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DS. Senado, Pleno, núm. 72, de 04/04/1995
Año 1995 V Legislatura
Núm. 72
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el martes, 4 de abril de 1995
ORDEN DEL DIA:
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 21 y 22 de marzo de 1995.
Preguntas:
--De don Julián Lanzarote Sastre, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la definitiva decisión del Gobierno respecto a separar y
trasladar, a un lugar distinto de su actual ubicación en la ciudad de
Salamanca, parte del material documental integrado en la Sección Guerra
Civil del Archivo Histórico Nacional (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 256, de fecha 3 de abril
de 1995). (Número de expediente 680/000409.)
--De don José Emilio Aguirre Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre la valoración del Gobierno respecto a la aplicación
práctica en España del sistema europeo denominado «Red Animo», para el
control del tránsito de animales (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 256, de fecha 3 de abril de
1995). (Número de expediente 680/000411.)
--De don Alfredo Prada Presa, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las razones que motivan la sustitución de la Guardia Civil
en la prestación de servicios habitualmente confiados a este Cuerpo de la
seguridad del Estado (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 256, de fecha 3 de abril de 1995).
(Número de expediente 680/000413.)
--De doña Inmaculada Boneta Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
si ha autorizado el Gobierno la destrucción de algún documento
relacionado con la extradición, entrega o detención del señor Roldán, sin
tener en cuenta la posibilidad de su puesta a disposición de la autoridad
judicial (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 256, de fecha 3 de abril de 1995). (Número de
expediente 680/000415.)
--De don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para que sean
puestos en práctica los controles previstos en el acuerdo de Schengen
para evitar una pérdida en los niveles de seguridad ciudadana (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
256, de fecha 3 de abril de 1995). (Número de expediente 680/000420.)
--De don Carlos Guía Marqués, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas previstas por el Gobierno para mejorar la situación de las
mujeres en el mundo rural (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 256, de fecha 3 de abril de 1995).
(Número de expediente 680/000421.)
--De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
el establecimiento de las Delegaciones de Defensa y la supresión de los
Gobiernos Militares (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 256, de fecha 3 de abril de 1995).
(Número de expediente 680/000417.)
--De don José Luis López Henares, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la posición del Gobierno respecto a los estudios y
construcción del satélite Helios II (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 256, de fecha 3 de abril
de 1995). (Número de expediente 680/000408.)
--De don Dionisio García Carnero, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las razones por las que el Gobierno no tiene prevista la
transformación en autovía de la carretera nacional 122 (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 256,
de fecha 3 de abril de 1995). (Número de expediente 680/000410.)
--De don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la medida en que afectarán los aprobados recortes a los
Presupuestos Generales del Estado para 1995, al proyecto de la denominada
autovía del noroeste (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 256, de fecha 3 de abril de 1995).
(Número de expediente 680/000414.)
--De don Diego Alonso Colacios, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las actuaciones que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, desde la aprobación del dictamen de la
Comisión Especial de Encuesta e Investigación sobre los problemas
derivados del uso del automóvil y de la seguridad vial, para disminuir la
peligrosidad en las carreteras españolas (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 256, de fecha 3
de abril de 1995). (Número de expediente 680/000416.)
--De don Antonio Garcías Coll, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas que piensa adoptar el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente para evitar que se repitan este año las
retenciones producidas por los controladores aéreos de Marsella (Francia)
en 1994 en los aeropuertos de las Islas Baleares (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 256,
de fecha 3 de abril de 1995). (Número de expediente 680/000418.)
--De don Alvaro Antonio Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las medidas previstas por el Gobierno para hacer efectivos los
compromisos acordados en la Cumbre de Berlín, sobre reducción de
emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 256, de fecha 3
de abril de 1995). (Número de expediente 680/000422.)
--De don Reyes Martínez García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el criterio del Ministerio de Educación y Ciencia acerca
del establecimiento del cuerpo de directores escolares (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 256,
de fecha 3 de abril de 1995). (Número de expediente 680/000412.)
--De don Rufino Foz del Cacho, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los proyectos que tiene el Ministerio de Educación y Ciencia para el
mantenimiento del bachillerato nocturno y para la aplicación en el mismo
de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 256,
de fecha 3 de abril de 1995). (Número de expediente 680/000419.)
Interpelaciones:
--De don Manuel Acacio Collado, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para lograr el
ahorro en las conducciones y consumo de agua (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 256, de fecha 3
de abril de 1995). (Número de expediente 670/000122.)
--De don José Manuel Molina García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las causas que motivan la continuidad en la oferta de las
líneas eróticas a través de los prefijos telefónicos 903 y 906, a pesar
de la Resolución restrictiva emitida por la Secretaría General de
Comunicaciones, así como sobre las medidas previstas por el Gobierno a
este respecto (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 256, de fecha 3 de abril de 1995). (Número de
expediente 670/000123.)
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Acuerdo entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo para la
financiación paralela de programas y proyectos de inversión y para la
modificación del Convenio del Quinto Centenario. Se tramita por el
procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 132, de fecha 16 de marzo de 1995).
(Número de expediente S 610/000132.) (Número de expediente C. D.
110/000133.)
--Acuerdo formalizado mediante Canje de Cartas de 10 de octubre de 1994
entre el Reino de España y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) acerca de la reunión de expertos sobre el
Protocolo relativo a los Fondos Marinos, 11 y 12 de octubre de 1994, la
Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Protocolo relativo a los Fondos
Marinos, 13 y 14 de octubre de 1994, que se celebrarán en Madrid (España)
y la Reunión de expertos sobre la revisión del Convenio de Barcelona y
sus Protocolos conexos y el PAM, 14 a 18 de noviembre de 1994, que se
celebrará en Barcelona (España). Se tramita por el procedimiento de
urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 133, de fecha 16 de marzo de 1995). (Número de
expediente S 610/000133.) (Número de expediente C. D. 110/000140.)
--Tratado de la Carta de la Energía y del Protocolo de la Carta de la
Energía sobre la Eficacia Energética y los Aspectos Ambientales
Relacionados. Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
134, de fecha 22 de marzo de 1995). (Número de expediente S 610/000134.)
(Número de expediente C. D. 110/000142.)
--Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan
la capa de ozono, adoptada en la Cuarta Reunión de las Partes del
Protocolo de Montreal, celebrada en Copenhague del 23 al 25 de noviembre
de 1992 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie IV, número 127, de fecha 14 de marzo de 1995). (Número de
expediente S 610/000127.) (Número de expediente C. D. 110/000117.)
--Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América en
materia de Cooperación Educativa, Cultural y Científica, hecho en Madrid
el 27 de octubre de 1994 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 128, de fecha 14 de marzo de 1995).
(Número de expediente S 610/000128.) (Número de expediente C. D.
110/000129.)
--Acuerdos sobre el Transporte Internacional por Carretera entre el
Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Lituania,
hecho en Vilnius el 6 de julio de 1994 (publicado en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 129, de fecha 14 de
marzo de 1995). (Número de expediente S 610/000129.) (Número de
expediente C. D. 110/000130.)
--Protocolo número 1 al Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura
y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, hecho en Estrasburgo el
4 de noviembre de 1993 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 130, de fecha 14 de marzo de 1995).
(Número de expediente S 610/000130.) (Número de expediente C. D.
110/000131.)
--Convenio entre el Reino de España y la República de Venezuela sobre
ejecución de sentencias penales, suscrito en Caracas el 17 de octubre de
1994 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie IV, número 131, de fecha 14 de marzo de 1995). (Número de
expediente S 610/000131.) (Número de expediente C. D. 110/000132.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 21 y 22 de marzo de 1995. (Página 3715)
Se aprueba el Acta.
PREGUNTAS. (Página 3715)
De don Julián Lanzarote Sastre, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la definitiva decisión del Gobierno respecto a separar y
trasladar, a un lugar distinto de su actual ubicación en la ciudad de
Salamanca, parte del material documental integrado en la Sección Guerra
Civil del Archivo Histórico Nacional.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De don José Emilio Aguirre Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre la valoración del Gobierno respecto a la aplicación
práctica en España del sistema europeo denominado «Red Animo», para el
control del tránsito de animales. (Página 3715)
El señor Aguirre Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Atienza Serna). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
Aguirre Gutiérrez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Atienza Serna).
De don Alfredo Prada Presa, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre las razones que motivan la sustitución de la Guardia Civil en la
prestación de servicios habitualmente confiados a este Cuerpo de la
Seguridad del Estado. (Página 3716)
El señor Prada Presa formula su pregunta. En nombre del Gobierno le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Prada Presa. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe).
De doña Inmaculada Boneta Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si
ha autorizado el Gobierno la destrucción de algún documento relacionado
con la extradición, entrega o detención del señor Roldán, sin tener en
cuenta la posibilidad de su puesta a disposición de la autoridad judicial
. (Página 3717)
La señora Boneta Piedra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Boneta Piedra. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch
Julbe).
De don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para que sean
puestos en práctica los controles previstos en el acuerdo de Schengen
para evitar una pérdida en los niveles de seguridad ciudadana. (Página 3718)
Esta pregunta decae.
De don Carlos Guía Marqués, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas previstas por el Gobierno para mejorar la situación de las
mujeres en el mundo rural. (Página 3719)
El señor Guía Marqués formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi Alonso). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Guía Marqués.
De don Ignacio Díez González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
el establecimiento de las Delegaciones de Defensa y la supresión de los
Gobiernos Militares.
Esta pregunta ha sido retirada.
De don José Luis López Henares, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la posición del Gobierno respecto a los estudios y
construcción del satélite Helios II. (Página 3720)
El señor López Henares formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (García Vargas). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor López Henares. En turno de dúplica,
lo hace el señor Ministro de Defensa (García Vargas).
De don Dionisio García Carnero, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las razones por las que el Gobierno no tiene prevista la
transformación en autovía de la carretera nacional 122. (Página 3721)
El señor García Carnero formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor García Carnero. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).
De don Jaime Lobo Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre la medida en que afectarán los aprobados recortes a los
Presupuestos Generales del Estado para 1995, al proyecto de la denominada
autovía del noroeste. (Página 3723)
El señor Lobo Asenjo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Lobo Asenjo. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).
De don Diego Alonso Colacios, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las actuaciones que ha realizado el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, desde la aprobación del dictamen de la
Comisión Especial de Encuesta e Investigación
sobre los problemas derivados del uso del automóvil y de la seguridad
vial, para disminuir la peligrosidad en las carreteras españolas. (Página 3724)
El señor Alonso Colacios formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles).
De don Antonio Garcías Coll, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las medidas que piensa adoptar el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente para evitar que se repitan este año las
retenciones producidas por los controladores aéreos de Marsella (Francia)
en 1994 en los aeropuertos de las Islas Baleares. (Página 3725)
El señor Garcías Coll formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles).
De don Alvaro Antonio Martínez Sevilla, del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre las medidas previstas por el Gobierno para hacer efectivos los
compromisos acordados en la Cumbre de Berlín, sobre reducción de
emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono. (Página 3726)
El señor Martínez Sevilla formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (Borrell Fontelles). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Martínez Sevilla. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).
De don Reyes Martínez García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el criterio del Ministerio de Educación y Ciencia acerca
del establecimiento del cuerpo de directores escolares. (Página 3728)
El señor Martínez García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Martínez García. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez
Pertierra).
De don Rufino Foz del Cacho, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los proyectos que tiene el Ministerio de Educación y Ciencia para el
mantenimiento del bachillerato nocturno y para la aplicación en el mismo
de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). (Página 3729)
El señor Foz del Cacho formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra).
INTERPELACIONES. (Página 3730)
De don Manuel Acacio Collado, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para lograr el
ahorro en las conducciones y consumo de agua. (Página 3730)
El señor Acacio Collado realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente (Borrell Fontelles). Vuelve a intervenir el señor
interpelante. Asimismo lo hace el señor Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles). En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Martínez Sevilla, por el Grupo Mixto,
y Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
De don José Manuel Molina García, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las causas que motivan la continuidad en la oferta de las
líneas eróticas a través de los prefijos telefónicos 903 y 906, a pesar
de la Resolución restrictiva emitida por la Secretaría General de
Comunicaciones, así como sobre las medidas previstas por el Gobierno a
este respecto. (Página 3738)
El señor Molina García realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente (Borrell Fontelles). Vuelve a intervenir el señor
interpelante. Asimismo lo hace el señor Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles). En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Travieso Darias, por el Grupo de
Coalición Canaria, y Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió. Cierra el debate el señor Ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 3745)
Acuerdo entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo para la
financiación paralela de programas y proyectos de inversión y para la
modificación del Convenio del Quinto Centenario. Se tramita por el
procedimiento de urgencia. (Página 3745)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo formalizado mediante Canje de Cartas de 10 de octubre de 1994
entre el Reino de España y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) acerca de la reunión de expertos sobre el
Protocolo relativo a los Fondos Marinos, 11 y 12 de octubre de 1994, la
Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Protocolo relativo a los Fondos
Marinos, 13 y 14 de octubre de 1994, que se celebrarán en Madrid (España)
y la Reunión de expertos sobre la revisión del Convenio de Barcelona y
sus Protocolos conexos y el PAM, 14 a 18 de noviembre de 1994, que se
celebrará en Barcelona (España). Se tramita por el procedimiento de
urgencia. (Página 3745)
No habiéndose consumido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces
hace uso de la palabra el señor Ramírez Pery, por el Grupo Popular.
Se aprueba el acuerdo por 92 votos a favor, 1 en contra y 79
abstenciones.
Tratado de la Carta de la Energía y del Protocolo de la Carta de la
Energía sobre la Eficacia Energética y los Aspectos Ambientales
Relacionados. Se tramita por el procedimiento de urgencia. (Página 3745)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan
la capa de ozono, adoptada en la Cuarta Reunión de las Partes del
Protocolo de Montreal, celebrada en Copenhague del 23 al 25 de noviembre
de 1992. (Página 3746)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América en
materia de Cooperación Educativa, Cultural y Científica, hecho en Madrid
el 27 de octubre de 1994. (Página 3746)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo sobre el Transporte Internacional por Carretera entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno de la República de Lituania, hecho en
Vilnius el 6 de julio de 1994. (Página 3746)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Protocolo número 1 al Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y
de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, hecho en Estrasburgo el 4
de noviembre de 1993. (Página 3746)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio entre el Reino de España y la República de Venezuela sobre
ejecución de sentencias penales, suscrito en Caracas el 17 de octubre de
1994. (Página 3747)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Se suspende la sesión a las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos.
Se abre la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR,
CELEBRADA LOS PASADOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 1995.
El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el punto primero del orden del
día: Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior,
celebrada los pasados días 21 y 22 de marzo de 1995.
¿Alguna observación al Acta? (Pausa.) Queda aprobada.
PREGUNTAS:
--DE DON JOSE EMILIO AGUIRRE GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO RESPECTO A LA APLICACION
PRACTICA EN ESPAÑA DEL SISTEMA EUROPEO DENOMINADO «RED ANIMO», PARA EL
CONTROL DEL TRANSITO DE ANIMALES. (680/000411.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día:
Preguntas.
Iniciamos este punto con la pregunta del Senador Aguirre Gutiérrez, del
Grupo Parlamentario Popular, sobre la valoración del Gobierno respecto a
la aplicación práctica en España del sistema europeo denominado «Red
Animo».
Para su formulación, tiene la palabra el Senador don José Emilio Aguirre
Gutiérrez.
El señor AGUIRRE GUTIERREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Agricultura, la sanidad animal es algo que hoy, además
de importante, tiene una gran trascendencia; por un lado, en lo que se
refiere a la rentabilidad de nuestras explotaciones ganaderas, puesto que
quizá la sanidad sea el primer factor de rentabilidad y, por otro, en
cuanto a la propia salud pública.
Por ello, señor Ministro, paso a formularle la siguiente pregunta, en
nombre del Grupo Popular. ¿Piensa el Gobierno español que la aplicación
en nuestro país del sistema «Red Animo» para el control del tránsito de
animales es todo lo buenamente deseado o, por el contrario, existen
defectos en su aplicación práctica?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la «Red Animo», red informatizada para el control de los
movimientos de animales vivos en el comercio intracomunitario, se puso en
marcha como sistema para facilitar los intercambios de información entre
los servicios veterinarios competentes de origen y destino de los
animales entre los diferentes Estados miembros. Se trataba de instaurar
en todo el territorio comunitario una red informática intercomunicada y a
nivel de campo para conocer anticipadamente los eventuales movimientos de
animales vivos. Además, este sistema permite planificar los controles
sanitarios tanto en origen como en destino.
La aplicación de la «Red Animo» previene la llegada de una partida de
ganado, con lo que la posibilidad de efectuar inspecciones de control en
destino y de un modo planificado resulta razonable y sencilla. Puedo
decirle que España es uno de los Estados miembros que más interés ha
mostrado en la puesta en marcha de este sistema, al haber instalado y
puesto en funcionamiento 481 unidades locales en un tiempo récord, lo que
avala el interés que tenemos por efectuar un control riguroso del
movimiento de animales con fines de control sanitario. Es, por tanto, una
buena iniciativa que va consolidándose progresivamente y evolucionando
positivamente, como lo refleja el hecho de que hayamos recibido en el mes
de enero del año pasado 318 mensajes, frente a 1.629 en el mes de
diciembre. Como digo, esto refleja que la red se va consolidando y que
cada vez se realizan menos movimientos de ganado sin previa comunicación
a través de la «Red Animo».
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Para réplica, tiene la palabra el Senador Aguirre.
El señor AGUIRRE GUTIERREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco su respuesta, pero no puedo compartirla en
su totalidad. No dudo de que, efectivamente, haya un interés por parte de
su Ministerio porque funcione bien la «Red Animo», este sistema de
control de la llegada de animales procedentes de la Comunidad Económica
Europea pero, desde luego, usted parece dar por sentado que todo va sobre
ruedas. Sin embargo, a tener de los informes de que disponemos, no
solamente hay denuncias de particulares diciendo que tal partida de
animales no ha sido comunicada con la antelación suficiente como para
poder prever su llegada a destino, sino que los propios veterinarios de
las estaciones o unidades veterinarias vienen denunciando de manera
reiterada a la Subdirección General de Sanidad Animal de su Ministerio
que dicha información llega tarde --estoy hablando no sólo de semanas,
sino de meses--, o que esa información también es errónea, puesto que
muchas veces una partida que llega con destino a Aranjuez aparece en un
pueblo de Extremadura. Por consiguiente, la pregunta que formula este
Senador va encaminada, más que a polemizar con el señor Ministro, a
tratar
por todos los medios de conseguir que ese nivel de sanidad animal que
hemos llegado a tener en España, después del gran esfuerzo que han hecho
todos los ganaderos españoles por llegar a esos niveles óptimos
equiparables a los europeos, no se deteriore con la falta de control de
animales que vienen de otros países de la Unión Europea.
Para terminar, y como dato significativo, le diré al señor Ministro que
entre los funcionarios del Ministerio, entre los funcionarios de las
distintas unidades veterinarias, cunde el desánimo y han llegado a
calificar a esta red, que se llama «Red Animo», como la «Red Desánimo».
Por ello, el Partido Popular insiste en que se tomen las medidas
oportunas para que dicho sistema se mejore, pues no es suficiente con
tener 480 estaciones de información --desde luego, España tiene más que
ningún país de Europa, y hay que apuntarlo--; la verdad es que su
funcionamiento deja mucho que desear y estamos por debajo de los niveles
de control que tienen los países del resto de la Unión Europea.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Muchas gracias, señor Presidente.
Como ya he comentado y usted mismo ha confirmado, el desarrollo de la red
en España es el más avanzado de Europa, con más estaciones veterinarias
locales que ningún otro: 481, en comparación con las 99 de Francia, las
12 de Holanda o las 12 de Dinamarca y, por otro lado, los plazos para la
entrada en funcionamiento de la red han sido plenamente cumplidos por el
Estado español.
Es cierto que todavía se detectan dificultades --algunas de las cuales ya
he resaltado--, como el hecho de que algunos operadores de ciertos
Estados miembros continúan circulando al margen del modelo. Se está
procediendo a la denuncia, tanto desde el punto de vista bilateral como
ante la Unión Europea, para que se adopten las medidas correctoras
oportunas por la vía de sanciones. Pero, en general, podemos decir que el
sistema va evolucionando satisfactoriamente, siendo un procedimiento
nuevo, importante en su concepción, pero perfectible, que va
consolidándose, como lo refleja el hecho de que hayamos pasado de los 318
mensajes en enero del año pasado a los 1.629 en el mes de diciembre. Por
otro lado, aprovechando la estructura de la «Red Animo», es intención de
la Administración utilizar la misma para controlar también el movimiento
de animales vivos dentro del territorio español, y en este sentido
estamos trabajando ya con las Comunidades Autónomas para redactar un
proyecto de norma que sirva para utilizar esta red, cofinanciada por la
Unión Europea, para facilitar el control del movimiento de ganado y
mejorar de esta forma la sanidad de nuestra ganadería.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON ALFREDO PRADA PRESA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA SUSTITUCION DE LA GUARDIA CIVIL
EN LA PRESTACION DE SERVICIOS HABITUALMENTE CONFIADOS A ESTE CUERPO DE LA
SEGURIDAD DEL ESTADO. (680/000413.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador don Alfredo Prada, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre las razones que motivan la sustitución de la
Guardia Civil en la prestación de servicios habitualmente confiados a
este Cuerpo de la Seguridad del Estado.
El Senador Prada Presa tiene la palabra.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, ¿qué razones motivan la sustitución de la
Guardia Civil en la prestación de servicios habitualmente confiados a
este Cuerpo de la Seguridad del Estado?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e
Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, no hay ningún motivo, puesto que no se va a producir ninguna
modificación en la atribución de cometidos que tiene en este momento
confiada la Guardia Civil. El marco competencial, como su señoría sabe,
está dentro de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad , y a él nos
vamos a atener.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Prada Presa tiene la palabra.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, al Grupo Parlamentario Popular le preocupan
disposiciones legales dictadas por su Ministerio en las que se
desarrollan la estructura orgánica y funciones de servicios centrales y
territoriales de la Dirección General de la Policía, una Orden
Ministerial de 28 de febrero de 1995, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» el 6 de marzo de 1995, en la que disminuyen las competencias
en materia de aeropuertos y puestos fronterizos de la Guardia Civil, que
así lo venía haciendo habitualmente.
Igualmente, al Grupo Parlamentario Popular le preocupa que determinadas
vigilancias, concretamente la vigilancia del señor Roldán, en recintos
penitenciarios y en recintos judiciales se efectúe por parte de Cuerpos
Especiales de la Policía y no por parte de la Guardia Civil, que
habitualmente es el Cuerpo que se ocupa de la vigilancia en los recintos
penitenciarios.
