CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 295



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DÑA. MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA
SANZ, VICEPRESIDENTA PRIMERA



Sesión núm. 32



celebrada el martes, 14 de octubre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998. (Número de expediente
121/000082.)



Se abre la sesión a las diez horas y treinta y cinco minutos de la
mañana.




COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DE ESTADO PARA 1998 (Número de expediente
121/000082):



--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MARTI FUXA). A PETICION
DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número

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de expediente 212/000969) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 212/001041).




La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Buenos días,
señorías.

Vamos a dar comienzo a la sesión de esta Comisión de Justicia e Interior
para sustanciar las comparecencias solicitadas por los grupos
parlamentarios respecto a la tramitación del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998.

La primera comparecencia, solicitada por los grupos Socialista e
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es la del secretario de Estado
de Seguridad. Para comenzar esta comparecencia, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: Señorías, en primer lugar, quiero agradecer la
presencia del secretario de Estado de Seguridad para analizar los
presupuestos para 1998 en relación, sobre todo, a lo que son competencias
del mismo.

La primera reflexión que quisiera hacerle es que, efectivamente, el
proyecto de presupuestos del Ministerio para 1998 asciende a 635.321
millones de pesetas, el presupuesto inicial de 1997 era de 622.234, y que
esto significa que se produce un incremento del 2,1 por ciento. En cuanto
al peso específico que tiene el presupuesto del Ministerio de Interior en
el presupuesto de 1998 es del 3,4 por ciento. Es decir, que se mantiene
la disminución que ya el año pasado se apreciaba en relación al ejercicio
de 1996 y, desde ese punto de vista, para nosotros hay una cierta
despriorización de lo que son los cometidos del Ministerio de Interior a
la hora de ser acogidos en el ámbito de los Presupuestos Generales del
Estado.

Lo que quisiéramos plantear son algunas cuestiones que nos llaman la
atención. Por ejemplo, el capítulo 1 de los presupuestos del Ministerio,
gastos de personal, crece 6.727 millones de pesetas, es decir, el 1,24
por ciento, frente al 3 por ciento que es el crecimiento general de este
capítulo en el presupuesto del Estado. Extraña, sin embargo, el
espectacular crecimiento que experimentan los créditos destinados a
incentivos al rendimiento (artículo 15) y su peculiar reparto, sobre todo
en relación precisamente a este tema del reparto. Los incentivos al
rendimiento suman 18.468 millones de pesetas, frente a los 13.855
millones de pesetas de 1997, lo que supone un incremento del 32,2 por
ciento, pese a que, como consecuencia de la reorganización de la
Administración periférica, se han traspasado al Ministerio de
Administraciones Públicas unos 625 millones de pesetas de este concepto.

Las cuestiones que se plantean son las siguientes: ¿Crecen las
retribuciones en Interior más del 2,1 por ciento que prevé la ley de
presupuestos para el resto de los empleados públicos? ¿Todo el personal
de Interior se beneficia de tal medida? ¿Por qué crecen tan
espectacularmente los créditos de productividad para las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, Policía y Guardia Civil, y sólo el 2,1 por ciento
para los funcionarios de prisiones? Pasa de 1.007 millones de pesetas en
1997 a 1.028 en 1998; es decir, en prisiones se aprecia 21 millones de
pesetas, frente a 4.500 millones de pesetas en el conjunto de Policía y
Guardia Civil.

El capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, crece en el
presupuesto del Estado un 3,6 por ciento; en Interior el crecimiento que
experimenta es sólo una décima, 0,1 por ciento, 53 millones, y las
cuestiones que se plantean son las siguientes: ¿Es posible mantener la
operatividad de los servicios con el presupuesto de 1998? ¿Se consideran
suficientes los créditos de dietas y combustibles, que ya fueron
rebajados --y éste fue un motivo de crítica-- en 1997 en relación a 1996?
¿Por qué crecen estos créditos en la Dirección General de Policía un 8,6
por ciento, mientras en la Guardia Civil sólo aumentan un 0,2 por ciento?
El crecimiento es de 1.280 millones en Policía, frente a 40 millones en
la Guardia Civil.

En 1997 existe una partida en el servicio 02, programa 221.A, Dirección y
Servicios Generales de la Seguridad y Protección Civil, por importe de 39
millones de pesetas, destinada a cooperación policial con otros países.

La misma partida y en el mismo programa aparece dotada en 1998 con 115
millones de pesetas, exactamente en el concepto 494. ¿Qué explicación
tiene este crecimiento? Recuerdo que en el ejercicio anterior ya
planteamos interrogantes sobre lo que considerábamos que era una
infradotación en esta materia y considerábamos que había una prioridad
que abordar.

Hay un tema que nos preocupa también de manera importante, que afecta a
su Secretaría de Estado, y es la relativa a que se crea un organismo
autónomo nuevo; nosotros incluso habíamos solicitado la comparecencia del
director general de la Administración de la Seguridad, pero por razones
de economía procesal se acopla esa comparecencia en usted, en el
secretario de Estado. Efectivamente, desde nuestro punto de vista, la
creación --el tema, lógicamente, es controvertido y opinable-- de este
organismo autónomo de alguna forma es un reconocimiento --me refiero al
organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del
Estado, que se crea por el artículo 71 del proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y de orden social-- de la frustración o del
fracaso de lo que es la gestión de esa Dirección General de
Administración de la Seguridad que se describía el año pasado como la
gran piedra angular o el gran eje de la gestión empresarial y de la
optimización de recursos de lo que era la gestión presupuestaria,
económica, infraestructural, incluso logística del Ministerio del
Interior. Creo que esta Gerencia de Infraestructuras que se crea de
alguna forma reconoce una cierta frustración en el funcionamiento que
estaba diseñado en la Dirección General.

Al margen de lo que son juicios de valor, parece que esta Gerencia de
Infraestructuras tiene una escasísima justificación. En la memoria del
proyecto de ley de acompañamiento se hace una muy leve explicación de
esta Gerencia. Se dice algo tan tópico como que la infraestructura
inmobiliaria del Ministerio de Interior requiere una atención especial,
como especial es su función, y no debe desatenderse por más tiempo; las
inevitables restricciones del presupuesto



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han llevado los edificios e instalaciones a una situación que exige
atención pronta y generalizada, etcétera. Poco más se dice a la hora de
justificar esta Gerencia. En la exposición de motivos simplemente se
consigna la creación de este organismo autónomo igual que otros
organismos autónomos, y la regulación del artículo 71, al margen de las
funciones, algunas de las cuales me preocupan, porque suponen
prácticamente dejar sin control lo que es la gestión de infraestructuras,
la gestión inmobiliaria del Ministerio de Interior; digo dejarle sin
control, porque, al final, ese tipo de organismos acaban encontrando otro
portillo para, vía privatización o vía encargo a consultings privados,
por ineficiencia en su dotación incluso de personal o de medios, acabar
transfiriendo o delegando su propia gestión en entidades privadas que, a
su vez, son las que van a gestionar algo que fundamentalmente va al mundo
privado, no tanto a la construcción de infraestructuras como a la
optimización o gestión de un patrimonio del Ministerio de Interior, sobre
todo, un patrimonio inmobiliario. Ya digo que en esta Gerencia observo
una especie de trastienda del Ministerio de Interior para la gestión
inmobiliaria. He comentado que es un tema opinable, pero creo que es
innecesaria y, sobre todo, su dirección corresponde al director general
de la Administración de la Seguridad. Por tanto, creo que este organismo
autónomo que se crea es inútil y que, de alguna forma, supone reconocer
una frustración en la competencia del director general de Administración
de la Seguridad.

Al lado de estas cuestiones, también quisiera resaltar otras relativas a
este organismo autónomo que se crea. Por cierto, apunto simplemente que
en la memoria que se hace de los presupuestos del Estado, en el famoso
libro amarillo de presentación del proyecto de presupuestos, también se
menciona este organismo autónomo, aunque se dice que se crea a través del
título II de la ley de presupuestos; por supuesto, debe ser una errata,
porque el título II del proyecto de ley de presupuestos no menciona para
nada este organismo autónomo, el organismo autónomo va en el título IV
del proyecto de ley de acompañamiento. Hecha esta matización, quisiera
resaltar otro tema, y es que el presupuesto de gastos de los organismos
autónomos del Ministerio de Interior, tal como ha sido remitido al
Congreso, no incluye dotación alguna para este nuevo organismo que se
prevé crear, para esta gerencia; en cambio, en otros organismos autónomos
sí se contemplan unas dotaciones para 1998, como es el caso del Instituto
para la reestructuración de la minería del carbón y desarrollo
alternativo de las comarcas mineras, organismos autónomo adscrito al
Ministerio de Industria, y con la Agencia Española del Medicamento,
organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo.

La situación, en relación con este organismo, para nosotros resulta
confusa, no sólo por los datos que acabo de darle, sino por la propia
normativa de organización del Ministerio de Interior que, como sabe,
previó la creación --a ello me refería anteriormente-- de la nueva
Dirección General de Administración de la Seguridad, a través del Real
Decreto 1885/1996, con un amplísimo elenco de atribuciones; sin embargo,
mediante el Real Decreto 342/1997, se reestructuran las competencias de
dicha Dirección general, aunque mantiene un buen número de ellas, parte
de las cuales no las ejerce sino que a través de la denominada encomienda
de gestión se encarga, a su vez, realizar esas funciones a las
direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil. A tal efecto,
el Boletín Oficial del Estado de 3 de junio de 1997 publicó una
resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad estableciendo dicha
encomienda de gestión.

No cabe duda de que esto vuelve a incidir en lo que decíamos
anteriormente: la creación del organismo autónomo; la gestión de esta
Dirección General de Administración de la Seguridad se ha frustrado con
tanta encomienda y reducción progresiva de sus cometidos y, además, ha
generado, creo, una confusión y una falta de armonización y coordinación
en la propia gestión del gasto de la Dirección General de Policía y de la
Dirección General de la Guardia Civil, y el ejemplo está en una crítica
que formulábamos en el propio presupuesto de 1998, capítulo II del
Ministerio, a los gastos corrientes que crecen un 8,6 por ciento en la
Dirección General de Policía y sólo un 0,2 por ciento en la Dirección
General de la Guardia Civil.

Creo que la Dirección General de la Administración de la Seguridad está,
de alguna forma, subdesarrollada, tal como se han ido acortando sus
competencias a través del Decreto 342/1997 y de la encomienda a la que me
he referido; que no se cumplieron las ambiciosas previsiones de su
creación, porque ya digo que el año pasado iba a ser la gran piedra
angular de la gestión empresarial del Ministerio y ni siquiera ha podido
aunar los criterios de gasto de la Dirección General de Policía o de la
Dirección General de la Guardia Civil. Ha visto limitadas sus funciones y
la creación de esta gerencia, organismo autónomo de infraestructuras de
la seguridad, de alguna forma supone reconocer esa frustración; sobre
todo, creo que se está creando un organismo innecesario. ¿Para qué una
gerencia si luego se va a privatizar la gestión de los suelos públicos?
Hay precedentes ya. ¿Un nuevo organismo opaco o una trastienda para
gestionar el cuantioso patrimonio inmobiliario del Ministerio de
Interior? Creo que es innecesario y mi grupo, además --lo recuerdo,
aunque no tenga nada que ver con el Ministerio de Interior--, ha
presentado una proposición no de ley relativa a la gestión de suelos
públicos, instando a un plan de suelos públicos que gestione los suelos
públicos de Interior, de Defensa y de otros ministerios, precisamente
para racionalizar esa gestión y para orientarla no sólo a la optimización
de recursos, sino también hacia una política de vivienda, necesaria y
acorde. Por eso, creo que sin un inventario previo, sin una
racionalización, sin un plan previo de suelos públicos, un organismo
nuevo para gestionar el patrimonio inmobiliario del Ministerio de
Interior es absolutamente innecesario.




La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Señora presidenta, permítame una intervención
previa.




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Al hilo del atentado de ayer a un ertzaina, quiero manifestar en nombre
de nuestro grupo, y estoy convencido que también por parte de los demás
grupos, nuestra solidaridad con el agente José María Aguirre, con su
familia, que en esta locura de ETA ha sufrido un atentado por la espalda;
en esta locura, como decía, en donde la cultura se vuelve a convertir de
forma novedosa además en un objetivo de una banda criminal, en este caso
de ETA (en la transición, otras bandas criminales también atentaban
contra la cultura) y, desde luego, que frente a este atentado, la
respuesta que esperamos en Izquierda Unida que se dé es la que estamos
empeñadas todas las fuerzas democráticas, desde la colaboración ciudadana
activa y desde el estricto cumplimiento de la ley con aquellos que la
infringen, estén donde estén, tengan el rostro que tengan. Por tanto, con
esta dualidad activa entre esa colaboración ciudadana, la firmeza de las
fuerzas democráticas y de aplicación estricta de la ley a aquellos que
silencian o amparan las acciones terroristas, sin duda alguna podremos
avanzar. Por tanto, como digo, quiero manifestar esta solidaridad activa
y congratularme de que se haya podido evitar una masacre como la que
tenían pensada en el marco de ese templo cultural que es el Guggenheim.

Señor secretario de Estado, el ministro de Interior se comprometió, en el
último consejo de policía del 22 de julio, diciendo --y cito
textualmente-- que quería estar en condiciones de manifestar que las
piezas esenciales del ejercicio de 1998 para el Gobierno son cuatro:
sanidad, educación, defensa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, no el Ministerio de Interior, aunque ello no signifique que dicho
ejercicio presupuestario vaya a ser espectacular, pues no es posible que
sea espectacular ningún incremento en 1998, aunque puede establecerse un
incremento presupuestario del Ministerio de Interior que supere el 5 por
ciento y que casi esté en el 6 por ciento. Decía el señor ministro: En
todo caso, lo que se puede afirmar es que una de las cuatro prioridades
para 1998 son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pues bien, señor secretario de Estado, estudiando los presupuestos para
el Ministerio de Interior y particularmente para las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, podemos decir que ese objetivo del señor ministro
no se ha cumplido. El incremento para 1998 es del 1,58 por ciento frente
al 5 o al 6 que el Ministerio había planteado y, por tanto, no estamos
dentro de lo que el ministro, en el mes de julio, anunciaba como una
novedad bien acogida por las reivindicaciones del conjunto de los
funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mientras
que la subida media del Ministerio ha sido del 2,1 por ciento para el
presupuesto de 1998, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han
subido tan sólo el 1,58 por ciento. Nos gustaría conocer qué ha ocurrido
desde el mes de julio al mes de octubre para que ese objetivo, en tan
corto plazo, no se haya podido cumplir.

El ministro también se comprometió en esta misma reunión --y cito el acta
textual de la reunión del consejo de policía del mes de julio-- a
incrementar el capítulo 6, de inversiones, en un 50 por ciento. Lo cierto
es que el incremento en estos presupuestos se ha quedado en el 17,6 por
ciento y, por tanto, también nos gustaría conocer qué ha ocurrido en tan
pocos meses (tres o cuatro meses) para que ese objetivo, que en julio era
un objetivo a alcanzar, se haya convertido en un objetivo más bajo de la
mitad de lo anunciado.

Señor secretario de Estado, nuestro temor ante estos presupuestos es que
consolidan un modelo, en cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, uno de los capítulos más importantes de Interior, un sistema
policial que hace prevalecer un cuerpo sobre los demás (esto forma parte
de un debate que tenemos, sin duda, pendiente dentro de esta Comisión, en
la subcomisión sobre modelo policial), pero estos presupuestos consolidan
un sistema policial determinado, en el que prevalece, como decía, un
cuerpo sobre otro, con problemas muy serios en su infraestructura, sin
solución a las reivindicaciones de los funcionarios y funcionarias,
aplazadas ya hace tiempo --y estamos hablando de cantidades en pesetas no
muy grandes a repartir en tres años--, con un déficit muy serio en la
formación y en el que da la sensación, una vez que contrastamos estas
cifras, que el Gobierno está volcado fundamentalmente y de forma
desproporcionada en la seguridad exterior, es decir, aumentando
sensiblemente los presupuestos de defensa, más allá de lo que requiere la
nueva situación internacional, pero que en materia de seguridad ciudadana
es cicatero hasta extremos de hacer recaer en los funcionarios y
funcionarias policiales la responsabilidad de un trabajo eficiente a
costa de su esfuerzo personal y de su imaginación y, lógicamente, esto no
se corresponde con un Estado moderno. Un Estado moderno debe garantizar
que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén bien coordinadas,
suficientemente equipadas, bien pagadas, bien formadas y desde un
concepto civil de la seguridad, es decir, no rehuyendo de un concepto
militarizado de lo que es la seguridad, concepto militarizado que tiene
una tremenda ventaja, y es que se ahorra en relación a las compensaciones
económicas que se tiene que tener con ese funcionario, porque, por encima
de todo, está la obediencia ciega, la obediencia debida, no hay horas, no
hay pagas extras, no hay un trato normalizado.

Por tanto, desde ese concepto de policía descentralizada, bien pagada,
civil, bien formada, creemos que estos presupuestos siguen siendo
desiguales e injustos a la hora de la distribución del pago de las
distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Porque desde la
realidad, y la realidad es la que es, el Cuerpo Nacional de Policía cubre
en estos momentos una población de 23.600.000 personas, o sea, alcanza al
59,9 por ciento de la población, con 51.015 efectivos, que representa el
27,9 por ciento de la Policía, y nos da una ratio de 2,2 policías por
cada 1.000 habitantes, dato real hasta donde alcanza el Cuerpo Nacional
de Policía frente a la Guardia Civil, que cubre 15.812.000 personas, es
decir, el 40 por ciento de la población, frente al 59 que alcanza la
Policía Nacional, con 75.197 efectivos, bastantes más que el Cuerpo
Nacional de Policía, que representa el 41,1 por ciento de la Policía del
Estado, con un 4,8 por ciento de guardias por 1.000 habitantes, cantidad
superior a la del Cuerpo Nacional de Policía.




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Sin embargo, desde esta realidad, a la hora de ejecutar los presupuestos
y distribuirlos por los distintos cuerpos, se crea un agravio
comparativo. En cuanto a formación, por ejemplo, las previsiones de 1997
no se cumplieron. En 1998 hay una reducción mayor de cursos de formación
y promoción interna. Se van a tener que celebrar en este año los cursos
de ascenso a oficial y subinspector del Cuerpo Nacional de Policía por no
haberlos podido realizar, aunque estaba previsto, en 1997 y, como decía,
se sigue planteando un trato desigual. Por ejemplo, en formación,
aumentan los presupuestos de formación de la Guardia Civil, que sigue
duplicando a del Cuerpo Nacional de Policía. El Cuerpo Nacional de
Policía, como usted bien conoce, solamente tiene tres centros: Avila,
Carabanchel y Pío XII, mientras que la Guardia Civil mantiene doce
centros de formación y ocho centros de especialización. El presupuesto
para formación es absolutamente desigual: 4.562 millones el Cuerpo
Nacional de Policía frente a 7.244 la Guardia Civil, mientras que los
cursos realizados, sorprendentemente, por el Cuerpo Nacional de Policía
han sido 345 frente a 64 la Guardia Civil, es decir, hay toda una
desproporción, por lo que interesaría conocer las razones de fondo por
las que no se ponen las bases de manera definitiva a todo el problema de
la formación desigual de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Nos preocupa que los gastos en bienes corrientes y servicios bajen, como
es en la energía eléctrica, combustible, telefonía, transporte, por lo
que me gustaría conocer las razones por las que bajan respecto al
presupuesto del pasado año. Nos preocupa que las inversiones reales
solamente suban un 17,69 por ciento, es decir, 1.022 millones, muy lejos
del 50 por ciento anunciado en el mes de julio por el señor ministro.

Nos preocupa el programa 222.C, es decir, el de actuaciones policiales en
materia de droga, porque también se mantiene una desigualdad de trato
entre dos cuerpos que tienen el mismo objetivo, el mismo cometido, en
cuanto a la persecución del delito de tráfico de estupefacientes, porque
se sigue primando, como he planteado desde la primera parte de mi
intervención, a un cuerpo sobre otro, pero desde una realidad, y es que
el Cuerpo Nacional de Policía, por ejemplo, con cifras de 1995, realizó
24.532 detenciones frente a 19.786 de la Guardia Civil; y en ese mismo
año, el Cuerpo Nacional de Policía aprehendió una cantidad de 6.003 kilos
de estupefacientes frente a 1.340 de la Guardia Civil. Sin embargo, a la
hora de repartir las partidas presupuestarias en reparación y
mantenimiento, la Guardia Civil sale ganando, es decir, el Cuerpo
Nacional de Policía para 1998 tiene cero pesetas en reparación y
mantenimiento y la Guardia Civil tiene 2.513.000 pesetas. Son cantidades
pequeñas pero alguna explicación tiene que tener esa desproporción. Por
ejemplo, en material, el Cuerpo Nacional de Policía va a recibir 190.000,
frente a 31 millones que recibe la Guardia Civil. Alguien tendrá que
explicar qué pasa con esta diversidad de trato. En adquisición de
vehículos y equipos que es una partida importante y que, además, forma
parte de una necesidad extrema, el Cuerpo Nacional de Policía recibe 95
millones frente a 182 millones que recibe la Guardia Civil. En resumen,
en la tarta presupuestaria la Guardia Civil se lleva el 54,3 por ciento,
frente al Cuerpo Nacional de Policía que recibe el 45,7 por ciento.

Entendemos, como decía al principio de mi intervención, que estos
presupuestos consolidan un sistema policial que espero podamos corregir
en el transcurso de los trabajos de la subcomisión creada al efecto para
discutir el sistema policial de la España del siglo XXI. Indudablemente
no me gusta entrar en un discurso de agravios entre cuerpos, pero para no
poder entrar en un discurso de agravios entre cuerpos hay que tender a
que el conjunto de cuerpos de seguridad, todos, tengan un trato, por lo
menos semejante, en relación a los objetivos y funciones que debe cubrir
por parte del Estado. En ese sentido, creemos que la opinión que nos
merecen los presupuestos, contrastada después de su estudio, es que no se
puede gravitar el modelo policial desde la remilitarización de un cuerpo,
en este caso la Guardia Civil, que, sin duda, con el debate que tenemos
sobre la profesionalización del ejército se le va a encomendar una nueva
tarea, como es la defensa del territorio, y nos preocupa que desde esa
remilitarización y no desde la opción de la civilización de la Guardia
Civil, convirtiéndolo en un cuerpo civil, acercándolo más a tareas
policiales que militares, se tire tanto que al final todo el sistema
recaiga sobre un cuerpo militarizado y, además, con un gobierno que apoya
la remilitarización de este cuerpo. Por el contrario, nosotros entendemos
que habría que hacer un esfuerzo para que las bases del sistema policial
sean civiles, que tengamos un sistema plural, diversificado, policial,
con un despliegue territorial propio, pero desde luego mucho más
racionalizado, mejor formado, mejor pagado y mejor dotado. Nosotros
creemos, además, que este compromiso lo adquirió el propio Gobierno
cuando no era gobierno, cuando se presentaba como Partido Popular a las
elecciones. Este compromiso del Partido Popular que figuraba en su
programa electoral venía a decir que llevaría adelante desde el gobierno
una acción decidida para equiparar al conjunto de los funcionarios
policiales de todo el Estado, policías autonómicos, locales, Guardia
Civil y Cuerpo Nacional de Policía y la verdad es que estos presupuestos
no solamente desdicen esta afirmación, sino que van en sentido
absolutamente contrario.

El estado de las comisarías. El estado de la infraestructura requeriría
por parte del Gobierno una acción mucho más decidida. Solamente ayer, por
ejemplo, en Madrid teníamos 428 vehículos averiados del Cuerpo Nacional
de Policía. Estas averías se producen porque no llega la dotación
insignificante para poder garantizar que averías de poca cuantía no
puedan poner en peligro el despliegue de vehículos en una gran ciudad
como Madrid.

Hablamos de un conflicto sin resolver, que se cuantifica en 27.000
millones de pesetas en tres años con los funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía y creemos que trabajar en sentido contrario del compromiso
electoral desmerece a cualquier fuerza política. Yo creo que merece una
explicación el porqué no se revuelve, no se avanza en resolver la
homologación del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para que no haya agravios comparativos, para que un policía local
no cobre más



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que un policía autonómico, un policía autonómico más que un policía
nacional y un policía nacional más que un guardia civil. Por tanto, creo
que merecería la pena una explicación que dijera por dónde se pretende
avanzar para alcanzar o no ese compromiso.

Finalmente, hay una preocupación en el sentido de esta militarización del
sistema policial. Ha llegado a mis oídos la pretensión que tuvo el
ministro de Interior de que desfilara en el último desfile el Cuerpo
Nacional de Policía. Afortunadamente esa pretensión no se llevó adelante,
pero me gustaría conocer si es cierto que por parte del Ministerio de
Interior se contempló la posibilidad de que el Cuerpo Nacional de Policía
desfilara en un marco que nada tiene que ver con la acción policial ni
con la seguridad ciudadana; que tiene que ver con un marco de defensa
nacional, de tropas profesionales armadas militarizadas. Afortunadamente
no se llevó adelante esta pretensión y me gustaría conocer si
efectivamente esas instrucciones se pensaron o no en algún momento.

Finalmente, tenemos una asignatura pendiente. Ya en los anteriores
Presupuestos Generales del Estado se había aprobado la necesidad de
garantizar las indemnizaciones a un colectivo de policías antes del
acuerdo que se mantuvo con empresas aseguradoras encargadas del pago de
indemnizaciones, y todavía hay funcionarios pendientes de esas
indemnizaciones. Se acordó que cuando hubiera una partida presupuestaria
se cobrarían las indemnizaciones pendientes, pero al día de hoy todavía
están sin cobrar y estamos hablando de dos ejercicios atrasados. (El
señor Gil Lázaro pide la palabra.)



La señora VICEPRESIDENTA: Señor Gil Lázaro, quería advertir también a
todas SS. SS. que estamos ante comparecencias de presupuestos en donde
sólo intervienen los grupos que han solicitado la comparecencia. No
obstante, le voy a conceder un minuto, señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Quiero agradecer, ante todo, a la señora presidenta
su benevolencia porque efectivamente lo dicho por ella es palabra
reglamentaria y, por tanto, ley.

Nos sumamos a las palabras del señor Meyer en orden al atentado de ayer,
señalando que no compartimos las valoraciones que se han podido realizar
en orden a lo que ha significado en este ejercicio la actuación,
dimensión y funciones de la Dirección General de la Administración de la
Seguridad que entendemos está cumpliendo su misión.

Y por cumplir nosotros por nuestra parte el compromiso de no menos de un
minuto señalado por la Presidencia, quiero decir que pediríamos al
secretario de Estado que nos señale especialmente la proyección que va a
tener la nueva Gerencia de Infraestructuras para la Seguridad,
precisamente en los términos en que está concebida, esto es, no como
rectificación de nada, sino precisamente como instrumento para seguir
profundizando en la introducción de métodos de gestión más ágiles que
permitan obtener una mayor rentabilidad de las inversiones en beneficio
tanto del servicio público de la seguridad como de la mejora de las
condiciones de trabajo de sus profesionales.

La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado
para responder a las comparecencias solicitadas.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Comparezco ante
esta comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados para
explicar a SS. SS. las líneas básicas y generales y los aspectos más
relevantes del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998 en lo que se refiere al Ministerio de Interior en general y, en
particular, a la Secretaría de Estado de la que soy titular. Agradezco
muy especialmente a SS. SS. todas y cada una de las cuestiones y
preguntas planteadas, así como el tono de las mismas, que manifiestan,
una vez más, su interés por los problemas relativos a la seguridad y por
las competencias atribuidas al Ministerio de Interior.

Muy especialmente quiero agradecer a los señores Meyer y Gil Lázaro sus
palabras de solidaridad con el atentado que sufrió toda la sociedad
española en la tarde de ayer. Manifestaciones como las que han hecho
demuestran una vez más que sólo con la unidad de todos podremos vencer la
barbarie y podremos luchar contra la sinrazón que supone la actividad de
la banda terrorista ETA.

Dentro de los aspectos concretos de mi intervención, paso a exponerles la
filosofía general y las líneas básicas del presupuesto. También tendré el
honor de contestar a todas y cada una de las cuestiones que han tenido a
bien formularme, aunque, dada la premura del tiempo, me comprometo a
contestarlas por escrito, si es que hay alguna que se queda en el
tintero. Quiero advertir a SS. SS. que los distintos cargos del
departamento, como son el subsecretario, los directores generales de la
Policía y de la Guardia Civil, el de Tráfico y el de Instituciones
Penitenciarias, así como el delegado del Gobierno para el plan nacional
sobre drogas, tienen igualmente prevista su comparecencia ante esta
Cámara.

Voy, por tanto, sin más preámbulos, a exponer las líneas generales del
proyecto de presupuestos para 1998, antes de entrar en el análisis
pormenorizado de sus distintos capítulos.

En primer lugar, quiero destacar que, a pesar de todas las limitaciones
presupuestarias y de las necesarias restricciones que tenemos el deber de
afrontar, y que ya llevamos dos ejercicios afrontando, si queremos
alcanzar con éxito los criterios de convergencia europeos, el proyecto de
presupuestos del Ministerio del Interior para 1998, sin consolidar y sin
incluir sus organismos autónomos, asciende a un total a 635.370 millones
de pesetas, lo que supone un incremento del 2,09 por ciento respecto al
presupuesto inicialmente aprobado para 1997. Sin embargo, este incremento
no refleja el crecimiento real, dado que para 1998 se consolida
presupuestariamente el traspaso al Ministerio de Administraciones
Públicas del coste de los servicios periféricos del departamento, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado. Por ello, hemos de señalar que el
incremento real, en términos de homogeneidad, es de un 4,54 por ciento,
no lejos de ese 5 por ciento anunciado el



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pasado mes de julio y al que se refería el señor Meyer. Hay que resaltar
en este punto que el presupuesto para el departamento de Interior crece
para el ejercicio 1998 muy por encima del conjunto de los distintos
departamentos ministeriales, lo que sin duda refleja la importancia y
prioridad que el Gobierno atribuye a las competencias y políticas que no
son propias.

Otra de las líneas que quiero manifestar es precisamente la relativa a la
continuación del proceso de modernización del servicio público de
seguridad, poniendo especial acento en todo lo que se refiere al capítulo
de inversiones, infraestructuras y dotaciones.

Señorías, cuando llegamos al Gobierno nos encontramos que existía un
desfase importante, un desfase acentuado en lo que suponía el peso
específico del capítulo I sobre el total de las dotaciones del Ministerio
del Interior. Poco a poco hemos ido corrigiendo ese desfase, poco a poco
estamos trabajando para que no se produzca ese peso tan fundamental del
capítulo I sobre la totalidad del presupuesto y para que fundamentalmente
los capítulos II y de inversiones, en lo que se refiere a
infraestructuras y dotaciones, tengan la importancia que se requiere. En
ese sentido, puedo señalarles que en el ejercicio de 1998 acentuaremos
los mecanismos de mejora en la explotación de los recursos disponibles a
través de algunos nuevos elementos, tales como la gerencia de
infraestructuras de la seguridad, a la que me referiré con más
detenimiento más adelante.

Al mismo tiempo, he de decir que introducimos nuevos métodos para la
explotación de los recursos. Quiero destacar la utilización del sistema
de alquiler de coches para llevar a cabo la renovación del parque de
vehículos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y muy
especialmente los del cuerpo nacional de Policía.

Continúo con las ideas generales que conforman el proyecto de
presupuestos y quiero destacar que las inversiones planteadas se orientan
fundamentalmente al reforzamiento de la capacidad de atención al
ciudadano y a la mejora de ésta, así como a las condiciones de trabajo de
los profesionales de la seguridad. Hemos preferido, por ello, acentuar la
inversión en obras de acondicionamiento y reforma antes que acometer
grandes proyectos u obras de gran envergadura de elevadísimo coste, como
algunas que nos hemos encontrado a nuestra llegada al ministerio, que
detraerían una cantidad de medios enorme de unos presupuestos que por
obligación deben ser forzosamente austeros. Dentro de este capítulo de
grandes líneas, la partida destinada a la participación de España en el
proyecto europeo de seguridad ha sufrido también un importante
incremento, al que se ha referido don Alvaro Cuesta, y a ese aspecto
puedo decirles que corresponde al crédito destinado a la aportación
española a la unidad central del sistema de información Schengen radicado
en Estrasburgo.

De todo lo anteriormente expuesto se puede deducir que, después del
ajuste presupuestario de 1997, el presupuesto para 1998 asegura la
prestación de los servicios que las Fuerzas de seguridad tienen
encomendados, no sólo con la máxima eficacia desde el punto de vista
operativo, sino además con el cumplimiento estricto de los criterios de
austeridad y control presupuestario impuestos por la política económica
del Gobierno. Efectivamente, supone un incremento notable de las
inversiones. El presupuesto de inversiones de la dirección general de la
Policía se incrementa en un 17,40 por ciento (1.023 millones de pesetas
más que en el ejercicio anterior) y el de la Guardia Civil en un 72,56
por ciento (2.827 millones de pesetas más que en el ejercicio anterior).

La totalidad ofrece una suma próxima al 45,2 por ciento, cantidad que
también se aproxima a ese 50 por ciento.

Sin perjuicio de que más adelante me refiera a la ausencia de
discriminaciones de un cuerpo sobre otro, quiero decirles que estas
cantidades siempre hay que interpretarlas, y así las inversiones en este
caso concreto de la Guardia Civil son más importantes porque la
adquisición de vehículos se recoge en este capítulo mientras que la
dirección general de la Policía se recoge en el capítulo II. Las
cantidades, señor Meyer, son más o menos similares y le puedo asegurar
que no existe voluntad ninguna por parte de este Gobierno de tratar de
forma diferente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino todo lo
contrario; estamos buscando la homogeneización, estamos buscando la mayor
eficacia y dar a cada uno de los cuerpos lo que necesitan en la medida de
nuestras posibilidades. Así, en este caso concreto, a la Policía se le
dota, ese gasto, en el capítulo II, de 1.200 millones para el alquiler de
vehículos, con lo cual el Gobierno intentará compensar, en parte, no en
su totalidad, el estado actual del parque automovilístico del cuerpo. Soy
perfectamente consciente de esos 450 vehículos que se encontraban en
reparación el día de ayer, puesto que la situación de nuestro parque
automovilístico es realmente muy deficitaria en este momento y tenemos
que hacer un esfuerzo este año y en sucesivos ejercicios para, de aquí al
año 2000, lograr una mayor modernización de toda esta flota
automovilística.

Por otra parte, la creación de la gerencia de infraestructuras de
seguridad, a la que se referían también SS. SS., permitirá a los cuerpos
financiar mejor sus inversiones, obteniendo de esta forma un instrumento
administrativamente ágil y patrimonialmente eficaz. En este aspecto no
hemos inventado nada. Ya existía, cuando llegamos al Gobierno, la
gerencia de infraestructuras del ministerio de Defensa, una gerencia de
infraestructuras que ha tenido una serie de vicisitudes pero que en este
momento está siendo ya particularmente eficaz, así como un organismo que
se crea para dotar de una mayor eficacia todo lo que supone la
infraestructura en materia de prisiones. Los dos organismos,
fundamentalmente el SIEP, creado para dotar de esa modernización de
infraestructuras a la dirección general de Asuntos Penitenciarios, se han
revelado absoluta y totalmente eficaces. Nosotros queremos aprender de lo
que han sido prácticas anteriores, introducir las modificaciones que
parezcan oportunas y avanzar en esa idea de vencer de alguna forma todo
lo que pueda suponer cortapisas o problemas que muchas veces se pueden
plantear en el adecuamiento de infraestructuras, para dar una mayor
agilidad económica a estas prácticas absolutamente imprescindibles y
dotar a nuestros cuerpos de unas infraestructuras más modernas. Así, este
organismo adquirirá y construirá



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bienes inmuebles para su afectación a los fines de la seguridad del
Estado, siempre conforme a los planes de infraestructuras formulados, y
podrá enajenarlos mediante venta o permuta según los correspondientes
planes, al objeto de obtener recursos para el cumplimiento de todos los
fines antes mencionados. Así, se impulsará, de una forma mucho más ágil
que lo que puede suponer la Administración en general, la suscripción de
convenios de colaboración con las corporaciones locales y las comunidades
autónomas, a fin de alcanzar la participación y cooperación eficaz de
todas las administraciones públicas para lograr los objetivos de
modernización y eficaz administración del patrimonio inmobiliario afecto
a la seguridad.

