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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 342, de 26/11/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 342
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELICIANO BLAZQUEZ SANCHEZ
Sesión núm. 16
celebrada el miércoles, 26 de noviembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría)
para informar sobre las razones sanitarias que justifican la decisión de
vacunación masiva contra la meningitis C en todas las Comunidades
Autónomas que han adoptado tal decisión. A solicitud del Grupo Socialista
del Congreso (Número de expediente 213/000366) (Página 10120)
Proposiciones no de ley:
--Sobre medidas urgentes para asegurar el restablecimiento y el
mantenimiento de las plazas suprimidas en el servicio de ginecología del
hospital de Barbastro (Huesca). Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 161/000521) (Página 10127)
--Sobre estudio de la aplicación del Real Decreto 9/1996, de 15 de enero,
de manera progresiva y a través de los centros sanitarios propios o
concertados con el Instituto Nacional de la Salud (Insalud). Presentada
por el Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 161/000587)
(Página 10129)
--Relativa a la generalización de la terapéutica vigilada como forma de
tratamiento de la tuberculosis. Presentada por el Grupo Socialista del
Congreso (Número de expediente 161/000530) (Página 10131)
--Relativa a la adopción de medidas para garantizar la posibilidad de
presencia de acompañante de confianza de la mujer durante el parto y de
salvaguarda de su intimidad en los centros del Instituto Nacional de la
Salud (Insalud). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso (Número de expediente 161/000615) (Página 10134)
--Sobre la especialidad médica de «genética clínica». Presentada por el
Grupo anterior (Número de expediente 161/000668) (Página 10136)
--Relativa a la comercialización de la RU-486. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente
161/000605) (Página 10138)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (ROMAY BECCARIA)
PARA INFORMAR SOBRE LAS RAZONES SANITARIAS QUE JUSTIFICAN LA DECISION DE
VACUNACION MASIVA CONTRA LA MENINGITIS C EN TODAS LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS QUE HAN ADOPTADO TAL DECISION. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO (Número de expediente 213/000366).
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la reunión de la Comisión
de Sanidad y Consumo con el orden del día que SS. SS. conocen.
En primer lugar, comparece el ministro de Sanidad y Consumo, don José
Manuel Romay Beccaría, ante la Comisión de Sanidad y Consumo para
informar sobre las razones sanitarias que justifican la decisión de
vacunación masiva contra la meningitis C en todas las comunidades
autónomas que han adoptado tal decisión. Es una comparecencia a petición
del Grupo Parlamentario Socialista.
Damos la bienvenida al señor ministro, que tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Comparezco muy
honrado ante esta Comisión para exponer las razones sanitarias que
justifican la decisión final de vacunación masiva contra la meningitis C
en las comunidades autónomas que han adoptado tal decisión. Como sin duda
conocen SS. SS., han sido varias las ocasiones en las que he comparecido
ante esta Cámara, así como varias también las preguntas parlamentarias
contestadas sobre esta materia.
Tras la situación acaecida en varias comunidades autónomas durante los
meses de febrero y marzo en relación con la meningitis meningocócica tipo
C, el Ministerio de Sanidad y Consumo se planteó como objetivo
fundamental, con vistas a afrontar la siguiente temporada epidemiológica,
el de conseguir la articulación de un sistema de toma de decisiones por
parte de las comunidades autónomas que estuviese caracterizado, en la
mayor medida de lo posible, por los siguientes elementos; en primer
lugar, que estuviese inspirado en la doctrina científica más generalmente
aceptada; en segundo lugar, que las decisiones se adoptasen una vez oído
el parecer de los profesionales sanitarios más directamente relacionados
con el problema; en tercer lugar, que las decisiones se produjesen
coordinadamente, es decir, que cada autoridad que tuviese que tomar una
decisión lo hiciese sabiendo cuáles eran las decisiones adoptadas por los
demás; también, y si las anteriores circunstancias lo permitían, que la
decisión fuese, en la medida de lo posible, uniforme; y finalmente, que
las decisiones se adoptasen con la suficiente antelación como para que
fuese posible planificar el desarrollo de las mismas en las mejores
condiciones.
Con la intención de alcanzar estos objetivos, el Ministerio de Sanidad y
Consumo organizó una conferencia sobre la enfermedad meningocócica que se
desarrolló en Oviedo los días 16 y 17 de junio, y se convocó para el día
siguiente, 18, una reunión extraordinaria de la Comisión de Salud Pública
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. A la
conferencia asistieron los más relevantes especialistas de la enfermedad
meningocócica tanto de nuestro país como del extranjero (Estados Unidos,
Canadá, Inglaterra), así como representantes de la Organización Mundial
de la Salud. Asistieron igualmente representantes de las siete sociedades
científicas médicas más directamente involucradas con el problema.
En la conferencia nacional de la enfermedad meningocócica se examinaron
los elementos que caracterizan la actual situación de la citada
enfermedad en España. El primero de ellos es el moderado incremento,
especialmente generalizado, de la incidencia observada en algunas
comunidades autónomas; el segundo, muy significativo, el cambio que se ha
producido en el serogrupo dominante, que ha pasado a ser el C, y más
concretamente la aparición de un subserogrupo que es el responsable del
incremento general de la incidencia, especialmente en grupos
adolescentes, y de la letalidad detectada.
Estas dos características la diferencian de las ondas epidémicas ya
sufridas en España, y concretamente de la larga onda de 1971-1986, que
estuvo producida por el serogrupo
B y que produjo las tasas más elevadas de la historia de la enfermedad en
nuestro país. En efecto, la situación de los años setenta y ochenta se
caracterizó, desde el punto de vista epidemiológico, por la elevada
incidencia de la enfermedad, por su larga duración respecto a las ondas
precedentes, con una larga curva descendente indicativa de un proceso de
difusión espacial prolongado. Las situaciones precedentes, ondas de los
años sesenta, cuarenta y treinta, se caracterizaron por su más corta
duración, entre ocho y seis años.
Las opiniones vertidas en Oviedo no fueron ni de lejos unánimes y
pusieron de manifiesto la existencia de criterios notablemente
diferentes. No obstante, sí fueron generalmente aceptados los siguientes
hechos: uno, que las decisiones adoptadas durante los meses de febrero y
marco habían sido las correctas. Dos, que los criterios que habían sido
aplicados hasta ese momento, especialmente en lo relativo a las tasas
indicativas de vacunación, tenían que ser los que principalmente deberían
seguir inspirando las decisiones que se adoptasen en el futuro. Tres,
que, no obstante lo anterior, el criterio de la tasa de incidencia podría
ser matizado por factores como los siguientes: incidencia en grupos de
edad en los que la vacunación es más eficaz, mortalidad registrada,
distribución geográfica que dificultase las acciones estratificadas sobre
la población, e incremento, en relación con períodos anteriores, de la
circulación de una nueva cepa. Quiero llamar la atención de SS. SS. sobre
el hecho de que fue precisamente el representante de la Organización
Mundial de la Salud quien hizo más hincapié en la importancia de los
matices con los que deberían contemplarse los simples criterios de tasas
de ataque.
Finalizada la conferencia, la Comisión de Salud Pública del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud analizó la situación a la
luz de las conclusiones alcanzadas. Como resultado de este análisis, las
comunidades autónomas del País Vasco, Madrid y Extremadura decidieron
anunciar, con el visto bueno de todas las comunidades autónomas, que
procederían a una vacunación generalizada de la población comprendida
entre 18 meses y 19 años. Las demás comunidades autónomas, y también con
el acuerdo del resto, consideraron que no se producían las circunstancias
que aconsejaban la vacunación. No obstante, unas y otras estuvieron de
acuerdo, y así figura en el documento final, en mantener un meticuloso
sistema de análisis de la evolución de la situación, extremándose la
vigilancia epidemiológica, a fin de poder actuar en consecuencia en cada
momento. Además, todas ellas manifestaron la necesidad de proceder a un
atento seguimiento de la percepción social del problema que permitiera
aventurar una prospección respecto a la reacción esperable por parte de
la población durante la siguiente temporada epidemiológica.
El texto literal del acuerdo de la Comisión de Salud Pública del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de salud, tomado en esa reunión del
18 de junio de 1997, es el siguiente:
La conferencia científica, celebrada los días 16 y 17 de junio, ha
permitido que especialistas de diversas áreas de conocimiento procedieran
a analizar la situación epidemiológica de España en su conjunto, así como
la de sus comunidades autónomas, provincias o territorios significativos.
Que la citada conferencia ha permitido analizar la situación de aquellas
comunidades autónomas que por su situación epidemiológica se han visto
obligadas a tomar la decisión de realizar vacunaciones sistemáticas,
Galicia, Cantabria, La Rioja. Que han podido analizarse las pautas de
intervención en países de nuestro entorno geográfico y socioeconómico.
Que se han oído las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud. Que las sociedades científicas médicas más relacionadas con el
problema han dado su opinión y criterios sobre la situación analizada,
constatando que, a juicio mayoritario de los expertos, España no está en
la actualidad cerca de una situación que aconseje una vacunación masiva
en todo el territorio. Que los expertos y científicos consideran que
nuestro país no se encuentra en una situación epidémica. Se observa una
tendencia geográficamente desigual de incremento de la tasa de incidencia
de enfermedad meningocócica, que se ha puesto de manifiesto en la
circulación, con distinta intensidad en función del ámbito territorial,
de una nueva cepa del serogrupo C 2B T1 2 5. Que existen en este momento
diferencias significativas, tanto en la incidencia como en la
distribución de la nueva cepa, diferencias constatables no sólo entre
comunidades autónomas sino incluso dentro de ellas entre provincias y aun
entre comarcas o zonas limitadas. Que en función de los informes y
testimonios más relevantes, la vacunación presenta determinadas
características que aconsejan limitar su uso a ciertas situaciones. Que
el efecto frontera o vecino es un factor que genera especial preocupación
a los ciudadanos, al que las autoridades sanitarias son sensibles.
De común acuerdo, colegiadamente y de forma consensuada, la Comisión de
Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
ha decidido elevar al Pleno la siguiente propuesta de actuación: mantener
el criterio de intervención que ha venido utilizándose, en el sentido de
efectuar quimioprofilaxis y, eventualmente, vacunación a los contactos de
los casos, así como realizar vacunación generalizada en los ámbitos
territoriales concretos en los que se hayan alcanzado tasas de diez casos
por 100.000 habitantes. En situaciones concretas, matizar el criterio
anterior con los elementos aportados por la OMS, es decir, incidencia en
grupos sectarios en los que la vacuna es más eficaz, mortalidad
registrada, distribuciones geográficas que impidan la actuación
estratificada, incremento en relación con períodos anteriores de la
circulación de una nueva cepa, establecer una línea de actuación que, en
la medida de lo posible, facilite la consecución de amplios territorios
en los que las estrategias sean uniformes a fin de minimizar los efectos
frontera o vecino. En consecuencia, durante los meses de septiembre y
octubre las comunidades autónomas del País Vasco, Madrid y Extremadura,
consultados sus órganos asesores, procederán a una oferta de vacunación a
los niños y jóvenes correspondientes entre 18 meses y 19 años, ambos
inclusive. Por su parte, la Comunidad Autónoma de Murcia procederá a una
evaluación de su situación a la luz de las aportaciones que
se han producido durante la conferencia científica. La Comisión de Salud
Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
mantendrá una comisión de análisis permanente de la situación, con la
participación de las sociedades científicas médicas que han intervenido
en la conferencia recientemente celebrada. Se mantendrá asimismo un
análisis de la evolución de la situación extremándose la vigilancia
epidemiológica, a fin de poder actuar en consecuencia en cada momento.
Las comunidades autónomas mantendrán un sistema de información dirigido
tanto a los profesionales sanitarios como a la población en general. La
Comisión de Salud Pública deja patente que la meningitis es un problema
más complejo y amplio que el simplemente referido a la meningocócica y a
la del tipo C, por lo que reitera que nada puede sustituir las ventajas
derivadas de un diagnóstico y tratamiento precoz.
Frutos de todas estas circunstancias, y a lo largo de todo el mes de
septiembre, las comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña, Aragón,
Asturias y Cantabria se consideraron en una situación que aconsejaba
proceder a una oferta generalizada de la vacunación. Andalucía, Navarra y
Canarias consideraron que su situación epidemiológica no colmaba el tipo
epidemiológico propio de la vacunación, aunque garantizaban la vacunación
de todas aquellas personas que así lo decidieran individualmente o por
consejo de su médico. Durante los meses de septiembre, octubre y
noviembre se ha ido procediendo a la vacunación en las comunidades
autónomas que así lo decidieron, con un elevado grado de aceptabilidad
por parte de la población, lo que ha permitido alcanzar tasas de
cobertura que, aun con variaciones territoriales y sobre todo en función
de la edad, se aproxima al 85 por ciento de la población diana. En las
comunidades autónomas en que no se ha procedido a la vacunación
generalizada las autoridades sanitarias mantienen una estrecha vigilancia
de la situación, para adoptar en cualquier momento la decisión que
pudiera resultar más conveniente. La percepción social del problema nos
revela una situación de calma y tranquilidad; las autoridades sanitarias
tienen una estrecha vigilancia de la evolución de la situación; la
coordinación está garantizada a través del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud y se mantiene un fluido y constante contacto
conlas sociedades científicas más estrechamente relacionadas con el
problema. En definitiva, una situación, señorías, que nos permite
contemplar la llegada de la próxima temporada epidemiológica con
tranquilidad y confianza.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
quiero agradecerle su presencia y las explicaciones que acaba de
facilitarnos. Quiero decirle también que nuestra solicitud de
comparecencia data del mes de septiembre, cuando se produjo la decisión
por parte de algunas comunidades autónomas de vacunar masivamente, y
seguramente ha perdido actualidad la petición concreta que hacíamos,
puesto que una de las consecuencias de esta decisión de vacunar
masivamente en las comunidades autónomas ha sido la coincidencia de esta
decisión con la desaparición de las informaciones en los periódicos, en
los medios de comunicación, sobre la meningitis, acerca de cuyo fenómeno
me gustaría, señor ministro, pedirle su opinión; a qué atribuye que hayan
desaparecido las informaciones que venían facilitándose desde hace meses
en prensa acerca de la evolución de la enfermedad, de los casos nuevos,
de los casos que habían aparecido y que desde que se ha producido esta
decisión de vacunación realmente no han vuelto a hacerse públicos ni a
suscitar el interés de los medios de comunicación. Le decía, señor
ministro, que la razón de nuestra petición estriba en la extrañeza que
nos produjo conocer esa decisión por parte de un número muy significativo
de comunidades autónomas porque, como S. S. ha recordado, las
conclusiones de la conferencia de Oviedo, que fue el referente científico
que el Ministerio de Sanidad y Consumo propició para tener
informaciónsobre este asunto --conclusiones que ha tenido la atención de
leer a esta Comisión--, en ningún caso permitían concluir que la
vacunación generalizada fuera una evidencia de la situación que entonces
se conocía. Por otra parte, el informe elaborado por la Agencia de
Evaluación de Tecnología Sanitaria sobre la eficacia de la vacuna,
informe que data del mes de marzo, concluye que no es recomendable la
vacunación generalizada. Dice: no se recomienda el uso rutinario y masivo
de la vacuna.
Señor ministro, ante esta situación, fue una sorpresa que a la vuelta del
verano un número tan significativo de comunidades autónomas decidiera
esta vacunación. Esto ha creado una cierta confusión y algunas preguntas
que, en nombre de mi grupo parlamentario, me permito formularle, para
saber si es posible arrojar alguna luz sobre esta cuestión.
En primer lugar, señor ministro, de los datos que el Ministerio de
Sanidad y Consumo facilita a este grupo parlamentario sobre la evolución
periódica de la enfermedad deducimos una progresiva y paulatina
disminución a partir de la constatación del aumento extraordinario de
casos de meningitis, y más concretamente de meningitis C. Lo cierto es
que a lo largo del año 1997 se constata un descenso paulatino tanto de
los casos totales como de los casos de meningitis C.
El incremento de estos últimos, que en los primeros meses del año era del
157 por ciento, parece haberse reducido ahora al 75 por ciento; en cuanto
a los casos totales, a principios de año había un incremento del 89 por
ciento en el número de casos declarados y parece que a estas fechas
estamos en un 38 por ciento. Por tanto, la disminución progresiva es
evidente y, sin embargo, no se constata una alteración significativa a
partir de la decisión de vacunación masiva. Alrededor de la semana 36 ó
37 no parece desprenderse, por los datos de que disponemos, señor
ministro, que la vacunación generalizada haya acelerado esa disminución
en el número de casos. Por tanto, la pregunta es qué efectos ha tenido en
el número de casos declarados la vacunación masiva allí donde se ha
producido y, a continuación,
cuál es la diferencia entre las comunidades autónomas donde se ha
procedido a la vacunación masiva generalizada y las comunidades autónomas
donde no se ha producido esta vacunación masiva y lo que se ha hecho
--como S. S. acaba de explicar-- es un seguimiento y una coordinación
atenta de la evolución de la enfermedad. También nos gustaría conocer,
señor ministro, cuál ha sido el coste económico de esta decisión.
