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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 40, de 22/07/1996
BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D:
ACTOS DE CONTROL 22 de julio de 1996 Núm. 40
INDICE
PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION
161/000136 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso sobre medidas para preparar,
difundir y celebrar la designación de Santiago de Compostela (La Coruña)
como Capital Europea de la Cultura durante el año 2000 (Página 2)
161/000137 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
extensión de la subtitulación por medio del teletexto a toda la
programación de televisión (Página 3)
161/000139 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
medidas para evitar la aprobación en la Unión Europea (UE) de la
comercialización del maíz transgénico de la empresa Ciba Geigy, así como
la promoción de su suspensión definitiva (Página 4)
161/000140 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
relativa a medidas para propiciar la paz en el Sáhara Occidental y la
celebración de un referéndum sobre su autodeterminación (Página 5)
161/000141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
relativa a la investigación de la desaparición de súbditos españoles en
países de América y la violación de los derechos humanos (Página 7)
161/000142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
reconocimiento y defensa de la Declaración Universal de Derechos
Lingüísticos (Página 7)
161/000143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la
que se insta al Consejo de Administración de Radiotelevisión Española
(RTVE) para que elabore un texto que fije el Estatuto del Profesional a
partir del diálogo con los y las profesionales de RTVE (Página 8)
161/000144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la
que se insta al Consejo de Administración de Radiotelevisión Española
(RTVE) a definir, en el más breve plazo de tiempo, un marco estable para
asegurar, de acuerdo con la legislación vigente y de manera equilibrada,
el derecho de acceso a las emisiones de RTVE de los grupos políticos con
representación parlamentaria y de los grupos sociales más representativos
(Página 9)
161/000145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, sobre recorte presupuestario y suspensión de la inspección
de buques de pesca (Página 9)
161/000146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista
del Congreso, por la que se insta al Gobierno a remitir una comunicación
que establezca las bases del programa de modernización del Sector Público
Empresarial del Estado para su debate en el seno de la Comisión de
Industria y Energía (Página 11)
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO
162/000038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la
que se insta al Gobierno para que tome el acuerdo tendente a la necesaria
reapertura de la línea férrea internacional Zaragoza-Canfranc-Pau, en
coordinación con el Gobierno francés (Página 12)
PREGUNTAS CON RESPUESTA ORAL EN COMISION
181/000101 Pregunta formulada por el Diputado don José María
Chiquillo Barber (G. Mx), sobre inversiones previstas para la ampliación
del aeropuerto del Altet de Alicante en el período 1996-2000 (Página 12)
PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISION
161/000136
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000136.
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley sobre medidas para preparar, difundir y celebrar la
designación de Santiago de Compostela (La Coruña) como Capital Europea de
la Cultura durante el año 2000.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y
Cultura.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en
la Comisión de Educación y Cultura.
Santiago de Compostela será Capital Europea de la Cultura durante el año
2000; acontecimiento de una gran importancia y repercusión europea tanto
para la ciudad de Santiago como para Galicia y también para España.
Para preparar, difundir y celebrar dicho evento y para que éste pueda
desarrollarse con las mayores garantías de éxito, es necesario realizar
un esfuerzo conjunto, tanto de las distintas Administraciones como de los
particulares, tanto en el campo de las inversiones materiales como en la
conmemoración.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para:
1.ºLa contemplación de incentivos fiscales específicos para las
inversiones que tengan por objeto la preparación y
desarrollo de la capitalidad cultural europea de Santiago de Compostela
durante el año 2000.
2.ºLa acuñación y puesta en circulación de una o varias monedas
conmemorativas de la capitalidad cultural europea de Santiago de
Compostela en el año 2000.
3.ºLa emisión y puesta en circulación de uno o varios sellos
conmemorativos de la capitalidad cultural europea de Santiago de
Compostela en el año 2000.
4.ºLa emisión y puesta en circulación de billetes de lotería nacional
conmemorativos de la capitalidad cultural europea de Santiago de
Compostela en el año 2000.
5.ºLa celebración de un «sorteo extraordinario» de la lotería nacional,
parte de cuyos beneficios se destinen a inversiones en la capitalidad
cultural europea de Santiago de Compostela en el año 2000.
Madrid, 28 de junio de 1996.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.
161/000137
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000137.
AUTOR:Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre extensión de la subtitulación por medio del
teletexto a toda la programación de televisión.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Control
Parlamentario de RTVE.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate
en la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Cámara.
En los países occidentales se estima que el 7% de la población padece
algún tipo de deficiencia auditiva. Si lleváramos este porcentaje a
nuestro país nos saldría una cifra de casi tres millones de personas,
cantidad que tiende a aumentar por el envejecimiento de la población ya
que los problemas de audición suelen presentarse «por causas naturales»,
a partir de los 60 o 65 años de edad. Además, entre el grupo de personas
con dichos problemas se encuentran las personas sordas prelocutivas, es
decir, aquellas que nacieron con una discapacidad auditiva adquirida o
bien perdieron la audición antes de haber adquirido la lengua oral.
A este grupo se le puede calificar de minoría lingüística por el uso que
hacen de la Lengua de Signos, que es el cuarto idioma más utilizado en el
mundo, tanto por sordos como por oyentes, después del inglés, castellano
y chino. Esto no quiere decir que la Lengua de Signos sea universal ya
que varía de un país a otro. Incluso dentro de un mismo Estado puede
haber distintas Lenguas de Signos.
