Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 90, de 18/10/1995
Año 1995 V Legislatura
Núm. 90
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 18 de octubre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 3.020.942.990 pesetas, para compensar el déficit de la
Compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1993,
por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de
interés nacional (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 89, de fecha 21 de septiembre de
1995). (Número de expediente S. 621/000089.) (Número de expediente C. D.
121/000101.)
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley
Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo,
del Tribunal del Jurado. Procedimiento de urgencia (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número
26, de fecha 13 de octubre de 1995). (Número de expediente S.
624/000013.) (Número de expediente C. D. 122/000112.)
--De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de
Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los
centros docentes. Procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 90, de fecha
16 de octubre de 1995). (Número de expediente S. 621/000090.) (Número de
expediente C. D. 121/000092.)
--De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con el
Proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros.
Procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 91, de fecha 16 de octubre de 1995).
(Número de expediente S. 621/000091.) (Número de expediente C. D.
121/000099.)
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
ley por la que se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 92, de fecha
13 de octubre de 1995). (Número de expediente S. 621/000092.) (Número de
expediente C. D. 121/000103.)
--De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el
Proyecto de ley sobre la creación de un fondo procdente de los bienes
decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 93, de fecha 6 de octubre de 1995).
(Número de expediente S. 621/000093.) (Número de expediente C. D.
121/000102.)
--De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de ley de
organización del Centro de Investigaciones Sociológicas (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 7,
de fecha 2 de octubre de 1995). (Número de expediente S. 622/000005.)
(Número de expediente C. D. 124/000002.)
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Acuerdo entre España y Rumanía para la Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones, hecho en Bucarest el 25 de enero de 1995 (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 155,
de fecha 20 de septiembre de 1995). (Número de expediente S. 610/000155.)
(Número de expediente C. D. 110/000156.)
--Acuerdo sobre protección de información clasificada entre el Reino de
España y el Estado de Israel, hecho en Madrid el 13 de febrero de 1995
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 156, de fecha 20 de septiembre de 1995). (Número de expediente
S. 610/000156.) (Número de expediente C. D. 110/000157.)
--Protocolo relativo a las consecuencias de la entrada en vigor del
Convenio de Dublín sobre ciertas disposiciones del Convenio de Aplicación
del Acuerdo de Schengen, hecho en Bonn el 26 de abril de 1994 (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
157, de fecha 20 de septiembre de 1995). (Número de expediente S.
610/000157.) (Número de expediente C. D. 110/000158.)
Petición de creación de Comisiones de Investigación:
--Petición de creación de una Comisión de Investigación para determinar
las responsabilidades políticas que resulten de la creación, actuación,
financiación y encubrimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación
(GAL), sin perjuicio de la actuación independiente de los Tribunales de
Justicia (primer firmante: D. Angel Jesús Acebes Paniagua) (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
329, de fecha 16 de octubre de 1995). (Número de expediente 650/000005.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 4632)
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe
de 3.020.942.990 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía
Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1993, por la
explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés
nacional. (Página 4632)
No habiéndose producido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hacen uso de la palabra los señores Garcías Coll, por el Grupo
Socialista, y Font Barceló, por el Grupo Popular.
Se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 4634)
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de Ley Orgánica
por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del
Tribunal del Jurado. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Página 4634)
El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
No se hace uso de los turnos a favor ni en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Zubía Atxaerandio, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Vallvé i Navarro, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Arévalo Santiago, por el
Grupo Socialista, así como la señora Vindel López, por el Grupo Popular.
En señor Vicepresidente, Rigol i Roig, da cuenta a la Cámara de dos
modificaciones al texto de la Proposición de ley, aceptadas por todos los
Grupos Parlamentarios, y relativas a un apartado 15 bis nuevo y al
artículo 2.º, apartado 5.
Se aprueba la Proposición de ley con las modificaciones introducidas, por
127 votos a favor, 1 en contra y 113 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de ley
Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Página 4636)
El señor Iglesias Marcelo presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. El señor Fernández Rozada defiende la propuesta de veto número
2, del Grupo Popular. El señor Iglesias Marcelo consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Nieto
Cicuéndez, por el Grupo Mixto; Ríos Pérez, por el Grupo de Coalición
Canaria; Zubía Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Vallvé i Navarro, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Iglesias Marcelo, por el Grupo Socialista, y
Fernández Rozada, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 120 votos
a favor, 128 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Popular, por 119
votos a favor, 129 en contra y 1 abstención.
Comienza el debate del articulado. La señora De Boneta y Piedra, del
Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 126 a 129, 131 a 152 y 155 a
167. El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 1 a 84. El señor Ríos Pérez defiende las enmiendas números 96 a
122, del Grupo de Coalición Canaria. El señor González Caviedes defiende
las enmiendas números 168, 169, 171 a 179, 181 a 194, 196 a 236 y 238 a
243, del Grupo Popular. Los señores Herranz Martínez e Iglesias Marcelo
consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores
Ríos Pérez, por el Grupo de Coalición Canaria; Herranz Martínez, por el
Grupo Socialista, y Fernández Rozada, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se aprueban las enmiendas números 132, 139, 144, 149, 152, 163 y 166, de
la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 127 votos a favor, 125
en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 150, 156, 157, 158, 159, 161 y 162, de
la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 9 votos a favor, 126
en contra y 118 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de la señora De Boneta y Piedra, del
Grupo Mixto, por 9 votos a favor, 237 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 22, 23, 25, 33, 65, 69, 72 y 83, de los
señores Martínez Sevilla y Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, por 117
votos a favor, 127 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1, 35, 36, 68, 73, 74 y 84, de los
mencionados señores Senadores, por 3 votos a favor, 126 en contra y 125
abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas de los señores enmendantes
previamente citados, excepto la número 2, que sostiene una enmienda
transaccional, por 3 votos a favor, 238 en contra y 12 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 104, 105, 121 y 122, del Grupo de
Coalición Canaria, por 122 votos a favor, 125 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 100, del Grupo de Coalición Canaria, por 8
votos a favor, 128 en contra y 118 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, por 9
votos a favor, 238 en contra y 7 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 182, del Grupo Popular, por 121 votos a
favor, 124 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 168, 169, 170, 172, 173, 181, 183, 191,
192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 207, 208 y 209, del Grupo Popular, por 121 votos a favor, 126
en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 174, 177, 178, 184, 185, 210, 214, 215,
216, 230, 235, 239, 240, 241 y 242, del Grupo Popular, por 114 votos a
favor, 126 en contra y 13 abstenciones.
Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Popular, por 118 votos a
favor, 128 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 2.2, suscrita por todos
los Grupos Parlamentarios a excepción del Grupo Popular, por 140 votos a
favor, 1 en contra y 113 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen, con las modificaciones introducidas,
por 132 votos a favor, 116 en contra y 6 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se suspende la sesión a las catorce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis hora y diez minutos.
De la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con el
Proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros.
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Página 4662)
El señor Galán Cano, presidente de la Comisión, comunica a la Cámara que
ha sido designado para presentar el dictamen el señor López Carrasco,
quien así lo hace a continuación.
No se produce debate de totalidad.
Los señores Martínez Sevilla y Galán Cano realizan unas precisiones a
propósito del informe de la Ponencia y del dictamen de la Comisión.
Comienza el debate del articulado.
El señor Galán Cano defiende el voto particular número 1, del Grupo
Socialista. El señor Molina García defiende las enmiendas números 8 y 14,
del Grupo Popular. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto; Barbuzano González, por el
Grupo de Coalición Canaria; Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Galán Cano, por el Grupo Socialista, y
Molina García, por el Grupo Popular. Los señores Barbuzano González,
Martínez Sevilla, Galán Cano, Ferrer i Profitós, y Molina García
intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechaza el voto particular número 1, del Grupo Socialista, por 125
votos a favor y 127 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 8 y 14, del Grupo Popular, por 114
votos a favor, 135 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba el artículo 8, apartado 2, letra f), del texto remitido por el
Congreso de los Diputados, por 128 votos a favor, 113 en contra y 8
abstenciones.
Se aprueba el artículo 10, apartado 2, párrafo inicial, del texto
remitido por el Congreso de los Diputados, por 249 votos a favor y 4 en
contra.
Se aprueba el artículo 2, letra e), del texto remitido por el Congreso de
los Diputados, por 246 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
Se aprueban el resto del articulado y la exposición de motivos, según el
texto del dictamen, por 251 votos a favor y 1 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de ley
por la que se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Página 4674)
El señor González Laxe, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Gibert i Bosch,
quien así lo hace a continuación.
Se abre debate de totalidad.
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Barbuzano González, por el Grupo de
Coalición Canaria, y Marca i Cañellas, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió.
Comienza el debate del articulado.
El señor Marca i Cañellas defiende la enmienda número 2, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Escudero Sirerol
defiende las enmiendas números 3 a 6, del Grupo Popular. La señora
Pleguezuelos Aguilar consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Marca i Cañellas,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Escudero
Sirerol, por el Grupo Popular, así como la señora Pleguezuelos Aguilar,
por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
Se aprueba la enmienda número 4, del Grupo Popular, por 131 votos a
favor, 110 en contra y 8 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas números 5 y 6, del Grupo Popular, por 112 votos
a favor, 110 en contra y 26 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional suscrita por todos los Grupos
Parlamentarios, a excepción del Grupo Socialista, al artículo 46, por 137
votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen con las modificaciones introducidas, por
248 votos a favor y 1 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Interior y Función Pública en relación con el Proyecto
de ley sobre la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados
por tráfico de drogas y otros delitos relacionados. PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (Página 4677)
El señor Barranco Gallardo presenta el dictamen.
No se produce debate de totalidad.
Comienza el debate del articulado.
El señor Codina i Castillo retira la enmienda número 3, del Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió. El señor Ardaiz Egüés defiende la
enmienda número 1, del Grupo Socialista. El señor Escuin Monfort defiende
las enmiendas números 4 y 5, del Grupo Popular. No se consume turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Ardaiz Egüés, por el Grupo Socialista, y Escuin Monfort, por el
Grupo Popular. El señor Codina i Castillo interviene de nuevo en virtud
del artículo 87.
Se procede a votar.
Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo Socialista, por 235 votos a
favor, 14 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 4 y 5, del Grupo Popular, por 116 votos
a favor, 130 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 3.1, letra b), suscrita
por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba el proyecto de ley, según el texto del dictamen, con las
modificaciones introducidas, por 254 votos a favor de los 254 emitidos.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión Constitucional en relación con la Proposición de ley de
organización del Centro de Investigaciones Sociológicas. (Página 4683)
El señor Agramunt Font de Mora, presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
Se abre debate de totalidad.
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Barbuzano González, por el Grupo de
Coalición Canaria; Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Selas Céspedes, por el Grupo Socialista, y Juan
Cardona, por el Grupo Popular.
Se aprueba la Proposición de ley, según el texto del dictamen, por
asentimiento de la Cámara.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 4686)
Acuerdo entre España y Rumania parala Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones, hecho en Bucarest el 25 de enero de 1995. (Página 4686)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo sobre protección de información clasificada entre el Reino de
España y el Estado de Israel, hecho en Madrid el 13 de febrero de 1995.
(Página 4686)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo relativo a las consecuencias de la entrada en vigor del
Convenio de Dublín sobre ciertas disposiciones del Convenio de Aplicación
del Acuerdo de Schengen, hecho en Bonn el 26 de abril de 1994. (Página 4686)
El señor Rodríguez Gómez expone la postura de su Grupo Parlamentario.
Se aprueba el Protocolo, por 138 votos a favor y 114 abstenciones, y se
autoriza en este acto a que el Gobierno pueda prestar su consentimiento
para obligarse.
PETICION DE CREACION DE COMISIONES DE INVESTIGACION. (Página 4688)
Petición de creación de una Comisión de Investigación para determinar las
responsabilidades políticas que resulten de la creación, actuación,
financiación y encubrimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación
(GAL), sin perjuicio de la actuación independiente de los Tribunales de
Justicia. (Primer firmante: Don Angel Jesús Acebes Paniagua). (Página 4688)
El señor Acebes Paniagua presenta la petición. A continuación,
intervienen la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, Eusko
Alkartasuna, y el señor Bayona Aznar, por el Grupo Socialista. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Martínez Sevilla, por
el Grupo Mixto; Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria; Sanz
Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ferrer i Roca,
por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bayona Aznar,
por el Grupo Socialista, y Acebes Paniagua, por el Grupo Popular. Por
alusiones, hacen de nuevo uso de la palabra los señores Ferrer i Roca,
Bayona Aznar, Martínez Sevilla y Acebes Paniagua.
Se procede a votar.
El señor Presidente comunica a la Cámara el procedimiento a seguir para
decidir sobre la forma de votación subsiguiente. Los señores Sanz Cebrián
y Martínez Sevilla exponen su criterio al respecto.
Efectuada la votación respecto de la opción de votación secreta, arroja
un resultado de 128 votos a favor.
Efectuada la votación respecto de la opción de votación de carácter
público, arroja un resultado de 127 votos a favor.
Efectuada la votación en el sentido de abstención, arroja un resultado de
cero votos.
Se procede a votar por el procedimiento de votación secreta por
papeletas.
Se aprueba la creación de la Comisión de investigación por 128 votos a
favor y 127 en contra.
Se suspende la sesión a las veintidós horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 3.020.942.990 PESETAS PARA COMPENSAR EL DEFICIT DE LA COMPAÑIA
TRASMEDITERRANEA, S. A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1993 POR LA
EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MARITIMAS DE INTERES
NACIONAL. (S. 621/000089.) C. D. (121/000101.)
El señor PRESIDENTE: Cuarto punto del orden del día. Conocimiento directo
por el Pleno de proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de 3.020.942.990 pesetas para compensar el déficit de la Compañía
Trasmediterránea correspondiente al ejercicio de 1993 por la explotación
de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional. Está
publicado en los boletines correspondientes, con fecha 21 de septiembre
del año en curso.
No hay enmiendas. Se abre el debate.
¿Turnos a favor o en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces?
Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador Garcías Coll.
El seor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
El proyecto de Ley sobre la concesión de un crédito extraordinario de
3.020.942.990 pesetas para compensar el déficit de la Compañía
Trasmediterránea, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio de 1993
por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de
interés nacional tiene por finalidad compensar a la Compañía
Trasmediterránea, Sociedad Anónima, el déficit por la explotación
del servicio correspondiente al ejercicio de 1993, compensación que nace
al existir un contrato entre el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones con la Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima,
formalizado en escritura pública el 4 de septiembre de 1978.
El objeto del susodicho contrato es la gestión y prestación de los
servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional, constituyendo
la actividad contratada un servicio público propio del Estado que la
compañía gestiona en su nombre y temporalmente bajo la inspección y
vigilancia de la Administración contratante. (El señor Vicepresidente
Rigol i Roig ocupa la Presidencia.)
Por tanto, al Grupo Parlamentario Socialista, con la finalidad de dar
cumplimiento a un derecho de compensación financiera a favor de la
Compañía Trasmediterránea por la explotación del servicio de
comunicaciones marítimas de interés nacional, regulado por Decreto
1876/1978, de 8 de julio, motivado por la inexistencia de dotación
presupuestaria para el ejercicio de 1993 y al existir un informe
favorable del Consejo de Estado, no le cabe más que votar favorablemente
la concesión de dicho crédito extraordinario.
Muchas gracias,.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Garcías.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Font
Barceló.
El señor FONT BARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular sobre la concesión de este crédito extraordinario
por el importe de 3.020 millones de pesetas para compensar el déficit,
como decía el Senador socialista, del ejercicio de 1993.
El 14 de septiembre pasado, en el Congreso de los Diputados se aprobó el
proyecto de Ley del referido crédito y el Grupo Parlamentario Popular
votó a favor, y aquí, en el Senado, también lo haremos. Sin embargo, ello
no implica que el Grupo Popular no deje constancia de una serie de
reflexiones ante la forma en que se están concediendo estos créditos.
El déficit de Trasmediterránea no es producto de una situación
coyuntural, sino resultado de una mala gestión de los administradores de
la Compañía. La deuda de 3.000 millones de pesetas que acredita
Trasmediterránea para obtener el crédito extraordinario, según lo
establecido en el contrato suscrito entre el Estado y la Compañía en
1978, surge de la diferencia entre el superávit de la cuenta de
explotación y el déficit de la cuenta de inversiones. Y ahí está la
cuestión.
Estamos convencidos de que toda política de inversiones ha de tender
siempre a la optimización del gasto. Y yo, señorías, les pregunto si
consideran que se cumple este principio cuando se gastan varios cientos
de millones de pesetas en la reforma de buques que después, por no ser
adecuados a la normativa, se tienen que deshacer para volver a ser
construidos. Considero que este tipo de gasto tiene un nombre, que no es
el de la inversión, sino el del despilfarro. Y es por esto por lo que
nuestro Grupo en el Congreso manifestó sus reticencias a la aprobación
del crédito extraordinario, no porque no se deba subvencionar el posible
déficit que pueda surgir de las líneas de interés nacional, sino porque
este déficit puede ser reducido si se lleva una política adecuada y
racional del control del gasto.
Otra cuestión relacionada con la política de inversiones de
Trasmediterránea es un hecho singular que en estas fechas cobra especial
interés, y es que dentro del plan de inversiones para la renovación de la
flota se ha realizado un gasto de reconstrucción de un buque que asciende
a unos 10.000 millones de pesetas, y esta obra se ha contratado en unos
astilleros finlandeses. Me pregunto, señorías, qué motivos han inducido a
Trasmediterránea a encargar estos trabajos a unos astilleros finlandeses,
cuando en España tenemos astilleros que pueden realizar el trabajo igual
o mejor que los extranjeros. ¿Cómo es posible que, conociendo la crisis
de los astilleros españoles, algunos de los cuales carecen ya de pedidos
en cartera, una compañía como Trasmediterránea, en lugar de dar trabajo a
nuestros astilleros, lo remita al extranjero? Esta actitud, totalmente
contraria y perjudicial a los intereses de la industria naval española,
merece nuestra más enérgica repulsa, puesto que además tiene una
influencia importantísima en la pérdida de puestos de trabajo en nuestros
astilleros.
Soy plenamente consciente, aunque diga esto, de que ésta no es una
crítica sobre la gestión económica y que se me puede contestar que
Trasmediterránea toma sus decisiones sobre gastos e inversiones por
motivos puramente economicistas y que el libre mercado implica la
posibilidad de que las inversiones se realicen en el extranjero o con
compañías extranjeras, pero no es menos cierto que todos nos hallamos
comprometidos en defender y buscar solución a una industria como la
naval, que, a pesar de hallarse en una profunda crisis, sigue considerada
como una industria estratégica. Y esta obligación de defensa y promoción
también atañe a Trasmediterránea en tanto que empresa de capital público
y, sobre todo, con un equipo directivo designado por el Gobierno. Y
alguna responsabilidad se debería exigir, en mi opinión, a quienes han
tolerado y consentido tal desafuero, como el que se haya realizado esta
inversión en astilleros extranjeros.
Aunque en estas cuestiones podría extenderme mucho más ya que creo que la
importancia de este tema merece un tratamiento específico que no
renunciamos a presentar ante esta Cámara, he creído necesario mencionar
simplemente algunas de ellas para demostrar que nuestro voto favorable no
es un cheque en blanco al Gobierno ni a Trasmediterránea, sino un
posicionamiento consecuente con la necesidad de mantener unas líneas
marítimas de interés nacional a las que no podemos ni debemos renunciar.
Ahora bien, en estos temas en que al final tenemos que recurrir a
créditos extraordinarios es necesario que tengamos un mínimo de
previsión, y es que la falta de previsión en el pago de la subvención a
Trasmediterránea de los años 1990, 1991 y 1992 ha producido unos gastos
financieros de 840 millones de pesetas. (Rumores.)
Y ahora, cuando aprobemos este crédito extraordinario de 3.000 millones
de pesetas, casi dos años después de haberse producido ese gasto, yo me
pregunto dos cosas: en primer lugar, ¿cuándo hará efectivo el Gobierno el
pago? Y, en segundo lugar, ¿qué gastos financieros ocasionará este
retraso? Pero también me pregunto: Y en el año 1995 --que ya es difícil
porque está terminando--, ¿habrá que aprobar algún crédito extraordinario
correspondiente al ejercicio 1994? (Rumores.)
Señorías, yo no lo sé. Es al Gobierno a quien compete saberlo. Sin
embargo, nosotros le proponemos que, por una vez, hagan un ejercicio de
previsión y que los presupuestos contemplen una partida para cubrir tales
eventualidades, evitando así tener que recurrir a créditos
extraordinarios.
Estas reflexiones las hacemos desde el punto de vista de la mejora de la
Compañía, para que los créditos que se tengan que conceder sean los menos
posibles, y para que los que se concedan se destinen única y
exclusivamente a las líneas de interés nacional.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Font i
Barceló.
Pregunto a los distintos grupos parlamentarios si puedo proponer que este
conocimiento sea aprobado por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta.
Por tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
proyecto de ley sobre la concesión de un crédito extraordinario por
importe de 3.020.942.990 pesetas, para compensar el déficit de la
Compañía Trasmediterránea S. A., correspondiente al ejercicio de 1993,
por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de
interés nacional.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY
ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 5/1995, DE 22 DE MAYO,
DEL TRIBUNAL DEL JURADO. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 624/000013.) (C.
D. 122/000112.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día,
dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, vamos a examinar el dictamen de la Comisión de Justicia
en relación con la proposición de ley orgánica por la que se modifica la
Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. Se tramita
por el procedimiento de urgencia.
No se han presentado votos particulares a esta proposición de ley, por lo
cual procede, a continuación, la presentación del dictamen.
Tiene la palabra el Senador Herrero Merediz.
El señor HERRERO MEREDIZ: Señor Presidente, de acuerdo con el artículo
120 del Reglamento del Senado, como representante designado por la
Comisión de Justicia, daré cuenta a la Cámara, en primer lugar, de las
actuaciones de esta Comisión y, en segundo lugar, de los motivos
inspiradores de este dictamen. (Fuertes rumores.)
Con fecha 28 de septiembre pasado tuvo entrada en la Cámara el texto
aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, espere un momento, por
favor.
Ruego a sus señorías que bajen los decibelios de sus voces para que
podamos escuchar mínimamente la intervención del señor Senador.
Muchas gracias, señorías.
Puede usted continuar.
El señor HERRERO MEREDIZ: Decía que con fecha 28 de septiembre tuvo
entrada en la Cámara el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los
Diputados relativo a la proposición de ley orgánica por la que se
modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
Declarada urgente su tramitación y remitida posteriormente a la Comisión
de Justicia, ésta designó Ponencia, que informó el día 9 de octubre dicha
proposición, incorporándose las enmiendas números 11, 12, 13 y 14 del
Grupo Parlamentario Popular, por unanimidad de los ponentes, aprobándose
asimismo por unanimidad una enmienda consistente en introducir la palabra
«provinciales» en el artículo segundo del texto de la proposición, y
retirándose en el trámite de Ponencia las enmiendas números 1 a 10.
La Comisión de Justicia aprobó este informe de la Ponencia elevándolo
como dictamen para debate y votación por este Pleno.
El motivo inspirador de esta proposición de ley orgánica es el de
incorporar a la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del
Jurado, las enmiendas aprobadas por el Senado en su momento y que no
fueron incorporadas en la sesión del Congreso celebrada el día 11 de mayo
de 1995 pese a la muy favorable valoración y casi unánime aceptación por
el Pleno del Congreso, por lo que se introducen ahora en este texto.
Respecto a los motivos de fondo, reitero las palabras de presentación del
proyecto en la sesión celebrada en esta Cámara el día 26 de abril de
1995.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Turno a favor? (Pausa.)
Tampoco hay turno en contra.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Zubía por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señor Presidente, creo obligado tomar la
palabra, siquiera sea brevemente, a los efectos de fijar la posición del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos respecto del
dictamen de la Comisión sobre la proposición de ley orgánica 5/1995, de
22 de mayo, del Tribunal del Jurado, posición que ya digo de entrada va a
ser, debe ser favorable, aun cuando solo fuere por una mera aunque
poderosa razón de coherencia con la actitud y posicionamientos que hemos
mantenido y explicitado en los trámites parlamentarios anteriores tanto
de la propia Ley Orgánica como de la proposición que hoy nos ocupa.
Señorías, en su día contribuimos con nuestro voto positivo, y pese a los
reparos que nos merecía, a hacer realidad una Ley tan importante,
innovadora y ampliamente esperada como ésta que regula la institución del
Jurado, y no vamos a ser nosotros quienes neguemos o dificultemos ahora
la incorporación a esa Ley de unas modificaciones que, evidentemente, la
mejoran y que, además, ya tuvimos ocasión de apoyar vía enmienda en esta
misma Cámara, pero que, por las circunstancias de todos conocidas, no fue
posible introducir en su momento en el texto legal definitivo.
Dicho esto, debo decir también que seguimos teniendo discrepancias o
reparos respecto de la regulación última del Jurado, ya que con esta
proposición de ley no se corrigen determinadas deficiencias, lagunas o
disfunciones por nosotros apuntadas y de las que la Ley Orgánica sigue
adoleciendo, siempre, por supuesto, desde nuestra concreta concepción de
la institución y desde nuestro personal punto de vista.
En todo caso, señor Presidente, no voy a caer en la tentación, fácil por
otra parte, de volver a referirme a ellas, por cuanto que sería seguir
debatiendo sobre lo ya debatido, pero, además, no voy a hacerlo porque
entiendo fundamentalmente que estamos ante la iniciativa de un trámite
muy concreto cuya única razón de ser es la de posibilitar la
incorporación de esas modificaciones que fueron aprobadas ya por esta
Cámara, aunque finalmente fueron rechazadas, pese al amplio consenso
parlamentario, dado el resultado de la votación de conjunto efectuada en
el Congreso de los Diputados.
Termino por ello, señor Presidente, reiterando nuestro voto favorable,
aunque poco entusiasta a decir verdad, a esta proposición de ley
orgánica, y con el lamento real de que una Ley de una institución tan
importante y tan relevante en suma como la del Jurado haya tenido una
--digamos-- accidentada tramitación parlamentaria y, en consecuencia, una
no brillante culminación legislativa. Porque, coincidirán conmigo,
señorías, en que, dejando a un lado las razones que así lo han exigido,
no es estéticamente muy presentable aprobar hace tan sólo unos meses una
Ley Orgánica de esta naturaleza, para tener que introducir inmediatamente
después innumerables y sustanciales modificaciones en su texto por un
procedimiento reglamentariamente irreprochable, qué duda cabe, pero de
una técnica legislativa más que dudosa y, en todo caso, poco recomendable
y nada deseable.
Quiero señalar también, señor Presidente, aunque pueda parecer
innecesario, que mi Grupo también apoyará las dos enmiendas técnicas o
propuestas de modificación del dictamen de la Comisión suscritas por
todos los grupos de esta Cámara que, en consecuencia deberán incorporarse
como tales una vez aprobadas para que el Congreso de los Diputados se
pronuncie sobre las mismas.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: «Amb el seu permís, senyor President.»
Señores y señoras Senadores, hoy es un buen día para esta Cámara, yo
diría, sin pecar de eufemismo, que un gran día, y lo digo porque en la
numerosa bibliografía existente relativa a la razón de ser del Senado se
plantea el binomio de Cámara de representación territorial o Cámara de
segunda lectura. Mientras no se ahonde en el desarrollo de España como un
Estado plurinacional, con un respeto especial a las nacionalidades
históricas, el primer camino, el de Cámara de representación territorial
será siempre arduo. Pero en el día de hoy, con la aprobación de la Ley
Orgánica del Jurado, no se produce nada más que la expresión palpable de
la función que esta Cámara tiene en su aspecto de Cámara de segunda
lectura.
En la exposición de motivos de esta Ley se dice bien claro que el origen
de esta segunda Ley Orgánica, que viene a modificar una Ley Orgánica
anterior y en el tiempo muy inmediata, no es otro que el de corregir una
deficiencia con la que se encontró nuestra Cámara en el sentido de no
obtener suficiente mayoría para aprobar todas aquellas enmiendas que,
aprobadas por esta Cámara, merecieron el elogio del Congreso de los
Diputados.
Como digo, hoy es un gran día porque, además, se va a votar la
conveniencia o no de que se constituya en esta Cámara Alta una Comisión
de investigación. Esta es una práctica que en los Senados de los demás
países del mundo es habitual. Se reserva al Senado esta competencia.
Como digo, hoy el Senado obtiene el reconocimiento de un objeto que ha
sido discutido, que ha sido minimizado, y por eso creo, señor Presidente,
que hoy es un buen día.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vallvé.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, expreso nuestra
satisfacción por recuperar el texto que aprobamos en el Senado, a la vez
que ratifico nuestra convencida defensa del jurado como participación
real de los ciudadanos en la Administración de justicia, sin
contraponerlo al sistema de jueces profesionales, y esperando muy
confiadamente en el más justo resultado de la institución.
Permítame, señor Presidente, que lea unas líneas del Tratado de los
delitos y de las penas, del Marqués de Beccaria, escrito hace muchísimos
años y sin pensar en el jurado: «Cada hombre tiene su mira, y cada hombre
la tiene diversa según los diferentes tiempos. El espíritu de la Ley
sería, pues, la resulta de la buena o mala lógica de un juez, de su buena
o mala digestión; dependería de la violencia de sus pasiones, de la
flaqueza del que sufre, de las relaciones que tuviese con el ofendido y
de todas aquellas pequeñas fuerzas que cambian las apariencias de los
objetos en el ánimo fluctuante del hombre. ¿Cuántas veces vemos la suerte
de un ciudadano trocarse en el paso que de su causa se hace a diversos
tribunales y ser las vidas de los miserables víctimas de falsos
raciocinios o del actual fermento de los humores de un juez que toma por
legítima interpretación la vaga resulta de toda aquella confusa serie de
nociones que le mueve la mente? ¿Cuántas veces vemos los mismos delitos
diversamente castigados por los mismos tribunales en diversos tiempos por
haberse consultado no la constante y fija voz de la Ley, sino la errante
inestabilidad de las interpretaciones?» Hasta ahí las palabras de don
Cesare Bonesana.
Señor Presidente, señorías, el jurado es, desde luego, garantía del
funcionamiento democrático de la justicia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora doña
Rosa Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Buenos días, señor Presidente.
Señorías, quisiera aprovechar de forma muy breve este turno de portavoces
para agradecer a todos los grupos la aceptación en Comisión de las cuatro
enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular se vio obligado a presentar
para recuperar lo que fue un acuerdo de esta Cámara en el anterior
período de sesiones, fruto --sus señorías lo recordarán-- de un intenso
y, en nuestra opinión, magnífico debate en esta Cámara, resolviendo así
el desgraciado incidente del Congreso de los Diputados, que esperamos,
por el calibre de las leyes que nos están enviando desde aquella Cámara,
que no vuelva a ocurrir.
Recordarán también que en el articulado nos abstuvimos porque el sentido
de la institución del Jurado que en este momento se ha establecido sigue
siendo el mismo del que nosotros en su día nos mostrábamos no tanto
disconformes cuanto insatisfechos. Tanto la polémica pública que se ha
suscitado recientemente en estos días respecto de una sentencia producida
en Norteamérica como la reacción que se está empezando a suscitar en la
sociedad española al empezar a recibir los ciudadanos las notificaciones
para ser jurados, han agrandado aún más que en aquel entonces nuestras
dudas sobre la oportunidad del momento elegido para la instauración del
Jurado, porque el Jurado aprobado, señor Presidente, entendemos, puede
reproducir vicios originados en las experiencias juradistas de algunos
otros países, que pueden dar lugar a veredictos más sentimentales que
racionales de culpabilidad o no culpabilidad, cuando de lo que se trata
es de proporcionar, señor Presidente, señorías, un juicio justo.
Por tales razones, el Grupo Parlamentario Popular se volverá a abstener
en la votación a este proyecto de ley que, a continuación, va a seguir.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Han llegado a esta Presidencia dos modificaciones. Ruego a los señores
portavoces que atiendan, porque han sido aceptadas por todos los Grupos
parlamentarios: una hace referencia a una enmienda de adición de un
apartado 15 bis nuevo, que, si les parece bien, doy por leído, y otra al
artículo 2.º, de modificación de su apartado 5, que también doy por
leída.
Vamos a someter a votación el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica
por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del
Tribunal del Jurado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 241; a
favor, 127; en contra, uno; abstenciones, 113.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado a
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY ORGANICA DE LA PARTICIPACION, LA EVALUACION Y EL GOBIERNO DE LOS
CENTROS DOCENTES. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 621/000090.) (C. D.
121/000092.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del
día es el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en relación con
el Proyecto de ley Orgánica de la participación, la evaluación y el
gobierno de los centros docentes. Se tramita por el procedimiento de
Urgencia.
En primer lugar, para la presentación del dictamen, pido al Presidente de
la Comisión que me comunique si hay algún Senador designado para ello.
(Pausa.)
El Senador Iglesias tiene la palabra.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley de la participación, la evaluación y el gobierno de
los centros docentes tuvo su entrada en esta Cámara el día 28 de
septiembre pasado. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día
3 de octubre corriente.
Se formularon dos propuestas de vetos y 243 enmiendas de los distintos
Grupos parlamentarios.
La Ponencia, designada por la Comisión, se reunió el día 5 de octubre y
acordó, por mayoría, proponer a la Comisión de Educación y Cultura que
elevara al Pleno una propuesta de devolución al Gobierno del texto del
proyecto de ley.
La Comisión, en su sesión celebrada el día 11 de octubre, acordó no
aceptar el informe de la Ponencia, rechazar los dos vetos existentes y
dictaminar el proyecto de ley, incorporando once enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, tres del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y dos del Grupo Parlamentario Popular. Se mantienen
para su debate y votación las dos propuestas de veto y votos particulares
que recogen enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de Coalición
Canaria, del Grupo Mixto y de los Senadores señores Martínez Sevilla y
Nieto Cicuéndez.
El total de enmiendas vivas para este trámite parlamentario es de 224.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iglesias
Marcelo.
Para defender su voto particular, tiene la palabra el Senador Nieto
Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender la necesidad de que esta ley sea rechazada por
distintas razones.
En primer lugar, quería hacer una reflexión sobre lo que nosotros
entendemos que debería ser el rigor legislativo. Cuando se nos trae una
ley tan importante relativa a la enseñanza --es un derecho constitucional
garantizar la enseñanza libre y gratuita para todos los ciudadanos-- y al
mismo tiempo se regula algo tan fundamental como un sector de la
enseñanza, una parte de funcionariado público, entendemos que en rigor
legislativo ya tendríamos que empezar a situar que el modelo de Estado
está agotado. Yo creo que, independientemente de las posiciones que haya
en esta Cámara, todos coincidiremos que la Loapa ya ha llegado a su fin,
y esto tiene mucho que ver con todas las leyes que intentemos desarrollar
que atañan a la Función Pública.
Por tanto, en primer lugar, tendríamos que empezar, por principio, por
plantear un debate necesario, una ley necesaria, una puesta al día para
clarificar el desarrollo de Estado de las Autonomías, el desarrollo, en
definitiva, del modelo de Estado que necesitamos para abordar los nuevos
ciclos políticos.
Al mismo tiempo, y previamente, tendremos que hacer una ley de la Función
Pública porque, si no, indudablemente siempre que abordemos cualquier ley
que afecte a cualquier sector del funcionariado estaremos cometiendo, de
alguna manera, o agravios comparativos o disgregaciones, y rigor
legislativo es lo que exige ya el ordenamiento jurídico del Estado
español, conforme lo tenemos concebido.
Dicho esto, por tanto, es motivo suficiente ya para oponernos a esta ley,
que de aprobarse tal y conforme está crearía disgregaciones al desarrollo
de la Función Pública e, incluso, agravios comparativos entre el distinto
funcionariado. Esta ya es una razón de peso suficiente para oponernos a
la ley, pero es que, además, esta ley --y no me voy a extender mucho--,
como habrán leído en la exposición de motivos, consideramos que no viene
a resolver ninguno de los problemas que tiene planteada la enseñanza.
Si esta ley se aprueba tal y conforme está, la primera consideración que
tenemos que hacer es que si el 87 por ciento del sector de la enseñanza a
todos sus niveles está en contra de ella, ¿quién la va a aplicar?
Técnicamente esta ley también deja mucho que desear, y nosotros
entendemos que no resuelve ninguno de los problemas existentes. En cuanto
a la participación no hay ningún avance sino que hay un retroceso con
relación a la LOGSE.
El tema de la regulación, si no va acompañado de un sistema mínimo
económico, se hace totalmente inviable. Además, es curioso que la única
iniciativa legislativa popular que ha llegado por vía reglamentaria al
Congreso de los Diputados sea por una proposición de ley reguladora de la
financiación del sistema educativo que, lógicamente, debe ser tenida en
cuenta y articularse el mecanismo para su aprobación porque, repito, es
la única proposición de ley que llega por iniciativa popular con todos
los requisitos al Parlamento. Primero, habría que resolver, por tanto,
esta iniciativa popular legislativa.
Por último, sin detenerme mucho, diré que también entendemos que los
temas de los requisitos que se exigen en esta ley para la dirección de
los centros, para la función inspectora, etcétera, todo eso no resuelve
absolutamente nada, es una regresión, es un parche.
Por tanto, pedimos que esta ley sea devuelta y dejada para mejor ocasión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Nieto
Cicuéndez.
Supongo que el Grupo Parlamentario Socialista querrá acumular los dos
turnos en contra. (Pausa.) Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, y para defender su enmienda de veto
número 2, tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente, señoras y
señores Senadores.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular me corresponde realizar la
defensa de la propuesta de veto que hemos formulado con ocasión de la
remisión a esta Cámara del texto aprobado por el Pleno del Congreso sobre
el proyecto de ley de la participación, la evaluación y el gobierno de
los centros docentes.
Nuestro Grupo, señorías, se ha visto obligado una vez más a rechazar
globalmente el texto y proponer su devolución al Gobierno por entender
que existen múltiples y fundadas razones para no suscribir una iniciativa
de las características
de las que ahora debatimos. Por lo tanto, como veremos, nuestro Grupo se
une, aunque por razones distintas, al apoyo del veto aquí defendido por
el portavoz del Grupo Mixto. Muchas de las razones esgrimidas en la
justificación del veto del Grupo Mixto son compartidas por nosotros y, al
mismo tiempo, nosotros ponemos de manifiesto otras que espero que sean
compartidas por sus señorías y puedan ayudarnos a devolver al Gobierno
una mala ley. Esta ley no es procedente en estos momentos, y por ello
queremos que sea devuelta al Gobierno.
Todo el mundo habrá comprobado que la promulgación de la legislación
escolar a lo largo de la etapa del Gobierno socialista ha sido pródiga y
que, en esta labor, el trabajo finalmente alcanzado tras las pertinentes
tramitaciones legislativas no ha sido nunca completo, ni siquiera fue de
la satisfacción de quienes suscribían la presentación y aprobación de las
leyes que, con el tiempo, han dado muestras sobradas de contradicción con
sus propias ideas.
Remontándonos al año 1985 --y quiero recordar en estos momentos que yo he
sido testigo de excepción desde entonces, como portavoz de Educación de
mi Grupo, ya en ese año 1985-- observábamos que eran objetivos de la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación la resolución de los problemas de la
participación, de la democratización escolar y, a pesar de todo ello,
doce años después siguen vigentes los mismos problemas de participación y
democratización. A eso siguió la supresión del Cuerpo de Inspectores, de
Directores y de Catedráticos. Se publicó una disposición de carácter
general sobre derechos y deberes de los alumnos y un sinfín de
regulaciones que, lejos de generar la atención y la tranquilidad del
profesorado y de los alumnos, han sembrado el estupor y el desasosiego
general en los colectivos de enseñanza. No está muy lejos todavía en el
tiempo la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo, la famosa LOGSE, y, sin embargo, no parece que éste
sea el momento de resolver los problemas que ésta ha dejado aparcados,
cuando el Ministerio presenta ahora el actual proyecto de ley orgánica
que, en definitiva, viene a suponer el reconocimiento tácito del grave
fracaso de aspectos comprendidos en las leyes orgánicas antes citadas,
fundamentalmente los relacionados con los modelos de participación, de
dirección y de inspección, como luego veremos.
Nuestro Grupo Parlamentario, señorías, es consciente de que la actual
situación del sistema educativo, las nuevas responsabilidades y autonomía
de los centros y de los docentes en el desarrollo del currículo, así como
las exigencias de evaluación del conjunto del sistema, requerirán sin
duda una adecuación del planteamiento participativo y de organización y
funcionamiento para hacerlos más congruentes con los nuevos
pronunciamientos de la LOGSE. Por esta razón entendemos que habría sido
procedente abrir un debate previo entre los sectores implicados en la
participación, la evaluación y el gobierno de los centros, que habría
determinado la aparición de propuestas consensuadas.
Entrando en el análisis del texto del proyecto, nuestro Grupo encuentra
ya razones suficientes en la propia exposición de motivos para rechazar
en su totalidad el proyecto. Pero es que, además, en el contenido del
articulado y en su forma de presentación existen sobrados motivos para
recusarlo, como veremos a continuación.
En primer lugar, se constata una ausencia de ese debate social en el
mundo educativo al que antes aludía, que pudiera concitar un
indispensable avance en la armonización de las opiniones de los
diferentes sectores afectados. Desgraciadamente, el proyecto que se
presentó ahora contó con una mayoría cualificada del profesorado en
contra, precisamente, de este proyecto.
En segundo lugar, existe una falta de decisión para analizar los
problemas reales que afectan a la enseñanza y, en consecuencia, la
ausencia de voluntad en la búsqueda de soluciones que puedan aportarse
por los diferentes sectores afectados.
En tercer lugar, hay una indecisión política total ante una posibilidad
de consenso, que impide de manera absoluta abrir un debate constructivo
en el que se pudieran realizar aportaciones auténticas de mejora del
proyecto, al que se ha limitado a trámites más insignificantes de
audiencia prescritos legalmente.
En último lugar, hay un afán de limitar tanto la participación real en el
gobierno de los centros como en el desempeño de la inspección. A nuestro
entender, el carácter preeminente de las decisiones administrativas pone
en tela de juicio cualquier diseño de participación y dirección de los
centros educativos. Por lo tanto, señorías, la ley es inoportuna en el
tiempo, ya que en pleno inicio del desarrollo de la LOGSE resulta
improcedente que tanto ésta como la LODE vengan a modificarse, lo que
redunda en la idea expuesta anteriormente de que el Gobierno es
consciente del fracaso de ambas leyes. Y la ley, señorías, es
innecesaria. Los que hayan tenido ocasión de verla con detenimiento
habrán observado que la mayor parte del articulado reproduce de forma
literal el correspondiente a leyes orgánicas citadas y cuya modificación
podría acometerse mediante disposición de rango inferior.
Analizando el capítulo referente a la autonomía pedagógica y organizativa
y de gestión vemos que la autonomía de gestión organizativa y pedagógica
se limita a la libertad de acción del profesorado dentro del aula. En la
realidad, el centro educativo está fuertemente condicionado por políticas
de dirigismo y uniformado curricular, por el creciente imperativo, cada
día más detallado, de la propia normativa, por las condiciones de los
centros y de los puestos de trabajo y por la debilidad de la formación
permanente.
En resumen, señorías, la distancia entre la retórica ministerial y la
pura realidad cotidiana en las aulas va alcanzando magnitud de divorcio
total entre ambas, ya que quiere tratar al profesorado como un mero
técnico que aplica rutinas preestablecidas, al tiempo que se consolida la
burocratización en la escuela, signo de su dependencia, pero no de su
autonomía. A la par que no se facilita el ejercicio de la autonomía que
se proclama, tampoco se garantiza la gobernabilidad de los centros
porque, aun pretendiendo aumentar la autoridad de los directores no se
restablece la autoridad del profesor ni de forma individual ni de forma
colegiada por medio del claustro.
Dirección. Existe un acuerdo unánime respecto del hecho de que una
dirección escolar eficaz constituye un factor de rendimiento muy positivo
de los centros. Lo que no está nada claro, a nuestro juicio, es el modo
de organizar y ejercer la dirección, sobre todo, ante la eventualidad
legal de tener que definir el papel de director.
Para nuestro Grupo parlamentario las medidas que propone el Ministerio
para mejorar la dirección son una apuesta por una dirección
desequilibrada, por una dirección fuerte, con amplios poderes pedagógicos
y de gestión, sin tener en cuenta que la responsabilidad de adoptar
determinadas decisiones importantes debe de ser asumida y compartida por
otros órganos colegiados.
A la inestabilidad de la dirección se suma el hecho de que en el proyecto
se pretenda trasladar a los directores unas responsabilidades que pueden
hacer aún más indeseable la ocupación de estos cargos, así como la
arbitrariedad y el nepotismo que emerge ante la posibilidad de que
exclusivamente directores, cuya tarea haya sido valorada positivamente
por la Administración, perciban un complemento específico asignado a los
puestos directivos ya de por vida.
La discrecionalidad con que se contempla dicha probabilidad y el hecho de
que concurran diferentes administraciones y formas de actuación
administrativa provoca especial inquietud conocidas anteriormente,
padecidas en el ámbito educativo, discriminaciones por todos conocidas y
que, desde luego, deberían ser eliminadas. Pero con ser preocupante,
señorías, el hecho que acabo de denunciar, lo que más sorprende es la
perversión de la ley en materia retributiva que pone en duda la misma
coherencia de esta propuesta en el marco de apoyo al ejercicio de la
función directiva. Más lógico y conveniente sería catalogar los puestos
directivos, asignarles los correspondientes niveles y abonarlos, así como
que la consolidación de retribuciones se produzca de la forma general
prevista para todos los funcionarios.
Del mismo modo, entiende nuestro Grupo que la elección de los directores
de los centros constituye un motivo de inquietud cuando es manifiesto que
representa uno de los problemas más graves de los centros de enseñanza en
donde los profesores rechazan someterse a procesos de elección en una
situación tan anómala como el que casi el 60 por ciento de los directores
actuales, señorías, han sido designados por la Administración y no
elegidos por los consejos escolares. Sin embargo, a tan delicado
planteamiento se responde en la ley poniendo trabas al profesorado para
alcanzar dicha meta a través de su necesaria participación en cursos de
formación permanente, con lo que se pone en tela de juicio la capacidad
de miles y miles de profesores que sin esta formación han permitido, y lo
siguen haciendo a diario, que los centros de enseñanza puedan abrirse
todos los días y funcionen, a pesar de las carencias materiales y de
personal a las que se ven sometidos, sufriendo todas estas carencias con
una profesionalidad que ahora, a nuestro juicio, se les cuestiona sin
ningún fundamento.
A esta crisis de dirección de los centros se responde con el requisito de
la acreditación, añadiendo una rémora más a la alarmante problemática de
candidatos a los puestos directivos que afecta a la mayoría de los
centros. En suma, señorías, el loable fin de que sean los mejor
preparados los que accedan a estos puestos de trabajo se contradice con
los requisitos enumerados en el artículo 18 de este proyecto de ley;
requisitos que deben ser eliminados, reconociéndose, señorías,
genéricamente a todos los profesores la capacidad para dirigir centros de
enseñanza correspondientes a su nivel.
Evaluación. Respecto de ella, el proyecto no garantiza, en modo alguno,
que la evaluación y valoración de la práctica docente sirva para aportar
al profesorado nuevos conocimientos para mejorar su trayectoria
profesional ni reconoce la necesidad de que dicha evaluación y valoración
se efectúe por personas capacitadas que aseguren la objetividad de los
procesos. Las vías que establece para la promoción profesional no tienen
garantías de profesionalidad, por lo que no llegamos a entender cómo el
Consejo Escolar puede participar en este proceso si no es,
exclusivamente, emitiendo informes.
Inspección. Las medidas referidas a la inspección ponen de manifiesto el
fracaso del modelo de la inspección instaurado en la Ley de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, habiendo faltado valentía para crear el
Cuerpo Superior de Funcionarios Técnicos de Inspección, una inspección
profesional a la que se acceda por concurso-oposición técnica e
independiente que en modo alguno debe de suponer una excepción respecto
del sistema funcionarial del Estado, antes bien tiene y debe de sujetarse
a él.
La creación del Cuerpo Superior de Inspectores de Educación daría
solución en condiciones de igualdad con el resto de funcionarios a muy
diferentes situaciones, garantizaría a los ciudadanos el rendimiento
social de la educación y la rentabilidad de los recursos públicos
ejerciendo las funciones y atribuciones que la LOGSE establece en el
artículo 61 como desarrollo del artículo 27 de la Constitución. El
proyecto de ley, señorías, omite asimismo el desarrollo de la alta
inspección cuya única mención continúa siendo la del artículo 61.4 de la
LOGSE.
