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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 36, de 25/06/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 36
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENTE: DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 3
celebrada el martes, 25 de junio de 1996
ORDEN DEL DIA:
Elección de Secretario primero de la Mesa. (Número de expediente
041/000019) (Página 628)
Proposición no de ley sobre medidas para que los beneficiarios de
descuentos o bonificaciones en el importe de sus billetes de avión por
familia numerosa tengan, a la hora de viajar, los mismos derechos sea
cual sea su lugar de destino y el número de personas que viajen.
Presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 161/000024) (Página 628)
Contestación a las siguientes preguntas:
--Sobre modificación del convenio bilateral hispano-argentino en materia
de seguridad social, para que contemple la directa aplicación de la
correspondiente normativa española a los trabajadores españoles que
presten servicio en buques pertenecientes a sociedades mixtas, formulada
por el señor Vázquez Vázquez, don Guillerme, del Grupo Mixto. (Número de
expediente 181/000012) (Página 632)
--Sobre el volumen de inversión en que, en el capítulo de pensiones, se
verá reducido el presupuesto de la Seguridad Social en aplicación de la
recomendación número 9 del Pacto de Toledo, formulada por
el señor Vaquero del Pozo, del Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (Número de expediente 181/000040) (Página 633)
--Sobre reconsideración del Plan de Empleo Rural (PER), formulada por el
señor Pliego Cubero, del Grupo Socialista. (Número de expediente
181/000036) (Página 634)
--Sobre motivos por los que la Directora del Instituto de la Mujer ha
decidido suspender el Seminario Internacional «Políticas Públicas para la
Igualdad», organizado en el marco de la VI Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno prevista en Chile, formulada por la señora Rivadulla Gracia, del
Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 181/000041) (Página 637)
Se abre la sesión a las once y cuarenta minutos.
--ELECCION DEL SECRETARIO PRIMERO DE LA MESA. (Número de expediente
041/000019.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
El punto primero del orden del día es la elección del secretario primero
de la Mesa. Se ha recibido una comunicación del Presidente de la Cámara
con la renuncia al cargo de Secretaria Primera de esta Comisión de doña
Reyes Montseny Masip. En consecuencia, vamos a proceder a la elección de
la secretaria primera o, en su caso, secretario primero de la Mesa.
Por la señora Secretaria (Alvarez Gayol) se procede a dar lectura de la
lista de los miembros de la Comisión, presentes y sustituidos.
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente: 31
votos emitidos; 31 votos, doña Carmen Pardo Raga.
Queda elegida Secretaria Primera de la Comisión doña Carmen Pardo Raga, a
la que ruego se incorpore a la Mesa.
--PROPOSICION NO DE LEY SOBRE MEDIDAS PARA QUE LOS BENEFICIARIOS DE
DESCUENTOS O BONIFICACIONES EN EL IMPORTE DE SUS BILLETES DE AVION POR
FAMILIA NUMEROSA TENGAN, A LA ORA DE VIAJAR, LOS MISMOS DERECHOS SEA CUAL
SEA SU LUGAR DE DESTINO Y EL NUMERO DE PERSONAS QUE VIAJEN. PRESENTADA
POR EL G. P. IU-IC. (Número de expediente 161/000024.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es el debate y
votación de la proposición no de ley sobre medidas para que los
beneficiarios de descuentos o bonificaciones en el importe de sus
billetes de avión por familia numerosa tengan, a la hora de viajar, los
mismos derechos, sea cual sea su lugar de destino y el número de personas
que viajen, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su presentación y defensa tiene la
palabra don Ricardo Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, en nombre de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya vengo a defender esta proposición no de
ley que tiene como objetivo terminar con una situación que calificaría si
no de discriminatoria, por no entrar en disquisiciones jurídicas, sí de
peculiar. En esta situación, los titulares de familia numerosa,
residentes en las distintas islas, cuando viajan hacia la Península
tienen un régimen jurídico determinado en virtud del cual tienen derecho
a un 20 por ciento de descuento. Este es el régimen que se aplica con
carácter general a todos los titulares de familia numerosa. Sin embargo,
cuando estos ciudadanos y ciudadanas realizan viajes entre las distintas
islas de los archipiélagos, ese descuento sólo se practica en la medida
que viaje un número mínimo de tres miembros. Nos parece que ésta es una
situación extraña, que no tiene fundamentación objetiva, que es distinta
de la que se aplica con carácter general y que desconoce la realidad de
que los archipiélagos constituyen una unidad especial con frecuentes
viajes entre las islas, con frecuentes desplazamientos de familias
numerosas, y que esta limitación a un número mínimo de tres miembros para
que tengan derecho a ese descuento del 20 que se aplica con carácter
general no tiene razón de ser y se constituye, en definitiva, en un
impedimento en perjuicio de estas familias numerosas que lógica y
legalmente tienden a favorecerse.
En nuestra opinión, tanto por coherencia con ese espíritu legal, con ese
objetivo de proteger y favorecer a las familias numerosas, como por
atención a la realidad de un Estado autonómico en el que geográficamente
se encuentran unos archipiélagos con unas condiciones específicas que
deben ser objeto de un tratamiento adecuado, el contenido de la
proposición no de ley que hoy presentamos debe merecer la consideración y
el apoyo de SS. SS.
Quiero aprovechar esta primera intervención para poner de manifiesto que
la enmienda que ha sido presentada por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) nos parece
que coincide en el fondo con el contenido de nuestra proposición, porque
termina diciendo que se remita a la Ponencia que estudia la situación de
la familia para que se reconozca el derecho que nosotros postulamos. Por
tanto, el Grupo Catalán se muestra partidario del reconocimiento de este
derecho. En buena lógica, este acuerdo de fondo con el contenido de
nuestra proposición debería conducir no a enmendar la misma, sino a
apoyarla. Si es así, si en el fondo nuestra proposición merece el apoyo
del Grupo de Convergència i Unió, no debería restringirse el
reconocimiento de la misma, porque no planteamos, señoría, un trato
específico más favorable, sino que el trato genérico que se reconoce a
todos los titulares de familia numerosa termine con una situación
especial para los residentes en los archipiélagos. Por tanto, solicitamos
al Grupo de Convergència i Unió, aparte de agradecerle el contenido de
esta enmienda que han planteado, que en aras de ese acuerdo de fondo y
precisamente para hacer realidad la protección de las familias numerosas
y el contenido autonómico del Estado, que en buena parte compartimos,
apoye nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Como acaban de oír SS. SS., se ha presentado una
enmienda por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Para su
defensa tiene la palabra doña Mercè Amorós.
La señora AMOROS I SANS: Señor Presidente, señorías, intervengo en nombre
del Grupo Parlamentario Catalán para fundamentar la enmienda a la
proposición no de ley presentada en Comisión por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nuestra enmienda pretende exactamente que las medidas a adoptar para los
beneficiarios de los descuentos en los billetes de avión por familia
numerosa, residentes en el territorio insular, en sus desplazamientos
interinsulares, sean debatidos en el seno de la Ponencia creada para el
estudio de la problemática actual de la familia en España, puesto que si
bien la proposición no de ley en un principio es lógica y aceptable por
nuestro grupo, parece más adecuado debatirla en el marco más específico
de la Ponencia, que no olvidemos que ha sido creada en esta legislatura,
y ello porque la problemática que se apunta incide no sólo en el
transporte aéreo sino, con toda seguridad, en otros medios de transporte.
La problemática que se presenta no afecta únicamente a los residentes en
las islas y a sus desplazamientos interinsulares, sino que afecta también
al resto de las familias numerosas que residiendo en cualquier punto no
insular del ámbito geográfico del Estado español tienen miembros
desplazados, ya sea por razones de estudios, laborales o de salud.