En todo caso, las personas que presentan esta capacidad no son enfermas y
tienen todo el derecho a poder comunicarse de manera normal y a recibir
información, sea del carácter que sea en la lengua que le es propia. Lo
que sucede es que, cualquier tipo de discapacidad, se convierte en una
minusvalía desde el momento en que las barreras sociales impiden el
desarrollo de lo que podríamos denominar la «vida cotidiana» de la
persona: comunicación, trabajo, formación, etc.
La televisión como soporte técnico de divulgación es un vehículo adecuado
a las necesidades de los sordos si se tiene en cuenta sus peculiaridades,
entre otras que es de un carácter eminentemente visual.
La tecnología de transmisión escrita de la palabra está muy desarrollada:
subtítulos, teletexto, digitalización de palabras vía ordenador por
reconocimiento de sonidos, secuencialización informatizada del texto por
escenas... A su vez, las propias asociaciones de sordos, con ayuda
pública, producen sus propios programas que incluyen subtítulos,
imágenes, sonido y lengua de signos. La difusión de estos programas se ha
realizado directamente por las Federaciones y Asociación de Sordos.
También han sido emitidos por dos televisiones autonómicas sin que haya
tenido acceso la totalidad de población sorda de España.
Todo ello nos llevaría a pensar que no existen, en las diferentes
televisiones de nuestro país, problemas para la transmisión de programas
adecuados a estas personas. La realidad es bien distinta. Existe una
notable diferencia entre el trato que reciben las personas sordas del
Estado español con respecto al recibido por las de los países de nuestro
entorno. Incluso dentro de nuestro territorio existen diferencias en
cuanto a las horas de subtitulación que ofrecen las televisiones
autonómicas, por ejemplo, TV3 ofrece 28 horas y Telemadrid ninguna.
En lo que se refiere al campo de subtitulación, según datos de la
Confederación de Sordos de España, la BBC (Reino Unido), emite 300 horas
mensuales; la RAI (Italia), 80; DR (Dinamarca), 160; France-2 (Francia),
28; ARD-ZDF (Alemania), 44; ORF (Austria), 88; BRT (Bélgica), 36; NOS
(Holanda), 56. En nuestro país, TVE ofrece entre 14 y 16 horas y TV3, 28.
En relación a programas específicos para sordos a parte de la
subtitulación del teletexto, Canal 9, Canal Sur (que suscribió un
convenio con la Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos para emitir
el programa
Tele-Signo) y ETB, dedican (o dedicaron) algunas horas de su programación
a este colectivo. Las noticias que tenemos de otras televisiones no son
muy reconfortantes.
Los canales privados, Antena 3, Telecinco, y Canal Plus a pesar de ser
concesiones públicas y emitir servicio de teletexto, no utilizan la
subtitulación en su programación. Lo mismo ocurre con alguna cadena
autonómica, como Telemadrid.
La eclosión de tecnologías nuevas, la capacidad de emisión vía satélite
de toda clase de emisoras televisivas, la carrera comercial por la
televisión local y por cable, digital, etc., deberían servir de estímulo
para promover, incentivar, instar la regulación televisiva en los
aspectos que puedan ayudar a la comunicación sin grandes dificultades y
que, de otro modo, si dejáramos a la libre iniciativa, no se pondrían en
marcha, en algún caso no por mala fe, sino por no ser considerada
prioritaria la comunicación accesible para personas sordas. Estamos en el
comienzo de toda una carrera comercial y se pueden fijar reglas que
faciliten la mayor integración de las personas.
El camino normativo debe estar detrás de una sensibilización social que
incluya a los fabricantes de los soportes, a las productoras, a los
anunciantes --¿por qué no anuncios en teletexto para sordos si ya se
hacen para intercalarlos durante las retransmisiones deportivas?--, y a
las televisiones como difusoras. La tecnología necesaria ya existe y el
coste es mínimo o cero. Por lo tanto, se necesita de una especial
sensibilización para incluir dentro de los contratos-programa de los
emisores televisivos, en sus convenios de colaboración o cesión de
programas, la obligación de las productoras y anunciantes de «vender» los
guiones escritos para hacer más fácil la inclusión de subtítulos o,
mejor, el tratamiento adecuado del soporte para su emisión conjunta con
el teletexto.
Asimismo, los generadores de acontecimientos susceptibles de ser tratados
como noticias televisivas y, en especial, las agencias de noticias
televisivas, deben facilitar y adecuar su entrega de material
reproducible de tal modo que pueda a su vez ser posible su emisión final
por medio de teletexto. La incorporación de intermediarios electrónicos
de reconocimiento de sonidos y su reproducción en texto debiera
extenderse gracias a esa sensibilización y en todo caso por la
obligatoriedad pasado un tiempo adecuado de adaptación. En los medios
públicos debiera estar hecho en primer lugar para facilitar una economía
de escala y la introducción de los productos en su vertiente industrial.
Por todo lo cual, se presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:
1.ºIncluya, en los Contratos-Programa con Radio Televisión Española, para
todas sus cadenas y centros de producción, para las emisiones televisivas
nacionales o internacionales, la emisión con teletexto o subtitulado, los
informativos, películas y programas de entretenimiento.
2.ºSe dirija al Ente Público Radio Televisión Española (RTVE) para que
solicite a los anunciantes, agencias de información, productoras externas
y distribuidoras, soportes que faciliten la emisión con subtítulo de
teletexto.
