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DS. Senado, Pleno, núm. 65, de 08/02/1995
Año 1995 V Legislatura
Núm. 65
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 8 de febrero de 1995
ORDEN DEL DIA:
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados.
--Acuerdo de Cooperación y de Unión Aduanera entre la Comunidad Económica
Europea y la República de San Marino, hecho en Bruselas el 16 de
diciembre de 1991. Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
122, de fecha 30 de diciembre de 1994.) (Número de expediente S.
610/000122.) (Número de expediente C. D. 110/000123.)
--Convenio Internacional del Café de 1994, hecho en Londres el 30 de
marzo de 1994. Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número
123, de fecha 30 de diciembre de 1994). (Número de expediente
610/000123.) (Número de expediente C. D. 110/000124.)
--Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de
la Energía Atómica por una parte, y por otra parte el Reino de España,
sobre el establecimiento del Instituto de Prospectiva Tecnológica en
Sevilla, firmado en Sevilla el 15 de abril de 1994. Se tramita por el
procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie IV, número 124, de fecha 30 de diciembre de
1994). (Número de expediente S. 610/000124.) (Número de expediente C. D.
110/000125.)
Mociones consecuencia de interpelación.
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que, en coordinación con la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, y en el plazo de nueve meses, promueva y presente ante las
Cámaras un plan de recuperación del Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel (Ciudad Real) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 211, de fecha 20 de diciembre de
1994). (Número de expediente 671/000020.)
Mociones.
--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a
que realice las reformas legislativas necesarias para que sea reducida la
edad de los niños que pueden permanecer en prisión con sus madres
reclusas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 227, de fecha 6 de febrero de 1995). (Número de
expediente 662/000119.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno para que se dirija a la Unión Europea y solicite de ésta la
declaración de zona de sequía estructural para aquellas que, en el
territorio español, se encuentren más afectadas directamente por este
proceso (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales,
Senado, Serie I, número 227, de fecha 6 de febrero de 1995). (Número de
expediente 662/000118.)
--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, por la que se
insta al Gobierno para que, atendiendo a la singularidad del territorio
de la Comunidad Autónoma de Canarias, adecue los acuerdos de Schengen y
de la Unión Europea a tales limitaciones y singularidades posibilitándose
mecanismos ágiles y operativos en la concesión de visados que permitan
reactivar el comercio e intercambios económicos, científicos,
tecnológicos, culturales, etcétera, con los países del Africa occidental
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie
I, número 227, de fecha 6 de febrero de 1995). (Número de expediente
662/000116.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 3395)
Acuerdo de Cooperación y de Unión Aduanera entre la Comunidad Económica
Europea y la República de San Marino hecho en Bruselas el 16 de diciembre
de 1991. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Página 3395)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio Internacional del Café de 1994, hecho en Londres el 30 de marzo
de 1994. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Página 3395)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la
Energía Atómica, por una parte, y por otra parte, el Reino de España,
sobre el establecimiento del Instituto de Prospectiva Tecnológica en
Sevilla, firmado en Sevilla el 15 de abril de 1994. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Página 3396)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION. (Página 3396)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a que, en coordinación con la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha y en el plazo de nueve meses, promueva y presente ante las Cámaras
un plan de recuperación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
(Ciudad Real). (Página 3396)
El señor Molina García defiende la moción. El señor Galán Cano consume un
turno en contra. No se consume turno de portavoces.
Se rechaza la moción del Grupo Popular por 92 votos a favor, 120 en
contra y 4 abstenciones.
MOCIONES. (Página 3399)
Del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que
realice las reformas
legislativas necesarias para que sea reducida la edad de los niños que
pueden permanecer en prisión con sus madres reclusas. (Página 3399)
La señora Tesoro Amate defiende la moción. No se consume turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Torrontegui
Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vasco; Travieso Darias,
por el Grupo de Coalición Canaria, y Vallvé i Navarro, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Urzay
Urquiza, por el Grupo Popular. Cierra el debate la señora Tesoro Amate.
Se aprueba la moción del Grupo Socialista por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno para que se dirija a la Unión Europea y solicite de ésta la
declaración de zona de sequía estructural para aquellas que, en el
territorio español, se encuentren más afectadas directamente por este
proceso. (Página 3404)
El señor Presidente anuncia a la Cámara la presentación de una propuesta
de modificación a esta moción, firmada por todos los Grupos
Parlamentarios. El señor Bellido Muñoz defiende la moción. No se consume
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Beguer i
Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y
Arguilé Laguarta, por el Grupo Socialista.
Se aprueba la moción suscrita por los diferentes Grupos Parlamentarios
por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado por la que se
insta al Gobierno para que, atendiendo a la singularidad del territorio
de la Comunidad Autónoma de Canarias, adecue los acuerdos de Schengen y
de la Unión Europea a tales limitaciones y singularidades posibilitándose
mecanismos ágiles y operativos en la concesión de visados que permitan
reactivar el comercio e intercambios económicos, científicos,
tecnológicos, culturales, etcétera, con los países del Africa occidental.
(Página 3408)
El señor Brito González defiende la moción. El señor Barreiro Gil consume
un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Rodríguez Gómez, por el Grupo Popular. Los señores
Brito González y Barreiro Gil intervienen de nuevo en virtud del artículo
87.
Se rechaza la moción del Grupo de Coalición Canaria por 10 votos a favor,
122 en contra y 100 abstenciones.
Se levanta la sesión a las doce horas y quince minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
--CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
--ACUERDO DE COOPERACION Y DE UNION ADUANERA ENTRE LA COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA Y LA REPUBLICA DE SAN MARINO, HECHO EN BRUSELAS EL 16 DE
DICIEMBRE DE 1991. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S.
610/000122.) (C. D. 110/000123.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. No es un pareado, sino el
anuncio del cuarto punto del orden del día: Conocimiento por el Pleno de
Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los
Diputados.
Los tres Convenios tienen procedimiento de urgencia y, por lo tanto, los
conocen sus señorías.
En primer lugar, Acuerdo de Cooperación y de Unión Aduanera entre la
Comunidad Económica Europea y la República de San Marino, hecho en
Bruselas el 16 de diciembre de 1991, con fecha de publicación en los
Boletines correspondientes de 30 de diciembre de 1994. Llega al Pleno sin
que se hayan presentado propuestas. Solicito de los señores Senadores
criterios sobre intervenciones. (Pausa.) ¿Puede entenderse aprobado por
asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado. Por tanto, la Cámara autoriza en
este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse
por medio de este acuerdo de cooperación.
Muchas gracias, señorías.
--CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFE DE 1994, HECHO EN LONDRES EL 30 DE
MARZO DE 1994. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S.
610/000123.) (C. D. 110/000124.)
El señor PRESIDENTE: Convenio Internacional del Café de 1994, hecho en
Londres el 30 de marzo de 1994. Igualmente llega sin que se hayan
presentado propuestas. ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento?
(Pausa.) Queda aprobado. Así se declara, y por ello autorizamos en
este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse
por medio de este Convenio Internacional.
--ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE
LA ENERGIA ATOMICA POR UNA PARTE, Y POR OTRA PARTE EL REINO DE ESPAÑA,
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL INSTITUTO DE PROSPECTIVA TECNOLOGICA EN
SEVILLA, FIRMADO EN SEVILLA EL 15 DE ABRIL DE 1994. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000124.) (C. D. 110/000125.)
El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la
Comunidad Europea de la Energía Atómica por una parte, y por otra parte
el Reino de España, sobre el establecimiento del Instituto de Prospectiva
Tecnológica en Sevilla, firmado en Sevilla el 15 de abril de 1994.
Tampoco se presentaron propuestas en relación con este acuerdo. Solicito
criterio de los señores Senadores sobre posibles intervenciones. (Pausa.)
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado. Por
lo tanto, hemos prestado la autorización para que el Gobierno pueda
prestar su consentimiento para obligarse por medio de este acuerdo.
Muchas gracias, señorías.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE, EN COORDINACION CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA
MANCHA Y EN EL PLAZO DE NUEVE MESES, PROMUEVA Y PRESENTE ANTE LAS CAMARAS
UN PLAN DE RECUPERACION DEL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL
(CIUDAD REAL). (671/000020.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el quinto punto del orden del día:
Mociones consecuencia de interpelación.
Tenemos para debatir la moción del Grupo Parlamentario Popular por la que
se insta al Gobierno a que, en coordinación con la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha y en el plazo de nueve meses, promueva y presente ante
las Cámaras un plan de recuperación del Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel.
Para efectuar su defensa, tiene la palabra el Senador Molina.
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias,
señoras y señores Senadores.
Hace poco más de dos meses interpelaba en esta Cámara y desde esta
tribuna al Gobierno, a través del Ministro de Agricultura, sobre la
situación lamentable en la que se encuentra el Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel.
Tras el debate correspondiente de la interpelación, quedó absolutamente
claro que, como resultado de la sobreexplotación y el consecuente
descenso de los niveles, se han anulado las salidas naturales del
Guadiana a través de sus ojos, afectando gravemente al Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel.
Más adelante se reconoce que, a pesar de las medidas adoptadas durante
los años 1991, 1992, 1993 y 1994, los niveles freáticos del acuífero han
seguido bajando. En definitiva, el señor Ministro vino a reconocer que el
acuífero está sobreexplotado a causa de una falta de previsión en la
política de regadíos, y que la solución pasaba necesariamente por reducir
ese consumo de agua. En eso estamos de acuerdo, pero no olvidemos que la
economía, además de 200.000 habitantes, repartidos en unos 30 municipios,
está más o menos directamente ligada a esta agricultura de regadío que ha
surgido sobre el acuífero 23 y que, en gran parte, está alimentada,
subvencionada y animada por la Administración.
Interpelábamos al Gobierno sobre las medidas que pensaba tomar para
contribuir a recuperar los niveles freáticos, y la respuesta, que está en
el «Diario de Sesiones», fue que iba a seguir haciendo lo mismo, es
decir, trasvases y plan de compensaciones de renta a pesar de que estas
medidas se han mostrado insuficientes a todas luces.
Mi Grupo es consciente de que, con esas medidas exclusivamente, las cosas
seguirán como están, es decir, empeorando y bajando los niveles
freáticos. Por eso, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tengo el
honor de presentar ante sus señorías, para su aprobación, una moción que
contempla medidas a corto y a medio plazo para reducir el consumo de agua
con el mínimo costo social y económico para los agricultores y, en
definitiva, el mínimo coste social para todo el entorno. La moción que
les propongo consta de los siguientes puntos.
Primero, continuidad durante otros cinco años del Programa de
compensación de rentas aumentando las dotaciones económicas por hectárea
y estableciendo que las tierras que se acojan al cien por cien del ahorro
de agua sean susceptibles también de recibir ayuda compensatoria por
hectárea de cultivos herbáceos correspondiente a la regionalización del
regadío.
Con la proposición que hoy presentamos, el agricultor no recibiría
exclusivamente 60.000 pesetas, como establece la ley, por el abandono del
cien por cien de su explotación por hectárea, sino que llegaría hasta una
cifra superior a las 112.000 pesetas por hectárea ya que podría cobrar
60.000 pesetas por dejar de regar y 52.500 pesetas por la subvención de
la PAC y, además, en ese caso no se gastaría una gota de agua.
Segundo, un plan específico de regadío para los acuíferos 23 y 24, con
nuevas tecnologías de ahorro de agua.
Tercero, un plan de reforestación especial para los acuíferos 23 y 24, y
como se trata de una zona en la que dejar de regar es fundamental para el
medio ambiente, sería bueno un plan de reforestación con especies poco
ávidas de agua con ventajas especiales, como bien podría ser una prima
complementaria o el suministro gratis de las plantas para que a los
agricultores les resultara rentable acogerse a
él voluntariamente. Y tengamos en cuenta que una superficie forestal, una
vez establecida y consolidada, dejará de requerir un aporte hídrico.
Cuarto. Un plan integral de depuración de todos los vertidos que puedan
llegar al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Este punto es tan
obvio que no me voy a detener en él, y sólo tienen que ir a visitar el
filtro verde de Villarrubia de los Ojos y ver el agua que llega a las
Tablas.
