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DS. Senado, Pleno, núm. 71, de 22/03/1995
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Año 1995 V Legislatura
Núm. 71



CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 22 de marzo de 1995



ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de ley por la
que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula
el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y se crea la Fiscalía
Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la
corrupción (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 62, de fecha 17 de marzo de 1995). (Número de
expediente S. 621/000062.) (Número de expediente C. D. 121/000054.)
Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Canje de Cartas de fechas 19 y 21 de octubre de 1994, constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Francia para la
construcción de un puente internacional sobre el río Major entre las
localidades de Massanet de Cabrenys (España) y Coustouges (Francia)
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
IV, número 126, de fecha 22 de febrero de 1995). (Número de expediente S.

610/000126.) (Número de expediente C. D. 110/000127.)
Mociones consecuencia de interpelación:
-- Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que
se insta al Gobierno a que solicite de la Comisión y del Consejo de la
Unión Europea, a lo largo de 1995, la creación de una Organización Común
de Mercado (OCM) de la patata, el establecimiento de una línea de ayudas
para la articulación de los agricultores a través de agrupaciones de
productores, la creación de un sistema de cuotas de producción por
agrupación de productores y regiones, y el establecimiento de un
mecanismo de regulación de la oferta para las situaciones excedentarias
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 247, de fecha 17 de marzo de 1995). (Número de expediente
671/000022.)



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Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
remitir a las Cortes Generales una Ley de bases de coordinación de los
Planes Hidrológicos que permita establecer los criterios de interés
general con los que el Ejecutivo deba aprobar los Planes de Cuenca, un
programa de ejecución de infraestructuras hidráulicas, a medio plazo,
elaborado de acuerdo con dicha Ley de bases, y un Plan Nacional de
modernización de regadíos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 247, de fecha 17 de marzo de 1995).

(Número de expediente 662/000130.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que estudie el establecimiento de una ayuda económica para las
empresas pesqueras afectadas por inactividad forzosa en el caladero
marroquí durante el tiempo que duren las paradas biológicas obligatorias,
equivalente al importe de las cuotas de la Seguridad Social
correspondientes a 1994 y 1995, así como a que solicite de la Unión
Europea una negociación del Acuerdo de Pesca con el Reino de Marruecos en
la que se defienda el mantenimiento de los actuales esfuezos pesqueros y
que, en caso de inviabilidad del Acuerdo, se realicen las modificaciones
oportunas en el presupuesto comunitario (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 247, de fecha 17 de
marzo de 1995). (Número de expediente 662/000131.)
--Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que el Senado insta al Gobierno a
que remita a las Cortes Generales un Proyecto de ley de modificación del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por la que se cree la Fiscalía
Especial de Medio Ambiente, y acuerda dirigirse al Defensor del Pueblo
para que promueva la especialización de una de las adjuntías en la
defensa de la aplicación de la legislación ambiental (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 247,
de fecha 17 de marzo de 1995). (Número de expediente 662/000129.)



SUMARIO



Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 3678)



De la Comisión de Justicia, en relación con el Proyecto de ley por la que
se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y se crea la Fiscalía Especial
para la represión de los delitos económicos relacionados con la
corrupción. (Página 3678)



El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Blanco López,
quien así lo hace a continuación.




No se produce debate de totalidad.




Comienza el debate del articulado.




El señor Prada Presa defiende las enmiendas números 2 a 6, del Grupo
Popular. El señor Abad Bécquer consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Vallvé i Navarro, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Prada Presa, por el
Grupo Popular, y Abad Bécquer, por el Grupo Socialista.




Se rechazan las enmiendas números 2 a 6, del Grupo Popular, por 90 votos
a favor, 119 en contra y 6 abstenciones.




Se aprueba el texto del proyecto, según el texto del dictamen, por 124
votos a favor y 90 abstenciones.




El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.




CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 3681)



Canje de Cartas de fechas 19 y 21 de octubre de 1994, constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Francia para la
construcción de un puente internacional sobre el río Major entre las
localidades de Massanet de Cabrenys (España) y Coustouges (Francia).

(Página 3681)



El señor Ibarz i Casadevall consume un turno a favor. No se hace uso del
turno en contra ni del turno de portavoces.




Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.




Página 3677




MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION. (Página 3682)



Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por la que se
insta al Gobierno a que solicite de la Comisión y del Consejo de la Unión
Europea, a lo largo de 1995, la creación de una Organización Común de
Mercado (OCM) de la patata, el establecimiento de una línea de ayudas
para la articulación de los agricultores a través de agrupaciones de
productores, la creación de un sistema de cuotas de producción por
agrupación de productores y regiones, y el establecimiento de un
mecanismo de regulación de la oferta para las situaciones excedentarias.

(Página 3682)



El señor Gangoiti Llaguno defiende la moción. El señor Díez González
defiende una enmienda del Grupo Socialista. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Companys i Sanfeliú, por el Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, y Font Barceló, por el Grupo
Popular.




Se aprueba la moción del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, así
como la enmienda del Grupo Socialista por 219 votos a favor de los 219
emitidos.




MOCIONES. (Página 3683)



Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
remitir a las Cortes Generales una Ley de bases de coordinación de los
Planes Hidrológicos que permita establecer los criterios de interés
general con los que el Ejecutivo deba aprobar los Planes de Cuenca, un
programa de ejecución de infraestructuras hidráulicas, a medio plazo,
elaborado de acuerdo con dicha Ley de bases, y un Plan Nacional de
modernización de regadíos. (Página 3685)



El señor Gallego López defiende la moción. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Calvo Lou, por el Grupo Mixto; Beguer i
Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Sanz Blanco, por el Grupo Popular. El señor Gallego López interviene de
nuevo en virtud del artículo 87.




Se aprueba una propuesta de modificación a esta moción, firmada por los
Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, de Senadores Nacionalistas
Vascos, de Convergència i Unió y de Coalición Canaria, por 212 votos a
favor, 3 en contra y 5 abstenciones.




Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que estudie el establecimiento de una ayuda económica para las
empresas pesqueras afectadas por inactividad forzosa en el caladero
marroquí durante el tiempo que duren las paradas biológicas obligatorias,
equivalente al importe de las cuotas de la Seguridad Social
correspondientes a 1994 y 1995, así como a que solicite de la Unión
Europea una negociación del Acuerdo de Pesca con el Reino de Marruecos en
la que se defienda el mantenimiento de los actuales esfuerzos pesqueros y
que, en caso de inviabilidad del Acuerdo, se realicen las modificaciones
oportunas en el presupuesto comunitario. (Página 3692)



El señor Molina Fernández de Miranda defiende la moción. El señor
González Laxe consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Barbuzano González, por el Grupo de
Coalición Canaria; Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, y Companys i Sanfeliú, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.




Se rechaza la moción del Grupo Popular por 99 votos a favor y 119 en
contra.




Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que el Senado insta al Gobierno a
que remita a las Cortes Generales un Proyecto de ley de modificación del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por la que se cree la Fiscalía
Especial de Medio Ambiente, y acuerda dirigirse al Defensor del Pueblo
para que promueva la especialización de una de las adjuntías en la
defensa de la aplicación de la legislación ambiental. (Página 3700)



El señor Martínez Sevilla defiende la moción. El señor Blanco López
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria;
Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Beguer i
Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Romero Girón, por el Grupo Popular.




Se rechaza la moción del Grupo Mixto por 8 votos a favor, 117 en contra y
87 abstenciones.




Se levanta la sesión a las catorce horas y quince minutos.




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Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:



--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA
QUE SE MODIFICA LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA
EL ESTATUTO ORGANICO DEL MINISTERIO FISCAL, Y SE CREA LA FISCALIA
ESPECIAL PARA LA REPRESION DE LOS DELITOS ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA
CORRUPCION. (S. 621/000062.) (C. D. 121/000054.)



El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Dictámenes de
Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.

Dictamen procedente de la Comisión de Justicia en relación con el
proyecto de ley por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal y se crea la Fiscalía Especial para la represión de los delitos
económicos relacionados con la corrupción. Este dictamen ha sido
publicado en los boletines correspondientes, con fecha 17 de marzo del
presente año.

El Presidente de la Comisión de Justicia, Senador Herrero, quizá recuerde
quién va a proceder a defender el dictamen.




El señor HERRERO MEREDIZ: Gracias, señor Presidente.

La Comisión ha designado al Senador don José Blanco López.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el Senador Blanco.




El señor BLANCO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, con fecha 3 de enero de 1995 ha tenido entrada en esta Cámara,
cumpliendo resolución del debate del estado de la Nación de 20 de abril
de 1994, el texto, aprobado por la Comisión de Justicia e Interior del
Congreso de los Diputados relativo al proyecto de ley por la que se
modifica la Ley 50/1981, por la que se regula el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal en orden a crear la Fiscalía Especial para la represión
de los delitos económicos relacionados con la corrupción.

Constituida la Ponencia, integrada por los Senadores Fernando Abad
Bécquer y José Blanco López, del Grupo Parlamentario Socialista; Juan
Ignacio Barrero Valverde y Alfredo Prada Presa, del Grupo Parlamentario
Popular, y Alberto Vallvé i Navarro, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, emite dictamen el pasado día 17 de
febrero, que fue trasladado a la Comisión de Justicia el día 14 de marzo,
siendo aprobado el dictamen por unanimidad, aunque al texto se mantienen
vivos cuatro votos particulares del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Blanco.

No se presentaron enmiendas de veto, por lo que correspondería ahora
abrir el debate de totalidad con los correspondientes turnos a favor y en
contra. ¿Señores portavoces que vayan a hacer uso de la palabra en este
turno? (Pausa.)
Pasamos, por lo tanto directamente, a abrir el debate del articulado.

El Grupo Parlamentario Popular reservó varias enmiendas en su voto
particular número 1. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Prada.




El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, mi Grupo presenta a este proyecto de ley un total de cinco
enmiendas. Como se ha señalado en Comisión, algunas de ellas tienen
carácter técnico, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de esta
Fiscalía Anticorrupción que se crea, y en consonancia, fundamentalmente,
con la legislación que desde 1988 regula otra Fiscalía especial, que es
la Fiscalía Antidroga.

Pretendemos que estas dos fiscalías especiales y específicas tengan la
misma o similar estructura y respondan al mismo esquema en cuanto a
organización interna. En este sentido, la enmienda número 2, del Grupo
Parlamentario Popular, propone suprimir el inciso del punto 2, que
establece que se considerarán integrados en la misma los fiscales de las
distintas fiscalías que designe el Fiscal General del Estado en cuanto
ejerzan las funciones específicas a que se refiere el artículo 18 de esta
Ley. Esta supresión se solicita en línea con lo que he manifestado
anteriormente.

La enmienda número 3 pretende que la Fiscalía especial para la represión
de los delitos económicos relacionados con la corrupción practique las
diligencias a las que se refiere el artículo 5 de esta ley e intervenga
directamente en los procesos penales de especial trascendencia apreciados
por la Junta de Fiscales de Sala. Con ello, pretendemos conceder al
Fiscal General del Estado la facultad de apreciar la especial
trascendencia de los delitos enumerados en el artículo 118, apartado 1.º,
y con ello se objetivizan las previsiones legislativas y se reduce el
margen de discrecionalidad del Fiscal General del Estado.

Con la enmienda número 4 pretendemos completar el cuadro de delitos a los
que se refiere este proyecto y, en consecuencia, deben añadirse
concretamente tres delitos, que serían susceptibles de intervención por
parte de la Fiscalía Anticorrupción. Estos delitos serían: de la
infidelidad en la custodia de los documentos; de la revelación de los
secretos e informaciones y de las falsedades cometidas por funcionario
público.

Los delitos que mi Grupo quiere ampliar son, a nuestro juicio,
imprescindibles para la comisión, precisamente, de delitos relativos a
corrupción, y por ello solicitamos su inclusión dentro de este elenco de
delitos que obligarían a la



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Fiscalía Especial Anticorrupción a intervenir cuando se cometieran.

Las dos últimas enmiendas son de carácter organizativo.

Con la enmienda número 5 pretendemos determinar con mayor precisión los
medios personales con los que contará esta Fiscalía especial, al depender
muy directamente de ello su adecuado funcionamiento.

La enmienda número 6 se refiere a que la adscripción o integración en la
Fiscalía Anticorrupción del personal que el Fiscal General del Estado
proponga se haga previo informe favorable del Consejo Fiscal. Con ello
pretendemos garantizar el principio de actuación objetiva que debe
presidir la actuación del Fiscal General del Estado.

Señorías, sometemos estas cinco enmiendas a la consideración de la
Cámara, esperando contar con su aprobación.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Prada.

¿Turno en contra?
Tiene la palabra el Senador Abad Bécquer.




El señor ABAD BECQUER: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en el debate que se inicia esta mañana en un importante
proyecto de ley que ya ha sido tramitado en el Congreso de los Diputados,
se somete a la consideración de sus señorías la modificación del Estatuto
orgánico del Ministerio Fiscal, como han explicado en los trabajos
realizados en la Ponencia.

Esta importante modificación y creación de la Fiscalía especial, que, en
su desarrollo trata de tener un esquema muy semejante al que se ha
seguida, en la Fiscalía Especial de Prevención y Represión del Tráfico
ilegal de drogas --por lo tanto su experiencia en ese sentido se toma
como positiva-- creo que ha contado con un amplio consenso por parte de
todos los grupos.

Como explicaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, únicamente
quedan algunas cuestiones que se refieren más al carácter organizativo de
la propia Fiscalía que a temas de fondo respecto al funcionamiento y
existencia de la misma. Por lo tanto, en este turno trataré
brevísimamente de explicar las razones por las que entendemos que dichas
enmiendas no deben ser aceptadas pues no aportarían nada positivo a la
organización y al contenido de esta nueva Fiscalía.

Como explicaba el Senador del Grupo Parlamentario popular, la primera
hace referencia a la integración de las distintas fiscalías que designe
el Fiscal General del Estado. En el Grupo Parlamentario Socialista
entendemos que no se trata de un órgano consultivo con plantilla fija y
que la propia Fiscalía especial Antidroga no ha hecho nunca uso de esta
facultad, sino que ha integrado permanentemente a algunos fiscales, como
en el caso de Bilbao, de Asturias, de La Coruña, de Murcia, de Valencia,
de Barcelona, etcétera, y que esta integración en la Fiscalía especial no
haría más que provocar graves problemas orgánicos y organizativos y, por
lo tanto, no parecería razonable que se tuviera en cuenta.

Respecto al segundo apartado, que sí que admito que tiene un mayor calado
político, en cuanto a la ampliación de los supuestos que establece el
artículo 18. Además de la enumeración de aquellos sobre los que va a
haber competencia, en la propia Ponencia se trató este asunto. Creemos,
con toda sinceridad, que quizá sólo tendría sentido --y admitiría en un
segundo turno la opinión del portavoz del Grupo Parlamentario Popular--
que se integrara en la relación de nuevos supuestos el último apartado
que hace referencia a las falsedades cometidas por funcionario público.

Creemos que ese aspecto sí que tendría sentido, porque por su carácter
genérico podía tener una incidencia especial en la represión de esos
delitos de naturaleza económica y de la corrupción, pero creemos
sinceramente que los otros dos apartados, el k) y el l), que plantean en
la enmienda, no aportarían mejoras en ningún caso, porque entendemos que
los otros apartados que ya existen en el proyecto de ley remitido por el
Gobierno y por el Congreso, se regulan y se especifican.

Respecto a la enmienda que se plantea en el apartado primero del punto 3,
entendemos sinceramente la posición del Grupo Parlamentario Popular. Es
la vieja tradición de modificar el sistema organizativo del Ministerio
Fiscal, pero creemos sinceramente que debería hacer el esfuerzo de llegar
al consenso aunque fuera en este mismo Pleno porque la aportación de esa
enmienda no hace más que variar el sistema organizativo. Como saben sus
señorías, la Junta de Fiscales de Sala no es un órgano democrático en
ningún supuesto, carece de representación, y es sólo un órgano asesor del
Fiscal General del Estado, sin que tenga, pueda ni deba tener capacidad
decisoria fuera del ámbito jurisdiccional. Por lo tanto, la Fiscalía debe
regirse bajo el principio de unidad y dependencia --así lo establece la
constitución del Fiscal General-- y no de la Junta de Fiscales de Sala,
como pretende la enmienda. Por lo tanto, entendemos que esa enmienda
debería ser retirada o rechazada en su tratamiento en esta mañana.

Respecto al resto de las cuestiones, insisto en que en la última vuelve a
tratarse, una vez más, de un aspecto de carácter estrictamente
organizativo y que, por lo tanto, no aportaría ninguna cualidad o mejora
a este articulado y a esta nueva Fiscalía que hoy vamos a considerar.

Creo que es tremendamente importante que esta nueva figura y esta nueva
organización dentro del sistema del Ministerio Fiscal vaya a permitir,
con el acuerdo de todos los grupos, con independencia de estas tres
pequeñas cuestiones, que exista una nueva organización fiscal que permita
la especialización orgánica y funcional en esta nueva forma de
delincuencia. Creo que es un acierto y que debemos felicitarnos todos
porque, a partir de ahora, se va a contar con los medios y las
condiciones para que estos tipos de delitos puedan ser reprimidos y
perseguidos con mayor eficacia por parte de esta Fiscalía.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.




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Abrimos el turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
pide la palabra el Senador Vallvé.

¿Algún otro Grupo parlamentario va a hacer uso de la palabra?
Tiene su señoría la palabra.




El señor VALLVE I NAVARRO: Con la venia del señor Presidente.

En primer lugar, deseo hacer constar mi agradecimiento a la letrada de la
Comisión por su inestimable colaboración y asesoramiento.

Quiero decir algo al Senador Blanco: reivindico la catalanidad de mi
nombre, Albert. Muchas gracias.

Nuestro Grupo consideró desde el principio la conveniencia de la ley que
regula o mejor, amplía, el Estatuto del Ministerio Fiscal con la creación
de la Fiscalía especial para la represión de los delitos relacionados con
la corrupción y, fundamentalmente, porque en el programa electoral de
Convergència i Unió en las elecciones generales de 1993 se contemplaba ya
de modo específico la lucha contra la corrupción y la necesidad de la
creación de una fiscalía especial por su especificidad en el conocimiento
de estos hechos, con fiscales especialmente preparados para poder
investigar lo que la reciente realidad ha evidenciado. La persecución,
enjuiciamiento y sanción del antes llamado delincuente de guante blanco
--hoy ingeniero de las finanzas-- podrá llegar con la creación de esta
Fiscalía especial, provista de miembros de la carrera fiscal
específicamente preparados para la investigación de lo delitos económicos
y tipos penales concordantes. Se acabará así con una cierta impunidad que
la falta de especialización originaba. Acabemos con el aforismo: un
registro de la propiedad para ricos, un registro de antecedentes penale
para pobres. Deseamos a la nueva Fiscalía un buen trabajo en cumplimiento
de la estricta legalidad vigente y, sobre todo, con absoluta libertad de
acción.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, y en turno de portavoces, tiene la
palabra el Senador Prada.




El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, es evidente que este proyecto de ley obedece a la conveniencia
de especialización de nuestro Ministerio Público para la lucha contra
nuevas formas de delincuencia, formas de delincuencia que han sido una de
las causas de la grave crisis política que hoy estamos padeciendo y
viviendo.

Mi Grupo ha reiterado en múltiples ocasiones que no estamos ante una
crisis institucional, que estamos ante una grave, gravísima crisis
política, probablemente la crisis política más grave desde que en 1978
los españoles nos otorgamos libre y voluntariamente un nuevo orden
constitucional. Esta crisis está motivada por los escandalosos casos de
corrupción que se han sucedido en los últimos años, y es bueno que esta
delincuencia esté reprimida. Esta represión debe pasar fundamentalmente
por el incumplimiento estricto de nuestra legislación, sin perjuicio de
que se hagan las modificaciones necesarias en nuestro ordenamiento
jurídico y también sin perjuicio de que se creen fiscalías
especializadas, tanto orgánica como funcionalmente, fiscalías
especializadas en la persecución de los fines que legalmente se les
atribuya, fines que, como hemos dejado señalado en nuestra defensa de las
enmiendas, de alguna manera quedan cortos, quedan escasos. Pero a nuestro
juicio, estas fiscalías deben responder al mismo esquema que la Fiscalía
Antidroga en cuanto a organización interna y estructura, y en esta línea
hemos defendido nuestras cinco enmiendas.

Quiero recordarles, señorías, que en 1988 el Parlamento creó la Fiscalía
Antidroga que, como se señala en la exposición de motivos del proyecto
que hoy debatimos, fue un acierto legislativo, pero al repasar las
manifestaciones y quejas de los fiscales que componen esta Fiscalía
Antidroga, este acierto puede desembocar en fracaso, que será seguro si
no existe voluntad política de adecuar estas fiscalías especiales,
dotándolas de los medios técnicos y humanos que se precisen, máxime
teniendo en cuenta que deben perseguir a delincuentes que utilizan todos
los medios más avanzados y sofisticados que existen en nuestra sociedad.

Señorías, como quiera que el Grupo Parlamentario Popular, por el rechazo
que se ha manifestado de la mayoría de nuestras enmiendas, vislumbra una
carencia de voluntad política en el sentido señalado, anuncio a la Cámara
la postura de nuestro Grupo, que será la de abstención en este proyecto
de ley.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)



El señor PRESIDENTE: Recuerdo a sus señorías que no hay turno de
mobiliario. (Risas.) ¿Turno de portavoces?
Tiene la palabra el Senador Abad, del Grupo Parlamentario Popular.




El señor ABAD BECQUER: Si me permite el señor Presidente, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, que no Popular (Risas.), trataré de
explicar algunas brevísimas consideraciones.

Sólo deseo agradecer a don Albert su intervención y también al portavoz
del Grupo Parlamentario Popular el apoyo global a la ley y decir unas
brevísimas palabras respecto a la última intervención del Senador del
Grupo Parlamentario Popular.