Señorías, hoy en día el transporte aéreo no supone un lujo. Es ni más ni
menos que un medio de transporte al que deben tener acceso en condiciones
de descuento y bonificaciones todos los miembros de las familias
numerosas, sea cual fuere el lugar de destino o procedencia del
desplazamiento y el número de miembros que viaje.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán propone que se debata la
proposición no de ley, presentada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en el seno de la Ponencia para el estudio
de la situación de la familia en España, puesto que entendemos y
compartimos la iniciativa de solidaridad con todos aquellos ciudadanos
que tienen a su cargo una familia numerosa y son residentes en el
territorio insular, dada la problemática inherente de esta residencia,
pero creemos que bien puede ser extendido a todos aquellos ciudadanos con
las mismas cargas familiares del resto del Estado español.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran exponer su opinión sobre la
proposición no de ley?
Tiene la palabra don Blas Trujillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Señor Presidente, señorías, la iniciativa de
Izquierda Unida, tal y como ha manifestado su portavoz, lo que pretende
es extender las bonificaciones de los billetes aéreos a las familias
numerosas sin tener en cuenta el destino ni el número de miembros que
viaje. Ahora bien, conviene señalar que la exposición de motivos de la
iniciativa, incluso la intervención del señor Peralta ahora, parece
centrar su objetivo en atender las circunstancias que rodean al hecho
insular y conseguir fundamentalmente que estas limitaciones no se
apliquen a los viajes interinsulares. Dado este planteamiento, desde el
Grupo Parlamentario Socialista queremos dejar clara una cuestión en
relación con esta iniciativa.
Nosotros no entendemos esta medida como una propuesta para atender el
hecho insular, el cual es, obviamente, atendido por otro tipo de
política, sino que la circunscribimos a lo que viene a ser el desarrollo
del artículo 39 de la Constitución que mandata a los poderes públicos
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.
Estamos hablando de una serie de ayudas que fueron instauradas por una
normativa del año 1971 y que fueron modificadas, precisamente atendiendo
a ese mandato constitucional, por dos leyes: la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1987 y la Ley de acompañamiento a los
presupuestos generales del Estado para 1995. En el primero de los casos
se ampliaron los conceptos de familia numerosa y en el segundo se redujo
el número de miembros para obtener dicha calificación. Dado que, como
decimos, circunscribimos en este contexto la propuesta y dado que va en
la línea de las dos reformas legislativas que he señalado, el Grupo
Parlamentario Socialista va a apoyar la iniciativa de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Coalición
Canaria, don Paulino Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, estamos ante una situación de
cierta incongruencia porque, por una parte, en estos momentos se
contemplan, como bien dice la proposición no de ley, descuentos para
familias numerosas en los viajes que se puedan realizar entre los
archipiélagos y la Península, sin tener en cuenta el número de miembros
de la familia que viajen, y sin embargo se restringe esta ayuda cuando se
trata de la comunicación interinsular; es
decir, se restringe a que la bonificación solamente pueda llevarse a cabo
cuando viajen más de tres miembros de la familia.
Creo que si es necesario mantener una relación estrecha entre los
territorios más alejados de la Península con el resto de las comunidades,
en aras del fortalecimiento de la cohesión y la unidad del Estado, cuánto
más es necesario mantener también la unidad y la cohesión de los
territorios interinsulares. Desde luego, no les pasará por alto a SS. SS
los archipiélagos, donde no tenemos mucho para escoger entre los sistemas
de transporte, no tenemos ferrocarril, no podemos desplazarnos en coche,
en guagua ni en autobús, sino que sólo podemos trasladarnos por mar o por
aire, el problema se agudiza. Es cierto también --en la línea de lo que
se dice en la argumentación de la proposición no de ley-- que la
descentralización política y administrativa, fruto del Estado de las
autonomías, ha llevado a las islas mayores de los archipiélagos a jugar
un papel aún más hegemónico que el que venían desarrollando hasta la
instauración del Estado de las autonomías porque se han convertido en el
eje central político, administrativo y comercial de ambos archipiélagos.
Hay razones legales que amparan la propuesta, a nuestro entender. El REF,
en su artículo 6.3, dice que las administraciones velarán para que en lo
relacionado con el transporte se contemplen los costos derivados de la
doble insularidad. Es decir, no solamente los cotos que derivan de ser un
territorio alejado, como los archipiélagos, sino incluso la doble
insularidad de ambos archipiélagos, tanto el balear como el canario. En
Canarias estamos haciendo un esfuerzo importante para intentar eliminar
el aislamiento entre las islas. Es necesario buscar una continuidad de
nuestros territorios. Para eso tendremos que conseguir medidas que
posibiliten abaratar los costos de los transportes que sólo puedan
conseguir esta finalidad, que son, como antes decía, el marítimo y el
aéreo. Hay que tener en cuenta que ya los operadores estratégicos en el
transporte en el Estado español, Iberia y Trasmediterránea, cuando se
trata de traslados entre islas menores con respecto a la Península y hay
que pasar por las islas menores, es decir, por Tenerife o Gran Canaria,
no cobran la tarifa interinsular. Solamente se cobra el traslado entre la
isla mayor y la Península. Es decir, si ya de por sí existe una
sensibilidad de las empresas por la doble insularidad, cuánto más hay que
pedírsela al Estado y sobre todo cuando nos estamos refiriendo a familias
desfavorecidas, porque nos estamos refiriendo a familias con muchos más
problemas, como son las numerosas.
No estoy de acuerdo con una parte de la enmienda presentada por
Convergència i Unió. Me parece acertada en lo que se refiere a que lo
estudie la Ponencia creada para tratar temas de familia, pero en cuanto
se refiere al trato igualitario que deben tener los descuentos para
familias numerosas en territorio continuo, en territorio peninsular, en
comparación con el territorio ultraperiférico y alejado. En ese sentido
es aceptable que el acuerdo de esta Comisión pase a la Ponencia sobre la
familia. En cualquier caso, la posición de Coalición Canaria en este
punto será apoyar la proposición no de ley presentada por Izquierda
Unida.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, doña María Jesús Sainz García.
La señora SAINZ GARCIA: Tomo la palabra para fijar la posición de mi
grupo en relación con esta proposición no de ley. Me parece oportuno y
necesario señalar que el tema es importante, pues hace referencia a
posibles bonificaciones o ayudas a familias numerosas. Señorías, conviene
recordar que durante los últimos años de gobierno socialista
lamentablemente no ha habido política familiar, y ello a pesar de que la
familia es la institución que más valoran los españoles, como saben
perfectamente SS. SS., y la que más valoran los españoles con razón. Por
ello debería haber merecido la prioridad del Gobierno en sus
planteamientos de tipo social y solidario, porque es precisamente la
familia --y de ello deriva la valoración de los españoles hacia esta
institución-- quien, de verdad, ha ejercido durante estos últimos años la
solidaridad. Muchas veces ha recordado nuestro grupo que las familias en
España, lamentablemente, han servido de colchón a un buen número de
jóvenes que están en paro, acogiendo a mayores que no tenían las
prestaciones económicas suficientes ni las posibilidades de ser autónomos
y cumpliendo importantes funciones sociales y asistenciales en general.
En esta línea precisamente nuestro grupo solicitó reiteradas veces que se
tomasen medidas solidarias y que se elaborara un programa integral de
apoyo a la familia en el que deberían combinarse medidas de tipo fiscal,
de protección social y jurídicas, ya que en relación con este último
punto hay que señalar que la normativa existente en materia de familia
necesita reformas legislativas que, aunque relativas a diferentes áreas,
deben responder a un mismo hilo, es decir, al marco de una política
general, integral, de familia coherente y consecuente con la realidad
social de la familia; una política que de alguna manera vaya sentando las
bases de esa sociedad moderna y solidaria y que apoye al agente de
solidaridad que es por encima de todo, como decía al principio de mi
intervención, la familia en España.
