CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 31



ASUNTOS EXTERIORES



PRESIDENTE: DON FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO



Sesión núm. 3



celebrada el jueves, 20 de junio de 1996



ORDEN DEL DIA:



Dictamen sobre:



--Convenio Internacional del Caucho Natural, 1995, hecho en Ginebra el 17
de febrero de 1995. (Número de expediente 110/000001) (Página 508)



--Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e
Inmunidades del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 6 de marzo de
1959, y el Estatuto por el que se modifica el Fondo de Desarrollo Social
del Consejo de Europa, aprobado por el Comité de Dirección del Fondo en
virtud de sus Resoluciones 247, 248 (1993) y (93) 22, y reserva que
España pretende formular. (Número de expediente 110/000002) (Página 509)



--Protocolo número 11 al Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la reestructuración
del mecanismo de control establecido por el Convenio, hecho en
Estrasburgo el 11-05-1994. (Número de expediente 110/000003) (Página 511)

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Proposiciones no de ley:



--Por la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para
finalizar cualquier acto contrario a la libre circulación de productos
comunitarios por el territorio francés, a propuesta del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000034)
(Página 513)



--Por la que se insta al Gobierno a dirigirse al Gobierno de Israel,
solicitando la inmediata apertura de sus fronteras, tanto aquellas
colindantes con los territorios ocupados palestinos, como con áreas
transferidas a la Autoridad Palestina, así como a promover resoluciones
en el seno de la Unión Europea y en la ONU con el mismo objetivo, a
propuesta del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 161/000036) (Página 516)



--Por la que se insta al Gobierno a que en el seno de las Naciones Unidas
y de su Consejo de Seguridad desarrolle cuantas acciones diplomáticas
sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones
acordadas sobre el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, y
para que se mantengan los medios humanos y técnicos desplazados con la
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental
(MINURSO). A solicitud del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 161/000048) (Página 521)



Contestación a las siguientes preguntas:



--Sobre los últimos acontecimientos producidos en Paraguay, así como de
la nueva situación creada en dicho país. Formulada por la señora Balletbó
i Puig, del Grupo Socialista. (Número de expediente 181/000043)
(Página 524)



--Sobre el Acuerdo entre el Presidente del Gobierno español y el Rey
Hassan II de Marruecos, relativo a la constitución de un grupo de amistad
parlamentaria hispano-marroquí. Formulada por el señor Rodríguez Bolaños,
del Grupo Socialista. (Número de expediente 181/000054) (Página 526)



--Relativa a las iniciativas en ayuda de emergencia para salvar vidas en
Liberia y socorrer a los refugiados que huyan de su país. Formulada por
el señor Boix Pastor, del Grupo Socialista. (Número de expediente
181/000055) (Página 527)



--Sobre la opinión del Gobierno acerca de que Nacones Unidas se encargue
de Liberia en régimen de fideicomiso, como ha sugerido el Alto
Comisionado para los refugiados. Fomulada por el señor Boix Pastor, del
Grupo Socialista. (Número de expediente 181/000056 (Página 527)



--Sobre iniciativas en relación a la situación creada en el Sahara
Occidental de renunciar en la práctica a la celebración del referéndum de
descolonización. Formulada por el señor García-Santesmases
Martín-Tesorero, del Grupo Socialista. (Número de expediente 181/000057)
(Página 529)



--Sobre el planteamiento a los interlocutores marroquíes del Presidente
del Gobierno del problema de la emigración ilegal de ciudadanos
marroquíes y de otras nacionalidades que cruzan el Estrecho de Gibraltar
a partir del territorio marroquí. Formulada por la señora Fernández
Ramiro, del Grupo Socialista. (Número de expediente 181/000058)
(Página 530)



Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se abre esta sesión de
la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y rogaría
a todos los miembros de la Comisión que fueran tomando asiento.

Yo quería previamente informar a la Comisión de algunos pequeños cambios
habidos en el orden del día.

En primer lugar, la comparecencia que figura con el número 1 en dicho
orden del día ha sido aplazada por decisión de la Mesa, tras consultar
con los correspondientes portavoces parlamentarios y comprobar la
imposibilidad de presencia adecuada en representación del Gobierno para
sustanciar dicha comparecencia.

Yo querría, antes que nada, solicitar el acuerdo de la Comisión para,
efectivamente, convalidar el aplazamiento de dicha comparecencia.

Señor Yáñez-Barnuevo.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: El acuerdo lo tiene, señor Presidente,
pero que conste en acta nuestra protesta porque si bien comprendemos las
dificultades del Ministro, se nos había anunciado que venía el Secretario
de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea. Al final, tampoco
viene el Secretario de



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Estado de Política Exterior. Por tanto, creo que son precedentes que
justo al iniciar la legislatura no deberían producirse. Por eso, a
efectos de acta, hago esta intervención.




El señor PRESIDENTE: Le agradezco su comprensión, señor portavoz, don
Luis Yáñez, y, por supuesto, aparte de constar debidamente en acta, le
haré llegar la queja de su señoría.

En segundo lugar, yo solicitaría también el apoyo de la Comisión para
proceder a una alteración del orden del día, de manera que comenzáramos
los trabajos de esta sesión examinando los puntos 12, 13 y 14, que son
los tres convenios internacionales. No se les oculta a SS. SS. que para
proceder a la aprobación de los convenios internacionales es necesario
contar con el quórum suficiente y no me gustaría como Presidente de la
Comisión que ese quórum no existiera un poco más adelantada la tarde.

A este respecto, también debo informarles de que, después de haber
solicitado de la Mesa de la Cámara una ligera alteración en el plazo de
presentación de enmiendas o propuestas a los tres convenios a los que he
hecho referencia, de manera que fuera posible por parte de esta Comisión
el examen en plazo debido de esos tres convenios, con fecha 18 de junio
de este mismo año el Presidente del Congreso de los Diputados, en escrito
dirigido a la Presidencia de esta Comisión, ha autorizado que el
vencimiento reglamentario, previsto para las 20 horas de hoy, día 20, se
produjera a las 14 horas de hoy. De forma que estamos en plazo
reglamentario para la consideración de esos tres tratados.

Propongo que, después de la consideración de esos tratados, entremos en
la consideración de las proposiciones no de ley que figuran como puntos
3, 4 y 5 del orden del día, habiéndose retirado por el grupo proponente
el número 2, y que, finalmente, entremos en la consideración de las
preguntas, que figuran con los números 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esta es la
propuesta que hago a la Comisión, por si encontrara el acuerdo de la
misma. (El señor Robles Fraga pide la palabra.)
¿Señor Robles Fraga?



El señor ROBLES FRAGA: Existe una pequeña dificultad, la ausencia en este
preciso momento de los ponentes de mi Grupo para los dos primeros
convenios, de forma que yo rogaría que empezáramos por el último, ya que
en este caso sí está presente el ponente, don Pablo Izquierdo.




El señor PRESIDENTE: Con franqueza, tengo que decirles que a mí me ha
parecido oportuno proceder a este cambio del orden del día, precisamente
atendiendo a las necesidades de determinados señores Diputados que tienen
prisa, pero me gustaría que todos recordáramos que la hora de comienzo es
la hora de comienzo y que se pueden producir ligeras alteraciones en el
orden del día en función de los acuerdos y de las necesidades de unos y
otros.

Entonces, si no hay inconveniente, comenzaremos por el último de los
convenios. (El señor Yáñez-Barnuevo García pide la palabra.)
¿Señor Yáñez-Barnuevo?



El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, nosotros tenemos el
mismo problema. El señor Solé Tura, que es el ponente, como éste era el
último convenio, ha ido a por los papeles. Estaba aquí, pero como digo,
viendo que éste era el último punto del orden del día, ha ido en busca de
sus papeles.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, vamos a hacer una pausa
de cinco minutos, en los que ruego encarecidamente a todos los portavoces
que recaben al presencia de todos aquellos que tienen que llevar a cabo
las intervenciones correspondientes. (Pausa.)
Antes de proceder a cumplimentar el orden del día debo anunciarles que,
por decisión de la Mesa, debidamente corroborada por los portavoces de
los distintos grupos en esta Comisión, se decidió la adopción de dos
declaraciones institucionales por parte de la Comisión de Asuntos
Exteriores. Una, en relación con la situación creada por la decisión
adoptada por el Juez Especial de la Corte Suprema de Chile sobre el
sumario por el asesinato del funcionario español de la Organización de
Naciones Unidas don Carmelo Soria, y otra, en relación con las elecciones
israelíes.

Por tanto, contando previamente con el acuerdo tanto de los miembros de
la Mesa como de los portavoces parlamentarios correspondientes, paso a
dar lectura de ambas declaraciones.

La primera de ellas dice así: Ante la decisión adoptada por el Juez
Especial de la Corte Suprema de Chile sobre el sumario por el asesinato
del funcionario español de la Organización de Naciones Unidas don Carmelo
Soria de aplicar la amnistía y archivar el referido sumario, dejando así
libres de toda responsabilidad a los únicos implicados en el proceso, la
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados lamenta
profundamente esa decisión, que viola los compromisos internacionales
asumidos por Chile, en particular el acuerdo con la CEPAL, que se
fundamenta en una ley de amnistía dictada en 1978 por el régimen de
Augusto Pinochet, manifiesta su confianza en que la Corte Suprema chilena
admita el recurso presentado y revoque una decisión que supondría la
impunidad para los autores del asesinato de Carmelo Soria, y pide al
Gobierno español que continué realizando los esfuerzos necesarios, tanto
en el plano bilateral como a través de la Unión Europea y de la
Organización de Naciones Unidas, para que, desde el respeto a los
tratados internacionales suscritos por Chile, se alcance el
esclarecimiento definitivo de los hechos y se exijan responsabilidades a
los culpables.

La declaración institucional siguiente, sobre las elecciones israelíes,
también ha sido, como decía anteriormente, aprobada por la Mesa y por los
portavoces y dice así: Tras las elecciones celebradas en Israel, la
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España,
al tiempo que reconoce y respeta la libre y democrática manifestación de
voluntad del pueblo israelí, desea



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exponer su esperanza y deseo de que el nuevo Gobierno israelí sepa
continuar y profundizar en el proceso de paz en el Oriente Medio, de cuya
culminación depende en buena medida la seguridad, la estabilidad y la
prosperidad en toda la región del Mediterráneo.

Quiero agradecer a todos los miembros de la Mesa y a los señores
portavoces el acuerdo que hemos alcanzado sobre estas declaraciones
institucionales y transmitirles el deseo de la Mesa de que, en el futuro,
en la medida en que podamos llegar a los acuerdos correspondientes, estas
declaraciones pudieran reflejar el sentido de esta Comisión de Asuntos
Exteriores sobre cuestiones que competen a la Comisión y que tengan la
actualidad y la importancia requeridas para versar sobre ellas nuestra
atención.




DICTAMEN SOBRE:



--CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAUCHO NATURAL, 1995, HECHO EN GINEBRA EL 17
DE FEBRERO DE 1995. (Número de expediente 110/000001.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al orden del día, tal como ha
quedado organizado después del acuerdo expresado por la Comisión.

En primer lugar, vamos a considerar el dictamen sobre el Convenio
Internacional del Caucho Natural de 1995, hecho en Ginebra el 17 de
febrero de 1995.

¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra al respecto?
(Pausa.)
Si les parece a los señores miembros de la Comisión, seguiremos en estos
trámites exactamente la práctica, que se había establecido anteriormente,
de alternar el orden de las intervenciones de los distintos portavoces.

El señor Milián tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular.




El señor MILIAN MESTRE: El Convenio Internacional del Caucho Natural de
1995, que sustituye al del mismo nombre firmado por primera vez el año
1987, adoptado en Ginebra por la Conferencia sectorial de Naciones
Unidas, es el que ahora se propone renovar.

Curiosamente empezamos ya con una asincronía, puesto que este convenio,
como ocurría en la legislatura anterior, debería entrar en vigor el 28 de
diciembre de 1995; estamos a las puertas del verano justamente del año
siguiente y es ahora cuando vamos a ratificarlo.

Este Convenio de 1995, que consta de 68 artículos y tres anexos, mantiene
en la práctica intacta la Organización Internacional del Caucho Natural,
con sede en Kuala Lumpur. Este acuerdo constituye un instrumento para
regular los intercambios comerciales internacionales del caucho natural,
siendo su objetivo el equilibrio entre la oferta y la demanda de este
producto con vistas a estabilizar su precio a largo plazo en los mercados
internacionales.

Las modificaciones respecto al Convenio del año 1987 se refieren,
especialmente, al esfuerzo de los procedimientos de revisión de los
precios, a la periodicidad de revisión del precio de referencia, al
aumento del precio indicativo mínimo, a la reducción de la vigencia del
Convenio de cinco a cuatro años, a la introducción de aspectos
medioambientales --que es una novedad, por cierto-- e incluso de un
puesto de administrador adjunto en el organismo internacional.

El Convenio estaba abierto a finales del año pasado, en noviembre
exactamente, cuando se propuso a la firma de Nueva York, y tenía una
serie de virtualidades que, en el caso específico nuestro, afectan a
diversos ministerios que han tenido que dar su visto bueno al mismo para,
cumplido este requisito, poderlo firmar internacionalmente. Concretamente
afecta a intereses de los ministerios de Economía y Hacienda, Comercio y
Turismo, Industria y Energía y también Asuntos Exteriores.

Los puntos fundamentales que afectan a este Convenio en sus
características son los siguientes. En primer lugar, promover y reforzar
la cooperación internacional de todos los sectores de la colonia mundial
del caucho natural. En segundo lugar, contribuir a la estabilización del
mercado mundial de este producto, en interés de los productores y de los
consumidores, intentando particularmente evitar las fluctuaciones
excesivas de los precios y asegurando un equilibrio a largo plazo entre
la oferta y la demanda, que era uno de los elementos distorsionadores de
este mercado. En tercer lugar, facilitar la expansión del comercio
internacional del caucho natural. Todo esto viene, de alguna manera,
fijado por un sistema de horquilla de precios expresados en una unidad de
medida equivalente al dólar de Malasia, el ringgit. Después tiene, en la
nueva definición del Convenio, un ajuste automático en función del
volumen de transacciones según la reserva creada para la estabilización.

Esta reserva de estabilización, con capacidad total para 550.000
toneladas de caucho natural, era normalmente de 400.000 toneladas, por lo
tanto, se crea adicionalmente una nueva reserva, llamada de urgencia, de
150.000 toneladas.

Estas son las modificaciones fundamentales. Por consiguiente, no voy a
comentar nada más porque entendemos que son aspectos técnicos que mejoran
al convenio anterior, que reducen el tiempo de duración de estos
convenios internacionales y que, de alguna manera, a nosotros nos afectan
de forma virtual, según los intereses de ciertos ministerios, en el orden
económico y, sobre todo, al comercio exterior.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor De Puig.




El señor DE PUIG I OLIVE: En efecto, como ha señalado el orador
precedente, este Convenio Internacional del Caucho Natural de 1995
sustituye al de 1987 y tiene, realmente, una gran importancia.

El señor Milián ha hecho un resumen bastante detallado del contenido de
este convenio internacional que es, por otra parte, muy largo, muy
documentado, yo diría sesudo y de lectura plúmbea, por lo que quiero
ahorrar a SS. SS. ahora comentarios detallados de un convenio de esta
naturaleza.




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Los datos importantes los ha señalado el señor Milián y los doy por
referidos. Sí quiero señalar que, desde el punto de vista español, nos
parece muy conveniente tanto como políticamente, puesto que España es un
país importador de caucho y está interesada en conservar este recurso en
el seno de la Organización Internacional del Caucho Natural; institución,
por otro lado, fundamental en esa materia.

Se trata, por otra parte, de una forma de cooperación al desarrollo que
es importante mantener. Como es sabido, con esa fórmula se ayuda a países
que bien lo necesitan. Pero, aunque no formáramos parte de la
Organización ni del Convenio, como este Convenio es un acuerdo mixto
desde el punto de vista comunitario, España estaría obligada
indirectamente por el mismo.

Por esas razones y porque el Gobierno anterior, que era el Gobierno del
partido al que pertenezco, fue el que avanzó ese trabajo e, incluso, el
que envió a las Cortes este Convenio para su ratificación, mi grupo, con
el mayor de los entusiasmos, señor Presidente, va a votar a favor.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Nuestro grupo quiere manifestar su intención
de votar favorablemente este convenio y, a la vez, sumarnos a las
interesantes apreciaciones sobre el mismo que han realizado el señor
Milián por el Grupo Popular y don Lluís María de Puig por el Grupo
Socialista.




El señor PRESIDENTE: No habiendo más intervenciones al respecto, pasamos
a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad de la Comisión.




--TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO GENERAL SOBRE PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES DEL CONSEJO DE EUROPA, HECHO EN ESTRASBURGO EL 6 DE MARZO DE
1959, Y EL ESTATUTO POR EL QUE SE MODIFICA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
DEL CONSEJO DE EUROPA, APROBADO POR EL COMITE DE DIRECCION DEL FONDO EN
VIRTUD DE SUS RESOLUCIONES 247, 248 (1993) Y (93) 22, Y RESERVA QUE
ESPAÑA PRETENDE FORMULAR. (Número de expediente 110/000002.)