Generalización de los centros de integración y la escolarización de los
alumnos con necesidades especiales. Respecto de esta problemática, la
regulación contenida en el proyecto de ley no garantiza que se vaya a
contar con los medios necesarios para acercarnos a un modelo de
integración total. Nuestro Grupo entiende que la escolarización de los
alumnos con necesidades educativas debe de hacerse en función del perfil
de apoyo que el centro escolar presenta, teniendo pues en cuenta si la
dotación de ese centro sirve para atender las necesidades educativas
especiales del alumno, entendiendo por tales las que disponen al menos de
un profesor especialista en pedagogía terapéutica, otro profesor
especialista en perturbaciones de audición y lenguaje y un fisioterapeuta
y un asistente social.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, debería ir terminando.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Sí, señor Presidente, voy finalizando.
De otro modo, la igualdad de oportunidades que se pretende alcanzar está
muy lejos de lograr las mínimas cotas de calidad educativa. El proyecto
de ley plantea otras cuestiones, admisión de alumnos, centros
concertados, profesores especialistas, cuestiones de relleno que de
ninguna manera justifican la promulgación de esta ley, que indican, a
nuestro juicio, la descoordinación ministerial, que de nuevo modifica la
LOGSE en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado para 1996, poniendo fin al grado elemental de las enseñanzas
musicales cuando la reforma de las mismas se había iniciado en el
presente año 1995.
En definitiva, señorías, el sistema educativo, deteriorado por los
desajustes producidos con ocasión del desarrollo de la LODE y de la
LOGSE, alcanza un grado de deformación considerable y el proyecto de ley
que ahora debatimos aborda de forma parcial estos problemas que acabo de
plantear. En esta indeseable posición, el Grupo Parlamentario Popular
suscribe la propuesta de veto en la confianza de que el proyecto no
prospere, dado que las medidas que el mismo comprende no contribuyen de
ninguna manera a la mejora de la calidad de la enseñanza.
Finalizo ya, señor Presidente, agradeciendo la incorporación a este
debate del nuevo Ministro de Educación al que me gustaría oír, aunque
fuese brevemente, para ver si es capaz de explicarnos las razones que él
haya podido encontrar para seguir justificando un proyecto de ley en el
que no ha tenido parte alguna. Y pido también poder conocer de los
grupos, sobre todo catalán y vasco, que a lo largo de la tramitación en
Ponencia y en Comisión no han abierto la boca, los argumentos por los
cuales se han unido a esa votación favorable que el dictamen de la
Comisión ha traído a este Pleno.
Digo todo esto, con el mayor respeto --como siempre me lo ha merecido-- a
la sensibilidad educativa de ambos Grupos, que siempre han hecho
aportaciones muy valiosas a lo largo de los debates; sobre todo, en los
relativos a educación, que son los que yo he seguido de forma continua.
Pero me extrañó que, ante una ley tan innecesaria, tan inoportuna, no
explicaran los motivos de su apoyo a la misma. Por tanto, espero que las
razones que yo expuse para devolver esta ley al Gobierno, no sólo sean
planteadas en la crítica en contra por el Grupo Parlamentario Socialista,
sino también por los grupos que van a votar en contra, porque nuestro
Grupo necesita conocer la coherencia en los planteamientos en materia
educativa de grupos parlamentarios que han dado aquí, a lo largo de los
años, una sensación de seriedad y rigor en el cumplimiento estricto de
sus funciones ante la Cámara, y que yo, hasta ahora --insisto, hasta
ahora--, no he visto en el trámite en el Senado de esta ley.
Espero poder conocerla y, en todo caso, señor Ministro, piense que esta
ley, que siendo usted ya Ministro se va a aprobar, no va a acomodarse a
las exigencias de nuestro sistema educativo y no nos va a dar más calidad
de enseñanza. El profesorado, en un porcentaje elevadísimo --y hoy es el
día en que todavía están encerrados en muchos edificios de centros
escolares--, está pidiendo que esta ley se devuelva al Gobierno, y hoy no
sería un buen día si se aprobara en el trámite del Senado una ley que es
mala para la comunidad escolar en su conjunto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, estamos debatiendo las enmiendas de devolución
al Gobierno de este proyecto de ley y creo que no es ocioso intentar
aclarar de qué estamos hablando exactamente, qué es este proyecto de ley
y cuál es su alcance de naturaleza legislativa y de naturaleza política.
Estamos ante un proyecto de ley de naturaleza técnica, de técnica
educativa, en el que se trata de perfilar y designar los instrumentos
que, en la organización de los centros, deben estar puestos al servicio
de la consecución de determinados objetivos; de organizar la
participación educativa, cuyos principios están establecidos en otra
parte; de organizar la evaluación de los centros como elemento
fundamental del sistema, y de organizar el gobierno de los centros
docentes como un elemento importante de su funcionamiento y de la
consecución de sus objetivos.
Estamos, insisto, ante un debate de técnica educativa y no discutiendo
los principios fundamentales del sistema educativo y de la concepción
política. No estamos discutiendo las leyes básicas que regulan el sistema
educativo. El reconocimiento de derechos a la educación, en la lode, y la
organización general del sistema educativo, en la logse, son las piezas
fundamentales del sistema educativo; pero en estos momentos estamos
debatiendo, vuelvo a insistir, una ley de naturaleza técnica, estamos
discutiendo instrumentos.
¿Qué discrepancias son posibles ante una ley de naturaleza técnica?
Razonablemente, discrepancias acerca de la adecuación o no de los
instrumentos técnicos que se están poniendo sobre la mesa. Discutimos la
adecuación o no de un modelo de dirección, de un modelo de inspección, de
un modelo de evaluación y de un modelo de participación, y no de los
principios esenciales del sistema educativo, definidos y aprobados por
las Cortes Generales con anterioridad. Pero, naturalmente, alguien puede
aprovechar la ocasión para decir que, estando en desacuerdo con los
aspectos técnicos de la ley, todavía lo está en mayor medida con los
principios esenciales que rigen el sistema educativo. Así, se aprovecha
la ocasión para resucitar un debate recurrente, que dura ya doce o trece
años, en el que siempre se viene a decir lo mismo: la lode fue una ley
muy mala la LOGSE es una ley muy mala y, como consecuencia de ello, las
aplicaciones técnicas que esta ley pretende tienen que ser necesariamente
muy malas.
Pero eso no es más que una petición de principio. No es más que un
sofisma que intenta encubrir una posición que para el Grupo Popular
consiste, esencialmente, en decir que hay que discrepar del Grupo
Parlamentario Socialista
y del Gobierno socialista en su política educativa. Y se dice eso, no
como una conclusión de un análisis y del examen de una realidad, sino
como un principio fundamental; hay que discrepar del Gobierno socialista
diga lo que diga, haga lo que haga, proponga lo que proponga; hay que
enfrentarse a cualquiera de las medidas del Grupo Parlamentario
Socialista, hay que negarla.
Esta es la historia de una discrepancia y un desencuentro querido,
buscado, mimado, cultivado durante mucho tiempo. Si no, no se explica el
que, a pesar de que tras modificaciones del Congreso de los Diputados se
haya creado de nuevo en esta ley un cuerpo de inspección educativa,
petición que el Grupo Parlamentario Popular ha estado sosteniendo de
forma consistente, recurrente, durante mucho tiempo --y recuerdo las
intervenciones de la actual Diputada, y antigua Senadora, señora Sainz,
con el Ministro de Educación, reclamando la creación del cuerpo de
inspección educativa en múltiples ocasiones en esta Cámara--, ahora
también tenga que manifestar su discrepancia. Por tanto, hay que
discrepar, hay que negar la acción de política educativa del Gobierno
socialista y de su Grupo Parlamentario, diga lo que diga. Y no parece que
eso sea una posición razonable.
Respecto de Izquierda Unida, la posición de principio que mantiene, tanto
en el veto, como en otras cuestiones concomitantes con estas tareas
educativas, es una posición de fondo radicalmente distinta de la del
Grupo Popular, pero coincidente en su conclusión final. Parte de un
principio distinto, pero llega a la misma conclusión: la devolución al
Gobierno del proyecto de ley. Izquierda Unida dice lo siguiente: El
trayecto recorrido por el Partido Socialista en la época anterior fue
excelente; la lode fue una ley magnífica; la LOGSE tuvo consenso
parlamentario suficiente, excepto el del Grupo Parlamentario Popular.
Aquello estuvo muy bien hecho, y cualquier modificación que se introduzca
sobre aquellos principios es perversa.
Hay una gran dosis de inmovilismo, de dogmatismo político, en la posición
de Izquierda Unida. Porque, efectivamente, en su momento aquellas leyes
fueron buenas, fueron excelentes. Pero, ¿qué es lo que nos impide en el
momento actual revisar aquellas concepciones, actualizarlas y modificar
lo que sea necesario respecto de aquellas ideas para adaptarlas a las
necesidades vigentes? ¿Por qué no se puede modificar una norma que
aprobamos hace doce, diez, o cinco años, adaptándola a la situación
actual? Cualquier sensación de que no se puede mover el pasado porque es
una traición a los grandes principios, es absolutamente contraria a
cualquier posición razonable de análisis de la realidad y de solución de
sus problemas.
Sobre ese fondo de crítica de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario
Popular, que fundamenta nuestra posición contraria al voto favorable de
las enmiendas de devolución, haré algunas consideraciones sobre algunos
aspectos parciales. Empezaré diciendo que, en cuanto al argumento en
favor del rigor y la seriedad de determinados grupos parlamentarios, que
en el pasado apoyaron o discreparon de posiciones del Gobierno y que en
este momento han determinado apoyar este proyecto de ley porque están de
acuerdo con su contenido y porque satisface aspiraciones legítimas de
esos grupos parlamentarios, no tiene sentido ninguno que digamos que esos
grupos obraron entonces con seriedad y rigor y que ahora, porque apoyan
la ley, y no la posición discrepante del Grupo Parlamentario Popular,
carecen de esa seriedad y rigor. No es seria la crítica. Serios y
rigurosos, siempre; cuando están de acuerdo y cuando están en desacuerdo.
Por lo tanto, ahora que están de acuerdo con la posición del Gobierno,
¿qué razón hay para que descalifiquemos y les pidamos razones de sus
actos? Ninguna. No es razonable la crítica. Es legítimo que defiendan sus
posiciones políticas y hacen bien en hacerlo, pero no es legítimo que
ustedes quieran arrimar a sus propias posiciones las de otros grupos
políticos que han manifestado con absoluta claridad, y se manifiesta
hablando y votando, sus posiciones respecto de esta ley. Por
consiguiente, es un argumento que yo tengo que descalificar desde la
tribuna.
Izquierda Unida critica esta ley porque dice que tiene una mala técnica
legislativa. Le diré que la educación es un tema complejo, que aglutina
muchas cosas diferentes. El proyecto de ley, al aglutinar muchas cosas
diferentes --de tipo económico, personal, organizativo, legislativo,
formal--, tendrá que contener una serie de medidas y de prescripciones
variadas. No es un cajón de sastre, como dicen en su crítica, sino que es
la organización alrededor de un asunto central, que es el de la
educación, de los múltiples aspectos técnicos que son necesarios.
Para Izquierda Unida no habría más que una ley necesaria y conveniente
para el sistema educativo español en este momento: la famosa ley de
financiación del sistema educativo, que es una preocupación recurrente
por parte del Grupo de Izquierda Unida y por parte del Grupo
Parlamentario Popular. Pero tengo que denunciar desde la tribuna de nuevo
y por enésima el espejismo de que una ley de financiación resuelve los
problemas financieros del sistema educativo español. Por el mismo
razonamiento --que es una falacia, un sofisma que no lleva a ninguna
conclusión--, una ley de financiación podría resolver los problemas de
financiación del sistema de pensiones o de la sanidad pública o de la
modernización del Ejército o de la actualización de la industria en el
país. Por la misma razón, leyes de financiación parciales resolverían los
problemas de financiación, pero eso es un error en el planteamiento, y lo
saben muy bien. Toda ley de financiación tiene que ajustarse a la ley
marco general, que es la ley de presupuestos. Si lo permite, se puede
hacer; si no lo permite, es inútil hacer un canto al sol. La ley de
financiación no podría resolver nada.
Además, al representante de Izquierda Unida le tengo que decir que la
famosa proposición de ley de iniciativa popular --que ahora mismo está
viva en el Congreso de los Diputados para llevar adelante una ley de
financiación--, hablando mucho y teniendo mucho contenido de palabras,
cuando llega el momento clave y crucial de definir cuánto dinero hace
falta para financiar el sistema educativo, la ley, natural y
prudentemente, no dice ni una sola palabra sobre esa cuestión, porque no
lo puede decir. No puede decir cuánto dinero podemos comprometer en los
próximos diez años para financiar el sistema educativo y
establece principios generales,vaguedades sobre la financiación. Cuando
llega el momento de decir cuánto, no dice nada, porque no es posible
decirlo, porque no se puede resolver el problema financiero del sistema
educativo a través de una ley de financiación que comprometa al Ejecutivo
durante 10, 12 ó 14 años del futuro. Es absolutamente imposible.
También me voy a referir a dos cuestiones que son objeto de crítica: la
acreditación para la función directiva y la nueva formulación de la
función inspectora.
Con respecto a la acreditación, se organiza una batalla singular en lo
relativo a la necesidad de que los directores escolares tengan una
formación adecuada para el ejercicio de sus responsabilidades. Hay una
gran polémica sobre ese tema. El Grupo Parlamentario Popular añora el
viejo cuerpo de directores escolares, que era una manera de acreditar a
los profesores para el ejercicio de la función directiva. La acreditación
consistía en ganar una oposición, y eso les parece algo encomiable,
incluso piden que se reconozcan los derechos de los viejos directores de
ese cuerpo a efectos de la acreditación actual, cosa, por otra parte,
innecesaria, ya que están acreditados con las normas que contiene la ley.
No se entiende cuál es la reserva y la reticencia hacia una acreditación
a través de cursos de formación convocados por las administraciones
públicas o titulaciones universitarias adecuadas a esa función, una
acreditación suficiente o el ejercicio acreditado de la función directiva
en centros escolares, teniendo en cuenta que ni vamos a la consolidación
de un cuerpo permanente o de una función permanente o de un grupo
permanente de directores. Esa no es la filosofía de este proyecto de ley.
Pensamos que los directores estarán al frente de los centros durante
cierto tiempo y volverán a su función docente pasados los plazos que
establece la ley: tres mandatos de cuatro años y doce años de función
directiva. Por tanto, conexión permanente de los directores con la
función docente, no desvinculación de los directores respecto de la
función docente.
No entendemos que el Grupo Parlamentario Popular acuse a este proyecto de
ley de perverso por el hecho de consolidar una parte de los complementos
específicos de los directores. Les parece una perversión del sistema
retributivo de los funcionarios públicos. Le diré que esa consolidación
existe para otro tipo de funcionarios. Para los funcionarios no docentes
pueden consolidarse complementos de destino después del ejercicio de
ciertas responsabilidades durante cierto tiempo. ¿Por qué lo que es
legítimo para los funcionarios en general no lo es para los directores
escolares? ¿Cuál es la razón para que descalifiquemos a los directores
escolares de ese derecho reconocido y vigente para otros funcionarios que
hacen otras tareas dentro de la función pública? No encontramos ninguna
justificación.
En cuanto a la función inspectora, les diré que en el momento en que
estamos se contempla la creación del cuerpo de inspección de educación,
resultado de enmiendas aprobadas por la Cámara Baja en el trámite
parlamentario anterior. Esto no se contemplaba en el proyecto de ley en
su origen, pero sí en su actual redacción. No entendemos, por un lado, la
reserva del Grupo Parlamentario Popular, que ha solicitado múltiples
veces la creación del cuerpo de inspección educativa y que ahora se
contempla en este proyecto de ley, aunque puedan discrepar de los
ejercicios de oposición o del sistema de acceso. Ellos, por cierto,
hablan del cuerpo superior de inspección. Yo llevo en esa tarea
prácticamente toda mi vida y nunca la inspección tuvo el adjetivo de
superior. Los cuerpos de inspección, en sus múltiples nombres a través de
la historia de los últimos 40 años, nunca se han denominado cuerpo
superior de inspectores de educación.
El alcance de esa denominación seguramente va más allá de la
consideración que nosotros hacemos de la inspección como un cuerpo
docente, como un cuerpo que está inserto en la carrera docente que
contemplamos, de tal manera que un profesor pueda empezar siendo un
maestro de enseñanza primaria o de educación infantil y con el paso de
los escalones y cumpliendo los requisitos que en cada caso se requieren
pueda terminar, por un lado, siendo profesor de universidad porque tiene
una vía en la que los escalones están abiertos o culminar, por otro, su
carrera de profesor en el ejercicio de la inspección educativa como parte
de una carrera docente y profesional.
Le diré que todos los cuerpos de inspección existentes hasta este momento
reclamaron insistentemente el carácter de docente de los cuerpos de
inspección. La inspección no es un cuerpo administrativo, es un cuerpo
que está enraizado en la tarea de la educación y tiene una función
importante. Nace de los profesores, culmina una tarea de educación y, por
lo tanto, tiene naturaleza docente. Es un cuerpo de naturaleza docente.
Contra eso va, y no entendemos las razones, el Grupo Parlamentario
Popular.
Por otra parte, lo que hace Izquierda Unida es intentar mantener la
situación del año 1984. Inspectores de ida y vuelta, inspectores que
nacen de los cuerpos docentes que ejercen la función educativa y que
vuelven a los cuerpos docentes pasado un cierto tiempo, en todo caso seis
años. Este modelo de inspección ha dado excelentes resultados y no tiene
nada que ver con políticas clientelistas del Partido Socialista. Tengo
que rechazar enérgicamente esa acusación, que es infundada, que no se
corresponde, en absoluto, con la realidad, acerca de la cual y de su
naturaleza no tengo que hacer más comentario que el de la
descalificación.
Le pondré un ejemplo que posiblemente sirva poco, pero puede servir como
muestra de lo que le estoy diciendo. Yo pertenezco, como inspector de
educación, a una plantilla; estoy en situación de servicios especiales
desde hace muchos años. En esa inspección hay ahora en activo 12 ó 14
inspectores, parte de los viejos cuerpos y una parte muy importante del
nuevo sistema de acceso a la inspección que se inaugura en el año 1984.
Ninguno de estos inspectores tiene carné del Partido Socialista, ninguno,
y respeto, cómo no, a algunos de ellos simpatizantes y próximos a las
posiciones del Partido Popular, porque tienen todo el derecho del mundo,
reconocido y respetado, a ejercer sus opciones políticas con absoluta
libertad, sin presiones de ninguna clase. Se lo digo como un ejemplo que
quizá no sea extensible, porque es de un grupo pequeño, pero que puede
ser representativo de una situación de carácter general.
Terminaré esta oposición al veto del Grupo Parlamentario Popular
refiriéndome a otro tema recurrente de su crítica: la marginación de los
profesores y la marginación del claustro en las tareas de gobierno de los
centros.
Lo de la marginación de los profesores resulta bastante curioso, porque
esta ley concede y da capacidades operativas importantes al director del
centro, que es un docente; al jefe de estudios, que es un docente; al
secretario, que es un docente, y, naturalmente, esos cargos nacen del
conjunto de profesores que ejercen en los distintos centros docentes.
Pero me dice, además, que al claustro de profesores se le disminuye en
sus competencias y en sus atribuciones. Yo le diré que seguramente no ha
comprendido todavía que el sistema educativo que nosotros pusimos en
marcha con la LODE es un sistema de participación de la comunidad
educativa en las tareas decisivas de la organización y de la marcha de
los centros educativos y del sistema de educación, en las que los
profesores tienen una voz absolutamente imprescindible y en las que la
comunidad educativa, es decir, los padres y los alumnos, especialmente a
partir de determinadas edades, junto a las administraciones educativas
competentes, tienen algo importante que decir sobre el desarrollo de la
educación.
Cuando esas competencias se distribuyen entre órganos de más amplio
alcance, es evidente que quienes habían mantenido el monopolio de las
decisiones en los sistemas anteriores tienen ahora que compatibilizar sus
funciones con las de los consejos escolares y con las tareas de las
administraciones educativas competentes. Y por lo tanto, ese reparto de
atribuciones y de competencias no debe ser esgrimido como una defensa de
las capacidades de los claustros, que las tienen reconocidas expresamente
por la ley.
Por último, terminaré haciendo una referencia a la alta inspección, que
el Grupo Parlamentario Popular pide que se regule en esta ley. La alta
inspección está regulada en la LOGSE, en el artículo 61.4, con una misión
específica expuesta con toda claridad en el texto de la ley: El Estado
ejercerá la alta inspección que le corresponde, a fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en materia de
educación. La alta inspección tiene que ver cómo los poderes públicos
cumplen sus obligaciones en materia educativa, y para ello se les ocurre,
nada más y nada menos, que crear un cuerpo de funcionarios cuyas
funciones están solapándose permanentemente a las funciones de la
inspección de educación y que, por otro lado, invaden continuamente las
facultades de las Comunidades Autónomas que tienen competencias
educativas plenas, creando un sistema paralelo de inspección: uno depende
de las administraciones educativas competentes y otro se escapa del
control de las administraciones educativas competentes y que va mucho más
allá de lo que exige la Constitución y las leyes respecto del control de
las obligaciones de los poderes públicos en materia educativa.
Es evidente que esa alta inspección no puede estar en manos de un cuerpo
de funcionarios seleccionados por oposición. Tiene que ser una inspección
de naturaleza radicalmente diferente, como establece la normativa actual
que regula la alta inspección. Por tanto, la propuesta que nos hace es
confusa, invade competencias de las administraciones educativas y, en vez
de clarificar el tema de la inspección, lo que hace es confundirlo
definitivamente, creando un sistema paralelo de inspección.
Por esas y por otras razones que omito a sus señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar en contra de los dos vetos a este
proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iglesias
Marcelo.
En turno de portavoces, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Mixto, el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señores Senadores, señor
Iglesias, ha dicho usted en su intervención que Izquierda Unida, en este
proyecto de ley, es inmovilista. Efectivamente, nosotros hemos podido
aportar algo a las leyes educativas, tanto a la LOGSE como a la LODE,
pero en este caso nada porque entendemos que esta ley es regresiva.
Tengo que decirles que ustedes, en nombre de la modernidad, en nombre de
la técnica --usted ha dicho que ésta es una ley técnica--, lo que están
haciendo de un tiempo a esta parte es lo mismo que han hecho con la
reforma laboral: la contrarreforma. Y esta ley, aparte de mala e
innecesaria, es también una contrarreforma. Porque díganme ustedes, en
cuanto a la técnica de esta ley, si la participación es técnica; si el
tema de las evaluaciones es técnico; si el tema de la inspección es
técnico; si el tema de los derechos de los trabajadores de la enseñanza
pública y privada es técnico. ¿Todo eso es técnico? Esto tiene un gran
contenido político. Y en vez de avanzar para ponerlo al día, lo que
ustedes pretenden, repito, es hacer una contrarreforma de la enseñanza,
igual que en aras de la modernidad han hecho una contrarreforma laboral.
Ese es el problema de fondo, y, efectivamente, ante ese dilema, decimos:
Virgencita de mi alma, que me dejen como estoy. Porque lo que ustedes
pretenden no es mejorar con esta ley, sino darle un contenido regresivo.
Y aun así, aun teniendo un veto Izquierda Unida, no nos quedamos ahí,
sino que hacemos propuestas positivas a un montón de enmiendas. Y
coincidirán ustedes, o al menos una parte de la Cámara, en que si algo ha
tenido Izquierda Unida desde siempre una gran implantación e incidencia
ha sido en el sector de la enseñanza. Ustedes no regulan nada, repito,
hacen una contrarreforma, y por eso decimos que esta ley no es adecuada
ni necesaria, por las razones expuestas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Victoriano Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, señorías, en relación con el veto
presentado al proyecto de ley que
hoy debatimos de participación, evaluación y gobierno de los centros,
tengo que decir que, a juicio del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado, el proyecto es algo difuso en importantes aspectos,
poco progresista e, inclusive, regresivo. En conjunto, la valoramos poco
afortunada y escasamente debatida en los ámbitos sociales directamente
afectados, sobre todo, en el profesorado. Después del amplio consenso
logrado con posterioridad al debate en profundidad que obtuvieron la
LODE, en 1985, y la LOGSE, en 1990, esta ley nos llega algo inmadura y
fuertemente contestada por amplios sectores políticos, profesionales y
sindicales. Tengo que reconocer que existen ciertos avances en los
aspectos de participación en el funcionamiento de los centros, aunque no
se explicite, por ejemplo, la presencia del personal de administración y
servicios, e incluso los alumnos, en las labores del funcionamiento de
los mismos. Tampoco se compromete de forma seria a las Administraciones
locales a una estrecha colaboración, cuestión que consideramos
importante. E, igualmente, a lo largo de la ley se observa un olvido
sistemático de todo lo referente a los órganos de gobierno de los centros
superiores de enseñanzas artísticas.
En cuanto a los aspectos de la evaluación en los rendimientos de los
centros, también hay algunos avances, pero dándole prácticamente
exclusividad en estas funciones a la inspección educativa, dejando con
muy escasa actuación a los consejos escolares y al claustro de
profesores. Pero donde esta ley no es afortunada es en lo referente a la
dirección de los centros y, sobre todo, a la recreación del Cuerpo de
Inspectores de Educación.
En cuanto a la dirección de los centros, todo lo relacionado con la
acreditación previa de los profesores para poder ser elegidos o
designados directores es un auténtico retroceso con respecto a las leyes
anteriores. Se objetiva hoy, no hay duda, una desmotivación de los
profesores para desempeñar esa función de dirección. Pero creemos que
ésta no es la solución adecuada, porque, con la indicada acreditación, es
posible que exista una dificultad sobreañadida para asumir, por parte de
los profesores, esas responsabilidades de dirección. Creemos que esta
acreditación sería, como digo, una dificultad sobreañadida, y por eso,
también existe para nosotros una clara intervención de la Administración
educativa. Pensamos que todo ello sería poner un importante pilar para un
futuro y próxima construcción y creación de un nuevo cuerpo de directores
de centros que los alejaría claramente del resto del profesorado, que ya
no podría ejercer tal función restando entonces espontaneidad e
iniciativa a proyectos creativos del claustro. Reconocemos las graves
deficiencias actuales, la necesidad de motivaciones reales para la
función directiva y la carrera profesional, pero esta forma de afrontarlo
nos parece totalmente inmadura y poco debatida, sobre todo, cuando tiene
a más de las tres cuartas partes del total del profesorado enfrentado a
estas soluciones. Una reelaboración y profundización en el diálogo con
los implicados hacia un acuerdo, que podría ser muy mayoritario, en
beneficio de la propia educación, es lo que parece exigirnos los tiempos
actuales.
Pero es en el Título IV de este proyecto «De la Inspección Educativa»
donde el aspecto regresivo se objetiva con nitidez con la vuelta a la
recreación del cuerpo de inspectores educativos, grupo cerrado que se
alejaría rápidamente de su formación y del ejercicio docente al perder su
pertenencia a sus cuerpos profesionales de origen, creándose uno nuevo,
cerrado y enquistado dentro de Educación, del cual ya tenemos
experiencias no muy felices en épocas anteriores. Además, con el peligro
cierto de burocratización e inmovilismo y en clara contradicción con
principios educativos defendidos y propugnados por la LOGSE.
Por todas estas razones, no podemos estar de acuerdo con este proyecto de
ley, por lo que creemos que debe ser reestudiado, más ampliamente
debatido, y no por esta vía de urgencia a la que, por cierto, no
encontramos ninguna justificación, máxime cuando la mayoría de los
profesores, la vía sindical y grupos políticos proclaman su deseo de
profundizar y consensuar en lo posible estos aspectos básicos en la
organización de la educación, fundamentales para el desarrollo cultural,
social y económico de todos los españoles. Quizá el debate insuficiente
de este proyecto y la vía de urgencia sean el producto del reciente
cambio ministerial de la última crisis de Gobierno.
Por último, y en definitiva, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
del Senado, con permiso del Ministro del ramo, votará a favor del veto y
en contra de este proyecto ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Zubía.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, desde un punto de vista estrictamente educativo, el proyecto de
Ley Orgánica de participación, evaluación y gobierno de centros docentes
es un proyecto que nos sonó bien --y así lo dijimos, señor Fernández
Rozada-- desde sus primeros momentos u orígenes; pero que, a decir
verdad, nos suena todavía mejor al día de hoy y a estas alturas de su
andadura parlamentaria.
Es algo que, además, constatamos con satisfacción tras una tramitación en
la que entendemos que no se ha hurtado ni rehuído el debate y en la que
con espíritu abierto y constructivo se han ido acercando posturas y
criterios, al menos con nuestros grupos parlamentarios del Congreso de
los Diputados y del Senado. Y así lo demuestra un hecho, numérico si se
quiere, pero que algo querrá decir y encierra y que no es otro que las
enmiendas que inicialmente presentamos al proyecto de ley, que fueron 71,
se quedaron reducidas a 36 para el momento de la sesión plenaria en el
Congreso de los Diputados, y todas ellas fueron retiradas tras su debate
vistos el contenido y compromisos que se derivaron del mismo. En línea
con lo indicado, tres enmiendas se presentaron para este trámite del
Senado y las tres han sido aceptadas e incorporadas al dictamen de la
Comisión que ahora debatimos.
Con estos antecedentes, nadie se sorprenderá --salvo el señor Fernández
Rozada-- de que nuestra posición vaya a ser favorable a dicho dictamen y,
en consecuencia, contrario a los vetos hoy defendidos. Vamos a votar a
favor del dictamen de la Comisión porque, en definitiva y en nuestra
opinión, estamos ante una reforma correcta en su orientación y dirección
y, además, en línea con lo que hemos venido sosteniendo y defendiendo
tiempo atrás, es decir, una reforma que apuesta por la calidad en la
educación, por la autonomía de gestión de los centros educativos y por la
participación de los agentes sociales en los programas educativos. En
suma, una apuesta decidida por la profesionalidad.
Por supuesto, este proyecto --que, como bien lo ha definido el Senador
Iglesias, es fundamentalmente (no diría yo estricta y exclusivamente,
pero sí fundamentalmente) de técnica educativa--, como todos, es
perfectible e, incluso, criticable en algunos aspectos. Sobre todo en los
relacionados con la autonomía de gestión de los centros, la reforma no es
todo lo incisiva que nos gustaría o, dicho de otra forma, es mucho más
tibia o tímida que la que nosotros mismos desearíamos, e incluso cabe
sostener que la reforma es incompleta en cuanto tiene carencias o lagunas
como pudiera ser, y lo digo a título de ejemplo, el hecho de no abordar
un tema como el de la normalización lingüística, todavía pendiente en
aquellas Comunidades Autónomas como la nuestra que cuentan con dos
lenguas oficiales. Pero, a pesar de ello y algunas otras cosas más, la
dirección, la orientación, repito, de este proyecto de ley, nos parece,
en todo caso, acertada, y eso, al día de hoy, es lo que nos parece más
destacable del proyecto de ley.
No quisiera acabar mi intervención sin reseñar el esfuerzo importantísimo
que se ha realizado durante toda la tramitación del proyecto a la hora de
delimitar los títulos y ámbitos competenciales, y que se ha visto
satisfactoriamente completada, justo es reconocerlo, con la aceptación de
esas tres enmiendas de nuestro Grupo a las que me he referido
anteriormente y que tienen que ver, en concreto, con el artículo 37.4 del
texto articulado y con la disposición adicional primera, punto cinco, en
relación al ejercicio de la inspección educativa y la función inspectora;
y, por otra parte, con la disposición final tercera, apartado 6, en
cuanto afecta a la financiación de los centros docentes privados que
imparten formación profesional específica. Con su aceptación e
incorporación al dictamen se ha conseguido una mejor y más completa
adecuación del proyecto a la distribución de competencias en la materia.
Expreso nuestra satisfacción por ello y el agradecimiento a todos
aquellos grupos que con su voto han posibilitado tal incorporación.
Y termino, ya sí, señor Presidente, reiterando que por las razones
expuestas nuestro voto será contrario a los vetos y favorable al dictamen
de la Comisión sobre el proyecto de ley orgánica de la participación, la
evaluación y el gobierno de los centros docentes.
Y aprovecho someramente el momento de mi intervención, señor Presidente,
aun a sabiendas de que no es el momento procesal más oportuno, para
anunciar también que nuestro Grupo votará a favor, y lo hará además muy
especialmente, de la enmienda número 166, de la Senadora del Grupo
Parlamentario Mixto, señora De Boneta, que trata de resolver la situación
de determinado personal laboral docente fijo al servicio de centros
integrados en la red pública en virtud del proceso previsto en la Ley del
Parlamento Vasco de 29 de junio de 1988.
Nada más, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Zubía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador don Albert Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: «Amb el seu permis, senyor President.»
Me acojo a la licencia procesal del Senador Zubía, y en este acto voy a
fijar la posición a mi Grupo tanto en el veto como sobre nuestra
intención de voto sobre este proyecto de ley, es decir, que ésta será
nuestra única intervención en este proyecto de ley.
Señor Presidente, la brevedad del trámite --estamos en un veto-- hacía
que no tuviese intención de intervenir en nombre de mi Grupo, en
beneficio, como digo, del trámite y de sus señorías, hasta el turno de
portavoces, posterior y previo a la votación del proyecto, pero las
referencias a este Grupo del Senador Fernández Rozada en defensa de su
veto, y por pudor parlamentario, me obligan a intervenir.
Quisiera acotarle al Senador Fernández Rozada que nuestro silencio en
Ponencia y Comisión fue limitado únicamente al ejercicio del voto y se
debe a circunstancias muy fáciles de comprender. En primer lugar, a
nuestro juicio, el proyecto de ley es bueno y permite el desarrollo
autonómico de la norma, elemento básico para una coalición que como la
que me honro en representar es nacionalista.
La ley se ha tramitado en el Congreso de los Diputados con una
significativa intervención de los Diputados de Convergència i Unió y
nuestra privilegiada situación en el arco parlamentario permite que
nuestras enmiendas prosperen. No le sepa mal, pues, al Senador Fernández
Rozada; al fin y al cabo es el juego democrático.
Como digo, votaremos en contra de las dos enmiendas y votaremos a favor
del proyecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias señoría. Tiene la
palabra el Senador Iglesias Marcelo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a hacer una muy breve intervención para expresar la satisfacción del
Grupo Parlamentario Socialista por la posición que han manifestado los
dos grupos parlamentarios que han hecho uso de la palabra
precedentemente, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que
muestran su acuerdo de fondo con la ley.
Debo decirle al Senador Zubía que comparto plenamente sus reflexiones y
que, efectivamente, esta ley no está en el límite de la perfección, no lo
está y podría haber ido más allá. Es siempre una delicada cuestión de
decisión legislativa cuál es el límite que hay que aceptar en cada caso
para, manteniendo el consenso más positivo para la aprobación de la ley,
llegar al límite del desarrollo legislativo que tenemos entre manos. Y,
naturalmente, debe ir acompañado de una sensación de modestia en el
trabajo legislativo que se hace, porque siempre lo podemos hacer mejor,
eso es evidente, pero aspirar a la perfección, a llegar al límite último
posible del desarrollo legislativo, me parece que sería una obsesión
paralizante que nos impediría dar pasos positivos de acercamiento a
nuestros objetivos. Su señoría sabe muy bien que a veces el deseo de lo
mejor impide que consigamos lo bueno que tenemos a nuestro alcance y
dentro de nuestras posibilidades inmediatas. En ese sentido, yo creo que
ésta es una buena ley, aunque no sea una ley que complete la resolución
de todos los problemas que tenemos pendientes.
Al representante y portavoz de Izquierda Unida le diré que su alegato
--que he escuchado con atención-- me ratifica en la crítica de fondo que
he hecho a su posición. Usted habla de que estamos en una contrarreforma,
que estamos en un retroceso de la política educativa promulgada con
anterioridad, y simplemente le digo: ¿a qué le suena el alegato de
contrarreforma, a qué le suena? ¿No le suena a un contexto en el que el
fondo no es la tolerancia, lo razonable, la modestia en la consecución de
los objetivos, sino que, en cambio, es el contexto del dogma que se
impone frente a las opiniones discrepantes? Su alegato por la
contrarreforma da la razón a mis observaciones, que, naturalmente, hago a
su señoría con cordialidad, sin ánimo en absoluto de ponerle en una
situación desairada.
En cuanto a la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado, que modifica en este trámite parlamentario su posición de voto
respecto de lo que se hizo en el Congreso de los Diputados, creemos que
no hay razón alguna que justifique la modificación de esa posición de
voto puesto que la ley sigue en esencia las mismas líneas, los mismos
parámetros que tenía en el Congreso de los Diputados. Aquí la hemos
perfeccionado en algunos aspectos, pero sigue siendo esencialmente el
mismo proyecto de ley, por lo que no entendemos exactamente las razones
de ese cambio de voto.
Y le diré, señoría, que la preocupación porque hagamos una ley muy
progresista o poco progresista puede ser una obsesión que nos haga perder
la visión de la realidad. En tiempos de la transición política, cuando
los grupos de oposición andábamos discutiendo los temas para pasar de la
dictadura a la democracia, recuerdo que algunos militantes de algún
partido de izquierdas, concretamente del Partido Comunista, estaban
siempre obsesionados por saber si eran bastante comunistas sus
proposiciones; bastante comunistas. Nunca entendí lo que significa eso,
nunca lo entendí, al igual que el procurar ser muy progresista o poco
progresista. Tenemos que hacer bien las cosas que tenemos que hacer;
tenemos que legislar de manera que atendamos a los requerimientos y a las
demandas de la realidad; nuestra posición global y de fondo es una
posición progresista, pero no debemos estar obsesionados en cada paso que
damos por si damos un paso suficientemente largo, o medio paso, o un
cuarto de paso. A veces andar despacio nos hace llegar más pronto, y,
como sabe su señoría, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Por lo
tanto, no nos perdamos en esa disquisición, hagamos el trabajo que
tenemos que hacer para conseguir los objetivos.
Esta ley es suficientemente buena como para merecer el apoyo de su Grupo
parlamentario, que podrá utilizarla en su circunscripción porque le da
competencias suficientes para tomar decisiones importantes respecto del
sistema educativo, y seguramente cuando la apliquen agradecerán las
posibilidades que esta ley les confiere.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, señor Ministro, después de oír las
intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios --unas a favor,
otras en contra--, cada vez me ratifico más en el hecho del acierto de
pedir la devolución de este proyecto de ley al Gobierno, porque la
impresión general que yo puedo extraer es que la realidad demuestra el
grave distanciamiento y desconocimiento que la Administración tiene de lo
que se está cociendo en los centros, porque hablan en nombre de la
Administración.
El Senador Iglesias alude con frecuencia a su pasado en la Inspección,
pero demuestra que su desconocimiento de la realidad de lo que se cuece
en los centros es absolutamente evidente; y a usted sí que le están
diciendo continuamente que esta ley es socialista, muy socialista.
Nosotros tenemos una grave preocupación porque la educación sea algo que
pueda consensuarse, que pueda marcar la pauta, de tal forma que, por
encima de los avatares de los cambios de gobierno en el sistema
educativo, podamos tener lugares de encuentro que permitan que la
sociedad no viva convulsivamente dentro del proceder del estamento
escolar, porque es mucho lo que nos jugamos, y precisamente el objetivo
esencial de la educación, que es preparar a las personas para el futuro,
debe ser un objetivo común, generalmente aceptado por la sociedad.
Creo que ustedes son extremadamente partidistas; ustedes hablan de
participación y, de alguna forma, ponen trabas a la misma impidiendo que
los sectores afectados puedan ejercer de forma real esa participación en
los centros. Yo lo he denunciado aquí y nadie se ha atrevido, al menos
con rigor y seriedad, a desmontar mi aseveración, en nombre de mi Grupo
Parlamentario.
Señorías, hablan de participación. La izquierda siempre hace ese discurso
de que el progreso, la participación y la representación, a través de los
sindicatos, en todo el estamento de la comunidad educativa ha tenido una
importancia tremenda. Yo, probablemente por falta de tiempo, no
voy a poder hacer uso de toda la documentación que hemos venido
recopilando desde que apareció el anteproyecto, donde se ve claramente
cómo los sindicatos de profesores rechazan la ley educativa que propone
el MEC, al igual que todos los titulares de las revistas de educación del
propio Ministerio y otras que no están tan próximas al Ministerio. Los
sindicatos proponen al profesorado que se pronuncie por la retirada de la
Ley, que son los que representan los verdaderos intereses.
Pues bien, señorías, los profesores se han pronunciado en referéndum.
¿Cuál ha sido el resultado? El 87 por ciento del profesorado rechaza la
«Ley Pertierra», así conocida, y supongo que no le parecerá mal al señor
Saavedra después de comprender que va a tener que seguir defendiendo una
mala ley. Deje que sea el señor Pertierra el que arrostre esa
responsabilidad precisamente de haber dado a luz a una mala ley. Usted
bastantes temas tiene que salvar en otros menesteres y ojalá tenga mayor
acierto del que está teniendo hasta ahora. (Rumores.)
Pero, si los profesores rechazan esta ley, díganme, con sentido común y
con sensatez, señor Zubía, señor Vallvé, ¿cómo puede una reforma
educativa llevarse a cabo no vinculando a los profesores? Tiene que estar
forzosamente vinculada al fracaso. Eso es evidente y no estoy haciendo
uso de una información ligera, sino de una información que conocen sus
señorías porque, a través de los medios de comunicación, vemos cómo esta
ley está siendo objeto de rechazo por parte del profesorado. Luego se
podrán contar aquí todas las monsergas que uno quiera, incluso hay
mayoría parlamentaria para aprobarla legítimamente y se convertirá en
ley, pero no vengan aduciendo que los intereses que representa en estos
momentos el profesorado, que está y se pronuncia en contra de la ley,
pueden suponer que aquí se diga en voz alta que ésta es una buena ley.
El portavoz socialista, señor Iglesias, dice que discrepamos por
discrepar, sin hacer ningún análisis riguroso. Señor Iglesias, ¿dónde
están los análisis rigurosos por parte del Grupo Parlamentario Socialista
para poder decir a esta Cámara que el respaldo que tiene la ley está
precisamente en sus protagonistas y el mayor protagonista de la educación
es el profesor porque está más cercano a la vivencia del propio alumno?
¿Por qué no desmonta ese argumento y deja de decir que hay grupos que son
muy rigurosos y serios porque aprueban esta ley? Ustedes sabrán el
porqué, porque aquí ni unos ni otros han dado argumentos suficientes para
demostrar que es una buena ley y que va a servir como pauta determinante
de la participación, de la evaluación y del gobierno de los centros,
porque eso aquí no se ha discutido ni nadie ha tratado de demostrar que
mis argumentos eran erróneos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Señoría, vaya terminando.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Finalizo, señor Presidente, pero también le
anuncio que en el trámite de enmiendas vamos a ser escuetos en la defensa
de las mismas.
En cuanto a la ley de financiación y a la Inspección educativa, a mí me
gustaría --porque aquí hubo debates-- que, al menos, se pudiese aprobar
una ley a sabiendas de que en la Inspección se crea el cuerpo que
habíamos pedido. Pero es que, además, si se lee la disposición adicional
primera, punto 4, se ve claramente la discrecionalidad, el clientelismo
y, sobre todo, el amiguismo que ahí se consolida al dejar que a los
inspectores que han accedido por vías que en la Administración no pueden
contemplarse, luego se les incluya en un cuerpo directamente, sin
concurso-oposición, y que queden integrados como tales.
Nosotros hablamos de clientelismo, aunque usted conozca casos como el de
los doce inspectores que ninguno es del PSOE. Tampoco hay por qué
criticar el que un inspector sea del psoe o de otro grupo político, pero
resulta curioso, porque si usted trajese aquí, ahora, dirección por
dirección, la relación de los inspectores que han accedido en los últimos
años a la Inspección en todas las provincias españolas, vería que todos
han sido nombrados por la Administración del Gobierno socialista y, cómo
no, la gran mayoría son o militantes socialistas, o colaboradores
socialistas, o de la fete-ugt. Eso es una evidencia. Si de 40
inspectores, el 39 por ciento son suyos, a la hora de votar
cualificadamente no se corresponde el cuerpo social con esa proporción
que hay dentro de la Inspección. ¡Qué curiosidad! Nos denuncian y
critican por hablar de clientelismo político y a la hora de comprobarlo
vemos que se va a heredar una Inspección excesivamente politizada y no
sujeta a las reglas del juego, es decir, al procedimiento para integrarse
en un cuerpo, y ustedes lo saben muy bien.
Respecto a los temas de financiación --y tengo que finalizar--, es verdad
--y aquí me pongo de parte del portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya-- que la financiación juega un papel tan importante en el
desarrollo de un sistema educativo como lo juega el propio papel del
profesorado. Fueron ustedes, en el desarrollo de la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo, de la LOGSE, donde se
atrevieron a plantear unas reformas en el tiempo, desde el año 1990 para
acá, acompañando paralelamente una memoria económica en la que
cuantificaban los medios que deberían establecerse, a lo largo de los
años siguientes para el cumplimiento de esas reformas. Curiosamente,
señorías, nosotros decíamos: hágase no una memoria económica, sino una
ley de financiación que garantice a los gobiernos el cumplimiento
estricto de esa cuantificación económica porque, de lo contrario, al
amarrarse el cinturón, puede afectar cuantitativamente al área de la
educación, perjudicando el cumplimiento de los objetivos de calidad de
enseñanza que propone la propia LOGSE.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, ha consumido su tiempo.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Eso no ha querido aprobarse. Al final, con la
memoria económica vienen los recortes, el Gobierno socialista no apuesta
por la educación y seguimos con la boca grande diciendo que se van a
cumplir los objetivos de calidad de enseñanza, cuando se ha disminuido en
el 50 por ciento la aportación económica que los mismos socialistas
habían previsto para desarrollar esa ley en los años siguientes. Con el
50 por ciento pueden
decir lo mismo, la ley es francamente buena y, al final, tenemos un
sistema educativo degradado, falto de calidad y sin posibilidad de poder
homologarnos con Europa. Esa es la realidad, señorías.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños de la
derecha. Protestas desde los escaños de la izquierda.--El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación el voto particular número
3, enmienda de veto número 1, sostenida por el Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a
favor, 120; en contra, 128; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: No habiendo alcanzado la mayoría necesaria, queda
rechazada.
Votamos la enmienda de veto número 3, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a
favor, 119; en contra, 129; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada al no haber alcanzado la
mayoría requerida.
Entramos en el debate del articulado. Voto particular número 2, enmiendas
números 126 a 129; 131 a 152, y 155 a 167.
Para su defensa, tiene la palabra la Senadora De Boneta. Señorías,
rogaría silencio, porque la Senadora De Boneta está en el uso de la
palabra.
Muchas gracias.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a hacer una defensa global de todas las enmiendas que
presenta el Grupo Parlamentario Mixto-Eusko Alkartasuna al citado
proyecto de ley que ahora debatimos, porque me parece que puede
entenderse con más coherencia nuestra posición.
Las enmiendas presentadas por Eusko Alkartasuna van encaminadas en dos
direcciones complementarias. Por una parte, salvaguardar las competencias
que ostentan las Comunidades Autónomas en los ámbitos materiales
afectados por el presente proyecto de ley y, por otra, procurar la
autonomía real de los centros escolares en cuanto a su organización,
gobierno y gestión. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Rogaría silencio en la Cámara.
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Insisto, señorías, voy a defender todas las
enmiendas al proyecto de una sola vez.
He iniciado mi intervención indicando que, por una parte, pretendemos
agrupar todas aquellas enmiendas que van a salvaguardar las competencias
que ostentan las Comunidades Autónomas en la materia y, por otra parte,
debemos manifestar que el texto que se presenta para la aprobación de la
Cámara trata de limitar las competencias que las Comunidades Autónomas
han ido asumiendo y que en su desarrollo han ido dotándose de
instrumentos para su efectividad; instrumentos que, al menos, van a ser
tocados para la aplicación del presente proyecto, una vez que entre en
vigor.
Esta es la razón por la que se presenta una enmienda cuya referencia son
los ámbitos competenciales. Esta enmienda, respetando la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, trata de evitar la intromisión del proyecto
en materias de Educación y de Función Pública que tienen las Comunidades
Autónomas con competencia plena en las referidas materias. Así, éstas
podrán seguir adecuando sus peculiaridades específicas en los citados
ámbitos sin separarse del modelo general estatal.