3.ºEn los citados contratos-programa con RTVE, ésta, dentro de sus planes
de programación para las personas sordas, incluya programas accesibles a
estas personas, incluyendo Lengua de Signos Española (LSE) para aquellas
que carecen de buena habilidad lectoescritora.
4.ºDe igual modo, en las producciones mixtas y convenios con otras
televisiones en los que participe Televisión Española, se incluya la
necesidad de soportes adecuados para la más fácil y barata reproducción y
emisión por teletexto, así como a que tenga presente lo señalado en el
punto anterior sobre programas en LSE.
5.ºEn los reglamentos ordenadores de emisión por cable, locales, y
satélite, se incluya la necesaria emisión con posibilidad de ser captada
con teletexto.
6.ºDentro de las condiciones de obtención de subvenciones, financiación,
premios, etc., para realización de películas, dispensados por el Estado,
se establezca entre sus condiciones la necesidad de la cesión de derechos
y la adecuación del soporte para su emisión en teletexto.
7.ºImpulse ante la Agencia de noticias EFE la posibilidad de captación de
sus informativos para televisión para ser tratados con teletexto.
8.ºLa publicidad institucional para su emisión televisiva incluya la
emisión en teletexto y, asimismo, en períodos electorales, los contenidos
de los espacios que, gratuitamente, concede RTVE a los diferentes grupos
políticos cuenten con subtitulado por teletexto y traducción simultánea
en LSE.
9.ºAdopte medidas de carácter informativo para la asunción de la
integración de las personas sordas en el terreno televisivo a las cadenas
privadas, productoras independientes, anunciantes y cualesquiera otros
agentes del mundo audiovisual.
10.ºEl contenido de esta proposición se comunique a todas las
Administraciones y órganos representativos (Parlamentos Autonómicos y
Consejos de Ayuntamientos) que tengan empresas y centros emisores de
televisión o sean productores, para su conocimiento y posible extensión.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Mariano
Santiso del Valle, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000139
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000139.
AUTOR:Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre medidas para evitar la aprobación en la Unión
Europea (UE) de la comercialización del
maíz transgénico de la empresa Ciba Geigy, así como la promoción de su
suspensión definitiva
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y
Consumo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate
en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Muchos científicos y organizaciones de todo el mundo han manifestado
públicamente su preocupación por el vertiginoso desarrollo de la
manipulación genética, cuyas consecuencias en la salud, el medio ambiente
y la economía, especialmente en el sector agrícola, están lejos de
conocerse. Sin ir más lejos, el pasado 28 de mayo en París, un grupo de
científicos hacía público un llamamiento que venía a proclamar «la
necesidad de una moratoria en la diseminación de organismos genéticamente
modificados (OMG) en el medio ambiente», ya que incluso como indicaba el
presidente del Instituto Europeo de Ecología «hoy nadie puede prever las
toxicidades, las invasiones competitivas o cualquier otra consecuencia
inesperada de las plantas transgénicas».
Los próximos días 25 y 26 de junio se reúnen los ministros de Medio
Ambiente de la Unión Europea para considerar por primera vez la
posibilidad de comercializar en ella un organismo modificado
genéticamente (OMG), el maíz transgénico de la empresa Ciba Geigy.
Producto que ha experimentado varias manipulaciones para resistir a un
herbicida de la misma empresa, a los insectos y a un antibiótico de
amplio uso, la ampicilina, introduciendo en él material genético
sintético.
Los informes suministrados por la citada empresa para evaluar los riesgos
de utilizar el maíz transgénico, además de incompletos, no son
concluyentes, puesto que existe la posibilidad de que el gen resistente a
la ampicilina se transfiera a microorganismos patógenos poniendo en
peligro el éxito de cualquier terapia con este antibiótico, que el
producto tenga efectos alergénicos y que la toxina que contiene sea
nociva para más insectos de los que son su objetivo.
Además y pensando en los efectos secundarios que este nuevo producto, en
años próximos, podrá tener sobre otros sectores como la agricultura e
incluso sobre la propia salud humana, hace necesario que en una decisión
de esta transcendencia se impliquen los ministros de otros ramos que
puedan verse afectados y que su opinión, consideración y decisión, tenga
tanto peso como la de los ministros de la Comisión de Medio Ambiente.
Por último, algún país miembro de la Unión Europea ha llevado a cabo en
el seno de ésta, medidas políticas obstruccionistas como consecuencia de
posturas poco sensibles en materias tan delicadas como la salud humana.
En consecuencia, nuestro país debería estudiar la adopción de medidas
similares en defensa, en este caso, de la salud de los ciudadanos.
Por todo ello se presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1.En la próxima reunión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la
Unión Europea se presente nuestra oposición a la propuesta de la Comisión
para aprobar la comercialización del maíz transgénico de la empresa Ciba
Geigy, así como a promover su suspensión definitiva.
2.Los ministros españoles de Agricultura y de Sanidad y Consumo
manifiesten ante la Unión Europea su postura contraria a la autorización
de la comercialización del maíz transgénico de la empresa Ciba Geigy.
3.Estudie las posibles medidas a adoptar ante el seno de la Unión
Europea, en el caso de que la comercialización del maíz transgénico de la
empresa Ciba Geigy fuera aprobada.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 1996.--Angeles
Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000140
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000140.