Quinto. Un proyecto de investigación para la búsqueda de nuevos cultivos
alternativos y nuevas técnicas de cultivo que consuman menos agua. Este
punto complementa el segundo. Hay otros cultivos que exigen menos agua.
Hay otras técnicas, como el cultivo bajo plástico, que también lo
consiguen, pero eso exige unos estudios previos de los cultivos, de su
comercialización y de las técnicas de cultivo, en definitiva, una
investigación al servicio del agricultor.
Sexto. Un proyecto de investigación hidrogeológica de los acuíferos en
colaboración con las comunidades de regantes que permita el conocimiento
exacto de aquéllos. Este quizá sea un trabajo más lento y más oscuro,
pero es imprescindible conocer con exactitud los acuíferos y todas sus
características, ya que hasta la fecha no se ha hecho y ello puede
arrojarnos luz para nuevas medidas medioambientales a tomar en el futuro.
Para completar esta moción hemos añadido un punto que es otra medida más
para reducir el consumo de agua: proponer a la Unión Europea un plan de
compra de derechos de concesiones de riego temporal o definitivo.
Aunque sabemos que la Ley de Aguas establece --y quedan cuarenta y dos
años para que se cumplan los cincuenta de los derechos de concesiones de
riego que establecía la ley en su aprobación-- lo que nosotros proponemos
es una compra de esos derechos para que se proceda al abandono de la
actividad de regar. Se trata de algo similar a lo que puede ser el
abandono de la producción de leche o de otro tipo de cultivos que se
realiza por la Comunidad Europea en la reforma de la PAC. Es una medida
agroambiental y con posibilidades de que la Unión Europea esté dispuesta
a financiarla.
Señorías, les he expuesto unas medidas que, de llevarse a cabo, estoy
convencido de que contribuirán a reducir considerablemente el consumo de
agua para riego y, en consecuencia, a recuperar la joya de los humedales
de Castilla-La Mancha: el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Espero que esta moción sea aprobada por los grupos de esta Cámara y que
se puedan poner en marcha el trabajo y los estudios.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Molina.
¿Turno en contra?
Tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN CANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Molina, con esta moción que usted presenta como
consecuencia de interpelación, nos quedamos enormemente sorprendidos
porque el cúmulo de contradicciones a que nos tiene acostumbrados su
Grupo es tal que aquí se colma el vaso; por desgracia no se colma el
acuífero 23 y 24, pero sí se colma el vaso de las contradicciones.
Creo que todas las medidas que se vienen tomando en los últimos años para
contrarrestar la bajada de niveles en los acuíferos 23 y 24, hasta que se
llega a la declaración sobre explotación del acuífero 23, reciben una
respuesta por parte de su Grupo, tanto aquí en el Senado como en el
Congreso de los Diputados o en el parlamento de Castilla-La Mancha,
negativa, crítica y, en definitiva, una respuesta que no se compadece con
la moción que usted presenta hoy en la que viene a decir que todo sigue
igual en el acuífero 23 y 24, a pesar de las medidas tomadas. Sin
embargo, lo que hace la moción es pedir que se prorroguen las medidas
tomadas durante cinco años.
Yo creo que se van acercando las elecciones autonómicas, y que en
Castilla-La Mancha los agricultores están viendo que las medidas
adoptadas por el Gobierno, conjuntamente con el gobierno de Castilla-La
Mancha y la Comunidad Europea, están teniendo unos resultados altamente
positivos y creo que en este momento usted parece que se quiere subir a
ese carro al que no se subió cuando se plantearon las medidas, pues,
indudablemente, le sería bastante difícil presentarse a un proceso
electoral estando en contradicción con ello. Creo también que a usted le
han pasado un papel equivocado y le han pasado un papel equivocado
porque, efectivamente, en su moción habla de las Tablas de Daimiel como
si en ella se fuera a poner solución a la situación agobiante de sequía
por la que pasan, pero absolutamente todos los puntos de su moción se
dirigen a una cosa: a ver cómo se le da más dinero a determinados
agricultores.
El problema de las Tablas de Daimiel se refiere, precisamente, a esos
acuíferos. Las medidas que se adoptan son varias. Por ejemplo, ustedes se
opusieron a la opción cero para dejar de extraer recursos, agua, del
acuífero 24. Yo fui testigo de cómo su portavoz en el Congreso se opuso
en aquel momento a aquella opción cero, diciendo, además, que se estaba
exagerando sobre la situación. Después, cuando no hace ni un año de que
las medidas se han puesto en marcha, su portavoz en el parlamento de
Castilla-La Mancha se opone a otra solución que es, en definitiva, la que
usted plantea en la moción: las ayudas compensatorias que se dan a los
agricultores por dejar de regar o por dejar de regar en un porcentaje o
por reducir su consumo de agua en un determinado porcentaje. Y lo que
viene a proponer usted ahora en el punto número uno es la continuidad
durante otros cinco años del programa de compensación de rentas.
El acuífero 23, al que se le calcula una capacidad de gasto, de consumo
de agua anual para estar equilibrado, de aproximadamente 250 hectómetros
cúbicos anuales, hace tres años consumía más de 500 hectómetros cúbicos
anuales. Había, por tanto, una sobreexplotación. A partir de ahí es
cuando se plantea la posibilidad de que se llegue
a un consumo menor de 300 hectómetros cúbicos. Esto nos llevaría durante
15 ó 20 años a un proceso de equilibrio total del acuífero 23 y supondría
la regeneración segura de las Tablas de Daimiel. Mientras, se arbitran
una serie de soluciones coyunturales y una de ellas sería, precisamente,
la compensación de rentas para que los agricultores reduzcan el consumo
de agua. Para ello, se establece que los agricultores reduzcan en un 50
por ciento el consumo de agua, por lo que reciben una compensación
económica de 27.150 pesetas por hectárea. Si lo redujeran en un 70 por
ciento, recibirían una compensación económica de 45.150 pesetas por
hectárea. Si lo pueden hacer a un cien por cien recibirían una
compensación de 63.000 pesetas hectárea.
Usted sufre una confusión. Si ese agricultor puede cultivar esas tierras
en secano, recibiría las ayudas correspondientes de la PAC, pero usted
dice aquí que propongamos a la Política Agraria Común que aquel
agricultor que deja de regar y recibe una compensación por dejar de regar
y por la no utilización de esa agua, a su vez reciba una compensación
como si estuviera regando y teniendo un cultivo de regadío que no
ejecuta. ¿Usted se ha dado cuenta, en definitiva, que lo que nos está
proponiendo ahí es un fraude ante la Comunidad? Precisamente este
programa acaba de ser inspeccionado por la Comisión Europea. La Comisión
de Agricultura del Senado ha visitado también la zona del acuífero 23 y
ha hablado con agricultores. Por tanto, los señores Senadores que
asistieron a aquella Comisión pudieron tomar buena nota de cómo se estaba
desarrollando el plan.
Muy recientemente, en el mes de enero, ese plan ha sido inspeccionado por
la Comunidad Europea. El grado de satisfacción de la inspección de la
Comisión es alto y me imagino que emitirá su informe pronto. Los
resultados, desde este punto de vista, son positivos. ¿Cómo puede
ocurrírsele a usted, o a quien le haya pasado ese papel que ha recorrido
algunos otros despachos...
El señor PRESIDENTE: Señor Senador, le rogaría que concluyera porque su
tiempo terminó ya.
El señor GALAN CANO: Muchas gracias. Acabo en dos minutos, señor
Presidente.
¿Cómo puede usted plantearnos que propongamos un fraude a la Comunidad en
este punto? Los otros puntos que usted propone se están realizando en
este momento. Por eso, le indico que, quizás, en su idea de subirse al
carro no tiene en cuenta que el punto dos, que habla de un plan
específico de regadíos para los acuíferos 23 y 24 con nuevas tecnologías
de ahorro de agua, no sólo se está elaborando por la Comunidad Autónoma y
por el Gobierno de la nación, sino que se está haciendo con las
comunidades de regantes y éstas están, precisamente, de acuerdo en este
aspecto. Yo sé que se han opuesto a las opiniones del portavoz de su
Grupo en el parlamento castellano-manchego y que las propias comunidades
de regantes ya han tenido su debate sobre este aspecto.
En cuanto al plan de reforestación, hemos de preguntarnos si se puede
pedir un plan más especial del que en este momento se está ejecutando por
parte de la comunidad autónoma en colaboración con el Gobierno de la
nación.
Habla usted de un plan integral de depuración de todos los vertidos que
puedan llegar al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, plan de
depuración en ejecución que pongo, señor Senador, en su conocimiento...
El señor PRESIDENTE: Señor Senador, le ruego que concluya.
El señor GALAN CANO: Enseguida concluyo, señor Presidente.
Unicamente le quiero ilustrar que ese plan está en marcha, que es de
aproximadamente 17.000 millones de pesetas y que está adjudicada la
reforma de la depuradora de Alcázar de San Juan.
Si me lo permite, señor Presidente, haré una alusión al último punto
siete que ha añadido por enmienda el Grupo Parlamentario Popular. Creo
que es muy grave porque no sólo se nos propone un fraude, sino que se nos
propone una cosa que resulta bastante inexplicable. Se nos propone que el
Estado compre, de las 106.000 hectáreas afectadas por este plan, las
concesiones de agua y que se abandone el cultivo de esas más de 100.000
hectáreas. Nos está proponiendo una estatalización del agua, cuestión
curiosa que habrá que tener en cuenta.
El señor PRESIDENTE: Senador Galán, concluyó su tiempo. (Rumores.)
Silencio, por favor.
El señor GALAN CANO: Y nos está proponiendo un abandono...
El señor PRESIDENTE: Senador Galán, le ruego que concluya ya.
El señor GALAN CANO: Concluyo, señor Presidente, diciéndole que nos
propone un abandono de más de 100.000 hectáreas en unos cultivos de
regadío en plena Mancha.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Abrimos el turno de portavoces para aquellos grupos parlamentarios que no
hayan intervenido todavía en el debate. (Pausa.) (El señor Molina García
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Está ya cerrado el debate y las señoras y los
señores Senadores van a proceder a someter a votación la moción con pleno
conocimiento de causa. Muchas gracias. (El señor Molina García pide
nuevamente la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿En qué concepto me pide la palabra?
El señor MOLINA GARCIA: Como compensación de tiempo de las dos
intervenciones, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Lo lamento mucho, pero no hay compensación de
tiempo, porque no habría mucha diferencia
entre el tiempo consumido por su señoría y por el otro interviniente.
Esta suficientemente agotada, en mi opinión, la cuestión.
Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación el texto de la moción consecuencia de
interpelación suscrita por el Grupo Parlamentario Popular, que se publicó
con fecha 20 de diciembre de 1994, con la modificación incorporada por
enmienda a ese texto que fue conocido por la Junta de Portavoces y la
Mesa esta misma semana.
En esos términos sometemos la moción a votación. Se inicia la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a
favor, 92; en contra, 120; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A
QUE REALICE LAS REFORMAS LEGISLATIVAS NECESARIAS PARA QUE SEA REDUCIDA LA
EDAD DE LOS NIÑOS QUE PUEDEN PERMANECER EN PRISION CON SUS MADRES
RECLUSAS. (662/000119.)
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a someter a debate la moción
del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que
realice las reformas legislativas necesarias para que sea reducida la
edad de los niños que pueden permanecer en prisión con sus madres
reclusas, publicada en los boletines correspondientes con fecha 6 de
febrero de 1995.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la Senadora Tesoro Amate.
La señora TESORO AMATE: Muchas gracias, señor Presidente.
La intención de esta moción es instar al Gobierno para que, previos los
estudios necesarios, rebaje la edad que establecen nuestras leyes y
Reglamento Penitenciario para que los menores permanezcan en prisión con
sus madres presas, que ahora es de seis años.