Pues bien, nuestro grupo considera que hemos perdido una gran ocasión en
1994, que fue el Año Internacional de la Familia, pero de él nos ha
quedado algo. Nos ha quedado, señorías, una ponencia cuyos trabajos no
concluyeron en la pasada legislatura y que en la actual todos los grupos
estuvimos de acuerdo en retomar. Nuestro grupo piensa que es en ese marco
donde hoy deben estudiarse todas las propuestas relativas a mejorar las
condiciones de vida de las familias. Recordemos que entre las propuestas
parlamentarias que instó el Grupo Popular estaba la modificación y la
actualización de la Ley 25/1971, de protección a la familia numerosa, a
la que el portavoz del Grupo Socialista ha hecho referencia. Y lo
hacíamos para adecuarla a las necesidades y a la realidad actual. Pero
hubo una tardía ley, la Ley 42 del año 1994, de 30 de diciembre, y
todavía el más tardío desarrollo en el Real Decreto de 1995, de 3 de
noviembre, que fueron nada más que un parcheo, señorías, que sólo recogió
lo que nuestro grupo había solicitado tantas veces, la declaración de
familia numerosa a partir del tercer hijo, cosa obvia en la realidad
social actual,
pero no se contempló la actualización de una serie de medidas de ayuda y
de tipo social como era la intención de nuestro grupo. Pues bien, nuestro
grupo sigue pensando que es necesario actualizar la Ley, del año 1971, de
protección a la familia numerosa, prácticamente vigente en todos sus
términos a excepción de esas modificaciones que contempló la Ley de 1994.
Por ello, seguimos reiterando la necesidad de otorgar a la normativa
sobre la familia numerosa de un contenido real y de plenos efectos en
cumplimiento de lo recogido, como acertadamente dijo el portavoz del
Grupo Socialista, el mandato constitucional. Por tanto, éste es el marco
sobre el que debemos de trabajar desde esta Cámara.
También creemos que es necesario modificar la política fiscal actual para
corregir lo que pensamos que en ocasiones más que favorecer casi penaliza
a la familia. De hecho, en alguna intervención tuve el honor de defender
en nombre de mi grupo, por ejemplo, las becas en relación con el número
de familias numerosas, que, por cierto, el Gobierno sensiblemente y dando
la razón al Grupo Popular modificó en algunos extremos pero no de manera
suficiente. En consecuencia, creemos que hay que incorporar fórmulas que
contemplen las cargas familiares, el número de hijos por familia y la
atención a los descendientes, a los mayores, etc. Todo ello tiene un
marco de trabajo en estos momentos, y es la reiterada Ponencia de
familia. Por ello pensamos que es necesario y que sería importante que
SS. SS. apoyasen la propuesta hecha hoy aquí por el Grupo de Convergència
i Unió, pues parece lógico que entre los beneficiarios de descuentos o
bonificaciones en el importe de los billetes de avión o, como ya se ha
dicho por la proponente de la enmienda, también de cualquier otro medio
de transporte, se tenga en cuenta a las familias numerosas y que éstas
tengan los mismos derechos con independencia de cuál sea el lugar de
destino y del número de personas que viajen. Efectivamente, señorías, la
realidad insular debe ser contemplada y nunca debe ser objeto de
discriminación ni mucho menos. Se plantea una cierta indefinición. Por
ejemplo, en las consideraciones de Izquierda Unida se hace referencia
simplemente a los viajes interinsulares. Sin embargo, después el
planteamiento es genérico y hace referencia a que no exista esa
discriminación sea cual sea su lugar de destino y el número de personas
que viajen. De alguna manera la enmienda de Convergència i Unió recoge
ese espíritu. Es decir, creemos que hay que defender la circunstancia de
la interinsularidad y, por tanto, también la insularidad. Hay unas
circunstancias especiales, pero consideramos necesario tener en cuenta la
realidad de muchas familias que viven en extremos de nuestra Península y
que por necesidades de trabajo, de estudios, etcétera, también tienen que
sufrir ese desplazamiento. Por tanto, creemos que debe remitirse esa
propuesta al marco de la Ponencia creada.
Por otro lado, yo quería hacer una llamada de atención. Es necesario
estudiarlo, es necesario verlo con detenimiento porque, señorías, tampoco
podemos obviar que a raíz de la liberalización del transporte surgen
normativas que de alguna manera pueden chocar con las propuestas que de
forma genérica se contemplan en esta proposición no de ley. En este
sentido, es preciso recordar los reglamentos que existen del Consejo de
la Unión Europea del año 1992 y la Orden Ministerial de Obras Públicas y
Transportes de 1992 por la que se regula la autorización de servicios
aéreos intracomunitarios y el tratamiento de sus tarifas.
Termino, señorías, diciendo que consideramos importante el tema que se
aborda, necesario en enmarcarlo en la ponencia de familia y por tanto,
aceptaríamos la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), pero eso es lo único que en este momento nuestro grupo podría
apoyar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del grupo
proponente para pronunciarse respecto a la enmienda.
El señor PERALTA ORTEGA: Tanto el grupo enmendante como el grupo que ha
anunciado su conformidad con esa enmienda, el Grupo Popular, sostienen
que comparte el espíritu de nuestra proposición no de ley.
Señorías, los titulares de familia numerosa que se verían beneficiados
por la aprobación de nuestra proposición ya están hartos de espíritu,
porque hay una ley que tiene el espíritu y la finalidad de proteger a las
familias numerosas, que establece un tratamiento específico distinto del
general y que, sin embargo, a ellos no les da solución a este problema.
Por tanto, señorías, lo que procede en este momento, sin perjuicio de que
esa ponencia de la familia --no de la familia numerosa, sino de la
familia-- trabaje, contemple muchísimos más problemas e incluso en
relación con este tema pueda establecer un tratamiento más preciso, más
adecuado, es que hoy, ya, puesto que todos los grupos manifestamos que en
el fondo estamos de acuerdo, no prevalezcan cuestiones de forma y que
algunas ciudadanas y ciudadanos de nuestro país no saquen la impresión de
que grupos que hablan mucho de la familia sólo se limitan a eso, a hablar
de la familia. Ahora todos tenemos ocasión de hacer realidad una mejora
concreta que les equipare en el tratamiento general y que termine con una
situación que claramente les perjudica.
Por tanto, lamento decir que no aceptamos esa enmienda, agradecería a los
enmendantes esa voluntad y, en aras a esa conformidad de fondo, les
pediría que votaran a favor de nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Se va a proceder a la votación, en primer lugar, de
la enmienda, al no ser aceptada por el grupo proponente, según establece
el Reglamento.
El señor PERALTA ORTEGA: En estos momento no tengo el Reglamento a mano,
pero mi experiencia en esta Comisión es que si el grupo que plantea la
iniciativa no acepta la enmienda, ésta no se somete a votación, para
evitar que la iniciativa de un grupo quede radicalmente alterada por la
enmienda que se pudiera plantear durante la tramitación, de tal modo,
señor Presidente, que nos podríamos encontrar con que el resultado final
fuera absolutamente contrario al del grupo que ha tomado la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Gracias por la aclaración, que efectivamente
coincide con el tenor del artículo 195 del Reglamento.
Como no ha sido aceptada la enmienda por el proponente, se somete a
votación la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 20; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
--SOBRE MODIFICACION DEL CONVENIO BILATERAL HISPANO-ARGENTINO EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA QUE CONTEMPLE LA DIRECTA APLICACION DE LA
CORRESPONDIENTE NORMATIVA ESPAÑOLA A LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES QUE
PRESTEN SERVICIO EN BUQUES PERTENECIENTES A SOCIEDADES MIXTAS, FORMULADA
POR EL SEÑOR VAZQUEZ VAZQUEZ, DEL GRUPO MIXTO. (Número de expediente
181/000012.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día: preguntas. Hay
dos que se formulan al Secretario de Estado de la Seguridad Social, don
Juan Carlos Aparicio, al que rogamos tome asiento en la Mesa.