AUTOR: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley relativa a medidas para propiciar la paz en el
Sáhara Occidental y la celebración de un referéndum sobre su
autodeterminación.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, se presenta la siguiente Proposición no de Ley para su
discusión en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El año pasado se cumplieron 20 años de la firma de los llamados Acuerdos
tripartitos de Madrid, firmados por España, Marruecos y Mauritania, por
los que nuestro país entregó a éstos el Sahara Occidental, desoyendo así
las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui a la independencia y a la
autodeterminación.
En 1959, por Decreto Ley, el Sáhara español se convierte en provincia
española, aunque con una administración con carácter peculiar.
En 1976, Naciones Unidas solicita de España la organización de un
referéndum de autodeterminación para el pueblo del Sáhara Occidental, en
base al espíritu de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.
El 20 de septiembre de 1974, el embajador ante Naciones Unidas, Piriés,
anuncia que España aceptará dicha autodeterminación a través de un
referéndum.
Hassan II, Rey de Marruecos, solicita del tribunal de Justicia de La Haya
el dictamen sobre si el Sahara era tierra de nadie antes de establecerse
España, y en caso de no serlo, cuáles eran los vínculos que tenían
Marruecos y Mauritania.
En octubre de 1975 el tribunal les contesta «... los materiales e
informaciones proporcionados al tribunal no establecen la existencia de
ningún vínculo de soberanía territorial entre el Sáhara Occidental y el
reino de Marruecos o Mauritania. Por tanto el tribunal no ha comprobado
la existencia de vínculos jurídicos de tal naturaleza que puedan
modificar la aplicación de la resolución 1514 (XV).
Cerrada la vía legal, Hassan II desata la «Marcha Verde» en la que
350.000 civiles marroquíes son lanzados sobre el Sáhara. Acto seguido, el
14 de noviembre de 1975, España, Marruecos y Mauritania firman los
acuerdos tripartitos de Madrid, por los cuales el Estado español abandona
a su provincia en manos de Marruecos y Mauritania.
El 27 de febrero de 1976 se constituye la República Arabe Saharaui
Democrática (RASD) reconocida hoy por más de 76 países y miembro de pleno
derecho de la OUA.
La invasión marroquí y mauritana provoca un gran éxodo de la población
saharaui a las zonas liberadas por el Frente Polisario. Ante los
bombardeos con fósforo y napalm de la aviación marroquí, esta población
busca refugio en Tindus (Argelia).
El 5 de agosto de 1979 el Frente Polisario y Mauritania firman la paz.
Este país reconoce la soberanía de la República Arabe Saharaui sobre la
parte que ocupaba según los acuerdos de Madrid. Acto seguido Marruecos
ocupa la parte de territorio abandonada por Marruecos.
Desatada la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos éste asume la
táctica de aislar al Sáhara Occidental mediante la edificiación de muros
de contención y murallas en torno a la capital, y a los fosfatos de
Bucraa. Según datos de Amnistía Internacional más de 800 saharauis han
desaparecido desde el inicio del conflicto.
El 27 de junio de 1990, el Consejo de Seguridad aprueba por su resolución
658 el Plan de Paz de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Con
posterioridad, el 29 de abril de 1991 el Consejo de Seguridad de la ONU
aprueba la resolución 690 (1991) en la que establece el calendario para
llevar a cabo dicho plan. El 6 de septiembre de 1991 se inicia la
aplicación del Plan de Paz con el alto el fuego y a partir de este
momento todo queda paralizado por los continuos impedimentos puestos por
Marruecos, que no sólo ha violado en repetidas ocasiones el alto el fuego
sino que ha impedido que las demás fases del plan se pongan en marcha, a
pesar de la presencia en la zona de 370 observadores militares de la
Minurso (Misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental).
Uno de los puntos más conflictivos es la pretensión de Marruecos de
imponer un cuerpo electoral de súbditos marroquíes y consideran no válido
el censo español de 1974, que había aceptado previamente.
La etapa de identificación de votantes debía terminar en enero de 1996
para pasar a la etapa de transición: intercambio de prisioneros,
liberación de presos políticos y por último organización del referéndum.
Ante el fracaso evidente de la aplicación del Plan de Paz el 29 de mayo
de 1996 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió una resolución
por la que se suspendía el proceso de identificación de votantes, se
reducía el personal de la ONU en un 20% y se daba un plazo de 6 meses a
las partes (Frente Polisario y Marruecos) para hacer algún gesto de buena
voluntad, de lo contrario pasado ese tiempo se seguiría retirando el
personal de la ONU.
Todo ello significa la renuncia por parte de las Naciones Unidas a
celebrar un referéndum justo, libre e imparcial en el Sáhara Occidental,
donde los saharauis puedan ejercer libremente y sin presiones su derecho
a la autodeterminación.
La resolución viene a confirmar el fracaso de la solución pacífica del
conflicto, pone en entredicho una vez más la credibilidad de Naciones
Unidas y deja abierta la puerta para el reinicio de las hostilidades
militares en la zona, con lo que ello implica para la estabilidad
política del Magreb.
Por todo ello se presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Manifestar al Consejo de Seguridad de la ONU la inquietud de España por
la marcha de la aplicación del Plan de Paz que preverá la celebración de
un referéndum a partir del censo de 1974.
2.Expresar la preocupación de España ante los indicios de que se podría
producir un regreso de la hostilidad bélica.
