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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 261, de 24/06/1997
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 261



DE MEDIO AMBIENTE



PRESIDENTE: DON JOSE IGNACIO LLORENS TORRES



Sesión núm. 11



celebrada el martes, 24 de junio de 1997



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia del señor Secretario General Técnico del Ministerio de
Medio Ambiente (Vázquez Cobos), para informar del contenido y las
conclusiones del informe que debe presentar el Gobierno ante la Comisión
de la Unión Europea (UE), sobre el cumplimiento, durante el primer
ejercicio de vigencia, de la Ley 18/1995, que regula la libertad de
acceso a la información en materia de medio ambiente, así como para
explicar las actuaciones desarrolladas por dicho Ministerio para
garantizar el correcto cumplimiento de la citada Ley. A solicitud del
Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000448) (Página 75365
)




Proposiciones no de ley:



--Relativa a la gestión del Parque Nacional de Doñana. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

(Número de expediente 161/000433) (Página 7546)



--Por la que se insta al Gobierno a realizar la correcta transposición de
las Directivas 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves
silvestres, y 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats



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naturales y la fauna y flora silvestres, así como a recoger las
conclusiones del fallo del Tribunal Constitucional de la Sentencia
102/1995, de 26 de junio. Presentada por Grupo anterior. (Número de
expediente 161/000205) (Página 7550)



--De construcción del canal de la Litera Alta (Huesca). Presentada por el
mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente 161/000379) (Página 7552)



--Sobre creación de un organismo de vigilancia de la incineración de
residuos sólidos urbanos. Presentada por el mismo Grupo Parlamentario.

(Número de expediente 161/000500) (Página 7555)



--Sobre el proyecto de la Dirección General de Costas de «creación de la
playa de Valleseco», en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente
161/000329) (Página 7559)



--Relativa a impulso y aprovechamiento integral de regadío del Val de
Lemos. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/000519) (Página 7563)



Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.




--COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE (VAZQUEZ COBOS) PARA INFORMAR DEL CONTENIDO Y LAS CONCLUSIONES
DEL INFORME QUE DEBE PRESENTAR EL GOBIERNO ANTE LA COMISION DE LA UNION
EUROPEA (UE), SOBRE EL CUMPLIMIENTO, DURANTE EL PRIMER EJERCICIO DE
VIGENCIA, DE LA LEY 38/1995, QUE REGULA LA LIBERTAD DE ACCESO A LA
INFORMACION EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ASI COMO PARA EXPLICAR LAS
ACTUACIONES DESARROLLADAS POR DICHO MINISTERIO PARA GARANTIZAR EL
CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LA CITADA LEY. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000448.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Da
comienzo la sesión correspondiente al día de hoy con el punto primero del
orden del día, que es la comparecencia de don Carlos Vázquez Cobos,
Secretario General Técnico del Ministerio de Medio Ambiente,
comparecencia solicitada por el Grupo Socialista ante la Comisión de
Medio Ambiente para informar del contenido y las conclusiones del informe
que debe presentar el Gobierno ante la Comisión de la Unión Europea sobre
el cumplimiento, durante su primer ejercicio de vigencia, de la Ley
38/1995, que regula la libertad de acceso a la información en materia de
medio ambiente, así como para explicar las actuaciones desarrolladas por
dicho Ministerio para garantizar el correcto cumplimiento de la citada
ley.

En nombre de la Comisión le doy la bienvenida, en esta su primera
comparecencia, al Secretario General Técnico, que tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL TECNICO DE MEDIO AMBIENTE (Vázquez Cobos):
Buenos días, señorías. Para mí es un honor el poder estar presente ante
esta Comisión de Medio Ambiente y explicar, en la medida de mis
posibilidades, las actuaciones que ha realizado el Gobierno, en concreto
el Ministerio de Medio Ambiente, a través de esta Secretaría General
Técnica, a la que le fueron encomendadas las competencias en materia de
acceso a la información del ciudadano.

Trataré de ajustarme al ámbito de la solicitud de comparecencia
explicando en dos grandes grupos las materias que se me han solicitado.

Trataré, igualmente, de ser breve y conciso en la exposición, para
permitir a SS. SS. el que, en lugar de tener que escuchar una
intervención prolija, simplemente me soliciten aquellas aclaraciones que
consideren adecuadas.

Entrando en el primero de los temas, y como comentario inicial, señorías,
diré que ya es una opinión generalizada el afirmar que el acceso a la
información en materia ambiental hoy en día es un presupuesto fundamental
para el ejercicio de las políticas de protección del medio ambiente y
para aplicar las disposiciones normativas y los programas de actuación en
que se articulen dichas políticas. En ese sentido se ha afirmado que el
derecho a obtener una información ambiental, que está en poder de las
administraciones públicas con carácter general, no solamente es un
vehículo para satisfacer un interés de carácter subjetivo, un interés
individual de los ciudadanos para acceder a datos que les afecten, sino
una manifestación clara de un nuevo sistema de relación entre los
ciudadanos y las administraciones públicas, que hacen que la actuación de
estas últimas sea más transparente, más abierta y, en definitiva, más
democrática. El ejercicio del derecho a la información



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ambiental se manifiesta así con una doble dimensión: como condición
previa para la participación real de los ciudadanos en la actuación
administrativa, especialmente la medioambiental y como control jurídico
en mano de los particulares y de las organizaciones sociales en relación
con las decisiones públicas en el ámbito del medio ambiente.

Estas consideraciones se recogían en la resolución de la Comunidad
Económica Europea por la que se aprueba el cuarto Programa de acción en
materia de medio ambiente, y dieron lugar a la Directiva 90/313, sobre
libertad de acceso a la información. Esta directiva, como bien saben SS.

SS., inicialmente se consideró que se podía trasponer mediante la
aprobación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, si bien también se observó en un comienzo que era necesaria una
normativa legal, una normativa específica, que tratase de dar
cumplimiento a esa exigencia comunitaria, para lo cual se aprobó la Ley
38/1995, de 12 de diciembre. Es importante destacar que desde el punto de
vista jurídico el derecho al acceso a la información es, en algún
sentido, una modalidad específica de este derecho genérico de acceso a
los archivos y registros administrativos, que tiene como fundamento
constitucional el artículo 105 b) de nuestra Carta Magna.

La Ley 30/1995 fue aprobada con un amplio consenso parlamentario y, por
tanto, y sin perjuicio de las consideraciones --algunas de las cuales
entiendo que se manifestarán a lo largo de esta exposición--, supuso una
novedad fundamental en cuanto a que instauró un auténtico derecho
subjetivo de los ciudadanos para poder exigir, requerir y obtener de las
administraciones públicas los datos de que éstas dispongan en materia
medioambiental, con dos notas distintivas básicas que conviene resaltar:
la ampliación de los titulares, de tal manera que se configura como un
derecho público de libre ejercicio, y por tanto no limitado a ningún tipo
de interés legítimo específico; y, en segundo lugar, que los datos que se
pueden obtener no necesariamente tienen que estar inmersos en un
procedimiento administrativo, sino que puede accederse a cualquier dato
en poder de las administraciones públicas.

Creo que es bueno resaltar estas dos notas, porque en alguna intervención
que he tenido que hacer se ponen enseguida de manifiesto las pequeñas
contradicciones que puede tener la ley y no se resalta con la debida
importancia el cambio fundamental que supuso la trasposición de esta
directiva comunitaria, y eso, en los que tenemos costumbre de trabajar en
la Administración pública y tenemos conocimiento de la realidad de los
hechos, es algo muy importante.

Recientemente, en el segundo Congreso Nacional de Derecho Ambiental, en
el que fui ponente y participé para hablar de esta ley, en el turno de
intervenciones me sorprendió un comentario que hacía un funcionario de
una comunidad autónoma cuando se quejaba de la ley de acceso, porque
normalmente se le pedían los datos que después utilizaban los propios
ciudadanos para recurrir las decisiones y él con lástima decía que perdía
después esas decisiones, es decir, que le ganaban los recursos. La
contestación fue evidente: pues deberías estar orgulloso de ello. Es
decir, que la primera satisfacción que puede tener un funcionario es que
sirve fielmente al interés público, porque la Administración no es un
patrimonio de unos pocos, y menos de unos funcionarios, sino que es un
conjunto de entidades u organismos que están para dar a la ciudadanía en
general un servicio público, y en concreto la información que ellos
puedan requerir sobre el tema medioambiental. Por tanto, es bueno que a
veces no solamente nos quedemos en la crítica de lo que puede estar mal,
sino que conozcamos lo que significa de novedad en nuestro ordenamiento
jurídico una ley como la de acceso a la información, que traspuso una
directiva de tanta importancia como la que estamos aquí comentando.

Realizada esta pequeña introducción general, ya nos vamos a centrar en lo
que es el objeto de esta exposición, de esta comparecencia. Como bien
saben SS. SS., el artículo 8 de la directiva exigía a los estados
miembros que en el plazo de cuatro años desde que tenía que haberse
traspuesto se presentase un informe de la experiencia adquirida por los
distintos estados, que iba a servir a la Comisión para plantear a su vez
un informe al Parlamento y al Consejo y poder adoptar determinadas
propuestas de revisión de dicha normativa. Así, la propia ley, en su
disposición transitorio única, señala que las administraciones públicas
remitirán al Ministerio, en este caso, que es el órgano competente de la
Administración General del Estado, la experiencia adquirida hasta finales
del año 1996. Recordando esta disposición, desde la Secretaría General
Técnica en el Ministerio de Medio Ambiente, como órgano competente, se
envió un escrito a todos los demás centros directivos del Ministerio, a
organismos autónomos dependientes del mismo, a otros departamentos
ministeriales y a los órganos ambientales de las comunidades autónomas
solicitando los datos sobre la experiencia adquirida de dichos órganos y
de dichas comunidades en relación con la aplicación de esta ley.

Adicionalmente, con el objeto de conocer la respuesta social, también se
solicitaron datos a todas las entidades que formaban o forman parte del
Consejo Asesor de Medio Ambiente. Con todas estas respuestas se ha
configurado un informe que trata de ajustarse a las peticiones planteadas
desde la Comisión Europea, y concretamente desde la Dirección General de
Medio Ambiente. Quiero resaltar que el informe es fundamentalmente
descriptivo, porque la poca experiencia que tenemos, prácticamente un año
y medio desde la entrada en vigor de la misma, no nos ha dado el
suficiente tiempo para valorar los aspectos específicos de la aplicación
de la ley. Como se irá comentando, uno de los problemas con que nos
encontramos es que la multitud de datos que se soliciten a las
administraciones ambientales siguen sin realizarse al amparo de la ley de
acceso. Por tanto, la información de que disponen las comunidades
autónomas, que fundamentalmente son las competentes en esta materia y en
menor medidas la Administración General del Estado, es confusa, poco
específica, poco detallada y poco concreta. No obstante, en la medida de
nuestras posibilidades hemos tratado de sintetizar esta información
recibida,



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dando respuesta a los distintos problemas planteados por la Comisión.

Trataré de realizar las conclusiones de cada uno de los puntos, en aras
de la brevedad que inicialmente mencionaba.

El primer punto que fue solicitado por la Comisión es si se habían
encontrado dificultades especiales en la aplicación de la directiva en
función de las definiciones del objeto del acceso a la información. La
mayoría de las comunidades y de los órganos del Ministerio y organismos
han señalado que no ha habido dificultades especiales. En algún caso se
ha indicado que al amparo de la ley de acceso a veces se han pedido datos
que no tienen carácter ambiental. La crítica o el comentario más
generalizado es que a veces, dada la indefinición o la generalidad de los
conceptos recogidos en el artículo 2 de la directiva, no está muy claro
quién es la Administración competente, y se tienen datos, por parte de
organismos ambientales, que no son los que están obligados a suministrar,
y lo que se plantea es la necesidad de esta adecuada coordinación, como
después podremos comentar.

Analizando un poco los datos de que se dispone se ha llegado a la
conclusión de que normalmente las solicitudes que se reciben de las
administraciones públicas se pueden encajar en cuatro grandes apartados:
solicitud de información específica, quejas sobre el funcionamiento de
los servicios, ejercicio del derecho de petición sobre programas,
actuaciones o incluso modificación normativa y denuncias por
incumplimientos, ya sea de las administraciones públicas o incluso de los
particulares. En ese sentido, sólo en el primero de los supuestos, cuando
se está pidiendo información sobre datos, estamos propiamente al amparo
de la Ley 38/1995, porque en otros casos más bien es el ejercicio de esos
derechos, como el de petición, queja o el de denuncia.

El segundo apartado pedido por la Comisión es si se había dictado alguna
disposición específica para determinar concretamente cómo se tenía que
llevar a cabo el acceso a la información. La mayoría de las
administraciones nos han contestado que la aplicación de las
disposiciones generales no ha planteado dificultades especiales y no ha
sido necesario aprobar disposiciones complementarias. El único supuesto
que hemos detectado es una orden dictada por una comunidad autónoma en
materia de consultas sociales en el ámbito del régimen de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Al margen de este caso, no se
ha detectado ningún tipo de directriz específica sobre esta materia.

También se planteaba por la Comisión si ha habido algún tipo de
resolución o acuerdo administrativo en orden a regular el régimen de las
excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información
ambiental. Igualmente, las comunidades autónomas y organismos consultados
nos han manifestado con carácter general que no se han aprobado estas
directrices administrativas, aunque en algunos casos sí se reconoce que
se han tenido que aplicar estas excepciones, fundamentalmente cuando las
solicitudes de información se han considerado generales o, podríamos
decirlo, abusivas en el sentido de que la petición de datos es tan amplia
que impide una concreción específica. Alguna comunidad ha planteado, por
ejemplo, la existencia de una resolución en materia de radiología
ambiental, indicando que esa información puntual no se facilita
íntegramente a los ciudadanos, si bien se da traslado de la misma a la
Asamblea Legislativa de la Comunidad, y se da a conocer al público, en la
revista periódica de información ambiental de dicha comunidad, una
síntesis de estos resultados. Otro ejemplo de excepción genérica es que
algunas comunidades no proporcionan datos sobre ubicación de nidos,
colonias o lugares de interés para la flora y fauna, por si ello pudiera
poner en peligro su mantenimiento.

El cuarto punto son los problemas en relación con el plazo fijado en la
ley, que como conocen SS. SS. es de dos meses. En general no hay
problemas en cuanto a cumplir la obligación dentro de dicho plazo salvo
--y ése es el problema-- que la petición abarque a distintas unidades
administrativas, en cuyo caso hay que coordinar el trabajo a desarrollar
por los distintos órganos y realizar actuaciones complementarias.

Distinto supuesto es cuando la petición es tan genérica que necesita
igualmente un trabajo adicional para poder precisar el contenido de lo
que se quiere aportar. En este caso se ha utilizado a veces la
posibilidad de ampliar el plazo, tal y como prevé en general la Ley
30/1992. Otro de los puntos planteados por la Comisión es cómo ha
funcionado el mecanismo del recurso ante las resoluciones que deniegan el
acceso. El informe se limita a recoger el régimen previsto en la ley, con
la matización importante de que el artículo 4, que es el que regula el
supuesto de la denegación motivada o de la consideración de la falta de
respuesta como silencio negativo, y sobre lo que después profundizaremos,
no tiene carácter de normativa básica y, por tanto, no es aplicable a las
comunidades autónomas, que pueden fijar sus propios criterios en este
ámbito de procedimiento. En ese sentido, las comunidades autónomas han
indicado que normalmente no se han planteado recursos contra decisiones
en esta materia, y los pocos casos en que se han planteado se han
resuelto satisfactoriamente. De hecho, no consta el que exista en estos
momentos, desde la entrada en vigor de la ley, un procedimiento
específico en ámbito contencioso-administrativo, cuando sí teníamos
constancia de que con anterioridad a su entrada en vigor se habían
planteado estas situaciones cuando no había existido una trasposición
específica de la directiva.

En relación con el pago por la contraprestación que pueda significar la
prestación del servicio, las comunidades autónomas y organismos públicos
consultados nos han indicado que no se ha cobrado, en general, tasa ni
precio por el suministro de información medioambiental; el único supuesto
de repercusión de costes ha sido el coste de las fotocopias o del soporte
utilizado para entregar dicha información a los ciudadanos. Después
volveremos también sobre esto.

Nos han pedido los organismos competentes, y las administraciones
públicas han desarrollado cuáles son esos organismos competentes. También
nos han pedido datos sobre la publicidad activa, es decir, qué medidas
han adoptado los estados para facilitar al público información general
sobre la situación del medio ambiente. Normalmente,



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las comunidades autónomas nos han indicado, y así se ha hecho constar, la
existencia de revistas o boletines periódicos de información ambiental;
en algún caso de comunidad autónoma ya existen informes anuales sobre el
medio ambiente en el ámbito de dicha comunidad, y en la Administración
General del Estado es conocida la información anual, denominada informe
sobre el medio ambiente, del que ya se ha editado el último
correspondiente al año 1995 y está en preparación el del año 1996.

Por último, la Comisión nos pedía datos estadísticos que se han aportado
en función de los suministrados también por los organismos y las
comunidades autónomas. Aquí --y después también volveremos sobre ello--
el problema existente es que la información no corresponde a una
metodología común, y se puede observar una disparidad muy fuerte derivada
de que se están utilizando criterios completamente distintos. Frente a
comunidades que nos han indicado que han recibido a lo largo de un año
1.400 ó 3.600 peticiones, otras se limitan a 16 ó 77. Aquí lo que se
observa claramente es que se están mezclando peticiones por escrito y
peticiones telefónicas o presenciales, y es necesaria una mayor
homogeneidad, como después también comentaremos.

Este es, en general, el resultado del informe en función de los datos que
nos han suministrado todos los órganos competentes. Lo que se desprende,
como hemos podido observar, es la no existencia de grandes problemas,
tanto en cuanto a la contestación como al cumplimiento de las
disposiciones o la aplicación de las excepciones y plazos para contestar.

Posiblemente, uno de los problemas es que el caso de expedientes
realizados al amparo de la ley ha sido mucho más limitado de lo que
debería haber sido, lo que ha planteado que no haya una conflictividad
mayor de la que al menos se desprende de la información suministrada por
los órganos competentes.

Para completar y tener el conocimiento de las organizaciones sociales,
también se pidió información a las mismas. Como les he dicho
anteriormente, en este caso la respuesta no fue muy amplia, pocas
organizaciones nos contestaron, y las que lo hicieron se limitaron a
señalar deficiencias legales, no a plantearnos problemas específicos de
expedientes concretos. En general, la queja se centraba en la regulación
de la figura del silencio negativo como forma de regular los supuestos de
no contestación en plazo por parte de las administraciones públicas. En
otros casos también se ha criticado el que se considerase la resolución
que deniega el acceso a la información como una resolución que pone fin a
la vía administrativa y obliga al ciudadano a acudir a la vía de la
jurisdicción contencioso-administrativa. Por parte de alguna organización
se ha planteado la crítica al régimen más restrictivo que existe en la
ley respecto de lo que ellos consideran que está en la directiva en
relación con las excepciones derivadas del secreto comercial o secreto
personal. De alguna manera, ésta es una visión de lo que el informe
recoge.

En segundo lugar, lo que también se plantea para esta comparecencia son
las actuaciones que el Ministerio de Medio Ambiente ha realizado para
tratar de garantizar el cumplimiento de esta disposición.

Entrando en este segundo bloque, como primera medida, y en virtud de lo
que hemos visto, se plantea si es necesaria una reforma de la normativa
vigente. Evidentemente, una ley que ha sido aprobada escasamente hace un
año y con un amplio consenso parlamentario, si debe ser modificada debe
serlo con las necesarias cautelas. Pero es importante destacar que la
necesidad de dicha modificación es posible que se derive de la existencia
de una carta de emplazamiento por parte de la Comisión Europea que
persiste de la primera en su momento planteada, reiterada con nuevos
criterios y que entiende, de acuerdo con lo indicado por la Comisión, que
en la ley de acceso aprobada en el año 1995 se dan todavía razones por
las cuales se puede entender que la trasposición de dicha directiva no
fue realizada en su totalidad de acuerdo con los criterios de la misma.

Son cuatro los problemas que nos ha planteado la Comisión Europea en
relación con lo que entiende que ha sido una incorrecta trasposición.

Trataré de sintetizarlos. En primer lugar, que entienden que el ámbito
subjetivo para poder acceder a la información es restrictivo porque no
afecta a cualquier persona física o jurídica, sino que se limita a los
domiciliados en el espacio económico europeo y, por tanto, reduce lo
fijado en la directiva. En segundo lugar, la queja se plantea en relación
con una regulación muy concreta sobre la posibilidad de hacer una
excepción en el acceso cuando se afecta a investigaciones de carácter
preliminar. En tercer lugar, lo que plantea la Comisión es que no queda
garantizada la obligación de contestar a las peticiones de información,
motivando las razones de dicha denegación cuando entra en aplicación la
teoría del silencio negativo. Por último, también la Comisión se ha
manifestado en desacuerdo con la regulación de la repercusión del coste
vía precios, al no quedar garantizado que el mismo sea razonable o no
exceda de lo razonable.

