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DS. Senado, Pleno, núm. 57, de 30/11/1994
Año 1994 V Legislatura
Núm. 57
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 30 de noviembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Elección del Defensor del Pueblo. (Número de expediente 728/000001.)
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de
ley de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva
93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a restitución de bienes
culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un estado
miembro de la Unión Europea (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 45, de fecha 28 de noviembre
de 1994). (Número de expediente S. 621/000045.) (Número de expediente C.
D. 121/000047.)
--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley
Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III-A, número 1, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente
S. 622/000001.) (Número de expediente C. D. 124/000001.)
--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley
Orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a
escuchas telefónicas (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III-A, número 12, de fecha 28 de noviembre de
1994). (Número de expediente S. 622/000009.) (Número de expediente C. D.
124/000003.)
--De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley
Orgánica sobre modificación de diversos artículos del Código Penal, con
el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de
bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, con temeridad o imprudencia (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 18, de
fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente S. 624/000005.)
(Número de expediente C. D. 122/000053.)
--De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de ley por la que
se prorroga la vigencia de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa y
se modifica parcialmente la Ley 28/1984, de 31 de julio, que crea dicho
organismo (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 47, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número
de expediente S. 621/000047.) (Número de expediente C. D. 121/000059.)
Informe de la Comisión Especial de Juventud (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 202, de fecha
28 de noviembre de 1994). (Número de expediente 650/000001.)
Autorización para la tramitación en lectura única del Proyecto de ley
Orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión
de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea.
Informe de la Ponencia de estudio sobre la política española de
cooperación para el desarrollo, constituida en el seno de la Comisión de
Asuntos Exteriores (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 196, de fecha 22 de noviembre de
1994). (Número de expediente 543/000001.) Mociones consecuencia de
interpelación:
--Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se
insta al Gobierno a que, una vez tomada en cuenta la Resolución 1.044 de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 4 de octubre de 1994,
haga uso de su presencia en el Comité de Ministros del Consejo de Europa
y asuma, para firma y ratificación, la Recomendación 1.246 de esta
Asamblea, de 4 de octubre de 1994, para que, en su consecuencia, se
proceda a la abolición de la pena de muerte contemplada en diversos
artículos de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal
Militar (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 201, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número
de expediente 671/000017.)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a designar un nuevo equipo gestor para la compañía Iberia,
Líneas Aéreas de España, S. A., que se responsabilice y proponga las
medidas alternativas para intentar reflotar dicha compañía (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
201, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente
671/000018.)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
ELECCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. (Página 2914)
El señor Secretario Primero (Aguilar Belda) da lectura al documento
remitido por el Congreso de los Diputados. No se hace uso del turno de
portavoces.
Se procede a someter a la Cámara la ratificación por el Senado de la
candidatura elegida por el Congreso de los Diputados en votación nominal
y secreta.
Queda elegido por el Senado don Fernando Alvarez de Miranda y Torres como
Defensor del pueblo por 198 votos a favor, 4 en blanco y 8 nulos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 2914)
De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de ley
de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva
93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a restitución de bienes
culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un estado
miembro de la Unión Europea. (Página 2914)
El señor Fernández Pelegrina, Presidente de la Comisión, presenta el
dictamen.
No se produce debate de totalidad. Comienza el debate del articulado.
El señor Soravilla Fernández defiende las enmiendas números 2, 7, 8, 12,
21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 35, del Grupo Popular. La señora Pérez
Maestu consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra el señor Soravilla Fernández, por el Grupo Popular, la señora
Pérez Maestu, por el Grupo Socialista y el señor Vallvé i Navarro, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Soravilla
Fernández y la señora Pérez Maestu intervienen de nuevo en virtud del
artículo 87. El señor Torrontegui Gangoiti lo hace por alusiones.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 2, 7, 8, 12, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31
y 35, del Grupo Popular por 97 votos a favor, 122 en contra y 6
abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 7.1, b), párrafo
segundo, suscrita por los Grupos Parlamentarios Socialistas, Popular, de
Convergència i Unió y de Coalición Canaria, por 205 votos a favor y 22 en
contra.
Se aprueba una enmienda transaccional a la Disposición transitoria única,
suscrita por los Grupos Parlamentarios anteriormente mencionados, por 227
votos a favor de los 227 emitidos.
Se aprueba el texto íntegro del dictamen de la Comisión, con las
modificaciones introducidas, por 130 votos a favor y 96 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley Orgánica
de protección a testigos y peritos en causas criminales. (Página 2921)
El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Caballero
Lasquíbar, quien así lo hace a continuación.
No se produce debate de totalidad. Comienza el debate del articulado.
El señor Prada Presa defiende las enmiendas números 4 y 5, del Grupo
Popular. El señor Arévalo Santiago consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Travieso Darias, por
el Grupo de Coalición Canaria; Caballero Lasquibar, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, Barrero Valverde, por el Grupo
Popular, y Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Popular, por 110 votos a favor
y 121 en contra.
Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Popular, por 100 votos a
favor, 128 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueba la proposición de ley orgánica, según el texto del dictamen,
por 229 votos a favor y 1 en contra.
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley Orgánica
por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas
telefónicas. (Página 2925)
El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Ortí Bordás,
quien así lo hace a continuación.
En el debate de totalidad, el señor Galán Pérez consume un turno a favor
del dictamen de la Comisión. No se consumen turnos en contra ni de
portavoces.
Comienza el debate del articulado.
El señor Ortí Bordás defiende la enmienda número 5, del Grupo Popular. El
señor Galán Pérez consume un turno en contra, a la vez que defiende la
enmienda número 4, del Grupo Socialista. El señor Ortí Bordás consume un
turno en contra de la enmienda del Grupo Socialista. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Travieso Darias, por el
Grupo de Coalición Canaria; Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió y Galán Pérez, por el Grupo Socialista.
Los señores Ortí Bordás y Galán Pérez intervienen de nuevo en virtud del
artículo 87. El señor Ortí Bordás vuelve a intervenir por alusiones.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 5 del Grupo Popular, por 106 votos a favor
y 124 en contra.
Se aprueba la enmienda número 4, del Grupo Socialista, por 127 votos a
favor, 100 en contra y 1 abstención.
Se aprueba el texto íntegro del dictamen, con la modificación
introducida, por 229 votos a favor de los 229 emitidos.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley Orgánica
sobre modificación de diversos artículos del Código Penal, con el fin de
tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas,
con temeridad o imprudencia. (Página 2935)
El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar
el dictamen el señor Hernández de Cáceres, quien así lo hace a
continuación.
No se produce debate de totalidad. Se inicia el debate del articulado.
El señor Vallvé i Navarro defiende la enmienda número 1, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Guía Marqués
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria;
Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Iribas Sánchez de Boado, por el Grupo Popular, y Guía Marqués, por el
Grupo Socialista. El señor Vallvé i Navarro interviene de nuevo en virtud
del artículo 87.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 118 en contra y 100
abstenciones.
Se aprueba la proposición de ley orgánica por 229 votos a favor de los
229 emitidos.
De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de ley por la que
se prorroga la vigencia de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa y
se modifica parcialmente la Ley 28/1984, de 31 de julio, que crea dicho
organismo. (Página 2940)
El señor Barreiro Gil, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Sáenz Lorenzo,
quien así lo hace a continuación.
No se produce debate de totalidad. Se inicia el debate del articulado.
El señor Soravilla Fernández defiende las enmiendas números 1, 2 y 3, del
Grupo Popular. El señor Rodríguez Rodríguez consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Barbuzano
González, por el Grupo de Coalición Canaria; Caballero Lasquibar, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Vallvé i Navarro, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Soravilla Fernández, por el
Grupo Popular, y Rodríguez Rodríguez, por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1, 2 y 3, del Grupo Popular, por 98
votos a favor y 122 en contra.
Se aprueba el proyecto de ley en su totalidad, según el texto del
dictamen, por 124 votos a favor y 96 abstenciones.
Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos.
INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE JUVENTUD. (Página 2946)
El señor Blanco López, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
En el debate de totalidad, no se consumen turnos a favor ni en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Petrizan
Iriarte, por el Grupo Mixto; Travieso Darias, por el Grupo de Coalición
Canaria; Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Bertrán i Soler, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Colsa Bueno, por el Grupo Popular, y Granado
Martínez, por el Grupo Socialista.
Se inicia el debate de los votos particulares.
El señor Prada Presa, en nombre propio y del señor Colsa Bueno, ambos del
Grupo Popular, retira las enmiendas números 12 y 15, y defiende las
números 14 y 16, así como el voto particular que solicita la supresión de
una enmienda de adición presentada por distintos Grupos Parlamentarios.
El señor Granado Martínez consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Petrizan Iriarte, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Travieso Darias, por el Grupo de
Coalición Canaria; Bertrán i Soler, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió; Prada Presa, por el Grupo Popular, y Granado
Martínez, por el Grupo Socialista. El señor Prada Presa vuelve a
intervenir por alusiones.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 15, de los señores Prada Presa y Colsa
Bueno, del Grupo Popular, por 98 votos a favor y 127 en contra.
Se rechaza el voto particular número 2, de los señores Senadores
anteriormente mencionados, por 98 votos a favor y 128 en contra.
Se aprueba una enmienda transaccional, a la recomendación número 17,
párrafo segundo, suscrita por todos
los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda transaccional, a la recomendación número 22,
párrafo tercero, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por
asentimiento de la Cámara.
El señor Prada Presa eleva a la Mesa una solicitud relativa a la votación
del texto del informe. Le contesta el señor Presidente. El señor Prada
Presa pide que conste en Acta la decisión de la Mesa al respecto.
Se aprueba el texto íntegro del Informe de la Comisión Especial de
Juventud, a excepción del párrafo segundo de la recomendación a los
poderes públicos número 26, por 227 votos a favor de los 227 emitidos.
Se aprueba el segundo párrafo de la recomendación a los poderes públicos
número 26, por 128 votos a favor y 98 abstenciones.
AUTORIZACION PARA LA TRAMITACION EN LECTURA UNICA DEL PROYECTO DE LEY
ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA A LA RATIFICACION DEL TRATADO DE ADHESION
DE NORUEGA, AUSTRIA, FINLANDIA Y SUECIA A LA UNION EUROPEA. (Página 2960)
Se aprueba la tramitación en lectura única, por asentimiento de la
Cámara.
INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA POLITICA ESPAÑOLA DE
COOPERACION PARA EL DESARROLLO, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISION DE
ASUNTOS EXTERIORES. (Página 2960)
El señor López Henares, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designada para presentar el informe la señora Flores
Valencia, quien así lo hace a continuación.
No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Galindo Santana, por el Grupo de Coalición
Canaria; Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Companys i Sanfelíu, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Soravilla Fernández, por el Grupo Popular, y Barreiro Gil, por el
Grupo Socialista.
Se aprueba el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores por
asentimiento de la Cámara.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION. (Página 2968)
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se
insta al Gobierno a que, una vez tomada en cuenta la Resolución 1044 de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 4 de octubre de 1994,
haga uso de su presencia en el Comité de Ministros del Consejo de Europa
y asuma, para firma y ratificación, la Recomendación 1246 de esta
Asamblea, de 4 de octubre de 1994, para que, en su consecuencia, se
proceda a la abolición de la pena de muerte contemplada en diversos
artículos de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal
Militar. (Página 2968)
El señor Bolinaga Bengoa defiende la moción. No se hace uso del turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Petrizan Iriarte, por el Grupo Mixto; Travieso Darias, por el Grupo de
Coalición Canaria, y Vallvé i Navarro, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, así como la señora Vindel López, por el Grupo
Popular, y el señor Galán Pérez, por el Grupo Socialista. El señor
Bolinaga Bengoa interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la moción del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 223
votos a favor de los 223 emitidos.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al
Gobierno a designar un nuevo equipo gestor para la compañía Iberia,
Líneas Aéreas de España, S. A., que se responsabilice y proponga las
medidas alternativas para intentar reflotar dicha compañía. (Página 2975)
El señor Utrera Mora defiende la moción. El señor Cercós Pérez consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor
Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. El señor Utrera Mora vuelve a intervenir por alusiones.
Se rechaza la moción del Grupo Popular por 98 votos a favor, 119 en
contra y 5 abstenciones.
Se suspende la sesión a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
--ELECCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. (728/000001.)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Elección del
Defensor del Pueblo.
Con fecha 17 de noviembre de 1994 ha tenido entrada en esta Cámara un
oficio del Presidente del Congreso de los Diputados, por el que da cuenta
de la aprobación por esa Cámara de la candidatura de don Fernando Alvarez
de Miranda y Torres para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo.
Ruego al señor Secretario Primero de la Cámara que dé lectura al
documento remitido por el Congreso de los Diputados.
El señor SECRETARIO PRIMERO (Aguilar Belda): Excelentísimo señor: En la
sesión del Pleno del Congreso de los Diputados correspondiente al día de
la fecha, ha sido sometida a votación la candidatura de don Fernando
Alvarez de Miranda y Torres para su designación como Defensor del Pueblo.
Habiéndose obtenido una votación favorable superior a las tres quintas
partes de los miembros del Congreso de los Diputados, me honro en ponerlo
en conocimiento, a los efectos de lo previsto en el artículo 2.º cuatro
de la Ley orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
Palacio del Congreso de los Diputados.
17 de noviembre de 1994.
Félix Pons Irazazábal. Presidente del Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Abrimos ahora un turno de portavoces, por si algún señor portavoz desea
intervenir en relación con esta elección. (Pausa.) Gracias.
El artículo 2.º punto cuatro de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril,
establece: «Propuesto el candidato o candidatos, se convocará en término
no inferior a diez días al Pleno del Congreso para que proceda a su
elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las
tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un
plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del
Senado», mayoría que, como podrán calcular sus señorías, es de 154
Senadores.
Por lo tanto, vamos a someter a la Cámara la ratificación por el Senado
de la candidatura propuesta por la Comisión, y también elegida por el
Pleno del Congreso de los Diputados, a favor de don Fernando Alvarez de
Miranda y Torres. La votación será nominal y secreta, por papeletas, de
acuerdo con el artículo 97.2 del Reglamento.
El sorteo ya ha sido efectuado, y por lo tanto, con el procedimiento que
sus señorías conocen, efectuaremos el llamamiento para que procedan a
emitir su voto. La urna tiene abierta la tapa. Lo digo para que alguna de
sus señorías no busque anhelantemente la ranura de votación. (Risas.)
Ruego al señor Secretario Primero dé lectura al nombre del primer Senador
o primera señora Senadora que va a ser llamado a efectuar la votación.
El señor SECRETARIO PRIMERO (Aguilar Belda): Iniciamos la votación por el
Senador Díez González, don Ignacio.
Por los señores Secretarios Aguilar Belda y Cañellas Fons se procede a
efectuar el llamamiento de las señoras Senadoras y de los señores
Senadores por orden alfabético, a partir del citado.
Concluido el llamamiento, dijo:
El señor PRESIDENTE: ¿Algún miembro de la Cámara no ha efectuado la
votación? (Pausa.)
Concluida ésta, se inicia el recuento.
Efectuado el escrutinio, dijo:
El señor PRESIDENTE: Señorías, concluido el recuento me complace
comunicarles que el resultado de la votación ha sido el siguiente: ocho
votos nulos; cuatro votos en blanco y 198 votos a favor de la elección
por el Senado de don Fernando Alvarez de Miranda y Torres como Defensor
del Pueblo, lo que se comunicará al Presidente del Congreso de los
Diputados para que pueda procederse al nombramiento del señor Alvarez de
Miranda y Torres como Defensor del Pueblo, Comisionado de estas Cortes
Generales.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE INCORPORACION AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA
93/7/COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DEL CONSEJO, DE 15 DE MARZO, RELATIVA A
RESTITUCION DE BIENES CULTURALES QUE HAYAN SALIDO DE FORMA ILEGAL DEL
TERRITORIO DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA. (S. 621/000045.) (C.
D. 121/000047.)
El señor PRESIDENTE: Entramos seguidamente en el sexto punto del orden
del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en
relación con el proyecto de ley de incorporación al ordenamiento jurídico
español de la Directiva 93/7/Comunidad Económica Europea del Consejo,
de 15
de marzo, relativa a restitución de bienes culturales que hayan salido de
forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea,
antes, proyecto de ley por el que se incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativo a
restitución de bienes culturales que han salido de forma ilegal del
territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, que se publicó con
fecha 28 de noviembre de 1994.
El Senador Fernández Pelegrina tiene la palabra para hacer la
presentación del dictamen.
El señor FERNANDEZ PELEGRINA: Muchas gracias, señor Presidente.
Tengo el honor de haber sido designado por la Comisión de Educación y
Cultura para presentar en esta Cámara el proyecto de ley de incorporación
al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/Comunidad Económica
Europea del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes
culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado
miembro de la Unión Europea.
El 7 de octubre de 1994 tuvo entrada en esta Cámara el texto aprobado por
la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, con
competencia legislativa plena, en relación con este proyecto de ley. Se
han presentado 35 enmiendas, todas ellas del Grupo Parlamentario Popular.
Esperamos que este proyecto de ley, una vez incorporado al ordenamiento
jurídico español, sirva para hacer que la convivencia entre los Estados
miembros de la Unión Europea sea cada día más armónica y evite que bienes
culturales de cualquier nación puedan ser llevados de forma ilegal a
otros territorios.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En principio, corresponde ahora iniciar el debate de totalidad con las
intervenciones a favor y en contra de este proyecto. ¿Portavoces que
desean intervenir? (Pausa.) Al no haber intervenciones, pasamos al debate
del articulado del Dictamen.
El voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Popular corresponde a
un conjunto de enmiendas a los artículos 1, 6 y 7, a la disposición
transitoria única y a la disposición final que se pretende nueva. Creo
que sería conveniente que el Senador Soravilla defendiera de manera
integrada las enmiendas reservadas, por lo que su señoría tiene la
palabra.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, yo quisiera destacar la importancia que desde
mi Grupo concedemos a este proyecto de ley, que mediante la incorporación
a nuestro ordenamiento de la Directiva europea 93/7, del Consejo, de 15
de marzo, se va a convertir en instrumento de protección de los bienes
culturales de todos los países de la Unión Europea ante la amenaza
creciente de su tráfico ilegal en nuestro espacio común.
Bien conocida es nuestra preocupación por la defensa del patrimonio
cultural, y fruto de ella presentamos un considerable número de
enmiendas, treinta y cinco en total, de las que sólo doce quedan vivas
para este trámite. Quiero decir con esto que los dos anteriores, el
trámite de Ponencia y el de Comisión, han sido inusualmente fructuosos,
pues tras retirar por nuestra parte tres enmiendas y alcanzar varias
transaccionales, el Grupo mayoritario aceptó 11 en sus propios términos.
Bien es cierto que la importancia de la materia, reconocida por todos,
proporcionaba un terreno más apto para la colaboración técnica que para
la confrontación ideológica, y me congratula que así lo hayamos entendido
todos, pero debo advertir a sus señorías que, como viene ocurriendo, tan
elevado número de enmiendas admitidas literal o transaccionalmente no
debe conducir a engaño: con la mayor parte de ellas lo que hemos
conseguido ha sido, bien la corrección formal de errores, bien el mayor
rigor en la estructuración del texto, pero en ningún caso se han tenido
en cuenta las que pretendían aportaciones de mayor alcance, y a éstas me
voy a referir defendiéndolas en un solo bloque para abreviar un trámite
que ya será breve de por sí, puesto que sólo mi Grupo ha presentado
enmiendas.
En primer lugar, haré hincapié en el concepto de bien cultural, que es
algo que nos interesa especialmente, y a él se refieren las enmiendas
números 2, 21 y 27, que afectan a los artículos 1, 7 y 8. Nuestro interés
es especificar con la mayor claridad posible la definición del concepto
de bien cultural, definición que no es objeto del presente proyecto de
ley como podría desprenderse de la lectura de la rúbrica del artículo 1.