A este fin, es preciso delimitar el objeto y la finalidad del texto
puesto a debate. El objeto y finalidad del mismo es dotar de normas
básicas el desarrollo del artículo 27 de la Constitución por mandato
expreso del artículo 149.1.30.ª de la misma. A este respecto, la
Sentencia del Tribunal Constitucional 137/1986, de 6 de noviembre, viene
a señalar que las normas básicas de desarrollo del apartado referido a la
intervención de los profesores, padres y, en su caso, alumnos, en el
control de gestión de todos los centros sostenidos por la Administración
con fondos públicos del artículo 27 de la Constitución deben conformarse
por las características esenciales de su desarrollo, conteniendo las
grandes opciones de política legislativa. Estas opciones se deberán
concretar en principios generales de regulación de la materia,
correspondiendo al legislador autonómico su adecuación a la realidad
educativa de cada Comunidad. Es decir, el legislador estatal deberá
determinar las líneas generales, y éste es el sentido cautelar que
concibió la Constitución respecto a esta competencia estatal, debiendo el
legislador estatal marcar solamente las líneas fundamentales del sistema
de gobierno escolar. En este sentido, las Cortes Generales deberán
realizar el diseño general de los órganos de gobierno de los centros, sus
atribuciones esenciales, su composición y participación de los sectores,
pero este diseño no requiere, por ejemplo, que todos los órganos de
gobierno tengan las mismas atribuciones en todos los centros escolares
del Estado.
Esta es la razón de nuestra enmienda competencial. No podemos perjudicar
las facultades que tienen las Comunidades Autónomas con competencias
plenas en la materia si no dejamos que aquéllas puedan desarrollar éstas
atendiendo a sus peculiaridades específicas, siempre que no supongan
divergencias radicales con el modelo general estatal --insistimos--,
porque estaríamos defraudando en este caso el sentido que quiso dar la
Constitución a los preceptos que en su virtud ahora desarrollamos.
Determinar un sistema uniforme y cerrado para todos los centros escolares
del Estado nos puede llevar a que, sin reconocer las peculiaridades
específicas periféricas, nos
dotemos de un sistema rígido que cree distorsiones en las Comunidades
Autónomas y más en aquellas que, atendiendo a la razón de sus
competencias, ya se han dotado de los mecanismos adecuados para el
control y gestión de los centros públicos estableciendo su propio modelo.
El actual proyecto de ley orgánica debió ser redactado con un respeto
estricto a las competencias plenas en la materia de las Comunidades
Autónomas, una vez que éstas ya habían establecido su modelo de escuela y
no verse atornilladas de nuevo por una nueva ley que ya haya modificado
sus planteamientos.
En ese sentido, hemos presentado las enmiendas números 156, 157, 158, 159
y 160, en relación a la función inspectora; la enmienda número 150, que
se refiere a las Comunidades Autónomas con lengua propia; la enmienda
167, a la disposición final cuarta bis, y en el mismo sentido la número
162, a la disposición derogatoria única.
En las enmiendas a que hemos hecho referencia, las números 156, 157, 158
y 159, pedimos la supresión de estos artículos en función de la enmienda
160, en la cual proponemos una modificación a la disposición adicional
primera del siguiente tenor: «Las Comunidades Autónomas ordenarán su
función inspectora de conformidad con lo señalado en la disposición
adicional novena del punto 2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo; y en el Título IV y
disposición final tercera de la presente ley.» Esto está en congruencia
con la enmienda y la justificación de la disposición final tercera.
A la vez, en la enmienda 150, a la que también hemos hecho referencia,
proponemos una adición a la disposición final primera en la que
introduciríamos el siguiente texto: «En aquellas Comunidades Autónomas
que posean otra lengua oficial además del castellano, se entenderán
necesidades de escolarización las derivadas de procesos de normalización
lingüística y la demanda educativa en dicha lengua en los términos que
establezcan las Administraciones educativas.»
Esta misma dirección de defensa de estas competencias nos obligan a
presentar la enmienda número 167, en relación a la disposición final
cuarta bis, que modificaríamos en el sentido de incluir una disposición
final tercera, con el epígrafe de ámbitos competenciales, que diría: «La
presente ley se dicta al amparo del apartado 30 del artículo 149.1 de la
Constitución, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades
Autónomas con competencias plenas en las materias de función pública y
educación para adecuar a sus peculiaridades específicas, siempre y cuando
no supongan divergencias radicales con el modelo general estatal, los
cauces de participación en los centros escolares sobre los que ostenten
competencias, el régimen jurídico de los órganos de gobierno de estos
últimos y las medidas tendentes a mejorar la calidad de la educación a
través de la evaluación del sistema educativo y del establecimiento y
constitución de la inspección adecuada a tal fin; así como las cuestiones
atinentes a la admisión de alumnos, centros concertados y función pública
propia.» En este mismo sentido, modificaríamos la disposición derogatoria
única y, por la misma razón, hemos propuesto la supresión del artículo
37, a través de la enmienda número 156, a la que antes nos hemos
referido, y la de los artículos 38, 39 y 40, a través de las enmiendas
números 157, 158 y 159.
Respecto a la segunda dirección en la cual nosotros planteamos las
enmiendas a este proyecto, éstas tratan de perfeccionar la autonomía que
se debe garantizar a los centros escolares en cuanto a organización,
gobierno y gestión. El texto, procurando una uniformidad para todos los
centros docentes públicos, en nuestra opinión, constriñe la autonomía que
deben tener éstos y, a su vez, va a limitar la realización del proyecto
educativo de cada centro, asunto éste que nos preocupa en tanto en cuanto
que la realización del proyecto educativo de cada centro va a ser la
mayor garantía del respeto del principio constitucional de libertad de
enseñanza y de la intervención en el control y en la gestión de los
profesores, los padres y, en su caso, los alumnos en los centros
sostenidos con fondos públicos.
En este sentido, y respecto al Título I, presentamos las enmiendas 126,
127, 128 y 129, referidas a la participación de la comunidad educativa en
la organización y gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos, una vez que el texto consagra la participación en los mismos de
los profesores, padres y, en su caso, alumnos. No podemos entender la
vinculación que se hace del proyecto educativo a las consideraciones del
claustro de profesores, cuando el proyecto educativo debería ser aprobado
por el Consejo Escolar, máximo órgano del centro, y debería atender no
sólo a las consideraciones del mencionado claustro, sino también a las de
los padres y, en su caso, de los alumnos. Este precepto parece querer
dejar el proyecto educativo en manos del estamento correspondiente a los
profesores, dándoles una importancia, a nuestro juicio, desmesurada
respecto de los otros dos estamentos y justo en el aspecto más
importante, ya que entendemos que el proyecto educativo va ser la
finalidad hacia la que todas las acciones del centro deben ir encaminadas
directa o indirectamente y el mismo debe ser determinante para la
elección del centro docente por parte de alumnos, padres y profesores. De
otra parte, si se quiere que la autonomía de los centros docentes sea
real en cuanto al gobierno y gestión de los recursos deberán suprimirse
las limitaciones que el texto determina en cuanto a recursos de los
centros, sus gastos y, a su vez, ampliar la gestión respecto al personal
de los mismos.
En cuanto al Título III, el texto ordena los órganos de gobierno de
manera uniforme para todos los centros docentes --ya nos hemos referido
antes a esta cuestión-- y creemos que en ningún caso va a solucionar los
problemas que padecen la totalidad de los centros. Da la sensación de que
a quien lo propone le da miedo hacer una reforma en profundidad. Así,
vemos que regula aspectos que deberían quedar para la autoorganización de
los propios centros, cierra la participación de sectores, que sin ser en
sentido estricto comunidad escolar, de algún modo inciden o pueden
incidir en ella, y no permite desligar la figura del administrador de la
del secretario aun a sabiendas de la existencia de centros que por sus
dimensiones requieren de la existencia de las dos figuras con funciones
diferenciadas.
De otra parte, se vuelve a ponderar el claustro de profesores sobre los
demás estamentos de la comunidad escolar y no se permite al Consejo
Escolar elegir el director y demás órganos de dicho Consejo fuera de los
profesores del centro debidamente acreditados, facultando en estos casos
a la Administración educativa competente. No llegamos a entender esta
cuestión de que la Administración educativa puede recabar en estos casos
a profesores acreditados para el desempeño de las funciones de director
no correspondientes al centro escolar. Señorías, esta cuestión es muy
importante porque si verdaderamente creemos en la autonomía organizativa
de los centros, ¿por qué no son los propios centros los que puedan buscar
al profesor acreditado idóneo como director fuera de su propio centro
cuando no lo tienen en el suyo propio?
También se nos hace difícil entender el mantenimiento de la mayoría de
dos tercios del Consejo Escolar para la revocación de los cargos
directivos y, en particular, del director, aun en el caso que se
pretende, porque es bueno dar estabilidad a los equipos directivos y
creemos que una mayoría de tres quintos daría esta misma estabilidad y a
la vez evitaría la existencia de conflictos continuados y el
mantenimiento de equipos directivos teniendo la mayor parte del Consejo
Escolar en contra de su gestión. Tanta protección va en contra de la
autonomía y puede perturbar las actuaciones del Consejo Escolar en
cumplimiento de sus funciones.
Las enmiendas números 131 a 147, ambas inclusive, y la número 155
responden a esta filosofía y hemos explicado ya que, respecto del Título
IV, reconocemos que el texto que viene a esta Cámara ha sufrido
modificaciones que lo hacen más coherente con la regulación que se
pretende y, sin embargo, entendemos que la materia que se regula no
corresponde a esta ley. Se estima conveniente que para la modificación de
la reforma de la función inspectora respecto a la creación del cuerpo de
inspectores, acceso al mismo y demás cuestiones inherentes, se deberá
acudir a la modificación de la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y por
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, al ser la mencionada Ley su ámbito
material natural.
No podemos dejar de señalar que la Administración educativa debe
obligarse a financiar el segundo ciclo de educación infantil y que los
centros de enseñanzas artísticas deberían tener régimen distinto de
organización, ya que tienen unas funciones perfectamente diferenciadas.
En este sentido van dirigidas nuestras enmiendas 148, 149, 151, 152, 161,
163, 164 y 165.
No se entiende que no se recojan como necesidades de escolarización a la
hora de determinar las preferencias de los centros para acogerse al
régimen de conciertos aquellas, insistimos, determinadas por la demanda
educativa en lengua distinta del castellano. Ya lo hemos explicado en
nuestra intervención inicial al tratar de aquellas enmiendas dirigidas a
preservar la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas que
tienen atribuida tal competencia en sus Estatutos. Por tanto, pensamos
que en aquellas Comunidades que tengan otra lengua oficial, además del
castellano, no puede obviarse dicha lengua a la hora de establecer las
necesidades de escolarización y la propia demanda de los implicados,
padres y alumnos, en los centros.
Asimismo, pensamos que se deben equiparar los centros públicos a los
centros concertados en relación a los salarios del personal docente, así
como en la elección y funcionamiento de los órganos de gobierno. Somos
partidarios de una profundización en la autonomía de gestión en todos los
casos, tanto en los centros públicos, como en aquellos centros
concertados cuya financiación se hace a través de los Presupuestos
Generales del Estado o de las Comunidades Autónomas correspondientes.
Para finalizar, vamos a exponer la problemática que se ha suscitado en
nuestra Comunidad con motivo de los procesos de publificación de las
«ikastolas». En este sentido, presentamos una enmienda cuya aprobación
estimamos, señorías, vital para el buen fin de su publificación. Esta es
la enmienda número 166.
Como ustedes conocerán, el proceso de negociación y posterior
publificación de las «ikastolas» fue un proceso largo, cargado de
dificultades, en el que se tuvieron que poner de acuerdo la
Administración educativa vasca, los distintos sectores afectados,
titulares de centros, personal docente y no docente, ayuntamientos,
además de los partidos políticos, que, finalmente, conformamos un pacto
escolar.
No vamos a exponer ni a pormenorizar en este momento toda la negociación,
que, insisto, fue ardua y difícil, pero el caso es que al día de hoy nos
encontramos con la imposibilidad material de poder cumplir con la
finalidad que tiene la disposición transitoria sexta de la LOGSE respecto
de un colectivo afectado por la misma, que es el personal docente, que,
aun teniendo titulación universitaria --insisto, titulación
universitaria--, no es la específica para impartir enseñanza en centros
de educación infantil y primaria.
Debo insistir en este aspecto porque puede parecer que por la vía de la
enmienda que proponemos alguien pudiera pensar que queremos colocar a
aquellos profesores que, procedentes de las «ikastolas», entran en el
proceso de publificación de las mismas y tienen establecida una
posibilidad legal para su acceso, mediante una prueba específica, al
sistema educativo público vasco. Debo insistir, pues, en que únicamente
pueden realizar esta prueba específica aquellos profesores de «ikastolas»
que tuvieran en el momento de publicación previsto por la Ley vasca la
titulación de diplomados o licenciados universitarios. Ninguna persona
puede, en función de una previa experiencia docente, entrar en la red
pública si no es titulada.
La disposición transitoria sexta previó que el personal docente al
servicio de los centros escolares que se integraban en la red de centros
públicos de la Comunidad Autónoma vasca se integrasen en la función
pública docente mediante pruebas específicas. La mencionada disposición
no contempló situaciones de excepción, dado que su formulación genérica
parecía que podía recoger todas las situaciones del personal docente
--por supuesto, diplomado o titulado universitario-- al servicio de las
«ikastolas». Una lectura actual de la LOGSE parece que obliga a todo
aquel personal docente al servicio de las «ikastolas» a cumplir los
requisitos de titulación --en este caso, diplomatura-- para acceder al
cuerpo de maestros.
En este sentido, quiero comunicar a sus señorías que, precisamente en
razón a todos aquellos que intervenimos en su día en ese pacto escolar
vasco, precisamente en razón a la notable intervención de un consejero
socialista, sin perjuicio de que la negociación de este proceso de
publificación que fue muy largo, pasara por las consejerías tanto del PNV
como de Eusko Alkartasuna pensábamos que podríamos lograr explicarlo y
llegar a una transacción que de alguna manera impidiera que esta
situación se reabriese en la Comunidad Autónoma vasca. Esta transacción
incluso llegó a ser redactada y parece que el Grupo Parlamentario
Socialista estaba de acuerdo en presentarla. No obstante, tenemos que
decir que, si nuestras informaciones no son equivocadas, esta transacción
no ha podido llegar a buen fin por la posición de veto --insolidario, en
nuestra opinión-- de Convergència i Unió. En Cataluña un proceso análogo
fue cerrado sin la suficiente capacidad negociadora. En el País Vasco no
fue así. Fue duro en su momento, pero, como he dicho antes, se consiguió
el objetivo de la publicación de las «ikastolas» y, al final, resultó ser
un proceso no traumático. Ahora, si se quiebran los acuerdos alcanzados
en ese pacto escolar al que he hecho ya varias veces referencia, se
abriría de nuevo un conflicto de gran incidencia en la sociedad vasca,
por cierto, sobrada, por otra parte, de elementos de confrontación.
Esta es la razón por la que se presenta la citada enmienda y en la misma
no se pretende nada distinto a lo que la LOGSE mantiene en su disposición
transitoria quinta, apartado tercero, que permite sustituir el requisito
de titulación --insisto, concreta-- por la experiencia docente previa,
pero con la titulación exigible, en todo caso, a nivel superior. Con esto
conseguiríamos dar un trato de igualdad a todo el personal docente
proviniente de las «ikastolas» que ha confluido en la red pública vasca y
que en una gran parte es licenciado o titulado superior universitario.
Creo que esta exposición, en la que he tratado de sintetizar el sentido
de nuestras enmiendas y el carácter constructivo de las mismas, es
suficientemente explicativa y espero que sus señorías tomen en
consideración lo que se propone, haciendo especial énfasis en esta última
enmienda, que no dudo que entenderán y aceptarán.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra, para la defensa de las enmiendas 1 a 84, el Senador
Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, señorías, con la máxima
brevedad posible, voy a intentar hacer una exposición, lógicamente
genérica, al tratarse de tantas enmiendas, aunque ya, con ocasión de la
exposición del veto que hemos debatido anteriormente, se han expresado
los motivos y la coherencia de una serie de enmiendas que,
independientemente del veto, pretenden mejorar la Ley, o, si no
mejorarla, por lo menos no empeorarla.
En estas enmiendas nos referimos a la participación, fundamentalmente y,
desde luego, de una manera diferente a como la entiende tanto el proyecto
del Gobierno, como el Grupo Parlamentario Popular. Por eso hay
motivaciones diferentes y una coherencia del desarrollo democrático, que
es lo que planteamos con estas enmiendas.
En nuestra opinión, es en la comunidad educativa donde reside
fundamentalmente la participación. Por un lado existe una tendencia que
se inclina por que el profesorado, de una manera corporativa, sea el
determinante en la orientación de los centros, y por otro lado en el
proyecto del Gobierno se percibe un papel de injerencia por parte de la
Administración, tanto en el nombramiento de los directores, como al poner
trabas en la práctica a la participación, cuando uno de los objetivos
fundamentales para nosotros es que esta ley debe situarse, como mínimo,
en el marco y en el espíritu de la LOGSE.
Y voy a referirme ahora a una cuestión que ha sido planteada antes por el
Senador Iglesias cuando se preguntaba qué entendíamos por contrarreforma.
Señorías, con nuestras enmiendas nosotros pretendemos que se avance en el
aspecto participativo y que se mire, por tanto, hacia adelante y no hacia
atrás. Ahora bien, se nos dice que este proyecto de ley es una
contrarreforma. ¿Y qué es una contrarreforma? Pues en este caso es una
marcha hacia atrás. Es decir, es Trento de alguna manera, pero si esto
que digo les parece muy duro, diré que es un proyecto regresivo en
comparación con lo que anteriormente ya se había conseguido. En todo
caso, el dogmatismo --como se ha dicho aquí-- es, efectivamente, el de la
Ley Pertierra. Es decir, Pertierra, además de hacer una Ley regresiva y
dogmática, tiene como premio, lógicamente, el Ministerio de Defensa.
Indudablemente, el tema de fondo que nosotros planteamos, aunque sin
ninguna ilusión visto el debate y los componentes del mismo --legítimos
todos, aunque luego eso se paga con la incoherencia en tantas cosas--, es
que, sobre la base de conseguir el acuerdo --repito que legítimo-- con
los Senadores de Convergència i Unió y con los del grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, lo cierto es que se rechazan todas las
enmiendas, cuando resulta que los compañeros del Grupo Socialista, que
lógicamente tienen vinculación con los sindicatos, saben que éstos están
radicalmente en contra de esta ley. Pero como en aras de una correlación
determinada de fuerzas siempre se está mirando hacia una misma
sensibilidad, resulta que se hace ese acuerdo con los compañeros de
Convergència i Unió, y en este caso también con los del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, con lo cual repito que al final también
eso se pagará puesto que estaremos permanentemente chalaneando con
modelos de Estado, etcétera, cosa que nada tiene que ver con lo que en la
práctica y en la realidad debe ser la configuración de un Estado español,
soberano, solidario, etcétera. Es decir, que se van introduciendo una
serie de cuestiones en función de correlación de fuerzas y, por supuesto,
en sentido regresivo, señor Iglesias.
En cuanto a la sensibilidad de sus Senadores, que consulten con los
sindicatos sean del signo que sean. Comisiones
Obreras, UGT, todos ellos están radicalmente en contra de cómo se plantea
el problema de la participación.
Señores, repito que si no se aceptan todas estas enmiendas de mejora lo
que vamos a conseguir es sacar una ley que tendrá radicalmente en contra
a la comunidad educativa, comunidad que es la que, en definitiva, tiene
que aplicarla.
Señores, aunque ustedes no acepten ninguna de estas enmiendas, nosotros
las vamos a mantener. Explique usted todo eso a la comunidad educativa de
este país.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
El representante del Grupo de Coalición Canaria tiene ahora la
oportunidad de defender sus enmiendas números 96 a 122.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Por no repetir lo que ya dije en mi intervención a propósito del debate
sobre el veto, voy a ser lo más breve posible intentando sintetizar al
máximo las enmiendas de mi Grupo que permanecen vivas.
En cuanto al Título I del proyecto, referente a la participación en los
centros, precisamente el apartado 2 del artículo 2 ha dado lugar a una
enmienda consensuada en relación con la presencia también de personal de
las administraciones y servicios a efectos de la participación en los
centros educativos que consideramos insuficiente.
La progresía no está vinculada al Partido Comunista. La progresía es,
simplemente, un intento de mejorar nuestras propias estructuras.
En relación con la intervención de la Administración Local, es indudable
que sería interesantísimo que pudiéramos involucrar de verdad a los
ayuntamientos en la realidad de cada día, es decir, en su participación
en los centros educativos. Por eso hemos presentado la enmienda número
97.
Nuestra enmienda número 98 se refiere a una mayor capacidad de autonomía
en los recursos y a la forma de aplicar éstos en los centros.
Estas son las enmiendas que hemos presentado al Título I.
Pasando ya a nuestras enmiendas al Título II, quisiera decir que hacemos
especial hincapié en la número 99, que está en relación con que los
centros superiores de enseñanzas artísticas están un poco a caballo
--como saben ustedes-- entre la educación universitaria y la no
universitaria a efectos de organización. Establecemos, por tanto, que
todo ello debería regularse a través de lo que se reglamente en las
respectivas administraciones educativas.
Igualmente, solicitamos en nuestra enmienda número 100 una ampliación de
competencias de los Consejos escolares, que podrán hacer propuestas a la
administración educativa, para que con sus indicadores puedan completar
esa evaluación.
En este mismo sentido va nuestra enmienda número 101. Solicitamos un
aumento de participación en la evaluación de los centros.
Comentaré ahora todo un paquete de enmiendas en relación con la dirección
de los centros educativos, y fundamentalmente y como caballo de batalla
la acreditación previa para ser elegidos o designados. Tal y como está
planteada en este proyecto de ley, creo que no tiene futuro por cuanto se
producirá una desmotivación por parte del profesorado en este sentido. De
aplicarse esta acreditación en profundidad, puede llevarnos a un cuerpo
de directores que resultaría contraproducente.
Este paquete abarca las enmiendas números 102 a 107.
En cuanto a la número 108, se refiere a añadir después de «mandato» la
expresión «... o al producirse las circunstancias de traslado voluntario
o forzoso...», en relación con otras circunstancias en que pueda
encontrarse el profesorado.
Pasamos al Título III, de la evaluación. A este Título también
presentamos unas enmiendas con las que intentamos aumentar la
participación, que no intervenga solamente el Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación sino que también puedan intervenir en la misma otros
órganos. Se trata de las enmiendas números 109 y 110.
Con la número 111 intentamos que más de una vez al año, los centros
puedan intervenir en la evaluación.
Pasamos por fin al Título IV, al que presentamos una serie de enmiendas
todas ellas en función de nuestro rechazo a la formación del Cuerpo de
inspectores. Por tanto, todas ellas están en relación con la formación,
requisitos, oposiciones, prácticas, etcétera.
La enmienda número 120 se refiere al modo en que se debe organizar la
inspección. Indicamos en ella que las administraciones educativas, en el
marco de sus competencias, desarrollarán la estructura y no solamente el
funcionamiento.
Y llegamos ya a las disposiciones adicionales. Solicitamos que se añada
un punto 2 a la disposición adicional cuarta referido a los centros
superiores de enseñanzas artísticas a los que aludí al principio de mi
intervención. Intentamos que, de acuerdo con el régimen especial que cada
administración educativa competente pueda llevar a cabo, debido a las
profundas diferencias que existen entre unas y otras disciplinas, se
pueda conseguir, además, una mayor flexibilidad en la contratación así
como también en la forma de estructurar esas enseñanzas.
También solicitamos que se añada una disposición adicional novena en
concreto para las enseñanzas de música y danza.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ríos Pérez.
A continuación el Grupo Parlamentario Popular defenderá sus enmiendas
integradas en el voto particular número 4.
Para su defensa tiene la palabra el señor González Caviedes.
El señor GONZALEZ CAVIEDES: Señor Presidente, Señorías, dado que hemos
defendido una enmienda de veto y que creo que ha quedado bien marcada la
filosofía
del partido Popular en el proyecto de esta ley orgánica de participación,
evaluación y gobierno de los centros docentes, me voy a limitar
brevemente a exponer las enmiendas que hemos presentado, únicamente con
la intención de mejorar en la medida de lo posible esta ley. (El señor
Vicepresidente Ortí Bordás ocupa la Presidencial.)
A la exposición de motivos hemos presentado siete enmiendas
correspondientes a las números 168 a 174, a excepción de la 170, que fue
admitida en Comisión, donde pretendemos sentar las bases de las
modificaciones que posteriormente vamos a proponer al articulado de la
Ley.
En la enmienda número 168 creemos que se debe de partir de la libertad de
enseñanza, y por tanto no se debe hacer una interpretación sesgada, por
parcial, del tema de la libertad, teniendo en cuenta, además, que surge
precisamente de un mandato constitucional. En la enmienda número 169, de
admitir la 168, lógicamente tendríamos que referirnos a tales derechos.
En la enmienda número 171 abogamos por reforzar las funciones
encomendadas al Consejo escolar, pero a la vez proponemos también que se
potencie y se prestigie el claustro de profesores, quedando bien claro
que sin menoscabo de las competencias que pueda tener el Consejo escolar.
En la enmienda número 172 abogamos por la no intervención de la
administración educativa en la acreditación, y en la misma línea estamos
en contra de la designación.
Pasamos, por último, a la enmienda número 174, donde abogamos por el
Cuerpo Superior de Inspectores de Educación, a la vez que hablamos de los
requisitos necesarios para acceder al mismo Cuerpo.
En el Título I mantenemos seis enmiendas, unas van encaminadas a mejorar
técnicamente el texto y las otras marcan nuestra postura en este título,
y me estoy refiriendo especialmente a las enmiendas números 177, 178 y
181.
Con la enmienda número 177 proponemos que las administraciones educativas
regulen el modo en que se hará público el proyecto educativo de cada
centro y establezcan medidas que faciliten la libre elección por parte de
los alumnos o de sus padres o tutores. Pretendemos evitar la posible
imposición de proyectos educativos por parte de la administración
educativa, con detrimento de la libertad de la enseñanza.
En la enmienda número 178, al artículo 6.3, nuestra postura queda clara,
pretendemos que los proyectos educativos de los centros surjan de la
libertad educativa a la que hacíamos referencia en la exposición de
motivos, libertad educativa que está consagrada en la propia
Constitución.
En la enmienda número 181 pedimos que el director, en el ejercicio de la
autoridad derivada de su cargo, asuma la responsabilidad de la gestión de
los recursos que la administración educativa pone a su disposición.
Manifestamos nuestra postura en contra a que la dirección del centro
dependa de la administración educativa y que ésta pueda unilateralmente
delegar competencias en los órganos de gobierno de los centros.
En el Título II hemos presentado veintisiete enmiendas, las comprendidas
entre las números 182 y 209, a excepción de la número 195, que fue
aceptada en Comisión.
Con las enmiendas número 182, 184 y 185 pretendemos una mejora en la
redacción del texto, por tanto, son enmiendas de carácter técnico. Con la
enmienda número 183 entendemos que puede incluirse la Junta de delegados
estudiantiles como órganos de gobierno en los centros docentes públicos.
En la enmienda número 186 proponemos que, a propuesta del claustro, se
aprueben las directrices para la elaboración de este proyecto educativo.
La enmienda número 187 va encaminada a potenciar el claustro de
profesores en la elección del Director, teniendo en cuenta que es
precisamente este director el que preside el claustro, sin detrimento, y
queremos que quede bien claro, de las competencias que tiene el Consejo
Escolar.
De acuerdo con las propuestas marcadas en las enmiendas número 186 y 187,
por coherencia, proponemos las modificaciones oportunas en el artículo
15, reconociendo responsabilidades del claustro. Este es el objetivo de
estas enmiendas número 189 y 190.
Al Capítulo III, que trata de la dirección de los centros públicos de
este Título II y que consideramos como uno de los capítulos más
importantes de este proyecto de ley, pues no nos cabe la menor duda de
que una dirección eficaz constituye un factor determinante en el buen
funcionamiento de los centros, van dirigidas la mayor parte de las
enmiendas del Título II. Por supuesto, tenemos un concepto distinto de la
elección del director, que consideramos que debe ser elegido por el
Consejo Escolar, de acuerdo con lo previsto en esta ley, y nombrado por
la administración educativa competente. Rechazamos, por tanto, la
necesidad de la acreditación. Esta elección será por mayoría absoluta de
los miembros del Consejo Escolar del centro. Si en la primera votación
nadie obtuviera esa mayoría absoluta, se procederá a una segunda
votación, y serán elegidos aquellos que tengan una mayoría aunque sea
simple de votos. Este es el objeto de la enmienda número 192.
Pretendemos, por tanto, evitar que este nombramiento se pueda hacer,
incluso por cuatro años, a dedo por la Administración, con profesores que
ni siquiera forman parte de ese centro y que pueden venir de fuera por lo
que ni siquiera podemos saber con qué número de votos podrían contar.
El Director ostenta oficialmente la representación del centro, sin
perjuicio de los deberes que el cargo pueda entrañar en sus relaciones
con la Administración, pero entendemos que no representa a la
administración educativa. Este es el objeto de la enmienda número 204, y
tanto en la elección del Director como en la del Jefe de estudios y el
Secretario, así como su cese, debe jugar un papel importante el claustro
de profesores.
El resto de las enmiendas del Capítulo III del Título II van encaminadas
a modificar o suprimir todo aquello que se oponga a la filosofía que
acabamos de exponer con respecto a la dirección de los Centros.
Al Título III, que habla de la evolución, hemos presentado dos enmiendas:
en la 210 solicitamos sustituir el término «desarrollo profesional» por
el de «promoción profesional» por entender que es un término quizá más
correcto y apropiado. En la 211, de modificación al artículo 34,
proponemos la filosofía que entendemos se debería de tener
en cuenta a la hora de la evaluación para intentar llevar a cabo una
evaluación seria y completa, y no excluir aspectos importantes que creo
que hay que considerar. Ese es precisamente el sentido que damos a la
modificación de ese artículo 34, a la evaluación del sistema educativo.
En el Título IV, que trata de la inspección educativa, mantenemos 16
enmiendas, a través de las cuales, además de marcar nuestra tesis y
postura con respecto a la inspección educativa, pretendemos una
reordenación sistemática de todo este Título, que dividimos en tres
Capítulos: en el Capítulo I hablamos de las funciones de la inspección
educativa. La enmienda número 213, de modificación al artículo 36,
propone una nueva redacción que mejoraría el texto, y a través de las
enmiendas número 214, 215 y 216 proponemos, en coherencia con el nuevo
contenido propuesto, la creación del Cuerpo Superior de Inspectores de
Educación, cuyos miembros ejercerán las funciones que en esta ley se
atribuyen a la inspección educativa, preferentemente en los niveles
educativos, programas y especialidades para las que estén más
cualificados. Para acceder a este Cuerpo será necesario contar con seis
años de ejercicios efectivos en la docencia en centros de cualquier nivel
educativo. Si se quiere una inspección técnica permanente, independiente
y profesional, es prioritario la creación de este Cuerpo de Inspectores.
Del acceso al Cuerpo Superior de Inspectores de Educación trataría la
enmienda número 217. Entendemos que tiene que ser a través de un
concurso-oposición, teniendo en cuenta y respetando los principios de
igualdad, mérito y capacidad, pero no pasarían al concurso en tanto en
cuanto no hubieran pasado primero el trámite de la oposición. Todo ello
va encaminado a conseguir una inspección educativa de calidad,
garantizando la especialización y los conocimientos de quienes la lleven
a cabo.
El Capítulo III de este Título va dedicado a la alta inspección para
cumplir el objetivo que se marca precisamente en la LODE.
En las disposiciones adicionales mantenemos ocho enmiendas. En la
enmienda número 228, de modificación a la disposición adicional primera,
proponemos que los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Inspectores
al Servicio de la Administración Educativa, creado por la Ley 30/1984, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, queden integrados en el
Cuerpo Superior de Inspectores de Educación. Todo ello en reconocimiento
a su mérito y capacidad, ya demostrados para realizar de modo
especializado las funciones de Inspección.
A la disposición adicional primera hemos presentado también la enmienda
número 229 en la que proponemos que los funcionarios de cuerpos docentes
que hayan accedido a la función inspectora, de conformidad con las
disposiciones anteriormente marcadas de la Ley 30/1984, podrán acceder al
Cuerpo Superior de Inspectores de Educación mediante la realización de un
concurso-oposición que será restringido. Estos funcionarios, los que
hayan sido nombrados para un período de tiempo definido y que no hayan
completado dicho plazo, podrán continuar ejercitando dichas funciones
hasta que llegue a su término, con lo cual evitamos perturbaciones en las
tareas de la inspección. Este es precisamente el objeto de la enmienda
número 230.
A través de las enmiendas números 231 y 232 proponemos que la
administración educativa garantizará la escolarización de alumnos con
necesidades educativas especiales, pero, desde luego, en centros que
dispongan de medios humanos y materiales para poder atender esas
necesidades que tienen los propios alumnos a los que hay que escolarizar.
En cuanto a la educación infantil, al menos en el segundo ciclo,
entendemos que debe ser gratuita, para lo cual se propone la posibilidad
de firmar convenios entre los centros privados sostenidos con fondos
públicos y la Administración educativa, especialmente allí donde exista
insuficiencia de plazas en centros estatales; esto creo que se ha venido
persiguiendo a través de las distintas leyes, es decir, intentar que
efectivamente la educación infantil en el segundo ciclo tenga carácter
gratuito.
A las disposiciones transitorias mantenemos la enmienda número 236,
mediante la que rechazamos la creación del Cuerpo de Candidatos a
Directores Escolares, y la enmienda número 238 que hace referencia a la
creación de una comisión de estudio entre la Administración Educativa y
los empresarios de Centros concertados para hacer una evaluación y
determinar el coste real de los puestos de trabajo, evitando, de esta
forma, las diferentes interpretaciones sobre este particular.
Por último, a las disposiciones finales hemos presentado cinco enmiendas.
En la enmienda número 239 pretendemos que el gasto por alumno sea igual
en los centros públicos que en los de iniciativa social, de aquí que a la
hora de computar dichos gastos deban computarse también las
amortizaciones e intereses de capital propio.
La enmienda número 240 es de adición a la disposición final primera y
pretendemos la equiparación real entre las cantidades percibidas por el
profesorado de los centros concertados y los estatales.
Las enmiendas números 241 y 242 hablan del carácter de las actividades
extraescolares complementarias, que entendemos que no deben tener un
carácter lucrativo y que el cobro de cualquier cantidad debe estar
aprobada previamente por el Consejo escolar del centro y comunicado a la
Administración educativa.
La enmienda número 243 es de supresión y hace referencia al Cuerpo de
profesores de escuelas oficiales de idiomas.
Repito que con estas enmiendas, ya que no se ha admitido el veto,
pretendemos que se pueda mejorar esta ley para lograr que la
participación, la evaluación y el gobierno de los centros sea una
realidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, el Senador Herranz Martínez tiene la palabra.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nos vamos a repartir el turno en contra de las enmiendas que han
defendido los diferentes Grupos políticos: yo me encargaré de la
Exposición de Motivos hasta el Título II incluido y el Senador Juan
Iglesias hará la parte correspondiente al resto del proyecto de ley.
El Grupo Parlamentario Socialista va a rechazar las enmiendas que como
votos particulares mantiene el Grupo Parlamentario Popular a la
Exposición de Motivos, en primer lugar, porque este proyecto de ley trata
concretamente del derecho a la educación y no de otros derechos, tal y
como se recoge en el artículo 27 de nuestra Constitución, en el que
también se hace referencia a otros extremos relacionados con este
derecho. Por lo tanto, entendemos que no tienen sentido las enmiendas que
se presentan con respecto a este apartado.
En segundo lugar, el Consejo escolar, como órgano de participación en los
centros de enseñanza de todos los sectores de la comunidad educativa, no
quita protagonismo ni competencias a otros órganos colegiados y en
concreto al claustro. Para nosotros es una expresión innecesaria la de la
enmienda y, por tanto, vamos a rechazarla.
Este proyecto de ley determina la elección del director, los requisitos y
acreditación para ejercer la dirección del centro, mejorando la realidad
actual, por lo que no podemos admitir que se hagan valoraciones negativas
con respecto a este procedimiento y tampoco que se supriman aspectos
fundamentales del proceso, como ya señalaremos más adelante.
Finalmente, también votaremos en contra de la enmienda número 174 a la
Exposición de Motivos, ya que trata de la creación de un hipotético
cuerpo superior de inspectores que no queda reflejado como tal en el
proyecto de ley.
El texto del dictamen que vamos a debatir en la parte correspondiente al
Título I fomenta la participación en el gobierno de los centros
educativos, incrementando de forma importante el papel que tiene asignado
el Consejo escolar y el Claustro, y da más protagonismo a las
asociaciones de padres que funcionan en los centros de enseñanza. Dota,
además, de mayor autonomía a los centros docentes, tanto en la definición
del proyecto educativo, como en la gestión de los recursos económicos.
(El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.) Este
proyecto de ley va a posibilitar que todos los centros públicos puedan
tener los recursos suficientes para garantizar una enseñanza de calidad
en condiciones de igualdad para todos los alumnos, que cada uno de los
centros realice su propia oferta educativa y haga público su proyecto
educativo, para que, puesto en conocimiento de la sociedad, de los
padres, de los profesores y de los alumnos, puedan optar por uno u otro
centro.
Por estas razones el Grupo Parlamentario Socialista va a rechazar todas
las enmiendas que se han presentado a este Título por parte de los
distintos Grupos políticos. Ofrecemos una transaccional al Grupo Mixto,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la base de la enmienda
número 2 al artículo 2.2 para que las administraciones educativas regulen
el procedimiento con el fin de que uno de los representantes de los
padres en el Consejo escolar sea designado por la asociación de padres
más representativa del centro y, asimismo, las Administraciones
educativas refuercen la participación de los alumnos y alumnas a través
del apoyo a sus representantes en el Consejo escolar, parecida a una
enmienda que presenta también el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria. Este principio con carácter general hace innecesario el apartado
4 del artículo 10 que, a nuestro entender, debe ser suprimido.
Votaremos en contra de las enmiendas presentadas al artículo 6 en sus
distintos apartados, ya que algunas contienen, a nuestro entender,
precisiones innecesarias que ya están reflejadas en el texto del proyecto
y porque obviamente el proyecto educativo que elaborará y aprobará cada
centro se hará teniendo en cuenta los principios generales del sistema
educativo, y en los centros concertados se incluirá indudablemente el
ideario del centro que no se contrapone, a nuestro entender, con su
carácter propio. Por estas razones las enmiendas que ha presentado a este
artículo el Grupo Parlamentario Popular las vamos a rechazar.
El Grupo Parlamentario Popular, al igual que Izquierda Unida, han
presentado otro grupo de enmiendas al artículo 7.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular --y
me refiero a él porque los otros grupos políticos no han aludido a este
aspecto--, entendemos que el artículo concreta la responsabilidad de la
gestión de los recursos económicos en el director, lo que no supone
menoscabo de su representatividad.
El Título II, referente a los órganos de gobierno de los centros docentes
públicos, es, a nuestro entender, uno de los más importantes de este
proyecto de ley. La participación democrática de la comunidad escolar en
la gestión de estos centros ha supuesto un importante progreso, con un
mayor acercamiento de éstos a la sociedad y, en este sentido, han
mejorado la calidad de la enseñanza. A nuestro entender, hay que mejorar
este logro irrenunciable de nuestro sistema educativo, y eso es lo que
pretende este Título, tanto en lo que se refiere al Consejo Escolar como
al Claustro de Profesores y a la Dirección de los centros.
Para justificar el rechazo que el Grupo Parlamentario Socialista hace a
las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, voy a
intentar contestar a aquellas intervenciones que se han reflejado en este
Título, sin hacer referencia puntual a cada una de las enmiendas, sino
que las agruparé por bloques.
Votaremos en contra de todas las enmiendas que se refieran a la
composición y competencias del Consejo Escolar, así como de las que lo
hacen al claustro de profesores y a su participación. Rechazamos todas
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que se ocupan de las
funciones del claustro y del Consejo Escolar porque no permiten la
participación e implicación de todos los sectores de la comunidad escolar
en la elaboración del proyecto educativo del centro.
Antes de debatir las enmiendas a los artículos 17 y 26 de este proyecto
de ley, dedicados a la dirección de los centros, permítanme una breve
reflexión para explicar nuestra posición y rechazo.
El Grupo Parlamentario Socialista comparte el modelo de dirección
recogido en este proyecto de ley porque crea unos equipos directivos con
mayor capacidad de gestión y de dirección de los centros y da estabilidad
y profesionalidad a los órganos de dirección, aspectos que,
indudablemente, mejorarán la calidad del sistema educativo.
En el texto del dictamen se proponen estos cambios sin modificar la
participación democrática de la comunidad educativa en la elección del
director a través del Consejo Escolar, tal y como está establecido por la
LODE. El director así elegido será nombrado por un período de cuatro
años. Por tanto, este proyecto de ley, además de fomentar la elección
democrática de los directores, incentiva la profesionalización de los
equipos directivos para que éstos sean más eficaces, estén mejor
preparados y se pueda producir un reconocimiento de su gestión, tanto
desde el punto de vista profesional como económico, motivos que
favorecerán una mayor afluencia en la presentación de los candidatos a
directores y una mayor calidad de la enseñanza.
Creemos que son razones suficientes para rechazar las enmiendas que han
presentado los diferentes grupos políticos a estos artículos, puesto que
entendemos que si incorporáramos las enmiendas propuestas desvirtuaríamos
totalmente el sentido del dictamen aprobado en Comisión.
Nos parece, además, que el sistema de acreditación por parte de la
Administración es el más adecuado, riguroso y objetivo. Es un sistema que
será suficientemente conocido por los profesores, que contarán con unos
criterios por los que han sido acreditados los candidatos a directores, y
que estas condiciones serán conocidas por el Consejo Escolar, que es el
órgano que votará en última instancia al director.
El Grupo Parlamentario Popular critica la acreditación que deben tener
los candidatos a la dirección, aunque indirectamente pretende que la
acreditación la dé el claustro de profesores. A nuestro entender, esto
corporativizaría en exceso el sistema.
Me referiré brevemente al resto de las enmiendas, entendiendo que lo que
pretende el Grupo Parlamentario Popular, tanto con respecto al Consejo
Escolar como al claustro de profesores, son enmiendas que no podemos
aceptar, ya que lo que queremos es dar estabilidad a los equipos
directivos para que funcionen mejor los centros y porque, a nuestro
entender, el claustro siempre tiene una participación importante. Como ya
se ha dicho en la exposición de motivos, los profesores del equipo
directivo son componentes del claustro. Pero, además, sería una temeridad
que el director y el equipo directivo no contaran con el apoyo, el
conocimiento y las críticas del claustro para realizar sus funciones.
Las competencias del Consejo Escolar y del claustro de profesores quedan
reforzadas en el proyecto; simplemente hay que leer el texto, en especial
lo que se refiere al proyecto educativo. Pero nosotros entendemos que
tanto los padres como los profesores y los alumnos tienen que participar
en igualdad de condiciones a la hora de elegir y de cesar al director, al
igual que a su equipo directivo, porque éste es el sistema participativo
y democrático que defendemos.
El Grupo Parlamentario Popular mantiene que el director sólo debe
representar al centro. Desde nuestro punto de vista, el director debe ser
el representante del centro y de la Administración educativa, porque el
centro está conectado e inmerso en el sistema educativo. Un centro debe
funcionar con autonomía de gestión, con autonomía en la elaboración del
proyecto educativo, con autonomía en la utilización de los recursos
económicos, entre otros. En este sentido, el director debe ser el
representante del centro, pero también debe ser el representante de la
Administración educativa a la que éste pertenece.
Muchas gracias, señor Presidente. He terminado la parte correspondiente
al Título II y, ahora, el compañero Juan Iglesias hablará de los títulos
restantes.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Herranz.
Tiene la palabra el Senador Iglesias Marcelo.
El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para consumir un turno en contra de las
enmiendas que los grupos parlamentarios han presentado a los Títulos III,
IV y disposiciones del proyecto de ley que estamos debatiendo.
Hay una razón de fondo para oponernos a la aprobación de estas enmiendas,
y es que, a través de todas ellas, los grupos parlamentarios y los
Senadores enmendantes proponen alternativas radicalmente diferentes de lo
que configura, como instrumento técnico al servicio de la tarea de la
educación, el proyecto de ley que estamos contemplando. Plantean una
opción distinta de lo que son la función y los cargos directivos, una
visión distinta de lo que es la evaluación del sistema educativo, de los
centros, de los profesores, y también presenta una opción diferente de lo
que es la Inspección y, en algún caso, pretenden añadir una nueva
regulación de la función de la alta Inspección, que reconoce la LOGSE.Y
como el planteamiento global de esos instrumentos técnicos es
radicalmente diferente, salvo en alguna cuestión puntual, nuestra
posición es de rechazo respecto de estas enmiendas que los grupos
parlamentarios han presentado. Me referiré concretamente a algunas de las
enmiendas que sus señorías han defendido en la tribuna --no a todas ellas
pues, naturalmente, es imposible--, que tienen una significación mayor y
que pudieran ejercer una cierta función pedagógica respecto de la Cámara
para entender el significado del debate que puede sonar como
excesivamente técnico y difícil de entender para quienes no hayan seguido
puntualmente el debate en la Ponencia, en la Comisión y en el Congreso de
los Diputados.
Me referiré ahora a las enmiendas que la Senadora De Boneta ha defendido
en la tribuna. Hay una enmienda de carácter global sobre la regulación de
la inspección que quiere suprimir este proyecto de ley sin plantear
ninguna alternativa, por entender que el sitio de esa regulación no es
este proyecto de ley, sino una Ley, análoga a la de agosto de 1984,
Reguladora de la Función Pública.
Tiene razón en parte. Efectivamente, los inspectores son funcionarios
públicos y su función y su estructura orgánica
puede regularse en otro sitio, pero no es inconveniente, ni imposible ni
incoherente que esa regulación se haga en una ley que trata de la
organización de los centros docentes y de su evaluación. Naturalmente, en
todo ello la Inspección de Educación tiene un papel relevante. Por lo
tanto, no está de más, no es ociosa su regulación en esta ley. Nosotros
preferimos que se regule esta cuestión.
Para contestar a todas las enmiendas que sobre inspección se han
planteado por todos los grupos parlamentarios, les diré que hay dos
cuestiones fundamentales que atender y que resolver sobre la inspección.
Hay dos temas esenciales y diferentes entre sí a los que hay que dar
contestación. La primera cuestión sería la de dilucidar el carácter
temporal, transitorio o estable de la función de inspección, si la
función de inspección ha de realizarse de un modo estable o ha de
realizarse de un modo temporal y transitorio como decía la Ley de 1984.
La segunda cuestión sería saber qué estatuto orgánico deben tener esos
inspectores que ejercen esa función y cuál es su estructura orgánica que
sería, evidentemente, diferente a la de las funciones que realizan. No
será ocioso recordar a sus señorías que no hay ninguna función que sea
propiedad exclusiva de un cuerpo de funcionarios. Los Cuerpos de
funcionarios no son propietarios de las funciones; aunque les sean
encomendadas la realización de determinadas funciones no tiene por qué
ser necesariamente así y con mucha claridad se establece en la
legislación que está vigente en estos momentos.
Vincular la eficacia de la función con el estatuto orgánico de los
funcionarios es una extrapolación absolutamente sin fundamento. El
carácter orgánico de un grupo de funcionarios y la eficacia de la función
que ejercen no tienen por qué estar exclusiva y necesariamente
vinculados. Se puede hacer bien una función sin tener un estatuto
orgánico específico y se puede tener un estatuto orgánico específico y
hacer muy mal la función que está encomendada, de manera que hay que
separar rigurosamente las dos cuestiones porque son diferentes.
Respecto de la primera cuestión, si la función de inspección ha de ser
temporal o estable, hemos de decir que los inspectores de educación deben
tener estabilidad en el ejercicio de su función. ¿Por qué? Hay una razón
convincente. De las dos funciones esencialmente consideradas que ejercen
los inspectores, la de asesoramiento a los padres, a los centros y a los
profesores no afecta a la estabilidad o temporalidad en absoluto. Pero la
segunda función sí, porque la segunda función es la de supervisión y
control. Las dos funciones son esenciales a la función inspectora. Los
inspectores asesoran, ayudan, promueven, incentivan, estimulan una
función. Los inspectores controlan, supervisan, detectan regularidades o
irregularidades. Esa función de control, esa función de supervisión, en
la hipótesis de los inspectores de ida y vuelta con carácter temporal,
inspectores que son hoy inspectores y mañana profesores de este mismo
centro, se ve gravemente dañada. Esto lo prueba la experiencia que
tenemos de estos años de ejercicio de la función inspectora. Por lo
tanto, se precisa la estabilidad en el ejercicio de la función
inspectora, aunque haya conexión porque todos los inspectores proceden de
la función docente. Ahora bien, estos inspectores estables, ¿qué estatuto
orgánico requieren? Esta es la segunda cuestión.
En el proyecto de ley se hablaba de categoría de inspección y ahora el
proyecto de ley habla de Cuerpos de Inspectores de Educación, estatuto
orgánico que resuelve determinados problemas de carácter orgánico,
funcionarial, no del carácter funcional que tienen los inspectores de
educación, problemas dignos de ser considerados y resueltos. Esa es la
razón por la que este proyecto de ley contempla la creación de un Cuerpo
de Inspectores de Educación, no porque pensemos que con eso la función
inspectora va a resultar mejorada, que en uno de sus aspectos sí lo será,
en la función de control, sino porque hay problemas orgánicos que estos
inspectores han planteado a lo largo de los últimos diez años que
requieren una contestación positiva por parte de la legislación. A eso es
a lo que responde este proyecto de ley que intenta resolver problemas que
están vivos hoy en el ejercicio de la función inspectora y de los
funcionarios.