Habría que dejar claras algunas cosas ante la Cámara, y sería la primera
de ellas que la iniciativa política ha correspondido al Gobierno. Quiero
recordar a sus señorías que en el debate de política del estado de la
Nación de los días 19 y 20 de abril de 1994, una de las resoluciones que
se aprobaron por unanimidad de todos los grupos fue precisamente esto.

También deseo decir que esta misma voluntad política que lleva al
Gobierno a presentar esta ley que espero que hoy se apruebe por parte de
todos los grupos, ha hecho que



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también el Grupo Parlamentario Socialista fuera el que estableció las
medidas necesarias para que la consignación en los Presupuestos Generales
del Estado permitiera el mejor funcionamiento de esta Fiscalía. Creo
sinceramente que es bueno que haya acuerdo en esta cuestión, pero creo
también que la creación de esta Fiscalía viene bien a todos los
ciudadanos españoles, viene bien a todos los grupos políticos y viene
bien a todas las situaciones que hasta ahora han permitido, como decía
don Albert, que esa forma nueva de delincuencia llamadas de cuello blanco
y aquellas ingenierías financieras que han permitido en algunos supuestos
que determinados delitos económicos sean difíciles de perseguir y de
controlar, han permitido, repito, que a partir de este momento, con la
decidida voluntad del Gobierno socialista, y también con la decidida
voluntad de las dos Cámaras, creemos entre todos un nuevo instrumento que
sea eficaz en la represión de estos delitos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Pasamos a las votaciones.

Vamos a someter a votación las enmiendas números 2, 3, 4, 5 y 6 y el voto
particular número 1 del Grupo Parlamentario Popular a este proyecto de
ley.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a
favor, 90; en contra, 119; abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Vamos a someter a votación agrupadamente el texto del dictamen, salvo que
se indique algo en contrario. (Pausa.)
Recuerdo, por tanto, a sus señorías, que la votación comprenderá el
artículo único, la disposición transitoria nueva, las disposiciones
finales primera y segunda y la exposición de motivos.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a
favor, 124; abstenciones, 90.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.




CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:



--CANJE DE CARTAS DE FECHAS 19 Y 21 DE OCTUBRE DE 1994, CONSTITUTIVO DE
ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE FRANCIA PARA LA
CONSTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MAJOR ENTRE LAS
LOCALIDADES DE MASSANET DE CABRENYS (ESPAÑA) Y COUSTOUGES (FRANCIA). (S.

610/000126.) (C. D. 110/000127.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto quinto del orden del día,
conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales.

(Fuertes rumores.)
Canje de Cartas de fechas 19 y 21 de octubre de 1994, constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Francia para la
construcción de un puente internacional sobre el río Major entre las
localidades de Massanet de Cabrenys (España) y Coustouges (Francia). Se
ha publicado en los boletines correspondientes con fecha 22 de febrero de
1995. (Fuertes rumores.)
No se han presentado propuestas. Solicito criterio para las
intervenciones. Hay posibilidad para que se abra un turno a favor, un
turno en contra y un turno de portavoces. (Fuertes rumores.)
Señorías, estamos en el trámite de intervención en relación con este
Canje de Cartas.

¿Desean hacer uso de la palabra en turno a favor? (Pausa.--El señor Ibarz
i Casadevall pide la palabra.)
¿Desean intervenir en turno en contra? (Pausa.)
Parece que no habrá turno en contra. (Fuertes rumores.)
En nombre del Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador
Ibarz.




El señor IBARZ I CASADEVALL: Gracias, señor Presidente.

Señorías, permítanme que, en nombre del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, y muy en especial en el de los Senadores por la
circunscripción de Girona, glose en breves palabras el Tratado que nos
disponemos a votar y en virtud del cual la República francesa y el Reino
de España acuerdan la construcción de un puente internacional. (Fuertes
rumores.) entre las localidades de Coustouges (Francia) y Massanet de
Cabrenys (España).




El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señoría.

Hay un orador en la tribuna. Rogaría a sus señorías que guardaran
silencio para poder entender el discurso que se está pronunciando.

Muchas gracias.




El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.

Decía que mi intervención se va a limitar a glosar el Tratado que nos
disponemos a aprobar, que deriva del Acuerdo adoptado provisionalmente
entre el Departamento francés de los Pirineos Orientales y la Generalitat
de Cataluña en 1990. Cinco años ha tardado el Acuerdo en llegar a esta
Cámara. El referido puente, más allá de la función de permitir el paso de
personas y mercancías entre uno y otro país, para los ciudadanos de la
comarca del Vallespir, en Francia, y del Alt Empordà, en Cataluña, tiene
el valor de un símbolo. Tras 335 años el río Major deja de ser la
frontera que quiso separar los lazos familiares, económicos, culturales y
sociales nacidos en los albores del siglo



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XI y que se forjaron durante casi seis siglos. La mutilación territorial
de Cataluña, derivada del Tratado de los Pirineos de 1659, al cabo de los
años ve paliados sus efectos en la medida en que Francia y España superan
viejos problemas y apuestan por la construcción europea.

Desde Convergència i Unió nos felicitamos por el reencuentro y hacemos
votos para que la Europa que nos hemos empeñado en construir sea, como
entre Coustouges y Massanet de Cabrenys, un conjunto de puentes tendidos
entre los pueblos para alcanzar el ideal de tolerancia, de paz y de
prosperidad entre todos los ciudadanos de Europa.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Ibarz.

Abrimos turno de portavoces. ¿Señores portavoces que deseen hacer uso de
la palabra? (Pausa.) Muchas gracias.

Entiendo que este Canje de Cartas puede ser aprobado por asentimiento de
la Cámara. (Pausa.)
Así se declara y, por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno
pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Canje de
Cartas de fechas 19 y 21 de octubre de 1994, constitutivo de Acuerdo
entre el Reino de España y la República de Francia para la construcción
de un puente internacional sobre el río Major entre las localidades de
Massanet de Cabrenys, España, y Coustouges, Francia.




MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, POR LA QUE
SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SOLICITE DE LA COMISION Y DEL CONSEJO DE LA
UNION EUROPEA, A LO LARGO DE 1995, LA CREACION DE UNA ORGANIZACION COMUN
DE MERCADO (OCM) DE LA PATATA, EL ESTABLECIMIENTO DE UNA LINEA DE AYUDAS
PARA LA ARTICULACION DE LOS AGRICULTORES A TRAVES DE AGRUPACIONES DE
PRODUCTORES, LA CREACION DE UN SISTEMA DE CUOTAS DE PRODUCCION POR
AGRUPACION DE PRODUCTORES Y REGIONES, Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN
MECANISMO DE REGULACION DE LA OFERTA PARA LAS SITUACIONES EXCEDENTARIAS.

(671/000022.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al sexto punto del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelación.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presentó, con
fecha de publicación del 17 de marzo de 1995, una moción por la que se
insta al Gobierno a que solicite de la Comisión y del Consejo de la Unión
Europea, a lo largo de 1995, la creación de una Organización Común de
Mercado de la patata, el establecimiento de una línea de ayudas para la
articulación de los agricultores a través de agrupaciones de productores,
la creación de un sistema de cuotas de producción por agrupación de
productores y regiones, y el establecimiento de un mecanismo de
regulación de la oferta para situaciones excedentarias.

A esta moción se ha presentado una enmienda, suscrita por el Grupo
Parlamentario Socialista, que tramitaremos de acuerdo con las normas
establecidas, de tal manera que, en primer lugar, y por tiempo de cinco
minutos, tiene la palabra un representante del Grupo proponente; en este
caso, el Senador Gangoiti Llaguno.

Su señoría tiene la palabra.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo presenta esta moción, consecuencia de la interpelación del
pasado Pleno, con objeto de reforzar la postura negociadora del Gobierno
en Bruselas, ante la Unión Europea, de cara a la consecución de la
creación de una Organización Común de Mercado para la patata. Una OCM
que, desde nuestro punto de vista, es fundamental; se corresponde
realmente con la dinámica habitual que existe para la mayoría de los
productos agrarios a nivel de la Unión Europea, y tendría un efecto
positivo, tanto para el consumidor como para los productores, porque se
evitarían los importantes altibajos de los precios, que unas veces
perjudican --como este año, por ejemplo-- de forma importante al
consumidor y otras veces, como hace dos años, penalizan de forma excesiva
al productor.

Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en la producción
comunitaria nosotros representamos básicamente el 20 por ciento,
porcentaje que en gran parte se debe a explotaciones familiares que
existen en diversas Comunidades Autónomas. Y estamos ante un producto
que, por una serie de decisiones que se están tomando en el ámbito de la
PAC, está convirtiéndose en muchas ocasiones en un cultivo refugio.

Aparte de esos desequilibrios cíclicos señalados del mercado de la
patata, al no existir una OCM nuestros agricultores sufren una
competencia desleal --por la vía de las subvenciones y de otros
mecanismos-- por parte de agricultores de otros Estados europeos,
básicamente, de la Europa del norte. Esa Europa del norte que, en
principio, tal como decía el Ministro Atienza en la interpelación del
pasado Pleno, es la que más se opone a nuestra propuesta de una OCM que
pueda regular este producto.

En consecuencia, en nuestra moción pretendemos que se cree esta
Organización Común de Mercado y que en ella se establezcan unas cuotas de
producción, unas ayudas a la creación de agrupaciones de productores y un
mecanismo de regulación de la oferta para situaciones excedentarias.

En definitiva, lo que proponemos es, tal como decía al principio, un
mecanismo igual al que existe para otros productos agrícolas, que va a
ser beneficioso para el productor y el consumidor, un mecanismo que
servirá a nuestros agricultores para defenderse de la competencia desleal
que en estos momentos, por no estar regulado este producto, sufren por
parte de los países europeos y que evitará nuestra creciente importación
de patata y, en consecuencia, la pérdida de cuota de mercado por parte de
nuestros agricultores.




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Como señalamos en la moción, creemos que a lo largo de este año debe
quedar creada esa Organización Común de Mercado. El Ministro Atienza
decía que España ha sido realmente el país que ha presentado esta
propuesta en diversas ocasiones en el Consejo de Ministros de la
Comunidad Económica Europea y en otros foros comunitarios. Precisamente
la Presidencia española, que operará a partir del próximo semestre y, en
concreto, la Presidencia del Consejo de Agricultura, que ostentará el
Ministro Atienza, creemos que es la gran oportunidad para crear esta
Organización Común de Mercado que no puede dilatarse por más tiempo.

Por último, tal como ha dicho el Presidente, existe una enmienda de
adición presentada por el Grupo Socialista. En este sentido, quiero
anunciar que nuestro Grupo no sólo va a aceptar esta enmienda, sino que
la considera realmente importante. Creemos que es una enmienda que mejora
el texto, por lo que va a contar con nuestro apoyo. De esta forma, entre
todos, hoy vamos a dar un impulso a la capacidad negociadora del Gobierno
para obtener la creación de esta Organización Común de Mercado. Y a
partir de ese momento, será responsabilidad del Gobierno --máxime, como
he dicho, al ostentar la Presidencia durante el segundo semestre--
conseguir este objetivo en Bruselas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gangoiti.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para defender la enmienda a esta
moción consecuencia de interpelación, tiene la palabra el Senador Díez.




El señor DIEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con la moción
consecuencia de interpelación que ha presentado el Grupo de Senadores
Nacionalista Vascos y entiende que, sobre todo por lo que respecta a su
núcleo --que hace referencia a la necesidad de la creación de la OCM de
la patata--, hay una razón fundamental que inspira esa moción, y es el
estímulo que debe ofrecerse a las agrupaciones de productores.

Precisamente en este modelo de asociacionismo de productores agrarios en
este sector es donde se establecen las diferencias fundamentales entre
los países miembros de la Unión Europea, y por ello se hace necesaria la
creación de esa Organización Común de Mercado para homologar, en la
medida de lo posible, el funcionamiento del mercado de la patata.

Por tanto, habida cuenta de que desde el mes de enero de 1995 ha entrado
en vigor la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias,
que permite que cada uno de los sectores agroalimentarios pueda agruparse
y organizarse en función de sus necesidades, el Grupo Socialista cree
necesario instar al Gobierno de la nación para que estimule la
constitución y funcionamiento de la organización interprofesional
agroalimentaria en el sector de la patata, que permita llegar a acuerdos
interprofesionales en el sector y que oriente las producciones agrarias
en este cultivo y, fundamentalmente, mejore la calidad de estas
producciones.

Por lo tanto, agradecemos al Grupo proponente que acepte el interés de
esta adición, porque creemos que va a dar riqueza al propio contenido y a
la propuesta de la moción, que no es otra que apoyar, como así está
ocurriendo, la presión del Gobierno de la nación ante las autoridades de
la Unión Europea para tratar y conseguir que esa Organización Común de
Mercado en el sector de la patata sea una realidad.

Conociendo como conocemos las dificultades que están ofreciendo otros
países (que precisamente por estar organizados no quieren y pretenden
ralentizar esa puesta en funcionamiento de la OCM de la patata y, sobre
todo, descafeinarla y que no tenga el alcance que la moción del Grupo
proponente tiene, moción que, dicho sea de paso, apoyamos todos los
grupos), quiero resaltar que precisamente en esta Cámara no sólo los
grupos parlamentarios están de acuerdo con el Gobierno en esta materia,
sino que son los propios gobiernos autónomos los que tienen iniciativas
loables e importantes, y fundamentalmente varias Comunidades Autónomas:
el País Vasco, Navarra, Castilla y León, Baleares y La Rioja son las que
han tomado iniciativas importantes para impulsar un modelo concreto de
Organización Común de Mercado, que es la que está defendiendo en este
momento el Gobierno de la nación y el conjunto de las fuerzas políticas.

Por lo tanto, agradecemos al Grupo proponente la aceptación de esta
enmienda que, sin duda, va a enriquecer la posición española en la
materia.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Desprendo de las palabras del Senador Gangoiti que
no habrá contestación a la intervención del portavoz socialista.

Por tanto, podemos abrir, en su caso, turno de portavoces.

El Senador Companys tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió.




El señor COMPANYS I SANFELIU: Señor Presidente, señoras y señores
Senadores, intervengo muy brevemente desde el escaño.

Creo que todos los grupos de la Cámara estamos de acuerdo en que el
sector productor de patata es un sector que tradicionalmente se ha visto
sometido a unos ciclos muy importantes, por lo que hace referencia a los
precios. Ese sector, en general, pivota sobre explotaciones agrarias de
carácter familiar, por lo tanto, empresas con unas rentas que se ven
anualmente sometidas a las fluctuaciones del mercado, que pueden
desestabilizar cualquier pequeña economía, ciclos que actúan,
generalmente, perjudicando al productor porque en los años de abundancia,
en general, los precios son muy bajos, y en cambio, los años en que los
precios son elevados, son debidos a que prácticamente no existe
producción. Las variables que actúan sobre esos ciclos hasta no hace
muchos años dependían de la producción española y, en cualquier caso, de
las importaciones que regulaba el propio Gobierno. Pero desde la
incorporación del Estado español a la Unión Europea el problema es



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mucho más complejo, porque en la evolución de esos ciclos intervienen no
sólo la producción del Estado español, sino la del resto de los países de
la Unión, y todo ello unido a la paridad de la moneda, hecho que hace que
el agricultor esté sometido a una gran incertidumbre.

Sabemos de las dificultades que algunos países productores están poniendo
para la creación de una OCM que tenga efectos reales sobre los
productores. Por lo tanto, entendemos que es justa la moción que ha
presentado el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.

Vemos con buenos ojos la enmienda de adición del Grupo Parlamentario
Socialista. Nosotros habíamos preparado también una enmienda de adición
en la misma línea y, una vez comprobado que el Grupo Parlamentario
Socialista la había presentado, la hemos retirado.

El Senado aprobó hace pocas semanas la Ley de Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias. Pensamos que es importante que esa
Ley se ponga en funcionamiento y que, como dice la enmienda de adición
del Grupo Parlamentario Socialista, desde el Ministerio de Agricultura se
incite a que se cree de forma rápida la interprofesional de la patata.

Creo que es un elemento importante para que el sector tome las medidas
adecuadas y eso no quiere decir que paralelamente, el Ministro,
aprovechando la Presidencia del Estado español en la Unión Europea, no
saque adelante lo que sería la creación de la OCM de la patata.

Por lo tanto, señor Presidente, señoras y señores Senadores, la posición
de nuestro Grupo es favorable a la moción presentada por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, con la enmienda de
adición del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.

El Senador Font tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular.




El señor FONT BARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular respecto a la moción consecuencia de interpelación
presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
en la que instamos al Gobierno para que solicite de la Comisión y del
Consejo de la Unión Europea la creación de una OCM de la patata.

Señorías, he de adelantar que nuestro voto a la moción presentada será
favorable, si bien quiero comentar los requisitos que, a juicio de
nuestro Grupo --para luego poder ver que coinciden--, tendría que reunir
esta OCM de la patata. Primero, establecer la cláusula de salvaguardia en
uso cuando hay importaciones masivas de patata que provocan el
hundimiento de los precios. Segundo, establecer fórmulas de corrección
cuando haya exceso de producción. Tercero, una vigilancia permanente de
la existencia de subvenciones encubiertas de distintos Estados. Cuarto,
incentivar el asociacionismo tanto en la producción como en la
comercialización. Quinto, incentivar las estructuras productivas. Y,
sexto, que sepamos repartir los excedentes a otras partes.

Como se ve, estas condiciones son en gran medida coincidentes con lo
propuesto por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
ahora bien, y dicho sea con los mejores ánimos de colaboración, nos
parece que esta moción adolece de una cierta falta de concreción. Me
explico, porque estamos de acuerdo.

En el primer punto se propone la creación de una OCM económicamente
eficiente y socialmente justa y equitativa. Totalmente de acuerdo. Pero
de lo único que queríamos dejar constancia aquí es de que si ha de ser
socialmente justa ha de proteger especialmente las explotaciones
familiares que tienen una menor capacidad competitiva, pero una mayor
importancia social, ya que es de todos conocido que la inmensa mayoría de
explotaciones pertenecen a pequeños agricultores que viven única y
exclusivamente de este producto.

El segundo punto, en el que se pide el establecimiento de una línea de
ayudas para la articulación de los agricultores a través de agrupaciones
de productores, significa para nosotros la cuestión más importante,
puesto que todos hemos dicho en esta Cámara, no tan sólo hoy sino en el
Pleno anterior, que sólo un 2, un 3 o un 4 por ciento de nuestros
agricultores comercializan a través de agrupaciones de productores. Por
tanto, el establecimiento de esta línea ha de ser fuerte, asequible y
transparente, de modo que llegue hasta el último agricultor, puesto que
podría darse el caso de que tan sólo se consiguiera que se agrupara un 30
o un 40 por ciento de nuestros productores, con lo que la OCM de la
patata perdería toda su virtualidad.

El tercer punto para nosotros podría ser el más conflictivo, pero ustedes
cuando presentan la moción dicen «a largo plazo». Creo que está muy bien
puesto este «a largo plazo». El establecimiento de cuotas de producción
por agrupación de productores y regiones como instrumento fundamental
para la disciplina de mercado a largo plazo, a nuestro juicio no puede
considerarse si previamente no se ha cumplido en su totalidad el punto
segundo, pues se correría el riesgo de quedarnos sin cuota al no estar
agrupados los agricultores. Nos parece correcto este «a largo plazo».

Por otro lado, se debería considerar también, porque en estos momentos si
sólo hay un 2 o un 3 por ciento de agricultores que están sacando el
producto a través de agrupaciones de productores, tenemos todo lo que se
está sacando a través de agentes comerciales. Lógicamente creemos que se
ha de tener en cuenta cuando se apruebe la OCM que durante un tiempo
transitorio habrá que mirar cómo sacamos la producción que en este
momento no están sacando las agrupaciones de productores, sino los
agentes comerciales.

Además, me parece muy bien la exigencia de la calidad del producto como
mecanismo de regulación; creo que es indispensable. Lo único que nos
puede hacer ser competitivos en el mercado es esta calidad, unos calibres
que realmente pide el mercado. Estamos totalmente de acuerdo en este
tema. Otra cosa en la que aunque no esté aquí reflejada supongo que todos
estamos de acuerdo es que en años de muchos excedentes debemos saber ser
buenos vigilantes para que no se concedan ayudas y se produzca el
«dumping»



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--que todos sabemos que es lo que en 1992 ha provocado la bajada de los
precios al suelo, queramos o no queramos--, las ayudas encubiertas.

Como conclusión, señorías, el Grupo Popular apoyará esta moción en la
confianza de que estas puntualizaciones que hemos propuesto en su día
sean tenidas en cuenta en las negociaciones al establecer la filosofía de
actuación de la futura OCM. También estamos de acuerdo con la enmienda de
adición que ha presentado el Partido Socialista. En principio, quiero
pensar que no nos volveremos a ver aquí después del 31 de diciembre
hablando de la creación de la OCM. Creo que nuestros agricultores la
necesitan.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Font.

Vamos a someter a votación, en primer lugar, la enmienda suscrita por el
Grupo Parlamentario Socialista y, posteriormente, la moción originaria.

Pregunto a los señores portavoces si se pueden votar las dos
agrupadamente, puesto que no se ha manifestado oposición del Grupo
Parlamentario Popular en la intervención que ha efectuado su portavoz.

(Asentimiento.) Así, pues, en un único acto votaremos los dos textos.

Vamos a someter a votación la moción consecuencia de interpelación
suscrita por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la
adición propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a
favor, 219.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)



MOCIONES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
REMITIR A LAS CORTES GENERALES UNA LEY DE BASES DE COORDINACION DE LOS
PLANES HIDROLOGICOS QUE PERMITA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE INTERES
GENERAL CON LOS QUE EL EJECUTIVO DEBA APROBAR LOS PLANES DE CUENCA, UN
PROGRAMA DE EJECUCION DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS, A MEDIO PLAZO,
ELABORADO DE ACUERDO CON DICHA LEY DE BASES, Y UN PLAN NACIONAL DE
MODERNIZACION DE REGADIOS. (662/000130.)