3.Hacer un llamamiento a las autoridades marroquíes y saharauis a
propiciar la apertura de una vía de diálogo directo tal como recomienda
la resolución 1042 de 31 de enero de 1996 del Consejo de Seguridad de la
ONU.
4.Promover una Conferencia de Paz con la presencia de todas las partes
implicadas en el conflicto.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 1996.--Angeles
Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000141
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000141.
AUTOR:Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley relativa a la investigación de la desaparición de
súbditos españoles en países de América y la violación de los derechos
humanos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Cámara se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
El Estado Español tiene la obligación de velar por la defensa de sus
ciudadanos que se encuentren en el extranjero y que sean objeto de actos
contrarios a los Derechos Humanos, y esta garantía para nuestros
ciudadanos, exige una posición de respaldo activo y firme de nuestro país
para garantizar sus derechos e impedir su indefensión.
Son numerosos los españoles que por su defensa de la legalidad
democrática y los Derechos Humanos han sido víctimas de la cruel
represión de numerosos Estados que han cometido todo tipo de crímenes y
que pretender dejar impunes a los responsables de los mismos.
El Estado Español no puede obviar la defensa de sus ciudadanos y crear la
impresión de que éstos están abandonados a su suerte en el extranjero y,
por lo tanto, otros Estados pueden actuar contra ellos sin temor a la
reacción de nuestro país, ya que ello supondría una manifiesta debilidad
y una quiebra de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Asimismo es necesario dar cumplimiento al dictamen de la Comisión
especial de investigación sobre desaparición de súbditos españoles en
países de América aprobado por el Senado.
Por todo lo cual se presenta la siguiente,
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Que utilice cuantos medios diplomáticos estén a su alcance, al objeto
de esclarecer los hechos que han dado lugar a la desaparición de
ciudadanos españoles en diversos países de América.
2.Que colabore activamente con las investigaciones y procedimientos
judiciales que tengan lugar sobre estos hechos.
3.Que adopte las medidas diplomáticas oportunas para conseguir la
colaboración de los Gobiernos de los países en los que se produzcan
denuncias de actos contrarios a los Derechos Humanos en la persona de
ciudadanos españoles.
4.Que plantee la situación de los españoles desaparecidos en países de
América y su necesario esclarecimiento, castigo y reparación ante el
Grupo de trabajo sobre desapariciones involuntarias o forzadas de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 1996.--Angeles
Maestro Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000142
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000142.
AUTOR:Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley sobre reconocimiento y defensa de la Declaración
Universal de Derechos Lingüísticos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y
Cultura.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Educación y Cultura.
El 6 de junio de 1996 se aprobó en Barcelona la Declaración Universal de
Derechos Lingüísticos en una Conferencia Mundial convocada por el PEN
Club y el CIEMEN y apoyada por numerosos organismos públicos y no
gubernamentales.
La Declaración concreta los Derechos de los hablantes de todas las
lenguas del mundo, en especial aquellas minoritarias que por razones
históricas, políticas o sociológicas no gozan de pleno reconocimiento
jurídico. En definitiva, la Declaración pretende crear un marco general a
adoptar por todos los Estados que impida la discriminación por razones
lingüísticas y favorezca la plena normalización de todas las lenguas.
El hecho de que la Declaración haya sido adoptada en territorio del
Estado Español y el carácter plurilingüe de nuestro Estado exige una
especial sensibilidad en su reconocimiento y defensa por parte de los
poderes públicos.
Por todo ello se presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Adherirse a la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos.
2.Defender en la ONU, en la UE y en el Consejo de Europa el pleno
reconocimiento de la Declaración y la adopción de medidas para la
verificación de su cumplimiento.
3.Ajustar en todo momento sus actuaciones en materia lingüística a lo
dispuesto en dicha Declaración.
4.Difundir la Declaración en centros escolares y entre todo tipo de
entidades cívicas.
5.Prestar apoyo a las entidades organizadoras de la Conferencia Mundial
de Derechos Lingüísticos en la constitución de centros difusores de la
Declaración.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Manuel
Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Joan
Saura i Laporta, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--José
Navas Amores, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Julián
Fernández Sánchez, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de IU-IC.
161/000143
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000143.
AUTOR:Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley por la que se insta al Consejo de Administración de
Radiotelevisión Española (RTVE), para que elabore un texto que fije el
Estatuto del Profesional a partir del diálogo con los y las profesionales
de RTVE.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Control
Parlamentario de RTVE.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Control
de RTVE.
«La Comisión de Control de RTVE del Congreso de los Diputados insta al
Consejo de Administración de RTVE para que elabore un texto que fije el
Estatuto del Profesional a partir del diálogo con los y las profesionales
de RTVE.
Este Estatuto debería, al menos, regular los siguientes aspectos:
1.Derechos y deberes de los y las profesionales de la información,
incluyendo el marco para el ejercicio de la cláusula de conciencia y el
secreto profesional.
2.Creación de un comité de profesionales que vigile el cumplimiento del
Estatuto y formule recomendaciones a la Dirección General y al Consejo de
Administración, todo ello con total independencia de las relaciones
laborales.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Manuel
Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Felipe
Alcaraz Masats, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000144
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000144.
AUTOR:Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley por la que se insta al Consejo de Administración de
Radiotelevisión Española (RTVE), a definir, en el más breve plazo de
tiempo, un marco estable para asegurar, de acuerdo con la legislación
vigente y de manera equilibrada, el derecho de acceso a las emisiones de
RTVE de los grupos políticos con representación parlamentaria y de los
grupos sociales más representativos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Control
Parlamentario de RTVE.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la
siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Control
de RTVE.