Asimismo, nos gustaría poner de manifiesto que el estudio que se ha hecho
simultáneamente a la vacunación, por ejemplo en la Comunidad de Madrid,
avalado por el Insalud y por la propia Comunidad de Madrid, para conocer
la eficacia de la vacuna ha generado inquietud en las familias a las que
se ha solicitado la autorización para poder realizar el estudio al mismo
tiempo que se procedía a la vacunación. También quería pedirle
información respecto a la fase en que está este estudio y si puede
adelantar algún resultado del mismo para conocer la eficacia de la
vacuna, porque al solicitar la autorización, como sin duda S. S. sabe,
entre otras cosas, se pedía a los padres o representantes legales el
permiso para hacer este estudio, con objeto de conocer cuánto dura la
protección de la vacuna, que todos sabemos que es algo que no está
perfectamente claro. Por tanto, señor ministro, le agradecería que
facilitara alguna información respecto a este estudio, acerca del grado
de realización y la previsión de cuándo se van a conocer los resultados.
En definitiva, señor ministro, de lo que se trata es de cumplir con la
obligación que corresponde a mi grupo parlamentario de hacer un
seguimiento de lo que ha constituido un serio problema en nuestra
sociedad a lo largo de este año, primero por la enfermedad y su gravedad
allí donde se produce; segundo, por el desconcierto que produjo la forma
en que se conoció la extensión de la enfermedad; tercero, por esta
decisión sorprendente de vacunación masiva cuando no parecía que hubiera
datos objetivos que la justificaran. Antes del verano no había razón para
una vacunación masiva y lo cierto es que a la vuelta del verano, sin
causa aparente objetiva, se produjo esta decisión que sin duda ha
trasladado a las familias una enorme preocupación, en una situación en
que no es fácil afrontarlo porque los datos y los conocimientos no han
estado al alcance de las familias a quienes se ha trasladado la
responsabilidad de decidir la vacunación. No se ha dado el paso de
hacerla obligatoria, con lo cual hubiera sido la autoridad sanitaria la
que hubiera asumido esa responsabilidad, que se ha trasladado, repito, a
las familias. Además, se ha hecho con diferencias territoriales
inexplicables, señor ministro, con los datos de que se dispone, porque no
parece que las diferencias en el número de casos que se producen entre
unas comunidades respecto a otras sean la razón de que unas hayan
decidido vacunar y otras no. Quiero decir que donde se ha producido la
vacunación masiva no parece que haya muchos más casos que avalen esa
decisión y, en consecuencia, aquellas comunidades donde no se ha vacunado
no es porque haya menos casos, sino que ha sido una decisión política de
autoridad sanitaria en cada caso, que no parece corresponderse de una
manera matemática con los datos de casos declarados.
Por tanto, le ruego me haga las aclaraciones que acabo de solicitarle y
también me gustaría que aclarara cuál ha sido el papel del Ministerio de
Sanidad y Consumo, porque en un principio usted, como ministro y máximo
responsable, compareció ante la opinión pública para pedir la
tranquilidad que exigía la situación, diciéndonos que no estaba
justificada la alarma social que se había creado respecto al número de
casos. Usted llevó ese mensaje de tranquilidad y de no vacunar
masivamente, un mensaje que nosotros, en la medida de nuestras
posibilidades, contribuimos a difundir siguiendo exactamente sus
indicaciones, y nos vimos realmente sorprendidos por un cambio de
decisión adoptado por las comunidades autónomas pero en el que sin duda
el Ministerio de Sanidad y Consumo habrá tenido algo que decir o que ver,
por más que la competencia en sentido estricto sea de las comunidades
autónomas. Lo que aquí nos interesa es conocer la posición del Ministerio
y el papel de liderazgo que en este asunto ha podido jugar el Ministerio
en la decisión de las comunidades autónomas.
Señor presidente, éstas son las preguntas de mi grupo para el señor
ministro y, a la vista de las respuestas, quizá solicite alguna
declaración.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señora Amador,
la desaparición en los medios de comunicación de la información sobre
este asunto sin duda hay que relacionarla con la normalidad de los
fenómenos que se están produciendo, siendo el juicio de los propios
medios el que determina la presencia o no de información sobre estas
cuestiones, en la medida en que lo consideran de interés.
El descenso del número de casos declarados durante 1997 puede estar
relacionado con las vacunaciones que se efectuaron ya en Galicia, en
Cantabria y en La Rioja, además de las vacunaciones parciales efectuadas
en Madrid, Andalucía, etcétera.
Es absolutamente prematuro conocer el efecto que está teniendo la
vacunación. Se sabrá a partir de enero o febrero. Todavía no estamos en
la temporada epidemiológica y, por tanto, debemos esperar un poco más
para conocer el efecto que está teniendo la vacuna.
El coste económico total, incluido el coste de vacunación en Galicia, La
Rioja y Cantabria, es de alrededor de unos 3.000 millones de pesetas,
según las estimaciones de que disponemos.
El estudio efectuado en Madrid es el normal en estos casos para evaluar
los resultados de la campaña. Ha sido bien aceptado por los padres, a
quienes se ha pedido ese permiso, y sus resultados los podremos conocer
en el primer semestre del año que viene.
Tengo que reiterar lo que dije en la primera parte de mi exposición. En
primer lugar, recordar que las opiniones vertidas en Oviedo no fueron, ni
de lejos, unánimes y pusieron de manifiesto la existencia de criterios
totalmente diferentes en estas cuestiones, lo que nos obliga a ser más
respetuosos, si cabe, con las decisiones que se toman al respecto. Sí
fueron generalmente aceptados los hechos de que se había actuado
correctamente en febrero y marzo y que los criterios hasta entonces
aplicados, especialmente en lo relativo a las tasas indicativas de
vacunación, tenían que ser los que principalmente deberían seguir
inspirando las decisiones que se adoptasen en el futuro. No obstante, el
criterio de la tasa de incidencia podría ser matizado por factores como
los siguientes: incidencia en grupos edad en los que la vacunación es más
eficaz, mortalidad registrada, distribución geográfica que dificultase
las acciones estratificadas sobre la población e incremento en relación
con períodos anteriores de la circulación de la nueva cepa. Yo estoy
seguro de que el manejo de todos estos criterios y elementos de juicio
son los que estuvieron presentes en la decisión de las comunidades
autónomas que progresivamente se fueron incorporando a la vacunación
masiva como forma de resolver este problema. Les merecieron el respeto
que resultaba del consenso alcanzado en este asunto, que incluía esta
posibilidad y la oportunidad de hacer un seguimiento muy cercano en el
tiempo a la evolución de los problemas, para adoptar en cada momento la
decisión oportuna a las circunstancias concurrentes en cada caso.
Es una decisión política, pero de política sanitaria, que no
necesariamente se puede corresponder con precisiones matemáticas, porque
éstas tampoco son ciencias exactas. Las ciencias biológicas admiten estas
evaluaciones, que pueden justificar algunas actuaciones distintas.
El papel del Ministerio fue el que también indiqué en la primera parte de
mi intervención: en primer lugar, tratar de garantizar que las decisiones
estuviesen inspiradas en la doctrina científica más generalmente
aceptada, aunque luego hay que asumir la existencia de opiniones
discrepantes en algunos casos sobre estas cuestiones; en segundo lugar,
que las decisiones se adoptasen una vez oído el parecer de los
profesionales sanitarios más directamente relacionados con el problema y
que las decisiones se aplicasen coordinadamente, es decir, que cada
autoridad que tuviera que tomar una decisión lo hiciese sabiendo cuáles
eran las adoptadas por los demás. Y, finalmente, que las decisiones se
adoptasen con la suficiente antelación como para que fuera posible
planificar el desarrollo de las mismas en las mejores condiciones
posibles. Creo que esos objetivos se consiguieron y afortunadamente las
cosas están discurriendo con normalidad en nuestro país, que supongo que
es el deseo de todos.
El señor PRESIDENTE: La señora Amador tiene la palabra.
La señora AMADOR MILLAN: Señor ministro, si le he entendido bien, no es
posible todavía conocer cuál es la diferencia en la evolución de la
enfermedad en los territorios donde se ha producido una vacunación masiva
respecto de los que no la han llevado a cabo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señora Amador,
es prematuro saber el efecto que está teniendo la vacunación. Se sabrá a
partir de enero y febrero. Todavía no estamos en la temporada
epidemiológica. Sí se puede atribuir, en parte, el descenso operado en el
año 1997 al hecho de la vacunación en Galicia, Cantabria, La Rioja y a
las vacunaciones que se hicieron, aunque no de forma tan generalizada, en
Madrid, Andalucía y en algunas otras comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Pediría a la señora Amador que concrete sus
preguntas.
La señora AMADOR MILLAN: Termino, señor presidente, haciendo una petición
al ministro. Con motivo de esta comparecencia, y en nombre de mi grupo,
le ruego tenga por hecha la solicitud de remisión del informe que
resultará de este estudio sobre la eficacia de la vacuna, realizado en la
comunidad de Madrid, y que nos ha dicho que estará disponible en el
primer semestre de 1998. Tan pronto como el Ministerio disponga de él,
tenga a bien remitirlo a esta Cámara para poder conocer los resultados y,
a la vista de la aclaración que acaba de hacer el señor ministro,
esperaremos a que los datos sobre la evolución de la enfermedad nos
permitan valorar la decisión de la vacunación en los meses que el señor
ministro nos indica.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Con mucho gusto,
señora diputada, trasladaremos ese estudio en cuanto esté a nuestra
disposición.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Muchas gracias, señor ministro, por su
comparecencia para hablar de un tema que es paradigmático de las
políticas sanitarias y de las intervenciones en salud pública.
En nuestro país hemos asistido a un cambio de perfil epidemiológico, en
cuanto a la meningitis, muy intenso y en un período muy breve de tiempo.
El cambio del serogrupo B por el serogrupo C se ha producido en poco más
de tres años. No solamente es un cambio de serogrupo, sino que las
características del serogrupo C, de la mutación de la cepa clásica, que
es la mayoritaria en nuestro país, tiene características diferentes,
involucra unas características especiales. No solamente es el cambio de
cepa, insisto, sino que, vinculado a ella, se produce un aumento
generalizado de la incidencia, fundamentalmente en los grupos de edad
comprendidos entre los 14 a 19 años y de 1 a 4, así como el incremento de
la letalidad y un patrón de difusión por casos esporádicos.
La opinión de mi grupo difiere en parte de lo que ha planteado la señora
Amador, en representación del Grupo Socialista. Sin que haya panaceas
absolutas, la vacunación existe, en primer lugar, frente a la meningitis
C. Los datos con los que yo cuento sitúan la vacunación como más eficaz
que la quimioprofilaxis, aunque, insisto, no es una solución
absoluta ni para siempre. Sobre todo porque, como es bien sabido, la
duración de la inmunidad que genera la vacuna es más corta que en otros
casos --se atribuye una duración media de tres años-- y la dosis de
recuerdo produce una inmunidad nueva; es decir, que no evoluciona como en
otras vacunas, en que la inmunidad producida por la dosis de recuerdo
induce una respuesta añadida.
Hay que señalar, no obstante, que el nivel de cobertura y la duración de
la inmunidad, es decir, la eficacia de la vacuna, es notablemente
superior a la que inducen otras vacunaciones, sobre las que no se discute
su eficacia ni su oportunidad en determinados casos, como es la vacuna de
la tuberculosis, la BCG, en situaciones epidemiológicas precisas. También
es verdad que hay una serie de datos que la comunidad científica no está
en condiciones de avalar de una manera determinante. Por ejemplo, la tasa
umbral a partir de la cual se recomienda la vacunación masiva, los 10
casos por 100.000 habitantes, es más bien un acuerdo entre la comunidad
científica que la seguridad absoluta de que a partir de esa tasa se
produzcan situaciones diferentes. Existe también la evidencia de que en
Canadá, con una situación epidemiológica semejante a la nuestra, la
vacunación masiva tuvo un resultado calificado como excelente en
prevención de casos y defunciones.
Hasta ahí he señalado simplemente las dificultades, las ventajas y las
novedades que la situación plantea. Las críticas que hemos hecho desde mi
grupo parlamentario hacia la actuación del Ministerio vienen
fundamentalmente justificadas por la falta de claridad, la indecisión y,
en muchos casos, la generación directa de alarma social por un Ministerio
de Sanidad que debería haber contribuido a plantear a la población, a
través de los medios de comunicación, y mucho más importante que eso, a
través de las estructuras sanitarias públicas, suficientes criterios para
que la educación sobre la salud, impartida por los trabajadores
sanitarios, cumpliera esa función básica que el sistema sanitario tiene
que cumplir. En mi opinión ése es el resultado de que la salud pública
sea evidentemente la cenicienta de la política sanitaria de su gobierno y
también el resultado de la actuación de un Ministerio de Sanidad --eso no
es responsabilidad del PP, es responsabilidad de gobiernos anteriores--
que se ha apresurado a transferir la salud pública a las comunidades
autónomas, lo que a nuestro juicio, ya lo he indicado otras veces, no
debería haberse hecho nunca, porque la autoridad sanitaria en materia de
salud pública debe ser centralizada, independientemente de que la gestión
en lo concreto se realice de manera específica por las comunidades
autónomas. Esto se ha traducido en una falta de autoridad absoluta por
parte del Ministerio y en un sálvese quien pueda en cada comunidad
autónoma según los criterios que cada cual ha estimado convenientes, y
como ha señalado la señora Amador, más de acuerdo a criterios de
oportunidad política o incluso de algún criterio económico, que de
decisiones coordinadas, sensatas y con suficiente rigor que las
respaldaran.
Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos creído que ha sido un
gran error de su Ministerio, y que espero que no se produzca por parte de
las comunidades autónomas que aún no han procedido a la vacunación
masiva, es la confusión en torno a si estaba indicada o no oficialmente
la vacunación, más allá del control de los casos contacto del brote
detectado, y sin embargo indicar que la vacuna estaba disponible en las
farmacias previo pago del cien por ciento de la vacuna por parte de las
familias, con lo cual la alarma social creada ha tenido el efecto, que la
sociedad valorará, de un incremento del gasto farmacéutico privado con el
correspondiente ahorro del gasto farmacéutico público.
Espero también, como ha señalado la señora Amador, que por parte de su
Ministerio haya una información lo más precoz posible del resultado de
los estudios epidemiológicos, sobre todo la comparación de la evolución
del perfil epidemiológico comparativo entre las comunidades autónomas que
han vacunado y las que no lo han hecho, ya que es evidente que no existe
una diferencia en número de casos que justifique claramente que en una
comunidad autónoma se vacune masivamente y en otra no. Entiendo que, al
menos, este tipo de decisiones con un alto grado de irracionalidad, según
el criterio de mi grupo parlamentario, pueden servir para realizar
estudios de casos control que permitan que para posteriores casos
semejantes pueda haber de la manera más rápida posible criterios claros,
eficaces, porque ése es el nivel de autoridad en la política sanitaria
del cual el Ministerio de Sanidad no debía haber hecho jamás dejación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Comparto alguna
de las valoraciones de la señora Maestro sobre la eficacia de la
vacunación que ella indica. Le puedo decir también que los factores que
ella ha apuntado, como este de la incidencia en mayores de 14 años, el
nivel de letalidad, etcétera, son justamente factores que al matizar el
criterio de la simple tasa de ataque determinaron que algunas comunidades
autónomas adoptasen la decisión de la vacunación generalizada.
Efectivamente, la tasa de 10 casos por cada 100.000 habitantes es un
acuerdo entre la comunidad científica y sobre eso hay también opiniones
discrepantes, pudo haberse elegido otra, pero ésta tenía el respaldo
mayoritario. También puedo recordar que Canadá, cuando vacunó, tenía
tasas más bajas que las que este año se están produciendo en las
comunidades autónomas que han vacunado. En todo caso, tampoco debemos
olvidar este consejo que resulta del acuerdo de la conferencia de Oviedo
en el sentido de que nada puede sustituir, por muy eficaz que sea la
vacunación, a las ventajas derivadas de un diagnóstico y tratamiento
precoz que no conviene perder de vista en ninguna medida.
Creo que el Ministerio de Sanidad ha cumplido con su papel en esta
ocasión. El invierno pasado se produce una situación de alarma en Madrid
que afortunadamente no tiene lugar en otras comunidades autónomas de
España, pero esa situación de alarma social fue afrontada por el
Ministerio con toda diligencia y sin ninguna indecisión. Nos cuidamos
mucho de cumplir con nuestras funciones, de
procurar la máxima coordinación en todo este campo, que se ha conseguido.
Se ha actuado siempre contando con los órganos colegiados encargados de
velar por esta coordinación, la Comisión de Salud Pública del Consejo
Interterritorial, el propio consejo Interterritorial, y con vistas a la
nueva temporada se propician todas estas medidas a las que me he referido
en mi intervención, impulsando la celebración de esa conferencia de
Oviedo y consiguiendo allí las conclusiones necesarias para que se pueda
decir que todas las medidas adoptadas están encajadas en los acuerdos
asumidos por todos y forman parte de su ejecución, matizada en los
términos en que razonablemente se tiene que proceder en esta materia.
El hecho de que haya vacuna disponible en las farmacias me parece que es
algo deseable, con independencia de que se proceda a vacunaciones
generalizadas por los servicios de salud o no, porque la vacunación puede
ser indicada en casos individuales y hay que aceptar esa posibilidad y
ofrecer, consiguientemente, que se pueda obtener mediante su pago por el
usuario o a través de los servicios sanitarios con las condiciones
generales de la prestación farmacéutica.