El señor PRESIDENTE: Punto número 13 del orden del día: Tercer protocolo
adicional al acuerdo general sobre privilegios e inmunidades del Consejo
de Europa, hecho en Estrasburgo el 6 de marzo de 1959, y el Estatuto por
el que se modifica el Fondo de Desarrollo Social del Consejo de Europa,
aprobado por el comité de dirección del Fondo en virtud de sus
resoluciones 247, 248 y 93/22, y reserva que España pretende formular.

¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
El señor Martínez, en representación del Grupo Socialista, tiene la
palabra.




El señor MARTINEZ MARTINEZ: El Fondo de Desarrollo Social es una
institución del Consejo de Europa antigua, interesante, no
suficientemente conocida y, desde luego, no todo lo utilizada que podría
y merecería serlo.

Es una institución que se crea en el año 1956 como Fondo de reinstalación
del Consejo de Europa para los refugiados y los excedentes de población
en Europa. Se crea en plena guerra fría como mecanismo de provisión de
recursos para ayudar a la instalación, en los países del Consejo, es
decir, en los países de la Europa occidental de entonces, a refugiados
huidos de otros países del entonces bloque comunista.

La verdad es que el gran impulso que genera la creación de este Fondo
tiene lugar después de los tristes acontecimientos de Hungría del año
1956, que producen de pronto cientos de miles de refugiados a los que hay
que ubicar en Alemania, Austria, Francia y Suiza. Inmediatamente después
también el goteo o la riada que se venía produciendo desde la entonces
RDA, antes de la construcción del muro. Ese es el momento en que se
genera el Fondo. El Fondo pasó unos años con bajo perfil, operando como
un banco de características sociales y, por otra parte, acrecentando sus
fondos de manera muy notable como resultado de una operación, a veces
criticada por los Estados miembros y por la Asamblea parlamentaria, pero
con eficacia dentro del movimiento en los sistemas financieros
internacionales.

El Fondo encuentra una nueva razón de ser en la situación que se crea en
el centro y el este de Europa con las nuevas democracias, con los nuevos
países miembros de la institución, con grandes necesidades de inversiones
para renovar infraestructuras muy ligadas al desarrollo social en esos
países. En realidad, el nuevo Estatuto que estamos a punto de ratificar
es aquel que surge precisamente en la actualización del Fondo que
entraña, entre otras cosas, el nuevo nombre de la propia institución.

Estamos hablando de países con gravísima situación económica que, sin
embargo, a veces han estado más interesados en otras ayudas, en ayudas a
fondo perdido, y sólo alguno de ellos ha aprovechado toda la capacidad
del Fondo de Desarrollo Social, explorándose algunas interesantísimas
operaciones a tres bandas, por las cuales países como Holanda han
obtenido, con la solvencia que tenían, los créditos necesarios que luego
se han trasladado más concretamente a zonas devastadas de la antigua
Yugoslavia, donde yo creo que el Fondo va a tener una actividad muy
importante en los próximos años.

El cambio de vocación del nuevo Estatuto se produce ya con España como
país miembro y, además, con España, que ingresa en el Fondo en el año
1978 y se ha beneficiado en muy pocos casos (recuerdo algún proyecto de
emigrantes españoles, concretamente de Holanda, que se instalan en
cooperativas de viviendas y de agricultura en Almería),



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sí hemos jugado un papel destacado en la reorientación de las
actividades. Yo diría también que algo muy importante se ha producido en
estos últimos años con impulso de la Asamblea Parlamentaria, que es,
sobre todo, pedir más transparencia en la actuación del centro y más
pertinencia social en sus programas, aunque es verdad que se han dado
algunas situaciones que han generado preocupación e incluso escándalo
porque nos hemos encontrado que con este Fondo estaban construyendo
hoteles de lujo dentro de la industria turística en determinados países
próximos.

Quiero decir a los colegas, y con esto voy terminando, que estamos
hablando de una institución poco conocida pero que obra con un capital
disponible de cien mil millones de pesetas, y que en los últimos seis
años ha prestado cantidades de aproximadamente un billón doscientos mil
millones de pesetas. Esas son las cifras en las que nos estamos moviendo,
y yo recuerdo, por cierto, que al Ministro de Economía y Hacienda del
Gobierno anterior cuando le planteamos realmente lo que este Fondo
significaba, porque parece que fuera un fondo que no tuviera una
actividad, le pareció que eran cifras que realmente sorprendían a
expertos máxime cuando uno ve luego cuál es la utilización que se hace.

Yo creo que lo más importante es que junto a esta ratificación del nuevo
Estatuto, es decir, del nuevo Fondo de Desarrollo Social vamos a aprobar
el Tercer Protocolo Adicional que no se aprobó cuando España ingresó en
1978; es un Protocolo que data de 1959 y dice textualmente: Para precisar
el régimen jurídico de los bienes, activos y operaciones del Fondo, así
como el Estatuto jurídico de sus órganos y funcionarios. Tenemos que
decir que estamos particularmente conformes con la reserva, menor, pero
importante, que propone el Gobierno en el artículo 7.º, no aceptando
nosotros automáticamente la exención de los impuestos sobre las
cantidades correspondientes a los intereses de las obligaciones emitidas
o de los empréstitos concertados por el Fondo.

Con la ratificación de este documento relativo al Fondo de Desarrollo
Social querríamos incitar al Gobierno a explorar las posibilidades que en
él podemos tener, no sólo como donantes en lo que se refiere a proyectos
que van a tener un interés grande, y digo fundamentalmente en las
repúblicas que surgen de la antigua Yugoslavia --Bosnia debe ser uno de
los casos de fijación--, sino también para ver en qué tipo de proyectos
pudiera beneficiarse nuestro país, que es el cuarto en cuanto a
aportación y, sin embargo, es uno de aquellos que se han beneficiado
poquísimo. Es verdad que el carácter social del mismo hace que los tres
países, los grandes contribuyentes --los grandes están en el 18 por
ciento y nosotros en el 12 y pico-- no son en general beneficiarios. Yo
creo que España tiene condiciones para plantear proyectos de
restablecimiento, de restauración de barriadas periféricas en capitales
y, realmente, podría beneficiarse del capital de este banco social del
Consejo de Europa que presta en condiciones comerciales, pero en
condiciones de interés que están en el 5 o en el 6 por ciento,
evidentemente muy por debajo de lo que son los intereses del mercado
financiero habitual.

Por lo tanto, vamos a votar la ratificación de este documento con interés
y para incitar al Gobierno a actuar como lo ha venido haciendo hasta el
momento, con preocupación, e incluso buscando más beneficios dentro de la
propia institución.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Puche.




El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Efectivamente, creo que el portavoz
socialista, el señor Martínez, acaba de hacer una amplia y exhaustiva
declaración de la importancia del Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo
General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa y del
Estatuto del Fondo de Desarrollo Social, pero quisiera incidir, por parte
del Grupo Popular, en la importancia de la adhesión de España a este
Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e
Inmunidades del Consejo en el Fondo de Desarrollo Social porque la
adhesión de España al Fondo, que data del año 1978, momento en el que, a
pesar de que el texto del Tercer Protocolo establece que el Estatuto del
Fondo forma parte integrante del mismo, no fue tal. España, insisto, no
llegó a adherirse al mismo en aquella ocasión. De ahí que dado que,
recientemente, como decía el señor Martínez, se reforma efectivamente el
Estatuto del Fondo de Desarrollo Social, debiendo y teniendo la
obligación desde nuestro punto de vista de adherirse España a este nuevo
instrumento jurídico, resultaría conveniente, según nuestro criterio y el
del Gobierno y creo también por parte del Parlamento y en este caso de la
Comisión, la simultánea adhesión de nuestro país al Protocolo sobre
Privilegios e Inmunidades.

Digo esto porque, efectivamente, como decía también el señor Martínez, en
los últimos años la crisis en materia de refugiados provocada por las
transformaciones políticas y económicas en la Europa del Este, así como
la progresiva incorporación de los países de esa Europa del Este al
Consejo de Europa han llevado a los países miembros del fondo de
Desarrollo Social a plantearse la necesidad de volver a centrar parte de
sus operaciones sobre lo que fueron los grandes objetivos iniciales de la
institución en materia de refugiados y a proceder a una reelaboración de
sus objetivos.

Por lo que respecta también al carácter del Fondo como institución
financiera intergubernamental, y coincidimos en este caso con el portavoz
socialista, el Fondo de Desarrollo Social ha funcionado, ha venido
funcionando y esperemos que funcione como un banco de desarrollo y sus
actividades complementan la de otras instituciones financieras
intergubernamentales.

He de decir asimismo que durante los últimos años efectivamente, y hay
que constatarlo aquí, el Fondo ha experimentado un crecimiento, yo diría
que excesivamente rápido, de sus compromisos, y no sólo de ellos sino
también en el campo de intervención, que le ha permitido situarse entre
las principales instituciones financieras internacionales. Dichos cambios
han planteado, por otra parte, de forma inaplazable la reforma del Fondo,
de manera que sea capaz de afrontar la nueva dimensión y naturaleza de
sus actividades. De ahí que nosotros, efectivamente, también



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de acuerdo con el Grupo Socialista incidimos no solamente en el aspecto
de la modificación de ese Estatuto sino que queremos señalar algunos
aspectos que nos parecen fundamentales, como son: los nuevos objetivos
del Fondo, que vienen a ser en parte los que se trazaron en el origen de
su constitución y que se establecían, de alguna forma, como prioridad de
dicho Fondo, la solución a los problemas de los refugiados, de personas
desplazadas o emigrantes como resultado del movimiento y del
desplazamiento forzoso de poblaciones. Por otra parte, dentro de ese
objetivo prioritario, recoger la ayuda a las víctimas de las catástrofes
naturales o ecológicas y, cómo no, la participación en grandes proyectos
de inversiones a países difícilmente en vías de desarrollo.

Por último, hay que señalar también, porque creo que debemos dejar
constancia de ello, la reserva que ha formulado el Gobierno español al
párrafo cuarto del artículo 7, en el sentido de que no entrañe para
España de ninguna forma la obligación de conceder exención de los
impuestos sobre las cantidades correspondientes a los intereses de las
obligaciones emitidas o de los empréstitos concertados por dicho Fondo.

Dicho esto, el Grupo Popular, con el mismo entusiasmo y, si cabe, con más
o por lo menos parecido al del Grupo Socialista, quiere mostrar su
adhesión a este tercer Protocolo, por lo que mostramos nuestro acuerdo
favorable y por tanto nuestro voto.




El señor PRESIDENTE: El señor Recoder, en nombre del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra.




El señor RECODER I MIRALLES: El tercer Protocolo adicional al Acuerdo
General sobre los Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa tiene
por objeto, como ya se ha dicho, precisar el régimen jurídico de los
bienes, activos y operaciones del fondo de reinserción y el estatuto
jurídico de sus órganos y funcionarios. Para conseguir los objetivos
estatutarios del fondo, establece una reducción de las cargas fiscales
que gravan directa o indirectamente sus operaciones y que, en definitiva,
recaen sobre los beneficiarios de los préstamos que ha concedido este
fondo. En definitiva, tiene por objeto mejorar el funcionamiento del
mismo y, por ello, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención adicional? (Pausa.) No
habiéndola, pasamos a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




--PROTOCOLO NUMERO 11 AL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, RELATIVO A LA REESTRUCTURACION
DEL MECANISMO DE CONTROL ESTABLECIDO POR EL CONVENIO, HECHO EN
ESTRASBURGO EL 11-5-1994. (Número de expediente 110/000003.)



El señor PRESIDENTE: Punto número 14 del orden del día, Protocolo número
11 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, relativo a la reestructuración del mecanismo de
control establecido por el Convenio, hecho en Estrasburgo el 11 de mayo
de 1994.

¿Grupos parlamentarios que desean usar de la palabra al respecto?
(Pausa.) El señor Izquierdo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, entre las funciones del Consejo de
Europa destaca la de la protección de los derechos fundamentales, que
realiza en cumplimiento de las disposiciones del Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y de la Libertades Públicas, hecho en
Roma el 4 de noviembre de 1950.

El Convenio de 1950 y la jurisprudencia del Tribuna Europeo de los
Derechos Humanos que lo interpreta se han convertido, señorías, en una
referencia obligada para los distintos sistemas nacionales y
supranacionales de tutela de los derechos fundamentales que existen en
Europa. Este papel central y armonizador del Convenio Europeo de los
Derechos Humanos es cada vez más importante y se ha reforzado por la
estipulación contenida en el artículo f, punto 2, del Tratado de
Maastricht, con arreglo a la cual la Unión Europea respetará los derechos
fundamentales, tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de la Libertades Fundamentales,
firmado en Roma, como ya he dicho, el 4 de noviembre de 1950.

Pues bien, señorías, el Protocolo que hoy dictaminamos viene a introducir
cambios muy relevantes e importantes en este Convenio Europeo de los
Derechos Humanos y Protección de las Libertades Fundamentales.

En primer lugar, la Comisión Europea de Derechos Humanos desaparece y sus
funciones en la admisión de las demandas, en la investigación de los
hechos y en el intento de un arreglo amistoso, pasan a asumirse por el
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que se crea.

Por otro lado, señorías, importantes elementos estructurales del propio
Tribunal Europeo aparecen modificados en el Protocolo, como ocurre con la
duración del mandato de los jueces que lo integran y con la planta
interna del Tribunal, que queda organizado en Comités, Salas y una Gran
Sala.

Por último, señorías, mediante el Protocolo, los Estados signatarios
quedan directamente sometidos a la jurisdicción del Tribunal, sin que sea
necesario que la acepten mediente declaración unilateral emitida al
efecto.

Es cierto que las modificaciones del Convenio Europeo objeto de este
Protocolo no son, señorías, de carácter sustantivo, sino más bien de un
carácter orgánico y procedimental. Sin embargo, estas modificaciones han
de tener una extraordinaria influencia sobre los mecanismos protectores
de los derechos humanos que el convenio establece.




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Esta circunstancia justifica, a nuestro juicio, la autorización que el
Gobierno solicita, para la aprobación del mismo, de estas Cortes
Generales; más aún, si se me permite, dada la importancia que el Gobierno
de España y estas Cortes tradicionalmente mantienen y conceden a la
garantía y defensa de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Solé Tura.




El señor SOLE TURA: Efectivamente, este Protocolo número 11 tiene una
gran trascendencia. Personalmente creo que, después del Protocolo número
7, sobre la abolición de la pena de muerte, éste es el que tiene más
importancia, desde el punto de vista de la estructura interna del Consejo
de Europa y, sobre todo, de su mecanismo de protección de los derechos
humanos. Además, creo que es la expresión y casi el símbolo de los
cambios que se han producido en el Consejo de Europa.

Hasta la caída del Muro de Berlín, el Consejo de Europa era, no diré que
un club, pero sí una institución selecta de las democracias ya
consolidadas. A partir de la caída del Muro de Berlín, el Consejo de
Europa adquiere otro carácter, otro papel y se convierte en un gran
organismo de expansión de los derechos humanos, de codificación de los
mismos y, sobre todo, de garantía. Eso es lo que ha ido ocurriendo con la
ampliación del Consejo de Europa que, como SS. SS. saben, ha pasado de
tener una veintena de miembros a tener prácticamente cuarenta, y casi
todos los países del Este de Europa, incluida la Federación Rusa, hoy
forman parte del mismo.

Por consiguiente, la garantía de los derechos adquiere una trascendencia
enorme. Eso es lo que, a mi entender, quiere resolver el Protocolo número
11 que, como se ha dicho ya, establece un mecanismo completamente
distinto del existente en cuanto a la garantía jurisdiccional de los
derechos.

Como SS. SS. saben, en el Convenio de Roma de 1950, el sistema de
protección estaba a mitad de camino entre un sistema jurisdiccional
tradicional y otro que no acababa de llegar al fondo del asunto. En
realidad, la jurisdicción quedaba compartimentada entre una comisión, la
Comisión de Derechos Humanos, y un tribunal, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. La tarea básica de la protección recaía en la Comisión
y de ésta pasaba prácticamente al Consejo de Ministros, con lo cual el
Tribunal quedaba como una segunda instancia a la que no tenían acceso las
personas físicas; sólo lo tenían las altas partes contratantes y el
Consejo de Ministros. Era una instancia que tendía a convertirse
prácticamente en una gran instancia consultiva.

El Protocolo número 11 cambia radicalmente la situación; suprime, como se
ha dicho ya, la Comisión y reorganiza el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos con características parecidas a otros grandes tribunales
nacionales. Se establece un sistema de Salas, con una Gran Sala, que es
la que tiene la última palabra cuando las Salas no consiguen resolver una
situación, o cuando se genera un recurso que se puede llegar a concretar
en circunstancias excepcionales. Esa es la reorganización fundamental.