«La Comisión de Control de RTVE del Congreso de los Diputados insta al
Consejo de Administración de RTVE a definir, en el más breve plazo de
tiempo, un marco estable para asegurar, de acuerdo con la legislación
vigente y de manera equilibrada, el derecho de acceso a las emisiones de
RTVE de los grupos políticos con representación parlamentaria y de los
grupos sociales más representativos.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 1996.--Manuel
Alcaraz Ramos, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Felipe
Alcaraz Masats, Diputado del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.--Rosa
Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
161/000145
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000145.
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley sobre recorte presupuestario y suspensión de la
inspección de buques de pesca.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura
Ganadería y Pesca.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 93 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre Recorte Presupuestario
y Suspensión de la Inspección de Buques de Pesca.
MOTIVACION
El 31 de mayo de 1996 tuvieron conocimiento las Asociaciones Provinciales
de Armadores y la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de
Huelva de un escrito de la Capitanía Marítima Provincial en el que se
expresaba que, por razones de carácter presupuestario, a partir de 1 de
junio quedaban suspendidas todas las visitas de la Inspección de Buques
de esta provincia; que asimismo los buques sólo podrían ser despachados
hasta la fecha de caducidad de la prórroga inherente a los respectivos
certificados de navegabilidad; y que, por último, se suspendía la
atención al despacho de buques en la localidad de Punta Umbría.
Los buques de pesca afectados que en su mayoría se dedican a la modalidad
denominada «al fresco» necesitan para hacerse a la mar efectuar un
despacho mensual y tener en vigor un certificado de navegabilidad
expedido tras dos inspecciones: una en seco, para lo que el barco debe
encontrarse en un varadero y que tiene una vigencia de un año más una
prórroga de un mes, y otra a flote, y que tiene una vigencia de un año
más una prórroga de tres meses.
Al venir las instrucciones, que se recogen en el oficio a que se ha hecho
mención, de la Dirección General de la Marina Mercante, consideramos que
son de carácter general y que por tanto afectan a los barcos de pesca con
base en cualquiera de las provincias marítimas españolas, y a los demás
barcos, es decir a los congeladores y a los mercantes. No entenderlo así
sería aceptar la existencia de una discriminación anticonstitucional.
Las consecuencias derivadas de la suspensión de servicios de Inspección
de Buques, de una gran mayoría de los despachos de éstos y de la
obtención de los certificados de navegabilidad conculcan la legalidad,
las garantías de la actividad pesquera y provocan los perjuicios
económicos derivados de la suspensión de la actividad pesquera al detener
la generación de ingresos y no evitar la de los gastos fijos que un barco
tiene incluso durante el tiempo que está amarrado a puerto.
Al propio tiempo impone la suspensión de la actividad laboral.
No pudiendo hacerse legalmente a la mar, los barcos que obligados por una
situación de necesidad se dedicaran a la pesca, se encontrarían en una
situación antirreglamentaria creada por la falta de certificado que
excluiría la cobertura de las compañías aseguradoras en caso de
siniestro, con consecuencias imprevisibles para armadores y
tripulaciones. En ese mismo caso se encontrarían en indefensión los
armadores que fueran objeto de cualquier expediente sancionador, instado
por las Administraciones competentes.
Por el contrario, si los armadores cumplen con la legalidad vigente se
van a encontrar con una amenaza de ruina económica pues, si como se les
ha dicho, el presupuesto destinado a la inspección de buques se ha
agotado en los cinco primeros meses de año, la paralización se iría
incrementando hasta la finalización de 1996.
Ante la gravísima situación creada, desde la Capitanía Marítima de la
provincia y desde la Subdirección General de la Marina Mercante se les
han sugerido las siguientes alternativas:
a)Que los armadores necesitados del certificado de navegabilidad lleven
los barcos a un varadero y realicen las obras de reforma o reparación que
estimen precisas y que sean certificadas por el varadero. Ese certificado
será trasladado a la Capitanía Marítima Provincial que emitirá el
certificado de inspección «a flote» y prorrogará seis meses la vigencia
del certificado «en seco».
Se desprende de lo anterior que las obras no son ordenadas por la
Inspección de Buques, que el certificado de un varadero no es un
certificado de la Capitanía Marítima y que la prórroga del anterior
certificado tiene una duración insólita. Por consiguiente ni les habilita
para navegar, ni les garantiza la cobertura aseguradora, ni les exime de
responsabilidad ante un eventual expediente sancionador que incluso
podría ser instruido, con decomiso del barco por las autoridades
nacionales de los países con las que España tiene suscrito convenio de
pesca como es el caso de Marruecos.
Por todos esos motivos se ha rechazado esa fórmula.
b)Que mediante aviso, como viene siendo habitual, el inspector se
desplace a los puertos bases de los buques que soliciten dicho
certificado, corriendo los gastos de desplazamiento por cuenta de los
armadores.
No se ha concretado si estos gastos son solamente los de locomoción o
incluyen también dietas y en todo caso conculcan los principios
presupuestarios de la Administración Pública, la naturaleza de un
servicio de la Administración Pública que es de obligado cumplimiento,
que se financia con los ingresos públicos, incluida la tasa
correspondiente y que ni legal ni reglamentariamente tiene previsto el
abono de los gastos de desplazamiento por los usuarios, por lo que su
exacción podría constituir la comisión de un delito.