El debate sobre si la salud pública debe estar o no transferida
trasciende ciertamente al motivo de esta comparecencia. Esa es otra
cuestión. Tenemos que respetar la distribución de competencias que
resulta de nuestra Constitución y de los estatutos de autonomía y nuestro
papel consiste en este caso, supuesta esta situación de transferencia de
estas competencias a las comunidades autónomas, en velar por el ejercicio
coordinado de esas competencias, a lo cual nos estamos aplicando y de lo
que me siento orgulloso. En salud pública se está trabajando desde el
Ministerio de Sanidad satisfactoriamente, se ejercen esas competencias de
coordinación, no siempre sencillas, con gran eficacia, y el hecho es que
la actuación de las comunidades autónomas en todas estas materias tiene
lugar coordinadamente gracias a este papel que desempeña el Ministerio y
la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial en este campo.
En ese sentido es muy de apreciar la labor que se está desarrollando, y
nos ocupamos de cuestiones muy interesantes en temas de salud pública ya
que, aparte de esas funciones de coordinación, está todo lo que estamos
haciendo en materia de sida y de educación sanitaria, donde hemos
adoptado iniciativas novedosas en los últimos tiempos, lo que nos permite
presentar un balance, a mi juicio, muy positivo del trabajo que estamos
haciendo en el campo de la salud pública.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Señor presidente, señor ministro, señoras y
señores diputados, de la comparecencia del ministro ante la Comisión de
Sanidad a solicitud del Grupo Socialista para informar sobre la
vacunación de la meningitis, y de lo que hemos oído no solamente al señor
ministro, sino incluso a los portavoces de los distintos grupos, se
deducen dos debates totalmente diferentes a lo largo de la mañana de hoy:
uno podría ser el discurso o debate sanitario, en el que nosotros poco
tenemos que añadir a lo que se ha dicho. La ilustre diputada de Izquierda
Unida además es experta en salud pública y me parecería un atrevimiento
por mi parte corregirla en algunos de los aspectos que ella ha planteado,
y, por supuesto, está la opinión de las autoridades científicas
sanitarias que son las que avalan las decisiones del Gobierno, del
ministro en particular, por lo que está de más hacer ahora un discurso
sobre estas cuestiones. Se ha dicho a lo largo de esta mañana lo que ha
supuesto la meningitis C del serogrupo 2.B, se ha establecido el
incremento de la incidencia por edades, el incremento de la letalidad, la
presentación de un patrón de difusión de casos esporádicos y luego la
tendencia de un patrón de difusión espacial a lo largo de lo que podría
ser el territorio de nuestro país. Realmente, ahí no voy a entrar, porque
me parecería, como he dicho anteriormente, un atrevimiento por mi parte.
Sin embargo, me parece muy importante resaltar lo que podríamos denominar
la lectura o el discurso político, no solamente en lo que se ha
establecido a lo largo de esta mañana, sino desde que el problema de la
meningitis, cuando se plantea a finales del pasado año, crea cierto temor
o cierta intranquilidad en los ciudadanos de nuestro país.
Quiero poner de manifiesto la oportunidad del Gobierno y, en este caso,
del Ministro de Sanidad y Consumo, que en su comparecencia ante esta
Comisión, el 20 de febrero, transmitió un mensaje de tranquilidad a los
ciudadanos, al haberse creado, a través de los medios de comunicación,
aquella especie de intranquilidad, temor o alarma social, con largas
colas en Madrid, creo recordar que en la calle de O'Donnell. A raíz de la
comparecencia del señor ministro, aquello se difuminó: la intranquilidad
dio paso a la calma, a la tranquilidad, y yo creo que ésa es una de las
grandes labores y responsabilidades de un gobierno o de un ministerio.
Asimismo, me parece oportuno resaltar --algún otro diputado lo ha dicho
anteriormente-- la información que todos los portavoces de esta Comisión
hemos tenido sobre la evolución de los casos de meningitis declarados a
lo largo de estos siete u ocho meses desde que compareció el ministro en
la Comisión. Ayer mismo se recibió la última relación correspondiente a
la semana número 47.
El ministro ha puesto de manifiesto lo que ha sido la coordinación entre
el Ministerio y las comunidades autónomas con respecto a la política en
salud pública. Creo que es fundamental referirse a la reunión celebrada
en Oviedo, en el mes de junio, donde se establecieron las grandes pautas
desde el punto de vista de lo que podría ser no solamente la profilaxis,
sino la atención a esta enfermedad.
Por último, quiero indicar que el sistema de vigilancia epidemiológica ha
funcionado correctamente en nuestro país; que se podrán tener dudas,
aunque serán más técnicas desde el punto de vista sanitario, no
políticas, con respecto a si ha estado indicada o no la vacunación. Los
resultados, como solicitaba la portavoz del Grupo Socialista, de aquellas
comunidades donde se ha vacunado masivamente, como, por ejemplo, en
Madrid (recientemente he leído unas declaraciones de la consejera de
sanidad de esta comunidad autónoma poniendo de manifiesto la satisfacción
por el proceso de vacunación), los veremos dentro de unos meses y
sabremos entonces si estaba más o menos indicada la vacunación con
respecto al resultado en aquellas otras comunidades donde no se vacunó.
Lo que hay que poner de relieve es la tranquilidad que se transmitió a
los ciudadanos y la sensación de que las autoridades sanitarias están
coordinadas y funcionan bien en beneficio de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias a
los diputados del Grupo Popular, por el apoyo que en este como en todos
los demás temas están prestando al Gobierno y que es para nosotros un
elemento fundamental para el cumplimiento de nuestras obligaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su
comparecencia. Le agradecemos su intervención. Agradecemos, tanto al
señor ministro como a los portavoces, la brevedad y el ajustarse a los
tiempos, lo que nos permitirá seguir con el orden del día.
Vamos a hacer un receso de dos minutos para despedir al señor ministro.
(Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA ASEGURAR EL RESTABLECIMIENTO Y EL
MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS SUPRIMIDAS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA DEL
HOSPITAL DE BARBASTRO (HUESCA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000521).
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
Comienza el debate y votación, en su caso, de la proposición no de ley
sobre medidas urgentes para asegurar el restablecimiento y el
mantenimiento de las plazas suprimidas en el servicio de ginecología del
Hospital de Barbastro (Huesca), presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Para su presentación, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Disculpe, pero he creído entender que se va a
proceder a la votación proposición a proposición, no todas al final.
Querría aclarar eso.
El señor PRESIDENTE: Si no existe ningún inconveniente por parte de los
portavoces de los distintos grupos, agruparíamos las votaciones que, en
cualquier caso, no serían antes de la una, dependiendo de cómo vaya el
debate de las proposiciones no de ley.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
La proposición no de ley que viene hoy en el orden del día de la Comisión
de Sanidad para su debate, tiene fecha de entrada en el Congreso de mayo
de 1997.
Quiero aprovechar la ocasión para expresar mis votos en el sentido de
que, una vez finalizados los trabajos de la tristemente célebre, por
muchas razones, subcomisión parlamentaria, la Comisión de Sanidad del
Congreso de los Diputados retome su ritmo de trabajo y puedan debatirse
las propuestas de los grupos parlamentarios en tiempo útil políticamente,
ya que, evidentemente, desde el mes de mayo hasta hoy, en un tema tan
concreto y puntual como éste, han sucedido muchas cosas. No obstante la
situación, por desgracia, sigue pendiente y, por tanto, la pertinencia de
la proposición no de ley a juicio de mi grupo parlamentario, se mantiene.
No voy a extenderme en la exposición. Todos los grupos tuvimos ocasión de
escuchar y de expresarnos en la comparecencia del señor Núñez Feijoo, en
relación con la supresión de dos plazas de ginecólogos en el hospital de
Barbastro, que tenía multitud de connotaciones. No obstante, quería decir
que una de las justificaciones objetivas que esgrimió con mayor fuerza el
señor Núñez Feijoo era el bajo nivel de rentabilidad, de actividad, que
se observaba por parte del servicio de ginecología. Recuerdo que esgrimía
el dato de que en este servicio se realizaban 1,5 ó 1,6 intervenciones
quirúrgicas diarias. Quiero aprovechar para descalificar ese argumento
absolutamente. La especialidad de obstetricia y ginecología es una
especialidad médico-quirúrgica, me atrevería a decir que en mucha mayor
proporción médica que quirúrgica. Por tanto me parece que utilizar el
dato del número de intervenciones realizadas no es relevante en ningún
caso.
Lo que sí parece relevante, llamativo y objetivo, sobre todo para un
partido, para un Gobierno, que se plantea de una forma tan poco matizada,
en mi modesta opinión, el criterio de la satisfacción de la población
como elemento rector de la política sanitaria, es la enorme alarma
social, la movilización social sin ningún tipo de matiz, que se ha
generado no solamente en la ciudad de Barbastro sino en el área sanitaria
de este hospital. No voy a consumir tiempo de SS. SS. en repetir la
multitud de asociaciones, instituciones y centrales sindicales que se han
reunido en una Mesa de apoyo permanente en defensa de la calidad
asistencial pública del hospital de Barbastro. Evidentemente, es un
objetivo general, pero su desencadenante ha sido la decisión arbitraria,
injustificada e incluso caciquil, que ha llevado a la supresión de dos
plazas de ginecología. Insisto que del análisis de las instituciones y
organizaciones sociales participantes en dicha Mesa de apoyo no puede
deducirse, en ningún momento, que un tipo de filiación o tendencia
política sea la única reflejada en todas estas asociaciones, sino un
estado, que pocas veces se logra, de indignación popular por una medida
que la población no entiende, no comparte y para la cual solicita
reparación.
Me voy a remitir a las justificaciones técnicas que el señor Núñez Feijoo
esgrimió para la supresión de las plazas de ginecólogo. Quiero insistir
en que el número de partos,
uno de los parámetros fundamentales para definir las plantillas en un
servicio de ginecología y obstetricia, se mantiene estable. He de decir,
además, que para cualquiera que conozca el sistema sanitario, el número
de actos médicos o de actos sanitarios realizados en un determinado
servicio no indica el nivel de calidad, ni siquiera puede definirse la
rentabilidad del sistema desde ese punto de visa. Ahora que está caliente
el debate en torno al tema del medicamento, todos conocemos cómo el
número de pacientes atendidos por hora podría indicar un nivel de
rentabilidad alto que, desde luego, no se corresponde en absoluto con la
eficacia de la intervención sobre problemas de salud en ese tiempo
dedicado al paciente y, además, redunda en un incremento injustificado y
desproporcionado del gasto farmacéutico. Es decir, que la calidad de la
atención y la rentabilidad del sistema en sanidad no se mide, como puede
medirse en una fábrica de coches, por el número de piezas fabricadas por
minuto. La calidad de la atención es otra cosa muy diferente, que obedece
a parámetros mucho más complejos.
Por otra parte, el envejecimiento de la población, que evidentemente
tiene repercusiones en la tasa de natalidad, tiene también repercusiones
en la aparición de necesidades de otro tipo de atención sanitaria en las
mujeres mayores, y que, objetivamente, la lista de espera que existe en
el servicio de ginecología del hospital de Barbastro es abultada tanto en
número de pacientes como en tiempo de espera, y tanto para consultas como
para intervenciones quirúrgicas no urgentes.
Por tanto, desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista
subjetivo, entiendo la petición de la población manifestada esta vez,
insisto, en niveles de organización y de expresión colectiva de la
voluntad popular, si se me permite calificarla así, que ha alcanzado
cotas en Barbastro que mi grupo parlamentario ya desearía para otros
lugares del Estado español que, seguramente, tienen problemas de mayor
gravedad que en Barbastro. En consecuencia, pido el voto positivo para la
proposición no de ley que mi grupo parlamentario presenta y que serviría
para restituir patrones de objetividad y de sensibilidad hacia las
demandas sociales que han sido olvidadas y pisoteadas, me atrevo a decir,
en este caso del hospital de Barbastro.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Desde el inicio de la situación que se ha
planteado en el hospital de Barbastro, e independientemente de las
condiciones subjetivas que se han dado en el propio hospital y en toda su
zona de influencia, así como de las connotaciones personales con las que
se ha revestido el tema, ha sido preocupación de este grupo parlamentario
intentar eliminar estos factores y moverse en el terreno de la mayor
objetividad posible para analizar esta situación. Por ello, tal como
manifestamos en la última reunión de la Comisión de Sanidad, objetivo del
Grupo Parlamentario Socialista ha sido intentar contrastar las
informaciones de que disponíamos para no quedarnos únicamente con la
visión de una de las partes en que se daba el problema. Por eso desde
marzo se han realizado distintas preguntas por escrito al Ministerio de
Sanidad que al día de hoy no han obtenido respuesta, lo que lamentamos y
pusimos de manifiesto en la última reunión de la Comisión y continuamos
haciéndolo. Se pidió la comparecencia del señor Núñez Feijoo, que nos dio
su versión y nos manifestó que se basaba en datos objetivos, que nosotros
intentábamos aclarar, que se podían ver en las auditorías que había
realizado el propio Insalud, una con el personal de la Dirección General
del Insalud en Aragón y otra en la que habían intervenido expertos de
fuera de la región. El señor Núñez Feijoo manifestó que nos haría entrega
de estas auditorías, pero al día de hoy no disponemos de ellas. Es decir,
los incumplimientos en relación con este tema son repetidos y, por ello,
cuando existe este oscurantismo, esta falta de transparencia al dar una
información sobre unos hechos que han acontecido y que, como manifestaba
la señora Maestro, han tenido una amplia repercusión popular en la zona
de influencia del hospital de Barbastro, cabe pensar razonablemente --y
ésta es nuestra duda en estos momentos-- que algo debe existir para no
querer aclarar estas situaciones conflictivas.
En consecuencia, ante los reiterados incumplimientos que se han producido
en este tema, nos vemos hoy obligados moralmente, dado que sólo
disponemos de la información de uno de los sectores, a votar
favorablemente la propuesta que ha presentado el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unid para ver si de esta forma se logra aclarar
objetivamente el tema y que el ministerio nos dé su versión definitiva.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Señor presidente, intervengo para fijar la
posición del Grupo Popular sobre esta proposición no de ley de Izquierda
Unida. El debate de hoy podríamos denominarlo, en argot futbolístico, el
segundo tiempo de un debate sanitario muy localizado en la provincia de
Huesca, en un hospital del grupo 1, de los que se llaman comarcales. Me
gustaría, en razón de los argumentos que han planteado aquí los
portavoces de los grupos de Izquierda Unida y Socialista, contradecirles
en alguna de las cuestiones.
En primer lugar, lógicamente he de referirme a la intervención del
secretario general de Asistencia Sanitaria hace un mes aproximadamente.
Nosotros quedamos ampliamente satisfechos con las explicaciones que nos
dio. Creemos que fueron las correctas no sólo desde el punto de vista de
los datos objetivos sino avaladas por los equipos territoriales de la
inspección, uno de Aragón y otro de Baleares, como se ha dicho
anteriormente, por lo que en este momento los diputados de la Comisión
tienen la información de las dos partes. Yo tengo conocimiento de que las
auditorías a que hace referencia el diputado señor Corominas han sido
enviadas a los diferentes grupos parlamentarios o lo serán próximamente,
pero, en todo caso, y teniendo
usted razón cuando dice que no han sido contestadas algunas de las
preguntas por escrito, yo quiero aclarar que en ningún momento ha habido
oscurantismo, sino la intención de precisar las contestaciones, y éstas
se dieron durante la comparecencia del secretario general de Asistencia
Sanitaria ante esta Comisión.
Por otra parte, parece oportuno hacer una reflexión, que es como yo
terminaba mi intervención en la anterior comparecencia, sobre quién
protege, defiende, salvaguarda los intereses de la sanidad pública. En
aquel momento dejaba la reflexión ante la Comisión preguntando si
defienden la sanidad pública aquellos trabajadores de la sanidad, desde
los facultativos a los no facultativos, desde los sanitarios a los no
sanitarios, aquellos que se dedican a la labor para la que están
contratados, aquellos que atienden a los enfermos a los que deben sus
servicios, o aquellos otros que intentan boicotear no sólo a la
administración del hospital, sino la atención del día a día a los
ciudadanos. Yo lógicamente me voy a manifestar. Creo fervientemente que
los servidores públicos, todo el personal que trabaja en la
Administración pública, aquellos que dedican sus esfuerzos y sus
conocimientos a los ciudadanos, son los que realmente están defendiendo
la sanidad pública y no aquellos otros que están entorpeciendo todas las
actividades que puedan realizarse en cualquier centro público, en este
caso, en un hospital como el de Barbastro.