El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día, moción del Grupo
Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a remitir a las
Cortes Generales una ley de bases de coordinación de los Planes
Hidrológicos que permita establecer los criterios de interés general con
los que el Ejecutivo deba aprobar los Planes de Cuenca, un programa de
ejecución de infraestructuras hidráulicas, a medio plazo, elaborado de
acuerdo con dicha ley de bases, y un Plan Nacional de modernización de
regadíos. Este texto ha sido publicado en los Boletines correspondientes
con fecha 17 de marzo de 1995.

A esta moción se han presentado tres enmiendas suscritas por el Grupo
Parlamentario Popular. Asimismo, se ha presentado una propuesta de
modificación suscrita por los portavoces del Grupo proponente, el Grupo
Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió y del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.

El Grupo proponente está de acuerdo con la tramitación de las enmiendas y
propuestas de modificación. Para la defensa de la moción originaria,
tiene la palabra el Senador Gallego.




El señor GALLEGO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, efectivamente, como
ha informado la Presidencia, a la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista se habían presentado tres enmiendas y luego ha
habido una propuesta de modificación que han firmado los Grupos que
también ha mencionado el señor Presidente.

Nosotros hemos aceptado esa propuesta de modificación que, como digo,
subsumía las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, en
aras al espíritu que nos guía en la defensa de este tema y de todos los
temas relacionados con el problema del agua; un espíritu que debe tener
en cuenta todas las aportaciones y todas las perspectivas para la
solución de la cuestión.

A mí me gusta recordar, en lo que se refiere a los temas del agua, la
postura de un político griego, también filósofo, matemático y físico que
fue Tales de Mileto, que decía que el principio de todas las cosas es el
agua, que la tierra se sostiene sobre el agua, que las semillas de todas
la cosas son de naturaleza húmeda y que el agua es para la humedad el
principio de esa naturaleza. En estos momentos no está de más recordar la
antigua doctrina del sabio griego porque el agua está en el centro de la
actualidad en España por su escasez, más bien diría por su ausencia, en
amplias zonas del territorio español, insular y peninsular. También está
presente por su desequilibrada y desequilibradora distribución en
nuestras tierras. Del agua depende la vida y no sólo a nivel biológico,
sino también a nivel social y económico. Del agua dependen, además del
consumo humano, la agricultura, la ganadería, la industria y los
servicios. El agua es un factor económico en el sentido más amplio que
pueda considerarse y, por supuesto, trascendiendo al concepto económico
como valor de mercado o de materia prima.

En este contexto, la problemática del agua ha alcanzado un punto de
inflexión tal en nuestro país que, a partir de ahora, nada será igual en
este tema, un tema que ha sensibilizado a todos los sectores de la
población española y a todos los territorios, aunque las posturas que se
han generado no sean iguales desde cada perspectiva. Por eso el agua es
un asunto de Estado que afecta a la Administración central, a las
Comunidades Autónomas, a los entes locales, sobre todo a los
ayuntamientos, y me atrevo a decir que va a ser uno de los problemas
prioritarios a resolver en España desde ya mismo, en las puertas del
siglo XXI, y las



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soluciones han de desembocar en esa decidida política del agua que
comprende a todos, desde los organismos e instituciones públicas hasta
empresas y particulares.

El empeño no es fácil, pues se necesita culminar ese cambio de
mentalidad, de concepto sobre el agua que definió nuestra Ley de Aguas en
1985 y que aún dista mucho de ser asumido, y que, empleando lo que
empieza a ser un tópico, ha de generar una cultura del agua como bien
escaso, como bien público, y, como finalmente se ha demostrado, como bien
frágil si no se utiliza bien.

Todos estamos de acuerdo cuando se trata de principios generales en los
temas del agua, por eso debemos avanzar en llevar a cabo actuaciones que
desemboquen en medidas concretas. Que en el subsiguiente debate a la
sesión solemne de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre
el Estado de las Autonomías, celebrado en el Pleno de esta Cámara el 28
de septiembre de 1994, se aprobase una moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista sólo con cuatro votos en contra y ocho
abstenciones significa que en la práctica todos estamos de acuerdo en los
principios generales. En esa moción, recordemos, defendíamos un gran
pacto nacional, base para conciliar los distintos intereses.

Conocido es por todos que en las distintas Comunidades Autónomas, en
Aragón, en Murcia, han adoptado los llamados pactos del agua, acciones
positivas y constructivas que han sido suscritas por unanimidad de sus
parlamentos, y en otros parlamentos autónomos y regionales se debaten y
se aprueban leyes encaminadas a lo que en algunos sitios llaman también
planes hidrológicos de esas Comunidades Autónomas. El tema, repito una
vez más, es candente, y las diversas iniciativas, teniendo el mismo
fondo, pueden desembocar en conflictos, no tanto de intereses sino de
eficacia, pues se necesita una perspectiva global, una perspectiva de
Estado que armonice las distintas aportaciones, tanto de las Comunidades
Autónomas como del Consejo Nacional del Agua, de los regantes o de otros
organismos o instituciones. Sólo así podremos acelerar el resultado que
perseguimos que no es otro que superar el desequilibrio existente entre
las diversas cuencas hidrológicas. Y no podemos obviar, aunque no es
deseable, que en este tema del agua está renaciendo una nueva versión de
lo que me atrevo a considerar como las dos Españas, que parece que nos
persigue históricamente, como tampoco podemos obviar que muchos
ciudadanos, en zonas territoriales muy afectadas por la escasez y
esperanzadas en el Plan Hidrológico Nacional, parece como si culparan al
Senado del retraso que sufre el Plan Hidrológico Nacional al haber
aprobado aquella moción que anticipaba la aprobación de los planes de
cuenca. Porque muchos ciudadanos de este país han visto en el Plan
Hidrológico Nacional el instrumento solidario e imprescindible para
resolver este problema desde el presente y en el futuro, sobre todo
después del informe favorable del Consejo Nacional del Agua que insiste
sobre la necesidad de planificación y define, precisando el Plan
Hidrológico Nacional, los niveles de la misma.

Reconoce como meta universalmente admitida que la erradicación de los
actuales déficit hídricos debe ser un fin a perseguir, y propone, entre
otras observaciones, que se planteen estrategias flexibles en el proceso
de planificación, que se justifique con mayor detalle la evolución de las
demandas, particularmente de la agraria, que se reajuste la cuantía de
las transferencias de aguas entre cuencas, que se intensifiquen las
medidas para el fomento del uso eficiente del recurso, que se amplíen las
medidas para el fomento del uso eficiente del agua, que se amplíen las
medidas de protección del medio natural y que prosigan los debates sobre
la oportunidad de modificar el régimen económico financiero del sector.

Todas estas aportaciones se están integrando en ese anteproyecto del Plan
Hidrológico Nacional.

Cada vez, por tanto, hay más estudios y más datos científicos y técnicos,
no sólo de las Administraciones públicas, sino de las universidades y de
organismos especializados, que nos ofrecen una visión objetiva y rigurosa
de la realidad, sin deformaciones interesadas o localistas, que llevan a
la conclusión de que en unas zonas la escasez del agua actúa como factor
de retraso y limitación de su desarrollo, como en la mayor parte de la
costa Mediterránea y los dos archipiélagos, y en otras no hay escasez en
relación a una razonable demanda futura, aunque suele haber una
deficiente regulación.

Para facilitar que los planes hidrológicos de cuenca estén desde su
elaboración integrados y coordinados en el Plan Hidrológico Nacional es
por lo que instamos al Gobierno a la elaboración y remisión urgente a las
Cortes Generales de una ley que establezca los criterios de coordinación
de los planes hidrológicos que contengan esos criterios de interés
general que deben contemplar también los planes de cuenca, evitando así
que pudiera haber elementos contradictorios entre esos planes después de
su elaboración, pues un Plan Hidrológico Nacional, ya se ha repetido
muchas veces y es evidente, no es necesariamente la mera agregación o
yuxtaposición de los planes de cuenca, teniendo en cuenta, además, que
existen cuencas que están interrelacionadas entre sí y que las
directrices de las cuencas, por las que ya se ha trabajado, están en la
mayoría de los casos aprobadas.

Hace falta, por tanto, una postura de solidaridad entre todos los que
tratan el tema del agua, porque existe temor en los dos ámbitos: en donde
carecen de agua, por la incertidumbre de cada día sobre si van a obtener
lo que parece que en este momento no tienen, y en los lugares que tienen
recursos, por el miedo a que por ser territorio cedente, en su caso, se
vea impedido el desarrollo futuro. Por eso, algunas iniciativas pueden
ser contradictorias. Esto demuestra lo acuciante de acelerar las medidas
de planificación que integren todas las iniciativas, que las tengan en
cuenta, pero que al mismo tiempo ofrezcan una visión de conjunto
necesaria e imprescindible en un tema de Estado como es el agua, y así se
evitarán incomprensiones territoriales, avanzando en una solidaridad
efectiva, que, como dice nuestra compañera la Senadora Victoria Camps,
aunque la solidaridad sea una virtud sospechosa, es la condición de la
justicia; solidaridad extendida también a las futuras generaciones que
tienen que vivir en un hábitat adecuado, con un medio ambiente sano, pero
también con unos recursos



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suficientes para beber y para regar; solidaridad, insisto, para esas
futuras generaciones que tienen que beber y que regar, regar con nuevos
métodos, eso sí, para que no se vean, como sus abuelos, obligados a
emigrar, entre otras cosas, por no poder sacar rendimiento a sus tierras,
por otro lado, de una gran calidad para la producción.

Por todo ello, la moción del Grupo Parlamentario Socialista quiere ayudar
a superar los escollos que ahora aparecen, insistiendo en la necesidad de
llevar a la práctica las facultades de planificación hidrológica que la
Ley de Aguas de 1985 regula, como son el Plan Hidrológico Nacional,
elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y los planes
hidrológicos de cuenca, elaborados por los organismos de cuenca
correspondientes.

El artículo 38 de la Ley de Aguas expresa de una manera meridiana los
objetivos a cumplir mediante la planificación. Dice textualmente que la
mejor satisfacción de las demandas de agua es equilibrar y armonizar el
desarrollo regional y sectorial incrementando las disponibilidades de
este recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y
racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás
recursos naturales. Este es el espíritu y la letra de la planificación
hidrológica de la Ley de Aguas. Además, las circunstancias por las que
atraviesa una parte muy extensa y habitada de España producen una
situación límite en cuanto a disponibilidad del agua se refiere. Esta
situación nos empuja a instar al Gobierno a que abunde en las medidas que
ya se están tomando, coyuntural y puntualmente, en sucesivos Consejos de
Ministros recientes en la dirección de aportar recursos económicos de los
Presupuestos Generales del Estado a obras que palien la sequía con
actuaciones muy concretas y eficaces pero que, además, creemos que deben
ampliarse con un programa a medio plazo de infraestructuras hidrológicas
compatibles con los planes hidrológicos, encaminadas a solucionar los
abastecimientos a poblaciones que ahora sufren restricciones en el
consumo del servicio.

Nos consta que en el Plan de Infraestructuras 1995-1998, dotado con más
de 700.000 millones de pesetas, hay actuaciones concretas en lo que se
refiere al Pacto de Agua de Aragón, al Libro Blanco de Aguas
Subterráneas, a los trasvases, a la desalación y a la depuración. En
cuanto a las aguas de riego, deben hacerse inversiones en recursos no
convencionales, que en ocasiones se pueden realizar dentro del marco de
convenios con otros entes públicos y privados, como son los regantes,
pues aunque los costes serían mayores que otras alternativas más
convencionales, tienen la virtud de que resuelven otros problemas, sobre
todo cuando se trata de aumentar la capacidad de depuración y
reutilización de las aguas o de incrementar las plantas desaladoras de
aguas salobres que mejoran, al mismo tiempo, determinados suelos ahora
afectados por su alto componente salino.

Sin embargo, no se puede olvidar que entre esas infraestructuras es
preciso seguir trabajando en la interconexión entre las cuencas, porque
sólo así se podrá equilibrar hidrológicamente el territorio español.

Interconexionar no quiere decir necesariamente trasvasar; interconexionar
quiere decir conectar en alta determinadas cuencas y dotar a todas ellas
de las infraestructuras de regulación precisas para el almacenamiento en
épocas de abundancia, pero también para la prevención de avenidas e
inundaciones en otros casos, evitando catástrofes, aprovechando aguas que
acusan tragedias y que se pierden.

Un programa de infraestructuras no es sólo un conjunto de obras, sino
también un plan de seguridad hidráulica. Seguridad, en primer lugar, para
los usuarios de las cuencas que, en su caso, podían ser cedentes,
garantizando igualdad en la explotación de los recursos y la prioridad
ante cualquier regulación, con una amplia reserva de garantía de los
mismos. Seguridad para los que ahora sólo dependen de que llueva y ven
pasar los días, los meses y los años sin que así ocurra. Y como el 80 por
ciento de los recursos hídricos se emplean en la agricultura, toda
planificación quedaría corta si no abarca también un plan nacional de
modernización de regadíos, y a eso se refiere el tercer punto de nuestra
moción, para conseguir más ahorro de agua e incrementar los recursos
hidráulicos disponibles. Conocido es que en el Congreso de los Diputados
se aprobó una moción recientemente para que el Plan Hidrológico Nacional
contuviera un plan agrario de regadíos. Lógicamente, este plan agrario
que se está elaborando contendrá las características técnicas de un
regadío moderno y tecnológicamente actualizado. Sin embargo, no es sólo a
ese plan al que nos referimos al proponer en nuestra moción que el
Gobierno remita a las Cortes Generales un plan nacional de modernización
de regadíos que permita la mejora estructural de los actuales, con el
consiguiente ahorro de agua, porque partimos de la base de que no se
pueden desafectar áreas regables por los perjuicios incalculables que
acarrearía, con tensiones sociales muy graves, y no vale acusar de
irresponsable la extensión de regadíos en determinadas regiones que se
produjo en otro contexto agrícola e hidrológico.

Por eso, tampoco defendemos la expansión territorial de regadíos en las
zonas que son deficitarias de agua, y no es preciso recordar que las
nuevas transformaciones previstas también en el Plan Hidrológico Nacional
han de tener en cuenta las directrices europeas de la política agraria
comunitaria, la PAC. Pero éste no es el tema. Los regadíos a los que
instamos que se modernicen son todos, ya sean históricos, públicos o
privados; y modernizar quiere decir, entre otras cosas, impulsar,
promover obras de adecuación mediante el perfeccionamiento de las
infraestructuras, mejorando y conservando las existentes, pero
sustituyendo, cuando sea necesario, instalaciones o redes obsoletas y
ruinosas y financiando esas actuaciones por las distintas vías con
convenios, entre otros recursos, con los sectores implicados. Esto es
modernizar, pero la puesta al día no sería completa si no va acompañada
de una formación tecnológica de los regantes. Por eso, también
propondríamos inversiones en acciones de I+D, dotando y poniendo en
funcionamiento centros de tecnología y asesoramiento de regadíos. Porque
experiencias de modernización hay en territorios donde se sabe lo que es
la lucha por el agua, que es igual a decir la lucha por la subsistencia.

Por suerte, ya hay en España regadíos modernos que, habiendo aprovechado
las experiencias de Israel o California, han avanzado mucho más y pueden
servir de ejemplo



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para su aplicación más extendida. Extender la modernización de los
regadíos es extender la solidaridad. Por eso, esta tecnología debía
aplicarse, en su momento, incluso en las zonas donde no falta agua, pues
su ahorro puede ser aprovechado por otros. Entre estas medidas de ahorro
existen, incluso, los llamados bancos de agua, donde el agricultor, el
regante, con una tarjeta como esas que usamos nosotros en los cajeros
automáticos, puede ir a sacar el agua asignada a su parcela y a su tipo
de cultivo y en cualquier momento puede controlar él mismo el agua que
tiene, la que necesita y la que puede utilizar.

En definitiva, señor Presidente, señorías, lo que el Grupo Parlamentario
Socialista pretende con esta moción es contribuir en positivo a que se
aceleren las medidas de planificación previstas con respeto a las
competencias legislativas que ya se han citado antes y a todas las
iniciativas que se han tomado, y queremos que se ejecuten aquellas obras
imprescindibles para garantizar el suministro de agua para aquellos que
sufren la actual sequía, reconocida como la más extrema y duradera del
siglo. En ese contexto, la modernización de los regadíos con las
propuestas de financiación adecuadas paliarán la pérdida de renta de los
agricultores, y eso lo proponemos con una oportunidad añadida, hoy, 22 de
marzo, que es el Día Mundial del Agua.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gallego.

Presentada la propuesta de modificación, cualquiera de los grupos
firmantes puede en estos momentos efectuar su defensa. (El Senador Calvo
Lou pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Sí, Senador Calvo?



El señor CALVO LOU: Gracias, señor Presidente.

Solicito de la Presidencia me sea permitido consumir un turno en contra.




El señor PRESIDENTE: Lo que ocurre es que no hay ningún precepto
reglamentario que facilite ese turno en contra, Senador Calvo. Ni en el
texto reglamentario ni en la norma que la sabiduría y la prudencia
política de los señores portavoces han dictado hay cabida para el turno
en contra. De manera que su señoría, para fijar su posición, tendría que
utilizar el turno de portavoces, que, lógicamente, si no hay otro miembro
de su grupo que quiera consumirlo, estará a su disposición.




El señor CALVO LOU: Gracias, señor Presidente, es suficiente.




El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la propuesta de modificación no
se va a consumir un turno. Por lo tanto, tampoco habrá el turno
correspondiente del Grupo proponente en respuesta a los demás firmantes.

¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Calvo Lou.




El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, aun estando de acuerdo con los principios generales que aquí se
han enunciado y que creo que compartimos todos, parte de la última
intervención ha aumentado nuestra preocupación sobre el tema planteado
por la moción del Grupo Parlamentario Socialista, y no sólo para mí, como
representante del Partido Aragonés, sino también para Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, motivo por el cual hablo en nombre de los
dos grupos.

La moción socialista representa para nosotros una gran preocupación
porque insta al Gobierno a remitir a las Cortes Generales una ley de
bases --creo que luego atemperada-- de coordinación de los Planes
Hidrológicos que permita establecer los criterios con los que deben
aprobarse los planes de cuenca, así como un programa de ejecución de
infraestructuras elaborado de acuerdo con dichas leyes de bases y un plan
de modernización de los regadíos. y la hemos visto con preocupación por
dos motivos: primero, porque estas leyes de planificación se están
convirtiendo en un instrumento del Gobierno para invadir competencias de
las Comunidades Autónomas. La adopción de un modelo de planificación
constituye un riesgo para el sistema de competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas en un tema tan importante como este que afecta
a la ordenación del territorio. El compromiso de respetar las
competencias de las Comunidades Autónomas debe prolongarse mucho más allá
de la simple intención. La moción presentada ofrece pruebas de la amenaza
de quiebra de este compromiso, convirtiendo al Grupo Parlamentario
Socialista en el brazo ejecutor de una política más propia de un Estado
centralista que de uno autonómico como la Constitución consagra.

Y segundo, nos preocupa porque creemos que no es necesaria esta moción,
puesto que el artículo 43 de la Ley de Aguas, al que se ha hecho
referencia, contiene ya los suficientes criterios para la probación de
los planes de cuenca. La Ley de Aguas se convierte, por su propia
naturaleza, en la pieza clave del sistema hidráulico y, partiendo de sus
objetivos y previsiones, contiene los principios suficientes para la
elaboración de los planes de cuenca. Por ello creemos que esta moción no
es oportuna y encierra, a nuestro juicio, un propósito perverso, que no
es otro que el de anular la moción aprobada en el Senado en el debate del
28 de septiembre último, que instaba al Gobierno a aprobar los planes de
cuenca con anterioridad a la tramitación del Plan Hidrológico Nacional,
que votó en contra el Grupo Parlamentario Socialista y que tanto disgusto
causó al Ministro del ramo, como puso de manifiesto en su comparecencia
en la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados.

Una ley de coordinación de los criterios que emanen del anteproyecto de
ley del Plan Hidrológico Nacional, al que ha hecho referencia mi
antecesor en el uso de la palabra, abortaría la moción citada e
incidiría, contra toda lógica, en la razón de ser del modelo previsto en
la Ley de Aguas, puesto que el Plan Hidrológico Nacional debe constituir
la culminación de un proceso que tiene su origen en los Planes
hidrológicos de cuenca, sin condicionamientos previos a las competencias
propias de las Comunidades Autónomas. Además, para los organismos de
cuenca no es difícil



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saber cuáles son esos criterios para su elaboración, pues se trata de
algo tan sencillo como inventariar los recursos hidráulicos, determinar
usos, demandas existentes y previsibles, establecer criterios de
prioridad y compatibilidad de usos, asignar reservas para usos y demandas
actuales y futuras y determinar, asimismo, las infraestructuras básicas
requeridas por el Plan. ¿En necesario para esto una ley de coordinación?
Evidentemente, creemos que no.

Algo parecido sucede con un programa de ejecución de infraestructuras.

¿En qué organismo de cuenca desconocen las obras necesarias? En ninguno.

En la Cuenca del Ebro, el Pacto de Agua, que recoge aproximadamente al 50
por ciento de la propia cuenca, contiene las obras de infraestructura
necesarias con un calendario de ejecución que se está incumpliendo por
parte del Ministerio, y ello, a pesar de la buena acogida con que fue
recibido.

Por ello creemos que esta moción, que puede parecer inocua, encierra
propósitos oscuros --en mi opinión, al hablar de trasvases de aguas o de
equilibrios hidráulicos se está diciendo lo mismo-- que muy bien pueden
estar relacionados con la próxima cita electoral para dar satisfacción a
determinadas Comunidades Autónomas. Nosotros creemos que el problema
hidráulico es muy serio. No se debe jugar ni actuar con frivolidad,
aunque pretenda disfrazarse esa frivolidad con la excusa de coordinar los
Planes hidráulicos de cuenca. De ahí nuestra oposición.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Calvo.

Recuerdo a los señores portavoces que en este turno sólo pueden
intervenir aquellos grupos que no hayan hecho uso de la palabra, puesto
que aún nos estamos rigiendo por la norma anterior.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.




El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en el Día Mundial del Agua es ciertamente oportuno que se
debata un tema grave, importante y que en estos últimos años ha sido
motivo de preocupación de las instituciones públicas y, en suma, creo que
de los 40 millones de españoles porque, en la mayoría de los casos, se
han encontrado con problemas debidos a la sequía. Además, es bueno que se
haga este debate con serenidad, como creo que se está haciendo en el día
de hoy. En muchas ocasiones y en distintos foros, cuando se debate el
problema del agua, se hace con ardor, con apasionamiento y, con mucha
frecuencia, con poca lucidez. En cambio, creo que hoy el tema se está
planteando con la serenidad necesaria para intentar avanzar en el
conocimiento y en las soluciones de un problema que tenemos que resolver
entre todos.

Hace unos meses, efectivamente, en el debate sobre el estado de las
Autonomías hubo una moción, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto,
concretamente por el Partido Aragonés --que nuestro Grupo apoyó-- para
que el Plan Hidrológico Nacional quedase sometido a la aprobación de los
planes de cuenca. Y creemos que así debe ser, lo cual no impide que los
planes de cuenca puedan avanzar, puedan elaborarse, y creemos que existen
suficientes instrumentos para llevarlos a cabo.

El Grupo Parlamentario Socialista presentó esta moción instando a la
elaboración de un proyecto de ley, un proyecto de base. Por nuestra
parte, entendíamos que una ley de bases de coordinación de los planes
hidrológicos, intentando resolver el futuro Plan Hidrológico nacional y
los planes de cuenca, no era el mejor instrumento, entre otras razones
porque entendíamos que ello podía interferir en competencias de
Comunidades Autónomas. De hecho, como sus señorías saben la Ley 29/1985,
de Aguas, fue declarada Ley básica por el Tribunal Constitucional, y por
ello entendemos que no es necesaria una nueva ley de bases en este tema.

De todos modos, y a pesar de que apoyamos esta moción alternativa en el
sentido de que si la inmensa mayoría de la Cámara está de acuerdo
nosotros en ningún momento queremos poner pegas al hecho de avanzar y
resolver problemas, sino colaborar en la medida de nuestras
posibilidades, creemos sinceramente que la Ley de Aguas actual permite
avanzar en el tema de la planificación hidrológica.

El artículo 38.2 señala que la planificación se realizará mediante los
planes hidrológicos de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. El artículo
38.4 señala que los planes hidrológicos se elaborarán en coordinación con
las diferentes planificaciones que les afectan. El artículo 39.2 indica
que el procedimiento para la elaboración y revisión de los planes
hidrológicos de cuenca se regulará por vía reglamentaria. Por último --y
entre otros--, el artículo 43 señala que el Plan Hidrológico Nacional se
aprobará por ley y, aparte de una serie de apartados, en su punto a) dice
que, en todo caso, contendrá las medidas necesarias para la coordinación
de los diferentes planes hidrológicos de cuenca. Creemos que con cierta
imaginación se podría avanzar --debería haberse hecho--, pero repetimos
que no es nuestro propósito interferir en la solución de un tema que
preocupa a la totalidad de los españoles.

Por tanto, eliminando el carácter de ley de bases de coordinación,
estamos de acuerdo en que se elabore un proyecto de ley sobre criterios
de coordinación --es posible que ello permita avanzar más o mejor--,
aparte de los demás puntos en los que es evidente que forzosamente hemos
de estar de acuerdo, como, por ejemplo, que se haga un programa de
ejecución de infraestructuras hidráulicas, acompañado de la declaración
de interés general, como un plan, un proyecto de ley de mejora y
modernización de regadíos.

De todos modos, quisiéramos añadir un punto final, toda vez que, como sus
señorías saben, la Ley de Aguas, en el artículo 1.2, dice sencillamente
que las aguas, en sus distintos orígenes --que en este punto detalla--,
constituyen un recurso unitario subordinario al interés general. Pero en
la práctica es evidente que nunca se habla sólo de este interés general,
sino que siempre se habla de la necesaria solidaridad. El Senador Gallego
ha hecho referencia a ello, creo que en varias ocasiones, y es muy
lógico, porque no se trata sólo de resolver un problema vital en la
sociedad española, sino, al mismo tiempo, de enmarcarlo dentro de un gran
plan territorial, que siempre supone una solidaridad en uno u otro
sentido.




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Nuestro Grupo entiende --lo he dicho en alguna ocasión y queremos
reiterarlo ahora-- que esta solidaridad implica, no sólo la cesión de
aguas sobrantes, cuando existan, hacia aquellas zonas necesitadas de las
mismas, sino un plan que realmente permita que las zonas cedentes de
aguas sobrantes reciban también otros bienes y servicios igualmente
importantes para el desarrollo integral del hombre y la sociedad. No sólo
de pan se vive, como sus señorías saben, sino que también se necesita
cultura, educación y medios muy diversos. Por tanto, con esta
solidaridad, enfocada en todos los sentidos --centrípeto y centrífugo--,
será posible llegar a ese pacto del agua, al que parece haberse llegado
en algunas ocasiones, pero que de no ser de forma global, general,
podremos debatir mucho e, incluso, elaborar leyes nuevas, pero
difícilmente se llegará a la solución. A mí no me cabe la menor duda,
señorías, de que si la solución de la problemática del agua no avanza al
ritmo que todos desearíamos es justamente porque no sólo existen
problemas técnicos y de inversión, sino políticos que, de no afrontarlos
decididamente, impiden una solución final. Si se llega a este pacto de
solidaridad general --no sólo del agua-- de ordenación territorial, no
les quepa la menor duda, señorías, de que esta moción que aprobamos hoy y
los criterios que tenga el Gobierno asumiendo ese gran pacto podrán
resolver la problemática del agua.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.

¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Antes de conceder la palabra al Senador Sanz Blanco, la Presidencia
tendría interés en conocer cuál va a ser el criterio del Grupo
Parlamentario Popular respecto de sus enmiendas, puesto que ha firmado
también el texto de modificación, y la diferencia entre uno y otro texto
es exclusivamente el tamaño de la letra.




El señor SANZ BLANCO: No he entendido lo que ha querido decir, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular presentó tres
enmiendas que modifican el texto de la moción original y, posteriormente,
se presentó el 21 de marzo, con hora de Registro 11.15, y lo calificó la
Mesa. Y ahora se acaba de presentar una propuesta de modificación firmada
por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario
Popular, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y
por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, cuya
redacción, en relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
se sistematiza en un solo folio. Esta es la diferencia. Supongo que luego
se podrá votar en un solo acto.




El señor SANZ BLANCO: Sí, podrá votarse así.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

Tiene la palabra el Senador Sanz Blanco.




El señor SANZ BLANCO: Muchas gracias, señor Presidente.

Después de escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, estoy
más convencido de que el Gobierno y, en concreto, el equipo que ha
dirigido el señor Borrell, no han estado acertados ni en el diseño de la
política hidráulica ni en la propia tramitación que requiere una sociedad
moderna y sensibilizada en el tema del agua que, por supuesto, va mucho
más allá de la tramitación parlamentaria y del propio debate que
celebramos en las Cámaras.

El señor Borrell ha elaborado un Plan Hidrológico Nacional, pero, vista
esta moción y las diferentes intervenciones que se han producido a lo
largo del tiempo en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados, éste
no es el que aquellas personas que entienden del tema consideran idóneo
ni el que reclaman una sociedad y planificación modernas. El Plan
Hidrológico Nacional que ha elaborado el señor Borrell está basado en
esquemas que pudieran ser válidos para tiempos pasados, pero que, en la
actualidad, no corresponden a esa planificación moderna hidrológica de
los países desarrollados de nuestro entorno con unas características
hidrológicas muy similares a las de España.

Las distintas formas de entender los objetivos de la planificación, la
dinámica social, los aspectos socioeconómicos, cuáles deben ser las
instituciones hidráulicas, su constitución, sus objetivos, adecuados para
la administración de los recursos hidráulicos, o la función de las aguas
superficiales y subterráneas son aspectos que cambian radicalmente la
planificación hidrológica y que no han tenido eco ni lugar en la
sensibilidad del Ministerio; yo diría que en la política hidráulica del
Partido Socialista.

El Gobierno basa la planificación hidrológica y la resolución a los
problemas planteados en las grandes obras de ingeniería y en una
pedagogía de oferta hídrica ilimitada, proceda de donde proceda, cueste
lo que cueste, olvidándose de que el agua es un bien limitado y escaso.

En los países de nuestro entorno y con un gran desarrollo de los recursos
hídricos los objetivos se centran en los aspectos de gestión, que
incluyen la utilización óptima de los sistemas existentes, la gestión
para la mitigación de los efectos de las sequías e inundaciones, la
utilización conjunta de aguas superficiales y subterráneas, la
eliminación y reutilización de aguas residuales tratadas, la prevención y
detención de la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, el
ahorro del agua, la gestión del medio ambiente y vida acuática. Todos
estos elementos son esenciales en la planificación hidrológica moderna.

Creo sinceramente que en la política hidráulica diseñada por el señor
Borrell existen graves errores conceptuales de bulto, que, en el caso de
haberse aprobado en este Parlamento, hubieran sido un homenaje yo diría
que a la ignorancia y a la irresponsabilidad. En un país como el nuestro,
escaso de recursos hídricos y no sobrado de recursos económicos,
solamente cabe una solución sensata: una gestión eficaz basada en la
optimización de los sistemas, presidida por el ahorro y en la que se
contemplen con rigor las diferentes alternativas para aumentar las
disponibilidades hídricas, mediante la utilización conjunta de aguas
superficiales y subterráneas. Con ello, señor portavoz del



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Grupo Parlamentario Socialista, se aumentan las garantías y la robustez
de los sistemas y, consecuentemente, se disminuyen, a la vez, las
inversiones.

Después de diez años de política hidráulica socialista estamos
prácticamente en el mismo punto de partida que hace una década, yo diría
que quizás algo peor, porque continuamos sin plan hidrológico y sin
planes de cuenca y, además, las sensibilidades institucionales se han
exacerbado sin necesidad, y yo diría que se ha provocado una irritación
casi unánime en todos los expertos, porque los mensajes hidráulicos que
ha dado el señor Borrell, en concreto, son precipitados, no valorados ni
contrastados. No ha habido identificación de objetivos, no han existido
formulaciones de alternativas y no se han evaluado sus efectos en
relación con los objetivos y, por lo tanto, estamos impedidos en estos
momentos, después de diez años, para tomar decisiones serias y fundadas
para desarrollar una política hidrológica moderna.

La metodología de los balances que ha empleado el Plan Hidrológico es
insuficiente, y ello nos ha conducido a graves errores a la hora de
valorar, no solamente demandas y déficit, sino, lo que es más importante,
a la hora de valorar el comportamiento de todos los componentes de un
sistema hidráulico tan complejo como el que existe en este país. No se ha
sabido o no se ha querido recurrir a la utilización de modelos de
simulación y gestión que permitan la simulación del comportamiento de
todos los componentes de un sistema, incluyendo las demandas urbanas, las
industrias, las de riego, sus retornos a ríos o acuíferos, los elementos
superficiales como presas, ríos o conducciones, los acuíferos y sus
relaciones con los ríos, el patrimonio medioambiental existente y su
vinculación con el agua.

La situación hidrológica de nuestro país es muy grave y compleja. Pero,
sobre todo, señorías, es grave por la ausencia de una planificación
sensata, realista y eficaz en la que los objetivos sean precisos y
realizables y las alternativas estén bien evaluadas. Esta situación un
tanto caótica de improvisación, mal resuelta a golpe de decretos de
urgencia y planes puente que se repiten año tras año y que vienen para
ser aprobados en este Parlamento, yo diría que tiene su mejor exponente
en esta moción que hoy estamos defendiendo.

Estoy convencido de que el proyecto de ley sobre criterios de
coordinación de los planes de cuenca que permita establecer criterios
generales tendrá en cuenta un modelo de desarrollo equilibrado y
sostenible y, sobre todo, las previsiones hídricas que se contemplan en
los mismos, que son necesarias para el propio proyecto de desarrollo de
futuro que las diferentes Comunidades Autónomas han elaborado. Estoy
convencido de que armonizar los intereses de los diferentes territorios
de España es tarea difícil, pero en ningún caso se debe discriminar a
unas Comunidades Autónomas respecto de otras y, en cualquier caso, el
Parlamento debe velar --y el Grupo Parlamentario Popular así lo hará
cuando llegue-- por este proyecto para que no se produzcan
discriminaciones a la hora de elaborar esos criterios de interés general
para aprobar los planes de cuenca.

La enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular no quiere
decir que los criterios generales tengan que dimanar, como dice el señor
Calvo Lou, del Plan General, sino que son unos criterios que permiten
establecer criterios de interés general para aprobar los planes de
cuenca.

Como es lógico, vamos a aprobar esta moción, porque corresponde al texto
de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, como
no podía ser menos, pero somos conscientes, y lo hacemos por eso, de que
el Plan Hidrológico Nacional está en la UVI con respiración asistida, y
nosotros, señorías, no queremos que el Plan Hidrológico muera. Sabemos
que esta moción significa el reconocimiento de que los métodos empleados
por el señor Borrell no han sido los adecuados, y así, después de diez
años, no tenemos ni planes hidrológicos de cuenca ni tenemos Plan
Nacional, incumpliendo todas las previsiones legales contempladas en la
Ley de Aguas. Y lo que es más grave: mientras tanto, nuestra agricultura,
los agricultores de Murcia, los agricultores de Levante no están
padeciendo los problemas de déficit de agua porque aquí se aprobara una
moción que dijera que los planes de cuenca tienen que ser aprobados
previamente al Plan Hidrológico General. Los agricultores de España, la
mayor parte de las poblaciones de este país, están padeciendo déficit de
agua porque el Gobierno socialista no ha sido capaz de establecer, de
diseñar una política hidráulica ni de aprobar el Plan Hidrológico
Nacional. Ese es el problema, y no hagamos demagogias diciendo que el
Senado, por haber aprobado una moción que requiere la aprobación previa
de los planes de cuenca al Plan Hidrológico Nacional, es el culpable de
ese retraso. El retraso está en el Partido Socialista, que no ha sabido
planificar a tiempo, después de diez años de una política hidrológica
socialista.

En cuanto al segundo punto, señoría, vamos a aprobar un programa de
inversiones que remitirá después a esta Cámara el Partido Socialista. Si
continuamos así, aprobando planes-puente, decretos de urgencia, que son
los programas que se reflejan en el segundo punto de la moción que hoy
debatimos, estamos vaciando, en parte, el contenido del Plan Hidrológico
Nacional, y en el fondo y en la forma es una suplantación de la política
hidrológica que demanda la Ley de Aguas. Llegará un momento, señorías,
con este retraso en el Plan Hidrológico Nacional, aprobando programas de
ejecución de inversiones, en el que, como es lógico, no vamos a tener
prácticamente nada que aprobar en el Plan Hidrológico Nacional. ¿Por qué
digo esto? Porque la planificación hidrológica que ha diseñado el
Ministerio está mal planteada, y se ve en esta moción que vamos a
aprobar. Por una parte, todavía no ha elaborado los criterios sobre cómo
deben ser aprobados los planes de cuenca. En segundo lugar, tenemos un
Plan de Regadíos que ha sido aprobado en el Congreso, un plan de
modernización. Señorías, ¿cómo no se ha tenido en cuenta en el Plan
Hidrológico Nacional el Plan de Regadíos, que supone el 80 por ciento del
consumo de agua? ¿Cómo no se ha tenido en cuenta ese dato tan importante
a la hora de elaborar un plan hidrológico nacional? Ciertamente, todos
vamos a votar una moción conjunta, aceptada por todo los grupos a
propuesta del Grupo Parlamentario Popular, porque queremos colaborar para
que se realice lo antes posible



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una planificación hidrológica urgente y moderna, pero esto no quiere
decir que el que estemos juntos signifique que estemos revueltos. Tenemos
una planificación distinta, a Dios gracias. Nosotros creemos en la
planificación eficaz, en la gestión eficaz, creemos en el ahorro y
creemos en la utilización de las diferentes alternativas que proporciona
el ciclo hidrológico para incrementar las disponibilidades. Ustedes,
señorías, creen en las grandes infraestructuras y en la oferta hídrica,
pero no ponen los medios adecuados para hacer una política hidrológica
moderna y eficaz, que es lo que requiere la sociedad moderna y es lo que
están reclamando nuestros agricultores y muchas de nuestras ciudades que,
en estos momentos, por culpa de la política hidráulica del Partido
Socialista, carecen de los recursos necesarios para su abastecimiento.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Gallego.




El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Quería pedir la palabra en función del artículo 87 del Reglamento.

Perdóneme por el lapsus.

Mi intervención, que va a ser muy breve, es para agradecer el apoyo de
los grupos que así lo han expresado a la moción.

Como dije al principio, nuestro espíritu al plantearla era el de que
fuera una moción comúnmente aceptada, y en esa línea hemos aceptado las
enmiendas que presentó el Grupo Popular dentro de la propuesta de
modificación.

Pero quiero quitar de enmedio los temores que se han expresado por parte
de algunos de los intervinientes, sobre todo por el Senador del Partido
Aragonés Regionalista, para que no se vean fantasmas en este tema ni
mucho menos. Lo que nosotros queremos es facilitar que se salga del
círculo vicioso que hay entre la elaboración de los planes de cuenca y el
Plan Hidrológico Nacional. Nosotros respetamos mucho la moción que se
aprobó aquí en el Senado.

Respecto a la intervención del Senador del Grupo Popular, tengo que decir
que he visto muchas contradicciones en la misma. Parece que estuviéramos
debatiendo otra cosa y no una serie de cuestiones en relación con el Plan
Hidrológico y su oportunidad. Creo que nuestra moción no iba en esa
dirección. Insisto en que está dentro del espíritu de aquella que se
aprobó en la sesión plenaria de esta Cámara después del debate de las
Autonomías, es decir, va en ese sentido en el que todos estábamos de
acuerdo, en el de que el problema del agua se resolvería con un gran
pacto nacional. Por tanto, en las ideas generales estamos de acuerdo. Lo
que queremos ahora son obras concretas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Vamos a esperar unos minutos para efectuar la votación ya que no habrá
unanimidad. (Pausa.)
De la pregunta que desde la Presidencia hemos formulado al Senador Sanz
Blanco, a la que ha contestado el Senador Acebes, deduzco que lo que
vamos a someter a votación es el texto de la propuesta de modificación
suscrita por los cinco grupos parlamentarios que incluye las enmiendas a
la moción original presentadas por el Grupo Popular.

Con estos criterios, que clarifican el sentido de la votación, vamos a
iniciar la misma.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 212; en contra, tres; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta suscrita por los cinco
grupos parlamentarios en relación con la moción por la que se insta al
Gobierno a remitir a las Cortes Generales una ley de bases de
coordinación de los Planes Hidrológicos.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE ESTUDIE EL ESTABLECIMIENTO DE UNA AYUDA ECONOMICA PARA LAS
EMPRESAS PESQUERAS AFECTADAS POR INACTIVIDAD FORZOSA EN EL CALADERO
MARROQUI DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LAS PARADAS BIOLOGICAS OBLIGATORIAS,
EQUIVALENTE AL IMPORTE DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CORRESPONDIENTES A 1994 Y 1995, ASI COMO A QUE SOLICITE DE LA UNION
EUROPEA UNA NEGOCIACION DEL ACUERDO DE PESCA CON EL REINO DE MARRUECOS EN
LA QUE SE DEFIENDA EL MANTENIMIENTO DE LOS ACTUALES ESFUERZOS PESQUEROS Y
QUE, EN CASO DE INVIABILIDAD DEL ACUERDO, SE REALICEN LAS MODIFICACIONES
OPORTUNAS EN EL PRESUPUESTO COMUNITARIO. (662/000131.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Popular
por la que se insta al Gobierno a que estudie el establecimiento de una
ayuda económica para las empresas pesqueras afectadas por inactividad
forzosa en el caladero marroquí durante el tiempo que duren las paradas
biológicas obligatorias, equivalente al importe de las cuotas de la
Seguridad Social correspondientes a 1994 y 1995, así como a que solicite
de la Unión Europea una negociación del Acuerdo de Pesca con el Reino de
Marruecos en la que se defienda el mantenimiento de los actuales
esfuerzos pesqueros y que, en caso de inviabilidad del Acuerdo, se
realicen las modificaciones oportunas en el presupuesto comunitario.

Va a defender la moción el Senador Molina.




El señor MOLINA FERNANDEZ DE MIRANDA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en el Acuerdo de Pesca rubricado el 15 de mayo de 1992 entre la
Unión Europea y el Reino de Marruecos,



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que sustituía al de 1988, las partes estipularon un plazo de duración de
cuatro años, finalizando, por tanto, el día 30 de abril de 1996.

El número de embarcaciones comunitarias de la flota española que tendrían
posibilidades de pesca sería de 680 unidades. Ello representaba el 92 por
ciento de los buques de la Unión Europea que, en virtud del Acuerdo
suscrito, podrían faenar en las aguas del caladero marroquí, generando
alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos y 60.000 indirectos,
según datos ofrecidos por el Ministro de Asuntos Exteriores, señor
Solana, el pasado día 2 de marzo en la Comisión Mixta de la Unión
Europea. En el nuevo Acuerdo se incrementaba de forma sustancial el
número de marineros marroquíes que podían embarcar en los buques
comunitarios.

Por lo que se refiere a los aspectos económicos y financieros del mismo,
las obligaciones de pagos contraídas por la Unión Europea fueron
importantes, comprometiéndose a desembolsar 408 millones de ecus durante
el plazo de cuatro años, de los que 48.400.000 ecus se establecieron en
apoyo de programas de investigación de carácter científico y técnico y de
formación profesional para Marruecos, destinándose el resto, 360 millones
de ecus --equivalentes a 50.000 millones de pesetas--, a pagos anuales, a
razón de 13.800 millones de pesetas, aproximadamente.

En cuanto a los cánones a pagar por los armadores, éstos sufrieron un
aumento asimismo apreciable, teniendo en cuenta el volumen de las
pesquerías y de los diferentes tipos de las mismas, pasando de 2.050
millones de pesetas anuales, a 2.178 millones de pesetas, con un
incremento progresivo, además, por año.

En la interpelación que tuvo lugar en esta Cámara el día 30 de noviembre
de 1993, a instancias de la Senadora por Almería, doña María del Mar
Agüero, el entonces Ministro de Agricultura y Pesca, don Vicente Albero,
al expresarle aquélla su preocupación por el esfuerzo económico que se
exigía a nuestras empresas pesqueras en virtud del Acuerdo, manifestó
textualmente: En lo que concierne al canon a pagar, para su fijación se
tuvo en cuenta la duración del Acuerdo. Todo iba en un paquete. Era
importante que el Acuerdo tuviera una duración de cuatro años y por eso
se vinculaba el canon a pagar. La flota consideró en su momento que el
aumento era moderado y que podía asumirse en función, precisamente --y
repito precisamente--, de la duración de este Acuerdo. Y añadió a
continuación: Hasta abril de 1996, tenemos un horizonte bastante claro.

Como analizaremos más adelante, la duración del convenio ha sufrido un
recorte radical, quedando reducido en un 25 por ciento del plazo
previsto, con el enorme perjuicio que ello va a causar a nuestro sector
pesquero.

Por otra parte, en el anterior Acuerdo se estableció un mes de parada
biológica, mientras que en el todavía vigente se pasó a dos meses. En el
Acuerdo de 1992 consta fehacientemente que su finalidad es la
conservación y explotación racional de las poblaciones de peces con
arreglo a las disposiciones contenidas en el Convenio de las Naciones
Unidas de 1982 sobre el derecho del Mar.

El manifiesto incumplimiento por la flota marroquí y las sociedades
mixtas en el transcurso de estos años de los períodos de descanso
biológico previstos en el Acuerdo, incrementando su esfuerzo pesquero
mientras la flota comunitaria permanecía inactiva, ha puesto de
manifiesto una clara actitud de abuso de Derecho, actuación que bajo
ningún concepto debería haber sido consentida por la Unión Europea, ni
por el Gobierno socialista.

Convendría recordar a este respecto las declaraciones efectuadas a esta
Cámara el 9 de noviembre de 1993 por el entonces Ministro de Agricultura
y Pesca, señor Albero. Este declaró: Estoy convencido de que en ese
respeto de la parada biológica por parte de todos los que operan en el
caladero marroquí toda la Cámara está de acuerdo, y el Gobierno también,
claro. Estamos todos convencidos y, en este caso, el Consejo de Pesca de
la Unión. El Consejo de Pesca de la Unión desea --y repito desea-- que el
Gobierno marroquí aplique la parada no sólo a su flota, sino también a
otras no comunitarias.

Los hechos y el tiempo han venido a demostrar que se ha consentido a
Marruecos interpretar a su libre arbitrio y conveniencia el convenio en
detrimento constante de los derechos de la flota comunitaria, de la que
el 92 por ciento es española.

Tanto en la primera reunión de la Comisión Mixta Unión Europea-Marruecos,
prevista en el artículo 13 del Acuerdo, como en la segunda --celebradas
en enero de 1993 y 1994--, Marruecos hizo caso omiso de la demanda
comunitaria para que cumpliera el principio de reciprocidad. Mas lo que
resulta sorprendente es la actitud indolente del Gobierno al consentir la
entrada libre por nuestros puertos de pescado procedente de Marruecos,
incluso de las especies que teóricamente justificaban la parada y con
tallas mínimas contrarias a la normativa comunitaria provocando la lógica
indignación y estupor de nuestros pescadores.

Esa actitud pasiva y condescendiente de la Administración, no adoptando
enérgicas medidas de defensa en los términos del Acuerdo --como sería la
suspensión de importaciones en nuestro país en tales casos--, ha dado vía
libre a la astuta estrategia diseñada por Marruecos: ampliar cada vez más
a la flota comunitaria las paradas biológicas, incrementando
simultáneamente la actividad de su flota, para obtener con carácter
exclusivo el consiguiente beneficio en nuestros mercados ante la falta de
competencia por la paralización forzosa de la nuestra, causando daños
incalculables al sector pesquero nacional.

Asimismo, con la excusa de protección de los recursos, Marruecos ha
incumplido el principio de reciprocidad al decretar en 1993 la
prohibición a la flota comunitaria de poder utilizar redes de
monofilamento. Tal prohibición, si bien fue objeto de sucesivas
prórrogas, entró en vigor el 1.º de octubre de 1994, afectando a más de
40 embarcaciones españolas --andaluzas y gallegas en su mayoría--,
mientras que la flota marroquí, y otras, las continúan utilizando. No
obstante tales desafueros, que debilitan económicamente cada vez más a
nuestro sector, en la sesión de la Comisión de Presupuestos del 10 de
noviembre de 1993, al ser requerido de posibles ayudas, el Secretario
General de Pesca Marítima, señor Loira, manifestó que desde el punto de
vista comunitario y nacional no iba a haber ayudas en



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1994 para la flota afectada por las paradas biológicas, dado su carácter
estructural.

Sin embargo, tras la moción aprobada por esta Cámara el 9 de febrero de
1994, instando al Gobierno a la concesión de ayudas y créditos de
campaña, el señor Loira dio una forzada marcha atrás y anunció dos días
después, a través de los medios de comunicación, el ofrecimiento del
Gobierno no sólo a otorgar tales créditos --que después tuvieron escasa
acogida debido a lo gravoso de las garantías que había que presentar--,
sino incluso a la futura aceptación por el Ejecutivo de una proposición
no de ley, presentada por el Grupo Socialista en el Congreso, que resultó
aprobada el 1.º de marzo de 1994, en la que se instaba a la aprobación de
una ayuda económica equivalente al importe de las cotizaciones sociales
correspondientes a los períodos de inactividad de la flota, a fin de
evitar el agravamiento de los efectos económicos y sociales producidos
por la paralización. Ayuda que de nuevo se reitera por acuerdo unánime de
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de los
Diputados el 28 de septiembre de 1994 a instancias del PNV.

La realidad es que ha transcurrido más de un año desde que el Congreso
adoptara tal acuerdo sin que el Gobierno haya hecho efectiva tal ayuda a
las empresas afectadas. De ahí, el contenido primero de nuestra moción
que reitera y hace extensible la necesidad de la mencionada ayuda, tanto
para 1994 como para el presente año, en el que los perjuicios económicos
se han incrementado por las medidas de presión realizadas por Marruecos
al decidir unilateralmente inmovilizar en dos ocasiones a nuestra flota
en el ejercicio precedente.

Por otro lado, el artículo 15 del Acuerdo de Pesca establece que las
partes contratantes, a mediados de su período de vigencia, examinarán el
mismo con objeto de analizar el estado de aplicación de las posibilidades
de pesca, teniendo en cuenta el estado de los recursos.

A su vez, el artículo 13 encomienda a la Comisión Mixta, encargada de
velar por la correcta aplicación del Acuerdo, examinar las propuestas y
recomendaciones del Comité Científico Conjunto para el desarrollo de las
medidas de gestión de las principales poblaciones de peces.

Pues bien, el resultado de las tres rondas de conversaciones llevadas a
cabo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos en junio, julio y
septiembre de 1994 en Bruselas y Rabat para la revisión del Acuerdo,
precedidas de arbitrarias retenciones de licencia a nuestros barcos, no
ha podido ser más negativo. Marruecos no admite la prevista revisión del
Acuerdo, sino su renegociación, al pretender imponer una reducción del 50
por ciento del esfuerzo pesquero a la flota comunitaria, lo que supondría
la condena del 70 por ciento de nuestra flota que faena en las aguas del
caladero marroquí, rehusando, además, la intervención del Comité
Científico Conjunto previsto en el Acuerdo para comprobar la
justificación de tal propósito y argumentando, finalmente, razones
sociales y económicas en modo alguno contempladas en el Convenio.

En resumen, Marruecos ha considerado las obligaciones asumidas como no
vinculantes y al propio Acuerdo de 1992 como papel mojado.

Ante la ausencia de una respuesta adecuada y contundente tanto por parte
de la Unión Europea, de la que somos miembros, como del propio Gobierno,
Marruecos continúa en septiembre de 1994 su imparable escalada de
incumplimientos y de medidas de presión rehusando de nuevo expedir las
licencias de 450 de nuestros barcos, tras haber percibido previamente los
correspondientes derechos económicos, barcos que regresan a puerto ante
la orden de retirada del caladero decretada por nuestra Administración.

No obstante tales antecedentes, el Consejo de Ministros de Pesca de la
Unión Europea, el 28 de septiembre de 1994 decidió, sorprendentemente,
proponer a Marruecos reducir en un año la vigencia del Acuerdo, que
expirará, por tanto, el próximo día 30 de abril, e iniciar de inmediato
la renegociación de un nuevo acuerdo, propuesta que fue aceptada por el
Gobierno marroquí el 13 de octubre de dicho año, imponiendo, al parecer,
condiciones de reducción del esfuerzo pesquero, cuya trascendencia e
incidencia para nuestra flota aún no han sido desveladas.

Mas la ofensiva marroquí continuó con más bríos, si cabe, procediendo,
incluso, al apresamiento de tres pesqueros andaluces que se encontraban
faenando en el Estrecho de Gibraltar en aguas jurisdiccionales españolas
el día 10 de noviembre de 1994.

En efecto, según consta en información fehaciente obtenida por el Centro
Zonal de Coordinación y Salvamento de Tarifa, el apresamiento de las tres
embarcaciones se llevó a cabo en nuestras propias aguas por una
patrullera de la Armada marroquí, la cual, tras incautar las licencias de
navegación o roles, obligó a la tripulación a poner rumbo a Tánger, donde
quedaron retenidas.

Señor Presidente, ante hecho tan grave, la contestación dada por el
Gobierno el 14 de febrero de 1995 es realmente inaudita al declarar:
Según comunicación de las autoridades de Marruecos a la Delegación de la
Comunidad Europea en Rabat, el apresamiento se debió al ejercer la pesca
careciendo de la preceptiva licencia. Los buques fueron liberados el 26
de noviembre tras el abono de las sanciones impuestas a las autoridades
marroquíes.

En posterior contestación del Gobierno, de fecha 6 de los corrientes, se
aclara sobre tal incidente: La transcripción de las coordenadas en que se
encontraban los barcos permite pensar que tres de ellos faenaban en aguas
españolas, lo que permitió fundamentar las propuestas realizadas por el
Gobierno español ante su homólogo marroquí, destacando en ese sentido la
tradicional tolerancia a la actividad de la flota pesquera de ambos
países en la zona para impedir en el futuro la repetición de incidentes
como éste. El incidente producido por el apresamiento de los barcos
españoles ha determinado que el Gobierno esté estudiando la posibilidad
de reforzar en la zona las habituales medidas de seguridad.

La verdad es que este Senador, que es de la provincia de Cádiz,
desconocía que para poder faenar en nuestras aguas se precisara permiso
de Marruecos, con facultades incluso de apresamiento y de imposición de
sanciones a



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los pescadores españoles. Es unas episodio más de la actuación de nuestro
Gobierno, no sólo ya en la tutela de los intereses pesqueros en las
instancias comunitarias, sino en la defensa de nuestras propias aguas
jurisdiccionales.

Señor Presidente, aunque ya sólo restan 40 días escasos para que expire
de muerte prematura el Acuerdo de 1992, las inminentes negociaciones,
anunciadas el 13 de octubre de 1994 por el Consejo de Ministros de Pesca
de la Unión Europea, aún no se han iniciado, prolongándose durante los
meses transcurridos una gravísima y angustiosa situación de inseguridad e
incertidumbre sobre el futuro mantenimiento de la actividad pesquera de
más de 650 embarcaciones españolas, generadoras, según los últimos datos
de la Unión Europea, de unos 12.000 puestos de trabajo directo y,
aproximadamente, 60.000 puestos de trabajo indirecto, afectando
principalmente a Andalucía, Canarias, Galicia y, en menor medida, a las
flotas pesqueras de otras Comunidades. Téngase en cuenta que el 20 por
ciento de la flota andaluza con base en Almería, Málaga, Cádiz,
Algeciras, Huelva y en once localidades más, faenan en el caladero
marroquí. El transcurso del tiempo, la inmediata proximidad de la fecha
de finalización del Acuerdo, creemos no debe condicionar a la Unión
Europea para acceder sin más a las desorbitantes pretensiones que con
seguridad exigirá Marruecos.

Desde el Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de la incidencia
que sobre el posible acuerdo de pesca tienen las relaciones generales de
la Unión Europea con Marruecos y las negociaciones que a tal fin se están
llevando a cabo de un nuevo acuerdo de asociación que abarcará a otros
sectores, como el económico, el cultural, el técnico o el comercial. Pero
esa necesaria colaboración y ayuda no debe ser sólo a costa de sacrificar
a países de menor desarrollo económico dentro de la Unión, cual es el
caso de España.

Señor Presidente, el nuevo acuerdo pesquero, a juicio de este Grupo
Parlamentario, deberá ser rentable tanto para Marruecos como para la
flota comunitaria, y ello conlleva, entre otras medidas, la inclusión en
el mismo del principio de reciprocidad tanto en cuanto a posibles paradas
biológicas, a cumplir por todas las flotas, como de las restantes medidas
técnicas para la conservación de los recursos; de garantía suficiente
para su estricto cumplimiento por ambas partes, de mantener las
posibilidades de pesca para la flota sin admitirse reducciones que no
estén avaladas por estudios científicos solventes y objetivos; de
duración suficiente para que las empresas puedan programar y planificar
su actividadÉ



El señor PRESIDENTE: Señoría, le recuerdo que lleva consumidos más de
diez minutos sobre el tiempo previsto, por lo que le rogaría que
concluyera su intervención.




El señor MOLINA FERNANDEZ DE MIRANDA: Termino, señor Presidente.

De evitar, en definitiva, injustificadas demoras en la expedición de las
licencias y de prescindir de los apresamientos arbitrarios.

Señorías, de no llegar a un acuerdo entre la Unión Europea antes del 30
de abril, por resultar inviable y perjudicial para los intereses
pesqueros comunitarios es por lo que proponemos en esta moción la
adopción de medidas alternativas que eviten una traumática y dramática
situación tanto social como económica a la flota pesquera afectada,
dotándola de medios y ayudas económicas suficientes por parte de la Unión
Europea, con independencia de las que al efecto deban otorgar la
Administración Central y las Administraciones Autónomas, sobre las que
pueda incidir tan grave problema en su caso.

Termino, señor Presidente, diciendo finalmente que las medidas que se
proponen en esta moción considero que son absolutamente necesarias para
evitar la quiebra de una de las flotas más importantes de nuestro país,
con la consiguiente destrucción de miles de puestos de trabajo,
imprescindibles para evitar que el próximo día 30 de abril, si no hay
acuerdo ni ayudas para el sector, se originen graves conflictos sociales
y económicos. Por todo ello, solicito su aprobación por los Grupos de
esta Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Molina Fernández de Miranda.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador González Laxe por
tiempo de 20 minutos.




El señor GONZALEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Lo que ocurre es que en esta Cámara, con un
Presidente poco protestante, no tenemos la idea de que el tiempo es oro.




El señor GONZALEZ LAXE: Procuraré compensar lo que ya se ha hablado.




El señor PRESIDENTE: El tiempo es libre, señoría.




El señor GONZALEZ LAXE: No se preocupe, la libertad es un bien que vamos
a utilizar.




El señor PRESIDENTE: Preciado entre nosotros.




El señor GONZALEZ LAXE: A veces escaso.




El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra.




El señor GONZALEZ LAXE: Me congratulo, señor Presidente, por el interés
manifestado por el Senador del Partido Popular, don Alvaro Fernández de
Miranda, al presentar una moción relativa al sector pesquero, y más en
concreto a lo que es la actividad desarrollada por nuestros pescadores en
Marruecos, al amparo del Acuerdo firmado entre la Unión Europea y el
Reino de Marruecos.

Como sabe su señoría y el resto de los colegas que estamos en esta sala,
cuando hablamos de sector pesquero siempre aflora en nosotros una
situación difícil, muy compleja y delicada en la que sólo aquellos que
están involucrados



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de forma directa en lo que son las comunidades locales ribereñas y que
tengan un grado de sensibilidad y aprehensión de los problemas relativos
a la pesca ven que la dificultad, la complejidad del análisis de las
soluciones a veces se infiere como muy difícil. Hoy quizá estamos en una
de estas situaciones de grado de dificultad alto, de complejidad elevada,
pero no exenta de soluciones; casi todo en esta vida tiene solución.

El Grupo Parlamentario Socialista lo que quiere explicar en el día de hoy
es cómo defender mejor los intereses del sector pesquero español y cómo
defender mejor los intereses de España como país. Cómo defenderlos mejor,
no tratando de conseguir una cosa hoy de forma inmediata que pasado
mañana sea negativa, sino cómo mantener una actividad económica, social y
biológicamente en un grado sostenible a lo largo del tiempo. Y para eso
hay que buscar los mecanismos en los cuales la defensa de los intereses
del sector pesquero español y la defensa de los intereses de España vayan
en ese camino para que no haya perturbaciones aleatorias ni tampoco actos
que pongan en menoscabo lo que es nuestra actividad.

Intentaré demostrar, señoría, cómo se defienden mejor en el presente y en
el futuro los intereses del sector pesquero español y los intereses de
España y, por tanto, permítame que lo haga criticando o poniendo
objeciones al texto de la moción del Grupo Parlamentario Popular y cómo
--y al haber intentado llegar a un acuerdo con todos los Grupos--
presentar una propuesta de modificación que recogiera esos principios
fundamentales.

Usted sabe, señoría, que hay dos hechos en el mundo que han cambiado
radicalmente la actividad del sector pesquero; uno, las zonas económicas
exclusivas que, en definitiva, han supuesto el acotamiento del espacio y
consiguientemente el acotamiento de las posibilidades de pesca de los
países no poseedores de zona económica exclusiva y en ella tener
recursos, y ha cambiado algo fundamental en el mundo, que lo conocen
perfectamente bien los pescadores y, a veces, gentes que miran de vez en
cuando al tema pesquero no son capaces de entender; antes había un
concepto de acceso libre a los caladeros, hoy hay un concepto de acceso
limitado. Es fundamental entender esto, y esto se ha venido publicando y
discutiendo desde el año 1958 en la I Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, y aunque antes otros países ya habían extendido
más allá de las tres, seis y doce millas ese concepto de limitación, a
partir de 1976 muchos países, pasados ya cuatro años de celebrada la III
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ya lo han ido
aplicando como, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea y,
posteriormente, Estados Unidos, Canadá, Islandia, Noruega y otros países
que tenían recursos. Pero ese concepto de cambio, de acceso libre a
acceso limitado, es fundamental para entender lo que está pasando en el
mundo pesquero. Puede decirse en el caso de algunos países con recursos,
y que tengan excedentes que puedan intercambiar con flotas de otros
Estados, que en ese momento intenten nacionalizar el recurso, es decir,
ser propietarios de ese recurso y, en segundo lugar, nacionalizar la
pesquería, es decir, ser propietarios de las embarcaciones que faenan
dentro de sus zonas económicas exclusivas. Y también es posible entender
--y así lo hemos visto semanas atrás-- que otros países como Canadá o
próximamente Argentina, Sudáfrica o Namibia intenten extender más las 200
millas hasta el final de su plataforma continental, para utilizar el
sector pesquero como un factor de desarrollo. Por lo tanto, este concepto
es básico para poder entenderlo. Estamos pescando en zonas que por la
legislación internacional corresponden a la gestión de otros países y,
por lo tanto, debemos llegar a acuerdos para poder facilitar la entrada
de nuestros barcos en esas zonas y, consiguientemente, nos van a dar los
recursos que sean excedentarios y que no pongan en peligro la
conservación y recuperación de los recursos hídricos en dichas zonas.

Segundo concepto importante que saben también nuestros pescadores y cómo
tienen que articularlo. Desde que España entró en la Comunidad Europea,
hoy Unión Europea, todos los convenios internacionales de pesca son
competencia de la Unión Europea, y España aporta como aval alrededor de
20 convenios que la propia Unión Europea, después del 1 de enero de 1986,
es la encargada de negociar y de renegociar. Lo importante de la entrada
de España en la Unión Europea ha servido para que todo el aval, todo el
aporte que llevaba nuestro Gobierno --nuestro sector pesquero, nuestro
país-- ha sido asumido bajo la responsabilidad de la Unión Europea y, en
consecuencia, la Unión Europea plantea cuatro tipos de convenios: los
convenios de reciprocidad --tú me dejas pescar aquí, yo te dejo pescar en
mis aguas--, los convenios que son de compensación comercial --si usted
me deja acceder a los recursos, yo le dejo acceder a mi mercado--, los
convenios de compensación comercial más compensación financiera --si
usted me deja pescar, yo le dejo abrir mi mercado y le pago también un
dinero-- y los acuerdos de segunda generación.

El caso, por tanto, de la Unión Europea con Marruecos o de España con
Marruecos estaba centrado en lo que son las compensaciones financieras y
las compensaciones comerciales a cambio del acceso a los recursos que ha
mantenido la Unión Europea durante este tiempo, de ahí que no nos extrañe
que la Unión Europea o un representante de un país europeo que no tiene
flota pescando en Marruecos pueda decir: ¡qué caro es este acuerdo! Y así
un alemán, un danés un holandés, un belga, un inglés, un irlandés o un
griego que no faenan ahí pueden preguntarse: ¿cuánto me cuesta esto a mí
si no tengo flota? Pero se está admitiendo lo que España ha aportado a la
Unión Europea y ahora se quiere renegociar este acuerdo pesquero.

Si éstos son los dos cambios importantísimos, básicos, que conoce
cualquier especialista en el sector pesquero, vamos a ver ahora, bajo
este esquema, cómo son las iniciativas del Grupo Parlamentario Popular.

Creo que algunos de los cinco puntos que presenta el Grupo Parlamentario
Popular son escasos, no llegan a donde deben de hacerlo, de ahí que se
deba preguntar al sector pesquero para ver qué es lo que quiere y cómo se
puede defender.

Respecto del primer punto, exoneración de cuotas a la Seguridad Social,
sabe usted, señoría, que eso no está contemplado en la Ley 22/1983 de 29
de diciembre y que la



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actividad tampoco está contemplada ni se corresponde al artículo 12.2 de
la Ley 31/1984 de 12 de agosto. Por lo tanto, las leyes y los decretos
españoles no contemplan la exoneración de las cuotas a la Seguridad
Social. Pero su señoría sabe, porque lo ha dicho aquí, que hay
proposiciones no de ley del Congreso de los Diputados e intervenciones de
los miembros de la Administración pesquera española que reflejan los
mecanismos que se han utilizado para ayudar económicamente a las flotas
que han sido objeto de paralización temporal, concreta, específica de
determinadas pesquerías y con determinadas artes. Como esto ya se ha
puesto en práctica, aunque puede ser mejorado suficientemente, no hay que
utilizar la fórmula de exoneración de cuotas a la Seguridad Social, que
no contempla la ley, sino que hay que utilizar otro tipo de mecanismos
que ya han sido puestos en funcionamiento.

Respecto del apartado segundo, que dice usted que defiende los actuales
esfuerzos pesqueros, le diré, porque seguro que lo sabe su señoría, que
hay muchos mecanismos de gestión; mecanismos de gestión que consisten,
por ejemplo, en dar cuotas por las embarcaciones. Yo creo que lo mejor en
estos momentos, que es lo que está defendiendo España en todos los foros
pesqueros internacionales, FAO, OCDE y Naciones Unidas, es utilizar el
concepto de «pesca responsable». ¿Qué significa el concepto de «pesca
responsable»? Pues aquello que se puede explotar de manera racional sin
poner en peligro los recursos. Usted me dirá que esto es lo mismo que
defender el actual esfuerzo pesquero. Y yo le digo, no, porque defender
el esfuerzo pesquero, como usted dice en su moción textualmente, incita a
una mayor intensificación de la pesca. Cada vez pesca más la gente, y eso
provoca la sobrepesca y la sobreintensificación, genera el efecto miopía
de los pescadores que consiste en decir «si no lo pesca usted, lo voy a
pescar yo», implica un endeudamiento financiero cada vez mayor y obliga a
tener un mayor número de descartes de pesca, es decir, de aquello que no
se va a utilizar, consiguientemente, el nivel de utilización es muy bajo.

España está defendiendo en la FAO, en la OCDE y en Naciones Unidas el
concepto de «pesca responsable», que es un concepto mucho más preciso,
más amplio, mucho más interesante para defender en el futuro nuestros
propios criterios que consisten en el mantenimiento de la actividad
pesquera a lo largo del tiempo. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig,
ocupa la Presidencia.)
En el apartado tres solicita usted prórrogas en el caso de que no haya
acuerdo el día 30 de abril de este año. Estamos de acuerdo en este punto,
no hay ningún problema. Los apartados cuarto y quinto están dedicados a
las contraprestaciones, a las compensaciones financieras de la Comisión
Europea en el caso de que no sea posible la actividad pesquera a partir
del 1 de mayo. Otro de los apartados solicita que todo el dinero que
estaba destinado a Marruecos pueda destinarse a aquellos países que se
vean afectados por la paralización de la flota.

Respecto del apartado cuarto, sabe su señoría que en estos momentos el
Parlamento Europeo está discutiendo, a iniciativa de los eurodiputados
españoles --esperemos que lleguemos también en el Senado a la unanimidad
en estos temas que son básicos y fundamentales para defender los
intereses del sector pesquero español y del Estado español-- cómo
compensar, cómo agilizar los propios mecanismos compensatorios de la
política de estructura comunitaria. No son objeto de discusión aquí los
criterios de la política pesquera comunitaria. Cada uno puede hacer sus
críticas a los mismos. Yo también tengo que aportar alguna que otra
crítica. Pero ahí están nuestros eurodiputados defendiendo este tema.

Me preocupa mucho más el apartado número quinto, pues la visión de su
Grupo es pesimista, y es pesimista porque ya da por sentado que el
acuerdo pesquero es imposible, va a ser muy difícil de negociar y va a
suponer un quebranto importante a las economías ribereñas que afectan a
Andalucía, Canarias y Galicia.

Usted sabe perfectamente que la Comunidad Económica Europea ha puesto
recientemente en marcha el IFOP, el Instrumento Financiero para la
Ordenación de la Pesca, y que España se ha beneficiado de una cantidad
importante de dinero. Más de 400.000 millones de pesetas se invertirán en
el período 1995-1999 en el sector pesquero. Sabe también que el IFOP va a
sufragar en torno a los 180.000 millones y que llegará a un porcentaje de
alrededor del 40 por ciento para las regiones objetivo número uno:
Canarias, Andalucía y Galicia.

Evidentemente, ese dinero tiene que ir destinado a ajustar el esfuerzo, y
no debemos dar pautas por las cuáles ese dinero tenga que destinarse a la
paralización definitiva. Yo me niego a aceptar que los objetivos
políticos en materia pesquera sean los de destrozar la flota. Intento
entender y comprender que hay búsqueda de soluciones, entre las cuáles
puedan estar las paralizaciones temporales, con objeto de que el Gobierno
y las instituciones centrales del Gobierno español y de las autonomías
trabajen en el tema, pero no acepto la paralización definitiva, ya que si
no estaríamos ayudando a que países como Alemania, Dinamarca y, en
definitiva, los del norte de Europa, consigan que no haya flota pesquera
y que solamente haya industrias de transformación y de comercialización.

Yo, como ciudadano de Europa del sur, de España, de Portugal, de Italia,
quiero defender al sector extractivo que abarca más de 100.000
trabajadores directos en todo el Estado español y a más de 100.000 si nos
referimos a la Península Ibérica. Por eso, creo que ese apartado está
mal, y de ahí que hayamos sugerido una propuesta de modificación en la
cual se contemple la base de lo que significaba la defensa de los
intereses del sector pesquero español y de España, de tal forma que se
urja al Gobierno de España para que la Unión Europea, que es la
responsable, reinicie de manera urgente la negociación con el Reino de
Marruecos, en el sentido de que se contemple el mantenimiento de esos
esfuerzos pesqueros, es decir, los criterios que permitan mantener en la
actualidad a los que están pescando en el día de hoy.

En segundo lugar, debemos utilizar el concepto de «pesca responsable»
para que los marroquíes puedan entender que este concepto de
reciprocidad, a veces incumplido por ellos, supone la intensificación del
esfuerzo pesquero y el detrimento de sus posibilidades futuras: evitar



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los descartes, buscar ecuaciones homogéneas, que la gente utilice los
mismos días de pesca, caladeros, tallas comunes y artes de pesca
idénticos.

En el último punto, su señoría lo ha leído, se explicita algo con lo que
todo el mundo debe de estar de acuerdo, que en el caso de no culminar la
renegociación del convenio de pesca entre el Reino de Marruecos y la
Unión Europea antes del 30 de abril de 1995, y en el caso de no
concertarse una prórroga del mismo, se urja al Gobierno de España a
instrumentalizar de manera inmediata las acciones pertinentes para que
ninguna embarcación, con sus tripulaciones al completo, que estaban
autorizadas a ejercer su actividad pesquera al amparo del citado convenio
de pesca entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea, carezca de
mecanismos de ayudas económicas y sociales durante la paralización de las
citadas renegociaciones. Se trata de darle, en definitiva, un voto de
confianza a la negociación de la Unión Europea con Marruecos, de no
alterar el trance ni el proceso de la negociación, de dar un respaldo a
los negociadores, un apoyo declarado a los pescadores, de que no se
tuerza el ritmo de la negociación y de defender al sector pesquero
español con la garantía de que el Gobierno de España va a
instrumentalizar de manera inmediata esas acciones pertinentes para que
nadie que quede fuera de la actividad pesquera carezca de mecanismos de
ayudas económicas y sociales.

Yo creo que ésta es la forma de defender los intereses del sector
pesquero, creo que de esta manera se defienden también los intereses del
Reino de España, creo que de esta forma se respalda a los negociadores,
creo que de esta guisa se busca un apoyo declarado a los pescadores
españoles, creo que no se va a truncar el ritmo de las negociaciones
--que se reiniciarán próximamente-- y que de esta manera podemos
encontrarnos con que las nuevas perspectivas del sector pesquero español,
y por ende comunitario, estarán al amparo de los procesos y los cambios
bruscos que se han producido en el mundo, pero al mismo tiempo buscando
nuevas soluciones que permitan una explotación sostenible, se garantice
un rendimiento permanente y, al mismo tiempo, los pescadores tengan unos
ingresos suficientes para poder ir modificando, actualizando, renovando
sus flotas y manteniendo su expansión por todos los mares y zonas
pesqueras de este planeta, en tanto en cuanto somos de los pocos países
del mundo que tenemos algo de lo que los demás carecen, que es una
cultura del mar, y esa cultura del mar es la que está impregnando desde
España a la Unión Europea.

Señoría, creo que con estas razones --en las cuales he hecho una crítica,
si quiere usted, fuerte y profunda, pero sobre todo racional a sus
propios postulados,--, junto con una alternativa, una propuesta de
modificaciones que defiende mejor los intereses de la pesca, he cubierto
mi turno en contra y le dejo a usted con la responsabilidad de que si
quiere defender al Estado español en la negociación se sume a esta
iniciativa que han firmado muchos grupos de esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González
Laxe.

Turno de portavoces. (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Miguel Angel Barbuzano, por
el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.




El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, cada vez que
viene a esta Cámara el tema pesquero resulta ser tremendamente vidrioso,
sobre todo para este Senador que procede de una Comunidad Autónoma con
cuya flota acabaron entre Marruecos y determinadas iniciativas de los
correspondientes Gobiernos del Estado en su día. Menos mal que en esta
Cámara ya escucho hablar de Canarias y no de flota Canaria, porque he
repetido más de 50 veces que no existe y al parecer ya han caído en la
cuenta. De esta moción no sólo se puede decir el tópico de que es
oportuna, sino que yo creo que, además, es bastante importante.

Querido Senador, nuestros contenciosos pesqueros con Marruecos son viejos
ya. Usted sabe perfectamente que nosotros hicimos dejación de nuestros
derechos en el banco pesquero canario-sahariano. Hicimos dejación de
nuestros derechos: firmanos un acuerdo tripartito con Marruecos y con
Mauritania que decía hasta dónde podíamos pescar, hasta las tres millas,
y con ello hicimos dejación de nuestros derechos internacionales sobre
aguas jurisdiccional que no había por qué reconocerlos en un acuerdo con
Marruecos; pero es más, ni tan siquiera sabemos dónde podemos pescar
--salvo por el acuerdo que realiza la Unión Europea con Marruecos--
porque no tenemos delimitadas nuestras aguas con Marruecos, y eso lo sabe
usted perfectamente. Decía antes el Senador que Marruecos había apresado
barcos; lo cierto es que los apresa cada vez que quiere y las coordenadas
no sirven para nada, Marruecos no las hace ni caso. Por lo tanto,
nuestros contenciosos de pesca con Marruecos son tremendamente difíciles.

¡Qué decir del nuevo acuerdo que se va a negociar con Marruecos! Pues que
ellos, unilateralmente, van a ampliar los paros biológicos, y usted lo
sabe igual que yo; le reconozco su encomiable defensa de la alternativa,
pero van a ampliar los paros biológicos y se va a reducir la cuota que
tenemos de pesca en esas aguas. ¿Por qué? Sencillamente porque es el
método de presión de Marruecos para obtener favores de la Unión Europea
en la política que se realiza en cuanto al Magreb: facilidades de paso
por la piel de toro de sus productos, facilidades agrícolas, incremento
de las cuotas ahora que se está negociando la OCM de frutas y hortalizas,
y ésta es una política --y no me duelen prendas decirlo, lo he dicho 20
veces en esta Cámara-- de chantaje permanente del Gobierno actual de
Marruecos a España y a la Unión Europea. Y eso lo utiliza Marruecos
continuamente, cuando lo desea. Por lo tanto, el que digamos que este
acuerdo que se va a negociar es tremendamente difícil y que va a suponer
un nuevo sacrificio para nuestra flota y para las cuotas de pesca allí
hay que absorberlo --aquí el que no se resigna es porque no quiere-- y no
tiene solución; no tiene solución.




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Si se analizan los acuerdos de pesca con Marruecos --creo recordar que el
primero fue en el año 1982 ó 1983--y se hacen números de los duros que le
hemos dado a Marruecos a fondo perdido, en créditos, etcétera, las
cantidades son tremendas, se asombrarían ustedes --a lo mejor han hecho
esos números-- de la cantidad de dinero que le hemos dado, y nos apresan
cuando quieren y vamos reduciendo --ustedes lo saben-- paulatinamente la
flota, las cuotas e incrementando los paros biológicos --puesto que los
manejan como les da la gana, sin rigor científico-- y Canarias está en el
banco de detrás de los negociadores europeos, se lo puedo afirmar. Por lo
tanto, ¿qué nos queda? Decirle la verdad a nuestra gente: se va a reducir
la cuota y se van a incrementar los paros biológicos; busquemos nuevos
caladeros, busquemos acuerdos recíprocos para pescar en las 200 millas,
busquemos instalarnos en empresas mixtas con ellos --sí, sí, con el
enemigo, porque o se une uno o muere la flota--. Eso es así, ésa es la
pura realidad.

Por lo tanto, para no extendernos más en una cosa que conocemos todos --y
sobre todo los dos Senadores intervinientes mucho más que yo--, y al no
prosperar esa moción alternativa o de modificación, que en aras del
consenso hubiésemos votado afirmativamente sin duda, en conciencia no nos
queda más remedio que votar a favor de la moción; no nos queda más
remedio, aunque no estemos muy de acuerdo con alguno de sus contenidos,
porque, Senador, respecto a esas instancias al Gobierno, el Gobierno no
va a poder cumplir esas instancias, ni la Unión Europea. la Unión
Europea, con el miedo que le tiene al Magreb y al fundamentalismo le va a
soltar al Magreb todo lo que sea necesario. Por lo tanto, seamos serios,
lo vamos a tener muy difícil, muy difícil.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Jon Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

A juicio del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, nos
encontramos ante una moción importante, yo diría que muy importante,
puesto que es producto de una situación inadmisible que está provocando
Marruecos dentro del convenio que existía ya firmado, y que cuando se
procede a mitad de su vigencia a su revisión, de alguna forma Marruecos
adopta unas posturas totalmente inadmisibles para nuestra flota. Ello nos
ha llevado a la situación actual de que el Consejo de Ministros de la
Unión Europea decidiese que hubiese una prórroga de un año que finaliza
el 30 de abril del presente, y ante esto, ¿qué es lo que se puede hacer?
En primer lugar, nuestro Grupo lamenta que no se haya llegado a un
acuerdo en el debate que ha habido entre el Grupo proponente y el Grupo
Parlamentario Socialista en el turno en contra, porque, dejando algunos
puntos aparte, en lo que es el fondo, en lo que es el derecho que tiene
nuestra flota a seguir faenando en esas aguas, a conseguir el mejor
acuerdo, yo diría que no ha habido grandes diferencias entre los dos
grupos que han hecho el planteamiento, Y, sin embargo, quizás por
pruritos, por tratar de ser excesivamente concisos y poco abiertos
políticamente, no se va a llegar a un acuerdo entre el texto primitivo
que propone el Grupo Parlamentario Popular y la oferta de compromiso que
hacía el Grupo Parlamentario Socialista.

Nosotros estamos completamente de acuerdo, si miramos punto por punto,
con los cinco puntos de la moción del Grupo Parlamentario Popular.

Estamos de acuerdo con el primer punto, aunque el planteamiento que hacía
el señor González Laxe de que en lugar de buscar exactamente la ayuda
equivalente a las cuotas de la Seguridad Social de 1994 y 1995 por
inactividad forzosa, se buscara otro tipo de alternativas legales y
contempladas; nos parece también una propuesta estable. De lo que se
trata realmente es de solucionar de una forma legal y más factible el
problema del desempleo de la inactividad forzosa.

En el segundo punto, el mantenimiento actual del recurso pesquero,
estamos de acuerdo, pero tengo que decir que el planteamiento que está
haciendo en estos momentos el Gobierno con el concepto de pesca
responsable, como planteaba aquí don Fernando González Laxe, es un
planteamiento más completo, y de cara a los foros internacionales nos da
más fuerza. Pero el resultado es que nos encontramos ante un concepto muy
parecido.

Con el tercer punto, sin modificaciones, estaba todo el mundo de acuerdo,
y prácticamente también con el cuarto.

Por último, el quinto punto, relacionado con la reconversión. En efecto,
hay que buscar fórmulas si se produce lo peor, pero también, como decía
el Senador González Laxe, no podemos dar esa imagen de que de alguna
forma estamos pensando ya en que se va a amarrar o va a desaparecer parte
de nuestra flota.

Por tanto, quiero decir al Senador del Grupo Parlamentario Popular que ha
defendido la moción que estamos de acuerdo con los cinco puntos, pero que
quizá en algunos casos son excesivamente concisos y se podían haber
consensuado con el planteamiento que ha hecho el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

Ante esta situación, ¿qué va a hacer nuestro Grupo parlamentario? Tal y
como decía al principio, nuestro Grupo considera que estamos ante una
moción de contenido muy importante por la actitud de Marruecos, un Estado
más que trata de expulsar a nuestra flota pesquera. En consecuencia, se
trata de apoyar los derechos de nuestros pescadores, los derechos de
nuestra flota, porque siendo uno de los Estados más importantes del
mundo, no tenemos recursos, y tratan de expulsarnos de todas partes para
luego vendernos a nosotros los productos pesqueros. Ante esta situación
en la que ha sido imposible el compromiso entre los dos grandes grupos,
nuestro Grupo va a votar favorablemente el único texto que queda, el
texto del Grupo Parlamentario Popular, pero, tal y como digo, lamentamos
el que no haya sido posible llegar a un acuerdo, cuando al escuchar el
debate, en el fondo, salvando pequeñas diferencias, había posibilidades
de un principio de acuerdo que hubiese sido



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bueno para todos porque hubiera habido un respaldo de la Cámara al
Gobierno.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría. Por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la
palabra el Senador Companys.




El señor COMPANYS I SANFELIU: Gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, intervengo muy brevemente y desde el escaño
en la moción sobre el acuerdo de pesca con Marruecos, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.

Los parlamentarios, aparte de controlar al Ejecutivo, tenemos la
obligación de ser correas de transmisión y, por tanto, hacer llegar al
Gobierno la realidad de nuestro entorno. La agricultura, la ganadería y
la pesca, por desgracia, están presentes en demasiadas ocasiones en los
debates en esta Cámara, y cuando hablo de su excesiva presencia no me
refiero a que no sea bueno que se debata sobre esos temas, sino que lo
preocupante es que esos debates sean fruto de una situación de
intranquilidad en general en el sector.

Para que nadie pueda llegar a ningún tipo de equívoco, quiero dejar bien
clara la posición de nuestro Grupo, que desde siempre ha sido favorable a
la Unión Europea, pero esa voluntad no tiene que esconder la realidad, y
la realidad es que la Unión Europea es un foro donde básicamente se
discuten temas de carácter económico, y que las decisiones que se toman
afectan de forma general a los sectores agrícola, ganadero y de pesca.

Nos duele la utilización interesada de la política comunitaria por
algunos países, que hacen que se tomen importantes decisiones partiendo
de lógicas completamente opuestas y que van en contra de los intereses
generales para beneficiar a unos pocos (éste sería el caso de la
propuesta del arranque de la viña). Nos duele la incapacidad de reacción
de la Unión Europea en temas que nos cogen tan de cerca, y que son
impensables por otra parte en el siglo XX, como es lo que está ocurriendo
en la ex República de Yugoslavia, esa falta de una acción inmediata de la
propia Unión Europea; nos duele la tibieza con que se ha tratado el acto
de piratería que el Gobierno de Canadá ha llevado a cabo en aguas
internacionales contra barcos pesqueros españoles; nos duele que no sea
capaz de hacer cumplir sus propias normativas, por ejemplo en lo que hace
referencia a los contingentes de exportación de Marruecos hacia la Unión
de productos hortícolas; nos duele la falta de reacción de la Unión
Europea frente al intento de incumplimiento por parte de Marruecos del
Convenio que se firmó el 15 de mayo de 1992, Convenio que, aunque mucho
más gravoso que el anterior, en principio preveía una duración de cuatro
años, que, sin que se haya explicado lo suficiente, se ha quedado en
tres, no cumpliendo Marruecos con la obligación de las paradas
biológicas.

Ahora nos encontramos, a menos de cuarenta días de la firma del nuevo
Convenio, sin que se haya negociado nada. Nuestros pesqueros, nuestra
flota, el sector, están en manos de la Unión Europea, en manos de su
capacidad de defender nuestros intereses en el momento de la firma del
Convenio. A la vista de este preámbulo me pregunto, ¿qué interés real
tiene la Comisión para negociar de una forma rápida el nuevo acuerdo que
nos sea más favorable? ¿Qué credibilidad tiene la Comisión a los ojos de
nuestros pescadores después de los hechos de Canadá?
Nuestro Grupo está de acuerdo básicamente con el espíritu de la moción
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en la línea de instar al
Gobierno para que acelere la negociación entre la Unión Europea y
Marruecos, y pensamos que en principio no tendríamos que prever los otros
puntos porque tenemos que pensar que la negociación se va a llevar bien y
en el plazo previsto, y, por tanto, tendrían que ser innecesarias las
previsiones que se hacen.

No obstante, porque no queremos en este momento interferir en la
negociación, porque entendemos que no es el momento oportuno, pero, sobre
todo, porque no queremos dar una imagen de que antes de comenzar a
negociar ya está todo perdido, y porque no se ha querido consensuar una
propuesta más razonable, que se hubiese podido aprobar por unanimidad,
nuestro Grupo va a votar en contra.

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señoras y señores
Senadores.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la moción
del Grupo Parlamentario popular por la que se insta al Gobierno a que
estudie el establecimiento de una ayuda económica para las empresas
pesqueras afectadas por inactividad forzosa en el caladero marroquí. Se
inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a
favor, 99; en contra, 119.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE EL SENADO INSTA AL GOBIERNO A
QUE REMITA A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DEL
ESTATUTO ORGANICO DEL MINISTERIO FISCAL, POR LA QUE SE CREE LA FISCALIA
ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE, Y ACUERDA DIRIGIRSE AL DEFENSOR DEL PUEBLO
PARA QUE PROMUEVA LA ESPECIALIZACION DE UNA DE LAS ADJUNTIAS EN LA
DEFENSA DE LA APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL. (662/000129.)



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El señor PRESIDENTE: Finalmente, iniciamos el debate de la moción del
Grupo Parlamentario Mixto por la que el Senado insta al Gobierno a que
remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación del
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por la que se cree la Fiscalía
Especial de Medio Ambiente, y acuerda dirigirse al Defensor del Pueblo
para que promueva la especialización de una de las adjuntías en la
defensa de la aplicación de la legislación medioambiental.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el Senador Martínez
Sevilla.




El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, quiero comenzar la defensa de esta moción con unas breves
palabras sobre la justificación teórica, aparte de la práctica, que daré
posteriormente, de la necesidad de incrementar las medidas y los recursos
de las instituciones del Estado dedicadas a la protección del medio
ambiente. (El señor Vicepresidente, Rigol y Roig, ocupa la Presidencia.)
Y quiero justificarlo basándome, precisamente, en una afirmación, una
posición de reafirmación sobre el Estado de Derecho y sobre el principio
que, desde mi punto de vista, sustenta esta moción, y que no es otro que
la ecología jurídica, la ecología jurídica como aproximación de la
desviación entre los modelos normativos, y, por lo tanto, tendencialmente
ecologistas, y la praxis operativa, y, por lo tanto, los modelos
tendencialmente antiecologistas. Entiendo que la ecología jurídica es la
base de toda la ecología política y hace separar la ecología jurídica de
la política, de la modernidad, convirtiéndola así en un paradigma
transmoderno o postmoderno que, además, no encuentra, a su vez,
contradicción con la modernidad. (Fuertes rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pido silencio, señorías.




El señor MARTINEZ SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.

Decía que la ecología jurídica no encuentra contradicción con la
modernidad, ya que crea un nexo entre el paradigma moderno y el
ecológico. Ese nexo es fundamental para la comprensión del actual Estado
de Derecho; es el mantenimiento de la separación del punto de vista
interior o jurídico con el punto de vista exterior o político en la
valoración.

Este punto de vista es propio de la Ilustración y ha sido común a toda
perspectiva no conservadora y, por tanto, común a toda perspectiva, sea
ésta ilustrada reformista o ilustrada revolucionaria. Esto, desde un
punto de vista histórico. Por tanto, en la base de toda doctrina
democrática de los poderes del Estado hay que hacer esta doble
valoración: la externa, la de abajo, la que viene de la parte del pueblo,
«ex parte populi», y la valoración interna, desde arriba, que viene «ex
parte principis». Lo externo expresa, desde mi punto de vista, los
valores de la vida, lo difuso y lo transjurídico; lo interno, por tanto,
se convierte, precisamente, en el argumento de lo externo. La única razón
de ser de los argumentos internos o jurídicos son, por tanto, los valores
de la vida.

Estos dos valores, esta doble visión interna y externa de limitación de
los poderes del Estado da lugar, naturalmente, a una justificación doble
también de separación entre derecho y moral, entre lo legal y lo
legítimo, entre la Iglesia y los Estados entre las justificaciones «ab
extra» y las justificaciones «ab intra». Esta separación es la idónea,
desde mi punto de vista, para justificar doctrinas políticas no
absolutas, no totales, no taxonómicas, sino contingentes parciales o a
posteriori.

Desde este punto de vista, quisiera resumirles tres principales que
entiendo fundamentan la ecología política, porque uno de ellos es
justamente el que se pretende desarrollar con esta moción. Un principio
epistemológico, que es adecuado a la vida por ser un sistema vivo que no
pretende un punto cero de equilibrio de perfección. Un plano político,
como una técnica de tutela idónea para minimizar la violencia sobre el
entorno y entre la especie, y por ser un sistema adecuado para maximizar
la libertad. Y un tercer plano, el jurídico, al que me voy a referir
específicamente, como un sistema de límites impuestos al mercado y
también impuestos a los poderes públicos para la garantía de los derechos
e intereses de los ciudadanos.

Entiendo que estas tres características son las que fundamentan la
ecología política en los planos epistemológico, político y jurídico. Pero
estas mismas tres características son precisamente, señorías, las del
Estado de Derecho. Por lo tanto, la ecología se basa, igual que un
sistema jurídico, estrictamente conforme a las normas y a las
satisfacciones y exigencias del Estado de Derecho, Estado que arranca con
la tesis platónica del gobernante como servidor de las leyes, que sigue
con la polémica de Aristóteles sobre el gobierno de los hombres o el
gobierno de las leyes y con su definición de la ley como razón sin
pasión. Según Norberto Bobbio, el Estado de derecho puede significar dos
cosas: el gobierno «sub lege», el gobierno con principio de sometimiento
tanto de los ciudadanos como de los poderes públicos, o el gobierno «per
lege», el gobierno con mandatos que obligan a gobernar según leyes
generales abstractas y no mandatos particulares o privilegios. Por lo
tanto, este sometimiento del poder legítimo del Estado al Derecho es el
marco jurídico que propone la ecología política y que yo, señorías,
pretendo desarrollar aquí.

Conviene recordar, pues, que el Estado tiene como fuente de legitimación
el Derecho. Y conviene recordar esto en tiempos azarosos como los que
tenemos. El Estado de Derecho es un modelo jurídico-político que tiene un
requisito sustancial: sus poderes están orientados exclusivamente hacia
la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y sólo
existen para eso. Para este segundo requisito, por lo tanto, nos dotamos
de constituciones, entendidas como textos en los que se incorporan los
deberes públicos, que sintéticamente son dos: uno, no lesionar los
derechos de la libertad y, dos, no lesionar los derechos del entorno.

Quiere esto decir, por lo tanto, que la protección de los derechos del
entorno es justamente la mitad de los principios sobre los que se basa
nuestro ordenamiento constitucional.




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Así entendido, por lo tanto, hay también algunos límites que conviene
imponer a este pacto del Estado de Derecho, a este pacto por la vida que
tiene como primera regla que no todo se puede decidir por mayoría. Por
ejemplo, sobre la vida no se puede decidir ni tan siquiera por mayoría.

De esta forma, el país más democrático del planeta, en el tema de las
reglas sobre quién y cómo se puede decidir en los asuntos públicos, no
será legítimo desde el punto de vista ecológico si en él el poder del
pueblo puede romper los límites del equilibrio ecológico. Por lo tanto,
señorías, pretendo que dicho equilibrio ecológico se constituya como una
«res sacra», es decir, como una cosa sagrada sobre la que no se puede
decidir, ni siquiera por mayoría. Y ésta es la aportación fundamental de
la ecología política a la teoría del Estado. Y es también oportuno
recordar que el actual Estado moderno surge del Estado de Derecho, y no
surge, sin embargo, del Estado democrático, de qué se puede o no se puede
decidir, que es, precisamente, la característica del segundo.

Por lo tanto, señorías, ni siquiera con unanimidad podrían decidirse
casos como la vida de una persona, como la privación, sin culpa, de
libertad, como que se piense o se escriba de una determinada manera, y ni
tan siquiera por unanimidad pueden tocarse las variables naturales de los
ecosistemas relevantes para el equilibrio ecológico. Antes nos ilustraba
el señor Presidente sobre el tiempo. Decía que, dada su falta de
condición luterana, no entendía que el tiempo fuera oro. Yo quiero
manifestarme en sentido contrario. Precisamente la innovación de la
ecología jurídica es incorporar al catálogo de los derechos los relativos
al tiempo, los derechos del pasado, los derechos de los seres vivos, los
derechos de las generaciones venideras. Así los derechos inviolables del
tiempo probablemente van a cambiar las estructuras del Estado y, por
supuesto, su estructura normativa. El Estado debe dejar de convertirse en
una máquina sin entorno ni tiempo. No debe ser más una idea absoluta,
sino un sistema comunicado, limitado y condicionado por su ambiente.

Este es, pues, señorías, el marco jurídico-político en el que la ecología
política inserta una teoría del Estado que pretendo desarrollar en uno de
sus aspectos, muy modestamente, con esta moción. Desde este modelo
dibujado y hacia el cual caminamos --aunque, todo hay que decirlo, con
cierta lentitud-- es importante distinguir entre el modelo del sistema
jurídico-ambiental y el funcionamiento efectivo del sistema. Desde el
punto de vista ecológico o desde cualquier punto de vista garantista, una
constitución o una ley pueden ser muy avanzadas si se miran sus
principios y términos, y muy retrasada si se miran sus técnicas
coercitivas, o sea, las garantías que permiten el control o la
neutralización del poder antiecológico.

Dentro de esas garantías de control o neutralización del poder
antiecológico se inserta esta moción. La importancia de los asuntos
ambientales, su dimensión, el agravamiento de la crisis ecológica y la
creciente concienciación ciudadana han hecho surgir un gran cuerpo
legislativo con un creciente esfuerzo de las Administraciones públicas y
de los poderes Legislativo y Judicial para responder a los retos
ecológicos planteados. Este extenso cuerpo legislativo ambiental requiere
cada vez de mayor control en su cumplimiento por parte de la
Administración, y, asimismo, requiere también cada vez de una mayor
vigilancia y protección por parte del Poder Judicial. Así, se están
creando y renovando instituciones. En el pasado año, el Tribunal de
Justicia de Estrasburgo creó una sala especializada en la legislación
ambiental europea. Y, asimismo, algunos países europeos han creado ya
fiscalías especiales para el medio ambiente, como la que aquí sometemos a
aprobación.

Sin embargo, la situación en España está lejos de esta posición europea,
idílica o no tan idílica pero, al menos, sí avanzada. La adhesión al Acta
Unica por parte del Estado español se hizo sin cláusulas transitorias de
salvaguardia o previsión de derecho transitorio en materia
medioambiental. Y esto con dos condicionantes de extrema importancia. Un
primer condicionante es que el Estado español, a pesar de tener una
situación de desarrollo industrial intermedia --por lo tanto, una
situación de desarrollo industrial que no ha devenido, como en algunas
otras situaciones de países extremadamente desarrollados, en grandes
consecuencias de contaminación, vertidos, emisiones o inmisiones-- sin
embargo sí que ha tenido un desarrollo industrial no homogéneo, un
desarrollo industrial heterogéneo con acelerones notables.

Particularmente a partir de los años sesenta la industria de este país
devino en un fuerte proceso de avance, de crecimiento, sin el más mínimo
respeto por las garantías ambientales. Esto ha dado lugar a tremendos
problemas ambientales como, por ejemplo, los vertidos de la Bahía de
Portman o problemas con Celulosa, en el Ebro, o problemas como los
detectados recientemente en el País Vasco de emisiones contaminantes a la
atmósfera o, como todas sus señorías recordarán, emisiones de lantano.

Por lo tanto, el desarrollo industrial intermedio de España no significa
que estemos libres de tremendos efectos contaminantes, inmisiones,
emisiones y vertidos en todos los ámbitos.

Por otro lado, la adaptación del Derecho en el Estado español a las
normativas europeas es únicamente catalogable de muy moderada. Esta
adaptación dista mucho de resolver los problemas planteados, y al
respecto hay que recordar que directivas de la Unión Europea, como la de
acceso a información ambiental, cuyo plazo de incorporación como Derecho
en el Estado español fue puesto en 1992, no han sido todavía incorporadas
como proyectos de ley al Derecho español y siguen pendientes de su
tramitación por estas Cortes Generales. Pero esto, con todo, no es lo más
grave. No es lo más grave la falta de adecuación del Derecho español en
materia ambiental al Derecho europeo, sino que lo más grave es su
tremenda inaplicación. Encontramos un gran cuerpo legislativo que no
encuentra ocasión de aplicación, y en muchas ocasiones ni siquiera
ocasión de conocimiento, que es frecuentemente desoído por los propios
responsables de las empresas, de las industrias, de la Administración y
por todos aquellos encargados precisamente de velar por la aplicación de
una estricta normativa medioambiental.

Un desarrollo industrial que podíamos llamar desigual, heterogéneo y
acelerado en el Estado español, unido a una escasa adaptación al Derecho
comunitario y a una fuerte



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inaplicación del mismo en materia medioambiental, son dos hechos que
hacen que la situación ambiental del Estado español sea mucho más
desfavorable que la que, posiblemente, pueda existir en otros países
europeos con condiciones objetivas mucho más graves al respecto.

Por tanto, y al igual que en el caso que hemos discutido esta misma
mañana en esta Cámara, la especialización, la dedicación y la vigilancia
judicial oportuna han necesitado, en el caso de la corrupción, la
modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula
el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y se crea la Fiscalía Especial
para la represión de los delitos económicos relacionados con la
corrupción. Una modificación en este sentido, señorías, es la que el
Gobierno, en caso de que esta moción sea aprobada por los grupos
parlamentarios, obligatoriamente tendría que remitir aquí; una
modificación de dicha Ley para la modificación del Estatuto orgánico del
Ministerio Fiscal y la creación de una fiscalía especializada en
problemas medioambientales.

Estimamos que en estos momentos sería muy conveniente la creación de esta
fiscalía adjunta al Fiscal General, dado el cuerpo legislativo existente,
la gran complejidad del mismo y la necesaria atención a los crecientes
problemas ambientales. Asimismo, consideramos que también es necesaria
una adjuntía al Defensor del Pueblo como especializada en temas
ambientales o de un defensor ambiental, con lo que el Ministerio Fiscal y
el Defensor del Pueblo podrían comenzar a inaugurar una línea en la que
estas dos instituciones, especialmente adecuadas para ello, pudieran ser,
precisamente, la avanzadilla, la cabeza de puente de toda la creación de
una estructura de control y vigilancia del cumplimiento de la legislación
ambiental.

La gran complejidad de estos problemas ambientales, señoría, por los
vertidos, los escapes radiactivos, los litigios sobre aguas, la actuación
en espacios protegidos, unido a la tremenda realidad transfronteriza de
los problemas ambientales y a la gran cantidad y diversidad de los
mismos, hacen, sin duda, que la apuesta por el fortalecimiento del Estado
de Derecho pase hoy en día por la apuesta por el fortalecimiento del
conjunto de la normativa jurídico-ambiental y, sobre todo, por su
efectivo cumplimiento y aplicación. Ello va a tener, sin duda, una
importancia creciente en el futuro.

Dada toda esta serie de circunstancias, señorías, solicito la aprobación
de los grupos de esta Cámara para la moción presentada.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

En turno en contra, tiene la palabra el Senador Blanco López.




El señor BLANCO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, intervengo en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición con
respecto a esta moción.

He de empezar por manifestar al representante del Grupo Parlamentario
Mixto que compartimos la preocupación acerca de los problemas
medioambientales y de deterioro de nuestro medio ambiente y de nuestro
entorno natural. Al compartir esta preocupación compartimos la de
numerosos ciudadanos que, cada vez, están más sensibilizados ante una
problemática que nos embarga y a la que las Administraciones públicas,
los gobiernos y la justicia deben de dar respuesta, cada uno dentro de su
ámbito competencial.

La contaminación, el ruido, la limpieza, los vertidos u otros aspectos a
los que su señoría hacía referencia inciden en la calidad de vida y en la
vida cotidiana de los ciudadanos; aspectos a los que no podemos ser
insensibles y a los que tenemos que dar una respuesta. La preservación y
mejora del medio ambiente se ha convertido, señoría, en uno de los ejes
de nuestra actuación política, la de este Gobierno, la de todos aquellos
socialistas que tienen responsabilidades públicas en ámbitos diferentes
--Comunidades Autónomas y ayuntamientos-- porque en la actualidad es
precisamente en estos ámbitos donde residen la mayor parte de las
competencias. Además, podemos indicar que en este momento preelectoral es
un compromiso de futuro de los socialistas el seguir abundando en
aquellas medidas, iniciativas y decisiones tendentes y en orden a evitar
situaciones que supongan un grave riesgo para nuestro entorno natural,
nuestras ciudades y el medio ambiente. Además, lo queremos lograr
haciendo a los ciudadanos corresponsables de estas iniciativas.

En este sentido aprobamos en esta Cámara, no hace mucho tiempo, una
resolución --a raíz de una Comisión especial-- en la que incidíamos en la
necesidad de hacer una política preventiva desde la escuela, promulgando
una carta de formación medioambiental en orden a formar y
corresponsabilizar a la gente, a los ciudadanos, en la protección del
medio ambiente. Por tanto, para nosotros es objetivo prioritario la
protección del medio ambiente y queremos decirle que compartimos su
filosofía. El crecimiento y el desarrollo de un país no pueden, en ningún
momento, ir en contra, poner en riesgo ni deteriorar el equilibrio
ecológico, las situaciones medioambientales. Desarrollo económico y
equilibrio ecológico deben ser dos parámetros compatibles para los que
todos debemos trabajar. Creemos, por el contrario, que la calidad de
vida, en especial las políticas medioambientales, van a ser importantes
en las futuras ciudades. Una ciudad con un medio ambiente adecuado será
más atractiva para vivir e, incluso, para posibilitar su desarrollo y sus
actividades económicas.

Señoría, con este preámbulo le quiero indicar que todos debemos ver
cuáles son las mejores fórmulas, los mejores canales, para ser más
eficaces en orden a la vigilancia, al control y a la sanción de aquellos
que incurren en faltas y que vulneran la legislación vigente.

Es verdad que usted plantea en su moción que existe una amplia
legislación, que es motivada por una acción decidida de este Gobierno de
legislar sobre estos temas. También se ha puesto en evidencia esa
voluntad al crear organismos como el Consejo Asesor de Medio Ambiente o
numerosas disposiciones que se han venido promulgando y aprobando a lo
largo de estos años. Usted hacía referencia en su intervención a que
todavía no habíamos podido



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acceder a la información ambiental, adaptando nuestras normas a las
comunitarias. Tengo la satisfacción de poder decirle que se ha remitido a
la Comisión de Subsecretarios la ley correspondiente para que,
inminentemente, sea aprobada por el Consejo de Ministros y así dar
respuesta a esta situación y a su inquietud.

Pero, ¿cuál es la mejor fórmula para ser escrupulosos, implacables, en la
aplicación de la ley? No hemos de olvidar que en estos momentos las
competencias en materia de medio ambiente residen, fundamentalmente, en
las Comunidades Autónomas y en los ayuntamientos. Por lo que, ¿no debe
ser la Administración de justicia más cercana a esos problemas, donde
mejor se puedan detectar, la que posea los instrumentos más eficaces en
orden a combatir, a castigar a aquellos que cometan actos delictivos que
deterioren nuestro medio? ¿No tienen las Comunidades Autónomas y los
ayuntamientos las competencias en orden a la vigilancia, a la inspección
y al control del medio ambiente? Señoría, si residen estas competencias
en las Comunidades Autónomas, yo entiendo que ha de ser la Administración
de justicia más cercana a esta problemática la que trate de dar
respuesta. Yo no creo que sea más eficaz ni más rápido el proceso que se
pueda realizar desde una fiscalía especial, como usted plantea. Es
verdad, señoría, que en estos momentos, a pesar de la legislación
existente, puede existir una cierta sensación de impunidad o de dejadez
en orden a sancionar determinadas conductas, pero es verdad que el nuevo
Código Penal tipifica una serie de delitos nuevos para tratar de subsanar
esta situación existente. Incluso, como usted sabe, el proyecto de Código
Penal que se está debatiendo en este momento en el Congreso y que pronto
se debatirá en esta Cámara, en su Título XII, capítulo II, recoge
específicamente un capítulo en orden a tipificar los delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente. Y en otros apartados del Código
Penal existen numerosas tipificaciones colaterales pero que tienen que
ver con el medio ambiente y que aparecen reflejadas. Luego a la hora de
promover la fiscalía especial que usted nos propone no podemos estar
condicionados por ese vacío legislativo que existe en este momento y que,
por lo tanto, nos lleva a una cierta sensación de impunidad, que yo creo
que se resuelve con la aprobación del Código Penal y con la aplicación
del Código Penal desde las audiencias provinciales, que es, a mi
entender, a las que compete actuar en estos casos.

Además, no compartimos la idea de que para cada delito nuevo que pueda
tener unas características muy generales se cree una fiscalía especial.

No compartimos la idea de que se pueda ir desgajando la Fiscalía General
en fiscalías sectoriales en la medida en que vayan apareciendo nuevas
figuras delictivas que preocupen al conjunto de ciudadanos, al conjunto
del país, porque eso nos llevaría a despojar de contenido a la propia
Fiscalía General.

Las modificaciones hechas al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por
las que se crean las fiscalías para la represión del tráfico ilegal de
drogas, la primera, y la segunda para la represión de los delitos
económicos relacionados con la corrupción, aprobada en esta Cámara en el
día de hoy, se hace basándose en peculiaridades características, en
peculiares manifestaciones criminológicas y en la extensión de ambos
fenómenos que requerían, a nuestro entender, una especialización orgánica
y funcional, pero, sobre todo, una unidad total de actuación para lograr
una máxima eficacia en dicha represión. No se nos ha de escapar que, en
muchos casos, estamos hablando incluso de bandas organizadas que actúan
en el conjunto del país.