Señor Ministro, la impresión que tenemos muchos ciudadanos es que con
estos hechos lo que se está pretendiendo es pasar una cierta factura, una
factura a la Guardia
Civil por la única desgracia de haber tenido un Director General que se
llama don Luis Roldán. El Gobierno se olvida de que al señor Roldán le
nombró un Gobierno presidido por don Felipe González. Se olvida de que
durante siete años el señor Roldán permaneció en ese cargo siendo
Presidente del Gobierno don Felipe González. Se olvida de que durante
esos siete años se cometieron los presuntos delitos por los que ahora va
a ser juzgado y siendo Presidente durante esos siete años don Felipe
González. El Gobierno se olvida de que el señor Roldán estuvo a punto de
ser nombrado ministro del Interior siendo Presidente del Gobierno don
Felipe González. Se olvida de que el señor Roldán se fugó de la policía
cuya dirección estaba en manos de un Presidente de Gobierno que se llama
don Felipe González (Fuertes protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) Se olvida de que el señor Roldán fue
capturado, cuando menos de forma chapucera, por un Ministro perteneciente
a un Gobierno también presidido por don Felipe González (Varios señores
Senadores de los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Fuera,
fuera!)
Por último, señorías, y lo que puede ser más importante, se está
olvidando de que el señor Roldán ha hecho unas manifestaciones que
implican al Ministro de Defensa y al Vicepresidente de un Gobierno
presidido también por don Felipe González. Y, obviando las
responsabilidades que el único y máximo responsable de todos estos hechos
debería haber asumido, que no sería otro que don Felipe González, se
intenta pasar una factura de humillación y de desprecio a un instituto
benemérito que cuenta con 150 años de honrosísima historia.
Muchas gracias, señor Presidente (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor PRESIDENTE: Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Su señoría sólo se ha olvidado de una cosa: de la pregunta. (Risas.)
Le voy a responder en primer lugar a su pregunta, porque su planteamiento
inicial parecía incluso que iba en serio, es decir, parecía incluso que
le preocupara a usted el prestigio de la Guardia Civil. Me sorprendía,
pero parecía que le preocupara ese tema, que sí es importante.
Hubo una Orden Ministerial en virtud de la cual se crearon dificultades
interpretativas --usted ha aludido a una de ellas-- sobre la posibilidad
de que la Guardia Civil dejara de tener la función tradicional de
custodia y vigilancia de fronteras. Pues no, evidentemente continuará con
la custodia y vigilancia de fronteras, e igual que usted ha mencionado
una Orden Ministerial, seguramente se olvida de la Orden Ministerial de
18 de marzo de 1995, que corrige errores para dejar absolutamente claro
que la vigilancia y custodia de fronteras sigue siendo competencia
exclusiva de la Guardia Civil. La policía se va a encargar de lo que
tradicionalmente se ha encargado, es decir, del control de las entradas y
salidas de ciudadanos extranjeros, para lo cual se crea una unidad de
fronteras que coordinará ese trabajo.
Por otro lado, también se han planteado dudas interpretativas sobre las
funciones concretas dentro de los aeropuertos. En particular, había una
expresión en una Orden Ministerial, que era de seguridad interior, que
generó dudas interpretativas y que resolvió quien debe resolverlo: la
Secretaría de Estado de Interior, dejando perfectamente claro que la
Guardia Civil continuará con las funciones que actualmente tiene, desde
el año 1979, es decir, la guarda, conservación y custodia de los
aeropuertos y también de sus instalaciones, mientras que a la Policía se
le seguirá confiando las funciones que tradicionalmente ha desempeñado,
es decir, control de entrada y salida de ciudadanos extranjeros y
mantenimiento de la seguridad y alteraciones eventuales de orden público
dentro de los aeropuertos.
Había un tercer problema real, no de los que usted plantea, relacionado
con la pregunta teórica que su señoría había formulado: la articulación
de oficinas Sirene y oficinas Europol en el marco de la policía. Ya que
no por su preocupación, pero sí por la preocupación de los ciudadanos, y
sobre todo de la Guardia Civil, hay que aclarar que en el Decreto de
estructura de la Guardia Civil se van a crear, igualmente, estructuras
Sirene y estructuras Europol, o sea, investigación criminal en las
relaciones bilaterales y multilaterales derivadas de Schengen. Esa es la
respuesta seria que hubiera merecido una pregunta seria, pese a lo cual
yo he dado una respuesta seria.
Respecto de su planteamiento sobre el señor Roldán, señorías, qué le
vamos a hacer, está en prisión, va a ser juzgado por la totalidad de los
delitos y ni usted ni su Grupo pueden tolerar ese hecho.
Nada más. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DOÑA INMACULADA BONETA PIEDRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE
SI HA AUTORIZADO EL GOBIERNO LA DESTRUCCION DE ALGUN DOCUMENTO
RELACIONADO CON LA EXTRADICION, ENTREGA O DETENCION DEL SEÑOR ROLDAN, SIN
TENER EN CUENTA LA POSIBILIDAD DE SU PUESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD
JUDICIAL. (680/000415.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la Senadora Boneta Piedra, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre si ha autorizado el Gobierno la destrucción de
algún documento relacionado con la extradición, entrega o detención del
señor Roldán.
Senadora Boneta Piedra, su señoría tiene la palabra.
La señora BONETA PIEDRA: Señor Presidente, señor Ministro, ante las
informaciones contradictorias y sobre
todo confusas en relación con la suerte que ha corrido la documentación
--gastos de viaje, hoteles, etcétera-- de los policías y de otros gastos
que se efectuaron en la «operación luna», la de la detención del señor
Roldán, le pregunto: ¿Ha autorizado el Gobierno o su Departamento la
destrucción de algún documento relacionado, aunque sea sólo
colateralmente, con la detención del señor Roldán, como pueden ser
facturas, documentos que hacen relación a los viajes o alguna otra
cuestión?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, más que el Gobierno, la Dirección General de Policía. Pero,
ciertamente, no se ha destruido ningún documento. Así lo declaró la
Secretaria de Estado de Interior públicamente; así lo ha declarado el
Director General de la Policía ante la autoridad judicial. Sin embargo,
existió una contradicción que su señoría apunta y es cierta, y es que un
funcionario de Policía concreto, el Subdirector de la Policía, entendió
que esos documentos habían sido destruidos y lo entendió con bastante
razonabilidad: es lo que usualmente se hace cuando determinadas partidas
se realizan con cargo a fondos reservados, materia en la que no existe
obligación de justificación documental. Eso generó que el Subdirector
pensase, aunque su competencia era meramente la de trasladarlo al
Director, que en ese caso se había actuado conforme a lo que es habitual.
Pero no es así, como aclaró el Director General de la Policía y la
Secretaria de Estado de Interior.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para réplica, tiene la palabra la Senadora Boneta.
La señora BONETA PIEDRA: Gracias, señor Presidente y señor Ministro.
Efectivamente, usted ha apuntado alguna de las contradicciones a las que
yo hacía referencia: las declaraciones del policía, la reacción, por
cierto, no muy rápida de la señora Robles --tardó casi una semana en
responder que no se había destruido ningún documento-- y, con
posterioridad, la declaración del señor Director General de la Policía,
que, al parecer, confirmó la de la señora Robles, pero también al
parecer, si son ciertas las informaciones de los medios de comunicación,
se negó a colaborar o entregar a la autoridad judicial que tiene la
instrucción del sumario en sus manos alguno de los documentos. Quiero
saber si eso es cierto. Además, todavía me queda una duda en relación con
todas estas contradicciones, y es que, si son ciertas las informaciones
de los medios de comunicación, por ejemplo, las facturas de los hoteles
ni se habían destruido ni la señora Robles podía certificar que no se
hubieran destruido porque parece que permanecían en los propios hoteles y
nadie las había reclamado.
Por esta razón, no me ha aclarado usted totalmente todo lo que yo le he
preguntado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente.
Le repito: no se ha destruido ningún documento; están todos. Otro
problema es el que su señoría plantea, que es un tema verdaderamente de
fondo y muy grave; es decir, el problema que se plantea entre un doble
deber, el de cooperar con la justicia y el del secreto profesional. Ese
es el problema de fondo sobre el que su señoría plantea la pregunta.
Desde el punto de vista del Ministerio y de la Dirección General de la
Policía, es evidente que existe el deber de secreto profesional, tan
evidente como para los profesionales de los medios de comunicación. No
conocerá usted un solo profesional de los medios de comunicación que esté
dispuesto a identificar sus fuentes o sus informantes, y no lo está por
razones exclusivamente de credibilidad profesional, sino también de
interés general. En el momento en que se obligara a un periodista a
revelar sus fuentes, peligraría un bien general como es el de la libertad
de información.
Desde el punto de vista policial, el planteamiento es exactamente igual.
Para un policía, el problema de dar información no es sólo la pérdida
absoluta de credibilidad respecto de sus informantes, ya que todo el
trabajo policial se basa en informantes y jamás existiría colaboración de
informantes si no se mantuviera el principio de no revelar esas fuentes.
Y cuando defienden eso no defienden sólo su prestigio profesional, que
quedaría definitivamente arruinado, sino que están defendiendo intereses
generales de gran importancia: están defendiendo la razón misma de ser de
la policía española; están defendiendo la razón misma de que sea posible
garantizar eficazmente los derechos y libertades de los ciudadanos. Una
policía que no reservara sus fuentes sería ineficaz y no cumpliría sus
obligaciones constitucionales.
Ese es el verdadero dilema que se plantea en estos momentos. Por eso,
agradezco su pregunta y la oportunidad de plantearlo ante esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA QUE SEAN
PUESTOS EN PRACTICA LOS CONTROLES PREVISTOS EN EL ACUERDO DE SCHENGEN
PARA EVITAR UNA PERDIDA EN LOS NIVELES DE SEGURIDAD CIUDADANA.
(680/000420.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Barranco Gallardo, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno
para que sean puestos
en práctica los controles previstos en el acuerdo de Schengen.
El Senador Barranco tiene la palabra. (Pausa.) La pregunta decae.
--DE DON CARLOS GUIA MARQUES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA SITUACION DE LAS
MUJERES EN EL MUNDO RURAL. (680/000421.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Carlos Guía Marqués, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas previstas por el Gobierno
para mejorar la situación de las mujeres en el mundo rural.
El Senador Guía tiene la palabra.
El señor GUIA MARQUES: Con la venia, señor Presidente.
Señora Ministra, la defensa del empleo de las mujeres para que no se
produzca un retroceso en las posiciones laborales que se han alcanzado
constituye uno de los objetivos del Segundo Plan para la Igualdad de
Oportunidades de las Mujeres.
En igual contexto, merece especial atención la situación de la mujer en
el ámbito rural, en los pequeños pueblos, en lo relativo a la formación
ocupacional rural, el apoyo al empleo femenino en estas áreas rurales y
las campañas de información dirigidas a la población femenina rural.
Por todo ello, se le pregunta: ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar
el Gobierno de España para mejorar la situación de las mujeres en el
mundo rural?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Ministra de Asuntos Sociales tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor
Presidente, señorías, los profundos cambios que se están produciendo
tanto en el papel de la mujer en la sociedad como en el mundo rural, no
sólo en España, sino también en Europa y en todo el mundo, ponen de
manifiesto la necesidad de desarrollar un papel activo por parte de las
mujeres en el cambio estructural y que pasen de la posición marginal y
subsidiaria que han tenido históricamente a una posición de protagonismo
en la transformación y en el cambio.
En este contexto, el Ministerio de Asuntos Sociales está desarrollando el
proyecto denominado «Las mujeres, protagonistas en el desarrollo rural»
para crear un debate en torno a esa potencialidad de futuro que
significan las mujeres en el modelo emergente dentro del ámbito rural,
ligado, además, a los acuerdos internacionales contenidos en las
plataformas de acción de la Cumbre Mundial sobre Población que se celebró
en El Cairo en septiembre del año pasado y la Cumbre de Desarrollo Social
celebrada hace unas semanas en Copenhague. En este marco de «Las mujeres,
protagonistas en el desarrollo rural» --el proyecto está apoyado por la
Unión Europea, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
por las Comunidades Autónomas, por la Federación de Municipios y
Provincias, por las organizaciones sindicales y por las ONG de mujeres--
se han llevado a cabo una serie de seminarios en las Comunidades
Autónomas y en los ayuntamientos que han confluido en las Jornadas
Nacionales de Mujer Rural, los días 3 y 4 de marzo pasado, presididas por
Su Majestad la Reina y en las que intervinimos el señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación y yo misma, aprobándose la Carta para
la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres en el Ambito Rural.
Voy a resumirles muy brevemente los contenidos de esa Carta que aluden a
la pregunta del Senador interpelante. En primer lugar, una mayor
visibilidad del trabajo de la mujer. Transmitir a la sociedad que el
trabajo de las mujeres rurales es un trabajo beneficioso y que hay que
valorarlo en su importancia desde la sociedad. Por otro lado, fomentar el
empleo --formación ocupacional rural a la que el señor Senador se ha
referido--; autoempleo y cooperativas y todas las nuevas posibilidades
que brinda la situación actual del mercado de trabajo, en las que se hace
hincapié en el fomento de las posibilidades del ámbito rural. Desarrollar
programas de información --a ello se ha referido el Senador-- y de
participación, especialmente en colaboración con los organismos para la
igualdad de oportunidades de las Comunidades Autónomas. En el área de
salud vamos a realizar un censo de servicios sociales y un censo
sanitario en las zonas rurales, sobre todo para ver los efectos que
tienen los trabajos que las mujeres realizan en el ámbito rural. Para
ello vamos a distribuir las guías de la salud en el medio rural, a fin de
orientar a las mujeres sobre los servicios de los que pueden beneficiarse
y hacer uso. Y también, y esto es importante resaltarlo, potenciar la
creación de estructuras para el desarrollo de políticas de igualdad,
fomentando, por un lado, el acceso a la toma de decisiones en todos los
ámbitos; por otro lado, el reparto de responsabilidades familiares, para
que también participen los hombres del ámbito rural en esas
responsabilidades; y, sobre todo, la desaparición del papel secundario de
la mujer en el ámbito rural.
Todos estos apartados que le señalo van a tener presencia y desarrollo en
el ámbito europeo, donde tenemos proyectos que son apoyados por la
Comunidad Europea para el desarrollo de las iniciativas de la mujer en el
ámbito rural. Ahí se crearán dos redes de intercambio para experiencias
interregionales y promoción de zonas rurales que desarrollen programas
europeos. Y también, y con esto termino, señoría, este año de 1995 España
preside el Comité Consultivo para la Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres, con lo cual este proyecto estará presente en dicho
Comité Consultivo. Y con la Carta de las Mujeres Rurales vamos a estar
presentes en la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre las
Mujeres, que tendrá lugar en septiembre de este año en Pekín.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Senador Guía, tiene su señoría el tiempo y la palabra.
El señor GUIA MARQUES: Brevísimamente y con la venia del señor Presidente
para decir, señora Ministra, que es evidente que en los escaños de la
derecha, a tenor de los murmullos y de los grupos que se han formado, ni
esta pregunta ni su información suscitan ningún interés. (Protestas en
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Pero ello no obsta para
reconocer, desde este escaño, la labor de su Ministerio, así como para
instarle a que siga apoyando a la mujer en el mundo rural y todas las
políticas que favorezcan una idea profundamente progresista y
profundamente socialista. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON JOSE LUIS LOPEZ HENARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, SOBRE
LA POSICION DEL GOBIERNO RESPECTO A LOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DEL
SATELITE HELIOS II. (680/000408.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador don José Luis López Henares,
del Grupo Parlamentario Popular, sobre la posición del Gobierno respecto
a los estudios y construcción del satélite Helios II.
Tiene la palabra el Senador López Henares.
El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, señor Ministro, como es bien
sabido, en las últimas décadas la observación desde el espacio a través
de satélites está adquiriendo una importancia cada vez más relevante,
tanto para la observación de la Tierra como para las comunicaciones, la
previsión meteorológica y, sobre todo, para la inteligencia de la
información militar, es decir, para nuestros sistemas de defensa.
El Gobierno español, en representación de nuestro país, decidió, con
acierto, participar en el satélite específicamente europeo Helios I,
aunque con algunas vacilaciones, lo cual ha provocado que los retornos de
esta participación no tengan el nivel de la misma.
En relación con el Helios II, que pretende un avance importante --como
sabe sin duda alguna el señor Ministro--, en la definición de las
imágenes a transmitir, ha habido también grandes dudas. Por una parte, se
dijo que no participábamos, y no hace mucho; lo dijo este verano el Jefe
del Estado Mayor de la Defensa. Y por otra parte, hace poco más de un
mes, hecho que nos ha sorprendido gratamente, el Ministro dijo que sí
participaríamos, pero sin especificar cómo ni de qué manera. Por lo
tanto, aparecen de nuevo las vacilaciones.
Por eso, señor Ministro, el Grupo Parlamentario Popular desea conocer
claramente cuáles son los términos y la postura del Gobierno en una
operación tan importante como ésta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Muchas gracias, señor
Presidente.
Coincido con su señoría en la apreciación general sobre la importancia de
los satélites como sistema para conseguir información e inteligencia. Yo
matizaría que no es el único y que, probablemente, en el futuro, la
inteligencia que se consiga directamente sobre el terreno será tan
importante como lo es actualmente y como lo ha sido en el pasado. Este es
un complemento de otros sistemas más clásicos y a veces más efectivos. En
todo caso, este proyecto no tiene solamente un carácter militar, sino
también científico: disponer de una auténtica industria europea del
espacio.
Debo decirles, señorías, que con respecto al Helios I ha habido algunas
dificultades para que las empresas españolas obtengan los retornos que en
justicia no correspondían en virtud de la cuota que nosotros aportábamos
a ese proyecto. Y eso condicionó las dudas que su señoría ha mencionado.
El Gobierno no ha estado dudando, ha estado esperando a que se aclarara,
en primer lugar, el porcentaje al que razonablemente podría aspirar
nuestra industria, dentro ya del proyecto específico del Helios II y, en
segundo lugar, cuál iba a ser el sistema europeo de satélites. No parece
lógico que haya un sistema para tres países, un sistema de la Unión
Europea occidental o un sistema para los países del centro o del norte de
Europa, una vez que esto se ha ido discutiendo en reuniones bilaterales y
multilaterales y que parece que está definitivamente resuelta la
participación en el Helios II de Alemania y de Italia. Italia tenía las
mismas dudas que España. Era uno de los tres países que había participado
en el Helios I, pero tenía las mismas dudas, dudas industriales y del
futuro de la comunidad de satélites europea para conseguir inteligencia.
Una vez que Italia ha tomado la decisión, junto a España, y que Alemania
parece también inclinarse por la participación en el Helios II, el
proyecto Helios II empieza a ser realmente europeo y no un proyecto sólo
trilateral.
En una reunión de carácter informal que se celebró en Toulose, hace
aproximadamente un mes y medio, yo anuncié a mis colegas de Alemania y de
Francia que España podría participar en el Helios II, pero con una
participación inferior a la que había tenido en el Helios I,
aproximadamente de un 3 por ciento, que es el porcentaje que
razonablemente puede cubrir la industria española.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para réplica, tiene la palabra el señor López Henares.
El señor LOPEZ HENARES: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro, por la información que nos ha
proporcionado, pese a que no nos parece completamente satisfactoria. No
obstante, algunas de sus indicaciones
hacen que nos sintamos más tranquilos, en concreto, cuando ha dicho que
deseamos participar en ese proyecto europeo.
Ante todo, quiero decirle que ha empezado haciendo una afirmación que en
un Ministro de Defensa llama la atención, pues ha dicho que casi no son
necesarios los satélites cuando existe una posible observación sobre el
terreno. La importancia de la observación en los satélites estriba
precisamente en que supone una nueva era en la observación y en la
inteligencia, teniendo en cuenta que la depuración de las imágenes por la
constante investigación es cada vez mayor. El Helios II pretende que,
mediante sensores de infrarrojos, podamos obtener imágenes cualesquiera
que sean los elemenos atmosféricos que se den.
Además, como sabe su señoría, existe otro proyecto, el Osiris, y
probablemente la tercera generación del Helios, que pretenden utilizar el
radar, con lo que se puede obtener una información, con una definición ya
de centímetros, es decir, incluso de menos de un metro, para la
anticipación a las crisis y resolución de las mismas sumamente depurada.
Por tanto, creo que en esto hay que tener una posición definida si es que
se quiere estar a la altura que la propia defensa de España y la defensa
colectiva en que participa requieren.
En cuanto al carácter científico, ahí sí coincidimos, pero precisamente
por eso, señor Ministro, porque una operación de este tipo no va dirigida
sólo a la defensa; un país como España, que tiene una categoría
científica aceptable, puede aspirar a incrementarla dado el nivel de
investigadores que tiene en esta materia y debe prestar la mayor atención
a la misma.
En cuanto a las aportaciones presupuestarias que se hagan, serán siempre
acertadas, y nunca se podrá decir, como se dijo en su momento ante
determinadas dudas --hoy eso no se ha mencionado y me alegro de ello--,
que había dificultades presupuestarias. Y es que lo que hay que hacer es
fijar en el presupuesto claramente las prioridades, evitando muchos de
los gastos que se realizan en otras cosas como las que ahora se van a
poner en práctica, sin abandonar los proyectos esenciales, los proyectos
de punta y de vanguardia.
No envíen ustedes a don Abel Caballero para mostrar ante la televisión su
gran preocupación --como ha ocurrido hace tres días-- por la industria de
punta y por la investigación, cuando resulta que después, en una cuestión
como ésta, que es de vital importancia, nos quedamos rezagados y por
debajo de nuestras verdaderas posibilidades.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero aclarar brevísimamente a su señoría que las
consideraciones que he hecho al comienzo de mi respuesta se deben a que
creí percibir un entusiasmo a propósito de los satélites como si fueran
el único medio de conseguir inteligencia en el futuro, aunque he visto
después que su señoría ha hecho un matiz a este respecto en su réplica.
En cuanto a las consideraciones económicas, quiero aclarar que, aunque
haya prioridades en el presupuesto de Defensa, éstas también tienen una
gran importancia, sobre todo teniendo en cuenta las grandes dificultades
con que se encuentra el Ministerio de Defensa en estos tiempos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON DIONISIO GARCIA CARNERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO NO TIENE PREVISTA LA
TRANSFORMACION EN AUTOVIA DE LA CARRETERA NACIONAL 122. (680/000410.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador García Carnero, del Grupo
Popular, sobre las razones por las que el Gobierno no tiene prevista la
transformación en autovía de la carretera nacional 122.