Lo que en este artículo se regulan, señorías, son los requisitos que debe
cumplir un bien cultural previamente definido por el ordenamiento interno
de cada Estado miembro, que en nuestro caso es la Ley de Patrimonio
Histórico, para que de esta manera sea susceptible de la acción de
restitución contemplada en este proyecto. Es decir, que a los efectos de
este proyecto no definimos un concepto europeo o amplio de bien cultural,
sino que se enumeran los requisitos que debe reunir para esa posible
restitución, que son, según la propia Directiva, que esté clasificado
como patrimonio artístico, histórico o arqueológico --y dice ya la propia
Directiva-- con arreglo a la legislación o procedimientos administrativos
nacionales, como es, en nuestro caso, la Ley de Patrimonio, y, además,
estar en un inventario eclesiástico, o formar parte de una colección
pública --lo que se define también, merced a una de nuestras enmiendas,
en el apartado 2 de este mismo artículo--, por lo que proponemos también
la posibilidad de cambiar la rúbrica de este artículo por el término
simplemente de «Definiciones». Otro requisito es que pertenezca a una de
las categorías o alcance los valores previstos en la Directiva y, como es
lógico, que permanezca de forma ilegal fuera del territorio del Estado al
que pertenece. Creemos pues que, en aras de una mayor precisión, debería
atenderse a nuestra enmienda y modificar la rúbrica del artículo 1.
Pero más grave todavía es el caso del artículo 7.1.a), donde la confusión
apuntada ya es absolutamente manifiesta. Dice literalmente en su final
--entrecomillado--:
«... y se certifique que se trata de un bien clasificado como cultural»,
y no es tal, porque, como hemos visto, su clasificación es sólo un primer
requisito, cuando de lo que se trata es de un bien cultural susceptible
de restitución conforme a lo dispuesto en el artículo 1, es decir, con
todos los requisitos, como reza nuestra enmienda número 21. Y esta misma
ambigüedad --que, desde luego, induce a error-- se reitera en el artículo
8. En consecuencia, pedimos un mayor rigor con el propio espíritu de la
norma y solicitamos una nueva reflexión para el voto favorable de estas
enmiendas.
Brevemente me voy a detener en tres enmiendas, las números 7, 8 y 12. La
primera propone volver a la estructura de la Directiva y llevar las
tablas de categorías y valores a un anexo. Una vez que ya se desechó la
idea de convertir este proyecto en un nuevo título de la Ley de
Patrimonio Histórico, parece realmente mucho más lógico que estas tablas
aparezcan en un anexo porque sabemos que van a sufrir modificaciones
--puesto que éstas están ya previstas en el propio proyecto--, y además
que se incorpore en esas tablas el párrafo introductorio de «Categorías»,
como se hizo ya con el de «Valores». Y caso de que esto no se aceptara
proponemos, a través de la enmienda número 12, que se dé al apartado de
«Valores» una redacción más de artículo y menos de tabla.
La enmienda número 23 ha sido objeto de una transaccional previamente a
esta intervención, y pretendía una simple corrección de estilo, lo mismo
que la enmienda número 24, que también fue aceptada, de lo cual nos
congratulamos. Ahora bien, mayor contenido tienen las que voy a defender
a continuación.
Con la enmienda número 26 proponemos la adición de un nuevo apartado, que
sería el 3, al artículo 7, en el que conste expresamente el traslado de
la demanda, una vez admitida, al poseedor o tenedor del bien reclamado en
cuanto que se le reconoce la legitimación pasiva en el propio artículo 6.
Yo no creo, señorías, que este abundamiento, por estar ya recogido en
otras leyes, sea nocivo al reiterarse en este proyecto.
Un elemento esencial, la buena fe y la diligencia debidas, a que se
refiere el párrafo segundo del artículo 8, es objeto de nuestras
enmiendas números 28 y 29. Creemos que éste es un aspecto sumamente
importante puesto que habrá de aplicarse en el sentido de la
jurisprudencia y de la doctrina comparadas, ya que el proyecto que nos
ocupa será de aplicación no en el ámbito interno, sino en el ámbito
internacional. Desde mi experiencia personal, señorías --ustedes saben
que me he movido en el mundo del arte--, les puedo asegurar que el mundo
del comercio del arte y de los coleccionistas es, cuando menos,
laberíntico en los modos y en las maneras de sus transacciones
comerciales, en ocasiones bastante millonarias, y sería sumamente
deseable que atendieran a las razones de nuestras enmiendas para su voto
favorable. Desearía ser especialmente claro y convincente en razón de la
gravedad que reviste esta materia: con los dos nuevos párrafos que
proponemos con la enmienda número 29 marcamos una indicación en lugar de
una acumulación, que podría ser interpretada como reiterativa en cuanto
que la Directiva sólo introduce el concepto de diligencia debida. Según
nuestro criterio, la buena fe del poseedor se debe apreciar, a los
exclusivos efectos de este proyecto, por una determinada diligencia
debida en el momento de la adquisición del bien, como es la de averiguar,
comprobar su origen, su procedencia, la situación jurídica en que se
encuentra y las características, tanto como el propio precio y las
circunstancias en las que se produce esta transacción. Yo reitero con
preocupación --y, repito, desde mi experiencia-- nuestra petición del
voto favorable para estas enmiendas.
Y, por último, con toda brevedad, nos parece aconsejable dejar abierta la
posibilidad del recurso de apelación en ambos efectos, como recoge
nuestra enmienda número 30, teniendo en cuenta que para la acción de
restitución se ha elegido el procedimiento rápido del juicio verbal ante
la jurisdicción ordinaria.
La enmienda número 34 también ha sido objeto de otra transaccional
previamente a esta intervención, y la enmienda número 35 pretende añadir
una nueva disposición final que regule simplemente la entrada en vigor de
la ley.
Termino, señorías, pidiéndoles el voto favorable para todas las enmiendas
que he defendido, pero muy especialmente para las que se refieren, por
una parte, al concepto de bien cultural, en aras de una mayor claridad y,
por otra, para las relativas a la buena fe y a la diligencia debidas,
para que de esa forma --y vuelvo a reiterarlo desde mi experiencia--
podamos conseguir una regulación verdaderamente eficaz en la aplicación
de estas normas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Soravilla Fernández.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Pérez Maestu.
La señora PEREZ MAESTU: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el objeto inmediato del proyecto de ley que hoy nos ocupa es
dar cumplimiento a la Directiva 93/7 de la Comunidad Económica Europea
del Consejo de 15 de marzo, sobre restitución de bienes culturales que
hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro en
aquellas materias que, por su naturaleza, exigen normas con rango de ley,
sin perjuicio, por tanto, de la adopción de otras medidas legales,
reglamentarias o administrativas, que deba adoptar el Estado español.
Este proyecto de ley, una vez aprobado, cumplirá con una obligación cuya
exigencia procede de la pertenencia de España a la Comunidad Europea y
del carácter de acto jurídico obligatorio que otorga a las Directivas el
artículo 189 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
La materia que regula esta Directiva ya está, en parte, regulada en
nuestro ordenamiento jurídico en varias leyes: en la Ley del Patrimonio
Histórico Español, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
La necesidad de esta ley nace de considerar que una de las libertades
consagradas en el Tratado de constitución de las Comunidades Europeas,
como es la libertad de mercancías,
obliga a que en este caso sea necesaria e imprescindible una tarea de
cooperación y colaboración entre los Estados, que establece esta
Directiva y que justifica una serie de modificaciones en nuestro
ordenamiento jurídico.
En este proyecto de ley de incorporación de la Directiva se establece un
sistema que permite a los Estados de la Unión Europea obtener la
restitución a su territorio de los bienes culturales que estén
clasificados dentro de su patrimonio y que hayan sido de dicho territorio
con infracción de las disposiciones legales.
El ordenamiento vigente contempla el supuesto que se asume en virtud de
la citada Directiva, porque la Ley del Patrimonio Histórico Español,
reconoce en su artículo 29.2 la acción de restitución en términos
equiparables a los de la citada Directiva, lo mismo que la definición de
bien cultural y la de salida ilegal. Sin embargo, la principal novedad de
la Directiva consiste, exactamente, en establecer un procedimiento simple
y eficaz, a través del cual, el Estado de cuyo territorio haya salido el
bien cultural dispone de una acción directa ante los tribunales del
Estado en el que el bien se encuentra. Sin embargo, en nuestra
legislación no está contemplada la obligación de recuperación y
concertación en caso de que sea España el Estado requerido. Por ello, la
presente ley complementa en este sentido la Ley del Patrimonio Histórico
Español.
Después de esta introducción, conviene decir, señorías, que gracias a
cuantos hemos trabajado en este proyecto de ley --tanto en Ponencia, como
en Comisión, y ahora, a través de este Pleno-- hemos conseguido que su
paso por el Senado haya sido fructífero, que haya supuesto una
clarificación y mejora en la trasposición de tan importante Directiva.
De las treinta y cinco enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular
presentó al proyecto de ley, una gran mayoría tenían una finalidad
claramente técnica --ustedes mismos lo han reconocido-- y han podido ser
asumidas. Como he dicho, la Ponencia y la Comisión, de forma fructífera,
han mejorado la redacción y la estructura del proyecto incorporando al
texto once enmiendas en sus propios términos. Por otro lado, tres, fueron
retiradas, seis, fueron transadas, y se produjo la mejora en la redacción
de la disposición adicional segunda. Esperamos que en este último tramo
en el que estamos la ley salga todavía mejorada, pues tenemos la
oportunidad --como usted ha dicho, señor Soravilla-- de aceptar otras dos
enmiendas transaccionales.
Antes de entrar en el debate quiero dejar constancia ante la Mesa del
Senado y sus señorías de una corrección de errores --de la que hago
entrega al señor Presidente--, que debió realizarse en el dictamen de la
Comisión y que no aparece reflejada en el mismo. Dicha corrección afecta
a un artículo y a la disposición transitoria única. En primer lugar, en
el artículo 3, que dice: «Los procesos derivados del ejercicio de la
acción a que se refiere el artículo anterior ...», debe decir: Los
procesos derivados del ejercicio de la acción a que se refiere el
artículo 6... y continuaría.
En cuanto a la disposición transitoria única, donde se dice: «... a que
se refiere el párrafo primero del apartado 1 del artículo 3...», debe
decir: ... a que se refiere el artículo 6, apartado 1, párrafo primero.
Paso a referirme a los votos particulares que acaban de ser defendidos
por su señoría, y ya le anuncio que no van a ser apoyados por el Grupo
Parlamentario Socialista. Rechazamos las enmiendas números 2, 21 y 27,
porque no añaden nada que no esté contenido en el artículo 1. Este, deja
perfectamente claro el concepto de bien cultural y lo liga a esta ley.
Pero cada vez que se habla de bien cultural, su señoría se empeña en
añadir la coletilla: susceptible de restitución, y eso no es necesario;
al contrario. De admitirlo, perdería estilo y resultaría machacón y
reiterativo. Lo siento, señoría.
Cuando la Directiva utiliza el concepto de bien cultural no se refiere a
cualquier bien que esté definido como cultural, sino a los que cumplen
las condiciones A y B, es decir, las categorías y valores que se recogen
en el artículo 1 con toda nitidez y claridad.
Una vez aclarado el concepto, es innecesario repetirlo artículo tras
artículo, cada vez que se hable del bien cultural en esta ley.
Curiosamente, señorías, a pesar de las enmiendas 2 y 21, ustedes también
deben entenderlo así, pues en la número 27 --que, no obstante, vamos a
rechazar-- piden que figure que se trata de un bien cultural de los
comprendidos en el artículo 1 de la presente ley. Efectivamente, ustedes
tenían perfectamente claro que eso quedaba clarísimamente definido y que
el artículo 1 contiene exactamente todo aquello que tiene que decir y
definir. Con ello, señorías, nos dan la razón, pues admiten que,
efectivamente, es nítido, como les acabo de decir.
Tampoco aceptamos las enmiendas que, como las anteriores, con un marcado
carácter técnico, no creemos que mejoren el proyecto.
Respecto a la enmienda número 7, las categorías y valores que aparecen en
el artículo 1 son definiciones esenciales, partes importantísimas, y su
inclusión en el cuerpo normativo nos parece no sólo acertada, sino
necesaria. No queremos la separación en un anexo de un contenido esencial
para este proyecto, y consideramos que ni complica ni oscurece y, si
alarga el artículo 1, también lo clarifica. Creemos, pues, que es
acertada la inclusión del anexo como parte importante de este proyecto de
ley, aún sin desconocer que las categorías pueden ser ampliadas y que los
valores serán revisados y actualizados. Pero para eso hay una disposición
final que habilita al Gobierno a poder realizar tales fines.
Señor Soravilla, no aceptamos la enmienda número 8 porque el párrafo que
introduce al apartado A) tendría sentido si existiese el anexo, como
ocurre en la Directiva, pero no en el proyecto, tal y como lo hemos
estructurado, al hacer que el anexo pase a ser punto fundamental del
artículo 1. Sí incorporamos el párrafo del apartado B) porque fija el
carácter mínimo de los valores y la unidad monetaria en la que vienen
dados dichos valores.
Votaremos negativamente la enmienda número 12 porque no consideramos que
la estructura quede mejorada, como afirman ustedes, muy al contrario, la
disposición espacial que damos a este apartado B) clarifica y ayuda, le
quita densidad y lo hace mucho más útil.
Respecto de la enmienda número 23, les presentamos una enmienda
transaccional donde la expresión «ab initio»,
que les consta que no nos gustaba nada, queda recogida en su significado.
Señorías, en general, y para otras ocasiones, no somos partidarios de
utilizar expresiones o lenguaje propio de iniciados o profesionales. Nos
gusta --y especialmente en las leyes-- que sean redactadas, dentro de lo
posible, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de la gente, en el
lenguaje que pueda ser entendido por una mayoría sin necesidad de muchos
intermediarios.
En esta misma transaccional, como han visto y como ha ya comunicado que
van a apoyar --por supuesto que con su apoyo y con el de toda la
Cámara--, se da una nueva redacción, creemos que más ajustada, al párrafo
que queda sustituido, donde habla de patrimonio nacional, puesto que no
hay materia legislativa sobre patrimonio nacional, no existe, hay una
importantísima Ley de Patrimonio Histórico Español, pero decir nacional
no solamente no es correcto, sino que no es oportuno, y eso por muchas y
trascendentales razones que no me entrentendré en explicar, pues están en
la mente de todos ustedes.
Paso a leer la transaccional que proponemos para que quede constancia,
aun sabiendo que la conocen los portavoces de los distintos grupos.
«Artículo 7.1, párrafo 2.º, del apartado b): En el caso de una salida
ilegal desde su inicio, la precedente declaración deberá precisar si la
salida del bien cultural de su territorio es ilegal por infracción de la
legislación en materia de patrimonio histórico español o de las
disposiciones del Reglamento de la Comunidad Económica Europea
3911/1992...» Y seguirá exactamente igual.
Respecto de las enmiendas que no son meramente técnicas, y que usted ha
cuidado en esta tribuna con tanto mimo, personalmente siento decir que
las rechazamos, porque entendemos que no es necesario contemplarlas en
este proyecto por venir recogidas en nuestro ordenamiento jurídico, y más
concretamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil o en el Código Civil.
Así pues, no consideramos necesario prever de manera expresa el traslado
de la demanda, una vez admitida ésta, y por ello rechazamos la enmienda
número 26. Insistimos en que no creemos necesario regular más allá de las
especialidades, una vez que el procedimiento queda fijado en el artículo
3 como el propio de los juicios verbales regulado en los artículos 715 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
También rechazamos las enmiendas números 28 y 29. La número 28 porque no
basta la buena fe del Derecho común, sino que ha de estar acompañada y
complementada con la diligencia debida. Señoría, dice que es redundante,
nosotros defendemos que no. Dice que debe ser aclaratoria, que no la
convirtamos en acumulativa, nosotros decimos que no nos importa que sea
acumulativa porque no queremos dejar ni un resquicio por donde se pueda
escapar ni la más mínima responsabilidad.
Señorías, dicen también que para establecer la diligencia debida en cada
caso se tendrán en cuenta las características del objeto, el precio que
se pagó, las circunstancias que concurren en la transmisión, en el
transmitente, en el adquirente. Pues claro, lógico, y otras muchas
consideraciones que es al juez a quien compete establecer y, por tanto,
como ni están en su enmienda todas, ni podemos aportar todos los
criterios para apreciar la existencia de la diligencia y de la buena fe
debidas, optamos por no hacer constar ninguna y dejamos que sean los
tribunales competentes, con el Código Civil en la mano, quienes definan
la buena o mala fe del poseedor y también la diligencia, pues es en el
Código Civil donde aparece contemplada la buena fe, exactamente en los
artículos 433 y siguientes.
Tampoco aceptamos las enmiendas números 30 y 31, al artículo 7, párrafo
3.º Este párrafo fue modificado en el informe de la ponencia durante el
trámite del Congreso de los Diputados, a instancias del Letrado, y su
redacción nos parece correcta. En cuanto a constituir un artículo nuevo,
no creemos que se justifique porque carece de entidad suficiente el
contenido del recurso, como se recoge en el informe previamente admitido
por el Consejo General del Poder Judicial.
Por lo anteriormente expuesto, no se considera necesaria la creación del
artículo que proponemos, como ya les dijimos también en ponencia y en
Comisión.
Les hemos presentado otra transaccional en la enmienda número 34, pues
aun cuando consideramos que debe continuar siendo transitoria porque el
precepto tiene carácter de transitoriedad, por cuanto que hace aplicable
esta Ley a las salidas ilegales durante el período comprendido entre el
1.º de enero de 1993 y la entrada en vigor de la Ley, sirve, no obstante,
para aclarar el plazo de prescripción de la acción de restitución a la
que se refiere el artículo 6, apartado 1, párrafo 1.º.
Sí consideramos que sus señorías hacen una buena aportación sobre la
propuesta de cambio en el epígrafe y la sugerencia de otro que nos parece
más adaptado al contenido de la disposición, aunque lo acortemos en
cuatro palabras, para no ser redundantes, con el comienzo de la
disposición, que empieza exactamente como ustedes proponían. Paso a dar
lectura al nuevo epígrafe para que así conste: Disposición transitoria
única, ámbito de aplicación temporal.
En la enmienda número 35 nos recuerdan que en el proyecto de ley que
tratamos se nos ha olvidado una disposición final segunda que consigne y
fije la entrada en vigor de la ley. Pues bien, señorías, no se nos ha
olvidado. Cuando en cualquier ley ocurre lo que ustedes nos recuerdan,
opera lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, según el cual,
aquélla se produce a los veinte días de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
No tengo nada más que decir, señorías. Creo que ha quedado clara nuestra
postura. No hace falta reiterarla más.
Gracias, señorías. Gracias, señor Soravilla. Gracias también a los
portavoces de otros grupos que han aceptado las transaccionales que les
hemos propuesto. Creemos que con el trabajo que hemos realizado entre
todos gana la ley porque mejora de manera notable después de su paso por
esta Cámara. Y sin duda es así porque entre todos, entre todas, no sólo
hemos querido que así fuera sino que, además, lo hemos conseguido. Muchas
gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a abrir el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Popular?
Tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias.
Voy a ser muy breve.
En primer lugar, deseo agradecer la intervención de la Senadora y
puntualizar aquellos conceptos que resultan más importantes para nosotros
como, por ejemplo, el de bien cultural al que se referían las enmiendas.
Yo comprendo los argumentos de su señoría, pero, desde luego, cualquiera
de ellos se desploma en el momento en que esto se refiere al artículo
7.a). Le recuerdo, señoría, que, aunque sea reiterativo, no estamos ante
un texto literario, sino que estamos ante un texto legal. Es decir, que
está bien que mantengamos unas normas gramaticales, sintácticas e incluso
de estilo pero, desde luego, no hace falta que hagamos de ello una
novela. Además, cuando su señoría ha dado los argumentos con respecto a
la enmienda número 27, lo único que hace, al final, es corroborar una vez
más nuestra teoría. Lo que nosotros queremos es que haga siempre
referencia a que se corresponde con aquellos requisitos recogidos y
contemplados en el artículo 1.
Por otra parte, agradecemos la buena disposición hacia las enmiendas
transaccionales. Ya le dijimos en el trámite de Comisión que estábamos
dispuestos a retirar el término latino «ab initio», pues sabemos que no
les gusta el latín, que incluso lo quitan de la enseñanza. Sabemos que
piensan que es una cosa de iniciados, y que los iniciados y los cultos
parece que les molestan. Nosotros nos queremos dirigir no sólo a la
mayoría sino, como Juan Ramón Jiménez, a la inmensa minoría, que es lo
que quisiéramos que fuera este país.