En relación con este último aspecto, quiero señalar que los distintos
ayuntamientos y comunidades autónomas han venido manifestando y mostrando
a este departamento su voluntad de cooperar en la prestación de cuantos
medios materiales estén a su alcance, a fin de garantizar el
mantenimiento en condiciones óptimas de las instalaciones de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, asegurando así su permanencia cercana a los
núcleos de población de cada uno de ellos.

Quiero referirme muy brevemente a este sistema de alquiler de vehículos,
que redundará no sólo en una mejora de la atención a los ciudadanos, sino
también en una mejora de las condiciones objetivas en las que desempeñan
día a día su trabajo los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En este caso de alquiler de vehículos, y analizadas todas las cuestiones
jurídicas y financieras del proyecto, se ha constatado, por un lado, la
naturaleza jurídica de los contratos, que permite encuadrarlos
presupuestariamente en el mencionado capítulo II, y, por otro lado, los
beneficios fiscales, económicos y de gestión que presenta esta fórmula.

Dentro del capítulo II figura esta partida de 1.200 millones que nos
permitirá el alquiler de unos 1.500 vehículos.

Expuestos y analizados algunos de los instrumentos de que se pretende
hacer uso en el próximo ejercicio y en los sucesivos, a fin de lograr la
mejor gestión posible de los recursos disponibles y dentro de las
disponibilidades presupuestarias, pasaré a continuación a exponer a SS.

SS. algunos de los proyectos específicos que el Ministerio del Interior
quiere acometer o que ya ha iniciado, siempre con la finalidad de
mantener el servicio a los ciudadanos en las más altas cotas, ajustándose
a criterios de rigor y austeridad y buscando la mayor eficacia en su
gestión. Por ejemplo, es voluntad de este departamento dotar de los
mejores medios posibles a los servicios de información, dada la
trascendental relevancia que la información tiene en todos los aspectos
relativos a la prevención y represión de las actividades delictivas. A
este objetivo se orienta tanto el señalado plan de arrendamiento de
vehículos, puesto que algunos de los vehículos que se adquieran se
dedicarán a información, como la mejora en materia de comunicaciones,
optimizando las instalaciones y sistemas actuales, en lo que se refiere a
los servicios de información en general o al sistema de transmisiones de
Schengen. Un objetivo que está previsto desarrollar con cargo al
presupuesto de 1998 se refiere a reordenación inmobiliaria del País
Vasco. La existencia de una policía autónoma integral hace innecesaria
parte de la estructura inmobiliaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y, por otro lado y al mismo tiempo, se hace preciso asegurar
la presencia del Estado en dicho territorio, lo que hace que igualmente
sea imprescindible la renovación de parte de las actuales estructuras
existentes en el País Vasco.

Otro objetivo cuyo desarrollo se prevé a lo largo de 1998 es el que se
refiere al plan integral de Canarias. Este plan viene motivado por las
particulares condiciones del Archipiélago, que se justifican tanto por la
especial configuración de su población, dado que el número de visitantes
cuadruplica su censo, como saben SS. SS., como por los problemas
específicos que de este hecho turístico puntual se derivan. Así, junto
con un incremento en las plantillas, que se ha materializado en el
presente ejercicio, existe una previsión de inversiones que se refieren
tanto a la dirección general de la policía como a la de la Guardia Civil.

Del mismo modo, también se verá afectado por diferentes partidas del
presupuesto el desarrollo del plan de policía de proximidad que, como
todos ustedes conocen, dado que ha sido objeto de profundo seguimiento
por parte de los medios de comunicación, así como de comparecencias del
director general de la Policía, ha sido puesto en marcha el presente año.

Señorías, el proyecto de presupuesto para 1998 mantiene la misma
estructura presupuestaria del de 1997, con la excepción de la supresión
presupuestaria del organismo autónomo Patronato de viviendas de la
Guardia Civil, en aplicación de la disposición final primera del Real
Decreto-ley 1885/1996, de estructura orgánica básica del Ministerio del
Interior.

A continuación expondré a SS. SS. el presupuesto por programas del
departamento. Por lo que hace referencia al programa 222.A, de seguridad
ciudadana, conviene señalar que el incremento en este programa es del
4,32 por ciento respecto al año anterior. Una parte importante de este
incremento se refiere al capítulo de gastos de personal, aumentando el
concepto destinado a incentivos al rendimiento, con el objeto de
potenciar diversas actuaciones policiales, tales como las unidades de
policía de proximidad, las unidades contra la droga y el crimen
organizado, cuyo objeto es fortalecer la represión del tráfico ilícito de
estupefacientes, y la lucha contra toda clase de crimen organizado. Por
tanto, aquí se produce un importante incremento, el 4,32 por ciento.

En el programa 222.C, de actuaciones policiales en materia de droga, se
produce un incremento muy significativo con respecto al ejercicio
anterior, ascendiendo al 21,92 por ciento. Hay que destacar en este
apartado el importante incremento de 1.000 millones de pesetas en la
dotación de medios de lucha contra la droga, que se presupuestan en el
servicio 06, correspondiente a la Delegación del Gobierno del Plan
nacional sobre drogas. Sobre este aspecto se extenderá con más
detenimiento el delegado del Gobierno, que comparecerá en la mañana de
hoy.

En el programa de formación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
el incremento es del 1,99 por ciento. Quiero destacar que los objetivos
en materia de formación



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para el próximo ejercicio presupuestario serán, por un lado, optimizar la
selección y formación de personal y, por otro, mantener la idoneidad y
mejorar su capacidad técnica. Siempre ese incremento nos parece
insuficiente, porque todos tenemos la sensación de que sólo a base de una
formación más importante conseguiremos una mayor eficacia, pero,
señorías, una vez más, hemos tenido que someternos a lo que puede ser la
restricción presupuestaria y también hemos tenido que hacer sacrificios
en este aspecto.

En las previsiones para 1998, el capítulo I cuenta con una dotación de
584.536 millones de pesetas, que en este caso representa el 86,34 por
ciento del proyecto de presupuesto, que sigue siendo excesivo, como decía
al principio de mi intervención, y estamos iniciando un camino, que ya
este año realizaremos, para que el peso específico de este capítulo I sea
cada vez menos importante en la totalidad del presupuesto. De cualquier
forma, en este capítulo I, el incremento con respecto al presupuesto
inicial de 1997 es del 3,79 por ciento en términos reales, habida cuenta
del traspaso al Ministerio de Administraciones Públicas de esos 3.731
efectivos, altos cargos, personal eventual, funcionarios y personal
laboral, por un importe de 11.824 millones de pesetas. Este incremento en
el capítulo I se produce por las mejoras retributivas que han podido
reconocese al personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así
como al de Instituciones Penitenciarias, especialmente en el País Vasco.

Destacan las partidas de productividad para el Cuerpo Nacional de
Policía, que se incrementa en 2.539 millones de pesetas, y de la Guardia
Civil, que se incrementa en 2.664 millones de pesetas. Y en este aspecto
quiero destacar el esfuerzo que se ha hecho.

Se refería el señor Meyer a esa idea de ir igualando, de ir llevando a
una cierta igualdad, las retribuciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado a las de otros cuerpos pertenecientes tanto a policías locales
como a policías autonómicas, pero creo que muchas veces es una dialéctica
imposible. Cada uno de los organismos autónomos, cada una de las empresas
públicas, cada una de las empresas privadas, retribuye a sus
funcionarios, a sus integrantes, de la forma que considera más oportuna.

El sueldo que reciben los parlamentarios autonómicos probablemente no
tiene absolutamente nada que ver con los sueldos que reciben los
parlamentarios nacionales. La Administración es retribuida de forma
radicalmente diferente en autonomías y en servicios centrales; las
empresas, públicas y privadas, retribuyen a sus ejecutivos de la forma
que consideran más oportuna. Nosotros lo que tenemos que hacer, es
nuestra obligación, es dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado de unas retribuciones lógicas, de unas retribuciones que sean
realmente importantes, dado el trabajo que realizan. En ello tenemos que
trabajar y tenemos que seguir progresando, pero no sometiéndonos a
comparaciones, porque ese tipo de comparaciones son absurdas y nos
llevarían a una dialéctica que, a mi juicio, sería equivocada.

Por lo que hace referencia al capítulo II, relativo a gastos corrientes
en bienes y servicios, tiene una dotación de 50.862 millones de pesetas.

Se ha producido una minoración como consecuencia de la transferencia de
los servicios periféricos al Ministerio de Administraciones Públicas.

Esta transferencia se ha elevado a la cantidad de 2.119 millones de
pesetas. El incremento real de este capítulo ha sido del 4,63 por ciento.

Se incluyen esos 1.200 millones de pesetas correspondientes al alquiler
de vehículos y otros incrementos notables, como el de 418 millones
destinados a productos alimenticios para mejorar las dotaciones
alimentarias de la población reclusa, un tema que también me fue
suscitado en mi comparecencia del pasado año.

Quiero resaltar que las restricciones presupuestarias que obligan a
mantener una política de austeridad de gastos corrientes han determinado
la congelación de muchos gastos, incluso, en algunos casos, disminución.

Se ha referido S. S. a las dotaciones en materia de presupuesto para
electricidad o para teléfono y he de destacar la importantísima labor que
han realizado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de restringir
todos sus gastos durante el año 1997, consiguiendo adecuarse a las
cantidades presupuestadas para este ejercicio. Ha sido un esfuerzo
importante, un esfuerzo que no ha supuesto en modo alguno una disminución
de su efectividad, una disminución de su eficacia, por lo que debemos
estar realmente orgullosos y felicitarles por el esfuerzo realizado.

En el capítulo III se produce un incremento del 2,57 por ciento y el
capítulo IV, relativo a transferencias corrientes, experimenta una
variación negativa como consecuencia de la disminución de la subvención
por gastos electorales a partidos políticos, de acuerdo con el calendario
electoral previsto, así como por los créditos traspasados al Ministerio
de Administraciones Públicas. Se incrementan, en cambio, las ayudas a
víctimas del terrorismo, como consecuencia de nuevas líneas de ayuda
cofinanciadas con el fondo social europeo.

En el capítulo VI se produce un incremento sustancial, que supone un 45,2
por ciento en términos de homogeneidad, como antes señalaba, dado el
traspaso al Ministerio de Administraciones Públicas de dotaciones
correspondientes a servicios periféricos. Las principales inversiones
previstas para 1998 serán la siguientes: 4.522 millones para obras en
comisarías y edificios policiales, lo que supone un incremento del 7,2
por ciento; 3.000 millones para obras en acuartelamientos y edificios de
la Guardia Civil, con un incremento del 47,8 por ciento; 1.171 millones
para reformas y equipamientos en centros penitenciarios, con un
incremento del 34,4 por ciento; 3.382 millones en material de transporte
para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que implica un
incremento del 241,6 por ciento; 1.282 millones en medios de lucha contra
la droga, con un incremento del 354,6 por ciento; 603 millones en
equipamientos de las Fuerzas y Cuerpos, con un 44,6 por ciento más que el
año anterior.

Por lo que hace referencia a los organismos autónomos del departamento,
el incremento del presupuesto de la dirección general de Tráfico,
respecto al presupuesto inicial para 1997, es del 9,94 por ciento.

Destaca el incremento en el capítulo VI, que es de un 8,50 por ciento.

Este incremento en las dotaciones presupuestarias del organismo
repercutirá sin duda en la mejora de los medios materiales y



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humanos destinados a mejora de la seguridad vial. En el organismo
autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, el incremento total es
de un 2,13 por ciento, respecto al presupuesto inicial para 1997, lo que
supone en gastos de personal un incremento del 3,24 por ciento, que se
concreta en la actualización de retribuciones y otras mejoras para el
personal funcionario.

En el capítulo IV, transferencias corrientes del organismo autónomo de
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, se produce un incremento del 35,3
por ciento, destacando la partida destinada a la atención de personas
afectadas por el sida, internos y familiares. En el servicio 02, relativo
a la Secretaría de Estado de Seguridad, el incremento total es del 86,72
por ciento, ascendiendo a un total de 1.623 millones 924.000 pesetas,
frente a los 869 con que contó en el ejercicio de 1997. El servicio 03,
la dirección general de la Policía, el incremento total asciende al 5,28
por ciento; en el servicio 04, dirección general de la Guardia Civil, se
produce un incremento del 3,09 por ciento.

Y como último dato que quiero señalar a SS. SS. en esta primera
intervención me referiré a los créditos destinados a gastos reservados,
respecto de los cuales hemos de decir que el montante total, que ha sido
congelado, asciende a 524 millones 500.000 pesetas, cantidad que se
considera suficiente para hacer frente a los gastos de este carácter
durante el próximo ejercicio.

Quisiera destacar que los presupuestos para el año 1998 no son todavía
los presupuestos que este Gobierno hubiera deseado, aunque sin duda debe
tenerse en cuenta el incremento producido con respecto a ejercicios
anteriores. La necesidad de cumplir los objetivos de convergencia
económica europeos nos han obligado a realizar un esfuerzo presupuestario
con el objetivo de racionalizar el gasto público. En este aspecto, quiero
que SS. SS. sepan el enorme esfuerzo que se hace, tanto en el capítulo I
como en el VI, e igualmente he de decir, de forma muy concreta al señor
Meyer, que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia ni en ninguna
condición, se le ha planteado al Ministerio del Interior hacer desfilar
por la Castellana a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía como
tampoco a los funcionarios del Ministerio del Interior o a ningún otro
cuerpo de funcionarios de la Administración general del Estado. En ese
aspecto puede estar absolutamente tranquilo; a este Gobierno jamás se le
ocurrirá una iniciativa de esas características.

Por último, quiero llevar a la mente de SS. SS. que existen instrumentos
nuevos y eficaces y que sin duda esos instrumentos, junto con los
incrementos registrados, harán que la seguridad en España no sólo se
mantenga en los niveles actuales, sino que progresivamente se vaya
incrementando para lograr el mejor servicio a los ciudadanos.




La señora VICEPRESIDENTA: Les voy a dar la palabra, pero les ruego que,
por favor, limiten sus intervenciones a las preguntas o a los temas que
no hayan quedado aclarados, porque si no, no acabamos en todo el día ni
con las comparecencias del Ministerio del Interior.

Señor Cuesta.

El señor CUESTA MARTINEZ: Quisiera decir, porque a efectos del «Diario de
Sesiones» también hay que precisarlo, que el espíritu de esta
comparecencia, en la que procede hacer una formulación escueta y no una
valoración global de los presupuestos de Interior, ha hecho que mi grupo
se ciñera a aquellos aspectos que más le llamaban la atención en relación
con las competencias de la Secretaría de Estado de Seguridad y con la
dirección general de la Administración de la Seguridad. Ello hizo que en
nuestra inicial exposición, quizá por esa mentalidad que tiene mi grupo
de intentar responder siempre desde la normalidad a cualquier ataque
terrorista que se produzca, no mencionara nada en relación con los actos
terroristas cometidos en el día de ayer. La intervención de otros
portavoces de grupos parlamentarios me llevan a querer dejar claro, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, no sólo nuestra repulsa y
nuestra condena, sino algo más, y es que el atentado de ayer, como otros,
ponen de manifiesto que ETA es el auténtico enemigo del pueblo vasco; que
el atentado de ayer es, a su vez, un símbolo no solamente de hostilidad y
enemistad radical al pueblo vasco y al pueblo español por parte de ETA,
sino también de cualquier intento de modernización en paz del pueblo
vasco. Quiero también, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
expresar la solidaridad con la familia del policía vasco que en estos
momentos está herido y con las otras víctimas que el fin de semana pasado
también sufrieron, dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la
huella de la violencia terrorista. Asimismo expreso la solidaridad con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y me ratifico en ese apoyo
al Ministerio del Interior en la lucha antiterrorista, apoyo al pueblo
vasco en sus anhelos de paz y apoyo decidido a la unidad de las fuerzas
políticas en la lucha contra el terrorismo.

Estas afirmaciones lo que pretenden es dejar constancia de que no haberlo
mencionado inicialmente no era una omisión por falta de sentimiento, sino
que intentaba convertir lo que es una convocatoria presupuestaria en pura
normalidad de convocatoria y de comparecencia presupuestaria y decir a
los terroristas que el mejor desprecio es el silencio sobre ellos, en
cualquier foro y sobre todo en éste. Hecha esa matización, y dejando
clara la postura de mi grupo parlamentario, quisiera referirme a algunos
aspectos que a mi juicio han quedado insuficientemente contestados en
esta comparecencia por parte del secretario de Estado de Seguridad.

La primera cuestión, y es uno de los temas más novedosos y que ha
suscitado mi intervención y la suya propia, es recordar que en el
proyecto de ley de acompañamiento se dice, en el artículo 75, que la
gerencia de infraestructuras de la Seguridad del Estado tendrá unos
recursos y entre ellos se cita las dotaciones que anualmente se consignen
a su favor en los Presupuestos Generales del Estado o se le asignen por
otros organismos públicos. No hemos visto una asignación presupuestaria
de esta gerencia que se pretende crear; desconocemos, por lo tanto, qué
recursos presupuestarios va a tener. Vuelvo a insistir en que esta
gerencia no es la mejor manera de realizar una planificación adecuada
para la gestión inmobiliaria



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de los recursos del Ministerio del Interior. Probablemente habría que
hacer una gestión con mentalidad más global en el marco de un plan
estratégico de suelos públicos, de inmuebles públicos, sean de los
ministerios de Interior, de Defensa, u otros, porque ellos generan unas
repercusiones importantes, no solamente, ya digo, en la optimización de
recursos económicos, sino también en adecuadas políticas de vivienda, de
equipamientos de infraestructuras o de zonas verdes.

También quiero preguntar por qué la dirección general de la
Administración de la Seguridad no figura ya en estos presupuestos como un
servicio presupuestario propio, dentro de los presupuestos de Interior,
pese a su importancia teórica. Realmente no figura, no existe un servicio
en el proyecto de ley de presupuestos referido a dicha dirección. Parece
que tiene unas competencias, aunque es verdad que luego se ha ido
vaciando de ellas. Ya decía que no siempre ha conseguido el objetivo de
la armonización económica, y eso se demuestra en un tema que el propio
secretario de Estado ha puesto de manifiesto; cuando hablaba, por
ejemplo, de la adquisición de vehículos en Guardia Civil y en la
dirección general de Policía decía que se consigna de manera diferente en
los presupuestos de ambas direcciones generales; o cuando tratábamos las
divergencias en el crecimiento de los gastos corrientes de la dirección
general de Policía y de la dirección general de la Guardia Civil.

Finalmente, quisiera repreguntar sobre un tema cuya respuesta no nos ha
satisfecho. Es el relativo al incremento en los incentivos al rendimiento
en la productividad del personal del Ministerio del Interior. Decía en mi
intervención inicial que los créditos destinados a incentivos al
rendimiento crecen en el conjunto del ministerio un 32,2 por ciento y
preguntaba cómo se iban a repartir. Hemos apreciado en el análisis de los
distintos artículos de los diversos servicios presupuestarios que crecen
mucho más los créditos que se destinan a incentivos al rendimiento a la
productividad en el ámbito de la Guardia Civil y de Policía y que quedan
exclusivamente en el 2,1 por ciento en Instituciones Penitenciarias y
funcionarios de prisiones. Hay una divergencia aparente que no sé si
responde a una realidad; si es así, ¿cuáles son sus fundamentos?



La señora VICEPRESIDENTA: Señor Meyer. También le ruego que sea lo más
breve posible.




El señor MEYER PLEITE: Intervendré con muchísima brevedad, porque si no,
no vamos a poder cumplir el conjunto de las comparecencias.

He de decir al señor secretario de Estado, después de su intervención,
que agradezco, por su nivel de detalle, que seguimos pensando que la
ingeniería presupuestaria no puede ocultar la realidad y los compromisos
anunciados en julio por el señor ministro no se cumplen en estos
presupuestos. Por mucha ingeniería que se plantee en la intervención --y
agradezco la imaginación--, indudablemente, el incremento para 1998 para
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es el 1,58 por ciento. El
nivel de inversiones, insisto, es el 17,6; no el 50 por ciento, que
ofrecía el señor ministro. Por tanto, todos mis temores anunciados en mi
primera intervención, después de escucharle, seguimos teniéndolos.




La señora VICEPRESIDENTA: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Martí Fluxá): Paso a
contestar muy concretamente a las cuestiones que han quedado sobre la
mesa.

La dirección general de Administración de Seguridad ha sido un centro
directivo que ha introducido una serie de factores de gestión empresarial
en el ámbito de la Administración de la Seguridad. Ha sido un
procedimiento largo, probablemente más largo de lo que hubiera sido
nuestro primer deseo o voluntad, pero vuelvo a decir que estamos en el
buen camino. Se ha ido configurando a lo largo de este año, se ha ido
dotando de los funcionarios precisos para el desempeño de sus funciones y
ha comenzado ya una labor que debemos valorar positivamente. Hay una
serie de instrumentos, de iniciativas que se han ido adoptando, como son
esa misma gerencia de infraestructura o el alquiler de vehículos, que son
los puntos, los elementos que se van a ir desarrollando.

Estoy de acuerdo en el punto que señala don Alvaro Cuesta, del artículo
75, en lo que se refería a la dotación de la gerencia de
infraestructuras. Como bien sabe S. S., el proyecto de ley de
acompañamiento se presentó una semana más tarde, por lo que en este
momento existe ese desfase, que el Ministerio de Interior tratará de
corregir de la forma más eficaz posible, para dotar tanto de medios
personales como materiales a esta nueva gerencia de infraestructuras.

En lo que se refiere a la nueva aparición de esta dirección general de
Administración de la Seguridad en los presupuestos, he de decir que va
dentro de la Secretaría de Estado, como puro elemento de técnica
presupuestaria. Así sucede en otros ministerios y de este modo evitamos
una excesiva compartimentación del presupuesto por una serie de elementos
excesivos.

Los gastos corrientes suponen un esfuerzo, un esfuerzo que se está
realizando pero, por otra parte, crecen, como antes he dicho, en un 8,65
por ciento, en el caso de la Policía, y un 0,71 por ciento en el de la
Guardia Civil. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto la Policía --y ahí están
los 1.500 coches que se acaban de alquilar-- como la Guardia Civil
deberán continuar haciendo ese enorme esfuerzo para contraer el gasto. Es
un esfuerzo que se ha venido realizando durante el año 1997, insisto,
señorías, sin que haya sufrido para nada la seguridad del Estado.

Por último, me hablaba de productividad. Esta crece tanto en la Policía
como en la Guardia Civil. El director general de la Policía, que
intervendrá también esta mañana, se referirá a la forma en que estas
productividades se van a repartir. Igualmente lo hará el director general
de la Guardia Civil. El resto sube lo que es habitual y normal en el
resto de los ministerios y para toda la clase funcionarial. Para el caso
de Policía y Guardia Civil se hace un esfuerzo concreto para conseguir un
mayor grado de retribución.




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Señor Meyer, no es ingeniería presupuestaria; no es ningún tipo de
imaginación; son los fríos números, fríos números que le puedo decir que
se acercan a los compromisos del mes de julio. Evidentemente, no es un 5
por ciento, pero es un 4,56 por ciento. El señor Meyer se fija única y
exclusivamente en la Policía, pero tiene que recordar que existe otro
cuerpo que se llama Guardia Civil. Si sumamos lo de la Policía y lo de la
Guardia Civil el resultado será 45,2 por ciento. Pero tampoco me diga S.

S. que en este caso es un incremento y un favoritismo hacia la Guardia
Civil, que tiene un 72 por ciento. Vuelvo a decir que son cantidades
mínimas en lo que supone todo el presupuesto general del Estado, pero es
esa diferencia de la adquisición de vehículos que en un caso van al
capítulo 2 y en otros al capítulo 6. No es ingeniería presupuestaria, son
simplemente los fríos y aburridísimos números, para los cuales no tengo
que hacer ningún esfuerzo de imaginación. La totalidad, le vuelvo a
decir, de lo que crece el capítulo 6 es un 45,2 por ciento.

Señora presidenta, sólo quiero agradecer, una vez más, el espíritu de
esta Comisión de Justicia e Interior y de todos sus integrantes, que
hacen grata la presencia tanto del secretario de Estado como de todos los
responsables políticos que venimos a explicar, como es nuestra
obligación, tanto los presupuestos como las líneas generales de actuación
de nuestro departamento.




La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por
su presencia y por sus explicaciones.

El señor subsecretario del Ministerio del Interior ha excusado su
presencia, porque se encuentra en un viaje oficial fuera de España. Sin
embargo, quiero poner de manifiesto que, habida cuenta de las
explicaciones que ha dado el secretario de Estado de Seguridad sobre los
temas que iban referidos al subsecretario del Ministerio del Interior,
los grupos parlamentarios que habían solicitado la comparecencia
renuncian a ella.




--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (COTINO FERRER). A SOLICITUD
DEL GRUPO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 212/001037.)



La señora VICEPRESIDENTA: Vamos a pasar a la comparecencia del director
general de la Policía.

Tiene la palabra, por el grupo solicitante, el señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Muy brevemente.

Señor director general, usted ha dicho públicamente que tenía ya
comprometidos por parte de Hacienda 4.500 millones para la Dirección
General, y me gustaría saber si esto es así, es decir, si tienen ya un
soporte presupuestario. Nos gustaría asimismo, aunque fuera brevemente,
conocer cuál es el plan de inversión de 1998 desde la Dirección General
de la Policía, y, finalmente, un tema sobre el que le anuncio que vamos a
pedir su comparecencia porque nos preocupa seriamente, y es en relación
con las dotaciones a las cruces de mérito policial con distintivo rojo
que se han dado el pasado 29 de septiembre y el soporte presupuestario de
las pensiones que se derivan de este tipo de distinción roja. Nos
preocupa de forma muy seria porque, de acuerdo con los datos que nosotros
tenemos, y nos gustará en su momento contrastarlos con usted en esa
comparecencia, la Dirección General de la Policía con fecha 29 de
septiembre ha concedido estas distinciones, la cruz roja al mérito
policial (que, como usted conoce y conocemos todos, son méritos que
indican un acusado riesgo para la vida e integridad de los actuantes) y
lo que más nos ha sorprendido es que en la distribución de estas
condecoraciones el 72,1 por ciento ha recaído en miembros de la escala
ejecutiva, el 23 por ciento en miembros de la escala superior, y sólo el
4,56 por ciento en miembros de la escala básica, sin que aparezca ningún
miembro de la escala de subinspección en estas dotaciones de distintivos
policiales.

Esto, desde nuestro punto de vista, merecerá en su momento una
comparecencia de usted, porque indudablemente no se entiende que la
mayoría de las personas que están en despachos y que difícilmente pueden
arriesgar su vida acaparen el conjunto de las cruces de distintivo rojo
al mérito policial. Tenemos datos de que hay miembros de la escala básica
que han tenido actuaciones con riesgo para su vida y, sin embargo, no han
sido premiados. Por tanto, aparte de lo que es el soporte presupuestario
para la concesión de estas medallas y de las pensiones que se derivan del
otorgamiento de las medallas, en su momento ya pediremos su comparecencia
para que nos explique con detalle lo que nosotros creemos hoy que es un
escándalo.




La señora VICEPRESIDENTA: Señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: Yo quisiera agradecer también la presencia,
aunque no hemos pedido la comparecencia, del director general de la
Policía, y quiero recordar una pregunta que ha quedado todavía pendiente
de contestación por parte del secretario de Estado, que es la que se
refería a la productividad en el ámbito de la Dirección General de
Policía, en la que hemos observado un aumento de 2.600 millones de
pesetas, y queremos saber cuál es la razón, porque parece, a priori, que
rebasa el 2,1 por ciento previsto para el conjunto de los funcionarios
del Ministerio del Interior.




La señora VICEPRESIDENTA: Señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señora presidenta, agradeciéndole de
nuevo su benevolencia, y con el mismo compromiso de brevedad dos
cuestiones muy concretas.

En primer lugar, nos gustaría saber qué mejoras instrumentales va a
comportar la introducción del sistema renting en orden a la renovación de
la flota de vehículos, y, en este mismo sentido, si puede confirmar el
señor director general el objetivo de renovación del 25 por ciento de
dicha flota de vehículos durante el próximo ejercicio.




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En segundo lugar, nos gustaría que se nos señalara, con base en este
presupuesto, qué previsiones tiene la Dirección General en orden a la
extensión durante el próximo ejercicio del proyecto de policía de
proximidad.




La señora VICEPRESIDENTA: Señor director general.




El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA (Cotino Ferrer): Señoras y
señores diputados, les agradezco la oportunidad que me han dado y voy a
intentar, al igual que las preguntas que ustedes me han realizado, ser
breve, porque creo que la intervención del secretario de Estado ha sido
lo suficientemente amplia para no repetirme en los mismos argumentos que
él ha empleado para explicar las líneas generales del Ministerio.

Respecto a un punto básico del aumento del presupuesto, el presupuesto de
la Dirección General de la Policía aumenta el 5,28 por ciento con
respecto al ejercicio del año anterior. Por tanto, el capítulo 1 tiene
dos partidas, una del 4,6, que es el aumento global de dicho capítulo; en
esto está el 2,1 más las distintas variaciones por pase a segunda
actividad y demás planteamientos y la incorporación de nuevos agentes. Es
decir, el global del capítulo número 1 aumenta el 4,6. La productividad
aumenta el 35 por ciento, aproximadamente, con respecto al año anterior.

¿Por qué aumenta la productividad? Porque desde hace tiempo se ha visto
conveniente primar aquellos trabajos que el policía realiza en horarios
que no están establecidos, porque tiene que hacer trabajos de vigilancia,
trabajos de peligrosidad más adecuados que en otros momentos. Por estos
motivos, desde hace unos años viene primándose un capítulo de
productividad. Hasta el momento la cifra que se baraja para este capítulo
es de 2.530 millones de pesetas.

Respecto a la pregunta del señor diputado de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, señor Meyer, en cuanto a que yo me he comprometido
públicamente en una cifra de 4.500 millones de pesetas, que yo recuerde
no he hecho ningún compromiso público sobre esta cifra. Otra cosa es que
para este director general sería un objetivo alcanzarla.

En otro orden de cosas, en la ley de acompañamiento (creo que es un tema
importante a destacar de estos presupuestos), el artículo 19, está exento
el quedar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fuera de la contratación del
25 por ciento de funcionarios, como está previsto. Yo creo que es un tema
altamente positivo para el Cuerpo Nacional de Policía, ya que desde el
año 1982 hasta el año 2000 la pérdida de policías es de 10.000 agentes de
distintas categorías. Por eso creo que un signo importante en este
presupuesto es el cambio de tendencia, con el fin de poder comenzar al
menos a que se puedan sacar las plazas de los mismos policías que se
jubilan y no seguir perdiendo casi mil policías anuales, como hemos ido
perdiendo en los últimos años. Por eso yo creo que es un tema a destacar
con carácter positivo.

Respecto a una pregunta realizada anteriormente, para sufragar los gastos
de personas que por años anteriores descubrían el tema de una serie de
indemnizaciones que no han percibido, hay un aumento del 46 por ciento en
acción social. Intentaremos que en ese aumento y dentro de ese mismo
ejercicio pueda sufragarse el dinero que se debe a estas personas o a sus
familias.

Hay un tema importante sobre el que me ha preguntado el señor Gil Lázaro
y también lo ha comentado el secretario de Estado. La realidad del parque
automovilístico de la Policía, como todos ustedes conocen porque ha
salido en los distintos medios de comunicación desde hace ya muchos años,
es lamentable; y es lamentable por dos razones, por el gran número de
vehículos que están en mal estado y por el gran número de vehículos que
tienen un número de kilómetros elevadísimo y, por ello, hemos entendido
que había que modernizar el parque y dedicar la máxima gente posible a
los servicios policiales. Después de largos estudios y de las consultas
pertinentes, se ha visto oportuno, y jurídicamente está encajado en el
tema, realizar una operación de alquiler de alrededor de 1.500 vehículos.

Con el alquiler de estos 1.500 vehículos más la compra que figura en el
capítulo 6, que como ustedes saben en este capítulo la policía aumenta el
17,4 por ciento, creemos que podemos renovar durante el ejercicio próximo
el 30 por ciento del total de vehículos. Aquí está incluida, también la
compra de motocicletas para la policía de proximidad.

Como SS. SS. recibirán una invitación por parte de esa Dirección General,
como ya se lo he manifestado a alguno de ustedes, vamos a evaluar el
proyecto que pusimos en macha de policía de proximidad en un plazo breve,
y si esta evaluación, como esperamos, es positiva, a lo largo del próximo
año tendrá una ampliación para conseguir que el 50 por ciento de las
comisarías tengan este servicio. Por tanto, habrá un incremento
importante en plantilla y en medios para poder cubrir este capítulo por
el que me preguntaba el señor diputado.

Otro incremento importante es el de la representación de España en las
organizaciones internacionales. Como ustedes saben, nosotros pertenecemos
a Interpol, a Europol y formamos parte de los distintos foros europeos e
internacionales de policía. Creemos que tenemos que estar presentes como
miembros de pleno de derecho y para ello tenemos que estar al corriente
de las cuotas correspondientes, que es el primer paso para poder votar, y
no solamente ello, sino que también nos da la posibilidad de tener más
gente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dentro de estas
comisiones, tanto en Europol como en Interpol. Para estar en estos foros
con voz y voto y con la fuerza suficiente para poder formar parte de
ellos comisarios o personas de otros cuerpos, en este capítulo el aumento
es del 96 por ciento sobre la partida del año anterior.

Como resumen de los aumentos en la Dirección General, la productividad,
como les he dicho antes, aumenta en un 35 por ciento; la acción social
aumenta en un 46 por ciento; en la partida de la compra del alquiler de
vehículos queremos alcanzar una cifra de 1.500 vehículos y, para ello, en
el capítulo 2 aparecen 1.200 millones de pesetas; el tema internacional
lo termino de citar ahora mismo, y en el capítulo 6 hay un 17,4 por
ciento. Ha nombrado ya el secretario de Estado las obras que se quieren
realizar y por



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eso creo que no es necesario que repita yo la misma explicación.

Estoy a su disposición para aclarar cuantas dudas hayan quedado.




La señora VICEPRESIDENTA: ¿Alguna precisión por parte de los grupos?
Señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Hay una que merecerá la pena cuando planteemos la
comparecencia específicamente para ver lo de las medallas y el reparto de
las mismas.




La señora VICEPRESIDENTA: Damos por concluida la comparecencia.




--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (LOPEZ VALDIVIELSO). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/001038.)



La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a la siguiente comparecencia, la del
director general de la Guardia Civil.

Por el grupo solicitante, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor Meyer tiene la palabra.




El señor MEYER PLEITE: Una parte de mi intervención referida al director
general está hecha al secretario de Estado y ha sido contestada, por
tanto me la ahorro; pero sí quiero insistirle amablemente al director
general en que, como él sabe, una de las preocupaciones de Izquierda
Unida es en relación a la situación laboral de los guardias en el sentido
de los agravios que se pueden cometer con otras fuerzas y cuerpos de
seguridad; agravio que, desgraciadamente, no puede dirimirse, al ser un
cuerpo militarizado, en el juego lógico y amable de la lucha sindical, de
las reivindicaciones sindicales. El director general conoce nuestra
posición favorable a que este cuerpo pudiera tener la capacidad y la
libertad de sindicación, la libertad de asociación. Esto es imposible,
pero a partir de ahí, y desde el compromiso que el propio Partido Popular
adquirió en su campaña electoral, que, textualmente, pretendía la gradual
equiparación retributiva entre los miembros de los distintos cuerpos y
fuerzas de seguridad, la mejora de sus medios técnicos y materiales, así
como el establecimiento de los planes para la formación permanente de sus
miembros, objetivo de campaña electoral sobre el que el propio señor
Rato, hoy vicepresidente del Gobierno, planteó una iniciativa en el
sentido de que se diera cumplimiento inmediato a las previsiones
establecidas en el acuerdo marco policial de modernización y
retribuciones del Cuerpo Nacional de Policía, asimilándose a las
percibidas por los funcionarios de escalas y categorías similares, lo
cierto y verdad es que el cuerpo de la Guardia Civil queda todavía atrás
en relación a la retribución de otros cuerpos y fuerzas de seguridad
autonómicos, locales, incluso Cuerpo Nacional de Policía.