Tiene la palabra, para formular la pregunta sobre modificación del
convenio bilateral hispano-argentino en materia de Seguridad Social, el
Diputado don Guillerme Vázquez, del Grupo Mixto.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señorías, como ustedes saben,
se están constituyendo empresas pesqueras mixtas hispano-argentinas al
amparo del Reglamento de la Comunidad Europea 3477/93. Hasta hace poco
los tripulantes españoles de estos barcos exportados para constituir este
tipo de empresas cotizaban a la Seguridad Social española, igual que
cuando el barco tenía pabellón español. Esta fórmula de cotización, por
cierto, es aceptada por la mayoría de la parte empresarial y por la
representación sindical.
Desde hace cierto tiempo una empresa en concreto está aplicando a sus
trabajadores el convenio bilateral en materia de Seguridad Social entre
España y Argentina de 28 de mayo de 1966, y esto conlleva que, dadas las
diferencias sociales entre ambos países, estos trabajadores españoles
vean mermados sus derechos en esta materia de forma muy importante,
corriendo el riesgo cierto de convertirlos de hecho en trabajadores
tercermundistas. Si esta situación no se modifica estos trabajadores,
como es obvio, se verán afectados en sus pensiones de jubilación o de
viudedad, en indemnización por accidente o por enfermedad, etcétera. El
convenio actual hispano-argentino resulta, por tanto, al aplicarse,
claramente perjudicial para los trabajadores españoles.
El Ministerio de Trabajo, en respuesta a distintas asociaciones, comparte
la preocupación por este asunto y en la actualidad, al parecer, se está
elaborando un nuevo proyecto de convenio bilateral donde se contempla la
aplicación de la normativa española de Seguridad Social a este tipo de
trabajadores que prestan servicios en barcos de empresas mixtas. El
problema es que se desconoce cuándo se va a firmar y a entrar en vigor
ese nuevo convenio, de ser aceptado por ambas partes y, en todo caso,
esto podría prolongar la situación de estos trabajadores.
Desde nuestro punto de vista nos interesaría que el Secretario de Estado
de la Seguridad Social contestara qué previsiones tiene respecto a la
entrada en vigor de ese nuevo convenio. En todo caso, también sería
interesante ver si hay algún tipo de medida oficial que solucione
provisionalmente esta situación.
Por tanto, la pregunta que formulamos es la que figura escrita y se
refiere a qué iniciativa se piensa adoptar para modificar el actual
convenio bilateral en materia de Seguridad Social, de manera que
contemple la directa aplicación de la normativa española en esta materia
a los trabajadores españoles que presten servicio en buques
pertenecientes a sociedades mixtas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado, señor
Aparicio.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Señoría, como bien señalaba, es un problema que ya va teniendo cierta
duración en el tiempo y que lógicamente ha movido y mueve a nuestro
departamento y a esta Secretaría de Estado a iniciar actuaciones.
Se trata fundamentalmente, en una fase de carácter provisional, de
intentar que sea de aplicación el acuerdo vigente, que es el acuerdo del
año 1979, pero que sin duda alguna, al ser modificada sustancialmente la
figura jurídica de las empresas que operan en la pesquería al haber sido
inicialmente empresas pesqueras conjuntas y ser actualmente empresas
mixtas con la propia normativa y reglamentación europea, se está
intentando, para solucionar provisionalmente el problema, que sea de
aplicación el antiguo acuerdo y efectivamente se están dando ya los pasos
necesarios para negociar un nuevo convenio que contemple las nuevas
formas jurídicas de las empresas de pesca hispano-argentinas y, por otro
lado, reconozca lo que han sido evidentes transformaciones en el sistema
de Seguridad Social argentino. Por parte del departamento se ha reiterado
un escrito solicitando en este caso a mi homólogo argentino el máximo
impulso y la máxima celeridad en la medida de carácter provisional y
también el máximo impulso en la negociación de un nuevo convenio.
Darle fechas, si fuese una cuestión que dependiese exclusivamente de la
voluntad del Gobierno español, sería obligado. Siendo una cuestión sujeta
lógicamente a las relaciones internacionales y en la que tan importante
como la voluntad española sería la voluntad argentina, estamos haciendo
lo que creemos puede hacerse: recabar esa opinión, pedir e impulsar la
aplicación provisional del antiguo acuerdo para no crear lagunas o vacíos
de asistencia social y tratar de que el nuevo convenio que recoja, de un
lado las modificaciones habidas en el sistema de Seguridad Social
argentino y, de otro lado la nueva personalidad jurídica de las empresas,
esté cuanto antes.
Siento sinceramente, y lo digo con la experiencia de haber sido
parlamentario, no poder concretarle más sobre esa fecha, pero, insisto,
no es una cuestión unilateral o de única voluntad del Estado español.
El señor PRESIDENTE: Si el señor Vázquez quiere, puede hacer uso de la
palabra.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor Presidente, brevemente,
porque yo no voy a poner a discusión la voluntad del Ministerio en ese
sentido, está claro; supongo que lo intentarán.
El problema está en que a mí sólo me cabe estimularle a que siga haciendo
gestiones y que no se quede en un asunto de «burocracia» --entre
comillas--, que se manda un escrito y luego uno no se vuelve a acordar.
Lo digo porque, como usted comprenderá, abre una nueva vía, y puede
desencadenar que otras empresas empiecen a hacer lo mismo, con lo cual
abrimos una vía muy peligrosa. Quiero decirle también que la situación
tampoco se puede prolongar indefinidamente en el tiempo.
Por tanto, a mí me cabe pedirle que impulse este tipo de gestiones y,
desde nuestro punto de vista, obviamente, estar vigilantes sobre los
resultados que se consigan.
El señor PRESIDENTE: El señor Aparicio tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Señor Presidente, le diré, brevemente, que escasamente a los diez días de
tomar posesión del cargo de Secretario de Estado, el día 7 de junio, me
dirigí rogando no sólo información sino impulso político al Gobierno
argentino respecto a esta materia. Creo que dentro de los calendarios que
hemos podido manejar se ha tratado de actuar con la máxima celeridad y,
desde luego, compartimos plenamente la preocupación que manifiesta S. S.
hacia este grupo de trabajadores españoles.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
--SOBRE VOLUMEN DE INVERSION EN QUE, EN EL CAPITULO DE PENSIONES, SE VERA
REDUCIDO EL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN APLICACION DE LA
RECOMENDACION NUMERO 9 DEL PACTO DE TOLEDO, FORMULADA POR EL SEÑOR
VAQUERO DEL POZO, DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 181/000040.)
El señor PRESIDENTE: Con el fin de agrupar por materias de competencia de
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a continuación tiene la
palabra, para formular la pregunta sobre volumen de inversión en que, en
el capítulo de pensiones, se verá reducido el Presupuesto de la Seguridad
Social en aplicación de la recomendación número 9 del Pacto de Toledo, el
señor Vaquero del Pozo, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
El señor VAQUERO DEL POZO: La aplicación de la recomendación número 9 del
Pacto de Toledo, en el sentido de ampliar cada año un año más hasta pasar
de 8 a 15 años de cómputo para el cálculo de las pensiones, por ejemplo,
¿qué reducción porcentual de cada pensión significará durante cada uno de
los años en que se vaya ampliando el período de cómputo y, en total,
desde el período de cómputo de 8 a 15 años, si comparamos lo que el
pensionista cobraría antes y después de aplicarse la medida?
Esa misma medida, ¿en qué volumen de inversión, en el capítulo de
prestaciones de pensiones, se verá reducido el Presupuesto de la
Seguridad Social cada año, durante los siete años en que se vaya
gradualmente aplicando la medida y en total y, en su caso, respecto a los
Presupuestos Generales del Estado?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Secretario de Estado de la
Seguridad Social, señor Aparicio.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Señor Presidente, señoría, la recomendación número 9 del Pacto de Toledo
nos habla, inequívocamente, de reforzar la contributividad y el carácter
de equidad del sistema. En modo alguno plantea, ni estoy seguro fue la
voluntad de los grupos firmantes del Pacto de Toledo, un carácter de
reducción en ningún objetivo prioritario ni colateral. Indudablemente, el
ánimo que guía en este momento al Gobierno, y estoy seguro que a la
mayoría de los grupos parlamentarios, es precisamente reforzar el
carácter contributivo y reforzar la equidad.
Mecánicamente esto sólo sería posible por la ampliación de los plazos
tomados en consideración para el cómputo de una pensión; pero, insisto,
eso ya nos lleva a una casuística enormemente diferenciada. Usted puede
citar casos en los que prevea algún tipo de limitaciones en cuanto a
expectativas. No es el caso de aquellas personas que, en sus últimos
años, en los años que actualmente son tenidos únicamente en cuenta para
determinación de la pensión, han tenido la cotización por bases mínimas,
dado la desgraciadamente más frecuente circunstancia del paro para
personas de mayor edad e incluso de larga duración, o no sería el caso de
aquellas personas que en sus primeros años o en años anteriores, ajenos a
los que actualmente se consideran, han tenido esfuerzos contributivos
importantes. Es dificilísimo, en consecuencia, no sólo cuantificar
aquello que no se marca como objetivo en modo alguno en el Pacto de
Toledo ni en el ánimo del Gobierno, estoy seguro que tampoco en los
grupos parlamentarios y, desde luego, desde la enorme casuística que se
podría generar. Dado que no es objetivo, no se ha llegado a esa
cuantificación
que usted prevé y, si me permite, naturalmente con el mejor ánimo, es
difícil entender esta correlación que usted hace entre inversiones y
pensiones. Yo, tradicionalmente, estoy acostumbrado a manejar las
pensiones en el Capítulo 4, esto es en el capítulo de transferencias, no
en el Capítulo 6, que parece es el que afectaría a las inversiones.
Admítalo simplemente como un pequeño desahogo técnico.
Finalmente, en esta materia, como en el resto de las recomendaciones,
nuestro ánimo no es cerrar quizás con la precisión con que usted ha
cerrado una posición. Se ha manejado la posibilidad, indudablemente, de
que esa elevación en el período de cálculo que, insisto, es el único
mecanismo que parece lógico y adecuado a esa mayor contributividad, se
pudiera hacer con gradualidad. Yo no he llegado en ningún momento a
precisarlo en los términos que usted lo ha hecho, entre otras cosas
porque si queremos acudir al diálogo con los agentes sociales o con las
restantes fuerzas políticas, creo que no hay que prefijar tan
cerradamente la posición que usted ha marcado, en este caso, del
Gobierno, que para mí no deja de ser una de las posibilidades, pero que
no aparece como definitivamente cerrada a fecha de hoy.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero del Pozo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Secretario de Estado, le agradezco el
desahogo, que es una precisión técnica, y la acepto, por supuesto; pero
no me siento contestado a la pregunta, porque, en cualquier caso, y
precisamente en función de que la voluntad de los grupos políticos
suscriptores del Pacto de Toledo no era reducir, es por lo que conviene
cuantificar, a ser posible, qué significan las medidas contempladas en
dicho pacto o las recomendaciones que establece el pacto. Entiendo que,
sin duda alguna, es difícil hacerlo, pero agrupando quizás por segmentos
la casuística que se pueda desarrollar, podría realizarse ese trabajo, a
efectos de poder tener una base mayor para poder decidir efectivamente
cuál va a ser la posición de cada grupo político, dentro de lo que vamos
a tener ahora como más actual, que es el desarrollo de dicho pacto y, a
ser posible, en función del máximo consenso de la Cámara.
En este sentido, yo no me siento respondido con su intervención, y
lamento que esto sea así, porque, sin duda alguna, esta falta de
respuesta concreta no favorece el desarrollo del Pacto de Toledo. En
cualquier caso, intentaremos suplir con buena voluntad el defecto de
información.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, ¿quiere añadir algo?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Aparicio Pérez):
Señor Presidente, muy brevemente, quiero decir que los elementos de
juicio que tuvieron los grupos parlamentarios cuando hubieron de formular
los trabajos y recomendaciones, denominadas Pacto de Toledo están a su
disposición, algunos trabajos que podrían conducir al fin que usted
persigue, y lo digo, están a disposición de S. S. y de la Cámara, porque
forman parte ya de las acciones materializadas por la propia Cámara de lo
que serían estimaciones y proyecciones de la aplicación de alguna de las
recomendaciones. Luego, difícilmente puede aportarse algo que ya ha sido
aportado.
En segundo lugar, hablaba usted de la dificultad o facilidad de consenso.
Créame si le digo que espero que ningún aspecto formal sea el argumento
para acometer el fondo de la cuestión, y el fondo de la cuestión es dar
un cumplimiento cabal, global, lo más amplio posible y lo más sensato
posible a esas recomendaciones, sobre todo transcurrido ya más de un año
desde su aprobación por el Pleno de la Cámara. Le puedo decir también
que, por parte del Gobierno, ése es el ánimo: no tratar de anteponer
ningún aspecto formal a cuestiones que yo creo son mucho más importantes,
como es esa cuestión de fondo.
Finalmente, soy consciente de que, tal vez para usted --y es lógico--
haya una visión reduccionista. Le puedo asegurar que no es ése el
objetivo y le puedo asegurar también que, dentro de las casuísticas,
estaríamos cumpliendo con el principio de equidad, esto es, mejorando
situaciones que abiertamente son injustas a fecha de hoy.
El señor PRESIDENTE: Señor Aparicio, le agradecemos su presencia en esta
Comisión.
--SOBRE RECONSIDERACION DEL PLAN DE EMPLEO RURAL (PER), FORMULADA POR EL
SEÑOR PLIEGO CUBERO, DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número expediente
181/000036.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, quedan dos preguntas relativas a la
Secretaría de Estado de Empleo.
Damos la bienvenida al Secretario de Estado de Empleo, don Manuel
Pimentel, y pasamos a formular la pregunta sobre reconsideración del Plan
de Empleo Rural, del Diputado señor Pliego Cubero, del Grupo Socialista,
que tiene la palabra.
La señora CALLEJA DE PABLO: Por ausencia del Diputado don José Pliego,
voy a formular yo la pregunta, si no hay inconveniente, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Ninguno, señora Diputada. Tiene la palabra.
La señora CALLEJA DE PABLO: En primer lugar, quiero sumarme a la
bienvenida que el Presidente ha dado al Secretario de Estado y desearle
suerte en su gestión por el bien de los intereses generales.
Paso a formular la pregunta que, como habrá podido comprobar, tiene una
redacción muy genérica y es la de si piensa reconsiderar el Ministro de
Trabajo el Plan de Empleo Rural.
Si me lo permite, la pregunta está formulada en ese tono genérico
precisamente para que tenga un mayor confort en la respuesta, pero me
gustaría añadirle alguna precisión.
Muy brevemente, se concretaría en las siguientes preguntas: ¿Son ustedes
partidarios de mantener el subsidio
agrario? ¿Son ustedes partidarios de mantener los convenios en
Corporaciones Locales? ¿Son partidarios de mantener los acuerdos de 1994
con los agentes sociales? ¿Son partidarios de mantener el Plan de
Formación Ocupacional? Finalmente, ¿son ustedes partidarios de seguir con
las escuelas-taller y casas de oficio en el medio rural?
Como bien podrá comprobar el Secretario de Estado son diversos aspectos
de lo que genéricamente se conoce como Plan de Empleo Rural.
Muchas gracias. (El señor Hernando Fraile pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, para una cuestión de orden.
Los grupos parlamentarios tienen posibilidad de formular distintas
preguntas orales en esta Comisión que han de seguir el trámite habitual.
Creo que la portavoz del Grupo Socialista ha utilizado una pregunta para
formular seis --me parece que he contado-- y, por tanto, ha desvirtuado
el trámite parlamentario de preguntas orales en Comisión.
Creo y entiendo que el señor Secretario general, si así lo estima
oportuno también el Presidente, no está obligado a contestar estas nuevas
preguntas que ha formulado. El propio Presidente convendrá conmigo en que
lo lógico es que recomiende a la portavoz del Grupo Socialista que
formule convenientemente, y tal como contempla el Reglamento, estas
preguntas que ha formulado de forma oral.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
De todas maneras usted comprenderá que cuando la pregunta dice,
reconsideración del Plan de Empleo Rural, hay que venir preparado para
todo (Risas.), porque el Plan de Empleo Rural tiene aspectos concretos.
El Secretario de Estado podrá responder o no a las preguntas concretas,
dentro de esa reconsideración que ha formulado hoy en su intervención la
representante del Grupo Socialista, en función de si efectivamente son
muy ajenas a la esencia de esa posible reconsideración del Plan de Empleo
Rural a que hizo referencia el propio Ministro don Javier Arenas en su
comparecencia del otro día.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, lamento discrepar con S. S.
en este aspecto. Me parece que tenemos un Reglamento que contempla
precisamente la posibilidad de formular preguntas orales; además dichas
preguntas son calificadas por la Mesa.
Estoy de acuerdo con usted en que la pregunta es suficientemente amplia
como para que el Secretario de Estado responda, matice o se posicione
respecto de distintos asuntos relacionados con el PER, pero en ningún
caso para que se utilice este turno de una pregunta concreta para
formular y realizar seis o siete muy concretas sobre aspectos puntuales.
Es decir, si esta costumbre se agudiza y se practica habitualmente en
ésta o en otras comisiones, nos encontraremos con que será el método
habitual para introducir preguntas que no constan en el orden del día y
poner en evidencia lo que, a mi juicio, es un fraude del Reglamento, y
así tengo que manifestarlo, señor Presidente, lamentándolo mucho.
La señora CALLEJA DE PABLO: Señor Presidente, si me permite, por
alusiones querría contestar, si el Presidente lo considera oportuno.
El señor PRESIDENTE: Una cuestión de orden no creo que dé lugar a
alusiones.
En cuanto a la interpretación del artículo 188, efectivamente dice que
cuando se presenta la respuesta oral ante el Pleno y por analogía ante
comisión, pues no hay disposición específica en cuanto al tiempo de los
intervinientes distinta a la del Pleno, el escrito no podrá contener más
que la escueta y estricta formulación de una sola cuestión, interrogando
sobre un hecho; se está refiriendo al escrito sobre si el Gobierno ha
tomado o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto.
De ahí a interpretar que en el escrito deban ir todas las subpreguntas, y
con el antecedente que uno ha vivido como preguntado en la anterior
legislatura y la interpretación que hacía el anterior Presidente de la
Cámara, habitualmente los representantes del Gobierno respondían a las
preguntas a pesar de que tenían un carácter muy general.
Puedo contar la experiencia propia y no vamos a entrar aquí en un
recorrido histórico de la anterior legislatura. Simplemente en mi
situación como Ministro de Educación y Ciencia y como Ministro de
Administraciones Públicas, especialmente como Ministro de Educación, tuve
que ser sometido a la amplitud interpretativa del Presidente de la Cámara
y, en base a esa experiencia, la traslado aquí, que, además, me parece
que tampoco debemos utilizar el Reglamento de una manera muy formalista,
limitando las posibilidades de expresión de un miembro de cualquier grupo
parlamentario en esta Comisión.
En consecuencia, doy la palabra al Secretario de Estado para que
responda, en los términos que considere oportuno, la pregunta formulada.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señorías, en
primer lugar, un mero apunte formal, si me lo permiten. En varias
ocasiones intervinientes anteriores me han elevado de rango a la
categoría de Secretario de Estado. No lo soy; soy Secretario General.
Supongo que lo han hecho recogiendo la importancia que tiene el asunto
del empleo en el debate social.
Espero poder dejar este interesante cruce de opiniones acerca de la
oportunidad de la pregunta. Creo que la respuesta global que voy a dar va
a satisfacer el conjunto de su pregunta.
Hay una a la que sí puedo responder con total nitidez. El Gobierno piensa
mantener lo que es el flujo financiero en su globalidad, que supone
actualmente el subsidio agrario de desempleo.
El Ministro de Trabajo en su intervención en el Pleno del Congreso de los
Diputados dijo que se va a iniciar el día 26 un proceso de negociación
con los sindicatos que
va a tender a la mejora y modernización del conjunto de sistemas de apoyo
al mundo rural, que ha venido llamándose como el conjunto de medidas PER
y que, como S. S. muy bien sabe, engloba también el REA y otros aspectos
de la formación. ¿Qué quiere decir eso? Por una parte, vamos a mantener
el flujo financiero del conjunto de estas medidas. Por otra parte, vamos
a iniciar un proceso de mejora y modernización en diálogo con los agentes
sociales.
¿Cómo vamos a articular este diálogo? Fruto de este diálogo además
saldrán las políticas que mantenemos, las que modernizamos y mejoramos.
Yo podría decirle que algunas de las que usted ha enumerado se van a
mantener, pero el Gobierno quizá condicionaría una Mesa en exceso si yo
ya le digo qué vamos a mantener o qué queremos mejorar.
Queremos entrar con la coherencia y el rigor con que pretendemos hacer
todas las actuaciones de este Gobierno en una Mesa de forma franca y
sincera y, por tanto, sin demasiadas hipotecas previas para las personas
que van a negociar.
¿Cómo vamos a articular este diálogo que creo es interesante? Va a haber
dos mesas bipartitas, una con sindicatos y otra con empresarios, y vamos
a abrir --esto sí es una novedad dentro de las negociaciones anteriores
del PER-- no una negociación exactamente en el estricto sentido de la
palabra, pero sí vamos a oír y a informar a las Juntas de Andalucía y
Extremadura, que creo tienen mucho que aportar como idea y como
experiencia porque les afecta territorialmente de forma muy intensa;
vamos a hablar también con la FEMP (Federación de Municipios y
Provincias) que son otros agentes; vamos a entrevistarnos con los grupos
parlamentarios en los Parlamentos de Andalucía y Extremadura, también
queremos recabar su opinión; con otros sindicatos agrarios y con, lo que
es muy importante, los artífices de los PDR (Planes de Desarrollo Rural)
de las dos comunidades, porque entendemos que el conjunto de medidas PER
no debe ser un conjunto aislado que incide unilateralmente en el mundo
rural, sino que tenemos que articularlo con el conjunto de medidas y de
políticas que influyen en ese mundo.
Por tanto, vamos a iniciar la mejora y modernización negociada con todos
los agentes, y más que medidas concretas, que no se las puedo responder
porque no entraríamos en una negociación con todas las cartas encima de
la mesa, sí le digo, sin embargo, las filosofías que nosotros vamos a
procurar que inspiren todo este proceso de mejora y modernización.
En primer lugar, queremos vincular este instrumento con las políticas
activas de creación de empleo y formación profesional; queremos
vincularlo, para dotarlos de mayor eficacia con el conjunto de políticas
que inciden en el mundo rural y que actualmente cada una va por su lado;
le he hablado de los PDR y le podría hablar del Fondo Social Europeo o
del objetivo 5000.
Queremos dignificar el PER porque determinados aspectos, que de todos son
conocidos, como clientelismo político o fraude, han estado en los
periódicos con mayor o menor fortuna, con mayor o menor razón. Entre
todos tenemos que dignificar este instrumento que es poderoso, que igual
que algunas disfunciones, ha tenido muchos elementos positivos. Creemos
que hay que dignificarlo y que el resto de España, es decir, las zonas de
España donde no se aplica, comprendan también ese instrumento de
solidaridad con el mundo rural más necesitado.
Por último, queremos disminuir en lo posible la politización de su
gestión y simplificar los trámites burocráticos. La última filosofía es
mantener el fondo financiero, y queremos conseguir con esta modernización
que Extremadura y Andalucía no tengan tan sólo un instrumento financiero
que permita una redistribución y un reequilibrio de renta agraria, que ha
sido bueno; que no haya tan sólo un sistema de mejora de los servicios en
los ámbitos rurales, que ha sido bueno; sino, sobre todo, que sirva para
crear empleo en estas zonas rurales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la Diputada doña María del Carmen
Calleja.
La señora CALLEJA DE PABLO: En primer lugar, quiero dar las gracias al
Secretario General de Empleo por su respuesta. Coincido con él en que tal
vez la importancia del empleo hubiera hecho necesario que su rango fuera
de Secretario de Estado; hubiera sido conveniente. En segundo lugar, al
oír su respuesta, me reitero en la calificación que hubiera hecho si
hubiera procedido mi réplica en la intervención por una cuestión de orden
el señor Hernando en el sentido de que era un incidente superfluo.
Seguramente mi colega, el Diputado señor Hernando, es buen conocedor del
Reglamento pero no del PER porque, efectivamente, las preguntas en que
concretaba la genérica que se ha formulado por escrito eran de necesaria
referencia en la respuesta del Secretario General porque son distintos
componentes o integrantes de lo que se conoce como PER. De todas maneras,
me adhiero a su fervor por el obsequio, por el Reglamento y, por tanto,
la hubiera retirado, señor Presidente, si hubiera dado lugar, sobre todo
para no incurrir en algo tan grave, como ha dicho el señor Hernando, en
fraude del Reglamento. En relación a la respuesta concreta a distintos
integrantes del Plan de Empleo Rural que ha hecho el Secretario General,
tengo que decirle que, efectivamente, valoro el hincapié que ha hecho en
el método del diálogo y en ese sentido acepto lo que él ha manifestado
como que no quiere incurrir en hipoteca previa, avanzando propuestas
concretas en relación a los distintos elementos que integran este asunto.
Sí quiero muy brevemente decirle que, como él seguramente sabe por su
procedencia geográfica, existe una enorme preocupación en Andalucía y en
Extremadura, por declaraciones que ha hecho sobre todo el señor Ministro,
en relación a algunos aspectos que el Secretario General también ha
tocado de pasada, y es lo que él ha llamado la dignificación del PER o la
despolitización de su gestión.
La verdad es que la preocupación que existe en Andalucía y en Extremadura
entiendo que no es tanto por las propuestas concretas, que no se han
hecho todavía por
parte del Gobierno ni cuando el Grupo Popular ejercía la oposición, sino
por lo que se calla.
Quiero, decirle finalmente, que en la línea de seguir mejorando el Plan
de Empleo Rural y todos los instrumentos de desarrollo rural va a
encontrar el apoyo del Grupo Socialista, pero, desde luego, si se procede
a un recorte en las inversiones, en el flujo financiero para el subsidio,
como ha dicho el Secretario General, en definitiva, en los distintos
aspectos que integran el PER, tendrá este grupo en contra.
Por último, respecto a la filosofía que ha anunciado el Secretario
General relativa a la vinculación con la formación profesional o con
otros instrumentos de desarrollo rural y optimizar los mecanismos de
gestión, quiero decirle que le recomiendo la lectura del Real Decreto de
24 de febrero de 1995, número 274, actual normativa que rige el PER,
porque encontrará todas esas líneas iniciadas ya por el Gobierno
socialista.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, pediría la palabra por
alusiones del artículo 71, ya que la portavoz ha hecho referencia al
conocimiento sobre el PER que tiene este portavoz, asunto que no se había
planteado en la cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: Es una alusión incidental que no creo dé lugar a un
turno de alusiones si son críticas. Me parece que no tiene sentido por la
intervención de la señora Calleja. De todas maneras, apelo al señor
Hernando a que no insista en las cuestiones de orden porque su exceso de
celo a veces conduciría, por ejemplo, a ignorar que pensábamos todos que
era un Secretario de Estado el de Empleo, porque sólo los secretarios de
Estado o los subsecretarios son los que comparecen en nombre del Gobierno
y nadie va a cuestionar aquí la presencia del señor Secretario General de
Empleo porque a todos nos interesa oír su palabra. En consecuencia,
permitiré alguna interpretación flexible, sin que esto sienta precedente
acerca de la aplicación del Reglamento.
El señor HERNANDO FRAILE: Ruego al señor Presidente que lea las normas
que han emanado de la Presidencia de la Cámara sobre el tema de las
comparecencias y verá allí --y si lee los precedentes de esta Cámara--
que los secretarios generales han comparecido también en otras
comisiones. No obstante, señor Presidente, se trataba --y por eso mi
cuestión de orden-- de saber diferenciar lo que es una comparecencia de
lo que es una pregunta. Es lo único que he pretendido hacer con mi
intervención en el punto sobre la cuestión de orden.
Quiero decir lo siguiente sobre la cuestión de fondo. Sé lo que es el
PER, lo he padecido electoralmente en mi circunscripción, que es Almería.
No creo que nadie venga ahora a darme lecciones.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario General de Empleo, ¿quiere hacer
uso de la palabra para cerrar?
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Muy brevemente,
señoría, y para tranquilidad del señor Presidente, y otra vez en el
aspecto formal, somos la persona que le habla y la que me sigue
secretarios generales con rango de subsecretario. Por tanto, creo que ya
formalmente quedaría respondida esa inquietud.
Quiero transmitir a la Diputada, portavoz del Grupo Socialista,
tranquilidad dentro de esa cuestión, tranquilidad como portavoz de un
grupo, que, sin duda, ha sido el gran protagonista de la legislación
anterior y tranquilidad como andaluza y persona que conoce muy bien la
realidad. El Gobierno va a mantener estos fondos. Ya estoy diciendo que
no estamos hablando de limitación de inversión, porque usted bien conoce
que este año ya hemos ampliado el plazo de asimilación de la jornada,
hemos ampliado el plazo posible para realizar la obra acogida al
PER-sequía y se han mantenido los presupuestos que había en 1996.
En los aspectos financieros no va a estar la cuestión porque no vamos a
aplicarles limitación. Yo sí creo, además --en esto soy muy optimista--,
que no tan sólo tenemos campo suficiente de diálogo con los sindicatos,
sino también con los distintos grupos políticos, porque, dado que no se
trata de reducir las partidas, sino, sobre todo --y usted ha utilizado
una palabra que si quiere yo me apunto-- de optimizar los instrumentos
que tenemos para evitar disfunciones y hacerlos más eficaces, el campo
común es tan amplio que podemos caminar juntos en ese futuro.
Por tanto, la tranquilizo como grupo y, desde luego, como andaluza.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pimentel.
--SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER HA
DECIDIDO SUSPENDER EL SEMINARIO INTERNACIONAL «POLITICAS PUBLICAS PARA LA
IGUALDAD», ORGANIZADO EN EL MARCO DE LA VI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y
GOBIERNO PREVISTA EN CHILE, FORMULADA POR LA SEÑORA RIVADULLA GRACIA, DEL
GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
181/000041.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta versa sobre motivos por los
que la Directora del Instituto de la Mujer, doña Concepción Dancausa, ha
decidido suspender el Seminario Internacional «Políticas Públicas para la
Igualdad», organizado en el marco de la VI cumbre de Jefes de Estado y
Gobierno prevista en Chile, formulada por la señora Rivadulla, que es
sustituida por don Ricardo Peralta, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por lo que respecta a la representación del Gobierno, tenemos una
sustitución, y es la Secretaria General de Asuntos Sociales, doña Amalia
Gómez. Bienvenida.
Señor Peralta, tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias a la Secretaria General de Asuntos
Sociales por su comparecencia en esta Comisión.
Los pasados días 29 y 30 de mayo estaba prevista en Madrid la celebración
de un seminario internacional sobre políticas públicas para la igualdad,
seminario que se organizaba en el marco de la VI Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno, que debía estar organizado conjuntamente por el
Instituto de la Mujer de España y por el Servicio Nacional de la Mujer de
Chile. Ese seminario no se celebró en esa fecha por decisión de la
Dirección General del Instituto de la Mujer de España. Esta decisión
provocó un cierto malentendido con el Servicio Nacional de la Mujer de
Chile, que se dirigió a aquellas personas que tenían prevista su
intervención en ese seminario. Parece ser que la decisión de no celebrar
dicho seminario no fue con la intención de no organizarlo, sino
simplemente de aplazarlo. En relación con este tema, ya el propio
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el Pleno del Congreso del
pasado día 12 de este mes, manifestaba que el seminario se va a celebrar
y quería garantizar también que todas las ponentes previstas inicialmente
iban a ser invitadas, quiero creer que era para intervenir, y que también
se iban a producir otras incorporaciones. Partiendo de los datos de esta
respuesta, yo quisiera concretar exactamente los motivos de esa decisión,
en concreto en qué fecha va a tener lugar dicho seminario; en segundo
lugar, si la invitación a todas las personas que inicialmente iban a
participar es una invitación efectivamente a participar, no simplemente a
asistir, y, finalmente, qué nuevas incorporaciones, qué nuevas
participaciones van a tener lugar en ese seminario.
El señor PRESIDENTE: Doña Amalia Gómez tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): En primer
lugar, como Secretaria de Asuntos Sociales y en el foro de esta Comisión,
quiero agradecer la posibilidad de comparecer y, desde aquí, invitar a
todos los miembros de la Comisión a trabajar y a hacer propuestas para lo
que yo creo que es importante, que es enriquecer, impulsar y mejorar las
políticas sociales. Por lo tanto, considero a esta Comisión como punto de
encuentro para impulsar lo que se está haciendo, para mejorar lo que sea
mejorable y para innovar lo que sea necesario.
Concretamente, usted ha matizado muy bien la pregunta, puesto que entre
el texto y lo que usted dice indudablemente transcurrió la comparecencia
del Ministro, y eso explica que ya no aparezca lo que se recogía como
gran incidente diplomático. Tengo que manifestar a S. S. que fue un
aplazamiento, que se explica claramente por las fechas. La directora del
Instituto de la Mujer tomó posesión el día 22 y la misma Ministra, antes
de dejar el cargo, en una transmisión que tengo que reconocer ha sido
modélica, había dicho que no se tomaran decisiones que comprometieran lo
que podría ser no ya gestión sino realización de actividades por parte
del Ministerio.
En este sentido, tengo que decirle que la señora Subirats, en una carta
que escribía a finales de mayo, decía que era un programa provisional. La
Directora del Instituto de la Mujer lo que hizo fue aplazar, y tengo que
recordarle, señoría, que lo hizo de acuerdo con el embajador de Chile. El
mismo se encargó de desmentir a los medios públicos ese malentendido que
estoy segura fue involuntario, y por tanto el aplazamiento se fijó hasta
septiembre.
Con fecha de hoy, puedo concretarle que precisamente había un foro
parecido en el ámbito de la juventud, a desarrollar en la Casa de América
en esta semana, y ha sido Chile el que ha propuesto ahora que se traslade
a finales de septiembre para que se puedan celebrar casi de manera
simultánea.
Yo espero señoría, que usted comprenda las razones, que fueron de dos
tipos: en primer lugar, porque había que informar de la política que se
había seguido, porque no es lo mismo el seguimiento de una política desde
la oposición que el seguimiento de la política a partir de los papeles
oficiales dentro de las áreas de Gobierno. En segundo lugar, porque se
trataba de hablar de acciones prioritarias. Como S. S. convendrá conmigo,
el cambio de Gobierno, de alguna manera y en algunos perfiles, sí las va
a suponer.
Desde luego ha sido un aplazamiento. Se mantienen como intervinientes
todas las personas que estaban invitadas, pero tengo que decirle que
también pueden hablar las personas que asistan porque puede haber alguna
modificación en la forma de desarrollo de las mesas, es decir, se va a
dar mayor índice de participación a las que se inscriban en los distintos
paneles. Esta es una idea y una propuesta que hago desde esta Secretaría
General; abrir los foros de intervención a todas las representaciones de
los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Diputado señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señora Secretaria General de Asuntos
Sociales.
Quiero comenzar por agradecer que en ese apartado inicial de su
intervención nos invitara a colaborar a todos. Tengo que decirle que
tanto mi grupo parlamentario como, estoy convencido, todos los grupos
parlamentarios estamos en esa disposición, y me permitiría devolverle la
invitación. Yo creo que todos los grupos veríamos con buenos ojos que en
esas actuaciones que tengan previsto llevar a cabo la Secretaría de
Asuntos Sociales, el Instituto de la Mujer, etcétera, pudiera no sólo
asistir sino participar la representación de los distintos grupos
parlamentarios, porque en el objetivo de conseguir que en los seminarios,
en las actividades en general que se lleven a cabo se respete el
pluralismo de la sociedad, en ese objetivo estoy convencido de que todos
estamos de acuerdo.
Lógicamente, los seminarios y un tipo de actividades específicas de
carácter formativo no sólo tienen que respetar la pluralidad, tienen que
respetar también un determinado rigor científico, profesional, de
conocimiento, que yo estoy convencido que es un ámbito específico que
nosotros respetamos, pero sí agradeceríamos y veríamos con buenos
ojos que ese objetivo que usted proclama se hiciera realidad en relación
con este seminario concreto. Desde este punto de vista, el que se
mantenga el número de personas invitadas inicialmente nos parece
positivo. Si además se pueden producir nuevas incorporaciones en la línea
de conseguir no sólo el rigor científico sino también la pluralidad
social, política y organizativa en este ámbito, que es el objeto del
seminario, cuente desde luego con nuestra colaboración.
El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria General de Asuntos Sociales.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Este tema
ha sido objeto de dos preguntas, y yo creo que hoy podría ser la
definitiva para aclararlo todo. Quiero decirle, señoría, que para que
usted vea que la intención fue un aplazamiento y no un obstruccionismo,
como se dijo, hay algunas decisiones que se han desarrollado una vez que
el nuevo Gobierno se ha hecho cargo de la Administración y, sin embargo,
no se han puesto ningún tipo de trabas. Quiero recordarlo porque creo que
debe ser en este foro de la Comisión donde las cosas se clarifiquen.
En primer lugar, la señora Subirats estuvo los días 7 a 9 del mes de mayo
en Roma, una vez hubo tomado posesión del cargo el señor Ministro, y sin
embargo no se puso ninguna pega, a pesar de que era miembro de otro
Gobierno, por una razón de sentido común: porque había que estar presente
en Roma y era la persona que había llevado todo lo relacionado con la
preparación del marco de la IV Carta de Igualdad. En segundo lugar,
señoría, se han ratificado convenios con universidades. El Ministro hizo
una alusión breve a este tema en su intervención, pero yo le puedo
detallar que fue con las Universidades de Alicante, de Vigo, de Lleida,
de Málaga, de Granada, de Valencia, y, sin embargo, era tan importante
que a eso no se le puso ningún tipo de pega.
Yo pienso que no es lo mismo predicar que dar trigo. Yo antes predicaba
en una tierra, en la tierra del Sur, porque estaba en una situación de
oposición. Mi intención aquí no sólo es predicar lo que he predicado sino
que el trigo esté en función de esa siembra. Por eso quiero con estos
datos demostrarles que fue un aplazamiento justificado por una cuestión
de rigor, por saber exactamente qué es lo que íbamos a hacer, cómo lo
íbamos a hacer y abrir el marco de representación.
Le doy las gracias por la cortesía de su intervención. Muchas gracias,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Con esta intervención ha concluido el orden del día.
Antes de levantar la sesión, quiero desear a SS. SS., ya que no nos
veremos hasta septiembre en Comisión, que pasen unas buenas vacaciones
parlamentarias.
Se levanta la sesión.
Era la una de la tarde.