CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 729



INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SALVADOR SEDÓ Y MARSAL



Sesión núm. 53



celebrada el miércoles, 30 de junio de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Solicitud de prórroga de los trabajos de la subcomisión para el
seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las
empresas pertenecientes al sector público. (Número de expediente 154/
000019.) ... (Página 20848)



Debate y votación del informe de la subcomisión de análisis del
diseño, ejecución y resultados de la política de subvenciones del
Ministerio de Industria y Energía. (Número de expediente 154/000024.)
... (Página 20849)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y RECONVERSIÓN DE LAS
EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 154/
000019.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.

Vamos a empezar la Comisión de Industria, que hoy tiene dos puntos en
su orden del día. El primero es la solicitud de prórroga de los
trabajos de la subcomisión para el seguimiento de los procesos de
privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector
público.

Esta subcomisión, como saben, ha venido funcionando desde hace mucho
tiempo, pero quedan pendientes tres comparecencias de tres ministros.

Habiendo finalizado prácticamente el plazo que tenía otorgado la
subcomisión, se solicita al Pleno una prórroga para poder terminar
con esas comparecencias pendientes, elaborar el correspondiente
informe y nada más. Así, pues, lo único que vamos a votar en este
momento es la solicitud de prórroga al Pleno.

El escrito dice así: Hallándose próximo a su finalización el plazo
otorgado a la subcomisión para el seguimiento de los procesos de
privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector
público (número de expediente 154/000019) para rendir informe y dada
la complejidad del mismo, la Comisión de Industria, Energía y
Turismo, en su sesión del día de hoy, ha acordado solicitar de la
Mesa de la Cámara que someta a la consideración del Pleno la prórroga
del plazo para la finalización de los trabajos de la mencionada
subcomisión hasta el final del próximo período de sesiones. ¿Votos
favorables? (Pausa.)



El señor PEÓN TORRE: Perdón, señor presidente.

No sabemos si sería procedente abrir un breve turno de explicación de
voto, si es que hay discrepancia en la posición de los grupos.




El señor PRESIDENTE: Vamos a conceder un pequeño turno. ¿Grupos que
desean tomar la palabra? (Pausa.) En primer lugar, el señor Hernández
Moltó tiene la palabra.




El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Simplemente voy a intervenir a efectos de
claridad para los afanados lectores del «Diario de Sesiones», cuando
puedan comprobar dentro de algunas semanas o años cómo esta
subcomisión ha seguido uno de los circuitos y de los procesos
probablemente más procelosos de la vida parlamentaria que uno
recuerda. En este sentido, ya anuncio la posición de nuestro grupo de
abstenernos en relación con esta solicitud de la Comisión para elevar
al Pleno. Lo hacemos para justificar y ratificar lo que ha sido
nuestra posición en relación con esta subcomisión. Como SS.SS. saben
perfectamente, el Grupo Parlamentario Socialista tiene una posición
pasiva
con respecto a los trabajos que no se están realizando en el seno de
la subcomisión.

A efectos de recordatorio, simplemente debo decirles que ésta es una
iniciativa que ya cumple trienios en esta casa; que fue aprobada en
la anterior legislatura; que fue la primera que el Grupo de
Convergència i Unió trajo a la Comisión de Industria; que
posteriormente fue, desde nuestro punto de vista, adulterada y
absolutamente transformada; que desde que fue aprobada por el Pleno
del Congreo de los Diputados hasta que empezó a tener actividad pasó
casi un año; que el objetivo principal de esta subcomisión, que era
la presencia de los presidentes y de los responsables de empresas
públicas, fue sistemáticamente vetado por el Gobierno, hasta que la
ausencia del Grupo Socialista llevó a cambiar de opinión al Gobierno;
que lo que no se había hecho en dos años y medio se intentó hacer en
una semana con unas maratonianas sesiones de comparecencias, casi en
orgía parlamentaria permanente, de los presidentes de empresas
públicas; que, como es público y notorio, la comparecencia, la
presencia y el paso de esos presidentes por esta casa tuvo casi un
sistema de clandestinidad política, puesto que la dimensión de esas
afirmaciones, declaraciones e informaciones ha pasado casi al
anonimato; que desde aquel momento hasta ahora es la tercera vez que
se pide una prórroga para los trabajos de esta subcomisión y que, en
definitiva, lo que pone de manifiesto es lo que nosotros desde el
primer momento señalábamos: el poco sentido, el poco alcance y desde
luego el poco pudor con el que esta iniciativa se ha tratado en el
Parlamento. Por lo tanto, ya entenderán SS.SS. que nuestra posición
siga siendo la que estamos manteniendo en relación con este
espectáculo parlamentario poco edificante, que es la de abstenernos,
porque esos trienios, a este paso, podrán ir cobrando carta de
naturaleza. En cualquier caso, espero que, antes de que acabe esta
legislatura, esta incomprensible subcomisión, como S.S. ha dicho,
acabe sus trabajos y nada más, porque en el fondo saben que esta
subcomisión no sirve para nada.

El señor PRESIDENTE: Señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Nuestro grupo va a votar afirmativamente,
aunque queremos explicar nuestra posición. Pensamos que la
subcomisión no está sirviendo para los fines que se había planteado
en principio, que es el análisis de las privatizaciones durante el
proceso de las mismas. Lo cierto es que las comparecencias se están
produciendo siempre después de las privatizaciones de las empresas,
pero esta subcomisión tampoco puede tener una fecha de cierre porque
todavía quedan muchas empresas por privatizar. Dado que el Partido
Popular tiene la voluntad de privatizar todas las rentables, todavía
quedan algunas que están en proceso de privatización en este momento,
como Enatcar, Initec, Enusa, entre otras. Pensamos que la subcomisión
no está sirviendo para garantizar la transparencia de estos procesos
y este Congreso no tiene la posibilidad de poder analizar en tiempo
real lo que pasa con esas empresas, cuál es la valoración de estas
empresas, cuáles son los planes de futuro y el destino de los
trabajadores. Así, asistimios a sucesos como las privatizaciones
frustradas de Babcock-Wilcox, con distintos avatares, o a las



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incertidumbres sobre Enatcar donde un acuerdo firmado con los
trabajadores se vulnera ahora.

Por tanto, vamos a seguir participando casi como testigos para tener,
al menos, alguna información, puesto que, de otra manera, sería
prácticamente imposible.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor
Guardans.




El señor GUARDANS I CAMBÓ: Mi grupo, en su momento, denunció la
inutilidad de una subcomisión a la que nosotros mismos habíamos dado
impulso y de la que nos considerábamos padres. Eso provocó una
reacción, que tampoco compartimos, precipitando una serie de
comparecencias, acumulándolas en breve plazo de tiempo. Eso fue un
avance, no fue la forma de trabajar de la subcomisión que habríamos
deseado, pero permitió entrevistarse, hablar con relativa
tranquilidad con los presidentes de la mayoría de las empresas
privatizadas durante el último año.

Hemos recibido alguna documentación, pero seguimos lamentando que se
nos diga que tenemos que ir a buscar parte de esa documentación si la
queremos en lugar de hacerla llegar aquí. Por tanto, no dejamos de
insistir en que creemos que hay que enviar aquí esa documentación y
no decir que quien la quiera vaya a buscarla. Sin embargo, nada de
todo ello nos lleva en este momento a pedir el cierre de los trabajos
de la subcomisión, entre otras cosas porque su propio nombre era el
de subcomisión para el seguimiento de las privatizaciones. En la
medida en que no se puede decir que ese proceso esté definitivamente
cerrado, y visto que algún tipo de información, aunque no toda la que
querríamos, todavía sigue llegando a este Parlamento, creemos que no
es oportuno dar por cerrada esta subcomisión, por lo que también
pediremos su prórroga y la ampliación de su plazo de vigencia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Gómez.




El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Con toda brevedad, para decir que, como
todavía está pendiente la recepción de documentos y también
determinadas comparecencias, nuestro grupo va a votar a favor de la
ampliación del plazo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Peón.




El señor PEÓN TORRE: Muy brevemente, para mostrar también nuestra
posición favorable a la prórroga.

Quiero manifestar que tiene razón el representante del Grupo
Socialista cuando afirma que la intensidad de los trabajos de esta
subcomisión no es la que todos habríamos deseado, pero creo que una
parte también es imputable al grupo que representa.

También quiero decir que las comparecencias de los presidentes de
empresas se produjeron con absoluta publicidad, en convocatoria
formal, pudiendo asistir cualquiera de los comisionados. Tuvo una
trascendencia singular, resaltada por todos los comisionados
presentes -recuerdo algunas manifestaciones del portavoz de Izquierda
Unida-, y quizá incurriera en la clandestinidad quien no
quiso acudir por su propia voluntad o por su posición política, que
es legítima y la respetamos, pero, en ningún caso, cabe hablar de
vicio de nulidad de todo el procedimiento de comparecencias.

En este trámite se producirán tres comparecencias importantes, las de
los tres ministros que tienen alguna aportación que realizar a los
estudios de la misma, el de Fomento, el de Economía y Hacienda y el
de Industria. Por tanto, encontrándose pendiente un trámite esencial
y queriendo nuestro grupo que continúen estos trabajos, estamos
conformes con que se proceda a la prórroga de esta subcomisión.




El señor PRESIDENTE: Terminadas las intervenciones de los grupos,
vamos a proceder a la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24;
abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la solicitud de prórroga de la
subcomisión sobre las privatizaciones.




DEBATE Y VOTACIÓN DEL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE ANÁLISIS DEL DISEÑO,
EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. (Número de expediente 154/000024.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al segundo punto del orden del
día: debate y votación del informe de la subcomisión de análisis del
diseño, ejecución y resultados de la política de subvenciones del
Ministerio de Industria y Energía. (El señor Cuesta Martínez pide la
palabra.)
Señor Cuesta.




El señor CUESTA-MARTÍNEZ: Para una cuestión de orden, señor
presidente, en relación a este punto.

Señor presidente, señorías, quisiera plantear una cuestión previa al
análisis del punto del orden del día sobre el informe de la
subcomisión que nos ocupa en la mañana de hoy, porque me parece de
especial importancia y, por su naturaleza, es un punto que tiene un
carácter previo.

La democracia parlamentaria, entre otras cuestiones, es también una
democracia de formas, no de formalismos en exclusiva, sino de formas
concebidas como instrumento para la participación política, para la
participación pública. Esta afirmación viene a cuento porque puede
haber en la mañana de hoy una violación de las formas y, sobre todo,
una obstaculización de la función parlamentaria. No es bueno que el
Parlamento se haga el haraquiri en relación a sus propias formas, a
la falta de respeto a sus preceptos reglamentarios y legales y, sobre
todo, que siente precedentes que luego va a ser muy difícil evitar
que se sigan repitiendo en el futuro.

La primera afirmación que quiero hacer, señor presidente, es que en
el día de ayer se abrió un plazo de presentación de votos
particulares al informe de la subcomisión que estudia las
subvenciones del Ministerio de Industria. El plazo se abrió ayer en
torno a las dos y cuarto de la tarde, de manera oral, como fruto de
los trabajos de la subcomisión, y se ha



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cerrado a las diez horas de la mañana de hoy. En el registro general
de la Cámara no había orden ni previsión de que estuviera abierto con
anterioridad a las diez horas, tampoco existía previsión alguna de
que los efectos de todo documento que se presentara ante el mismo
pudieran ser retrotraídos a una hora anterior a las diez horas. Es
decir, el registro general de la Cámara del Congreso de los Diputados
se abre a las diez de la mañana. Sin embargo, ésta no es en sí la
cuestión; la cuestión radica en lo siguiente: hay unas normas que
regulan el funcionamiento de las subcomisiones, establecen unas
previsiones específicas, bien es cierto que en relación al Pleno, es
decir, a aquellos votos particulares que se dirijan al Pleno, pero en
cierta medida es esta Comisión la que estudia los trabajos de la
subcomisión, con independencia de que entendamos que los informes de
la misma deban ser analizados y estudiados por el Pleno de la Cámara.

Pues bien, en las normas de funcionamiento de las subcomisiones se
habla de un plazo de presentación de votos particulares de cuarenta y
ocho horas, pero es que el mismo plazo mínimo (y aquí estamos
hablando de una cuestión de gran trascendencia que regula el artículo
117 del Reglamento del Congreso) rige para la presentación de
enmiendas ante el Pleno del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, no se acaba ahí la cuestión. El artículo 69 del
Reglamento dice, literalmente, lo siguiente: «Ningún debate podrá
comenzar sin la previa distribución, a todos los diputados con
derecho a participar en el Pleno o en la Comisión, en su caso, al
menos, con cuarenta y ocho horas de antelación, del informe, dictamen
o documentación que haya de servir de base en el mismo, salvo acuerdo
en contrario de la Mesa del Congreso o de la Comisión, debidamente
justificado».

No existe, señor presidente, tal acuerdo en contrario y, en
principio, se está violando el plazo mínimo de que disponen de todos
los grupos para presentar con cuarenta y ocho horas de antelación sus
enmiendas o votos particulares. Se está violando el plazo mínimo y
por respeto a todos los diputados debe existir para que éstos puedan
tener acceso a la documentación.

Señor presidente y señorías, le pregunto a cada uno de ustedes, a
cada uno de los miembros de esta Comisión: ¿Desde qué hora conocen
ustedes los dictámenes de la subcomisión y los votos particulares?
¿Desde qué momento han tenido ustedes oportunidad de ilustrarse
debidamente sobre esta cuestión? ¿Consideran ustedes que puede ser
responsable ejercer el derecho de voto nada más y nada menos, en
función de las responsabilidades parlamentarias y en función del alto
papel de representación de los ciudadanos de este país, sin previo
conocimiento e ilustración, análisis sosegado y maduro para formar la
voluntad de la Cámara?
La respuesta a esta cuestión me parece un acto de decencia
parlamentaria y es un tema que no puede ser obviado de manera
precipitada. Además, entendemos también que procede, con carácter
previo, pedir una prórroga de los trabajos de la subcomisión. En
primer lugar, para facilitar que se puedan cumplir las previsiones
reglamentarias de las que estaba hablando; en segundo lugar, para
cumplir con plena satisfacción las funciones de esta subcomisión,
porque no es de recibo que esta Cámara permanezca pasiva ante la
actitud del Gobierno de intentar -y lo digo, aunque la terminología
pueda ser dura- oprimirla en
su funcionamiento, dificultar su funcionamiento. Ése es el talante
que ha demostrado el Partido Popular en relación al funcionamiento de
esta subcomisión, porque de la documentación requerida por esta
Cámara, una llegó tarde injustificadamente.




El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, esto no está dentro de una
consideración previa.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Es una cuestión previa porque estoy
haciendo una propuesta.




El señor PRESIDENTE: Pues ya me dirá usted qué explicará después
cuando intervenga.

Vaya terminando.




El señor CUESTAMARTÍNEZ: Es una consideración previa porque estoy
planteando un problema reglamentario y una cuestión previa al
análisis del informe, que es pedir una prórroga.

Pido la prórroga, señor presidente, y estoy dentro de la cuestión,
porque faltan documentos muy importantes para el conocimiento de esta
subcomisión que analiza la política de subvenciones. En muchos casos
esa documentación llegó con más de un mes de retraso. En otros casos,
y los más graves, llegó incompleta, y todavía en otros, los muy
graves, ni siquiera ha llegado a la Cámara y el propio Gobierno lo ha
reconocido. En un escrito que dirige a esta Cámara, con fecha 25 de
mayo de 1999 (todos son conscientes de que hubo un período de respeto
al proceso electoral autonómico, local y europeo en España que
también afectó a la Cámara), el Gobierno indica que una serie de
documentos no puede remitirlos mes y medio después de haber sido
solicitados e invita a los comisionados a personarse en el Ministerio
para intentar analizarlos. Nosotros, coexistiendo con el ejercicio de
nuestra función parlamentaria en todos los ámbitos de esta Cámara y
con los trabajos ordinarios de la subcomisión, nos hemos personado en
dos ocasiones en el Ministerio y ya le digo una cuestión: es
necesario seguir personándose en el Ministerio para recabar una serie
de documentación porque cada vez que avanzamos algo en nuestra
investigación aparecen nuevos puntos de dudas, nuevas
irregularidades.

Por tanto, señor presidente, señorías, falta documentación, faltan
comparecencias fundamentales. Hemos detectado la falta de motivación
en muchas resoluciones de denegación y, qué casualidad, el mismo
funcionario que deniega por silencio esas subvenciones de manera
claramente discriminatoria a otros expedientes es el que ustedes no
han querido que compareciera en esta Cámara, el mismo ex secretario
de Estado que es el autor de muchas resoluciones e incluso de algún
comportamiento que implica indicios claros de criminalidad.




El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, la cuestión previa lleva a un
camino concreto, llegue al camino final.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Ya finalizo, señor presidente.

Decía que el mismo responsable, ex secretario de Estado de Industria
y Energía que ha omitido funciones y que



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ha hecho dejación en la persecución de comportamientos irregulares,
es el que ustedes han impedido que comparezca en esta Cámara.

Faltan por analizar documentos importantes que hemos traído los
socialistas gracias a nuestra inspección en el Ministerio, que hemos
puesto a disposición de la subcomisión y que no han sido analizados
por sus miembros.

Queremos, además, ampliar la investigación a una serie de supuestos
relacionados. Todavía en la mañana de hoy tengo conocimiento de un
expediente referido a Cádiz.




El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, termine ya porque si no le quitaré
la palabra y no quisiera hacerlo.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Perdón, señor presidente, estoy planteando
una cuestión muy importante.




El señor PRESIDENTE: Todas las cuestiones son importantes y continuar
también lo es.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, pido que respete las
formas porque estoy fundamentando un problema de plazo reglamentario
y una petición previa de prórroga de los trabajos.

Tengo ante mí un documento del Gobierno donde se reconocen, por
ejemplo, subvenciones a Cádiz. Tememos que el presidente de la
Confederación de Empresarios de Cádiz o la propia Confederación, cuyo
presidente es el marido de la alcaldesa, recibe una subvención para
que haga un reparto libre de la misma el Ministerio de Industria, o
tres ayuntamientos de Cádiz gobernados por el Partido Popular que son
los únicos que reciben esa documentación.




El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, por ahí no voy a pasar. Han tenido
mucho tiempo para presentar esa documentación. Ahora no procede.

Acabe ya.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Hay un vicepresidente que participa
mayoritariamente en una sociedad que ha recibido subvenciones del
Ministerio de Industria y éste es un extremo que también hay que
investigar y acabo, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Pues acabe. Le doy quince segundos.




El señor CUESTAMARTÍNEZ: Si se oponen ustedes a una prórroga, es que
pretenden dar carpetazo.

No quisiera que ustedes colocaran una barricada para que no avance el
control parlamentario. No sólo persisten en esta actitud de no
propiciar los trabajos de la subcomisión, no sólo no remueven los
obstáculos para hacer efectivas las libertades y los derechos
fundamentales como el derecho a la participación política, sino que
crean nuevos obstáculos.

Señorías, les llamo a la reflexión y a la responsabilidad. Les llamo
a que cumplamos todos nuestra función parlamentaria y les envío
también un aviso: a los socialistas y a otros grupos de esta Cámara
no sólo nos va a quedar la palabra, nos va a quedar también el
trabajo de denuncia
permanente porque ustedes no van a paralizar ni a silenciar la
iniciativa parlamentaria, aunque quieran poner una barricada al
trabajo de control parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Señor Santiso. Le voy a pedir, aunque ya sé que
a usted no tengo que decírselo, que sea muy breve.




El señor SANTISO DEL VALLE: Voy a ser muy breve porque es muy
sencillo.

Nuestro grupo va a apoyar también la necesidad de prorrogar los
trabajos de esta subcomisión. Lo hace desde la tranquilidad de haber
trabajado más de cien horas en esta subcomisión y desde la seguridad
de que es necesario prorrogar el tiempo que haga falta para continuar
analizando algunos aspectos de los documentos ya recibidos y para
insistir en algo fundamental. En relación con el crédito ICO,
condonado con la participación del señor Piqué, la Cámara no ha
recibido el acta de la Comisión Delegada del Gobierno del año 1996;
acta que es fundamental, puesto que, a la vista de la misma,
podríamos comprobar que el Ministerio de Industria insta, por sí
solo, la cancelación de este crédito en base a los documentos que
están sobre la mesa, según manifestaciones del señor Piqué en su
comparecencia, y que es su propia petición como presidente de Ercros.