También quiero hacer unas manifestaciones respecto a algo que me llama la
atención, la mesa para la defensa de la sanidad pública en el hospital de
Barbastro. Tengo datos comparativos de este hospital con otro de la
comunidad de Aragón. Los datos del hospital de Barbastro, en general, son
manifiestamente mejores que los del otro (curiosamente no hay ningún
movimiento ciudadano ni de ninguna asociación) y están a disposición de
SS. SS. Por ejemplo, la lista de espera quirúrgica en todo el hospital es
de 1.217, a septiembre de 1997, y en el otro es de 1.765. Son datos
orientativos; por sí solos a lo mejor no dicen nada pero ponen de
manifiesto un interrogante. Es curioso que en ese hospital donde hay dos
personas de la plantilla que son conocidas en aquel ambiente se
interponga ese recurso o haya ese movimiento ciudadano. Es curioso
también que aquellos que propagan --y el señor Corominas lo transmitió
ante esta Comisión-- noticias falsas sobre la asistencia sanitaria en el
hospital, como que un especialista de distinta especialidad había
practicado una intervención quirúrgica --eso es falso, se corrigió aquí;
hay constancia--, lo hagan para sembrar cierto temor o pánico entre la
población. Esos son los que atacan a la sanidad pública. Los que
salvaguardan la sanidad pública son los que, como decía antes, trabajan y
dedican su esfuerzo a los ciudadanos.
Respecto a que los criterios de calidad no pueden ser asimilados a la
cantidad, estoy totalmente de acuerdo con la diputada. Por supuesto que
cantidad no quiere decir calidad, pero no cabe la menor duda de que uno
de los principios que debe regir el sistema, como cualquier otro sistema
sanitario que lógicamente esté al servicio de los ciudadanos, es ver
cuantas más personas mejor. El debate por excelencia, no solamente en
esta legislatura sino en las pasadas, han sido las listas de espera. Le
tengo que comunicar que a fecha actual, a 26 de noviembre de este año, no
hay mujeres en lista de espera con más de nueve meses para ser
intervenidas quirúrgicamente, que, como usted sabe, es el objetivo que se
planteaba el Gobierno, el Insalud en concreto, para 31 de diciembre de
este año. No hay tampoco ninguna mujer en lista de espera para ser
atendida en la consulta de obstetricia, y la lista de espera para la
consulta de ginecología, sin tener los datos actuales, está en torno a
las 120 ó 130 personas. Creo que son datos bastante objetivos y
satisfactorios de lo que puede ser la asistencia.
Los criterios de calidad son diversos, y es evidente que calidad no va
relacionada con cantidad. La calidad se establece respecto al número de
altas, al tiempo de hospitalización de los enfermos, y esos criterios
están siendo bastante buenos y son mejores que los de hace un año. Para
terminar, señor presidente, si a fecha de un año comparamos datos de
noviembre de 1997 con los de noviembre de 1996 y vemos que la cantidad de
pacientes que se atiende es superior, que los índices de calidad son
manifiestamente mejores y que la satisfacción de los ciudadanos de esa
comarca o de esa zona (permítame que le diga que es la realidad), que son
cien mil aproximadamente, es muy buena, y lo que realmente sucede es un
conflicto ficticio --como ya comenté en su momento-- que sólo aparece en
ciertos medios de comunicación, por todo ello nosotros creemos que la
medida ha sido acertada, que ha sido tomada con criterios de gerencia
hospitalaria, avalado por lo que podríamos denominar la cadena de mandos
del Instituto Nacional de la Salud, por todo eso nosotros vamos a votar
en contra de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Quiero someter a la consideración de SS. SS., como
están funcionando otras comisiones en la Cámara en este momento y el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) me ha pedido alterar el
orden literal del día, pasar a la tercera proposición. Como están
presentes el señor Blanco, ponente del Grupo Parlamentario Socialista; el
señor Mingo, del Grupo Parlamentario Popular, y la señora Riera, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al estar todos los
grupos representados, si no hay inconveniente, podíamos alterar el orden
del debate de las proposiciones no de ley. (Asentimiento.)
--SOBRE ESTUDIO DE LA APLICACION DEL REAL DECRETO 9/1996, DE 15 DE ENERO,
DE MANERA PROGRESIVA Y A TRAVES DE LOS CENTROS SANITARIOS PROPIOS O
CONCERTADOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD). PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
161/000587).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley sobre estudio de
la aplicación del Real Decreto 9/1996, de 15 de enero, de manera
progresiva y a través de los centros sanitarios propios o concertados con
el Instituto
Nacional de la Salud, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Blanco para su presentación.
El señor BLANCO GARCIA: Señor presidente, esta proposición no de ley que
se somete a la consideración de la Comisión pretende que el Gobierno
continúe extendiendo la aplicación del Real Decreto 9/1996, de 15 de
enero, de manera progresiva y a través de los centros sanitarios propios
concertados con el Insalud. ¿Cuál es el objeto del Real Decreto 9/1996?
En él se regulan, entre otras cosas, la financiación y el suministro de
los efectos y accesorios sanitarios, dentro del territorio del Insalud,
que sean prescritos para pacientes no hospitalizados. Entre estos efectos
y accesorios, que son varios y se relatan en los anexos del decreto, se
encuentran los llamados absorbentes para incontinencia urinaria, más
conocidos como los pañales de incontinencia. El real decreto contempla
para su financiación con cargo a fondos de la Seguridad Social, o a
fondos estatales afectos a la sanidad, que el suministro se debe hacer a
través de las oficinas de farmacia o mediante entrega directa por los
centros o servicios propios o concertados de la red asistencial sanitaria
o sociosanitaria. ¿Qué finalidad tiene este real decreto? Reducir el
gasto sanitario en unos productos que, si bien son de índole sanitario,
no requieren ningún tipo de especialización en su manejo. Hay que tener
en cuenta que solamente en el año 1996 el gasto en estos efectos supuso
unos 8.000 millones de pesetas para el Insalud. Pues bien, en esta
materia que ha reducido el gasto público, yo creo que todos los grupos y
todas las señorías aquí presentes estaremos de acuerdo en que es un
objetivo a conseguir. En la proposición no de ley se insta al Gobierno a
que se siga extendiendo con un criterio geográfico la aplicación de este
real decreto, porque de manera prudente, iniciando una experiencia, el
decreto se comenzó a aplicar en las comunidades de Baleares y Murcia y en
algunos centros de salud de la Comunidad de Madrid. Lo cierto es que
durante ese año 1996, en estos pequeños territorios donde se aplicaba el
decreto se produjo una reducción de un 13 por ciento de ese gasto
sanitario con respecto al año anterior.
Ante algunas manifestaciones realizadas por las autoridades sanitarias y
difundidas a través de los medios de comunicación en los meses de marzo y
abril de este año, hice una pregunta al Gobierno en el Pleno, en el mes
de abril, a la que el ministro de Sanidad me contestó de manera que no me
dejó satisfecho --lo tengo que decir hoy aquí como lo dije entonces--, y
me preocuparon algunas de las frases de su respuesta como, por ejemplo,
decir que la ejecución de estas medidas contempladas en el real decreto
que hoy traemos a colación tiene algunas dificultades y el suministro
directo a través de los centros está dando lugar a un incremento en el
consumo. Como quiera que ésta es una afirmación que no nos parece
adecuada con la realidad, y sobre todo que deja la puerta abierta a un
estudio que el propio ministro decía que se iba a hacer sobre los canales
de distribución preferentes por parte de la autoridad sanitaria para
estos efectos, éste es el origen de la proposición no de ley para instar
al Gobierno a que se siga aplicando de manera progresiva en todo el
territorio del Insalud este real decreto que hoy comentamos. Hay que
tener en cuenta que el argumento de la reducción del gasto sanitario no
ha sido desmentido en ningún momento por autoridades sanitarias, y en la
respuesta que se me dio por parte del ministro tampoco fue rebatido.
Tengo que decir que en el año 1996 esa reducción del 13 por ciento
produjo un ahorro al Insalud del orden de mil millones de pesetas.
Estamos hablando de unos efectos que, si bien son sanitarios y cuyo
manejo cualquier persona lo puede hacer, tienen una incidencia en el
gasto sanitario realmente importante.
Por tanto, señorías, por las razones que avalan la presentación de la
proposición no de ley, tanto en la oportunidad como en el contenido de
fondo, los razonamientos por los cuales se debe seguir aplicando este
real decreto en todo el territorio del Insalud, a no ser que haya razones
en contra muy poderosas, que creo que no va a ser así, por todo ello --y
con esto termino-- pido el voto favorable a todas sus señorías.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Le daré la palabra al
señor Mingo para que presente la enmienda, y a continuación al señor
Blanco a los efectos de su aceptación o rechazo, con lo cual el resto de
los grupos que deseen intervenir tendrán más claras las ideas en cuanto
al debate de la proposición no de ley.
Para la presentación de la enmienda tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Señor presidente, subyace en el contenido de la
proposición no de ley que ha presentado el señor Blanco en representación
del Grupo Socialista, desde mi punto de vista, una preocupación por parte
del ponente en relación a que el Gobierno intentara primar la venta de
estos pañales fundamentalmente a través de las oficinas de farmacia y en
deterioro de las otras posibilidades que contempla el Real Decreto
9/1996. Sin embargo, como el mismo ponente ha manifestado en su
intervención, la respuesta del ministro venía a definir claramente que
estos pañales de incontinencia iban a seguir siendo administrados en las
residencias de tercera edad y en los centros de salud. Es verdad que el
Insalud ahorró un 13 por ciento de ese presupuesto, como ha manifestado
el señor Blanco en su intervención, pero también es cierto que en 1996 y
a lo largo de 1997 se han encontrado algunos inconvenientes que cifro
fundamentalmente en dos tipos. En primer lugar, en aquellas zonas,
preferentemente rurales, con dificultad de los usuarios para ir a los
centros de salud les sería muchísimo más fácil acceder a la venta de este
producto en farmacias. En segundo lugar, la minoración del ahorro de los
costes de manera directa en relación con el almacenaje de estos productos
que ocupan un gran espacio y que en algunas ocasiones han necesitado el
alquiler de locales especiales, así como el deterioro en el manejo con
roturas de los envases y pérdidas excesivas de los productos. Habría que
considerar también el incremento del coste indirecto derivado del
personal dedicado a
su expedición. Para minimizar estos problemas, la Administración y el
Colegio de farmacéuticos llegó a un acuerdo, en mayo pasado, en el
sentido de producir un ahorro de un porcentaje de la venta en farmacias
del 11 por ciento y que va a representar para 1997 un ahorro del 21 por
ciento de estos productos que son 1.800 millones de pesetas, sin
inversión adicional alguna por parte de la Administración. Hoy en día
continúa el trabajo de este grupo, en el que están presentes fabricantes,
distribuidores, oficinas de farmacia e Insalud, para lograr acuerdos
sobre especificaciones técnicas, pliegos de condiciones y medidas de
racionalización del uso de estos absorbentes.
La enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular garantiza, a
nuestro juicio, tres hechos que están en la proposición no de ley y que
son: la entrega directa en residencias de ancianos, la entrega directa en
centros de salud y el facilitar el acceso a los usuarios en la venta en
las farmacias siempre y cuando se logren los objetivos económicos de
precios adecuados. Espero que en esta línea el señor Blanco y todos los
grupos políticos acepten esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Blanco a los efectos de
aceptar o rechazar la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario
Popular.
El señor BLANCO GARCIA: Señor presidente, por supuesto que a los efectos
únicos y exclusivos de comentar la enmienda que el señor diputado del
Grupo Popular ha presentado. Tanto en su intervención como en el
contenido de la enmienda hay puntos en los que estamos de acuerdo en
cuanto a los efectos que queremos que se deriven de la aplicación del
real decreto, por lo que creo que, con el permiso del señor presidente y
mientras intervienen otros grupos o ya que las votaciones se van a
aplazar hasta las trece horas, podríamos intentar alguna redacción que
fuese conforme para ambos grupos y para el resto de los grupos de la
Cámara, por supuesto, con el fin de transaccionar una enmienda y votar
ese texto.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Blanco. Aceptamos su proposición.
Pido a los dos grupos que lleguen a un pronto acuerdo para que se lo
transmiten al resto.
¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor presidente, con brevedad, ya que los
contenidos del debate se posponen, independientemente del acuerdo al que
se pueda llegar, quiero manifestar que la voluntad genérica de mi grupo
parlamentario es apoyar con nuestro voto la proposición no de ley del
Grupo Socialista, aunque entendemos que puede haber casos de dispersión
geográfica de la población, etcétera, que pudieran justificar excepciones
que, en cualquier caso, no harían más que apoyar la norma general del
interés, desde todos los los puntos de vista, incluido el económico, de
realizar la distribución de efectos sanitarios, objeto de la proposición
no de ley, en los propios centros sanitarios.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Señor presidente, mi grupo parlamentario quiere
anticipar que votará favorablemente el acuerdo al que seguro que van a
llegar los grupos proponente y enmendante, porque pensamos que estamos
ante una proposición no de ley en la que ante todo tiene que dominar el
sentido común, aunque, como sabemos, el sentido común se llama así
precisamente porque suele ser el menos común de los sentidos.
Se trata, por una parte, de procurar ahorrar en gasto farmacéutico,
objetivo este que todos los grupos parlamentarios coincidimos en que es
de vital importancia, y además estos días es un tema de flagrante
actualidad, y, por otra parte, de garantizar que las personas que se ven
necesitadas de utilizar estos llamados pañales de incontinencia tengan el
suministro correcto, procurando salvar, dentro de lo posible, las
dificultades que determinadas personas pueden tener por su lugar de
residencia, etcétera. Nosotros pensamos que ante esta situación lo que
hay que hacer es encontrar los equilibrios justos, que en cada sitio
pueden ser distintos, de tal manera que se compaginen las dos
circunstancias: dar servicio a los usuarios, a las personas que precisan
de estos pañales de incontinencia, y al mismo tiempo ahorrar el máximo
posible en gasto farmacéutico. En mi comunidad, Cataluña, se acordó que
la mejor manera de conseguir estos efectos era seguir utilizando la red
de oficinas de farmacia para el suministro de estos pañales de
incontinencia, y se consiguió mediante un concurso establecer cuáles
serían los precios de referencia por encima de los cuales no se atendería
la subvención por parte de la Seguridad Social de este 40 por ciento. Al
mismo tiempo, estamos a punto de formalizar un acuerdo entre las oficinas
de farmacia y centros como las residencias de día o en los que hay mayor
cantidad de personas con necesidad de usar estos pañales, para que donde
sea posible existan depósitos de estos pañales, de manera que se facilite
aún más el suministro de este producto.
Tal y como he anunciado al principio, confío en que la enmienda será
aceptada por el grupo proponente y que se llegará a un texto de consenso.
Al fin y al cabo todos pretendemos lo mismo: dar servicio al menor coste
posible.
--RELATIVA A LA GENERALIZACION DE LA TERAPEUTICA VIGILADA COMO FORMA DE
TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 161/000530).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la segunda proposición no de ley,
relativa a la generalización de la terapéutica vigilada como forma de
tratamiento de la tuberculosis, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Para su presentación tiene la palabra la señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Señorías, defiendo hoy una proposición no de
ley por la que se insta al Gobierno
a que generalice en el ámbito de gestión del Insalud la terapéutica
vigilada como forma de tratamiento de la tuberculosis y, a través del
consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, impulsar dicha
generalización terapéutica en todo el sistema sanitario público.
La tuberculosis es un problema de salud importante en España y en todo el
mundo, a tales extremos que la Organización Mundial de la Salud hizo una
declaración, en el año 1993, de situación de emergencia sobre esta
enfermedad. Se calcula que la tuberculosis se cobrará en la próxima
década unos 30 millones de víctimas en todo el mundo. La tuberculosis es
una enfermedad emergente en toda Europa, donde ha seguido un proceso de
crecimiento en los últimos años. Este proceso de crecimiento se debe en
gran medida al avance del virus del sida, que destruye las células
humanas que mantienen las bacterias de la tuberculosis en estado
letárgico. He de decir, de forma ilustrativa, que la Organización Mundial
de la Salud cifra en un tercio la población mundial que es portadora de
los bacilos de esta enfermedad. No cabe duda de que existen otros
factores que contribuyen a este rebrote que se está produciendo, factores
que la aparición de nuevas cepas de bacilos resistentes a los fármacos,
el aumento de viajes y los movimientos de población. En España, en la
década de los ochenta, se produjo un aumento paulatino de esta
enfermedad, siendo la tendencia en estos momentos a la estabilización,
según se refleja de los datos oficiales, si bien hay que tener en cuenta
y decir que los datos oficiales son los que se derivan de las
notificaciones médicas que se producen al ser esta enfermedad de las
denominadas de declaración obligatoria. Estos datos nos sitúan en 1996 en
tasas de 21,21 casos por cada 100.000 habitantes; me estoy refiriendo a
las cifras oficiales. No obstante, hay un amplio consenso en relación a
que un buen número de casos se escapa al registro oficial. De hecho,
estudios no oficiales sitúan la incidencia en tasas por encima de los 36
casos por cada 100.000 habitantes, y la propia Sociedad Española de
Neumología refiere una incidencia de la tuberculosis pulmonar de 40 casos
por cada 100.000 habitantes. Quiero destacar también, señorías, que esta
situación no es homogénea en todo el territorio español. Existen
territorios en los cuales la tasa está muy por encima de la tasa media
nacional. Y permítame que haga una referencia a mi comunidad autónoma, la
Comunidad Autónoma de Galicia, en donde existen áreas de salud en las
cuales las cifras alcanzan los 70 y los 90 casos por cada 100.000
habitantes.