Con respecto a la buena fe y a la diligencia debida, debo manifestar que
no es que, como su señoría me ha dicho, nosotros dejemos resquicios.
Quizá queden resquicios; las leyes siempre dejan alguno. El problema es
que lo que dejan sus señorías son auténticas vías de agua. Yo les
recuerdo que este ámbito es --y lo he dicho en mi intervención-- mucho
más laberíntico, y que no basta simplemente con el Código Civil. Me temo
--y yo lo comprendo-- que la defensa que sus señorías hacen de esta
posición es una defensa de oído. Lo que yo hacía era una defensa de
vivencia personal. Y, en verdad, no es ya que sienta personalmente que no
admitan estas enmiendas referidas a esta cuestión, sino que lo siento
también por nuestro patrimonio, lo siento como hombre de la cultura, como
eso que les gusta tanto nombrar: como agente de la cultura. En
consecuencia, y debido precisamente a esta postura de no querer atender a
esto que digo desde mi propia experiencia, les anuncio ya que nos
abstendremos en la votación de este proyecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Senadora.
La señora PEREZ MAESTU: Gracias.
Creo que me he alargado excesivamente en mi exposición, de manera que
ahora, señor Soravilla, reitero exactamente lo que he dicho, y no voy a
añadir más, sólo que hoy estaba encantada: su talante había sido
exquisito, no lo estropee al final.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Vallvé i Navarro pide la
palabra.)
He dado el turno de portavoces por el orden acostumbrado, pero su
señoría, en su soledad, puede hacer uso de la palabra, dada su
importancia personal, no por el número de acompañantes de su Grupo
Parlamentario, ni de hecho ni de derecho.
Tiene la palabra su señoría.
El señor VALLVE I NAVARRO: Señor Presidente, gozo con la confianza de mis
compañeros de clase.
Con la venia de su señoría, anuncio desde aquí mi afecto al Senador
Soravilla. Cuando discutimos políticamente siempre nos enganchamos.
Respecto a esa condición que por segunda vez me ha dedicado el Grupo
Parlamentario Popular de portavoz adjunto o portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, deseo decirle que damos por reproducidos
nuestros argumentos del trabajo en Comisión, aquella parte más agradable.
En segundo lugar, deseo manifestar que las enmiendas --muy dignamente
defendidas por el Senador señor Soravilla-- que quedan vivas tienden a
mantener, en líneas generales, lo que se pretende con la ley.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular son de orden técnico unas,
y de orden procesal otras. Entendemos que el tener que reproducir textos
de las leyes de enjuiciamiento en un cuerpo legal nuevo no es una
práctica legislativa correcta; con hacer la remisión hay bastante. Somos
hombres de leyes y, en consecuencia, con una mínima reflexión para quien
tiene que utilizar la ley, es suficiente.
Creemos que el texto es bueno, muy mejorado con las incorporaciones
pactadas producto de la preocupación legislativa del Grupo Parlamentario
Popular. Lo que es cierto es que, con lo que resulta, se ha conseguido el
cumplimiento de la trasposición de la Directiva 37/7 de la Comunidad
Europea y, en consecuencia, el bien jurídico protegido está
suficientemente salvado.
El Senador Soravilla recordará que en comisión tuvimos nuestras
discusiones más o menos vehementes, en relación con determinadas
expresiones que a los nacionalistas --y aquí empieza mi intervención--
nos suenan mal en el oído y en el corazón. Tengo que hacer un
reconocimiento a la verdad: agradecer la intención que han tenido los
grupos mayoritarios de esta Cámara al proponer una redacción alternativa
de un artículo en el que se sustituye el Patrimonio nacional por el
Patrimonio histórico español. Yo he suscrito este compromiso, y lo he
hecho porque, en definitiva, me lo traía una dama encantadora como es la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. No he podido sustraerme a
sus encantos y he firmado, pero corregir es de humanos. El Senador
Torrontegui me ha hecho caer
en mi poca finura nacionalista, y me hace ver que el hablar del
Patrimonio histórico español es peligroso para el Estado de las
Autonomías que, en definitiva es la cuestión constitucional. Entendemos
que una redacción más correcta sería la del Patrimonio histórico del
Estado español, porque el Senador Torrontegui sufre por el árbol de
Guernica ya que, si un conflicto internacional se lo llevase, por
ejemplo, a París, en el momento de recuperarlo, el Estado español podría
decidir colocarlo en el jardín del Museo del Prado. Esto es una broma,
señorías, pero lo que sí que es serio es que el Archivo Histórico de la
Generalidad de Cataluña continúe en los anaqueles del Archivo Histórico
de Salamanca, y éste es un patrimonio que nos corresponde, y esto,
señorías --procuraré que no me traicione la emoción-- es un expolio. Lo
que tienen que hacer los grupos mayoritarios es devolver a las autonomías
su patrimonio, y mientras continuemos pronunciándonos y legislando
haciendo referencia al Patrimonio Histórico español, no hacemos ningún
favor a la Constitución, que establece que el Estado español es
plurinacional y está compuesto por diferentes nacionalidades y, de alguna
manera, continuamos con este lenguaje cotidiano al que aludía la Senadora
socialista que, de alguna forma, no hace ningún bien a la realidad actual
española. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Senador Vallvé, le ruego que vaya terminando. Entre
tanto, ruego silencio a la Cámara.
El señor VALLVE I NAVARRO: Gracias por su amparo, señor Presidente.
En última instancia, señorías, dicho esto, a pesar de que he suscrito la
transaccional que me han presentado, tal vez con poco estudio, nuestro
voto va a ser negativo, y espero que el de los compañeros nacionalistas
vascos sea en el mismo sentido. Aunque sabemos que es una batalla
perdida, queremos dejar constancia, cada vez que se produzca, de la
circunstancia de nuestra reivindicación nacionalista.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: El Senador Soravilla tiene la palabra.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con toda brevedad para contestar al Senador Vallvé, y le diré
que yo lamento enormemente que su voluntad, por lo que parece que
manifiesta, sea desarmar todo el Museo del Prado para que Velázquez vaya
a Sevilla, para que Zurbarán vaya a Extremadura, con lo cual,
efectivamente, nos enriquecemos mucho, pero vamos a perder también el
gran buque insignia de la cultura española, que no es una suma matemática
de culturas, sino que es como el Club Barça: algo más.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor PRESIDENTE: Senadora Pérez Maestu, por el artículo 87, tiene la
palabra, también por el mismo espacio breve de tiempo.
La señora PEREZ MAESTU: Muchas gracias, señor Presidente.
Será de aplicación del artículo 87 también, ese que le encanta al señor
Vicepresidente, que creo que le llama el socorro de los pobres.
Señor Vallvé, si no hubiera sido por la transaccional presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, hubiera quedado muchísimo peor, y usted
lo sabe. Y, efectivamente, ni ustedes, el Grupo Catalán, ni los Senadores
Nacionalistas Vascos han presentado enmiendas. Por lo tanto, hemos
llegado hasta exactamente donde llega la Ley a la que se refiere, que es
la Ley de Patrimonio Histórico Español, y no puede constar otra cosa,
porque ése es el nombre de la Ley. Lo siento, señor Vallvé. Les invito
nuevamente a ambos Grupos a que se unan a nosotros, porque creemos que
queda bastante bien.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Torrontegui Gangoiti pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Senador Torrontegui, ya no hay turno. ¿En concepto
de qué me pide la palabra? Ha habido una alusión del Senador Vallvé a su
señoría. ¿Es por esa alusión?
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Y también se ha producido otra alusión, la
de la señora portavoz socialista.
El señor PRESIDENTE: Pero sin nombre propio. El Senador Vallvé ha aludido
al Senador Torrontegui respecto a la ideología nacionalista. Sobre esa
cuestión le doy la palabra.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero explicar simplemente el motivo por el que no hemos intervenido y
por qué vamos a votar...
El señor PRESIDENTE: No, señoría. Tiene la palabra exclusivamente por la
alusión, porque ha tenido la posibilidad de consumir un turno para que su
señoría expresara la posición de su Grupo y las razones de fondo al
emitirla. Por lo tanto, confiésese nacionalista o no (Risas.), pero no le
voy a dar la palabra para más cosas, porque en cuanto el Presidente es
generoso se encuentra con que crea problemas a la Cámara.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Me confieso nacionalista, efectivamente (Risas.). Estoy de acuerdo con
las palabras que ha dicho mi compañero, el señor Vallvé. Creo que esta
transaccional tenía una posibilidad de enmienda muy clara, pero por una
cerrazón del Grupo Socialista no se ha acabado de perfeccionar. Creo que
es suficiente corroborar lo que el señor Vallvé ha manifestado, porque su
señoría no me deja hablar más y no puedo explicar nada más.
El señor PRESIDENTE: Esto ha sido mucho más que una confesión y, por lo
tanto, difícilmente le podré dar la absolución y la palabra.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En primer lugar, vamos a someter a votación las enmiendas defendidas por
el Senador don Roberto Soravilla, referidas a los artículos 1, 6, 7,
transitoria única y disposición final nueva. ¿Pueden agruparse para su
votación? (Asentimiento.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 97; en contra, 122; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Seguidamente, se somete a votación el texto del artículo 7.1, párrafo
segundo del apartado b), que es objeto de una enmienda transaccional
suscrita por los siguientes grupos parlamentarios: Socialista, Popular,
de Convergència i Unió y de Coalición Canaria. Su redacción es la
siguiente: «En el caso de una salida ilegal desde su inicio, la
precedente declaración deberá precisar si la salida del bien cultural de
su territorio es ilegal por infracción de la legislación en materia de
Patrimonio Histórico Español o de las Disposiciones del Reglamento de la
Comunidad Económica Europea, 3911/1992.»
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 205; en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Los mismos grupos parlamentarios han suscrito otra enmienda de
modificación del dictamen a la disposición transitoria única que se
refiere a la redacción de un nuevo epígrafe, que textualmente es el
siguiente: «Ambito de aplicación temporal.» La sometemos a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 227.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por los 227 votos emitidos.
(Aplausos.)
Sometemos seguidamente a votación el dictamen con las modificaciones que
acabamos de introducir. Salvo que se me indique lo contrario, votamos los
artículos del 1 al 9, disposiciones adicionales primera y segunda,
disposición transitoria única, disposición final única y exposición de
motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 130; abstenciones, 96.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY
ORGANICA DE PROTECCION A TESTIGOS Y PERITOS EN CAUSAS CRIMINALES. (S.
622/000001.) (C. D. 124/000001.)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con
la proposición de Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en
causas criminales. Se publicó en los Boletines correspondientes, con
fecha 28 de noviembre de 1994. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig,
ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): ¿El Presidente de la Comisión de
Justicia puede indicar si ha sido designado algún Senador para presentar
el dictamen? (Pausa.)
El señor HERRERO MEREDIZ: La Comisión ha designado al Senador Caballero
Lasquibar. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, ruego que guarden
silencio.
Tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, ciertamente me complace presentar a la Cámara... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Un momento, por favor.
Señorías, ruego que guarden silencio.
Puede continuar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que, ciertamente, me complace presentar a esta Cámara el dictamen
del proyecto de ley orgánica de protección de testigos y peritos.
El texto tiene su origen en la proposición de ley que presentó el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ante esta Cámara y que
fue tomado en consideración por asentimiento de sus señorías en sesión
plenaria del 6 de octubre del pasado año. Remitido el texto al Congreso
de los Diputados, la proposición fue aprobada por el mismo y tiene su
entrada en esta Cámara el pasado 4 de noviembre, finalizando el plazo de
presentación de enmiendas el día 17 del mismo mes.
Fueron presentadas al texto veintiuna enmiendas; tres pertenecientes al
Grupo Parlamentario Mixto, formuladas por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; cuatro, por el Grupo Parlamentario Popular; diez, por el Grupo
Parlamentario
Socialista, y cuatro, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado.
La Ponencia emitió su informe el pasado día 22 de noviembre, incorporando
por unanimidad quince enmiendas; diez correspondientes al Grupo
Parlamentario Socialista; dos, al Grupo Parlamentario Popular, y tres, al
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado. Para su debate ha
quedado formulado un voto particular por el Grupo Parlamentario Popular,
que recoge en sus enmiendas 4 y 5, a la presente proposición de ley.
No quisiera terminar, señor Presidente, sin agradecer a los miembros de
la Comisión de Justicia --y por extensión, a los grupos parlamentarios
presentes en esta Cámara-- su deferencia al haberme nombrado portavoz de
la citada Comisión para la presentación del dictamen sobre esta
proposición de ley orgánica de protección de testigos y peritos en causas
criminales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Si no hubiere petición de debate de totalidad --que no la hay--,
pasaríamos al debate de los artículos 1 a 4, disposiciones adicionales
primera y segunda, disposición derogatoria, disposición final y
exposición de motivos, así como del voto particular del Grupo
Parlamentario Popular con las enmiendas números 4 y 5.
Tiene la palabra el señor Prada Presa.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, mi Grupo presenta dos únicas enmiendas a este proyecto de ley
en este trámite con la exclusiva finalidad de proceder a mejorar esta
ley, dado que ha contado, tanto en el trámite del Congreso de los
Diputados como en el Senado, con un amplio consenso, porque cubre una
laguna legal como es la regulación de la protección de testigos en causas
criminales.
En este sentido, con la enmienda número 4 al artículo 3.2 pretendemos que
se incluya la facultad de los jueces que instruyen los procedimientos
para que puedan brindar a los testigos y peritos la protección oficial,
así como acordar el establecimiento de las medidas excepcionales a
peritos y testigos que este artículo establece. Nuestra pretensión es la
inclusión de la figura del juez instructor de oficio, para que de oficio
pueda adoptar estas medidas de protección a peritos y testigos porque,
como sus señorías saben, tal como figura en el dictamen de la Comisión,
esta facultad se reconoce exclusivamente al Ministerio Fiscal.
La enmienda número 5 es de modificación y con ella pretendemos que en el
artículo 4, apartado 3, párrafo tercero, se incluya la figura del perito
en el sentido de que el plazo de cinco días siguientes a la notificación
a las partes --en este caso, no de la filiación, sino de la identidad,
porque con la aprobación por unanimidad de una enmienda del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado en la Comisión la palabra
«filiación» queda sustituida por «identidad»-- de la identidad de los
peritos y testigos se amplíe no sólo a los testigos --como dice el
proyecto de ley--, sino también a los peritos.
No estamos en los supuestos de recusación de peritos, sino en la
posibilidad de proponer nuevas pruebas, una vez que se conoce la
identidad de los testigos y --según la adición que proponemos-- de los
peritos; nuevas pruebas tendentes a acreditar alguna circunstancia que
pueda influir en el valor probatorio, el cual pretende el proyecto --como
decía, señorías-- que se reduzca a los testimonios de los testigos. El
Grupo Parlamentario Popular pretende que esta circunstancia se amplíe a
la pericia que habría sido emitida. A nuestro juicio, los peritos deben
ser tratados a los efectos de esta ley de la misma manera que los
testigos, y así se darán mayores garantías procesales.
Por todo ello, señoría, sometemos a la consideración de la Cámara estas
dos enmiendas con la única finalidad --insisto-- de mejorar la ley, por
lo que solicito de los grupos parlamentarios su voto favorable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, nos oponemos a la
enmienda número 4, defendida por el representante del Grupo Parlamentario
Popular, en base a que al procedimiento penal hay que procurarle todos
los elementos para que se desemboque en la justa aplicación del Derecho.
Con esta proposición se insiste en evitar los retraimientos de testigos y
peritos y, por tanto, la impunidad de los presuntos culpables. Y no cabe
duda de que quien tiene que apreciar el peligro posible que corren los
peritos y los testigos --o de las personas a ellos ligadas-- es el juez.
Esto así se determina desde el artículo 1 de esta proposición de ley.
A partir de ahí, el procedimiento se divide en dos etapas: la instrucción
y el enjuiciamiento; no el juicio oral, que también lo hemos rectificado
porque era limitativo y no llegaba al concepto general de lo que es el
enjuiciamiento. Además, el juez tiene que acordar motivadamente las
distintas necesidades de protección --que están previstas en la ley--:
preserva de la identidad, evitar la toma de imágenes, la protección
policial, facilitar documentos de nueva identidad y hasta dinero para
cambiar de residencia o lugar de trabajo. Para todo el proceso o,
incluso, después, si se mantiene el peligro grave previsto en el artículo
1.2 --que aprecia, como he dicho antes, el juez--, debe ser a instancia
del Ministerio Fiscal, a nuestro juicio, cuando se brinde al testigo esa
protección concreta a que se refiere el artículo 3.
Estamos en un programa de protección de testigos y peritos, que es una
medida procesal que conecta directamente con las posibilidades de
desarrollo de la política criminal, y bajo el concepto de justicia
rogada. Por tanto, teniendo en cuenta que ya está protegida la iniciativa
judicial para todo el proceso, debe ser a propuesta del Ministerio Fiscal
cuando se faciliten estas protecciones previstas en este artículo.
La enmienda número 5, que intenta incluir a los peritos junto a los
testigos, es, a nuestro juicio, en vez de una mejora un empeoramiento del
texto, técnicamente hablando. No digo que fuera imposible, pero no sólo
no mejora, sino que empeora el texto.
En la fase del enjuiciamiento, el órgano judicial encargado tiene que
pronunciarse sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir todas
o algunas de las medidas de protección adoptadas por el instructor,
incluso puede disponer otras nuevas. Todas ellas pueden ser recurridas,
pero también las partes pueden solicitar el conocimiento de la identidad
de los testigos o peritos propuestos. A partir de aquí, funcionan
mecanismos distintos para unos y otros. Los peritos pueden ser recusados,
de acuerdo con el artículo 662 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en
referencia al artículo 723 de la misma Ley y, por consiguiente, no hace
falta repetir la cuestión cuando nos referimos a los testigos.
Conocidos los testigos, las partes pueden proponer nueva prueba para
acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio
de su testimonio. El régimen de recusación es suficiente, en cambio, para
los peritos, para conseguir el objeto pretendido por quien lo recurra, no
siendo preciso, por tanto, incluirlo junto a los testigos, como pretende
la enmienda que, repito, no sólo no mejora, sino que empeora lo
actualmente previsto en esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la
palabra el Senador Travieso Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero indicar que vamos a cambiar el sentido
del voto en la enmienda número 5. La verdad es que las explicaciones del
señor Arévalo nos ha convencido. Pensamos que se debe dejar como figura
en el texto.
En cuanto a la enmienda número 4, somos partidarios de que el juez
instructor, aparte de otorgar los beneficios, pueda brindárselos a los
distintos testigos y peritos.
Por las argumentaciones que ha dado el Senador Prada Presa, vamos a votar
a favor de la enmienda número 4 y en contra de la enmienda número 5. Creo
que es importante que el juez tenga esa facultad, que no sólo esté en
manos del Ministerio Fiscal, porque en algún momento podría haber
intereses contrapuestos y el juez, al fin y al cabo, también está al
tanto de todo el procedimiento y puede entender que hay un perito, un
testigo que necesita esas medidas de protección y que puede ser muy
beneficioso para que al fin impere la verdad en este procedimiento.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Travieso
Darias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
No voy a repetir las reflexiones del interviniente anterior por ser las
mismas, por lo que anuncio que votaremos afirmativamente a la enmienda
número 4 y negativamente a la enmienda número 5.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Ibarz i Casadevall.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para consumir un turno de portavoces, con el objetivo de
fijar la posición de Convergència i Unió en este trámite.
En el momento de la toma en consideración de la proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
Convergència i Unió ya anunció el apoyo al proyecto, en aquel momento
iniciativa, y manifestó su coincidencia en la preocupación que traslucía
la proposición frente a la dificultad de facilitar la debida protección a
testigos y peritos en determinadas causas criminales en las que está
implicada la delincuencia organizada. El Estado tiene el deber de
proteger a las personas que, en ocasiones con riesgo de su vida o de
otros bienes, asimismo dignos de protección, participan en el proceso
para restaurar la legalidad infringida.
