas decisiones e iniciativas que, de forma inmediata, pueden servir
para la adecuada defensa del interés general e impedir que se perjudiquen
los derechos de la Hacienda Pública.
Desde esta perspectiva, y en primer lugar, no parece que hasta el momento
se hayan deducido determinadas consecuencias que pueden derivarse de la
ya famosa Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1996 (aparte
de ser utilizada como arma contra el anterior Gobierno,
aunque el coste de tal ataque sea el olvido de la defensa del interés
público), y en especial de la línea argumental e interpretativa que se
contiene en el voto particular formulado a la misma. Según esta línea
interpretativa, no cabe duda de la nulidad del precepto reglamentario en
que se apoyan las pretensiones de prescripción de los citados
expedientes, por infringir lo dispuesto en los correspondientes preceptos
de la Ley General Tributaria (artículos 64 a 67). Continúa el voto
particular considerando «que el principio de seguridad jurídica no sólo
debe amparar a los contribuyentes singulares, sino también a la
Comunidad, o, lo que es lo mismo, al patrimonio común de los ciudadanos».
En este sentido, debe destacarse que la interpretación que del articulo
31 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos se sostenía,
no sólo desde al Administración tributaria, sino también desde la mayoría
de los órganos jurisdiccionales, hacía posible una aplicación razonable y
respetuosa, tanto de la Ley General Tributaria, como de los principios y
derechos constitucionales concurrentes; es sólo así a partir de la
quiebra de principios aplicativos que hasta ese momento estaban
consagrados, cuando la nulidad del precepto comienza a poder apreciarse
claramente. Debe tomarse en consideración igualmente que sólo existe un
pronunciamiento del Tribunal Supremo al respecto, por lo que la ausencia
de una doctrina reiterada impide considerar sentada jurisprudencia en
esta materia (artículo 1.6 Código Civil).
En la medida en que el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, considera nulas de pleno derecho las
disposiciones administrativas que vulneren las Leyes u otras
disposiciones administrativas de rango superior, y siendo aplicable,
según mayoritaria opinión de la doctrina científica, la Orden Ministerial
de 12 de diciembre de 1960, que habilita al Gobierno para declarar tal
nulidad, resulta clara, no sólo la conveniencia, sino la necesidad, de
que por el Gobierno se pongan urgentemente en marcha cuantos mecanismos
estén a su alcance que eviten la producción de efectos perjudiciales para
la Hacienda Pública. Tal compromiso fue asumido por el Secretario de
Estado de Hacienda en su comparecencia del 29 de enero del presente año
ante la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, sin que conste que
hasta el momento el Gobierno haya adoptado iniciativa alguna al respecto.
En segundo lugar, en la citada comparecencia se afirmó igualmente que por
parte de la Administración se iba a proceder a la declaración de
lesividad del pronunciamiento del Tribunal Económico Administrativo
Central de 16 de diciembre de 1996, resolución que, pese a considerar
expresamente que «la Sentencia mencionada (la de 28 de febrero de 1996)
no constituye jurisprudencia a tenor de lo que dispone el apartado 6 del
artículo 1 del Código Civil», resolvió aceptando la alegada pretensión de
parte de prescripción del derecho de la administración a la exigencia de
la deuda tributaria.
En tanto los Tribunales Económico Administrativos se configuran
normativamente como órganos de la Administración, resulta factible
legalmente proceder a la revisión de sus resoluciones (LRJPAC y artículos
153 a 171 de la Ley General Tributaria) previa la declaración, en su caso
de su lesividad para el interés público.
No obstante a lo anterior, tampoco en el presente caso, y pese al tiempo
transcurrido, consta que el Gobierno haya adoptado las decisiones e
iniciativas comprometidas, lo que hace urgente instar su cumplimiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:
1)Al amparo de la normativa vigente, inicie de forma inmediata los
trámites y procedimientos que permitan declarar la nulidad del apartado 4
del artículo 31 del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos.
2)Inicie, igualmente de forma inmediata, los trámites y procedimientos
que permitan declarar nula o anular, según corresponda, la resolución del
Tribunal Económico Administrativo Central de 16 de diciembre de 1996,
previa declaración, en su caso, de su lesividad para el interés público.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 1997.--Juan
Manuel Eguiagaray Ucelay, Diputado del Grupo Parlamentario
Socialista.--Joaquim Almunia Amann, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Política Social y Empleo
161/000373
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre supresión del requisito de las peonadas para
acceder al cobro del subsidio agrario y compensación de los jornales
perdidos por los temporales.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política
Social y Empleo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Política
Social y Empleo.
Los pasados temporales han supuesto un duro golpe para la economía del
mundo rural, a los daños en infraestructuras y bienes materiales hay que
sumarle los millones de jornales perdidos y su directa repercusión en la
disminución del consumo en cientos de pueblos andaluces, que han visto su
economía básica prácticamente paralizada.