Tiene su señoría la palabra.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la carretera nacional 122 es, como su señoría conoce, el
principal eje de la comunicación transversal de la Submeseta Norte y, por
tanto, de la Comunidad de Castilla y León. Ha sido y continúa siendo una
fuente de permanente reivindicación que ha despertado el más amplio
consenso de todas las fuerzas políticas, sociales, empresariales y
sindicales de esa Comunidad en solicitud de la ejecución de las obras
necesarias para su desdoblamiento en autovía, a pesar de lo cual ni en
los planes de carreteras ni en las previsiones del Gobierno, recogidas en
el Plan Director de Infraestructuras con el horizonte del año 2007, se
contienen esas previsiones de conversión en autovía.
Nuestro Grupo desea saber, a través de esta pregunta, cuáles son las
razones para que el Ministerio no haya hecho esa previsión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, no será el Gobierno, sino el Parlamento, a través del dictamen
que efectúe del Plan Director de Infraestructuras, quien fije las
actuaciones a desarrollar en la carretera por la que se interesa su
señoría, como en cualquier otra, sobre las cuales el Gobierno no tomará
una decisión hasta no conocer el resultado del debate que sobre el PDI
debe desarrollar el Congreso.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para réplica, tiene la palabra el Senador García Carnero.
El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, nos sorprende --y eso que con ustedes la capacidad de
sorpresa es difícilmente rebasable-- que ahora la competencia para
determinar los planes de ejecución no corresponda a su Ministerio y que
descargue usted esa responsabilidad en el Parlamento.
Señor Ministro, yo creo que conoce sobradamente el interés social de toda
una comunidad, sin distinción de colores, sin distinción de profesiones,
sin distinción de ningún tipo de ideología, por la rentabilidad social de
esa obra. En dos ocasiones, y no hace muchos meses, en junio y en mayo
del año pasado, el Gobierno nos ha contestado que no está prevista esa
ejecución por razones fundamentalmente económicas, porque los flujos de
tráfico previstos e inducidos para esas vías no superan los umbrales
mínimos establecidos. Esas son las contestaciones del Gobierno que tengo
aquí delante.
De manera, señoría, que en Castilla y León estamos bien acostumbrados a
las desatenciones, e incluso al desinterés, pero le aseguro, señoría, que
lo que difícilmente se tolera allí es la mofa y la burla y el no afrontar
las responsabilidades y las decisiones con la valentía y con la
responsabilidad que corresponde a un Gobierno.
Señor Ministro, yo le invito, y personalmente le pido, pero
políticamente, como representante de aquellos ciudadanos, se lo exijo,
que dé usted una explicación clara y concreta diciéndonos si su Gobierno
tiene previsto desdoblar esa carretera para convertirla en autovía, sí o
no. Si es así, ¿cuándo y en qué condiciones? Y si no lo es, díganos las
razones de por qué.
Le pido encarecidamente, señor Ministro, que no aproveche este último
turno, sobre el que ya no habrá posibilidad de replicar, para hacernos
una salida o un desplante de los que usted acostumbra.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias.
Señoría, la verdad es que no sé por qué se sorprende usted de que le diga
que los planes de carretera los aprueban los Parlamentos, ¿o es que el
primer Plan General de Carreteras no lo aprobó el Parlamento? ¿Por qué se
sorprende su señoría? Es natural que en los planes de carreteras, como en
los grandes planes de inversiones, el Gobierno actúe de ponente, los
remita a las Cámaras y éstas los discutan y emitan su dictamen. Así fue
con el primer Plan y así deberá ser con el segundo.
Me pregunta usted qué previsiones tiene el Gobierno. Las previsiones que
tiene el Gobierno son las que están contenidas en el Plan de actuaciones
prioritarias o Plan puente entre el primer Plan y el segundo Plan de
carreteras. Su señoría las conoce, y sabe lo que hay y lo que no hay. Por
tanto, desde el punto de vista de las previsiones del Gobierno a la fecha
actual, debo remitirle al contenido del Plan de actuaciones prioritarias,
que es de general conocimiento, y allí no aparece el desdoblamiento de la
carretera entre Tordesillas y Zamora, que imagino que es el tramo por el
cual su señoría se preocupa fundamentalmente, porque el tráfico en esta
zona es, como usted sabe muy bien y reconoce que le hemos informado, de
4.500 vehículos como máximo, que es una intensidad que no justifica el
desdoblamiento.
¿Se preocupa usted por más tramos? Pues bien, en los accesos a
Valladolid, a partir de Tudela del Duero se superan los 6.000
vehículos/día, y allí sí está previsto efectuar el desdoblamiento. Entre
Zamora y la frontera portuguesa las densidades son de 2.000
vehículos/día, y tampoco está previsto el desdoblamiento. En la
intersección con la 232, en Zaragoza, y los accesos a Valladolid tampoco
se superan los 4.000 vehículos/día, y por eso tampoco está previsto el
desdoblamiento. Es una razón poderosa. Hemos de construir carreteras de
cuatro carriles cuando la intensidad de tráfico a la que sirven lo
justifique, y 4.500 vehículos o menos no justifican cuatro carriles. Por
eso no está previsto.
¿Quiere esto decir que no se va a efectuar nunca, jamás? No. No está
previsto en el Plan puente, que tiene la duración temporal que su señoría
conoce. ¿Qué pasará en el segundo Plan de carreteras? Lo que los
parlamentarios dictaminen, y usted entre ellos. Fíjennos objetivos,
asígnennos recursos coherentemente con los objetivos que quieren que
cumplamos, y los cumpliremos. Estamos a la espera del dictamen del
Congreso y del Senado del Plan Director, y a él nos atendremos.
Hay una propuesta de la Junta de Castilla y León de pagar el 50 por
ciento del coste del desdoblamiento de la autovía entre Tordesillas y
Zamora, y si esa voluntad, manifestada muchas veces y nunca concretada
más que en propaganda, se reafirmara, el Ministerio no tendría ningún
inconveniente en efectuar el desdoblamiento. Lo digo aquí para que usted
lo transmita a quien corresponda y se entere la opinión pública. Si de
verdad están dispuestos a pagar el 50 por ciento del desdoblamiento,
mañana podemos empezar. Lo que no tenemos es ningún inconveniente en
actuar de forma concertada, como se nos propone, al menos al principio.
Pero también para eso, señoría, hay que esperar a conocer el dictamen del
Plan Director de Infraestructuras. Si usted me pregunta si en el Plan
puente, actualmente en vigor, está previsto el desdoblamiento, la
respuesta es la que le doy: sí, entre Tudela del Duero y Valladolid; no,
en el resto. ¿Por qué? Por las razones obvias que cualquier ciudadano
puede entender de intensidad de tráfico. ¿En el futuro? Lo que el
Parlamento decida. Asígnennos objetivos, fíjense los correspondientes
recursos para poderlos cumplir, y ya verá usted cómo lo hacemos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DEL SENADOR LOBO ASENJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE LA MEDIDA EN QUE AFECTARAN LOS APROBADOS RECORTES A LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995 AL PROYECTO DE LA DENOMINADA
AUTOVIA DEL NOROESTE. (680/000414.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Lobo Asenjo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre la medida en que afectarán los
aprobados recortes a los Presupuestos Generales del Estado para 1995 al
proyecto de la denominada autovía del noroeste.
Tiene la palabra el Senador Lobo.
El señor LOBO ASENJO; Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, con gran satisfacción hemos visto cómo, en el último
Consejo, se procedía a la adjudicación del tramo de la autovía del
noroeste --por cierto, el primero que se va a realizar en toda la
provincia de León--, entre las localidades de Astorga y Manzanal del
Puerto, continuación de las preadjudicaciones, concursos de licitación,
aperturas de plicas y trámites subsiguientes que, desde el mes de
septiembre pasado, han venido realizándose desde los tramos Benavente a
La Bañeza, La Bañeza a Astorga, Manzanal del Puerto a San Román de
Bembibre o San Román de Bembibre a Villafranca del Bierzo. Sin embargo, y
pese a esta satisfacción, señor Ministro, no podemos ocultar nuestra
sincera preocupación por que los también aprobados recortes
presupuestarios de su Ministerio hagan imposible que esta importantísima
y para nosotros vital obra de infraestructura vuelva a sufrir retrasos en
el horizonte fijado para su ejecución y puesta en servicio, que no
podemos olvidar estaba previsto para 1995.
En estos días, señoría, hemos conocido, además, que los tramos de
Villafranca del Bierzo-Ambasmestas y Ambasmestas-Castro de Lamas iban a
sufrir un retraso de dos años para su licitación, lo que sin duda nos va
a situar por encima del horizonte del año 2000 para su finalización.
De ahí, señor Ministro, mi pregunta de en qué medida afectarán los
recortes presupuestarios del año 1995 a la autovía del noroeste.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, los recortes presupuestarios a los que hace referencia en su
pregunta no afectarán a la autovía del noroeste.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias,
Tiene la palabra el Senador Lobo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias,
señor Ministro.
Creo entender, entonces, por sus palabras, que se adquiere el compromiso
político de llevar adelante la obra, al menos dentro de los plazos de
ejecución previstos para cada tramo. Nos alegramos, señoría, de que esto
sea así. Con nuestra pregunta no pretendíamos otra cosa que contrastar la
sinceridad sobre el cumplimiento, aun cuando ésta sea con cierto retraso,
como antes he dicho, del compromiso adquirido, compromiso al que, según
usted, no afectarán los recortes presupuestarios, o lo harán en una
mínima parte, según lo que se puede desprender de lo que ha dicho.
Esperemos que así sea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Lo ha entendido usted bien; no era demasiado difícil. Le he dicho que los
recortes presupuestarios no van a afectar a la ejecución de la autovía
del noroeste. El tramo Benavente-La Bañeza está pendiente de adjudicación
definitiva, y está previsto que lo autorice el Consejo de Ministros en el
segundo trimestre de 1995. La Bañeza-Astorga está pendiente de
preadjudicar y tiene prevista adjudicación definitiva en el tercer
trimestre de 1995. Astorga-Manzanal está actualizada su contratación por
el Consejo de Ministros y autorizada el 31 de marzo pasado. Manzanal-San
Román de Bembibre pendiente de adjudicación definitiva, prevista en el
tercer trimestre de 1995 por el Consejo de Ministros. San Román de
Bembibre-Villafranca, plicas abiertas el 28 de marzo, adjudicación
definitiva prevista en el tercer trimestre de 1995. Los tres tramos de
Piedrafita están pendientes de licitación y son los tramos que pueden
licitarse este año o a principios del año que viene en función del
desarrollo técnico de los proyectos en fase de elaboración.
Cereixal-Villartelín plicas a abrir el 27 de abril, adjudicación prevista
en el tercer trimestre de 1995. Villarterín-Nadela pendiente de
adjudicación definitiva, prevista la autorización de gasto por el Consejo
de Ministros en el mes de abril de 1995.
No hay, pues, ninguna demora en la contratación prevista, que va a seguir
este calendario, ni tampoco en el desarrollo de los proyectos y las
expropiaciones de aquellos tramos que pueden licitarse este año o el
siguiente en función del momento en el que tengamos disponibles los
proyectos de construcción. Espero que esto tranquilice a su señoría y
también a la opinión pública de Galicia, injustificadamente alarmada por
una actitud del Partido Popular fuera de toda mesura, que se ha dedicado
en las últimas semanas a hacer una campaña de agitación sin fundamento ni
razón, planteando a Galicia unas amenazas absolutamente carentes de
fundamento sobre el efecto que sobre la construcción de las autovías de
Galicia tendría el ajuste presupuestario.
Este Ministro siempre ha dicho que estas autovías eran prioritarias, y
con la asignación de recursos que hace para ajustarse a los recortes que
han venido impuestos por la actual situación presupuestaria demuestra la
alta prioridad que concede a estas obras que, como le digo, y espero que
usted me ayude a transmitirlo, no sufrirán ningún retraso como
consecuencia de la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON DIEGO ALONSO COLACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS ACTUACIONES QUE HA REALIZADO EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE DESDE LA APROBACION DEL DICTAMEN DE LA
COMISION ESPECIAL DE ENCUESTA E INVESTIGACION SOBRE LOS PROBLEMAS
DERIVADOS DEL USO DEL AUTOMOVIL Y DE LA SEGURIDAD VIAL PARA DISMINUIR LA
PELIGROSIDAD EN LAS CARRETERAS ESPAÑOLAS. (680/000416.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Alonso Colacios, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones que ha realizado el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente desde la
aprobación del dictamen de la Comisión Especial de Encuesta e
Investigación sobre los problemas derivados del uso del automóvil y de la
seguridad vial para disminuir la peligrosidad en las carreteras
españolas.
Tiene la palabra el Senador Alonso Colacios para formular su pregunta.
El señor ALONSO COLACIOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, con el objetivo de proponer medidas para
reducir el número y la gravedad de los accidentes de tráfico en España el
Senado aprobó por unanimidad un extenso y riguroso informe sobre los
problemas derivados del uso del automóvil y de la seguridad vial. En el
citado informe --en el que participé-- se recogían 67 recomendaciones,
entre otras desarrollar una nueva cultura del uso del automóvil, fomentar
la investigación en seguridad y problemas derivados del uso del
automóvil, generalizar la educación vial, aumentar y mejorar los
controles de alcoholemia, potenciar la investigación en el desarrollo de
fuentes de energía alternativa o menos contaminante, etcétera. En ese
contexto de propuestas sobre seguridad vial también se señalaron una
serie de objetivos a contemplar en el desarrollo de las infraestructuas,
y en concreto en la preparación y ejecución de los planes de carreteras
por las Administraciones públicas competentes para disminuir así la
peligrosidad en las carreteras españolas.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, señor Ministro, este Senador,
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento del Senado, solicita
información al Gobierno sobre las actuaciones realizadas por el
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente desde la
aprobación del dictamen de la Comisión Especial de Encuesta e
Investigación sobre los problemas derivados del uso del automóvil y de la
seguridad vial para disminuir la peligrosidad en las carreteras
españolas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para contestar, tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
El Pleno del Senado aprobó en otoño de 1991 el dictamen elaborado por la
Comisión Especial de Encuesta e Investigación sobre los problemas de uso
del automóvil y de seguridad vial, consecuencia del cual surgió el Plan
Estratégico de Seguridad Vial elaborado por el Consejo Superior de
Tráfico, que el Gobierno aprobó el 5 de marzo de 1993 y se encuentra
actualmente en pleno desarrollo.
Mi Ministerio colaboró decididamente en su día con la Comisión del Senado
para elaborar el dictamen, participó en la preparación del Plan
estratégico y, por supuesto, suscribió el pacto por la seguridad vial en
la sesión solemne que se celebró en el Senado el 26 de abril de 1994.
El Ministerio prepara todos los años un programa de actuaciones de
seguridad vial en el que se recogen las que hay que llevar a cabo para
mejorar la seguridad y que se ajusta a las directrices de este Plan
estratégico, que es el documento que concreta lo que el Senado estableció
como líneas básicas de actuación.
A lo largo de 1995 está previsto contratar obras de tratamiento de 80
tramos donde los accidentes tienen tendencia a concentrarse, con un
presupuesto de 15.000 millones de pesetas, y efectuar 211 actuaciones
preventivas, con un presupuesto total de 16.000 millones de pesetas.
Además de esto, dedicaremos a la conservación ordinaria y a la ayuda a la
vialidad una inversión de 25.000 millones, de los cuales una parte
sustancial corresponde a operaciones que contribuyen a mejorar la
seguridad.
Gracias a todo ello, continuaremos mejorando la seguridad de nuestras
carreteras siguiendo la evolución favorable de los últimos años, que
puedo informar a la Cámara que es altamente satisfactoria. Señoría, el
riesgo de sufrir un accidente, o de resultar muerto en un accidente de
tráfico al circular por la red de carreteras del Estado se ha reducido a
la mitad entre 1989 y 1994. Así de espectaculares son las cifras de que
disponemos. El número de accidentes con víctimas en 1989 fue de 24.000;
en 1994, se ha reducido a 16.000. El índice de mortalidad era del 5 por
ciento y es del 2,5 por ciento. El índice de peligrosidad era del 40 por
ciento y es del 21 por ciento. Hubo 3.086 muertos en 1989, y esta cifra
se ha reducido --aunque todavía es muy alta-- a 2.000 en 1994. Y eso,
teniendo en cuenta que el número de millones de vehículos/kilómetro ha
pasado de 60.000 a casi 80.000; es decir, hemos aumentado el tráfico y
disminuido extraordinariamente los accidentes y las consecuencias de
éstos.
Eso es resultado, en buena medida, de unos mejores hábitos de conducción
de nuestros conductores, de una mejor vigilancia por parte del control de
tráfico y también de una notable mejoría en la red de carreteras del
Estado, no sólo en términos cuantitativos, sino también cualitativos, de
actuaciones precisas y concretas al servicio de la seguridad vial, como
son estos más de 60.000 millones de pesetas que vamos a invertir en 1995
en aplicación del Plan que resultó del excelente trabajo que la Comisión
del Senado desarrolló al efecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Para réplica? (Pausa.) Muchas gracias.
--DE DON ANTONIO GARCIAS COLL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE PARA EVITAR QUE SE REPITAN ESTE AÑO LAS
RETENCIONES PRODUCIDAS POR LOS CONTROLADORES AEREOS DE MARSELLA (FRANCIA)
EN 1994 EN LOS AEROPUERTOS DE LAS ISLAS BALEARES. (680/000418.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Garcías Coll, del Grupo
Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Ministerio de Obras
Públicas para evitar que se repitan este año las retenciones producidas
por los controladores aéreos de Marsella, Francia, en los aeropuertos de
las islas Baleares.
Senador Garcías Coll, su señoría tiene la palabra.
El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como usted bien conoce, la Comunidad Autónoma de las
islas Baleares sustenta su economía en los visitantes turísticos y éstos,
en gran medida, se desplazan por vía aérea; vía que en el pasado verano
sufrió diferentes problemas, ya fuera por los controladores de Marsella,
o por otros motivos, lo que perjudicó a la actividad turística y creó una
gran molestia a los turistas europeos que sufrieron los retrasos. Por
tanto, ¿qué medidas piensa tomar el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente para que este año no se repitan los retrasos
ocurridos en los aeropuertos de las islas Baleares?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, esos retrasos se produjeron como consecuencia de las
limitaciones en la capacidad operativa del centro de tráfico aéreo de
Burdeos y del de Marsella. El principal factor que motivó esa situación
fue la acción reivindicativa --léase huelga-- ejercida por los
controladores franceses.
Todo parece indicar que esta situación no se producirá de nuevo en 1995,
porque la Administración francesa nos ha comunicado que se ha firmado un
acuerdo en noviembre de 1994 que garantiza la paz laboral este verano.
Pero hubo otros factores significativos, aunque menos importantes, como
las restricciones ocasionadas por la falta de capacidad que pudieron
proporcionar los centros de control de Ginebra, Zurich y Maastricht, que
nada tiene que ver, por cierto, con los problemas del Tratado de la
Unión. Por lo que respecta a los dos primeros, la Administración suiza ha
confirmado un incremento del 10 por ciento en la capacidad de dichos
centros, y el centro de Maastricht nos informa que no impondrá
restricciones durante el próximo verano.
Los estudios de que disponemos conducen a pensar que este verano el
tráfico aumentará entre un 8 y un 15 por ciento con respecto a 1994, que
fue ya un récord histórico en oleadas de tráfico charter que, a pesar de
que el sistema de control funcione óptimamente, pueden producir
situaciones de congestión. Ante ello estamos trabajando para disponer
rutas adicionales e incrementar todavía más de lo que ya hemos negociado
la capacidad en otras rutas ya utilizadas; por ejemplo, una ruta para uso
militar en el espacio aéreo francés podrá ser empleada los fines de
semana de la temporada estival bajo control civil. Por otra parte, hemos
pedido que se establezcan cinco unidades de control de afluencia para
prestar servicios excepcionales en el área europea situados en Frankfurt,
Londres, París, Roma y Madrid --esta última responsable del control de
afluencia para España y Portugal.
Posteriormente, los ministros de transportes de la Unión Europea acuerdan
la creación de una unidad central de gestión de flujo para los restantes
países que en ese momento pasaron a integrar la CEAC. Estamos trabajando
con Eurocontrol para aumentar al máximo la capacidad, habiendo alcanzado
una serie de acuerdos conducentes a las siguientes actuaciones. En primer
lugar, una gestión conjunta de los flujos de tráfico que atraviesen los
centros de control franceses de Brest, Burdeos y Marsella, con la
publicación semanal de esquemas de rutas obligatorias y control posterior
cada semana para poder efectuar correcciones en los esquemas siguientes.
En segundo lugar, la transferencia de la fase táctica de la unidad de
control de afluencia francesa a la unidad central de gestión de flujo de
Bruselas, para optimizar la capacidad de forma global ante los posibles
retrasos en cascada que se puedan producir en Europa. En tercer lugar,
esta unidad de control de afluencia francesa dispondrá de presentación de
datos provenientes de los sistemas de gestión británicos y españoles, de
igual forma que las unidades de control de Madrid, Roma y Bruselas
dispondrán, en tiempo real, de la información de datos de flujo francés.
En cuarto lugar, un sistema deberá permitir ajustar la capacidad de la
demanda, y en base a ello adjudicar «slots» en la gestión de entrada y
salida del área TMA de Palma de Mallorca y, finalmente, una estructura de
gestión de crisis para poder
dar respuesta rápida y eficiente a las situaciones que se pudieran
producir.
Todas estas medidas han sido fruto de múltiples acuerdos alcanzados tras
numerosas reuniones negociadoras a nivel bilateral o multilateral, fruto
de un esfuerzo político, operativo y técnico que, permítanme decir, ha
sido sinceramente enorme, y por ello podemos confiar en que tenga un
impacto muy significativo en la capacidad del sistema para afrontar los
flujos de tráfico muy altos que pueden darse este verano en el
archipiélago balear. Pero también sería bueno que los operadores
entendieran que las rutas del cielo tienen una capacidad limitada, que
los aeropuertos, por muy modernos y grandes que sean, también tienen una
capacidad limitada y que todo el mundo no puede llegar a la misma hora
del mismo día a Palma de Mallorca viniendo de todas las partes del mundo,
y que es necesario escalonar las salidas y las llegadas en beneficio de
los propios operadores y, por supuesto, de los pasajeros. Este
llamamiento que hacemos a los operadores espero que surta el efecto de
racionalización de unos flujos de tráfico, que nos esmeraremos en pilotar
de la forma más eficiente posible pero que podrían superar en algunos
momentos la capacidad operativa del sistema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON ALVARO ANTONIO MARTINEZ SEVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA HACER EFECTIVOS LOS
COMPROMISOS ACORDADOS EN LA CUMBRE DE BERLIN SOBRE REDUCCION DE EMISIONES
A LA ATMOSFERA DE DIOXIDO DE CARBONO. (680/000422.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Martínez Sevilla, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre las medidas previstas por el Gobierno para
hacer efectivos los compromisos acordados en la Cumbre de Berlín sobre
reducción de emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono.