En esta línea, nosotros vamos a apoyar el dictamen de la Comisión, en los
términos en que viene aprobado por la Comisión, debiendo manifestar al
Senador Prada que no podremos apoyar las enmiendas que ha presentado y
que esperamos, al igual que ocurrió en el Congreso de los Diputados, que
la mayoría de los grupos se sumen al voto favorable al dictamen de la
Comisión.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barrero.
El señor BARRERO VALVERDE: Muchas gracias, señor Presidente.
La proposición de ley que debatimos fue presentada en su momento con la
finalidad de que la Administración de Justicia fuera más eficaz en la
persecución y castigo de actos delictivos o criminales, otorgando una
protección que inicialmente iba también dirigida al denunciante, a
peritos y testigos que intervienen --entonces se decía-- en determinadas
causas criminales.
La proposición de ley, como sus señorías conocen, ha sufrido
modificaciones sustanciales como consecuencia
del trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, debido en gran
parte al consenso entre los grupos parlamentarios y a la voluntad de
todos de elaborar un texto con una redacción técnica más adecuada. Las
novedades introducidas han despejado buena parte de las dudas que se
planteaban y que afectaban, incluso, a principios constitucionales del
proceso penal.
Así, dicho telegráficamente, se limita la protección a peritos y testigos
y desaparece la referencia a los denunciantes y a los confidentes; se
amplía el ámbito de aplicación a cualquier proceso penal; desaparece la
referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, a quienes también se aplicaba la protección cuando fueran
denunciados o querellados. En este sentido, quiero recordar que mi grupo
presentó una enmienda con la finalidad de articular una protección y un
tratamiento dirigido especialmente a los agentes de seguridad con
carácter general, y no sólo en los supuestos de denuncia o de querella.
Se salvan algunas dificultades, relativas al equilibrio de intereses
procesales, y desaparece la posibilidad de que se mantenga el total
anonimato de testigos o peritos durante la fase del juicio oral, supuesto
que vulneraba el derecho constitucional a la defensa que prevé el
artículo 24 de la Constitución y que suponía una derogación de los
principios esenciales del proceso penal, como son los de inmediación,
oralidad y contradicción.
Por otra parte, se respetan las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal al establecerse que para que una declaración o informe de
testigos o peritos pueda ser considerada como prueba de cargo es exigible
el cumplimiento de lo previsto en la Ley procesal. Por último, se otorga
el carácter de orgánica a toda la ley, excepto al contenido del artículo
3.2.
Esta es una semblanza de cómo ha quedado la ley después del trámite
parlamentario. Con todo ello, la proposición de ley supone un
reforzamiento de los instrumentos legales en la lucha contra la
delincuencia organizada. Es necesario otorgar una protección a los
testigos y peritos que intervienen en los procesos penales, con la
finalidad de fomentar la colaboración ciudadana en la erradicación de la
delincuencia.
Sin embargo, el texto originario ha sufrido, como digo, un cambio de
orientación, lo que ha redundado, por una parte, en una mejoría técnica
y, por otra y a la vez, en una disminución de la intensidad en la
respuesta frente al crimen organizado. La nueva redacción ha supuesto la
superación de ciertas objeciones que llegaban a afectar a los derechos
fundamentales, como he dicho antes, de la persona y que se han resuelto
merced a la voluntad de los distintos grupos.
No obstante, creemos que es importante realizar algunas breves
matizaciones: en primer término, a nuestro entender, el ámbito de
aplicación es limitado, debiendo contemplarse en futuras reformas las
figuras del arrepentido y la del confidente, con especial referencia a la
validez de sus testimonios como prueba en juicio. En segundo término, a
nuestro entender, sería necesario un posterior proyecto de reforma,
encaminado a la regulación de todos los medios de investigación y de
prueba. Y, en tercer término, esta proposición, calificada de tímida, es
un instrumento válido pero, según nuestro criterio, no supone la
respuesta definitiva en la lucha contra la delincuencia y el
narcotráfico, por lo que pensamos que sería necesario disponer de la
normativa adecuada y específica que contemple los aspectos penales y
procesales que sirva para dar respuesta más eficaz a esta delincuencia.
Con estas matizaciones, la proposición de ley nos parece positiva y
oportuna, y por ello anuncio que nuestro grupo va a apoyarla.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Barrero.
El Senador Arévalo tiene la palabra.
El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para anunciar que mantenemos nuestro voto en
contra de las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular y que agradezco el cambio de posición anunciado por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, el voto que va a emitir en
contra de la enmienda número 5 el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos y el voto en contra de las dos enmiendas por parte
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Solamente voy a hacer una apostilla a la última intervención, la del
representante en este momento del Grupo Parlamentario Popular. Esta
proposición de ley es para proteger, sin limitaciones, a los testigos y
peritos que, a juicio de la autoridad judicial, racionalmente puedan
tener problemas, puedan tener peligro, y para evitar el retraimiento, el
miedo que en ocasiones se produce en los testigos y en los peritos. Pero
no tiene limitaciones porque se trata de la protección para testigos y
peritos en toda clase de procedimientos penales, en todos ellos, por lo
que no sólo no tiene limitación, sino que es en este sentido más amplia
que la proposición inicial tal como fue formulada. Eso no quiere decir,
naturalmente, que incluya a arrepentidos, confidentes, etcétera, puesto
que éstos sí que deberán ser incluidos en otra norma, y no es ésta, por
lo tanto, la aplicable a esos casos. Incluso en el futuro Código Penal,
cuyo texto ya obra en poder de sus señorías puesto que se debate en el
Congreso de los Diputados, se incluyen precisamente estos sectores
atendidos en los términos en que penalmente es necesario.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señorías, antes de pasar a la votación, a sugerencia de los Servicios de
la Cámara, y previendo que tal como vamos desarrollando este Pleno podría
ser que al final de la mañana llegáramos al punto noveno, dado que para
presenciar el debate del informe a que dicho punto se refiere hay citadas
diversas personalidades que prejuzgan que se hará a
las cuatro de la tarde, si sus señorías no tuvieran inconveniente, les
propondría, para ir avanzando y si la mañana da de sí, posponer el punto
noveno al décimo, pasando a tratar el punto décimo previamente al noveno.
(Asentimiento.) Muchas gracias.
A continuación, vamos a someter a votación, en primer lugar, la enmienda
número 4, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 231; a
favor, 110; en contra, 121.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario
Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 231; a
favor, 100; en contra, 128; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Pasamos a votar los artículos 1 a 4, disposiciones adicionales primera y
segunda, disposición derogatoria, disposición final y exposición de
motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a
favor, 229; en contra, uno.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Esta proposición de Ley Orgánica
ha sido aceptada.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY
ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA EL CODIGO PENAL EN LO REFERENTE A
ESCUCHAS TELEFONICAS. (S. 622/000009.) (C. D. 124/000003.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos, por consiguiente, al
punto número 25, de la Comisión de Justicia en relación con la
proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo
referente a escuchas telefónicas.
Pido al Presidente de la Comisión correspondiente si hay algún Senador
designado para hacer la presentación del dictamen de la Comisión.
El señor HERRERO MEREDIZ: Señoría, la Comisión ha designado al Senador
Ortí Bordás.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señorías, ruego silencio. Tiene la palabra el Senador Ortí Bordás.
El señor ORTI BORDAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el día 18 de febrero de 1994 el «Boletín Oficial del Senado»
procedió a la publicación del texto de la proposición de Ley orgánica,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que hoy nos ocupa. A esta
proposición de ley no se presentaron otras proposiciones sobre el mismo
objeto o materia.
El Pleno del Senado procedió a la toma en consideración de esta
proposición de ley orgánica en su sesión del día 23 de marzo de 1994,
debiendo resaltar que todos los grupos parlamentarios de la Cámara
votaron favorablemente dicha toma en consideración. (Rumores.)
El 7 de abril de 1994 la Mesa del Congreso de los Diputados encomendó el
dictamen a la Comisión de Justicia e Interior y abrió el correspondiente
plazo de enmiendas. Tras el dictamen de la mencionada Comisión, el Pleno
del Congreso de los Diputados debatió y aprobó la proposición de ley
orgánica de referencia en su sesión de 27 de octubre del presente año,
introduciendo modificaciones en los artículos 192 bis y 497 bis,
suprimiendo el artículo 497 ter y añadiendo un tercer párrafo al artículo
497 bis, todos ellos del Código Penal. (Rumores.)
El texto de la proposición de ley orgánica remitido por el Congreso de
los Diputados tuvo entrada en esta Cámara...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, espere un segundo. De
veras pido silencio; es mayor el rumor de la conversación ajena al propio
debate que lo que se está diciendo en estos momentos. Pido, por respeto a
todos, que juntos hagamos un esfuerzo para seguir el debate con atención.
Gracias.
El señor ORTI BORDAS: Decía, señor Presidente, señorías, que el texto de
la proposición de ley orgánica remitido por el Congreso de los Diputados
tuvo entrada en esta Cámara el día 4 del corriente mes y fue remitido a
la Comisión de Justicia del Senado, abriéndose un plazo de presentación
de enmiendas que posteriormente fue ampliado.
Al referido texto se presentaron cinco enmiendas, una de doña Isabel
Vilallonga Elviro y don Alvaro Martínez Sevilla, tres del Grupo
Parlamentario Socialista y una del Grupo Parlamentario Popular. La
Ponencia que estudió la proposición de ley orgánica estuvo integrada por
la Senadora Fernández Arias y los Senadores Cañellas Fons, Galán Pérez,
Ibarz i Casadevall y quien tiene el honor de dirigirse a la Cámara en
estos momentos. Elevó a la Comisión un informe aceptando por unanimidad
las enmiendas números 2 y 3 del Grupo Parlamentario Socialista, que
suponen mejoras técnicas en el texto, rechazando por mayoría las
enmiendas de la señora Vilallonga Elviro y del señor Martínez Sevilla, la
número 4 del Grupo Parlamentario Socialista y la número 5 del Grupo
Parlamentario Popular.
Por último, la Comisión de Justicia, en cuyo seno, por cierto, decayó la
enmienda número 1, se reunió para elaborar el oportuno dictamen el día 24
del corriente mes,
acordando aceptar en todos sus puntos el texto previamente propuesto por
la Ponencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Hay alguna petición de debate de totalidad? (Pausa.) Tiene la palabra el
señor Galán Pérez.
El señor GALAN PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Con la venia, para agotar, con brevedad, un turno a favor del dictamen de
la Comisión que llega a este Pleno en relación con la iniciativa
legislativa que en su día ejerció el Grupo Parlamentario Popular en esta
Cámara, por el que se intentaba reformar el Código Penal, modificando lo
relativo a escuchas telefónicas, procurando una agravación de las penas y
una mejor garantía del secreto de las comunicaciones, que ha tenido las
vicisitudes en su tramitación parlamentaria que el Senador Ortí Bordás ha
señalado con claridad y precisión al conjunto de los Senadores de esta
Cámara.
Vamos a señalar nuestra defensa absoluta del texto del dictamen tal como
llega a este Pleno, por cuanto creemos que todas las modificaciones
introducidas en la tramitación parlamentaria han sido positivas. En
primer lugar, ha habido una ampliación de la tipificación penal de la
interceptación de las comunicaciones, ampliando lo que era una referencia
exclusiva a las escuchas telefónicas a cualquier tipo de interceptación
de cualquier forma de telecomunicación, o sea, cualquier fórmula de
escucha, grabación o reproducción de sonido o de imagen, bien sea a
través de artificios técnicos para grabar las conversaciones telefónicas
como para interceptar los fax, grabar la imagen o cualquier medio de
telecomunicación en general, lo cual nos parece una ampliación positiva
de la garantía penal impartida por la proposición.
En segundo lugar, una mayor agravación de las penas previstas en el 192
bis y en el 497 bis, con una mejora de su formulación técnica,
haciéndolas plenamente compatible con el sistema penológico incluido en
el Código Penal vigente. En tercer lugar, la supresión, en relación con
el texto inicial, de los últimos párrafos de los artículos 497 bis y 192
bis, en los que se pretendía incluir como nuevos subtipos determinadas
figuras en relación con la revelación o divulgación por parte de quien
efectúa la interceptación, por considerar que esto estaba ya recogido en
otros preceptos del Código.
Por último, la desaparición de los supuestos inicialmente previstos en el
497 ter, por acuerdo pleno de los grupos, creo que es otro acierto de la
tramitación, por cuanto excedían con mucho el principio de intervención
mínima y el principio de proporcionalidad que debe inspirar el Derecho
Penal.
Finalmente, la inclusión de un último apartado, por el que se enfatiza
que la divulgación o revelación de lo ilícitamente interceptado debe
también ser objeto de tipificación penal aunque la realice quien no ha
tomado parte en la interceptación, en la escucha --en la tipificación
inicial realizada en los dos artículos--, pero conoce su origen ilícito,
nos parece que completa perfectamente este intento de reforzar los
derechos que están garantizados en el artículo 18 de nuestra Constitución
en relación con la proteción del honor, el derecho a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
Y queremos, sencillamente, para terminar este turno de defensa a la
totalidad, hacer alguna breve reflexión sobre la necesidad de protección
de la intimidad, que exige garantizar la facultad del individuo para
determinar por sí mismo cuándo, cómo y en qué medida se ha de comunicar
información sobre ellos a terceras personas. Se debe proteger penalmente
el secreto de las comunicaciones, teniendo en cuenta que tal protección
exige la sanción, no sólo para quien materialmente capta, intercepta,
graba o escucha las comunicaciones ajenas, sea funcionario público cuando
carece de la oportuna autorización judicial, o sea un particular, sino
que ha de preverse específicamente la sanción penal para la revelación de
tales comunicaciones cuando se conoce plenamente su origen ilícito. Nos
parece que, en efecto, si grave es la conducta que levanta el secreto de
la comunicación mediante su interceptación, más grave y mayor reproche ha
de merecer la conducta consistente en la difusión pública de tales
informaciones indebidamente captadas, pues es la difusión a terceros la
que provoca la multiplicación del daño, la que perturba el control del
individuo sobre su propia información. Nos parece, en definitiva, que hoy
el secreto a la intimidad está en peligro muchas veces, bien por los
avances de la tecnología, bien por determinado tipo de orientación de
ciertos medios o grupos de comunicación.
En modo alguno con esto estamos intentando desequilibrar un equilibrio
que la jurisprudencia constitucional ha consagrado en el derecho a emitir
y a recibir información veraz, como figura en el artículo 20 de la
Constitución, pero no podemos olvidar que ese mismo artículo, en su
apartado 4, establece que el derecho a la intimidad, al honor, a la
propia imagen ha de ser un límite en relación a esa libertad de
información. Nos parece que cuando alguien tiene una actitud de
intromisión en el secreto de las comunicaciones, en la intimidad, en
definitiva, de la persona, lo hace bien para actuar en consecuencia
respecto a la persona vulnerada en su intimidad, con la ventaja que
concede tal privilegiada información, bien para coaccionar o chantajear
al ciudadano mediante la amenaza de la revelación de lo ilícitamente
interceptado, o bien para tentar a la intimidad, honor e imagen que ese
ciudadano mediante la revelación pública y masiva al conjunto de la
población de aspectos relativos a su intimidad privada. Nos parece que,
en definitiva, el tipo penal, si se limita sencillamente a condenar el
tráfico ilícito de la información y queda sin protección todo lo
referente a divulgación o revelación de lo descubierto, estaría
fomentando la creación de estructuras organizadas que salvarían su
responsabilidad penal y obtendrían sus fines inconfesables, antes
descritos, mediante la simple difusión de la información a través de
terceros.
Creemos, en definitiva --y con esto termino, señorías--, que en estos
momentos es oportuno traer a colación a esta Cámara unas palabras de
Bloustein en su obra «Privacidad y límites de la ley», que dice: La
intimidad debe
ser un bien jurídico protegido penalmente, porque la falta de intimidad
supone la posibilidad del absoluto e inmediato acceso, el absoluto e
inmediato conocimiento y la constante observación de un individuo. En una
sociedad que esto permite no habría lugar ya para pensamientos privados,
ni para lugares privados. Todo lo que el individuo pensase e hiciese
sería inmediatamente conocido por todos los demás. El hombre así
compelido a vivir cada momento bajo la posibilidad de tener que vivir su
vida entre los demás y cuyas necesidades, pensamientos íntimos o deseos
recónditos estuvieran sujetos al público escrutinio, sería un individuo
privado de su individualidad y de toda su dignidad humana. Tal individuo
quedaría disuelto en la masa.
Eso es lo que nosotros creemos que debe intentar evitarse, que debemos
reforzar las garantías de ese derecho importante a la intimidad, y por
eso defendemos, tal y como aparece en este Pleno, el dictamen de la
Comisión, el texto que sometemos a consideración de sus señorías.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Galán.
En esta parte de debate a la totalidad, ¿hay turno en contra? (Pausa.)
Al no haber turno en contra, pasamos al turno de portavoces. (Pausa.) No
habiendo turno de portavoces, pasamos al debate de las enmiendas
presentadas.
Voto particular número uno, del Grupo Popular, que corresponde a la
enmienda número 5.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Ortí Bordás.
El señor ORTI BORDAS: Señor Presidente, señorías, como ha quedado
reiteradamente puesto de manifiesto, ha sido mi Grupo, precisamente, el
que en su día tuvo la iniciativa de formular una proposición de ley
orgánica para modificar el Código Penal en lo referente al secreto de las
comunicaciones. Y podría parecer un tanto extraño que esta mañana no
hubiese consumido un turno a favor del texto del dictamen de la Comisión,
siendo como somos, el Grupo proponente. Pero esta extrañeza debería ser
reputada como superficial, porque lo cierto es que tenemos razones --y
razones que entendemos suficientes-- como para tener alguna objeción a
una parte importante del texto --me refiero concretamente al nuevo
párrafo tercero del artículo 497 bis--, y la tenemos porque este nuevo
párrafo, que dice textualmente: «El que sin haber tomado parte en su
descubrimiento y con conocimiento de su origen ilícito divulgare o
revelare lo descubierto será castigado con las penas de prisión menor en
grado mínimo y multa de 100.000 a 1.000.000 de pesetas», coarta la
libertad de expresión y el derecho a la información. Este es un tema de
la suficiente entidad como para que nosotros lo hayamos puesto de relieve
en la tribuna, pero también como para que nosotros hayamos redactado en
su momento la oportuna enmienda.
No tengo ningún inconveniente en reconocer que el texto remitido por el
Congreso de los Diputados contiene determinadas mejoras en relación con
el artículo 497 bis vigente, sobre todo en lo que hace referencia al tipo
básico del referido artículo. Es cierto que constituye un avance hablar
ahora de telecomunicaciones, y no limitarse a hablar, como el 497 bis
vigente, de mera comunicación telefónica, como no lo es menos --y diría
que ello constituye un avance fundamental desde el punto de vista
técnico-- el haber introducido la imagen donde antes solamente se
contemplaba el supuesto del sonido. Pero no se dejará de reconocer
conmigo que quizás estos avances se han detenido en la frontera del
elemento subjetivo del injusto que trae consigo el 497 bis al darle un
destino finalista al texto: «para descubrir secretos o la intimidad de
otros». En cualquier caso, en lo que se refiere al tipo básico, los
avances introducidos en el texto remitido por el Congreso de los
Diputados son importantes, y yo así debo de reconocerlo en esta tribuna.
Con la misma libertad, debo lamentar que en el texto remitido por el
Congreso de los Diputados no se haya planteado con el rigor suficiente el
problema que nosotros señalamos al formular el texto del artículo 497
ter; porque los derechos de la personalidad no se agotan con el catálogo
explícito que hoy en día aparece en nuestra norma fundamental. Hay
derechos de la persona que están adquiriendo, poco a poco, singularidad y
autonomía suficiente en otros ordenamientos y, desde luego, nosotros no
tenemos ninguna razón para pensar que en un día próximo no tomen también
cuerpo en el ordenamiento español. En cualquier caso, lo que ha resuelto
el Código Penal francés, en sus artículos 368 y 369, y lo que ha resuelto
el Código Penal suizo, en sus artículos 197 bis y 197 ter, es hacia lo
que caminan los ordenamientos tanto continentales como extraeuropeos. Y
es también algo hacia lo que, sin duda alguna, terminará caminando
nuestro propio ordenamiento.