Pero esa reorganización interna no sólo se refiere a una mayor
operatividad del sistema, desde un punto de vista judicial; también tiene
otros aspectos. Por ejemplo, uno de ellos, de gran trascendencia, es que,
a partir del Protocolo, las personas físicas, las organizaciones no
gubernamentales, e incluso las agrupaciones de individuos que se puedan
formar ad hoc tienen acceso directo al Tribunal, algo que antes no
ocurría, después de haber agotado, naturalmente, todas las vías
procesales en el ámbito nacional. Eso significa un cambio importantísimo,
especialmente en lo que se refiere a los países del Este de Europa que
están estrenando su propio sistema de protección de los derechos humanos.

Desde ese punto de vista, creo yo que esa reforma adquiere una enorme
importancia.

Evidentemente, el Tribunal, su Sala, su Gran Sala, sigue siendo también
un órgano que puede emitir dictámenes consultivos y, efectivamente, hay
un segundo aspecto que ya ha sido señalado y que yo también quiero
subrayar, y es que los Estados, o las altas partes contratantes, como se
les denomina en este momento ya, no tienen que ratificar su adhesión, su
compromiso a aceptar el resultado de una sentencia, sino que, por el
hecho mismo de ratificar el convenio, quedan ya comprometidos ante el
mismo.

Creo que ésos son aspectos muy importantes que dan respuesta a las nuevas
tareas, a las nuevas exigencias, que pueden convertir el Tribunal en un
auténtico órgano de garantía de derechos en circunstancias nuevas, como
antes decía, y desde ese punto de vista creo que merece la aprobación de
todos nosotros.

Por esto, el Grupo Socialista votará, no sé si con entusiasmo, como se ha
dicho anteriormente, pero votará con rigor a favor de la autorización de
la Cámara para que el Gobierno pueda proceder a su ratificación.




El señor PRESIDENTE: El señor Recoder en nombre del Grupo Catalán de
Convergència i Unió tiene la palabra.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, nuestro grupo
parlamentario también va a votar a favor de este Protocolo número 11 que
entendemos, como también se ha dicho por parte de otros grupos
parlamentarios, que es necesario para mejorar los mecanismos de
cumplimiento del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales del Consejo de Europa; es necesaria la
adaptación de estos mecanismos a la nueva situación del Consejo,
situación caracterizada por una numerosísima ampliación de sus miembros
en los últimos años, lo que ha traído como consecuencia también un
incremento de las demandas de protección.

El Convenio, como también se ha dicho --y no me voy a extender al
respecto--, tiene como objeto fundamentalmente la situación de la
Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por un tribunal de
tipo permanente con unas características que le asimilan a lo que son
tradicionalmente los tribunales internacionales.




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El señor PRESIDENTE: Si no hay ninguna intervención más al respecto,
pasamos inmediatamente a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
FINALIZAR CUALQUIER ACTO CONTRARIO A LA LIBRE CIRCULACION DE PRODUCTOS
COMUNITARIOS POR EL TERRITORIO FRANCES, A PROPUESTA DEL GRUPO IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000034.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos con ello al segundo bloque de los temas que
corresponde examinar a la Comisión en el día de hoy. Consta en poder de
la Presidencia el documento dirigido a la misma por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
retirando la proposición no de ley que figura con el número dos y
pasamos, por ello, a la número 3, proposición no de ley por la que se
insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para finalizar cualquier
acto contrario a la libre circulación de productos comunitarios por el
territorio francés. Es autor de dicha iniciativa el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y en nombre del
mismo le doy la palabra a la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señorías, desgraciadamente, nuestro grupo se
ve obligado a presentar nuevamente una proposición no de ley para instar
al Gobierno a que se rechacen por parte de nuestro país los actos
vandálicos que periódicamente se suceden en territorio francés contra el
libre tránsito de las mercancías por dicho territorio.

Han sido muchas las iniciativas que se han sustanciado en esta Cámara. El
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
en octubre de 1993 presentó una proposición no de ley en la que,
efectivamente, ya instábamos al Gobierno a que hiciese constar su
protesta y rechazo por estos actos, y se instaba también al Gobierno a
dirigirse a las autoridades francesas y comunitarias para que adoptaran
de forma inmediata las medidas necesarias para evitar los mismos. El 26
de abril de 1995 también dirigimos una pregunta oral al Gobierno en la
que hacíamos saber que, a pesar de que los exportadores de fresones del
Huelva habían reducido en un 50 por ciento sus envíos a Francia a partir
de Semana Santa para no entrar en competencia con las producciones de
marzo y abril, piquetes de agricultores franceses agredieron a diez
camiones destruyendo doscientas toneladas de fresones y ocasionando
pérdidas por valor de 7.000 millones de pesetas y un descenso en las
exportaciones de más del 80 por ciento. Todo ello con la impunidad más
absoluta y con la negligencia de la policía francesa y del Gobierno
francés.

La respuesta del Gobierno en aquel momento fue que se había instado a la
Comisión y que ésta había emitido un dictamen motivado previo a la
presentación de demanda en el Tribunal de Justicia, demanda que
actualmente se encuentra en dicho Tribunal y cuya sentencia se espera
para el mes de febrero.

Digo que desgraciadamente debemos presentar otra vez una proposición no
de ley, puesto que este año también ha habido incidentes que han
provocado pérdidas y lesiones a transportistas españoles y que han
inhibido tremendamente la demanda por parte de los importadores franceses
y de la Unión Europea. Y todo ello pese a que el Parlamento Europeo
aprobó una resolución ya en 1993 instando a la Comisión y a los Estados
miembros a poner todos los medios para que no se volviera a repetir.

Esto, señorías, se produjo ya en 1993. Estamos en 1996 y la historia
vuelve a repetirse, a pesar, también, de que el Gobierno francés, en
declaración al Consejo de Ministros de la Unión Europea, señaló que: el
Gobierno francés hace y continuará haciendo todo lo posible para evitar
estos incidentes, de manera que la libre circulación de mercancías esté
garantizada en el territorio francés para que el concepto de mercado
único no sea un concepto vano y sin contenido. Porque, señorías, de esto
es de lo que se trata: si para nuestros productos, para nuestras
exportaciones, sigue siendo válido el concepto de mercado único y el
principio de libre tránsito de mercancías.

Está claro que con situaciones como la que nos hemos encontrado
nuevamente este mes de abril este principio queda gravemente dañado. Y
esas actuaciones, señorías, no son obra de incontrolados, sino que forman
parte de una campaña deliberada. Ya en 1993 pudimos denunciar cómo la
coordinadora rural de agricultores franceses había realizado tremendas
amenazas a los propietarios de grandes superficies francesas y que eso
produjo la reducción drástica de nuestras exportaciones.

Respecto a las repercusiones económicas que tiene todo esto, señorías, me
voy a limitar a leer una parte del informe de la Dirección General de
Comercio Exterior que emitió en la campaña de 1995. Señalaba: la semana
catorce, que coincide con los primeros días del mes de abril, es la de
mayor nivel de exportaciones tanto a Alemania como a Francia. Conforme va
avanzando la campaña, van descendiendo paulatinamente las cantidades
enviadas a estos países. A partir de la semana diecisiete se observa cómo
los envíos a Alemania se mantienen en porcentajes que oscilan entre el 45
y el 50 por ciento del volumen enviado en la semana catorce, mientras que
los envíos a Francia bajan a niveles que rondan el 7 por ciento.

Curiosamente, la semana diecisiete coincide con la última semana de
abril, época en que la producción de fresas en Francia empieza a ser
importante y en la que están fechadas las cartas de amenazas a los
hipermercados galos.

Por todo ello, señorías, debemos deducir que es una campaña realmente
orquestada, que no tiene como objetivo producir daños inmediatos, sino
que tiene como objetivo inhibir seriamente la demanda por parte de los
importadores



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de Francia, pero también de la Unión Europea. Si a esto añadimos,
señorías, que la OCM de frutas y hortalizas está siendo objeto de un
tratamiento muy cicatero por parte de la Unión Europea y que la fresa no
es uno de los productos que sea objeto de intervención en la actual OCM
de frutas y hortalizas, vemos que los intereses españoles están
seriamente perjudicados si no se toman medidas de gran envergadura.

Yo tuve ocasión de decir a la Ministra de Agricultura, señora Loyola de
Palacio, que la felicitaba por su gesto de haber llevado a su colega
francés una cestitas de fresones de Huelva, pero realmente pensamos que,
por parte de esta Cámara, tiene que salir una proposición no de ley en la
que se inste a lo que nosotros planteamos en nuestro texto: que se exija
de la Unión Europea, y también del Gobierno francés, las medidas
adecuadas para que se den las indemnizaciones, para que los responsables
sean procesados; me consta que actualmente hay siete agricultores
franceses que están siendo objeto de procedimiento judicial; cuando yo
hice la proposición no de ley esto todavía no se había producido; me
felicito de que eso ya se lleve a término, pero también que haya para los
ciudadanos españoles que son objeto de estas agresiones suficientes
medios jurídicos, sanitarios, para hacer frente a las situaciones tan
desagradables con las que se encuentran.

Acabo ya, señor Presidente. El Grupo Popular ha presentado una enmienda
que espero que su portavoz, el señor Pascual, pueda reconsiderar; está en
los mismos términos que la que el Grupo Socialista nos planteó en 1993, y
creemos que con esto no damos una respuesta suficiente, porque hay que
instar al Gobierno francés, que es el que está siendo negligente y que
permite con toda impunidad que los camioneros estén descargando durante
horas, quemando las mercancías y lesionando a nuestros transportistas.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a esta proposición no de ley hay una
enmienda que, según el escrito, aparece como enmienda de modificación
(aunque habría que entender como enmienda de sustitución), presentada por
el Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre tiene la palabra el señor
Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Como muy bien ha expuesto la ponente de la
proposición no de ley que estamos debatiendo, es un tema que se está
repitiendo durante muchos años y no por reiterativo deja de carecer de
importancia porque, como muy bien ha expuesto, no es solamente el
problema de los camiones, de las mercancías dañadas, sino que se está
atacando algo mucho más fundamental que es la comercialización de
nuestros productos a través de Francia o que incluso van al mismo mercado
francés.

Efectivamente, también se ha debatido este tema con muchas intervenciones
parlamentarias por parte de los distintos grupos durante los últimos
años, intervenciones en las que finalmente ha habido unanimidad de
criterio de esta Cámara, y desde luego esperamos desde el Grupo
Parlamentario Popular que, una vez más, haya unanimidad de criterio por
parte de todos los grupos a la hora de aprobar hoy en común una
propuesta.

Los ataques vandálicos que determinados sectores de agricultores
franceses han realizado el último mes de abril de este año contra
productos agrarios españoles, como digo, son una reproducción de otros de
la misma naturaleza producidos en años anteriores. Hay que decir,
señorías, que la reacción del Gobierno español ante hechos que violan
gravemente la libertad comunitaria de circulación de mercancías y que
ocasionan daños económicos a nuestros exportadores ha sido siempre
inmediata, tanto ante las instituciones comunitarias como bilateralmente
ante Francia. Esta reacción ha tenido tradicionalmente una triple
vertiente. Una primera vertiente se refiere al primer punto que presenta
la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Hay
que decirle, señora Rivadulla, que se están realizando actuaciones ante
las instituciones comunitarias, ante la Comisión Europea, ante el
Consejo, ante el Comité Especial de Agricultura, etcétera, para que
restablezcan la legalidad y la libre circulación de mercancías. En lo que
se refiere al segundo punto de la proposición no de ley, se están
produciendo contactos bilaterales con las autoridades francesas, con la
doble finalidad de obtener una respuesta por parte de la administración
francesa en la que se comprometa a respetar la legalidad comunitaria y de
conseguir una indemnización suficiente por los daños sufridos, tema éste,
señorías, que no es uno de los principales problemas, porque hay que
decir que los damnificados están recibiendo las indemnizaciones por parte
del Gobierno francés con una tramitación burocrática bastante sencilla,
no complicada, y además con bastante rapidez, dentro de lo que cabe; no
es ése precisamente el mayor problema. Y en lo que se refiere al tercer
punto de la proposición no de ley, también hay que decir que de forma
inmediata nuestros consulados y representaciones diplomáticas en Francia
ha facilitado todo tipo de servicios a los afectados, como
interpretación, asesoramiento frente a las autoridades francesas,
información de vías jurídicas de reclamación, etcétera.

Por tanto, señorías, hay que manifestar también, lo ha dicho la ponente,
la firmeza con que la Ministra del Partido Popular, Loyola de Palacio, se
ha manifestado ante el Gobierno francés y la enérgica protesta presentada
ante las autoridades francesas y ante las autoridades comunitarias. Como
ha reconocido la ponente, se ha producido por primera vez, después de
muchos años, un hecho de tremenda importancia que cambia a esta hora el
rumbo de este problema con nuestro país vecino, Francia, y es que las
autoridades francesas han iniciado diligencias contra los cabecillas que
organizan estos actos vandálicos, previa detención y toma de declaración
de los mismos. Por tanto, señorías, es un punto muy importante y
agradezco a la ponente que lo haya reconocido de tal forma. Al mismo
tiempo, señorías, y esto también hay que tenerlo en cuenta, hay en marcha
un recurso contra Francia presentado por la Comisión Europea, así como
por España y el Reino Unido, ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo,
cuya vista se espera para este otoño y cuya sentencia, que por todos los
hechos



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parece que será condenatoria, se espera para el próximo mes de febrero de
1997.

Ante todo esto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado
una enmienda de sustitución, como ha indicado el Presidente de la
Comisión, y siguiendo la línea de los últimos acuerdos de la Comisión de
Agricultura de este Parlamento, de la proposición no de ley aprobada el
27 de octubre de 1993 por unanimidad, o de la declaración unánime también
del 10 de mayo de 1994, hemos presentado esta enmienda en la que decimos
que el Congreso de los Diputados acuerda los dos siguientes puntos. El
primer punto, hacer constar su protesta y rechazo ante los últimos
atentados cometidos contra productos hortifrutícolas españoles en
territorio francés; y les aclaro, señorías, que el pasado mes de abril
contra productos como patatas y fresas. Y el segundo punto, instar al
Gobierno a que continúe defendiendo ante las instancias comunitarias la
adopción de medidas para asegurar el tránsito en el espacio comunitario.

No habría ningún problema para incluir el tema de Francia, porque se está
haciendo así, es evidente, y por tanto, esperamos recabar el apoyo de
todos los grupos parlamentarios. Hay que recordar que esta enmienda es
prácticamente la misma que aportó el Grupo Parlamentario Socialista en el
año 1993 ante una proposición del mismo estilo de Izquierda Unida. Por
tanto, creemos que el Grupo Parlamentario Socialista no va a tener ningún
problema para votar a favor, así como el resto de los grupos
parlamentarios. Recabando ese apoyo, muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos parlamentarios desean hacer uso de la
palabra? (Pausa.)
El señor De Puig tiene la palabra.




El señor DE PUIG I OLIVE: Creo que todos nos vamos a poner rápidamente de
acuerdo en condenar las acciones de las que estamos hablando y que
estamos tratando con gran moderación, porque antes en iniciativas en esta
Cámara les llamábamos los ataques vandálicos contra los camiones
españoles y ahora parece que hablamos de la libertad de circulación de
mercancías. Yo creo que se puede hablar de las dos cosas y yo quisiera
hablar de las dos cosas.

A mí me parece, en primer lugar, que se trata efectivamente de ataques
vandálicos, es decir, de salvajadas. Es el uso de la violencia sin
ninguna razón, aparte de todas las consideraciones que se puedan hacer.

Unas, que me parece que a veces hacemos poco, y es que, como ciudadanos
de un Estado, no dejamos de recibir una agresión, un trato francamente
vejatorio, por ciudadanos de otro Estado, y eso también conviene a veces
tenerlo en cuenta, sobre todo habiendo constatado durante los últimos
años el poco interés de las autoridades francesas en resolver el
problema. Y luego está el hecho fundamental de que con estas acciones se
golpea lo que es un pilar fundamental y básico de la Unión Europea, que
es la libre circulación. Entonces, condena total. Esta Comisión, o si no
esta Comisión otras Comisiones del Congreso y el propio Pleno del
Congreso, lo ha condenado en otras ocasiones. Estamos de acuerdo en este
punto.

En cuanto al tenor preciso de la proposición no de ley de Izquierda
Unida, quiero decir que nosotros estamos básicamente de acuerdo. Quizá,
como siempre sucede, si la hubiera redactado nuestro grupo habría habido
ligeras diferencias de redacción, pero fundamentalmente a nosotros nos
parecen bien los puntos que se señalan aquí y que han sido mencionados
ya; es decir, instar al Gobierno a que exija a la Unión Europea celeridad
y atención a este problema; en segundo lugar, instar al Gobierno a que
actúe frente a las autoridades francesas y, en tercer lugar, tomar las
medidas de todo tipo que sean necesarias. Yo creo que básicamente las
ideas son claras.

Me voy a referir a la enmienda que ha presentado el Grupo Popular en el
sentido de que, constatando que es imposible estar en desacuerdo con
estas enmiendas porque son de sana intención, obvian uno de los elementos
que señala la proposición no de ley de Izquierda Unida, que es la
actuación frente a las autoridades francesas. A mí me parece que, dado
que el propio Diputado del Grupo Popular nos ha contado hasta qué punto
en este momento el Gobierno está actuando ante las autoridades francesas,
yo creo que habría que encontrar una fórmula para que este tema figurara.