Todo ello ha provocado una situación de emergencia que los poderes
públicos deben resolver, toda vez que los daños causados no son solamente
consecuencia de los temporales, sino que la gestión de las
Confederaciones Hidrográficas y ciertas negligencias de las
Administraciones Central y Autonómica han tenido una importante
repercusión en la amplitud de los daños producidos.
Por lo tanto a la necesidad de recuperar las infraestructuras dañadas y
de compensar las producciones agrícolas perdidas hay que contemplar
medidas para ayudar a los jornaleros que sin duda son el colectivo humano
con menos recursos propios para hacer frente a situaciones de emergencia.
Medidas que de acordarse tendrán repercusión directa en un aumento en el
consumo y por tanto en toda la economía del mundo rural.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas
necesarias para hacer efectivo:
1.ºSupresión del requisito de las peonadas para acceder al cobro del
Subsidio Agrario.
2.ºAprobación de los fondos necesarios para llevar a cabo un PER
extraordinario que compense los jornales perdidos por los temporales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 1997.--José Luis
Centella Gómez, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo
161/000369
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a requerir al
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD), para que considere y
contabilice como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) las contribuciones
aportadas por España por vía multilateral a las operaciones de
mantenimiento de la paz.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión sobre
Cooperación y Ayuda al Desarrollo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para su debate ante la Comisión de Cooperación y
Ayuda al Desarrollo.
Exposición de Motivos
La opinión pública española conoce perfectamente el trabajo de muchos
españoles, que en operaciones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz, contribuyen con su esfuerzo a mitigar el
sufrimiento y las necesidades básicas de tantas víctimas de la guerra, la
defensa de sus derechos fundamentales o incluso también a la
reconstrucción de infraestructuras básicas necesarias (carreteras,
escuelas, centros de salud, etc.).
Desde hace años, España, que duda cabe, viene haciendo un extraordinario
esfuerzo, económico, técnico y humano, en el mantenimiento de la paz en
el mundo.
Sólo en 1995, España ha hecho contribuciones al programa de Mantenimiento
de la Paz (UNPROFOR) por valor de 10.156 millones de ptas. (más de 81
millones de US$).
El CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo), por consenso entre los países
miembros, establece los requisitos que deben reunir las partidas o rubros
de cooperación internacional para ser considerados como AOD (Ayuda
Oficial al Desarrollo). Básicamente las condiciones son: que las
contribuciones tengan origen público, que se apliquen al desarrollo
económico y mejora del nivel de vida de las poblaciones de los países
receptores, que éstos estén comprendidos en la parte primera de la
relación periódicamente revisada por el CAD (los de menor renta per
cápita) y finalmente, que las aportaciones de los donantes sean a título
gratuito o
incluyan un tramo de concesionalidad de, al menos, el 25% del total.
Sin embargo, el CAD no admite que las contribuciones para el
mantenimiento de la paz, por vía multilateral, tengan la consideración de
AOD, argumentando que el sistema estadístico de Naciones Unidas carece de
instrumentos capaces de identificar los componentes concretos (dentro de
la contribución global de cada país) susceptibles de ser considerados AOD
en razón de su impacto directo en el desarrollo de la población
beneficiaria.
Si consideramos que la paz es un presupuesto indispensable para generar
un desarrollo estable y sostenido, parece razonable suponer que todas las
aportaciones realizadas, multilateral o bilateralmente, para financiar
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, deberían ser consideradas como
ayuda oficial al desarrollo (AOD). En cualquier caso, resulta
sorprendente que la ausencia en el sistema de Naciones Unidas de un
mecanismo contable y estadístico, se traduzca en la práctica en una
penalización al país contribuyente, al que se le impide poder computar
ese gasto como AOD.
El cociente AOD/PNB, que mide el esfuerzo de cada país donante de la OCDE
en sus contribuciones nacionales a los países en vías de desarrollo, cayó
en España durante 1995 y con respecto a 1994, al pasar del 0,28% al
0,24%, aunque la posición relativa de España, en relación a los 21 países
donantes miembros del CAD, no sufrió variación. España ocupa el puesto 11
en el montante neto de AOD contribuida y el 18 en cuanto a porcentaje
AOD/PNB (Nueva Zelanda 0,23 %, Italia 0,14 % y USA 0,10%).
Aunque la tendencia a la disminución de la AOD española registrada en
1995, se ha invertido en los Presupuestos Generales del Estado para 1997
al situar la AOD en el 0,28% del PNB, la consideración de las
contribuciones multilaterales a UNPROFOR como AOD significaría mejorar la
posición relativa de España entre los países donantes del CAD y en
consecuencia el justo reconocimiento internacional al esfuerzo
extraordinario que los españoles hacen para ayudar a los países más
desfavorecidos, tanto en el pasado como en el futuro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a requerir al Comité de
Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD), para que considere y contabilice
como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) las contribuciones aportadas por
España por vía multilateral a las Operaciones de Mantenimiento de la
Paz.»
Madrid, 4 de febrero de 1997.--El Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, Luis de Grandes Pascual.
