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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 47, de 17/09/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 47
SOBRE COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO
PRESIDENTE: DON GABINO PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA
Sesión núm. 2
celebrada el martes, 17 de septiembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica (Villalonga Campos), para:
--Explicar la nueva política en materia de cooperación en lo que afecta a
las Organizaciones no gubernamentales (ONG), así como las medidas
presupuestarias para llevarla a cabo. A solicitud del Grupo Socialista
del Congreso. (Número de expediente 212/000061) (Página 930)
--Informar sobre las líneas básicas en materia de cooperación y
organizaciones no gubernamentales. A petición propia. (Número de
expediente 212/000071) (Página 930)
Proposiciones no de ley:
--Relativa a la adopción de medidas de apoyo al comercio justo y
solidario. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000046)
(Página 950)
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION
INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (VILLALONGA CAMPOS), PARA:
--EXPLICAR LA NUEVA POLITICA EN MATERIA DE COOPERACION EN LO QUE AFECTA A
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG), ASI COMO LAS MEDIDAS
PRESUPUESTARIAS PARA LLEVARLA A CABO. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000061.)
--INFORMAR SOBRE LAS LINEAS BASICAS EN MATERIA DE COOPERACION Y
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. A PETICION PROPIA. (Número de
expediente 212/000071.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la
Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo.
Como saben SS. SS. en el primer punto del orden del día hay dos
comparecencias del Secretario de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, una a petición del Grupo Parlamentario Socialista y
otra a petición propia.
Agrupando las dos comparecencias y antes de darle la palabra quisiera
aprovechar la ocasión para darle la bienvenida al señor Secretario de
Estado que por primera vez comparece en esta Comisión, no así en la de
Asuntos Exteriores, y, por tanto, dándole esa bienvenida y sin más
dilación le doy la palabra al señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Muchas gracias, señor Presidente.
Permítanme señorías que, en primer lugar, exprese mi satisfacción por mi
comparecencia en esta Cámara a petición propia y a petición del Grupo
Socialista ante la Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, para
informar sobre las principales líneas y objetivos que habrán de marcar la
política de Gobierno de cooperación y ayuda al desarrollo a lo largo de
la legislatura.
Sin perjuicio de que se atiendan debidamente los requerimientos de
informe ante el plenario del Congreso de los Diputados o del Senado y de
sus comisiones competentes sobre aspectos puntuales a solicitud de los
distintos grupos parlamentarios, parece de todo punto oportuno que al
iniciarse el período ordinario de sesiones del Congreso, tras la vacación
parlamentaria y a los pocos meses de mi desempeño como Secretario de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, comparezca
ante esta Comisión especializada de reciente creación para dar cuenta de
las directrices fundamentales o líneas maestras que inspirarán la acción
exterior del Estado en materia de cooperación internacional y, en
concreto, la política gubernamental de ayuda al desarrollo, uno de los
capítulos claves en el diseño de la política exterior española, como puso
ya de manifiesto ante el propio Congreso de los Diputados el titular del
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Nuestro país se enfrenta a una coyuntura de cambios, de orientación y de
revisión del rumbo de la política de cooperación al desarrollo, no sólo
en función de la instalación de un nuevo equipo rector en la dirección
del gobierno de la nación, sino como consecuencia de la realidad impuesta
por el marco externo de la cooperación, que plantea nuevos desafíos de
cara a este final de milenio y reclama el diseño de nuevas estrategias
nacionales y multilaterales para cumplir con mayor eficacia el objetivo
último de la erradicación de la pobreza en el mundo o, al menos, el
alivio de sus manifestaciones más odiosas.
El Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional van a tener como norte en esta
legislatura la consecución del más amplio consenso social y político que
pueda establecerse en materia de política de cooperación al desarrollo, a
cuyo efecto me parece esencial mantener contactos parlamentarios
regulares con los representantes constitucionales a través de
comparecencias en esta Cámara y en el Senado, en el plenario o en las
respectivas comisiones especializadas. Igual criterio mantienen las
Cámaras, y buena prueba del interés de los señores Diputados por las
materias que conciernen a la ayuda internacional al desarrollo lo
constituyen las solicitudes de comparecencias formuladas por el Grupo
Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, entre otros.
La política que impulsará y desarrollará esta Secretaría de Estado parte
de unos principios fundamentales, además del ya enunciado como directriz
básica de la búsqueda de un consenso parlamentario y social. En primer
lugar, la necesidad de que exista una mínima continuidad básica en la
política española de cooperación al desarrollo, el imperativo de primar
la calidad sobre la cantidad en el marco de una coyuntura presupuestaria
contractiva, la exigencia de aplicar un mayor rigor en la ejecución del
gasto y en el control y seguimiento de las acciones de cooperación
financiadas a través del presupuesto, el esfuerzo por incrementar los
niveles de diálogo y concertación con otras instancias públicas y
privadas competentes en materias de cooperación al desarrollo, la
promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos en los
países del sur, la aplicación de principios y directrices emanadas de
foros de cooperación multilateral, en especial el Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE y las relaciones de las cumbres de El Cairo,
Copenhague y Río, así como las de jefes de estado iberoamericanos,
aspectos básicos también que inspirarán la política de cooperación
impulsada por esta Secretaría de Estado.
El elemento clave en el diseño de la política de cooperación será la ley
de cooperación internacional. Su promulgación, prioridad absoluta de esta
Secretaría de Estado,
dará respuesta a los requerimientos formulados en este sentido por esta
Cámara y por el Senado en los informes y ponencias sobre cooperación
aprobados hasta la fecha, así como la recomendación formulada por el
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en su primer y único examen de
la ayuda española que se realizó en abril de 1994. La futura ley
establecerá el marco jurídico definitivo de nuestra cooperación al
desarrollo y abordará la regulación de las cuestiones básicas que la
actual situación demanda en este campo.
La definición de la estructura institucional de la cooperación al
desarrollo es uno de los aspectos esenciales. Basta echar una mirada
alrededor para advertir que, en un mundo cada vez más burocratizado, un
programa de ayuda tan desconcentrado y descentralizado como el nuestro
afronta permanentemente el riesgo de parálisis que la descontrolada
proliferación de órganos impone por doquier. Para evitar tal riesgo, la
ley debe establecer una estructura institucional susceptible de conciliar
las indudables ventajas de una cooperación ampliamente extendida a todos
y cada uno de los niveles administrativos y sociales del Estado, con la
eficacia y eficiencia de las acciones y la aplicación del principio de la
unidad de acción exterior del Estado.
El marco constitucional que garantizará la actuación coordinada de los
diferentes actores que operan en el ámbito de la cooperación descansará
sobre órganos que en ocasiones ya existen y cuyo mantenimiento conviene
asegurar, habida cuenta de su utilidad ya contrastada, como es el caso de
la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional, la conocida
CICI. A través de esta Comisión se seguirá coordinando la actuación en el
ámbito de la cooperación al desarrollo que llevan a cabo los diferentes
Ministerios, cuya importancia, salvo en los casos de los departamentos de
Asuntos Exteriores y Economía y Hacienda, es exigua en términos
cuantitativos, aunque su importancia cualitativa, derivada de su
especialización sectorial, no puede ser subestimada.
En otros casos la ley dará una nueva orientación a órganos también
existentes en la actualidad. En este supuesto se halla el Consejo de
Cooperación al Desarrollo, cuyo balance de actuación en su primer año de
existencia presenta, junto a aspectos claramente positivos como el haber
logrado articular la participación de los principales actores desde la
sociedad civil que se ocupan de la cooperación para el desarrollo, otros
aspectos menos alentadores derivados quizás de una cierta indefinición
del papel que le corresponde desarrollar en el entramado de nuestra
cooperación. La futura ley habrá de asegurar, por tanto, la permanencia
de este órgano como pieza clave de la estructura institucional de la
cooperación, reafirmando su carácter de órgano consultivo desprovisto de
funciones ejecutivas.
La creación de nuevos órganos en la ley se llevará a cabo en aquellos
casos en que resulte estrictamente indispensable, como es el caso de la
coordinación de la cooperación oficial descentralizada. Los recursos de
las comunidades autónomas y de las entidades locales supusieron en 1995
más del 14 por ciento de la ayuda total bilateral española. El ritmo de
crecimiento de la ayuda descentralizada es el mayor de los registrados
entre todas las partidas que integran la ayuda oficial al desarrollo.
Varias comunidades autónomas han creado sus propios consejos de
cooperación y algunas prevén promulgar a corto plazo normas sobre
cooperación al desarrollo, hecho que reafirma la urgencia de lograr una
más estrecha coordinación con los entes de la cooperación oficial
descentralizada. Para ello está prevista la creación en la futura ley de
un órgano interterritorial de cooperación que englobe a los entes
territoriales y que sirva como cauce de relación y concertación
permanente.
La creación de este órgano iría acompañada de otras medidas tendentes a
armonizar la actuación de la cooperación oficial descentralizada con la
del Estado. En este sentido, está prevista la creación de un registro de
organizaciones no gubernamentales, que es una antigua aspiración de
diversas instancias competentes en materia de cooperación y objeto de
varias preguntas parlamentarias en la anterior legislatura, así como la
puesta en marcha de una base de datos unificada de proyectos de
cooperación al desarrollo.
Otro aspecto que deberá abordar la futura ley es el de la coordinación
con la cooperación reembolsable. Tal es el caso de los actuales créditos
FAD que gestiona el Ministerio de Economía y Hacienda a través de la
nueva Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas
Empresas. La plena inserción de este instrumento en la planificación
general que se adopte, su adaptación a los criterios rectores de la
cooperación es otra de las claves de la futura política de cooperación al
desarrollo. Sin embargo, en el modelo propugnado por la nueva ley, el
Parlamento se convertirá, quizá, en la pieza esencial del engranaje
institucional de la política española de cooperación al desarrollo. Ese
propio consenso político y social que, como dije, debe estar en la base
de la política oficial al desarrollo aconseja la activa implicación del
órgano que aún hoy representa todas las voluntades del Estado. Fomentar y
potenciar el control parlamentario de la política de cooperación
constituye, pues, otra de nuestras prioridades.
Las funciones del Parlamento no pueden quedar limitadas a una actividad
de control. El esfuerzo por la obtención del consenso demanda la
aceptación por todas las partes implicadas (Administración del Estado,
cooperación oficial descentralizada y agentes de la sociedad civil) de
las directrices básicas de nuestra cooperación, directrices que, como
enseguida explicaré, quedarán plasmadas en el plan plurianual. Es
justamente este plan plurianual, vértice vertebrador de nuestra política
de cooperación y en cuya colaboración participarán cada uno de los
actores mencionados, el que será aprobado a propuesta del Gobierno por el
Parlamento. Sólo así se podrá conseguir una planificación aceptable por
todas las partes y con la que todas las partes se sientan implicadas. La
complejidad de la estructura institucional que acabo de describir,
consecuencia inevitable de la pluralidad de actores que intervienen en el
campo de la cooperación, reclama una planificación más rigurosa que la
existente hasta ahora, ya que, sin duda, la acertada planificación es el
único instrumento capaz de reconducir a un esquema unitario los
diferentes esfuerzos
que en el ámbito del territorio nacional se realizan en favor del
desarrollo.
La planificación de la cooperación --que será objeto de regulación en la
futura ley-- descansará sobre dos pilares básicos: el plan plurianual y
los planes anuales de cooperación internacional al desarrollo. El primero
de ellos tendrá una vigencia cuatrienal y contendrá la planificación
estratégica de nuestra política de cooperación al desarrollo para ese
período de tiempo. Así, en el plan plurianual se definirán detalladamente
las prioridades geográficas y sectoriales y la orientación que se dé a
los diferentes instrumentos de la ayuda. Con carácter indicativo se
establecerán los recursos que se destinarán a cada uno de los componentes
de la cooperación, cumpliendo así, con un horizonte temporal más amplio,
las funciones que en este sentido tiene actualmente encomendado el PACI,
revisiones anuales. Los planes plurianuales serán concretos, estarán
adecuados, cuantificados y contendrán indicadores que hagan posible la
evaluación del cumplimiento de los objetivos y resultados que en ellos se
definirán y que serán contrastados en los planes anuales.
En cuanto a los planes anuales, herederos del actual PACI, serán dos: el
plan presupuesto y el plan evaluación. En la actualidad, la oficina de
planificación y evaluación trabaja en la puesta a punto de la
metododología que servirá de base para la elaboración de los planes
anuales, metodología basada en las técnicas de planificación y evaluación
que, inspiradas en el sistema del marco lógico auspiciado por la Unión
Europea, ya han sido ensayadas por otras agencias de cooperación de
países de nuestro entorno. Así, el señalamiento de objetivos, resultados
y factores de viabilidad para cada uno de los proyectos presentados en el
plan presupuesto, permitirá realizar una evaluación real del éxito de
tales proyectos en el plan de evaluación. La pregunta, pues, no será como
hasta ahora: ¿se gastó efectivamente lo previsto?, sino mucho más
interesante: ¿se consiguieron los resultados que se pretendían obtener?
De esta manera, al elaborarse el plan presupuesto, una vez aprobados los
Presupuestos Generales del Estado de cada año, las entidades ejecutoras
ya no podrán presentar, como ahora ocurre a menudo, proyectos poco o nada
meditados, mal estructurados, con títulos que difícilmente permiten
augurar qué es lo que con ellos se pretende, sino proyectos planificados,
con objetivos y resultados concretos, susceptibles de ser evaluados. En
definitiva, con este nuevo método de planificación estaremos en
disposición de evaluar con precisión suficiente la eficacia y eficiencia
de nuestro programa de ayuda al desarrollo.
Hasta ahora me he referido a los dos temas que considero absolutamente
cruciales y cuya regulación será objetivo central de la futura ley: la
estructura institucional y la metodología de la planificación. Sin
embargo, hay otros aspectos sustantivos, como la definición de las
prioridades geográficas y sectoriales y de las modalidades e instrumentos
de la cooperación, la regulación del régimen jurídico del personal al
servicio de la cooperación, etcétera, que también serán abordados en la
nueva ley, que pretende convertirse de esta manera en la piedra angular
de nuestra política de cooperación al desarrollo.