El número de mujeres en prisión se ha incrementado en los últimos diez
años mucho más rápidamente que el de los hombres. Entre 1980 y 1994, el
número de mujeres presas se ha multiplicado por ocho, pasando de 487 en
1980 a 3.997, lo que supone un incremento de un 800 por ciento.
Este rápido crecimiento ha provocado, a pesar de la puesta en
funcionamiento de nuevas prisiones para mujeres, que la situación de este
colectivo esté ubicada en espacios claramente insuficientes en los
centros antiguos, celdas colectivas, sobreocupación en algunas de ellas,
masificación en varios centros y manifiesta insuficiencia de los espacios
destinados a actividades educativas, formativas, laborales y deportivas.
En lo que respecta a la sobreocupación, como una ley casi universal, si
mal están los varones, mucho peor están las mujeres. Hay una excepción en
las nuevas cárceles de mujeres de Alcalá de Guadaira, Avila y
Carabanchel. En su mayor parte, la población femenina reclusa cuenta
entre 21 y 35 años de edad, lo que supone que son mujeres fértiles, la
mayoría con muchos niños.
La actividad de la mujer en prisión es mayor que la de los hombres; son
más participativas. En términos porcentuales, casi el doble: un 44 por
ciento de las mujeres frente a un 22 por ciento de los hombres. También
cabe destacar la altísima tasa de analfabetas: un 22 por ciento de
mujeres frente a un 7,4 por ciento de hombres. Existe otro dato que
todavía me parece más estremecedor: cerca de un 20 por ciento no es que
sean analfabetas sino que no han pasado nunca por la escuela, frente a un
7,3 por ciento de los internos.
Para terminar con esta serie de rasgos característicos de la población
reclusa femenina, tendré que decir respecto a la situación
socio-sanitaria que reciben escasos ingresos al mes --las que los
tienen--, realizan trabajos marginales, no tienen domicilio fijo, están
en paro, etcétera.
En lo que respecta al aspecto sanitario, el porcentaje de población
reclusa femenina presenta factores de riesgo para la transmisión de
enfermedades por vía parental y sexual, que es muy elevado. Un 22,6 por
ciento de las mujeres reclusas en nuestras prisiones presenta una
prevalencia de la infección del sida, no desarrollada en muchas la
enfermedad lo que se denomina seropositivo.
Pues bien, con estas mujeres, con esta situación socio-laboral y
sanitaria, con estas características que acabo de describir, conviven
hijas e hijos de presas de corta edad porque la Ley y el Reglamento
penitenciario posibilitan que hasta la edad de escolarización obligatoria
puedan estar con sus madres. Actualmente en las prisiones españolas hay
en total 221 niños que permanecen con sus madres. Nuestra normativa
establece el término «podrán», interpretado como una potestad de la
Administración y recurrido, si quisiera restringirse, ante el juez de
vigilancia. Dicha normativa dice que no se puede negar, si la madre
insiste, tener al niño en prisión. Pero hay que considerar esta
posibilidad como un derecho del niño, que no puede ni debe utilizarse
como un derecho de la madre. Incluso, a veces --nos lo dice Instituciones
Penitenciarias--, hay quien ha fingido filiaciones para obtener alguna
ventaja en el régimen penitenciario.
Por tanto, éste es el dilema: en interés siempre del menor, ¿debe nuestra
legislación mantener la posibilidad de que los hijos menores de seis años
permanezcan con sus madres reclusas en las prisiones o, por el contrario,
es mejor para ellos, sobre todo a partir de los dos o tres años, un
sistema de servicios públicos y privados, como instituciones de
ayuntamientos, Comunidades Autónomas, familias en acogimiento, etcétera,
que los atienda mientras sus madres están cumpliendo condena? Existen,
por tanto, dos intereses no siempre coincidentes, como son el derecho de
las madres a permanecer con sus hijos y el de éstos a ser atendidos
debidamente. En cuanto a las madres, ejerciendo
los derechos de la patria potestad y la facultad que les otorga la Ley y
el Reglamento penitenciario de poder pretender mantener a sus hijos con
ellas, en todo caso y cualesquiera que sean las consecuencias.
Los cambios legislativos que han de darse, creemos que han de ser al
amparo y como reflejo del artículo 39 de la Constitución, que establece
que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos
internacionales que velan por sus derechos. En Europa se ha reducido la
edad; ya no hay casi ningún país que, desde luego, los mantenga hasta los
seis años; en Francia se ha limitado la edad a los 18 meses; en Italia a
tres años y en Dinamarca a uno.
La Declaración de los Derechos del Niño dice en uno de sus principios que
el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y
servicios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual
y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de
libertad y seguridad. El período de los ocho a los 18 meses es crítico;
el niño es vulnerable y la separación podría constituir un hecho crucial
por lo traumática que en sí misma, si no se provee al niño de un ambiente
familiar alternativo. A esas edades --en opinión compartida de sicólogos
y pedagogos-- la separación hijo-madre es desaconsejable. En cuanto a lo
que hay que hacer a partir de los dos o tres años hasta los seis, es
opinión contrastada que durante los tres o cuatro años de vida quedan
fijadas ciertas impresiones y establecidas formas de reacción ante el
mundo exterior, que no pueden ser despojadas de su importancia y sentido
por ningún suceso posterior. Además, el niño es capaz de mantener
recuerdos de sus años en la cárcel, que pueden influirle negativamente
durante su vida adulta.
No se debe aceptar, pues, como verdad universal e indudable la creencia
de que los niños con quien mejor están siempre es con sus madres. Es más
cierto que en determinadas circunstancias, como la que nos ocupa, no
siempre lo es. Infundados derechos y sensiblerías --creo que ya
trasnochadas y superadas-- pueden perjudicar a esos niños para el resto
de sus vidas. Y, además, existe un argumento desde el punto de vista
legal; si las entidades públicas, en virtud del principio del interés
superior del niño, asumen la tutela automática de los hijos de las madres
que, aunque en libertad, se ven imposibilitadas para atenderles --no
pueden, no quieren o no saben, por razones morales, sociales o
materiales, no siempre imputables a ellas--, entendemos que debe darse el
mismo tratamiento a aquellos niños y niñas cuyas madres están ingresadas
en centros penitenciarios, cuyo ambiente y circunstancias no son las más
adecuadas para su formación y educación integral.
Quizás ha llegado la hora de arbitrar medios y actualizar normativas que
han quedado caducas con el paso del tiempo. Hace algunos años se pensaba
que quizá la mejor solución para este problema era la vida en común en
prisión de madre e hijo. Actualmente existen numerosas vías para
proporcionar a estos niños una buena educación, sin desvincularlos
totalmente de sus familias como casas de acogida, ayuda a familias
extensivas, ONG, como Nuevo Futuro que trabaja codo con codo con
Instituciones Penitenciarias, hogares dependientes de las Comunidades
Autónomas, familias en adopción o en acogimiento familiar, pisos
tutelados, tanto de Asuntos Sociales como de las propias instituciones
penitenciarias donde las mujeres pueden cumplir condena como alternativa
a la estancia en prisión. Pensamos que esas entidades deben velar por los
menores hasta que sus madres puedan atenderles en libertad y que se
evitarían secuelas posteriores a causa de su infancia en prisión. La
Secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias decía que cuantos
menos niños en prisión, mejor, y que cuanto más baja sea su edad, mucho
mejor.
Para terminar, quiero hacer mía --en este caso con mucho más motivo-- una
cita de una ilustre pensadora y jurista, como Concepción Arenal que
decía: odia el delito y compadece al delincuente. Cuántos más deben ser
nuestros sentimientos para los hijos e hijas de esas mujeres presas que
sin culpa alguna permanecen en prisión.
Muchas gracias, señoras y señores Senadores. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Senadora.
¿Alguien quiere utilizar el turno en contra? (Pausa.)
Abrimos el turno para los grupos parlamentarios que todavía no han
intervenido.
En primer lugar, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, el Senador Torrontegui Gangoiti.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, la moción original se resume en un contenido
muy general en que esta Cámara debiera instar al Gobierno a que realice
las reformas legislativas necesarias para que sea reducida la edad de los
hijos que permanecen en prisión con sus madres presas.
La exposición de motivos y la defensa de la moción indican el constante
crecimiento y la constatación de la mayor participación de la mujer en la
sociedad, incluso cuando se trata de la privación de la libertad y, por
tanto, también existe la inadaptación de las celdas para este colectivo
de mujeres, no sólo por el hacinamiento, debido al exceso de presos sobre
el medio y espacios, sino porque este medio no resulta adecuado para
solventar una rehabilitación de los extraños a esta sociedad, a veces
frustrante para determinados colectivos que se niegan a aceptar una
realidad poco ética desde su punto de vista. Actualmente existen 221
niños que permanecen con su madres presas. Realmente y de forma general
diríamos que no son muchos, pero nos parecen más que suficientes para que
se les tenga en cuenta. Conviene adaptar la legislación a la situación
actual.
Nuestra Comunidad Autónoma en el País Vasco --a la que todavía tengo el
honor de representar en esta Cámara-- no tiene competencias respecto de
los centros penitenciarios. No obstante, nos preocupa sobre todo este
colectivo de niños indefensos que no debieran sufrir como consecuencia de
madres inadaptadas a una sociedad y de unas normas existentes cuya
mejora, a través de esta Cámara, está en nuestras manos.
Nuestra opinión es que se abra un debate previo antes de tomar una
decisión para determinar una edad concreta. Creemos que es mejor estudiar
los casos particulares y que prive más la calidad que la limitación de
una edad. Creemos que es mejor que exista un elemento objetivo, un
consejo social, un defensor del menor, que analice y decida. Existirán
familias que puedan recoger al niño, pero serán una minoría; también
existirán instituciones específicas, pero es lógico que no podamos
conceder a determinadas madres la posibilidad de que se valgan y abusen
de la inocencia de sus propios hijos para ampararse personalmente y vaya
en perjuicio claro de sus descendientes. Sin embargo, tampoco creemos que
la política deba ser la de desgajar de este vínculo natural
insustituible.
Nuestro Grupo sugeriría que se realizara un debate en el que se incluyese
no sólo este problema de privación de libertad, sino que, estudiando a
fondo la falta de adaptación de los medios e instrumentos anejos a la
prisión, se realizaran adaptaciones de espacios y se fomentaran medios
personales para realizar actividades educativas, formativas, laborales,
deportivas, pero, sobre todo, constructivas, cuyo objetivo fuese la
rehabilitación o readaptación tanto de los presos como de los indefensos
niños y niñas que residen en las cárceles como medio habitual.
Asimismo, se debería involucrar al Ministerio de Educación para estudiar
en serio el concepto de alumnos con necesidades de educación especial,
tanto por las dificultades del niño como del entorno; un profesorado
específico de preparación propia, tratando de adaptarse a los procesos de
enseñanza individualizada y específica. También convendría preguntar --de
hecho, la señora Senadora Socialista ha preguntado y conoce lo que ocurre
también en otros países-- a algunas Comunidades Autónomas, como la
catalana, por ejemplo, que creemos que son pioneros en temas de educación
específica; convendría conocer en profundidad las condiciones carcelarias
y su influencia con las carencias o relaciones maternales. Nuestro
convencimiento está en primar el desarrollo físico, mental y social de
estos menores, y cualquier esfuerzo en este sentido sería el de fijar una
edad concreta inamovible, como existe actualmente, estando de acuerdo en
que se debería rebajar esas edad de los seis años, aunque no podríamos
decir si el ideal serían tres o cuatro los años de estancia con la madre,
teniendo presente la consciencia y la relación con el entorno del niño.
Por lo tanto, apoyamos que se estudie y se tome una decisión en este
sentido, pero no desgajando de la mano de la madre a los hijos por un
criterio legal inflexible, sino por estar convencidos de la mejora a la
adaptación social de este colectivo de libertad condicionada.