Comisión de Infraestructuras
161/000368
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a abandonar el
proyecto de construcción de la vía conocida como Vía Orbital entre Sant
Celoni y Abrera, con paso por el norte de Granollers, Sabadell y
Terrassa, provincia de Barcelona.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Infraestructuras.
El proyecto de construcción del Cuarto Cinturón o Vía Orbital en el área
metropolitana de Barcelona sigue generando rechazo, debido
fundamentalmente a dos motivos. Produce un grave impacto territorial y
ambiental en un territorio muy humanizado y frágil, y, por otro lado, es
una obra que aporta poco a la movilidad de la ciudadanía. Desde que hace
dos años nuestro Grupo Parlamentario presentó una Proposición no de Ley
en esta Cámara para conseguir la paralización de la tramitación de este
proyecto, la oposición no ha hecho sino crecer, hasta ser hoy
prácticamente un clamor. No ya únicamente se oponen entidades
ecologistas, sociales o ayuntamientos, sino que incluso el propio Consejo
de Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya ha mostrado
recientemente sus dudas sobre la necesidad conjunta del proyecto.
El debate suscitado entre personas, instituciones y entidades de la zona
ha demostrado que existen alternativas viables a la construcción del
Cuarto Cinturón. Estas alternativas pasan por la mejora de la red local,
la construcción de la ronda ferroviaria del Vallés, entre Martorell y
Mollet, pasando por Terrassa y Sabadell, la potenciación del transporte
público y el impulso a una política de rescates de peaje en el sistema
definido por la autopista A-7.
Por otra parte, el Ministerio de Fomento ha enviado recientemente a
diversas instituciones y entidades para su consulta, el proyecto de
trazado de este proyecto, con la particularidad de que el período de
consulta se limitará a un mes, plazo claramente insuficiente para poder
opinar sobre él.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abandonar el proyecto
de construcción de la vía conocida como Vía Orbital entre Sant Celoni y
Abrera, con paso por el norte de Granollers, Sabadell y Terrassa.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 1997.--Joan Saura
Laporta, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000376
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley sobre suspensión de la concesión administrativa
otorgada a Petrovigo, S. A., para la instalación de una terminal de
almacenamiento y suministro de combustible a buques en el puerto de Vigo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Comisión.
Exposición de Motivos
En 1993 la Autoridad Portuaria de Vigo otorgó concesión administrativa a
la empresa Petrovigo, S. A., para la instalación en sus terrenos, en el
relleno de Bouzas, de una terminal de almacenamiento y suministro de
combustible a buques. Desde ese momento, este proyecto cuenta con la
oposición de los colectivos que viven de la riqueza piscícola y
marisquera de la ría, un sector que proporciona trabajo a unas 10.000
familias. Cuenta también con la oposición de la mayoría de los
Ayuntamientos de la ría de Vigo, y fue cuestionado en su día por la
propia Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia y por el Instituto de
Investigaciones Marinas.
La magnitud del proyecto que se pretende llevar a cabo conlleva unos
importantes riesgos potenciales, que no se ven compensados por los
puestos de trabajo que se crearían; según el criterio de los innumerables
opositores al proyecto; criterio reforzado por recientes y trágicas
experiencias en otros puntos de la geografía gallega.
La importante oposición a este proyecto, hace que no se haya concretado
aún su instalación. El Gobierno, a través de sus organismos competentes,
debería sopesar minuciosamente los riesgos que para una ría con las
características específicas que reúne la ría de Vigo, supone la
materialización de un proyecto de este tipo.
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Suspender la concesión administrativa otorgada en su día a Petrovigo, S.
A., para la instalación de una terminal de almacenamiento y suministro de
combustible a buques en el puerto de Vigo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 1997.--Francisco
Rodríguez Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto
(BNG).--Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado por Pontevedra (BNG).
161/000378
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a promover la
realización de un estudio de viabilidad sobre la reapertura de la línea
ferroviaria Albatera-Torrevieja (Alicante).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Infraestructuras.
En 1987 fue declarada «fuera de servicio» la línea ferroviaria
Albatera-Torrevieja, desde entonces no existe conexión entre la línea
Alicante-Murcia con una zona de la provincia de Alicante de una enorme
importancia turística. Muchos de estos turistas, además, son ciudadanos
españoles y extranjeros, de edad avanzada y que encuentran problemas para
sus desplazamientos. Por otra parte, tampoco parece descartable la
posible utilización del ferrocarril para transporte de mercancías, en
particular la proveniente de la tradicional explotación salinera.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la realización
de un estudio de viabilidad sobre la reapertura de la línea ferroviaria
Albatera-Torrevieja.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 1997.--Manuel
Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000384
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley relativa al calendario de finalización de las
autovías de Galicia.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Infraestructuras.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Infraestructuras, relativa a Calendario de finalización de
las Autovías de Galicia.
Exposición de Motivos
Por parte del Ministro de Fomento en el mes de julio de 1996 se anunció
el siguiente calendario de finalización de las Autovías de Galicia, con
la pública conformidad del Presidente de la Xunta de Galicia.