Quería comentarle, si pudiera plantearse y así lo vamos a estudiar en
forma de enmienda a los presupuestos, que para que la Guardia Civil no
quedara atrás en relación con otros cuerpos existe la posibilidad de que
se volviera a abonar el complemento específico general en la cuantía que
se cobraba antes del cambio de escala producido en el año 1996. Esto, sin
lugar a dudas, podría ser una solución para que los guardias civiles no
quedaran atrás en cuanto a la remuneración en relación a otros cuerpos.

Nosotros entendemos que sería justo aplicar el punto séptimo del acuerdo
entre Administración y sindicatos policiales del año 1995, que se
desarrolló posteriormente a la firma de 1996. En ese punto séptimo se
hablaba de los índices correctores para los servicios nocturnos y
festivos, contemplando la compensación por exceso de horas en 15.000
pesetas para el personal que hiciera turnos rotatorios y en tiempo libre
para el resto del personal. Nosotros seguimos sin entender cómo la
Dirección General en los presupuestos no reconoce estos turnos rotatorios
que se hacen en la Guardia Civil y es absolutamente conocido que en todo
el territorio nacional esto se produce pero, además, se comete un agravio
comparativo dentro del mismo cuerpo, porque hay personal destinado en
servicios no operativos que tienen una jornada de 37,30 horas semanales
y, sin embargo, los que realizan tareas operativas tienen una jornada
mucho más grade y más amplia, como también es conocido por todos e
incluso reconocido públicamente por el director general.

Entendemos que sería bueno resolver esto, primero, porque va en beneficio
de las condiciones laborales de los guardias y, segundo, porque va en
beneficio del propio servicio. Se debía intentar aumentar el sueldo a
aquellos guardias que realizan más horas, más funciones y en puestos
operativos.

Tampoco entendemos cómo no se fija una cantidad retributiva por
especialidades dentro de la propia Guardia Civil, que todavía están sin
remunerar. En definitiva, son preocupaciones y preguntas que le traslado
al director general desde esta firme convicción de que no se puede hacer
distinción, de que dentro de la Guardia Civil los guardias, precisamente
por no tener la posibilidad de sindicación, tienen una mayor dificultad a
la hora de plantear sus reivindicaciones, y estamos hablando de
reivindicaciones absolutamente justas en relación con otros servicios que
realizan otros cuerpos que tienen los mismos cometidos y objetivos.




La señora VICEPRESIDENTA: Señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Con toda brevedad, tan sólo dos cuestiones. En
primer lugar, quisiéramos saber cuál va a ser para la Dirección General
de la Guardia Civil la evolución del binomio gasto-inversión en este
presupuesto y, segundo lugar, con base en este presupuesto, cuál va a ser
la jerarquización de prioridades que va a realizar la Dirección General
de la Guardia Civil en orden a la renovación



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de dotaciones materiales del cuerpo durante el próximo ejercicio.




La señora VICEPRESIDENTA: Señor director general.




El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso): En
principio, quiero decir que hemos hecho un esfuerzo muy importante para
intentar modernizar el presupuesto de la Guardia Civil y, para nosotros,
modernizar un presupuesto significa intentar que los gastos de inversión,
los gastos de material, crezcan más que los gastos de personal. El
balance era muy negativo. En el presupuesto de 1997, el 94 por ciento del
total eran gastos de personal, hemos conseguido reducir ese porcentaje en
un punto, no es que sea gran cosa, pero, en fin, como usted muy bien
sabe, estas cosas hay que irlas haciendo muy poco a poco. Pero la verdad
es que, como consecuencia de una política de austeridad o, dicho de otra
forma, de intentar utilizar los recursos de los que disponemos, los que
la sociedad, en definitiva, pone en nuestras manos, hemos puesto en
marcha, a lo largo del año 1997, una serie de medidas que nos han
permitido diseñar, estructurar, los presupuestos para el año 1998 de otra
manera.

Me preguntaba el señor Gil Lázaro cuál era esa relación. El presupuesto
crece, como saben ustedes, el 3,1 por ciento, frente a los gastos de
personal, que solamente crecen el 2,1; los gastos de material, incluidos
tanto inversiones como gasto estricto, crecen un 15,7, lo que demuestra
efectivamente esa intención de mejorar las dotaciones, el material, los
medios de la Guardia Civil, para intentar afrontar tres aspectos
fundamentales --también contestando al señor Gil Lázaro--: la mejora de
nuestro parque de vehículos, obsoleta, antigua, con muchísimos
kilómetros; tenemos que hacer ahí un esfuerzo muy importante; mejorar
también todo nuestro sistema informático, tanto en su aplicación desde el
punto de vista de la gestión como de nuestras misiones policiales,
operativas; y luego, sin duda, los acuartelamientos son prioritarios para
nosotros; las condiciones en las que viven y trabajan muchos de nuestros
guardias, como ustedes saben, dejan muchísimo que desear y ahí, dentro de
las limitaciones presupuestarias, vamos a hacer un esfuerzo muy
importante. De hecho, la cifra de inversiones para la Guardia Civil este
año crece un 72 por ciento, casi un 73. ¿Cómo ha sido posible esto?
Intentando repartir de la forma más adecuada el montante total de los
presupuestos y atender primero aquellas necesidades que son más
perentorias. Es insuficiente; bien es verdad que también, para
información de SS. SS., les diré que estamos teniendo éxito en aquello
que yo me planteé en un momento determinado de intentar involucrar a
otras administraciones en la mejora de nuestras infraestructuras. Tenemos
ya en marcha convenios con ayuntamientos, con comunidades autónomas, que
nos van a permitir incrementar las partidas destinadas a
infraestructuras.

Plantea el señor Meyer un aspecto muy importante con relación a cómo se
desarrollan las condiciones de trabajo de nuestros y nuestras guardias
civiles. Quiero partir del principio de que no podemos comparar cosas
heterogéneas. La Policía y la Guardia Civil no son la misma cosa, no es
la misma institución. Algunas de sus funciones son equivalente, diríamos,
incluso idénticas, sin embargo, ni la estructura, ni la organización, ni
la forma en la que unos y otros desarrollan el trabajo son idénticas,
luego es imposible que a planteamientos distintos se intente aplicar
fórmulas, por ejemplo de remuneración, idénticas. Por eso el acuerdo de
las famosas 15.000 pesetas por los turnos rotatorios no se puede aplicar
automáticamente a la Guardia Civil. Eso no quiere decir que no sea una de
nuestras mayores preocupaciones mejorar la remuneración de nuestros y de
nuestras guardias civiles. Y ésa es una de las razones por las que --si
no se ha dado cuenta, se lo digo-- la partida para productividad en la
Guardia Civil crece este año un 64,3 por ciento; eso nos va a permitir
mejorar, compensar, ese especial esfuerzo y dedicación que los guardias y
las guardias civiles hacen. De hecho, ya en el año 1997 algo estamos
haciendo; naturalmente sin salirnos de los presupuestos para 1997, nos
hemos organizado de tal forma que ya, a partir de este trimestre, las
famosas 70 pesetas por hora festiva y nocturna que, a la altura en la que
estamos del siglo XX parecen absurdas, las vamos a subir a 100. Ya sé que
no es para comprarse un yate, pero es un aumento del 40 por ciento. ¿Cómo
lo hemos conseguido? Reduciendo la estructura burocrática de la Guardia
Civil; usted sabe que nos pusimos como objetivo esta reducción y lo hemos
conseguido, de tal forma que, en estos momentos, pagamos productividad a
uno de cada tres de los que la cobraban en puestos burocráticos. Eso nos
ha permitido hacer una bolsa que vamos a repartir entre los guardias y
las guardias civiles que prestan servicios operativos; es decir, que ya
se ha producido una mejora; y con ese aumento del 64 por ciento de la
productividad pretendemos que esos guardias que trabajan más horas que
cualquier servidor del Estado (lo ha dicho usted y yo lo repito, para que
nadie lo pierda de vista: un guardia civil trabaja entre 42 y 43 horas de
media) se vean compensados a través de la productividad para que, por lo
menos, haya una mínima compensación a lo que es esa especial dedicación
que los guardias y las guardias civiles tienen, y ése es un avance
importante.

Hemos puesto en marcha también una instrucción en virtud de la cual
pretendemos que los servicios se organicen de tal forma que aprovechemos
de la mejor manera posible los efectivos, destinando cuantos más mejor a
funciones operativas, y que los mandos tengan la preocupación de intentar
reducir esas larguísimas jornadas de nuestros efectivos, que en unos
casos será posible y en otros no. para los que no sea posible, insisto,
ahí tenemos esas partidas presupuestarias para compensarlo.

Por lo que se refiere al resto de la remuneración, es la misma. Un
policía y un guardia civil ganan absolutamente igual, solamente hay estas
diferencias que se derivan de las que existen en la estructura y
organización de ambos cuerpos. Y sí que hay una remuneración por
especialidades en la Guardia Civil; hay unos complementos dependiendo de
la especialidad para la que está titulado y a la que están destinados los
guardias civiles. Es decir, que un desactivador



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de explosivos tiene un plus, el que está destinado en el País Vasco tiene
otro plus, porque hay también diferencias dependiendo, por un lado, de la
especialidad pero también del destino; o sea que sí que existen esos
complementos dependiendo de la especialidad que tengan los guardias
civiles.

Naturalmente, insisto, en un presupuesto no se pueden resolver todos los
problemas que hay acumulados. La Guardia Civil es un cuerpo con mucha
antigüedad, con una serie de problemas que están ahí, que unos se han ido
resolviendo en diferentes momentos, ahora intentamos resolver otros, como
le he dicho, el estado de los cuarteles, el compensar ese especial
esfuerzo y dedicación, con la política presupuestaria que en estos
momentos exige la situación económica del país y los objetivos que éste
tiene planteados.

Yo no sé si con esto, señora presidenta, he aclarado las cuestiones que
planteaba el señor Meyer.




La señora VICEPRESIDENTA: Señor Meyer.




El señor MEYER PLEITE: Con mucha brevedad. Entenderá usted, director
general, que la noticia de que se sube de 70 a 100 pesetas ese
complemento para realizar trabajos festivos, horas extraordinarias,
etcétera, indudablemente es subir desde la nada a una miseria y, por
tanto, no nos satisface esa noticia. Entendemos que se debía resolver por
la vía enérgica y democrática de no consentir, en el siglo que estamos,
que una persona, por realizar un esfuerzo añadido a las horas razonables
de cualquier trabajo, de cualquier cuerpo, incluso militarizado, tenga
esta cantidad. Creo que no nos podemos escudar en la militarización de un
cuerpo para crear una situación injusta con este cuerpo. Por tanto,
habría que ser mucho más enérgico, desde nuestro punto de vista, a la
hora de resolver este asunto.

En cuanto a la remuneración por especialidades, creemos entender, no
obstante usted nos lo confirmará o no, que, efectivamente, hay plus de
peligrosidad, de explosivos, según qué servicio se preste; pero, por
ejemplo, los especialistas fiscales no tienen ninguna remuneración
especial; creemos que no la tienen; no obstante, usted nos lo podrá
aclarar.




La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor director general.




El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (López Valdivielso): Es
posible que haya cometido un error de estrategia al decir que pasamos de
70 a 100 pesetas y, entonces el titular puede ser: la Guardia Civil sólo
sube 30 pesetas. Ahora, si digo que aumentamos el 40 por ciento, entonces
el titular es: la Guardia Civil aumenta el 40 por ciento. Con esto quiero
decir que todo es relativo. Me parece que hemos intentado y hemos hecho
un esfuerzo importante. Por un lado, ha aumentado esa partida el 64,3 por
ciento y, además, estamos adoptando medidas organizativas. Al reducir el
personal burocrático pagamos menos productividad a personas destinado a
tareas burocráticas y con ello hacemos una bolsa para poder compensar los
trabajos más penosos, que son los que están en puestos operativos. Me
parece que el esfuerzo realizado en un solo presupuesto es importante. Yo
tampoco estoy satisfecho y voy a intentar, por todos los medios, mejorar
esas condiciones.

Y no es que nos aprovechemos de la condición militar de la Guardia Civil;
es que realmente la plena disponibilidad para el servicio, como usted
sabe, es una de las características de una organización como la Guardia
Civil; eso no quiere decir que se abuse y que nuestra mayor preocupación
sea, efectivamente, que esas horas de servicio sean cada día menores y
más adaptadas a las horas de trabajo que tiene cualquier servidor del
Estado.

En lo relativo a los especialistas fiscales piense que realmente el ser
resguardo fiscal del Estado no es una especialidad de la Guardia Civil,
es decir, no es una de las tareas clásicas, básicas, fundamentales o
peculiares de la Guardia Civil.




La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor director general.

Con esto damos por concluida la comparecencia, dándole las gracias por su
asistencia y sus explicaciones.

Antes de proseguir con las comparecencias, quiero advertir a SS. SS. que
la Mesa de la Cámara acaba de adoptar la decisión de que la comparecencia
para esta tarde del fiscal general del Estado va a ser subsumida en la
del secretario de Estado de Justicia. Lo digo, sobre todo, a los efectos
de que lo conozca el grupo parlamentario solicitante.




--DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO (MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE). A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
212/000970.)



La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, vamos a sustanciar la comparecencia
solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista del director general de
tráfico. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Perdón por interrumpir en este momento, pero es para
una cuestión de orden. Nos gustaría, antes de levantar la sesión de esta
mañana y terminadas las comparecencias, tener una reunión la Presidencia
y los portavoces accidentales en orden a algunas cuestiones pendientes de
la agenda de la Comisión, si le parece a la presidenta.




La señora VICEPRESIDENTA: De acuerdo, señor Gil Lázaro.

Tiene la palabra el señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: Señora presidenta, quiero agradecer, como no
puede ser de otra manera, la amabilidad del director general de Tráfico
en su voluntad



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de comparecer para explicarnos algunas de las magnitudes del presupuesto,
sobre todo en lo concerniente a la seguridad vial, y si, a su juicio, las
prioridades, las necesidades y las conclusiones de la Comisión Nacional
de Seguridad Vial se ven óptimamente reflejadas, desde el punto de vista
presupuestario, en las previsiones para el ejercicio de 1998 o si de
alguna manera, como nosotros creemos, frustran las necesidades objetivas
de una adecuada política de seguridad vial. Para esa valoración general
por parte del director general es para lo que nosotros hemos solicitado
la comparecencia, para conocer en qué medida conectan y están en línea
las previsiones presupuestarias con las necesidades objetivas, repito, en
materia de seguridad vial.

Al margen de la valoración general, quisiéramos plantear algunas
cuestiones de índole más específico. En primer lugar, observamos que en
lo que podría ser el resumen orgánico funcional, el llamado presupuesto
por programas, en materia de seguridad vial el incremento presupuestario
está en torno al 5,6 por ciento. Estamos hablando de un programa de
seguridad vial que pasa de 67.644 millones en el año 1997 a 71.451
millones de pesetas para 1998, donde se aprecia un aumento en el capítulo
1 de 250 millones; de 1.200 millones en el capítulo 2, que podría hacer
pensar en la operatividad de la jefatura de tráfico, y de 1.460 millones
en el capítulo 6. En algunos capítulos, por ejemplo en el 4, se va a un
aumento en las transferencias corrientes de 1.000 millones, sin más, en
números redondo, como si se estuvieran cuadrando las cuentas.

Entrando en otros aspectos más concretos, en el organismo 101, organismo
autónomo Jefatura de Tráfico, observamos, por ejemplo, que en los
ingresos se pasa de una previsión de tasas de la Jefatura de Tráfico de
46.829 millones de pesetas para 1998, a unos ingresos que superan en
5.900 millones de pesetas los presupuestados por el mismo concepto en el
año 1997. En cambio observamos que el resto de las magnitudes
correspondientes a la Jefatura de Tráfico es prácticamente igual, salvo
un nuevo ingreso, que es el relativo a las transferencias corrientes de
la Administración del Estado, de otros departamentos ministeriales, por
cuantía de 17,6 millones de pesetas. Nos gustaría que nos aclarara esta
previsión de ingresos.

En cuanto a los gastos, observamos que hay un aumento en el capítulo 2,
artículo 21, de 326 millones de pesetas en materia de reparación,
mantenimiento y conservación; que se congelan los elementos de
transporte; que sube el presupuesto en materia de maquinaria,
instalaciones, utillaje, infraestructuras y bienes naturales; que en el
artículo 22 hay 758 millones más para 1998, suben 65 millones en energía
eléctrica o 115 millones en combustible. Hay una cantidad que nos llama
la atención, el concepto 227, relativo a trabajos realizados por otras
empresas y profesionales, que asciende a 130 millones. Nos gustaría saber
en qué se justifica el incremento.

Hemos observado también en el capítulo 4, transferencias a comunidades
autónomas, en concreto en el artículo 45, que se pasa de 500 millones en
1997 a 1.496 millones de pesetas en 1998 en el concepto de gestión de
cobro de tasas por las estaciones de ITV. ¿A qué se debe este incremento
en la transferencia a comunidades autónomas?
Observamos, a su vez, que hay una cierta congelación en formación, en
investigación, en aspectos que se han revelado como temas de especial
importancia en el futuro. Incluso partidas como por ejemplo la subvención
a empresas que se dedican a parques infantiles de tráfico y seguridad
vial de tipo educativo vemos que sufren prácticamente una congelación, es
decir, que no hay un línea en clave de formación o de investigación en
materia de seguridad vial. Incluso observamos, si analizamos los
objetivos indicadores de seguimiento del presupuesto, algunos aspectos
que nos llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, cuando se habla de
postes de auxilio en carreteras, para 1997 está presupuestado 562
millones y 640 para 1998; coste de adquisición, 169 millones de pesetas
en 1997 y 1.484 millones de pesetas en 1998. No vemos clara esta
cantidad. Incluso el número de kilómetros asistidos, porque se pasa de
4.980 a 5.858, pero no parece que corresponda a los costes de adquisición
previstos.

En helicópteros ocurre lo mismo. Presupuestado para 1998: 1/2. No se sabe
si es 1 ó 2. Nos gustaría conocer las previsiones de adquisición y el
coste de adquisición, porque se cuantifican 128 millones de pesetas para
este año, sin embargo, el coste de adquisición presupuestado en 1997 para
un helicóptero era de 300 millones de pesetas. Por tanto, no veo que los
objetivos e indicadores del seguimiento nos dejen las cosas
suficientemente claras.

Nos llama también la atención las horas de vuelo previstas. Por ejemplo,
en helicóptero, 6.800 presupuestadas para 1997 y 6.700 presupuestadas
para 1998; parece que hay una disminución de horas de vuelo. O en
servicios realizados, 6.600 para 1997, 6.100 para 1998. Parece que los
indicadores no son acordes con lo que debe ser un incremento de la
prestación de determinados servicios en materia de seguridad vial.

Las magnitudes de vigilancia de circulación sufren también en sus
previsiones un cierto estancamiento, si bien es verdad que son objetivos.

Objetivos 2.1: vigilancia y disciplina de tráfico. Horas de vigilancia:
año 1997, 9.400; año 1998, 9.887; es decir, 400 horas más.

Denuncias formuladas. Previsiones para 1997: 2.925. Previsiones para
1998; 2.550; es decir, menos.

Pruebas con etilómetros realizadas. Para 1997, presupuestado en miles,
1.150.000; para 1998, 1.100.000.

No acabamos de entender, por tanto, cómo se expresan esos objetivos, y
por supuesto eso luego se proyecta en las cantidades presupuestadas en la
línea que decíamos de un aumento insuficiente en materia de seguridad
vial.

En los objetivos de mejora de formación técnica y educación vial
prácticamente se mantienen los indicadores, es decir, observamos que no
se está priorizando lo suficiente lo que son las necesidades objetivas en
materia de seguridad vial.

Quiero hacer una reflexión sobre los ingresos, cosa que ya hice al
principio de mi intervención.

El presupuesto de ingresos tiene unas partidas idénticas a las de 1997,
salvo la correspondiente a ingresos por tasas, que experimenta un
llamativo crecimiento del 14,4 por ciento y que antes yo cuantificaba en
unos 5.900 millones de pesetas más. Nos gustaría que nos explicara por
qué se



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produce tal crecimiento en el presupuesto de ingresos y por qué ese
crecimiento no repercute en mayor medida en el presupuesto de gastos de
la Jefatura Central de Tráfico, quedándose el Tesoro con unos 2.000
millones de pesetas del crecimiento total, sobre todo a la vista de que
la seguridad vial, como es notorio, tiene serios problemas, tal y como se
ha visto a lo largo de 1997. En efecto, la tradicional transferencia de
Tráfico al Tesoro pasa de 15.500 millones en 1997 a 17.500 millones en
1998, y se mantiene en 500 millones la previsión de transferencias de
Tráfico al Ministerio de Hacienda. También le preguntaría si considera
razonable esta previsión, qué ha ocurrido con la transferencia de Tráfico
al Ministerio de Hacienda en 1997 y si se ha generado o se van a generar
en los presupuestos de Interior más de 500 millones de pesetas
procedentes de Tráfico durante 1997, puesto que no acabamos de ver esas
cantidades.

Finalmente, lo que quiero decir es que, desde nuestro punto de vista, se
frustran las expectativas de incremento previstas, sobre todo en relación
a las necesidades objetivas en materia de seguridad vial, sin que se
absorba en este programa lo que son las previsiones de incremento de
ingresos en materia de Tráfico.




La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Tan sólo quería preguntar al señor director general
en qué líneas preferentes se va a actuar, con base en este presupuesto,
en materia de políticas para la seguridad vial, habida cuenta de la
previsión de crecimiento de la inversión dedicada a tal fin, lo cual,
evidentemente, sustancia, a nuestro juicio, cuál es el principal objetivo
para el próximo ejercicio de esa dirección general, precisamente en orden
a la mejora de todo el conjunto de infraestructuras para la seguridad.




La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor director general.




El señor DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO (Muñoz-Repiso Izaguirre): Voy a
intentar contestar todas las preguntas que me han formulado.

En primer lugar, yo creo que este presupuesto se caracteriza por un
aumento del 9 por ciento en el programa de seguridad vial y no del 5 por
ciento, como acabamos de oír; seguramente hay algún error de cálculo.

En gastos de personal no se produce incremento en el número de efectivos,
en línea con el plan del Gobierno de congelar la oferta pública de
empleo. El incremento del 2,7 respecto a 1997 es ligeramente superior a
la actualización prevista en los sueldos, debido principalmente al
reconocimiento de trienios y a un amento en gastos de formación. Quizá no
manejamos los mismos datos, pero, evidentemente, hay un aumento
presupuestario para la formación.

Respecto a gastos corrientes, capítulo 2, se incrementan conceptos
relacionados directamente con la seguridad y la fluidez del tráfico,
tales como mantenimiento de instalaciones de gestión dinámica y postes
SOS (concepto 210), combustible para los vehículos usados por la
agrupación de tráfico de la Guardia Civil (subconcepto 221.03) e
instalación de carriles reversibles de entrada y salida para la
ordenación del tráfico (subconcepto 227.08). El incremento, por tanto,
del capítulo 2 es del 8,6 por ciento respecto al de 1997.

El capítulo 6, inversiones reales, crece un 8,5 por ciento, a fin de
potenciar las actuaciones de seguridad vial.

En instalación nueva se incrementan los proyectos de postes de auxilio y
de comunicaciones y se consolida la principal línea de actuación,
consistente en la instalación de sistemas dinámicos de gestión y de
regulación de tráfico. Se potencia, asimismo, la aplicación de nuevas
tecnologías mediante la participación en proyectos europeos tales como
implantación de aplicaciones telemáticas en determinados corredores
internacionales, así como otros proyectos nacionales, detección
automática de incidentes de tráfico y ampliación de los servicios de
Internet y teletexto para información de los usuarios, todo ello
residenciado en los centros de gestión de tráfico.

Respecto a las inversiones en vehículos y equipos de vigilancia para uso
de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y de determinadas
policías municipales, se aumentan también las dotaciones presupuestarias
en un 4,1 y en un 4,6 por ciento, respectivamente. Por otra parte, se
prevé un incremento del 5 por ciento en el presupuesto para campañas de
prevención de accidentes de circulación en el año 1998. Esto quiere decir
que, lejos de frustrar las expectativas respecto de la seguridad de la
circulación, el presupuesto va bastante en la línea de aumentar esas
expectativas y por tanto de preparar la base económica para conseguir una
mejor seguridad de la circulación.

Contestando alguna pregunta concreta que me ha sido formulada por el
diputado señor Cuesta, he de decir que el aumento de transferencias
corrientes de 1.000 millones de pesetas tiene su motivo. Se trata de la
gestión de cobro de las tasas por ITV. La inspección técnica de vehículos
la realizan las estaciones que dependen de industria, que es una
competencia transferida a las comunidades autónomas, y ya en este año
hemos comenzado a hacer algunos convenios en virtud de los cuales la tasa
por anotación de la ITV, que se realiza en los servicios de la Dirección
General de Tráfico, la llevan a cabo las comunidades autónomas, y
mediante convenio una cantidad de esa tasa pasa a esas comunidades
autónomas. Como pensamos seguir en esta línea y aumentar prácticamente a
las 17 comunidades autónomas la realización de este convenio, aumentamos
la previsión de transferencias a estas comunidades de la parte
proporcional de la tasa que ellos mismos gestionan.

Ha repetido su señoría en dos ocasiones el incremento previsto en
ingresos de las tasas de tráfico como si mantuviéramos las previsiones
del resto de los ingresos igual que en años anteriores, sin embargo, se
produce un aumento importante, del 14 por ciento --creo que lo ha
dicho--. Esto se debe a que habiendo sido revisadas las tasas y previsto
su aumento --aunque no hubo presupuestos-- para 1996, sí hubo incremento
y no previsión de ese aumento, así como en el año 1997, con lo que esos
incrementos legales



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suman un 14 por ciento, que se corresponde con el aumento que realmente
se produce. Además, podíamos pensar que en el año 1997, de hecho, la
actividad de tráfico está aumentando, especialmente en cuanto a
matriculación de vehículos y transferencias, y eso también será objeto de
aumento, como así se prevé.

He tomado nota del concepto 227, en el que al diputado, señor Cuesta, le
parece que se produce un gran aumento. Efectivamente, se produce, y
corresponde principalmente a las medidas de regulación de tráfico, ya que
cada vez hay que adoptar más, especialmente en determinados días y en los
accesos a las grandes ciudades, utilizando carriles reversibles mediante
la instalación de conos.

Ha aumentado también la dotación para el concepto de limpieza, porque en
el presente año 1997 se ha demostrado que ha sido insuficiente, no sólo
por lo que se refiere a los locales directamente gestionados por la
Dirección General de Tráfico, sino también a los que utiliza la
agrupación de tráfico de la Guardia Civil.

El aumento en el año 1998 de lo presupuestado para postes de auxilio en
carreteras se debe, sobre todo, a que se acometerá también la obra civil
y no sólo la instalación de los cables en las obras civiles ya
realizadas.

He tomado nota, hablando ya de los objetivos e indicadores de
seguimiento, de la previsión de una pequeña disminución de horas de vuelo
en los helicópteros de la Dirección General de Tráfico, que tiene su
justificación porque desde el año 1990 prácticamente hasta este mismo
año, hasta este mes, la Dirección General de Tráfico en Madrid ha
obtenido, en un convenio con el Insalud, un helicóptero preparado para la
asistencia sanitaria. Este ha cumplido magníficamente sus objetivos, pero
la Comunidad Autónoma de Madrid ha sustituido, con un servicio propio y
mediante la contratación de dos helicópteros y la coordinación con las
UVI móviles y un sistema de ambulancias, la atención sanitaria en las
carreteras de Madrid, por lo que este servicio sanitario que realizaba la
Dirección General de Tráfico se ha retirado al estar cubierto ya por la
comunidad autónoma.

También le ha llamado la atención al señor Cuesta la previsión de
disminución de denuncias. Efectivamente, así está previsto. De hecho, se
está produciendo una disminución de las denuncias que se formulan no
porque los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil
formulen menos denuncias, sino porque algunas de ellas, por imperativo
del Código Penal, han tenido que verse transformadas en atestados, al
tipificarse como faltas penales algunas conductas que hasta la entrada en
vigor del Código Penal sólo eran faltas administrativas, y me estoy
refiriendo a la conducción o circulación con automóvil sin haber cubierto
el correspondiente seguro obligatorio. Se trataba aproximadamente de
300.000 denuncias al año, que al pasar a ser una falta penal no se
cuentan; no son realmente denuncias administrativas sino que se
transforman en atestados que se envían a los correspondientes jueces.

Por último, he tomado nota del incremento de las transferencias al
Estado. Efectivamente, aumentan en 2.000 millones de pesetas las
transferencias al Estado, sin duda porque la ley de presupuestos prevé
que el 5 por ciento de las tasas deben transferirse al Estado y más o
menos corresponden a esta cantidad.

Con esto creo haber contestado a la totalidad, o casi, de las preguntas
que me han formulado.




La señora VICEPRESIDENTA: ¿Señor Cuesta, quiere hacer alguna precisión?
(Denegaciones.)
Muchísimas gracias al compareciente, señor director general de Tráfico, y
damos por terminada esta comparecencia.




--DEL DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (YUSTE
CASTILLEJOS). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de
expediente 212/000971) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 212/001052).




La señora VICEPRESIDENTA: Empezamos la siguiente comparecencia, del
director general de Instituciones Penitenciarias, solicitada por los
grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: También quiero agradecer la presencia del
director general de Instituciones Penitenciarias para informar a la
Cámara sobre las previsiones y los objetivos en su ámbito de actuación.

Por mi parte, más que hacer una valoración general política, que nos
reservamos a resultas de las respuestas y en otro trámite parlamentario,
procuraré formular una serie de preguntas sobre aspectos que observamos
en el presupuesto.

En primer lugar, vemos que se produce un aumento para 1998 en el resumen
orgánico funcional referido a centros de Instituciones Penitenciarias.

Este aumento es en torno al 4,7 por ciento. En trabajo, formación y
asistencia a reclusos en el organismo autónomo el incremento está
previsto en torno al 5,6 por ciento. Es decir, en un caso se pasa de un
presupuesto de 72.319 millones a 75.750 y en el otro de 2.973 millones a
4.648 millones de pesetas.

Centrándome en el servicio 05, programa 144.A, centros e instituciones
penitenciarias, la mayor parte del incremento se observa en el capítulo
1, en el que el aumento es de 2.474 millones, sin mis cálculos no están
mal hechos, aumentando en menor cuantía, en cambio, lo que podríamos
llamar capítulo 2, 546 millones, o capítulo 6, inversiones 300 millones,
lo cual demuestra que se queda congelado Instituciones Penitenciarias, ya
que el incremento presupuestario se ve absorbido fundamentalmente por los
gastos de personal, hasta tal punto que el artículo 12, el referido a
funcionarios, son 2.200 millones de pesetas.

Una primera pregunta se refiere al artículo 13, donde hay una disminución
de 200 millones de pesetas --estamos hablando de personal laboral--, de
2.700 a 2.500 millones para 1998. ¿Cuál es la causa? En segundo lugar,
observamos también algo que no se corresponde con lo que



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acontece en otros ámbitos del Ministerio del Interior y esta misma mañana
hemos llamado la atención sobre esta cuestión. Se trata de los créditos a
la productividad, artículo 15, incentivos al rendimiento que pasan de
1.007 millones en 1997 a 1.028 millones para 1998, es decir, aumentan en
mucha menor medida que los créditos para incentivos al rendimiento de
Policía y de Guardia Civil. En aquellos casos eran cantidades que estaban
en torno a 2.600 y 2.300 millones respectivamente, y en el caso de
Instituciones Penitenciarias se va a un aumento estricto del 2,1 por
ciento, lo cual parece establecer algún tipo de discriminación en el
reparto de los incentivos al rendimiento en el ámbito del Ministerio del
Interior o al menos un peculiar reparto de estos incentivos, que
probablemente lo que ponga de manifiesto sea una subida camuflada de
salarios en otros ámbitos del Ministerio. Nosotros no nos oponemos a la
retribución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
términos que se merecen ni a los funcionarios de Instituciones
Penitenciarias, pero sí constatamos que para Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado se va a una cierta subida camuflada, mientras que se
aplica el puro y duro 2,1 por ciento a los funcionarios de prisiones, que
creo que tienen una función muy importante que realizar, y en algunos
casos con fuertes riesgos, lo que merecería al menos reabsorber también
en una adecuada medida el incremento en las partidas referidas a los
incentivos al rendimiento. Por tanto, aquí hemos constatado un aumento
desigual.

En el capítulo 2 observo que el grueso de aumento de créditos se destina
al artículo 22, congelándose los créditos a los artículos 23 y 25. Se
congelan los créditos destinados a conciertos de asistencia sanitaria,
que se mantienen en 1.145 millones de pesetas. ¿Cuál es la razón de esa
congelación?
Observamos también congelación en materia de energía, agua, combustible,
vestuario y productos farmacéuticos, y el aumento se concreta en
productos alimenticios, que pasa de 6.041 millones a 6.460 millones de
pesetas para 1998, es decir, que aumentan los productos alimenticios en
419 millones de pesetas, un 6,8 por ciento más si mis cuentas no están
mal realizadas. Probablemente, este aumento, que está justificado, se
deba también a una insuficiente presupuestación del año pasado y esto ha
puesto de manifiesto necesidades de acometer con mayor realismo las
prioridades en productos alimenticios en las prisiones españolas. Pero lo
cierto es que hablando de magnitudes similares no acabamos de entender
bien esa congelación que decía en energía, agua, combustible, vestuario y
productos farmacéuticos, aun intentando comprender el aumento en
productos alimenticios. En todo caso, quizás estén muy aquilatados. Se
nos hablaba de que se iba a optimizar la gestión, y a lo mejor la gestión
ha obligado a tremendos sacrificios que también han repercutido en la
población penitenciaria española.

Observamos que se congela la ratio por interno en gastos de sanidad
cuando analizamos la memoria de objetivos del presupuesto. El gasto de
funcionamiento total por interno, la ratio calculada en relación con el
número total de internos, pasa de 442.75 a 459,63.

Hay un aumento de 11 millones de pesetas en el concepto 226, oposiciones
y pruebas selectivas. Mi pregunta es ¿a qué se debe? ¿Cuál es la
previsión de oferta pública de empleo para 1998? ¿Podría delimitarla?
¿Está relacionada con esa empresa pública? Le agradeceríamos que nos
delimitara la oferta pública de empleo prevista para 1998.

El artículo 46 introduce una novedad, que es la transferencia a
corporaciones locales, con 88 millones de pesetas. Es el concepto 464,
depósitos municipales. ¿Es suficiente esta dotación pensando en la
experiencia y en las necesidades que está generando la nueva normativa
puesta en marcha por el Código Penal? ¿Cuáles son las previsiones?
En el artículo 47 hay un concepto, el 481, transferencias a la Comisión
Episcopal para atención del culto en centros penitenciarios, que pasa de
49 millones a 71; es decir, sube 22 millones de pesetas. Lo pongo en
relación con la congelación en otras previsiones de gasto presupuestario.

¿A qué se debe esta subida? Al hilo de ello, ¿se atienden otros cultos?
¿En qué cuantía? ¿Están todos recogidos en estas previsiones
presupuestarias? Excuso recordarle el artículo 16.3 de nuestra
Constitución y el principio de libertad religiosa que impera. Me gustaría
saber si en estas magnitudes está presupuestada también la atención por
otros cultos a reclusos que así lo planteen en los centros penitenciarios
españoles. Ya digo que hay un aumento de 22 millones de transferencias a
esta Comisión Episcopal en el concepto 481.

En el organismo 201, trabajo y prestaciones penitenciarias, programa
144.B, capítulo 1, observamos también que se pasa de 2.136 millones a
3.865 millones para 1998, es decir, que se produce un aumento de 1.699
millones, que es el mayor porcentaje de incremento de este programa. Aquí
observamos que se registra un incremento no sólo en el artículo 12,
funcionarios, de 592 millones a 1.809, es decir, 1.217 millones, sino
también un aumento en laborales, artículo 13, de 300 millones de pesetas,
a diferencia de lo que ocurría en el programa 144.A. El artículo 21,
referido a reparaciones y mantenimiento, se congela, así como el artículo
22, material, suministros y otros; es verdad que sólo 700.000 pesetas.