Con esta opinión que, en nombre de mi Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, he expuesto, me gustaría aprovechar este momento,
si el señor Presidente me concede la oportunidad, para despedirme de esta
Cámara, agradeciendo muy sinceramente la preocupación que el señor
Presidente ha tenido siempre para con nosotros y para conmigo en
particular, para que nos sintamos cómodos en este medio que a veces se
nos hace duro y extraño por nuestra representatividad minoritaria y por
dificultades de comprensión, no solamente por la utilización de nuestra
segunda lengua, sino también por nuestras concepciones políticas.
De igual forma, agradezco al resto de los señores y señoras Senadores, a
los que, si de alguna forma hemos podido molestar, nunca ha sido de forma
consciente o con ánimo de dañar, sino con el apasionamiento que a veces
excede nuestra comunicación y, por lo tanto, pediría comprensión.
Agradezco también a los señores letrados, taquígrafos y demás
funcionarios y empleados de la Casa que han colaborado a que nuestra
estancia aquí fuese más agradable.
Nada más, señor Presidente; muchas gracias. (Fuertes aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Torrontegui. Mucha suerte y
mucha salud.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
Senador Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario por supuesto que va a apoyar esta
moción presentada por el Partido Socialista. Este Senador comparte todos
y cada uno de los puntos de la exposición de la Senadora Tesoro Amate. No
somos especialistas en esa materia ni tenemos los conocimientos precisos
para vislumbrar todos los datos que nos ha dado la Senadora pero, por
intuición de las personas que nos dedicamos un poco a esto y tenemos
algún pequeño conocimiento, creo que están bastante acertadas.
La situación de los niños en las cárceles es una situación anormal, es
una situación deplorable. Aparte de los problemas de sobreocupación y
masificación, está claro que en la formación de una personalidad
incipiente en ese medio reducido y constreñido, que es malo para
cualquier persona, puede dejar uno gran marca.
Yo lo único que quería indicar al respecto es que creo que personas con
la sensibilidad de la Senadora Tesoro Amate deberían tener mayor
presencia en las políticas de su Partido. Llevan doce años gobernando,
conocen la situación, conocen el Derecho comparado, hay todos esos
estudios, etcétera, pero más vale tarde que nunca. Mi reconocimiento a
las personas que están en el Partido Socialista con esa sensibilidad a
las que pediría que hicieran un poco más de presión a ver si tienen algo
más de peso en las decisiones de su partido.
Por mi parte nada más y, con una pequeña licencia del señor Presidente,
si me la concede, como Senador que ha intervenido detrás del Senador
Torrontegui, quisiera darle nuestro adiós más cariñoso, reconocerle
públicamente la dedicación, la labor y el trabajo que ha desempeñado en
esta Cámara y decirle que todos vamos a perder un poco a un amigo y a un
compañero.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: Con la venia del señor Presidente, quisiera
manifestar el criterio del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
La moción de la Senadora Tesoro Amate es oportuna ya que pretende regular
una situación que hasta el momento carecía de un tratamiento regulado
moderno. Creo que todos los Grupos están o deberían estar de acuerdo con
la iniciativa, pero lo que se impone es convenir las condiciones en que
debe establecerse la estancia de menores, hijos de reclusas, en centros
penitenciarios.
El Departamentos de Justícia de la Generalitat de Cataluña, con
competencias en materia penitenciaria, mantiene los siguientes criterios:
preeminencia del interés superior del menor en relación con el de la
madre reclusa. Así, con el fin de garantizar el desarrollo efectivo y
afectivo del niño y su equilibrio, debemos evitar durante los primeros
meses de vida separarlo de su madre, considerando los factores evolutivos
--básicamente la aparición del primer lenguaje--, período comprendido
entre los cero y los 24 meses. Al mismo tiempo, y para admitir el ingreso
de un niño en un centro penitenciario se deberá demostrar tanto su
filiación como el que no exista una medida de guarda legal alternativa.
También deben contemplarse excepciones a esta situación cuando concurran
circunstancias que lo desaconsejen, como pueden se la existencia de
factores en la madre que impidan el cuidado material y afectivo de su
hijo, la concurrencia de un trastorno psiquiátrico que la incapacite,
existencia de enfermedades graves de tipo infecto-contagiosa, detección
de un proceso de toxicomanía, etcétera. Deberá pensarse esencialmente en
la organización de una estancia en los centros penitenciarios de los
menores, de manera que se aseguren unas condiciones favorables al
desarrollo psíquico y afectivo. Los profesionales del centro, a los que
aludía la Senadora Tesoro Amate, deberán planificar las actividades de la
madre reclusa con el fin de garantizar una educación integral para los
hijos de las internas, utilizando las guarderías del propio centro y, si
no las hubiere, las guarderías de medio comunitario.
Concluyendo, a partir de los 24 meses es necesario favorecer la
permanencia de los niños fuera del medio penitenciario para evitar que se
interfieran en el desarrollo intelectual y afectivo. Segundo, asegurar
una acogida favorable en la comunidad que facilite una separación no
traumática entre la madre y el niño, facilitando la frecuencia de las
comunicaciones madre-hijo tan amplias como sea posible y en un ambiente
adecuado. No obstante, debe hacerse referencia a exclusiones cuando sea
recomendable que un niño mayor de 24 meses deba estar con la madre y en
prisión, pero esto únicamente cuando por las características
socio-culturales sea aconsejable la convivencia del niño con la madre
como, por ejemplo, pertenecer a un entorno lingüístico o cultural
distinto y que no existan vínculos en el exterior, como sería el caso de
ser hijo de inmigrantes, etcétera.
Yo quisiera acabar mi informe, con la venia, señor Presidente,
dirigiéndome también al Senador Torrontegui. Sus señorías saben que entre
la gente de mi Grupo, y muy particularmente entre la sociedad
democrática, y el Grupo político al que pertenece muy dignamente el
Senador Torrontegui, el Partido Nacionalista Vasco, hay vínculos de
afinidad ideológica. Compartir estos escaños con individuos de la
categoría del Senador Torrontegui ha sido para mí una escuela y ha sido
muy reconfortable. En todos los debates, incluso cuando hemos disentido,
siempre ha habido palabras fraternales entre unos y otros y cuando me
enteré de que el Senador Torrontegui cesaba en su condición de Senador
tuve un verdadero disgusto. Pienso dirigirme a los líderes de su Partido
para indicarles lo erróneo de su decisión. (Risas.) Quiero trasladar de
alguna manera al Senador Torrontegui mi afecto personal y el de mi Grupo.
Nada más, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Vallvé.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Urzay.
La señora URZAY URQUIZA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Popular va a dar su
apoyo a la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista en la
Cámara.
No me duelen prendas al decir que es una moción oportuna y necesaria a la
vista de la situación en la que se encuentran desde hace muchos años los
hijos de mujeres presas en las cárceles. Pero también tengo que señalar
que mi Grupo ha sido el primero en plantear esta cuestión, como lo
acredita la intervención del portavoz del Grupo Popular, don Ignacio Gil
Lázaro, en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los
Diputados, conocido en esta Cámara puesto que fue Senador en la IV
Legislatura. La fecha de esa intervención fue el día 9 de mayo de 1994 y
en ella ponía de manifiesto que los niños que permanecen junto a sus
madres en prisión tienen que soportar unas deleznables condiciones de
vida, marcadas por ese hacinamiento y por todas las consecuencias
negativas que el hecho mismo de la prisión comportan. Son sus palabras
textuales, según consta en el «Diario de Sesiones».
También resalto aquí y ahora la intervención de la Diputada del Grupo
Popular en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, del día 14 de
diciembre de 1994, doña Belén do Campo. La realidad es que ha
transcurrido mucho tiempo desde que el Partido Popular planteara este
problema hasta el día de hoy. La convivencia de los hijos con las madres
que se encuentran en prisión hay que considerarla en los distintos
aspectos que tiene de negativo y positivo. Lo que puede ser positivo,
visto desde la situación de la madre, puede ser o no ser positivo desde
la situación del hijo y viceversa. Visto desde el lado de la madre, los
aspectos positivos son: el mantenimiento de la relación con su hijo, con
lo que tiene esto de positivo para la vida posterior al período de
reclusión y también con lo que tiene de positivo durante el período de
internamiento al dar a la madre un equilibrio emocional, un sentido de
autoestima y una ocupación de carácter general.
En el aspecto negativo estarían, tal vez, las dificultades de la madre
para resolver problemas de su hijo en un ambiente,
el de la prisión, donde las posibilidades de la madre están limitadas por
el régimen interno de la prisión. Dicho de otra manera, en algún caso la
presencia del hijo en la prisión puede llevar a la madre a situaciones de
ansiedad que se sumen a la normal presión psicológica derivada de la
reclusión.
Por lo que se refiere a los hijos, se pueden considerar aspectos
positivos y negativos derivados de la convivencia con sus madres en la
prisión. Positivo es la misma convivencia que mantiene la unidad
familiar; la reducción de la tendencia al rechazo cuando el hijo se haga
mayor por el hecho de que su madre haya estado en prisión, y el hijo
abordará todo esto de un modo más natural, ya que es parte de una
vivencia común con su madre. También es positivo en algunos casos el que
el niño no se encuentre semiabandonado en manos de familiares, tal vez
con pocas ganas de cuidarlo.
Pero si repasamos los aspectos negativos, tenemos que, a pesar de todos
los intentos de la sociedad por dignificar las cárceles y a pesar de todo
el esfuerzo educativo que se hace en ellas, hemos de convenir que la
densidad de personas con problemas y desarreglos de conducta social es
más grande dentro de las cárceles que la densidad que existe en el
exterior de ellas. En estas circunstancias, los riesgos de que los hijos
de las mujeres presas reciban influencias negativas del ambiente son
mayores, en general, a los que tendrían en el exterior de la cárcel. No
sólo existen influencias negativas de otras internas, sino que además la
reducción del espacio y las condiciones de vida hacen que el niño esté
demasiado próximo y con demasiada frecuencia al mundo de los adultos, con
un sinfín de problemas que tal vez perciba y no entienda.
Toda esta reflexión, que con seguridad nos hemos estado haciendo todos
esta mañana, viene a decir al final varias cosas, desde nuestro punto de
vista: que la convivencia de los hijos con las madres dentro de la
prisión presenta aspectos complejos; que no siempre coincidirá lo que es
bueno para la madre y lo que es bueno para el hijo; que la coincidencia
entre lo que conviene a la madre y al hijo varía con la edad del hijo.
Hay que tener en cuenta que el cuidado de los hijos cuando sus madres
están en la cárcel tiene la posibilidad de ser llevada a cabo por otros
caminos: en el seno de la familia que está fuera de la prisión y dentro
de instituciones dedicadas al cuidado de los niños. Estas soluciones, que
también pueden tener problemas, funcionan bien en muchos casos y hay que
intentar que se mejoren.
La segunda idea es que en caso de conflicto de intereses la sociedad debe
prestar atención especial al cuidado del más débil y del que está en
etapa de formación, que en este caso es el hijo. Por eso decimos que es
conveniente limitar la estancia de los hijos con sus madres en la prisión
a una edad en la que empiezan a ser receptivos de ideas, porque aparte de
las consideraciones que hacen los psicólogos y pedagogos, dando
importancia en el desarrollo de la personalidad a las influencias
recibidas, también está nuestra propia experiencia vital. La frontera de
los 5 ó 6 años suele separar nuestros recuerdos fragmentados y caóticos
de otra etapa donde ya recordamos hechos relacionados, donde iniciamos
aprendizajes sistemáticos de las cosas y, sobre todo, donde empezamos a
desarrollar el sentido moral.
Al inicio de mi intervención decía que esta moción es oportuna, aunque no
puedo dejar de manifestar que el alcance de la misma nos parece corto,
porque en vez de una mera declaración de intenciones dejada al albur de
la posterior acción gubernamental, el grupo proponente podía haber
utilizado el procedimiento directo de la proposición de ley de reforma
del artículo 38.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. El Grupo
Popular utilizará esta iniciativa en el Congreso de los Diputados con la
intención de reducir a la edad de 3 años la edad máxima de permanencia de
los hijos con sus madres en el interior de los establecimiento
penitenciarios.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que esta reducción de la edad de
vida ha de ir acompañada de un esfuerzo por parte de la administración
penitenciaria para concluir convenios de colaboración con las
administraciones autonómicas, provinciales y locales, así como entidades
privadas, a fin de establecer un mejor soporte institucional y social de
ayudas a internas con hijos.