Los representantes del sector pesquero a que se ha hecho referencia ante
las graves consecuencias de estas medidas que son exclusivamente
imputables a la Administración, para evitar situaciones incontrolables
han manifestado su disposición a aceptar la alternativa b) aunque
previamente han hecho saber su disconformidad a las siguientes
autoridades:
Capitanía Marítima Provincial y Gobierno Civil de Huelva; Dirección
General de la Marina Mercante; Secretario General de Pesca y Ministerio
de Fomento; Delegado Provincial de Agricultura y Pesca y Director General
de Pesca de la Junta de Andalucía.
Asimismo han expresado que esta aceptación forzada por la necesidad tiene
que cumplir las siguientes condiciones:
l.ª)Que el servicio sea prestado por los inspectores y capitanes
marítimos con la normalidad que venía dándose con anterioridad.
2.ª)Que los armadores abonarán exclusivamente los gastos de
desplazamiento hasta tanto la Administración competente resuelva este
problema.
3.ª)Que esos gastos serán reclamados vía regreso, cuando se normalice el
servicio, previa justificación fehaciente.
4.ª)Que la Dirección General de la Marina Mercante, o en su caso, el
Ministerio de Fomento, garantizará el servicio a través de la Capitanía
Marítima de Huelva en las formas antedichas.
5.ª)Que esta medida tendrá una duración provisional de tres meses,
debiendo la Administración adoptar las medidas precisas para la
normalización del servicio en los términos de la legalidad vigente dentro
de dicho plazo.
Por ello se formula la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que de inmediato
adopte las medidas necesarias para restablecer la legalidad y la
normalidad del Servicio de Inspección, Despacho y Obtención de
Certificados de Navegabilidad de Buques, reanudándose las visitas y
desplazamientos de los Inspectores para el examen de los barcos en los
puertos que constituyen su base, proveyendo a las Capitanías Marítimas de
los recursos económicos necesarios a tales efectos, cesando en sus
propuestas de que sean los armadores quienes costeen siquiera
temporalmente el viaje u otros gastos realizados por los Inspectores de
Buques, no solicitándose en lo sucesivo a los mismos ningún tipo de
contribución económica diferente de los impuestos y tasas legalmente
exigibles, depurando las responsabilidades que se deduzcan de haber
pedido aportaciones económicas no previstas por las leyes y asumiendo las
que puedan haberse originado al Estado.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 1996.--El Diputado,
Carlos Navarrete Merino.--El Portavoz Sustituto Primero del Grupo
Parlamentario Socialista, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
161/000146
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
161/000146.
AUTOR: Grupo Socialista del Congreso.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a remitir una
comunicación que establezca las bases del programa de modernización del
Sector Público Empresarial del Estado para su debate en el seno de la
Comisión de Industria y Energía.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y
publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la
Comisión de Industria y Energía.
Motivación
El Consejo de Ministros, en su reunión de 28 de junio de 1996, aprobó el
«Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado».
Las líneas básicas de este programa van orientadas fundamentalmente a la
venta de todas las empresas públicas. Este es el único objetivo que
aparece con total nitidez, entre declaraciones generales de principios
respecto a la transparencia del proceso, y a la capacidad del ahorro
privado para hacerla frente y una pormenorizada clasificación de las
empresas públicas. Clasificación en la que se explícita una relación
directa entre su rentabilidad y la inmediatez con la que van a ser
privatizadas. Pero en ningún caso se diseña el anunciado «Plan
Estratégico de Privatizaciones».
Este hecho, junto a la multitud de declaraciones realizadas por miembros
del Gobierno o por responsables políticos del Partido Popular, en las que
se contempla el proceso privatizador como una simple transferencia de
ciertos activos públicos hacia el sector privado, restringiendo los
términos del debate a una simple elección entre el Estado y el Mercado,
cuando no a la solución de una emergencia financiera a corto plazo o
incluso, en algunos casos, a favorecer intereses de determinados grupos
económicos y financieros, añade más confusión a un proceso repetida y
profusamente anunciando y que se ha dado en considerar por sus autores
como la panacea para la solución de determinados desequilibrios
macroeconómicos. Este planteamiento nos resulta excesivamente precipitado
e irresponsable.
Partimos del convencimiento de considerar como objetivo prioritario de
política industrial, la consecución de un sector público empresarial más
competitivo y mejor adaptado a las nuevas coordenadas que impone el nuevo
contexto internacional y la realidad económico-industrial española. Esto
implica llevar a cabo una reordenación del tamaño del sector público y,
desde luego, continuar con una política de saneamiento y de culminación
de determinados procesos de reestructuración. Pero también, es preciso
resaltar, sobre todo cuanto estamos inmersos en una fiebre privatizadora,
que el sector público empresarial español no está en absoluto sobre
dimensionado en relación a nuestros socios europeos, estamos por debajo
de la media comunitaria, solamente Holanda, Reino Unido y Luxemburgo
disponen de un sector público empresarial de dimensión más reducida que
el español.
Sin embargo creemos que en el marco de una política industrial coherente,
resulta necesaria la reorientación del Sector Público empresarial. El
contexto en el que se desenvuelve la empresa pública española en la
actualidad es, sin duda, muy distinto del que marcó su evolución en otras
etapas y, por tanto, aquella función del Estado, como sujeto activo
directo en determinados sectores, ha perdido su razón de ser cuando la
iniciativa privada puede garantizar el necesario dinamismo y progreso de
nuestro sistema productivo.