Porque, se quiera o no reconocer en estos momentos históricos --veremos
luego lo que pasa--, evidentemente hay un derecho a la voz como hay un
derecho a la imagen. Y creo que ninguna de sus señorías consentiría de
buen grado que se hiciera uso de su voz, por ejemplo, para ilustrar
espacios de publicidad. Hay un derecho a la voz. Y ese derecho a la voz
terminará imponiéndose. Nosotros quisimos adelantarnos, y lo cierto es
que no obtuvimos el apoyo de los distintos grupos parlamentarios en el
Congreso de los Diputados, lo que nos hubiera permitido tener la
posibilidad de consagrar en esta Cámara un avance sustantivo en un
terreno tan importante como el del derecho de la persona.
Pero, dicho esto, nosotros, moral y políticamente no hemos tenido más
remedio que enmendar algo que no existía en la proposición de ley que, en
su día, fue tomada en consideración en esta Cámara: el nuevo párrafo
tercero del artículo 497 bis, al que antes me refería. ¿Y cuál es el
objetivo de nuestra enmienda? Pues sólo uno, pero entendemos que de
alguna relevancia. Nosotros creemos que el objetivo de la enmienda que
hemos presentado es el de aumentar la protección al secreto de las
comunicaciones y al derecho a la intimidad, sin poner en peligro por ello
el libre ejercicio del derecho a la información. Y éste es un objetivo de
una entidad lo suficientemente importante como para que la Cámara
comprenda que nos encontramos ante
un debate que no carece ciertamente de trascendencia. Porque, diciéndolo
de otra manera, nuestra enmienda lo que pretende es evitar los efectos
perversos que sin ninguna duda se van a derivar si el tercer párrafo del
artículo 497 bis de la Proposición de Ley entra en vigor.
La gran virtud de nuestra fórmula, que consiste en sustituir este nuevo
párrafo tercero por una redacción que se circunscriba a aquel que
«ejecutare actos de tráfico con lo descubierto», la gran virtud, digo, es
que plantea y resuelve el verdadero problema que tenemos en presencia,
que es muy amplio, tan amplio que comprendo que sus señorías afirmen que
es muy difícil tener una visión exacta del mismo. Es un problema que no
hace sólo referencia al mero hecho de que se puedan estar incrementando,
como de hecho lo están haciendo, las interceptaciones de las
comunicaciones telefónicas. No es un derecho que esté ahora
suficientemente protegido, ni en este aspecto ni en otros muchos, es
cierto, pero no lo es menos que el problema no radica ahí, sino que
radica en que se ha establecido una auténtica industria de las escuchas
telefónicas. Y que, además de establecer esta industria, que afecta
fundamentalmente a dos capitales de España, se ha establecido, a su vez,
un auténtico mercado de lo descubierto mediante dichas escuchas
telefónicas. Y ese auténtico mercado de lo descubierto mediante las
escuchas telefónicas es un mercado que está activo, que está operante en
muchas ciudades españolas hasta extremos difíciles de imaginar. La
operatividad de ese mercado no se restringe, como en algún momento hemos
podido pensar, al terreno o al campo de lo público, sino que se adentra
en el terreno y en el campo de lo privado. Se están confeccionando
dossieres no sólo sobre personalidades relevantes de la vida pública,
sino también sobre competidores de la propia industria, del propio
comercio, en definitiva, del propio mundo de los negocios.
Esto es algo tan ilícito y tan pernicioso socialmente que es preciso
ponerle fin. Y, para ello, hay que acabar, precisamente, con el tráfico
al que da pie el mercado al que acabo de hacer referencia. Porque --y ahí
está el tipo básico del 497 bis vigente-- el que intercepta, el que
graba, el que reproduce, el que transmite comunicaciones telefónicas,
tiene ya una pena lo suficientemente importante y disuasoria (a partir de
ahora con efectos más reales) pero no aquel que con el producto de lo
interceptado recorre despachos para traficar con ello. Y no darse cuenta
de que éste es el verdadero problema y de que esto es, precisamente, lo
que el legislador tiene hoy en día la obligación de atajar, es
--perdóneseme la expresión-- no darse cuenta de dónde radica el meollo de
la cuestión.
Nuestra enmienda se centra, por lo tanto, en la persecución del tráfico.
Nuestra enmienda tiene otra gran virtud y es la de que ni por asomo entra
en conflicto con la libertad de expresión ni con el derecho a la
información. Nosotros creemos que nuestra enmienda literalmente impide la
colisión entre los derechos fundamentales que aquí se están barajando,
entre el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la
intimidad, por una parte, y el derecho a la información y a poder emitir
expresiones libremente, por otra. Por eso, yo me atrevería a solicitar el
amparo de los grupos parlamentarios de esta Cámara, cuya sensibilidad por
este tema me consta, a una enmienda que puede resolver un grave problema
como el que plantea la adición de un nuevo párrafo al artículo 497 bis en
el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Galán Pérez,
señalándole que después del mismo habrá turno a favor de la enmienda
socialista.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Soy consciente de que después habrá un turno de defensa de mi enmienda,
en el cual voy a consumir sólo un minuto porque está claro que la nuestra
es una enmienda puramente de mejora de redacción, de clarificación
gramatical, y en modo alguno altera el contenido del Informe de la
Ponencia, del texto que estamos debatiendo en esta Cámara.
Nosotros creemos que, por el contrario, la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular sí supone una modificación en relación con el
consenso alcanzado sobre el texto remitido por el Congreso de los
Diputados al Senado tras el debate parlamentario en el Congreso de los
Diputados, y que es un texto que recibió el apoyo unánime de todos los
Diputados: 306 votos a favor, sobre 306 votos posibles. Y si bien no voy
a entrar para nada --me lo permitirá, Senador Ortí Bordás-- en el tema
del artículo 497 ter y la importancia que tenía una sanción penal para
ese tipo de grabaciones de conversaciones entre particulares --quizá
llegue el momento en que también haya que abordar ese problema y tengamos
tiempo de debatirlo, pero a nosotros nos parecía que ése no era, en
definitiva, el problema que aquí nos estaba ocupando-- sí tengo que
insistir en que, en relación con el último párrafo, la enmienda del
Senador Ortí Bordás, al eliminar lo referente a la expresión «divulgare o
revelare lo descubierto» y sustituirla por la expresión «ejecutare actos
de tráfico», modifica sustancialmente el sentido inicial del texto y pone
el foco exactamente sobre aquel que trafica con la información
ilícitamente interpretada.
Y a este respecto quiero hacer una breve reflexión, en la voluntad de que
entienda que nuestra oferta de enmienda transaccional era una oferta
coherente, era una oferta que permitía mantener la sanción penal a la
divulgación y revelación y, al mismo tiempo, colocar también en su justo
punto el tema de la ejecución de los actos de tráfico; era, en
definitiva, sumar a nuestra enmienda su propia enmienda, pero no eliminar
nada de lo que actualmente hay en el texto. Y le llamo la atención sobre
la importancia de no eliminar lo que aquí está porque me parece que lo
que ha definido --y lo ha hecho con toda claridad-- ante esta Cámara en
relación con el mercado de cintas o imágenes ilícitamente grabadas es una
realidad, y yo diría que incluso en las últimas semanas ya no está
limitada a dos grandes
capitales españolas, sino que se está extendiendo a su ciudad, a la mía,
es decir, ese mercadeo existe. Pero nos parece que igual que hay que
castigar penalmente al que visita y recorre los despachos ofreciendo esas
cintas ilegales, también hay que castigar a quien ocupa ese despacho, a
quien en muchas ocasiones encarga esa interceptación, a quien en muchos
supuestos lo compra o compite por su compra elevando artificialmente los
precios, sencillamente con la finalidad o de obtener un lucro --que nos
parece ilegítimo, y estoy pensando en determinadas publicaciones de la
indebidamente llamada prensa del corazón, porque a mí me parece que el
corazón, los sentimientos, el amor, no merecen el tratamiento que se les
da en esas publicaciones--, o bien, sencillamente, con la intención de
hacer un daño a particulares o de obtener otro tipo de beneficios al
margen de lo que es la legítima confrontación de opiniones, de intereses,
etcétera, que perfectamente quedan equilibrados en la Constitución. Me
extraña que su Grupo que, por ejemplo, en cuanto al tráfico de drogas
siempre ha pretendido confrontarse con el nuestro para intentar penalizar
también el consumo, en este caso resulte que defienda la exclusión de
toda sanción penal al que consume cintas grabadas ilegalmente o imágenes
interceptadas ilícitamente.
En definitiva, nos parece que su preocupación por el respeto pleno a la
libertad de información es algo que no tiene por qué ponerse aquí de
manifiesto. Si esa información veraz contribuye a formar una opinión
pública libre, jugará la defensa de ese derecho fundamental que está en
el artículo 20, como así ha venido determinando nuestra jurisprudencia
constitucional. Es igual que si a la hora de redactar en el nuevo Código
Penal --que dentro de unos meses traeremos a esta Cámara-- el delito de
homicidio, su señoría nos pidiera que después de decir que el matare a
otro será castigado como homicida con tal o cual pena, quisiera añadir:
salvo que actuase en legítima defensa, o en cumplimiento del ejercicio
legítimo de un derecho..., es decir, ese conjunto de eximentes que
realmente excluyen absolutamente del tipo penal esa actitud. Señorías, yo
pienso que realmente el tipo penal que estamos configurando en este
último apartado vería totalmente burlada su finalidad si la divulgación o
revelación de lo descubierto es impune si quien la lleva a cabo no es la
misma persona que interceptó la comunicación. Seamos conscientes de que
su pretensión como Grupo de eliminar la penalización de la divulgación
supone eliminar de hecho toda protección pretendida de la intimidad,
sería un ejercicio de doble moral porque sería tanto como proclamar la
prohibición de la tortura pero permitir la utilización en el proceso de
la información obtenida bajo tortura.
Y termino, señorías, Senadores de todos los grupos parlamentarios,
haciendo una breve reflexión. Hace unos días, en el debate sobre esta
proposición en el Pleno de la Cámara, todos los portavoces --y me he
leído con todo detenimiento la intervención de nuestro antiguo compañero
del Senado, el hoy Diputado Joaquín Cotoner y Goyeneche-- apoyaron
decididamente esa inclusión en el último párrafo del artículo 497 bis
tipificando la divulgación o revelación de lo que se ha descubierto
ilícitamente por parte de quien no ha tomado parte en la interceptación,
y pocos días después su Grupo cambia de posición en esta Cámara. Yo
quisiera sencillamente hacerle una pregunta, Senador Ortí Bordás:
ustedes, que tantas veces nos han acusado a nosotros de intentar
mediatizar, manipular o utilizar los medios de comunicación, ¿no tienen
de alguna manera el escalofrío de sentirse prisioneros de algún
determinado grupo de comunicación que haya logrado modificar lo que era
hace unos días la propia posición de su Grupo en el Congreso de los
Diputados?
Gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Puesto que el Senador Galán ha hecho la defensa de su enmienda en su
intervención, procede el turno en contra de la enmienda número 4 del
Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el Senador Ortí Bordás.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor ORTI BORDAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, antes que nada, y sobre todo, yo tengo que contestarle a mi
buen compañero y amigo, el Senador Galán, que el Grupo Parlamentario
Popular no está prisionero de nada ni de nadie, y mucho menos de un medio
de comunicación, como él mismo comprenderá si después de los excesos de
la tribuna reflexiona un momento sobre lo que acaba de decir en la misma.
Sin embargo, hay algo que yo también quisiera decir desde el inicio, y es
que la enmienda que acaba de defender el Senador Galán en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara tiene un enorme defecto, y
es que no modifica nada; es una enmienda que se limita a remitirse al
párrafo anterior, es decir, a mantener literalmente el contenido material
del nuevo tercer párrafo del artículo 497 bis del Código Penal,
introducido en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Y yo
creo que esta mera corrección técnica es tan liviana que no debía
habernos conducido a un debate sobre la misma.
Considero que era mucho más interesante, señor Galán, la enmienda
transaccional fallida, de cuyo texto su señoría me hizo honor, porque era
una enmienda que definía la situación anímica --no sé si de prisioneros,
o no-- de un grupo político; porque era una enmienda de mero acarreo de
material procedente de distintas fuentes; era la mera suma, adición, o
yuxtaposición de supuestos distintos planteados y formulados por personas
diferentes. Era, en definitiva, una muestra, un monumento al sincretismo
que, como su señoría no desconoce, es un sistema filosófico que intenta
compaginar doctrinas absolutamente diferentes. Pero era algo más, señor
Galán; era también una muestra de falta de imaginación, por una parte, y
de sentido de la decadencia, por otra. (Risas.)
Es decir, que el sincretismo de esa fallida enmienda transaccional nos
lleva a entrar en materia diciendo algo que yo sí comparto con el Senador
que me ha precedido en el uso de la palabra, y es que todos los grupos
políticos de la misma tienen grandes deseos de proteger lo más
eficazmente posible el derecho al secreto de las comunicaciones,
por una parte, y el derecho a la intimidad personal y familiar, por otra.
Esto es un denominador común de la Cámara que constituye un terreno
abonado para plantearse realmente cuál es el problema que estamos
debatiendo. Porque, efectivamente, es preciso garantizar el núcleo íntimo
de la vida privada tanto en la esfera personal como en la esfera
familiar, y es preciso proteger al máximo ese ámbito velado y vedado a la
curiosidad de los demás que constituye la intimidad. En eso estamos todos
los grupos de acuerdo; yo lo proclamo, y me siento identificado con esto
que he calificado hace un momento de denominador común.
Ahora bien, ¿por qué nosotros no podemos aceptar la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista? Por una serie de razones que voy a exponer
telegráficamente para no cansar a sus señorías.
En primer término, porque la enmienda del Grupo Socialista o, para ser
más rigurosamente exacto, el nuevo párrafo tercero del artículo 497 bis
de la Proposición no repara en que existe un derecho a la información en
España y en que existe un derecho a la libertad de expresión del mismo
rango y merecedor del mismo grado de protección que el derecho al secreto
de las comunicaciones y que el derecho a la intimidad. Y, efectivamente,
esto es lo que nos diferencia, desde el inicio, en la percepción del
problema de los Grupos Parlamentarios Socialista, por una parte, y
Popular, por otra.
Ya sé, Senador Galán, que la libertad de expresión y el derecho a la
información tienen sus límites, y son límites explícitos, límites que
están expresamente enumerados en el artículo 20.4 de la Constitución.
Esos derechos tienen que respetar todos y cada uno de los demás derechos
del Título I de nuestra norma fundamental; tienen que respetar, además,
los preceptos de las leyes que los desarrollan; tienen que respetar, muy
en particular, el derecho al honor, el derecho a la intimidad... (El
señor Galán Pérez hace gestos de asentimiento.)..., el derecho a la
imagen y también --es algo de lo que solemos olvidarnos quizá con mas
frecuencia de la deseable-- la debida protección a la juventud y a la
infancia. Hay, pues, unos límites explícitos y expresamente enumerados en
la Constitución. Pero el hecho de que existan esos límites no quiere
decir que el legislador, a la hora de redactar una norma penal, no pueda
estar propiciando el conflicto entre derechos, y esto es, precisamente,
lo que mi Grupo quisiera evitar.
La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista entraña la
posibilidad, la probabilidad, el peligro cierto de colisión entre el
derecho a la información y el derecho al secreto de las comunicaciones y
a la intimidad. Y eso no ha sido capaz de resolverlo el Grupo
Parlamentario Socialista en el tiempo que ha mediado desde la reunión de
la Comisión de Justicia hasta este Pleno. Así, resulta que en esta
enmienda no se tiene en cuenta la doctrina, porque, evidentemente, tanto
la doctrina española como la extranjera han dicho ya muchas y muy
importantes cosas sobre el particular que estamos debatiendo. Tampoco
tiene en cuenta la jurisprudencia, pero no ya del Tribunal Supremo --que
ya sería importante--, sino tampoco la jurisprudencia sentada por el
Tribunal Constitucional, y ni tan siquiera la del Tribunal Europeo de los
Derechos Humanos sobre el asunto que estamos tratando. Y este
desconocimiento de toda la doctrina y de todo el acervo jurisprudencial
existente al día de la fecha es algo lo suficientemente importante como
para ponerlo de relieve antes de tomar una decisión definitiva sobre esta
materia.
Si sus señorías me lo permiten, y con toda brevedad, voy a proceder a la
lectura de dos sentencias, una, del Tribunal Supremo, y otra, del
Tribunal Constitucional, no ya sobre la equiparación y el equilibrio --es
una expresión de su señoría--... (El señor Galán Pérez hace gestos de
asentimiento.)... de los derechos, sino sobre la prevalencia del derecho
a la información. La sentencia del Tribunal Supremo a la que me refiero
es del 29 de abril de 1989, y dice así: «El artículo 20 de la
Constitución, en sus distintos apartados, garantiza el mantenimiento de
una comunicación libre, sin la cual quedarían vacíos de contenido real
otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras
las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio
de legitimidad democrática que enuncia el artículo 1, apartado 2, de la
Constitución y que es base de toda nuestra ordenación jurídico-política.»
Y la senencia del Tribunal Constitucional, que es del 27 de octubre de
1987, dice: «La libertad de información es, en términos constitucionales,
un medio de formación de opinión pública en asuntos de interés general
cuyo valor de libertad preferente --y subrayo: libertad preferente--
sobre otros derechos fundamentales, y entre ellos el derecho al honor,
viene determinado por su condición de garantía de la opinión pública, que
es una institución consustancial al Estado democrático que los poderes
públicos tienen especial obligación de proteger. Este valor preferente
--repito, este valor preferente-- alcanza su máximo nivel cuando la
libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través
del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que
es la prensa, entendida en su más amplia acepción.»
Pero ya sé que el buen camino no es intentar demostrarnos una a otros
cuáles de los derechos son más importantes, más básicos, más esenciales,
o tienen posibilidades de adquirir prevalencia sobre otros, sino
encontrar la fórmula que conduzca a la solución del problema. En este
sentido, es lo cierto que el camino no es otro que el de buscar la
ponderación entre los distintos derechos en posible colisión. Y esa
ponderación consiste, a nuestro modo de ver, en la delimitación exacta y
precisa de los otros derechos fundamentales, es decir, de los derechos
fundamentales que no son ni la libertad de expresión, ni el derecho a la
información.
Hay otra sentencia del Tribunal Constitucional que no me resisto a citar
a sus señorías, que dice que «debe ponderarse este límite --el límite de
los demás derechos-- en el sentido de delimitar muy precisa y
correctamente tales derechos para no coartar la libertad de expresión». Y
de esto es de lo que se trata: de que el legislador, a la hora de crear
un nuevo tipo penal, está obligado a intentar que el nuevo tipo no coarte
la libertad de expresión como, sin duda, la va a coartar el nuevo tercer
párrafo del artículo 497 bis de la Proposición de Ley. Y es, además, que
la enmienda,
defendida tan brillantemente por el Senador Galán, no profundiza en otros
aspectos no menos importantes que los que ya se han puesto de relieve en
esta Cámara en el transcurso del debate, porque esta enmienda posibilita
que no se tenga en cuenta el contenido real y el ejercicio del derecho a
la información; es decir, la información veraz, por una parte, si se
trata de algo público o privado, por otra, y si hay o no interés general,
por último. Y estos tres elementos --el interés general, el ámbito
público o privado y la veracidad o no de la información--, son elementos
consustanciales a la interpretación cuyo peso ha de estar presente en
esta Cámara antes de tomar una decisión.
En este sentido, y para abundar más, tengo que decir que el ámbito
protegido del derecho a la intimidad, que es el que a todos nos preocupa,
quedará determinado por la ley, pero también por los usos sociales,
porque el Senador Galán estará de acuerdo conmigo en que estamos ante un
concepto relativo, y ese concepto relativo hay que ponerlo en consonancia
con la situación histórica concreta que se vive, con la situación de las
personas en un momento histórico determinado y con la actuación que esas
mismas personas tienen. No se puede contemplar de la misma manera el
derecho de una persona que carece de notoriedad pública que el de una
persona que por su profesión, la de político o la de artista, tiene o
busca la suficiente notoriedad. El no matizar en estas cuestiones impide
también que nuestro Grupo pueda aceptar la enmienda defendida por el
Senador Galán.