Es verdad que en 1993, incluso a instancias de nuestro grupo, se aprobó
una proposición no de ley muy parecida a lo que es la enmienda del Grupo
Popular, pero también es verdad que después de 1993, a instancias de lo
que estaba pasando y ante la reiteración de los hechos, hubo otros
posicionamientos de la Comisión de Agricultura en esta Cámara, con
declaraciones de las posiciones de los ministros, e incluso toda una
serie de actuaciones que ustedes conocen, que van no sólo desde el
diálogo bilateral sobre el problema, sino incluso a que se llamara por el
Gobierno a la representación diplomática de Francia en España para exigir
garantías, aparte de la actuación, como se ha dicho aquí, en la Unión
Europea, que ha terminado con el hecho de que España se ha personado como
parte afectada en la tramitación del procedimiento ante el Tribunal de
Justicia contra Francia por estos actos.

Por tanto, ha habido acciones comunitarias y ha habido presión de las
autoridades españolas ante las autoridades francesas. Si es verdad que el
Partido Popular, con la acción de la propia Ministra y con otros actos
que nos acaba de reiterar el señor Pascual, está insistiendo ante las
autoridades francesas para que diligentemente actúen, yo no veo por qué
razón no va a figurar esto en la proposición no de ley. Me parecería más
bien que esta Comisión iba a aprobar un documento que estaría bastante
por debajo de lo que parece que está pasando, con lo cual afirmo que
primero preferiríamos votar la proposición no de ley con el texto de
Izquierda Unida, pero en el caso de que Izquierda Unida esté dispuesta a
aceptar la enmienda del Grupo Popular señalaríamos, quizá como solución
--si me permite, señor Presidente, una sugerencia, que en el punto 2 de
la enmienda del Grupo Popular, donde se dice «instar al Gobierno a que
continúe defendiendo ante las instituciones comunitarias...», al menos
diga que también ante las autoridades francesas. No ahorremos la alusión
a «ante las autoridades francesas», porque me parece que estamos por
debajo ya de los mínimos, según se nos dice desde el propio Partido
Popular.




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No sé si esto es una solución, y mucho menos si el partido proponente
estaría dispuesto a aceptar esta fórmula, pero a mí me parece que, al
menos, a pesar de haber bajado el tono, porque es más exigente y más
rotundo el texto que presenta Izquierda Unida, no dejaríamos de hacer una
referencia a una cosa que me parece elemental ante este tipo de hechos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Burballa, por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Nuestro grupo está de acuerdo básicamente
con el espíritu de la proposición no de ley presentada por la portavoz de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y se ha manifestado
reiteradamente en esta Cámara, a nivel de Comisión y de Pleno, contra la
agresión a los productos agrarios españoles y a sus medios de transporte
mediante actos de vandalismo que atentan contra el más elemental
principio de solidaridad comunitaria.

Dicho esto, nosotros creemos que las acciones que está realizando el
Gobierno deberían verse reforzadas por una posición unánime de esta
Comisión y de las fuerzas políticas que la integran. Por tanto, creemos
que Iniciativa per Catalunya, en este caso Izquierda Unida, debería
aceptar la enmienda que propone el Partido Popular, pero no nos
importaría, sino todo lo contrario, que se incluyera este añadido que
hiciera referencia también a la actitud cerca del Gobierno francés, más
que nada por reforzar una actuación que el Gobierno ya está desarrollando
y que en todo caso permitiría a las fuerzas políticas representadas en
esta Comisión tener una posición unánime.




El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, ¿estaría su grupo en situación de
aceptar la enmienda propuesta por el Grupo Popular, con las variantes
correspondientes?



La señora RIVADULLA GRACIA: A efectos de acta, señor Presidente, quisiera
recordar que nuestro Grupo es Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Lo digo porque, según varios ponentes, parece que ésta es una propuesta
de Izquierda Unida y es una propuesta del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor PRESIDENTE: Así será tenido en cuenta.




La señora RIVADULLA GRACIA: Muchas gracias.

En segundo lugar, no podría estar en contra de la propuesta de que se
incluya aquí no solamente que se inste a la Unión Europea, sino al
Gobierno francés, puesto que es una propuesta que le hecho yo al señor
Pascual y que realmente era una exigencia para que este texto pudiese
salir por unanimidad, como todos queremos. Pensamos que es una cuestión
que afecta al conjunto del Estado y desde luego nuestro grupo está muy
reconocido de que se incluya este punto. Estamos acostumbrados a que
nuestras propuestas siempre se diluyan un poco, que siempre se rebaje el
contenido, pero en aras a tener un texto unitario aceptamos la enmienda
de sustitución que tanto agrada a los partidos mayoritarios, no ya
propuesta de modificación, sino de sustitución.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Muy brevemente, señor Presidente, para decir que
aceptamos, debido a la unanimidad de criterios, añadir «ante las
instituciones comunitarias y ante el Gobierno francés», porque además de
hecho así se está haciendo, y sobre todo por la magnanimidad del actual
Gobierno, que no tiene ningún empacho en aceptarlo. Sí me gustaría decir
al representante del Grupo Socialista que ya me hubiera gustado que la
misma claridad que exigen al Partido Popular en el Gobierno la hubieran
tenido ustedes en aquellos momentos en que gobernaba el Partido
Socialista, en 1993.




El señor PRESIDENTE: Para claridad de todos entiendo que la señora
Rivadulla, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, acepta la enmienda del Grupo Popular, que
se leería en su segundo párrafo: «instar al Gobierno a que continúe
defendiendo ante las instituciones comunitarias y ante el Gobierno
francés la adopción de medidas para asegurar el libre tránsito en el
espacio comunitario». Este es el texto que someto a la consideración y
voto de la Comisión.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DIRIGIRSE AL GOBIERNO DE ISRAEL,
SOLICITANDO LA INMEDIATA APERTURA DE SUS FRONTERAS, TANTO AQUELLAS
COLINDANTES CON LOS TERRITORIOS OCUPADOS PALESTINOS, COMO CON AREAS
TRANSFERIDAS A LA AUTORIDAD PALESTINA, ASI COMO A PROMOVER RESOLUCIONES
EN EL SENO DE LA UNION EUROPEA Y EN LA ONU CON EL MISMO OBJETIVO, A
PROPUESTA DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 161/000036.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto número 4,
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a dirigirse al
Gobierno de Israel, solicitando la inmediata apertura de sus fronteras,
tanto aquellas colindantes con los territorios ocupados palestinos como
con áreas transferidas a la autoridad palestina, así como a promover
resoluciones en el seno de la Unión Europea y en la ONU con el mismo
objetivo.




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El grupo autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y en su nombre tiene la palabra
la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Señorías, efectivamente la proposición no de
ley de Izquierda Unida se refiere a la situación que se está viviendo en
Palestina, tanto en los territorios ocupados como en las zonas
transferidas al control de la autoridad palestina, y se refiere al cierre
militar total que se está viviendo desde el 25 de febrero de este año,
que en principio estaba previsto que se mantuviera hasta la celebración
de las elecciones en Israel. Es decir, la proposición se presentó cuando
todavía no habían sido celebradas estas elecciones, pero desgraciadamente
las elecciones en Israel se han celebrado y la situación se mantiene, por
lo cual entendemos que la proposición es más pertinente todavía, por
cuanto la propia limitación, que nosotros entendíamos injustificada, de
mantenimiento del cierre militar hasta las elecciones no ha sido
levantada todavía.

También quiero recordar a SS. SS. que esta situación se produce en un
marco geopolítico derivado de la puesta en marcha de los acuerdos de
septiembre de 1995, conocidos como de Oslo II, que plantean un diseño
territorial que supone la cantonalización de Cisjordania en áreas
escindidas entre sí, y que la decisión de cerrar militarmente los
territorios ocupados incide en una zona ya de por sí extendida, que ha
convertido a los palestinos en un pueblo cautivo, al que se le ha
impuesto un castigo colectivo, encerrado en sus áreas autónomas, y que
está ocasionando graves perjuicios en todos los órdenes de la vida civil
y la quiebra de cualquier expectativa de normalización con los israelíes.

En la exposición de motivos SS. SS. tienen reflejados algunos de los
aspectos más llamativos de la situación, en la cual, según informaciones
oficiales palestinas, las pérdidas diarias derivadas del cierre de
fronteras alcanzan los seis millones de dólares y se manifiestan en
aspectos importantísimos de las condiciones de vida. Uno de ellos, sin
duda uno de los más graves, es el aumento espectacular de la tasa de
desempleo, una tasa de desempleo que antes ya alcanzaba a un 57 por
ciento de la población en Gaza, que ha aumentado a un 65 por ciento
después del cierre de fronteras en la franja y a un 80 por ciento en el
resto de los territorios. Evidentemente, esta situación ha sido sufrida
unilateralmente por el pueblo palestino, ya que las autoridades de Israel
han autorizado un total de 16.000 permisos de trabajo para extranjeros no
palestinos como fuerza de trabajo sustitutoria de la procedente de
territorios palestinos.

Asimismo, el cierre de fronteras supone el bloqueo de todo tipo de
transacciones económicas y comerciales. Las exportaciones están
totalmente excluidas. Supone, según del Comité de Derechos Humanos
palestino, unas pérdidas diarias de 2 millones de dólares, como
consecuencia de la prohibición expresa de exportar productos cultivados.

También la pesca se ha visto unilateralmente agredida, de manera que se
han vulnerado los acuerdos de El Cairo, que garantizaban el acceso a 20
millas marinas desde la costa de Gaza para los palestinos, y se ha
impuesto una reducción que disminuye esta superficie de 12 a 8 millas
marinas.

No solamente las transacciones comerciales sino el transporte de
vehículos está siendo afectado y ha tenido consecuencias directas de
muerte en personas que intentaban acceder en vehículos sanitarios, es
decir, en ambulancias, a otros países para recibir tratamiento médico.

Tres muertes se habían producido en el momento de presentar la
proposición no de ley, a las que hay que añadir una más, acaecida el 30
de abril de este mismo año.

Como consecuencia de este cierre de fronteras, la carencia de alimentos
ha sido tan grave que ha obligado a las autoridades palestinas a imponer
un sistema de racionamiento de productos básicos que afecta a un elemento
tan fundamental para la alimentación como es el de la harina. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Maestro.

¿Podría pedir a las señoras y señores comisionados que escuchen
atentamente la intervención de la señora Maestro o que, si no, debatan
sus legítimos puntos de vista fuera de la sala?
Continúe, señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente.

Decía que la situación sanitaria, ya de por sí muy precaria en las
instalaciones sanitarias palestinas después de 27 años de ocupación, que
significaba la obligatoriedad de transferir pacientes a otros lugares,
como a Cisjordania, o a otros países, como a Israel, Egipto o Jordania,
se ha visto radicalmente deteriorada.

La importación de medicamentos y de productos sanitarios básicos también
se ha visto afectada, así como la importación de antibióticos y de
suplementos nutritivos para los niños, como leches maternizadas. Las
universidades y las escuelas están paralizadas. Más de 500 estudiantes
están siendo privados de su derecho a asistir a las universidades en
Cisjordania y, como ustedes bien saben, está cerrada la Universidad
Islámica de Gaza.

Las comunicaciones están interrumpidas. El aeropuerto de Lod, único punto
de embarque para los territorios, así como el puente que une áreas
palestinas con Jordania, han sido clausurados.

La situación de los prisioneros, motivo de preocupación en mi grupo en
anteriores legislaturas, por cuanto entendemos que un proceso de paz que
mantiene a una población de más de 4.000 prisioneros en cárceles
israelíes, está siendo asimismo deteriorada, sobre todo después de 1995,
cuando el Tribunal Supremo israelí autoriza el uso de la tortura física y
psicológica de los presos en sesiones de interrogatorios mediante un
permiso que se renueva eficazmente cada tres meses.

Quiero terminar la exposición de motivos con la valoración del Comité Pro
Derechos Humanos palestino, en el que se afirma que el cierre total
impuesto por Israel a Gaza y Cisjordania constituye una forma de castigo
colectivo contra la población palestina que conducirá a un deterioro de
sus ya empobrecidas condiciones de vida. Los cierres



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reducen cualquier beneficio que los palestinos pudieran obtener de los
acuerdos de paz. Su derecho a la autodeterminación se ve restringido,
mientras la mantenida ocupación deniega los derechos económicos y
sociales a la población palestina. La medida del cierre sólo contribuye a
que la tensión aumente y a que la estabilidad en la región merme.

Señoras y señores Diputados, señor Presidente, tal y como expresaba al
comienzo de mi intervención, el mantenimiento del cierre de los
territorios ocupados, incluso más allá del propio límite que el Gobierno
de Israel había impuesto para los mismos, hace que el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya les pida su apoyo a una
propuesta que pretende que el Gobierno de España se dirija al Gobierno de
Israel, solicitando la inmediata apertura de sus fronteras, tanto
aquellas que afectan a los territorios ocupados palestinos, como las que
lindan con áreas transferidas a la autoridad palestina, así como a
promover resoluciones en el seno de la Unión Europea y en Naciones Unidas
con el mismo objetivo, partiendo de la valoración de las graves
consecuencias que este hecho tiene sobre las condiciones de vida de la
población palestina y también su incidencia negativa sobre la valoración
que la población palestina tiene acerca del proceso de paz en curso en la
zona.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos
enmiendas. La primera, del Grupo Socialista del Congreso; la segunda, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Por este orden, doy la
palabra a los portavoces correspondientes.

En nombre del Grupo Socialista del Congreso, tiene la palabra el señor
Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, la intervención de la
portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya nos permite no
incidir en la exposición detallada que sobre la situación en Palestina
que acaba de hacer y que hacemos plenamente nuestra.

Queríamos hacer una reflexión sobre esa situación que está durando
demasiado tiempo, que supone una puesta en peligro de algo que ha costado
mucho trabajo poner en marcha: me refiero al proceso de paz, que tiene su
punto de partida en Madrid, y que tiene su lanzamiento a partir de los
acuerdos de Oslo.

Yo querría aquí hacer un pequeño inciso para recordar la figura de quien
fuera Ministro noruego, fallecido recientemente, señor Holst, que fue el
arquitecto de aquellos acuerdos de Oslo; unos acuerdos que se basan en el
principio de paz por territorio; unos acuerdos que se basan en el premisa
de que es posible hacer compatible el ejercicio de autodeterminación con
el derecho de los pueblos a vivir dentro de fronteras seguras. Nuestro
Grupo ve favorablemente la proposición no de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, con independencia de que hemos presentado
una serie de enmiendas que ahora comentaré.

Naturalmente, no podemos ignorar los cambios políticos que se han
producido en Israel, pero entendemos que no es éste el momento de emitir
juicios, que serían en todo caso anticipados, y, aunque a la vista de la
plataforma electoral del partido que ha resultado ganador en las
elecciones cabría tener una actitud pesimista, preferimos esperar y ver,
sobre todo porque en este país hemos podido recibir lecciones
recientemente de la evanescencia que pueden tener los programas
electorales y de la capacidad de revisión y de adaptación de posiciones
inamovibles que produce la llegada al Gobierno. Por tanto, seguiremos con
atención el proceso.

En cuanto a las enmiendas que nosotros hemos presentado, hay una primera
que pretende la adición de un nuevo punto relativo a impulsar las
acciones necesarias para lograr que el Gobierno de Israel aplique
plenamente las medidas derivadas de los acuerdos de Oslo y, en
particular, la retirada israelí de Hebrón y el establecimiento de vías de
comunicación entre Gaza y Cisjordania. La señora Maestro ha hecho
referencia a ello. A SS. SS. no se les oculta la importancia que tiene la
comunicación entre Gaza y los territorios ocupados de Cisjordania y las
consecuencias negativas que está teniendo sobre la economía de la zona,
así como la tensión que constituye la situación actual de Hebrón, donde
se están incumpliendo los acuerdos adoptados entre las autoridades
israelíes y las palestinas.

Una segunda enmienda pretende poner al día de hoy, víspera de la cumbre
de Florencia, el punto 2 del texto de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en el que, a partir de la palabra promover, diría: «... en el
Consejo Europeo de Florencia la adopción de iniciativas que permitan a la
Unión Europea asumir un papel político en el proceso de paz acorde con su
peso específico, económico y de cooperación en la zona», y el resto
seguiría igual. Finalmente, por cuestión de estilo, suprimiríamos las
últimas líneas del texto de Izquierda Unida.

Parece evidente que hay un deseo generalizado, cuando menos desde nuestro
Parlamento, de que la Unión Europea, que es el primer contribuyente que
ayuda al desarrollo de la región, el primer contribuyente a la puesta en
marcha de lo que habrá de ser el futuro Estado palestino, que es un
interlocutor comercial privilegiado del Estado de Israel, debiera tener
una voz política en este proceso de paz acorde con ese peso específico y
económico. Eso es lo que reclamamos aquí.