La nueva estructura legal e institucional que se propondrá en esta
legislatura estará siempre orientada hacia la defensa de la calidad de la
cooperación y la transparencia en la gestión, y naturalmente se
intentarán configurar también con mayor precisión los objetivos de
nuestra cooperación a nivel de prioridades sectoriales y geográficas.
Destacaré entre las primeras el apoyo al desarrollo social básico en las
líneas tradicionales, sanidad, educación, infraestructuras, y la atención
a los grupos sociales más débiles, el fortalecimiento institucional, el
desarrollo democrático y la defensa de los derechos humanos a través de
programas articulados y de proyectos de claro impacto sobre la población
beneficiaria, que acrediten condiciones de sostenimiento suficientes,
manteniendo entre las áreas geográficas priorizadas las tradicionales de
la cooperación española, con especial incidencia en Iberoamérica y el
norte de Africa, sin descuidar la consolidación de nuestra acción
cooperativa dirigida al crecimiento y expansión en ciertos países de
Africa Subsahariana o Filipinas, y atendiendo a la conveniencia de
penetrar en algunas regiones o países emergentes como focos prioritarios
de la cooperación de otros países de nuestro entorno, y que presentan
además excelentes perspectivas de futuro económico y comercial, a la que
los intereses de la cooperación no tiene por qué renunciar, en tales
casos como China, India y algún otro país asiático.
En esta ambición y en este empeño resulta inevitable preguntarse por la
realidad de la que partimos. Al presentar el seguimiento del plan anual
de cooperación internacional correspondiente a 1995 ante la Comisión
Interministerial de este nombre, reunida el 28 de junio pasado, se dio a
conocer oficialmente el resultado global para ese período de la ayuda
oficial al desarrollo española que, como SS. SS. saben, es la suma de
todas las partidas que revisten este carácter, de acuerdo con las normas
consensuadas en el Comité de Ayuda al Desarrollo, el CAD, de la OCDE, en
el que España ingresó en 1992. Permítanme que haga en esta Comisión una
rápida presentación de las líneas esenciales de ese balance, que con algo
más de 168.000 millones de pesetas arroja no sólo un déficit en el total
de la AOD española en relación con la cifra estimada en el PACI
--previsiones de 1995, el cual establecía como previsión total de gasto
AOD para el año 190.741 millones de pesetas--, sino que además indica un
decrecimiento global de la ayuda oficial al desarrollo española en 1995
en relación con la misma magnitud alcanzada en 1994 (algo más de 173.000
millones de pesetas). Al haber además aumentado el producto interior
bruto español el año pasado respecto a la cifra alcanzada el anterior, el
resultado de la situación ha sido que se registre un retroceso en la tasa
ayuda oficial al desarrollo-producto interior bruto del año 1994 a 1995,
que pasa del 0,27 por ciento al 0,24 por ciento.
No pretendo minimizar el alcance de este resultado, pues resulta
manifiesto el impacto que ante la opinión pública, tan pendiente del
guarismo mágico del 0,7, ha tenido --y probablemente seguirá teniendo--
la difusión de este dato, escasamente favorable, referido a la gestión de
la AOD bajo el mandato del anterior Gobierno, pero que el actual recoge
como punto de partida, sin excesivo, sin excesivo,
repito, espíritu crítico y con el mayor sentido de la responsabilidad. No
obstante, habría que subrayar que el balance de la ayuda oficial al
desarrollo correspondiente a 1995 refleja importantes avances en
diferentes o diversos componentes de la AOD multilateral, entre los que
puedo citar: la contribución global española a organismos internacionales
financieros y no financieros (casi el 36 por ciento más), y la ayuda
oficial bilateral que registra un espectacular incremento, un 216 por
ciento; igualmente, las ayudas y subvenciones a organizaciones no
gubernamentales, así como el impulso prestado a la ayuda de emergencia y,
sobre todo, las partidas del gasto ejecutado por órganos de la
cooperación descentralizada, que registraron un aumento del año 1994 a
1995 de casi el 400 por cien. Todos estos incrementos, por la limitada
influencia relativa de cada uno de ellos en la suma total, no pudieron
sin embargo compensar el espectacular decrecimiento del mayor de los
componentes de la ayuda oficial al desarrollo española, que son los
créditos FAD, tanto sobre la cifra estimada en las previsiones del gasto
AOD para 1995 como sobre la cantidad obtenida por este concepto en 1994.
Poco más diré sobre el balance de la ayuda oficial al desarrollo
española. Lo que pretendo más bien en mi comparecencia es trazar las
líneas básicas de cara al futuro, que no son tan brillantes en cuanto a
la perspectiva de alcanzar un horizonte inmediato del 0,5 por ciento,
menos aún el 0,7 por ciento, como todos los que de un modo u otro
trabajamos en la cooperación al desarrollo hubiésemos sinceramente
deseado, horizonte al que, por otra parte, de ningún modo renunciamos y
que como objetivo del partido en el Gobierno aparece en el compromiso por
la solidaridad, siempre que ello no impida cumplir con la meta de reducir
el déficit público.
Pero hoy más que nunca se impone una política de realismo, y creo que
resulta contraproducente alentar falsas expectativas basadas en supuestos
irrealizables. Me parece que el deber de los responsables del Gobierno,
por encima de complacencias más o menos oportunistas, es tratar de
reflejar la realidad tal cual es y evitar declaraciones triunfalistas y
perspectivas engañosas que a poco conducen a la larga.
Digo esto porque el examen de los resultados conseguidos en el pasado así
lo exige, no sólo por atender a las reiteradas recomendaciones de los
foros especializados de concertación multilateral en materia de ayuda al
desarrollo sino por exigencias de la propia coyuntura presupuestaria que
vive el país. Por ello debemos concentrar nuestro esfuerzo en mejorar la
gestión de un dinero público que tal vez no pueda crecer en este
ejercicio ni el próximo en la medida que desearíamos, pero que
procuraremos mantener en sus niveles actuales --lo que no sería escaso
logro en la situación actual--, que obliga a todos los departamentos
ministeriales --y el Ministerio de Asuntos Exteriores no puede ser una
excepción-- a drásticos recortes en sus respectivos presupuestos.
La ocasión, pues, parece indicada para primar la calidad de nuestra
cooperación como objetivo inmediato irrenunciable, consiguiendo una
gestión más eficaz de los recursos y un control más riguroso en el
seguimiento de la acción cooperativa pública española. En este sentido,
la evaluación final de programas y proyectos, financiados total o
parcialmente con recursos públicos es, en definitiva, la única operación
que legitima el esfuerzo presupuestario y la aplicación de recursos
personales y materiales a la cooperación al desarrollo.
Resulta especialmente oportuna en este contexto la pregunta parlamentaria
formulada recientemente por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre los mecanismos de evaluación y los
criterios que va a utilizar el Gobierno en dicha evaluación. Es obligado
admitir que esta fase final del proceso de la cooperación por programas y
proyectos ha venido siendo sistemáticamente desatendida por los órganos
oficiales de la cooperación española y el hecho de que esa misma carencia
se registre en la mayor parte de las cooperaciones nacionales de otros
países miembros del CAD e incluso en algunos organismos multilaterales de
cooperación, no debe servirnos de excusa ni de consuelo para admitir la
situación actual.
Permítanme, señorías, señalar al respecto que para tratar de potenciar
estos aspectos y reordenar los instrumentos y métodos de planificación de
la cooperación se haya liberado a la Oficina de Planificación y
Evaluación de la Secretaría de Estado, conocida como la OPE, de la
gestión del programa de subvenciones a organizaciones no gubernamentales
de desarrollo, cuyas tareas --como se ha puesto de manifiesto en alguna
sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores de la anterior legislatura, y
concretamente contestando una pregunta parlamentaria de don Rafael
Hernando-- venía absorbiendo gran parte de los esfuerzos y efectivos del
personal de esta oficina.
En relación al papel de las organizaciones no gubernamentales en el
entramado de la política española de cooperación al desarrollo, creo que
no es ocioso recordar aquí una idea muy repetida pero fundamental: España
ha pasado en poco más de dos decenios de la condición de país
potencialmente receptor de ayudas al desarrollo a situarse en el grupo de
cabecera entre los donantes más destacados en sus contribuciones netas de
ayuda oficial al desarrollo.
Casi simultáneamente España ha ido también ganando posiciones en la lista
que ordena a los países según su desarrollo humano global, publicada
anualmente por el PNUD, y que en su séptima y última edición,
correspondiente a 1996, sitúa a España en el puesto número 10 entre los
174 países que figuran en la relación. Paralelamente registra nuestro
país un acelerado despliegue de movimientos y de organizaciones sociales
dirigidos a la promoción de la conciencia ciudadana sobre la necesidad de
potenciar la ayuda al desarrollo de los países menos favorecidos, en
especial de los sectores de población más vulnerables e indefensos,
movimientos de los que la plataforma del 0,7 constituye acaso el ejemplo
más visible, pero en modo alguno el único, ni siquiera tal vez el más
importante ni el más duradero, como quizá los historiadores de la
realidad social española de este período pongan de manifiesto en el
momento de hacer balance de estos años.
Es en este mismo período cuando no por casualidad se multiplica la
existencia de organizaciones y de plataformas ciudadanas dirigidas a
orientar y a articular este extendido
sentimiento de la sociedad española y se registra la eclosión de las ONG
de desarrollo, promotoras del conocimiento de la situación de desigualdad
e injusticia que pretenden contribuir a solucionar. Recordemos el momento
en que la generosidad del donante anónimo español frente a la crisis de
Ruanda se desbordaba haciendo figurar nuestra ayuda de emergencia al
conflicto muy por encima de otras contribuciones nacionales de países
europeos más ricos y con más tradición de ayuda al desarrollo.
Esa coyuntura enmarca la decisión del anterior Gobierno de potenciar
ciertos programas de fuerte impacto y notable visibilidad social
aumentando drásticamente el presupuesto de la Agencia Española de
Cooperación Internacional o multiplicando hasta por diez, de un ejercicio
a otro, los fondos públicos asignados a las ONG españolas de ayuda al
desarrollo dirigidos a la ejecución de proyectos en los países del sur,
dentro de una estrategia de priorización de determinadas líneas o
instrumentos de la cooperación nacional que no voy a censurar porque de
hecho ha sido recogida, mantenida y aún ampliada por el actual Gobierno,
sólo que en condiciones presupuestarias menos favorables que las que
permitieron al anterior su aplicación.
He señalado ya las dos circunstancias cuya conjunción y confluencia
aconseja, o mejor exige, la reestructuración del marco institucional y la
reordenación de los instrumentos de la cooperación al servicio de una
ayuda más eficaz y por ello --así confiamos-- más justa. La proliferación
de organizaciones dedicadas a la cooperación al desarrollo y la coyuntura
presupuestaria obliga a una mayor disciplina en la ordenación del gasto y
a un mayor rigor en su ejecución y control.
Quisiera, antes de terminar, añadir un par de ideas que contribuyan a
aclarar la posición de la Secretaría de Estado en relación con esa
desbordante movilización de la opinión pública, cada día más
sensibilizada acerca de los problemas que genera la pobreza en el mundo,
y la creciente desigualdad en la distribución mundial de la riqueza.
Este Gobierno no pretende de ningún modo sofocar ni desincentivar la
existencia ni el despliegue de acciones de las organizaciones de
desarrollo privadas y buena prueba de ello es que la resolución de la
Secretaría de Estado de Cooperación, recientemente publicada, que
distribuye las ayudas oficiales correspondientes a la convocatoria
ordinaria de este año, incluye la asignación de 250 millones a
organizaciones no gubernamentales españolas para la ejecución en España
de proyectos de educación al desarrollo y para la promoción de la
sensibilización social en este ámbito. La promulgación de la orden
ministerial que establece las nuevas bases generales para regular el
concurso de subvenciones o ayudas públicas del Estado a las ONG no va
dirigida a reducir su número sino a asegurar la eficiente asignación de
fondos oficiales entre las diferentes organizaciones no gubernamentales,
primando a las más solventes, eficaces y responsables y alejando la
posibilidad de alimentar con dinero público la existencia artificial de
organizaciones que subsisten exclusivamente a cargo de las ayudas
públicas, con frecuencia las mismas que presentan proyectos que no
parecen garantizar suficientemente sus condiciones de viabilidad y
sostenibilidad.
El preámbulo de esta orden ministerial, recogiendo el acuerdo ya
establecido en el compromiso por la solidaridad suscrito a finales de
1995 entre el Partido Popular, la coordinadora de ONG y la Plataforma del
0,7, incluye entre las premisas esenciales que guían la voluntad del
Gobierno al otorgar subvenciones públicas a las ONG la promoción de una
solidaridad eficiente y la consecución de un gasto social igualmente
eficiente. Entendemos que esto difícilmente puede garantizarse mediante
la asignación generalizada e indiscriminada de fondos públicos a
organizaciones no gubernamentales de desarrollo que por su trayectoria
reciente, y desconocida en el mejor de los casos, no pueden ofrecer las
garantías que aseguren mínimamente la eficacia requerida en la ejecución
de ese gasto social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado.
¿Grupos que desean intervenirü (Pausa.)
Como Grupo solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Socialista, señor Fuentes Gallardo.
El señor FUENTES GALLARDO: Señor Secretario de Estado, en primer lugar,
quiero darle la bienvenida a esta Comisión en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
Su comparecencia tiene una cierta peculiaridad, porque es una
comparecencia que usted solicita para explicar las líneas generales de
actuación y algunas ya las ha expuesto. Estamos de acuerdo en lo que
usted ha manifestado sobre la necesidad de una ley de cooperación,
estamos de acuerdo en el establecimiento de un plan plurianual, y
tendremos ocasión de discutir más detenidamente aspectos concretos de
estos dos apartados cuando se presenten en esta Cámara. Pero también
nosotros hemos pedido su comparecencia porque en este tiempo la
Secretaría de Estado ha tomado decisiones importantes. Ese es el motivo
de nuestra solicitud de comparecencia.