El Ministerio ha contestado a dicha carta de emplazamiento estableciendo
una serie de argumentos en contra de los criterios manifestados por la
Comisión. Quiero transmitir a la Comisión de Medio Ambiente que creemos
que eso ha sido en ejercicio de un deber mínimo de responsabilidad, pero
que son puntos, en especial dos de ellos, que a lo mejor requieren un
análisis más profundo y, en su caso, la valoración de si es necesaria una
modificación normativa.

Dos de los aspectos comentados, el tema del ámbito subjetivo y de las
diligencias preliminares, no tienen especial trascendencia. En el primero
de los casos, nuestro criterio es relativamente claro. El ámbito personal
de la aplicación del tratado se ciñe a los nacionales de los países
miembros y la ley es incluso más amplia, porque reconoce el derecho de
acceso a los domiciliados en todo el espacio económico europeo, y a
título de reciprocidad a los nacionales de otros países. Creemos que por
ello es un tema en el que posiblemente no se profundice por parte de la
Comisión.

En cuanto a la limitación de las diligencias preliminares, posiblemente
es un fallo o un cierto error literal, pero el espíritu de la ley parece
claro. Cuando se trate de actuaciones preliminares a procedimientos
administrativos sancionadores



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o judiciales que hayan sido declarados conclusos sin que se haya iniciado
un procedimiento sancionador, no tiene ningún sentido limitar el acceso.

Así se reconoce en la contestación y es el criterio que entendemos que se
debe aplicar, por lo que habría plena coincidencia y simplemente lo que
existiría sería un problema de interpretación y mayor precisión si se
considera que no es el espíritu de la norma.

Los dos problemas adicionales son de mayor calado e importancia. El
primero es el tema relativo al silencio negativo. En tramitación
parlamentaria ya fue objeto de importante debate y también lo ha sido en
el ámbito jurídico. En definitiva, el problema se plantea en dos ámbitos.

Primero, por parte, normalmente, de las asociaciones ecologistas, la
crítica a esta regulación se centra en que tal y como figura en la ley,
se está potenciando, directa o indirectamente, la no contestación de la
Administración. Todos sabemos que el régimen de silencio negativo no
exime a la Administración de su obligación de contestar y el funcionario
competente puede verse inmerso en un procedimiento de responsabilidad
disciplinaria si no cumple con sus obligaciones, cual es contestar, pero
raramente se lleva a la práctica el ejercicio de esta denuncia o la
aplicación de esta responsabilidad disciplinaria, y lo que se puede
plantear, ante solicitudes no cómodas, no adecuadas o que puedan tener
alguna dificultad en las administraciones públicas de carácter general,
es que opten simplemente por no contestar, conociendo que se está
desestimando o se presume una desestimación negativa; por tanto, queda la
vía abierta para el recurso judicial. Frente a ello, la razón por la que
básicamente se recogió este régimen en una ley era que instaurar en este
caso la figura del silencio positivo no tenía una gran defensa técnica,
porque entraba en la contradicción de considerar aparentemente que el
simple transcurso del tiempo entendía cumplida la obligación de la
Administración de proporcionar datos. En este caso no estamos ante la
estimación de un derecho, como puede ser una autorización o concesión,
que es claramente limitado, sino que lo que está pidiendo el ciudadano es
que se le proporcione determinada información, y si pasa el tiempo y se
entiende estimada positivamente, no por ello la información está en su
poder.

¿Cuáles serían las opciones? De los estudios que hemos realizado y de las
reuniones que han tenido lugar en algunos foros, posiblemente las
soluciones podrían ir en dos ámbitos. Un primer ámbito sería el
establecimiento de unos órganos administrativos independientes, ajenos y
que tuviesen capacidad para tomar decisiones que vinculasen a los órganos
ambientales. Es la línea defendida por algún catedrático de Derecho
administrativo y la línea que se apunta en el marco del Convenio
paneuropeo sobre participación pública de acceso a la información
ambiental, la fijación de procedimientos administrativos con tribunales
que sean independientes y donde la posibilidad de acudir a los mismos
permita gratuidad y vinculación en cuanto a las decisiones que se
adopten. Esta decisión puede ser más o menos defendida y puede o no tener
dificultades administrativas de articulación.

La otra línea de modificación iría --entiendo-- sobre la base de
diferenciar, cuando no hay contestación expresa por parte de la
Administración, dos efectos jurídicos distintos. En primer lugar, un
efecto positivo en la medida en que si las administraciones públicas no
contestan, se debería entender tácitamente que en el futuro no pueden
oponerse a esa petición de acceso que se ha realizado. Y una contestación
en sentido negativo tendría la finalidad de dejar abierta la vía para que
los particulares pudiesen seguir recurriendo ante otros órganos
administrativos, los tribunales, y seguir ejerciendo su derecho para que
la información les sea entregada, pero bajo la premisa de que, si se
inicia esta vía adicional de seguir solicitando la información, ya no
cabría plantearse ante los tribunales si hay o no derecho o si la
Administración puede o no oponerse a la entrega de esa información. Es
decir, la facultad genérica de acceder a la información concretada en una
petición específica de acceso a la misma, se habría ya decantado a favor
del ciudadano ante la inactividad administrativa, si bien quedaría
abierta la vía para poder recurrir en aras a lograr esa información que
hasta ese momento no le ha sido entregado. Apunto estas dos vías como
posibles fórmulas de reforma que, lógicamente, requerirán el oportuno
estudio técnico jurídico y, en su caso, su plasmación en una reforma de
lo que es en estos momentos la ley vigente.

El cuarto problema, y segundo de los importantes, es la contraprestación
por la petición de información. En este caso, el problema consiste en que
cuando se aprobó la ley todavía estaba vigente, por no haberse
pronunciado el Tribunal Constitucional, el concepto de lo que, en
definitiva, es el precio público y la constitucionalidad del régimen de
ese precio público en una serie de supuestos. Tras la jurisprudencia
constitucional, entendemos que cuando no se dan las notas de
voluntariedad y concurrencia no cabe la fijación de un precio público por
la prestación de determinados servicios por parte de las administraciones
públicas, sino que debe repercutirse una prestación patrimonial de
Derecho público, en definitiva, un coste que haya sido previamente fijado
por una norma con rango de ley; que se respete el principio de legalidad,
denomínese tasa, denomínese canon o denomínese mediante otra figura
tributaria.

Si entendemos, por tanto, que el Tribunal Constitucional ya ha fijado el
ámbito jurídico de la posibilidad de contraprestación, la ley debería
aplicarse de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, y en ese
sentido quedaría garantizado lo que la Comisión plantea de no
establecerse en la propia normativa la defensa de la posibilidad de
repercusión más allá del coste razonable, porque el problema del régimen
jurídico de los precios públicos es que fijan precios mínimos, pero no
establecen topes máximos al importe de dicho precio.

No obstante, también en la necesidad de profundizar en esta materia,
debemos destacar que los autores y la doctrina en el ámbito del Convenio
que estamos comentando y que se está negociando en Europa, ya se
distingue claramente entre dos aspectos fundamentales cuando hablamos de
acceso a la información medioambiental. Por un lado,



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lo que es exclusivamente el servicio de acceso, es decir, obtener la
información que se va a poner a disposición de los ciudadanos y, por otro
lado, la documentación, el soporte material en que dicha información se
entrega a los mismos. En este segundo caso parece razonable repercutir un
coste, porque el ciudadano puede acceder a la información, pero si
solicita que esa información se le entregue en determinado soporte, ya
sea papel, medio informático, fotocopias, etcétera, debería al menos
pagar por el coste que a la Administración pública le supone la
articulación de dicha documentación.

En cuanto a la repercusión del coste del servicio de acceso a la
información, es más discutible que fuese adecuado repercutir dicho coste.

Al menos desde el Ministerio de Medio Ambiente entendemos que en el
momento en el que nos encontramos no debe repercutir el coste y debe
garantizarse la gratuidad del acceso a la información medioambiental, sin
perjuicio de que en determinados casos se está observando que puede haber
peticiones de información que tengan una afinidad claramente privada
porque vaya a ser utilizada con fines lucrativos, en cuyo caso habría que
establecer determinados instrumentos para garantizar que el interés
público queda defendido.

Adicionalmente a estas medidas de carácter modificativo, el Ministerio de
Medio Ambiente ha llevado dos tipos de actuaciones. En primer lugar, y en
cuanto a medidas de organización, se ha creado en el seno de la
Secretaría General Técnica una unidad de información administrativa,
dotando una jefatura de área que ha llevado a cabo, desde el primero de
enero, la respuesta a más de 5.000 solicitudes de información. Se ha
aprobado, por orden del 13 de mayo de 1997, la Comisión Ministerial de
Información en el seno del Ministerio de Medio Ambiente para establecer
las líneas comunes de actuación de todo el departamento y potenciar el
intercambio de información entre las distintas unidades de información.

En el seno de la Conferencia Sectorial, y para coordinarnos con las
comunidades autónomas, se ha creado un grupo de trabajo específico,
dentro de la Comisión, sobre normativa de relaciones internacionales, que
trata específicamente del acceso a la información ambiental. Se ha
elaborado un modelo de estadísticas que se ha repartido a todos los
centros gestores del Ministerio, a la Conferencia Sectorial y a todas las
comunidades autónomas, que trata de normalizar los datos sobre
información, distinguiendo entre los distintos tipos: escrita, presencial
y telefónica; las clases de información solicitada, información strictu
sensu, petición, quejas y denuncias, detallando los distintos campos de
actuación, y se ha logrado una metodología para elaborar las estadísticas
creando los documentos adecuados para tener un control suficientemente
adecuado del estado de las solicitudes y de las causas, en su caso, por
las cuales no se ha contestado, los motivos, como pueden ser la situación
en trámite, o incluso cuando son rechazados, las razones por las cuales
se ha llevado a cabo dicho rechazo. Se está trabajando en la necesidad de
elaborar unas instrucciones que respondan a una homogeneidad en cuanto a
los criterios de respuesta y tramitación de este tipo de expedientes.

Por último, y en cuanto a la obligación de poner información disponible a
los ciudadanos, se ha trabajado en dos ámbitos. En primer lugar, en el
ámbito documental y, en segundo lugar, en el informático.

En cuanto al ámbito documental, se ha seguido editando y se está
trabajando en determinados libros, publicaciones que recogían el estado
del medio ambiente, y se está reelaborando una guía sobre la organización
administrativa a nivel nacional del estado de las comunidades autónomas y
ayuntamientos, es decir, sobre los órganos con competencia en materia de
medio ambiente. Esto ya se había editado, pero había quedado desfasado y
es necesario actualizarlo.

Se ha abierto también el centro de documentación y biblioteca del
Ministerio de Medio Ambiente, dotándole de las necesarias medidas, de los
recursos de carácter informático, de documentación, etcétera, y sobre
todo adecuando un espacio de acceso directo de los ciudadanos en el
propio Ministerio para que puedan disponer de la documentación recogida
en este centro, que es uno de los mejores que existen en España sobre
información en materia de medio ambiente.

Se ha desarrollado un nuevo sistema de información ambiental a nivel
informático que trataría de concretar en dos temas: en primer lugar, se
ha creado una página específica en Internet del Ministerio de Medio
Ambiente, poniendo a disposición del público distinto tipo de información
en el ámbito de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, información
hidrológica e información sobre las costas del Instituto Tecnológico
Geominero; en el ámbito de la Secretaría General, sobre el ozono, sobre
parques nacionales y sobre conservación de la naturaleza, y en el ámbito
de la Subsecretaría, legislación y jurisprudencia de medio ambiente, que
es la única página en estos momentos en Internet que proporciona datos
sobre jurisprudencia medioambiental, sobre la organización administrativa
del propio Ministerio y sobre el centro de documentación antes indicado.

En cuanto al sistema de información ambiental, la idea del Ministerio más
que crear una base de datos global es crear una nueva red de información
ambiental, para lo cual se han analizado específicamente todas las bases
informáticas existentes entre los centros directivos y se están
estableciendo las conexiones adecuadas entre dichos centros para la
transmisión de información de cara a suministrarla en el ámbito de lo que
es la red europea de información ambiental, denominada también la red
Eionet.

De hecho, España como punto focal está conectada escasamente hace dos o
tres semanas con dicha red. Tenía intención de poder traerlo y verlo en
esta Comisión, pero por dificultades técnicas y porque solamente se puede
acceder desde el propio Ministerio no ha sido posible. La segunda fase
será interconectar los distintos centros directivos del Ministerio con la
misma, y en una tercera fase y sucesivas crear una red que una a las
comunidades autónomas y a las corporaciones locales y otros centros
temáticos con el punto focal e indirectamente con la Agencia Europea, en
definitiva, permitir también el acceso público a esa red en los términos
en que desde la Agencia Europea y desde el



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Ministerio y las comunidades autónomas se considere adecuado.

Con ello termino, pidiendo disculpas por haberme alargado más de la
cuenta y tratando de haber dado cumplimiento a la petición que se me
había encomendado.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Cristina Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Señor Secretario General Técnico, quiero
felicitarle por el contenido de su exposición. Algunas veces es
preferible que las comparecencias se produzcan en un momento bastante
posterior a la fecha en que se han solicitado. Como usted sabe, nuestro
grupo había pedido su comparecencia antes de finalizar el ejercicio de
1996, precisamente porque existía un compromiso del Gobierno español de
hacer llegar a la Unión Europea, antes de terminar dicho ejercicio, el
informe sobre las cuestiones que han sido objeto de su presencia ante
esta Comisión. Estamos en junio del año 1997. Posiblemente, aunque usted
no ha establecido las fechas de referencia de algunas de las cuestiones a
las que ha hecho mención, salvo en algún caso concreto, entiendo que
muchos de los avances que se han producido en el Ministerio en relación
con el desarrollo de la directiva sobre libertad de acceso se han dado en
momentos muy recientes, y con esto no quiero quitar el menor mérito al
esfuerzo que se está haciendo desde la Secretaría General Técnica.

Sabemos bien que en el conjunto de los países de la Unión Europea la
aplicación concreta de esta directiva está resultando muy problemática, y
no sólo en España, donde se ha producido una queja y una carta de
emplazamiento al país miembro porque hay una tremenda resistencia de las
administraciones, y en general de quienes tienen responsabilidad en
materia de medio ambiente, que no son sólo las administraciones sino en
gran medida las empresas, y en particular aquellas que con acuerdo
concesional con las administraciones públicas llevan a cabo determinados
servicios ambientales y quedan dentro de lo que especifica la directiva;
hay una tremenda resistencia, decía, a dar a los ciudadanos la
posibilidad, como el Secretario General Técnico comentaba, de perder un
recurso o de verse inmersos en un conflicto amparado por las normas
vigentes. Por tanto, debemos felicitarnos en esta Comisión por los
hechos, los hitos que han sido descritos en la comparecencia del
Secretario General Técnico, y le animo a que se mantenga este esfuerzo
desde el Ministerio y además para que España pueda superar una situación
de problema de aplicación de esta norma, que aunque sea común a otros
países de la Unión, no por ello debemos sentirnos menos preocupados al
respecto.

Quisiera preguntarle algunas cuestiones en relación con su exposición,
aunque quizá, por lo que usted mismo ha señalado, es difícil dar algún
dato adicional. Tal como venía solicitado por la norma europea y por la
trasposición en la Ley 38/1995 era preciso el concurso de la información
al Ministerio por parte de las comunidades autónomas. Entiendo que se ha
tardado bastante en involucrar a estas comunidades autónomas. Cuando se
han celebrado conferencias sectoriales a lo largo del año pasado, en
ninguno de los dos momentos ha habido, dentro del orden del día, el
planteamiento de este necesario acuerdo básico con las comunidades
autónomas para que se desarrollara de una forma correcta la Ley 38/1995;
sólo en un momento muy reciente se está estableciendo un grupo específico
en esta materia. Quizá esta falta de coordinación al máximo nivel
explique que las contestaciones que se han recibido a partir de la
petición de la Secretaría General Técnica sean contestaciones donde,
según usted señala, es difícil hacer una cuantificación de los hechos que
se han producido al amparo de la ley. En cualquier caso, si me puede dar
datos, que ya sabemos que no son homogéneos, quisiera preguntarle si
tiene constancia de las solicitudes que se hayan formulado al amparo de
la Ley 38/1995 a través de la información que llega de las
administraciones territoriales y de la Administración central; cuántas de
ellas se han denegado formalmente, es decir, ante cuántas de ellas la
Administración ha manifestado que quedan en el ámbito de las excepciones
previstas por la ley, y de cuántas se tiene noticia de que han sido
objeto del procedimiento de silencio negativo. Le pregunto esto porque me
ha sorprendido de su exposición que la consulta que se ha formulado a las
organizaciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente parece haber dado
lugar a una respuesta un tanto genérica en cuanto a la queja en las
formas de contestar, pero no parece que sea posible un contraste entre lo
que nos dicen las administraciones y lo que puede surgir como experiencia
práctica concreta de las ONG, que tienen en este caso una actividad muy
beligerante, según nos consta; son prácticamente las que protagonizan el
núcleo principal de peticiones a las administraciones. En ese sentido hay
que lamentar que la situación crítica del Consejo Asesor de Medio
Ambiente, los acontecimientos que se han producido en el seno del mismo y
el contenido de las reuniones que este órgano ha mantenido no hayan
dedicado el tiempo ni la energía necesarios a la libertad de acceso a la
información de medio ambiente. Por tanto, entiendo que ahora la
Secretaría General Técnica tiene dificultades para saber lo que ha pasado
a lo largo de este año y transmitir de forma satisfactoria a la Comisión
cuáles han sido los casos y los problemas que han tenido lugar en
relación con las peticiones.

Por otra parte, y referente a los temas que se han planteado desde la
Comisión, que el Secretario General Técnico ha señalado, me gustaría
saber si en estos momentos, precisamente en el marco de la elaboración
del Convenio paneuropeo sobre acceso a la información, participación
ciudadana y acción pública en materia de información sobre medio
ambiente, el Gobierno español tiene ya fijada una posición; si en la
línea de culminar el proceso de Convenio paneuropeo de aquí a mediados de
1998 España está decantándose por alguna posición específica, aunque no
nos consta así por las reuniones que han tenido lugar, en las que parece
que España ha mantenido más bien una cierta reserva ante el avance del
proceso de acuerdo entre otros países. Si se me permite la licencia, esta
reserva podría tener el carácter de un silencio positivo en el sentido



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de que España lo acepte, y no, como alguno de los países europeos ya ha
puesto de manifiesto, tenga una posición contraria. Nos gustaría saber en
esta Comisión si España está dispuesta al reto que supone incorporarse a
un esquema paneuropeo más ambicioso que el de la propia directiva; un
esquema que sí prevé la existencia de órganos específicos, de tribunales,
de mecanismos de acción judicial, etcétera.

En lo que se refiere a las relaciones con la Agencia Europea de Medio
Ambiente, también cabe deducir de su exposición que con carácter bastante
reciente se están poniendo las bases de esta conexión con Eionet y con
las redes europeas. Quisiera saber cuál es la situación precisa, es
decir, qué es lo que podemos transmitir hacia la Agencia Europea de Medio
Ambiente por las vías informáticas existentes y también qué es lo que
recibimos y aportamos a los centros de información de las comunidades
autónomas.

En relación con el precio o tasa, manifiesto mi preocupación por que, al
cabo de un año y habiéndose producido hace ya bastante tiempo la
sentencia del Tribunal Constitucional, el Ministerio todavía no haya
procedido al establecimiento de una norma que clarifique esta cuestión.

En esta Comisión se nos traslada la posición del Ministerio respecto de
la deseable gratuidad, con lo que por supuesto yo coincido, pero echamos
en falta que esto esté dicho desde una norma que clarifique la situación,
porque sin ninguna duda se están produciendo casos puntuales, de los que
hacen publicidad las ONG, de intentos de cobro no precisamente de acuerdo
con un precio razonable, o simplemente de planteamientos de dificultad
por el hecho del soporte en el que la información se puede transmitir.

Nos gustaría saber si existe un calendario o un compromiso a plazo fijo
por parte del Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a fijar de una
manera nítida el establecimiento de un sistema de cobro a nivel estatal y
de acuerdo con las propias comunidades autónomas.

Por último, quiero preguntarle dos cuestiones. Me va a permitir que me
refiera a algo que no existe en la legislación en vigor, pero que podría
aprovecharse la legislación marco sobre residuos a cuya elaboración está
procediendo el Ministerio de Medio Ambiente. Creo que sería un salto
cualitativo en lo fundamental de lo que es el acceso de los ciudadanos a
la información sobre un tema altamente sensible, como es la producción de
residuos de carácter tóxico y la emisión a la atmósfera, a través de
vertidos, de sustancias tóxicas. Me refiero, como puede imaginar, al
modelo que existe en Estados Unidos de inventarios sobre residuos
tóxicos, que en nuestro país no es posible organizar, en la medida en que
la legislación vigente está garantizando en las empresas un determinado
nivel de secreto comercial, incluso en algunos casos se refiere a la
propiedad intelectual sobre los procesos productivos. Sólo desde un acto
de voluntad política, que creo muy deseable, se podría contribuir a
situar a nuestros ciudadanos ante la posibilidad de conocer de verdad qué
es lo que producen determinados procesos industriales que la reiterada
existencia de accidentes, de momentos críticos para la salud humana y de
nuestro sistema están poniendo en el candelero. Quisiera saber si hay
alguna previsión, en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente, de
introducir normas de este calado, que constituyen a una profundización de
la libertad de acceso de nuestros ciudadanos a la información sobre medio
ambiente en normas de carácter básico como la que se está realizando en
el ámbito de la gestión de los residuos.