Por otra parte, hay que reseñar que la tuberculosis bien tratada se
estima que su curación alcanza el 95 por ciento de los casos. El problema
está en que una cuarta parte de los pacientes abandonan antes de tiempo
el tratamiento, lo cual, además de impedir su curación, favorece la
aparición de bacilos resistentes a los fármacos, circunstancia
especialmente grave si tenemos en cuenta que se trata de una enfermedad
infectocontagiosa, de ahí que la Organización Mundial de la Salud
recomiende la aplicación de tratamientos intensivos bajo vigilancia
directa de los médicos. En España, esta estrategia en el tratamiento que
sugiere la Organización Mundial de la Salud se está efectuando de forma
experimental en algunos centros sanitarios y efectivamente se demuestra,
a través de su aplicación, el grado de eficacia. Es por ello que mi grupo
parlamentario presenta la proposición no de ley a la que nos venimos
refiriendo y tanto mi grupo parlamentario como esta portavoz esperan que
los grupos presentes en esta Comisión la tomen en consideración y
procedan a su votación afirmativa.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa
tiene la palabra el señor Alcalde.
El señor ALCALDE SANCHEZ: Señorías, la tuberculosis, como afirma el grupo
proponente en su exposición de motivos, es un problema prioritario en
materia de salud pública y así lo contemplan los planes de salud de las
distintas comunidades autónomas que, por otra parte, ostentan amplias
competencias en la materia, introduciendo programas específicos frente a
esta enfermedad y declarándola como un área de interés preferente.
Asimismo, el propio ministro de Sanidad, en su comparecencia ante esta
Comisión el 21 de junio del año pasado, contemplaba la tuberculosis como
una de las cinco áreas clave junto a las enfermedades cardiovasculares,
las neoplásicas, infección de VIH y sida y salud mental, en las que el
Ministerio iba a centrar su atención en materia de salud pública.
Antes de entrar de lleno objetivamente en el núcleo de la proposición no
de ley hay que hacer, creo yo, una serie de consideraciones. Es
necesario, como decía la señora Novoa, precisar que como consecuencia
fundamentalmente del sida la tuberculosis ha sufrido un aumento
considerable en nuestro país, aunque bien es cierto que en estos últimos
años se viene estabilizando e incluso bajando. En el año 1996 se
declararon 8.331 casos frente a los 8.764 de 1995. También es cierto, y
hay que reconocerlo, que hay un sesgo y una poca fiabilidad en las
declaraciones por el sistema de EDO, como decía la señora Novoa, pero
estando de acuerdo en las tasas, que posiblemente serán muy superiores a
las que dice ella, lo cierto es que esas enfermedades de declaración
obligatoria nos marcan una tendencia que afortunadamente va disminuyendo.
Entre los factores relacionados con la persistencia de evolución de estas
enfermedades se encuentran la pobreza, las migraciones internas, la
marginalidad, los síndromes de inmunodeficiencia, especialmente el sida,
y la aparición de multirresistencias, estas últimas ligadas en muchos
casos al abandono de tratamiento o al seguimiento de tratamientos
inadecuados. La mejor medida para lograr el control de la tuberculosis es
el diagnóstico temprano de los enfermos y su adecuado tratamiento, ya que
de esta forma se anula la capacidad de contagio de los pacientes. Por
esta razón y considerando que existe tratamiento antituberculoso eficaz,
desde el programa global de la tuberculosis, la Organización Mundial de
la Salud se ha propuesto como objetivo para el año 2000 la curación como
mínimo del 85 por ciento de los casos nuevos notificados. Aunque la
existencia de un tratamiento eficaz puede hacer pensar que se plantea un
objetivo fácil, la realidad demuestra todo lo contrario, ya que esto no
siempre es así por distintas razones
entre las que se encuentra el incumplimiento del tratamiento, como
comentaba el grupo proponente. Para resolver este problema, la
Organización Mundial de la Salud recomienda, como medida fundamental, la
instauración de pautas cortas de tratamiento que se tomen bajo
supervisión directa del personal sanitario, tratamientos observados
directamente, TOD, que es en definitiva el planteamiento que hace el
Grupo Socialista en su iniciativa. Pero a pesar de ello la aplicación de
estos tratamientos observados directamente presenta distintos aspectos
que creemos que debemos considerar. Es necesario, por una parte, disponer
del personal sanitario encargado de desarrollar estos tratamientos. Otro
aspecto sería la identificación del grupo a quien se aplica la medida. Se
trata de decidir si se debe aplicar a todos los pacientes con
tuberculosis o sólo a aquellos grupos en los que se prevea la mala
cumplimentación del tratamiento. En este mismo sentido debe analizarse si
se aplicará sólo a pacientes en fase contagiosa o si por el contrario
debe extenderse a todos los pacientes, estén en la fase que estén.
También hay que considerar la pauta de administración del tratamiento,
pues habitualmente se recomienda una pauta de administración intermitente
en lugar de diaria con el objeto de optimizar los recursos. Aunque se ha
demostrado que este tipo de pautas son eficaces, su utilización en España
es testimonial y su implantación supondría una modificación de la
práctica habitual de los médicos que tratan a estos pacientes. También es
importante la forma en que se va a llevar a cabo la intervención: si será
el enfermo el que acuda a los centros sanitarios o si por el contrario
serán los sanitarios los que irán a casa del paciente o al sitio más
conveniente para éste. Hay que determinar también si se va a aplicar la
medida de forma aislada o en el marco de otros programas sanitarios ya
existentes, como se está aplicando, por ejemplo, en centros
penitenciarios o en otro tipo de centros en relación con los tratamientos
con metadona. Otro aspecto sería la existencia o no de incentivos para
los pacientes, que ya se está experimentando en otros lugares,
concretamente en Nueva York y en Barcelona, que pueden ser monetarios o
de otro tipo, incluso como bonos de comida, que han tenido cierto éxito.
Por último, no podemos olvidar la actuación a seguir con los pacientes
que se nieguen a realizar el tratamiento. Este es un punto que requiere
una consideración especial puesto que de él se derivan cuestiones de tipo
ético y de tipo legal que se deben tener en cuenta. Tenemos una
legislación, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, pero que está sin
desarrollar y que no prevé cómo actuar en estas circunstancias.
En resumen, señorías, el TOD es una medida importante para el control de
la tuberculosis, que ha sido recomendada por la OMS y que se considera
efectiva, pero su puesta en marcha requiere resolver las cuestiones
anteriormente citadas. En España, como decía la señora Novoa, se han
llevado a cabo distintas experiencias en este sentido (en el área 4 de
Madrid, en la cárcel modelo de Barcelona, en Alicante, en el Hospital
Nuestra Señora del Pino de Las Palmas), todas han estado dirigidas, salvo
la de Barcelona y la de Las Palmas, a pacientes afectados conjuntamente
de sida y tuberculosis, ligando la administración de metadona y los
fármacos antituberculosos, y han sido experiencias positivas. Por eso,
entre las actividades que está desarrollando el Ministerio está previsto
reunir al Comité coordinador del grupo de trabajo que preparó el consenso
nacional para el control de la tuberculosis en España, al que está
previsto que se incorporen profesionales vinculados a la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Toráxica, a fin de que se revise la
situación de la enfermedad en España y se estudie la situación actual en
cuanto a las conclusiones y recomendaciones de la conferencia de consenso
celebrada en 1991, así como para conocer el criterio de este grupo de
trabajo sobre la oportunidad de crear el registro específico de casos de
tuberculosis que incluya una referencia a las multirresistencias y
revisar las nuevas estrategias, muy especialmente la de tratamiento
observado directamente. En el supuesto de que las recomendaciones
técnicas de este Comité lo aconsejasen se procedería a convocar, cómo no,
una nueva conferencia de consenso.
Concluyo diciendo, señorías, que nuestro grupo comparte la motivación,
comparte la intranquilidad y la inquietud del grupo proponente, pero
considera --por eso hemos presentado una enmienda-- que sería preciso,
antes de generalizar estas terapéuticas vigiladas, como dice la
proposición del Grupo Socialista, que hubiera un consenso en los niveles
técnicos para definir de alguna manera qué se va a hacer, cómo se va a
hacer, cuándo, con quién y de qué manera; explicitar claramente los
contenidos de ese tratamiento observado directamente y a partir de ahí,
como dice la proposición interpuesta, a través del Consejo
interterritorial de salud, trasladarlo para su aplicación inmediata en
todo el Sistema Nacional de Salud.
El señor PRESIDENTE: A efectos de la aceptación o rechazo de la enmienda,
tiene la palabra la señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Señor presidente, el Grupo Parlamentario
Socialista acepta la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario
Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la
señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Los pacientes tuberculosos precisan siempre en
algún nivel un control médico de su régimen terapéutico para asegurar al
máximo posible su seguimiento. Los expertos en tuberculosis y los
técnicos de los programas de tuberculosis de distintas comunidades
autónomas se muestran partidarios de la terapia vigilada. Sin embargo, lo
que se conoce como terapia supervisada o vigilada mediante estrategias de
control activo de la misma únicamente se requieren en un porcentaje de
enfermos que, coincidiendo con la proposición no de ley, establecemos en
un 25 por ciento. Estas estrategias de terapia vigilada son seguidas
desde hace años en nuestra Comunidad Autónoma de Cataluña, pero, según
criterios del programa de prevención y control de la tuberculosis del
departamento de Sanidad sobre enfermos tuberculosos de alto
riesgo, sólo en aquellos casos en que se considere peligroso o probable
que van a abandonar el tratamiento.
Consideramos, pues, que este tema entra de lleno, por un lado, en la
buena praxis profesional y, por otro, en una correcta orientación de las
estrategias del programa de tuberculosis. Teniendo en cuenta que a
algunas autonomías del Estado español les falta precisamente la
existencia de un programa específico de prevención y control de la
tuberculosis, nuestro grupo estima que en el consejo interterritorial
tendría que impulsarse la generalización de estos programas. La terapia
supervisada, según criterio, sería una consecuencia técnica de su
estrategia de programa.
Por consiguiente, estamos de acuerdo con la proposición no de ley
presentada y con la enmienda que en este caso presenta el Grupo Popular.
--RELATIVA A LA ADOPCION DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA POSIBILIDAD DE
PRESENCIA DE ACOMPAÑANTE DE CONFIANZA DE LA MUJER DURANTE EL PARTO Y DE
SALVAGUARDA DE SU INTIMIDAD EN LOS CENTROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SALUD (INSALUD). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO (Número de expediente 161/000615).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley
relativa a la adopción de medidas para garantizar la posibilidad de
presencia de acompañante de confianza de la mujer durante el parto y de
salvaguarda de su intimidad en los centros del Instituto Nacional de la
Salud, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: El Grupo Parlamentario Popular trae hoy a esta
Comisión de Sanidad y Consumo una proposición no de ley sobre una
cuestión que nos parece muy importante. En España se producen al año
aproximadamente unos 370.000 alumbramientos, de los cuales unos 200.000
se llevan a cabo en maternidades de hospitales del sector público. Sin
duda, la mejora de la calidad de la asistencia es un concepto
estrechamente unido a la profesión sanitaria tanto desde el punto de
vista profesional como desde el punto de vista de las instituciones, y
así lo reconocen las diferentes memorias del Instituto Nacional de la
Salud y de otros servicios autonómicos de salud de nuestro país. Y
precisamente en un momento en el que el debate sobre el futuro de la
sanidad centra gran parte de la atención pública es cuando más tenemos
que mostrar desde esta Cámara sensibilidad hacia el concepto de calidad
de la asistencia.
En nuestro país hemos alcanzado una ratio muy significativa en cuestiones
que miden la eficacia de la asistencia sanitaria; hemos alcanzado
prácticamente la universalidad en la atención a todos los ciudadanos y
unas cotas muy altas de accesibilidad y de gratuidad en esas mismas
prestaciones. Por tanto, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario
Popular el reto del futuro en la asistencia sanitaria en nuestro país
está fundamentalmente orientado a conseguir la calidad en los servicios y
la satisfacción de los usuarios. Los resultados de los indicadores
sanitarios en nuestro país afirman que estamos consiguiendo unos
importantes logros en materia sanitaria, pero los pacientes muestran un
grado importante de insatisfacción en aspectos que tienen más que ver con
la atención, que tienen más que ver con la calidad de los servicios, que
tienen más que ver con la sensibilidad de algunos profesionales y de las
propias instituciones que con esa capacidad de nuestro sistema sanitario
para ofrecerles las mejores tecnologías y las mejores capacidades
técnicas.
El Instituto Nacional de la Salud ha sido sensible, en estos últimos
años, a la opinión de los usuarios y, sin duda, quiere que los pacientes
estén más satisfechos con la atención que se les presta e ir orientando
estos objetivos de calidad a satisfacer estas atenciones. Por tanto, no
sólo se trata de que los ciudadanos estén satisfechos con la salida
técnica sino que lo estén también porque se respeten sus derechos y
participen, de alguna manera, en la toma de decisiones.
En este contexto general es en el que presentamos una proposición no de
ley sobre uno de esos derechos, sobre una de esas cuestiones que tienen
que ver con la calidad y la sensibilidad de nuestro sistema sanitario. La
Organización Mundial de la Salud establece entre sus recomendaciones
aquella que aconseja la presencia del acompañante durante el proceso del
parto, precisamente por entender que éste es un elemento beneficioso para
el bienestar y la confianza de la paciente. Dicha recomendación ha sido
tenida en cuenta en numerosos informes y estudios al respecto e incluso,
como cito en la proposición no de ley, ha sido considerada en algunas
actuaciones contempladas en la memoria anual del Defensor del Pueblo. Sin
embargo y pese a todas estas recomendaciones y estudios, todavía no hemos
sido capaces, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, de hacer
extensiva esta posibilidad a todos los centros de la red. En estos
momentos, un total de 37 hospitales del Insalud, de los 45 que tienen
maternidad, ofrecen a la madre la posibilidad de estar acompañada durante
el período de dilatación y 36 hospitales ofrecen la posibilidad de estar
acompañada durante el parto. Es decir, existe más de un 20 por ciento de
hospitales de nuestra red pública que todavía no permiten, por diversas
causas, este derecho esencial de la mujer, este derecho recogido, entre
otros, en este Plan integral de atención a la mujer, presentado hace
pocas fechas por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Las razones aducidas para esta negativa a que se proceda a la completa
extensión de este servicio se relacionan básicamente con dos cuestiones.
La primera, con las reticencias que algunos profesionales vienen
manifestando en el sentido de la presencia de acompañantes durante los
partos. Al Grupo Parlamentario Popular le resulta difícil de entender que
estas reticencias se puedan producir todavía en un sistema que, como
gusta decirse tanto en estos momentos, está basado en la evidencia. Si se
busca una medicina basada en la evidencia, a mi grupo parlamentario le
gustaría que también se profundizara en una medicina basada en la
atención y en la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios,
porque es una evidencia que ésta es una demanda de muchas mujeres en
nuestro país. Por otro lado, la existencia actualmente de deficiencias
estructurales en algunos hospitales de la red pública hacen difícil que
el parto de la mujer se produzca en unas condiciones óptimas de
intimidad, de respeto escrupuloso a unos mínimos de atención
personalizada, en un momento tan delicado como es el del alumbramiento.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que el derecho a la intimidad es
exigible incluso cuando se renuncie a la persona que pueda acompañar a la
mujer durante el parto, y entendemos que hay que vencer todavía estos
problemas estructurales que siguen persistiendo en nuestros hospitales
incluso después de muchos años de que se esté presionando en contrario.
Por tanto, mi grupo quiere trasladar a SS. SS. esta doble intención. La
primera, que esta Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los
Diputados se manifieste indudablemente a favor de trasladar a esos
profesionales que todavía se muestren reticentes a este acompañamiento a
que generalicen esta oferta en todos los servicios de los hospitales que
disponen de servicios de maternidad. Y, por otra parte, que el Insalud
adopte las medidas oportunas para reformar las instalaciones
hospitalarias en aquellos lugares donde éstas adolecen todavía de
problemas, puestos de manifiesto por los profesionales, a la hora de
negar esta posibilidad de acompañamiento. Es en esta doble dirección y en
ese avance, que entendemos necesario y oportuno, en el derecho a la
intimidad de las mujeres en el momento anterior, en el momento mismo y en
el posterior al parto en el que centramos básicamente nuestra proposición
no de ley que esperamos cuente --así lo solicitamos-- con el apoyo
unánime de todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley han sido presentadas
cuatro enmiendas por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su
exposición tiene la palabra el señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Cuando recibimos en el Grupo Socialista la
proposición no de ley del Grupo Popular, compartimos no sólo los
criterios expresados en la exposición de motivos sino también lo que
expresó el portavoz del Grupo Popular sobre la accesibilidad, la
gratuidad y la universalidad del sistema público de salud en lo que son
los derechos de la mujer de ser acompañada en el momento del parto y a la
intimidad, ya que además en las comunidades autónomas que tienen las
transferencias en materia sanitaria es una realidad desde hace años. Por
eso, al ver expresado en la proposición no de ley lo que se insta al
Ministerio de Sanidad y Consumo, nosotros, en el ánimo de la
responsabilidad política de colaborar a fijar no sólo el criterio que se
expresaba sino algo más que trataré de explicar, es por lo que hemos
presentado cuatro enmiendas. Al Grupo Parlamentario Socialista no sólo le
preocupa el momento del alumbramiento y los derechos de la madre, sino
que considera que también el recién nacido y el padre son sujetos que
tienen que tener derecho, motivo por el cual ha intentado dar mayor
contenido a esta proposición no de ley.
Tras la exposición efectuada por el portavoz del Grupo Popular y en
conversaciones mantenidas con los distintos portavoces de algunos grupos
parlamentarios, el Grupo Socialista, en aras del consenso y de la
operatividad, va a mantener sólo una enmienda que no sólo quiere tener
una significación de tipo literario al sustituir «hacer posible» por
«garantizar». Lo que nos había movido a presentar esta enmienda era que
no quedase en una declaración de intención, sino que fuese un compromiso
que el Ministerio de Sanidad y Consumo adquiriese con esta Cámara a la
hora de, en la temporalidad que se estime oportuno, garantizar los
derechos de los sujetos que son motivo de esta proposición no de ley.
Como estaba diciendo, las enmiendas que había propuesto el Grupo
Socialista querían reafirmar los derechos de la madre, los derechos del
recién nacido y los derechos del padre, porque no entendemos el
nacimiento como algo apartado o aislado, sino que consideramos que es un
proceso natural en el que, además de tener un carácter fisiológico,
entran en juego otros factores como el psicológico, el afectivo y el
social, de no menor importancia. En cualquier caso y ante las
conversaciones mantenidas, el Grupo Socialista retira las otras tres
enmiendas para que sean motivo de una futura proposición no de ley que
traeremos al seno de esta Comisión o al Pleno de la Cámara en
cumplimiento de los acuerdos y las conversaciones mantenidas con otros
grupos.
Por eso, tras valorar positivamente la esencia de lo expuesto en la
proposición no de ley y esperando tener conocimiento de una enmienda
transaccional, que supongo que a lo largo del debate se hará llegar a la
Presidencia de esta Comisión, el Grupo Socialista retira esas tres
enmiendas y apoyará ese compromiso que supongo que en el transcurso del
debate tendremos posibilidad de conocer.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de la aceptación o rechazo de las
enmiendas, tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señor presidente, me permitiría indicarle la
conveniencia de que intervinieran otros grupos, en razón de que existe la
voluntad, que ya se ha puesto de manifiesto por parte del portavoz del
Grupo Socialista, de incorporar alguna enmienda al texto presentado por
el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Así lo haremos.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la
señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: Señor presidente, señorías, seguramente si el
parir fuera cosa de hombres no estaríamos hablando en estos momentos de
estas carencias en los centros hospitalarios. Pero, dado que no es así y
que la cuestión está encima de la mesa, a lo mejor tendríamos que empezar
a cuestionarnos si, dentro también del Sistema
Nacional de Salud, los profesionales tienen que tratar a los usuarios
sólo científicamente o también humanamente. Este es un caso de humanidad
y un caso de satisfacción del usuario.
Señorías, señor presidente, un objetivo prioritario del Servei Català de
la Salut es la mejora de la satisfacción del usuario. Por este motivo en
el Plan de salud de Catalunya de 1993 a 1995 se articularon unas medidas
de actuación referidas a las condiciones de atención y trato recibido por
los usuarios en los diferentes servicios sanitarios, que continúan
vigentes en el Plan de salud de 1996 a 1998, y que ponen todo su empeño y
énfasis en potenciar la implantación de mecanismos dirigidos a la mejora
de la satisfacción de los usuarios. Igualmente, los contratos de compra
de servicios incluyen actuaciones dirigidas a garantizar una atención
correcta al usuario. La adopción de medidas específicas para garantizar
la presencia de un acompañante a la futura madre durante el parto,
siempre que el criterio facultativo no lo desaconseje, es beneficiosa.
Señorías, señor presidente, además de ser imprescindibles el equipo
médico y los avances tecnológicos a la hora del parto, la posibilidad de
estar acompañada por una persona de confianza que, generalmente, es el
futuro padre, es, a nuestro entender, la consecución del mejor ambiente
para hacer que el acontecimiento más importante en la vida de muchas
mujeres y muchos hombres sea completo.
A este efecto, señorías, y para que salga de esta Comisión y de este
debate parlamentario algo concreto y nos podamos llevar de verdad las
mujeres endurse el peix al cova, como dicen en Cataluña, presentamos una
enmienda de adición para complementar la proposición que presenta el
Grupo Popular. Sería un segundo punto que diría: Se insta al Ministerio
de Sanidad a que, en el plazo de tres meses, presente a la Comisión de
Sanidad del Congreso un informe en el que se recoja la situación de los
centros hospitalarios dependientes del Insalud, así como las medidas que
deben adoptarse en relación al contenido de la presente proposición no de
ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Burgos, a los efectos de aceptar o rechazar
las enmiendas.
El señor BURGOS GALLEGO: Sin duda parir no es una cosa de hombres, y eso
no lo podemos cambiar en esta Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso
de los Diputados. Pero creo que sí es cosa de hombres, de mujeres, de
ciudadanos en general, hacer posible que ese momento tan importante en la
vida de una persona, de una familia, se pueda realizar en las mejores
condiciones de calidad y de satisfacción de los deseos e intereses de los
ciudadanos.
Mi grupo parlamentario entiende que, tanto el espíritu demostrado por el
Grupo Parlamentario Socialista, como el plasmado en su enmienda de
adición por parte del Grupo de Convergència i Unió, evidencian un
sentimiento común de preocupación porque este derecho, que hasta este
momento solamente se puede realizar en una parte de los hospitales de
nuestro país, se pueda hacer extensivo muy pronto a la totalidad del
sistema. Creo que ésa es la preocupación que movió al Grupo Parlamentario
Popular a presentar esta proposición no de ley, siendo conscientes, como
lo somos, de que existen otros problemas en relación con los derechos de
la madre o los del recién nacido. Me permito, simplemente, citar uno como
ejemplo, que creo que también tiene que ser objeto de mejora en el
futuro, y es que al día de hoy solamente en el 50 por ciento de las
hospitalizaciones en camas pediátricas es posible conseguir que los
padres puedan acompañar a los hijos. También ése es un aspecto que, sin
duda, merece la preocupación de los responsables sanitarios, tanto de las
administraciones como de esta Cámara. En todo caso, sin duda, tenemos que
ir avanzando paso a paso. Creo que la muestra de voluntad política que
los grupos evidencian hoy aquí va a contribuir no solamente a que en ese
informe que se solicita por parte del Insalud se puedan plasmar ya
compromisos muy concretos, en cuanto a tiempo y medidas, para el ámbito
del Instituto Nacional de la Salud, sino también para que sirva de
acicate en las comunidades autónomas con competencias transferidas --por
tanto, con plenas responsabilidades-- y que esto pueda ser llevado a cabo
con la mayor celeridad posible.
Entendiendo que ambas enmiendas son perfectamente asumibles y compartidas
por mi grupo de forma absoluta y total, mostramos no solamente nuestra
mejor disposición a votar favorablemente las mismas, sino el
agradecimiento por la colaboración y la voluntad demostrada por el resto
de los grupos de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar su posición? (Pausa.)
--SOBRE LA ESPECIALIDAD MEDICA DE «GENETICA CLINICA». PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente
161/000668).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y posterior votación de la
proposición no de ley sobre la especialidad médica de genética clínica.
Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señorías, el avance científico de la
genética, de la citogenética, de la biología molecular y de tantos campos
en los que esta ciencia se expande, han abierto unos aspectos
insospechados en la clínica y en la medicina en los últimos años. En este
momento hay descritas y reconocidas más de once mil enfermedades que el
médico debe detectar, pero que tienen una frecuencia de presentación a
veces tan escasa que solamente desde la clínica altamente especializada
es posible el diagnóstico, y no solamente el diagnóstico sino el
tratamiento y el seguimiento de esos tratamientos superespecializados que
en este momento, afortunadamente, la sociedad es capaz de ofrecer y el
enfermo puede recibir.
Evidentemente, la genética es una ciencia matriz, es algo más que la
clínica, es algo más que el diagnóstico; la
genética es también agricultura, veterinaria, reproducción, farmacología,
biología molecular, endocrinología, microbiología, oncología, todos los
aspectos de la medicina vienen hoy a converger aquí, pero sólo en el área
médica, por citar algunas --las últimas a las que me he referido-- están
más directamente interrelacionadas.
No obstante, el avance biotecnológico, las nuevas terapias génicas, que
ya se plantean y se están ofreciendo y aplicando en algunos países, como
el tratamiento de ciertas enfermedades tumorales, han hecho que sea
necesario poder seguir estas nuevas tecnologías de cerca. Por ejemplo,
enfermedades como el ADA han puesto en evidencia la necesidad de
reconocer esta especialidad que existe en muchos servicios en España,
servicios especializados de genética médica, que están provistos y
dotados y donde se hace esta labor. Además, en 1977 esta especialidad
estuvo a punto de ser reconocida, pero problemas de tipo político, de
cambios, hicieron que en ese momento no se aprobase. Han quedado en el
aire todas estas cuestiones, habida cuenta que muchos países tienen esta
especialidad, tal como hoy se plantea. Me quiero referir concretamente a
Inglaterra, una de las pioneras en la Unión Europea en estos temas, a
Alemania y a diferentes Estados de los Estados Unidos, que fue el primer
país que planteó, desde el ámbito médico, la necesidad de la utilización
de terapias génicas, teniendo que apelar al Congreso y a las asociaciones
nacionales de salud (todos sabemos el peso específico que tienen en
Estados Unidos y en el mundo) para obtener el permiso y poder llevar a
cabo el primer tratamiento a un niño ADA.
Desde los ámbitos biotecnológicos, nacionales e internacionales, se
reclama la formación de médicos que puedan llevar a cabo el seguimiento
de estas terapias, y se da la siguiente paradoja. En España hay
sociedades donde estos médicos se agrupan, porque existen servicios
dotados que están haciendo esta labor, cuyos especialistas, muchos de
ellos formados en el extranjero y otros en España, obtuvieron su plaza en
oposiciones nacionales y, en este momento, carecen todavía del
reconocimiento. ¿Qué está pasando? Que se está creando un vacío, que ya
no hay una continuidad, puesto que, al no haberse reconocido la
especialidad (sí reconocida en otros países), no se están formando
especialistas últimamente para los seguimientos clínicos y para los
seguimientos especializados de tratamiento, y llegará el momento en que
estaremos, por un lado, avanzando, como España avanza en estos temas, y
poniéndonos en la punta de la lanza y, sin embargo, en la parte podríamos
decir asistencial, aunque no asistencial exactamente, nos estamos
quedando a la cola, porque ha habido un intervalo en el que estas
especialidades no han sufrido el impulso que en otros países. En este
momento, numerosos países de la Unión Europea forman estos especialistas.
Por ello, hemos presentado la proposición no de ley, así como una
enmienda de mejora técnica, de modificación, que hace referencia a la
especialidad, que vendría a concretar perfectamente los deseos de nuestro
grupo y que quedaría redactada de la siguiente manera, si me lo permite
el señor presidente. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
prosiga los trabajos actualmente en marcha en relación con la genética
clínica, procediendo al reconocimiento de la misma como una especialidad
médica o, en su caso, como un área de capacitación específica, según lo
previsto en el artículo 3 del Real Decreto 127/1984, por el que se regula
la formación médica especializada y la obtención del título de médico
especialista.
Nos parece que, puesto que el problema existe, los especialistas los
tenemos y pertenecen al propio Sistema Nacional de Salud, donde ejercen
su función, por el hecho de esta continuidad en su función y porque el
impulso interno a la capacitación técnica son muy altos, el Congreso debe
sumarse, y creo que nuestro grupo actúa oportunamente apoyando el sentir
de la Sociedad Española de Genética Médica y de tantas otras, que nos
reclaman esta especialidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Señor presidente, nos hemos quedado un
poco sorprendidos ante la enmienda de modificación que ha presentado el
Grupo Parlamentario Popular porque, si bien se cataloga y justifica como
una enmienda de mejora técnica, hay cambios sustanciales en su redacción.
En primer lugar porque se señala aquí, cosa que no se hacía en el texto
original, que el Gobierno está ya realizando trabajos en este sentido y,
en segundo lugar, porque entra en consonancia con otras manifestaciones
del propio Grupo Parlamentario Popular, y no lo estaba en la proposición
no de ley original, que se reconozca como un área de capacitación
específica o de especialidad médica, es decir, el mismo texto que en otro
momento y en otra proposición no de ley el Grupo Parlamentario Popular
presentó.
Quisiera hacer algunos comentarios a partir de la exposición de este
texto sobre la especialidad de genética clínica como una especialidad
médica. Es evidente que los razonamientos técnicos que se nos han
señalado son ciertos, es decir, hay un gran avance biotecnológico, se
están implantando terapias genéticas, pero también --y esto no se ha
señalado-- este campo es claramente interdisciplinario. No solamente
están metidos en el tema de la genética los profesionales médicos,
también hay otros, y por el hecho de que sea una actividad clínica no
debe quedar limitada exclusivamente a esos profesionales médicos, en el
sentido de que hay algunas otras especialidades clínicas, como la
biología, en las que hay otros profesionales. Por tanto, nos parecía, tal
y como estaba redactada la proposición no de ley original, que podría
crear algún problema al excluirse a cualquier otro profesional, que ya en
este momento está trabajando en los campos de la biotecnología clínica,
de la posibilidad de la formación, del avance y del reconocimiento.
Nosotros, no estando en desacuerdo con que se lleve a cabo lo que se
propone en la enmienda de modificación, sí nos gustaría señalar la
necesidad de ampliar el campo de
actuación en la formación en estos terrenos como un elemento
interdisciplinario al que se pudiera acceder desde otros campos, dado
que, además, esta discusión --que tampoco ha señalado la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular-- está presente entre las sociedades
científicas. La sociedad científica genética más importante que agrupaba
a todos los profesionales que se dedicaban a este campo, la Sociedad
Española de Genética Humana, ha visto una disensión por parte de un grupo
de profesionales médicos que han creado la Sociedad de Genética Médica,
como nos indicaba, pero que es minoritaria en relación con la otra, y
podría parecer un respaldo corporativo a un grupo determinado de
profesionales. Por ello, sin estar en contra de la enmienda de
modificación que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular, queríamos
señalar estos aspectos y, si es posible --aunque no se traduzca en una
enmienda concreta a este texto--, que se tengan en cuenta por parte del
Gobierno estas posibilidades interdisciplinarias en un tema tan
importante y de tanto futuro como el de la genética clínica.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: El avance de los últimos años de la biología
molecular ha permitido el conocimiento e identificación de muchas
enfermedades o causas de ellas. Del mismo modo, el mejor conocimiento
genético lleva terapias génicas que son el futuro de la resolución de
muchas patologías. El diagnóstico, utilización y seguimiento de las
nuevas terapias genéticas debía realizarse en el ámbito clínico y bajo la
supervisión estricta del médico especialista en genética clínica.
Señorías, hay un vacío científico y legal. La ciencia avanza y las
especialidades médicas no se han adaptado al desarrollo científico ni a
la realidad social. Los especialistas, que los hay y muy buenos, se han
formado en esta disciplina médica al amparo de sociedades médicas y en
centros hospitalarios, llegando a la paradoja de que después de
procurarse la formación teórica y práctica, reconocida
internacionalmente, al no estar reconocida como especialidad médica en el
Estado español, no se crean plazas hospitalarias para desarrollar dicha
especialidad de hecho, comportando esta disfunción una pérdida
cuantitativa de profesionales que, aunque deseando aportar sus
conocimientos al conjunto de la sociedad para contribuir a paliar el
dolor y el sufrimiento de muchos enfermos desde estos avances médicos, no
les es posible.
La correcta interpretación clínica de las exploraciones médicas de
sintomatologías genéticas hace indispensable la creación de esta
especialidad médica de genética clínica. El Estado español carece de ella
en la actualidad y los profesionales que la ejercen de hecho, con un
nivel profesional excepcional y de reconocimiento internacional, no
tienen claro su relevo profesional al no estar reconocida oficialmente, y
existiendo un peligro de vacío legal entre los avances científicos, su
aplicación y la realidad social que ya es un hecho, además, teniendo en
cuenta que estos profesionales ya ejercen, ganaron su plaza por oposición
nacional y existen servicios con esta especialidad.
Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) dará su voto afirmativo al compromiso de adecuación de la
realidad médica a la necesidad social de los usuarios del sistema
sanitario que se propone en este primer paso parlamentario dado por el
Grupo Popular, teniendo la certeza de que esta sensibilidad será
igualmente defendida para todas las necesidades de adecuación entre el
desarrollo médico y la realidad social que aún no están solucionadas.
--RELATIVA A LA COMERCIALIZACION DE LA RU-486. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente
161/000605).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la última proposición no de
ley, relativa a la comercialización de la RU-486, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para cuya defensa tiene la
palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Debo confesar que me produce cierto rubor
abordar una vez más un tema que, en opinión de mi grupo parlamentario, ha
sido reiteradamente planteado ante esta Comisión de Sanidad con razones
más que de peso, con el fin de que este Congreso de los Diputados adopte
decisiones que van a intervenir directamente sobre la calidad de vida y
la salud de las mujeres. Me refiero a la remoción de los obstáculos
existentes para la comercialización de la RU-486.