Usted sabe perfectamente que el día 18 de julio el Boletín Oficial del
Estado publicaba las nuevas normas para subvencionar proyectos y
programas de las ONG; y digo subvencionar proyectos y programas porque a
veces en nuestras manifestaciones públicas damos a entender que estamos
subvencionando a organizaciones no gubernamentales, y no lo estamos
haciendo, subvencionamos proyectos y programas que presentan las ONG. Tal
vez por la propia economía del lenguaje y por cómo se transcribe después
en los medios de comunicación, los ciudadanos pueden pensar lo contrario,
pero es bueno tener un cierto rigor en estas manifestaciones.
Estas normas fueron rechazadas por la coordinadora de ONG y por la
práctica totalidad de las organizaciones que se dedican a la cooperación
para el desarrollo. Nosotros, el Grupo Socialista, hacemos nuestros los
motivos de este rechazo. En primer lugar, se rechazan estas normas,
llamémoslo así, por procedimientos de forma. El 20 de junio pasado la
coordinadora se dirige a usted solicitando negociar
las futuras normas --todavía no se habían publicado--, y el 8 de julio se
contesta a la coordinadora que no es posible tener esa reunión para
negociar; y todo ello en un contexto en el cual uno de los ejes
fundamentales, como hemos escuchado al Presidente del Gobierno, señor
Aznar, es el diálogo social. Produce un cierto sarcasmo comprobar la
negativa a negociar unas normas tan importantes con los sujetos de la
cooperación, cuando, por otra parte, se está hablando de la importancia
del diálogo social.
En cuanto al fondo, se criticaba de forma casi unánime por la
coordinadora y por las organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo la necesidad de contar con un 20 por ciento de financiación
privada, y la necesidad de una antigüedad de cinco años para obtener los
fondos públicos, teniendo en cuenta que esto podría suponer la
desaparición de muchas ONG.
Usted sabe perfectamente que somos un país --y usted lo ha dicho-- joven
en el campo de la cooperación, somos un país en el que en los últimos
años ha habido una concienciación importante de la sociedad, pero esto es
algo reciente en España. En esta situación es muy peligroso querer
implantar de forma mimética normas que tal vez en otros países con mayor
tradición de cooperación al desarrollo son perfectamente normales y
asumibles. En este país, de reciente concienciación en el tema de la
cooperación internacional por parte de organizaciones no gubernamentales,
es fundamental ir poniendo en práctica poco a poco normas que son comunes
en otros países, repito, con mayor tradición en este campo, y es
fundamental también hacerlo de forma dialogada con las organizaciones no
gubernamentales. Pero es que, además, a veces --y no digo que ésa haya
sido su intención, pero a veces las manifestaciones crean esa imagen-- se
ha sembrado una sospecha generalizada sobre la gestión que de los fondos
públicos han hecho las organizaciones no gubernamentales, cuando usted
sabe perfectamente que la normativa para justificar las subvenciones a
las ONG es la misma que se utiliza en otros ámbitos. Es verdad que la
propia peculiaridad de ciertas actuaciones en países del Tercer Mundo
hace que no se puedan cumplir rígidamente ciertas normas de
comprobaciones de gasto, eso es de sentido común, pero se ha creado una
sospecha generalizada sobre la gestión de los fondos públicos por parte
de las ONG.
Si es posible, quisiera que usted nos explicase cuáles son los motivos
para no haber establecido un diálogo con la coordinadora de ONG antes de
publicar las normas del 18 de julio; por qué lo del tope máximo del 80
por ciento de financiación; qué piensa usted de los proyectos y programas
de sensibilización de la opinión pública y educación al desarrollo. Son
preguntas que formulé por escrito hace dos meses, aunque todavía no haya
tenido respuesta; espero que hoy pueda tenerla.
Señor Secretario de Estado, el BOE del día 8 de agosto --unos días
después de publicadas las normas-- publicaba casi una página de
corrección de errores, lo cual viene siendo habitual en la técnica
legislativa que ustedes están haciendo: publican decretos o normas que a
los pocos días tienen una fe de erratas casi tan extensa como la propia
norma publicada anteriormente. En una de las modificaciones que ustedes
establecen el día 8 de agosto, posterior a la publicación, introducen
como criterio nuevo para conceder subvenciones, que no se había publicado
el día 18 de julio, el de que sean ONG de reconocido prestigio. No sé si
le parece un criterio fácilmente objetivable utilizar como elemento para
conceder subvenciones a proyectos y programas el criterio de ONG de
reconocido prestigio. Si era tan importante este criterio, ¿cómo se les
olvidó publicarlo en el Boletín Oficial del día 18 de julio? ¿No piensa
usted que este criterio nuevo puede suponer que organizaciones muy
respetables, pero que nada tienen que ver con la cooperación al
desarrollo, puedan también recibir subvenciones como una ONG para el
desarrollo?
Señor Secretario de Estado, por otra parte, ustedes han incumplido la
normativa del Consejo para la Cooperación, que establece una reunión al
menos cada tres meses. ¿Cuándo piensa usted convocar el Consejo para la
Cooperación? Quería también preguntarle si tiene usted intención de
mantener la estructura del Consejo para la Cooperación o pretende
cambiarla. Quiero recordarle que en la anterior legislatura el Partido
Popular apoyó la actual estructura del Consejo para la Cooperación.
En cuanto al reparto, expondré nuestras discrepancias. Desde nuestro
punto de vista, creemos que ha habido una dosis elevada de sectarismo en
el reparto de estas subvenciones. En mi opinión, del análisis de este
reparto se establece una clara discriminación hacia todas las ONG de
carácter laico, y hay, no nos engañemos, un aumento espectacular de los
fondos dedicados a ONG vinculadas al Opus Dei. Le doy solamente un dato:
Codespa, la Fundación Promoción Social de la Cultura y la Asociación
proPerú, suman entre las tres casi 800 millones de pesetas. Queríamos
también saber por qué a la Fundación Clinic, que no había recibido
subvención hasta ahora, se le dan 400 millones de pesetas. Queríamos
también que usted no explicase si considera que instituciones
responsables, como la Fundación Clinic o la FERE, la patronal de la
enseñanza religiosa, pueden considerarse organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo. Querríamos también que usted nos
explicase por qué --si es como consta en nuestra documentación-- se ha
recortado casi un 50 por ciento en el proyecto para el programa de
actividades de la coordinadora de ONG.
Querría también, señor Secretario de Estado, que usted enviase, cuando
pueda, directamente a este portavoz, a todos los Diputados o a través de
la Presidencia --y reconozco que ahora no puede ser, porque es de sentido
común, como usted verá cuando vea lo que le voy a pedir-- la lista de
todos los proyectos presentados por cada una de las ONG que han recibido
subvenciones para proyectos y programas, el importe de cada proyecto y
cuáles de ellos han sido subvencionados. Le repito nuestra petición: una
lista de todas las ONG que ustedes han subvencionado para distintos
proyectos y programas, el número de proyectos que han presentado cada una
de ellas y cuáles han sido subvencionados; ésta es la petición que le
hago en este momento de mi intervención.
Por último, señor Secretario de Estado, querría que nos informase sobre
algunos puntos. Querría saber si usted
piensa cumplir el pacto de solidaridad firmado por la señorita Loyola de
Palacio, en nombre del PP, con la Plataforma del 0,7, comprometiéndose
dedicar como mínimo el 0,35 del PIB de 1996 para ayuda oficial al
desarrollo. Recuerdo que éste es un compromiso que no tiene ni un año
--no es un compromiso que se haya firmado hace tres o cuatro años, cuando
los escenarios presupuestarios eran muy distintos, sino un compromiso
firmado hace meses, tres o cuatro, antes de las elecciones--. En nombre
del PP lo firmó la señorita Loyola de Palacio, y querría saber si usted
está de acuerdo con eso y qué previsiones tiene el Gobierno sobre ese
punto.
Señor Presidente, termino esta intervención haciendo una reflexión que en
parte coincide con la que ha hecho el Secretario de Estado anteriormente.
Las ONG han posibilitado la incorporación de la sociedad al campo de la
solidaridad internacional. La labor de las ONG también ha contribuido a
la consideración que hoy tiene España en el mundo. Todos debemos
procurar, creo yo, no quebrar un camino que se ha iniciado hace unos
años. El Grupo Socialista cree que el diálogo con las ONG y el reparto lo
más objetivo posible de las subvenciones a proyectos y programas de las
organizaciones no gubernamentales deben ser una de las labores
fundamentales de su Secretaría de Estado.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Secretario de Estado, por su
primera comparecencia ante esta Comisión que, estoy seguro, va a ser
bastante habitual a lo largo de la legislatura.
De entrada quisiera decirle, en primer lugar, que su exposición ha sido
larga, en cierta forma densa en cuanto al contenido, y que a nuestro
grupo parlamentario le exige tiempo la reflexión al respecto porque usted
ha introducido conceptos ciertamente novedosos en lo que venía siendo la
política de cooperación. Por decirlo de alguna forma, usted, señor
Villalonga, ha entrado en la Secretaría de Estado como un torbellino, ha
entrado con ideas propias y no ha esperado demasiado tiempo para
aplicarlas. Ello puede ser bueno o puede no serlo. En cualquier caso,
hemos de ver el efecto práctico de la política que usted pretende aplicar
y reitero la necesidad que tenemos por nuestra parte de reflexionar sobre
muchos de los conceptos que ha introducido. Pero al hilo de su
intervención sí que quiero hacer patentes algunas reflexiones; quiero
también hacerle, obviamente, algunas preguntas, que las iremos ampliando,
reitero, a lo largo de los próximos días y de las próximas semanas, y
también algunos comentarios e incluso críticas sobre lo que ha sido su
práctica al frente de la Secretaría de Estado en los últimos meses.
En primer lugar usted nos plantea la necesidad de revisar el modelo de
cooperación. Nosotros estamos parcialmente de acuerdo con esta afirmación
y debo decirle que si usted no ha tenido conocimiento por los «Diarios de
Sesiones» de la anterior legislatura en esta Comisión, nuestro grupo
parlamentario en las comparecencias de sus antecesores ante la Comisión
ciertamente a menudo era crítico con la práctica que se realizaba de la
política de cooperación porque entendíamos que era francamente mejorable,
y no solamente en aquellos aspectos de tipo presupuestario --muchas veces
una tendencia simplista nos lleva a entender que la política de
cooperación es una cuestión de cifras--, sino fundamentalmente en muchos
aspectos de la calidad de la política de cooperación, que había muchos.
Usted, ciertamente, ha citado algunos de estos aspectos, al menos a
título de enunciado, que son aquellos a los que me quisiera referir. Por
ejemplo, se ha referido a la necesidad de revisar el marco jurídico de la
cooperación. Yo diría que ésta es una antiquísima aspiración de todo el
mundo, de organizaciones, de partidos políticos que tienen una inquietud
en el ámbito de la política de cooperación, y tradicionalmente esta
reivindicación se ha centrado en la necesidad no de reformar sino, en
algún caso, de elaborar de nuevo las dos grandes leyes o los dos textos
legislativos que inspiran el ámbito de la política de cooperación, una es
la Ley de Cooperación al Desarrollo, y la otra la normativa que regula
los créditos FAD.
Me ha parecido entender en su intervención que usted nos está proponiendo
o tiene en mente refundir la legislación que regula la política de
cooperación en general y los créditos FAD en un solo texto. Quisiera que
nos lo aclarara en su posterior intervención. Nosotros pensamos que son
dos leyes no sólo necesarias sino francamente urgentes --es necesario
elaborarlas con urgencia y traerlas a la Cámara-- y nos permitimos
pedirle, si es que lo tiene, el calendario de elaboración y más en
concreto el de remisión al Congreso de los Diputados de estas dos
importantes leyes.
No sabemos si la ley de cooperación que tiene usted en mente hace alguna
referencia a todo lo que es la política de mecenazgo, a aquella política
que ha de favorecer las aportaciones privadas a la política de
cooperación; quisiéramos que nos lo aclarara. En cualquier caso, pensamos
que es un ámbito ciertamente importante en la política de cooperación al
desarrollo, y me referiré con posterioridad a esta cuestión cuando
brevemente hable de la convocatoria ordinaria de subvenciones.
En segundo lugar, el Consejo de Cooperación, que es un organismo que,
según su Real Decreto de creación, se debería reunir cada tres meses y
hace bastante que no se reúne. Quisiera hacerle varias preguntas al
respecto: primero, cuándo se va a reunir este organismo, si es que usted
tiene intención de hacerlo. Nosotros pensamos que se debería reunir y
cumplir la legislación vigente, que es la que es. Segundo, qué funciones
y qué composición se prevé dar en la reforma legislativa o en la nueva
ley a este mismo Consejo de Cooperación, cuyo funcionamiento puede
mejorarse y que cumple una función muy importante en lo que es nuestra
política de cooperación.
En tercer lugar, quisiera referirme a la cooperación descentralizada. Es
una cooperación que, año tras año, tanto a nivel local como a nivel de
comunidades autónomas va adquiriendo mayor importancia, y nuestro grupo
parlamentario siempre ha reclamado que a través del mecanismo del
diálogo pueda establecerse una coordinación entre las diferentes
instituciones que en nuestro país realizan funciones de cooperación al
desarrollo.
Nos ha sugerido usted la creación de un organismo interterritorial, que
en principio no nos parece mal. Sí que nos preocupa --al menos es una
palabra que usted deberá comprender que no nos causa una especial
satisfacción-- cuando usted habla de medidas armonizadoras. ¿A qué se
refiere, señor Secretario de Estado, cuando nos habla de que va a
proponer medidas armonizadoras de las actividades o acciones de
cooperación de las distintas administraciones? Nosotros pensamos
--reitero-- que la política de cooperación al desarrollo que realizan las
distintas instituciones debe de ser acorde con unos principios, pero ese
acercamiento de políticas tiene un mecanismo fundamental, yo diría que
único, que es el del diálogo.