Aunque la señora Maestro no ha expresado su posición ante las diferentes
enmiendas, hay una del Grupo Popular que querríamos comentar. Con la
enmienda del Grupo Popular en la que se resalta la necesidad de tener en
cuenta los intereses legítimos de seguridad de Israel, no hay más remedio
que estar de acuerdo porque es una obviedad. Sin embargo, esta obviedad
puede dar lugar, en el contexto en el que estamos trabajando --la
proposición no de ley de Izquierda Unida y las propuestas de modificación
que pretende incorporar el Grupo Socialista-- a posibles interpretaciones
torcidas. La primera es la de que se estarían endosando las medidas en
vigor para garantizar su seguridad como, por ejemplo, el cierre y otras
medidas impuestas por el Estado de Israel, lo cual podría dejar sin valor
el conjunto de la proposición no de ley.

Nosotros escucharemos, en primer lugar, las palabras del portavoz del
Grupo Popular y, en segundo lugar, veremos



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la posición que adopta la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Nos gustaría que entre todos fuésemos capaces de adoptar un
punto de encuentro. Veríamos mejor una formulación que, recogiendo la
idea contenida en la propuesta del Grupo Popular, no diese lugar a esas
interpretaciones erróneas. Si lo permite el Presidente, si no hubiese
acuerdo, propondríamos una enmienda transaccional.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Robles Fraga.




El señor ROBLES FRAGA: Desde el día 25 de febrero de 1996, tras un
gravísimo atentado terrorista perpetrado en Jerusalén y al que días
después seguirían otros en Tel Aviv y Ashqelon, los territorios ocupados
palestinos, incluidas aquellas áreas transferidas a la autoridad
palestina, sufren un cierre total de fronteras que está afectando a la
población palestina en todos los órdenes. La economía local, ya de por sí
deteriorada, está siendo devastada, las condiciones de vida, sanitarias,
educativas, de orden humanitario en términos generales, así como la
libertad de movimiento, se ha visto alterada por las consecuencias del
cierre impuesto por Israel, que afecta a los permisos de circulación de
personas y mercancías, tanto entre los territorios palestinos con Israel
como el libre acceso de los mismos entre los propios territorios. Es
evidente que el vigente cierre fue decretado por el Gobierno de Israel,
con carácter temporal e indefinido, tras la serie de atentados
terroristas perpetrados a finales de febrero y principios de marzo.

Tenemos que comprender (como lo ha hecho el Gobierno español, tanto el
Gobierno socialista como lo hace el Gobierno actual y tal y como lo hace
la Unión Europea) que las legítimas preocupaciones de seguridad del
Gobierno de Israel tienen que entenderse desde el punto de vista, de las
consecuencias negativas que esta decisión tiene sobre las condiciones de
vida de la población palestina y la valoración que, en consecuencia, ésta
hace y, por tanto, la evolución futura previsible del proceso de paz en
su conjunto.

Nosotros creemos que el punto de vista de España y de la Unión Europea ha
tenido un cierto eco y ha sido recogido por una serie de medidas del
Gobierno de Israel que, en cierto sentido, han aliviado el cierre
decretado, sin embargo, el proceso electoral israelí no ha permitido
completar estas medidas y parece evidente que, hasta la fecha actual,
este proceso político abierto no ha permitido al Gobierno de Israel
levantar completamente este cierre.

Respecto a estas cuestiones debemos tratar de equilibrar el análisis que
podamos hacer de la situación en los territorios ocupados y, en general,
sobre el proceso de paz teniendo en cuenta no solamente los puntos de
vista de unos y de otros, sino también los distintos elementos que se
ofrecen, a nuestro juicio, y que es necesario tener presente para llegar
a una apreciación equilibrada y completa de la situación surgida como
consecuencia del cierre de fronteras.

Es evidente que Israel posee legítimamente un derecho de defensa, del que
el cierre de fronteras es una manifestación, pero es evidente también que
debemos promover cuantas iniciativas y actuaciones, en el plano bilateral
o multilateral, podamos impulsar para aminorar los perjuicios que se
producen en la población palestina. Esas actuaciones deben dirigirse a
conseguir un equilibrio entre la seguridad israelí y los intereses de la
población palestina, teniendo en cuenta sobre todo que el objetivo más
ambicioso y más importante es permitir que vuelva a tomar impulso el
proceso de paz. Ese es el sentido de la declaración institucional
aprobada en esta Comisión hace unos minutos y ése es el sentido de
nuestra enmienda.

El contenido fundamental de la proposición no de ley de Izquierda Unida
es correcto. El Parlamento debe instar al Gobierno para que, en sus
relaciones con el Gobierno de Israel, haga ver la necesidad del
levantamiento del cierre de los territorios ocupados en los ámbitos
correspondientes, europeos, de Naciones Unidas, y en el contexto del
proceso de paz en Oriente Medio. Sin embargo, creemos importante --y por
eso hemos presentado una enmienda de modificación al punto primero-- que
se haga constar que existe una legítima preocupación en materia de
seguridad del Estado de Israel, que es la que nos permitiría equilibrar y
dar un análisis no solamente razonable sino también posible y equilibrado
a la actual situación.

A mi Grupo le gustaría que pudiéramos llegar a un texto de transacción,
nos gustaría escuchar la opinión del portavoz de Izquierda Unida, aunque
valoramos en mucho la expresada por el señor Estrella. Mi Grupo, si se
tiene en cuenta esta legítima preocupación en materia de seguridad que
creemos tiene el Gobierno de Israel; si se tiene en cuenta este elemento
determinante del cierre de los territorios ocupados, podría llegar a un
acuerdo con los demás grupos de la Cámara y, por lo tanto, votar
favorablemente esta proposición no de ley. En caso contrario,
consideraremos que esta iniciativa no recoge los hechos fundamentales que
dan equilibrio, realidad y sustento a la posición del Gobierno español y
nos veremos obligados a votar en contra.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo parlamentario desea tomar la
palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Nuestro Grupo ha seguido con suma atención
las intervenciones de los portavoces de las distintas fuerzas políticas,
tanto de la proponente de esta iniciativa parlamentaria como la de los
dos grupos enmendantes.

En la intervención de la portavoz de Izquierda Unida se ha hecho una
amplia mención a la dramática situación que vive el pueblo palestino;
situación que no es nueva pues seguramente nos podríamos remontar al año
1948 para fijar un punto de inicio; situación que se ha visto agravada
especialmente por el cierre de fronteras, que nuestro Grupo lamenta y no
comparte en absoluto.

Hecho este preámbulo, quisiera decir, señor Presidente, que, desde
nuestra perspectiva, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya efectúa un tratamientos
sumamente parcial del problema del Próximo Oriente. Es un problema
obviamente



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mucho más complejo, que no se circunscribe al objeto estricto de esta
proposición no de ley.

Nuestro grupo parlamentario piensa que esta Comisión no debe de servir,
en cuanto al conflicto del Próximo Oriente, para efectuar
pronunciamientos puntales sobre problemas que se van planteando. Puede
ser hoy el cierre de fronteras, pudo ser hace unos días la condena de los
atentados efectuados por el grupo Hamás, que no se produjeron por
circunstancias diversas, entre otras porque no nos encontrábamos en
período hábil de sesiones.

En consecuencia, pensamos que nuestro objetivo debe ser encontrar
acuerdos, como el que se ha concretado en la declaración institucional
que hemos aprobado por unanimidad esta tarde, que tengan como objeto
principal conseguir un avance en el proceso de paz emprendido en su
momento, un proceso de paz sobre el cual se ciernen negros nubarrónes
después del resultado de las recientes legislativas israelíes.

Por ello, nuestro grupo parlamentario no va a votar a favor de dicha
proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Maestro para manifestarse
a favor o en contra de las enmiendas que han sido presentadas a la
proposición no de ley de su grupo.




La señora MAESTRO MARTIN: En primer lugar, deseo agradecer a los grupos
que han manifestado su voluntad de enmendar una proposición no de ley
desde la aceptación básica de su justificación. Mi grupo no tiene ningún
inconveniente en aceptar las enmiendas de Grupo Socialista, puesto que
mejoran y actualizan la voluntad política manifestada en la proposición
no de ley que, les recuerdo a SS. SS., no pretende valorar el conjunto
del proceso de paz en una zona especialmente conflictiva. Es algo mucho
más modesto y más limitado, como la valoración de una situación que se
mantiene en el tiempo, que está teniendo gravísimas repercusiones y que
viene a añadir motivos de preocupación a un proceso de paz difícil.

La historia está ahí. Cada grupo político, legítimamente, valora los
procesos históricos y los derechos legítimos de los pueblos en conflicto.

Insisto en que la voluntad de Izquierda Unida no era promover una
declaración parlamentaria por el desarrollo o los contenidos del proceso
de paz, sino algo más limitado, que es más eficaz para promover los
consensos necesarios puesto que, probablemente, si vamos a analizar
procesos históricos más amplios, tendrían dificultades en encontrarse.

La enmienda del Grupo Popular, que yo agradezco, amplía el marco de la
proposición no de ley de una manera quizás desequilibrada. Es un proceso
con un conflicto de derechos, un conflicto de situaciones entre dos
pueblos: un pueblo ocupado y un país ocupante, que ha sido objeto de un
sinnúmero de declaraciones por parte de la Asamblea de Naciones Unidas en
la tortuosa historia reciente.

Nosotros entendemos que la legitimidad de la preocupación, expresada
exclusivamente en la seguridad del pueblo israelí, desequilibra el
derecho a la existencia, a su territorio, que está en la base de la
violencia terrible que se está desencadenando en la zona.

Es voluntad de mi grupo parlamentario encontrar un consenso que permita
el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios y, por lo tanto, me
remito a la posibilidad de que una redacción más equilibrada, que el
señor Estrella ha anunciado, concite el acuerdo de los grupos
parlamentarios sobre el tema fundamental que el objeto de esta
proposición no de ley, que es limitado porque creemos que posiciones
limitadas son las que permiten avanzar en más amplios consensos y que,
por otra parte, la introducción de valoraciones políticas más generales
pudiera llevar a discusiones que desbordan sustancialmente la intención
política del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya como grupo proponente.




El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, entiendo que acepta usted las
enmiendas propuestas por el Grupo Socialista, pero no la del Grupo
Popular, aunque, al mismo tiempo, se muestra eventualmente abierta a
alguna enmienda que, sin haberla usted calificado así, yo calificaría de
transaccional.

Reglamentariamente estamos limitados al respecto, de manera que si existe
esa enmienda transaccional, que fuera capaz de concitar el acuerdo de
todos los grupos, pasaríamos rápidamente a su consideración.

Tiene la palabra el señor Estrella.




El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, recogiendo el planteamiento
del señor Robles e incorporándola a lo que entendemos sebe ser nuestra
posición política, en el sentido de que esos intereses de seguridad de
Israel tienen que se compatibles con la profundización del proceso de paz
y el desarrollo de la autodeterminación del pueblo palestino, la enmienda
enmendada por el Grupo Popular, diría lo siguiente en le párrafo primero:
Dirigirse al Gobierno de Israel desde la voluntad de hacer compatible el
derecho del pueblo israelí a vivir dentro de fronteras seguras, con el
pleno ejercicio del derecho a la autodeterminación por parte del pueblo
palestino, solicitando la inmediata apertura, etcétera.




El señor PRESIDENTE: Las enmiendas transaccionales deben recibir el apoyo
de todos los grupos. Pregunto si esta enmienda transaccional recibe el
apoyo de todos los grupos. (El señor Recoder i Miralles pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, ¿se refiere al apoyo para
ser tramitada?



El señor PRESIDENTE: Sí, señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Si no hay objeción al respecto, sometemos a votación
la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per



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Catalunya, con las adendas de las enmiendas del Grupo Socialista y con la
enmienda transaccional, tal como ha sido leída por el señor Estrella, al
párrafo primero de dicha proposición no de ley.

Votación de la proposición no de ley tal y como queda después de las
adiciones correspondientes.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29;
abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE EN EL SENO DE LAS NACIONES UNIDAS
Y DE SU CONSEJO DE SEGURIDAD DESARROLLE CUANTAS ACCIONES DIPLOMATICAS
SEAN NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES
ACORDADAS SOBRE EL REFERENDUM DE AUTODETERMINACION DEL PUEBLO SAHARAUI, Y
PARA QUE SE MANTENGAN LOS MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS DESPLAZADOS CON LA
MISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL REFERENDUM EN EL SAHARA OCCIDENTAL
(MINURSO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000048.)



El señor PRESIDENTE: Punto 5 del orden del día: Proposición no de ley por
la que se insta al Gobierno a que en el seno de las Naciones Unidas y de
su Consejo de Seguridad desarrolle cuantas acciones diplomáticas sean
necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones acordadas
sobre el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, y para que
se mantengan los medios humanos y técnicos desplazados con la Misión de
las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso).

Es autor de dicha iniciativa el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y, en su nombre, la señora Maestro tiene
la palabra.




La señora MAESTRO MARTIN: También en este caso la presentación, que tiene
registro de entrada de 10 de mayo de 1996, se anticipa a acontecimientos
que desgraciadamente han venido a confirmar, a nuestro juicio, la
pertinencia de la propuesta. En el momento de su presentación todavía no
se había producido la decisión de Naciones Unidas de la retirada de los
medios humanos y técnicos de Minurso, destinados a promover los medios
técnicos y diplomáticos encaminados a facilitar la celebración del
referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui en el marco del plan
de arreglo para la zona de Naciones Unidas.

Como decía, desgraciadamente, a finales del mes de mayo, se produce esta
decisión y, en estos momentos, existe una situación de confusión, de
tensión incrementada, y no se vislumbra ninguna salida pacífica,
dialogada, al conflicto que se mantiene en torno al territorio del Sáhara
Occidental.

Sin insistir más en la evidente responsabilidad del Estado español en una
zona que, hasta hace poco más de veinte años, era colonia española, que
dejó de serlo en una situación de indefinición y de retirada precipitada,
en la cual se abrían, como así ha sido, perspectivas muy difíciles para
la autodeterminación del pueblo saharaui, incluidos enfrentamientos
armados por la defensa de su territorio, entendemos que el Estado español
tiene, en el marco de la Unión Europea pero como responsabilidades
propias y específicas, la obligación de promover todas aquellas medidas
que puedan facilitar, en el marco de los organismos internacionales y de
la Unión Europea, repito, la celebración del referéndum de
autodeterminación del pueblo saharaui, para lo cual consideramos
indispensables que se inste a Naciones Unidas para que se prorrogue la
presencia de los medios humanos y técnicos de Minurso desplazados en el
Sáhara Occidental.

Señor Presidente, señorías, si me lo permiten, en aras de la brevedad
(entiendo que las enmiendas formuladas parten, en lo fundamental, de la
misma preocupación que el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya pretendía manifestar en su proposición no de ley) y para
facilitar la discusión acerca de este punto, propongo una enmienda
transaccional en la que, con toda voluntad de consenso y acuerdo,
incorpora todos aquellos aspectos que mejoran técnicamente e introducen
elementos no suficientemente reseñados en la proposición no de ley de
Izquierda Unida. Espero que sea de su agrado y que recoja las
preocupaciones y la voluntad política de los grupos enmendantes.

El texto propuesto diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a que, en el seno de las Naciones Unidas, en sus contactos
bilaterales con las partes y con los países vecinos interesados,
desarrolle de forma constante y constructiva cuantas acciones
diplomáticas sean necesarias para conseguir un rápido desbloqueo del plan
de arreglo y la prórroga del mandato de la Minurso. Todo ello para
garantizar la celebración de un referéndum de autodeterminación libre y
justo en el Sáhara Occidental, de acuerdo con las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.




El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, ¿podría depositar en la mesa el
texto de esa enmienda? (Asentimiento).

Existen dos enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentadas, respectivamente y
por este orden, por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo
Parlamentario Popular.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Balletbó.




La señora BALLETBO I PUIG: Nosotros apoyamos la proposición de Izquierda
Unida en la línea que ha expresado, porque la paralización del proceso de
paz hace



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previsible una catástrofe humanitaria importante. También creemos que
existe actualmente falta de firmeza de Naciones Unidas en relación a este
tema. Es una obligación del Gobierno español, como antigua potencia
colonizadora, la adopción de medidas entre Marruecos y la ONU, que trae
al Congreso de los Diputados al necesidad de tomar alguna resolución al
respecto.

En este sentido, nosotros aceptamos la propuesta que hace la señora
Maestro y presentamos una enmienda que dice: El Congreso, en defensa del
pueblo saharaui y su derecho a decidir sobre su estatuto futuro, insta al
Gobierno a que ejerza una actividad diplomática constante y constructiva,
impulsando contactos bilaterales --eso para nosotros es extremadamente
importante-- entre los gobiernos interesados y con los responsables de
Naciones Unidas.