Se ha dicho en otras ocasiones, pero me veo en la obligación de
reiterarlo, que no se trata de traer aquí, camuflado, un debate
legislativo en torno a las condiciones en las que se establece, se
legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Mi grupo parlamentario
ha puesto claramente de manifiesto en multitud de ocasiones que la ley de
plazos que permite la decisión de las mujeres sobre su propia maternidad
es el sistema que creemos más adecuado a los derechos y libertades de las
mujeres; no obstante, es evidente que hay otras condiciones que regulan
la realización de la interrupción voluntaria del embarazo. Por si algún
grupo parlamentario tuviera la tentación de hacer alusión a eso, diré
que, evidentemente, la comercialización de la RU-486 no altera las
condiciones legales del ejercicio de la interrupción voluntaria del
embarazo, que son las que son en este momento, que mi grupo parlamentario
no comparte, pero que, obviamente, no pretende modificar; no es eso lo
que hay detrás de esta proposición no de ley.
Tampoco se trata --y todas hemos asistido a debates en medios de
comunicación-- de hacer demagogia en un tema tan serio y que tanto afecta
a la intimidad, incluso con evidentes connotaciones de angustia para las
mujeres. La posibilidad de realizar la interrupción voluntaria del
embarazo en las mejores condiciones de salud integral psíquica, física y
social de las mujeres y en las mejores condiciones de accesibilidad
económica no pretende ocultar que el
aborto es el último recurso y que los mayores esfuerzos de la
Administración sanitaria y de la sociedad en general deben ir encaminados
al desarrollo de todas las políticas de planificación familiar,
incluyendo los métodos de planificación familiar conocidos hasta este
momento, tales como los dispositivos intrauterinos, diafragmas,
anovulatorios, preservativos, etcétera, como prestaciones de la sanidad
pública, y que la educación acerca de la salud reproductiva debería ser
un elemento mucho más constante y de mayor calidad en el sistema
educativo de nuestro país. En cualquier caso, se trata de abordar la
accesibilidad a lo que en sectores profesionales se ha calificado como el
descubrimiento de mayor trascendencia para la salud de las mujeres desde
la píldora anticonceptiva, desde los anovulatorios.
Estamos hablando de un fármaco que está utilizado ya ampliamente en
numerosos países del mundo y, como se ha dicho otras veces, con
diferentes tintes religiosos y de mayor o menor conservadurismo de sus
gobiernos y sociedades. En este momento está comercializado en Francia,
Suecia, Inglaterra, China, Noruega, Dinamarca, Holanda y también en el
país que pasa por ser el paradigma de la modernidad para algunos grupos
parlamentarios, como es Estados Unidos.
La eficacia de la RU-486 la conocen sus señorías. Asociada a las
prostaglandinas, tiene una eficacia semejante a la del aborto quirúrgico,
es decir, se sitúa entre el 95 y el cien por cien, utilizada en los dos
primeros meses de gestación y más en concreto antes de que finalicen las
dos semanas siguientes a la menorrea.
Desde que debatimos este tema tan recurrente en esta Comisión han
sucedido algunas cosas dignas de mención que me han animado a ver si esta
vez había modificación al respecto. Alguna de esas cosas tienen carácter
técnico-científico, y es que las prostaglandinas, que se utilizaba
asociadas a la micepristona para incrementar su eficacia, tenían una
limitación en su uso a cierta edad de las mujeres con objetivos de
interrupción del embarazo derivada del riesgo que conllevaban de
potenciar enfermedades cardiovasculares. En este momento están a la venta
ya, registradas en nuestro país y son ampliamente usadas las
prostaglandinas en la prevención de enfermedades gastroduodenales,
ocasionadas, a su vez, por el tratamiento con antirreumáticos que no
tienen estos efectos secundarios relacionados con las enfermedades
cardiovasculares. Por otra parte, no hacen más que multiplicarse las
indicaciones, en este caso de la mifepristone, en el tratamiento de
tumores de mamas, sensibles a la progesterona, en la endometriosis y en
tumores cerebrales como el meningioma.
Ha habido alguna novedad de tipo empresarial que podría modificar en este
momento las trabas que anteriormente existían para la comercialización de
la RU-486. Ustedes saben que el laboratorio que tenía la patente, Roussel
Uclaf, ha sido objeto, como es bien conocido, de campañas durísimas por
parte de los sectores más conservadores profesionales, religiosos,
etcétera, contra el resto de sus productos para chantajear y conseguir la
retirada del registro de la RU-486. En este momento, el laboratorio ha
dejado de fabricarla y ha ofrecido --de hecho se ha producido ya en
diferentes países-- la adquisición del derecho de patente para su
fabricación en diferentes zonas del mundo a distintos laboratorios, a
aquellas empresas farmacéuticas que deseen comprarlo. No obstante, en
nuestro país no se ha producido --no tengo conocimiento de ello, ni
tampoco la opinión pública-- la solicitud al Ministerio de Sanidad, al
registro de productos sanitarios y medicamentos de la RU-486 por ninguna
de las empresas que han comprado la patente para su fabricación.
He de decirles que en 1983 esta Comisión de Sanidad aceptó una
proposición no de ley de Izquierda Unida, previa enmienda que permitía
conseguir la mayoría suficiente para modificar en algo la situación
actual, y se instaba al Gobierno a remover los obstáculos existentes para
su comercialización. Estamos terminando 1997 y no se han removido los
obstáculos tendentes a favorecer esa comercialización.
No obstante, entendemos que las posibilidades se diversifican desde el
momento en que hay diferentes laboratorios que fabrican la RU-486 para su
comercialización en otros países. La proposición no de ley que mi grupo
propone en este momento sería la inclusión en el registro de la RU-486
como fármaco genérico financiado por la sanidad pública. Además, teniendo
en cuenta que desde el planteamiento de la RU-486 como instrumento de
calidad para la vida de las mujeres --no insisto en argumentos que he
reiterado en otras ocasiones--, las diferentes agencias de la
Organización Mundial de la Salud han reiterado su carácter eficaz, inocuo
y beneficioso para la salud, se podría hacer desde el Ministerio de
Sanidad un concurso público para que diferentes fabricantes pudieran
acceder a su fabricación como fármaco genérico e incluso estudiar la
posibilidad de que en instalaciones de propiedad pública, incluyendo
laboratorios dependientes del Ministerio de Defensa, la RU-486 pudiera
producirse en las mejores condiciones de calidad-precio, cuya patente
están ahora en condiciones de venderla los primeros comercializadores.
Quiero reiterarles, señorías, que una vez más estamos debatiendo en esta
Comisión de Sanidad un tema que se está escamoteando a las mujeres de
nuestro país sin ninguna justificación técnica. Se están enmascarando
razones políticas, de conciencia o religiosos que mi grupo parlamentario
respeta profundamente, pero que son de administración estrictamente
individual; al Estado y a la Administración pública es a quien
corresponde poner a disposición en este caso de las mujeres todos
aquellos productos que puedan ser útiles para su calidad de vida, y
corresponde a cada una de ellas utilizarlos o no en función de sus
condiciones personales y de la evaluación de la situación de conciencia
religiosa o de otras características que pudiera plantearse.
También quiero insistir en que indirectamente es verdad que la RU-486
modificaría no las condiciones legales de la interrupción voluntaria del
embarazo, pero sí las condiciones económicas en las que se está
produciendo en estos momentos. Mi grupo parlamentario ha denunciado en
diferentes ocasiones el retroceso brutal que se está produciendo
en la sanidad pública para el acceso a los servicios de planificación
familiar; insisto en que estoy hablando de servicios de planificación
familiar y de prevención del embarazo no deseado. En más de un 90 por
ciento de casos es la sanidad privada --por la existencia de barreras
económicas-- la que está haciendo las funciones que deberían corresponder
mayoritariamente a un servicio público, lo cual determina, como bien
saben SS. SS., que las mujeres con menores ingresos económicos no puedan
acceder a medios de planificación familiar eficaces.
Otro tanto ocurre con la interrupción voluntaria del embarazo, donde
existe una masiva objeción de conciencia por parte de los profesionales
de la sanidad pública. Los especialistas que desarrollan la ginecología
en el ámbito hospitalario objetan, introducen razones de conciencia para
no intervenir en procesos de interrupción voluntaria del embarazo. Como
todo el mundo sabe, a pesar de que se niegue en ámbitos oficiales, se
practica la objeción de conciencia en la sanidad pública, realizando
después las mismas personas la interrupción voluntaria del embarazo en la
sanidad privada.
Termino, señor presidente, haciendo votos para que esta vez se haga algo
más que apoyar una proposición no de ley cargada de buenas intenciones,
que quizás sirva para sacar el debate ante los medios de comunicación
durante algunos días, pero que en nada modifica las condiciones actuales
a las que se enfrentan las mujeres en uno de los sucesos más difíciles y
dolorosos de su vida, como es la interrupción de un embarazo no deseado.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene
la palabra la señora Frías.
La señora FRIAS NAVARRETE: Intervengo para defender la enmienda
transaccional que mi grupo presenta a esta proposición no de ley. Este es
un debate recurrente donde necesariamente tenemos que reiterar argumentos
ya expuestos porque hay que desbloquear este tema de una vez por todas,
ya que se trata de un fármaco, la RU-486, reconocido internacionalmente
como de interés general para mejorar, como ha dicho la portavoz de
Izquierda Unida, la calidad de vida y la salud de las mujeres.
Los laboratorios Roussel Uclaf, que eran los que tenían la patente de
este fármaco, nunca formalizarán en el registro de medicamentos --que,
como saben SS. SS., es requisito sine qua non para que un fármaco sea
comercializado en España-- la petición de registro de este medicamento en
España. Un medicamento en España no se puede comercializar de oficio sino
a requerimiento. Por tanto, nos encontramos aquí con un obstáculo que
existía y que sigue existiendo. Los laboratorios Roussel Uclaf ya no
fabrican este fármaco, ya que han vendido la patente a otro laboratorio,
pero este requisito, insalvable, sigue existiendo y hay que
desbloquearlo.
En todos los países donde este fármaco está comercializado han sido
necesarias iniciativas por parte de las autoridades sanitarias destinadas
a proteger esta comercialización. Así ocurre, por citar los países más
cercanos a nosotros, en Francia o en Inglaterra.
Recuerdo a SS. SS. que en 1987 se llevaron a cabo en España ensayos
clínicos en tres hospitales públicos, cuyos resultados confirmaron la
eficacia de este medicamento. A instancias de esta Cámara se pidió a las
autoridades sanitarias que entablaran conversaciones con los laboratorios
fabricantes de este fármaco para que formalizaran su inclusión en el
registro, según se explicó en esta Comisión por el subsecretario del
Ministerio de Sanidad y Consumo, señor Termes, el 6 de octubre de 1994.
Pero como esto no se ha producido y como hace falta desbloquear esta
situación, es por lo que presentamos esta enmienda transaccional.
La filosofía que subyace en esta enmienda es que España no puede
permitirse el lujo de no tener este fármaco para su utilización, tal y
como se hace en los países de nuestro entorno, que es de uso restringido
en hospitales públicos bajo la estricta vigilancia del médico. En
Francia, este medicamento está sometido a la misma reglamentación que
otros medicamentos que se consideran tóxicos. El médico tiene que
certificar por escrito el uso que hace de él y que la mujer lo toma en su
presencia, por tanto no se podría nunca, ni en Francia, ni en Inglaterra,
vender en las farmacias, su uso está restringido exclusivamente al ámbito
hospitalario, y también está restringido su uso a mujeres jóvenes, de
menos de 35 años, no fumadoras, sin riesgos cardiovasculares, sin
enfermedades crónicas y con embarazos que no superen las ocho semanas. En
estos casos, la eficacia y la seguridad del fármaco, que se asocia a las
prostaglandinas, está más que probado, y así lo reconocen la Organización
Mundial de la Salud, la Conferencia Internacional de Planificación
Familiar y hasta recomendaciones del Parlamento Europeo.
Pensamos que el registro y comercialización de este fármaco facilitaría,
en mayor o menor grado, la aplicación de la actual Ley de interrupción
voluntaria del embarazo, al cambiar radicalmente las necesidades
técnico-infraestructurales, porque ya no hacen falta ni quirófanos, ni
anestesistas, ni enfermeras; sólo la presencia de un médico que vigile
todo el proceso. Por tanto, se reducen costes económicos, se simplifica
bastante el problema de objeción de conciencia médico y, sobre todo,
permitiría ejercer este derecho, dentro del marco legislativo vigente, es
decir, en los supuestos que marca la ley, a muchas mujeres que no pueden
ejercerlo por no tener medios económicos.
Recuerdo a SS. SS. que, según estadísticas del Ministerio de Sanidad y
Consumo, desde el año 1990 hasta hoy se aprecia un aumento relativo y
constante de abortos en España, en torno al 20 por ciento. Este crece,
igualmente, entre adolescentes de 15 a 20 años, y en este grupo, entre un
30 y un 50 por ciento de los embarazos que se interrumpen son de menos de
ocho semanas.
Por todas estas razones, señorías, y porque pensamos, repito una vez más,
que dentro del marco de la legislación vigente es necesario el máximo
consenso de todos los grupos de esta Cámara y con el objetivo de
desbloquear esta situación, es por lo que paso a leer la enmienda
transaccional para la que pido el voto favorable de sus señorías: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer conversaciones
con los laboratorios que tienen la propiedad de la patente del fármaco
RU-486 para abordar y, en su caso, eliminar los obstáculos existentes en
orden a posibilitar la comercialización en España de dicho fármaco, su
dispensación exclusiva en el ámbito hospitalario dentro del marco de la
legislación vigente y previo informe de las autoridades científicas sobre
las consecuencias que se podrían derivar en la salud de las pacientes.
El señor PRESIDENTE: La señora Maestro, a los solos efectos de aceptación
o rechazo de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Agradezco la presentación de la enmienda y,
evidentemente, la voy a aceptar, aunque dista mucho de abordar no lo que
mi grupo parlamentario entiende que podía resolver el problema, sino tan
siquiera modificar algo de las condiciones en las que fue aprobada la
proposición no de ley en 1993: «que el Gobierno remueva los
obstáculos...». Desde entonces estamos aquí. Es decir, la acepto pero
quiero dejar constancia, en este caso ante el «Diario de Sesiones», de
que mi grupo parlamentario es escéptico si los términos en los cuales se
aprueba son solamente la voluntad del Gobierno con el laboratorio
destinada a modificar las condiciones actuales que han impedido hasta
este momento su registro.
No obstante, la voluntad de mi grupo es lograr el más amplio consenso
parlamentario posible en torno a un tema que afecta directamente a la
salud de las mujeres y que está siendo hurtado de
unamanerainjustificablea las mujeres de nuestro país. Incluso, quiero
decirlo aquí, el fármaco --SS. SS. lo saben--, ha sido objeto de ensayos
clínicos en la sanidad pública y me consta que en estos momentos está
siendo utilizado en la misma.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: En nombre del Grupo Mixto y del Partido de la
Nueva Izquierda, venimos a apoyar la proposición de ley que ha sido
presentada por la señora Nines Maestro, en nombre del Grupo de Izquierda
Unida.
La verdad, y como ella ha dicho, ya son muchas las ocasiones en que hemos
tratado este tema. Lo hemos tratado, además, intentando, con el Gobierno
anterior y con el actual, que se faciliten de alguna manera los derechos
que ya están reconocidos por la ley. No se trata de volver a significar
qué derecho son, como muy bien ha dicho la señora Nines Maestro, aunque
no compartamos la ley que hay de interrupción del embarazo; no se trata
de buscar otra causa más de interrupción del embarazo, sino de facilitar
la forma en que se debe llevar a cabo esa interrupción del embarazo. Si
podemos ahorrar la intervención quirúrgica, si podemos garantizar la
intimidad de la decisión de una mujer, incluso su propia asunción de
responsabilidad en la toma de la RU-486 con el asesoramiento médico que
sólo tenga un nivel de vigilancia y no un nivel de aquiescencia en la
necesidad que tenga esa mujer de interrumpir su embarazo, me parece que
lo que estamos haciendo es facilitar métodos, no ya más económicos, sino
más íntimos, menos traumáticos, menos quirúrgicos y con más capacidad de
decidir las mujeres, que es una de las fases importantísimas en la
interrupción del embarazo. A lo mejor el interés de los médicos es otro,
a lo mejor les gusta más que haya quirófanos para poder cobrar más, y no
digo ya de las clínicas privadas, que les viene mejor tenerlas allí tres
días mejor que cuatro, pero nosotros eso no es lo que queremos que se
haga para las mujeres.
Por tanto, lo que estamos diciendo aquí es que si hay un medicamento que
facilita una decisión que ya han tomado las mujeres --aunque no
compartamos los requisitos que establece la ley--, se tiene que favorecer
su uso. Es verdad lo que dice que se aprobó ya en 1993, y aunque se haya
aceptado la enmienda --y nosotros también estamos dispuestos a
apoyarla--, me parece que no se puede decir ahora que hay que remover los
obstáculos, cuando el obstáculo aquí para que se genere esta legalización
de la RU, se nos ha dicho siempre, como disculpa, es que el laboratorio
no la presenta. Y el laboratorio no la presenta porque tiene intereses
económicos, junto con la presión de los médicos, que dicen: no vamos a
hacer caso a la RU y te vamos a dejar de comprar los otros productos.