Hay otra cuestión que no se plantea, y es la del interés público. El
juego del principio de interés público, allí donde puede haber colisión
de derechos fundamentales, es muy importante en nuestro ordenamiento,
pero también lo es en el resto de ordenamientos europeos, y muy
especialmente en los del área anglosajona, donde muchas de estas
cuestiones se resuelven precisamente por los jueces en virtud de la
vigencia y de la intensidad del interés público en una cuestión y en un
caso concreto y determinado.
Termino, señor Presidente. La cuestión es muy fácil, pero un tanto ardua
de exponer. En adelante, en virtud del nuevo tercer párrafo del artículo
497 bis del Código Penal, ¿se van a imponer penas de privación de
libertad a quienes publiquen una información veraz, una información del
ámbito público y una información que contenga interés general? Esta es la
pregunta que hay que responder hoy en esta Cámara.
Senador Galán, creo --se lo digo con el ánimo amistoso con el que siempre
nos hemos comportado desde esta tribuna-- que hay muchas maneras de
afrontar los problemas planteados, pero hay una que políticamente es
inaceptable: la de intentar resolver un problema creando otro mucho
mayor, y ése es el error en el que ustedes han incurrido. (Aplausos en
los escaños de la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Travieso, por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, siendo poco ortodoxo, en primer lugar, voy a fijar mi posición
sobre el dictamen que viene de la Comisión. Mi Grupo va a votar
favorablemente el dictamen, ya votamos en su momento la toma en
consideración, lo votamos también en el Congreso y lo vamos a votar en el
día de hoy porque consideramos que hace una nueva regulación que era
necesaria para favorecer lo que es el secreto de las comunicaciones como
una vertiente del derecho a la intimidad. Desde ese punto de vista,
nuestro voto va a ser favorable al dictamen de la Comisión de Justicia,
en concreto, a la revisión del artículo 497 bis del Código Penal.
Entrando en el conjunto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
y del Grupo Parlamentario Socialista, este Senador tiene que mostrar su
amargura porque, después de lo oído en la Comisión de Justicia, pensaba
que se iba a llegar a una solución consensuada y pactada por los dos
Grupos mayoritarios. Debo reconocer que me han decepcionado porque es un
tema demasiado importante como para venir con estas posturas tan
contrarias y en el que el punto de consenso no es muy difícil y creo que
en el fondo estamos todos bastante de acuerdo en cómo tiene que quedar
esto. Aquí, por un lado, hay que defender el derecho a la intimidad y, en
concreto, el derecho al secreto de las comunicaciones y, por otro lado,
el derecho a la información y a la libertad de expresión. Creo que todos
lo tenemos claro y que, incluso, podría ser factible un último esfuerzo
para llegar a este consenso tan deseado y tan necesario, pero por lo
visto en el debate de hoy subyacen cosas que no están en los discursos y
que están muy por debajo de las actitudes de los dos partidos
mayoritarios de esta Cámara. Lo siento en ese sentido.
Voy a fijar mi posición con respecto al tema. Creo que, por desgracia, va
a salir una cuestión no deseada después de esta votación, como ponía de
relieve el Senador Ortí. Si no se acepta la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, se va a quedar sin tipificar el tráfico de la
actividad que recoge el primer párrafo del artículo 497, el que ejerza
alguna actividad para descubrir los secretos está penado, pero el que
trafique con él no va a estar penado. Eso para mí es un punto negro
importante sobre cómo va a quedar esta Ley.
Por otro lado, está el tema de lo que afecta al derecho a la información.
Encuentro la redacción del párrafo tercero del artículo 497 bis cuanto
menos peligrosa. De esta guisa, lo más normal es que las querellas se
amontonen en los juzgados, independientemente de que luego las
interpretaciones de los distintos órganos judiciales puedan entender que
hay una eximente o no del cumplimiento del deber, como exponía el Senador
Galán en la Comisión de Justicia. Creo que esto es bastante peligroso. La
redacción de la enmienda de Izquierda Unida, que por desgracia decayó en
la Comisión, podía solventar un poco ese tema y haciendo un esfuerzo de
consenso entre la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, la del
Grupo Parlamentario Popular y la de Izquierda Unida creo que se podría
haber llegado a un texto aceptado por todos.
Nosotros, de tener que elegir entre una enmienda u otra, vamos a votar
favorablemente la enmienda del Grupo Parlamentario Popular porque recoge
el tráfico como tipificación
concreta, que no está en la del Grupo Parlamentario Socialista y porque
no habla de la tipificación de la divulgación o revelación de lo
descubierto, que podríamos aceptar que se introdujera, aunque con una
serie de matizaciones; pero, ante la alternativa que se nos plantea,
vamos a elegir ésa, porque el planteamiento del Grupo Parlamentario
Socialista es: vamos a tipificar la comisión de actos, vamos a tipificar
la divulgación y cuando alguien vaya a los tribunales, éstos dirán que
hay una eximente, con lo cual queda defendido el derecho a la información
y a la libertad de expresión. Yo se la vuelvo por pasiva, podríamos
tipificar los actos encaminados a vulnerar el secreto de la comunicación,
tipificar el tráfico, y el que se sienta perjudicado por la divulgación o
revelación de lo descubierto que intente hacer una denuncia en base a los
dos tipos anteriores. (Un señor Senador pronuncia palabras que no se
perciben.) Ruego al Senador que no me interrumpa cuando estoy en el uso
de la palabra.
Para acabar, voy a repetir y a resumir lo dicho: vamos a votar a favor
del dictamen. De las dos enmiendas presentadas, vamos a votar a favor de
la presentada por el Grupo Popular y en contra de la del Grupo
Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El señor Ibarz i Casadevall tiene la palabra.
El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a agotar el turno de portavoces de nuestro Grupo para poner de
relieve que el proyecto de ley Orgánica que modifica el Código Penal en
lo referente al secreto de las comunicaciones, antes denominado de
Escuchas Telefónicas, en el trámite parlamentario ante el Congreso de los
Diputados obtuvo 306 a favor de los 306 votos emitidos. El tema que hoy
ha sido objeto de debate en esta Cámara ya fue suscitado, en su momento,
ante el Congreso de los Diputados, y obtuvo el resultado unánime al que
antes me he referido. Este hecho, según entiende Convergència i Unió,
evidencia que todos los grupos parlamentarios coincidieron en el espíritu
y en la letra de la solución arbitrada en el párrafo 3.º del artículo 497
bis del Código Penal y en todo el conjunto del texto sometido a la
consideración de la Cámara, y ello porque los grupos parlamentarios
entienden que proteger los derechos del artículo 18 de la Constitución,
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, debe ser óbice para
penalizar a aquellos que quebranten el secreto de las comunicaciones, sin
que de ello haya de derivarse conflicto alguno ni limitación al derecho a
recibir y a comunicar libremente información veraz que proclama el
artículo 20.1. d) y 20.4 de nuestra Carta Magna. En virtud de ello,
nuestro Grupo votará a favor del dictamen de la Comisión y, además,
votará favorablemente a la enmienda presentada por el Grupo Socialista,
entendiendo que supone una mejora técnica importante en el texto aprobado
por el Congreso de los Diputados.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, el Senador Galán tiene la palabra.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad, en este turno de portavoces intervengo para, por un lado,
agradecer a sus señorías la fijación de sus posiciones y, por otro lado,
reiterar nuestra posición favorable a nuestra enmienda, que entendemos
que mejora de manera notable, desde el punto de vista técnico, la
redacción del último párrafo del artículo 497 bis y, realmente, reiterar
nuestro voto absolutamente favorable al dictamen.
Algún portavoz me hacía referencia a la conveniencia de no haber roto ese
espíritu de consenso, de apoyo unánime de todos los grupos a esta
Proposición, a esta iniciativa del Grupo Popular de esta Cámara en
defensa del secreto de las comunicaciones, en defensa del derecho a la
intimidad. Yo quiero aprovechar este último turno, momento antes de la
votación, para reiterar nuestra enmienda transaccional. Como sus señorías
posiblemente no la conocen, paso a leerla: El que con conocimiento de su
origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare
la conducta descrita en el párrafo anterior o ejecutare actos de tráfico
con lo descubierto, será castigado con las penas de prisión menor en
grado mínimo y multa de 100.000 a un millón de pesetas.
En definitiva, el Grupo Socialista en modo alguno pretende no incluir, no
tipificar lo que son actos de tráfico, que, en general, nosotros creemos
que quedan recogidos en el texto o bien en el artículo 192 bis, párrafo
1.º, o en el 497 bis, párrafo 1.º, pero no nos importa resaltarlo aquí en
relación a aquellas personas que pueden traficar sin haber tomado parte
en la interceptación, pero con conocimiento del carácter ilícito de lo
descubierto. Por lo tanto, aprovechando hasta el último momento, reitero
nuestra oferta transaccional.
En cuanto a la posibilidad de conflicto de derechos, del derecho a la
intimidad con el derecho a la libertad de información, quiero decirle al
Senador Ortí Bordás que, evidentemente, se produce esa posibilidad de
conflicto y tenemos casos concretos de esa contradicción, de esa
oposición de derechos todos los días. Lo que sucede es que mucha gente,
en la práctica, viendo lo que cada día publican los medios de
comunicación, las revistas, la prensa denominada amarilla, etcétera,
tiene la sensación de que no existe un derecho a la intimidad y que el
derecho a la intimidad siempre tiene que ceder frente a la libertad de
información; que el secreto, el derecho a la intimidad, tiene un límite
que es la libertad de información, cuando la redacción del artículo 20.4
de la Constitución es exactamente la contraria; son el derecho a la
intimidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho al
secreto de las comunicaciones, todos estos derechos, los que limitan la
libertad de información, sin perjuicio, por supuesto, de contestar desde
nuestro grupo rotundamente a las preguntas que su señoría hacía. Decía:
¿es posible que se castigue con penas privativas de libertad o con multas
a aquellos
medios de comunicación que emitan, que divulguen información veraz,
información que se refiera al ámbito público, a personajes públicos,
información que contribuya a formar la opinión pública, libre, necesaria
para el correcto funcionamiento de las libertades democrática? Es
evidente que esa libertad de información está garantizada por la
Constitución, y nuestra contestación sería, evidentemente, no. Lo que
sucede es que, señorías, esa interpretación no puede ser absoluta. Tienen
que funcionar una serie de límites a los que yo quiero hacer referencia.
Ustedes saben, señorías, perfectamente, que hay supuestos en los cuales
hay una información que llega por cualquier medio a las autoridades
judiciales o al Ministerio Fiscal o a la Policía que es una información
veraz, que es una información que se refiere al ámbito de lo público y
que es una información, en definitiva, que puede contribuir a que la
opinión pública conozca la realidad exacta de las cosas y, sin embargo,
judicialmente, con respecto a esa información, los Tribunales de Justicia
determinan que no puede ser tenida en cuenta por cuanto ha sido obtenida
ilícitamente. No sé si algún caso que se ha producido en su tierra, que
puedan conocer bien, les puede ilustrar a sus señorías sobre esa
decisión. Es decir, los jueces no pueden utilizar esta información que es
una información obtenida ilícitamente.
En definitiva, nos parece que por parte de los medios de comunicación
también tiene que existir, en determinados momentos, ese límite respecto
a aquello que se ha obtenido ilícitamente, respecto a aquella información
que, en primer lugar, en muchos casos no afecta al ámbito de lo público,
sino al ámbito de lo privado; en segundo lugar, no es una información
veraz o, al menos, no es una información plena, aunque sea veraz, con lo
cual medias verdades siempre conducen a la confusión; y, por otra parte,
es una información que no contribuye a la formación de una opinión
pública libre, sino a la formación de una opinión pública desinformada,
manipulada, en definitiva, alterada por ese tipo de información. Y
nosotros creemos que en este momento, en esta situación, cuando ayer ha
sucedido lo que ha sucedido, cuando cada día sucede lo que sucede, cuando
el tráfico al que su señoría se refería es una realidad, tenemos que
dejar claro que la libertad de información, con todas las garantías que
se le reconocen en la Constitución, tiene un límite que es el derecho a
la intimidad, que es lo que aquí se pretendía regular.
Señor Travieso, usted me hablaba de la posibilidad de establecer la
libertad de información y luego fijar la excepción. Me parecería muy bien
si estuviéramos regulando la libertad de información. Ya veremos eso
cuando, dentro de unos días --la iniciativa legislativa está en el
Congreso de los Diputados-- regulemos el secreto profesional. ¿Qué mayor
garantía para un medio de comunicación, para un periodista, que poder
negarse a revelar las fuentes de lo que conoce, que poder negarse a decir
si eso se lo ha facilitado el traficante, el que intervino, el que captó,
el detective, que poder negarse a revelar su fuente de información
amparado en el secreto profesional?
Nos parece, señoría, que en los momentos actuales hay que defender
fundamentalmente la libertad individual, el derecho a la intimidad, la
privacidad, el ámbito de defensa del individuo, y no los medios de
comunicación. Nuestro grupo no cambiará de posición, en modo alguno, en
una semana. Nuestro grupo no podrá asumir, en modo alguno, la defensa de
intereses de determinados sindicatos, de determinados grupos de presión,
de determinados voceros que ven peligro de ataque a algo que está
perfectamente garantizado y defendido en el artículo 20 de la
Constitución, cuando lo que estamos defendiendo es la intimidad de los
individuos libres e iguales, que es como la Constitución española define
que deben ser los ciudadanos de un Estado democrático.
Creo que esa es la prioridad, que a eso es a lo que responde y debe
responder la iniciativa de su señoría, que no cabe desvirtuar el objetivo
básico de esa norma que usted defendió tan brillantemente en febrero de
1994 en esta Cámara, y que nosotros pretendemos mejorar y respaldar a lo
largo de este debate. No creemos en modo alguno que esa libertad de
información pueda ser el álibi detrás del cual se oculten intereses
totalizadores como los que refleja la cabecera de algún diario de esta
capital, aunque su director se encubra enigmáticamente, ocultando su
segundo nombre con una mayúscula y un punto. En última instancia,
señorías, estamos defendiendo al conjunto de los ciudadanos frente a lo
que nos parece una interpretación excesiva de cualquier tipo de ataque a
esa intimidad.
En definitiva, señorías --y termino--, lo que está en juego es si el fin
justifica los medios. Lo que está en juego es si, para poner a
disposición de la multitud cada vez mayor de consumidores de información
morbosa, que afecta a la más recóndita intimidad de las personas y de los
individuos, vale o no vale todo; si un medio ilícito puede quedar sin
sanción penal cuando lo que pretendidamente se intenta es informar a la
población, y en esta Cámara, señorías, todos sabemos que lo que realmente
se defiende son intereses económicos, intereses de venta de ejemplares o
intereses todavía mucho más inconfesables de aquellos que, en este país,
han logrado conseguir, en pocos meses, que el ser miembro de un partido,
el tener un carné del Partido Popular o del Partido Socialista o de un
Partido Nacionalista sea como una especie de impedimento para ocupar
cualquier cargo representativo, cualquier cargo institucional. Yo, como
político, estaré siempre contra esa realidad, estaré contra aquellos que,
bajo la apariencia de luchar contra un gobierno o contra un partido
político, están intentando acabar con la política, porque eso me suena a
una música que, quizá hace quince o veinte años, tuviera plena vigencia,
pero que creía, señorías, que estaba definitivamente enterrada en este
país. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños de la izquierda.
Varios señores Senadores desde los escaños de la izquierda: ¡Muy bien!--
El señor Ortí Bordás pide la palabra.)
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el artículo 87, tiene la palabra su señoría.
El señor ORTI BORDAS: Gracias.
Aunque sólo sea a los efectos de no quedar abrumado por el cansancio que
las largas y amazónicas intervenciones del Senador Galán nos están
produciendo. (Rumores en los escaños de la izquierda.) Voy a hablar con
un poco de seriedad, si los señores de los bancos socialistas me lo
permiten, incluso su portavoz adjunto. (Rumores en los escaños de la
izquierda.)
Quiero decirle, Senador Galán, que hoy, que estamos hablando de derechos
y de libertades, del Título I y de la preocupación que a algunos nos
alcanza de que pueda existir colisión entre esos derechos, lo que menos
me podía imaginar, y mucho menos de su señoría, es que consumiera una
intervención de insidias. (Fuertes protestas en los escaños de la
izquierda. Varios señores Senadores: ¡Venga ya! ¡No señor!) Señoría, yo
creo que habría sido mucho más adecuado al debate, al tono del debate, al
asunto que estamos tratando y al respeto debido a esta Cámara, el que
usted, de haber tenido algo que decir, lo hubiera dicho con nombres y
apellidos, pero haberse limitado a hacer insinuaciones de la forma en que
su señoría lo ha hecho va en descrédito de la Cámara y, desde luego, el
Grupo que representa. (Fuertes protestas en los escaños de la
izquierda.-- Un señor Senador, desde los escaños de la derecha: ¡Muy
bien!) Le voy a decir, señor Galán, que cuando yo le oía hablar sobre
cómo algunos medios de comunicación manipulan y distorsionan la realidad,
estaba pensando precisamente en el medio de comunicación que, con mayor
descaro, manipula y distorsiona la realidad política y no política de
este país (Protestas en los escaños de la izquierda.), y que, además, se
paga con dinero público, y que es Televisión Española. (Aplausos en los
escaños de la derecha.--Rumores en los escaños de la izquierda.)
También quiero manifestarle que, mientras ustedes no nos lo prohíban,
nosotros tenemos exactamente el mismo derecho que el que a usted le
asiste, porque además es verdad, a decir que cuando defendemos libertades
estamos defendiendo unos derechos y a los ciudadanos que son sus
titulares, y a nadie más, y menos cuando no se dice a quién supuestamente
podamos estar defendiendo nosotros. Habla en general de grupos de presión
y emplea otras expresiones no menos evanescentes e indignas de la
categoría parlamentaria de su señoría. (Rumores en los escaños de la
izquierda.)
Yo quiero decirle, señor Galán, que es muy cierto que la libertad de
información y la libertad de expresión tienen sus límites. Le recordaría
mi intervención, porque he agotado algún minuto en poner de relieve que
el derecho a la información tiene límites expresos en la Constitución
española y tiene límites en la jurisprudencia, tanto en la del Tribunal
Supremo como en la del Tribunal Constitucional como --también lo he
citado-- en la del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Ahora bien,
no me negará el Senador Galán que la libertad de informar libremente es
una libertad-condición, que condiciona el ejercicio de otros derechos por
los ciudadanos y que, además, es un presupuesto indispensable para el
pluralismo político y para el sistema democrático. Espero que en eso
coincidamos aunque solamente sea durante unos minutos. También como
político, Senador Galán, sin más títulos ni atribuciones que como
político y como parlamentario, quiero decirle que cuando usted nos
atribuye determinadas intenciones está haciendo exactamente lo que no
debe hacer ningún parlamentario adulto, que es acusar a los demás
mediante meros, simples y llanos juicios de intención. (Fuertes aplausos
en los escaños de la derecha.--Protestas en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Galán Pérez, en base al
mismo artículo y tiempo.
El señor GALAN PEREZ: Yo lamento, Senador Ortí Bordás, que le haya
molestado mi intervención. En modo alguno he intentado acusar a su Grupo
con medias verdades o medias palabras; he dicho, sencillamente, cómo creo
que en este momento está el debate --siempre apasionante e interesante--
de los límites a los derechos y libertades, al derecho a la información,
al derecho a la intimidad, a la libertad de comunicación; los límites, en
definitiva, entre los artículos 18 y 20 recogidos en la Constitución. En
modo alguno he acusado a su Grupo de ser utilizado y manipulado por
nadie; he dicho sencillamente que todos los grupos políticos debemos
defender en estos momentos la política --con mayúsculas-- frente a los
que quieren acabar con ella, frente a aquellos que quieren acabar con la
democracia.
Yo comprendo, señoría, que usted se haya podido poner nervioso, que
usted, en determinados momentos, tenga que permanentemente aparecer como
adalid de la libertad de expresión, de información. Yo no tengo esos
problemas de credibilidad ni de pasado histórico. (Protestas en los
escaños de la derecha.), pero en modo alguno quiero generalizar al
conjunto de su partido esa, quizá, falta de credibilidad que pudiera
haber estado en el tono agrio y crispado de su última intervención.