¿Por qué? Porque en este conflicto, como es sabido, no están solo
Naciones Unidas y la OUA, sino también están las partes en conflicto,
Marruecos y el Frente Polisario, pero hay países observadores que tienen
cosas que decir, como Argelia y Mauritania. En este sentido, España, como
país colonizador, debe tener un papel prioritario y activo. Por último,
también creemos en la importancia del papel de Francia y Estados Unidos
como países miembros del Consejo de Seguridad. Eso lo digo precisamente a
raíz de la enmienda del Grupo Popular y de esa transaccional. En esencia
el esfuerzo que ha hecho la señora Maestro para conseguir aglutinar
nuestra propuesta y la del Grupo Popular con la suya es muy encomiable y,
en principio, nos veríamos muy dispuestos a aceptar si no fuera solamente
por una pequeña observación.

No creemos estrictamente necesaria esta última parte de la que hemos
estado hablando, en relación con la frase «de acuerdo con las
resoluciones del Consejo de Seguridad». ¿Por qué? Primero, porque es
sabido que los acuerdos del Consejo de Seguridad son de obligado
cumplimiento por parte de los países miembros de Naciones Unidas. Esto
está claro, pero además nosotros queremos ir un poquito más allá.

Queremos que sea el Gobierno español el que tenga un papel muy activo con
dos países miembros del Consejo de Seguridad, que son precisamente
Francia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos compete este
conflicto de una forma históricamente muy cercana y pensamos que, en la
medida en que hay unas responsabilidades históricas y culturales, debemos
jugar un papel mucho más activo y nuestro Ministro tiene que trabajar
para convencer a los miembros del Consejo de Seguridad. Que esto sea o no
posible viene después, pero no se debe decir desde el principio que sea
lo que los miembros del Consejo de Seguridad digan; evidentemente, al
final será eso, pero decirlo de entrada es limitar el tema.

En el esfuerzo que ha hecho la señora Maestro y todos los grupos de
consensuar esta propuesta, tanto el Partido Popular, por parte del señor
Soriano y también del señor Robles Fraga, como nosotros mismos, que
estamos dispuestos a apoyar esa transaccional, se podría dar un paso más
al frente --perdónenme la expresión-- en el sentido de modular un poco
eso. ¿Por qué? Porque ese tema viene de lejos. Esa preocupación en
relación con el Sáhara ha sido objeto de preguntas en el Senado por parte
del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición Canaria, un grupo
parlamentario extremadamente preocupado por esta situación, como es
obvio, por la cercanía, por la ubicación geográfica, etcétera. Además, el
Grupo de Izquierda Unida presentó diferentes preguntas sobre el tema, una
de las cuales ha dado paso a esta proposición no de ley. El mismo Grupo
Socialista, el 12 de junio, en un Pleno en esta Casa, formuló una
pregunta en relación con la visita del Presidente del Gobierno, señor
Aznar, a Marruecos. Quiero señalar que, con independencia del inapropiado
incidente que, en cuanto a su formulación se produjo, el sentido iba en
la misma dirección que en estos momentos estamos discutiendo.

Celebro y señalo que, de una forma amplia, la propuesta de la señora
Maestro es un interesante ejercicio de consenso parlamentario. Como he
dicho antes, por parte de los señores Soriano y Robles Fraga, se ha
avanzado mucho en este sentido. En este sentido creo que iríamos un poco
más allá si eliminásemos la última frase, porque no es necesaria y le
quita fuerza, puesto que, por una parte, se habla de consenso pero, por
otra, de lo que diga el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad
dirá lo que tenga que decir en su momento, pero nosotros no podemos
limitarnos a recomendar y subordinarnos a lo que al final se decida,
entre otras cosas, porque en ese conflicto tenemos --insisto-- unas
responsabilidades históricas y culturales muy considerables. Y además,
por otra razón, porque desde el punto de vista estratégico, geopolítico y
de defensa es una cuestión que nos afecta mucho más.

Para terminar, yo diría que una de las cosas que hay que empezar a pensar
y a aprender --creo yo, modestamente-- en política internacional es que
hay esfuerzos que merecen mucho la pena, porque a veces la no realización
de dicho escuerzo tiene consecuencias, como se ha visto en otros países,
de gran calado, como son esas catástrofes humanitarias que todos
lamentamos. En este caso, después de lo que sucedió hace veinte años
--como muy bien citaba la señora Maestro--, creo que deberíamos evitar
que ese conflicto no se encauzara definitivamente y deberíamos evitar
mantener permanentemente abierta una situación que puede llevar a un
empeoramiento o, incluso, a reanudar el conflicto armado que en este
momento está más o menos acotado, pero que está chispeante y a punto de
saltar.




El señor PRESIDENTE: Hay también una enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, cuya defensa corre a cargo del señor Soriano.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Realmente pocas cuestiones han merecido
tanta unanimidad en las Cámaras, tanto en el Congreso de los Diputados
como en el Senado, como la necesidad de que se celebre un referéndum en
el Sáhara para que los propios saharauis decidan el destino definitivo de
este territorio. No voy a hacer referencia aquí a todas las iniciativas
habidas desde la III, IV, V y actual legislatura, pero sí quiero
significarle a la señora Balletbó que no ha sido sólo el Grupo de
Coalición Canaria el que ha tenido interés por un problema que afecta en
general a todo el pueblo canario, por la vecindad y las relaciones



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de amistad y comerciales que tradicionalmente han existido con el Sáhara,
sino que estoy seguro que también los Diputados socialistas, y por
supuesto los Diputados del Grupo Popular, somos sensibles a este tema,
que no es exclusivo de ningún grupo en la comunidad canaria.

En esta línea y aceptando en principio la enmienda transaccional
propuesta por la señora Maestro, yo quisiera indicar que esa
transaccional, en definitiva, como ella misma ha reconocido, no es sino
la consecuencia de que, con posterioridad a presentarse la iniciativa por
el Grupo, Izquierda Unida, el 29 de mayo pasado las Naciones Unidas
acordaron, por unanimidad, suspender la elaboración del censo electoral
necesario para la celebración del referéndum hasta que Marruecos y el
Frente Polisario demuestren su compromiso de reanudarlo y completarlo sin
nuevos obstáculos. Ayer, en esta Cámara, este Diputado preguntaba al
Ministro de Asuntos Exteriores sobre la voluntad del Gobierno español, y
quedó claro y manifiesto el compromiso de España con la celebración de un
referéndum que dé una solución definitiva al conflicto.

En definitiva, nuestra enmienda viene a coincidir con la de Izquierda
Unida y con la del Grupo Socialista, por cuanto dice, textualmente: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el seno de las
Naciones Unidas, en sus contactos bilaterales con las partes y con los
países vecinos interesados, desarrolle cuantas acciones diplomáticas sean
útiles para conseguir un rápido desbloqueo del plan de arreglo y la
celebración del referéndum de autodeterminación en el Sáhara occidental,
de acuerdo con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

Como se ve fácilmente, la enmienda está originada porque, como he
indicado, con fecha 29 de mayo se produce un acuerdo de Naciones Unidas,
pero cuando se presenta la iniciativa por parte del Grupo de Izquierda
Unida sólo estaba basada en unas meras declaraciones del Secretario
General de Naciones Unidas que ya anticipaban lo que iba a ser el acuerdo
al que me he referido. Por ello, el Grupo Popular no tiene inconveniente
ni en aceptar le enmienda transaccional ni en aceptar la pequeña
variación que ha solicitado la señora Balletbó, puesto que el Partido
Popular ha puesto de manifiesto reiteradamente la necesidad de celebrar
este referéndum en el sentido indicado. Me parece que, estando de acuerdo
los grupos en esta transacción, sobra ya cualquier otra referencia al
asunto. (La señora Maestro Martín pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, entiendo que, tras la
intervención del representante del Grupo Popular, el Grupo de Izquierda
Unida está en condiciones de aceptar la sugerencia de la señora Balletbó
en el sentido de eliminar la última parte de la proposición no de ley, en
la que se hacía referencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
--no recuerdo exactamente el texto, porque lo he entregado y estaba
escrito a mano--, por entender que es obvio que el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas vincula en sus decisiones al resto de los países, lo
que diluiría la responsabilidad histórica y cultural específica de España
en relación con el Sáhara occidental.




El señor PRESIDENTE: Entiendo que no hay dificultades procedimentales
para que se tenga en consideración la enmienda transaccional que, después
de las diversas intervenciones, quedaría de la siguiente manera: La
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que, en el seno de las Naciones Unidas, en sus contactos
bilaterales con las partes y con los países vecinos interesados,
desarrolle, de forma constante y constructiva, cuantas acciones
diplomáticas sean necesarias para conseguir un rápido desbloqueo del plan
de arreglo y la prórroga del mandato de la Minurso. Todo ello para
garantizar la celebración de un referéndum de autodeterminación, libre y
justo, en el Sáhara occidental.

Este es el texto que someteríamos a votación. (El señor Recoder i
Miralles pide la palabra.)
Sí, señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Quisiera manifestar nuestra posición al
respecto.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).




El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro grupo parlamentario, que vio con tristeza y suma preocupación la
decisión de Naciones Unidas que tenía por objeto suspender, aunque fuera
temporalmente, los trabajos de elaboración del censo que había de
conducir a la celebración del referéndum de autodeterminación del Sáhara
occidental, cree que hoy vamos a dar un paso importante, puesto que esta
Comisión, por unanimidad, va a aprobar, por lo que se deduce del debate
precedente, una resolución conjunta de impulso a este proceso.

Concretamente, un mandato al Gobierno español que nosotros deseamos que
el Gobierno español se tome como algo muy importante dentro de lo que es
su estrategia de política exterior, porque son obvios los lazos y las
responsabilidades históricas que nos unen con el pueblo del Sáhara
occidental.

Ayer tuvimos ocasión, como ha dicho un anterior interviniente, de
escuchar, de boca del señor Ministro de Asuntos Exteriores, la posición
del Gobierno de compromiso con todo aquello que pueda coadyuvar a
reemprender la misión de Minurso. También quiero significar que nuestro
grupo parlamentario, hace unas semanas y después de producirse esta
decisión de Naciones Unidas, que hemos lamentado, solicitó la
comparecencia ante esta Comisión del Ministro de Asuntos Exteriores para
poder debatir con él la posición del Gobierno español.

Con todo ello, reitero nuestro voto favorable al texto que ha sido
transaccionado finalmente.




El señor PRESIDENTE: También para fijación de posición, en nombre del
Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.




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El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, el Grupo de Coalición
Canaria estará en la misma línea de argumentos que acaba de expresar el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) señor
Recoder. Nosotros nos congratulábamos por la oportunidad de esta
iniciativa del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y ahora
lo hacemos doblemente porque haya habido este consenso en las enmiendas
presentadas, porque creemos que del Parlamento español, del Congreso de
los Diputados, debe de salir siempre una voz única y contundente de apoyo
al referéndum de autodeterminación del Sáhara occidental y, sobre todo, a
las resoluciones de Naciones Unidas. Esto es muy importante en la
situación en que actualmente se está desarrollando la labor de las
Naciones Unidas, de una precariedad absoluta, en la que resulta castigado
el deseo democrático del pueblo saharaui. Por eso, nosotros vamos a
apoyar con nuestro voto favorable este texto consensuado, que satisface
las aspiraciones de fondo de este grave problema.




El señor PRESIDENTE: ¿No hay ningún otro grupo que desee tomar la
palabra? (Pausa.)
En consecuencia, vamos a someter a votación el texto que acabo de leer y
que es el resultado de la transacción realizada entre el grupo proponente
y los dos grupos que habían presentado enmiendas a la proposición no de
ley originaria.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: El texto se aprueba por unanimidad.




CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:



--SOBRE LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS PRODUCIDOS EN PARAGUAY, ASI COMO DE
LA NUEVA SITUACION CREADA EN DICHO PAIS. FORMULADA POR LA SEÑORA BALLETBO
I PUIG, DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000043.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer bloque de cuestiones del orden del
día que se refiere a la contestación de las preguntas números 6 al 11
inclusive.

Para la contestación a estas preguntas asiste, en representación del
Gobierno, el Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y
para Iberoamérica, don Fernando Villalonga, al cual invito a tomar
asiento en la mesa presidencial.

Siendo ésta la primera ocasión en que el Secretario de Estado comparece
ante la Comisión de Asuntos Exteriores, me permito, en nombre de la
Presidencia, de la Mesa y de todos los comisionados, darle calurosamente
la bienvenida augurándole no sólo una feliz estancia entre nosotros, sino
también una feliz continuación de esa estancia entre nosotros porque
seguramente en el futuro tendremos ocasión de compartir con él preguntas
y actividades varias.

Quiero recordar a los señores comisionados y también al Secretario de
Estado que el trámite de las preguntas, que siempre ha sido entendido con
una gran flexibilidad por parte de la Presidencia de esta Comisión,
supone, en el caso de que así se quiera utilizar por parte del
interpelante, un primer turno para sustanciar la pregunta, un turno en
este caso del señor Secretario de Estado para contestar y dos breves
turnos de réplica por parte del que realiza la pregunta y por parte del
Secretario de Estado. Digo y repito que las normas han sido
extraordinariamente flexibles en su aplicación, y lo único que pido tanto
al que pregunta como al que contesta es que utilicen la máxima concisión,
que sería, al fin y al cabo, una muestra de capacidad de expresión y
respeto para unos y otros.

La primera pregunta que formula doña Ana Balletbó i Puig lleva el número
6 y se refiere a la situación en el Paraguay.

La señora Balletbó tiene la palabra.




La señora BALLETBO I PUIG: Mi pregunta hace referencia a los
acontecimientos del pasado mes de abril, días 23 y 24, en ese país
latinoamericano. Hasta donde yo puedo saber, al parecer el Presidente
Wasmosy tenía deseos de ordenar la situación política en su país
colocando el poder militar en el lugar que le corresponde, es decir,
recuperando el espacio que correspondía al poder civil en toda
democracia. Como consecuencia de esta reflexión, cesó al general Oviedo
del cargo de Comandante responsable del Ejército de Tierra, ya que se
comportaba, según las noticias que tengo --y eso es lo que quiero que me
confirme el señor Secretario de Estado--, como un presidente de facto. El
general Oviedo no acató la destitución hecha por Wasmosy y se acuarteló
con sus fieles --estamos en los días 23 y 24 de abril--. A continuación,
el Presidente del Senado, jefe de la oposición de Wasmosy, asumió el
protagonismo de una renegociación con los amigos de Oviedo y grupos
vinculados al mundo de los negocios internacionales. Esta negociación
que, según parece, muy intencionada, ya que el acuartelado Oviedo
proclamó después que sólo cesaría en su pronunciamiento si dimitían
Wasmosy y el Vicepresidente y si asumía el cargo de presidente el
Presidente del Senado, el que supuestamente negociaba. Me vino a la
memoria ese refrán que dice: el que parte y reparte se queda la mejor
parte. En todo caso, lo que es cierto es que en ese país, a raíz de todos
esos incidentes, los embajadores de Mercosur y el Embajador de Estados
Unidos en Paraguay rechazaron esta maniobra --por descontado,
anticonstitucional-- y Oviedo, al ver que no lograba salirse con sus
propósitos, rebajó sus pretensiones y en ese momento se limitó sólo a
pedir una salida política que para él era que le nombraran Ministro de
Defensa, lo que, hasta donde yo sé, en un principio, el Presidente
Wasmosy aceptó.

Lo demás es una cuestión de televisión, manifestaciones en las calles,
estudiantes, quejas, presión popular, hasta que finalmente el general
Oviedo es cesado del cargo de Comandante del Ejército de Tierra y pasa al
retiro.

Los últimos acontecimientos, ya bastante más recientes --insisto, hasta
donde yo sé, señor Secretario de Estado--, son que en el Congreso de los
Diputados se abre una comisión



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de investigación en la que comparece el general Oviedo que replica a las
acusaciones que se le hacen diciendo que el golpista era Wasmosy. El
pasado lunes día 10 de junio el juez procesa al general Oviedo acusándole
de levantamiento militar contra la Constitución.

La información que yo tengo está recogida de aquí y de allá y no sé si
coincide con los informes que la diplomacia española tiene. En cualquier
caso, me gustaría que el señor Secretario de Estado dijera si mis
informaciones son ciertas, si no lo son, en qué puede complementarlas o
incluso sería interesante saber cómo hemos visto estos acontecimientos en
un país vinculado estrechamente en las relaciones históricas y culturales
con el nuestro, y me gustaría saber su opinión en relación a este
lamentable proceso. El Grupo Parlamentario Socialista ve con preocupación
que a un país que con dificultad ha asumido un cierto camino hacia la
democracia se le rebrinquen de esta forma espectacular y a la vez
tremendamente peligrosa algunos altos cargos militares del Ejército.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Secretario de Estado.

(Pausa.)



El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Antes de nada quiero darle las gracias
por la bienvenida a esta Comisión. Espero que este fallo técnico no sea
ningún augurio en contra de los buenos deseos que me han expresado.

Contestando a la ilustre señora Diputada, he de decirle que desde el
pasado 22 de mayo, fecha en la que Paraguay vio amenazado su
recientemente adquirido sistema democrático debido al pase al retiro del
general Oviedo, el país vive, como conoce, la más grave crisis política y
económica de su historia reciente. Más allá de las razones que impulsaron
al Presidente Wasmosy a tomar esa determinación de relevar en su cargo al
general Oviedo, lo cierto es que este militar venía ejerciendo una
constante influencia en el Gobierno y en los asuntos públicos del
Paraguay.

