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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 283, de 30/09/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1997 VI Legislatura Núm. 283
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 21
celebrada el martes, 30 de septiembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario General de Empleo (Pimentel Siles)
para informar sobre:
--Evolución en la siniestralidad laboral y medidas que ha adoptado y que
va a adoptar el Gobierno en materia de accidentes laborales. A solicitud
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
212/000767) (Página 8122)
--Avance de la liquidación de los presupuestos del Instituto Nacional de
Empleo (INEM) en el ejercicio 1996, así como de los distintos programas
que se gestionan por dicho Instituto, previa información documental a los
miembros de la Comisión. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso.
(Número de expediente 213/000268) (Página 8131)
--Procedimiento seguido por el Gobierno en el acuerdo firmado con la
Generalidad de Cataluña por el que se transfiere la gestión de
determinadas áreas del Servicio Público de Empleo (SPE). A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 212/000727) (Página 8131)
--Directrices básicas del Programa plurianual de empleo. A solicitud del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
213/000330) (Página 8142)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, buenos días.
Antes de entrar en el primer punto del orden del día, quisiera dar la
bienvenida al diputado del Partido Nacionalista Vasco, en representación
del Grupo Vasco, don Carlos Caballero, que viene a cubrir la vacante
dejada por doña María Jesús Aguirre. Aunque va a encontrar dificultades
para llenar el vacío que doña María Jesús ha dejado debido a su magnífico
trabajo, desarrollado a lo largo de este período de sesiones y del
anterior, le deseamos que su trabajo sea tan brillante como el de su
compañera de grupo.
Antes de entrar en el orden del día, quiero manifestarles la petición de
varios grupos en cuanto al orden de los puntos que vamos a tratar aquí
referentes a las distintas comparecencias de don Manuel Pimentel,
secretario general de Empleo. Vamos a empezar por la relativa al informe
de la evolución de la siniestralidad laboral y de las medidas que ha
adoptado y que va a adoptar el Gobierno en materia de accidentes
laborales, a solicitud del Grupo Popular. A continuación acumularemos las
que en el orden del día que tienen SS. SS. aparecen como puntos 1 y 4. Y,
en último lugar, por estar presente el portavoz en otra Comisión, la
comparecencia solicitada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (PIMENTEL SILES)
PARA INFORMAR SOBRE:
--EVOLUCION EN LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y MEDIDAS QUE HA ADOPTADO Y QUE
VA A ADOPTAR EL GOBIERNO EN MATERIA DE ACCIDENTES LABORALES. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
212/000767.)
El señor PRESIDENTE: Así pues, comenzamos con la solicitud de
comparecencia del Grupo Popular sobre siniestralidad laboral. Para
informarnos sobre este asunto, tiene la palabra el secretario general de
Empleo, don Manuel Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señorías, cuando
ha pasado ya un año y medio desde la toma de posesión del actual Gobierno
y ha transcurrido un período suficiente para hacer valoraciones y
evaluaciones globales de lo ocurrido en este período, les puedo decir,
sin un ánimo exhaustivo, que en el área de las relaciones laborales ha
habido determinadas prioridades y aspectos que han funcionado
razonablemente y hemos obtenido logros importantes.
Ha habido un diálogo social que ha fructificado en acuerdos que han
permitido modernizar y mejorar nuestras normas laborales; las relaciones
laborales han transcurrido en nuestro país dentro de unos razonables
marcos de acuerdos y desacuerdos, se han conseguido y mejorado los
equilibrios financieros que sostienen nuestro sistema de protecciones
sociales, garantizándolas a medio y largo plazo y, en cuanto al empleo,
es bien conocida por SS. SS. la magnífica evolución del empleo, tanto en
sus aspectos cuantitativos, es decir, cantidad (creación de empleo y
disminución del desempleo), como en calidad, en cuanto al incremento en
la estabilidad en el empleo.
Sin embargo, y creo que es de justicia decirlo y que lo reconozca un
responsable de estas materias en el Gobierno, ha habido un aspecto de
cuya evolución no estamos nada satisfechos, por los datos que hasta ahora
tenemos, y es precisamente la siniestralidad laboral. Conocen
perfectamente --lo hemos hecho público, no hemos intentado ocultarlo en
ningún momento-- que los datos de 1996 fueron malos. Hubo casi tres
muertos al día por accidentes de trabajo; unos datos absolutamente
inaceptables en un país que debe estar en primera fila del mundo
occidental. En el período enero-junio de 1997 se han producido en nuestro
país 328.372 accidentes en jornadas de trabajo, que supusieron la baja
laboral del trabajador. De ellos, el 98,2 fueron leves: 322.651; el 1,6,
graves: 5.207; y el 0,2, mortales: 514. Ello ha supuesto un incremento
global en los accidentes de esta naturaleza del 6,7 por ciento respecto a
los ocurridos en el primer semestre de 1996. Atendiendo a su gravedad, el
aumento ha sido del 6,9 en los leves y del 7,7 en los mortales. Por el
contrario, han disminuido los graves en un 2,8 por ciento.
Continúa así, y no puedo dar a SS. SS. una buena noticia en cuanto a la
evolución de estos primeros siete meses, una tendencia al crecimiento en
los accidentes laborales que se viene produciendo desde el año 1994, tras
los sucesivos descensos de los años 1991 y 1993. El crecimiento máximo se
produjo en 1995, con un 10,4 por ciento; en 1996 se produjo una
desaceleración de dicho crecimiento, con un aumento del 3,8 por ciento en
relación con 1995, tendencia que ha vuelto a aumentar en el primer
semestre de 1997, en el que se ha producido un crecimiento --como antes
he dicho-- del 6,7 por ciento. El incremento producido en el primer
semestre de 1997 fue debido fundamentalmente
a los importantes aumentos registrados en los sectores agrario y
servicios, destacando en este último sector el considerable aumento de
los accidentes mortales, que pasaron de 169 en 1996 --siempre hablamos
del período de los siete primeros meses-- a 218 en 1997.
No obstante --y no es una disculpa o un intento de presentar los datos de
una forma más favorable o más cómoda--, el crecimiento de la
siniestralidad en números absolutos se suaviza si se considera el volumen
de población asalariada. Así, el número de accidentes por cada mil
asalariados fue en el primer semestre de 1997 de 32,04 por ciento,
mientras que en el mismo período de 1996 había sido el 31,14 por ciento,
con un crecimiento, por tanto, en 1997 del 2,89 en lo que se refiere a
dicha tasa. Aporto este parámetro únicamente para su conocimiento, sin
que haya ningún ánimo --repito-- de intentar presentar de forma más
amable unos datos que nos preocupan y que no son, como vengo repitiendo,
buenos.
Otro dato muy importante --también se ha hecho público-- a considerar es
la constatación de que las tasas de accidentes por cada 1.000 asalariados
vienen siendo en los últimos años mucho más elevadas entre los
trabajadores con contratos temporales. Así, y el dato es revelador, en
1996 los datos últimos que tenemos a nuestra disposición en relación con
este aspecto nos muestran que el número de accidentes por cada 1.000
asalariados con contrato indefinido fue del 43,5 por ciento mientras que
en el caso de los contratados temporalmente esta tasa fue del 104,6; es
decir, más del doble. Son datos que reflejan por sí mismos una
circunstancia que era intuida, pero que queda perfectamente constatada
con la rotundidad de estos datos.
Por comunidades autónomas, se ha producido un aumento del número absoluto
de accidentes en todas ellas, excepto en Asturias, Navarra y País Vasco.
Los incrementos han sido importantes en Madrid y Murcia. Sí, por el
contrario, se consideran las tasas de siniestralidad, los mayores
aumentos se observan en Madrid y La Rioja, apreciándose descensos en
siete comunidades autónomas, entre las que destacan País Vasco y Navarra.
En cuanto los datos del mes de julio de este año, todavía provisionales,
si bien han supuesto una leve mejoría respecto al número total de
accidentes debido a un menor incremento de los leves y a una mayor
disminución de los graves, presentan un elemento de gran preocupación ya
que los accidentes mortales han crecido en dicho mes con respecto a julio
de 1996 en un 12,63 por ciento, debido fundamentalmente al número elevado
de ellos que han tenido lugar en la industria y los servicios.
Por tanto, estamos ante una preocupación de primera magnitud, ante un
problema de gravedad que afecta a nuestra sociedad en su conjunto y que
afecta, particularmente, al mundo del trabajo. El Gobierno, la sociedad,
los agentes sociales, esta Cámara, no pueden permanecer impasible ante
estos datos extremadamente preocupantes. Como SS. SS. saben, esta Cámara
aprobó en 1995, con tres años de retraso por diversas vicisitudes, la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, que supuso ya el inicio de la
inflexión de cómo tratar y cómo atajar el problema de la siniestralidad
laboral. Con esta ley se trataba de modificar las circunstancias
anteriores e intentar introducir una cultura de la prevención, haciendo
bueno en este caso el refrán castellano de que más vale prevenir que
curar. Se trataba de prevenir no sólo una serie de fríos datos
administrativos o requisitos en la construcción de edificios, sino de
introducir una cultura que debe impregnar el día a día, el diseño, las
protecciones, el conocimiento y la formación de nuestros trabajadores.
Esta ley, que tuvo un largo proceso de debate, nos situó en mala posición
de salida porque íbamos con retraso, tanto en la aprobación de la ley
como en la aprobación de los diversos reglamentos que tenía que
desarrollar. Tanto es así que estuvimos bordeando posibles sanciones de
la Unión Europea por el retraso en la transposición de la directiva que
lo regulaba.
El Gobierno --respetando la filosofía de esta ley y entendiendo que el
concepto de cultura de prevención no se puede imponer sino que tiene que
ser compartido-- constituyó una de las mesas del diálogo social
precisamente sobre salud laboral. Se le dio a este aspecto el mismo nivel
de importancia o rango de interlocución que al tema de las pensiones o,
por ejemplo, a la formación profesional; es decir, un máximo nivel de
interlocución. Se empezó a trabajar con firmeza y creo que esta mesa ha
tenido frutos que nos hacen albergar esperanzas en una pronta mejora de
estos datos preocupantes, que he expuesto sin ningún tipo de rodeos y con
toda claridad.
¿Qué fruto más claro y más nítido hemos obtenido de esta comisión? En
primer lugar, saben ustedes que aunque la facultad de legislar en materia
de seguridad y salud en el trabajo corresponde al Estado, a esta Cámara,
la ejecución de estas políticas corresponde a las comunidades autónomas.
Por tanto, era razonable y necesario que estuviéramos en un mismo órgano
sentado, no tan sólo sindicatos y empresarios y Gobierno de España, sino
también las comunidades autónomas. Así, el pasado 2 de octubre de 1996
--pronto va a hacer su primer aniversario-- se creó la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo funcionamiento ha sido
extraordinariamente --y no ahorro el calificativo-- positivo. Ha tenido
una actividad fértil e intensa, y su principal prioridad durante estos
primeros meses ha sido construir el edificio normativo de los reglamentos
que desarrollaban la ley. Hasta ese momento, cuando los inspectores de
Trabajo visitaban una empresa, era usual que los empresarios dijeran que
no tenían claro cómo se desarrollaba la ley, qué quería decir la ley en
estos aspectos: no sabemos cómo se ejecuta la ley. Tenemos doce reales
decretos trasponiendo directivas; dos órdenes ministeriales sobre
funcionamiento de las mutuas y acreditación de las entidades, y quedan
dos reales decretos que se aprobarán en breve y que ahora mismo están
pendientes del dictamen del Consejo de Estado, pero hoy ya tenemos un
edificio normativo cierto y adecuado. Por tanto, la excusa de
desconocimiento o de no definición de la ley no se va a poder utilizar en
el futuro. Estos trece reales decretos y dos órdenes ministeriales
giraban alrededor del reglamento de los servicios de prevención, que es
la pieza esencial en la aplicación de la ley y que fue completado con las
dos órdenes ministeriales: una, sobre funcionamiento de las mutuas de
accidentes de trabajo en la actividad preventiva;
y otra, sobre la acreditación de entidades ajenas a las empresas para
realizar servicios de prevención, auditorías o actividades formativas en
este ámbito. Los dos reales decretos que se están tramitando en este
momento tratan sobre asistencia médica a bordo de buque y, el
fundamental, sobre disposiciones preventivas en el ámbito de la
construcción, y se encuentran --como repetía-- pendientes de dictamen del
Consejo de Estado.
Sin embargo, este edificio normativo cierto que ya tenemos, que era pieza
indispensable y necesaria, no es suficiente. Tenemos que hacer todavía
mucho más entre todos. Todos tenemos que cumplir, en primer lugar,
nuestras obligaciones, la ley y los correspondientes reglamentos nos
obligan, pero tenemos que mentalizarnos que esta materia tiene la
principal prioridad, tanto empresarios, trabajadores, administraciones
públicas, agentes sociales, partidos políticos como esta Cámara en su
capacidad legislativa, porque el problema tiene unos niveles que, como ya
he expresado, están adquiriendo tintes casi dramáticos.
Los efectos positivos de este conjunto normativo deberán acelerarse en
función de la eficacia que logremos dar entre todos a estas normas.
Necesitamos recuperar el tiempo perdido. Salimos tarde y tenemos ahora
que intensificar el trabajo. Ojalá esa ley y los reglamentos hubieran
entrado antes en vigor, quizá ahora no estaríamos hablando de estos datos
y no tendríamos estas tasas. De todas formas, no hay que quejarse en
demasía mirando hacia atrás. Tenemos que mirar hacia el futuro e
intensificar todo lo posible la materia preventiva. Para ello, la tarea
de divulgación y concienciación por parte de las administraciones
públicas es fundamental. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo está incrementando estas actuaciones de apoyo y divulgación a
través de la realización de guías técnicas que facilitan la aplicación de
la normativa jurídica, a través del desarrollo de una amplia actividad
formativa en materia preventiva, a través de su actividad de
investigación aplicada y como centro de referencia nacional en la red
europea de información sobre seguridad y salud en el trabajo. Asimismo,
hay que hacer llegar estos principios de cultura preventiva al gran
público, no deben quedar restringidos a los especialistas, a los
profesionales de salud laboral, a los miembros de los comités de empresa,
a los representantes de los trabajadores que van a tener estas funciones,
sino que tienen que llegar, primero, al conjunto de todos los
trabajadores y, si es posible, al conjunto de la sociedad. Por ello,
vamos a poner en marcha, conjuntamente con la fundación Forcem, una
campaña nacional de difusión de la situación y de la nueva normativa, que
esperemos que salga a través de medios masivos de comunicación
(televisión, radio, prensa) a lo largo del próximo mes de noviembre. Por
tanto, confiamos mucho en los efectos de divulgación de estos principios
que puede tener la mencionada campaña.
Se están desarrollando de forma amplia los dispositivos de formación en
esta materia, siendo éste otro de los campos de más urgente actuación,
dada la insuficiencia y escasez que arrastra de momentos anteriores. No
tenemos profesionales formados, no existe esa titulación, y tenemos
también que acelerar en materia de dispositivos de información. Para dar
mayor transparencia a las cualificaciones y acciones formativas en este
ámbito, uno de los reales decretos aprobado establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales,
señalando los contenidos mínimos para su obtención.
Tenemos que tener un edificio normativo adecuado, tenemos que formar,
tenemos que divulgar, tenemos que informar, pero, como Gobierno y como
Administración, tenemos que hacer cumplir la ley. En este sentido vamos a
actuar con contundencia en la lucha contra el incumplimiento de la
normativa, dando un nuevo impulso a la actividad de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. En este ámbito, el Gobierno ha remitido a las
Cortes un nuevo proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo,
que actualmente se encuentra en trámite en el Senado. Asimismo, se está
elaborando un anteproyecto de ley de modificación de la Ley 8/1988, de 7
de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social, que el
Gobierno enviará próximamente al Parlamento. Con ello se pretende
establecer un mayor rigor en la exigencia del grado de cumplimiento de la
normativa.
La presión inspectora, por otra parte, se ha venido intensificando ya
desde el último trimestre de 1996, traduciéndose en un considerable
aumento de los resultados obtenidos. Así, en el período enero-agosto de
1997 se ha producido, con respecto al mismo período de 1996, un aumento
del 74,6 por ciento en el número de infracciones recogidas en actas.
Conviene, asimismo, llamar la atención sobre el considerable aumento del
39,6 por ciento en el número de paralizaciones de trabajo decretadas, así
como en el número de recargos en prestaciones derivadas de accidentes, un
27,3 por ciento más que el año anterior, ya que estas medidas tienen un
fuerte poder disuasorio ante eventuales infracciones. Sin embargo, a
pesar de la necesidad de mantener e incrementar las actuaciones de
vigilancia y control, no se puede basar el cumplimiento de la normativa y
la obtención de resultados en la lucha contra la siniestralidad
únicamente en las actividades inspectoras. Es fundamental que todos y
cada uno de los implicados sean conscientes de que tienen una gran
responsabilidad en algo tan grave como es la integridad y salud de los
trabajadores. No serviría que tuviéramos una ley y unos inspectores que
actuaran eficientemente si no logramos transmitir la responsabilidad que
todos tenemos en la lucha contra los accidentes laborales. A la
Administración del Estado, además de la permanente revisión y
complementación normativa que sea necesaria, le corresponde acometer
acciones generales de sensibilización en esta materia, impulsar acciones
formativas e informativas y coordinar las actuaciones de las
administraciones competentes.
Las administraciones autonómicas deberán realizar un reforzamiento de su
estructura y medios, habida cuenta que en muchas de ellas se ha recibido
el traspaso de competencias muy recientemente, y deberán potenciar su
grado de colaboración con la Inspección y afrontar, al igual que la
Administración del Estado, el impulso de la formación y de la
mentalización en la materia.
Los empresarios, por su parte, deberán adoptar una actitud activa de
prevención y evitación de riesgos en la empresa,
poniendo en marcha todas las medidas posibles para ello. Es importante
también trasladarle al empresario la idea de que el costo de la
prevención no es un gasto, sino una inversión; es decir, también es
competitivo para la empresa el tener un ambiente de trabajo razonable,
con calidad de trabajo, con pocas bajas, no tan sólo por el costo que la
baja supone para la empresa, sino porque se priva de su puesto de trabajo
durante un período de tiempo a profesionales valiosos con experiencia.
Por tanto, es muy importante que mentalicemos de que el gasto en
prevención de riesgos laborales no es un gasto más, sino una inversión
que también redunda en rentabilidad y competitividad para la empresa.
Por último, los representantes de los trabajadores tienen que esforzarse
también en conseguir un mayor grado de participación preventiva en la
empresa, promoviendo la designación de los delegados de prevención, la
formación de los mismos y su actuación efectiva, impulsando asimismo el
tratamiento de la prevención en la negociación colectiva.
La confluencia de todos estos factores es la que puede determinar un
cambio significativo en la marcha negativa que viene registrando la
siniestralidad laboral en nuestro país. A pesar de los malos datos que
tenemos hasta la fecha, el Gobierno cree que con este conjunto de
actuaciones muy intensas e importantes vamos a conseguir que se produzca
una inflexión en esta marcha. Esperamos terminar el año con un último
trimestre más positivo que el del año anterior, y creo que tenemos ya
todos los datos para que 1998 sea un año francamente mejor que 1996 y
1997. Estoy seguro de que todos los grupos que están en esta Cámara
apoyarán con sus actuaciones estos objetivos, que son, como digo, muy
importantes para el país, no tan sólo aunque sobre todo por los valores a
proteger, la salud y la vida de nuestros trabajadores, sino por el
importante costo económico que supone para las arcas públicas.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la comparecencia, tiene
la palabra don Gustavo Adolfo Alcalde.
El señor ALCALDE SANCHEZ: Agradecemos a don Manuel Pimentel, secretario
general de Empleo, su exhaustiva explicación ante esta Comisión sobre la
evolución de la siniestralidad laboral, así como las medidas que ha
adoptado y va a adoptar en el futuro el Gobierno en materia de prevención
de accidentes laborales.
Estén seguros SS. SS. que en este debate, que se inició el pasado
miércoles en la sesión de control al Gobierno con la interpelación del
Grupo Socialista al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, tanto el
propio Gobierno como el grupo parlamentario al que tengo el honor hoy de
representar están deseosos de escuchar las propuestas del resto de los
grupos políticos, dialogar con ellos sobre este problema que hoy nos
ocupa y llegar a acuerdos al respecto, que sin duda redundarán en
beneficio de la sociedad a la que todos representamos y defendemos,
obviamente desde distintas posiciones políticas. Creo que todos estamos
suficientemente concienciados y sensibilizados ante un problema que no es
sólo de los grupos políticos aquí representados, ni del Gobierno ni de
las comunidades autónomas competentes en la materia, ni siquiera de los
empresarios, de los sindicatos o de los trabajadores, que son los
directamente afectados; es un problema de toda la sociedad en su conjunto
y todos somos corresponsables a la hora de afrontar con seriedad su
resolución, cada uno, por supuesto, desde su respectiva posición y
responsabilidad.
Desde luego, el Gobierno del Partido Popular no ha estado precisamente
dormido. En junio de 1996, apenas un mes después de haber tomado
posesión, se constituyó la mesa tripartita de diálogo social sobre
seguridad y salud laboral entre el Gobierno y las organizaciones
empresariales y sindicales de mayor representatividad, acordándose como
prioritaria la constitución de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo y la elaboración del reglamento que desarrollaba la Ley
31/1995, de prevención de riesgos laborales. Pues bien, por medio del
Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, se regulaba la composición de la
citada comisión nacional, constituida el 5 de septiembre de 1996, que
iniciaba sus trabajos inmediatamente, el 2 de octubre, y por el Real
Decreto 39/1997 se aprobaba el reglamento del servicio de prevención. Con
posterioridad, el Gobierno ha desarrollado, yo diría que de manera
espectacular, la normativa correspondiente mediante las dos órdenes
ministeriales que ha citado el secretario general y doce reales decretos
que trasponen todas las directivas de la Unión Europea; ya llevaban un
retraso considerable, puesto que tenían que haber estado promulgados
antes del 31 de diciembre de 1992. Asimismo, el Gobierno acaba de firmar
el pasado 24 de septiembre --así lo anunció el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales--, un acuerdo con las mutuas de accidentes y un plan de
choque contra la siniestralidad laboral por 32.500 millones de pesetas,
para 1997 y 1998, destinado a los sectores con mayor siniestralidad, a
las pequeñas y medianas empresas y a aquellas profesiones específicas con
elevado riesgo, como son los trabajadores sometidos a radiaciones,
explosivos, alta tensión, etcétera. Igualmente, la actividad de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha visto notablemente
incrementada, de manera que hay un aumento del 62 por ciento en el número
de actas de infracción durante 1997, así como de lo recaudado por
sanciones, 4.200 millones de pesetas en el primer semestre de 1997,
frente a los 1.900 del mismo período de 1996. En noviembre se va a poner
en marcha, como ha anunciado el secretario general, una campaña de
concienciación, con un coste aproximado a los 1.000 millones, a petición
de los propios sindicatos. Yo preguntaría al secretario general sobre las
previsiones que existen en relación a la fundación contemplada en la
disposición adicional quinta de la Ley de prevención de riesgo laborales,
que puede y debe ser una herramienta muy eficaz, especialmente en lo que
se refiere a las pequeñas y medianas empresas.
En definitiva, como decía el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales el
pasado miércoles en la interpelación citada, el Gobierno ha hecho todo
menos estarse quieto, aunque también el ministro reconocía su
preocupación porque el balance de eficacia no fuera extraordinario. Es
llegado a este punto, señorías, cuando el debate se hace imprescindible
sin lugar a dudas, se convierte en obligatorio para unos grupos políticos
que debemos dar contestación a la preocupación de los ciudadanos y
prestarnos a la búsqueda de soluciones para un problema que yo
calificaría, si ustedes me lo permiten, de Estado y en el que hemos de
huir, como lo han hecho SS. SS. y como lo hicieron el otro día en la
interpelación, de demagogias. Hemos de profundizar, en primer lugar, en
el origen del problema que, como ya se viene diciendo, es multicausal,
interviniendo distintos factores, todos ellos muy complejos y, cómo no,
susceptibles de controversia, como son la temporalidad, que ya ha citado
el secretario general, y la precariedad en el empleo, que es sin duda un
factor que incide notablemente en la siniestralidad laboral, y él lo ha
acreditado con cifras, concretamente del último período.