Si su señoría se ha sentido molestado desde el punto de vista personal
por mi intervención, le pido disculpas, pero, sinceramente, creo que,
desde el punto de vista global, en estos momentos quien tiene que
explicar qué ha sucedido para que haya cambiado su posición en el plazo
de diez días es su grupo parlamentario y no el nuestro. (Fuertes y
prolongados aplausos en los escaños de la izquierda.--El señor Ortí
Bordás pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Me pide la palabra en concepto de alusiones?
El señor ORTI BORDAS: En concepto de unas alusiones directas que sobre mi
persona se han realizado.
El señor PRESIDENTE: Por alusiones, tiene su señoría la palabra.
El señor ORTI BORDAS: Por alusiones es por lo que yo la he solicitado,
señor Presidente.
Simplemente quiero decir que, efectivamente, todos tenemos pasado y que
cuando el Senador Galán quiera hablar de mi pasado, yo, desde luego,
modesta pero firmemente, estoy dispuesto a hacer en público o en privado.
Ya
lo hicieron los electores, Senador Galán. En las primeras elecciones
democráticas que hubo en este país, el cuerpo electoral de mi provincia
me eligió Diputado por las Constituyentes con un medio --lamento tener
que recordárselo-- no muy usual. Fui y sigo siendo el único Diputado
español, desde la Constitución de 1978, elegido fuera de las listas de
partidos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a someter a votación los
votos particulares reservados por el Grupo Parlamentario Popular y por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Una vez que se haya emitido votación sobre los mismos, someteremos a
votación el dictamen, bien conjuntamente o, si algún grupo solicita lo
contrario, de manera separada, entendiéndose que si se produjera
modificación del mismo por efecto de las enmiendas, la parte donde la
voluntad de la Cámara ya se ha expresado no está sometida a nueva
votación.
Por tanto, vamos a someter en primer lugar a votación el voto particular
número 1, del Grupo Parlamentario Popular, correspondiente a su enmienda
número 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a
favor, 106; en contra, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a someter a votación el voto particular número 2,
del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a su enmienda número
4.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a
favor, 127; en contra, 100; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se comete conjuntamente a votación el texto del dictamen, es decir, del
artículo único, exposición de motivos y título de esta proposición de
ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 229.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Muchas gracias.
--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY
ORGANICA SOBRE MODIFICACION DE DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL, CON
EL FIN DE TIPIFICAR LA CONDUCCION DE UN CICLOMOTOR BAJO LA INFLUENCIA DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS, DROGAS TOXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS
PSICO-TROPICAS CON TEMERIDAD O IMPRUDENCIA. (S. 624/000005.) (C. D.
122/000053.)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia, en relación con
la proposición de ley orgánica sobre modificación de diversos artículos
del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor
bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas con temeridad e imprudencia.
Tiene la palabra el señor Herrero Merediz.
El señor HERRERO MEREDIZ: Para la presentación del dictamen, la Comisión
ha nombrado al Senador Hernández de Cáceres.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Hernández de cáceres.
El señor HERNANDEZ DE CACERES: Señor Presidente, señorías, la proposición
de ley orgánica sobre modificación de diversos artículos del Código
Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la
influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas con temeridad o con imprudencia, que es como
finalmente queda su título tras los correspondientes debates, tuvo su
entrada en el Congreso de los Diputados el día 21 de marzo de 1994, a
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. (El señor Vicepresidente,
Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Tras su toma en consideración por el Pleno, la Mesa acordó encomendar
dictamen sobre la misma a la Comisión de Justicia e Interior, el cual fue
debatido en el Pleno del Congreso de los Diputados el día 27 de octubre.
Quiero resaltar que tanto la toma de consideración de la proposición de
ley orgánica, como el dictamen de la Comisión fueron aprobados por
unanimidad.
Con fecha 4 de noviembre de 1994, tuvo entrada en el Senado el texto
aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados. Al amparo del
artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordenó la remisión de esta
proposición de ley a la Comisión de Justicia. Terminado el plazo fijado
para la presentación de enmiendas, la Comisión designó Ponencia, la cual
acordó por unanimidad aceptar la enmienda número 2, del Grupo
Parlamentario Popular, en su párrafo introductorio y primera parte, así
como las enmiendas números 3, 4 y 5, del Grupo Parlamentario Socialista,
y rechazar la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
La Comisión de Justicia, reunida el día 24 de noviembre, visto el Informe
emitido por la Ponencia, aceptó como dictamen el texto propuesto por la
misma.
Por otra parte, quiero señalar que el texto inicial ha sufrido
modificaciones gracias al trabajo en conjunto de los grupos
parlamentarios, ya que desde un principio había un acuerdo absoluto sobre
el objetivo que se perseguía con la presentación de esta iniciativa
parlamentaria y que se refleja en la exposición de motivos de la
proposición de ley, al significar que el Código Penal vigente no incluye
en la sección primera del Capítulo II, del Título V, relativa a los
delitos contra la seguridad del tráfico, la conducta de conducir un
ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, supuesto que constituye una
excepción importante en el ámbito del Derecho comparado.
Mantener la exclusión de este tipo de conducta del ilícito penal,
conducir un ciclomotor, resulta de todo punto ilógica y desacertada, si
se tiene en cuenta su importante incidencia en el origen de un elevado
número de accidentes de tráfico, así como que el riesgo generado puede
ser incluso aún mayor que el que se deriva de la conducción de un
vehículo de motor bajo la influencia de las sustancias indicadas. De
acuerdo con ello, se considera necesaria la tipificación penal de tal
conducta, en aras a la importancia de los bienes jurídicos en cuestión.
Por último, quiero decir que ha quedado viva para su debate en el Pleno,
mediante la formulación del correspondiente voto particular, la enmienda
número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Si no hubiere debate de totalidad, pasaríamos al debate de las enmiendas,
concretamente la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el Senador Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: Con la venia, señor Presidente.
Un día, cuando discutíamos con el Ministro de Defensa y con el
inolvidable Senador Bolinaga lo relativo a la pena de muerte, hice
referencia a la Conferencia Episcopal y esto me sirvió para que el
Presidente me alargara el tiempo de mi intervención. Creo que esta vez no
será necesario. No obstante, por hacer una referencia de tipo piadoso,
diré que me siento como San Juan Bautista, «vox clamantis in deserto».
El Grupo Catalán es el que mantiene esta enmienda. El Senador Ibarz,
compañero en la Comisión de Justicia, y yo estábamos pensando seriamente,
ante el negro futuro que le esperaba a esta enmienda, en retirarla, para
no castigar a la Cámara con nuestros argumentos. Pero hemos pedido
información a la Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya
y creemos, señorías, que tenemos más razón que un santo. Como digo, mi
Grupo es el único enmendante en este proyecto. Soy consciente de la
profusión de colores rojos y ámbares que aparecerán en el marcador
electrónico. Me cabe el consuelo de pensar que son colores propios de la
época de Navidad, que felizmente se acerca.
Pueden preguntarme sus señorías a qué viene este voto particular. Pues
bien, créanme que está lleno de buen sentido y de razón social y legal
para mantenerlo. En buena técnica legislativa penal, es garantía del
justiciable la correcta tipificación del delito, lo contrario es dejar en
manos del Juez la determinación del ilícito penal. Estamos ante una
circunstancia que exige la objetivación de la tasa de alcoholemia, de lo
contrario, y como conocen sus señorías por noticias de la prensa, se
absuelve a conductores con grados de alcoholemia absolutamente
inadmisibles.
Con la redacción actual del Código Penal, con lo que se propone en esta
ley, no progresamos nada. La tasa de alcohol en sangre, el 0,8 por
ciento, está fijado por disposiciones meramente administrativas. Nuestra
propuesta de objetivación está consensuada en el mundo de los estudiosos,
por expertos, instituciones, Administración y universidades.
Me decía el Director del Institut de Seguritat Vial del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, inspirador de nuestra
enmienda, que le sorprende la postura de los grupos de esta Cámara,
especialmente del Grupo Parlamentario Socialista, toda vez que por la
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior es un criterio
absolutamente acorde con nuestra enmienda.
Yo recordaría a los Senadores que forman parte de la Comisión de Cultura
que vino a informarnos el Director General de Tráfico --que hizo un
elogio, que agradecí en el alma, de cómo se llevaba en Cataluña la
prevención de la alcoholemia en tráfico--, que de alguna manera era el
principal propagador de una reglamentación exhaustiva y dura de la
conducción etílica, sobre todo por las noches de los fines de semana y
relativa a los jóvenes de nuestro país. Pues bien, por lo que parece, hay
una diversidad de criterios entre lo que opina el Ministerio del Interior
y lo que opinan nuestros ilustres y amigos Senadores socialistas. De 0,2
gramos por litro hasta el 0,6 la persona empieza a perder facultades
progresivamente y varía su comportamiento; se incrementa el tiempo de
reacción entre el momento en el que se detecta la circunstancia, el
camión parado, y la colisión.
La Organización Mundial de la Salud recomienda fijar en 0,5 gramos por
litro el índice máximo permitido para la conducción --ojo al dato,
Organización Mundial de la Salud--, tasa reglamentaria de alcoholemia,
índice aplicado en Portugal y Holanda y pendiente de revisar en otros
países de la Unión Europea, que propugnan el 0,8 por ciento. Otros países
del Este y el Norte europeo, los Estados Unidos y Australia, son mucho
más rigurosos y fijan la tasa en el cero absoluto. Nos explicaba el
Director General de Tráfico que el cero absoluto es difícil de imponer,
porque muchas veces la fermentación de alimentos ordinarios en el
estómago puede producir una levísima tasa de alcoholemia en sangre, pero
nunca rebasar el 5 por ciento.
En algún país, como es el Estado español, se separa la apreciación
administrativa de la tasa de alcoholemia de su valoración como delito
penal, es decir que los jueces tienen una absoluta libertad de entender
si se produce el delito
o no, porque la única referencia no está en el Código, sino en
disposiciones de tipo administrativo. Las estadísticas dicen que entre el
35 y el 50 por ciento de los accidentes mortales de tráfico que se
producen, al menos uno de los conductores implicados sobrepasa el 0,8 por
ciento gramos por litro de alcohol en sangre, porcentajes que se
incrementan sustancialmente de noche, y especialmente en las noches de
los fines de semana. Es, pues, imperiosa la revisión del Código Penal,
que podría iniciarse con la aprobación de nuestra enmienda.
Las pruebas científicas demuestran que un mismo nivel de alcoholemia
afecta similarmente en la conducción a la gran mayoría de las personas,
sean cuales fueren sus características fisiológicas y sea cual sea su
asiduidad en la ingesta de bebidas alcohólicas. La tasa de alcoholemia es
un medio de prueba que se demuestra científicamente y que constituye un
valor referencial mínimo para establecer la conducción bajo efectos del
alcohol. Es necesario, pues, y en ello están de acuerdo todos los
sectores científicos, objetivar, como mínimo, un límite en estos
momentos, lo que podría hacerse en el nuevo Código Penal.
Entiendo que los argumentos que he suministrado a la Cámara son de
suficiente peso, no es capricho de mi Grupo Parlamentario venir aquí a
ocupar un turno, sino que, en definitiva, hacemos referencia a datos muy
concretos y a información del Ministerio del Interior, por lo que exhorto
a sus señorías a que resuelvan en conciencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Su señoría debe saber que si los
que tienen más razón que un santo ganaran las votaciones en la Cámara,
esto sería el cielo, y si lee el periódico, verá que no es así. (Risas.)
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Guía.
El señor GUIA MARQUES: Con la venia del señor Presidente, intervengo para
exponer un turno en contra del Grupo Parlamentario Socialista respecto
del voto particular presentado y defendido también por mi buen amigo y
compañero el Senador Vallvé. Y si él ha expuesto una serie de criterios
que pueden ser objetivos para indicar a la Cámara la conveniencia de la
inclusión de una tasa de alcoholemia determinada, concretamente en el
artículo 340 bis a), yo voy a intentar exponer también una serie de
criterios objetivos que puedan indicarnos que no es conveniente en este
momento introducir una tasa de alcoholemia determinada en el tipo
delictivo que vamos a tratar.
La proposición de ley que estamos revisando trata de introducir una
tipificación nueva que había quedado, no sabemos muy bien por qué, fuera
del Código Penal, cual era la conducción de vehículos ciclomotores bajo
la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas. Este es el objeto fundamental que propone esta
proposición de ley.
Dicho esto, hay que indicar que las opiniones personales, por muy alta
que sea la categoría de la persona que las propone, en este caso el
Director del Servicio Catalán de Seguridad Vial, no dejan de ser
opiniones personales, que en algunos momentos podemos compartir --yo
personalmente comparto algunos de los criterios expuestos por el Senador
Vallvé--, pero la doctrina científica y la práctica totalidad de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en esta
materia indican que no debemos introducir una tasa de alcoholemia
determinada en la objetivación del tipo, porque pasamos a considerar un
tipo de los denominados de riesgo abstracto a otro de los denominados de
riesgo concreto, que es algo no previsto por el legislador en la
construcción de estos tipos delictivos.
En consecuencia, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado
afirmativamente muchísimas veces, y su jurisprudencia ha sido tajante.
Cito literalmente. La conducta delictiva del artículo 340 bis, a) 1.º del
Código Penal no consiste en un determinado grado de impregnación
alcohólica, sino en la conducción de un vehículo de motor bajo su
influencia --sentencias 145 de 1985, 145 de 1987, etcétera--, y la
influencia de bebidas alcohólicas constituye un elemento normativo del
tipo penal que, consecuentemente, requiere una valoración del juez, en la
que éste deberá comprobar si en el caso concreto el conductor se
encontraba afectado por el alcohol, ponderando todos los medios que
reúnan las garantías procesales.
Y aquí paso a contestar a las argumentaciones que ha expuesto el Senador
Vallvé respecto de que el criterio se deja a la libertad de los jueces.
Yo pienso que como debe ser, que no debe ser de otra manera. Los jueces,
en su libre saber y entender, valorarán el grado de impregnación
alcohólica. Pero es que no debemos olvidar una cuestión, que además el
compañero Albert Vallvé conoce perfectamente, y es que los jueces, en la
determinación libre de sus sentencias, están sometidos al imperio de la
ley y de la valoración conjunta de la prueba, valoración conjunta de la
prueba que tiene declarada tanto el Tribunal Constitucional como el
Tribunal Supremo que no depende sólo de un examen de una tasa de
alcoholemia, sino que depende de muchos factores, y así está recogido en
otras sentencias del propio Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo. Depende, por ejemplo, de la ratificación de la declaración
complementaria de quienes efectuaron el examen de tasa, de testigos que
hayan visto la infracción, por el resultado obtenido de una prueba de
extracción de sangre, por la declaración de la persona perjudicada o de
la víctima e incluso por la declaración ratificada del propio acusado con
asistencia letrada, en todo caso. O sea que el juez tiene una serie de
elementos valorativos, de pruebas, a los que está sometido por imperio de
la ley. La libertad del juez en esta materia no es total y absoluta. Pero
el argumento fundamental, insisto, que está expuesto, recogido y
ponderado por la casi totalidad de la doctrina científica y de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, indica
que no debemos convertir un tipo delictivo de riesgo abstracto en una
conducta delictiva de riesgo o peligro concreto.
Por otra parte, de admitir el voto particular que propone el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, estaríamos
según mi entender y también según el entender de la doctrina científica,
pasando de un típico ilícito administrativo a un típico ilícito penal,
que no
encajaría muy bien con la configuración del tipo de peligro abstracto que
tenemos en este momento.
Insisto en que el objeto de la modificación de la proposición de ley es
la corrección de una laguna legal que en su día se quedó fuera, que es la
conducción de ciclomotores bajo estas circunstancias, y a ello debemos
atenernos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Guía.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
del Senado, tiene la palabra el Senador Travieso Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, intervengo para señalar nuestra posición en el
dictamen de la Comisión sobre esta modificación positiva, ya que nos
parece que ya era hora de que se supliera esta laguna legal, porque no se
podía dejar fuera a los ciclomotores, que, como bien dice la exposición
de motivos, son capaces de hacer incluso más daño que otro tipo de
vehículos de mayor cilindrada.
Con respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, a la que pudimos atender tras la homilía del
Senador Vallvé desde el púlpito (Risas.), tenemos que manifestarle, con
gran dolor de nuestro corazón, que vamos a oponernos a ella y que, aunque
esté clamando en el desierto, nosotros le damos la bienvenida a casa y le
atenderemos convenientemente, por su natural simpatía, pero nos vemos
imposibilitados de votar a favor de su enmienda. Yo creo que las
argumentaciones las ha dejado claras el Senador Guía Marqués, ya que no
sólo va a depender de esa tasa de alcoholemia el considerar que se
incurre en ese tipo delictivo, sino que hay otra serie de elementos y
circunstancias, como, repito, bien ha explicado el Senador Guía, y
nosotros vamos a votar en contra de esa enmienda.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para fijar nuestra posición favorable a esta
proposición de ley en los términos aprobados por la Ponencia, para decir,
igualmente, a mi amigo el Senador Vallvé que lo siento mucho pero tampoco
vamos a votar a favor de su enmienda y terminar diciendo que con la
tipificación que se pretende se cubre un importante y preocupante vacío
legal existente en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que nuestro
Grupo, como no podía ser de otra forma, va a votar la proposición de ley
favorablemente.
Creo que está en el ánimo de todos nosotros procurar una reducción del
número de accidentes de circulación y pienso, ¡ojalá! sea así, que esta
proposición de ley que hoy aprobaremos contribuirá a ello.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Señor Presidente, señorías, vamos a
pasar, como se ha hecho por parte de otros grupos, a manifestar la
posición del Grupo Parlamentario Popular en relación tanto con el voto
particular como con la proposición de ley.
Empezando por el principio, habría que decir que, efectivamente, el
elogio a Cataluña, del que nos ha dado cuenta el Senador Vallvé, es un
elogio justificado en cuanto a la política de prevención de alcoholemia y
de tráfico en general. Lo había leído, y tengo que decir que lo había
leído conjuntamente con el elogio a Navarra, puesto que también fue un
elogio a mi Comunidad del que don Miguel Muñoz nos dio cuenta en una
política de prevención de alcoholemia en la que nosotros también estamos
trabajando muy duro, como luego les relataré. Puede que, como ha
manifestado el Senador catalán, tenga más razón que un santo, pero como
jurista también tiene que saber que, además de tenerla, hay que saber
pedirla y luego se la tienen que dar.
Nosotros creemos que, efectivamente, hay un argumento valioso en la
exposición del Senador catalán a la hora de manifestar que tiene razón. Y
es que, efectivamente, se están produciendo en los distintos tribunales
una serie de sentencias contradictorias, por las cuales algunos juzgados
condenan simplemente por el hecho de que se supere la tasa, en cuanto a
la cuantificación del 0,8, sin que se haya producido ningún elemento
añadido de riesgo de la pura tasa y la ratificación del atestado por
parte de los guardias en la que se acreditaba que precisamente esa tasa
iba acompañada de una embriaguez. Otros juzgados exigen, además de una
tasa superior al 0,8, que se haya producido un elemento real de riesgo
efectivo y concreto por encima del que pueda suponer el que una persona
conduzca bajo los efectos del alcohol, es decir, que añada un riesgo
concreto. Sin embargo, nosotros creemos que es bueno que se objetive esa
indicación para tipificar las conductas y penalizarlas, pero pensamos que
eso no es lo que se debe hacer en este momento por varias razones.
En primer lugar, entendemos que no se gradúan en el voto particular que
propone el Grupo Parlamentario Catalán los diferentes niveles de alcohol
que pueden existir en los diferentes tipos de vehículos que se manejan;
es decir, no es lo mismo el conductor de un vehículo que conduce
sustancias peligrosas, tóxicas, etcétera, que el conductor de un vehículo
de unas determinadas características o que otro tipo de conductores. A
esos conductores les exige la ley conducir bajo unos niveles de alcohol
muy inferiores al 0,8 y, sin embargo, en esta proposición sólo
infringirían la
legislación penal si condujeran a niveles superiores a un gramo por litro
de sangre.