Mi última pregunta sería cuál es el desarrollo en estos momentos de un
proyecto, que hace un año se encontraba en una fase bastante avanzada
pero pendiente de ser concretado, que tiene que ver con esta materia,
como es el plan nacional de cartografía ambiental.

Muchas gracias, señor Secretario General Técnico, por su presencia esta
mañana en la Comisión, y le reitero mis mejores deseos de seguir en el
esfuerzo que demuestra el contenido de su intervención.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora doña María Teresa de Lara.




La señora LARA CARBO: Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia del
Secretario General Técnico del ministerio, don Carlos Vázquez, y
felicitarle por la exposición que nos ha hecho respecto a la
comparecencia que había solicitado el Grupo Socialista. Yo creo que,
después de haber oído sus explicaciones y la información que nos ha dado,
poco más habría que decir por parte del Grupo Parlamentario Popular,
porque creo que ha sido una intervención clara, concisa, que nos ha
indicado cuál es la información que las comunidades autónomas han
remitido al ministerio. Nos ha quedado claro que, dado que hace poco más
de un año que la ley ha entrado en vigor, la información de que disponen
las comunidades autónomas todavía es algo confusa, pero sí parece que no
se plantean dificultades especiales en cada uno de los puntos que se han
consultado. (El señor Vicepresidente, Paniagua Fuentes, ocupa la
Presidencia.)
Por ello, brevemente voy a resaltar los dos puntos en los que la Unión
Europea dice que hay una aplicación incorrecta de la trasposición de la
directiva. El punto tercero habla de la teoría del silencio negativo,
acerca de la que ya hubo una amplia discusión por los grupos
parlamentarios --entonces yo estaba en el Senado-- sobre si era mejor el
silencio negativo o el positivo. Veo que el tema ha vuelto a ponerse
sobre la mesa y esperamos que desde el ministerio se dé una correcta
solución al problema, igual que en el coste vía precio público. Nosotros
también creemos, desde el Grupo Parlamentario Popular, que la gratuidad
es deseable porque el problema del precio público es que se fija un
precio mínimo, pero no un precio máximo. Por consiguiente, también
esperamos que el ministerio tome la oportuna decisión para conseguir que
haya una gratuidad en esta información.

Nada más. Solamente deseo felicitar al representante del ministerio por
las medidas adicionales que nos ha indicado que se estaban adoptando. Yo
creo que los asuntos han quedado muy claros con su explicación y con la
que luego ha repetido casi en su totalidad la señora Narbona.




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El señor VICEPRESIDENTE (Paniagua Fuentes): ¿Algún grupo quiere
intervenir? (Pausa.)
El Secretario General tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL TECNICO DE MEDIO AMBIENTE (Vázquez Cobos):
Brevemente voy a tratar de dar respuesta a lo planteado por S. S. en
relación con algunas cuestiones que podían haber quedado pendientes.

Intentaré ser conciso.

En cuanto a si tenemos más información sobre los expedientes que se hayan
podido plantear de forma expresa al amparo de la ley de acceso a la
información, quiero resaltar simplemente con carácter previo que la
preocupación del ministerio existió desde un primer momento. De hecho, en
la conferencia sectorial, que se celebró a finales de diciembre, si bien
no estaba en el orden del día, dentro de la documentación que se repartió
a los señores consejeros expresamente se transmitió la necesidad, por
parte de las administraciones públicas, en este caso por las comunidades
autónomas, de dar respuesta a esa petición. En la ley se recoge de forma
expresa que las comunidades autónomas deberían entregar esa información a
finales de diciembre. Lo que hizo el ministerio fue recordar la necesidad
de disponer de dichos datos. La relación se ha establecido. El problema,
tristemente, es que resulta muy difícil que esa información sea precisa
cuando, a priori, no existen los mecanismos que permitan diferenciar
entre los distintos datos que obran en poder de las administraciones.

Normalmente, como sabe S. S., por ejemplo, la información sobre el estado
del medio ambiente, lógicamente, se publica a finales del año siguiente,
pasado el ejercicio, según aquello que se encuentra en poder de las
propias administraciones. Si éstas no han establecido procedimientos
iniciales que permitan clasificar la información diversa para aclarar
cómo se articula, cómo se entrega, cómo se encaja en los distintos
ámbitos, es muy complicado después que dicha información esté a
disposición de los que tratan de confeccionar estadísticas sobre sus
resultados. A nosotos nos fue imposible. Entramos a mitad de año y a
finales de año no teníamos mecanismos para exigir esa discriminación
entre los distintos datos que poseían las administraciones públicas.

Tristemente, algunas de ellas disponen de pocos datos, porque escasamente
tienen servicios de información. Dentro del propio ministerio, si bien
existía la secretaría de Estado, no había nada con carácter general,
global para todo él.

Nuestro paso ha sido, como he comentado en la exposición, crear unas
instrucciones sobre estadísticas de solicitud de información
medioambiental, que con mucho gusto podría entregar a S. S. y que se ha
repartido a todo el ministerio. La información que recibimos en la
Secretaría General Técnica, no sólo por ser oficina de información
directa al público, se reparte en cada centro directivo, en cada
confederación hidrográfica. Como sabe S. S., hay datos interesantes sobre
cuestiones medioambientales en las confederaciones hidrográficas. El
grupo de trabajo de la conferencia sectorial está tratando de crear con
pleno respeto a la autoorganización que tienen las comunidades autónomas,
una información estadística precisa en todo el ámbito nacional.

Tenemos casos concretos en los que ha habido denegación, aunque no haya
sido expresa. Existe una voluntad de cumplir la ley. Veo en las
comunidades autónomas, y en general en los organismos autónomos, esa
necesidad de cumplirla; no hay un rechazo frontal. Lo único que pasa a
veces es que no está delimitado el ámbito en el que se tiene que
transmitir u otorgar esa información. Estamos estudiando un supuesto de
una solicitud genérica sobre datos relativos a vertidos. Estamos viendo
en qué medida se puede encauzar y concretar una petición muy general,
para que no haya una oposición, porque ésa no es la voluntad del
ministerio. Tristemente no tenemos esos datos porque no se han podido
conseguir, dado que la información de que se disponía no estaba
diferenciada, especificada. Las administraciones no la han podido aportar
al no conocerla. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El segundo punto era la posición española en la discusión del convenio
paneuropeo sobre acceso a la información y participación ciudadana.

Estuvimos y estamos presentes. De hecho la semana pasada un miembro de la
Secretaría General Técnica estuvo en las reuniones que se celebraron en
Ginebra. Es un convenio complejo porque afecta a más de un país; no
solamente a los de la Unión Europea sino a otros. Se observa una cierta
contradicción en los países del norte de Europa, que tratan de ampliar un
poco el régimen de acceso a la información, y una oposición por parte de
los países del Este. En esa contradicción que existe, ¿cuál es la
posición española? El miedo a que establezcamos un régimen jurídico un
poco distinto de la base común que tenemos ya en el ámbito de la Unión
Europea. Por lo tanto nuestra postura es relativamente prudente.

Hay importantes mejoras en el texto elaborado en estos momentos, aunque
es muy complicado, porque cada artículo tiene multitud de opciones por
las enmiendas que han presentado los distintos países y organizaciones
ecologistas representadas. Yo creo que a finales de agosto tendremos un
texto único en donde se englobe toda esa problemática que se ha derivado
de las reuniones celebradas. Tal vez lo analizaremos de una forma más
concreta, específica, profunda, para ver nuestra postura que,
inicialmente, es tratar de no modificar en gran medida el régimen que
tenemos, porque, como hemos visto, lo bueno sería poder considerar que ya
hemos aplicado correctamente el europeo. Difícilmente podemos entender
que sería adecuado modificar sustancialmente el vigente, sin perjuicio,
como hemos visto, de que en materia de peticiones genéricas haya
aportaciones importantes en este texto, porque obliga a las
administraciones públicas a desviar la información hasta organismos
competentes sin limitarse a decir que no es el órgano obligado
directamente a suministrar la información; hace precisiones en cuanto al
supuesto de estos procedimientos administrativos que garanticen la no
entrega o la contestación; ofrece una regulación más específica sobre el
tema de costos. En definitiva, estamos de acuerdo en todo lo que mejore,
perfile o precise la regulación europea. En principio, nuestra postura,
por ejemplo, en el ámbito objetivo de la aplicación, es la de ser
cautelosos en establecer un marco muy distinto del que tenemos,



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porque consideramos que, dada la novedad de la ley, lo importante es
garantizar que se cumpla con total eficacia, sin pretender ir más allá
cuando todavía no tenemos garantizado que se aplique la que está en
vigor.

En cuanto a la Agencia Europea de Medio Ambiente actualmente existe la
conexión. Ya está creado el nodo y, por tanto, ya se puede acceder. En
este momento aún no hay transmisión de datos, porque no lo da ningún país
europeo. Estamos trabajando conjuntamente con todos los países europeos y
después del verano posiblemente ya se empiecen a aportar datos a la
Agencia Europea y de ésta a los propios países. Por tanto, de cara a ese
momento en que globalmente a nivel europeo se produzca esa conexión, se
está trabajando en crear redes dentro del ministerio, para que el
ministerio, como punto focal, esté en situación de aportar esos datos
cuando sea requerido. Pero lo que hemos avanzado es que esa Internet, que
se enfoca a la red de Eionet, ya existe, con lo que desde pantallas del
Ministerio se accede ya a las pantallas de la Agencia Europea, aunque no
hay transmisión de datos porque ningún país en estos momentos está
transmitiendo datos a la Agencia Europea de Medio Ambiente.

En relación con el tema del precio tasas, simplemente manifestar que el
problema no está en cuanto sea necesario clarificar la situación. Creemos
que la situación está relativamente clarificada, podría mejorarse, pero
la opinión del Tribunal Constitucional es clara. El problema está en que,
frente a la posición de algunas comunidades autónomas, que han tenido una
regulación genérica para todo el ámbito de la Administración de cómo se
deben cobrar las contraprestaciones cuando se hacen fotocopias o cuando
se da determinado soporte documental, no existe eso en la Administración
del Estado, y, en cambio, en el Ministerio de Medio Ambiente, nos
encontramos en una situación relativamente caótica porque hay direcciones
generales que aplican tasas del año cincuenta y tantos, como pueden ser
los diferentes centros directivos que derivan del antiguo Ministerio de
Obras Públicas; hay direcciones generales que no tienen tasas y hay
direcciones generales que han aprobado tasas recientemente, como, por
ejemplo, la Dirección General de Costas. Lo adecuado sería unificar el
régimen de todas esas tasas y nuestra opinión es que debería hacerse a
nivel de la Administración general del Estado. Así lo hemos indicado al
Ministerio de Economía y Hacienda, que está haciendo esfuerzos en cuanto
a establecer un marco más homogéneo, primero de procedimientos de cobro
de tasas y en el futuro de reorganización del cobro de esta tasa.

La verdad es ésa, pero es una existencia que nos ha venido dada y que de
alguna manera no se ha hecho nada para homogeneizar qué tipo de tasas
pueden cobrar los distintos centros directivos en general de la
Administración del Estado y, en particular, de los que forman parte hoy
del Ministerio de Medio Ambiente. Lo que está claro es que en estos
momentos no se puede cobrar lo que no está regulado; no hay ninguna orden
que fije precios públicos y por tanto no cabe la fijación de precio
público en materia de acceso, y lo impide el Tribunal Constitucional, en
nuestra opinión. No se puede cobrar por el servicio de acceso y se podrán
cobrar las tasas que permita la legislación vigente, las reguladas en
aquellos centros directivos que así lo establezcan, sobre la posibilidad
de cobrar por la entrega de fotocopias u otro tipo de documentación.

En cuanto a legislación marco sobre residuos, no es un tema específico de
mi competencia. Su señoría sabe muy bien que es un supuesto en que la ley
fue muy restrictiva, en donde solamente cuando es la norma de rango legal
se puede excepcionar esa información. Las personas competentes en materia
de residuos dentro de la Secretaría General de Medio Ambiente lo podrán
explicar cuando presenten el anteproyecto de residuos en la Comisión. Es
un tema muy importante y suficientemente problemático como para que se
analice detalladamente. No puedo darle más detalles porque excede el
ámbito de mis competencias y no sería responsable si así lo hiciese. En
todo caso, sí que se va a poder comprobar en un plazo relativamente corto
y debatir, con lo que posiblemente todas esas manifestaciones de S. S. se
puedan plantear en el debate que existe sobre el anteproyecto de ley de
residuos que entiendo que próximamente se traerá a esa Cámara.

Por último, en cuanto al plan nacional de cartografía ambiental está
tramitándose, y, de hecho, en la última conferencia sectorial de medio
ambiente se presentó el proyecto como está. La documentación no la
conozco con una gran profundidad porque excede de mis competencias, pero
se está trabajando en ello a través de una colaboración entre la
Dirección General de Calidad y Relación Ambiental y el Instituto
Tecnológico Geominero de España, y existe una documentación que se puede
traer a esta Comisión, si desea su señoría, porque ya se han realizado
unos proyectos y están en trámite los expedientes oportunos que permitan
completar ese plan de cartografía ambiental que está en tramitación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Cristina Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Dado que existe por parte del Secretario General
Técnico una predisposición positiva y favorable a traer información a
esta Cámara, quisiera saber si es posible que la Comisión disponga del
informe remitido a la Unión Europea objeto de esta comparecencia.




El señor SECRETARIO GENERAL TECNICO DE MEDIO AMBIENTE (Vázquez Cobos):
Creo que sí; si nos lo piden, nosotros con mucho gusto lo entregaremos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Carlos Vázquez, por su
comparecencia. En nombre de la Comisión, le deseo los mayores éxitos en
su gestión.

Por deseo expreso de los comparecientes, vamos a alterar el orden del día
previsto para hoy, pasando al primer punto del orden del día el que
estaba previsto como número 3, que es la proposición no de ley relativa a
la gestión del parque nacional de Doñana.

Las votaciones, aunque ya lo anunciaremos cuando reanude la sesión, van a
tener lugar no antes de la una del mediodía.




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Vamos a interrumpir la sesión por un espacio de diez minutos. (Pausa.)



PROPOSICIONES NO DE LEY:



--RELATIVA A LA GESTION DEL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 161/000433.)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

A continuación, pasamos a debatir la proposición no de ley relativa a la
gestión del parque nacional de Doñana. El autor de la iniciativa es el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Tiene la palabra su portavoz, la señora Aramburu.




La señora ARAMBURU DEL RIO: Con muchísima brevedad voy a plantear uno de
los temas que está hoy sobre el tapete con mayor calado político y que
entendemos que es de una tremenda enjundia política en el marco del
desarrollo sostenible. Con esta proposición no de ley trato de aunar los
mayores consensos posibles, dado que la expectación que ha creado en el
sur del Estado y en concreto en Andalucía, y lo que significa el parque
en su entorno, merece la pena hacer un esfuerzo por parte de todas las
fuerzas políticas. Voy a intentar situarme en esa línea de trabajo,
insisto, con la mayor brevedad posible.

Mi fuerza política y yo misma conocemos la sentencia del Tribunal que
pone en solfa algunos de los temas que se plantean. Por su importancia
proponemos hacer una interpretación lo más legal posible, pero también lo
más ampliamente consensuada, para que sea del agrado del conjunto de los
afectados por el tema del parque nacional que hoy convenimos en llamar el
parque natural de Doñana. De lo que trata la proposición no de ley es de
arbitrar mecanismos que configuren que el espacio natural de Doñana,
siendo como saben todas SS. SS. uno de los parques de mayor interés
mundial, y deberemos administrarlo con los perfiles de mayor interés
posible, donde se sienta representado el conjunto de los afectados. Hay
enmiendas de Coalición Canaria y del Partido Popular. Posteriormente
pasaré a detallar, con muchísima brevedad, qué apartados podríamos asumir
para hacer el esfuerzo de ser votados por el conjunto de la sala.

Nosotros planteamos dos elementos centrales en cuanto a los parques
nacionales, partiendo del reconocimiento de la sentencia y situándonos en
la Ley de conservación de los espacios naturales y la flora y fauna
silvestre, que arbitrarían cuatro elementos. Es necesario que instemos al
Gobierno para que se adopten las medidas que a continuación detallo y que
luego veremos si son susceptibles de ser consensuadas, sin modificar
sustancialmente los conceptos que trato de plantear. Primero, que el
parque nacional de Doñana sea gestionado conjuntamente por la
Administración general del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Pretendemos que se combine el concepto simétrico de las comunidades
correspondientes con el Estado. No planteamos la desaparición de la
representación institucional de lo que es el Gobierno central, pero sí
que en la demarcación que se sitúa este parque natural debe tener una
representación suficiente la comunidad autónoma donde está ubicada, en
este caso el Gobierno andaluz. Esto con respecto a la gestión.

Respecto a la financiación del parque de Doñana, planteamos que en los
Presupuestos Generales del Estado se garanticen fondos suficientes para
hacer frente a los gastos necesarios para el adecuado funcionamiento.

Pero habría que ir un poco más allá y plantear que igualmente, y de forma
solidaria, la Comunidad Autónoma de Andalucía debe establecer fondos
suplementarios para cofinanciar los presupuestos generales, en el marco
de un 50 por ciento aproximadamente a valorar.

En tercera instancia planteamos que el presidente del Patronato del
parque nacional de Doñana debe ser nombrado por el Parlamento de
Andalucía en el marco de los consensos correspondientes y una vez oídas
las propuestas de los diferentes organismos competentes, pero haciendo
hincapié que siendo el Patronato un parque nacional ubicado en el
territorio andaluz, debe ser el presidente, vuelvo a insistir, nombrado a
instancias del Parlamento de Andalucía.

En el cuarto punto de esta proposición no de ley, en la que instamos al
Gobierno a que adopte estas medidas, planteamos algo que creo que es de
consenso general, y es que el cargo de director del parque nacional de
Doñana debe recaer en un funcionario cualificado. La figura no debe tener
un carácter excesivamente politizado, sino de cualificación, de
profesionalidad y de reconocida competencia. En este caso, planteamos
igualmente que sea nombrado por el Gobierno de Andalucía, una vez,
insisto, como en los casos anteriores, oídas las partes correspondientes
interesadas y afectadas por el Patronato y en el marco del parque
nacional. Todo esto para abordar una planificación coordinada de las
políticas, donde la titularidad, donde la gestión y donde la financiación
sea compartida, pero estableciendo los límites de representación en el
marco de lo que acabo de plantear.

Con respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, el texto
inicial, que quedaría redactado tal como aparece en el que tienen SS.

SS., me parecería bien pero insuficiente. Sin un nuevo apartado que diga
algo así como lo que a continuación digo, no podría ser aceptado por esta
portavoz. Por lo tanto, una vez concluido el texto donde dice «espacios
naturales», propondría que dijera: «atendiendo a los criterios de
cogestión y cofinanciación planteados para garantizar la presencia y
representación requerida por el Gobierno andaluz, consensuado con el
Gobierno central». En este sentido es discutible y con posibilidad de ser
asumido.

Respecto a la enmienda de Coalición Canaria, hay un profundo disenso
porque se plantea que el Presidente del Patronato sea nombrado por el
Consejo de Ministros, cuando nosotros insistimos con extraordinario
interés que sea nombrado por el Parlamento de Andalucía,
independientemente de que lo planteemos también en el marco de



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los consensos requeridos. Existe una modulación importante en cuanto a de
dónde debería venir la propuesta.

En el punto cuarto que plantea el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, nosotros diríamos lo siguiente: «Una vez concluido por el
Gobierno de Andalucía, ...» Coalición Canaria propone decir: «... a
propuesta de la comisión mixta...». Y nosotros diríamos: «... y
consensuado con la comisión mixta del parque.» Estas podrían ser las
modificaciones asumibles en el sentido que acabo de plantear.

En aras de la brevedad y de la resolución pronta y feliz de este tema,
doy por concluida mi intervención.




El señor PRESIDENTE: Señora Aramburu, de su intervención se desprende que
está dispuesta a presentar una enmienda transaccional a la presentada por
el Grupo Parlamentario Popular. ¿Sería tan amable de facilitársela a la
Mesa?



La señora ARAMBURU DEL RIO: Se la acabo de pasar a la portavoz del Grupo
Popular.




El señor PRESIDENTE: Les rogaría que la facilitaran a la Mesa.

A esta proposición de Izquierda Unida se han presentado dos enmiendas,
una de Coalición Canaria. Para su defensa, tiene la palabra don Paulino
Rivero.




El señor RIVERO BAUTE: Voy a intervenir brevemente para defender la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.