La conexión mediante autovía Vigo-Ourense, estaría en servicio en un 84%
en 1996, y la A Coruña-Lugo, estaría concluida en el primer trimestre de
1997. Asimismo, se comprometió que la Autovía de las Rías Baixas
finalizaría en su totalidad en 1997, y respecto a la globalidad de la
Autovía del Noroeste, se señaló que a finales de 1997 estaría ejecutado
el 80% y en 1998 el resto, salvo los cinco tramos correspondientes al
puerto de Piedrafita que finalizarían en 1999.
Transcurrido el año 1996 y con fecha de febrero de 1997, la realidad de
la situación de las Autovías es la siguiente:
La conexión Vigo-Ourense permanece igual que en julio de 1996 con tan
sólo un 33% en servicio, y no estará terminada ni en el verano de 1997,
aún sin el túnel de A Cañiza. La conexión A Coruña-Lugo, que debió entrar
en servicio en diciembre de 1996, tampoco estará finalizada en el verano
de 1997.
Por otra parte, desde entonces hasta la fecha, en las declaraciones de
los portavoces oficiales del Ministerio de Fomento han desaparecido las
referencias al calendario de terminación de las obras del puerto de
Piedrafita que marcarán la fecha de terminación de la Autovía del
Noroeste.
Por lo tanto, a la vista del importante retraso acumulado en tan escaso
período de tiempo, del incumplimiento de los compromisos establecidos, y
de la ausencia de un calendario de finalización de la Autovía del
Noroeste.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Que no se sigan retrasando las fechas de entrada en servicio
comprometidas para los distintos tramos de las Autovías del Noroeste y de
las Rías Bajas.
2.Qué se fije un calendario para la finalización de la Autovía del
Noroeste.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 1997.--Emilio
Pérez Touriño, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Medio Ambiente
161/000374
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre suspensión del Convenio firmado entre la
Generalidad Valenciana y el Ministerio de Medio Ambiente, en materia de
obras de infraestructura hidráulica, hasta que no sea aprobado por el
Gobierno el Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio
Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre el Convenio entre la
Generalitat Valenciana y el Ministerio de Medio Ambiente, para su debate
en la Comisión de Medio Ambiente.
Exposición de Motivos
De acuerdo con lo expresado por el Presidente de la Generalitat
Valenciana y la Ministra de Medio Ambiente en los medios de comunicación,
ambas Administraciones han suscrito recientemente un convenio en materia
de obras de infraestructura hidráulica.
Con arreglo a esas informaciones, el convenio incluye compromisos de
inversión superiores a los 65.000 millones de pesetas para los próximos
años, que se destinarán a infraestructuras de gran trascendencia para la
Comunidad Valenciana en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, entre otras el trasvase Júcar/Vinalopó, proyectos de reutilización
de aguas residuales en Valencia, Alicante y Castellón, modernización de
regadíos de los ríos Júcar y Turia y la mejora del abastecimiento de
Valencia.
Aunque se aduce que estas actuaciones están recogidas en la propuesta de
Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar, este Plan, redactado desde hace
más de un año por la Confederación Hidrográfica, todavía no ha sido
presentado para su debate al Consejo del Agua de la cuenca y, por
supuesto, no ha sido remitido al Ministerio de Medio Ambiente para su
aprobación.
El Plan Hidrológico del Júcar no sólo afecta a la Comunidad Valenciana,
que ocupa aproximadamente la mitad de su cuenca, sino también a
Castilla-La Mancha y Aragón --que ocupa el 37% y el 13% de la cuenca,
respectivamente--, además de una parte mínima en Cataluña.
En consecuencia, las actuaciones incluidas en el convenio indicado no
sólo afectan a la Comunidad Valenciana, sino que también pueden hacerlo
significativamente a las otras Comunidades Autónomas.
Los Presupuestos Generales del Estado para 1997 suponen una drástica
reducción de los recursos estatales destinados a las inversiones
hidráulicas en toda España; el Gobierno ha manifestado la intención de
mantener esa tendencia, a pesar de la necesidad de continuar el esfuerzo
que se requiere en este campo.
Como mínimo esta reducción de la inversión debería repercutir de manera
equitativa sobre todas las regiones españolas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Dejar en suspenso la aplicación del convenio entre la Generalitat
Valenciana y el Ministerio de Medio Ambiente en materia de obras de
infraestructura hidráulica hasta que no sea aprobado por el Gobierno el
Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar.
2.Reajustar equitativamente, una vez aprobado el Plan de la cuenca, los
compromisos de inversión del convenio de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias de ese momento y las necesidades de inversión hidráulica
en todas las Comunidades Autónomas, tomadas en consideración, a su vez,
con arreglo a las previsiones de los Planes de cuenca que les afecten o,
en su caso, con arreglo al Plan Hidrológico Nacional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 1997.--Cristina
Narbona Ruiz, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista.--Joaquín
Iñiguez Molina, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Máximo
Díaz-Cano del Rey, Diputado del Grupo Parlamentario Socialista.--Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000377
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley relativa al Parque Nacional Marítimo-Terrestre del
archipiélago de Cabrera (Palma de Mallorca).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio
Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Medio
Ambiente.
