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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 312, de 15/10/1997
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 312



POLITICA SOCIAL Y EMPLEO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO



Sesión núm. 22



celebrada el miércoles, 15 de octubre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Solicitud para iniciar el proceso para la obtención de un nuevo mandato
para la Subcomisión para estudiar la situación de los españoles que viven
fuera, así como la de los emigrantes y refugiados que han llegado a
nuestro país; conocer a fondo sus necesidades y reivindicaciones
prioritarias, y proponer las medidas --legales y sociales-- que sea
conveniente adoptar para conseguir solucionar los problemas existentes.

(Número de expediente 154/000008) <9164)



Ratificación de las Ponencias designadas para informar las siguientes
iniciativas legislativas:



--Proposición de Ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en
materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial. (Número de
expediente 122/000040) <9164)



--Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de
trabajo y el fomento de la contratación indefinida. (Número de expediente
121/000066) <9165)



--Proyecto de Ley por el que se regulan incentivos en materia de
Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación
indefinida y la estabilidad en el empleo. (Número de expediente
121/000067) <9165)



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Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, de las siguientes iniciativas legislativas:



--Proposición de Ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en
materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial. (Número de
expediente 122/000040) <9165)



--Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de
trabajo y el fomento de la contratación indefinida (procedente del Real
Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo). (Número de expediente 121/000066)
<9168)



--Proyecto de Ley por el que se regulan incentivos en materia de
Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación
indefinida y la estabilidad en el empleo (procedente del Real Decreto-ley
9/1997, de 16 de mayo). (Número de expediente 121/000067) <9177)



Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998. (Número de expediente
121/000082) <9188)



Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.




--SOLICITUD PARA INICIAR EL PROCESO PARA LA OBTENCION DE UN NUEVO MANDATO
PARA LA SUBCOMISION PARA ESTUDIAR LA SITUACION DE LOS ESPAÑOLES QUE VIVEN
FUERA, ASI COMO LA DE LOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS QUE HAN LLEGADO A
NUESTRO PAIS; CONOCER A FONDO SUS NECESIDADES Y REIVINDICACIONES
PRIORITARIAS, Y PROPONER LAS MEDIDAS --LEGALES Y SOCIALES-- QUE SEA
CONVENIENTE ADOPTAR PARA CONSEGUIR SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS EXISTENTES
(Número de expediente 154/000008).




El señor PRESIDENTE: Buenos días, se abre la sesión. Comenzamos por el
punto primero del orden del día, solicitud para iniciar el proceso para
la obtención de un nuevo mandato para la subcomisión dedicada al estudio
de la situación de los españoles que viven fuera, así como de los
inmigrantes y refugiados que han llegado a nuestro país; conocer a fondo
sus necesidades y reivindicaciones prioritarias, y proponer las medidas
legales y sociales que sea conveniente adoptar para conseguir solucionar
los problemas existentes.

Como conocen probablemente SS. SS., en la última reunión de la Mesa y
portavoces acordamos solicitar o presentar al Pleno de la Comisión, para
darle mayor realce, una ampliación del plazo asignada por el Pleno, en
primer lugar, posteriormente por la Mesa, para concluir los trabajos de
esta subcomisión. Hechos similares han tenido lugar con las otras
subcomisiones, que ya han concluido la elaboración del informe que vendrá
a próximas reuniones de esta Comisión, pero la solicitud de comparecencia
que se presentaron por distintos grupos en la subcomisión a la que he
hecho referencia al principio ha imposibilitado que concluyeran dichas
reuniones e incluso estamos en un proceso de selección o de concentración
de las mismas, con el fin de acabar cuanto antes dicho trabajo y pasar a
la elaboración del informe.

La Mesa, ante las peticiones que hemos formulado con anterioridad, ha
llegado a prorrogar hasta la fecha de esta noche el plazo para la
elaboración del informe. Dado que, como digo, esta subcomisión aún tiene
pendiente presencias importantes en los trabajos de la misma es por lo
que la Mesa y los portavoces solicitamos el consenso de todos los
presentes para dirigirnos a la Mesa del Congreso con esta fecha y
solicitar la ampliación del plazo del trabajo de la subcomisión hasta el
final del actual período de sesiones, es decir, hasta el 31 de diciembre.

Si la Comisión da su asentimiento, lo acordamos y daremos traslado a la
Mesa del Congreso para su tramitación correspondiente. (Pausa.)
Queda, por consiguiente, acordada la propuesta.




RATIFICACION DE LAS PONENCIAS DESIGNADAS PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES
INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN
MATERIA DE COBERTURA DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Número de expediente
122/000040).




El señor PRESIDENTE: El punto segundo es determinar la ratificación de la
ponencia de la proposición de ley de modificación del Estatuto de los
Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de garantía salarial.




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¿La ratifica la Comisión? (Pausa.) Por asentimiento, queda ratificada.




--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE
TRABAJO Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA (Número de expediente
121/000066).




El señor PRESIDENTE: El punto tercero es la ratificación de la ponencia
del proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de
trabajo y el fomento de la contratación indefinida.

¿Da su asentimiento la Comisión? (Pausa.) Así ocurre.




--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULAN LOS INCENTIVOS EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y DE CARACTER FISCAL PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACION
INDEFINIDA Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (Número de expediente
121/000067).




El señor PRESIDENTE: El punto cuarto es igualmente la ratificación de la
ponencia al proyecto de ley por el que se regulan incentivos en materia
de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la
contratación indefinida y la estabilidad en el empleo. (Pausa.)
La Comisión da su asentimiento a la misma.




APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:



--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN
MATERIA DE COBERTURA DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Número de expediente
122/000040).




El señor PRESIDENTE: Entramos en el apartado de aprobación con
competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la
ponencia, sobre, punto quinto del orden del día, la proposición de ley de
modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del
Fondo de garantía salarial, a propuesta del Grupo Socialista.

Antes de entrar en el debate y votación de estos tres puntos siguientes
del orden del día, quiero informarles que los trabajos se desarrollarán
de la siguiente manera según hemos acordado con los portavoces hace unos
momentos. Cada una de las proposiciones o proyectos de ley se debatirán
de forma única para que cada grupo exprese su opinión, su valoración
total y parcial y exponga sus enmiendas, dando un tiempo prudencial
máximo de 15 minutos para cada una de las iniciativas legislativas, y la
votación de todas las enmiendas y del dictamen se producirá a partir de
la una. Así que entramos en el debate de la proposición de ley de
modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del
Fondo de garantía salarial presentada por el Grupo Socialista del
Congreso.

A esta proposición existen enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, del
Grupo Socialista y del Grupo Popular. Para su defensa, tiene en primer
término la palabra el señor representante del Grupo de Izquierda Unida,
don Pedro Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, intervengo muy brevemente para
manifestar cuál es el contenido de las enmiendas que hemos propuesto. En
términos generales se trata de enmiendas de dos tipos. En primer lugar
para prever una eventual posibilidad de indemnización de los contratos
temporales planteamos tres enmiendas: la primera a la exposición de
motivos, donde sugerimos la conveniencia de que se plantee esta cuestión
en función del cumplimiento de las exigencias expresadas por el Convenio
173 de 23 de junio de 1992 de la Organización Internacional del Trabajo
y debido lógicamente a la proliferación de contratos de este tipo que
existe desde hace tiempo en nuestro país. En segundo lugar, las enmiendas
2 y 3 hacen referencia alternativa a la posibilidad de que exista
relación de trabajo temporal con derecho a indemnización conforme a
convenio colectivo (la número 2) o bien conforme a norma estatal (la
enmienda 3). Finalmente, respecto a la enmienda 4 planteamos que exista
para aquellos expedientes ya resueltos para los interesados un plazo de
6 meses para instar la revisión.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno en contra de estas enmiendas, o
renuncian los grupos a hacer uso de él y al final fijarán posición?



El señor GRIÑAN MARTINEZ: Fijaremos posición.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Villarrubia para la defensa de las enmiendas presentadas.




El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Con muchísima brevedad, deseo hacer un
par de puntualizaciones nada más. En cuanto a las enmiendas del Grupo
Socialista, es una enmienda que se reproduce en el articulado y en la
exposición de motivos, que es una mera corrección material, ya corregida
de hecho desde la primera intervención, en la que se aludió a ese error
de transcripción, en el sentido de que donde dice Ley 11/1994 debe decir
Ley 42/1994, de 30 de diciembre. Eso es lo procedente y se trata de
corregir un error exclusivamente de transcripción.

En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, desde el Grupo Socialista
diré que sí vamos a apoyar la número 3, por la que se pretende incluir
que exista relación de trabajo con derecho a indemnización conforme a
norma estatal y no apoyaremos en principio, salvo que a lo largo del
debate se nos diera algún argumento más, que sea conforme a convenio
colectivo, pues probablemente podríamos conseguir



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un efecto perverso y no deseado porque no sólo potenciaríamos --eso sería
lo positivo-- la negociación, sino que introduciríamos una discriminación
real: ¿qué ocurre con el colectivo importante de trabajadores que no
tengan esa capacidad de negociación colectiva? ¿Van a verse discriminados
con respecto a los demás? Aparte de que en la práctica tan sólo, que yo
conozca, en este momento esa hipótesis se daría en la antigua Ordenanza
de la construcción con esa indemnización de 4,5 puntos, o sea que no
habría en la práctica, que yo sepa ahora, posibilidad de aplicar el
contenido de esa enmienda. En definitiva y pensando en el futuro, lo que
sí nos parece es que por norma estatal, sí, porque afecta al conjunto de
lo trabajadores; no por convenio colectivo, porque ahí se producirían,
resumiendo, muchos efectos discriminatorios entre unos trabajadores y
otros.

Finalmente, en la enmienda número 4, que es a la disposición transitoria,
sobre dar un plazo de 6 meses para instar la revisión, nosotros diríamos
que, aunque se puede aclarar, conforme va la proposición de ley, es el
término general de prescripción que es un año, que es todavía más
favorable al trabajador. Por decirlo expresamente, yo creo que no es lo
que se pretende; lo que estamos reduciendo es la posibilidad de reclamar
en seis meses en lugar de en un año. Si queremos, recojamos expresamente
el plazo de prescripción de un año y no de seis meses. En todo caso, no
nos preocuparía en exceso; lo que sí nos preocupa es la enmienda del
Grupo Popular, que no habla de seis meses, sino de que entre en vigor a
partir de la aprobación de esta ley. No tendríamos mayor inconveniente,
pero entendemos más favorable para el trabajador que sea un año en lugar
de seis meses.

Respecto a la enmienda número 7 del Grupo Popular, que supongo que será
una broma y la retirarán, contestaría a posteriori de que argumente su
defensa. En cualquier caso, para no reiterarme, aunque insisto en que
supongo que se tratará de una pequeña broma y en que la retirarán, dice
que la ley entrará en vigor al día siguiente de la publicación. Estamos
corrigiendo el error de una laguna legal que por culpa del legislador
cometimos con fecha de 1 de enero de 1995; si estamos corrigiendo una
situación de discriminación, supongo --por eso decía lo de la broma--, y
las justificaciones de la enmienda son dos, respecto a la primera,
prescripción de derechos por el plazo transcurrido desde la Ley 11/1994,
hombre, podían haber corregido ese error material de nuestra
presentación, que ya corregimos hace ocho meses, y no trasladarlo
nuevamente a estas fechas tan recientes; y respecto a la segunda, de que
daría lugar a situaciones discriminatorias en el reconocimiento de
prestaciones de garantía salarial, claro que daría lugar a situaciones
discriminatorias si aprobáramos esta enmienda, porque lo que pretendemos
corregir precisamente es esa situación de discriminación. Supongo que
será retirada esta enmienda, no se había hecho ninguna alusión a ella ni
siquiera en la ponencia y, por consiguiente, espero que dada es
unanimidad que hubo en el Pleno, porque es un tema tan claro y es tan
necesaria su aprobación, salga en los términos en los que fue aprobada ya
en su día.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
Montseny Masip.




La señora MONTSENY MASIP: El tema que nos ocupa trata, en definitiva, de
paliar una laguna que existía en el Estatuto de los Trabajadores, razón
por la cual mi grupo va a apoyar esta proposición de ley, en los
supuestos del artículo 52. c) del citado estatuto, para que se incluyan
en el ámbito de protección del artículo 33.2, junto con los ya recogidos
en los artículos 50 y 51.

De una forma muy breve voy a exponer que mi grupo va a apoyar la presente
proposición de ley, puesto que realmente se trataba de una laguna legal,
pero que efectivamente tenemos una enmienda que vamos a defender.

Yo creo que planean varios argumentos sobre la defensa de esta
proposición de ley. Por un lado, que, iniciada la reforma laboral y
llevada a cabo por mesas tripartitas, en esos acuerdos se llegó a la
conclusión de que había que modificar distintos acuerdos de las
regulaciones o de las relaciones laborales, razón por la cual ir más allá
del propio contenido de la proposición de ley, cuando se va a ir a una
modificación, en virtud de esos acuerdos, del propio Estatuto de los
Trabajadores, nos parecería hasta cierto punto una incongruencia. Y
también cabe citar que España ratificó el Convenio 173 de la OIT el 16 de
mayo de 1996 y que por lo tanto queda dentro de ese ámbito toda la
protección que en esa materia debe derivar del Estatuto de los
Trabajadores.

Quiero poner de manifiesto, pues, que mi grupo no va a apoyar las
enmiendas presentadas por Izquierda Unida, las números 1, 2 y 3,
precisamente por lo que acabo de citar: porque existen ya acuerdos para
modificar el Estatuto de los Trabajadores, y dentro de este acuerdo
social entendemos que ya se plasman unas modificaciones que van a apoyar
esas mismas mesas tripartitas y que por lo tanto no hay que adelantarse
a dichos acontecimientos. En cuanto a la enmienda número 4, hay que
respetar a nuestro juicio el contenido en materia de revisión de los
artículos 102 a 119 de la Ley del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, razón
por la cual entendemos que tampoco cabe el apoyo por parte de nuestro
grupo a la enmienda número 4.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tengo que
decir que nuestro grupo sí las va a apoyar por entender que se trata,
como bien ha dicho su portavoz, de una corrección material, pero tenemos
que hacer constar, sin embargo, que con ello no se tenga por hecha
alusión ninguna a la retroactividad que recoge la proposición de ley,
sino que cuando se subsana el error material de citar la Ley 11/1994, en
lugar de la Ley 42/1994, se trata simplemente esa corrección material de
transcripción. La enmienda número 6, por el mismo argumento, también se
informa favorablemente.

Mi grupo mantiene la enmienda número 7, que establece en una disposición
transitoria que los expedientes de solicitud de reconocimiento de
prestaciones de garantía salarial que se presenten por las causas del
artículo 52. c) del Estatuto de los Trabajadores surtirán efecto desde la
entrada en vigor de esta ley. También planea sobre esa enmienda



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el mismo argumento que ya he defendido, que se están llevando a cabo
acuerdos que emanan de la reforma laboral pactada en mesas tripartitas
por las fuerzas sociales y empresariales, en las que no ha intervenido el
Gobierno, y que por lo tanto no vamos a adelantar acontecimientos que
podrán quedar subsanados en los acuerdos sociales cuando se vayan
desarrollando.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere hacer uso de réplica o de
fijación de posición --los que no hayan intervenido--? (Pausa.)
Señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Simplemente para decir que nos han convencido
los argumentos del representante del grupo proponente respecto a la
enmienda número 4 y en este sentido retiramos esa enmienda.




El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, por el Grupo de Convergència i
Unió.




El señor CAMPUZANO I CANADéS: Señor presidente, para anunciar nuestro
voto favorable a la enmienda del Grupo Popular y nuestro voto
desfavorable a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.

Entendemos que efectivamente esta proposición de ley pretendía resolver
una situación que se había producido por un mal planteamiento por el
legislador, pero pretender colocar en el terreno del simple error esta
cuestión y, por tanto, pretender que ese error se corrija ya desde el
inicio, desde la puesta en marcha de la legislación con la que hoy
pretendemos resolverlo no responde a la lógica de los hechos. Si
efectivamente estuviésemos ante un simple error, el anterior legislador
o como mínimo el anterior Gobierno hubiese tenido la posibilidad de
actuar de manera eficaz para resolver esta situación. Plantear hoy una
resolución con efecto retroactivo como pretende el Grupo Socialista nos
parece que rompe con el esquema normal de trabajo de la ley. Por ello, la
enmienda que formula el Grupo Popular es necesaria para mantener esta
mínima lógica. Es evidente que esto puede producir situaciones de
discriminación, pero en la mayoría de las veces cuando el legislador
actúa y se aplica una nueva legislación es evidente que en anteriores
supuestos produce situaciones que seguramente podríamos calificar de
discriminación, pero que forman parte de la lógica aplicación de las
leyes en su momento y en su tiempo. Por esta razón nos parece necesario
votar favorablemente esta enmienda.




El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia.




El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Con muchísima brevedad, porque me da la
impresión de que, políticamente, el pescado está vendido, pero deseo
hacer una reflexión muy rápida, al menos para que se nos diga el porqué
y el porqué sólo puede tener una explicación. Si estamos reconociendo que
la anterior es una situación injusta, una discriminación que estamos
tratando de corregir, ¿por qué demorar los efectos de esa corrección a un
tiempo posterior al que la proposición de ley recogía? Un dato. Se dice
con cierta coherencia, por el portavoz de CiU, que si era un error de
enero de 1995, ¿por qué hemos tardado tanto tiempo en darnos cuenta? Por
una razón muy sencilla y lógica y además que es cierta, porque esta
proposición se presenta en el otoño de 1996. Antes de ese tiempo
difícilmente se podría haber detectado, porque el supuesto de
insolvencia, quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores que da
lugar a esta situación de reclamación, cuando el expediente ha concluido,
por ejemplo, por declaración de insolvencia de la empresa ante cualquier
juzgado de lo Social, cuando ese expediente termina después de todos los
trámites para la declaración de insolvencia y el trabajador formula su
reclamación al Fogasa ha transcurrido ese año y pico, que es el que hemos
tardado en detectar esa situación en la práctica y automáticamente
presentar la proposición de ley para que fuera corregida. Esa es la
situación lisa y llanamente. ¿Se podía haber presentado un mes antes, un
mes después? Sí, pero no mucho antes, salvo que teóricamente se hubiera
conocido el problema. Lo hemos detectado cuando desde un punto de vista
práctico, hemos visto cómo se producía esta discriminación.

Decimos que tan sólo encontramos un argumento para que se consume esta
situación de aprobación de esta enmienda manifiestamente injusta y
discriminatoria y sería el coste para dar cobertura a esa discriminación
que ya se ha producido, y, entonces, preguntamos al Grupo Popular, lo
hicimos ya en la ponencia no celebrada, aunque formalmente sí hace unas
cuantas fechas: ¿cuál es el coste aproximado que se calcula para dar
cobertura a las situaciones producidas desde el 1 de enero de 1995 hasta
la actualidad? Porque si fuera bárbaro o tremendo, a lo mejor lo
podríamos entender mínimamente, aunque no compartiríamos en ningún caso
esta tesis. En definitiva, preguntamos al Grupo Popular cuál es el coste,
y aunque, como decía y termino, el pescado parece que está vendido, sí
rogaríamos que recapacitaran, porque con esta enmienda estamos
consolidando una situación discriminatoria y manifiestamente injusta.

Désennos los argumentos al menos de verdad, no sólo el mero acuerdo
habitual y político entre catalanes y populares.




El señor PRESIDENTE: Doña Reyes Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: La verdad es que cuando se oyen determinadas
expresiones, en una Comisión legislativa como ésta, de que «el pescado
está vendido», y cosas así, me parece una falta de rigor y de sentido de
la responsabilidad, porque en momentos anteriores a esta legislatura
acuerdos de este tipo no fueron nunca tratados por mi grupo en ese
sentido, y también hubiéramos podido pensar que había determinados
acuerdos previos a la discusión de una ley.

Se trata de subsanar una laguna legal en que no se contempla o no hay
seguridad jurídica para acordar indemnizaciones en los casos de despido
por causas objetivas, y el grupo proponente, en su momento, cometió ese
error, no reguló una situación que quizá sí debió serlo, pero nosotros
volvemos a poner de manifiesto que ir más allá de lo que



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se pretende con la proposición de ley, cuando están en marcha una serie
de acuerdos formulados entre las fuerzas sociales y cuando se van a
desarrollar nuevas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, en
ese momento no procede. Lo injusto fue la legislación en el momento en
que fue propuesta, no la enmienda que presenta mi grupo hoy, y en virtud
del principio de legalidad y de seguridad jurídica entendemos que hay
argumentos que no deberían ser ni siquiera matizados, ni propuestos, ni
formulados ante esta Comisión.

Por lo tanto, señor presidente, me ratifico en lo que antes he expuesto.




El señor PRESIDENTE: Concluye así el debate de esta proposición de ley,
quedando para la hora señalada la votación de la misma y de las
enmiendas.




--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE
TRABAJO Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 8/1997, DE 16 DE MAYO) (Número de expediente 121/000066).




El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto sexto del orden del día,
proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo
y el fomento de la contratación indefinida, procedente del Real
Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo.

Por el Grupo Mixto, el señor Vázquez tiene presentadas varias enmiendas.




El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Quisiera empezar diciendo que
doy por defendidas las enmiendas que presenta la diputada doña Begoña
Lasagabaster en nombre de Eusko Alkartasuna y paso a defender las que
presenta el Bloque Nacionalista Galego.

Si no me equivoco, las enmiendas que figuran con los números 7,8, 9, 10
y 11 hacen todas ellas referencia a la supresión de una coletilla que
aparece en diversos lugares del texto del proyecto de ley, que dice
«estatal o, en su defecto, los convenios colectivos de ámbito inferior».

Desde nuestro punto de vista, este texto introduce una modificación en la
negociación colectiva y establece una prevalencia en el ámbito sectorial
estatal, en detrimento de la negociación en ámbitos inferiores, en
materia de contratación, contratos formativos, por circunstancias de
mercado o por acumulación de tareas. Para nosotros esto no aporta nada
para conseguir el fin que en teoría persigue el proyecto de ley, es
decir, el de la creación de más y mejor empleo, y, al contrario, a
nosotros nos parece más deseable que para este fin que se persigue en
teoría se adecue el ámbito de la negociación a la realidad socioeconómica
más inmediata. Supone también, desde nuestro punto de vista, un ataque a
la capacidad de los sindicatos más representativos en determinadas
comunidades autónomas, como puede ser el caso de Galicia, al
sustraérseles una importante materia de negociación, supeditándola a
acuerdos de ámbito estatal. Dificulta también que la parte empresarial
asuma la responsabilidad de participar activamente en la resolución del
problema del desempleo en su ámbito más inmediato.

En cuanto a la enmienda que figura con el número 12, en la que proponemos
la supresión del artículo tercero, lo hacemos porque la modificación del
artículo 52. c) del Estatuto de los Trabajadores viene a ser uno de los
ejes fundamentales de la reforma que introduce el proyecto de ley.

Evidentemente este tipo de despido opera sobre los trabajadores con
contrato por tiempo indefinido. Si la modificación facilitara los
despidos de este tipo con la consecuencia de abaratar el despido general
con respecto a la regulación anterior, no podría decirse que encajara
como instrumento idóneo para la mejora del mercado de trabajo y mucho
menos para el fomento de la contratación indefinida. Pues bien, si se
observa un cambio sustancial en los fundados en causas económicas, no
ocurre otro tanto en los fundados en causas técnicas, organizativas o de
producción, criterio que determina la procedencia de este tipo de despido
que se desliza hacia conceptos jurídicos indeterminados, todavía más
imprecisos que en la redacción anterior: contribuir a superar
dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por
su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, y
es obvio que a mayor imprecisión, mayor dificultad para el control,
incluso para el control jurisdiccional. Por lo tanto, dado este carácter
tan abierto e impreciso de las causas justificativas, hay que concluir
que la modificación introduce una tendencia al despido a conveniencia del
empresario y además abaratado. Así pues, desde nuestro punto de vista, no
ofrece ninguna probabilidad de que se mantengan los empleos de los que
disfrutan de una contratación indefinida y actualmente introduce un
elemento de desestabilización.

En cuanto a la enmienda que figura con el número 13, en la que proponemos
la supresión de la disposición adicional primera, lo hacemos porque esta
disposición adicional no puede desvincularse de lo que se plantea en el
proyecto de ley de incentivos. Desde nuestro punto de vista, este tipo de
contratación, tal y como se está planteando, se limita a aprobar un nuevo
tipo de contratación temporal de duración determinada por dos años, es lo
que se denomina contratación indefinida ahora. Para nosotros esto va a
resolver en muy pequeña medida el problema de la estabilidad en el
empleo, que, como decía, es una estabilidad en todo caso por dos años y
siempre vinculada a incentivos que en algunos casos puedan resultar
incluso rentables para algunos empresarios, de manera que, además, si
desaparecen esos incentivos, volveremos a la situación de partida. Y
decía que resolverá poco o nada el problema de la estabilidad porque hoy
se sigue manteniendo la mayoría de las fórmulas de contratación temporal
y además se abarata el despido objetivo. La situación puede resultar,
desde nuestro punto de vista, muy preocupante, como ya está sucediendo en
determinadas empresas de servicios, arrendatarias, concesionarias,
etcétera, en las que el trabajador que era contratado por el tiempo de
duración del servicio o la concesión, muchas veces por un período
superior a dos años, si era despedido improcedentemente recibía 45 días



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por año de indemnización; ahora, si este contrato temporal se convierte
en indefinido y ese trabajador es despedido improcedentemente sólo
percibirá una indemnización de 33 días por año, lo que, como decía, es
preocupante porque puede muy bien suceder que los incentivos al final
sirvan para beneficiar a determinados tipos de empresarios, o sea,
beneficiar en el sentido de que conseguirán incentivos fiscales de la
Seguridad Social y ahorro en el despido improcedente, mientras la
precariedad laboral permanece.

En cuanto a la enmienda que figura con el número 14, de supresión del
artículo primero, dos, artículo 11.2.i), que se refiere a la nueva
redacción del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, proponemos
suprimir este punto i), porque lo único que trata es justificar que esos
trabajadores no puedan percibir el subsidio de desempleo y, desde nuestro
punto de vista, estos contratos deberían cubrir todas las contingencias
previstas en el régimen general de la Seguridad Social.




El señor PRESIDENTE: Damos por defendidas, a efectos de votación, como ha
señalado S. S. también, las enmiendas 15 a 24, presentadas por la señora
Lasagabaster. Igualmente ocurre con las enmiendas 1 a 5, presentadas por
el Grupo Nacionalista Vasco.

Tiene la palabra el Grupo Catalán de Convergència i Unió, enmienda 78.

Señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADéS: Nuestro grupo, efectivamente, mantenía aún
viva una enmienda a este proyecto de ley que, de la misma manera de la
enmienda que fue aceptada en el trámite de ponencia, pretende crear un
marco de protección específica que facilite la integración laboral de las
personas con minusvalías. Esta ha sido una cuestión que hemos mantenido
nosotros a lo largo del estudio de estos textos, tanto en su fase de
reales decretos como luego de proyectos de ley. Nos parece que el marco
jurídico debe garantizar una mayor discriminación positiva hacia los
colectivos de minusválidos, que son los que en definitiva tienen mayores
dificultades en su integración laboral. La enmienda que planteamos
nosotros permite adaptar el contrato para la formación a esta
discriminación positiva que necesitan estos colectivos y sitúa su
duración máxima en un plazo de seis años. Nos parece que es una medida
que puede facilitar la utilización de esta fórmula contractual para
permitir una incorporación del mundo de los minusválidos en sus
ocupaciones.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vaquero para defender las enmiendas de 25 a 76.




El señor VAQUERO DEL POZO: Lo haré lo más brevemente posible, pero dado
el enorme número de enmiendas que hemos presentado a esta importante ley,
que consideramos fundamental, tendré que extenderme un poco más de lo que
yo quisiera.

En cualquier caso, vamos a votar afirmativamente a las dos enmiendas del
Partido Nacionalista Vasco y de Eusko Alkartasuna, que pretenden, en la
exposición de motivos, concretar qué sindicatos son los suscriptores del
acuerdo de la reforma, pues sin duda alguna esto puede dejar claro que
hay otros sindicatos representativos, al menos en el ámbito de las
comunidades autónomas respectivas, y que no han estado de acuerdo con el
conjunto de la reforma. En general, no estamos de acuerdo con el mensaje
de la exposición de motivos y por ello hemos planteado una enmienda de
sustitución.

A lo largo de todo el articulado, vamos a votar, sin embargo, en contra
de enmiendas de los grupos nacionalistas, tanto del Grupo Vasco como de
Eusko Alkartasuna y el Bloque Nacionalista Galego, dentro del Grupo
Mixto, que pretenden equiparar los convenios sectoriales estatales con
los sectoriales de ámbito inferior, pues nuestra concepción apuesta por
el sindicalismo de clase, y por tanto unitario respecto a todo el Estado,
lo que favorece sin duda alguna una concepción también de la negociación
colectiva de tipo unitaria aunque articulada, lo cual no es incompatible
con nuestra concepción federal del Estado, hacia la que habría que
avanzar. Por lo tanto, en este sentido, al adelantar nuestra posición
contraria a este tipo de enmiendas, manifestamos también, sin duda
alguna, nuestra fe en este Estado federal y en cierto sentido el ámbito
que tendría la negociación colectiva por comunidades autónomas, pero en
cualquier caso articulada en la negociación y la concreción de
acuerdos-marco de tipo federal.

En el artículo primero planteamos la enmienda 25, definiendo lo que son
los grupos de empresa, a fin de identificar las responsabilidades de los
mismos. La 26 se refiere al derecho a la estabilidad en el empleo, a una
explicitación de este derecho, derivado sin duda alguna del mandato
constitucional. En la 27 proponemos la obligación de que sean por escrito
los contratos formativos a tiempo parcial, de relevo, a domicilio, que
aparecen en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, artículo
15; si no, al menos, la presunción de que son a jornada completa y por
tiempo indefinido. Respecto a la enmienda 28, contiene la obligación de
informar de los elementos esenciales del contrato, incluso si el contrato
es por menos de cuatro semanas. En la enmienda 29 planteamos un modelo
alternativo de contrato formativo y en prácticas con períodos de prueba
más reducidos, con un incremento del 15 al 20 por ciento del espacio de
la jornada dedicado a la enseñanza teórica, sin que ésta sea sustituida
por un certificado de formación profesional ocupacional y sin que sea
obligatorio que si el trabajador no tiene certificado de escolaridad se
dedique en el tiempo de trabajo a adquirirlo, y al mismo tiempo sin que
la retribución sea proporcional al tiempo de trabajo efectivo y
recuperando también no sólo el derecho a la prestación por enfermedad
sino el derecho al desempleo, laguna que entendemos que viene a mantener
la discriminación de este colectivo de trabajadores respecto al conjunto
de los mismos.

Aceptamos la enmienda 77 de Convergència i Unió, que ya está incorporada
en la ponencia. Sin embargo, somos contrarios a la 78, que propone un
período de prueba de seis años para los minusválidos. No aceptamos
tampoco la enmienda 14, del Bloque Nacionalista Galego, pues se
suprimiría la acción protectora del contrato de formación.




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Izquierda Unida plantea también en la enmienda 30 un modelo de contrato
a tiempo parcial, fijo discontinuo y de relevo o de solidaridad
intergeneracional, como preferimos llamarlo, sin que puedan los contratos
a tiempo parcial hacer horas extraordinarias, computándose a efectos de
cotización de Seguridad Social no el tiempo realmente trabajado, sino las
jornadas como si fueran a tiempo completo, lógicamente, eso sí, con la
base del tiempo realmente trabajado, pues este tipo de contrato significa
una dificultad añadida, si no se admite esta enmienda, para los
trabajadores que tienen este tipo de contrato en su vida laboral para
acceder a las prestaciones de jubilación, etcétera.

En la enmienda 31 planteamos un período de prueba también distinto al que
nos propone el proyecto de ley y en la 32 planteamos algo que
consideramos fundamental, un cambio de criterio respecto a la
contratación, planteando una presunción de estabilidad, fijando las
circunstancias en que se pueda contratar por tiempo determinado, y en
concreto los de obra o servicio determinado, eventuales, rechazando las
circunstancias del mercado por ambiguo, y condicionando a que se produzca
un aumento real en la actividad de la empresa, siendo cuatro meses y no
seis, y expresando el objeto, el contenido y la duración y rechazando a
posibilidad de cambio, por convenio, de la duración, de la relación del
volumen de la platilla y del tipo de actividad en los contratos
eventuales, con la obligación de notificarlo a los representantes de los
trabajadores, rechazando también que aparezca el término «cuando no
exista la obligación de entregar la copia básica».

En la enmienda 33 nos planteamos de otra forma distinta y con otra
filosofía el ingreso al trabajo y de una forma distinta a lo que viene
apareciendo desde la reforma de 1994. Nosotros queremos que se mantenga
el papel principal del Instituto Nacional de Empleo, de los servicios
públicos de empleo en último término, como oficina pública de colocación,
no así este traspaso que ha habido a las agencias privadas de colocación
del papel fundamental en este tema, aunque lógicamente algunas de ellas
deben tener y seguir teniendo un ámbito de actuación, pero con la
obligación de anunciar el número de la demanda de la oficina de empleo y
la identificación de la misma.

En el artículo segundo planteamos las enmiendas siguientes. En la 35 se
omite la posibilidad de que el Gobierno pueda regular la duración de los
contratos para facilitar la colocación de los demandantes de empleo,
aunque sí la reserva y la preferencia. Por la 34, pretendemos que se
suprima el párrafo segundo del artículo 17.3. En la enmienda 36
proponemos que se dé un puesto de trabajo inocuo para las mujeres
trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, etcétera. En la
enmienda número 37 planteamos que se añada una condición mejor para los
trabajadores en el sentido de habilitar 50 horas al año para estudios y
formación profesional y sindical. En la 38 hablamos de un sistema más
ágil de ascensos y clasificaciones profesionales. En la 39 planteamos la
promoción económica y añadimos el tema de antigüedad, y en la 40 la
igualdad salarial de sexos, evitando diferencias producidas aunque sean
indirectas, ése es el matiz que pretendemos introducir. En la 41,
proponemos la consideración del salario como crédito preferente, sin la
limitación del triple del salario mínimo interprofesional, ni
determinados derechos reales. En la 44, planteamos que los despidos
objetivos del artículo 52 también se cubran con el Fogasa, sin prejuicio
de las responsabilidades en suspensión de pagos, quiebra o insolvencia.

En la enmienda 42 introducimos un tema que queremos destacar y es la
necesidad de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales como máximo.

Señorías, permítanme que les diga que en el caso de no ser aprobada esta
enmienda, como es probable --seguro, me dicen algunos--, nosotros
insistiremos, erre que erre, porque consideramos que es un tema, el de
las 35 horas semanales, que afortunadamente se está abriendo camino en
otros países europeos y sería muy de desear que nuestro país secundase
esta línea de trabajo, porque sin duda alguna sin medidas de este tipo,
no va a haber una creación de empleo real en las nuevas condiciones del
nuevo modelo económico que tenemos en estos momentos. Por tanto,
anunciamos que lógicamente vamos a presentar las proposiciones o las
actuaciones correspondientes en el ámbito parlamentario a fin de abrir el
debate esperando de la racionalidad, de la sensatez y de la sensibilidad
de SS. SS. que este debate finalmente se cierre bien.

En la enmienda 43 planteamos la obligación de exponer el calendario
laboral, en la 45, límites a las horas extras, en el sentido de que no
haya más de 40 horas al año, y una compensación por descanso incrementado
en un 75 por ciento. En la 46 intentamos introducir una regulación del
trabajo nocturno, los turnos y los ritmos de trabajo para adecuarlos a
las medidas de seguridad, evitando trabajos repetitivos y monótonos, tema
que tanto preocupa a la sensibilidad de toda la sociedad. En la 47
planteamos que haya para los trabajadores dos días seguidos de descanso
semanal, incrementando por tanto este tema en la actual legislación, y en
la 48 que existan también 35 días de vacaciones, con la imposibilidad de
pactar o firmar contratos con renuncia por causas económicas. En la
enmienda 49 planteamos la responsabilidad en las subcontratas de obras y
servicios, siendo el elemento nuevo que introducimos que en convenio
puedan pactarse límites y garantías. En la número 50 introducimos la
prohibición del prestamismo laboral, del reclutamiento con ánimo de
lucro, en último término, la prohibición de las empresas de trabajo
temporal. En la 51 pedimos que en el caso de un cambio de titularidad de
la empresa, centro o unidad productiva de la misma, se produzca una
subrogación en las condiciones mejores y la obligación de informar antes
a los representantes, así como otras garantías para los trabajadores. En
la 52 planteamos una regulación de las excedencias y en la enmienda 53
tratamos de proscribir los pactos o contratos de renuncia al derecho de
reincorporación cuando se produzca el fin de la suspensión del contrato.

En la 54 introducimos garantías en el despido colectivo, volviendo al
sistema del expediente administrativo laboral de antes de la reforma de
1994.

Respecto a las enmiendas al artículo tercero, primero quiero decir que
aceptamos las enmiendas de supresión 12



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y 21 del Bloque Nacionalista Galego y de Eusko Alkartasuna,
respectivamente. A este artículo planteamos la enmienda 55, donde se
regulan las posibilidades de amortizar el puesto de trabajo en empresas
de menos de 50 trabajadores, proponiendo que antes se busque un puesto
alternativo en otros centros, con traslados, etcétera. En la 56, tratamos
de suprimir la posibilidad de no indemnización, si el despido es por
causa económica, que se contempla en el artículo 52. c). En la 57,
pedimos que la opción de reingreso sea del trabajador y no del
empresario. En la 58 se especifican las causas del despido nulo,
ampliándolo. En la 59 tratamos los despidos improcedentes, en el sentido
de otorgar la opción de reingreso al trabajador y la indemnización de 45
días por año, con 42 mensualidades de tope, como era el sistema que hasta
ahora estaba vigente, hasta la última reforma.

En el artículo 5.º Izquierda Unida presenta una sola enmienda, la 69,
alternativa a aquella en la que pedíamos que se dejara sin efecto la
regulación de las empresas de trabajo temporal, suprimiendo el párrafo
que dice: sin que ello pueda suponer una ampliación del crédito de horas
mensuales. Y ello con el fin de que haya una regulación de las garantías
sindicales, también en las empresas de trabajo temporal, para defender
las necesidades de los trabajadores de estas empresas.

No aceptamos la enmienda número 13 del Bloque Nacionalista Galego de
supresión de la disposición adicional primera. Izquierda Unida propone a
esta misma disposición adicional primera las enmiendas 70, donde hacemos
una relación más exhaustiva de contratos indefinidos, y la 74, al mismo
tiempo que anunciamos la retirada de las enmiendas 71, 72 y 73.

Apoyamos la reducción del plazo de revisión del acuerdo a tres años que
sostiene esta reforma, como propone la enmienda número 23 de Eusko
Alkartasuna, y las mejoras técnicas, que ya han sido asumidas en
ponencia, del Grupo Popular.

En la disposición adicional segunda aceptamos la enmienda 83 del Grupo
Popular. Al mismo tiempo, el aspecto más novedoso, es que Izquierda
Unida, plantea una serie de nuevas disposiciones adicionales. Todas ellas
van dirigidas a articular una regulación de una institución novedosa, que
serían los fondos de inversión obligatoria, precisamente como mecanismo
para la creación de empleo, complementaria a la reforma laboral que en
último término proponemos en su conjunto. En la enmienda 61 planteamos el
fomento de las asociaciones para la formación en colaboración con el
Inem. En la 62, la constitución de fondos para programas de formación
profesional con participación de los trabajadores. En la 63, el
incremento de las plantillas de inspectores y subinspectores de trabajo
y tributarios. En la 64 planteamos como infracciones leves no hacer
constar en las ofertas de trabajo de las agencias sin ánimo de lucro la
identificación, el número de oferta de la oficina del Inem. En la 65
planteamos también incrementar los supuestos de infracciones graves
respecto de los contratos que se hagan sin pasar por el Inem o cuando no
se comunique las pruebas selectivas de las empresas. En la 66 proponemos
un adelanto de la edad de jubilación, en el sentido de exigir como
requisito para la jubilación tener cumplidos los 64 años y no los 65. En
la 67, que se rebaje progresivamente la edad de jubilación de los 64,
como requisito, a los 60 años a través de un acuerdo con los sindicatos
para que sea viable esta reforma de la ley. En la 75 proponemos la
jubilación voluntaria a los 60 años, siendo a esta edad forzosa para los
funcionarios. Y en la 76 intentamos que se eliminen las cargas familiares
en el subsidio de desempleo, así como una ampliación de la cuantía del
mismo.

Señorías, hemos intentado sucintamente darles cuenta de lo que son las
enmiendas que presenta Izquierda Unida, cuyo sentido final y último es
que las distintas reformas que se han ido acometiendo retomen el camino
hacia una cierta flexibilidad acordada por las partes, con la
potenciación de la negociación colectiva, pero al mismo tiempo que no
incurra en una desregulación, que viene a ser de efectos perniciosos para
los trabajadores, y, en general para un buen encauzamiento de lo que
debería ser la competitividad de nuestras empresas, que no debería estar
pivotando sobre la reducción constante de los costes laborales y de las
garantías y derechos de los trabajadores, sino más bien sobre la calidad
de los productores, la competitividad, en el sentido de una calidad de
los productos y una mejor colocación en los mercados, y no precisamente
sobre esa reducción de los costes laborales, que es el eterno elemento
que se ensaya siempre, pero que no tiene efectos en la creación de
empleo, sino más bien en último término en el incremento de los
beneficios empresariales estrictamente.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular tiene la enmienda 83. Para su
defensa, tiene la palabra don Alejandro Ballesteros.




El señor BALLESTEROS MORCILLO: Para defender, en nombre de mi grupo, la
enmienda número 83 que presentamos a la disposición adicional segunda, y
cuyo texto sería el siguiente: Contratos para la formación en
escuelas-taller, casas de oficio y programas de garantía social
dependientes del Ministerio de Educación y Cultura.

Entendemos que todos los alumnos que provienen de estos programas de
garantía social, que dependen del Ministerio de Educación y Cultura están
en condiciones óptimas para poder acceder a los contratos que se les
pueden formalizar a otro tipo de jóvenes, y especialmente a los que salen
de las escuelas-taller y casas de oficio. Muchos de ellos terminan a una
edad en torno a los 24 años y, por tanto, nos parece positivo hacer
extensiva esta posibilidad de contratación a este tipo de programas de
garantía social dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.




El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo
Parlamentario Catalán (Covergència i Unió), tiene la palabra el señor
Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADéS: Para anunciar nuestro voto favorable a las
enmiendas que presenta el Grupo Nacionalista Vasco a este proyecto de ley
y también



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a las números 7, 8, 9 y 10 y 15, 16, 17, 18 y 20 del Bloque Nacionalista
Galego y de Eusko Alkartasuna. Nos parece que estas enmiendas sitúan esta
cuestión en un debate importante, que es el debate del ámbito de la
negociación colectiva, e introducen salvedades que pueden permitir de
alguna manera crear en aquellas naciones del Estado marcos laborales
propios, marcos de negociación colectiva propios, porque nos preocupaba
que fuera obviado este tema tanto a través de decretos como del posterior
proyecto de ley. Así lo manifestábamos en los debates que tuvimos tanto
en la comparecencia de los agentes sociales y del señor ministro, como en
la toma en consideración, en el Pleno.

Las enmiendas que presentan tanto el PNV, el Bloque Nacionalista Galego
y Eusko Alkartasuna, seguramente no nos satisfacen desde el punto de
vista de su propia redacción. Si el Grupo Catalán hubiese pretendido
corregir este elemento, hubiese presentado enmiendas diferentes, pero nos
parece que políticamente nuestra posición ha de ser favorable a las
mismas. Quiero anunciar también el voto negativo al resto de enmiendas
del BNG y de Eusko Alkartasuna, como también a las de Izquierda Unida.

Nos parece que se alejan del objetivo de estas normas y seguramente
corresponden muchas de ellas a otro debate. Estoy seguro de que respecto
a Izquierda Unida vamos a tener oportunidad a lo largo de esta
legislatura de pronunciarnos específicamente en relación a estas
cuestiones.

En relación a la enmienda que presenta el Grupo Popular, haremos llegar
a la Mesa una propuesta de transacción, en el sentido de ampliar los
beneficios que se apuntan, respecto a los contratos para la formación en
escuelas-taller y casas de oficio, no tan sólo a los programas de
garantía social dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, sino
del conjunto de administraciones públicas competentes en esta materia,
con la perspectiva de que en los próximos meses se completen las
competencias en materia de educación de las comunidades autónomas. Por lo
tanto, lo normal será que estos programas sean dependientes no sólo del
Ministerio de Educación y Cultura. Creemos que matizar esta cuestión es
importante. El redactado que proponemos sería del siguiente tenor:
programas de garantía social dependientes de las administraciones
públicas competentes. Nos parece que es un mecanismo de garantizar el
contenido competencial de las comunidades autónomas en esta materia.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Barrionuevo.




El señor BARRIONUEVO PEÑA: Nosotros ya hemos manifestado en varias
ocasiones que estamos muy de acuerdo con este proyecto de ley. Estamos
muy de acuerdo por la base en la que reposa, que es una acuerdo previo
entre los sindicatos y la patronal; estamos muy de acuerdo porque es un
perfeccionamiento de la legislación de mayo de 1994, manteniendo sus
líneas generales, y es un perfeccionamiento en una buena dirección.

Consecuentemente con ello, no somos nada partidarios de introducir
modificaciones que puedan alterar el texto de ese acuerdo entre las
partes, que es la base de este proyecto de ley.

Las enmiendas que hemos aceptado en la ponencia a nuestro modo de ver
mejoraban la redacción, la expresión de lo que quería regularse, y de ahí
nuestro apoyo. A esa actitud contraria a modificaciones del acuerdo y,
consecuentemente, del proyecto de ley, nos parece que no es una excepción
manifestar nuestro apoyo a dos de las enmiendas que se han expresado
aquí: una, la 77 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
que pensamos que está en esa línea de reforzamiento y mejora de lo que se
ha acordado, y asimismo la 83 del Grupo Parlamentario Popular.

Para concluir diríamos que es ser consecuentes con nosotros mismos, en
cuanto a que, como digo, mejora y perfecciona esta ley, la de mayo de
1994, aprobada con mayoría socialista, que está dando buenos resultados,
de lo que nos alegramos. Y también apoyamos, señor presidente, esta
orientación --ya estaba también contenida en esa legislación de 1994 y
ahora de alguna forma se refuerza--, destinada a simplificar, a presentar
de una forma simplificada las modalidades de contratación. Tan es así que
pensamos que con perseverantes esfuerzos pudiéramos llegar a concretar
que sólo hay cuatro modalidades de contrato de trabajo posibles: el
contrato de aprendizaje, el contrato por tiempo cierto, el contrato por
tiempo indefinido y el contrato para obra o servicio determinado.

Descubrimiento, por cierto, al que ya se llegó en el año 1931 con otro
ministro socialista de Trabajo en el Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Ballesteros que no lo había hecho con anterioridad.




El señor BALLESTEROS MORCILLO: Habíamos quedado al principio en
intervenir, pero luego lo hice para defender las enmiendas, por eso paso
ahora a fijar la posición en nombre de mi grupo. Lo haré dando cuenta de
todo el articulado, teniendo también en cuenta que el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida lo que ha hecho es presentar, en nuestra opinión, la
enmienda a la totalidad troceada. Por ello buena parte de sus enmiendas
no se adaptan exactamente al texto del real decreto, y posteriormente
pasaré a contestarlas.

Empezando por la exposición de motivos, el Partido Nacionalista Vasco
presenta las enmiendas 1 y 2, referentes al concepto de mayor
representatividad a nivel estatal de los sindicatos. Entendemos que es un
concepto jurídico determinado que viene definido en el artículo 6.2 de la
Ley Orgánica de Libertad Sindical. Otra cosa es la posición jurídica que
a determinados efectos, como participación institucional y a nivel
estatal, se confiera a sindicatos que ostentan la condición de más
representativos a nivel autonómico, como es ELA-STV, pero que en ningún
caso hay que confundir con el concepto de mayor representatividad a nivel
estatal.

En cuanto a la enmienda 2, que proviene de esta primera, queda ya por
tanto también explicada.




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Al artículo 1.o el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta la
enmienda número 27, que se refiere a la forma del contrato, en la que
habla de que tenga constancia por escrito en la legislación actual. En la
legislación actual sólo tendrá constancia por escrito cuando el contrato
por tiempo determinado sea superior a 4 semanas, y le pretende dar una
rigidez, en nuestra opinión, que va mucho más allá de lo necesario,
teniendo en cuenta, sobre todo, la mayor flexibilización que estamos
buscando hoy en día en el mercado laboral.

Dentro de la presunción general de jornada completa y tiempo indefinido,
en ausencia de forma escrita del contrato, elimina la excepción: salvo
prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a
tiempo parcial de los servicios. Esto implicaría un dislate jurídico, que
consistiría en cerrar los ojos a cualquier otra prueba que pudiera ser
admitida en Derecho que acreditar o demostrar las especiales
características de un contrato de cualquier otra forma.

A partir de este momento viene un bloque de enmiendas, que son: la número
3 del PNV, que se refiere al artículo del Estatuto de los Trabajadores
11.1, a) y b), y en ella estarían las enmiendas números 7, del BNG, y 15,
de EA, que son idénticas, y la 8, del BNG, y la 16, de EA, que son
idénticas al 11.1, b).

Igualmente en este sentido van también dirigidas la enmienda número 4,
del PNV, al artículo 11.2, b), c), e i). Y ahí tenemos que tanto la 9 del
BNG, como la 17, de EA van dirigidas a la letra b); la 10, del BNG, y la
18, de EA, a la letra c); y la 14 del BNG y la 19 de EA a la letra i).

Entrando en la argumentación de la enmienda número 3 del Partido
Nacionalista Vasco, referente a la concurrencia en cuanto a los
convenios, con ella pretende el enmendante equiparar los convenios
colectivos estatales con los de ámbito inferior, de manera que ambos
puedan hacer uso simultáneamente, y en consecuencia entre sí, de la
posibilidad de modificación y adaptación que otorga la ley. Frente a
ello, entendemos que el proyecto otorga prioridad a la regulación de
estas modificaciones a nivel estatal, sin perjuicio de que en defecto de
tal regulación se pueda autorizar también a los niveles inferiores. En su
justificación enmendante alegaba la necesidad de preservar las unidades
de negociación y la concurrencia de los convenios. Sin embargo,
entendemos que las unidades de negociación se ven idénticamente
preservadas en uno y otro caso, dado que lo que se discute no es la
preservación o no de las unidades, sino las competencias mayores o
menores en cada una de ellas.

En cuanto a la concurrencia, la enmienda creemos que más que preservarla
lo que pretende es promoverla y fomentarla en contra de todo objetivo de
negociación. Por lo demás, la enmienda altera un aspecto básico del
acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales más representativos
en el ámbito estatal. No sólo en lo que se refiere al acuerdo sobre
estabilidad en el empleo, que da origen a este proyecto, sino sobre todo
en cuanto al acuerdo interconfederal sobre negociación colectiva. El
propósito de fomentar en nuestro país una negociación colectiva
articulada, desde el ámbito estatal a los ámbitos inferiores, fue
saludado como uno de los aspectos más trascendentes de los acuerdos en su
conjunto.

Entendemos lógico que la ley reserve determinadas competencias a los
convenios estatales y que sólo en defecto de éstos admita la entrada de
los convenios de ámbito inferior. Valórese que las competencias a las que
se refiere el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores alcanzan la
posibilidad incluso de modificar la propia ley en aspectos estructurales
básicos del contrato de trabajo. Es evidente que tal posibilidad debe
reservarse a los convenios de un ámbito idéntico al de la propia ley que
se modifica, es decir, al ámbito estatal, de forma que, de existir por
vía convencional una regulación distinta a la de la ley, ésta sea de
aplicación en todo el territorio nacional. Lo contrario permitiría que el
contrato tuviese una regulación estructural diferente no sólo en cada
comunidad autónoma, sino incluso en cada localidad o comarca.

Hay una especialidad con respecto a la enmienda al apartado 11.2, i) del
Estatuto de los Trabajadores, que serían las enmiendas 4, del PNV, como
decía anteriormente, y 14 y 19, de BNG y EA, respectivamente, que son
idénticas en cuanto al aumento de la cobertura social. Se pretende
incluir la protección por desempleo en la protección social del contrato
para la formación. Hay que tener en cuenta que el Real Decreto 8/1997,
que da origen a este proyecto, ha incrementado sustancialmente el régimen
de protección social del contrato para la formación, con el consiguiente
incremento del coste de las cotizaciones para los empresarios en los
términos que los interlocutores sociales más representativos en el ámbito
estatal estimaron adecuados para el acuerdo que dio origen a este Real
Decreto-ley.

Cabe imaginar que tales interlocutores sociales, y estamos seguros de
ello, han estimado que la solución alcanzada representa un punto de
equilibrio razonable entre la lógica pretensión de mejorar cada vez en
mayor medida la protección social de los afectados y la necesidad de
lograr que el contrato para la formación siga sirviendo, como lo viene
haciendo hasta la fecha, para los fines de inserción de los que son
propios.

Posteriormente, dentro también de este artículo 1.º, está la enmienda
número 29 de Izquierda Unida, que se dirige a los contratos en prácticas
y los contratos para la formación, introduciendo supuestamente matices
que son beneficiosos para el trabajador. En concreto, para los contratos
en prácticas se pretende la reducción, y en ningún caso la ampliación, a
través de la negociación colectiva, de los períodos de prueba para los
trabajadores contratados bajo esta modalidad. Y se eleva la retribución
de los trabajadores al 80 ó 90 por ciento de la fijada en convenio
colectivo para el primero y segundo año de vigencia del contrato,
respectivamente.

En cuanto al contrato para la formación, se pretende asimismo reducir, a
través de la negociación colectiva, los contratos que se puedan realizar,
se aumenta el tiempo mínimo dedicado a la formación teórica, se aumenta
la retribución de los trabajadores, de forma que ésta no venga
determinada por el tiempo dedicado al trabajo efectivo, se amplía
igualmente la cobertura social de los trabajadores,



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se amplía la posibilidad de sanción a los empresarios por incumplimientos
en materia de formación teórica.

Si hacemos una visión de conjunto, posiblemente parecería que las
modificaciones que introduce la enmienda suponen una mejora en las
condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores con contratos
formativos. No obstante, creemos, al igual que el resto de las enmiendas
de Izquierda Unida, que esta mejora deja de serlo si se tiene en cuenta
cuál es la realidad social e industrial actual de nuestro país, que por
cierto es bastante similar a la del resto de nuestro entorno europeo.

Así, en este entorno europeo no repugna el hecho de que un trabajador que
presta menos horas de trabajo efectivo reciba igualmente un salario menor
al de un trabajador que lo hace en jornada completa, o que se puedan
establecer períodos de prueba siempre que se establezcan en convenio
colectivo, en relación superior al mínimo legal exigible, si en función
de la necesidad de la empresa o de los procesos productivos ello fuera
necesario.

Por otra parte, creemos que los agentes sociales, como venimos diciendo
en todo el hilo argumental, son los verdaderos responsables o los
principales responsables de este acuerdo y de esta ley y apartarnos de su
voluntad en tal medida no sería lo más apropiado.

La enmienda 30 de Izquierda Unida pretende modificar la redacción del
artículo 12 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores sobre
contrato a tiempo parcial y contrato de relevo. Sobre los cambios que se
propugnan desde esta enmienda, cuando se entiende un trabajador
contratado a tiempo parcial, la ley nos dice que cuando preste servicio
durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior
al considerado como habitual en la actividad en que se trate. La enmienda
lo que pretende es apurar más, introduciendo la matización inferior a los
dos tercios al considerado como habitual, intentando establecer un límite
que puede provocar el efecto de que determinados trabajos realizados por
un número de horas inferior al habitual, pero no inferior a los dos
tercios, tengan que ser considerados como a tiempo completo.

En cuanto al cómputo de cotización de la Seguridad Social, la ley
establece que computarán exclusivamente las horas trabajadas, mientras
que la enmienda lo que pretende es que, independientemente de la duración
de la jornada, cada día trabajado compute como día cotizado. No creo
necesario insistir demasiado en lo desequilibrado que esta medida
resultaría para el sistema desde el punto de vista financiero y desde el
punto de vista de la equidad.

Respecto a las horas extraordinarias, la ley las admite considerando
tales las realizadas sobre la jornada pactadas en el contrato. La
enmienda pretende prohibirlas simplemente para este caso. Nada
justificaría, a nuestro entender, la prohibición, que no implica sino un
obstáculo más al proceso continuo de adaptación dinámica de la empresa y
sus trabajadores a las necesidades del momento, del mercado o de la
producción.

Por lo que se refiere al contrato de relevo, la enmienda pretende ampliar
el tramo de edad en que es posible, pasando de los 3 años antes de la
edad legal de jubilación a los 5 años. Hay que insistir de nuevo en la
carga que supondría para el sistema de la Seguridad Social. Asimismo se
añade que una vez alcanzada la edad de jubilación, sustituido el contrato
del trabajador que sustituye, se entenderá por tiempo indefinido y de
carácter común y ordinario, precisión ausente en la ley actual, pues ello
supone una constricción para el empleador y unos efectos de esta
modalidad contractual que van más allá, desde luego, de su objetivo
inmediato y además, en nuestra opinión, ni siquiera se conseguiría lo que
se está buscando.

Finalmente, añade la enmienda un apartado sexto, dedicado a los
trabajadores fijos discontinuos, en la misma línea de establecimiento de
garantías exorbitantes, con potenciales efectos graves a la hora de
añadir cargas al empresario, a la Seguridad Social, y, en definitiva,
dotar de mayor rigidez al mercado de trabajo en un momento en que, muy al
contrario, como venimos comentando, camina hacia la flexibilización.

La enmienda número 32 de Izquierda Unida, se refiere a la duración del
contrato de trabajo. Principalmente la ley establece que el contrato
puede ser por tiempo indefinido o por duración determinada. La enmienda
presume a todos los contratos indefinidos, salvo determinadas excepciones
que se detallan. En cuanto a los trabajos o tareas que pueden
considerarse susceptibles de ser cubiertos con contratos de realización
de obra o servicio determinado, la ley establece que se determinarán en
los convenios colectivos estatales o de ámbito inferior o de empresa,
mientras que la enmienda establece que se determinarán en convenios
colectivos sectoriales. Elimina la enmienda el supuesto, para contratos
de duración determinada, de «cuando las circunstancias del mercado así lo
exijan». La ley habilita para que a través de los convenios se determinen
criterios de duración máxima, etcétera, de la contratación eventual. La
enmienda elimina esta posibilidad haciendo desaparecer todos y cada uno
de los párrafos que se dedican a ello. Introduce la enmienda, igualmente,
la obligación de readmisión inmediata del trabajador en caso de extinción
de contratos temporales celebrados en fraude de ley.

Vemos, en fin, que todos y cada uno de los aspectos que aporta la
enmienda pretenden dificultar la posible contratación por tiempo
determinado, en la buena intención de que los contratos indefinidos sean
la regla casi exclusiva, pero con el perverso efecto de dotar de mayor
rigidez a un mercado laboral como el español que, como venimos
comentando, no sería en estos momentos lo más apropiado para el mismo.

La enmienda número 77, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), fue
aceptada, entiendo, en ponencia igualmente. Y en cuanto a la enmienda
número 78, vamos a presentar una transaccional, que posteriormente, señor
presidente, le ofreceré el texto, y que iría en el sentido de cambiar la
duración máxima en el caso de las personas minusválidas. Entendemos que
quizá la duración de 6 años es excesiva, y que 4 años podría ser una
duración apropiada, estando plenamente de acuerdo con los argumentos que
ofrecía el Grupo Catalán en cuanto a las especiales dificultades que
tienen los minusválidos de inserción en el mercado laboral. El texto en
la enmienda quedaría de la siguiente manera: ni la máxima superior a 3
años --lo anterior



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viene igual-- o a 4 años, cuando el contrato --aquí es el cambio, de esos
6 a 4 años-- se concierte con una persona minusválida, teniendo en cuenta
el tipo y grado de minusvalía y las características del proceso formativo
a realizar. Creemos también que hay que considerar los distintos tipos de
minusvalía y prestar atención a ellos en cuanto a la duración del
contrato, y que es por convenio colectivo la mejor manera de establecer
esa duración, pues no se nos escapa, señorías, que hay distintos tipos de
minusvalías, como pueden ser, por ejemplo, la de un sordomudo, que
requerirá una duración, entendemos desde luego, mayor al plazo habitual
de esos 3 años.

Terminamos el artículo 1.º y pasamos al 2.º, donde está la enmienda
número 35, de Izquierda Unida, que será igualmente desestimada. Trata de
establecer una serie de medidas con respecto a la reserva, duración o
preferencia en el empleo que puede establecer el Gobierno para facilitar
la colocación de desempleados. El artículo 17.3 del Estatuto de los
Trabajadores tiene por finalidad fundamental prever la posibilidad de que
se puedan establecer para determinados supuestos unas normas
excepcionales que se aparten de los supuestos ordinarios para fomentar la
contratación de especiales colectivos de desempleados. En este sentido,
además de normas de reserva o preferencia en el empleo, se prevé la
posibilidad de que existan especialidades en razón de la duración de
dichas medidas. El grupo enmendante asimila estas medidas de duraciones
especiales con la temporalidad de los contratos de trabajo y, dado que es
conocida su postura en contra de la misma, pretende su supresión. No
parece lógico a priori, para nosotros, eliminar tal posibilidad, por
cuanto en determinadas circunstancias podrían resultar necesarias y
beneficiosas para el empleo algunas regulaciones que afectarán a la
duración de los contratos. Esta ha sido la manera de entenderlo por parte
igualmente de los agentes sociales.

En cuanto al artículo 3.º, las enmiendas números 12, del BNG, y 21, de
EA, son idénticas que pretenden suprimir el artículo 52. c) del Estatuto
de los Trabajadores. Entendemos que la nueva redacción de este artículo
52. c) recoge el sentir de los interlocutores sociales y, además, la
doctrina de la judicatura respecto a los problemas aplicativos de este
citado artículo en la redacción anterior que tenía. No es cierto, como
justifican los enmendantes, que la modificación amplíe las causas de
despido. De lo que se trata es de la misma causa de despido, en la que se
modifica únicamente su enunciación con objeto de dotarla de una mayor
seguridad jurídica y de reducir los problemas, ambigüedades e
incertidumbres que su aplicación venía demostrando en la práctica. Un
acuerdo entre las organizaciones representativas de empresarios y
trabajadores sobre la formulación de una causa de despido, como el que se
ha producido en nuestro país sobre este tema, constituye un hecho
trascendental e inédito en las relaciones entre los interlocutores
sociales en Europa y merece ser, a nuestro entender, plenamente
respetado, sin perjuicio de que se estudie y evalúe cuidadosamente, y así
se hará en los próximos meses, su funcionamiento según la previsión
establecida por los propios interlocutores sociales.

La enmienda 55, de Izquierda Unida, también referente al artículo 52. c),
entendemos parte de la premisa de rechazar la regulación del despido
colectivo en los términos actuales, volviendo a otra más parecida a la
legislación anterior, a la reforma de 1994. Se limita así la posibilidad
de despido objetivo por causas económicas, con un volumen de plantilla
inferior a 50 trabajadores. No se define en absoluto la causa que da
lugar al despido y se potencia la necesidad de recolocación de los
trabajadores afectados en otros supuestos de trabajo en la empresa, en la
misma o distinta localidad. Igualmente se da preferencia absoluta a
ocupar el puesto amortizado en el caso de que se vuelva a crear la plaza.

Nos parece que esta enmienda está dotada de una excesiva rigidez y que va
en lucha directa, frontal, contra la evolución actual del mercado
laboral.

Con respecto al artículo 5.º, tenemos la enmienda número 69, de Izquierda
Unida, sobre representación de los trabajadores en las empresas de
trabajo temporal. Principalmente habla de una compensación, ya que este
grupo político pretende dotar de más y más medios y privilegios a los
representantes de los trabajadores, lo cual siempre está en tensión con
las necesidades de productividad de la empresa, pretendiendo el
legislador llegar a un punto medio, y así creemos que se ha conseguido,
que concilia los intereses de unos y otros.

En cuanto a la disposición adicional primera, la enmienda número 13, del
BNG, pretende suprimir el contrato de fomento de la contratación
indefinida, y además nos resulta bastante inexistente la justificación
que se da. Creemos que no merece demasiada explicación, en tanto en
cuanto éste es uno de los contratos básicos (y además está dando ya sus
frutos) y estrella de esta reforma laboral.

La enmienda número 2, de Eusko Alkartasuna, hace una ampliación de los
colectivos que se pueden beneficiar de este contrato, pero confunde el
contrato para fomento de la contratación indefinida con las medidas de
fomento de empleo y, en particular, con las medidas de discriminación
positiva en el acceso al empleo en favor de determinados colectivos con
especiales dificultades en el mercado de trabajo.

La contratación indefinida, que no es propiamente una medida, como decía,
de fomento de empleo, está dirigida a fomentar un determinado tipo de
empleo, que es el empleo estable, en un determinado tipo de colectivos
horizontales. Creemos, además, que es un contrato original y de novedosa
creación, que los interlocutores sociales han estudiado, han negociado
sus características y el resultado hasta ahora, como venía diciendo, es
satisfactorio.

La enmienda número 70, de Izquierda Unida, también pretende cambiar los
grupos beneficiados. Reduce la edad de los jóvenes de 29 a 25 años, lo
cual supone, a nuestro entender, una limitación negativa en cuanto al
acceso al mercado de trabajo de los jóvenes que han superado la edad que
se propone. A mayor abundamiento, es conocido que las edades de ingreso
al trabajo en nuestros días y por múltiples factores son cada vez más
avanzadas, por lo que parece lógico, por realista, el mantenimiento de
esta edad.

La enmienda número 71, de Izquierda Unida, suprime la posibilidad de
convertir los contratos temporales en contratos



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para el fomento de la contratación indefinida. Si bien es fruto de la
postura que mantiene este grupo con respecto a los contratos temporales,
ya ha sido señalado suficientemente cuál es la idea de la reforma laboral
y la que tuvieron los interlocutores sociales y, por tanto, va en contra
directamente de estos intereses.

En ese sentido van igualmente las enmiendas 74, de Izquiera Unida, y 72
y 73.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ballesteros, el celo de S. S. le lleva
a oponerse a enmiendas, como son la 71, 72 y 73, que han sido retiradas
hoy mismo por el portavoz de Izquierda Unida.




El señor BALLESTEROS MORCILLO: Perdone, señor presidente, es que son
muchas. Pero sí que quisiera dejar clara la postura del grupo, por si
acaso.

Pasaríamos a la disposición adicional segunda, donde se ha presentado por
parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió) una transaccional, que
sería la redacción nueva respecto a los contratos para formación en
escuelas-taller, casas de oficios y programas de garantía social
dependientes de las administraciones públicas competentes. Nos parece
oportuno presentar in voce una transacción a la enmienda del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) ya que estos programas de garantía social
deben depender de las administraciones educativas, porque hay programas
de garantía social no sólo autonómicos, sino también locales. Por tanto,
creemos que sería conveniente hacer una concreción en el sentido de dejar
claro que dependan de las administraciones educativas, para que así sólo
se abarquen los programas de garantía social dependientes tanto del
Estado, que vienen regulados por una orden ministerial, como de las
comunidades autónomas, que no están regulados al día de hoy, pero que se
va a hacer próximamente a través de un real decreto para equipararlos en
todo el territorio.

En cuanto a la disposición transitoria cuarta, la enmienda número 24 del
Bloque Nacionalista Galego pretende una ampliación de la cobertura
social, que sería igual a las enmiendas números 4, del Grupo del PNV, y
14 y 19, del Grupo Mixto, BNG y Eusko Alkartasuna. Entendemos, por tanto,
que ya defendida.

En la disposición derogatoria está la enmienda 68, de Izquierda Unida,
que se refiere a las empresas de trabajo temporal. Es lógica la frontal
oposición del grupo enmendante a las empresas de trabajo temporal que
solicitan la derogación de su ley reguladora. Recordemos en este sentido
cuál es la postura y el papel que vienen jugando las empresas de trabajo
temporal en el marco laboral español. Por tanto, nos opondremos y
votaremos en contra de esta enmienda.

Terminado con el texto del proyecto de ley, voy a pasar muy brevemente,
señor presidente, a defender la postura del Grupo Parlamentario Popular
con respecto al resto de las enmiendas. Como decía al principio, quizás
éste no sea, en nuestra opinión, el momento oportuno para haber
presentado la enmienda a la totalidad troceada, sino que lo ideal sería
hacer, si acaso, una reforma del Estatuto de los Trabajadores. Pensamos
que muchas de estas enmiendas se salen del acuerdo alcanzado entre los
interlocutores sociales y refrendado por el Gobierno, y que hoy estamos
convirtiendo en un proyecto de ley. Por tanto, esto lo consideramos una
descalificación no sólo a la labor realizada por estos interlocutores
sociales, sino también a la realizada por el Gobierno.

Por otra parte, entendemos que, en líneas básicas, el contenido de las
enmiendas (entrando detenidamente en alguna de ellas) vendría a situarse
en una hipotética posición garantista para el trabajador, que
razonablemente tendría como consecuencia una mayor rigidez en el mercado
de trabajo y, por tanto, unas mayores dificultades para el acceso y el
mantenimiento del empleo de los trabajadores. Así se introducen alusiones
a los grupos de empresas, como se hace en la número 25, con la finalidad
de mejorar la identificación de los sujetos responsables de relaciones
laborales, pero se hace con absoluta falta de rigor, que puede llevar
aparejada la consideración de tales en supuestos en que actualmente no
son considerados.

La cuestión de grupos de empresas tiene especial complejidad, por cuanto
cualquier definición sobre los mismos implica la confluencia de conceptos
procedentes de distintas ramas del Derecho, lo cual hasta la fecha aún no
se ha conseguido más que por vía indirecta jurisprudencial, señalándose
los aspectos fundamentales identificadores de un grupo empresarial. Se
parte, además, de las enmiendas de un presupuesto unidireccional en el
sentido de favorecer al trabajador, penalizando la actividad empresarial.

No de otra manera se podría entender algunos de los preceptos que
demandan como modificables, en los cuales simultáneamente se exorbitan
los derechos de los trabajadores, como mayores ingresos, mayores
facilidades para actividades extraprofesionales, excedencias, como puedan
ser las enmiendas números 37, 41, 43 ó 52, a la vez que se limitan las
obligaciones de los trabajadores (caso paradigmático, tendríamos la
reducción a 35 horas semanales de la jornada), como son las enmiendas 42
y 48. Ha de destacarse también que en gran medida, y pese a las
apariencias, las innovaciones que se pretenden introducir en el Estatuto
de los Trabajadores ya cuentan con un tratamiento similar en el texto
vigente, apartándose únicamente en aspectos pequeños, aunque son de gran
trascendencia práctica. Merece poner de relieve que, en materia de
contratación, los textos son casi similares a los del real decreto, lo
cual implica que difícilmente se pueda achacar a las organizaciones
sindicales el haberse apartado radicalmente de las propuestas de otros
años.

En otro orden de cosas, se pretende la prohibición de las agencias
privadas de colocación, tengan o no ánimo de lucro; se plantean créditos
horarios obligatorios para los empresarios, con un mínimo de 150 horas
anuales para estudios de los trabajadores; se introduce la noción de
discriminación indirecta, concepto este aún no asumido por nuestro
Derecho positivo; se extienden las garantías a las deudas salariales,
calificándolas ampliamente como créditos singularmente privilegiados; se
pretende la reducción



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de la jornada ordinaria a 35 horas, como decía anteriormente; se aumentan
los supuestos de suspensión de relaciones laborales con derecho a reserva
del puesto de trabajo; se modifica el régimen jurídico del despido
colectivo, e igualmente se pretenden cosas como la creación de un fondo
de inversión obligatoria, caracterizados especialmente como un impuesto
sobre los beneficios de las empresas e intervenido por las organizaciones
sindicales y pretendiendo la creación de una agencia pública de gestión
de dichos fondos para su control.

Evidentemente, todas estas pretensiones están, a nuestro entender, muy
lejos de la realidad. Creemos que son fruto de dos sistemas diferentes:
uno, el que defendemos una amplia mayoría de la sociedad española, y
desde luego de los grupos parlamentarios; y otro, el que defiende el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Termino, señor presidente. La economía española, que ahora está apuntando
a una recuperación sostenida en lo que respecta al ámbito laboral, se
basa en el mantenimiento del equilibrio de derechos y obligaciones entre
los trabajadores y empresarios a través de sus organizaciones
representativas. Sin embargo, es deseable que, en función de la evolución
social y económica, se establezcan reequilibrios que supongan otras
tantas adaptaciones a las nuevas estructuras, bien que se crean, bien que
se modifican. En este sentido, todas las reforma que han venido
operándose en los últimos años han pasado por una línea liberalizadora de
las relaciones industriales, sin olvidar por ello la garantía de los
derechos de los trabajadores reconocidas en nuestra Constitución.

La reforma, producto de los acuerdos, está dando ya sus primeros
resultados y ése es, a nuestro entender, el mejor aval, señor presidente,
para desestimar las enmiendas presentadas por Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate del proyecto de ley de
medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la
contratación indefinida, procedente del Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de
mayo.




--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULAN INCENTIVOS EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y DE CARACTER FISCAL PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACION
INDEFINIDA Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
9/1997, DE 16 DE MAYO) (Número de expediente 121/000067).




El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto 7 del orden del día, relativo
al proyecto de ley por el que se regulan incentivos en materia de
Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación
indefinida y la estabilidad en el empleo, procedente del Real Decreto-ley
9/1997, de 16 de mayo. Hay presentadas enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez para
su defensa.

El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Para decir nuevamente que doy
por defendida la enmienda que presenta la señora Lasagabaster, de Eusko
Alkartasuna. Paso a defender las enmiendas que presenta el Bloque
Nacionalista Galego.

La enmienda que figura con el número 3, de adición al artículo 4.º de un
nuevo párrafo e), diría lo siguiente: Contrataciones temporales
realizadas por empresas arrendatarias de servicios o concesionarias, que
por convenio colectivo o por cualquier otro título tengan establecidas
cláusulas de subrogación de efectos equivalentes a lo dispuesto en el
artículo 44 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Con esta
enmienda lo que pretendemos es que los incentivos que se concedan por el
Estado sirvan al fin que teóricamente se proponen, no excluyendo la
posibilidad de hacer «negocio» --entre comillas-- a determinado tipo de
empresas que, como ya dijimos en la defensa de otras enmiendas al
proyecto ley anterior, pudieran verse favorecidas por este tipo de
contratos indefinidos, desde el punto de vista económico, sin que se
consiguiese una menor inestabilidad laboral.

La enmienda número 4, de adición también de un nuevo párrafo al artículo
7.º, diría: «en los supuestos de declaración de despido improcedente».

Desde nuestro punto de vista también resultaría injusto e inadmisible que
la retención de los veneficios sea a costa del contribuyente y, mediando
declaración judicial de improcedencia, haya violado la finalidad de
aquéllos en orden a la contratación estable.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Vasco PNV tiene también presentada una
enmienda que mantiene a efectos de votación.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán, tiene la palabra el
señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADéS: El proyecto de ley que estamos en estos
momentos debatiendo formaba parte del margen político que los propios
agentes sociales dieron al Gobierno en aplicación de la reforma laboral.

Es, por tanto, un ámbito que seguramente se aleja del núcleo duro de lo
que fue el acuerdo interconfederal. Desde esta perspectiva, nuestro grupo
parlamentario se ha sentido liberado de la posición que mantuvo en el
anterior proyecto de ley. En aquél entendíamos que era importante que la
acción de los grupos parlamentarios no modificase aquello que la
negociación entre los agentes sociales había producido. Cuando afrontamos
ya lo que es la política del Gobierno del Estado en materia de
incentivación de la contratación, con el objetivo de crear empleo y con
el objetivo de crear empleo estable, nos parece que los grupos
parlamentarios sí que tenemos capacidad para introducir nuevas
prioridades en aquello que constituye de alguna manera un eje vertebrador
de la política del Gobierno. Y es desde esa perspectiva que nuestro grupo
ha planteado diversas enmiendas. Enmiendas que, a nuestro entender, no se
alejan en ningún momento de la filosofía del proyecto de ley, ni tampoco
de la filosofía del acuerdo interconfederal. Enmiendas que inciden sobre
sectores que nos parece que,



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por razones diversas, necesitan de una mayor potenciación de sus
posibilidades a través de las vías que el propio Gobierno ha marcado.

Entendemos, en primer lugar, a través de nuestra enmienda número 18, que
existe un colectivo, que son las empresas con menos de 25 trabajadores,
que van a necesitar una protección especial. Y planteamos, por tanto,
unas bonificaciones específicas para ellas. Entendemos también que en
esta misma línea va dirigida la enmienda número 21, que refuerza lo que
entendemos como las primeras contrataciones, muchísimas de estas primeras
contrataciones vinculadas a proyectos de autoempleo o a pequeñas, y
entendiendo por pequeñas realmente a núcleos formados por 5, 6, 7 u 8
trabajadores, que son los que hoy pueden generar un esfuerzo en su
contratación. Y la enmienda número 22, que precisa el alcance de la
bonificación introducida en la determinación del rendimiento neto por el
método de signos, índices y módulos, que nos parece que en el redactado
de la actual ley puede producir en su aplicación una grave discriminación
respecto a los pagos a plazos o a términos de esta fórmula de fiscalidad.

Por tanto, las enmiendas 22, 21 y 18 refuerzan el ámbito de la pequeña
empresa.

Un tercer bloque de enmiendas, que constituiría la número 19, que
introduce una discriminación positiva para las mujeres que se
reincorporan al mundo laboral, transcurridos 5 años o más desde el
abandono del mismo con ocasión del nacimiento, adopción o cuidado de sus
hijos. Nos parece que es importante que se faciliten estas medidas en un
momento en el que todos los grupos políticos de esta Cámara, incluso los
grupos políticos a escala europea, planteamos la necesidad de la
incorporación de la mujer al mundo del trabajo, y al mismo tiempo la
necesidad de desarrollar políticas que permitan un crecimiento de
nuestras poblaciones. Nos parece que esta referencia específica, más allá
del alcance legal que tiene, tiene otro alcance de tipo político y de
tipo de gesto que el Congreso de los Diputados asume.

Y finalmente, la enmienda número 20, que refuerza, aumenta las
contrataciones para parados mayores de 45 años. Esto se constituye en el
principal núcleo de preocupación desde la perspectiva de generación de
empleo. Y nos parece, por tanto, que reforzar este perfil va a ser
importante.

Y finalmente, la enmienda número 23, que pretende dar respuesta a una
situación que yo creo que al conjunto de los grupos nos debe indignar, y
es que los incentivos para la contratación de trabajadores con
minusvalías prácticamente están congelados desde el año 1983. El Gobierno
anunció la puesta en marcha de un plan urgente de medidas para este
colectivo. Se anuncia ya un primer aumento de estos incentivos, pasándose
de las 500.000 pesetas a las 650.000, que es un paso adelante. Por tanto,
entendemos que esta enmienda liga perfectamente con este anuncio del
Gobierno, pero anunciamos que nuestro grupo parlamentario entiende que
esas 150.000 pesetas van a ser escasas y que, por tanto, habrá que pedir
al Gobierno que haga un esfuerzo para una mayor actualización de unas
cifras que nos parecen hoy extremadamente ridículas, que seguramente en
el año 1983 podrían tener un sentido y que hoy no lo tienen.

Este conjunto de enmiendas --y termino, señor presidente-- lo que
pretende es reforzar determinadas líneas que ya apuntaba el proyecto del
Gobierno, que no se alejan de lo que constituye el núcleo duro y del
acuerdo interconfederal y que nos parece que pueden ser perfectamente
asumibles por los grupos de la Cámara.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: También con brevedad, a pesar de que hemos
presentado bastantes enmiendas.

Izquierda Unida plantea en la enmienda número 5 otra exposición de
motivos. Nosotros coincidimos y reconocemos que no sólo es necesario
incentivar la contratación indefinida para ir cambiando la correlación
que existe entre contratación indefinida y contratación precaria, sino
que, además, es necesario incentivar la creación de empleo neto, cosa que
desde nuestro punto de vista queda fuera del objetivo de la reforma. Pero
esta incentivación, tanto de la contratación indefinida como de la
creación de empleo, no debería realizarse, como hace en exclusiva este
proyecto de ley, a través de medidas desfiscalizadoras o de reducción de
las cotizaciones sociales, sino más bien por otra vía, la de penalizar la
contratación temporal o incrementar las cotizaciones de las mismas, la de
constituir fondos de inversión obligatoria y la de bonificar la
conversión de contratos precarios en indefinidos. Así lo planteamos en
nuestra exposición de motivos alternativa.

En el artículo 1.º presentamos la enmienda 6, precisamente en coherencia
con los objetivos previstos en esa exposición de motivos que hemos
enunciado.

En el artículo 2.º proponemos la enmienda número 7, en el sentido de que
se aplique a los jóvenes desempleados menores de 30 años, o a los parados
mayores de 45, y rectificando el texto del proyecto en el requisito del
año de inscripción en el registro del Inem, cambiándolo por 6 meses para
el resto de los parados.

Al artículo 3.º presentamos la enmienda número 8, en la cual proponemos
un recargo del 25 por ciento a la cuota empresarial por cotizaciones
comunes de los contratos temporales, así como una bonificación del 25 por
ciento a las transformaciones de los temporales en indefinidos
(formación, relevo, prácticas, sustitución por anticipación de la edad de
jubilación). Pero la diferencia iría al fondo de inversión obligatoria
correspondiente, no se la reembolsaría el empresario. En último término,
no se trata de darle para quitarle, sino que el empresario también
saldría bonificado en el sentido de que no se le incrementaría su cuota
con esa nueva imposición, que sería la constitución del fondo. Se trata
de una limitación y reformulación de los incentivos en favor de la
contratación indefinida.

Aceptamos, alternativamente, la enmienda 44, del Grupo Socialista, en la
que se propone un tanto alzado de bonificaciones, pues racionaliza y
limita las pretensiones del proyecto de ley, así como la enmienda 19, de
Convergència i Unió, en la que plantea el supuesto de las mujeres



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que se reincorporan tras varios años por el cuidado de los hijos.

Nos oponemos, no obstante, a la enmienda número 22, de Convergència i
Unió, pues parece exorbitado que no se cotice para favorecer el primer
empleo, y nos abstenemos en las demás que afectan a este artículo.

En el artículo 4.º votaremos favorablemente la enmienda número 3 del
Bloque Nacionalista Galego, pues apostilla que los incentivos favorezcan
la contratación indefinida en los casos de empresas arrendatarias o
concesionarias.

En el artículo 6.º aceptamos la enmienda número 37, del Grupo Popular,
para que no sean acumulables las ayudas.

En el artículo 7.º aceptamos la enmienda número 4, del Bloque
Nacionalista Galego, pues compartimos la idea de que no se pueden
beneficiar de los incentivos los empresarios que hayan despedido de forma
improcedente y hayan sido así sentenciados.

Izquierda Unida propone como nuevos los artículos 8.º, 9.º, 10, 11, 12,
13 y 14, a fin de introducir en ellos la regulación de los fondos
obligatorios de inversiones.

En la enmienda 9 se plantea la constitución misma de los fondos, con un
porcentaje de los beneficios después de impuestos y su inclusión en el
pasivo del balance de situación; los fines de creación de empleo en
actividades económicas social y medioambientalmente útiles, la gestión de
los que lo constituyen y la participación de los trabajadores a través de
sus representantes, así como la posibilidad de renunciar a la gestión
directa del fondo. En la enmienda 10 se plantea la titularidad de esos
fondos de inversión obligatoria. En la enmienda 11 se propone la
imputación de los resultados positivos que de la materialización de los
fondos resulte, en el sentido de que cada ejercicio se reintegrará en la
parte alícuota de cada participación, o bien se capitalizará. En la
enmienda número 12 se especifican los proyectos a los que deben ser
destinados los fondos de inversión obligatoria, planteando criterios de
rentabilidad social y medioambiental, así como la viabilidad necesaria
como requisito de esos proyectos. En la enmienda número 13 se plantea la
gestión, destacando el derecho de los trabajadores a participar en la
misma, no solamente los que constituyen esos fondos. En la enmienda
número 14 se concretan las aportaciones que constituirían los fondos de
inversión obligatoria, y en la 15 se regula la constitución de la agencia
pública de gestión de los fondos de inversión obligatoria, con presencia
paritaria de empresas, trabajadores y otros agentes.

Izquierda Unida plantea también en la enmienda 16 una disposición
adicional tercera nueva, en la que se establece un plan social de empleo
por el que el Gobierno se comprometería a proponer, en el plazo de tres
meses, la creación directa, por parte de las administraciones y
organismos públicos, de 500.000 puestos de trabajo en sectores de
actividad de los arriba mencionados.

Pese a comprender la buena intención de la enmienda 45, del Grupo
Socialista, que pretende que las bonificaciones se financien con cargo a
los presupuestos de la Seguridad Social, sin embargo no la aceptamos,
pues tampoco creemos que sea solución que se financien con cargo a los
actuales presupuestos del Inem, siempre decrecientes últimamente en
función del endurecimiento de las condiciones de acceso a sus
prestaciones, pues ya la reforma de 1994 está empezando a dejar sentir
sus perniciosos efectos para la cobertura de desempleo.

Izquierda Unida acepta las enmiendas 1 y 17 del Partido Nacionalista
Vasco y de Eusko Alkartasuna respectivamente, pues incorporan una
cláusula de respeto a los regímenes forales de Euskadi y de Navarra, así
como la enmienda 23 de Convergència i Unió para actualizar los incentivos
de contratación de los minusválidos.

Señorías, con estas enmiendas que Izquierda Unida propone a la Ley de
Incentivos de la Reforma Laboral queremos completar el cuadro de las
medidas que propone Izquierda Unida para la creación de empleo, que
requieren, sin duda alguna, un esfuerzo por parte de todos. En la medida
en que todos estamos preocupados por la prioridad que debe ser número uno
de nuestra sociedad, que es la creación de empleo, y al no tener por
parte del Gobierno una clara alternativa a esta creación de empleo, sino
que más bien los efectos de la reforma vienen a circunscribirse a la
conversión de un segmento minoritario de lo que es la contratación
precaria, temporal, etcétera, en contratación indefinida --entre
comillas--, nosotros queremos ampliar el marco o el ámbito de esta
problemática a través de todas las propuestas alternativas que hemos ido
sugiriendo y desgranando en los dos proyectos de ley que hemos ido
comentando, y que esperamos sean acogidas poco a poco.

No hemos querido hacer ningún tipo de réplica en el anterior debate
parlamentario, tampoco lo vamos a hacer en esta ocasión, pero permítanme,
señorías, que les comente que tendremos que seguir debatiendo todos estos
temas. En último término, la historia y SS. SS. finalmente nos darán la
razón.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para la defensa de sus
enmiendas, tiene la palabra el señor Griñán.




El señor GRIÑAN MARTINEZ: Haré una intervención breve, pero me gustaría
no solamente justificar las enmiendas que plantea el Grupo Socialista,
sino hablar algo del contexto en el que se producen.

Este decreto-ley, ahora ley, no es sino una consecuencia del anterior,
que hemos visto unos momentos atrás, y que pretende añadir a lo que es
una nueva regulación del mercado de trabajo unas políticas de
incentivación a las contrataciones estables que se introducen en aquel
decreto-ley, hoy ley.

El propósito fundamental de estos acuerdos que se trasladan a la ley y
que ahora estamos viendo en las medidas de fomento que han sido
establecidas por el Gobierno era favorecer la creación de contratos
estables o la estabilidad en el empleo; así era el título, por otra
parte, que dieron los agentes sociales al acuerdo que formalizaron. Y es
verdad que en eso no tenemos nada a que oponernos: no hemos presentado
enmiendas al anterior proyecto de ley, en la medida en que consideramos
que son los agentes sociales



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los que tienen la primera oportunidad para regular las relaciones de
trabajo y, en todo caso, como dije en el Pleno, son los que tienen un
derecho preferente a equivocarse. Ellos son los que tienen que regularlo
y, si no funcionan las medidas, los que tienen más facilidad para adaptar
los cambios a la realidad a la que no se acomodan las que se introdujeron
en su momento.

Yo creo de todos modos que el problema de la estabilidad no es solamente
jurídico. Tengo la impresión de que el problema de la temporalidad no
solamente no ha terminado sino que se mantiene. Hay un programa económico
en nuestro país en donde verdaderamente se siguen haciendo muchos
contratos temporales, y no por reducir éstos se produce una reducción de
la temporalidad. De hecho, es como si pretendiéramos simplemente con
modificar el menú de una carta que se ingirieran menos alimentos, porque
esto no depende, ni mucho menos, del número de platos que se ofrecen,
sino del hambre del comensal; por lo tanto, habría que actuar más sobre
medidas más profundas de estructura económica que sobre lo que es el
elenco de contratos que se puedan formalizar.

Baste decirles algún dato de los que ya se pueden utilizar hoy día. En
junio de 1997 se hizo un 24 por ciento más de contratos eventuales que en
junio de 1996. Y se hizo un 18 por ciento más de contratos de interinos
que en junio de 1996. Y se hizo un 5 y pico por ciento más de contratos
para obra o servicio determinado en junio de 1997 que en junio de 1996.

Es decir, después de haber entrado en vigor las medidas de control del
número de contratos y de fomento de la contratación estable, lo que se ha
producido es un incremento de la tasa de temporalidad de nuestro mercado
de trabajo. Y de hecho esto nos lo decía la EPA: mientras que en julio de
1996 la tasa de temporalidad era el 33,66 por ciento, en julio de 1997
era el 33,72 por ciento. Por lo tanto no solamente no ha disminuido, sino
que se ha incrementado ligeramente la tasa de temporalidad. Y han
aumentado sustancialmente los contratos temporales: más del 14 ó 15 por
ciento en promedio, a pesar de la eliminación del contrato de lanzamiento
de nueva actividad. El conjunto global de contratos temporales en el
período de después de la reforma es muy superior al que se produjo en
períodos anteriores. Por lo tanto, no bastaría ni siquiera el acuerdo de
los agentes sociales, no bastarían ni siquiera estas medidas de fomento,
sino que habría que estabilizar más las expectativas empresariales para
que, en vez de formalizar relaciones de tiempo determinado, se pudieran
realizar contratos por tiempo indefinido y menos contratos temporales.

Presentamos una serie de enmiendas porque entendemos que la incentivación
que ya se produce para la formalización de contratos estables en el
primer proyecto de ley puede que no sea suficiente, y es necesaria una
acción pública también para favorecer la formalización de contratos
indefinidos. No solamente el abaratamiento del despido que se produce en
el primer contrato puede ser suficiente, y se añade por parte de los
poderes públicos una serie de medidas que consisten fundamentalmente en
reducciones de la cotización a la Seguridad Social por contingencias
comunes. Pero cuando ya es el Estado el que aporta recursos públicos para
obtener una mejora en el comportamiento del mercado de trabajo,
entendemos que esas mejoras deben guardar una clara correspondencia con
los fines que se pretenden alcanzar. Y el fin fundamental es que la
contratación (punto primero) sea de verdad estable; y el punto segundo
sería favorecer la contratación de aquellos que más lo necesitan. Y a eso
van nuestras enmiendas.

En primer término entendemos que dar un porcentaje de reducción de las
cotizaciones sociales igual para todos es tratar de forma igual a los
desiguales. Porque hoy día aquellas personas que son contratadas por
doscientas y pico mil, trescientas mil pesetas, en el mercado de trabajo
son personas de alta productividad que quizás ni siquiera necesitarían
incentivación alguna para ser contratados porque sus márgenes de
productividad y, por lo tanto, de ganancias empresariales, son por sí
mismos altos. Por lo tanto, en este caso no parece que sea necesaria
tanta incentivación, y sin embargo hay otras personas que tienen bajas
retribuciones, que tienen baja productividad, a los que ese porcentaje
que se les aplica puede ser insuficiente para favorecer su inserción en
el mercado de trabajo. Por lo tanto, nos parece que más adecuado que
poner un porcentaje de disminución igual para todos sería incorporar una
cantidad a tanto alzado igual para todos y para todos los contratos de
bonificación en el momento en que se formalizara ese contrato por el
empresario. De esta manera la bonificación para las personas de baja
productividad en algún caso, incluso, podría llegar al cien por cien de
los costes de seguridad social, y la bonificación para las personas de
alta productividad podría quedarse a lo mejor en el 10, en el 15 por
ciento de lo que ahora mismo puede ser el 50 o el 60 por ciento.

Por lo tanto, primer objetivo, que sería por otro lado seguir y avanzar
por las líneas que se establecieron en la Unión Europea desde la cumbre
de Essen, sería disminuir los costes sociales, fundamentalmente de los
salarios de baja productividad y de aquellos que tienen mayores
dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Y eso nos lleva a
que la cantidad a aplicar de descuento por las contrataciones, al ser
igual para todos, sea significativamente más alta para aquellos salarios
menores que para los salarios más altos: y favoreceríamos mucho mejor la
inserción de estas personas que tienen especiales dificultades porque su
productividad es muy baja.

Yo he dicho en algunas ocasiones, y repito ahora, que el gran problema
que están teniendo los mercados de trabajo de toda Europa, también el de
España, es el dualismo social que se está produciendo entre trabajadores
que prestan sus servicios en sectores de alta productividad, que mejoran
permanentemente sus condiciones de trabajo, pero que su número también
disminuye permanentemente y aquellos otros, que cada vez son más, que
trabajan en sectores de baja productividad con peores condiciones de
trabajo, y con menores oportunidades, por lo tanto, para lo que puede ser
llegar a hacerse acreedores de los beneficios de una sociedad de consumo
como en la que vivimos.

Precisamente de lo que tratamos es de equilibrar, hacer un reparto
equitativo de la productividad, y por consiguiente favorecer mucho más la
contratación de estos trabajadores



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con mayores beneficios a las empresas, que normalmente son empresas
intensivas en el uso de mano de obra, empresas que se desarrollan en el
sector que se ha llamado el «tercer sector», que son servicios de
proximidad, servicios sociales, educativos, etcétera; y favorecer esta
inserción laboral frente a los de alta productividad.

El segundo objetivo que pretendemos es que de verdad se estabilice la
relación. Porque hoy, cuando se hace un contrato de esta naturaleza con
ese 40, 50, 60 por ciento de reducción de cotización a la Seguridad
Social, el empresario durante dos años va a obtener un beneficio que es
superior al que le supondría el coste del despido pasados esos dos años.

O dicho de otra forma: cualquier empresario puede contratar por dos años
con estas bonificaciones a un trabajador, despedirle a los dos años, y
salirle más barato que si lo contratara temporalmente por dos años. Por
lo tanto, lo que procuramos también con nuestra enmienda es que se
estabilice después de esos dos años. Y lo que decimos es que el
empresario que haya obtenido esta bonificación durante dos años, si en
los dos años inmediatamente siguientes a la finalización del percibo de
la indemnización despide improcedentemente al trabajador, venga obligado
a devolver la bonificación que haya obtenido de la Seguridad Social. Sólo
así ponemos en situación al empresario de tener perspectivas a medio y
largo plazo y contratar a aquel que necesita y además no utilizar o hacer
un mal uso de las bonificaciones que confiere esta legislación. Por lo
tanto, queremos que el contrato estable sea de verdad estable, y que no
lo sea solamente cuando se perciba una bonificación de la Seguridad
Social, sino que se mantenga como indefinido después de haberla
percibido.

Y queremos también que la medida sirva para crear empleo, y por lo tanto
queremos que se produzca un incremento neto de los trabajadores fijos de
plantilla, de forma que cuando se dé una serie de bonificaciones a los
trabajadores a los que se les ha hecho un contrato estable, esa
contratación, en el marco global de esa empresa, suponga un aumento neto
de la plantilla de trabajadores fijos que tenía en el mismo momento en
que se hace la contratación o la transformación del contrato temporal en
contrato indefinido. Porque si no, se podría abrir un gran proceso de
sustitución de trabajadores, de rejuvenecimiento de plantillas, y eso,
que puede ser bueno para la productividad de las empresas, tiene muchos
inconvenientes para muchos trabajadores mayores que no van a tener
oportunidades de empleo futuras y, sobre todo, un sobrecoste para la
Seguridad Social y para el sistema público de pensiones.

Queremos, por último, que todas las medidas fiscales se hagan con
carácter global: que no se incorporen en la ley de acompañamiento unas,
en una ley específica otras, en esta ley otras distintas, sino que haya
un proyecto global de fiscalidad de las empresas, de las sociedades y de
las pequeñas y medianas empresas, y por lo tanto que no andemos
permanentemente troceando el problema de esta fiscalidad. Y por eso
también pedimos que todo lo que se refiere a la fiscalidad de las
empresas, a bonificaciones fiscales, se trate unitariamente en un único
proyecto de ley que nos hable con carácter global de la fiscalidad de la
empresa, grande, mediana y pequeña.

Estos son los cuatro objetivos que persiguen nuestras enmiendas y que
entendemos que mejoran sustancialmente lo que es el proyecto, en el
entendimiento de que no queremos sino conseguir los objetivos
fundamentales que se pretendieron con el acuerdo. Estabilizar el empleo,
estabilizarlo de verdad, no producir fenómenos o usos indebidos del
derecho con sustituciones indebidas de plantillas, queremos al mismo
tiempo favorecer a aquellos trabajadores que tienen rentas más bajas y,
por lo tanto, mayores dificultades para incorporarse al mercado de
trabajo. Y éste es el contenido, por lo tanto, de las enmiendas que
propone el Grupo Socialista y que defiende en esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, para defender sus enmiendas,
tiene la palabra don Atanasio Ballesteros.




El señor BALLESTEROS MORCILLO: Entiendo, señor presidente, que es
simplemente a los efectos de mantener y defender las enmiendas que
presenta el Grupo Popular. Porque se han hecho varias cosas. El señor
Campuzano va a emplear dos turnos, el señor Vaquero ha hecho lo
contrario. A mí me gustaría saber qué es lo que hacemos al final, aunque
sólo sea a efectos de acta.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, el señor Ballesteros tiene toda la
razón al hacer la pregunta, porque habíamos acordado al principio que
hubiera un solo acto. En el debate anterior fue el Grupo Popular el que
se olvidó de unir en su intervención ambos aspectos, y por eso se le
concedió un turno, muy generoso además en cuanto al tiempo, y ahora quien
se ha olvidado de la unificación de la intervención ha sido el señor
Campuzano. De forma que luego tendré que darle la palabra al señor
Campuzano, y lo mismo al Grupo Popular si lo separa; si está en
condiciones de unirlo, mucho mejor. Lo mismo respecto al Grupo
Socialista.




El señor BALLESTEROS MORCILLO: Perdone, señor presidente, y al señor
Griñán también, que solamente parece haber hecho un turno
Voy a hacer uso de la palabra solamente para defender las enmiendas de mi
grupo y esperaré a un segundo turno para ver qué es lo que ocurre con los
distintos compañeros.

Por otra parte, solicitaría, a efectos simplemente de acta, que las
referencias a este parlamentario se hagan con el nombre de señor
Ballesteros Morcillo, para diferenciarlo del diputado señor Ballestero de
Diego.




El señor PRESIDENTE: Sí, efectivamente, generalmente mi «ese» final
desaparece; en ese caso la he pronunciado adecuadamente para que se vea
que es Ballesteros.




El señor BALLESTEROS MORCILLO: Ya, sin abusar más del tiempo que me ha
concedido, paso a defender las enmiendas que se mantienen por el Grupo
Popular en el Congreso, todas referidas al artículo 3. Son las enmiendas
números 30, 31, 32, 33 y 34. Me ha parecido oír al señor Vaquero que
apoyaba la enmienda número 37 del Grupo



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Popular; y hay que advertirle que no está vigente. En el trámite de
ponencia quedó incorporada al texto, a los efectos de votación. Ahorrando
el tiempo que se usó anteriormente por mi grupo, simplemente decir que
mantenemos estas enmiendas con un carácter meramente técnico,
fundamentalmente la enmienda número 30, a los efectos de reordenar el
artículo 3, sin ningún cambio sustancial al efecto. El resto de las
enmiendas, que también quedaron vigentes después del trámite de ponencia,
números 32, 33 y 34, también son a efectos meramente técnicos de cambio
de vocablos: Real Decreto por la presente ley. La número 31 la retiramos
en este momento porque se incorporaría en el nuevo texto que hemos dado
a la número 30.




El señor PRESIDENTE: De nuevo tiene la palabra el Grupo Parlamentario
Catalán Convergència i Unió, señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADES: Lamento y pido disculpas por el tipo de
intervención que he realizado, que quizás alargue un poco más los ritmos
de trabajo de la Comisión, pero al no llegar puntualmente, seguramente no
he oído la explicación que el señor presidente nos ha dado.

Entrando ya en la cuestión, anuncio, en coherencia con la posición que
hemos mantenido a lo largo de todo este proceso, nuestro voto contrario
a las enmiendas que nos plantean Eusko Alkartasuna y BNG, del Grupo
Mixto. En el caso de Eusko Alkartasuna, con la excepción de la enmienda
número 17. En este mismo sentido nuestra posición favorable a la enmienda
que mantiene el Partido Nacionalista Vasco y nuestro voto negativo a las
enmiendas de Izquierda Unida y del Grupo Socialista.

Nos ha parecido especialmente interesante la reflexión que nos ha hecho
el señor Griñán, que siempre aporta elementos de reflexión que a este
portavoz le hacen pensar en relación a bastantes cosas, pero creemos que
precisamente el proyecto del Gobierno contempla distintos niveles de
bonificación en función de distintas realidades, que se priorizan
determinados ámbitos y que, por tanto, consideramos que liga
perfectamente con la filosofía que expresaba el señor Griñán. Por otro
lado, nos parece que el objetivo que se plantea en estas medidas es la
disminución de las tasas de temporalidad; y yo creo que debemos dar el
tiempo suficiente al proceso iniciado esta primavera para comprobar si
efectivamente o no estas medidas inciden en la misma. Nos parece que
situar hoy los defectos que pudiese tener la reforma simplemente en el
terreno de las fórmulas de bonificaciones, nos parece no centrar el
debate allí donde realmente se debe centrar, y por tanto, preferimos ser
prudentes a la hora de analizar estas cuestiones.

Proponemos al Grupo Popular una enmienda transaccional a su enmienda
número 30, que haremos llegar dentro de unos instantes, que es una
reordenación que liga perfectamente con su planteamiento, pero que nos
parece que es un poco más racional, y estoy seguro que el Grupo Popular
la va a aceptar. En esta misma enmienda introducimos una salvedad para
evitar una utilización fraudulenta (ni siquiera entre comillas) de las
bonificaciones previstas en este real decreto. En concreto esta salvedad
pretende un agotamiento de la duración mínima inicialmente pactada en los
contratos formativos, para que esa hipotética transformación pueda dar
lugar a beneficios, aunque evidentemente estamos hablando siempre de
niveles muy escasos de esa mala utilización; que la Ley prevea una
salvedad que pueda impedir en el futuro una mala utilización de esta
posibilidad nos parece necesario. La enmienda es conocida por el Grupo
Parlamentario Popular; también se la transmitiremos al resto de los
grupos parlamentarios, y entendemos que no va a haber problemas para que
sea asumida.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista quería hacer uso de la palabra,
¿o entiendo de su intervención que no sólo había defendido las enmiendas,
sino que además hizo una valoración total del proyecto de ley?



El señor GRIÑAN MARTINEZ: El Grupo Socialista se va a limitar a apoyar
sus enmiendas, y del conjunto de las enmiendas presentadas por otros
grupos va a apoyar la 23 y la 19 de CiU, si se presenta una transaccional
que me habían prometido. Al resto de las enmiendas vamos a votar que no.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra de nuevo el
señor Ballesteros Morcillo.




El señor BALLESTEROS MORCILLO: En primer lugar, antes de que se nos
olvide, vamos a aceptar la enmienda transaccional que nos propone el
Grupo Parlamentario Catalán, porque efectivamente, sin olvidar la
filosofía ni la literalidad, hace otra nueva reordenación que parece
prudente a la vista del articulado y de nuestra enmienda.

Haciendo una intervención ordenada --pero sin asustarse, porque no voy a
ser muy extenso-- sobre la aceptación de algunas enmiendas y sobre
nuestra posición respecto a otras, diré que no vamos a aceptar la
enmienda número 5, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la
exposición de motivos. Ya mis compañeros de grupo parlamentario, en la
fase plenaria de la defensa de la totalidad, le contestaron prudentemente
al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que no
era éste el momento para hacer este tipo de planteamientos,
fundamentalmente por dos cuestiones: una, porque vemos que se hace una
exposición de motivos restrictiva, aplicándolo solamente a las pymes; y
por otra, porque se crean los fondos de inversión obligatoria que se
nutrirían de aportaciones derivadas de beneficios fiscales y de una
agencia pública de gestión de fondos. Yo creo que este tema no está
ampliamente discutido y creemos que puede dar lugar a diferentes
problemas en la aplicación, incluso puede ser de dudosa
constitucionalidad, el detraer aquellos incentivos de los beneficios de
los empresarios. Además, como otra razón, este tema debería tener un
debate mucho más amplio, porque no ha sido visto en los pactos
interconfederales que se intentan aplicar en la reducción de este
proyecto de ley y del anterior Real Decreto-ley 9/1997. Además, no se ha
estudiado la repercusión económica que esto podría tener. Por lo tanto,
éste va a ser el argumento fundamental, y no lo vamos a reiterar, del
rechazo de las enmiendas, que



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es el desgaje, como decía mi compañero de grupo anteriormente, del
desgaje de toda la enmienda a la totalidad que ha hecho particularmente
en este Real Decreto.

Queda en el artículo 1 la enmienda número 6, de Izquierda Unida. La
rechazamos por los mismos motivos que la número 7 al artículo 2. En el
artículo 2 ya no quedan vigentes las enmiendas 27, 28 y 29, del Grupo
Popular, que se incorporaron al texto, así como la 26 al artículo 1.

No vamos a apoyar tampoco, por los mismos motivos expresados, la enmienda
número 8 de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ni tampoco la
número 44 del Grupo Socialista. Me ha parecido bien la exposición literal
del señor Griñán. Parece una lección teórica y en el papel aceptable,
aunque, a la vista de los acontecimientos, no tan aceptable. Yo creo que
no se sostiene desde ningún punto de vista, por eso advertimos que vamos
a rechazar todas las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha
planteado. Creemos que desde la aplicación del Real Decreto-ley, del que
proviene este proyecto de ley, hay una incidencia clara y demostrada de
lo que ha sido y de lo que va a ser seguramente, sin ánimo visionario, la
aplicación de este proyecto de ley. Ya que el señor Griñán nos ha dado
algún dato estadístico, podríamos añadir a esa lección inaugural que, por
ejemplo, la Ley 22/1992, de 30 de julio, solamente transformó 45.000
puestos nuevos temporales en indefinidos, y sin embargo, el Real
Decreto-ley ha creado hasta el 23 de septiembre 255.000 contratos nuevos.

Yo creo que es un dato estadístico más que elocuente para desestimar toda
aquella exposición que nos hacía el portavoz del Grupo Socialista.

Además, creemos que va a haber una gestión más sencilla y más
transparente. Este es el eterno y antiguo debate conceptual entre lo que
son las indemnizaciones y lo que son las bonificaciones. Al Gobierno y al
Grupo Parlamentario Popular les parece que hay que elegir las
bonificaciones, sobre todo habiéndose demostrado lo anterior por el
Partido Socialista tanto tiempo en el poder. Además, esto forma parte del
consenso entre los distintos interlocutores sociales. Por otro lado,
tendrá una gestión mucho más sencilla: no hace falta dar dinero para que
luego, cuando se eche al trabajador, se tenga que recuperar el dinero, no
se pueda y se tenga que exigir. Con este sistema hay un autocontrol por
parte también del empresario, que sabe que va a gozar de esta
bonificación solamente en tanto en cuanto mantenga al trabajador. Por
tanto, yo creo que desde el punto de vista conceptual incluso parece que
va a tener mejores resultados, al menos así lo indican los datos últimos
estadísticos, las medidas que ha adoptado el Gobierno del Partido
Popular.

Respecto a las otras enmiendas sobre los incentivos fiscales, nos parece
bien la tesis del Grupo Socialista sobre la unificación de las medidas
fiscales, la compartimos, evidentemente, lo que ocurre es que no vemos la
necesidad de que desaparezca del proyecto de ley que hoy vamos a aprobar,
Dios mediante, y los parlamentarios lógicamente. No encontramos ninguna
justificación, y la que se nos ha dado no nos parece de una contundencia
suficiente como para rechazar los incentivos fiscales en este articulado.

Por lo demás, en este mismo artículo 3, además de las enmiendas del Grupo
Popular que ya defendimos en el anterior turno, tenemos las enmiendas 18,
19, 20, 21 y 22 del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Vamos a leer
para conocimiento de la Comisión, y la haremos llegar a la Mesa, una
transacción para que, retirando las enmiendas, quedase una enmienda de
adición de una disposición adicional nueva que dijese «en función de la
evolución de la contratación y de acuerdo con el seguimiento efectuado
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Gobierno, previa
consulta con los interlocutores sociales, podrá presentar propuestas de
modificación de normativa que afecten a los colectivos protegidos o a las
cuantías de las medidas incentivadoras, a fin de lograr el máximo impulso
y adecuación del fomento entre la contratación indefinida y su extensión
a los colectivos con mayores dificultades en el acceso al empleo estable,
y con especial consideración a las pequeñas empresas y a las primeras
contrataciones».

Planteamos esta enmienda transaccional porque nos parecen procedentes e
interesantes las enmiendas que planteaba el Grupo Catalán (Convergència
i Unió). Lo que ocurre es que, como le decíamos también a Izquierda Unida
sobre los fondos de inversión, por motivos lógicos no se pueden aceptar
en este momento. Habría que estudiar cuáles iban a ser las repercusiones
de ampliar los colectivos, que al fin y al cabo es lo que pretenden todas
estas enmiendas, de la 18 a la 22. El Ministerio tendría que ver cuáles
eran las repercusiones económicas, tendríamos que estudiarlo. Lo que
hacemos es trasladarlo a un futuro, para que se pueda estudiar la
posibilidad de ampliar los colectivos, que de todos es deseable, sobre
todo aquellos colectivos que introducía en sus enmiendas el Grupo Catalán
(Convergència i Unió).

Retiramos la enmienda número 30 al aceptar la transacción que ha
planteado Convergència i Unió. La 31 ya la habíamos retirado y quedarían
vigentes la 32, 33 y 34, que son mejoras técnicas. Lo que abunda no daña,
señor presidente.

La enmienda 35, del Grupo Popular, al artículo 4, quedó asumida en el
trámite de ponencia. Y la enmienda número 3, del señor Vázquez, que está
todavía viva, no la vamos a aceptar. No nos parece prudente impedir todo
aquello que ayude a la estabilidad en el empleo. No nos parece prudente
que ni siquiera las empresas que puedan subrogarse en los trabajadores no
puedan tener acceso a estos incentivos. Nos parece, como dice el
Constitucional, y con esto contestamos también al señor Griñán, que no
toda desigualdad constituye discriminación. Nos parece que no se pueden
hacer distinciones entre trabajadores según las empresas en las que
trabajan. Yo creo que por esto hay que rechazar la enmienda número 3 del
señor Vázquez.

El artículo 5 no tiene enmiendas. Al artículo 6 no quedan, por haberse
incorporado la 36 y 37 al texto, como advertíamos al señor Vaquero. Y
luego el resto de las enmiendas las damos por rechazadas, con los
argumentos que decíamos, por tratarse de un texto que es alternativo,
pero con una filosofía diferente, como decía también el diputado que me
precedía, es decir, una manera diferente de plantear los incentivos. Son
los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12,



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13, 14, con las enmiendas 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de Izquierda
Unida e Iniciativa per Catalunya.

En la disposición transitoria primera no quedan enmiendas. Había una del
Grupo Popular, la número 38, que fue incorporada al texto. Tampoco quedan
enmiendas en la disposición transitoria segunda. En la disposición
adicional primera hay una enmienda del Grupo Socialista, la número 45,
que no vamos a aceptar por coherencia, y sirven los argumentos dados
anteriormente.

Luego están las tres disposiciones adicionales nuevas que se pretenden
crear por los Grupos Vasco, Izquierda Unida y la señora Lasagabaster. Las
enmiendas 1 y 17 (del Grupo Vasco y de la señora Lasagabaster) nos parece
que no tienen interés y que no sirven a la causa de la generación de
empleo, no tiene ningún sentido su ratificación en esta ley, y por tanto
no vamos a apoyarlas. Y por los mismos motivos también desestimados la
número 16 de Izquierda Unida.

No queda disposición derogatoria única porque fue incorporada la enmienda
número 40 del Grupo Parlamentario Popular. Y en la disposición final
primera queda, después de haberse incorporado la número 42 del Grupo
Popular, la enmienda 46, propuesta por el Grupo Socialista, que por
coherencia con nuestros argumentos, utilizando las mismas justificaciones
que ellos mismos dan en su enmienda, también vamos a rechazar.

La disposición final segunda no tenía enmiendas, y en la disposición
final tercera, queda la 47 del Grupo Socialista (después de haberse
incorporado la 43 y la 41 del Grupo Popular), que por los mismos motivos
anteriores y por coherencia con nuestras manifestaciones vamos a
rechazar.

Y finalmente, vamos a votar favorablemente (para acabar con buen gusto)
la enmienda número 23 del Grupo Parlamentario Catalán. Nos parece que,
efectivamente, hace mucho tiempo que no se han revisado los incentivos de
los minusválidos, pero además nos parece que hay que apoyarla porque
incentiva el empleo estable y la contratación indefinida dentro de este
grupo.

Por todo ello, señor presidente, señorías, doy por defendidas y hechas
las réplicas a las demás.




El señor PRESIDENTE: Señor Griñán, por alusiones, supongo, o para
réplica.




El señor GRIÑAN MARTINEZ: Señor presidente, siendo así que el artículo 73
del Reglamento dice que en todo debate el que fuera contradicho en sus
argumentaciones por otro u otros intervinientes tendrá derecho a replicar
o rectificar. En aplicación del 73, por una sola vez y por cinco minutos.

Simplemente querría decirle al señor Ballesteros que, habiéndole
escuchado atentamente, le tengo que decir que no sé si conoce la
diferencia que existe entre oír y escuchar o entre leer y hojear, o
incluso entre ojear y hojear. Quiero decir que hay bastantes diferencias
y me parece que S. S. no las practica.

Yo no he dado ninguna lección. Y si he dado alguna lección, perdóneme, es
la lección del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, porque me he
limitado a dar los datos estadísticos del movimiento laboral registrado
que edita la Secretaría General de Empleo del Ministerio de Trabajo. Por
lo tanto no es ninguna lección magistral, es sencillamente decirle que
según este observatorio, en junio de 1997 se hicieron 290.583 contratos
eventuales, y en junio de 1996, cuando todavía no estaba en vigor la
reforma, 234.497, es decir que aumentaron un 24 por ciento. Pero esto no
es una lección, es un dato que está ahí. ¿Que hay más contratos
indefinidos registrados? Naturalmente, entre otras cosas porque estos
contratos indefinidos es obligatorio registrarlos y los anteriores no lo
eran. Es decir, lo que es obligatorio registrar siempre aumenta su
número. Pero no quiero entrar en luchas ni en guerras estadísticas,
quiero que se produzca de verdad una estabilidad en el empleo, y si hay
datos preocupantes, en la temporalidad, como ya han señalado los
sindicatos, habrá que afrontarlos.

Respecto a las enmiendas le decía lo de leer, porque nosotros no
planteamos indemnizaciones, sino bonificaciones. Y de hecho, si usted se
lee la enmienda, verá que dice que las bonificaciones establecidas se
prorratearán mensualmente a razón de 12 mensualidades, deduciéndose en
los documentos de cotización correspondientes a los períodos a los que le
liquidación se contrae. Por lo tanto, es exactamente lo mismo. Es una
bonificación de Seguridad Social, lo que pasa es que no es siempre y para
todos el 50 por ciento; para unos puede ser el 100 por ciento, y para
otros será el 10 por ciento. Esto es lo que estamos diciendo. Para
salarios de baja productividad será el 100 por ciento y para salarios de
alta productividad será el 10 por ciento. Eso es lo único que estamos
diciendo, pero es el mismo sistema. La única diferencia es que al ser una
cantidad fija para todos, es distinta en sus términos porcentuales
aplicadas al salario de cada quien. Pero es bonificación, por lo tanto no
es indemnización.

Pero no solamente es que me haya contestado a esto, también me gustaría
que me contestara a una sola pregunta: ¿por qué se opone el Grupo Popular
a que si un empresario que ha recibido quinientas y pico mil pesetas de
bonificación en la Seguridad Social durante dos años, si en los dos años
inmediatamente siguientes despide al trabajador, y el despido es
declarado improcedente, venga obligado a devolver las bonificaciones?
¿Por qué no? Si despide improcedentemente dos años después a quien ha
contratado y del que se ha beneficiado de quinientas y pico mil pesetas
en bonificaciones, lo lógico es que lo devuelva. Yo sólo quiero una
contestación a esa pregunta: ¿por qué se opone el Grupo Popular a que
devuelvan ese dinero los empresarios que despiden improcedentemente?



El señor PRESIDENTE: Concluimos pues.




El señor BALLESTEROS MORCILLO: Señor presidente, con su permiso. No voy
a entrar en debate, evidentemente no quiero alargar más la sesión, pues
los compañeros están deseosos de votar, como lo estamos todos. No se
preocupe, señor Griñán, que no voy a entrar en



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20 minutos de debate. Simplemente quiero decir que mi recurso a una
lección magistral no ha pretendido ser hiriente en ningún momento,
simplemente ha sido un recurso lingüístico, de estilo en que apoyarme
para decir que era una cuestión teórica la que se estaba departiendo,
única y exclusivamente. No he pretendido en ningún momento decir que aquí
se nos venga a dar clases. Evidentemente la sede de las clases está en la
universidad y no aquí. Solamente eso.

Por lo demás, no voy a contestar a ninguna otra pregunta. Creo que el
debate ha sido amplio y las estadísticas, como las daba y las reproduzco,
están ahí, con el matiz de que no es cierto, desde ningún punto de vista,
que los contratos no se hacen indefinidos para despedir después, aunque
sea la misma indemnización. Cuando una persona se forma en una empresa,
lo sabemos todos, es muy difícil desprenderse de ella, desde el punto de
vista de la calidad en el empleo y de la productividad por tanto.

Con lo cual, yo creo, subjetivamente, que no queda reabierto el debate.

Y solamente decirle al señor Griñán que me disculpe si él ha entendido
que era una referencia personal.




El señor GRIÑAN MARTINEZ: Quede aclarado, señor Ballesteros, que no pedí
la palabra por alusiones, sino para rectificar argumentaciones.




El señor PRESIDENTE: Para fijar posiciones en torno a este proyecto de
ley, del que estamos finalizando su debate, tiene la palabra el señor
Caballero.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: Simplemente dos minutos, aunque sé que
reglamentariamente ya está fuera de lugar. Sencillamente decir que tanto
en el proyecto de ley que se ha debatido anteriormente como en el de
ahora manteníamos nuestras enmiendas con un carácter testimonial, y que
tienen en cuenta fundamentalmente el hecho de que las organizaciones
sindicales de obediencia vasca representan a más del 60 por ciento de la
clase trabajadora vasca, frente al carácter muy minoritario de las
organizaciones sindicales de obediencia no vasca.

Y en segundo lugar decir que en el proyecto que se acaba de debatir
manteníamos la enmienda adicional tercera por entender que aunque no
afecta a las competencias del País Vasco y de la Comunidad Foral de
Navarra, sin embargo significa una salvaguarda que nunca está de más y
que tradicionalmente se ha venido introduciendo.




El señor PRESIDENTE: No se ofenderá S. S. si en defensa de la libertad
sindical, artículo 28 de la Constitución, expreso mis dudas: supongo que
no habrá querido manifestar, al hablar de organizaciones sindicales, de
obediencia vasca; será de ámbito vasco, pero nunca de obediencia a no se
sabe qué, será a algún poder, porque atentaría contra la autonomía
sindical. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.)
Señor Campuzano, había intervenido antes, ¿se refiere a la aceptación de
enmiendas transaccionales y de retirar las correspondiente?...

El señor CAMPUZANO I CANADES: Exacto, a efectos de aceptar la enmienda
transaccional que ofrece el Grupo Popular, y por tanto retirar nuestras
enmiendas en este sentido, haciendo constar, a efectos del Diario de
Sesiones, que para nosotros va a ser importante que en los próximos meses
se concrete esta voluntad que se apunta a través de esta fórmula de
enmienda transaccional. Evidentemente, el presentar estas enmiendas tiene
como objetivo remarcar la necesidad de tomar medidas específicas para los
sectores que entendíamos que con las medidas que se contemplaban en el
proyecto de ley no quedaban plenamente satisfechos en sus necesidades.

Por tanto, vamos a estar atentos a ese diálogo social, pero sobre todo
vamos a estar atentos a que el Gobierno desarrolle lo previsto en esta
nueva disposición.




El señor PRESIDENTE: Concluye así el debate del punto 7 del orden del
día, y se interrumpe la sesión 15 minutos hasta iniciarla con las
votaciones.

Propongo a los portavoces y miembros de la mesa que aprovechemos este
cuarto de hora para hacer la reunión de la mesa y portavoces que estaba
convocada para el final de la sesión. Aprovechemos este período.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se reanuda la sesión.

Vamos a proceder a la votación de las enmiendas y del texto de la
proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en
materia de cobertura del fondo de ganrantía salarial.

En primer lugar, se someten a votación las enmiendas de Izquierda Unida
de la 1 a la 3, porque la 4 se retiró.




El señor GRIÑAN MARTINEZ: Votación separada de la enmienda número 3 de
Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas 1 y 2 del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 33.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 1 y 2.

Votación de la enmienda número 3 de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 3.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Socialista, enmiendas números 5 y 6.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas números 5 y 6.

Enmienda del Grupo Popular número 7.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 11; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmiendo número 7.

Sometemos a votación el texto en su totalidad.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos a la votación de las enmiendas y texto del proyecto de ley de
medidas urgentes para mejora del mercado de trabajo y el fomento de la
contratación indefinida procedente del Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de
mayo.

En primer lugar se someten a votación las enmiendas del Grupo Mixto,
todas menos la 12, que se va a votar separada, por petición del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida. Hay alguna otra petición de votación
separada. (Pausa.)



El señor CAMPUZANO I CANADES: Nosotros pedimos votación separada de las
enmiendas 7, 8, 9, 10 y 11 en un bloque, y de las números 12, 13 y 14,
por otro, por lo que hace referencia a las del BNG. ¿Y las de Eusko
Alkartasuna también las votamos ahora?



El señor PRESIDENTE: Luego. Vamos a votar ahora las números 7, 8, 9, 10
y 11 del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 31.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votación de la número 12, del Bloque Nacionalista Galego.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 32; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 12.

Votación de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego 13 y 14.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas número 13 y 14.

Pasamos a las enmiendas de Eusko Alkartasuna, del Grupo Mixto, enmiendas
números 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 24. ¿Separación?



El señor CAMPUZANO I CANADES: Pedimos votación separada de las emiendas
15, 16, 17, 18 y 20 en un bloque, y en otro bloque las enmiendas 19, 21,
22 y 24.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas de Eusko
Alkartasuna, números 15, 16, 17, 18 y 20.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 31.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 15, 16, 17,
18 y 20.

Votación de la enmienda número 19.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 19.

Votación de la enmienda número 21.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 32.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 21.

Votación de la enmienda número 22.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: voto a favor, uno; en
contra, 33; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 22.

Enmienda número 23.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 30; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 23.

La enmienda número 24 de Eusko Alkartasuna.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 35.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 24.

Enmiendas del Grupo Vasco PNV, números 3, 4 y 5.




El señor CAMPUZANO I CANADES: Pedimos votación separada de la 4.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas 3 y 5.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 32.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 3 y 5.

Votación de las enmiendas 1 y 2.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 30.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 1 y 2, del
Grupo Vasco.

Finalmente, enmienda número 4.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 32; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 4.

Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Hay dos y se ha pedido
votación separada.

Votación de la enmienda número 77.




El señor BARRIONUEVO PEÑA: Perdón, señor presidente, si me permite.

Pensaba que la 77 estaba ya incorporada, aprobada en ponencia, y luego en
la 78 se había presentado una transaccional del Grupo Popular que no
sabemos si estaba admitida o no.




El señor CAMPUZANO I CANADES: Sí, la hemos admitido.




El señor PRESIDENTE: La enmienda transaccional a la 78 del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) dice, sobre la redacción inicial, «ni la máxima
superior a 3 años o a 4 años, cuando el contrato se concierte con una
persona minusválida, teniendo en cuenta el tipo y grado de minusvalía y
las características del proceso formativo a realizar».

No creo necesario aclararles más el alcance de la enmienda transaccional.

Votación de la enmienda transaccional.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.

Enmiendas del Grupo Popular...




El señor BARRIONUEVO PEÑA: Señorías, yo quisiera pedir una aclaración:
¿además de la 83 hay alguna otra?



El señor CAMPUZANO I CANADES: La 83, pero con el texto transaccional.




El señor PRESIDENTE: En primer lugar corresponde votar la enmienda del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y finalmente la transaccional del
Grupo Popular, en lugar de la 83.

Sometemos a votación las enmiendas, una vez retiradas las 71, 72 y 73,
del Grupo de Izquierda Unida. No hay ninguna petición de votación
separada.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 34.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo de
Izquierda Unida.

Votación de la enmienda transaccional, en lugar de la 83 del Grupo
Popular, a la disposición adicional segunda, que quedaría redactada como
sigue: «Contratos para la formación en escuelas taller, casas de oficio
y programas de garantía social dependientes de las administraciones
públicas educativas competentes. Los contratos para la formación que se
realicen en el marco de los programas públicos de empleo, formación de
escuelas taller, casas de oficio y programas de garantía social, podrán
celebrarse con trabajadores mayores de 16 años y menores de 24 años.»



Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votación del texto del proyecto de ley que estamos sometiendo a votación,
concluidas las enmiendas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley con las enmiendas
que se han incorporado.

Concluido el proceso de votación del punto 6, sometemos a votación las
enmiendas relativas al proyecto de ley por el que se regulan incentivos
en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la
contratación indefinida y la estabilidad en el empleo procedente del Real
Decreto-ley 9/1997, de 16 de mayo.

En primer lugar, enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, números 3 y 4.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 33; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Bloque
Nacionalista Galego.

Votación de la enmienda número 17, de Eusko Alkartasuna.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 30.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda del Grupo Vasco número 1.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 30.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 1.

Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Hay una enmienda
transaccional que afecta a casi todas...




El señor BALLESTEROS MORCILLO: Señor presidente, afecta a todas menos a
la 23, de la que pedimos la votación separada.




El señor PRESIDENTE: El texto de la enmienda transaccional, que sustituye
a las enmiendas 18, 19, 20, 21 y 22, dice: «En función de la evolución de
la contratación y de acuerdo con el seguimiento efectuado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Gobierno, previa consulta
con los interlocutores sociales, podrá presentar propuestas de
modificación de normativas que afecten a los colectivos protegidos o a
las cuantías de las medidas incentivadoras, a fin de lograr el máximo
impulso y adecuación del fomento de la contratación indefinida y su
extensión a los colectivos con mayores dificultades en el acceso al
empleo estable, y con especial consideración a las pequeñas empresas y a
las primeras contrataciones.»
Estamos votando la transaccional que sustituye a las enmiendas 18, 19,
20, 21 y 22 del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Enmienda de adición
de una nueva disposición adicional.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Votación de la única enmienda que queda viva del Grupo Parlamentario
Catalán, que es la número 23.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Todas en su
conjunto, de la número 2 a la 16.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 34.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la
enmienda número 44.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 44.

Enmienda número 45, del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 22; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 45.

Enmiendas números 46 y 47, del Grupo Parlamentario socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 46 y 47.

Por último, enmiendas del Grupo Popular que quedan vivas, números 32, 33
y 34 y la transaccional a la número 30.

Si la tienen todos los grupos, dada su extensión, omito su lectura. En
consecuencia, se somete a votación esta enmienda transaccional a la
número 30, del Grupo Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 12; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 32, 33 y 34.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 12.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Grupo Popular.

Concluida la votación de las enmiendas se somete a votación el texto del
proyecto de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.

Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde en
punto.




Era la una y treinta minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.




COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998 (Número de expediente
121/000082):



--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (DIAZ GUERRA), A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente
212/000877), GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL



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CONGRESO (Número de expediente 212/000931), GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001000) Y GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente
212/001032).




El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión, señoras y señores diputados,
con la comparecencia de personalidades y funcionarios de la
Administración del Estado al objeto de informar sobre temas relativos al
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.

En primer lugar, comparece el subsecretario de Trabajo y Asuntos
Sociales, don Marino Díaz Guerra, a solicitud de los grupos Vasco,
Izquierda Unida, Socialista y Popular. Como es norma en este tipo de
comparecencias, serán los grupos los que intervengan en primer lugar y
luego el compareciente responderá a los mismos. Siguiendo el orden de
menor a mayor por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Caballero.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: En primer lugar, quiero agradecer la
presencia del señor subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales a quien
voy a dirigir alguna pregunta.

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) participa plenamente de la
creciente preocupación en la sociedad vasca por el continuado
incumplimiento por parte de los sucesivos gobiernos españoles del
desarrollo del estatuto de autonomía en todo lo relativo a lo que podemos
denominar bloque socio-laboral. Esto ha llevado incluso al secretario
general del sindicato ELA-STV, sindicato mayoritario que representa a más
del 40 por ciento de la clase trabajadora vasca, a afirmar que el
incumplimiento del estatuto ha situado a ELA al margen de la ley y a
solicitar la creación de un nuevo marco jurídico-laboral para Euskadi a
través de una nueva estrategia democrática.

Nuestro grupo comparte esta preocupación, pues no hay otra forma de
avanzar en el autogobierno para el pueblo vasco. No podemos admitir por
más tiempo este continuado incumplimiento de una ley que fue aprobada por
la mayoría de Euskadi. Recientemente en el Parlamento vasco fue aprobado,
por consenso, un paquete de competencias pendientes, entre ellas todas
las relativas al bloque social incluso con el apoyo del partido en el
Gobierno actualmente.

Este continuado incumplimiento de la ley puede llevarnos incluso a no
respetar otras leyes. ¿Qué les parecería a SS. SS., por ejemplo, que
puesto que la inmensa mayoría del pueblo vasco está disconforme con la
presencia de la Guardia Civil en Euskadi, o puesto que no nos gusta la
monarquía borbónica implantada por Franco, se dejase de pagar las
proporciones correspondientes a estos conceptos en el cupo?
Por consiguiente y bajando al terreno concreto de las preguntas, quiero
preguntar al señor subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales si en el
presupuesto para 1998 se contempla la transferencia de la gestión del
Inem y de Fogasa a Euskadi en los términos establecidos en el Estatuto de
Autonomía y requeridos por el Parlamento Vasco.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señor subsecretario, el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, su presupuesto para el año 1998, decrece en términos
generales el 5,4 por ciento, representando el 4,1 por ciento respecto al
total del presupuesto del Estado, mientras que, por ejemplo, el de
Defensa representa el 4,8 por ciento. Sin embargo, los organismos
autónomos del Ministerio sí crecen el 3,2. Quisiera preguntarle, en
primer lugar, a qué se debe exactamente este descenso del presupuesto del
Ministerio de Trabajo en términos globales.

Por otro lado, quisiera preguntarle también sobre un aspecto que nos
parece interesante comentar. Desde nuestro punto de vista, hay un
desequilibrio entre las partidas de fomento del empleo, que crecen
sustantivamente el 28,1 por ciento, pues en último término son
bonificaciones y ayudas a los empresarios para crear empleo, aunque esa
creación de empleo se podría reducir a que entre todos los contribuyentes
pagamos la indemnización a los despedidos, que debería ser pagada por los
empresarios. Esta medida ya la hemos criticado en cuanto más que una
medida de fomento del empleo, viene a ser un abaratamiento del despido,
de los costes laborales y, en último término, en la línea de flexibilizar
el mercado de trabajo y no de crear empleo. En cualquier caso, esta
partida presupuestaria de fomento del empleo crece muy sustantivamente y,
sin embargo, la cobertura de desempleo sigue decreciendo; digo sigue
porque no es éste el primer presupuesto en el que decrece sino que se
repite la tendencia de decrecimiento de esta partida. Entendemos que este
desequilibrio debería preocupar al Ministerio, puesto que efectivamente
la cobertura del desempleo, según los datos, puede ser el 48 por ciento
si contemplamos la estadística del paro registrado y puede ser el 31 por
ciento si contemplamos la estadística de la EPA; en cualquier caso, es
siempre inferior a la mitad de la población desempleada. Este tema
debería preocupar al Ministerio, cosa que no parece ser así, dado que no
existe una política para paliar esta caída de la cobertura del desempleo,
sino que más bien se propicia el desequilibrio que hemos comentado entre
las partidas de fomento del empleo y la cobertura del desempleo.

Por otro lado, quisiéramos saber si el Ministerio tiene previsto invertir
en aumento de las plantillas de inspectores y subinspectores de Trabajo
y Seguridad Social para potenciar la Administración laboral de cara a
reforzar las campañas y programas de seguimiento de seguridad y salud
laboral de las empresas, la economía sumergida, el fraude y morosidad
empresarial en las cotizaciones, en la contratación, etcétera, pues el
dato conocido es que baja el número de funcionarios. El número de
funcionarios de la Seguridad Social pasa de 15.941, en 1996, a 14.167 en
el año 1998, según hemos leído en los documentos que se nos han
facilitado. ¿Afecta también a los inspectores y subinspectores el tope de
reposición de efectivos del 25 por ciento que se contempla con carácter
general en estos presupuestos? De ser así, ¿en qué cuantía? Solicitamos
información



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sobre el incremento, congelación o decrecimiento de las plantillas de
estos cuerpos de funcionarios.

También quisiéramos que se nos facilitase información sobre el programa
en que está prevista la campaña de sensibilización sobre seguridad
laboral, concretamente cuánto se va a invertir en este tema, qué más
transferencias o inversiones hay previstas para salud laboral o si existe
algún tipo de partida referida exclusivamente a la campaña de
sensibilización.

El presupuesto del Instituto nacional de seguridad social e higiene en el
trabajo se reduce un 7 por ciento y nos gustaría saber a qué se debe
esto. ¿Está previsto un incremento de los recursos humanos del Instituto
nacional de seguridad e higiene en el trabajo a pesar de este
decrecimiento global o, por el contrario, afecta también el tope ya
aludido del 25 por ciento de reposición de efectivos a este Instituto?
Quisiéramos conocer por qué está congelada prácticamente, incluso decrece
un poquito, la partida del Fogasa y si el Ministerio tiene alguna
previsión respecto a lo que se denomina reparto del empleo, reducción de
jornada laboral, etcétera, cuestiones todas que son de palpitante
actualidad y de preocupación para la población general. Por otro lado,
también quisiéramos conocer las líneas maestras que tiene previstas el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de cara a la participación del
Gobierno, por tanto del Ministerio, en la cumbre de Luxemburgo sobre el
empleo. No sé si esto corresponde exactamente a la comparecencia sobre
los Presupuestos Generales del Estado, pero si el señor subsecretario
tuviera a bien adelantarnos alguna noticia sobre este tema, quedaríamos
muy satisfechos por su generosidad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Francisco Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señor subsecretario, por su
comparecencia este año con motivo de los presupuestos para el ejercicio
1998.

Señor subsecretario, vamos a ponérselo fácil, vamos a hacerle
prácticamente las mismas preguntas que el año pasado o, por lo menos,
vamos a tratar sobre los mismos programas.

Empezaremos por el programa 134.A, cooperación para el desarrollo. Este
programa lo congelan prácticamente, no experimenta ninguna variación,
reducen gastos de personal, mantienen gastos corrientes y las
aportaciones para programas las elevan en una cifra que no llega al
millón y medio de pesetas. Estamos hablando de un presupuesto de 484
millones en 1997 y de 491 para 1998.

¿Cómo piensan cumplir los convenios suscritos en materia sociolaboral con
Iberoamérica, con los países africanos y con los países del Este de
Europa? ¿Qué razón hay para esta congelación? La misma pregunta que el
año pasado, que no se me respondió: ¿Cuántas becas de cooperación piensa
conceder el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 1998?
Nos parece que hay algo más sorprendente en este programa 134.A,
cooperación para el desarrollo. Sabemos todos que en la descripción de
los objetivos los indicadores tienen una importancia fundamental, porque
tienen una finalidad básica. Aquí estamos, entre otras cosas, para
controlar al Gobierno y la oposición democrática se sirve en parte de
estos indicadores para ejercer esa labor democrática de control; por eso
se llaman indicadores de seguimiento. Nos cambian los indicadores de
seguimiento, pero no ya para el año 1998 --ustedes son muy libres de
hacer lo que deseen en cuanto a los indicadores-- sino en el presupuesto
de 1997; digamos que nos los cambian con efecto retroactivo. En el
presupuesto de 1997 dijeron que iban a enviar al exterior, en 1997, a 140
expertos cooperantes para la ejecución de acuerdos bilaterales en
materias sociolaborales, pero en el presupuesto de 1998 dicen que dijeron
sólo 50. No me lo explico. ¿Me puede dar alguna explicación para lo que
a primera vista parece absolutamente inexplicable? ¿Cuántos expertos han
enviado al exterior en 1997?
Pasando al programa 311.A, dirección y servicios generales de seguridad
social y protección social, vemos que también cambian indicadores y
objetivos ya comprometidos en los presupuestos del año 1997. En 1997 se
comprometieron a financiar el 30 por ciento de un nuevo edificio del
patrimonio sindical acumulado. En la memoria de los presupuestos de 1998
para la sección 19 no aparece este edificio, pese a que, según los datos
presupuestarios con los que contamos, no debería estar totalmente
financiado. ¿Nos puede decir, señor subsecretario, de qué edificio se
trata? ¿Por qué no aparece en los presupuestos para 1998? ¿Está ya
absolutamente pagado? También se comprometieron a acondicionar 15
edificios del patrimonio sindical acumulado. ¿Podría decirnos, señor
subsecretario, la ubicación de estos 15 edificios?
En relación con el programa 311.B, inspección y control de seguridad
social y protección social, voy a hacerle la misma pregunta que el año
pasado. Me voy a referir a las indemnizaciones por servicio de los
funcionarios de la Inspección de Trabajo, inspectores y controladores.

Estoy hablando de gastos de locomoción. Ya le dije el año pasado que,
normalmente, a esta finalidad se dedicaban por parte del Ministerio 800
millones de pesetas. Por ejemplo, el año 1994 se destinaron 887 millones.

Usted tiene que reconocerme que, en cierta medida, mareó la perdiz cuando
el año pasado en su comparecencia nos habló de un complemento de
productividad transitorio y nos dijo, además, que cabían modificaciones
presupuestarias internas en el capítulo 2, pero yo no le preguntaba sobre
el modelo de productividad sino sobre las indemnizaciones por servicio.

Le preguntaba y le pregunto, ¿por qué razón se produce esta disminución?
Hablábamos antes de 800 millones. El año pasado incluyeron 667 y este año
680 millones. ¿Podría decirme, señor subsecretario, lo abonado por este
concepto hasta junio de 1997 y su comparación con al menos tres
ejercicios anteriores? No le pido que me lo diga ahora, pero le ruego que
me dé la contestación por escrito.

Los accidentes laborales --hace unos días vimos una interpelación y una
moción del Grupo Parlamentario Socialista al respecto-- se están
incrementando. Ello exige, entre otras medidas, mayor presencia de la
Inspección en



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los centros de trabajo. Y no piensen sólo en Madrid, piensen en Valencia,
Murcia u otras provincias del Levante español en las que está muy
diseminada la industria y, por tanto, el desplazamiento de los
inspectores y los controladores se convierte en un gasto para ellos.

Estamos hablando también de morosidad de la Seguridad Social, que exige
presencia en los centros de trabajo; no citaciones en las oficinas, sino
presencia de la Inspección en los centros de trabajo. Pensando que hay
que controlar directamente los accidentes, la seguridad e higiene en las
empresas y en los centros de trabajo, y la morosidad, en la memoria de
los presupuestos de la sección 19 para el año que viene nos dicen que van
a exigir 522.000 visitas a centros de trabajo, pero reducen los gastos de
locomoción. ¿Cómo se explica esto, habida cuenta, además, de que el año
próximo va a entrar en vigor una nueva ley de la Inspección de Trabajo en
cuya exposición de motivos se dice que debe propiciar una acción pública
de control en el orden social, modernizadora, eficiente y adecuada a las
nuevas exigencias de una sociedad desarrollada?
En relación con este mismo programa, dice la memoria de la sección 19 que
las unidades de Inspección de Trabajo en la Tesorería General de la
Seguridad Social, actualmente puestas en funcionamiento en 13 provincias,
culminarán previsiblemente su proceso de implantación y pleno
funcionamiento a lo largo de 1998. Señor subsecretario, ¿a qué unidades
se están refiriendo en la memoria de la sección19? Porque las unidades a
las que parece que hace referencia la memoria las creó el anterior
Gobierno y la nueva ley de Inspección se las carga, van a desaparecer.

¿Qué tipo de coordinación existe entre usted, señor subsecretario, y el
director general de la Inspección de Trabajo? No parece que exista,
habida cuenta de que se están refiriendo a una extensión de unas unidades
que van a desaparecer. Hay más problemas, pero ya no afectan a su
competencia y, por tanto, habría que hacer las correspondientes preguntas
a otras autoridades del Ministerio de Trabajo. Tengo entendido, además,
que van a desaparecer también las actas de liquidación por descubiertos,
que se va a volver a los certificados de descubierto, con incremento de
la tramitación, de la burocracia, etcétera.

Las unidades implantadas en la Tesorería General de la Seguridad Social
estaban funcionando correctamente. No es que lo diga yo. Lo dice el
Ministerio, lo ha dicho el ministro en sus comparecencias y se lo dicen
también los inspectores que están actuando en esas unidades. Me gustaría
que me dijera a qué unidades se están refiriendo, si es que piensan
presentar algún otro proyecto de ley para recrear esas unidades que están
funcionando correctamente.

Por último, porque no quiero alargarme, voy a hacerle prácticamente las
mismas preguntas sobre programas que el año pasado. En relación con el
programa 315.B, Fogasa, Fondo de Garantía Salarial, son las siguientes.

En 1997, ¿en cuánto se ha incrementado o disminuido, respecto a 1996, la
recuperación de cantidades satisfechas en bienes o en efectivo? ¿Por qué
motivos se fijan los mismos objetivos para 1998 que para 1997? Sabe
perfectamente el señor subsecretario que el Consejo de Ministros, el mes
pasado, autorizó un suplemento de crédito por 4.000 millones de pesetas.

¿Cómo se explica la reducción del presupuesto del Fogasa para 1998? ¿Hay,
efectivamente, una reducción de gastos, como parece que dijo el Consejo
de Ministros? Y, si la hay, ¿por qué se ha recurrido a un suplemento de
crédito?
Esto es todo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Rafael
Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Quiero agradecer la presencia del señor
subsecretario esta tarde para informarnos sobre el presupuesto de la
sección 19, correspondiente a Trabajo y Asuntos Sociales.

Indudablemente la almendra del presupuesto de esta sección es mejorar el
bienestar social e incrementar el empleo en España. Esos son, en
principio, los objetivos que se marcan desde este Ministerio y que para
la sección 19 contemplan 2,6 billones de pesetas en el presupuesto
consolidado. A mí me gustaría entrar en detalle en algunas cuestiones más
concretas. Me gustaría, señor subsecretario, que nos concretara los datos
relativos a los incrementos en políticas activas para la promoción de
empleo y, específicamente, en aquellas referidas a formación profesional,
fomento y gestión del empleo, escuelas taller y casas de oficios y la
comparación del presupuesto de 1998 con el de 1997. También me gustaría
que diera una explicación sobre la evolución de las cifras de protección
al desempleo, capítulo cuya reducción no se debe, como se ha venido
repitiendo, a una disminución de las prestaciones para los desempleados
sino a la reducción del desempleo y a la eliminación de este ámbito de
determinados colectivos que me gustaría que concretara el señor
subsecretario.

Otro elemento básico del presupuesto de 1997, que se incluye en 1998, es
la lucha contra el fraude. Me gustaría que el señor subsecretario nos
dijera los sectores en los que se va a seguir combatiendo el fraude y la
cuantía prevista en la reducción del gasto.

Por último, señor subsecretario --y con esto concluyo--, me gustaría que
hiciera referencia al incremento en las partidas de protección social. El
presupuesto de la sección 19 es básico y contribuye a mantener las líneas
básicas del presupuesto general para el año próximo, es un presupuesto
orientado a la creación y al fomento de empleo. Es indudable que desde la
creación y el fomento de empleo se puede mantener y mejorar la política
de asistencia social en nuestro país y hacer que este presupuesto
consolide el crecimiento sostenido y sostenible que en estos momentos
induce a un incremento en el empleo, como ha señalado antes.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a los portavoces que han intervenido,
tiene la palabra el Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales, señor
Díaz Guerra.




El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra): Voy
a intentar ser lo más concreto posible ante las preguntas y las
informaciones que me solicitan. Voy a seguir el orden en que han



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sido efectuadas, por lo que empezaré, en primer lugar, por el
representante del Grupo Vasco que me ha preguntado sobre cuál es la línea
que piensa seguir el Ministerio en las transferencias del Inem y Fogasa
al País Vasco.

Como sabe S. S., la política que está siguiendo el departamento es la de
diseñar un nuevo modelo de servicio público de empleo, incardinado, en
primer lugar, en el contexto de nuestro Estado autonómico, pero, al mismo
tiempo también incardinado, porque estamos obligado a ello, en el
contexto europeo. En consecuencia, es un modelo de servicio público de
empleo que se está diseñando en consulta con los propios interlocutores
sociales. El primer esbozo que se ha hecho de ese nuevo servicio público
de empleo es el que consiste, desde el punto de vista de las
transferencias, en transferir lo que son las políticas activas de empleo.

Así se ha diseñado en las transferencias ya aprobadas a la Generalitat de
Catalunya y a Galicia. Evidentemente, este mismo modelo es el que se va
a seguir en el resto de las comunidades autónomas y es el que, a lo largo
del próximo ejercicio, se irá efectuando.

Con respecto al resto de los temas por los que me ha preguntado el
representante de Izquierda Unida, hay una primera pregunta que afecta al
descenso que, a su juicio, tiene el presupuesto del Ministerio en
términos globales. Si contemplamos el Ministerio desde el punto de vista
del departamento, incluidos organismos autónomos, veremos cómo el
presupuesto no tiene un descenso de carácter global. El incremento es
leve, del 0,9, y se debe a que en las transferencias a organismos
autónomos, fundamentalmente a desempleo y a Seguridad Social disminuyen
una serie de partidas desde el punto de vista de la aportación del
Estado, que se reflejan en el presupuesto del Ministerio. Hay otras
partidas concretas que también disminuyen. Por ejemplo, los gastos de
personal, en menos 1,9. Si se refiere en sentido estricto al presupuesto
del Ministerio, sobre el cual había hecho la referencia del menos 5,6 por
ciento del presupuesto no financiero, ahí la disminución es superior, del
menos 4,5. La partida de gastos de personal ha sufrido la reordenación,
igual que en otros muchos departamentos ministeriales, como consecuencia
de la nueva actualización de las relaciones de puesto de trabajo. En
función de eso, los créditos presupuestarios se han adaptado a las nuevas
relaciones de puestos de trabajo.

Con respecto a la cobertura del desempleo, al porqué ese desequilibrio en
políticas activas y pasivas, y concretamente a esa disminución en la
cobertura del desempleo en el contexto de flexibilizar o crear empleo, ya
sabe usted que la política del departamento es la política del Gobierno
de que las políticas activas sigan las políticas a nivel europeo y,
concretamente, los criterios que, como sabe usted muy bien, se acuñaron
en la famosa cumbre de Essen, por los cuales todos los países vienen
obligados a presentar los famosos programas plurianuales de empleo. El
primero se presentó en el año 1995 y ahora se ha vuelto a presentar una
actualización de ese programa. Lógicamente estas políticas se sujetan a
los criterios de Essen. Uno de esos criterios es precisamente el de que
las políticas pasivas sean sustituidas por políticas activas. Dicho en
otros términos, hay que intentar que determinados colectivos de
desempleados sean estimulados, incitados o se creen las condiciones para
que dejen de formar parte de esa población pasiva y se integren, como es
lógico, en la población activa, porque, en última instancia, ésta es la
que refleja los incrementos de empleo en una sociedad y la creación de
empleo.

En consecuencia, los presupuestos se corresponden con esa política, es
decir, incrementar al máximo las políticas activas de empleo. ¿Eso supone
una restricción de los derechos de los desempleados? En absoluto. Como
usted sabe muy bien, se puede decir que a principio del año 1995 ha
concluido el proceso de la reforma que se introdujo en el desempleo a lo
largo de los años 1992 y 1993, si mal no recuerdo. A partir de 1995 se
han consolidado las tasas de cobertura del desempleo, tanto la tasa bruta
como la tasa neta. Si usted repasa las cifras, se dará cuenta de que unas
están en torno al 50 y, otras, al 62. La estabilidad se sigue manteniendo
exactamente en esa línea.

Con respecto a la Inspección, a los controladores, al aumento de
plantilla y a si realmente ha habido una congelación de las mismas, le
tengo que responder que no ha existido en este terreno congelación de
plantillas. Voy a dar una respuesta concreta que ampliaré con más detalle
cuando conteste al representante del Grupo Socialista, porque ha incidido
en la actuación de la Inspección de Trabajo.

Con respecto a las plantillas, teniendo en cuenta los datos de diciembre
de 1996 a diciembre de 1997, con algunas previsiones para 1998 que ahora
adelantaré, le diré que el número de inspectores habrá crecido de 612, en
diciembre de 1996, a 642, en diciembre de 1997, en cuanto se incorporen
20 nuevos inspectores, cuya incorporación se está efectuando
prácticamente en estas fechas. En cuanto a controladores laborales, han
pasado de 798 a 814. Está prevista una nueva promoción de 20 nuevos
inspectores, que empezarán en breve las prácticas y que tomaron posesión
de sus puestos en abril de 1998, que habrá que sumar a los 642 a los que
he hecho referencia anteriormente. Se ha producido, en consecuencia, un
crecimiento en las plantillas de los cuerpos, tanto de inspectores como
de controladores. También está previsto que siga efectuándose el
incremento, dentro de la oferta pública de empleo, de cara al próximo
ejercicio de 1998.

En el servicio de Inspección se inició en el ejercicio anterior, y
continuará en 1998 porque en un solo ejercicio lógicamente no se puede
resolver, la informatización de todas las unidades de Inspección de las
provincias. Se ha concluido todo un cableado en las distintas
inspecciones provinciales, se las ha dotado de nuevos equipos y, sobre
todo, se han incorporado todas a la red local informática del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, con 610 puntos de conexión. Al mismo
tiempo, entre septiembre de 1996 y abril de 1997, se ha ultimado el
acceso de la Inspección al banco de datos de la Tesorería General de la
Seguridad Social que, como saben ustedes, tiene una gran trascendencia a
efectos de la actuación de la propia Inspección de Trabajo. Se ha
iniciado también la conexión informática de los servicios ordinarios de
la Inspección con la unidades especializadas de Inspección de la
Tesorería en



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esas trece provincias, a lo largo de 1997. Hay otro diseño para seguir
ampliando esta cobertura informática porque es de una gran trascendencia
para la mejora de la gestión de la Inspección.

Sobre la campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales,
como sabe S. S., precisamente se va a efectuar, si mal no recuerdo, a
partir de noviembre de 1997, con cargo al presupuesto del mismo año y, en
gran medida, se está desarrollando también en coordinación con los
propios interlocutores sociales. De tal manera que el diseño de la
campaña va a ser global y va a participar el Ministerio y los
interlocutores sociales. Se sumará posteriormente, tras el último acuerdo
firmado con la asociación de mutuas, la Asociación de mutuas de
accidentes de trabajo.

Me pregunta S. S. por qué disminuye el presupuesto del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La disminución que se opera se
debe, sobre todo, a transferencias efectuadas a las comunidades
autónomas. Se están concluyendo algunos de estos procesos de
transferencias y, lógicamente, eso repercute en los capítulos
presupuestarios.

En cuanto al presupuesto de Fogasa, ya saben ustedes que no podemos
hablar realmente de congelación porque, en gran medida, su mayor o menor
necesidad presupuestaria depende de como vaya el funcionamiento de los
distintos expedientes de regulación de empleo.

Su presupuesto va, cada vez más, equilibrando su actuación porque, aunque
tenía un retraso de ejercicios anteriores, en base a esos suplementos de
créditos, como el último aprobado recientemente, se está aproximando a
las necesidades reales de cada ejercicio anual. El desfase ha disminuido
en este último año.

A continuación, pregunta S. S. por la jornada de reducción, el reparto
del empleo --quizá se salen del marco presupuestario-- y la cumbre del
empleo. En cuanto a la cumbre del empleo, como después viene el
secretario general de Empleo, quizá le pueda contestar con mayor detalle.

Respecto al reparto de empleo y la jornada de reducción, ya saben ustedes
que en nuestro país, en el famoso acuerdo sobre estabilidad en el empleo
y, sobre todo, en el de negociación colectiva, que es un acuerdo
bipartito, los interlocutores sociales asumieron llegar a una serie de
acuerdos sobre cómo reordenar el tiempo de trabajo y en qué medida,
analizando sector por sector y empresa por empresa, puede influir ello en
la reducción de la jornada de trabajo. Sabe S. S. perfectamente que la
política del Gobierno es la de considerar que la estabilidad en el empleo
no está reñida con la flexibilidad en la organización interna del
trabajo. No se trata de flexibilidad externa sino interna, y solamente se
puede reorganizar internamente el trabajo si se hace mediante la vía del
diálogo social entre los interlocutores sociales. Las leyes y las normas
solamente pueden generar las condiciones que los propios interlocutores
sociales soliciten. La política en ese tema es la de mantener estabilidad
en el empleo y, lógicamente, flexibilidad en la organización interna del
trabajo, porque no son contradictorios, sino complementarios. Al menos,
los nuevos sistemas productivos y las nuevas formas de organizar el
trabajo van en esa línea. Nuestro país y los propios interlocutores
sociales a nivel europeo así lo patrocinan y los interlocutores sociales
en nuestro país, en ese último acuerdo, mantienen esa posición. Estamos
seguros de que esa política de diálogo social entre ambos dará los
resultados apetecidos para lograr estos objetivos.

El portavoz del Grupo Socialista, señor Arnau, me hace unas preguntas muy
concretas sobre el cumplimiento de la cooperación en el exterior.

Pregunta exactamente por el número de becas y el número de cooperantes
--en estos momentos no se los puedo facilitar, pero en 48 horas se los
haré llegar-- del ejercicio pasado, y las cifras previstas para 1998. Le
quiero decir que se han intensificado --es un tema que S. S. conoce
perfectamente-- nuestras relaciones con la OIT con el fin de potenciar al
máximo todos los proyectos de cooperación, no solamente en una zona tan
querida por nosotros como es Iberoamérica, sino también en el Magreb. Son
las dos prioridades que rigen todas las acciones de cooperación y los
sucesivos convenios, proyectos técnicos y demás.

En relación con el programa 311.A, ya sabe S. S. que históricamente hay
planteado un problema en relación con el mantenimiento y las inversiones
en el patrimonio sindical acumulado. Ojalá se pudiera disponer de un gran
presupuesto para conseguir el mantenimiento de todo ese patrimonio
sindical acumulado. Desgraciadamente, la Ley 6/1986 contempla que el
mantenimiento de ese patrimonio derive, en la medida de lo posible, de su
administración, para lo cual necesitamos de una agilidad que la ley no
nos proporciona para poder enajenar, permutar bienes y, como
consecuencia, generar los créditos suficientes para su mantenimiento.

Sabe S. S. que en la ley de acompañamiento del año pasado se modificó esa
ley para dar agilidad al propio Ministerio, de manera que los créditos
derivados de las enajenaciones que se efectúen del patrimonio sindical
puedan generar crédito en el propio Ministerio con toda rapidez. Eso se
aprobó en la ley de acompañamiento. Por otro lado, hay otro tema que
lógicamente no figura desde un punto de vista normativo, que es cómo
agilizar al máximo --eso lo conoce la Comisión consultiva del patrimonio
sindical-- las enajenaciones y permutas de este patrimonio que nos
permita la financiación y la generación de los créditos correspondientes
para el mantenimiento del patrimonio sindical acumulado. Se ha llegado a
un acuerdo con una de las empresas de patrimonio del Estado especializada
en esa materia, que es la misma que está interviniendo en enajenaciones
de patrimonio de la Seguridad Social, con el fin de poder cumplir este
objetivo. En cuanto a los datos concretos sobre previsiones
presupuestarias de los edificios del patrimonio sindical acumulado a que
ha hecho referencia S. S., a veces, son obras que se están realizando con
carácter plurianual, alguna de ellas --no sé si se refería a Murcia-- se
inició precisamente en el ejercicio pasado, tiene su reflejo
presupuestario en este ejercicio y lo tendrá también en los ejercicios
siguientes ya que muchas de estas reparaciones afectan a varios
ejercicios. Le facilitaré los datos con mucho gusto por escrito en el
plazo antes citado.

Volviendo a la Inspección de Trabajo, recuerdo muy bien que en el
capítulo 2 el año pasado --que fue un año de



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muchísima austeridad en todos los departamentos y que, lógicamente,
también afectó al nuestro, pero que venía siéndolo ya en años anteriores,
porque si ve una serie histórica habrá observado que en los cinco últimos
años el capítulo 2 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tuvo
siempre decrementos, es decir, cifras negativas, porcentualmente
hablando, de menos 2, menos 3, menos 1, etcétera, el año pasado, digo,
fue mucho más elevado y afectó al concepto presupuestario de dietas y
gastos e indemnizaciones por razones de servicio. Tal como indicamos el
pasado año, la partida correspondiente a las dietas de la Inspección de
Trabajo fue incrementada posteriormente en una cuantía superior a 200
millones de pesetas. En la medida en que sea viable, también en este
próximo ejercicio, como mínimo, será incrementada bien por un expediente
de modificación de créditos o a través de una enmienda de carácter
técnico.

¿En qué medida puede afectar a las tareas de la Inspección de Trabajo?
Puede afectar, pero no ha ocurrido así en 1997, porque, al mejorar la
gestión del servicio mediante lo que podríamos llamar un nuevo modelo de
gestión, mediante las modificaciones en los incrementos de productividad,
que esperemos mejoren bastante para el ejercicio de 1998, y, sobre todo,
mediante la mejora técnica en los medios materiales de la Inspección, los
resultados obtenidos en el último ejercicio, o al menos en un período
homogéneo entre enero y septiembre de 1996 y enero y septiembre de 1997,
que son los últimos datos que tenemos, son que en prevención de riesgos
laborales el importe de sanciones ha crecido el 117,5 por ciento, que el
número de infracciones en acta se ha incrementado en el 73,8 por ciento
y que el número de trabajadores afectados por acta se ha incrementado en
el 105,5 por ciento; incluso las paralizaciones en el trabajo se han
incrementado en un 52,3 por ciento.

En materia de Seguridad Social, los resultados han sido de esta índole,
en algunos casos superiores, incluso contando con esas 13 unidades
especializadas, a las que ahora me referiré, de la Tesorería General de
la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo. Concretamente, en el
importe de liquidaciones ordinarias en Seguridad Social el incremento ha
sido del 57,3 por ciento; el total de liquidaciones, contando las
ordinarias y las liquidaciones por desviación de responsabilidad, del
92,5 por ciento; el número de trabajadores que se han visto afectados por
estas liquidaciones se ha incrementado en un 535,5 por ciento. Como verá
S. S., son resultados tangibles de la Inspección de Trabajo en 1997 que
reflejan que la actuación de la Inspección no ha sufrido merma en
absoluto, sino todo lo contrario en un área tan delicada como la
prevención de riesgos laborales que, como indica la propia Ley de
prevención de riesgos laborales que aprobó este Parlamento, depende de un
conjunto de actuaciones en las cuales todos debemos acertar al máximo en
la coordinación para evitar los riesgos laborales.

En relación con las unidades de la Inspección de la Tesorería General de
la Seguridad Social, conoce muy bien S. S. por la nueva ley de ordenación
de la Inspección de Trabajo, que se aprobará en esta Cámara en breve
plazo cuando vuelva del Senado, que el diseño que se ha operado no es el
suprimir las unidades especializadas, pero sí modificar lo que podríamos
llamar la dependencia orgánica de esas unidades especializadas de la
Tesorería. La razón fundamental es que el diseño global del nuevo modelo
de Inspección reflejado en esa ley es un modelo complejo que trata de
equilibrar las competencias autonómicas con las competencias de la
Administración general del Estado. En ese equilibrio de competencias
administración autonómica/Administración general del Estado, donde hay
que tener en cuenta las normas de la OIT sobre la autoridad central de la
Inspección de Trabajo, es donde se ha modificado el funcionamiento de
esas unidades especializadas, que afecta a determinadas características
como la dependencia orgánica de la Tesorería General de la Seguridad
Social de esas unidades especializadas. Pero entendemos --y así lo han
entendido también la Tesorería y la Inspección de Trabajo-- que no va en
detrimento de los objetivos que se persiguen con esas unidades
especializadas.

Por último, me ha preguntado por el presupuesto del Fogasa. Me hace unas
preguntas concretas, que tendré que facilitarle por escrito. No se puede
hablar de reducción del presupuesto del Fogasa por la misma razón que
aduje anteriormente, porque viene equilibrándose el desfase en que los
últimos años se había producido en este organismo para atender sus
necesidades. Cuando le dé los datos concretos del año 1996, comparado con
1997, comprobará S. S. cómo no se ha producido una disminución en el
presupuesto del Fogasa, contando con el último expediente de modificación
de créditos, suplemento que se ha aprobado recientemente en el Consejo de
Ministros.

El representante del Partido Popular solicita datos sobre el incremento
en políticas activas, desempleo, lucha contra el fraude y políticas de
solidaridad social. Las políticas activas, por la razón que anteriormente
expuse, son las que sufren un mayor incremento, porque se considera que,
en la medida de lo posible, deben incrementarse con el fin de insertar al
desempleado en lo que podríamos llamar mercado del empleo, bien por vía
de formación, bien por vía de fomento de las políticas de empleo y, sobre
todo, mediante el crecimiento de la estabilidad en el empleo y tratando
de luchar en contra del empleo temporal. Los aspectos más importantes
radican en que las políticas activas de empleo se han incrementado, si
eliminamos gastos de funcionamiento, en el 33,6 por ciento, capítulo 4
sólo, y con gastos de funcionamiento, crecen el 28,4 por ciento con
respecto al ejercicio anterior. Desde ese punto de vista, el incremento
es enorme. Si a su vez las desagregamos y hablamos de la política de
fomento y gestión del empleo --ya sabe que hay dos políticas activas
básicas, la de fomento y gestión del empleo y la de formación
profesional--, el incremento ha sido del 35,1 por ciento, en cifras
absolutas aumenta en más de 60.969 millones, es decir, pasa de 173.000,
en números redondos, a 234.000 millones en 1998. Tenía 173.000 en 1997 y
pasa a 234.577 en 1998.

La política de formación profesional, como saben, es una de las políticas
activas de empleo de mayor trascendencia, sobre todo a la vista de los
nuevos criterios en la transformación de las nuevas formas de
organización del trabajo; pues bien, las políticas de formación
profesional



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se incrementan en un porcentaje relativo del 28,4 por cien, pasando de
148.900 millones a 191.284 millones.

En relación con el desempleo, se produce un descenso en el número de
desempleados gracias lógicamente al crecimiento del empleo. Ya sabemos
que en el ejercicio de 1997 está previsto un crecimiento en torno a
350.000 empleos. Concretamente la última cifra conocida, que ustedes
saben perfectamente por la EPA, es la del segundo trimestre y el
crecimiento interanual ha sido exactamente de 364.000 empleos. Está
previsto para el año 1998 un crecimiento en torno a 320.000 empleos. Las
previsiones de crecimiento del empleo para 1998 posiblemente parezcan un
poco cortas en relación con el crecimiento del PIB. Si con un crecimiento
previsto del 3,2 para 1997 se produce un incremento de 340.000 ó 350.000,
¿por qué con un crecimiento previsto del 3,4 se va a producir una
disminución del empleo? En realidad se ha querido ser estricto en el
crecimiento del empleo, con el fin de no pillarse los dedos en el reflejo
presupuestario que, lógicamente, tendría en todos los sentidos, tanto en
el Inem como en la propia Seguridad Social.

La disminución en el desempleo supone 40.858 millones de pesetas respecto
al presupuesto inicial del año 1997; en realidad supone un decremento del
2,7 por cien. Pero la tasa de cobertura, que es lo importante a este
respecto, no se ve alterada desde la línea de consolidación que se inició
en 1995, que se ha mantenido en 1996 y que hasta el momento en 1997
también se mantiene. En consecuencia, no se ven afectados para nada los
derechos de los desempleados.

Desde el punto de vista de las medidas de lucha contra el fraude, se han
obtenido a lo largo de 1997 unas mejoras que, en líneas generales, se
cifran en torno a 200.000 millones. Está previsto en 1998 profundizar en
medidas análogas a las de 1997, que tan buenos resultados han venido
dando. Las medidas más significativas van a afectar a las áreas de la
incapacidad temporal, al control de las prestaciones de complementos por
mínimos, a las prestaciones no contributivas y al desempleo, y van a
afectar, por descontado, al control de la morosidad de las
administraciones públicas en materia de recaudación.

Desde el punto de vista de los incrementos en políticas de bienestar
social o de solidaridad social, dentro de las políticas sociales del
departamento referidas al área de asuntos sociales, a la que creo que se
refería concretamente, con independencia de que posteriormente la
secretaria general de Asuntos Sociales se refiere a ello con muchísimo
mayor detalle, puedo decirle que se produce un incremento en torno al
11,2 por cien, y en torno al 12,6 si se excluyen los gastos de
funcionamiento. Hay determinados colectivos cuyos incrementos son
superiores a la media, es el caso de promoción de la mujer,
discapacitados y familias desfavorecidas, que sobrepasan el 25 por
ciento; sobrepasan el 15 por ciento migraciones, infancia y familia,
concretamente emigrantes el 17,4 por ciento; el Plan concertado de
servicios sociales con corporaciones locales se incrementa en el 4,3; el
gerontológico, en el 7,1; el Plan de acción integral para personas con
discapacidad, el 25 por ciento; actuaciones concretas exclusivamente
referidas a la mujer, el 27 por ciento; en materia de juventud, el 9,3.

Es decir, como ve, los incrementos del presupuesto de 1998 con respecto
al presupuesto de 1997 están reorientados concretamente a estas políticas
de solidaridad social, como le gusta mucho decir a la secretaria general
de Asuntos Sociales.




El señor PRESIDENTE: Si algún portavoz quiere hacer uso de la palabra,
recuerden que es sólo a efectos de pedir alguna aclaración o de hacer
alguna pregunta complementaria. No estamos en una comparecencia habitual,
sino simplemente informativa.

Señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Voy a intervenir muy brevemente, porque sólo
quiero alguna aclaración muy puntual sobre determinados aspectos.

En primer lugar, se nos comenta que la cobertura del desempleo se
estabiliza, se mantiene o se consolida desde el año 1995. Los datos que
barajamos vienen a decir que hay un ligero descenso, en términos
porcentuales, de la cobertura. En cualquier caso, es verdad que es mucho
menor el descenso en estos últimos años que el que se produjo a partir de
1992-1993, cuando la cobertura se fijaba en torno al sesenta y tantos por
ciento, incluso el 68 por ciento. En cualquier caso, debe reconocer con
nosotros, señor subsecretario, que todo depende desde qué año se comparen
las cifras. Por tanto, seguimos manteniendo esta preocupación sobre el
desequilibrio presupuestario en este parámetro de la cobertura de
desempleo, en la medida en que no se remonta hacia unos términos más
razonables de una mayor cobertura. En cualquier caso, nos gustaría
contrastar las cifras exactas, para ver si efectivamente las que nosotros
barajamos no son las adecuadas, y le solicitamos, por tanto, los datos
concretos de la cobertura de desempleo desde estos últimos años, mes a
mes, la cobertura bruta y neta.

Por otro lado, se nos ha dado la cifra de 642 inspectores de Trabajo,
pero nos gustaría saber si esa cifra excluye a aquellos que están
destinados en otras funciones de distinto ámbito del de la inspección
propiamente dicha y cuántos de estos inspectores de Trabajo están
destinados a otras tareas, sin duda alguna legítimamente, pero que en
todo caso disminuyen los recursos humanos de la labor inspectora.

Finalmente, se nos aclara que la campaña de sensibilización de seguridad
y salud laboral en las empresas va a hacer con cargo al presupuesto de
1997. Sin embargo, no está previsto que esa campaña se mantenga a lo
largo de 1998. Queremos conocer las cifras que se barajan para la campaña
de 1997 y en cualquier caso si se va a mantener en el ejercicio de 1998.




El señor PRESIDENTE: Señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Telegráficamente. Señor subsecretario, en
relación con el programa de cooperación exterior, le agradecería que me
facilitara por escrito no sólo el número de becas y de cooperantes, sino
también las razones de los cambios en los indicadores a los cuales



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usted no se ha referido en su intervención. Me da la impresión de que han
ajustado la cifra a lo realizado en 1996, pero es sólo mi impresión. Lo
que quiero saber son las razones que tiene el Ministerio de Trabajo para
justificar el referido cambio.

En relación con el patrimonio sindical acumulado, he hecho dos preguntas
muy concretas, a las cuales rogaría contestara también por escrito, sobre
el nuevo edificio y el acondicionamiento de los quince edificios. ¿Cuál
es ese nuevo edificio? Yo no lo conozco, señor subsecretario.

En relación con la Inspección de Trabajo, dice usted, en contestación al
representante de Izquierda Unida, que no ha habido una congelación de
plantillas; es decir, da la sensación de que lo que se presupuesta son
más funcionarios y menos indemnizaciones por razón de servicio. Se pide
más eficiencia y se dan menos recursos. Ha dicho usted que en este
ejercicio la partida de indemnizaciones por razón del servicio, dietas y
gastos de locomoción, se incrementó en 200 millones. Si estamos de
acuerdo, ¿por qué no presupuestan ya para el año próximo esos 200
millones? Llegaríamos a la cifra de los 800 millones, que eran los
presupuestados en ejercicios anteriores. No obstante, le agradecería me
proporcionara la serie histórica a la que tanto usted como yo nos hemos
referido.

Señor subsecretario, los resultados en la Inspección de Trabajo son
buenos, pero eso se relaciona más con la eficacia, la responsabilidad y
la dedicación de unos funcionarios que son los medios escasos que las
autoridades del Ministerio les proporcionan. No tienen nada que ver una
cosa con la otra.

En cuanto a la supresión de la unidad dependiente de la Tesorería, usted
lo ha relacionado con el nuevo equilibrio entre el Ministerio y las
comunidades autónomas. No veo esa relación; estaba funcionando
perfectamente, según ha dicho el señor ministro en esta Comisión, y no
conozco las razones por las cuales se va a suprimir esa unidad
dependiente de la Tesorería.

En cuanto al Fondo de Garantía Salarial, le agradezco que me facilite los
datos por escrito. Ha dicho usted que la evolución del presupuesto del
Fogasa depende de la marcha de los expedientes, pero la entrada de nuevos
expedientes, según una nota que tengo aquí del Consejo de Ministros, en
los seis primeros meses del año 1997 disminuyó en un 13,04 por ciento de
media. Lo que no se explica es cómo se pide después un suplemento de
crédito. ¿No será que hay una reducción de ingresos vía recuperación de
bienes? Quisiera una contestación a esto.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra): En
relación con las nuevas aclaraciones del representante de Izquierda
Unida, nuestros datos sobre tasa de cobertura de desempleo, son los datos
que se publican con las series en el Boletín de estadísticas laborales,
entre otros. Por descontado, le facilitaremos esos datos, esas series
históricas. Coincido con usted en que el descenso se produjo entre los
años 1992 y 1995, como consecuencia de las modificaciones normativas que
se operaron en el régimen del desempleo. Una vez concluido el proceso de
aplicación de esas modificaciones normativas, a partir de 1995, se han
estabilizado. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de derechos sigue siendo
el vigente de acuerdo con las normativas actuales. En consecuencia, no
tiene nada de extraño que en gran medida se hayan estabilizado, al menos
mientras siga existiendo desempleo, como es lógico, pero le facilitaré
esos datos.

Sobre las cantidades previstas para la campaña de prevención de riesgos
laborales de cara a 1998, se lo enviaré por escrito porque desconozco en
estos momentos cuáles son las cuantía previstas para poder mantener esas
campañas de sensibilización. Me imagino que habrá que evaluar la campaña
que se va a operar entre los meses de noviembre y diciembre
fundamentalmente y, a la vista de ello, se verá, desde el punto de vista
técnico, cómo deben continuar esas campañas de sensibilización.

En cuanto al representante del PSOE, dentro de la respuesta por escrito
irán incluidas las modificaciones de los indicadores a los que hacía
referencia basándose, sobre todo, en el cambio de indicadores de ese
programa de cooperación en el desarrollo.

En cuanto al patrimonio sindical acumulado, le indicaré exactamente,
porque además en el programa de inversiones figura así, tanto los quince
edificios como los nuevos. Le he preguntado si se refería al de Murcia,
que es el último que ha sido presupuestado como programa plurianual. De
todas maneras, se lo detallaré, pues como sabe todos los acuerdos en esta
materia se adoptan en la Comisión Consultiva del Patrimonio Sindical
Acumulado, la competencia en estas cuestiones pasa por dicha Comisión en
la que están presentes todos los interlocutores sociales, aparte de las
administraciones afectadas. También le facilitaré esa serie histórica
sobre la cuantificación de los gastos de dietas a los que hacía
referencia.

Por último, no le puedo decir que existe una supresión de la unidad de
Tesorería. No se han suprimido las unidades de Tesorería, lo que pasa es
que se ha modificado el régimen de dependencia orgánica que tenían con la
Tesorería General de la Seguridad Social. Esa es la única modificación
que ha existido. ¿Por qué razón? Por la misma que en ese modelo global de
Inspección de Trabajo de lo que se trata es de compatibilizar las
competencias autonómicas con la competencia de la Administración general
del Estado. Dentro de ello caben unidades especializadas, tanto a nivel
autonómico como de la propia Administración general del Estado. Entonces,
se puede cubrir perfectamente el objetivo, los fines que se persiguen con
esas unidades especializadas, sin necesidad de que siga existiendo esa
dependencia orgánica, porque daría la sensación de que se pretende
fraccionar la Inspección de Trabajo que como sistema unitario quiere
conservar el nuevo modelo de la Ley de Inspección de Trabajo. En ese
sentido aparece mucho más coherente cumplir los objetivos de la unidad
especializada sin tener que llegar a una especie de fraccionamiento de la
misma a través de una dependencia orgánica de otra entidad distinta que
la propia Inspección de Trabajo.




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Era mucho más conveniente y ésa es la razón por la cual se han hecho esas
modificaciones.

El dato concreto que me ha solicitado sobre Fogasa también se lo
facilitaré por escrito, porque no puedo hacerlo en estos momentos.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señor presidente, tomo la palabra solamente
para reclamar una de las explicaciones que no se me ha facilitado; es
sobre el número de inspectores que no están destinados a las tareas
propias de la Inspección.




El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra): Le
detallaré concretamente si de las cifras que le he dado hay alguno que no
esté en estos momentos en ejercicio activo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor subsecretario. Concluye así su
comparecencia.

Antes de pasar a la próxima comparecencia, debo informarles de que ha
habido alguna modificación en el orden de comparecencias e igualmente hay
que dar de baja una de las solicitudes. Esto no debe animar a prologar
las intervenciones de SS. SS., se trata simplemente de que sepan que
quedan tres comparecencias porque hemos recibido del Grupo Mixto la
retirada de la solicitud de comparecencia del director general del
Instituto Nacional de Empleo.

En consecuencia, comparecerá en primer lugar la directora general del
Instituto de la Mujer, después el secretario general de Empleo y,
finalmente, la secretaria general de Asuntos Sociales.




--DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER (DANCAUSA
TREVIÑO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente
212/000914) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA (Número de expediente 212/001012).




El señor PRESIDENTE: Comparecencia de la directora general del Instituto
de la Mujer, doña Concepción Dancausa, a solicitud del Grupo Mixto, Nueva
Izquierda, y del Grupo de Izquierda Unida.

En nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Aramburu.




La señora ARAMBURU DEL RIO: Doña Concepción, es un placer verla en esta
Cámara aunque no haya motivo de celebración, ya que los presupuestos para
las políticas en clave mujer son claramente deficitarios, insuficientes
y evidencian cómo este colectivo no es una prioridad para el gabinete
Aznar. En este sentido podemos decir que son unos presupuestos claramente
masculinos --insisto, masculinos--, donde el principio de solidaridad
está sacralizado bajo el sesgo casi excluyente de la caridad y no bajo
una filosofía activa de integración en la diversidad.

En este sentido quería plantearle algunas cuestiones, y paso a ello. El
primer interrogante serían las actuaciones que se desprenden del objetivo
marcado. Yo entiendo que no se concretan en ningún caso y, en contra de
lo que venía sucediendo en años anteriores, no son objetivos reseñados en
el tercer Plan de igualdad de oportunidades, sino que amplía criterios de
éste, repito, sin definir ninguna acción.

Por otra parte, yo quería preguntarle si hay presupuesto para la
ejecución del PIOM, pues en estos presupuestos no aparece ninguna
partida, suficiente al menos, que yo haya detectado.

En segunda instancia, yo entiendo que no podamos evaluar --al menos no
con rigor-- el cumplimiento de los presupuestos para 1997, ni siquiera en
estimación, pues al menos por la lectura que yo he hecho de ellos he
visto que se han variado los criterios de magnitud en muchos indicadores,
además de variar los propios indicadores, no se conoce ni el presupuesto
para 1998 ni el número de proyectos de 1997. En fin, yo entiendo que no
hay una cuantificación económica de ningún objetivo y sería del máximo
interés que usted nos lo explicara.

Entiendo, además, que en 1997 se nos comunicó el traslado del centro de
documentación del Instituto ubicado en la calle Caracas al centro de
documentación general del Ministerio en la calle Huertas, y quiero
preguntarle, doña Concepción, qué ha sucedido, por qué se incrementa en
más de dos millones el apartado arrendamientos y cánones, y si piensa
usted en el alquiler de más espacio para el Instituto de la Mujer o en
sus centros derivados.

También quiero decirle que en 1997 nos preocupaba la definición del
capítulo 4, el concepto 7, de transferencias a empresas privadas. En esta
ocasión vemos que se ha ampliado a la definición de: fomento a la
creación de empresas por mujeres y autoempleo femenino. ¿Esto quiere
decir que se subvencionarán directamente, que se les asesorará de manera
gratuita, o se les ofrecerá otro tipo de servicios de carácter gratuito?
¿Qué significa ayudas a la edición? Es un concepto absolutamente novedoso
que dificulta tremendamente la comprensión.

Cuando se presente el desglose del gasto de 1997 me gustaría conocer las
experiencias de los programas piloto experimentales para los que se
habían presupuestado 50 millones. En los presupuestos para 1998 se
introduce el concepto de programas innovadores en formación,
presupuestado con 9 millones; quisiera que nos adelantara a qué se
refiere ese gasto.

No tenemos conocimiento de que se hayan hecho públicas las subvenciones,
lo cual es tremendamente preocupante, a entidades para actividades a
celebrar este año. Según nos han informado, fundamentalmente las
organizaciones de los movimientos de mujeres, el reparto de los 321
millones se informará individualmente, con lo que tiene de opacidad el
tema, y yo le planteo por qué no se publica en el BOE para conocimiento
público. Creo que sería exigible una información detallada de entidades,
programas y adjudicación presupuestaria acordada por el Instituto.




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También le pido, si es posible, que desglose los conceptos y presupuestos
adjudicados o por adjudicar en los presupuestos generales de 1998 a
entidades y personas físicas, cuál es el objetivo y los contenidos que se
barajan en el convenio de la FEMP y también, si es posible, que nos
explique cómo se concretan las inversiones del capítulo 6 en los
artículos 2 y 3 durante el año 1997 y la razón de la ampliación en tiempo
para su finalización.

Yo, sinceramente, doña Concepción, no he detectado ni una peseta de forma
detallada para financiación de actividades propias del Instituto, para
promoción de la mujer, de la igualdad de oportunidades, de edición de
documentos, de libros, de folletos, de estudios proyectados, jornadas,
seminarios, y también sería del máximo interés para esta Cámara y para mi
grupo en concreto saberlo.

He seguido por El Mundo las declaraciones de doña Amalia en las que
informaba del incremento, que espero que luego desglose suficientemente,
del 11,2 por ciento en políticas de solidaridad, calculado en 5.300
millones más que el año pasado (es decir, calderilla, desde luego), y el
del Instituto de la Mujer, que subía un 20,15 por ciento, y planteaba que
en los objetivos que ustedes iban a esbozar priorizaban el fomento del
empleo en el marco de las mujeres rurales, la prevención de malos tratos
y el apoyo a las víctimas. Yo creo que, aun siendo temas tremendamente
excepcionales, doña Concepción, están ustedes instalándose desde el punto
de vista de la traducción presupuestaria en líneas de actuación
fundamentalmente asistenciales. Por tanto, yo entiendo que no está
actuando como un instrumento corrector de la doble condición de
discriminadas que tenemos las mujeres en el conjunto de la sociedad sin
excepciones.

Igualmente, pierde peso el carácter transversal de la variable mujer al
aparecer el tema mujer sólo en el Instituto y en política social y no
tener soporte presupuestario las políticas de igualdad en otras
secciones; por ejemplo, la sección 18, con la que trabajábamos en la
tarde de ayer.

Creo que en el programa de referencia, en el 323.B, programa por
excelencia, aparecen los conceptos desarrollo y participación ligados a
lo público, obviando de una manera muy irresponsable todo lo que es la
esfera de lo privado, entendiendo --y usted lo compartirá-- que es un
factor determinante de los comportamientos sexistas en lo social. Por
tanto, me gustaría saber cuáles son las razones para trabajar desde el
punto de vista presupuestario sólo en una de las variables, poniendo el
acento sólo en la variable género frente a todo el trazado de
trabajadoras, reproductoras y productoras. ¿Por qué ese sesgo de
instalarse sólo en la variable de género?
Por hacer justicia con los presupuestos y reconociendo que son unos
presupuestos restrictivos y encorsetados en los dictámenes de Maastricht,
tengo que decir que rezuman una gran dosis de voluntarismo, posiblemente
por el perfil de la secretaria general, pero para ser honestos también
habría que plantear que se detecta una falta real de iniciativa política
y de iniciativa social para ayudar a paliar el conflicto de que lo que
obviamente usted comparte también es la mitad de la sociedad. Por tanto,
denuncio que el Gobierno Aznar sólo le dedica a la mitad de la población
de forma específica el 0,00 por ciento.

En consecuencia, termino planteándole por qué razón, doña Concepción, no
interviene el Instituto, no se moja, no actúa como lobby y no obliga a
presupuestar tanto en el Instituto como en los otros departamentos
ministeriales los siguientes puntos que paso a enumerarle: en primer
lugar, un reconocimiento contable en las cuentas satélites del PIB del
trabajo no remunerado en el ámbito doméstico, valorando lo que es la
aportación real de las mujeres a la sociedad.

En segunda instancia, ¿por qué no se plantea de forma decidida reducir la
jornada laboral y flexibilizar los horarios comerciales, administrativos
y escolares para coincidir en un ocio común?
En tercer lugar, ¿por qué no se aplica definitivamente el principio de
igual retribución para trabajos de igual valor? ¿Por qué no se contempla
la figura de inspección de la igualdad dirigida a garantizar las
igualdades en el mundo laboral? ¿Por qué no hay una cobertura sanitaria
presupuestada en su apartado de forma transversal y en clave pública en
materia de interrupción del embarazo, planificación familiar, asistencia
preventiva y salud integral de la mujer? ¿Por qué no potencian ustedes,
también con soporte presupuestario y de forma legal, el observatorio de
la publicidad sexista discriminatoria y la participación de las
asociaciones de mujeres en el mismo? ¿Por qué no han actuado como lobby
en la sección 18 y antes, por ejemplo, para la ampliación de las escuelas
infantiles de cero a tres años? ¿Por qué no se incluyen en la ESO las
materias relacionadas con la salud, la educación sexual, la prevención de
la violencia de género, fomento de la autoestima y la convivencia en
igualdad? ¿Por qué no se han abordado los programas de formación al
profesorado acordes con las políticas de igualdad de oportunidades, la
educación para adultos para devolver a las mujeres su capacidad de
obtener conocimientos que les han sido negados en el pasado? ¿Por qué,
definitivamente, no lideran ustedes la aplicación de la carta de igualdad
de oportunidades de las mujeres en el medio rural? Hoy hubiera sido todo
un éxito, en el día internacional de la mujer rural. ¿Por qué no
abanderan el reconocimiento de los derechos y prestaciones económicas de
las mujeres rurales pasándolas del régimen especial agrario al general?
¿Y el incremento de las pensiones de viudedad? ¿Por qué no se acaba de
desarrollar, con todas sus consecuencias, el fondo que garantice el pago
de las pensiones compensatorias y de los alimentos fijado en cualquier
resolución judicial? ¿Y la creación de una fiscalía contra las agresiones
sexuales?
En definitiva, ¿por qué no han liderado ustedes algo que es esencial y
clave para que su proyecto sea creíble, como es la creación del Consejo
Estatal de la Mujer? Yo entiendo, y termino, que ésta sería la apuesta
política con soporte presupuestario que daría credibilidad a este
Instituto, a un programa serio, riguroso y alternativo para las mujeres,
para la creación de una sociedad más justa y más igualitaria.




El señor PRESIDENTE: Aunque se ha retrasado algunos segundos, vamos a
darle la palabra a la representante del Grupo Mixto por Nueva Izquierda,
doña Cristina Almeida.




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La señora ALMEIDA CASTRO: Señor presidente, yo estaba tan tranquila en mi
despacho cuando me he enterado de que, en vez de la secretaria de Asuntos
Sociales, quien estaba era la directora del Instituto, así que he venido
corriendo. Por tanto, la tardanza ha sido por un cambio en las
comparecencias.

Coincido en bastantes cosas con mi compañera María Jesús Aramburu. El
Instituto de la Mujer es una especie de isla que, en principio, está
llamada a grandes fines, que es intentar que todos los ministerios hagan
cosas por las mujeres, pero nunca sabemos dónde se hacen. Usted hace un
plan y no dice qué ministerios están implicados, luego vienen los
presupuestos y nadie en su ministerio dice qué es lo que le toca hacer
del plan, y debería usted indicárnoslo para orientarnos y saber dónde
estamos. Ni con la memoria de los presupuestos hemos podido saber cuáles
son los ritmos que va a tener el Plan de igualdad, con las críticas que
tuviera, porque ya sabemos que no se concretaba; qué ritmo va a tener
para 1998, qué ministerios están implicados, qué cantidades van a ir, qué
se va a hacer, en definitiva, desde el punto de vista de la evaluación
económica con todos los proyectos. Nada de esto se dice en la memoria de
los presupuestos ni en ninguno de sus departamentos.

También tendríamos que saber qué ha pasado en 1996, en el presupuesto
correspondiente del año 1996-1997, para conocer el grado de ejecución de
las medidas que se han tomado, las que estaban previstas para este año,
si se han realizado o no, si han dado un resultado satisfactorio, si han
podido ser financiadas y ha habido gastos, porque de esta forma podríamos
ayudarla a intentar lograr subsanar las deficiencias presionando sobre
los presupuestos a través de enmiendas, pero es que no hemos tenido
ninguna información de ese tipo y nos vemos un poco imposibilitadas para
hacerlo.

Hay algo en los presupuestos que nos presenta que tampoco nos gusta. Dice
que no se disminuyen las ofertas de asociaciones, pero sí se han
disminuido las subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, a lo
que es el asociacionismo. Hay una merma considerable. Sin embargo, hay
transferencias --también lo decía María Jesús-- para realizar actividades
que fomenten la no discriminación de las mujeres y su participación en la
sociedad. La verdad es que es la primera vez que se asignan 321 millones
de pesetas y no sabemos qué publicidad le dan a esto, cómo se otorga.

Dicen que va a haber información individual a cada asociación, pero lo
cierto es que no se dice cómo se va a formalizar esto, dando lugar a
muchas sospechas. Las subvenciones hoy en día tienen que ser muy claras,
nítidas, porque, si no, son clientelismo y nosotros no queremos
asociaciones clientelares para ningún Gobierno, queremos asociaciones que
contribuyan a la capacidad de igualdad de la mujer. Creo que eso no se
explica en la presentación del presupuesto y la verdad es que no hemos
tenido suficientes datos.

Tampoco tenemos datos sobre los programas-piloto experimentales. A las
mujeres nos gustaría mucho estar siempre en esta experimentalidad, pero
sabiendo de qué experimento se trata, porque es bastante fundamental
saber si el experimento es para ir hacia atrás o hacia delante. Nos
gustaría saber algo más concreto sobre estos temas.

Las inversiones reales que están previstas, ¿a qué van determinadas?,
porque tampoco lo sabemos. Antes decía que van a cambiar todos los
centros de sitio, pues yo no es que le tenga mucho amor a los sitios,
pero me gusta más que sean céntricos y no que estén en la periferia. El
Instituto de la Mujer se ha llevado a las calles Condesa de Benadito y
Huertas para ahorrar alquileres y resulta que luego viene el aumento de
los alquileres.

Las cantidades que hay de aumento en el presupuesto también nos parecen
burocráticas, no están hechas con imaginación ni son de futuro. Nos dice,
por ejemplo, que hay un aumento de un 61 por ciento en el capítulo 1.

Parece que nos van a aumentar mucho, pero resulta que ese 61 por ciento
va a las cuotas de la Seguridad Social. Parece, como si el año anterior
no se hubieran pagado y ahora vayan a pagarse todas de una vez. Si no hay
aumento de personal y hay aumento de cuota, o antes estábamos en la
ilegalidad o no sé qué es lo que se va a pagar. El caso es que el aspecto
burocrático desvirtúa el presupuesto, no decimos que no lo tenga que
poner si hay que pagarlo, pero no es dinero para iniciativas en torno a
la mujer.

Lo mismo decimos con respecto a otro tipo de aumento, el relacionado con
el material y suministro, que asciende a una gran cantidad. Está muy bien
que tengan material y suministro, pero si va a ser para lápices, pues
tampoco influye en la actividad de promoción de la mujer ni en la
actividad del propio Instituto. A la hora de la verdad, nos encontramos
con que realmente no sólo no hay un aumento, sino que el aumento no va a
repercutir en las actividades propias del Instituto, y en algunos casos
no va a favorecer el asociacionismo y la promoción de entidades que sí
ayuden a trabajar en el ámbito de la mujer dentro de la diversidad y
dentro de la pluralidad.

Tampoco nos dice en qué consiste, y lo hemos hablado a veces en la
Comisión, el convenio con la Federación Española de Municipios. Asimismo,
se ha hablado de los indicadores y de los objetivos que tenemos para el
año 1998, así como de los cuatro objetivos que había en 1997, que ahora
resulta que son tres y no sabemos si es que se ha cumplimentado alguno de
ellos, porque no hay una rendición de cuentas del propio Instituto,
aunque lo podemos seguir pidiendo.

Al hacer los presupuestos hay que ver para qué nos ha servido lo del
anterior, qué es lo que hemos culminado, qué es lo que damos por
cumplido, qué es lo que nos queda para este año, qué financiación va a
tener una determinada cosa. Nosotros no nos hemos encontrado con esa
explicación en los presupuestos y yo lo que creo es que los hacen los
funcionarios y copian siempre casi las mismas letras todos los años,
poniéndoles un adornito para que no se note, pero no nos dan contenido.

Hay que acostumbrarse a que la explicación de los presupuestos se haga un
poco más coordinada con lo que queremos hacer cada año y no sólo traer el
libro, hacer la foto, que nos lo leamos todos y luego encontrarte que
dentro no hay una verdadera acción política, y menos una acción política
en torno al tema de la mujer.




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Hay cosas que se tendrían que poner, cosas que nos están preocupando,
cosas de toma de conciencia de la sociedad sobre la violencia contra la
mujer, cosas sobre la actitud social; que se sepa que hemos pedido al
Ministerio de Justicia que aplique tal cosa o que haya tal posibilidad;
comisarías de asistencia, casas de acogida. Claro, que como estamos con
el Plan de igualdad de hombres y mujeres, pues en vez de casas de acogida
para mujeres maltratadas, que haya casas de acogida para hombres
maltratadores, que tampoco estaría mal que se los llevaran a ellos y que
no tuviéramos que ir siempre nosotras con los niños y encima maltratadas.

Explíquenos un poco por dónde quiere ir, por dónde va a ir.

Estamos en un momento en que todo va bien, la economía va muy bien, pero
a nosotros nos gustaría que de ese crecimiento económico viniera algo
para intentar evitar la desigualdad que tiene la sociedad, y que eso se
viera como una apuesta para el futuro. Si ahora apostamos por la mujer,
estoy segura que la bonanza económica no va a ser ahora, va a ser una
inversión para el futuro, y por eso cuando hay dinero debíamos hacer
políticas que permitieran hubiera más igualdad y más desarrollo en la
sociedad.

Creo que esto no viene y por eso la hemos hecho comparecer, para ver si
nos animaba un poquito más, nos contaba algo más y no nos veíamos sólo
con números y letras sino reflejadas ahí, ya que no nos hemos encontrado
reflejadas en otros ministerios en los que creíamos que las medidas del
plan podían tener una referencia. Cuéntenos aquí por lo menos sus penas,
si es que no le hacen caso en ningún sitio, o sus alegrías, si es que ha
logrado algo en otros departamentos. Creo que nada de eso se refleja, y
nos ha dado una sensación de números, y pequeñitos. De todos los
organismos autónomos del Ministerio de Trabajo, el más pequeñito es para
las mujeres, y somos el 51 por ciento. Yo no espero ser del 51 por ciento
a los 60 años, pero a los veintitantos lo somos y me gustaría que
tuviéramos esa repercusión en la sociedad.

Considero que tal porcentaje no se refleja en los presupuestos y por eso
le hemos pedido con interés que si no va hablar mucho en el pleno nos
cuente aquí qué hay de verdad, qué posibilidades tenemos de llevar
adelante el cumplimiento de un plan de igualdad que no se concretaba y
que menos se concreta en los presupuestos.




El señor PRESIDENTE: Para responder a los portavoces tiene la palabra la
directora general del Instituto de la Mujer, señora Dancausa.




La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER (Dancausa Treviño):
Cuando ha comenzado la señora María Jesús Aramburu a hablar del
presupuesto, pensaba que estábamos hablando de un presupuesto distinto,
que nos habíamos leído distintos presupuestos. Tengo que decir que este
presupuesto insuficiente --cualquier presupuesto es insuficiente para un
gestor-- es el presupuesto más alto que ha tenido el Instituto de la
Mujer desde que se creó en el año 1983. Este año el presupuesto crece el
20,5 por ciento, que es un incremento importante en una época de ajustes
presupuestarios, fundamentalmente el aumento va en la línea del capítulo
2, que es donde se realizan todos los convenios y todas las actividades
del instituto, y aumenta el 43,9 por ciento, es decir el presupuesto más
alto que ha tenido el Instituto de la Mujer desde el año 1983.

Creo que aquí se han mezclado muchas cosas, porque en esta comparecencia
se está pidiendo que yo conteste a cuestiones de ejecución del
presupuesto de 1997, que no tienen nada que ver con el presupuesto de
1998, y yo estaría encantada de podérselo decir. También me sorprende que
tenga desconocimiento de lo que se ha efectuado, en primer lugar, porque
creo que a través de las asociaciones e incluso de la Comisión Mixta de
las Cámaras nosotros tenemos una buena relación y una buena comunicación,
pero además porque estamos metidos desgraciadamente en el seguimiento
especial por objetivos que tiene el Ministerio de Hacienda, que lo
publica anualmente, y también publicamos una memoria anual donde se ve la
realización de todas las actividades, y cuando termine 1997 también la
tendrán ustedes. Pero, además en el tercer plan que se aprobó en el mes
de marzo, una de las cuestiones a que se ha comprometido el Gobierno --y
el instituto, por tanto-- es a hacer una evaluación anual, que nunca se
había hecho, evaluación anual en la que vamos a dar resultados de qué son
las actividades, y en qué se concretan.

La señora Aramburu también ha manifestado una serie de deseos, y yo
estaba encantada porque veía que todos respondían prácticamente al tercer
plan; muchas de las cuestiones que se han planteado, que se van a hacer
y que se están haciendo, responden al tercer plan; pero desgraciadamente,
señorías, el Instituto de la Mujer no va a poder resolver cuestiones que
aquí se plantean como para que se resuelvan de una sola vez. Pensar que
en un año se va a resolver el tema de la discriminación salarial, es
absolutamente imposible, o pensar que se va a resolver en un año el
problema de la mentalidad de hombres y mujeres en este país, también es
imposible. Es una labor callada, paciente --yo no diría callada, diría
más bien gritona--, pero a lo largo de los años. Se podrán hacer muchas
actuaciones concretas que redunden en favor de las mujeres pero hay
determinadas cuestiones que no se resuelven en uno, en dos ni en tres
años, ahora bien estamos de acuerdo en que tenemos que incidir en ellas.

Por ir a temas más concretos, que son los planteados en relación con el
presupuesto del año 1998, quería señalar en primer lugar y, respecto a
los gastos de personal, que es verdad hay un incremento de
aproximadamente 30 millones, son 29 millones y medio de pesetas. Esto se
debe a que en anteriores presupuestos no se contemplaba en este capítulo,
el de personal, la cuota social que paga la empresa por sus trabajadores,
con lo cual todos los años había que hacer, al igual que el año pasado,
una modificación de crédito para que pudiera pagarse. Nosotros
simplemente hemos puesto lo que teníamos que pagar donde tenía que estar,
que es en el capítulo 1 de personal; el resto del pequeño incremento --y
hay también una disminución-- es debido a que primero se ha contemplado
el aumento de retribución de los funcionarios, del 2,1 por ciento (se ha
disminuido en algunas cuestiones porque se ha ajustado a las



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categorías reales que tienen los funcionarios en los puestos que están
desempeñando), y se ha disminuido en la medida que se han transferido dos
centros de información, el de Galicia y el de Canarias, y al reducirse el
alquiler y el tema de personal hemos tenido que reducirlo. El incremento
en 3 millones se debe fundamentalmente a las cuotas patronales de la
Seguridad Social.

En segundo lugar, el tema del arrendamiento, que también se ha planteado.

Es cierto que nos acabamos de cambiar a otro edificio que es propiedad de
Patrimonio del Estado y, por tanto, nos vamos a ahorrar el alquiler que
supone alrededor de 100 millones de pesetas al año; sin embargo, no se ha
disminuido aquí. ¿Por qué? Porque el anterior equipo tenía firmados unos
contratos que ahora nos obligan a hacer una serie de indemnizaciones, y
no podemos disminuir el presupuesto mientras no sepamos exactamente qué
indemnización vamos a tener que pagar a los propietarios con los cuales
estamos negociando. No digo de todos los alquileres, porque no sé si
saben que el instituto tenía siete u ocho contratos de alquiler, no había
un único contrato, y cada uno con unas condiciones y plazo diferentes. El
año que viene, una vez que se haya solventado este tema de la
administración por alquiler, ese capítulo disminuirá porque nos
ahorraremos aproximadamente 100 millones de pesetas.

Entro a hablar del capítulo 2, que efectivamente se ha incrementado el
43,9 por ciento, y ahí se ha reflejado que había un aumento del 59,7 por
ciento en el concepto 22, relativo a material, suministros y otros. Ese
concepto, aunque se llama así porque presupuestariamente es el nombre,
tiene otros subconceptos; los subconceptos fundamentales donde están las
mayores cantidades son actividades realizadas a través de convenios que
suponen 493 millones y significa un aumento de 215 millones, y el
subconcepto 227, que es estudios y trabajos técnicos, que pasa de 137
millones a 338, con un aumento del 200,1 por ciento. Ahí es donde están
explicados los aumentos; en el resto de subconceptos no tienen aumento.

Ni el material de oficina, que disminuye el 1,89; ni los suministros, que
la energía eléctrica disminuye el 0,50; ni las comunicaciones, que
disminuyen el 0,84. La actividad propia del instituto está en estos dos
subconceptos: actividades realizadas a través de convenios y estudios y
trabajos técnicos.

Quiero recordar aquí también otro tema que se ha puesto de manifiesto, y
es el tema del mainstreaming. El Instituto de la Mujer tiene una función
fundamental que es, además de hacer medidas específicas en favor de las
mujeres, hacer que otros también las hagan. Lógicamente no vamos a pensar
que el Ministerio de Educación o el de Sanidad están haciendo programas
exclusivamente para hombres: están haciendo programas para hombres y
mujeres. Nosotros tenemos que hacer programas para poner en marcha
iniciativas que afectan exclusivamente a las mujeres y hacer que los
otros ministerios dediquen créditos y hagan actividades en favor de las
mujeres; eso es precisamente lo que están haciendo porque creo recordar
--y ya se lo habrán explicado en esta Comisión-- que tanto Educación como
Sanidad, son dos presupuestos que han subido, se han incrementado, y
lógicamente van a redundar en favor de las mujeres, y como también sería
lógico en favor de los hombres.

Por tanto, centrándome exclusivamente en el capítulo 2, con el aumento
del 47 por ciento, tengo que decir que las actividades realizadas a
través de convenios van dirigidas fundamentalmente a convenios que se
hacen con ministerios, con comunidades autónomas y con otras
instituciones, y todas ellas van dirigidas a poner en marcha lo que ya
hemos comenzado: el cumplimiento del Tercer plan de igualdad. En un
presupuesto como éste que tiene unos conceptos diferentes de lo que es el
tercer plan, no se puede poner el tercer plan con las cantidades; lo que
tendremos que hacer es agrupar aquellas cuestiones presupuestarias que
vamos a hacer, y luego en la evaluación del tercer plan y en la memoria
que hagamos se verá cómo se han cumplido y con qué cantidad.

El subconcepto estudios y trabajos técnicos, exactamente igual. Es otro
concepto donde se pagan presupuestariamente muchos de los programas que
ponemos en marcha. Por decirles un dato, habría que explicar --y a mí me
hubiera gustado que lo hubieran preguntado-- por qué se aumenta 400
millones. Tengo que decir que hace poco tiempo, a primeros de enero, se
acaba de publicar la iniciativa comunitaria NOW, que el instituto ha
concursado a esa iniciativa comunitaria, ha presentado seis proyectos y,
por tanto, esos proyectos son los que vamos a desarrollar
fundamentalmente con cargo a estos conceptos, además de los convenios que
venimos realizando con los ministerios pertinentes. En este sentido, debo
decir que uno de ellos va a mujeres rurales y tiene un importe de 1.000
millones de pesetas, en colaboración con las comunidades autónomas que,
por supuesto, se paga en dos años, quiere decirse que no vamos a aportar
los 1.000 millones ahora, sino que se hará en sucesivos años; hay un
programa de televínculo para fomentar a las mujeres de teletrabajo; hay
un programa de asistencia técnica a empresarias; está el programa Optima,
que este año vuelve a repetirse con algunas innovaciones; hay un programa
para mujeres responsables de núcleos familiares; y hay un programa para
mujeres inmigrantes. Todos estos programas, más los marcos comunitarios
de apoyo, son los que dedicamos a los cursos de formación Nova, es decir
nuevas profesiones para mujeres, y suponen alrededor de 2.000 millones.

Estos 2.000 millones y el aumento del presupuesto, del cual
aproximadamente 1.300 millones van dedicados a actividades, son los que
tenemos aquí. Creo que nunca tengo que ser optimista pero sí bastante
conformista con que el Gobierno haya tenido sensibilidad y haya podido
apoyar, en un momento restrictivo en el cual otros ministerios han tenido
disminución, el presupuesto de la mujer, cuando nadie daba un duro porque
este Gobierno apoyara al instituto ni, por supuesto, aumentara el
presupuesto.

En cuanto al tema de las subvenciones, sí me gustaría decir que la Ley de
Procedimiento Administrativo establece que la notificación de las
subvenciones se tiene que hacer de forma individualizada, y a los tres
meses se publica en el «Boletín Oficial del Estado». Desde luego no es
nuestra intención, ni mucho menos, no publicarlo, primero porque
estaríamos contraviniendo la ley y, segundo,



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porque no tenemos la más mínima intención. Eso está remitido al «Boletín
Oficial del Estado», se ha comunicado como es preceptivo individualmente
a las asociaciones que han recibido el dinero y en el momento que el
boletín pueda se publicará para que todo el mundo lo conozca. A nosotros
nos interesa más que a nadie que se vea que estamos haciendo una política
no sectaria y que estamos apoyando al movimiento asociativo en su
conjunto. Supongo que dentro de unos días estas subvenciones saldrán.

En el tema del capítulo 4, que también María Jesús Aramburu lo había
comentado, tengo que decir que hay un error y es que en fomento de
creación de empresas por mujeres aparecen 10.000.300 y, sin embargo,
aparecen en ayudas a la edición 15 millones. Hemos propuesto una enmienda
técnica porque es un baile de números. En realidad es: subvenciones a
empresas creadas por mujeres, 50 millones de pesetas --hay un incremento
de 10 millones respecto al año pasado-- y 15 millones en ayudas a la
edición. Esto, que era un programa que se venía haciendo habitualmente
por el Instituto de la Mujer, lo hemos reflejado porque tenía presupuesto
y, sin embargo, en estos presupuestos no se reflejaba. Nosotros lo hemos
reflejado y desagregado del concepto de empresas privadas porque venía
conjuntamente. Estas ayudas a la edición van a empresas privadas para
comprar libros que se publican sobre temas de mujeres, sobre feminismo a
empresas privadas que los quieren publicar y lo que nosotros hacemos es
comprarles una parte de sus libros para difundirlos entre las
asociaciones y bibliotecas en general.

En el tema de las subvenciones tengo que decir que aunque no sea un
incremento muy notable, sí hay un pequeño incremento en la subvención de
régimen general, me parece que son 6 millones de pesetas que están en
subvenciones a ONG sobre programas para la mujer. El año pasado había 194
millones y este año se incrementa a 200. Teniendo en cuenta que la
subvención del IRPF, que no gestiona el Instituto de la Mujer, pero que
sí propone en su resolución y está presente en la Comisión de evaluación
y que también ha tenido incremento del 10 por ciento este año, supone un
aumento importante de las subvenciones que se conceden a organizaciones
no gubernamentales.

En el tema del convenio con la FEMP, que SS. SS. han planteado, tengo que
decir que este convenio va dirigido a poner en marcha un programa
telemático que está haciendo la FEMP, se está conectando a través de
todos los municipios, no estaba previsto que hubiera dentro de ese
programa un apartado específico de mujer, y con esta cantidad de dinero
nosotros estamos complementando ese programa para que todos los programas
de mujer lleguen a los ayuntamientos, así como toda la información de
mujer que se está haciendo.

No sé si alguna cuestión ha quedado sin respuesta. Creo que en general he
contestado a todo. Respecto a los proyectos piloto experimentales, que
también se había cuestionado, decirles que están desagregados
posteriormente, es decir, los programas piloto experimentales son el
programa de formación de personal sanitario y el programa de formación de
profesorado de educación. Esos programas se mantienen. Sí desaparece un
programa que ya el año pasado disminuyó, que era el programa de becas
para formación en empresas públicas. El año pasado estaba presente pero
había disminuido en gran parte. Nosotros entendemos que este programa no
tiene ningún sentido, primero por su coste, ya puso de manifiesto la
anterior directora del Instituto de la Mujer que era un programa muy caro
y que, además, no está dando resultados. Entendiendo que el criterio de
la directora era válido y que la mayoría de las empresas públicas están
en un proceso de privatización, no tiene sentido continuar con este
programa. Lo que se ha hecho es incrementar esa cantidad en otros
proyectos como son, por ejemplo, la cooperación al desarrollo, que este
año se incrementa en nueve millones de pesetas, el convenio con la FEMP,
que tenía una cantidad menor y este año también se incrementa 11.000.500
pesetas y una serie de programas que se han ajustado siempre al alza.

Sin tirar cohetes, señorías --porque aquí no se trata de tirar cohetes--,
tengo que estar verdaderamente contenta porque mi presupuesto haya
aumentado el 20 por ciento.




El señor PRESIDENTE: La señora Almeida quiere puntualizar o añadir alguna
pregunta, pero les recuerdo que estamos en una comparecencia singular,
que no es de control.




La señora ALMEIDA CASTRO: Singular sobre todo porque nos ha hecho pensar
que no somos tan tontas. Yo tenía la duda de no enterarme, pero me he
dado cuenta que hay que adivinarlo, porque en material y suministro meter
los programas de convenio, hay que ser un poco lista para podérselo
imaginar. Es verdad que burocráticamente será, pero nos gustaría conocer
las cosas que se hacen. No sé si darían un duro por el Gobierno de Aznar
en esto, pero por el Instituto de la Mujer sí, no es el Gobierno Aznar,
es un derecho de las mujeres y no es su presupuesto, es nuestro
presupuesto; es el presupuesto que nos va a llevar al año que viene,
camino del año 2000 que es cuando tenemos compromisos con la Conferencia
Internacional de China y con todo un montón de cuestiones que creo que
debe quedar más claro. Me parece que de las explicaciones que nos ha dado
no se deriva una política decidida. Es verdad que a lo mejor usted no va
hoy a hacer todos los condicionamientos. Creo que es bueno que cuando se
presenta un presupuesto se haga una memoria que explique de verdad la
actividad del instituto. Nosotros para enterarnos del convenio de la
FEMP, que le llaman telemático, lo hemos de tener aquí. Creo que hubiera
sido más fácil, y no porque lo hagamos en comisiones, que estamos en la
Comisión de Presupuestos. En la Comisión de la mujer ya preguntaremos y
nos contestará, pero en la Comisión de Presupuestos deberíamos tener más
facilidad.

En cualquier caso, agradezco la información. Sigo indicándole que esa
labor de control presupuestario debía ser más decidida por el instituto.

No hemos visto que en el conjunto de los presupuestos las obligaciones
que otros ministerios tengan hayan sido destacadas por usted ni por otros
ministerios como consecuencia de las líneas del plan



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de igualdad, que en unas cosas las hemos criticado y en otras estábamos
de acuerdo, porque las políticas de igualdad pertenecen siempre a las
mujeres y ningún Gobierno va a dejar de hacerlas aunque lo intente.




El señor PRESIDENTE: Señora Aramburu.




La señora ARAMBURU DEL RIO: El tema mujer creo que tiene entidad superior
como para remitirnos a puntualizar. Por tanto, voy a obviar entrar en un
debate sin el tiempo y los contenidos suficientes. Sí voy a pedir a doña
Concepción que, una vez leídas nuestras intervenciones, haga un esfuerzo
en la línea que ha planteado para contestarnos detalladamente a todas las
dudas que tenemos y planteamientos que hemos hecho. Ya le adelanto que si
usted no lo hace a petición propia, en breve voy a pedir su comparecencia
para poder debatir a fondo los problemas que están planteados desde el
punto de vista no sólo presupuestario sino también político.




El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo la directora general?



La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER (Dancausa Treviño):
Quiero insistir en que los presupuestos tienen una técnica. No es que yo
coloque mis actividades en material, suministros y otros, es que son
capítulo 2, y hay siete capítulos en el presupuesto. Para cambiar toda la
técnica presupuestaria tendríamos que hablar con el Ministerio de
Hacienda y lleva muchos años así; no es una cosa de ahora, esto es así
desde hace mucho tiempo.

Para mí es una satisfacción acudir a la Comisión Mixta de la Mujer para
explicar absolutamente todo. Siempre lo he hecho con muchísimo gusto y
estaría encantada. No dude S. S. que voy a leer exactamente su
intervención para ver cuáles son las cuestiones que a lo mejor, sin
querer, he dejado sin responder.

Centrándome en esta cuestión, que yo creo que es explicar los
presupuestos respecto de nuestras actividades, les he dado las
explicaciones sin querer extenderme y aburrirles con todo tipo de
programas.

Creo que es importante destacar el aumento del capítulo 2. He comentado
los proyectos más importantes que vamos a realizar este año. Y, por
supuesto, también quiero manifestar que no es el momento adecuado para
exponer la cantidad de actividades que se hacen desde el Instituto de la
Mujer y por ese motivo no me he extendido más.

No obstante, quiero decirles que éste es un presupuesto para todas las
mujeres y es lo que nosotros pretendemos. No podemos dejar de estar en
cierto modo satisfechas porque el Gobierno nos haya oído y hayamos
conseguido que sea el presupuesto más alto que hemos tenido desde el año
1983 en que se creó el instituto.




El señor PRESIDENTE: Agradecemos a la directora general del Instituto de
la Mujer su presencia entre nosotros y la despedimos a la espera de la
comparecencia del secretario general de Empleo, que viene a continuación.

--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (PIMENTEL SILES). A PETICION DEL
GRUPO MIXTO (Número de expediente 212/000898), GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO (Número de expediente 212/000932) Y GRUPO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 212/001034).




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, pasamos a la
comparecencia del secretario general de Empleo, don Manuel Pimentel,
comparecencia requerida por Eusko-Alkartasuna, que no está presente.

Por el Grupo Izquierda Unida, que sí está presente, tiene la palabra el
señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señor secretario de Estado de Empleo, antes
comentábamos con el señor subsecretario del ministerio al que usted
pertenece, el desequilibrio que, desde nuestro punto de vista, existe en
el presupuesto entre lo que son las partidas globalmente llamadas de
fomento del empleo, que crecen el 28,1 por ciento, y lo que era la
cobertura al desempleo que, desde nuestro punto de vista --si no vemos
mal porque eso es cuestión de ver simplemente las cifras--, sigue un
constante decrecimiento respecto a los porcentajes de cobertura y, por
tanto, hay un desequilibrio entre las políticas activas y las políticas
pasivas del ministerio.

Como uno no sabe bien exactamente cuando hay comparecencias múltiples de
cargos del ministerio a quien hacerle este tipo de preguntas, quisiéramos
conocer también su opinión, si eso no fuerza excesivamente lo que son
criterios reglamentarios de esta Cámara respecto a las comparecencias.

En cualquier caso, dentro ya del epígrafe mismo de fomento del empleo
observamos cierto desequilibrio interno entre las diferentes partidas, el
programa 322.A, fomento y gestión del empleo, que crece el 35 por ciento,
y el de formación profesional ocupacional, que crece el 28,4 por ciento
el programa 324.A, mientras que, por ejemplo, las partidas destinadas al
presupuesto de escuelas-taller y casas de oficio sólo crece el 2,5,
aunque disminuye el porcentaje total, porque del 12,8 por ciento de 1997
pasa al 10,3 en 1998 y en la medida que, efectivamente, crece globalmente
la partida del presupuesto, decrece el porcentaje de lo destinado a
escuelas-taller y casas de oficio. También la partida de desarrollo de la
economía social crece el 3,8, aunque ya de por sí son partidas modestas,
en este caso 2.203 millones de pesetas para 1998. Por tanto, diríamos que
también decrece esta última partida de desarrollo de la economía social.

Quisiéramos saber por qué se orientan desde nuestro punto de vista de
forma desorbitada estas partidas de fomento y gestión del empleo, no ya
tanto la de formación profesional que entendemos todo es poco para esta
partida, pero, en concreto fomento y gestión del empleo, que vienen a ser
las subvenciones a las indemnizaciones que deberían pagar los empresarios
por despedir a los trabajadores y que, en definitiva, vamos a pagar todos
los contribuyentes.




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Perdonen la caricatura, pero mucho me temo que en último término va a ser
ese resultado. En cualquier caso quisiéramos conocer también por qué hay
este desequilibrio en la orientación del incremento de una partida de
fomento del empleo hacia este tipo de política de subvenciones y no hacia
el desarrollo de la economía social, etcétera.

Lo mismo pasa con el tema del autoempleo. Quisiéramos saber si, dentro de
las cifras que se nos ofrecen, hay alguna especialmente destinada a
fomento del autoempleo en general y a fomento del autoempleo respecto a
la construcción de viviendas propias con control local en particular.

En cualquier caso, dentro del mismo epígrafe de fomento del empleo, los
gastos de personal decrecen el 6,4 por ciento. Quisiéramos saber también
a qué es debido, si es por las transferencias a Cataluña y a Galicia o se
debe a otro tipo de políticas de restricción de personal en general y,
por tanto, cómo afecta este decrecimiento a la gestión.

Por otro lado, quisiéramos saber cómo todo este tipo de partidas
presupuestarias y el crecimiento presupuestario, este empeño, por tanto,
en las políticas activas, va a ser controlado y cómo se va a medir la
eficacia de este tipo de políticas activas; por ejemplo, cómo se va a
controlar la eficacia de los 191.000 millones de pesetas en formación
profesional ocupacional y, en concreto quisiéramos conocer, si no es
posible ahora que se nos diera información por escrito, cuánto dinero es
a fondo perdido, por decirlo de alguna forma, es decir para la gestión de
las entidades colaboradoras o como margen o fondo de maniobra. En este
tema, como todos somos garantes en la transparencia del destino del
dinero público, quisiéramos conocer este aspecto del presupuesto.

¿El seguimiento del desempleado que realizan los SIPE está teniendo
eficacia en la colocación efectiva? A través de esta comparecencia,
nosotros solicitamos información o un balance --aunque sea provisional--
de la gestión de los SIPE (que, en cualquier caso, es algo que se tiene
que ir realizando ya) y datos, por tanto, sobre la evolución de la
colocación que hacen estos SIPE y otras entidades. Quisiéramos conocer la
evolución de la gestión de estos servicios integrados de promoción del
empleo para saber si el nuevo modelo de gestión está teniendo los
resultados apetecidos.

También deseamos conocer si el Gobierno tiene ya resuelto el problema de
la validez estadística de los datos sobre el empleo que proporcionan el
paro registrado y la EPA. Es un tema que salta a la opinión pública, de
vez en cuando decrecen o crecen los desempleados en función de un dato,
de un parámetro o de otro. Este problema tiene un poco perpleja a la
opinión pública y también a nosotros en particular. Hay que evitar que,
efectivamente, unas veces se utilice el paro registrado, otras veces se
utilice la EPA, según convenga a las políticas o a la estrategia
informativa del Gobierno.

Más allá de lo que es estrictamente la comparecencia relativa a
presupuestos, quisiéramos reiterar una pregunta que hemos hecho,
posiblemente de forma no conveniente ni adecuada, al señor subsecretario.

No sé si será adecuado dirigirla a usted en este momento; en cualquier
caso nos preocupa y quisiéramos que nos alumbrara sobre la política que
va a llevar el Gobierno a la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo.

Insisto que no sé si será oportuno, pero nos gustaría, en cualquier caso,
que nos adelantara, si lo tiene a bien, qué criterios se barajan.

Comprenderé una respuesta evasiva al respecto, pero nos gustaría
vislumbrar cuál va a ser esa política porque, sin duda alguna, preocupa
a toda la opinión pública, que está viendo cómo otros gobiernos de la
Unión Europea orientan su política de empleo en un sentido y que por
parte de las más altas instancias del Ministerio se pronuncian en un
sentido absolutamente contrario a estas orientaciones y, por tanto, van
dejando ya claramente una posición gubernamental para la opinión pública
que nos gustaría se despejara. ¿Va a haber, realmente, una negativa por
parte del Gobierno, en esta cumbre de Luxemburgo, a intentar cualquier
tipo de reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales?
Perdone usted nuestro atrevimiento; en cualquier caso es una preocupación
muy importante para nosotros y, por tanto, le agradeceríamos que tuviera
a bien contestarla.




El señor PRESIDENTE: Usted sabe, señor Vaquero, que ese tema, que es del
máximo interés, será abordado en otras instancias (en esta misma Comisión
--en otro momento-- o en Pleno) pero ahora no es adecuado.

El Grupo Socialista había también pedido la comparecencia y por ello,
tiene la palabra el señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: En principio cada grupo tiene su técnica y su
estilo en la presentación de las preguntas a los representantes del
Gobierno, en este momento al secretario general de Empleo. En el caso de
mi grupo, concretamente en el mío propio, la intención de mis preguntas
es obtener una respuesta concreta. Mi impresión es que se ha citado al
secretario general en esta Comisión para que amplíe la información que
nosotros tenemos de la lectura de estos presupuesto.

Quiero indicarle de entrada la importante preocupación de mi grupo y la
mía propia respecto a los presupuestos, entre otras razones porque en
unos presupuestos de dos billones (como los del Inem) entendemos que la
información que tenemos de cómo se va liquidando el presupuesto de 1997
debería y podría mejorarse; en cualquier caso, usted va a poder suplir en
parte la deficiencia de información que tenemos. Lo decimos con la
voluntad clara no de plantear una crítica sino, fundamentalmente, de
conseguir una información que creemos necesaria para analizar en
profundidad lo que son estos presupuestos. La técnica presupuestaria
indica cómo se tiene que gastar y cómo se tiene que ingresar, pero es una
forma y no permite deducir claramente cuál es la situación. Por decirlo
de otra manera y, para que nos entendamos, en los presupuestos de la
Seguridad Social se ha presentado a esta Cámara la liquidación completa
del presupuesto de 1996. Quiero agradecer al secretario general que ya
esté en Internet la liquidación del presupuesto de 1996 del Inem, pero
lamentablemente tengo que decir que no conocemos lo que está pasando mes
a mes del año 1997. Tenemos alguna información al respecto de la
Seguridad Social, tampoco toda la que nos gustaría tener y, a nosotros,
a mí personalmente (en cualquier



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caso lo consideraremos en otro momento en la Cámara), me parece que un
organismo que gestiona dos billones, y lo digo entre paréntesis porque la
gestión ya no sólo es por volumen de cifras sino que también hay
participación de la Seguridad Social en esta parte de la gestión, aunque
la responsabilidad, por supuesto, corresponde al área de empleo, pero un
presupuesto de semejante envergadura exigiría como mínimo unos boletines
de gestión financiera como los que presenta la Seguridad Social, o por lo
menos que se acumulara a la información presentada en los boletines de
gestión de la Seguridad Social; información que nosotros,
lamentablemente, tengo que decir desconocemos en este momento. Sobre todo
empiezan a preocupar enormemente algunos temas. Estos días estamos oyendo
cosas --no sé si son fiables las informaciones de los medios de
comunicación-- que hacen no sepamos si en Trabajo manda el ministro de
Economía o el ministro de Trabajo respecto a algunas de las cosas que
aparecen en los medios de comunicación.

Entrando directamente a lo concreto y para que entendamos las dudas que
a nosotros se nos suscitan, primero, quiero preguntarle cuáles son las
previsiones de liquidación de los presupuestos de 1997. Cuando le digo
eso soy consciente de que en los presupuestos hay datos de la liquidación
de 1997 del Inem pero son tan insuficientes y tan globables que,
realmente, poco podemos pensar y decir de esa liquidación. Nos gustaría
que pudiera concretar esas previsiones no sólo por los grandes capítulos
o por los programas (que es como están apareciendo en el avance de
liquidación que presenta el Gobierno) sino desglosadas las grandes
cifras. Entre otras cosas, nos gustaría conocer cuál es la previsión de
liquidación en 1997 de las cuotas de desempleo, de formación profesional,
las transferencias del Estado al Inem, como aspectos que nos parecen no
tanto como derechos reconocidos sino como pagos realizados por el Inem.

En cualquier caso, en todas las fórmulas posibles.

¿Hay alguna razón que justifique la disminución del 21 por ciento en las
transferencias del Estado al Inem? ¿Podría explicarnos por qué los
reintegros por operaciones corrientes han crecido nueve veces respecto al
ejercicio anterior alcanzando más de 19.000 millones? ¿A qué gastos
afectaron este tipo de situaciones? ¿A qué se debe que se dupliquen --es
una mera curiosidad-- los gastos de personal laboral, con las cifras que
aparecen en los presupuestos?
Hay una pregunta y un problema que se nos suscita y lo estamos
preguntando en todas las instancias posibles, al secretario de Estado de
Presupuestos, al secretario de Estado de la Seguridad Social y, ahora, se
lo preguntamos a usted: ¿Qué criterios han seguido para estimar el
crecimiento de las cuotas de desempleo y de formación profesional? Aquí
tenemos un lío enorme entre las distintas vías --o distintas
posibilidades-- que se están produciendo al respecto. Nos gustaría saber
los criterios, y si tienen algo que ver o no con las cotizaciones de la
Seguridad Social y con las cotizaciones sociales, porque a partir de ahí
el galimatías es más sorprendente. Creíamos que tenían algo que ver y
resulta que no se parecen en nada los datos y estamos desconcertados.

Estamos desconcertados porque en la técnica que yo creo siguen ustedes en
la definición de los programas utilizan unos datos tan antiguos para
hacer la previsión que parece como si voluntariamente quisieran
equivocarse. Por ejemplo, para que nos entendamos. ¿Podría darme una
explicación de por qué en 1997 previeron ustedes 621.000 perceptores de
prestaciones contributivas, en términos de media mensual, durante todo el
año? Sin embargo, en septiembre de 1996, cuando se presentaron los
presupuestos en esta Cámara, las cifras de perceptores que había ya
estaban por debajo. Habida cuenta las dificultades que tenemos los
diputados de la oposición para hacer las cuentas, calculamos los
perceptores --ustedes dan el dato en los presupuestos--, los
multiplicamos por la prestación media que corresponde, les sumamos los
costes medios de Seguridad Social --que también ustedes ponen en el
presupuesto-- y nos coinciden con la cifra. Pero esas cifras de los
perceptores no coinciden en nada con la realidad del año. Por ejemplo, en
1997 es evidente que los perceptores, en términos medios, desde enero
hasta diciembre van descendiendo y, sin embargo, ustedes anteriormente
utilizaban en el cálculo cifras mucho más altas. Eso vale para el
subsidio de desempleo. Ustedes utilizaron unas cifras muy antiguas para
hacer la estimación --posiblemente los presupuestos se hacen a mediados
del año--, pero sabiendo las tendencias que existen, estamos en un ciclo
expansivo de la economía y, como consecuencia, es de prever que, aunque
todos piensan que todo esto es cosa del Gobierno, la situación económica
va mejorando y que los perceptores de prestaciones van disminuyendo. Nos
da la impresión de que cuando ustedes hacen estas estimaciones parece
como si a la fuerza quisieran equivocarse, porque si no entendemos la
situación que se está produciendo.

En los presupuestos de 1998 tenemos el mismo problema. El boletín de
estadísticas del Ministerio de Trabajo nos facilita información. Sin
embargo, no sé qué pasa últimamente porque no consigo conectar Internet
con el boletín para tenerlo más al día. El boletín del Inem sí lo he
conseguido, pero cuando he ido a los perceptores de las prestaciones de
desempleo, que lo necesitaba para poder tener una aproximación más real
al presupuesto, no he encontrado el boletín de estadísticas. Por ello, le
agradecería que nos dijera en este momento cuántos perceptores por
prestaciones de desempleo tenemos ya en el mes de septiembre, porque a lo
mejor con ese dato nos aproximaríamos más a la realidad, si es que se
mantiene su tendencia al descenso. En el caso de que ustedes previeran
que van a crecer, entendería alguna de las cifras. Tampoco me cuadran las
cifras que se utilizan para el cálculo de perceptores con los datos que
yo creo que en estos momentos se está moviendo el volumen de perceptores
de prestaciones por desempleo. Esos datos se los pediría también para el
subsidio de desempleo porque es otro tema bastante interesante. Las
previsiones del Reass se acercan más a nuestros datos y a los que ustedes
utilizan, así como a las liquidaciones que se van produciendo.

Tenemos un problema muy serio para conocer la realidad. Le puedo asegurar
que no hemos conseguido que este problema nos lo resolviera el secretario
general de la Seguridad



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Social. Vamos a ver si conseguimos que usted lo haga. Confiamos más en
usted para esta tarea. Nos gustaría conocer el balance de situación del
Inem en 1996. Pero nos gustaría conocer el balance de situación también
lo más próximo posible a la fecha en que nos encontramos, porque nos
permitiría hacer un juicio más real. Usted está responsabilizado de un
organismo en el que no se quejan de la política de ingresos, pero no se
quejan entre paréntesis. En esta fase la coyuntura va bien. Supongo que
en las fases en que la coyuntura va mal es más terrorífico el tema del
Inem porque aumenta mucho el número de los que perciben prestaciones y
los ingresos disminuyen debido a los ciclos de la economía. Estamos
interesados en el balance de situación del Inem y la cuenta de
resultados, porque nos permitiría hacer un juicio mucho más real de la
situación.

¿Qué deudores por derechos reconocidos tiene el Inem? ¿Qué deudores por
aplazamiento y fraccionamiento de pago tiene? ¿Qué deudores por
prestaciones? ¿Es deudora la Seguridad Social con el Inem? Se lo pregunto
porque el otro día leímos en los medios de comunicación unos datos que
nos pusieron los pelos de punta. Decían que la Seguridad Social debe
cerca de cuatro billones de pesetas y es acreedora de 1,8 billones. Si la
Seguridad Social recauda al Inem y, además, dicen que tampoco paga a
Hacienda --eso sí que lo reconocía el secretario general de
Presupuestos--, yo me preguntaba, ¿la Seguridad Social le deberá también
al Inem? El Inem deberá a Hacienda también de una forma indirecta. La
situación es complicada y por eso le pediré también otra información
importante.

En 1996 y en el momento actual ¿tienen en su pasivo acreedores por
obligaciones reconocidas u otros acreedores no presupuestarios? El
término acreedores no presupuestarios ya sabe usted que está acuñado en
la contabilidad pública y, además, en lo que es la relación entre el Inem
y la Seguridad Social. Que yo sepa, ha sido hasta motivo de intervención
del Tribunal de Cuentas para pedir aclaración de lo que son las
relaciones entre el Inem, la Tesorería y el Instituto Nacional de la
Seguridad Social. Nos gustaría conocer cuál es la cuenta entre el Inem y
la Seguridad Social. No sé si es una cuenta extrapresupuestaria, en el
mejor sentido de la palabra (no se entienda que no es una cuenta
correcta; es una cuenta que funciona en términos extrapresupuestarios,
que es perfectamente posible y perfectamente legal), porque ello nos
permitiría conocer si los ingresos del Inem están sirviendo también para
financiar a la Seguridad Social. Por ejemplo, nos permitiría tener un
conocimiento más en profundidad y mucho más real.

Le quiero hacer una pregunta muy concreta porque hemos oído rumores en la
Cámara de una manera indirecta, pero también fuera de ella a través de
los medios de comunicación. ¿Está previsto en estos presupuestos, como
ingreso, ese anuncio de una posible subida del uno por ciento de las
cuotas por desempleo? No sé si eso es verdad. Me ha extrañado escucharlo
en distintos momentos, pero lo he oído como una política incentivadora de
algún tipo de actuaciones. Si fuera así esa medida que se ha anunciado no
de una manera muy concreta, pero sí indirectamente, ¿está previsto en la
política de ingresos del Instituto en estos presupuestos o no tendría
nada que ver?
Ustedes hablan mucho de una cuestión, y creo que ahora sería un dato
importante en este área y nos permitiría conocer datos que nosotros
necesitamos utilizar en los debates sobre la política de empleo del
Ministerio. Por ello querríamos saber el número de contratos que
pretenden incentivar. He oído en distintas ocasiones diferentes cifras.

Me gustaría conocerlas, así como el coste de cada contrato --en la
incentivación-- y el crecimiento de la partida total. Sinceramente he
oído cifras muy altas de incentivación y quería saber si coincide con mis
cuentas --yo las hago a mano-- sobre los incentivos totales previstos en
las partidas presupuestarias. Tengo alguna duda sobre si coinciden esos
datos. Espero que usted lo concrete mucho mejor.

Me gustaría conocer el número de contratos indefinidos que se han firmado
a partir de las nuevas normas de contratación, desde que entró en vigor
el decreto-ley, es decir, desde mayo a septiembre, y, si fuera posible,
por tipo de contratos. También le pediría que me facilitara, de mayo a
septiembre, el número de contratos eventuales, para obra o servicio
determinado, e interinos. Queremos analizar en profundidad estos datos.

Los boletines que nosotros estamos contrastando son anteriores a mayo y
no nos permiten entrar en el conocimiento más profundo de las
consecuencias de la ley que, sin duda, ustedes están dando a conocer,
pero nos gustaría analizarlo en profundidad.

Estas son, más o menos, las dudas o las preguntas que le plantearíamos al
secretario general, a fin de efectuar un control desde la oposición de la
labor del Gobierno en este área tan importante.




El señor HERNANDO FRAILE: Para una cuestión de orden.

La comparecencia del secretario general entiendo que es para informar
sobre el proyecto de ley de presupuestos para 1998 y no sobre la
ejecución de 1996, en la que existen posibilidades de solicitar
comparecencias ad hoc o a propósito para ello.

Solicitaría, por tanto, que no se venga a utilizar argumentos similares
a los que sirvieron ayer para hacer preguntas respecto de 1996, y en
virtud de que esos datos no se tenían en este momento, alegar luego
oscuridad presupuestaria.

Quiero dejar claro, y que lo haga también la Presidencia, que este
trámite parlamentario es para el presupuesto de 1998 y no para la
ejecución del de 1996, no vaya a ser que algunos internautas que luego
hacen las cuentas a mano nos vengan con datos extraños. (El señor Gimeno
Marín pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: No sé a qué se refiere el portavoz del Grupo
Popular. Si leemos la Ley General Presupuestaria veremos las obligaciones
que tiene el Gobierno cuando presenta los presupuestos generales de cada
ejercicio siguiente, y en ellas va incluida la liquidación de 1996 y las
previsiones de 1997.

Lo digo para que se sepa. No estoy diciendo nada extraño. Ya he
agradecido al secretario general de que presupuestariamente



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exista una información más detallada de la que se disponía anteriormente,
porque la facilitó como consecuencia (no sé si como consecuencia,
posiblemente lo hubiera hecho igual) de la comparecencia que hubo en esta
Comisión. Sólo estoy pidiendo datos de información que me parecen muy
importantes. El balance de situación del Inem es un dato muy importante
desde el punto de vista de la contabilidad pública.

A mí me extraña que se hagan afirmaciones de estas características. No
necesito ni siquiera los de 1996. Estaría encantado con que me diera el
balance de situación de agosto de 1997. Supongo que a lo mejor es más
fácil el de 1996 que el de agosto de 1997, que también lo he pedido. En
cualquier caso, me conformaría, secretario general, con el balance de
situación y la cuenta con la Tesorería y la Seguridad Social referido a
agosto de 1997. Me encantaría disponer de esos datos para poder
estudiarlos en profundidad.




El señor PRESIDENTE: Creo que ambas intervenciones son obvias, en la
medida en que son correctas. No ha habido infracción por ninguna parte,
ni incorrección reglamentaria en ninguna de las intervenciones producidas
con anterioridad. En aquellas cuestiones que se salgan del ámbito de la
información presupuestaria, ya hemos quedado en que para el control
político es otro el momento, pero esta comparecencia tiene sentido en
todo aquello que pueda enriquecer a los grupos parlamentarios para la
presentación de enmiendas.

El señor secretario general tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señorías, quiero
agradecer, en primer lugar, las preguntas y algunas de las opiniones que
formulan los grupos que solicitan la comparecencia del secretario general
de Empleo para intentar arrojar alguna luz sobre el proyecto de
presupuestos para 1998, en lo que se refiere a la Secretaría General de
Empleo.

Son muchos los temas. La mayoría espero poder contestarlos o ampliar
alguna información, pero de algunos de ellos remitiré la contestación
posterior, en función de la disponibilidad o no de datos que tenga en
este momento. Sí quisiera estructurar mi intervención al hilo de las
intervenciones previas que ha habido.

Las dudas del portavoz de Izquierda Unida, señor Vaquero, plantean temas
que abren debate. Algunos de ellos son muy generales y me veré muy
limitado a abrirlos, aunque son absolutamente apasionantes. Uno en el que
sí quiero profundizar un poco es en la desproporción que él ve,
utilizando sus términos algorítmicos exactos, sobre políticas pasivas y
políticas activas.

Efectivamente, es una obviedad que hay una apuesta decidida de este
Gobierno por incremento de políticas activas, no en decremento o a costa
de las políticas pasivas, sino únicamente poniendo más dinero a las
políticas activas. El porqué disminuye en el presupuesto un 2,8 por
ciento el costo de las políticas pasivas es conocido. Independientemente
de la base de cálculo o no, la respuesta es muy obvia: el próximo año,
fruto de la buena marcha de la economía española y fruto de esa
generación intensa de empleo, va a haber menos desempleados; al haber
menos desempleados, va a haber menos perceptores de desempleo, que a
título individual mantienen los mismos derechos que tenían; es decir, no
se vulnera ni se modifica ni uno solo de los derechos que tienen los
desempleados actuales, únicamente es algo tan sencillo como que va a
haber menos desempleados. Puede estar tranquilo, S. S., a no ser que
plantee que sería conveniente el incremento de derechos o de algunas
fórmulas. En los términos que S. S. lo ha planteado le quería garantizar,
para su tranquilidad, que se mantienen todos los derechos; no hay ningún
tipo de oculta referencia a la ley de acompañamiento de uno solo de los
derechos que configuran el acervo social de los desempleados españoles.

En este sentido sí es importante reconocer el esfuerzo que se hace en
políticas activas. No hay foro europeo, no hay foro de la OCDE, no hay
foro internacional por cuestión de empleo donde no se pondere cada día
más la importancia de la política activa frente a la política pasiva.

Pero esto, que empieza a ser un dogma bastante general, no tan sólo
corresponde a partidos o a ideologías de un mismo espectro, sino que
créame que es bastante amplio. Hoy mismo he estado fuera en un foro donde
había gobiernos de muy distinto signo, y en todos ellos había un
compromiso por seguir intensificando el porcentaje de fondos dedicado a
políticas activas frente a políticas pasivas.

Coincido con usted en que igual de bueno es incrementar las políticas
activas como igual de malo sería satanizar las políticas pasivas. Yo creo
que no podemos, ni mucho menos, echar tierra sobre la bondad y necesidad
de las políticas pasivas, que hacen falta, que son necesarias, que hay
que mantener, que ahí están, y vamos a seguir estudiándolas, pero donde
va a haber incremento de fondos por parte de este Gobierno, y el próximo
año es evidente que va a continuar, va a ser en el conjunto de políticas
activas.

Le voy a dar algunos datos. En 1994, si sumamos políticas activas y
pasivas, teníamos un 11,5 aproximadamente de políticas activas y el 88
por ciento restante eran políticas pasivas. En este año hemos tenido un
20 por ciento de políticas activas y un 80 por ciento de políticas
pasivas. La tarta se va ampliando a favor de las políticas activas. Según
el programa plurianual de empleo, en el año 2000 tendremos ya más de un
33 por ciento, aproximadamente, de políticas activas frente a un 66 de
políticas pasivas y en ese mismo año nos acercaremos a la media de la
Unión Europea en cuanto a reparto de políticas activas frente a políticas
pasivas. Créame que sería francamente positivo, dinamizador y con mejores
efectos para la marcha del empleo que este avance en la proporción de
políticas activas frente a políticas pasivas se fuera dando.

La cobertura permanece constante. Me dice que se lo han preguntado al
subsecretario. Salen dos grados distintos, dependiendo frente a qué se
tome: si cobertura frente a número total de desempleados o cobertura
frente a desempleados que hayan tenido al menos un trabajo. En el primer
caso permanece constante, no hay disminución de cobertura; en el segundo,
la cobertura se aumenta un poco, pero no quiero entrar en fórmulas
concretas de universo, sino



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que la idea es que la cobertura permanece más o menos constante y la
cuantía disminuye algo porque va a haber menos perceptores de desempleo,
lo cual sin duda constituye una buena noticia, y seguro que a usted y a
su grupo también le alegra.

En cuanto a la distribución de las políticas activas de los fondos --no
sé si es que le he entendido yo mal--, creo que asocia usted la partida
de fomento del empleo con la de bonificación; exclusivamente la asocia a
bonificaciones. Incluso en nuestros cuadros de mandos está separado. Las
bonificaciones en fomento de empleo suben un 26,42 por ciento, las
bonificaciones un 45 por ciento, la contratación y SIPE un 44 por ciento,
el total de formación profesional un 34,64 por ciento. Efectivamente,
usted destaca que hay dos conceptos: escuelas-taller y economía social,
que suben un 4,27 el primero y un 3,8 por ciento el segundo.

Es importante que sepa que los presupuestos medios suben un 3,4 por
ciento. Por tanto, en ambos conceptos se está subiendo por encima de lo
que lo hacen los presupuestos. Es decir, que ya hay un añadido a lo que
es la subida media de los presupuestos, que en unos momentos de
restricción y de austeridad presupuestaria creo que es una buena noticia.

Entendemos que un crecimiento del 4,27 por ciento es razonable, aunque es
verdad que hay otras partidas que van a crecer mucho más. ¿Y por qué lo
hacemos? Porque creemos --lo hechos dicho-- que las escuelas-taller son
un magnífico instrumento, que hay que mantener, y no sólo mantenerlo sino
desarrollarlo. Le anuncio que tal vez estimemos positivo iniciar la
modernización de algunas de las normas que regulan las escuelas-taller,
con el objeto de que no sólo se puedan enseñar oficios artesanales, que
son muy importantes y deben constituir el núcleo de su formación, sino
que se puedan ofrecer oficios nuevos, nuevas tecnologías, otros conceptos
y otro universo de conocimientos más requeridos por la sociedad actual,
en vez de ceñirnos exclusivamente a esos oficios tradicionales que sin
duda son positivos, pero que creo que debemos ampliar. Por eso subimos un
digno 4,27 por ciento.

Sin embargo, el resto de las políticas las incrementamos con una fuerza
y una convicción enormes. Hablar de que la suma de políticas activas
aumenta diez veces lo que sube un presupuesto significa mucho dinero, es
una apuesta muy importante. De tal forma que a usted cuando algo sube,
aunque sea por encima del presupuesto medio, un 4,27 por ciento le parece
poco, porque lo compara con la apuesta tan firme que ha hecho este
Gobierno por las políticas activas de empleo, no sólo por las
bonificaciones --que también--, sino por las iniciativas locales de
empleo y fórmulas de contratación. Su grupo es muy afecto a la
contratación Inem-corporaciones locales, que es una forma de dar empleo
público en determinadas condiciones y que tiene un incremento importante,
que puede ser perfectamente. Por tanto, yo creo que forma un conjunto
armónico en sus proporciones frente a las políticas pasivas; es decir,
ese avance es adecuado en la proporción y supone una apuesta muy
importante. Apuesta que se hace no a costa de cotizaciones, sino con
incremento de la aportación del Estado. Después, cuando le intente
aclarar al portavoz socialista algunas de las cuestiones que formula, en
cuanto a aportaciones del Estado, podremos profundizar en este aspecto.

Hay alguna propuesta que plantea S. S. que yo considero muy interesante,
dentro de las medidas de fomento del autoempleo. Sin duda una de las
fórmulas donde hay que trabajar y ahondar, en concreto, es en la
autoconstrucción de viviendas.

Cada día más --y esto lo anunciamos como principio programático al inicio
de nuestro Gobierno, pero cada día lo vamos demostrando con hechos--
creemos que es más positivo acercar la política de empleo al territorio.

A nivel presupuestario, tenemos que crear un marco razonable donde estos
instrumentos sean posibles, pero deben ser, por una parte, las
comunidades autónomas y, por otra, muchos entes locales, a través de
iniciativas locales de empleo, los que puedan configurarlos.

Usted sabe que gran parte de las iniciativas de autoempleo ya se están
llevando a cabo a través de agentes de desarrollo local, un mundo todavía
incipiente y que tiene un potencial extraordinario en estos próximos
años. Creo que optimizaría muchísimo el empleo de esos fondos públicos
que se hiciera a través de iniciativas locales. Corresponde claramente a
su ámbito el tema urbanístico, el de las licencias, y no sería el Inem o
un instituto de empleo quien lanzara un programa específico de
autoconstrucción de viviendas. Creo que tiene su nicho propio en estas
iniciativas concertadas entre entidades locales e Inem. Por cierto,
coincido con usted en que será una de las líneas donde más habrá que
trabajar, donde hay un incremento fuerte de presupuesto y que es una
senda que tendremos que continuar para el próximo año.

Ya no coincido con usted cuando manifiesta dudas. No sé si es que le
cuesta admitir --supongo que me lo dirá ahora, yo también le voy a pedir
esa pequeña aclaración-- o no le parece bien la subida tan fuerte de las
políticas activas, que supongo que sí. De alguna de sus intervenciones me
ha parecido deducir que tenía alguna duda al respecto.

Lógicamente, las fórmulas de control de cualquier gasto público son las
que tenemos previstas administrativa y jurídicamente y se aplicarán con
toda la eficacia y con toda la prudencia debida, pero no sé si tiene
usted dudas en alguna partida concreta que quiere que le aclare. En la
partida de formación existen unos sistemas de inspección. Como usted
sabe, algunos de los datos más importantes de formación, como es la
continua, han tenido importantes variaciones respecto al año pasado. El
año pasado el Forcem gestionaba directamente los fondos y este año lo
hace una tripartita que preside la Administración, siendo el Inem quien
libra los fondos, que se someten a todo el control administrativo
ordinario. Creo que es un avance de control en esta línea.

Hay un tema que sí es controvertido. Se trata de la eficacia de los SIPE
y su configuración actual. Los SIPE son una buena idea y teóricamente es
un buen instrumento. El problema es que muchas veces no hemos encontrado
el Sipe, el Servicio Integral para la Promoción de Empleo. Cuando un
desempleado o una desempleada acude al Sipe



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no tan sólo es útil --que lo es-- la ayuda psicológica, la orientación,
que es muy importante, sino que la eficacia máxima se da cuando se le
puede orientar o conducir hacia los circuitos de empleo: escuelas-taller,
formación, oferta de empleo, contratación a través del Inem-corporaciones
locales, etcétera. En muchos casos nos hemos dado cuenta de que estos
Sipe quedan aislados, puesto que se limitan a las tareas de orientación,
promoción e información. Aunque hacen una tarea que podemos calificar de
buena, es insuficiente y el rendimiento no es el que nos gustaría tener.

¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar modificar la norma, mantener la
idea, que nos parece buena, pero tenemos que conseguir que este Sipe
integre realmente las distintas salidas; es decir, que no tan sólo
oriente, que es un afán noble y positivo, sino que permita el inicio de
un auténtico circuito del mundo del trabajo. Es una norma que queremos
modificar, dado que va a haber un incremento, dentro del concepto de
políticas activas. Es más importante muchas veces hacia dónde orientamos
las salidas que únicamente poder orientar, aunque sea algo positivo,
repito.

Plantea dos temas interesantes, sobre todo el último de ellos, relativo
a la cumbre europea, en el que no voy a profundizar. Pero en cuanto al
paro registrado Inem o datos de EPA, sabe que es un viejo debate nacional
en el que sólo el Gobierno no va a tomar la iniciativa. Si hiciéramos
algo tendría que ser entre todos los grupos, porque a veces la tentación
de modificar la fórmula de hacer las encuestas o el registro también
puede tenerla cualquier Gobierno o cualquier oposición. Creo que su
cambio es un debate muy complejo. Usted dice que el Gobierno toma los
datos de uno u otra en función de sus intereses. También la oposición
puede tomarlo en función de sus intereses, pues tiene esa posibilidad,
pero están clara y nítidamente diferenciados.

La EPA, como usted sabe, está homologada internacionalmente y, por tanto,
es el dato que tiene la OID. Refleja, mediante encuesta, los ocupados, la
población activa y los desocupados. El Inem, en cambio, es un registro
que refleja desempleados demandantes de un empleo. Por tanto, es complejo
que a corto plazo puedan coincidir porque recogen situaciones distintas.

De todas formas, es un debate que tenemos abierto todavía y durante algún
tiempo vamos a convivir con estos dos sistemas. Esto demuestra hasta qué
punto el empleo es un debate nuclear de la sociedad europea y no tan sólo
española. Si me permite una pequeña alabanza a este Gobierno, expondré el
anticipo que hicimos declarando 1997 el año por el empleo, como
anticipando el debate social serio y el protagonismo que tienen estas
cuestiones en España. En este sentido, vamos a ir a la cumbre europea con
mucho avanzado y con mucha tarea hecha, en un año de profundo reformismo
en materia de empleo, por lo que esperamos logros positivos. Este tema me
daría, porque estoy muy centrado en ello, para una comparecencia
completa, pero me permitirá que no me extienda, aunque realmente es muy
tentador para mí entrar en un debate como éste, que me gusta y que creo
que tiene el máximo interés.

En cuanto al portavoz socialista, aparte de que siempre me animo cuando
le oigo, he de decir que animaré a mis colaboradores para que continúen
con las nuevas tecnologías en el uso y en la transmisión de información.

Muchas veces, cuando nos hemos ido actualizando en las nuevas
tecnologías, nos hemos preguntado si alguien consultará estas
informaciones. Acabo de comprobar que usted nos sigue y créame que es un
aliciente para las personas que pensamos no tan sólo en el principio
jurídico de transparencia de la información, sino también en la
conveniencia del uso de las nuevas tecnologías, que acercan los
presupuestos a los ciudadanos. En este sentido, le agradezco sinceramente
el uso de estos instrumentos telemáticos.

Me va a constar --y no porque tenga nada que ocultar ni haya nada de
oscurantismo-- aportarle datos concretos de liquidación de los
presupuestos de 1996 y de 1997. Sí quería hacerle dos reflexiones
globales. En primer lugar, la parte coincidente. Creo que el presupuesto
del Inem es muy importante en su aspecto cuantitativo, pero también
cualitativo, por lo que coincido con usted en que hay que darle la máxima
transparencia. En la pasada comparecencia que solicitó para la
liquidación de 1996 ya quedamos en que procuraríamos actualizar la
transmisión de información. Creo sinceramente que es un deber del
Gobierno. Vamos a ir haciéndolo. Sí le digo --y en este sentido permítame
que le devuelva la pelota-- que en la forma de transmitir inicialmente
los datos seguimos con la herencia administrativa anterior. Es decir, el
Gobierno anterior transmitía los datos en función de que nosotros
iniciamos su transmisión. Lo bueno o malo, la rapidez o no, inicialmente
es la que había y nosotros estamos procurando acelerar esa transmisión de
información --coincido con usted-- para los aspectos de liquidación.

El Estado aporta globalmente al Inem un 20,82 menos, un 21 por ciento que
redondeaba usted. Sigue más o menos una partida constante, sólo hay un
pequeño descenso del 2 por ciento para el cumplimiento de sus fines,
porque está muy equilibrado, y el baile de cuantías corresponde a que se
incrementa en 78.000 millones la aportación pública para la política
activa de empleo y se disminuyen 135.000 millones para aportación al
desempleo. ¿Por qué hay esta disminución? Porque el sistema no necesita
esta cuantía para el próximo año. Es un sistema casi equilibrado.

Necesita este pequeño apoyo de 7.000 millones, que mantenemos para su
equilibrio global, y realmente esa partida de 142.000 millones, que fue
precisa el pasado año, no hace falta este año. Vuelvo a insistirle en que
los derechos de los desempleados quedan garantizados, lo que ocurre es
que hay menos desempleados. Con esto queda justificada esa disminución
del 21 por ciento, manteniendo los derechos de los empleados e
incrementando en 78.000 millones la aportación del Estado a las políticas
activas de empleo.

También, y muy relacionado con este capítulo de ingresos del Inem, usted
pregunta por qué suben los gastos del personal laboral. No le puedo
facilitar esa información en este momento; se la mandaré por escrito.

Usted dice que ve diferencia de incremento de cuota, de Seguridad Social,
de desempleo. Creo recordar que la Seguridad Social subía un 5,1 ó 5,3
por ciento. Nosotros tenemos un incremento medio del 8,15 por ciento. Hay
varias razones que lo justifican,



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y la suma de todas ellas es lo que hace que suba este presupuesto.

Empezando por su última duda, he de decirle que no está prevista. La
hipotética subida de la cotización por desempleo a los contratos
temporales no va incorporada a la previsión financiera, porque, como
usted sabe, todavía no se ha aprobado ninguna subida en este tipo de
cotización y no podríamos hacerlo. En los presupuestos se va a facultar
al Gobierno para que, en las circunstancias debidas o convenientes, pueda
hacer esa subida. Por tanto, dentro de esta subida del 8,15 por ciento no
va esa hipotética subida del uno por ciento a contratos temporales. ¿Por
qué sube? En primer lugar, porque se considera como partida dentro del
Inem --no ha pasado en años anteriores-- a algunos colectivos que no
cotizan a la Seguridad Social (por ejemplo, lo hacen a Muface); su
cotización la consideramos como social dentro del Inem, como es el Isfas,
el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Un incremento importante lo
estamos teniendo en el Reass, debido a que en el pacto sobre protección
agraria entre empresarios y sindicatos se aprobó que los jornaleros, los
eventuales agrarios, estuvieran al corriente de los pagos de todas las
cuotas atrasadas para poder ser perceptores. Anteriormente sólo tenían
que presentar la última cuota. Esto ha producido un incremento notable.

Por último, hay una subida de la base porque el año pasado y el anterior
nos quedamos un poco cortos en nuestra previsión. La liquidación ha
demostrado que nos quedamos cortos en la previsión y ha habido una subida
proporcional frente al año pasado para ajustar el universo real que
tenemos. Todas esas subidas hacen que nuestra hipótesis de cálculo
suponga un incremento del 8,15 por ciento. Es normal que al aparecer una
subida del 8,15 por ciento usted plantee si es que van a aumentar las
cotizaciones sociales. Veo razonable la pregunta, pero he de decirle que
no suben las cotizaciones sociales al desempleo y únicamente se faculta
para esa hipotética subida del 1 por ciento al desempleo de los
temporales.

También hace usted una sobreevolución del número de perceptores, y no le
voy a poder dar los datos de cómo van este año. Es una información que
podría darle sin ningún problema, pero no tengo los datos disponibles. Lo
que sí le digo es que volvemos a estar en el debate que ya hemos tenido
en cuanto al objetivo de creación de empleo. El año pasado contemplábamos
en los presupuestos que se iban a crear 234.000 empleos. Como usted sabe,
se han creado o se van a crear más de 300.000, aproximadamente 340.000,
a lo largo de todo el año. La previsión para el año que viene es de
318.000 nuevos empleos, que es un incremento muy fuerte, frente a la
previsión de los 234.000 del año pasado. Efectivamente, los supuestos en
los que nos estamos basando se están viendo desbordados por la buena
marcha de la economía, y nuestros propios objetivos del programa
plurianual de empleo se están viendo superados; esto hace que a veces
exista esa flexibilidad que hasta ahora es muy positiva dentro de las
previsiones del número de ocupados al alza y del número de desempleados
a la baja.

Sobre el balance de situación, que se lo daré con todo lujo de detalles,
le diré que el Inem no debe nada a Hacienda. Como usted sabe, la
Seguridad Social gestiona los fondos del Inem (conoce perfectamente el
sistema; incluso compañeros suyos de grupo han sido los gestores del
sistema y lo conocen perfectamente, por lo que le habrán dado con todo
detalle información al hilo de alguna de las preguntas que cuestiona) y,
por tanto, el sistema es totalmente transparente. No existe deuda
presupuestaria. Puede haber desfases, más o menos prisas en el pago de la
liquidación, en aspectos de tesorería, pero nunca de deudas; por tanto,
difícilmente aparecerá en términos presupuestarios esa deuda. El Inem
ahora funciona perfectamente, no ha tenido ni un solo problema de
liquidez. En este sentido, como responsable de la Secretaría y, por
tanto, del Instituto, le puedo transmitir mi satisfacción plena por el
equilibrio financiero y las relaciones entre la Seguridad Social y el
Inem. El Inem no financia a la Seguridad Social, debido a que todo está
contabilizado. Contable y presupuestariamente aparece lo que es del Inem
y lo que es de la Seguridad Social. Por eso a los que a veces
catastróficamente hablan de esos agujeros o de esa deuda les diré que no
tienen nada que ver, que no existe ese riesgo.

También me hace una extensa pregunta acerca de las previsiones de los
distintos tipos de contrato. En estos momentos no puedo dárselo porque he
venido mucho más preparado para cuestiones de programas específicos que
para evolución de contratación, pero ya se lo aportaré. Cuando haga los
cálculos, que me agrada que haga, tenga en cuenta que la forma de
incentivos es a dos años. Por tanto, cuando usted calcule lo que va a
costar el incentivo de este año tiene que dividir entre dos el costo
total y sumar lo del año anterior. Se lo digo porque hay una evolución
muy creciente del costo de los incentivos hacia el último año y es muy
importante que lo calcule de esa forma. El costo de incentivos medios, y
hablo de memoria, está en torno a las 430.000 ó 440.000 pesetas por
incentivo de contratación a lo largo de los dos años; estaríamos hablando
de un costo por año de cada uno de los contratos bonificados de
doscientas y pico mil.

Espero que con esta intervención por lo menos haya aclarado alguna de sus
dudas. Creo que he tocado casi todos los puntos que me han planteado,
pero si hay alguna cuestión que por pura transcripción física de la misma
no me hubiera dado tiempo y pudiera respondérsela, estaría encantado de
podérsela aclarar en mi segunda intervención.




El señor PRESIDENTE: ¿Algunos de los portavoces quieren intervenir de
nuevo?
Señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Por cortesía. No sé si ha sido una pregunta
retórica la que me ha formulado el secretario de Estado, pero si el
presidente me lo permite me convierto en compareciente y contesto yo a la
pregunta que me formulaba. Entre otras cosas, porque a mi grupo le
interesa mucho dejar clara constancia de nuestra posición respecto a las
políticas activas, ya que sin duda alguna me he explicado muy mal porque
no trataba de cuestionar en absoluto. Por nuestra parte apoyamos lo que
son las políticas activas, en general. Otra cosa es que tengamos que
añadir, a



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esta valoración general de las políticas activas, alguna apostilla
concreta. Me parece que, en primer lugar, depende de las modalidades de
cada una de esas políticas que nosotros creamos que son más eficaces. En
términos concretos hablábamos que acumular un crédito presupuestario tan
importante para subvencionar determinados tipos de contratos, que en
último término pueden tener eficacia o no, y que puede ser criticable o
cuestionable. En cualquier caso, eso lo relacionábamos poniendo en la
balanza las políticas activas de ese tipo con las políticas pasivas,
sobre todo cuando la cobertura del desempleo se queda por debajo del 50
por ciento. Eso se mantiene, crece, o incluso baja, desde nuestro punto
de vista. Pero lo cierto es que si se mantiene es siempre por debajo del
50 por ciento. En este sentido es por lo que entendemos que cabe un
cuestionamiento de si efectivamente se aplica el presupuesto de forma
correcta en la medida en que no se equilibre esa cuestión; pero es una
cuestión, insisto, de valoración, que no tiene nada que ver con nuestra
valoración positiva de las políticas activas en general.

Aparte de eso tenemos que decir también que las políticas activas, siendo
correctas y positivas, no bastan. Esta es la crítica que, en general,
nosotros hacemos. Por eso, al final suscitábamos un tema que no nos
cansaremos de suscitar, aunque sea a destiempo como en esta ocasión.

Nosotros, sin habilitar un tipo de políticas de reparto o reducción del
tiempo de trabajo, no vamos a profundizar en el tema de la creación de
empleo. En las políticas activas por supuesto que sí; algunas de ellas
son más o menos cuestionables en función de las cantidades que se aporten
para ellas y, en último término, no bastan.

Finalmente, diré que nuestras preguntas iban en el sentido, no de
cuestionar las políticas activas de formación profesional, de las SIPE,
sino más bien de saber si existen mecanismos de control y de revisión de
resultados, de balances, etcétera, a lo que ya me ha contestado el
secretario de Estado de una forma genérica. Esperemos que en el futuro
podamos ir teniendo esos balances de forma más concreta para poder hacer
la valoración conjuntamente.




El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Doy por supuesto que, sin tener que pasar las
preguntas por escrito a la Mesa, del acta taquigráfica deducirá la
Secretaría General las preguntas que faltan por contestar.

Simplemente quiero indicar que algunas de las preguntas se suscitaban del
balance de situación de la Seguridad Social que S. S. sabe que ha sido
presentado, y está en la Cámara. Pero también se hablaba de otros
acreedores no presupuestarios, del orden de 435.000 millones. Como S. S.

sabe en estos presupuestos figuran en la Seguridad Social, para desfases
de tesorería, préstamos por 350.000 millones. En ese sentido, siempre
existe la tentación, en una cuenta INEM-Tesorería, que ya sé que no
produce deudas presupuestarias, de desajustes en el tiempo. Esos
desajustes en el tiempo, cuando hablamos de cantidades importantes es
necesario conocerlos para saber la situación estructural exacta de los
distintos sistemas. Esto no es catastrofismo, es adoptar medidas para
hacer mucho más solventes todos los sistemas, pero éste es un debate que
ya lo realizaremos en su momento en las distintas instancias que se tiene
que producir.

Muchas gracias por la voluntad de facilitar información y por su
comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.




El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Estoy
tranquilizado porque me había nacido la duda de si su grupo apoyaba o no
unas políticas activas, donde creo que había una coincidencia en el
amplio espectro político. Pero siendo un debate apasionante y complejo,
donde no hay certeza y donde todos tenemos que ser muy respetuosos con
cualquier propuesta y también con la de reparto de trabajo, tampoco creo
conveniente que la panacea o que el único debate que haya sobre las
posibilidades de empleo sea el reparto del tiempo del trabajo, que se ve
por parte de algún interviniente con esa insistencia monolítica y con ese
monorraíl. Que el reparto del tiempo de trabajo de una forma monorraíl
tan sólo se pueda conseguir con la disminución por ley del tiempo de la
hora semanal. En ese debate complejo y rígido no debemos entrar ninguno,
ni los que están totalmente a favor, ni algunos que están totalmente en
contra. Tenemos que tener flexibilidad hacia este debate que sin duda
está en la sociedad, está en Europa, va a estar en los próximos años en
nuestro país, y todos tenemos que tener flexibilidad para verlo en sus
más amplios términos.

En cuanto al portavoz socialista, le agradezco sinceramente sus palabras.

Procuraremos aclararle los datos. Mis colaboradores han tomado nota y le
daremos puntual información. Queda más o menos aclarado, en lo que se
puede aclarar en una comparecencia, lo relativo a esas relaciones
financieras y presupuestarias, Seguridad Social-Inem.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pimentel.

Concluye la comparecencia del secretario nacional de Empleo.




--DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (GOMEZ GOMEZ). A
SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (Número de expediente
212/000913), SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 212/000935) Y
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente
212/001035).




El señor PRESIDENTE: Continuamos con la última comparecencia del orden
del día, que es la de doña Amalia Gómez, secretaria general de Asuntos
Sociales, solicitada por los grupos Mixto, Izquierda Unida y Socialista.

En primer lugar, tiene la palabra la señora Sabanés.




La señora SABANES NADAL: Quiero agradecer, en primer lugar, la presencia
de la secretaria general de Asuntos Sociales.




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A la vista del presupuesto, quisiera formularle algunas preguntas en
relación a algunas dudas que nos suscitan ciertos contenidos del
presupuesto. En primer lugar, en lo que hace referencia al programa
313.J, relativo a los servicios sociales de la Seguridad Social a la
tercera edad, quiero decir previamente que no acaban de cuadrar las
diferencias que figuran en este programa y las explicaciones de los
correspondientes programas de gestión de la Seguridad Social. En todo
caso, y salvando este matiz que seguramente tendrá su explicación técnica
o que quizá sea un simple error de apreciación de esta diputada,
entendemos que la minoración del conjunto de programas se debe, en todo
caso, a las transferencias que se han formalizado. Quisiéramos que nos
facilitara la distribución geográfica, fundamentalmente de las
inversiones de 1.908 millones que figuran en ese programa, si no ahora,
cuando sea posible. Nos interesa preguntar más específicamente, en lo que
hace referencia al plan gerontológico, cuáles serían los plazos para su
cumplimiento y el presupuesto anual destinado para cada apartado del
plan; si participa de forma decisiva el Consejo estatal de las personas
mayores en la elaboración de las partidas presupuestarias que afectarían
a este colectivo y si en estos presupuestos se incluyen partidas
presupuestarias para el reparto gratuito de telealarmas a los mayores que
viven solos o en malas condiciones físicas.

En lo que hace referencia al programa 313.I, de minusválidos, ocurriría
algo parecido a lo que he expresado en el programa de la tercera edad. En
este caso la minoración del 9,3 por ciento entendemos que corresponde a
la incorporación de beneficiarios de estas prestaciones a las pensiones
no contributivas. En todo caso, nos gustaría que nos aclarara si los
gastos que se minoran en el capítulo 1 serían también debidos a las
transferencias de algunos de estos centros. También nos gustaría conocer,
si no ahora cuando sea posible, las inversiones territorializadas en este
programa y, más específicamente, el plan de acción que se aprobó en 1996,
que se presupuestó en el año 1997, qué dotación más concreta tendría en
este presupuesto del año 1998.

Por lo que se refiere al programa 323.A, de Juventud, el Consejo de la
Juventud tiene una asignación presupuestaria de 95 millones, pero
entendemos que participa en los programas de subvenciones como entidad
prestadora de servicios de juventud. Nos gustaría saber en cuánto viene
a participar, aproximadamente, el Consejo de la Juventud en esos
programas, como entidad prestadora.

En el programa 313.H, que hace referencia a los programas de acción de
los inmigrantes, quisiéramos expresar que en el capítulo de
transferencias a instituciones sin ánimo de lucro se produce,
precisamente en la subvención a programas de atención a inmigrantes y
actuación en su favor, una minoración de 166 millones. Pediríamos una
explicación en un tema que...




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): ¿Sería
tan amable de decirme la aplicación económica?



La señora SABANES NADAL: Capítulo 4, transferencias corrientes, 48, a
familias e instituciones sin fines de lucro.

Decimos que es especialmente preocupante en un momento en el que
precisamente el trabajo de estas instituciones es de una enorme
importancia, dada la situación que, en general, se vive en estos
colectivos.

Finalmente, en el programa 313.O, de atención a la infancia y a la
familia, se expresa en la descripción del programa que al no estar
transferidas Ceuta y Melilla este programa comprende la gestión de los
centros e instituciones a menores en esas ciudades. Quisiéramos que nos
lo aclarara, ahora o en su momento, cuando corresponda, porque los
indicadores y lo presupuestado en los años 1997 y 1998, en lo que hace
referencia a los días de estancia de los niños atendidos en centros de
internamiento, reflejan un aumento muy significativo, de 12.500 a 30.600
y de 17.000 a 34.200. Nos gustaría que nos diera una explicación en este
momento o, repito, cuando corresponda.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, doña
Elvira Cortajarena.




La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En relación con los presupuestos
presentados por la Secretaría General de Asuntos Sociales, a mi grupo
parlamentario le interesa conocer una serie de propuestas que vienen
reflejadas en los mismos.

En primer lugar, le diré que en el programa de acción en favor de los
inmigrantes, el 313.H, en el capítulo 4 aparecen 885 millones de
incremento. De esta subida del capítulo 4, ¿qué cantidad se destina al
mantenimiento del poder adquisitivo, es decir, a los incrementos del IPC?
¿Qué cantidad a expedientes que ya están pendientes de resolución? ¿Qué
cantidad a la expectativa de posibles nuevas demandas que pueda haber, e
incremento de peticionarios, dado el empobrecimiento de los países de
América Latina?
En relación al plan integral para inmigrantes, que es una partida nueva
de 250 millones, y que estaba prevista en 1996 en la Secretaría General,
como bien saben SS. SS., no fue aprobado ese presupuesto, sino que fue
prorrogado, ¿qué prioridades van a cubrir con dicha cuantía de 250
millones para el plan integral de inmigrantes?
Tengo que hacer referencia también a que en el capítulo 48 aparece un
nuevo proyecto, un nuevo concepto presupuestario de 1.307 millones de
pesetas, que es para la financiación de aquellos programas europeos que
están gestionados por las organizaciones no gubernamentales. En función
de lo que nos han trasladado algunas organizaciones no gubernamentales,
quiero que vaya por delante nuestra felicitación por la idea de haberlo
puesto, porque se estaban estrangulando las organizaciones. Pero, por
otra parte, en función de los datos que nos han ido trasladando las
organizaciones, está claro que no se va a llegar a nivelar ni el 50 por
ciento de las demandas que estas propias organizaciones tienen en
relación a los pagos del Fondo Social Europeo. Por tanto, me gustaría
contrastar si usted tiene otra información, si es erróneo, si se nos ha
solicitado por otro lado, porque ustedes en el Ministerio hoy en día
tienen un mayor contenido en los datos y una mejor información.

En relación al programa 313.L, otros servicios sociales del Estado, vemos
que decrece el capítulo 1 en un 18,7 por



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cciento, y nos gustaría conocer por qué, es decir, cuál es el
decrecimiento de este capítulo 1.

En el plan gerontológico, se incrementa por un lado, pero, sin embargo,
por otra parte, lo que son inversiones se minora. Nos parece también que
en el cómputo total acaba teniendo un incremento de un 7 por ciento, nos
gustaría conocer su valoración.

En el plan de lucha contra la pobreza hay 82 millones más, pero, como
usted sabe, el año de erradicación y de lucha contra la pobreza y la
exclusión social, que fue hace dos años, nos ha generado que tengamos una
comisión parlamentaria para todos los acuerdos y propuestas para la lucha
conta la exclusión social. Creemos que con ese incremento presupuestario
no se va a poder hacer frente a ninguna de las medidas o a muy pocas
medidas de las que el propio plan va a incentivar, y éste es un
compromiso que España ha adoptado frente a los países de la Unión Europea
y a todos los programas que están llegando en este sentido.

Pasaríamos a las transferencias a la Seguridad Social. En concreto, vemos
que el incremento de las pensiones no contributivas se sigue manteniendo;
decrecen los programas de la Lismi y también los de movilidad y de
garantía de ingresos mínimos. Pero hay una cuestión que me ha llamado la
atención y quiero conocer qué propuestas hacen. Ocho mil millones de
pesetas va a pagar el Inserso en la gestión de las pensiones no
contributivas, es decir, en una partida que aporta la Seguridad Social a
la gestión de estas prestaciones.

La semana anterior el Defensor del Pueblo ha trasladado a la Cámara el
informe de gestión de la institución, y uno de los elementos en que más
hincapié hacía era en la tardanza que algunas comunidades autónomas
tienen a la hora de efectuar la tramitación administrativa del
reconocimiento del derecho a la pensión no contributiva. Por ello, me
gustaría conocer si tienen ustedes puesto en marcha o tienen idea de
hacer algún tipo de programa, bien informático o bien algún tipo de
programa de homologación de todo lo que sea la documentación
administrativa a exigir, para ir acortando los tiempos en la concesión de
las pensiones no contributivas; o también se puede hacer como lo efectúa
el INSS en la Seguridad Social, un adelanto cuando se cumplen las
condiciones, si faltan documentos, para poder tener derecho real a la
prestación, porque esto se da con bastante frecuencia y, sobre todo, hay
comunidades que están tardando, en concreto la de Madrid, un año para la
gestión y para el reconocimiento de este derecho.

En relación al programa 315.A, protección al menor, ahora vemos que se
llama, yo diría que pomposamente, atención a la infancia y la familia,
porque el cambio de denominación no lleva aparejado el incremento
presupuestario que las atenciones familiares tenían que conllevar. Aquí
sí que me parece importante ahondar en lo que ya hemos planteado en el
programa anterior. Las familias en riesgo social tienen un incremento de
70 millones, que es un 53 por ciento en comparación con el presupuesto
del año 1997, pero nos parece importante seguir afianzando este tipo de
proyectos.

Pasamos al organismo Instituto de la Juventud. Según los datos que
constan, este organismo sube un 5,29 por ciento. Sin embargo, hay tres
cuestiones que yo le quiero plantear. En el presupuesto del Injuve, el 66
por ciento va destinado a los capítulos 1 y 2, de la gestión de este
presupuesto y del incremento del mismo. El plan de juventud concertado
con comunidades autónomas no se presupuesta en 1997; en 1998 aparecen 100
millones, que son de nueva creación. Queremos saber quién los va a
recibir o si tiene información de qué comunidades autónomas o para qué va
destinado.

El programa 761, a corporaciones locales, sigue con la misma cuantía, y
es el acceso de jóvenes a la vivienda. Aquí hay un aspecto que, una vez
aprobado el plan de empleo juvenil, nos parece o que hay una correlación
que no está bien expresada en el documento del plan de empleo juvenil o
que no está expresada en estos presupuestos del Instituto y tampoco en la
Secretaría de Empleo. Se lo voy a comentar. En el documento aparece el
Injuve y se dice que ya la Secretaría General de Empleo presta servicio
de asesoría a jóvenes, la bolsa de empleo joven y la formación de
empleadores. ¿Con cargo a qué partidas, dónde está recogido? Yo he
repasado toda la documentación relativa al Ministerio de Trabajo y no lo
he encontrado. Si usted tiene esta información, le agradecería que me la
facilitara.

Respecto al Inserso, vemos que en el programa dirigido a personas mayores
hay una reducción de presupuestos en un 7,70; también disminuye el
programa relativo a minusvalías; en las personas mayores está justificado
por las transferencias de los centros de Ponferrada, Benavente, Miranda,
Valladolid, Soria y el de Aragón. Sin embargo, en el programa relativo a
los créditos de inversiones, capítulos 6 y 7, nos produce una seria
alarma. Desde el año 1995 decrecen las inversiones en un 3,3 por ciento
en ambos capítulos. Vemos que en el año 1995 estaban presupuestados 6.751
millones de pesetas y en el proyecto de presupuestos para 1998 se
destinan 6.652. Creo que este tema es importante.

Otro elemento que también me llama la atención es que aparece un programa
nuevo relativo al control interno y contabilidad en el Inserso, que tiene
un incremento del 17,79 por ciento. Es el programa 46 del Inserso.

Queríamos conocer a qué responde este nuevo programa.

Respecto a los emigrantes, hay varios incrementos. El Inserso va a
gestionar 250 millones destinados a acogida y acceso de inmigrantes en
las provincias de Ceuta y Melilla y nos gustaría conocer, porque no está
diferenciado, cuánto se va a asignar a Ceuta y cuánto a Melilla, si es
que ya se conoce.

Hay una partida nueva en el programa 428, dotada con 837 millones, que se
va a transferir al Inserso. Me gustaría conocer qué previsiones tienen en
relación a esta partida y qué gastos van a efectuar.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Los 837
millones pertenecen al programa 313.H. Agradecería que me dijera la
aplicación económica.




La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: La 428.




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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Amalia Gómez.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): En primer
lugar, quiero agradecer las preguntas en la medida en que permiten, en
primer lugar, a la Administración explicar y justificar los presupuestos
y, en segundo lugar, y respecto a la pregunta que me ha formulado la
portavoz del Grupo Socialista en relación con la aplicación 46.92 del
control interno y contabilidad, que es el programa 76, efectivamente son
436 millones. Sí quiero decirle que con mucho gusto, en el plazo
establecido de las 48 horas se le hará llegar lo que solicita.

Voy a responder a la portavoz de Izquierda Unida. Efectivamente el
descenso, tanto en los programas destinados a la atención a personas con
discapacidad como a personas mayores, tiene que ver con las
transferencias, incluso en materia de política de discapacidad está
previsto, como sabe bien S. S., a primeros de enero, las transferencias
a La Rioja del Camp de Font Mayor, que creo que se abría en octubre o
noviembre y ello puede explicar la disminución. Por otra parte, en lo que
se refiere a política a mayores, quiero que comprendan la disminución en
relación con las transferencias (con muchísimo gusto, le voy a dejar los
datos al presidente) porque el Gobierno ha elaborado unos presupuestos
teniendo en cuenta recursos que asigna por otros conductos a la misma
finalidad. En ese sentido, quiero que SS. SS. recuerden que, en materia
de minusválidos, el incremento de este año --y ahora le diré exactamente
para qué-- ha llegado a 2.069 millones con cargo al IRPF, y en el tema de
mayores, a 2.687 millones. Es decir, que, desde una articulación de
complementariedad y en función de los recursos que se van encontrando,
procuramos que no todo vaya vía Presupuestos Generales del Estado, sobre
todo cuando los programas que estamos desarrollando van dirigidos
fundamentalmente a atención no institucionalizada, y eso nos permite un
mayor juego con las organizaciones no gubernamentales. Le hago llegar
esta documentación al presidente con el fin de que los señores portavoces
--hombres y mujeres-- tengan los datos.

Respecto a la distribución geográfica de los 1.908 millones, no se la
puedo decir en este momento, pero con mucho gusto recabaré del Inserso
esa información.

Me pregunta por los plazos de cumplimiento en relación con el Plan
gerontológico. En este momento, y en colaboración con las comunidades
autónomas, estamos procediendo a hacer una evaluación no sólo del Plan
gerontológico, sino también del Plan concertado. Por lo que se refiere al
Plan gerontológico, SS. SS. comprenderán que estamos llegando a unas
generaciones de mayores con más salud y con el deseo de permanecer en su
entorno el mayor tiempo posible, lo que hace que, aun sin esperar el
final de la evaluación, haya un sentir muy compartido de que hay que ir
a lo no institucionalizado, a todo lo que pueda ser teleasistencia, ayuda
domiciliaria, viviendas tuteladas e, incluso, centros de día, ya que hay
personas mayores que, mientras puedan comer, estar y pasar el día,
prefieren pasar la noche en casa. Por tanto, puedo decirle que tanto la
evaluación del Plan gerontológico como del Plan concertado van a la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales; entre otras cosas porque,
respecto al Plan concertado, SS. SS. saben que es clave ver si de alguna
manera habrá que imbricar servicios que ahora se llaman especiales, como
puede ser la atención a inmigrantes o alguna fase de atención a menores,
puesto que el primer lugar al que acuden las personas en demanda de
información y apoyo es a los servicios básicos. Todo eso se va a hacer,
pero siempre con la colaboración y el consenso de las comunidades
autónomas.

Respecto a la participación del Consejo estatal, tengo que decirle que el
Consejo estatal, como órgano consultivo, sí es oído y consultado respecto
a unos presupuestos elaborados. La propia normativa del Consejo estatal
establece que sea escuchado e informado, pero, como S. S. puede entender,
no que los presupuestos se hagan a partir de los que haga el Consejo
estatal de Mayores. Es cierto que la participación del Consejo puede ser
mejorable, estoy de acuerdo con usted, pero eso lleva consigo cambios en
la mentalidad de la propia función. Usted sabe que el Consejo estatal es
un órgano reciente --tiene un año y pico de antigüedad-- y que se ha ido
avanzando y se han creado comisiones de trabajo, pero esperamos que,
dentro de lo que es su carácter consultivo, su participación pueda ser
más activa para que ellos también puedan opinar; como usted sabe muy
bien, en algunas cosas no están de acuerdo con lo que se está haciendo,
sobre todo en lo material, ya que en lo global, por las actas del propio
Consejo, puedo decirles que se les está consultando absolutamente todo.

Respecto al Plan de acción --programa 313.I--, me habla usted de una
minoración en los gastos del capítulo 1. En el año 1997 los 400 millones
del Plan de acción de personas con discapacidad se destinaron a tres
cosas fundamentalmente: en primer lugar, a ayudas a familias de rentas
medias y bajas, esto es, con rasgos de necesidad, para atender a
minusválidos profundos; en segundo lugar, a ayuda domiciliaria, y, en
tercer lugar, a adaptación y mejora de viviendas. Este año se incorporan
100 millones más, pero, como usted verá, a través de organizaciones no
gubernamentales tratamos de complementar las cinco grandes áreas de
trabajo, sobre todo lo que es la sensibilización para el empleo, el
trabajo psicosocial con familias y la formación. Puedo añadir que
precisamente esta tarde el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales acaba
de firmar con el Cermi el Plan de medidas especiales de apoyo al empleo,
y esto, con cargo a los presupuestos, quiere decir la mejora en la
creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, la rebaja
del porcentaje de minusválidos para la creación de un centro especial de
empleo y el apoyo a la formación, que imagino que les explicará en su
comparecencia el director general del INEM.

En tercer lugar, me preguntaba usted por la participación del Consejo de
la Juventud en las subvenciones para prestación de servicios. No le puedo
dar el dato porque habría que pedir la información a la Subdirección
General que se encarga de las subvenciones con cargo al IRPF; cuando la
tenga, con mucho gusto se la enviaré.

Habla usted de emigrantes y me pregunta por la aplicación económica del
programa 313.H, en el apartado de subvenciones,



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pero no he tomado nota, señor presidente, de la partida concreta a la que
se refería. Lo que puedo decirle es que no sólo no baja ninguna, sino que
aparece una partida de 265 millones que trata de las pensiones
asistenciales. No ha variado porque el año pasado no se gastaron ni 65
millones ya que, como sabe, las personas que retornan tienen que esperar
dos años para volver a cobrar la pensión no contributiva que percibían en
los países donde vivían. Por tanto, estamos haciendo gestiones en este
momento para que las personas que vengan de cualquier país de
Iberoamérica puedan seguir cobrando la PNC en vez de esperar los dos
años. Pero, repito, la cantidad no ha variado porque el año pasado,
aunque se presupuestaron 265 millones, por la razón que le he dicho, no
llegaron a gastarse ni 65 millones.

Respecto al 313.O, de atención a la infancia, la cantidad de 105 millones
presupuestada supone un ligero incremento con respecto al año pasado,
pero es porque para el 1.º de enero está prevista la transferencia de los
centros. Usted sabe muy bien que hace falta, en primer lugar --y por eso
está incluida aquí--, una mejora de las instalaciones para ampliar la
cobertura de plazas de niños a atender.

Como usted me hablaba de indicadores de estancia, le puedo responder que
sólo sé que en el centro de menores infractores están teniendo una
estancia de seis-siete días y no se cubre siquiera el número de plazas
que el centro oferta. Pero como me ha pedido que explicara datos
concretos sobre el paso de los 12.500 a los 36.000, con mucho gusto
recabaré la información de la Dirección General de Acción Social, Menor
y Familia. Si hubiera dejado alguna pregunta sin responder, estoy segura
de que, gracias a la benevolencia del presidente, podría hacerlo en la
segunda parte.

Paso a responder a doña Elvira Cortajarena, del Grupo Parlamentario
Socialista. Habla del mismo programa de emigrantes, 313.H, y de 885
millones. Estoy tratando de buscar esa cifra, pero no la encuentro. Señor
presidente, solicito una mayor explicitación de esta aplicación económica
porque, según los datos que tengo, en el programa 313.H no existe esa
dotación. Le pido que se asegure de que la cantidad es de 688 y no de 885
millones.




La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: El cómputo total del año 1997 eran 6.566
millones, en el capítulo 4, y en el año 1998 aparecen 7.452 millones.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Ese es el
total del capítulo.




La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Quería conocer qué previsiones se tienen
en relación a esto.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): En
materia de pensiones asistenciales el incremento está muy claro en ese
capítulo porque se llega a casi 1.000 millones de pesetas, pero no sólo
para hacer frente --que eso está por determinar-- a los nuevos
demandantes de pensión, sino también para acabar de resolver la demanda
de pensiones atrasadas desde el año 1993. En este sentido, señoría, tengo
que decirle que la dotación de 1.000 millones, según la ratio que sigue
produciendo a lo largo de los años, parece suficiente para dar cobertura
al crecimiento del último año más los atrasos, y es lo que ha hecho que
se haya podido conseguir ese incremento notable.

Por lo demás, lo que sí puedo decirle es que en este momento estamos
tratando de conseguir un plan integral de salud con el Ministerio de
Sanidad. El problema de los emigrantes, sobre todo en Iberoamérica, son
los que trabajan por cuenta propia porque, como usted sabe, al no haber
cobertura por parte de la seguridad social de los países, se encuentran
desprotegidos, ellos y su familia. En este sentido, hay una partida, la
aplicación económica 49201, de 654 millones, de la que se beneficiarían
fundamentalmente Venezuela, Argentina y México, que va destinada a esos
fines.

Me preguntaba usted por los 250 millones del Plan integral. La
financiación en el año 1997 no estaba prevista, en ningún momento. Yo no
lo recuerdo y he revisado mi comparecencia del año pasado, pero me parece
que corresponde a la legislatura anterior. La financiación de los 250
millones se une a los 925 millones que, con cargo al IRPF y con una
subida de más de 200 millones con respecto al año 1997, se distribuyen a
través de las organizaciones no gubernamentales. Su señoría, que conoce
muy bien este tema, sabe que la labor de integración, primero, está
transferida a las comunidades autónomas, y segundo, se diseña en
colaboración con ellas en conferencia sectorial a través del Inserso. Por
tanto, una vez recuperado el deseo, hemos conseguido que la labor de
integración tenga un respaldo presupuestario; respaldo presupuestario que
ha de hacerse en colaboración con las comunidades autónomas en tres
sentidos: puntos de información, asesoramiento sobre los recursos del
Estado y de la sociedad vía ONG y, por supuesto, asesoramiento legal para
defensa de sus derechos y acceso al mercado laboral. Por tanto, repito,
ya no son sólo los 250 millones que aparecen plasmados por primera vez en
el presupuesto, sino también, con ese incremento de 200 millones con
respecto al año pasado, los 925 millones a través de organizaciones no
gubernamentales.

Los 1.307 millones --como usted bien sabe-- representan una vieja demanda
del sector asociativo y conviene aclarar muy bien, señoría, que se trata
del dinero que anticipa el Estado a cuenta de lo que tienen que recibir
de Bruselas las ONG. Es decir, no es el dinero con el que la
Administración ayuda, a través del IRPF, para cofinanciar proyectos. Creo
que el Ministerio de Hacienda lo ha hecho --y quiero darle las gracias
públicamente por su sensibilidad cuando le planteamos que había muchas
ONG que estaban endeudadas, S. S. lo sabe-- porque, como no llegaban los
fondos de Bruselas, tenían que endeudarse para hacer frente a los
programas.

Si lo observa, señora Cortajarena, verá que también en el presupuesto del
Inserso hay cuatro mil y pico millones que se dan a cuenta del dinero que
tiene que llegar de Bruselas. En este momento los cálculos que se han
hecho parecen más que suficientes porque, también por primera vez, en el
IRPF se han incluido partidas para cofinanciar proyectos europeos. Las
estimaciones parecen suficientes, y le agradezco la generosidad de
felicitarnos porque creo



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que es un paso adelante. Indudablemente, en cuanto lleguen las
certificaciones de Bruselas estaremos al tanto de lo que pudiera ser
necesario, aunque las estimaciones, repito, son suficientes.

Me pregunta por el descenso en el programa 313.L, capítulo 1, otros
servicios sociales del Estado. Aunque en 48 horas le puedo enviar el
dato, me da la impresión de que el descenso del 18,7 tiene que ver con
las transferencias de Ceuta y Melilla, pero como no estoy segura de ello,
con muchísimo gusto se lo haré llegar.

Sobre el Plan gerontológico, me habla de la disminución en el capítulo 7
y del incremento en el capítulo 4. Su señoría sabe, y si no se lo
comunico, que la distribución del Plan gerontológico se ha hecho por
unanimidad con las comunidades autónomas. Han sido las propias
comunidades autónomas, por unanimidad, las que han preferido llevar mayor
inversión al capítulo 4 en detrimento del 7, y tiene su razón de ser por
la explicación que daba antes. Es decir, hay una mayor tendencia a cubrir
prestaciones a través de lo que llamamos no institucionalizado. En
cualquier caso, quiero recordarle que el Plan gerontológico se incrementa
en 300 millones; el año pasado se había incrementado en 200 y este año en
300, es decir, 500 millones en dos años. Su señoría sabe que, por
problemas de erario, de numerario, llevaba ya casi cuatro años congelado.

A mí me gustaría que hubiera subido más, pero creo que una subida de 500
millones en dos años, y habiéndose hecho la distribución de acuerdo con
las comunidades autónomas, supone que hay un nivel importante de
encuentro y colaboración.

El Plan de lucha contra la pobreza. Es verdad que en el año 1996, fecha
del último presupuesto de la legislatura anterior, se cayeron de los
presupuestos los 218 millones. El año pasado recuperamos los 218 y este
año los hemos aumentado a 300. Creo que en los presupuestos de
solidaridad hay que producir avances y, aunque a veces parezca poco, es
importante porque hay que multiplicarlo por tres; sobre todo es
importante en momentos de austeridad y cuando Europa, como S. S. sabe muy
bien, tiene paralizado el proyecto Pobreza IV. Estoy convencida de que
las conclusiones de la subcomisión o grupo que está trabajando sobre
exclusión social apoyará para el año que viene un mayor compromiso en el
incremento presupuestario, pero quiero recordarle que se han dotado con
casi 1.090 millones de pesetas programas destinados a la erradicación y
la lucha contra la pobreza, que van fundamentalmente en el área de
voluntarios y de integrales. ¿Por qué hay que tener en cuenta eso? Porque
si no dejamos que desaparezca del presupuesto el programa en sí, como
creo que estamos consiguiendo entre todos, y si ustedes, como
representantes de la soberanía popular, llegan a esa conclusión, sin duda
impulsarán que esos proyectos se recojan en los presupuestos del Estado.

Por otra parte, es verdad que se destinan 1.090 millones de pesetas a
través del IRPF; no es todo lo que hace falta, pero sí mucho más de lo
que pudiéramos soñar cuando Europa tiene congelados los programas de
pobreza.

Le agradezco su sugerencia en materia de pensiones no contributivas y
estoy de acuerdo con usted. Las pensiones no contributivas, como otros
aspectos de la gestión compartida --más que gestión, gestión, decisión y
pago--, tienen graves problemas con la burocracia. Voy a hablar con el
equipo que trabaja en esta área y también le trasladaré al ministro la
propuesta de adelanto que se hace en otras áreas. Yo creo que podría ser
viable, aunque tampoco quiero comprometerme en un área que no es
exclusivamente mía, pues es de Seguridad Social, pero se la trasladaré al
secretario de Estado. En cualquier caso, tengo que decirle que, también
en conferencia sectorial, se trató lo que tendrían que ser pautas no sólo
de tramitación sino también de acuerdo en los requisitos, porque también
hay algunas disfunciones.

Su señoría pregunta por qué se incluye infancia y familia. Hemos incluido
infancia y familia, primero, porque eso nos permite jugar con lo que se
llama los duros interactivos. Si usted gasta un duro que sirve a un niño
y sirve al padre o la madre que hay detrás, estamos cubriendo dos
objetivos con un mismo precio. No se trata de ahorrar en inversiones
sociales, sino de rentabilizarlas mejor. Yo sé que usted ha observado
que, por ejemplo, la conciliación de vida familiar y laboral, con un
contenido clarísimo de apoyo a la mujer, se incrementa en 100 millones de
pesetas. Me parece que se refiere usted a esos programas.

El programa, por ejemplo, de maltrato infantil está dotado sólo con 24
millones, pero sabe usted que más importante que los recursos son los
programas que están llevando a cabo sobre todo las organizaciones
gubernamentales en esta área, que este año han recibido 1.482 millones
del IRPF, es decir, 300 millones más que el año pasado.

Otro programa que estoy segura que también le interesa es el de menores
tutelados al alcanzar la mayoría de edad, que se incrementa en 60
millones. Usted sabe que el año pasado al final hubo que correr para que
se pudieran gastar los 200 que se presupuestaron, y ello por una sencilla
razón: porque falta, sobre todo, el diseño de programas que den respuesta
a ese colectivo tan importante.

Seguimos manteniendo los 1.100 millones para el programa de guarderías
laborales, que no se puede incrementar porque, como usted sabe, están
transferidas; se trata del mantenimiento de un compromiso.

El programa de atención a familias desfavorecidas en situación de riesgo
social se incrementa en 70 millones. Yo creo que es importante que
ustedes sepan que la virtualidad de estos proyectos es el dinero que se
mueve, porque son comunidades autónomas, ayuntamientos y Estado.

Por otra parte, quiero decirle que de esos 650 a 750 millones se
benefician, sobre todo, menores de cero a tres años, con lo que esto
repercute en familias de baja renta y en mujeres que quieran acceder al
trabajo.

Con respecto a la pregunta sobre los capítulos 1 y 2 del Injuve, con
muchísimo gusto le haré llegar la respuesta en las 48 horas establecidas.

Los 100 millones del Plan de juventud fundamentalmente van dirigidos a
formación para el empleo y apoyo a la vivienda. Eso explica que en el
programa 761 exista la misma cuantía para el acceso de jóvenes a la
vivienda. O sea, va por dos vías: una, la del 761, y la otra, la del
propio Plan de la juventud.

En relación con el Inserso, me parece que es suficiente con la respuesta
que le he dado a la señora portavoz de Izquierda



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Unida. Si no es así, con muchísimo gusto volvería a contestar. En cuanto
a lo del control interno, no le puedo decir nada en este momento, le
responderemos por escrito.

El programa de 252 millones para Ceuta y Melilla es un programa cuya
necesidad yo creo que SS. SS. comprenden. Hay muchas personas en Ceuta y
Melilla en las condiciones que SS. SS. conocen, en situaciones que no han
mejorado todo lo que quisiéramos, pero que por lo menos no son
verdaderamente indignantes. Ahí hace falta no sólo acogida, sino también
sanidad y, por otra parte, un asesoramiento de los recursos que pueden
tener, de las soluciones que se le puede dar a su problema personal y
respecto al futuro, porque la acogida sin más es un paliativo y no es una
respuesta a derechos humanos. La respuesta a derechos humanos es un
trabajo y una residencia. En este sentido, como los 250 millones van a
ser gestionados por las propias comunidades autónomas, se va a acordar
con ellas cómo se van a distribuir, aunque si en Melilla hay más personas
que en Ceuta, indudablemente el apoyo estará en función de las
necesidades. Son, sobre todo, prestaciones a personas, es decir, para
cubrir necesidades de salud, de acogida y saneamiento.

Me preguntaba por los 837 millones. No tengo aquí la aplicación
económica, por lo que, señor presidente, si usted nos da el permito, lo
hablaremos vis a vis.

Ha hecho alguna pregunta más sobre el Plan concertado. De él tengo que
decir que el incremento va destinado, y es importante que lo sepa S. S.,
a consolidar el personal laboral contratado, que es un 15 por ciento, lo
que significa, primero, estabilidad en el puesto de trabajo y, por otra
parte, consolidar el sistema de servicios sociales.

Si me he dejado olvidada alguna cosa o quieren que amplíe algo más, señor
presidente, responderé con muchísimo gusto.




El señor PRESIDENTE: Señora Sabanés, ¿no tiene ninguna pregunta que
formular? (Pausa.) Se lo agradecemos.

Señora Cortajarena.




La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Yo quería hacer un par de consideraciones
a las manifestaciones vertidas en esta comparecencia por la secretaria
general de Asuntos Sociales.

Como la historia es muy tozuda, lamento responderle que, a pesar de sus
buenas dotes de persuasión y su asignación permanente a las aplicaciones
de otros fines de interés social del 0,5, cuando se elaboró el
presupuesto en el año 1995 y el señor Valero, entonces subsecretario del
Ministerio de Asuntos Sociales, hacía estas comparaciones, la señora
Sanz, portavoz del Grupo Popular, manifestaba que esto dependía de la
voluntad o de la capacidad de los ciudadanos para el pago al IRPF y que,
por lo tanto, no se podía contabilizar ni cuantificar. Yo sí le quiero
decir que entiendo que estos beneficios que obtienen algunas
organizaciones y algunos proyectos, aunque sea a través de una nueva
técnica presupuestaria que no habíamos visto --yo por lo menos no la he
conocido hasta ahora--, son aportaciones económicas que van engrosando
determinados aspectos.

Hay un tema que me parece de más calado. He leído con detenimiento todas
sus declaraciones, llevo varios días siguiendo el presupuesto y todas las
declaraciones de la secretaria general. En realidad, cuando ustedes
comentan que en el área de la Secretaría de Asuntos Sociales se ha
incrementado en 53.000 millones el presupuesto, usted omite cuánto se han
incrementado los presupuestos en relación a las pensiones asistenciales
y a las pensiones no contributivas. Esto supone casi 20.000 millones de
incremento, con lo cual el crecimiento real, porque son prestaciones de
derecho subjetivo perfecto, quedaría bastante reducido.

Aquí tengo el recorte de un periódico magnífico que no es nada
tendencioso y que dice que España es un valor al alza en toda la economía
dentro de Europa y que, por lo tanto, las expectativas económicas en
nuestro país son las mejores de Europa. Si se supone que es cierto lo que
dice cuando afirma que Bruselas define la economía española como una de
las más prometedoras de Europa, nos encontramos con una situación que
para mí es preocupante, y le voy a decir por qué.

Dentro del ámbito de las políticas asistenciales y de servicios sociales
nos hemos encontrado con que la economía nos ha jugado bastantes malas
pasadas y también buenas. Cada cinco años hay un ciclo económico, de
repente sube la economía y nadie sabe por qué; de repente baja y nadie
sabe por qué. Siempre hay factores que los economistas aducen, argumentan
y hasta casi nos convencen. Creo que es importante que recordemos que
cada cinco años, en el ámbito de las prestaciones asistenciales y en el
de los servicios sociales, ha habido puntas de lanza y cuando la economía
iba bien nosotros íbamos a remolque, pero avanzábamos algo. Le quiero
recordar, por ejemplo, que de 1980 a 1985 se puso en marcha la Lismi.

Cuando se inició --lo recuerdo porque yo estaba en el Ministerio-- eran
30.000 millones y acabamos pagando casi 100.000 millones. En el
quinquenio 1985 a 1990 se puso en marcha el Plan concertado de
prestaciones básicas de servicios sociales (usted ha dicho que estuvo
congelado durante cuatro años, pero tenga en cuenta que realmente se hizo
una gran aportación económica), se activó el programa de vacaciones y de
termalismo del Inserso. Igualmente, se cofinanciaron los programas
europeos en esta materia. De 1990 a 1995 se ha desarrollado la Ley de
Pensiones No Contributivas, y usted conoce muy bien que estamos hablando
de cerca de 300.000 millones de pesetas.

Lo que me pregunto es qué vamos a poder decir de 1996 al 2000. Dado que
la economía va bien, dado que España va muy bien, qué vamos a poder
recordar en esta época de expansión económica, ya que somos una de las
economías más prometedoras y que España envejece, tiene población
maltratada y hay exclusión social. ¿Se va a hacer una apuesta por los
programas sociales, señora secretaria general? ¿Qué apuesta va a hacer el
Gobierno del Partido Popular en relación a esta materia para que por lo
menos en el quinquenio que nos ocupa, dado que en 1996 no hubo
presupuestos sino que fue una prórroga, podamos recordar que si la
economía va bien, en materia de pensiones asistenciales y en materia de
servicios sociales hemos hecho un impulso complementario para garantizar
que esta



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economía favorable, positiva, que es la admiración de Bruselas, realmente
revierta en lo que son las necesidades sociales de los colectivos más
desfavorecidos?



El señor PRESIDENTE: Señora Gómez, pero sin abrir un debate sobre este
último punto, por favor.




La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): He sido
diputada en el Parlamento andaluz y no en el Congreso de los Diputados,
pero conozco la técnica y la estrategia parlamentaria. Su señoría puede
estar tranquilo.

En primer lugar, presupuestos del Estado son de los que estamos hablando.

Dinero público destinado a política social es todo. Yo no entro, no
entiendo y respeto los debates que haya podido haber en la Cámara, pero
es que hasta en eso, señoría, tengo que decirle que los años de buena
economía han hecho que pasemos de 8.995 millones de IRPF en el año 1995
a casi 13.000 millones en el año 1996.

Pero, señoría, la bonanza no es sólo que se recoja más dinero sino a la
hora de optar por distribuir, y la distribución explica que se ha primado
lo que eran emergencias. Por tanto, yo tengo que explicar en la Cámara,
primero, por qué, por ejemplo, la ayuda a las personas con discapacidad
no son sólo 500 millones, 100 de incremento, para un plan aprobado con el
consenso de todas las comunidades autónomas y que, además, entra por
primera vez en el año 1996 para 1997; segundo, yo tengo que explicar que
eso se apoya no sólo desde el IRPF sino también con un plan que se acaba
de firmar esta tarde.

Posiblemente, sea también porque, cuando era diputada, me ceñía
exclusivamente a lo que era la partida, y ahora que soy Administración
tengo que explicarlo todo, pero yo creo que ustedes, que en política
social les interesan los logros, querrán saberlo.

En cuanto a lo de persuasiva, a mí me alegra mucho que usted me siga,
porque por lo menos hay alguien que me sigue, pero --repito-- no soy
persuasiva, yo creo que siempre soy así, algunas veces dejo de ser así,
pero, créame, son muy pocas y sólo por estado de necesidad.

Respecto al crecimiento, usted sabe muy bien que los presupuestos de lo
que hoy es Secretaría General y hasta el año 1996 fue ministerio,
estuvieron prácticamente congelados cuatro años. Yo creo que en un año en
que el presupuesto del Estado crece un 3,2, en que el PIB crece un 3,4 y
en que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales crece un 0,9, ya no le
voy a decir si crezco un 12 si no incluyo los gastos o, si los incluyo,
un 8 por ciento. Le quiero decir que estamos creciendo por encima del 8
por ciento, y con los datos que están ahí de un 3,2, del presupuesto del
Estado, un 3,4 del PIB y un 0,9 de crecimiento del Ministerio, el 8 por
ciento en política social, donde lo que vale son los hechos y no la
declaración de intenciones, me parece que por lo menos es de respetar el
esfuerzo que ha hecho el Gobierno en un año que era especialmente
difícil.

Yo le voy a decir a usted no por lo que apuesto, porque en ese sentido no
me gusta apostar sino más que nada comprometer. Estamos apostando por
conciliar dos cosas: las políticas activas de solidaridad, que son las
que crean empleo, con las políticas que podríamos llamar asistenciales de
complemento, que son las que apoyan a los más desfavorecidos.

En ese sentido, yo creo que la puesta en marcha con respaldo
presupuestario del Plan de acción estatal del voluntariado, del Plan de
apoyo integral o de ayuda a los inmigrantes, el reforzamiento del Plan de
acción, el incremento del plan de lucha contra la pobreza, como usted
sabe, y aquí lo saben muchas personas que han sido también diputados
autónomos, todo esto genera una mimesis muy importante porque todos los
presupuestos autonómicos, como usted sabe, se empiezan a trabajar a
partir del 30 de octubre. Además, esto genera un ejemplo muy positivo
porque las comunidades autónomas --yo he sido diputada autonómica siete
años-- difícilmente no contemplan partidas que están contempladas en los
presupuestos del Estado.

Estoy de acuerdo con usted en que es verdad que hay que hacer lo que
sería una previsión de lo que va a ser el 2000, pero yo también tengo que
decirle que la primera y mejor previsión respecto al futuro es asegurar
el presente. Señoría, quiero tranquilizarla y decirla que yo creo que en
el presente, sin triunfalismos y sin persuasión tampoco --es mi tono, la
gente del sur hablamos así-- no sólo ya en los presupuestos de cara a
1998, sino en el esfuerzo que se hizo en 1996, se está demostrando que es
posible converger en lo económico sin retroceder en lo solidario. Además
estoy convencida que el trabajo y el impulso de los grupos de la
oposición y del grupo que sustenta al Gobierno mejorarán esto. Pero desde
luego no puedo aceptar, con todo respeto, que se pueda poner en duda el
futuro de una política cuando el presente está demostrando que se va
avanzando; para unos será mucho, para otros poco, pero el hecho es que se
avanza. En cualquier caso, el futuro sabe usted que no está escrito, pero
espero que entre todos, y sobre todo en un área como ésta, donde hay
tantas personas que se pueden beneficiar, sepamos encontrar los puntos de
encuentro, porque a mí nunca me ha dolido en esta Comisión reconocer las
ideas buenas, vinieran de donde vinieran, entre otras cosas porque usted
sabe que estamos de paso por aquí y, al final, lo que queda es lo que
hacemos entre todos.




El señor PRESIDENTE: Con la comparecencia de la secretaria general de
Asuntos Sociales concluye el orden del día.

Se levanta la sesión.




Eran las ocho y veinte minutos de la noche.




Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Política
Social y Empleo, del miércoles, 15 de octubre de 1997, no guarda la
relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación
de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.