La situación de desconcierto, además, fue aprovechada para que sectores
opuestos al oficialismo, dentro de la Alianza Nacional Republicana,
convocaran las tantas veces aplazadas elecciones internas que dieron como
resultado la aplastante victoria del ex canciller Argaña, otro duro revés
para el Presidente Wasmosy y para el candidato oficial, el Vicepresidente
Seifart.

En el plano de la justicia, además de las comparecencias ante la Comisión
Bicameral del Congreso, la justicia paraguaya decretó, como usted ha
dicho, la prisión para el general Oviedo materializada en su
encarcelamiento el pasado viernes 14 de junio, no sin antes proferir
graves acusaciones contra el Presidente de la República --como ha
relatado-- y su entorno económico.

En las últimas semanas --ésta es la información con la que contamos-- se
han producido, además, varios cambios gubernamentales que responden a
diferentes criterios, aunque en definitiva evidencian --esto es
importante-- la pobreza del espectro político con el que cuenta el
Presidente Wasmosy para dirigir el país.

En cuanto al resto de los cambios en las Fuerzas Armadas, se han
producido con normalidad, aunque las relaciones entre el Presidente y el
Ejército pueden calificarse de muy deficientes. La oposición en esta
crisis también ha resultado desgastada con estos incidentes, a excepción
de un nuevo líder de Encuentro Nacional, el actual Intendente de
Asunción, señor Philip Sola. La huelga general del 2 y 3 de mayo, seguida
de una dura represión policial, no ayuda tampoco a establecer ese diálogo
social necesario que es tan importante para el mantenimiento de la
democracia en el país.

Finalmente, en el plano económico cabe señalar que, tras llevarse a cabo
un vago programa de privatizaciones, el Ejecutivo remitió en mayo al
Congreso un paquete de proyectos de ley destinados a favorecer el mercado
de capitales, aunque dado el escaso apoyo parlamentario al Gobierno y el
conflictivo entendimiento entre ambos poderes en el Paraguay parece
difícil predecir su futuro inmediato. Entretanto, la crisis económica se
agrava. Han caído los ingresos fiscales, obligando a un recorte
presupuestario que ha disminuido el comercio y ha aumentado el desempleo.

La pertenencia al Mercosur y las medidas de control impuestas por Brasil
y Argentina suponen una paulatina reducción del comercio ilegal, pero el
poder y la injerencia de estos factores de la economía informal en
Paraguay contribuyen a la ausencia de medidas que combatan dicha economía
y que la encaminen hacia un modelo diferente.

En cuanto a la situación actual, tanto desde el punto de vista económico
como político, es de progresivo deterioro. Sin embargo, de las pocas
consecuencias positivas que es posible deducir de la crisis que S. S. ha
expuesto del 22 y 23 de marzo hay que destacar, en primer lugar, la
espontánea reacción del pueblo paraguayo, sobre todo los jóvenes, que se
lanzaron a la calle obligando al Presidente a rectificar su previa
decisión de otorgar la cartera de Defensa a un militar golpista.

En segundo término, y es también importante, funcionaron perfecta y
automáticamente todos los mecanismos destinados a preservar y apoyar la
joven democracia paraguaya. Los embajadores europeos y del Mercosur
acreditados reaccionaron inmediatamente, personándose en el palacio
presidencial para expresar el apoyo de sus gobierno al régimen
constitucionalmente establecido. Las declaraciones de la Unión Europea,
del Mercosur, la inmediatamente desencadenada en el seno de la
Conferencia Iberoamericana por parte de la Secretaría Protémpore que
tiene Chile, se sumaron a la presencia de los cancilleres de los países
vecinos y al Secretario General de la OEA en Asunción.

En definitiva, Paraguay se encuentra actualmente atravesando una muy
delicada etapa en su historia, en la que se hace necesario un mayor
entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, así como una
profunda reforma del Poder Judicial. En este proceso Paraguay necesitará,
por supuesto, de la ayuda de España y de toda la comunidad internacional.

España ya está colaborando a través de diferentes proyectos, entre los
que destaca el existente en el campo de la descentralización
administrativa, el de reforzamiento de las estructuras locales, así como
el apoyo institucional al Parlamento paraguayo, en el que participamos a
través de los programas de cooperación de la Unión Europea.




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El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó.




La señora BALLETBO I PUIG: Señor Secretario de Estado, hasta donde yo sé,
en los días que se sucedían estos dramáticos y lamentables
acontecimientos, el anterior Presidente del Gobierno hizo algunas
gestiones en la dirección de apoyar también, como usted ha reseñado, la
democracia en dicho país. Dada la situación de inestabilidad que se ha
abierto en el Paraguay, debería pedirle al Secretario de Estado, para que
a su vez se lo transmita al Ministro de Asuntos Exteriores, una
permanente vigilancia y actividad en relación con el papel de España (en
algunos temas como el anterior que hemos visto del Sáhara y en este caso
también) en un país como el Paraguay, de tradiciones e historia muy
vinculada al nuestro. Y también el papel que España puede tener con los
otros países de la Comunidad Económica Europea para establecer una
situación de apoyo a la democracia en este país. No sólo porque las
razones históricas y nuestros preceptos democráticos así nos lo
aconsejarían, sino porque, además, hay una cuestión que lamentablemente
se viene sucediendo cada vez más, y es que se contagian las enfermedades
políticas. En consecuencia, si en un país pequeño, pero que está en el
corazón de América del Sur, una situación como ésta se consolida en
cuanto a desestabilización, en cuanto a inestabilidad, en cuanto a
golpismo, el contagio puede ser inmediato en otros países. Tenemos otros
casos, como por ejemplo Colombia, que vive una situación un poco
compleja, y en esta difícil consolidación de la democracia en toda
Latinoamérica creo no es sólo conseguir que los países hagan su proceso
democrático, sino que hay algo mucho más complicado, y es establecer
estos tejidos asociativos, estos tejidos democráticos que van mucho más
allá del ejercicio del voto, que es lo que consolida las democracias. La
democracia formal es imprescindible para conseguir la democracia real;
pero la democracia real sólo se consigue si el Ejército ocupa el espacio
político que le toca, si el poder civil ocupa el espacio político que le
toca, si la ciudadanía asume las responsabilidades políticas que le tocan
y si se consiguiera hacer un tejido social que permita que sindicatos,
partidos políticos, asociaciones y sociedad civil asuman la
responsabilidad de sus destinos históricos y no aquellas personas que
durante años se han acostumbrado con la fuerza de las armas a imponer sus
criterios políticos y sus ambiciones políticas, y en casi todos los casos
sin programa político, sino por intereses económicos, sobre todo en el
caso que nos ocupa.

Recomendaría una acción diplomática permanente. A veces se habla de que
la diplomacia preventiva es una utopía, pero creo que hay que hacer
esfuerzos en este sentido porque si fracasan las acciones diplomáticas
luego llegan situaciones mucho más conflictivas y más difíciles de
solucionar.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Creo que todos coincidimos con las
afirmaciones de la señora Balletbó. No se trata tampoco de un tema de
vigilancia, sino de estrecha colaboración. Tampoco es únicamente de los
países de la Unión Europea, sino también de la comunidad iberoamericana.

Estamos en permanente contacto con la Secretaría Protémpore que tiene
Chile, de la Cumbre iberoamericana, y observamos estrechamente la
situación en Paraguay. Una de las prioridades de la cooperación española
y también de las cumbres iberoamericanas es reforzar las instituciones
democráticas y, por tanto, hacia ahí encaminaremos todos nuestros
esfuerzos de cooperación.




--SOBRE EL ACUERDO ENTRE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL REY
HASSAN II DE MARRUECOS, RELATIVO A LA CONSTITUCION DE UN GRUPO DE AMISTAD
PARLAMENTARIO HISPANO-MARROQUI, FORMULADA POR EL SEÑOR RODRIGUEZ BOLAÑOS,
DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000054.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Rodríguez Bolaños,
sobre el acuerdo entre el Presidente del Gobierno español y el Rey Hassan
II de Marruecos, relativo a la constitución de un grupo de amistad
parlamentario hispano-marroquí.

Para su exposición, tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.




El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Secretario de Estado, en relación con
la reciente visita del Presidente del Gobierno, señor Aznar, al Reino de
Marruecos, en los medios de comunicación se destaca que en el encuentro
que tuvo con el Rey Hassan II quizá el acuerdo más importante que se
suscitó en ese almuerzo fue la constitución --se dice textualmente-- de
un grupo de amistad parlamentario hispano-marroquí. Lo he visto con
sorpresa, y yo diría con estupor, porque sería la primera vez que el Jefe
del Ejecutivo toma un acuerdo con el Jefe del Estado que se sale de su
competencia. No sé si esto es un lapsus, un error, es una mala
interpretación, pero me gustaría que el señor Secretario de Estado nos
diera una explicación de qué tipo de acuerdo se adoptó --si es que fue
así-- y, desde luego, si el señor Aznar --creo que sí-- era consciente de
que era imposible que adoptara un acuerdo de esas características, ya que
la competencia en todo caso no le corresponde al Ejecutivo.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Le aseguro, señor Diputado, que la
iniciativa que toma el Presidente Aznar con el Rey Hassan II de Marruecos
viene de bastante antes de la asunción por el señor Aznar de la
Presidencia del Gobierno de España.

Le explico un poco la cuestión. El Presidente trató la creación de este
grupo de amistad parlamentario hispano-marroquí,



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entre otros asuntos de interés bilateral, en el transcurso de la
entrevista que mantuvo con el Primer Ministro de Marruecos, señor Filali,
y después con el Rey Hassan II de Marruecos. El Presidente del Gobierno
expresó a sus interlocutores el gran interés que el Gobierno español
concede a este proyecto, aunque se halla todavía en fase inicial o de
lanzamiento. La iniciativa venía de antes, ya que se trató en la cumbre
de alto nivel celebrada en Madrid en el mes de febrero. Además, ha sido
objeto de análisis preliminar por parte de los respectivos Presidentes
del Congreso y de la Asamblea Parlamentaria de España y de Marruecos. Se
trató cuando vino a España, a principios de año, el Presidente de la
Asamblea parlamentaria de Marruecos, y después se volvió a tocar en la
cumbre de alto nivel en el mes de febrero.

A juicio del Gobierno español, la puesta en práctica de esta importante
iniciativa, siempre si lo estiman oportuno los respectivos órganos
depositarios de la soberanía nacional, ayudaría a reforzar los estrechos
lazos de amistad hispano-marroquí y a darles además una mayor visibilidad
cerca de las opiniones públicas de los dos países. La constitución de
este foro daría lugar a un fructífero intercambio de ideas, de todo tipo
de cuestiones, que podrían tener una incidencia en la marcha de las
relaciones bilaterales.

El Presidente del Gobierno pudo constatar también la importancia que el
Gobierno de Marruecos otorga a este proyecto. El Primer Ministro
marroquí, el señor Filali, hizo notar al Presidente del Gobierno que la
previsible celebración de elecciones legislativas en Marruecos antes de
final de año podría retrasar la puesta en marcha de este grupo
interparlamentario.

De todas maneras, la creación de un grupo de amistad parlamentario
hispano-marroquí, ya sea a corto o a medio plazo, cuenta con el respaldo
sin ambages de los dos gobiernos, en el entendimiento de que la decisión
final corresponde a ambas cámaras parlamentarias en el ejercicio de sus
facultades soberanas. Fue tratado por el anterior Presidente del Congreso
de los Diputados con el Presidente de la Asamblea marroquí y también por
el anterior Presidente del Gobierno con sus contrapartes marroquíes.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.




El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Secretario de Estado, en absoluto estoy
enjuiciando la bondad o no de la iniciativa, sino algo que me parece un
error formal importante.

Creo que el señor Aznar, como se decía ayer en mi pregunta en el Pleno
del Congreso, a veces actúa en política exterior con un cierto mimetismo
en función del interlocutor. Si la propuesta sale del Rey, que a lo mejor
tiene competencias en el ámbito de la creación de un grupo parlamentario
o de algún tipo de actividad dentro del Parlamento, es obvio que el Jefe
del Ejecutivo español debe entender claramente la delimitación y
separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. A lo más que
podría llegar es a recibir esa propuesta y a trasladarla al único órgano
que puede ser competente para tomar una actitud de estas características.

Pero, insisto, el estupor no es porque la iniciativa sea buena o no, sino
porque lo que se desprende es que hay un acuerdo. Por eso entiendo que
ese acuerdo no puede existir. Lo más que puede hacer es trasladar al
Congreso de los Diputados esa iniciativa para que sea el Congreso el que
la adopte.

Yo no sé si esto de la interferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo
es en este momento un lapsus o, a lo mejor, va por otros derroteros.

Porque en relación con las últimas declaraciones del Presidente del
Congreso, que luego son rebatidas por el Presidente del Ejecutivo y el
Presidente del Congreso parece que acepta las del Presidente del
Ejecutivo, hay un cierto juego donde no queda muy clara esa separación de
poderes. Me gustaría que trasladara al Presidente del Gobierno que
tuviera sumo cuidado cuando hace declaraciones que no son en absoluto de
su competencia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Estoy bastante extrañado de que el
anterior Presidente del Congreso de los Diputados, señor Pons, no
informase de las conversaciones que mantuvo con su colega marroquí. Le
aseguro que así fueron y que la iniciativa sobre la creación de este
grupo interparlamentario hispano-marroquí nació del Ejecutivo español en
la anterior legislatura y fue expuesta a sus colegas marroquíes como un
posible foro de diálogo y discusión. Formalmente se propuso la creación
de esa comisión cuando vino el Presidente de la Asamblea marroquí a ver
en visita oficial a su colega, don Félix Pons. Y, como nos pareció una
buena iniciativa, hemos vuelto a insistir en ella. De la misma forma que
apoyamos la creación de un comité de intercambio intercultural, que es el
Comité Aberroes. Eso demuestra la continuidad de la política exterior en
algo que es razonable y cuyo diseño es competencia del Gobierno, quedando
siempre claro que la creación de este comité interparlamentario de
amistad hispano-marroquí entre las dos Cámaras siempre está sometido a lo
que decida este órgano que es soberano en la toma de decisiones.




--RELATIVA A LAS INICIATIVAS EN AYUDA DE EMERGENCIA PARA SALVAR VIDAS EN
LIBERIA Y SOCORRER A LOS REFUGIADOS QUE HUYEN DE SU PAIS. FORMULADA POR
EL SEÑOR BOIX PASTOR, DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente
181/000055.)



--SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE QUE NACIONES UNIDAS SE ENCARGUE
DE LIBERIA EN REGIMEN DE FIDEICOMISO, COMO HA SUGERIDO EL ALTO



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COMISIONADO PARA LOS REFUGIADOS. FORMULADA POR EL SEÑOR BOIX PASTOR, DEL
GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000056.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, formulada por don Alfred Boix
Pastor, que entiendo va a ser planteada por el señor Yáñez. Le pregunto
al señor Yáñez, viendo que tanto la 8 y la 9 se refieren prácticamente al
mismo ámbito, al tema de Liberia, si no le importaría agrupar ambas
preguntas, y también pediría al señor Secretario de Estado ambas
respuestas. (Asentimiento.)
Se agrupan las preguntas número 8, iniciativas en ayuda de emergencia
para salvar vidas en Liberia, y 9 opinión del Gobierno acerca de que
Naciones Unidas se encargue de Liberia en régimen de fideicomiso, como ha
sugerido el Alto Comisionado para los Refugiados.

Tiene la palabra el señor Yáñez.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Por mi parte y como portavoz del Grupo
Socialista, quiero felicitar al señor Villalonga por su nombramiento y
darle la bienvenida a esta Comisión. Tendremos oportunidad de tenerlo
aquí, y también en la Comisión de Cooperación, donde se tratan temas más
sustantivos, más amplios y de su competencia. Pero mi felicitación es
doble porque, afortunadamente, el Grupo Popular, que presta su apoyo al
Gobierno, no tuvo éxito a la hora de intentar la desaparición de la
Secretaría de Estado de Cooperación, en cuyo caso usted no sería
Secretario de Estado. Como yo estuve siempre en contra de que
desapareciera, quizá por un cierto antiguo amor, le felicito doblemente
porque esté ahí. Precisamente por haber sido cocinero antes que fraile
seré comprensivo con su gestión.

En cuanto a las dos preguntas concretas, sabe el señor Secretario de
Estado sobradamente la tragedia humanitaria que ha vivido y sigue
viviendo el pueblo de Liberia con matanzas tribales masivas, con caos
absoluto del país y con centenares de miles de huidos y refugiados a
países vecinos. Por eso le pregunto por la impotencia de la comunidad
internacional para contribuir a la ayuda.