Tiene la palabra el Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Presidente, señor Ministro, vamos con el
último de la tarde. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para hacer
efectivos los compromisos acordados, o que pudieran acordarse hasta el 7
de abril, en la Cumbre de Berlín sobre reducción de emisiones a la
atmósfera de CO2?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, realmente no es el último de la tarde porque, como usted sabe,
detrás vienen dos interpelaciones, dos Miuras. Pero tan pronto como haya
acabado las interpelaciones volaré a Berlín para asistir a la fase final
de la Conferencia de Cambio Climático.
No puedo contestar a su pregunta porque todavía no se conocen cuáles
serán los compromisos más que acordados por acordar en la Cumbre de
Berlín, suponiendo que haya alguno, porque, a la vista de lo visto, es
muy probable que la Conferencia no pueda culminar en acuerdos concretos.
Pero ahora, evidentemente, no le puedo contestar a una pregunta formulada
en tiempo pasado cuando realmente todavía estamos declinando en tiempo
futuro.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Martínez Sevilla tiene la palabra en turno de réplica.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Señor Ministro, entiendo que tomó usted buena
nota del Oráculo de Delfos para responder a mi pregunta. No obstante,
como no es un tema novedoso, sino que ya se viene discutiendo desde hace
tiempo, y sobre el cual el Gobierno español firmó en Río un protocolo, el
Convenio sobre Cambio Climático, entiendo que su Ministerio, del cual es
usted responsable, podría haber desarrollado ya algunas políticas en este
sentido.
Por tanto, frente a los objetivos de la propia Comisaria Europea de Medio
Ambiente que pretende disminuir en el 10 por ciento las emisiones de CO2
de aquí al año 2010, o los del Grupo Verde, del Grupo de los 66 países,
que pretenden disminuir en el 20 por ciento hasta el año 2005, entiendo
que con esas pretensiones de disminución de emisiones a la atmósfera de
dióxido de carbono, la postura de su Ministerio de incrementar hasta el
15 por ciento hasta el año 2000, modificando ligeramente a la baja las
previsiones iniciales del Plan Energético Nacional, son, como mínimo,
tremendamente desfasadas.
En este sentido quiero recordarle que el incremento de las emisiones de
procedencia energética en España ha sido del 22 por ciento; que el 4 por
ciento de incremento por producto interior bruto ha correspondido a
España, es decir, hemos perdido eficiencia energética; que no se han
fijado objetivos de emisión de CO2 a la atmósfera por millón de pesetas
de producto interior bruto. ¿Cuánto emitimos a la atmósfera por millón de
pesetas de producto interior bruto? ¿Más de una tonelada métrica? ¿Menos
de una tonelada métrica, señor Ministro?
Le recuerdo también que el 2,3 por ciento del total de las emisiones de
la OCDE corresponden precisamente a España, que el 1,1 de las mundiales
corresponden a España y que no podemos quedarnos relegados precisamente
de uno de los compromisos que la Comisaria Europea de Medio Ambiente pone
como clave, un «leadership» de los países industrializados en el control
de las emisiones mediante un refuerzo de las disposiciones del Convenio.
Lo declaraba ayer por la mañana en Berlín.
Le recuerdo también que el artículo 4, firmado en la Cumbre de Río, en su
apartado b) señala que los Gobiernos se comprometen a formular, a
aplicar, a publicar y a actualizar regularmente programas nacionales y,
según proceda, regionales que contengan medidas orientadas a mitigar el
cambio climático, tomando en cuenta las emisiones antropógenas debidas a
la fuente. Le recuerdo, señor Ministro, que nada de esto ha sido hecho
por su Departamento.
Por tanto, no me venga con la novedad de que no ha acabado la Cumbre de
Río, de que estamos hablando de un futuro y no de un pasado. Estamos
hablando de un problema que lleva décadas produciéndose con una alarmante
intensidad, al menos desde 1960, que es particularmente intenso desde los
últimos años y que este Gobierno firmó en la Cumbre de Río. Esos
compromisos hay que adoptarlos y hay que hacerlo de común acuerdo con el
resto de los países de la Unión Europea. Frente a eso nos encontramos con
que unos países pretenden disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera y
este Gobierno está pretendiendo disminuirlas del 25 al 20 o al 15 por
ciento pero las sigue aumentando.
Por tanto, señor Ministro, de nuevo le pregunto, qué medidas en ahorro y
eficiencia energética, qué ecotasas para combustibles fósiles, qué
investigación, qué política de I+D, de investigación más desarrollo en
energías renovables, qué política de transporte del 52 por ciento de las
inversiones del PIB va a carreteras, qué política de fomento del
transporte por ferrocarril frente al transporte por carretera, cada
tonelada que se transporta por carretera emite cinco veces más dióxido de
carbono que cada tonelada que se transporta por ferrocarril...
El señor PRESIDENTE: Señor Senador, ha concluido su tiempo.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Esto es lo que le pregunto, señor Ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Señoría, no me riña usted. (Risas en los escaños de
la izquierda.)
Yo vengo aquí preparado para contestar a sus preguntas y usted me hace
una pregunta que dice: ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para hacer
efectivos los compromisos acordados en la Cumbre de Berlín? Esto es lo
que usted pregunta y yo le contesto diciendo que en la Cumbre de Berlín,
de momento, no se ha acordado nada. ¿Cómo quiere usted que le conteste
cómo vamos a hacer para cumplir lo que se ha acordado si todavía no se ha
acordado nada? Si usted me hace esta pregunta la semana que viene, a lo
mejor le puedo contestar con más conocimiento de causa que ahora, pero no
me saque a relucir el Oráculo de Delfos. Comprenderá usted, señoría, que
me hace una pregunta antes de tiempo. Y como me hace una pregunta antes
de tiempo, a continuación me echa usted el sermón diciéndome que me lea
lo que ya me he leído un montón de veces y conozco --permítame que se lo
diga--, por lo menos, igual de bien que usted.
Dicho esto, es evidente que la previsión que habían hecho los
responsables de la política energética española, de que había que
aumentar un 25 por ciento las emisiones de CO2 entre 1990 y el 2000, era
una política que no cuadra con las actuales exigencias medioambientales;
que hemos insistido a todos los gestores de políticas con incidencia en
este problema para que rebajen estos planteamientos; que actualmente
algunos ministerios hacen unas revisiones que conducen a incrementos de
entre el 15 y el 20 por ciento, que a mí como Ministro de Medio Ambiente
no me parecen suficientes, y que más bien estamos trabajando para
plantear unas emisiones con tasas de crecimiento entre el 10 y el 15 por
ciento, no entre el 15 y el 20 por ciento, lo cual es un esfuerzo
considerable para un país como España; que todavía el Gobierno español no
ha fijado una posición al respecto, ni lo hará hasta después de la Cumbre
de Berlín; que agradezco los esfuerzos del Ministerio de Energía para
revisar el Plan Energético Nacional, pero todavía no me parecen
suficientes y tendremos que seguir trabajando conjuntamente para
ajustarlos a la baja; que España emite el 60 por ciento de las emisiones
per cápita de la Unión Europea; que cuando nos miran diciendo que
queremos aumentar, nos lo dicen países que emiten el doble de lo que
emitimos nosotros, nos lo dice gente que contamina el doble que nosotros
y cuyo esfuerzo de reducir un 20 por ciento les dejaría en una posición
mucho más contaminadora todavía que la nuestra aun aumentando un 15 por
ciento.
Señoría, eso lo tenemos que saber, porque lo importante no es lo que haga
España o un país concreto, sino lo que haga la Humanidad en su conjunto,
en particular lo que haga la Unión Europea en su conjunto, y que España
está dispuesta a apoyar políticas que permitan congelar las emisiones en
el año 2000 y reducirlas no sé si en un 10 o en un 20 por ciento, lo que
decidamos, en el año 2005 ó 2010, pero en términos globales para la Unión
Europea. Es decir, no puede ser que las lecciones que nos dan los daneses
y los alemanes diciendo que no somos suficientemente exigentes lo hagan
países que están emitiendo per cápita el doble que nosotros y que después
de todo el esfuerzo que dicen que quieren hacer, muy meritorio, quedarían
todavía en una posición mucho más contaminadora que la nuestra.
El interés español está en contribuir a una reducción global de las
emisiones de CO2 en hacer el mayor esfuerzo posible para aumentar la
eficacia energética que, ciertamente, no ha aumentado en los últimos
tiempos, y eso es así, debo insistir para que se haga, pero tampoco,
señoría, nos pasemos en el sentido de adoptar posiciones que pueden ser
costosas para nuestro país, aceptando una posición de desventaja frente a
otros, que tienen que hacer más esfuerzo que nosotros, porque llevan
contaminando mucho más que nosotros durante mucho más tiempo.
Yo en Berlín no le voy a pedir a un hindú, a un paquistaní o a un
habitante de la China que no aumente sus emisiones de CO2 , porque tiene
derecho a desarrollarse y eso quiere decir consumir energía, en mayor o
menor proporción,
y eso implica emisiones de CO2 ¿o prefiere usted energía nuclear, que no
emite CO2 pero genera residuos radiactivos? No, señoría, usted también
consume electricidad, supongo. Usted le da a la luz y quiere que haya
luz. Entonces, tiene que escoger: o escoge energía nuclear y tiene
residuos radiactivos o escoge energía térmica fósil y tiene emisiones de
CO2. Supongo que usted no será como el Partido Popular que quiere todo
sin coste alguno, es decir, reducir el déficit, aumentar el gasto y bajar
los impuestos. Eso en términos energéticos quiere decir aumentar el
consumo energético y disminuir los efectos de este consumo, lo cual es
posible hasta cierto punto, pero, señoría, una política no consiste en
hacer declaraciones angélicas, sino en sumar y restar las causas y los
efectos de lo que ocurre cuando se produce y cuando se consume energía.
Vamos a disminuir nuestra tasa de emisión; vamos a revisar del 25 por
ciento a entre el 10 y el 15 por ciento; vamos a ver qué hacen los demás
países; vamos a hacer una estrategia que reparta equitativamente las
cargas y vamos a participar --téngalo por seguro-- en ese «leader ship»,
al que usted hacía referencia, mundial, que le corresponde a la Unión
Europea para vencer las resistencias de países como Estados Unidos y
Japón, que emiten per cápita cuatro veces más que nosotros, para permitir
a los países en vías de desarrollo que utilicen también esa parte de
posibilidad que corresponde a cada ser humano de consumir energía para su
bienestar y su progreso dentro del respeto a los equilibrios ecológicos
que a todos nos afectan.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON REYES MARTINEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE EL CRITERIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA ACERCA
DEL ESTABLECIMIENTO DEL CUERPO DE DIRECTORES ESCOLARES. (680/000412.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del Senador Martínez García, del Grupo
Parlamentario Popular, sobre el criterio del Ministerio de Educación y
Ciencia acerca del establecimiento del cuerpo de directores escolares.
El Senador Martínez García tiene la palabra.
El señor MARTINEZ GARCIA: Al margen de que el río Danubio pase por Cuenca
y el señor Borrell, que se marcha, no desaproveche ocasión para amarnos
tiernamente a los del Partido Popular, efectivamente, quedaban los temas
educativos, que, aunque los últimos en el orden, el Ministro de Educación
sabe que son los más importantes.
Mi pregunta era: ¿Es partidario el Ministerio de Educación y Ciencia de
establecer el cuerpo de directores escolares?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Ministro de Educación y Ciencia tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, la contestación es muy sencilla. El Ministro y el Ministerio de
Educación y Ciencia no es en absoluto partidario de establecer el cuerpo
de directores escolares. No consideramos que la creación de este cuerpo
sea la respuesta adecuada a las necesidades de los centros docentes, y
ello tanto porque rebaja los niveles de participación de la comunidad
educativa en la elección del director como porque contribuiría,
seguramente, a separar al director de la comunidad educativa, sin obtener
beneficios especiales.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para réplica, tiene la palabra el Senador Martínez García.
El señor MARTINEZ GARCIA: Señor Ministro, se lo digo con todo respeto,
pero la situación de la dirección nos pone en evidencia que, dentro de la
educación, la importantísima función de la dirección de los centros es
una manifestación más del desbarajuste generalizado de la Administración
socialista.
Le he dicho desbarajuste, sí señor Ministro. La Administración socialista
--y usted lo sabe-- hizo desaparecer el cuerpo de directores
estableciendo un sistema participativo que ha demostrado sobrada y
desgraciadamente su más estrepitoso fracaso. Señor Ministro, le he dicho,
con toda intención, estrepitoso fracaso, y no es una exageración; lo sabe
usted, lo sé yo y lo sabemos todos, y aquí tiene tres pruebas
concluyentes: El informe del Consejo Escolar del Estado, sus famosas 77
medidas y el proyecto de Ley de la participación, la evaluación y el
gobierno de los centros. Las tres coinciden en la importancia esencial de
la figura y de las funciones del director. Pero, fíjese bien, el primero,
el informe urge al Ministerio para que modifique la normativa legal
vigente para dar solución a este gran problema.
En las 77 medidas, usted mismo reconoce que la situación es insostenible
y, como consecuencia, es un nuevo parche: un proyecto sobre la LOPEC.
Acabo de decir un nuevo parche, pues, efectivamente, frente al anterior
modelo participativo, ahora se introduce un modelo electivo, entre los
candidatos más acreditados --dice--. Se niegan a reconocer el cuerpo de
directores, pero implícitamente lo establecen tanto en las 77 medidas
como en el proyecto de la LOPEC.
Existe, además, señor Ministro, y usted lo sabe, el precedente de los
inspectores: se suprime el cuerpo, se nombran a dedo y en el nuevo
proyecto evitan la palabra «cuerpo», pero la sustituyen por la palabra
«categoría».
Señor Ministro, termino: rompa de una vez con la LODE y todo lo que ella
supone. No divague más en estas soluciones, pues tendrá que llegar, por
obligación, a donde nosotros ya estamos por conveniencia y por convicción
y, sobre todo, señor Ministro, la educación saldrá ganando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para dúplica, tiene la palabra el señor Ministro de Educación.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, esperaba de ustedes una respuesta por fin definida acerca de si
son o no partidarios --entre otras cosas, por ejemplo determinadas
soluciones en relación con la inspección-- de la existencia de un Cuerpo
de Directores, porque, a pesar de la importancia que dice su señoría que
dan a las cuestiones relativas a las políticas educativas --que, por
cierto, no parece que tengan ningún lugar relevante en su programa--, yo
no acabo de enterarme de si su señoría, volviendo a una situación
anterior a 1984, quiere un cuerpo de directores escolares o no.
Señoría, lo que ponen de manifiesto los documentos que usted ha citado
--Informe del Consejo Escolar, documento de los centros educativos y
calidad de la enseñanza-- es que necesitamos reforzar la función
directiva. Y necesitamos hacerlo desde el punto de vista de mejorar la
calidad de la enseñanza. Pero desde la perspectiva del Ministerio de
Educación y Ciencia este refuerzo no se fundamenta en la vuelta al cuerpo
de directores, sino que requiere otras iniciativas. Iniciativas que van
en la línea de conseguir una mejor preparación de los candidatos y, en
correspondencia, una mayor incentivación de la función de la dirección.
Esas medidas, señorías, son justamente las que se introducen en el
proyecto de ley que el Gobierno ha presentado a las Cámaras hace
escasamente quince días, y que prevé un sistema de acreditación que
garantiza que los directores reúnan la formación y las experiencias
necesarias y que en reciprocidad los directores recibirán un apoyo mayor
de la Administración, verán aumentadas sus competencias y consolidarán
una parte de sus retribuciones. Estas iniciativas son las que, a mi
entender, pueden hacer de la función directiva una opción profesional más
atractiva para aquellos profesores con mejor preparación y con más
capacidad de organización. Pero no quiero dejar de decir a su señoría
que, como manifesté en mi primera respuesta, la idea de un cuerpo de
directores de colegios no favorece en nada la idea de la participación de
la comunidad directiva en la autonomía de organización y de gobierno de
los centros escolares. La creación de un Cuerpo de Directores suponía,
señor Senador, romper con la tradición establecida en la LODE --que,
desde luego, quiero profundizar-- de participación de la comunidad
educativa en algo tan vital para la marcha de la propia comunidad y del
centro escolar como es la elección del director. Precisamente los años de
experiencia en la aplicación de esta ley han puesto de manifiesto lo
acertado de apostar, de una manera inequívoca, por la participación como
un elemento básico en la calidad. Y precisamente dentro del marco que
consideramos definido por nosotros, es decir, el marco de una escuela
democrática.
Por lo tanto, señoría, éste es un logro al cual el Gobierno no está
dispuesto a renunciar, y los Consejos Escolares seguirán siendo los
responsables de la elección de los directores entre los profesores
acreditados, que serán muchos; desde luego, todos los que quieran. Sin
embargo, señoría, he tomado buena nota de que el supuesto programa de su
señoría parece apuntar a una revisión de la cuestión en el sentido de
«recrear» el cuerpo de directores escolares.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
--DE DON RUFINO FOZ DEL CACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LOS PROYECTOS QUE TIENE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA PARA EL
MANTENIMIENTO DEL BACHILLERATO NOCTURNO Y PARA LA APLICACION EN EL MISMO
DE LA LEY ORGANICA GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE). (680/000419.)
El señor PRESIDENTE: Por último, pregunta del Senador don Rufino Foz del
Cacho, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los proyectos que tiene
el Ministerio de Educación y Ciencia para el mantenimiento del
bachillerato nocturno y para la aplicación en el mismo de la Ley Orgánica
General del Sistema Educativo (Logse).
Tiene la palabra el Senador Foz del Cacho.
El señor FOZ DEL CACHO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con las últimas preguntas hemos visto que el Oráculo de Delfos se
equivoca y que la última pregunta es la que voy a efectuar yo al señor
Ministro de Educación y Ciencia, al cual voy a pedir que, por favor, no
acabe con la LODE, que es una ley que nos costó mucho trabajo sacar
adelante en el antiguo Senado, cuando el grupo llamado entonces Alianza
Popular intentó de todas las maneras que esta ley no se aprobara. Además,
pienso que «cargarse» la LODE sería volver a tiempos muy antiguos.
Yo, señor Ministro, quiero formularle una pregunta porque, como usted
sabe, hay casi 40.000 alumnos que, en el territorio gestionado por la
Administración Central, estudian el bachillerato en su modalidad
nocturna. Hay muchas personas que encuentran en esta modalidad de estudio
la oportunidad de realizarlo, posibilidad que seguramente no tuvieron en
el momento oportuno. Según alumnos y profesores del bachillerato
nocturno, el señor Ministro de Educación y Ciencia piensa sustituir el
bachillerato nocturno por la modalidad de la enseñanza a distancia.
En este sentido, voces autorizadas del Ministerio han indicado en algunos
medios de comunicación que no se tiene la más mínima intención de
sustituir este bachillerato por la enseñanza a distancia porque son dos
modalidades compatibles. Dada la importancia social del bachillerato
nocturno y la preocupación existente en el colectivo de estudiantes que
se beneficia del mismo le pregunto: ¿qué proyectos tiene el Ministerio de
Educación y Ciencia para mantener el bachillerato nocturno y para aplicar
la LOGSE en el mismo?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Educación.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señoría, le aseguro que la LODE está bien protegida por este Gobierno y
por este Ministro, precisamente, en algunos aspectos a los que hace
referencia su pregunta que son sustanciales del modelo educativo que
hemos implantado y por el que venimos luchando desde 1982.
La oferta pública de las enseñanzas medias ha contado a lo largo de los
últimos años con algunas modalidades específicas dirigidas a quienes
desean aprovechar una oportunidad suplementaria para aumentar su
formación y, en su caso, para obtener una titulación que les permita
mejorar su situación laboral o atender a los estudios superiores. Entre
ellas, han tenido gran importancia los estudios nocturnos de
bachillerato, del COU y de la formación profesional, que han venido
siendo impartidos a un número significativo de estudiantes y en un número
significativo de institutos. Estos estudios tienen un régimen ligeramente
adaptado en cuanto a la permanencia que exige de los alumnos en el centro
y en cuanto a la flexibilidad necesaria para compatibilizarlos con una
jornada laboral dividiendo, por ejemplo, cada curso en dos partes, que se
pueden hacer en años consecutivos como su señoría bien conoce.
La oferta de estudios nocturnos cumple el doble papel de permitir, por
una parte, aumentar el nivel de formación de un sector desfavorecido de
la población y, por otra, de proporcionar una segunda oportunidad a
quienes lo deseen. Constituye, pues, un importante mecanismo de
compensación de las desigualdades que se añade al resto de la oferta
dirigida a los adultos y a los jóvenes mayores de edad. Esta oferta
formativa tiene, por consiguiente, un valor social innegable que debe ser
reforzado con una política educativa si queremos que ésta sea
progresista.
Los estudios nocturnos constituyen una modalidad educativa con una
finalidad similar a la de la educación a distancia, pero dirigida a
personas adultas con un perfil claramente diferenciado. La experiencia de
coexistencia de estos dos sistemas ha demostrado claramente que se trata
de modalidades complementarias y no alternativas a las que es necesario
responder adecuadamente desde las administraciones educativas.
En los últimos años se han producido algunas circunstancias que han
modificado de alguna manera la situación. De una parte, el aumento de la
vida escolar media de la población y el considerable aumento en el número
de titulados han producido una disminución en la demanda potencial de los
estudios de carácter nocturno. El aumento sostenido de las tasas de
escolarización en bachillerato y formación profesional que se viene
produciendo desde hace ya bastante tiempo ha producido una disminución
paralela de la solicitud de la matrícula en el régimen nocturno. A pesar
de todo ello, se mantiene una demanda que es preciso atender. De otra
parte, la nueva estructura del sistema educativo, que está actualmente en
fase de implantación, como se sabe, exige adaptar la oferta de enseñanzas
dirigidas a los adultos. Por ello, es necesario diferenciar nítidamente
las enseñanzas destinadas a proporcionar a toda la población el nivel que
se considera deseable para todos, y que da lugar al título de graduado en
la educación secundaria, de aquella otra que permite acceder a una
formación y a una titulación que para las nuevas generaciones se
consideran titulaciones postobligatorias.