Me gustaría resaltar y poner de manifiesto que, más allá del problema
específico del que se ocupa la moción, lo cierto es que el incremento ya
experimentado de la población reclusa femenina y el que sin duda va a
seguir produciéndose en los próximos años, a juzgar por los datos de
todos conocidos y expuestos con detalle por la Senadora doña Martirio
Tesoro, obliga a unas previsiones de la administración penitenciaria y
todavía no parece que se haya planteado con la intensidad que la cuestión
requiere.
Teniendo en cuenta la importancia del problema que nos ocupa, resulta
obvio que además existe un importante vacío legal en esta materia. La Ley
Orgánica General Penitenciaria en el artículo 38.2 que ha señalado
establece que en los establecimientos o departamentos de mujeres podrá
existir un local habilitado para guardería infantil y educación
preescolar, con el fin de que las internas puedan tener en su compañía a
los hijos que no hayan alcanzado la edad de escolaridad obligatoria que,
según establece la LODE y la Logse, es de 6 a 16 años.
Señor Presidente, señorías, existen tales carencias en los centros
penitenciarios y especialmente en los de mujeres, como también ha hecho
constar la Senadora Tesoro, que para no cansarles les recomiendo la
lectura del informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 1993, en el
que da cuenta de la penosa situación de los establecimientos
penitenciarios y que, en definitiva, es la que padecen los hijos de las
internas.
Me gustaría terminar como aquel ilustre castellano --soy Senadora por
Castilla y León-- que decía que en medio de la noche oscura del alma
caminaba sólo con la luz que en su corazón ardía. Creo que nosotros
debemos buscar la luz que arde en nuestros corazones en bien de la
sociedad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Senadora.
Vamos a someter a votación la moción por asentimiento. (La señora Tesoro
Amate pide la palabra.) ¿En concepto de qué pide la palabra, señora
Senadora?
La señora TESORO AMATE: Deseo intervenir muy brevemente, señoría, y ruego
al señor Presidente que diga por qué artículo me la concede, si puedo
hacerlo en el turno de las despedidas o en el turno de los
agradecimientos.
El señor PRESIDENTE: Por cualquiera de ellos tiene su señoría la palabra.
(Risas.)
La señora TESORO AMATE: Muchas gracias, señor Presidente.
Al Senador Torrontegi le diré dos cosas con mucha brevedad. Una, que no
me parece que haya que pedir justificación por el apasionamiento. Senador
Torrontegui, la que les habla también es una mujer apasionada. Sólo
convence el que está convencido. Si el apasionamiento surge de nuestras
propias ideas y convicciones, bienvenido el apasionamiento. Buena suerte
y muchas gracias por sus enseñanzas.
El señor Travieso dice que apoya la moción en todos sus puntos, y nos
pide que hagamos más presión. ¡Qué más quisiéramos algunos Senadores y
Senadoras que poder tener más peso en algunas de nuestras decisiones!
Pero debo decir que es la propia Administración, Instituciones
Penitenciarias, y constan en el «Diario de Sesiones» de la Comisión de la
Mujer, en la que compareció doña Paz Fernández Felgueroso, parte de las
ideas que yo he expuesto aquí. Es el propio Gobierno quien lo ha
impulsado con la comparecencia de la señora Fernández Felgueroso, cuyas
palabras eran: Por favor, vamos a arbitrar las medidas para que haya
menos niños y menores en las prisiones.
Senador Vallvé, todos los niños que están en prisiones con sus madres
están escolarizados, desde el nido hasta los seis años; unos, en las
propias prisiones, y otros, en las escuelas infantiles que hay en los
municipios. Los miembros de la Comisión de la Mujer hemos tenido ocasión
de visitarlos en Alcalá de Guadaira, en Carabanchel-Mujeres, incluso esta
Senadora que les habla.
Para terminar, nos alegramos de que el Grupo de la Senadora Urzay se haya
adelantado, pero para distender también en este tema, debo decir lo que
un concejal del Grupo Parlamentario Socialista le decía a uno del Grupo
Parlamentario Popular en mi Ayuntamiento: Llegaron sudando al andén
cuando ya había partido el tren. (Risas.) Ya lo habíamos presentado
nosotros.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Entiendo que puede ser aprobada por asentimiento la moción del Grupo
Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que realice
las reformas legislativas necesarias para que sea reducida la edad de los
niños que pueden permanecer en prisión con sus madres reclusas. (Pausa.)
Así se declara.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO PARA QUE SE DIRIJA A LA UNION EUROPEA Y SOLICITE DE ESTA LA
DECLARACION DE ZONA DE SEQUIA ESTRUCTURAL PARA AQUELLAS QUE, EN EL
TERRITORIO ESPAÑOL, SE ENCUENTREN MAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR ESTE
PROCESO. (662/000118.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
por la que se insta al Gobierno para que se dirija a la Unión Europea y
solicite de ésta la declaración de zona de sequía estructural para
aquellas que, en el territorio español, se encuentren más afectadas
directamente por este proceso.
A esta moción se había presentado una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Socialista que supongo que se retira puesto que hay otra
posterior que viene con el apoyo de cinco grupos parlamentarios. Por lo
tanto, para la tramitación nos ajustaremos a las reglas.
Está claro, puesto que lo firma, que el Grupo Parlamentario Popular está
de acuerdo con la admisión a trámite de la propuesta de modificación. En
esos términos, damos la palabra al representante y portavoz de dicho
Grupo, Senador Bellido, para la defensa de la moción.
Tiene su señoría la palabra.
El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En septiembre de 1993 subía a esta tribuna solicitando de sus señorías la
aprobación de una moción que pretendía que, entre todos, elaborásemos una
ley de sequía en base a un proyecto remitido por el Gobierno que pusiese
fin a la situación de transitoriedad que los sucesivos decretos-ley han
generado, a la vez que actuase a modo de resorte que pusiese en marcha
toda una batería de medidas nada más detectarse los síntomas de la
sequía, ofreciendo respuestas casi inmediatas, que entendemos que hoy en
día no se dan, a los diversos problemas que de dicha situación se
derivan. Todos entendíamos entonces la problemática, y creo que incluso
compartíamos en lo fundamental los criterios que expuse, aunque al final
no fuésemos capaces de llegar a ese último acuerdo que se plasma en el
número de votos a favor y en contra.
Había alusión, entonces, a las expectativas que los agricultores y
ganaderos ponían en el resultado de nuestro debate y a la necesidad de no
defraudarles. Como digo, aquella moción no se aprobó y, tras ello, ha
seguido sin llover. Se promulgó un nuevo Real Decreto-ley en el año 1994
que entiendo que llegaba tarde, tanto en el tiempo como en el tipo de
ayuda que contenía, y que una vez más no ha cumplido totalmente sus
plazos en lo relativo a la distribución
de estas ayudas entre los agricultores y ganaderos afectados.
Hemos de reconocer por tanto, y espero que sus señorías lo compartan
conmigo, que una vez más conseguimos defraudar las esperanzas puestas en
nuestra gestión como poder legislativo. Pero es que, además, hemos de
reconocer también que la situación, en lugar de mejorar, ha ido
empeorando desde aquel otoño de 1993 sin que, por el momento, aparezcan
signos que hagan prever una recuperación inmediata. Debido a ello, se han
ido acumulando los daños en el transcurso de estos largos cuatro años de
sequía, colocándonos en una situación no sólo preocupante sino de
desventaja de cara a establecer relaciones de competitividad con otros
países europeos hacia la consecución de distintos mercados.
Se ha venido produciendo un grave deterioro en el sector agrícola y
ganadero que, según un reciente estudio publicado por una organización
agraria, la Unión de Agricultores y Ganaderos, ha provocado pérdidas
cuantificadas en 200.000 millones de pesetas en cada una de las
Comunidades murciana y andaluza; 88.166 millones en el País Valenciano;
80.000 millones en Castilla-La Mancha; 40.000 millones en Extremadura y
más de 20.000 millones en Canarias, lo que representa cerca de 640.000
millones de pérdidas en el Ejercicio de 1994. Pérdidas que, además, han
afectado de una manera más directa a aquellos pequeños agricultores que
se arriesgaron a invertir en mejoras estructurales o de equipamiento que
no han conseguido amortizar, con el consiguiente endeudamiento. Efectos
económicos de la sequía que han repercutido directamente en Andalucía
--tierra que conozco mejor--, afectando a sectores tan básicos como el
del cereal, con pérdidas de 30.000 millones; el olivar, con pérdidas de
23.000 millones, o los cultivos industriales, que han dejado de generar
más de 15.000 millones de pesetas. Un deterioro que pone en grave
peligro, a mi entender, la supervivencia de la agricultura y ganadería de
la mitad meridional de las Comunidades valenciana y murciana y también de
Canarias.
Podríamos hablar, y seguramente nos enfrascaríamos en un debate de horas,
sobre la política hidráulica seguida a lo largo de los últimos años.
Podríamos hacerlo también de las distintas iniciativas que tanto mi Grupo
como el resto de los grupos de la oposición han presentado en esta Cámara
desde el año 1986, relativas todas ellas al grado de cumplimiento y
elaboración en cuanto a los plazos y redacción y aprobación del Plan
Hidrológico Nacional, que ya tuve ocasión de exponer con detalle durante
aquel debate. Y podríamos hacerlo, cómo no, de las condiciones de ingreso
en España en la Comunidad Europea, con la dura reconversión que en muchos
casos supuso para la agricultura tradicional de algunas zonas, como fue
el caso concreto de Canarias, que en su momento el Senador Barbuzano tuvo
la posibilidad de exponer. Pero entiendo que hoy el debate no debemos
centrarlo ni en la política hidráulica del Gobierno, ni en la actividad
parlamentaria de la oposición, ni tan siquiera en nuestro protocolo de
adhesión a las Comunidades Europeas, por mucho que fuese especial y hasta
lesivo para un territorio como el de Canarias, hoy seriamente afectado
por la sequía.
Es cierto que me cabía la posibilidad de ejercer oportunamente el derecho
constitucional que me asiste a la crítica del Gobierno, pero entiendo que
la política hidráulica de los últimos años ahí queda y que con poner de
manifiesto sus errores, que es evidente que han sido muchos, al menos los
suficientes para llegar a la situación en la que nos encontramos, o
también, por qué no, sus aciertos que no dudo que los haya habido en
otras regiones, aunque claramente no en las afectadas por la sequía, no
vamos a conseguir en modo alguno modificar ni sustanciar, ni someramente,
la realidad que vive la España seca. Tampoco hacer especial mención de lo
que fue una honda preocupación de la oposición con respecto al problema
del agua en unos años en los que todavía ésta era abundante puede
reportanos beneficios mayores de los puramente electorales y éstos deben
quedar del todo sometidos a lo que el pueblo agrícola y ganadero espera
de nuestras decisiones de presente. Por último, poco podría decir que no
se haya dicho sobre nuestro ingreso en la Comunidad Europea y la
repercusión añadida que ello tiene en situaciones actuales como la de
sequía. Volver la mirada al tiempo de atrás no representa sino perder la
vista a lo que ahora tenemos delante y sobre todo a ese futuro que
debemos reorientar desde estos momentos.
Por tanto, ¿sobre qué postulados quisiera hoy intentar dirigir esta
propuesta que exponemos a sus señorías? ¿Fundamentalmente sobre dos. Por
una parte, sobre algo que es evidente: la falta de agua que sufre nuestro
país y la incapacidad estructural que tenemos para hacer frente tanto a
la carencia de este elemento como al mejor aprovechamiento del mismo. Por
otra, el objetivo de la propia iniciativa sobre la solidaridad
responsable que de la Comunidad Europea debemos solicitar a fin de que
ante situaciones especiales como ésta responda con ayudas también
especiales que garanticen unos niveles aceptables en cuanto a nuestra
presencia en el seno de la misma referidos al mantenimiento de las rentas
agroganaderas y al logro de la infraestructura necesaria que haga posible
hacer frente a situaciones como la actual con las reservas hídricas
suficientes y la estructura productiva alternativa que garantice los
niveles de ingreso y empleo.
En cuanto al primer postulado, la falta de agua, su evidencia hace
innecesario extenderme en el mismo pero entiendo que si bien se marca una
clara evidencia, es importante entrecomillar y diferenciar aquello que es
agua de lluvia de esa otra de procedencia continental, bien sea sobre
tierra, en el subsuelo o marítima, que el hombre puede utilizar para sus
fines. Porque siendo importante el descenso de las precipitaciones lo es
más nuestra incapacidad para disponer adecuadamente del agua existente.
Así el Catedrático de ingenieros agrónomos don Elías Ferere manifestaba
recientemente que el gran problema ha sido el aumento de la demanda de
agua, fundamentalmente para cultivo de regadío, y en este campo aunque la
investigación y la tecnología de uso del agua ha avanzado mucho no ha
llegado al usuario. En similar sentido se manifestaba el Presidente del
Club de Agua Subterránea, don Rafael Fernández, cuando afirmaba que con
unos buenos estudios integrales y una adecuada política de gestión de
aguas y sondeos las dos terceras partes del territorio español podrían
disponer de recursos de aguas subterráneas. En parecidos términos se han
manifestado personas muy vinculadas al problema del agua reclamando, por
ejemplo, incrementos de hasta quince veces en la capacidad de desalación
de aguas marítimas; actuaciones sobre las redes de distribución de agua
para abastecimiento urbano que en la actualidad presentan pérdidas del 20
al 25 por ciento; mejoras de las estaciones de medición del caudal de los
ríos con errores hoy de hasta el 400 por ciento; promoción de procesos de
recuperación y reutilización del agua industrial y residual; aplicaciones
de nuevos sistemas de regadío para resolver las graves pérdidas actuales
que llegan a superar el 40 por ciento, hasta un largo etcétera.
Por tanto, debemos entender que nuestra actuación política debe dirigirse
en el único sentido posible: el almacenamiento, la captación, la
distribución y la recuperación del agua que la naturaleza pone a nuestra
disposición. Es cierto que para ello hemos de contar con el propio
criterio político de quienes tienen en cada momento competencias para
imponerlo, con lo cual de seguro entraríamos en el debate del Plan
Hidrológico Nacional al que voy aludir y, por supuesto, con los recursos
económicos para hacer frente al coste de las infraestructuras a realizar.
En este sentido el Estado debe realizar un gran esfuerzo, si bien el
ciudadano no puede esperar eternamente a que las citadas inversiones se
lleven a cabo. De ahí que debamos recurrir a otras instancias, en este
caso europeas, a fin de que nos faciliten los fondos necesarios con los
que afrontar la tarea de lograr unos mejores niveles de almacenamiento,
unos más óptimos mecanismos de captación, los más avanzados medios de
distribución o los sofisticados procedimientos de depuración o reciclaje
industrial de las aguas. Con ello podremos hacer frente a esas carencias
que padecemos a la vez que poner unos sólidos pilares que sustenten el
equilibrio necesario entre la cantidad de agua de la que disponemos y
aquella otra de la que hacemos uso.
En relación al segundo postulado que anunciaba que iba a soportar esta
moción, relativo a la solidaridad de la Unión Europea hacia las regiones
españolas dañadas por la sequía, he de señalar que aun no existiendo
antecedentes que los hay, como es el caso del Alentejo portugués, nos
cabe el derecho y al Gobierno la obligación de demandar esa solidaridad
especial plasmada en ayudas concretas que hagan posible el mantenimiento
de la actividad productiva y del entorno medioambiental y humano de una
serie de regiones a fin de que su deterioro no represente un factor
desestabilizador de la propia Comunidad. Decía que existían antecedentes
y efectivamente esto se plasma en dos Reglamentos comunitarios, los
números 787/94 y 3.311/92, que recogen ayudas especiales por la pérdida
de ingresos de agricultores y ganaderos portugueses, caso este que no se
había dado en ningún otro Estado miembro hasta la fecha. Por tanto, en
base a los distintos considerandos que recogían los citados Reglamentos y
que son de total aplicación a la situación que viven distintas regiones
españolas nos acoge el derecho a similares ayudas. Pero amén de ello y de
paliar la disminución de ingresos de agricultores y ganaderos se hace
necesario ampliar el campo en el sentido de que tal declaración de zonas
de sequía repercuta también en un notable incremento de las ayudas
preventivas recogidas a través de los Fondos de Cohesión y destinadas
fundamentalmente a obras de carácter hidráulico forestal que minimicen
los efectos indeseables de la disminución del agua caída por lluvias.
Porque no olvidemos que la sequía no sólo está repercutiendo
negativamente sobre el sector agroganadero, sino que la situación actual
está generando graves trastornos en otros sectores como la industria y el
turismo, y ahí tenemos las recientes declaraciones del Ministro de
Comercio presagiando un verano negro en este sector y desde luego en el
entorno medioambiental con una desertización creciente de nuestro suelo,
una pérdida continua de tierra fértil y la desaparición de humedales de
un indudable valor biológico y ecológico además de la repercusión sobre
el propio ser humano y las condiciones de higiene y salubridad en las que
debe desenvolverse, efectos estos que en muchos casos no reciben ayudas
que restauren las pérdidas económicas y que sólo con medidas que impidan
su aparición y repetición pueden ser paliados.
Termino, señorías, diciéndoles que mi Grupo presentó una moción por la
que se solicitaba el reconocimiento europeo de zonas de sequía
estructural para aquellas que en nuestro país están siendo más castigadas
por este proceso climatológico. A la citada moción, como bien ha dicho el
señor Presidente, se le presentó una enmienda de sustitución por parte
del Grupo Parlamentario Socialista que, al representar prácticamente una
moción alternativa y no ser aceptada por mi Grupo, entiendo que la Mesa
del Senado no la hubiera admitido a trámite. Por tanto, nos quedaban dos
opciones: o bien someter a debate el texto original, sin modificaciones,
intentando rentabilizar políticamente la negativa del Grupo Socialista a
nuestra propuesta, o bien acercar nuestras posturas a través de una
propuesta de modificación del texto oficial. Al final optamos,
evidentemente, por esta última posibilidad, tras distintas propuestas que
han culminado en un texto consensuado.
Estoy convencido de que para el nuevo portavoz de mi Grupo, que apoyaba y
animaba esta negociación, como para el resto de los componentes del Grupo
Popular, y para mí, personalmente, es un honor el que todos, al margen de
nuestras lógicas diferencias, y fundamentalmente en un día en el que
estas diferencias se van a poner más en evidencia en el Congreso de los
Diputados, hayamos dejado a un lado las ataduras partidistas y los puros
intereses electoralistas para llegar a ese último acuerdo del que hablaba
antes y que pretende beneficiar sólo a quienes sufren los efectos de esta
sequía.
Quizá el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista no apoya la
declaración de zona de sequía estructural, que podría haber reportado
beneficios electorales; evidentemente, efímeros beneficios electorales.
Pero me convence más el hecho de que quienes tenemos la responsabilidad
de dirigir el voto en esta ocasión hubiésemos abandonado este hemiciclo
con la conciencia política y personal por los suelos si una vez más
hubiésemos sometido los intereses del pueblo a los puramente partidistas.
Creo que con ello, por
fin, no sólo vamos a conseguir debatir mejor, sino, lo que es más
importante, lograr que el pueblo nos entienda, haciendo uso de una frase
del Senador Ferrer i Profitós.
Por todo ello, voy a solicitar el voto afirmativo de sus señorías para
esta propuesta de modificación, del siguiente tenor: El Senado insta al
Gobierno a que se dirija a la Unión Europea solicitando de ésta ayudas
especiales de tipo estructural, orientadas a resolver problemas de
infraestructura para un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos a
través de los Fondos de Cohesión, y especiales ayudas de tipo coyuntural
de índole económico y política agraria tendentes a resolver los graves
problemas que viven agricultores y ganaderos españoles derivados de la
persistencia de la sequía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bellido.
¿Alguno de los grupos firmantes de la moción conjunta haría ahora uso de
la palabra en turno a favor? (Pausa.)
Abrimos el turno de portavoces.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, dado que ayer debatimos también, aunque fuera digamos que en
términos flojos, el tema de la política hidráulica, me parece que hoy
deberíamos complementar algo lo que ayer dijimos en este sentido.
En primer lugar, quiero decirle al Senador Bellido que la moción está muy
bien planteada y que estamos totalmente de acuerdo, incluso con los
términos que contenía la moción original. Para nosotros el concepto de
sequía estructural existe, y, si no, que se lo pregunten a un canario, si
no hay sequía estructural; sequía estructural permanente, por las
condiciones orográficas y geográficas, incluso, por tratarse de un
archipiélago, etcétera. Por tanto, no sé por qué asusta a nadie ese
término. Así pues, estamos de acuerdo con ella en todos sus términos y
vamos a votar afirmativamente esa otra que tiene la Mesa, ya consensuada,
lógicamente, por todos los grupos.
Pero quisiera elevar un poco el listón y decirles que si no nos ponemos
de acuerdo en este país sobre la política hídrica que hay que llevar a
cabo, que es una cuestión de interés general del Estado, no una cuestión
de una Comunidad Autónoma, de una cuenca, ni tan siquiera de un localismo
mal entendido, dado que el agua es un bien --y no me voy a referir a los
tópicos de escaso, importante, etcétera-- de tal calibre, mal lo vamos a
pasar. Y esto seguirá repitiéndose no estando nosotros ya en esta Cámara,
25 años más tarde; se seguirán trayendo aquí los problemas de la política
hidráulica.
Decía usted que falta agua. No le quiero ni contar. De Madrid para abajo,
hasta el Faro de Orchilla, que está en la isla de Hierro --no hasta
Cádiz, como dicen muchos--, que es lo más alejado hacia el Atlántico que
existe en la isla de Hierro, sabemos de sequías y de falta de agua.
Recuerdo, porque lo he estudiado, que en la I República hubo incluso una
persona, Indalecio Prieto, que intentó lo mismo que se está intentando
ahora, pero lo único que consiguió fue hacer diez o doce pantanos.
Seguimos sin ponernos de acuerdo en este tema y la política hidráulica no
tiene más que lo que nosotros, los canarios, llamamos tres posibilidades,
tres programas o tres formas de encauzarlo. En primer alugar, la
posibilidad de almacenamiento y la distribución de las aguas discurrentes
o superficiales, como se las quiera dominar. En segundo lugar, el
almacenamiento y la distribución solidaria y equitativa de las aguas
subterráneas. La potabilización, que cada día tiene que ser más
importante, como ayer quedó claro, en aras --hago un inciso-- del
abastecimiento público de poblaciones altamente desarrolladas en la costa
(no se le puede quitar agua al agro), por lo que tienen que existir para
ellas otras posibilidades, como las que dan hoy día la tecnología, como
la potabilización. Y la tercera posibilidad, es el aprovechamiento de la
depuración de las aguas residuales, cuestión en la que, por ejemplo,
nosotros, en Canarias, hemos avanzado. Ya las estamos empleando en
determinados cultivos, habiendo experimentado durante diez años que no
producen ninguna distorsión en el producto acabado, el producto recogido
en la mata. Y en eso nos tenemos que poner de acuerdo, y de una vez por
todas, plasmándolo en un plan y comenzar a trabajar en ello urgentemente,
porque urge.
Espero, desde luego, colateralmente a esto, que el hecho puntual y grave
de la actual situación de sequía sea atendida solidariamente por el
Gobierno del Estado, pero no sólo para la piel de toro, porque la sequía
no acaba en Cádiz, sino en la isla de Hierro, que es donde acaba el
territorio del Estado, para que algunos se enteren.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barbuzano.
Tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Señor Presidente, señorías nuestra
intervención hoy no puede diferir mucho de la de ayer, cuando se presentó
una interpelación también por el Grupo Popular, a nuestro juicio no tan
positiva como la moción de hoy. En efecto, ayer fue un debate en parte
ácido, creemos que no del todo positivo, y, en cambio, tenemos que
felicitar en esta ocasión al Grupo Popular por haber planteado una
propuesta muy interesante, muy viable, modificada y, por tanto, mejorada
en su aspecto positivo, de cara a resolver o, por lo menos a paliar este
problema tan grave que constituye la sequía, la denominada tantas veces y
desde antaño pertinaz sequía que venimos sufriendo.
Entendemos que la propuesta que se va a someter a votación dentro de unos
minutos es una propuesta interesante, viable y que, por tanto, va a
permitir que, de acuerdo con las ayudas de los fondos estructurales,
tengamos no vamos a decir resuelto --porque ayer quedó claro que la
sequía, la falta de recursos hidráulicos en España, es un problema a
resolver en 20 ó 25 años, cuando el Plan Hidrológico Nacional esté
realmente en funcionamiento--, pero que cuando menos mediante medidas
positivas como la que se propone hoy el problema pueda ser paliado y
puedan
ser resueltos aquellos casos más urgentes. Es evidente, por tanto, que
nuestro Grupo la va a votar a favor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Arguilé.
El señor ARGUILE LAGUARTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Cuando desde el Grupo Parlamentario Socialista vimos la moción presentada
por el Grupo Parlamentario Popular nos pareció una iniciativa correcta en
una situación como la que está atravesando España en la actualidad y que
viene padeciendo desde hace unos años. Naturalmente, la estudiamos con
detenimiento y con cariño, como se ha podido comprobar, pero también
vinos que tenía un defecto que, en términos políticos, no eran nada
intencionado, sino que podría ser debido a un desconocimiento de la
repercusión que podría tener la acuñación que se ponía en dicha moción de
sequía estructural; por lo tanto, nosotros nos pusimos inmediatamente en
funcionamiento para tratar de remediar un posible error del ponente del
Grupo Parlamentario Popular. La verdad es que al presentar nuestra
enmienda a su moción el señor Bellido ha hecho un gran esfuerzo
negociador, ha posibilitado un encuentro entre nuestra enmienda y la
moción original del Grupo Parlamentario Popular y ha hecho posible que
todos los grupos parlamentarios nos pongamos de acuerdo en algo sobre lo
que no debemos estar en desacuerdo, como es un fenómeno climatológico,
como pueden serlo un pedrisco, un tifón o un huracán, y la sequía es un
fenómeno climatológico sobre el que, insisto, no debemos estar en
posiciones diametralmente opuestas, sino sobre el que debemos estar
perfectamente en acuerdo. Por lo tanto, una vez que se ha llegado a ese
acuerdo en esa moción que ahora se ve ante la Cámara y que se someterá a
votación, nosotros la vamos a apoyar.
Nuestra inquietud --y lo sabe el señor Bellido-- vino porque nosotros
intentábamos diferenciar entre medidas coyunturales y medidas
estructurales. Entendíamos que decir zona de sequía estructural podía
poner en peligro una cuestión que nos parecía y nos parece fundamental,
como eran las ayudas que vienen a través de la regionalización de la PAC,
de la política agrícola común. Si nosotros reconocíamos que teníamos una
sequía estructural estábamos reconociendo unas zonas de sequía
permanente; por lo tanto, todas aquellas zonas que así calificábamos
pasaban de ser de regadío a secano, con lo cual perdíamos una subvención
importante, a través de la retirada de tierras, al conceptuar secano en
vez de regadío y perdíamos también en la compensación de precios unas
cantidades importantes porque, naturalmente, no es igual la producción de
regadío que la de secano. Por eso nosotros hicimos esa enmienda
alternativa a la moción, aunque ya digo y dejo sentado que la iniciativa
nos pareció buena, pero veíamos que había un error en la concepción de la
misma y por eso nosotros lo intentamos remediar. Por ponerles un ejemplo,
hubiésemos llevado un rendimiento de regadío en Andalucía de 6,2
toneladas por hectárea a 2,3, que es el rendimiento de secano, lo cual
hubiese sido terrible para toda Andalucía, Extremadura, Castilla-La
Mancha y Murcia. El señor Bellido enseguida entendió nuestra inquietud,
hemos llegado a esa moción de síntesis de todos los grupos
parlamentarios, de lo cual el Grupo Parlamentario Socialista se felicita,
y ojalá que en el futuro nos pongamos de acuerdo, como ha sucedido hoy,
en estas cuestiones en las que no tiene por qué haber intencionalidad
política, sino sentido común.
Mucha gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Arguilé.
Por lo que deduzco de las intervenciones de los representantes de los
grupos parlamentarios, creo que podemos someter a votación esta moción
por asentimiento de la Cámara. ¿Puede entenderse aprobada por
asentimiento? (Pausa.) Se declara aprobada por asentimiento de la Cámara
la moción suscrita por distintos grupos parlamentarios que modifica la
original del Grupo Parlamentario Popular.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA DEL SENADO, POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, ATENDIENDO A LA SINGULARIDAD DEL TERRITORIO
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, ADECUE LOS ACUERDOS DE SCHENGEN Y
DE LA UNION EUROPEA A TALES LIMITACIONES Y SINGULARIDADES POSIBILITANDOSE
MECANISMOS AGILES Y OPERATIVOS EN LA CONCESION DE VISADOS QUE PERMITAN
REACTIVAR EL COMERCIO E INTERCAMBIOS ECONOMICOS, CIENTIFICOS,
TECNOLOGICOS, CULTURALES, ETCETERA, CON LOS PAISES DEL AFRICA OCCIDENTAL.
(662/000116.)
El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el representante del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado para la defensa de su
moción, por la que se insta al Gobierno para que, atendiendo a la
singularidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, adecue
los Acuerdos de Schengen y de la Unión Europea a tales limitaciones y
singularidades posibilitándose mecanismos ágiles y operativos en la
concesión de visados que permitan reactivar el comercio a intercambios
económicos, científicos, tecnológicos, culturales, etcétera, con los
países del Africa occidental.
Va a efectuar la defensa el Senador Brito, que tiene la palabra.
El señor BRITO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, voy a expresar los motivos que nos llevan a presentar
esta moción a la consideración de la Cámara, en el sentido de que las
circunstancias que rodean el acuerdo firmado entre nueve países de la
Unión en 1990, conocido como el Acuerdo de Schengen, ahora desarrollado,
o por lo menos planteado su desarrollo, a través del denominado «pilar de
Interior y Justicia», al Tratado de la Unión, presentan serias
dificultades para un territorio no ubicado en el ámbito continental y,
por tanto, no con iguales o similares problemas de fronteras o de
tránsitos exteriores en cuanto a visas o a desplazamientos de población,
dándose en el caso de Canarias una situación que afecta gravemente a sus
relaciones comerciales con el Africa occidental.
Hay una actividad importante en el comercio de reexportación y en los
intercambios con Africa occidental, que han sido respaldados claramente
en el nuevo Régimen Económico y Fiscal creando un consejo asesor para el
comercio con Africa occidental, que hoy obliga a sectores comerciales que
han desarrollado una actividad importante históricamente con Canarias y
que a partir del año 1986 ha tenido una reducción drástica en el llamado
comercio de maleta, que es un comercio que supone casi 60.000 millones de
pesetas al año para los intercambios comerciales del Archipiélago. En
este momento se quejan los representantes comerciales africanos --incluso
en las visitas a Canarias en las ferias internacionales-- de que tienen
que recorrer a veces hasta 300 kilómetros por los problemas de ajuste
entre las sedes diplomáticas y las autorizaciones para poder obtener un
visado para trasladarse al Archipiélago, junto a otras limitaciones de
otra naturaleza. En ese sentido, nuestra propuesta es una sugerencia al
Gobierno para que estudie en el contexto de la propia política interior
del Estado, pero también en el ámbito de la Unión Europea, la adopción de
mecanismos ágiles y operativos en la concesión de visados que permitan
reactivar el comercio tradicional, los intercambios económicos, pero
también las relaciones científicas, tecnológicas y culturales con los
países de Africa occidental, en coherencia con lo aprobado en el Régimen
Económico y Fiscal y en coherencia con intereses que son tanto de
política de Estado como, por supuesto, intereses que afectan de forma
decisiva a las posibilidades del comercio y las relaciones de Canarias
con Africa.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Brito.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Barreiro.
El señor BARREIRO GIL: Con su venía, señor Presidente.
Senador Brito, le aseguro con toda humildad que he intentado entender la
formulación y el objetivo de su moción pero la verdad es que no lo he
logrado.
Tengo la sensación de que su señoría puede haber equivocado el marco de
una proposición de flexibilización de las reglas de relación comercial,
marco que puede ser cualquier otro excepto el del Acuerdo de Schengen.
Señoría, en realidad, el Acuerdo de Schengen no es más que una puesta en
común de criterios de pasos de fronteras especialmente con la definición
de una política común de visados, no es más que eso, por lo que no tiene
ninguna limitación que no haya existido previamente sobre el traspaso de
fronteras de ciudadanos ajenos a lo nueve países que firmaron el Acuerdo.
No tiene absolutamente ninguna restricción. Al contrario, lo que dice el
Acuerdo es que cualquier ciudadano de país ajeno a esos nueve que quiera
penetrar en el territorio de uno de esos nueve países, y una vez dentro
de ése poder circular libremente por el territorio común de los nueve,
basta con que solicite su visado en una de las oficinas diplomáticas o
consulares de uno de los nueve países, con lo cual los ciudadanos de los
países del Africa occidental que hasta ahora venían solicitando visados
para poder entrar en territorio español no sólo siguen teniendo
disponibles las oficinas diplomáticas y consulares de España para
efectuar esa solicitud, sino que han multiplicado por nueve las oficinas
disponibles para solicitar un visado que, además de permitirles circular
por España, les permite circular por el Benelux, por Alemania, Francia o
Italia, es decir, por los nueve países signatarios del Acuerdo de
Schengen.
Eso es lo que dice ese Acuerdo. Cualquier otra cosa que se dijese en él
iría contra el Tratado de la Unión porque introduciría limitaciones a la
libertad de circulación sobre las limitaciones que pueda establecer a su
vez el Tratado de la Unión que, por cierto, no establece ninguna. Por
tanto, no sería viable el Acuerdo de Schengen. Repito que su señoría hace
una lectura equivocada del Acuerdo de Schengen.
Si además de todo esto lo que a su señoría le preocupa es que debería
haber un procedimiento administrativo más ágil de concesión de visados
esto podría discutirse, pero no es la modificación del Acuerdo de
Schengen el procedimiento para modificar los trámites administrativos
para la concesión de visados. Si lo que usted pretende es que una
revisión sustantiva de la política común de visados --insisto, no ha
introducido ninguna consideración restrictiva sobre el Tratado de la
Unión ni ampliadora de las limitaciones preexistentes en cada uno de los
nueve países--, si lo que usted promueve es que una modificación
sustantiva de la política de visados sirva como instrumento de promoción
y fomento de las relaciones comerciales aunque sean las de la maleta,
está usted equivocando el marco de la propuesta. El Acuerdo de Schengen
nunca tendrá la capacidad de fomento de relaciones comerciales. En
realidad no es más que un acuerdo de formalizaciones aduaneras y casi
policiales sobre las condiciones de acceso a un país por parte de
ciudadanos extranjeros. Es el capítulo comercial del Tratado de una Unión
donde su señoría tiene que buscar estas soluciones. Se ha equivocado de
marco.
Pero es más, es que las valoraciones que su señoría hace sobre el
carácter limitativo del Acuerdo de Schengen sobre las relaciones
comerciales de Canarias no pueden ser más que objeto de un juicio
precipitado. No sé si sus señorías saben que el Acuerdo de Schengen no
está vigente, no se está aplicando. Está todavía pendiente de
ratificaciones. Su señoría no ha podido detectar limitaciones formales,
aunque éstas se las hayan denunciado comerciantes del Africa occidental
que tienen relaciones con Canarias. Supongo que no se tratará de
productores de tomates ya que cuando uno es proteccionista un día no
puede ser librecambista
al día siguiente, salvo que puedan hacerse equilibrios formales
intelectuales que puedo comprender.