Pues que el Gobierno, ahora que va aplicar el medicamentazo, en vez de
aplicarlo para ahorrar dinero, que también lo aplique para decir al
laboratorio: usted no me va a seleccionar los medicamentos que yo tengo
que comprarle. También lo podía haber hecho, también podía haber removido
obstáculos de presión que están impidiendo una decisión más lógica para
las mujeres.
¿Por qué la amenaza de todo un corporativismo tremendo puede quitar la
facilidad de tomar una decisión a las mujeres, y, sin embargo, el Estado
y los poderes públicos, que sí tienen la obligación, a través del
artículo 9 de la Constitución, no remueven los obstáculos que impidan el
desarrollo de la dignidad de las personas? Porque parte de la dignidad es
tener derecho a utilizar un medicamento que es eficaz, que además supone
una mayor intimidad, un menor costo y una menor presión psicológica hacia
las mujeres. Ya no se trata de saber si estamos a favor del tema de la
interrupción del embarazo, sino de creer que las mujeres somos
protagonistas de las decisiones que tomamos y que tenemos derecho a
tomarlas en las mejores condiciones, y esas condiciones, en este caso de
interrupción del embarazo, es también contar con la píldora RU.
Aquí estamos todo el mundo hablando de lo terrible que es la interrupción
del embarazo, pero en este país está subiendo el nivel de abortos en
adolescentes, en personas, como ha dicho la compañera del Partido
Socialista, jóvenes de poca edad, en las cuales precisamente el miedo, el
hecho de ir a una interrupción quirúrgica, por sus medios económicos, por
la responsabilidad a veces de no decírselo a la familia, etcétera, les
coarta, y deben contar con un nivel de acceso a los médicos que las pueda
orientar, no en lo
que sea ideológico, pero sí en lo que sea médico. A nosotros nos parece
que esto es negar el uso de derechos que están reconocidos por ley a las
mujeres, y creemos que las mujeres tenemos derecho a no ser maltratadas
por esta condición ideológica, por esta condición de oponerse a que un
medicamento útil, eficaz, más barato, más íntimo y más personal se
comercialice, y ello porque hay intereses económicos de los grupos
farmacéuticos, de los médicos que quieren presionar con su ideología la
decisión de las mujeres y que no quieren colaborar, porque muchas veces
hacen objeción de conciencia, con su práctica al ejercicio de unos
derechos, lo cual se podría discutir.
Reconociendo la objeción de los médicos, exigimos el derecho de las
mujeres para poder no sólo interrumpir el embarazo, sino hacerlo en las
condiciones más fáciles, menos peligrosas y menos traumáticas que hay.
Eso significaría el reconocimiento en nuestro ordenamiento de que la RU
sea suministrada en nuestros medios de difusión, tanto médicos como
farmacéuticos, y no sólo en el ámbito hospitalario, sino en el ámbito
clínico, porque ojalá nos ahorráramos también intervenciones quirúrgicas
en la medicina privada si existiera esta medicina. Esta medicina se debe
traer a este país sin fronteras que estamos haciendo, porque se van todos
a Luxemburgo, se está hablando de la Europa del euro, y sin embargo
resulta que nos tenemos que ir a París a comprarnos la RU-486, tomárnosla
en una pensión con un médico francés, y cuando venimos a España otra vez
la España diferente. Aquí se acaba la RU-486, nos vamos al quirófano, nos
hacen objeción las enfermeras, que no nos llevan ni el bocadillo cuando
estamos internadas porque tienen, repito, objeción de conciencia. Estamos
haciendo un país de presionadores de la libertad de las mujeres y no un
país respetuoso con sus derechos.
Parte de ese respeto es esta proposición no de ley y, desde luego,
nosotros hemos venido a dar nuestro voto afirmativo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Intervengo brevemente. En relación con la
proposición no de ley relativa a la comercialización de la RU-486 que
presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el Grupo
Vasco (EAJ-PNV) estaría a favor de proceder al registro del fármaco
RU-486, tal como se plantea en el primer punto, pero no estamos a favor
de su inclusión entre los financiados por la sanidad pública.
En la actualidad, en los hospitales públicos de Euskadi se hace uso de
dicho fármaco cuando así es solicitado y, lógicamente, bajo prescripción
médica. Sin embargo, en estos momentos, y en aras de un mayor consenso,
vamos a apoyar la enmienda transaccional de sustitución presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Como sus señorías saben, se ha expuesto aquí
varias veces, y hoy lo ha hecho muy ampliamente la representante del
Grupo Socialista, que para registrar un medicamento en el Estado español
es necesario que el laboratorio fabricante o importador presente la
solicitud correspondiente al Ministerio de Sanidad y Consumo y adjuntar
toda una documentación establecida en la normativa vigente con la
finalidad de demostrar su eficacia, seguridad y cualidad.
En el caso de que un ciudadano español necesite un medicamento que no
esté registrado en el Estado, la Ley 20/1990 del medicamento establece
los mecanismos para su obtención. En este caso, el médico o el médico
especialista correspondiente puede solicitar a través de unos impresos,
A.2 o A.3, el medicamento extranjero. En el caso de la píldora RU-486,
que estamos tratando en este momento, sabemos que eso se practica en
algunos hospitales, y a través de este sistema de solicitar un
medicamento extranjero. No es, pues, una novedad, pero hace falta
regularla.
Nosotros apoyaremos la proposición no de ley que se ha presentado, pero a
través de la enmienda ofrecida por el Grupo Socialista, porque entendemos
que esto no cambia la práctica establecida, es un cambio de método pero
no un cambio legislativo. En lugar de practicarse un aborto de tipo
traumático, con la administración de esta píldora consideramos que es
mucho más segura, menos traumática y que presenta una serie de ventajas.
Sin cambiar los supuestos de la ley ni la legislación, y a través de uso
hospitalario, creemos que es recomendable, pero no a través de un uso al
alcance de todos y que se pueda administrar, por ejemplo, en las
farmacias.
Apoyamos que se efectúe un estudio para tener mayor seguridad en la
aplicación de este método, aunque les puedo decir a SS. SS. que este
estudio lo tenemos ya en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Hace 4 ó 5
años el Hospital del Mar realizó un estudio sobre este método, en el cual
se determina que, administrado a través de inyectables y asociado a las
prostaglandinas, representa un éxito que se calcula en un 95,4 por
ciento, incluso a veces hasta un 99 por ciento. El tiempo óptimo de
administración es entre los 49 días después de la última regla hasta un
extremo de unos 63 días después de esa última regla; que sólo en un uno
por ciento o máximo un tres por ciento no se expulsa del todo, lo cual,
como ven SS. SS., es una garantía de éxito, y sólo en estos últimos casos
es necesario practicar un raspado, pero esto también se da en abortos
espontáneos, es decir, en el aborto natural.
Podemos decir, como elementos positivos, que no presenta efectos
secundarios, que no altera tampoco el ciclo menstrual y que sólo en un
0,3 por ciento se producen hemorragias. También, como dato positivo a
tener en cuenta, podemos decir que no produce dolor y que el único
peligro es el descontrol de su administración, si ésta no se hiciera bajo
supervisión hospitalaria. Por consiguiente, nuestro grupo apoyará esta
enmienda que presenta el Grupo Socialista, porque creemos que favorece
mucho a las mujeres. Por otro lado, no supone cambio alguno en la
legislación vigente, ya que sólo es un cambio de método. Aprobamos
este método por ser menos traumático y menos quirúrgico y vamos a votar
favorablemente porque supone un avance que consideramos enormemente
positivo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Pérez Vega. (El señor Gómez Rodríguez pide la palabra.)
Perdón, señor Gómez, pero a esta Presidencia no le consta en sus
anotaciones que S. S. hubiera solicitado la palabra. No obstante, tiene
la palabra su señoría.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Con toda brevedad quiero señalar la posición
del Grupo de Coalición Canaria ante esta iniciativa del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Consideramos que es algo tan importante porque afecta a la vida de las
personas, afecta a la modernización de las medidas tuitivas que necesita
la mujer y nosotros nos alegramos de que se haya presentado por el
Partido Socialista Obrero Español una transaccional, que vamos a apoyar,
pero llamamos la atención sobre si sería conveniente añadir la adopción
de medidas cautelares en esta importante materia que afecta a la vida de
las personas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
la señora Pérez Vega.
La señora PEREZ VEGA: Nos encontramos ante una iniciativa que ha sido
presentada por el Grupo de Izquierda Unida, muy similar a las presentadas
en anteriores legislaturas por el mismo grupo, en las que se propone de
una forma o de otra la comercialización de la RU-486, y que
sistemáticamente los grupos parlamentarios Popular, Catalán y Socialista
hemos venido rechazando por razones sanitarias y legales. Es precisamente
por esos dos motivos por los que, una vez más, el Grupo Parlamentario
Popular va a votar en contra de esa iniciativa, pero, eso sí, a favor de
la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Varios ensayos realizados en diversos países con la RU-486 o también
llamada mifepristone han servido para constatar efectos secundarios en el
41 por ciento de las pacientes sometidas a las pruebas y en el 16 por
ciento de los casos estudiados no se ha producido como fruto de la
ingestión de dicho fármaco la expulsión completa y simple, sino que fue
necesaria una intervención quirúrgica posterior, y ello sin negar la
utilidad de este compuesto en un pequeño número de casos de cáncer de
mama, en algunos meningiomas inoperables, como ayuda al parto en casos de
dilatación cervical insuficiente o en el tratamiento del síndrome de
Cushing en estado inicial, pero parece ser que la intención primordial
del grupo proponente al presentar esta proposición no es para la
aplicación en las enfermedades que acabo de citar, sino más bien para la
utilización en la interrupción voluntaria del embarazo. En base a ello
hay que recordar que en España hay tres supuestos de aborto que están
despenalizados: cuando exista peligro para la vida o salud física o
psíquica de la embarazada, ante la existencia de graves taras físicas o
psíquicas y, por último, en caso de de violación, y la RU-486 no es apta
para ser utilizada como medio abortivo en ninguno de los tres supuestos
despenalizados, por cuanto no es posible usarla más que en los 40 ó 42
días inmediatamente siguientes a la fecundación.
Para finalizar, la seguridad jurídica exige que, en su caso, una píldora
del estilo de la RU-486 sólo pueda ser comercializada si de verdad se
garantiza que, como producto farmacológico que es, es apto y no tiene
consecuencias secundarias indeseables y siempre y cuando el ordenamiento
jurídico permita el aborto libre, y éste no es el caso de España. Por eso
resaltamos también la necesidad de introducir, a propuesta del Grupo
Popular, una garantía científica que avale la salud de la mujer
embarazada. (La señora Maestro Martín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor presidente, le pido la palabra a efectos
reglamentarios simplemente, para indicar que, mal que le pese al Grupo
Popular o a la diputada que ha actuado como portavoz, lo que se va a
votar es la proposición no de ley de Izquierda Unida en los términos
resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, pero va
a votar o a no votar, evidentemente, la proposición no de ley planteada
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Me parece correcto, señora Maestro.
Finalizado el debate de las proposiciones no de ley, vamos a proceder a
la votación. Pediría a los grupos me comuniquen si existe alguna
sustitución. (El señor Villalón Rico pide la palabra.)
¿Para qué pide la palabra, señor Villalón?
El señor VILLALON RICO: He pedido la palabra para solicitar que se lea el
texto íntegro de las enmiendas transaccionales a las proposiciones no de
ley, que han sido aceptadas y que los grupos han manifestado que van a
votar de forma afirmativa, de tal manera que lo que quedará es la
proposición no de ley resultante de la enmienda transaccional y no el
texto original que en algún momento se pudo proponer.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Villalón.
Antes de proceder a las votaciones de las proposiciones no de ley a las
que haya habido enmiendas transaccionales, el señor letrado leerá los
términos en que literalmente queda la proposición con la aceptación de la
enmienda presentada.
En primer lugar, sometemos a votación la proposición no de ley sobre
medidas urgentes para asegurar el restablecimiento y el mantenimiento de
las plazas suprimidas en el servicio de ginecología del hospital de
Barbastro, en Huesca, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Villalón Rico pide la
palabra.)
Tiene la palabra, señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: A lo mejor me equivoco y pido perdón a los
diputados si es así, pero tengo entendido que aquí hay dos miembros del
Grupo Mixto y este grupo está representado en la Comisión solamente por
un diputado.
La señora ALMEIDA CASTRO: No. Ha habido una resolución de la Mesa según
la cual Izquierda Unida ha perdido un diputado y el Grupo Mixto ha
aumentado en otro. Por eso estamos dos miembros del Grupo Mixto en la
Comisión.
El señor PRESIDENTE: La interpretación que da la señora Almeida es
correcta. La Mesa de la Comisión ya tenía conocimiento de la nueva
composición del Grupo Mixto.
Pasamos a votar la proposición no de ley relativa a la generalización de
la terapéutica vigilada como forma de tratamiento de la tuberculosis, que
ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del
Grupo Parlamentario Popular, votándose en los términos en que ha sido
aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista. Si procede, no hay
inconveniente por parte de la Presidencia en que sea leída en los
términos en que finalmente se ha redactado la enmienda.
El señor LETRADO: La enmienda a esta proposición no de ley dice así: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se proceda con la
máxima urgencia a evaluar las experiencias disponibles sobre los
resultados y posibles limitaciones en la terapéutica directamente
observada, TOD, como estrategia en el tratamiento de la tuberculosis y,
en especial, las desarrolladas en España. Los resultados de esta
evaluación deberán elevarse al Consejo interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, al objeto de que, tomando en consideración este
informe, analice y se pronuncie sobre esta modalidad de tratamiento,
acordando, en su caso, su aplicación en el sistema sanitario público.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la proposición en
los términos en que ha sido leída por el señor letrado.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la proposición no de
ley.
A continuación, procedemos a la votación de la proposición no de ley
sobre el estudio de la aplicación del Real Decreto 9/1996, de 15 de
enero, de manera progresiva y a través de los centros sanitarios propios
o concertados con el Instituto Nacional de la Salud, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
A esta proposición no de ley se ha formulado una enmienda transaccional
por parte del Grupo Parlamentario Popular. Pasamos a su lectura para
conocimiento de los señores miembros de la Comisión.
El señor LETRADO: La proposición no de ley quedaría en estos términos: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con la aplicación
progresiva del Real Decreto 9/1996, de 15 de enero, en lo relativo al
suministro directo en los centros sanitarios y sociosanitarios propios o
concertados con el Insalud y en aquellas áreas sanitarias donde la
distribución directa no ponga en riesgo la accesibilidad y la equidad
para los ciudadanos. El Gobierno buscará reducir el gasto farmacéutico en
estos productos cuando sean dispensados por las farmacias.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la proposición no de ley en los
términos de la aceptación de dicha enmienda.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley relativa a la
comercialización de la RU-486, presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Como saben SS. SS., después del debate se
presentó una enmienda por parte del Grupo Socialista, enmienda que
procede a leer el señor letrado, sometiéndose a votación en sus términos.
El señor LETRADO: La proposición no de ley quedaría en estos términos: El
Congreso de los Diputados insta el Gobierno a establecer conversaciones
con los laboratorios que tienen la propiedad de la patente del fármaco
RU-486 para abordar y, en su caso, eliminar los obstáculos existentes en
orden a posibilitar la comercialización en España de dicho fármaco, su
dispensación exclusiva en el ámbito hospitalario, dentro del marco de la
legislación vigente y previo informe de las autoridades científicas sobre
las consecuencias que se podrían derivar en la salud de las pacientes.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación en los términos
resultantes de la enmienda aceptada por el grupo parlamentario
proponente.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley relativa a la
adopción de medidas para garantizar la posibilidad de presencia de
acompañante de confianza de la mujer durante el parto y de salvaguarda de
su intimidad en los centros del Instituto Nacional de la Salud. Esta
proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda in voce por
parte de Convergència i Unió y se ha aceptado la enmienda número 4, del
Grupo Parlamentario Socialista. Le pido al señor letrado que lea la
proposición no de ley en los términos en que queda después de la
aceptación de las enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular.
El señor LETRADO: Señor presidente, la proposición no de ley quedaría en
estos términos: 1.--El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de
Sanidad y Consumo a que adopte cuantas medidas sean oportunas en el
ámbito profesional y en el estructural de los centros sanitarios
dependientes del Insalud para garantizar en todos ellos que la mujer
embarazada pueda estar acompañada de una persona de su confianza durante
el parto y ejercer las actuaciones necesarias para garantizar la
intimidad de la mujer en todo el proceso del nacimiento. 2.--Se insta al
Ministerio de Sanidad y Consumo a que en el plazo de tres meses presente
a la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados un
informe en el que recoja la situación de los centros hospitalarios
dependientes del Insalud, así como las medidas que se deben adoptar en
relación al contenido de la presente proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En estos términos sometemos a votación la
proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, procedemos a la votación de la proposición no de ley sobre la
especialidad médica de genética clínica presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, en la que queda subsumida una enmienda del mismo
grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
En este momento convoco a la Mesa y a los portavoces para una breve
reunión.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.