En función de todo ello, señoría, el Ministerio de Educación y Ciencia
considera necesario mantener ambas ofertas, las ofertas de bachillerato y
formación profesional en régimen nocturno, adaptándolas a la nueva
ordenación del sistema educativo, a la demanda real de este tipo de
enseñanza y haciéndolas compatibles, como sin duda lo son, con las
enseñanzas a distancia que permanecerán.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Hemos concluido el segundo punto del orden del día.
INTERPELACIONES:
--DE DON MANUEL ACACIO COLLADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LOGRAR EL
AHORRO EN LAS CONDUCCIONES Y CONSUMO DE AGUA. (670/000122.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en punto tercero del orden día.
Tiene la palabra el Senador Acacio Collado, del Grupo Parlamentario
Popular, para exponer su interpelación referente a las medidas que piensa
adoptar el Gobierno para lograr el ahorro en las conducciones y consumo
de agua.
El señor ACACIO COLLADO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar quiero decir, sin despreciar la presencia del señor
Ministro de Obras Públicas, que yo creía que quien iba a estar aquí esta
tarde era el Ministro de Agricultura. De hecho, en el texto de la
Interpelación hablamos de regadíos y de que el consumo principal de agua
va precisamente a los regadíos. Puede ser que el señor Ministro de
Agricultura esté ocupado en algún otro viaje en helicóptero para observar
la sequía española y por eso no ha podido asistir esta tarde a la
presentación de esta interpelación.
Empezaré diciéndole al señor Ministro que no creo que haga falta que le
recuerde que el agua, en el conjunto de nuestro país, es un bien
necesario al mismo tiempo que escaso. Lamentablemente, la principal
noticia de cada día para más de media España es que un día más no llueve.
La preocupación y la alarma que está produciendo la escasez de agua es
cada día más patente y más notoria, tan patente y tan notoria como la
falta de actuaciones e iniciativas por parte de su Gobierno para haber
evitado y evitar las grandes consecuencias que la sequía de estos últimos
años está ocasionando. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
Nadie puede negar que estamos inmersos en un período de sequía muy duro,
pero tampoco se puede negar que a lo largo de la historia se han sucedido
en nuestra geografía períodos de sequía parecidos al actual. Por ello, no
se puede entender que esta sequía haya pillado al Gobierno, mejor dicho,
a los gobiernos socialistas en la más absoluta imprevisión. Han sido
ustedes incapaces de prever lo previsible. Por eso, su mensaje va
encaminado a hacernos creer que esta sequía es única e imprevisible.
La sequía que padecemos se tenía que haber combatido y amortiguado hace
años, pero, por lo menos, aprendan ustedes la lección y actúen ya para
poder poner soluciones a la próxima sequía. En los últimos veinticinco
años se ha producido un aumento espectacular en el consumo de agua, tanto
por la proliferación de nuevos regadíos, como por el aumento de consumo
de agua en las poblaciones, aumento de consumo que va unido a un
desarrollo económico y a un aumento de la calidad de vida, poniéndose en
peligro ambas cosas si el agua escasea.
Supongo que nadie dudará que el primer paso que hay que dar para
conseguir que no nos falte agua es evitar su desperdicio. El agua debe
usarse con eficiencia, y en ello el Gobierno debe poner todo su empeño.
El 80 por ciento del consumo de agua en nuestro país se destina a los
regadíos si contamos las aguas superficiales y las subterráneas. Tenemos
que gastar menos aguas subterráneas o acabaremos por desecar nuestros
acuíferos. Esto nos lleva, necesariamente, a una mejora de los sistemas
de riego, a buscar una mayor eficiencia y a potenciar cultivos con
menores necesidades hídricas.
Pero quiero hacer una llamada de atención al decir que la misión de un
Gobierno o la de una Confederación Hidrográfica, que depende de este
Gobierno y de su Ministerio, no es la de ahorrar agua sobre la base de
quitar derechos a los regantes. Esta es una solución extrema que sólo
debe abordarse cuando anteriormente se hayan procurado otras soluciones
que eviten una pérdida de renta para el agricultor y asimismo la pérdida
para el entorno rural de una agricultura que es la más dinámica, la más
absorbente de mano de obra y la que más valor añadido genera.
En cuanto a las aguas superficiales, la Administración juega un papel
todavía más importante. Es necesario envasar agua y ser lo
suficientemente previsores para que los períodos de sequía no nos lleguen
con las reservas de los embalses mermadas. Hay que actuar para que
nuestros embalses no sigan perdiendo capacidad de almacenamiento, en
muchos casos por falta de un mínimo esfuerzo de reforestación en las
cabeceras hidrográfica. Así se evitarían arrastres de tierras que acaban
sedimentándose en los embalses y mermando su capacidad real de
almacenamiento de agua.
Un segundo aspecto es la conducción de las aguas hasta los puntos de
consumo. No podemos seguir permitiéndonos el tener conducciones con
pérdidas de hasta el 60 por ciento del agua que por ellas circula.
Existen, señor Ministro, conducciones y acequias de tierra sin revestir,
y existen muchas más que, aun estando recubiertas, están en pésimas
condiciones de mantenimiento, y sus pérdidas de agua son tan importantes
que impiden que llegue agua suficiente para cubrir los riegos para los
que fueron diseñados.
Supongo, señor Ministro, que es usted consciente de que no podemos
permitirnos estas importantes pérdidas de agua que a nadie beneficia y
que a todos perjudica. Si el agua ya nos llega mermada, es importante
también que se use con eficiencia, tal y como ya comentaba hablando de
las aguas subterráneas. Es urgente potenciar la mejora de los sistemas
tradicionales de riego, sobre todo los riegos por inundación o riegos
llamados también «a manta», que suponen un consumo de agua
desproporcionado con respecto a las necesidades hídricas reales de los
cultivos a los que se destinan.
Hace ya casi dos años el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
publicó un Real Decreto, me refiero al Real Decreto 678/1993, de 7 de
mayo, cuyo título era: Regadíos. Obras para la mejora y modernización de
los tradicionales. Este Real Decreto afectaba --según dice el propio Real
Decreto-- a las obras de racionalización y mejora de las redes de riego,
avenamiento e instalaciones anejas a los regadíos tradicionales cuya
titularidad ostente una comunidad de regantes. La finalidad de las obras,
según el propio Real Decreto, son el ahorro de agua para riego, la mejora
de la calidad de agua, la rentabilización y reutilización de las aguas
residuales y el ahorro energético.
La financiación se establecía en el Real Decreto a modo de aportación no
reintegrable por parte del IRYDA de hasta un 40 por ciento. Según las
previsiones del propio Gobierno, de las casi 800.000 hectáreas que
cumplían los requisitos del Real Decreto, se estimaba que 400.000
hectáreas se acogerían a este tipo de ayudas. Se evaluaba por parte del
Ministerio en unos 100.000 millones de pesetas la inversión total que se
llevaría a cabo, lo que suponía al IRYDA 40.000 millones destinados para
este fin.
Señor Ministro, ¿cuántas hectáreas se han visto favorecidas por
actuaciones contempladas en el Real Decreto 678/1993, antes mencionado?,
¿qué volumen de inversión ha sido realizado al amparo del Real Decreto y
cuál ha sido la aportación realizada hasta la fecha por el IRYDA? Según
los datos que barajábamos cuando salió este Real Decreto, había 782.000
hectáreas de regadíos tradicionales que podían acogerse a este régimen de
ayudas, distribuidas éstas entre trece Comunidades Autónomas.
Concretamente, y citando las diferentes Comunidades Autónomas según el
orden marcado por la superficie estimada en cada una para este tipo de
mejores teníamos: la principal en la Comunidad Valenciana, con 165.000
hectáreas; Aragón, con 145.000 hectáreas; Castilla y León, con 115.000
hectáreas; Andalucía, con 110.000 hectáreas; Murcia, con 85.000
hectáreas; Cataluña, con 45.000 hectáreas; Navarra, con 40.000 hectáreas;
Castilla-La Mancha, con 25.000 hectáreas; La Rioja, con 20.000 hectáreas;
Galicia y Canarias, con 10.000 hectáreas; Madrid, con 7.000 hectáreas, y
Baleares, con 5.000 hectáreas, lo que suman las 782.000 hectáreas que
antes mencionaba. Díganos, señor Ministro, cuál ha sido la incidencia y
el esfuerzo desarrollado, al amparo de este Real Decreto, en cada una de
estas Comunidades Autónomas, y díganos, concretamente, de las 165.000
hectáreas de la Comunidad Valenciana, o de las 145.000 hectáreas de
Aragón,
etcétera, cuántas han sido acogidas. Háganos, señor Ministro, un balance
de aplicación de este Real Decreto, pero haga un balance claro y sincero,
buscando las causas de su fracaso y tomando las medidas para que se
logre, como era la intención, un efectivo ahorro de agua evitando su
desperdicio. Díganos también, señor Ministro, cuándo se va a llegar más
lejos aún en esta política de ahorro de agua, fomentando y ayudando a los
agricultores a la reconversión de sus regadíos, cuándo se nos va a
remitir del Gobierno la anunciada ley de modificación de regadíos, en la
que supongo que se abordará, de manera preferente, esta reconversión de
regadíos tradicionales.
Tenga usted en cuenta que, cambiar las prácticas y los sistemas de
regadío con sustitución de los sistemas tradicionales menos eficientes en
consumo, por otros más eficientes, es caro y, en explotaciones pequeñas o
con dificultades orográficas, son económicamente inviables sin contar con
ayudas oficiales.
Tenga usted en cuenta también que, una vez satisfechas las necesidades de
suministro de productos agrícolas a la población, las directrices básicas
de las diferentes políticas agrarias, y en particular de la Política
Agraria Común europea, se concentran, por una parte, en el mantenimiento
de las rentas de los agricultores y, por otra, en el mantenimiento de la
población y el entorno rural.
La sequía afecta de lleno a la consecución de estos objetivos básicos.
Ahora bien, la manera de abordar el problema es muy diferente para las
tierras de secano o para las de regadío. Mientras que a las explotaciones
de secano afectadas por la sequía hay que ayudarlas con aportaciones
económicas directas a estas explotaciones y a estos agricultores para el
mantenimiento de sus rentas, porque de momento no podemos controlar el
régimen de lluvias, en el caso de las explotaciones de regadío la
cuestión es diferente: hay que procurar el abastecimiento de agua a estas
explotaciones dado que, para los regadíos, la disponibilidad de agua es
el primer factor de variaciones de rentas, e incluso de supervivencia de
las propias explotaciones. Se están perdiendo plantaciones de cultivo
leñoso --y hay peligro de perder muchas más--, que son básicas para la
economía de sus comarcas y cuyo daño sería irreversible e irreparable.
Sólo con disponibilidad de agua pueden hacerse viables explotaciones que
están destinadas a cultivos de marcado carácter social y que garantizan
los puestos de trabajo, directos e indirectos, que en las zonas rurales
son necesarios e insustituibles.
Por eso le pido a usted y a su Gobierno que hagan un paréntesis en esa
política de buenas palabras y buenas voluntades pero que, en el campo de
su labor ejecutiva, está aquejado de una parálisis más persistente,
incluso, que la propia sequía, y asuma sus responsabilidades.
Por eso, señor Ministro, le interpelo para que, de una manera clara y
concisa, diga a esta Cámara qué medidas piensa adoptar el Gobierno para
lograr el ahorro en las conducciones y en el consumo de agua.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Acacio
Collado.
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Señor Presidente, señorías, dentro de la política de
actuaciones del Ministerio y del Gobierno en general, el ahorro del agua
constituye un objetivo principal.
La modernización de las actuales infraestructuras hidráulicas y de los
sistemas de aplicación del agua y la mejora técnica de los procedimientos
de gestión son las fuentes de ahorro que podemos movilizar, pero
requieren el concurso de las administraciones hidráulica y agraria, tanto
en el ámbito central como en el autonómico.
También hay que acudir a la reutilización directa de aguas residuales
depuradas que permitirían conseguir una reducción de las pérdidas y de
los consumos innecesarios.
Es evidente que el uso eficiente de los recursos hídricos es un
compromiso social para una sociedad que ha escogido un modelo de futuro
fundamentado en el desarrollo sostenible y, por lo tanto, el ahorro de
agua es una obligación compartida por la Administración y por los
ciudadanos, y no sólo como una solución alternativa a la ejecución de
nuevas infraestructuras de regulación, sino también como símbolo de una
permanente filosofía de aprovechamiento racional de los recursos. El
regadío es el principal sector consumidor de estos recursos, y por eso
debe constituir el punto focal en los estudios, las medidas y las
actuaciones para incentivar el ahorro del agua con actuaciones
--insisto-- que tienen que provenir de la administración hidráulica
central y de la administración agraria y autonómica.
El Gobierno está desarrollando importantes actuaciones para la mejora y
la modernización de las infraestructuras de transporte, distribución y
aplicación del agua en las áreas regadas, aunque muchas veces se exagera
tanto el importe de las pérdidas como las posibilidades de ahorro a unos
costes asumibles. Pero antes de detallar las medidas y las actuaciones
concretas que el Gobierno está efectuando creo que conviene destacar un
conjunto de puntos que las condicionan.
En primer lugar, las plantas cultivadas en regadío precisan de un volumen
estricto, de una dotación neta, para asegurar su crecimiento aunque, no
obstante, se debe suministrar un volumen superior, una dotación bruta,
para compensar pérdidas que son inevitables en las redes y proceder al
arrastre de las sales que, en otro caso, se acumularían en el suelo. En
segundo lugar, en las zonas deficitarias en agua, salvo algunas
excepciones, el aprovechamiento de los recursos es notablemente
eficiente, dígase lo que se diga; así, la eficiencia media del regadío en
las cuencas del Guadiana, del Guadalquivir, del Sur, del Segura y del
Júcar es un 60 por ciento más elevada que en las del Duero, Tajo y Ebro,
como consecuencia de la lógica tensión creada por la carencia de
recursos, lo que no permitiría un uso ineficiente. En tercer lugar, para
evitar refugiarse en tópicos y latiguillos, hay que recordar que las
actuaciones de ahorro son costosas, que las inversiones para ahorrar
cuestan mucho dinero, que hay que analizar adecuadamente su rentabilidad,
su coste-beneficio, y que deben ser afrontadas, en parte, por agentes
privados amparados por un título legal, por una concesión administrativa,
que contempla el regadío con determinados procedimientos, y la
Administración no puede variar unilateralmente esos términos sin incurrir
en la obligación de efectuar compensaciones económicas. En cuarto lugar
conviene distinguir, señoría, entre el descenso en el consumo en una
zona, el ahorro bruto, y el ahorro real neto, pues es normal que las
pérdidas en una zona sean utilizadas en otro uso aguas abajo de la misma,
y su ahorro implicaría una falta de suministro en otro usuario. Y,
finalmente, las infraestructuras de distribución para el abastecimiento
urbano son, en general, competencia exclusiva de las Administraciones
local y autonómica --algo que un Senador debería saber-- y, por lo tanto,
es difícil que la Administración del Estado, que carece de competencias
en la materia, pueda aportar soluciones que deben ser establecidas en los
correspondientes ámbitos políticos, y en particular en aquellos
gobernados por el Partido del interpelante.
Dicho esto, el Gobierno, comprometido con la filosofía de un uso
eficiente de los recursos hídricos, está desarrollando una política de
promoción del ahorro del agua que está perfectamente contenida en el
anteproyecto del plan hidrológico nacional y que se materializa en un
conjunto de medidas y actuaciones. Primero, defender y divulgar esta
filosofía de aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos a través
de todo tipo de procedimientos de toma de conciencia social y difusión en
los medios de comunicación. En segundo lugar, actuaciones concretas de
mejora y modernización de las infraestructuras principales de titularidad
pública, con independencia del uso del agua. Estamos trabajando en
infraestructuras que sirven a más de 120.000 hectáreas y hay trabajos muy
avanzados en el canal Toro-Zamora, en la cuenca del Duero, en los riegos
históricos de las Vegas del Segura, en el canal de Lodosa-La Imperial de
Aragón o en el canal de Aragón y Cataluña en la cuenca del Ebro. Estamos
proyectando actuaciones que afectan a 450.000 hectáreas adicionales en
los regadíos de Aranjuez, del Víar en el Guadalquivir y en la Acequia
Real del Júcar. En la Acequia Real del Júcar, el proyecto de inversión en
macha, por más de 7.000 millones de pesetas, permitiría ahorrar 100
hectómetros cúbicos de agua al año. En todos los casos incluimos
elementos de medida en los puntos de entrega del agua a los consumidores.
Adicionalmente a ello, y conjuntamente con el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, estamos elaborando un programa de mejora y
modernización de zonas regables que se extenderá a más de un millón y
medio de hectáreas, abarcando la práctica totalidad de las zonas regadas
históricas y de iniciativa pública. Este programa está siendo elaborado
en coordinación con el plan agrario de regadíos y contempla la adecuación
de unas infraestructuras de sistemas de aplicación de agua que fueron
diseñados para circunstancias socioeconómicas muy diferentes a las
actuales. Potenciar el uso eficiente de los recursos, mejorar las
condiciones de suministro y aumentar la competitividad de las
explotaciones agrarias son los objetivos de este plan, que seguramente
tendrá que ir acompañado de un proyecto de norma con rango legal que
establezca algunos aspectos concretos del mismo.
Por otra parte, en el proceso de planificación, en el que el Ministerio
está inmerso como gestor de la política del agua, hay que tener en cuenta
lo que establecen los planes de cuenca y el plan nacional. Recordará su
señoría que una resolución del Congreso, recientemente adoptada, acuerda
la presentación conjunta del plan hidrológico y del plan agrario de
regadíos y que, al mismo tiempo, el Senado pidió que los planes de cuenca
se presentaran al Congreso antes que el plan nacional, algo que, como
muchas veces he repetido, no tiene mucho sentido en la medida en que el
plan nacional debe preceder en sus líneas básicas a la elaboración de los
planes de cuenca.
Estando, como estamos, inmersos en este proceso de planificación, en este
plan operativo de mejora de regadíos, en la elaboración de una
disposición con rango de ley que fomente y regule lo suficiente del agua
en regadío y abastecimiento, mientras culmine este proceso de
planificación vamos a elaborar un programa a tres o cuatro años que trate
de hacer frente a las situaciones que exijan actuaciones más urgentes.
Por otra parte, es evidente que el Real Decreto sobre la sequía, de
febrero pasado, permite a las Confederaciones adoptar todas las medidas
posibles y necesarias para garantizar el uso adecuado de los escasos
recursos disponibles.
Este es un esfuerzo que está siendo plasmado en actuaciones concretas
--como las que he referido a título de ejemplo-- y en estudios mucho más
extensos que hoy nos permiten conocer los objetivos que nos podríamos
plantear si dispusiéramos de los recursos presupuestarios suficientes,
porque todo ello, señoría, cuesta dinero y habrá que esperar a conocer
las disponibilidades presupuestarias. Ustedes votan los presupuestos y
nosotros simplemente los aplicamos y no podemos gastar el dinero que el
presupuesto no suministra. Si nosotros no gastásemos los recursos
presupuestarios asignados, usted estaría en su derecho de criticar la
acción del Gobierno, pero si éste consume todos los recursos que el
Parlamento le asigna en los objetivos que éste le indica, es difícil
reclamar al Gobierno una actuación distinta de aquélla que cumple por el
mandato que el Parlamento le confiere.
De cara al futuro, hemos estudiado el conjunto de hectáreas en que sería
rentable y necesario actuar con una política de mejora de regadíos, unos
tres millones de hectáreas, de las cuales suponemos --con unas
perspectivas optimistas-- que aproximadamente un millón cien mil podrían
incorporarse a actuaciones de mejora y modernización de competencia
agraria, para lo cual sería necesario efectuar una inversión cercana al
billón de pesetas en un horizonte temporal de veinte años; es decir, una
inversión media de 51.000 millones de pesetas/año, con lo cual podríamos
efectuar un ahorro de agua en torno a los 1.600 hectómetros cúbicos, lo
que implicaría un valor medio por metro cúbico ahorrado de 614
pesetas/año. Esto es difícilmente justificable desde consideraciones
económicas, porque hay que entender que si para ahorrar un recurso escaso
hemos de invertir unos recursos financieros superiores a los que sería
necesario invertir para aportar este recurso escaso
a través de otras formas de actuación, la lógica económica y social
aconsejarían no efectuar todas las actuaciones que se pueden identificar
técnicamente, porque no todas ellas estarían justificadas económicamente.
Estamos, pues, hablando de unas cifras de reducción --como máximo de
1.700 hectómetros cúbicos/año--, pero a unos costes unitarios
excesivamente elevados como para creer que todos estos ahorros podrían
ser asumidos por quien tiene que ahorrar, que es el usuario del recurso,
a no ser que contara con una financiación presupuestaria muy importante
que detraería recursos de otras políticas.
Estas son las consideraciones, perfectamente estudiadas, en las que
venimos trabajando de común acuerdo el Ministerio de Obras Públicas,
responsable de la política de gestión del agua, y el Ministerio de
Agricultura, responsable de las líneas básicas en la política agraria
que, por cierto, en buena parte de los temas que preocupan a sus señorías
está totalmente descentralizada en las Comunidades Autónomas.
En el campo de las aplicaciones urbanas ya le he indicado que la
competencia en la mejora de las redes de distribución es de ayuntamientos
y Comunidades Autónomas y que el Ministerio sólo puede actuar trazando
líneas horizontales del tipo de restricción en la oferta, limitando los
metros cúbicos por persona, o de condicionantes financieros,
estableciendo tarifas crecientes en función de los consumos unitarios en
las distintas zonas. Esto es algo que todavía no hemos hecho, puesto que
seguimos aplicando tarifas del agua que repercuten simplemente el coste
de amortización de las infraestructuras que ha sido necesario construir
para garantizar estos suministros, costes que en muchas ocasiones los
ayuntamientos respectivos no abonan a las confederaciones hidrográficas,
que tienen ya acumulados más de 50.000 millones de pesetas por estos
conceptos.