Hay también factores de índole organizativa, sin lugar a dudas por falta
de una auténtica cultura de prevención de riesgos en las empresas, tanto
por parte de los empresarios como --por qué no decirlo-- por parte de los
trabajadores. La falta de información y de formación van íntimamente
unidas a los accidentes de trabajo y también los factores técnicos son un
factor de gran importancia. Igualmente, por qué no decirlo, el aumento de
la actividad económica y de población ocupada incide, sin lugar a dudas,
en los accidentes laborales.
El factor clave, que en buena medida engloba todos los demás --y también
lo decía el secretario general--, es la falta de cultura preventiva de
riesgos en nuestra sociedad. Esta cultura no se adquiere de la noche a la
mañana, no basta con una información adecuada ni con una formación
suficiente; es indispensable un cambio de hábitos y una modificación de
conductas. En definitiva, es un problema de educación para la prevención
desde la infancia, desde la escuela, igualmente que lo es la educación en
general para la salud. Hemos de instaurar entre todos, señorías, una
nueva cultura de la prevención, comenzando a poner los primeros pilares
en la infancia. Mientras tanto, hemos de invertir en formación y hemos de
concienciarnos de que es preciso cumplir las leyes y las normas y que
algo aparentemente tan sencillo y a veces tan complicado como eso resulta
rentable, en primer lugar y fundamentalmente, socialmente, evitando con
ello mucho sufrimiento y mucho dolor, y, en segundo lugar, también es
rentable económicamente, pues prevenir los riesgos y evitar los
accidentes --como se decía en la conferencia de Bilbao-- es un buen
negocio.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran hacer uso de la palabra?
(Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Buenos días y un saludo a todos en esta mi
primera intervención en la Comisión de Política Social y Empleo. Por
consiguiente, seré breve.
En primer lugar, quiero compartir la inquietud manifestada por el
Ministerio ante los graves datos relativos a la evolución de la
siniestralidad laboral. En segundo lugar, quiero preguntar al secretario
general de Empleo qué grado de colaboración existe entre el Ministerio y
las organizaciones sindicales en este tema y cómo valoraría las
relaciones mantenidas con las mismas hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, el señor Vaquero tiene la palabra.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, yo estoy convencido de que el
Gobierno, sin duda, tiene una enorme preocupación, como la tiene toda la
sociedad española, pero la conclusión del secretario general de Empleo
cuando plantea que están puestos ya todos los mimbres para que exista una
realidad distinta a finales de este año me alarma, porque en este tema,
señorías, el optimismo puede ser fatal y, por tanto, se trata de analizar
las cosas con rigor, sin instrumentalización política de ningún tipo,
claro está, pero al mismo tiempo con un rigor del que quizás hasta ahora
no habíamos hecho uso en la medida en que efectivamente este problema no
había saltado con la virulencia que los datos nos están obligando a
plantear. Yo estoy convencido de que no todos los mimbres están puestos,
pero en cualquier caso no quiero ser yo el que se arrogue el dogmatismo
de una verdad absoluta. Me parece que sería más efectivo utilizar la
modestia de entender que el diagnóstico final sobre las causas que
motivan la abultada siniestralidad de nuestro país no está realizado y
que, por tanto, en este sentido, lo que corresponde, en primer lugar, es
convocar a todos para hacer ese diagnóstico de forma más eficaz y
certera, de forma que al final, conociendo bien las causas, podamos
atajarlas para evitar los efectos desastrosos respecto a la salud y a la
vida de las personas en los centros de trabajo.
Las medidas que hasta ahora nos ha dicho el secretario general de Empleo
que plantea el Gobierno son, en términos generales de forma resumida, por
un lado, el despliegue del desarrollo legislativo que ha habido hasta
ahora por lo cual hay que felicitar lógicamente al Gobierno, porque tanto
en el método de realización como en los resultados, sin duda alguna es un
trabajo bien hecho. Por otro lado, también se nos plantea que el proyecto
de ley de Inspección de Trabajo, actualmente en tramitación
parlamentaria, y las modificaciones de la Lisos que proyecta el Gobierno
y que nos traerá próximamente a la Cámara van a ser los instrumentos en
función de los cuales se complete el tándem legislativo para contar con
una legislación completa sobre estos temas. Permítame, señor secretario
general de Empleo, que le plantee mis reticencias al respecto.
Ya hemos manifestado que a pesar de estar de acuerdo con que era
necesaria una modificación de la legislación de la Inspección de Trabajo,
sin embargo, hay dos elementos en este proyecto de ley que van a impedir
su eficacia total. Por un lado, no se han aceptado por parte de la
mayoría parlamentaria enmiendas que signifiquen que los representantes de
los trabajadores sean cooperadores activos in situ, en la empresa, de las
visitas de acción inspectora de la autoridad administrativa. Este va a
ser un hándicap y un
elemento de dificultad concreta que va a impedir que se atajen esas
causas y que se inspeccionen y se controlen las condiciones de seguridad
en los centros de trabajo. Por otro lado, los subinspectores suben de
rango administrativo, pero no se incrementa la plantilla de agentes con
competencias suficientes como para que haya una eficacia inspectora
importante. Hay 516 inspectores de Trabajo en toda España. Los
subinspectores ahora, antiguos controladores laborales, van a tener las
mismas competencias, van a estar sujetos a las mismas dificultades y
supeditación administrativa y van, por tanto, a tener la misma limitada
competencia o eficacia en sus funciones. En este sentido, permítanos
trasladar a este debate también esas dificultades que en función,
lógicamente, de las mayorías parlamentarias y de una visión que nosotros
entendemos no suficientemente audaz por parte del Gobierno van a impedir
que esta nueva ley sea eficaz del todo respecto a la siniestralidad
laboral. En cualquier caso, estaremos atentos a las modificaciones que se
introduzcan en la Lisos, pero es verdad que aunque las competencias sean
de las comunidades autónomas en cuanto a la aplicación de la legislación
prácticamente en todos los casos, sin embargo, también lo es que hay que
habilitar el marco legislativo de forma que no se produzca un
incumplimiento, como dice la encuesta nacional de condiciones de trabajo,
del 85 por ciento; un incumplimiento que es tan abultado que viene a
echar por tierra todo el optimismo respecto a las bondades y al carácter
completo que tenga nuestra legislación. Nuestra legislación, si no se
cumple, al final no servirá para nada. Por ello, no solamente valen los
elementos de coordinación entre administraciones, sino que es necesario
que la ley trate de paliar esta cierta dejadez y que contenga unos
mecanismos administrativos en la aplicación que vengan a impedir que
aquel que no cumpla sea realmente sancionado, de forma que se
desincentive el incumplimiento.
Nosotros creemos que hace falta anteponer otras cosas al elemento
legislativo y al elemento de la culturización, que es necesario, claro
está, pero si se dejan todas las medidas al albur de que crezca la
cultura mediante campañas --que hay que hacer, desde luego, y que además
no deben ser coyunturales sino estables, permanentes, de concienciación,
de formación y de información a todos los agentes--, si se deja todo a
una legislación que de momento sigue teniendo sus fallos y a una campaña
de culturización, y no se atajan otras cuestiones, entendemos que,
lógicamente, vamos a seguir en las mismas.
El Gobierno apunta un dato que nosotros creemos que puede ser un elemento
parcial del diagnóstico que solicitamos, que la contratación temporal
viene a ser, estadísticamente al menos, con causa del incremento de la
siniestralidad laboral. ¿Será quizá por esto por lo que, aparte de las
medidas derivadas de los acuerdos en materia de relaciones laborales
entre Gobierno y patronal, con las bendiciones y el desarrollo
legislativo posterior por parte del Gobierno, el ministro de Trabajo
planteaba ayer mismo penalizar la contratación temporal y las horas
extraordinarias? ¿Quizá por eso, porque la eficacia de esos nuevos
contratos indefinidos a pesar de las subvenciones milmillonarias no ha
sido suficiente es por lo que ahora el Gobierno da un quiebro en su
política y añade a la incentivación de la contratación indefinida por la
vía de la subvención algo que nosotros solicitábamos y que considerábamos
que era también absolutamente necesario, que es la penalización de la
contratación temporal? ¿O más bien se trata solamente por parte del
ministro de un globo sonda para ver cómo reaccionan los empresarios y
volver de nuevo a las andadas de mantener las cosas como están? Nos
alegraría que eso no fuera así y que, efectivamente, se empezara a
plantear seriamente por parte del Gobierno que la contratación temporal
no se va a reducir --salvo en cifras marginalmente significativas e
importantes, como es pasar del 96 al 92 por ciento-- si no se empieza a
adoptar otro tipo de medidas para ir modificando de verdad el mercado de
trabajo.
Junto a este tema de la precariedad, creemos que puede haber otros
elementos también. Señorías, las condiciones de trabajo han cambiado
enormemente en función de las nuevas formas de organización. Es necesario
que estudiemos bien a fondo este tema. La dureza de la jornada laboral ha
vuelto al seno de nuestras empresas. Los destajos, el incremento de
horas, extraordinarias o no extraordinarias, pagadas como extraordinarias
o no, los contratos temporales y, sobre todo, los trabajos de tipo
estacional, precario, etcétera, pueden ser --hay que estudiarlo a fondo--
otros tantos elementos del incremento de la siniestralidad. Este no es un
elemento que culturalmente se pueda atajar e incide de nuevo en que
nuestro mercado laboral --tal y como está en función de las nuevas formas
de organización del trabajo y de esa economía tan flexibilizada que está
absolutamente desregulada-- sea posiblemente también uno de los elementos
de la siniestralidad laboral actualmente existente.
Otro elemento estructural que nosotros apuntamos y sobre el que sería
necesario también legislar es el velo que cubre las responsabilidades
concretas en función de las posibilidades omnímodas de contratación y
subcontratación en cascada y de la falta de determinación de lo que son
las responsabilidades de los grupos de empresa. Nosotros entendemos que,
en la medida que no se puede determinar finalmente quién es el
responsable en cada empresa de todas las condiciones de trabajo,
incluidas las de la seguridad, no es posible prever, y es posible que
efectivamente se vaya generando un cierto clima estructural de
irresponsabilidad, quién debe acometer las medidas preventivas de
seguridad o quién debe finalmente pagar por ese incumplimiento de la
legislación preventiva. En cualquier caso, insistimos, no tenemos la
verdad absoluta ni hacemos dogma de esto. Por eso preferimos acometer
todos estos temas con la prudencia, la seriedad y el rigor que plantean
los sindicatos y asumimos las propuestas de Comisiones Obreras, que nos
plantean que, efectivamente, sería necesario crear una comisión
parlamentaria (El señor Griñán Martínez: Y de UGT)... y de UGT también.
Con todo respeto a SS. SS. yo he leído en el documento de Comisiones
Obreras, será quizá por mi afiliación sindical. Que disculpen los otros
sindicatos, que seguro que estarán de acuerdo también, incluso
documentalmente, con esta medida propuesta por Comisiones Obreras. Se
trataría de una comisión parlamentaria, con ayuda de expertos y de
agentes sociales, que
realice en un plazo breve pero al mismo tiempo suficiente un diagnóstico
final de cuáles deberían ser todas y cada una de las medidas que se
acometieran para acabar con la siniestralidad. En todo caso, nuestra
posición está lejos de ese optimismo fatal que el Gobierno plantea quizá
por salir al paso de un ataque o de una instrumentalización política
respecto al tema de la siniestralidad que no existe en ninguno de los
grupos. Me parece que es, en cualquier caso, suicida y quisiéramos que se
evitase de salida. Espero que el secretario general así nos lo confirme
en su intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Como bien sabe el señor Pimentel, ha habido un
debate en el Pleno con motivo de una moción presentada por el Grupo
Socialista y es obvio que un problema como del que estamos hablando hoy y
del que se habló en el Pleno preocupa a todos. Vamos a hacer todos el
esfuerzo para conseguir que mejore la situación de la siniestralidad
laboral y en ese sentido el Gobierno tiene que desarrollar las
iniciativas que le corresponden, igual que los demás las estamos
desarrollando en este momento, pero no es un tema en el cual queramos
buscar la confrontación, así lo dijimos en el Pleno y seguimos en ese
planteamiento.
En cualquier caso, señor presidente, a mí me sigue pareciendo tras
escuchar la intervención del secretario general que ustedes planean por
encima del problema. Me va a permitir --sin ningún intento de hacer un
planteamiento excesivamente crítico-- que podamos aterrizar más en el
fondo o, por lo menos, en cómo lo vemos nosotros dentro de esa voluntad
clara de acuerdo, en la Cámara y fuera de ella, que es necesario para
abordar un problema que no se resolverá ni con una campaña ni con un mes
ni con un año; es mucho más largo y necesita una atención permanente en
el tiempo para poder ser resuelto.
Voy a intentar ser didáctico para ver si me explico bien cuando digo cuál
es el problema. En el Pleno decíamos y vuelvo a insistir ahora en ello
--y lo ha dicho usted-- que hay un instrumento importante para
resolverlo. Usted, como quien no lo dice, dice que es poco tiempo, que se
podía haber hecho antes. Por supuesto, ¡ojalá se hubiera hecho antes!,
pero lo tenemos desde cuando lo tenemos. Ustedes son prácticamente el
primer Gobierno que pueden utilizar ese mecanismo; prácticamente, la ley
empezó a aplicarse desde mediados del año 96, y entendemos los problemas
de una ley nueva. En una comparecencia del director general de la
Inspección de Trabajo nos dijo aquí que nos encontrábamos con una ley
nueva y había que empezar a desarrollar el conocimiento de la misma para
que pudiera aplicarse. Fíjese dónde quiero llegar. Nosotros creemos que
es un problema de gestión, de responsabilidad de la gestión que tienen
que asumir ustedes. ¿En qué sentido? Me hablaba también de que los
inspectores de Trabajo hacen más actas --lo dijo aquí el director
general--, pero ¿se ha preocupado usted de saber qué actas hacen? Es
responsabilidad del director general y posiblemente usted no tenga por
qué contestarme a esa pregunta, pero lo que quiero decir es ¿hacen más
actas? Sí. ¿Porque hay más accidentes y van a todos y porque cuando
inician una campaña y una actividad van dirigidos hacia un objetivo? Yo
le aseguro que no, pregúntelo usted. ¿Hacen más actas? Sí, pero no van
dirigidos a un objetivo concreto, donde esté el problema específico. Son
ejemplos que quiero poner para entrar en lo que yo creo que es clave,
gestionar una política de salud laboral que intente mejorar la situación.
Ustedes siguen sin aterrizar cuando empiezan a plantear una nebulosa,
difuminan las causas del problema y en mi opinión, a veces, no llegan al
fondo del mismo. Voy a entrar en ese debate que tanto le gusta a usted,
el de la temporalidad, y lo digo para apuntar también datos al respecto.
Sobre el debate de la temporalidad y la siniestralidad, que, por
supuesto, en cuanto causa, se puede utilizar sin ningún tipo de dudas y
es un debate interesante, ¿cómo me explicaría usted, por ejemplo, que
desde el año 1990 hasta el año 1993 disminuyan las tasas de incidencia de
accidentes? Esos fueron años de aumento de temporalidad y, sin embargo,
en el primer año que más se modifica el Estatuto de los Trabajadores, que
desaparece la causa, que desaparece la temporalidad como fomento del
empleo, empieza a crecer, desde 1993, no desde que están ustedes, desde
que nosotros gobernábamos también --lo digo para que no se malinterprete
por dónde quiero ir o a dónde quiero llegar con ese tipo de análisis--.
Usted dice que los datos son los que son. A mí me parece, sin embargo,
aun estando de acuerdo con usted, en que es bueno que no haya trabajo
precario, que no haya trabajo temporal --entre comillas, y digo entre
comillas porque vamos a analizar más el problema de fondo, porque si no
lo hacemos, igual no encontramos las razones para resolverlo--, que es
verdad que la temporalidad como causa fundamental se da en los contratos
de construcción --y usted lo sabe-- y la construcción va a ser temporal
por definición. En nuestro sistema existe la renovación de contratos
temporales y si analizara usted otros datos y los pusiera todos juntos,
empezaríamos a ver esa situación. Los accidentes en la construcción
representan el 20 por ciento aproximadamente de los que estamos hablando
en estos momentos, de los accidentes con baja. Si son el 20 por ciento y
la mayor parte de los contratos de la construcción son para obra o
servicio, exceptuando los de personal fijo y el resto del personal
administrativo, donde no es así, nos encontramos con que el análisis
sobre el contrato de obra, que va a seguir existiendo, nos llevaría a una
situación de desánimo, porque si su análisis o a lo que induce fuera
cierto, yo le diría: cojamos a todos los contratados temporales y
preparémosles para que vayan a trabajar de una forma adecuada. Podríamos
ponernos un objetivo y eso sería gestionar como consecuencia de una causa
que analizamos.
Lo que le vengo a plantear es que la multicausalidad ya sabemos que
existe, esto es ya más antiguo que Marx, y en este caso también. En todo
contrato temporal en la multicausalidad incide la formación, pero no sólo
en los temporales, en los de la construcción y en los fijos también,
porque
si analizamos más datos, veremos que hay un problema que sí que se
plantea, y usted sabe que cuando se analizan las causas de accidentes,
porque se lo han informado sus técnicos, le están diciendo claramente que
normalmente todos los accidentes ocurren o porque no hay plan de
prevención o porque, incluso existiendo, se incumple. Es decir, inciden
más datos y no intento decir que me preocupa el tema de la temporalidad
desde el punto de vista de la siniestralidad. Si estuviera determinada
exactamente la causa, entremos en ella, formemos a los temporales y
olvidémonos de lo demás, porque así avanzaríamos mucho más. ¿Dónde quiero
llevar el problema? Lo quiero llevar al análisis de fondo, a que
entendemos que quizás el Gobierno tiene que plantearse el tema de la
gestión como un tema de enorme importancia. Nosotros, desde ese punto de
vista, decimos --y usted, como quien no lo dice, también lo dice-- que
todas las comunidades autónomas tienen competencias, es verdad, pero
ustedes tienen la responsabilidad fundamental, como Gobierno, de impulsar
un proceso cuando se produce una situación de siniestralidad peor y sí
que tienen la capacidad de dirigirlo, porque tienen los instrumentos
legales para hacerlo y lo deben hacer. Creemos que habría que entrar a
analizar este tipo de problemas desde esa perspectiva. En todo lo que
dice usted estamos de acuerdo, cómo no vamos a estarlo si la Ley de
prevención de riesgos laborales, que es muy didáctica, describe todo ese
tipo de situaciones. Es casi imposible decir algo que no diga la ley; por
supuesto, normas específicas técnicas y todas estas cuestiones son
problemas que están allí y en los que hay que avanzar, pero, en cualquier
caso, lo que pretendo decir es que se trata de un problema, porque si no
no sé cómo vamos a llevar al ánimo de la gente y al ánimo de los
trabajadores que se puede resolver. Yo creo que hay que dejar bien clara
la conciencia, y en esto ustedes son muy voluntariosos y animan mucho, de
que se puede resolver. Eso es verdad, porque ustedes se han encontrado en
la contradicción en los últimos meses de que un día hacen una rueda de
prensa para decir que la situación va tan bien en el tema del empleo,
sobre todo con el paro registrado, porque ustedes utilizan los datos
absolutos o relativos: encuesta de población activa o encuesta de paro
registrado, según el momento. Ustedes han hecho este verano dos tipos de
rueda de prensa, una para decir que han mejorado mucho los contratos
indefinidos y otra para reconocer que la siniestralidad también. Fíjese
usted las contradicciones que se producen, cuando el análisis del
problema que usted generaba al principio era el de la temporalidad. Ya
digo que es un matiz para intentar llegar a lo que yo creo que es
necesario, al fondo del problema, para saber que se trata de un problema
de difícil solución, que exigirá mucho tiempo, pero sobre el que hay que
generar la confianza en el conjunto de los trabajadores y también de los
empresarios en que se puede resolver o se puede mejorar.
No voy a reproducir el debate, vamos a continuarlo sin ningún tipo de
dudas, no sé si la semana que viene o la siguiente como consecuencia del
debate de moción. Ustedes tienen mucho trabajo para ponerse de acuerdo
con sindicatos y empresarios, para darnos a conocer también al resto de
los grupos cuál es la situación al respecto y yo deseo que tengan éxito
en esa labor. Tendrán todo nuestro apoyo en este tema y deduzco de su
propia intervención que en muchos aspectos de la moción que nosotros
hemos presentado parece que pueden compartir ustedes el mismo criterio.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones, tiene la
palabra el señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Quiero agradecer
a todos los portavoces de los distintos grupos no sólo el tono, sino la
certeza que transmiten sobre una preocupación compartida y una prioridad
de actuaciones. No estamos tratando un tema en que la confrontación
puramente política sea beneficiosa; por el contrario, yo creo que la
crítica razonable siempre enriquece y sobre todo el ánimo compartido de
buscar soluciones. Voy a concretar algunos puntos, aunque al final haré
una reflexión global.
Al portavoz del Grupo Parlamentario Popular le agradezco el apoyo que da
a una política que no ha sido triunfalista en ningún caso. Se podrá decir
más alto pero no con más claridad que la siniestralidad no va bien, que
tenemos un problema enorme. No hay ningún tipo de contradicción en
nuestras comparecencias públicas. Un secretario general de Empleo debe
hablar, lógicamente, de los datos Inem, no están, dentro de mis
competencias, como ustedes saben perfectamente, los datos EPA; por tanto,
humildemente, me limito a trasladar a la opinión pública unos datos Inem
que afortunadamente para la sociedad y para todos van bien. No he
entendido bien esa relación, intentaré desglosarla poco a poco, de la
buena marcha de los datos de empleo-Inem con siniestralidad y sin ella.
Estamos diciendo que tenemos un problema enorme como sociedad y que el
Gobierno asume la parte de responsabilidad que le corresponde y, en este
sentido, agradezco las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el sentido de que, aun pareciéndole insuficiente, estamos
haciendo todo lo que podemos y entendemos que hay que hacer.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular formulaba dos preguntas
concretas. Efectivamente tenemos que desarrollar dos aspectos. Por un
lado, está la fundación en la que participarán empresarios y sindicatos.
Es una fundación que se va a financiar con los excedentes de las mutuas.
Ahora empezamos a negociar en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo para que tenga también participación las comunidades
autónomas y creo que en unos meses podrá ver la luz esta fundación que
tiene una importancia nuclear en cuanto a las tareas de divulgación,
formación y concienciación.
Por otro lado, consideramos extraordinariamente positivo, porque siempre
SS. SS. --y lo veo razonable-- pretenden que se incremente más la
actuación de la Inspección de Trabajo --ahora me referiré a ello--,
potenciar más la capacidad sancionadora o coercitiva del Estado, pero
también es importante el estímulo en positivo. En este sentido la ley nos
abre una posibilidad de bonificar o discriminar
en positivo a las empresas que cumplen y tienen buen éxito en su tarea de
prevención de riesgos laborales. Creo que deberíamos desarrollar este
aspecto de manera que al igual que en las pólizas de seguros una empresa
que cuenta con unas instalaciones antiincendios adecuadas, tiene una
prima menor en este riesgo, por ejemplo, también las empresas que hayan
tenido unas tareas preventivas adecuadas y unos buenos índices de tasa de
siniestralidad puedan tener unas bonificaciones en las cuotas por
accidentes de trabajo. Estos dos temas están pendientes de desarrollo y
lo haremos en breve.
Tengo mucha confianza en la campaña de divulgación porque afecta a todos
y mientas más conscientes seamos del problema, mejor. Además, SS. SS.
saben --y en este sentido enlazo con la respuesta al portavoz de
Izquierda Unida-- que el Gobierno no es optimista, ni mucho menos tiene
un optimismo ilusorio. El Gobierno ha dicho que tenemos un problema y que
estamos haciendo cosas, pero queremos transmitir --y sí lanzamos ese rayo
de esperanza que a S. S. le alarma, y querría que lo compartiera-- que es
posible solucionarlo. No estamos ante un problema fatal que no tenga
solución; la tiene. Si usted analiza las causas de los accidentes, se
encontrará que la mayoría de ellos puedan ser evitados perfectamente: son
caídas al mismo o a distinto nivel, son por falta de señalización, son
por sobreesfuerzos, por no respetar unas normas, son realmente causas
que, con una cultura adecuada y una tarea de formación, se podrían haber
evitado. No podemos caer en que da la sensación de que éste es un mal
endémico, cuando realmente creo que si vamos haciendo las cosas bien
entre todos, al final, desgraciadamente, habrá siempre un número de
accidentes de trabajo con el que tendremos que acostumbrarnos a convivir,
pero debe ser un número muy inferior al que tenemos. Por tanto, sí
seguimos siendo optimistas en cuanto a las posibilidades de mejora que
tenemos. Cuando los grupos de la oposición nos critican por el
triunfalismo en materia de empleo y se nos dice que vendemos
continuamente en materia de empleo, deben reconocer que en materia de
siniestralidad estamos actuando con una modestia ejemplar, y no debo ser
yo quien ponga tal epíteto, pero creo que es una modestia adecuada porque
estamos reconociendo con la crudeza de los datos la evolución negativa e
insatisfactoria que tenemos en esta materia. Por tanto, vamos a continuar
en la tarea para que la sociedad pueda vislumbrar esa esperanza y esa
posibilidad de mejora en esta materia, si aplicamos, por supuesto, las
políticas adecuadas.
Respecto al proyecto de ley ordenadora de Inspección de Trabajo, no puedo
coincidir con su señoría. Yo creo que queda francamente mejorada, más
adaptada al modelo constitucional, va a incentivar más la tarea de estos
magníficos profesionales que componen la Inspección de Trabajo y, por
tanto, sí tengo confianza en la repercusión positiva de esta
modificación.
Comparto con el portavoz de Izquierda Unida la importancia que da a la
Inspección, que es nuclear, pero no debemos hacer recaer toda la
responsabilidad únicamente en la potestad sancionadora de los
inspectores. El problema es mucho más complejo. El Estado, por supuesto,
debe hacer que se cumpla la ley, habrá que reforzarla, sabe S. S. que
estamos ahora con la Lisos, se están intensificando las actuaciones de la
Inspección en cantidad y calidad --posteriormente responderé a un
comentario del portavoz socialista--, pero el problema es mucho más
amplio y efectivamente es un mimbre más, a lo mejor es la más importante;
por eso cuando usted dice que nosotros hablamos de formación y
divulgación como de algo etéreo, no lo es porque cuando se trata de
transmitir una cultura de la prevención hay que hablar de formación, de
divulgación y de concienciación. No es algo etéreo, es algo de suma
importancia y necesario.
No cabe duda que en el mundo de las relaciones laborales todo está ligado
y usted plantea un debate --que después ha continuado el portavoz
socialista-- sobre la estabilidad, precariedad o temporalidad en el
empleo. Yo creo que tiene alguna relación y que en este país va a haber
un determinado porcentaje, que debe ser necesario, de contratación
temporal en actividades que netamente son temporales. Se ha puesto el
ejemplo de la construcción, pero podríamos hablar también de la
hostelería, en la actividad que corresponda, por ejemplo, a la campaña
turística de verano, que está ahí, y por ello debemos tener fórmulas
flexibles para atender esa necesidad. Le puedo decir que ante esa
insinuación respecto a si los anuncios del ministro pueden responder a
una insatisfacción de la evolución, nosotros estamos satisfechos de la
evolución que lleva el crecimiento de la estabilidad en el empleo. Sabe
S. S. que estamos triplicando en números absolutos y en porcentaje esta
marcha y, por tanto, estamos satisfechos. Ese anuncio del ministro
únicamente se refiere a la posibilidad de facultar al Gobierno para que
en una hipotética evolución de la marcha de los temporales y una posible
evolución del diálogo entre empresarios y sindicatos, se pueda aplicar un
incremento moderado de la cotización por desempleo a los temporales.
Fíjese S. S. que en el propio acuerdo ya queda previsto que en la reunión
de la mesa en el mes de noviembre los agentes sociales determinarán si se
toma este tipo de medidas. El ministro anuncia la posibilidad de que el
Gobierno se vea facultado para, en caso de esa hipotética evolución,
tener los instrumentos adecuados. Por tanto, hay una profunda coherencia
en las palabras del ministro, no tan sólo con una política que ha llevado
este Ejecutivo hasta el momento, sino con el espíritu y la letra de los
acuerdos con los agentes sociales. Por supuesto, en este caso nos
sentimos satisfechos, sin triunfalismos y sin optimismo desmesurado, con
la marcha de la estabilidad en el empleo, sabiendo que queda mucho por
hacer, pero también entendiendo que tendrá repercusiones positivas en el
empleo y, por tanto, nada de globo sonda del ministro sino íntima
coherencia con la línea del Gobierno y con la letra y el espíritu del
acuerdo.
Al portavoz socialista le querría hacer tres matizaciones. Por el tono
general de su intervención compruebo el deseo del Grupo Parlamentario
Socialista en colaborar también desde la Cámara para solucionar este
problema y lo agradezco sinceramente. Me ha preguntado por las actas y
qué tipo de actas se levantan. Es evidente que se están haciendo más
actas, es un dato cuantitativo, pero todos
coincidimos en que no se trata de eso. Se trata de ver cuál es la
actuación. Sí le puedo decir, para su tranquilidad, que entre las
prioridades de la Inspección de Trabajo está precisamente el fomento de
la prevención. Por tanto, son actas del inspector cuando va a una
empresa. El inspector cuando va a una empresa, entre las tareas que
tiene, está la de comprobar si se están aplicando las diversas medidas
preventivas. Por tanto, son actas con una intencionalidad muy acusada
hacia el fomento del instrumento de la prevención. No sólo estamos
hablando de más actas, sino, permítame que se lo diga, de mejores actas
con el objeto de la prevención de riesgos laborales.
Ha hecho usted una digresión amplia acerca de la temporalidad, en cuanto
a si es la responsable única. En cualquier caso, podemos compartir en
parte ese argumento, pero ello daría lugar a otro tipo de debate. No
podemos decir que la única causa de los accidentes de trabajo sea la
temporalidad de los contratos, no seríamos justos si lo dijéramos. Es
verdad que el dato objetivo es que hay un porcentaje mayor de accidentes
de trabajo entre los temporales indefinidos, pero todos éstos son datos
que tendremos que ir casando y desarrollando. Tendremos que buscar
--viéndolo en positivo, desde luego-- fórmulas para que de los diversos
instrumentos de formación que vamos a poner a disposición de la empresa
se puedan beneficiar también los trabajadores temporales. Es mucho más
fácil formar a plantillas indefinidas, porque los tenemos en todo momento
y se pueden programar mejor estos cursos de formación, que formar a
personal temporal que va y viene. No cabe duda de que tenemos que
intensificar la atención a estos trabajadores, dado que la propia
actividad temporal seguirá requiriendo el uso de los contratos
temporales.
Por último, usted habla de esa contradicción, aparente porque no es real,
entre empleo y siniestralidad, en las ruedas de prensa que celebramos. En
ellas estamos diciendo --y permítame que sea muy sucinto-- que el empleo
va bien, porque es que va bien, y que la siniestralidad va mal, porque es
que va mal; es decir, no tienen por qué ir casados, ojalá pudiéramos
decir --y estoy seguro que a usted le gustaría-- que el empleo va bien y
que la siniestralidad va bien. Pero este Gobierno es realista y no
pretende ponerse flores donde no hay motivo. En todo caso, durante el
debate de la moción y en otras comparecencias tendremos más ocasiones de
irle informando.
El portavoz del Grupo Vasco --que no se encuentra presente en estos
momentos-- preguntaba sobre cuáles eran las relaciones con las
organizaciones sociales. Creo que han sido muy intensas. Comprendo que la
dificultad de la negociación de la ley se vuelve a reproducir en la
negociación de los reglamentos, porque no siempre son compartidas las
posturas de trabajadores y empresarios, pero hemos llegado a un razonable
acuerdo básico sobre esta normativa, lo que muchas veces parecía muy
difícil. Por tanto, las podría catalogar o definir como unas buenas
relaciones y en este caso, avalado también por el magnífico espíritu y
voluntad de los distintos grupos, podemos decir, sin ánimo de
grandilocuencia, que estamos todos juntos para luchar contra este grave
problema.
--AVANCE DE LA LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
EMPLEO (INEM) EN EL EJERCICIO 1996, ASI COMO DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS
QUE SE GESTIONAN POR DICHO INSTITUTO, PREVIA INFORMACION DOCUMENTAL A LOS
MIEMBROS DE LA COMISION. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 213/000268.)
--PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR EL GOBIERNO EN EL ACUERDO FIRMADO CON LA
GENERALIDAD DE CATALUÑA, POR EL QUE SE TRANSFIERE LA GESTION DE
DETERMINADAS AREAS DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO (SPE). A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 212/000727.)
El señor PRESIDENTE: Concluida la comparecencia solicitada por el Grupo
Popular, pasamos a la solicitada por el Grupo Socialista relativa al
avance de la liquidación de los presupuestos del Instituto Nacional de
Empleo (Inem) en el ejercicio 1996, así como de los distintos programas
que se gestionan por dicho Instituto, previa información documental a los
miembros de la Comisión.
También vamos a celebrar simultáneamente la comparecencia solicitada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya relativa al procedimiento seguido por el Gobierno en el acuerdo
firmado con la Generalidad de Cataluña por la que se transfiere la
gestión de determinadas áreas del Servicio Público de Empleo, SPE. (El
señor Gimeno Marín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Gracias, señor presidente, es para una cuestión de
orden.
La comparecencia que pidió el Grupo Socialista, si mal no recuerdo, decía
en su texto específico que se pedía una información previa para así poder
celebrar este debate. Me gustaría saber si por la Secretaría General, o
por el Gobierno a través del ministerio, o por los cauces
correspondientes, se ha remitido a la Cámara alguna información antes de
la celebración de este debate, aparte de la información que supongo que
nos facilitará el señor secretario general.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, como presidente de la Comisión, quiero
confirmarle que no se ha recibido ningún documento relativo a este punto.
El señor Pimentel tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): En primer lugar,
quiero decirles que supongo que dicha información habrá salido del
ministerio y no sé exactamente cuáles son los motivos por los que no está
a disposición de sus señorías. Lo lamento sinceramente
porque me consta que la información ha salido. Comprobaré por qué no está
a su disposición, lo que sería importante no sólo para ustedes, sino
también para mí, porque podríamos tener un debate más fecundo en esta
materia.
Iniciando este debate por la parte más política, querría hablar, en
primer lugar de la transferencia del Inem a la Generalitat de Cataluña,
para a continuación orientar el debate hacia la ejecución presupuestaria.
Como ustedes saben, hubo un acuerdo de investidura y gobernabilidad
suscrito por dos partidos --Popular y de Convergència i Unió--, uno de
cuyos aspectos contemplaba la transferencia de determinadas políticas y
actuaciones del Instituto Nacional de Empleo. El Partido Popular, dentro
de ese acercamiento al principio de subsidiariedad en la Administración
pública, siempre ha tenido el deseo de aproximar las diversas políticas a
los ciudadanos. Además tenía el convencimiento de que hay que acercar las
políticas de empleo a los territorios porque se consigue una mayor
eficacia en la aplicación, y contaba con un marco adecuado para este tipo
de transferencias. Asimismo, como usted sabe, nuestra Constitución de
1978 establecía ya un marco competencial que reservaba al Estado,
ineludiblemente, la facultad exclusiva en materia de legislación laboral,
pero que permite que las comunidades autónomas asuman las funciones de
ejecución de la normativa laboral en sus respectivos territorios. Sobre
esta base constitucional, los diversos estatutos de las comunidades
autónomas, en concreto, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado
por la Ley orgánica 4/1979, determinó que correspondía a la Generalitat
asumir dichas facultades de ejecución en materia laboral.
Por tanto, el Partido Popular en este acuerdo de gobernabilidad e
investidura recogía una doble circunstancia: por una parte, un mandato
constitucional que otorga esa competencia de gestión de las políticas
activas a las comunidades autónomas y, por otra, un convencimiento
político de la necesidad o de la mejora que supone el principio de
subsidiariedad en tareas de gobierno y la necesidad y la bondad de
acercar las políticas de empleo al territorio. Por tanto, teníamos
voluntad política y marco jurídico adecuado.
También, como usted sabe, existe un principio constitucional que debe
garantizar un mercado único en cuestión laboral en todo el Estado, así
como el cumplimiento de los principios de solidaridad y de apoyo a los
más necesitados. Esta transferencia era la tercera para que teníamos que
tener en cuenta para garantizar este principio constitucional de primera
entidad.
Además, esta transferencia ha coincidido con unos momentos importantes.
Usted sabe que el Inem, el gran instituto de política de empleo que ha
tenido este país, que ha prestado importantes servicios, sin ningún
género de dudas, a la configuración de las políticas de empleo y de los
pagos de prestaciones por desempleo, tenía que ser ya redefinido porque
aunque en la realidad se había roto el monopolio de la intermediación,
todavía continuaba teniendo una sensación de monopolio aparente, que no
coincide con la realidad legal, derivada de la realidad constitucional,
por la que ya se habían empezado a transferir algunas políticas activas.
Les recuerdo que había cinco comunidades autónomas que tenían transferida
la formación profesional ocupacional, otras no la tenían, y algunas otras
gestionaban ya programas de autónomos, de autoempleo, de política social.
Es decir, que había una auténtica jungla de transferencias, parciales,
selectivas, a unas comunidades sí y a otras no, sin que hubiera ningún
tipo de orden ni concierto.
Lógicamente, era ya el momento de abrir un debate, que se ha iniciado con
los agentes sociales. Desde aquí hago el ofrecimiento para que este
debate se celebre con los diversos grupos porque va a configurar el
futuro servicio público de empleo. Es política de Estado el futuro
servicio público de empleo y voy a requerir ese debate compartido,
tenemos un acuerdo básico, en línea muy básica también --permítame la
redundancia-- de este futuro servicio público de empleo, y conjuntamente
a este momento surgió el debate de la transferencia a la comunidad
autónoma.
Hemos respetado el mandato de la Constitución, hemos respetado --como no
podía ser de otra forma-- un acuerdo que se había alcanzado entre el
Partido Popular y el de Convergència i Unió, llevamos a cabo el programa
de gobierno que tenía el Partido Popular en cuanto al principio de
subsidiariedad y acercamiento de las diversas políticas a los ciudadanos
y además hemos adelantado algunas de las acciones, de las políticas
previstas en el nuevo servicio público de empleo. Estamos ante una
transferencia que, aunque todavía tiene algunos elementos transitorios,
va a beneficiar a los ciudadanos de Cataluña en este caso, y va a ser el
modelo que aplicaremos posteriormente en otras comunidades autónomas.
Hablamos ahora de Cataluña, pero usted sabe que también se ha producido y
tendrá vigor el mismo día en la Comunidad Autónoma de Galicia, para la
que se contempla exactamente el mismo modelo, que respeta la
Constitución, el mandato de unos grupos políticos y además los pilares
del nuevo servicio público de empleo. Así pues, hoy son Cataluña,
Galicia, pero la lógica hará que continuemos con las comunidades
autónomas del artículo 151 y las asociadas. Por tanto, tendremos que
empezar ya la negociación con Andalucía; con el Gobierno vasco hay alguna
dificultad, dado que los responsables políticos también nos piden la
transferencia de la cuota de FP y nosotros entendemos que son dos temas
absolutamente distintos. Al igual que hay un beneficio evidente para los
ciudadanos en cuanto a la transferencia de la gestión de las políticas
activas, entendemos que romper el principio de la cuota única en FP sí
tendría consecuencias muy negativas, no sólo para el conjunto, el
concepto de caja única, sino incluso para los propios ciudadanos y
ciudadanas vascos. ¿Por qué? Porque en el sistema de protección social,
en el sistema de solidaridad, existe la ley de grandes números. No cabe
duda de que cuando la garantía, la certeza, la seguridad que se tiene en
el futuro, la base que garantiza los recursos financieros, es más amplia,
se está menos expuesto a evoluciones positivas o negativas que cuando
afectan con más intensidad a zonas concretas, por tanto a menor universo.
En este sentido, le anticipo que, aunque no sea el motivo de esta
comparecencia, independiente de esas dificultades puntuales con los
responsables vascos, que esperamos solventar para continuar este proceso
de transferencias, el mismo modelo por el que se ha optado en Cataluña va
a ser el que se va a ir llevando a cabo con las distintas comunidades
autónomas.
Le quiero explicar el procedimiento que hemos seguido en las
negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y la Generalitat. Comenzaron
el 2 de julio de 1996, por tanto, hemos estado un año, mucho tiempo,
negociando y trabajando en estas transferencias porque teníamos el deseo
de que saliera lo mejor posible. El texto que se tomó como base, como
usted sabe, es el acuerdo de investidura que, muy resumidamente, nos daba
varios mandatos. Primero, le digo lo que decía el acuerdo y, después, lo
que hemos hecho del acuerdo porque creo que este contraste es importante.
Nos decía el acuerdo que correspondería a la Generalitat la
intermediación en el mercado de trabajo, con inclusión de la totalidad de
los servicios de colocación del Instituto Nacional de Empleo, oficinas de
empleo, registros y autorización de la agencia de colocación en Cataluña.
Acordamos también la transferencia de la gestión de las políticas activas
de empleo, que comprende los programas de escuelas-taller y casas de
oficio, los servicios de cualificación y orientación profesional, los
servicios integrados para el empleo, las iniciativas locales de empleo y
agentes de desarrollo local, las medidas de apoyo a las iniciativas
empresariales y planes de ocupación.
Estos traspasos deberían quedar enmarcados no sólo en el ámbito de un
régimen jurídico único sino también en la organización de un servicio que
garantizase un sistema coordinado e integrado de la gestión en el
conjunto del territorio, con la necesaria adecuación al servicio europeo
de empleo. La intermediación, que será gestionada desde Cataluña, debe
quedar integrada en una intermediación nacional, aunque ellos gestionen,
para poder garantizar también la libertad y la igualdad de oportunidades
para todos los trabajadores de España. Un trabajador de Murcia, de
Andalucía o de Vigo debe saber si hay alguna oportunidad de empleo en
Cataluña o un trabajador de Cataluña debe conocer si hay algunas
posibilidades de empleo en el resto del país. Así quedó expresado y era
el mandato que teníamos.
En cuanto al ámbito de la formación profesional, como usted sabe,
Cataluña ya tenía las competencias en formación profesional ocupacional.
Se concretaron los traspasos de dos centros del Instituto de Formación,
del Instituto Nacional de Empleo, el de San Feliú de Llobregat y el de
Hospitalet de Llobregat, sin perjuicio de que siguieran desarrollando sus
funciones a nivel estatal.
¿Qué se ha hecho de estos contenidos? Se ha eliminado una referencia
expresa a la participación de Cataluña en el Consejo General de Formación
Profesional, dado que todas las comunidades autónomas tienen
representación en él, según la nueva ley que ha regulado el Consejo
General de Formación Profesional. Por tanto, ya estaba cumplido ese punto
del acuerdo en la propia Ley. Creo que ha sido una aportación muy válida
la que arroja esta ley en la configuración de los órganos que van a
desarrollar algo tan importante como la formación profesional. La
participación de Cataluña en las funciones de la unidad administradora
del Fondo Social Europeo se articulará a través de la conferencia
sectorial de asuntos laborales; así ha quedado recogida a satisfacción de
ambas partes.
Por tanto, una vez salvados estos dos puntos, las negociaciones se
circunscribieron a las políticas de empleo desarrolladas hasta ahora por
el Inem que he enumerado anteriormente. Hubo algunas diferencias, que
además fueron públicas, en cuanto al concepto de qué son políticas de
empleo. El Gobierno siempre entendió --y en el acuerdo quedaba claramente
recogido-- que se trataba de las políticas activas de empleo, dado que
las políticas pasivas, el pago de prestaciones y subsidios --ya hay
sentencia del Constitucional que lo avala-- entra dentro del ámbito de la
Seguridad Social, por lo que responde a un principio de caja única.
Ha sido un modelo final, dado que teníamos sobre la mesa una realidad:
por una parte, era conveniente y oportuna la transferencia de las
políticas activas de empleo y, por otra, era oportuna y conveniente la
competencia estatal en las políticas pasivas de desempleo. Tenemos que
pensar ahora en el ciudadano. Se nos abrían varias posibilidades, separar
oficinas, es decir que la Generalitat o el correspondiente Gobierno
autónomo tuviera una oficina de políticas activas y el futuro servicio
público de empleo mantuviera otra distinta de políticas pasivas, o si era
más razonable, para evitar al ciudadano este ir y venir de una oficina a
otra, integrarlas en un mismo recinto físico con un identificativo del
servicio español de empleo y de cada servicio autonómico de empleo, donde
convivieran los trabajadores de una y otra institución, para que pudieran
estar coordinados y beneficiar al ciudadano. De forma transitoria --y
digo transitoria porque es el modelo por el que hemos optado hasta
ahora--, se ha optado por mantener esa convivencia en el mismo recinto
físico, con un identificativo del servicio público de empleo y del
servicio autonómico de empleo, y estaremos abiertos hasta ver su
evolución. Con esto, creo que cumplimos esa demanda de los ciudadanos de
facilitar su gestión al máximo: facilitamos la relación entre políticas
activas y pasivas y estamos cumpliendo ese mandato que teníamos de
acercar las políticas de empleo al territorio.
Este sistema de convivencia tiene algunas dificultades. A pesar de que
tenemos un convenio firmado con la Generalitat donde se especifican
funciones, responsabilidades, titularidad, es decir que tiene cierta
complejidad, para evitar los posibles desajustes que se produzcan, hemos
creado una comisión paritaria de coordinación y seguimiento, constituida
por tres representantes de la Administración del Estado y otros tres de
la comunidad autónoma. El texto definitivo, que incluía los contenidos
señalados, fue ultimado en la reunión de la ponencia técnica del acuerdo
de traspasos, con fecha 30 de octubre de 1996. A partir del período
transcurrido de octubre de 1996 a junio de 1997, se han determinado los
bienes, derechos y obligaciones del Estado que se traspasan y que
posteriormente pasarían a
constituir la relación número 2 del Real Decreto 1.050/1997, de 27 de
junio, que aprobó las transferencias. Igualmente, durante este período se
han especificado los medios personales que serían objeto de traspaso, así
como los puestos de trabajo que, encontrándose vacantes, serían
traspasados y cuyas relaciones constituyen los números 3 y 4 del
mencionado real decreto.
Otro aspecto que se ha cuantificado posteriormente --y perdonen que sea
exhaustivo, pero es para que comprendan la cantidad de matices que
incluye una transferencia de esta índole-- es la valoración de las cargas
financieras correspondientes a las funciones y servicios que se
traspasan, que se incluyen como relación número 5 del real decreto.
Sobre la base de todo lo señalado, la Comisión Mixta de Transferencias,
prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, adoptó el acuerdo sobre el referido traspaso en el Pleno del 3
de junio de 1997. Dicho acuerdo fue trasladado al ordenamiento jurídico a
través del anteriormente mencionado Real Decreto 1.050/1997. Su
efectividad se producirá el 1 de enero de 1998.
También les informo de que prácticamente tenemos ultimado el convenio de
colaboración entre la Generalitat y el Inem, en el que hemos trabajado de
forma muy intensa, para la coordinación de la gestión del empleo y de las
prestaciones por desempleo; es el caso de cómo ordenar esa aventura de la
convivencia en la que vamos a iniciar el nuevo servicio público de
empleo. El texto, consensuado entre ambas partes, tiene por finalidad
reordenar la gestión territorial de la gestión por desempleo en Cataluña
tras la publicación del real decreto, al objeto de garantizar la adecuada
coordinación de la gestión del empleo y de la formación ocupacional con
la protección por desempleo, y de procurar una organización eficaz que
permita la mejor atención a los desempleados. Espero poder firmar este
convenio, que prácticamente está ultimado --nos quedan algunos aspectos
de los equipos informáticos y sobre todo del mantenimiento del software,
porque debe ser un software que permita la integración, a lo largo del
presente mes de octubre.
En cuanto a la segunda petición de comparecencia, relativa a la
liquidación del presupuesto de 1996 del Instituto Nacional de Empleo y
que ha sido agrupada por el presidente de la Comisión en este grupo,
quiero reiterar mis disculpas porque no haya podido disponer S. S. de la
documentación que había solicitado, como era su derecho y como me hubiera
gustado que hubiera sido posible.
Quiero recordarle que los presupuestos de 1996, como usted bien sabe, son
prórroga de los de 1995, dado que las Cortes no aprobaron el nuevo
presupuesto para 1996. Por lo tanto, el Gobierno ha tenido que abordar
una serie de medidas sobre un presupuesto del año anterior y una serie de
no disponibilidades, cambio muy importante, algunas de ellas hechas por
el Gobierno anterior y otras realizadas por el Gobierno actual.
La no disponibilidad global del Inem --me refiero a ello en conjunto
porque sería largo especificarlo por aplicaciones presupuestarias y
fecha-- fue muy elevada, dado que estamos hablando de 404.000 millones de
pesetas para el año 1996.
Para desglosar la ejecución del presupuesto me voy a referir tanto a la
previsión como a la no disponibilidad y como a la liquidación final, para
así abordar la información desde el punto de vista más global y
exhaustivo posible. Las previsiones de ingresos para 1996 importaban
inicialmente la suma de dos billones 389.152 millones de pesetas. La
previsión final se fijó, una vez descontada la no disponibilidad de los
404.000 millones de pesetas, en un billón 984.000 millones de pesetas.
Esta cuantía era presupuestariamente el crédito disponible, dado que no
podíamos usar la no disponibilidad. Es muy importante este matiz porque
posteriores cuadros de ejecución presupuestaria no darían los mismos
porcentajes de ejecución si se refieren al presupuesto inicial (es decir,
los dos billones 389.152 millones de pesetas) o si se refieren al
presupuesto ajustado por la no disponibilidad (es decir, un billón
984.000 millones de pesetas). En todo caso y en pura técnica
presupuestaria, el Gobierno siempre debe aplicar los porcentajes de
ejecución presupuestaria sobre la cuantía de un billón 984.000 millones
de pesetas, que es la partida presupuestaria final que está a disposición
del Gobierno y del Instituto Nacional de Empleo. De esta cuantía los
derechos reconocidos ascendieron a un billón 953.000 millones de pesetas.
De ellos se ha ingresado al final del ejercicio un billón 860.000
millones y el resto prácticamente ya está liquidado dentro de los
procedimientos habituales. Es decir, que del billón 984.000 millones de
pesetas de crédito disponible ha habido derechos reconocidos que
ascienden a un billón 953.316 millones de pesetas. Este presupuesto de
ingresos se liquida con estos derechos netos de un billón 953.316
millones de pesetas, lo que representa una ejecución del 98,4 por ciento
teniendo en cuenta que es sobre la previsión de ingresos teóricos de un
billón 984.000 millones de pesetas y no sobre los dos billones 389.152
millones de pesetas, porque tenemos que aplicar siempre la no
disponibilidad, y se genera un remanente de 40.163 millones de pesetas al
haberse liquidado el presupuesto con unos derechos reconocidos de un
billón 953.316 millones de pesetas. El gasto de este remanente es la
diferencia entre un billón 953.316 millones de pesetas (obligaciones
realmente reconocidas) y un billón 913.000 millones de pesetas (derechos
realmente reconocidos).
En cuanto al presupuesto del gasto, que ascendía inicialmente también a
dos billones 389.000 millones de pesetas, habría que deducir igualmente
la no disponibilidad de los 404.000 millones de pesetas, con lo cual nos
quedaría un crédito disponible de un billón 984.000 millones de pesetas,
lógicamente también en gasto. De esta cantidad se ha ejecutado un billón
913.000 millones, que representa un 96,4 por ciento del total. Por tanto,
en presupuesto ejecutado, no el presupuesto inicial ni siquiera el
presupuesto que resta una vez quitada la no disponibilidad, tendríamos en
obligaciones reconocidas, un billón 953.000 millones de pesetas; en
gastos reconocidos o derechos reconocidos en gasto, un billón 913.000
millones de pesetas, que nos daba los 40.000 millones de remanente y que
nos da en gasto una ejecución presupuestaria del 96,4 por ciento.
Perdone que me haya extendido en esta exposición, pero es que hay cuadros
que comparan las políticas ejecutadas con el presupuesto inicial y no con
el resultante de la no disponibilidad. En mi segunda intervención le
puedo ampliar información sobre algún capítulo específico, si así lo
desea, dado que sería arduo hacerlo ahora y prefiero centrarme en aquel
aspecto o programa en el que S. S. tenga un interés específico.
El señor PRESIDENTE: Siguiendo el orden de la exposición o de solicitud
de la comparecencia, que es el mismo que ha seguido el compareciente,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Voy a hablar de las dos cuestiones suscitadas
por ambas solicitudes de comparecencia.
Quiero agradecer la exhaustiva información que el secretario general de
Empleo nos ha dado respecto a todo el procedimiento, los orígenes,
etcétera, de las transferencias del Inem hacia la Comunidad Autónoma de
Cataluña y explicar el motivo de nuestra solicitud. Nosotros entendemos
que es obligado que se produzca una explicación exhaustiva y una
participación en este sentido, aunque no sea más que en el ámbito básico
de la información y de la posibilidad de poder discutir y debatir estos
temas por parte de quienes representamos la soberanía popular, que somos
este Congreso de los Diputados y los distintos grupos.
Nosotros, más allá de estar de acuerdo, que lo estamos, con la
transferencia no solamente a Cataluña sino al resto de las comunidades
autónomas de la gestión de las políticas activas y de todo lo que
significa el servicio público de empleo, hubiéramos deseado que estas
transferencias no se produjesen en virtud de acuerdos de gobernabilidad,
en cualquier caso coyunturales por muy respetables y legítimos que sean,
y no entramos a denunciar ninguna ilegitimidad en este sentido;
hubiéramos preferido que, en vez de producirse por acuerdos de
gobernabilidad, se hubiesen logrado después de una discusión
parlamentaria y de la posibilidad de participar todos en este nuevo
modelo de Servicio Público de Empleo finalmente resultante, de forma que
no se hubiesen dado las situaciones a las que se ha llegado. Más allá de
que el resultado sea óptimo o no, de que se haya realizado con toda
exquisitez y con todo respeto a principios constitucionales tales como el
de caja única respecto a las prestaciones de políticas pasivas, etcétera,
más allá de esto --que en cualquier caso tomamos nota por su información
de que así se ha realizado y, por tanto, no tenemos nada que decir en
este sentido-- hubiéramos deseado que este debate se hubiese celebrado
antes de las transferencias, antes de ir desgranándose transferencias de
las políticas de empleo y de las que afectan a la estructura de los
organismos que las gestionan.
Nosotros seguimos preocupados por cómo se va a recomponer este nuevo
modelo y nos gustaría que se explicitase ese ofrecimiento a los distintos
grupos de diálogo y de discusión sobre cómo se va a articular, cómo se va
a realizar eso; ofrecimiento que acaba de realizar el secretario general
de Empleo y que, aunque quizá llegue tarde, más vale tarde que nunca, y
podría servir para que todos participemos en que esto se haga de forma
respetuosa con los principios de solidaridad y de cohesión
interterritorial que corresponde a un único mercado de trabajo y a las
responsabilidades del Estado.
En este sentido, nada más hay que alegar. Creo que es importante que por
parte de Izquierda Unida se haya suscitado este debate, porque entendemos
que se debería de haber realizado de otra forma el procedimiento, lo que
para el futuro conviene tener en cuenta y no acudir ya a toro pasado.
Respecto al tema de la ejecución del presupuesto de 1996, quisiéramos
que, aparte de la explicación de estas cifras, se nos explicase por qué
existen excedentes a la hora de hacer el balance final y por qué va
reduciéndose cada vez más la cuantía de las cantidades presupuestadas que
efectivamente cubren los derechos reconocidos. ¿Qué explicación da el
Gobierno a esto? ¿Por qué, efectivamente, ya para el próximo presupuesto
van a seguir reduciéndose las cantidades presupuestadas para el Inem?
Esto tiene que tener una explicación que deberá incluirse en la
explicación de la ejecución del presupuesto porque afecta, sin duda
alguna, a la cobertura de los derechos derivados de las situaciones de
contingencias de los trabajadores beneficiarios de las prestaciones
pasivas del Inem, más allá de otras eventualidades que también serán
concausa de esta reducción del presupuesto habilitado para cubrir todo lo
que son los programas del Inem. Nosotros quisiéramos que se dé la
explicación de por qué va a ser el cuarto ejercicio presupuestario,
posiblemente consecutivo, en el que efectivamente van reduciéndose los
presupuestos del Inem, y cómo eso no afecta a los derechos y a las
situaciones económicas de las familias de los trabajadores que se ven en
la situación de desempleo. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, interviene don Fernando
Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: En principio hablaré de la primera intervención
del secretario general, y quería dejar unos puntos muy claros. El primero
es que en estos momentos todas las comunidades autónomas tienen la misma
competencia de ejecución sobre todo este tipo de materias. No era la
misma situación antes y, en consecuencia, era imposible que algunas
comunidades autónomas tuvieran transferidas competencias de este tipo. La
única cosa que era transferible en su momento era la formación
ocupacional para las comunidades autónomas que tenían esa posibilidad.
Hoy existe una homogeneización del problema, y lo digo para clarificar
alguna duda que se podría haber suscitado.
Quiero dejar bien clara la posición de mi grupo. Al empezar un proceso de
transferencias como el que se plantea --y estamos de acuerdo con todos
los procesos de descentralización que se quieran abordar siempre y cuando
se sepa a dónde se va-- nosotros tenemos dudas de si existe una posición
diáfana de modelo que el Estado tiene en estos momentos sobre el servicio
público de empleo. Eso es
lo que nos preocupa, porque si no sabemos a dónde vamos, el peligro que
se produce es que se empiece a desmembrar una realidad y que se produzca
una situación de un servicio público peor prestado y que garantice peor a
los ciudadanos los derechos que tienen. Ese es el problema que nos
preocupa respecto a ese tipo de cuestión. Le quiero dejar también claro
que el País Vasco no aceptó la transferencia de la competencia en su día
porque exigía también la cuota de formación profesional --como usted sabe
sin ningún tipo de dudas--, y eso es lo que provocó que no se produjera
esa transferencia. Le quiero preguntar en estos momentos simple y
claramente: ¿está en condiciones el Gobierno de transferir la cuota de
formación profesional a las comunidades autónomas? O si lo prefiere más
en concreto: ¿está en condiciones o no de transferir la cuota de
formación profesional al País Vasco? Seguimos hablando.
Señor secretario general, usted es responsable políticamente de la
gestión de un presupuesto de enorme importancia en este país. Las mismas
cifras que ha dado usted nos colocan en un gasto de 1,9 o dos billones,
etcétera. Le voy a decir algo que creo que es lamentable que pueda
ocurrir. Respecto a la información que facilitan ustedes a esta Cámara,
es posible que yo sea un ignorante en este tipo de cuestiones y en este
tipo de materias, pero no he conseguido una información sistemática de
cómo se liquida el presupuesto del Inem. Tenemos datos de la Intervención
General del Estado y de la Seguridad Social. Es cierto --tengo que
reconocerlo-- que usted ha mantenido el esquema presupuestario original
en la red Internet a través de la base de datos del ministerio, es decir,
lo que aprobamos en los presupuestos de 1997, pero ni siquiera mes a mes
conocemos cuál es la evolución no sólo de 1997 sino tampoco de las
situaciones anteriores. Eso no es posible y no se puede admitir en un
sistema como el nuestro, pero en el Inem --y tengo que reconocer que a
veces la técnica presupuestaria es más opaca de lo que debería ser y poco
transparente-- se baten todos los récords de falta de transparencia de
qué es lo que pasa con su presupuesto.
Hoy usted nos viene a hablar de los presupuestos de 1996 mediante una
comparecencia que se le solicitó en abril de este año, y además se le
pidió documentación. En abril tenía una lógica la fecha de la liquidación
de 1996, pero yo no sé si en estos momentos tiene lógica el debate sobre
la liquidación de los presupuestos de 1996, cuando el Gobierno acaba de
presentar los presupuestos para el año 1998. No obstante, tengo que
adelantarle que en esos presupuestos para 1998 no he podido todavía ver
los documentos que se refieren a la liquidación de 1996 y a las
previsiones para 1997, que también hacen ustedes o quien sea el
responsable en el ministerio de todo este tipo de cuestiones.
Usted insiste. He tenido que acudir a los servicios de esta Cámara a ver
si alguna revista, en alguna publicación, en algún documento de esta casa
podía enterarme de qué es lo que ha pasado con el Inem o con los
presupuestos de los que usted es responsable políticamente. Viene usted
aquí, nos hace una descripción de datos y tengo que decirle que sí. No sé
si durante el fin de semana facilitaron a los servicios de la Cámara
algún otro dato, pero le quiero decir que es para nota lo que usted ha
enviado. Sin ningún tipo de dudas no me he enterado --no sé si los demás
grupos lo habrán recibido-- por ninguna comunicación formal de la
Comisión, que era la que tenía que ser receptora de una comunicación
formal del Gobierno a la Cámara. Me he enterado porque me he preocupado
de ir a los servicios de la Cámara, y cuando facilite a los demás grupos
los datos que me dieron y los vean, le aseguro que es para compadecerles.
Esa es la situación, para la que, señor presidente, pido el amparo de la
Mesa de esta Comisión, porque habrá que aprobar algún tipo de norma por
la que se conozcan mes a mes los presupuestos de liquidación de un
organismo tan importante como es el Inem en estos momentos.
Usted viene aquí, nos facilita una información sorpresa y nos da una
avalancha de datos; algunos ya se conocían y otros, lógicamente, usted
tiene la capacidad de adelantárnoslos. Supongo que sabrá que usted
también viene aquí a discutir políticamente con nosotros. Yo no sé qué
percepción tiene usted de la situación. Nos ha soltado aquí una serie de
datos, pero no nos ha dicho qué significan, o qué es lo que significan
para ustedes, porque para mí sí que significan algo, y es el debate
político. A lo mejor está usted esperando que yo lo produzca, pero
debería haberlo iniciado usted, al menos por la situación de inferioridad
en que coloca a la oposición cuando discutimos sobre este tipo de datos.
De todo lo que voy viendo, llego a una conclusión. Ya sé que en el debate
sobre el presupuesto de 1997 empezamos a hablar de si el inicial, de si
era el proyecto de presupuestos, de si luego había habido una disminución
de presupuesto --por cierto, bastante ajustada a la realidad y a los
objetivos económicos que había--, y de acuerdo a esos datos usted
presentó el presupuesto de 1997, aunque usted también vivió
responsablemente el año 1996. Tan responsablemente lo vivió que hoy me
permitiría decirle y asegurarle que en mi opinión lo único que se puede
decir de los presupuestos de 1997, según los datos de 1996, es que son
falsos. Esos presupuestos no definen ninguna realidad.
Es cierto que estamos debatiendo del año 1996, pero ya debatiremos sobre
la presión fiscal, a pesar de que parece que a ustedes no les va
discutirlo políticamente. Sin embargo, hoy se debate mucho sobre la
presión fiscal en todos los medios de comunicación. Por cierto, que al
hablar de los presupuestos del Inem, de sus ingresos y de lo que son las
cotizaciones, usted está contribuyendo de una manera fundamental a esa
presión fiscal, y no se sabe si con necesidad o sin ella.
Vamos a discutir políticamente de estos temas o de estas cuestiones.
Usted quiso justificar ante la opinión pública y ante la Cámara unos
presupuestos de ingresos que tenían que ver con las cotizaciones a la
Seguridad Social. En este caso eran las cuotas de desempleo y de
formación profesional, que ya sabe usted que van al mismo ritmo que las
de la Seguridad Social, porque cotizan sobre las mismas bases, como le
dije al principio del año. Con ello la Seguridad Social preveía que iba a
incrementar los ingresos de cotizaciones el 7 o lo que sea. Luego será el
5 o el 6, porque va a faltar bastante dinero, pues normalmente cuando
hablamos de un punto en Seguridad Social --también
en el INEM-- nos estamos refiriendo a cifras preocupantes y serias.
Pues bien, nos encontramos con que en su momento parecía que no aumentaba
la presión; digo la presión en la globalidad de lo que significa la
evolución de los ingresos. Si la Seguridad Social incrementaba más sus
ingresos, lógicamente el Inem tenía que hacerlo igual, por lo menos
paralelamente, más o menos, no exactamente, pero sí de una forma
paralela. Ustedes en los presupuestos que presentaron prácticamente
dijeron que no subía en nada esto. Muy bien. Hemos llegado a la realidad
y ya conocemos, por fin, qué es lo que pasó en 1996.
Si lo que dicen en Seguridad Social es cierto, el año 1997 también va a
crecer en ingresos, pero va a disminuir de una forma ostensible una parte
importante de los gastos, que son las prestaciones de desempleo. A mí me
interesa saber cómo están disminuyendo las prestaciones de desempleo, en
las dos o las tres partes que existen en estos momentos, fundamentalmente
la prestación contributiva y la prestación no contributiva. El Reass me
da la sensación de que va más ajustado, pero me interesa discutir con
ustedes políticamente cuál es la concepción que tienen de las
cotizaciones sociales, porque en lo referente al problema de la Seguridad
Social empiezo a tener la sensación de que el Estado se está llamando
andana respecto a las transferencias que debe producir para hacer frente
a las prestaciones no contributivas. El Estado no sólo no paga, en los
presupuestos que ustedes hacen, todas las prestaciones no contributivas,
sino que en la evolución de lo que se está produciendo nos encontramos
con que las cotizaciones de desempleo siguen creciendo, las prestaciones
de desempleo están disminuyendo, el Estado pone menos dinero, pero por
cotizaciones sociales se paga más.
¿Cuál es el problema? La filosofía política del proyecto de presupuestos
de 1996 y de 1997 (del de 1996, de una parte de su gestión; del de 1997,
ya totalmente responsables; y del de 1998, no le quiero ni contar lo
responsables que ya son ustedes porque se heredan a sí mismos del año
1997) que ustedes siguen es qué es lo que se tiene que pagar con
cotizaciones sociales, porque esto también son cotizaciones sociales. ¿O
usted es partidario de que con cotizaciones sociales se financien todas
las cosas que se están financiando en estos momentos? Porque con las
cuotas de desempleo en el presupuesto de 1996, más en el presupuesto de
1997 (que ya tendremos ocasión de discutir) ustedes están financiando
casi todo. Estamos hablando de 400.000 ó 500.000 millones, que no tiene
nada que ver; las cotizaciones sociales no deberían financiar ese tipo de
cuestiones. Debatamos a fondo el problema.
Usted viene aquí, por supuesto, a dar cifras, pero para avalar un
planteamiento político. Con las cifras que me da y con las que yo tengo
quiero discutir políticamente con usted lo que ha sido la ejecución de
este presupuesto.
Las preguntas que le puedo plantear van en esa tendencia. Querría saber
si ustedes piensan o no que con las cotizaciones sociales hay que
financiar otro tipo de políticas, porque yo me temo que puede ocurrir (no
a través de los datos que me da usted, sino a través de los datos que
amablemente la Intervención General del Estado me facilita sobre las
transferencias; menos mal que la Intervención General del Estado cumple
un poco mejor) que para el mes de mayo --posiblemente si miráramos en
Internet tendríamos ya hasta el mes de julio-- nos vamos a encontrar con
que parece que a ustedes a lo largo del año se les reconoce muchos
derechos de ingresos. Sin embargo, el Estado paga muy poco, y supongo que
lo habrá notado. También es cierto que hay otro lío enorme entre el
Ministerio de Economía y la Seguridad Social en cuanto a los movimientos
de dinero. (El señor Cercas Alonso: Eso es más gordo todavía.) Entonces
la cosa es más preocupante.
Lo que quiero indicarle es que nos estamos encontrando con que con las
cotizaciones de los desempleados, de los sectores más débiles de la
sociedad, se están tapando todos los agujeros que el Gobierno tiene como
consecuencia de su política fiscal. Ese es políticamente el tema de lo
que ha pasado en 1996 y de lo que empieza a pasar en 1997, que ya veremos
si nos enteramos. Yo le pido que nos facilite toda la información, mes a
mes, de cómo va la evolución de 1997, porque si no tendremos que hacer
propuestas en esta Cámara para conseguir ese tipo de información. Vuelvo
a insistirle en que el problema es de fondo, no sólo de forma. No quiero
discutir con usted sólo de si estamos hablando de compromisos de gasto,
de derechos reconocidos o de pagos realizados. Ese debate también lo
podemos hacer si quieren, aunque me parece que hay pocos pagos
realizados. Derechos, muchos; obligaciones, muchas, y pagadas también
¡qué remedio! En cualquier caso, hagamos el debate de fondo con las
cotizaciones sociales, qué es lo que hay que pagar con las cotizaciones
de desempleo y a qué se tienen que dedicar. Porque estamos hablando de un
agujero de 400.000 millones. Y cuando digo agujero, que no se me
interprete mal, estoy hablando que se están pagando 400.000 millones que,
en mi opinión, no deberían ser abonados con cotizaciones sociales. Este
es el problema de fondo.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, para una cuestión de orden en
relación con un tema incidental que me gustaría sustanciar en este
momento. Se refiere a un asunto planteado por el portavoz del Grupo
Socialista, que tiene que ver con una documentación previa para plantear
el debate relativa al Inem.
El señor PRESIDENTE: ¿Tiene algún dato que aportar respecto a lo que se
ha facilitado a los miembros de la Comisión para saber si es una cuestión
de orden? A la Comisión lo que le consta es lo que entra por el registro
de la Cámara.
El señor HERNANDO FRAILE: Es para darle los siguientes datos.
El señor PRESIDENTE: Los debería dar el secretario general de Empleo, no
el portavoz del grupo parlamentario.
El señor HERNANDO FRAILE: Como el secretario general de Empleo está
compareciendo, me he tomado la molestia de conocer, a través de los
servicios de la Cámara, si esa documentación había tenido entrada. En
estos momentos estoy en condiciones de decir que esa documentación ha
tenido entrada y que fue remitida por el Inem hace dos semanas. Se
recibió en el Servicio de Documentación y ha sido remitida a algún
portavoz de determinado grupo parlamentario que así lo solicitó en su
momento. Por tanto, la remisión de esa documentación ha sido previa a la
intervención que se ha producido y a la celebración de esta Comisión. Le
rogaría al presidente que compruebe estos datos y que nos amplíe la
información.
El señor PRESIDENTE: Comprobaré la información que facilita, pero no me
parece nada regular que una documentación que llega por el registro
general en quince días no haya sido remitida a la Comisión y que, en
cambio, haya sido facilitada a algún grupo parlamentario. Pero eso es
secundario. Lo importante es que un documento que entra por vía oficial
no haya llegado a los servicios de la Comisión.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, como la responsabilidad se
depositaba en el Gobierno, quiero que quede claro que no es así.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Creía que lo había aclarado un poco, pero voy a
aclararlo más.
Cuando se incluyó en el punto del orden del día y conocí que se iba a
tratar esta cuestión, con tiempo más que suficiente para conocer los
temas me preocupé de enterarme si existía la documentación que se había
pedido. Como comprobé que no existía documentación --me dirigí a la
Comisión para ver si había algún papel o alguna cuestión que se pudiera
plantear--, intenté venir lo mejor preparado posible a esta
comparecencia, como es mi obligación. Como casi siempre hago, me dirijo a
los servicios de la Cámara a ver si entre todos los papeles, que tienen
muchos, muchas publicaciones y muchas revistas, hay suerte y encuentran
alguno que yo no he podido localizar. Existe el boletín de estadísticas
del Ministerio de Trabajo, por cierto situado en Internet, pero no hay
gestión presupuestaria del Inem. Estoy hablando no de hace dos semanas
--le han dado una información inadecuada--, sino de hace unos días.
Me dirigí a los servicios de la Cámara que, con toda diligencia,
intentaron hacerse con una documentación para facilitársela a un
diputado. Para conseguir esta documentación, parece ser que lo que
hicieron fue dirigirse al propio Inem. Los funcionarios del Inem, muy
amablemente, dijeron que facilitaban la información de 1996 y la de 1997.
Cuando fueron a por ella, les dijeron que la de 1997 ya no podían
dársela. No sé quién lo diría. Yo supongo que nadie. En cualquier caso sí
facilitaron la de 1996. La de 1997 dicen que hasta el lunes no está
disponible. Debe ser porque el señor Rato vino con todos los libros ayer
y nos la trajo.
Ayer por la noche fui otra vez a la biblioteca de esta Cámara para ver
los libros que había traído el señor Rato y disponer de información.
Alguna conseguí también de esos libros, pero por mi cuenta. Ese es el
relato de los hechos y por eso los demás grupos es imposible que la
tengan, porque no ha habido ninguna documentación remitida formalmente,
nada más que bajo el planteamiento que estoy diciendo.
En cualquier caso, hasta en esa información facilitada del año 1996
--vuelvo a decir para los que no estén muy dedicados a esto de las cosas
presupuestarias-- sólo hay números --lo digo para que lo entienda todo el
mundo--, no hay ni definición de programas, no ponen nombre ni de los
programas --ya sé que para los técnicos presupuestarios con poner siete
dígitos es suficiente para saber de qué va--, ni siquiera lo han sumado.
Señor presidente, la situación es lamentable hasta para esa documentación
que se facilita, pero estoy convencido de que esto se resolverá
próximamente.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, que conste entonces,
claramente, que el portavoz del Grupo Socialista tenía esa documentación
(Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, por favor, un momento
de orden. (Rumores.)
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Señor presidente, que conste que el portavoz
del Grupo Socialista tiene la diligencia que no tuvo el Gobierno.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Demos por cerrada la cuestión de orden con la
información cruzada.
Señoras y señores diputados, por favor, guarden silencio. (Rumores.)
Concluyamos esta cuestión de orden, recordando que, en cualquier caso, la
solicitud de comparecencia y de información documental lleva fecha de 17
de abril, que es la que consta como registro de entrada en la Dirección
de Comisiones de esta Cámara.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Quiero felicitar al compareciente, al
secretario general de Empleo del Ministerio de Trabajo, y agradecerle
toda la información que ha sido facilitada, tanto en aras al acuerdo que
se ha llegado entre el Gobierno de España, el Ministerio de Trabajo en
este caso, y el Gobierno de la Comunidad Autónoma catalana, la
Generalitat, con el respectivo conseller de Trabajo.
Creo que en este área es rica no sólo la información, sino también el
contenido propio del acuerdo. Quiero decir con toda claridad que ahí se
plasma el discurso de investidura, el pacto de legislatura que, en su
momento, consiguió el presidente del Gobierno en el debate del mismo.
Tengo que decir que, en coherencia con ese pacto de investidura, el
Gobierno ha avanzado no sólo en el impulso autonómico, sino también, como
hemos conocido por declaraciones
recientes --se va a desarrollar y se está trabajando en ello--, en el
pacto local.
Quiero decir con eso que las competencias transferidas a comunidades
autónomas no sólo se persiguen desde el ámbito del Ejecutivo, del
Gobierno central, sino que también se va a trabajar en ese área de
competencias que deben transferir a su vez las comunidades autónomas a
las corporaciones locales y a los ayuntamientos. Y aunque no sea
propiamente objeto de debate en esta Comisión, quiero decir con ello que
ahí se plasma que el Gobierno sigue cumpliendo con todo lo pactado, con
todo lo dispuesto, con todo lo dado a conocer en ese debate de
investidura.
Me gustaría decir que lamento determinados tonos de alguna fuerza
política, porque creo que cuando las cosas funcionan, los deberes se
cumplen, se avanza, se genera empleo con políticas --no sólo desde el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sino en concatenación también
con los acuerdos elaborados desde el Ministerio de Economía y Hacienda--,
se demuestra que desde este ministerio se cumplen bien los deberes, se
respeta el proceso y el desarrollo de los artículos constitucionales en
el área social, y se demuestra también que no sólo porque se pidan
determinadas transferencias desde alguna comunidad autónoma el Ejecutivo
cede. El Ejecutivo tiene planteamientos claros, rotundos y rigurosos de
lo que es el principio constitucional del artículo 41, en el que se
establece que en modo alguno se podrán romper ni la caja única, ni el
sistema único de Seguridad Social, que habrá que fomentar la solidaridad
interterritorial y la cohesión social.
Ese acuerdo, que como embrión luego va a ser trasladado a otras
comunidades autónomas, se ha desarrollado por el Ministerio de Trabajo
con la Consellería de la Generalitat de Cataluña en el área laboral. Nos
felicitamos, pues, por ese acuerdo. Se demuestra también que ese acuerdo
va a tener su continuidad en las transferencias a las comunidades
autónomas que accedieron al proceso de descentralización autonómica por
el artículo 151 de la Constitución. En ese área, que tampoco es
competencia propia de esta Comisión, ya se ha visto que se han empezado a
reformar estatutos de autonomía como, por ejemplo, en Aragón. Todo esto,
de una forma global, demuestra los principios claros, el modelo al que
vamos; que no es un modelo iniciado por el Gobierno del Partido Popular,
puesto que determinadas transferencias, como la formación profesional,
habían sido hechas desde 1991. Se trata de seguir avanzando en este
proceso y de ahí los acuerdos sobre la intermediación en el mercado de
trabajo, con la inclusión de los servicios de colocación de empleo, las
áreas de formación profesional que siguen avanzando, la participación de
la Generalitat de Cataluña en la función administrativa del Fondo Social
Europeo, de acuerdo con los criterios de la Unión Europea que basa sus
trabajos en la propia conferencia sectorial. Y nos felicitamos también de
que las competencias sobre el derecho a la percepción de la prestación
por desempleo, que no pueden ser objeto de traspaso, hayan sido
rigurosamente cumplidas por el Gobierno.
Quiero celebrar la creación de la comisión de cooperación y seguimiento,
que se plasma de acuerdo con el desarrollo de la Ley del régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común. Es la primera norma jurídica que prevé la creación de comisiones,
tanto de colaboración, de cooperación en este caso, de seguimiento y de
control para los problemas que se puedan suscitar en los acuerdos entre
Gobierno y comunidades autónomas a fin de solucionar también posibles
conflictos entre distintas comunidades autónomas. Se ve aquí que se ha
seguido fielmente lo reflejado en dicha ley y, por lo tanto, quiero
felicitar al secretario general de Empleo por toda la información que nos
ha sido facilitada.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Camps tiene la
palabra.
El señor CAMPS DEVESA: A efectos de la segunda de las comparecencias
solicitadas, sobre la que ha hablado ya el secretario general de Empleo,
al cual desde mi grupo le damos las gracias por su presencia, así como
por los datos que ha dado en el día de hoy, debo decir que los mismos ya
le fueron facilitados, también a petición propia, a este portavoz --en
este caso por los servicios de documentación de la Cámara-- y que son los
que tiene el que ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en
este debate. Son unos cuadros bastante inteligibles y clarificadores, en
nuestra opinión, pero, sobre todo, mucho más completos que los que se nos
facilitaban cuando otros éramos oposición y otros eran Gobierno y
teníamos debates de este tipo. Algunos parecen perder la memoria
histórica; es bueno que la recuperemos en esta Cámara de vez en cuando.
No me extraña, de todas maneras, cuál ha sido la discusión planteada por
alguno de los otros grupos y, en concreto, por el Grupo Parlamentario
Socialista, que no ha hecho ni una sola referencia, como nosotros sí que
haremos en cambio, a los datos que ha facilitado el secretario general de
Empleo esta mañana. Porque se pedía el avance de liquidación de 1996 y el
portavoz Grupo Parlamentario Socialista ha acabado hablando del
presupuesto de 1997 y su ejecución, del próximo presupuesto de 1998, e
incluso de las cuentas de la Seguridad Social.
Sé que hay una tendencia irrefrenable en los miembros del Grupo
Parlamentario Socialista, de un tiempo a esta parte, a querer hablar
constantemente de la Seguridad Social, y no será este diputado el que se
niegue a ello porque, además, normalmente, dentro de mi grupo también me
toca la responsabilidad de defender estos temas. Pero tendrá que convenir
conmigo en que es un asunto que está absolutamente fuera de la
comparecencia que se había solicitado por parte del Grupo Parlamentario
Socialista. Probablemente sería que el portavoz del Grupo Socialista
tenía poco que decir a lo que le había dicho el secretario general de
Empleo y entonces se ha metido en un debate de tipo formalista sobre cómo
debe ser el traslado de la documentación a los diputados en esta Cámara,
si el Gobierno lo ha trasladado debidamente o no y si, evidentemente,
tenemos mayor o menor capacidad de trabajo, o al menos de investigación,
por parte de las señorías que aquí nos encontramos, en buscar por los más
recónditos rincones de la Cámara
aquella documentación necesaria para plantear sus debates parlamentarios.
Sí nos gustaría haber oído otras cosas, en lugar de un debate de ese
tipo, vacuo --voy a permitirme decírselo, por el cariño personal que
tengo al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista--, impropio de la
persona que ha tenido la palabra en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, conocedor en profundidad de los temas que hemos tratado esta
mañana. Además, ha hecho gala de eso justamente en el primero que hemos
discutido esta mañana sobre siniestralidad. A lo mejor los datos que le
habían dado de ejecución del presupuesto no eran los que le apetecía
escuchar o eran los que daban pie a un debate de otro tipo.
No tenemos que olvidarnos de una cosa muy importante, señorías, y es que
estamos hablando del presupuesto del año 1996, que es de 1995 prorrogado.
Todos conocemos las circunstancias por las que no fue aprobado ese
presupuesto, el primer presupuesto nasciturus, como lo denominan algunos,
de nuestra democracia, concebido pero no nacido. Ese presupuesto de 1995
no fue elaborado por el gobierno que ahora está rindiendo cuentas, sino
que, en virtud de que era la prórroga de un presupuesto anterior,
evidentemente había sido elaborado por otro gobierno distinto. Estamos
aquí discutiendo cómo ejecuta un gobierno de color distinto un
presupuesto realizado, en virtud de esa prórroga, por otro gobierno; otro
gobierno que, además, es justamente el gobierno al que el señor Gimeno,
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, daba su apoyo en su
momento y ahora mantiene posturas críticas o aceradas desde la oposición.
En cuanto a la ejecución de ese presupuesto, que es lo que nos debería
importar, con los datos que ha dado el secretario general de Empleo --los
tengo aquí apuntados--, estamos hablando de ejecuciones, tanto en el
capítulo de ingresos como en el de gastos, por encima del 95 por ciento,
incluso del 98,4 por ciento, cuando estamos hablando de la liquidación
del presupuesto de ingresos. Por tanto, es una liquidación muy ajustada a
un presupuesto no hecho, sino prorrogado por un gobierno que lo debía
ejecutar.
Eso, en principio, debía tranquilizarnos a todos. Al menos nos
tranquiliza a nosotros, porque en nuestro recuerdo aún está cuando
justamente --y el presupuesto del Inem viene muy al detalle-- se
producían desviaciones presupuestarias de un billón de pesetas;
desviaciones presupuestarias que, por cierto, le puedo asegurar, señor
Gimeno, que investigamos en esta Cámara para verlas y mire que tardamos
tiempo en encontrarnos los datos que nos pudieran facilitar la cuantía
exacta de las desviaciones que se producían, y ya no le quiero ni contar
respecto a las explicaciones de las mismas.
Hoy en día, cuando estamos ejecutando presupuestos a un 98,4 por ciento,
evidentemente, podemos estar tranquilos, al menos deberíamos estar
tranquilos o deben estar tranquilos los electores, los españoles,
nuestros conciudadanos, de que no se produzcan desviaciones que, además,
traían consigo un desequilibrio del sistema, y aquello sí que era
preocupante, porque estamos hablando de desviaciones de un billón de
pesetas. Cierto es que eran otros momentos, que ya han pasado, y cierto
es también que se pudieron solventar esas situaciones como mejor fue
posible. (El señor Griñán Martínez: Hubo alguna que otra ley.) No
hagamos, entonces, un debate demagógico, un debate vacío, un debate fácil
sobre un presupuesto que se ha ejecutado prácticamente a la perfección,
como ha quedado puesto de manifiesto por las palabras del secretario
general de Empleo.
Sé que por parte de algún grupo parlamentario se tienen ganas (estamos en
ello, el momento político de ahora es el presupuestario; acaban de entrar
en esta Cámara los presupuestos de 1998), se tiene cierto ardor opositor
por comenzar con ese debate. Pero la comparecencia que teníamos hoy no
era para ello, ni siquiera para hablar de la ejecución del año 1997 en el
que estamos, sino que era para hablar de la liquidación del año 1996.
Dejemos, por tanto, de lado esas circunstancias y tampoco argumentemos,
en modo alguno, que la comparecencia llega tarde, porque no recuerda
tampoco este portavoz haber tenido alguna agria discusión en reuniones de
Mesa y portavoces sobre la necesidad imperiosa de haber introducido esta
comparecencia con mayor prontitud en el tiempo porque si no carecería de
significado. Se introdujo cuando así se pidió por el Grupo solicitante;
por tanto, estimamos que el momento conveniente para ello será éste y no
es de recibo que ahora se diga que es un momento ya tardío y que no tiene
mucho sentido. El debate que hay que abrir en estos momentos no es el de
a qué destinamos o a dónde queremos destinar las cotizaciones sociales
respecto de los gastos que tenemos que efectuar, de todas maneras, el
señor secretario general de Empleo ya realizará las precisiones que
entienda oportunas.
El debate era respecto a si se han ejecutado debidamente por áreas y por
capítulos unos presupuestos no realizados por este Gobierno y que,
además, tuvieron no un agujero, aunque se ha matizado por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, sino un acuerdo de no disponibilidad de más de
400.000 millones de pesetas, y que tendremos que recordar también que
390.000 millones largos habían sido adoptados por gobierno distinto al
que tenía que ejecutar el presupuesto. Teniendo en cuenta esos
antecedentes, tendríamos que llegar a una sola conclusión a nuestros
efectos: el presupuesto de 1996 se ha liquidado, a nuestro juicio,
convenientemente.
Si el señor secretario general de Empleo quiere extenderse en su próxima
intervención, nosotros, en todo caso, le solicitaríamos --si nos lo puede
remitir también por escrito para mayor información de todos los miembros
de esta Cámara-- que esa liquidación del presupuesto de 1996 también se
hiciera por capítulos determinados para que vean los señores de los
distintos grupos de la oposición que no ha habido desviaciones extrañas
que pudieran desprenderse de las palabras que ha manifestado en el,
reitero, debate vacuo o estéril que han querido plantear esta mañana en
esta Cámara. Porque lo único cierto, a nuestro entender, es que se ha
ejecutado bien el presupuesto de 1996, lo cual pone de manifiesto, señor
presidente, a nuestro juicio, que este Gobierno no sólo es capaz de
elaborar presupuestos que lleven a este país por la senda económica
adecuada, sino que también es capaz de ejecutar presupuestos
que otros hicieron, incluso mejor que los que hubieran ejecutado ellos
mismos. (Rumores.--Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Secretario General de Empleo,
señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señor presidente,
en cuanto al debate primero (por una parte, la configuración muy
relacionada de un nuevo servicio público de empleo y, por otra parte, la
transferencia de las políticas de empleo a Cataluña), creo que hay, por
la intervención de los diversos grupos, varias coincidencias muy
importantes. Estamos todos de acuerdo en la conveniencia y bondad de
transferir y acercar las políticas de empleo a las comunidades autónomas,
que es un dato muy importante y que avala, en este caso, de forma expresa
la política del Gobierno. También hay un deseo, especificado claramente
por los portavoces de los Grupos Popular y de Izquierda Unida, de que
estas transferencias se hagan dentro de un modelo y de una coherencia y,
en este sentido, puedo tranquilizar también al señor Gimeno porque sí
sabemos a dónde vamos. Sabemos de dónde partimos: de una Constitución que
tiene un mandato cierto y que no hay duda al respecto sobre las
competencias que otorga a cada institución; también de una línea
programática, en este caso del partido que sustenta al Gobierno, en
cuanto a la necesidad de ir transfiriendo estas políticas activas y,
después, la necesidad de mantener una unidad nacional en las políticas
pasivas, en las políticas de desempleo. Todo ello hace que estemos en
disposición de configurar ahora, con el cumplimiento del mandato
constitucional, este nuevo servicio público de empleo.
En este sentido, vuelvo a reiterar el ofrecimiento; tendremos que ver
cómo lo hacemos. Tendría interés en llegar a un acuerdo de bases con
empresarios y sindicatos sobre cómo debe ser el futuro servicio público
de empleo, que garantice todos los preceptos constitucionales y que,
sobre todo, sea un instrumento muy ágil y muy eficaz.
Cuando hablo de que la transferencia hecha a la Generalitat de Cataluña
aún tiene algún modelo de convivencia transitorio, me estoy refiriendo a
que ese modelo será consagrado o no por el nuevo servicio público de
empleo. Si decidimos entre todos que se consagre, se consagrará, y si, al
final, se decide separar la convivencia física de las políticas pasivas y
activas, se hará en su momento.
Por tanto, sabemos a dónde vamos; sabemos de dónde veníamos y tenemos las
posibilidades de diseñar, de forma conjunta y muy razonable, contando
también con los agentes sociales, el futuro del servicio público de
empleo.
En cuanto al segundo debate, estoy totalmente de acuerdo con la opinión
expresada por el portavoz del Grupo Popular. Yo vengo a una
comparecencia, independientemente de otras sobre las que vamos a hablar,
que se refiere al avance de liquidación de los presupuestos del Instituto
Nacional de Empleo en el ejercicio de 1996. Aunque me parece sugerente y
atractivo el debate que nos abre S. S. sobre Seguridad Social,
prestaciones por desempleo, presupuestos habidos y presupuestos por
haber, creo que mi rigor en este caso me hacía referir exclusivamente a
la liquidación del presupuesto. Ni siquiera usted me dice o me pide una
valoración política de esta liquidación. Me habla de liquidación y yo,
con la máxima claridad que me ha sido posible, me he referido a ella.
Hay dos matices que quería hacer a S. S., independientemente de que
respetando sus derechos y una vez que ha quedado aclarado que la
información ha estado en tiempo, me comprometo a que la próxima vez esté
todavía más en tiempo y si desea S. S. más información le daremos más. El
Gobierno en esta materia está muy orgulloso y muy tranquilo de la
política que está realizando y tiene interés en seguir incrementando la
transparencia. La próxima vez, no se preocupe, mejoraremos esos canales
y, en este sentido, sí podremos decir --ya se ha hecho referencia a
ello-- que este Gobierno facilita la información con más tiempo y más
transparencia que en otros momentos.
Aparte de este debate formal, quería decirle, señor Gimeno, que la
ciencia presupuestaria no es ni esotérica ni oculta, mundial, como parece
decir en su intervención que acabo de oír; es precisamente una técnica
presupuestaria muy concreta y muy definida, y en esa nebulosa usted ha
dicho una cosa que sí considero grave y que en una persona de su
responsabilidad tiene consecuencias negativas. Usted ha dicho
textualmente que el presupuesto de 1997 es falso. Esta afirmación tan
rotunda y categórica supongo que tendrá que ser explicada en otro
momento. El presupuesto de 1997 fue aprobado por esta Cámara, está siendo
ejecutado y está dando resultados muy brillantes en política económica.
Por tanto, señor Gimeno, no debe hacer afirmaciones de ese calibre en una
Cámara cuando no explica el porqué. Yo no puedo coincidir en ese debate.
Ciñéndome a la cuestión para la que estoy compareciendo, el presupuesto
de 1996 ha tenido una ejecución compleja, por las causas que se han
expuesto, una ejecución alta, muy importante, tanto en ingresos como en
gastos, y en el día de hoy puedo decirle que nos sentimos satisfechos de
esa ejecución. Pronto veremos la ejecución del presupuesto de 1997,
dejando los demás aspectos para el debate de 1998 que sin duda promete.
Le anticipo que va a haber novedades muy importantes en políticas de
empleo y un cambio filosófico de políticas pasivas hacia políticas
activas. Pero estos temas los dejaremos para su momento.
El señor GIMENO MARIN: Señor presidente, sólo quiero plantear una
cuestión. Como al secretario general le gustan las cuestiones concretas,
quiero decirle que no ha contestado a una pregunta importante que le he
formulado, y es si se está en condiciones de transferir las cuotas de
formación profesional a las comunidades autónomas y al País Vasco. No sé
si lo recuerda, pero se lo he preguntado. Insisto porque es una pregunta
importante.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, yo creo que se refirió a ello en su
intervención; no obstante, no creo que haya ningún inconveniente en que
lo reitere.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Como ya le dije
en mi primera intervención,
en el ánimo del Gobierno, en el diseño constitucional y en la voluntad de
nuestro programa está el acercar las políticas de empleo al territorio y,
por tanto, la transferencia de la gestión de las políticas activas. Usted
sabe que la cuota no es una política activa, tiene otra naturaleza
jurídica y, por tanto, el Gobierno en el día de hoy --y lo ha explicado
varias veces el Ministro de Trabajo-- no contempla romper la caja única
ni en materia de Seguridad Social ni tampoco en cuestiones de formación
profesional. Por tanto, estamos hablando con los responsables vascos
sobre cómo se puede articular esa transferencia del Inem sin que se
transfiera la recaudación de la cuota de la FP.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pimentel.
Se interrumpe la sesión estrictamente por cinco minutos. (Pausa.)
--DIRECTRICES BASICAS DEL PROGRAMA PLURIANUAL DE EMPLEO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO). (Número de expediente
213/000330.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, continuamos con la
última de las comparecencias, solicitada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), para informar de las directrices básicas
del programa plurianual de empleo. Tiene la palabra don Manuel Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): La práctica de
elaborar programas plurianuales por parte de los Estados miembros de la
Unión Europea se inicia en el otoño de 1995, para dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos en el Consejo de Essen, de diciembre de 1994, y
ratificados en los sucesivos consejos europeos. Por tanto, estamos ante
una práctica ya usual y consolidada de los Estados miembros dentro de la
Unión Europea. El establecimiento de estos compromisos, que todos ustedes
conocen, vino determinado por el intento, a nivel europeo, de situar la
creación de empleo y la lucha contra el desempleo en el centro de las
prioridades políticas de la Unión, iniciando una estrategia común que
pudiera dar una respuesta más eficaz al desafío más importante que
afronta la sociedad europea. En estos momentos el paro afecta a 18
millones de ciudadanos en el conjunto de la Unión.
Los programas plurianuales no son una ley --como ustedes saben-- sino que
son programas que recogen el conjunto de políticas y los objetivos de los
distintos gobiernos de los Estados miembros acerca de las políticas de
empleo. Usualmente se estructuran en torno a los cinco puntos de Essen,
para ver con qué políticas concretas se desarrollan los objetivos y los
ejes fundamentales de la política de empleo anunciada en la cumbre de
Essen. Los programas plurianuales constituyen, por tanto, el marco de
referencia para evaluar los progresos alcanzados por los diferentes
países en la lucha contra el paro, recogiendo las medidas innovadoras y
las políticas puestas en práctica por cada Estado.
Cuando se constituye esta nueva legislatura, el nuevo Gobierno, dados los
intensos frutos del diálogo social, entendimos que había llegado el
momento de elaborar un nuevo programa plurianual de empleo que recogiera
el momento actual en legislación laboral y las nuevas políticas de empleo
que se estaban poniendo en marcha. Existía un programa plurianual de
empleo, aprobado en el año 1995 por el Gobierno anterior, que había
tenido sus frutos, pero entendíamos que las nuevas circunstancias
nacionales y los nuevos acuerdos sociales exigían ya presentar y preparar
un nuevo programa plurianual de empleo. Este programa que elabora el
Gobierno nació con varias ideas básicas. En primer lugar, que no iba a
ser un programa plurianual de empleo del Ministerio de Trabajo, sino que
se quería que fuera un programa plurianual de empleo del Gobierno de
España. Por tanto, se creó una comisión de nueve ministerios y nos
pusimos a trabajar conjuntamente para ver qué actuaciones desde cada área
sectorial se ponían al servicio del empleo. En este sentido, el programa
plurianual recoge muchas políticas sectoriales donde se crea empleo.
Hablar del desarrollo de políticas de medio ambiente y de los nuevos
campos que se abren es también hablar de empleo. En este sentido,
quisimos elevar el compromiso que supone el programa plurianual de empleo
de afectar tan sólo a un área, que es tradicionalmente el Ministerio de
Trabajo, a todo un Gobierno. La propia Unión Europea ha felicitado por la
iniciativa de vincular de forma más intensa los programas plurianuales de
empleo a la estrategia global del Gobierno. Por tanto, estamos ante un
programa que se elabora en una comisión interministerial, que preside el
vicepresidente del Gobierno señor Rato y vicepreside el ministro de
Trabajo, señor Arenas, que da sus frutos. El programa plurianual está
aprobado y será presentado en breve a la Unión Europea --es el
requisito-- en fecha muy oportuna puesto que se están iniciando debates
muy intensos para la cumbre que sobre el empleo se va a celebrar en
Luxemburgo el próximo mes de noviembre. En este programa plurianual de
empleo se recogen las líneas básicas que sobre política de empleo piensa
desarrollar este Gobierno.
Aparte de la actividad de la comisión de los nueve ministerios, este
documento fue remitido en tiempo a organizaciones sindicales y
empresariales, y aunque no fue negociado con ellas, ha habido un
intercambio de opiniones y un conocimiento mutuo. No es un documento
fruto del consenso; ha sido conocido por las organizaciones sociales, que
han opinado del mismo, pero ha sido un documento básicamente del
Gobierno. Como cuando se habla de política de empleo hay que hablar cada
día más de comunidades autónomas y también de entidades locales, el
documento fue remitido y entregado, a través de las conferencias
sectoriales, a los responsables de Trabajo de todas las comunidades
autónomas. Los distintos borradores se han ido enviando a comunidades
autónomas, de las que hemos ido recogiendo valiosas aportaciones.
Asimismo, el primer documento fue enviado a la Federación Española
de Municipios y Provincias, la FEMP, que nos ha proporcionado
valiosísimas aportaciones. Siendo ya cierto y clarísimamente aceptado por
todos --antes lo dijo la portavoz del Grupo Popular-- que la gestión de
las políticas activas de empleo debe transferirse a las comunidades
autónomas, cada día deben tener también un peso más importante las
entidades locales. En este sentido, el pacto local y la propia cumbre
sobre el empleo que se va a celebrar en noviembre realzarán el papel que
deben tener los municipios en la gestión de políticas de empleo. Por
tanto, en su tramitación han sido oídas muchas partes, el documento ha
sido conocido por muchas partes, y el procedimiento ha sido conocido por
sindicados, empresarios, comunidades autónomas y municipios.
¿Cuál es el principio básico? El principio básico que subyace tras el
programa plurianual es muy simple. En primer lugar, entendemos que para
hacer políticas de creación de empleo, a largo plazo, el criterio de
convergencia, la estabilidad económica global no es un hándicap, sino que
es necesario. Muchas veces la población ha percibido Maastricht como
políticas restrictivas que iban contra el empleo o contra los derechos
sociales. Nosotros entendíamos que precisamente esta convergencia, que
permite tipos de interés bajos, inflaciones bajas, beneficia al empleo y
que toda la política de empleo debe desarrollarse dentro de ese marco de
convergencia. Los datos nos están avalando hasta el presente. Muchas
veces se ha criticado que estos criterios de Maastricht pueden tener a
veces algunos riesgos insolidarios. Yo les puedo afirmar, con toda
claridad, que hasta el presente están teniendo resultados muy positivos
en el empleo y muy sociales en cuanto que inflaciones bajas benefician
más precisamente a las rentas bajas y se está permitiendo incluso
recuperaciones de poder adquisitivo, por ejemplo del salario mínimo
interprofesional, cuyo valor adquisitivo está subiendo por dos años
consecutivos, que con otros criterios de convergencia no habría sido
posible. Por tanto, primero, una referencia a ese marco necesario de
convergencia; marco de convergencia donde es posible el desarrollo de la
economía productiva. El Gobierno no apuesta por la economía especulativa
sino que quiere desarrollar la economía productiva. Para ello, este marco
de convergencia era estrictamente oportuno.
Decimos muchas veces que el empleo lo crea la sociedad. ¿Qué significa
que el empleo lo crea la sociedad? ¿Que el Estado no tiene ningún papel
que cumplir? Cuando decimos que el empleo lo crea la sociedad, adoptamos,
en primer lugar, una actitud prudente y modesta en cuanto a reconocer
públicamente que el empleo no se crea a través del «BOE»; ni se crea
ampliando el empleo público ni, simplemente, por reglamentos o leyes se
puede crear empleo. El empleo lo crea el correcto funcionamiento de la
sociedad, de las empresas y de los trabajadores dentro de un marco
abierto y competitivo. Por tanto, es tarea del Estado, del Gobierno,
facilitar ese marco que haga que la actividad económica pueda florecer y
facilitar el diálogo social de todos los agentes implicados. En este
sentido, nuestro mensaje reiterado de que el empleo se crea desde la
sociedad y las normas que lo regulan deben ser debatidas con la sociedad.
Insistimos en que el empleo no se crea desde el «Boletín Oficial del
Estado». ¿Significa esto que el Estado no tiene ningún papel que cumplir
en el empleo? En absoluto. El Estado, el Gobierno, los presupuestos
tienen mucho que hacer en políticas de empleo, no tan sólo, que también
lo tiene, en defensa de los colectivos más desfavorecidos --me extenderé
en ello-- sino también en el conjunto de los trabajadores. Por tanto, no
hay una inhibición del Estado en política de empleo, sino que hay una
prioridad cuantitativa en la confianza en la sociedad. Así pues, tenemos
ese marco de confianza, esa apuesta por la economía productiva, esa
necesidad de que se incremente la actividad económica. Si no hay
incremento de actividad económica, no hay empleo y, en este sentido, las
diversas medidas de liberalización de sectores --y por eso es importante
que un Gobierno esté implicado-- hacen que en nuestro conjunto estemos
construyendo un sistema más competitivo, no tan sólo por tipos de interés
bajo, que es importantísimo, sino que por vez primera hay buenas noticias
que eran impensables en otros momentos. Las tarifas eléctricas están
bajando y no tan sólo significan más renta para la familia sino más
estructura competitiva para nuestras empresas. Las telecomunicaciones,
diversos factores, todo eso configura el sistema que da competitividad y
crecimiento de actividad económica.
Ahora bien, teniendo ya una actividad económica importante --un
crecimiento cuya previsión se cifra en el 3,2 para el presente año y en
el 3,4 para el año próximo--, tenemos que hacer que ese crecimiento
económico se pueda traducir y trasladar al empleo, y para ello hacen
falta las normas, las leyes laborales adecuadas. La ley laboral en sí no
crea empleo, pero es fundamental para ver con qué intensidad la actividad
económica se traslada al empleo. Países que tienen un crecimiento
económico importante, pero que no tienen una adecuada norma laboral,
hacen que se produzca poco empleo. Si tenemos la adecuada norma laboral
para un mismo crecimiento económico, tendremos más empleo. En este
sentido, estamos muy satisfechos por los acuerdos alcanzados entre
empresarios y sindicatos, avalados por el Gobierno y por casi todos los
grupos de esta Cámara, que han permitido adecuar aún más nuestras normas
laborales a la realidad que tenemos en el mercado laboral de nuestros
días y están permitiendo que el crecimiento económico se pueda optimizar
con relación al empleo en cantidad y calidad. Por tanto, crecimiento de
actividad económica y norma laboral adecuada para traducir esta actividad
económica en empleo.
Las administraciones públicas, que tienen medios, deben --y también es
novedoso-- actuar integradas en políticas de empleo y, al igual que hay
distintas evaluaciones, impactos, a la hora de determinar las inversiones
públicas, también somos partidarios de que el empleo sea asimismo uno de
los parámetros para determinar las inversiones, no el empleo directo --si
una carretera, una obra hidráulica o una política de vivienda crea más o
menos empleo directo a corto plazo, que también tiene una importancia--,
sino sobre todo la estructura que permite la creación de empleo a medio y
largo plazo. En todo caso, es la primera vez que se hace un esfuerzo
importante para integrar todas las políticas
de los ministerios de cara a las políticas de empleo. Todo esto, además,
dentro del contexto de la declaración de año por el empleo por el
presidente del Gobierno y por el ministro de Trabajo, que, si vale --y no
es una flor que echo al Gobierno--, de alguna forma ha anticipado un
debate que ya tiene un carácter europeo y que se consagra con la
celebración de la cumbre sobre el empleo. Si ha sido el año por el empleo
en España y prevalece con el acto formal y material tan importante que
supone, del cual esperamos resultados, esa cumbre, se traslada esa
prioridad a nivel europeo.
Ya tenemos, por tanto, los principios básicos y, como decía, el Estado
--y en este programa se recoge-- no puede permanecer al margen o no puede
permanecer ajeno a las políticas de empleo. Tiene papeles muy importantes
que cumplir y los fondos públicos son necesarios en muchas áreas. Por
tanto, no se puede tachar fácilmente al Estado de neoliberal, de
inhibirse de las políticas de empleo, porque valoramos, y mucho, el papel
que tiene que hacer. En primer lugar, hay una inversión a la que yo doy
una prioridad absoluta: la formación. Dentro de Europa, España no es una
región, no es un país con grandes recursos naturales. Nuestro principal
recurso --y debemos considerarlo así-- deben ser nuestros hombres y
mujeres y, por tanto, hay que invertir en ellos. La formación es uno de
los ejes donde pivota este programa plurianual de empleo y donde año tras
año vamos a incrementar de forma muy importante los presupuestos. También
una política de empleo tiene que entender que el mercado de trabajo no es
perfecto. No podemos dejar esta evolución puramente a las leyes del
mercado, sino que hay que proteger e incentivar a los colectivos más
necesarios mediante diversas políticas, y me extenderé en las más
importantes que son las políticas activas de empleo. Las administraciones
públicas deben dirigirse con una intensidad especial a atender a los
colectivos con mayores carencias de formación y mayores dificultades en
el acceso al trabajo como jóvenes, mujeres, parados de larga duración,
mayores de 40 años y personas con discapacidad. Sería largo extenderme en
cada una de ellas porque estamos hablando de principios, pero queremos
sacar medidas concretas de apoyo al empleo a mayores de 45 años y, por
ejemplo, vamos a firmar un acuerdo con Cermi en cuanto a políticas de
personas con discapacidad. Pero hoy quiero hablar de filosofía y no de
los hechos concretos, porque si no me alargaría mucho con un documento
tan amplio y ambicioso como es el programa plurianual de empleo.
También las políticas públicas deben ayudar y permitir que donde todavía
la sociedad por sus propios recursos mercantiles, societarios o
económicos no llega, como son los nuevos yacimientos de empleo y las
nuevas demandas sociales, el Estado pueda facilitar y ayudar al
desarrollo de actividad. Por tanto, sobre todo a través de iniciativas
locales de empleo, se van a poner en marcha nuevas políticas activas para
desarrollar acciones ante las nuevas demandas sociales: iniciativas
empresariales de autoempleo, economía social, exploración de actividades
emergentes sobre todo vinculado a las demandas sociales, nuevos
yacimientos de empleo y potenciación del conjunto de los denominados
tercer sector; tercer sector que puede tener como actores económicos,
como empresarios entre comillas, no las fórmulas clásicas empresariales
sino organizaciones sin ánimo de lucro que tienen que cumplir un papel
muy importante en estas nuevas demandas sociales. Estamos abiertos,
lógicamente, a que nuestros fondos de inversión y los fondos
estructurales sean más sensibles, como decía antes, en sus criterios de
valoración en cuanto al potencial de creación de empleo que genera dicha
inversión.
Dentro de la norma laboral, creemos que es conveniente iniciar un
procedimiento que permita la reordenación del tiempo de trabajo.
Flexibilidad es un principio aceptado, pero flexibilidad en positivo.
Algunos grupos de esta Cámara llevan tiempo pidiendo fórmulas de reparto
de trabajo que también avalan algunos sindicatos. Yo creo que son
fórmulas que, desde luego, hay que estudiar.
En el mundo del empleo y del trabajo no hay certeza y, por tanto, no seré
yo quien jamás desprecie a priori una opinión, una sugerencia de la
importancia que tienen fórmulas de reparto de trabajo. No lo voy a
cuestionar. Ahora mismo creo que el debate en sí del reparto de trabajo
es considerado como reducción de jornada de trabajo. Es un debate que
excedería al propio debate nacional; debe ser al menos un debate europeo,
pero estamos dispuestos, y creo que es positivo, a iniciar esa
reordenación del tiempo de trabajo. ¿Cómo se consigue esa reordenación y
se apunta hacia fórmulas de reparto de trabajo que piden algunos grupos?
Nosotros recogemos dos, entre otras, básicamente en el programa
plurianual de empleo. Una, la limitación de horas extraordinarias, que en
sí es la más simple, la más elemental, y ya el ministro ha anunciado algo
al respecto en cuanto a igualación de cotizaciones de los dos tipos de
horas extraordinarias que existían en la legislación. Y la otra es que
tenemos que conseguir aumentar de forma voluntaria el desarrollo del
tiempo parcial. Hay un acuerdo entre empresarios y sindicatos a nivel
europeo. Hay una propuesta de directiva que dará sus frutos pronto.
Estamos trabajando ya muy intensamente a nivel europeo. En estas fechas
una delegación del Ministerio de Trabajo en Holanda está estudiando en
profundidad cuáles han sido las claves que han permitido el éxito de
estas fórmulas. Creemos que es muy importante que se desarrollen
facilitando, con alguna protección social, las fórmulas de tiempo
parcial.
Otro elemento importante dentro de este programa plurianual de empleo, en
el que no me extenderé porque hemos hablado ampliamente en el punto
anterior, es el correcto funcionamiento del mercado de trabajo, aportando
agilidad, transparencia y eficacia. En este sentido, el nuevo servicio
público de empleo tiene que cumplir un papel muy destacado. Por cierto,
habrá otro compromiso del Gobierno y una vez definamos el nuevo servicio
público de empleo en esta Cámara habrá un debate, que supongo y anticipo
muy importante, sobre una nueva ley básica de empleo. La Ley básica de
empleo vigente es la que ha configurado los servicios de empleo, los
deberes y las obligaciones de todas las partes y va a quedar
sustancialmente modificada cuando definamos el nuevo servicio público de
empleo. Por tanto, se remitirá a lo largo del próximo año
un proyecto de ley básica de empleo que, aparte de definir los pilares
que configuran el nuevo servicio público de empleo, estoy seguro de que
podrá contemplar elementos muy novedosos.
Hemos hablado todavía poco de los pilares de esta ley básica de empleo,
pero ya anticipo a SS. SS. que es deseo del Gobierno, una vez terminado
el diseño de este servicio público de empleo, donde espero también poder
contar antes de los debates con un consenso de los grupos políticos
representados en esta Cámara, adoptar el compromiso de presentar una
nueva ley básica de empleo con estos principios y con otras cuestiones
que, sin duda, la enriquecerán.
También para nosotros es política de empleo, de redistribución de rentas,
de asegurar capacidad de consumo, de justicia social, el desarrollo de
los acuerdos sociales y la consolidación de los sistemas de protección
social. Ello debe hacerse, además, dentro de un equilibrio complejo,
porque lo es sin duda, pero posible, que es el equilibrio, por una parte,
del mantenimiento y mejora, si cabe, de los derechos sociales y, por otra
parte, con un equilibrio financiero deseable que nos permita, una vez
conseguido, iniciar una reducción de los costos no salariales. La
prioridad del Gobierno hasta el presente es equilibrar estas cuentas
sociales. Por tanto, no contempla esa reducción a corto plazo, pero nos
gustaría conseguirlo para respetar uno de los ejes fundamentales de la
política de empleo de la Unión Europea, recogido en uno de los puntos de
Essen relativo a la reducción de los costos no salariales.
Por otra parte, la Unión Europea es consciente de que las políticas
europeas tienen grandes logros en muchas materias: en libertad, en el
mundo de la cultura, de la educación, del Estado de bienestar, pero
tenemos todavía un punto en el que otras regiones del planeta han
funcionado con mayor eficacia que nosotros, como es el empleo. En los
diversos consejos de ministros y foros especializados europeos tenemos la
noción de que algo tiene que cambiar, porque no podemos seguir
conviviendo con esa tasa de desempleo. Una de las primeras reacciones de
todos los Estados miembros y de los diversos grupos políticos que los
sustentan ha sido la de la modestia, dar por bueno que tenemos que
conocer otras experiencias. Es un programa abierto a recoger iniciativas
y experiencias que están llevándose a cabo en otros países junto a la
realización de planes piloto. Les recuerdo que se están poniendo en
marcha los pactos territoriales de empleo. Hay seis aprobados, están en
marcha algunos, otros todavía están arrancando y espero que pronto
podamos conseguirlo. Va a ser un importantísimo centro de referencia, no
sólo a nivel de España sino de toda la Unión, de nuevas políticas de
empleo.
En este conjunto de principios que inspiran el programa plurianual hemos
dado un documento que no tiene rango de ley, que va a ser presentado en
la Unión Europea la próxima semana por el ministro de Trabajo, dentro del
Consejo de Ministros que se celebrará los próximos días 6 y 7 y que, de
alguna forma, configurará el conjunto de políticas de empleo que lleva el
Reino de España a la cumbre de la Unión. Matizaré, para que no se me
acuse de optimismo desmesurado, que somos conscientes de que partimos con
un retraso importantísimo en cuestión de empleo con respecto al resto de
la Unión Europea, pues doblamos su tasa de desempleo, pero en el fondo
subyace el convencimiento de que si hemos logrado recuperar posturas en
Europa en otros parámetros, como tipos de interés o déficit; si estamos
creciendo en economía más que otros países; si nuestras empresas están
abriéndose a la economía exterior, al mundo de la exportación y de la
economía abierta con una eficacia no conocida, por qué no vamos a
acercarnos también y vamos a tener esa convergencia en cuestión de
empleo. Este programa plurianual sí contempla unos incrementos
respetables que siempre esperamos que sean superados por la realidad en
cuanto a generación de empleo en los próximos años. Por tanto, es un
programa realista que confía en la sociedad española, que da un papel
importante a la inversión pública y al Estado y que entiende que hay que
actuar a través de políticas activas de empleo para permitir la
incorporación al mercado de trabajo de personas que dejadas al libre
albur de los mercados de trabajo no lo conseguirían.
Espero haberle podido aportar una visión rápida de los principios que lo
inspiran e independientemente tienen a su disposición el programa en su
conjunto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo solicitante, tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Nuestro grupo parlamentario solicitó la
comparecencia del señor Pimentel para informar sobre las directrices
básicas de lo que luego ha constituido el plan plurianual de empleo.
Nuestra intención, cuando solicitamos aquella comparecencia, era conocer
lo que en aquellos momentos, a través de los medios de comunicación o de
otros mecanismos, nos estaban llegando sobre las intenciones del Gobierno
en la elaboración de este instrumento de su política. Hoy la
comparecencia se produce cuando el Gobierno ya ha aprobado este plan y,
por tanto, el debate se sitúa en otros parámetros.
A nuestro entender, hubiese sido interesante que el Gobierno, antes de
aprobar el plan en el Consejo de Ministros, lo hubiese traído a esta
Comisión para conocerlo y para saber cuáles son las opiniones de los
grupos parlamentarios. A los grupos parlamentarios con participación en
esta Cámara les tendría que haber correspondido intervenir en este debate
previo junto a la participación que se ha dado a los agentes sociales y a
las propias comunidades autónomas. Este es también el sentido de la
petición de nuestra comparecencia. Como decía, esto hoy no es posible y,
por tanto, el escenario es otro.
Coincidimos con el escenario macroeconómico en el que se sitúa este plan;
coincidimos también con el escenario macroeconómico de los Presupuestos
Generales del Estado; coincidimos en buena parte del análisis que recoge
el plan y coincidimos seguramente en la mayoría de las medidas que se
apuntan en el mismo. Por tanto, poco debate podemos realizar al respecto.
Tampoco vamos a entrar en alguna de las cuestiones que, a través de los
medios de comunicación, han planteado otros grupos políticos en relación
a si el plan es simplemente un catálogo de ayudas. Todos los grupos
políticos somos conscientes de que estas
actuaciones, en perspectiva de globalidad del conjunto de ministerios o
de consejerías implicadas en una actuación, no son fáciles de vertebrar.
El plan tiene la virtud de que, como mínimo, recoge aquellas políticas
que el Gobierno desarrolla y que, de una manera u otra, inciden en la
creación de empleo, algo que nos parece más que suficiente.
Me gustaría, para que se recoja en el «Diario de Sesiones», que el señor
Pimentel ampliase información, aunque ya la tenemos en el plan, sobre
algunos aspectos. En primer lugar, ha anunciado un próximo acuerdo con la
Cermi en relación a la creación de empleo para minusválidos. Hemos
presentado a los decretos de la reforma laboral algunas enmiendas que
pretenden reforzar la generación de empleo en este ámbito. Existe un
debate muy importante en el sector sobre la necesidad de avanzar hacia
una revisión de la actual Lismi o desarrollar aspectos que la Lismi
preveía y que no estaban desarrollados. Por tanto, nos gustaría conocer
con más concreción cuál va a ser el plan en relación al mundo de las
minusvalías. También nos gustaría que el señor Pimentel avanzase las
líneas sobre las mejoras en la codificación de los parados y en la
creación de nuevos incentivos para que éstos puedan encontrar trabajo;
que nos informase sobre la reducción de los costes no salariales en
determinadas situaciones y qué medidas específicas se prevén en el plan
en lo que hace referencia a los nuevos yacimientos de trabajo y a la
potenciación del tercer sector. Nuestro grupo parlamentario va a querer
dedicar una especial atención a esta cuestión en las próximas semanas
porque estima que nuestra legislación está poco desarrollada respecto a
la potenciación del tercer sector. Cualquier medida que vaya en esta
dirección será especialmente positiva y necesaria.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que van a hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: No es ninguna novedad para SS. SS. decir que
el Grupo de Izquierda Unida mantiene una filosofía de política de empleo
contradictoria con la que refleja coherentemente el Gobierno en el
programa plurianual de empleo del Reino de España. Me gustaría en esta
intervención hacer un pequeño repaso, muy sucinto, sobre cuáles son esos
elementos.
Me parece un poco atrevida la afirmación que acaba de hacer el secretario
general de Empleo de que este programa, y en general la política que
desarrolla el Gobierno sobre el empleo, no es neoliberal. Cuando se
practica una política neoliberal, socialista, progresista o de
izquierdas, lo último que se puede hacer es mantener una actitud
vergonzante respecto a ella. Me gustaría afirmar que ésta es una política
neoliberal, porque la política neoliberal no es liberal a secas, es
neoliberal; es decir, deja un espacio al Estado y al sector público. Es
justamente lo que nos acaba de definir el secretario general de Empleo.
Más allá de polemizar sobre este tema, nosotros definimos este programa
plurianual de empleo en función del seguimiento de los criterios de
Maastricht sobre la convergencia, que ya se diseñaron, y que tienen su
reflejo en el Libro Blanco de Delors y en las resoluciones sobre el
empleo de la cumbre Essen y de la cumbre de Dublín. Este programa no se
separa ni un ápice de las recetas de estas instancias europeas sobre
políticas activas, aunque sí observamos un dogmatismo mayor, si cabe, que
en estas instancias, en la medida en que afirma, por ejemplo, que la
convergencia crea empleo. Tan conscientes eran los autores de la
convergencia de que ésta en sí misma no creaba empleo que tuvieron que
hacer estos instrumentos para reflexionar sobre cómo se tenía que
complementar la convergencia, aunque no eran sino una serie de mecanismos
de tipo económico para la convergencia monetaria. Para evitar que las
políticas de empleo no se contemplasen bajo ningún aspecto, tuvieron que
hacer estas reflexiones. En este sentido, nos parece exagerado decir,
como hace el programa plurianual de empleo, que la convergencia crea
empleo.