Insisto, señoría. En primer lugar, no es posible que el Acuerdo de
Schengen tenga los efectos que su señoría dice que tiene. En segundo
lugar, repito que no es el marco del Acuerdo de Schengen el que sirve
para potenciar las relaciones comerciales de ninguno de los países
signatarios del Acuerdo ni de la Unión con ningún otro país tercero.
Por último, el Acuerdo de Schengen debe ser sólo una política común de
visados; puede ser revisado en los procedimientos administrativos, pero
es un sin sentido jurídico, por decirlo de modo cortés, que España pueda
adoptar medidas unilaterales para adecuar los instrumentos de un acuerdo
multilateral que precisamente consiste en definir una política común
sobre un aspecto específico. Por tanto, España no puede adecuar los
Acuerdos de Schengen a ninguna de sus condiciones nacionales específicas
de manera unilateral. España puede denunciar el Acuerdo de Schengen y
promover una nueva formulación de dicho Acuerdo. Está su señoría en la
libertad de proponer ante esta Cámara semejante monstruosidad. En todo
caso, ese día votaremos en conciencia igual que hoy votaremos en el
sentido de decir que se ha equivocado su señoría de instrumento, de
argumentación y de lugar. Por tanto, mi Grupo Parlamentario votará en
contra de esta moción. (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Barreiro.
Abrimos el turno de portavoces para aquellos grupos que todavía no han
hecho uso de la palabra.
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Codina i
Castillo.
El señor CODINA I CASTILLO: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve, ya que nuestra intervención en este turno de
portavoces se enmarca y coincide en muy buena parte con la intervención
que acaba de efectuar el Senador Barreiro.
Senador Brito, le puedo asegurar que hemos estudiado su moción con toda
la capacidad que hemos podido. He leído el Acuerdo de Schengen y el
convenio posterior y he intentado llegar a saber qué es lo que usted
pretendía en definitiva o lo que le preocupaba dentro del convenio y del
propio pacto en relación con la propuesta que usted nos hace hoy. Además,
me he permitido hacer una larga relación de fechas concretas a medida que
se iban adhiriendo los diferentes Estados por si entreveía algún aspecto
que pudiera estar dentro de la línea que usted nos ofrecía, pero tengo
que ser sincero al decirle que no he sido capaz de ver nada a este
respecto. En todo caso, concretamente en el convenio, en lo que hace
referencia a la adhesión del Reino de España, hay una excepción, como
conocerá su señoría, en relación con Melilla y Ceuta. Hay concretamente
un anexo que deja un espacio para acabar de concretar, pero en referencia
al resto del territorio español, especialmente a las Islas Canarias, y su
preocupación con las relaciones de los países del norte de Africa,
nosotros, y yo personalmente, no hemos sido capaces de ver ese tipo de
relación que usted plantea hoy.
Por tanto, Senador Brito, por las razones que ha expuesto el portavoz del
Grupo Socialista, que desde el punto de vista legal son coincidentes con
nuestra interpretación, hoy no daremos apoyo a su petición, pero también
me permitiré pedirle que relea el propio Acuerdo e incluso la propuesta
que usted hace ya que creo que debería realizarse en otro marco.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Codina.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador don Jaime
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tanto de la intervención en contra como del turno de portavoces
pueden deducirse las dificultades que hemos encontrado para conocer
perfectamente la dirección de esta moción. Yo había entendido que era una
moción que se refería a visados, a pesar de lo que luego diré, y había
preparado una estrategia que me parece sigue siendo válida.
Como usted sabe, presentar una moción en la que se habla de Schengen
significa que estamos hablando nada más y nada menos que de la libre
circulación de personas, eje fundamental en el desarrollo europeo. Sin
embargo, usted sabe también que muchos países se mostraron duramente
reacios a admitir algunas de las cosas que entraban en esa circulación
libre de personas, lo que ha obligado a que la mayor parte de las
cuestiones importantes relacionadas con Justicia e Interior salieran del
Acuerdo y se incorporaran a una política de cooperación en el Título VI
del Tratado de la Unión.
Por tanto, fuera de la Unión Europea --por decirlo así-- ha quedado un
grupo importante de asuntos de primera categoría que no voy a mencionar,
porque los conocemos, que han pasado a lo que se denomina cooperación de
los Estados. Bien es verdad que podía haber una actuación más estrecha
entre los países, y eso es lo que se hizo. Unos cuantos países --el
núcleo fundador de la Unión-- tiraron hacia delante y firmaron en
Schengen en 1985 este acuerdo, con muchísimas dificultades para su
aplicación y con graves tensiones en el Parlamento europeo, que ha
llegado a solicitar que la política de cooperación pase definitivamente a
ser política comunitaria en algunas resoluciones. Ha habido causas de
retraso y lo cierto es que desde 1985 hasta 1995, año en que estamos, es
la cuarta vez que se retrasa este acuerdo.
Creo, sinceramente, señor Presidente, que podemos considerar al de
Schengen como un acuerdo internacional desvinculado de la Unión Europea,
aunque se subordine en la evolución política de la Unión, y podría
decirse casi con certeza que existe separación jurídica, pero vinculación
política, y que son los Estados miembros los que tienen que resolver los
problemas en estos momentos, máxime cuando el acuerdo de Schengen todavía
no está en funciones.
En el tema de visados, España tiene una legislación, la Ley de
Extranjería, de la que voy a leerle algunos artículos que me han parecido
importantes a los efectos de buscar ciertas excepciones, como puede ser
el artículo 4, al Título II, Capítulo I,. que dice: El Ministerio del
Interior podrá autorizar la entrada, tránsito o permanencia en territorio
español a los extranjeros con documentación defectuosa o sin ella, o que
no hubieran entrado por los puestos habituales, siempre que medie causa
suficiente, pudiéndose adoptar las medidas cautelares precisas. En
materia de residencia también hay otro apartado importante, que dice: É o
aquéllos cuya presencia signifique inversión o aportación de bienes
susceptibles de promover empleo.
La otra norma que hemos firmado, pero que no está en funciones, la de
Schengen, que aprobamos en el Senado en 1992, también tiene dos o tres
excepciones que son interesantes aunque, como digo, todavía no está en
vigor. Por ejemplo, la que dice: El Comité Ejecutivo del acuerdo adoptará
las excepciones y modalidades del tráfico fronterizo menor y las normas
aplicables a categorías especiales del tráfico marítimo. Y cuando se
refiere a la circulación transfronteriza, se dice: Los principios
uniformes serán fundamentales. Respecto de los visados, es interesante
que una parte contratante podrá hacer excepciones al régimen común de
visados respecto a un tercer país por motivos imperiosos de política
nacional. Por tanto, éstas son las excepciones y la situación que
tenemos. La política de justicia e interior es intergubernamental y es
España la que tiene que resolver el problema.
Senador Brito, he estudiado de forma suficiente su texto y para mí tiene
tres lecturas. La primera, que el Senado insta al Gobierno para que,
atendiendo la singularidad del territorio de Canarias, posibilite
mecanismos ágiles para la concesión de visados, que es a la que me he
referido. La segunda, que el Senado insta al Gobierno para que,
atendiendo a la singularidad del territorio de Canarias y posibilitando
mecanismos operativos de visados, reactive el comercio. Y la tercera, que
el Senado insta al Gobierno a que atendiendo a la singularidad del
territorio de Canarias, adecue los acuerdos de Schengen y de la Unión
Europea y además posibilite la concesión de visados. Mi Grupo
Parlamentario le hubiera dicho que sí a la primera; le hubiera puesto
reparos, pero hubiera dicho que sí a la segunda, pero no podemos decirle
que sí a la tercera. Creo, señor Brito, que su petición no entra en el
apartado de justicia e interior más que en las excepciones y, por tanto,
a ellas nos tenemos que atener. Si lo que usted quiere es que el Gobierno
de España renegocie --si es que no lo ha hecho-- con los países firmantes
de Schengen un régimen especial de pase de fronteras, me parece que es un
asunto que lleva muchos años discutiéndose, dos desde la Presidencia
española, y que no va a poder resolver porque es muy difícil. Por tanto,
no hay posibilidades. El Grupo Popular, y yo personalmente, pensamos que
todo aquello que favorece a Canarias debe ser impulsado, bien recibido y
apoyado por mi Grupo. Pero en estas condiciones, señor Senador, no puedo
hacer más que abstenerme, y mi Grupo se abstendrá por considerar que esta
moción llega tarde para lo que pide, porque pienso que prácticamente es
de imposible cumplimiento y, por qué no decirlo, porque considero que es
una moción con muchas dificultades y dudas.
Gracias, señor Presidente. (El señor Brito González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Senador Brito, ¿en virtud de qué artículo pide la palabra?
El señor BRITO GONZALEZ: De conformidad con el artículo 87 y para aclarar
una serie de términos.
El señor PRESIDENTE: Su señoría tiene la palabra.
El señor BRITO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, he de dar las gracias al portavoz del Grupo Socialista
por su docta intervención y sus consideraciones respecto del conocimiento
del acuerdo de Schengen, que el propio texto de la moción señala que no
se ha puesto en práctica y que está todavía por desarrollar y generalizar
en el pilar de interior y justicia del Tratado de la Unión.
Por parte de nuestro Grupo no existe ninguna intención de plantear una
modificación del Tratado de la Unión, ni por supuesto de los acuerdos de
Schengen, sino que conforme a los instrumentos de política interior del
Estado, en ese marco, se resuelvan las limitaciones que se han producido;
por ejemplo, los obstáculos presentados por la Delegación del Gobierno a
la Comunidad Autónoma de Canarias a la posibilidad de aceptación de
entrada de visas de comerciantes africanos. Es decir, que con esos
instrumentos interiores se resuelvan las dificultades que están
planteadas respecto de los visados.
El texto de la moción es claro a ese respecto, ya que dice que se adecuen
--no que se modifiquen-- los acuerdos, es decir, que con la capacidad del
Derecho interno del Estado español se adecuen para eliminar las
limitaciones, posibilitándose, y ése es el eje de la moción, mecanismos
ágiles y operativos en la concesión de visados. Este es el planteamiento
y el objetivo de la moción, aunque su enunciado haga referencia a las
limitaciones o condicionantes de carácter general que se puedan plantear,
tanto derivadas de los acuerdos de Schengen como del desarrollo
posterior, todavía inconcluso, del llamado pilar de interior y justicia
del Tratado de la Unión.
Gracias, señor Presidente. (El señor Barreiro Gil pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Senador Barreiro, supongo que solicita la palabra por el mismo artículo.
Tiene la palabra por el mismo tiempo.
El señor BARREIRO GIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quiero señalar al Senador Brito que si hay algún comerciante de
algún país del Africa occidental que en estos
momentos, después de haber desarrollado actividades comerciales normales
con España, tiene problemas para encontrar un visado, es que hay un
problema de tramitación administrativa concreto y específico en ese caso.
Le sugeriría, pues, que se trasladase a los responsables de la Delegación
del Gobierno en el archipiélago canario, o al Ministerio de Justicia e
Interior, y resolviese la situación peculiar y personal que parece ser
que anima a esta moción, que no puede estar sustentada sobre ninguna
cuestión jurídica general.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación la moción del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado por la que se insta al
Gobierno para que, atendiendo a la singularidad del territorio de la
Comunidad Autónoma de Canarias, adecue los acuerdos de Schengen y de la
Unión Europea a tales limitaciones y singularidades.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a
favor, 10: en contra, 122; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Antes de levantar la sesión, comunico a los miembros de la Comisión
General de las Comunidades Autónomas que se ha convocado una reunión para
proceder a la elección de un ponente que había que sustituir de uno de
los grupos parlamentarios a efectos de dictamen.
Informada la Cámara, se levanta la sesión.
Eran las doce horas y quince minutos.