Todo ello aconseja actuar con una extraordinaria prudencia y un gran
rigor en los planteamientos, que son muy fáciles de hacer, señoría --como
usted ha hecho aquí esta tarde--, de acudir a la tribuna a declamar un
conjunto de tópicos, de echar la culpa al Gobierno de que no llueva y
clamar por la inexistencia de reservas que, ciertamente, no existen,
después de cuatro años de una anomalía climática verdaderamente
excepcional, de la que el Gobierno, indiscutiblemente, no se siente
responsable. Lo que el Gobierno ha hecho en estos años ha sido
incrementar la capacidad de regulación y suministro de manera que, en
diez años, señoría, se ha multiplicado por dos la que habíamos construido
a lo largo de toda la historia hidráulica en España. En las cuencas que
son deficitarias existe hoy una capacidad doble de regulación, de
almacenamiento y distribución de la que existía hace diez años. La
desgracia es que los embalses que han entrado en servicio en los últimos
años están vacíos porque desde que entraron en servicio hasta ahora no
han recibido ninguna aportación exterior, como tuve ocasión de explicar
la semana pasada a los medios de comunicación de La Rioja, que habiéndose
hecho eco de algunas de las diatribas a las que nos tienen acostumbrados
sus señorías en las interpelaciones parlamentarias en el Congreso y en el
Senado, reprochaban al Gobierno que tal embalse --creo que era el de
Pajares-- no estuviese lleno. No está lleno, señoría, porque no ha
llovido. Le aseguro que no nos llevamos el agua a cubos por las noches
(Risas.); está vacío y lo seguirá estando mientras no haya aportaciones
hídricas que permitan utilizar esta infraestructura de regulación que,
como tantas otras, desde que fue terminado no ha podido ser utilizado en
la medida en que no existen aportaciones externas que las permitan
regular.
Tampoco debería usted repetir una serie de tópicos que no tienen más
fundamento que la transmisión oral, carente de contrastación empírica.
Eso de decir que en las redes de suministro de agua de los municipios
españoles se pierde un 60 por ciento de agua no resiste la menor
contrastación con la realidad. Ya me dirá usted con qué datos cuenta para
decir que en las ciudades españolas se pierde un 60 por ciento de media
de los suministros en alta que efectúan las Confederaciones. Hay
situaciones muy distintas en un caso que en otro. Yo puedo darle una
lista de ciudades gobernadas por alcaldes del Partido Popular que harían
muy bien en seguir sus consejos y hacer lo que usted propone que haga el
Gobierno --que no es competente para hacerlo--, es decir, mejorar las
redes de distribución de estas ciudades. Y puedo señalarle otros casos;
por ejemplo, Alicante, modélica en la distribución de agua, con unas
pérdidas mínimas que en ningún caso, aunque sólo sea por diferencias en
los métodos de cuenteo, son inferiores a un 10 o un 15 por ciento,
incluso con las situaciones óptimas de distribución y control, que ha
impedido en esta ciudad una situación previa de ineficiencia en la
distribución de este recurso.
De forma, señoría, que su preocupación es justificada, pero ha sido ya
tomada en consideración por el Gobierno, que está incorporando en las
actuaciones prioritarias de política hidráulica todas las actuaciones de
mejora de suministro en alta en aquellas concesiones públicas de las que
somos competentes y por lo tanto responsables. Puedo garantizarle que las
actuaciones de las Confederaciones y la Dirección General de Obras
Hidráulicas se dedican en este momento, prioritariamente, a una tarea de
mejora en la distribución de aquellas redes de las que somos competentes,
y ciertamente habrá que revisar los mecanismos de incentivación, que
pasan por establecer sistemas de precios desincentivadores y
bonificaciones financieras incentivadoras en el consumo del agua de las
explotaciones agrarias, sabiendo que en algunas partes del país es
difícil aumentar la eficacia porque la eficacia ya es alta, y que en
otras partes del país donde sería posible aumentar la eficacia no es muy
rentable hacerlo, en la medida en que el agua allí no es un recurso
escaso y que los costes en los que habría que incurrir para conseguir
esta eficacia sitúan la inversión fuera de unos parámetros de
racionalidad económica que tenemos la obligación de vigilar, evitando
caer en el tópico del ahorro a cualquier precio y en cualquier situación,
que no estaría justificado ni sería una buena política hidráulica para
España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Acacio tiene la palabra, por el artículo 87, durante cinco
minutos.
El señor ACACIO COLLADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en primer lugar, creo que cada uno tenemos una postura
distinta, pero, además, usted se dedica también a decir las cosas que yo
he dicho tal y como yo no las he dicho, con lo cual vamos a perder el
tiempo en concretar cosas. Por ejemplo, yo no he dicho que el Gobierno
tenga la culpa de que no llueva, lo pone usted en mi boca, pero yo no he
dicho eso. Cierto es que algunos agricultores ya empiezan a pensarlo
(Risas en los escaños del Partido Popular). Usted me habla de que todo
está previsto, pero lo cierto es que en los Presupuestos todo eso no
aparece.
Oyéndole uno llega a la conclusión de que todo está pensado, pero lo que
hay es una descoordinación entre el Ministerio de Agricultura y el
Ministerio de Obras Públicas. Si estuviera aquí el Ministro de
Agricultura yo ahora entraría en un debate sobre soluciones, de regadíos
y de cultivos, pero lo haremos en otra ocasión, cuando le tengamos en la
Cámara. Cuando todo está previsto hay que predicar con el ejemplo, porque
ahora mismo el Iryda está haciendo regadíos --y alguno se ha inaugurado
hace poco-- con los sistemas tradicionales de consumo masivo de agua. Por
ejemplo, en la provincia de Zamora, en el Tera y en el Esla se están
haciendo, con dinero del Iryda, regadíos de consumo de los que ahora
decimos que se están previendo para que no pase más.
Entre las imprevisiones del Gobierno hay un ejemplo también muy claro:
Granada, que es una ciudad que está en las faldas de Sierra Nevada y que
jamás podríamos pensar que se podría quedar sin agua, ahora mismo ya
tiene restricciones. Entiendo que ahí ha habido una falta de previsión y
una falta de infraestructuras necesarias. Creo, además, que hay
infraestructuras que, por caras que sean, debería pretenderse que fueran
cofinanciadas por la Unión Europea, como cofinancia otras actuaciones en
otras materias parecidas a la que a nosotros nos está afectando ahora,
que es la sequía, y a otros en otras ocasiones, como son las
inundaciones.
Tampoco he dicho que la pérdida media de las conducciones sea el 60 por
ciento. Dice usted que yo lo he dicho; yo no he dicho eso. He dicho que
hay pérdidas de hasta el 60 por ciento, lo cual no ofrece nunca esa
media, evidentemente. Tampoco pretendo demostrar que la pérdida media es
el 60 por ciento porque no es así, es más baja, pero hay conducciones,
que deberían arreglarse, que tienen pérdidas de hasta el 60 por ciento.
El Gobierno todo lo toma en consideración, pero el agricultor al final no
se entera, sólo ve que se hace la política más fácil, que es ir
restringiendo el agua al agricultor, ir poniendo pegas incluso a los
agricultores que en su día legalizaron los regadíos según la Ley de Aguas
y antes del 31 de diciembre de 1985. Ahora, después de nueve años, casi
diez, les están poniendo pegas que antes no tenían y les amenazan con
declararles de secano muchas hectáreas en las que ellos han invertido
mucho dinero en estos años últimos para regarlas. Esa es la política más
fácil.
Creo que en España tenemos, no una sequía, sino dos, una es la sequía
meteorológica y otra es la sequía de Gobierno; no tenemos Gobierno, hay
sequía de Gobierno y la gente está esperando un Gobierno que actúe y lo
está esperando como agua de mayo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Senadores: ¡Muy bien,
muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El señor Ministro tiene la palabra, aunque, si lo prefiere, puede
intervenir al final.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir ahora para contraponer datos y hechos a la poesía del
señor Senador. Subirse aquí para hacer el requiebro fácil de que los
agricultores están esperando un cambio de Gobierno como agua de mayo no
le dará a usted premio alguno en ningún certamen poético y, desde luego,
no va a aportar nada al debate sobre el agua. Yo prefiero contestarle no
haciendo prueba de ingenio, ni haciendo ripios, sino aportando datos y
hechos que resultan, obviamente, de los conocimientos del Ministro sobre
un problema que tiene la obligación de conocer y cuyos servicios se han
estudiado.
Usted viene aquí a interpelarme sobre el ahorro. Dice: ustedes no ahorran
y habría que ahorrar más. Quienes tienen que ahorrar son los usuarios, no
el Gobierno. El Gobierno tiene que conocer cuánto se puede ahorrar y de
qué forma puede ayudar a que se ahorre. Pero ya que usted quiere plantear
el problema, y espero que lo quiera hacer con rigor, y en la réplica no
tiene más recurso dialéctico ni más conocimiento que el verse famoso, yo
le voy a aportar una serie de hechos para que usted, la próxima vez, sepa
de lo que habla.
¿Dónde falta agua en España, señorías? Falta agua en las cuencas del
Guadalquivir, del Sur, del Segura y del Júcar. Sí, señorías, allí es
donde falta agua: en el Guadalquivir, en el Sur, en el Segura y en el
Júcar. (El señor Sanz Blanco: Y en la del Duero.) En el resto del país
puede haber situaciones que son localizadas, pero no estamos ante un
fenómeno grave, como estamos, de falta de recursos. Esto ocurre en estas
cuatro cuencas, cuatro cuencas que hemos estudiado exhaustivamente para
analizar, cuando hablamos de ahorro, de qué estamos hablando.
Empecemos por el ahorro urbano de estas cuatro cuencas. Analicemos los
volúmenes suministrados y facturados en las ciudades de estas cuatro
cuencas que representen el 80 por ciento de la población que en ellas
viven. Se asume que en redes en buen estado es usual y admisible una
diferencia de hasta el 20 por ciento entre los valores de suministro y
facturación debido a pérdidas inevitables, usos municipales, bloqueo de
contadores y detracciones de aguas no controladas. Esta pérdida se
constata, por ejemplo, en el municipio de Madrid, donde cualquier pérdida
significativa que se produce en la red se detecta inmediatamente porque
aparece un socavón. Pues bien, con este criterio
del 20 por ciento de diferencia entre el volumen suministrado y el
volumen facturado y estimándose que las pérdidas se podrían reducir en
todas partes hasta este valor, se obtiene que en esas cuatro cuencas,
para toda la población situada en municipios que representan el 80 por
ciento de la población y extrapolando al conjunto, creemos, del estudio
exhaustivo municipio a municipio, que podemos ahorrar como máximo 80
hectómetros cúbicos al año, que es la mitad de lo que el Consejo Nacional
del Agua planteó como un objetivo voluntarista y aproximadamente lo
mismo, un poco más, de lo que se preveía en el plan hidrológico nacional.
Pero para alcanzar estos objetivos de ahorro, haría falta que los
municipios afectados --dígaselo usted a los alcaldes del Partido
Popular-- efectuasen actuaciones profundas en las infraestructuras,
medidas rigurosas de gestión de demanda, de forma que el coste unitario
de la inversión que habría que hacer para conseguir esta cifra de ahorro
es de 750 pesetas por metro cúbico.
Ahorro en la demanda agraria. Hemos analizado las hectáreas de cultivos
situados en estas cuatro cuencas; hemos distinguido lo que son los
ahorros posibles en las redes de distribución en alta y en los sistemas
de aplicación en parcela; hemos efectuado, de acuerdo con las
administraciones agrarias que nos suministran datos, una evaluación de
qué se puede conseguir a través de un programa de ahorro. Pues bien, el
ahorro neto conjunto que se puede efectuar es de 400 hectómetros cúbicos
al año, para lo cual haría falta una inversión de 281.000 millones de
pesetas, con un coste unitario de 700 pesetas por metro cúbico, que se
distribuye de forma diferente en las distintas áreas de regadío
consideradas.
Si sumamos todos los ahorros posibles, todos los objetivos y en todas las
áreas, nos encontramos que en la cuenca del Guadalquivir se pueden
ahorrar unos 162 hectómetros cúbicos; en la del Sur, 50; en la del
Segura, 94; en la del Júcar, 223, con un coste de 700 pesetas metro
cúbico y con inversiones que en el sector agrario superarían los 280.000
millones de pesetas. ¿Y sabe usted qué ocurre, señoría? Que los
agricultores, cuando se les plantea el problema en estos términos,
argumentan, y no sin razón, que no pueden pagar esta modernización, que
están dispuestos a que se les modernice, pero no a modernizarse, porque
el importe de la inversión necesaria para conseguir el ahorro está fuera
de los parámetros de rentabilidad de muchas explotaciones. Eso no quiere
decir que no tengamos que hacerlo, sino que no podemos hacerlo en todas
partes a la vez porque el esfuerzo inversor que esto requiere supera con
mucho cualquier previsión presupuestaria razonable y cualquier cálculo
económico racional.
De manera, señoría, que no me haga usted gracia con el agua de mayo y los
agricultores que esperan el cambio de Gobierno, porque si todo lo que
usted es capaz de decir en nombre del Partido Popular sobre un tema tan
serio como éste es esta afirmación vacua, le conviene conocer estos datos
y saber de qué estamos hablando en realidad, porque, de lo contrario,
esta clase de debates, señorías, no sirve para gran cosa. Sirva, por lo
menos, para que el Ministro responsable pueda suministrar a la Cámara una
información, que creo extraordinariamente relevante, para definir planes
de actuación, medidas legales que los propicien, sistemas de financiación
de las actuaciones y aplicación de incentivos y desincentivos a una
política que tiene unas limitaciones naturales que tenemos que aplicar,
pero de la que no podemos esperar soluciones milagrosas porque,
francamente, señoría, a 700 pesetas metro cúbico ahorrado, hay que
plantearse qué explotación agraria es capaz de soportar el coste o si no
existen formas alternativas de resolver la escasez.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el Senador Martínez Sevilla.
El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Mixto manifestamos que, si bien se entiende
que, efectivamente, el problema de la mejora de las conducciones de agua
en los municipios es un tema de competencia más municipal y que buena
parte de las competencias en este tema de la mejora de las canalizaciones
son autonómicas, sin embargo sí hay una responsabilidad de la
Administración central que, en su propio alcance, no puede, por tanto,
dejar de asumirse.
Esa responsabilidad es la de plantear políticas efectivas que, más allá
de dejar la responsabilidad a los ciudadanos en el ahorro del agua,
logren, efectivamente, una gestión lo más eficaz posible de un recurso
escaso como éste. Si el 81 por ciento, aproximadamente y como media, de
los consumos de agua de nuestro país son agrícolas, es, por tanto, a este
sector al que tenemos que dirigirnos prioritariamente, y desde este punto
de vista quizá sería el Ministerio de Agricultura el que tendría que
responder, coordinadamente con el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, a esta pregunta y, por tanto, a cuestiones
fundamentales como cuáles son las medidas sobre investigación y
desarrollo para uso eficiente del agua en la agricultura. Y esto no pasa
sólo por la modernización de regadíos, que efectivamente tiene un coste
muy alto, sino también, y mucho más directamente y sin prácticamente
coste alguno, por una política de información a los agricultores sobre
buenos usos agrícolas.
Señor Ministro, hay una Directiva de la Unión Europea sobre buenos usos
agrícolas que hace años que espera ser transpuesta en el ordenamiento
legislativo del Estado español y todavía no lo ha sido. Una transposición
en un proyecto de ley de esa Directiva de la Unión Europea, por ejemplo,
daría consumos recomendados de agua según cultivo, y esos consumos, en
las cuencas deficitarias que usted ha comentado antes, Guadalquivir, Sur
--Guadalete, Barbate, como subcuenca del Guadalquivir--, en la cuenca del
Júcar o en la cuenca del Segura, se están pasando sobradamente; es decir,
en cuencas deficitarias se está regando con mucha más agua de la que
necesitan determinados cultivos, y éste es un problema que puede
resolverse
con muy poco dinero, con una política de información y con una política
de I+D adecuada.
También habría que plantear la actualización de cultivos y la utilización
de cultivos adecuados a las condiciones hidrográficas y de sequía o de
lluvia en cada momento. En un momento como el actual, probablemente no
estemos en condiciones de permitirnos el lujo de que la huerta valenciana
siga siendo huerta en toda su extensión, y probablemente habrá que
reconvertir algunos de los cultivos más devoradores o más consumidores de
agua, como maíz u otros cultivos hortícolas, en unos cultivos menos
consumidores de agua. Y entiendo bien que éste no es un problema de su
Ministerio, sino que es un problema de coordinación de política
interministerial entre diversos ministerios. Y, junto con esto, son
también necesarias, naturalmente, algunas políticas de vigilancia y de
control exhaustivo del servicio de agua en alta, que sí corresponden al
Gobierno central. Porque usted sabe, señor Ministro, que las
Confederaciones Hidrográficas muchas veces hacen mangas y capirotes, y
hacen de su capa un sayo. Le puedo poner sobre la mesa docenas de
ejemplos en los que las Confederaciones Hidrográficas vulneran la Ley de
Aguas; la vulneran, precisamente, alterando el orden de prioridades que
establece la Ley, es decir, abastecimiento humano, consumos industriales,
consumos agrícolas y, en último lugar, otro tipo de consumos como pueden
ser los deportivos o consumos para ocio. Entiendo que a lo mejor las
Confederaciones Hidrográficas a veces alteran ese orden, quizá porque
están muy lejos del control del Ministerio. En este sentido, y como otras
veces se ha planteado, una buena y efectiva política sería la
transferencia de aquellas Confederaciones Hidrográficas que estuvieran
íntegramente dentro de Comunidades Autónomas a las mismas. Por lo tanto,
reivindico de nuevo desde aquí esa transferencia de Confederaciones
Hidrográficas, y en particular la del Guadalquivir, que tiene el 97 por
ciento de los recursos hidráulicos dentro de Andalucía, a Andalucía,
resolviendo ese pequeño problema técnico constitucional --que no llega
más allá-- y que no es un problema constitucional real, o la
Confederación Hidrográfica del Sur, que está al 100 por cien dentro de
Andalucía. Esto, probablemente, haría que las medidas de vigilancia sobre
el agua en alta y las medidas de control sobre ese agua estuvieran mucho
más directamente vinculadas a la población y a los gobiernos autonómicos.
Por lo tanto, señor Ministro, sí que pueden ustedes tomar medidas en este
sentido, y no sólo en investigación, no sólo en I+D, no sólo con
políticas agrícolas o políticas de adecuación, sino también con políticas
de transferencias de esas Confederaciones Hidrográficas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigo i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado no se hace uso
de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Vicent Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, señor Ministro, señorías,
desgraciadamente el tema del agua es un tema estrella, y no sólo por las
múltiples veces que se debaten en esta Cámara, y supongo que igualmente
en el Congreso de los Diputados, los problemas y las soluciones, sino que
el ejemplo podemos tenerlo en que el primer Decreto-ley de 1995, el
1/1995, de 10 de febrero, correspondía a medidas urgentes en materia de
abastecimientos hidráulicos. Evidentemente, las medidas urgentes se
tomaron para hacer frente al problema de la sequía; es decir, que es un
problema de permanente atención parlamentaria y legislativa. Se trataba
de un Decreto-ley de obras hidráulicas que seguirán su paso como
soluciones provisionales o, a la larga, definitivas. Pero la cuestión que
se plantea hoy es distinta.
El interpelante dice: ¡Ahorremos agua! A nuestro juicio, a este debate
debería invitarse a los ayuntamientos, ya que las redes de abastecimiento
de agua son de carácter local, a las comunidades de regantes y a las
Comunidades Autónomas. Es decir, son muchos los entes que deberían
hablar. Se ha hablado sobre todo de regadíos, y es lógico, porque el 80
por ciento del agua que se consume radica en el terreno de la agricultura
y es ahí donde, al parecer, existen las mayores pérdidas. Por un mal
riego se puede llegar a desperdiciar hasta el 75 por ciento del agua que
se suministra. Y, en cambio, con la adecuada evolución que ha habido en
los sistemas de riego puede aprovecharse el 80 por ciento, con los
sistemas de goteo, y evitarse, por lo tanto, las fugas al máximo.
Datos facilitados por la documentación básica del plan hidrológico
nacional, facilitados también por las Confederaciones Hidrográficas,
constatan que, aparte de esta pérdida mayor que pueda haber en el terreno
de la agricultura, también en el uso doméstico se pierde, no el 60 por
ciento, como se manifestaba hace un momento, sino entre el 25 y el 50 por
ciento; en cualquier caso, el consumo doméstico es sólo el 13 por ciento
del total nacional, y el 7 por ciento el de la industria. Por tanto, en
el campo de la agricultura es donde en mayor medida puede hacerse este
ahorro que especialistas de la Federación Nacional de Comunidades de
Regantes, concretamente su Secretario General, llegaron a estimar --cifra
de ahorro que quizás parezca elevada-- en 2.000 hectómetros cúbicos al
año.
En cualquier caso, como decíamos al principio, la revisión de escapes de
agua en los municipios será competencia de los ayuntamientos, de los
planes de obras y servicios que las Comunidades Autónomas o las
diputaciones elaboren, y será, en parte, competencia también de ellos en
lo que afecta a la reutilización de las aguas. Por tanto, el tema engloba
a todas las Administraciones, la central, la autonómica y la municipal.
Nosotros entendemos que si analizamos los costes correspondientes de los
caminos a emprender y si tratamos la cuestión con serenidad, es posible
llegar a algunas soluciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Damos, por tanto, finalizado el debate sobre esta interpelación.
--DE DON JOSE MANUEL MOLINA GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA CONTINUIDAD EN LA OFERTA DE LAS
LINEAS EROTICAS A TRAVES DE LOS PREFIJOS TELEFONICOS 903 Y 906, A PESAR
DE LA RESOLUCION RESTRICTIVA EMITIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE
COMUNICACIONES, ASI COMO SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO A
ESTE RESPECTO. (670/000123).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la siguiente
interpelación, que es la que formula don José Manuel Molina García, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las causas que motivan la
continuidad en la oferta de las líneas eróticas a través de los prefijos
telefónicos 903 y 906, a pesar de la resolución restrictiva emitida por
la Secretaría General de Comunicaciones, así como sobre las medidas
previstas por el Gobierno a este respecto.
Tiene la palabra el Senador Molina García.
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, al cabo de dos años, desde que se trajo a
debatir en el Senado el tema de la oferta telefónica de servicios de
valor añadido, dado que una parte de ellos producía efectos indeseados
para la infancia, lo que motivó que se adoptaran por el Gobierno diversas
resoluciones para definir las condiciones de acceso a los mismos, vuelve
a presentarse en la Cámara el mismo problema. Confiemos que tras las
decisiones que se adopten ahora quede de una vez definitivamente resuelto
este problema social.
Recordemos que el 15 de octubre de 1992 fue aprobada por la Cámara una
moción instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que el
servicio público de voz, que Telefónica de España prestaba a través del
prefijo 903, solamente resultara accesible a través de los aparatos de
teléfono que los abonados, expresa y fehacientemente, manifestaran su
deseo a disfrutar. Asimismo, en la presentación de la moción se instaba a
la Comisión Especial de Publicidad para que estudiara y elaborará
propuestas sobre el tratamiento publicitario que de los referidos
servicios se hacían en los medios de comunicación.