Al presentar esta enmienda hemos tenido muy en cuenta el reciente acuerdo
adoptado por el Pleno del Congreso el 22 de mayo, sobre la modificación
de la Ley 4/1989, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional,
donde se ponía en entredicho el sistema de gestión de los parques
nacionales. En la línea del fallo del Tribunal Constitucional, hemos
aprobado en el Pleno del Congreso, y en estos momentos se encuentra en
trámite parlamentario en el Senado, un proyecto de ley que tiende a la
cogestión de los parques nacionales entre Estado y comunidades autónomas.

En esa línea parece que los dos primeros puntos de la proposición no de
ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida coinciden
plenamente con el proyecto de ley aprobado en el Congreso. Es decir, el
que la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Estado gestionen
conjuntamente el parque nacional de Doñana está en la línea de esa
comisión mixta que prevé el proyecto de ley, una comisión mixta paritaria
cinco a cinco, con una presidencia rotativa. Por tanto, el punto primero
de la proposición no de ley lo votaremos favorablemente porque es
coherente con el proyecto de ley que estamos tramitando.

Por lo que respecta al punto 2 de la proposición no de ley sobre la
financiación del parque nacional de Doñana donde se dice que debe estar
contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, pero además abierta
la posibilidad a aportaciones por parte de la comunidad autónoma
andaluza, es coincidente también plenamente con el proyecto de ley que se
tramita en estos momentos en el Senado y, por tanto, contará también con
nuestro apoyo.

El punto 3 que dice que el presidente del patronato del parque nacional
de Doñana sea nombrado por el Parlamento de Andalucía lo hemos enmendado.

En la primera parte de nuestra enmienda se dice: «El presidente del
patronato del parque nacional de Doñana será nombrado por el Consejo de
Ministros a propuesta de la comisión mixta de gestión del parque.» La
verdad es que no hemos hecho ningún esfuerzo de imaginación para hacer
esta propuesta de sustitución del punto 3 por la alternativa que
presentamos, porque lo que hacemos es copiar literalmente lo que dice el
proyecto de ley aprobado y que en estos momentos está en tramitación en
el Senado. No parece, de ningún modo, coherente que cuando estamos
tramitando en la Cámara un proyecto de ley en una línea estemos aprobando
proposiciones no de ley orientadas a otros objetivos. Dentro de ese
modelo compartido de cogestión entre el Estado y las comunidades
autónomas, el que el presidente del patronato del parque nacional de
Doñana, al igual que el resto de los presidentes de los patronatos del
resto de los parques de España, sea nombrado por el Consejo de Ministros,
a partir de esa propuesta de la comisión mixta --recordemos que es
paritaria-- entre la Comunidad Andaluza y el Estado nos parece que es el
sistema adecuado.

Por lo que respecta al punto 4 de la proposición no de ley presentada por
Izquierda Unida en el sentido de que recaiga en un funcionario
cualificado y de reconocida competencia profesional y sea nombrado por el
Gobierno de Andalucía, tengo que decir que la segunda parte de nuestra
enmienda se dirige a ese punto 4 y lo que hacemos también es copiar
literalmente lo que dice el proyecto de ley: «El director-conservador del
parque nacional será un funcionario cualificado y de reconocida
competencia profesional, nombrado por el Gobierno de Andalucía, a
propuesta de la comisión mixta de gestión del parque.»
En esa línea la enmienda intenta ser coherente con el proyecto de ley,
señor Presidente, que en estos momentos se tramita en el Senado.




El señor PRESIDENTE: Entiendo que los puntos 1 y 2 de la proposición son
aceptados, porque usted sólo ha hecho referencia en la enmienda de
modificación a los puntos 3 y 4.




El señor RIVERO BAUTE: Efectivamente, los puntos 1 y 2 son aceptados
plenamente.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para la
defensa de la enmienda que tiene presentada a este proyecto, tiene la
palabra doña Teófila Martínez.




La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, señorías, mucho se ha debatido
en los últimos años, tanto en este Parlamento como en el Parlamento
andaluz y en la sociedad andaluza, sobre el parque nacional de Doñana y
su gestión, así como de los planes para el desarrollo sostenible de su
entorno. Hasta ahora no tenemos motivos en general



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para encontrarnos satisfechos ni por lo conseguido en el mantenimiento
del parque ni por el grado de coordinación de las distintas
administraciones a la hora de actuar en su ámbito.

La sentencia del Tribunal Constitucional que, como se ha dicho aquí, ha
declarado la nulidad de la disposición adicional quinta de la ley de
1989, ha dado pie a que el Gobierno actual haya presentado la
modificación de la ley que está ahora en trámite en el Senado. En esa
modificación de la ley en relación con la gestión de los parques
nacionales se recoge lo que dice el alto tribunal, que tras reconocer la
constitucionalidad de la competencia que la ley otorga al Estado como
titular del interés general de la nación para declarar parques
nacionales, determina que la ley de 1989 desconoce por completo las
competencias de las comunidades autónomas para ejecutar lo legislado
sobre protección del medio ambiente y la posición singular de alguna de
ellas con competencia exclusiva sobre espacios naturales protegidos. La
gestión, dice el alto tribunal, es una competencia normal y habitual de
las comunidades autónomas y sólo en ciertos supuestos --uno de los cuales
sería la gestión de los parques nacionales-- puede participar el Estado.

A diferencia de lo que establecía la ley de 1989 los parques nacionales
serán gestionados y financiados conjuntamente por la Administración
general del Estado y las comunidades autónomas en cuyo territorio se
hallen ubicados, aspecto este que a nuestro entender recoge perfectamente
la ley que está, como decía anteriormente, tramitándose en este momento
en el Senado. La modificación de esta ley establece, por tanto, un nuevo
marco competencial para los parques nacionales, por lo que adelantarse al
mencionado proyecto antes de que esté definitivamente aprobado no nos
parece lógico ni aconsejable, ya que rompería el principio de igualdad,
creando, además, inseguridad jurídica.

Pero además, señorías, la nueva ley no solamente trata de cumplir la
sentencia del Tribunal Constitucional, sino que crea además una nueva
figura de planificación con el fin de fijar las líneas globales de
actuación de la red de parques nacionales a través de la creación del
plan director de la red de parques nacionales. Se prevé que se
desarrollen a través de los planes rectores de uso y de gestión de cada
parque y su misión es, por tanto, la armonización de las grandes líneas
de actuación, a la vez que ayudar a dar coherencia a la propia red.

También como órgano de nueva creación contempla la ley que se cree el
consejo rector de la red estatal de parques nacionales y contempla que
este órgano de carácter consultivo tenga como función principal realizar
un seguimiento continuo y permanente de estos espacios. Para nosotros
este seguimiento es básico y fundamental para que se consiga lo que hasta
ahora no se ha conseguido en muchos de ellos. Se persigue con la creación
de este consejo rector lograr una mayor cooperación entre las distintas
administraciones que redunde en una mejora sustancial del funcionamiento
de los parques nacionales. Como dice la ley, en este consejo estarán
representadas la Administración central y todas y cada una de las
comunidades autónomas en cuyo territorio se ubiquen los parques
nacionales.

Por eso, señorías, creemos que se trata de no adelantarnos a la
aprobación definitiva de esta modificación de la ley, porque además en
ella, como decía el portavoz de Coalición Canaria, también se contempla
la creación de la comisión mixta de gestión y es a través de este órgano
donde se prevé que se adopten las medidas necesarias para que las
propuestas de las distintas administraciones estén contempladas y se
pongan en marcha. Esta comisión, además, estará presidida por un
representante de la Administración general del Estado y tendrá como
funciones elaborar distintos proyectos y planes sectoriales y también
aprobar pliegos de condiciones, etcétera, que nos permitan, como decía al
principio, gestionar de forma adecuada los distintos parques nacionales.

Por tanto, señorías, creemos que después de muchos años de desencuentros,
sobre todo en lo que respecta al parque nacional de Doñana, en la gestión
y en la administración, desde el Grupo Popular estamos seguros de que
esta modificación de la ley de 1989 solucionará los principales problemas
que en su gestión se habían detectado hasta ahora. En esta confianza
creemos que entre todos los grupos de esta Comisión y de esta Cámara
podremos llegar a un acuerdo para que a través de las enmiendas podamos
concluir que gracias a la ley que se está tramitando se consiga lo mejor
para todos los parques nacionales, en especial para esa joya de todos que
es el parque nacional de Doñana que, como decía, hasta ahora, incluso
cuando han coincidido al frente de las distintas administraciones tanto
central como autonómica responsables del mismo color político, la verdad
es que no podemos decir que se hayan puesto de acuerdo a la hora de
buscar las mejores propuestas y objetivos, a la hora de gestionar el
parque de Doñana y su entorno. Todavía está coleando, por ejemplo, el
mejor aprovechamiento de los recursos de la Unión Europea en el plan
director del entorno de Doñana para el que en principio estaban previstos
62.000 millones de pesetas y que hasta ahora no se ha gestionado ni un 50
por ciento de esos recursos económicos. Por tanto, nosotros esperamos y
deseamos que no sólo a la hora de aprobar el contenido definitivo de esta
proposición no de ley sino en el trámite del Senado y en su vuelta al
Congreso a través de las propuestas de los distintos grupos consigamos
una modificación de la ley que responda y dé cumplido tratamiento no sólo
a las aspiraciones de todas las comunidades autónomas en cuyo territorio
haya parques nacionales, sino también a las aspiraciones de toda la
sociedad en su conjunto.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición respecto a esta
iniciativa presentada por Izquierda Unida? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Cristina Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Nuestro grupo va a votar a favor de la iniciativa
presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en
los términos que resulte de las transacciones que este grupo acepte con
las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo de
Coalición Canaria, pero quisiera también dejar



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constancia de nuestra posición en relación con el esquema que el Gobierno
ha propuesto --y está en estos momentos todavía pendiente de ser aprobado
definitivamente en el Senado-- en relación con la modificación de la Ley
4/1989 en lo que se refiere a la gestión de los parques nacionales.

Una vez más hay que recordar en esta Comisión que la sentencia del
Tribunal Constitucional para nada justifica que se plantee desde el
Gobierno, como se ha hecho, la necesaria cogestión económica de los
parques. Una cosa es que las comunidades autónomas contribuyan a que se
establezcan programas complementarios de inversión en los parques
nacionales y otra cosa es, como desgraciadamente está sucediendo, que los
Presupuestos Generales del Estado ni siquiera cubran los compromisos que
tienen asumidos en materia de inversión y de gastos corrientes en los
parques nacionales. Esto es lo que nuestro grupo considera intolerable y
que desde luego se compadece mal con la defensa de los valores del parque
de Doñana que se hacen por parte de la Presidenta actual del Patronato y
Ministra de Medio Ambiente. Digo esto porque no es cierto que en relación
con incumplimientos presupuestarios relativos al parque de Doñana y a su
entorno se tenga constancia de que estos incumplimientos son básicamente
de la Junta de Andalucía, como antes señalaba la portavoz popular, puesto
que el retraso que se ha dado en la aportación de los fondos previstos en
el plan específico aprobado por la Unión Europea en relación con la
aplicación de fondos del presupuesto de la Junta de Andalucía se han
debido, y esto es bien conocido, al hecho de que más del 70 por ciento de
esos recursos procedentes de la Junta de Andalucía estaban inicialmente
asignados a la construcción de determinadas infraestructuras de
comunicación que los propios expertos y el propio Patronato de Doñana no
han considerado adecuados precisamente en virtud de la deseable
preservación de los valores naturales de Doñana. Por lo tanto, las
cuantías comprometidas por la Junta de Andalucía siguen manteniéndose en
lo que son sus cifras, pero en lo que son sus contenidos la Junta de
Andalucía desde hace varios meses está replanteando dicho contenido a las
instancias competentes de la Unión Europea porque no se pueden hacer
determinadas inversiones que inicialmente se plantearon. Esto ha llevado
a la confusión de acusar a la Junta de Andalucía de no querer invertir
determinados fondos en Doñana y en su entorno. Eso no es así, y debe
quedar constancia en esta Comisión de Medio Ambiente de que la Junta de
Andalucía ha sido reiteradamente cuestionada por algo que está siendo
objeto de un replanteamiento consensuado con la Comisión Europea. Por el
contrario, es el Ministerio de Medio Ambiente el que no está cumpliendo
compromisos presupuestarios y obras en ejecución en el entorno de Doñana,
y me voy a referir a algo especialmente grave. Las aguas residuales del
Aljarafe, que deben de ser tratadas de forma oportuna para que no
contaminen los acuíferos de Doñana, son aguas residuales a tratar en las
depuradoras de Afnalcazar cuya construcción se inició en 1995, para las
que existe dotación presupuestaria en el Ministerio de Medio Ambiente y
cuya obra está prácticamente parada por impago por parte del Ministerio
de Medio Ambiente. Creo que aquí, cuando venimos a la Comisión de Medio
Ambiente a defender la gestión de Doñana y a plantear esquemas de
cofinanciación, deberíamos todos de instar al Gobierno a que el dinero
que se presupuesta para un parque de la trascendencia ambiental de Doñana
efectivamente se gaste y no se haga, como ha hecho el Ministerio de Medio
Ambiente este año al justificar sus actuaciones en el entorno, la
previsión de que en materia de depuradoras los recursos se asignarán a
una depuradora en Huelva que no tiene que ver con las aguas residuales
que afectan directamente a Doñana, como es el caso de las depuradoras del
Aljarafe. Por lo tanto, sí a la cogestión, no a la cofinanciación
entendida como la está entendiendo el Gobierno, no sólo en el caso
específico de Doñana, sino en otros casos.

Nosotros como grupo parlamentario hemos insistido en el Congreso y en el
Senado en que lo que queremos que la ley diga es claramente que el
Ministerio de Medio Ambiente, la Administración central, garantice con
absoluta suficiencia los recursos presupuestarios que necesite el
mantenimiento adecuado de los parques nacionales, porque no queremos que
por la vía de convenios y por la vía de un esquema supuesto de
cofinanciación, al final el Ministerio de Medio Ambiente siga
disminuyendo las partidas presupuestarias correspondientes a la espera de
que se corresponsabilicen más allá de sus posibilidades reales, en muchos
casos, las comunidades autónomas. Por eso, aunque vamos a votar a favor
de las enmiendas que acepte el grupo de Izquierda Unida, queremos dejar
constancia de nuestro malestar en relación con el parque de Doñana y con
la actuación que está teniendo lugar en relación con el empleo de los
recursos presupuestarios en este campo del Ministerio de Medio Ambiente.




El señor PRESIDENTE: Quería preguntarle a la portavoz de Izquierda Unida,
señora María Jesús Aramburu, si a resultas de todas las intervenciones se
entiende que acepta las enmiendas presentadas por Coalición Canaria en
sus puntos 3 y 4 y asimismo quedaría incorporada a su iniciativa una
enmienda transaccional ofrecida por el Grupo Parlamentario Popular de
adición, a cuya lectura voy a proceder. Es decir, los puntos números 1 y
2 quedarían tal como los ha presentado Izquierda Unida, y el punto número
3 pasaría a contener el texto al que ahora voy a dar lectura, que sería
el siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, una
vez aprobado el proyecto de ley de modificación de la Ley 4/1989, de 27
de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres, y dentro de los plazos que establece el propio proyecto,
lleve a cabo en los parques nacionales los criterios que el proyecto
establece en cuanto a cogestión y cofinanciación de estos espacios
naturales, atendiendo a los criterios de cogestión y cofinanciación
planteados para garantizar la presencia y representación requerida por el
Gobierno andaluz y consensuada con el Gobierno central.»
Este pasaría a ser el punto número 3. Los números 4 y 5 serían los que
usted ha aceptado, presentados por Paulino Rivero.




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La señora ARAMBURU DEL RIO: Le explico con mayor detalle, puesto que ha
sufrido una pequeña modificación el punto 3 consensuado con Coalición
Canaria, que quedaría redactado en los siguientes términos...




El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Aramburu, punto 3 que pasaría a ser
punto 4.




La señora ARAMBURU DEL RIO: Diría así: El Presidente del Patronato del
parque nacional de Doñana será nombrado por el Consejo de Ministros, tal
como recoge el proyecto de ley de modificación 4/1989, y a propuesta de
la comisión mixta de gestión del parque, previo consenso con el Gobierno
autonómico.

El punto 4 quedaría intacto.




El señor PRESIDENTE: Que pasaría a ser 5.




La señora ARAMBURU DEL RIO: Sí, sería el punto 5 actual.

Por tanto, quiero expresar mi agradecimiento y reconocer que esta
proposición no de ley sale adelante por unanimidad de los presentes en la
sala.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos los grupos, y a usted en
especial, por su colaboración.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LA CORRECTA TRANSPOSICION DE
LAS DIRECTIVAS 79/409/CEE, RELATIVA A LA CONSERVACION DE LAS AVES
SILVESTRES, Y 92/43/CEE, RELATIVA A LA CONSERVACION DE LOS HABITATS
NATURALES Y DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES, ASI COMO A RECOGER LAS
CONCLUSIONES DEL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA SENTENCIA
102/1995, DE 26 DE JUNIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000205.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, que
era el anterior a éste: proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a realizar la correcta transposición de las Directivas
79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, y
99/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, así como a recoger las conclusiones del fallo
del Tribunal Constitucional de la sentencia 102/1995, de 26 de junio. El
autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Voy a ser muy breve, porque estos debates los hemos
tenido previamente, lo que pasa es que, a partir de las decisiones que ya
hemos tomado en relación a la reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
se tiene que continuar. Por eso, nosotros presentamos esta proposición no
de ley, que tiene fecha de octubre de 1996; ya ha llovido un poquito en
esta Comisión de medio ambiente y, por tanto, algo hemos avanzado, aunque
todavía hay una acción demasiado sincopada en la aplicación de las
directivas europeas y en el desarrollo de estas directivas en nuestras
propias leyes, por lo que continuamos defendiendo la vigencia de lo que
decimos en la proposición no de ley. Nosotros decíamos que todo esto
debería hacerse mediante la remisión al Congreso de los Diputados de un
proyecto de ley que asegure la correcta protección de las especies,
hábitats y ecosistemas del Estado español.

A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una del
Partido Popular y otra del Grupo de Coalición Canaria. A nuestro
entender, la que coincide en lo fundamental con la proposición no de ley
que hemos hecho desde el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya es la enmienda que propone el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, en la medida en que tiene en cuenta que ha habido un trabajo
hecho, cosa que no hacía nuestra proposición porque, repito, es de
octubre de 1996 y, por tanto, su enmienda arranca diciendo: «Como
continuación a la reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de espacios
naturales y de la flora y fauna silvestres...» presente otro proyecto de
ley, con lo cual coincide con nuestra proposición no de ley. Debo decir
que la enmienda que propone el Grupo Popular dice que vayamos
desarrollando, pero, en todo caso, no plantea la presentación de otro
proyecto de ley. En consecuencia, mi grupo acepta esta enmienda como
sustitutoria de la proposición concreta que nosotros hacíamos. Me da la
impresión de que en esta cuestión puede haber un amplísimo acuerdo,
porque, en definitiva, se trataría de que, a partir del trabajo que hemos
desarrollado en la reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
continuáramos trabajando en la aplicación de toda la normativa
comunitaria y de la sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995.




El señor PRESIDENTE: Como se ha dicho, a esta iniciativa presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya se han presentado dos enmiendas.

Para la defensa de una de ellas, tiene la palabra el portavoz de
Coalición Canaria, don Paulino Rivero.




El señor RIVERO BAUTE: Con ocasión del debate que se produjo sobre el
proyecto de ley de modificación de la Ley 4/1989 en lo referente al
régimen jurídico de los parques nacionales --se trataba de adaptar su
gestión al fallo del Tribunal Constitucional--, en el trámite
parlamentario se presentaron distintas iniciativas parlamentarias:
enmiendas a la totalidad y enmiendas parciales, presentadas
fundamentalmente por los Grupos Parlamentarios de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y del Partido Socialista. En ese sentido,
los argumentos esgrimidos por la portavoz del Grupo Popular, tanto en
Comisión como en



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Pleno, para rechazar varias de las enmiendas parciales y las enmiendas a
la totalidad presentadas iban en la dirección de exponer que las
enmiendas iban más allá del objeto del proyecto de ley que se debatía,
que era sólo la adaptación del régimen jurídico de los parques
nacionales. Entonces, el Gobierno se comprometió a presentar otro
proyecto de ley que recogiera los aspectos que el fallo del Tribunal
Constitucional ponía en cuestión. Esta enmienda va en esa línea del
compromiso asumido por el Grupo Parlamentario Popular de presentar otro
proyecto de ley en el que se recogieran las modificaciones necesarias
para adaptar la ley a las nuevas directivas europeas y cumplir con los
aspectos no resueltos en relación al fallo del Tribunal Constitucional.

Es una enmienda muy concreta, que dice: «Como continuación de la reforma
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de espacios naturales y de flora y
fauna silvestres, iniciada con el proyecto de ley que modifica el régimen
jurídico de los parques nacionales, presente otro proyecto de ley que
adapte las disposiciones legales vigentes en materia de hábitats, flora y
fauna a la normativa comunitaria y a la sentencia del Tribunal
Constitucional 102/1995, de 26 de junio», porque, repito, hay una
coincidencia generalizada de todos los grupos políticos en que con el
proyecto de ley de modificación de los parques nacionales aún no
cumplimos el fallo del Tribunal Constitucional de fecha 26 de junio de
1995.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Serrano para la defensa de la enmienda presentada a esta
proposición.