El Parque Nacional de Cabrera fue creado por la Ley 14/1991, de 29 de
abril, como Parque Nacional Marítimo-Terrestre con las aguas y fondos
marinos que lo rodean y con los fines de protección previstos en la Ley
4/1989; el parque se mantiene afecto a la Defensa Nacional cuyas
«actuaciones de adiestramiento» serán reguladas por un Plan Especial,
para cuyo cumplimiento el Ministerio de Defensa nombrará un director
adjunto del parque, también se menciona como actividad que precisa
regularse la pesca artesanal profesional; la navegación se limita a la
necesaria para el uso público del parque igual que el submarinismo.
La Ley 14/1991 dispone que en el plazo de un año se redacte un Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y 6 meses después un Plan Rector de
Uso y Gestión (PRUG), al que seguirán los Planes Especiales necesarios.
El Plan de Ordenación de Recursos Naturales se aprobó por RD 1431/1992,
de 27 de noviembre («BOE» 18 febrero 1993), y en él se describen los
ecosistemas y elementos singulares y se establece el tipo de zonas que se
han de proteger; además, se dan criterios para limitar el uso de los
recursos naturales y establecer políticas sectoriales y recomendaciones
sobre la gestión del parque.
Este Plan y la Orden de 16 de julio de 1992 que sólo regula las
autorizaciones para la navegación, fondeo y buceo con escafandra autónoma
y las zonas marítimas autorizadas, han sido las únicas normas hasta el
año pasado en que se aprobó el PRUG (RD 277/1995, de 24 de febrero, «BOE»
22 de marzo y 18 de abril).
Ya se ha aprobado el Plan Especial que regula las actividades militares
pero, en este momento, uno de los principales problemas es que aún no se
han aprobado, ni siquiera se han presentado al Patronato, el resto de los
Planes Especiales previstos, principalmente los referentes a la pesca
artesanal y a las actividades turísticas; pero en este caso la dirección
del parque alega que se quieren hacer en colaboración con el Gobierno
Autónomo ya que la gestión será mixta cuando se aplique la sentencia del
Tribunal Constitucional a la Ley 4/89.
La explotación agrícola y ganadera está también bajo su autoridad, y la
tiene concedida a un payés, que tiene ovejas y cerdos estabulados pero ya
no cultiva nada; también se ocupa del horno del pan. Con la creación del
parque esta actividad, que hoy en día es marginal, se ha reglamentado a
través de los Planes citados.
En cuanto a la situación laboral del parque, la plantilla de ICONA no
está completa, les faltan medios y no se les reconocen los conocimientos
y las aptitudes que supone trabajar en un medio marítimo; trabajan en un
régimen de turnos alternando entre Cabrera y Mallorca ya que también
tienen a su cargo tareas de divulgación y enseñanza en los centros
escolares, preparación de visitas colectivas, etc.; según la temporada se
quedan una semana en Cabrera y la siguiente la pasan en Mallorca; no
tienen medios de transporte propios o concertados que los trasladen
cuando acaban el turno y dependen del transporte militar; en invierno
cuando el tiempo es malo es frecuente que tengan que quedarse más días en
Cabrera.
Pero la principal queja de los trabajadores es que carecen de unas
condiciones de vivienda dignas en Cabrera; el Ejército les ha cedido un
edificio de 60 metros cuadrados y de forma provisional ya que lo han de
desalojar si se presentan más militares; en verano cuando la plantilla
pasa más tiempo en Cabrera les resulta insuficiente incluso para dormir;
carecen de intimidad y de posibilidades de realizar otras actividades en
su tiempo libre. Son condiciones de vida inhumanas para personas que
pasan la mitad de su vida en Cabrera; son los únicos residentes estables
que no pueden ni pensar en traer a la familia.
El PRUG no prevé nada en este sentido ni se sabe que se esté negociando
la asignación de alguno de los edificios existentes para vivienda del
personal de ICONA; obviamente sería contrario a los objetivos del parque
construir nuevas instalaciones, de hecho ya en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales se prohibió construir nuevos edificios debiéndose
restaurar y adaptar los existentes.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:
1.ºSe lleve a cabo la modificación de la titularidad del Parque y deje de
ser propiedad del Ministerio de Defensa y afecto a la Defensa Nacional.
2.ºRetire el destacamento militar del archipiélago exceptuando en todo
caso el personal imprescindible para el mantenimiento del centro de
telecomunicación y modifique el Plan Especial sobre actividades militares
en este sentido.
3.ºDesarrolle la normativa prevista en el PRUG en relación a la pesca
artesanal y profesional y a las actividades turísticas del parque.
4.ºComplete la plantilla orgánica prevista para la gestión del parque y
les asegure unas condiciones de vida dignas.
5.ºAporte los recursos suficientes para adquirir los medios materiales
que faltan y para aplicar las mejoras necesarias de las instalaciones e
infraestructuras.
6.ºGarantice que la gestión de las instalaciones e infraestructuras se
haga de acuerdo con los objetivos del parque y bajo la dirección del
personal de ICONA.