Las razones para tales restricciones al acceso a estos servicios se
basaban en los efectos indeseados sobre la juventud y la infancia y los
graves perjuicios económicos ocasionados a las familias por un gasto
difícil de controlar que originaban facturas, en algunos casos, de dos y
hasta de tres millones de pesetas en el teléfono. Los argumentos que
justificaban estas medidas están en la propia Constitución --artículo
27--, y en el hecho de que tales servicios se prestan a través de una
sociedad concesionaria, de un monopolio, y en la cual el Estado es el
accionista principal. Cabe resaltar que, como en cualquier problema,
existen siempre intereses contrapuestos: por un lado los de la sociedad,
a la que interesa defender de tales abusos y, por otro, los de las
empresas promotoras de tales servicios, y los de la propia Telefónica,
que se beneficiaban de un mayor uso de los mismos.
El 29 de enero de 1993 se dictó una resolución de la Secretaría General
de Comunicaciones sobre instrucciones a la Telefónica para la prestación
del servicio telefónico a través del prefijo 903. Los motivos de su
publicación se fundamentaron en la ausencia de una normativa específica
para regular el uso de estos servicios, considerados de valor añadido y
de tarifación adicional, que se amparan genéricamente en el artículo 21
de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.
En base a él, a la moción del Senado, y asimismo a la recomendación del
Defensor del Pueblo dirigida al señor Ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, se dictó la mencionada resolución para
limitar el acceso a las líneas 903, de forma que éste sólo se realizase
mediante solicitud expresa de los abonados.
Entre las medidas contempladas en esta resolución se destacan las
siguientes: la agrupación en dos prefijos de todos los servicios de valor
añadido y tarifación adicional ofrecida por Telefónica, englobando en uno
de ellos todos aquellos que, por su naturaleza, se presuma que puedan
producir efectos indeseados sobre determinados colectivos y especialmente
sobre la infancia; la creación de una comisión para la supervisión del
servicio telefónico con tarifación adicional, teniendo dicha comisión la
función de ordenar y clasificar estos servicios según produzcan o no
tales efectos indeseados; elaborar un código de conducta a cumplir por la
empresa prestadora; asesorar en el modelo de contrato para controlar las
autorizaciones dadas por la Dirección General de Telecomunicaciones; la
aprobación por la Dirección General de Telecomunicaciones de un
contrato-tipo para regular las relaciones entre Telefónica y los
prestadores de servicios de valor añadido; la prestación de estos
servicios por Telefónica sólo a aquellos abonados del servicio telefónico
cuyo acceso a los mismos pueda ser bloqueado desde la propia red; y la
obligación de Telefónica de notificar a los abonados al servicio
telefónico de los procedimientos para conexión o desconexión de estos
servicios hasta tanto Telefónica no hubiera dispuesto de la fórmula
adecuada para suspender estos servicios. Posteriormente, se establecía
también la demora de 30 días para el inicio de la suspensión tras
producirse la notificación de Telefónica.
En resumen, salvo el procedimiento para la desconexión, respecto del que
se consideraba existían limitaciones técnicas, y que contrariamente a lo
aprobado en el Senado se produce a solicitud del abonado, la resolución
comentada daba una solución bastante satisfactoria al tema. El 30 de
septiembre de 1993 se dictó una nueva resolución, por parte de la
Secretaría General de Comunicaciones, sobre modificaciones en la
prestación de estos servicios. Por ella
se notificaba la solución del tema pendiente últimamente mencionado.
Solucionados los problemas técnicos, se afirmó que sólo podrían acceder a
estos servicios los abonados que expresamente manifestasen su interés por
la conexión a los mismos. Por tanto, tampoco se puede acceder a estos
servicios a través de los teléfonos de uso público.
También se establece en esta resolución que todos aquellos servicios que
puedan ser de interés general y no produzcan efectos indeseados se
presten por Telefónica a través de un nuevo prefijo claramente
diferenciado. En esta nueva resolución, la Secretaría General de
Comunicaciones insiste en las funciones y responsabilidades de la
comisión, creada el 29 de enero de 1993 para regular y controlar la
prestación de estos servicios, y de la Delegación del Gobierno en
Telefónica para realizar las actuaciones necesarias que obliguen al
cumplimiento de la resolución.
El día 10 de noviembre de 1993 se dicta una resolución por la Delegación
del Gobierno en Telefónica autorizando la utilización del prefijo 906. En
este nuevo prefijo se incorporan los servicios de valor añadido y de
tarifación adicional que sean calificados por la comisión como de interés
general. Es decir, de acuerdo con la resolución de 29 de enero de 1993,
se engloban en el prefijo 906 todos aquellos servicios que no pudieran
producir efectos indeseados.
Como se ve, existe un diferenciación clara entre los servicios
calificados, genéricamente, como de valor añadido que se ofrecen por el
903 y el 906, con carácter universal. En cumplimiento de estas
resoluciones, Telefónica ratificó a los abonados, con su última factura
del 903, las condiciones para proceder al acceso a la línea 903 y la
información sobre las líneas 906; el servicio del 903, con acceso
restringido, solamente a aquellos clientes que manifiesten su deseo
expreso de acceder a servicios de ocio que pudieran producir efectos
indeseados sobre la infancia, el servicio del 906, accesible con carácter
universal, para la oferta de servicios calificados de interés general, no
de carácter de multiconferencia o de otro tipo, en cumplimiento de las
resoluciones de la Secretaría General de Comunicaciones.
Estoy exponiendo una serie de antecedentes; ahora voy a a exponer el
resumen de la situación de la normativa actual, para luego informar de la
realidad de la situación, que dista 180 grados de la regulada.
A la vista de todos los hechos y disposiciones comentadas, todo lo
expuesto en principio inducía a pensar en la existencia de mecanismos
eficaces desde la Administración para: diferenciar la prestación de los
servicios de carácter erótico de otros de interés general; calificar los
distintos servicios con criterios de objetividad en dos grandes grupos,
903 y 906; restringir el acceso a los primeros, dando la libertad
individual al abonado que así quisiera tener los mismos, y facilitar, sin
restricciones, el 906 a todos los abonados.
Pues bien, todos los colectivos con responsabilidad en el tema, de alguna
forma, han fallado: La Secretaría General de Comunicaciones; la comisión
«ad hoc», creada bajo los auspicios de la Dirección General de
Telecomunicaciones; la propia Dirección General de Telecomunicaciones, en
la calificación y autorización final de las condiciones de prestación; la
Delegación del Gobierno en Telefónica, en las actuaciones para obligar al
cumplimiento de estas resoluciones; la propia Telefónica, obligada a este
cumplimiento y aceptadora de los correspondientes compromisos, y,
finalmente, los propios prestadores de los servicios, integrados mediante
un vocal en la comisión para la supervisión del servicio telefónico con
tarifación adicional. Por tanto, son seis entidades o colectivos que, de
alguna forma, tienen participación y, por consiguiente, responsabilidad
en este tema, orientadores de la difusión restringida a estos servicios,
calificados por todos como, unos de interés general, y otros de efectos
indeseados. Sin embargo, la realidad es que se ha pasado a utilizar las
líneas 906 como las antiguas 903. Hay casos de sobrepasar la tarifa
máxima del tiempo máximo de 30 minutos, y otros, incluso, que, a través
de la línea 903, se envían a otras líneas del 07 internacional, con un
escándalo último, que todos ustedes conocen, de esa famosa factura de más
de tres millones de pesetas a un abonado por la utilización de dicho
teléfono por una menor de edad.
Por tanto, la realidad de la situación es que, transcurrido poco más de
un año desde la última normativa aprobada, pese a todo el esquema
normativo, pese a todas las competencias relativas y pese a la realidad
de que en los últimos meses se ha producido y reiterado una situación,
nuevamente ahora la publicación y la publicidad de los 906 aparecen en la
prensa ofreciendo servicios de multiconferencia o de tertulias de
evidentes posibles efectos indeseados. Presumiblemente, y si no se pone
coto, en poco tiempo estaremos en una situación análoga a la que existía
en 1992.
En efecto, estos nuevos servicios 906 que ahora se anuncian, aparecen
calificados con expresiones afines, generalmente como de relax y en otros
casos como de relaciones, contactos, amistades e incluso alguno,
descaradamente, como de línea erótica. A la vista de la publicidad que la
prensa ofrece, parece poco aventurado afirmar que esta oferta que ahora
se hace representa, en el fondo, algo absolutamente idéntico a lo que el
Senado pretendió regular, como es lógico, con una dinámica que, de
acuerdo con la existencia o no de reacciones sociales, irá aumentando con
el paso del tiempo.
Pese a que algunos de estos reclamos publicitarios en la prensa para la
oferta de servicio 906 son de interés general y pudieran aparentar una
oferta inocua de amistad o sentimiento análogos, la realidad es que la
mayoría de ellos no confunde: constituyen claramente servicios que debían
estar establecidos e incorporados a través de las líneas 903. Por lo
tanto, la responsabilidad por la transgresión de esta normativa aprobada
se reparte, probablemente, entre la comisión para la supervisión del
servicio telefónico con tarifación adicional, encargada de la supervisión
de la oferta y la calificación de los servicios; entre los órganos de la
Administración --la Secretaría General de Comunicaciones, la Dirección
General de Telecomunicaciones, el Delegado del Gobierno en la Compañía
Telefónica, con su responsabilidad inherente--; entre la propia
Telefónica, al menos si no restringe o comunica a la Delegación sus
reparos sobre algunos de los proveedores; y entre los proveedores de los
servicios, que incumplen conscientemente el código de
conducta establecido. Pero, en cualquier caso, hay una responsabilidad
superior, que es la que corresponde al Gobierno, por lo que le proponemos
y le pedimos, señor Ministro, que, aparte de que nos diga cuál es su
planteamiento para actuar, con inmediatez, sobre este asunto, nos dé su
parecer sobre las principales líneas que proponemos y que se basan en el
endurecimiento de las acciones contra los proveedores de servicios que no
cumplan la normativa actual; en instar, tanto a la comisión como a la
Delegación del Gobierno, para que se cumpla la normativa actual; en pedir
que se lleve a cabo el estudio de la resolución definitiva de este
problema, que supondría el que se estableciera una separación total del
servicio básico de teléfono, que es un servicio público, de los servicios
de valor añadido; en limitar el acceso a estos últimos a los abonados que
libremente así lo quieran adoptar y, al menos, instar también a la
mediación de la Compañía Telefónica para que entre dentro de la Junta
Arbitral Nacional acerca de la sobrefacturación de las facturas
producidas por el 903, a partir de mayo de 1993, y sobre el 906 en
aquellos casos en los que se está produciendo la sobrefacturación,
debida, fundamentalmente, a que se están utilizando líneas del 903. De no
aceptar esto...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, vaya terminando.
El señor MOLINA GARCIA: Gracias, señor Presidente.
No aceptar esto significaría crear una situación de agravio comparativo
para quienes se encuentran en una misma situación que, estando regulada y
definida, supone una incompetencia por parte de la Administración el que
vuelva a repetirse el problema.
Yo deseo, señor Ministro, que se tomen las medidas oportunas, que así
conste en sus palabras y que, en su caso, si fuera necesario, se adoptara
un criterio ya definitivo sobre el asunto. Pero creo que, después de las
veces que ha pasado por aquí esta cuestión, debería dársele una solución
de una vez por todas. No estamos hablando de limitar ninguna libertad a
nadie que quiera utilizar los servicios correspondientes; estamos
hablando de algo tan fundamental como es la protección de nuestra
juventud, de nuestra infancia y, especialmente, de la libertad del
individuo, que tiene un servicio público y que, por lo tanto, es muy
dueño de estimar o no qué tipo de servicios quiere usar libremente y con
plena decisión y responsabilidad para ello.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Señor Presidente, señorías, habida cuenta que el
interpelante ha hecho un prolijo, detallado y tedioso recorrido por todos
los antecedentes del caso, no voy a insistir en lo que ustedes conocen,
conocían, o en todo caso ahora deben conocer, sobre la historia de 903 y
el 906.
Una vez fijados el 903 y el 906, una de las primeras medidas adoptadas
fue la elaboración de una versión nueva del código de conducta y de una
nueva tabla de clasificación de servicios, adoptados por la comisión para
la supervisión del servicio telefónico con tarificación adicional el 20
de enero de 1994. Los servicios prestados mediante la modalidad de
fono-buzón pasaron al grupo de servicios que no podrían prestarse a
través del 906, sino del prefijo 903. Como sabe su señoría, este código
de conducta tiene un carácter vinculante para todos los prestadores del
servicio y su objetivo es fijar reglas obligatorias de actuación y
comportamiento para el desarrollo de los servicios 903 y 906 en
beneficio, a la vez, de la protección de los derechos de los consumidores
y el libre ejercicio del comercio dentro del marco de la legislación
vigente. Los prestadores de estos servicios son los responsables de su
contenido, lo produzcan o no lo produzcan ellos, y deben cumplir con las
estipulaciones contenidas en este código de conducta así como con la
legislación vigente en cada momento, responsabilidad que debe quedar
ratificada en los contratos formalizados entre los prestadores de
servicios y Telefónica de España.
Pero como la Administración debe velar por el cumplimiento de las normas
vigentes y además ese código de conducta ya lo prevé, estamos realizando
las oportunas actuaciones por parte de la Inspección de
Telecomunicaciones para determinar las posibles responsabilidades
administrativas y los incumplimientos del código citado. Hemos recibido
varias denuncias sobre la prestación de servicios de fono-buzón en línea
906, que no debían ser prestados a través de este indicativo, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 69.2 del Régimen Jurídico
de las Administraciones Pública abrimos un período de información previa
para conocer las circunstancias de cada caso concreto y la conveniencia o
no de iniciar el procedimiento para extinguir la autorización.
Se ha podido comprobar que, efectivamente, por parte de ciertas empresas
se estaban prestando servicios que deberían considerarse servicios a
prestar dentro de las líneas 903. Una vez comprobados los hechos
denunciados, se acordó iniciar por la Dirección General de
Telecomunicaciones los correspondientes expedientes de extinción de las
autorizaciones otorgadas a todas las empresas implicadas en la denuncia.
Estos expedientes de extinción se hallan en la actualidad en trámite de
audiencia a los interesados, pero además de éstos se ha extinguido ya la
autorización concedida a la empresa Sodina, S. A., por una resolución de
la Dirección General de Telecomunicaciones, que fue posteriormente
confirmada por resolución del Ministerio que desestimó el recurso
interpuesto contra la misma. Se han iniciado expedientes sancionadores
contra empresas titulares de este tipo de líneas, dentro de la necesaria
policía de las telecomunicaciones, para verificar el cumplimiento de la
norma que definía lo que se podía hacer vía 903 y vía 906.
Creo que hacemos lo que debemos y que no debemos modificar
sustancialmente un sistema de regulación que no está exento, como todo
sistema, de la posibilidad de ser
utilizado de forma fraudulenta, pero que requiere, como solución, una
vigilancia por parte de la Administración competente. Puedo, pues,
afirmar que el Gobierno, a través del órgano competente para ello, ha
adoptado medidas para garantizar las correspondientes actuaciones
sancionadoras o de extinción de la autorización en caso de incumplimiento
tanto de la normativa vigente como del código de conducta anteriormente
reseñado.
Pero si me lo permite, quisiera recordarles una observación que ya hizo
la Secretaria General de Comunicaciones en su comparecencia ante esta
Cámara. Me refiero a las consecuencias de la afirmación rotunda, que
muchas veces hemos oído, de que es el mercado el que debe encargarse de
promover y regular los servicios de telecomunicación y que el Estado debe
inhibirse lo más posible. Mi opinión, y la del Partido que sustenta la
acción del Gobierno, es que si el Estado no se dota de instrumentos
adecuados puede verse dificultado por actuar en casos como el que nos
ocupa con la rapidez que la sociedad legítimamente le exige. Cuando este
problema se manifestó en origen, en 1992, el único instrumento del que
dispuso la Administración de las telecomunicaciones para intervenir fue
el artículo 21 de la LOT. Y debo recordarles que cuando esta Ley fue
debatida en las Cortes, un importante grupo de la oposición --al que
ahora representa el interpelante-- acusó al Gobierno de intervencionismo,
mientras que ahora lo critica por no intervenir con suficiente celeridad.
En resumen, el problema se planteó en 1992 y no pudo ser atajado porque
se carecía de las normas legales que lo hubieran permitido; en 1993 y
1994 el problema principal se resolvió, creo que satisfactoriamente, y
ahora nos hemos encontrado con un brote por el uso indebido de los
servicios 906 que ha sido atajado y que está en vías de una rápida
solución. Por tanto, creo que lo que tenemos que hacer es reforzar la
vigilancia a través de los órganos competentes para mantener el sistema
tal como fue diseñado, y no replantearnos radicalmente un sistema de
regulación que seguramente plantearía más problemas que ventajas. Es
verdad que ha habido adulteraciones de lo dispuesto en la norma y que ha
habido operadores que han transigido. Pero han sido detectados y
sancionados, como lo seguirán siendo para distinguir claramente los
servicios 903 de los 906 y para mantener el principio de conformidad
previa del usuario para poder acceder al servicio 903 y el libre acceso a
los servicios de valor añadido 906, que en ningún caso pueden representar
un atentado a la protección de la infancia, que era el objetivo que guió
la diferenciación entre estas clases de servicios y el acceso limitado a
uno de ellos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador interpelante, señor Molina García, por tiempo
de cinco minutos.
El señor MOLINA GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, tengo que empezar pidiéndole perdón, porque me parece que
le he aburrido, ya que usted ha tachado mi intervención de tediosa. Me
imagino que se debe a que a un hombre llamado a las importantes tareas
que desempeña el señor Borrell en defensa de los grandes intereses del
Estado español le haya entretenido un humilde Senador en el Senado para
denunciar que quieren cobrar a una familia tres millones de pesetas
--nada más, porque no es tanto-- por una factura de teléfono, y a otra,
1.041.000 pesetas. ¡Por Dios, señor Ministro!, con esa preocupación tan
importante del Gobierno central, ¿cómo me he atrevido a robarle este
tiempo para plantearle temas tan tontos como los de facturas de 3.061.000
pesetas, 1.041.000, 116.000, 300.000 ó 288.000 pesetas? La verdad es que
son cosas de poca importancia y estas familias reciben unas facturas
normales, por lo que le pido disculpas, señor Ministro, por haberle
robado este tiempo.
Dicho esto, de sus palabras, que eran consecuencia del análisis detallado
de los hechos que yo he expuesto, se deduce que hay que pedir
responsabilidades a alguien. Porque, si todo está espléndidamente
regulado, si todos los órganos funcionan perfectamente, ¿qué le decimos a
las familias a las que han pegado un palo tan espectacular como éste?
Habrá que pedir explicaciones, ¿o es que realmente la regulación no es
suficiente? En ese sentido, creo que se pueden adoptar dos tipos de
medidas. Por un lado, puede usted cesar a los miembros de esa Comisión
incompetente, para poder averiguar, analizar e investigar no sólo a una
empresa, como usted ha dicho, sino a todas las que están prestando
servicios 903 a través del 906. Tengo aquí una relación de 36 empresas y
alguna de ellas manda directamente, a través del 906, al 07; otras, al
903; otras, simplemente, son teléfonos eróticos; hasta 60 empresas están
incluidas en la misma relación. Y, tercero, también hay una relación
extensa de empresas, que ya están denunciadas, que siguen actuando a
pesar de tener ese reconocimiento. Fíjese usted, está justificado siete
empresas se saltan uno de los preceptos fundamentales, y es que las
llamadas no desconectan a los 30 minutos.
Yo comprendo que esto tampoco tenga mayor importancia para usted. Señor
Ministro, usted está diciendo aquí que cómo nosotros ahora le pedimos que
intervengamos en este asunto cuando le dijimos que eran intervencionistas
en otro tema que no tiene nada que ver con éste. Nosotros le pedimos que
se cumpla la normativa y, además, anunciamos que presentaremos una moción
si no se adoptan medidas inmediatamente y usted adquiere compromisos
firmes para que se cumpla la norma, en defensa de que la libertad
individual de cada abonado a elegir los tipos de servicios que tienen sea
compatible con un derecho, que es tener un servicio público telefónico.
Porque lo que usted no me puede meter aquí por medio son dos tipos de
servicios que no tienen nada que ver, señor Ministro. Y usted está
metiendo un servicio de valor añadido y lo está haciendo obligatoriamente
para todos los hogares, cuando no ha preguntado usted al abonado si
quiere o no tener ese servicio. Y ese señor tiene todo el derecho
legítimo a decir: mire usted, yo sólo quiero hablar telefónicamente con
otro abonado dentro de España o fuera de España. En cuanto al
resto de los servicios, deje usted al señor abonado que elija libremente
si los quiere eróticos, si no los quiere eróticos, si los quiere de otro
tipo o los que le dé la gana; estamos defendiendo esa misma línea: la
libertad individual. Y no me hable usted de normativas de otro tipo,
porque eso se recoge en la Constitución.
Por lo tanto, señor Ministro, discúlpeme por haberle robado este tiempo,
en el que usted se ha aburrido tanto, y nosotros con mucho gusto --pero
la segunda vez ya no tendrá usted que venir--, si no cumplen y corrigen
estas situaciones, presentaremos una moción. No le robaremos más tiempo
aquí, pero, créame, nosotros lo que queremos es que se defienda la
libertad y el artículo 27 de la Constitución, y si eso obliga a que ese
exija a la Telefónica que le diga a los abonados si quieren tener este
servicio o no, presentaremos una moción y esperaremos el apoyo de todos
los Grupos.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no saque usted las cosas de quicio. Este Ministro está
permanentemente a disposición del Parlamento, y todos los martes y los
miércoles acude gustoso a someterse al control parlamentario en el
Congreso y en el Senado, en multitud de preguntas y de interpelaciones
que ustedes tienen a bien hacer de la forma que tengan a bien hacerme, lo
cual no me quita el derecho a expresar mi opinión sobre la forma en la
que usted lo hace. Me ha parecido tediosa su intervención. ¿Qué quiere
que le diga? No creo que haya despertado un entusiasmo delirante en los
Senadores que han tenido el honor de escucharla; me ha parecido tediosa.