El señor SERRANO VINUE: La propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya pretende básicamente materializar una
correcta transposición de dos directivas: una, relativa a la conservación
de los hábitats naturales de la flora y fauna silvestre y, otra, relativa
a la conservación de aves silvestres, además de recoger las conclusiones
del fallo del Tribunal Constitucional en la sentencia 102/1995, sobre la
Ley 4/1989.

Como bien ha dicho su portavoz, esta iniciativa se presentó en octubre de
1996 y sustituía a otra de Izquierda Unida de abril de 1996. Por suerte,
durante estos meses, en largos, provechosos y fructíferos debates se ha
avanzado y, en este sentido, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado
una enmienda de sustitución, que, ya sea por su actualización o por su
concreción, mejora la propuesta de Izquierda Unida y que básicamente está
de acuerdo con lo que propone el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria. De todos modos, nos reservamos hasta el último momento para
intentar llegar a un texto consensuado entre todos que nos permita sacar
adelante esta proposición con el mayor apoyo posible.

No obstante, si me lo permite el señor Presidente, me gustaría hacer
algunas puntualizaciones en este sentido y defender el que las diferentes
propuestas o aspectos que plantea la iniciativa de Izquierda Unida están
ya satisfechos en alguna medida. Quiero remarcar que la Directiva de
aves, la 79/409, está recogida en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre
conservación de los espacios naturales, flora y fauna silvestres, y que
también la Directiva de hábitats, la 92/43, ha sido transpuesta al
ordenamiento español a través del Real Decreto 1997/95, en el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de los hábitats naturales de la flora y fauna silvestre,
y que, por supuesto, los preceptos de la Ley 4/1989, que fueron
declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, han sido
modificados en un proyecto de ley que en estos momentos está en
tramitación o que ya la semana pasada se votó en el Senado, y, por no
repetir la argumentación de los debates, no vamos a profundizar en ello.

No obstante, hay aspectos de las mencionadas directivas que todavía no
han sido transpuestos de forma exhaustiva y que están siendo objeto de
estudio para su incorporación definitiva al ordenamiento español. En ese
sentido, aquí encaja perfectamente la propuesta del Grupo Parlamentario
Popular, que insta al Gobierno a que, una vez aprobada la ley de
modificación 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios
naturales y de la flora y de la fauna silvestre, y de acuerdo con las
comunidades autónomas en lo relativo, lógicamente, a parques nacionales,
y con los criterios establecidos en la sentencia 102/1995, del Tribunal
Constitucional, realice la correcta transposición de las Directivas
79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres, y 92/43,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestre.

En ese sentido, hasta el último momento, señor Presidente, vamos a
intentar llegar a un texto consensuado que permita sacar adelante esta
iniciativa con el mayor apoyo posible de los grupos parlamentarios.




El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, entiendo que su grupo ha aceptado la
enmienda presentada por Coalición Canaria.




El señor FRUTOS GRAS: Sí, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: ¿Y respecto a la presentada por el Grupo
Parlamentario Popular?



El señor FRUTOS GRAS: Yo ya he argumentado que la enmienda de Coalición
Canaria a nuestro entender resume también lo que dice la enmienda del
Grupo Popular, pero al mismo tiempo concreta más nuestra proposición no
de ley; es decir, no se aparta ni un milímetro en la medida en que
propone que haya un desarrollo legislativo específico. Podemos verlo
hasta el final, pero en todo caso yo creo que ya prácticamente si no hay
una proposición muy concreta en relación a dónde debería verse el trabajo
de consenso, me da la impresión de que ya está contemplado en la enmienda
canaria.




El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, esta Presidencia lo que sugiere,
si les parece bien a ambos portavoces, es que se presente una
transaccional y se facilite a esta Mesa, previo acuerdo con Coalición
Canaria, a lo largo de esta sesión, antes de proceder a las votaciones.

Señor Serrano.




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El señor SERRANO VINUE: Simplemente quería decir que la diferencia está
en una cuestión puramente de redacción: incluir o no incluir proposición
de ley. Nada más.




El señor PRESIDENTE: Esto deberían tratarlo ustedes en privado en todo
caso, y si se ponen de acuerdo por parte de esta Presidencia no hay
ningún inconveniente.

¿Qué otros grupos desean intervenir respecto a esta iniciativa?
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra doña Cristina Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Nosotros vamos a dar nuestro voto favorable a la
propuesta formulada por Izquierda Unida en los términos que finalmente
resulten de las transacciones con los Grupos Popular y de Coalición
Canaria. Simplemente queremos reiterar aquí que, por supuesto, no podemos
sino coincidir con una petición al Gobierno que incluso habíamos
incorporado en nuestro texto alternativo a la reforma de la Ley 4/1989,
en la que creemos que hubiera sido la ocasión pertinente e inmediata de
hacer esa transposición pendiente de determinadas normas europeas, y en
ese sentido deseamos de manera muy sincera que el Gobierno cumpla con el
compromiso que en varias ocasiones ya ha manifestado en esta Cámara de
que, después del verano, con la colaboración de las organizaciones
miembros del consejo asesor y buscando el máximo consenso con los grupos
políticos, se haga el esfuerzo de llevar adelante otro proyecto de ley.

Nos hubiera gustado que hubiera habido una cierta economía normativa y
que se hubiera aprovechado el texto que está ya en tramitación, pero el
mal menor, sin duda, lo apoyamos, y estaremos dispuestos a contribuir a
que esa transposición correcta de las directivas pendientes cuente con
nuestro apoyo en esta Cámara.




--DE CONSTRUCCION DEL CANAL DE LA LITERA ALTA (HUESCA). PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 161/000379.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, la
proposición no de ley de construcción del canal de la Litera Alta, en
Huesca, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para cuya defensa tiene la palabra su
portavoz, señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Hemos analizado conjuntamente con el Grupo
Socialista y con el Grupo Popular los hechos que tenemos encima de la
mesa, sobre los que ha habido una serie de elementos nuevos con los
cuales no contábamos en el momento de hacer la proposición no de ley. (El
señor Vicepresidente Ballesteros Morcillo ocupa la Presidencia.) Teniendo
en cuenta y analizando conjuntamente todos estos hechos y entendiendo
que, además, en la proposición no de ley y en las dos enmiendas del Grupo
Socialista y del Grupo Popular hay un elemento común central en la
defensa de los intereses colectivos que contenía la proposición no de
ley, hemos llegado a un acuerdo, a una especie de transaccional que
recoge prácticamente en lo fundamental el espíritu de la proposición no
de ley y que con otros redactados recoge lo que son las dos enmiendas.

En todo caso, para no andar con explicaciones que ya serían abundantes en
relación con el acuerdo que tenemos, que nos parece que recoge plenamente
el problema y las alternativas al problema que hemos intentado analizar
con la proposición no de ley, pasaría a la Mesa la propuesta concreta tal
y como iba a quedar. En todo caso, los grupos enmendantes o los demás
grupos tienen todo el derecho a intervenir y a defender lo que consideren
oportuno, pero me da la impresión de que con la propuesta que vamos a
hacer se contemplan ya todos los intereses que la proposición no de ley
quería defender.




El señor VICEPRESIDENTE (Ballesteros Morcillo): Señor Frutos, si es tan
amable, nos acerca la propuesta transaccional, la lee la Mesa y damos
traslado verbal a los portavoces de los diferentes grupos.




El señor FRUTOS GRAS: No la tengo redactada todavía.




El señor VICEPRESIDENTE (Ballesteros Morcillo): Si pudiese dar lectura a
la redacción que tiene en estos momentos en su poder, aunque no esté en
limpio, así avanzaríamos.




El señor FRUTOS GRAS: Quedaría de la siguiente manera: «El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a: 1. La firma de un nuevo convenio entre
la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de Aragón, y a que,
tras la desestimación por inviabilidad económica del anteproyecto
redactado tras los acuerdos de 1992, busque nuevas alternativas que
permitan la viabilidad en la ejecución de los regadíos de la Litera Alta,
con el cumplimiento de los objetivos que se pretendía cubrir con el pacto
de Piñana o de Castillonroy de 1992.» A partir de aquí esta proposición
no de ley recoge ya el punto 2 de la enmienda del Grupo Popular y le
añade lo que a nuestro entender es el elemento central, el espíritu de la
proposición no de ley que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya: «Considerar la realización del canal de la Litera Alta en el
nuevo Plan nacional de regadíos.» Después iría el punto número 3, del
Grupo Popular, que dice: «Que en la aprobación del Plan de cuenca del
Ebro contemple la ejecución de los regadíos de la Litera Alta derivados
de la redacción del nuevo anteproyecto anteriormente mencionado.» Y
terminaría con lo que ha sido la enmienda de sustitución del Grupo
Parlamentario Socialista, como punto número 4, cuyo texto sería el
siguiente: «Enviar, con toda urgencia, a la Comisión de Medio Ambiente
del Congreso de los Diputados el resultado del estudio de viabilidad del
canal de la Litera Alta (Huesca), encargado por la Confederación
Hidrográfica del Ebro a las empresas Prointec y Unión Fenosa.




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Si dicho estudio no está completamente acabado, envíense con la misma
urgencia las conclusiones provisionales que la Confederación Hidrográfica
del Ebro pueda aportar a la luz de los datos disponibles y los trabajos
ya realizados, así como su opinión sobre la conveniencia de realizar
dicha obra u otra cualquiera que haga viables los regadíos afectados.»
Aunque pueda parecer un poco larga y farragosa la proposición no se ley,
recoge el espíritu de la propuesta que hacía mi grupo.




El señor VICEPRESIDENTE (Ballesteros Morcillo): Cuando la tenga
transcrita totalmente, rogamos la pase a la Mesa para que podamos darle
traslado exacto a todos los grupos y pueda leerla esta Presidencia para
su incorporación al acta.




El señor FRUTOS GRAS: ¿Hay mecanismos técnicos para pasarla rápidamente a
máquina? Yo la entrego así.




El señor VICEPRESIDENTE (Ballesteros Morcillo): Me dicen los servicios
técnicos de la Cámara que sí.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista para manifestarse
respecto a la transacción de Izquierda Unida.




El señor TORRES SAHUQUILLO: El interés que el Grupo Socialista tiene en
todo esto es que finalmente los riegos de la Litera Alta se puedan llevar
a efecto. Eso es lo que nos importa, por considerar que es imprescindible
o muy importante para el desarrollo económico de la zona. Como esto es lo
que nos importa, y como bien ha dicho el señor Frutos, hemos hablado el
grupo proponente y los dos grupos enmendantes y hemos llegado al acuerdo
que el señor Frutos ha leído. Por tanto, mi grupo va a votar a favor
haciendo dos o tres consideraciones muy breves.

A nosotros nos importa mucho que en la redacción final quede constancia
expresa de que queremos que se cumpla lo estipulado en el pacto de
Piñana, no solamente porque es importante para Aragón, sino porque a
Aragón ya le ha costado dinero el pacto de Piñana. A Aragón le ha costado
1.200 millones de pesetas, que ha tenido que pagar, como establece el
acuerdo cuarto del pacto de Piñana, con los caudales liberados a las
empresas hidroeléctricas, que han tenido que cederlos. Por tanto, además
de que ha costado dinero, es importante para Aragón que se cumpla. Así
pues, nos satisface que conste expresamente en la enmienda que vamos a
votar. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Finalmente, quiero decir que nos preocupa que el Plan hidrológico de la
cuenca del Ebro esté paralizado por el Gobierno. El plan se aprobó en la
cuenca en febrero de 1997 --si mis datos y mi memoria no me fallan-- y se
remitió al Gobierno de la nación, que de momento no ha dicho nada al
respecto. Más bien las declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente han
sido en el sentido de paralizarlo, de revisarlo. Nos preocupa, porque
esto ha sido fruto de un acuerdo muy costoso de Aragón. Tengan ustedes en
cuenta, señorías, que en Aragón hablar de agua es hablar de pasiones y
todos los grupos políticos en Aragón hemos tenido que hacer un gran
esfuerzo para llegar a un acuerdo, que es el pacto del agua, el cual ha
sido reflejado en el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro. Nos parece
importante que este Plan hidrológico no solamente no se paralice y menos
todavía que se modifique, sino que, en todo caso, se modifique en el
sentido que ahora expresamos aquí en esta proposición no de ley de común
acuerdo para que los riegos de la Litera Alta queden expresamente
contemplados en él.

Por tanto, como nuestra enmienda, además de apoyar lo que pedía Izquierda
Unida en su conjunto, lo único que solicitaba era que el estudio de
viabilidad encargado por la Confederación Hidrológica del Ebro venga a
esta Comisión, y esto también se mantiene, estamos de acuerdo y, por
tanto, votaremos a favor de la proposición tal y como ha sido leída por
el señor Frutos.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra, para la defensa de su enmienda, su portavoz, don Angel Pintado.




El señor PINTADO BARBANOJ: Quiero valorar muy positivamente la iniciativa
traída a la Comisión de Medio Ambiente por parte de Izquierda Unida,
porque consideramos que el momento es realmente oportuno. No en vano los
hechos nos demuestran que van por delante incluso del calendario
establecido por la Comisión en cuanto a las actuaciones por parte de las
distintas administraciones.

La enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto va en la
línea de lo expresado anteriormente por los portavoces del Grupo de
Izquierda Unida y del Grupo Socialista para la ejecución material de los
riegos de la Litera Alta.

El primer anteproyecto de los riesgos de la Litera Alta, que fue
informado en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del
Ebro de 30 de enero de 1997 y posteriormente visado por la Comisión de
Seguimiento del Pacto del Agua entre todas las fueras políticas
aragonesas que ahí tienen representación, se desestimó por su
inviabilidad económica, ya que su puesta en riego daba un importe de
4.600.000 pesetas aproximadamente por hectárea. Hay que recordar a SS.

SS. que actualmente, según las medidas que se manejan desde el Ministerio
de Agricultura y por parte de las diferentes comunidades autónomas, los
costes de puesta en regadío por hectárea oscilan entre el millón de
pesetas y el millón y medio. A partir de la fecha de esa reunión, que a
nuestro juicio fue fundamental e importante por la unanimidad que se
consiguió, no entre las fuerzas políticas únicamente, sino entre todos
los usuarios, los regantes e incluso la representación de las zonas
afectadas, se encomendó a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al
Gobierno de Aragón la redacción de un convenio para volver a realizar un
anteproyecto que diera la viabilidad necesaria para la puesta en riego de
esta zona. Realmente creo que es importante el haber puesto esta
coletilla del respeto hacia los compromisos de Castillonroy, porque queda
suficientemente abierto para poder buscar alternativas que den esta
viabilidad. Si nos fijáramos solamente en los compromisos de ese pacto,
veríamos que hay un nudo



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gordiano en cuanto a la solución que se daba; solución que, como
anteriormente he comentado, ha quedado desestimada por falta de
viabilidad económica.

He de decir, en alusión a las referencias que ha hecho el portavoz del
Grupo Socialista, que no se ajusta a la realidad, porque hay que recordar
que recientemente se aprobó por unanimidad en el Pleno del Congreso de
los Diputados una iniciativa para que todos los planes de cuenca se
aprobaran por parte del Gobierno en el ejercicio de 1997 y el Plan
hidrológico nacional se aprobara en 1998 y hay que recordar también que,
si bien es cierto que en esa fecha se aprobó el Plan de la cuenca del
Ebro, por parte de su Consejo del Agua, todavía quedaban cuatro planes
pendientes de aprobación, con lo cual difícilmente ni el Consejo Nacional
del Agua ni el Consejo de Ministros podían proceder a la aprobación
definitiva de ese proyecto.

Quiero destacar la unanimidad que siempre ha habido alrededor de este
proyecto, que data, como muy bien decía en su exposición de motivos el
Grupo de Izquierda Unida, de un proyecto de principios de siglo, que fue
impulsado en la década de los años ochenta, y que esperamos todos que vea
la luz próximamente con el acuerdo unánime de todas las fuerzas
aragonesas. No me duelen prendas decir que habría que destacar la figura
del promotor de esta iniciativa, don Sixto Agudo, Alcalde durante muchos
años de Alcampel, que ha sido como una bandera al frente de la puesta en
marcha de estos regadíos. No quiero quitar ningún mérito a ninguno de los
partidos, porque bien es cierto que el Partido Aragonés Regionalista y el
Partido Popular en el Gobierno de Aragón en 1992 procedieron a la firma
de los acuerdos de Piñana para la liberación de esos 49,5 hectómetros
cúbicos que van a permitir la puesta en riego de toda esa zona y, por
supuesto también, lo que supuso el aldabonazo en 1985 por parte del
Gobierno socialista, presidido por don Santiago Marraco, que fue el que
determinó el estudio de la viabilidad de esta zona.

En definitiva, yo creo que éste es un día importante para aquella zona,
porque ven claramente que se van dando pasos para que se pueda acometer
definitivamente este proyecto.




El señor PRESIDENTE: El texto definitivo quedaría, pues, de la siguiente
forma: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1. La firma de
un nuevo convenio entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y el
Gobierno de Aragón, y a que, tras la desestimación por inviabilidad
económica del anteproyecto redactado tras los acuerdos de 1992, busquen
nuevas alternativas que permitan la viabilidad en la ejecución de los
regadíos de la Litera Alta, con el cumplimiento de los objetivos que se
pretendía cubrir con el pacto de Piñana o de Castillonroy de 1992. 2.

Considerar la realización del canal de la Litera Alta en el nuevo Plan
nacional de regadíos. 3. Que en la aprobación del Plan de Cuenca del Ebro
contemple la ejecución de los regadíos de la Litera Alta derivados de la
redacción del nuevo anteproyecto anteriormente mencionado. 4. Enviar con
toda urgencia a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los
Diputados el resultado del estudio de viabilidad del canal de la Litera
Alta (Huesca), encargado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)
a las empresas Prointec y Unión Fenosa. Si dicho estudio no está
totalmente acabado, envíense con la misma urgencia las conclusiones
provisionales que la Confederación Hidrográfica del Ebro pueda aportar a
la luz de los datos disponibles y los trabajos ya realizados, así como su
opinión sobre la conveniencia de realizar dicha obra u otra cualquiera
que haga viables los regadíos afectados.» ¿De acuerdo?
Señor Pintado.




El señor PINTADO BARBANOJ: Señor Presidente, hay una cuestión que someto
a la consideración tanto del grupo proponente como del Grupo Socialista.

Yo creo que el segundo párrafo de la enmienda del Grupo Socialista no
tiene lugar, porque el estudio está totalmente terminado y yo creo que es
redundar sobre una idea que ya figura en el primer párrafo. Creo que SS.

SS. han conocido que este estudio está totalmente terminado y que se
puede solicitar, tal como queda reflejado en el primer párrafo.




El señor PRESIDENTE: Señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Redáctese así. Es verdad, pero ni al Grupo
Parlamentario Socialista ni a mi grupo nos constaba que esto estuviera
terminado. No teníamos la documentación de la que sí dispone el portavoz
del Partido Popular.




El señor PRESIDENTE: Señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Si me permite, señor Presidente, como autor
de la enmienda, quisiera decir una cosa. Yo estoy de acuerdo con lo que
acaba de manifestar el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Es
verdad que esta segunda parte del punto de nuestra enmienda supone una
cierta contradicción con la primera y, puesto que el señor Frutos acaba
de decir que no le parece mal que se elimine, yo debo decir que a mí
tampoco. Pero nos interesaba resaltar que nosotros queríamos que la
Confederación Hidrográfica del Ebro, es decir, el Gobierno, se mojara en
este tema, diera su opinión y, sobre todo, estudiara otras posibilidades.

Como eso ya está contemplado en lo que hemos aprobado, por nosotros no
hay inconveniente en que se elimine esta segunda parte, puesto que lo que
queríamos era una opinión del Gobierno, que efectivamente se produce.




El señor PRESIDENTE: Entiendo que por parte del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tampoco hay inconveniente. Por
tanto, del texto anterior, quedaría suprimido el apartado correspondiente
al número 2. (Rumores.)
Perdón, señor Pintado. ¿Usted se ha referido al punto 2?



El señor PINTADO BARBANOJ: Al párrafo segundo del punto 4.




El señor PRESIDENTE: Perdón, ha habido una confusión. Lo que quedaría
suprimido es el segundo párrafo del



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apartado número 4, que corresponde a la enmienda originariamente
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Queda claro?
(Asentimiento.) Muchas gracias, señorías.




--SOBRE CREACION DE UN ORGANISMO DE VIGILANCIA DE LA INCINERACION DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000500.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es
la proposición no de ley sobre creación de un organismo de vigilancia de
la incineración de residuos sólidos urbanos. El autor de la iniciativa es
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y, para su defensa, tiene la palabra su portavoz, señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Con mucha brevedad, señor Presidente.

La proposición no de ley que planteamos hoy aborda un problema
actualísimo, y además un problema grave, que viene determinado por la
proliferación de incineradoras de residuos sólidos urbanos y otros
materiales que guardan cierta similitud con ellos, como se explica en la
proposición no de ley. Hay una amplísima gama de materiales tóxicos o
extremadamente tóxicos que van a la atmósfera, contaminando el aire y las
aguas, y que necesitan ya un tratamiento específico. En primer lugar, un
tratamiento político y, también, un tratamiento técnico. Hay una falta de
control que hace que la aparición de volúmenes notables de cenizas
volantes que, por su composición, deben ser almacenadas, deba tener ya,
de forma inmediata, un tratamiento para evitar la contaminación del suelo
o de los acuíferos. Como plantea la proposición no de ley, se trata
también del control de los procesos de combustión para intentar minimizar
la toxicidad de los productos generados, de todo tipo. Además, junto a
todo ello, se da la circunstancia de que las administraciones encargadas
de vigilar dichas instalaciones disponen de muy pocos recursos materiales
y humanos para hacer su trabajo.

Este es un problema cuya gravedad no se ha visto hasta hace relativamente
poco tiempo, pero ahora todos tenemos constancia de su gravedad. No
podemos apelar al desconocimiento, porque hay suficiente información
técnica y, además, ha habido un tratamiento político de estos temas
prácticamente en todos los parlamentos más avanzados del mundo, incluidos
los europeos, con decisiones concretas. Por tanto, nosotros tenemos que
avanzar en esa dirección.

Por ello, hemos presentado esta proposición no de ley, que consta de seis
puntos, con el fin de desarrollar la legislación pertinente para crear un
organismo de vigilancia de la incineración; que este organismo esté
formado por personas con capacidad técnica y con independencia de
criterio, es decir, no dependientes de ningún grupo o empresa que pueda
actuar favoreciendo sus intereses; que este organismo se financie a
través de una tasa que recaudará a partir de las instalaciones que
vigila; que entre sus funciones estará la de vigilar los productos que se
incineran, su composición química, las instalaciones de combustión y los
depósitos de los residuos generados; que sus informes serán vinculantes
cuando impidan una actividad por el riesgo que entrañe y que podrán,
además, proponer la redacción de normativa al Gobierno y dictar las
condiciones de funcionamiento. Es decir, se dota de unas amplias
competencias a este organismo que se plantea crear.

Para evitar pérdida de tiempo en el debate parlamentario, debo decir que
se han presentado --que yo sepa-- seis enmiendas a los apartados de la
proposición no de ley por el Grupo Parlamentario Socialista. Debo decir
que este conjunto de enmiendas no entran en contradicción con nuestra
proposición no de ley --concretan y matizan en muchos casos, mejoran en
otros; es decir, la hacen más entendible y al mismo tiempo más aplicable
de forma concreta-- y, por tanto, desde este momento anuncio que
aceptamos el conjunto de las enmiendas, en el marco de cada uno de los
puntos de la proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado seis
enmiendas por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra la señora García-Hierro.




La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, en primer lugar y antes de proceder a la defensa de las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, quiero
manifestar la plena coincidencia de nuestro grupo con el fondo de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En cuanto al fondo de la proposición no
de ley, nuestra preocupación es consecuencia de las repercusiones que,
tanto para la salud como para el medio ambiente, supone la eliminación de
los residuos sólidos urbanos por el procedimiento de incineración, en
lugar de avanzar en las políticas más preventivas de recogida selectiva
de los residuos, reciclaje, reutilización y valorización de los residuos
sólidos urbanos.

Sin duda, con la reciente aprobación de la Ley de envases y embalajes,
hemos perdido la oportunidad --aunque no tanto como pretendían la
Ministra de Medio Ambiente y el PP-- de reducir los residuos en origen,
en el proceso de fabricación, y optar por unos menos contaminantes,
aunque hemos avanzado de manera notable, pero no suficiente. Es también
el momento de subrayar que el tan prometido Plan nacional de residuos
sólidos urbanos, consensuado con las comunidades autónomas, no llega
nunca. Un año después de que llegara el Gobierno, todo apunta a que, al
igual que el Plan nacional hidrológico, o lo hacen las entidades privadas
o será un plan no nato.

Volviendo a la proposición no de ley y compartiendo el riesgo en la
actualidad de proliferación de más incineradoras, y tal y como nos
amenazan en Madrid con una nueva incineradora, además de la que ya
tenemos en Valdemingómez,



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el problema radica no sólo en la proliferación, sino en la falta real de
control por parte de las administraciones competentes y de información a
los ciudadanos, y la opacidad con la que se actúa por las empresas
concesionarias de estas instalaciones, ya que, como se está constatando
en Madrid, a veces con la connivencia del propio Ayuntamiento de Madrid y
la falta de colaboración con la Fiscalía de medio ambiente, los residuos
sólidos urbanos no reciben el tratamiento de separación adecuado en
origen, siendo todos generalmente incinerados, en lugar de impedir esto y
con ello los efectos perjudiciales de contaminación atmosférica, así como
los riesgos para la salud, los riesgos de las sustancias que se mezclan
emitiendo sustancias contaminadoras y tóxicas, como dioxinas y furanos,
así como los residuos del final del proceso, las cenizas, escorias,
etcétera, que son considerados como residuos tóxicos y peligrosos y que,
por tanto, deben ser almacenados en condiciones especiales, junto a la
escasa colaboración con las administraciones competentes para que hagan
un seguimiento, control y evaluación de acuerdo con la normativa europea
y los Reales Decretos 1088/1992 y 1163/1985.

Como digo, se constata el escaso interés de algunas de estas
administraciones en ejercer esas funciones de seguimiento, control,
evaluación e información pública. Por ello, compartimos el espíritu de la
proposición, aunque hemos presentado una serie de enmiendas que han sido
aceptadas y que, a nuestro juicio, lo que hacen es complementar,
concretar y mejorar, desde un punto de vista técnico y jurídico, las
propuestas y los contenidos elaborados por Izquierda Unida, ya que se
trata de recoger, dentro de las mismas, aspectos ya desarrollados por
otra parte en los diferentes decretos-leyes aprobados por el Gobierno
socialista anterior, que daban cumplimiento a la transposición de
directivas comunitarias en este sentido.

Por tanto, nosotros apoyamos la iniciativa, porque está enmarcada dentro
de la filosofía que defendemos en el Grupo Parlamentario Socialista ante
un problema tan complejo como es el tratamiento de los residuos sólidos
urbanos y de los residuos en general. Nosotros seguimos defendiendo en la
Unión Europea que se avance por los países miembros en una comunicación
que debería llegar de manera inmediata, puesto que se cumplen a final de
año los plazos, para que se puedan tratar los residuos desde el principio
reduciendo, reciclando y reutilizando. Eso sí, nosotros pensamos que
debemos hacer un esfuerzo --y así lo dicen nuestras enmiendas-- en dar la
mayor información a los ciudadanos, ya que todo este proceso de
funcionamiento y de tratamiento de las incineradoras está siendo un
proceso opaco, en el que no se está respondiendo a las preocupaciones que
están legitimadas dentro de un derecho de los ciudadanos a conocer si
realmente la incineración y por tanto las emisiones que se producen a la
atmósfera, las dioxinas, son contaminantes altamente peligrosos para la
salud pública.

Nosotros coincidimos en que ya se ha progresado suficientemente a nivel
científico como para poder plantear que nuestro país debería avanzar más
a la hora de hacer propuestas que permitan limitar las emisiones y
avanzar más, como ya he dicho, en un plan nacional de tratamiento de los
residuos sólidos urbanos, que desde luego tendría que ser consensuado con
las comunidades autónomas dentro del marco de competencias que tienen,
pero que a la vez tendría que pasar por la Comisión sectorial de Medio
Ambiente, en donde también están representadas las organizaciones no
gubernamentales, para que pudiera darse la mayor participación y la mayor
transparencia en una política que en definitiva nos tiene que unir a
todos, que es la defensa de nuestro medio ambiente y de la salud de
nuestros ciudadanos.

Por tanto, agradecemos al portavoz y al grupo que presenta esta
proposición no de ley que hayan tenido esta iniciativa y esperamos que
pueda verse aprobada esta mañana aquí en esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir con respecto a este
punto?
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz,
señor Iglesias.




El señor IGLESIAS GARCIA: En primer lugar, creo que se hace necesario
enmarcar el ámbito de aplicación a que se refiere la proposición no de
ley y contrastarlo, por qué no, con otros países de nuestro entorno, de
la Unión Europea. Para ello, me gustaría recordar que en España apenas el
cinco por ciento de los residuos sólidos urbanos son tratados mediante
incineradoras. Asimismo, la cantidad de residuos tóxicos o peligrosos
sometidos a incineración es casi inexistente en nuestro país. Estas
cifras contrastan con las que presentan algunos países de nuestro entorno
que, en algunos casos, llegan incluso al 100 por cien de los residuos
sólidos urbanos que se someten al tratamiento de incineración; es decir,
la totalidad de los residuos sólidos que se generan en estos países es
incinerada, en muchas ocasiones también para la obtención de energía
eléctrica.

Si nos fijásemos en esos países, porque realmente se les podía calificar
de expertos en el uso de este sistema de tratamiento de los residuos
sólidos, nos percataríamos de que no aparecen en ninguno de ellos
organismos de control de similares características a los que figuran en
esta proposición no de ley.

Por otra parte, en la misma proposición se hace referencia a que las
incineradoras pueden ser un peligro, de cara al futuro, dada su
proliferación, cosa que puedo asegurar que desde el Ministerio de Medio
Ambiente no es cierto. La posición del Grupo Parlamentario Popular y
asimismo del Ministerio de Medio Ambiente es de no fomentar, en ningún
caso, salvo casos puntuales, este tipo de tratamiento de residuos sólidos
urbanos y considerar este método como uno más de los posibles métodos de
tratamiento de los residuos sólidos urbanos y de otro tipo de residuos,
en caso de que así se haga necesario por una serie de parámetros que no
vamos a entrar a estudiar aquí.

En cuanto a la valoración que hace mi grupo quiero decir que, si bien es
loable el interés demostrado por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya por aportar ideas encaminadas a paliar las
deficiencias medioambientales,



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como demuestran sus numerosas iniciativas legislativas en esta Cámara y
en esta misma Comisión, en este caso estimamos que no está justificada la
creación de un organismo específico encargado de la vigilancia y control
de las plantas incineradoras existentes en España. Actualmente están en
vigor una serie de preceptos legislativos que, a nuestro juicio,
garantizan que el funcionamiento de estas instalaciones no pongan en
peligro la salud, ni de la población circundante, ni del entorno natural
en el que se encuentran situadas.

Hay que destacar que son las administraciones más cercanas al ciudadano,
cuales son comunidades autónomas y sobre todo los ayuntamientos, las
encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación española en la
materia; legislación que se podría calificar de exigente y severa.

Además, a nuestro entender, no parece lógica la creación de organismos de
estas características para cada tipo de instalaciones, puesto que no
parece que pudiera ser el instrumento más adecuado para la consecución de
los objetivos propuestos; estamos seguros de que, una vez puesto en
marcha, adolecería de problemas de operatividad y funcionalidad.

Así pues, y ya que las seis enmiendas del Partido Socialista se enmarcan
dentro del mismo cuadro de la proposición no de ley presentada por
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tampoco el Partido Popular
admitirá esas enmiendas, ya que, a nuestro juicio, hacen hincapié, otra
vez, en los mismos argumentos que he expuesto anteriormente, que no son
otros que probablemente no sería funcional ni operativo crear un
organismo de estas características para el objetivo que se pretende.

Por tanto, ni por la peligrosidad objetiva existente, ni por el volumen
de residuos incinerados en España mediante este método, ni por razones de
vigilancia, ni por las medidas de control existentes, creemos justificada
la creación de un organismo encargado específicamente de vigilar la
incineración de residuos sólidos urbanos en España porque, en nuestra
opinión, no aportarían soluciones prácticas y efectivas a la situación
actual.

Así pues, votaremos en contra de esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: A los efectos de si aceptan o no las enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista, tiene la palabra el autor de la
iniciativa, señor Frutos.




El señor FRUTO GRAS: ¿Puedo ampliar los efectos un poquito, señor
Presidente?



El señor PRESIDENTE: Puede ampliarlos.




El señor FRUTOS GRAS: Ayer el señor Aznar, desde Nueva York, en la Cumbre
de la Tierra, llegaba a la conclusión de que los países desarrollados
deberían contaminar menos; que en los países pobres o empobrecidos (más
bien empobrecidos por los países ricos) se debería impulsar un desarrollo
social ayudado por los países precisamente de primer orden, los países
desarrollados industrialmente, comercialmente y ricos; y que además
debería haber un cambio de pautas de los propios países ricos.

Yo decía: mira por dónde voy a coincidir programática, ideológica y
políticamente con el señor Aznar, desde posiciones tan diferenciadas.

Pero todo esto, señoras y señores diputados, tiene una concreción: esto
se aplica o no se aplica, se hace o no se hace. La literatura, la
filosofía, la poesía, están muy bien para pasar el rato, sobre todo ahora
que vienen las vacaciones, pero se tienen que hacer cosas concretas.

El señor Aznar decía esto en Nueva York, a los cinco años de haberse
celebrado la Cumbre de Río y sin que ella haya conocido ningún resultado
tangible en relación a los acuerdos que entonces se tomaron; una cumbre
que ya analizó abundantemente y con datos rigurosos qué es lo que estaba
ocurriendo en el mundo, gravísimos problemas de todo tipo; y ligaba
degradación ambiental de los sitios donde tenemos que vivir y donde
tenemos que reproducirnos con la miseria de amplias zonas de la
humanidad, y además con que los países industrializados contaminaban más
que los otros.

¿Adónde voy a parar yo con todo esto? La argumentación del, en este caso,
oponente del Partido Popular a mi propuesta es que en España sólo es
tratado a través de las incineradoras el cinco por ciento de los
residuos; a lo mejor no es así, pero mejor si lo es. Pero eso tiene una
trampa; como hay tantos vertederos incontrolados, lo mejor --se
argumenta, y aquí está la filosofía de fondo-- es que utilicemos el
elemento más fácil, la incineradora, que además puede dar unos
determinados rendimientos económicos si se utiliza bien, energía, y tal y
cual, incluso se dice que puede producir energía, con lo cual casi se nos
está vendiendo el mensaje medioambiental de que la incineradora es buena
para el medio ambiente, para la salud y para todo.

Nosotros hemos llegado a una conclusión diferente, además avalada por los
datos que nos vienen ya de estudios muy rigurosos y de decisiones
políticas que se han tomado en muchos foros internacionales y parlamentos
que nos hablan de los furanos, de las dioxinas, etcétera. Por tanto, todo
lo que podamos evitar, evitémoslo, en alguna cosa deberíamos ser
vanguardia. Si podemos enseñar a los países europeos, vamos a hacerlo. Si
nosotros tenemos más posibilidad, porque tenemos una presión demográfica
sobre el ambiente inferior a la que tienen otros países, como Italia, por
ejemplo, que con la mitad del territorio más o menos tiene 20 millones
más de ciudadanos, pues mejor. Intentemos enseñar todo este plus que
tenemos para trabajar.

Nosotros somos partidarios de una filosofía en torno a esto, una política
concreta y un programa, que no se trata hoy de desarrollarlo, pero que
tiene como centros fundamentales el ahorro, por tanto menos residuos. Por
eso defendimos lo que defendimos en la ley de envases y embalajes y
defendimos la posición radical en relación a lo que se ha aprobado
finalmente, que nos parece que ha sido un elemento muy contemplativo, muy
de mínimos y además muy consensuado, no tanto con lo que es el conjunto
de los movimientos medioambientales y ecologistas, sino muchas veces con
las principales empresas. Algunas de ellas me visitaron para explicarme
las bondades, por ejemplo del PVC, cuando hay estudios rigurosos que
explican que



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el PVC como envase resulta que es malo incluso para la salud, no ya
cuando se quema y produce una serie de fermentos y ácidos. Por tanto,
ahorro en eso y reutilización de todos los productos. Hay técnicas
bastante avanzadas en el mundo y creo que también en España, y alguna
teoría hay escrita sobre este tema. Finalmente, el reciclaje. En todo
caso, que la incineración fuera, no ya este cinco por ciento, que es
mucho, sino, si es posible, cero y además con los controles
correspondientes, con todas las garantías para el porcentaje mínimo que
se pueda tener en estos momentos.

Decía mi oponente político, en este caso concreto, que no hay organismos
parecidos al que proponemos en la Unión Europea, y que por eso no estaba
justificada la creación de este organismo específico y que además tendría
problemas de funcionalidad. Vamos a verlo. Esto me recuerda, y perdonen
que me aparte un poco del tema, cuando en mi organización política se
hablaba de que la presencia de la mujer en los órganos de dirección y en
las listas electorales era muy escasa. Entonces tuvimos la idea de poner
una cuota para que ningún sexo tuviera más del 65 por ciento de la
candidatura propuesta. Sabíamos que esto era un parche, una chapuza, pero
hay parches y chapuzas que a veces tienen que servir para avanzar en lo
que realmente es interesante. ¿Y qué sería lo realmente interesante? En
primer lugar, que hubiera una cultura cívica. En segundo lugar, que en
esta cultura cívica, cuando se trate de beneficios y salud del conjunto
de la población o degradación del medio ambiente, lo que predominara
fuera la salud y la no degradación del medio ambiente. Y luego, una serie
de medidas concretas que fueran en esta línea. Por tanto, aunque pueda
ser escasamente funcional en un principio, pongámoslo en marcha --tampoco
será tan costoso--, que además tenga una repercusión en todos los ámbitos
(comunidades autónomas) a partir de una ley de bases, y luego en los
ayuntamientos, y así podremos avanzar en esto. Y ya he dicho al principio
que aceptamos las enmiendas. (La señora García-Hierro Caraballo pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, también ha anunciado S. S. que no sólo
se limitaría a aceptarlas o no y esta Presidencia le ha concedido el
tiempo para la defensa de esas teorías.

Señora García-Hierro, ¿a qué efectos pide la palabra?



La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: Para una puntualización muy breve.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra a los efectos de esa
puntualización, aunque no cabe ya debate.




La señora GARCIA-HIERRO CARABALLO: No voy a reabrir el debate, es porque
hemos profundizado en un tema que es interesante para todos, pero la
proposición no de ley no plantea incineración sí o no, sino establecer un
organismo de control, de seguimiento, de evaluación y de información
donde se produce la incineración. Las aportaciones que hacía nuestro
grupo en forma de enmiendas para concretar más están fundamentadas sobre
todo en la experiencia de otros países de la Comunidad Económica Europea
en cuanto al tratamiento de los residuos peligrosos.

Entendemos que las dioxinas, los furanos y todo lo que produce la
incineración en los residuos sólidos urbanos está ya ampliamente probado
y constatado. Además hay una comunicación de 27 de febrero de 1997 donde
el Parlamento de la Comunidad Europea se plantea darles el mismo
tratamiento a estos residuos que a los tóxicos y peligrosos. Por tanto,
sí existe esa comisión y esos mecanismos de control para que no se
produzca esa opacidad y esa falta de colaboración de las empresas con las
administraciones competentes o con la propia justicia, como es el caso de
la ciudad de Madrid.

Quería hacer esa precisión porque nosotros sí estamos en condiciones de
demostrar que hay países tan avanzados como Alemania, Bélgica o Austria
que tienen comisiones de este tipo, compuestas por expertos
independientes que lo que hacen es que todos, administraciones y
ciudadanos, tengamos las garantías y la tranquilidad de que se ejerce ese
control por personas que no responden a más intereses que los públicos.




El señor PRESIDENTE: Señora Diputada, usted ha reabierto el debate, y en
ese caso no me queda más remedio que cederle la palabra, en contra de
usos o costumbres, al representante del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Iglesias.




El señor IGLESIAS GARCIA: Nada más quiero puntualizar dos o tres cosas.

En primer lugar, quiero agradecer al señor Frutos el que entienda cuál ha
sido la argumentación esgrimida por el Grupo Parlamentario Popular, y de
la cual he hecho gala, en el sentido de que no es funcional el mecanismo
de control que se propone. Sí quisiera descender del debate de
universalidad que se ha pretendido dar en la contrarréplica que ha hecho
a la exposición que he realizado, y ponerle un pequeño ejemplo del cual
tengo cierta información. Le puedo comentar que en mi doble calidad de
Alcalde de Ciudad Rodrigo y Presidente del Consorcio de Mancomunidades
del oeste de la provincia de Salamanca, vamos a inaugurar en los próximos
días un vertedero que viene a paliar una serie de problemas
medioambientales que se producían en dicha zona oeste de la provincia de
Salamanca.

En cuanto a la referencia a la posible contradicción de mi partido en el
sentido de que no somos coherentes con las ideas que tenemos o que
propugnamos en un programa y que después llevamos a cabo, le puedo
comentar que en esta pequeña experiencia, que a lo mejor nos sirve
perfectamente para ilustrarlo, este vertedero, realizado por la Junta de
Castilla y León, Comunidad Autónoma de Castilla y León, con el
beneplácito, por supuesto, de los ayuntamientos de Ciudad Rodrigo y su
comarca, no va a tener una incineradora, simplemente porque no es
necesaria, y que su grupo municipal en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
estaban locos --si me permite la expresión-- por la música para tener una
incineradora, que a nuestro juicio en



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este caso no era necesaria. Es decir, el Partido Popular, incluso a los
niveles que le competen, que no es en muchas materias el Ministerio de
Medio Ambiente sino que son las comunidades autónomas y los mismos
ayuntamientos, es coherente con lo que le interesa al ciudadano, es
coherente porque sólo en los casos puntuales en los que las incineradoras
son necesarias se aplican.

También quiero decirle que coincido plenamente con usted en que los
países desarrollados debemos tomar medidas encaminadas a que los residuos
en el futuro constituyan un problema resuelto, o que dejemos a las
futuras generaciones este problema resuelto. En este sentido, hay que
recordar que el Partido Popular ha aprobado recientemente la Ley de
envases y residuos de envases que va encaminada en ese sentido, y sí que
se están haciendo actuaciones por parte del Ejecutivo nacional en este
momento encaminadas a paliar las posibles deficiencias que se puedan
crear.




--SOBRE EL PROYECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE COSTAS DE CREACION DE LA
PLAYA DE VALLESECO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
161/000329.)



El señor PRESIDENTE: Por expreso deseo del grupo proponente no se va a
ver en el orden del día de hoy la proposición no de ley sobre la
construcción del paseo marítimo de Almenara (Castellón), que había
presentado el Grupo Socialista.

Pasamos al punto 7 del orden del día, proposición no de ley sobre el
proyecto de la Dirección General de Costas de creación de la playa de
Valleseco en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife. En nombre
del Grupo Socialista, que es el autor de esta iniciativa, tiene la
palabra su Diputado, señor Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: Señoras y señores diputados, en esta comisión de
Medio Ambiente el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado cuatro
iniciativas parlamentarias sobre temas vinculados al tratamiento y
ordenación del litoral de las islas de la comunidad canaria. Una de las
proposiciones no de ley, vinculada a los municipios de Arona y Adeje en
la zona sur de la isla de Tenerife, fue objeto ya del pertinente debate;
hoy debatimos la segunda. Y en la presentación de estas proposiciones no
de ley yo agradecería mucho que las señoras y los señores diputados
tuviesen muy claro que no es la presentación de iniciativas de carácter
exclusivamente local, que pudieren --no está reglamentariamente así
recogido-- considerarse quizá impropias o poco oportunas en una comisión
del Congreso de los Diputados o del Senado. Señorías, no es así, por
cuanto las proposiciones no de ley a las que estamos haciendo referencia
se enmarcan en un planteamiento general de una línea de actuación
política y de gestión que llevaba a cabo la correspondiente Dirección
General de Costas del anterior Gobierno, y que en el actual ha
experimentado un cambio de rumbo y una modificación; es más, casi diría
la paralización de un conjunto no caprichoso diseñado desde una
perspectiva global, y así se lo manifestamos al Secretario de Estado de
Costas en su comparecencia ante esta Comisión de manera específica.

La proposición no de ley objeto del punto en cuestión tiene su fundamento
esencial en la situación de degradación que ha tenido una zona específica
y concreta del litoral de una de las dos capitales de la comunidad
canaria, Santa Cruz de Tenerife, en la que a lo largo de los últimos
cincuenta o sesenta años, por una serie de circunstancias que no es
menester analizar en estos momentos, a la población, digamos, se le ha
ido hurtando en ese municipio, poco a poco, como consecuencia del avance
de la línea dedicada a la ampliación del puerto principal de la isla, el
puerto de Santa Cruz de Tenerife, la posibilidad de acceder a ese
litoral. Como consecuencia de ello, el Gobierno anterior, a través de la
Dirección General de Costas, diseñó una actuación administrativamente
compleja que inició a comienzos de la década de los noventa con la
intencionalidad de vertebrar acuerdos institucionales entre la autoridad
portuaria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la Dirección General
de Costas y el propio Ayuntamiento. Se diseñaron varias líneas de
trabajo, de forma que la redacción de los proyectos avanzara de una forma
más dinámica de lo que se había producido desde la perspectiva
institucional. Lo voy a aclarar. Institucionalmente se intentó vertebrar
en documentos un convenio de cooperación entre las tres instituciones a
las que he hecho referencia, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
autoridad portuaria de la provincia y Dirección General de Costas. Es
cierto que ese acuerdo no llegó a plasmarse en un documento de
intenciones por circunstancias que no vienen al caso vinculadas,
fundamentalmente, a temas derivados de la dimisión y cese de quien ocupó,
en esos meses a los que estoy haciendo referencia, la presidencia de la
autoridad portuaria, y consiguientemente con una serie de circunstancias
que insisto que no vienen al caso. Lo importante es que la Dirección
General de Costas redactó un proyecto que se sacó a información pública y
se remitió a las instancias comunitarias a efectos de buscar la
pertinente financiación, esa financiación, digamos, se tenía al alcance
de la mano, pero el cambio de actitud en el actual Gobierno ha llevado a
la detención de ese proyecto capital.

Este Diputado, que interviene en estos instantes como portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, dirigió una pregunta al Gobierno que tituló: Al
objeto de requerir información sobre el proyecto de la Dirección General
de Costas de creación de la playa de Valleseco en el término municipal de
Santa Cruz de Tenerife, con la motivación que paso a leerles. En el
Boletín Oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife número 65, del
miércoles 29 de mayo de 1996, la demarcación de costas en Tenerife de la
Dirección General de Costas publicó el anuncio por el cual se daba a
conocer que se había aprobado técnicamente, dentro del programa de
actuaciones en la costa, el proyecto de creación de la playa de Valleseco
en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, con un presupuesto de
ejecución



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por contrata de 1.293 millones de pesetas, dándose un plazo de 20 días en
concepto de información pública. Es decir, se elaboró el proyecto cuya
redacción conllevaba una serie de componentes complejos, que tampoco hay
que analizar, obviamente, en esta Comisión; se terminó la redacción del
proyecto; se sacó a información pública el 29 de mayo de 1996; se cerró
la información pública; se produjo la contestación pertinente, y, en
consecuencia, se terminó la tramitación administrativa, tal como marca la
ley, porque se sacó también a información pública el informe de impacto
medioambiental.

Después de todo esto yo preguntaba: ¿Cuándo se terminó la redacción del
proyecto que nos ocupa? En la contestación del Gobierno hace unos meses
se nos indica que la redacción del proyecto fue ordenada por la anterior
Dirección General de Costas y su redacción finalizó en febrero de 1996.

¿Qué institución formuló el encargo del mismo? La Dirección General de
Costas, se nos contestó. ¿Cuáles son sus características más relevantes?
¿En qué se invierte, de manera desglosada, el presupuesto de la obra? Se
nos contesta que el proyecto contemplaba la creación de una playa con una
longitud de 900 metros y una anchura de 35 metros, con una superficie de
playa seca en pleamar de 30.000 metros cuadrados; está protegida por dos
diques de escollera de contención lateral y un dique central exento. El
presupuesto desglosado de la obra se indica en demoliciones, diques,
aportación de arena, seguridad e higiene. Preguntaba este Diputado: ¿Se
considera de interés social y prioritario la ejecución de este proyecto?
Se me contestó: Como todas las obras marítimo-terrestres, el proyecto es
de interés social --importante la contestación, desde mi óptica
personal--; en tal sentido se han manifestado diversas asociaciones de
vecinos, sobre todo por las expectativas generadas, aunque no
formalizadas de manera alguna, por el anterior Gobierno. Evidentemente es
cierto también, el anterior Gobierno no lo formalizó en convenio, ojalá
se hubiese hecho, pero se está a tiempo de realizarlo. Se redactó el
proyecto, se sacó el informe de impacto medioambiental, se sacó a
información pública y se remitió a la Comisión Europea en busca de los
correspondientes fondos de cohesión.

Disculpen, señorías, que reitere este tema, pero es que los
parlamentarios tenemos la obligación moral, aunque aburramos un poco a
los restantes miembros de la Comisión, de ser portavoces de los hombres y
mujeres que nos han situado aquí para ejercer la responsabilidad de ser
representantes suyos por la circunscripción. La realidad es que ésa es
una obra en la que este interviniente desearía que no hubiese bandera
política; es una obra absolutamente necesaria en la capital en la isla de
Tenerife, en una de las dos capitales de la comunidad canaria, reitero,
tal como dije con anterioridad. Presenta dificultades, qué duda cabe. Un
trozo importante del litoral tenía una concesión administrativa a 20 años
a una determinada empresa que construyó una serie de naves de
almacenamiento comercial. La concesión se rescató. En consecuencia, hoy
ese trozo de litoral es de titularidad pública, de titularidad del
Estado, adscrito al Ente Público Puertos del Estado. Basta una decisión
política de la Administración pública para que pase esa adscripción a la
dependencia de otro sector ejecutivo de dicha Administración pública, es
decir, a la Secretaría de Estado de Costas.

Luego el avance, y termino, señor Presidente, que ha ido experimentando
administrativa y técnicamente este proyecto no es resultado de una acción
caprichosa, sino precisamente de la intención de acercar la ciudadanía de
la conurbación Santa Cruz-La Laguna, de más de 450.000 habitantes, a ese
litoral que ha tenido vedado. Se ha rescatado, siguiendo la filosofía de
la Ley de Costas, un trozo importante de ese litoral, habida cuenta que
la concesión administrativa a la que he hecho referencia culminó. En
suma, se dan las circunstancias para que se continúe con esa actuación
singular y puntual, y ése es el objeto de la proposición no de ley que el
Grupo Parlamentario Socialista ha presentado.

Señorías, como información última tengo que decir que muchos sectores de
la población se han manifestado públicamente, y en muchas ocasiones
acompañadas con la voluntad política de los responsables de ese
municipio, que a mí me consta que la tiene el alcalde y todos los
miembros de la corporación municipal. Se trata de «luchar», entre
comillas, para que continúe la tramitación administrativa y que nos
reiteremos en esa voluntad política de que se mandate a la Administración
General del Estado, a través precisamente de las distintas instituciones
que pudiesen tener competencia al respecto, el que se incluya en los
Presupuestos Generales del Estado una partida presupuestaria
porcentualmente para ir ejecutando la obra en los años que se
establezcan, y que se demande a la Comisión Europea, con cargo a los
pertinentes fondos de cohesión, la financiación que corresponda.

Le agradezco, señor Presidente, su benevolencia en la administración del
tiempo, que me ha permitido coloquialmente defender el contenido de la
proposición no de ley. Hay una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria que estimo que será motivo de otra
intervención muy breve de aceptación o no al respecto. Dejo para ese
momento, naturalmente, la respuesta del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor PRESIDENTE: Debo reconocer que usted también hace una buena
administración del tiempo que benévolamente le concede esta Presidencia.

A este proyecto, presentado por el Grupo Socialista y defendido por el
señor Segura, se ha presentado una enmienda por Coalición Canaria. Para
su defensa, tiene la palabra don Paulino Rivero.




El señor RIVERO BAUTE: En más de una ocasión en que hemos hablado de la
necesidad de inversiones en el litoral de toda la costa española y de los
archipiélagos balear y canario se ha puesto de manifiesto el significado
importante que tiene la mejora de los frentes del litoral, sobre todo
para los pueblos que viven fundamentalmente del turismo. Estamos hablando
de una comunidad donde el principal recurso, muy a pesar nuestro, es el
turismo, y en cuya economía gira alrededor de un 85 por ciento. Si el
problema de las costas en general es importante, en el archipiélago



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canario, donde hay que hacer fuertes inversiones fundamentalmente por lo
accidentado de ese frente marítimo, es mucho más acusada la necesidad de
zonas de ocio, de zonas de playa en un área metropolitana tan importante
como la de Santa Cruz-La Laguna, donde se aglutinan en torno a 400.000
personas entre las dos ciudades y en este momento solamente cuentan con
la pequeña playa de las Teresitas. En ese sentido, parece que recuperar
parte del frente marítimo, que, como bien manifestaba el portavoz del
Grupo Socialista en la defensa de esta proposición no de ley, ha sido
copado históricamente por la necesidad de expansión del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife; repito, recuperar zonas abiertas al mar, zonas para uso
y disfrute de los vecinos de esa área metropolitana, y también que sea un
aliciente complementario para el turismo de la isla, es un tema
absolutamente importante y prioritario.

Estamos diciendo que nadie discute en estos momentos la necesidad urgente
de esta actuación en el litoral de San ta Cruz y, sin embargo, estamos
enfrascados históricamente en un problema de tipo competencial; es decir,
esa franja del litoral pertenece en estos momentos al dominio público
portuario y, por tanto, las actuaciones que se pudieran generar sobre la
misma deben ser a iniciativa de la autoridad portuaria.

Por otra parte, no parece que siendo competente en el control de esa
franja costera la autoridad portuaria; no parece, repito, estar entre sus
prioridades crear zonas de ocio, esparcimiento o construcción de playas.

Todos sabemos cómo funciona el ente Puertos del Estado, con aportaciones
de los distintos puertos de España en la constitución de un fondo de
solidaridad y priorizando las actuaciones. Si estamos hablando del ente
Puertos del Estado, las actuaciones prioritarias están orientadas siempre
a mejorar las infraestructuras de los puertos, y solamente cuando se
termine de cumplimentar el programa --que nunca se cumplimentará-- para
las mejoras de los puertos, es cuando se podría priorizar una actuación
de ocio encaminada a construir una playa en el punto concreto denominado
Valleseco.

Hace unos años, concretamente en 1996, como se pone de manifiesto en la
proposición de ley defendida por el señor Segura, ya hay una expresión
política del Gobierno en el sentido de actuar, a través de lo que sí
parece el órgano competente de la Dirección General de Costas, en esa
franja costera de Santa Cruz de Tenerife. Y digo que hay una voluntad
política de actuar porque es el órgano que encarga la redacción de un
proyecto para la construcción de una playa en esa zona. Por otra parte,
en febrero del presente año debatimos en esta Comisión una proposición no
de ley presentada por el Grupo Socialista, que posteriormente fue objeto
de una enmienda del Grupo de Coalición Canaria y aprobada por unanimidad,
en la que se instaba al Gobierno a llevar a cabo un convenio con la
Comunidad Autónoma de Canarias en la línea de planificar las actuaciones
para los próximos cinco años que permitieran priorizar todas las obras a
realizar en el litoral del archipiélago.

Por tanto, si realmente existe la voluntad política --y se ha expresado
constantemente por las distintas fuerzas políticas en Canarias que tienen
reflejo en esta Comisión-- de la necesidad de construir una playa en
Valleseco, lo que tendríamos que hacer desde esta Comisión es propiciar
los mecanismos que la hagan viable. Y esos mecanismos que la hagan viable
pasan por dos cuestiones, en la línea de complementar la parte
dispositiva que presenta el señor Segura en su proposición no de ley. En
primer lugar, que se desafecte del dominio público portuario la franja
donde se impulsa la construcción de esta playa en Valleseco y que pase a
titularidad de la Dirección General de Costas, porque ello permite que el
órgano competente en materia de creación y mejora de playas, que es dicha
Dirección General de Costas, pueda impulsar, actuar y aportar
económicamente recursos para la construcción de esta playa. Y, en segundo
lugar, que dentro del acuerdo de formalizar un convenio entre el Estado y
la Comunidad canaria, se contemple, con la prioridad que se estime
oportuna, con los estudios que haya que llevar a cabo --y está clarísimo
que es una de las actuaciones prioritarias--, la construcción de esa
playa en Valleseco.

En definitiva, señor Presidente, señorías, la propuesta que hacemos
complementa la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista,
que nos parece acertada y afortunada en el sentido de impulsar la
construcción de esa playa que tiene una demanda social importante en
estos momentos. Complementamos la proposición con el fin de que se
impulse la desafectación del dominio público, así como que se incluya en
el convenio que en estos momentos se está negociando.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir para fijar posición
con respecto a este punto del orden del día? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Voy a ser muy breve, señor Presidente.

Mi grupo va a apoyar esta proposición no de ley, incluida la enmienda del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, porque sin tener en estos
momentos información exhaustiva sobre el tema --no me ha llegado en
tiempo y forma--, tras las explicaciones dadas por los grupos proponente
y enmendante nos parece que es adecuada en relación al problema generado.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Soriano.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En primer lugar, tengo que anticipar
que el Grupo Popular va a votar favorablemente esta proposición no de ley
por entender que su contenido está siendo llevado a cabo ya por las
distintas actuaciones de las administraciones competentes en la materia.

En definitiva, el texto de la proposición no de ley insta al Gobierno a
que se continúe el desarrollo administrativo que conduzca a la
construcción de la playa de Valleseco, en coordinación con las distintas
administraciones. Nosotros entendemos que, dentro de ese desarrollo
administrativo, cabe perfectamente la enmienda propuesta



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por Coalición Canaria, razón por la cual vamos a votar en contra de la
enmienda, ya que, como digo, entendemos que dentro del desarrollo
administrativo conducente a la construcción de la playa podría entrar la
desafectación del dominio público, en su caso, pero consideramos que en
estos momentos es prematuro manifestarse sobre la cuestión.

En todo caso, no estamos de acuerdo con el contenido de la exposición de
motivos ni con las explicaciones dadas por el señor Segura. Cuando en la
exposición de motivos se habla de la intencionalidad del anterior
Gobierno en el sentido de vertebrar un acuerdo institucional entre las
tres administraciones --Costas, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife-- se dice que se negoció y no llegó a culminarse
como consecuencia de la disolución de las Cortes Generales a comienzos
del año pasado. Señor Segura, creo que hay que ser serios y decir las
cosas tal como son. El convenio fue elaborado, e incluso firmado por el
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, a finales del año 1995; insisto,
finales del año 1995. Sin embargo, el convenio no fue firmado por los
representantes de la Administración del Estado, entonces Gobierno
socialista, creándose con ello una situación un tanto insólita, contraria
al principio de buena fe entre las partes que debe regir en materia de
convenios, Es más, el convenio fue utilizado con fines propagandísticos y
electoralistas por el Gobierno, aun a sabiendas de que no se había
firmado; se llegó a organizar incluso una exposición en Santa Cruz de
Tenerife el 19 de enero de 1996 en la que fue presentada la obra
proyectada, creándose así unas falsas expectativas entre la población,
que consideraba que el convenio era firmado por todas las partes y que
era una cuestión prácticamente hecha.

El señor Segura ha hecho referencia a la contestación del Gobierno a su
pregunta escrita, que se publica en el Boletín Oficial de 29 de octubre
de 1996. En efecto, el Gobierno le informó de que el proyecto estaba
redactado y de la situación en la que se encontraba, pero lo que no ha
dicho el señor Segura es que el Gobierno le señaló que en los
Presupuestos Generales del Estado para 1996 no se incluía partida alguna
para financiar la ejecución de la playa de Valleseco. Es decir, que los
presupuestos de 1996, como es de sobra sabido, fueron los de 1995
prorrogados, y ni en 1995 ni en 1996 se consideró partida alguna para
financiar la playa de Valleseco, lo que generó la lógica desilusión entre
los vecinos porque no se les dijo la verdad respecto a la construcción de
esta playa. En consecuencia, tenemos que dejar bien claro que si en la
playa de Valleseco en estos momentos no están iniciadas las obras es,
única y exclusivamente, porque no estaba firmado el convenio ni por parte
de la autoridad portuaria, ni por parte del Ministerio correspondiente de
la Administración del Estado, ni existía consignación presupuestaria.

Esto lo han entendido así todos los dirigentes políticos, los vecinos y
los empresarios. Tengo a la vista la fotocopia de un diario de Santa Cruz
de Tenerife, del viernes 9 de mayo, cuyo titular con grandes caracteres
dice: dirigentes políticos, vecinos y empresarios arremeten contra el
Partido Socialista. Coinciden en que tuvo tiempo suficiente para actuar
en la costa y no actuó. Todos señalan que el Partido Socialista poco hizo
por Santa Cruz en sus catorce años de Gobierno, tiempo que tuvo de sobra
para realizar la playa.

No debemos olvidar que es una situación compleja, puesto que, como ya ha
dicho el representante de Coalición Canaria, la costa está dentro del
recinto de la autoridad portuaria. Por tanto, no es competencia del
Ministerio de Fomento, sino de la autoridad portuaria. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Soriano.

Señoras y señores diputados, les ruego que en lo posible se mantengan en
el máximo silencio.

Puede seguir, señor Soriano.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Tenemos que señalar que hay varias
administraciones implicadas en este proyecto y hay que aclarar que la
autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife está colaborando en estos
momentos con la Dirección General de Costas, el Cabildo y el Ayuntamiento
de Santa Cruz a fin de conseguir una ordenación global de la zona de
Valleseco. Esto ha significado, por lo que a la autoridad portuaria se
refiere, la ejecución de dos acciones: la redacción del proyecto
modificado de la vía de servicios por un importe de más de 1.800 millones
de pesetas, de los cuales 305 se pueden considerar vinculados a las
necesidades de la futura playa --y ésta es una obra que se está
realizando en la actualidad-- y la redacción del proyecto de urbanización
del paseo marítimo y equipamiento en el litoral de Valleseco, que se
encuentra en estos momentos en fase de elaboración.

No arremetamos contra la responsabilidad directa del actual Gobierno,
puesto que, como se ha señalado de sobra, el Gobierno anterior en los
catorce años no sólo no hizo nada, sino que preparó un convenio que luego
sólo fue firmado por la autoridad, por el Ayuntamiento de Santa Cruz y no
por las autoridades representantes de la Administración del Estado.

Dejando todo eso a un lado, vamos a votar favorablemente porque
entendemos que esas actuaciones administrativas que conducen a la
construcción de la playa de Valleseco se están llevando a cabo en la
actualidad. Por lo que se refiere a la enmienda del Grupo de Coalición
Canaria, la desafectación del dominio público puede en su caso, y
suponiendo que sea conveniente llevarla a cabo, comprenderse en la
expresión: del desarrollo administrativo conducente a la construcción de
la playa.




El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptar o no la enmienda presentada
por el Grupo de Coalición Canaria y con la mayor brevedad posible, señor
Segura, le ruego manifieste su posición.




El señor SEGURA CLAVELL: Sin pretender reabrir el debate, pediría la
palabra con mucha brevedad, pues me siento aludido, para contestar
también a las consideraciones que el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular ha hecho respecto a mi persona.




El señor PRESIDENTE: Señor Segura, no procede reabrir el debate en estos
momentos.




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Le ruego que en su intervención se ciña a la aceptación o no de las
enmiendas, porque vamos mal de hora, aunque la sesión se ha desarrollado
con toda normalidad. De la otra manera estaríamos volviendo a reabrir
otro debate como ha pasado en otros casos.




El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, rehúyo hacer algunas
puntualizaciones.

El Grupo Parlamentario Popular ha manifestado que vota a favor de nuestra
proposición no de ley, lo cual me satisface. Consiguientemente, no
entiendo las reflexiones negativas que le conducen a dar el voto a favor.

En segundo lugar, el Grupo Parlamentario Socialista acepta en su
contenido las dos enmiendas de adición que propone el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, porque pondrán de manifiesto qué grupos
parlamentarios tienen la voluntad firme de ejecutar esta obra necesaria y
quiénes no la tienen.




--RELATIVA A IMPULSO Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL REGADIO DEL VAL DE
LEMOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000519.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día,
que se refiere a una proposición no de ley relativa a impulso y
aprovechamiento integral del regadío del Val de Lemos. El autor de la
iniciativa es el Grupo Parlamentario Mixto y para su defensa tiene la
palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: En 1995 la Confederación Hidrográfica del
Norte sacó a concurso público la explotación del aprovechamiento
hidroeléctrico de la presa de Vilasouto sobre el río Mao. En 1996 se
adjudicó a Elecdey, S. L., la concesión para el aprovechamiento
hidroeléctrico de este río. Las características de la concesión son las
siguientes: caudal máximo a utilizar, 3.100 litros por segundo; desnivel
máximo utilizado, 52 metros; potencia a instalar, 1.425 kilovatios sobre
la corriente del río Mao con un caudal ecológico de cien litros por
segundo y una producción estimada de 3,256 megavatios.

Aparte de esto, sería una concesión por cuarenta años, con un canon fijo
de 8.250.000 pesetas, variable de 0,50 pesetas kilovatio/hora, una
inversión de 105 millones de pesetas y un canon estimado de
aproximadamente diez millones de pesetas.

En 1997 se hizo la correspondiente exposición pública de la solicitud de
concesión administrativa de aguas, así como la declaración de utilidad
pública. Todo esto sobre un conjunto de obras que se venían efectuando
desde los años sesenta, que conllevaron una inversión pública de
prácticamente 5.000 millones de pesetas y un coste social importante a la
hora de construir este embalse sobre el río Mao, que es a su vez afluente
del río Cabe y, a su vez, afluente del río Miño. Esta inversión pública
llevó consigo, como dije, un coste social y se vieron afectadas muchas
parroquias en el ayuntamiento de O Incio, que cabe recordar que en el año
1960 tenía 6.133 habitantes y cuenta hoy con 2.700, es decir, bastante
menos de la mitad treinta años después, lo cual quiere decir que para la
construcción de este embalse hubo que privar de tierras a gentes que
vieron así más forzado su éxodo y su emigración.

Pero hay algo más, señorías. Si ustedes comprueban todo el conjunto de
las obras que se hicieron en esta zona desde O Incio, el lugar del
embalse, hasta todo el municipio y las tierras de Monforte y otros
municipios de la zona, como pueden ser Sober o Pobra de Brollón,
comprenderán que estamos ante unas infraestructuras que prácticamente
tienen las siguientes dimensiones: una superficie regable hoy de 4.700
hectáreas --además de ese embalse de 20 millones de metros cúbicos--, un
canal de la margen derecha de 23 kilómetros, otro de la margen izquierda
de 25 kilómetros y un canal alto de 18 kilómetros, con acequias
secundarias de 112 kilómetros.

Pues bien, no contentos con esto, el municipio de Monforte paga una
cantidad de 14 millones de pesetas al año por bombear agua del río Cabe;
el ayuntamiento de O Incio, donde está el embalse, 3 millones de pesetas
anuales, con una población de 2.700 habitantes, por bombear agua también
del río Cabe. Es decir, no se utiliza para nada esta presa, este embalse,
destinado en principio al regadío del Val de Lemos.

Tampoco está plenamente efectivo el regadío. La presa está construida
desde el año 1965, las hectáreas potencialmente regables son 5.500, son
1.100 explotaciones y 31 parroquias, pero a pesar de que se declaró de
alto interés agrario todo el regadío, a pesar de la utilidad pública de
la concentración parcelaria que se hizo y de que, aun en el año 1979, no
había comunidad de regantes, realmente todo este valor potencial no es
efectivo y se hace esta concesión. Todo nos lleva a pensar que
prácticamente se va a abandonar toda esta inversión, toda la
potencialidad de la zona en materia agraria.

Les voy a decir unas palabras de la propia Xunta de Galicia en relación
con la comarca. Dice así: La tierra de Lemos es una comarca que está
sufriendo un continuo proceso de despoblación y envejecimiento de la
población. La base económica de esta zona se apoya en el sector agrario,
por una parte, y en el comercio y los servicios, por otra. La industria
sólo tiene una importancia relativa. Eran palabras de 1992. Hoy, este
problema se ha agudizado sensiblemente. Por tanto, treinta o veinte años
más tarde de la construcción de la presa y de todo el regadío, nos
encontramos con que el rendimiento social de las inversiones realizadas
en presa, canales e infraestructuras y concentración parcelaria es
irrisorio.

Las concentraciones parcelarias aún están por acabar en su mayor parte;
las infraestructuras del regadío están inacabadas, incompletas o
gravemente deterioradas; no existe un plan integral de aprovechamiento
del regadío que contemple, cuando menos, la concentración parcelaria, la
comunidad de regantes y la ordenación de cultivos, y tampoco existe un
plan integral de aprovechamiento del embalse de Vilasouto que contemple
el uso de agua para el consumo humano e industrial --ya vieron ustedes en
qué



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situación se encuentra Monforte, un municipio de 21.000 habitantes, y el
más afectado por la presa, que es O Incio, de menos de 3.000--; tampoco
existe este plan integral que contemple el uso del agua para el regadío y
para los usos turísticos. Sin ir más lejos, la propia Xunta, a través de
la Consellería de Obras Públicas y Vivienda, acaba de invertir 54
millones para usos turísticos.

Nosotros no negamos la posibilidad del aprovechamiento hidroeléctrico,
pero consideramos que esta concesión, tal como se hizo, va a acabar con
las otras posibilidades, ya no se utiliza la potencialidad de todas las
infraestructuras que se hicieron desde el año 1965 y, por tanto, tampoco
se da como potencial la capacidad agraria de toda la zona.

Por eso es por lo que presentamos esta proposición no de ley que tiene,
como ven SS. SS., tres apartados claramente diferenciados. El primero
pretende revocar la resolución del concurso para la concesión y
explotación del aprovechamiento hidroeléctrico a pie de presa del embalse
de Vilasouto, en el río Mao; el segundo propone elaborar, en colaboración
con la Xunta de Galicia, un plan de aprovechamiento integral del embalse
de Vilasouto que contemple todos aquellos aspectos a los que ya hice
alusión; y el tercero pretende elaborar y aplicar, en colaboración con la
Xunta de Galicia, un plan integral de regadío del Val de Lemos que
contemple sus capacidades agrarias.

Vuelvo a repetir, no se trata de no aprovecharlo desde el punto de vista
hidroeléctrico, sino de que este aprovechamiento no conlleve el disparate
de renunciar a todas las inversiones realizadas y a la capacidad
productiva de una zona tan importante en materia agraria; una zona que,
señorías, y acabo, está en esta situación. Por ejemplo, en el año 1980,
en toda la comarca, los nacimientos fueron 378 y las defunciones 547; en
el año 1991, los nacimientos fueron 218 y las defunciones aumentaron a
568. Si les diese las cifras actualizadas, el panorama sería aún más
negro. Además, si a la escasa mocedad de toda la comarca, que no llega al
13 por ciento, no le posibilitamos maneras de vivir en la propia zona --y
la propia Xunta de Galicia reconoce que la única posibilidad es la
agraria y la comercial--, verán ustedes para qué va a servir este
aprovechamiento hidroeléctrico.




El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa del Grupo Mixto no se han
presentado enmiendas.

¿Qué grupos políticos desean fijar su posición con respecto a esta
iniciativa?
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Mi grupo va a apoyar esta proposición no de ley por
una serie de razones que están explicitadas en la exposición de motivos.

En su momento y de forma sistemática se hizo un gasto importante para el
desarrollo de una obra social que no ha podido cumplimentarse. Hay un
desaprovechamiento claro, falta de funcionamiento incluso de organismos
de participación ciudadana como la comunidad de regantes que en su
momento se propuso y se aceptó. Hay una serie de riesgos que,
independientemente de un conocimiento más exhaustivo de la zona concreta,
siempre merece la pena prevenir en relación a si se está parasitando una
fortísima inversión pública, si se puede producir un impacto ambiental
muy fuerte y si, además, queda paralizado el desarrollo de planes que
pueden representar una mejor vida para la gente que vive de esto. Por
toda esa historia y por el conjunto de propuestas en sí que plantea la
elaboración, en colaboración con la Xunta de Galicia, de un plan de
aprovechamiento integral del embalse de Vilasouto que contemple toda una
serie de medidas, nuestro grupo va a votar favorablemente esta
proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra su portavoz doña Carmen Marón.




La señora MARON BELTRAN: La posición del Grupo Socialista será la de
apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, Bloque
Nacionalista Galego, puesto que en su conjunto lo que pretende es
potenciar el regadío del Valle de Lemos y el aprovechamiento integral del
embalse de Vilasouto. Con esa intención se han impulsado anteriormente
actuaciones que hoy nos permiten ser más ambiciosos y dar un paso
adelante dando soluciones a los problemas que algunos proyectos están
generando en algunos ámbitos.

En cuanto al primer punto de la proposición no de ley, no nos parece que
sea la redacción más acertada y, por tanto, antes de ir a una revocación
de la concesión, sin tener elementos que permitan previamente una
valoración del impacto ambiental, parece imprescindible realizar un
estudio previo en este sentido que permita conocer y valorar los efectos
y aprovechamientos. En esa línea propongo una enmienda in voce, que si
acepta el Grupo Mixto diría este primer apartado lo siguiente: Que se
elabore un estudio de impacto ambiental que permita definir las
consecuencias y aprovechamiento del embalse.

Hay problemas puntuales que hay que valorar y no podemos olvidar que un
caudal superior al ecológico pondría en peligro la flora y la fauna de la
zona y también que un estiaje prolongado produce bajas notables en el
cauce del embalse, que ponen en peligro el regadío y el abastecimiento de
agua a localidades como Monforte y Bóveda fundamentalmente, situación que
hay que garantizar en un futuro.

Por otra parte, la implicación de otras instituciones, como la Xunta de
Galicia y la Diputación Provincial de Lugo, parece imprescindible a la
hora de elaborar y aplicar los planes que hoy se instan y que son
fundamentales para potenciar la comarca de Lemos, sin duda una de las más
fértiles de Galicia y necesitada de impulso y apoyo.

Por tanto, nuestro voto será favorable a la proposición no de ley y
esperamos la aceptación por parte del Grupo Mixto de la enmienda in voce
que he expuesto.




El señor PRESIDENTE: Quiero significarle, señora Marón, que no es
costumbre que se presenten enmiendas in voce en el último momento sin
hablar con el grupo proponente y sin presentarlas a otra enmienda. No
obstante, la Presidencia va a hacer una excepción y le va a preguntar al
autor de la iniciativa si está de acuerdo.




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En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Benito
Jesús Rego.




El señor REGO COBO: Con respecto a la proposición presentada, el Grupo
Popular tiene que decir lo siguiente. Primero, la superficie regada y
completada en el Plan general de transformación, aprobado en el Decreto
de 15 de agosto de 1969, ascendía a un total de 5.600 hectáreas. La
Confederación Hidrográfica del Norte construyó la red general de
distribución y el Iryda realizó la concentración parcelaria de parte de
la zona y la puesta en riego de 342 hectáreas.

Segundo, el concurso público para la explotación de aprovechamiento a pie
de presa del embalse de Vilasouto se ha tramitado de acuerdo con los
artículos 132 y siguientes del Reglamento de dominio público hidráulico,
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, normativa que regula la
posibilidad de utilización con fines hidroeléctricos de presas, embalses
o canales construidos parcialmente con fondos del Estado o propios del
organismo de la cuenca.

En este sentido, la Confederación Hidrográfica del Norte de España
resolvió el concurso a favor de la sociedad Elecdey, S. L., por ser su
oferta la más ventajosa para la Administración, todo ello bajo unas
condiciones medioambientales similares a las de las otras ofertas
presentadas. En particular, la explotación de este aprovechamiento exige,
de conformidad con el concurso, absoluto respeto al régimen de caudales
que demanden los usos prioritarios (abastecimientos, riegos, ecología),
quedando el concesionario obligado a asumir cualquier modificación que la
Administración del Estado pudiera establecer en aras a la optimización de
las explotaciones del propio embalse.

Por tanto, no parece procedente, en absoluto, revocar esta resolución
que, además de haber sido dictada de total conformidad con la legalidad
vigente, pretende una explotación compatible con los usos del embalse,
tanto actuales como previsibles.

Tercero, la propuesta del Plan hidrológico del norte I, ratificada por el
Consejo del Agua de la cuenca norte en julio de 1994, establece en la
norma 2143 la siguiente asignación y reservas de recursos dentro del
sistema Cabe. A Monforte, Bóveda y las industrias de la zona se le
asignan 1,45, 0,66 y 0,77 hectómetros cúbicos/año, respectivamente, a
tomar del embalse de Vilasouto. Para los riegos del Estado se asignan
19,40 hectómetros cúbicos/año a tomar de Vilasouto. Se asignan 0,46
hectómetros cúbicos en el primer horizonte, año 2002, y 0,65 hectómetros
cúbicos en el segundo, año 2012, de recursos fluyentes del río Cabe y
regulados en Vilasouto para las demandas de los polígonos industriales a
implantar.

El embalse de Vilasouto deberá soltar al río un caudal medioambiental de
92 litros/segundo y existe, por lo tanto, la posibilidad de aprovechar
los recursos naturales del embalse para fines recreativos o turísticos.

Esta propuesta del plan hidrológico constituye realmente un plan básico
de aprovechamiento integral del embalse, que podría desarrollarse una vez
sea aprobado el plan hidrológico de cuenca.

Cuarto, las cuestiones planteadas en este punto corresponden básicamente
al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Galicia. La zona fue
transferida a la Xunta de Galicia por Real Decreto 1.124/1985, de
traspaso de funciones y servicios en materia de reforma y desarrollo
agrario. La falta de interés de los regantes, que no llegaron a regar ni
a constituir la comunidad de regantes, ha ocasionado el abandono de toda
la red de riego. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Rego.

Señoras y señores diputados, me indican los servicios de la Cámara que
hay verdaderas dificultades para transcribir la intervención. Les ruego
que al final de esta sesión tengan la suficiente moderación para permitir
su feliz conclusión.




El señor REGO COBO: Actualmente, parte de las tierras incluidas en la
zona se encuentran abandonadas por los propietarios, por lo que la Xunta,
a pesar de seguir con el proceso de concentración parcelaria, ha
desistido de continuar la transformación en regadío mientras la anterior
no funcione, que se encuentra, como he dicho, gravemente deteriorada.

En lo que respecta a la puesta en marcha de la comunidad de regantes, la
Confederación Hidrográfica del Norte de España está ya realizando los
trámites y las gestiones necesarios para su constitución definitiva.

Esperemos que sea esta vez.

Finalmente, sólo nos resta decir que las cuestiones planteadas en la
proposición no de ley son competencia principalmente de la Xunta de
Galicia y del Ministerio de Medio Ambiente.

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera, en suma, que no procede
apoyar esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Ruego que la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista proceda a la lectura de la enmienda, para ver si es aceptada
por el representante del Bloque Nacionalista Galego, señor Rodríguez.




La señora MARON BELTRAN: Señor Presidente, para su buena información, le
diré que con el portavoz del Bloque Nacionalista Galego sí había hablado.

De todos modos, voy a dar lectura a nuestra enmienda, que es de
sustitución y tiene el tenor literal siguiente: Que se elabore un estudio
de impacto ambiental que permita definir las consecuencias y
aprovechamiento del embalse.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, finalizado el debate de
las iniciativas presentadas en el día de hoy, vamos a proceder a la
votación de las mismas.

Ruego a los señores portavoces de los distintos grupos parlamentarios que
comuniquen a la Mesa las diversas sustituciones.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, en el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), doña Zoila Riera sustituye a don Ramón
Companys.




El señor FRUTOS GRAS: En el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Pedro



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Vaquero sustituye a la Diputada M.ª Jesús Aramburu y Pedro Antonio Ríos
debe sustituir a Willy Meyer.




El señor CHIQUILLO BARBER: Por el Grupo Parlamentario Mixto, en el punto
8.º votará como suplente el señor Rodríguez. En los demás puntos, el
titular y el que ejercerá el voto seré yo.




La señora NARBONA RUIZ: En el Grupo Parlamentario Socialista hay varias
sustituciones, señor Presidente. José Blanco sustituye a Carmen Heras;
Gerardo Torres sustituye a Víctor Morlán; Angel Díaz Sol sustituye a José
Luis Ros; Isabel López sustituye a Alfredo Pérez de Tudela y Olga Mulet
sustituye a Josep Sanus.




El señor BALLESTEROS MORCILLO: En el Grupo Popular, Juan Ibáñez sustituye
a Teófila Martínez; Jesús Posada a Antonio Medina Toledo; Benito Jesús
Rego a Manuel Milián y Gustavo Alcalde a Cristóbal Pons.




El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones.

Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a realizar la
correcta trasposición de las directivas 79/409/CEE, relativa a la
conservación de las aves silvestres, y 92/43/CEE, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
así como a recoger las conclusiones del fallo del Tribunal Constitucional
de la sentencia 102/1995, de 26 de junio. Esta iniciativa ha sido
presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y, al final, se ha llegado a un acuerdo a través de una
enmienda transaccional del Grupo de Izquierda Unida con Coalición Canaria
y el Grupo Parlamentario Popular.

Vamos a proceder a la votación de esa enmienda transaccional.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada la iniciativa
correspondiente al punto 2 del orden del día.

Se somete a votación el punto 3 del orden del día: proposición no de ley
relativa a la gestión del parque nacional de Doñana, presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Esta iniciativa ha sido objeto de una enmienda transaccional,
correspondiendo los puntos 1 y 2 a lo propuesto por Izquierda Unida, el
punto 3 a una adición presentada por el Grupo Parlamentario Popular y los
puntos 4 y 5, originariamente presentados como 3 y 4, al Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad esta iniciativa.

Se somete a votación el punto 4 del orden del día: proposición no de ley
de construcción del canal de la Litera Alta (Huesca), presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Asimismo esta iniciativa ha sido objeto de una enmienda transaccional a
la que se han incorporado los puntos 1, 2 y 3 del Grupo Parlamentario
Popular y el primer párrafo del punto 4, suprimiendo el segundo, del
Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad esta iniciativa.

Se somete a votación el punto 5 del orden del día: proposición no de ley
sobre creación de un organismo de vigilancia de la incineración de
residuos sólidos urbanos, presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado seis enmiendas que han sido aceptadas por el
grupo proponente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
votos en contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta propuesta.

La proposición con el número 6 del orden del día no ha sido debatida hoy;
se verá en otra sesión de esta Comisión.

Se somete a votación la proposición número 7, que se refiere a un
proyecto de la Dirección General de Costas de creación de la playa de
Valleseco, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, y que ha
sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria ha presentado una enmienda que ha sido
aceptada por el grupo proponente.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la iniciativa
resultante.

Por último, se somete a votación la proposición no de ley relativa al
impulso y el aprovechamiento integral del regadío del Val de Lemos,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto por el Bloque
Nacionalista Galego. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda que ha sido aceptada por el Grupo Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta iniciativa.

Señoras y señores diputados, les deseo unas felices vacaciones y
muchísimas gracias por su colaboración en la reunión de hoy.

Se levanta la sesión.




Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.