7.ºEncargue un estudio al CSIC para establecer los límites ecológicos a
la presencia humana en la isla».
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 1997.--Francisco
Frutos Gras, Diputado del Grupo Parlamentario IU-IC.--Presentación Urán
González, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa Aguilar
Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000379
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley de construcción del canal de la Litera Alta
(Huesca).
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Medio
Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se formula la siguiente Proposición no de Ley de construcción
del Canal de La Litera Alta para su debate en la Comisión de Medio
Ambiente.
El Canal de La Litera Alta, es una reivindicación de las gentes de esta
tierra desde comienzos de siglo, cuando se pusieron en funcionamiento los
riegos del Canal de Aragón y Cataluña.
Finalmente el año 1985, bajo el Gobierno de Santiago Marraco en la
Diputación General de Aragón, se realiza un estudio de viabilidad sobre
los Riegos que llega a la conclusión de que a pesar de su elevado coste,
éstos son rentables tanto económica como socialmente.
El tema cae en el olvido hasta entrada la nueva década y es con la firma
unánime del Pacto del Agua por todos los partidos políticos de Aragón y
la rúbrica del Pacto de Piñana o de Castillonroy (1992) entre Emilio
Eiroa --Presidente de la Diputación General de Aragón--, Jordi Pujol
--Presidente de la Generalitat de Cataluña-- y el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes a través de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, en los que se contempla la puesta en marcha de estos regadíos,
cuando de nuevo se albergan esperanzas de ver realizado un sueño que
permita dar esperanzas de futuro a una zona con un potencial de
desarrollo importante.
Desgraciadamente el estudio de viabilidad sobre el Canal de la Litera
Alta que debía adjudicar la Confederación Hidrográfica del Ebro se va
retrasando y no es hasta el 13 de julio de 1994 cuando se adjudica el
proyecto a Prointec y a Unión Fenosa. Desde esa fecha no se ha vuelto a
saber nada más del tema, ningún avance ni información a los agricultores,
Ayuntamientos, a la Comisión Gestora de la Comunidad de futuros Regantes
de La Litera Alta, nada de nada.
Finalmente en diciembre de 1996 se tiene conocimiento por la prensa que
el Consejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Aragón --José
Vicente Lacasa-- afirma haberse enterado de la inviabilidad de los riegos
de La Litera Alta por boca del presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, señor Tomás Sancho. Abundando más en la misma
dirección, incluso en una Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua, se
dan como posibles alternativas el bombeo de agua del Canal de Aragón y
Cataluña por la inviabilidad económica de los riegos de La Litera Alta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Cumplir con los compromisos contenidos en el Pacto de Piñana o de
Castillonroy (1992) en los que se prevé la realización de los regadíos de
La Litera Alta.
2.Incluir la realización del Canal de La Litera Alta en el nuevo Plan
Nacional de Regadíos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 1997.--Pablo
Castellano Cardalliaguet, Diputado del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.--Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000403
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Fernández Sanz, Matilde (G. S).
Procesos electorales para la renovación de los Consejos de Residentes en
el Exterior.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputada doña Matilde Fernández Sanz Texto
Ante los resultados que se están observando en los procesos electorales
para la renovación de los Consejeros de Residentes en el Exterior
preguntamos al Ministerio de Asuntos Exteriores:
¿Qué recursos económicos ha dedicado cada Consulado para la campaña
electoral en su circunscripción consular? En Hamburgo, Munich, Hannóver,
Stuttgart, Frankfurt, Bruselas, Lieja, Amberes, Montpellier, Pau,
Toulouse, Lille, Estrasburgo, Marsella, Burdeos, Perpiñán, Amsterdam...
¿Qué tipo de información electoral se ha hecho y a dónde o a quiénes se
ha enviado desde cada Oficina Consular?
¿Qué directrices estima el Ministerio que se han de dar ante la
repetición de convocatoria que en la mayoría de los Consulados hay que
realizar?
Madrid, 10 de febrero de 1997.--Matilde Fernández Sanz.
181/000406
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Medidas para defender las exportaciones españolas por carretera ante las
dificultades impuestas por el Gobierno francés en la circulación de
vehículos pesados por su territorio durante los fines de semana.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para defender las exportaciones
españolas por carretera ante la reciente medida del Gobierno francés
encaminada a dificultar la circulación de vehículos pesados por su
territorio durante los fines de semana?
Madrid, 11 de febrero de 1997.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000407
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Recoder i Miralles, Lluís Miquel (G. C-CiU).
Medidas para aplicar el convenio bilateral de protección de inversiones a
los españoles expoliados por la dictadura de Pinochet en Chile.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don Lluís Miquel Recoder i Miralles
Texto
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para aplicar el convenio
bilateral de protección de inversiones a los españoles expoliados por la
dictadura de Pinochet en Chile?
Madrid, 11 de febrero de 1997.--Lluís Miquel Recoder i Miralles.