Desde mi punto de vista, con el caso que nos ocupa, no nos encontramos
ante una situación de grave incumplimiento de la legislación vigente de
difícil detección. Incluso usted, en su moción, dice y afirma que plantea
la creación de una Fiscalía especial debido a la amplitud e importancia
que hoy en día van cobrando los problemas medioambientales, y que se ha
desarrollado una importante y extensa legislación ambiental cuyo
cumplimiento ha de ser controlado y vigilado. Yo estoy de acuerdo en que
su cumplimiento ha de ser controlado y vigilado, pero no estoy de acuerdo
en que para ese control y para esa vigilancia haya que acudir a una
fiscalía especial. En ningún momento se fundamenta en su moción que la
creación de la Fiscalía sea para la represión de los delitos ecológicos,
sino para la vigilancia y para el control. Yo creo que la vigilancia y el
control corresponden a los que tienen la labor de inspección, que son las
Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.

Es obvio, señoría, que no podía quedar satisfecho si no le indicara que
este Grupo Parlamentario está preocupado, no obstante, por la cuestión
que usted plantea, y consideramos necesaria una mayor participación y
especialización del Ministerio Fiscal para perseguir los delitos
ecológicos con un mayor grado de eficacia, lo que podría conseguirse, por
ejemplo, con la creación de secciones especializadas de medio ambiente en
el seno de las fiscalías de las audiencias provinciales, para lo cual no
sería necesario modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o,
de la misma forma, incluso de acuerdo con lo previsto por el Estatuto del
Ministerio Fiscal, no estaría de más. Veríamos bien, y creo que sería
deseable que el propio Fiscal General diera instrucciones o las remitiera
a los fiscales de las audiencias provinciales, incitándoles a mantener un
especial cuidado en estos problemas. Algunos casos tenemos ya en los que
hay secciones especializadas en cuestiones medioambientales; Sevilla,
Palencia, etcétera, pueden servir de ejemplo. En definitiva, señorías,
entendemos que la creación de una Fiscalía especial supone un coste
añadido para el Estado, cuando estamos hablando de que hay que reducir el
déficit público, cuando estamos hablando de que no se deben crear nuevos
organismos. Incluso hay una resolución de esta Cámara, a propósito de una
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, del mes de marzo del año
1993, en la que, a partir de un debate precisamente sobre estas
cuestiones, la Cámara acuerda promover iniciativas en este terreno que no
supongan un coste añadido para las arcas del Estado. Pues si estamos
hablando de déficit público, si estamos hablando de que no se debe
incrementar el gasto público, no creemos que sea conveniente aumentarlo
con una nueva fiscalía. En definitiva, señorías, entendemos que la
Fiscalía especial no va a ser más eficaz, no va a ser más ágil en los
procesos, no va a suponer la resolución



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de un problema que nosotros creemos que, por la proximidad, por dónde
residen las competencias, le corresponde en mayor medida a las audiencias
provinciales.

Por último, me referiré a la segunda parte de la moción. Usted indica que
un adjunto al Defensor del Pueblo se ocupe también de las cuestiones
medioambientales. Hace pocos días, en esta Cámara, rechazábamos también
una iniciativa que indicaba que un adjunto al Defensor del Pueblo se
debería dedicar a los temas del menor. Si hubiéramos aceptado la otra
moción y si aceptáramos esta iniciativa, ahora mismo, de los dos adjuntos
del Defensor del Pueblo, uno estaría dedicado a la cuestión del menor y
otro estaría dedicado a la del medio ambiente. Y hay tantos y tantos
problemas en este país, hay tantos y tantos ciudadanos en este país que
acuden al Defensor del Pueblo con otras problemáticas que no se verían
amparados por la institución del Defensor del Pueblo. Además, usted sabe,
señoría, que el número de quejas que se sustancia ante el Defensor del
Pueblo sobre asuntos medioambientales es bastante inferior que otras
quejas que se sustancian con relación a otros problemas, a otras
preocupaciones, como el de los malos tratos, como el de menores, por
poner algún ejemplo. Por lo tanto, no creemos que sea necesario, a pesar
de que me parece que la fórmula propuesta en la moción no es la más
correcta, porque eso, al ser una competencia de esta Cámara, habría que
indicarlo a través de una proposición de ley que modificase la Ley
Orgánica que regula la institución del Defensor del Pueblo. Creemos, por
tanto, que no es una fórmula adecuada. Otra cuestión es que se le pueda
recomendar al Defensor del Pueblo que se preocupe por estas cuestiones y
que delegue funciones específicas de acuerdo con lo que prevé la propia
Ley Orgánica, en orden a tratar más eficazmente los problemas a los que
usted se refería. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
En definitiva, señorías, el compromiso del Grupo Parlamentario
Socialista, el compromiso de los socialistas, es el compromiso de
defender, de preservar el medio natural. Creemos que se debe hacer, que
hay que tomar decisiones, que hay que aplicar la legislación, que hay que
ser implacable en la aplicación de esa legislación, pero no creemos que
la fórmula que usted propone en este momento en la Cámara sea la forma
más eficaz y la más razonable para prevenir precisamente los problemas
que usted plantea.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)



El señor PRESIDENTE: Gracias.

Abrimos el turno de portavoces.

Recuerdo a sus señorías que, hasta que no entre en vigor la nueva norma,
podrán utilizar el turno aquellos que no hayan hecho uso de la palabra.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.




El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.

Voy a ser muy breve, pues sólo deseo manifestar la postura de nuestro
Grupo, que va a ser de abstención en la votación de esta moción.

La moción presentada por el Senador Martínez Sevilla tiene todo lo
positivo que supone la defensa de un asunto tan importante como el
relativo al medio ambiente. Damos por descontado que la posición de
nuestro Grupo es defender a ultranza toda la persecución de las
infracciones al medio ambiente, todo lo que afecte al medio natural, y
pensamos que si hace falta endurecer las penas y mejorar las leyes hay
que hacerlo, pero lo que no tenemos nada claro es el tema de las
fiscalías especiales, y ya lo manifestamos así a raíz de la moción que
presentó el Senador Fernández Aguilar con respecto a los delitos
cometidos contra las mujeres y los menores. Nosotros no estamos muy
seguros de que la mejor solución sea desarrollar fiscalías especiales
para delitos que no tienen una complejidad real como puede ocurrir con
los relacionados con el narcotráfico o el terrorismo, que sí requieren de
una actuación individualizada o especializada dentro de las Fiscalías. Y
que conste que cuando hablamos de complejidad nos referimos al
esclarecimiento de los delitos a nivel de la realidad, porque,
evidentemente todos los delitos son complejos, todos los delitos son
importantes y hay que poner el mayor esfuerzo posible en todos los
delitos por parte de las instituciones públicas para perseguirlos, pero
nuestro partido político no tiene muy claro que ésa sea en verdad la
forma en que tengamos que preocuparnos de todos los delitos que nosotros
consideramos importantes. Aparte de lo anterior, crear una fiscalía
especial para un delito que no está circunscrito a la competencia de la
Audiencia Nacional sería difícil de encajar dentro de la estructura del
Ministerio Fiscal, porque estos delitos se van a juzgar en las
respectivas Audiencias Provinciales y en los Juzgados de lo Penal, y
repito que crear una estructura especial paralela sería bastante
complicado. Por todo ello, señorías, nuestra postura va a ser la de
abstención.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Sanz Cebrián.




El señor SANZ CEBRIAN: Gracias, señor Presidente.

Señorías, decir una vez más a modo de frase hecha que es preciso proteger
el medio ambiente constituye una obviedad, puesto que la propia
Constitución, en su artículo 45, así lo proclama solemnemente. Por
contra, decir que es necesario preservar realmente los recursos naturales
es una cuestión de pura y simple supervivencia, por cuanto que los
humanos hemos utilizado hasta ahora de forma irracional el suelo, la
flora, la fauna, la atmósfera y las aguas hasta poner en peligro su
subsistencia. Afortunadamente, en la actualidad se ha producido una toma
de conciencia generalizada, incluso a nivel internacional, sobre la
necesidad de frenar el proceso de deterioro de nuestro frágil ecosistema.

La moción que ahora debatimos es una probada muestra de este sentido de
la responsabilidad en materia ambiental. Ahora bien, ¿es necesaria la
creación de una fiscalía especial para la persecución de los delitos
relacionados con el medio ambiente? La respuesta positiva, a nuestro
entender, no ofrece dudas, pues lejos de tratarse de una



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tendencia o moda que siga el mismo camino que otras indiscutibles
especializaciones de la fiscalía --por ejemplo, en materia de prevención
y represión del tráfico ilegal de drogas, o la Fiscalía especial para la
represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, que
hemos tramitado en este mismo Pleno--, es también necesario, a nuestro
juicio, crear una fiscalía especializada en la prevención y persecución
de los delitos contra el medio ambiente, ya que está demostrado de forma
evidente que la compleja trama de la organización administrativa para la
protección de los recursos naturales es insuficiente, o lo que es lo
mismo, tanto el Gobierno del Estado a través del reparto competencial
entre los diversos departamentos ministeriales --que todavía existe este
reparto competencial--, como las Comunidades Autónomas y los propios
entes locales son, quizá por la dispersión de sus competencias,
insuficientes para proteger adecuadamente el entorno y evitar, por
consiguiente, la producción de hechos atentatorios contra el medio
ambiente.

Es decir, señorías, tenemos complejidad administrativa, pero la propia
complejidad administrativa a la que nos acabamos de referir, unida a las
dificultades técnicas para el profano de cara a comprender la definición
de estándares, de parámetros en materias más propias del mundo de la
física y de la química que del Derecho, y el hecho incontrovertible de
que los aspectos ambientales no coinciden con las jurisdicciones clásicas
--no olvidemos a este respecto que la contaminación marítima, la fluvial
o la atmosférica no conocen de fronteras--, son elementos y
circunstancias que abogan en pro de la creación de una fiscalía
especializada en la persecución de los delitos ambientales o ecológicos.

Con ello, señor Travieso, quiero demostrarle que existe complejidad,
complejidad administrativa y complejidad derivada de la propia materia.

Pero todavía hay más: desde una perspectiva penalista, es observable que
gran parte de las denuncias y querellas seguidas por la comisión de
hechos tipificables como delito ecológico, una vez que dan origen a las
correspondientes actuaciones judiciales, concluyen a menudo, con mucha
frecuencia, con el sobreseimiento de la causa precisamente por carecer la
organización judicial, y singularmente el Ministerio Fiscal, de jueces,
magistrados o fiscales especializados en la persecución de este tipo
delictivo previsto en el artículo 347 bis del Código Penal, cuya
principal característica es que se trata de una norma penal en blanco en
la medida en que exige que la conducta típica en cuestión se realice
contraviniendo las leyes o reglamentos protectores del medio ambiente,
por lo que existe una remisión a la gran profusión de normas existentes
específicamente en el amplio campo del Derecho Administrativo, que exige
a su vez la especialización por la que antes abogábamos.

El Senador Blanco nos ha citado que el Código Penal que viene, el que
está en tramitación en el Congreso de los Diputados, podrá evitar, quizá,
esta complejidad. Permítame que lo dude: siempre habrá que evaluar la
infracción atendiendo a parámetros propios del Derecho Administrativo, de
las leyes ambientales singularmente y, a veces, hasta de los reglamentos.

La especialización de la fiscalía, lejos de ser para nosotros una
cuestión de moda, una cuestión de principio, es una cuestión de eficacia
y estamos convencidos de que contribuirá a perseguir más adecuadamente
este tipo de delitos. De otra parte, señor Blanco, tal y como usted
sugería, crear secciones en la fiscalía de las Audiencias Provinciales
como consecuencia de circulares que así lo recomendasen es algo así como
poner paños calientes a un moribundo.

Señorías, vengo de una tierra maltratada en el pasado por la ausencia del
más mínimo cuidado al entorno. El Bilbao metropolitano es todavía hoy una
zona de atmósfera contaminada, y las palabras de Luis de Castresana que
dicen que la ría es una alcantarilla navegable son todavía una realidad;
se ha descrito al Bilbao metropolitano como museo viviente de los
horrores en materia ambiental. También hay que reconocer que la huella de
este triste pasado persiste hoy día, si bien como producto de la
desindustrialización, desgraciadamente, de una mayor concienciación
ciudadana y de una mejor gestión ambiental en un futuro próximo a buen
seguro desaparecerá.

Que yo sepa, nadie ha pagado su responsabilidad por tales desmanes, que
han costado, incluso, vidas humanas, y no es ningún cuento. El futuro, si
queremos que nuestros hijos lleguen a él, debe ser muy distinto. Hace ya
23 años, en 1972, que se reunió la I Conferencia de las Naciones Unidas
para convocar a la comunidad internacional a una nueva cruzada en nombre
de una llamada ciertamente breve pero suficientemente evocadora: sólo
tenemos una tierra. Hoy podemos dar un paso más para conservarla
persiguiendo al que atente contra ella y, por supuesto, corrigiendo a
quien así actúe.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.




El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, señorías, con brevedad
vamos a fijar nuestra posición respecto a la moción que el Senador
Martínez Sevilla nos acaba de exponer.

Evidentemente, el tema de la protección del medio ambiente preocupa a
esta Cámara, preocupa a toda la sociedad y preocupa a todas las
instituciones internacionales desde hace algunas décadas,
desgraciadamente no muchas. Efectivamente, en el momento en el que se
creó la Comunidad Económica Europea ni se hablaba de protección del medio
ambiente, pero hoy realmente es una preocupación de carácter general,
tanto en lo que afecta a la legislación, como a su cumplimiento. Y, como
se ha manifestado hace unos minutos, corresponde muy buena parte de la
legislación, y prácticamente la totalidad de su cumplimiento, a las
Comunidades Autónomas y a los municipios, y es la Unión Europea y son en
parte los Estados a los que corresponde marcar las líneas básicas, las
directivas para que se pueda cumplir el binomio que desde hace algunos
años intentamos llevar a cabo desde todas las Administraciones, desde
todos los Estados, es decir, desarrollo pero dentro de una protección del
medio ambiente. Es lo que se ha dado en llamar desarrollo sostenible.




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Cualquier proceso de carácter industrial, cualquier intervención e
infraestructuras requiere hoy en día un estudio detallado de impacto
ambiental, de protección de las aguas, del aire, de emanación de
productos químicos, etcétera, y el marco en que se está trabajando es, a
nuestro juicio, perfectamente correcto.

Entendemos innecesaria la moción que se nos plantea de creación de una
Fiscalía Especial de medio ambiente y se han dado argumentos a este
respecto. Por nuestra parte, únicamente haremos hincapié en lo que a
Cataluña se refiere. Dentro del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
hay un Fiscal coordinador del Servicio de Medio Ambiente, Fiscal que a su
vez está en coordinación con fiscales de las Audiencias Territoriales,
por lo que, cuantos temas afecten al medio ambiente son llevados con
eficacia por este Fiscal coordinador. Por tanto, el crear otra estructura
nos parece algo innecesario hoy en día; no lo consideramos efectivo. Se
han puesto varios ejemplos en relación con esto y nosotros agregamos el
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En cuanto hace referencia al tema complementario del Defensor del Pueblo,
consideramos que tiene capacidad suficiente como para organizarse del
modo que estime conveniente. Por otra parte, efectivamente, no son las
quejas sobre medio ambiente las que en mayor medida llegan al Defensor
del Pueblo. Si observamos el informe del Defensor de 1993 podremos ver
que de las más de 1.100 páginas dedicadas a las distintas problemáticas
que se plantean sólo una treintena de ellas hacen referencia a quejas
sobre cuestiones de medio ambiente, sean de carácter local, estatal o
autonómico. En realidad, se suele acudir al Defensor del Pueblo mucho más
por cuestiones relacionados con los diferentes servicios públicos,
sanidad, protección de menores, la mujer u otras, sin que, evidentemente,
deje de atender todo lo que afecta al medio ambiente. Creemos que el
Defensor del Pueblo tiene suficiente capacidad para organizar y poder dar
curso a todas las quejas que sobre esta materia se presenten.

Por las razones expuestas, y por entender asimismo que en la actualidad
se está trabajando en una buena línea que no es necesario alterar --en
todo caso las circunstancias del futuro harán que se transformen del modo
más conveniente-- por medio de esta moción, vamos a votar en contra de
ella.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Romero.




El señor ROMERO GIRON: Gracias, señor Presidente.

Señorías, decir desde esta tribuna que es necesaria la protección del
medio ambiente no sólo supone una obviedad, como ha manifestado el
Senador Sanz, sino que es un mandato constitucional establecido en el
artículo 45 de la Carta Magna.

Efectivamente, ese artículo establece el derecho que todos tenemos a
disfrutar de un medio ambiente adecuado así como el deber de conservarlo.

Por otra parte, en él se contempla el deber de los poderes públicos de
velar por la utilización de las reservas naturales con el fin de defender
y restaurar el medio ambiente.

Este artículo de la Constitución, las diferentes leyes especiales en
materia de medio ambiente por otra parte y el artículo 347 bis del Código
Penal, constituyen la legislación básica estatal en esta materia sin
perjuicio de la abundante legislación existente al respecto en las
distintas Comunidades Autónomas. De ello se deriva que la adecuada
protección del medio ambiente, desde el punto de vista legislativo, es
más un problema de falta de aplicación rigurosa de la legislación
existente y de falta de medios de investigación para evitar la impunidad
de los numerosos comportamientos y actuaciones que puedan atentar contra
el medio ambiente que un problema de vacío legislativo.

Desde el punto de vista jurídico, la protección del medio ambiente
adolece de ciertos problemas que bien podrían resumirse en los
siguientes. En primer lugar, la gran profusión de normas de origen
estatal, comunitario y autonómico y las contradicciones que se observan
en muchos de sus preceptos, por lo que sería deseable el establecimiento
de una ley-marco o básica que armonizara toda la legislación existente.

Desde el Grupo Popular ya solicitamos durante la IV Legislatura que esto
se solucionara mediante una moción que fue rechazada por la mayoría
socialista. Tengo que decirles que repasando sólo el año 1983 he podido
encontrar más de 64 leyes de Comunidades Autónomas referidas al medio
ambiente y que en el mismo año se dictaron 43 disposiciones comunitarias
y 34 disposiciones estatales entre decretos y reales decretos referidos
igualmente al medio ambiente.

En segundo lugar, existe otro gran problema, las grandes dificultades
prácticas que entraña la aplicación del artículo 347 bis del Código
Penal, precepto que recoge los aspectos esenciales de la protección penal
del medio ambiente. En tal sentido hay que señalar que actualmente
existen numerosas actividades lesivas para el medio ambiente que quedan
fuera de la protección penal que ofrece dicho artículo.

En tercer lugar hay otro problema relativo a las dificultades existentes
para la persecución de estas conductas por lo complicado que resulta
descubrir en flagrante delito al autor de este tipo de conductas
especialmente en temas de incendios forestales. Tal es así que el Tribuna
Constitucional, en su sentencia 384, de 21 de diciembre de 1993, ha
admitido como planteamiento en esta materia la válida utilización de
pruebas indiciarias como fundamento del fallo condenatorio siempre y
cuando se trate de verdaderos indicios probados.

El Ministerio Fiscal, según el artículo 124 de la Constitución, tiene por
misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de
los derechos de los ciudadanos y del interés público de oficio o a
petición de los interesados.

En otro orden de cosas, la contribución del Ministerio Fiscal a la
investigación y persecución de los delitos contra el medio ambiente se ha
venido mostrando efectiva como se ha puesto de manifiesto a raíz de la
circular número 1 de 26 de septiembre de 1990. Por tanto, no se trata,



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en definitiva, de crear una Fiscalía Especial sino de aplicar
rigurosamente las leyes que existen. Lo que sí creemos necesario y
urgente es una modificación del Código Penal, actualmente en tramitación,
para hacer efectiva la exigencia constitucional del artículo 45, amparado
igualmente en el orden internacional por el Comité de miembros del
Consejo de Europa en su Resolución 77 de 28 de octubre.

En relación a la segunda cuestión, es decir, la especialización de uno de
los adjuntos del Defensor del Pueblo en defensa de la aplicación de la
legislación medioambiental, hay que señalar la especial preocupación de
esta Institución, como pone de manifiesto cada una de sus Memorias
anuales. El Defensor del Pueblo, como Alto Comisionado de las Cortes
Generales, tiene atribuida por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, la
defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución,
Título donde precisamente se encuentra el artículo 45 ya mencionado. Por
tanto, la defensa de lo establecido en dicho precepto es una facultad ya
atribuida por ley orgánica.

Por otro lado, la misión que la Ley Orgánica 3/1981 atribuye a los
adjuntos del Defensor del Pueblo es de auxilio al propio Defensor y de
sustitución en caso de imposibilidad temporal y cese. En atención a estas
consideraciones, creo que destinar uno de los adjuntos del Defensor del
Pueblo a una misión que ya de por sí tiene atribuida no es prioritario.

Por todo ello, nuestro Grupo va a abstenerse en la votación.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señorías, me comunican los servicios de megafonía que con la utilización
de esos sofisticados e incomprensibles instrumentos que sirven para
llamar por teléfono, es decir, los teléfonos celulares --no digo el
nombre comercial con el que se puede llegar a pasar a la fama--, por
alguna mágica y, desde luego, incomprensible transmisión, a veces los
servicios de megafonía escuchan las siempre corteses conversaciones de
sus señorías; involuntariamente, desde luego. (Risas.) Digo esto, porque
es preferible que se sigan usando los artefactos conectados con un cable,
lo que, al parecer, está mucho más blindado a la intimidad que la
sofisticación de las ondas (Risas.)
Vamos a someter a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto, por
la que el Senado insta al Gobierno a que remita a las Cortes Generales un
proyecto de ley de modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, por la que se cree la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y
acuerda dirigirse al Defensor del Pueblo para que promueva la
especialización de una de las adjuntías en la defensa de la aplicación de
la legislación ambiental.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a
favor, ocho; en contra, 117; abstenciones, 87.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las catorce horas y quince minutos.