Es verdad que la filosofía de la convergencia y de la política neoliberal
es ésta precisamente: que hay que hacer compatible las leyes del mercado
que tienen que ir a su albur, incluso el mercado de trabajo. La
competitividad, el crecimiento de la actividad económica, etcétera, es lo
fundamental y lo prioritario. Sólo así se creará o no empleo,
habilitando, eso sí, determinado tipo de políticas activas, incluso
pasivas, pero decantándose más por las primeras que por las segundas. Si
no se cambia este núcleo fundamental de la filosofía, si no empezamos a
entender que, efectivamente, puede ser importante el crecimiento de la
actividad económica, de la economía en general, el equilibrio que tiene
que haber en la competitividad de nuestras empresas, pero que a la
competitividad se puede llegar por muy distintos caminos, y
fundamentalmente que estas cuestiones son separadas y distintas de otra
que es la creación de empleo; si no se tiene eso en cuenta no podrá
llegarse a la convicción de que, priorizando siempre estas cuestiones y
obviando el problema del reparto de la productividad y de la riqueza, no
se llegará miméticamente a la creación de empleo. La creación de riqueza
y el crecimiento económico de la creación de empleo puede ser una
condición necesaria pero nunca suficiente. A veces, incluso,
contradictoria, en la medida en que los incrementos de productividad y el
crecimiento de la riqueza no se reparten hacia otras cuestiones que luego
diremos.
Izquierda Unida no puede compartir el optimismo del secretario general de
Empleo respecto a que si hemos sido capaces de corregir los índices
macroeconómicos sobre el PIB, la inflación y los tipos de interés, vamos
a ser capaces también de corregir el índice de nuestra tasa de paro. No
podemos compartirlo en la medida en que no veamos que cambia
efectivamente la filosofía que nos lleva a este callejón sin salida. En
una época de vacas gordas como la actual, de un crecimiento tan
importante de los parámetros macroeconómicos de la economía, no es
explicable el crecimiento marginal del empleo si no es en función de una
asintonía, de una disfuncionalidad, de que los mercados tienen que ser
controlados de otra forma distinta y no dejarlos a su albur, priorizando
cuestiones como la competitividad, etcétera. Nosotros creemos que hay dos
caminos
para corregir este tipo de políticas, y tenemos que señalarlo ante la
cumbre del empleo.
Decía Robert Reich que en Estados Unidos hay otro modelo de trabajador,
de persona ligada respecto al comportamiento de los mercados de trabajo,
que es el pobre con trabajo. Este tipo es el que ciertos expertos
alemanes pretenden propiciar en Europa. Hay experiencias que nosotros nos
negamos a trasladar a España, aunque en buena parte ya están trasladadas
a nuestro país, dado el nivel salarial. Si después del contrato basura se
llega al despido basura, y ahora se pretende que la solución para la
creación masiva de empleo sea el salario basura, van a tener ustedes una
fuerte oposición en Izquierda Unida, porque no entendemos que ésa vaya a
ser la solución. No creemos que así se haya explicitado bajo ningún
aspecto --seamos justos--, pero por ahí podrían ir algunas de las
soluciones a contemplar en la cumbre del empleo. Nosotros vamos a
proponer otro tipo de soluciones.
No nos basta, por tanto, con una peculiar apuesta por las políticas
activas, que contempla al mismo tiempo con suspicacia las políticas
pasivas o de prestaciones de cobertura al desempleo, sobre todo en un
mercado de trabajo como el nuestro en el que la cobertura al desempleo es
manifiestamente insuficiente. Algunos se acogen a la estadística del paro
registrado para decir que es un 48 por ciento de cobertura; yo creo que
es legítimo acogerse a las cifras de la EPA, que son competencia suya
también, no porque tenga usted que gestionar el Instituto Nacional de
Estadística, sino porque tiene que gestionar el empleo y, lógicamente,
tendrá que darnos el dato que es más veraz y correcto. En ese sentido,
cabe deducir que la cobertura del desempleo está ahora, según la EPA, en
un 31 por ciento. Nosotros no compartimos esta peculiar apuesta por las
políticas activas en detrimento de las políticas pasivas.
Creemos que el programa prescinde de la fórmula del reparto del trabajo.
Aun cuando apunta algo que nos acaba de decir S. S., es un apunte
absolutamente tímido que, en cualquier caso, difiere la solución del
reparto del tiempo de trabajo a lo que es estrictamente negociación
colectiva. Señorías, señor secretario general de Empleo, nosotros creemos
que si no hay una apuesta desde el punto de vista legislativo y político
al reparto del tiempo de trabajo las partes nunca estarán en condiciones
adecuadas para articular todas las medidas de reparto del tiempo de
trabajo que es necesario, porque de todos es conocido que las partes
negocian lo que pueden; algunos pueden tener más voluntad de acudir a
estas fórmulas, pero otros no, y algunos son más poderosos en las
relaciones laborales que otros. En función de esa distancia en la
correlación de fuerzas, nos tememos que nunca se podrán negociar
consecuentemente estas cuestiones si no hay un apoyo, una apuesta global,
política y legislativa de toda la sociedad. Es verdad que eso tiene que
avanzar también a nivel europeo. En cualquier caso, quisiéramos ver al
Gobierno español en la cumbre de empleo --que ha arrancado precisamente
por la insatisfacción de algunos países, unos más que otros, respecto a
las políticas de empleo-- más proclive a estudiar y propiciar fórmulas de
este tipo que a mantener el status actual, porque sería apostar por la
priorización de nuevo de la pura convergencia monetaria en detrimento de
la prioridad absoluta que para nuestro país tiene que tener la política
de creación de empleo.
En el programa plurianual de empleo hay también una renuncia a que el
sector público y las administraciones creen directamente empleo, ni
siquiera se rectifica la política de congelación de las ofertas de empleo
público. Nosotros entendemos que esta insuficiencia grava la falta de
creación de empleo de nuestro sistema. La política fiscal regresiva del
Gobierno es incompatible con la necesaria reforma fiscal para hacer
viable el reparto del empleo y del tiempo de trabajo, porque también esto
está ligado, efectivamente, a que se reparta la riqueza y a que haya una
derivación de los incrementos de productividad hacia fondos de inversión
para la creación de empleo. Creemos que hay que profundizar en la
creación de fondos de inversión obligatorios para esa creación de empleo
y, por supuesto, el programa plurianual de empleo no contempla esto ni
está en sus cálculos contemplarlo.
Por otro lado, no se plantea el empleo de calidad y lo nocivo que es la
desregulación del mercado de trabajo respecto a la creación de empleo, ni
se preocupa por el aparato productivo de nuestro país, que es el
auténtico diferencial respecto de otros países de nuestro entorno, por el
que España duplica en paro a la media comunitaria. Hay un cierto
desprecio por el sector público como instrumento de creación de empleo.
Las políticas de privatización podrán traer dinero a las arcas del Estado
para sufragar la deuda pública, pero, en cualquier caso, vienen siempre
seguidas de expedientes de regulación de empleo que incrementan el paro y
nunca reducen el desempleo. No se controlan las inversiones ni se plantea
ningún mecanismo para controlar las inversiones del capital foráneo. Hay
una cierta interpretación de los yacimientos de empleo como la
remercantilización de actividades que se vienen desarrollando en la
sociedad española, derivadas precisamente de los ámbitos a los que no
llega el mercado, como usted decía. En cualquier caso, necesitamos
conocer también una definición mayor de esta potencial de yacimientos de
empleo y la caracterización del mismo. Recrea el error de que la
innovación tecnológica es la que crea el paro, cuando, en realidad, la
dependencia tecnológica es la que puede crear en buena parte nuestro
problema del paro. Y, en consecuencia, no propone medidas para potenciar
una investigación y desarrollo más autóctono y suficiente, aun cuando es
verdad que en estos Presupuestos Generales del Estado va a haber ya un
incremento porcentualmente importante, aunque nunca suficiente. Dado el
suelo desde el que partimos, es evidente que el porcentaje puede ser
grande, pero, en cualquier caso, es absolutamente insuficiente pues no
llega ni al 1 por ciento lo que nuestro presupuesto destina a
investigación y desarrollo. Sigue sin darse respuesta --acabo con esto,
señorías, y pido perdón por lo prolija de mi intervención-- a la
integración de los subsistemas, de la formación, de su financiación,
etcétera, problemas que ya los sindicatos vienen planteando e intentando
abordar. Todas estas cuestiones hacen del programa plurianual de empleo
no sólo un catálogo de medidas sino de buenas intenciones que, en
cualquier caso, no van a producir el efecto deseado
de abordar con rigor y seriedad la prioridad de la creación de empleo en
nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña
Isabel López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Cuando leía este plan yo tenía algunos
problemas de entendimiento, pero como el señor Camps recordó esta mañana
que hay que tener memoria histórica, me aclaró bastante el concepto y he
podido interpretarlo un poco mejor.
Ustedes hacen varias cosas en este plan. Primero, nos meten unos cuadros
convenientemente preparados y comparan el empleo históricamente. Empiezan
comparando los períodos de 1975 a 1985 y de 1990 a 1995, cuando es
imposible comparar el empleo de 1975 con el de 1985. Me explico. Aunque
la manipulación de cifras es grave, comparar períodos como el del año
1975, en que no había libertad sindical ni negociación colectiva, cuando
había 3.500.000 personas que trabajan en el campo y cinco millones de
personas que trabajan pero no estaban incluidas en la Seguridad Social,
es imposible. Yo le aseguro que la diputada que le habla, en 1975, ya
estaba trabajando 12 horas diarias seis días a la semana, y si buscan los
datos en la Seguridad Social no aparecerán hasta bastantes años más
tarde. Por tanto, no sé por qué quieren hacer esto, puesto que la
situación de empleo que había en esos años es totalmente rechazable. No
quiero pensar que lo que ustedes pretenden es generar ese empleo que
teníamos entonces que hacía que pudiéramos hablar de pleno empleo. Eso
sin mencionar lo que decía mi compañera Matilde Fernández en relación con
los emigrantes.
El presidente Aznar y muchos ministros --usted mismo lo ha mencionado--
dicen que 1997 es el año del empleo. Pues si vemos las cifras de la EPA
--ustedes eran muy forofos de la EPA--, de los siete primeros meses del
año 1995, observarán que se crearon 330.800 empleos; que en 1996 se
crearon 242.600 y que en 1997 se han creado 222.000. Según los datos de
que disponemos, 1997, para ser el año del empleo, debe empezar a
preocuparnos.
¿Qué quieren decir estos datos? Estos datos vienen a manifestar que
después de la crisis de 1992 y 1993 se produjo una rápida recuperación de
empleo, que tuvo su momento álgido en 1995, remitió un poco en 1996 y en
1997 empieza a tener problemas. Si a eso añadimos que el crecimiento
económico en 1996 y 1997 es muy superior, tenemos que empezar a poner las
luces de alarma.
Yo siempre digo que la realidad es tan tozuda que, por mucho que nosotros
hablemos de cifras, siempre se acaba imponiendo. Eso es lo que nos está
pasando: estamos en un momento en que la economía va bien, todos lo
decimos, pero el empleo no acaba de arrancar. Ustedes plantean que la
economía de libre mercado ha de solventar todos los problemas y dicen que
no hay que subvencionar el empleo, que el empleo público es malo, que hay
que subvencionar a las empresas, etcétera. Yo debo decir dos cosas.
Primero, que las empresas, los empresarios, el capital, están para ganar
dinero y no para generar empleo. Lógicamente, una cosa lleva consigo la
otra, pero el objetivo del empresario es que su empresa funcione y gane
dinero, que su empresa facture más el año que viene y no que tenga cuatro
trabajadores más el año que viene. Son las políticas del Gobierno las que
van a hacer que se genere o no empleo, que se fomente más el empleo. Con
la política económica que están desarrollando, en la cual están
destinando los recursos a primar los intereses del capital, no puede
generarse empleo y eso es lo que realmente está pasando.
Luego, cuando hablamos de empleo público, cojo el ejemplo que pone un
compañero mío, que dice, y tiene más razón que un santo: si un maestro
trabaja en un colegio público, es empleo público; si un maestro trabaja
en un colegio privado, es privado. Pero, normalmente, los colegios
privados están subvencionados por dinero del Estado. Entonces, ¿qué es el
empleo privado y qué es el empleo público? Hay algo que tendríamos que
diferenciar ahí.
El señor Camps decía que hay que tener memoria histórica. A veces viene
bien, yo estoy de acuerdo con él, hay que tenerla para situarnos todos en
el momento. Ustedes presentan aquí un plan de empleo que la verdad es que
no tiene medidas nuevas, todas ellas son programas que ya vinieron a esta
Cámara con el anterior Gobierno socialista --todos podemos recordar el
Plan nacional de formación profesional, las escuelas taller, las casas de
oficio, los Sipes, el PER, etcétera-- y, en cuanto a dinero, podríamos
decir que la música que va a hacer que el plan baile y se haga efectivo
es la misma, son los dineros que vienen de Europa para los planes
estructurales. Aquí tengo que decirle una cosa. Usted recuerda que fue en
Edimburgo donde se doblaron los fondos de cohesión que hoy sirven para
estos planes y todos recordaremos que fue el presidente Felipe González
el que hizo de pedigüeño, según calificación del hoy presidente Aznar,
que le llamó pedigüeño por pedir aquellos fondos. Fíjese usted si hay que
tener memoria histórica; quién le iba a decir que hoy usted podría venir
aquí a presentar este plan gracias a los fondos de cohesión que en su día
pidió el Gobierno de Felipe González. Creo que eso también hay que
decirlo.
Repito lo que decía usted también en su intervención, estamos en un
momento de crecimiento económico importante. Estamos ante lo que ustedes
presentan como uno de los mayores valores de este Gobierno, la
negociación con los sindicatos, con los agentes sociales; el ejemplo son
los acuerdos alcanzados. Sin embargo, ustedes hacen un plan plurianual de
empleo del que usted mismo dice que han informado a los agentes sociales,
que se lo han dado a conocer. Yo creo que lo que tendrían que hacer
realmente es negociar con los agentes sociales un plan que fuese más
ambicioso que éste. Mi grupo, lógicamente, no puede estar en contra de
este plan; no puede estar en contra de él porque, prácticamente,
podríamos reclamar la paternidad de las medidas, pero lamentamos que en
un momento como éste no sea un plan mucho más ambicioso que realmente
genere empleo. Aquí los agentes sociales tienen mucho que decir. Han
demostrado en este año que están en condiciones de negociar, en
disposición de colaborar y creo que deberíamos de aprovechar este momento
y luego discutir el plan en esta Cámara una vez que usted lo envíe y lo
veamos aquí.
Permítame que le diga que a mí cuando sea mayor me encantaría tener su
carácter, porque viene usted aquí y, con una sonrisa en los labios, nos
diseña un panorama fantástico con el que luego la realidad del papel, es
decir, el proyecto, no tiene nada que ver. De todo lo que usted ha dicho
hay una cosa que sí que me ha preocupado mucho, porque si este programa
que yo he leído es el que es y han participado nueve ministerios, ¡madre
de Dios, lo que nos puede pasar! Esto para el Ministerio de Trabajo ya
era flojillo, pero la verdad es que me ha dejado preocupada que sea para
los nueve ministerios. Lo que le sugeriría es que negocie con los
sindicatos el desarrollo del plan con medidas complementarias, porque
desde el Gobierno ustedes pueden seguir con la canción del verano de que
España va bien, pero para que los españoles veamos que España va bien los
desempleados tienen que empezar a tener empleo, los trabajadores tienen
que empezar a tener unas condiciones dignas de trabajo, y eso no es lo
que está pasando en estos momentos. Para que esa cancioncilla pueda
hacerse realidad en algo, para todos y no para unos pocos, le insisto en
que realmente negocie ese plan con los agentes sociales. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Carmen
Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Señor secretario general, queremos agradecer
la brevedad con que esa Secretaría General ha comparecido en esta Cámara
a petición del Grupo de Convergència i Unió para explicarnos las líneas
básicas de este programa plurianual de empleo. Ya sabemos todos que fue
aprobado el 12 de septiembre por el Consejo de Ministros y que su próximo
presentación ante los medios se hará el 6 de octubre. Aquí ya queremos
hacer notar la clara diferencia que separa este programa del programa del
año 1995, pues es ya de sobra conocido por todos --aunque esta diputada
no estaba por entonces aquí-- que fue aprobado por el Consejo de
Ministros, en cuyo índice del orden del día ni siquiera se contemplaba;
no se informó a los medios de su elaboración y se dio a conocer al resto
de grupos parlamentarios, dos meses después de su aprobación, en esta
Cámara. Consideramos que ésta es una novedad importante y por eso le
agradecemos ese detalle.
La señora López i Chamosa, portavoz del Grupo Socialista, ha hecho
referencia a una serie de datos y no tenemos que ir al año 1975. Creo que
los datos que se nos presentan en este programa son datos de la Comisión
Europea y no me remonto a los de 1975, me remonto a los de 1995. Las
elevadas tasas de paro que ha tenido España y de hecho todavía tiene y
las dificultades para acceder al mercado de trabajo han sido y son una
preocupación de todos. En 1995, se dice en el programa, la tasa de
desempleo en España era diez puntos superior a la media comunitaria y la
de empleo ocho puntos inferior. Igualmente, el desempleo en España era
bastante superior a la media europea. Mientras que en España nos
situábamos en un 35 por ciento, la media europea estaba en el 11,5 por
ciento. También en España el desempleo afecta con mayor gravedad a
determinados colectivos, como pueden ser los jóvenes, las mujeres y los
parados de larga duración, y no voy a dar aquí más cifras porque creo que
están suficientemente concretadas en el programa plurianual de empleo y
son conocidas por todos.
Dejando a un lado lo que ha sido 1995, tenemos que decir que en el último
trimestre no sólo ha crecido el empleo en nuestro país, sobre todo en
relación con el resto de países comunitarios, sino también que este
empleo es de mayor calidad. La tasa de creación de empleo estable es
bastante superior a la que teníamos, por ejemplo, en los meses de enero a
mayo de 1997 y creemos que esto ha sido debido principalmente a la
entrada en vigor de los dos reales decretos-leyes 8 y 9 de 1997 sobre
medidas de fomento del empleo estable, y según los datos que tenemos de
los meses de junio, julio y agosto de 1997, el total de contratos que se
han registrado ha sido de 2.483.661 frente a los 2.146.658 del mismo
período en el año anterior. Cabe resaltar de estos contratos que 212.506
han sido indefinidos, frente a los 70.526 que se registraron en el mismo
período del año de 1996. Es decir, estos contratos indefinidos han
supuesto el 8,56 por ciento del total de contratos registrados en estos
tres meses, frente al 3,29 por ciento del mismo trimestre de 1996. En el
mes de agosto de este año la cifra de paro registrado en el Inem es una
clara muestra de que por primera vez desde el año 1982 el número de
parados está por debajo de los dos millones de personas.
La portavoz del Grupo Socialista ha dicho que hay que contar con los
agentes sociales. Ustedes no llegaron nunca a negociar con los agentes
sociales ni una reforma laboral ni contaron con ellos para la elaboración
de su programa. Nosotros sí hemos negociado con los agentes sociales a la
hora de elaborar la reforma laboral y por lo menos tenemos la intención
de contar con ellos a la hora de desarrollar este programa. De hecho se
plasma claramente en el mismo.
Quiero resaltar nuevamente la evolución positiva que ha tenido el empleo
en nuestro país y sobre todo el protagonismo de la sociedad en este
aumento y en la creación de empleo estable. El Gobierno del Partido
Popular, que tiene el apoyo de mi grupo, está dando un claro ejemplo de
cómo se debe actuar en esta materia. Está facilitando e impulsando la
actuación tanto de las empresas como de los agentes sociales y, como he
dicho antes, se llegó a un acuerdo tan importante como fue el de la
reforma laboral. En esta misma línea de actuación, el Gobierno ha
aprobado el nuevo programa plurianual de empleo, que ya ha sido explicado
aquí por el señor secretario general. No voy a entrar en más detalles
porque creo que ya está suficientemente desarrollado y supongo que el
secretario general ahora nos aclarará algunas cosas más que se han puesto
aquí en cuestión por los distintos grupos parlamentarios. Consideramos
que este programa está caracterizado principalmente por ser el
instrumento de lucha contra el desempleo y para la creación de empleo y
de actividad en nuestro país. Destacamos también la importancia que tiene
la implicación en el mismo de los nueve ministerios; ello quiere decir
--y me refiero al susto que le produce a la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista-- que nuestro programa es mucho más amplio que
el que ustedes presentaron
en su día. Se implica, como he dicho antes, a la sociedad en su conjunto,
tanto a la iniciativa privada como a los agentes sociales, que creemos
que van a ser los verdaderos protagonistas de esta creación de empleo y
de actividad en España.
Para finalizar, vuelvo a reiterarle nuestro agradecimiento por explicar
ante la Comisión este programa y valoramos positivamente el crecimiento
significativo de empleo que estamos teniendo en nuestro país, sobre todo
de empleo estable, lo que creemos que va a hacer viable este programa,
porque ya se está viendo con hechos que no es solamente una declaración
de intenciones. Los hechos están ahí y todos pueden comprobarlos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Manuel Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): No cabe duda de
que estamos ante un asunto importante y la propia extensión y profundidad
de las intervenciones de los diversos grupos así lo avalan, por la
importancia de sus contenidos y, además, por la oportunidad del debate.
La referencia que tenemos, cercana en el tiempo, el horizonte de una
cumbre por el empleo, hace que este documento --mejorable sin duda en
algunos aspectos, pero que supone un avance que creo que puede ser
importante en las políticas de empleo-- configure una postura inicial del
Reino de España ante debates muy importantes que se van a realizar en
esta cumbre por el empleo.
Cuando se hace la reflexión sobre la declaración del año por el empleo me
gustaría aclarar algún comentario no exento de cierta malicia por parte
de la portavoz socialista. Cuando un presidente de Gobierno o un ministro
de Trabajo declaran el año por el empleo creo que se pueden deducir dos
cosas. No cabe duda de que es un acto de valentía política. El empleo es
una cuestión que se cuantifica y, por tanto, se evalúa con suma facilidad
y cuando se declara una prioridad de ese calibre es fácilmente evaluable
por el conjunto de los ciudadanos. En primer lugar, hay que destacar lo
que significa ese rasgo de compromiso. En segundo lugar, el año por el
empleo no se limita exclusivamente a un aspecto cuantitativo, era mucho
más importante que eso; queríamos que se abriera un debate nacional, como
así ha sido; este año se ha hablado mucho de empleo y se va a seguir
hablando pero muy especialmente este año. No cabe duda de que esa
declaración del año por el empleo ha abierto ese debate enriquecedor de
toda la sociedad. Se ha debatido con agentes sociales, ha habido
numerosas intervenciones en esta Cámara y, sobre todo, ha habido un
debate social de extrema importancia. Me remitiría a las hemerotecas para
ver qué porcentaje de noticias o de debate público ha girado en torno al
empleo y a las políticas de empleo. Por tanto, no cabe duda de que ha
sido una declaración oportuna, también en cuanto a referencias europeas.
Precisamente el año que se declara la cumbre era nuestro año por el
empleo. En esa coincidencia de tiempo, repito, es importante y certera en
cuanto a su contenido y objetivos y, además, en cuanto a sus
realizaciones.
El Partido Socialista, por empezar por los datos cuantitativos, vengo
observando que tiene sentimiento de culpa a lo largo de catorce años de
gobierno en algunos aspectos. No cabe duda de que es un partido muy
importante, que ha cubierto un período largo en el tiempo, catorce años
de nuestra joven democracia, que tiene en su haber algunos logros, que no
seré yo quien ponga en entredicho, pero también ha tenido fracasos
importantes en algunas materias. Son otras y son conocidas pero, desde
luego, si en este ámbito a este secretario le pueden afectar algunas, no
cabe duda que las políticas de empleo han sido uno de sus grandes
fracasos, un fracaso que, desde luego, ha costado mucho tiempo; se ha
perdido mucho tiempo por los anteriores gobernantes, que han tenido otras
prioridades distintas al empleo y, al final, después de catorce años de
gobierno, donde se ha producido un incremento del gasto público
extraordinariamente importante, donde ha habido una coyuntura
internacional sin parangón, el balance global --y al final el empleo se
cuantifica y es la grandeza y la miseria de esta política-- del Partido
Socialista en el Gobierno es de 1.300.000 desempleados más. Podía haber
hecho el estudio desde el año 1982 y me hubiera acusado de malicia; no lo
he hecho desde esa fecha. Yo creo que en la onda del empleo hay que ser
muy serio y coger años de referencia. 1975 es el inicio de la democracia
y parecía que era un período largo. No ha habido ninguna intencionalidad.