181/000412
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Medidas para combatir el incremento del tráfico de drogas que se observa
en las costas del norte de la provincia de Alicante y del sur de
Valencia.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Qué medidas se van a tomar para combatir el incremento de tráfico de
drogas que se observa en las costas del norte de la provincia de Alicante
y el sur de Valencia?
Madrid, 12 de febrero de 1997.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000413
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G IU-IC).
Fecha prevista para la entrada en funcionamiento de la Guardia Civil del
Mar en la Comunidad Valenciana.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia e
Interior.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia e Interior
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Cuándo va a entrar en funcionamiento la Guardia Civil del Mar en la
Comunidad Valencia?
Madrid, 12 de febrero de 1997.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
Comisión de Defensa
181/000410
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Planes del Ministerio de Defensa sobre el futuro de la Unidad de
Mantenimiento 7/XIII/61 sita en Pontevedra.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Qué planes tiene el Ministerio de Defensa sobre el futuro de la Unidad
de Mantenimiento 7/XIII/61 sita en Pontevedra?
Madrid, 12 de febrero de 1997.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000411
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Valoración de la incidencia que tendrá sobre el futuro de las unidades
militares desplazadas en Galicia el cierre la Unidad de Mantenimiento
7/XIII/61 sita en Pontevedra.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Ha valorado el Ministerio la incidencia que tendrá sobre el futuro de
las restantes unidades militares actualmente desplazadas en Galicia el
hipotético cierre de la Unidad de Mantenimiento 7/XIII/61 sita en
Pontevedra?
Madrid, 12 de febrero de 1997.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000420
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Marsal i Muntalá, Jordi (G. S).
Situación y criterios a seguir acerca del concurso para instituir el
CETME.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Jordi Marsal i Muntalá
Texto
¿En qué situación se encuentra y qué criterios va a seguir el Ministerio
de Defensa respecto al concurso para instituir el CETME?
Madrid, 12 de febrero de 1997.--Jordi Marsal i Muntalá.
181/000421
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Marsal i Muntalá, Jordi (G. S).
Previsiones acerca de encargar la construcción del segundo buque LPD a la
empresa Bazán.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Defensa.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputado don Jordi Marsal i Muntalá
Texto
¿Piensa el Ministro de Defensa encargar la construcción del segundo buque
LPD a la empresa Bazán?
Madrid, 12 de febrero de 1997.--Jordi Marsal i Muntalá.
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda
181/000409
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Actuaciones para que la Comunidad Valenciana continúe figurando como
Objetivo I de la Unión Europa (UE).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Qué actuaciones va a llevar a cabo el Gobierno para que la Comunidad
Valenciana continúe figurando como Objetivo I de la Unión Europea?
Madrid, 12 de febrero de 1997.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000416
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Razones de la defensa de los mínimos de cinco socios y su volumen
económico para la constitución de Organizaciones de Productores de Frutas
y Hortalizas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca
Diputada doña Ana Isabel Leiva Díez Texto
¿Cuáles son las razones que han llevado a la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación a defender los mínimos de cinco socios y su volumen
económico para la constitución de Organizaciones de Productores de Frutas
y Hortalizas?
Madrid, 11 de febrero de 1997.--Ana Isabel Leiva Díez.
181/000417
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Gestiones para solucionar la deuda de Hacienda con la industria
alimentaria.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca
Diputada doña Ana Isabel Leiva Díez Texto
¿Qué gestiones está realizando el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para que se solucione la deuda que Hacienda mantiene con la
industria alimentaria y que puede ascender hasta 30.000 millones de
pesetas?
Madrid, 11 de febrero de 1997.--Ana Isabel Leiva Díez.
181/000418
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Leiva Díez, Ana Isabel (G. S).
Opinión de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca de los
planes del Ministerio de Medio Ambiente sobre la privatización encubierta
del uso del agua para regadíos.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca
Diputada doña Ana Isabel Leiva Díez Texto
¿Qué piensa la Ministra de Agricultura de los planes del Ministerio de
Medio Ambiente sobre la privatización encubierta del uso del agua para
regadíos?
Madrid, 11 de febrero de 1997.--Ana Isabel Leiva Díez.
181/000419
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Ortiz Molina, Ramón (G. S).
Causas por las que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no
continúa con el avance del Plan Nacional de Regadíos, Horizonte 2005.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca
Diputado don Ramón Ortiz Molina
Texto
¿Cuál es el motivo para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación no continúe trabajando con el avance del Plan Nacional de
Regadíos, Horizonte 2005?
Madrid, 10 de febrero de 1997.--Ramón Ortiz Molina.
181/000422
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Madrid López, Demetrio (G. S).
Eficacia de la Orden Ministerial que desarrolla medidas urgentes
aprobadas por el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea
para compensar al sector vacuno.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca
Diputado don Demetrio Madrid López
Texto
¿Cree la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación que la Orden
Ministerial que desarrolla medidas urgentes aprobadas por el Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión Europea va a ser eficaz para
compensar al sector vacuno?
¿Cuáles son las razones por las que se ha optado por dicha Orden?