Prioridades geográficas y sectoriales. El Parlamento, tanto el Congreso
como el Senado, definieron muy claramente cuáles debían ser las
prioridades geográficas y sectoriales en que tendría que desarrollarse la
cooperación desde la Administración del Estado. Una crítica reiterada de
nuestro grupo parlamentario es que la práctica diaria, la política de
cooperación que realizaba la Administración del Estado, muy a menudo y
especialmente en el ámbito de los créditos FAD, no se sujetaba a esas
prioridades establecidas por el Parlamento. Supongo que usted tiene
alguna idea al respecto. Nos gustaría alguna aclaración sobre este tema.
Después de escuchar su intervención tengo la sensación de que su objetivo
se centra en modificar las prioridades geográficas, cuando menos para
adaptarlas a la realidad, en lugar de adaptar la realidad a las
prioridades geográficas. Esta duda me ha quedado y le agradecería que, si
puede, me la aclarase.
Hay una cuestión, en relación a estas prioridades geográficas y también
sectoriales, que nos ha preocupado tradicionalmente y a la que usted
debería dedicarle una cierta atención. Me refiero a la política de
cooperación que se realiza desde las instituciones comunitarias. Cuando
España se integra en la Unión Europea hay un acervo comunitario, que es
el fruto de una política de cooperación con una larga tradición y que no
tiene en cuenta las prioridades geográficas que posteriormente nosotros
definimos en el Parlamento. Siempre hemos reivindicado que haya una
acción decidida del Gobierno en Bruselas para incorporar nuestras
prioridades a las prioridades comunitarias. Creemos que es un ámbito que
no se puede abandonar y mucho menos después de la definición, a nivel
teórico que no práctico, de la nueva política euromediterránea de la
Unión Europea que nace en la Conferencia de Barcelona, como es bien
conocido.
Cuestión presupuestaria. Siempre hemos reivindicado, y creemos que es
fundamental en la política de cooperación, que exista una estabilidad
creciente. No se puede iniciar una política de cooperación al desarrollo
decidida si ésta se ve sujeta a las oscilaciones presupuestarias. En ese
sentido va a tener en nuestro grupo parlamentario --creemos que su
principal papel es el de defender la política de cooperación dentro del
Gobierno-- todo el apoyo necesario para defender esta estabilidad
creciente. Nosotros creemos que no se puede retroceder en los fondos
dedicados a la cooperación al desarrollo, aparte de que hay unos
objetivos, suscritos por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas
parlamentarias, también por la que sustenta al Gobierno, que deben ser
cumplidos.
Usted sabe que ha sido polémica la orden ministerial de convocatoria de
las bases y la convocatoria ordinaria de subvenciones a proyectos de
cooperación. Si nosotros hemos de hacer alguna crítica a dicha orden
(que, en cierta manera, es un anuncio súbito de una política de
cooperación respecto de lo que van a ser las líneas generales de la
política de cooperación del nuevo Gobierno) es que es primordial que
dicha política se realice a través del consenso y con el diálogo con las
organizaciones no gubernamentales que desarrollan un papel fundamental en
esta política de cooperación al desarrollo. Durante el proceso previo a
la aprobación de estas bases hemos tenido la sensación de que el diálogo
no había sido suficiente. La petición de nuestro grupo es que se corrija
esta situación, que ello no constituya una tendencia, sino una excepción,
que de cara al futuro pueda ser enmendada.
Esto es todo en esta primera intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al
señor Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, señor Villalonga, y agradecer su presencia y la petición de
su comparecencia, porque es sano para la democracia oír opiniones de los
diferentes grupos políticos que conforman el arco parlamentario español.
Debo señalar, en primer lugar, la alegría que me ha producido la noticia
de que se va a regular, con un texto legal que espero y aspiro a que sea
armónico y consolidado de toda la legislación existente actualmente, la
política para el apoyo al desarrollo, teniendo en cuenta no solamente la
óptica nacional, sino también la óptica de los países más avanzados en
esta política. De su exposición deduzco que usted pretende la consecución
de una ley eficaz. Aplaudo el hecho de que no sólo se refuercen órganos
que existen actualmente, sino que se creen otros que son necesarios.
Muchas cuestiones podría señalar después de su intervención. No me cabe
duda de que el Gobierno --así lo vamos a exigir los grupos
parlamentarios-- va a apoyar a las ONG. Son unas instituciones básicas
que llenan de orgullo al pueblo español, porque ese vuelco tan
impresionante que se ha dado respecto al apoyo y la cooperación
internacional se ha debido, fundamentalmente, a estas entidades. Pero le
ruego que sea usted duro y exigente en el control para que se acaben
muchas situaciones anómalas. Ha habido abusos, señor Secretario de
Estado, y el dinero público, el dinero que se recauda en defensa de las
libertades y en la lucha contra la pobreza, no se puede someter a las
especulaciones que no abundan, gracias a Dios, pero que han existido.
Quisiera también pedirle --y con ello concluyo-- que ese consejo de
cooperación se reúna y que se aclare muy
bien su composición en la nueva ley. Coalición Canaria le va a apoyar
porque forma parte de nuestro programa y porque conseguimos muchísimos
votos al poner de manifiesto, de una forma clara y taxativa, al igual que
otros partidos políticos, que somos partidarios de la ayuda
internacional. No olvidemos que Canarias es un archipiélago políticamente
español, cultural y económicamente europeo, pero geográficamente africano
y sentimentalmente sudamericano. Nosotros vamos a aprovechar esa
plataforma, esa balsa que tiene España en el Atlántico para la proximidad
geográfica que tenemos, sobre todo con Mauritania y Marruecos, y también
con los países hermanos sudamericanos donde hay tanta raigambre canaria,
como ocurre en Cuba, Venezuela, Uruguay, etcétera.
Yo solicitaría al señor Secretario de Estado que en esa labor
ministerial, basada en la norma que usted pretende que se promulgue, se
dé un énfasis especial a la formación de la concienciación ciudadana que
está en un ambiente propicio, sobre todo en el mundo escolar, para
asegurar en el futuro esa cooperación internacional y también para que
sirva de instrumento de lucha contra la pobreza que todavía existe en
nuestras comunidades autónomas, en nuestras ciudades y en nuestras
calles. Si apoyamos esta ayuda como un sentimiento necesario por ser
humano, todos nos beneficiaremos y podremos en otra actividad o
departamento solicitar que termine la vergonzosa pobreza que todavía se
ve en las calles españolas.
Señor Secretario de Estado, cuente con nuestro apoyo decidido a sus
esfuerzos en pro de conseguir esas metas que usted ha señalado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
su portavoz, el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: En primer lugar, quiero felicitar directamente
al Secretario de Estado porque, señor Villalonga, su intervención ha
estado exenta de un cierto sentido de la autocomplacencia y, quizá, de la
retórica, lo que no ha sido normal en esta Cámara. Da la sensación de que
en los planteamientos de la nueva Secretaría de Estado, del nuevo
Gobierno en cuanto a cooperación y ayuda al desarrollo está primando la
profesionalidad más que la política, más que las frases hechas, más que
la autocomplacencia en el pasado e, incluso, en grandes palabras y
grandes proyectos para el futuro. De sus palabras puede deducirse que las
personas que están elaborando la nueva política, los nuevos modos de la
cooperación al desarrollo impulsados por la nueva Administración
española, son profesionales.
Dicho esto, y respecto a las críticas que se han vertido por parte del
Grupo Socialista, fundamentalmente de sectarismo --lo cual es una palabra
muy fuerte en esta Comisión parlamentaria, porque, que yo recuerde, la
política de cooperación y ayuda al desarrollo es una política
institucional, del Estado, y ha sido una política apoyada permanentemente
por todos los grupos políticos en legislaturas pasadas--, tengo que decir
que usted, señor Secretario de Estado, ha explicado, y es cierto, que
existe una continuidad en los objetivos de la política española de ayuda
al desarrollo, y no podía ser de otra manera, puesto que así ha sido
apoyado de forma unánime por todo el arco parlamentario durante muchos
años, aunque, como es lógico, también existe por parte de la nueva
Administración la intención de corregir defectos, de corregir errores y
de, lo cual es más importante, conseguir mejores resultados en la
cooperación al desarrollo. Y por eso no se puede ni se debe criticar a la
nueva Administración, por eso no se puede ni se debe criticar a la
Secretaría de Estado.
Yo me he quedado muy tranquilo, señor Secretario de Estado, cuando se le
ha acusado de sectarismo en el reparto de las subvenciones a las ONG,
porque todos hemos oído críticas muy importantes en el sentido de que
existía excesiva continuidad en el reparto de ayudas a organizaciones no
gubernamentales. Como en el punto medio está el equilibrio, y en el
equilibrio está la virtud, me da la sensación, señor Secretario de
Estado, que usted y su equipo pueden felicitarse por el reparto de ayudas
a las organizaciones no gubernamentales.
Debemos felicitarnos todos por el importantísimo anuncio que usted, señor
Secretario de Estado, ha hecho aquí, que me parece que es anuncio
definitivo para esta legislatura. La necesidad de que en España exista
una ley de cooperación que sea el elemento de referencia jurídico en el
que se base la cooperación central y la cooperación descentralizada ha
sido una cuestión reclamada por las organizaciones no gubernamentales,
por la sociedad en general y por el mundo político en particular.
Es verdad, usted lo ha dicho, que la cooperación descentralizada ha
sufrido un incremento espectacular en los últimos años y que son
fundamentalmente las propias organizaciones no gubernamentales, las que
están haciendo una reflexión sobre su papel en el mundo de la cooperación
y ayuda al desarrollo, las que, mediante la crítica y la autocrítica
pública --lo cual siempre es importantísimo--, demandan esa ley de
cooperación, demandan un estatuto del cooperante, demandan una
armonización, demandan la coordinación de proyectos y, sobre todo,
demandan un vehículo constante de información entre administraciones para
ser más eficaces en la cooperación al desarrollo.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que esto es fundamental y que ése
puede ser el objetivo, el norte de esta próxima legislatura. Además,
nosotros entendemos que esta Comisión de Cooperación y Ayuda al
Desarrollo puede ser el instrumento básico que recoja todas aquellas
iniciativas que en su momento deban plasmarse en la futura ley de
cooperación. Sin lugar a dudas, la ley de cooperación vendrá a eliminar
elementos que se han determinado como nocivos para la cooperación al
desarrollo. Se dice que usted, el nuevo equipo de la Secretaría de
Estado, ha entrado como un torbellino en la cooperación. Yo creo que era
necesario entrar así para reducir los efectos nocivos de determinadas
actitudes anteriores.
Señor Secretario de Estado, entiendo que las cosas van bien, que el
diálogo es permanente. El Grupo Parlamentario Popular estima que es
fundamental que la cooperación y ayuda al desarrollo, no habiendo variado
sus objetivos, puesto que no se deben variar, se someta, se adecue a la
política exterior de España. Recientemente hemos tenido
ocasión de visitar algunos países centroamericanos y del cono sur, y le
puedo asegurar que los profesionales de la cooperación y ayuda al
desarrollo están enormemente ilusionados con las reformas que se están
introduciendo por parte de su Ministerio, puesto que esas medidas
únicamente reflejan la realidad profesional, lo que se ha venido haciendo
hasta el momento.
Por eso, señor Secretario de Estado, en esta primera intervención el
Grupo Parlamentario Popular quiere preguntarle sobre dos cuestiones
concretas, para que, si usted lo tiene a bien, nos amplíe lo que ha sido
su primera intervención: ¿qué papel van a jugar las organizaciones no
gubernamentales en este nuevo diseño de la política española de
cooperación al desarrollo?, y, como se han vertido críticas sobre las
bases para la concesión de subvenciones, de ayudas a las ONG, ¿qué
mejoras concretas introduce la nueva regulación de estas bases generales
para la obtención de subvenciones por parte de las ONG con respecto a la
normativa anterior, que, como SS. SS. saben, data de marzo de 1993?
El señor PRESIDENTE: Para contestar a los distintos grupos
parlamentarios, tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Voy a intentar contestar las
intervenciones una por una, pero, como la última pregunta del señor
Izquierdo, sobre las modificaciones a las bases que introdujo la
Secretaría de Estado el 17 de julio de 1996, es de carácter general, voy
a empezar por ella.
Como comentario general tengo que decir que el programa de subvenciones
de la Secretaría de Estado a las organizaciones no gubernamentales tiene
una trayectoria muy consolidada, de ocho o diez años, a pesar de que sólo
en los últimos años se ha producido un gran incremento y las últimas
bases son de 1993, pero, como digo, tiene una tradición de casi diez
años, con lo cual tenemos una experiencia acumulada, no sólo los
profesionales de la cooperación, de la diplomacia, sino también los
dirigentes políticos y esta Cámara. Los anteriores dirigentes ya eran muy
conscientes de los elementos positivos que tenían las bases que venían
funcionando desde 1993 y el propio funcionamiento de las ONG, así como de
las carencias y de los elementos frágiles que existían en dichas bases,
por lo que era una necesidad reconocida por todos los profesionales de la
cooperación y por el anterior Gobierno --de esto me he enterado
posteriormente--, que, como digo, era consciente de la realidad de la
cooperación descentralizada de las ONG y de las medidas que había que
tomar; era, incluso, una necesidad reconocida por las grandes
organizaciones no gubernamentales, que forman parte de la coordinadora,
aunque he de decirles que muchas veces se escucha un doble lenguaje: el
de las grandes organizaciones no gubernamentales, las que tienen larga
tradición, de todo el abanico ideológico, cuando hablan directamente con
la Administración, que son conscientes de una serie de problemas que
plantea la política del café para todos, y el de la coordinadora, que
agrupa cerca de un centenar de organizaciones no gubernamentales de
diferente tamaño y de diferente extracción ideológica, cuya opinión no
creo que sea, al menos en este caso, la que más se acerque a las
necesidades de la política española de cooperación y, sobre todo, al
beneficio propio de la cooperación en sí.
En principio, las modificaciones que se han introducido son las
siguientes: Hemos exigido un mínimo de cinco años de experiencia
acreditada por parte de la organización no gubernamental solicitante ya
que el plazo de dos años nos parecía insuficiente para garantizar la
profesionalidad y la trayectoria de la organización beneficiaria. ¿Quiere
esto decir que las organizaciones no gubernamentales que no cumplan este
requisito no podrán presentarse? No; lo tendrán que hacer organizaciones
no gubernamentales que tengan ya una tradición marcada en este tiempo.
Se exige también un máximo del 80 por ciento respecto al coste total del
proyecto, en la suma de aportaciones de origen público que financien su
costo. Se trata de garantizar una aportación mínima --recalco, mínima--
de la organización no gubernamental y reforzar su vinculación y, por
tanto, su responsabilidad financiera con el propio proyecto. Se trata de
que las ONG sean organizaciones no gubernamentales y no organizaciones
gubernamentales que se nutren al cien por cien de fondos públicos.
Esto que parece tan obvio no se exigía en España. Se deba incluso la
paradoja de que una organización no gubernamental con un mismo proyecto
acudía a la financiación del Estado, a la comunidad autónoma, al
municipio y a las diputaciones y obtenía financiación por encima del cien
por cien del proyecto, es decir, no sólo se obtenía en algunos casos,
pocos, la financiación al cien por cien del proyecto, con lo cual quedada
en entredicho su condición de no gubernamental, sino que superaba ese
cien por cien, y eso limitaba la posibilidad de control por parte de las
administraciones públicas del dinero empleado.
Pero es más, las normativas de los países de nuestro entorno exigen
porcentajes mucho mayores a las ONG. La propia Unión Europea exige en
estos momentos un 50 por ciento para financiar proyectos de
organizaciones no gubernamentales. Exigir un 20 por ciento es exigir la
mitad de lo que exigen países de nuestro entorno, y eso precisamente
porque hemos tomado en consideración la relativa juventud de España en
materia de cooperación y, sobre todo, la relativa juventud de
organizaciones no gubernamentales españolas. Por otro lado, no todas son
tan jóvenes, hay algunas que tienen 30, 35 ó 40 años. Este 80 por ciento,
o un 20 por ciento de financiación no pública, llega incluso a sólo el 5
por ciento en algunos casos, sobre todo en los proyectos asistenciales
básicos, de manera que la exigencia de financiación no publica es mínima
en las nuevas bases. En esto coinciden prácticamente todos los
profesionales y expertos en materia de cooperación.
Por otro lado, junto a ese requisito que se ha recogido en las bases de
financiación de un mínimo porcentaje de financiación no pública para que
las ONG sean realmente no gubernamentales, se han incrementado los fondos
destinados a la concienciación pública de la necesidad de cooperación, de
manera que las ONG que realizan programas de
cooperación van a recibir fondos adicionales también para concienciar a
la sociedad e incrementar los aportes de la sociedad civil a sus propios
proyectos. Es decir, una ONG necesita estar enraizada en la sociedad
civil, necesita tener socios y necesita tener aportantes que no sean las
administraciones públicas de forma exclusiva; exigir un 20 ó un 5 por
ciento me parece una medida la mar de razonable.
En segundo lugar, se ha limitado a dos proyectos por convocatoria y
veinte millones la subvención total recibida a las organizaciones no
gubernamentales que por primera vez se presentan a concurso de ayudas
públicas de la Secretaría de Estados para la Cooperación Internacional y
para Iberoamérica. Se intenta evitar nuevamente que aquellas
organizaciones no gubernamentales que se presentan por primera vez
reciban sumas excesivas. Después de la primera vez, después de haber
pasado las auditorías pertinentes, en el caso de que se haya hecho una
buena cooperación, una cooperación de calidad, se han incrementado los
fondos.
Por otro lado, se ha exigido la presentación del resultado de una
auditoría interna efectuada por alguna de las entidades incluidas en el
registro especial establecido al efecto en la Agencia Española de
Cooperación Internacional a las ONG que hayan obtenido financiación
acumulada por cantidad superior a 30 millones de pesetas.
Se está exigiendo una auditoría interna. ¿Cuál es la novedad? Que se
deberá hacer por aquellas auditorías que figuren en un registro de la
Agencia Española de Cooperación. ¿Qué es lo que ocurría hasta ahora? Que
muchas veces las auditorías internas, de acuerdo con el registro público
que consta en el Ministerio de Obras Públicas, no son fiables, porque
cualquiera puede incluirse como auditor en aquel registro, hacerse
auditorías a sí mismas, a ONG o auditorías cruzadas. Un mínimo de
seriedad en este tipo de auditorías exige controlar al menos a las
auditoras, tener una lista de las auditoras posibles y que no se pueda
elegir la auditora por parte de la ONG, medida la mar de razonable y
exigida en todos los países de nuestro entorno cultural.
Otra de las medidas ha sido la de eliminar la diferencia entre los gastos
indirectos administrativos, admitidos a las ONG, cuando concurría una
sola al concurso o cuando se presentaban varias en consorcio. Si antes se
establecía el 7 y el 10 por ciento, respectivamente, ahora ha regulado un
porcentaje único del 9 por ciento aplicable indistintamente, aunque
estamos también primando, a la hora de la selección, a aquellas
organizaciones no gubernamentales que se presentan consorciadas, de
manera que se facilite la entrada de ONG nuevas que no cumplen el
requisito de la antigüedad, y a lo mejor ni el de capacidad, y se
facilite el consorcio con las que tengan mayor tradición en materia de
cooperación, adquiriendo esa experiencia necesaria, según exigen las
bases, para hacer proyectos de cooperación financiados por el Estado.
También se ha reforzado la obligatoriedad de exhibir, de forma visible y
en condiciones apropiadas, el logotipo de la cooperación española en los
proyectos cofinanciados por la Secretaría de Estado, estableciendo al
efecto la futura inelegibilidad de las organizaciones no gubernamentales
que incumplan esta obligación. Se trata de un requisito exigido ya
anteriormente para la aprobación de proyectos presentados por las ONG. Se
ha comprobado que sistemáticamente muchas organizaciones no
gubernamentales, no sólo españolas sino también las contrapartes en los
países de desarrollo, incumplían sistemáticamente este requisito, de
manera que un dinero que provenía del contribuyente español para
proyectos de desarrollo no tenían ninguna visibilidad, no se sabía si el
proyecto era español, si era francés, etcétera, únicamente figuraba el
logotipo de la ONG. Creemos que si el dinero es público se tiene que
exigir que el logotipo de la cooperación española aparezca al menos en
las mismas condiciones que el de las ONG o el de otros países donantes.
Creo que es importante que el mundo sepa que España coopera para el
desarrollo. Eso en los proyectos y en el campo mismo. Básicamente, éstas
son las reformas introducidas en las bases para convocatorias tanto
ordinarias como extraordinarias, el IRPF, de subvenciones para
organizaciones no gubernamentales.
Se ha dicho hasta la saciedad que no ha habido consenso, que no ha habido
diálogo, y yo quería precisar que una cosa es dialogar y otra cosa es
consensuar una orden ministerial de subvenciones. Lo fácil es haber
permanecido como estábamos, lo fácil es que la Secretaría de Estado
continuara dando subvenciones a ciento cuarenta organizaciones no
gubernamentales al año; si se hubiesen presentado ciento cincuenta, a
ciento cincuenta o a doscientas, y repartir el dinero que había entre
todas, café para todos. Pero eso no es ni política ni es bueno para la
cooperación y creo que, además, perjudica a las propias ONG. Discrimina
negativamente entre las ONG con tradición y con capacidad y las que no lo
tienen, y significa una mala administración del dinero público. Por eso
creímos que no se podía esperar a la reforma de las bases, no se podía
esperar porque de forma inminente había que hacer una nueva convocatoria.
La del IRPF, que se haya dedicado el 20 por ciento, aquel 0,5, supondrá
este año una cantidad cercana a los 3.000 millones de pesetas.
Coincidirán conmigo SS. SS. en que la obligación de todo administrador es
administrar bien, sobre todo, cuando se trata de una cantidad como la
citada de 3.000 millones de pesetas. Por tanto, era absolutamente
necesaria la modificación de las bases.
Vuelvo a repetir que la necesidad de la modificación, en el sentido en
que lo hemos hecho, era admitida y reconocida no sólo por todos los
expertos de cooperación y de la universidad, sino incluso por la anterior
Administración. Y vuelvo a decir que me he enterado a posteriori, por
informes, de que las modificaciones introducidas en las bases eran las
correctas y las que se pensaban introducir; era una de las vías de acción
que tenía el anterior Gobierno.
Dialogar. Yo les aseguro que he dialogado mucho antes de tomar esa
decisión. Una cosa es dialogar y otra cosa es consensuar estas bases. Yo
personalmente he recibido en cuatro o cinco ocasiones a la coordinadora,
el secretario general de la Agencia Española de Cooperación ha recibido
en múltiples ocasiones a la coordinadora y a representantes de la misma e
igualmente el director de la Oficina de Planificación y Evaluación ha
recibido en múltiples ocasiones a la coordinadora. Lo que ocurre es que
no
todas las demandas de la coordinadora son aceptables, precisamente porque
la coordinadora responde a un interés de carácter colectivo y general que
pretende no excluir a nadie en materia de subvenciones a organizaciones
no gubernamentales. Si queremos racionalizar, hacer una cooperación de
calidad y que la ayuda al desarrollo llegue a los países en condiciones
óptimas, necesariamente tenemos que discriminar.
De manera que hemos dialogado mucho, consensuaremos en lo que se pueda y
les aseguro que muchas de las medidas que se han introducido en estas
nuevas bases, por ejemplo las medidas de carácter más técnico en cuanto a
justificación de gastos, en cuanto a posibilidad de acumulación, en
cuanto reinversión de intereses en cuentas bancarias de cooperación, las
hemos adoptado a sugerencia de la propia coordinadora. Más de cinco, más
de diez, más de quince ideas recogidas en estas bases son producto del
diálogo con la coordinadora. Una cosa es dialogar y otra que adoptemos el
proyecto que nos plantea la coordinadora. Eso no nos corresponde hacerlo
como Administración ni creo que la voluntad popular manifestada en las
elecciones lo exija. Nosotros somos administradores, la coordinadora, por
otro lado, plantea posturas que en algunos casos son aceptables y en
otros, no. Lo que sí les aseguro es que ha habido diálogo continuo y lo
va a seguir habiendo.
Sobre el papel que van a jugar las ONG, creo sinceramente que las
organizaciones no gubernamentales son un elemento dinamizador, no sólo de
la sociedad civil, de cara a la cooperación, sino incluso un elemento
moral que hay que preservar y mantener. Y se preservan y se mantienen
precisamente con medidas como las que hemos tomado.
No me gustaría entrar en detalles, pero les aseguro que el incumplimiento
por parte de ONG de todo el espectro ideológico ha sido bastante grande
en los últimos años. Ha habido problemas con la Intervención del Estado,
con el Tribunal de Cuentas y de justificación de gastos. ONG de
reconocido prestigio, de las que causaría incluso alarma social hacer
público algunos datos, todavía no han justificado sus gastos desde el año
1993, y esto abarca a todo el espectro ideológico. Precisamente el tipo
de medidas que hemos tomado lo que viene a garantizar ante la sociedad es
preservar el importante valor de contenido moral que tienen las
organizaciones no gubernamentales como agentes de la cooperación
descentralizada; es decir, no desperdiciar el bagaje que poseen de
impulso moral, a través de una mala administración y de un descontrol
administrativo de su funcionamiento.
El señor Fuentes ha realizado una larga intervención. En cuanto a los
documentos que me reclama, se los haré llegar por la vía que corresponda.
Entrando en puntos concretos, ya he respondido sobre la negociación y el
diálogo. Me ha preguntado sobre el 20 por ciento de financiación privada,
lo de los cinco años, la sospecha generalizada, etcétera. Yo le aseguro
que no he intentado en ningún momento hacer sangre. Tengo carpetas de
argumentos que me permitirían hacer mucha sangre en materia de
incumplimientos por parte de ONG respecto a los cuales causaría verdadera
alarma social el hacer públicos los datos de la administración. No he
querido emplearlos, y precisamente una de las razones por las que he
introducido esas modificaciones es precisamente por mi voluntad de
preservar ese importante patrimonio moral que tienen las organizaciones
no gubernamentales de cara a nuestra sociedad.
Sobre el Consejo de la cooperación, tiene S. S. toda la razón. No lo
hemos reunido --hay que decir que tampoco lo hicieron ustedes en el
primer trimestre del año-- por la sencilla razón de que han variado los
ministerios partícipes en el Consejo de cooperación y ha habido que
solicitar a cada ministerio la designación de representantes. En algunos
casos ha aparecido el Ministerio de Medio Ambiente, en otros casos se han
fundido otros ministerios, había que solicitar los nuevos representantes
y eso tardaba un tiempo, pero pensamos convocar al Consejo de cooperación
de forma inminente.
Ha sido totalmente gratuito e injusto decir que en la resolución de la
convocatoria ordinaria de organizaciones no gubernamentales (que, por
cierto, se incrementa en 400 millones, es decir, no vamos a cortar ni a
reducir el programa Organizaciones no Gubernamentales de Ayuda al
Desarrollo, sino que lo estamos incrementando en la medida de lo posible,
y la prueba es la resolución de la última convocatoria) ha habido
sectarismo. No se puede hablar de sectarismo porque haya habido una
organización no gubernamental vinculada concretamente al Opus Dei. Le
aseguro que entre las diez ONG subvencionadas por ustedes también estaban
estas diez primeras. Las diez primeras en España son las que son y todos
sabemos cómo se llaman, tienen nombres y apellidos, con independencia de
que estén vinculadas a una orden religiosa, a un movimiento civil o a un
partido político.
No me podrán acusar ustedes de sectarismo, mirando la lista de las
subvenciones, cuando la Fundación Largo Caballero recibe 137 millones y
la Fundación Cánovas del Castillo, 60. Si ha presentado la Fundación
Largo Caballero mejores programas tengo que financiar a esta Fundación
más que a la Fundación Cánovas del Castillo. Esa sospecha de sectarismo
que usted tiene quizás se deba a una mala conciencia, pero le aseguro que
no han ido por ahí los tiros. Podrá comprobar S. S. que en la última
convocatoria ordinaria se prefirió a la Fundación Cánovas del Castillo. Y
eso sí que era sectarismo.
Le garantizo que ha habido un criterio estricto de profesionalidad a la
hora del examen de las subvenciones o de los proyectos presentados por
organizaciones no gubernamentales. A lo mejor se extraña de que alguna
organización, con cierto consenso social de ser una ONG de reconocido
prestigio, vinculada a alguna personalidad política importante, haya
recibido una pequeña subvención. Le aseguro que en el caso concreto que
estoy pensando, si es en el que pensaba usted, no debía de haber recibido
nada, porque es una de las que tiene sin justificar los fondos públicos
desde el año 1993.
Si quiere le puedo facilitar, de manera privada, los resultados de las
auditorías que tenemos en estos momentos en la Oficina de Planificación y
de Evaluación para que compruebe la realidad y evitar, por tanto, una
alarma social innecesaria. Es muy injusto decir que se ha pecado de
sectarismo
cuando las organizaciones no gubernamentales financiadas de forma
mayoritaria son las que son: Intermón, Manos Unidas como número 2,
Codespa como número 3, y la Fundación Clinic, por la que usted me
preguntaba. En cuanto a la Fundación Clinic tengo que decir que no hay un
concepto jurídico de organización no gubernamental. Tal organización no
gubernamental es la Fundación Largo Caballero como la Fundación Clinic,
porque no tiene objeto de lucro. Ahora bien, ¿por qué la Fundación
Clinic? Porque es la que ha hecho el trabajo de campo del programa de
desarrollo de la vacuna antimalaria del profesor Patarroyo. Esta
Administración comparte este programa, de la misma manera que lo
compartía el Grupo Popular con la anterior Administración. Es un programa
clave, que ha generado grandes esperanzas en el Tercer Mundo, que
despierta enormes recelos con multinacionales farmacéuticas por el
contenido revolucionario que implica la donación de una vacuna que puede
salvar a miles de millones de personas de la muerte por malaria; por
tanto, es un programa que consideramos digno de recibir una ayuda
sustancial por motivos de prestigio nacional, sobre todo por responder a
la generosidad de Patarroyo y porque había sido la fundación Clinic del
Politécnico de Barcelona la que había desarrollado la experimentación
inicial de la vacuna en Tanzania y en Mozambique.
Después está la FERE que presenta algunos proyectos como Médicus Mundi,
Iepala --es concretamente la sexta y no creo que sobre ella tampoco haya
nada que decir--, Solidaridad Internacional, Médicos del Mundo, Paz y
Tercer Mundo. A continuación, hay una larga lista que va hasta la 74,
frente a las 104 que se aprobaron en la pasada convocatoria ordinaria de
organizaciones no gubernamentales.
Por lo que se refiere al pacto de solidaridad, es deseo del Partido
Popular cumplir dicho pacto y alcanzar en la medida de lo posible, tal
como dice el pacto, la cifra del 0,35. Le vuelvo a decir que soy realista
a la hora de plantear cifras mágicas, como alguien que es responsable de
la cooperación, que cree en ella y la ha hecho. Creo en la
responsabilidad no sólo del Ejecutivo, sino del Parlamento, para exigir
un incremento progresivo de los fondos de cooperación --lo compartimos
todos--. Deseo que se incrementen los fondos de cooperación no sólo hasta
el 0,35, sino al 0,5 o al 0,7 y creo que es una meta que nos tenemos que
marcar todos.
No quiero prometer algo que a lo mejor no puedo cumplir. Igual que en la
pasada legislatura, en 1995, se prometía hasta el 0,35 a través del
Movimiento del 0,7 y las ONG por lo que se dotó al presupuesto de una
estructura que, a través de créditos ampliables, llegase hasta el 0,35,
pero la ayuda oficial al desarrollo española ni siquiera llega al 0,28 de
1994 y en 1995 llegó al 0,24, no quiero caer en la tentación de hacer una
promesa que tenga que incumplir, aunque me gustaría llegar a ese 0,35 o
al 0,50 o al 0,7 como cooperador que he sido y responsable de cooperación
que soy. Creo que es una obligación que tienen la Administración y la
sociedad española.
En cuanto al señor Recoder, dice que he entrado como un torbellino y que
debía haberle contestado con ideas propias. Le diré que son propias y
compartidas por todo el mundo de la cooperación. Compartidas por la gente
seria que hace cooperación, compartidas por los responsables diplomáticos
en el exterior de la cooperación, compartidas incluso por los expertos
más académicos de la cooperación. No he inventado la pólvora, no hay más
que acudir a la legislación comparada y verá S. S. que las medidas
propuestas al inicio en la Secretaría de la cooperación no se acercan ni
por asomo a las que tienen países como Inglaterra, Francia, Alemania,
Dinamarca y Holanda, que tienen mucha más tradición de cooperación. No
hemos inventado absolutamente nada y esta necesidad la sentía todo el
mundo.
En cuanto a la refundición, no es mi intención refundir --y esto es una
manifestación de mi sentir personal, no lo tomen como una manifestación
de responsable gubernamental-- y creo sería bueno, a efectos de la
cooperación para el desarrollo, vincular más el instrumento de los
créditos FAD a la política de cooperación y no tanto una política
comercial. No es mi deseo --ahora sí hablo como responsable
gubernamental-- refundir, pero hay que intentar vincular la regulación
del FAD a través de una nueva ley, al menos en las líneas maestras de la
cooperación internacional trazadas en la propia ley.
Sobre las funciones del Consejo de cooperación, tienen que ser única y
exclusivamente funciones consultivas. Creo que las funciones ejecutivas
por parte del Consejo de cooperación distorsionan su naturaleza y, sobre
todo, entorpecen el mecanismo normal de una cooperación.
Respecto al Consejo de Cooperación interterritorial, le dan miedo a usted
las medidas armonizadoras. Le aseguro que no es para intentar recortar
ningún poder autonómico, sino para favorecer la calidad de la
cooperación. Imagínese usted una organización no gubernamental que acude
a la Agencia Española de Cooperación a solicitar una subvención, de un 30
o un 40 por ciento, y tiene que completar esos fondos con fondos de
ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y cada uno tiene un
formulario y unas exigencias distintas.
Esta situación actual no favorece a las ONG ni a la cooperación en sí. Es
un verdadero galimatías de exigencias, bases, normativas, impresos,
etcétera, que es necesario armonizar entre todos en pro y por el bien de
la cooperación internacional, de los cooperantes y de las ONG. Las
prioridades geográficas se pueden armonizar entre todos y no es que yo
pretenda acercar la normativa a la realidad. Muy al contrario, creo que
dentro de los fondos de ayuda oficial al desarrollo españoles destinados
a cooperación tenemos que ir acercándonos cada vez más a las exigencias
de los organismos multilaterales de cooperación, que establecen un 20 por
ciento de cooperación básica al desarrollo para los programas de salud y
sanidad. En ese caso, las zonas geográficas que son prioridad para España
en estos momentos son las más necesitadas.
Ustedes comprobarán que en la convocatoria actual hemos abierto una vía
para incentivar a organizaciones no gubernamentales a actuar en proyectos
al desarrollo social básico en lugares como la India, que no son
prioridad en España pero que, a efectos de programas de cooperación
social básica, sí podemos empezar a introducirlos. Esa es la idea que le
expresaba del deseo de la Administración de abrir en algunos casos, y con
esas limitaciones que le señalaba, las prioridades geográficas que hasta
ahora teníamos marcadas.
Estoy de acuerdo con usted sobre los problemas comunitarios. Creo que ni
la anterior Administración ni ésta han dejado de insistir y hacer
gestiones ante los órganos comunitarios para que los fondos de
cooperación vayan destinados fundamentalmente a los territorios sobre los
que tenemos intereses estratégicos, económicos, etcétera y que también
los tiene la Unión, como los fondos Meda, las gestiones que ha hecho el
Ministro de Asuntos Exteriores en los últimos meses para desbloquear
dichos fondos que afectan, sobre todo, al norte de Africa, la propia
creación de la DG1 o la política comunitaria con América Latina en la que
tuvo mucho que ver el anterior Gobierno español y lo tendrá éste.
También quiero decirle que, por ejemplo, en la oficina de Echo de ayuda
alimentaria y de emergencia, se ha producido un cambio radical gracias al
empeño del funcionariado español y de los gobiernos españoles. Así en
Echo antes participaban sólo organizaciones no gubernamentales danesas y
holandesas y en este momento se ha abierto el juego, con lo que muchas
organizaciones no gubernamentales españolas participan, por primera vez,
en las ayudas alimentaria o de emergencia convocadas por la Comunidad.
Eso es producto de la presencia española en la Unión y del esfuerzo de
sus funcionarios y del Gobierno español.
Por último, le agradezco al señor Gómez Rodríguez su tono y le aseguro
que intentaremos ser todo lo rigurosos que podamos con la gestión, pero
sin ahogar con una excesiva burocracia el movimiento de las
organizaciones no gubernamentales, que deben tener una frescura que la
Administración no tiene. Debemos tener conciencia de que los fondos han
sido empleados, y así pasa en la mayoría de los casos, aunque a veces no,
y debemos intentar exigir una administración de carácter mínimo, que dé
garantía al ciudadano o a esta Cámara cuando pida la documentación
correspondiente de que se ha cumplido todo.
Por último, en relación con su solicitud de dotación para la lucha contra
la pobreza, la prueba de que el Gobierno español cree en el fenómeno de
la sociedad civil y de la cooperación en las ONG es el incremento notable
que este año se ha aprobado para los programas de formación y
concienciación en España sobre la necesidad para el desarrollo.
Otra cosa son algunas de las críticas que se han vertido sobre las nuevas
bases que establecen los programas de concienciación. Una cosa es tener
en España los programas de formación y concienciación, programas de
desarrollo, sobre todo los educativos, y otra cosa es la restricción que
hemos establecido de que sólo reciban fondos para la promoción y la
difusión de la solidaridad aquellas organizaciones no gubernamentales que
realizan proyectos de cooperación en el exterior, porque se daba la
paradoja de que algunas ONG no hacían proyectos de cooperación en el
exterior y se dedicaban, única y exclusivamente, a fomentar la
solidaridad en España. Esto es predicar la teoría sin haber hecho la
práctica. Creo que las organizaciones no gubernamentales que hacen
cooperación en el exterior son las que tienen que fomentar,
fundamentalmente, esa cultura de la solidaridad y para ello hemos
establecido un incremento notable de fondos.
Otra de las preguntas que me ha hecho el señor Fuentes es la de por qué
se ha reducido la subvención otorgada a la coordinadora. En principio, no
se iba a establecer subvención a la coordinadora, pero después lo
modificamos, para evitar una transición brusca de una situación a otra, y
se le aprobaron, creo recordar, nueve millones de pesetas. En una orden
ministerial destinada a la subvención de proyectos --como usted ha dicho,
no se trata de subvenciones a las ONG, sino de subvención a proyectos
para el desarrollo-- encaja muy mal que sin proyecto se establezca una
subvención de 40 ó 50 millones a la coordinadora de organizaciones no
gubernamentales. Estamos hablando de proyectos para el desarrollo. No es
el lugar para establecer financiación a la coordinadora, en esto estamos
prácticamente todos de acuerdo.
Creo que con esto he contestado a casi todas las preguntas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fuentes Gallardo.
El señor FUENTES GALLARDO: Muy brevemente, señor Presidente.
En primer lugar, me gustaría que pudiese exponernos qué previsión de
calendario tiene respecto a la ley de cooperación. Usted ha explicado que
va a elaborarla y querríamos saber cuándo tiene previsto elevarla al
Consejo de Ministros.
Respecto a que la coordinadora dice una cosa en privado y otra en
público, le diré que no es ése nuestro problema. Si el portavoz de la
coordinadora es al mismo tiempo miembro de una ONG y a nivel particular y
en privado dice otra cosa, es un problema distinto, pero, en cuanto a la
coordinadora, yo me guío por los comunicados oficiales o por lo que dicen
sus portavoces, como coordinadora. Si después, como miembro de una ONG
particular dice otra cosa, ése es un problema radicalmente distinto.
En cuanto al sectarismo o a la mala conciencia, yo no tengo mala
conciencia, absolutamente ninguna. Durante los años de gobiernos
socialistas, y en relación con las subvenciones, las ONG vinculadas a la
Iglesia Católica eran las que más fondos recibían. Sin embargo, aquí hay
una situación radicalmente distinta. Este año Codespa pasa de 225
millones en 1995 a 562 en 1996, casi el triple; es un aumento
espectacular que no se da en ninguna otra. Puede tener usted razón o
puedo tenerla yo; lo podemos verificar fácilmente cuando ustedes manden
la documentación de los proyectos presentados, pero no me negará que es
espectacular un aumento de casi el 300 por ciento. Otras organizaciones
también suben: Intermón, de 467 a 650 millones; Manos Unidas, de 487 a
540 millones. Pero luego nos vamos a otras organizaciones laicas y vemos
que Iepala baja de 335 a 289 millones de pesetas; Solidaridad
Internacional, de 318 a 264 millones; la Segovia, de 225 a 157 millones.
Es lo que le digo. He hablado textualmente --estará en el «Diario de
Sesiones»-- de un cierto grado de sectarismo. Esos son los datos. No me
dirá usted que no es significativo que esta entidad suba casi un 300 por
ciento. Es que sale fuera de toda norma de aumento de todas las ONG, y
eso es lo que me reafirma en el criterio que he expuesto antes.
En cuanto al diálogo, usted ha mantenido reuniones con la coordinadora,
es verdad; pero también es verdad que se negaron a admitirla como mesa de
negociación. Y usted tiene, como la tengo yo, la petición de la
coordinadora para reformar algunos aspectos, es una versión bastante
amplia, y mi impresión es que ustedes no hicieron caso absolutamente de
nada.
Respecto al Consejo de cooperación, es verdad que los ministerios todavía
no habían nombrado a sus representantes, pero eso no impedía la reunión,
porque había quórum suficiente sin esos representantes. No es que no se
reuniese porque tenían que nombrar los ministerios a sus representantes,
porque si no no había quórum; no, había quórum. Si no se ha reunido es
porque usted políticamente lo ha decidido, y yo respeto la decisión que
usted toma, aunque no la comparto.
Sobre el aumento que usted señala de 400 millones de pesetas para este
año, le señalaré que la Fundación Clinic ha presentado un proyecto que se
llama «Desarrollo, aplicación y evaluación de la malaria en Mozambique»,
y ustedes lo han subvencionado con 292 millones de pesetas. Después ha
presentado otro proyecto que se denomina «Desarrollo y evaluación de la
vacuna SPF66 para control de la malaria en Tanzania», y le han concedido
132 millones de pesetas. Ya tiene usted los 400 millones. Pero realmente
no son estrictamente proyectos de desarrollo sino de investigación y
experimentación.
Ahora bien, usted sabe que hasta ahora estos fondos se libraban de los
fondos propios de la AECI. ¿Y ustedes qué han hecho? Han dejado esos
fondos en la AECI, y han utilizado para estos proyectos fondos de las
ONG, con lo cual han aumentado los 400 millones. Qué sencillo es
averiguar en qué consiste el aumento de los 400 millones de pesetas que
ustedes dicen haber hecho. Han cargado ustedes a las ONG un coste que
anteriormente estaba en la AECI. Es una decisión respetable por su parte,
tienen motivos para hacerla, pero ésa es la clave del aumento de los 400
millones de pesetas que usted señala.
Respecto al pacto de solidaridad, yo entiendo que puede haber escenarios
presupuestarios difíciles. Lo único que recalco es que este pacto lo
firmó hace unos meses, en nombre del PP, la señorita Loyola de Palacio,
actualmente en el Gobierno. Yo no dudo de que usted quiera llegar al 0,35
por ciento y más; tiene un buen aliado ahora mismo en el Consejo de
Ministros, que firmó este pacto y seguro que le ayudará para no quedar en
mal lugar.
Por último, usted habla de que los dos años se han elevado a cinco y de
que se ha puesto el 80 por ciento. Yo no discuto que hubiese que mejorar
muchas cosas en la cooperación, sería ridículo que alguien pretendiese
que todo está tan perfecto que no hay nada que mejorar. Usted ha iniciado
un camino que, desde su punto de vista, va a mejorarla, yo lo dudo, pero
lo que le reprocho fundamentalmente --y lo expuse en la primera parte de
mi intervención-- es que eso se haya hecho, por decirlo en términos
coloquiales, como elefante en cacharrería, a las bravas. Eso hay que
hacerlo poco a poco, porque somos un país con las ONG todavía débiles,
con una cultura de la solidaridad reciente. Hay que hacerlo poco a poco.
Usted habla de Europa. Es verdad que en Europa se les exige a las ONG el
15 por ciento, pero no se investiga de dónde sacan el resto del dinero,
si lo sacan de tal sitio o de tal otro, no se meten en eso y usted sí se
ha ocupado de dónde sacan el resto. Pero lo fundamental es la falta de
diálogo, y yo me remito a lo publicado en todos los medios de
comunicación de todas las tendencias. Las manifestaciones de reproche, de
falta de diálogo fueron casi unánimes a la hora de establecer cambios tan
importantes en este tema, me remito a lo que han dicho prácticamente
todas las ONG en todos los medios de comunicación.
Señor Presidente, con esto termino. Señor Secretario de Estado, espero
que nos haga llegar la documentación sobre los proyectos que han
presentado cada una de las ONG que han recibido subvenciones a programas
y proyectos, y desearía que, en la medida de lo posible, me contestara a
alguno de los planteamientos que le he hecho últimamente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Secretario de Estado, permítame que le
haga algunos comentarios acerca de sus respuestas en esta su segunda
intervención, en la que también ha introducido algunos elementos nuevos
en relación con la primera de carácter más general.
Hay un aspecto que usted subraya de lo que va a ser su política al frente
de la Secretaría de Estado con el cual coincidimos, la necesidad de un
mejor control de los proyectos de cooperación. Al fin y al cabo, estamos
hablando de fondos públicos y es deber de todo gobernante velar por la
eficacia en el empleo de estos fondos. Por tanto, cualquier medida que
tenga por objeto mejorar la eficacia de estos fondos va a contar con el
apoyo de este grupo parlamentario.
Ahora bien, de la misma forma que son necesarias medidas evaluadoras de
la eficacia y del correcto gasto, del correcto empleo de las subvenciones
que son otorgadas por la Secretaría de Estado, pensamos que también es
necesario introducir controles de otro tipo en los fondos de ayuda al
desarrollo, que son fondos que constituyen la partida principal de la
ayuda oficial española al desarrollo y, en consecuencia, son fondos que
computan dentro del porcentaje en relación con el Producto Interior Bruto
que dedica el Estado español a esas políticas, pero la primera
característica que queremos destacar es que estos fondos a menudo no
observan las prioridades de la política de cooperación, tanto en cuanto a
los objetivos territoriales como en lo que se refiere a los objetivos
sectoriales. Por poner sólo un ejemplo, que creo que ya ha sido citado en
anteriores intervenciones, diré que el principal país destinatario
de estos fondos es China, país que, de otro lado, no forma parte de los
objetivos territoriales de la política de cooperación tal y como han sido
definidos por el Parlamento, por el Congreso y por el Senado, y por el
propio Gobierno.
En segundo lugar, son fondos que, sorprendentemente, no son objeto de una
evaluación con criterios de cooperación al desarrollo, sino que la
evaluación que se venía realizando desde el Ministerio de Comercio hasta
hace escasos meses se realizaba --y esto fue reconocido por el Secretario
de Estado de Comercio en esta propia Comisión-- con criterios de carácter
comercial única y exclusivamente. Nuestro grupo entiende que estamos en
una situación no demasiado ortodoxa y que debería corregirse.
Paso a referirme a la Orden Ministerial, tema recurrente como no podía
ser de otra manera. Cuando le he dicho, no con ánimo crítico sino
simplemente con voluntad descriptiva, al inicio de mi anterior
intervención que usted ha entrado como un torbellino en la Secretaría de
Estado, obviamente me estaba refiriendo a la Orden Ministerial, que es su
acción política de gobierno, que ha conseguido generar mayores titulares
de prensa hasta el momento. Y no podía ser de otra manera, porque usted
ha venido a subvertir un orden establecido desde hacía bastantes años.
Nosotros siempre hemos defendido que una sociedad fuerte requiere de una
sociedad civil fuerte, y el objetivo de una sociedad civil fuerte no debe
ser tener muchas organizaciones no gubernamentales, sino tener
organizaciones no gubernamentales fuertes. Creemos que éste es el
objetivo principal. Por tanto, ahí podría haber un punto de coincidencia.
Nuestra discrepancia es de orden más práctico: nosotros pensamos que la
tradición del Estado español y, fundamentalmente, la tradición de
aportación de fondos privados a la sociedad civil y, en concreto, en el
ámbito que nos ocupa, a organizaciones no gubernamentales que trabajan en
el ámbito de la cooperación --participación que en la última legislatura
fue corregida por una ley que contó con un apoyo entusiasta de este grupo
parlamentario como era la referente al mecenazgo, es decir, ayudas
fiscales a la aportación de fondos privados a organizaciones de todo
tipo, pero también a organizaciones no gubernamentales--, la tradición
que existe en este país no es comparable a la de otros países del
continente europeo, otros países de la Unión Europea fundamentalmente,
que son los países homónimos al nuestro.
En consecuencia, tenemos la sensación --más de una vez contrastada con
organizaciones no gubernamentales que sí tienen capacidad de generar
fondos propios, organizaciones fuertes, importantes, con un gran número
de socios-- de que es excesiva la exigencia del 20 por ciento de entrada,
con las exenciones que se quiera, en determinado tipo de proyectos;
teníamos que haber ido por esta línea pero de una forma más escalonada,
permitiendo que las propias ONG pudieran ir readaptando su realidad a
esta nueva exigencia de aportación de fondos propios. Esta es la crítica
que tenemos que hacer.
El diálogo con la coordinadora, tema recurrente en esta sesión. Usted
sabe que la coordinadora de organizaciones no gubernamentales insiste en
la falta de diálogo, ellos dicen que no hay diálogo; usted dice que hay
diálogo, ellos dicen que no es suficiente. En las conversaciones que han
mantenido con este grupo parlamentario, así como con todos los grupos de
la Cámara, en ningún caso hemos tenido la sensación de que la
coordinadora pretenda suplantar la labor de gobierno, en ese caso no
tendrían el apoyo de nuestro grupo parlamentario porque los que tienen
que gobernar son ustedes, ya que para eso tienen la mayoría. Ahora bien,
no podemos olvidar que la coordinadora representa a la mayoría de
organizaciones no gubernamentales y, si no recuerdo mal, 56 de las 74
--nos decía usted hace un momento-- ONG que han recibido subvención
forman parte de la coordinadora. Por tanto, entendemos que es una
macroorganización que debe ser tenida en cuenta, y cualquier esfuerzo que
se haga por parte de su Secretaría de Estado para conversar, para
intentar llegar a acuerdos será muy bien visto no sólo por la propia
coordinadora sino también por diversos grupos parlamentarios, entre ellos
el nuestro. Tiene usted que realizar una función de diálogo, tiene que
escuchar y, obviamente, tiene que gobernar, y eso no se lo niega ningún
grupo parlamentario, o al menos nuestro grupo parlamentario no le niega
su deber de gobernar.
También deberá dialogar con comunidades autónomas y ayuntamientos, y
usted tiene que entender --usted ha sido consejero autonómico y le
supongo una sensibilidad autonómica-- que a nuestro grupo parlamentario
la palabra armonización le traiga malos recuerdos. De ahí mi comentario,
mi advertencia de desacuerdo en ese punto. Sin embargo, nosotros siempre
hemos creído, continuamos creyendo que es bueno y necesario que
Administración central del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos
se pongan de acuerdo en las líneas fundamentales que deben guiar la
cooperación española; además, creemos que es perfectamente posible lograr
ese acuerdo. Usted ha citado algunos ejemplos con los que estoy seguro de
que van a coincidir los ayuntamientos y las comunidades autónomas, no hay
ninguna comunidad autónoma y no hay ningún ayuntamiento que no esté de
acuerdo con este punto. Usted también ha manifestado que no quiere que un
mismo concepto dentro de un proyecto sea financiado a la vez por
distintas administraciones. Esto nadie lo quiere. Por consiguiente, no
dudo de que ustedes se van a poner de acuerdo. Tampoco tengo ninguna duda
de que en cuanto a los objetivos se pueden poner de acuerdo, pero siempre
a través del diálogo, siempre a base de intentar llegar a puntos de
encuentro, y seguramente se van a tener que reunir muchas horas, y a
veces eso es incluso engorroso, pero es absolutamente necesario.
Consejo de la Cooperación. El Consejo de la Cooperación es también un
foro de diálogo, al que nosotros hemos apoyado desde el momento de su
constitución, y no vemos motivo para que no se reúna, especialmente en un
momento en el que se han tomado decisiones importantes que afectan al
mundo de la cooperación. El Consejo, como organismo consultivo, tiene que
tomar la suya.
Para terminar, señor Secretario de Estado, señor Presidente, quiero
reiterar una pregunta que le he formulado con anterioridad: calendario
legislativo. Nuestro grupo
parlamentario lleva años solicitando la ley de cooperación. Podría hacer
la lista de ministros y secretarios de Estado a quienes este portavoz ha
preguntado, en Pleno y en Comisión, cuándo van a traer la ley de
cooperación a la Cámara. Díganos algo, por favor, dénos la esperanza de
que, en un plazo breve en el tiempo, si puede ser dentro de este período
de sesiones --mire si le urjo--, vamos a poder debatir en esta Cámara la
ley de cooperación y la reforma de los fondos FAD, sea en una ley
refundida, sea en dos leyes, como me ha parecido entender de su primera
intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Secretario de Estado, yo estoy muy
tranquilo por lo que estoy escuchando hoy aquí, tranquilo por un lado y
preocupado por otro; tranquilo porque las críticas que se están haciendo
por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios lo son con intención
constructiva, y eso es siempre de agradecer, y por otro lado es una
tradición parlamentaria que viene sucediendo siempre. En Exteriores y en
Cooperación ha habido siempre críticas, sugerencias, llamadas a los
cambios de actitud, llamadas al consenso y al diálogo, lo que siempre es
positivo.
No estoy tan tranquilo de que se empiece a quebrar de alguna manera, en
esta su primera comparecencia. Lo que le he dicho antes ha sido una de
las señas de identidad de la acción parlamentaria sobre la actuación del
Gobierno en política exterior, y una parte muy importante de nuestra
política exterior, como usted ha señalado antes, probablemente
identificativa, es la cooperación para la ayuda al desarrollo. No estoy
tranquilo porque, por las manifestaciones del Grupo Parlamentario
Socialista, da la sensación, señorías, señor Presidente, de que, aun
habiéndose adoptado tonos de oposición, se sigue con los mismos hábitos
de gobierno, quizás malos hábitos, donde el consenso o el acuerdo se
entendía siempre como que el resto de las minorías aceptara siempre el 99
o el 100 por cien de los planteamientos del Ejecutivo. Eso no se puede
entender así y entiendo que tampoco debe entenderse así en el futuro.
Criticar una determinada decisión del Ejecutivo por haber dado ciertas
cantidades a una serie de organizaciones no gubernamentales es algo que
nunca se ha hecho en esta Cámara; si me apuran, señorías, ni siquiera se
ha llegado a criticar por responsabilidad de Estado, por no quebrar la
conciencia de solidaridad extraordinaria que existe en este país con
relación a las organizaciones no gubernamentales, ni siquiera se han
hecho críticas, como ha dicho el señor Secretario de Estado, sobre la
evaluación de determinados proyectos de cooperación.
Yo estoy muy tranquilo porque quizás esas críticas, señorías, señor
Secretario de Estado, provienen del hecho de no conocer la cooperación en
el terreno, de conocerla desde formulaciones teóricas pero no desde
realizaciones prácticas. Yo aseguro a SS. SS. que las normas y los
cambios introducidos, los nuevos modos que mejoran experiencias pasadas
sobre la cooperación al desarrollo, están recibiendo las mejores críticas
en el mundo de la cooperación, sobre todo más allá de nuestras fronteras.
Los profesionales de la cooperación han esperado mucho tiempo estas
normas para tener elementos sólidos de control y de coordinación.
No creo que sea necesario --no lo ha hecho el Secretario de Estado, no lo
voy a hacer yo tampoco-- empezar a criticar puntualmente determinados
usos de la cooperación al desarrollo. En consecuencia, señor Secretario
de Estado, señorías, tenemos que felicitarnos porque la política del
nuevo Ejecutivo básicamente intenta continuar las políticas
institucionales de consenso, de acuerdo, de diálogo, que han venido
siendo habituales, lo cual no quiere decir que pueda existir debate
ideológico sobre la bondad o no de determinados proyectos de cooperación,
lo cual no quiere decir que no existan discrepancias ideológicas sobre
unas u otras cuestiones, pero no es de eso de lo que estamos hablando en
estos momentos. No estaría yo muy preocupado por las grandes cifras, ni
siquiera me parece una trampa de la oposición o del Gobierno ni una
cuestión dialéctica. Es verdad que España es un país que se ha sumado
recientemente a la cooperación al desarrollo en los últimos diez años,
pero es verdad también que España es un país de cooperación tradicional
en los últimos quinientos años. Es una realidad gozosa, una realidad
impresionante y reconocida en los países donde tradicionalmente
cooperamos. Sucede, sin embargo --lo ha dicho anteriormente el Secretario
de Estado y es algo que nosotros nos permitimos apuntar--, que quizá
nuestra cooperación en el exterior necesitaría un mayor sello español. En
ese sentido, si las medidas que se están tomando abundan en la necesidad
de que nuestro sello sea más reconocido en Iberoamérica, en el norte de
Africa, etcétera, eso será en beneficio de todos porque va a ser en
beneficio de la política exterior de España. Por tanto, ésta es una
cuestión importantísima que nos gustaría resaltar.
Las grandes cifras no son importantes. Nosotros entendemos que la
voluntad del Ejecutivo, plasmada en el acuerdo de solidaridad, plasmada
en nuestro programa electoral, en el programa electoral del partido
mayoritario, como la de todos los grupos de la Cámara, como la de la
sociedad entera española, es alcanzar el 0,7 del producto interior bruto,
pero recuerdo en esta Comisión y en la de Exteriores, en la legislatura
pasada, los planteamientos del antiguo titular de Exteriores, cuando
amargamente se quejaba de las críticas --provenientes de fuera de ámbitos
parlamentarios, no desde el Parlamento porque desde el Parlamento no se
le hacían esas críticas al Ministro de Asuntos Exteriores, se le daba su
apoyo prácticamente en todas las acciones de la política exterior
española-- por no alcanzar de modo más acelerado ese 0,7 del producto
interior bruto. Decía el anterior titular de Exteriores que si fuéramos
capaces de coordinar y evaluar cuantitativamente las cifras de
cooperación española en su conjunto, no solamente de los Presupuestos
Generales del Estado, ni siquiera de los presupuestos de las comunidades
autónomas, diputaciones y ayuntamientos, probablemente estaríamos
bastante más cerca del 0,7 que algunos países más desarrollados.
Solamente con cuantificar la ayuda humanitaria que el Estado español
presta actualmente en Bosnia estaríamos
bastante más cerca. Por lo tanto, creo que ése no es el debate, el debate
es que la política de la Secretaría de Estado --y por eso hemos de
felicitarnos todos-- continúa en el apoyo a las organizaciones no
gubernamentales y en el compromiso solidario y unánime de esta Cámara y
de este y anteriores gobiernos de que la cooperación al desarrollo sea
uno de los elementos definitorios de nuestra política exterior. En este
sentido, debemos de felicitarnos y felicitamos a S. S. en este momento.
El señor PRESIDENTE: Me ha solicitado la palabra para formular una
pregunta la representante del Grupo Vasco, señora Aguirre. Dado que no ha
utilizado su turno de intervención, me parece oportuno concedérsela. Por
tanto, señora Aguirre, tiene la palabra para formular esa pregunta.
La señora AGUIRRE URIBE: Antes de formular mi pregunta, quiero decir al
señor Secretario de Estado que, si se cumplen las intenciones que acaba
de manifestar en esta comparecencia para un mayor y mejor control de los
fondos públicos para la cooperación, cuente con el Grupo Vasco porque
también lo hemos incluido en nuestro programa y vamos a coincidir con
ustedes si siguen por el camino que ha anunciado en esta declaración de
intenciones que ha presentado a la Cámara. También desearíamos que ese
0,7 de fondos para dedicarlos a la cooperación y al desarrollo llegara lo
antes posible. No creo que sea hacer demagogia porque muchas
instituciones locales cercanas al ciudadano ya lo han alcanzado; la
capital de la Comunidad Autónoma de Euskadi, Vitoria-Gasteiz, destina el
1 por ciento de sus presupuestos precisamente a los programas de
cooperación.
Paso a formularle la pregunta. Cuando ha expuesto las mejoras concretas
que ha introducido en las nuevas bases de financiación para las acciones
de cooperación ha indicado que se exigía a las Organizaciones que
aportaran un 20 por ciento. Yo le quiero preguntar qué mecanismos de
control va a introducir para que la suma de las aportaciones públicas a
la financiación de proyectos no sea superior al 80 por ciento. Porque la
experiencia personal que tengo como concejala de un ayuntamiento en el
que he tenido esta responsabilidad --ya sé que desde una dimensión
local-- nos hizo encontrarnos con este problema que usted apuntaba, que a
veces una misma Organización está solicitando ayudas para los mismos
proyectos a diferentes niveles institucionales. No nos hable de
armonización, para no despertar nuevos conflictos, pero sí es importante
que nos explique, por lo menos, qué mecanismos de control se van a
establecer precisamente para que la suma de las aportaciones no sea
superior al 80 por ciento.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Señor Presidente, contestando a las
intervenciones de los portavoces de los grupos, concretamente a la del
Grupo Vasco, diré que coincido plenamente con lo que ha manifestado el
señor Izquierdo. Si hablamos en términos cuantitativos de la cooperación
española al desarrollo, le podría decir que llegamos mucho más allá del
0,35: quizá estamos en un 0,50, si se pudiese contabilizar cierto tipo de
ayudas. En principio, el CAD no cuenta como ayuda oficial desarrollo. Por
ejemplo, la participación española en Bosnia no sólo se ofrece en tareas
de control de la paz sino de verdaderas tareas de cooperación sanitaria,
de saneamientos de aguas, de creación de infraestructuras en pueblos,
etcétera, y tiene un presupuesto superior a los 150.000 millones de
pesetas. Yo creo que al menos duplicaría la ayuda oficial al desarrollo.
Lo que no quiero es caer en el incumplimiento, señor Fuentes. Ustedes se
comprometieron al 0,35 ante la sociedad, ante las ONG, desmontaron
movilizaciones y tiendas de campaña, y no han llegado siquiera al 0,28 de
1994; llegaron al 0,24. Yo no quiero caer en eso. No quiero prometer algo
que quizá no puedo cumplir. Esta creo que es una diferencia de actitud.
Yo no voy a engañar a las ONG. Yo voy a ser franco y directo y les diré
lo que creo de verdad. Es decir, administraré de la mejor forma que crea
y sin demagogias. Hablaré claro siempre. Intentaré llegar a acuerdos allá
donde se pueda, pero donde no pueda llegar, no llegaré. Le aseguro que
dialogar, he dialogado; se han incluido muchas de las sugerencias de la
coordinadora en las nuevas bases, pero las que no han podido incluirse no
se han aceptado.
¿Sería preferible no haber establecido ese porcentaje de financiación no
pública o exterior de las ONG? Yo tengo mis dudas. Una de las
características de las organizaciones no gubernamentales es no ser
gubernamentales, sino proceder de la sociedad civil. Precisamente en
España, y usted lo sabe muy bien, hay muchas ONG importantes, con mucha
tradición, con casi 40 ó 50 años de existencia, cuyos fondos en más del
50 por ciento no son públicos sino privados; es decir, son fondos propios
y proceden de las recaudaciones de socios. En las bases también se exige
un número mínimo de socios para poder participar en los concursos. Y,
habría que exigir esto, que es lo que sucede en los países europeos. Y le
vuelvo a decir que los países de nuestro entorno no exigen el 15 sino el
50 o el 45 por ciento. El 15 por ciento se exige en la Unión Europea para
los programas de emergencia; para las acciones o proyectos de cooperación
ordinarios se exige bastante más, desde un 30 hasta un 55 por ciento en
algunos países europeos. Nosotros hemos exigido un mínimo de un 20 por
ciento. Se trata de evitar la creación de un entramado de organizaciones
gubernamentales. Para eso hemos incrementado los fondos, para que se
hagan difusión de su propia organización, de la solidaridad en España
mediante publicidad, educación para el desarrollo, con la posible
concertación con entidades bancarias, etcétera. Hay cincuenta mil formas
de obtener fondos. Si tenemos organizaciones no gubernamentales que
respondan de unos fondos públicos no solamente ante la Administración
sino ante sus propios asociados, y ante la sociedad tendremos más calidad
en la cooperación.
En España, aunque somos jóvenes en materia de cooperación, no lo somos
tanto como a veces se hace ver. Quizá la Iglesia tiene más tradición,
pero las cosas son como son y yo no las puedo cambiar. Antes de que
apareciese el concepto ONG la Iglesia hacía cooperación en las misiones.
Eso no lo puedo cambiar yo. No pretenderá decir que yo tengo afinidad
ideológica con el Opus Dei. Le aseguro que los miembros de la comisión
evaluadora de programas y de proyectos de las ONG son en su gran parte
los mismos que estaban antes. Usted lo puede comprobar con los técnicos.
Tengo el mismo Director de oficina de Planificación que tenía el anterior
Gobierno; actualmente existe la misma administración del programa de ONG
que estaba antes. Pregúntele usted quién ha sido sectario y cómo funcionó
la pasada comisión que hizo la resolución de la convocatoria ordinaria.
Pregunte qué es lo que pasó allí por parte de la presidencia de la
agencia. Yo no quiero entrar en este tipo de debates, pero, por favor, no
me acuse de sectarismo porque yo puedo seguir con muchos argumentos de
este tipo.
Sobre la armonización, disculpe, pero yo tampoco soy un administrativista
y quizá tenemos una sensibilidad a flor de piel. Podríamos decir
coordinación, porque siempre hay alguno que coordina y otros que son
coordinados. Se trataría de ponernos de acuerdo en una serie de cosas
mínimas: de objetivos, de papeles, de prioridades sectoriales, de
prioridades territoriales, entre comunidades autónomas, ayuntamientos,
estado y diputaciones provinciales, que también hacen cooperación, porque
son cuatro los niveles administrativos en España que están trabajando en
materia de cooperación. Se trataría de ponernos de acuerdo, y llámenlo
como se quieran: armonización, coordinación, puesta en común. Es una
cuestión de terminología. Le aseguro que yo no quiero imponer nada a
nadie y mi objetivo es que la cooperación sea de calidad, que
beneficiemos el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y
que la ayuda que llega al Tercer Mundo sea lo más racional posible.
Por último, sobre los plazos para el envío a la Cámara de la ley de
cooperación, ya lo anunció el portavoz del Gobierno y el calendario
legislativo ya se ha planteado ante las Cámaras. Mi intención --ya
estamos trabajando en ello-- es tener perfilado un proyecto de ley de
cooperación en este trimestre. Desconozco el tiempo que puede llevar su
tramitación parlamentaria. Quizá las discusiones sean amplias. Hay ONG
concretas que nos han hecho llegar sus proyectos, como Intermón; la
Coordinadora, por otro lado, nos ha enviado el suyo; tenemos el
anteproyecto de la anterior administración. Es decir, tenemos mucho
material y estamos trabajando sobre él. Lo que me gustaría es que fuese
una ley de consenso en beneficio de la cooperación, y que la cooperación
fuese una política de Estado, como bien ha dicho el portavoz del Grupo
Popular; una política de Estado compartida por todos los grupos como se
comparte la política exterior.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA A LA ADOPCION DE MEDIDAS DE APOYO AL COMERCIO JUSTO Y
SOLIDARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000046.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado. En
nombre de la Comisión, deseo agradecerle su presencia.
Antes de despedir al señor Secretario de Estado, procedería en este
momento, dado que el representante de Izquierda Unida y proponente no se
encuentra en la sala, a dar por decaída su proposición.
Por tanto, si a SS. SS. les parece, se levanta la sesión.
Eran las once y treinta minutos de la mañana.