A usted le merecerán otra clase de calificativos otras de mis
intervenciones; está usted en su derecho. A mí me ha parecido que la
repetición de los hechos acaecidos y la prolija descripción de los
acontecimientos que habían venido ocurriendo, etcétera, disculpe si le ha
molestado, ha sido tediosa. Con eso no digo ni más ni menos que lo que
digo: que su estilo parlamentario me parece que merece un calificativo no
positivo. Nada más, no se haga usted el mártir. No venga aquí a
desmelenarse y a rasgarse las vestiduras diciendo que el señor Ministro
ha dicho. El señor Ministro está aquí escuchándole atentamente para
valorar lo que usted dice y contestarle con todo respeto; eso sí, sin
modificar la opinión que le merece lo que usted dice y cómo lo dice.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una disposición que, cuando
se acordó, mereció el apoyo de toda la Cámara para dividir los servicios
de valor añadido en dos bloques: el 903 y 906; uno que requería el
acuerdo previo del abonado para acceder, y otro que no lo requería.
Ustedes estuvieron de acuerdo con eso, todo el mundo estuvo de acuerdo
con eso, y se estableció una comisión para vigilar que realmente lo que
disponía ese acuerdo se cumpliera. Hasta el 10 de febrero, recientemente,
no ha habido ninguna razón que indujera a nadie a creer que ese acuerdo
no se estaba cumpliendo.
Ha habido denuncias que han afectado a un conjunto de empresas; hemos
abierto expedientes informativos a 59 empresas operadoras del servicio
906 sobre un total de 416 que están en el mercado, y estamos analizando
hasta qué punto estos comportamientos se adaptan a la norma o no se
adaptan a la norma. Pero lo no hacemos directamente, hay una comisión de
seguimiento, de la que responde no sólo el Ministerio de las
telecomunicaciones. Hay 416 números 906 que corresponden a 61 empresas y
hasta el pasado mes de diciembre, como le digo, no se había detectado, ni
a través de denuncias ni a través de inspección, ningún incumplimiento de
la norma. El 9 de diciembre la OCU denunció un solo número que incumplía
la normativa, a cuyo titular se le incoó un expediente sancionador aún
pendiente de resolución. Se están estudiando los 59 casos ahora
denunciados y de las investigaciones en curso se derivarán las
correspondientes responsabilidades y las sanciones a que haya lugar.
Usted nos sugiere otra solución, que bien hubiera podido plantear en su
momento. Ahora nos dice: No, que ningún servicio de valor añadido pueda
ser de acceso directo y que todos requieran la conformidad previa por
parte del abonado. Es una solución que tiene, como otras, ventajas e
inconvenientes alternativos, que ustedes no propusieron en su día y que
ahora proponen porque creen que es mejor. La vamos a estudiar, vamos a
analizar con la Compañía Telefónica y con los operadores si esta solución
combina mejor la libertad individual con el desarrollo de un mercado de
servicios de valor añadido que hoy se pueden prestar no solamente desde
España, sino desde el extranjero. Le aseguro que no podemos poner puertas
al campo y que no podemos prohibir que en números de teléfonos situados
en el extranjero se oferten los mismos servicios que nos gustaría
prohibir. Hay personas que llaman a un 07, acceden a un servicio que se
les presta desde Singapur y pagan facturas elevadísimas de conferencias
internacionales. Señoría, no podemos evitar que esto ocurra. ¿Se les
ocurre a ustedes algún método para hacerlo? A nadie se obliga a llamar a
ningún número de teléfono. Nadie está impedido en su voluntad para llamar
obligatoriamente a ningún número. Podemos controlar los servicios que se
ofertan desde España, pero nunca podremos controlar los que se ofertan
desde el extranjero. ¿Podemos controlarlo mejor? Es posible. ¿Usted
sugiere que se prohíba el acceso directo sin autorización ni acuerdo
previo a todos los servicios de valor añadido? No estoy seguro de que sea
la mejor solución posible. Posiblemente para impedir comportamientos que
han burlado la norma impondríamos al desarrollo de unos servicios de
valor añadido unos impedimentos importantes y quizá causaríamos una
desviación de unos servicios que son vitales en la sociedad de
información hacia la que nos encaminamos, sociedad de la información que
va a requerir responsabilidades incrementadas por parte de los usuarios
de los servicios de telecomunicaciones. Pero quizá su idea merezca la
aprobación de esta comisión, de los ministerios involucrados,
de los operadores del sector y de los consumidores y usuarios. Lo
analizaremos.
Si resultase que esa oferta representara un mejor equilibrio entre la
libertad del consumidor, el desarrollo del mercado y la prevención de
situaciones irregulares, no le quepa ninguna duda que la adoptaríamos. A
priori no me parece la mejor de las soluciones. Si usted cree ahora que
lo es, debe reconocer que en su día no lo creyó y es tan responsable como
el resto de los grupos políticos de haber aprobado un método que es el
que estamos aplicando.
Por tanto, no se haga usted la virgen violada (Protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.) ni clame en contra de disposiciones que
usted mismo contribuyó a que se aplicaran.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Ministro, vaya terminando.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Usted mismo contribuyó, con el acuerdo de su Grupo,
a que se aplicaran.
Si hay métodos mejores, los estudiaremos. Pero, insisto, no necesita
usted adoptar ninguna pose de sufrimiento erótico, porque de lo único de
lo que se trata es de buscar mejores formas de regulación y de una
opinión manifestada por este Ministro sobre las escasa dotes oratorias de
su señoría.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Travieso Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, y al contrario que el señor Ministro, tengo
que decir que me ha gustado mucho la intervención del señor Molina
García. Le felicito por la oportunidad de esta interpelación.
También tengo que decir que no soy muy objetivo en este tema, porque soy
una de las personas afectadas, ya que recientemente he sufrido el
problema que estamos tratando aquí. Como decía el señor Ministro, se
habrán detectado y sancionado a las empresas que contravienen la
normativa en vigor, no lo pongo en duda, pero me da la impresión de que
se ha hecho un poco tarde. Por lo menos en el caso que yo conozco de
cerca, desde noviembre hasta prácticamente hace un mes todavía seguía
haciendo la misma práctica. Lo puede comprobar personalmente.
Yo creo que el Senador Molina García ha centrado el asunto perfectamente,
sin ningún ánimo de no resolver esta problemática, que yo creo que es
importante. Personalmente, estoy con el señor Molina en que debemos ir a
la solicitud expresa de todos los servicios de valor añadido. Por lo
menos ésa es nuestra idea. Cuenten con nuestro apoyo si presentan una
moción en ese sentido. Entendemos que no tiene por qué afectar de forma
muy ruinosa a las empresas que los abonados quieran someter o no a las
líneas de valor añadido, ya sea al 903 o al 906, que puedan hacerse las
autorizaciones por separado, que se respeten todos los intereses en juego
y que esas empresas puedan seguir funcionando, pero quien no quiera tener
en su línea telefónica ese servicio, que no lo tenga. El problema aquí es
que el titular del servicio no siempre controla a todos los usuarios de
ese servicio. Ese es el gran problema. Si no, no habría ningún
inconveniente en que se hiciera de forma libre.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Tiene
la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, señor Ministro, señorías,
ante la interpelación, a nuestro juicio, interesante y bien planteada del
Senador Molina, que se acaba de exponer, no es ocioso reiterar que tanto
el Congreso de los Diputados como el Senado han presentado iniciativas.
Concretamente, el Grupo de Convergència i Unió en el Congreso presentó
una proposición no de ley al respecto para limitar los servicios 903 y
906. Aquí, en el mismo Senado, se aprobó la moción del Grupo
Parlamentario Popular con unas modificaciones, que asumieron la totalidad
de los grupos, y entendemos que la aprobación y la línea era muy clara y
taxativa, de tal forma que el Senado instó también a la Comisión Especial
de Publicidad a que elaborase una propuesta sobre el tratamiento
publicitario de la línea 903, lo que se tradujo en unas propuestas muy
concretas.
Señor Ministro, soy un Senador de provincias, como el Senador Molina,
pero entiendo que merezco la máxima atención o, por lo menos, la misma
atención que nosotros ponemos cuando está hablando su señoría. (Varios
señores Senadores: ¡Muy bien!) Más tarde, la Secretaría General de
Comunicaciones resolvió en el sentido propuesto por esta Cámara,
interpretando el sentir de la inmensa mayoría de la sociedad española, y
en la que, como sus señorías saben, también el Defensor del Pueblo se
había manifestado.
La Comisión de Publicidad del Senado señaló unas líneas, seis en
concreto, dirigidas una a la Telefónica, otra, a las empresas
explotadoras, buscando soluciones técnicas, proponiendo la supresión de
la publicidad, recomendando que, si no se suprimía totalmente, quedase,
en todo caso, limitada a determinadas revistas especializadas para
adultos, solicitando al mismo tiempo que las Comunidades Autónomas
colaborasen con la Administración central, es decir, enmarcando un
conjunto de líneas de actuación
que podían permitir que lo que se aprobase --como ha manifestado,
concretamente, el Senador Molina-- respecto a todas las manifestaciones
del año 1993 pudiese ser eficaz.
Nosotros, a la vista de lo manifestado por el señor Molina y por el señor
Ministro, entendemos que, efectivamente, algo está fallando. La normativa
existente, en parte, se está burlando; se están cometiendo transgresiones
de la norma, y en estos momentos no tenemos una opinión formada sobre si
la totalidad de las líneas de valor añadido deben ser solicitadas de un
modo explícito. Habrá que verlo y estudiarlo, pero sí solicitamos que la
normativa actualmente existente se haga cumplir por el Gobierno con
extrema rigidez. Una de ellas, concretamente, es la que hace referencia a
la publicidad. Aunque se conecten telefónicamente con Singapur, es
evidente que se está produciendo publicidad clara, absolutamente ilegal,
en medios de comunicación españoles, y ésta es, por tanto, una línea en
la que entendemos que el Gobierno podría actuar ya desde hoy.
Finalmente, y para resumir, si se presentase una moción, la estudiaríamos
oportunamente, pero en el día de hoy solicitamos, señor Ministro, que el
Gobierno, de acuerdo con la legislación en estos momentos en vigor, actúe
con extrema energía.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular no se hace uso de la palabra. Tampoco
por el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo buena nota de sus observaciones y les aseguro que los
servicios de inspección del Ministerio actuarán, dentro de sus
posibilidades legales y operativas, con la máxima diligencia.
Estudiaremos si es necesario modificar la resolución que dividía los
servicios de valor añadido en dos grupos. Personalmente, creo que es muy
difícil el desarrollo de los servicios de valor añadido bajo una
hipótesis de demanda particular y específica a cada uno de ellos por cada
abonado, que es una situación que no se da en la Europa comunitaria y que
en ningún caso permitiría controlar las llamadas que se hacen a servicios
que se prestan desde el extranjero. Y el problema que se apunta,
señorías, de que un abonado no puede controlar lo que hacen los miembros
de su familia, lo cual, posiblemente, sea cierto, no tiene solución si el
miembro de la familia que no se puede controlar tiene la posibilidad de
marcar un 07 y llamar a un servicio de valor añadido situado en el
extranjero. ¿Qué diferencia hay entre llamar a un número con un 07
delante o sin el 07 delante? Señorías, va a ser difícil ponerle puertas
al campo. El desarrollo de las telecomunicaciones oferta a la ciudadanía
nuevas posibilidades que exigen nuevas responsabilidades. Pretender una
tutela por parte del poder público para defender la libertad de unos
puede yugular el desarrollo de la libertad de otros y de unas ofertas
productivas a las que va a ser muy difícil poner límites.
Algunos de los ejemplos que ha citado el Senador interpelante (El señor
Molina García hace signos negativos.), y si no alguno de ellos, existen
casos concretos donde la sobrefacturación se ha producido por llamadas al
extranjero; donde ha habido familiares que han presentado o han tenido
que soportar facturas elevadas por llamadas a un 07, a un teléfono
erótico en Singapur. (El señor Molina García hace signos negativos.) Sí,
señoría. No sé si alguno de los que usted ha citado, pero los hay. Claro;
a usted no le preocupan, pero a mí sí. Porque yo no puedo fijar una
tutela de las telecomunicaciones sólo para los números que no tienen 07
delante. ¿Tiene usted alguna solución para evitar que los ciudadanos de
este país llamen a un número situado en el extranjero? ¿Y qué recomienda
usted que haga la Compañía Telefónica? ¿Hacer caso omiso de unas
facturaciones que realmente se han producido?
Señorías, el problema no es tan fácil de resolver. Podríamos resolverlo
si todo ocurriera en el interior de nuestras fronteras. Pero no es así.
No será así. Ya nunca más será así, señorías. Nos estamos abriendo al
mundo, y las normas interiores no pueden ser extrapolables a otros
países. De todas maneras, cuando se producen adulteraciones de la norma y
ésta se viola por parte de quien se ha comprometido a respetarla, debe
intervenir la Administración reguladora e imponer sanciones y retirar
licencias. Es lo que vamos a hacer. Es lo que estamos haciendo. Y también
vamos a estudiar las propuestas que han hecho dos de los grupos políticos
para extender el abono bajo demanda a todos los servicios 906. Pero eso,
ni fue propuesto por los señores Senadores en su momento, ni quizá sea la
solución más adecuada. Lo estudiaremos y, si fuera necesario, tomaríamos
las correspondientes medidas.
Por supuesto, estamos a su disposición para analizar esta o cualquier
alternativa, anticipándoles, y con esto termino, que va a ser realmente
difícil controlar el uso de los nuevos servicios de telecomunicación que
se avecinan. Porque, señorías, si este problema se plantea ahora con el
teléfono, piensen qué nuevas oportunidades y qué nuevas responsabilidades
van a tener que afrontar los ciudadanos cuando dentro de poco tiempo los
sistemas de cableado permitan llevar a la casa de cada cual servicios
mucho más sofisticados de vídeo a la demanda, de ofertas interactivas de
servicios que va a ser muy difícil que tengamos que decir que solamente
se prestan si previamente alguien ha dicho que quiere tener acceso a
ellos. Eso es ponerle puertas al campo, señorías. Es, quizá, un intento
inútil. Vamos a estudiar qué posibilidades hay. Las puede haber con el
teléfono hoy. Les aseguro que es casi imposible imaginar que las pueda
haber con el cable mañana. (Aplausos.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por acuerdo de la Junta de
Portavoces, vamos a sustanciar a continuación el punto quinto del orden
del día, Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios
internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
--ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO PARA LA
FINANCIACION PARALELA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION Y PARA LA
MODIFICACION DEL CONVENIO DEL QUINTO CENTENARIO. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000132.) (C. D. 110/000133.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Acuerdo entre España y el Banco
Interamericano de Desarrollo para la financiación paralela de programas y
proyectos de inversión y para la modificación del Convenio del Quinto
Centenario. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
No se han presentado propuestas en relación con este acuerdo. Por lo
tanto, pueden intervenir los diversos grupos. (Pausa.) Si no hay
intervenciones, ¿puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado.
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Acuerdo entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo para la
financiación paralela de programas y proyectos de inversión y para la
modificación del Convenio del Quinto Centenario.
--ACUERDO FORMALIZADO MEDIANTE CANJE DE CARTAS DE 10 DE OCTUBRE DE 1994
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
MEDIO AMBIENTE (PNUMA) ACERCA DE LA REUNION DE EXPERTOS SOBRE EL
PROTOCOLO RELATIVO A LOS FONDOS MARINOS, 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 1994, LA
CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS SOBRE EL PROTOCOLO RELATIVO A LOS FONDOS
MARINOS, 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 1994, QUE SE CELEBRARAN EN MADRID (ESPAÑA)
Y LA REUNION DE EXPERTOS SOBRE LA REVISION DEL CONVENIO DE BARCELONA Y
SUS PROTOCOLOS CONEXOS Y EL PAM, 14 A 18 DE NOVIEMBRE DE 1994, QUE SE
CELEBRARA EN BARCELONA (ESPAÑA). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA. (S. 610/000133.) (C. D. 110/000140.)
El señor VICEPRESIDENTE: Acuerdo formalizado mediante Canje de Cartas de
10 de octubre de 1994 entre el Reino de España y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) acerca de la reunión de
expertos sobre el Protocolo relativo a los Fondos Marinos, 11 y 12 de
octubre de 1994, la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Protocolo
relativo a los fondos Marinos, 13 y 14 de octubre de 1994, que se
celebrarán en Madrid (España) y la Reunión de expertos sobre la revisión
del Convenio de Barcelona y sus Protocolos conexos y el PAM, 14 a 18 de
noviembre de 1994, que se celebrará en Barcelona (España). También se
tramita por el procedimiento de urgencia. No se han presentado
propuestas. ¿Hay algún Grupo que quiera intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Ramírez
Pery.
El señor RAMIREZ PERY: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a decir dos palabras nada más para explicar la intención de voto del
Grupo Parlamentario Popular. Este convenio que tiene un nombre tan largo
y tan pomposo encubre dos realidades muy simples. Se trata de dos
reuniones que se han celebrado ya en octubre y noviembre del año 1994
referentes a los fondos marinos y cuyos gastos superiores a un millón de
dólares se han pagado ya. Resulta risible, además de lamentable, que el
Poder Ejecutivo mande una cosa semejante al Legislativo cuando ya se han
celebrado las reuniones y ya se han pagado los gastos, a fin de que les
autoricemos a celebrar las reuniones y a pagar esos gastos. Hacemos
hincapié en ello y nos abstenemos en la votación porque queremos advertir
al Gobierno que esta clase de comportamientos no debe volver a repetirse.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Hay algún otro interviniente? ¿Puede entenderse aprobado por
asentimiento? (Pausa.) No, muy bien. Vamos, pues, a someter a votación el
acuerdo formalizado mediante canje de cartas de 10 de octubre de 1994
entre el Reino de España y el programa de las Naciones Unidas para el
medio ambiente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 172; a
favor, 92; en contra, uno; abstenciones, 79.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado. Por tanto, se
autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento al
mismo.
--TRATADO DE LA CARTA DE LA ENERGIA Y DEL PROTOCOLO DE LA CARTA DE LA
ENERGIA SOBRE LA EFICACIA ENERGETICA Y LOS ASPECTOS AMBIENTALES
RELACIONADOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S.
610/000134.) (C. D. 110/000142.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente Tratado se refiere a
la Carta de la Energía y del Protocolo de la Carta de la Energía sobre la
Eficacia Energética y los Aspectos Ambientales Relacionados. También se
tramita por el procedimiento de urgencia.
No se han presentado propuestas. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Se propone su aprobación por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta.
Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su
consentimiento para obligarse por medio del Tratado de la Carta de la
Energía y del Protocolo de la Carta de la Energía sobre la Eficacia
Energética y los Aspectos Ambientales Relacionados. (Fuertes rumores.)
--ENMIENDA DEL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN
LA CAPA DE OZONO, ADOPTADA EN LA CUARTA REUNION DE LAS PARTES DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL, CELEBRADA EN COPENHAGUE DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE
DE 1992. (S. 610/000127.) (C. D. 110/000117.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a la Enmienda del
protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono, adoptada en la Cuarta Reunión de las Partes del Protocolo de
Montreal, celebrada en Copenhague del 23 al 25 de noviembre de 1992.
Tampoco se han presentado propuestas.
No hay petición de intervención por parte de los diversos grupos.
Se propone que sea aceptado por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta. (Fuertes rumores.)
Se autoriza en este acto que el Gobierno pueda presentar su
consentimiento para obligarse por medio de la Enmienda del Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptada
en la Cuarta Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal, celebrada
en Copenhague del 23 al 25 de noviembre de 1992.
Esta Presidencia ruega un poco de silencio. Los que tengan que hablar ya
saben el contenido de las materias que tratamos, pero desearía no
acentuar su sensación de «solitude» a la hora de hablar de estos temas.
(Rumores.)
Señorías, les pido de verdad que si tienen que hablar salgan a hacerlo
fuera tranquilamente.
Muchas gracias.
--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN
MATERIA DE COOPERACION EDUCATIVA, CULTURA Y CIENTIFICA, HECHO EN MADRID
EL 27 DE OCTUBRE DE 1994. (S. 610/000128.) (C. D. 110/000129.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto es el Acuerdo
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América en materia de
Cooperación Educativa, Cultura y Científica, hecho en Madrid el 27 de
octubre de 1994.
No se ha presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
No siendo así, propongo que sea aceptado por asentimiento. (Pausa.)
Así es y así consta.
Se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento
para obligarse por medio del Acuerdo entre el Reino de España y los
Estados Unidos de América en materia de Cooperación Educativa, Cultura y
Científica, hecho en Madrid el 27 de octubre de 1994.
--ACUERDO SOBRE EL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA ENTRE EL
GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LITUANIA,
HECHO EN VILNIUS EL 6 DE JULIO DE 1994. (S. 610/000129.) (C. D.
110/000130.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto es el Acuerdo
sobre el Transporte Internacional por Carretera entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de la República de Lituania, hecho en
Vilnius el 6 de julio de 1994.
Tampoco se han presentado propuestas.
No hay petición de palabra sobre la materia.
Por tanto, se propone que sea aceptado por asentimiento. (Pausa.) Así es
y así consta.
Se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento
para obligarse por medio del Acuerdo sobre el Transporte Internacional
por Carretera entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Lituania, hecho en Vilnius el 6 de julio de 1994.
--PROTOCOLO NUMERO 1 AL CONVENIO EUROPEO PARA LA PREVENCION DE LA TORTURA
Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, HECHO EN ESTRASBURGO EL
4 DE NOVIEMBRE DE 1993. (S. 610/000130.) (C. D. 110/000131.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El siguiente punto es el
referente al Protocolo número 1 al Convenio Europeo para la Prevención de
la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, hecho en
Estrasburgo el 4 de noviembre de 1993.
Tampoco se han presentado propuestas.
Al no intervenir ninguno de los grupos, propongo que sea aprobado por
asentimiento. (Pausa.) Así es y así consta.
Se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento
para obligarse por medio de Protocolo número 1 al Convenio Europeo para
la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o
Degradantes,
hecho en Estrasburgo el 4 de noviembre de 1993.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA SOBRE
EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES, SUSCRITO EN CARACAS EL 17 DE OCTUBRE DE
1994. (S. 610/000131.) (C. D. 110/000132.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El último Convenio que se propone
es entre el Reino de España y la República de Venezuela sobre ejecución
de sentencias penales, suscrito en Caracas el 17 de octubre de 1994.
Tampoco se han presentado propuestas y no hay petición de intervención.
Por tanto, propongo que sea votado por asentimiento. (Pausa.) Así es y
así consta.
Se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento
para obligarse por medio del Convenio entre el Reino de España y la
República de Venezuela sobre ejecución de sentencias penales, suscrito en
Caracas el 17 de octubre de 1994.
Se suspende la sesión hasta mañana a las diez de la mañana.
Eran las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos.