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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 687, de 11/05/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1999 VI Legislatura Núm. 687
PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA SERRA
Sesión núm. 31 celebrada el martes, 11 de mayo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Aprobación, en su caso, de la celebración de las solicitudes de
comparecencias de los señores ministros, presentadas por el Grupo
Socialista del Congreso. (Número de expediente 213/001030) ...
(Página 19832)
Ratificación de la Ponencia y emisión de dictamen sobre las siguientes
iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley por la que se concede un crédito extraordinario, por
importe de 9.393.184.083 pesetas, para el pago de indemnizaciones
derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous, según sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997. (Número de expediente
121/000123) ... (Página 19834)
- Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 8.717.046.569 pesetas, y de un suplemento de crédito, por
importe de 26.144.743.000 pesetas, para atender insuficiencias de
crédito de los ejercicios 1997 y1998, respectivamente, por la
subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de
cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las
sociedades concesionarias de autopistas de peaje. (Número de expediente
121/000155) ... (Página 19843)
- Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 16.870.101.469 pesetas, para hacer efectivo el pago a las
empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de la compensación
económica establecida en la disposición transitoria sexta de la ley
66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social para 1998. (Número de expediente 121/000157)
... (Página 19845)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a empezar los trabajos de la
Comisión siguiendo el orden del día establecido, aunque quiero
manifestar a SS.SS. que, por acuerdo con los portavoces, las
votaciones correspondientes a los puntos del orden del día que vayan
tratándose no se realizarán antes de la una; en todo caso, a partir
de la una o más tarde, si el debate se alargase.
En la medida de lo posible (no sé si es una costumbre en esta casa,
pero debiera serlo), ruego a SS.SS. que desconecten sus teléfonos
móviles, a fin de que los trabajos de la Comisión discurran con mayor
tranquilidad.
- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA CELEBRACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE
COMPARECENCIAS DE LOS SEÑORES MINISTROS, PRESENTADAS POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Números de expediente, 213/1017 a 213/
1030)
El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día es la
aprobación, en su caso, de la celebración de las solicitudes de
comparecencias de los señores ministros, presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Doy la palabra al señor Pérez, portavoz del Grupo Socialista, para
que defienda esa propuesta.
El señor PÉREZ SEGURA: Señor presidente, señorías, nuestro grupo
solicitó en su día la celebración de debates específicos sobre la
liquidación de los presupuestos del ejercicio 1998, de cada una de
las secciones ministeriales. Esta no es una solicitud cualquiera, es
una solicitud de comparecencia de aquellos responsables políticos que
en su día vinieron al Pleno del Congreso, nos presentaron los
proyectos de sus departamentos y pidieron al Pleno de la Cámara los
recursos necesarios para hacer efectivas las políticas y los
programas que definían la acción de gobierno en sus departamentos en
el ejercicio 1998. La aprobación de los presupuestos es un hecho de
capital importancia, es el depósito de una serie muy cuantiosa de
recursos públicos para la inversión en las políticas gubernamentales
de cada uno de los departamentos. Es un depósito de confianza, con
carácter de ley, que debe ser examinado en la liquidación de la
utilización adecuada de estos recursos. La
dación de cuentas, el hecho de juzgar si la gestión de esos recursos
se ha efectuado de una manera solvente, también es un elemento de
capital importancia desde el punto de vista político. Ésta es la
justificación por la que nuestro grupo ha pedido estas
comparecencias.
Se trae a discusión a esta Comisión porque, en su día, en la reunión
de Mesa y portavoces no se pudo obtener la unanimidad necesaria. Yo
apelo a la responsabilidad de cada uno de los grupos para que, en
méritos de la dignidad de esta Cámara, se pueda hacer efectiva la
comparecencia de cada uno de los titulares de los departamentos. Se
nos dirá que esta valoración del nivel de ejecución ya se efectúa por
parte del secretario de Estado o que se nos propondrá que comparezca
un determinado subsecretario, pero no es lo mismo. No lo es porque es
el titular del departamento quien debe responder del depósito de
confianza que esta Cámara le proporcionó en su día. En el análisis de
la ejecución de todos y cada uno de los programas que este grupo
parlamentario ha hecho, previa solicitud de datos al Ejecutivo, vemos
disfunciones importantísimas en algunos de los principales
departamentos inversores que hacen sospechar de ese tan alabado nivel
de cumplimiento de la actividad inversora del Gobierno cuando
descendemos a un nivel más desagregado de esa ejecución, porque los
números no son tan rutilantes como se nos ha dado a entender. Este es
el objetivo, no hablar de las grandes cifras macroeconómicas del
presupuesto y de su ejecución, sino descender al terreno de lo
concreto, a la ejecución de cada uno de los programas y al examen de
la liquidación del presupuesto de cada departamento para ver si es
verdad el escenario que Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos
nos ha presentado en anteriores ocasiones.
Apelo a todos los grupos a que, por dignidad de esta Cámara, no se
impida que los titulares de los departamentos vengan aquí a dar
cuentas de los recursos que en su día el pueblo español puso en sus
manos para ser ejecutados con la mayor eficiencia posible.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran posicionarse
en relación con este tema?
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTAORTEGA: Señorías, compartimos plenamente las
afirmaciones realizadas por el representante del Grupo Socialista. No
basta con que los máximos representantes de la Administración, los
correspondientes ministros, comparezcan para pedir un determinado
crédito ante el Pleno de la Cámara, sino que es imprescindible, y
parece
correlato lógico, que comparezcan posteriormente para dar explicación
de cómo han ejecutado ese crédito que han solicitado.
Compartimos plenamente las razones y la petición del Grupo Socialista
y creemos que por transparencia, eficacia y un mejor control de la
ejecución del presupuesto y de los gastos públicos, debe llevarse a
cabo la comparecencia interesada.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
tiene la palabra don Pedro Antonio Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: El objetivo de esta propuesta es el de
intentar conocer una evolución presupuestaria diferente a la que
hasta ahora hemos establecido. Hasta ahora tenemos unas
comparecencias cuatrimestrales del secretario de Estado de
Presupuestos, quien nos informa de la política macroeconómica, del
seguimiento y de la ejecución; pero hay una parte positiva que no
podemos analizar, a pesar de que en la liquidación y en el informe de
seguimiento presupuestario hay información de los 50 programas más
importantes. Nosotros aprobamos en teoría, -digo en teoría, a pesar
de que hemos escrito mucho- una presupuestación por programas y
objetivos. Una vez que discutimos los volúmenes de ingresos y gastos
los distribuimos en función de los programas y objetivos que nos
propone cada Ministerio, sin embargo, cuando hacemos el seguimiento
de los números no hay momento para conocer qué programas y objetivos
se han cumplido y qué actividades se prorrogan a otro año. Ahora se
nos propone hacer una liquidación y un seguimiento presupuestario
distintos del meramente numérico y funcional que aporta el secretario
de Estado, un seguimiento del volumen de recursos que hemos puesto en
manos de cada Ministerio y conocer cómo se han cumplido esos
programas que nos han anunciado; programas para los cuales hacemos
unos volúmenes de distribución, tanto de gasto corriente, como de
inversión, para mejorar y dotarnos de capacidad de acción.
La presupuestación de programas y objetivos y de liquidación del
presupuesto realizada por cada ministro significaría dotar de mayor
transparencia al seguimiento no funcional del presupuesto.
Matemáticas y documentos hay, pero fíjense S.S. en el íter que siguen
los presupuestos: se presentan por el Gobierno a finales de
septiembre, vienen los distintos cargos de la Administración a
decirnos cuáles son su objetivos, vienen los ministros al Pleno y
defienden sus propuestas, partidas y programas, pero no hay manera de
valorar eso hasta el año siguiente que vienen a proponernos el
presupuesto. La gran ventaja de la propuesta que tenemos encima de la
mesa, del Grupo Parlamentario Socialista, es que en un momento de la
discusión vendrían a decir: de estos programas y objetivos no he
podido cumplir esto y para el año que viene voy a incorporar
determinadas propuestas. En suma, sería creernos de verdad eso de la
presupuestación por programas y objetivos, que hoy está muy lejos. A
pesar de que traigamos todos los años libros rojos y marrones, no hay
manera de discutir. Aquí sólo discutimos cifras macroeconómicas,
ingresos y gastos pero en volúmenes totales, no concretamos cómo se
clava en el territorio y en la política social o sectorial. Este
sería un
buen precedente, sería instaurar en esta legislatura un buen
precedente en el seguimiento y control parlamentario que deberíamos
de haber abierto con la puesta en marcha de la oficina
presupuestaria; digo deberíamos haber para no tirar la pelota fuera.
Con esta iniciativa generaríamos un hábito que debería profundizarse
en el futuro. Es una iniciativa positiva y por eso vamos a apoyarla,
aunque estas comparecencias no se sustancien hoy, porque sería
imposible, sino en otro momento del trabajo de la propia Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra el señor Martínez Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Mi grupo parlamentario ha estudiado
la propuesta del Grupo Socialista con gran detenimiento porque
nuestro grupo, en esta legislatura y en la anterior, está tomando
iniciativas parlamentarias para dotar de mayor transparencia a la
ejecución presupuestaria. El presupuesto en la política hecha cifras
es un asunto importante y es bueno que en el Parlamento se debata con
profundidad cómo se van ejecutando cada año las cifras que aprobó en
su momento. Lo hemos estudiado con gran profundidad, repito, y hemos
mirado, una por una, todas las legislaturas para ver si en la
Comisión de Presupuestos había algún precedente de que hubiera venido
algún ministro en alguna ocasión a hablar de ejecución
presupuestaria; no todos en conjunto, sino alguno en alguna ocasión.
Nunca ha venido ningún ministro a hablar de ejecución presupuestaria.
Es verdad que en la V Legislatura vino uno a hablar de temas
puntuales, como los recortes presupuestarios o los mecanismos de la
prorroga presupuestaria, pero no de ejecución. He pensado que, a lo
mejor, en el Parlamento español no existía esa costumbre, que el
Grupo Socialista, durante los 13 ó 14 años de mandato, no había caído
en la cuenta de que era un detalle importante el que ningún ministro
hubiera creído conveniente venir a hablar de la ejecución
presupuestaria, pero que en otros parlamentos sí se hacía. He buceado
en otros parlamentos europeos para ver si tienen esa costumbre y si
se podía incorporar al nuestro. He mirado en el Parlamento del Reino
Unido, y no existe esa costumbre; en el Parlamento alemán, no existe
esa costumbre; en el Parlamento holandés, tampoco, y ya no seguí
mirando porque estamos en campaña electoral y tenemos otros trabajos.
A lo que sí estamos dispuestos es a seguir la tradición abierta en la
legislatura anterior, es decir, a que vengan altos cargos de cada uno
de los ministerios a explicar el presupuesto del departamento y la
figura más adecuada es la del subsecretario, que es quien tiene la
responsabilidad. Eso ya sucedió en la V Legislatura, no en las
anteriores. Nos comprometemos a apoyar las comparecencias de los
subsecretarios de cada uno de los departamentos para hablar de
ejecución, en línea con lo que decía el señor Ríos de conocer no sólo
la costumbre parlamentaria que se inició en la anterior legislatura
como consecuencia de una iniciativa del Partido Popular, de que venga
el secretario de Estado de presupuestos a informar
cuatrimestralmente, sino, además, que vengan los subsecretarios de
cada departamento. Nos parece que es una buena costumbre. Además,
puede ser un cauce para que la oposición cumpla bien su
tarea y haya propuestas interesantes, de las que a veces carecemos.
Decía el señor Pérez Segura que el que los ministros viniesen más al
Parlamento podría dar mayor transparencia. También he examinado si en
esta legislatura ha habido menos comparecencias de ministros y tengo
que decir que en el tiempo que llevamos de legislatura ya se han
producido más que en cualquier otra. Señor presidente, entendemos que
no es una costumbre parlamentaria adecuada, que iniciaríamos un
trámite parlamentario que no está implantado en ningún otro país
europeo y que no añade nada al debate. Sin embargo -y lo reitero
aquí-, aceptaríamos de sumo grado que otros altos cargos del
Ministerio -la figura mejor para realizar ese trabajo sería el
subsecretario- viniesen a esta Comisión a explicar la ejecución del
presupuesto de su departamento. (El señor Pérez Segura pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Pérez Segura pide la palabra, pero
tendrá que ser por un período breve.
El señor PÉREZ SEGURA: Quiero dar respuesta a la propuesta
alternativa que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, que no
podemos aceptar. No podemos aceptar que los ministros se escondan
tras los subsecretarios a la hora de dar cuenta. Cuando solicitan
recursos presentan sus programas y objetivos y son ellos los que
deben dar respuesta.
El señor Martínez-Pujalte ha dicho que los ministros vienen más por
el Parlamento. Ésta no es la cuestión, la cuestión es dar cuenta de
la ejecución de los recursos que se han puesto a su disposición.
Entendemos perfectamente que hay algunos ministros o ministras que no
quieran dar cuenta. Como ejemplo sólo un botón de muestra: en el
programa 443D, protección y mejora del medio ambiente, de gran
importancia, las obligaciones reconocidas en porcentaje a los
créditos aportados al cierre del ejercicio son el 66,88 por ciento.
En un departamento inversor, con un programa de gran importancia -no
es necesario aquí dar detalles de cuáles son los problemas que ha
habido en los recientes meses en cuanto a la mejora y protección del
medio ambiente-, las obligaciones sólo son dos terceras partes de los
créditos puestos a disposición de esta señora ministra. Por tanto, la
respuesta de nuestro grupo es la no aceptación de la alternativa
presentada por el Grupo Popular y el mantenimiento de todas y cada
una de nuestras solicitudes de comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Ha terminado el debate y, por tanto, esperaremos
a su momento para votar ese punto del orden del día.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA Y EMISIÓN DEL DICTAMEN SOBRE LAS
SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO,
POR IMPORTE DE 9.393.184.038 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES
DERIVADAS DEL DERRUMBAMIENTO DE LA PRESA DE
TOUS, SEGÚN SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 15 DE ABRIL DE 1997.
(Número de expediente 121/000123)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto segundo, que es el relativo
a la ratificación de la ponencia designada para informar de las
indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous. Si
SS.SS. están de acuerdo, vamos a tratar conjuntamente la ratificación
de la ponencia con la emisión del dictamen. En su momento, votaremos,
en primer lugar, la ratificación de la ponencia y, luego, el
dictamen.
Vamos a tratar el proyecto de ley por el que se concede el crédito
extraordinario de indemnización derivada del derrumbamiento de la
presa de Tous, al que existen enmiendas presentadas por el Grupo
Mixto, señores Chiquillo y Peralta; por el Grupo Federal de Izquierda
Unida y por el Grupo Socialista. En este orden vamos a dar la palabra
a los grupos a fin de que defiendan sus enmiendas.
Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo en nombre de Unió Valenciana
para hablar de una cuestión ya reiterada desde el año 1982, con
distintos cambios de Gobierno, pero siempre con el mismo denominador,
y es que el caso Tous -no sabemos el verdadero motivo, mejor dicho,
sí que lo podemos llegar a conocer en sus entrañas y en su
profundidad- sigue abierto casi 17 años después, tras dos reales
decretos, de los años 1993 y 1995, injustos, discriminatorios y que
no satisfacían las demandas del colectivo de 33.000 damnificados. Hoy
nos encontramos con un nuevo capítulo pero no, desde luego, con el
epílogo del caso Tous, porque visto tal y como está planteado el
debate de hoy, estaríamos hablando de un nuevo capítulo de una larga
historia.
Unió Valenciana abogó desde 1982 por la solución política del caso
Tous, con decisiones políticas para que se indemnizara correctamente,
intentando resarcir de los daños ocasionados cifrados entonces en
unos 50.000 millones. Esa situación se tenía que haber resuelto el 21
de octubre de 1982, pero diversos avatares políticos, incumplimientos
y, sobre todo, el engaño al que fue sometido el colectivo de
damnificados en un proceso judicial, lento, difícil, complicado,
tortuoso, que llevó a la desesperación a mucho miles de damnificados,
ha significado ahora, casi 17 años después, que sólo 5.000
damnificados de los 33.000, vía judicial, hayan visto satisfecha una
gran parte de sus demandas, vía una sentencia del Tribunal Supremo
del año 1997 y un auto de la Audiencia Provincial de Valencia del año
1998, en los que se les reconocían unas indemnizaciones más ajustadas
a los daños que sufrieron en su día, con unas indemnizaciones por
conceptos que 17 años después deberían -como así ocurrió- ser
reconocidas, aunque deja en una clara, rotunda y, desde luego,
indigna situación de agravio y discriminación a prácticamente el 80
por ciento del colectivo. Si de 33.000 damnificados sólo 5.000
tuvieron la paciencia, la posibilidad y los medios para recurrir, vía
judicial, y hacer efectivas sus demandas y exigir justicia mediante
sentencia, otros 28.000, cerca del 80 por ciento, aún no han visto
satisfechas sus demandas. Se ha discriminado claramente a esos 28.000
damnificados
y, hoy por hoy, podemos decir que el agravio y la discriminación
sigue latente en ese colectivo, casi 17 años después no han recibido
las indemnizaciones que en justicia se les debería haber reconocido.
Esos 28.000 damnificados tuvieron dos malas oportunidades. Es más,
Unió Valenciana siempre consideró que fueron dos verdaderas trampas,
el primero, el Real Decreto de 26 de marzo de 1993, como todos
sabemos, con un marcado cariz electoral. Visto que ese decreto de
1993 era inadmisible, intolerable, una burla para los damnificados,
posteriormente, y también coincidiendo con un período preelectoral,
el 28 de diciembre de 1995, previo a las elecciones generales de
1996, se volvió a aprobar un Real Decreto-ley, el 10/1995, que seguía
incidiendo en los mismos vicios, porque no reconocía a los
damnificados cuestiones básicas e innegociables para que se hiciera
justicia y se dieran unas indemnizaciones adecuadas, justas, que
paliaran los daños sufridos en el año 1982 como consecuencia de la
ruptura de la presa de Tous.
Esos dos decretos (electoralistas, vacíos, huecos, injustos;
calificativos que fueron empleados por todos los partidos del ámbito
parlamentario excepto, claro está, por el Partido Socialista, que
ostentaba las responsabilidades de Gobierno) supusieron un cuadro de
indemnizaciones que aquí, en un breve resumen, con datos oficiales de
la Administración, voy a leer. Al primer real decreto-ley, el del año
1993, con una dotación económica de 19.000 millones, se acogieron
23.000 damnificados. El coste de las indemnizaciones abonadas fue de
algo más de 14.000 millones y hubo un remanente de 4.300 millones.
Ante la insatisfacción generalizada del colectivo de damnificados, en
el año 1995 se dictó un segundo real decreto, con una dotación
económica de 6.500 millones, al que se acogieron 4.588 damnificados y
otros 12.510 que, aunque habían firmado el primer convenio
transaccional, obtuvieron una mejora insignificante, pero mejora al
fin y al cabo; el coste de la indemnización llegó a los 9.100
millones de pesetas. Visto el coste de las indemnizaciones
efectivamente realizadas y la dotación económica de los dos
instrumentos legislativos aprobados, nos encontramos al día de hoy
con que el remanente de esos dos reales decretos-ley no llega a los
2.000 millones de pesetas. Después de estos dos acontecimientos
legislativos, injustos y discriminatorios, se dicta la sentencia
número 492 del Tribunal Supremo, de abril de 1997, y el posterior
auto de ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial de
Valencia, de la Sección Tercera, de febrero de 1998, en el que sólo
se reconoce derecho a una indemnización a 5.269 damnificados que
recurrieron a la vía judicial, por un importe de 11.000 millones de
pesetas.
Nos encontramos con que, en cumplimiento de esa sentencia, se dicta
un proyecto de ley de crédito extraordinario -que ahora está en
trámite- reconociendo 9.300 millones cuando la sentencia obliga a
11.125. La primera razón que se da es que la dotación económica de
ese proyecto es de 9.393 millones, porque con los 1.753 millones de
remanente, que he citado anteriormente, se llega a los 11.125
millones, importe que la sentencia del Tribunal Supremo y el auto
obligan al Estado a abonar a 5.000 damnificados. Pero no nos
olvidemos de los 28.000 damnificados, que es el íter de mi
intervención y por el que Unió Valenciana ha presentado sus dos
enmiendas. La primera exige que el proyecto de ley reconozca
11.125.713.000 pesetas, que es
lo que establece la sentencia, de obligado cumplimiento, no 9.000
millones como figura en el proyecto, porque el proyecto tendría que
recoger hasta la última peseta de lo que la sentencia obliga al
Estado. La segunda enmienda exige que se apruebe un tercer real
decreto-ley u otro instrumento legislativo, para que los 28.000
damnificados que se acogieron de buena fe al primer decreto y al
segundo reciban las indemnizaciones por los mismos conceptos que se
les reconocen a los 5.000 de la sentencia, porque si no nos podríamos
encontrar -como, de hecho, nos estamos encontrando- con que 5.000
damnificados van a recibir el doble o el triple que aquellos otros
que de buena fe, por engaño o por necesidad, firmaron en su día los
dos reales decretos-ley porque no podían seguir la batalla judicial,
el procedimiento judicial que desembocó en la sentencia del año 1997.
Hay argumentos del propio Gobierno que expresan claramente -y ese
sentimiento está entre los 28.000 damnificados que no van a recibir
esas indemnizaciones- que el agravio comparativo está ahí, la
discriminación está ahí, la injusticia está ahí, porque 5.000
damnificados van a recibir unas cuantías y otros 28.000, el 80 por
ciento, recibieron unas indemnizaciones dos o tres veces menores que
las de esos 5.000 -entre comillas- héroes que vía judicial pudieron
soportar la injusticia de dos gobiernos en una batalla que se inició
el 21 de octubre de 1982. Se debió dar entonces la misma solución que
para las inundaciones del País Vasco, de Andalucía o de Cataluña, una
solución política, un real decreto-ley, una indemnización justa y
adecuada que paliara los daños cercanos a los 50.000 millones que se
ocasionaron con la rotura de la presa de Tous, daños producidos por
la rotura de una presa de titularidad estatal y pública. Era obvio
que la responsabilidad del Estado más pronto o más tarde iba a ser
reconocida y sentenciada por los órganos judiciales.
Dado que el agravio comparativo está ahí, que las injusticias están
ahí consagradas y mantenidas de una manera sangrante para 28.000
damnificados, le exigimos al Gobierno del Partido Popular, que en su
día tachó de electoralistas a ambos decretos, que cumpla con lo que
prometieron el señor Aznar y el señor Zaplana en el Gran Teatro de
Alcira: un tercer real decreto-ley para todos los damnificados que
corrija las injusticias del primer y del segundo decreto y, sobre
todo, que, después de publicada la sentencia del año 1997 y el auto
de 1998, se equiparen todos a los conceptos y derechos reconocidos en
la sentencia de 1997: actualización de daños por las pérdidas que
sufrieron de 1982 hasta 1997; el lucro cesante de esos años o, cuando
menos, hasta que firmaron el convenio transaccional, bien 1993 bien
1995 -estaríamos hablando de actualizar los daños de once a trece
años y, en el caso del lucro cesante, de diez a trece años-; y los
daños morales, porque los sufrieron los 33.000 damnificados por igual
no sólo los 5.000 de la sentencia, sino los 28.000 que de buena fe,
por engaño o necesidad perentoria, firmaron en su día los convenios
transaccionales que, con engaño sobre todo, les ofreció tanto el
Gobierno de 1993 como el de 1995. No podemos caer en el error ahora,
en 1999, de ofrecer una solución igual de engañosa, con la misma
trampa, el mismo truco y el mismo agravio que la consolidaría de
manera definitiva. La única solución es la que han demandado los
28.000 damnificados, los ayuntamientos de la comarca de
la Ribera y las mancomunidades de la Ribera Alta y la Ribera Baja en
acuerdos plenarios. La exigencia de un tercer real decreto-ley que
deje las cosas en el lugar que se tenían que haber dejado el 21 de
octubre de 1982, con una indemnización justa para todos, intentando
resarcir los daños cercanos a 50.000 millones es un clamor. La rotura
de la presa de Tous segó el futuro de una comarca, de unas
explotaciones agrarias e industriales, algunas de las cuales hoy por
hoy siguen sin ser resarcidas. Por justicia, exigimos en esta
enmienda número 2 que se dicte un tercer real decreto-ley.
Señor presidente, quiero darle las gracias, en nombre de Unió
Valenciana, por la sensibilidad que ha demostrado concediéndome este
tiempo extra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Nueva Izquierda ha presentado también una
serie de enmiendas a este proyecto de ley del Gobierno.
Para entender realmente la situación hay que tener en cuenta los
antecedentes, buena parte de los cuales han sido expuestos por mi
compañero en su intervención anterior. Yo quisiera decir brevemente
que, en octubre de 1982, la rotura de la presa de Tous produjo muy
graves daños, algunos de ellos claramente irremediables, a miles de
ciudadanas y ciudadanos del País Valenciano. La posible
responsabilidad de la Administración en los hechos que dieron lugar
a tales daños hizo que de forma simultánea se abrieran dos procesos que
al día de hoy no han terminado. Uno de ellos era el proceso político
de que la Administración reconociera dicha responsabilidad y, otro,
el procedimiento legal, los procedimientos judiciales. Es de justicia
reconocer que en este caso los procesos políticos concreto fueron más
rápidos que los procesos judiciales y se concretaron en dos reales
decretos-ley, a los que se ha hecho referencia anteriormente: el Real
Decreto-ley 4/1993, de 26 de marzo, y el Real Decreto-ley 10/1995, de
28 de diciembre, a través de los cuales se reconoció la
responsabilidad de la Administración en dichos daños y se
establecieron indemnizaciones que todos podemos reconocer al día de
hoy, que no fueron la solución definitiva del problema.
Por su parte, el procedimiento judicial terminó con una sentencia
definitiva del Tribunal Supremo del año 1997 y un posterior auto de
la Audiencia de Valencia cuantificando las indemnizaciones. A la
vista de esa resolución judicial, nos encontramos con que quienes han
sido beneficiarios de las indemnizaciones fijadas -que son una
minoría, puesto que claramente quedan excluidas de esa posibilidad
quienes se acogieron a cualquiera de los dos reales decretosleyes
anteriores, la gran mayoría de los damnificados, que no podían
esperar tanto tiempo sin recibir ninguna indemnización y se acogieron
a alguno de ellos, perdiendo como consecuencia la capacidad de ser
indemnizados judicialmente- perciben indemnizaciones con arreglo a
criterios notablemente superiores a los contenidos en el real
decreto- ley. A raíz de esas resoluciones judiciales, aparece un
problema con dos vertientes: por una parte, la existencia de
discriminaciones; quienes se acogieron a los reales decretos- leyes
cobran notoriamente por debajo de quienes
cobran con arreglo a la sentencia. Y, por otra, un problema de
justicia, quienes se acogieron a los reales decretos leyes son
indemnizados con criterios que no se ajustan a lo que marcan los
tribunales, que son quienes en nuestro país establecen la justicia.
Por tanto, el problema al día de hoy es conseguir una equiparación
justa entre todos los damnificados, la equiparación entre quienes se
acogieron a cualquiera de los reales decretos-leyes y quienes
finalmente son indemnizados con los criterios judiciales. Éste es el
problema real, la discriminación real que existe hoy. Precisamente
para resolver ese problema, que es el verdadero problema hoy
planteado, es por lo que nuestro grupo, Nueva Izquierda, ha
presentado diversas enmiendas, que defiendo en esta intervención en
su totalidad. Creo que las enmiendas presentadas por los otro grupos,
que van a ser defendidas sucesivamente, intentan también resolver
este problema, pero quiero llamar la atención de SS.SS. sobre que
todos los grupos aquí presentes reconocemos que el tema Tous hoy, con
el proyecto de ley del Gobierno, tampoco tiene solución. De ahí que
algún grupo, el grupo que sostiene al Gobierno, pretenda hacer unas
enmiendas transaccionales. Porque reconoce que ni siquiera con este
texto se resuelve definitivamente este problema. Y, señorías, no
resuelto este problema, es necesario encontrar una solución. Es
necesario encontrarla. Las enmiendas presentadas hoy en forma y en
tiempo hábil por los grupos de la oposición persiguen ese objetivo.
Podrán ser discutibles algunas en alguna matización técnica, pero no
en ese objetivo.
Las enmiendas que presenta el grupo que sostiene al Gobierno tienen
fallos importantes. El primero de ellos, evidentemente, es que no han
sido presentadas en plazo. Es tal el poco interés del Partido Popular
por los damnificados de Tous que ni siquiera presenta en plazo sus
enmiendas; deja pasar el plazo, que ha sido ampliado reiteradamente y
al final no presenta ninguna enmienda. Ahora ofrece unas
transaccionales, reconociendo, en definitiva, que ese proyecto de ley
no resuelve el problema. En definitiva, esta actuación del PP,
señorías, no es más que la reiteración de lo que ha venido haciendo a
lo largo de esta legislatura. Si no llega a producirse la sentencia
del Tribunal Supremo y el auto posterior de la Audiencia de Valencia,
el Partido Popular no hubiera adoptado ninguna medida, ninguna, en
relación con el caso Tous. Ytodas SS.SS. recuerdan la guerra y la
matraca que dio el Partido Popular con esto, pero cuando ha tenido la
ocasión de tomar alguna disposición, alguna medida efectiva, nada,
absolutamente nada. Ycuando ha tenido la posibilidad de mejorar este
proyecto de ley, que el Gobierno remite para simplemente dar
cumplimiento a la sentencia que se ha producido en este momento
-insisto, si se hubiera producido en otro momento, el Partido Popular
no hubiera tomado ninguna medida-, lo hace fuera de plazo.
En segundo lugar, el objetivo de las enmiendas del Partido Popular es
absolutamente ficticio. La cifra de dinero anunciada por los
representantes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana son
virtuales. Se habla de 4.000millones de pesetas y esta cifra no
figura en ninguna parte de las enmiendas que se nos han ofrecido.
Además, como el objetivo es absolutamente ficticio, porque se habla
decompensar las diferencias entre el límite máximo resarcible en el
primer real decreto-ley y en el segundo, y eso no
existe legalmente, la cantidad de dinero, sea la que sea, no
garantiza el pago de una sola peseta a ninguno de los afectados. Con
las enmiendas que se nos presentan, sería perfectamente posible que,
a continuación, el delegado del Gobierno dijera que como no se
aprecia ninguna discriminación, porque no la hay legalmente entre el
primer real decreto-ley y el segundo, no se paga nada a nadie.
Yhabría, definitivamente, el sobrante de los miles de millones de
pesetas, los que fueran, como por cierto ocurrió en el primero
y ocurrió en el segundo.
En definitiva, señorías, nos encontramos con que las enmiendas
transaccionales ofrecidas por el Partido Popular son, en el mejor de
los casos, un intento de confundir y, en el peor, un intento de
engañar a los afectados por el caso Tous. Esto es preocupante, aunque
para algunos no sea nuevo. Que el señor Zaplana pueda ser equiparado
a Pinocho es algo que tenemos motivos suficientes para saberlo, pero
al señor Aznar, que hizo también promesas expresas en este sentido,
y, como saben ustedes, es más bajito, no le llamarían Pinocho, igual
le llamarían Pinochet, y esto ya nos preocuparía más, porque nos
parecería que sería una denominación que podría traer ingratas
comparaciones no deseadas, por supuesto, por el señor Aznar, pero
tampoco por ningún demócrata de este país. (Rumores.) No se
preocupen, no lo deseamos ninguno. Lo mejor sería que el señor Aznar
cumpliera los compromisos expresos que contrajo. Que habría un tercer
decreto-ley que garantizaría indemnizaciones justas, que son las que
marcan los tribunales, y para todos los damnificados. Cualquier otra
medida que se adopte por el Partido Popular sólo servirá para
prolongar este problema.
Este problema, finalmente, tendrá una solución justa. Hoy aquí hay un
conjunto de fuerzas políticas que estamos empeñados en ese objetivo.
El que tengamos mayoría depende pura y simplemente de los ciudadanos.
Yyo estoy convencido de que los miles de damnificados por el caso
Tous sabrán sacar las conclusiones oportunas de este debate y de las
posiciones de los distintos grupos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra doña Presentación Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: No vamos a continuar insistiendo en cuál ha
sido la historia en el proceso del pago de indemnizaciones de la
población damnificada por la rotura de la presa de Tous, porque en
este Parlamento se puede apelar al «Diarios de Sesiones» de
prácticamente todas las legislaturas desde la rotura de la presa de
Tous para conocer la situación que han venido pasando estas personas
desde que se produjo esta rotura. El Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida siempre ha defendido que la solución a los damnificados por la
rotura de la presa de Tous era política, no solamente judicial, pero
hoy, además, ya no solamente tenemos que hablar de una solución
política, sino que hay una sentencia, una sentencia firme, a la que
solamente se pueden acoger, como ya se ha dicho antes, algo más de
50.000 damnificados y damnificadas. No dar hoy definitivamente una
solución al problema de los damnificados por la rotura de la presa de
Tous es no querer dar la solución política que se ha venido
demandando por toda la población de la Ribera Alta y de la Ribera
Baja y por toda la población de la Comunidad Autónoma Valenciana.
Señorías, yo creo que ya está bien de seguir jugando con los
intereses de poblaciones y de personas que se vieron afectadas por la
rotura de una presa, que vieron mermados su desarrollo personal y
económico en una zona bastante rica y que les ha costado muchísimo
tiempo volver otra vez a tener inicio de proyecto de futuro.
Literalmente, se les ha estado tomando el pelo; se les tomó el pelo
con el primer decreto, con el segundo. Pero fueron pasos adelante,
porque no había solución judicial. La negativa del Partido Popular a
aceptar las enmiendas de los grupos parlamentarios, que están todas
dirigidas a lo mismo, a solucionar definitivamente el problema que
tiene la población damnificada de la Ribera Alta y de la Ribera Baja,
implica que no existe esa voluntad política por parte del Partido
Popular y por parte del Gobierno, voluntad política que no hace
tantos años defendía, anunciando que, si ellos llegaban al poder,
darían una solución definitiva y equipararían a todos los
damnificados, puesto que tanto el primer decreto como el segundo
habían sido meros parches. Yhoy, el Partido Popular, a través de unas
enmiendas transaccionales que supongo que el señor Pascual planteará
a los grupos parlamentarios, lo que viene a hacer es poner un parche
más, cuando tiene en sus manos la posibilidad de dar la solución
definitiva. Un parche más que deja en la misma situación a más de
28.000 personas que se vieron afectadas y que no pudieron aguantar
los casi 17 años que este tema ha estado en la vía judicial, 28.000
personas que, por diferentes circunstancias, la mayoría de ellas
económicas, no pudieron aguantar el tiempo que se estaba dilatando la
solución judicial a este problema. Y ya no nos sirve hoy la excusa de
que no se hizo bien entonces. Hoy estamos todos aquí para dar una
solución. La negativa a aceptar las enmiendas de nuestro grupo y de
los demás grupos significa no querer solucionarlo.
Y no se puede aludir a que no existe dinero para cubrir las
necesidades de los damnificados. El Gobierno tiene mecanismos para
solucionarlo, si quiere. Se gasta dinero en otras muchas cosas,
teniendo que habilitar, suponemos, créditos extraordinarios para
cubrir otras necesidades que la mayoría de la población de nuestro
país no considera que leo sean. Nuestra población seguro que
comprendería que el Estado desequilibrara un poco su presupuesto para
cubrir estas necesidades y equiparar a los damnificados de la presa
de Tous; a los damnificados que se acogieron al primero y al segundo
real decreto y que hoy se ven discriminados por la sentencia del
Tribunal. Es una decisión política. El no aceptarlo supone no querer
dar la solución y dejar abierto un tema más, parchear una vez más,
porque no se quiere solucionar definitivamente. No se puede admitir
que en las enmiendas transaccionales se nos diga que, con un
remanente cuya cantidad desconocemos, se pretende equiparar a las
personas que se acogieron al primer decreto con las del segundo, con
unas situaciones que desde luego nosotros no percibimos tras la
lectura de los dos reales decretos. Señorías, esto es volver a tomar
el pelo y engañar a la población de la Ribera Alta y de la Ribera
Baja. Es más, es volver a incumplir los compromisos. Todas las
poblaciones, como se ha dicho anteriormente, desde los ayuntamientos
hasta las mancomunidades, están
reclamando la solución definitiva. No están reclamando un parche,
sino la indemnización equiparada a la sentencia del Tribunal; no
están reclamando que las personas que se acogieron al primer decreto
sean equiparadas a las del segundo, porque eso ya lo hizo el segundo
decreto.
Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario no va a aceptar esas
enmiendas transaccionales, si se nos ofrecen, porque creemos que es
el momento de solucionar el problema y creemos que nuestras enmiendas
van en esa dirección. Y vamos a votar favorablemente cualquiera de
las enmiendas del resto de los grupos, porque tienen el mismo
objetivo. Señorías, si hoy por hoy esto no se soluciona aquí,
tendremos que seguir reivindicando que se dé la solución definitiva.
Y desde luego si el Partido Popular está dispuesto a dejar a los
ciudadanos y a las ciudadanas de la Ribera Alta y de la Ribera Baja
del Xúquer en la misma situación en la que se encuentran ahora, es su
responsabilidad, pero no la responsabilidad de este grupo
parlamentario, que lo que quiere ya es la solución definitiva, y no
un parche más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Beviá.
El señor BEVIÁ PASTOR: En el debate de totalidad, que se celebró, si
no recuerdo mal, el día 10 de diciembre, planteamos también nosotros
la larga historia del caso de Tous. Desde hace 17 años, desde el
derrumbamiento de la presa, ha habido un interminable proceso
judicial, hasta el año 1997, que ha producido enormes tensiones en
los pueblos afectados y en los sectores de la sociedad de esos
pueblos y un debate permanente en las Cortes Valencianas y en el
Parlamento, tanto en el Senado como en el Congreso.
La primera sentencia con relación a un proceso que se inicia en el
año 1982 no se produce hasta el año 1990. Es una sentencia de la
Audiencia Provincial de Valencia. Pero tres años después, en 1993,
habiendo sido recurrida al Tribunal Supremo, éste declara la nulidad
total de la sentencia. Yante esta situación, en el año 1993, sin
haberse fijado los hechos definitivamente, sin que se hayan fijado
cuáles hayan podido ser los responsables de la Administración, y
amparándose en la Ley del régimen de la administración pública del
Estado y régimen administrativo común, aprobada en 1992, el Gobierno
socialista publica un primer real decreto en el año 1993 y un segundo
real decreto en el año 1995. Aquí se ha dicho reiteradamente que han
sido decretos vacíos, injustos, engañosos, discriminatorios, y a lo
único que yo puedo referirme es al auto de la Audiencia Provincial de
Valencia del 27 de febrero de 1998, en ejecución de la sentencia del
Tribunal Supremo de 1997, que, en el fundamento de derecho número 2,
cuando habla de los baremos y porcentajes a los que tienen derecho
aquellas personas que siguieron por la vía judicial, dice que estos
baremos y porcentajes son los que ya enunció la sentencia de la
Audiencia Provincial de 1990. Dice: Los que en definitiva han venido
a informar los módulos, según la naturaleza de los bienes y población
afectada, que se especificaron en los reales decretos-leyes 4/1993 y
10/1995, para proceder al resarcimiento de los daños en sus
correspondientes convenios transaccionales. Los criterios, los
baremos, los porcentajes fijados en aquellos dos reales decretos-
leyes son los que el Tribunal Supremo y la última
sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia consideran justos,
válidos, etcétera. Es verdad que en la sentencia del Tribunal Supremo
se añaden otros derechos, como el de recuperar el poder adquisitivo,
el lucro cesante y daños morales y los intereses legales vigentes, a
partir de los tres meses de la notificación de la resolución, pero
aquellos baremos que se establecieron en los dos reales decretosleyes
se consideran justos. Y la verdad es que, precisamente por esta
aportación nueva de la sentencia del Tribunal Supremo y de la
Audiencia Provincial de Valencia, quedan efectivamente delimitados,
como los anteriores intervinientes han indicado, dos grupos de
afectados: los que se acogieron a los reales decretos-leyes y
aquellos que aparecen relacionados en la sentencia del Tribunal
Supremo, a los que se aplican estos criterios añadidos, que no son
contrarios, repito, a los anteriores, sino añadidos.
Ydurante todos estos años el Partido Popular ha denunciado, por una
parte, la lentitud y, por otra, la discriminación que los gobiernos
anteriores habían tenido con respecto a los afectados por el
derrumbamiento de la presa de Tous. Aquí se han enumerado algunas
promesas reiteradas por el presidente actual del Gobierno, señor
Aznar, en campaña electoral, o por el señor Zaplana, y yo querría
preguntar dónde están esas promesas, dónde están las promesas de
celeridad, si dos años después de la sentencia del Tribunal Supremo,
que es de 1997, se trae el proyecto de ley; dónde está la celeridad,
si el debate de totalidad se tuvo en diciembre y para un proyecto de
ley tan elemental como es el del crédito extraordinario se ha tardado
cinco meses para que podamos seguir su tramitación en Ponencia y en
Comisión; y dónde están las promesas de justicia, si se mantiene viva
la discriminación entre aquellos que se acogieron a los reales
decretos-leyes y aquellos que aparecen citados y relacionados en la
sentencia del Tribunal Supremo. El Partido Popular argumentó en el
debate de totalidad que la sentencia del Tribunal Supremo impedía
extender a todos los criterios de indemnización mantenidos por vía
judicial. Y eso no es así, porque por vía judicial efectivamente no
se pueden conceder, no los concede, pero nada impide que se haga por
vía política y por vía legal, a través de un proyecto de ley.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que básicamente
coincide con los dos principios sobre los que se asientan las líneas
argumentales de las enmiendas presentadas por los otros grupos: el
principio de no discriminación y el principio de igualdad. Lo que
nosotros proponemos en nuestra enmienda es una disposición final
primera nueva. Lo único que se pretende es que todos aquellos
damnificados que se acogieron a los convenios transaccionales puedan
solicitar y obtener una indemnización complementaria por razón de las
mejoras que puedan significar las cuantificaciones realizadas en el
trámite de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de
abril de 1997.
Señorías, el Partido Popular, que dejó pasar el plazo de presentación
de enmiendas, nos ha traído hoy en la ponencia una enmienda
transaccional que no es otra cosa que una cortina de humo y un
engaño, un auténtico engaño a los damnificados, puesto que viene a
olvidarse de una proposiciónno de ley que se votó por unanimidad en
las Cortes Valencianas el 21 de octubre de 1998, es decir, ocho meses
después del auto de ejecución de la sentencia. Ya digo que se aprobó
por unanimidad y el Grupo Popular la votó diciendo que las
indemnizaciones establecidas en el auto de 27 de febrero de 1998 eran
las únicas válidas para todos los damnificados por la rotura de la
presa de Tous. Se debía abrir un plazo al objeto de que todos
aquellos que sufrieron aquel desastre y que en su día se acogieron a
los convenios transaccionales pudieran verse compensados por las
indemnizaciones que se recogieron en dicho acuerdo. Lo que tratan de
hacer a través de esta transaccional, y perdonen la expresión, es un
juego de trileros, tratan de hacer olvidar el problema de la
diferencia que existe entre los que se acogieron a los reales
decretos-leyes y aquellos cuyos derechos son reconocidos por vía
judicial y tratan de establecer una diferencia entre los que se
acogieron al primer real decreto y los que se acogieron al segundo y
dicen lo siguiente: Como los que se acogieron al primer real decreto-
ley no percibieron el importe máximo resarcible, vamos a compensarles
por esa diferencia. Pero ¿quién lo cuantifica? ¿dónde se cuantifica?
¿qué dinero hay para ellos? No aparece en ningún sitio.
En segundo lugar, bajo esa especie de manta esconden la realidad de
la discriminación existente entre los 28.000 damnificados que se
acogieron a los reales decretos-leyes y los nuevos criterios
establecidos por vía judicial. De eso no dicen ni una palabra.
Después, con todo nuestro respeto por el esfuerzo que han hecho las
asociaciones de damnificados, Apemeda y Asiva, que han trabajado y
han mantenido una vía judicial, con todo nuestro reconocimiento hacia
ellas, lo que es verdaderamente llamativo, por no utilizar un
adjetivo de más peso, es que el delegado del Gobierno, según esto,
queda autorizado para que esas asociaciones de damnificados sean las
que gestionen el pago de las compensaciones. Esto es algo
absolutamente increíble, en broma podríamos decir que con esto se
llega al máximo de las privatizaciones, en cuanto que, si se aceptara
esta enmienda, estaríamos privatizando hasta la delegación del
Gobierno.
Nosotros mantenemos nuestra enmienda. Cualquiera de las enmiendas
presentadas respeta los mismos principios y, por tanto, vamos a votar
todas favorablemente, siendo los ciudadanos de las comarcas de la
ribera los que, cuando tengan una información adecuada, dirán si
realmente la celeridad, la denuncia y las promesas del Partido
Popular han quedado achicadas, reducidas, encogidas, como si el agua
que salió aquella noche de la presa de Tous hubiera caído sobre los
propósitos y las promesas del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos parlamentarios que deseen fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José Ramón
Pascual.
El señor PASCUAL MONZÓ: Efectivamente, seguimos con el trámite
parlamentario de aprobación de un crédito extraordinario en
cumplimiento de la sentencia sobre los damnificados por la rotura de
la presa de Tous. Como ya se ha dicho, hubo un primer debate el
pasado mes de diciembre con las enmiendas de totalidad y hoy en esta
Comisión estamos debatiendo las enmiendas parciales presentadas
por los distintos grupos parlamentarios. Estas enmiendas
parciales no difieren en absoluto de las presentadas como enmiendas
de totalidad en su momento en ese debate que tuvo lugar en el Pleno,
por lo que, señorías, ni los argumentos relacionados con estas
enmiendas ni las enmiendas en sí aportan nada nuevo a esta discusión.
Así pues, no voy a repetir los argumentos que ya manifesté en aquel
momento en nombre de mi grupo parlamentario, puesto que están
reflejados en el «Diario de Sesiones», y, de la misma forma que lo
hice en aquella ocasión, anuncio ahora, en nombre de mi grupo
parlamentario, que vamos a votar en contra de las enmiendas
presentadas.
Señorías, hay un hecho nuevo con respecto a aquel debate y es que el
Grupo Parlamentario Popular ha ofrecido a los demás grupos que han
presentado enmiendas parciales a este proyecto de ley la posibilidad
de que aceptaranenmiendas transaccionales para modificar la situación
actual de los damnificados por la presa de Tous. Aquí se ha dicho
que, en el plazo abierto para la presentación de enmiendas, el Grupo
Popular no hizo tal presentación y es que nosotros nos teníamos las
enmiendas todavía, pero lo que me parece es que hay una pequeña mala
idea sobre los trámites parlamentarios, puesto que, efectivamente,
señorías, el trámite parlamentario de este proyecto de ley está
todavía en su primera fase, esto es, en el Congreso, y parecen
obviar, como muchas veces lo hacen, que después se debe emitir un
dictamen que ha de pasar al Senado, abriéndose allí un plazo para
presentar enmiendas, donde incuestionablemente el Grupo Parlamentario
Popular va a presentar estas enmiendas que hoy son transaccionales;
en el Senado van a ser enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que
se van a aprobar. Así pues, no tengamos mala idea a la hora de
pronunciarnos sobre los trámites parlamentarios, señor Peralta. Veo
que el señor Peralta no está y, por lo tanto, no me puede escuchar.
Se han criticado mucho las enmiendas transaccionales presentadas por
el Grupo Popular, pero se trata de un primer paso para eliminar una
discriminación con los damnificados, con los varios status de
damnificados, que, gracias a los gobiernos socialistas, nos
encontramos en este momento. Cuando la solución era fácil, el
problema de los damnificados de Tous no se resolvió por el entonces
Gobierno socialista y ahora nos encontramos con una situación
tremendamente complicada, con varios status de damnificados, por lo
que, como primer paso, vamos a corregir una gran discriminación, el
trato que recibieron los damnificados acogidos al primer real
decreto-ley y el que recibieron los que se acogieron al segundo y
vamos a aprovechar este soporte parlamentario, que es este proyecto
de ley, para intentar dar una primera solución a los damnificados por
la presa de Tous. Se ha dicho que al Real Decreto-ley 4/1993, el
primero, se acogieron 23.783 damnificados. Su artículo 1.2 hablaba
sobre el importe máximo y se dejaba al delegado del Gobierno que
hiciera una oferta transaccional. Si el damnificado correspondiente
la aceptaba, que se firmara el convenio transaccional y que se
hiciera una oferta transaccional, oferta que permitía que el delegado
del Gobierno ofreciera hasta el importe máximo resarcible. Esto
quiero explicarlo, porque hay portavoces de otros grupos
parlamentarios que no lo quieren entender o no lo entiendenrealmente.
Por tanto, señorías, era potestad del delegado
del Gobierno oferta hasta ese importe máximo resarcible; y -he aquí
la sorpresa- en muchos casos, vimos cómo se les ofrecía a muchísimos
damnificados un 20, un 30, un 40 por ciento de ese importe máximo
resarcible que podía ofertar el delegado del Gobierno.
Por tanto, señorías y señores portavoces, léanse la sentencia que da
pie a este proyecto de ley, en la que no se habla de un importe
máximo resarcible. Léanse la sentencia, que se basa en los mismos
porcentajes de daños en cada población, y que dice: Concorde con lo
expuesto se ha de concluir señalando que la cuantificación de los
daños y pérdidas materiales procederá de conformidad con el siguiente
cuadro... Y es el mismo cuadro que figura en los reales decretos-
leyes. No habla de importe máximo resarcible, habla de cuantificar
los daños, que es muy distinto, lo que el real decreto-ley no hizo,
sino que dejaba al criterio del delegado del Gobierno que llegara o
no a ese tope, según lo estimara conveniente, y todavía no sabemos en
qué criterios se basó para no llegar a esos importes.
Y, a continuación, en el punto 3, dice: Fijado, pues, el montante de
las indemnizaciones... La sentencia no habla de importe máximo
resarcible en ningún momento. Por tanto, no manipulemos la realidad,
sobre todo se lo digo al señor Beviá, que ya en el Pleno hizo una
alusión a que leía mucho las intervenciones. Léase todos los papeles,
señor Beviá y también el resto de los portavoces; léanse los papeles
tal como son y no tal como ustedes querrían que fueran, y verán como
los criterios son muy distintos.
Verán también cómo a la aplicación del segundo Real Decreto-ley, 10/
1995, se acogieron 12.527 damnificados del anterior decreto y 4.646
nuevos. Señorías -y lo digo porque hay portavoces que no lo tienen
claro-, léanse la disposición final primera de este segundo real
decreto-ley, donde dice que los convenios transaccionales aceptados
al amparo de los dispuesto en el Real Decreto-ley 4/1993 -o sea, el
primer real decreto-ley- mantendrán su firmeza contractual. ¿Qué
quiere decir? Que el convenio u oferta que se hizo no se podía
modificar. Es decir, la oferta de ese porcentaje de importe máximo
resarcible, que hizo el delegado del Gobierno socialista entonces, no
se podía modificar, y lo dijeron ustedes muy claro en el segundo real
decreto- ley -que ustedes aprobaron- en su disposición final primera.
Dice a continuación: Sin perjuicio de que los interesados puedan
solicitar y obtener una liquidación complementaria por razón de la
mejora que pueda significar la presente disposición, en conceptos que
en su día fueron objeto de deducción. Simplemente se podían acoger a
los motivos que en su día fueron objeto de deducción; les damos a
ustedes hasta el importe máximo resarcible, lo creemos conveniente,
y, además, les vamos a deducir unas cantidades que ustedes cobraron
en su momento. Lo único que hacen ustedes en el segundo real decreto-
ley es devolverles lo que ustedes habían sustraído en el primer real
decreto-ley. Y a eso es a lo que se acogieron los doce mil y pico
damnificados del primer real decreto-ley, en el segundo.
Por tanto, no manipulemos la realidad. Y, señor Beviá, ya que le
gusta tanto leer, y lo demostró en el debate de enmiendas de
totalidad en el Pleno, léaselo todo, no sólo lo que a usted le
interesa.
Señorías, en la primera enmienda que presentaríamos -enmienda
transaccional que no nos admiten-, aparte de la modificación del
título y de la adición a la exposición de motivos, decimos que los
damnificados que fueron resarcidos, al amparo del Real Decreto-ley 4/
1993, en cuantía inferior al importe máximo resarcible serán
compensados por la diferencia entre lo efectivamente percibido y la
cuantía del citado importe máximo resarcible. La liquidación
correspondiente se llevará a cabo mediante la aplicación de lo
dispuesto en el Real Decreto-ley 10/1995; real decreto ley que ya
aplicó el delegado del Gobierno nombrado por el Gobierno del Partido
Popular. Este segundo real decretoley ofertó a todos los nuevos
damnificados que a él se acogieron el importe máximo resarcible al
100 por cien, no les sustrajo ni una sola pesetas a la que tuvieran
derecho. Y decimos también que esta compensación sólo podrán
percibirla aquellos damnificados cuyo importe máximo resarcible sea
inferior a 10 millones de pesetas, por tanto, aquellos damnificados
con una capacidad limitada de generación de recursos y desde luego no
se van a ofertar los convenios a empresas o patrimonios de
características económicas excepcionales y que han podido solucionar
su problema a través de otros medios.
Señorías, llegado a este punto, tengo que decir que el Grupo
Parlamentario Popular en la oposición nunca se ha opuesto, nunca ha
obstaculizado, nunca he votado en contra de una opción parlamentaria
que ayudara o favoreciera económicamente a los damnificados por la
presa de Tous.
Y hoy vemos cómo todos los grupos de la oposición que han presentado
enmiendas rechazan estas enmiendas transaccionales que presenta hoy
el Grupo Parlamentario Popular. Habremos criticado en su momento si
nos parecía bien o si nos parecía mal, si era bueno o era malo, si
era suficiente o insuficiente, pero lo que nunca hemos hecho es
obstaculizar cualquier ayuda en beneficio de los damnificados, y hoy
vemos cómo todos los grupos, sobre todo el grupo mayoritario de la
oposición, el Grupo Socialista, están intentando torpedear cualquier
ayuda en favor de los damnificados.
De todas formas, los ciudadanos de la comarca de LaRibera lo
valorarán en su momento.
Otro hecho significativo de una oposición destructiva, como la que
estamos viendo hoy, es que es la primera vez que se rechazan
enmiendas que plantean dinero en favor de ciudadanos españoles,
enmiendas que presenta el grupo que sustenta al Gobierno. Es la
primera vez que se van a rechazar y sientan un precedente, pero allá
ustedes con sus conciencias.
Otra enmienda importante, que indudablemente presentaremos en el
Senado, es aquélla que autoriza al delegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana para celebrar convenios de colaboración con las
asociaciones de damnificados más representativas para la gestión del
pago de compensaciones. ¿Y esto por qué es así, señorías? Por varios
motivos, porque son quienes mejor conocen la situación de los
damnificados por la rotura de la presa de Tous; porque tienen
capacidad de gestión y conocen muy bien la comarca y en qué situación
están, y porque, además, están dispuestos a a colaborar no solamente
con sus asociados sino con el resto de los damnificados de la presa
de Tous, de forma solidaria, aunque no hayan sido asociados suyos.
Además, señorías, porque se despolitiza el tema. Y vemos cómo los
grupos parlamentarios de los demás partidos políticos están
intentando politizar el tema. Se despolitiza porque no va a ser
directamente el Partido Popular, a través del delegado del Gobierno,
quien dé las indemnizaciones, sino que van a ser las asociaciones,
van a ser los mismos damnificados. Yme alegro de que sea un argumento
que no han podido usar ustedes, porque, si no, hubieran dicho que lo
que pretende el Partido Popular, como se hacía con las pensiones,
etcétera, es ser el que compensa ahora a los damnificados, porque
estamos en campaña electoral.
Ese argumento no lo han podido usar, y no lo han podido usar porque
vamos a llevar a cabo un trámite totalmente aséptico y apolitizado.
Señorías, las asociaciones se han pronunciado en el sentido de que
están de acuerdo en firmar estos convenios. Aquí los únicos que no
están de acuerdo son ustedes. Aquí las grandes voces en contra de las
medidas que están planteando el Partido y el Grupo Parlamentario
Popular no son las de los damnificados, son ustedes que son los que
se están oponiendo a que se tomen estas medidas. Porque, señora Urán,
ustedes ayer pretendieron capitalizar una reunión en la comarca de La
Ribera, a través de su partido, y creo que la convocatoria ha sido un
fracaso estrepitoso. Yo no creo que los damnificados estén tan
escandalizados como ustedes dicen, pero supongo que ustedes patearán
la comarca, que hablaran con los damnificados y que sabrán lo que
tienen que hacer.
Tengo que referirme al señor Peralta, al que tenía catalogado con un
mayor nivel intelectual. Siento que no esté en este momento (Una
señora diputada: Ya se lo diremos) No hace falta que se lo digan
porque va a estar reflejado en el «Diario de Sesiones». Venir a aquí
a insultar a personas que no están, insultar no sólo al presidente
del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, sino al presidente de
la Generalitat Valenciana o al presidente del Gobierno de la nación,
a falta de otros argumentos, hace que se desacredite él mismo y habla
de su bajeza moral. Espero que el trabajo sucio que ha hecho en
nombre del Partido Socialista, no hoy, sino durante estos años en las
distintas iniciativas que hemos debatido sobre los damnificados de
Tous, se lo reconozcan en las próximas listas, porque se ha ganado el
que le incluyan a usted en las listas, que parece que es lo único que
está buscando.
Señor Beviá habla usted de engaño en las enmiendas transaccionales,
de juego trilero. Podemos estar más o menos de acuerdo, aceptar
críticas y discutirlas con los demás grupos parlamentarios, pero si
hay un grupo al que no podemos aceptar sus argumentos es precisamente
al suyo, que se está comportando con hipocresía y cinismo político.
Si algún grupo tiene que tener la boca callada es precisamente el
suyo, que es el que ha creado distintos status de damnificados, y el
que no quiso solucionar el problema en su momento, cuando era fácil,
no ahora con todos los condicionantes que agravan la situación; y
ahora vienen ustedes dando lecciones de honradez y de moralidad para
solucionar el problema.
Señor Beviá, ya que le gusta tanto leer, le aconsejo que se lea las
enmiendas que ustedes presentaron a una proposición de ley que se
aprobó en el Pleno a propuesta del Grupo Parlamentario Mixto, si no
recuerdo mal en septiembre de 1994, en las que ustedes exponían unos
argumentos
contrarios a los de hoy. En su enmienda número 7, al punto
dos, decía: Ámbito de aplicación. Podrán acogerse también a los
convenios transaccionales -se refiere a los convenios transaccionales
como consecuencia de aprobar esta proposición de ley- quienes no
habiendo ejercitado la opción que les confería el Real Decreto-ley 4/
1993 hubieran comparecido por sí mismos o mediante asociaciones
constituidas al efecto como perjudicados en el proceso penal
pendiente por aquellos hechos, habiendo soportado personalmente los
gastos derivados de dicha asociación. Precisamente lo contrario de
aquello en lo que ustedes se están basando con arreglo a la
sentencia. Y en la enmienda número 13, también de su grupo, que se
refiere al artículo 1, base séptima de la proposición de ley, ustedes
piden taxativamente que se suprima. El artículo se refería al IPC que
tenía en cuenta la sentencia-. Ustedes han dicho que no a una serie
de cosas que ahora exigen que se cumplan. Sea por lo menos un poco
coherente y realice intervenciones un poco más humildes, señor Beviá,
en nombre de su grupo parlamentario.
Quiero lamentar que ningún grupo haya admitido las enmiendas
transaccionales; indudablemente las presentaremos en el trámite del
Senado, y esperamos que en el más breve tiempo posible, quizá en un
plazo de dos meses, muchos damnificados puedan ver recompensada esa
primera discriminación que sufrieron en aplicación del primer real
decreto-ley.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar un segundo turno, forzosamente
limitado, de no más de dos minutos. ¿Qué grupos desean hacer uso de
la palabra en este segundo turno? (Pausa.)
Siguiendo el orden de la primera intervención, tiene la palabra el
señor Chiquillo, pero insisto que no por más de dos minutos.
El señor CHIQUILLO BARBER: El señor Peralta ha tenido que salir; por
tanto, no voy a contestar a sus alusiones. Simplemente voy a decir lo
que ha dicho Unión Valenciana desde que estamos en el Congreso de los
Diputados, desde el año 1982. Diecisiete años después, Unión
Valenciana sigue defendiendo el mismo argumento para hacer justicia
en el caso Tous, nos seguimos reafirmando en que el caso Tous no se
puede dar por cerrado con la solución que hoy se nos ofrece, porque
sigue ahondando en la discriminación a 28.000 damnificados. Por eso,
no aceptamos las enmiendas transaccionales, y reafirmarnos en que
seguimos defendiendo una solución justa y adecuada para el total de
damnificados, para que no haya damnificados de primera, de segunda y
de tercera, para que se acabe con el agravio, y para eso es necesario
el tercer real decreto-ley. Unión Valenciana en el año 1999 está en
el mismo sitio que en el año 1982, defendiendo a los damnificados;
algunos han cambiado de un lado para otro y de otro para el uno, y
ellos tendrán que dar sus razones y sus explicaciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Muy brevementequiero decir que mi grupo
parlamentario y mi organización
política no le reconoce capacidad al señor Pascual para valorar el
éxito o el fracaso de nuestros actos públicos. En todo caso, serán
los ciudadanos, con su voto, quienes hagan las valoraciones que
correspondan.
Quiero dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de que en estos
momentos mi grupo parlamentario no hace oposición destructiva. En
todo caso, quien está haciendo algo destructivo es el propio Gobierno
y el Partido Popular que le sustenta, porque no están dando la
solución que se merecen los 28.000 damnificados que se ven
discriminados por la sentencia. Por tanto, venir a hablar de que
favorecen económicamente a los damnificados por las enmiendas
transaccionales que han presentado es sencillamente venir a engañar,
una vez más, a tantas y tantas personas que se han visto damnificadas
durante 17 años, que no ven solucionado su problema y que no lo van a
ver solucionado por mucho que en el Senado el Partido Popular
introduzca estas enmiendas. Seguirán estando discriminados y, por
tanto, seguirán estando en una situación de desigualdad que no
soluciona las enmiendas que el Partido Popular va a introducir en el
Senado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Beviá.
El señor BEVIÁ PASTOR: Me llama la atención la videomanía que tiene
el señor Pascual. Es una persona que está viendo un partido de fútbol
y se lleva allí un aparato de reproducción para ver la moviola de
algo que ocurrió hace tiempo. Trata de volver a abrir el debate sobre
unos decretos- ley que se aprobaron en 1993 y en 1995,cuando la
entraña real del problema es lo que él mismo ha manifestado. Dice: En
los decretos-ley se hablaba de un importe máximo resarcible, en
cambio en la sentencia del Tribunal Supremo se habla de una
cuantificación, luego está reconociendo directamente que hay una
diferencia y una discriminación entre los que se acogieron a los
reales decretos-ley y aquellos que ven reconocido sus derechos a
través de la vía judicial. Aeso es a lo que hay que ir ahora, ése es
el partido y ése es el terreno de juego, no ver la moviola, porque lo
que usted pretende hacer -según las declaraciones de prensa- es
ponerse delante de los afectados y que vean no el partido que estamos
jugando ahora aquí en el debate de este proyecto de ley, la moviola
de lo que ocurrió hace tres o cinco años, y eso es un engaño.
Me ha hecho mucha gracia la justificación de por qué los pagos de las
compensaciones que pretende introducir a través de esa enmienda
transaccional se deben efectuar por medio de asociaciones
respetables, que no son las que deben atenderlos. Dice: de esta
manera, no pagándolo directamente la delegación del Gobierno, se
despolitiza. ¿Que quiere decir eso? ¿Que el delegado del Gobierno no
es el delegado del Gobierno sino el presidente del Partido Popular?
¿Quiere decir con eso que el concepto que tienen de la Administración
el Partido Popular y el señor Pascual Monzó es que el representante
del Gobierno de la nación en la Comunidad Valenciana no es ni más ni
menos que el representante del Partido Popular? Eso es muy coherente
con muchas otras actuaciones de su partido y muchas de sus
manifestaciones. Aunque no lea tanto como dice que
leo yo, podría pensar un poco las cosas que dice, señor Pascual
Monzó.
El señor PRESIDENTE: Doy la palabra, por espacio de dos minutos al
señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente, quiero decirle al señor
Pascual Monzó que su intervención me parece fuera de lugar. Yo no he
hecho ninguna referencia personal al señor Pascual Monzó, mucho menos
a su catadura moral; he intentado explicar cómo ha evolucionado el
tema Tous. En el tema Tous hay quien sólo se fija en el pasado, como
decía el representante del Grupo Socialista, y si miramos al pasado
tendremos que reconocer que hubo dos reales decretos-ley de gobiernos
socialistas, que no fueron la solución del problema.
El Grupo Popular no ha hecho nada más que cumplir una sentencia del
Supremo, porque se ha producido dicha sentencia; si no, ni siquiera
eso. Y hoy viene aquí a defender un proyecto de ley que él mismo
reconoce que es insuficiente e intenta, mediante enmiendas
transaccionales, mejorarlo, pero lo hace con unas enmiendas que
carecen absolutamente de sentido. Nos dice que hay un tratamiento
discriminatorio entre el primer y el segundo real decretoley, y eso
no aparece de ninguna manera en el texto. Como es consciente de eso,
pretende que nos creamos su afirmación de fe de que el delegado del
Gobierno, de los anteriores Gobiernos no del actual, actuaba en
contra de la ley. Si eso hubiera sido así, bien los damnificados
directamente obien la propia Administración actual, deberían llevar
los hechos a los tribunales, porque nos encontraríamos con un
delegado del gobierno que actuaba en contra de la ley.
Nosotros creemos que aquél y el actual actúan con arreglo a la ley,
el problema es que la ley es insuficiente, y este proyecto de ley es
insuficiente. A eso es a lo que tiene que responder el Partido
Popular, con razones y no con descalificaciones. Mi catadura moral en
el tema Tous está en el registro de la Cámara, que desde siempre sabe
la posición que he mantenido. El señor Pascual sabe si lo que dice
hoy coincide con lo que ha dicho en otros momentos de la historia
parlamentaria. Yo creo que no.
Este proyecto de ley no resuelve el tema Tous. Hoy hay aquí
importantes grupos que reclaman una solución y, sobre todo, están los
damnificados que hoy siguen contemplando cómo una minoría es
indemnizada con arreglo a justicia y una gran mayoría son
discriminados y, además, indemnizados muy por debajo de lo que marcan
los tribunales. No deberíamos consentir eso, y de ellos, de la
mayoría parlamentaria actual, del PP y de Convergència i Unió,
depende el que se haga realidad esa solución, tal como prometieron en
su día los señores Zaplana y Aznar.
El señor PRESIDENTE: Señor Pascual, tiene la palabra por espacio de
dos minutos.
El señor PASCUAL MONZÓ: Procuraré ser lo más breve posible, señor
presidente.
Efectivamente, yo no soy quien para calificar las actuaciones del
grupo de Izquierda Unida en la Comunidad Valenciana, señora Urán,
pero he leído hoy la prensa de La Ribera y el titular de un periódico
dice que fue un fracaso,
no lo digo yo. A lo mejor está equivocado el titular del periódico y
lo que dice el periódico. En ese caso, hablen con el periódico y
corríjanlo, pero esa es la noticia que se ha dado hoy en un
periódico, y no precisamente afín a nosotros sino más bien afín a
ustedes, con lo cual no creo que haya manipulado mucho la realidad.
En segundo lugar, el señor Beviá habla de moviolas y de partidos de
fútbol, y dice que hablamos del pasado. Usted, cuando le interesa,
también habla del pasado. Indudablemente, nuestras acciones futuras
están hipotecadas por el presente y por el pasado, ustedes tienen un
pasado bastante suculento y la situación actual es consecuencia de
aquellas intervenciones. Por tanto, no se queje, señor Beviá.
En cuanto a despolitizar el tema, efectivamente se despolitiza. Creo
que es mucho más honrado y más ético que sean los mismos damnificados
los que hagan el reparto de este dinero, como conocedores mejor que
nadie de su situación, y sin intervención. Indudablemente, la
delegación del Gobierno es el representante de un Gobierno. ¿Que lo
hemos querido hacer lo más aséptico posible? Esa era nuestra
intención. ¿Que usted lo critica y dice que no es así? Bueno, pues no
es así. A lo mejor mucha otra gente piensa que es así. Si no lo
hubiéramos hecho así, posiblemente usted mismo y algún grupo
parlamentario más hubieran usado esa baza para criticarnos.
Dice que vamos a privatizar con el tema de los convenios. Señor
Beviá, ustedes han gobernado muchos años esta nación y han
establecido muchos convenios con muchas asociaciones de muy distinto
rango y de muy distinta actividad, y no creo que ustedes hayan
privatizado ninguna. Ahora resulta que se ha venido aplicando durante
muchos años y que si lo seguimos aplicando nosotros, en ese caso es
privatizar. Ustedes cogen un slogan, ahora es el de privatizar, y lo
aplican a todo, pase lo que pase, y si el Pisuerga pasa por
Valladolid, también lo vamos a privatizar. Ustedes cogen ese slogan y
donde sea lo sueltan, que algo queda. (El señor Beviá Pastor; El agua
la quieren privatizar.)
El señor PRESIDENTE: Señor Pascual, vaya terminando, han pasado los
dos minutos.
El señor PASCUALMONZÓ: Voy terminando.
En cuanto al remanente, señorías, está ahí. No figura en las
enmiendas, porque no sabemos a cuánto va a ascender la suma final,
pero se calcula que alrededor de 3.500, ó 3.600 millones de pesetas
se van a destinar a estos damnificados del primer real decreto-ley.
El tope es ese, no lo hemos puesto porque el remanente está ahí, pero
ese es el tope.
Señor Peralta, no sé cuál será mi bajeza moral, pero desde que estoy
en este Congreso de los Diputados en ninguna de mis intervenciones he
recurrido al insulto a otras personas para defender mis argumentos.
Si usted lo hace así, cada uno puede darle el valor moral que quiera.
Usted, a falta de mejores argumentos, ha empezado a insultar al
presidente del Gobierno y al presidente de la Generalitat. ¿Usted
cree que ese es el camino? Pues muy bien, siga usted por ahí, pero no
creo que esa sea la forma en que se deban desarrollar las
intervenciones en esta casa.
Lo que no le admito es que manipule lo que yo digo, señor Peralta,
porque yo nunca he dicho que el delegado del Gobierno, socialista en
aquel momento, en la aplicación del primer real decreto-ley haya ido
en contra de la ley, como usted acaba de decir. Yo nunca lo he dicho.
He dicho que ha sido cicatero y que incomprensiblemente no ha
aportado hasta el cien por ciento del importe máximo resarcible, pero
ustedes quieren seguir sin entenderlo. Yo lo único que he dicho es
eso, que él tenía potestad para hacerlo y no lo hizo. Nunca he dicho
que haya ido en contra de la ley, porque, desde luego, si mi grupo
parlamentario hubiera sabido que iba en contra de la ley hubiéramos
tomado las medidas oportunas. Nunca lo hemos dicho, eso lo acaba de
afirmar usted y lo tengo que desmentir rotundamente.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR
IMPORTE DE 8.717.046.569 PESETAS, YDE UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR
IMPORTE DE 26.144.743.000 PESETAS, PARAATENDER INSUFICIENCIAS DE
CRÉDITO EN LOS EJERCICIOS 1997 Y 1998, RESPECTIVAMENTE, POR LAS
SUBVENCIONES QUE SE EFECTÚAN PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENCIAS DE
CAMBIO DE LAS DIVISAS OBTENIDAS EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS
SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE. (Número de
expediente 121/000155.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a tratar los dos restantes puntos del
orden del día que quedan por discutir antes de votar la totalidad de
los temas que hemos tratado en esta sesión de la Comisión.
El siguiente punto del orden del día es el proyecto de ley de
concesión de un crédito extraordinario dedicado a cubrir las
diferencias de cambio de las sociedades concesionarias de autopistas
de peaje.
Existen enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. (Rumores.)
Señorías, permanezcan en silencio y tomen asiento. Los portavoces los
primeros para dar ejemplo al resto de los miembros de la Comisión.
Supongo que estarán de acuerdo SS.SS. si en estos dos temas
intentamos limitar los tiempos. Creo que las enmiendas podrían
defenderse perfectamente en un espacio de cinco minutos. Este es el
tiempo que tiene don Pedro Antonio Ríos para defender las enmiendas
de su grupo.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Yo había oído que los últimos serán los
primeros. En este caso creo que no, que los últimos no van a ser los
primeros.
Voy a intentar defender las enmiendas que mi grupo mantiene a este
crédito extraordinario, porque, después del paso por la ponencia, ha
quedado como un crédito extraordinario, que en origen era también
suplemento de crédito, para cubrir lo que pudiéramos llamar los
efectos de cambio de divisas por las empresas concesionarias de las
autopistas de peaje.
Nuestro argumento para defender estas tres enmiendas al articulado va
unido a los argumentos que dimos en el debate de totalidad, y sobre
todo apoyado por las conclusiones de un dictamen del Tribunal de
Cuentas sobre la gestión de dos de las empresas que se dedican a esta
actividad: Audasa y Aucalsa. El Tribunal de Cuentas viene a detectar
precisamente que se está produciendo un abuso por parte de estas
empresas aprovechándose de la situación inestable del año 1972 y de
la regulación de ese mismo año, por la cual estas empresas, al tener
que refinanciar su deuda para hacer las autopistas que en su día
hicieron, necesitaban entrar en monedas de gran fluctuación, y para
que el gasto fuese estable o permanente el Banco de España y el
Estado les complementaba el cambio de esas divisas a través de la
citada regulación.
En aquel momento,cuando en el año 1972 se produjo esa normativa,
había cierta inestabilidad en las monedas fuertes como el dólar, pero
hoy hay una gran estabilidad en el cambio. ¿Qué ocurre con estas
empresas? Que están buscando cambiar créditos en monedas extranjeras
fuertes por créditos en monedas débiles como el yen y otras. Estas
monedas débiles fluctúan y esa diferencia de cambio la compensa el
Estado. ¿Qué está pasando? Que las empresas están trasladando al
Estado los gastos financieros de las inversiones que tuvieron que
hacer en su día. ¿Estamos hablando de un sector debilitado, no
atendido o no tenido en cuenta por la Administración? No; hemos
tomado medidas que benefician a estas empresas que están llevando de
manera irregular -como dice el Tribunal de Cuentas- sus gastos
financieros trasladándolos al Estado.
Nos encontramos con unas empresas que han tenido una modificación de
la concesión administrativa, se la hemos ampliado hasta 75 años y por
tanto ha desaparecido la inestabilidad para amortizar el gasto.
Segundo, les hemos reducido el IVAal 7 por ciento (por cierto,
tenemos un recurso de la Unión Europea contra esta decisión de
nuestro Gobierno porque no la entiende) y además tienen una situación
muy estable. Tan es así, que el Gobierno trajo una propuesta
presupuestaria para el año 1997 de 17.000 millones de pesetas y en el
año 1998 la redujo a 11.000.
Ahora nos encontramos con un crédito extraordinario de 30.000
millones; es una inestabilidad no apropiada, señor presidente.
Nosotros presentamos una enmienda para corregir esta situación y
evitar que se vuelva a producir. Pretendemos que haya un nuevo
artículo bis en el que se introduzcan los beneficios fiscales y se
regulen las obligaciones que el Estado debe tener en cuanto a estas
operaciones en el exterior con moneda extrajera.
En otra enmienda planteamos que el Estado haga frente a las
decisiones que adoptó para buscar exenciones de tributos locales a
los ayuntamientos, haga frente a esa responsabilidad puesto que los
ayuntamientos van a recibir menos ingresos.
En todo caso, considero el trámite de estos créditos extraordinarios
legal pero inmoral. Digo legal porque hay que pagarlo, se debe según
la norma; e inmoral porque no se ajusta a la realidad, no es verdad
esa inestabilidad que aducen. Por lo menos me gustaría dejar
constancia de un deseo: que consideramos las tres recomendaciones que
hace el Tribunal de Cuentas. Si no es en este trámite, en otro de
proposición de ley o de proposición no de ley debe
recogerse: primero, que los decretos de 1975 entren en vigor o se
deroguen; segundo, que la Administración incluya las previsiones
ajustadas; y, tercero, que se adopten las medidas para que los
beneficios fiscales y las obligaciones que debe asumir el Estado se
incorporen a la regulación legal. Precisamente en nuestra enmienda
trasladamos la recomendación tercera. ¿Que el sitio adecuado no es un
crédito extraordinario? Yo lo entenderé si el Gobierno promueve ese
cambio legal. Estamos pidiendo que el Gobierno se ahorre estos 30.000
millones, o por lo menos parte de ellos porque no se ajustan a la
realidad actual. Estamos beneficiando a poderosos cuando restringimos
para los débiles. (El señor Caldera Sánchez-Capitán: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere establecer su posición
con relación a este punto? (Pausa.)
El señor MARTÍNEZ SAN JUAN, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MARTÍNEZ SAN JUÁN: Permítame transmitir mi satisfacción como
diputado por hablar en esta Comisión bajo el amparo de su Presidencia
y de mi paisano don Práxedes Mateo Sagasta, ilustre riojano. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Que don Práxedes le ilumine en su parlamento.
(Risas.)
El señor MARTÍNEZ SAN JUÁN: Seguro que sí, señor presidente, habla
usted por boca de don Práxedes. (Risas.)
Ami grupo parlamentario este crédito extraordinario - como decía don
Pedro Antonio Ríos- no le deja satisfecho a pesar de que las
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular lo hayan rebajado en 4.400
millones de pesetas. No nos deja satisfechos porque apoyamos la
enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida en el Pleno por considerar que este crédito extraordinario, aun
siendo legal es inmoral en un contexto económico y social totalmente
distinto a aquel en que fue establecida la concesión de esta línea de
financiación de las autopistas de peaje.
Ya lo dije en su día: estamos hablando de las consecuencias de una
Ley de concesión de autopistas de una época pretérita, que no
calificaré desde el punto de vista político pero sí desde el punto de
vista económico. La realidad es que estamos financiando la concesión
de unos créditos extraordinarios en moneda extranjera a unas empresas
boyantes, que invierten y que están en Bolsa. Empresas a las que año
sí año también les mejoramos la cuenta de resultados -ocurrirá en
este caso si se aprueba el crédito extraordinario de 30.435 millones
de pesetas- para que hagan inversiones fuera del país; no para que
rebajen los peajes o para que éstos sean sociales, no para que haya
una norma económica adaptada a la realidad económica del país y a lo
que necesitan los ciudadanos, sino para que inviertan en
Iberoamérica. Día sí día también se puede ver en la prensa económica
que estas empresas concesionarias de autopistas -Aucalsa, Audenasa,
Acesa, etcétera- se
dedican a invertir y a conseguir concesiones fuera de nuestro país.
La concesión de este crédito dice poco a favor de la solidaridad de
estas empresas con la economía española y con los ciudadanos. Están
obteniendo cuantiosos beneficios económicos; así va su cotización en
Bolsa, así van sus peajes, así van las concesiones y la política de
autopistas del Gobierno del Partido Popular, que nosotros día sí día
también -como decía antes- criticamos. El último ejemplo ha sido la
decisión de los accesos de peaje a las grandes ciudades, en este caso
a Madrid, criticada por nuestro grupo parlamentario.
Estamos de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas
respecto a la financiación actual y futura en moneda extranjera que
establece en relación con las empresas de autopistas, y nos parece
que respetando la legalidad no podemos apoyar el actual texto surgido
de la ponencia.
Vamos a apoyar las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida porque estamos de acuerdo en que hay que equilibrar
en este nuevo marco económico las reglas del juego de las empresas
concesionarias de autopistas en relación con la política local y con
las haciendas locales.
En segundo lugar, creemos que con las enmiendas números 5 y 6, que
también vamos a apoyar, se trata de dar cauce a las recomendaciones
del Tribunal de Cuentas para que el modelo de financiación de las
empresas concesionarias no siga por los actuales derroteros que nos
obligan a votar permanentemente en este Congreso de los Diputados
créditos extraordinarios millonarios para satisfacer los intereses de
estas empresas.
Por todo ello, señor presidente, apoyaremos las enmiendas de
Izquierda Unida y no apoyaremos el texto del dictamen. (El señor Ríos
Martínez: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Salvador Sanz.
El señor SANZ PALACIO: Las enmiendas de adición números 5 y 6,
presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
van referidas a que el Estado no asuma los beneficios y obligaciones
en relación con las operaciones de endeudamiento, incluidas las de
refinanciación, que se realicen con posterioridad al vencimiento del
período máximo de financiación establecido para cada concesión y su
fecha de aplicación.
Los créditos extraordinarios se tramitan como proyectos de ley y se
trata de leyes presupuestarias singulares con unos requisitos
procedimentales que marca la Ley general presupuestaria. El objeto de
las enmiendas que presenta Izquierda Unida es de carácter sustantivo,
por tanto no consideramos que éste sea el trámite adecuado, tal como
dijimos ya en el Pleno.
La motivación de las enmiendas de Izquierda Unida se refiere a las
injustificadas ayudas públicas cuando se trata de unos beneficios con
cobertura legal conforme al texto legal que he citado. Respecto a la
práctica de refinanciar la deuda exterior en monedas con alto riesgo
de cambio, debemos decir que la Dirección General del Tesoro,
organismo que autoriza las operaciones de financiación de las
sociedades de peaje, ante el crecimiento del riesgo del Estado por
las diferencias de cambio, ha tratado de modificar en los últimos
años el endeudamiento a monedas con menor riesgo de cambio frente a
la peseta en el momento de autorizar las operaciones de
refinanciación. Así, ha crecido el endeudamiento en ecus frente al
endeudamiento en francos suizos o yenes.
Finalmente, respecto a la enmienda número 7, también de adición, a
fin de compensar a los municipios afectados por exenciones en los
tributos locales que disfrutan las entidades concesionarias de
autopistas, se trata de una previsión legal recogida en la
disposición adicional vigesimotercera de la Ley 49/1998, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1999, relativa
al estudio de la compensación a los ayuntamientos por la modificación
estatal del artículo 12 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo. En cualquier
caso, señor presidente, tampoco sería este proyecto de ley el
adecuado para recoger tal disposición, por ser su objetivo la
concesión de un crédito extraordinario.
Por tanto vamos a votar en contra de las enmiendas de Izquierda
Unida, de acuerdo con lo expuesto en esta Comisión y en el Pleno
durante el debate de totalidad.
Quisiera recordar también, señor presidente, que esta ley no la
hicimos nosotros y otros tuvieron tiempo para cambiarla y no lo
hicieron. Apreciamos el informe del Tribunal de Cuentas del año 1995,
y lo tendremos en cuenta, así como las opiniones del representante de
Izquierda Unida, señor Ríos, para otras iniciativas en el seno de
esta Cámara.
-PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR
IMPORTE DE 16.870.101.469 PESETAS, PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LAS
EMPRESAS COLABORADORAS DE ASISTENCIA SANITARIA DE LA COMPENSACIÓN
ECONÓMICA ESTABLECIDA EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY
66/1997, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y
DEL ORDEN SOCIAL PARA 1998. (Número de expediente 121/000157)
El señor PRESIDENTE: Con la anterior intervención damos por terminado
el debate en relación a este punto y entramos en el último punto del
orden del día: proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario, esta vez destinado a las empresas colaboradoras de
asistencia sanitaria.
Teniendo en cuenta que la del Grupo Parlamentario Catalán ha sido
incorporada en trámite de ponencia,existen cuatro enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.
En nombre de dicho grupo, doña Isabel Pozuelo tiene la palabra.
La señora POZUELO MEÑO: También en esta ocasión, y a pesar de las
reiteradas peticiones del Grupo Popular, va a intervenir el Grupo
Socialista.
El Grupo Socialista ha presentado cuatro enmiendas a este proyecto de
ley. El Gobierno quiere compensar con casi 17.000 millones de pesetas
a las empresas colaboradoras que han prestado asistencia sanitaria a
219.000 trabajadores pertenecientes a grandes empresas durante el año
1998. Con estas enmiendas de supresión, queremos poner de manifiesto
que este proyecto de ley es contrario a la Ley general de Sanidad de
1986, a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1989 y a los
acuerdos de financiación sanitaria de 1994, de 1998, y contrario
además a los acuerdos del Pacto de Toledo.
La Ley de presupuestos de 1989 estableció por primera vez que la
financiación del Sistema Nacional de Salud debía hacerse
preferentemente a través de ingresos tributarios del Estado. A partir
de ahí, los acuerdos de financiación con las comunidades autónomas de
1994 y de 1998 reciente, confirman este principio; igualmente los
acuerdos del Pacto de Toledo consideran que las prestaciones de
carácter universal deben financiarse con ingresos del Estado.
Con este proyecto de ley se quiere mantener un sistema obsoleto y
arcaico basado en la consideración de la asistencia sanitaria como
una prestación de la Seguridad Social y no como una prestación
universal. Estamos en contra de este proyecto de ley porque
consideramos que es un paso más en la firme decisión del Gobierno de
desmontar el actual Sistema Nacional de Salud, universal, igual y
equitativo para todo e implantar un modelo dual, fragmentario y de
estratificación social, basado en dos principios: en primer lugar hay
que acabar con el monopolio asistencial del Estado, liberalizando el
sector, es decir privatizándolo, y en segundo lugar un sistema
público es aquel que está financiado con fondos públicos,
independientemente de quién preste el servicio y cómo lo preste. Es
la coartada para seguir llamando público a un sistema dual y a su vez
permitir la financiación con fondos públicos a empresas privadas.
Este proyecto de ley se une a otras medidas tomadas por el Gobierno
anteriormente, como la Ley de fundaciones públicas o la Ley del IRPF
que concede sustanciosos incentivos fiscales a las compañías
aseguradoras sanitarias y esta propia ley que hoy debatimos. Por eso
nos parece además una burla que en la exposición de motivos se
justifique este proyecto de ley en la progresiva separación de
fuentes de financiación, como si ésta fuera la única opción posible y
como si la financiación a través de ingresos tributarios no fuera
consustancialmente unida al carácter universal y de igualdad de la
prestación sanitaria.
El Gobierno está cambiando el modelo y lo está cambiando por un
modelo más caro, menos eficaz y menos igualitario. Más caro porque
subvencionar a empresas privadas para la prestación de servicios
sanitarios a una parte de la población, aumenta sin duda los costos
generales que habría si esta población estuviera incluida dentro del
sistema general público. Este modelo, similar al vigente en Alemania
y Francia, que recientemente han modificado aprobando una ley, cuesta
dos puntos más del PIB, lo que representaría un billón 200.000
millones de pesetas más de gastos sanitarios que el que actualmente
tiene nuestro sistema público. Más caro porque estas empresas sólo se
hacen cargo de los trabajadores cuando están en activo, cuando tienen
menos necesidades sanitarias hasta su jubilación,
precisamente cuando la asistencia es más cara. En nuestra enmienda
número 2 proponemos la supresión del artículo primero porque además
se ha hecho con un cálculo arbitrario. Este proyecto de ley contiene
una sobrefinanciación a las empresas. Para imputar esa diferencia de
riesgo a que antes me refería respecto a la población que cubren, el
Gobierno aplica un coeficiente reductor del 0,82. En el proyecto no
se explica la metodología de cálculo que se ha seguido para hallar
este coeficiente, un cálculo más conservador de la diferencia de
riesgo entre el colectivo protegido por el Sistema Nacional de Salud
y el adscrito a las empresas colaboradoras, situaría el coeficiente
regulador en torno al 0,65. Hay que tener en cuenta que las personas
mayores de 65 años generan un gasto tres o cuatro veces superior a la
media de la población, según las estadísticas de la OCDE. Este
coeficiente del 0,65 sólo normaliza para la diferencia de edad y no
toma en consideración el distinto riesgo menor para las empresas
colaboradoras de la población ocupada por la que probablemente sería
mayor. Si utilizáramos este coeficiente del 0,65, que nosotros
consideramos debe ser el correcto, la estimación económica de
compensación a las empresas sería de 13.143 millones de pesetas en
lugar de los 16.870 que propone el Gobierno en este crédito
extraordinario. El Gobierno estima además que habrá un 5 por ciento
más de empleados a los que hay que dar cobertura en el último
trimestre del ejercicio, al existir según se dice en el proyecto una
tendencia creciente de trabajadores acogidos a empresas
colaboradoras. Estamos en mayo de 1999, ¿no se conocen aún los datos
ciertos del conjunto de la población protegida en el último trimestre
de 1998? ¿Quién promueve además esa tendencia al alza a la población
protegida por empresas colaboradoras? El sistema es menos eficaz. La
cobertura sanitaria que se está prestando desde las empresas privadas
se entiende como una cobertura complementaria a la pública por parte
de los ciudadanos. De manera habitual, las empresas remiten a los
pacientes al sistema público cuando se presentan graves problemas
asistenciales hospitalarios a los que no tienen capacidad de dar una
respuesta, bien porque no disponen de suficiente personal o medios
especializados o porque precisarían de inversiones muy costosas de
las que no obtendrían una rentabilidad económica suficiente teniendo
en cuenta la población escasa a la que tienen que proteger. Es además
menos igualitario. Lamentablemente, se está implantando en España un
sistema regresivo en el que las prestaciones sanitarias se vincularán
al nivel salarial y profesional de los trabajadores. Vamos claramente
hacia el ejemplo americano, se vincula la asistencia sanitaria al
contrato de trabajo; las pólizas serán diferentes para los directivos
y para el resto de los trabajadores en nuestras empresas.
La Ley general de Sanidad prevé la integración de todos los sistemas
de protección dentro de un único sistema público sanitario eliminando
las diferencias de cobertura entre los distintos ciudadanos. Por
tanto éste hubiera sido el momento adecuado y justo en que se
cumplieran las previsiones del aseguramiento único universal. El
Gobierno debía haber unificado los diferentes sistemas de cobertura
para garantizar a los ciudadanos su incorporación en un sistema
único; muy al contrario, el Gobierno propugna un
sistema de coexistencia de servicio público y de servicios privados.
Por todas estas razones y debido a la premura de tiempo señor
presidente, no me extenderé más; el Grupo Socialista va a votar en
contra de este proyecto de ley que consideramos arbitrario y que va
en contra de la consolidación de un Sistema Nacional de Salud
universal, igual y equitativopara todos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que en relación a este
proyecto de ley desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió), tiene la
palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió) voy a intervenir
simplemente para dejar constancia de que la enmienda de nuestro grupo
incorporada en el trámite de ponencia, pretendía -y queremos que
conste en el 'Diario de Sesiones'- una clarificación: que el pago a
las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria abarca a todas
aquellas empresas del territorio del Sistema Nacional de Salud. Por
tanto, queremos precisar que este pago comprende afecta a aquellas
empresas del ámbito de las comunidades autónomas con gestión
transferida y afecta también a las empresas de gestión directa del
Insalud.
Nuestra grupo considera que era necesaria esta clarificación y que
era importante y justa hacerla, entendiendo que hasta la entrada en
vigor de la Ley 66/1997, que es la Ley de acompañamiento de los
presupuestos del año 1998, hasta ese momento el coste de la
compensación a estas empresas se financiaba siempre a través de
cotizaciones a la Seguridad Social, por tanto era un coste que en
nigún caso repercutía en la financiación de las comunidades autónomas
con gestión transferida. Por tanto queremos que se clarifique; en
este sentido se ha incorporado en Ponencia esta enmienda y queríamos
dejar constancia de ello en el 'Diario de Sesiones'
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra
don Pedro Antonio Ríos, a quien le ruego la misma brevedad en su
intervención.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, el que no se contenta es
porque no quiere, es decir la fórmula para poder defender las
posiciones de cada grupo las podemos elevar en tono o en calor, pero
no en contenido.
Nosotros vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista por dos razones: unas de fondo -por los objetivos que
persiguen- y otras de forma. La forma es muy sutil, simplemente
suprimen con la primera enmienda la exposición de motivos, con la
segunda enmienda los artículos primero y segundo y la entrada en
vigor; por tanto, derogado. Es una argumento de totalidad y de peso.
Yo no comparto el criterio de este proyecto y sus enmiendas me
solventan el problema a la hora de apoyarlas. El fondo de sus
enmiendas es todavía más efectivo. Dan dos argumentos. En primer
lugar estamos donde sobrefinanciación, y ha faltado añadir una cosa,
sobrefinanciación que se repartió en la discusión de la Ley de
acomodamiento
del año 1998. Cuando discutimos esa ley, en la disposición
transitoria sexta, (gracias a los lobby de presión que están
funcionando en esta legislatura en el trámite de la discusión de los
presupuestos) añadimos unas actuaciones, y como antes se pagaba por
Seguridad Social y ahora vamos a compensarles desde el Estado, no
cuantificamos cuando se hizo esa discusión de la ley del año 1998-
pero digimos: vamos a buscar una fórmula para que las empresas
colaboradoras tengan unos apoyos. Ese apoyo se ha cuantificado muy
rápidamente, ha tenido efecto durante todo el año 1998 (hay que ver
qué rápido funcionamos y de qué manera tan ágil pagamos nuestras
deudas a determinados sectores económicos del país) y concedemos una
pequeña cantidad de 16.000 millones de pesetas para algo que está
calculado en cuanto a la forma de manera arbitraria; no existe una
regulación que mida de manera transparente cuáles son las
compensaciones que debemos hacer y por qué.
En segundo lugar va dirigido a sectores sociales de competencia y de
recursos económicos altos, puesto que estamos hablando de ciudadanos
pertenecientes a grandes empresas, empresas competentes en cuanto a
nivel salarial y a nivel de actividad, son grandes actividades
económicas que están distribuidas por todo el Estado español, por
ejemplo el empleado de Telefónica está en Cataluña, en Valencia o en
Andalucía, por tanto la previsión y la garantía de la enmienda que
antes ha defendido es más o menos reducida. En tercer lugar, se busca
una compensación, y aquí viene la arbitrariedad, con lo que es el
gasto medio sanitario de toda la población del Servicio Nacional de
Salud; por tanto estamos buscando derivar unos beneficios medidos en
población general hacia sectores altos. Finalmente, el Grupo
Socialista aporta otra argumento y es que el coeficiente reductor no
explica los criterios que han sido utilizados para ese cálculo; por
tanto podíamos utilizar estos criterios u otros. Este año se ha
utilizado este criterio, no sabemos si el año que viene se van a
utilizar otros. Si hay dificultad de medir los criterios para
calcularlos, si hay arbitrariedad a la hora de medir, y si además
favorecemos a sectores poderosos comparados con la realidad que
reciben los sectores generales de la población, estamos ante un
crédito extraordinario que obedece a una compensación pactada en el
trámite de la Ley de presupuestos del año 1998 y que va dirigido a
sectores económicos que demandaron su apoyo a los grupos que soportan
al Gobierno. Nosotros no compartimos el objetivo que perseguía
aquella Ley de presupuestos, y por ende no estamos de acuerdo con
este crédito extraordinario.
Como fórmula presupuestaria -y con esto termino, señor presidente,
puesto que llevo tres minutos y medio hablando-, solamente quiero
decir al Grupo Parlamentario Popular y a los grupos que soportan al
Gobierno, que por favor acabemos con las excepcionalidades; que
regulen sistemas que vayan presupuestariamente medidos siempre.
Estamos hartos de ver tanto crédito extraordinario durante los
ejercicios presupuestarios. Regulen bien, presupuesten bien y
acabemos con esta política de créditos extraordinarios que genera
inseguridad. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, señorías.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Martínez Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías,
intervengo en nombre de mi grupo porque el portavoz que lleva este
tema, señor Echániz, está ahora interviniendo en la Comisión de
Educación y Cultura.
Desde mi grupo parlamentario cuando hemos oído a la portavoz
socialista no podía menos que extrañarme, porque parece que con este
proyecto de ley estamos abriendo un nuevo instrumento sanitario. No
es así. Se trata de un crédito extraordinario a un instrumento
sanitario con el que el Grupo Socialista ha convivido pacíficamente
durante 14 años, que lo ha protegido durante 14 años, que le ha
estando dando dinero durante 14 años, que no le ha parecido mal
durante 14 años, y ahora de repente cambian radicalmente su posición;
no cambia el instrumento sino su posición. En estos años de gobierno
del Partido Popular no hay ninguna nueva empresa como entidad
colaboradora. Hay 36, y que son las que antes estaban. (Rumores.) Los
afectados son 219.000, señor Ríos, que no son los ciudadanos de
rentas más altas. Decir que todos los que trabajan en algunas
entidades financieras, en algunos medios de comunicación, en la
Comunidad de Madrid o en Telefónica son ciudadanos de rentas altas,
no es verdad hay de todos y además todos son asalariados.
Señorías, la necesidad de este proyecto de ley, que es un crédito
extraordinario, es simplemente porque las entidades colaboradoras han
prestado un servicio a lo largo de 1998; anteriormente las entidades
colaboradoras tenían una reducción en las cotizaciones que pagaban,
era el sistema más oscuro que existe consistente en la reducción en
las cotizaciones, un sistema absolutamente oscuro y nosotros hemos
dado transparencia a ese sistema. Ese sistema es tan transparente que
hoy lo estamos debatiendo. Lo que era absolutamente oscuro nosotros
lo hemos hecho transparente. (El señor Cercas Alonso: Eso es un
sofisma.- Rumores.) Lo que hacemos simplemente es poner un dinero, un
crédito extraordinario para financiar un servicio que esas entidades
están prestando. Es verdad, señorías, que habría que pensar qué
hacemos en el futuro y mi grupo parlamentario quiere llegar a un
acuerdo sobre el futuro de las entidades colaboradoras. Con el
Partido Popular tenemos un sistema público de salud universal y
gratuito que no se financia con cotizaciones, se financia con el
presupuesto público porque hemos completado totalmente la separación
de fuentes. Hoy todos los españoles tienen una sanidad de calidad
gratuita, y además sin financiarla a través de cotizaciones, sino con
el presupuesto público. Hay 36 empresas colaboradoras con casi
trescientos mil beneficiarios, y esos beneficiarios -muchos de ellos
sindicados- están muy satisfechos con el servicio. Hay que buscar una
fórmula que sea aceptable por los sindicatos de esas empresas, que
además no cargue el sistema público de salud, pero que reconozca que
ahora mismo en España este se paga con los presupuestos públicos.
Estas fórmulas que se usaron durante 14 años de gobierno socialista
quizá necesiten retoques en el futuro. (La señora Pozuelo Meño pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Pozuelo, tiene la palabra por espacio de
un minuto.
La señora POZUELO MEÑO: Señor presidente, solamente voy a hacer una
aclaración y no es mi intención reabrir un debate con el señor
Martínez-Pujalte, que parece que no conoce muy bien el asunto que
estamos tratando, ya que no es él quien lo ha llevado con
anterioridad.
Efectivamente, este es el primer año en el que la sanidad se financia
en su totalidad por ingresos tributarios... (El señor Martínez-
Pujalte López: Gracias al PP) No, gracias al PP, no, señor Martínez-
Pujalte, ese es su error, o lo que continuamente quiere mantener como
un logro del Partido Popular, que no lo es. Este es un acuerdo del
Pacto de Toledo que en su momento propició que los servicios de
carácter universal se financiaran íntegramente con ingresos
tributarios del Estado. Este es el primer ejercicio, el de 1999, en
el que esto es así y por tanto era en este ejercicio de 1999 en el
que tenía que haber desaparecido el sistema arcaico y obsoleto de
entidades colaboradoras de la Seguridad Social, que se financiaban a
través de deducción de cuotas de la Seguridad Social, porque el
sistema sanitario se financiaba de esta manera en nuestro país.
Además, no tiene ninguna razón de ser el hecho de que en el ejercicio
de 1998, para el que estamos aprobando este crédito extraordinario,
se haya adelantado el sistema previsto para 1999, no sabemos por qué
razones ni para beneficiar a quién, adelantando en un ejercicio lo
que estaba previsto que se iniciara en 1999. (El señor Ríos Martínez
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, también por un espacio breve, un
minuto.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Dos precisiones, señor presidente. Desde el
Pacto de Toledo hacia acá se caminaba en la separación de los
sistemas de financiación de la Seguridad Social (sistema
contributivo, sistema no contributivo) y la sanidad se ubicaba en los
impuestos generales del Estado, pero es que, con la referencia que se
ha hecho, este crédito extraordinario obedece a la cuantificación de
una ley que se aprueba el 30 de diciembre de 1997, que es la Ley de
acompañamiento para el año 1998. Estamos pagando el gasto del año
1998; por tanto no se había presentado en años anteriores un crédito
extraordinario para pagar esto. En segundo lugar, no está reglada la
fórmula para cuantificar la ayuda y la compensación económica y, por
tanto, por más que haya aquí un crédito extraordinario, ello no
quiere decir que sea más transparente, no, no, es que lo estamos
pagando de una manera diferente. Eso es lo que yo he criticado y por
eso voy a votar en contra de este crédito extraordinario. (El señor
Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, un minuto.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Efectivamente, el 1 de enero de 1999
es cuando se inicia la completa separación de fuentes. Lo que estamos
aprobando ahora es un crédito para el año 1998, porque esas entidades
colaboradoras en ese año no tuvieron la reducción en las cotizaciones
de la Seguridad Social y hay que compensarlas como se les compensaba
anteriormente con ese sistema que la señora Pozuelo llama arcaico,
aplicado por el Grupo Socialista. No sé si lo arcaico es el sistema o
el Grupo Socialista. (Rumores.) No, no, 14 años de convivencia del
Grupo Socialista con este sistema. (Protestas.)
Ciertamente, señorías, el Grupo Socialista ha presentado una
iniciativa parlamentaria a través de la cual podemos buscar un
acuerdo para dar una solución de futuro, pero no para lo que hay que
financiar en 1998, porque es una financiación que las entidades
colaboradoras ya han realizado, ya que han prestado el servicio
durante todo el año 1998. Desde luego, señorías, me gustaría
reafirmarme en que quizá podamos llegar a un acuerdo en el futuro
para tener una sanidad más eficiente, pero ese acuerdo se tiene que
hacer con todos los agentes sociales y buscando consensos de futuro.
El señor PRESIDENTE: Terminamos así el debate sobre este punto del
orden del día y vamos a comenzar las votaciones correspondientes a
los temas debatidos en el día de hoy.
Votamos, en primer lugar, las solicitudes de comparecencias de
señores ministros que ha formulado el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta del Grupo
Socialista.
Con relación a los tres proyectos de ley, solicito de la Comisión si
están de acuerdo en que, como venimos haciendo usualmente,
ratifiquemos por asentimiento la ponencia. (Asentamiento.)
Quedan ratificadas las ponencias designadas para los tres proyectos
de ley.
A continuación, votamos el dictamen de los tres proyectos de ley. El
primero de ellos es el relativo al crédito extraordinario para el
pago de las indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa
de Tous. En primer lugar, votamos las enmiendas presentadas por el
señor Chiquillo, en nombre del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas presentadas por el señor Peralta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazada.
Voto de totalidad del dictamen correspondiente al proyecto de ley.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos al proyecto de ley para atender las insuficiencias en los
tipos de cambio correspondientes a las emisiones de deuda de las
autopistas de peaje.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Federal de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación de totalidad del proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.
Tercer y último proyecto de ley, que corresponde al pago a las
empresas colaboradoras de asistencia sanitaria.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación de totalidad en relación con el proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.