Ya sé, porque hubo una respuesta del Ministro Matutes en el Senado, que
ha habido enormes dificultades para implementar esa ayuda por falta de
mecanismos logísticos para poder hacerla llegar, tanto la de emergencia
como la humanitaria, por no tener suficiente infraestructura ni poder
crearla con un mínimo de seguridad. Aun así se requiere, y para eso está
la política y los políticos, un esfuerzo de voluntad política, y España
ha hecho un importante esfuerzo en el pasado en situaciones semejantes,
como la de Ruanda y Burundi en el verano de 1994, donde España fue el
primer país donante tanto de las instancias públicas como de la sociedad
civil. Hubo una enorme movilización. Es verdad que en aquel caso se podía
contar con la ayuda a través de los campos de refugiados, pero aun así el
Diputado que le habla no se conformaría simplemente con la dificultad o
con la casi imposibilidad de poder hacer algo, sino de superar esas
dificultades bilateralmente y, sobre todo, de acuerdo con la Unión
Europea y en el marco de Naciones Unidas.

Hablando de Naciones Unidas, y es la segunda pregunta, hubo una
declaración del Alto Comisionado para los refugiados de Naciones Unidas
sugiriendo que se aplicase el régimen de fideicomiso, un instrumento de
Naciones Unidas caído en desuso porque después de todo el proceso de
descolonización había sido prácticamente innecesario, pero sigue estando
en la Carta de Naciones Unidas y podría ser aplicable en una situación de
absoluto desgobierno y de absoluto caos como el que vive Liberia. Mi
pregunta es si hay algún posicionamiento por parte del Gobierno español,
y en cuanto a la pregunta anterior, si está haciendo algo o piensa
hacerlo en el tema de la ayuda humanitaria y en el socorro de los
refugiados de Liberia.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Gracias, señor Yáñez, por sus amables
palabras de bienvenida.

Decirle simplemente que, como usted ha dicho, la actual situación de
anarquía imposibilita cualquier tipo de ayuda a la población liberiana.

Incluso las organizaciones no gubernamentales con capacidad de actuación
en Liberia han tenido que abandonar, porque muchas de sus sedes han sido
asaltadas. Es decir, no se dan las condiciones mínimas para hacer un plan
de ayuda humanitaria o de ayuda de emergencia, y ni siquiera las
organizaciones internacionales, como Naciones Unidas o, por ejemplo, el
propio ECHO, han podido actuar directamente en Liberia.

La única vía de actuación que podríamos emprender en Liberia es en los
países limítrofes con los refugiados liberianos, y eso ya se está
haciendo a través de los organismos de cooperación multilaterales en los
que España participa y del propio ECHO.

No obstante, la ayuda recibida para todos los refugiados en los países
limítrofes está llegando bien, es suficiente, incluso el propio ECHO
empezó esta ayuda y desde la Unión Europea se paralizó porque ya hay
ayuda suficiente de organismos internacionales. O sea que en el terreno
de la ayuda humanitaria, de la ayuda de emergencia a Liberia, se ha
actuado bien. No se puede actuar en el interior del país porque es
prácticamente imposible; la violencia es extrema; se han asaltado sedes
de organizaciones no gubernamentales y no hay las condiciones mínimas de
seguridad para implementar planes de ayuda de emergencia, de ayuda
humanitaria.

Respecto a la segunda pregunta que se me hace, sobre la posibilidad de
encargar, por parte de Naciones Unidas, un régimen de fideicomiso al
país, de momento esta iniciativa no se ha presentado ante el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. Fueron simplemente unas declaraciones del
Alto Comisionado para los refugiados. En todo caso, conviene subrayar que
una acción similar como la que tuvo lugar en Camboya con el Apronuc
requeriría, como requirió en Camboya, un acuerdo previo entre las partes
sobre los principales elementos de la futura transición, es decir, del
régimen de fideicomiso, como pasó en Camboya.




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Sin embargo, los acontecimientos ocurridos en Liberia en los últimos
meses ponen de relieve la evidencia de la imposibilidad de alcanzar un
acuerdo parecido entre las partes en conflicto en el país. Es decir, es
una guerra civil absoluta y, por tanto, no habría tampoco esas
condiciones mínimas para establecer un régimen de fideicomiso.

Para su información le diré que en estos momentos la comunidad
internacional coincide en que el futuro del proceso de paz en Liberia
depende esencialmente de que las partes muestren una voluntad de resolver
sus diferencias pacíficamente y hagan honor a los acuerdos y compromisos
aceptados. En primer lugar, el acuerdo de Abuja, de agosto de 1995 que
preveía, entre otras medidas, un alto el fuego efectivo y general; la
retirada de todos los combatientes y armas de Monrovia; y la creación de
las condiciones que permitan el despliegue del grupo de observadores de
la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental.

Lamentablemente la voluntad de las partes en continuar el proceso de paz
ratificado en Abuja se ha ido deteriorando y hoy en día parece que es
imposible hacer marcha atrás y honrar estos acuerdos y, por tanto, más
difícil todavía establecer un régimen de fideicomiso en Liberia.

De todas maneras el Gobierno español y la comunidad internacional está
siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Liberia para ver si hay
alguna posibilidad de mediar, vía los organismos regionales o vía
Naciones Unidas, y hacer que las partes se vayan acercando cada vez más y
evitar nuevamente este conflicto que ya ha costado demasiadas vidas y
sobre todo ha tenido un impacto demasiado fuerte en la comunidad
internacional por la violencia de las imágenes que han aparecido en los
medios de comunicación.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.




--SOBRE INICIATIVAS EN RELACION A LA SITUACION CREADA EN EL SAHARA
OCCIDENTAL DE RENUNCIAR EN LA PRACTICA A LA CELEBRACION DEL REFERENDUM DE
DESCOLONIZACION. FORMULADA POR EL SEÑOR GARCIA-SANTESMASES
MARTIN-TESORERO, DEL GRUPO SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000057.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, formulada por el señor
García-Santesmases Martín-Tesorero, relativa a las iniciativas en
relación a la situación creada en el Sáhara Occidental de renunciar en la
práctica a la celebración del referéndum de descolonización.

El señor García-Santesmases tiene la palabra.




El señor GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO: Efectivamente la pregunta se
refiere a las iniciativas, porque la doctrina ha quedado clara en la voz
--como decía el señor Mardones-- única y contundente dentro del
Parlamento español en la votación que acabamos de hacer, en las
manifestaciones del señor Ministro en la primera comparecencia ante esta
Comisión y en su propia respuesta a las preguntas ayer en el Pleno.

Ayer el señor Matutes habló de buenos oficios. Me gustaría que usted
profundizara exactamente en qué serían esos buenos oficios; la relación
de las partes con el conflicto ante el que nos vemos abocados. Me parece
que es uno de los temas sobre el que se nos juzgara siempre a todos y a
la democracia española pero también --por decirlo con el artículo del
Presidente de nuestra Comisión, el señor Rupérez lo decía muy bien
recientemente en la prensa-- parece que hay una cierta esquizofrenia en
la propia opinión pública española en este tema. Es, por un lado, reparar
una injusticia pero, por otro, ver que existe un tema donde no queremos
tampoco que haya un determinado tipo de desestabilización en la zona.

El peligro a que eso puede llevar es a que los buenos oficios queden en
nada, que no tengamos ninguna iniciativa que ofrecer y que condenemos al
pueblo saharaui una vez más a no poder ejercer el derecho a la
autodeterminación.

Por eso quería saber qué iniciativas concretas puede proponer el
Gobierno.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Señor Diputado, es conveniente señalar,
antes que nada, para avanzar en este complejo tema del Sáhara, que el
Consejo de Seguridad no ha dejado sin vigencia el Plan de Arreglo para el
Sáhara ni el Plan de Paz propuesto por el Secretario General de Naciones
Unidas.

Tampoco ha renunciado a su compromiso de lograr una solución justa y
duradera para la cuestión del Sáhara mediante la celebración de un
referéndum de autodeterminación, de acuerdo al mencionado Plan.

Por ello, además de preservar la presencia militar de Minurso, ha
decidido también mantener una oficina política en el territorio,
encargada de dialogar con las partes y los países vecinos.

Asimismo, el Consejo pidió al Secretario General que prosiga sus
esfuerzos para el desbloqueo del Plan de Arreglo y se declaró dispuesto a
reforzar la Minurso, si las partes implicadas dan pruebas de su voluntad
política de avanzar en las negociaciones.

Con ocasión de la adopción de la Resolución 1.056 por parte del Consejo
de Seguridad, el Gobierno español ha reiterado su tradicional posición de
principio, según la cual la solución definitiva al problema del Sáhara
Occidental pasaba necesariamente por la autodeterminación del pueblo
saharaui, a través de un referéndum libre y con garantías
internacionales.

España, por tanto, ha apoyado con firmeza el Plan de Arreglo de Naciones
Unidas, así como los esfuerzos que se han desplegado en los últimos años
tanto por el Secretario



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General, como por la Minurso, a la cual nuestro país ha dedicado un
importante flujo de contribuciones financieras y materiales, así como
técnicas. Por este motivo el Gobierno ha lamentado la suspensión del
proceso de identificación de votantes y ha manifestado la importancia de
su reanudación a la mayor brevedad posible.

El Gobierno, en sus contactos con los responsables de las Naciones
Unidas, con los Países Miembros del Consejo de Seguridad y con los
distintos actores regionales y las partes interesadas, expresará su
preocupación por el estancamiento del proceso para arreglos del conflicto
y subrayará la importancia de evitar cualquier acción capaz de alterar el
clima de paz y de convivencia armoniosa entre los pueblos del Magreb.

Es particularmente necesario en ese tipo de gestiones que se respete el
alto el fuego vigente desde 1991.

Yo creo que ése es el límite de la acción del Gobierno español. Es decir,
España ya no tiene responsabilidades internacionales derivadas del
Derecho Internacional sobre el territorio del Sáhara --sí que existe una
responsabilidad moral sobre ese territorio, afectiva con su población--
y, por tanto, lo único que puede hacer España es no adoptar iniciativas
que les corresponden a las partes, según las decisiones de Naciones
Unidas. Las iniciativas les corresponden a las partes y España ya no es
parte del conflicto del Sáhara.

Si puede, en sus relaciones con los interlocutores internacionales, con
los vecinos, con Mauritania, con Marruecos, con los miembros del Consejo
de Seguridad, hacer estas observaciones que le he indicado yo a usted
hace unos minutos.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado.

El señor García-Santesmases tiene la palabra.




El señor GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO: Yo coincido plenamente en
que España ha mantenido una posición de principio tanto en la entrevista
que recordaba el señor Matutes del Presidente del Gobierno con el Rey
Hassan II como en todo este tipo de definiciones, pero me temo que si
ponemos como condición límite el tema del alto el fuego y la comunidad
internacional no ejerce ninguna presión sobre Marruecos y cae toda
posibilidad de realizar el referéndum por el propio problema del censo,
puede haber violencia en la zona.

En ese sentido, sabiendo que no podemos tener un papel absolutamente
relevante, quizá convendría saber si podemos ejercer algún tipo de
iniciativa también a través de la propia Unión Europea. Se habló de ello
aquí, en la anterior comparecencia del señor Ministro, y por eso quería,
si usted pudiera, profundizar en esa consideración concreta.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Señor Diputado, el tema del Sáhara es
delicado porque hiere sensibilidades, afecta también en ese sentido a la
seguridad nacional, toca de cerca a la opinión pública española y a esa
responsabilidad moral de la que le hablaba antes y, por tanto, la acción
de España tiene que ser discreta y prudente siempre en este tema.

Le he señalado antes que los principios que ha mantenido siempre el
Gobierno español siguen vigentes: apoyo al plan de paz, apoyo a la
celebración del referéndum y la autodeterminación del pueblo saharaui.

Creo que todos los implicados están interesados en la búsqueda de una
solución, además con cobertura internacional, y en ese sentido lo único
que puede hacer el Gobierno español es en sus relaciones bilaterales con
las partes implicadas ejercer sus buenos oficios en la búsqueda de cauces
de diálogo y de entendimiento entre todas las partes para poder aplicar
ese plan de paz.




--SOBRE PLANTEAMIENTO A LOS INTERLOCUTORES MARROQUIES DEL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO DEL PROBLEMA DE LA EMIGRACION ILEGAL DE CIUDADANOS MARROQUIES Y
DE OTRAS NACIONALIDADES QUE CRUZAN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR A PARTIR DEL
TERRITORIO MARROQUI. FORMULADA POR LA SEÑORA FERNANDEZ RAMIRO, DEL GRUPO
SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000058.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 11, de la que es autora
doña María Inmaculada Fernández Ramiro, sobre planteamiento del
Presidente del Gobierno a los interlocutores marroquíes del problema de
la inmigración ilegal de ciudadanos marroquíes y de otras nacionalidades
que cruzan el Estrecho de Gibraltar a partir del territorio marroquí.

Entiendo que la va a formular, en nombre de la autora, don Luis Yáñez.

(Asentimiento.)
El señor Yáñez tiene la palabra.




El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: No se trata tanto, por la propia
naturaleza parlamentaria de la pregunta en Comisión, de hacer un debate
general sobre un tema tan grave y que viene tan de lejos como son los
problemas derivados de la inmigración ilegal a través del Estrecho de
Gibraltar como de preguntar al señor Secretario de Estado si se planteó
ese tema en las conversaciones del señor Aznar con sus interlocutores
marroquíes --el Rey Hassan II y el Primer Ministro Filali-- y en qué
términos. La verdad es que la gravedad de la situación que de una manera
continuada se produce con secuelas de muertes, con sucesos sobre todo en
Melilla de difícil solución, solamente se puede afrontar en un diálogo de
gobierno a gobierno entre España y Marruecos, porque parece evidente, por
las pruebas contrastadas, que el Gobierno marroquí no actúa con la
suficiente diligencia en cuanto a evitar ese tráfico de inmigrantes no
solamente marroquíes sino, a veces, y fundamentalmente, desde países más
al sur, que atraviesa Marruecos con organizaciones mafiosas, con
organizaciones



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ilegales, explotando la propia miseria de las desgraciadas personas que
se ven obligadas a huir buscando mejores destinos, y, al parecer, con
total impunidad.

España y el gobierno español, el anterior y éste, podrán hacer muchas
cosas en lo que es la vigilancia de las fronteras del Estrecho, pero eso
es una medida a todas luces insuficiente si no hay una colaboración del
Gobierno marroquí en su propio territorio, como acabo de decir. Entonces,
nuestro interés procede de si eso se planteó por parte del Presidente
español y en qué términos.




El Señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICANA (Villalonga Campos): Señor Yáñez, efectivamente se planteó
la preocupación de la emigración ilegal a través de Marruecos, pero
tampoco fue una visita de trabajo ni una reunión a alto nivel del Comité
Hispanomarroquí y, por tanto, se quedó en tratar estos aspectos relativos
a las relaciones consulares en posteriores reuniones. De todas formas,
usted sabe que la posición del Gobierno en materia de inmigración se
inspira en grandes líneas en la proposición no de ley aprobada por el
Congreso de los Diputados en 1991, que se fundamenta en la necesidad de
desarrollar políticas activas en función de la necesidad de mano de obra
de la economía española y de la capacidad de absorción de esa mano de
obra por parte de nuestra sociedad.

España también, como usted sabe, es miembro activo del acuerdo de
Schengen y participa en los trabajos comunitarios relativos a la
circulación de personas y al control de acceso de nacionales de terceros
países.

La preocupación del Gobierno por la emigración ilegal se traduce en una
voluntad de profundizar en la cooperación con Marruecos en el ámbito de
la prevención de la emigración ilegal y fruto de dicha voluntad fue el
acuerdo hispanomarroquí sobre circulación de personas, el tránsito y la
readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado el 13 de febrero
de 1992. Dicho acuerdo prevé en su artículo 11 la creación de un comité
mixto bajo autoridad de ambos ministros del Interior, que tendrá por
finalidad el resolver cuantas causas litigiosas puedan derivarse de la
aplicación del acuerdo, examinar las modalidades y los criterios de
readmisión de extranjeros expulsados y organizar la asistencia mutua en
el desarrollo de dispositivos de control fronterizos, sobre todo en lo
que respecta a equipamiento y formación del personal de control de
fronteras.

Durante la última reunión de alto nivel hispanomarroquí ambos gobiernos
acordaron aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece este comité y
constituirlo de forma inmediata. De todas maneras, ya le digo que el
planteamiento pasa necesariamente por la cooperación y, por tanto, en
este y en otros campos la finalidad consiste en buscar conjuntamente
sobre una base de diálogo soluciones a las cuestiones de interés mutuo y,
concretamente, buscar la colaboración y la cooperación entre las
autoridades españolas y marroquíes para evitar ese tráfico tan
desgraciado, tan poco digno de emigrantes ilegales.




El señor PRESIDENTE: ¿Señor Yáñez, desea volver a intervenir?
(Denegaciones.) Muchas gracias.

Señor Secretario de Estado, muchísimas gracias por su comparecencia esta
tarde en la Comisión de Asuntos Exteriores. Con ello llegamos al final
del orden del día de esta sesión.

Señoras y señores Diputados, muchas gracias a todos.

Se levanta la sesión.




Eran las siete horas de la tarde.