Apreciamos escasas subidas en conceptos como material deportivo,
didáctico y cultural, concepto 221. Se dota con 7 millones el concepto
226, que se refiere a oposiciones. Hay una dotación nueva, por lo tanto,
de 7 millones. ¿Qué oferta de empleo está prevista o cuál es la razón de
la dotación de este concepto 226?
Observo también que se congelan las transferencias a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, artículo 44. No parece que sea lo más
conveniente. Y aparece un nuevo concepto, el 483, cofinanciación de redes
de recursos para atención de personas sometidas a medidas del Código
Penal y para afectados de sida: 25 millones de pesetas. ¿Podría
especificar esta novedad y si es suficiente? Parece que la previsión es
interesante. Este es un nuevo concepto que no estaba así especificado, al
menos, en el presupuesto del ejercicio anterior. Me parece necesario,
pero la cantidad puesta en relación con los objetivos parece
insuficiente.

También es nuevo el concepto 481, transferencias a la Federación Española
de Municipios y Provincias para trabajos



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en favor de la comunidad. Son 16 millones para subvencionar trabajos en
favor de la comunidad en virtud de algún concierto, que supongo que
deberá ir en aumento, con la Federación Española de Municipios y
Provincias.

El capítulo 6 pasa de 166 millones a 77 millones, es decir, disminuye más
de la mitad, en el concepto trabajo y prestaciones penitenciarias,
programa 144.B. Yo creo que es un caso claro también de disminución de
las inversiones.

Todas estas preguntas y cuestiones me llevan a una conclusión, y es que
yo creo que Instituciones Penitenciarias no sale muy bien parada dentro
del aumento presupuestario, a mi juicio insuficiente, del Ministerio del
Interior en su conjunto. Pero dentro incluso del propio Ministerio se
está despriorizando, desde nuestro punto de vista, la importantísima
labor de Instituciones Penitenciarias, que deviene de nuestro texto
constitucional, de la importantísima función resocializadora y
rehabilitadora de la pena privativa de libertad. No hay, a nuestro
juicio, una línea de objetivos que estén en consonancia con estas
magnitudes presupuestarias y, sobre todo, se están incumpliendo lo que
son claros y terminantes mandatos de esta Cámara.

Nada más.




La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Meyer
tiene la palabra.




El señor MEYER PLEITE: Intervendré con muchísima brevedad. Solamente haré
dos preguntas al director general.

En relación a la aplicación del Código Penal, la primera pregunta es si
está prevista presupuestariamente la construcción de los centros
específicos para el cumplimiento de los arrestos de fin de semana o la
adecuación a tal fin de zonas de establecimientos penitenciarios. La
segunda es si tienen previstas medidas de seguridad para los lugares de
cumplimiento de la pena de los drogodependientes y enfermos y en qué
cuantía. Es decir, son dos partidas presupuestarias que tienen que ver
con la aplicación del Código Penal y nos interesaría conocer
efectivamente esa previsión.




La señora VICEPRESIDENTA: El señor Gil Lázaro tiene la palabra.




El señor GIL LAZARO: Señora presidenta, en primer lugar, por pura
cortesía, me parece obligado agradecer al señor director general de
Instituciones Penitenciarias el esfuerzo que ha realizado para no faltar
a su cita con el Parlamento, habida cuenta de su reciente período de
hospitalización.

En segundo lugar, quiero señalar que, a juicio del Grupo Parlamentario
Popular, de estos presupuestos de la Administración penitenciaria se
infieren claramente dos grandes objetivos: el de la modernización de la
misma y un nítido compromiso social. Por eso quisiéramos formularle dos
preguntas concretas al señor director general. En primer lugar, qué
principales objetivos se van a atender durante el próximo ejercicio en
orden a la modernización del sistema penitenciario en todas sus diversas
infraestructuras, tanto mobiliarias como inmobiliarias, y en sus
dotaciones materiales. Y en segundo lugar, sobre qué criterios
principales se va a desarrollar la potenciación de las líneas de
actuación con reclusos que presentan mayores situaciones de marginación y
que, por tanto, requieren de una mayor atención socio-asistencial.




La señora VICEPRESIDENTA: Todo lo que usted ha preguntado señor Gil
Lázaro sustancia una comparecencia completa; no son dos preguntas
concretas.

De todas formas, el señor director general tiene la palabra para
contestar.




El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejos): He de manifestar mi respetuosa discrepancia sobre las
cifras que ha manejado el diputado señor Cuesta, que no coinciden
sustancialmente con las que yo manejo.

El programa 144.A, que es el que gestiona la Dirección General, en su
capítulo 1 ha pasado de 53.312 millones a 57.365; supone un aumento del
7,6 por ciento. El capítulo 2 pasa de 16.425 a 17.051, lo que supone un
incremento del 3,8. El capítulo 4, de 129 a 159, lo que supone un
incremento del 23,1. El capítulo 6 pasa de 871 a 1.171, lo que supone un
incremento del 34,4. Eso significa pasar en el total del programa de
70.741 millones a 75.750 y, por lo tanto, un incremento del 7,1 por
ciento.

Por sistematizar la intervención, también discrepo respecto de las cifras
que ha enunciado en el programa 144.B del organismo, cuyo capítulo 1 pasa
de 3.715 millones a 3.853, con un incremento del 3,2 por ciento. El
capítulo 2 pasa de 514 a 524, con un 1,9 por ciento. El capítulo 4, de
155 a 211, con un incremento del 35,3. Y efectivamente se consolida, como
ha mencionado acertadamente, en el capítulo 6 una disminución de 166 a 77
millones, lo que supone una disminución de un 53,6. Así, el total del
programa 144.B crecería de 4.551 a 4.648 millones, es decir, un 2,2 por
ciento. Por lo tanto, el total de los presupuestos que podría gestionar
la Dirección General pasaría de 75.292 millones a 80.398, lo que supone
un incremento del 6,8 por ciento. Este 6,8, con carácter general,
evidencia a mi juicio una extraordinaria sensibilidad comparativamente en
el Ministerio con los presupuestos asignados para hacer frente a los
gastos de otras unidades. En ese sentido debemos entender que la función
constitucional es percibida con absoluta sensibilidad por el Ministerio y
que incluso se han hecho esfuerzos importantes en cuanto a los
trabajadores. No vamos a citar las consolidaciones que se hacen de las
mejoras retributivas para el País Vasco; la importante oferta pública de
empleo en el programa 144.A, al que también usted ha hecho referencia,
para poder hacer frente a la apertura de tres nuevos centros; la
duplicación del gasto en transportes, que se ha incrementado en 420
millones de pesetas, tendentes a mejorar la seguridad de los
desplazamientos de los funcionarios de instituciones penitenciarias,
claro objetivo terrorista en estos momentos. Se consolidan igualmente las
mejoras, que en su momento se pactaron con los sindicatos, de valorar la
penosidad, la



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excepcional conflictividad que en este momento sufren los funcionarios de
instituciones penitenciarias y los trabajadores, es decir, el personal
laboral destinado en el País Vasco. En ese sentido entiendo también que
es de recibo justificar ese diferente trato al que hacía referencia el
señor Cuesta en cuanto a productividad de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Habría que entender la prioridad que ha dado la Dirección
General a los funcionarios que están en esas excepcionales
circunstancias, con independencia de mantener después los conceptos de
productividad generales --éstos son adicionales-- para hacer frente a la
especial dedicación, en definitiva, al rendimiento.

No hay, por tanto, una subida camuflada. Creo que la transparencia es una
exigencia de la Administración penitenciaria y, en consecuencia, no creo
que sea justa esa idea de que hay un agravio del colectivo penitenciario
frente a otros del Ministerio del Interior.

En el capítulo 2 básicamente hay un incremento en alimentación. Es
evidente que la dificultad por la fluctuación que se produce en la
población reclusa exige este margen, que en su momento pudiera justificar
también, de evolucionar a la baja --una tendencia que en estos momentos
tiene oscilaciones pendulares, no sigue una línea clara-- acudir a una
mejora de la cantidad de racionado, que creo que se justifica por sí
misma.

En cuanto a las congelaciones de lo que puedan ser fluidos o gastos en
calefacción, electricidad, etcétera, lógicamente existe esa congelación,
pero nosotros tenemos en marcha unos programas de optimización del gasto
energético, y sobre todo hay un hecho fundamental, que es el cambio de la
infraestructura penitenciaria. Dos nuevos centros tipo admiten por sus
dimensiones una mejor optimización de los recursos energéticos, toda vez
que esa concentración en un solo edificio de un número importante de
internos permite que el calor de una sala beneficie a todas las personas
que están en ella, no hay una distribución de estos gastos.

En cuanto a las pruebas selectivas, efectivamente hay una consignación
que está destinada a financiar el gasto de selección de la nueva oferta
de empleo público. Es una oferta generosa, está en torno a 516 efectivos,
pero los procesos de selección dependen de los diferentes cuerpos, y
entiendo que es una oferta adecuada para llevar a cabo ese proceso
selectivo sin ningún tipo de estridencias.

Las transferencias a las corporaciones municipales sufren un incremento
del 10 por ciento, y es una transferencia destinada a sufragar las
obligaciones de la Administración penitenciaria cuando el arresto de fin
de semana, cuando la medida cautelar previa de puesta a disposición de la
autoridad judicial no se produce en el centro penitenciario sino en un
depósito municipal. Creo que es un incremento que satisface la demanda en
este momento. El compromiso que tiene la Administración penitenciaria,
como sabe, es pagar un tanto por estancia de cada uno de los detenidos o
cada arrestado de fin de semana. Entendemos que, lógicamente, en la
medida en que esta pena se vaya popularizando --por utilizar una
expresión coloquial--, o vaya cumpliendo el fin para el que la previó el
nuevo Código Penal, necesitará incrementarse. En ese sentido hay un grupo
de trabajo que pretende recoger en el ámbito de Administraciones Públicas
y con la participación de los representantes de los municipios las
sensibilidades que tengan en infraestructura, e incluso cualquier otra
iniciativa que nos permita dar una solución consensuada a las penas
innovadoras que incluyó el nuevo Código Penal.

En cuanto a las transferencias a la Conferencia Episcopal, le garantizo,
como creo que conoce, la libertad de culto que se puede practicar en
todos los centros penitenciarios. Esa consignación presupuestaria,
lógicamente, no obedece a la priorización de un culto determinado, sino
al cumplimiento de un compromiso que cristalizó en un convenio con la
Santa Sede y en el que se hacía referencia a que los capellanes de la
Administración penitenciaria percibieran unas compensaciones, en
definitiva unas cantidades de las cuales estamos notablemente alejados.

Esta consignación obedece a un compromiso asumido por el Estado, y si el
señor Cuesta tiene interés le haré llegar el convenio. Estamos incluso
lejos de la cifra que deberíamos aportar, pero entendemos que cumplir los
compromisos con cualquier culto es un ejercicio de seriedad y de
elegancia, y no de distorsionar la libertad de culto.

Ya he hecho referencia a las diferencias que nos separaban en cuanto a la
cifras del organismo autónomo. El capítulo 1 tiene un incremento, no es
una disminución. En cuanto a la congelación de las transferencias de la
UNED, entendemos que una mejor organización (en Soto del Real tenemos un
módulo específico para que los internos que sigan una enseñanza superior
tengan un hábitat adecuado) satisface la demanda. Eso no quiere decir
que, llegado el momento y si hubiera un incremento notable de los
internos con interés en seguir estudios que imparta la UNED, tuvieran el
respaldo económico necesario, pero sabe también S. S. que hay internos
que prefieren la OPV u otras instancias para cursar estudios.

La subvención a la FEMP creo que es, como tal, un hecho evidente si
queremos que determinadas penas, como es el arresto fin de semana pero
sobre todo el trabajo en beneficio de la comunidad, sean cumplidas en el
ámbito en el que se produzca la infracción, vinculando de alguna manera a
la comunidad en la recuperación de esa delincuencia menor, de esa
delincuencia venial. Nosotros hemos utilizado a la Federación de
Municipios y Provincias a fin de tener un interlocutor único y poder
hacer frente, de la forma en que el legislador quiso, a ese tipo de
infraestructuras, a ese tipo de bolsa de trabajo en beneficio de la
comunidad. A eso responde esa consignación, que es modesta pero que
entendemos que también será objeto de ampliación gradual.

En cuanto a esos 25 millones a los que ha hecho referencia para convenios
que potencien la línea de intervención con personas que no han encontrado
otra alternativa, nosotros entendemos que la Administración penitenciaria
debe propiciar los instrumentos legales para que los enfermos incurables
sean excarcelados en la línea que prevé el artículo 104, y que no debe
crearse más que una infraestructura paliativa para aquellos casos en los
que no exista una acogida, bien familiar o bien institucional. No creemos
que el lugar adecuado para que una persona muera sea la



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cárcel, y esos 25 millones se pintan este año por primera vez en el
presupuesto con la voluntad de crear un concierto por el que aquellas
personas cuyo deterioro es trascendental y no pueden recibir en su casa o
con su familia una atención adecuada tengan una atención
institucionalizada proporcionada por la Administración, pero en un
entorno externo. En esa línea nos va a permitir, con ese carácter
paliativo, asumir la demanda.

Respecto a la demanda del señor Meyer, hay un Plan de infraestructuras
que va a reformar el del año 1991 que prevé la construcción de centros de
inserción social en la línea de propiciar una atención y ubicar allí los
servicios sociales. Estos serían centros de muy pequeña cabida,
dependientes de un centro de los que ahora denominamos tipo, ubicados en
el entorno próximo a las ciudades, donde puedan recibir servicios las
personas que se encuentran en régimen abierto. Queremos ubicar también
los servicios sociales, que tengan una proyección de control fuera de los
centros penitenciarios y, en definitiva, satisfacer las penas de arresto
de fin de semana cuando el interno opte no por un depósito municipal,
sino por un centro de la Administración, uno de estos centros de
inserción social.

El Plan de infraestructuras está ultimado y pendiente de la aprobación
del Consejo de Ministros; lógicamente no podría anticipar, por ser
provisional, las previsiones que yo pudiera hacer. Sí le digo que
contempla un número importante de estos centros de reinserción social y
que no me cabe duda que el Consejo de Ministros será sensible a esos
planteamientos y aprobará un Plan de infraestructuras que, en definitiva,
recoja el nuevo marco punitivo y el servicio que debe prestarse para
cumplir este tipo de penas más vinculadas a la sociedad, bien sea por el
último período de la condena, bien sea porque esas condenas sean
intermitentes.

En cuanto al marco presupuestario que tiene el tratamiento con
drogodependientes, tengo que decirle dos cosas. La primera, que la idea
que tiene la Administración aplicando la letra y el espíritu del nuevo
reglamento penitenciario es vincular también a las asociaciones, en
definitiva, a las entidades sociales en la recuperación de los
delincuentes. En ese sentido, algunas de las priorizaciones que nosotros
hemos establecido son implantar mecanismos como el tratamiento
ambulatorio, que ya específicamente fue incluido en el nuevo reglamento
penitenciario en otro lugar, pues los gastos de funcionamiento están
subsumidos en los módulos libres de droga o en los módulos de especial
atención, módulo 2 de Villabona, centro de Soto del Real, Cáceres 2. Es
decir, el gasto del funcionamiento de esos módulos está expresamente
recogido en las asignaciones que tienen cada uno de esos centros.

Igualmente, estamos suscribiendo numerosos convenios a fin de potenciar
de alguna manera el tratamiento en régimen de semilibertad. En las ratios
que acompaña la memoria se ha visto un incremento de las excarcelaciones
por este tipo de circunstancias, el antiguo artículo 57. En ese sentido,
también esperamos, en colaboración con el Plan Nacional de Dogras o con
las diferentes entidades que también reciben subvenciones a través del
0,5 u otras instancias, satisfacer la demanda de aquella persona que
puede recibir tratamiento en régimen de semilibertad, restringiendo estos
módulos cuyo gasto está implícito en los asignados al funcionamiento de
cada centro para aquellos casos de internos preventivos o internos que no
pueden, por la peligrosidad o por su clasificación, acceder a esta
modalidad. En cualquier caso, si quiere una pormenorizada descripción de
qué cantidades irían a cada uno de estos módulos, muy gustosamente se la
haría llegar después.

En referencia a la demanda del diputado señor Gil Lázaro sobre las líneas
maestras del presupuesto, creo que se pueden haber atisbado aquí.

Entiendo como modernización la incorporación de nuevos centros. Hemos
inaugurado tres grandes centros tipo en el último año y medio. Y el
último, Dueñas, lo vamos a inaugurar --si no surge ningún imponderable--
este mes. En ese sentido, creo que la modernización, tanto desde el punto
de vista de esas nuevas infraestructuras como de la asignación de
personal, es un hecho, hay un 34 por ciento de incremento de las
inversiones para aquellos centros que no son nuevos, para dotar también
de una calidad de vida similar a los internos. Además, se potencian esas
líneas de actuación a las que he hecho referencia con drogodependientes,
con enfermos terminales o en los aspectos laborales, ya que se ha
incrementado en un 10 por ciento la ocupación de la población reclusa en
el último año.




La señora VICEPRESIDENTA: Señor Cuesta, brevemente, por favor.




El señor CUESTA MARTINEZ: Con muchísima brevedad, quiero reiterar mi
agradecimiento por las respuestas del director general y por su
comparecencia y simplemente hacer muy leves matizaciones. La primera es
que no he imputado en ningún caso una subida camuflada a Instituciones
Penitenciarias en las retribuciones de los funcionarios de prisiones. Mi
referencia de subida camuflada iba dirigida a otros departamentos, y no
concretamente a Instituciones Penitenciarias, cuando me refería también
al tema de la productividad y al desigual incremento de la productividad,
con independencia de que se pueda comprender y de que no sean comparables
los servicios que prestan en unos y otros ámbitos las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y los funcionarios de prisiones. Mi grupo constata una
desigual distribución en los aumentos que se dan en el tema de la
productividad y otras medidas, que difieren el trato que se da a
Instituciones Penitenciarias o a otros funcionarios del Ministerio de
Interior con el que se da en la Dirección General de la Guardia Civil o
Dirección General de Policía.

Le había pedido también que especificara la oferta de empleo para 1998.

Comprendo que a lo mejor no lo tuviera previsto pero, si puede ceder sus
previsiones a la Comisión, se lo agradeceríamos.

Lo que también quiero dejar claro es que, reconociendo el incremento
presupuestario de los dos programas, observamos que lo fundamental del
consumo de esos incrementos sigue recayendo sobre el capítulo 1. Es
comprensible, pero lo que pone de manifiesto es que en otros que afectan
a la operatividad y al cumplimiento de objetivos no se produce



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el incremento presupuestario en la medida que a nuestro juicio sería
necesario. Observamos, por tanto, determinadas e importantes
insuficiencias presupuestarias.

En relación, por ejemplo, con el presupuesto del programa 144.A de
centros e instituciones penitenciarias, estamos totalmente de acuerdo en
que en las transferencias corrientes exista una transferencia a la
Comisión Episcopal para atención al culto en centros penitenciarios, que
se cumplan los términos de los convenios existentes, pero no observaba
consignación o previsión presupuestaria alguna y por eso preguntaba si
estaba incluida aquí o no para otros cultos, en aplicación precisamente
del principio constitucional de libertad religiosa recogido, como sabe,
en nuestra Constitución.

Aunque valoramos el carácter positivo de la transferencia 464 a
corporaciones locales, depósitos municipales, quería constatar la
necesidad de arbitrar unos mecanismos que faciliten e incentiven el
cumplimiento de la pena de arresto de fin de semana en dependencias
municipales, tal como prevé también el Código Penal. Nos habla de que hay
un grupo de trabajo para valorar este cumplimiento y de la aportación que
se va a hacer en lo sucesivo; 88 millones es una cantidad pero quería
manifestar mis dudas en torno a la insuficiencia de dicha cantidad.

En lo que respuesta al programa 144.B, trabajo y prestaciones
penitenciarias, es de resaltar --y nosotros lo quisimos hacer en nuestra
intervención-- como muy positiva la subvención que se da en la
transferencia prevista como concepto 481 y como concepto 483; en el
primer caso, Federación Española de Municipios y Provincias, para trabajo
en favor de la comunidad, se habla de 16 millones de pesetas en los
presupuestos. También en esta materia probablemente va a hacer falta una
mayor dotación. Y estamos absolutamente de acuerdo en la creación de este
concepto 484, cofinanciación de redes de recursos para atención a
personas sometidas a medidas de Código Penal y para afectados de sida, y
con los objetivos que se quieren conseguir con tal concepto, pero creemos
que probablemente sea insuficiente la dotación presupuestaria que
asciende a 25 millones.

Por mi parte nada más.




La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuesta.

Señor director general.




El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste
Castillejos): Primero pedir disculpas si he percibido mal la afirmación,
en todo caso donosa y legítima. También es olvido la oferta pública de
empleo; se la haré llegar. No obstante, la oferta para el próximo año
estaría compuesta, en el grupo A, por 34 técnicos y facultativos; en el
grupo B, por 25 ATS; en el grupo C, por 457 ayudantes; y en laborales: 38
puestos destinados a ayudar en cocinas, puestos auxiliares, auxiliares de
clínica y 7 demandaderos, por parte de la dirección general. En cuanto al
organismo autónomo, estaría compuesta por 25 trabajadores sociales, 15
maestros de taller y 12 técnicos especialistas de jardín de infancia. No
obstante, muy gustosamente le haré llegar también la oferta completa.

Poco más que hacer referencia a que, efectivamente, puedo compartir lo
que siempre es deseable, sobre todo en estos aspectos que creo
identifican un sistema penitenciario como el nuestro, que cree en el
hombre y lógicamente debe apostar por su recuperación. Quizá lo mejor es
enemigo de lo bueno, pero en cualquier caso quiero resaltar que estamos
en la línea de atender estas necesidades y espero que, en la medida de lo
posible, sea suficiente o en un futuro podamos incrementarlo.




La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor director general de
Instituciones Penitenciarias, por su comparecencia.




--DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL DE DROGAS (ROBLES
OROZCO). A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 212/000973.)



La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos ya a la última comparecencia señalada
para esta mañana, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, del
delegado del Gobierno para el Plan nacional de drogas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Martinón.




El señor MARTINON CEJAS: Señor delegado del Gobierno, muchas gracias por
su comparecencia.

Analizando las previsiones presupuestarias para el próximo año 1998 que
dependen de la delegación del gobierno para el Plan nacional sobre
drogas, se ve que el dinero que corresponderá administrar a la delegación
del Gobierno aumenta de forma importante, el 30 por ciento, y 1.304
millones de pesetas. Si atendemos al crecimiento que se produce en los
dos programas que gestiona la delegación, vemos que el programa 222.C,
actuaciones policiales en materia de drogas, sufre un aumento de 1.077
millones, que supone el 643 por ciento, mientras que el programa 313.G,
Plan nacional sobre drogas, aumenta en 227 millones, el 5,5 por ciento.

Desde luego, contrasta este desigual incremento. Por un lado, el programa
de actuaciones policiales en materia de droga aumenta de forma
espectacular, mientras que el programa del plan nacional sobre drogas
aumenta de forma moderada, razonable. Si se hace un análisis inicial de
los distintos capítulos que componen cada uno de estos programas, se ve
que el único capítulo en que disminuye la consignación presupuestaria es
el capítulo 4 del programa Plan nacional sobre drogas. Insisto, es el
único; todos los demás capítulos tanto del programa 313.G como del 222.C,
todos aumentan.

De cara a obtener del señor delegado del Gobierno alguna respuesta a las
preguntas que voy a hacerle, que es fundamentalmente el objetivo, el fin
que se persigue con estas comparecencias, quisiera destacar lo que, a
nuestro juicio, resulta más relevante. En el programa 222.C, actuaciones



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policiales en materia de drogas, hay un destacable aumento en gastos de
personal del 52 por ciento, que contrasta un poco con el comentario que
el propio delegado del Gobierno hizo en una intervención similar a ésta
el pasado año, donde señaló que había dejado las plantillas en la
situación que las encontró porque son suficientes para desarrollar las
funciones que les corresponden. No sé si es que ahora se va a pagar mejor
a los mismos funcionarios que teníamos el año pasado o es que,
efectivamente, se ha producido o está previsto que se produzca un aumento
de plantilla al no considerarla suficiente para desarrollar las funciones
para las que está.

Donde se produce sin duda un aumento espectacular y me gustaría algún
tipo de explicación o de detalle por parte del señor delegado, es en el
capítulo 6, inversiones reales, en el que se produce, por seguir con los
porcentajes, un aumento del 25.000 por ciento, al pasar de cuatro a 1.004
millones de pesetas; es decir, se produce un aumento de 1.000 millones de
pesetas, lo cual supongo que se debe entender dentro de un ambicioso
programa de inversiones para hacer más eficaz la lucha contra el
narcotráfico y, en ese sentido, sólo me queda mostrar mi satisfacción al
ver que la Administración intenta modernizarse al mismo ritmo que lo
hacen los narcotraficantes.

En el programa que, sin duda, más interés despierta en nuestro grupo y
posiblemente también en el delegado del Gobierno, el programa 313.G, el
Plan nacional sobre drogas, el capítulo 1, gastos de personal, sufre un
aumento del 18 por ciento; y aquí casi le hago la misma pregunta que en
el programa anterior, si es que se va a retribuir mejor a los
funcionarios que ya están o si, por el contrario, se pretende un aumento
de la plantilla de funcionarios al considerar que la actual plantilla es
insuficiente y que, por tanto, resulta imprescindible un aumento de la
misma.

El capítulo 2 también tiene un aumento importante, del 143 por ciento,
que se corresponde con un aumento del artículo 20, que pasa de cero a 90
millones de pesetas de arrendamientos. El artículo 22 también sufre un
aumento de 95 millones --material, suministros y otros-- y, además, veo
que aumentan todas las partidas: energía eléctrica pasa de seis a ocho
millones, agua de 250.000 pesetas a 1.250.000 pesetas; combustible de un
millón a 10 millones; telefónica de ocho a 22 millones; publicidad y
propaganda --supongo que es una partida muy querida para el señor
delegado-- pasa de casi 16 millones a 24 millones; la limpieza y el aseo
pasa de tres a 6,5 millones; y los estudios y trabajos técnicos pasan de
40 millones a casi 104 millones de pesetas.

El año pasado le decía, señor delegado, que sorprendían las importantes
reducciones que se producían en el presupuesto de 1997, en este capítulo
2, porque temíamos que aquella drástica reducción pudiera afectar al
funcionamiento ordinario de los servicios y a la eficacia razonable que
debemos exigir al funcionamiento de la Administración. Me decía usted en
aquel momento que podían asumir esas reducciones. No sé si es que la
nueva ubicación que se desprende del arrendamiento de 90 millones exige
un aumento en los gastos ordinarios de funcionamiento o si es que el año
pasado les faltó luz, tenían poca agua, muy poco combustible y llamaron
muy poco por teléfono. Incluso la limpieza y el aseo, algo tan importante
en los ciudadanos en general y en una parte de la Administración como la
que le corresponde a usted que tanto tiene que ver con la sanidad, que
pasa de tres millones a 6,5 millones, sin duda creo que es satisfactorio
para todos al estar seguros de que la limpieza y el aseo se va a
duplicar.

Como usted sabe, dentro de la amplia documentación presupuestaria, hay
una en la que se habla de indicadores. El indicador número 16 habla de la
presencia institucional, donde está previsto pasar de cero campañas de
publicidad en 1997, a dos campañas de publicidad en 1998, y de cero
revistas en 1997, a una revista en 1998. Me gustaría que precisara dentro
de qué conceptos está prevista la financiación de este tipo de campañas
publicitarias o revistas.

El subconcepto 227.11, que se refiere a la Ley del fondo, aparece con un
millón de pesetas, como es lógico, puesto que es una partida ampliable.

No puedo dejar de comentarle que en el presupuesto de 1997 --como bien
sabe-- figuraban 13 millones de pesetas, aumenta en casi 222 millones de
pesetas y según la información que me proporcionó la Intervención General
del Estado con fecha 30 de junio, esta partida que es ampliable aumenta
en 222 millones de pesetas que junto con los 13 millones hace que se
llegue a los 235 millones de pesetas. Sin embargo, en la memoria de la
gestión del Fondo (de la que ya hemos hablado) se decía que casi 273
millones de pesetas se incorporaban a los presupuestos del año 1997; es
decir, no se han incorporado --según la información que con fecha 30 de
junio me facilitó la Intervención General-- los casi 273 millones de
pesetas, que era lo que tenía que incorporarse, y sólo ha aumentado en
222 millones de pesetas. Faltan, señor delegado, unos 50 millones de
pesetas y, desde luego, falta incorporar a esa partida del presupuesto de
1997 los ingresos, que supongo continúan haciéndose con carácter
trimestral, correspondientes al 31 de enero, 30 de abril y 31 de julio de
1997.

Entrando ya en el capítulo 4, permítame le insisto en que es el único
capítulo --de los muchos que dependen de usted-- que disminuye. No sólo
ha disminuido en este presupuesto de 1998 sino que a lo largo del
ejercicio presupuestario de 1997 ha sufrido una disminución de 50
millones de pesetas. En las Cortes aprobamos una partida o una
consignación global de transferencias corrientes por 3.781.000.500.000
pesetas y esa cantidad ha sido disminuida en el desarrollo del ejercicio
en 50 millones de pesetas.

Usted decía el año pasado --y yo creo que decía bien-- que el capítulo
fundamental del plan es el 4. En esta orgía de incrementos que, en algún
caso llega hasta el 25.000 por ciento, el único capítulo que disminuye,
señor Robles, es justamente el que usted hace un año denominó capítulo
fundamental del plan. El año pasado (supongo que contraviniendo las
instrucciones del presidente y lo que es la propia esencia de este tipo
de comparecencias) le felicitaba por los presupuestos pero no puedo hacer
nada parecido este año. Lo que usted denomina capítulo fundamental del
plan, disminuye; disminuye el concepto 451 que es la partida importante
que se destina a las comunidades autónomas;



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disminuye el 452; el concepto 453 permanece igual (por cierto, me
gustaría que me informara qué organizaciones sociales han sido
financiadas con cargo a este concepto en 1997, y si ha habido algún tipo
de convocatoria pública); el 454 disminuye; el concepto 455 disminuye; el
concepto 456 disminuye de forma importante, pasando de 400 millones a 327
millones y, le recuerdo señor Robles, que éste es el concepto que se
denomina para toda clase de gastos derivados de programas de
rehabilitación, reinserción de toxicómanos con problemas
jurídico-penales, que me decía usted el año pasado era el concepto con
cargo al cual se pretendía atender a aquellos drogodependientes con
problemas con la justicia, que tenían penas, y que se trataba, por tanto,
de organizar un tratamiento alternativo al de la prisión. Esta partida de
400 millones de pesetas que fue aprobada, a lo largo de la ejecución
presupuestaria de 1997 se redujo un total de 58 millones de pesetas, de
400 a 342 millones de pesetas. El concepto 457 disminuye; el concepto 458
que es un concepto ligado a la Ley del fondo, figura con un millón de
pesetas al ser ampliable; y aparece por lo que se ve un nuevo concepto,
el 459, que se denomina para toda clase de gastos que originen aquellos
programas que la delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre
drogas considere prioritarios en función de las necesidades de
determinadas áreas y ámbitos de intervención. Me gustaría que nos
explicara si se va a concertar con las comunidades autónomas porque,
desde luego, la lectura de la denominación de este concepto hace suponer
una alta discrecionalidad en el uso por parte de la delegación del
Gobierno.

Entrando en el artículo de corporaciones locales disminuye la ayuda
prevista para el Ayuntamiento de Barcelona, para el Instituto municipal
de investigaciones médicas y aparece uno nuevo al Ayuntamiento de Madrid
para la realización de proyectos de investigación en ámbito de las
drogodependencias. Lamento no conocer si el Ayuntamiento de Madrid tiene
un instituto de investigaciones médicas u otro similar pero, en cualquier
caso, me gustaría que nos explicara este aumento de siete millones y
medio de pesetas destinados al Ayuntamiento de Madrid para que realice
proyectos de investigación y esta disminución de trece a siete millones
al Instituto municipal de investigaciones médicas del Ayuntamiento de
Barcelona.

El 481, es decir la partida importante que va destinada a las ONG
permanece igual y aparece uno nuevo ligado al fondo, el 483, a la
Federación Española de Municipios y Provincias. Nos gustaría conocer, en
cualquier caso, en base a qué artículo del reglamento de la Ley del fondo
está previsto el uso del dinero de ese fondo y cómo va a ser utilizado
este dinero, bien por los ayuntamientos a través de la federación o bien
directamente por un programa a desarrollar por la Federación Española de
Municipios y Provincias.

En el artículo correspondiente al exterior, ha desaparecido toda
consignación presupuestaria relativa a las actividades derivadas de la
aplicación de la Ley 36/1995, programas internacionales sobre
drogodependencia pero, sin embargo, en el indicador número 15 --que
acompaña y detalla el contenido del programa-- aparecen subvenciones a
programas internacionales, Ley del fondo, se pasa de un programa a dos
programas y, sin embargo, desaparece de este concepto. Nos gustaría, por
tanto, que nos aclarara con cargo a qué otra partida de la Ley del fondo
aparecen esas subvenciones --por lo que dice el propio indicador número
15-- y cómo se tiene previsto asignar ese gasto.

Resumiendo, señor Robles, porque tampoco pretendo entrar en ningún tipo
de debate ya que no parece que la comparecencia está concebida así, me
gustaría que me respondiera si ya no considera el delegado del Gobierno
que el capítulo fundamental del Plan nacional sobre drogas es el capítulo
4, si el menor peso que tienen las comunidades autonómicas en el
presupuesto de 1998 obedece a un intento de suplantar las funciones de
las comunidades autónomas por parte de la delegación del Gobierno y si se
está pretendiendo modificar la idea del Plan nacional como un plan de
planes, un plan en el que se integran todas las administraciones y todas
las organizaciones sociales. Si se está pretendiendo sustituir el papel
de la delegación del Gobierno que, a nuestro juicio, siempre ha sido un
papel fundamental de orientación de las políticas, por un papel de más
intervención y gestión directa, sustituyendo de esa forma a las propias
organizaciones sociales que han ido desarrollándose en nuestra sociedad y
a las propias instituciones competentes, principalmente las comunidades
autónomas. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)



La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro, pera sea
muy breve, por favor. Fíjese las horas que son. Formule preguntas muy
concretas.




El señor GIL LAZARO: Señora presidenta, dos cuestiones.

En primer lugar, con qué criterios y finalidades se ha articulado el
importante crecimiento de la inversión prevista en el programa 222.C; y,
en segundo lugar, qué novedades presenta este presupuesto en materia de
cooperación de la delegación con el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.




La señora VICEPRESIDENTA: El señor delegado del Gobierno tiene la palabra
para contestar.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL DE DROGAS (Robles
Orozco): Señor Martinón, gracias por su intervención, que me ahorra
muchas valoraciones que podría hacer del presupuesto. En su primera parte
S. S. ha hecho una exposición bien ajustada y detallada de importante
aumento y de los importantes esfuerzos que se hacen con este presupuesto
para abordar el problema de la droga en nuestro país. Yo no me atrevo a
usar la palabra que usted ha empleado, orgías de subidas, pero
evidentemente hay unas subidas importantes que hay que reconocer es un
esfuerzo de este Gobierno en la línea de la sensibilización que tenemos
por la preocupación del problema de las drogodependencias en nuestro
país.

Efectivamente hay una subida importante en muchos capítulos en uno de
ellos de forma muy espectacular. El



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dato del 25.000 por ciento, que parece muy espectacular, es así. Ello
demuestra precisamente la preocupación que tenemos por dotar
adecuadamente nuestros propios objetivos. Usted recordará que el Gobierno
aprobó en enero de este mismo año un plan de medidas que en su momento se
dudaba de la capacidad de llevarlo adelante y, sobre todo, de la
capacidad presupuestaria. Pues bien, aparte de que este mismo año lo
hemos dotado presupuestariamente y hemos hecho la implementación y
desarrollo, aquí tiene usted la plasmación, un año más, del compromiso
del Gobierno con el plan de medidas de febrero y de enero del año en
curso. Por tanto, hay una plasmación presupuestaria para poder llevar a
cabo el desarrollo de las unidades de droga y crimen organizado que, como
S. S. sabe, ya están operando en nuestro país y que necesitan un esfuerzo
importante en nuevas tecnologías e inversiones que nos hagan más
eficaces. Por tanto, hay un aumento de 1.300 millones de pesetas en lo
que es la delegación del Gobierno.

