CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 735



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA



Sesión núm. 75 (extraordinaria)



celebrada el miércoles, 21 de julio de 1999



ORDEN DEL DÍA:



- Comparecencia del señor ministro de Interior (Mayor Oreja) para
informar acerca de la actuación policial en relación con el desalojo de
las familias rumanas en Malmea (Madrid) el pasado día 8 de julio, así
como de los acuerdos entre las distintas administraciones para dar una
solución definitiva a este problema. Apetición propia. (Número de
expediente 214/000128.) ... (Página 21230)

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Se abre la sesión a las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se abre esta sesión
extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior señalada por el
presidente de la Cámara a petición del Gobierno, que tiene como orden
del día informar acerca de la actuación policial en relación con el
desalojo de las familiar rumanas en Malmea, Madrid, el pasado día 8
de julio, así como de los acuerdos entre las distintas
administraciones para dar una solución definitiva a este problema.

Para la intervención inicial, tiene la palabra el señor ministro de
Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, comparezco hoy a petición propia ante la Comisión de
Justicia e Interior con la intención de informar a SS.SS. acerca de
los detalles y las circunstancias de lo sucedido en el campamento de
Malmea el pasado día 8 de julio donde, como ustedes saben, intervino
el Cuerpo Nacional de Policía. También pretendo informarles de los
acuerdos adoptados entre las distintas administraciones públicas para
dar solución al problema creado en torno a estas familias.

Antes de entrar en el análisis y pormenores de esta operación, me
permitirán SS.SS. que realice una serie de consideraciones
preliminares que nos pondrán en antecedentes, necesarios para una
adecuada aproximación a este problema. Primero, se trata de un
asentamiento de características singulares, formado por un grupo de
familias de nacionalidad rumana que ciertamente no responde a una
idea tradicional de la familia, sino que se compone de hermanos de la
misma familia agrupados con ascendientes y descendientes en grupos de
aproximadamente 70 personas. Hay que destacar un carácter nómada, de
una vida singularmente itinerante en distintos países, no sólo en
España -tendré ocasión luego de hacer una revisión de lo que sucede
en otros países del ámbito Schengen de la Unión Europea-, que
evidentemente singularizan su integración social y también procesos
de dificultad de una pacífica convivencia dentro estrictamente de los
grupos familiares a los que antes me he referido. Quiero por ello
marcar un carácter, en mi opinión, singular y que merece un
tratamiento distinto y específico.

La segunda consideración preliminar es que las características de
este asentamiento, su progresiva masificación -355 personas, según
los datos del censo efectuado y cerrado a fecha 19 de julio, con la
cifra de 95 familias y 160 menores-, y especialmente las condiciones
higiénicosanitarias, que estaban en un proceso de creciente
degradación, exigían, de acuerdo con una serie de informes del
Ayuntamiento de Madrid, singularmente el informe del 24 de junio, una
acción de saneamiento dirigida a la retirada de escombros y vehículos
para evitar brotes de infecciones y epidemias entre los asentados.

La tercera consideración preliminar es que el momento elegido para
llevar a cabo esta actuación desde la Delegación del Gobierno tiene
su fundamento en diversos parámetros.

En primer lugar, la terminación del período docente de los
menores, que se habían acogido a la escolarización facilitada por el
Ayuntamiento a cargo del MEC. En segundo lugar, la llegada de altas
temperaturas del mes de julio, que propician, sin duda, un incremento
del riesgo de contraer enfermedades por parte de los asentados,
constituyendo este último dato un aspecto preocupante de salud
pública. Y en tercer lugar, el abandono que se estaba produciendo de
forma creciente de tiendas de campaña y vehículos en el lugar por
gran número de sus iniciales moradores, pero que ya no se encontraban
en este lugar.

La cuarta consideración es que la operación se lleva a cabo, como
antes he dicho, con la presencia del Cuerpo Nacional de Policía y,
aunque será, seguro, un tema de debate en la tarde de hoy, con un
número de efectivos que el delegado del Gobierno consideró que fuese
importante y suficiente para que se produjera un efecto de carácter
disuasorio, poniendo el acento más en la prevención que en cualquier
otra consideración, y que tratase de evitar por todos los medios un
enfrentamiento entre rumanos y policías, de consecuencias siempre
difícilmente previsibles.

Quinta consideración. Quiero decirles, señorías, que no hubo
estrictamente lo que se entiende como una intervención policial. La
actuación del Cuerpo Nacional de Policía se limitó a servir de apoyo
a la Policía municipal y a supervisar las tareas de limpieza y
desescombro, así como lo que significan las actuaciones de estricto
control. Confirma mis palabras el hecho de que no hubo ni un solo
incidente con la Policía y asistimos -para que todos entiendan- a un
esfuerzo de saneamiento de este asentamiento sin ningún
enfrentamiento, produciéndose un abandono por parte de un importante
número de rumanos, que decidieron sobre la marcha dejar el
asentamiento. Reitero que hubo una presencia pacífica y no hubo
ningún incidente de carácter policial.

No quiero dejar de trasladar mi preocupación, mi dolor por un hecho
triste y trágico, por lo que significó el fallecimiento de un niño
rumano producido por accidente el día 9 de julio en el kilómetro 64
de la carretera de Burgos. El conductor de un camión atropelló a un
menor cuando éste se encontraba escondido debajo del mismo.

Inmediatamente los servicios de urgencia del Ayuntamiento lo
trasladaron al hospital de La Paz. Quiero poner de manifiesto que
este grave suceso no tuvo nada que ver con lo que puede ser
enjuiciable, criticable, opinable sobre lo que es el saneamiento del
poblado de Malmea; se produjo al día siguiente y se produjo a 64
kilómetros de Madrid.

Señorías, realizadas estas consideraciones preliminares informaré de
la situación en que se encontraba el campamento que motivó esta
presencia de la Policía en lo que supuso una acción de protección y
de apoyo a la actuación de la Policía municipal.

Desde hace más de un año en el polígono de Malmea se habían asentado
de manera ilegal y permanente unas 220 personas de nacionalidad
rumana. Concretamente en el momento de esta actuación se habían
concentrado ya en ese lugar más de 300 personas. El asentamiento
había dado lugar a un auténtico gueto, que fue degenerando
paulatinamente hasta el punto de no reunir las condiciones mínimas
para que las familias pudieran desarrollar una existenciaacorde con
la dignidad de la persona. En efecto, el poblado



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se había ido degradando. Se había producido una acumulación de
basuras y desperdicios que ponían al asentamiento no sólo en una
situación de insalubridad, sino también de auténtico riesgo sanitario
con existencia de plagas, insectos y ratas. A estas circunstancias
habría que añadir -como ya he señalado anteriormente- las altas
temperaturas del momento estival, que incrementaban los riesgos de
infecciones y que ponía en verdadero peligro la salud de estas
familias. Por otro lado, esta situación de insalubridad se había ido
trasladando también a los barrios colindantes, muy especialmente al
barrio de Begoña, lo que nos situaba ante un panorama de cierto
dramatismo y ante un riesgo de carácter sanitario.

Un segundo aspecto que quiero resaltar y que, sin duda, introduce un
nuevo dato en la dificultad y en la complejidad de este asunto, es lo
que suponía una progresiva degradación de la seguridad ciudadana, no
sólo en el campamento de Malmea, sino también en los barrios cercanos
y muy especialmente en el barrio de Begoña. En este sentido, quiero
señalar que se han venido presentando múltiples denuncias por
diferentes delitos, fundamentalmente por robos, hurtos, peleas,
reyertas, amenazas, agresiones, falsificación de documentos,
mendicidad de menores, incendios y diversas denuncias. Este clima de
degradación de la seguridad ciudadana, así como de la creciente
insalubridad y el riesgo sanitario del poblado, habían dado lugar a
numerosas protestas vecinales ejercidas fundamentalmente por los
vecinos del barrio de Begoña.

Todas estas circunstancias generaron en los últimos tiempos una
creciente preocupación en las distintas Administraciones públicas en
virtud de las cuales se realizaron numerosas inspecciones en el
asentamiento. Las inspecciones efectuadas certificaron una serie de
evidencias que se recogieron en un informe de la Concejalía de
Sanidad del Ayuntamiento de Madrid -como antes he dicho-, con fecha
de 24 de junio. En este informe se insiste en la gravedad de algunos
aspectos sanitarios que constituían elementos preocupantes en
relación con la salud pública y la salubridad, con graves riesgos de
epidemias y otras afecciones de salud. La gravedad de los hechos
constatados en este informe exigían una respuesta que se consideró
que era necesario que fuese inmediata y así se decidió la
intervención de limpieza y saneamiento por las autoridades del
Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno. En este punto, señorías,
tampoco quiero pasar por alto (aunque no es de mi competencia, pero
evidentemente -como no podía ser de otra forma- hablo en nombre del
Gobierno) alguna de las medidas que las distintas Administraciones
públicas implicadas y las ONG habían venido adoptando para dar
solución a este problema que ya se prolongaba durante algunos meses.

En primer término, en lo que se refería a la atención sanitaria, por
los equipos municipales se realizaban pruebas y vacunaciones por la
red pública del Insalud. Como dato relevante puedo citar que se
atendió todo el proceso de gestación de las mujeres embarazadas por
los equipos municipales de la calle de Montesa y en el hospital de
Cantoblanco. Instalación de duchas, letrinas y un puesto asistencial
de la Cruz Roja con una oficina de información en el campamento. La
escolarización de unos 100 niños, de
los que aproximadamente 50 finalizaron el curso en un colegio público
del distrito de La Latina.

Señorías, a continuación pasaré a ofrecerles lo que significaron los
aspectos más relevantes del dispositivo policial, sus objetivos,
enunciados por el delegado del Gobierno, por la puesta en marcha del
mismo y por el posterior desarrollo. El día 8 de julio se estableció
un dispositivo policial denominado «Operación Malmea», con el que se
pretendía el apoyo y protección por parte del Cuerpo Nacional de
Policía a los efectivos de la Policía municipal. Los objetivos de la
operación eran los siguientes. Primero, la retirada de los vehículos
y caravanas inservibles. De ningún otro, de aquellos que eran
inservibles. Yo tengo a su disposición las fotografías del estado de
los distintos vehículos retirados por la Policía municipal mediante
las que se puede comprobar que todos, absolutamente todos los
vehículos, estaban abandonados y su estado y situación constituían un
foco de peligro para la salud e higiene de los asentados. Segundo, el
aseguramiento de un edificio propiedad del Ivima, ubicado en el
segundo asentamiento, que sin bien no estaba ocupado estaba siendo
utilizado por los rumanos. Tercero, la limpieza de la zona mediante
la retirada de basuras y escombros.

En cuanto al desarrollo del dispositivo, los datos más relevantes
fueron los siguientes. La operación se inició a las ocho menos cuarto
de la mañana, efectuando sobre la zona un despliegue de la unidad de
intervención policial y situando tres patrullas de caballería en los
descampados próximos con la finalidad de prevenir posibles
incidentes. Vuelvo a reiterar que la presencia de un número
suficiente de efectivos policiales cumplía una finalidad
estrictamente disuasoria y preventiva para evitar los posibles
enfrentamientos entre la Policía y algunas familias que pudiesen
ocasionarse esencialmente al ver un muy reducido número de policías.

En ese momento la Policía municipal comenzó a actuar con las grúas
para la retirada de los vehículos de manera simultánea en los tres
asentamientos de Malmea. A través de un intérprete adscrito a la
brigada de extranjería se atendieron las preguntas de los ciudadanos
rumanos y se les informó sobre la operación que se estaba realizando
así como su situación en relación con la legislación de extranjería
por la que ellos se interesaban.

Con esta información, evidentemente más allá de lo que pudo
significar la presencia de los miembros del Cuerpo Nacional de
Policía, pero sin que mediara ningún tipo de coacción, ya que se les
dejó libertad de elección, familias enteras abandonaron los
asentamientos 2 y 3 y, por último, el número 1. De esta forma, a las
once horas más de un 70 por ciento se había marchado. Quiero decir
que, al mismo tiempo, se abordaron situaciones que fueron tratadas
con carácter individual. Cuatro familias que manifestaron diversas
razones para permanecer temporalmente: Un hijo de corta edad
ingresado en La Paz, una madre con su bebé todavía ingresado tras una
operación de cesárea o una familia que esperaba en pocos días
disponer de medios de transporte. A esas familias se les garantizó la
posibilidad de su estancia sin ningún problema en el propio
asentamiento o en las inmediaciones de La Paz, a su conveniencia.

La rápida retirada del resto de los agrupados se efectuó abandonando
en el asentamiento tiendas de campaña y distintos enseres, lo que
miembros de las ONG presentes en el



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lugar, de acuerdo con la información que tengo, justificaron que ya
disponían de otros medios económicos que adquirirían en otros lugares
de destino. En cualquier caso, se respetó la voluntad de quienes
quisieron llevarse sus propios objetos y enseres y así se hizo por
los propios efectivos policiales permitiéndose por éstos su retirada
voluntaria. De todos modos, hay que constatar, señorías, que la
Policía municipal, dentro de su actuación de limpieza y saneamiento,
preguntaba a las familias aún presentes si las distintas tiendas de
campaña estaban o no ocupadas, y sólo después de estas comprobaciones
se retiraban las mismas. También se retiraron mediante grúas 14
vehículos abandonados y ocho caravanas, que se depositaron en la base
de Mediodía 2. La empresa Repsol Butano, avisada al efecto, retiró 72
bombonas abandonadas, al parecer todas ellas procedentes de hurtos a
camiones de reparto. En el dispositivo se contó desde el principio
con dos ambulancias del Samur, que únicamente atendieron a un niño
que fue trasladado a La Paz, por un problema respiratorio de carácter
leve. Hay que señalar que ese día la temperatura era elevada y el
calor en la zona asfixiante. Una vez que las diferentes familias
rumanas abandonaron voluntariamente ese campamento, se decidió
ofrecer un asentamiento alternativo con carácter de urgencia y de
provisionalidad. Tras numerosos contactos entre las administraciones,
se decidió ubicar a los rumanos que así quisieron hacerlo en un lugar
denominado Camino de San Roque, en la N-I, distrito de Fuencarral, en
el que permanecen en la actualidad.

Señorías, ya en esta segunda parte de la comparecencia me van a
permitir que analice la situación actual y las soluciones que hemos
diseñado entre el conjunto de administraciones públicas competentes
en la materia, contando también con el criterio y la colaboración de
las ONG que trabajan con estas familias de rumanos. Tras diferentes
reuniones celebradas en estos días con representantes del Gobierno,
de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, puedo adelantarles las
siguientes medidas. La primera decisión es la construcción y puesta
en funcionamiento de campamentos alternativos para asentamiento de
estas familias. La Comisión de seguimiento de inmigración, compuesta
por las tres Administraciones -Administración general, autonómica y
local de Madrid-, las ONG, Asociación Comisión Católica de Migración
y Cruz Roja, han analizado los lugares para el realojo de las
familias rumanas propuesto por el Ayuntamiento de Madrid desde el
punto de vista urbanístico y social, encontrando válidos los
siguientes campamentos de carácter provisional: Camino del Espinillo,
distrito de Vicálvaro; Cañada de los Canteros, distrito de Vallecas
Villa; Vallegrande, distrito de Fuencarral y donde actualmente se
encuentra, San Roque, distrito de Fuencarral. En el emplazamiento de
San Roque se van a efectuar de forma inmediata todas las
modificaciones necesarias para su total adecuación, que se decidirán
en la reunión que probablemente ya habrá mantenido el Ayuntamiento de
Madrid con las ONG.

La gestión de los campamentos se hará por las ONG de acuerdo con esta
instrucción: Vicálvaro y Vallecas, Comisión Católica; Vallegrande y
San Roque, Cruz Roja. En ese sentido, esta solución se ha adoptado
teniendo en cuenta las características singulares anteriormente
aludidas de
estos inmigrantes. Su modo de vida y los problemas de convivencia de
los distintos grupos familiares requieren una adecuada separación y
la instalación en lugares diferentes, con grupos de personas no
superiores a 70.

Segunda decisión. La gestión de estos campamentos, como ya he dicho,
se realizará por las ONG. En este momento no tengo conocimiento de
los acuerdos estrictos a los que han llegado con el Ayuntamiento de
Madrid pero, como antes he dicho, se ha producido una reunión en el
día de hoy. En tercer lugar, una vez transcurrido un período de
tiempo razonable de estancia en los campamentos, se procedería
a llevar a cabo una segunda fase para la integración de estos
inmigrantes, mediante la derivación y traslado de los mismos a
viviendas familiares, en colaboración con las ONG. En esta segunda
fase se pondrían en marcha, en coordinación con el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, proyectos de integración e inserción
social que necesariamente habrán de realizarse sobre las bases de la
escolarización de los menores, que siempre es la esencia de este tipo
de decisión, en coordinación con el Ministerio de Educación
y Cultura. Una vez transcurrido un período de tiempo que se considere
adecuado para el cumplimiento de estos fines de integración, podrían
ponerse en marcha, respecto de aquéllos que no quieran, no desean o
no pueden integrarse, lo que puede significar programas de retorno a
su país de origen, con la colaboración de la AECI. No estoy hablando
de expulsión de inmigrantes, sino de programas de cooperación que
implican la utilización de fondos de ayuda al desarrollo para fines
de asistencia social. Y cuarta medida. También en el ámbito de la
cooperación internacional podrían adoptarse medidas en la línea de lo
que han hecho algunos países de nuestro entorno, como Francia, para
actuar de forma más eficaz en lo que puede significar este tipo de
inmigración de rumanos, reforzando la cooperación con los países
fronterizos afectados por este mismo problema -en este caso Francia y
Portugal- y reforzando dispositivos fronterizos de control.

En conclusión, señorías, los esfuerzos realizados por las
Administraciones públicas, y la colaboración de las ONG, permiten
afirmar hoy -hoy- que la situación de esas familias rumanas es mejor
que la que tenían en el poblado de Malmea. Eso es un dato objetivo.

Unos podrán decir que las razones son de un signo o de otro. Unos
dirán que es la generosidad, la mezquindad, la preocupación de unos
o de otros. Pero el hecho es que el dato, objetivo, es que hoy están
mejor que lo que significaba su situación en la primera semana del
mes de julio. Yo creo que dentro de unas semanas van a poder contar
con unos campamentos debidamente instalados y con unas condiciones
higiénicosanitarias adecuadas. Además, tendrán a su disposición unos
proyectos de integración social y unos proyectos de escolarización
para los menores, en la misma línea de los que antes me he referido y
que ya habían sido adoptados con anterioridad pero que,
evidentemente, significaría la confirmación de los mismos.

Quiero volver a decir que el problema es ciertamente singular y
complejo. Se podrán hacer todas las consideraciones de carácter
general que se quiera, pero es evidente que hay situaciones de
carácter singular, específico, que exigen un tratamiento singular y
específico de esta cuestión. Es evidente que, en ese terreno, lo
importante no es



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sólo lo que sucedió el día 8, que será objeto de debate -estoy
seguro- en esta Comisión, sino la situación que había conducido al
día 8 de julio. Es evidente que todas las posiciones y todas las
decisiones eran malas; ninguna era plenamente satisfactoria. Todas
tenían ventajas e inconvenientes y, en un momento determinado, desde
el Ayuntamiento de Madrid y desde la Delegación del Gobierno, se
arbitra la decisión que se considera menos mala de todas ellas, y es
en ese terreno donde yo quiero situar el debate y esta comparecencia,
con la clara voluntad de no presumir de una iniciativa porque, como
antes he dicho, las respuestas no podían ser ya satisfactorias
llegado al punto que se había llegado antes de finales del mes de
junio, pero es evidente que confío y deseo que las aportaciones de
los distintos grupos también permitan mejorar y facilitar las cosas
para que estos hechos sean resueltos de la mejor forma posible, si se
producen, por el conjunto de las administraciones públicas que tienen
como primera obligación dar respuesta a estos problemas, que sin duda
son tan graves, tan difíciles, tan complejos y al mismo tiempo tan
dramáticos.

Muchas gracias, señorías.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.




Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor López
Garrido.




El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor ministro, ante todo gracias por su
comparecencia, a iniciativa suya, después de que diversos grupos
parlamentarios, también el nuestro -hablo en este caso en nombre de
los diputados de Nueva Izquierda-, hubiéramos pedido su presencia en
esta Cámara de forma inmediata para explicar esos acontecimientos,
desgraciados, del día 8 de julio y valorar políticamente que es algo
-que corresponde a esta Cámara- esos acontecimientos.

Ha hecho usted un desarrollo de eso que ha llamado la Operación
Malmea, al que podrían añadirse otros muchos elementos para que en el
«Diario de Sesiones» de esta Cámara quede recogido con más exactitud
y precisión lo que sucedió el día 8 de julio y por qué sucedió.

Efectivamente, como usted dice, el colectivo de rumanos de etnia
gitana que en su mayoría estaban en ese momento viviendo en el
poblado de Malmea es de unas características especiales. No son
precisamente colectivos que estén integrados o atraídos por lo que
podríamos llamar la forma de vida occidental, tienen esas
características de nomadismo, pero lo cierto es que ese colectivo
llevaba viviendo desde hacía ocho meses en ese poblado.

Había un trabajo de las ONG, había incluso un trabajo o aportaciones
que se habían hecho por el Ayuntamiento de Madrid ante la situación
en la que se vivía, aportaciones con algún tipo de servicios y
algunos servicios de la Comunidad Autónoma de Madrid con la
escolarización de algunos niños. El elemento de la presencia de
muchos niños y personas mayores es otro elemento a considerar y debía
haberse tenido en cuenta, y no se tuvo, a la hora de intervenir el
día 8 de julio. Por tanto, había una situación de relativa
estabilidad y se había producido incluso una escolarización que por
lo que sé no había producido efectos negativos, sino que era
sorprendente la forma en la que
algunos niños se habían podido integrar e ir regularmente a la
escuela en ese poblado. Eso hace todavía más inexplicable el que ante
determinadas presiones vecinales y no por esos motivos de
saneamiento, etcétera, que usted ha señalado, ni corto ni perezoso el
Ayuntamiento de Madrid a iniciativa del concejal de Sanidad que se lo
pide a la flamante concejala de Seguridad, la señora Tardón, y con la
ayuda inestimable, necesaria e imprescindible del delegado del
Gobierno y la ausencia autista de la Comunidad de Madrid deciden,
después de las elecciones, en una época veraniega donde parece que
los medios de comunicación están con la guardia baja, proceder a eso
que se puede llamar desalojo, no operación de saneamiento, un
auténtico desalojo de personas a las que se les reviste de razones de
salubridad pública. Es un desalojo que se hace con un gran despliegue
de policías. Se destrozan enseres de personas que en ese momento no
estaban allí, algunas no estaban allí. Se llevan coches y furgonetas
de esas personas -no sabemos que solución habrá a eso, al menos se
calculan que 20 ó 25 coches de los que no estaban allí se encuentran
ahora mismo en poder de las administraciones-. Parece que la
Comunidad Autónoma de Madrid no se enteró de ese desalojo, no se
comunicó a las ONG y dudo que ni siquiera lo supiera la cúpula del
Ministerio de Interior. Me gustaría conocer si usted sabía algo sobre
esa decisión del desalojo o es algo que obedece a la iniciativa de
otras autoridades, fundamentalmente del delegado del Gobierno.

En ese desalojo no hay esa libertad de elección magnífica que dice
usted que había. No se les permite elegir. Hay una presencia
intimidatoria evidente de gran número de policías. Usted ha
reconocido que hubo mucha Policía allí dependiente del Ministerio de
Interior, que es la que tiene una presencia más intimidatoria, y se
indica a esas personas que lo mejor que pueden hacer es irse a otras
ciudades, es decir que salgan de Madrid, que es la obsesión del
Ayuntamiento, ayudado inmediatamente por la Delegación del Gobierno.

Lo que sucede es que algo que se pensó que iba a pasar muy
desapercibido, no pasa desapercibido porque desafortunadamente muere
un niño atropellado, nadie lo quería, pero se produjo como
consecuencia indirecta de ese desalojo. Eso salta a los medios de
comunicación y esto es esencial para entender el apresuramiento
posterior, las dimensiones que adquiere el problema en una
Administración que es tan sensible a lo que digan los medios de
comunicación. Estoy convencido de que si no hubiera saltado a los
medios de comunicación no estaríamos aquí con una medio solución, que
luego analizaremos, a los problemas de ese colectivo. Lo cierto es
que eso pasa a los medios de comunicación y se inicia una carrera
apresurada en las administraciones, todas del Partido Popular, el
Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma de Madrid, la Delegación del
Gobierno para encontrar una solución a esa situación.

La evolución, por tanto, es de una decisión precipitada
y absolutamente impresentable como una decisión de los poderes
públicos, de proceder sencillamente al desalojo, por las bravas, de
ese asentamiento de personas en donde vivían personas. No olvidemos
que vivían allí hacía meses, no aparecieron un día por la mañana y
entraron en una propiedad privada o pública, y era conocido por las
Administraciones,



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incluso había alguna ayuda de ciertas administraciones para algunos
servicios, como he dicho.

Esa intervención produce un agudizamiento del problema de esa
población. Por tanto, esa tesis que consagró José María Aznar hace
algunos años cuando se metió a unas personas de raza negra en un
avión esposadas y semidrogadas y se las mandó a África, eso de:
Teníamos un problema y se ha solucionado, en este caso es más grave;
teníamos un problema, ahora es mucho mayor y tenemos muchos más
problemas. Es decir, se interviene sin crear ninguna alternativa
y usted deberá reconocerme, señor ministro, que eso ha sido así y eso
es lo más grave de la intervención. Nadie pensó qué había que hacer
después, a dónde iban a ir o si se les iba a realojar en otros
sitios. Sencillamente, se les dijo que se fueran, que vagaran por los
caminos, que se buscaran la vida, pero la Administración no tenía
preparado ningún tipo de solución. Por tanto, eso que se les ocurrió
el 24 de junio por un informe y que se hace con toda rapidez es una
auténtica barbaridad y un disparate monumental -que usted seguramente
no debe compartir, y me gustaría saber su opinión-, que es tomar una
decisión de esas características, decirle a la gente que ya no pueden
vivir donde viven y que se busquen la vida. Eso fue lo que se hizo,
no había ninguna alternativa y la prueba de ello es que hasta hoy por
la mañana, hace unas horas, no ha habido una decisión sobre a dónde
pueden ir esas personas. Se ha tomado una decisión sobre unos
determinados emplazamientos -ya veremos qué es lo que pasa- y no hay
mucha credibilidad a la hora de que eso se produzca con esas
intenciones, pero hasta hoy no ha habido ninguna decisión. Por tanto,
está claro que el 8 de julio, que se procede a ese desalojo, no hay
previsto nada. Se trata de una decisión absolutamente irresponsable
que no puede justificarse por características del grupo, por
necesidades de saneamiento, porque hubiera ratas o porque hubiera
problemas. Sencillamente ustedes no habían previsto nada y echaron a
la gente de sus casas, de donde vivían y esa es la cuestión que
vulnera todos los tratados internacionales habidos y por haber que ha
firmado España y la propia Constitución y, desde luego, el primero de
ellos, la Convención de los Derechos del Niño. El otro día la estuve
leyendo detenidamente y me dio la impresión de que todos los
artículos de la misma se vulneraron ese día por la mañana o el 95 por
ciento y en ese colectivo había una gran cantidad de niños, como
usted ha reconocido.

Después se avisa a las ONG para que hagan de bomberos cuando no se ha
contado con ellas para nada a la hora de la decisión del desalojo.

Por tanto, ésa es una decisión no de saneamiento, no tiene nada que
ver con la dignidad personal, porque lo menos digno que hay es
decirle a la gente que se vaya de su casa y se busque la vida. Aesa
limpieza o saneamiento habría que ponerle un calificativo que es el
de limpieza étnica; se calificó así en su momento y es un buen
calificativo porque eso es lo que fue. Se limpió la zona de personas
pertenecientes a una determinada etnia sin darles ninguna
alternativa. Se les dijo que se fuesen, que había que desalojar, que
se les echaba de sus casas, del lugar donde estaban viviendo.

Eso, además, produce unos malísimos ejemplos. Si en Madrid, en la
capital de España, a quienes están asentados, viviendo con una
aceptación implícita por parte de las
administraciones de que eso es así, se les echa de pronto, ¿cómo se
puede pensar que se les va a aceptar en otros sitios? Se les ha
echado de aquí y nadie tiene por qué aceptarlos. En otros sitios se
preguntan, ¿el Gobierno les echa y yo los tengo que aceptar? El
ejemplo cunde y cuando pasan cosas como las de Bañolas o Tarrasa,
actividades claramente racistas y xenófobas, eso está justificado,
entre comillas, por la existencia de una actitud de la Administración
pública que no da un ejemplo al respecto, sino todo lo contrario. El
Estado, las Administraciones, los poderes públicos, tienen que dar
ejemplo de protección a los ciudadanos extranjeros, de otra etnia,
diferentes, póngase el calificativo que se quiera, respecto del ánimo
xenófobo o racista, que pueda haber en algún sector de la población,
que puede haberlo; quien tiene que dar ejemplo, desde luego, es la
Administración pública. Lo que pasó el día 8 de julio es exactamente
el antiejemplo y hay una enorme responsabilidad en eso.

Que hoy nos traiga aquí unas fórmulas para solucionar el problema,
sin ningún tipo de autocrítica sobre lo que ha sucedido y diciendo
que era el mal menor, que era algo absolutamente necesario, le da muy
poca credibilidad a lo que nos plantea. Se ha llegado a una solución
esta mañana deprisa y corriendo, hace unas cuantas horas, entre otras
cosas, porque era necesario que el ministro de Interior hoy dijese
algo en la Comisión de Justicia e Interior sobre una solución a ese
respecto.

Creo que aquí hay una evidente responsabilidad política y corresponde
a este Parlamento pedir responsabilidades cuando hay razones
objetivas para ello. Aquí hay que exigir responsabilidades políticas.

Estamos en el Parlamento, no estamos en el Ayuntamiento, no estamos
en el Parlamento autonómico de Madrid, estamos hablando con el
ministro de Interior respecto del delegado del Gobierno. El delegado
del Gobierno, que ha sido partícipe fundamental de esa decisión
desafortunada y disparatada, tiene que asumir una responsabilidad
política. Ese delegado del Gobierno debería haber dimitido, como
consecuencia del desastre de esa decisión y, si no, habría que
haberle cesado. Nosotros le pedimos que lo haga, que exija
responsabilidades políticas desde la jerarquía que usted tiene sobre
él, al responsable importante, decisivo de esa operación. Allí, sin
el delegado del Gobierno y su intervención, no se hubiera podido
producir aquello. Hay una complicidad, si se me permite emplear esa
expresión, en lo que pasó y es difícil de calificar desde el punto de
vista político y social, pero que roza el Código Penal, por el
elemento discriminatorio de vulneración de derechos fundamentales que
se producen desde la administración pública.

Recuerdo que este nuevo Código Penal tiene algunos defectos; sin
embargo, tiene algunas virtudes, y es que es un Código muy
antidiscriminatorio y la Constitución Española es muy
antidiscriminatoria, exactamente lo contrario de lo que sucedió el
día 8 de julio. Además de esta responsabilidad política directa,
inmediata, de una autoridad, como es el delegado del Gobierno, hay
una responsabilidad de este Gobierno sobre la que usted me gustaría
que hablase, aparte de que valorase políticamente ese hecho que, por
lo que yo he escuchado hasta este momento -no sé si he escuchado
mal-, lo considera un hecho necesario y, por tanto, se tendría que
repetir, si pudiésemos dar la vuelta a la moviola, exactamente igual.

Eso me ha parecido



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escuchar, sin embargo, hace unos días me tranquilicé al escucharle
unas palabras algo más críticas respecto de lo que pasó; hoy no, hoy
parece que eso no es así.

Pero no es solamente ese hecho concreto que sucedió el 8 de julio, es
que eso se produce en el contexto de una determinada política que
desarrolla este Gobierno y del que es máximo responsable no solamente
este Gobierno, sino también las administraciones municipales, las
comunidades autónomas. ¿Sabe usted que en la Comunidad de Madrid no
hay infraestructuras de ningún tipo para poder afrontar una crisis de
estas características? No las hay en la capital de España, que es un
foco de inmigración muy importante, junto con Cataluña. No hay
infraestructuras, no hay un solo lugar; si lo hubiera habido, desde
luego al día siguiente, después de la que se armó, se hubieran ido
allí. No se han creado infraestructuras de realojo. En el caso de los
rumanos, de otro tipo de colectivos o de cualquier crisis de
emergencia que se pueda producir aquí, en Madrid, no hay
infraestructura para el realojo de personas. Eso es lo que sucede en
estos momentos en la comunidad donde está la capital del Estado.

Entiendo que tendrá alguna responsabilidad este Gobierno, cuyas
prioridades no están en la política de inmigración y la integración
en la misma de colectivos especiales, como es el caso de los rumanos,
etnia gitana, ni tampoco en sentido amplio. Me gustaría que el
ministro valorase estos brotes racistas que se han producido en otros
lugares de España, cuál es la responsabilidad que tienen las
administraciones públicas y el Gobierno de que eso sea así, qué
política de inmigración real y efectiva hay prevista, en el sentido
de formación, de integración, de apoyo sanitario, de intermediación
laboral; grandes políticas inmigratorias sin las cuales estos brotes
pueden ser inevitables y por la ausencia de las cuales se puede
explicar también la existencia de estas decisiones absurdas e
incomprensibles porque van contra el propio sentido común.

Me gustaría que nos explicase, aunque ya está acabando esta
legislatura y quizá es un poco tarde para poder hacer algo, cuál es
el diseño de estas políticas para estos colectivos, cuál es su
opinión sobre la regularización de los inmigrantes ilegales, ya que
hay todavía 50.000 ó 60.000 llamados ilegales o en situación de
ilegalidad en España y qué programas de integración -en los que
tienen que colaborar Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Gobierno,
señaladamente el Ministerio de Interior y otros Ministerios- hay
previstos en temas de vivienda, de sanidad, etcétera. Me gustaría
también que nos hablase de cómo ve la colaboración con las ONG.




El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego concluya.




El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señor presidente.




También, me gustaría que nos dijese cómo ve la futura política sobre
los cupos, que es básica para que haya una adecuada política de
integración y de inmigración, en el contexto de la cual se pueden
explicar muchos de estos acontecimientos que avergüenzan a los
ciudadanos que viven en un Estado democrático.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la
señora Uría.




La señora URÍA ECHEVARRÍA: Creía que las intervenciones se iban a
producir por el orden de quienes habían solicitado la comparecencia.

En todo caso, seré muy breve en mi intervención porque le confieso,
señor ministro, que he contemplado con estupor la situación a la que
hace referencia en su comparecencia desde la cierta lejanía que me da
el ser diputada por el territorio de Vizcaya, que usted conoce, y sin
una vinculación específica, a diferencia de lo que ocurre con otros
diputados que, por su condición de concejales de Madrid o diputados
por esta misma localidad, tienen una implantación en sus partidos
políticos a través de sindicatos que les ha permitido un conocimiento
más cercano del asunto; repito, conozco el asunto por los medios de
comunicación y me ha causado auténtico estupor que sus aclaraciones,
que le agradezco, no lleguen a satisfacerme del todo.

Al examinar en qué otras ocasiones se habían producido en esta
legislatura comparecencias suyas o explicaciones del Gobierno en
relación con la política de inmigración, da la casualidad de que hace
ahora tres años, el día 29 de julio de 1996, recién comenzada la
legislatura, se producía en esta misma Cámara una comparecencia por
unos sucesos a los que ha hecho referencia el diputado señor López
Garrido. Usted comparecía, le leo textualmente, para informar sobre
la política general de inmigración y extranjería, con especial
referencia a la reciente expulsión de 103 ilegales en la ciudad de
Melilla, así como otras actuaciones del Ministerio de Interior, éstas
ya referidas a la lucha antiterrorista. Pues bien, leído el tenor de
su comparencia, he comprobado que única y exclusivamente se habló del
desgraciado suceso de la expulsión de los 103 ilegales de la ciudad
de Melilla, pero que en modo alguno hay en sus palabras -tampoco en
la de ninguno de los comparecientes, si bien por algunos grupos se
atisba- algo que se pueda calificar de política general sobre
inmigración y extranjería. Es eso quizá lo que ha faltado a la hora
de afrontar estas situaciones que de manera creciente se van
produciendo; no se ha hecho nada en toda esta legislatura. Han
transcurrido tres largos años, señor ministro, y el número de
inmigrantes que vienen a nuestro país es cada vez mayor. Hay miles de
ciudadanos que buscan en España lo que en sus países de origen no
encuentran. Es célebre la frase que utiliza con tanta frecuencia el
escritor Vargas Llosa; dice que, a pesar de lo mal que lo puedan
pasar o lo mal que puedan ser tratados cuando llegan a los países
europeos, son todavía más poderosos los estímulos que los mueven a
abandonar las tierras en las que tienen todavía peores esperanzas o
expectativas de vida. Creemos que este fenómeno se ha producido como
si fuese de repente, como si nadie tuviese responsabilidades
políticas en él, como si nadie hubiera tenido que advertirlo. No hay
política general respecto de estas situaciones.

Ciñéndome al asunto concreto, no acabo de entender qué hacía la
Policía en la actuación policial de que se trata. Ha dicho usted que
se trataba del saneamiento. El saneamiento de un asentamiento de este
estilo es claramente una competencia policial, lo hacían en apoyo de
la Policía local; pero, ¿de quién partió la orden o cuál era la
pretensión



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que se tenía? ¿El saneamiento de un asentamiento de ciudadanos
extranjeros? Por cierto, en ningún momento les ha llamado ciudadanos,
espero que no sea porque no les reconoce tal condición; siempre se ha
referido a los rumanos o a las familias. La condición de sus derechos
como ciudadanos es importante y nos gustaría hacerla constar en esta
comparecencia.

Desde la lejanía con la que contemplo este asunto, no se entiende qué
hacía exactamente la Policía Nacional interviniendo en un asunto de
este estilo. Se hablaba de la degradación de la seguridad ciudadana.

En este tipo de situaciones, no sólo en el caso concreto a que nos
referimos, debe tenerse en cuenta desde los poderes públicos que el
advenimiento de extranjeros, además de los problemas de legalización
o ilegalización que hacen referencia a su condición, plantean
situaciones muy delicadas en lo social, en lo cultural y en lo legal.

En lo social, estamos viendo que, detrás de todos los roces de
racismo que están apareciendo en estos días, subyacen situaciones
delicadas. El extranjero con medios de vida, con posibilidades, no
causa problemas y es perfectamente aceptado por los conciudadanos
entre los que viene a insertarse, tanto si viene de veraneo como por
cualquier otro motivo o incluso por motivos bastante menos
presentables como los de algunos ciudadanos extranjeros en
determinadas zonas del territorio del Estado.

Existe un factor cultural que nos parece importantísimo y que se está
evidenciando en estos tiempos. Siempre habíamos estado complacidos
considerando que no somos un país racista. Sin embargo, en el momento
que llega un colectivo de ciudadanos menos protegidos, de
nacionalidad distinta a la nuestra, de raza distinta a la nuestra,
empiezan a surgir estos roces sociales. Hay mucha pedagogía
democrática que hacer en este país que pensaba que nunca iba a tener
este tipo de problemas.

La pedagogía empezó bien con este colectivo de ciudadanos rumanos.

Como ha indicado el diputado que me ha precedido en el uso de la
palabra, se comenzó escolarizando a los niños y parecía, o así se
deduce de las notas de prensa, que se había puesto en ello grandes
esperanzas y que los chiquillos se comportaban como auténticas
esponjas. Les hemos visto en las noticias de televisión manejando
relativamente bien el castellano, haciéndose entender y parece que
eso había tenido éxito. De ahí a la degradación que hacía necesaria
una intervención de saneamiento del asentamiento no vemos cuál ha
sido el paso. Tampoco entendemos la ruta que se les ha hecho hacer de
una localidad a otra. Basta comprobar los recortes de periódico para
ver que en ningún lugar parecían querer acogerles. En algunos casos,
se hablaba incluso de acoger solamente a los niños y a las madres y
no a la totalidad de las familias asentadas.




Causa extrañeza, sus palabras no han aclarado qué pasó, por qué se
intervino. En alguna noticia se dice que usted mismo, señor ministro
-y me gustaría conocerlo-, ha reclamado el informe al delegado del
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid extrañado, supongo,
porque de alguna parte partiría la orden o el informe previo que
motivó la intervención de la policía.

Tampoco se entiende, repito, el calvario por el que ha tenido que
pasar este colectivo de ciudadanos, pero lo que
me gustaría saber sobre todo es: A partir de ahora, ¿qué? Después de
ocurrido este suceso de Malmea, ha habido otros en distintas zonas
del territorio que se interpretan como brotes de racismo. Yo diría
que son más bien brotes de problemas sociales larvados que se van a
ir acrecentando.

Me interesa sobre todo qué se va a hacer en cuanto a pedagogía social
y al factor legal. En esta legislatura, señor ministro, no sé si
usted lo conoce, se ha avanzado. Entre los diputados presentes hay
algunos que forman parte con esta diputada de la Ponencia que está
intentando una modificación de la llamada Ley de extranjería. No ha
sido a instancia del grupo que apoya al Gobierno ni del Gobierno, son
proposiciones de ley de grupo de la oposición que, paso a paso, están
fraguando en un trabajo interesante que podría concluir, si hay
voluntad en el grupo mayoritario y sobre todo en el Gobierno, en una
ley que viese la luz en esta legislatura y que permitiese arreglar en
alguna medida los problemas subyacentes.

Quienes son ponentes en esta ley por parte del Grupo Parlamentario
Popular, el diputado señor Jordano o la diputada señora Camilleri,
están haciendo una extraordinaria esfuerzo, pero en ningún momento
hemos sabido cuál es la postura del Gobierno. Si tras el anuncio del
año 1996 no hubo nada en cuando a política general en materia de
inmigración, quisiéramos que ahora nos dijera, aunque esté
finalizando la legislatura, qué previsiones hay sobre política
general de inmigración, a ser posible sin excesivas referencias
a Schengen que sé que nos obliga; me gustaría que tuviese un talante
distinto referido a la tutela y garantía de los derechos humanos de
estos ciudadanos que tienen derecho a ser bien acogidos, a ser
tratados como ciudadanos en los países de destino.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Sabanés.




La señora SABANÉS NADAL: Gracias, señor ministro, por su
comparecencia a petición propia y de los grupos de la oposición.

Me voy a ceñir en mi intervención a los tres apartados que ha hecho
usted: Los antecedentes, la operación en sí misma y las soluciones de
futuro, si bien es cierto que en ninguno de los tres hay coincidencia
por parte de mi grupo ni en la valoración de la situación ni en las
soluciones que hoy se desvelan aquí, como el importantísimo secreto
de la localización futura de los alojamientos.

El verano pasado llegaron inmigrantes rumanos al polígono de Malmea,
en el distrito de Fuencarral. Se fueron instalando en furgonetas y
tiendas de campaña, en un descampado, rodeados de escombros. El
número se fue incrementando hasta llegar a 500 vecinos
aproximadamente, la pasada primavera. Aumentaron los problemas de
salubridad e higiene y todo tipo de problemas y me consta que el
Ayuntamiento de Madrid y las autoridades fueron alertados por
organismos de infancia sobre las condiciones en que transcurría la
vida de los niños y niñas en el poblado.

Supongo que sabe que hubo intervenciones en el Ayuntamiento de Madrid
y peticiones de intervención social en el poblado y de coordinación
con el resto de las administraciones, en el mes de febrero. El 10 de
marzo, un desgraciado



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accidente, en el que falleció un niño en las tiendas de Malmea,
supuso una inflexión tanto en la política del Ayuntamiento como en la
coordinación con el resto de las administraciones. Después del
fallecimiento de ese niño de veintidós meses, se inicia una inflexión
en el desarrollo del poblado.

Unos días más tarde, se empieza a trabajar por la escolarización de
un centenar de niños de Malmea y en el tratamiento sanitario e
instalación provisional de letrinas, agua potable y luz, en
colaboración con Cruz Roja.

Desde ese momento en que se produce el accidente, por un lado y la
inflexión y la intervención social del Ayuntamiento, por otro, desde
marzo hasta la actuación siguiente que justifica la intervención
policial -el informe del 24 de junio- ha transcurrido tiempo. Yo le
pregunto, durante todo ese tiempo entre el accidente y la
intervención, ¿qué actuaciones de coordinación se han producido entre
las Administraciones? Es decir, ¿qué se ha coordinado entre el
Ayuntamiento y el Estado? ¿Qué proceso de regularización de
expedientes, de petición de asilo, qué valoración hay de la situación
legal y real en lo que afecta a la Administración general del Estado?
¿Qué conversaciones se tienen desde el Ministerio con las autoridades
rumanas en ese momento? ¿Qué compromisos, qué actuaciones sobre
programas de retorno, qué estudio de expedientes o qué situación
legal hay a partir de que se inicia una línea de intervención
diferente? Estamos hablando del 10 de marzo, que es una fecha
importante, porque marca un cambio de actitud y una intervención
social. Mi grupo está muy interesado en saber, en ese momento en que
se cambia esa actuación, el papel que tiene el Ministerio de
Interior, puesto que hay situaciones que afectan al desarrollo del
propio Ministerio.

Usted ha contado lo del informe del 24 de junio, que es un informe
que merece ser leído y visto en profundidad, sobre todo porque
sugiere planteamientos absolutamente diferentes. Es obvio que no se
sabe quién y con qué coordinación le sugirió una intervención
policial absolutamente disparatada. Sin embargo, ese informe -es
verdad que coincide con el final de la escolarización de los niños y
con épocas de mayor calor y de mayor problemática para ese poblado-
viene a decir que hay elementos muy preocupantes para la salud
pública y para la salubridad de ese asentamiento; que hay un
deterioro muy importante de las instalaciones provisionales de
saneamiento; que hay un aumento no controlado de desperdicios; que
hay condiciones meteorológicas que van a favorecer procesos de
descomposición de materia orgánica; que hay condiciones
meteorológicas que van a favorecer el incremento de la presencia de
roedores e insectos capaces de vehiculizar cualquier tipo de
afectaciones a la salud y que hay hacinamiento -también lo dice, es
cierto- de vehículos con constantes entradas y salidas, pero dice al
respecto que suponen un riesgo potencial para los habitantes más
jóvenes. Eso es lo que dice el informe.

De ese informe, que el delegado del área de salud y consumo recibe el
24 de junio, la conclusión más clara es la continuidad en la línea
iniciada de intervención social y de supuesta coordinación con el
resto de las Administraciones, entre ellas la Comunidad y su
Ministerio. Un informe de esas características, que pone de
manifiesto una situación que empeora y que se ha iniciado una línea
de intervención del propio Ministerio de Interior, un informe,
como digo, que dice que está afectando a la salud de los más jóvenes,
que pone en cuestión una serie de deficiencias importantes
precisamente porque se dan en un momento en el que la climatología
puede tener una mayor problemática, precisamente ese informe y esas
conclusiones supuestamente avalan una intervención policial. Es
absolutamente asombroso que en ese momento y después de una línea de
intervención, de unos programas, de una supuesta coordinación y la
detección de nuevos problemas, al Ayuntamiento, a la Delegación del
Gobierno y supuestamente a su Ministerio le surja la necesidad de
poner en marcha, como usted la ha llamado, la «Operación Malmea».

Así después de las elecciones, con la urgencia de poner en marcha una
operación urbanística importantísima en la ciudad de Madrid, en la
zona norte, la «Operación Chamartín», le sugiere ese informe una
intervención policial con el objetivo de retirar los vehículos del
edificio y la limpieza de la zona; retirada de vehículos que le
recuerdo que en el informe estaba vinculada a la seguridad de los más
jóvenes. Por tanto, tenía que haber supuesto una intervención, en
todo caso, de los servicios de salud, de los servicios
medioambientales, de los servicios sociales, de los servicios
sanitarios y una coordinación de trabajo a corto plazo con su propio
Ministerio. Se produce a las siete cuarenta y cinco de la mañana y,
curiosamente, aunque dice que se ha iniciado una línea de trabajo con
algunas ONG, nadie está informado de que se va a proceder a esa
actuación. Si era una operación que buscaba fundamentalmente resolver
los problemas y las deficiencias que se deducían de ese informe
sanitario del área de salud no habría habido ningún inconveniente en
que lo supieran los grupos de oposición, las ONG, que se conocieran
los objetivos y que se supiera qué era exactamente lo que se estaba
planteando en esa operación. Me parece que es evidente. Yo no voy a
insistir más en el desarrollo de la operación porque creo que su
explicación supera incluso lo que he leído en los medios de
comunicación: la entrada de patrullas había que incrementarla, porque
era evidente que había que producir un efecto disuasorio y, por
tanto, se necesitaba un fuerte impacto de carácter policial para no
provocar enfrentamientos; su propia explicación, como le digo, para
mí es el resumen de lo que supuso esa operación.

Al respecto de la operación, nosotros queremos saber -se lo hemos
preguntado y se lo seguimos planteando- de dónde salió la orden que
se dio al Cuerpo Nacional de Policía y por qué intervinieron
funcionarios de la sección de extranjería. De dónde salió ese
proyecto de operación, cómo se produjo y en qué términos. Por qué
participaron en esa operación funcionarios de la sección de
extranjería. No participaron funcionarios del servicio de salud, no
participaron funcionarios del servicio medioambiental, no participó
nadie de los servicios sociales que garantizara el desarrollo de la
operación y la protección a los menores. No participó nadie. Y, sin
embargo, participaron en esta operación funcionarios de la sección de
extranjería -no sé si usted me lo confirma; lo ha confirmado con un
intérprete- y un número idóneo y alto, también según sus propias
palabras, de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

También queremos saber en qué términos concretos estaba basada la
participación en esta operación del Cuerpo



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Nacional de Policía. Usted ha planteado que era un complemento a la
actuación de la Policía local. Yo quiero saber en qué términos.

¿Salía la orden de la Policía local? ¿De la Concejalía de Seguridad
del Ayuntamiento de Madrid? ¿Había una orden de petición de
acompañamiento para seguridad de la Policía Nacional? ¿En qué
términos se desarrolló? Porque es necesario saberlo. Yo quiero saber
si su Ministerio tenía conocimiento -debiera tenerlo- de que en ese
poblado se produjo un fallecimiento el 22 de marzo, se produjo una
intervención y por tanto, se supone que hubo una coordinación; si
usted o su Ministerio tenían conocimiento de ello, porque estamos
hablando de más de 100 niños; estamos hablando de una actuación
policial que, además de afectar a los derechos humanos y a una serie
de cuestiones, afectaba de forma importantísima a menores, y quiero
saber si usted tenía conocimiento, además del objetivo de la
operación y del desarrollo, del final, porque usted nos ha contado
que el objetivo era la retirada de vehículos, la limpieza de la zona;
nos ha contado que había un intérprete, y nos ha ido contando el
desarrollo de esa operación, pero no nos ha contado el final.

Curiosamente, ha dicho que a aquellos que se querían quedar porque
alegaban que tenían problemas de salud, se les garantizaba la
estancia en el asentamiento. Digo yo que se les garantizaría a todos,
porque no era una operación de desalojo del asentamiento. Luego no se
les garantizaba a aquellos que decían tener problemas para quedarse.

Digo yo que, según lo ha planteado usted, el objetivo no era el
desalojo. Por tanto, no ha lugar a decir que específica
y puntualmente a algunos se les estaba garantizando la continuidad o la
estancia en el asentamiento.

Para nosotros es muy importante que usted manifieste su punto de
vista sobre estos elementos para saber el grado de responsabilidad,
porque pensamos que ustedes sabían que había un número muy importante
de menores, que había una operación de determinadas características
que luego se ha explicado desde otro punto de vista. Usted, el
delegado del Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de
Madrid tienen que tener la responsabilidad de lo que sucedió, de lo
que es fundamentalmente una intervención de carácter policial.

Evidentemente, nos hubiera gustado que usted hubiese sido más crítico
con lo que ha supuesto en sí mismo, tanto el objetivo como el
desarrollo, por no decir lo que supuso el final de esta operación.




En todo caso, nosotros, en función de la respuesta que usted dé a
estos elementos que estamos planteando, como quién da la orden, en
qué condiciones, quién coordinaba con quién, quién era el que
complementaba a quién, haremos una valoración más profunda de lo que
ocurrió ese día y en ese poblado.

En cuanto a las soluciones que usted planteaba, quiero decirle que ha
habido cambios de criterio importantes. Es verdad que fueron a San
Roque, es verdad que usted ahora nos ha desvelado cuatro
asentamientos que no conocíamos, por lo menos mi grupo no los
conocía, y que ahora mismo no conocemos su ubicación. Y también he de
decirle que ha habido cambios de criterio muy importantes en los que
entiendo que ustedes han participado.




El señor PRESIDENTE: Señora Sabanés, le ruego concluya.

La señora SABANÉS NADAL: Por un lado, se planteó, que se debía
proceder a organizar campamentos y alojamientos diferenciados,
dispersos, de las características que usted plantea hoy; ese es el
primer planteamiento. Que debían de ser al aire libre, segundo
planteamiento. Tercer planteamiento: Ni eran dispersos ni eran al
aire libre, era una nave del Ejército en el distrito de Villaverde.

Cuarto planteamiento: Vuelven a ser dispersos, alejados de la
población y ahora es urbanismo quien plantea dónde deben estar las
diferentes localizaciones.

Señor ministro, no pretenderá que la población finalmente entienda el
criterio de trabajo que vamos a seguir, con carácter excepcional y de
emergencia, con ese colectivo desalojado. Sentemos de una vez por
todas los criterios. La oposición les ha ofrecido, además de las dos
ONG con las que van a desarrollar la gestión de los campamentos, su
colaboración para buscar una serie de soluciones, mientras se
encuentra una solución definitiva.

Quiero señalarle una cosa. No es cierto que no haya estructuras
estables en la ciudad de Madrid. Lo cierto y verdad es que el alcalde
no quiero utilizarlas y ustedes no las reclaman. Hay albergues de
emergencia; no hay suficientes, ¿pero cómo no iba a haberlos? Una
ciudad como Madrid puede solucionar, por suerte, aunque no de una
forma razonable y razonada, una situación de emergencia, porque tiene
sus propios albergues. Lo más razonable sería que los exigiesen, que
se utilice una infraestructura estable y que se inicie esa línea de
trabajo que usted planteaba y con la que nosotros podríamos estar de
acuerdo, en función de cómo se vayan desarrollando los
acontecimientos.

Ahora bien, aclaren de una vez por todas el criterio. Asuman las
responsabilidades de todas las administraciones, transmitan con
claridad si piensan que el criterio técnico es una infraestructura
estable, es una infraestructura al aire libre, es una infraestructura
temporal o es una infraestructura definitiva. Transmitamos eso con
calma y con serenidad a la población y busquemos las soluciones
acordes a esas características, porque si no es muy difícil
solucionar el problema en la ciudad. Por tanto, nosotros le seguimos
diciendo que lo más razonable sería buscar una solución de
emergencia, en una instalación de emergencia, que la ciudad tiene
varias que se pueden y se deben utilizar en tanto en cuanto se ponen
en marcha unas actuaciones más a medio o largo plazo.

Para terminar, quiero decir que nos hubiera gustado que, por lo
menos, con lo que fue el objetivo y el desarrollo de la operación
usted fuera más crítico; que lo fuera desde el propio Ministerio
hasta el Ayuntamiento, pasando por la Comunidad autónoma, y en la
medida en que sean capaces de buscar una mayor colaboración y
cooperación en la solución del problema y que no nos enteremos cada
día de una solución diferente, tendrá la colaboración, como no podía
ser de otra manera, de los grupos de la oposición para buscar las
soluciones más adecuadas a corto plazo, a medio plazo y de futuro.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Fernández.




La señora FERNÁNDEZ SANZ: Buenas tardes a todos, buenas tardes, señor
ministro.




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Si me permiten empezar por las formas señalaré que la convocatoria de
esta Comisión decía que, a petición del Gobierno, el ministro
comparecía. El ministro habrá pedido también comparecer, pero no ha
sido sólo el ministro. El día 9 lo solicitaba Izquierda Unida, el día
12 lo hacía el Grupo Socialista, y después de escuchar al Grupo Mixto
y al PNV, se ha visto que esos grupos también lo habían solicitado.

Como las formas son siempre importantes, y en esta Cámara más,
conviene recordar que los grupos de la oposición han solicitado la
comparecencia del ministro y hasta el lunes pensábamos que el
ministro no iba a venir.

En segundo lugar, me gustaría empezar diciendo que la oposición no
administra los tiempos, pero que a nuestro grupo parlamentario le
hubiera gustado que antes se hubiera celebrado un Pleno en el
Ayuntamiento y después hubiéramos tratado el tema en esta Cámara,
pero no administramos los tiempos y tenemos que empezar por una
administración que no es, en principio, la que generó la primera
parte del problema.

El problema se ha ido incubando por el Gobierno municipal de la
ciudad de Madrid, un Gobierno de su signo, señor ministro, del PP,
con mucha dejadez, abandono, negligencia e irresponsabilidad
política. Una ausencia total de política social, de recursos
económicos y humanos y de decisiones políticas tomadas por este
Ayuntamiento. Tal vez eso tenía que haberlo tenido en cuenta su
Ministerio, a través de su representante en Madrid, el delegado del
Gobierno, persona a la que tengo simpatía, pero hoy hay que criticar
su actuación, ajena a su talante personal. Aquí hay un error, un
error de la Delegación del Gobierno, de su Ministerio, pero se fue
incubando por el Gobierno municipal. Su delegado y usted tendrían que
saber que la oposición en el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que
pelear mucho y ha perdido por no tener la suma de los dos partidos en
la oposición votos suficiente. Hasta que los medios de comunicación
-una vez más los medios de comunicación- hacen reaccionar a los
gobiernos del PP, hasta que los medios de comunicación han puesto
encima de la mesa el problema, lo que se hacía era negar
constantemente las iniciativas constructivas de Izquierda Unida y del
Partido Socialista. Pero llegó un momento, febrero de este año,
porque aparecía todos los días en los medios de comunicación, en que
se acepta una moción. Esta moción señalaba la necesidad de dedicar un
equipo de profesionales para estudiar la realidad de las familias que
estaban en el campamento rumano y la necesidad de poner en marcha
unas medidas urgentes. Llevaban ya meses allí, pero no tenían agua,
no tenían alumbrado, no tenían duchas, no tenían sanitarios. Se pidió
todo eso para que las condiciones mínimas de respeto a la dignidad
humana de esas personas fueran tenidas en cuenta por los gobernantes
de una ciudad y de un país que tienen como eslogan que España va
bien.

Se pidió que una ONG trabajara con ellos y el resultado de todo ello
es un voluntario que conoce el idioma rumano y que intenta resolver
los problemas. También se pedía la incorporación a la escuela, que
definitivamente se hizo, parece ser que con éxito, aunque sin
respetar las intenciones de este país, que procura el mestizaje y la
integración en una escuela normalizada y con niños españoles. Estos
niños estaban solos, era un grupito de rumanos atendidos en un gueto
y en solitario. También se pedía que el conjunto
de los profesionales de los servicios sociales actuaran para ver
cómo, además de la integración escolar de los niños, se podía
producir una integración de estas familias.

El que yo traiga aquí esta moción y que cuente los antecedentes de
muchas peleas en las comisiones informativas del Ayuntamiento y en
los plenos hasta conseguirlo, es la forma de argumentarle que es
verdad que este problema lo ha ido incubando una Administración del
PP, que no es la que usted representa, sino la municipal de Madrid.

Pero su departamento lo ha agravado y le ha dado una dimensión
nacional e incluso internacional. Leer prensa extranjera hablando de
las 280 familias rumanas en Madrid, que van de un lado a otro, da
vergüenza, porque uno se siente parte de una actuación colegiada de
sus gobernantes y realmente estamos haciendo el ridículo. España no
es capaz de resolver entre sus administraciones un problema que
afecta a 280 personas.

Antes le decía que el municipio no dedica recursos. Buscando la forma
de sumar los recursos del Ayuntamiento de Madrid en política para los
inmigrantes en cuatro años y haciendo esfuerzos para que valgan cosas
que se suman dos veces, se han dedicado 700 millones de pesetas para
la atención del conjunto de los inmigrantes, y como bien sabe el
ministro, después de Cataluña, somos la segunda comunidad autónoma
con más ciudadanos inmigrantes.

Le decía que esto también tiene que ver con el comportamiento de su
Gobierno, y usted mismo ha escuchado decir a nuestro grupo
parlamentario en diferentes interpelaciones que cada vez crecerían
más los problemas. Nos lo dicen ya todos los estudios, todas las
investigaciones. Crecen los riesgos de exclusión social, de
marginación social, de comunidad gitana española, de inmigrantes y de
otras familias españolas, porque en los cuatro años escasos del
Gobierno actual hemos visto que se han reducido en gasto social 2,3
puntos del producto interior bruto, casi 2 billones de pesetas ha
restado el Gobierno del PP a las políticas sociales en una
legislatura. Eso se nota, y eso saldrá constantemente, sea en Malmea
o sea en los informes de Cáritas y de Foessa que señalan cómo crece
el número de familias en riesgo de pobreza o de exclusión social.

Desde ese desalojo, desahucio, limpieza -no sé cómo llamar la
operación Malmea- se está mareando a la sociedad española, se está
mareando a la sociedad madrileña. Espero que en su réplica nos dé una
respuesta correcta, clara y comprometida.




Hablaba usted de la nota del 24 de junio del director de servicios de
Higiene y Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid dirigida al
concejal del área de Salud y Consumo. Creo que todos la tenemos, no
hace falta que la recuerde. Señor ministro, este director de
servicios de Higiene y Salud Pública se quejaba de que habían ido a
limpiar el campamento los días 3 y 4 de junio y que el día 24 volvía
a estar sucio. No sé si usted vive en una comunidad de vecinos; quien
le habla sí, y con cuatro escaleras. Si la recogida de basuras del
Ayuntamiento tardara desde el 4 de junio al 24 del mismo mes, y no
fuera todos los días a recoger la basura, en mi comunidad de vecinos
habría también ratas. Es una obligación municipal, si es un
campamento y lo dan como bueno, los servicios de higiene y de
limpieza tenían que limpiar todos los días y no como hacían, que si
un díase estropeaba un lavabo lo cerraban con llave. No saben



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utilizar el lavabo, no saben utilizar las duchas, no saben utilizar
las letrinas, pues se cierra, porque lo han estropeado. ¡Veinte días,
señor ministro, para ir a limpiar un sitio en el que viven 280
personas! En cualquier comunidad de clase media acomodada, donde
todos los vecinos tuvieran un master in business administration, si
durante veinte días no fueran a recoger las basuras, estaríamos en
una situación similar. Espero que si el argumento es de limpieza y de
higiene (usted lo ha dicho en su intervención, una intervención
oscura, que sinceramente yo no esperaba después de las declaraciones
que usted hizo asumiendo que no se había hecho bien la operación) lo
que tenía que haber dicho, si hubiera consultado al delegado del
Gobierno, y lo que tendría que haber hecho el delegado del Gobierno
es decir que fueran a limpiar todos los días.

Después de este comentario, un poco en tono de humor, si hubiera sido
un tema de limpieza, ¿qué hace usted aquí, señor ministro? ¿Por qué
no viene la ministra de Medio Ambiente, si tiene algo que ver? ¿Por
qué en vez de usted no se reúnen los responsables de las tres
administraciones que tienen que ver con la limpieza? No, espero que
ésta no sea la causa, aunque sea la que ha dicho el delegado del
Gobierno, la que ha dicho la Comunidad autónoma, la que ha dicho el
Ayuntamiento y la que usted nos ha comentado aquí. Y como ésta no es
la causa, si estas personas vuelven a campamentos, ya le adelanto,
señor ministro (aunque ustedes dicen que lo ha dicho Cruz Roja y la
Comisión Católica de Emigraciones, personas a las que conozco y con
las que he trabajado muchos años), sinceramente creo que se
confunden. Porque sea palabra de ONG no tiene que ser Biblia, señor
ministro, y una Administración no tiene por qué aceptar la propuesta
de una ONG. Yo me atrevo a decir hoy aquí que si el resultado es que
van a ir a cuatro zonas de Madrid cuatro o cinco campamentos y en las
mismas condiciones, tendremos de nuevo el mismo problema. Por eso, la
propuesta de las ONG de que sigan en campamentos al aire libre porque
son nómadas no creo que sea una respuesta. Si son nómadas que han
venido a este país y nosotros aceptamos; si la mayor parte de ellos
están en trámites, unos están en trámite de expulsión, otros están en
trámite de regularización, otros tienen una documentación para
demanda de refugio, espero que me diga usted señor ministro, cuál es
su situación. Si son personas que se van a quedar en este país, son
personas que deben asumir que se tienen que integrar a la mayor parte
de las características culturales de nuestro país, y después de estar
un tiempo en un campamento, donde tienen que ir es a un hábitat; y si
van a un albergue, si van a una residencia o a un colegio durante un
tiempo estarán en unas dimensiones donde estos problemas de
salubridad, de limpieza, etcétera, no volverán a surgir, y ningún
barrio, ninguna comunidad de vecinos, ningún grupo de familias
españolas va a tener que aguantar un plus de dificultades si no se
actúa en la dirección de integrar a este colectivo.

Si fuera una operación de limpieza como usted estaba planteando, ¿por
qué 50 policías antidisturbios y a caballo, si las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado no tienen la función de limpiar? ¿Por qué
funcionarios de extranjería? No creo que sirvieran para hacer ese
trabajo. Lo de las máquinas excavadoras, tal vez. No es una operación
limpieza, es una operación desalojo o una operación desahucio.

Entonces, señor ministro, su gente ha cometido una ilegalidad
porque así no se hacen desalojos y así no se hacen desahucios. Los
policías antidisturbios a caballo, los funcionarios de extranjería y
el delegado del Gobierno han incumplido la legislación, han
incumplido las leyes; eso es lo que han hecho. Usted dice que tiene
fotografías con enseres. Hay una denuncia al juez de guardia, al
decano y al delegado del Gobierno. Se denuncia que las excavadoras
y la gente que iba allí han quitado 200 tiendas de campaña, 14
vehículos, 6 caravanas, la ropa, las mantas, los biberones, los
enseres de cocina y la comida. Todo eso son las propiedades de esos
nómadas, están en una nave del Ayuntamiento, y ayer o anteayer la
concejala Tardón nos decía que podían ir a recogerlo. Esto tampoco
forma parte de lo que se debe hacer cumpliendo la legislación.

A nosotros nos parece, señor ministro, que esto tiene que ver más
bien con retirar a esas personas de una zona, en la que -a usted le
sonará por los medios de comunicación- está previsto el plan de
desarrollo de la nueva Castellana, la operación Chamartín de la que
informan los medios de comunicación. Con mucha rapidez se decide
entre el Ayuntamiento y la comunidad autónoma que el porcentaje, el
indicador, el índice de edificabilidad va a crecer. Eso supone unas
plusvalías tremendas para la gente que entiende de esas cosas. Podían
dedicar una parte de esas plusvalías a construir entre la comunidad y
el Ayuntamiento una red de albergues, como tiene toda Europa, para
acoger a estas personas. Ahora se las encamina hacia otros lugares
donde no hay operaciones Chamartín, y donde no hay propuestas jugosas
para muy pocos.

Estos días ustedes han estado reuniéndose, dando la imagen del
diálogo y del pacto entre tres Administraciones, pero los resultados
han sido poco satisfactorios, señor ministro, porque lo que usted no
ha contado aquí es que van a seguir como estaban, con lo cual vamos a
tener los mismo problemas de salud, de higiene, etcétera, sólo que
van a estar divididos, no sé si esto de divide y vencerás forma parte
de los pensadores y diseñadores de esta nueva alternativa; se van a
escolarizar los niños, ya se ha hecho, supongo que sí; nos dice la
palabra integración y poco más. Espero que no sea como hasta ahora,
simplemente un voluntario de una ONG que sabe rumano para intentar
resolver los pequeños problemas, e incluso nos habla del posible
retorno.

Esto no es serio, no es serio que varias reuniones de tres
administraciones tengan como resultado que ésta es la solución para
resolver los problemas de 280 personas y hacer las políticas que
vayan dirigidas a la integración de estas personas. Sinceramente, por
ahí, vamos a estar en la misma situación. Hay que ir a las causas de
los problemas y hay que recordar lo que este Parlamento ha resuelto.

Sonreía yo al diputado Garrido y le enseñaba el documento, que es el
compromiso de todos los grupos políticos de esta Cámara. En esta
Cámara se creó una comisión para ver cómo seguíamos avanzando en
política de lucha contra el racismo y la xenofobia, de atención a
refugiados, a inmigrantes y a emigrantes, y se elaboró un documento
que se votó por unanimidad de todos los grupos políticos hace un año,
un año y un mes.

Señor ministro, el Gobierno de la nación no ha puestoen marcha
ninguno de los compromisos asumidos colectivamente



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por unanimidad en esta Cámara. Como decía la diputada del PNV, señora
Uría, los únicos que hemos trabajado avanzando en estos compromisos
somos los grupos de la oposición, que no el del Gobierno, porque
presentamos proyectos de ley para superar la Ley de 1985 de
extranjería y hacer una ley de derechos y deberes de los extranjeros
en España. Eso está a punto de concluir felizmente. Ojalá cumplamos
el calendario y en septiembre la Comisión Constitucional esté
aprobando esa ley y el Pleno lo esté haciendo en los primeros días de
octubre.

Pero aquí hay compromisos importantes que tienen que ver con la
integración de los inmigrantes, que tienen que ver con la integración
de los refugiados y tienen que ver con la lucha contra el racismo y
la xenofobia.

Tal vez usted se acuerde que en la última interpelación que nuestro
grupo y el Grupo de Izquierda Unida hicimos -en nombre del Gobierno
vino usted-, le comentábamos cómo era posible que el Gobierno de la
nación hubiera renunciado a administrar recursos por parte de su
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en ese objetivo de
integración de los inmigrantes. Los recursos que tenía, que estaban
al amparo de un plan de integración de los inmigrantes, el Gobierno
actual había renunciado a tenerlos (aquí está la que fue ministra que
hizo ese plan y que empezó a dibujar esos recursos), el Gobierno
actual transfiere esa cantidad a las Comunidades autónomas, y así
ahora, ante un problema, hoy en Madrid, mañana o ayer también en
Bañolas o en otro punto de Cataluña (un diputado me hablaba de que
algo estaba pasando en otro lugar de Andalucía) el Gobierno no tiene
recursos para actuar y liderar una política, porque los ha
transferido a las comunidades autónomas y se ha quedado sin ningún
recurso económico para hacer eso. Yo se lo contaba en una
interpelación, y usted creo que me daba un poquito la razón, aunque
contaba otros temas como aspectos importantes.

Esto hay que reconducirlo. El Gobierno de la nación no puede
renunciar a su responsabilidad que está en las leyes, que está en los
acuerdos, que está en las resoluciones, y está en la política que en
esta Cámara hemos aprobado y que el Gobierno ha aceptado, que marcan
el camino para avanzar en la integración de los inmigrantes.

También le diría, señor ministro, que lo que ha pasado en Malmea, la
reacción de barrios con el intento de un nuevo realojo, lo que ha
pasado en dos puntos de Cataluña, lo que puede pasar en otros lugares
es algo que nos debe preocupar a todos, y también en esta Cámara
hemos dicho qué hay que hacer para luchar contra el racismo y la
xenofobia. Eso sí es una responsabilidad muy importante de todo el
gabinete, pero suya de forma especial por toda la formación que hay
que dar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por toda la
sensibilización que deben tener los funcionarios de su Ministerio,
civiles o no civiles, que tienen que seguir todas estas políticas y
con el resto de los planteamientos que hemos hecho. Por ejemplo, todo
lo que tiene que ver con campañas de sensibilización a la ciudadanía,
que no se ha hecho ni una desde que ustedes gobiernan y con todos los
programas a realizar en las escuelas para avanzar en la integración.

(Rumores.) Sí, señor diputado del PP, no se ha hecho ni una sola
campaña de sensibilización en la integración.

El señor PRESIDENTE: No polemice, señora Fernández.




La señora FERNÁNDEZ SANZ: Por tanto, lo que hay que hacer lo sabemos;
lo hemos decidido entre todos y apoyado por unanimidad. El problema
de Malmea lo ha generado un Ayuntamiento que no asume bien sus
responsabilidades políticas sobre todo en el campo social, y lo ha
terminado de ampliar y de hacer más grande su Ministerio a través de
la delegación de Madrid. Hay que resolver de inmediato este problema
que no es un problema tan difícil, sacando adelante las políticas que
hemos pactado entre todos, haciendo auténticas políticas de
integración, dedicando recursos humanos y recursos económicos,
haciendo lo que hace toda Europa, red de albergues para integrar
momentáneamente y para hacer un programa de atención y de integración
a estos colectivos, y desde luego se tiene que realizar desde una
posición que implica mayor dedicación de recursos económicos, algo
que no está haciendo el Gobierno de la nación, algo que no está
haciendo la Comunidad de Madrid en este caso al ser el tema del
Malmea, y algo que no está haciendo el Ayuntamiento de Madrid.

Por favor, señor ministro, no deleguen sus responsabilidades, porque
también en los últimos días lo único que escuchamos es que esto lo
van a resolver las ONG. Ya está bien de delegar responsabilidades
públicas en los movimientos sociales. Los movimientos sociales son
auxiliares y cooperadores de los poderes públicos, pero no pueden
seguir reuniéndose las tres administraciones y diciendo más de lo
mismo, vamos a seguir haciendo lo mismo, no vamos a dedicar
servidores públicos a resolver este tema, no vamos a dedicar recursos
y vamos a dejar que sean dos ONG quienes intenten resolver el
problema.

Así, tendremos muchas más comparecencias por Malmea, por rumanos y
por otros colectivos que es obligación de su Gobierno y de otras
administraciones resolver.




El señor PRESIDENTE: Quisiera aclararle a la señora Uría que este
acto parlamentario obedece a una convocatoria fuera del período de
sesiones y que el orden del día es el que fija el presidente de la
Cámara. Por tanto, es estrictamente la comparecencia solicitada por
el Gobierno, y procedimentalmente el régimen de intervenciones es del
orden de menor a mayor de los grupos puesto que no se está
sustanciando la comparecencia que el grupo al que representa S.S. ha
solicitado que quedaría naturalmente viva y para ser ventilada en
otra comparecencia posterior. Por ese motivo naturalmente S.S. no
tenía la palabra para intervenir como promotor de una iniciativa
parlamentaria que no es objeto propiamente de este acto
parlamentario.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Comenzaré señalando lo que nos parece obvio,
pero que conviene recordar a tenor de lo que han sido algunas
intervenciones, esto es que el objeto de la presente comparecencia no
es abrir un debate global sobre la política general del Gobierno en
materia de extranjería, como ha tratado de derivar algún señor
portavoz, sino como reza exactamente la convocatoria: comparecencia
del ministro de Interior a petición del Gobierno para que



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informe acerca de las actuaciones policiales en relación con el
desalojo de las familias rumanas en Malmea (Madrid), el pasado 8 de
julio, así como de los acuerdos entre las distintas administraciones
para dar solución definitiva a este problema.

Afirmar, como se ha hecho, que el Gobierno carece de una política
positiva en materia de extranjería, a nuestro juicio parece un mero
voluntarismo político, ajeno a la realidad y que se sitúa
probablemente en el mero ámbito de un ejercicio muy elemental de una
tarea tan importante como es sin duda la tarea de oposición.

Por lo demás, si se califica, como ha hecho alguna señora portavoz,
de extraordinario y positivo esfuerzo, y digo literalmente
extraordinario y positivo esfuerzo que vienen realizando los
representantes del Grupo Popular en los trabajos que esta Cámara está
llevando a cabo en materia de extranjería, es obvio que esa
calificación debería extenderse también a la acción del Gobierno, en
la medida que como es natural los representantes parlamentarios del
Grupo Popular actúan en consonancia con la línea política y con los
planteamientos generales del Gobierno en esta y en todas las
cuestiones. Tratar de establecer una dicotomía resulta profundamente
débil como argumento.

No vamos a ir más allá en el comentario de algunas valoraciones y
expresiones utilizadas por algún otro señor portavoz, por cuanto
entendemos que se comentan por sí mismas. Hablar de limpieza étnica,
decir que lo de Bañolas o Terrasa viene motivado por los malos
ejemplos de la Administración, o que en Malmea se han dado
complicidades que rozan el Código Penal por vulneración de derechos
fundamentales, dicho con todo respeto, y queremos insistir en esa
valoración, dicho con todo respeto, a juicio de nuestro grupo es un
mero exceso.

El mensaje reiterado por alguna señora portavoz, respecto de la
carencia de sensibilidad social del Gobierno del PP, es también a
nuestro juicio y a tenor de lo que los ciudadanos han dicho
recientemente en las urnas, sencillamente un discurso carente de peso
y de credibilidad, más cuando se trata de sembrar ciertas sospechas
en el modo y forma de especulaciones y negocios que afortunadamente
están en el balance de tiempos políticas pasados y no en el de este
Gobierno.

Si se hace referencia a lo que está haciendo esta Cámara en materia
de extranjería e integración, será en todo caso porque quizá se
partía de unos cimientos muy débiles. Desde luego, no es este
Gobierno el que ha podido disponer de casi tres lustros para mejorar
las cosas, y no lo hizo. No es bueno construir ahora un discurso como
si el ayer fuera simplemente prehistoria, ajeno a lo de ahora.

Por tanto, desde la consideración del Grupo Parlamentario Popular, de
la intervención del señor ministro resulta sobradamente claro lo
siguiente. Primero, que en ningún momento se produjo incidente alguno
o actuación desproporcionada por parte de las dotaciones destacadas
por el Cuerpo Nacional de Policía en Malmea. Segundo, que la
presencia de fuerzas del Cuerpo Nacional no tenía más motivo que
apoyar la actuación de la Policía municipal y prevenir la evitación
de hipotéticas situaciones conflictivas. Tercero, que la operación
objeto de esta comparecencia lo fue en términos de asegurar las
condiciones de seguridad y salubridad de los habitantes del barrio de
Begoña y
del propio conjunto de familias rumanas asentadas en Malmea. Cuarto,
que bajo ningún concepto se han producido actuaciones, al hilo de la
legislación de extranjería, que supongan la expulsión de personas de
este colectivo. Quinto, que ha habido una respuesta inmediata e
integrada del conjunto de las administraciones para dar solución a
las cuestiones derivadas de esta operación. Y, sexto, que como
consecuencia de esa respuesta de la Administración y de la magnífica
colaboración y participación de diversas ONG, puede decirse sin duda,
y así lo ha destacado el señor ministro, que hoy las condiciones en
que se encuentran las familias afectadas son sustancialmente mejores
que cuando se encontraban en Malmea, y aún se avanzará más en las
próximas semanas.

A partir de aquí queremos volver a reiterar lo que han sido las dos
consideraciones generales que el Grupo Parlamentario Popular, como es
natural en consonancia con los planteamientos y la política del
Gobierno, que hemos venido formulando a lo largo de esta legislatura
siempre que se ha planteado esta cuestión. En primer lugar y por una
parte, decir que el conjunto de las administraciones deben mantener,
como vienen haciendo y quiero subrayar eso, una constante y creciente
autoexigencia para ser capaces de minorar las situaciones de
necesidad que padecen determinadas capas de nuestra estructura social
y las que afectan a aquellos colectivos que tratan de encontrar en
nuestro país la oportunidad de vivir con dignidad. Por otra parte, y
en segundo lugar, que es y será siempre imprescindible avanzar en los
contenidos de diálogo y consenso entre los grupos parlamentarios, y
volvemos a reiterar ese ofrecimiento, para evitar la mera
confrontación dialéctica y sustituir esta confrontación dialéctica
que a nada conduce por la búsqueda de posiciones en común que
permitan asegurar los derechos y la esperanza de aquellos colectivos
que precisan de nuestra capacidad efectiva para facilitar su
integración social, siempre y cuando, y no deja de ser importante
este matiz, en cada caso las características de estos colectivos en
concreto sean favorables a querer por su parte esa integración.




Concluyo, señor presidente, recordando algo que es obvio pero que no
está de más recordar. Hablamos esta tarde de seres humanos. En ese
empeño, nosotros creemos que el Gobierno ha estado, está y estará a
la altura de su responsabilidad. También estamos convencidos que
anteriores gobiernos han estado y estuvieron a la altura de su
responsabilidad, y que futuros gobiernos estarán también sin duda
a la altura de su responsabilidad. No hay que olvidar, en definitiva,
que la sociedad española es y quiere seguir siendo una sociedad
abierta y solidaria, dotada de una enorme capacidad de movilización
en pro de quienes más lo necesitan, dentro y fuera de nuestras
fronteras, tal y como reiteradamente ha sabido demostrar de manera
ejemplar y en términos que a todos nosotros deben llenarnos de
orgullo, sin que actuaciones aisladas, minoritarias y condenables de
algunos grupos radicales o violentos, como recientemente ha sucedido
en algún lugar de la geografía española, puedan enturbiar esa
valoración. Hablemos siempre, señor presidente, de lo mucho que nos
puede y nos debe unir cuando se trata de afirmar una política de
Estado como es la política de extranjería, y dejemos de lado el
inútil cruce de conceptos



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gruesos de una dialéctica puramente partidaria o a la búsqueda de
titulares periodísticos espectaculares.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): En primer lugar quiero
agradecer las intervenciones de los portavoces de todos los grupos.

Voy a tratar de separar en mi intervención dos tipos de
consideraciones, las particulares referidas al día 8 de julio, a lo
que significó la presencia policial en aquel lugar, a lo que se
produjo aquella mañana, y las consideraciones de carácter general,
que también han sido introducidas por SS.SS. Tengo que decir que me
parecen interesantes para que todos traslademos una preocupación.

Haremos poco si no somos capaces de concienciar suficientemente al
conjunto de la sociedad española para la cuestión de la inmigración y
la trascendencia que va a tener en las próximas décadas en España
para nuestra convivencia.

Vaya por delante una primera consideración muy general. Me van a
permitir hacerla antes de referirme a los temas concretos. Una de las
cuestiones más importantes que a lo mejor sin darnos cuenta hemos
hecho todos en estos años, es que no hay legislaciones de un signo y
de otro en el Parlamento en materia de inmigración. La ley de
integración de los inmigrantes está en la Cámara. Una de las cosas
más importantes es que hagamos lo contrario de lo que ha sucedido en
cualquier país europeo, esencialmente en Francia, donde cada Gobierno
traía debajo del brazo una nueva legislación que iba a tranquilizar
al sector social que le apoyaba, que al final acababa decepcionando y
la inmigración dividía a la sociedad. De todos los males que podemos
plantear hoy en España hay uno que no podemos ni lo debemos asumir,
es la fractura social entre unos colores políticos y otros a la hora
de abordar la materia de la inmigración. Habrá problemas locales
reducidos, habrá problemas localizados, pero no hay hoy en la
sociedad española no existe hoy una fractura. Ese factor diferencial
en positivo es el más importante que nos separa del conjunto de las
sociedades occidentales, eso lo debemos mantener y preservar,
y tenemos que debatir con rigor y con dureza, incluso, determinadas
actitudes y posiciones, que agradezco de antemano que ustedes han
hecho en la tarde de hoy.

Volviendo al tema concreto del día 8 de julio, pediría que no
hiciésemos una interpretación retorcida. Una de las pocas cosas que
me ha enseñado la política es que lo que sucede muchas veces es más
sencillo de lo que algunos piensan. Vamos a buscar la interpretación
más elemental y más sencilla de todas las posibles que explican lo
que sucedió el día 8 de julio. Hay un informe del 24 de junio, al que
se han referido algunos portavoces de los grupos parlamentarios,
donde se describía una situación muy dura. Es verdad, como decía muy
bien doña Matilde Fernández, que los servicios de desratización
habían estado el 3 y 4 de junio y el informe era del 24. Pero lo que
es evidente es que era un informe ciertamente preocupante en el que
se decía además que la etapa de la escolarización había terminado y
había una circunstancia distinta, es decir, lo que de alguna manera
decía el informe era que la situación estaba adquiriendo unas cotas
dramáticas. ¿Por qué, en vez de entrar en un juicio de intenciones de
lo que querían hacer el delegado
del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid, no nos situamos en la
interpretación normal de los hechos? Un informe preocupante,
dramático, y en un momento determinado el delegado del Gobierno y el
Ayuntamiento de Madrid toman la decisión de que no es posible
mantener ese campamento en esas condiciones. Se podrá decir que no
previeron lo que iba a suceder, y ya estoy aceptando que posiblemente
hubo un déficit de previsión de lo que podía suceder. Pero no
entremos en las operaciones inmobiliarias o en que se están
produciendo fenómenos extraños y complicados que poco o nada tienen
que ver con la verdad. Probablemente, la concejala del Ayuntamiento y
el delegado del Gobierno estaban muy preocupados ante esta situación.

Preguntémonos qué es lo que hubiera sucedido si las condiciones del
asentamiento de Malmea se hubiesen degradado mucho más en dos semanas
y hubiese habido una infección que hubiese llegado a otros lugares de
Madrid. Estoy seguro de que en estos momentos yo también estaría en
el Parlamento, pero para explicar la falta de actuación del Gobierno
en esa materia. ¿Qué hubiera sucedido si, en vez de esos 50 policías
para respaldar una acción de limpieza encomendada a los miembros de
la Policía municipal, hubiese habido cinco policías y hubiese habido
en ese momento una actuación contra la misma porque no había fuerza
policial suficiente como para trasladar la imagen de prevención que
es para lo que está en muchas ocasiones la Policía? Hubiese tenido
que comparecer en el Parlamento porque no mandé a la Policía
suficiente como para que desarrollara la acción preventiva necesaria.

No es la primera vez que yo he intervenido en este Parlamento
precisamente por déficit de actuación policial, de presencia
policial, porque eso significa un déficit de prevención a la hora de
actuar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Por qué
vamos a interpretar que en esta ocasión era el factor represión lo
que primaba en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Y por
qué no es el factor prevención, que es lo que el delegado del
Gobierno me dice a mí cuando se han producido los hechos y cuando ha
acordado con el concejal o la concejala correspondiente del
Ayuntamiento de Madrid una actuación de estas características? ¿Por
qué no piensan ustedes -y en ese sentido puedo estar de acuerdo- que
a lo mejor empezaba a preocupar singularmente un ambiente de los
vecinos del barrio de Begoña? Claro que había preocupación, incluso
angustia, porque estaban aumentando seriamente los niveles de
inseguridad en esos vecinos y empezaba a haber un movimiento vecinal.

Y claro que en esta cuestión siempre hay que tener también en cuenta
lo que piensan los vecinos. No se está al servicio de ellos, pero
claro que hay que tener en cuenta para adoptar una determinada
decisión lo que piensen los vecinos.

En este sentido, coincido con lo que ha dicho el Defensor del Menor
de Madrid, Javier Urra, con quien he tenido ocasión de hablar y quien
ha declarado que el problema no fue el día 8, sino todo lo que se fue
incubando hasta el día 8. Quiero reiterar que estoy de acuerdo en
asumir que probablemente hubo falta de previsión o por otro lado
desconocimiento, porque evidentemente no se creía que iba a suceder
lo que sucedió. Estoy dispuesto a asumir esto y hago sin duda el
ejercicio autocrítico que me pedía algúnportavoz o todos. En
cualquier caso, lo que pido es que busquemos



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la interpretación más normal, equivocada si se quiere, pero más
normal y más natural a la decisión de dos administraciones que en un
momento determinado ven cómo se degrada la situación de un
campamento.

Quiero reiterar que en este tema -y alguna observación quiero hacer
al señor López Garrido- no tengo información de que los policías
fueran diciendo: Váyanse ustedes de aquí. En ningún momento hubo una
coacción verbal. Lo único que se puede decir es que hubo una
presencia policial. No me consta que hubiera ninguna indicación
coactiva de ningún miembro del Cuerpo Nacional de Policía. No ha
habido ni un solo informe. Estamos hablando de algo que pudo haberse
producido, pero que a mí, desde luego, no me consta. No me consta que
se destrozaran enseres que estaban siendo utilizados por familias.

Antes he explicado que tengo, además, las fotos de los vehículos que
estaban abandonados y en los que anidaban ratas y animales que en ese
momento podían provocar todavía más en el interior de los mismos
focos muy graves de infección. No tengo ninguna noticia de que ningún
vehículo en uso de una familia fuera decomisado por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Únicamente me consta, reitero, que
en este hecho lo que hubo fue una actuación para no digo proteger,
pero sí dar a la Policía municipal la tranquilidad para poder
realizar esta actuación.




No tengo ningún inconveniente en decir que cualquier decisión del día
8 de julio era mala: Mantener el campamento, actuar como actuamos;
todo tenía ventajas e inconvenientes. Y yo no tengo por qué dudar de
que el delegado del Gobierno y el concejal del Ayuntamiento de Madrid
hicieron lo que en conciencia creyeron que debían hacer, y lo
decidieron en poco tiempo porque probablemente en su opinión la
situación se estaba degradando por días o por horas. No veo por qué
tenemos que pensar que hay una intención distinta y diferente de esta
actuación.

Una vez hecha esta consideración, quiero decir que serán la comunidad
y el Ayuntamiento esencialmente los que decidan la fórmula más
adecuada para los asentamientos. Poco tengo que decir en este tema,
porque poco tiene que ver el Ministerio de Interior con los
emplazamientos. Ustedes tienen unas opiniones, y yo lo único que hago
es expresar mi disposición para facilitar que podamos encontrar algún
foro en el que ustedes puedan participar con las administraciones
públicas para que den su opinión en un modo u otro en los
instrumentos y en las instituciones que ustedes crean conveniente.

Sí quiero hacer alguna otra consideración, pasando ya del tema
particular al general, que es la gravedad de la situación de la
inmigración y la inacción de la Administración, que me parece que son
las dos referencias que me obligan a una respuesta después de
escucharles. Ustedes hablaban de la inacción de la Administración
como tema de fondo. Yo diría al señor López Garrido en este sentido
que no confunda el que no se hace nada en materia de inmigración con
que a lo mejor un diputado no conoce suficientemente lo que se hace
en materia de inmigración, que son dos cosas distintas. Quiero decir
que ha habido una actuación en materia de inmigración, en un tema
importante como el de la integración del inmigrante, que ha sido muy
relevante en estos años. Es la primera vez que se ha puesto
en marcha un plan de integración social del inmigrante con respaldo
presupuestario. No voy a dar las cifras globales, pero sí voy a dar
las de Madrid. En 1998, en ese marco de colaboración, nos gastamos 45
millones de pesetas, y en el año 1999 se ha duplicado y estamos en 96
millones de pesetas, es decir, que el plan de integración social de
inmigración, que no había tenido nunca partida presupuestaria, ni
siquiera cuando estaba la buena ministra de Asuntos Sociales, tiene
por primera vez un presupuesto en Madrid, en el año 1998, de 45
millones. Y hay que añadir las subvenciones de integración social a
las ONG en Madrid -estamos hablando de Madrid-, que vienen a sumar la
cifra de 313 millones de pesetas.

El señor López Garrido ha hablado de la tarjeta sanitaria de los
inmigrantes. Nuestro Gobierno ha implantado por primera vez en España
el sistema de tarjeta sanitaria de los inmigrantes,
independientemente de la condición de legalidad o ilegalidad en
nuestro territorio. ¿Usted cree que tiene poca importancia la tarjeta
sanitaria en ese sentido? No es la primera vez que existe una tarjeta
sanitaria de estas características. En cuanto a materia educativa
respecto a inmigrantes, en estos momentos desde el Ministerio de
Educación y Cultura se procede a la escolarización sin la exigencia
de una residencia legal en el territorio español.

Al hilo de esta cuestión, ustedes planteaban lo que puede ser otra
cuestión importante, que es la red de albergues y red de acogida.

Creo que ha sido la intervención de la portavoz del Grupo Socialista
la que se hacía eco de esta cuestión. La solución de redes estatales
estable para inmigrantes es una posición que nosotros rechazamos,
porque creemos que con eso se crean dos redes de albergues
diferentes. Una, que existe para los españoles, y otra, para los
inmigrantes. En la mayoría de nuestras ciudades existen los albergues
de transeúntes que acogen a personas excluidas con dificultades
sociales, costeados por los Ayuntamientos y con el apoyo del Estado.

Insisto en que crear albergues para inmigrantes vendría a reiterar
más el concepto de gueto de inmigrante y no nos parece que sea una
posición sensata y lógica en materia de inmigración. Lo que existe es
una red de acogida en la que se incluyen todos los pisos y viviendas
para inmigrantes en situación de vulnerabilidad y en ella se incluyen
las ONG colaboradoras como Cruz Roja, ASTI, CEAC, etcétera. Mediante
esta red de acogida se atienden a inmigrantes con problemas sociales.

Esta red es costeada por el Estado y a la que se destinan, a través
de subvenciones de ONG, más de 1.000 millones de pesetas y el 18,5
por ciento se destina a Madrid. Esta es la solución más adecuada, es
la apuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Evidentemente, se debe hablar de que hay que mejorar y potenciar esa
ley, pero no queremos la fórmula de la que ustedes se han hecho eco
de la red de albergues de carácter estable.

Respecto al significado del fenómeno de la inmigración en España,
quería hacer dos consideraciones. Primero, es una exageración lo que
se ha producido por estos hechos que se han producido, que además son
distintos en sí mismo, porque poco se parece lo que ha sucedido hoy
en Madrid con lo que se ha producido en algún lugar en Cataluña. En
Cataluña ha habido en un momento determinado -unos le darán más o
menos importancia- una reacción xenófoba. En Madrid lo que ha habido
ha sido una actuación



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de la Administración que evidentemente ustedes critican, pero que no
tiene nada que ver en mi opinión y no se puede concatenar causa y
efecto ante estos hechos.

Vaya por delante que los brotes de xenofobia sin duda han de tener
una condena implacable desde el primer momento a nivel de
declaraciones, y si no lo he hecho en la tarde de hoy lo hago en
estos momentos y lo condeno con toda la fuerza posible. Porque está
claro que, aunque uno diga que es poco o muy importante, tiene que
ser tajante la condena de esos brotes de xenofobia que se puedan
producir en estos momentos en España.

No se trata de poner ejemplos de lo que sucede en España con otros
países en Europa, pero evidentemente son poco comparables -y ese es
un déficit de otros países respecto de España- estos hechos que se
han producido respecto de otros que pasan en un país de la Unión
Europea. Los hechos son muchísimo más graves y estos hechos pasan
normalmente desapercibidos en esos países, Francia o Alemania
tendrían miles de ejemplos. Lo que hoy puede concitar, me parece bien
y debe hacerlo una sesión parlamentaria, lamentablemente en esos
países es algo mucho más cotidiano. No lo digo para que cambiemos de
actitud; es bueno mantener la actitud de vigilancia y la guardia bien
alta en este terreno e inquietarnos a nosotros mismos para que no
rebroten, pero no comparemos situaciones.

Cuando se pregunta cómo resuelven estos temas en muchos países de la
Unión Europea, en Francia, por ejemplo, estas personas de etnia
rumana lo hacen a través del convenio de readmisión, es decir,
instrumentos de expulsión. Esta etnia rumana muchas veces viene de
país Schengen a país Schengen y normalmente les acompañan en frontera
o los dejan próximos a la frontera. Utilizan más el instrumento de la
expulsión que cualquier otro. Una de las cuestiones que se podía
haber preguntado es por qué el Ministerio de Interior no llevó a cabo
lo que tuvo que hacer en algún lugar, a lo mejor por no haber
aplicado, una vez que estaba inadmitido el asilo, la expulsión. No lo
hicimos porque no es fácil expulsar a unas familias enteras.

Probablemente esa puede ser una razón de crítica, ¿por qué usted, que
no ha admitido a trámite la admisión, no realiza la expulsión
correspondiente? Esa es una decisión en un momento determinado que
puede ser criticable para el Gobierno y para su política, pero no
tratemos de magnificar errores porque poco o nada tienen que ver con
lo que sucede en muchos lugares de los países europeos a que antes me
refería.

Cuando se habla de la Ley de Inmigración, es evidente que tienen
razón, pero lo importante en este tema es que esa reforma de la ley
de extranjería tenga un acuerdo muy sólido de todos los grupos. Es lo
más importante de todo. Lo importante es la unanimidad prácticamente
de esta Cámara para que la actitud de la sociedad sea igual.

La tragedia de una ley de inmigración es que si tiene un color
político u otro. Por ello se fragmenta y se divide la sociedad que
asiste a un debate parlamentario. En España podemos encontrarnos con
personas que quieren presumir de dureza y de actitud implacable
frente a los inmigrantes y otros que quieren demostrar que tienen
unos derechos humanos singulares o una especial dedicación o
preocupación respecto de otros grupos. Esa es la mayor de las
tragedias.

Las leyes no resuelven este problema; el problema lo resuelven las
actitudes y hay que encontrar solución en las actitudes y no tanto en
la ley, aunque evidentemente -insisto- el Gobierno, no sólo el grupo
parlamentario, está representado en esa ponencia para que podamos
conseguir una fórmula satisfactoria para todos los grupos de esta
Cámara y, sobre todo, para que no se fragmente en este terreno la
sociedad española.

Estamos planteando términos generales de la inmigración y del asilo y
quiero decir que está en vigor el Tratado de Amsterdam y que el tema
no va a estar en la ley de extranjería. El problema es que va a haber
un vuelco en el diseño y en la ejecución de las políticas de
inmigración y de asilo en Europa. Una parte muy importante de todas
estas políticas que están hoy en el tercer pilar, es decir, donde se
exige la unanimidad de todos los gobiernos que participamos en las
decisiones, va a pasar al primer pilar, que es el auténtico núcleo
duro de la Unión Europea. En un plazo de cinco años el Tratado de
Amsterdam ha entrado en vigor ya. Es evidente que el Consejo de
Ministros va a poder retener una parte de estas políticas, pero eso
va a transferirse a esa capacidad de iniciativa a la Comisión
Europea, que va al primer pilar. Los Estados miembros, al cabo de
este período transitorio, no solamente vamos a estar obligados a
cumplir con la normativa de asilo e inmigración que emane de la Unión
Europea, sino que además deberá cumplir con la ejecución de todas las
decisiones y soluciones que en esta materia emanen del ámbito
comunitario. Los ámbitos en los que van a tener una incidencia plena
serán en la normativa y exigencias para visados de corta duración, en
el control de fronteras exteriores, con la plena entrada en vigor del
convenio de fronteras exteriores, en la negociación y la firma de los
acuerdos de readmisión con terceros Estados, aunque hoy ciertos
Estados mantienen la objeción de que ese período transitorio de cinco
años no es suficiente y que al final sea la Comisión la que
intervenga en este tema. Se establecerá entre la Unión Europea las
causas de admisión e inadmisión de asilos y también las causas por
las que se consideran esencialmente infundados. En definitiva,
señorías, no hay inacción de la Administración, hay limitaciones.

El fenómeno de la inmigración en España está creciendo de una manera
muy importante. Hemos estado recreándonos en una estadística de que
estamos en 1,7 por ciento, más de 600.000. Ya verán ustedes en la
cifra que nos vamos a colocar dentro de dos años. Y esta es la lógica
de los hechos. No es que haya inacción del Gobierno, es que es un
problema que va a más y que además va a ser la clave de la
convivencia de los españoles en los próximos decenios. En ese
terreno, yo reitero un principio de esfuerzo de que en ese tema nos
critiquen todo lo que nos tengan que criticar -¡sólo faltaba!-, pero
vuelvo a insistir en que, por encima de cualquier otra consideración,
tratemos de encontrar fórmulas que no dividan a la sociedad en este
tema. La xenofobia nos debe unir a todos, contra ella. Evidentemente,
las faltas de previsión que puedan producirse también tienen que ser
corregidas por las administraciones. Mi propuesta y mi oferta es que,
en este tema, en vez de pronunciar grandes palabras y hacer grandes
generalizaciones, sepamos afrontar problema a problema. Si todavía
hay un problema por resolver en el tema de los rumanos, yo



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creo que está encauzado y que hoy están mejor que la primera semana
de julio, aunque haya sido tortuoso el camino, aunque haya habido
mezquindad. Es evidente que lo importante es que, al menos, desde esa
tranquilidad, podamos afrontar cuestiones de futuro en esta materia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. (Varios señores
diputados piden la palabra.)
Brevísimamente, señor López Garrido.




El señor LÓPEZ GARRIDO: Así lo haré, a estas horas de la tarde.

Escuchando al portavoz del Grupo Popular he llegado a la conclusión
de que lo que se hizo el día 8 de julio es algo absolutamente
modélico, que habría que intentar repetir muy a menudo porque era
fantástica la decisión, era la mejor de las posibles. Es muy
preocupante pensar que, con una absoluta falta de sentido autocrítico
ante algo que se ha calificado por amplios sectores de la opinión
pública como algo muy lamentable, se entienda que es lo que se tuvo
que hacer y, por tanto, un poco el modelo de lo que habría que hacer
en el futuro. Eso es muy preocupante porque, por el momento -hasta
las próximas elecciones generales, que espero que no sea así-, el
Gobierno de este país, y además el del Ayuntamiento y el de la
Comunidad Autónoma de Madrid, es un Gobierno del Partido Popular.

Yo, que en esta última intervención del señor Mayor Oreja he visto
algo más de capacidad de autocrítica que en la primera -algo habrá
influido la intervención de los grupos parlamentarios-, no llego
hasta el extremo de pensar que las Administraciones -el Ayuntamiento,
la Comunidad Autónoma- querían fastidiar lo más posible a los
rumanos. No, no llego a considerar que la intencionalidad, el secreto
objeto de esa intervención es a ver cómo los fastidiamos lo más
posible. Ése es un asunto de intencionalidad que no corresponde a
esta Cámara, que sobre todo tiene que tratar de hechos producidos, y
los hechos producidos son que a unas determinadas personas se las
echa de su casa y se les dice que busquen otro sitio donde vivir, sin
darles una alternativa.

Tengo aquí un periódico de ámbito nacional -así lo han reflejado
todos los medios de comunicación-, del día siguiente al de los
hechos, que titula: La policía expulsa del poblado de Malmea a las
100 familias rumanas. Dentro de la información dice que, aunque la
explicación oficial es que las familias abandonaron voluntariamente
el lugar, esta versión es rebatida por los propios afectados y por
los voluntarios que les apoyaban desde hace meses. Los inmigrantes
explicaron que los agentes les conminaron a irse de forma voluntaria
porque, de lo contrario, los repatriarían a Rumania, dice la
información de este periódico, reiterada prácticamente en todos los
periódicos que trataron este asunto. Por tanto, es evidente que se
entendió claramente lo que sucedió, y es que fue una expulsión,
reiterada además por las palabras, seguramente imprudentes, de ese
mismo día siguiente, de la señora Tardón, concejala de Seguridad del
Ayuntamiento de Madrid, diciendo: No permitiremos asentamientos
ilegales -creo que dijo- en Madrid. Por tanto, no es una cuestión de
saneamiento, de limpieza, sino de eso que se ha llamado limpieza
étnica. Naturalmente, no es comparable con otras situaciones de
las que se ha hablado también como limpieza étnica, pero es una
definición que responde bastante a lo que en aquel momento sucedió.

Lo cierto es que alguien que estaba allí ya no está, hay algunas
personas que se fueron y no se sabe dónde están, están por ahí, no
todos están ahora mismo en San Roque. Los demás siguen en una
situación muy precaria y yo estoy convencido (es una íntima
convicción y, evidentemente, nunca se podrá saber si es así o no
porque no se puede dar la vuelta a la historia o ir al túnel del
tiempo) de que si en los medios de comunicación no se produce esa
alarma, desde luego, hoy estos inmigrantes rumanos estarían muchísimo
peor. La consecuencia de una extensión de este problema a los medios
de comunicación hace que esas administraciones, dándose cuenta del
desaguisado y del error cometido, se pongan a buscar rápidamente una
solución, que es la que hoy se nos ha ofrecido por el ministro, yo
creo que con un carácter bastante precario; ya veremos en qué queda
la cosa.

Lo cierto es que ha habido un fracaso en la previsión y en la
coordinación de las administraciones públicas - todas, por cierto,
del mismo signo en Madrid- a la hora de enfrentarse con este
problema. Ha habido un fracaso clarísimo y de ese fracaso no se han
derivado unas responsabilidades políticas, no hay ningún tipo de
señal por la que la Administración, ante un error, ante un hecho que
incluso puede que fuese desconocido por el propio ministro del
Interior -según parece que ha podido traslucir en su intervención-,
reaccione de forma inmediata diciendo: Nos hemos equivocado, le puede
pasar a cualquiera, vamos a reaccionar adecuadamente y vamos a
valorar negativamente eso que ha sucedido. No se hace así, sino que
se intenta justificar.

No voy a extenderme mucho más en esta intervención, que tampoco me lo
permitiría -entiendo que justificadamente- el presidente de la
Comisión. Creo que las posiciones han quedado muy claras. Nosotros
valoramos muy negativamente lo que ha sucedido. Nos ha parecido muy
grave el que familias con muchos niños hayan sido expulsadas de su
domicilio. Es un asunto muy grave al que habría que haberse
enfrentado inmediatamente para condenarlo. La falta de previsión ha
sido evidente. Las propias organizaciones no gubernamentales que
trabajan allí -me lo han dicho personalmente- llevaban meses pidiendo
campamentos itinerantes regulares para esas familias y no se les
atendió. Por tanto, la falta de previsión es clara. Se podría decir:
¿Qué hubiéramos hecho? Si no, hubiéramos estado aquí por otra razón.

Es posible, pero lo cierto es que se dejó llevar esa situación al
pudrimiento y luego se adoptó una decisión que, por esa razón,
siempre tenía que ser mala.

De verdad, creo que el Gobierno y toda la sociedad española debe
enfrentarse con el problema de la inmigración y no tratarlo como una
mera cuestión de orden público, que es la tendencia natural, a veces
inconsciente, de quienes están dirigiendo este asunto desde el
Ministerio de Interior, que tienen -vamos a decir- una deformación
profesional a este respecto porque, como decía el ministro, este es
un asunto de Estado, un asunto que va a crecer en importancia. El
ministro citaba casos distintos en Francia y en Alemania, pero
fíjese, señor ministro, que en España tenemos ahora mismo como
residentes un 1,2 ó un 1,3 de



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la población extranjera -me parece que está en torno a esas cifras-,
en Francia creo que es el 8 ó el 9 por ciento y en Alemania también
el 8 ó el 9 por ciento. Las diferencias son abismales. ¿Qué pasaría
aquí si hubiera los porcentajes de extranjeros que hay en esos
países? Aquí no hay esos porcentajes, no es comprensible que se
produzcan estos hechos cuando no es una cuestión en absoluto
problemática. Sencillamente, es una inercia incomprensible de no
entender la integración rápida e inmediata de esta población.




Aparte de las acciones que se puedan realizar y que se pueda
reaccionar ante ellas más o menos acertadamente, como es el caso de
la tarjeta sanitaria, aparte de todas esas cosas, lo cierto es que no
vemos que haya medidas que podrían enfrentar y paliar este problema
de forma clara y contundente. Por ejemplo, la regularización. Sería
necesario, ya, una regularización de quienes están aquí residiendo de
forma ilegal, que son 50.000 ó 60.000 personas, lo que les supone un
impedimento inmediato para trabajar, meterse en la economía sumergida
y también es fuente de inseguridad ciudadana. No se aborda ese
problema. ¿La ley de extranjería? Yo aprovecho la ocasión, como han
hecho otros portavoces, para instar a que haya una voluntad política
del Gobierno de que salga esa ley en esta legislatura, a ver si es
verdad que puede salir en esta legislatura. Tiene que haber programas
integrales de vivienda, de sanidad, de enseñanza, de trabajo, de
segunda generación, que en nuestro país, todavía, desgraciadamente,
están tratados con el procedimiento de la improvisación.




Respecto al asunto famoso de los cupos, pienso que es un tema muy
importante. Los cupos son insuficientes en su regulación actual. Hay
que ir a cupos más amplios, más ágiles, más flexibles en la
distribución laboral y que no se produzca...




El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, concluya, por favor.




El señor LÓPEZ GARRIDO: Decía que no se produzca el hecho absurdo de
que personas que quieran trabajar aquí no tengan más remedio que
incumplir la ley para poder encontrar trabajo, porque nadie contrata
a nadie a 5.000 kilómetros de distancia. Se le contrata cuando se le
conoce y nadie puede entrar aquí, con la situación actual, para
buscar trabajo.

Todo esto es lo que hay que hacer. Hay que desarrollar estas redes de
acogida, a pesar de que el ministro dice que existen, o determinadas
fórmulas de acogida. No las hay, por una razón muy sencilla: Se
habrían utilizado inmediatamente, al día siguiente, después de lo que
sucedió el 8 de julio, pero no se encontró solución. Luego no hay un
sistema de acogimiento porque no se ha encontrado. Es un hecho
clarísimo, bastante demostrable y evidente.




Por todas estas razones, este problema es para nosotros muy
importante y así hemos tratado de hacérselo ver a la Administración
pública, al ministro del Interior, que es el que tiene la máxima
responsabilidad y capacidad para poder solucionar este problema.

El señor PRESIDENTE: Ya sé que SS.SS. son muy generosos, pero les
ruego que no lo sean tanto en la medida de su propia brevedad.

Señora Uría, tiene la palabra.




La señora URÍA ECHEVARRÍA: Debo comenzar pidiéndole perdón por haber
sido antes mal interpretada o haberme expresado inadecuadamente,
puesto que mi comentario ha surgido de la sorpresa, por el momento en
que me daba la palabra, pero no incluía reproche alguno. Es más, yo
no había solicitado la comparecencia respecto de la materia que nos
trae hoy aquí. Simplemente, estaba despistada y he hecho un
comentario espontáneo.

En segundo lugar, al hilo de algún comentario del señor ministro
quería manifestar que coincido con él en que debemos huir en esta
materia como de la peste, de la existencia de una fractura social que
no creo sea hoy en día un mal previsible. De momento, tenemos un dato
significativo en esta Cámara. Todos los grupos de la Cámara, como le
he manifestado y también lo han hecho otros portavoces, estamos en
condiciones de poder aprobar por absoluta unanimidad una nueva ley
que regule los derechos y libertades de los extranjeros, cuyo texto
tenemos ya prácticamente ultimado, a falta de conocer si existe esa
voluntad en el Gobierno, es decir, en los departamentos que tienen en
esta materia competencias, bien sea Asuntos Exteriores, Economía -no
olvidemos que las cosas cuestan- o el departamento de Interior.

En tercer lugar, he de manifestarle que su labor en esta
comparecencia lógicamente era defender lo hecho. Hemos oído sus
explicaciones, pero creo -y enlazo con la intervención del
representante del Grupo Popular- que debemos huir todos -me incluyo
en el plural-de la complacencia. Se ha manifestado por el Grupo
Popular que el Gobierno anterior estuvo a la altura, también el
Gobierno presente, y si todos hemos estado a la altura de nuestras
responsabilidades -me incluyo de nuevo en el plural-, no sé cómo
estas circunstancias nos han cogido así, no sé cómo no somos capaces
de asumir, de integrar, sobre todo, con respeto, esta avalancha de
ciudadanos.

Conozco la modificación del Tratado de Amsterdam, el tenor del
tratado es el que es, pero quiero pensar que el Reino de España
tendrá su participación en la formación de esas políticas y nos
gustaría, y esta Cámara es el lugar adecuado, pedir que tengan en la
materia que hoy nos ha traído aquí una determinada orientación en
nuestra participación en la formación de esa voluntad común, porque
deseamos que figuren los criterios que por unanimidad hemos ido
desgranando aquí todos los grupos.

Gobernar, como usted bien sabe, señor ministro, no sólo es gestionar
el día a día; también es prever, tener políticas para afrontar las
situaciones, y eso es lo que hoy le pedíamos en esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Señora Sabanés, tiene la palabra.




La señora SABANÉS NADAL: Señor ministro, le quiero seguir hablando de
la operación de Malmea, porque aquellos diputados y diputadas que
hemos estado en el debate de la Comisión y del informe final sobre
inmigración



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y que hemos estado o estamos en el debate sobre la nueva ley de
extranjería, tenemos cubierto un debate, unas expectativas y no
quisiera que de nuevo en su contestación volviéramos a hablar, en
términos generales, de la inmigración y de lo que ello conlleva.

Deberíamos fijarnos más en el motivo de la comparecencia, que no era
otro que la operación policial que se llevó a cabo en el poblado de
Malmea. Por tanto, desde esa consideración, me hubiera gustado
haberle oído la expresión clara de que la solución que se dio al
problema no se adecuaba a lo que se manifestaba en un informe.

Nuestro criterio político, lo digo con claridad, es que el máximo
responsable, el inductor, quien ha generado el problema y quien
posiblemente haya forzado la intervención policial es el Ayuntamiento
de Madrid y también pediremos las responsabilidades en su ámbito.

Dicho esto, en base a ese informe que alega y que todos conocemos,
del 24 de junio, me hubiera gustado escuchar que un problema que se
expresa con claridad respecto a la sanidad, a la limpieza y a la
salubridad requería medidas sanitarias, higiénicas y medioambientales
continuadas y reiteradas, y que nunca estaba justificada una
intervención policial.

No es que la oposición haga interpretaciones maniqueas sobre los
verdaderos objetivos de esa intervención, es que la relación es muy
clara. Hay un informe que pone de manifiesto una serie de necesidades
que requieren con rapidez y urgencia, una continuidad en actuaciones
que ya se pusieron en marcha después del fallecimiento del primer
niño del poblado de Malmea. Como contraposición, se produce una
intervención policial de las características de la que se produjo.

Por centrar el motivo de la comparecencia, he de decirle, se lo he
expresado en la primera intervención, que queremos saber si existían
elementos de coordinación después del día 10 de marzo en que se
produjo el fallecimiento del primer niño en el poblado de Malmea y la
primera intervención social, que hicieran posible una prevención y
una coordinación desde el Ministerio del Interior para el trabajo
a medio y largo plazo que hubieran evitado, con toda seguridad, una
intervención policial de esas características. Es decir, si cuando se
produjo el primer elemento trágico en ese poblado se hubiera puesto
en marcha una política en el corto y medio plazo, se hubiera evitado
lo que ocurrió en el mes de julio.

Apartir de ahí, mi grupo le insiste: ¿cómo fue la operación? ¿de
dónde partió la orden que se dio al Cuerpo Nacional de Policía y a
los funcionarios de la sección de extranjería? ¿En qué términos
concretos estaba basada la operación y la participación del Cuerpo
Nacional de Policía y de los funcionarios de extranjería y qué
previsión se hizo sobre los derechos humanos del conjunto de la
población qué se derivaba de ese desalojo y fundamentalmente en lo
que afectaba a los niños?
Alo mejor en estos momentos no está en disposición de contestar a
esas preguntas, pero es una parte muy importante para establecer lo
que ocurrió finalmente, porque, señor ministro, para nuestro grupo lo
esencial, más allá del debate general -entendemos su complejidad y lo
que significan esos grupos específicamente-, lo que hoy nos trae aquí
es el desarrollo de esa operación en concreto, sus consecuencias y,
sobre todo, queremos conocer qué es lo que
se hizo desde que saltó el primer síntoma de alarma en ese poblado,
en el mes de marzo, hasta que se produjo finalmente el desalojo en lo
relativo a la coordinación por parte del Ministerio de Interior.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández.




La señora FERNÁNDEZ SANZ: Señor ministro, a las preguntas que le ha
hecho la señora Sabanés, le planteo también la siguiente: ¿Qué
documentación tienen o van a tener estos ciudadanos?
Quiero hacer una reflexión muy breve. Voy a ponerme en la hipótesis
de lo que nos ha narrado: Los acontecimientos son como usted ha dicho
y no como han dicho los demás ¿Y qué, señor ministro? Usted dice que
los rumanos están mejor. Tienen una tienda de campaña y unas literas
del Ejército. No tienen agua en este momento ni otros servicios
básicos. ¿Cuál es la solución para los rumanos? ¿Qué se vuelva
a repetir lo mismo en cinco o en cuatro campamentos? Esa no es la
solución, señor ministro. Por supuesto, lo solución que ofrezco no
tiene por qué ser la mejor, pero por lo menos la debe escuchar. El
primer lugar de atención a inmigrantes y refugiados lo ví hace por lo
menos veinticinco años en Estocolmo, y luego todos los países han
copiado esa fórmula, con personas más o menos nómadas, más fáciles
o más difíciles de integrar. Se necesita un hábitat con asistencia de
equipos multiprofesionales: Un INEM, para saber qué habilidades
tienen, para ver si se les orienta con el fin de que se autogestionen
y no sea la mendicidad la forma de obtener recursos económicos;
servicios sociales para que busquen y canalicen la enseñanza de un
idioma, para la atención a los niños y a los adultos, y el conjunto
de servidores públicos, ONG, que les enseñen a adaptarse y a adecuar
su forma de vida a la del país en el que están. Hoy, los rumanos
están, en lugar de en un campamento, en otro en las mismas
condiciones, con algunos servicios menos, y usted nos dice que van a
estar en cinco sitios en similares condiciones. No creo que eso sea
una solución -no cuestiono nada del procedimiento, sigo su discurso-
al problema de estas 280 personas.

Usted decía que los problemas se resuelven con actitudes. Se
resuelven también con decisiones políticas y tenemos que encontrar
entre todos, ustedes en primer lugar, respuestas políticas a una
realidad, y es que los rumanos están en la calle en campamentos y que
crece en Madrid el rechazo para que vayan a un distrito o a otro. La
solución está en actuar de manera similar a lo que han hecho otros
países y otros gobiernos. En tal caso, el marco es el que nosotros
nos hemos dado, el que se recuerde no quiere decir que se quieran
establecer divisiones. Nosotros hemos dicho que este país no tiene
las puertas abiertas. Creo que hemos conseguido convencer de eso
hasta a Derechos Humanos, que era la última ONG que quedaba diciendo
que quería las puertas abiertas; SOS Racismo, Amnistía Internacional,
todo el mundo está de acuerdo en que nuestro país no puede tener las
puertas abiertas para que venga todo el que quiera. Por eso hablamos
de contingentes y cupos. Ahí tenemos una realidad. Hemos decidido,
como país, que a quien viene aquí hemos de dedicarle políticas para
que se



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integre. Cada vez dedicamos menos recursos, señor ministro, y hemos
decidido, también colectivamente, que hemos de dedicar cada vez más
recursos a la cooperación al desarrollo. Cada vez dedicamos menos
recursos a cooperación al desarrollo y por eso surgen los problemas,
por eso cada vez tendremos más problemas si no somos capaces de tomar
decisiones políticas.

Puntualmente déjeme decirle, señor ministro -no tiene por qué saber
de todo-, que la tarjeta sanitaria no la está dando su Gobierno. La
prensa de hoy, de ayer y anteayer se lo puede decir. Los tribunales
dicen que el Insalud tiene que pagar el coste de la asistencia en el
parto a una mujer embarazada a la que no quiso atender la sanidad
pública y tuvo que recurrir a la sanidad privada, y el Insalud
recurre. Su compañero de gabinete recurre, aunque aquí viene y dice
que todos los niños y todas las mujeres embarazadas no tienen
problemas y son atendidos. Fíjese usted qué ejemplo: El Insalud en
Ponferrada recurre una sentencia que dice a los poderes públicos que
tienen que pagar el coste de la atención de un parto. La tarjeta
sanitaria no está funcionando con su Gobierno. No diga que el plan de
atención a los inmigrantes no tenía recursos o que ustedes no
heredaron recursos: Está el foro de los inmigrantes con sus recursos,
el observatorio permanente de la inmigración, los programas con
corporaciones locales y los programas pilotos. Ustedes recibieron una
política y unos recursos, que es verdad que los han ampliado, pero
que han delegado a las comunidades autónomas y se han inhibido de
atender ninguna de las políticas.

En relación con los albergues, señor ministro, a nosotros nos da lo
mismo que sean mixtos, que sólo tengan inmigrantes o que tengan
jóvenes de vacaciones. La realidad hoy es que los albergues o casas
de acogida que atienden a inmigrantes sólo atienden a inmigrantes.

Personalmente creo que eso es correcto porque cada problemática
social necesita unas especialidades y unos profesionales
especializados en su atención. Den otra alternativa si la tienen,
pero no nos digan en esta Cámara que la solución a este problema es
que no sólo haya un campamento sino que haya cinco, porque dentro de
un tiempo, señor ministro, usted vendrá aquí a hablarnos de cinco
problemas.




El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Muy brevemente, señor presidente. El señor
portavoz del Grupo Mixto ha tratado de manipular, muy
civilizadamente, eso sí, mis palabras, quizá por la debilidad de los
argumentos iniciales del señor López Garrido que entiendo que pueden
ser producto de la emoción por su reencuentro hoy con las sesiones
plenarias de esta Comisión; reencuentro que todos, desde luego este
grupo parlamentario y este portavoz, celebramos por la reconocida
brillantez y cordialidad del señor diputado. Yo no he dicho que este
sea el modelo; por tanto, sobra el calificativo modélico que me
atribuye. Lo que sí he dicho es que hoy las condiciones de vida de
estas familias son mejores y que aún van a estar en mejor situación
conforme al compromiso expresado por el señor ministro. Sí he dicho,
además, que hay que mantener permanentemente los niveles de
autoexigencia de la Administración, por lo que nada hay de
autocomplacencia en mis palabras y sobra también
esa atribución. Este grupo parlamentario no ve que haya ninguna
tentación por parte de este Gobierno de tratar de limitar la política
de extranjería a una política de orden público. Y como no existe ni
ese riesgo ni esa tentación, convendría también, a juicio de este
grupo parlamentario, que en otros grupos políticos no existiera
tampoco la tentación de la generalización ni la de hacer política
partidista o demagogia con un asunto de la trascendencia de Estado
que tiene el referido a la política que nos ocupa.

La utilización por nuestro grupo del concepto estar a la altura
significa básicamente ser claro en el compromiso, por más que después
medien limitaciones efectivas, como ha dicho el señor ministro, que,
sin duda, también afectaron a anteriores gobiernos y probablemente a
futuros gobiernos. Y desde la consideración de que todos los
gobiernos democráticos que ha tenido este país, y que tendrá, son
claros en su compromiso de solidaridad en esta cuestión, mediando las
limitaciones que median, nosotros no tenemos ningún inconveniente en
articular ese concepto de estar a la altura de la responsabilidad. En
todo caso, como añadido a lo dicho, mi grupo parlamentario siempre
preferirá primar las palabras y las valoraciones que pueden facilitar
el encuentro entre los grupos antes que provocar fracturas desde la
altisonancia o la agresividad de expresiones que a nada conducen.

Concluyo, señor presidente, señalando nuevamente que para mi grupo
realismo, diálogo, solidaridad y consenso son los instrumentos
necesarios para que las políticas de extranjería sean de todos, como
ha dicho el señor ministro, y no estén sujetos al vaivén de las
legítimas alternancias políticas. Creo que si hay un compromiso claro
que podemos suscribir todos los grupos parlamentarios es nuestra
voluntad de, en esto más que nunca, hacer política con mayúsculas.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señorías, con la mayor
brevedad posible, voy a volver a acotar la intervención sobre el tema
concreto del campamento y a tratar de hacer luego planteamientos más
globales simplemente para ordenar mi intervención, que será muy
breve.

En primer lugar, respecto de los hechos que se producen el día 8 de
julio, trataría, desde el Gobierno, de alejarme de la palabra éxito
pero la palabra fracaso me parece que es demasiado rotunda. De la
misma manera que creo que pueden ser discutibles los términos que
hemos utilizado nosotros, en el sentido de que se trata estrictamente
de una operación de limpieza ante de un problema de salubridad, me
parece que también es desproporcionado el concepto de limpieza
étnica. En cualquier caso, valore como valore cada uno los hechos en
el campamento, no creo que sean estos términos, ni en un extremo ni
en otro, los que deben ser utilizados para definir y retratar lo
sucedido.

Señora portavoz de Izquierda Unida, creo que antes me he explicado:
La decisión se adopta conjuntamente por la Delegación del Gobierno y
el Ayuntamiento de Madrid, se adopta exactamente en ese ámbito y se
complementan las actuaciones entre la Policía municipal y el Cuerpo
Nacional de Policía. En cuanto al conjunto de funcionarios que
participan, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid
arbitran una decisión de esas características.




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Piense usted que las delegaciones del Gobierno tienen cientos de
actuaciones al cabo de los meses. La confianza en la tarea que el
delegado del Gobierno pueda desempeñar es plena y total; todos tienen
y tendrán, hasta que no haya una actuación claramente negligente,
nuestro máximo respaldo -mi máximo respaldo.

Quiero decir al señor López Garrido que los delegados del Gobierno ya
no dependen del Ministerio de Interior, tampoco los subdelegados del
Gobierno. Es el Ministerio de Administraciones Públicas en el caso de
los subdelegados y, desde hace unos años, antes de la Lofage, la
Presidencia del Gobierno en el caso de los delegados. Lo digo a
efectos de recordar las dependencias orgánicas y funcionales.

Evidentemente, en el ámbito de la seguridad y en la utilización de
las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, la dependencia
funcional es del Ministerio de Interior.

Usted ha hablado de dos instrumentos, señor López Garrido, el de la
regularización y el del cupo. Sabe usted bien que están en apartados
sustancialmente distintos, uno es de control de flujos migratorios y
el otro de integración de inmigrantes. Exigen tratamientos distintos
y diversos. El cupo, aunque lo decide el Gobierno, no depende del
Gobierno; depende de la capacidad de la sociedad de poder tener un
contingente de trabajo para esas personas, que desde luego yo quiero
que sea el máximo.

El problema de la regularización es otro. La regularización no se
hace todos los años, no se debe hacer todos los años; ni lo hemos
hecho nosotros ni lo hizo el Gobierno anterior. Cada proceso de
regularización tiene un efecto de llamada para muchas personas, que
vienen a España no para regularizar su situación, sino para quedarse
de ilegales. Hay que tener muy presente el efecto llamada en un
proceso de estas características en el momento de determinar el
calendario correcto y el orden de la regularización. El cupo se ha
definido, salvo en el año 1996 en que no nos pusimos de acuerdo si lo
determinaba el Gobierno saliente o el entrante, es creciente y deseo
que se contingente al máximo porque significa seguridad en los
puestos de trabajo que se asignan a los inmigrantes.

Se están solventando también determinados trámites de exigencia de
presencia en consulados, de modo que podamos favorecer una situación
de hecho, la del contingente y la del cupo. Que no se deforme la
regularización y se transforme en lo que significa el cupo; que
sepamos separar el control de flujos migratorios de las medidas de
integración, que son capítulos distintos que exigen valoraciones
políticas, ritmos y calendarios bien distintos.

La Administración ha estado muy presente en materia de inmigración.

Hemos hecho unos planes de acogida en cuanto a Ceuta y Melilla por
los que no estamos muy lejos de los 10.000, lo digo con toda la
reserva porque no quiero dar mal una cifra. Ha sido un esfuerzo
espectacular de la Administración. Hemos tenido un problema inicial,
el Gobierno lo enfocó mal, especialmente yo, con los 103 inmigrantes;
pero luego ha habido un programa tenaz, largo, que ha significado ni
más ni menos que una cifra espectacular de programas de acogida.

Hemos contado con una participación muy alta de organizaciones no
gubernamentales. Ha habido problemas, pero el esfuerzo ha sido brutal
en materia tan importante como los programas de acogida durante estos
meses; es simplemente un ejemplo.




Hay otra cuestión que quería dejar clara, contestando a la portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista. La inmigración, como usted sabe
muy bien, no es del Ministerio de Interior. Hay un director general
de Política Interior que se ocupa muy especialmente de esto, pero el
capítulo social -y en eso me gana doña Matilde Fernández- depende del
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que tiene un protagonismo muy
superior al del Ministerio de Interior en el fondo, de hecho y en la
práctica al abordar la inmigración.




No le voy a rebatir uno por uno los argumentos porque usted sabe la
lección mucho mejor que yo, pero le vuelvo a decir que no creo que
sea cierto el descenso en la cifra de gasto social de este Gobierno
ni del Ministerio, lo sabe mejor la secretaria de Estado de Asuntos
Sociales o el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Por el
contrario, creo que se ha hecho un esfuerzo singular, no sé las
cifras de modo que no le puedo responder, pero creo que es la primera
vez que se produce el Plan de integración cuantificado. En lo que se
refiere a la tarjeta sanitaria, también es la primera vez, según mi
información, que se produce una tarjeta de esas características.

Volviendo al tema más general que planteaba la portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), quiero reiterar que la dimensión
europea de la inmigración es creciente, especialmente después de la
cumbre que va a tener lugar en Tampere en el mes de septiembre u
octubre de este año. Tampere va a significar, en el fondo, la puesta
en marcha de Amsterdam; va a significar la reiteración de los plazos
de Amsterdam; va a significar exactamente los plazos que nos vamos a
dar los países de la Unión Europea para comunitarizar las políticas
en materia de asilo y de inmigración. Es evidente que en este terreno
España va a estar presente y va a estarlo con sensibilidad suficiente
y con una posición equilibrada frente a quienes quieren hacer
políticas extraordinariamente duras respecto a los inmigrantes porque
tienen porcentajes muy superiores a los nuestros.

En Tampere vamos a tener un debate relevante e importante en materia
de la construcción del espacio policial y judicial europeo, que viene
a significar, en mi opinión, el siguiente gran reto en la
construcción de la Unión Europea. Si no somos capaces de avanzar en
ese espacio, dejaremos muy coja la Unión Europea.

En materia de asilo e inmigración, será muy importante concitar una
política equilibrada y unitaria de las fuerzas políticas españolas,
para poder llevarla a Tampere de manera más sólida que si el Gobierno
lleva sólo la posición de su partido.

Termino con una pregunta de las portavoces del Izquierda Unida y del
Partido Socialista, que nos lleva al debate concreto del campamento
de rumanos. Me preguntaba qué documentación tienen: Muchos de ellos
están indocumentados, no tienen documentación, son irregulares. No
menos de un 12-13 por ciento han hecho múltiples solicitudes de
asilo; es decir, con nombres cambiados, creyendo que es el azar lo
que cuenta en la concesión o trámite del asilo, por si alguno de
ellos entra en esa lista.

Sabe usted que la Ley de asilo, reformada en 1994, si es verdad que
antes no dio condición de asilo a ningún rumano, en este momento no
hay condición de asilo para los rumanos porque se trata de preservar
y acotar el derecho de



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asilo para aquellos ciudadanos perseguidos en sus países por sus
ideas políticas o religiosas. El refugiado, tal y como está previsto
en la Convención de Ginebra de 1951, no responde hoy a la situación
en Rumania. No se puede conceder, en ese sentido, el trámite del
asilo; estaríamos deteriorando gravemente, por falta de acotamiento,
lo que significa ese derecho. Es un debate siempre abierto si el
derecho de asilo debe concederse por razones socioeconómicas, pero,
en el momento que se abra esa posibilidad, se acabará definitivamente
con el derecho de asilo.

Ante la pregunta de qué documentación se les va a pedir -volviendo a
lo que decía la portavoz de Izquierda Unida-, se les va dar la
documentación que vaya derivando de su situación personal. He hablado
antes de unos plazos que nos hemos dado. Primero, la construcción de
los campamentos y la puesta en marcha de las alternativas para la
instalación de los rumanos. Evidentemente, luego va a haber un
esfuerzo y se va a poner énfasis en la integración de estos
inmigrantes mediante la derivación y traslación de los mismos a
viviendas familiares en colaboración con las ONG. En la última fase
está claro que lo que haya fracasado en el proceso de integración e
inserción social que se debe fundamentar en la escolarización de los
niños y que según mis noticias da buen resultado en este colectivo en
particular. Una vez que transcurra un período de tiempo tendremos que
tomar decisiones que no quiero llamar de expulsión sino programas de
retorno en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional.

No es lo mismo, señor Castellano, una cosa que otra. La expulsión es
simplemente tramitar y colocar en frontera a
una persona, y el programa de retorno exige trabajar con el país de
retorno y ver de qué forma y manera se pueden resolver estas
situaciones. No es nada que se invente España sino que en ese terreno
también es un instrumento de carácter internacional. En cualquier
caso, antes hay una fase donde vale la pena poner todo el calor y
toda la intensidad y que no va a hacer el Ministerio del Interior
sino que la van a hacer el Ministerio de Asuntos Sociales, el
Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid para tratar de
abordar de qué forma y desde la escolarización de los niños se puede
tratar de fortalecer la incorporación o la reinserción social de
estas personas que sin duda tanto lo necesitan.

En cualquier caso señor Castellano -con esto termino- nosotros
trataremos de hacer en el tema de la documentación todo lo que esté
en nuestro margen, todo lo que podamos en ese terreno para facilitar
estas cuestiones. Si hay acogida por razones de carácter humanitario,
estaremos abiertos a esos instrumentos de ofrece la legislación. Hoy
por hoy el derecho de asilo no está abierto a este colectivo, por lo
que he dicho con anterioridad, pero está claro que trataremos de
utilizar las mejores fórmulas y las más posibilistas para afrontar
esta cuestión.

Muchísimas gracias por sus intervenciones y por el tono de las
mismas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Muchas gracias,
señorías.

Terminado el orden del día, se levanta la sesión.