Podríamos haber cogido el año 82 y veríamos que el balance final del
Partido Socialista en esta materia ha sido francamente triste. Dado que a
esta página de gobierno le toca hacer oposición, yo le recomiendo que
para que pueda usted tener una actuación clarividente y pueda estar
exenta de esos resabios abandone el sentimiento de complejo de culpa en
materia de empleo, actúe y haga propuestas como si no hubieran
incrementado el desempleo en 1.300.000 y quizá pueda, en sus
intervenciones, centrar con más nitidez lo que son los análisis de las
políticas del empleo. Desde luego, tiene usted libertad --no puede ser de
otra forma-- para plantear el año en que le gustaría hacer la
comparación, pero yo creo que en cuestión de empleo es bueno utilizar
ciclos o períodos razonables.
Por orden de intervenciones, el grupo proponente introduce --y conozco su
insistencia-- varios elementos muy novedosos que sí se incorporan en este
programa y, sobre todo, la posibilidad. Uno de ellos es el desarrollo del
tercer sector. Todavía no conocemos exactamente cuáles son las
potencialidades. De lo que no cabe duda es de que estamos en una sociedad
nueva, que tiene unas demandas sociales nuevas, lejos ya de las clásicas
producciones industriales lineales, que también hay que potenciar e
incrementar, pero, sobre todo, son demandas de cercanía, demandas muchas
veces con origen social o de cobertura social y que no pueden ser
cubiertas por la clásica empresa u organización mercantil. El desarrollo
de este tercer sector debe hacerse --y es una de nuestras prioridades--
donde no quede cubierto por ese sector mercantil ordinario. No podemos
caer tampoco en potenciar lo que sería una competencia desleal y, por
tanto, tiene esa única cautela. No cabe duda que ahora mismo existe,
primero, demanda social y, segundo, un porcentaje importante de la
población española
--sobre todo los más jóvenes-- que tiene unos legítimos deseos de
realizar no tan sólo una actividad profesional, sino que esa actividad
profesional redunde en beneficio de la sociedad a través de este llamado
tercer sector. Este sector debe acercarse también a las iniciativas
locales de empleo. Hay algún plan ya puesto en marcha por algún gobierno
de la Unión Europea; el último ha sido Francia, que aunque tiene algunos
matices que no nos gustan en cuanto a una confianza única en el empleo en
el sector público, sí tiene también elementos positivos, como es este
acercamiento a las iniciativas locales de empleo y nuevas demandas
sociales, sobre el cual tenemos que estar pendientes.
En cuanto a los discapacitados estamos a punto de firmar un plan de apoyo
al empleo urgente. No han funcionado las medidas previstas, seguimos
teniendo un incumplimiento muy importante de alguno de los aspectos de la
Lismi y, por tanto, estaríamos abiertos a avanzar en esa línea para
ayudar a un colectivo que tiene unos problemas tan específicos como es el
de los discapacitados.
Le agradezco al señor Campuzano la confianza en ese modelo que estamos
diseñando por los raíles en los cuales lo estamos configurando, porque
creo, y no es una canción del verano --la canción del verano, por cierto,
es otra y de un pueblo muy cercano a mi ciudad de Utrera, son Los
Centella, que creo que han cantado al toro o a la luna, una canción muy
repetida--, no es el España va bien. España va bien es algo mucho más
serio e importante que una canción de verano; es una realidad constatable
en términos económicos y de empleo y si tuviéramos memoria histórica,
cuántas veces recuerdo aquella frase que hizo fortuna de: cuanto peor
mejor, con la que ustedes fustigaban a la entonces oposición, hoy
Gobierno. No caiga usted también en esa línea para no tener que repetir
esos rictus que ya conoce. Le agradezco muchísimo la confianza conjunta
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que nos va a permitir continuar
en esta línea. Los presupuestos para 1998 configuran también ese
escenario y estoy seguro que a finales de 1998 vamos a poder tener una
sociedad más competitiva, simultáneamente más justa y, desde luego, con
más empleo.
Al portavoz del Grupo de Izquierda Unida le querría matizar únicamente
que no tenemos ninguna actitud ni ningún comportamiento vergonzante en
cuanto a nuestra línea de Gobierno, si simplificamos la política
neoliberal con sus propias palabras. Le agradezco muchísimo la nueva
definición que ha dado de políticas neoliberales. Leo con detenimiento
cuantas publicaciones elaboran los distintos grupos políticos y también
sus declaraciones y para ustedes el concepto neoliberal tiene, hasta
donde yo he leído --no sé si en su nueva etapa están matizando o
reformando estos conceptos--, una negociación del papel del Estado
clásico. En ese sentido, no hay nada vergonzante, sino que estoy
orgulloso y convencido del programa de Gobierno que representamos,
orgulloso y convencido no tan sólo por datos teóricos o programáticos,
sino porque la realidad nos avala y es lo importante. No es el clásico
programa neoliberal en el que todo se deja en manos de la sociedad y se
le da el protagonismo a la sociedad, pero entendemos, y es muy
importante, los elementos correctores en positivo que se puedan realizar
desde los fondos públicos.
Critica usted un tema que me merece una reflexión, que es el seguidismo
de Maastricht. Se ha dicho en numerosas ocasiones que si Maastricht no
hubiera existido, hubiéramos tenido que inventarlo. No podíamos continuar
basando todo el crecimiento económico únicamente en cebar la bomba del
gasto público. El gasto público es necesario, es conveniente y hay que
mantenerlo, pero en sus términos no debe de ser exclusivamente el motor
de un crecimiento económico, con alto déficit, lo que significó al final
la gran crisis de 1992. La forma más fácil de crecer, si este Gobierno
quisiera cubrirse de gloria en política de empleo a corto plazo, sería
incrementar todas las inversiones de gasto público. Sería una postura
facilísima y crearíamos no 300.000, sino 500.000 puestos de trabajo;
podríamos ampliar en 500.000 el número de trabajadores de la Función
pública, trabajo muy importante que hay que respetar y mejorar. Sería una
forma fácil y creo que, a corto plazo, digna de todo aplauso, pero usted
y yo sabemos que el empleo estructural, el empleo a largo plazo, necesita
una configuración distinta. No podíamos seguir con ese tipo de política
que elevaba los tipos de interés por encima de la decena --hablamos del
15, del 12 o del 14 por ciento--, que tiene un costo no tan sólo para la
empresa sino, como usted sabe, para los más necesitados. La familia del
trabajador de clase media es la más golpeada por la inflación y por los
altos tipos de interés. Conviene que sepamos por qué es bueno, porque se
critica Maastricht con mucha alegría, pero Maastricht no es tan sólo un
señor, como dicen algunos, que está con la batuta todo el día exigiendo
austeridad y rigor; es un marco en el que la inflación se controla y, por
tanto, se benefician las rentas más bajas y se controlan los tipos de
interés, lo que no beneficia precisamente al ahorrador, a ese rentista
que tanto se ha criticado desde su formación, en lo que yo, en parte,
coincido. A ese señor se le está configurando un marco en el que ese
dinero que era ocioso y que tenía alta retribución va a tener que meterlo
en economía productiva para tener una rentabilidad adecuada, para el
inversor, no cabe duda, o para el empresario al que se le facilita, pero
también el consumo de la clase media se está viendo incrementado de forma
muy importante. Podríamos ver, y sería un estudio interesante, cuánto ha
supuesto en renta por familia la bajada de tipos de interés que ha habido
en esta legislatura. Nos llevaríamos una sorpresa muy grande. Por tanto,
si no hubiera existido ese criterio de convergencia, lo hubiéramos tenido
que inventar y, además, significa un canto muy importante a la economía
productiva. Por consiguiente, no es una cuestión de seguidismo, no es una
orejera que nos hemos puesto, sino que es un convencimiento, y no sólo de
este Gobierno y de este grupo, sino que es bueno que digamos que es un
convencimiento amplio. Quizá representa usted a una fuerza política que,
con toda legitimidad, no cree en estos procedimientos, no cree en este
modelo y, desde luego, en este sentido, me hubiera gustado que, por lo
menos, me hubiera insinuado en qué modelo cree o qué modelo propone,
porque no cabe duda de que siempre se enriquece el debate público, y la
pura negación de un modelo que también define posturas y es legítimo no
permite adivinar, en su caso, qué hubieran propuesto, lo cual me hubiera
gustado conocer.
Utiliza algunos calificativos con los que no puedo coincidir. Habla usted
sobre el despido basura. No tenemos despido basura, en este país no
existe despido basura. Hay un despido que se respeta para los
trabajadores actuales, para los trabajadores que estaban en fórmulas
temporales y que de seguir la dinámica que había no hubieran pasado a
indefinidos, y, por tanto, hubieran seguido sin despido; tienen un
despido razonable, así se configura y prueba de ello es la evolución del
mercado de trabajo. Ahora bien, todavía está mucho más lejos de la
realidad lo que usted anticipa del salario basura. No sé de qué punto del
documento o de la política anticipa usted ese temor hacia el salario
basura. Como usted sabe además, afortunadamente, los salarios no los crea
ni los decide el Gobierno; son fruto de la negociación colectiva y, por
tanto, este Gobierno en ningún programa plurianual ni en ninguna ley va a
configurar cuál debe ser el incremento. Lo máximo que ha hecho el
Gobierno es una recomendación de moderación en el crecimiento de los
salarios. El Gobierno por supuesto es partidario de que los salarios
crezcan --entendemos que hay que mantener y mejorar, si se puede, el
poder adquisitivo de los trabajadores--, pero acompasado con el
crecimiento de la inflación para mantener precisamente ese entorno de
creación de riqueza y creación de empleo. Por tanto, quédese tranquilo,
no hay en el horizonte ninguna posibilidad de salarios basura ni sé de
dónde le viene a S. S. semejante temor.
No tenemos ninguna suspicacia hacia las políticas pasivas. Tenemos un
sistema contributivo, en cuanto que es un derecho y una caja que existe
por aportaciones, y un sistema no contributivo en cuanto que es un
derecho, precisamente, y un pilar del Estado social. Por tanto, no hay
que tener ni suspicacia ni mucho menos actitudes vergonzantes hacia las
políticas pasivas. Hay que mantenerlas y mejorarlas si se pudiera. Eso no
quiere decir que para nosotros sean el eje. Creemos mucho más en la
posibilidad del incremento de las políticas activas para crear empleo.
Vamos a mantener las pasivas, sin suspicacia ninguna, con respeto,
entendiendo además que las contributivas no bajan. Tenemos exactamente
las mismas normas que nos hemos encontrado y que cubren el desempleo.
Hemos dicho con toda rotundidad que no íbamos a modificarlas. Por tanto,
hay los mismos derechos para cualquier desempleado. Bajan, señor Vaquero,
porque afortunadamente hay menos desempleados. ¡Ojalá sigan bajando! Hay
menos desempleados, ha bajado el paro, por tanto, lógicamente, hay menos
perceptores de desempleo. Creo que es una buena noticia. Nosotros
confiamos en la sociedad española y en nuestra gente, lo que a lo mejor
sorprende, pero nosotros confiamos en nuestros recursos humanos y en
nuestras personas. También confiamos en los desempleados y en las
personas que no han podido insertarse. Confiamos mucho más en las
posibilidades mediante la formación, el incentivo y ayudando a buscar una
iniciativa en los nuevos espacios de empleo; confiamos en ello, no lo
podemos evitar, porque es nuestro programa, es nuestro convencimiento y
esperemos que los frutos nos den la razón. Además, sinceramente, no creo
que usted tenga nada en contra de las políticas activas, estoy seguro.
Entonces, el equilibrio adecuado entre unos derechos sociales en
políticas pasivas, que se mantienen, y un incremento que hablando de los
presupuestos de 1998 va a ser muy importante en políticas activas
configura lo que es el espacio de empleo definido en el programa
plurianual de empleo.
Hace usted mención al reparto de trabajo. Ya le he anticipado que es un
debate que respeto profundamente. Nunca seré yo quien lo descalifique. Es
novedoso, está ahí, el empleo no es un mundo de certeza. Por tanto, me
merece mucho respeto esta fórmula intelectualmente, aparte de que no
podría hacerlo de otra forma políticamente. Este Gobierno, como decisión,
no ha querido entrar en otro debate a corto plazo que no sea el definido:
por una parte, negociación colectiva, que queda a disposición de las
partes, y, por otra, oficialmente --digamos, en norma-- horas extras y
fomento del tiempo parcial. Yo estoy seguro que al igual que hace un
siglo se impusieron las ocho horas, en un futuro se pueda hablar de otro
horario; es posible. Actualmente no deberíamos hacerlo únicamente a nivel
de un Estado. Como usted conoce, en una economía global y abierta cuanto
más extendidas estén las mismas reglas del juego, mejor. En todo caso,
será un debate europeo, pero, desde luego, intelectualmente, tengo el
máximo respeto por esta fórmula a desarrollar.
Hay una afirmación suya dentro de la línea clásica de su formación
política con la que no coincido en absoluto. Es el concepto de limitación
de las inversiones extranjeras. Creo que casi ha sido un tic que le ha
salido, porque no creo que sinceramente estén planteando ustedes sobre la
mesa una limitación de la inversión. En este sentido, bienvenida sea la
inversión productiva, el capital y las personas que confían en nuestro
país como foro o zona geográfica para desarrollar una actividad
empresarial. Estoy seguro que con esa limitación ha querido referirse a
algún otro tipo de cuestión o aspecto. Del documento no se puede deducir
jamás que la innovación tecnológica sea causa del desempleo. En esta
línea seguimos un poco más a Schumpeter cuando dice que la innovación
tecnológica, primero, origina cambios importantes en la sociedad; estamos
ante un cambio histórico de la sociedad, entramos en una nueva era debido
a las nuevas tecnologías, y aunque tiene un período inicial de desajuste
en el empleo, después, a largo plazo, la onda de empleo es positiva.
Coincidiendo plenamente con S. S. en el problema que significa la
dependencia tecnológica --estoy de acuerdo al cien por cien--, por vez
primera, la Comisión Interministerial de Investigación y Desarrollo la
preside el propio presidente del Gobierno, quien preside muy pocas. Le ha
dado el máximo rango a esta comisión y va a tener un incremento
presupuestario muy importante para el próximo año.
En cuanto a la portavoz socialista, una vez hecha la recomendación
amistosa, cortés y educada de que supere ese sentimiento de culpa en
materia del empleo que parece que le embarga, a la vista de sus
declaraciones, quería hacer algunos comentarios. Le rogaría que no
utilizara expresiones como manipulación de datos. No hay manipulación de
datos;
únicamente hemos querido tener en cuenta, y lo hemos tomado de personas
de la doctrina, ni siquiera como acción de Gobierno, un período histórico
amplio, tomando el inicio de la democracia; podíamos haber elegido otra
fecha, por ejemplo, los años 1980, 1985 ó 1994. Pero no tiene mayor
importancia. Sí coincido con usted en que no hay causa, porque es
conocido por todos. Los índices de medición eran distintos; en ningún
caso nosotros hemos hecho un programa plurianual para decir que en los
años 1980, 1975 ó 1982 eran muy buenos o muy malos. No lo hemos hecho, no
se deduce. Hay una evolución. Efectivamente, tiene toda la razón del
mundo, no era comparable, como se ha insinuado; se da el fenómeno de la
incorporación de la mujer, se da el fenómeno --afortunado-- de que el
español no tiene que emigrar, porque tiene la posibilidad de unos
derechos sociales en nuestro país y eso no es discutible. Por ello no hay
manipulación, sino únicamente el establecimiento de un período. Al menos
ha tenido usted la delicadeza de no compararlo, porque algunos me
preguntaban en el ministerio que si añorábamos la política de Franco y no
sé qué historias; al menos ha tenido usted la delicadeza de no caer en
esas simplificaciones un poco demagógicas.
Ya me he referido al año por el empleo. Efectivamente, el año 1995 fue
importante en creación de empleo; lo ha sido 1996 y lo va siendo 1997. El
objetivo de creación de empleo, que se cifró para este año, 1997, en
234.000 nuevos empleos --que era nuestra estimación que acompañaba y en
la que basamos el desarrollo de la ley de presupuestos--, afortunadamente
va a ser superado con creces y nos sentimos satisfechos, en cuanto que
cumplimos nuestro objetivo. Estamos, por supuesto, insatisfechos porque
querríamos más crecimiento del empleo, pero el año por el empleo no era
tan sólo cuantitativo, sino que era ese debate global. Para el año que
viene, 1998, sabe S. S. que hay un objetivo de creación de empleo que
supera los 300.000 nuevos empleos; por tanto, estamos ante un período
importante de creación de empleo. Si estudia S. S. los ciclos anteriores,
teniendo en cuenta el efecto del incremento marginal de esfuerzo por
crear empleo, verá que el período es francamente positivo y que se
intensifica en el próximo año.
Sobre sus opiniones globales del programa plurianual, la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular ha comparado cómo fue elaborado el programa
para 1995, que ha sido el vigente en el Reino de España, y creo que ha
habido una diferencia fundamental, no sólo en los contenidos, sino
también en la forma. Se hizo con cierta nocturnidad, no fue fruto ni
siquiera de conocimiento público. Nosotros hemos preferido crear la
comisión, que se conozca, que se nos critique o no, que se aporten
soluciones, y el programa plurianual de 1995 ha tenido otra naturaleza
absolutamente distinta al que va a presentar en las próximas semanas el
Reino de España en la Unión Europea.
Por supuesto, el empleo público nos parece respetable y conveniente. Un
Estado debe tener profesionales, buenas condiciones de trabajo, bien
remunerados y bien formados. Nosotros no plantearemos ni una sola crítica
o resquemor hacia el empleo público. Sí coincido con usted en esa
matización estadística y me parece un ejemplo brillante el de los
maestros en el sector concertado privado o en el sector público. Tengo
que decirle que nosotros vemos el sector público con muchísima dignidad,
pero entendemos que la creación de empleo de un país no debe basarse
exclusivamente en el incremento del empleo público. Creemos que tiene su
papel, hay que tener las políticas adecuadas de oferta de empleo público
para las necesidades que requiera el aparato administrativo del Estado,
que son importantísimas, pero en ningún caso debe ser protagonista
exclusivo de las políticas de empleo.
No puedo compartir ese sentimiento, que es hijo, sin duda, de ese trauma
sobre el empleo, que actúa de forma imperiosa como palanca de
afirmaciones, cuando lo único que recogemos son las actuaciones de su
Gobierno. Se podían desglosar una a una, pero son absolutamente
injustificadas, porque este Gobierno en su conjunto está haciendo una
política reformista, respetando las cosas buenas que había, y es bueno
que se respeten y no hagamos de todo lo anterior algo a estigmatizar; es
un Gobierno reformista, que está teniendo en el área del empleo novedades
muy importantes. Novedades muy importantes que han recogido un servicio
público de empleo, que es una materia fundamental, una ley básica de
empleo, la ley de cooperativas, políticas activas nuevas, nueva
configuración, una nueva relación y profunda imbricación entre el
Programa de Convergencia y el programa de empleo, todo un desarrollo
nuevo de la salud laboral, nuevos acuerdos, nuevas leyes de pensiones, de
formación profesional, la constitución del consejo, el nuevo programa que
estamos diseñando. Es un programa absolutamente novedoso y creo que no
debo continuar con este tema.
En cuanto a los fondos, quédese usted tranquila. Para nosotros, los
fondos estructurales tienen un papel importante en las políticas de
inversión de este país y por supuesto tienen repercusión en las políticas
de empleo, un papel importante, que de hecho recogemos. Ahora bien, creer
que nada más que se crea empleo en función de unos fondos estructurales
sería actuar con cierta miopía. Los fondos estructurales son instrumentos
financieros positivos muy importantes, pero hay mucho más aparte de esos
fondos. En ese sentido, le puedo decir que las políticas activas van a
tener un incremento muy importante este año, lo cual significa la
evidencia de la confianza que en el empleo tiene este nuevo Gobierno.
Aunque a usted la mueva a sonrisa o a temor que este programa sea el
fruto o el hijo de la coordinación de nueve ministerios, yo creo que ya
en sí, como anticipaba la portavoz del Grupo Popular, es algo muy
importante que por vez primera el empleo se tome como norte en la
actividad de otros ministerios. Y es que, si me apura, en los gobiernos
anteriores hubo --permítame que le haga esa crítica-- un absoluto
divorcio entre las políticas de diversos ministerios; ministros de
Industria o de Economía de gobiernos anteriores afirmaban cosas
absolutamente terribles, que tuvieron unas consecuencias graves para el
empleo. Se decía que la mejor política de industria era la que no existía
y la regulación o la filosofía que imperó en toda la reestructuración
industrial golpeó --si bien fue positiva en algunos aspectos-- en exceso
el empleo. Se creó una cultura de que la mejor empresa o la más
competitiva era la
que menos trabajadores tenía, por parte de otros ministros, como el de
Economía, muy conocido y muy importante en el Gobierno anterior, en un
canto desaforado a la economía especulativa pura, con abandono de la
economía productiva. Se dijo que España era el país donde más dinero se
ganaba en menos plazo de tiempo. Y yo creo que esa auténtica histéresis
que existía entre los diversos ministerios tenía que ser solucionada. No
sé si a usted le parecen más brillantes esas chispas desentonadas y
absolutamente entrópicas de los anteriores ministros, pero a mí me parece
mucho más sosegado, discreto y acertado el esfuerzo conjunto de todos los
ministerios y que todos se pongan en marcha hacia el empleo. En todo
caso, nosotros nos sentimos muy orgullosos de esta coordinación, si bien,
por lo que se ve, usted prefiere o cree en la simplificación de que el
empleo se crea desde el ministerio de Trabajo, cuando se crea desde la
sociedad y desde luego merece la pena que exista un esfuerzo compartido
de todas las administraciones.
En cuanto al Grupo Popular, agradezco la confianza que demuestra en este
programa, recojo algunas de sus sugerencias para seguirlas desarrollando;
efectivamente me parece que es muy importante que esté cimentado en un
diálogo social permanente e intentaremos hacerlo. En este caso, aunque la
elaboración del programa no ha sido fruto de ese diálogo, sí ha recogido
todos los frutos parciales que el diálogo ha ido teniendo. Entendíamos
que no era conveniente en este proceso debatir o consensuar también un
programa que de alguna forma es muy amplio y que marca ya principios
programáticos de fuerzas de otra índole. En todo caso, lo han conocido y
vamos a seguir, ahora sí, consensuando la línea de desarrollo de este
programa.
Espero haber respondido con estas palabras a sus inquietudes y haber dado
una idea básica de la filosofía que inspira este programa. (La señora
López i Chamosa pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No hay turno de réplica, el Reglamento no lo permite
en las comparecencias.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Señor Presidente, por alusiones directas.
El señor PRESIDENTE: Han sido alusiones cariñosas.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Llamarme resentida...
El señor PRESIDENTE: No, no, señora López i Chamosa, no son alusiones. No
ha lugar, según el Reglamento.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Yo no tengo en la mano el Reglamento, pero en
las comparecencias anteriores sí ha procedido.
El señor PRESIDENTE: No. No está previsto en el Reglamento para el caso
de comparecencias.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Mi compañero anterior ha tenido un segundo
turno en función de las alusiones.
El señor PRESIDENTE: Era una cuestión de orden planteada por otro grupo
parlamentario.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Pues tómelo como una cuestión de orden,
presidente.
El señor PRESIDENTE: No, señora López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Lo que no se puede es, utilizando esos
conceptos, decir las cosas que ha dicho, porque yo creo que...
El señor PRESIDENTE: No, no.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.