Podríamos extendernos mucho más, pero si analizamos los sucesos de
esta última semana observarán que hemos asistido a una subcomisión en
la que tuvimos que reinventar un informe, puesto que, por causa
mayor, por enfermedad del presidente, no existía un informe de
referencia de la propia subcomisión. Ese informe no existía sino que
fue elaborado ayer mismo sobre la marcha en un intercambio entre
Convergència i Unió y el Partido Popular. Por tanto, no hemos tenido
tiempo material para estudiar en profundidad esa propuesta, así como
tampoco lo ha tenido ningún grupo, puesto que a las diez de la
mañana, como ya se ha dicho, se ha cerrado el plazo. Puedo decir que
en este momento a mí todavía nadie me ha entregado copia de los
documentos registrados, y son las once de la mañana. Imagino que en
mi misma situación está el resto de los grupos. Lo que pasa es que
partimos de la base de que los grupos mayoritarios quieren
simplemente dar trámite a sus documentos, e incluso en la primera
entrega se planteaba que no se había analizado ni siquiera el tema de
Ercros.

Al mismo tiempo, me parece muy bien que con el apoyo ministerial se
elabore un documento, pero creo que ni los diputados del Partido
Popular han tenido tiempo de leérselo. Es un problema de sentido
común, aunque si ustedes quieren seguir insistiendo en cerrar
rápidamente esta subcomisión no van a evitar, como ya se ha dicho,
que el resto de grupos tomemos los caminos que consideremos
necesarios para defender los intereses de todos los ciudadanos, que
es intentar dar luz a las fórmulas que se han empleado para la
aplicación de subvenciones y para la cancelación de créditos
relacionados con actividades privadas anteriores del ministro de
Industria.




El señor PRESIDENTE: Señor Jané.




El señor JANÉ I GUASCH: Intervengo no para fijar la posición sobre
este punto, sino para referirme estrictamente



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a la cuestión previa que ha iniciado el señor Cuesta, en nombre del
Grupo Socialista; después analizaremos los contenidos del informe.

En el ámbito de esta cuestión previa, quería manifestar que mi grupo,
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), no tolera las
acusaciones de falta de decencia parlamentaria, de poner barricadas o
de obstaculizar los derechos a la participación política. No lo hemos
hecho nunca en esta Cámara, y quiero que conste en acta que mi grupo
no tolera estas insinuaciones. ¿Por qué no las tolera? Porque mi
grupo trae aquí el acta del día 24 de junio, cuando se reunió la
subcomisión. El día 24 de junio -consta en el acta- se aprobó, por
unanimidad, un plan de trabajo. Inicialmente queríamos celebrar la
subcomisión de ayer el lunes, y la sesión de hoy el miércoles.

Habríamos tenido un día entero, todo el martes. El Grupo Socialista
pidió prórroga (Rumores.) en la subcomisión y aceptó -consta en el
acta, que la tengo para todo aquel que la quiera- que ésta, en su
caso, se decidía en Comisión hoy día 30. Hizo una segunda propuesta.

Tengo aquí la intervención exacta del señor Fernández, en nombre del
Grupo Socialista, que concretamente dice: En caso de que esta
propuesta no fructifique, haremos una segunda propuesta en relación
al calendario. Me parece extraordinariamente apresurado el lunes a
las dos de la tarde, y sobre todo si la Comisión se va a celebrar el
miércoles. Además, me parece más razonable que se haga el miércoles,
que tengamos hechas todas las propuestas y las enmiendas. Y sigue
diciendo: Creo que podrían presentarse esas enmiendas el lunes a las
ocho de la tarde.

Los grupos presentamos las enmiendas, de acuerdo con la propuesta que
hizo el Grupo Socialista, el lunes a las ocho de la tarde. Por tanto,
no nos hablen de decencia hoy aquí porque entonces mi grupo se irrita
(Rumores.), porque no es un tema de decencia parlamentaria, es de
acatar las normas, el ritmo de calendario que consta en el acta de
esta subcomisión. Y se dice: El martes debatiremos el documento, las
enmiendas. Ayer, en la sesión del martes, se debatió el documento que
se había tomado como base por unanimidad -consta también en el acta
del día 24-, presentado por el Grupo Popular al que podíamos
presentar enmiendas, no el lunes al mediodía, sino el lunes a las
ocho, plazo pedido por el Grupo Socialista, y se debatió el martes
a las once y treinta, hora sugerida por el Grupo Socialista.

Posteriormente se dijo que aquello que no prosperase en las enmiendas
debatidas el martes podría defenderse como voto particular el
miércoles. Esto se dijo, esto consta en el acta del día 24.

Nuestro grupo lamenta que se quiera instrumentalizar a esta
subcomisión. Es cierto que los plazos son apretados porque tenemos el
día 30 para finalizar los trabajos, que es el plazo que nos dimos
entre todos por unanimidad, pero que no se nos diga hoy que nos
inventamos un ritmo de trabajo, es el ritmo que consta en el acta del
día 24, donde está la transcripción literal de lo que dijo cada uno.

Acepto las discrepancias. En democracia es bueno contraponer
argumentos, pero lo que no se puede, y creo que no es bueno ni para
este Parlamento ni para la actividad política ni para el sosiego de
la Cámara, es poner en duda la decencia parlamentaria, decir que
ponemos barricadas. Podemos discrepar, pero que no se nos pongan
argumentos reglamentarios
o formales cuando el propio Grupo Socialista fue quien propuso este
calendario. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Es de todos conocido que la figura de las
subcomisiones, como ésta, cuyo informe estamos debatiendo, está
regulada por una resolución de la Presidencia de la Cámara. En esa
resolución de la Presidencia de la Cámara se establece con criterio
general, y a falta de un criterio específico establecido en la
creación de la subcomisión, que la duración de las mismas será de
seis meses. Saben ustedes perfectamente que esta subcomisión se crea
en virtud de una iniciativa de la mayoría que establecía un plazo
extraordinariamente distinto de los seis meses, sólo duraría hasta el
31 de mayo. Tengan en cuenta que la constitución formal de la
subcomisión tuvo lugar el día 7 de abril, ése es el día en que se
constituye la subcomisión, que, teóricamente, de acuerdo con la
resolución por la que se creó, debe terminar sus trabajos el día 31
de mayo. Era un plazo absolutamente imposible de cumplir (Un señor
diputado: Si no va.), y buena prueba de ello es que se reciben
documentaciones de las administraciones públicas aprobadas por la
Comisión a finales del mes de mayo. El plazo del 31 de mayo era
absolutamente inviable. En el mes de junio hubo una quincena en que
la Cámara no funcionó; hasta el día 13, fecha en que se celebraron
las elecciones municipales, autonómicas y europeas, la Cámara no
funcionó. Por tanto, desde ese momento, quedaban escasamente dos
semanas, en las que se ha tenido que cerrar todo un proceso de
comparecencias pendientes, entre ellas la del propio ministro, y
elaborar deprisa y corriendo un informe, informe que, tal y como ha
sido puesto de manifiesto por el portavoz del Grupo Socialista, ha
sido conocido ayer por la tarde y los votos particulares han sido
presentados esta misma mañana. (El señor Peón Torre: No es verdad.)
Creo, señorías, que estamos ante unos plazos apresurados, como
reconocía el propio representante de Convergència i Unió; unos plazos
que realmente nos están impidiendo llevar a cabo un trabajo
mínimamente coherente con la entidad del trabajo de la Comisión.

Partiendo, como creo que parte la mayoría de la Cámara y de la
Comisión, de que toda la actuación llevada a cabo por el Gobierno, en
concreto por el Ministerio de Industria, en su política de
subvenciones se ajusta plenamente a la legalidad y de que no hay la
menor sombra de duda, tal como se afirma en el informe, ¿qué razón
hay para que no podamos constatar punto a punto que ese criterio se
corresponde con la realidad? No hay ninguna.

Piensen, señorías, que, tal como se ha puesto de manifiesto, todavía
hay documentación que no se ha recibido en la Cámara; que, a pesar de
un acuerdo inicial de aceptarse todas las comparecencias, algunas de
ellas, como se ha señalado, fueron rechazadas; no obstante, acordamos
que el rechazo no era definitivo porque habría una posibilidad de
reconsideración. En concreto, fue rechazada la comparecencia de
algunos ex altos cargos del Ministerio de Industria y quiero decirles
que, por ejemplo, en una Comisión recientemente creada, la del lino,
se ha aceptado que comparezcan ex altos cargos del Ministerio de
Agricultura y lo han aceptado el Grupo Parlamentario Popular y el
Grupo



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de Convergència i Unió. (El señor Jornado Salinas: ¿Qué tiene que ver
eso?) ¿Por qué razón allí pueden comparecer ex altos cargos del
Ministerio de Agricultura y hoy aquí ex altos cargos del Ministerio
de Industria, algunos de ellos como el secretario de Estado o los que
firman resoluciones de las que están siendo investigadas, no
comparecen?
Ciertamente, no es una decisión razonable ni parece un criterio que
fortalezca la posición de quienes afirman que no hay la menor sombra
de duda pretender cerrar apresuradamente los trabajos de esta
subcomisión. Tal como se ha dicho en la reunión del otro día, el
grupo mayoritario de la oposición, el Grupo Socialista, planteó una
prórroga de los trabajos y dijo que si esa prórroga no se aceptaba,
lo más que se podía hacer era alargar los trabajos hasta el día 30 de
junio, miércoles, hoy, porque ya no se puede hacer más; por tanto,
que no se diga que se ha aceptado que hoy sea el último día de plazo.

No; es que hoy es el último día de plazo si no hay una prórroga, que
era la posición inicial del grupo mayoritario de la oposición, que
nosotros compartimos plenamente y que nos gustaría que lo hicieran
todos ustedes, señorías, no sea que vaya a ocurrir lo que ya ocurrió
en su momento, que, posteriormente, el señor Piqué dijo: habría que
haber aceptado una comisión de investigación. ¿Se acuerdan ustedes? A
ver si va a resultar que el señor Piqué va a decir que habría que
haber aceptado una prórroga de los trabajos de esta subcomisión. Nos
parecería razonable que eso fuera así, que se aceptara la prórroga,
lo agradecería, en primer lugar, el señor Piqué, y, en definitiva,
y lo más importante, el conjunto de la ciudadanía y la propia Cámara.

Por tanto, nosotros compartimos plenamente esa petición de prórroga.




El señor PRESIDENTE: Quiero aclarar que en el punto de la resolución
donde se marcan los plazos, se dice que los trabajos de una
subcomisión tienen que llevar en su documentación las reglas de
organización, funcionamiento y el plazo de finalización de los
trabajos. En caso de que esto no se cumpla, se establece el plazo de
seis meses. O sea, la excepcionalidad está en que, si no hay plazo en
la documentación, se entra en el plazo de seis meses. Esta
subcomisión, en principio, tenía especificado el plazo, el Peralta
Ortega: En principio.) 30 de mayo. (El señor De ahí, se pasó a una
prórroga y, además, hubo quince días no hábiles para la Cámara para
celebrar comparecencias, que también se los autoimpuso la
subcomisión, pero eso no quería decir que no se pudiesen consultar
trabajos ni trabajar en los temas de la subcomisión. Digo esto, como
nota aclaratoria respecto a las fechas y que no haya confusión.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Peón.




El señor PEÓN TORRE: Estamos un poco sorprendidos, porque algunas
intervenciones, sobre todo la del Grupo Socialista, nos ha parecido
que no eran de fondo ni de reglamento, sino una cuestión de discurso
político -legítimo- absolutamente falso y alejado de la realidad,
pero legítimo; se puede decir lo que se quiera, los micrófonos lo
aguantan todo y, sobre todo, se puede jugar con la buena fe de la
opinión pública y sorprenderla con afirmaciones demagógicas. Eso se
puede hacer; quizá no sea el estilo más adecuado
para los debates en esta Cámara, para que se produzcan con rigor,
pero obviamente se puede hacer.

En cualquier caso, sin utilizar ese tono estridente y sin elevar el
tono de voz, sí vamos a contestar, porque creemos que es
imprescindible hacerlo, a algunas afirmaciones que se han hecho en
este trámite sorprendente que hemos abierto sobre cuestiones de
forma. Ya el portavoz de Convergència i Unió ha hecho algunas
aclaraciones con una, yo creo que justificada, indignación por
algunas de las afirmaciones demagógicas que ha hecho el portavoz
socialista. En el fondo no es más que una estrategia premeditada. El
Partido Socialista, e incluso ya se suma a esa estrategia algún otro
grupo de la oposición, nunca ha querido investigar las ayudas del
Miner, nunca ha tenido interés en comprobar la veracidad de sus
denuncias. Sí es cierto que se instala en la denuncia permanente,
porque le conviene la sospecha permanente, pero nunca ha tenido
auténtica voluntad de averiguar la realidad, la verdad de lo que
había detrás de esas denuncias, ni la realidad y la verdad de lo que
había en esos expedientes, y la prueba más concluyente de que esto es
así está en su propio voto particular, en su propia enmienda, que
ayer presentaba en comunión con otros grupos, con el Grupo de
Izquierda Unida y con el Grupo Mixto, para su debate en la sesión de
la subcomisión que se celebró ayer. Ese propio voto particular, esa
propia enmienda, es la prueba más evidente de que no le interesaba
averiguar ninguna verdad, sino instalarse en esa denuncia falsa y
demagógica que ya formuló desde el primer día, porque, al analizar en
profundidad -y lo haremos en el siguiente trámite- algunas de las
afirmaciones que se hacen en esa enmienda o voto particular y al
contrastarlas con lo que se ha podido conocer estudiando los
expedientes y con las comparecencias, se pone de relieve que existe
una permanente reiteración de denuncias y de acusaciones demagógicas,
pero ajenas del elemento fáctico o del elemento de hecho que las
justifique.

Es una estrategia premeditada que comenzaba, lo recordarán los
miembros de la Comisión, diciendo que no iban a venir a la
subcomisión, que no iba a servir para nada, que era inútil, que, en
el fondo, lo que querían el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno
era ocultar la realidad; lo mismo que dicen ahora. Al final, acabaron
compareciendo en los trabajos de la subcomisión. Entonces dijeron que
iban a la subcomisión porque estaban seguros de que el Gobierno iba a
hacer lo imposible para que estas sesiones fueran clandestinas,
porque aquí se iban a descubrir tantos escándalos que el Gobierno iba
a estar muy interesado en que esto fuera absolutamente clandestino;
segunda metedura de pata, porque todas las sesiones se han producido
en presencia de medios de comunicación y con grabación de las mismas.

Se dijo a continuación que cedíamos en la transparencia porque el
Gobierno ya se iba a ocupar de hacer imposibles las comparecencias de
determinados empresarios, de determinados representantes de empresas,
incluso de representantes gubernamentales; la sorpresa del Partido
Socialista fue que de nuevo volvieron a equivocarse porque se accedió
a todas las comparecencias relacionadas con todos los expedientes
polémicos que tenían tanto interés en conocer, como la del señor
Pérez Villar, la del representante de Endesa, señor Martín Villa, y
las de los diferentes responsables



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de la Administración, todas las comparecencias -luego, si quieren, me
referiré a las supuestas comparecencias que aún faltan por ser
celebradas-, y se acordó que todas ellas se celebrarían. Pero
entonces el Partido Socialista ya adivinó que accedíamos a que se
celebraran esas comparecencias porque el Gobierno iba a dar
instrucciones para que no vinieran. Como eran comparecencias
voluntarias, en la medida en que no era una comisión de
investigación, todo estaba perfectamente preparado para que
siguiéramos poniendo todo tipo de obstáculos a la transparencia y a
la información que ellos tanto querían demandar. La sorpresa
siguiente y el siguiente fiasco del Grupo Socialista fue cuando
comprobaron que vinieron casi todos los comparecientes en primera
instancia y faltaron dos, porque alegaron razones de agenda, y en
concreto fueron el señor Pérez Villar y el señor Martín Villa. Ésa
fue la prueba del nueve. En ese momento, el escándalo fue mayúsculo
porque eso demostraba que efectivamente había un afán de
ocultamiento, un afán de no dar explicaciones al Parlamento. Hoy se
ha vuelto a repetir: barricadas, auténticos calificativos difíciles
de escuchar en esta Cámara, si no es de la boca de portavoces del
Grupo Socialista, y efectivamente aquí parecía que se ponía todo tipo
de vendas, de no querer analizar la realidad. Fue el quinto error de
bulto, la quinta derrota en la credibilidad del Grupo Socialista,
porque a las dos semanas siguientes los dos comparecieron, tanto el
señor Pérez Villar como el señor Martín Villa.

Señorías, el Grupo Socialista -y lamentablemente algún otro grupo de
la oposición- tiene una estrategia, la tenía desde el primer día,
premeditada: instalarse en la duda, instalarse en la sospecha
permanente. Esta subcomisión ha trabajado intensamente durante tres
meses, todas las semanas ha habido reuniones y comparecencias; consta
en el propio informe el relato explícito de cuáles han sido esos
trámites y consta también, cuando ahora se alega que falta
documentación, el ofrecimiento del Ministerio de Industria para que
cualquier documentación, que haya sido solicitada o que obre en el
Ministerio pueda ser examinada directamente en las propias
dependencias ministeriales nada más que lo solicite cualquier
comisionado.

Es cierto que este ofrecimiento fue aprovechado por el Partido
Socialista para escenificar su estrategia de sombra y de sospecha
permanente para, dos días antes de cumplirse el plazo del calendario
previsto por todos los miembros de la subcomisión, como ya lo ha
expresado el portavoz de Convergència i Unión, por todos, con
unanimidad de todos los grupos, un calendario previsto que finalizaba
el 30 de junio, previa prórroga aprobada por el Pleno, que se produjo
también los primeros días de junio, en esa estrategia de sembrar la
sospecha, hacer una visita al Ministerio, y nos vienen ahora
relatando una serie de expedientes sobre los que hay que seguir
averiguando e indagando porque se ha descubierto que efectivamente
hay grandes sombras y grandes sospechas.

Señorías, todos los expedientes que fueron puestos en cuestión y que
han sido analizados individualizadamente en la subcomisión, todos
ellos -recuerdo, Torcidos Ibéricos, Telecable, Uría Motor, el de
Endesa- han sido objeto de estudio exhaustivo en la subcomisión, con
el estudio completo del expediente, con las comparecencias que se han
ido produciendo en esos tres meses, con las comparecencias
de altos cargos del Ministerio, todos ellos. Ahora se alega
genéricamente en muchos casos, en algunos expedientes, en la mayoría
no se concreta nada, se lanzan de nuevo insinuaciones e insidias. Se
dice que hay una empresa del señor vicepresidente del Gobierno que ha
recibido subvenciones, pero no se detalla, no se dan datos, no se
concreta, porque se quiere insistir en la sombra y en la duda
permanente. Es la estrategia del Partido Socialista, y se hace dos
días antes de que se cierren los trabajos. Esa estrategia es la que
ellos pretenden que justifique la prórroga de la subcomisión.

Preguntaba el señor Peralta, a quien agradezco hoy su presencia aquí
en el debate, -hubiera agradecido un presencia mayor en las sesiones
de la subcomisión-, que por qué no vamos a contribuir a prorrogar los
trabajos de la subcomisión si todo se ajusta a la legalidad.

Precisamente porque alguien dijo en el debate que ésta no es una
subcomisión que pueda estar permanentemente abierta, pero no puede
estar permanentemente abierta para garantía de la oposición, que
también tiene que tener una seguridad de que no hay una dilación
permanente en los trabajos y en la intensidad de los esfuerzos que
hacen estas subcomisiones en el estudio que les haya sido encomendado
por el Pleno de la Cámara. También para garantía del Gobierno, que no
tiene que estar permanentemente sometido a estrategias de esta
naturaleza, de que cuando va a cumplirse el plazo, en esa estrategia
deliberada de sembrar la sombra permanente, se lanzan insidias y
acusaciones nuevas con la única intención y la única finalidad de
seguir con esa meta, ya avanzada en el principio, de no entrar en
profundidad en la realidad de los expedientes, sino simplemente de
hacer un discurso político demagógico y de absoluto desgaste,
completamente huérfano de argumentos consistentes en cuanto a los
temas concretos que han sido objeto de análisis.