Esto no significa, sin embargo, que no puedan ni deban existir
determinadas actividades donde la presencia del Sector Público sea
imprescindible debido a su papel estratégico. Es preciso no desconocer
que la presencia pública en determinadas empresas comporta ventajas
derivadas de su tamaño y de la capacidad de control de determinados
núcleos estratégicos de actividad que ningún país debe perder.
Se trata, en definitiva, de seguir haciendo una estrategia por la
competitividad con una creciente apertura al capital privado, pero con la
salvaguardia, siempre, del interés público evitando, en lo posible, la
formación de núcleos de poder económico-financieros que lo pongan en
peligro.
Como precedente, hemos de tener en cuenta la comunicación enviada por el
Gobierno de la Nación a la Cámara, el 6 de junio de 1995 que sirvió de
base al debate y aprobación de diversas Resoluciones por parte del Pleno
del Congreso de los Diputados el día 5 de julio de 1995, las cuales son
gravemente inculcadas por el contenido del programa aprobado por el
actual Gobierno.
Es por estas razones por lo que planteamos la necesidad de un debate
parlamentario en el que se establezcan las coordenadas básicas del
proceso privatizador que pretende llevar a cabo el Gobierno.
En consecuencia el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir, con carácter
inmediato, y por la vía del artículo 196 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, una comunicación que establezca las bases del programa de
modernización del Sector Público Empresarial del Estado para su debate en
el seno de la Comisión de Industria y Energía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 1996.--El Diputado,
Juan Pedro Hernández Moltó.--El Portavoz Sustituto Primero del Grupo
Parlamentario Socialista, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO
162/000038
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
162/000038.
AUTOR:Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno para que tome el
acuerdo tendente a la necesaria reapertura de la línea férrea
internacional Zaragoza-Canfranc-Pau, en coordinación con el Gobierno
francés.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194
del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando
traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín, así como notificarlo al
Grupo proponente.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, vengo en
presentar la siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno
de la Cámara.
Desde muchos ámbitos ciudadanos, sociales, políticos e institucionales se
viene reivindicando el mantenimiento y la mejora de las líneas
ferroviarias, concibiendo el ferrocarril como el medio de transporte del
futuro y al mismo tiempo respetuoso con el medio ambiente.
La política ferroviaria seguida por RENFE en Aragón, durante los últimos
años, ha supuesto el cierre o la reducción de numerosas líneas y ha
contribuido a la desarticulación territorial, suponiendo al mismo tiempo
la incomunicación y el freno al desarrollo. En este sentido, toma una
especial importancia la incomunicación ferroviaria actual desde Aragón
hacia Francia, con el cierre de la vía Canfranc-Olorón, producida ya hace
varias décadas; de manera que el tráfico ferroviario entre España y
Francia debe producirse obligatoriamente a través de los extremos
fronterizos de Cataluña y País Vasco.
Por eso, ha sido una reivindicación sentida por el pueblo aragonés desde
hace varios años, la necesidad de reabrir la línea internacional
Zaragoza-Canfranc-Pau, de manera que sirva a una mejor integración al
transporte ferroviario entre España y la Unión Europea.
La manifestación de Pau (Francia), del pasado 18 de mayo de 1996 a la que
asistieron unas 4.000 personas en representación de colectivos y
asociaciones de uno y otro lado de la frontera, es una muestra de
reivindicación social en pro del impulso del ferrocarril. Este medio aúna
las ventajas económicas, el respeto ecológico, la articulación
territorial y la presencia pública en un sector estratégico fundamental,
como son las comunicaciones.
Todo esto supondría un apoyo decidido a la comunicación por ferrocarril,
como modelo de transporte, teniendo en cuenta que ya existe una notable
infraestructura ferroviaria en el citado tramo, cuya simple renovación
supondría un medio de transporte moderno y respetuoso con el medio
ambiente.
Por todo ello se presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que tome el acuerdo
tendente a la necesaria reapertura de la línea férrea internacional
Zaragoza-Canfranc-Pau, en coordinación con el Gobierno Francés.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 1996.--Pablo
Castellano Cardalliaguet, Diputado del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.--Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.
PREGUNTAS CON RESPUESTA ORAL EN COMISION
181/000101
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
181/000101.
AUTOR: Chiquillo Barber, José María (G. Mx).
Inversiones previstas para la ampliación del aeropuerto del Altet de
Alicante en el período 1996-2000.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del
Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al señor Diputado
preguntante y publicar en el Boletín.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 1996.--P. D., El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Ignacio Astarloa
Huarte-Mendicoa.
Grupo Parlamentario Mixto (Unió Valenciana)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Infraestructura y Medio
Ambiente
Diputado don José María Chiquillo Barber (Unió Valenciana)
Objeto: Inversiones del Ministerio de Fomento para la segunda ampliación
del aeropuerto de L'Altet de Alicante; período 96/2000
Texto
¿Qué plan de inversiones tiene previstas el Ministerio de Fomento para
acometer la ampliación del aeropuerto del Altet de Alicante en el período
1996-2000, en concreto en lo referente a la construcción de la terminal
de carga y la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aviones?
Madrid, 3 de julio de 1996.--José María Chiquillo Barber.