Tengo que recordarle, porque me parece que usted ha mezclado algunos
conceptos a lo largo de su intervención, que el servicio 06 es el
servicio de la delegación del Gobierno, que incluye dos programas, uno,
el 313.G, que es el Plan nacional y otro, el 222.C, relativo a
actuaciones policiales en materia de drogas vinculadas al Plan nacional
sobre drogas. Por tanto, hay que hablar de esos dos programas dentro del
servicio 06. El servicio 06 como tal aumenta el 28,5 por ciento --no el
30--, que es exactamente lo que aumenta el programa referido a la
delegación del Gobierno. Dentro de ese programa el que más aumenta es el
222.C, pero también aumenta el 313. En todo caso, esos dos aumentos
significan la voluntad de cumplir unos objetivos y los presupuestos están
para cumplir unos objetivos. Nos hemos planteado unos objetivos con el
plan de medidas, en materia de prevención, en materia asistencial, en
materia de redifinición de objetivos, en materia de lucha policial,
etcétera. Hemos dotado estos presupuestos para cumplir esos objetivos;
por tanto, estos presupuestos están en relación con unos objetivos del
Gobierno y se pueden llevar a cabo.

Ha dicho S. S. que el servicio 06 aumenta el 30 por ciento en el conjunto
de la delegación del Gobierno, el 643 por ciento en el aumento del
programa 222.C y le tengo que recordar que el año pasado su principal
crítica fue referida al programa 222.C. Su gran preocupación el año
pasado no fue el programa 313, su preocupación el año pasado fue el
222.C. Decía S. S. que tenía el temor de que no aumentara el presupuesto,
usted decía que bajábamos un 35 por ciento, porque bajó 1.700.000 pesetas
una pequeña partida, olvidándose --cosa que ha vuelto a hacer este año--
de que estábamos partiendo del presupuesto prorrogado, además estábamos
partiendo de la no disponibilidad, y usted estaba comparándolos con los
presupuestos antes de la no disponibilidad.

Tengo que recordarle una vez más, que el anterior Gobierno recortó el
programa delegación del Gobierno, concretamente el Plan nacional, en
1.500 millones de pesetas. Por tanto, usted debe comparar los
presupuestos una vez hecho el recorte, no con el presupuesto inicial que
vino a esta Cámara. Vuelve S. S. a cometer ese error, porque el año
pasado no hubo esa disminución del 35 por ciento, sino que se mantuvo.

Por ello, si el año pasado no la hubo y este año hay un aumento del 643
por ciento, sus temores de si con ese presupuesto podíamos o no ejercer
las actuaciones de coordinación, creo que quedarán absolutamente
despejadas.

Ha podido comprobar S. S. --no solamente por los números-- a lo largo de
este año y medio que efectivamente nuestras labores de coordinación en
materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no se han disminuido, sino al
revés, creo que hemos obtenido buenos resultados en el ámbito de
coordinación de los servicios policiales. Por tanto, este aumento del 643
por ciento en materia policial, el programa 222.C, va a avalar, sin lugar
a dudas, más posibilidades de operar de forma mejor coordinada.

Ha dicho S. S. que el programa 313.G también aumenta el 5,5 por ciento y,
por tanto, en el Plan nacional también hemos aumentado. Hace referencia a
este programa concreto diciendo que le sorprende ese gran aumento que a
habido en el capítulo 2, que cifra usted en el 130 por ciento. No es
correcto el dato y tengo que corregirle. El aumento es del 65 por ciento
en ese capítulo y efectivamente hay un gran aumento por un hecho que,
como usted sabe, se produjo al poco tiempo de tomar posesión como
delegado del Gobierno, que fue el desahucio de la sede en la que estaba
ubicada la delegación del Gobierno. Como sabe S. S. y como saben todos
los responsables anteriores, cuando tomo posesión me encuentro con un
mandamiento judicial que nos dice que se han perdido todos los pleitos
sobre un edificio y hay que dejarlo inmediatamente. Por supuesto no había
consignación presupuestaria para hacer frente a esa situación ni tampoco
había consignación presupuestaria para hacer frente a la reubicación de
la delegación. Estábamos en un edificio que eraun palacete de renta
antigua --usted sabe lo que se pagaba por ese tipo de casas--, los gastos
generales del edificio estaban sufragados en el capítulo general del
Ministerio, por tanto, no había consignación en la delegación para gastos
generales, y todo eso que usted se toma a risa, como el teléfono, el
agua, la luz y la electricidad, es algo que normalmente está imputado a
cada centro directivo en su presupuesto general. La delegación no la
tenía porque estábamos en el edificio central del Ministerio y estaba
pagado por los gastos generales. Este año tenemos un edificio propio que
no solamente ha servido para reubicar, algo que se tenía que haber hecho
hace muchos años. Piense S. S. que estamos hablando de una sentencia que
ha sido definitiva, pero que ha habido un proceso de cuatro o cinco años
en el que nadie movía un papel, sabiendo que probablemente se produciría
el desahucio de forma irremediable, porque se habían hecho obras en el
anterior período en un edificio en el que sus legítimos propietarios
reclamaron porque se realizaron obras sin autorización de la propiedad.

Además, sabe S. S. que el Plan nacional proviene del Ministerio de
Sanidad y todavía quedaban importantes dependencias de la delegación del
Gobierno que estaban ubicadas en el Ministerio de Sanidad. Por tanto, lo
razonable --porque ya no estamos adscritos funcionalmente al Ministerio
de Sanidad-- era juntar en un solo edificio todas



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las dependencias que estaban en Interior y en Sanidad. Es lo que hemos
hecho en este momento. Hemos ubicado todas las dependencias que
constituyen la delegación del Gobierno en un solo edificio, y ello ha
supuesto hacer frente a unos alquileresya unos gastos que hasta ahora
--insisto-- estaban imputados. Por tanto, ese aumento lo producen los
gastos de alquiler, gastos de agua, teléfonos, electricidad, todo lo que
usted ha relatado y que ahora son gastos reales de lo que es el centro
directivo delegación del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas.

Estos son los conceptos. No ha habido el año pasado ninguna reducción del
concepto, sino que usted compara mal los presupuestos, cuando hay y
cuando no hay disponibilidad de crédito.

Respecto a los indicadores a que hace referencia, se señala que son
campañas y revistas, y quiere saber S. S. de dónde sale. Hay un concepto
claramente establecido en los presupuestos que se llama publicidad y
propaganda. Nosotros, como he dicho muchas veces, creemos fundamental
potenciar todo lo que se refiere a la prevención. Es una demanda
claramente ciudadana, hay un deseo de que potenciemos todas las políticas
de prevención y una parte de la política de prevención son las campañas
de sensibilización social. Hubo una tradición de realizar estas campañas
de sensibilización, en un momento determinado se decidió cortarlas y este
Gobierno --y la delegación del Gobierno también-- cree oportuno potenciar
adecuadamente las campañas de sensibilización social.

Como usted sabe, a lo largo de este año hemos hecho tres campañas dos de
ellas de ámbito nacional, con una difusión importante, y nuestra voluntad
es seguir haciéndolas, de forma que ayudemos a la política de prevención
familiar, escolar y de medios de comunicación. Asimismo, no en el sentido
más divulgativo, sino en el de aportar metodologías y artículos
científicos en el ámbito de la prevención, también había sido una
tradición de la Delegación. Desde el año 1985 en que surgió el plan
nacional existía una publicación denominada Comunidad y Drogas,
publicación de gran solvencia en el ámbito científico, que en un momento
determinado se cortó y que dejó a la Delegación sin un instrumento de
valor científico importante. Nosotros creemos que resulta oportuno tener
una publicación de esa naturaleza en la que participan una serie de
profesionales, puesto que, como usted ha dicho, un papel importante de la
Delegación lo es también el de ser orientador de políticas y
suministrador de elementos de debate y de elementos científicos. Lo que
nosotros queremos es recuperar ese papel para la Delegación del Gobierno.

En cuanto a la ley del fondo, como usted ha dicho, está dotada con un
millón de pesetas porque es un concepto ampliable que proviene de los
ingresos que en cada momento existan. En este momento nosotros no
conocemos los ingresos. Sólo sabemos que cada vez que se produzcan
sentencias judiciales firmes se nos irán comunicando con carácter
trimestral esas cantidades desde la cuenta que tiene asignada el
Ministerio de Justicia. Nosotros pediremos la ampliación del crédito
desde la Delegación del Gobierno. Por tanto, lo que se hace simplemente
con esto es abrir el concepto presupuestario para después poder traer a
la Delegación del Gobierno esos créditos que provienen de las sentencias
judiciales firmes.

Capítulo 4, programa 313.G, al que usted ha hecho referencia. Hay que
ver, señor Martinón, lo que seis millones de pesetas le dan a usted de
fuelle, porque con seis millones de pesetas usted ha hecho una profusión
larguísima de conceptos que serían disminuidos, pero se le ha olvidado a
usted sumar al final, porque las cosas hay que sumarlas. Nosotros no
solamente no hemos disminuido, sino que mantenemos la totalidad del
capítulo 4. Lo que ocurre es que usted no ha leído un programa que se
llama el 800.X, que se refiere a transferencias entre programas de
administración, un programa nuevo que hemos dotado este año. Si usted
suma el capítulo 4 y ese programa verá que le sale exactamente la misma
cantidad. Por tanto, no ha disminuido nada.

Usted ha hecho referencia a la disminución de unos conceptos que no es
tal porque lo que hay es una reorientación del gasto. Le vuelvo a decir
lo mismo. Si suma usted los conceptos del capítulo 4 verá que al final la
cantidad es la misma. En lo que usted estará de acuerdo conmigo es en que
el Gobierno en cada momento tiene la voluntad de orientar y priorizar
determinadas políticas. Por ejemplo, se le ha pasado decir que nosotros
el año pasado creamos un concepto que se refería a la política de
prevención, que no existía, que dotamos con 200 millones de pesetas y que
sigue este año inalterable. No dice usted tampoco que, por ejemplo, la
dotación para programas jurídico-penales, es decir para lo que son penas
alternativas, ha pasado de 200 a 400 millones de pesetas, que se tuvo que
disminuir para pagar el alquiler, como usted sabe porque yo le he
explicado muchas veces, y que este año se mantiene por encima de los 300
millones de pesetas. Y quiero recordarle que partíamos de 200 millones.

Por tanto, el capítulo 4 y todos los conceptos que tienen que ver con la
aplicación del plan nacional, es decir con lo que son las transferencias,
están, en su conjunto, exactamente igual de dotados. Lo que son
transferencias a comunidades autónomas, a organizaciones no
gubernamentales, y en este caso una transferencia al Centro Superior de
Investigaciones Científicas para realizar un programa de administración,
todo ese conjunto de transferencias son exactamente las mismas. Por
tanto, digamos que el poder de ejecutar programas por parte de la
Delegación se mantiene absolutamente inalterable.

Por otra parte, quiero explicarle que éste es un concepto de subvenciones
a comunidades autónomas, porque hay veces que deslizamos conceptos
equivocados. No son transferencias vinculadas a competencias de las
comunidades autónomas. Con este concepto presupuestario nosotros no
estamos ni intentando ni dejando de intentar condicionar a las
comunidades autónomas. Si usted se lee la memoria y la filosofía de estas
subvenciones, verá que son subvenciones para ejecutar programas de la
Delegación del Gobierno en cooperación con las comunidades autónomas. Por
tanto, en lo programas se definen cada año las prioridades. No hay un
concepto de transferencias para cubrir competencias asumidas por las
comunidades autónomas. Este es un presupuesto que tiene la Delegación del



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Gobierno para ejecutar programas de la Delegación, y en un concepto
concreto se abrió la posibilidad de cofinanciar con las comunidades
autónomas determinados proyectos. Por eso son las subvenciones a las
comunidades autónomas, y en ese concepto se va a mantener.

Me ha preguntado también por un nuevo concepto, el 451, que efectivamente
es nuevo y que se dota con 200 millones de pesetas.

Yo creo que es de sentido común pensar que todo lo que puede acontecer a
lo largo de un ejercicio presupuestario no lo podemos saber en este
momento. Tanto es así que, por ejemplo, la Ley General Presupuestaria
prevé determinadas circunstancias. Les leo literalmente la disposición
quinta: Sin perjuicio de lo dispuesto en la reglas precedentes se podrán
establecer, en lo casos en que ello resulte justificado, reservas
generales de crédito no distribuido en el origen con el fin de cubrir
necesidades o demandas imprevistas a lo largo de la ejecución del
presupuesto. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Nos hemos dado cuenta
que surgen necesidades a lo largo de un presupuesto, surgen emergencias,
incluso, en algunos casos, surgen nuevas demandas, y si distribuimos de
forma cerrada todos lo créditos al principio del período quedan
prácticamente anuladas las ayudas que desde la Delegación se pueden
hacer.

Es obvio, y usted lo sabe, señor Martinón, que esto se hace en el seno de
la conferencia sectorial. Es decir, se convoca a la conferencia sectorial
para fijar los criterios y la distribución de los créditos, incluido
también éste. Por tanto, éste, al que usted ha hecho referencia, es un
concepto que se discutirá en al conferencia sectorial y con los criterios
que ésta acuerde se distribuirá de forma razonable entre las comunidades
autónomas en aquellos programas fundamentalmente de prioridad para la
Delegación del Gobierno o de emergencia, como prevé la Ley General
Presupuestaria, para atender situaciones que no estén previstas en un
momento determinado. Como usted sabe, a lo largo de este año se han
puesto de manifiesto carencias en comunidades autónomas de determinados
programas de sustitutivos. Si nosotros no podemos acudir en ayuda de esa
carencia en un momento determinado, creo que estamos haciendo un flaco
favor a la filosofía que prevé estos presupuestos. Por tanto, ésa es la
filosofía, y como digo el concepto está creado para eso en el ámbito de
los acuerdos de la conferencia sectorial.

Para su tranquilidad, también he de decirle que el capítulo 4 permanece
exactamente dotado en las mismas cantidades. Eso sí, abrimos este año
unas nuevas posibilidades, que son proyectos de investigación científica,
y que hasta ahora no estaban dotados en la Delegación del Gobierno.

En cuento a corporaciones locales, el único concepto de transferencias
que había, y que año tras año era entregado o transferido en forma
bilateral con el Instituto Municipal de Barcelona, nosotros hemos creído
oportuno seguir manteniéndolo, puesto que ha sido fructífero para la
Delegación del Gobierno durante muchos años, pero abriéndonos también a
otras posibilidades, por eso hemos pasado de un solo proyecto de
cooperación en materia de investigación científica a tres proyectos, uno
de ellos con el IMIN, en Barcelona, que se mantiene, otro con el
Ayuntamiento de Madrid y el tercero, al que he hecho referencia hace un
momento, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, un centro
avalado y sin ninguna duda con capacidad, lo que nos va a permitir
abordar tres proyectos de investigación para el año que viene. El IMIN ha
cumplido satisfactoriamente sus trabajos, pero estamos en la última fase
de unos proyectos y, por tanto, cada fase tiene un presupuesto. Hemos
presentado ya a la opinión pública este año un estudio que el IMIN ha
hecho para la Delegación del Gobierno sobre lo que significa el éxtasis
en dosis única, del que ya tenemos resultados. Este año hemos continuado
parte de ese estudio, ampliando sus objetivos, y para 1998 cerraremos el
proyecto de investigación con esta última fase. Esa es la filosofía. Por
tanto, no disminuye el concepto sino que lo distribuimos, en esta caso a
través de corporaciones locales, en dos proyectos, a los que hay que
sumar el que me he referido hace un momento con el Centro Superior de
Investigaciones Científicas.

Con la Federación de Municipios y Provincias nuestro deseo es llegar a un
convenio marco que nos permita cooperar en el ámbito de la Administración
local, y muy especialmente referido a la ley del fondo. Usted sabe que a
su grupo le preocupó mucho, en un momento determinado, conocer cuáles
eran los criterios que se habían podido seguir para distribuir entre
determinados ayuntamientos los bienes procedentes del fondo, y yo le
manifesté que, en aquel momento, con los datos de que disponía la
Delegación, se había distribuido entre los ayuntamientos que tenían
planes municipales. Hemos considerado muy oportuno que sea la propia
Federación de Municipios y Provincias, que tiene voluntad de crear en al
seno de la propia Federación un órgano o una comisión sobre el tema de
drogodependencias, quien asesore en una comisión mixta a la Delegación
del Gobierno sobre los proyectos de carácter local. Por eso hemos abierto
un concepto que nos permita transferir de la ley del fondo a la
Federación de Municipios y Provincias para realizar este convenio de
colaboración conjunta.

En cuanto a los programas internacionales, como usted verá, hay una
pequeña reducción. Quiero aclarar que los programas internacionales no se
refieren a los programas de cooperación, sino exclusivamente, a las
cuotas internacionales. Los programas de cooperación de la Delegación del
Gobierno se hacen en colaboración con la Agencia de Cooperación Española,
y tengo que decir que resultan enormemente satisfactorios y que este año
se han aumentado de forma importante. Sin embargo, cuando aquí se habla
de programas internacionales se refiere a cuotas a organismos
internacionales, y el porqué de haber disminuido es porque nosotros nos
encontramos con que teníamos que hacer frente a unos intereses que no
estaban pagados. Y como ya hemos hecho frente a los intereses de deudas
anteriores, en este momento se contempla exclusivamente para el año que
viene pagar la cuota al Grupo Pompidou. No hay que pagar atraso alguno de
intereses, que ya están puestos al día.

Lo demás creo que son valoraciones al margen del programa. Obviamente,
nosotros no queremos suplantar sino,



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al revés colaborar con las comunidades autónomas, y nuestra colaboración
es un hecho permanente.

Sigo pensando que es una buena idea, que proviene del año 1985, la de que
el plan es un plan de planes. Vamos a seguir trabajando en esa misma
dirección y vamos a combinar la labor de gestión con la labor de
coordinación. Es decir, hay competencias que nos corresponden, porque
corresponden a la Delegación del Gobierno, y lógicamente las vamos a
aplicar en desarrollo del mandato que tenemos. También haremos una labor
de impulso, de gestión, de coordinación para, en definitiva, servir a los
intereses que en este momento tiene la sociedad española.

Contestando al señor Gil Lázaro, quiero decirle que, obviamente, el
programa 222.C, que crece de una forma muy importante, lo hace con
arreglo a los criterios de dotar el plan de medidas, muy especialmente a
las unidades contra la droga y el crimen organizado, en lo que se refiere
a la modernización y a la inversión. Es decir, hacer una inversión de mil
millones de pesetas, con un aumento tan importante, créame que es un
esfuerzo presupuestario importante de valorar.

En cuanto al Centro Superior de Investigaciones Científicas, quiero
decirle que creemos muy firmemente, en la línea que nos decía el señor
Martinón, que una de las cosas que tiene que hacer la Delegación es
impulsar proyectos de investigación que sirvan realmente para orientar
políticas de droga del país, para estar en la línea de modernidad y de
nuevos avances que nos permitan los desarrollos de estas investigaciones.

La Delegación del Gobierno tenía pocas líneas de investigación y hemos
pasado este año de uno a tres proyectos de investigación, que esperamos
que van a dar resultados positivos, como ya los ha dado el que acabo de
hacer mención.




La señora VICEPRESIDENTA: Señor Martinón, un minuto.




El señor MARTINON CEJAS: Es difícil pero lo intentaré, señora presidenta.

Señor Robles, mi crítica del año pasado al programa 222.C --que ni
siquiera fue una crítica, fue una intervención llena de elogios-- se
refería al temor de que disminuyera la capacidad de coordinación de la
Delegación del Gobierno. Usted nos dijo que no era así y ahora se ha
producido un aumento en el capítulo 1, que le he pedido que me explique y
no lo ha hecho.

Sobre el tema de la nueva ubicación, que por lo que yo he entendido culpa
usted a la anterior Administración de no haber previsto a tiempo que
hubiera una sentencia definitiva que obligará a desalojar la antigua
sede, aplíquese la crítica. No sé por qué no la incluyó en los
Presupuesto Generales del Estado para 1997. Si era tan obvio, tan
evidente, que el Gobierno socialista debió haberlo puesto en el
presupuesto de 1995 o en el de 1996, ¿cómo es que no lo incluyó usted en
el 1997?
Me alegro de la revista científica. Espero que contribuya a un diálogo
sobre el fenómeno de las drogas y que de esa forma la Delegación del
Gobierno se incorpore a un diálogo razonable, fructífero y no a una
sucesión de insultos a aquellos que opinen de forma distinta a lo que
opina el delegado.

En cuanto al capítulo 4 del Plan Nacional sobre Drogas, tiene usted
razón. No sólo queda igual, por lo que le felicito, sino que ha logrado
que aumente medio millón de pesetas. No le gusta lo de la orgía de
aumentos, pero en estos espectaculares aumentos que sufren los distintos
capítulos que usted gestiona, el capítulo 4 del Plan Nacional sobre
Drogas aumenta medio millón de pesetas. Si usted se considera satisfecho
con eso, me parece penoso. Es vedad que no había tenido en cuenta los
ocho millones que van a ser transferidos al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Rectifico, casi avergonzado, ante las
reiteradas admoniciones por parte del señor delegado, pero en cualquier
caso el aumento de medio millón de pesetas parece claramente
insuficiente.

No explica el aumento del capítulo 1 en el programa del Plan Nacional
sobre Drogas. Tampoco me ha explicado (y yo estas cosas no se las digo
para reprocharle nada, es simplemente una petición de información, porque
quizá haya un error, como el año pasado lo hubo en esto de los
indicadores y no pasa nada; es natural que con tanta documentación haya
algún tipo de error) lo que yo le he preguntado respecto a que tenemos el
indicador número 15 que dice: subvenciones, programas internacionales,
ley del fondo. Se pasa de uno a dos y, sin embargo, en los presupuestos
había una partida específica para esto que ha desaparecido, no hay ni una
peseta.

Tampoco estaría mal que me contara algo acerca de qué pasa con el
subconcepto 227.11, que es a donde va a parar el dinero del fondo, que no
ha crecido lo que tenía que haber crecido; es decir, no se ha incorporado
lo del año pasado y no se han incorporado los ingresos que se hayan
podido producir a lo largo de este año. Como no me ha dicho nada, si
fuera tan amable y no tiene aquí la información, cosa que también sería
muy razonable, si es posible, le pido que nos la envíe.




La señora VICEPRESIDENTA: Para contestar, tiene la palabra el señor
delegado.




El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL DE DROGAS (Robles
Orozco). Perdón por no haberle contestado respecto al capítulo 1, pero
entre las notas que he tomado se me había traspapelado. El capítulo 1 se
refiere a un ajuste. No hay aumento de plantilla y, por tanto, no hay
aumento de gasto. Había una consignación de parte del gasto de la
plantilla de la Delegación en el servicio 01, y lo que ha sucedido es que
con la nueva reorganización del Ministerio y con la aprobación definitiva
de las RPT y el nuevo presupuesto se ha decidido ubicar el gasto de
personal en donde realmente se produce, en el centro directivo que se
está haciendo. Había gastos de la plantilla de la Delegación del Gobierno
que tradicionalmente se pagaban en el servicio 01 que, por tanto, en este
momento ya no se pagan en dicho servicio sino en el 06. Pero si usted
toma los datos globales del Ministerio verá que hay una minoración en el
servicio 01. Por



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tanto, contestando concretamente a su pregunta, no hay un aumento de
personal en ese concepto del que usted hablaba, sobre todo en el programa
222.C. Sí hay, en algunos casos concretos, un pequeño aumento de
plantilla en el 313, es decir en lo que es el plan nacional, lo que
tradicionalmente se ha entendido por la Delegación, puesto que ahí sí hay
un aumento de personal, dado que asumimos las competencias del control de
percusores, que hemos asumido las competencias de la gestión de la ley
del fondo, que se ha dotado de un servicio de prevención, que no tenía la
Delegación del Gobierno. Es decir, en este momento hay consejeros
técnicos destinados fundamentalmente a la política de prevención, que no
existían en la Delegación, y también se ha dotado con otra persona al
Centro de documentación. En todo lo que se refiere a la gestión del área
de prevención se ha dotado la gestión del control de percusores, la
gestión de la ley del fondo, y me parece que con motivo de la
comparecencia para explicar la gestión del fondo le dije que no sólo se
trataba de gestionar sino que había que organizar una serie de servicios
para poder realizar subastas y otras cosas que había que hacer, de las
cuales una parte ya se ha hecho. Sin embargo, en el concepto a que usted
se refería, el 222, lo que se ha hecho ha sido una reubicación de los
gastos y se ha minorado el servicio 01.

En cuanto al capítulo 4, me permito simplemente hacerle notar la
diferencia entre su primera y segunda intervención, porque su primera
intervención la ha hecho explicándonos la gran disminución, el gran
problema que suponía --incluso ha analizado un montón de conceptos-- para
al final decirme que lo que pasa es que hemos aumentado un poquito, que
me conformo con poco, con ese pequeño aumento. Es decir, hemos pasado de
una disminución a que hemos aumentado poco.

El resumen del resumen es que el capítulo 4 no disminuye, sino que
permanece igual y técnicamente sube un poquito. Por tanto, toda la
capacidad de los programas de la Delegación permanecen inalterables, no
ha disminuido ninguno, y lo que hemos hecho ha sido reorientar nuestros
objetivos con los programas. Usted estará de acuerdo conmigo en que había
un programa que se llamaba de desarrollo del SEI. Se estaba
tradicionalmente manteniendo ese concepto así como seis o siete años, y
si usted hace cálculos de lo que se había gastado en el mantenimiento del
SEI creo que debe ser el sistema estatal de información más caro del
mundo. Estará de acuerdo en que no pongamos siempre lo mismo, que
orientamos nuestro gasto y que ese dinero vaya destinado a otros
recursos. El concepto general se mantiene exactamente con las mismas
posibilidades.

En cuanto a la gestión de la sede, yo no sólo me refería, señor Martinón,
al hecho de consignar o no un presupuesto; se trata también de hacer
otras muchas gestiones. Usted, conoce la Administración, porque ha tenido
responsabilidades, sabe que no solamente consiste en asignar una partida;
consiste en hacer las gestiones para que, desde la Dirección General del
Patrimonio, por ejemplo, se pueda asignar un edificio, hacer una serie de
expedientes, buscar el edificio, etcétera. Todos esos trámites son
importantes. Uno no está en el mercado privado en el que se puede llamar
a la puerta de un señor privado y pedirle que le alquile la casa. Eso no
es así en la Administración, afortunadamente. Por lo tanto, eso era
también importante para poder efectuar le hecho físico del traslado de un
edifico a donde en este momento estamos.




La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor delegado. Damos por
concluida la comparecencia.




El señor GIL LAZARO: Quería intervenir no en relación con la
comparecencia, sino con una cuestión de orden.

Había pedido que pudiéramos tener esta reunión, pero como ya estamos casi
en familia, más que nada para que conste en el «Diario de Sesiones» la
posición de mi grupo.

La señora presidenta ha dado cuenta de un escrito del Grupo de Coalición
Canaria retirando la solicitud de comparecencia del subsecretario del
Ministerio del Interior. Por otra parte, el portavoz de Izquierda Unida,
que era otro de los solicitantes, ha manifestado verbalmente su voluntad
de retirar también esa comparecencia. Sin embargo, a efectos
reglamentarios, no bastaría tan sólo esa declaración de voluntad, sino
que esa solicitud de comparecencia se tendría que formalizar por escrito.

Yo señalo la posición de mi grupo. En la medida en que se formalice, por
parte del solicitante que falta, es decir, del Grupo de Izquierda Unida,
así como del Grupo de Coalición Canaria, lo que han manifestado como
declaración de voluntad, también lo haría el Grupo Parlamentario Popular,
pero siempre a expensas de que, por el trámite reglamentario, se
formalice esa retirada.




La señora VICEPRESIDENTA: No se preocupe, señor Gil Lázaro. Constará por
escrito la renuncia del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que ahora
no está aquí presente, pero al que haremos llegar que haga el favor de
presentar el escrito. Como le consta a la Mesa esa voluntad del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida de la renuncia a la comparecencia,
espero que no haya ningún problema para que usted formalice también la
renuncia de su grupo.

Se suspende la sesión.




Eran las dos y treinta minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (GONZALEZ MONTES). A
SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente
212/000978) Y DEL GRUPO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA (Número de expediente 212/001050).




La señora VICEPRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Vamos a dar comienzo a
la sesión vespertina de la Comisión de Justicia e Interior para
sustanciar las comparecencias



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solicitadas por los grupos parlamentarios respecto de la tramitación del
proyecto de ley de presupuestos. La primera comparecencia es la del
secretario de Estado de Justicia.

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor
Villarrubia.




El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: En primer lugar, quiero agradecer, como
no podía ser de otra forma, al señor secretario de Estado su presencia en
esta Cámara al objeto de informar y dar contestación a una serie de
cuestiones que le plantearé con la mayor brevedad posible.

Quiero indicarle, señor secretario de Estado, que el Grupo Socialista, en
su comparecencia sobre la presentación de los presupuestos de 1997, le
adelantó que eran manifiestamente insuficientes, que no cubrirían los
objetivos y que además hacían demagogia con los mismos, por cuanto que
maquillaban las cifras, y de hecho bajaban la consignación en el capítulo
2, en gastos corrientes de bienes y servicios, en más de un 30 por ciento
en su conjunto, diciendo que iban a ahorrar de todo agua, luz, teléfono,
electricidad, papel o bolígrafos. Y cuando vemos la memoria de objetivos
del presente año, que curiosamente es fotocopia en más del 95 por ciento
de la del año anterior --podían haber echado al menos un poquito de
imaginación, haberlo trabajado un poquito--, nos sorprende ver que en el
primero de los objetivos no figura la corrección de esas barbaridades
consignatorias del año anterior. Bien es cierto que sí intentan paliar
esas desviaciones en varios cientos por cien en algunos de los supuestos,
como a continuación le expondré.

Señor secretario de Estado, como posteriormente comparece también el
señor subsecretario, creo que voy a limitar las observaciones, las
preguntas y las opiniones al programa 142.A, que se refiere a tribunales
de justicia y ministerio fiscal, que cualitativa y cuantitativamente es
el más importante porque tiene --si no he realizado mal los cálculos--
cerca del 88 por ciento del total del presupuesto del Ministerio.

Entrando en el capítulo 1, señor secretario de Estado, lo primero que
observamos es una minoración en la consignación de un 24,1 por ciento en
una cuantía de 97.104 millones de pesetas. No se nos oculta el proceso de
transferencias a comunidades autónomas, que será una de las razones por
las cuales se produce esta minoración; no obstante, quisiéramos que nos
explicara las causas de esta minoración, a cuánto ascienden las
transferencias a las comunidades autónomas, en qué partidas
presupuestarias está, cuántos funcionarios han sido transferidos, cuántos
han pasado en definitiva a las comunidades autónomas, si en esta
consignación están recogidos los compromisos adquiridos en el año 1997 de
creación de órganos y los que se comprometen a crear, según la memoria de
objetivos, en el año 1998. Le recuerdo brevemente los de 1997. Tanto el
subsecretario como la señora ministra ante el Pleno dijeron que se iban a
crear 120 plazas de magistrados de audiencias provinciales, 150 de
fiscales, 250 de secretarios judiciales, 1.500 de oficiales, auxiliares y
agentes y 49 equipos de apoyo de psicólogos, educadores y asistentes
sociales, que pretendería que llegaran a 115 dentro del ejercicio.

Le agradecería que diera algunas respuestas. ¿Se han cumplido estos
compromisos del año 1997? Posteriormente entraremos en lo que recogen
como compromisos para el año 1998. ¿Recoge el señor secretario de Estado
alguna consignación para cumplir los mínimos indispensables que el Libro
Blanco, recientemente publicado por el Consejo General del Poder
Judicial, recoge en materia de personal? Habla de un mínimo necesario de
315 magistrados y jueces unipersonales.

En cuanto a jueces sustitutos y magistrados suplentes también se recoge
en el Libro Blanco que, en el año 1996, el Ministerio de Justicia gastó
1.569 millones en sustitutos y otros 676 en suplentes; en números
redondos, 2.200 millones de pesetas. Sin embargo, la consignación en este
año es inferior. Le pregunto cómo piensan llevar a cabo los apoyos
necesarios porque, como bien recoge el propio Libro Blanco hay que llevar
a cabo planes de urgencia de apoyo a jurisdicciones en práctica situación
de colapso, especialmente la jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo y, en menor medida en algunos supuestos, la
jurisdicción de lo Civil, como posteriormente también indicaremos.

Se produce también, señor secretario de Estado, una minoración en
personal laboral, en otro personal y en gastos sociales. Me gustaría
saber por qué, si el conjunto del capítulo en materia de personal
disminuye un 22,5 por ciento, las cotizaciones y gastos sociales
disminuyen un 26,9, es decir, casi un 27. ¿Por qué ese diferencial de 4,5
por ciento en relación a la totalidad del capítulo?
Respecto al capítulo 2, por ir abreviando y avanzando, señor secretario
de Estado, debiera sonrojarse un poquito si leyera lo que dijeron el año
pasado y lo que aquí se recoge. Este capítulo, que es el de gastos
corrientes de bienes y de servicios, en su conjunto aumenta notablemente,
pero además sin contar la importante cantidad --que, por cierto, de paso
se la pregunto-- de transferencias en recursos del capítulo 2 a las
distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, en suministros, el
incremento es del 35 por ciento; en comunicaciones, que ustedes iban a
disminuir, telefónicas, postales, de transportes, llegamos a incrementos
de hasta el 405 por ciento en postales, pero no hablamos de postales de
un millón de pesetas, señor ministro --señor subsecretario, le estoy
ascendiendo, igual no le venía mal--, hablamos de 1.770 millones de
pesetas en postales; aumentan notablemente la consignación para
teléfonos, con 1.106 millones. En conjunto, casi 3.000 millones en
comunicaciones, que ustedes habían reducido notablemente porque era un
despilfarro lo que había, porque se gastaba mucho e iban a controlar cada
llamada telefónica; una cosa es predicar y otra cosa es funcionar y ser
eficaz, señor secretario de Estado. Creo que pecaron de
irresponsabilidad. Sí, señor Ollero, tranquilícese. Lo digo con absoluta
cordialidad, pero creo que sí es irresponsable lo que se hizo por cuanto
efectuaron consignaciones por debajo del mínimo indispensable, con lo
cual muchos juzgados han carecido de los medios imprescindibles para



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funcionar, muchos de ellos hasta de bolígrafos y papel de oficina.

Hablando de papel de oficina y de bolígrafos, resulta que, pese a que se
produce un incremento notabilísimo en las consignaciones de gastos
corrientes, pese a su austeridad predicada, observamos algunas
contradicciones, como una minoración en un 71,5 por ciento en material de
oficina. A ver si van a seguir faltando más bolígrafos, señor
subsecretario de Estado, porque la rebaja es a 802 millones. Igualmente,
se produce una minoración del 46 por ciento en el suministro de energía
eléctrica: o vamos a tener más luz solar o tendrán algún extraño convenio
con Endesa que dará algo de suministro gratuito al Ministerio de
Justicia. No encontramos otra explicación, a no ser un error de cálculo
excesivo en el presupuesto anterior.

Tampoco entendemos, señor subsecretario, señor secretario de Estado, una
minoración del 400 por ciento en labores de la Fábrica Nacional de la
Moneda y Timbre, que pasa de 200 a 50 millones de pesetas. En gastos
diversos --esto se produce a lo largo de todos los presupuestos y de
todos los capítulos, señor secretario de Estado--, el incremento es del
cien por cien, pero hablamos también de 1.500 millones, no de calderilla.

En cuanto al Tribunal del Jurado, mantienen la consignación de 270
millones. ¿Considera suficiente esta cantidad o más bien es
manifiestamente insuficiente? ¿Qué piensan hacer, en definitiva, con la
institución del Jurado?
En el capítulo 4, transferencias corrientes, se produce una minoración
preocupante, de un 11 por ciento, en las transferencias a las
corporaciones locales, en contra de lo que en la memoria se recoge como
filosofía. Claro, lo copian del año anterior y no lo adecuan a las nuevas
cifras del presente presupuesto.