En cualquier caso, señorías, como en los temas concretos que han sido
objeto de discusión entraremos en el segundo trámite, quería hacer
una muy breve mención a alguna otra expresión que ha vertido el
portavoz de Izquierda Unida respecto a falta de documentación. Ya he
dicho antes que es un argumento que el Grupo Socialista ha utilizado
con profusión para justificar esta prórroga estratégica, que no
necesaria, en cuanto a los contenidos que deben ser objeto de
investigación. Se refiere al tema de Ercros, a que falta el acta de
la Comisión delegada de 1996. Ya hemos dicho, porque éste no es un
debate nuevo, que obra el acta de la Comisión delegada de 1998, obra
el acta de la Comisión delegada de 1994, se han producido las
comparecencias y, lo que es más importante, después de las primeras
explicaciones y de las finales dadas por el ministro, lo que sí cabe
concluir con absoluta rotundidad, y así consta en el informe, es que
no hubo una condonación del crédito, hubo una transacción beneficiosa
para el erario público (Rumores.), y, en cuanto tal transacción, no
puede considerarse de ninguna manera una ayuda pública ni una
subvención, de ninguna manera. Si ustedes quieren insistir en una
tesis legítima, propia y partidaria, es muy lícito, pero no quieran
convertir en subvención o en ayuda pública lo que en conclusión de la
propia subcomisión, analizada toda la documentación que tenemos y
celebradas comparecencias, se trata de una transacción, de un acuerdo
global que no tieneninguna consideración de ayuda pública ni de
subvención.




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Señorías, éste no es un debate nuevo. Se produjo ayer mismo en la
subcomisión que aprobó el informe que hoy es objeto de debate. (El
señor Cuesta Martínez: Tome nota. Tome nota.) No es un debate nuevo,
se produjo ayer, y efectivamente ayer existían unos plazos acordados
por todos los grupos, por todos, sobre la base de un informe, que sí
existía y que se tomó como documento base de trabajo sobre el que
presentar enmiendas, y así se acordó el viernes pasado, documento de
trabajo para presentar enmiendas, cuyo plazo finalizaba el lunes,
día, 8, como ya se ha dicho por otro compareciente, cuyo trámite,
absolutamente regular y reglamentario obra también en la propia acta
que tengo en mi poder. Se produjo la votación de las enmiendas
presentadas, en la medida en que las enmiendas eran aprobadas se
incorporaban al informe, y aquellas que no eran aprobadas se
rechazaban. Pero, ¿cómo se puede calificar eso de un informe que no
existía y que se elaboró a última hora? ¿Cómo se puede hacer ese tipo
de calificaciones de trámites absolutamente reglamentarios y
ordinarios en esta Cámara? ¿Pero por qué hay que seguir insistiendo
en los argumentos demagógicos? ¿No es posible hacer un debate sobre
la subcomisión de ayudas públicas desde el rigor y desde la
argumentación? ¿Hay que caer permanentemente en la demagogia?
Señorías, no vamos a tratar de obtener el aplauso fácil ni de
sorprender la buena fe de la opinión pública. En todos los trabajos
de esos tres meses han existido unos testigos de excepción, los
medios de comunicación. Durante estos tres meses han sido analizados
los expedientes, han ido desfilando ante esta Cámara los
representantes de las empresas privadas, y han sido objeto de
interrogatorio exhaustivo durante las comparecencias, y cuando
estábamos ya en el mes de mayo y se acordó finalizar el calendario de
las comparecencias durante dicho mes y utilizar el de junio para
seguir recibiendo la documentación que fuera precisa y empezar a
trabajar en las conclusiones, creo que era una opinión generalizada
que esto no daba para más. Lo que ocurre es que ahora algunos quieren
que dé para algo, que es para seguir difamando, seguir denunciando y
seguir insistiendo en la insidia. (Aplausos.-El señor Cuesta Martínez
pide la palabra)



El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, no le voy a dar la palabra. Yo ya
sé cuál es su manera...




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Lea el artículo 72.2 del Reglamento, por
favor.

Señor presidente, es intolerable su falta de espíritu democrático y
los adjetivos que vierte en el ejercicio totalmente parcial y no
reglamentario de su Presidencia.




El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta...




El señor CUESTAMARTÍNEZ: Señor presidente, lea el artículo 72.2. del
Reglamento. (El señor Torres Sahuquillo: Es intolerable.-Fuertes
rumores.)



El señor PRESIDENTE: ¿Qué pide, la lectura de una norma?



El señor CUESTAMARTÍNEZ: Sí, le voy a decir qué norma, señor
presidente.

En primer lugar, sobre las visitas de los socialistas al Ministerio,
léase el primer acta del Ministerio de Industria que refleja la
primera visita de los socialistas al Ministerio para recoger
documentación, su encabezamiento y la fecha final. Si quiere se la
proporciono yo. Anuncio que ese acta es de 16 de junio, no de la
víspera de cierre de la subcomisión. De 16 de junio, señor
presidente. ¡Basta ya de falsedades!
Segunda cuestión que quiero plantear a la Presidencia. Lea usted el
acta de la sesión de la subcomisión de ayer, donde, fehacientemente,
consta la propuesta del Grupo Socialista de pedir la prórroga de los
trabajos de esta subcomisión y de considerar que no se ajusta al
Reglamento, y, por lo tanto, la petición de un mínimo plazo de
cuarenta y ocho horas para presentar los votos particulares. (Una
señora diputada: No es una norma.)
Tercer documento que pido que la Presidencia lea. Lea usted el
artículo 69 del Reglamento vigente de la Cámara, que habla de las
cuarenta y ocho horas, como mínimo, para tener a disposición de los
diputados la documentación. Léase además, señor presidente, el
artículo 117 del Reglamento de la Cámara, que habla de un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas para presentar enmiendas o votos
particulares. Léase también, señor presidente, el punto 2 de la norma
tercera de las normas que regulan las subcomisiones, que establece
que en el ámbito de la Comisión se puede pedir y demandar al Pleno
nueva prórroga de los trabajos de la subcomisión.

Léanse, por consiguiente, estas documentaciones, y no a modo de
réplica, sino a modo de que la verdad conste expresamente en las
actas.




El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, todos conocemos el Reglamento. Se
puede leer en detalle y todo lo que usted quiera. El acta está en la
documentación y todo el mundo la tiene. (Rumores.)



El señor CUESTAMARTÍNEZ: ¡Léala!



El señor CUEVAS DELGADO: Se pide la lectura de un documento.




El señor PRESIDENTE: Todo el mundo lo tiene. No vamos a leer todos
los documentos. Lo que se intenta es retrasar...(Protestas.)



El señor CUESTA MARTÍNEZ: No todo el mundo tiene este documento.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Yo no lo tengo.




El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Todo el mundo no lo tiene.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, pido que el letrado
asistente levante acta de cuántos miembros de esta Comisión tienen en
este momento en su mano esta documentación. (Continúan las
protestas.-El señor secretario, Escuredo Franco: Señor Cuesta, nos va
pegar hoy. Baje el volumen.)



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El señor PRESIDENTE: Antes de darle la palabra a S.S. iba a poner a
votación la prórroga de la subcomisión. En este momento no lo vamos a
hacer, porque, otra vez, tenemos que entrar en otro debate como
venimos haciendo a lo largo de toda la subcomisión. (Rumores.)
Señorías, muchos de ustedes no han seguido la subcomisión; por lo
tanto, les rogaría que estuviesen atentos a lo que dicen sus
portavoces. (La señora Mendizábal Gorostiaga: No haga juicios de
valor.)



El señor CUESTAMARTÍNEZ: Señor presidente, por favor, el Reglamento,
en el artículo 72.2, establece que la lectura de documentos debe ser
preceptiva con anterioridad a la propia votación. Es clave para el
ejercicio y desarrollo de esta votación que se proceda a la lectura
por parte de la Presidencia de los documentos que he pedido.




El señor PRESIDENTE: El artículo 72.2 también dice que la Presidencia
podrá denegar las lecturas que considere no pertinentes o
innecesarias. Todas las lecturas que pide constan en la
documentación.




El señor VICEPRESIDENTE (Perales Pizarro): No la tienen.




El señor CUESTAMARTÍNEZ: Señor presidente, los comisionados no tienen
esa documentación.




El señor PRESIDENTE: Porque no la habrán recogido en todo caso o
porque... (Protestas.)



El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: ¿Dónde está?



El señor CUESTAMARTÍNEZ: No obra en su poder.




El señor PRESIDENTE: La documentación está. (Continúan las
protestas.-El señor Hernández Moltó pide la palabra.)
Señor Hernández Moltó.




El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Es evidente que al presidente se le ha ido
la Comisión.




El señor PRESIDENTE: No vaya por ahí, señor Hernández Moltó, con una
disertación retórica.




El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Señor presidente, quiero contribuir al buen
orden de esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, así lo espero.




El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Si suspendiésemos cinco minutos la
Comisión, sería adecuado, sobre todo por una cuestión. Así el
presidente no se vería obligado a hacer el ejercicio de falta de
respeto a los parlamentarios que ha hecho hace cinco minutos,
impropio de un presidente, porque evidentemente no controla los
acontecimientos que están sobreviniendo. Es razonable, señor
presidente, para el buen fin de esta Comisión y, sobre todo, para que
se respete
el Reglamento, que suspendamos cinco minutos la sesión y podamos
comprobar que se están cumpliendo todos y cada uno de los derechos
parlamentarios que en esta Comisión se deben dar para que el
resultado refleje la voluntad de todos los diputados.




El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó, en ningún momento mi
intención ha sido faltar al respeto a ninguna de sus señorías. Si de
las expresiones vertidas se ha interpretado así, las retiro en el
aspecto que pueda haber considerado por su parte que eran ofensivas.

En ningún momento he intentado faltar al respeto a nadie. Lo único
que he intentado decir es que el desarrollo de la subcomisión a lo
largo de tres meses y las reuniones de comparecencias públicas no han
consistido sólo en el debate entre el compareciente y los
intervinientes, sino que ha habido un continuo debate entre los
miembros de los grupos, lo cual ha llevado a esta situación. Es un
diálogo continuado entre unos y otros de forma reiterada y gastando
tiempo. Cada vez que entramos en una nota previa o en una aclaración
es una pérdida de muchísimo tiempo en los trabajos de la subcomisión.

Los señores diputados que no han sido miembros de la subcomisión se
asombrarían de los kilos de papel que existen de intervenciones de
todos los grupos. Si hubiésemos tenido que trillar lo que es el tema
concreto de las comparecencias en la subcomisión en sí y el debate
paralelo que se ha ido ejerciendo, se darían cuenta que hemos
dedicado mucho más tiempo a este último.




El señor CUESTAMARTÍNEZ: Es un insulto a todos.




El señor PRESIDENTE: Lo que se está haciendo es dilatar el tema en el
tiempo. En este momento la Presidencia considera que todos los
documentos que se piden son más que suficientes...




El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: ¡No los tenemos!
El señor PRESIDENTE: Su señoría es miembro de la Comisión y tiene
derecho a pedir los documentos. Están ahí.




El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Los que dicen que se tienen que leer
no están.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): ¿Cómo lo sabe?



El señor PRESIDENTE: Ha habido una propuesta concreta por parte de
los grupos para prorrogar los trabajos de la subcomisión. En este
momento está pendiente esto.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Falta primero que usted resuelva, señor
presidente, la cuestión de orden previa, que es si esta Comisión
puede tomar acuerdos al no tener la documentación con cuarenta y ocho
horas de antelación, y, en segundo lugar, someter a votación la
propuesta de prórroga. Pero antes de cualquier votación, quiero
resaltar que el artículo 72.2 establece la lectura de documentos
y que el presidente pueda negarse si los consideraimpertinentes. El
término impertinencia debe interpretarse



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en el sentido de documentos extraños o ajenos a la cuestión. Los que
yo propongo para su lectura son plenamente válidos para esta cuestión
y para ilustrar la voluntad del voto de SS.SS. (Fuertes rumores.)



El señor PRESIDENTE: El Reglamento no habla de impertinente, sino de
no pertinente, que es distinto.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Es lo mismo.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, aprovecho mi última
intervención para pedir disculpas a los miembros de esta Comisión por
el ejercicio de lo que ha sido mi pasión. Entiendan ustedes que
cuando veo que están en peligro derechos fundamentales, desde el
punto de vista de la participación política del ejercicio no sólo de
la función parlamentaria sino de los ejercicios básicos como
ciudadano, tengo que defenderlos con pasión porque esa es la cultura
en la que siempre me he educado. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!-El señor Peón Torre pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peón, brevemente,
porque vamos a terminar. Lo intentaré, vaya.




El señor PEÓN TORRE: Muy brevemente, señor presidente.




La última intervención del señor Cuesta evita la mía, porque entiendo
que pedía alguna suerte de excusas. Yo iba a pedir, si se leían los
documentos, que se leyera simplemente el acta en la que consta que
los plazos que se acordaron para el debate de la prórroga del informe
se produjeron a propuesta de un miembro del Grupo Socialista. Como
veo que no se va a leer ningún acta, no pediré que se lea la de la
sesión celebrada a las nueve horas del viernes pasado, que aclara el
debate sobre los derechos de unos y otros.




El señor PRESIDENTE: Señorías, esta Presidencia continúa en la misma
posición y puede denegar la lectura de lo que no considere
pertinente. Los documentos están vistos, leídos e incluidos en los
anexos de la subcomisión, por lo que forman parte del informe que se
aprobó ayer. Todos los miembros de la subcomisión tienen copias, y
hay también más ejemplares. Ha quedado constancia de todo lo que se
quería y, si no tienen inconveniente -espero que no porque vamos a
hacerlo así-, vamos a poner a votación la prórroga de la subcomisión
de análisis del diseño, ejecución y resultados de la política de
subvenciones del Ministerio de Industria, tal como se nos ha pedido.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: No se acepta la tramitación de prórroga, por lo
que dejamos zanjado este tema.




Pasamos, ahora sí, a debatir el punto 2 del orden del día de hoy, que
es el análisis del dictamen de la subcomisión. Señorías, no habrá
votación hasta el final del debate. Como se han dicho ya muchas
cosas, es de suponer que no hará
falta repetirlas, pero seguro que se repetirán. Por ello, no habrá
votación antes de una hora.

El debate del informe de la subcomisión se inicia con la presentación
del mismo, que va a ser muy breve porque será un resumen de quien
preside esta Comisión, que ha actuado de presidente y coordinador,
después intervendrán los distintos grupos para defender los votos
particulares y, por último, los portavoces de los grupos que no hayan
presentado votos particulares.

La subcomisión acabó su primera fase de trabajos el 30 de mayo y fijó
un posible calendario para la segunda quincena de junio. Reanudó sus
trabajos el día 15 de junio, y en esa reunión se acordaron las
comparecencias del señor Zabalza y el ministro señor Piqué para el
día 21, únicas comparecencias que quedaban en lo que podemos llamar
la separata de los trabajos de la subcomisión relativa al crédito de
Ercros. El mismo día 15 se acordó que los grupos que hubiesen
trabajado facilitasen al coordinador presidente de la subcomisión los
datos que tuviesen para que el citado coordinador junto con los
servicios de la Cámara redactara el primer borrador, y fijamos la
fecha del viernes día 18. A algunos grupos no les pareció bien y se
puso como fecha tope el lunes día 21.

El viernes 18 llegaron dos documentos: uno, del señor Gómez, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y, otro, del Grupo
Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) también había estado trabajando en la redacción, pero no
presentaba documento previo porque en este grupo estaba el
coordinador, que era quien tenía que preparar el trabajo. El día 21
por la tarde se acordó que el jueves 24 la coordinación estaría en
disposición de entregar el documento base de trabajo al que se
podrían presentar los votos particulares. Dado que parecía que la
Comisión se reuniría el día 29 o el 30, quedaban días suficientes
para presentar todos los documentos y enmiendas. Circunstancias
personales que no vienen al caso obligaron al coordinador a abandonar
el trabajo, y en la reunión del día 24 se dispone de los documentos
resumen que han preparado los servicios de la Cámara sobre el proceso
de la subcomisión y se recogen algunas ideas tan sencillas que se
cree que se debe retomar un documento que había entregado el Grupo
Parlamentario Popular, que era extenso y amplio, como base de
borrador para presentar enmiendas. Sobre él prácticamente se ha
elaborado el documento que hoy es el informe de la subcomisión. Este
informe, que recoge muchas enmiendas de los grupos de Coalición
Canaria y de Convergència i Unió, fue votado ayer en subcomisión y
obtuvo un voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara -hay que
tener en cuenta que la votación en la subcomisión es ponderada- con
los votos favorables del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y con los votos en contra del Grupo
Socialista, del Grupo de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario
Mixto, faltando a la votación el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Repito que el documento quedó aprobado por mayoría absoluta de la
Cámara. A él se han presentado votos particulares y es el que tenemos
aquí. Con esto doy por presentado el documento que SS. SS. tienen y
que contiene una parte de conclusiones, con valoración de la
importancia de



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la política de subvenciones del Miner; otra parte sobre las
insuficiencias, avances y aplicación del marco jurídico de la
política de subvenciones del Miner; otra sobre consideraciones de
carácter general de los expedientes analizados y un último punto
sobre consideraciones y recomendaciones. También están los anexos,
que es un documento extensísimo y que se encuentra a su disposición
por si alguien lo quiere consultar. Agradecería a los señores
comisionados que consulten los documentos provenientes de
transcripciones que los servicios de la Cámara conservan. Con ello se
darían cuenta de las discusiones y discrepancias que hemos tenido y
el ingente trabajo que se ha hecho, que no habría que medir con
centímetros, sino por el canto que lleva el lomo de la publicación
correspondiente. En estas transcripciones de las comparecencias no
solamente hemos trabajado los miembros de la subcomisión y de los
servicios de la Cámara, sino que en la mayoría de las comparecencias,
por no decir en todas, hemos contado con la presencia de muchos
medios de comunicación, lo cual nos da la garantía de que el trabajo
que se ha hecho -con discrepancias, pero ese es otro tema- es digno
de consideración.

Con esto doy presentado el informe. A continuación, cada grupo
parlamentario que ha presentado votos particulares tendrá una
intervención de quince minutos como máximo. Yo les pediría que se
ciñeran a este tiempo, para no alargarnos. Esta intervención no dará
lugar a un segundo turno, por lo que ruego que no abran la
posibilidad de alusiones. El presidente cerrará los oídos para no
escuchar ninguna alusión, a fin de no tener que dar ningún turno de
réplica. Después, los distintos grupos que no han presentado votos
particulares también tendrán una intervención con un tiempo máximo,
como dice el reglamento, de 15 minutos. Haremos la votación del
documento en Comisión, así como de los votos particulares y se
incorporarán a la publicación, junto con los anexos, que realizará la
Cámara.

Les pediría que para defender el voto particular de los grupos
parlamentarios Socialista, Izquierda Unida y Mixto empleasen el menor
tiempo posible.

El señor Fernández, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.




El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Antes que nada yo quería pedir a la
Comisión que se remitiera al Pleno después de la votación.

Hace apenas unos meses, el Grupo Socialista hizo una propuesta
instando la creación de una comisión de investigación que,
efectivamente, investigase la política de subvenciones del Ministerio
de Industria. Lo hacíamos porque, por las noticias de los medios de
comunicación, había evidencias de que se trataba de algo más que de
un proceso administrativo, a todas luces chapucero, atropellado y
negligente. Algo más quiere decir que había indicidos razonables de
irregularidades, de transgresiones y de fraudes.

Es conocido que el Grupo Parlamentario Popular no quiso entonces ir a
buscar la verdad, que es la única manera de encontrarla, mediante un
escrutinio riguroso y profundo, en el marco de una comisión de
investigación. Prefirió entonces emboscarse tras una subcomisión de
estudio en la que los retrasos en la remisión de los expedientes, la
premura de tiempo para su estudio, la necesidad de acudir incluso a
la sede ministerial para obtener información y el
frenesí por cerrarla con toda rapidez han sido la norma de actuación.

Una subcomisión en la que, tras haber aprobado no votar ni una sola
comparecencia, se ha impedido que vinieran varios altos cargos claves
para el esclarecimiento de algunos de los casos y evidencia patente
del fraude que se estaba cometiendo, al vulnerar un acuerdo que era
esencial para poner alguna claridad en todo esto.

Ese veto ha puesto de manifiesto, más que ninguna otra medida quizás,
que la opción del Gobierno no era la de la claridad y la
transparencia, sino la de la opacidad, la ocultación y la impunidad.

Hoy la Comisión de investigación es -tengo que decirlo- más necesaria
que antes si cabe, aunque es cierto que, aun con todas sus
limitaciones, los vetos, los retrasos, las prisas y las
obstrucciones, la subcomisión ha servido para poner en evidencia que
el favoritismo, bien sea político, empresarial o personal, la
arbitrariedad, el trato de favor y la vulneración del ordenamiento
han sido la norma de la política de subvenciones al menos desde
algunos de los instrumentos de incentivación. El caso más
paradigmático de discriminación política y de amiguismo lo
representan las subvenciones al Ayuntamiento de La Carolina, a través
del programa de reindustrialización. Ni estaba en el ámbito
geográfico de la norma ni la dimensión de la localidad hacía prever
una concentración tan desproporcionada de las ayudas. Pero es verdad
que el senador del PP y alcalde de La Carolina ahora, procurador
y alcalde franquista antes, ha tenido una extraordinaria capacidad de
persuasión. La información privilegiada, la celeridad en la concesión
de ayudas, incluso la tramitación anticipada y sigilosa, para que
otros ayuntamientos no se enteraran, se desprende de la lectura de
las actas del propio Ayuntamiento de La Carolina. Las mismas actas en
las que don Ramón reconoce que tiene la promesa del Ministerio de
Industria de convertir los préstamos reintegrables en subvenciones a
fondo perdido. Más de 500 millones le han prometido condonar. ¿A
quién le puede extrañar entonces, señorías, que el propio alcalde de
La Carolina, en carta dirigida a los empresarios de todo el país,
afirme que el municipio de La Carolina es el más privilegiado de
España por los distintos instrumentos de incentivación del Ministerio
de Industria? Dice el más privilegiado y tiene absolutamente toda la
razón, porque de privilegios políticos es en realidad de lo que
estamos hablando. Ese mismo trato se da al ayuntamiento también amigo
de don Gabino, al que se le trae a la primera fase -único caso que se
da en todos los acuerdos de infraestructuras del Plan de la minería-,
1998, un proyecto de polígono en Olloniego, que estaba previsto para
el año 2003. Ya que estamos en el polígono de Olloniego y, por tanto,
en las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras, hay que
decir que todo ese mecanismo es un monumento a la chapuza, a la
irregularidad y al amiguismo. Para quienes hemos estudiado tantos
expedientes en el marco de esta subcomisión, que se nos diga que la
escasez de medios materiales y humanos y el tratamiento de textos son
los culpables de tanta tropelía es un sarcasmo y un argumento
intelectualmente inadmisible y ofensivo.

Quizás en ningún otro programa se ha hecho más derroche de
imaginación, más lujo de artificios, más abuso de la ingeniería de la
subvención o, en último caso, más uso del pucherazo, que consiste en
tachar con una cruz la propuesta



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de resolución denegatoria a Pérez Villar, que presenta un
funcionario, con una nota al margen diciendo que ya lo tenía yo -en
este caso ella, la directora de Minas- pendiente. APérez Villar se le
segrega el taller del concesionario para Seresco, los servicios
proscritos en la orden, quien se convierte en industrias por arte de
birlibirloque. Para Castileón la cosa consiste en subir la subvención
del 22 al 50 por 100 a la carta, convirtiendo a los cerdos en
individuos de alta tecnología. Por cierto, hablando de cerdos, entre
la documentación presentada, que seguramente el Grupo Popular no ha
analizado, hay convenios firmados entre el Ministerio de Industria y
el Gobierno de Aragón para infraestructuras para los cerdos que están
prohibidas en el reglamento, como estaban prohibidas también en el
reglamento comunitario estas ayudas para Castileón. El caso de
Otarraso, denegando y superando los plazos legales, pero que con la
discrecionalidad, por no decir la arbitrariedad de la directora de
Minas, se permite su aprobación. O Torcidos Ibéricos, en el que se
utilizan de forma fraudulenta y contraria a derecho las disposiciones
transitorias. Por no hablar de Palacio de Canedo, donde un candidato
a la alcaldía del Partido Popular ve cómo es rechazado su proyecto,
por incumplir el requisito mínimo de inversión, año y medio después
de concedida la subvención, porque se concede por la directora, pese
a ese informe negativo, con la subcomisión ya en marcha, seguramente
preocupados porque pensaban que les cogíamos con el carrito de los
helados. Incorporan al expediente un fax del antiguo evaluador que
propone que se apruebe, año y medio después, por el que ya no evalúa,
que evaluaba antes.

Hablando del fax, este instrumento es algo muy utilizado por la
Dirección de Minas. En las dos visitas al Ministerio para recabar
información, que por supuesto no hicimos el día antes del final de la
subcomisión -lo sabe perfectamente el señor Peón-, de entre 60 y 70
expedientes que examinamos, nos hemos encontrado con 23 rechazados
con una nota firmada por Víctor Audera López, que reza: Una vez
evaluada su solicitud y transcurrido el plazo máximo establecido en
la citada orden, le comunico que procede el archivo del expediente.

Es la misma firma que hemos encontrado en otros 14 expedientes, que
se rechazan por igual motivo, pero esta vez por correo. La nota dice
que una vez evaluada, pero allí no hay informe de evaluación de
ningún tipo, no consta ningún informe en esos expedientes, como no
consta tampoco en los 14 de 15 expedientes, que se rechazan porque no
existen fondos, también firmados por el mismo Víctor Audera que, a
posteriori, sí parece tener fondos para aprobar los proyectos de
Otarraso o Torcidos Ibéricos. ¿Cómo puede afirmar que no hay fondos
cuando, en el borrador que ustedes presentan aquí, aparece -mírenlo-
que en el año 1998 los compromisos ejecutados son de 9.000 millones
de pesetas y resulta que en los Presupuestos Generales del Estado
tenía el Ministerio de Industria 10.000 millones? Ese año todavía les
sobran 1.000 millones.

No había informe sobre 14 de los 15 expedientes que pudimos examinar,
denegados por falta de fondos en mayo de 1998; en cuanto al que resta
sí había un informe favorable en todos sus puntos. Hay ocho puntos a
favor de ese informe y quiero leerles tres: Es una infraestructura
largamente
deseada en el municipio, cuya población, en especial la de las
zonas que aún disponen de un suministro arcaico con tomas
superficiales, reclama de manera inequívoca que se dignifique dicho
suministro, actualmente de pésima calidad. No se puede plantear
ningún plan de mejora económica para la población afectada por la
crisis de la minería del carbón si antes no se subsanan todas las
deficiencias en el suministro de este servicio básico para la
población. La trascendencia social de las instalaciones proyectadas
es grande, no sólo por la numerosa población beneficiada sino por la
importancia del servicio que se mejora y por las malas condiciones en
que se presta en la actualidad.

Hay ocho puntos de esta naturaleza en los que el evaluador -aquí sí
se evalúa- dice que efectivamente hay que apoyar este proyecto, que
se deniega como tantos otros, mientras que, por citar uno, el Palacio
de Canedo, con informe negativo, se aprueba. Quien firma las dos
actas, la que se aprueba y la que se deniega, es don Víctor Audera
López, cuya comparecencia en esta Cámara ha sido vetada por la
mayoría que apoya al Gobierno. Por cierto, recuerden que antes se
leyó aquí el acta del lunes pasado en relación a los plazos; lo que
deberían haber leído es el acta del 14 de abril, donde todos nos
comprometíamos -la mayoría, por supuesto- a no vetar ninguna
comparecencia. Ese acta, insisto, es la que nos debía haber leído el
señor Jané y no utilizar torcidamente la del 24 de este mes. Después
del espectáculo que dieron ayer en la subcomisión pactando un texto
de manera apresurada y atropellada, ¿qué habría pasado si se hubieran
tenido que poner de acuerdo el lunes, con los plazos que ustedes
mismos se daban?
Lo cierto es que Víctor Audera no viene, pero nada tiene que ver don
Víctor Audera López con los privilegios que, por activa o por pasiva,
se dieron desde el Ministerio de Industria a la empresa Hullera
Vasco-Leonesa; por activa, porque se le han concedido 614 millones de
pesetas de más respecto a las que habrían correspondido en 1998
aplicando la legalidad. Tantas veces lo hemos comentado en la
subcomisión y tan patéticas han sido las justificaciones que les
ahorro todo el relato, pero sí tengo que decir, una vez más, que el
Real Decreto 2020/1997 imposibilita a Hullera Vasco-Leonesa a
percibir, como ayuda al funcionamiento para 1998, la que habría
percibido en el plan de reestructuración en 1996, porque en 1996 no
tenía plan de reestructuración ni percibió nada por ese concepto. En
Presupuestos Generales del Estado sí tenían consignadas cantidades
Mina La Camocha y Minerosiderúrgica de Ponferrada, con planes de
reestructuración en ambos casos; la primera con pérdidas crónicas, la
segunda recién salida de una quiebra. Hullera Vasco-Leonesa, en
cambio, con beneficios en torno a los 1.500 millones de pesetas/año,
de lo que nos alegramos todos, no tenía plan de reestructuración,
hubo una negociación individual con la empresa, propiciada desde la
afinidad política, una negociación pedida y reiterada públicamente
por don Antonio del Valle, presidente de Hullera Vasco-Leonesa, y
realizada a posteriori de la normativa reguladora de las ayudas;
normativa que impide el acuerdo pero que se transgrede con el regalo
de los 614 millones, que se consolidan durante ocho años y se
traducen en 4.912millones. Se actúa por pasiva también porque pasiva
es la



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actitud del Ministerio de Industria cuando la inspección, cumpliendo
el ordenamiento, investiga la producción de las explotaciones
mineras, informa de un presunto fraude cuyas dimensiones pueden
llegar a 894 millones/año; las inspecciones se hacen en 1996 y 1997 y
no ocurre absolutamente nada, como se ha comprobado, ni siquiera se
pone en conocimiento de la empresa, aunque sí ocurre en realidad,
según consta en la documentación aportada por el Grupo Socialista a
la subcomisión. La directora general, en nota interior, pone en
conocimiento del secretario de Estado, don Nemesio Fernández Cuesta,
la existencia del informe y del presunto fraude y la necesidad de
iniciar un procedimiento.




El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, simple información, lleva más
de diez minutos.




El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

En el voto particular están rebatidos los peregrinos argumentos que
esgrimió la directora para justificar la injustificable inacción
administrativa que supone a la empresa consolidar durante ocho años
las consecuencias de un fraude, del que se derivan ayudas luego
legales, de 2.080 millones como mínimo y 7.152 millones en el límite
máximo. Insisto, están rebatidos los contradictorios argumentos de la
directora, pero no hemos podido explicarnos la falta de actuación del
secretario de Estado. ¿Por qué no actuó Nemesio Fernánde Cuesta? ¿Fue
su decisión o intervino el ministro? En todo caso, no hemos podido
preguntárselo porque la mayoría ha vetado su comparecencia, una
comparecencia a todas luces decisiva.

No podemos saber si el ministro ha intervenido o no directamente en
las ayudas a la Hullera Vasco-Leonesa, pero es evidente que ha tenido
mucho que ver con otras ayudas, las relativas a su anterior empresa,
Ercros; lo de Erkimia, del grupo Ercros, ha trascendido a los medios
de comunicación. La empresa, en el marco de una unidad de generación
y consumo eléctrico en régimen especial, cometía, según los informes
oficiales de la Oficina de compensación de la energía, un supuesto
fraude que le suponía unos 800 millones de pesetas/año. El
Ministerio, que tiene la competencia del régimen económico, no hace
absolutamente nada y dice que está cambiando la normativa, como en el
caso de la Hullera Vasco-Leonesa, o que lo hacen más empresas, como
en el caso del carbón, pero no facilita -y lo hemos pedido en persona
en el Ministerio de Industria, en el marco del expediente de Erkimia-
un recurso presentado por una empresa que se considera discriminada.

No se nos ha dado, pero lo hemos conseguido y lo ponemos
a disposición de la Comisión. Quiero decir que la empresa Bassols
Energía hacía exactamente la misma práctica que Erkimia y es
sancionada, mejor dicho, no es compensada. El recurso dice claramente
que se trata de un agravio comparativo con relación a la primera
liquidación y también al criterio aplicado a algunas de las empresas
de nuestro ámbito; se está refiriendo expresamente a esas empresas.

El recurso continúa: Otrosí digo que interesa a esta parte se
comuniquen los criterios seguidos para practicar la compensación por
energía adquirida en régimen especial en los supuestos de las
empresas acogidas al Real
Decreto 1578/1987. Anosotros también nos interesa que se nos diga,
señorías, porque no solamente se ha favorecido a esas empresas sino
que hay gravísimas discriminaciones, como en el caso de este recurso
presentado por Hijos de José Bassols.

En relación a Ercros, se quiere hacer pasar esa condonación,
reestructuración, rescate o tratamiento contable -como lo quieran
llamar- como algo que no tiene que ver con las ayudas públicas. Dicen
que no se trata de una ayuda pública. Ha sido un tema debatido hasta
la saciedad y se ha demostrado que el ministro no se inhibió, tal
como ordena la Ley de incompatibilidades de 11 de mayo de 1995. Ha
incumplido la Ley de incompatibilidades en relación con la
reestructuración de la deuda de Ercros, adoptada el 28 de mayo de
1998.

Tal y como se deduce de las intervenciones en la subcomisión del
propio ministro y del señor Zabalza, a preguntas del señor Santiso,
ha quedado demostrado que el ministro, que como presidente de Ercros
había solicitado un tratamiento contable del crédito participativo de
7.500 millones -cosa que me parece razonable que hiciera como
presidente de Ercros-, moviliza esa misma solicitud para llevarla a
la Comisión delegada en junio de 1996. Esta solicitud es la que les
pide don Mariano Santiso y que ustedes no remiten. El señor Peón dice
que han enviado las actas de las comisiones delegadas de otras
fechas, pero ésa no. ¿Por qué no se ha hecho dicha remisión? Porque
con toda seguridad, me atrevo a decirlo, está firmada por el ministro
Piqué, el mismo ministro que en su última comparecencia decía que
estaba sobre la mesa. Sin duda se refería a su solicitud de cuando
era presidente, pero no estaba sobre la mesa, estaba archivada por el
anterior ministro y quien la pone sobre la mesa, sobre su mesa, y
luego la remite a la Comisión Delegada es el señor Piqué, que quería
vestir con el ropaje del interés público el interés privado, en este
caso la preocupación por su anterior empresa.

En cuanto a que la condonación, el rescate, la reestructuración, no
es una ayuda pública, la Dirección General IV de la Comisión de la
Unión Europea elabora bianualmente -estúdienlo ustedes- un análisis
un sobre las ayudas de Estado en los Estados miembros, ahí define la
ayuda pública y se incluyen las de fondo perdido, las reintegrables,
las subvenciones a tipos de interés y cualquier -dice expresamente-
operación que se aparte de las condiciones de mercado. ¿Creen ustedes
que una entidad financiera privada hubiera aceptado una quita de esas
características fuera de un proceso concursal? No lo hubiera
aceptado. Se trata de una operación que se aparta de las condiciones
de mercado; se trata de una ayuda de Estado. Y si me dicen ustedes
que las condiciones del crédito introducían, cuando se otorgó,
elementos de ayudas de Estado, se lo acepto. No estoy discutiendo que
la ayuda se haga bien o mal, sino que estamos hablando de una ayuda
de Estado, una ayuda que promueve, en la que influye quien presidía
hace tres años la empresa beneficiaria.

Para terminar, quiero añadir que entre las propuestas que hace el
Grupo Socialista junto con Izquierda Unida y Nueva Izquierda se
incluye la de remisión de este voto particular que hemos presentado a
la Fiscalía, y lo hacemos porque, más allá de la evidente
responsabilidad política que



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se deduce de todo lo que hemos analizado, al aparecer indicios claros
de criminalidad que no corresponde tipificar en esta Cámara, es la
Fiscalía la que tras las diligencias precisas, puede, en su caso,
promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y del
interés público.




El señor PRESIDENTE: Gracias por la buena administración del tiempo,
señor Fernández.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Tomo la palabra para abundar en la
explicación del voto particular presentado por los grupos Socialista,
Izquierda Unida y Mixto al informe de la Subcomisión, informe que
apoyaremos en algunos aspectos propositivos que contiene, sobre todo
aquellos que hacen referencia a propuestas de cara al futuro para
mejorar las normas relativas a las subvenciones, aumentar la
transparencia y garantizar la concurrencia competitiva, algunas de
las cuales ya han sido aprobadas por el Pleno a propuesta de
Izquierda Unida, pero no apoyaremos aquellas otras que hacen relación
a valoraciones que no compartimos.

Hemos estado debatiendo durante muchos días y horas y analizando la
documentación, estudiando las comparecencias para intentar poner luz
en toda una serie de actuaciones derivadas del Ministerio de
Industria en relación con las subvenciones, las ayudas de distinto
tipo que ha concedido el Ministerio. La verdad es que si se quiere
hacer el balance con un mínimo rigor, tenemos que decir que nos
ratificamos en nuestras más pesimistas valoraciones iniciales. De los
expedientes que hemos visto en esta subcomisión, el 90 por 100 tienen
irregularidades en nuestra opinión serias, de distinta índole, pero
no son un ejemplo de cómo gestionar el dinero público ni cómo
garantizar la concurrencia en la solicitud de subvenciones y ni
siquiera cómo garantizar el fin que en nuestra opinión tenían que
cumplir estas subvenciones.

Voy a hacer un repaso rápido, puesto que ya ha sido debatido muchas
veces, pero quiero resaltar algunas de las cuestiones que aquí hemos
visto. En primer lugar, hemos visto cómo algunas empresas han
recibido subvenciones en lo que yo denominaba en su momento actitud
de cazasubvenciones. Es decir, empresas que tienen proyectos viables,
que tienen proyectos que por sí mismos son rentables y que
simplemente con la lectura cotidiana del boletín correspondiente
intentan acceder a ellas sin preocuparse nada más que de aliviar sus
cuentas de resultados, como algún compareciente reconocía en esta
misma subcomisión. El señor Pérez Villar, de Uría-Motor, reconocía
que este año pasado había ganado ya 40 millones y que a ver si le
pagaban de una vez porque le venía bien, pero no porque fuera
imprescindible para su proyecto. Esta misma expresión o similar fue
también puesta sobre la mesa por los representantes de Seresco, que
decían que ellos presentaban un proyecto que iban a desarrollar, y si
venían las ayudas bien y si no venían tirarían para adelante. Es una
frase casi textual: que, en todo caso, si venían aliviarían la cuenta
de resultados de la empresa.

Qué decir de otro de los proyectos más reiterados, como es el de
Castileón y los famosos cerditos virtuales, proyecto
en el que con un contrato previo entre Castileón y Campofrío para
doce años se solicitan ayudas vulnerando normativas de la Unión
Europea, poniendo en dificultades a los propios agricultores y
ganaderos que se dedican a intentar sobrevivir en un mundo muy
difícil como es el del porcino, puesto que los mercados en el último
año han tenido gravísimas dificultades y, sin embargo, se nos quiere
hacer pasar un proyecto puro y simple de promover la cría de 200.000
cerdos al año como un macroproyecto de I+D. Insisto en lo que dije en
su momento: es un insulto para los investigadores de este país que,
después de múltiples controles, después de competir con otros
proyectos de investigación, ven cómo son rechazados o recortados en
sus propuestas y, sin embargo, encuentran cómo se van casi 900
millones de pesetas para un supuesto proyecto de I+D de producción de
cerdos de calidad.

Al mismo tiempo, vemos cómo los municipios son tratados de diferente
manera en función no se sabe de qué tipo de relación, no se sabe si
es por un problema de relación política o de relaciones personales.

Lo cierto es que ahí están los datos de La Carolina. El propio
alcalde, en su carta-circular a los empresarios de todo el país,
reconoce que La Carolina es el municipio más privilegiado por las
ayudas del Ministerio de Industria, y si lo dice el propio alcalde,
¿por qué no lo vamos a reiterar los grupos firmantes de este voto
particular? ¿Por qué no recordar lo ocurrido con los 3.000 millones
de pesetas que se anticipan de la fase 3 a la fase 1 del Ayuntamiento
de Oviedo, cuando existían otros municipios que también habían
solicitado anticipar obras a la fase 1 y que ni siquiera han podido
financiarlas porque no se les compromete siquiera la realidad de
poder en su momento garantizar las inversiones en la fase 3? Eso está
provocando una dificultad seria para municipios de las comarcas
propiamente mineras que no tienen otras oportunidades como tiene el
municipio de Oviedo, que aunque es minero tiene también otras
actividades económicas. Y vemos cómo empresarios que se iban a
instalar en Mieres o en Langreo están desplazándose hacia Oviedo
porque la diferencia por metro cuadrado es de más de 5.000 pesetas.

Por tanto, se está vulnerando el espíritu último del propio plan del
carbón que es intentar compensar a esas comarcas mineras el daño
sufrido por la explotación del carbón, daño en muchos casos también
medioambiental que provoca dificultades y le provoca una rémora
importante para poder competir con otros municipios en la atracción
de inversores.

En cuanto a irregularidades graves, nos parece muy seria la
irregularidad existente con la no tramitación de la denuncia por
parte de Ofico en relación con Hullera VascoLeonesa. En nuestra
opinión, en el informe se apunta la posibilidad de un fraude, al
menos, de 400 millones de pesetas en el año 1996 y que supone que por
tonelada el beneficio, de comprobarse que este fraude existió, era de
2.600 pesetas. Este informe de Ofico fue archivado, como se ha dicho
también, con la excusa de que, ante la dificultad de poder
demostrarlo no merecía la pena remitirlo a la autoridad judicial
competente. Esto es lo mismo que si en un robo, ante la dificultad de
buscar a los testigos, la policía decidiera archivarlo sin más, sin
ni siquiera iniciar los mínimos trámites administrativos para
intentar esclarecerlos hechos. Aquí se ha actuado así y no conocemos
las causas



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por las cuales el anterior secretario de Estado de Industria no
tramitó esta petición, que incluso venía avalada por la directora
general de Minas y que lo elevó para su tramitación. Es uno de los
temas claros donde hay indicios de no haber cumplido con las
obligaciones que tiene cualquier persona que tiene conocimiento de un
posible delito y es una de las cuestiones importantes de cara a la
remisión posterior a la Fiscalía.

Ya se ha hablado de Erkimia, pero voy a detenerme en el tema de
Ercros. En la documentación aportada hay actas de la Comisión
Delegada de Asuntos Económicos de los años 1994 y 1998 y faltan las
de los años 1996 y 1997. No obstante, si sintetizamos los hechos que
hemos podido probar en esta subcomisión, podríamos hablar de los
siguientes. En primer lugar, el señor Zabalza, presidente actual de
Ercros, fue interlocutor, en nombre del Gobierno de España,
celebrando reuniones en El Cairo y Nueva York, en los años 1993 y
1994, ante el Gobierno de Kuwait, en conversaciones tendentes a
convencer al Grupo KIO para que no abandonara las inversiones que
tenía nuestro país ante la crisis provocada por el señor Javier de la
Rosa en el Grupo Torras. El señor Zabalza, como se puede ver en las
actas que sí llegaron a esta subcomisión, las del año 1994, de fechas
28 de julio de 1994 y 13 de octubre de 1994, asiste a las reuniones
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en las
que, a propuesta del ministro de Industria, se aprueba lo relativo a
la venta de Fertiberia al Grupo Freeport, estimándose en el acta de
esta Comisión el valor de la empresa Fertiberia en 10 millones de
dólares, y figuran también los acuerdos relativos al crédito ICO de
8.500 millones de pesetas. Quiero resaltar este dato porque en aquel
momento se planteaba que la venta de Fertiberia se hiciera en 10
millones de dólares y posteriormente, después de muchos avatares,
terminó vendiéndose en una peseta al Grupo Villar Mir. También quiero
resaltar este apartado porque es importante que el señor Zabalza no
se limite solamente a explicar que no se acordaba de nada, que es
prácticamente lo que vino a decir aquí, sino que explique, a la hora
de pedir al Gobierno un certificado de si era compatible o no su
anterior alto cargo como jefe del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno, si hizo expresa mención en ese escrito de estas dos
actividades que acabo de relatar; es decir, si relató en esa petición
que había tenido participación activa en negociaciones, en nombre del
Gobierno, con el grupo que después iba a presidir o con sus
accionistas y su presencia en esas comisiones delegadas, donde se
aprobó el crédito ICO a Ercros. Puede ser relevante a la hora de
constatar si esa autorización va avalada con el conocimiento real de
la participación del señor Zabalza en estos hechos.

El señor Zabalza, al ejercer la presidencia de Ercros, dice que
compra en el mercado 20.000 acciones de la empresa, curiosamente en
la misma fecha en que el señor Piqué también dice que están en el
mercado sus acciones puestas a la venta; fecha que, hasta ahora,
todavía seguimos sin conocer y que suponemos que en algún momento
conoceremos si precisamente en la coincidencia de fechas se da
también que los dos pueden haber accedido al mismo mercado, uno para
vender sus acciones, el señor Piqué, y otro, el señor Zabalza, para
ocupar esas acciones que quedaban libres del señor Piqué. No
obstante, el señor Zabalza
reconoce en su comparecencia del 21 de junio de 1999 que es amigo del
señor Piqué desde hace muchos años, desde la facultad, y que, por
tanto, esa relación estrecha inhabilita al señor Zabalza para
defender en un ámbito judicial o para considerar su propio
testimonio, precisamente por esa relación de amistad, que además
introduce un elemento nuevo de necesidad de inhibición del señor
Piqué en las actuaciones sobre Ercros al estar actuando sobre una
empresa que ha presidido y que en este momento preside un amigo
reconocido como es el señor Zabalza. Ésta es una causa más de
inhibición que contempla la ley y a la cual no se había hecho mención
hasta este momento.

El señor Zabalza, con esta memoria selectiva, dice que probablemente
sólo habló de este tema del crédito ICOErcros en la fecha de
intercambio de responsabilidades con el señor Piqué, puesto que era
en ese momento el problema más serio que tenía Ercros para su propio
futuro. Sin embargo, sí recuerda perfectamente que en el expediente
existente en Ercros no aparece la carta que el señor Piqué, como
presidente de Ercros, dirige al presidente del ICO para pedir la
cancelación del crédito. Es curioso que en algo tan importante Ercros
no conserve en sus archivos este escrito, que es relevante también
para conseguir analizar todo este proceso. No obstante, ese escrito
ha sido publicado, hemos conseguido una copia y el señor Piqué
reconoce que dirigió un escrito a la Dirección del ICO para intentar
resolver, como presidente de Ercros, la cancelación del crédito que
estaba pesando en su cuenta de resultados, además de que la Comisión
Nacional del Mercado de Valores le estaba instando a resolver este
problema, que era muy serio. El señor Piqué le escribe valorando en
ese escrito el crédito y hace una propuesta en torno a los 100
millones de pesetas, pero, como decía el señor Zabalza, para ellos
esa deuda de 8.500 millones no era una deuda sino un concepto, un
nuevo concepto de una deuda, porque hasta ahora no sabíamos que se
podían calificar 8.500 millones de un crédito como un concepto que no
tiene valor. Pero hasta tal punto tiene valor que Ercros ha tenido
que estar batallando durando tres años para intentar resolverlo
porque era vital para la propia empresa. (El señor vicepresidente,
Gómez Darmendrail, ocupa la Presidencia.)
El señor Piqué recibe una carta de la Dirección del ICO en la que le
insta a que se dirija a los ministerios competentes para resolver
este problema y le dice expresamente: Ministerio de Hacienda y
Ministerio de Industria. El señor Piqué, a preguntas de este
diputado, también confirma que se dirigió, a finales de 1995, a estos
dos ministerios, entendiendo que eran los competentes para resolver
el problema, que hubo varias conversaciones pero que el asunto, ante
la llegada de las elecciones generales, quedó sin resolver. El señor
Zabalza reconoce también que él nunca dirigió una carta ni al ICO ni
a ningún Ministerio pidiendo la solución del problema; es decir, no
existe un escrito firmado por el señor Zabalza, actual presidente de
Ercros, pidiendo la cancelación del crédito ICO. Existen gestiones
personales, conversaciones en distintos ámbitos que además no tienen
que ver directamente con el crédito ICO, como son Hacienda
y Seguridad Social, para discutir las deudas que tenían con Hacienda y
Seguridad Social, que no estaban ligadas directamente al crédito ICO.




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Por tanto, siguiendo la confirmación del señor Piqué en su última
comparecencia, éste reconoce que, cuando llega al Ministerio, sobre
la mesa, está el asunto Ercros, pero lo está precisamente por el
escrito que él mismo presenta como presidente de Ercros. El
Ministerio de Industria está instando para la resolución de un asunto
relacionado directa y personalmente con el señor Piqué, que se ve en
la famosa Comisión Delegada de Asuntos Económicos en el mes de junio,
que salta a la prensa y en ésta se publica, entrecomillado y citando
fuentes del Ministerio de Hacienda, que no fue resuelto
favorablemente por venir impulsado solamente por el Ministerio de
Industria. Es importante tener este acta que seguiremos pidiendo
ahora por la otra vía reglamentaria para poder constatar lo que el
señor Piqué confirma, que es que en esa Comisión se presentó e iba
instado, no necesariamente con su presencia pero sí con su firma, por
el Ministerio de Industria.

Respecto a todos estos hechos, nuestro grupo entiende que hay
indicios claros de prevaricación, que hay indicios claros de un daño
a la Hacienda Pública, porque aquí se ha estado hablando
reiteradamente de 8.500 millones de pesetas de crédito...




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Vaya concluyendo.




El señor SANTISO DEL VALLE: Voy concluyendo.

Pero lo que no se dice es que esos terrenos que aparecen en la fase
de cancelación con el crédito ICO ya estaban hipotecados por Hacienda
y por la Seguridad Social. Es decir, que Hacienda y Seguridad Social,
para poder negociar su deuda, no necesitaban implicarse en una
operación del crédito ICO, podían haber instado la subasta o la
negociación de los terrenos que ellos tenían ya hipotecados a su
favor para hacer frente a unas deudas que superaban más de 13.000
millones con Hacienda y más de 3.000 millones con la Seguridad
Social. Estamos hablando de un montante de deuda de Ercros con el
Estado que superaría, si sumamos los tres conceptos, los 20.000
millones de pesetas. En todo caso, éste es el análisis que hay que
hacer y no solamente de los 8.500 millones. Hay que ver, en su
conjunto, cuál es el posible daño o perjuicio que se ha hecho al
Estado.

Por todo ello, nosotros apoyamos, dentro del voto particular, la
remisión al fiscal de estas actuaciones. La verdad no se resuelve con
los votos de las mayorías parlamentarias, sino que se suele abrir
paso poco a poco y, en todo caso, los tribunales tendrán la última
palabra.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, hemos de ser conscientes de que un
Estado que maneja ingentes recursos públicos debe combatir el riesgo
de la corrupción con procedimientos adecuados y controles eficaces.

Hay que reducir los márgenes de discrecionalidad de los poderes
públicos y dar a conocer a los ciudadanos el coste real de cada
servicio, de cada obra pública, de cada subvención; en definitiva, de
cada peseta que sale de los contribuyentes. Estas hermosas palabras,
que todos compartimos, son palabras que se pronunciaban en el debate
de investidura de
esta legislatura y las pronunciaba el presidente del Gobierno, el
entonces candidato a ser investido presidente del Gobierno y
presidente actual, señor Aznar, que continuaba diciendo: El Gobierno
reclamará la mayor ejemplaridad en las conductas de los responsables
políticos y de los gestores públicos. En coherencia con este tipo de
afirmaciones genéricas, el propio señor Aznar, en alguna actuación
parlamentaria suya, ha reiterado manifestaciones que ya hizo entonces
acerca de la conveniencia de una regulación de las comisiones de
investigación, que, entre otras cosas, contuviera que su creación no
dependiera exclusivamente de la voluntad de la mayoría. Afirmaba que
este tipo de afirmaciones eran consecuentes porque, sin lugar a
dudas, la comisión de investigación es un instrumento adecuado para
llevar a cabo esa labor de control de los fondos públicos, de cada
peseta de los fondos públicos. En este caso concreto estamos hablando
de bastantes pesetas. En el propio informe, que es apoyado por la
mayoría de esta Comisión, se habla de que sólo en el año 1998 el
volumen de subvenciones concedidas a través de los distintos
programas del Ministerio de Industria se elevó a 230.000 millones,
y el volumen de créditos, a 122.000 millones. Al mismo tiempo, el CDTI
y el IRAE concedieron créditos por valor de 29.000 y 10.000 millones,
respectivamente. En total, prácticamente 400.000 millones de pesetas
en el año 1998. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Parecería lógico que, partiendo de esas afirmaciones genéricas y
habida cuenta de la importancia del tema que nos ocupa, aquí se
hubiera aprobado una comisión de investigación. Sin embargo, en este
caso concreto, como en otros anteriores, la mayoría de la Cámara no
hizo realidad aquellas hermosas palabras con las que comenzaba el
debate de investidura. Fue rechazada una comisión de investigación
sobre este asunto, comisión solicitada por distintos grupos de la
oposición. Fue rechazada una comisión de investigación. De hecho, eso
no hacía más que confirmar que hasta ese momento sólo había habido
una comisión de investigación aprobada por la Cámara, comisión de
investigación que, además, no respondió a la voluntad de la minoría,
sino a la voluntad de la mayoría y, para más inri, tenía como
objetivo controlar lo que en ese momento era oposición y que había
sido Gobierno en anteriores legislaturas. Atodas luces, un cambio
fenomenal y, por supuesto, carente de todo rigor. Como digo, en este
caso concreto se rechazó la creación de una comisión de
investigación, creación que venía fundamentada por la importancia de
los fondos públicos de que se trataba y por la proliferación de
noticias que se habían ido produciendo en los últimos meses,
prácticamente el segundo semestre del año 1998 y primeros meses de
1999, acerca de distintos expedientes sobre los que existía sospecha
de actuación poco parcial por parte del Ministerio de Industria. Era
tal la gravedad, la reiteración y la proliferación de datos que, a
pesar de rechazarse la comisión de investigación sobre este tema, la
mayoría parlamentaria consideró necesario crear la figura con la que
hemos estado trabajando, una subcomisión que, a la luz del trabajo
realizado, ha venido a confirmar lo que decíamos en un principio, que
no se trata realmente de investigar unos hechos, unos expedientes, de
establecer la verdad acerca de los mismos, sino que más bien parecía
que su objetivo era sedar a la oposición, callar a la oposición,



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porque parece claro que ya no es la minoría la que impulsa esa
creación, sino la mayoría; es la mayoría la que, además, dirige los
trabajos. ¿Cómo se explica si no que el día 14 de abril, como se ha
puesto de manifiesto, haya un acuerdo unánime de no rechazar ninguna
de las propuestas de comparecencia formuladas por los grupos
parlamentarios, y así consta literalmente, no rechazar ninguna de las
propuestas de comparecencia formuladas por los grupos parlamentarios
y que, posteriormente, se rechacen una serie de comparecencias,
algunas de ellas de personas tan relevantes en el organigrama del
Ministerio como el secretario de Estado u otros altos cargos que han
tenido participación destacada? Y todo eso acompañado de que por
parte del Ministerio se remite la documentación tarde, mal y, en
algunos casos, nunca; por ejemplo, cuando se hace referencia a las
actas de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

¿Cómo es posible que nos remitan actas del año 1994, del año 1998 y
que las actas de 1996 no aparezcan? ¿Qué justificación tiene eso?
Según se nos acaba de decir por el Grupo Popular ya está claro lo que
ocurrió, ya está claro. Debe de ser para ellos, que tienen ese acta.

(El señor Jordano Salinas: Hay grupos que tienen papeles, que son
aquéllos.) Los que no tenemos ese acta seguimos teniendo dudas
razonables de qué es lo que ocurrió y, además, afirmaciones hechas en
otras actuaciones confirman lo que nosotros creemos. En todo caso,
nos gustaría ver desmentido esto, basta simplemente con que aparezca
ese acta. (Un señor Diputado: Ya la mandarán.) No tenemos capacidad
legal para pedirla; este trámite, impuesto por la mayoría, nos lleva
a esta situación de absoluta indefensión en la que hay grupos que
tienen las actas y hay otros que no las tenemos. (Rumores.) Los
grupos que tienen papeles los han puesto a disposición de la
Comisión. ¿Por qué no están aquí las actas de la Comisión Delegada
del Gobierno del año 1996? ¿Por qué esta subcomisión y la Comisión no
pueden hacer nada más que elucubrar sobre ese tema? Todo eso es
coherente, señorías, para terminar con un informe, el que hoy se
somete a votación con los votos particulares suscritos por el Grupo
Socialista, por Izquierda Unida y por Nueva Izquierda, un informe
cuya mejor definición la dio ayer quien actuaba como representante
del Grupo Popular, el señor Aguirre. Tuve ocasión de seguir sus
declaraciones a través de televisión y creo que dio la mejor
definición de ese informe, dijo: es un informe pactado con el diálogo
y con los grupos que apoyan la estabilidad del Gobierno. Celebro que
el representante en estos momentos del Grupo Popular confirme esas
palabras, pero es que el informe tendría que estar basado no en el
pacto entre los grupos que conforman la mayoría, sino en la realidad,
en los hechos y en el trabajo de la Comisión, y a eso no hizo la
menor referencia ayer el señor Aguirre; no hizo la menor referencia.

No soy yo quien, señor presidente, señorías, señor Jané, para decir
si el pacto se ha basado en el diálogo. No he tenido ocasión de
participar en ese pacto. Quizá quienes han participado en él conozcan
otros supuestos de pactos no basados en el diálogo.

En alguna ocasión, he tenido oportunidad de oír a quien es el máximo
dirigente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que
habían tenido que tragarse algún sapo apoyando al Gobierno. No sé si
en este caso concreto ésa es también la situación; en todo caso,
ellos en
su intervención tendrán ocasión de decírnoslo. De hecho, resulta
significativo que la intervención del presidente al exponer el
informe no haya hecho la menor referencia a su contenido, quizás sea
porque no termina de ser plenamente compartido por los grupos que
finalmente lo apoyan.

Desde Nueva Izquierda no apoyamos el contenido del informe, no lo
apoyamos de ninguna manera porque parece que no responde a la
realidad del trabajo de la subcomisión, por lo que se ha podido ver
en esos trabajos o por el esfuerzo -hay que decirlo con claridad- de
algunos comisionados, los representantes socialistas, que conscientes
de las limitaciones que tenía la propia subcomisión para llevar acabo
sus trabajos no dudaron en desplazarse al propio Ministerio para
poder acceder a informes o actuaciones que no llegaban a esta
subcomisión. ¿Cómo se puede decir que se ha actuado con respeto a la
ley, con total objetividad e imparcialidad, cuando estamos viendo que
los criterios son los más variopintos, que hay montones de
expedientes en los que se anuncia que el silencio negativo impone su
desestimación y hay otros que se resuelven al cabo de años? ¿Qué
criterio objetivo es ése? ¿Cómo es posible que haya expedientes que
son rechazados alegando que en esas fechas no hay disposición
presupuestaria y en meses posteriores se aprueban expedientes por
cientos de millones de pesetas, cuyos fondos no sabemos dónde estaban
los meses anteriores? No entraré en más detalles, algunos curiosos
como el caso de Torcidos Ibéricos. En los medios de comunicación
apareció que, en relación con ese expediente, hubo actuaciones de
algún político interesándose por él.

El informe de la mayoría hace tabla rasa de ese tema. Dice
literalmente que la distribución de los fondos son acordes con el
mapa político, con lo cual resulta que la mayoría está admitiendo que
el mapa político se tiene en consideración. Tuve ocasión de decirlo
ayer, y lo sabe. Ayer advertí que ustedes están diciendo literalmente
que el cuadro de subvenciones que se ha concedido -lo leo
literalmente para que no haya duda-, el análisis territorializado de
los resultados de la política de subvenciones del Miner muestra que
ésta ha sido plenamente acorde con el mapa político sobre el que esta
actividad subvencionada se ha proyectado, o sea que las subvenciones
se reparten con arreglo a un mapa político y es plenamente acorde con
él. (El señor Jordano Salinas: Si hubieras estado.) No, estuve y tuve
ocasión de advertirles de lo que ustedes estaban diciendo.




El señor PRESIDENTE: No establezcan diálogos, por favor.

Señor Peralta, vaya terminando ya.




El señor PERALTAORTEGA: Termino ya.

Pero ustedes consideraron oportuno decirlo. En el caso de Torcidos
Ibéricos también se respetó ese mapa político. (El señor Jordano
Salinas pronuncia palabras que no se perciben.) Quizá, lo dicen
ustedes, habrá que entender que es así, pero ése no es un criterio de
objetividad en el funcionamiento de la Administración; créame. Al
contrario, es el reconocimiento palmario de que no se ha procedido
con esa objetividad que debe presidir la actuación de la
Administración.




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En este sentido, ¿qué decir del caso del Ayuntamiento de La Carolina?
Pues nada que no haya dicho el señor alcalde. ¿Saben ustedes lo que
ha dicho el señor alcalde en una carta que manda a todos los
empresarios, o a una parte de los empresarios de este país? Que el
Ayuntamiento de La Carolina es el principal beneficiario de las
ayudas del Ministerio de Industria; así de claro. ¿Qué más tenemos
que decir, cuando ustedes asienten ante este tipo de afirmaciones?
Nada. Don Ramón tiene patente en el Ministerio de Industria, y
presume de ello ante el conjunto de los empresarios de este país.

Hay otra empresa a la que se hace referencia en el informe, Hullera
Vasco-Leonesa, a la que los propios servicios de la inspección del
Ministerio de Industria le descubren notables irregularidades. Elevan
informes sobre esos temas; esos informes reciben determinados apoyos
para su tramitación en la propia estructura del Ministerio de
Industria y, sin embargo, una persona, cuya comparecencia, pese a lo
que se dijo inicialmente, fue vetada, hace que no prospere, y sale
notablemente beneficiada. ¿Eso es objetividad? ¿Eso es transparencia
en el funcionamiento de la Administración? ¿Eso es que cada peseta
que sale de los contribuyentes sea explicada? No, señorías, eso no es
así.

Finalmente, en el tema Ercros o de la actuación personal del ministro
de Industria, señor Piqué, permítame que les diga una cosa, que,
insisto, quiero que quede clara a los representantes del Grupo
Popular. Hago estas manifestaciones a resultas de lo que en su día
podamos deducir de las actas de la comisión delegada del Gobierno del
año 1996, que nos encantaría conocer y, créame, me gustaría que me
tuviera que enmendar estas palabras que le digo. Pero, como no
aparecen y como el señor Piqué nos ha dicho lo que nos ha dicho y nos
ha dado las explicaciones, él no se inhibe en una comisión delegada
del Gobierno en la que se aborda el tema de una empresa de la que él
ha sido administrador. Se nos dice que eso no hace falta porque no
acude.

Señorías, la Ley 12 de 1995 dice literalmente: Quienes desempeñen un
alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los
asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a
empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o
administración ellos hubieran tenido alguna parte. La inhibición se
producirá por escrito para su adecuada expresión y constancia, y se
notificará al superior inmediato del alto cargo u órgano que lo
designe. No basta, señorías, de acuerdo con el texto literal de la
Ley con una incomparecencia, es necesario que esa incompatibilidad se
manifieste por escrito, ¿por qué? (El señor Peón Torre: Hay que ver
el expediente.) Insisto, lamento que no haya estado usted,
representante del Grupo Popular en ese momento. Parece ser que usted
ha visto ese expediente pero el resto de la Comisión no lo hemos
visto, porque no lo ha mandado el Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, siga sus razonamientos y acabe.




El señor PERALTA ORTEGA: Termino. Como me han interrumpido, señor
presidente, y no quisiera que el compañero se sintiera vejado o
menospreciado por mí, quería contestarle.




El señor PRESIDENTE: Seguro que no.




El señor PERALTA ORTEGA: Simplemente, él ha podido consultar el
expediente, pero el resto de la subcomisión, como tuve ocasión de
decir a su compañero, no hemos tenido ocasión de verlo. Insisto, esa
inhibición es necesario que conste por escrito y se notifique para
que sea conocida no sólo por el afectado, no sólo por el señor Piqué;
es necesario que sea conocida por el resto del órgano que tiene que
resolverlo para que lo tenga en cuenta, y con la actuación del señor
Piqué se ha infringido la ley y se ha impedido que ese objetivo que
persigue la ley, diciendo que se hará por escrito y se notificará a
su superior, pudiera llevarse a cabo. Es una actuación claramente
irregular, que ha dado lugar a que un crédito de 8.500 millones de
pesetas haya quedado notablemente reducido. Pretenden ustedes que
lleguemos a la conclusión de que la actuación del señor Piqué
contraria a la ley ha beneficiado a la Hacienda pública. Es un
razonamiento ciertamente enrevesado. Es más lógico pensar que una
actuación interesada y promovida por la empresa Ercros, seguramente
porque la beneficiaba, animada por el señor Piqué, ya como ministro
de Industria y en relación con el cual su incompatibilidad de oculta,
ha terminado beneficiando y seguramente perjudicando a la Hacienda
pública. Parece lógico que en ese tema concreto se actúe tal como se
pide en el voto particular: iniciándose un expediente por parte del
Gobierno y presentando la dimisión el señor Piqué, pero la mayoría de
esta Cámara no está dispuesta a apoyarlo. En relación con este tema,
estoy convencido de que en un momento determinado oiremos la
expresión de que se han tenido que tragar algún que otro sapo. Seguro
que tendremos ocasión de oírlo.




El señor PRESIDENTE: Ya lo oirá, pero termine, señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Le oí decir que iba a hacer oídos sordos a
cualquier alusión; parece ser que a algunas no.




El señor PRESIDENTE: Era una manera de terminar su intervención.




El señor PERALTA ORTEGA: Era una manera de agradecerle su interés,
señor presidente.




Termino brevemente diciendo que pretender cerrar de mala manera una
subcomisión que no ha dispuesto de tiempo material para llevar a cabo
el relevante trabajo que tenía sólo va a servir para que el tema siga
coleando en distintos ámbitos parlamentarios. Estoy convencido de que
el resultado final, de esta subcomisión tal como decía el señor
presidente, algún día podrá ser objeto de consideración; lo grave es
que se pretende que sea objeto de consideración hoy mismo. A nosotros
nos parece que hoy no se dan las condiciones adecuadas. En el futuro,
con los trabajos de esta subcomisión y con el esfuerzo permanente que
mantendremos los grupos de la oposición, estoy convencido de que
todos los grupos de la Cámara, y sobre todo los ciudadanos, habrán
conseguido mejorar la transparencia en el



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funcionamiento de la Administración y determinadas responsabilidades
políticas serán depuradas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jané para defender el
voto particular que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i
Unió) ha presentado al anexo XIV.




El señor JANÉ I GUASCH: El Grupo Catalán va a votar favorablemente el
informe final de conclusiones de la subcomisión. Este voto viene
motivado por nuestras enmiendas aprobadas ayer. Nuestras enmiendas
que aportaban un texto alternativo al informe inicial presentado por
el Grupo Parlamentario Popular fueron aprobadas prácticamente todas,
con alguna transacción por parte del Grupo Parlamentario Popular y
también del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, recogiendo el
espíritu de lo que quería introducir este último. Por tanto, estas
conclusiones son las que propuso el Grupo Parlamentario Catalán, y
las vamos a apoyar. Quede claro que no propusimos la conclusión 16,
que fue una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular
que se aceptó, aunque quizá debería modificarse algún aspecto de su
redacción. No nos sentimos autores de la última conclusión, la número
16, pero globalmente se aceptó el planteamiento del Grupo
Parlamentario Catalán, y votaremos a favor de estas conclusiones.




Entraré en el contenido de las conclusiones. ¿Por qué? Porque las
mismas, las que finalmente vamos a someter a votación, son objetivas
y marcan unos parámetros de lo que ha pasado en materia de
subvenciones del Miner. En las conclusiones se dice con claridad que
ha habido discrecionalidad, la propia de toda actuación
administrativa. Se dice con rotundidad que ha habido inseguridad
jurídica, dispersión normativa, lagunas en este ámbito. Se habla de
plazos que no concuerdan en determinados expedientes, de que ha
habido dispersión en los tiempos. Se dice que hay expedientes que han
ido muy rápidos y otros que se han dilatado muchísimo y que todavía
no se han parado. Estas conclusiones marcan un ámbito en materia de
subvenciones, presidido por estas lagunas, por esta discrecionalidad
y por las irregularidades propias de un análisis en el que no hay una
normativa vigente que sea clara, concisa y que incorpore los debidos
controles. Esta subcomisión, señorías, no es un tribunal. Hemos
analizado todos los expedientes. Han venido todas las empresas
privadas implicadas. Lo hemos hecho con luz y taquígrafos, ya que
hemos tenido a los medios detrás y han podido ver cada una de las
comparecencias y leer después lo que ha dicho cada cual. Por lo que
hemos visto, no se evidencia que haya habido una irregularidad en el
sentido de un incumplimiento del marco jurídico vigente, marco que,
repito, está basado en una inseguridad y en una laguna. Hablo de lo
visto, porque nosotros no somos un tribunal. Nosotros creemos en
Montesquieu, creemos en la separación de poderes; a este Parlamento
no le corresponde juzgar sino controlar políticamente al Gobierno. En
esta labor de control político, de seguimiento de lo que se ha hecho
en materia de subvenciones, nuestro grupo parlamentario da unas
pautas de los aspectos que debemos abordar. En estas conclusiones
queda claro que, ante la dispersión normativa, debemos
abordar una ley de subvenciones. Se dice claramente que debemos
reforzar la publicidad en todas las fases, regular con más rigor los
derechos, obligaciones y responsabilidades de los beneficiarios de
una subvención, aumentar el control interno de los órganos que
conceden, hacer una mayor evaluación de la política de ayudas y un
seguimiento de su distribución territorial. Decimos que hay
dificultades para efectuar la rendición de cuentas por parte de los
perceptores de las subvenciones, que hay que armonizar los cuatro
procedimientos existentes ante los incumplimientos de la normativa
vigente, que debemos buscar límites cuando el beneficiario ha sido
condenado por prevaricación, por malversación, por cohecho o cuando
ese condenado es un accionista y una persona jurídica y tiene una
posición mayoritaria. Al igual que en las conclusiones 13 y 14,
nuestro grupo ha querido incorporar textualmente el sentido de la
moción que impulsó Izquierda Unida ante el Pleno del Congreso,
aprobada el 9 de marzo de 1999, y que no figura, como otros muchos
aspectos que estoy relatando, en el informe inicial que presentó el
Grupo Parlamentario Popular la pasada semana.

Decimos que es necesario un registro de subvenciones en el ámbito de
la Administración General del Estado que dé esa necesaria publicidad,
que hay que incrementar los controles. Esto es lo que incluye el
informe. Habla de que no se ha evidenciado un incumplimiento de la
normativa, pero menciona también todas esas lagunas, todos esos
aspectos que no han concordado, toda esa discreción administrativa
que envuelve el ámbito de las subvenciones. Creemos que se ha
trabajado con rigor y con publicidad. Quiero aprovechar para
agradecer a los servicios de la Cámara y al señor Pedro Peña el
trabajo que ha hecho en la recopilación de antecedentes.

Esta subcomisión no termina sólo con doce páginas de conclusiones, y,
repito, no nos sentimos del todo cómodos con la número 16, que se
introdujo ayer. La aceptamos, pero no es la redacción que nosotros
hubiésemos presentado. Los servicios de la Cámara han tutelado, según
el Reglamento, todo el proceso con corrección de lo que veníamos
haciendo en la subcomisión, y todo ese trabajo debe ser útil. No
podemos dar un carpetazo. Hemos trabajado unos meses. Nos dimos un
plazo inicial, que por unanimidad, acordamos prorrogarlo hasta el día
30 de junio, que es hoy. Estas conclusiones, que son ponderadas, que
no son las del Grupo Parlamentario Popular ni las del Grupo
Socialista, pretenden aportar soluciones para aquello que está
fallando y reflexionar sobre lo que ha pasado en materia de
subvenciones.

Queda el tema Ercros. Nuestro grupo no lo planteó ante esta
subcomisión. Desde el principio dijimos que no encajaba en el objeto
de esta subcomisión. Se nos ratificó por los comparecientes que no
era una subvención; nosotros creemos que no es objeto de esta
subcomisión y, por lo tanto, las conclusiones no abordan el caso
Ercros. Pero permítanme que haga una reflexión final sobre esta
cuestión. Repito, nuestro grupo no pidió documentación ni
comparecencias sobre este tema. El crédito de Ercros se concedió
durante la pasada legislatura y se ha rescatado en ésta y por ello
permítanme que haga una reflexión pública, serena: ni mediática ni
socialmente se entendió en su día ni es comprensible social y
mediáticamente que entonces se concediera



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un crédito con esas características y que se rescatara en esta
legislatura de la forma en que se ha hecho. Habrá explicaciones,
vineron los comparecientes y dieron las suyas, pero social y
mediáticamente no se entendió en su día la concesión ni su rescate en
esta legislatura. Esperemos que al final podamos votar estas
conclusiones con serenidad, que podamos terminar esta subcomisión con
un talante positivo. Ésta es la voluntad de mi grupo parlamentario,
señor presidente: dar un talante positivo; no ocultar que ha habido
en algunos aspectos lagunas, discrecionalidades, plazos que no
concuerdan. Todo esto no lo queremos silenciar y no se silencia en
las conclusiones. Pero hagamos también un balance positivo, ya que
hemos trabajado de la forma en que lo hemos hecho durante estos
meses, con tantas, tantísimas, más de cien horas de trabajo en esta
subcomisión, que han soportado también los medios de comunicación. Se
decía al principio que no iban a entrar, pero han entrado, han
conocido el contenido y han visto lo que hay. Si alguien evidencia
que se ha producido una ilegalidad, a partir de ahora que lo denuncie
ante un tribunal. Nosotros no somos un tribunal; de lo que hemos
visto han salido estas conclusiones, de las que nos sentimos
satisfechos; y los votos particulares están para dar más rigor y
objetividad a dicho anexo, para no decir que la subcomisión expresa
cosas que quien las manifestaba era la directora general de Minas. Se
da un poco de objetividad, sacando alguna frase que podía ser muy
sesgada del anexo XIV. Lo que pretende nuestro grupo con estos votos
particulares es evidenciar que ha habido estos aspectos, pero con más
objetividad. Por ejemplo, sobre el caso del Ayuntamiento de La
Carolina, nuestro grupo dice que la subcomisión constata la gran
rapidez con la que recibió finalmente las ayudas solicitadas. Es una
constatación, pero es cierto, las recibió con gran rapidez.

Sorprende, porque a veces ha habido mayores dilaciones. Éste es el
sentido que quiere dar nuestro grupo, y con él, sin intentar negar
nada, pero tampoco denunciando algo que no sea posible, nuestro grupo
votará favorablemente hoy las conclusiones, de las que nos sentimos
satisfechos por haber intentado contribuir a ser más rigurosos en el
examen final de la política de subvenciones del Miner.

Gracias, señor presidente, por su trabajo en esta subcomisión;
gracias también a todos los grupos parlamentarios, a pesar de los
rifirrafes que tenemos, porque quiero pensar que todos hemos venido
aquí con el talante abierto y de trabajo; quiero pensarlo así. Hay
acusaciones en las que, repito, nuestro grupo no quiere entrar, ni
mucho menos, porque nunca podremos compartir lo que se nos dice de
que somos obstruccionistas, que negamos el debate, porque no ha sido
así; nosotros creemos que no ha sido así. Repito, esperemos que al
final la serenidad y la objetividad de estas conclusiones puedan dar
la luz que pedíamos cuando se constituyó la subcomisión.

Gracias a todos. Gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.




Terminada la intervención en defensa de los votos particulares, tiene
la palabra ahora, en turno de grupo, el señor Gómez, por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.

El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Mi exposición va a ser breve. En primer
lugar quisiera decir que vamos a votar favorablemente las
conclusiones aprobadas ayer en la subcomisión de análisis del diseño,
ejecución y resultados de la política de subvenciones del Ministerio
de Industria y Energía. Y, antes de entrar en la crítica y apoyo a
este informe, quisiera hacer dos afirmaciones. Primero, que comprendo
perfectamente la posición política de pedir, porque estamos en
democracia, la aclaración de todas las actuaciones ministeriales;
nadie se puede picar por ello. Segundo, que los defectos de
funcionamiento, que fundamentalmente se observan por las
comparecencias y en la documentación aportada, han existido desde que
se creó en el siglo pasado el Ministerio de Fomento, y se van
paliando y limando como consecuencia de la normativa que se va
promulgando, pero está claro que todavía no tenemos una legislación
óptima que dé plena garantía a la ejecución, transparencia, eficacia,
eficiencia, legalidad y economía de las subvenciones públicas.

Ante la preocupación que se ha manifestado hoy aquí -y me alegro de
que se haya serenado el ambiente, porque estoy seguro de que ningún
grupo político ni la Presidencia han querido ofender, sino que todo
se debe al calor del debate-, estoy seguro de que todos estamos
conformes en que ésta es una subcomisión que ha trabajado en un campo
concreto sobre los temas cuya documentación ha llegado y las
comparecencias celebradas. Pero, como también se ha dicho aquí por el
portavoz de Convergència i Unió, no somos un tribunal abierto.

Tenemos un mandato, y lo estamos cumpliendo en el fondo, en la forma
y en el tiempo que se nos ha concedido. Ello no es óbice para
resaltar que los caminos están abiertos, como muy bien ha señalado el
señor Santiso, que es posible que haya temas que están pendientes
y que, como consecuencia de visitas y de aportación de ulteriores
documentos, están abiertos los caminos de los tribunales, y no
solamente de los de justicia, sino también el del Tribunal de
Cuentas, al que la Cámara, a través de los órganos competentes y
según procedimiento parlamentario, se puede dirigir para pedirle que
haga una fiscalización concreta, todo ello conforme a la normativa
que rige no solamente la Ley de bases del Tribunal de Cuentas, sino
también el reglamento de su funcionamiento. Me estoy refiriendo
concretamente a los artículos 4 y 7 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12
de mayo, del Tribunal de Cuentas.

Nosotros -y vuelvo ahora al principio- vamos a apoyar este informe
porque se ha recogido en el fondo nuestra propuesta, que era, en
principio, una exoneración de responsabilidad del Ministerio y de la
figura del ministro en la concesión de subvenciones y ayudas en este
período de tiempo. Reconocemos que ha habido defectos, que no voy
a enumerar porque están especificados en el informe, pero también que
la máquina administrativa no tiene la regulación óptima para velar
por los principios a los que aludía anteriormente. Y por ello,
nosotros, en Coalición Canaria, que no tenemos ningún tema que nos
afecte a nuestra comunidad, pero que por responsabilidad y obligación
parlamentaria también tenemos que aportar nuestras ideas, pensamos
que lo que la sociedad quiere, después de este debate y de estas
intervenciones, que son convenientes en democracia, es que se
promulgue la ley de subvenciones,



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como nosotros proponíamos inicialmente. Hay que quitarle el carácter
gral ... ¿Que hay que quitarle el carácter general para no rozar con
el tema de las autonomías? Quitemos el carácter general, pero hagamos
la ley de subvenciones. Como reconocemos que en ello van a tener que
intervenir muchos ministerios, porque son por lo menos cinco los que
llevan la política de subvenciones del Estado, y como tendrá que
oírse a todos los órganos y atender a todos los sectores afectados,
desde los beneficiarios, las empresas privadas, las empresas
públicas, la Administración, la Intervención General del Estado y el
Tribunal de Cuentas, tardará en conseguirse la promulgación. Y, hasta
tanto, pedimos que todas esas lagunas jurídicas que imposibilitan
o que no hacen perfecto el control de la subvención, todo su íter,
desde que se anuncia hasta que se realiza el objeto de la subvención
o se devuelve o pasa a los tribunales, con normas de rango inferior,
se vayan promulgando las disposiciones que se especifican en las
conclusiones para lograr este cometido.

Yo también reitero el agradecimiento al presidente, me alegro mucho
de su pronta recuperación, felicito a cada uno de los portavoces de
los diferentes grupos parlamentarios, porque han estado en su papel,
al personal de la Cámara, especialmente al letrado, a la mediática,
porque ha tenido informada a la opinión pública de una forma directa
y no a través de segundas comunicaciones, y finalizo diciendo que
nosotros vamos a aprobar este informe.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Peón.




El señor PEÓN TORRE: La verdad es que tengo que coincidir con las
palabras de otros portavoces cuando resaltan la diferencia en el tono
del debate. Nos parece que puede ser subvertir el Parlamento el
alterar permanentemente lo que es un debate normal, regular, en unas
claves ordinarias en el funcionamiento de esta Cámara, y convertirlo
en una escenificación teatral porque interesa a una estrategia de
partido. Yo agradezco sinceramente a todos los portavoces que el tono
vuelva a ser el de un cierto rigor para tratar de desarrollar con
argumentos -y no con descalificaciones ausentes del más mínimo
contenido-, acertados o no, las posiciones políticas de cada grupo.

También tengo que agradecer las palabras del presidente cuando
alababa el trabajo realizado por miembros de la subcomisión, en el
sentido de que había sido útil y muy intenso. Desde primeros de abril
hasta el mismo día de ayer la subcomisión, como decía en el primer
turno de intervención, tan excepcional y tan extraño, ha trabajado
todas las semanas y durante varios días en esas semanas. El trabajo
ha sido muy intenso, consta en los antecedentes que los miembros de
la Subcomisión han trabajado mucho y bien.

Para nosotros tiene importancia la escenificación política, pero
señor Cuesta, usted preguntaba antes a los diputados de nuestro grupo
cuántos diputados conocen la documentación tan importante para formar
el sentido de su voto, que iba a ser tan trascendental. Yo pregunto
ahora a sus diputados, a los que están aquí, claro, los que no están
voy a buscarlos por el pasillo... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Peón, no provoque a los diputados.




El señor PEÓN TORRE: ¿Cómo van a formarse la opinión los señores
diputados socialistas ausentes en el propio debate, no ya en cuanto
al acceso a esa documentación esencial que se decía no existir, sino
en el debate?
Señorías, se puede caer en la demagogia más absoluta, es fácil caer
en la demagogia más absoluta, pero todos sabemos cómo se trabaja
parlamentariamente en esta casa, todos sabemos de qué manera se
accede a la documentación, todos sabemos, cuando hay interés en
acceder a determinados documentos, cómo los diputados tienen la
posibilidad de hacerlo y todos sabemos cómo se asiste a la formación
de voto a la hora de que cada diputado exprese, sin necesidad de voto
imperativo, su opinión sobre los temas que se debaten en esta Cámara;
todos lo sabemos. Por eso resulta tan lamentable cómo en ocasiones
hay que asistir a ejercicios de demagogia como a los que hemos
asistido al principio de la sesión de esta mañana.

Y aquí cierro el capítulo, señorías, que me ha parecido más
desagradable y voy a comenzar con lo que es el capítulo que se
refiere al contenido mismo de lo que han sido los trabajos de la
subcomisión. El contenido mismo que se refiere a los trabajos de la
subcomisión creo que lo ha resumido con mucho acierto el portavoz de
Convergència i Unió cuando afirmaba que las conclusiones pretenden
ser objetivas, que se ajusten a lo que todos hemos tenido oportunidad
de examinar y de escuchar en las sucesivas comparecencias. Y digo
todos, incluso el señor Peralta, al que no veo ahora, que afirmaba en
su intervención que la inhibición tiene que ser por escrito y que no
existía tal inhibición. El problema es que hay que acudir a las
sesiones de la subcomisión, hay que estudiar los expedientes y hay
que comprobar que a la sesión en la que se tomó la decisión de
aprobar el acuerdo con Ercros no asistió el ministro de Industria, y
consta por escrito, por dos veces, en las dos reuniones celebradas en
1998, que no iba a asistir. (El señor Pérez de Tudela Molina: En
1996.) El problema es que los diputados no estudian los expedientes.

La reunión en la que se toma el acuerdo por la Comisión Delegada de
trasladar el acuerdo a Ercros, como todos los comisionados saben o al
menos aquellos que se han tomado la molestia de analizar el
expediente, que además fue distribuido, incluso, a los medios de
comunicación, se produce en el año 1998, en dos reuniones sucesivas,
y consta la inhibición del ministro mediante un escrito de la
vicesecretaria general técnica del Ministerio. El problema es que a
veces no se estudian los expedientes con la debida atención.

Decía antes, en cuanto a los contenidos y en cuanto a la oportunidad
de haber trabajado con arreglo a los expedientes analizados y a las
comparecencias celebradas, que se puede tratar de extraer
conclusiones objetivas, al menos intentar que sean lo más objetivas
posibles. Coincido con el portavoz de Convergència i Unió cuando
afirma que el informe finalmente aprobado lo es. Es verdad que en ese
informe no se tiene ningún tipo de temor a constatar las
deficiencias, las lagunas, las cuestiones que son susceptibles de
mejora. No hay ningún temor ni en este informe aprobado ni en el que
originariamente dio lugar a las enmiendas de los demás grupos, que
era obra del Partido



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Popular. Porque el informe del Partido Popular ya establecía, por
ejemplo, las deficiencias de estructura del ministerio a la hora de
atender los expedientes que dieron lugar a disfunciones los tiempos a
la hora de resolverlos; ya establecía el marco de inseguridad
jurídica del que se partía, de anteriores gobiernos, y que fue
susceptible de ir mejorándose con el tiempo por parte de este
Gobierno, con expresiones del propio presidente del Tribunal de
Cuentas, con informes de los servicios jurídicos del Ministerio de
Justicia. No hay ningún tipo de temor a resaltar que hay cuestiones
susceptibles de mejora, hay lagunas a las que se puede dotar de un
contenido que garantice una mayor seguridad jurídica a los
administrados a la hora de saber sus derechos y obligaciones cuando
concurren a una posibilidad de subvención.




No ha existido en ningún momento, por parte del Grupo Parlamentario
Popular, intención de ocultar nada que tenga que ver con las ayudas
del Ministerio de Industria. No lo decimos ahora; la propia actuación
del Grupo Parlamentario Popular, desde el primer momento, avala esta
manifestación. Se citaban unas palabras del presidente del Gobierno
a la hora de la necesidad de actuar contra la corrupción, y este grupo
parlamentario ha sido coherente desde el primer momento en esta
cuestión. Fíjense, señorías, que quien pone en marcha la iniciativa
de esta subcomisión de investigación es el Grupo Parlamentario
Popular; quien permite con su voto, que da lugar al voto unánime, la
presencia de los medios de comunicación en todas las sesiones es el
Grupo Parlamentario Popular; quien permite con su voto que
comparezcan todos los representantes de las empresas privadas que
supuestamente iban a poner de relieve muchísimos escándalos de una
gran envergadura es el Grupo Parlamentario Popular; quien, en
definitiva, ha impulsado permanentemente los trabajos de esta
subcomisión con la máxima transparencia es, junto con los demás
grupos, evidentemente, es el Grupo Parlamentario Popular, que ya
desde el primer momento afirmó que no tenía nada que ocultar en
cuanto a que se investigaran exhaustivamente los expedientes de
ayudas y de subvenciones del Ministerio de Industria.

Señorías, hay cosas que mejorar; hay un capítulo de propuestas donde
nuestro grupo insiste en cuáles deben ser esas resoluciones que
tiendan a la mejora del conjunto del sistema de ayudas públicas, no
sólo del Ministerio de Industria, sino ayudas públicas en general.

Pero también hay cosas muy positivas que los comisionados han podido
comprobar. No olvidemos que el Partido Socialista no sólo sufre hoy
una grave derrota política, que quizá explique la desesperación con
la que hoy pataleaba al inicio de la sesión, tratando de evitar la
finalización normal y ordinaria de los trabajos, no sólo sufre esa
grave derrota política por no haber podido demostrar sus denuncias y
sus acusaciones, sino que existe una toma de posición muy clara de la
subcomisión respecto de los aspectos positivos. Es decir, no sólo
estamos hablando de que no ha habido las irregularidades
e ilegalidades que se manifestaban, sino que hay mejoras muy positivas
realizadas por este ministerio en relación con ministerios
pertenecientes a gobiernos anteriores. (El señor vicepresidente,
Gómez Darmendrail, ocupa la Presidencia.)
A nuestro grupo le interesa resaltar fundamentalmente cuatro
aspectos. En primer lugar, las ayudas del Ministerio de Industria se
otorgaron dentro del marco legal vigente. (insisto, son conclusiones
objetivas, como decían otros comisionados), que no hay que olvidar
que era una de las acusaciones permanentes y reiteradas de la
oposición respecto a las múltiples ilegalidades que se decían
cometidas por el ministro de Industria, nada más y nada menos, a
título personal. El hecho de que en el informe se determine con
claridad que todas las ayudas se han producido dentro del marco legal
vigente y que no se constata ninguna arbitrariedad es de una enorme
relevancia política para nuestro grupo parlamentario por lo que
significa de aval a la gestión política desarrollada por el
Ministerio de Industria y por el ministro en particular.

Es verdad que, dentro de cualquier actuación administrativa, hay un
margen de discrecionalidad, pero la diferencia entre
discrecionalidad, lógica en toda actuación administrativa, y la
arbitrariedad es que la discrecionalidad permite fijar objetivos
políticos legítimos, es decir, permite decidir, por ejemplo, si se
quiere orientar la política de subvenciones a la creación de empleo,
a la creación de inversión inducida, o se quiere orientar la política
de ayudas a tapar parches de empresas en crisis, que al final tienen
que ir a reconversiones industriales dramáticas. Es una opción
legítima, una discrecionalidad del político o del gestor, que tiene
que determinar cuál es su prioridad política. Por tanto, es una
actuación discrecional fijar sus propios criterios y objetivos. Pero
la arbitrariedad supondría que, fijados esos criterios objetivos, se
resolviera de forma diferente en unos casos y en otros. Eso es lo que
descarta esta Comisión, que haya existido arbitrariedad, que haya
existido trato de favor porque, aunque se ha alegado en muchas
ocasiones sectarismo y trato de favor, ha quedado demostrado hasta la
saciedad que es una acusación que no se sostiene.

Respecto al informe alternativo de la oposición, resulta llamativo en
ese voto particular que se ha devaluado mucho el alcance de sus
acusaciones. Queremos recordar que la Comisión se pone en marcha
acusando al propio ministro de Industria de haber intervenido
directamente, personalmente, de haber cambiado decisiones ya tomadas
en expedientes, dando lugar a admisiones de subvenciones que habían
sido rechazadas por los funcionarios, interviniendo en expedientes
como Telecable, se decía que se daban ayudas mineras a una empresa de
televisión; se citaban expedientes como el de Arenas de Bobia, como
el de Castileón, como el de Torcidos Ibéricos, el propio Ercros, se
citaban muchos expedientes respecto de los que se imputaba una
intervención directa del ministro para subvertir de alguna forma una
opinión que ya se había emitido por los funcionarios.




Resulta bastante significativo comprobar que, aunque el informe que
consta en el voto alternativo carece del rigor más elemental -y luego
explicaremos, siquiera a título de muestra, por qué decimos esto-, la
única imputación personal que se hace al ministro en cuanto a la
influencia en todos los expedientes, es la de Ercros; luego
comentaremos también alguna cosa respecto a la cuestión de Ercros.

Es decir, cuando se ha sabido que el ministro no intervenía en la
concesión de subvenciones, que había unos comités de evaluación, que
había unas consultoras independientes



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que informaban, que existían unos trámites informados por
funcionarios, cuando han podido comprobar en los expedientes que el
ministro no intervenía en absoluto en estos expedientes de ayudas,
han tenido que reconducir su discurso de forma sorprendente para
imputar las irregularidades bien a la directora general de Minas, que
fue miembro importante del gabinete del señor González, o al señor
Zabalza, que fue también alto cargo de gobiernos del señor González,
a quien también quieren imputar ahora irregularidades. Aquel que se
atiene a la realidad de los hechos y que explica cómo se han
producido todos los trámites se convierte en enemigo público número
uno del Partido Socialista y es puesto en el disparadero, en esa
misma estrategia de difamación y de poner en cuestión tanto sus
manifestaciones como sus actuaciones. Lamento que la señora directora
general de Minas y el señor Zabalza tengan que ser en este momento
quienes soporten la carga que hasta hace pocas semanas correspondía
en exclusiva al ministro, pero ésa es la estrategia del Partido
Socialista, y lamentablemente parece que no va a cambiarla.

En cuanto a las arbitrariedades, fíjense que hemos analizado muchos
expedientes, hemos analizado el conjunyo de las ayudas públicas. En
el apartado primero del informe se hace una valoración de la
importancia de la política de subvenciones del Miner y se citan las
cantidades de ayudas públicas que se han ido destinando a diferentes
programas. Concretamente, en el año 1998, se destinaron a programas
del Ministerio subvenciones por valor de 230.000 millones de pesetas;
en el CDTI y en el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético
se dieron también créditos de 29.000 y 10.000 millones de pesetas;
sólo en 1998 se tramitaron 8.000 solicitudes de ayuda y fueron 1.800
proyectos de inversión, en torno a un 25 por ciento. En cuanto al
detalle de los programas, no sólo se especificó el programa de
desarrollo alternativo de comarcas mineras, sino el programa Atyca,
con 19.000 millones, que generó una inversión en I+D en 1998 de cerca
de 200.000 millones; también estaba el programa de ayudas a la
reindustrialización, con 17.000 millones en 1997 entre subvenciones y
créditos y 20.000 millones en 1998, que ha permitido generar 51.000
millones de inversión y más de 2.100 nuevos puestos de trabajo. Todo
esto consta como conclusiones objetivas en el informe y avala la
importancia que tiene para el Ministerio de Industria la política de
ayudas públicas y la importante cuantía a la que se eleva.

Pero también se recoge en este informe como conclusión objetiva,
señorías, y para nosotros es fundamental que así sea, que esta
política ha sido buena para el empleo y para la inversión. Se
especifica que se ha podido comprobar, por el análsis de todas estas
actuaciones, que estas subvenciones se encaminaban a la creación de
empleo y se acaba creando ese empleo. Esa es la discrecionalidad que
un ministerio se puede permitir a la hora de fijar sus criterios
y sus objetivos.

Curiosamente, estos mismos argumentos, este mismo aval del criterio
de creación de empleo y de creación de inversión inducida es el que
nos permite descartar cualquier arbitrariedad. Fíjense, señorías, que
en algunas ocasiones se argumentaba por los comisionados, sobre todo
del Grupo Socialista, que había discrecionalidad arbitraria cuando se
daban las ayudas a Telecable y se negaban a Gas
Natural; se sigue insisitiendo en el mismo argumento en el voto
particular porque no se quiere reconocer lo que ya se ha explicado y
consta en el análisis de los expedientes, que con esos criterios de
empleo e inversión Gas Natural no podía acceder a las ayudas en la
medida en que no creaban empleo suficiente. No se pueden comparar
cinco empleos, que creo que eran los de Gas Natural, con los más de
100 que creaba el proyecto de Telecable como tal infraestructura
industrial.

Tampoco puede mantenerse con seriedad que se establezca como prueba
del nueve de que ha habido arbitrariedad que se dé una ayuda a
Seresco y se niegue a otra llamada Geninfor cuando, como consta
analizado y probado en el análisis de los expedientes, la empresa
Seresco creaba más de 25 empleos y Geninfor poco más de cinco, además
de que la empresa Geninfor se ocupaba de manera muy residual del
desarrollo de software, mientras que, en el caso de Seresco, casi el
90 por ciento del proyecto respondía a la producción industrial de
software.

Ese tipo de comparaciones de los proyectos que se ponían sobre la
mesa como prueba de la discrecionalidad arbitraria y el análisis de
los mismos con rigor, con tiempo suficiente y con garantía para todos
los comisionados de acceder a la misma documentación e información es
lo que ha ido permitiendo descartar cualquier tipo de arbitrariedad.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Garmendrail): Señor Peón, le ruego
vaya concluyendo.




El señor PEÓN TORRE: Voy terminando, señor presidente, pero creo que
algún grupo ha intervenido durante más tiempo que nosotros. Procuraré
acomodarme al tiempo asignado.

Señorías, este tipo de actuaciones nos permite llegar a la conclusión
de que no ha habido arbitrariedad alguna, insisto, analizando con
rigor expedientes y comparecencias y analizando, con la oportunidad
para todos los comisionados de tener acceso a la misma información,
cada uno de los expedientes que se han traído a esta subcomisión.

No podemos decir lo mismo de la estrategia puesta en marcha en
debates de la subcomisión ayer y hoy mismo a primera hora, cuando se
habla de casos sobre los que no existían informes de evaluación o
expedientes que afectan al vicepresidente del Gobierno cuando se
traen a última hora, como he dicho hace un momento, sin oportunidad
de analizar con un mínimo de serenidad en qué consisten esas nuevas
acusaciones que, al final, como las anteriores, se acaban diluyendo
como un azucarillo en el agua.

Señorías, para nuestro grupo es también de enorme relevancia
constatar que no ha existido sectarismo político en la distribución
territorial de las ayudas, esa mención en el informe, ese apartado 16
donde se habla de que las ayudas han correspondido con el mapa
político, porque para nosotros, para los comisionados, fue
sorprendente tener acceso al cuadro que el Ministerio de Industria
facilitó a todos los miembros de la subcomisión sobre cuál había sido
la distribución de las ayudas del Ministerio de Industria en
diferentes fechas.

Fíjense, señorías, esta distribución de las ayudas por color político
de los ayuntamientos, entre febrero y junio de 1996, en la etapa del
Gobierno anterior, se produjo de la



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siguiente manera: un 79,7 por ciento de las ayudas, ayuntamientos del
Partido Socialista; un 8,3 por ciento, ayuntamientos del Partido
Popular; un 5,5 por ciento, ayuntamientos de Convergència i Unió, y
un 2,9 por ciento, ayuntamientos de Izquierda Unida.

Cuando el ministro de Industria en la primera comparecencia en la que
surgían ya estas cuestiones, que fue nada más y nada menos que en
enero de este año, le hacía ver esta desproporción tan evidente a
favor del Partido Socialista en la distribución de ayudas en este
período, el representante socialista le decía entonces que por
supuesto debía ser así, puesto que había una inmensa mayoría de
ayuntamientos de las comarcas mineras que estaban gestionados por el
Partido Socialista.

Nada más lejos de la realidad y nada más cerca de la verdad.

Absolutamente, falso. El número de ayuntamientos gestionados por el
Partido Popular en comarcas mineras es el 36,7 por ciento; el PSOE,
33,8; Convergència i Unió, 10,9, e Izquierda Unida, 2,8. Es decir,
hay más ayuntamientos del Partido Popular en comarcas mineras que
ayuntamientos del Partido Socialista, y con esta realidad política el
Gobierno socialista -insisto- distribuyó las ayudas públicas a las
comarcas mineras en esta proporción tan llamativa del 80 por ciento
para el Partido Socialista y poco más del 8 por ciento para el
Partido Popular. ¿Qué hizo este Gobierno?, ¿siguió con esa política
claramente sectaria y arbitraria de gobiernos anteriores? No,
señorías. Lo que hizo este Gobierno es que en 1996-1997 la
distribución a ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista era
todavía del 48,6 por ciento, ya con un Gobierno del Partido Popular,
frente al 26,6 por ciento que se asignaba al Partido Popular. En 1998
era el 25,9 frente al 20,2 del Partido Popular. Es decir, lo que
objetivamente es una reconducción y una designación normal en función
de la representación de cada ayuntamiento y los proyectos que
presenta cada ayuntamiento, lógica en función de las solicitudes que
se van presentando, para los representantes del Partido Socialista es
discriminación, porque ya no reciben tantas ayudas como antes,
evidentemente, porque antes había un clarísimo trato de favor que
ahora ya no se produce. Estas son conclusiones objetivas.

Termino con una breve mención a lo que han sido mejoras importantes,
porque es cierto que existen lagunas; es cierto, lo dijo el Tribunal
de Cuentas a través de su presidente y los servicios jurídicos del
Ministerio de Justicia, que existe un marco disperso. Lo decíamos
también en nuestro informe, que dio base a las enmiendas de otros
grupos; existe un marco disperso y es necesario producir una
refundición de ese marco y también seguir avanzando en mejoras de ese
marco. Estamos por tanto asumiendo el propio informe de la
subcomisión, que habla de una ley que recoja esa dispersión. Ese
informe también recoge otras mejoras que ya se han hecho, no hay que
esperar a hacerlas; por ejemplo, las subvenciones que concede el
departamento figuran todas ellas en los Presupuestos Generales del
Estado, de forma que la tramitación de todas las subvenciones queda
sujeta a la fiscalización previa por parte de la Intervención
Delegada del Ministerio de Industria y Energía, cosa que no ocurría
antes.

Asimismo se ha dicho ya que existen controles que se manifiestan en
las correspondientes inspecciones y actas
de comprobación. En algunos programas se ha previsto la suscripción
de convenios con agencias de desarrollo de las comunidades autónomas
que asumen responsabilidades en el seguimiento de la aplicación de
las subvenciones, luego también esos acuerdos con las comunidades
autónomas suponen un grado más de fiscalización y de control.

Existen también órdenes ministeriales reguladoras de bases que son
informadas por la Abogacía del Estado en cada departamento, cosa que
no ocurría antes. Existe también un órgano colegiado de evaluación de
las solicitudes en cuya composición se incluye no sólo personal de la
unidad gestora, sino también de otros servicios, e incluso
adicionalmente en algunos programas como, por ejemplo, la iniciativa
Atyca, se han creado comités de asesoramiento de los comités de
evaluación. En otros programas, en los que no se ha previsto
suscripción de convenios con las comunidades autónomas, éstas
participan en la elaboración de los proyectos. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) Es decir, ha habido una serie de mejoras,
señorías, evidentes que obedecen a la voluntad política de este
Gobierno de no escudarse en las lagunas, en el margen que le permite
el actual marco jurídico, sino que entiende que es bueno seguir
avanzando en mejorar la seguridad jurídica y los controles. Por eso
lleva a cabo reformas que ya ha puesto en marcha desde que este
Gobierno accedió al poder, por tanto, hasta que el Partido Popular
tuvo ocasión de apoyar la gestión gubernamental.

Se hace también una mención a la concurrencia competitiva, que ha
sido muy discutida también en diversos debates de esta subcomisión, y
se establece cómo no es necesaria la concurrencia competitiva en
aquellos proyectos que se quieran poner en marcha con carácter
prioritario, como son los planes de reindustrialización, siempre y
cuando se vayan respetando reuniones periódicas de esos comités de
decisión que permitan una reserva de fondos para la última de las
reuniones.

Finalmente, también se reconoce que la estructura de la Dirección
General no era la adecuada para dar contestación y para gestionar
eficazmente a los miles de proyectos que se presentaron como
consecuencia del Plan del carbón.

Señorías, tenemos que hacer una muy breve mención...




El señor PRESIDENTE: Hágala muy brevemente, pues, señor Peón, por
favor.




El señor PEÓN TORRE: Decía que tenemos que hacer una muy breve
mención, señor presidente, al voto particular del Grupo Socialista,
porque se vuelve a insistir en decir lo mismo, siempre las mismas
cosas y, a continuación, se dice: no se ha explicado.

En el Ayuntamiento de La Carolina, a lo que hacía referencia el
representante del...




El señor PRESIDENTE: Señor Peón, la discusión por parte del Grupo
Popular sobre el Ayuntamiento de La Carolina la conocemos muchísimo.

Vamos a ir a las votaciones, que pueden ser largas.




El señor PEÓN TORRE: Voy a abreviar el trámite.

Simplemente quiero decir que figura como anexo el documento en el que
exhaustivamente consta la explicación



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dada por los diferentes altos cargos, los propios comparecientes
privados y lo que obra en la documentación, la explicación exhaustiva
en cada uno de esos casos, que despeja cualquier duda de ilegalidad o
de arbitrariedad, y consta también en el voto particular de
Convergència i Unió sobre ese anexo, que nuestro grupo adelanta que
acepta sin ningún tipo de problema, porque no es necesario incluir
adjetivos y calificativos que no son útiles para lo que es una
conclusión objetiva respecto a los expedientes.

Sólo le diré una cosa, en el tema Ercros, si se sigue insistiendo en
que hay una cancelación de un crédito y se pone como ejemplo de que
es una ayuda la calificación que realiza la Dirección General VI
respecto a lo que debe considerarse ayuda, siempre y cuando no se
consiga ese rescate con arreglo a las condiciones de mercado, habrá
que recordar que ha sido la propia Comisión Europea la que ha dicho
que no ve ningún problema en la operación que acordó la Comisión
Delegada de este Gobierno rescatando ese crédito, porque no puede
haber ningún problema en que un crédito que vale en el mercado 75
millones, según consultoras independientes, se paguen por él 1.100
millones, y no puede haber ningún problema en que cuando todos los
acreedores de la quiebra de Ercros han tenido que condonar el 98 por
ciento de sus deudas, la Hacienda pública cobre todas sus deudas. No
puede haber ningún problema en eso, señorías, por mucho que se siga
insistiendo en tergiversar la realidad cuando se dice que no hubo
inhibición cuando sí la hubo y cuando se dice que no hubo escrito
cuando sí lo hubo.

Señorías, termino lamentando la escasez de tiempo para entrar en más
detalles de algunas cosas que se han dicho. Se ha debatido
profusamente sobre estas cuestiones, sobre Hullera Vasco-Leonesa,
sobre Erkimia, sobre Torcidos Ibéricos, sobre Castileón. Cada vez que
existía una comparecencia, más que un interrogatorio existía un
trámite de conclusiones de cada uno de los grupos. Todos los medios
de comunicación han sido testigos cualificados de esos debates
permanentes y, por tanto, tiene razón el señor presidente de que
volver a entrar en ellos puede ser volver a reiterar argumentos de
unos y de otros.

Simplemente, señor presidente, nuestro grupo quiere concluir diciendo
que hoy el Grupo Socialista sufre una grave derrota política, sobre
todo, porque sufre su credibilidad política.




El señor PRESIDENTE: Señor Peón, no me valore los resultados de la
votación, por favor.

Termine ya, lleva usted casi 30 minutos.




El señor PEÓN TORRE: Termino diciendo, señor presidente, que sufre
una derrota política porque sufre su credibilidad política, porque no
ha sido capaz de demostrar ninguna de sus acusaciones, no ha sido
capaz de aceptar legítima y democráticamente el resultado de los
trabajos de esta subcomisión, ha pretendido volver al principio,
denegar la autoridad de la misma, porque no era capaz de conseguir
que los resultados de ésta se correspondieran con su estrategia, que
es seguir en el desgaste, seguir en la sombra y seguir en la
sospecha, y eso es lo que ya no queda: ni sombra de sospecha de
irregularidad en el Ministerio de Industria. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Peón.

Terminadas las intervenciones, vamos a proceder a las votaciones.

Señor Cuesta, ¿Por qué motivo me pide la palabra?



El señor CUESTAMARTÍNEZ: Voy a hacer un recordatorio. El señor Pérez
Villar fue condenado porque el tribunal analizó en su día un voto
particular.




El señor PRESIDENTE: Muy bien. Con el recordatorio que nos ofrece el
señor Cuesta sobre el señor Pérez Villar, damos la palabra al señor
Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Señor presidente, intervengo con muchísima
brevedad.

Con relación a la conclusión 16, como se había objetado por parte de
algún nuevo interviniente, el texto de la redacción de la última
frase respecto a la interpretación que haya de darse al concepto de
mapa político, propondríamos una transacción, eliminando las palabras
mapa político, que sería la siguiente: Asimismo, del análisis
territorializado de la actividad subvencional del Miner, se desprende
que no se han evidenciado criterios de discriminación por la
orientación política de los municipios beneficiados. Eliminamos: Ha
sido acorde con el mapa político, que era la forma en que venía
redactado en la conclusión.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor presidente, yo celebro que por parte
del Grupo Popular, imagino que en nombre de los otros grupos, se haya
atendido mi referencia a que la redacción de ese apartado era
impropia porque de ella se desprendía que la actividad se había hecho
conforme a un mapa político. Ya tuve ocasión ayer de decirlo, señor
presidente, pero no se me hizo caso. Hoy he vuelto a insistir. No
tengo ningún problema en que se quite eso, pero no aceptaría esa
redacción que se propone. Creo que procedimentalmente no cabe, porque
se vota un informe y unos votos particulares y ayer, señor
presidente, tuvimos ocasión de debatir todo.




El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, en el epígrafe 3 del punto 5
dice: Durante este debate en el que cada una de las intervenciones
tendrá una duración máxima de 15 minutos, los grupos podrán presentar
propuestas de transacción entre el texto elevado por la subcomisión.




El señor PERALTA ORTEGA: Yo he hecho la referencia a ese apartado.

¿Que se quiere quitar ese apartado? Me parece perfecto, no tengo
ningún problema. Pero, cambiar el texto y pretender además darme un
capón, no. Compréndanlo, señorías.




El señor PRESIDENTE: Señor Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Señor presidente, tenemos los oídos
abiertos a los comentarios de los distintos grupos, no sólo del señor
Peralta, sino del Grupo de Convergència i Unió y del Grupo Canario en
sus intervenciones. El texto reglamentario permite ofrecer
transacción



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sobre el informe que viene de la ponencia y exactamente es lo que ha
hecho nuestro grupo, ofrecer una transacción sobre el texto que viene
de la ponencia. Por tanto, creemos que tiene un perfecto encaje
reglamentario.




El señor PRESIDENTE: Señor Jordano, en todo caso, tenemos que ver si
es una transacción dentro de la amplitud del voto particular de CiU o
no. Se puede incluir una transacción dentro del voto particular de
CiU. Las transacciones deben hacerse, como muy bien dice el señor
Peralta, directamente entre grupos con los votos particulares.

Empezamos las votaciones.

En primer lugar, vamos a votar el voto particular presentado
conjuntamente por el Grupo Socialista, Izquierda Unida y el Grupo
Mixto. El informe es un voto particular prácticamente de texto
alternativo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: El voto particular presentado por los tres
grupos ha sido rechazado.

Voto particular del Grupo de Convergència i Unió, relativo al anexo
14, introduciendo la transacción al punto 16. ¿Hace falta votarlos
uno a uno o conjuntamente todos los votos particulares?



El señor CUESTA MARTÍNEZ: ¿Estamos hablando ya del informe?



El señor PRESIDENTE: Todavía estamos en los votos particulares.

¿Votamos conjuntamente? (Asentimiento.)



El señor PEÓN TORRE: Con la transacción que ofrecemos para que se
incorpore el voto particular definitivamente.




El señor PRESIDENTE: Votamos el voto particular sin la transaccional
en este momento.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado este voto particular.

Vamos a votar ahora la transacción que se ha propuesto al texto que
tenemos. No hace falta leerlo de nuevo. Se introducía en el punto 16.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aceptada la transacción.




Ahora corresponde la votación conjunta del informe.

Señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: En nuestro voto particular, dentro de las
propuestas tenemos una general que dice: Procede, asimismo, la
revisión del marco normativo
de las subvenciones y ayudas públicas en aras a garantizar el
principio de seguridad jurídica creando, a través del mecanismo de
cooperación interadministrativa, un registro. Muy bien. En línea con
esa filosofía del punto 7, pedimos votación separada de una serie de
puntos de la última parte del informe, que es el referido a
consideraciones y recomendaciones finales. En este punto, pedimos lo
siguiente: Al punto 4, de consideraciones y recomendaciones finales,
una transacción en el sentido siguiente: En el segundo renglón,
cambiar «seguir mejorando» por «mejorar». En el resto del texto
estaríamos de acuerdo. El punto 4 dice: Se considera necesario
realizar una labor de recopilación y de integración de la abundante
pero dispersa normativa ya existente en aras... Nosotros queremos que
se diga a mejorar. Creo que ése es un término más objetivo.

Si aceptan la transacción los autores del informe, votaríamos
a favor.




El señor JANÉ I GUASCH: Mi grupo parlamentario acepta esta
transacción.




El señor PEÓN TORRE: Mi grupo también acepta la transacción porque,
aunque no mejora la objetividad del texto, es gramaticalmente neutro.

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Cuando votemos ya votaremos con la
transacción incluida.

Señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Al punto 5 ya anuncio que votaremos a
favor.




El señor PRESIDENTE: El punto 5 se votará separadamente.




El señor CUESTAMARTÍNEZ: El número 6 también separado, porque vamos a
votar a favor. El punto 7, lo mismo. En el punto 8, queremos votación
separada de los dos párrafos, puesto que votaremos a favor del primer
párrafo y en contra del segundo. En el punto 9 proponemos una
transacción. Suprimir el paréntesis en el que literalmente se afirma:
de manera que las ayudas sean mayores cuanto más deprisa se ejecute
el proyecto. Estaríamos de acuerdo con la necesidad de profundizar en
el debate relativo a la conveniencia de condicionar el volumen de las
ayudas a una serie de circunstancias, pero suprimiríamos el
paréntesis de que la ayuda sea mayor cuanto más deprisa se ejecute el
proyecto. Si se suprime eso, votaríamos a favor del punto 9.




El señor JANÉ I GUASCH: Mi grupo parlamentario acepta esta
transacción.




El señor PEÓN TORRE: Lo aceptamos igualmente porque lo que dice el
apartado 9 es que debe profundizarse en el debate. No predetermina el
resultado del debate. No nos parece que el texto padezca por suprimir
esa expresión.

En cuanto a lo que he dicho antes de que era gramaticalmente neutro,
lo es, porque en otros apartados del informe se evidencian las
mejoras que han existido. Digo esto por algún comentario que he
escuchado.




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El señor CUESTA MARTÍNEZ: ¿Entiendo, señor presidente, que ha quedado
asumida la transacción propuesta?



El señor PRESIDENTE: Sí, queda asumida.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Queda suprimido que las ayudas sean mayores
cuanto más deprisa se ejecute el proyecto.

Al punto 10 vamos a votar afirmativamente, por lo que pedimos
votación separada. Al punto 11 también vamos a votar afirmativamente
y también pedimos votación separada. Lo mismo ocurre con el punto 12.

Al punto 13 presentamos una transacción, de forma que diga: Deben
adoptarse medidas para introducir las modificaciones necesarias... Es
decir, suprimir la expresión «continuar introduciendo» y que figure
«introducir». Y también suprimir el paréntesis «por parte del
Gobierno», porque creemos que el marco normativo no es exclusiva
competencia del Gobierno.




El señor PRESIDENTE: ¿Un paréntesis?



El señor CUESTA MARTÍNEZ: Perdón, no hay paréntesis. Suprimir la
expresión «por parte del Gobierno». ¿Se acepta?



El señor JANÉ I GUASCH: Mi grupo lo acepta. De todas formas quería
hacer una precisión, que esos términos venían en la moción de
Izquierda Unida de 9 de marzo de 1999. La alusión a «por parte del
Gobierno» y la alusión a «continuar introduciendo». Mi grupo no pone
ninguna objeción a aceptar esta enmienda, pero sí quiere que conste
que el sentido de esta redacción, que no iba en el informe inicial
del PP, sino que fue fruto de una aportación de mi grupo, fue para
acoger la literalidad de la moción de Izquierda Unida, pero, como
digo, estamos de acuerdo en aceptar la transacción.




El señor PEÓN TORRE: Aunque hay poco interés en aceptar la posición
del Grupo Popular, quiero decir que también aceptamos las
modificaciones por la misma razón, que está especificado en otros
apartados del informe que ha habido una serie de mejoras con este
Gobierno y decir ahora «continuar introduciendo» en vez de
«introducir» sería redundante. El texto no padece aceptando esto.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Finalmente, también pedimos votación
separada del punto 14, ya que votaremos que sí, siempre y cuando se
acepte cambiar la expresión «deben continuar fijándose desde el
Gobierno» por la expresión «deben fijarse». Es decir, quedaría: deben
fijarse criterios y objetivos claros que eviten las incertidumbres de
los distintos interesados o posibles beneficiarios...




El señor JANÉ I GUASCH: Mi grupo parlamentario también acepta esta
transacción.




El señor PRESIDENTE: Demos un repaso. El punto 4, ¿se vota
separadamente?



El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, porque se ha aceptado la transacción.

Asimismo, votación separada de los puntos 5, 6 y 7. El punto 8
pedimos que se vote en dos partes, el primer párrafo separado del
segundo.

Realmente, señor presidente, podríamos hacer tres bloques de
votación: uno, referido al punto 8 en sus dos párrafos; otro,
referido a los puntos 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ya
producidas las transacciones, y un tercer bloque de votaciones.

Antes de finalizar mi intervención, rogaría que, una vez producidas
las votaciones y dada la importancia del tema, el presidente
sometiera a votación el criterio de la Comisión para elevar este
informe al Pleno de la Cámara.




El señor PRESIDENTE: Lo ha pedido al inicio el señor Fernández.

Señor Santiso.




El señor SANTISO DELVALLE: Para facilitar el proceso de votación,
nuestro grupo también pide algunas votaciones separadas. Queremos
votación separada del punto 2, que vamos a votar afirmativamente y,
por tanto, no entraría en el bloque que anteriormente ha expresado el
Partido Socialista. Sí coincidimos en la votación de los puntos 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esos podrían ir agrupados.

Ahora querría hacer una puntualización sobre el punto 8. La mayoría
de estos puntos son propuestas e incluso un buen número de ellos son,
como ya se ha citado, propuestas que Izquierda Unida ha elevado al
Pleno y que han sido aprobadas en aras de buscar eficacia y
transparencia en las subvenciones. En el punto 8 hacemos una
propuesta de transacción que creemos que podría resolver la cuestión
planteada anteriormente. El punto 8, apartado 2, dice: En este
sentido, comunidades autónomas y ayuntamientos pueden desempeñar un
papel fundamental, colaborando tanto en la difusión de los programas
como en su propia gestión. Si se eliminara lo demás, que introduce
aspectos valorativos de si se hace bien o no el plan del carbón,
etcétera, votaríamos afirmativamente. Si introducimos el plan del
carbón, ya entramos en valoraciones y quiero recordar, por ejemplo,
que el Partido Popular en Asturias pidió comisión de investigación
sobre la aplicación en Asturias de ese plan. Es entrar en aspectos
valorativos y no quisiéramos que interfirieran en la propuesta. Si se
limitan a hablar de la necesidad de colaboración entre comunidades
autónomas y ayuntamientos, lo votaríamos a favor y, además, creo que
es también la objeción que hace el Partido Socialista.




El señor PRESIDENTE: Señor Jané, señor Peón, ¿qué dicen sobre esta
propuesta del apartado 2 del punto 8?



El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Coalición Canaria pinta algo, señor
presidente.




El señor PRESIDENTE: Señor Gómez.




El señor JANÉ Y GUASCH: ¿El apartado 2?



El señor PRESIDENTE: Señor Jané, escúcheme. En el apartado 2,
terminar en «como en su propia gestión».




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El señor JANÉ I GUASCH: Por mi parte, acepto. El Grupo Catalán acepta
esta transacción del señor Santiso, porque cuantos más votos
favorables tengamos en todos los aspectos, mejor. Estoy de acuerdo en
que cuanto más objetivo sea el informe final, mejor. La acepto, señor
Santiso.




El señor PRESIDENTE: Señor Gómez, no le he preguntado las otras
veces.




El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias por acordarse de nuestro
grupo.

Conforme. Lo acepto.




El señor PRESIDENTE: Señor Peón.




El señor PEÓN TORRE: En la que acaba de ofrecer Izquierda Unida, la
número 8, nuestro grupo está conforme en que se suprima la referencia
a los convenios que ya se citan en otros apartados del informe. Y nos
faltaba fijar la posición de la enmienda transaccional del Partido
Socialista, la número 14, cambiar «continuar fijándose» por
«fijarse». La aceptamos, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Aceptan ese cambio de verbos.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Producida esa transacción en el punto 8, no
hace falta votación separada de los dos párrafos, porque habría un
único párrafo. Votaríamos a favor.




El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, ¿el apartado 2 puede ir con
todos, también?



El señor SANTISO DELVALLE: No, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a votar, de las
consideraciones y recomendaciones finales, punto 4, capítulo IV,
vamos a votar el apartado 2, para el que pide votación separada el
señor Santiso.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24;
abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado este apartado 2.

Vamos a votar ahora los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14,
introducidas las enmiendas transaccionales in voce que se han ido
produciendo.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.




Pasamos a votar el resto del conjunto del informe.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del informe.

Ha sido solicitada por el Grupo Socialista en la intervención de
defensa del informe del señor Fernández, y, ahora, por el señor
Cuesta, la presentación a Pleno del informe. Esto proviene de que la
resolución que da mandatos a las subcomisiones, en su apartado 6,
punto 2, dice: Excepcionalmente, la Mesa de la Cámara podrá acordar,
a propuesta de la Comisión, previa audiencia de la Junta de
Portavoces, que el informe de una subcomisión sea objeto de debate en
el Pleno de la Cámara.

Por lo tanto, vamos a votar si se acuerda que haya propuesta de la
Comisión para que se eleve a Pleno.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: No se aprueba elevar la propuesta de la Comisión
al Pleno.

Con todo ello, después de muchos trabajos en esta subcomisión y hoy
en Comisión, a la Presidencia no le queda más que dar las gracias a
todos ustedes.

Se levanta la sesión.