Madrid, 10 de febrero de 1997.--Demetrio Madrid López.
181/000423
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Ros Maorad, José Luis (G. S).
Coste para el sector agrario de la nueva tasa creada por inscripción y
acreditación catastral, del artículo 33 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas y de Orden Social.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca
Diputado don José Luis Ros Maorad
Texto
¿Ha calculado el Gobierno el coste que va a tener para el sector agrario
la nueva tasa creada por inscripción y acreditación catastral, del
artículo 33 de la Ley 13/96 de Presupuestos Generales del Estado y Ley de
Medidas Fiscales y Administrativas y de Orden Social?
Madrid, 10 de febrero de 1997.--José Luis Ros Maorad.
181/000424
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Chivite Cornago, Carlos (G. S).
Motivo de la prórroga de la vigencia de los Consejos Reguladores
dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca
Diputado don Carlos Chivite Cornago
Texto
¿Cuál es el motivo por el cual se prorroga la vigencia actual de los
Consejos Reguladores dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación?
Madrid, 10 de febrero de 1997.--Carlos Chivite Cornago.
181/000425
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Torres Sahuquillo, Gerardo (G. S).
Motivo para que los productores españoles de oleaginosas dejen de recibir
unos 5.000 millones de pesetas por la penalización en esta campaña.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca
Diputado don Gerardo Torres Sahuquillo
Texto
¿Cuál es el motivo para que los productores españoles de oleaginosas
dejen de recibir unos 5.000 millones de pesetas por la penalización en
esta campaña?
Madrid, 10 de febrero de 1997.--Gerardo Torres Sahuquillo.
181/000426
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Burballa i Campabadal, Ricard (G. C-CiU).
Medidas para ayudar al sector de la patata.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura
Diputado don Ricard Burballa i Campabadal
Texto
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para ayudar al sector de la
patata?
Madrid, 10 de febrero de 1997.--Ricard Burballa i Campabadal.
181/000427
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Burballa i Campabadal, Ricard (G. C-CiU).
Medidas para ayudar al sector de la almendra.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura
Diputado don Ricard Burballa i Campabadal
Texto
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para ayudar al sector de la
almendra?
Madrid, 10 de febrero de 1997.--Ricard Burballa i Campabadal.
181/000428
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Burballa i Campabadal, Ricard (G. C-CiU).
Actuaciones para favorecer la concentración de la oferta en el sector de
las frutas y hortalizas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca
Diputado don Ricard Burballa i Campabadal
Texto
¿Qué actuaciones piensa promover el Gobierno para favorecer la
concentración de la oferta en el sector de las frutas y hortalizas?
Madrid, 12 de febrero de 1997.--Ricard Burballa i Campabadal.
Comisión de Política Social y Empleo
181/000404
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTORA: Fernández Sanz, Matilde (G. S).
Recursos económicos para los servicios sociales hacia los españoles
residentes en el exterior y, concretamente, en los países de América.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social
y Empleo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y a la señora Diputada
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo
Diputada doña Matilde Fernández Sanz Texto
Aprobado ya definitivamente el Presupuesto del Estado para 1997 volvemos
a preguntar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
¿Qué recursos económicos se van a dedicar a lo largo del año 1997 para
los servicios hacia nuestros españoles residentes en el exterior y
concretamente en los diferentes países de América? ¿A qué centros
residenciales o asistenciales se atenderá? ¿Cuándo, por qué cantidad y
para cuántas plazas se va a firmar el convenio con la Residencia
Tinetense de Buenos Aires?
Madrid, 10 de febrero de 1997.--Matilde Fernández Sanz.
181/000408
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Campuzano i Canadès, Carles (G. C-CiU).
Valoración del sistema de adaptación de la estación de Sants de Barcelona
para deficientes visuales a través de intercomunicación.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Política Social
y Empleo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Política Social y Empleo
Diputado don Carles Campuzano i Canadès
Texto
¿Qué valoración hace el Gobierno del sistema de adaptación de la Estación
de Sants de Barcelona para deficientes visuales a través de
intercomunicación?
Madrid, 11 de febrero de 1997.--Carles Campuzano i Canadès.
Comisión de Medio Ambiente
181/000380
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Previsiones acerca de la ejecución de la regeneración de la fachada
marítima de Gandía (Valencia).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructura y Medio
Ambiente
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en orden a la ejecución de la
regeneración de la fachada marítima de Gandía (Valencia)?
Madrid, 3 de febrero de 1997.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.
181/000381
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
AUTOR: Peralta Ortega, Ricardo Fernando (G. IU-IC).
Previsiones acerca de la ejecución del Paseo Marítimo de Puzol
(Valencia).
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 1997.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.
Grupo Parlamentario Federal IU-IC
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructuras y Medio
Ambiente
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega
Texto
¿Qué previsiones tiene el Gobierno en orden a la ejecución del Paseo
Marítimo de Puzol (Valencia)?
Madrid, 3 de febrero de 1997.--Ricardo Fernando Peralta Ortega.