Igualmente, en el turno de oficio y asistencia letrada al detenido, se
produce una minoración al Consejo General de la Abogacía Española del 53
por ciento. Si tenemos en cuenta que, según, parece, hubo una
infradotación en el ejercicio anterior de 500 millones de pesetas ¿cómo
se va a dar cobertura y cómo se van a poder pagar eficazmente los
devengos al Consejo de la Abogacía Española? Querría saber si es cierto
que hay nuevas comunidades que han sido transferidas este año y si
efectivamente se va a producir una disminución comparativa en relación al
ejercicio anterior. No nos cuadran los números y nos gustaría que nos lo
explicara. La disminución al Consejo General de Colegios de Procuradores
es aún superior, de un 103 por ciento.

Si pasamos a inversiones, aunque España va bien, parece que la Justicia
no rasca bola, y permítame la expresión, desde el punto de vista
presupuestario en su conjunto porque resulta que, en cuanto a inversión
nueva, se produce una disminución en relación con el ejercicio anterior.

Si además nos vamos, señor secretario de Estado, al mantenimiento o
reposición de los servicios existentes, la minoración es de un 76 por
ciento. ¿Cómo vamos a mantener los aproximadamente 747 edificios que
tenemos, por cierto bastantes de ellos en no muy buenas condiciones? Nos
gustaría que nos explicara también esto.

Ya que estamos en el capítulo 6, le agradecería que nos explicara si
estos 3.173 millones de inversiones nuevas comprenden las dotaciones de
edificios, por ejemplo para los juzgados de lo Contencioso, las
dotaciones para los cinco nuevos institutos de medicina legal que se
recogen en la memoria, para informatización, para proveer de medios
técnicos de reproducción y grabación a los juzgados. También nos gustaría
conocer qué parte constituye el desarrollo de programas plurianuales,
porque en la partida global, lamentablemente, no podemos efectuar ese
desglose.

Pasando brevemente a las previsiones de 1998, ustedes recogen en la
memoria de objetivos --eso sí es nuevo porque son números distintos a los
de 1997 y ahí hubo que encajar la fotocopiadora-- algunos datos
diferentes a los de 1997. Así, recogen como compromiso la creación de 92
órganos jurisdiccionales unipersonales, de los cuales 64 serán de lo
Contencioso-Administrativo. Recogen también la creación de tres nuevas
secciones de audiencias provinciales, con un total de nueve magistrados;
114 plazas de magistrados, le recuerdo que antes le preguntaba por las
120 anteriores y quisiera saber si esto absorbe alguna de éstas o son 114
nuevas; 30 del ministerio fiscal, 150 de 1997, y no dicen --por eso se lo
pregunto también-- cuántas son las plazas de oficiales, auxiliares y
agentes y dónde está la consignación para la creación de todos estos
órganos a los que ustedes se comprometen.

En inversiones, pero enlazando también con la creación de órganos, señor
secretario de Estado, creo --corríjame si no es así-- que dentro de los
3.173 millones se encuentran 1.078 millones para la creación de juzgados
de lo Contencioso. Le pregunto si efectivamente es así, así como si
considera suficiente esa cantidad de 1.078 millones. Haciendo casi la
cuenta de la vieja, nos da a creación de órgano y edificio por poco más
de 15 millones de pesetas. Parece que los números no cuadran ni en el
capítulo 1 ni en el capítulo 6, salvo mejor explicación que seguramente
el señor secretario de Estado nos proporcionará.

Quisiera preguntarle también sobre la constitución y puesta en
funcionamiento de los cinco nuevos institutos de medicina legal. ¿Dónde
van a ser? ¿Qué presupuesto tienen? ¿Dónde está consignado?
En relación a la continuación del proceso de traspaso las comunidades
autónomas de funciones del Estado en materia de administración de
justicia, incluyendo las relaciones con los medios personales, aclare un
poco lo que se recoge en los objetivos, el grado que ya le anunciaba
anteriormente de transferencias de 1997, la cuantía presupuestaria y lo
que piensan transferir en el año 1998.

Observamos una ausencia total, salvo que nos lo explique en sentido
contrario, de partidas presupuestarias tendentes a dar cobertura a lo
preceptivo, que es el cumplimiento del vigente --ya no tan nuevo-- Código
Penal, ¿Qué pasa, señor secretario de Estado, con los 24 juzgados de
vigilancia penitenciaria, que ya en el año 1996 tenían una consignación
de 720 millones de pesetas? Porque, al parecer, salvo que usted me
corrija, han, desaparecido del año 1997 y no aparecen, salvo error u
omisión, tampoco en el año 1998.




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En cuanto al proyecto de ley de la jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ya le he preguntado. Como evidentemente
--amplío un poco lo que le decía con anterioridad-- no son recursos
suficientes, la pregunta es: ¿cuándo piensan ustedes poner en
funcionamiento los juzgados y tribunales de lo Contencioso? ¿En cuántas
fases piensan ustedes hacerlo? Porque esto, evidentemente, no puede
tratarse más que de un inicio, de una primera fase. ¿Es plurianual?
¿Dígannos si tienen un proyecto plurianual. Les recuerdo que esta mera
cuestión en el año 1994 era tan fundamental para ustedes que motivó la
presentación de una enmienda a la totalidad del presupuesto del
Ministerio de Justicia, sin embargo parece que ya no es tan urgente
aunque el colapso está ahí.

¿Qué pasa con los equipos de apoyo, que le comentaba con anterioridad
también? ¿Y con la ley penal del menor? La señora ministra --no está
presente y por eso no le voy a dedicar muchas palabras--, dentro de una
de sus brillantes exposiciones, recientemente dijo en el Senado que se
aprobaría la ley y se crearían los órganos correspondientes en el momento
en que tuviera consignación presupuestaria. Pues bien, está presentado el
presupuesto y, salvo error u omisión, parece que no se recoge ni una sola
peseta relacionada con la ley penal del menor.

Quedan bastantes más temas, pero por no prolongar la intervención los voy
a dejar para la comparecencia posterior del señor subsecretario. En
resumen, nos parece que hay una clara insuficiencia, que estamos ante
unos presupuestos pobres, sin imaginación; que disminuyen pese a que se
está anunciando a bombo y platillo su crecimiento; que el año pasado ya
disminuyeron en 18.000 millones de pesetas; que este año disminuyen cerca
de 23.000; que pese a las transferencias a las comunidades autónomas, en
números netos disminuyen un 3,7 por ciento y que, en definitiva, no se da
cobertura en absoluto, pese a las grandes declaraciones, a las tremendas
necesidades que el servicio público de la justicia tiene en nuestro país.

España va bien, señor secretario de Estado, sobre todo para unos pocos,
pero la justicia va bastante mal. Había algunos problemas que se han
agravado y otros se han encargado de crearlos ustedes. Por vía de
presupuestos, flaco favor están haciendo y me imagino que la euforia que
traían el año pasado no la mantendrán, si tienen un mínimo rigor, en el
presente ejercicio.




La señora VICEPRESIDENTA: Quiero advertir a SS. SS. que esta mañana la
Mesa de la Cámara ha adoptado la decisión de subsumir la comparecencia
del fiscal general del Estado en la del secretario de Estado de Justicia.

Tiene la palabra el señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Gracias, señora presidenta, por
disculpar mi presencia desde el principio de esta sesión, que no me
gustaría se tomara como descortesía, sino que es fruto de la vorágine de
comparecencias que estos días nos aquejan. Se puede utilizar esa
expresión.

Con la evidente intención de tener los datos suficientes para formular
las correspondientes enmiendas sin convertir esta comparecencia en
ninguna iniciativa de control, me voy a limitar a formular un conjunto de
preguntas. Evidentemente, si no hubiera contestación en este momento, no
tendría inconveniente en recibirlas por escrito en el plazo
reglamentario. Las preguntas son muy concretas.

¿Se recogen ya, y en qué partida presupuestaria, las previsiones
necesarias para la creación de los juzgados de lo
Contencioso-Administrativo durante el año 1998 y cuántas plazas?
¿Se recoge, asimismo, la creación de las plazas necesarias para que las
audiencias provinciales puedan tener suficiente número de magistrados a
su servicio, de modo tal que se haga realidad la implantación del nuevo
Código Penal, y qué ha supuesto esto en cuanto modificación de
competencias con respecto a los anteriores juzgados de lo Penal y también
en cuántas plazas?
¿Está previsto en los presupuestos, ya que ha sido solicitado
frecuentemente, el aumento de plantillas en materia de traductores y por
qué importe?
En estos presupuestos del año 1998, ¿se prevén, porque no todo van a ser
gastos, los ingresos para el Estado procedentes de la administración de
los depósitos judiciales, de modo tal que no sean objeto de beneficio
lucrativo para ninguna entidad privada, sean administrados por quien
tiene que administrarlos, por las entidades de la banca pública, y
lógicamente su utilización revierta en el Estado?
¿Está prevista presupuestariamente la remuneración de los funcionarios en
prácticas o de estudios judiciales para no tener que acudir, como este
año, a créditos extraordinarios y en qué cuantía? Ello nos dará la pauta
de cuáles son los proyectos en materia de ampliaciones de plantilla.

Sabe el señor secretario de Estado que hay una reclamación casi
inmemorial con respecto a determinados secretarios de juzgados de paz de
determinado número de habitantes. Además, es un problema de contenido
económico. ¿Está previsto que se solucione en estos presupuestos del
Estado?
¿De qué forma se recogen en los presupuestos las previsibles
consecuencias, una vez que nos venga devuelta del Senado debidamente
tramitada, de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que
se refiere al Estatuto de los miembros del Tribunal Supremo y las
remuneraciones que, equiparables a otros altos órganos, se habían
acordado por esta Cámara?
Nos gustaría saber (éste ya es un tema mucho más concreto y, por lo
tanto, pensamos que no lo podrá contestar ahora, pero sería bueno que mi
grupo tuviera la contestación para poder realizar las enmiendas) el
importe concreto de las partidas relativas a las remuneraciones de los
magistrados suplentes del Tribunal Supremo, con la lista de todos y cada
uno de ellos; lógicamente, la nómina, para saber quiénes gozan de esta
situación de mal disimulada prórroga jurisdiccional y en base a qué
criterios se ha producido, sobre todo para acabar con ciertas
especulaciones. Querríamos saber --porque no presenta aquí el Consejo
General del Poder Judicial su presupuesto autónomamente, sino englobado
en el de su Ministerio-- la razón o causa de ese importante aumento que
tiene el presupuesto del Consejo General del Poder Judicial. Nos
gustaría, de verdad, que hubiera podido venir el presidente del Consejo



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y nos lo hubiera expuesto; pero, dado que no puede venir, le formulamos
la pregunta a través de usted. Y a través de usted, también nos gustaría
saber --porque queremos conocer el porcentaje que representa dentro de
los gastos del Ministerio-- lo que supone el alquiler de locales de la
Administración de justicia en todo lo que se refiere a órganos judiciales
y a órganos jurisdiccionales.

También le formulamos una pregunta con respecto al fiscal general del
Estado. La señora presidenta nos ha informado de que tenía alguna duda en
cuanto a la posibilidad o no de su comparecencia, y nuestro grupo
parlamentario ha aceptado que no se produjera y que quedara subsumida en
la comparecencia de su señoría. Queremos saber, en concreto, a cuánto
asciende la cifra especificada para la modernización del servicio del
ministerio público y de fiscalía, y si esta cifra recogida en los
presupuestos coincide íntegramente con la que ha sido objeto de solicitud
por el propio fiscal general del Estado.




La señora VICEPRESIDENTA: Señor Ollero, le voy a dar la palabra, pero,
como hemos señalado ya esta mañana, en la medida en que su grupo no ha
solicitado la comparecencia, exclusivamente para hacer alguna pregunta
muy concreta.




El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señora presidenta. En efecto,
voy a ser brevísimo. Me voy a limitar, por un lado, a solicitar al
secretario de Estado --que es su auténtico cargo-- que traslade a la
ministra la enhorabuena por haber conseguido un incremento, en cifras
homogéneas, del 9,7 en estos presupuestos, lo cual, en el marco
presupuestario global, es muy de señalar y, por otro, a pedirle tres
datos, que si no los tiene aquí, los podría enviar por escrito. En
relación a la creación de órganos judiciales y unipersonales --se ha
anunciado la creación de 92--, me consta que de 1993 a 1996 --cuatro años
de gobierno socialista-- se crearon 95. Es decir, se propone lo que se ha
creado en cuatro años antes. ¿Me podría hacer un desglose desde 1992
hasta 1998, año por año?
En cuanto al número de plazas de magistrado --se han anunciado 114--, me
consta que del año 1994 a 1996 --un trienio socialista-- se quedó en 109.

O sea, en tres años menos de lo que se anuncia para el año que viene. ¿Me
podría hacer un desglose de 1992 a 1998 en creación de plazas de
magistrado?
Por último, en agrupaciones de juzgados de paz --que se anuncian 80--, me
consta que del año 1992 a 1996 --en un total de cinco años de gobierno
socialista-- se crearon 48. ¿Me las podría desglosar de 1992 a 1988? (El
señor Pérez Solano: ¿Por qué no lo pide desde el año 1936?) No, desde el
36, no. Estamos aquí en otra cosa. (El señor Pérez Solano: Es que es
control del Gobierno actual.)



La señora VICEPRESIDENTA: Por favor, no hablen entre ustedes, señorías.

Señor secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Sean mis
primeras palabras para mostrar mi satisfacción por encontrarme de nuevo
ante esta Comisión de Justicia e Interior del Congreso, con motivo de las
preguntas sobre los presupuestos. En esta ocasión, como en otras, voy a
intentar contestar las preguntas que se me han formulado, aunque
realmente algunas no han sido preguntas sino afirmaciones, a mi juicio no
ajustadas a la realidad ni a los datos que figuran en este presupuesto.

Es el caso del señor Villarrubia, del Grupo Socialista, que ha comenzado
diciendo que los presupuestos de 1997 ya eran insuficientes y que ahora
se aumenta, digamos, esa insuficiencia, que no figuran correcciones que
debieran figurar y hay una disminución --por resumir su primera pregunta,
que no es pregunta-- en un 3,7 por ciento y, más o menos, en 27.000
millones de pesetas y, por tanto, no se da respuesta a las necesidades
que requiere una Administración de justicia en el año en que vivimos.

Ante una afirmación de esa naturaleza yo tendría que decir, en primer
lugar, que hay que jugar con datos reales, no con datos ficticios.

Entendemos que no se pueden tomar los porcentajes ni los datos de forma
parcial, de forma escorada, de tal manera que lo primero que había que
tener en cuenta en este presupuesto, indudablemente, es que en el año
1997 --puesto que me ha pedido también ese dato-- se hicieron traspasos a
las comunidades autónomas por un importe de 37.100 millones de pesetas.

Estoy hablando de cifras muy globales, no las tengo aquí pormenorizadas,
lógicamente, porque no es un debate de transferencias a las autonomías,
pero sí recuerdo --por ser mi tierra, además-- que esas transferencias,
sólo en Andalucía, supusieron unos 20.000 millones de pesetas.

Viendo el presupuesto en términos presupuestarios --y valga la
redundancia--, se puede decir que el total de los créditos para esta
sección 13 para 1998 ha supuesto --y se ha dicho antes-- un aumento real
del 9,7 por ciento. Por tanto, yo no entiendo dónde aparece una
disminución del 3,7, aunque sea entrar en una guerra de cifras. O tenemos
en cuenta las transferencias a las comunidades autónomas o no las
tenemos, pero eso tiene que jugar debidamente. No se puede decir ahora
que es un 3,7 cuando antes se ha dicho, sin tener en cuenta las
transferencias a las comunidades autónomas, que se disminuía en un 14 y
pico por ciento, lo cual no es cierto. Todo el mundo sabe que ha habido
transferencias a Andalucía --ya lo he dicho antes--, a Canarias, a
Galicia, a Valencia, por ese importe al que me he referido. De tal manera
que el crecimiento del presupuesto de gastos del Estado para 1998, cuya
media es del 3,2 por ciento, ha repercutido en el Ministerio de Justicia
--insisto, en términos homogéneos y presupuestariamente correctos-- el
9,7 por ciento. En términos reales, el incremento es de 15.000 millones
de pesetas.

Puesto que ha hecho referencia a algunos capítulos, de forma genérica
--luego entraré en el programa 142.A--, tendría que decirle que en el
capítulo 1 ha habido un incremento del 6,6 --por dar porcentajes; si es
necesario, después daré cifras--; en el capítulo 2, de un 34 por ciento y
en el capítulo 6 --que son los capítulos a los que usted se ha
referido--, un 23,8 por ciento. Por tanto, en inversiones difícilmente
puede haber decrecido el presupuesto, porque se ha incrementando en un
23,8 por ciento.




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En resumen, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se mantiene el
incremento global del presupuesto del Estado para 1998 en el 9 por
ciento, siguiendo la pauta que hubo en 1997, cuando se llegó a un
porcentaje equivalente a pesar de que, jugando no correctamente desde el
punto de vista presupuestario, usted diga que en el presupuesto de 1997
hubo también una disminución. El año pasado quedó claro aquí que no fue
así.

En cuanto al programa 142.A, tribunales de justicia y ministerio fiscal
voy a comenzar a dar algunos datos. En primer lugar, tiene un incremento
global del 9,1 por ciento. Esto quiere decir que en el capítulo 1, sobre
el que hablaba usted también de una minoración en los gastos de personal,
hay un aumento del 5,8 por ciento, de tal manera que se consolida la
oferta de empleo de 1997 y los ajustes de plantilla por un total de 1.360
millones de pesetas.

Y ahora hablaremos de plazas, porque con este presupuesto se pueden crear
114 nuevas plazas de magistrados --que me lo pedía también--, 30
fiscales, 95 secretarios, 21 de médicos forenses, 313 de oficiales, 395
de auxiliares, 293 agentes, y una cosa importante, que después
repercutirá en alguna otra de las preguntas que se me han hecho, 149
plazas de personal laboral, que van a tener un destino especialmente en
los equipos futuros de menores y también en la contratación de peritos
para determinadas actividades y en determinados ámbitos judiciales, como
pudiera ser, por ejemplo, el de los juicios rápidos, al que usted en
principio no se ha referido pero que añado yo ahora.

Usted me dice: ¿se han cumplido las previsiones de las 120 plazas que
decía su ministra en el año anterior? Vamos a decir las cosas con
propiedad. No eran 120 plazas en el período presupuestario de 1997, eran
40 plazas que se crearon en el último trimestre de 1996 y 80 que se
crearon en 1997; de las 80 hay ya creadas 25, que se han creado
precisamente para la Audiencia Nacional y algunas audiencias
provinciales, y para las 55 restantes en este momento ya está redactado y
a punto de publicarse un decreto donde se van a crear esas plazas, que
van a venir a paliar algunas, no todas, de las necesidades que tienen
algunos tribunales en nuestro país. Por darle una orientación, va a haber
también una creación de plazas en el contexto de ese decreto, sin
perjuicio de la peculiaridad y del apoyo a la jurisdicción
contencioso-administrativa, de lo cual hablaré después también con cierto
detalle, porque se me ha pedido; se va a crear, algo que también es muy
necesario, alguna que otra plaza en la sala de lo social de distintos
tribunales superiores de justicia, por ejemplo en todas las salas que hay
en Andalucía y en algunos otros, y otro tipo de plazas en las audiencias
provinciales, etcétera. Eso sin perjuicio de referirme también más
concretamente al planteamiento que se ha hecho antes --que es coincidente
en algún punto-- sobre las audiencias provinciales, la entrada en vigor
ya del Código Penal y las necesidades para llenar las posibilidades de
competencias que asumen las audiencias provinciales en detrimento de los
juzgados de lo penal.

Por seguir un poco el orden de lo que se me iba preguntando, en cuanto a
la consignación en materia de personal, según el libro blanco, en esto yo
creo que sobre todo en los ejercicios presupuestarios nos deberíamos
colocar en el lugar oportuno en el tiempo oportuno. Difícilmente puede
haber previsiones sobre el libro blanco cuando se acaba de presentar el
libro blanco. Eso no quiere decir que no se vaya a tener en cuenta el
libro blanco, y lo he dicho yo mismo y lo han dicho otros representantes
del Ministerio de Justicia, entre otras cosas porque el libro blanco la
última versión es la que se publica y no lo que con anterioridad se va
corriendo sobre el libro blanco, que por cierto, en algunos puntos cambia
bastante. Quiero decir que para hacer un estudio serio hay que estudiar
en profundidad el libro blanco y hacer esa reflexión. No obstante,
estamos haciendo previsiones de conformidad con el libro blanco, por
ejemplo en lo módulos que se suben, por cierto, en cuanto a la exigencia,
que se establecen cargas de trabajo para creación de órganos
jurisdiccionales, etcétera.

Por lo que se refiere a los magistrados suplentes y su inferior
consignación, yo creo --y en esto pienso que convenimos todos, no es algo
que pueda ser debatido-- que no es la situación ideal de la
Administración del justicia, que cuantos más magistrados suplentes haya,
mejor. Partiendo de ahí, vamos a buscar soluciones de otra manera.

Entonces hay que dotar más plazas, hay que llenar esas plazas, y ahora me
referiré --porque luego lo ha ligado con el tema de la jurisdicción
contencioso-administrativa-- a la previsión de creación de órganos de la
jurisdicción contencioso-administrativa, etcétera. Yo no creo que ésa sea
precisamente la vía para satisfacer las necesidades de la Administración
de justicia; mejor sería incluso suplementar algo a los magistrados
profesionales, para que, en la medida de lo posible, también hicieran
ponencia en otros tribunales. Pero ése es un tema --y quiero informarlo
también-- que en este momento está en estudio.

Y por lo que respecta a la jurisdicción contencioso-administrativa en
concreto, y sin perjuicio de la creación de nuevos órganos
jurisdiccionales, en una comisión mixta que se ha creado, Consejo General
del Poder Judicial-Ministerio de Justicia, en la cual yo también me he
integrado, el primer tema que se ha abordado ha sido ése. Se van a hacer
unas reuniones con los presidentes de las salas de lo
contencioso-administrativo, porque aquí no sólo hay que adoptar medidas
de tipo presupuestario, legislativo, de creación de nuevas plazas, sino
también de mecánica y de procedimiento, conforme a las cuales se rigen
esas salas de lo contencioso-administrativo para resolver problemas, y
quien ha tenido esa experiencia sabe de lo que estoy hablando.

Le llama la atención el capítulo 2 y el incremento que se produce en
gastos corrientes que, efectivamente, en el programa 142.A es del 40,6
por ciento. ¿Por qué se produce ese incremento? ¿Por qué hay un
incremento relativo a comunicaciones? En cuanto a determinadas labores y
papel de oficio, etcétera, debe saber que en la ley de acompañamiento ya
va una norma en la cual se va a anular de alguna manera la necesidad de
utilizar papel de oficio y que se utilice papel común; eso ahorra
bastante, pero yo no quiero justificar en base a eso el aumento del 40
por ciento del capítulo 2 de gastos. Pero le voy a dar algunos datos, y
de paso contesto a algunas otras preguntas que se me han formulado.




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Claro que hay un aumento y hay bastantes más gastos, porque se crean
muchos órganos jurisdiccionales. En primer lugar, hay la previsión de
creación de 92 nuevos órganos judiciales, de los cuales ya son 64 de lo
contencioso-administrativo, 80 nuevas agrupaciones de juzgados de paz,
que están repartidas en 400 pequeños municipios, lo cual origina un
determinado gasto, con todo lo que eso conlleva; 26 adscripciones
permanentes de fiscalías, que están creadas por un decreto del Gobierno
anterior desde febrero de 1996, pero sin consignación presupuestaria: 5
institutos de medicina legal. Como usted comprenderá, ante esa avalancha
de creaciones no hay más remedio que intensificar o subir los gastos
corrientes del capítulo 2, porque si no realmente no llegaríamos. Por
tanto, la previsión para 1998 ¿cómo va a ser la misma que para 1997?
Indudablemente que no.

Me hablaba también en el capítulo 4 de una minoración. Efectivamente --y
esto lo discutimos el año pasado-- hubo una minoración en el presupuesto
anterior en lo relativo al Consejo de la Abogacía y Procuradores para el
turno de oficio, con motivo de la ley y del reglamento que sacamos de
justicia gratuita. ¿Por qué? Porque se pensaba que con la entrada en
vigor de esa reglamento y con el funcionamiento de las comisiones de
justicia gratuita, indudablemente se iba a ser más riguroso, en
definitiva, en la concesión de la justicia gratuita, de conformidad con
las previsiones que realiza la ley. Por tanto, en esa misma línea aunque
hay una no minoración en este caso, porque el capítulo 4 sube un 2,8 por
ciento en su conjunto, se ha hecho con arreglo a lo que es la realidad,
no con arreglo a una realidad que ya no existe, como se demostró el año
pasado respecto a este presupuesto, y donde no es necesario hacer más
consignación. Por tanto, indudablemente se minora en algunas partidas
como es debido.

La disminución de un 76 por ciento que se me indica en el tema del
capítulo 6, ahí sí que no me salen a mí las cuentas. Quiero decir que ese
capítulo incrementa su crédito --según mis datos-- en un 21,6 y es en ese
capítulo donde se atiende a la creación de esos nuevos 92 órganos
judiciales, a la reforma de las instalaciones actuales y se comienza la
implantación masiva (ahora hablaré de eso también) de los nuevos
programas informáticos. Le voy a poner un ejemplo de obras concretas en
inversiones para que no nos llamemos a engaño. Se introducen --como es
natural-- esas previsiones de obras que ya habían sido muy prometidas
anteriormente, pero que en este ejercicio presupuestario se han
consolidado, realizando al menos la adjudicación en algunas de las obras,
el comienzo en otras y no quedando ninguna sin adjudicar, como por
ejemplo, las anualidades (que son grandes anualidades) de Oviedo, Cáceres
y Palma de Mallorca; por no decir, en obras singularizadas, el comienzo
de las obras y, por supuesto, las anualidades de otras obras que son más
pequeñas pero tienen también su importancia porque algunas son de cientos
de millones como Motril y Guadix en Granada. Por hacer mención de las
obras más singularizadas, diré que se va a hacer en Zaragoza la segunda
fase de los juzgados de la plaza del Pilar y también en Zaragoza la
primera anualidad; se me ha preguntado antes por los institutos de
medicina legal; la ampliación del edificio (le estoy diciendo algunas de
las necesidades perentorias) de Collado-Villalba, que tan traído y
llevado ha sido; el nuevo edificio de los juzgados de Jaca; el nuevo
edificio de los juzgados de San Vicente de la Barquera; el nuevo edificio
de los juzgados de Cartagena; la adaptación del edificio de Guadalajara;
la remodelación del edificio de Santander; la rehabilitación del edificio
de Avila; el instituto de medicina legal de Burgos, etcétera, y le
emplazo a usted aquí para que me diga una obra de las previstas,
singularizadas en el presupuesto anterior, que no hayamos comenzado, que
no hayamos adjudicado o que no llegue a buen término.

En cuanto a otros pormenores, se me pregunta también por la
informatización. Ya saben que a principios de 1997 se habían
informatizado alrededor de un 62 por ciento de los órganos
jurisdiccionales y nosotros nos comprometimos a informatizar más allá del
80 por ciento; puedo decir que antes de que termine 1997 estaremos en el
85, pero también aquí hay que distinguir por programas --porque son de
muy distinto calado-- y distinguir también de qué informatización estamos
hablando. Yo creo que este tipo de datos son convenientes para aclarar
las cosas.

En primer lugar y creo que es un punto interesante, aquí hay tres
proyectos distintos en la informatización de los órganos
jurisdiccionales, como es el proyecto Libra, de informatización de la
oficina judicial respecto de la cual he dado antes los datos; el proyecto
Cortes, informatización de la función jurisdiccional, donde ya se
permitiría la extracción de datos tanto internos como externos por parte
de los magistrados para el desempeño de su función, el acceso a
determinados archivos, bibliotecas, etcétera, directamente; y el proyecto
Linde de informatización de las fiscalías.

¿En qué situación están estos proyectos? Anteriormente he dado los datos
del proyecto Libra, concretamente, y ya he dicho que a finales de este
año tendremos informatizado en oficina judicial el ochenta y tantos por
ciento y lo único que nos falta, en este momento (quiero que quede bien
claro) es la aplicación informática que ya hicimos (no los aparatos ni el
cableado) pero que está pendiente de la autorización y el visto bueno del
Consejo General de Poder Judicial, que estamos esperando de un día para
otro. En cuanto la tengamos se implantará inmediatamente y cumpliremos el
objetivo que ya habíamos fijado el año pasado, en el que hubo una
consignación presupuestaria (si mal no recuerdo) de 500 millones, y el de
este año, en el que hay otros 500 millones.

Por lo que se refiere al proyecto de informatización de la función
jurisdiccional --que indudablemente no puede ser tan inmediato-- ya es
sabido que el Tribunal Supremo está informatizado también. Le voy a dar
datos concretos: antes del 31 de diciembre lo estará en varios
tribunales, por ejemplo, de Castilla y León, Madrid, Aragón, Andalucía y
nosotros esperamos que en el resto del territorio se implantará a lo
largo del año 1998 o quizá a principios de 1999, para ser realistas.

Finalmente, el proyecto Linde de informatización de las fiscalías
consiste en la informatización del trabajo administrativo, por una parte,
de la informatización o de una



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aplicación para el seguimiento procesal penal, y otras para el civil,
menores y vigilancia penitenciaria. Pues bien, el seguimiento procesal
penal va a estar para enero de 1998 e igualmente el civil --porque una
vez realizado el penal es bastante sencillo y no requiere equipamiento
adicional-- y, finalmente, el de menores y vigilancia penitenciaria
pensamos implantarlo a lo largo del año 1998 y, en todo caso, a
principios de 1999.

Se me preguntaba por el tema de la informatización. Ya he aludido a las
partidas y todo esto sin perjuicio de los convenios que, por ejemplo, se
van realizando con comunidades autónomas, etcétera, y que algunas veces
suponen 100 millones de pesetas por cada comunidad autónoma con la que se
firma un convenio.

En lo relativo a órganos, plazas, etcétera, ya he dado algunos datos, no
quiero alargarme excesivamente; me parece que son los datos que le he
dado anteriormente, tanto de plazas de jueces y magistrados como de
plazas de auxiliares, agentes, etcétera, está contestada su pregunta
relativa a órganos.

Dentro de los 92 nuevos órganos jurisdiccionales se me preguntaba qué
conjunto era de lo contencioso-administrativo. Son 64; cuando esté la ley
aprobada, indudablemente se empezará esa creación. Eso no quiere decir
que no trabajemos antes sobre la formación de los magistrados
correspondientes, porque esto previsiblemente pudiera estar para el
último trimestre de 1998, y crear, de momento, un órgano jurisdiccional
de esta naturaleza por provincia, en algunas ciudades, capitales de
provincia fundamentalmente, dos; y en otras (piénsese en Madrid, en
Barcelona) habría más, quizá cinco o siete. Esa es la distribución (es
muy sencilla) de los 64 juzgados de lo contencioso-administrativo.

No quiero adelantar la respuesta concreta a otra pregunta porque entonces
al señor Castellano no le voy a contestar nada, pero creo que le estoy
respondiendo de paso a alguna de las preguntas que me ha realizado.

Uno de los últimos temas que me quedaban por contestar es el relativo a
las partidas para el tema del Código Penal y los 26 juzgados de
vigilancia penitenciaria. Nosotros pensamos que con el número de plazas
establecidas y con la previsión (que también hay que tenerla) de la
posible aprobación de una reforma del artículo 14 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (que se encuentra en esta Cámara) se acomodarían
de nuevo las competencias de las audiencias provinciales y de los
juzgados de lo penal, que no necesitarían, en principio, el aporte de
plazas de magistrados que en un principio se podrían prever. Esto
paliaría, de alguna manera, el que hubiera órganos jurisdiccionales como
las audiencias provinciales especialmente atascados y otros con una
tranquilidad mayor en el número de asuntos.

En cuanto a los juzgados de vigilancia penitenciaria, estamos pendientes
de una ley del procedimiento ante los juzgados de vigilancia
penitenciaria, una ley que, por cierto, desarrolla un precepto de la Ley
General Penitenciaria que no se ha desarrollado, y yo entiendo que habría
que ser cautos y esperar, antes de hacer cualquier consignación
presupuestaria sobre ese tema, a lo que va a resultar de la ley, porque
nosotros en la ley preveemos, en primer lugar, mayores competencias para
los juzgados de vigilancia penitenciaria, en detrimento de las
competencias de los juzgados de instrucción. Por tanto, habría que hacer
una reacomodación, después de ver la carga de trabajo, de los juzgados de
instrucción y de los juzgados de vigilancia penitenciaria. No se trata de
crear 26 juzgados de vigilancia penitenciaria por crear sin más, cuando a
lo mejor son más necesarias otras cuestiones.

Finalmente, hacía usted referencia a la ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Creo que he contestado a este tema. Se me
preguntaba cuándo se ponían en funcionamiento los juzgados. He dicho que
en el año 1998 tenemos previstos 64; cuando se apruebe la ley vamos a
procurar, en esa comisión mixta con el Consejo, que haya magistrados
formados para ostentar esas plazas; en el año 1997 se crean 64, hay un
conjunto de unos 120 en principio y está previsto en la ley que durante
los ejercicios presupuestarios de 1998, 1999 y 2000 se irán repartiendo y
completando esos juzgados de lo contencioso-administrativo allí donde sea
más necesario, pero con una salida inicial de uno por provincia y en
algunas capitales de provincia, lógicamente, alguno más.

En cuanto a la ley penal del menor, en muy breve tiempo la van a tener
aquí. Estamos esperando el informe del Consejo General del Poder
Judicial; ya se lo remitimos hace tiempo; con ello cumpliremos también
ese compromiso, como hemos cumplido otros; porque quiero recordar aquí
que en esta Cámara hay del orden de una decena de leyes remitidas en poco
más de un año por el Ministerio de Justicia, entre las que cito algunas:
la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley de asistencia
jurídica del Estado, la ley de procedimiento ante los juzgados de
vigilancia penitenciaria, la ley de venta a plazos de bienes muebles, la
ley de cooperación jurídica internacional en materia penal, por debatida
que sea; la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa; la ley de
condiciones generales de contratación; la ley de aprovechamiento oportuno
de bienes inmuebles, y, en breve, tendrán algunas más, como la ley del
menor, la ley de enjuiciamiento civil, u otras. Creo que he contestado
suficientemente a todos los planteamientos que me ha hecho.

Al señor Castellano le voy a ir puntualizando un poco, porque con las
respuestas que he dado me parece que alguna pregunta está contestada. Por
ejemplo las previsiones de la ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa, lo de las plazas de las audiencias
provinciales, lo del importe de los traductores. Lo que le puedo decir es
que el importe de esas 149 plazas laborales a las que me he referido
antes está previsto, pero no se lo puedo dar ahora; se lo remitiré con
mucho gusto.

En cuanto al tema de los depósitos judiciales, como bien sabe, en el caso
del Ministerio de Justicia, cuando se cumplió el convenio que había con
un determinado banco, lo sacamos a concurso por el sistema más objetivo
posible, que es el de la subasta, y el que más dio fue el que se llevó el
concurso; así de sencillo.

Respecto a la remuneración de funcionarios en prácticas, podría buscar
ahora la partida concreta, pero me sería



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difícil en este momento, por lo que o bien se la puede dar el
subsecretario posteriormente, o si no se lo puedo remitir yo.

En cuanto a los juzgados de paz, ya le he dicho las agrupaciones que
vamos a hacer sobre ese particular, que son 80.

Por lo que se refiere a la reforma de la Ley Orgánica del Estatuto del
Tribunal Supremo, le digo lo de antes: hacer una previsión presupuestaria
sobre un tema que todavía no se ha aprobado en el Parlamento, no está en
juego en el momento en el que hay que hacer las previsiones
presupuestarias, está en juego después, porque el planteamiento que
hicimos nosotros de esa ley, en un principio no incluía el Estatuto del
Tribunal Supremo, luego sí, pero no podíamos tener esa previsión. Le
enviaré también el importe de la nómina de los suplentes del Tribunal
Supremo y la lista correspondiente.

En cuanto a la pregunta del Consejo General del Poder Judicial respecto
al porqué del aumento, le tengo que decir que ahí no intervenimos de
ninguna manera. Como es bien sabido, es un presupuesto autónomo; entiendo
que el Consejo General del Poder Judicial, como órgano que se mueve
dentro del ámbito de la Administración de justicia, aunque no sea
jurisdicente, tiene otras necesidades; en ese sentido, es un organismo
autónomo a los efectos presupuestarios y yo no puedo responder por el
Consejo.

Finalmente, en cuanto a alquileres, le enviaré también el importe, no sin
referirme a un tema. Efectivamente, una de las situaciones que hemos
encontrado más preocupantes --en eso coincidimos totalmente-- ha sido el
número y el importe de los alquileres de los órganos jurisdiccionales.

Tan es así que en algunos puntos nos hemos planteado el realizar mejor
obra nueva, y algunos de los edificios que he dicho antes van en función
de eso, ante el monto global que suponían los alquileres en determinados
ámbitos judiciales, que verdaderamente era una cantidad pasmosa. Por
tanto, vamos a llevar una política de suprimir los alquileres, en la
medida de lo posible, y con la política que va a llevar globalmente el
Gobierno de redistribuir, para que puedan ser útiles, espacios públicos,
que puedan tener los distintos ministerios, etcétera, vamos a intentar
paliar ese problema. Con mucho gusto le enviaré también el monto total.

Finalmente, don Andrés Ollero, del Grupo Parlamentario Popular, me
solicita algunos datos. Yo he dado ya los datos de creación de órganos
jurisdiccionales, sobre todo referidos al engarce 1996-1997-1998, pero
ahora mismo no tengo los de 1998-1992 ó 1996-1992, que con mucho gusto le
remitiré en su momento.




La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Villarrubia.




El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor secretario de Estados, creo que no
me voy a equivocar otra vez en llamarle ministro, porque su capacidad de
convicción no le va a hacer acreedor a este ascenso tan inmediato.

Una leve alusión al portavoz del Partido Popular, que no nos sorprende, y
es que no puede disimular el arraigo con el pasado. Ha intervenido
pidiendo explicaciones, cuando lo que estamos discutiendo aquí son los
presupuestos del Gobierno del Partido Popular y no de gobiernos
anteriores. (Rumores.) Sólo esa alusión en el tono alegre que, como
siempre, ha tenido el señor Ollero.

Una cuestión, señor secretario de Estado, porque me va a evitar ampliar
la intervención, y así resumiré mucho más. Le agradecería, porque supongo
que no lo tiene a disposición en este momento, que mandara por el
conducto de la Mesa o por el que considera más oportuno para hacerlo
llegar al Grupo Parlamentario Socialista, el estado de ejecución del
presupuesto a fecha 14 de octubre de 1997 de todo el Ministerio de
Justicia; especialmente nos interesa este programa 142.A, que es el que
estamos debatiendo con usted, pero agradeceríamos que fuera del total;
verá como muchas de las cifras que aquí hemos dado van a cantar clara y
rotundamente.

No parta usted de un malentendido --supongo-- que ha tenido usted cuando
me ha dicho: el diputado socialista ha dicho que como han bajado 27.000
millones de pesetas... No, no he dicho eso. Primero, he dicho 23.000 y,
segundo, que nos diera las cantidades transferidas a las comunidades
autónomas para hacer las cuentas adecuadas. Pues bien; usted dice que se
han trasferido 37.100 millones, pero yo también le digo que se han
minorado 41.000 en los dos últimos años, porque hemos pasado de 173.000
en números redondos en el año 1996, a los 132.000 actuales; es decir,
18.000 millones de pesetas menos en 1997, y 23.000, en números redondos,
en 1998. Sin entrar en una guerra de cifras, haciendo la cuenta de la
vieja, se dará usted inmediatamente cuenta de que no puede, y no es su
intención, seguro, engañar a esta Cámara. Usted dice que hay un
incremento del 9,7 por ciento en el presupuesto, que ya le ha felicitado
el portavoz del Partido Popular, y fíjese usted, nos dice que con la
avalancha de creación de órganos --ahora hablaremos un poquito de esa
avalancha-- se incrementa el capítulo 1, gastos de personal, en el 6,6
por ciento, gastos corrientes, capítulo 2, en el 40,6 por ciento, según
sus cifras, y en capítulo 6, inversiones en el 23,8 por ciento. Si esto
fuera cierto, no podría haber un incremento del 9,7 por ciento, sino muy
superior. Haga la cuenta de la vieja, señor secretario de Estado, que no
cantan los números por ningún lado.

Siguiente cuestión: dice usted que cómo no se va a ampliar el capítulo 2
con esa avalancha de creación de órganos. Primero, no hay tal avalancha
de creación de órganos, sino un flagrante incumplimiento, no en las
previsiones presupuestarias, sino en los compromisos adquiridos. La
señora ministra dijo que en el primer trimestre del año 1997 se crearían
120 plazas que en su mayoría --hablo sólo de magistrados de audiencia--
saldrían en el primer trimestre --está en las actas, comparecencia del 15
de noviembre ante el Pleno, enmienda de totalidad del Grupo Socialista--;
pues nos hemos quedado en 25. Y cuando hablamos de 120 es con propiedad,
aunque agradezco su intento de corrección, porque eran las 40 ya creadas
en el último trimestre de 1996 y las 80 de 1997, que sí van dar
cobertura, todas ellas, en el año 1997; parece ser que ahora, a finales
de año, van a cubrir 55 más; estamos muy lejos de las 120, más las 114
que se comprometen en el año 1998.

¿Qué ha ocurrido en el capítulo 2? Reconózcalo, si no pasa nada por
reconocer algún fallo. Reconózcalo. La



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irresponsabilidad que antes manifestábamos en su presentación demagógica
de la disminución de gasto corriente, en luz, teléfonos, postales,
correspondencia, material de oficina, etcétera; es decir, todos los
gastos corrientes de bienes y servicios que ustedes hablaban de
despilfarro, los infradotaron de tal forma que a mitad de año no podían
pagar ni los sellos. Eso es lo que ha ocurrido. Fíjese qué argumento da
usted, cae por su propio peso: como hemos creado muchos órganos
necesariamente hay más gastos de oficina, y me ponía el ejemplo del
papel. ¡Qué curioso que en gastos de oficina baja el 71,5 por ciento el
presupuesto total! Luego qué ejemplo más desafortunado. Pero, además, por
mera coherencia, si hubiera sido por la creación masiva de órganos, que
es deficitaria y sin cumplir los compromisos, hubiera subido más el
capítulo 1. Si hubiéramos dotado y creado esos órganos, hubiera subido el
capítulo 6, ¿o lo hacen gratis, como alguien apunta? Pues no, sube el
capítulo 2, porque esa infradotación hay que cubrirla, porque no se puede
funcionar demagógicamente y hay que pagar la luz, los sellos y los
teléfonos.

Esa creación de órganos es paralela en gastos de inversión, en gastos de
personal y, por consiguiente, también aumento del gasto corriente; no ha
multiplicado por seis el aumento del gasto corriente en relación con el
incremento de gastos de personal, al margen de las transferencias, ya
contadas las transferencias.

Pero dice usted que de dónde sacamos que las inversiones han disminuido;
pues leyendo; leemos y vemos en el capítulo de inversiones que las que se
refieren a obra nueva disminuyen un 0,9 por ciento, y me pide que le diga
alguna necesaria que no tenga consignación expresa; pues, por ejemplo, la
rehabilitación integral del Palacio de Justicia de Burgos --ya de paso le
pregunto si piensan llevarla a cabo o no--. Pero es que, además, resulta
que una dotación de 1.605 millones --creo recordar la cifra-- para
mantenimiento de edificios, gastos de inversión, capítulo 6, baja a 955,
lo que supone un decrecimiento del 76 por ciento. No hay más cifras,
señor secretario de Estado: 3.173 millones para gastos de inversión nueva
y 955 para gastos de reposición o mantenimiento con carácter general.

¿Podría deducir gastos de inversión en esas cantidades que transfieran
también a comunidades autónomas? Es posible, usted no me ha dado ese dato
y si es así dígamelo, pero en neto el capítulo 6 disminuye un 15,55 por
ciento, salvo que usted me demuestre lo contrario; y no coja el rábano
por las hojas, que yo no estoy afirmando que no haya transferencias en
inversiones a las comunidades autónomas, y antes hemos pedido los datos.

Que el libro blanco no recoge previsiones, pero ¿qué es un presupuesto,
señor secretario de Estado, más que la expresión contable de las
previsiones de gasto que va a haber en el ejercicio siguiente? Y ustedes
pasan olímpicamente, pese a que el señor Aznar manifiesta su obsesión por
la justicia hoy (hace unas horas, en un telediario de esta localidad, en
Telemadrid precisamente) no por el pacto, sino por determinados acuerdos.

Pues no se recoge ninguna previsión para la ejecución de alguno de esos
posibles acuerdos, como puede ser la creación de 315 plazas de
magistrados que se consideran mínimos para desbloquear la situación de
colapso, que usted manifestaba también. La solución no son los
magistrados suplentes, ¡claro que no! ¿Quién ha sostenido eso? Pero dice
el propio libro blanco que como situación y salida de emergencia para
desbloquear, en la medida de lo posible, y en tanto entren en
funcionamiento esos órganos, multiplíquense estas situaciones de
interinidad y de emergencia para desbloquear el colapso en los juzgados
de lo contencioso --que poca prisa llevan, como ya ha quedado
demostrado-- y, en algunos supuestos --no escasos, por cierto--, en
juzgados de primera instancia, en lo civil fundamentalmente.

Claro que no es la solución definitiva, pero mientras ustedes siguen
creando esta avalancha de órganos, como no es suficiente, a ver si
potenciamos y consignamos suficientemente, ya que ha disminuido la
consignación en este sentido.

Sirve el mismo ejemplo para lo derivado de la ley penal del menor. ¿Pero
cómo no vamos a consignar ya, si queremos que entre en funcionamiento el
año que viene? La expresión contable tendrá que estar ahí para poder
contar
--conforme decía usted respecto a los juzgados de lo contencioso--
con las cantidades necesarias para formar al personal, para formar a los
jueces, para crear los órganos antes de que entren en funcionamiento. Su
buen criterio en este caso, aunque lento y escaso, aplíquelo a la ley
penal del menor.

Para terminar, porque no quisiera extenderme mucho más, le reitero la
petición del estado de ejecución del presupuesto. También debieran tener
un poco de prudencia, a mi modesto entender, con esta avalancha --aunque
no le ha dado ese calificativo-- de los numerosos proyectos de ley que el
Ministerio de Justicia ha presentado en el Parlamento, porque no ha
quedado uno sano, no ha quedado uno vivo, con enmiendas a la totalidad
casi todos y los compromisos puntuales, alguno muy reciente, de la semana
pasada, como el de cooperación jurídica en materia internacional y ahora
el de condiciones generales de la contratación y algún otro. Por tanto,
no se feliciten de esa escasez de trabajo en cuestiones que además no son
las fundamentales y que están requiriendo y demandando el adecuado
funcionamiento del servicio público de la Administración de justicia.




La señora VICEPRESIDENTA: Señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Como es lógico y natural, le agradezco
las contestaciones; da igual que se hayan producido motivadas por lo que
haya podido preguntar el Grupo Socialista, y de haber contestado a todas
ellas con motivo de su intervención, no crea que me hubiera sentido
ofendido, no es tanto un prurito de protagonismo, sino de enterarse uno
de qué piensan ustedes hacer con el servicio público de la Administración
de justicia.

Evidentemente, es un momento para recabar información pero, desde luego,
con la información que estamos recibiendo, yo veo muy difícil que nuestro
grupo parlamentario



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pueda aprobar el presupuesto general del Estado en el tema relativo al
Ministerio de Justicia.

Celebramos algunos puntos de coincidencia, evidentemente nos parece bien,
a ver si es verdad de una vez por todas que se acaba con esa situación
que se presta a tal cantidad de auténticas arbitrariedades, cual es el
nombramiento de los magistrados suplentes, mecanismo selectivo con el que
premiar nadie sabe qué conductas, o a través del cual obtener nadie sabe
qué predisposiciones.

Desde luego, no compartimos, bajo ningún concepto, que se siga
insistiendo en que lo que son depósitos judiciales, que debían ser
obviamente todos y cada uno de ellos, y operar en beneficio del servicio
público de la justicia, sirvan para el enriquecimiento de alguna que otra
institución bancaria. Habremos mejorado, evidentemente. Si ahora, por
fin, se ha hecho con alguna transparencia y no sale a relucir alguna
factura de 48 millones de pesetas pagada por una anterior concesión, algo
habremos mejorado, pero, desde luego, eso no es lo óptimo de lo que
quiere nuestro grupo.

En todo caso, el señor presidente del Gobierno no ha expresado esa
obsesión porque es bastante parco en sus manifestaciones, sino que el
presidente del Consejo General del Poder Judicial nos dice que el
presidente del Gobierno está muy obsesionado. No sé si darle crédito,
aunque se lo tengo que dar, pero me gustaría oírle la obsesión al
presidente. En todo caso, no se compagina con este presupuesto. Usted
comprenderá que dada la situación actual, que usted conoce de sobra,
estos aumentos de plantilla es pura y sencillamente política-chapuza, que
entran dentro del más absoluto continuismo. Nosotros no vemos la menor
voluntad política en que se quiera solucionar el servicio público de la
justicia de modo tal que se pueda afirmar en este país --que hoy no se
puede afirmar-- que es real la tutela judicial efectiva y que es real el
derecho a un juicio justo o sin dilaciones excesivas.

Pondremos de manifiesto nuestra filosofía con respecto al presupuesto en
las diferentes enmiendas, pero, en todo caso, vaya por delante que le
agradecemos su colaboración para poder redactar las mismas, y quedamos a
la espera de los comprometidos datos que no obran ahora en su poder. (El
señor Ollero Tassara pide la palabra.)



La señora VICEPRESIDENTA: ¿Es para una pregunta? (Asentimiento.)
Tiene la palabra.




El señor OLLERO TASSARA: Le voy a agradecer que me informe de los años
pasados, porque estos debates presupuestarios siempre son comparativos.

Aquí se insinúa que este Gobierno no es comparable a los anteriores, lo
cual es verdad, pero debíamos ser nosotros los que lo dijéramos.




La señora VICEPRESIDENTA: Señor Ollero, la pregunta.




El señor OLLERO TASSARA: La pregunta es que aquí se ha hablado de
inversiones. Usted afirma que suben en un 23,8 por ciento y aquí se dice
que se reducen. Parece que esto, como se ha dicho, es una guerra de
cifras, pero yo no creo que sea ninguna guerra. Aquí hay un documento
presupuestario que pone explicación de diferencias. Yo, como soy de
letras, a lo mejor no lo entiendo. Por eso se lo quiero preguntar, porque
usted tiene asesores. Dice: inversiones reales --estamos en el capítulo
Estado--, menos 614 millones. Luego, aparentemente, es cierto.

Disminuyen. Explica por qué disminuyen y dice: transferencia de
competencias a las comunidades autónomas de Andalucía, Canarias y
Valencia. O sea, se han transferido inversiones por valor de 1.814
millones. Yo, que soy de letras, hago una resta y deduzco que aumentan en
1.200, no disminuyen en 600. A lo mejor esto explicaría el misterio
misterioso de la lucha de cifras. Simplemente consiste en leerse el papel
y hacer una resta, que para alguien de letras es un asunto laborioso,
pero que a mí, que me he tomado mi trabajo, me salen 1.200 millones.




La señora VICEPRESIDENTA: ¿Cuál es la pregunta, señor Ollero. Ha hecho un
speach, pero me gustaría saber cuál es la pregunta.




El señor OLLERO TASSARA: Quiero saber si tengo razón.




La señora VICEPRESIDENTA: El señor secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (González Montes): Empezando
por el principio del segundo turno, con mucho gusto le facilitaremos los
datos que nos pide sobre la situación del presupuesto, especialmente
referido al programa 142.A. (El señor Villarrubia Mediavilla: Completo.)
Bien, es que después se ha referido especialmente a ese programa.

He explicado anteriormente, con claridad, en términos homogéneos, por qué
hay un incremento del 9,7 por ciento. Dice usted que no salen las
cuentas. Su señoría ha mezclado en un determinado momento el incremento
global del presupuesto, el 9,7 por ciento, con el incremento del programa
142.A, pero si repasamos las cifras que yo le he dado de incremento
dentro de ese programa, seguro que encajan perfectamente.

En segundo lugar, en cuanto a la creación de plazas, lo he explicado
también con anterioridad claramente. No sé de dónde saca usted eso.

Además, tampoco tiene por qué ser así. Las 80 plazas, que son las que se
prevén en el presupuesto de 1997, no hay por qué crearlas en el primer
trimestre. ¿Qué política es ésa? De alguna manera, en atención a las
prioridades y a las necesidades que vayan surgiendo se crearán las
plazas, pero no hay que decir: vamos a crear tantas plazas durante el año
presupuestario --el que sea, me da igual, durante 1997 ó 1998-- y como no
estén creadas el 1 de enero ya no sirve la promesa. Me parece que es algo
totalmente absurdo y que no se rige por unos patrones de lógica, que son
los que deben regir en esta materia.




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Respecto al número de plazas, insisto en que lo presupuestado eran 80
plazas, que es lo que dijimos que se va a crear antes de que termine el
año presupuestario de 1997. Yo le podría dar ahora mismo hasta el
contenido --lo que pasa es que no está publicado el último decreto-- de
cuáles son las que se van a crear, aunque probablemente ustedes ya lo
sepan, porque también la lógica suele ser aplastante en función de los
módulos. El propio libro blanco en ese punto se puede aplicar, si es que
hay que aplicarlo, porque también hay que hacer una reflexión sobre el
estudio que hace de la Administración de justicia. El Consejo General del
Poder Judicial dice que no es un estudio completo sino de gran parte de
los aspectos, que algunos pueden ser discutibles, pero que es una primera
aproximación muy valiosa. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos.

Ahora bien, el libro blanco plantea no sólo temas puntuales, como usted
ha dicho, sino muchísimo más importantes. Aborda, por ejemplo, el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, el orden jurisdiccional civil,
el orden jurisdiccional penal, pero lo que hay que ver, en función de
todos esos asuntos, es si ha alguna coincidencia entre la política que
sigue el Ministerio y las necesidades que plantea el Consejo General del
Poder Judicial en el libro blanco. Yo creo que en muchos puntos hay una
gran coincidencia. Por ejemplo, que el primer orden jurisdiccional que
necesita reformas, apoyo, medidas de choque, previsión de futuro, nueva
ley, etcétera, es el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

¿Cuándo se ha traído aquí una ley de la jurisdicción
contencioso-administrativo? Hasta ahora, no; se ha traído ahora. ¿Y
cuándo se ha hecho una previsión de órganos jurisdiccionales
unipersonales que están diseñados desde 1985 en la Ley Orgánica del Poder
Judicial? Ahora. Se ha dicho cómo se reparte y hay consignación
presupuestaria para ello. No nos hable de aplicación de lo que dice el
libro blanco, porque precisamente nosotros sí lo estamos haciendo.

Respecto a la ley penal del menor y a las previsiones, sin perjuicio de
que, como es sabido, en esa futura ley que pueda venir al Parlamento
tienen que intervenir las comunidades autónomas y habrá que hacer
convenios para una serie de temas que se prevén en esa ley, me he
referido a un número de plazas orientadas, fundamentalmente, a la ley
penal del menor. Concretamente he hablado de 149 plazas de personal
laboral con destino a los equipos de menores. Es precisamente una
previsión para esa ley, una de las más necesarias. Eso sin perjuicio del
juego que tengan que dar en su momento las comunidades autónomas.

¿El conjunto de leyes? Usted podrá juzgarlo como quiera. Lo que sí tengo
claro es que el Parlamento debe examinar las leyes, debe debatirlas, debe
discutirlas. No sé si hay notas o premios en el Parlamento para las leyes
que sean más o menos debatidas; si tienen sobresaliente, notable o
aprobado o en función de determinados parámetros por los que se rige el
Parlamento. Reconozco que no tengo experiencia sobre esa materia. Lo que
sí puedo decir es que la previsión de remitir las leyes al Parlamento se
ha cumplido. ¿Que hay leyes más debatidas y menos coincidencia en
algunas? Indudablemente. No creo que el Parlamento sea un lugar donde se
traiga una ley y automáticamente sea aprobada con todos los honores, sin
mayor debate y sin ningún contraste. Habrá unas que tengan más contraste
y otras que lo tengan menor, verá S. S. cómo hay algunas que tienen menos
contraste y otras más. No todas tienen mucho. Esa es mi opinión.

Ya se ha ido don Pablo Castellano, pero antes se me olvidó, y pido
disculpas por no haberle respondido a esa pregunta concreta, hablar de la
dotación para el ministerio fiscal. Yo tengo la cifra de conjunto: casi
15.000 millones para el ministerio fiscal. Le remitiré el dato porque me
lo ha pedido.

Respecto a la pregunta de don Andrés Ollero, me van a permitir que
coincida en la apreciación que ha hecho en las cuentas, como he dicho
anteriormente. Creo que son fáciles de leer y de deducir los incrementos
a los que me he referido en un primer momento y que están perfectamente
explicados.




La señora VICEPRESIDENTA: Damos por concluida la comparecencia del
secretario de Estado de Justicia.




--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (GARCIA MENA). A PETICION DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 212/000979),
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente
212/000994) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA (Número de
expediente 212/001061).




La señora VICEPRESIDENTA: Vamos a comenzar la siguiente comparecencia,
del subsecretario de Justicia, solicitada por el Grupo Parlamentario
Socialista y por el Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario socialista, el señor
Villarrubia.




El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor subsecretario, por su
amabilidad y por su comparecencia ante esta Cámara.

Siguiendo el hilo conductor de la comparecencia anterior, donde hemos
debatido --creo que ha sido usted testigo presencial del debate--
fundamentalmente el programa 142.A, tribunales de Justicia y ministerio
fiscal, vamos a salirnos un poco de esa discusión para no repetir e
iremos a temas que cuantitativamente son menos importantes pero, en
algunas ocasiones, son cualitativamente muy importantes. Deseo
recordarle, aunque no vamos a repetir como indicaba hace un momento, que
fue precisamente usted y no el secretario de Estado quien dio la
información, quien estuvo en este debate de comparecencias y quien
realizaba esas afirmaciones de austeridad del capítulo 2, que doy por
reproducidas. Tan sólo voy a mencionar un pequeño detalle como primera
pregunta y es el estado de las fotocopiadoras. Como iba a controlar usted
el uso de todas las fotocopiadoras y el número de fotocopias, ése sería
un primer detalle, en cuanto a lo demás lo damos



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por reproducido para justificar ese incremento del 40 por ciento en los
gastos corrientes por el que le vuelvo a preguntar.

Yendo al programa 141.B, de dirección y servicios generales de Justicia,
hay algunos datos que nos llaman la atención y por los que le pregunto.

En personal eventual se produce un incremento de más del 13 por ciento.

Nos gustaría conocer a qué es debido, porque usted mismo manifestaba en
esa comparecencia su aparente aversión a este tipo de personal, decía que
no es el adecuado y, sin embargo, este importante capítulo se incrementa
notablemente. Se incrementar también los incentivos a la productividad y
al rendimiento y, sobre todo, las gratificaciones aumentan un 142 por
ciento. Nos gustaría saber por qué. Disminuyen en un 32 por ciento los
equipos para procesos de información --nos gustaría conocer por qué--;
paralelamente se producen unos incrementos importantes y cito algunos
sólo: material de oficina, 46 por ciento; comunicaciones postales, 158
por ciento; reuniones, conferencias y cursos, 437 por ciento; estudios y
trabajos técnicos, 443 por ciento; gastos de edición y distribución, 150
por ciento; y, cómo no, la consignación para dietas, conforme ocurre en
casi todos los programas, un 60 por ciento.

En el capítulo 4 aparecen unas subvenciones novedosas que, a nuestro
juicio, requieren un mínimo de explicación. Por ejemplo, se recoge 1
millón de pesetas para asociaciones y organismos internacionales
especializados en asuntos religiosos; para estudios relacionados con la
dimensión jurídica y social del factor religioso, otros 9 millones y
medio; para actividades relacionadas con el estudio, promoción y defensa
de derechos de libertad religiosa, otros 8 millones; y a la fundación
Justicia en el Mundo, 7 millones. Nos gustaría conocer algunos datos del
porqué de estas subvenciones. En cuanto a la fundación Justicia en el
Mundo, que al menos este diputado que habla no conoce, nos gustaría tener
información de quiénes son, en qué consiste esta fundación y esta
reiteración en la cobertura del aspecto religioso que quizás, no ya por
la cuantía, en una sola partida habría estado sistemáticamente mejor
recogida que no en tantas partidas distintas para un fin aparentemente
similar.

Cambiando de programa, nos preocupa el 313.F --voy resumiendo mucho--,
que es el de la prestación social sustitutoria dependiente del servicio
0,5 de la Dirección General de Objeción de Conciencia. Usted el año
pasado tiraba la casa por la ventana. Le voy a recoger un par de citas
textuales suyas: «El único problema es pura y simplemente la
normalización de la prestación social sustitutoria». Perfecto. Añadía:
«Hay dos cuestiones: la agilidad el reconocimiento y la inmediatez en la
prestación». Perfecto también. ¡Cómo no! el hambre se quita comiendo. Y
concluye: «Lo vamos a resolver este año con una medicina, es la mejora en
la gestión» --nefasta, por supuesto, anteriormente--, «que permitirá que
se incorporen perfectamente los objetores». Esto es lo que usted decía.

Ahora lo que le pregunto es cuál es la realidad.

Le pido también como información que nos facilite por comunidades
autónomas la cobertura y la disposición de plazas. Es cierto que se
incrementa el haber en mano en un 50 por ciento y también las cuotas
sociales. Por cierto, disminuye el capítulo 2 en este programa un 42 por
ciento. Seguro que me contesta --y es la siguiente pregunta-- que
desaparece la partida de gasto de vestuario, de 415 millones de pesetas.

¿Por que desaparece esta partida? ¿No se les va a dar ya ropa a quienes
efectúen la prestación social sustitutoria? A lo mejor la pregunta no es
acertada, porque quizá no exista ya la obligación de darles ropa. Creo
que no me equivoco, porque junto a una serie de derechos: el vestuario,
el haber en mano, la formación, pólizas de seguro, alojamiento y
manutención. Parece ser que bastantes están sin alojamiento ni
manutención, y la Dirección General de Objeción de Conciencia está
obligada a atenderlo por imperativo legal.

Según la memoria, a 30 de abril de 1997, el censo histórico que denominan
de objetores reconocidos es de 455.000. Luego excluyen ustedes
reservistas, menores de 19 años, exentos y aplazados y nos quedan
134.000. Yo le pregunto: ¿cuál es la cifra real de objetores de
conciencia a la fecha actual?, ¿qué medidas están llevando a cabo para,
efectivamente, y en plazos prudenciales, pese a que ustedes están
debatiendo, poderlo fraccionar? Ese sería otro debate no netamente
presupuestario y cumplir en períodos como los trabajadores fijos
discontinuos. Parece que tienen en mente una cosa así y yo creo que sería
prolongar la agonía, entre comillas, en la prestación social sustitutoria
de gente que puede tener otras responsabilidades, tan o más importantes
diría yo, que ese obligado y necesario cumplimiento. Nos gustaría que nos
facilitara el señor subsecretario esos datos.

En el capítulo 4 hay algunos incrementos en transferencias corrientes a
comunidades autónomas para la prestación social sustitutoria, pero
también observamos --ésa es la pregunta concreta-- que desaparecen
algunos convenios que existían en el año 1997. Al Grupo Socialista le
parece que eran interesantes, como el que había con la Agencia Española
de Cooperación Internacional, con una dotación de 48 millones, o con la
Escuela de Organización Industrial. A su vez, se minora de manera casi
total porque el concierto con la Seguridad Social también tenía 17
millones para atender situaciones de prestación social sustitutoria, y
quedan tan sólo en la simbólica cifra de 500.000 pesetas. Nos gustaría
que nos diera alguna información en este sentido.

Cambiando de capítulo, señor subsecretario, tenemos el programa 146.A,
Dirección General de los Registros y del Notariado, registros vinculados
con la fe pública registral, donde observamos y preguntamos por qué la
partida relativa a los funcionarios disminuye un 16,6 por ciento. El
capítulo 2, aseveración reiterada por mi parte, incrementa en un 40,9 por
ciento otros gastos diversos y suministros, partida muy vejada por usted
en la intervención del año anterior; aumenta la nada desdeñable cifra del
171 por ciento. Sin embargo, nos parece que ustedes castigan y no
atienden debidamente este programa que tiene la competencia de la
dirección, vigilancia e inspección del notariado, de los registros de la
propiedad mercantiles y civiles, porque la consignación de este año en su
conjunto no sólo disminuye el 4,5 por ciento --hablo del total del
programa, no



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por capítulos--, sino que esta disminución trae causa de una muy superior
del año anterior, 1997, en el que disminuyó el 25 por ciento lo que,
hablando en cifras, supone pasar de 2.520 millones en 1996 a los 1.725
actuales, es decir, de minoración importante a otra minoración acumulada
a la anterior.

En el programa 126.D, asesoramiento y defensa de los intereses del
Estado, después de bajar también las dotaciones en más de un 30 por
ciento en el año 1997, se ven obligados a incrementarlas en el teléfono,
el 26 por ciento; material de oficina, 55 por ciento; prensa, revistas,
etcétera, el 62 por ciento; comunicaciones postales, 370 por ciento; y el
total del capítulo, más del 38 por ciento. No es el IPC, es 13, 14 ó 15
veces el IPC, para corregir aquellas desviaciones iniciales. ¿O es que
también ha habido aquí incremento de creación de órganos que justifican
la necesidad de más folios que ya no son de papel de oficio, lo que nos
da un incremento del 40 por ciento? Yo creo que no, que es corregir esa
irresponsable --y lo digo respetuosamente-- infradotación que ya hemos
venido denunciando y reiterando. Se comprometieron el año pasado a crear
--y lo desconozco, por eso se lo pregunto-- 35 plazas de abogados del
Estado, además de las que vegetativamente fueran quedando vacantes. ¿Qué
hay de esa creación de plazas?, ¿qué se prevé también para el año 1998?
En cuanto al programa 142.C, formación de personal de la Administración
de justicia, hay algunos pequeños temas que nos preocupan. En el capítulo
1, gastos de personal, se produce una disminución del 23,8 por ciento. ¿A
qué es debido, señor subsecretario? Sin embargo, otro personal aumenta un
68 por ciento. ¿Qué tipo de personal, de confianza, eventual?, ¿a qué es
debido? En gastos corrientes se produce en dietas un incremento nada más
que el 665 por ciento. El incremento de gratificaciones, de dietas, es
una buena filosofía para incentivar y funcionar sin discrecionalidad. El
capítulo 2 aumenta más de un 80 por ciento en suministros y otros gastos.

Esa es la austeridad que se aplica también en este programa.

Quería preguntar, porque pudiera tratarse también de un error respecto a
la formación del personal de la Administración de justicia. En la memoria
de objetivos, que está fotocopiada del año anterior pero en la que hay
algunos cambios, he observado que no se contiene ningún curso --corríjame
si no es así-- para jueces ni para Policía judicial en el año 1998. Hablo
del programa concreto, no de los que se puedan hacer a través de
comunidades autónomas. En ese sentido, nos parece observar --y está
corregido en la memoria de objetivos-- que la carrera fiscal tampoco
efectuó en el año 1997, con cargo a este programa, curso de formación
alguno, aunque sí otros distintos con convenios en comunidades autónomas.

Como observo algún gesto a mi izquierda geográfica, muy a mi derecha en
otro sentido, de no ser así habrá que corregir, además de a quien está en
el uso de la palabra, la memoria de objetivos que así lo recoge. O se
trata de un error o me gustaría que me lo aclararan.

Dado lo avanzado de la hora, no le voy a acosar con más datos. Ya le
hemos pedido al señor secretario de Estado el estado de ejecución del
presupuesto, no sólo para que quede claro el programa 142.A, sino el
conjunto del presupuesto, petición que le reitero a usted junto con la
documentación de aquellas cuestiones a las que no pudiera en este momento
contestar por cualquier causa. Le agradecería que en ese supuesto nos
facilitara los datos por escrito en cuanto le fuera posible.




La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: En primer lugar, señor subsecretario, como le
supongo especialmente responsable de la elaboración de la memoria y demás
material, quiero felicitarle por su memoria fiel porque, por lo visto, de
un año para otro no ha cambiado el Ministerio, ni sus funciones, ni sus
objetivos. O sea, que no practica usted la memoria reconstructiva, que
para justificar el presente tiene que inventar el pasado, cambiarlo y
cada año empieza la historia otra vez porque no cabe enlazar con la
anterior. Por lo que se ve, aquí no, aquí cabe hablar del Ministerio como
si fuera lo mismo de un año para otro, eso siempre viene bien.

En segundo lugar, le sugeriría lo siguiente. Los indicadores de la
memoria a veces no resultan suficientemente explícitos. Cuando hablan de
magnitud y número no se sabe si el número son millones o cursos. En
ocasiones es un poco difícil saberlo. La memoria debería ser más
ilustrativa y dejar preparado el entendimiento de a qué se refiere ese
número, cuál es la unidad de referencia, porque a veces es un poco
complicado.

Quiero felicitarle, como he hecho con el secretario de Estado, porque
hayan conseguido un incremento presupuestario del 9,7, cuando el
presupuesto global sólo crece el 3,2 y hacerle algunas preguntas. Antes,
el secretario de Estado se ha referido a 3 programas informáticos, pero
yo recuerdo que en uno de los debates anteriores era algo así como el
programa Inforius, me corregirá si no es exacto. Quisiera preguntarle
cómo se ha desarrollado ese programa, cuál fue su dotación, cuáles fueron
sus resultados, en qué medida se ha llevado adelante o qué ha habido que
hacer con él, porque considero muy difícil explicar una gestión sin
referirse a la gestión anterior. Comprendo que algunos quieran ocultar
sus vergüenzas, pero es inevitable para ver de qué estamos hablando.

En el apartado de los cursos quería preguntarle por algunos cambios. He
observado que se han presupuestado seis cursos para médicos forenses,
cuando en el año 1996 (no lo digo porque fuera el Gobierno socialista el
que hizo ese presupuesto, sino porque es el único que aparece realizado
en el documentación; como es lógico, el de 1997 no se ha cerrado) se
presupuestó sólo uno; se anuncian cinco cursos de informática cuando en
el año 1996 no hubo ninguno; quizás por austeridad; se anuncian dos
cursos de idiomas, cuando en el año 1996 no hubo tampoco ninguno por
austeridad también. Le querría preguntar en qué medida ese aumento de
cursos puede influir en las dietas, en los gastos de transporte y en
estas otras partidas que se han anunciado aquí como si fuera la Expo y
quizá no sea del todo esto.




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Ya le pregunté antes al Secretario de Estado --ha prometido enviarme los
datos por escrito, pero si usted los tuviera aquí no quisiera quedarme
con esa curiosidad, como se ha ido escalonando la creación de órganos
judiciales unipersonales de 1992 para acá. De 1993 a 1996, en sólo tres
años, se crearon 95 y ahora se anuncian 92 para un año, lo cual llama la
atención. Las plazas de magistrado, que en los años 1994 a 1996 fueron de
109 para el año que viene se anuncian 114 y, por lo visto, parecen pocas.

Respecto a las agrupaciones de juzgados de paz de 1992 a 1996, en cinco
añitos, se hicieron 48 y ahora se anuncian 80. Si tuviera usted esa serie
le agradecería que me la facilitara. Si no, ya la recibiré por escrito.

Otro asunto que preocupa a nuestro grupo es la famosa problemática de los
interinos, que nos ocupó en debates anteriores. Nos gustaría saber cómo
ha abordado el Ministerio ese problema, qué situación encontró, cómo está
resolviéndolo y en qué medida está consiguiendo sus objetivos.

Se ha aludido de pasada en más de una ocasión al asunto de los depósitos
judiciales, que han acabado siendo asignados, si no estoy mal informado,
a la misma empresa que los tenía antes. Es curioso que se haya conseguido
un mayor rendimiento de esos depósitos mediante el procedimiento de
subasta, según he oído aquí. Querría saber cuál había sido el incremento
que se había conseguido, porque conseguir que la misma empresa pague por
lo mismo más no deja de ser curioso. Una de dos: o algo se ha hecho para
que paguen más o algo se hizo para que se pagara menos. Bien es verdad
que en el caso Filesa ha habido alguna alusión, pero, al fin y al cabo,
tampoco las declaraciones testificales son cosa juzgada. Tenía curiosidad
por saber cuál ha sido el incremento conseguido de los mismos depósitos
con la misma empresa simplemente cambiando el gobierno. Si nos puede
ilustrar sería interesante.

Respecto a los objetores --y con esto termino-- no sé por qué ese afán de
ocultar las cifras del pasado, porque hay que reconocer, señor
subsecretario --por lo visto, lo importante aquí es no decrecer--, que
conseguir 455.550 objetores sin hacer la prestación social es un logro.

No creo que ustedes lo vayan a conseguir por más que se esfuercen. No sé
por qué se ocultan cifras tan especialmente gloriosas. Nos gustaría saber
qué están haciendo con esos objetores, pregunta que ya se ha realizado
desde otra perspectiva. Por lo visto, están descontentos con que hayan
acabado ustedes con esa cifra, les gustaba. Querría saber qué plan tienen
para acabar con ese legado histórico tan glorioso que teníamos.




La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor subsecretario para
contestar.




El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (García Mena): Señoría le agradezco
mucho el saludo cordial de que he sido objeto. Cuando me siento en esta
mesa o en otra de esta Cámara, o del Senado en su caso, siempre digo lo
mismo porque lo siento, no sólo es una satisfacción sino un honor poder
estar aquí ante ustedes.

En primer lugar, preguntaba el señor Villarrubia por el estado de las
fotocopias. Si usted ha seguido --supongo que sí-- el «Boletín Oficial
del Estado» se acordará de que hubo previamente un acuerdo del Consejo de
Ministros que exigía la adaptación por parte de los ministerios para
reducir los gastos. Le puedo anunciar que en estos momentos, por lo que
se refiere a las fotocopiadoras, han sido retiradas 24. Y no es lo último
que haremos en cuanto a fotocopiadoras, a energía, a teléfono, etcétera.

Como la pregunta se refería a las fotocopiadoras, le digo el número. Se
han retirado del servicio, porque estaban funcionando, 24, no han sido
sustituidas.

Respecto al programa 141.B, personal eventual, el año pasado dije que
pasamos de un presupuesto de 1996 para 1997 en el que se reducía una
cifra muy importante, que creo llegaba a los cien millones de pesetas
después de haberse hecho la división entre Justicia e Interior. A esa
primera aproximación de supresión de créditos no se había aplicado
todavía el acuerdo del Consejo de Ministros. En cuanto a los eventuales,
hay una cosa clara: los que están en el acuerdo están y está prohibido
terminantemente, fuera de los departamentos ministeriales, tener personal
eventual. Ni organismos autónomos, ni entes públicos, no hay personal
eventual fuera de los del acuerdo. Le digo a qué obedece la cifra. Según
el acuerdo, todos los ministros --ministra, en el caso de Justicia--
pueden tener un jefe de secretaría, nivel 24; un adjunto de secretaría,
nivel 18; y dos auxiliares niveles 16. Se acabó los eventuales en cuanto
a la secretaría. En cuanto al personal de asesoramiento, puede tener
siete vocales asesores o siete asesores. Y se acabó el personal eventual.

Por lo que se refiere a los secretarios de Estado, pueden tener asimismo
una jefe de secretaría, nivel 22, como personal eventual; el director del
gabinete puede ser personal eventual y tres asesores. Fuera de eso no hay
más asesores de los altos cargos. Además se prevé --como es lógico y está
contenido en el acuerdo-- la llamada Oficina de relaciones informativas y
sociales, que puede tener tres niveles, no más del 28; pueden ser tres
28, dos 28 y un 26, un 28 y dos 26 ó 24, etcétera. Aparte de esto, puede
tener un jefe. Por curiosidad, si le parece a S. S., le diré que incluso
el jefe de esa oficina de relaciones informativas y sociales está
ocupando una plaza de asesor de los 7 que le corresponden a la ministra.

Podía haber uno más pero hay uno menos.

La cantidad exacta, porque está homologado por la Dirección General de
Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y
Hacienda lo que puede percibir un vocal asesor o un asesor, como lo
queramos denominar: una retribución básica de grupo A, un complemento
específico no homologado, un complemento de destino nivel 30, etcétera.

Son las cifras que salen de multiplicar los puestos que le he dicho por
las retribuciones que corresponden a cada uno y ésa es la cifra que
figura en el presupuesto.

Incentivos de productividad. Aquí vengo a contarles, como es lógico, la
verdad, y no doloras. Si yo les contase lo que me ha costado demostrar al
Ministerio de Economía y Hacienda que la productividad que había sido
asignada a la división de Justicia e Interior era menos que la que nos



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correspondía, ustedes, obviamente --se lo digo de verdad--, me creerían.

Esa es la cantidad que conforme a los cálculos con efectivos, con
relaciones de puestos de trabajo dotadas, con lo cálculos de que el grupo
A se multiplica por diez, el grupo B por ocho, el grupo C por seis, el
grupo D por cuatro y los demás por tres, multiplicado por el número de
efectivos, ésa es la cifra de productividad, digo que le corresponde al
Ministerio de Justicia. Es verdad que no la ha tenido en 1997, pero
también lo es que no ha tenido cubierta ni estaba aprobada la nueva
relación de puestos de trabajo, puesto que se ha aprobado hace
relativamente poco tiempo.

Disminuyen los equipos para proceso de información. En lo que se refiere
a ministerio, subsecretaría, servicios generales, el 141.B, que está
incluido en el 01, lógicamente se instalan los ordenadores personales, se
instalan las redes locales, pero no todos los años; se va haciendo hasta
que ya no hace falta más. Queda una previsión de instalación o de puesta
en funcionamiento para cubrir lo que todavía no está cubierto, pero no
todos los años cambiamos los equipos. Necesitaríamos mucho más
presupuesto del que ya tenemos, y yo insisto en que estamos muy
satisfechos de nuestro presupuesto de 1998. Ya tenemos instalados los
equipos correspondientes y no hace falta renovarlos, ni mucho menos, sino
completarlos.

Material de oficina y otras cuestiones a las que se hace referencia. El
año 1997, y todavía estamos en él, fue un año de verdadera austeridad en
lo que respecta a material de oficina y en el que se han limitado muchas
cosas. Yo le puedo contar más directamente, aunque conozco lo demás, lo
que respecta a los servicios centrales, y se han limitado mucho las
fotocopias, no por la fotocopiadora, sino por el papel, que es muy caro,
y se saca en el ordenador. Y, dentro de estas limitaciones, en el año
1998, ya que hemos hecho un verdadero esfuerzo, podrá haber además nuevas
atenciones; porque no olvidemos que las gerencias del Ministerio de
Justicia han estado también sometidas a este condicionamiento y hemos
estado haciendo reducción de gastos yo le diría que incluso en la
correspondencia que se envía; los empleados han recibido instrucciones en
el sentido de que, si tenían que enviar un folio, esperaran a tener dos o
tres folios más, que caben en un sobre, si no era urgente. Y, en el año
1998, el Ministerio de Economía y Hacienda --porque estamos hablando de
porcentajes, de cifras que no son, como es evidente, sumamente altas, ni
mucho menos-- ha creído conveniente que podíamos tener mayor dotación.

Cursos. Este es el programa de acción social, el programa que está
concertado, el programa que el Ministerio de Economía y Hacienda da a los
cursos, en el que intervienen en su programación las representaciones
sindicales, el programa en el que se hace la selección por el INAP en la
mayoría de los casos, por no decir en todos, el programa para el que se
selecciona a unos determinados funcionarios y van a hacer los cursos
correspondientes. También estarán aquí, como es lógico, aquellos cursos
que transforman al personal laboral en personal funcionario. Esto lleva
no solamente los gastos correspondientes del curso, sino algunas veces el
pago de la dieta correspondiente --porque no va a ser la dieta con cargo
al concepto presupuestario de la casa en general o del servicio 01-- y
otros gastos que se originan, pero eso sí que es algo que se administra
por el Ministerio, la Comisión de Asistencia Social también ha
intervenido en su momento y es algo que se mantiene por parte del
Ministerio de Economía y Hacienda en los presupuestos, en unos más, según
los efectivos; en otros menos, según los efectivos.

Hablábamos del concepto de gratificaciones. El aumento de gratificaciones
está muy claro. Cuando se lleva a efecto la división de Justicia e
Interior, se calculan unas gratificaciones que efectivamente
correspondían al Ministerio de Justicia. En el antiguo Ministerio de
Justicia e Interior figuraban conjuntas y se dividen. Entonces, nosotros
nos damos cuenta de que en el presupuesto de 1994, Ministerio de
Justicia, existían 10 millones para el servicio jurídico del Estado, en
gratificaciones, y que habían desaparecido, pero con su rúbrica
obviamente, no incluido en un presupuesto global, y que figuraban para la
Secretaría General Técnica 1.400.000 pesetas. Esto, actualizado con los
incrementos que ha habido, en lo casos que los haya habido, dentro de
1994, es lo que ha sido autorizado por el Ministerio de Economía y
Hacienda que aumentemos en el presupuesto, porque es que lo habíamos
perdido por vía presupuesto, con motivo de la fusión de los ministerios.

Es dar lo que era de Justicia y que se había disminuido. No ha sido
aumento por otros conceptos.

Me habla de la subvenciones. Como S. S. conoce, en el organigrama del
Ministerio de Justicia, la dirección general de Asuntos Religiosos y la
Secretaría General Técnica están incluidas en el servicio 01; no tienen
un servicio independiente. Todos los gastos que se originen, si es que
están especificados, como son las gratificaciones a las que antes yo me
refería, se especifican, dentro del 01, en el 141.B. Decía S. S. que por
esto no se globaliza. Yo le diría que yo no sólo estoy de acuerdo con esa
tesis, porque es algo iniciado en los presupuestos, sino que es la tesis
del Ministerio de Economía y Hacienda; en cualquier caso, la
especificación del crédito. Es un millón que se puede sumar. Por los
conceptos de transferencia, el destino tiene que ir por separado porque,
aparte de que es la transparencia presupuestaria, es la especificación de
los créditos, que es uno de los principios, como sin duda S. S. conoce,
de los presupuestos generales.

Discúlpeme si me he dejado alguna pregunta y ruego a S. S., que, en ese
caso, si es tan amable, me la vuelva a hacer.

Vamos a hablar de objeción de conciencia. Yo repito las palabras en este
caso y en los demás, como es lógico, que señalé, y que conoce muy bien S.

S. el año pasado. En la objeción de conciencia existen varios problemas.

No sólo es el problema de los objetores. Luego me referiré a otro
problema que no aparece aquí.

Primero, le hablaré de las plazas y luego le hablaré de los objetores.

Las plazas actualmente concertadas son 98.248. Y por lo que se refiere a
Estado, comunidades autónomas o a entidades locales, de Administración
del Estado son 8.415, de comunidades autónomas, 13.454 y de



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Administración local, 34.297. En el año 1997, con pago de 1.500 pesetas,
54.359 objetores, de media. Digo lo de media porque es muy significativo.

Cuando termina la prestación social sustitutoria, siempre transcurren
unos días cerca de un mes, que no están cubriendo esa plaza. Para el
haber en mano, en 1998, se calcula una media --insisto en que habrá meses
que haya más de 100.000 y meses que haya la mitad-- de 83.425. Eso, como
sabe S. S., es una cantidad muy pequeña, pero con el número de objetores
se hace importante, porque son 1.500 pesetas al mes. Actualmente, como
indicaba antes, el número de plazas concertadas --el resto está fuera de
la Administración del Estado, comunidades autónomas y corporaciones
locales-- era 98.000. Se calcula que para 1998 (porque hay previstas ya
muchas conversaciones, tanto con la Administración en general, las
administraciones públicas, como entidades fuera de las mismas) aumenten
en un 20 por ciento, con lo cual el número de objetores que podrán hacer
la prestación social necesariamente aumenta. Objetores disponibles en
octubre de 1997, 116.060; en 1996 había 66.477, y en 1997, al principio,
49.583. La previsión de objetores es de 130.000.

Si nuestros proyectos y conversaciones e insisto en que se están
manteniendo tanto con las administraciones públicas como con otras
entidades privadas, ONG, en su caso, se llevan a efecto, es muy posible
que sólo quedase, y no para todo el año, un remanente de objetores de
10.000. También es verdad que ahora parece que disminuye, pero hemos
tenido un período de mes y medio o dos meses en que el número de
objetores presentando la documentación, y todavía sin estar reconocidos,
aunque pendientes de reconocimiento de cada uno de los requisitos, como
es obvio, iba en aumento. ¿Las causas? Cada uno podrá pensar las causas
que crea más oportunas, pero la realidad ha sido ésa.

Al principio me refería al problema de la objeción de conciencia y
pensaba en el número de objetores que formaban necesariamente cola para
presentar su solicitud. Otro problema que tiene la dirección general de
Objeción de Conciencia es de la ubicación. No es un edificio idóneo en
absoluto, por dos razones: primero, porque carece de archivo, primer
punto importante en la objeción de conciencia, cuando hay un volumen
impresionante de documentos; segundo, cuando estos días --y por eso me he
acordado del tema-- esa afluencia tenía que hacer verdaderas colas
alrededor del edificio, pensábamos si no merecía la pena (pagando 110
millones de pesetas por un edificio que no reúne condiciones, que se
alquiló en diciembre de 1994, y que yo creo que nunca fue idóneo, pero
ése no es un tema en el que yo pudiese tener una alternativa en ese
momento) cambiar la situación del edificio. Pues eso no solamente está en
vías, sino que es muy previsible que en el mes de mayo próximo la
dirección de Objeción de Conciencia se traslade, con la gran facilidad de
la presentación de documentos, porque no habrá problemas de espacio de
archivo, a una parte del antiguo edificio que ocupaba el Boletín Oficial
del Estado, en Trafalgar.

Continúo con objeción de conciencia y atendiendo a la pregunta del
capítulo 2. Evidentemente, S. S. lo ha visto claramente, la disminución
del capítulo 2 ha ido al capítulo 1. ¿Por qué? Yo no quiero repetir lo
del año pasado en cuanto al vestuario, sino simplemente quiero hacer
referencia a que en el mes de julio se aprobó una orden ministerial por
la cual de los objetores de conciencia sólo iban a tener derecho y
obligación (porque la segunda parte es si tengo derecho a cogerlo y
obligación de ponérmelo, pero no me lo pongo, o no se lo ponían) aquellos
que verdaderamente por el trabajo que fueran a realizar lo necesitaran. Y
esto no solamente se transfiere a la Administración del Estado, o a la
Administración de la comunidad autónoma donde hay concierto, o a la
entidad local, sino que son ellos los que señalan por las plaza quién
tiene derecho y se le da el dinero, o se le transfiere, mejor dicho,
dentro de ese concierto, la cantidad correspondiente. El resto pasa del
capítulo 2 a algo que era deficitario, que era el capítulo 1, como yo
ponía de manifiesto el año pasado, y ya no podré volver a poner de
manifiesto, si es que sigo, en el próximo año, porque ya no habrá
problemas en cuanto al capítulo 1, puesto que ya ha sido reajustado en
sus propios términos.

¿Por qué hay conceptos que disminuyen en objeción de conciencia? Porque
antes era muy corriente que a un objetor de una localidad a 25 kilómetros
de su puesto hubiera que pagarle el transporte, la manutención y los
gastos que se originaban. Ahora se han concentrado en determinadas
localidades, porque hay puestos más cercanos en esas localidades. Casi
siempre estamos buscando sitios que cubran las mayores cercanías para
firmar los conciertos, razón por la cual hay quien pide hacer la
prestación en un determinado sitio. ¿Por qué ya no se ha continuado con
la Agencia Española de Cooperación Internacional? Porque no tenía
candidatos. ¿Por qué no se ha seguido con la Seguridad Social? Porque
había menos candidatos. ¿Por qué la Escuela de Organización Industrial?
Porque había habido concierto, hubo problemas, y además hay otras
apetencias en otros sitios que en las que se ofrecían esas plazas. Como
SS. SS. conocen, el declarado objetor tiene que decir la preferencia del
lugar en que quiere realizarlo, por la preferencia nos faltaban plazas en
un sitio y nos sobraban en otro. Ese ha sido el motivo de la nueva
política de tratar de firmar más conciertos donde hay más demanda o
ampliar las plazas de los conciertos existentes. Esto lleva consigo la
otra consecuencia a la que se refería S. S. que las transferencias
externas aumentan y, sin embargo, las transferencias internas, al reducir
dentro de la Seguridad Social (la Seguridad Social es Estado, la AECI es
organismo de Exteriores, como SS. SS. conocen, Organización Industrial es
del Ministerio de Industria y Energía), tienen que subir en el otro lado,
porque si, por una parte, ya no firmamos aquí y firmamos más en otro
sitio, tiene por lo menos que haber un trasvase. Esas son pura y
simplemente aplicaciones presupuestarias que no hacen referencia a otras
cuestiones.

En cuanto al programa 146, Registros y Notariado, el año pasado ya tuve
ocasión de decir que yo no descubro todavía la razón por la cual el
capítulo 1 estaba infravalorado, teniendo en cuenta lo que se abona en el
mismo, que



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es la relación de puestos de trabajo; no se está pagando otro personal
que no sea ése. ¿Qué ocurría? Que como eran deficitarios, sobre todo
objeción de conciencia (objeción de conciencia no tenía sólo el problema
del haber en mano, sino que con el crédito de que disponía no podía pagar
a los funcionarios que estaban en activo dentro de su relación de puestos
de trabajo), una vez reajustadas las relaciones de puestos de trabajo,
una vez valorados cada uno de los puestos, según las dotaciones que están
homologadas y asignadas, se ha hecho un trasvase entre los distintos
servicios del capítulo 1; ha sido bajar a uno para subir a otro, para
completar otro, porque donde sobraba, insisto, personal era en Registros
y Notariado, y no creo que en ningún otro servicio de los que componen el
presupuesto del Ministerio de Justicia. De ahí que este año se vuelva a
rebajar el 16. Yo no sé si el año pasado se había rebajado el 25, ya no
me acuerdo de la cifra, porque estamos jugando con muchas cifras.

¿Qué ocurre con una función que sí corresponde a Registros y Notariado?
¿Por qué en unas partidas hay modificación, unas bajan y otras suben?
Efectivamente, baja el capítulo 1. La reducción, como ya he dicho, se
produce por las consideraciones indicadas.

¿Por qué aumenta el capítulo 2? El incremento es por lo que nos cuestan
las labores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para impresos de
certificación en el registro general de acto por voluntades, el
incremento para impresos confeccionados por el BOE para los registros.

Esto es un gasto. Sus señorías conocen que, a diferencia de determinados
organismos autónomos que, según su ley constitutiva, pueden aplicar los
ingresos para disminuir los gastos, en la Administración del Estado, en
el caso concreto de los departamentos ministeriales, el gasto sale, pero
no se pierde. Como es lógico, sale del crédito presupuestario, pero no se
pierde; porque si aquí calculamos 21 y 23, 44 millones, previsiblemente
al Tesoro se le ingresan 45. No porque esa venta no disminuye los gastos
del Miinisterio nos la podemos aplicar, sino que hay que ingresarla en
Tesoro. Luego es un gasto compensable para Tesoro, y el Ministerio podría
tener 25, 28 ó 100 millones que, en realidad, si se invertían, el gasto
se recupera por el Tesoro, pero no presupuestariamente por el Ministerio.

Nos pasa a nosotros y les pasa a los demás; obviamente, no somos una
excepción.

En la distribución de impresos digo lo mismo, se compensará. La tasa es
mayor ahí; no es que sea mayor, la tasa presta el servicio, y si el
servicio lo estamos calculando incluso menor, la tasa pagará el servicio
pero, en definitiva, incrementará, como ustedes conocen, los recursos
eventuales del Tesoro.

Por otra parte, se han suprimido cuatro millones y medio, por indicación
del Ministerio de Economía y Hacienda, que figuraban para pruebas
selectivas. Como ustedes conocen, originariamente --y me remonto a hace
varios años--, las pruebas selectivas funcionaban de la siguiente manera:
cada candidato pagaba lo que se llama derechos de examen y los ingresaba
en una cuenta corriente de un banco privado, obviamente, que señalaba el
tribunal de oposiciones, y según la normativa vigente el 15 por ciento de
esa cantidad que se ingresaba era para gastos, el 20 por ciento para
presidente y secretarios y el 45 por ciento restante para vocales. Ese
sistema se cambió. Se dijo: No, todo lo que se ingrese por el concepto de
oposición se ingresa en el Tesoro y, luego, presupuestariamente, como hay
que mandar una valoración de las sesiones y de las pruebas selectivas
según los grupos de titulación, el Ministerio de Economía y Hacienda
asigna la cantidad. Ha dado indicaciones de que este año se suprimieran
todas las cantidades de los presupuestos y que, cuando hubiese necesidad
de satisfacer las asistencias de los miembros de los tribunales, se
pidiese al Ministerio de Economía y Hacienda que habilitará los créditos
oportunos en las cuantías correspondientes.

Hay una variación en inversiones reales y se refiere a la informatización
de los registros. Nosotros tenemos un programa, concretamente el registro
de Murcia, que hasta hace aproximadamente dos o tres semanas no hemos
sabido concretamente que da plenos resultados. Para empezar la
implantación en otros registros es necesario que haya una pequeña
dotación para esa informatización, una previa informatización. La
implantación es otro tema; tendremos que solicitar en el ejercicio
siguiente mayores créditos para informatizar los registros. Esto por lo
que se refiere a los registros en general, porque en lo que respecta al
registro único (véase calle Pradillo, si han tenido que ir en alguna
ocasión habrán visto que no es precisamente la oficina ideal, ni mucho
menos, y aquí se dice obras de reparación y mejora de registros civiles
unificados, registro civil único de Madrid, Montera), Patrimonio nos ha
adscrito un edificio en la calle Montera que va a ser rehabilitado para
que el Registro Civil se ubique allí y, una vez que se traslade, hacer
las obras correspondientes en la calle de Pradillo, que bien se lo merece
esa oficina.

Programa 126.D. Efectivamente, baja el programa. Es una variación con
relación al presupuesto del pasado año, pero no es una variación que se
haya incluido inicialmente en el presupuesto para 1998. Ustedes conocen
que hay casos en los que durante la ejecución del presupuesto se pone de
manifiesto una serie de falta de dotación para servicios nuevos, que no
consisten sólo en que la abogacía del Estado vaya a instalar una nueva
abogacía del Estado, sino servicios conexos con la propia abogacía del
Estado, que, en realidad, lo que exige es una mayor dotación para mayores
actividades. Se cursan los oportunos escritos al Ministerio de Economía y
Hacienda, el Ministerio de Economía y Hacienda el año pasado aprobó una
habilitación de crédito y lo que ocurre en el presupuesto para 1998 es
que se consolida esa cantidad, que son gastos corrientes, y que ya se va
a invertir en 1997. El incremento de la cantidad destinada a equipamiento
informático, 45 millones, se refiere a todas las abogacías del Estado, no
a Ayala, que, como ustedes conocen, es donde está la dirección general de
Servicios Jurídicos, y diez millones para mobiliario y enseres.

En cuanto al programa del personal al servicio de la Administración de
Justicia, yo creo que, por el cambio en el tiempo, debe haber una
confusión. El Centro de Estudios Judiciales, inicialmente llamado, se
desdobla en



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dos organismos: la Escuela Judicial, con sede en Barcelona, que depende
pura y directamente del Consejo General del Poder Judicial, y el Centro
de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, al que
corresponde lo que no son jueces y magistrados, fiscales secretarios, el
resto de personal de la Administración de Justicia. ¿Qué ocurre? Que
durante el año 1996 todavía albergó, valga la expresión, a determinados
funcionarios llamados en prácticas, los que están haciendo el curso de
formación previo a las prácticas y a la toma de posesión como
funcionarios de carrera o como personal de la Administración de Justicia
o de la carrera judicial o fiscal, y al Consejo General del Poder
Judicial, como usted ha dicho antes, cuyo presupuesto sólo conoce el
Ministerio de Justicia cuando se publica en el «Boletín Oficial del
Estado», después que a ustedes, obviamente, se les había olvidado para el
año 1997 que ellos eran los competentes para formar a jueces y
magistrados y que no tenían dinero para el pago de funcionarios en
prácticas, que es similar en sus retribuciones básicas al funcionario de
carrera, no tiene complementaria, no tiene destino, etcétera, y no tenía
dinero ni para eso ni para los profesores. Y solicitó, por decreto-ley se
aprobó, un crédito extraordinario, que remitió a esta Cámara como es
obligado y obvio, por el cual, si mal no recuerdo, eran 565 millones para
personal de funcionarios en prácticas y sesenta y tantos o cerca de
setenta millones para el profesorado, que también se le había olvidado.

Las cantidades que podía tener el Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia para la formación de jueces y magistrados ya
no las puede tener, ni las tenía realmente el año 1997 y, sin embargo,
aumentan determinadas partidas. ¿Por qué? Porque la programación que
existía en el año 1996 era mínima en cuanto a cursos, seminarios y mesas
redondas, en su caso, todas las actividades de carácter docente que tenía
programadas. Pero ahora, si mal no recuerdo también, tiene programados
--no me hagan mucho caso en la cifra-- me parece que 35 cursos y las
dietas que figuran no están relacionadas con la directora del organismo
ni con la secretaría general del organismo; es que a los alumnos se les
pagan los gastos de transporte y las dietas con cargo al concepto de
dietas, y donde habla de otro personal está calculado a su vez el pago de
profesores y el pago de ponencias, que, por cierto, a su vez también, en
el presupuesto para 1998 se incluye para publicación, porque hasta ahora
no se publicaban las conferencias, las conferencias importantes que son
de los cursos más o menos repetitivos y que merece la pena que se
conserven, y con concierto con la universidad se publican ya. Por
supuesto, no puede tener por ello ningún curso de jueces, y policía
judicial era un curso que estaba concertado con el Ministerio del
Interior, el que ha habido y me parece que terminó si no a finales del
año pasado, a principios de este año.

Yo no sé, señor Villarrubia, si he contestado a todas sus preguntas, pero
si me he dejado alguna y es usted tan amable, me la repite.

Señor Ollero, efectivamente, la memoria es la misma. Es un caso que
parece que casi siempre ocurre, pero yo creo que no es por culpa ni de un
departamento ministerial ni de un gobierno. Yo creo que, por sistema, en
las memorias que se han hecho en un momento determinado a lo mejor cambia
algún indicador, aunque yo estoy de acuerdo en que eso no es un verdadero
indicador. Las memorias presupuestarias de los programas presupuestarios,
en aquellos sitios que ha sido posible, porque eso cuesta dinero --buscar
alternativas de programa, buscar indicadores cuesta dinero--, por inercia
se van repitiendo. En cualquier caso, podrán cambiar los objetivos
secundarios, terciarios, etcétera, pero nunca los primarios. Los
objetivos primarios se mantienen siempre. Lo único que podría cambiar
sería que en un determinado momento, en un programa, para la realización
de un objetivo secundario, se cree un subprograma. Lo que suele pasar es
que, por una parte, se mantienen, como es lógico, los objetivos y, por
otra, hay una especie de mimetismo, por la rapidez, porque hay que
imprimirlo, porque hay que repartirlo, y se hacen menos modificaciones de
las que a lo mejor, en algún momento, habría que haber hecho. Por
ejemplo, el programa 142.A. El Ministerio de Economía y Hacienda sigue
específicamente 14 programas de todos los presupuestos; uno de ellos es
el 142.A, y es muy consciente de los indicadores y de los objetivos que
en él se indican. Alguna vez hemos podido hablar de hacer algún estudio
para ver si podemos precisar más los indicadores, de modo que en algún
momento se sepa si son asuntos, si son personas, si son créditos o son
millones, sin perjuicio de que efectivamente el presupuesto sube en
términos homogéneos el 9,7 y eso son las matemáticas. Insisto en lo que
se ha dicho con anterioridad; las matemáticas son sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones.

Programa Inforius. Yo tuve conocimiento de este programa hace un año más
o menos, cuando estábamos viendo la programación de los programas Libra,
Corte y Linde. El programa Inforius, si mal no recuerdo, es lo que hoy
día es el programa Libra, pero se refería exclusivamente a la oficina
judicial; consistía en que por un sistema informático, por supuesto ya
muy superado, realizaba las cuestiones informáticas internas del órgano
judicial. Con esto quiero decir que no había posibilidad de comunicación
con otros órganos judiciales de la oficina judicial. Tampoco era posible
ninguna nueva aplicación informática en cuanto a la formación de
estadísticas, por ejemplo, o a las comunicaciones directas de los órganos
judiciales con homologación de información, la misma información, así
como otra serie de ventajas que, por supuesto, tiene el programa Libra.

Si mal no recuerdo, eso se podía ver en el Pic de los últimos años. Este
programa duró nueve o diez años, no sé si entre 1985-1995 ó 1986-1995. Y
si tampoco recuerdo mal, en inversiones tenía 1.000 millones todos los
años y en capítulos 2, de mantenimiento, otros 800 ó 1.000 millones.

Hicimos un cálculo para ver cuánto nos podían costar los programas Libra,
Corte y Linde y creo recordar que cada informatización de un órgano
judicial suponía 7 millones o 7,5 millones. De lo que sí estoy seguro es
de que a nosotros nos cuesta 1.700.000 pesetas; de eso estoy seguro,
porque



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lo estamos pagando. Ese era el programa Linde. Cuando llega el nuevo
equipo y sus técnicos consideran que no cumple las condiciones que debe
cumplir la informatización de los órganos judiciales, obviamente se
desecha, se empieza a sustituir. Yo no sé cuántos órganos judiciales
estaban informatizados, pero calculo que sería entre 600 y 700. Les
repito que las cifras son de hace unos meses, de cuando estábamos
comprobando la evolución del Libra, Corte y Linde. Eso es lo que le puedo
decir en cuanto al programa Inforius.

Me preguntaba S. S. por la evolución que habían tenido tanto las plazas
como los órganos unipersonales. Entre 1992 y 1995 se crearon 144 órganos
judiciales; de 1996 a 1998, 126, me refiero a mayo de 1996 y previsión de
1998. La media del primer caso es de 36 mensuales; en el segundo, 50. En
cuanto a plazas, 1992-1995, 196, con una media de 49 por mes, y de 1996 a
1998, 233, con una media de 155 por mes. Las plazas de magistrados están
incluidas en estas 233 a las que me he referido.

¿Cuál es el problema de los juzgados de paz? Que mientras que una
población no llegue a 7.000 habitantes no puede tenerlo, pero sumando
varias poblaciones --nosotros hemos calculado que con una media de
cinco-- pueden llegar a tener 7.000 habitantes y formar una agrupación.

Esas son las 80 agrupaciones que se crean, que se refieren a 400
municipios cuyas poblaciones sumadas llegan o pasan de los 7.000
habitantes. En el período anterior, si las cifras que yo tengo coinciden
con las que tiene S. S., se habían creado 48.

Interinos. Esto es algo que yo he tenido que explicar varias veces al
Ministerio de Economía y Hacienda y al final creo que sí lo ha entendido.

El Ministerio de Economía y Hacienda entiende todo aquello que sea
racional. ¿Qué ocurre con los interinos? El concepto que tenemos de
interino es el propio de funcionario interino: aquel que está cubriendo
una vacante mientras que ésta se cubre formalmente por los procedimientos
selectivos establecidos. Aquí no. Había 1.200 interinos fuera de las
plazas de plantilla. ¡Pero cómo! ¡Estarán vacantes! No. Si la platilla es
de 10.000 hay 11.200. ¡Pero si eso no es posible! Pues sí lo era. De eso
se ha pasado a que se han creado plazas, muchas, y hemos pasado de 1.200
a 450. Sólo quedan 450, pero, además, estos 450 están delimitados, que
antes no lo estaban. ¿Quiénes son? Los magistrados del Tribunal Supremo
tienen una secretaria que se llama secretaria particular; a mí eso de
particular no me acaba de convencer, pero se llama así. Los fiscales de
Sala del Tribunal Supremo tienen secretaria particular. En la Audiencia
hay algunas secretarias particulares. Y luego hay otros puestos que hay
que reservar y que están cubiertos por interinos, que son aquellos que
corresponden a los representantes de los órganos sindicales, que con la
normativa de representatividad tienen derecho a dedicarse a las
actividades sindicales con reserva de su plaza. Así pues, quedan
exclusivamente 450 interinos y que están delimitados y dotados, porque lo
que venía ocurriendo con una gran parte de los 1.200 es que, como no
estaban considerados como existentes, se les iba pagando y en el mes de
octubre --y me parece que el Ministerio de Economía y Hacienda tiene
pruebas de esto de cinco o seis años-- se pedía una transferencia por
valor de 4.000 millones, a ver hasta dónde se podía llegar y algunas
veces se cargaba en enero e incluso en febrero las cantidades de
diciembre para pago de estos interinos. Esto lo hemos cambiado totalmente
y ahora se puede decir que se han creado las plazas, que esos que están
por encima de la plantilla sí los conoce Hacienda y, aunque le parece un
poco anómalo, están dotadas y tiene cobertura presupuestaria.

Depósitos judiciales. Yo no presumo de saberme los temas pero éste me lo
sé muy bien. Hubo un contrato por concurso convocado en el Boletín
Oficial del Estado y se adjudicó --insisto, por concurso, porque la
diferencia es económica, en cuanto a requisitos y a justificaciones-- por
cuatro años, prorrogable por otros cuatro, que se llevaron a efecto.

Antes de vencer, como es lógico, con la antelación suficiente, llegamos a
la conclusión de que lo más ventajoso para que todo se dilucidase en una
oferta pública era el procedimiento de subasta. ¿Cuáles han sido las
consecuencias del procedimiento de subasta? Que lo ganó el mismo, con
toda limpieza y licitud del mundo, porque es el que más ofreció. Ofreció
el mibor más el 0,27. Me preguntaba S. S. que cuánto ha supuesto. En el
momento que lo adjudicamos, nosotros calculamos que eran 4.500 millones
más al año de intereses que se producían para el Tesoro. Es decir, que
pasábamos de 15.000 a 19.500 millones de pesetas. En este momento, como
el mibor está cambiando, yo no sé si van a ser 4.500 millones más o van a
ser 3.200. En cualquier caso, con un beneficio importante para el Tesoro,
porque nosotros calculamos que, en el peor de los casos, de intereses por
llevar las cuentas de todos los órganos judiciales --no como el anterior,
que había alrededor de 30 que la tenían todavía autorizados en cuentas
bancarias, no dentro del BBV-- va a suponer del orden de 18.500 millones
a ingresar en el Tesoro al año.




La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, les ruego que las intervenciones que
vayan a hacer ahora sean muy breves.

Señor Villarrubia, tiene la palabra.




El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Seré brevísimo, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer sinceramente el esfuerzo de
explicación, en algunos casos altamente ilustrativo, del señor
subsecretario. Obviamente --por evitar una polémica y porque además no
sería el momento oportuno--, discrepamos en algunas valoraciones, aunque
--insisto-- agradecemos la explicación. Tengo que decir que al sumar las
plazas concertadas de objeción de conciencia de Administración del
Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales nos da la cantidad
de 56.206, frente a las 98.000 y pico que manifestaba el señor
subsecretario. También quiero decir que la media de 53.359/mes está muy
lejos de los 80.000, que era el objetivo previsto para este año.




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Con ánimo de concluir, no voy a entrar en la intervención pero sí quiero
señalar --aunque lo ha dicho, pero para que quede claro-- que en cuanto a
las plazas ha manejado conceptos heterogéneos al contestar al señor
Ollero, porque ha comparado usted las plazas efectivamente creadas en el
período anterior con las plazas que previsiblemente se van a crear. Una
cosa son realidades y otra, previsiones. Esas previsiones dan un número
ligeramente superior que no ha debido satisfacer mucho al señor Ollero
porque no ha esperado y era al que me quería dirigir. Por cortesía
parlamentaria, a ese mal gusto, mal tono y a esas imputaciones que ha
hecho, no voy a contestar porque no está presente, señora presidenta; si
no, esas imputaciones tan graves que ha realizado al Grupo Socialista
creo que hubieran merecido una respuesta bastante contundente.

La señora VICEPRESIDENTA: Señor subsecretario, ¿quiere decir algo para
concluir?



El señor SUBSECRETARIO DE JUSTICIA (García Mena): Efectivamente, al sumar
las plazas de las entidades públicas --yo creo que incluso S. S. ha
sumado 100 más-- salen 56.166 y las de las entidades privadas, 42.082.

Con lo cual, son 98.000. A lo mejor, yo di el dato y lo di erróneamente.




La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor subsecretario. Muchas
gracias a todos.

Se levanta la sesión.




Eran las seis y cuarenta y cinco minutos de la tarde.