La Senadora De Boneta presenta una enmienda en la que ha hecho un
especial hincapié, la número 166. Fuera de cualquier contexto, nos parece
una enmienda razonable y hemos estado estudiando una posible transacción
sobre ella. Si olvidamos que esa enmienda puede tener repercusiones en
otros ámbitos competenciales diferentes, y por lo tanto, reducida a sus
propios términos, podría ser apoyada o votada mediante una transacción.
Pero se plantea un problema y es que esa enmienda supone un agravio
comparativo con otras Comunidades que han resuelto de manera diferente el
mismo problema que quieren resolver para la administración educativa
vasca que plantearían automáticamente contenciosos de funcionarios que no
han visto atendidas sus reivindicaciones en el mismo sentido.
La posibilidad de que se abra un campo de agravios comparativos y, por lo
tanto, de que haya funcionarios de otras administraciones educativas que
se vean lesionados por el reconocimiento que esa enmienda podría
introducir en este proyecto de ley, es la razón por la cual nosotros
vamos a votar en contra de esa enmienda.
Las enmiendas presentadas por el Senador Nieto, de Izquierda Unida, que
ha hecho una defensa muy rápida de ellas, tampoco vamos a apoyarlas. No
compartimos su criterio sobre la supresión del Título III que alude a la
evaluación. Nosotros creemos que lo que contempla el proyecto de ley es
suficiente en un tema extraordinariamente delicado y difícil. La
evaluación del sistema, la evaluación de los centros, la evaluación de
los profesores y evaluación de los cargos directivos es un tema
extraordinariamente difícil, pues, como dicen sus señorías, hay un
déficit histórico en el sistema educativo español. Por lo tanto, hay que
proceder con pasos contados en este tema para hacer lo que es posible y
conveniente y no querer ir demasiado lejos.
De todos modos, no deja de sorprender, y hay que decirlo públicamente,
que quieran que los resultados de la evaluación no sean públicos. Es una
hipótesis sorprendente que cuando se evalúa algo del sistema educativo
los resultados no se hagan públicos, lo cual no tiene ningún sentido, y
lo que resulta más sorprendente todavía es que se nieguen a que los
resultados de la evaluación tengan
algo que ver con el desarrollo profesional de los profesores. Evaluar a
un profesor no tiene nada que ver con su desarrollo profesional. Los
buenos profesores no recibirán el mérito de sus actos. Los malos
profesores no recibirán el demérito de sus actos. ¿Qué sentido tiene eso?
La evaluación siempre tiene consecuencias para el sistema educativo y
para las personas y esperemos que sean consecuencias favorables para
éstas. Por tanto, no se puede desvincular el resultado de la evaluación
de la carrera, el desarrollo profesional de los profesores.
También hay un grupo de enmiendas curiosas --las números 45, 50 y 55--,
con las que Izquierda Unida quiere establecer el compromiso obligatorio
para todas las Administraciones educativas competentes de tomar
decisiones presupuestarias para corregir los resultados deficientes que
la evaluación haya puesto al descubierto. A nosotros nos parece bien que
la evaluación tenga resultados en cuanto a las Administraciones
educativas se refiere para mejorar los aspectos deficitarios, porque para
eso sirve la evaluación. Si no sirviera para eso, no serviría para nada
y, por tanto, está bien que eso se conecte.
Pero lo que está mal es que su señoría quiera que ese compromiso se
establezca con carácter obligatorio desde esta ley para todas las
Administraciones educativas competentes, lo que sería una invasión de las
capacidades de decisión de las Administraciones educativas que rebasa
absolutamente cualquier medida. Nosotros no podemos establecer la
obligación de que, por ejemplo, las Administraciones educativas Catalana,
del País Vasco, de Galicia, o de Canarias, hagan determinadas previsiones
presupuestarias. Insisto, no las podemos obligar. Eso es absolutamente
imposible. Recomendamos que se haga, pero no podemos obligar a que se
tomen esas medidas.
Hay un grupo de enmiendas con cuyo fondo estamos conformes. Estamos de
acuerdo con lo que establecen, pero no con que haya que tratarlo en esta
ley; por ejemplo, el compromiso del mantenimiento del empleo, la
jubilación anticipada de los profesores de la enseñanza concertada, o el
compromiso de establecer un lenguaje no sexista en la educación. Todos
esos objetivos son plausibles, son convenientes, merecen apoyo y aplauso,
pero es evidente que nada tienen que ver con lo que estamos estableciendo
en esta ley. Así, los profesores de la enseñanza concertada están regidos
por la Seguridad Social de carácter general laboral, no son funcionarios
públicos y, por tanto, lo que se propone tendría que establecerse en una
norma que no pertenezca al ámbito de esta ley. Es, pues, un añadido que
está fuera de lugar.
En cuanto a los planteamientos del Grupo de Coalición Canaria, he
contestado a su posición sobre la Inspección, en general, haciendo un
razonamiento sobre el contenido de la ley respecto de la Inspección
educativa, intentando que se viera con claridad cuáles son las funciones
y las respuestas que damos a los problemas de la Inspección. Pero no
compartimos la visión que ustedes presentan, y ésa es la razón por la que
votaremos en contra de sus enmiendas, reconociendo que tienen todo el
derecho del mundo a presentar y defender un modelo instrumental
diferente. En este caso no estamos manteniendo discusiones de fondo, sino
discusiones de instrumentos al servicio de la educación y, naturalmente,
puede haber concepciones diferentes.
Hay otra enmienda con la que también estamos de acuerdo; se trata de la
número 122, relativa a la reestructuración de las enseñanzas de la música
y la danza. Como digo, la enmienda está absolutamente de acuerdo con lo
que pensamos, es correcta. Pero, ¿qué tiene que ver la organización de
las enseñanzas de la música y la danza con este proyecto de ley? No tiene
nada que ver, es una cuestión absolutamente ajena al contenido del
proyecto, aunque se aprovecha éste para intentar regular algo que
seguramente terminará regulándose, tal como su señoría ha defendido.
Pero, insisto, en este momento y en este proyecto de ley esa propuesta
está absolutamente fuera de lugar.
Por último, me referiré a las enmiendas --que han sido numerosas-- del
Grupo Parlamentario Popular con brevedad, porque en el debate general
hemos expuesto las razones de fondo de nuestras discrepancias. Razones de
fondo que tengo que repetir a los portavoces del Grupo Parlamentario
Popular que son siempre respetadas. Digo esto, porque en algún momento la
intervención del Senador Fernández Rozada ha presentado un tinte de
crispación absolutamente ajeno al deseo de los portavoces del Grupo
Parlamentario Socialista. Insisto, los portavoces no comparten ningún
tipo de crispación en el debate con su señoría. Sabe usted que
discrepamos en muchas cosas, que discutimos sobre nuestras discrepancias
y que respetamos nuestras diferencias. Y algunas de las cosas que su
señoría dice, o algunas actitudes, me merecen una estimación positiva.
Por ejemplo, la pasión con que su señoría defiende los temas de su
posición educativa, pasión que yo también vivo --aunque quizá menos
radicalmente que su señoría, un poco más fríamente, pero que comparto--,
me merece sólo elogios. Realmente, poner pasión en el trabajo que hacemos
es siempre un signo de que lo tomamos con rigor, seriedad y verdad y que,
por tanto, estamos defendiendo lo que creemos que debemos defender. No
hay, pues, ningún tipo de radicalismo ni de enfrentamiento crispado con
su señoría; en absoluto. Creo que tenemos derecho a defender con
sinceridad nuestras posiciones, y cuente con que las suyas serán siempre
respetadas, aunque a veces tengamos que discrepar profundamente de lo que
se dice desde la tribuna.
Como decía, en cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se le ha terminado el
tiempo. Le ruego la máxima brevedad.
El señor IGLESIAS MARCELO: Sí, señor Presidente.
Sólo me referiré a dos enmiendas que me parecen significativas. Se trata
de las números 231 y 232, relativas a la escolarización de los alumnos
con necesidades educativas especiales. Con ambas se añade al texto de la
ley una frase que, a mi juicio, pretende eximir a determinados centros de
la obligación de escolarizar a alumnos con estas necesidades, al
establecer que se escolarizará a alumnos con necesidades educativas
especiales siempre que se disponga
de los medios humanos y materiales necesarios para esa escolarización.
Con lo cual, aquéllos que no tuvieran esos medios estarían exentos del
cumplimiento de la obligación legal. Sin embargo, nosotros proponemos que
todos tengan esa obligación legal y, naturalmente, las Administraciones
competentes tendrán la obligación de poner a su disposición los medios
materiales y humanos necesarios para que se cumpla dicha obligación. Lo
demás sería abrir una puerta de escape para algunos centros que
impedirían la escolarización de alumnos con necesidades educativas
especiales.
Por todas estas razones, y por algunas otras que me excuso de no poder
exponer, votaremos en contra de las enmiendas de sus señorías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
En turno de portavoces, tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Intervendré muy brevemente, porque breves han sido las referencias, en
general, al Grupo Mixto, y más breves aún las relativas a las enmiendas
presentadas por esta Senadora de Eusko Alkartasuna.
En primer lugar, en relación con las enmiendas presentadas a los Títulos
I y II, entiendo que el Senador Herranz, que ha defendido el turno en
contra por parte del Grupo Socialista, no ha tenido argumentos para
rebatirlas, puesto que no se ha referido en ningún caso a ninguna de las
enmiendas que yo he presentado. Quiero entenderlo así, puesto que de otra
forma debería interpretarlo como una descortesía parlamentaria o una
falta de respeto a la mínima minoría que esta Senadora representa en esta
Cámara. Pero en ambos casos pienso que no debo responder a nada que no se
haya planteado aquí.
Respecto de las dos cuestiones, creo que fundamentales, que ha defendido
el Senador Iglesias en contra de mis posiciones, efectivamente, nosotros
hemos planteado unas enmiendas globales al tratamiento de la Inspección.
Ha dicho, lo cual no es exacto, que presentábamos como alternativa la
regulación fuera de esta ley, en el ámbito material de la Ley 30/1984, de
la Función Pública, y de las disposiciones que la modifican. Debo decir
que eso no es así, puesto que nosotros establecemos en tres enmiendas que
la Inspección educativa tiene que depender, de acuerdo con la propia
LOGSE, de las Comunidades Autónomas que, respondiendo a unos principios
generales, tienen que adecuar su Inspección educativa.
Decimos, además, que nos parece más correcto que el ámbito material sea
el de la Ley de la Función Pública. Pero, en todo caso, nuestro elemento
principal de discrepancia con el proyecto se mantiene desde el respeto
que estimamos se debe tener a las Comunidades Autónomas con competencia
exclusiva en la materia.
Por último, quiero referirme muy brevemente a la transacción frustrada, a
la que ha hecho referencia el Senador Iglesias, y decirle que reconozco
el esfuerzo que ha realizado el Grupo Parlamentario Socialista para
llegar a un acuerdo que, por otra parte, supongo que ellos consideraban
absolutamente necesario, puesto que su propio Grupo y el resto de los
grupos presentes en el País Vasco, formaron parte de ese pacto escolar,
que terminó con el difícil conflicto de la publificación de las
«ikastolas» y precisamente fue a un Consejero socialista, vuelvo a decir,
el señor Buesa, a quien le tocó culminar el proceso, sin perjuicio de que
sea a un Consejero de mi partido político a quien le toque deshacer el
entuerto que se plantea con esta ley.
En cuanto al agravio comparativo, tengo que decir que no es tal, que
afecta a una situación muy determinada en una Comunidad muy concreta y
que me parece insolidaria la posición de Convergència i Unió.
Agradeciendo de nuevo el esfuerzo, lamento la tremenda sumisión del Grupo
Parlamentario Socialista a los dictados de Convergència i Unió.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Algún turno más de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Solamente voy a referirme a unas cuestiones que no
han quedado bien determinadas. En primer lugar, no hay ninguna razón para
que esto haya sido debatido con la urgencia que ha tenido. En segundo
lugar, quiero recordar que los dos temas importantes, la acreditación de
los directores y la creación de los cuerpos de inspectores, tienen el
rechazo mayoritario del profesorado y de todos los sindicatos y, por
tanto, va a ser muy difícil su puesta en marcha. Creo que hubiera sido
mucho más prudente hacerlo más despacio, debatirlo en profundidad y
llegar a un mayor consenso.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Algún otro portavoz? (Pausa. El señor Nieto Cicuéndez pide la palabra.)
Senador Nieto, no le puedo dar la palabra porque ya ha hecho uso del
turno de portavoces la Senadora De Boneta y Piedra. Sería sentar un
precedente que no sería válido.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no hace uso de
la palabra.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tampoco.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Herranz.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a referirme a
algunos aspectos en este turno de portavoces. No está en mi intención,
Senadora De Boneta, ser descortés y de ninguna manera ignorar aquellas
argumentaciones que usted ha dado a las diferentes enmiendas que ha
presentado a este proyecto de ley. Lo que
he hecho es referirme de forma global, con unos argumentos generales, a
todas las enmiendas que habían presentado los diferentes grupos políticos
--y así lo he recogido y así lo he manifestado-- por no hacer un debate
aburrido, enmienda por enmienda, que es lo que se debería haber hecho en
Comisión y no se hizo.
Al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado le diré que este
proyecto de ley se ha enriquecido considerablemente a través de las
numerosas enmiendas que se han admitido en el trámite parlamentario,
enriquecido por todas las argumentaciones y enmiendas que han presentado
los diferentes grupos políticos y por todas las propuestas que ha hecho
la comunidad escolar y todas aquellas personas que están preocupadas por
la materia de la enseñanza, sean profesores, padres o alumnos, puesto que
nos olvidamos de que aunque los alumnos no votan, es a ellos a quienes
fundamentalmente va dirigida la calidad de la enseñanza y el sistema
educativo de nuestro país.
Ha habido todo el consenso que se ha podido. Se han aceptado todas
aquellas enmiendas que no desvirtúan el sentido del proyecto de ley y
entendemos que este proyecto de ley --que lo que hace es desarrollar
aquellos aspectos que ya se debatieron en las 77 medidas que propuso el
Ministerio de Educación y Ciencia con la comunidad educativa y que recoge
aspectos que era necesario actualizar, ponerlos al día, tanto de la LODE
como de la LOGSE-- va a cumplir una función importante, y es que nuestro
país siga mejorando la calidad de la enseñanza, porque será un bien para
el desarrollo de nuestro país y para la mejora de la educación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Fernández Rozada.
El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, en primer lugar, lamento que nuestras
enmiendas no hayan sido tenidas en consideración por el Grupo
Parlamentario Socialista más que para hacer una crítica, a mi juicio, muy
poco rigurosa.
En segundo lugar, quiero decir que nosotros vamos a mantener la posición
de defensa y aprobación de las enmiendas de otros grupos parlamentarios,
Mixto y Canario, de acuerdo con la coherencia que hemos mantenido a lo
largo de todo el trámite de esta ley en cuanto a la participación,
evaluación y gobierno de los centros.
Creemos que ésta no es una buena ley. Pensamos que sería mejor, buscando
un mayor diálogo social, encontrar un consenso que permita, devolviendo
esta ley al Gobierno, lograr una nueva y lamento --a pesar de lo
significativas que son las voces de todos los sindicatos de la enseñanza
y del porcentaje tan elevado de profesorado que claman en el día de hoy,
desde las respectivas direcciones provinciales porque esta ley no se
apruebe en el Senado-- que al final se apruebe y vuelva al Congreso de
los Diputados. En todo caso, no será nuestra responsabilidad, más que en
la medida de haber cumplido con nuestro deber de querer distanciarnos de
una ley que no va a propiciar, como decía ahora el portavoz socialista,
una mejor calidad de la enseñanza, sino más bien todo lo contrario.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Fernández
Rozada. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Sometemos, en primer lugar, a votación, de acuerdo
con la propuesta efectuada, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto
defendidas por la Senadora De Boneta, en un primer grupo, números 132,
139, 144, 149, 152, 163 y 166.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a
favor, 127; en contra, 125; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Segundo bloque de votación, enmiendas números 150, 156, 157, 158, 159,
161 y 162.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a
favor, nueve; en contra, 126; abstenciones, 118.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, en el tercer bloque de enmiendas agrupadas, las restantes de la
enmendante.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a
favor, nueve; en contra, 237; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. A continuación sometemos a
votación las enmiendas suscritas por los Senadores del Grupo
Parlamentario Mixto Martínez Sevilla y Nieto Cicuéndez, números 1 a 84;
de ellas, votamos, en primer lugar, las enmiendas números 22, 23, 25, 33,
65, 69, 72 y 83.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a
favor, 117; en contra, 127; abstenciones, diez.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, en segundo lugar, las enmiendas números 1, 35, 36, 68, 73, 74 y
84.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a
favor, tres; en contra, 126; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas de los dos señores
enmendantes. (El señor Garrido Avila pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Garrido Avila.
El señor GARRIDO AVILA: Es que no he oído bien, señor Presidente, si ha
incluido también la número 2.
El señor PRESIDENTE: ¿Se pide votación separada de la enmienda número 2?
El señor GARRIDO AVILA: Efectivamente, porque sustenta una transaccional,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Es que yo había propuesto someter a votación las
todavía no votadas de los Senadores Martínez Sevilla y Nieto, y la número
2 estaría incluida en este acto. De acuerdo con su solicitud, la aislamos
de la votación, y votamos todas las demás, excepto la número 2, que,
efectivamente, está sosteniendo una enmienda transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a
favor, tres; en contra, 238; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, sometemos a
votación las enmiendas números 96 a 122. (El señor Ortiz Pérez pide la
palabra.)
Tiene la palabra, Senador Ortiz.
El señor ORTIZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación separada de las enmiendas números 104, 105, 121 y
122, en un acto; de la número 100, en otro y las restantes en otro acto.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Votamos en primer lugar las enmiendas números 104, 105, 121 y 122.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a
favor, 122; en contra, 125; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 100.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a
favor, ocho; en contra, 128; abstenciones, 118.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación las restantes enmiendas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a
favor, nueve; en contra, 238; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. ¿Solicitan sus señorías algún
criterio para efectuar la votación? (El señor Martínez Sevilla pide la
palabra.)
Tiene la palabra, Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, solicitamos votación
separada de las enmiendas números 168, 169, 170, 172, 173, 181, 182, 183,
191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 207, 208 y 209.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (La señora De Boneta y Piedra pide la
palabra.)
Tiene la palabra, Senadora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, solicitamos votación
separada de las enmiendas números 174, 214, 215, 216 y 230. Y, por otro
lado, de los números 177, 178, 182, 184, 185, 192, 210, 235, 239, 240,
241 y 242.
El señor PRESIDENTE: Ruego a sus señorías que nos presenten un listado de
las enmiendas para no tener que votarlas una por una. (Pausa.)
En primer lugar, sometemos a votación la enmienda número 182.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a
favor, 121; en contra, 124; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las siguientes enmiendas: 168, 169, 170, 172, 173,
181, 183, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 207, 208
y 209.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a
favor, 121; en contra, 126; abstenciones, seis.
La señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Advierto a la Cámara que en las propuestas que nos han hecho los
Senadores hay algunas enmiendas que ya no figuran porque fueron admitidas
en Ponencia o en Comisión, de manera que corremos el riesgo de
redundancias. (Pausa.)
Vamos a someter a votación las enmiendas números 177, 178, 184, 185, 192,
210, 235, 239, 240, 241, 242, 174, 214, 215, 216 y 230.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a
favor, 114; en contra, 126; abstenciones 13.
La señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a
favor, 118; en contra, 128; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a someter a votación la enmienda suscrita por cinco grupos
parlamentarios --con excepción del Grupo Parlamentario Popular-- de
modificación del artículo 2.2, cuyo texto será: «Los padres podrán
participar también en el funcionamiento de los centros docentes a través
de sus asociaciones. Las administraciones educativas regularán el
procedimiento para que uno de los representantes de los padres en el
Consejo Escolar sea designado por la asociación de padres más
representativa en el centro. Asimismo, las administraciones educativas
reforzarán la participación de los alumnos y alumnas a través del apoyo a
sus representantes en el Consejo Escolar».
Por lo tanto, el apartado 4 del artículo 10 queda suprimido.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a
favor, 140; en contra, uno; abstenciones 113.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sometemos a votación el texto del dictamen. Votación de los artículos 1 a
43, disposiciones adicionales primera a octava, disposiciones
transitorias primera a cuarta, disposición derogatoria, disposiciones
finales primera a séptima y exposición de motivos, en un solo acto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a
favor, 132; en contra 116; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado y, tal y como dispone el artículo 90
de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad
El Rey.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se reanuda la sesión.
--DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY DE DECLARACION DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS.
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 621/000091) (C. D. 121/000099)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto del orden del
día es el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en
relación con el proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de
Cabañeros. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
¿La Comisión ha designado a algún Senador para que presente el dictamen
de la Comisión?
El señor GALAN CANO: Señor Presidente, la Comisión ha designado al
Senador López Carrasco.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El Senador López Carrasco tiene la palabra.
El señor LOPEZ CARRASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, permítanme, en primer lugar, que exprese mi agradecimiento a
los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca por haberme designado para este cometido
de presentar a la consideración del Pleno de la Cámara, para su debate y
votación, el dictamen del proyecto de ley de declaración del Parque
Nacional de Cabañeros.
En segundo lugar, expreso mi satisfacción por estrenar esta tribuna
subiendo por primera vez para presentar, precisamente, para su debate y
votación, el dictamen del proyecto de ley de declaración del Parque
Nacional de Cabañeros, ya viejo deseo mío y de muchos ciudadanos y
ciudadanas que yo me atrevería a calificar de viejo sueño que hoy vemos
cumplido en la realidad.
Conozco bien Cabañeros, además de visitarlo muchas veces, porque durante
doce años he desempeñado el cargo de Consejero de Agricultura y Medio
Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de esos doce
años diez he tenido la responsabilidad de la gestión, ordenación y
protección de ese privilegiado paraje.
Les aseguro que no ha sido una tarea fácil, pero sí hermosa y
apasionante. Me siento satisfecho por el deber cumplido y por haber
colaborado desde mis responsabilidades a salvar Cabañeros. Un lugar que
ofrece hoy día una de las más amplias representaciones del bosque y
matorral mediterráneo de España no podía ser destinado a campo de tiro
del Ejército del Aire; hubiese sido un auténtico desastre ecológico.
Llegamos a tiempo de salvarlo entre todos y de declararlo con la máxima
protección establecida en la
legislación vigente como Parque Nacional. Cabañeros se merece esta
protección.
Este proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros,
cuyo debate se inicia en este instante en el Pleno del Senado, fue
aprobado por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso
de los Diputados, con competencia legislativa plena, el día 19 de
septiembre de 1995, y tuvo entrada en esta Cámara el día 28 del mismo
mes.
La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca acordó designar ponentes a
los siguientes Senadores: don Angel Samuel Galán Cano, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Diego Alonso Colacios, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Manuel Acacio Collado del Grupo
Parlamentario Popular; don José Manuel Molina García, del Grupo
Parlamentario Popular, y don Manuel Ferrer i Profitós, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se emitió informe de la Ponencia el pasado día 5 de octubre. En este
informe se consideraban incluidas las enmiendas números 5 y 6 de los
señores Martínez Sevilla y Nieto Cicuéndez, que no aparecían incorporadas
al texto remitido al Senado como consecuencia de un simple error
material. Se rechazaron las enmiendas números 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 y 13
del Grupo Parlamentario Popular; la enmienda número 14 fue desestimada y
la número 10 retirada.
El día 11 de octubre se reunió la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, y el señor Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto, retiró
las enmiendas números 1, 2, 3 y 4 y se reservó el mantenimiento de las
números 5 y 6 al hecho de la efectiva incorporación de las mismas al
texto del proyecto.
Votadas las enmiendas, fueron aprobadas por unanimidad las números 5 y 6,
del Grupo Parlamentario Mixto; la enmienda número 7, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, que fue aprobada por 30 votos a favor
y uno en contra; las enmiendas números 9 y 12, del Grupo Parlamentario
Popular, que fueron aprobadas por 16 votos a favor, 14 en contra y una
abstención; la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Popular, que
fue aprobada por 16 votos a favor y 15 en contra. Las enmiendas números 8
y 14, del Grupo Parlamentario Popular, fueron rechazadas por 14 votos a
favor y 16 en contra, y la número 13, del mismo Grupo, fue retirada al
haberse aprobado la número 7 del Grupo de Coalición Canaria.
A continuación, tuvo lugar un debate que finalizó con la propuesta del
Presidente sometiendo a votación el texto del proyecto de ley remitido
por el Congreso de los Diputados, excepto lo referido a la parte afectada
por las enmiendas recién aprobadas. Dicho texto fue aprobado por
unanimidad.
Así pues, señor Presidente, señoras y señores Senadores, éstas son las
circunstancias más destacadas que han concurrido en la tramitación de
este Proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros,
cuyo debate va a tener lugar a continuación, y que esperamos contribuya a
dar a Cabañeros la protección que tan singular paraje se merece.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Se me ha anunciado que no habría debate a la totalidad. Por lo tanto,
pasaremos al debate de los votos particulares. (El señor Martínez Sevilla
pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.
¿Me podría indicar en base a qué pide la palabra?
El señor MARTINEZ SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Simplemente deseo manifestar que he detectado algunas imprecisiones en el
Informe de la Ponencia. En particular, hay alguna enmienda en concreto la
número 4 que se ha dicho que está retirada por parte de mi Grupo pero no
es así, únicamente estaba transaccionada, aunque las números 1, 2 y 3 sí
estaban retiradas. Asimismo, he notado algunas imprecisiones, que supongo
que son de mera lectura, y que espero que en el turno de Portavoces,
después del posicionamiento sobre las enmiendas, podremos pronunciarnos
al respecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. (El señor Galán
Cano pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN CANO: Gracias, señor Presidente.
Creo que podemos rápidamente liquidar este trámite previo recordando que
quizá ha habido un momento de confusión porque se ha hablado del Informe
de la Ponencia en primer lugar, y después del Dictamen de la Comisión,
que se ajustaba al informe remitido por el señor Letrado.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
En todo caso, pueden cotejarlo mientras tanto.
Pasamos al debate de los diversos votos particulares. El primero es el
que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con el
apartado e) del artículo 2, subapartado f) del apartado 2 del artículo 8
y párrafo inicial del apartado 2 del artículo 10.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN CANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subirme a la tribuna a defender los votos particulares
presentados por el Grupo Parlamentario Socialista a la ley de
conservación y declaración del Parque Nacional de Cabañeros, la verdad es
que me produce una extraña sensación que quiero explicar, porque el
proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros desde que
es presentado como proyecto de ley por el Gobierno en el Congreso ha
seguido un camino en el que se han ido aunando voluntades por parte de
los grupos parlamentarios y se han ido introduciendo una serie de
enmiendas por acuerdo de los Grupos que han permitido que en la Comisión
de Agricultura del Congreso, con competencia legislativa plena, se
llegara a aprobar, con el acuerdo de todos
los grupos parlamentarios salvo el del Partido Popular, un texto
plenamente acordado, muy acordado, en el que se ha ido buscando la
participación de absolutamente todos los sectores, además de la
participación política de todos los grupos. Y nos llevamos la sorpresa de
que en su trámite de Comisión en el Senado se introducen tres enmiendas
que dan la vuelta al sentir de la ley. Y una ley muy consensuada por los
grupos políticos y, además, muy aceptada por todos los grupos sociales de
la Comunidad Castellano-Manchega se convierte con estas tres enmiendas en
una ley, como demostraré ahora, bastante inoperante y que desde luego no
recoge el sentir de amplios grupos sociales castellano-manchegos, ni el
sentir de la comunidad de Castilla-La Mancha cuando inicia el trámite de
declaración del Parque Nacional de Cabañeros.
De ahí mi extrañeza, porque yo venía aquí a cantar las loas de este
proceso y a hablar de la bondad de declarar el Parque Nacional de
Cabañeros. Pero tengo que consumir mi turno para oponerme a esas tres
enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y pedir a la Cámara que las
rechace mediante la aprobación de nuestros votos particulares y conseguir
así recuperar el texto que nos han remitido del Congreso. Porque no se
trata sólo de que el Grupo Parlamentario Popular haya suprimido un punto
tan importante como es la representación de los grupos ecologistas o de
las organizaciones no gubernamentales que están recogidos en la
constitución del patronato, que de tres representantes que tenían los
grupos ecologistas, el Grupo Popular los convierte en uno, rompiendo el
equilibrio que se había establecido en las diferentes representaciones
que se iban a dar en el patronato del parque, donde también hay tres
representantes de los propietarios, donde está representada la
Universidad castellano-manchega y donde están representados los seis
alcaldes que componen los municipios del entorno de Cabañeros que están
afectados por el Parque, sino que además introduce otro elemento o matiz
y es que esa representación ecologista será a nivel autonómico y
comarcal, suprimiendo el término de grupos ecologistas que tengan una
organización a nivel nacional. Y ahí está la trampa. ¿Qué se persigue con
eso de comarcales? El texto de la ley dice claramente que no se impide
para nada cualquier tipo de organización ecologista que quiera estar
representada en el patronato del Parque. No impide, para nada, ninguna
representación. Sin embargo, este texto sí impide la representación;
impide que haya dos representantes de los ecologistas y, además, impide
que organizaciones a nivel nacional puedan tener representación, e
introduce lo de «comarcal». A nadie se nos escapa que en una comarca como
ésta, con un índice bajo de población, quizás un pequeño grupo pueda
constituir una agrupación ecologista y deformar o pervertir esa
representación que tratamos de establecer mediante ley, que de esa manera
quedaría bastante mermada y, desde luego, restringida por lo que se
refiere a la representación de las organizaciones no gubernamentales.
Pero hay, sobre todo, un aspecto en el que me extenderé un poco más
porque creo que rebate el sentir de la Ley. En el texto que proponen se
dice que el Plan Rector de Uso y Gestión del parque será elaborado no por
la administración que es responsable de la gestión del parque, la Junta
de la Comunidad de Castilla-La Mancha, el Gobierno castellano-manchego, o
el Gobierno de la nación si es considerado como Parque Nacional, sino
mediante acuerdo o convenio con los propietarios del parque. Por tanto,
la iniciativa que pueda tomar el Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá
que estar condicionada al acuerdo que se firme con los propietarios del
Parque, y no al acuerdo que se tenga que adoptar con el Patronato del
Parque, donde están representadas todas las organizaciones que antes
mencionaba.
En esta circunstancia, cabe preguntarse qué sentido tiene, por ejemplo,
dar carácter de acuerdo a la propiedad en el modelo de difusión de la
imagen del Parque en los pueblos de la comarca, qué sentido tiene que la
propiedad intervenga y decida sobre los programas de educación ambiental
que se puedan elaborar con respecto al parque, los programas de
investigación o las propias relaciones del parque con otros parques en
España y de otros países. ¿Por qué no incluir, entonces, a los
ayuntamientos con los que se fomentan actividades locales y programas de
desarrollo, a los empresarios del sector con los que se ejecutan las
inversiones, o parte de las mismas, que se prevean en el parque, a las
organizaciones no gubernamentales que colaborarán, sin duda, y que
desarrollarán programas de difusión y conservación, a los científicos que
desarrollarán las líneas de investigación, a la comunidad educativa con
la que se establecerán programa de educación ambiental, a la comunidad
turística, incluso, que tendrá interés en desarrollar iniciativas en la
zona? ¿Por qué todos estos quedan excluidos y se condiciona que el plan
rector de uso y gestión se hará mediante un convenio con los
propietarios? Se está, por tanto, pervirtiendo el interés y el sentido
que se tenía al declararlo Parque, primero natural, y ahora Nacional. Se
pervierte la voluntad soberana de la Junta de Castilla-La Mancha cuando
propuso la declaración de Cabañeros como Parque Nacional, extremo este
que, dado que hablamos de competencias propias de la citada Comunidad,
arrastra incluso a un principio de inconstitucionalidad, caso de ser
aprobado hoy por el Senado este texto.
Y la única razón que se argumenta y que se argumentó en la Comisión para
defender este texto es la referida a que la directiva de la Comunidad
Económica Europea 92/43 recomienda los acuerdos con particulares en los
espacios protegidos. Pero tenemos que preguntar a este particular en qué
texto de la directiva europea, en qué punto de cualquiera de sus
artículos se dice que tenga que llegarse a un acuerdo con los
propietarios para la protección de las zonas o las reservas naturales. En
ningún punto; es radicalmente falso. Creo que todos estos argumentos se
utilizan para defender algo que no se acaba de decir si en el texto de
sus enmiendas ni en el texto que defendía entonces el Grupo Parlamentario
Popular. En realidad, todos estos argumentos se refieren a intentar dar
una mayor importancia a una docena de propietarios que hay en el Parque y
que adquieren una importancia predominante sobre el resto de la
comunidad.
Señorías, lo que ocurre, en definitiva, es que se introduce en la
declaración del Parque Nacional de Cabañeros
un elemento perturbador por el que una docena de propietarios adquieren
la facilidad de intervenir en la elaboración del Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque frente a los colectivos autonómicos
castellano-manchegos allí representados y, sobre todo, en absoluta
contraposición con las personas que de verdad representan a los
ciudadanos que viven en los alrededores del Parque y que, por tanto,
deben participar en la gestión del mismo, es decir, los seis alcaldes de
los seis municipios correspondientes representados en el Consejo Rector y
a los que de esta manera se les sustrae la posibilidad de intervenir en
la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el Senador Molina.
El señor MOLINA GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Por un acuerdo establecido por la Presidencia, este primer turno de
intervenciones va a limitarse, no a contestar al Grupo Socialista, que
presenta sus votos particulares, sino a defender los que cada uno de los
demás grupos plantea ante esta Cámara. Por tanto, en este turno me voy a
limitar a presentar y a defender precisamente los votos particulares que
el Grupo Popular mantiene en este Pleno, y más tarde, en el turno de
portavoces, tendrá oportunidad --y lo haré con mucho gusto-- de contestar
a los argumentos expuestos por el Portavoz del Grupo Socialista.
Ciñéndome, por tanto, al acuerdo establecido, quiero decir que el Grupo
Popular plantea las enmiendas números 8 y 14 en un voto particular que
establece la necesidad de reformar el Plan de Ordenación de Recursos de
Cabañeros tras la aprobación de esta ley, necesidad que está justificada
fundamentalmente por dos cuestiones.
La primera de ellas es que hasta que fue emitida la sentencia del
Tribunal Constitucional de 26 de junio de este año, los parques
nacionales eran competencia prácticamente exclusiva del Gobierno central,
y si bien existía esa fórmula de protección --que no es acorde con el
Estado de las Autonomías y que parte fundamentalmente de un objetivo que
el Grupo Socialista ha venido defendiendo siempre, cual es hablar en los
grandes discursos de la autonomía pero en los casos concretos, cuando hay
competencias, excluir o eludir la competencia de la Comunidad Autónoma--,
esa sentencia establece una cogestión obligatoria, por lo que
precisamente es necesario adaptar en esta ley --que ya en su propio texto
recoge esta sentencia del Tribunal Constitucional-- el Plan de Ordenación
de Recursos Naturales, Plan que, como quedó aprobado previamente a la
sentencia, requiere asimismo de aprobación.
En segundo lugar, porque tampoco existe ningún precepto legal que afecte
a este planteamiento. Se ha dicho que no podía existir Parque Nacional si
no había un Plan de Ordenación de Recursos, pero eso no es correcto ya
que el propio Decreto de 1989 regula perfectamente la posibilidad
excepcional, que se da en este caso, de que se declare un Parque Nacional
sin necesidad de tener ya un texto aprobado e inamovible.
Además, es que estamos hablando de un Plan de Ordenación que no recoge el
espíritu fundamental que ha inspirado las enmiendas del Grupo Popular: el
mantenimiento de los usos tradicionales, de aquellos usos que dan de
comer a miles de personas en Cabañeros y que han permitido hoy que
Cabañeros sea precisamente objeto de declaración de Parque Nacional.
Que nadie se engañe: lo que hay hoy en el Parque Nacional es el fruto del
esfuerzo --incluido el de los propietarios-- de las miles de familias que
han estado allí viviendo, pero el Plan de Ordenación de Recursos no
recoge esos usos tradicionales que dan de comer a tantas familias y que
han hecho posible esta realidad.
Estos son los argumentos fundamentales.
Por otra parte, cumpliendo con el acuerdo de los grupos parlamentarios,
en el turno de portavoces tendré ocasión de contestar al Grupo Socialista
y de expresar asimismo la opinión y la posición del Grupo Popular a este
respecto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. En turno
de portavoces tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señores Senadores, señoras Senadoras, la declaración como Parque Nacional
del ecosistema de Cabañeros supone la creación del primer Parque Nacional
que contiene una buena representación del ecosistema mediterráneo, que
contiene una buena representación del bosque mediterráneo. Entre los tres
ecosistemas posibles como candidatos a constituir este espacio estaban el
parque natural de Monfragüe, el monte de El Pardo y Cabañeros. El parque
natural de Monfragüe es quizá el mejor conservado, el que más idoneidad
tenía para esta declaración, el monte de El Pardo es quizá el que más
características simbólicas reunía; sin embargo, es Cabañeros el que se
declara, lo cual supone, por así decirlo, la más amplia transformación,
la más amplia metamorfosis, desde el punto de vista jurídico y desde el
punto de vista político, de un espacio que cabía concebir como polígono
de tiro a Parque Nacional, y probablemente por eso es muy importante esta
declaración como Parque.
Sin embargo, en el curso del proceso seguido en la tramitación del
proyecto de ley se han introducido unas enmiendas, precisamente en el
trámite de Comisión en el Senado, que consideramos que son altamente
perjudiciales para lo que es el carácter del Parque, y no son nada
beneficiosos con respecto a lo que supone la declaración de Parque
Nacional.
En concreto, la enmienda número 7 del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado nos parece que no tiene sentido. Nos parece sin
sentido aprobar una enmienda que descalifica como infracción muy grave el
portar armas de caza dentro del Parque. Esta enmienda está en
contradicción con la Ley de Caza de Castilla-La Mancha,
que en sus artículos 47 y 49 declara que precisamente está prohibido
llevar armas de caza dentro de los espacios naturales protegidos. Por
tanto, nos manifestamos en contra de esta enmienda, no tanto por la
realidad que va a suponer en la configuración de actividades dentro del
parque --el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, y la Ley de
Caza de Castilla-La Mancha dejan muy claro esto--, sino por lo que supone
de no calificar como infracción grave una actividad que debería estar
taxativamente prohibida en parques nacionales. Por tanto, nos oponemos a
esta enmienda, y no entendemos en modo alguno el apoyo por parte del
Grupo Parlamentario Socialista ni su proposición por parte del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
Respecto a las tres enmiendas que ha introducido el Grupo Parlamentario
Popular en el trámite de Comisión, entendemos que algunas de ellas si
modifican sustancialmente el carácter de Parque Nacional, en particular
las enmiendas números 11 y 12. En concreto, la enmienda número 11 rebaja
la participación de representantes de las asociaciones ecologistas de
tres miembros a uno. Entendemos que la actual composición del patronato
era ya una composición con cesiones, pactada. No es normal que en un
patronato de un Parque Nacional haya tres representantes de los
propietarios de los terrenos ubicados en el interior del Parque en
igualdad con los tres representantes ecologistas que había en el
proyecto, y no entendemos tampoco que la cantidad de representantes de
las asociaciones agrarias, que en este caso son dos, sea tan elevada.
En cualquier caso, éste era un proyecto consensuado en cuanto a la
representación. La enmienda del Grupo Parlamentario Popular rompe ese
consenso en cuanto a la representación y deja sólo a un representante de
los grupos ecologistas, en franca minoría respecto a los tres
representantes de los propietarios de terreno o a los dos representantes
de los agricultores dentro del Patronato del Parque Nacional; además con
un inconveniente añadido: se dice que ese representante debe ser
exclusivamente de organizaciones ecologistas de ámbito autonómico o
comarcal. Naturalmente, podrá argüirse que para quien defiende principios
autonomistas, como es el caso de este Senador, o el de mi Grupo
Parlamentario, puede existir una contradicción aparente en defender que
puedan ser organizaciones ecologistas de ámbito estatal o autonómico. En
modo alguno existe contradicción en este punto.
El Parque Nacional se declara inmerso dentro de la red estatal de parques
nacionales. El Parque Nacional se declara por representantes del Estado,
del Gobierno Central --porque también el Estado son los Gobiernos
autonómicos, por supuesto-- dentro del Patronato del Parque y se declara,
por tanto, con una composición y una gestión mixta --siguiendo la
reciente doctrina del Tribunal Constitucional en este sentido-- dentro
del Patronato. No tiene, pues, sentido hacer recaer el peso del
autonomismo exclusivamente en los representantes ecologistas, mientras
que no se hace recaer ese peso del autonomismo en los representantes de
la Administración. Si hay representantes de la Administración estatal y
si hay representantes de la Administración autonómica, no entendemos por
qué hay que limitar los representantes ecologistas únicamente a grupos de
carácter autonómico o comarcal, y es conocido que hay muchas
organizaciones ecologistas que tienen ámbito de actuación estatal, aunque
tienen y mantienen grupos asociados precisamente en todos y cada uno de
los municipios que en este caso componen el Parque o de ámbito comarcal o
de ámbito autonómico, pero que su configuración jurídica es estatal,
algunas, incluso, tienen configuración jurídica internacional, y esas
organizaciones ecologistas se verían privadas de poder tener
representantes dentro del Patronato del Parque.
Por tanto, no hagamos soportar la carga de la representación aquí en los
representantes ecologistas, mientras que salvamos para ellos a los
representantes de la Administración, y aquí cabría invocar una doctrina
de coherencia, una doctrina de café para todos: si hay representantes del
Gobierno Central, por qué no puede haber representantes de grupos
ecologistas de ámbito estatal. Por tanto, mi más absoluto desacuerdo
tanto con el número como con la restricción de la proveniencia de estos
representantes ecologistas en el Patronato del Parque.
La enmienda número 12, que es aprobada en el trámite de Comisión con el
apoyo de Convergència i Unió y con el apoyo del Grupo Popular, entendemos
que es mucho más grave. La enmienda número 12 dice, literalmente, que los
titulares de los terrenos afectados deben establecer un convenio o
acuerdo entre la Administración autonómica, el Estado y ellos mismos para
participar en la redacción del Plan Rector de Uso y Gestión, y esto no es
comprensible desde ningún punto de vista. No es comprensible que un
espacio que se declara Parque Nacional por su interés colectivo quede
mediatizado por los intereses particulares, por muy dignos que sean esos
intereses particulares, de los titulares de los terrenos afectados, y no
es de recibo porque entendemos que esos representantes que mantienen unos
intereses propios que a veces están en contraposición con los intereses
de la generalidad, con los intereses del Parque Nacional, de alguna
manera pueden obstaculizar, pueden demorar, pueden, en definitiva,
espaciar lo suficiente el Plan Rector de Uso y Gestión como para que éste
finalmente se convierta en un instrumento poco válido o, peor aún, en un
instrumento inútil para la buena gestión y para el buen uso de los
ecologistas del Parque.
Por tanto, reconociéndoles todo el derecho a mantener actividades,
reconociéndoles toda la titularidad de los terrenos, la declaración de un
Parque Nacional implica un interés colectivo que no puede nunca
supeditarse a intereses particulares y menos aún que esos intereses
pudieran derivar mediante el Plan Rector de Uso y Gestión en la
obstaculización precisamente de la buena gestión y uso de este Parque
Nacional.
Entendemos que esta enmienda hace un parque desnaturalizado, crea un
PRUG, plan rector de uso y gestión, bloqueado y, además, no sólo eso,
sino que entendemos que sienta un precedente muy grave sobre la gestión
en los parques nacionales. Si ya observamos que era demasiado numerosa la
representación de los titulares de los terrenos en el Patronato,
entendemos que además darle la posibilidad de influir directamente en la
legislación o en la regulación
interna del mismo, es llevar las cosas por completo fuera de órbita.
Sería algo así como darle a los empresarios la posibilidad de que
regularan internamente las normas de funcionamiento de las organizaciones
sindicales u otras comparaciones que pudiéramos establecer al respecto.
Desde este punto de vista, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, pero también en nombre del movimiento ecologista en el Estado
español con el que he consultado estos días, me manifiesto absolutamente
contrario a la inclusión de esta enmienda. El movimiento ecologista lo
rechaza por completo porque las pretensiones de los titulares en este
caso vendrían a bloquear, vendrían a paralizar de alguna manera la
protección y la defensa de este espacio natural.
Con todo esto, quería decir que me voy a sumar a la enmienda número 1 del
Grupo Parlamentario Socialista que, de hecho, no ha sido presentada por
mi Grupo Parlamentario, ya que sería literalmente la misma y del mismo
tenor: volver al texto del Congreso. Un texto que entendemos que es
mejorable, un texto que entendemos que podría ser susceptible de
modificación pero, en cualquier caso, un texto que es fruto del consenso,
un consenso que se ha roto en el trámite de Comisión del Senado, y un
consenso que se ha roto en un punto débil que afecta precisamente a la
representación del movimiento ecologista y a la conservación íntegra de
los ecosistemas.
Pido al conjunto de los grupos parlamentarios, y más específicamente al
Grupo Parlamentario Popular, que en este caso se dé marcha atrás, se
reconsidere, se reflexione sobre la postura respecto de esa enmienda, una
postura que pensamos que no está canalizada como debiera desde el punto
de vista jurídico.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Miguel Angel Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, Presidente.
Con su venia, vamos a hacer una intervención de tipo general, porque
nosotros no hemos mantenido ninguna enmienda como voto particular para el
Pleno. Teníamos una enmienda que defendimos en Comisión y que fue
aceptada, lo cual agradecemos a todos aquellos que votaron a su favor, y
que no era nada más que una discrepancia de matiz sobre dónde debería
contenerse la regulación que debía hacerse en el Parque Natural respecto
a la caza. Nosotros opinábamos que esto debía ser desarrollado en el Plan
Rector de Uso y Gestión con muchísima más amplitud de la que lo hacía el
apartado g) del artículo 11 del proyecto de ley.
Dicho lo anterior, no queríamos dejar pasar esta ocasión. Nunca lo
hacemos cuando viene a esta Cámara Alta un proyecto de ley sobre un
parque natural, un parque nacional o una zona que haya que proteger. Nos
felicitamos de que este proyecto de ley sobre un parque nacional venga a
la Cámara Alta. El proyecto que nos remitió el Congreso de los Diputados,
salvo ese matiz que ya he dicho que fue aceptado en Comisión, era
aceptable.
En la Comunidad Autónoma de la que procedo, que posee más del 50 por
ciento de los parques nacionales del Estado español, damos una
importancia bastante alta al hecho de proteger una zona, un territorio,
en definitiva, al hecho de conservar ecosistemas que se producen en el
medio natural, y cuantos más protejamos, muchísimo mejor. Por lo tanto,
estamos satisfechos y contentos de que este proyecto de ley haya venido,
y estaremos aún más contentos si la racionalidad marca que se vuelva al
texto que nos remitió la Cámara Baja, porque lo que se introdujo en el
dictamen de la Comisión no es acorde con el desarrollo de un parque
nacional.
Este no es un parque nacional «sui generis». Este es un parque nacional
que significa un trozo de territorio que hay que conservar, un trozo de
territorio sobre el que hay que mantener una legislación, un plan de
ordenación de sus recursos y un plan rector de uso y gestión correcto.
Por lo tanto, no tiene por qué mantener --voy a decir una burrada--
«suigeneridades» porque sea Cabañeros ni por lo que haya sucedido
anteriormente en Cabañeros. Es un parque nacional y hay que depositar en
él --eso sí-- la experiencia que se ha adquirido, en años sucesivos, en
otros parques nacionales, como en algunos de los canarios, que provienen
de la década de los años sesenta. Por consiguiente, nosotros nos
felicitamos. Pero esto, sin duda, es sólo un paso. Posteriormente hay que
dar dos pasos muy importantes, y no hay que dejar de darlos. Uno es la
elaboración de un nuevo --o una modificación o como se le quiera
denominar-- plan de ordenación de sus recursos naturales y, rápidamente,
un plan rector de uso y gestión que contemple eso que se llama la
utilización de los usos habituales y que le tiembla a cualquiera. Eso hay
que recogerlo muy claramente en el plan rector. Esas dos cosas son
fundamentales. Pero una buena legislación, y apelo a la racionalidad de
todos los senadores, sería volver al texto que nos remitió la Cámara
Baja.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Barbuzano.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ferrer i Profitós.
El señor FERRER I PROFITOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, quiero, en primer lugar y en nombre de
Convergència i Unió, hacer unas aclaraciones previas. Yo no creo, y
pienso que la ley me asiste, que se pueda dramatizar de esta forma y
decir que es irracional que la Cámara Alta modifique el texto de
cualquier proyecto de ley que viene del Congreso. No me quiero extender
haciendo otras consideraciones, pero, quizás, la ineficacia que por parte
de muchos se achaca a esta Cámara quizá proviene de estas cuestiones.
En segundo lugar, quisiera decir con todos los respetos a las
asociaciones conservadoras o ecologistas que no pueden monopolizar de
ninguna manera la conservación del medio. Lo digo con la autoridad moral
que me da el ser agricultor de toda la vida. El medio no lo conservan
solamente los miembros de las asociaciones ecologistas. El medio lo
conserva la gente que vive en él y, sobre todo, la gente que vive de él.
No hay nadie que viva de una cosa o que saque rentas de una actividad que
tenga interés en destruir, en extorsionar o en prostituir aquel medio que
le procura su forma de vida.
En tercer lugar, y antes de entrar a exponer la posición de nuestro
Grupo, quiero dejar claro que no es verdad que a los titulares de
terrenos se les pueda tildar, con falacia, de que tienen siempre
intereses escondidos. Yo conozco poco los Montes de Toledo, pero hablar,
en principio, de titulares no es análogo a hablar de defensa de intereses
perversos. Nuestro Grupo no lo entiende así. Y tampoco entiende que la
colaboración de los titulares pueda ser, como se ha dicho aquí, la de
bloquear el cuidado o el desarrollo del medio.
Señor Presidente, quiero anunciar ahora la posición de nuestro Grupo, que
es la siguiente: Nosotros apoyaremos íntegramente el proyecto de ley de
declaración del Parque Nacional de Cabañeros tal como ha sido dictaminado
por la Comisión de Agricultura del Senado a la cual me honro en
pertenecer, como ha dicho el portavoz que ha presentado el dictamen de la
Comisión ante esta Cámara.
En Comisión se aceptaron algunas enmiendas, pero del desarrollo del
debate parece que las perniciosas, las contradictorias, las que
distorsionan el proyecto de ley, son tres. En este sentido, quiero hacer
referencia a lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista en su
exposición, al afirmar que éste era un viejo sueño, pero hoy vemos que ya
es una realidad la declaración de Parque Nacional de Cabañeros. Yo me
sumo a esta manifestación, es decir, a que era un sueño, pero hoy es una
realidad, que ofrece muchas perspectivas positivas para todos los que
están en cierta manera relacionados con el Parque de Cabañeros.
Nosotros aceptamos la enmienda número 11, al artículo 8, letra f), que
dice: Un representante de las asociaciones ecologistas de ámbito
autonómico o comarcal, o que, estatutariamente..., etcétera. Es decir, se
suprime el término «estatal» y se propone que sea autonómico o comarcal.
En Comisión, y en nombre de mi Grupo, ya di las razones de por qué
hacíamos esto. Porque, ¿quién puede tener más interés en conservar el
Parque que los representantes de una asociación más cercana a la riqueza
del medio?
Introducida la enmienda, en el texto figura un solo representante, pero
esto no es culpa del Grupo proponente, ni de nosotros, que ayudamos a que
esta enmienda se introdujera. El portavoz del Grupo Popular dijo en
Comisión --y hay que hacer justicia-- que de admitirse la enmienda tenía
que hacerse íntegramente, tal como estaba redactada. Pero también se
comprometió --y ha cumplido su palabra-- a que se pudiera presentar una
enmienda transaccional para que en vez de un representante, fueran tres.
Y el que no figuren tres representantes en el texto definitivo sólo se
deberá a la responsabilidad de los grupos que no han querido firmar la
transaccional que, como digo, en vez de uno, proponía tres.
Hay otra enmienda --ésta parece que es la peor--, al artículo 10,
apartado 2, que propone que los acuerdos para el Plan Rector de Uso y
Gestión se realicen entre la Administración autonómica, el Estado y los
titulares de los terrenos afectados. En este sentido, he leído la Ley
4/1989, de 27 de marzo, y en su artículo 19 no he visto nada que
establezca que la participación de los titulares en este tipo de
convenios pueda ser sancionable. Además, la Directiva europea 92/43, de
21 de mayo, establece la conveniencia de que las Administraciones y los
particulares lleguen a acuerdos. Creo que Europa avanza hacia esta
realidad, es decir, hacia la eliminación de reservas entre las
propiedades, las actividades y las Administraciones.
Por otro lado, el interés de todos los titulares es llegar a convenios
para continuar desarrollando las actividades que allí llevan a cabo, y
para que el Parque sea lo más rico posible y la actividad que ellos
desarrollan produzca las rentas que toda la vida les ha dado.
En este mismo voto particular hay un enmienda, que se aprobó en Comisión,
al artículo 2, apartado e), que dice: Promover el desarrollo sensible,
social, económico y cultural de los habitantes de la comarca de
Cabañeros, así como mantener sus usos tradicionales.
El artículo 5 habla del régimen jurídico y dice que «se mantendrán y
apoyarán». El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió entiende que lo que abunda no daña, ya que muchas veces, no
solamente en este proyecto de ley sino en otros, se ha menospreciado la
responsabilidad y la consideración que tiene que tener la gente del
lugar, tanto si está en régimen de titularidad como en régimen de
explotación...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, vaya terminando, por
favor.
El señor FERRER I PROFITOS: Acabo enseguida, señor Presidente.
Nosotros entendemos que no tiene que cambiar la ley porque el punto e)
del artículo 2 diga que se mantengan los usos tradicionales.
En resumen, señor Presidente, señorías, nosotros no vamos a apoyar los
votos particulares presentados por el Partido Socialista y por el Partido
Popular porque se refieren a unas enmiendas que rechazamos en el trámite
de Comisión. Apoyaremos íntegramente con satisfacción el proyecto de ley
de declaración del Parque Nacional de Cabañeros tal como lo ha
dictaminado la Comisión. Además, damos la enhorabuena a las gentes de
Toledo y Ciudad Real implicadas en esta riqueza ecológica medioambiental
mediterránea. Nosotros desde Cataluña, desde el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, expresamos nuestra
satisfacción porque se apruebe que este territorio sea Parque Nacional.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchísimas gracias, Senador
Ferrer i Profitós.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN CANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en este turno de portavoces agradezco su apoyo a nuestra
enmienda a los grupos que así lo han manifestado, pues lo que con ella se
persigue, en definitiva, es volver al texto que nos enviaron del Congreso
de los Diputados para recuperar el sentido de esta ley.
Muy rápidamente quiero decir al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió que lo tiene muy claro. Si no quiere que la
representación de los ecologistas disminuya y pase de uno a tres, lo que
tiene que hacer es apoyar la enmienda que tiene presentada en este
momento el Grupo Parlamentario Socialista, con lo que inmediatamente pasa
de nuevo al texto del Congreso de los Diputados, que es el que votaron y
aprobaron allí. También tiene la solución para que la gestión del Parque
no se convierta, como dicen, en la monopolización de unos o de otros.
Precisamente por una enmienda de Convergència i Unió se elevó la
propuesta de los propietarios, que pasaron a tres, a la vez que se
elevaba la de las organizaciones agrarias. Lo único que le pedimos es que
sea consecuente con lo que allí se aprobó. Si aprueba nuestra enmienda
quedará inmediatamente recuperado el texto y los argumentos que yo he
creído entender y que comparto con usted.
Señor Molina, con las dos enmiendas que defiende el Grupo Parlamentario
Popular, no sólo con las tres que había introducido, dejamos
completamente inhábil esta ley. Con las dos enmiendas que introduce, lo
que dice es que no debe existir el Plan de ordenación de recursos
naturales, en el que se ha basado la Comunidad castellano-manchega para
elevar este texto y la propuesta de Parque Nacional de Cabañeros. El
Gobierno de la nación, sensible a esa propuesta y a lo que demanda la
sociedad castellano-manchega, recoge ese Plan de ordenación y basándose
en él, lo convierte en el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo
después de haber pasado por el Congreso de los Diputados. Y que lo que
dice la Ley de Espacios Naturales, en su artículo 15, es que a partir de
la publicación de esta Ley --y la declaración del Parque Nacional de
Cabañeros se produce precisamente después de la aprobación de esa Ley y
después del dictamen del Tribunal Jurisdiccional-- es necesario el Plan
de ordenación, salvo en unos casos especiales, que no se dan en este
momento. Por tanto, que haya parques nacionales que se hayan aprobado con
anterioridad sin que haya un Plan de ordenación no justifica que se haga
ahora, porque antes se hacía de acuerdo a la ley y ahora sí se hace de
acuerdo a la ley, y si suprimiéramos el Plan de ordenación, no lo
haríamos de acuerdo a la ley vigente en este momento en nuestro país.
Luego decir que se retire el Plan de ordenación es, precisamente,
posibilitar que esta ley sea recurrida y que, por tanto, no tenga ninguna
validez. En definitiva, usted, señor Molina, está haciendo algo que
propone en sus cinco enmiendas y que es la trayectoria del Partido
Popular cada vez que se ha tratado de proteger la zona de Cabañeros:
oponerse a la protección de dicha zona. Y lo que usted está haciendo en
este momento es boicotear la declaración del Parque Nacional, lo mismo
que se opusieron a la declaración de Parque Nacional. Eso es lo que usted
está haciendo, dígalo claro. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque hay una
docena de propietarios, que son los que recurrieron en su momento la Ley
de Parque Nacional y recurren también esta ley, que son los que se
oponen. Y son esos propietarios los que le insisten, y por eso usted lo
defiende, en que se declaren legales todos los usos tradicionales. Pero
es que hay usos tradicionales que van en contra de la conservación del
Parque y, por ello, no puede esta Cámara, señores Senadores, aprobar esos
usos tradicionales indiscriminadamente, para que los apliquen, además,
con la intensidad que crean oportuna los propietarios del Parque.
Estamos, por tanto, con esa declaración, allanando no sólo la ley, sino
también los intereses generales de Castilla-La Mancha y los intereses
generales de la nación, que es lo que tratamos de declarar aquí hoy. Por
ello, quisiera quitar el mal sabor de boca que les queda a algunos
Senadores cuando ven esta propuesta que nos han pasado desde la Comisión,
y que podemos rebatir con nuestros votos en este Pleno, y quisiera yo
quitármelo también recordando la satisfacción que debe ser para este
Parlamento declarar este Parque Nacional después que el Tribunal
Constitucional ha dictaminado aquellos temas de discusión que pudiera
tener la Ley de Conservación de Espacios Naturales. Precisamente por eso,
en el recorrido que sigue la ley en el Congreso se llega a un acuerdo con
el resto de los grupos políticos en lo que es fundamental de esta Ley, y
que era lo que originaba los problemas competenciales, que es la
organización de los órganos de gestión. Efectivamente, hay un completo
acuerdo en la redacción del artículo 7, y esos órganos persiguen la
responsabilidad compartida de la gestión de todos los componentes de la
sociedad no sólo castellano-manchega, sino también nacional; se
establecen esquemas de colaboración con entidades nacionales e
internacionales; desaparece todo problema competencial y se establece un
cauce de participación autonómico y, sobre todo, local. (El señor
Vicepresidente Ortí Bordás ocupa la Presidencia.)
Hay que tener en cuenta que aprobamos en esta ley que en el Patronato
están los seis alcaldes de los ayuntamientos, y esos seis alcaldes,
señores Senadores, sí representan a todos aquellos ciudadanos que pueden
depender del Parque y tienen intereses en el Parque y en sus alrededores.
Y precisamente con ellos se podrá hacer después un plan de desarrollo
sostenible para la zona.
Por último, quiero felicitar --cómo no-- a quien fue durante doce años
Consejero del Gobierno de Castilla-La Mancha, que hoy ha presentado el
dictamen, que hoy está aquí sentado como Senador y que en su momento
adoptó la decisión, junto con el Presidente José Bono, de declararlo
parque nacional, para de este modo pasar de estar declarado --tal como
hizo el anterior Gobierno de UCD-- como campo de tiro a ser un Parque
Nacional, con todos los esquemas de protección que en este momento le
vamos a dar los Senadores.
Asimismo, debemos felicitarnos porque con esta declaración nos
aproximamos a ese 1 por ciento del territorio
dedicado a parque nacional que nos recomiendan las organizaciones
internacionales y que cuando se aprobó la Ley de Espacios Naturales nos
propusimos los socialistas. Con esta declaración, más otras que seguirán,
los socialistas intentamos llegar a ese objetivo electoral, tanto a nivel
autonómico como a nivel del Estado.
Muchas Gracias, señor Presidente (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Molina.
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en este turno para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular sobre el texto del dictamen y los votos
particulares que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, respecto al voto particular presentado a las enmiendas
números 8 y 14, tengo que decir que no ha habido ninguna justificación
por parte del Grupo Parlamentario Socialista que establezca ni legal ni
sensatamente lo que algún portavoz ha dicho en esta tribuna: que se tiene
que adaptar ese PORN. Nosotros no pedimos que se retire, lo que pedimos,
sencillamente, es que se elabore uno nuevo en un plazo razonable
adaptado, precisamente, a la situación actual, y ello porque creo que una
sentencia del Tribunal Constitucional, que cambia radicalmente la gestión
de los parques nacionales, es suficiente excepcionalidad como para que la
propia ley lo contemple.
Y dicho esto, paso a las enmiendas en las que se analizan los tres
aspectos que el Grupo Parlamentario Socialista plantea. Respecto al
primero, sobre el que ha pasado casi de puntillas el portavoz socialista
y que habla de los usos tradicionales, ha intentado decirse desde esta
Cámara que nosotros con tal de mantener los usos tradicionales estamos en
contra de la protección del parque nacional. Y, claro, cualquier persona
que no tenga el texto en la mano puede ir a esa conclusión.
Señorías, el artículo 2, Objeto, dedica seis puntos a los objetivos del
Parque. El primero, proteger la integridad de sus ecosistemas, que
constituyen una extraordinaria representación del bosque mediterráneo, y
el Grupo Parlamentario Popular y esta Cámara dicen sí. El apartado
segundo, asegurar la conservación y la recuperación, en su caso, de los
hábitats que lo forman y las especies que lo pueblan, y la Cámara y el
Grupo Parlamentario Popular dicen que sí. Tercero, contribuir a la
protección, el fomento y la difusión de los valores culturales que
conforman su historia, y decimos que sí. Cuarto, facilitar su
conocimiento y disfrute por los ciudadanos de forma que sea compatible
con su conservación, y decimos que sí. Y en el punto quinto, cuando habla
del desarrollo sostenible económico, decimos: ¿de qué han vivido las
miles de familias que viven en Cabañeros, no tienen derecho a seguir
viviendo, o es que se les va a privar de su fuente de ingreso
fundamental? Por ello, nosotros añadimos en este punto «y que se
mantengan esos usos tradicionales». Después hay otro apartado más:
aportar al patrimonio nacional, europeo y mundial una muestra
representativa, etcétera.
Por tanto, se trata de introducir un punto en un elemento fundamental, y
es que nos preocupa la gente que está viviendo, nos preocupan muchas
personas que han protestado en la calle diciendo: déjeme usted seguir
viviendo como estoy viviendo de esos ingresos, porque nosotros hemos
mantenido este parque durante tantos años. Esas familias no tienen otro
tipo de ingreso que no sean los usos tradicionales, ¿o es que van a venir
aquí ustedes a decir que les va a tocar la loto, que les va a tocar la
lotería o que a partir de ahora sueldos para todos, todos colocados?
¡Hombre, por Dios! Esas cosas no se pueden plantear. ¿O es que van a
crear un PER especial para esa zona? La gente quiere vivir dignamente con
un puesto de trabajo, y dignamente han vivido y dignamente tienen que
seguir progresando en su fuente de ingreso. Por eso lo incluimos, y ése
es el espíritu de nuestra enmienda. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Yo entiendo que eso evita que en algunos casos se pueda hablar del voto
cautivo que a ustedes tanto les molesta, pero lo que nosotros queremos es
que la gente tenga su sueldo digno y vote a quien le dé la gana, con un
sueldo digno. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Es evidente, como ha sido hasta la fecha, que esos usos
tradicionales son compatibles con la conservación del medio ambiente.
Vamos, porque no deja de ser interesante, al tema del número de
representantes.
El Grupo Parlamentario Popular ha introducido en todo el debate la
defensa de las competencias de las Comunidades Autónomas, y a usted,
señor portavoz socialista, que decía al representante del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió: si quiere
usted tres, vótenos, yo le digo: si quiere usted tres representantes,
firme esta enmienda transaccional, sólo falta su firma aquí. Con esta
firma habría tres representantes de ecologistas en ese Patronato.
Por tanto, no escuden ni ataquen esa responsabilidad, es responsabilidad
suya. Nosotros lo que decimos es que las asociaciones ecologistas con
representación y con competencia autonómica o comarcal, ¿son menos
ecologistas que otras? ¿Es que ustedes están diciendo que el
representante de Castilla-La Mancha no defiende el medio ambiente? ¿Que
los cuatro representantes de la Administración del Estado no defienden el
medio ambiente? ¿Que los autonómicos tampoco? ¿Que los representantes de
los ayuntamientos tampoco? ¿Que los representantes agrarios, que tienen
uno, tampoco defienden el medio ambiente? Es muy grave esa afirmación.
Nosotros hemos dicho: hagamos lo que está haciendo todo el mundo, lo que
están haciendo organizaciones representativas, partidos políticos y, lo
más importante, la propia Administración se tiene que descentralizar, y
son las Comunidades Autónomas, con organizaciones representativas de
allí, quienes conocen muy bien la realidad de la que estamos hablando en
Cabañeros y en los Montes de Toledo. Por eso le decíamos que fuera
comarcal, lo que sucede
es que ustedes desde el primer momento han empezado a atacar en esta ley
el posicionamiento nacional.
Señorías, quiero enseñarles una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso de los Diputados, que propone: El presidente
del Patronato será nombrado por el Gobierno de la nación, a propuesta del
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, oído el órgano competente
de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Esto lo tuvieron que rectificar
deprisa y corriendo luego en el debate. Aquí es donde se ve quién está
defendiendo a las Comunidades Autónomas. No se defienden simplemente en
declaraciones, se defienden en leyes concretas, como ésta, en la que se
demuestra que creemos en las Comunidades Autónomas y que tenemos fe
absoluta.
Lo que ya me sorprende totalmente es que dicen: ... ¿y eso de comarcal?
Como si estuviéramos hablando de una cosa rarísima. Los ayuntamientos,
los entes locales son los que tienen el origen histórico más importante
de todas las instituciones en nuestro país, y las comarcas son
asociaciones de ayuntamientos con intereses comunes. Fíjese usted qué
sorpresa cuando desde el Partido Socialista en Castilla-La Mancha nos
proponen una ley electoral, que se incluyan distritos comarcales para
elegir diputados regionales, y aquí, en una ley que es --entiendo yo--
menos importante, para poner uno o tres representantes ecologistas, nos
dicen: ¡Qué barbaridad! ¿Qué dice usted? ¿La comarca? Pero si dentro de
unos meses vamos a elegir a los representantes del pueblo por comarcas,
¿cómo me cuenta usted esta barbaridad? No hay quien les entienda.
Lo último que me falta por oír es que cuando se llega al tema de los
ayuntamientos, dicen: ustedes les van a quitar las competencias a los
ayuntamientos. ¡Esto ya es increíble!
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo Parlamentario
Socialista retiran la enmienda número 1, que dice lo siguiente: «Se
modifica el artículo 22.4 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales...», y habla de las corporaciones
locales para la propia gestión. Después manifiestan que hay una sentencia
del Tribunal Constitucional que establece la cogestión entre las
Comunidades Autónomas y entre la Comunidad o el Gobierno central, y
añaden: ¿quién está aquí afectando a los ayuntamientos? Nosotros ni los
hemos citado, nosotros estamos hablando de las comarcas.
Aquí el problema es que desde el primer momento no se ha querido entender
la realidad de la que estamos hablando. Estamos hablando de un parque en
el que deben tener una presencia fundamental las Comunidad Autónomas;
estamos hablando de la conservación del medio ambiente desde el agente
que tiene competencias; estamos hablando de dos posiciones, una, que deja
para la tribuna la defensa autonómica, y otra muy distinta la que deja
para los temas concretos la defensa autonómica.
La Directiva 92/43 --que ustedes parece ser que no se han enterado que
existe-- que habla de los convenios con los particulares, establece ya en
el principio que la protección del medio ambiente debe hacerse teniendo
en cuenta las exigencias económicas, sociales, culturales y regionales de
cada una de las zonas. Dice en uno de los artículos que debe ser el
convenio la fórmula mejor para adaptarlo. Y, fíjense, don Felipe González
ha firmado esta Directiva; no se ha trasladado a la legislación. No
estamos diciendo nada raro.
Pero es que, además, estamos hablando de un parque que en su 90 por
ciento está en manos privadas. ¿Ustedes qué pretenden? ¿Convertirlo en un
parque estatalizado, nacional o público? Quieren hacer una cosa que es
una barbaridad, y que voy a leer a todos los Senadores. Fíjense ustedes:
el Parque Nacional natural de Cabañeros en la parte pública, en la que es
propiedad pública, no privada, este año se va a autorizar que maten 1.200
reses --está publicado en este documento--. ¿Saben por qué? Por la
nefasta gestión. No sé cómo van a matar 1.200 reses --será con
ametralladora, no sé lo que van a hacer ustedes--, pero ¿éste es el
ejemplo de la gestión de un ente público? (Rumores.) Eso no se le ocurre
a nadie: sacan 1.200 reses para matar en un terreno de carácter público
--lo tengo en un documento que obra en mi poder--. Es increíble, y tal
vez lo que busquen ustedes sea repetir esas comidas de carácter político
que tienen tan habituales en los terrenos públicos. Hay una muy famosa
que ustedes recordarán (Fuertes rumores.), con la presencia de don Felipe
González, del juez Garzón y del señor Bono en el famoso fichaje. A alguno
le habrá sentado mal esa comida. (Fuertes rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Señor Molina, ruego que vaya
concluyendo.
El señor MOLINA GARCIA: Voy terminando, señor Presidente.
¿Eso es lo que pretenden? No. Nosotros tenemos una filosofía muy clara
desde el primer momento; jamás nos hemos opuestos a la protección del
Parque Nacional. Ha habido algunos, como ustedes, que han defendido un
campo de tiro y ahora defienden el Parque Nacional. Nosotros hemos venido
diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, hemos venido
defendiendo las competencias autonómicas y, en tercer lugar, y con esto
termino... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Ruego silencio a la Cámara.
Silencio. Atiendan al orador.
Señor Molina, su tiempo ha transcurrido en exceso.
El señor MOLINA GARCIA: Me gustaría terminar, si me permiten, diciendo
algo que me parece muy grave. Se ha dicho públicamente por dirigentes
políticos: Da igual lo que apruebe el Senado, que en el Congreso vamos a
cambiarlo. A mí me parece que este ejemplo, como representantes por
excelencia de los territorios que residen precisamente en esta Cámara del
Senado, de un partido político como el socialista diciendo que esto no va
a valer para nada, demuestra, desde el principio hasta el final, que la
filosofía de sus palabras son distintas a los hechos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.--Protestas en
los escaños del Grupo Socialista).
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señor Molina. (Los
señores Galán Cano y Barbuzano González
piden la palabra.) ¿Los señores Barbuzano y Galán solicitan la palabra en
función de qué artículo?
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Por el artículo 87, señor Presidente, porque
he sido discutido en mis argumentaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Si el Senador ha resultado
discutido en sus argumentaciones, tiene tres minutos en virtud del
artículo 87.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente, me sobran.
Nuestro Grupo no se considera responsable, en absoluto, de que el
proyecto de ley, como se ha dicho, salga con un representante de las
asociaciones ecologistas. Nuestro Grupo votó a favor del texto remitido
por la Cámara que decía: tres representantes de las asociaciones.
Imagínese usted, señor Presidente, y lo digo a efectos del «Diario de
Sesiones», si cada vez que un grupo parlamentario no firma una enmienda
transaccional es responsable de lo que la enmienda transaccional
pretende. Nada más que ésa era la argumentación que me habían discutido,
no digo quién. No es costumbre de nuestro Grupo entre grupos de la
oposición hacer estas cosas, sino con el Grupo que sostiene al Gobierno
que es lo parlamentariamente correcto.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Socialista.--El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a conceder primero la
palabra al Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, también pido la palabra por
el artículo 87, ya que me he sentido aludido en los argumentos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene un minuto.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Voy a tratar de ser breve.
En cualquier caso, señor Presidente, quiero manifestar, por supuesto, que
los responsables de que aparezca un representante ecologista en el
Patronato son los que han votado esa enmienda, no los que hemos votado
que hubiese tres representantes ecologistas. El colmo ya sería pretender
que el cántaro pagase la leche; es algo absolutamente fuera de razón. Por
tanto, cargue cada uno con la responsabilidad que tiene.
En segundo lugar, quiero decir al representante de Convergència i Unió,
que ha aludido a ello, que los representantes ecologistas no nos sentimos
dueños del medio ambiente. Ahora bien, somos los que con más ardor, los
que con mayor interés y los que sin duda alguna hemos defendido el Parque
Nacional de Cabañeros y hoy Cabañeros se está declarando Parque Nacional
porque allí ha habido ecologistas acampados durante mucho tiempo y porque
se ha desarrollado una lucha intensa y larga por ese parque. Por tanto,
hoy se declara Parque Nacional Cabañeros debido y gracias al movimiento
ecologista. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, estamos sustanciando la
última parte de un debate pedido, no programado. Pido silencio, por
favor.
Tiene la palabra el Senador Galán por el artículo 87. Tiene un minuto.
El señor GALAN CANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir al Grupo Parlamentario Popular que en el programa electoral
del Partido Socialista aparecía: Declararemos Parque Nacional a
Cabañeros; que en la declaración que se hace cuando se aprueba la Ley de
Espacios Naturales el Ministro dice: Declararemos Parque Nacional a
Cabañeros y que la dignidad con la que trabajan y quieren vivir los que
habitan en la zona se la deben preguntar a los seis alcaldes que cuando
han oído las enmiendas que introducía el Grupo Parlamentario Popular aquí
en el Senado han dicho que no permitirán que se apliquen esas enmiendas
para la gestión del Parque. (Aplausos en los escaños del Grupo
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, muchas gracias.
El Senador Ferrer tiene la palabra por un minuto, me imagino que por el
artículo 87.
El señor FERRER I PROFITOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero expresar mi satisfacción al representante de Izquierda Unida
por manifestar públicamente que las asociaciones ecologistas no se
consideran monopolizadoras del cuidado del medio ambiente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El minuto correspondiente al Senador Molina. Tiene la palabra.
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir al portavoz socialista que tiene usted razón; en el programa
electoral venía que Cabañeros iba a ser un parque nacional. Lo que no han
dicho es que a pocos kilómetros tienen ustedes un campo de tiro que está
en Anchuras y que ésa es la coherencia de su partido.
Muchas gracias. (Protestas en los escaños del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación...
(Rumores.)
Les aseguro, señorías, que a lo largo de la tarde tendremos más emociones
fuertes. Se pueden contener un rato. Les pido, por favor, de veras, que
podamos entrar en la votación con la seriedad que corresponde a esta
Cámara. Muchas gracias.
Vamos a someter a votación el voto particular número 1, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a
favor, 125; en contra, 127.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazado.
Vamos a someter a votación el voto particular número 2, del Grupo
Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 251; a
favor, 114; en contra, 135; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazado.
Vamos a someter a votación el texto del dictamen, artículos 1 a 11 y
disposiciones adicionales primera a cuarta. (El señor Martínez Sevilla
pide la palabra.)
Senador Martínez Sevilla, ¿por qué pide la palabra?
El señor MARTINEZ SEVILLA: Para pedir votación separada del texto del
dictamen, si es posible, del artículo 2, e), del artículo 8, f) y del
primer párrafo del apartado 2 del artículo 10. (El señor Garrido Avila
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra el Senador
Garrido.
El señor GARRIDO AVILA: Señor Presidente, también es para una petición de
votación separada, complementando lo que ha pedido el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto, en el sentido de que también nos referimos al
subapartado f) del apartado 2 del artículo 8, el objeto específico del
voto particular del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Primero vamos a someter a votación lo que ha sido anunciado en último
lugar, el subapartado f) del apartado 2 del artículo 8. (El señor Ferrer
i Profitós pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Ferrer.
El señor FERRER I PROFITOS: Señor Presidente, para una cuestión de orden.
Nuestro Grupo no quiere hacer cuestión de si se puede votar separando los
artículos, esa es función de la Presidencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Así es.
El señor FERRER I PROFITOS: Pero, para no confundirnos, lo que sí quiere
saber nuestro Grupo es si al final habrá votación del dictamen en su
conjunto. Si no, váyanos advirtiendo, por favor, de cuál es la votación
definitiva de cada parte del dictamen de la Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Habrá votación definitiva del
texto global. (Rumores.--Pausa.)
Vamos a suspender la sesión por cinco minutos.
Ruego a sus señorías que no se ausenten. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.--Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
La Mesa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento y por
mayoría, ha decidido someter a votación por párrafos, tal y como había
sido solicitado por dos grupos parlamentarios, el texto del proyecto de
ley de declaración del Parque Nacional de Cabañeros.
Vamos a someter, por tanto a votación, en primer lugar, antes de pasar a
someter el conjunto del dictamen, y solicito, en todo caso, auxilio de
los señores portavoces, el subapartado f) del apartado 2 del artículo 8.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a
favor, 128; en contra, 113; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sometemos a votación el primer párrafo del apartado 2 del artículo 10.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 253; a
favor, 249; en contra, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Sometemos a votación el artículo 8
apartado f). Se anula la votación. (Rumores en los escaños del Grupo
Popular.)
El señor Martínez Sevilla tiene la palabra.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, si es posible para la
ordenación del debate podría haber sido posible hacer toda la votación
separada de artículos en un solo bloque, pero en todo caso los que quedan
se pueden hacer en un único acto, es decir, el artículo 8 apartado f) y
el artículo 2 letra e).
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación el artículo 2, apartado e).
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a
favor, 246; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sometemos a votación el resto del articulado, disposiciones, anexos y
exposición de motivos del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a
favor, 251; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados. Por tanto, tal y como dispone el
artículo 90 de la Constitución se dará traslado a las enmiendas aprobadas
por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie
sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su
Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 38/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DE
IMPUESTOS ESPECIALES. PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 21/000092) (C. D.
121/000103.)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en
relación con el Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 38/1992, de
28 de diciembre, de Impuestos Especiales. ¿Algún miembro de la Comisión
va a hacer presentación del dictamen? (Pausa.)
El señor González Laxe tiene la palabra.
El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.
Por parte de la Comisión de Economía y Hacienda va a hacer la
presentación el Senador don Arseni Gibert.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El Senador Gibert tiene la palabra.
El señor GIBERT BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
El texto remitido por el Congreso de los Diputados del proyecto de ley
por el que se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, fue publicado el 28 de septiembre en el Boletín Oficial del
Senado. El día 29 dicho Boletín publicó una corrección de errores del
Congreso que quedó incorporada al texto. El proyecto de ley pretende
adaptar a la legislación española la Directiva 94/74 CE del Consejo de 22
de diciembre de 1994, conocida como segunda Directiva de simplificación
de impuestos especiales, así como clarificar algunos aspectos de
conformidad con los criterios interpretativos, emanados a nivel
comunitario después de dos años de aplicación del sistema determinado por
tres directivas de 1992.
El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 2 de octubre, y
dentro de él fueron presentadas seis: dos del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió y cuatro del Grupo Parlamentario
Popular. La tramitación del proyecto fue encomendada por la Mesa de la
Cámara a la Comisión de Economía y Hacienda, que nombró una Ponencia.
Esta elaboró un informe que fue rechazado en votación por la comisión
reunida en pleno el día 9 de octubre.
En aplicación del artículo 116.2 del Reglamento del Senado, se pasó a la
votación de las enmiendas, aprobándose la número 1 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y siendo
rechazadas las restantes.
El dictamen que la Comisión de Economía y Hacienda somete a la
consideración del Pleno es, pues, el texto remitido por el Congreso --con
corrección de errores incluida-- con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, aprobada
en Comisión.
Los grupos enmendantes han mantenido, mediante los correspondientes votos
particulares, la totalidad de sus enmiendas, cinco en total.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a abrir el debate de totalidad.
Turnos a favor y en contra. ¿Señores portavoces que deseen intervenir?
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, Presidente.
Voy a ser muy breve. Sólo deseo mostrar nuestra conformidad con el
dictamen de la Comisión y, por lo tanto, con el texto remitido por la
Cámara Baja.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Gracias, señor Presidente.
No han transcurrido todavía tres años y ya nos vemos en la necesidad de
actualizar algunos aspectos de esta ley. Recientes modificaciones
acaecidas en la normativa comunitaria dentro del marco de la llamada
armonización nos obligan a ello.
La Directiva 94/74 del Consejo de la Comunidad Económica Europea, de 22
de diciembre de 1994, ha modificado directivas anteriores relativas al
régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos
objeto del impuesto especial. Esta Directiva simplifica la aplicación del
impuesto y aclara los criterios interpretativos emanados desde la
Comunidad. Los conceptos de uso, como carburante o combustible, el
alcance de determinadas sanciones respecto a ciertos productos importados
que contienen alcohol y la tenencia de productos distintos de éste pero
que lo contienen, han quedado bien definidos y enmarcados.
El hecho de que a su paso por el Congreso fuera mínimamente enmendado el
proyecto y de que en el trámite que hoy nos ocupa sólo se hayan añadido
seis enmiendas ya dice por sí solo que el proyecto es poco discutible y,
por lo tanto, difícilmente enmendable.
Nuestro Grupo entiende que el proyecto es correcto, necesario y, desde el
punto de vista comunitario, obligatorio. En consecuencia, vamos a votarlo
afirmativamente al final de este último trámite.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Marca.
¿Algún otro señor portavoz desea intervenir? (Pausa.)
Entramos en el debate del articulado.
Voto particular del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convèrgencia i Unió a la enmienda número 2. ¿Se da por defendida?
Tiene la palabra el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Gracias.
Quiero hacer una pequeña aclaración, señor Presidente.
Después de que en el trámite en Comisión fuera aceptada nuestra enmienda
número 1, ya sólo queda para este trámite de defensa de las enmiendas la
número 2, que, con un texto prácticamente igual a la número 4 del Grupo
Parlamentario Popular, ha sido transaccionada y supongo que habrá llegado
a la Mesa.
Esta enmienda transaccional se refiere a la delimitación que la Directiva
del Consejo de las Comunidades Europeas hace respecto de los
hidrocarburos distintos de aquellos para los que se ha especificado un
nivel de impuesto especial, en este caso la tarifa 1.ª y se destinen a la
venta, se utilicen como combustible o como carburante.
En este caso se aplicará el impuesto correspondiente al tipo de
combustible o carburante equivalente, lo que nos parece justo. Esta
transaccional quedaría incompleta si no se aprobara la enmienda número 4,
del Grupo Parlamentario Popular, que da coherencia a lo que acabo de
exponer. Con ello creo que habremos contribuido a que este proyecto de
ley de modificación de la Ley de Impuestos Especiales quede mejorado y,
sobre todo, adecuado a las directivas europeas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas números 3 a 6, del Grupo
Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el Senador Escudero Sirerol.
El señor ESCUDERO SIREROL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo en este turno para defender las enmiendas a este proyecto de
ley que modifica los impuestos especiales y que tiene dos objetivos
especialmente declarados. El primer objetivo, que es el de incorporar
modificaciones normativas comunitarias, sólo lo consigue de una forma
parcial. Por ello, nuestras enmiendas números 5 y 6 pueden mejorar la
definición de instrumentos esenciales para la gestión del impuesto. El
segundo objetivo, que es el de perfeccionar algunos aspectos del
impuesto, no se consigue en absoluto; por el contrario, se produce un
importante retroceso que tratamos de subsanar con nuestras enmiendas
números 3 y 4.
En efecto, con este proyecto de ley se sujetan a gravamen y se declaran
después exentas operaciones relativas a productos que no van a ser
utilizados como combustible o carburante, aumentando las obligaciones
formales de fabricantes de lubricantes, de barnices y de otros productos
químicos que deberían estar excluidos. Por ello, nuestra enmienda número
3 dice: «Los hidrocarburos distintos de los especificados en la Tarifa
1.ª» --combustible y carburantes en sentido estricto--« estarán sometidos
al impuestos si se destinan al consumo o se ponen a la venta como
combustible o carburante. El tipo impositivo se fijará, en función de la
utilización, de acuerdo con el tipo aplicable al combustible o carburante
equivalente.» Aquellos que no son combustibles o carburantes, aunque sean
susceptibles de ser utilizados como tales, no pueden ser objeto del
impuesto.
La enmienda número 4 supone, en coherencia con la anterior, la exención
de aquellos productos que no van a ser utilizados como combustible o
carburante.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Escudero Sirerol.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a la tribuna, en primer lugar, para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista en contra de las enmiendas presentadas por los
Grupos de Convergència i Unió y Popular. Si me lo permiten, como cuestión
previa, quisiera puntualizar dos cosas. En primer lugar, como decía el
Senador Marca, que se trata de un proyecto de ley que viene a dar
cumplimiento a una directiva comunitaria de simplificación de estos
impuestos y, por tanto, nos obliga. Pero también diré que se ha
aprovechado este proyecto de ley para clarificar algunos otros aspectos
de la normativa de la reglamentación de este impuesto que, tras dos años
o más de actualización y de cumplimiento, parecían oportunos.
En ese contexto hay que indicar que esta modificación legislativa no
supone ninguna modificación de la carga tributaria y que sólo viene a
cubrir y a modificar determinados aspectos técnicos que están conectados
con la simplificación en el cumplimiento de las obligaciones formales de
estos impuestos.
Paso ahora a referirme puntualmente a las enmiendas. La número 3, del
Grupo Popular, coincidente con la número 2, del Grupo de Convergència i
Unió, pretende añadir un nuevo apartado, tratando de transcribir de forma
literal la Directiva europea. Sin duda, señorías, cualquier directiva
comunitaria tiene un carácter genérico de obligación, pero son los
Estados miembros los que tienen que adaptarla a sus normas tributarias. Y
en cuanto a la forma de aplicar esta Directiva en concreto --sobre todo,
después de la experiencia, como antes indicaba, de más de dos años de
cumplimiento de la norma--, se ha preferido hacerlo, no en un solo
precepto, recogido en un solo artículo, sino a través del engarce de
varios preceptos, recogidos en los Capítulos I y VII del Título I.
En el caso de esta enmienda, al traducir la expresión «estarán sometidos
al impuesto» a lo que es la técnica tributaria española, resulta un hecho
imponible combinado con diversos supuestos de exención en función del uso
del producto como carburante o como combustible. Señorías, la
transcripción literal que proponen los Grupos Popular y de Convergència i
Unió en sus enmiendas supondría dejar
al margen del ámbito objetivo de la ley --y, por tanto, que no puedan ser
objeto no sólo de la imputación del impuesto, sino de los posibles
beneficios de exención que pudieran devenir-- algunos productos; en este
caso, a los que no se utilizan como carburante o como combustible.
La propia Comisión Europea, al formular la Directiva de simplificación,
ha matizado los criterios que, con anterioridad, recogía el Decreto-ley
de 1993, y llega a la conclusión de que en la Tarifa 2.ª hay comprendidos
algunos productos --los sensibles-- que, por su idoneidad técnica para
ser usados como combustible o como carburante --y, por tanto, poder ser
una fuente de fraude--, no podían quedar fuera de los sistemas de
control. Eso ha exigido un reenfoque en la normativa española y, en
consecuencia, que se recogiera la norma en esta modificación de la Ley
38/1992, de Impuestos Especiales, en el sentido en que se hace. De ahí
que el Grupo Socialista vaya a votar en contra de estas enmiendas y, en
consecuencia, de la número 4, que viene a dar cumplimiento a la propuesta
por el Grupo Popular como número 3.
Por otra parte, Senador Escudero Sirerol, en cuanto a la enmienda número
5, que también pretende una transcripción literal de la Directiva, ya le
dije al Senador Utrera --ausente en estos momentos de la Cámara-- que al
adaptar la norma comunitaria a nuestro Derecho tributario hemos hablado
de dos tipos de depósitos fiscales: el de fábrica, que no sólo hace las
funciones de almacenamiento, envío y recepción, sino también la de
producción, y aquella otra titularidad de depósito fiscal «stricto
sensu», que no realiza operaciones de producción y, por tanto, tampoco de
fábrica. Pero ambos son depósitos fiscales, y no se trata más que de una
forma de gestionar el impuesto con mayor eficacia, pero totalmente
respetuosa con la norma comunitaria.
Con respecto a la enmienda número 6, que también plantea una trascripción
literal y entra en el campo de las definiciones, haciendo referencia a lo
que es el régimen suspensivo, tengo que decir que aceptar esta enmienda
implicaría suprimir de la ley una frase, que leo literalmente: En el que
habiéndose realizado el hecho imponible, es decir, la fabricación o la
importación, no se ha producido el devengo, es decir, la salida o fábrica
o depósito fiscal en el momento del consumo y, en consecuencia, no sería
exigible el impuesto.
Señorías, y se lo decía también al Senador Utrera en Comisión, salvo por
el deseo de la trascripción literal, no es entendible que se quiera
modificar este precepto, esta definición, que está perfectamente
traducida a la terminología tributaria del Derecho español.
Para terminar, les diré que las directivas no pueden trascribirse
literalmente al ordenamiento de cada país, sino traducirse a ese
ordenamiento y ser respetuoso con nuestras normas, dentro, sin duda, del
marco comunitario.
Por todo ello, vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas por
los grupos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Turnos de portavoces.
Tiene la palabra don David Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Está clarísimo, Senadora Pleguezuelos, que su
señoría o su asesoría jurídica ha hecho una interpretación de la
Directiva muy diferente a la nuestra. Sabemos que no hay ninguna
necesidad, ninguna obligación de transcribirla directiva y textualmente,
pero nosotros lo interpretamos tal y como lo hemos hecho en nuestra
enmienda. También lo ha interpretado así el Partido Popular. Por eso
hemos hecho la transaccional y vamos a votar en consecuencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Escudero.
El señor ESCUDERO SIREROL: Muchas gracias, señor Presidente.
Unicamente quiero hacer la observación de que uno de los objetivos
fundamentales del proyecto de modificación de Impuestos Especiales era el
de corregir el fraude y, desgraciadamente, tal y como va a quedar no se
va a conseguir.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
En efecto, Senador Marca, la interpretación que hemos hecho de la
Directiva, como su señoría plantea, se ha adaptado al ordenamiento
tributario español, pero debemos cuidar que los controles burocráticos,
siendo los mínimos, no sean fuente de fraude. Esa es la interpretación
que hemos hecho. Además, pensamos que crea un equilibrio adecuado entre
lo que fue la Directiva originaria de la Ley 38, la Directiva intermedia
que originó el Decreto-ley y esta última, que pone de manifiesto que en
los países de la Unión Europea se han detectado fraudes por este tipo de
productos sensibles al mismo.
Toda fuente de control debe ser prioritaria y así lo hemos interpretado.
Senador Escudero Sirerol, cualquier posibilidad de evitar que cualquier
contribuyente cometa un fraude es importante, entendiendo, sin duda
alguna, que posiblemente la lucha contra el fraude se manifieste desde
distintos puntos de vista para su Grupo y el nuestro. Por eso la
mantenemos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: No vamos a someter a votación la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, puesto que
está integrada, junto con la número 3, del Grupo Parlamentario Popular,
en la enmienda transaccional. ¿Es así, Senador Marca? (Pausa.) Entonces,
restan por votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números
4, 5 y 6. (El señor Marca i Cañellas pide la palabra.)
Senador Marca, tiene su señoría la palabra.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Le pido, por favor, votación separada de la
número 4.
El señor PRESIDENTE: Así se hará.
¿Alguna otra indicación? (Pausa.)
Votamos la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a
favor, 131; en contra, 110; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se someten a votación las enmiendas números 5 y 6. Se inicia la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 248; a
favor, 112; en contra, 110; abstenciones, 26.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Vamos a someter a votación la enmienda transaccional que suscriben cinco
grupos parlamentarios, con excepción del Grupo Parlamentario Socialista,
cuya redacción es la siguiente: Se añade un nuevo apartado al artículo
46, con la siguiente redacción: Los hidrocarburos distintos de aquellos
especificados en la Tarifa 1.ª estarán sometidos al impuesto especial si
se destinan al consumo, se ponen a la venta o se utilizan como
combustible o como carburante. El tipo impositivo se fijará en función de
la utilización, de acuerdo con el tipo aplicable al combustible o
carburante equivalente.
La sometemos a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a
favor, 137; en contra, 110; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación el texto del dictamen con las modificaciones
introducidas.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 249; a
favor, 248; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado y, tal como dispone el artículo 90 de
la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad
el Rey.
--DE LA COMISION DE INTERIOR Y FUNCION PUBLICA EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY SOBRE LA CREACION DE UN FONDO PROCEDENTE DE LOS BIENES
DECOMISADOS POR TRAFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS. (S.
621/000093.) (C. D. 121/000102.)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Interior y Función
Pública en relación con el Proyecto de ley sobre la creación de un fondo
procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador Barranco.
El señor BARRANCO GALLARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me cumple el honor de presentar ante este Pleno el dictamen de
la Comisión de Interior y Función Pública sobre el Proyecto de ley sobre
la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico
de drogas y otros delitos relacionados con el mismo. Es una ley que se ha
tramitado por la vía de urgencia, que entró en esta Cámara el día 28 de
septiembre y que se vio tanto en Ponencia como en Comisión el día 4 de
este mes. El dictamen ha sido aprobado por unanimidad, pero sigue
manteniendo vivas en este momento cuatro enmiendas: dos correspondientes
al Grupo Parlamentario Popular, una enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista y otra enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió.
Quiero resaltar, fundamentalmente en nombre de la Comisión --a cuyos
miembros, además, les agradezco la representación que me han otorgado--,
el grado de consenso que ha habido sobre este Proyecto de ley, así como
que responde a un problema real, concreto, posiblemente al factor de
quiebra más importante con el que se enfrenta la sociedad contemporánea,
que es la irrupción del tráfico y el consumo de drogas en nuestro país.
Es, por lo tanto, una exigencia del conjunto de la sociedad, que se
transforma para esta Cámara en una obligación moral y política.
Con la aprobación de este dictamen, por unanimidad, en la Comisión hemos
dado un paso importante para la lucha contra la droga en su faceta de la
prevención, de la asistencia a los toxicómanos y también en la
reinserción de toxicómanos y drogodependientes. Los destinatarios y los
beneficiarios de este fondo estatal, que se creará a partir de la
aprobación definitiva de esta ley, son el Plan Nacional sobre las Drogas,
pero también las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y las
ONG dedicadas a la lucha contra la drogadicción.
Por lo tanto, el Senado, con este acto, que espero que culmine con una
votación unánime de este Proyecto de ley, demuestra que no es indiferente
a este grave problema y pone también de manifiesto que hay problemas en
esta sociedad con los que no podemos convivir pacíficamente. Uno de ellos
es el problema de la droga.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Abrimos el debate de totalidad. ¿Qué señores portavoces desean hacer uso
de la palabra? (Pausa.)
No habiéndose sostenido enmiendas de voto, vamos a iniciar el debate del
articulado.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
dispone del tiempo para la defensa de la enmienda número 3.
Tiene la palabra el Senador Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
En este momento retiramos la enmienda citada y anunciamos que nuestro
Grupo intervendrá exclusivamente en el turno de portavoces.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Ardaiz, por el Grupo Parlamentario
Socialista, para la defensa de su enmienda número 1.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una sola enmienda a este
proyecto de ley; una enmienda meramente técnica que trata de mejorar la
redacción del apartado b), número 1, del artículo 3 del proyecto. Con
ella se trata de facilitar una más correcta aplicación de la ley en el
ámbito autonómico y en el ámbito local en relación con las organizaciones
no gubernamentales y las entidades privadas sin ánimo de lucro que operan
en los respectivos ámbitos territoriales que acabo de citar.
Por otra parte, señor Presidente, quiero anunciarle que vamos a pasar a
la Mesa de la Cámara una enmienda del mismo carácter que la anterior,
suscrita por todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ardaiz.
Grupo Parlamentario Popular, enmiendas números 4 y 5.
Tiene la palabra el Senador Escuin.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular mantiene dos enmiendas al
proyecto de ley que vamos a defender. Con una de ellas pretendemos una
composición diferente de los miembros que, según el proyecto, en su
artículo 4, conforman la Mesa de Coordinación de Asignaciones, órgano
colegiado que crea el proyecto para el cumplimiento de los fines que en
el mismo se relacionan.
Según el proyecto, la Mesa está compuesta por el Delegado del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas, tres representantes del Ministerio de
Justicia e Interior y otros tres del Ministerio de Economía y Hacienda.
La modificación que proponemos consiste en mantener los mismos miembros
que figuran en el proyecto, sustituyendo a uno de los tres representantes
del Ministerio de Economía y Hacienda por un representante de la
Intervención General del Estado e incorporando como nuevos vocales a un
fiscal de la Fiscalía especial para la Prevención y Represión del Tráfico
Ilegal de Drogas y a tres representantes de las asociaciones y
organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la
drogodependencia con mayor implantación nacional.
Si nos atenemos a la propia denominación de la Mesa, que es «de
coordinación de asignaciones» y a que en su actividad debe seguir los
criterios que anualmente acuerde el Consejo de Ministros, como así se
repite y se insiste en los últimos párrafos de sus artículos 4 y 6, se
configura esta Mesa no como un órgano decisorio, sino, más bien, como ya
hemos indicado, de coordinación, de asesoramiento, de información, de
consulta, pues esto, en definitiva, es lo que representa la propuesta de
iniciativas que la Mesa hace al Consejo de Ministros anualmente para la
adopción de los criterios en su actuación.
El proyecto de ley crea un fondo de bienes para distribuirlos y ser
utilizados en programas de prevención de toxicomanías, asistencia a
drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos. Por ello
parece obvio --diría más, nos parece indispensable-- la incorporación de
quienes, indudablemente, tienen una larga experiencia, competencia y
especial interés en estos temas; además, los que son más afectados, los
que sufren las consecuencias del consumo de drogas, que no son otros,
claro está, que las asociaciones y organizaciones no gubernamentales, son
también los que, a la postre, necesitan mayores recursos económicos para
poder seguir su humanitaria labor. (El señor Vicepresidente Rigol i Roig
ocupa la Presidencia.)
De otro lado, estimamos que la futura ley será más eficaz en su
oportunidad y acierto si en el proceso de iniciativas de la mesa de
coordinación todos los diferentes sectores que intervienen en el mundo de
la droga pueden dar su opinión, pueden formular sus propuestas.
Así, pues, se puede alcanzar la perseguida coordinación y conocer todo el
amplio campo de acción donde es necesario actuar. Con la distribución de
fondos es igualmente necesaria, cómo no, la colaboración de las
organizaciones y asociaciones que ya hemos citado y que pretendemos se
incorporen a este órgano colegiado. Tenemos que recalcar que este proceso
legislativo, este proyecto de ley nace a instancias de las organizaciones
no gubernamentales, a las que precisamente el proyecto excluye sin
considerar, aunque parezca inaudito, lo mucho que pueden aportar, aunque
sólo sea a nivel de propuesta.
Nos resulta difícil pensar que esta exclusión pueda obedecer a recelos o
desconfianzas para dejar toda la iniciativa únicamente en los
representantes de los ministerios y en el Delegado del Gobierno, para que
todo, en definitiva, controlado por el Gobierno, no sólo en la decisión,
sino hasta en la iniciativa de las propuestas de distribución de fondos.
Nos es difícil pensar en ello, pero así parece ser, más aún todavía
cuando no encontramos argumentos convincentes que nos puedan demostrar lo
contrario.
Ningún recelo para el Grupo Parlamentario Popular inspiran las citadas
asociaciones u organizaciones, más bien todo lo contrario. Por las
razones expuestas las consideramos absolutamente indispensables, porque
su ausencia puede, incluso, provocar un fracaso de esta ley, un fracaso
que en modo alguno nos gustaría se produjera, todo lo
contrario. Nuestro Grupo valora muy positivamente este proyecto de ley y
esta enmienda que defendemos aspira, simplemente, a mejorar este
proyecto, a que sea un éxito en el momento en que nazca y se aplique.
Por las mismas razones expuestas, consideramos que si beneficiario en la
distribución de fondos es la Fiscalía Especial para la Prevención y
Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, es oportuno, para prestar la
debida información de las necesidades de la Fiscalía, que figure en el
seno de la mesa un representante perteneciente a la Fiscalía Especial.
Igual sucede con la representación de la Intervención General del Estado
para poder desempeñar mejor su labor de control en la actividad del
fondo.
La otra enmienda que mantenemos --con esto acabo, señor Presidente-- es
de adición a la disposición adicional primera, punto 2. Pretende añadir
al final de este punto el siguiente texto: «En ningún caso se incluirán
los gastos derivados de la aprehensión, tanto ocasionados a la
Administración General del Estado como a otras Administraciones Públicas,
así como tampoco los ocasionados por la venta en pública subasta de los
bienes.»
Queremos que se imputen los menores gastos posibles a este fondo para que
la mayoría de ellos puedan dedicarse al fin primordial que debe perseguir
esta ley, que para nosotros es la asistencia a los drogodependientes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) El Senador
Codina tiene la palabra.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, para posicionarme tanto respecto a la
enmienda que ha defendido el Grupo Parlamentario Socialista, como de las
dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y para dar una breve
explicación de por qué hemos retirado nuestra propia enmienda. Antes
quiero decir que es una ley que nos complace y, tal como se ha dicho por
parte del Senador Barranco cuando ha presentado esta iniciativa, ha sido
una ley que desde primera hora ha sido querida por todos; es una ley que
se va a aprobar por unanimidad y el interés que han demostrado todos los
miembros y, por tanto, los diferentes grupos de la Cámara, demuestra la
sensibilidad que sienten y recogen en torno a un problema tan difícil
como es el de la droga.
La finalidad de esta Ley es conseguir mayores fondos para la lucha y la
represión del tráfico de drogas, en beneficio de los drogadictos y de la
sociedad en general que está padeciendo una situación difícil. Como hasta
este momento no ha habido las suficientes aportaciones en los
Presupuestos Generales del Estado, se han querido destinar unos dineros,
como materia finalista, que se recogerán de la venta de cualquiera de los
elementos que se hayan podido decomisar, para la lucha contra la droga.
Dicho esto, querría comentar, muy brevemente, las enmiendas que, por este
orden, han sido presentadas por el Grupo Socialista. Yo no creo, Senador
Ardaiz, que la enmienda del Grupo Socialista sea una enmienda de orden
técnico, y usted la ha comparado con la que hace un momento ha entregado
a la Mesa y que hemos firmado todos los Grupos. Es posible que usted
entienda que sea así; yo creo que usted entienda que esto sea así. Pero
nosotros hemos tenido alguna experiencia negativa cuando estas entidades,
especialmente las organizaciones no gubernamentales que tienen su sede,
para entendernos, en un territorio determinado en una Comunidad Autónoma
--en este caso puedo hablarle de la nuestra, de Cataluña, porque,
lógicamente, es la que conozco con mayor profundidad--, han pretendido
conseguir «beneficios», entre comillas, por el hecho de que su acción va
más allá de su propio territorio y se incluye en otras Comunidades
Autónomas del Estado español, pues no han sido calificadas como
organizaciones que puedan actuar en el resto del Estado. Es una
experiencia práctica que seguramente no tiene ninguna lógica, pero le
puedo decir que en Cataluña, concretamente, la asociación APPS,
organizada por padres de niños y niñas disminuidos, han tenido este tipo
de dificultades.
A nosotros nos ofrece más garantía el texto tal como ha venido del
Congreso que con las enmiendas que ustedes pretenden introducir, y que
introducirán, porque ya se debatió en el seno de la Ponencia y en el de
la Comisión que saldrá con los votos de su Grupo y del Grupo Popular. Con
ese mismo respeto que yo le tengo a su voluntad de creer que es una
enmienda técnica, espero que ustedes también entiendan que nosotros
tengamos un cierto recelo y que estimemos, tal como he anunciado, que el
texto tal como venía del Congreso de los Diputados tiene mayor garantía
que con la introducción de la enmienda. Se lo digo sin ningún ánimo de
debate, sino porque, tal como viene redactado, nos parece mucho mejor.
Con respecto al Senador Escuin, y a la defensa de sus dos enmiendas,
quería comentarle respecto a la primera, que hace referencia a la
ampliación de los miembros de la Mesa, que si usted plantea una
ampliación de los miembros que la componen, posiblemente cada uno de los
Grupos hubiéramos tenido también la posibilidad de, forzando un poco la
imaginación, proponer a otros miembros representantes de otras entidades
o de otros estamentos. No digo que sea malo, pero pienso que con la
garantía que se ofrece en el proyecto de ley es suficiente, aunque usted
ha marcado más el acento en la representación de las organizaciones no
gubernamentales en esa Mesa.
Creo que el texto del proyecto, tal como ha entrado en el Senado
procedente del Congreso de los Diputados, en su artículo 3, garantiza una
de las fórmulas para poder adquirir este beneficio que van a conseguir
las organizaciones no gubernamentales a través del fondo.
Ustedes, los socialistas, y nosotros hemos dicho muchísimas veces --cada
vez que sale este tema lo repetimos desde la tribuna-- que debemos darles
fuerza para que puedan trabajar, y muchas veces ha sido así. Gracias a
muchas de estas organizaciones no gubernamentales se ha podido atacar no
sólo el problema de la droga, sino que si nos
adentráramos en el campo de los servicios sociales, por ejemplo, gracias
a estas organizaciones se ha suplido muchas veces esta carencia y han ido
mucho más allá de su obligación.
La ley lo recoge en su artículo tercero; usted tiene la pretensión de
que, además, estén representados en la Mesa. Posiblemente no sobraría,
pero seguramente convendrá conmigo en que también podríamos hacer
propuestas de otras organizaciones que pudieran estar representadas. Por
lo tanto, nuestro interés está en que esté garantizado el destino de los
fondos, que sea posible aplicarlos a las ONGs, y con esta garantía nos
parece que no es necesario que se amplíe la Mesa.
En cuanto a su última enmienda, tengo que confesarle que lo hemos
debatido en el seno de nuestro propio Grupo y en algún momento hemos
pensado que usted tenía razón; que era mejor garantizar que no hubiera ni
una sola peseta que se distrajera para hacer aquellas cosas que se tienen
que hacer a través de otras propuestas presupuestarias. No sería
necesario que esto se detrayera de los fondos, pero no es menos cierto, y
usted también me lo reconocerá, que ésta es una enmienda que viene
repescada, por así decirlo, del Congreso --cosa absolutamente normal,
para eso está esta Cámara, para intentar corregir todas estas cuestiones
que se puedan haber escapado en la Cámara baja-- y que fue transaccionada
por todos los grupos, garantizando que no más allá del 50 por ciento de
esta recaudación se aplicaría para estos gastos que en un momento
determinado, según quien aplique la ley, podrían derivarse.
Por lo tanto --y con esto termino, señor Presidente--, por ser
respetuosos con una enmienda que fue transaccionada y negociada --y
negociada quiere decir renunciando unos y otros a sus planteamientos para
intentar llegar a acuerdos mayoritarios-- con ese espíritu, señor
Presidente, he anunciado que retiramos nuestra enmienda, por respeto a
unos acuerdos que hubo en su momento. Yo encuentro absolutamente lícito
que ustedes hoy intenten repescar aquello que fue su voluntad, pero
basándome en este compromiso que hubo en el Congreso, nosotros retiramos
nuestra enmienda que iba por el mismo camino, no en el mismo tema, pero
sí en el mismo procedimiento, e invitaríamos a su señoría a que
reflexionara y estudiara la posibilidad de no someterla a votación.
Señor Presidente, muchas gracias. Señorías, gracias por su atención.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Codina.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Ardaiz.
El señor ARDAIZ EGÜES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, aunque la verdad es que es poco lo que puedo añadir a lo que
han manifestado los portavoces de los grupos parlamentarios por la casi
total coincidencia que existe respecto a los contenidos de este proyecto
de ley, tengo la obligación de expresar la posición de mi Grupo
parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, tanto respecto a la
propia ley, como a las enmiendas y a algunas de las manifestaciones que
se han realizado al aire de enmiendas retiradas por otros grupos
parlamentarios.
De todas formas, vaya por delante la expresión de mi agradecimiento tanto
al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, aunque no haya intervenido,
como al Grupo de Convergència i Unió, porque retiraron sendas enmiendas,
el primero en el trámite de Comisión y el segundo en este acto que hoy
celebramos. Este agradecimiento quisiera extenderlo también al Grupo
Parlamentario Mixto y al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos porque los cuatro grupos parlamentarios han respetado la
unanimidad que este proyecto de ley obtuvo en el trámite del Congreso de
los Diputados. Y han hecho algo más, algunos incluso han renunciado a
rescatar algunas de las enmiendas que allí se retiraron en favor de las
enmiendas transaccionales que se aprobaron por unanimidad.
De todos modos, señor portavoz de Convergència i Unió, mi buen amigo
Codina, yo entiendo su recelo cuando modificamos palabras o conceptos
tales como ámbito autonómico que es de lo que se trata en nuestra
enmienda, pero también le digo, y creo que lo ha recogido bien en su
manifestación en la tribuna, que nuestra intención con esa modificación
no es de ningún modo dificultar la aplicación de la ley, sino facilitarla
precisamente en el ámbito autonómico y local. Ya sé que no duda de
nuestra buena fe, pero por si además de ese recelo que ha manifestado
dudara, yo le garantizo que si trae alguna vez aquí la demostración de
que precisamente la modificación que se opera con esta enmienda
dificultara las relaciones en las Comunidades Autónomas con los
ayuntamientos locales, con las organizaciones no gubernamentales, que es
de lo que se trata, la iniciativa que usted traiga aquí la propondré para
que en mi Grupo parlamentario se apruebe.
Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular anuncio el voto
de mi Grupo en contra de la enmienda que plantea la representación en la
Mesa de Adjudicaciones a tres organizaciones no gubernamentales porque
crearía ciertamente, y algún portavoz lo ha expresado así también, nuevos
problemas que actualmente la ley no produce, ya que las tres
organizaciones no gubernamentales afortunadas que propone el Grupo
Parlamentario Popular decidirían el reparto del fondo del resto de las
organizaciones no gubernamentales y entidades privadas sin ánimo de lucro
que existen en nuestro país.
Por otra parte, yo he sentido un cierto tufillo de incongruencia o de
incoherencia en esa propuesta porque se solicita que estén presentes
organizaciones gubernamentales y un representante de la Fiscalía General.
Y yo me pregunto, ¿por qué no el resto de los beneficiarios? ¿Por qué no,
por ejemplo, representantes de las Comunidades Autónomas que son uno de
los beneficiarios? ¿Por qué no representantes del servicio de vigilancia
aduanera, o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o de otros organismos
que se citan en el proyecto de ley y que, sin embargo, ustedes no recogen
en la enmienda? No me puede negar usted que hay una cierta incoherencia
en decir que sería bueno que participaran en la Mesa de Adjudicación unos
de los beneficiarios y rechacen ustedes que participen otros, sin
mayor razón que aquella que ha manifestado aquí, que es la de que las
organizaciones no gubernamentales hacen un buen trabajo en esta materia.
Ciertamente estoy de acuerdo con ustedes en eso, pero en nada más.
Vamos a votar también en contra de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular que pretende excluir de las finalidades del fondo los gastos de
aprehensión de drogas. Y la razón es evidente, señorías, éste es un
proyecto de ley que quiere dejar patente y hacer bien visible ante los
ciudadanos que el dinero que se decomisa a los narcotraficantes va a
parar a un fondo que se dedica a combatirles precisamente a ellos y al
daño que su actividad ilegítima e ilegal produce.
Esta ley a fin de cuentas, porque había otros mecanismos que podían
producir efectos similares en cuanto a la captación de los fondos, es un
rearme moral para todos aquellos hombres y mujeres que, con evidente
esfuerzo, realizan un trabajo, bien sea persiguiendo narcotraficantes,
bien sea asistiendo a los drogodependientes. Por eso, desde ahora
renunciamos a tomar parte en un debate que, a nosotros al menos, nos
parece absolutamente estéril acerca de si los destinatarios del fondo que
se creará por la ley han de ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado con competencias en materia de narcotráfico o las organizaciones
no gubernamentales que desarrollan labores de reinserción y
rehabilitación de drogodependientes.
Tampoco tiene ningún sentido para nosotros plantear un debate tan
improductivo como el anterior, sobre si entre los fines a que ha de
destinarse el fondo deben contemplarse en exclusiva los programas de
prevención y asistencia o también la investigación y persecución de los
delitos de tráfico de drogas y conexos con él.
Lo sustancial para nosotros, señorías --y con esto termino--, es que
quede palmariamente claro para los ciudadanos y, sobre todo, a los ojos
de los ciudadanos que más comprometidos están en la lucha contra la
droga, sean estos polícias o sean voluntarios sociales, a todos a ellos,
que los bienes incautados a esos narcotraficantes, a esos comerciantes de
la muerte se van a dedicar precisamente a incrementar los recursos
--siempre escasos, por cierto-- de los que tanto unos como otros
disponen.
Esto es lo sustantivo de la Ley, sobre lo que se fraguó la unanimidad en
el Congreso de los Diputados, y ésas son las razones por las que vamos a
votar en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Ardaiz.
Tiene la palabra el Senador Escuin.
El señor ESCUIN MONFORT: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, voy a contestar en este turno de portavoces a las
afirmaciones que ha hecho el digno representante de Convergència i Unió,
el Senador señor Codina.
El señor Codina nos dice en cuanto a la primera de nuestras enmiendas
que, además de las asociaciones no gubernamentales, podrían incluirse en
un proceso --que no ha explicado cuál podría ser-- otras organizaciones.
Podrían estar muchas de ellas incluidas en esta mesa de coordinación, y
nosotros preguntamos por qué no lo han manifestado. Tenía tiempo
suficiente para pedir, a través de enmienda, concretamente qué
organizaciones, representaciones e instituciones podrían estar en esa
mesa de coordinación. Por tanto, como no existe ninguna enmienda al
respecto, no tengo por qué hacer referencia nada más que a lo que pedimos
en las nuestras, lo cual es muy concreto: Pedimos tres representantes
como vocales que representen a asociaciones y organizaciones no
gubernamentales y hemos explicado muy claramente las razones para ello.
También el mismo proyecto, en su disposición final, establece para este
órgano colegiado las normas de funcionamiento y cómo se desarrollará.
Pero entendemos que es nefasto para cualquier proyecto de ley alejar a un
órgano como éste, que es solamente de iniciativa de propuestas. Insisto
en que no va decidir nada, que la decisión la tomará el Consejo de
Ministros. Propondrá en nombre de quién, a quién representan estas
organizaciones y asociaciones. Estas no representan al Gobierno,
representan a los que más necesidad tiene de fondos, a las familias que
están sufriendo las consecuencias de la droga, a los que no tienen
dinero. Este dinero que han conseguido los traficantes de droga y que, a
través de sentencias firmes, va a ser decomisado tiene que ser devuelto a
los que sufren las consecuencias.
He dicho --repito-- que este proyecto de ley nace precisamente porque
estas organizaciones y asociaciones presionaron --todos pudimos verlo en
los medios de comunicación-- para que los bienes inmuebles de los
narcotraficantes volvieran, a través de la ejecución de las sentencias, a
estas asociaciones para poder cumplir un fin fundamental; no exclusivo,
no el único. Hemos dicho que es fundamental porque es el que más fondos
necesita para las labores de asistencia y de inserción de los
drogradictos.
Con esto termino, porque no quiero discutir lo que no existe. Discuto las
enmiendas que he presentado, señor Codina, nada más. Usted hubiera podido
presentar las que hubiese querido y entonces las hubiéramos discutido.
Entiendo y mi Grupo entiende que estas asociaciones y organizaciones
deben estar en el nivel de iniciativa, que, en definitiva, es
orientación, consulta e información al Consejo de Ministros, para que
éste adopte mejores decisiones, porque nosotros queremos que esta Ley sea
eficaz. Estamos con esta Ley y ya les anuncio nuestro voto favorable a la
misma. Pero lo que tiene que hacer un grupo parlamentario no es alabar la
labor de quien ha redactado este proyecto sino exponer sincera y
honestamente criterios para mejorar esta Ley.
Nosotros, honestamente, con estas enmiendas no queremos criticar la ley
sino mejorarla; queremos que sea más eficaz. pero, desde luego, con la
opinión de estas organizaciones y asociaciones, consideramos que será
mucho más eficaz este proyecto y no como está ahora, que todo se guisa y
se come única y exclusivamente por el Gobierno tanto a nivel de
iniciativa como a nivel de decisiones.
En cuanto a lo demás, señor Codina, no quiero referirme a los debates que
han tenido lugar en el Congreso de
los Diputados. Solamente le diré que nosotros queremos que figure
explícitamente en el proyecto de ley que no se imputarán al fondo los
gastos derivados de la aprehensión y ejecución de los bienes.
Precisamente se llegó a esta transacción también por una enmienda del
Grupo Socialista en la que pedía expresamente todo lo contrario, es
decir, que se incluyera, pero el espíritu de la transacción se rompe al
no admitir que quede claro este concepto y no incluirlo en la ley.
Si se lee la letra a) del apartado 2 del artículo 2 puede verse que,
según ese texto, sí que se pueden emplear fondos destinados a la
investigación. Es decir, si por un lado pretendemos que no haya gastos
por la aprehensión pero, por otro, aprobamos que haya gastos para la
investigación, no habremos conseguido el espíritu de la transacción. Por
eso, para conseguirlo sin que haya ninguna duda ni ninguna incoherencia
--hemos reflexionado muy bien, señor Codina, lo hemos pensado muy bien,
no hacemos las enmiendas al tuntún--, hemos pedido que clara y
explícitamente se respete aquel principio de acuerdo que se plasmó en la
transacción.
Con esto creo haber contestado a las críticas siempre amables, siempre
correctas de nuestro compañero el Senador señor Codina.
Por lo que respecta al Portavoz del Grupo Socialista, creo que valdrían
los mismos argumentos.
Pienso que en la Mesa de coordinación de asignaciones, órgano de
iniciativa, podrían haberse incluido las que ustedes hubieran querido.
Insisto en los mismos argumentos. Yo defiendo mis enmiendas y ustedes me
critican lo que yo digo y no lo que pudiera ser, ya que lo que pudiera
ser no se discute en estos momentos. Se discute lo que es y lo que es es
nuestra enmienda.
Respecto a los demás argumentos, señor Ardaiz, yo no digo que con estos
fondos se den medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Yo
no he dicho eso. Lo que nosotros queremos es que no se detraigan fondos
para los gastos de aprehensión, de investigación y de ejecución. En
cuanto a lo demás, estamos totalmente de acuerdo en que haya fondos.
Yo espero que con esta ley no se disminuya uno de los programas que
normalmente debatimos en los presupuestos generales del Estado, el de las
actuaciones policiales contra la droga, al igual que esperamos que el
Plan Nacional contra la droga no se reduzca. Confiamos que estas
cantidades que debían estar en los presupuestos no se reduzcan con lo del
fondo, porque en ese caso este proyecto de ley sería una carcasa fabulosa
en favor --y así lo dice el artículo 2 en uno de sus fines, primero se
refiere a la rehabilitación de los toxicómanos y a su reinserción
social-- de que se consigan fondos evitando que en los presupuestos se
consignen las cantidades que necesitan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.
Mi Grupo Parlamentario quiere --y con esto termino-- que los perjudicados
por las drogas, que son --insisto en ello-- las asociaciones y
organizaciones no gubernamentales, tengan dinero suficiente para poder
cumplir sus humanitarios fines. Nada más y nada menos.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Escuin
Monfort.
Vamos a llamar para las votaciones. (El señor Codina i Castillo pide la
palabra.)
¿En función de qué solicita la palabra, Senador?
El señor CODINA I CASTILLO: En función del artículo 87 del Reglamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Son las palabras mágicas.
Tiene un minuto para intervenir.
El señor CODINA I CASTILLO: Senador Escuin, hoy me ha hecho sentir usted
casi miembro del Gobierno porque ha dedicado muy buena parte de su
intervención a contradecir mis argumentos o mis comentarios --no han
llegado a ser argumentos-- respecto a sus dos enmiendas.
He pedido la palabra porque usted ha puesto en mi boca algo que yo no he
dicho y, en todo caso, lo quiero aclarar. He defendido el texto de la Ley
tal como venía y he pedido la reflexión de por qué no se podían haber
incluido también otras, simplemente como ejemplo. He defendido que nos
parecía mucho mejor como estaba, y le he comentado que existían unas
propuestas hechas por su señoría que podían haber sido otras, pero yo no
podía hacer otras porque estaba convencido de aquello que ya estaba
escrito...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, el minuto ha pasado ya.
El señor CODINA I CASTILLO: Simplemente quería hacer esta aclaración.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones.
Sometemos en primer lugar a votación la enmienda número 1, del Grupo
Parlamentario Socialista, correspondiente a su voto particular también
número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 251; a
favor, 235; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Del Grupo Parlamentario Popular resta someter a votación las enmiendas
números 4 y 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 251; a
favor, 116; en contra, 130; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Doy lectura a la enmienda que han suscrito los seis grupos parlamentarios
referida al artículo 3.1 b). En lugar de «corporaciones locales» debe
decir «entidades locales». ¿Se puede entender que la Cámara lo aprueba
por asentimiento? (Pausa.) Así se declara.
Vamos a someter a votación el dictamen con las modificaciones
incorporadas en un sólo acto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 254; a
favor, 254.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución se dará traslado al
Congreso de los Diputados de las enmiendas aprobadas por el Senado para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción
definitiva por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY DE
ORGANIZACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS. (S. 622/000005.)
(C. D. 124/000002.)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión Constitucional en relación
con la Proposición de ley de organización del Centro de Investigaciones
Sociológicas.
Señor Presidente de la Comisión Constitucional, tiene la palabra.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
La Comisión tuvo a bien delegar en el propio Presidente de la Comisión
para presentar el dictamen.
El señor PRESIDENTE: Su señoría tiene la palabra.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
El 18 de noviembre del año 1993 se publicó en el Boletín Oficial de esta
Cámara una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular del Senado,
denominada de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas. A
esta iniciativa del Grupo Popular no se presentó ninguna proposición de
ley alternativa y, por consiguiente, fue sometida directamente al trámite
de toma en consideración por el Pleno del Senado. La proposición de ley
fue tomada en consideración en la sesión del 9 de febrero de 1994, por
234 votos a favor y una abstención, por lo que fue remitida al Congreso
de los Diputados para su ulterior tramitación.
El Congreso de los Diputados tramitó esta iniciativa del Senado,
introduciendo una serie de modificaciones en el texto y procediendo en
sesión plenaria, del día 22 de junio de 1995, a la aprobación del que
posteriormente fue remitido al Senado.
El texto aprobado por el Congreso de los Diputados fue publicado en el
Boletín Oficial de esta Cámara el pasado día 27 de junio, abriéndose el
correspondiente plazo de presentación de enmiendas. Diez fueron las
enmiendas presentadas, de las que tres correspondían al Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y siete al Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria. La Ponencia, integrada por los
Senadores don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió; don Esteban González Pons, del Grupo Parlamentario
Popular; don José Juan Cardona, del Grupo Parlamentario Popular; don
Francisco Moreno Franco, del Grupo Parlamentario Socialista, y don
Lorenzo Selas Céspedes, del Grupo Parlamentario Socialista, acordó en su
informe no introducir por el momento modificaciones en el texto aprobado
por el Congreso de los Diputados.
La Comisión Constitucional se reunió el pasado día 25 de septiembre para
dictaminar esa proposición de ley y en este trámite sí que se
introdujeron varias modificaciones en la proposición de ley en aras de
conseguir el mayor consenso posible sobre un asunto cuya naturaleza lo
requiere.
Las principales modificaciones introducidas por la Comisión son las
siguientes: en el artículo 3 se introduce un nuevo apartado b) en el que
se determina que dentro de las funciones de CIS está la de realizar
estudios que contribuyan al conocimiento científico de la realidad social
de las diferentes Comunidades Autónomas cuando esto proceda.
En el artículo 4 se modifica el inciso final para establecer que el CIS
deberá, en el primer trimestre de cada año, elevar a las Cortes Generales
una memoria relativa a la ejecución del programa correspondiente al
ejercicio precedente, relación que alcanza una concreción temporal mayor
que la establecida en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
En el apartado 5 del artículo 6 y en el artículo 7 se establece en qué
casos el Centro deberá también poner en conocimiento de las asambleas
legislativas de las Comunidades Autónomas los trabajos y las encuestas
que hubieren realizado.
Quisiera resaltar la unanimidad de todos los Grupos en la aprobación de
este dictamen consecuencia del alto grado de acuerdo al que llegaron sus
portavoces, a los que quiero públicamente felicitar por sus esfuerzos de
consenso, probablemente como consecuencia de estos esfuerzos no se han
presentado votos particulares al dictamen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Abrimos el debate de totalidad.
¿Señores portavoces que desean hacer uso de la palabra?
Tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, Presidente.
Voy a ser muy breve. Sólo deseo decir que durante la tramitación en la
Cámara Baja de esta ley se hizo un tremendo esfuerzo entre todos los
grupos para consensuarla, exactamente igual que el que hicimos aquí en el
Senado. Unas enmiendas que presentamos y que tenían un contenido
evidentemente autonómico fueron de alguna forma incorporadas y, en aras
del consenso total y para que la ley saliera completamente verde en su
votación en el panel, retiramos las otras, pues no tenía mucha enjundia
el mantenerlas. Por lo tanto, encontramos realizados nuestros deseos
dentro del texto que ha salida de la Comisión, por lo que nos
congratulamos y felicitamos a todos los grupos por el esfuerzo realizado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Sanz.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición de ley de organización del Centro de
Investigaciones Sociológicas, lejos de ser una norma de contenido
exclusivamente técnico, como a primera vista pudiera parecer, contiene
una importante carga política, pues afecta a la información en aspectos
de tanta relevancia pública como es, por ejemplo, la realización de
encuestas o sondeos electorales, de la cual, en tiempos no tan lejanos,
se ha llegado a hacer por el Ejecutivo un uso partidista, vulnerando con
ello los principios de neutralidad, objetividad e igualdad en el acceso a
los datos de ese organismo autónomo que conocemos con el nombre de CIS o
Centro de Investigaciones Sociológicas .
De todos es sabido que una ley, por buena que sea, no sirve de mucho si
se aplica con criterios torcidos, por lo que no puedo asegurar que esta
proposición de ley ponga fin al uso de la información privilegiada. Pero
es lo cierto que, por lo menos, crea los instrumentos precisos para hacer
más difícil un uso anómalo de la información compuesta por los estudios y
bases de datos del propio Centro de Investigaciones Sociológicas. De esta
forma, el Centro debe elevar a las Cortes Generales la relación
circunstanciada de los trabajos finalizados, según dispone su artículo
6.5, así como un avance de los resultados de las encuestas que se
refieren a intención de voto, valoración de partidos y valoración de los
líderes políticos, tal y como reza su artículo 7.º, con la adición de la
obligación de poner en conocimiento --y aquí, a nuestro entender, viene
la gran novedad de este proyecto de ley-- de los parlamentos autonómicos
la relación de los trabajos que afecten a su respectivo ámbito
territorial como consecuencia de las enmiendas transaccionales suscritas
sobre la base de las presentadas bajo los dígitos 1 y 2, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, aprobadas en Ponencia.
No es por estas razones, señorías, por las que éste sea un discurso de
autocomplacencia. Reconocemos que estamos en presencia de una proposición
de ley iniciada por el Grupo Parlamentario Popular, esto, es de una
iniciativa, por tanto, parlamentaria, asumida en su fase inicial o
primera por esta Cámara, y que la proposición ha sido sustancialmente
mejorada a lo largo de su tramitación parlamentaria, pero la efectividad
de la misma, como he dejado dicho, no es tanto un problema legal como de
ética política. El sistema democrático que nos hemos dado está basado en
el respeto a la voluntad del ciudadano, pero de forma anormal, a nuestro
juicio, se está transformando en una auténtica sumisión de la actuación
política a la opinión o criterio de los medios de comunicación, que no
conforman sino una pequeña parte de la llamada opinión pública, para
convertirse en los auténticos protagonistas, sin embargo, de la vida de
cada día con su presencia muchas veces vociferante.
Con estas palabras, señorías, no estoy atacando al cuarto poder. Vaya
todo mi respeto hacia los medios de comunicación que actúan
responsablemente, y mi denostación, empero, para los que pretenden que
este país esté permanentemente cautivo de su actualidad, del instante,
porque eso es lo que vende. De ahí que la búsqueda del bien común, la
actividad política, aquella que nosotros debemos desarrollar, se esté
transformando desdichadamente en una auténtica obsesión por la imagen,
por los sondeos, por el voto, por el poder, en definitiva. De ahí la
enorme importancia de instrumentos como el Centro de Investigaciones
Sociológicas que ayudan a conocer el juicio de los ciudadanos sobre los
asuntos públicos o a sondear sus gustos o inclinaciones ideológicas que
lo han convertido en cualificado medio de la gobernación de los intereses
públicos y en valioso útil en la conquista del poder político.
Por lo tanto, es del todo lógico que el acceso a este caudal de
información que se obtiene con el dinero de todos los contribuyentes sea
una reivindicación permanente de todas las fuerzas políticas, pero es aun
más necesario, si cabe, que todos, absolutamente todos los ciudadanos,
empezando por los que representamos a los poderes públicos y más en su
versión parlamentaria, seamos capaces de utilizar esta información en
beneficio del común y no como medio de promoción y satisfacción de las
avideces personales y partidistas.
Por último, quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento a todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara por su espíritu de consenso que han
de permitir, sin duda, la aprobación unánime de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, la posición de nuestro Grupo está,
evidentemente, en la línea de las personas que me han precedido en el uso
de la palabra y seguramente de las que van a hablar con posterioridad. Ha
sido sin duda una ley de consenso, lo fue en el Congreso y lo está siendo
en el Senado, en el trámite de Ponencia y posteriormente en el de
Comisión.
Esta ley, no sé si necesaria, pero conveniente, tiene la función no sólo
de permitir que el Centro de Investigaciones Sociológicas actúe con
eficacia en lo que son sus misiones,
sino que a la vez tiene la función de darle la necesaria transparencia.
Es evidente que, a pesar de que el CIS está regulado por el Real Decreto
1526/1990 de 8 de noviembre y por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 1990, éste requería una regulación específica, una regulación
que señalice, por una parte, la eficacia necesaria en un centro de esta
índole y, por otra, que marcase al mismo tiempo la transparencia que
precisa un centro del Estado que está al servicio del Gobierno pero que
debe estar al servicio de todos los españoles, es decir, del Parlamento
y, por tanto, de su representación genuina.
Un centro como el CIS que realiza estudios de la realidad social
española, que crea y mantiene bases de datos importantes, que realiza
estudios sobre intención de voto, que realiza estudios sobre valoración
de líderes políticos requería una legislación específica que marcase la
necesaria transparencia y el imprescindible control por parte del
Parlamento, pero a su vez en el Senado, en Comisión, se ha mejorado a
través de las enmiendas transaccionales, basadas en algunas de las
presentadas por el Grupo Vasco y por Coalición Canaria, porque se ha
conseguido que exista una mayor vinculación, no sólo con las Cortes, sin
con las Comunidades Autónomas; es decir, que las Comunidades Autónomas
pueden tener conocimiento de aquello que les afecte a través de sus
propios parlamentos.
Aparte de las mejoras concretas, de las modificaciones técnicas que se
han logrado en el Senado, en estos momentos estamos debatiendo una ley en
la que se aúnan los principios a los que primero me he referido, eficacia
y transparencia, con la vinculación y la participación de las Comunidades
Autónomas.
Por ello, nuestro Grupo aprueba la ley plenamente, tal como llegó
--evidentemente, con las enmiendas que se han logrado a través de este
consenso-- y, por tanto, la va a votar a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Selas.
El señor SELAS CESPEDES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, anuncio que mi intervención va a ser breve porque,
necesariamente, tiene que ser coincidente con las intervenciones
anteriores.
Habría que destacar, como ya se ha hecho, algo tan importante como es el
grado de consenso en este proyecto de ley. Consenso logrado por acuerdos
y la generosidad de todos los miembros de la Ponencia y la Comisión.
Como ya se ha dicho, se trata de una ley que afecta a algo tan importante
como la información que recibimos todos los ciudadanos a través del
Centro de Investigaciones Sociológicas. De estas informaciones depende a
veces hasta la toma de decisiones políticas, de estrategias, de
información respecto del conjunto de la sociedad. Y el grado de consenso
sobre este proyecto de ley ha sido unánime. Por tanto, vaya mi
agradecimiento, y el de mi Grupo, al resto de los grupos de la Cámara.
Pero eso también ha sido posible porque el Grupo Socialista consiguió
presentar a la diez enmiendas existentes --siete del Grupo de Coalición
Canaria y tres del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos-- unas
propuestas alternativas --concretamente, a las enmiendas números 4 y 5
del Grupo de Coalición Canaria, y a las números 1 y 2, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos--, porque entendía, y sigue entendiendo,
que también en esta ley había que dar el protagonismo a las Comunidades
Autónomas que se desprendía de estas enmiendas transaccionales.
Entendíamos que en este proyecto no podían ni debían quedar descolgadas,
ni el proyecto debía ser ajeno a nuestras Comunidades Autónomas.
Por eso, una vez más, puesto que el Grupo Socialista cree en las
Comunidades Autónomas, en el proyecto autonómico, ha llegado a
transaccionar --tanto con el Grupo de Coalición Canaria, como con el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos-- estas enmiendas, para que
tuviesen su cabida y contenido en esta ley.
Por lo demás, y con esto concluyo, este proyecto quedó dictaminado tal
como se determina y ya conocen sus señorías. Por nuestra parte,
consideramos que va a cumplir con el fin social e informativo que todos
los españoles requieren y exigen al Centro de Investigaciones
Sociológicas, para el bien de nuestra convivencia democrática y, sobre
todo, para una relación coherente y armónica con nuestras Comunidades
Autónomas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Selas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Juan.
El señor JUAN CARDONA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, resulta ocioso que en esta intervención, como portavoz del
Grupo Popular, anuncie el voto favorable al texto del dictamen de la
Comisión que ahora debatimos, cuando se trata, precisamente, de una
iniciativa de nuestro Grupo que, además, ha merecido el apoyo de todos
los grupos de la Cámara. La aprobación por todos los grupos de esta
proposición de ley evidencia la importancia de la función del Centro de
Investigaciones Sociológicas que ha de basar su actuación en los
principios de objetividad, de neutralidad, de igualdad de acceso a sus
datos y de respeto a los derechos de los ciudadanos y al secreto
estadístico, conforme se establece en el artículo 2 de la proposición de
ley.
Esos principios y obtener la garantía de su cumplimiento fue el afán que
movió al Grupo Parlamentario Popular en el Senado a presentar esta
proposición de ley, dando a la regulación de las actividades y
organización del Centro de Investigaciones Sociológicas rango de ley,
para evitar que una resolución exclusivamente gubernamental, como es el
real decreto, pueda condicionar el funcionamiento del Centro.
Pero no hemos de ocultar tampoco que también movió al Grupo Parlamentario
Popular a presentar esta iniciativa
el uso que hasta este momento se ha dado al Centro de Investigaciones
Sociológicas por el Gobierno, en el que no se cumplían las garantías de
neutralidad y objetividad prevenidos por la ley. Me refiero al caso
concreto de la cuestión de los sondeos sobre asuntos electorales, como
los referidos a la intención de voto, la valoración de los partidos
políticos, etcétera, a los que el Gobierno socialista ha dedicado
especial interés y atención y en virtud de su situación de poder obtenía
anticipadamente los resultados de tales encuestas o sondeos, y
reconocerán sus señorías que el conocimiento anticipado de esas encuestas
o sondeos electorales alteran el equilibrio en el punto de partida que
deben tener los partidos políticos a la hora de enfrentarse no solamente
a unos comicios, sino también a la acción política cotidiana.
Esta situación de ventaja significativa en favor del Gobierno en el uso
del Centro de Investigaciones Sociológicas para sus propios fines y de
acuerdo con sus propios intereses partidistas desaparece con esta
proposición de ley, al establecer el artículo 7 la obligación del Centro
de remitir a las Cortes Generales un avance provisional de los resultados
de sus encuestas de carácter electoral y político en un plazo no superior
a 15 días, a contar desde la fecha de finalización de los trabajos de
campo y de codificación y grabación de la información en soporte
magnético.
El artículo 7 y la disposición adicional segunda, en la que se establece
el sometimiento de la actuación del CIS en período electoral a lo que
dispone la administración electoral y a lo prevenido en la Ley Orgánica
5/1988, de 19 de junio, del Régimen Electoral, creemos que garantizan los
principios de neutralidad en la actuación del CIS y de igualdad de acceso
a sus datos y, asimismo, impide que el Gobierno, sea del color político
que sea, pueda aprovechar en beneficio propio la información electoral y
pueda colocarse en una situación de ventaja o privilegio sobre las demás
fuerzas políticas y sociales. Además de esta garantía, la nueva
regulación del Centro de Investigaciones Sociológicas establece una mayor
vinculación de esta institución no sólo con las Cortes Generales, sino
también con las Asambleas legislativas o los parlamentos autonómicos.
Finalmente, señorías, quiero manifestar la satisfacción de mi Grupo por
haber conseguido la unanimidad en la aprobación de esta proposición de
ley. A lo largo de la tramitación parlamentaria de esta iniciativa de mi
Grupo se han presentado un buen número de enmiendas, en concreto 43 en el
Congreso de los Diputados y 10 en esta Cámara, muchas de ellas se han
retirado y otras han sido incorporadas al texto de la proposición,
mejorándolo ostensiblemente. Y esto ha sido posible gracias al interés de
todos los grupos parlamentarios en conseguir un texto consensuado,
dirigido a defender los principios de objetividad, neutralidad e igualdad
de acceso de todos los ciudadanos a los estudios del Centro de
Investigaciones Sociológicas.
Ha sido necesario un esfuerzo de generosidad por parte de todos los
grupos parlamentarios, que en algún caso nos ha llevado a renunciar a
nuestras posturas iniciales, para encontrar entre todos una postura
común. Esfuerzo que desde el Grupo Parlamentario Popular agradecemos y
que deseamos sirva de ejemplo, tanto al Gobierno actual como a los
venideros, en el momento de establecer el desarrollo reglamentario de la
norma que vamos a aprobar y en las actuaciones que se han de llevar a
cabo en relación con el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Juan.
Entiendo que este proyecto puede ser aprobado por asentimiento de la
Cámara. (Pausa.)
Así se declara, y tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución,
se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de
los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma
previa a la sanción definitiva por Su Majestad el Rey.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA
DE INVERSIONES, HECHO EN BUCAREST EL 25 DE ENERO DE 1995. (s.
610/000155.) (c. d. 110/000156.)
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Conocimiento por el
Pleno de Tratados y Convenios. En primer lugar, Acuerdo entre España y
Rumania para la Promoción y Protección Recíproca de inversiones, hecho en
Bucarest el 25 de enero de 1995.
No se presentaron propuestas. ¿Alguna petición de palabra? (Pausa.) ¿Se
puede entender aprobado por asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Así se
declara, y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento.
--ACUERDO SOBRE PROTECCION DE INFORMACION CLASIFICADA ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y EL ESTADO DE ISRAEL, HECHO EN MADRID EL 13 DE FEBRERO DE 1995.
(s. 610/000156.) (c. d. 110/000157.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo sobre protección de información clasificada
entre el Reino de España y el Estado de Israel, hecho en Madrid el 13 de
febrero de 1995.
Tampoco hubo propuestas. ¿Alguna petición de palabra? (Pausa.) ¿Se
entiende aprobado por asentimiento? (Pausa.) Así se declara, y se
autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento
para obligarse.
--PROTOCOLO RELATIVO A LAS CONSECUENCIAS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL
CONVENIO DE DUBLIN SOBRE CIERTAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE APLICACION
DEL ACUERDO DE SCHENGEN, HECHO EN BONN
EL 26 DE ABRIL DE 1994. (s. 610/000157.) (c. d. 110/000158.)
El señor PRESIDENTE: Protocolo relativo a las consecuencias de la entrada
en vigor del Convenio de Dublín sobre ciertas disposiciones del Convenio
de Aplicación del Acuerdo de Schengen, hecho en Bonn el 26 de abril de
1994.
No se presentaron propuestas. ¿Solicitud de palabra? (Pausa.)
Don Jaime Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiere el Grupo Parlamentario Popular explicar su postura
respecto a este Protocolo e incitar a sus señorías a que sigan con
atención el discurrir de este Convenio de Dublín, al que hoy vamos a dar
curso.
¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del Estado responsable del
examen de las solicitudes de asilo entre los Estados miembros, que se
documenta en el Acuerdo de Schengen de 1985 y en el Convenio de Dublín de
1990. ¿Y qué dice este Protocolo? Principalmente, que a partir de la
entrada en vigor del Convenio de Dublín sobre determinación de Estado
responsable, dejarán de aplicarse las disposiciones mencionadas antes del
Convenio de Schengen y serán sustituidas por las del Convenio de Dublín.
¿Y esto es mejor o peor? Debería ser mejor, puesto que es una norma
posterior en varios años y debería estar corregida. ¿Lo es? A juicio del
Partido Popular, no. El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular
está de acuerdo con la idea fundamental de la libertad de movimiento de
personas, de mercancías y de servicios, que es la base de una Europa
unida, libre y desarrollada. Está de acuerdo y apoya decididamente los
instrumentos legales de rango intergubernamental que lo están haciendo
posible, siempre que en ellos no se lastimen los intereses de España.
Alguno de estos instrumentos, como el proyecto de Convenio de fronteras
exteriores, no ha sido suscrito por decisión unánime del Congreso de los
Diputados.
La negativa del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular, a dar
su aprobación al Convenio no fue un no a la totalidad; es un no a un
determinado artículo en el que pudo o puede haber un compromiso de malas
consecuencias para España, cuya parte final queríamos que se suprimiera
para evitarlas.
Si el Senado aprueba este Protocolo, desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Popular, estará ratificando otra vez el Convenio de Dublín
en el asunto del Estado responsable del examen de solicitudes de asilo, y
en particular a su artículo 19, en el que los Estados señalan sus límites
de aplicación, o sea, las fronteras en las que se aplicará el Convenio y
los territorios en los que no, a menos que hagan una declaración.
El Reino Unido dice en ese artículo que no se aplicará a los territorios
europeos de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido,
salvo si el Reino Unido efectúa una declaración en contrario. Y añade:
Dicha declaración podrá hacerse en cualquier momento. A juicio del
Partido Popular, estamos ya hablando de fronteras exteriores, porque la
mención a Gibraltar es clara.
Nuestra diferencia fundamental con el Gobierno y en el Grupo que le
sustenta no está en europeísmo ni en apoyo a los derechos humanos ni en
falta de manga ancha a los apoyos humanitarios, sino en que sea una
declaración que el Gobierno tuvo que hacer cuando leyó el texto, porque
trató de solucionar el problema y lo hizo tarde y mal; una declaración en
la que se decía que si el Reino Unido decidía extender su aplicación a
Gibraltar, se entendería sin perjuicio de la postura de España con
respecto al litigio que le opone al Reino Unido a propósito de la
soberanía del istmo.
Por cierto, siempre he pensado que istmo era un trozo de tierra que unía
dos continentes o un territorio a una península; también en la lengua nos
han vuelto a ganar.
Nuestra diferencia fundamental, como decía, no está en europeísmo y en
derechos humanos. Está, sencillamente, en que sea una declaración la que
salvaguarde nuestros intereses jurídicos y políticos. Tenemos una
diplomacia poco viva a la que «manca finezza», como dijo algún político
italiano. Debió negociar antes los términos del Convenio. Y no lo hizo.
Dice Ovidio, muy sabiamente, que una gota horada una piedra. Y en los
intereses de España no se puede permitir ni siquiera que el agua roce esa
piedra.
Señor Presidente, señorías, mi grupo político consideraba y considera que
la declaración tiene poco alcance jurídico y, en pequeña medida,
político. Considera asimismo que es una declaración formal --y no digo,
como mi compañero que canónica, porque ojalá fuera así: la Iglesia es en
estos asuntos, como veterana, muy sabia-- y no la consideramos suficiente
a estos efectos de salvaguarda de los intereses de España.
Que el Protocolo está relacionado con el Convenio de Dublín, está claro.
Que el Convenio de Dublín está relacionado con el proyecto de Convenio,
no deja lugar a dudas.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señorías. Ruego silencio. Hay un orador en
el uso de la palabra.
El señor RODRIGUEZ GOMEZ: Basta leer la declaración aneja número 6 del
Convenio de Dublín. Leído y oído esto, es difícil no argumentar que si un
Estado tiene competencia en los territorios de cuyas relaciones
exteriores es responsable, donde terminen esos territorios, allí está su
frontera. El Convenio de fronteras exteriores no se puede aceptar por
España. El Convenio al que se refiere este Protocolo es una parte
íntimamente ligada a él. Hemos dicho que no al primero. No debiera haber
habido ni lógicas razones, ni políticas, ni mucho menos jurídicas para
aceptar éste. El Partido Popular ha luchado para que no se aprobase el
inciso del Convenio, que consideraba perjudicial para los intereses de
España. No lo consiguió. Hoy es el último trámite en el Senado. Si
queremos mantener viva la llama de que Gibraltar es un territorio en
litigio, tenemos, entre otras obligaciones, que repetirlo una y otra vez
y todas las veces que sea necesario.
A ustedes, señores socialistas, parece que les preocupa crearse mala fama
en Europa por insistir en cuantos convenios, protocolos y estatutos se
nos presenten que hagan referencia a Gibraltar, aunque sea lateralmente.
No debe ser así. A mi Grupo Parlamentario no le preocupa esa mala fama.
Pero también sabemos, pese a nuestras argumentaciones, que nadie posee la
verdad completa. Vamos a darle la oportunidad al Convenio ya aprobado. Mi
grupo político se va a abstener en esta votación.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Protestas en los del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Por la intervención del Senador Rodríguez, entiendo
que debe someterse a votación el Protocolo relativo a las consecuencias
de la entrada en vigor del Convenio de Dublín.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a
favor, 138; abstenciones, 114.
El señor PRESIDENTE: Queda autorizado en este acto que el Gobierno pueda
prestar su consentimiento para obligarse por medio del Protocolo relativo
a las consecuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublín sobre
ciertas disposiciones del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen,
hecho en Bonn el 26 de abril de 1994.
PETICION DE CREACION DE COMISIONES DE INVESTIGACION:
--PETICION DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION PARA DETERMINAR
LAS RESPONSABILIDADES POLITICAS QUE RESULTEN DE LA CREACION, ACTUACION,
FINANCIACION Y ENCUBRIMIENTO DE LOS GRUPOS ANTITERRORISTAS DE LIBERACION
(GAL), SIN PERJUICIO DE LA ACTUACION INDEPENDIENTE DE LOS TRIBUNALES DE
JUSTICIA. (PRIMER FIRMANTE: DON ANGEL JESUS ACEBES PANIAGUA.)
(650/000005.)
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día: Petición de
creación de una Comisión de investigación para determinar las
responsabilidades políticas que resulten de la creación, actuación,
financiación y encubrimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación
(GAL), sin perjuicio de la actuación independiente de los Tribunales de
Justicia. Primer firmante: Don Angel Jesús Acebes Paniagua.
Para la presentación de la petición, como primer firmante, tiene la
palabra el Senador Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Señor Presidente, señorías, desde el 16 de
noviembre de 1983 hasta el 24 de junio de 1987 son conocidas 31 acciones
cometidas o atribuidas a los miembros de los denominados como Grupos
Antiterroristas de Liberación, GAL. Dichas acciones dieron como terrible
resultado 26 muertos por asesinato, 24 heridos, dos desaparecidos y dos
secuestrados.
Además, hoy conocemos como hechos ciertos e indubitados que ni durante el
tiempo de actuación de los GAL, ni posteriormente, se ha llevado a cabo
una sola investigación parlamentaria sobre sus acciones. Segundo, que el
Gobierno no tomó ninguna medida que impidiera su funcionamiento. Tercero,
que de las acciones de los GAL se han derivado diversos procedimientos
judiciales, algunos hoy en curso. Y, cuarto, que han resultado detenidos
e inculpados los siguientes responsables políticos: Julián Sancristóbal,
Gobernador Civil de Vizcaya, Director de la Seguridad del Estado; Juan de
Justo, secretario personal del Secretario de Estado para la Seguridad,
Rafael Vera; Rafael Vera, Director de la Seguridad del Estado, Secretario
de Interior, Secretario de Estado para la Seguridad; Ricardo García
Damborenea, ex-Secretario General del Partido Socialista de
Euskadi-PSOE-Vizcaya. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista:
¡Mitinero con Aznar!)
Es, asimismo, un hecho que siendo Ministro del Interior el señor
Barrionuevo en el año 1983 se produjeron 30 acciones de los GAL y que es
señalado por todos sus antiguos colaboradores como uno de los
responsables de esta trama. En la actualidad, el señor Barrionuevo es
miembro del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los
Diputados. Es también cierto que el 28 de julio del presente año el juez
instructor elevó escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre las
investigaciones de los GAL en el que aparecen personas aforadas: además
del citado Ministro señor Barrionuevo, el ex-Vicepresidente del Gobierno
y ex-Ministro de Defensa, señor Serra; el Diputado señor Benegas y el
Presidente del Gobierno, señor González Márquez.
Es conocido y probado que se han utilizado medios materiales, armas y
estructuras en manos del Gobierno para la actuación de los GAL. (Un señor
Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Eso es mentira!) Es,
asimismo, vergonzosamente cierta la utilización de fondos reservados del
Gobierno, que en lugar de ser destinados a la seguridad de los españoles
han ido no sólo destinados a financiar actividades ilegales, sino
directamente a los bolsillos de altos cargos designados por los gobiernos
socialistas. Y por si todo ello fuera poco, estos días asistimos a la
polémica sobre los documentos del principal organismo de inteligencia del
Estado, Cesid, con la continua presencia protagonista de los GAL.
Por todo ello, señorías, porque nos encontramos ante uno de los
acontecimientos más graves de la historia de nuestra democracia; porque
cada día, nueva noticia que se conoce --y cada día conocemos alguna
nueva--, es mayor el grado de confusión, de dudas y de preocupación en
los ciudadanos sobre lo ocurrido en el caso GAL, porque, en fin, el
Gobierno, después de este relato de hechos exclusivamente ciertos
(Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) --y por
increíble que parezca-- no ha asumido ningún tipo de responsabilidad, por
ello es imprescindible que de una vez por todas se investigue y se
conozca todo lo relativo a la creación, funcionamiento y financiación de
los GAL.
Hasta ahora la única respuesta a las peticiones de claridad y
transparencia es que ya están investigando los jueces, y esta disculpa no
es más que eso, una disculpa, porque lo cierto, la verdad, es que es
falso, absoluta y rotundamente falso, que la investigación y la
responsabilidad penal sea lo mismo, sea equivalente o sea sustitutiva de
la responsabilidad política, como voy a intentar demostrarlo. Posponer la
responsabilidad política a la determinación de responsabilidades penales
produciría la reducción inexplicable de la responsabilidad política a las
acciones u omisiones dolosas y tipificadas por la ley; convertiría al
Código Penal en el único decálogo moral de la actuación pública, de modo
que un cargo público sólo sería políticamente responsable de aquello que
la ley señala como delito.
Esto es insostenible desde un punto de vista democrático. Hay multitud de
situaciones en las que por imprudencia, por ignorancia, un representante
público puede quebrar la responsabilidad a él confiada sin necesidad de
cometer un delito o que éste no pueda probarse.
Entre los distintos poderes constitucionales, señorías, no rige,
afortunadamente, ningún principio de jerarquía que obligue a cualquiera
de ellos a someter sus trabajos al de otro. Existe un único y puro
principio de competencia, que permite a cada órgano constitucional
desarrollar su cometido en el marco de sus competencias. Por ello,
someter, como algunos pretenden, jerárquicamente el Poder Legislativo al
Poder Judicial, es sustituir la propia naturaleza democrática de nuestro
sistema por otro judicial, en la que el Parlamento sólo puede hacer o
sólo podría hacer lo que no hagan los jueces, aunque la propia
Constitución sea quien lo contemple.
Señorías, parece que hayamos llegado a un punto en que algunas personas
prefieren las salas de justicia al escaño, lo cual dice muy poco en favor
de su fe en la representación de la soberanía recogida en este
Parlamento.
Con el mismo argumento podría rechazarse la posición de aquellos que
señalan que esta investigación interfiere el curso de la investigación
judicial y no hace mucho, sin embargo, ostentaron la presidencia de otras
comisiones de investigación con procesos judiciales abiertos; o entonces
ellos mismos interfirieron el curso de la investigación o ahora no va a
interferirse, pero las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo.
Sin embargo, y a este respecto, quiero hacer alguna precisión más. La
Constitución, nuestra Constitución de 1978, en su artículo 76.1
establece, precisamente, la coincidencia de las investigaciones
parlamentaria y judicial, cuando dice que las conclusiones de las
primeras no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las
resoluciones de los tribunales de justicia.
Por otro lado, este mismo precepto constitucional señala que las
comisiones de investigación parlamentarias podrán recaer sobre cualquier
asunto de interés público, por lo que no excluye ninguno, ni siquiera el
investigado judicialmente, cualquiera que sea el trámite o el período
procesal en el que se encuentre.
En segundo lugar, la coincidencia sobre unos mismos hechos no afecta,
como también se ha imputado, al principio de división de poderes, por la
división simultánea de funciones entre los mismos. La encuesta
parlamentaria, la investigación parlamentaria y el proceso judicial
tienen fines distintos, procedimientos distintos, determinación de
responsabilidades distintas, uno la política y otro la penal.
En fin, y en tercer lugar, los Estados democráticos de nuestro entorno y
el Derecho Político comparado coinciden en admitir unánimemente la
compatibilidad de la investigación política y la investigación judicial,
no sólo los conocidos por Estados Unidos y Gran Bretaña --que creo que
todos conocerán--, sino también las Constituciones italiana y alemana a
las que, dogmáticamente, tanto debe nuestro texto constitucional.
Quiero recordar a sus señorías, a aquellos que han opinado que no es
posible la compatibilidad de estas dos investigaciones, la parlamentaria
y la penal, dos sentencias de la Corte constitucional de 1975 y 1979,
pero en un texto que tanta influencia ha tenido en el nuestro como el
alemán, se configura el derecho a la investigación parlamentaria, a las
comisiones de investigación como un auténtico derecho de las minorías
parlamentarias, ya que basta una cuarta parte de los diputados para
iniciar una investigación y son precisos, son necesarios el 75 por ciento
de los votos de la Cámara para impedirlo.
En definitiva, señorías, todas las constituciones democráticas
posteriores a la II Guerra Mundial permiten esta posibilidad, lo que algo
dirá sobre cuál es la procedencia democrática de un posicionamiento y
otro.
En definitiva, señorías, se trata de un ejercicio democrático, quizás el
más importante que los ciudadanos a los que representamos conozcan con
claridad, conozcan con transparencia lo que hacen sus representantes y
sus gobiernos y asuman las responsabilidades del ejercicio de sus
mandatos.
Negar el control del Parlamento al Gobierno, señorías, es negar la
esencia misma de la democracia. Investigar las responsabilidades
políticas cuando aparezcan indicios de cualquier irregularidad grave no
es un derecho de los parlamentarios, no es un derecho de los que aquí nos
sentamos, sino que es una obligación irrenunciable. Y en cumplimiento de
esa obligación yo les pido a ustedes hoy su voto, para permitir conocer
la verdad de los GAL. Pido que, en conciencia, quienes no tienen nada que
ocultar, no impidan que los españoles conozcan --conozcamos-- qué ocurrió
con los GAL y quiénes son los responsables políticos. Esta y sólo ésta es
la garantía de que nunca más habrá en España otro GAL, pero lo que es más
importante, señorías, habremos enseñado a nuestros jóvenes, habremos
enseñado a nuestros hijos que ante la delincuencia, incluso la
delincuencia más cruel, la más terrible, la más injusta, la que se deriva
del terror, los demócratas luchamos contra ella desde el Estado de
Derecho y desde el imperio de la Ley, y sólo desde la Ley y el Derecho,
con su aplicación, eso sí, rigurosa e implacable, con los mecanismos que
ella pone a nuestra disposición, sólo así será posible un día acabar con
el terrorismo, y ese día todos sentirnos orgullosos de que, una vez más,
se ha vencido al terror desde el Estado de Derecho, que es vencerle,
señorías, desde la libertad.
Gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Se me ha comunicado un acuerdo existente entre los
firmantes del Grupo Mixto y el Grupo Nacionalista Vasco para que los ocho
minutos restantes puedan ser consumidos en el turno a favor.
Tiene la palabra la señora De Boneta.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, desde el inicio de la actividad terrorista del GAL, las mujeres
y hombres que hoy conformamos Eusko Alkartasuna hemos venido manifestado
nuestra convicción de que estábamos ante un terrorismo de Estado, de que
el GAL era el brazo armado ejecutor de la guerra sucia contra el
terrorismo de ETA. Inicialmente entendíamos que este terrorismo lo estaba
siendo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que contaban con
el respaldo de algunas personas o del propio Gobierno. Pero, después, lo
que eran convicciones se han convertido en evidencias apoyadas en las
declaraciones de sus propios protagonistas. Estamos hablando de un
Director General de la Seguridad del Estado procesado; de un Secretario
de Estado del Ministerio del Interior, también procesado; de un ex
Ministro del Interior que, amparado en su inmunidad parlamentaria, ha
intentado hasta ahora rehuir su presencia ante la justicia pero que,
definitivamente, parece que muy pronto deberá comparecer ante ella.
Por lo tanto, nadie puede extrañarse de que hoy exijamos la depuración de
las responsabilidades políticas pertinentes; responsabilidades políticas
que alcanzan, en nuestra opinión, al Presidente del Gobierno. Porque
¿alguien puede creer que Amedo y Domínguez hicieron lo que hicieron sin
que el Jefe Superior de Policía de Bilbao, señor Planchuelo, supiera
nada? o ¿que el señor Planchuelo permitiera la guerra sucia de sus
subordinados sin que los gobernadores civiles del País Vasco se
enteraran, y que éstos lo permitieran sin que el Secretario de Estado
para la Seguridad, señor Vera, estuviera enterado? y ¿que el señor Vera,
a su vez, moviera un dedo a favor de la guerra sucia sin el
consentimiento del señor Barrionuevo, y que éste apoyara el amontonar
sangre sobre sangre, en la lucha contra la violencia, sin el
consentimiento de quien creemos que es la equis del organigrama de los
GAL: el señor Presidente del Gobierno?
Ustedes durante años no sólo no han investigado esta trama terrorista,
sino que han impedido cualquier investigación parlamentaria, solicitada
en reiteradas ocasiones, también por otros, pero esencialmente por el
Diputado de Eusko Alkartasuna, señor Joseba Azcárraga; eso sí, apoyados
en dichas ocasiones por casi todos los Grupos, que consideraban a mi
compañero de partido --y así lo acusaban-- de desestabilizador.
Hace muy pocos meses todavía, el 10 de febrero de 1995, se oponían
también a una iniciativa presentada por Izquierda Unida/Ezker
Batua-Berdeak en el Parlamento vasco para acometer una parecida
investigación sobre sus conexiones en el País Vasco. Igualmente, estos
mismos Grupos han acompañado al Grupo Socialista en la oposición en el
Congreso de los Diputados a la investigación que sobre los fondos
reservados se proponía, siendo esta investigación clave, la madre de
todas las batallas, desde mi punto de vista.
Hoy, afortunadamente, nos encontramos en una situación diferente. La
mayoría de los Grupos políticos del Senado compartimos el criterio de que
es necesario para la propia salud de las instituciones la creación de
esta comisión. Se ha impedido con sus presiones que la justicia lo
pudiera hacer. Ha sido necesario que los señores Amedo y Domínguez
comenzaran a hablar para que toda la inmunidad se derrumbara.
El señor PRESIDENTE: Perdón, Senadora De Boneta, concluyó su tiempo,
salvo que utilice el que le correspondería al portavoz del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Se han derrumbado también las tesis de los
que con ustedes, fundamentalmente el Grupo Socialista, consideraban que
sólo existían dos posibles posiciones: o con el Gobierno, o con ETA y su
entorno. Hoy se ha derrumbado también el maniqueismo que estas posiciones
representan. Durante años impidieron que el juez Garzón investigara la
utilización fraudulenta de los fondos reservados. Incluso, de alguna
manera, intentaron atraer su voluntad introduciéndole en la vida
política, con la falsa ilusión de que todo había de cambiar.
Durante años han amparado la trama extranjera de los GAL, puesto que
durante más de cuatro años el gal George Mendaille ha vivido plácidamente
--y digo plácidamente-- en Calonge, Girona, con un negocio de lavandería
en funcionamiento, pese a estar reclamado por la Interpol para ser
extraditado y juzgado en Francia por su participación en la trama
terrorista del GAL. Tuvo que ser el gobierno francés el que les acusara
de complicidad con este terrorista para que se procediera a su
extradición. Mientras, este señor vivía en Calonge, tenía teléfono a su
nombre, anunciándose en las páginas amarillas de Telefónica y tenía,
además, la costumbre de jugar casi todos los días al mus con miembros de
la Guardia Civil del pueblo en que vivía.
Durante años han contado también con los buenos servicios de su agente
secreto, señor Paesa; incluso le nombraron representante de su Gobierno
en Santo Tomé. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Este señor presionó a los testigos de cargo
en el juicio contra Amedo y Domínguez para que cambiaran su declaración.
Y creo que debería saberse quién les animó a ello.
En definitiva, entendemos perfectamente que hoy ustedes continúen
negándose a que las Cortes Generales investiguen. En mi opinión, han ido
demasiado lejos, lejos en la acción o en la omisión responsable --al
menos, políticamente-- del Gobierno.
Desde Eusko Alkartasuna no queremos ningún tipo de venganza. Pedimos,
simplemente, justicia, claridad y profundidad en la atribución de
responsabilidades políticas. Justicia por todos los asesinatos ocurridos,
secuestros...
El señor PRESIDENTE: Senadora De Boneta, le ruego que vaya terminando,
por favor.
La señora BONETA DE Y PIEDRA: Termino, señor Presidente.
Todo esto queda en manos de los tribunales y corresponde hoy a esta
Cámara la grave responsabilidad de controlar y determinar las
responsabilidades políticas del Gobierno y de su Presidente, actuando,
por doloroso que pueda ser, por las sospechas fundadas de la conculcación
del Estado de Derecho por parte de las más altas instancias del Gobierno
del Estado, con el rigor, la lealtad y la búsqueda de la verdad que los
ciudadanos merecen. Difícilmente podríamos pensar en el año 1982 que esto
iba a suceder.
No quiero concluir sin mencionar al único Senador de Herri Batasuna
ausente. La responsabilidad política que adquiere este Grupo es lo
suficientemente importante como para que nos ratifiquemos en nuestro
convencimiento de que no desean la clarificación de esta trama. En la
estrategia política de este Grupo es importante mantener vías de
conflicto abiertas y ustedes --permítanme que se lo diga y lo digo con
dolor-- están haciendo un gran favor con su negativa a la creación de
esta comisión de investigación.
Termino solicitando de la Cámara el apoyo a la investigación solicitada
por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, el Grupo Parlamentario Mixto, por supuesto, tanto
Izquierda Unida, como esta Senadora, firmando esta solicitud de Eusko
Alkartasuna.
Nada más. Muchas gracias. (El señor Sanz Cebrián pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Sanz, le quedan 1,25 minutos de tiempo.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Si su señoría estima que tenemos tiempo suficiente haremos uso de este
turno. Si no, esperaremos.
Lamentamos decir que el pacto a que habíamos llegado no se ha cumplido
por parte de la Senadora de Eusko Alkartasuna, lo que es para nosotros
una pena. Aprovecharemos el turno de portavoces.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Yo se lo agradezco, señoría.
En turno en contra tiene la palabra el Senador Bayona. (Fuertes rumores.)
El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario
Popular ya es el primer grupo en el Senado. ¿Se ha notado en el mayor
rigor legislativo? ¿Se ha notado quizá en la aceleración de la reforma de
la Constitución o acaso en una mayor dedicación de la Cámara a la
política autonómica? (Rumores.)
El Grupo Popular ha llegado a ser el primer grupo de la Cámara, y lo
primero en que se manifiesta, después de dos meses, es en la propuesta de
crear esta Comisión para investigar los Grupos Antiterroristas de
Liberación.
Se tuerce así el rumbo hacia una Cámara de representación territorial, un
rumbo marcado desde el inicio de la legislatura con la participación de
todos los grupos parlamentarios y con la muy activa participación también
del Grupo Popular.
Es la estrategia del señor Aznar. No depende de personas, no depende de
portavoces, no caemos en esa trampa. Es la estrategia del señor Aznar que
el día de la fiesta nacional, hace exactamente un año, afirmó: El Partido
Popular, cuando tenga mayoría, podría reabrir el caso Gal.
Ese mismo día Aznar da públicamente por perdida la batalla para adelantar
las elecciones generales después del resultado de las europeas. Esa misma
semana el Partido Socialista había insistido en incluir el caso Naseiro
en la Comisión de Financiación de Partidos Políticos. (Fuertes rumores
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.-- Aplausos desde los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Hace un año Aznar amenazó con que si no se disolvían las Cortes y se
insistía en investigar la financiación de su partido respondería
proponiendo una Comisión para investigar el GAL. Ese es el alto sentido
del Estado y de los intereses generales que discutimos aquí esta tarde.
(Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista desde los
escaños: ¡Muy bien, muy bien!)
El motivo de la propuesta defendida no es conocer la verdad sino cumplir
una amenaza. (Rumores.) Ahora ya saben también los españoles qué ofrece
el Partido Popular para la campaña electoral. En lugar de programa, de
iniciativas o de ilusión, no tiene nada mejor que ofrecer que una
repudiable utilización electoralista del caso GAL. Porque la Comisión no
puede aportar nada --y lo saben-- a la verdad sobre las acciones de los
GAL, entre otras cosas, porque no tendría el tiempo suficiente ni el
adecuado clima en vísperas electorales para un trabajo solvente.
(Rumores.)
Además, pregunto: ¿Por qué se ha preferido presentar la solicitud en el
Congreso antes que aquí, donde podría triunfar más fácilmente? ¿Por qué
no se pidió en el Congreso en el primer debate sobre los GAL hace ya tres
meses? Si se ha desperdiciado todo ese tiempo que se supone tan necesario
para investigar, el objetivo de la iniciativa no puede ser, por más que
se diga, aclarar y conocer la verdad.
El Partido Popular reconoce que es innecesaria, y cito: Desde febrero a
hoy la actuación de la justicia ha convertido en innecesaria la creación
de una Comisión de investigación sobre la responsabilidad política del
caso GAL. Lo afirmaba el portavoz del Grupo Popular en el debate del 21
de septiembre en el Congreso.
Señorías, si se pide una Comisión de investigación que considera
innecesaria para lo que se dice pedirla --conocer la verdad porque la
justicia la ha hecho innecesaria-- y, sin embargo, no se pueden decir los
motivos para pedirla,
esto constituye todo un monumento a la incoherencia, a la hipocresía y al
oportunismo. (Fuertes rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
Y es que, el Partido Popular expresa, de su propia estrategia
destructiva, estrategia de desgaste por el desgaste sin reparar en los
daños que ocasiona al conjunto de la sociedad y de la vida política
española. Porque es una ficción, señorías, y se acaba de ver hace unos
minutos aquí en esta misma tribuna (Fuertes rumores desde los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.); es una ficción pensar que la Comisión no
dañará también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si se
crea la Comisión, ¿va el Partido Nacionalista Vasco a renunciar
investigar el cuartel de Intxaurrondo y cuestionar la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incluso su propia presencia
en Euskadi? ¿Cómo lo va a impedir el Partido Popular cuando es esa
iniciativa suya la que está permitiendo ese debate? Reconózcanlo, va
incluido en su voto.
Y si no deben comparecer en la Comisión miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado ¿quién debe comparecer entonces?; ¿están sus
señorías solicitando la presencia en esta Cámara de los sucesivos
«Amedos» que dicen hoy una cosa y mañana otra?; ¿están sus señorías
dispuestos a contribuir a que en el Senado se jaleen las declaraciones
sumariales de los imputados que desfilan diariamente ante los Tribunales
de Justicia?
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular ante los medios de
comunicación ha anunciado, sin el menor sentido del ridículo, que llamará
a declarar primero a Felipe González; primero y único, podía haber
añadido. Decía el señor Acebes: es de una evidencia absoluta que la
responsabilidad del GAL la tiene Felipe González y por eso debe venir
aquí. Naturalmente, dicen, pues si es así de evidente ¿qué más quieren
saber?, ¿qué quieren investigar entonces?, ¿acaso también la actuación
del Tribunal Supremo es innecesaria? (Aplausos en los escaños del Grupo
Socialista.) ¿No será ése su inconfesable propósito final? Ahora que se
está investigando y bien, ahora que se está aclarando, ¿por qué piden la
Comisión de Investigación?, ¿por qué no la pidieron hace tres meses, hace
seis meses, hace dos años, hace seis años?
Si llega a crearse la Comisión perturbará el trabajo de los tribunales de
justicia. Es inevitable que incida negativamente en el distanciamiento
político que la imparcialidad de la justicia requiere un juicio paralelo
a la instrucción judicial en el que no se dan además ninguna de las dos
garantías básicas de cualquier proceso: la imparcialidad y las garantías
de la defensa, se diga lo que se diga, en la práctica interfiere y
contamina el proceso judicial, y ésa es la consecuencia directa de la
doctrina del señor Alvarez-Cascos, para quien, como sabemos, la decisión
judicial debe coincidir con una hipotética opinión mayoritaria de los
ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Popular espera con la Comisión crear la imagen de
una opinión mayoritaria en el sentido deseado y a ese inevitable e
imaginativo veredicto interesado y previo debería ajustarse después la
sentencia para ser justa. Pero se olvida de que estamos en un Estado de
Derecho; se olvida de que la opinión no puede tener valor judicial alguno
sin acabar con la imparcialidad de la justicia. Los socialistas no
confundimos responsabilidades penales o políticas, quien las confunde es
quien, como el Secretario General del Partido Popular, exige al Tribunal
Supremo que se limite a reflejar su condena popular y nos retrotrae a
tiempos inquisitoriales en los que la sospecha triunfaba sobre los datos,
la injuria sobre la verdad y los intereses sobre la justicia. (Aplausos
en los escaños del Grupo Socialista.)
Pues bien, oponerse a que se constituya una Comisión parlamentaria de
investigación cuando hay un procedimiento judicial abierto no revela
falta de sensibilidad democrática, como se ha dicho aquí. No es cierto
que la compatibilidad sea lo normal. Lo normal en los sistemas
parlamentario occidentales, incluso en algún país en los que la
Constitución permitía esa limitación, como es el caso de Francia, se
incluyó la limitación de crear comisiones de investigación por decisión
del Consejo Constitucional en 1958.
Pero vamos a situarnos hoy, no en tiempos atrás. El Tratado de
Maastricht, negociado línea a línea y sustituido por doce democracias no
sospechosas y ratificado después por tres más, también excluye la
posibilidad de constituir comisiones parlamentarias de investigación
cuando, y cito el artículo 138.c): de los hechos alegados esté conociendo
un órganos jurisdiccional. Además, el Pleno del Parlamento Europeo, no
hace tiempo, el mes pasado, el último Pleno del Parlamento Europeo votó a
favor un informe con enmiendas a este artículo en el que nadie
cuestionaba esta limitación y en el que además todos los miembros del
Grupo Parlamentario Popular, incluyendo los diputados del Partido Popular
español y del Partido Nacionalista Vasco, votaron a favor, y el ponente
del acuerdo interinstitucional era el Diputado del Partido Popular
español, José María Gil-Robles.
Es innegable, pues, y creo haberlo afirmado y probado, que una comisión
parlamentaria sobre los GAL interferirá en el procedimiento judicial, ese
solo argumento debería bastar para rechazarla. Pero si se quiere hablar
de responsabilidad política, hablemos de responsabilidad política. Porque
al señor Aznar se le llena la boca hablando de responsabilidad política,
pero no tiene el coraje de exigirla donde constitucionalmente le
corresponde y como constitucionalmente le corresponde a quien es líder de
la oposición: presentando una moción de censura. (Aplausos en los escaños
del Grupo Socialista.) ¿Pero cómo puede el líder de la oposición, cómo
puede un líder cualquiera de la oposición responsabilizar políticamente
de acciones criminales al Presidente del Gobierno y no presentar
inmediatamente una moción de censura? (Rumores.)
El señor Aznar está transfiriendo, de hecho, al Senado el papel de
censurar al Presidente del Gobierno. Su debilidad, sus ansias por llegar
a la Moncloa, sin haber sido capaz de ejercer su responsabilidad como
líder de la oposición, le lleva al despróposito de que, en lugar de
enfrentarse en un debate sobre esta cuestión, pide que le quiten a Felipe
González de en medio de su camino como sea. (Aplausos en los escaños del
Grupo Socialista.)
Mi Grupo, señor Presidente, condena sin paliativos el terrorismo que,
además de asesino, ataca la base misma del
Estado de Derecho. En un Estado democrático no hay ni terroristas buenos
ni terroristas malos, ni hoy ni nunca, ni en 1995, ni en 1983, ni en
1980, ni antes ni después del Gobierno socialista. El Grupo Socialista,
ahora como entonces, repudia, además, a quien defienda que el Estado de
Derecho emplee los mismos métodos que sus enemigos. El Grupo Socialista
no comparte ni ha compartido nunca la afirmación, por ejemplo, del
Director de un diario nacional: la vileza del asesinato del Capitán
Martín Barrios puede ser el punto de inflexión. Ese es el camino a
seguir. No hay otro. La guerra subversiva, como la convencional, tiene
sus reglas, o se actúa conforme a ellas o se pierde. O más bíblico, el
Director de otro diario defendía así el «ojo por ojo» de la Ley del
Talión: Los pobres diablos que amparan los crímenes etarras deben de
saber que toda España, de izquierda a derecha, y todo el País Vasco, de
derecha a izquierda, está dispuesta a ganar la guerra sucia. Vamos a
empeñarnos en que todos esos que quieren obligar a los españoles, de
paisano o de uniforme, a temer las pistolas «gangsteriles» de ETA tengan
que tragarse su propio desafío. Con la medida que midiereis, seréis
medidos, dice el Evangelio. (Rumores en los escaños del Grupo Popular.)
Si escogéis los 9 milímetros «parabellum» ésa será vuestra medida. Fin de
la cita.
Los socialistas nos hemos pronunciado siempre --repito--, siempre contra
la pena de muerte, incluso cuando se alzaban voces reclamando su
restablecimiento. No hay justificación moral o política alguna para quien
se atribuye la capacidad de atentar contra la vida de las personas, y si
no la hay por sentencia judicial, mucho menos por decisión política.
El Gobierno socialista no es el responsable de que aparecieran grupos
llamados antiterroristas. Operaban ya antes de 1983. (Un señor Senador
pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, el Batallón Vasco Español, en
1980, y sólo en la comarca de Hernani, asesinó a cinco personas, y había
otros grupos llamados incontrolados. Pero, señorías, hace casi diez años
que no existen. Los socialistas somos responsables, sí, políticamente
responsables de que se haya terminado en España con el terrorismo de
extrema derecha omnipresente en nuestra Historia y en la transición
democrática. (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.) Esa es la
verdad histórica y la verdad política. Reconózcanlo. Ese es el juicio
político e histórico que cabe hacer. Además del juicio político que el
pueblo español ha hecho en sucesivas elecciones generales, sus señorías
quieren también un juicio global de estos trece años en esta materia,
juicio del que los socialistas saldremos con la cabeza bien alta, tan
alta como el que más. (Rumores en los escaños del Grupo Popular.)
Por tanto, querer plantear ahora una investigación parlamentaria no sirve
para aclarar la verdad, sirve para sembrar las dudas y la desmoralización
de la Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado; sirve para
sembrar las dudas sobre sucesivos Gobiernos democráticamente elegidos,
pero siembra también las dudas --y esto es lo más grave-- sobre el
Parlamento, sobre la soberanía del Parlamento de todos estos años;
Parlamento que sí ejerció, que tuvo libertad para ejercer la acción de
control democrático, que sí debatió las acciones de los GAL y cada grupo
hizo las iniciativas que creyó que políticamente debía hacer. Ya sé que
en medio de tanto griterío el simple propósito de restituir ciertos
hechos a su contexto histórico, más que inútil, resulta, incluso,
contraproducente.
Sólo les recuerdo que desde 1983, la mejor política antiterrorista ha
sido el consenso sobre ella: desde la reunión del señor Fraga con el
Presidente del Gobierno el 25 de octubre de 1983 hasta los Pactos de
Ajuria Enea y Madrid. Y no voy a leer, señor Presidente, la intervención
del Presidente fundador del Partido Popular en el debate de 3 de
noviembre de 1983 sobre política antiterrorista. Está en el «Diario de
Sesiones». Les ruego --eso sí-- que la lean. Incluso después de haber
votado. Léanla.
En cambio hoy el Partido Popular, lamentablemente, parece que ha
renunciado a ese mismo consenso sobre la política antiterrorista. ¿Y
desde cuándo? ¿Y por qué? Parece haber renunciado a él desde la aparición
en escena del señor García Damborenea. Muchos se sorprendieron al verle
el pasado año abrazando al señor Aznar y pidiendo el voto en un mitin
electoral en mi ciudad, en Zaragoza. Hoy se entiende mejor.
Hoy mismo, un diario recuerda las reiteradas visitas del Presidente del
Partido Popular a Burgos para hablar con ese procesado, que es el
principal testigo de cargo contra Felipe y el principal apoyo de la
estrategia de Aznar en esta cuestión. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
Hubo años, señorías, en que los socialistas vascos estaban muy solos en
la lucha política contra los terroristas. Eran años duros, años en los
que el miedo se imponía y ETA amordazaba a la sociedad. Los socialistas
vascos estuvieron muy solos. Algunos perdieron la vida, como nuestro
compañero el Senador Enrique Casas. Pero el Partido Socialista de
Euskadi, Euskadiko Esquerra, no perdió la cabeza ni el sentido político
ni la dignidad. ¿O alguien duda de la claridad democrática de nuestros
compañeros vascos, desde Ramón Rubial, aquí presente, hasta Ramón
Jáuregui, pasando por Txiqui Benegas, Nicolás Redondo Juan Manuel
Eguiagaray, Múgica y tantos otros, además del malogrado Casas? (Rumores
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Eran años difíciles.
Contra todos ellos, contra todos, se enfrentó sin éxito García
Damborenea; contra ellos se sigue enfrentando hoy, con otros métodos y
con otros compañeros de viaje; contra ellos y, en opinión de mi Grupo,
contra todos los defensores del Estado de Derecho. Porque recientemente
algunos de los procesados han pasado de negar los hechos a
autoinculparse, y de autoinculparse a acusar al Gobierno. Es su
estrategia. Es la estrategia de defensa de unos imputados que, en cuanto
tales --les recuerdo-- tienen derecho a no decir la verdad. Y si tienen
derecho a no decir la verdad, ¿qué verdad puede conocer el Senado
basándose en declaraciones que se saben de antemano falsas? ¿Por qué
vamos a convertir al Senado en altavoz de la estrategia de unos
procesados, algunos ya condenados por sentencia judicial? Para el sentido
común --yo creo que en momentos como éste hay que apelar al sentido
común-- resulta difícil entender que las
confesiones de algunos delincuentes se utilicen para derribar a un
gobierno democráticamente elegido. Pero, desde el sentido común, hay que
rechazar que esos delincuentes, convictos, confesos y condenados, puedan
comparecer en esta Cámara.
Lo insólito no es que los procesados compartan estrategia. Lo insólito es
que fuerzas democráticas, que incluso aspiran a gobernar, se aprovechen
de esas estrategias y, con iniciativas como las de hoy, las refuercen.
Termino ya, señor Presidente, diciendo que quienes han vulnerado las
reglas democráticas tratan de imponerse a la voluntad popular y pretenden
dictar las condiciones de la vida política. A eso nos resistiremos
siempre los socialistas desde nuestras profundas convicciones
democráticas, pero también porque tenemos innegables razones históricas
para resistirnos. Creemos que los demás deberían hacerlo.
Reitero las palabras del Presidente del Gobierno en el debate sobre los
GAL, el 27 de julio: Los que creemos en la democracia y en sus reglas no
podemos caer en el riesgo de aceptar que los tiempos políticos nos los
marquen los delincuentes confesos. Por el contrario, tenemos que
recuperar el espacio público y político para los demócratas. (Fuertes y
prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Abrimos el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Martínez
Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, este Parlamento está siendo seguido hoy con más atención que
nunca. En pocas ocasiones anteriores la opinión pública, la ciudadanía de
este país ha estado tan pendiente de esta Cámara como esta tarde. No es
para menos. Un país sobrecogido por el terrorismo y la violencia de ETA
observó con igual asombro cómo entre 1983 y 1987 aparecen los Grupos
Antiterroristas de Liberación, los conocidos como GAL, que también,
mediante el terrorismo y la violencia, actuaron practicando los mismos
métodos que ETA: el secuestro, la tortura, la extorsión y el asesinato de
al menos hasta 27 personas.
Esta ciudadanía sobrecogida --el Senador que les habla en particular y la
fuerza política que represento, Izquierda Unida-- han pasado desde el
asombro a la indignación al comprobar cómo durante estos años se han ido
sucediendo las informaciones que hablaban de sospechas, de implicación de
miembros de los aparatos del Estado en la creación, formación,
asesoramiento e infraestructura de los GAL.
Así, las informaciones aparecidas sobre los casos Lasa y Zabala, Lucía
Urigoitia, Mikel Zabalza, el secuestro de Segundo Marey, la utilización
de los fondos reservados para primas o para pagar los GAL, la creación de
«gales» de todos los colores y hasta la utilización de edificios
oficiales, como el cuartel de Intxaurrondo o gobiernos civiles, como
lugares de operaciones de los GAL, han ido dejando en la población una
tremenda preocupación, han provocado el descrédito de las instituciones
del Estado y, en muchas ocasiones, hasta la repugnancia de sospechar que,
por miembros del Gobierno, se ha querido combatir la violencia al margen
de los mecanismos previstos en un Estado democrático y de Derecho como el
nuestro, transgrediendo normas y derechos básicos, guardando ética y
comprando silencios.
El GAL parte de decisiones políticas a alto nivel. Una organización de
tipo militar con infraestructura y logística no se improvisa. Y todo
apunta a que, además, se ha encubierto durante estos años con dinero
público. Los altos cargos del Gobierno procesados en prisión --los
señores Vera, Sancristóbal, Barrionuevo--, los altos funcionarios
policiales demuestran responsabilidades penales, pero no delimitan
responsabilidades políticas en este tema. ¿Estaba al tanto el señor
Presidente del Gobierno, don Felipe González, de la participación de
altos cargos del Gobierno y del Partido Socialista en la trama de los
GAL? ¿Por qué no se depuraron las responsabilidades políticas mediante
investigaciones del Gobierno desde el primer momento? ¿Cómo se ha
consentido que se use dinero público de los fondos reservados para
sobornar, comprar, pagar sueldos irregulares y para tapar bocas? ¿Cómo es
posible que se haya estado pagando de forma irregular a Amedo y Domínguez
sin que se hayan tomado medidas al respecto? los últimos pagos, además,
parece ser que son tan recientes que han sido incluso realizados bajo el
mandato del Ministro Belloch.
Para la delimitación de las responsabilidades políticas es necesario
crear esta comisión de investigación; responsabilidades que no pueden ser
aclaradas por el Poder Judicial, ya que su ámbito de actuación
corresponde al delito, pero no a la depuración de responsabilidades en la
estructura política que ha dado lugar a esta situación; y también para
que una ciudadanía, cada vez más asombrada, pueda ver una nota de alivio
proveniente de las instituciones democráticas.
Ante el empecinamiento de un Gobierno y de un Partido Socialista
empeñados en ocultar cuanto puedan, en obstaculizar a la Justicia
negándole documentación, en evitar claridad y luz sobre el asunto,
oponiéndose a cuantas comisiones de investigación o intentos de
establecer transparencia en este tema, se situaría un Parlamento, pieza
clara y central de nuestro sistema democrático, que tomaría sobre sí la
responsabilidad de ejercer el control del Gobierno en la más amplia
acepción parlamentaria.
La centralidad del Parlamento es la que aquí reivindicamos y la que
también hoy aquí demandamos del conjunto de Senadores y Senadoras. Y es
ante este Senado donde está planteada la posibilidad de iniciar, de una
vez por todas, esta etapa de regeneración de la vida pública que tanto
está demandando la sociedad.
Esta Cámara, con el acuerdo de diversos grupos parlamentarios, debe
iniciar esta tarea: situar al Parlamento en el lugar central que le
corresponde en democracia y aclarar ante la opinión pública las
responsabilidades de este cúmulo de tropelías, de esta gran conspiración
contra la democracia y contra el Estado de Derecho que supuso la
actuación de los GAL.
No es sólo desde la ciudadanía, en general, desde donde se reclama esta
clarificación. También se hace desde otro ámbito: desde las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, desde donde se ha comprobado con
sorpresa cómo había quienes, emboscados en una placa o en un cargo
político, han transgredido la ley, han actuado ilícitamente para
pervertir su función y llevar al Estado de Derecho a un callejón sin
salida.
Al terrorismo no se le puede combatir con más terrorismo. El GAL nació
por ETA, y ETA se ha alimentado políticamente del GAL. En una infernal
dinámica, ambos grupos han operado en peculiar simbiosis. El Estado
democrático y de Derecho necesita acabar con este tipo de dinámica
--siquiera, con su alargada sombra y también con su espeso olor--, para
no verse condenado, como Sísifo, a tener que subir una y otra vez con la
misma piedra, para que una y otra vez vuelva a caer.
Se han tratado de dar improvisados argumentos para justificar el voto
negativo a la creación de esta comisión, como el de que no tendría tiempo
de actuar, de realizar sus trabajos. Pero ante esto hay que recordar que
nada asegura que el Parlamento vaya a ser disuelto, tal como se anuncia.
González ha incumplido ya demasiadas veces su empeñada palabra, y ayer
mismo manifestaba de modo crítico que el final de su mandato no está tan
próximo. Además, tres meses --es posible habilitar el mes de enero
parlamentariamente-- a un buen ritmo de trabajo, que es seguro que todos
estamos dispuestos a desarrollar, dan para mucho, señorías. Yo mismo he
visto tramitar en un día leyes amplísimas con centenares de enmiendas, o
voluminosos Presupuestos Generales del Estado en tres sesiones plenarias.
Pero es más; no hace ni un mes que se ha creado la Comisión Especial para
el Estudio del Cambio Climático en esta Cámara, y dispondrá prácticamente
del mismo tiempo para acabar sus trabajos. Convendrán conmigo, señorías,
que el cambio climático tiene más miga y más ciencia que los GAL como
para ventilarlo en tres meses. Sin embargo, no he escuchado ninguna voz
contra el escaso tiempo de trabajo de esa Comisión y, es más, el Grupo
Socialista ha apoyado con énfasis la constitución de la misma, e incluso
la preside un miembro de Convergència i Unió.
Por otra parte, este Parlamento, como órgano soberano, no puede hacer
depender el ritmo de sus trabajos, de sus debates y deliberaciones, de un
desiderátum expresado por el señor González, sino de su propio calendario
parlamentario. Lo contrario sería una subordinación al Ejecutivo en la
que este Parlamento no debe entrar. Hay que tener en cuenta, además, que
esta Cámara no se disuelve igual que el Congreso de los Diputados, sino
que aquí hay cerca de 50 Senadores autonómicos, todos ellos con tres o
más años de legislatura por delante, que pueden dar una cierta
continuidad a esta Comisión.
Otro de los argumentos visiblemente empleado durante estos días es que el
asunto está siendo ya tratado por los tribunales, ya que se siguen en
relación con este caso al menos tres causas, una de ellas en el Tribunal
Supremo. Pero la labor de investigación de un Parlamento no colisiona con
la investigación judicial; antes al contrario, es sinérgico con ella. El
Parlamento tiene el derecho y la obligación de ejercer el control del
Ejecutivo, tarea que no puede decaer, que no puede delegar en el Poder
Judicial. Y no sólo eso; puede colaborar con la justicia. Así lo
contempla el artículo 60.5 del Reglamento del Senado y así se hizo con la
«Comisión Roldán» que, trabajando en paralelo con la justicia, también
colaboró activamente con ella.
La tercera razón esgrimida pertenece al ámbito de la presunción. Se
presupone que se trata de desgastar al Gobierno o a Felipe González ante
la inminencia de una consulta electoral. Quien así piensa no sólo está
juzgando intenciones con la dificultad que ello supone, sino, además,
minusvalorando los deseos de claridad y transparencia que tienen los
ciudadanos y sus representantes políticos. El Parlamento debe convertirse
en una caja de cristal, en un espacio completamente abierto al debate y a
la reflexión, donde no existan zonas de sombra, espacios reservados al
conocimiento político, ni opacidades sospechosas. Todo debe saberse, y
debe saberse ya, cuanto antes, porque lo demanda la salud democrática de
nuestra instituciones.
En este sentido se pronunció hace escasas fechas el Parlamento de
Navarra, y así lo apoyó el Partido Socialista en Navarra, Convergencia de
Demócratas Navarros y Eusko Alkartasuna, a solicitud de Izquierda
Unida-Los Verdes, en la Comunidad Navarra. Solicito así de los Senadores
navarros del Partido Socialista coherencia con esta postura y, por tanto,
su voto favorable a la creación de esta Comisión.
Nada de lo ocurrido puede guardarse bajo secreto. Han sido 11 años de
silencio espeso y sórdido, sólo roto por aquellas voces como las de
Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco o Eusko Alkartasuna, que se
se han levantado para pedir la investigación del terrorismo de Estado.
Primero el Presidente González nos dijo que el Estado democrático también
se defiende desde las cañerías, ahora la doctrina oficial parece ser la
del secreto y la ocultación. No hay pruebas ni las habrá, ha dicho con
ruido de conjuras al fondo.
Sin embargo, la publicidad es un elemento esencial de la democracia.
Ninguna teoría democrática merece tal nombre si no incluye entre sus
elementos claves la transparencia de la acción de Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, le ruego que vaya
terminando.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Acabo en un minuto, señor Presidente.
Constitucionalismo y publicidad política van indisolublemente asociados.
Kant fue aún más lejos en su defensa de la publicidad, conectándola con
la ética. El decía que todas las acciones relativas a los derechos de los
demás que resultan incompatibles con la publicidad, son siempre injustas.
Y también a la inversa: todas las acciones que necesitan de la publicidad
para no errar en su propósito resultan conforme a la moral y a la
política al mismo tiempo.
El problema es que el reino de la política y el de la ética sólo
ocasionalmente alcanzan puntos de contacto. La renacentista razón de
Estado ha traído demasiada sinrazón y ha
hecho del secreto un ingrediente endémico de la política, pero, como
señala Miguel Revenga, un ingrediente perverso. También lo señala Elías
Caneti: todos los secretos concentrados acaban siendo fatales. La
potencia explosiva del secreto es tanto mayor cuanto es más llevado a su
nivel de concentración, entendiendo por tal la relación entre el número
de los que lo guardan y el número de aquellos a quienes afecta lo
guardado.
Si los llamados años de plomo de Vietnam/«Watergate» llevaron a los
norteamericanos a la renuncia, en nombre de la razón de Estado, a
fragmentos, si es que puede hablarse así, importantes de la democracia,
estos años de la historia de España pueden pasar como unos nuevos años de
plomo, como aquellos pacíficos años del Vietnam/«Watergate» o quizá
también como unos años de las tinieblas, porque tras ellos puede quedar
una democracia maltrecha y desacreditada.
El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, le ruego, por favor, que
concluya.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Concluyo, señor Presidente.
Por ello, señorías, solicito, en nombre de Izquierda Unida, su voto
positivo para la creación de esta comisión de investigación sobre los
GAL.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Travieso Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, mi Grupo va a votar afirmativamente la creación de esta
comisión de investigación por coherencia y convencimiento, como ya
hicimos en el Congreso de los Diputados y como han manifestado
públicamente los órganos y la dirección de Coalición Canaria.
Coalición Canaria no ha firmado la solicitud de creación de esta comisión
investigadora porque entiende que existen otras prioridades en este
momento final de la presente legislatura, pero no puede dejar de votarla
a favor, ya que nuestra línea es la de no oponernos a las comisiones de
investigación, en cuya petición exista un mínimo de racionalidad, porque
la democracia es claridad y no oscurantismo.
El pueblo español, en nombre de quien se gobierna, demanda hoy clarificar
lo no conocido del tema GAL en sus aspectos políticos. Sería frustrante
para una parte importante de los ciudadanos que sus representantes
impidieran la clarificación de un asunto como éste. En un sistema
democrático es importante despejar las dudas que se puedan derivar de las
acciones de Gobierno y en este momento nos corresponde demostrar que no
hay cuestiones de Estado más importantes que la propia democracia y que
la ética social no debe estar minada por comportamientos individuales o
colectivos al margen del Estado de Derecho.
Esta comisión de investigación está amparada en el artículo 76 de la
Constitución española para profundizar exclusivamente en las posibles
responsabilidades políticas, si las hubiere, sin vincular ni afectar a
las resoluciones judiciales, por lo que a la inversa no puede afectar al
Parlamento que existan causas judiciales abiertas para ejercer su derecho
al control político.
Coalición Canaria cree firmemente que toda investigación honesta refuerza
las instituciones y la que hoy se solicita tiene por exclusiva finalidad
el que se aclaren de forma definitiva las posibles sospechas en torno a
la participación de responsables políticos en la trama del GAL, con el
fin de poder tener plena legitimidad moral en la lucha contra la
violencia, el terrorismo y la corrupción. Creemos que el Gobierno debería
ser el primer interesado en que se aclarara políticamente este asunto.
Si hoy el Senado aprueba esta Comisión de Investigación, como esperamos,
nuestro grupo político acudirá a ella sin ideas preconcebidas a estudiar
los comportamientos de los dirigentes implicados, deseando ardientemente
concretar las posibles responsabilidades políticas a que hubiere lugar o
liberarlos definitivamente de toda sospecha. No estamos dispuestos a que
se desvíen los objetivos intentando crispar aún más la vida política y
social del país con fines o intereses partidistas y electoralistas. Nos
negamos a maniobras que persigan otros fines espurios y a que el trabajo
de la Comisión se convierta en inquisitorial. Velaremos porque la
objetividad y la búsqueda de la verdad sea la única luz que guíe el
funcionamiento de esa comisión. Si el funcionamiento de la comisión se
desviase hacia otros derroteros, lo denunciaríamos públicamente.
Somos conscientes de que en este debate otros nos han convertido
interesadamente en el centro de atención y se han permitido jugar al
pim-pam-pum con nosotros para intentar purgar sus propios pecados.
Nosotros vamos por delante con nuestro compromiso de honor, no nos hace
falta controlarnos ni autovigilarnos, como hacen otros grupos. No
intentamos ponernos la venda antes de la herida. No fuimos nosotros
precisamente quienes en el Congreso votamos en contra de lo que dijimos
que íbamos a votar, ni lo vamos a hacer en este momento en el Senado.
Vamos a votar que sí, porque libremente lo hemos decidido, y aunque se
nos intenta hacer, no cedemos ante ningún tipo de chantaje, del signo que
sea, y nuestra forma de hacer política no está sometida a esas cuestiones
ni tampoco actuamos de forma pedigüeña. Nuestros grupos parlamentarios y
nuestro Gobierno autonómico no viene a Madrid a pedir favores, sino para
luchar y exigir lo que entendemos justo y razonable para nuestra
Comunidad Autónoma y para los intereses generales. Nos podremos equivocar
o no, pero no venimos a Madrid a poner la mano; eso lo dejamos para
otros. Nosotros venimos a defender los intereses de Canarias y de los
canarios.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado votará que sí a
esta Comisión de Investigación, sea cual sea la forma de votación,
secreta o pública. No tenemos el problema que tienen otros, pero queremos
dejar claro que votaremos a favor de que la votación sea pública y, por
tanto, votaremos en contra de que sea secreta, porque entendemos que en
este caso el ciudadano debe saber con claridad lo que ha votado su
representante, porque se
trata de una acción de control sobre miembros del Ejecutivo.
A quien de forma velada y chusca intenta acusarnos de potenciales
traidores tenemos que decirle que se mire su propio ombligo, que aunque
nosotros no estamos militarizados ni funcionamos a toque de pito, como sí
hacen algunos, nuestra palabra y nuestro honor son nuestro mejor garante.
Nosotros, por lo menos, discutimos y aceptamos las discrepancias sin
necesidad de utilizar el hacha.
Para finalizar, señorías, Coalición Canaria va a votar que sí con
rotundidad y en bloque, esperando que la Comisión sea rápida y breve, sin
que su actividad se convierta en una cacería de fantasmas, despejando con
nitidez, en sentido positivo o negativo, la preocupación que hoy tiene la
sociedad española.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Senador San Cebrián tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente, y gracias muy
especialmente por haber intentado evitar la usurpación de tiempo de la
que hemos sido objeto.
Inicialmente, deseamos utilizar este turno con dos finalidades. En primer
lugar, demostrar o, mejor, abundar en el dato de que la existencia de
esta Comisión es totalmente compatible con las actuaciones judiciales que
versan sobre la exigencia de responsabilidad penal a los imputados por
haber organizado la llamada trama de los GAL. Y, en segundo lugar, que,
además, dicha Comisión es oportuna para tal objetivo.
Por ello, hay que reconocer que tanto la Constitución como el Reglamento
de esta Cámara --y hay que decirlo bien claro-- permiten la creación de
una Comisión de Investigación sin perjuicio de la existencia de
actuaciones judiciales que puedan incidir sobre el mismo tema. Y tales
previsiones no sólo constituyen el derecho positivo, es decir, el derecho
vigente que informa esta cuestión, puesto que, además, se compadecen con
la más estricta lógica, al distinguir entre la exigencia de
responsabilidades políticas y responsabilidades penales, extremo que
demostraremos que no es una cuestión baladí, puesto que no siempre van
unidas unas a otras.
De otra parte, convendrán ustedes conmigo, señorías, en que existe un
rigor formal inherente a las garantías judiciales y al derecho de defensa
que provoca, como elemento negativo, que en numerosos supuestos la
aplicación de eximentes, de atenuantes e, incluso, de figuras como la
prescripción, que planea insistentemente sobre el caso de los GAL, puede
llevar a concluir el proceso penal con la absolución o con la imposición
de sanciones puramente simbólicas, que, desde luego, hay que decir que,
como demócratas, acataríamos desde este momento.
Por contra, la exigencia de responsabilidades políticas y hasta
históricas, como también se ha dicho, por la creación del GAL y por sus
subsiguientes actuaciones, a través de la Comisión de Investigación,
supera los citados obstáculos formales y evita la comisión de un nuevo
fraude a los ciudadanos, a las expectativas de la población, al hacer
patente el comportamiento, presuntamente doloso, culposo o negligente de
algunos gestos públicos implicados. A mayor abundamiento, ha quedado
patente, a nuestro entender, la renuncia del Gobierno a facilitar
documentos acerca del denominado «caso Monbar», lo que evidencia --como
digo, según nuestro criterio-- el largo y tortuoso camino que ha de
seguir la investigación judicial frente a la agilidad que necesariamente,
y sin perjuicio de las debidas garantías, debe ofrecer la Comisión
Parlamentaria.
Otro argumento que se ha utilizado en contra de la Comisión es la
brevedad de su existencia --también se ha alegado por alguno de mis
antecesores en el uso de la palabra-- porque existe una previsible
convocatoria de elecciones generales para el mes de marzo. Que yo sepa,
no sería ésta la primera vez que un Gobierno incumpla una promesa y, en
particular, que el Gobierno socialista incumpliese una promesa si no se
produjere tal convocatoria. Además, si la humanidad en general, llevada
por tal estéril inmovilismo, hubiera aplazado «sine die» sus obras, hoy,
posiblemente, nos encontraríamos con un mundo muy distinto al actual y,
por supuesto, que no sería mejor.
Señorías, como conclusión de este primer apartado, esta Comisión que
proponemos es compatible, por lo tanto, con las actuaciones judiciales. Y
también es oportuna en el tiempo, porque siempre es buen momento para
exigir responsabilidades históricas a quienes pretendieron burlar la
democracia a través del terrorismo de Estado.
También convendrán conmigo sus señorías en que uno de los obstáculos para
la paz en el País Vasco ha sido --es-- además del terrorismo asesino de
ETA, la creación de los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación.
Cada vez es menos concebible una sociedad vasca reconciliada y en paz si
no se aclara, de forma satisfactoria y justa, la trama de ese terrorismo
de Estado que recibió el nombre de GAL. La depuración, no sólo desde el
punto de vista penal, sino también político, de todas las
responsabilidades en las que hubiera podido incurrir tanto miembros del
Gobierno como de las Fuerzas de Seguridad del Estado es la mínima
exigencia democrática de un Estado que se proclama de Derecho. Y este
parlamento, que representa la voluntad popular, debe hacer cumplir dicha
exigencia democrática.
Señorías, no podemos seguir poniéndonos la venda sobre los ojos. El GAL
ha existido. Y ha dejado una secuela de 28 asesinatos, secuestros,
extorsiones, desapariciones. Dos altos dirigentes socialistas han
confesado ser sus organizadores, y han dicho que por orden del presidente
del gobierno y del entonces señor Ministro del Interior, Barrionuevo. No
podemos ignorar que un jefe de operaciones del Cesid ha atestiguado que
cursó información al Presidente del Gobierno sobre la planificación de
los crímenes. Habrá que demostrarlo, cierto es.
Por lo tanto, señorías, creemos que el GAL no es obra de unos
funcionarios. Ni tan siquiera de unos mercenarios, lo cual hubiera sido
suficientemente grave. El GAL es producto de una decisión política de
ciertos miembros del Gobierno; no sabemos si de todos. Señorías, esto que
digo es tan obvio, tan evidente, que parece innecesario. Pero es tan
grave, al mismo tiempo, que precisa ser repetido tantas veces como sea
menester. Lo mismo que es preciso decir que con nuestra indiferencia, con
nuestra falta de sensibilidad, no podemos alimentar a esos gusanos que
intentan liquidar a todo un país, a todo un pueblo como es el pueblo
vasco. Y esto es tan terrible, tan trascendente, que nos exige, siempre
respetando la suprema libertad de elegir que a todos ustedes les
reconocemos, un esfuerzo para convencer. Y, en este orden de cosas, creo
que es suficientemente significativo que desde posiciones políticas tan
dispares como representamos el Grupo Parlamentario popular, el Grupo
Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, nos hayamos unido en un tema de Estado, insisto, tan fundamental
como es la propia transparencia del sistema democrático.
Espero y deseo que éste sea un primer dato para la reflexión. Y que no lo
despejen sus señorías con el simple y, permítanme que le llame, torpe
argumento de la conjura contra el Gobierno, porque la realidad de las
luctuosas consecuencias del GAL no se puede tapar con la burda excusa de
la conspiración.
Señorías, además está en juego el respeto a los derechos humanos,
singularmente el derecho a la vida y el derecho a la paz, ambos violados
por quienes decidieron combatir la muerte con la propia muerte, el
terrorismo con el terrorismo, siguiendo en apariencia la vía más cómoda
--la de medir al delincuente con la misma vara--, pues es bien sabido que
defender la democracia es más difícil que defender una dictadura, sin que
ello suponga por nuestra parte conformarnos con la violencia, la
extorsión o el asesinato. Y esto que digo, señorías, lo digo con la misma
convicción que lo manifestó Willy Brant en su día: Sólo nos puede
derrotar la resignación, nunca la dificultad.
Quiero, señorías, y creo que queremos todos, que el Estado español sea un
país europeo, en el que tengamos la seguridad de que se respeten los
derechos humanos y en el que el individuo tenga garantizada su vida
frente al poder del Estado. Me resisto a admitir que el hombre, como
decía Burke, sea un mito de la ideología burguesa, o que la palabra
hombre sea solamente una palabra que ceda ante la llamada razón suprema
de Estado. Nos negamos, por lo tanto, a volver a la ley de la selva, a
regresar al siglo III a.C., cuando Tucídides decía aquello de «Inter
armas silent leges» en tiempos de guerra la ley no cuenta, vale todo. Por
fortuna, los tiempos han cambiado y los derechos humanos y las libertades
fundamentales --y reconozco que el Partido Socialista tiene su mérito en
ello-- son hoy patrimonio innato de todos los seres humanos, hasta de los
delincuentes, hasta de los criminales.
De otra parte, y como he señalado al comienzo de esta intervención, el
GAL es un obstáculo para la pacificación de Euskadi, hasta el punto de
que entre los ciudadanos vascos existe el convencimiento generalizado de
que el Estado de Derecho ha sido vulnerado grave y repetidamente desde
las instancias políticas que más deberían velar por su respeto. En
consecuencia, se cuestiona la legitimidad del Estado para hacer uso de su
superioridad típica frente a los violentos, por lo que una buena parte de
la sociedad vasca puede acabar sintiéndose inhibida e incapaz de
identificarse y comprometerse con las instituciones del Estado de
Derecho, cuya integridad y limpieza ética han quedado en entredicho.
Ante esta situación somos muchos los que nos planteamos que hay que hacer
algo, y ese algo, aquí y ahora, señorías, es manifestar la voluntad de
investigar la actuación de gobierno en relación con la creación de los
GAL. Es lo menos que podemos hacer por Segundo Marey, por las víctimas de
todas las violencias, por la defensa de la democracia y por nuestro
futuro.
Ahora, si me lo permiten, quiero dirigirme muy especialmente a nuestros
compañeros catalanes de Convergència i Unió, y lo voy a hacer con todo el
respeto, y lo voy a hacer con todo el cariño que saben que les profeso.
Me gustaría que os pusierais en nuestra posición y que imaginaseis que en
lugar de haberse creado el GAL contra ETA se hubiera creado, por ejemplo,
contra Terra Lliure. Me gustaría que imaginaseis que los creadores del
GAL hubieran sembrado más de 27 muertos en Cataluña o sus aledaños, en
lugar de en Euskadi. Me gustaría que sintieseis la lógica presión de los
ciudadanos más directamente afectados como la sentimos nosotros. Entonces
yo os pregunto: ¿cuál sería vuestro voto, compañeros?
No puedo olvidar tampoco que vuestro President, el Honorable Jordi Pujol,
cuando compareció ante la Ponencia del Senado que estudia la reforma de
la Constitución, y ante cuestiones que afectaban a Euskadi y que
personalmente le formulé, literalmente me respondió, y consta en negro
sobre blanco: Yo siempre digo lo que diga el PNV. Pues bien, en una
cuestión que afecta directamente a Euskadi, el PNV, el partido
Nacionalista Vasco, dice que se cree la Comisión sobre el GAL. Por lo
tanto, compañeros de Convergència i Unió, esperamos vuestro voto a favor
no sólo por solidaridad con el pueblo vasco, sino también por coherencia
política, pues bien con el debido respeto os digo: no podéis seguir
haciendo malabarismos dialécticos para explicar un inexplicable apoyo al
Gobierno en este caso.
Señorías, yo ahora me dirijo a todo el hemiciclo --y me incluyo yo mismo,
por supuesto--: ¿de qué lado estamos? La cuestión es muy sencilla, a
alguien no le ha gustado que lo plantee así de simple: se está del lado
de la justicia o se está del lado de los asesinos, sean éstos del signo
que sean. Piénsenlo seriamente. Ustedes, señorías, aquí y ahora, con su
voto no pueden escudarse en el escaso valor de su decisión; es suya y
como nunca es tan transcendente.
De ustedes depende ahora señalar el tipo de país que queremos para
nosotros y para nuestros hijos, si deseamos un Estado lustroso por fuera,
pero con las cañerías reventadas por dentro, o bien un Estado limpio
moral y éticamente.
La responsabilidad parlamentaria --obvio es decirlo-- está en nuestras
manos. Cuando concluya esta votación tendremos el país que realmente nos
merecemos y a ello habremos contribuido decisivamente los aquí presentes.
Por lo tanto, que Dios nos ilumine. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: El Senador Ferrer i Roca tiene la palabra por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quizá lo oportuno sea contestar a la llamada del portavoz del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al iniciar mi
intervención, diciéndole, muy telegráficamente pero muy sentidamente, que
nuestras convicciones y nuestra responsabilidad nos acompaña en cualquier
escenario, en Euskadi, en Cataluña o en Japón.
Se nos propone hoy la creación de una comisión de investigación sobre los
llamados Grupos Antiterroristas de Liberación que, durante su período de
actividad, ocasionaron numerosos asesinatos y cometieron otros delitos
también de grave significación, como el secuestro.
Señorías, idéntica iniciativa parlamentaria se produjo hace apenas unas
semanas en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde fue rechazada.
Hoy se ha formulado esta propuesta en el Pleno del Senado y nuestro
posicionamiento, el del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, que se opuso en el Congreso de los Diputados a
aquella iniciativa, volverá a ser el voto negativo a la propuesta de
creación de aquella comisión de investigación, y por las mismas
motivaciones.
Nuestras razones ayer y hoy eran y son las siguientes: Primero, los
presuntos delitos cometidos por los llamados Grupos Antiterroristas de
Liberación constituyen un episodio que atenta al normal funcionamiento
del Estado de Derecho y nos introduce en prácticas delictivas contrarias
a la normal actuación de este Estado en defensa de la ley y el orden, que
es de todos. Los graves hechos que se imputan a los llamados Grupos
Antiterroristas de Liberación deben ser castigados con todo el peso de la
ley.
Segundo, para tranquilidad de todos los ciudadanos, los sospechosos de
haber incurrido en la ejecución de aquellos graves hechos están en manos
de la justicia. Los hechos de los que se acusa al GAL no duermen en
ningún desván perdidos, señorías, sino que están siendo objeto de una
actuación por parte de los tribunales que están actuando sobre una
cuestión compleja, delicada e importante.
Tercero, la propuesta que hoy se nos formula de creación de una comisión
de investigación sobre los hechos de que se acusa al GAL no se
corresponde con el actual momento procesal y creemos que podría
significar una perturbación de éste. Con toda claridad y desde nuestro
deseo de que los hechos se aclaren totalmente y se castigue a los
culpables, creemos que quien debe investigar aquellos delitos a quien lo
está haciendo y tiene nuestra más total confianza: los tribunales. La
creación de esta comisión de investigación pudiera perturbar su actuación
y quizá proporcionar a algunos de los acusados ocasión de entorpecer
aquellas diligencias.
Estos razonamientos, señorías, son la postura habitual en el ámbito
general europeo.
Antes he citado --y quiero volver a subrayarlo-- un ejemplo, que es lo
que ocurre en la legislación prevista en Francia, en donde el Reglamento
de funcionamiento de la Asamblea del Senado, en su artículo 6.o dice --y
leo textualmente--: «No puede ser creada una comisión de investigación
sobre los hechos que hayan ocasionado diligencias judiciales mientras
estas diligencias estén en curso. Si una comisión ha sido ya creada, su
misión deberá terminar desde el inicio de la información judicial
relativa a los hechos sobre los cuales ella ha estado encargada de
investigar.»
El Propio Tratado de Maastricht en su artículo 138 --y creo que para la
ilustración de algunos Grupos es conveniente la lectura textual--, afirma
lo siguiente: «En cumplimiento de sus cometidos y a petición de la cuarta
parte de sus miembros, el Parlamento Europeo podrá constituir una
Comisión temporal de Investigación para examinar, sin perjuicio de las
competencias que el presente Tratado confiere a otros órganos e
instituciones, alegaciones de infracción o de mala administración en la
aplicación del Derecho comunitario, salvo» --y subrayo-- «que de los
hechos alegados esté conociendo un órgano jurisdiccional, hasta tanto
concluya el procedimiento jurisdiccional.»
Cuarto. Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió
espera que los tribunales puedan continuar sus trabajos con la misma
intensidad que lo vienen haciendo hasta el total esclarecimiento de los
hechos, y por ello votaremos en contra de la creación de la Comisión que
se nos propone.
Por todo ello, creemos que es oportuno reafirmar lo siguiente. Queremos
que se investigue a fondo hasta las últimas consecuencias el GAL;
deseamos que la justicia haga recaer sobre los culpables el peso de la
ley, y por esta razón opinamos que los tribunales deben continuar su
trabajo sin interferencias y absurdos obstáculos como el que
representaría crear esta Comisión que hoy se nos propone. Hay un
procedimiento abierto para esclarecer aquellos hechos, dejemos que se
culmine. Abrir hoy una Comisión sería casi equivalente a dudar de su
capacidad. No creemos que esta cuestión exija mayores consideraciones,
pero sí queremos señalar como último comentario nuestra extrañeza ante el
hecho de que alguno de los Grupos proponentes que acostumbra a
autocondecorarse sistemáticamente como uno de los que mayor sentido de
Estado demuestra en sus actuaciones, permítanos señalar, que con la
presente propuesta manifiesta precisamente una orientación
prioritariamente partidista, muy lejos de una adecuada conciencia de
responsabilidad de Estado. (Rumores.)
Si, como estamos convencidos, a todos nos interesa esclarecer aquellos
hechos, podemos estar seguros de que su solución está en las mejores
manos. Si, por el contrario, lo que interesa a algunos es simplemente la
algarabía, el ruido, para con cualquier pretexto erosionar al adversario
político, entonces nosotros, el Grupo Catalán de Convergència i Unió,
desde nuestra responsabilidad, nos oponemos con nuestros votos a que se
frivolice una cuestión sobre la que no no nos interesa la pérdida de
tiempo, sino la sentencia que recaiga sobre los culpables. Esta es
nuestra posición, que quizá que sea comprendida por aquéllos a quienes
todo esto parece hoy importarles poco.
Señorías, la cuestión del GAL es suficientemente grave como para que
nadie pueda perturbar el trabajo que la justicia está haciendo en nombre
de todos. Por ello reitero nuestro voto negativo a la propuesta que se
nos hace.
Señorías, para terminar, esta mañana un comentario en un medio de
comunicación calificaba esta iniciativa de
fuegos artificiales. Pues bien, señorías, éste es un asunto demasiado
grave como para que tengan justificación unos fuegos artificiales. Los
fuegos artificiales pueden hacerse en muchos lugares, en muchas
situaciones; con el GAL, no; no jueguen con el GAL, es demasiado grave.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ferrer.
Tiene la palabra el Senador Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, señorías, el Grupo Socialista ha
venido a este debate a dar razones y a escucharlas. Las que hemos
escuchado, debo decirlo, no nos han hecho cambiar el criterio de nuestro
Grupo. En un turno de portavoces se trata de fijar criterio de Grupo; por
lo tanto, en este turno trataré de resumir las razones que tenemos, pero
no sin antes decirle al portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos que su partido gobierna en Euskadi con el Partido
Socialista, y que yo no sé distinguir en esta Cámara y en esta votación
quién está del lado de los terroristas. Creo que esas palabras sobran y,
por lo tanto, podríamos continuar el debate en los términos en los que
debe continuar. Nosotros nunca hemos dicho que algún terrorista fuera un
patriota equivocado; nunca.
El Grupo Socialista se opone a la creación de esta Comisión porque no
servirá para conocer la verdad. Y yo creo que ha quedado demostrado en
todas las intervenciones que nadie cree que sirva para conocer la verdad
mejor de lo que la puede conocer el Tribunal Supremo.
Una Comisión de investigación parlamentaria es positiva si se llega a un
gran acuerdo entre los grupos parlamentarios, a un gran acuerdo sobre las
conclusiones. Ahora bien, si se pretende hacer una simple trasposición de
mayorías conyunturales, y en este caso no se sabe cuál va a ser el
resultado de la votación; si se pretende que se sabe de antemano lo que
se dice que se quiere investigar, entonces el resultado es el fracaso y
sólo conduce al descrédito del Parlamento.
El Grupo Socialista Se opone porque, como ha quedado demostrado,
perturbará el trabajo riguroso de los tribunales de justicia, cuando ya
está avanzada la investigación y ya está conociendo el Tribunal Supremo.
Las comisiones de investigación no deben mediatizar las actuaciones
judiciales. La independencia del juez supone impedir, y son palabras de
Oscar Alzaga en sus «Comentarios a la Constitución Española», que las
decisiones políticas puedan presionar para que el fallo de la sentencia
se incline hacia donde apetezca el que osa interferir en la independencia
del juzgado. Y es absurdo, señorías, defender que el Parlamento considere
probado algo que los jueces consideran sin probar. No puede haber dos
verdades contradictorias sobre el mismo hecho. O es verdad la que
establezca el Tribunal Supremo, o no lo es; mantener otra cosa choca con
el principio lógico de no contradicción. Nosotros confiamos en la
justicia. Confiamos en la justicia y estamos seguros de que los
tribunales sabrán resistir las enormes presiones que están padeciendo en
estos días y a las que contribuyen también, lamentablemente, iniciativas
como la de hoy.
El Grupo Socialista se opone a la creación de esta Comisión porque
Izquierda Unida y el Partido Popular no buscan con ella la verdad, sino
que preparan una auténtica operación de linchamiento de Felipe González.
(Varios Senadores de los escaños de la derecha: ¡Hala, hala!) El Partido
Popular quiere liquidar así al que consideran el último obstáculo para
recuperar el poder. Y digo recuperar porque en el fondo cree que estos
doce años de Gobierno socialista son un paréntesis en la historia de
España y que debe volverse página. (Aplausos en los escaños de la
izquierda. Protestas en los de la derecha.)
Y en esta operación de acoso y derribo cuenta con la ayuda inestimable de
Izquierda Unida. Probablemente algún día, si el Partido Popular llega a
gobernar, unos y otros, quizá por razones distintas, se arrepentirán de
haber hecho cosas como la de hoy (Rumores.), porque al mismo tiempo otros
personajes contra los que debería de estar esta Cámara sin ninguna
ambigüedad, están dispuestos a utilizar todo tipo de mecanismos legales o
fraudulentos para recuperar sus posiciones de privilegio, poder e
influencia. (Rumores.)
El Grupo Socialista se opone a la creación de la Comisión porque entiende
que la utilización electoralista de cuestiones tan graves impulsa y
amplifica la estrategia procesal de los imputados tendentes a pasar la
página del GAL y a lograr una ley de punto final. Así se comprueba cuando
se dice que la exigencia de responsabilidad política empieza y termina en
Felipe González y esta afirmación coincide con la defensa de alguno de
los procesados.
El señor Santaella, abogado de Conde y Perote, fue el primero que
escribió que la solución debía venir por la inculpación y posterior
exoneración de culpas del Presidente del Gobierno. El señor Anguita ha
dicho que la solución del GAL la tiene Aznar: «Estoy seguro --decía-- de
que hay insinuaciones, presiones y recomendaciones para que Aznar sea
comprensivo con el caso GAL.» Entrevista publicada el 28 de agosto
pasado. Yo me pregunto: ¿Cómo lo sabe tan seguro? ¿Y se han preguntado
los señores de Izquierda Unida, cómo contribuye a esa estrategia su
petición de crear esta Comisión hecha de la mano del Partido Popular? En
el mismo semanario un empresario decía: «Con la fuerza que le daría un
triunfo en las urnas, nadie reprocharía seriamente al señor Aznar que
pasase página del GAL.» Estas coincidencias que producen estupor y
espanto al sentido común obligan a mi Grupo, por sentido de la dignidad y
de la responsabilidad política, a oponerse a servir de instrumento de
esas estrategias.
Los ciudadanos españoles sí que de verdad quieren saber qué ha pasado. Sí
que es cierto que quieren saber la verdad, toda la verdad sobre los GAL.
Toda puede querer decir si alguno de los procesados pertenecía a algún
otro grupo terrorista anterior al GAL con otras siglas, también puede
querer decir eso. Toda la verdad quiere decir, incluida la verdad sobre
García Damborenea y de su conversión al Partido Popular. Y tienen derecho
a saberla, toda la verdad y nada más que la verdad; la de los hechos, no
la de
las mentiras inventadas por alguno de los encausados para defenderse.
Los ciudadanos tienen derecho a distinguir la verdad de las estrategias
turbias. Una democracia sólida necesita un Gobierno capaz de resistir a
los que acosan al Estado, pero también una oposición capaz de competir
por ser alternativa y, al mismo tiempo, capaz de cooperar en lo
fundamental, una oposición que resista firmemente a todo ese cortejo de
financieros estafadores, personajes sórdidos y siniestros, para que no
sean aquéllos los dueños y rectores de la política española, al margen de
quién gane las elecciones y presida el próximo gobierno de España.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista. Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Por último, señor Presidente, señorías, el Grupo Socialista se opone a la
creación de esta comisión porque no quiere contribuir, ni por asomo, a
dar alas a los violentos. Hay momentos en los que los demócratas se unen,
por encima de las discrepancias políticas y de los intereses de partido.
Desgraciadamente, en estos años ha habido varios momentos en que los
demócratas, todos, hemos tenido que dejar aparte diferencias para
defender juntos la democracia y, a veces, para darnos fuerzas unos a
otros y seguir adelante. Unas veces nos tocaba a unos, otras veces a
otros.
Hoy falta aquí un Senador. Pregúntense cuál sería el sentido de su voto
si estuviera presente; más aún, cuál es el resultado de la votación que
desea. A muchos de los Senadores que van a votar que sí les repugnaría
votar lo mismo que él. Pregúntense si no ha venido porque así es más
fácil que salgo lo que le conviene. (Aplausos en los escaños del Grupo
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Solicito autorización de la Cámara para proseguir,
transcurridas cinco horas. (Asentimiento.)
Gracias.
Tiene la palabra el Senador Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Señor Presidente, señorías, señor Bayona, por
las primeras referencias de su primer discurso, lo que a usted le pasa,
como a su Grupo --y, quizás, después de tanto tiempo hasta pueda ser
comprensible-- es que no han asumido no ser el primer Grupo de la Cámara.
Pero mientras que el Grupo Parlamentario Socialista ha sido mayoritario
esta Cámara ha estado adormecida y desprestigiada. (Protestas en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Nosotros nos sentimos
absolutamente orgullosos y vamos a intentar, a diferencia de lo que han
hecho ustedes con esta Cámara, que la vida parlamentaria española pivote
en torno al Congreso y al Senado. Vamos a cumplir nuestro cometido sin
arrogancia y sin prepotencia, pero orgullosos de representar y servir a
los españoles desde un trabajo en el Senado útil. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Señor Bayona, qué triste papel le ha tocado hacer hoy. Usted ha venido
aquí a hacer un mitin. Yo he intentado hacer un discurso riguroso,
dirigido a la sociedad; usted sólo a las filas del Partido Socialista. No
habrá encontrado en mi discurso una sola línea que suponga una
descalificación. En su discurso no hemos encontrado una sola línea que no
suponga una descalificación. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular. Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario
Popular: «Muy bien, muy bien.»)
Dése cuenta: ha utilizado el 90 por ciento de su discurso al Partido
Popular y a su Presidente, y sólo un diez por ciento al tema del GAL. Nos
ha echado la culpa del tema del GAL a todos, al Partido Popular primero,
a la prensa, a hipotéticos poderes, a todos menos a los que están
inculpados, a los que gobernaban, a los socialistas, a los socialistas
que se llevaban el dinero de los fondos reservados... (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Un señor Senador del Grupo
Parlamentario Socialista pronuncia unas palabras que no se perciben.)...
y lo utilizaban en sus regalos, dándoselo a los afines, todos
socialistas, incluido el señor Damborenea. El señor Damborenea era
afiliado de ustedes, compañero de ustedes, dirigente de ustedes y elegido
sólo y exclusivamente por ustedes. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.--Un señor Senador del Grupo Parlamentario
Socialista: «¡Pero pide el voto para los otros!»)
Todas las justificaciones han sido tan pobres e inconsistentes, que al
final se han resumido en una: no tendremos tiempo. Bien es verdad que ha
hecho usted alguna justificación jurídica más, pero después de su famosa
frase en la que dice que el Partido Socialista, que el señor González ya
está absuelto porque ha pasado por tres elecciones y ha ganado tres
elecciones... (Fuertes rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.), tan desafortunada frase, que titula un prestigioso
periódico...
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor ACEBES PANIAGUA: ... tan desafortunada frase, que es todo lo
contrario no sólo al sentido jurídico sino al sentido común y al sentido
de la justicia y que podía dar para hacer muchas críticas, espero que de
la seriedad de este debate se entienda que no voy a hacer sangre de ello.
Por ello, contestaré a su único argumento que, como comprenderán y como
verán, no resiste el mínimo análisis riguroso.
Dicen que no tienen tiempo, que no va a haber tiempo, y me parece que los
socios de Convergència i Unió decían prácticamente lo mismo, que esto era
una operación sola y exclusivamente política porque no había tiempo.
Señorías, por aquellos que no conozcan el Reglamento de esta Cámara, por
aquellos que no conozcan la Constitución española diré que esta Cámara
para sus trabajos, para el trabajo más importante, el trabajo
legislativo, tiene un plazo máximo de dos meses. Para trabajos tan
importantes como el Código Penal no pueden transcurrir más allá de dos
meses. Será superior a tres meses, si esta Cámara lo decide, el tiempo
que tengamos para poder investigar a los GAL.
Tenemos --y se ha hecho de modo riguroso el trabajo-- más de 50 días
hábiles; a cuatro o cinco comparecencias
por día, en 30 días podríamos tener más de 120 comparecencias. (Fuertes
rumores y risas desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor ACEBES PANIAGUA: Ninguno de ustedes ha hecho estos números.
No se rían porque no han hecho ustedes los números. ¡Si lo que estoy
tratando es ser riguroso, justo lo contrario de lo que han hecho ustedes!
(Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Fuertes aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) Aún nos quedarían 20 días para redactar las conclusiones, y de
la capacidad de sus señorías estoy completamente seguro que en 20 días
obtendríamos unas magníficas conclusiones que poder mostrar a la sociedad
(Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), a los
ciudadanos españoles que ustedes y nosotros representamos.
Por ello, ¿verdad que tenía razón cuando decía que su único argumento no
resiste el mínimo análisis riguroso? (Fuertes rumores.)
Por eso, señorías, hoy van a votar ustedes en contra de que los españoles
conozcan lo ocurrido con el GAL. (Fuertes rumores.--Risas en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.) Ustedes van a tratar de impedirlo.
No se rían porque no tiene ninguna gracia, ninguna. (Risas.) Eso no lo
haría nadie que no tuviera algo que ocultar. No impediría que se
investigara. Sólo quien tiene algo que ocultar tiene miedo a la
investigación, y ustedes tienen miedo a la investigación y nos lo han
demostrado. (Fuertes y prolongados aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) El GAL, señores socialistas, señores de
Convergència i Unió, ha supuesto un grave atentado, quizá uno de los más
graves atentados al Estado de Derecho en España. El que hace lo posible
para encubrirlo, por ocultarlo, señorías, también es culpable. (Fuertes y
prolongados aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.--Rumores.--El señor Ferrer i Roca pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Ferrer.
El señor FERRER I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Es para puntualizar una expresión...
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por alusiones.
El señor FERRER I ROCA: Es para puntualizar una expresión de la
intervención del Senador Acebes. Me parece haberle oído que se ha
referido a nosotros diciendo que había afirmado en la tribuna que no
había tiempo. En ningún momento he dicho esto. He relatado una serie de
razones por las cuales creo que esta Comisión perturbará la acción de la
justicia, y esto es lo único que nos preocupaba y nos preocupa. (El señor
Bayona Aznar pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero decir que respecto a unas supuestas declaraciones
mías en esa entrevista, léanla, en ningún momento pronuncié yo, ni está
escrito poniendo en boca más la palabra «absolver», en ningún momento. Me
da la impresión de que en este turno de portavoces han intentado hacer
más bien propaganda política para interferir en un proceso judicial. Eso
es lo que queremos evitar porque en el turno... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego un poco de tolerancia. Vamos a
escuchar los argumentos.
Silencio, por favor.
El señor BAYONA AZNAR: En el turno de portavoces, señor Presidente, he
dado seis argumentos, y por seis veces he dicho: el Grupo Parlamentario
Socialista se opone por esto y por esto, pero en ningún momento por
razones de tiempo, repito, seis argumentos que se resumen en uno: no
interferir la acción de la justicia.
Termino, señor Presidente. De su réplica, el único argumento es García
Damborenea. No cabía en nuestro proyecto, ustedes lo acogieron en el
suyo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El
señor Martínez Sevilla pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Por el artículo 87, señor Presidente.
He creído escuchar de las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista que esta iniciativa tenía como objetivo presionar a los
tribunales. Creo que en la intervención que he oído aquí esta tarde se ha
puesto un claro énfasis en una defensa que debe ser fundamental en
democracia: la división de poderes. Esa defensa que reivindica
Montesquieu como clave fundamental de la democracia hace que este
Parlamento no sólo tenga derecho sino más que razones fundadas para
seguir esa investigación. Aquellos que no han reconocido a Montesquieu,
aquellos que han pretendido tener un Parlamento domesticado, o aquellos
que desde otras instancias han pretendido ejercer otras presiones, son
probablemente los que sepan mucho acerca de presión a otras instancias
judiciales, a otras instancias de otro tipo, desde luego no este
Parlamento como órgano soberano y como órgano independiente...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, medio minuto para terminar.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Senador Martínez Sevilla, me pide la palabra cuando
no le corresponde y está utilizando usted más tiempo del debido.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, creo que me corresponde. He
pedido la palabra al igual que los otros portavoces de los Grupos, por el
artículo 87, y creo que he sido aludido... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Se hace entender usted perfectamente.
Termine, por favor. (Rumores.)
Ruego silencio.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Termino en treinta segundos.
He creído escuchar que Izquierda Unida y el Partido Popular pretenden un
linchamiento del Gobierno. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir: desde
hace once años nos guían intenciones mucho más nobles. Lo que nos guía es
el esclarecimiento de unos hechos que entendemos absolutamente
deplorables, lo vamos a exigir ahora y lo exigiremos con cualquier
Gobierno. (El señor Acebes Paniagua pide la palabra.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervendré con toda brevedad y por las referencias realizadas.
En primer lugar, al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió he de manifestarle que lo que yo manifestaba no
era porque su señoría hubiese dicho que no tenía tiempo, sino que como no
podría llevarse a cabo la investigación por distintas causas, era en su
contestación a que se debía a motivos exclusivamente políticos por lo que
presentábamos esta Comisión. Es la referencia que a ustedes les hacía.
Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Bayona, le diré que
yo puedo entender muchas cosas, pero que ni siquiera sepa lo que ha leído
en su primer discurso, créame que es suficientemente grave. En su primera
intervención ha dicho: esta Comisión no tendrá tiempo --y lo podremos ver
y comprobar en el«Diario de Sesiones»--. No hay tiempo porque va a haber
elecciones en marzo --me parece que ha dicho textualmente-- y... (Fuertes
rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) (Pidan la
palabra y déjenme terminar)... es el único argumento al que yo le he
rebatido. Repito que está en el «Diario de Sesiones» y era su único
argumento.
Finalmente quiero decir que yo no he traído como protagonista a
Damborenea a este hemiciclo, no le he traído a este Parlamento, señores
socialistas. Eso es lo que ustedes no han entendido. Lo triste de esto es
que nosotros hemos pretendido traer de protagonistas al Estado de Derecho
y a la democracia. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Ustedes, tristemente, señores socialistas, no han entendido
nada; no han entendido nada.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Se va a proceder a la votación. A este respecto informo a sus señorías
que se ha presentado un escrito cuyo primer firmante es el portavoz
socialista, don Bernardo Bayona Aznar, firmado por 50 Senadores, al
amparo del artículo 97 del Reglamento, solicitando votación nominal
secreta. Asimismo, otro escrito cuyo primer firmante es el portavoz del
Grupo Popular, don Angel Jesús Acebes Paniagua y firmado por 51
Senadores, al amparo del artículo 96.1 del Reglamento, ha presentado una
solicitud de votación nominal pública a la que, además, se han adherido
cinco Senadores. En consecuencia, al existir solicitudes contradictorias
para que la votación sea pública o secreta, resulta de aplicación el
artículo 98 del Reglamento de la Cámara, conforme al cual debe someterse
previamente a votación, como cuestión incidental, el procedimiento que
deba aplicarse.
La Mesa en la reunión que al efecto ha celebrado esta mañana ha adoptado
el acuerdo de que esta primera votación se va a efectuar por el sistema
electrónico en tres tandas: en la primera se manifestarán los que estén a
favor de la primera opción presentada, es decir, aquella firmada por el
Senador Bayona que solicita votación secreta. En la segunda tanda de
votaciones votarán aquellos que estén a favor de la segunda opción
presentada, la firmada por el Senador Acebes Paniagua que propone que la
votación sea nominal y pública. Y en una tercera tanda se manifestarán
los que se abstienen. Pero para que sus señorías puedan efectuar
correctamente la opción de voto que vayan a ejercer lo que he de señalar
es que, primero, el tiempo para efectuar la votación se ha ampliado a 30
segundos. Si cualquiera de sus señorías tuviera duda sobre el uso del
sistema electrónico de votación, soliciten a la Presidencia de inmediato
que suspenda la votación para que todos sin error puedan efectuarlo a
conciencia. Segundo, en cada una de las tres tandas se votará con la
tecla correspondiente al sí, tanto la que pide la votación secreta, como
la que pide la votación pública, como aquellos miembros de la Cámara que
se vayan a abstener. Tercero, por lo tanto, cada una de sus señorías sólo
podrá emitir una vez el voto. No será posible el doble voto, puesto que
el sistema de ordenadores nos lo controla y quedará declarado nulo previa
consulta a los señores secretarios de la Mesa.
Creo que con estas disposiciones, y si hubiera algún error al respecto
(Rumores.), ruego que hagan llegar a la Presidencia cualquier duda para
que, efectivamente, pueda efectuarse la votación de manera correcta.
¿Alguna duda? (El señor Sanz Cebrián pide la palabra.)
Tiene su señoría la palabra.
El señor SANZ CEBRIAN: Señor Presidente de todos es sabido, y creo que no
existe obligación de citar precepto reglamentario alguno, que en la
ordenación de este debate, preceptivamente, debe ser oída la Junta de
Portavoces. Esta decisión de la Mesa ha prescindido del criterio de ésta
y, por lo tanto, pido formalmente que se suspenda la sesión y se oiga a
la Junta de Portavoces.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz Cebrián.
La Junta de portavoces fue convocada al respecto y fue informada de que,
en efecto, la Mesa iba a disponer en lo concerniente al artículo 98, que
resuelve las, entonces, dos posibles votaciones contradictorias y,
lógicamente, la información de la que podría disponer el señor portavoz
es exactamente la misma información de la que han dispuesto los miembros
de la Mesa, que no es otra que nuestro propio Reglamento. En todo caso,
con mucho gusto le podré informar en otra ocasión correctamente, en la
medida de mis posibilidades, del uso y de la interpretación unánime que
ha efectuado la Mesa para ordenar esas votaciones.
Gracias. (El señor Sanz Cebrián pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Lamento disentir, pero en la Junta de Portavoces no se habló exactamente
sobre estas modalidades de votación. Pido que, de manera formal, se
presente el acta de la Junta de Portavoces y se lea dónde se hace constar
que estas fórmulas de votación que usted acaba de leer constan
exactamente. Si consta en dicha acta me callo, y punto. Pero si no
constan solicito formalmente que esta cuestión que acabo de plantear sea
considerada y se someta a votación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Senador San Cebrián, yo le haré llegar con mucho
gusto al acta. La Junta de Portavoces estudió cómo iban a ser las
fórmulas del debate, y en el momento en el que la Junta de Portavoces se
reunió no se conocía, lógicamente, que iba a haber solicitudes
contradictorias de votaciones. En todo caso, no cabe ningún tipo de
interpretación. La Mesa no ha decidido nada improvisando, sino en
estricto cumplimiento del Reglamento, amparada en la interpretación que
de él hemos hecho y, además, en los precedentes. En todo caso, haré
llegar a su señoría el acta, tal y como me lo solicita.
Gracias. (El señor Sanz Cebrián pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador San Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.
Lo que tengo que recordar, aunque constituya una obviedad, es que la Mesa
ha cubierto una laguna que es que no se establecía el sistema de votación
en cuanto que nos encontramos con una cuestión novedosa, y es que
solamente se van a tomar a favor los votos que digan sí, y nunca se van a
descontar los posibles votos en contra, con lo cual se está yendo en
contra de los precedentes que ha habido siempre en las votaciones en esta
Cámara, y esto puede inducir a errores.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Senador Sanz Cebrián, la Mesa no ha llenado ninguna
laguna porque, de haberlo advertido alguno de sus miembros, habríamos
convocado a la Mesa de la Comisión de Reglamento para que, de acuerdo con
el nuestro, con nuestra norma de funcionamiento, hubiera rellenado esa
laguna. Lo que ha hecho la Mesa es, a la vista de dos escritos
contradictorios, hacer cumplir el Reglamento en lo preceptuado en el
artículo 98. Y esto es tanto así, desmintiendo la aportación que acaba de
hacer su señoría, que no podría ser sustanciada la cuestión
contradictoria en una única votación porque si su señoría hace un
esfuerzo de lógica se dará cuenta de que, por parte de la Mesa, no puede
ser propuesta una única votación, porque no es una votación sobre una
enmienda en la que se decida sí o no, sino que lo que va a hacer la
Cámara es pronunciarse eligiendo el sistema de votación. Por lo tanto,
hay que someter a votación las diferentes propuestas. (El señor Sanz
Cebrián pide la palabra.)
Le concedo la palabra por última vez, señor Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Le agradezco esta concesión de la palabra. Unicamente quería dejar
constancia de mi protesta formal a los efectos legales pertinentes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sanz Cebrián.
Tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Gracias.
Señor Presidente, sobre esta cuestión reglamentaria he creído escuchar
también de sus palabras que cuando ayer martes se celebró la Junta de
Portavoces no se conocía que iban a existir dos votaciones. Quiero
recordar que no es así, señor Presidente. Se presentó el lunes por la
tarde la solicitud de segunda votación pública y nominal y, por tanto, en
la propia Junta de Portavoces se sabía ya que se iba a tener que decidir
entre votación nominal y pública o nominal y secreta. Es más, este
portavoz del Grupo parlamentario que le habla, lo recordará usted, señor
Presidente, le preguntó explícitamente por el sistema de votación, a lo
cual usted respondió: votación normal electrónica.
Por tanto, manifiesto también mi protesta para que conste en el «Diario
de Sesiones» por entender que en la Junta de Portavoces debería haberse
informado de este tema. No obstante, aceptamos, por supuesto, la decisión
de la Mesa respecto del sistema de votación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Martínez Sevilla.
Reitero de nuevo ante su señoría y ante los demás miembros de la Cámara
que la Mesa ha adoptado esta decisión después de una reflexión sobre las
consecuencias de la aplicación del artículo 98. Tenemos la plena
convicción de que éste es el procedimiento más correcto, el procedimiento
lógico, el único que evita otro tipo de problemas que han sido
advertidos, y lo hacemos con pleno convencimiento del ejercicio correcto
en la toma de decisiones que
a esta Mesa le incumbe. En todo caso, constará en acta su protesta.
Muchas gracias, señorías.
Yo espero que después de estas disquisiciones los señores Senadores y las
señoras Senadoras recordarán lo que tienen que votar. La primera votación
que se va a efectuar es la correspondiente a la solicitud de votación
secreta que ha firmado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
Senador Bayona, con otros 50 Senadores. Por lo tanto, aquellos miembros
de la Cámara que efectúen ahora la votación ya no volverán a ejercer ese
derecho puesto que será anulado su voto. Recuerdo a sus señorías que
deben de votar en las tres, en las dos posteriores a ésta, siempre a
favor, con el sí.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 128; a
favor, 128.
El señor PRESIDENTE: El primer resultado es de 128 votos a favor de la
opción de votación secreta.
Realizamos la segunda votación. Recuerdo a sus señorías que esta segunda
votación es la que viene suscrita por don Angel Acebes Paniagua con otros
55 Senadores y que propugna la votación de carácter público.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 127; a
favor, 127.
El señor PRESIDENTE: El segundo resultado es de 127 votos.
Pasamos a la tercera votación. Ruego a las señorías que no hayan emitido
todavía el voto, si es que existe alguna, que efectúen ahora la votación
correspondiente.
Procedemos a la votación para aquellos que vayan a efectuarla en el
sentido de abstención.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es que no se ha emitido
ningún voto, lo que se desprendía del quórum previsible en esta primera
votación.
Por tanto, habiendo obtenido 128 votos la propuesta de votación nominal
secreta, pasaremos a efectuar el llamamiento. (Pausa.)
Señorías, les ruego que tengan la bondad de prestarme unos breves
instantes de atención.
Los señores Secretarios, que van a efectuar el seguimiento como
reglamentariamente les corresponde en esta votación, van a proceder, a
partir de la Senadora o Senador que por sorteo sea llamado en primer
lugar, a efectuar el llamamiento.
El Senador Cañellas me indica que el número 180 será el primero en ser
llamado. Ahora sabremos de quién se trata.
Ruego a sus señorías que para el correcto funcionamiento del sistema de
votación den sus nombres a los señores Letrados que están situados al
lado de los Secretarios Primero y Tercero y entren por detrás de la
tribuna de oradores por el lado de la derecha y salgan por el lado de la
izquierda. Yo presidiré la votación. Las puertas están cerradas y ruego a
sus señorías que tengan suficiente paciencia.
Muchas gracias.
(Por los señores Secretarios Aguilar Belda y Cañellas Fons se procede al
llamamiento de las señoras y de los señores Senadores, a partir del
citado.)
(El Senador Morales Montero muestra a la Cámara su papeleta, en la que se
lee claramente «SI».)
(Finalizado el llamamiento, el señor Presidente procede al escrutinio.)
Terminado el escrutinio, dijo:
El señor PRESIDENTE: Verificada la votación por los señores Secretarios y
coincidente en sus cifras, el resultado es que queda aprobada por 128
votos a favor y 127 votos en contra.
Los Grupos parlamentarios facilitarán cuando se les comunique o de manera
inmediata los Senadores que pasarán a integrarla. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado y del Grupo Parlamentario Mixto.)
Solicito criterio a sus señorías. Estamos autorizados para proseguir el
debate. (Pausa.)
Me indican los señores portavoces el criterio favorable a reanudar la
sesión mañana a las diez.
Se suspende la sesión hasta las diez horas.
Eran las veintidós horas y quince minutos.