Por otra parte, además de no graduar no delimita adecuadamente. Nosotros
entendemos, sinceramente, que la redacción de la enmienda --dicho sea con
todos los respetos-- es una redacción incorrecta desde un punto de vista
técnico. De la mera lectura de la misma se evidencia que lo que se
sanciona es a quien condujera un vehículo de motor o ciclomotor bajo la
influencia de bebidas alcohólicas con una tasa de alcoholemia superior a
un gramo. Sin embargo, ¿qué pasaría con el que condujera un vehículo de
motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una tasa igual o
inferior a un gramo? ¿Que no estaría inmerso en el tipo? Pero, entonces,
lo raro es que parece que sí estaría inmerso en el tipo por conducir bajo
el efecto de droga tóxica puesto que, al final, el alcohol es una droga.
¿Podría estar inmerso ahí? ¿Podría no estarlo? Nosotros entendemos, sin
ninguna duda, que al final supondría dejar nuevamente al arbitrio del
juez si la alcoholemia inferior a un gramo por litro de sangre estaba
ínsita en el tipo penal o no.
Por otra parte, entendemos que no es éste el momento adecuado para
debatir el tema, por una razón muy simple, porque lo que se pretende con
esta proposición de ley es, fundamentalmente, tipificar la conducción de
ciclomotores bajo los efectos del alcohol, drogas tóxicas, etcétera, y
añadir algún elemento tipificando los ciclomotores en la conducción
temeraria. Pretender ahora variar el tipo, en un análisis que merece ser
hecho mucho más a fondo y mucho más global, creemos que sería como coger
el rábano de la ley por las hojas.
Por todos estos motivos, nosotros anunciamos que nos vamos a abstener en
cuanto al voto, porque estimamos que hay una cierta razón de objetivarla,
pero está mal pedida, lo cual no quiere decir que una vez que podamos
coincidir en los planteamientos podamos llevar adelante una modificación
en los términos como los que se debate.
Sin embargo, sí queremos hablar de la aprobación de esta proposición de
ley orgánica sobre modificación de distintos artículos del Código Penal
para tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de
bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, con temeridad o con imprudencia. Y queremos manifestar
desde ahora la gran satisfacción que el Grupo Parlamentario Popular tiene
por lo que se prevé como inmediata aprobación de esta proposición de ley.
Como sus señorías conocen --y se ha dicho aquí--, el autor de esta
proposición de ley fue precisamente mi Grupo, el Grupo Parlamentario
Popular. Sus señorías también conocen --y se ha resaltado-- la realidad
incuestionable de que cada vez son más los casos en que con la conducción
de un ciclomotor --cada vez más abundantes dentro del tráfico-- se
producen daños tanto a bienes como lesiones o incluso muerte de personas.
Ello ha motivado, sin duda, que todos los grupos unidos al nuestro
hayamos coincidido no ya sólo en el diagnóstico, sino fundamentalmente en
el tratamiento jurídico de este problema, al pretender abordar y evitar
el riesgo real que en este momento existe en la circulación urbana y por
carretera en cuanto a los ciclomotores se refiere. La no tipificación
penal hasta el momento actual de las conductas que hoy se pretenden
castigar suponía --se ha dicho también aquí-- una importante excepción en
el ámbito del Derecho comparado y, además, era absolutamente desacertado
por el nivel de riesgo, tanto cuantitativo como cualitativo, que las
referidas conductas comportan.
Por otro lado, por la evidente importancia que para este sector de
población tiene y por la inmediatez con que vamos a valorar el informe de
la Comisión Especial de Juventud en esta misma sesión, quiero traer el
informe a colación, y traer a colación sus conclusiones, más en concreto
la que hace alusión a los jóvenes y a la seguridad vial.
En efecto, se dice en la misma que los accidentes de tráfico constituyen
una de las principales causas de mortalidad y de invalidez o morbilidad
juvenil. Los jóvenes somos el 12 por ciento de los conductores del país
y, sin embargo, de cada tres fallecidos en nuestras carreteras uno es
menor de 25 años. Este drama se ve especialmente acentuado --ustedes lo
saben-- los fines de semana, y mezclado en muchas ocasiones con el
alcohol y las drogas; el 40 por ciento de estas muertes se atribuye al
consumo de alcohol; ello, sin olvidar las lesiones, daños a terceros,
etcétera.
Por otra parte --señalan las conclusiones del informe que luego
valoraremos--, los estudios reflejan que el perfil del joven que ha
sufrido un accidente es el de una persona que necesita autoafirmación y
que la expresa mostrándose competitivo, enfrentándose y negándose a las
normas y a la autoridad. Estamos hablando ya de los dos problemas que
precisamente se regulan en esta ley: la conducción bajo influencia de
bebidas alcohólicas y la conducción temeraria. Y continúan diciendo las
conclusiones que los jóvenes sobrevaloran así su propia capacidad,
fijándose metas altas que rayan la temeridad. Por ejemplo, minimizan los
efectos del alcohol y las drogas sobre la forma de conducir; tienen una
conducta exhibicionista en grupo porque creen que el grupo espera de
ellos que sean los mejores, y lo demuestran afrontando riesgos; son
sensibles a los mensajes publicitarios y están más predispuestos que
ningún otro grupo de edad para asumir un alto riesgo. Por ello, el
informe señala, en su recomendación 24, a los poderes públicos, que es
importante una presencia preventiva e intimidatoria de control en las
ocasiones conocidas donde existe una alta situación de riesgo de
accidentes de tráfico por conducción en estado de embriaguez o
--decimos-- con temeridad o imprudencia.
Finalizo diciendo que es evidente que estos supuestos que se dan en la
juventud no sólo se dan en la juventud, pero se producen, evidentemente
agravados, al utilizar un ciclomotor. En efecto, según un reciente
estudio realizado por el Gobierno Foral de Navarra en colaboración con la
Dirección General de Tráfico, los conductores de vehículos de dos ruedas
presentan un riesgo de resultar heridos en un accidente de tráfico más de
ocho veces superior a los vehículos de cuatro o más ruedas. Por ello, es
evidente que el uso de los ciclomotores en las referidas circunstancias o
condiciones --ciclomotores que utiliza la juventud, pero no sólo la
juventud-- agrava el riesgo.
Finalmente, es obvio el acierto de esta iniciativa, de la que todos
debemos felicitarnos y que vamos a apoyar por las razones aducidas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iribas.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, en turno de portavoces, tiene la
palabra el Senador Guía.
El señor GUIA MARQUES: Brevísimamente, señor Presidente, con su venia,
quisiera indicar que el Grupo Parlamentario Socialista se congratula del
conjunto de argumentos expresados en la Cámara en favor de esta
proposición de ley, por la que todos nos hemos dado cuenta de que rellena
un vacío legal y que, además, era necesaria en función de lo que día a
día está sucediendo en nuestras carreteras.
Finalmente, quería indicar, sólo a título de anécdota, que sorprende un
poco al representante del Grupo Socialista la postura de abstención del
Grupo Parlamentario Popular respecto del voto particular presentado por
Convergència i Unió, porque en el dictamen de la Comisión el
representante del Grupo Parlamentario Popular manifestó su rechazo a esta
enmienda. Pero sólo se hace constar con carácter anecdótico.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. (El señor Vallvé
i Navarro pide la palabra.)
Por tiempo de un minuto, tiene la palabra el Senador Vallvé, por el
artículo 87.
El señor VALLVE I NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.
No podría dejar de pedir la palabra para agradecer a los compañeros sus
muestras de afecto. Por mucho que la enmienda no prospere, aunque me
hayan dicho que jurídicamente estoy fuera de órbita, agradezco muchísimo
los sentimientos de cordialidad.
Diré, no obstante, que, si bien es cierto, como decía el representante
del Grupo Parlamentario Popular, que tal vez el momento legislativo no
sea el adecuado porque si ahora aprobásemos esta enmienda resultaría que
estaría penalizada con tasa la conducción de un ciclomotor y, en cambio,
no habría una tasa al respecto para los vehículos pesados, lo que podría
representar una cierta incongruencia legislativa, creo que hay que
reconocer que cuando se tramite la reforma del Código Penal podremos
hablar de este tema, y volveremos con nuestra pretensión. En todo caso,
no puede dejar de reconocerse que somos innovadores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Señorías, dada la previsible brevedad del próximo punto del orden del
día, lo vamos a sustanciar antes de suspender la sesión, inmediatamente
después de esta votación.
Sometemos a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 11; en contra, 118; abstenciones, 100.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Sometemos a votación los artículos 1 y 2, Exposición de Motivos y Título.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 229.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Esta proposición de Ley ha sido
votada por los 229 Senadores presentes afirmativamente.
--DE LA COMISION DE DEFENSA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE
SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA Y
SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 28/1984, DE 31 DE JULIO, QUE CREA DICHO
ORGANISMO. (S. 621/000047) (C. D. 121/000059.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a continuación al punto
número 27, dictamen de la Comisión de Defensa en relación con el proyecto
de Ley por el que se prorroga la vigencia de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa y se modifica parcialmente la Ley 28/1984,
de 31 de julio, que crea dicho organismo.
Pregunto al Presidente de la Comisión si ha sido designado algún Senador
para la presentación del dictamen. El Senador Barreiro tiene la palabra.
El señor BARREIRO GIL: Muchas gracias, señor Presidente.
La Comisión encomendó esa responsabilidad al Senador Sáenz Lorenzo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El Senador Sáenz tiene la
palabra.
El señor SAENZ LORENZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me complace presentar a la Cámara el dictamen del proyecto de
Ley por el que se prorroga la vigencia de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa y se modifica parcialmente la Ley 28/1984, de 31 de julio,
que crea dicho organismo.
El texto aprobado por el Congreso de los Diputados tuvo su entrada en
esta Cámara el día 8 de noviembre del corriente año. El plazo de
presentación de enmiendas concluyó
el 21 de noviembre pasado, siendo objeto el proyecto de una propuesta de
veto, presentada por los Senadores del Grupo Mixto don Alvaro Martínez
Sevilla y doña Isabel Vilallonga Elviro, y de tres enmiendas al
articulado, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
La Comisión se reunió el día 24 de noviembre y dictaminó el proyecto de
Ley, manteniendo el texto remitido por el Congreso de los Diputados en
sus propios términos.
Para su debate en Pleno ha quedado formulado un voto particular, del
Grupo Parlamentario Popular, que recoge las tres enmiendas presentadas
con anterioridad, no quedando mantenida la propuesta de veto de don
Alvaro Martínez y de doña Isabel Vilallonga.
Muchas gracias, señor Presiente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sáenz.
Si no hubiere debate de totalidad, que no lo hay, pasa-ríamos al debate
del voto particular del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el pasado trámite en la Comisión de Defensa manifesté, como
hoy hago aquí, la postura favorable de mi Grupo a la prórroga por otros
diez años de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa propuesta por
este proyecto de Ley, proyecto que desde mi Grupo hemos pretendido
mejorar, según nuestro criterio, mediante tres enmiendas, las únicas que
han sido presentadas.
Creo que es de toda evidencia la crítica que desde mi Grupo nos ha
merecido este organismo autónomo en cuanto a funcionamiento, lo que no
quiere decir que, por su hasta ahora limitada eficacia, sea inútil. Es
más, en el momento presente nos parece un instrumento de mayor utilidad,
si cabe, que cuando se creó en el verano de 1984, sustituyendo a las
juntas de acuartelamiento. En múltiples ocasiones, a lo largo de estos
diez años transcurridos, hemos criticado su lentitud, su falta de
flexibilidad --flexibilidad, por cierto, a la que se refería el propio
preámbulo de la ley--, así como su opacidad de gestión, defectos y
limitaciones derivados del concepto organizativo socialista --no quiero
decir del socialismo español, sino de todo el socialismo, y ahí tenemos a
los antiguos países del Este--, un aparato burocrático excesivo, de
procedimiento complicado y, sin embargo, un control económico limitado.
Esto ha supuesto un gasto administrativo proporcionalmente superior al de
cualquier empresa bien gestionada, lentitud que en sus cometidos, que
reconocemos complicados a veces, y algún que otro entrevero de partidismo
en determinados convenios.
La conclusión es que en más de una ocasión la gerencia ha producido
indeseadas sensaciones --insisto en este término-- especulativas,
moviéndose como se mueve en un terreno tan propicio --creo que sus
señorías lo saben fundamentalmente por la prensa-- como es el sector
inmobiliario.
Hacemos esta crítica con el deseo de que en esta nueva etapa se
desarrolle de un modo diferente, puesto que el volumen de metros
cuadrados a gestionar es muy superior al de la anterior --nada menos que
60 millones de metros cuadrados-- y no nos gustaría que sus defectos se
multiplicaran como los metros, en lugar de corregirlos.
Sirviéndome de pie el artículo 1.º de este proyecto, debo decir que nos
opusimos a la prórroga anterior, otorgada por el artículo 102 de la Ley
de Presupuestos para 1994, por dos razones fundamentales: primera, porque
no era el lugar adecuado en estricta técnica legislativa y, segunda,
porque no era el momento, ya que su vigencia alcanzaba hasta el mes de
julio pasado, en que se cumplían los diez años previstos. Hoy estamos de
acuerdo, aunque sea apurando el momento de esa prórroga espuria que
provocaría su extinción dentro de un mes; pero, por lo menos, lo hacemos
en el lugar adecuado desde el punto de vista legislativo; y con
oportunidad, como ya he apuntado.
Señorías, el despliegue de las Fuerzas Armadas está comenzando a ser un
hecho. Y el previsto para el Ejército de Tierra se anuncia ambicioso, con
el llamado «Plan Norte», que acarreará algunas dificultades de distinto
orden, quizás no tanto de personal, puesto que éste es disciplinado, como
por el quebranto económico que va a suponer para determinadas comunidades
y municipios. Bien es verdad que este despliegue responde a las nuevas
necesidades de nuestra defensa militar, que son siempre prioritarias y
que emanan, en parte, del acuerdo parlamentario de 1991 y están recogidas
en la Directiva vigente de Defensa. Pero no es menos cierto, señorías,
que si la reducción de efectivos se lleva a buen ritmo, el despliegue se
retrasa, la profesionalización se estanca y la modernización se eterniza.
Y hay dos razones para que esto ocurra. La primera es la priorización de
objetivos, equivocada, desde nuestro punto de vista, porque va en
detrimento de la operatividad de las Fuerzas Armadas. Y, la segunda, la
escasez presupuestaria, que quizás no fuera tan grave si se estructurara
mejor y se optimizara el gasto.
En este sentido, invito a reflexionar a sus señorías sobre este aspecto
importante, contemplado en nuestra enmienda número dos. Proponemos con
ella la modificación del párrafo cuarto del artículo 2.º de la Ley de
Gerencia, para que los recursos que obtenga no se destinen sólo a
infraestructura, sino que puedan dedicarse, en su caso, a necesidades de
material. Y les propongo tres elementos a considerar.
El primero de ellos es que las necesidades de financiación de material
contenidas en el Plan Norte se evalúan en 500.000 millones de pesetas,
cifra completamente astronómica a la vista de los últimos presupuestos.
La segunda cuestión a considerar es que la previsión de metros cuadrados
a gestionar tras el nuevo despliegue es, aproximadamente, de 60 millones,
muchos de los cuales se encuentran en inmejorables ubicaciones, lo que
hace suponer que pueden proporcionar unos recursos bastante
considerables. Y el tercer aspecto es que, según el Ministro, el Plan
Norte ha tomado en consideración, además de los aspectos estratégicos,
naturalmente, que son los fundamentales, la calidad de los
acuartelamientos y de las infraestructuras en general. De modo que vamos
a conservar en uso las mejor dotadas,
las más modernas, lo cual nos obliga a concluir que va a haber un menor
gasto en infraestructuras.
Si, como parece a la vista de lo expuesto anteriormente, vamos a obtener
mayores recursos económicos y vamos a necesitar un menor gasto, no parece
lógico que esos recursos se mantengan rígidamente vinculados como hasta
ahora. Por el contrario, creo que resultaría mucho más adecuado abrir las
posibilidades de que los casi seguros excedentes económicos que va a
haber en razón de las infraestructuras pudieran ser aplicados a esta
importante función operativa de nuestras fuerzas armadas.
La enmienda número 3 tiene que ver con el necesario control. La verdad es
que no encontramos una razón para que se le atribuyan al Ministerio de
Defensa competencias que son propias del de Economía y Hacienda en
asuntos de enajenaciones y permutas. Nosotros somos partidarios de que se
aplique la regla cuando la excepción no está debidamente fundamentada. Y,
además, señorías, hay binomios en los que la apuesta del Grupo
Parlamentario Popular es absolutamente clara y permanente: en el binomio
libertad-seguridad, siempre vamos a apostar por la libertad. Y entre el
binomio posible de la flexibilidad y el control, desde luego, sin la
menor duda apostamos por el control, haciéndolo así en nuestra enmienda.
Por último, señorías, hago referencia a nuestra primera enmienda,
referida a un tema sumamente delicado y objeto de debate en esta tribuna
en varias ocasiones, el de los hospitales militares, precisamente con
motivo del nuevo despliegue de los efectivos y su posible amenaza de
cierre en algunos casos.
En cuantas ocasiones mi Grupo presentó iniciativas parlamentarias al
respecto, sus señorías socialistas votaron en contra, aduciendo siempre
dificultades normativas y acusándonos de un presunto electoralismo, desde
luego, muy lejano a nuestra voluntad de servicio a los ciudadanos en una
faceta tan crítica como es la de la asistencia médico-sanitaria. Ahora
hemos presentado una enmienda que plantea una solución, en tiempo y en
forma, al grave problema. Y lo hacemos como siempre: sin electoralismo,
señorías, y con voluntad dialogante y constructiva.
Nos quedaba la esperanza de una transaccional que se nos había anunciado
en Comisión. Parece que no ha sido posible y lamentamos de verdad esta
parálisis legislativa del Grupo Parlamentario Socialista que, en cierto
modo, tal vez refleje la parálisis del propio Gobierno y que impide esta
solución, porque posponerla no sólo es obstruirla sino negarla. Y no se
engañen sus señorías, ni engañen a los ciudadanos. Suya va a ser la
responsabilidad. Yo me voy a limitar a recordar que, como todos sabemos y
padecemos, tenemos en España una disponibilidad de camas hospitalarias
que se encuentra por debajo de la media de los países miembros de la
Unión Europea; incluso determinadas Comunidades Autónomas están por
debajo de la media nacional, y en la mayoría de los casos los hospitales
militares mantienen una actividad asistencial complementaria del Sistema
Nacional de Salud, por lo que su cierre vendría a agravar todavía más
nuestra escasez de camas y provocaría una cierta desprotección.
Señorías, sin necesidad de acudir --no quisiera hacerlo-- a los argumento
fáciles, humanitarios y sensibles, sino utilizando un frío y distante
lenguaje económico, vamos a decir que nos encontramos ante un recurso
escaso de primera necesidad que, además, proporciona puestos de trabajo
en un mercado que, como sabemos todos, es francamente difícil. Creo que
no nos encontramos en disposición de hacer desaparecer lo primero ni de
destruir lo segundo por un puro asunto de dependencia patrimonial.
Por otra parte, también sabemos que las Comunidades Autónomas con
competencias transferidas en materia sanitaria arrastran importantes
déficit que les impiden de hecho adquirir estos centros amenazados de
cierre. Pero, evidentemente, estos centros son de un indudable interés
público puesto que están funcionando a satisfacción de todos sus
usuarios. En fin, creo que entramos en el absurdo, que es donde sus
señorías socialistas permanecen.
Termino, señor Presidente, solicitando el voto afirmativo para todas
nuestras enmiendas con el deseo añadido y sincero de que no tengamos que
criticar la gestión de la Gerencia de Infraestructura en la nueva
prórroga que le vamos a conceder en este trámite.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Soravilla.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la intervención del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
merece por nuestra parte el agradecimiento a la continuidad de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
Su señoría hizo una alusión a determinados males, que supone inherentes
al socialismo en general Muy brevemente, voy a decirle a su señoría lo
siguiente. En 1917 ocurrieron dos hechos importantes para el futuro de
Europa y yo diría que para el de la humanidad. Uno tuvo lugar en Rusia,
la Revolución de 1917, origen del llamado socialismo real, el socialismo
totalitario, cuyas consecuencias sus señorías conocen; y no quiero
dilatarme, por la premura de la hora, en describir el devenir de este
tipo de socialismo totalitario.
Pero en ese tiempo también ocurrió otro hecho de menor estruendo: la
victoria del Partido Socialista danés en unas elecciones que tuvieron
lugar por aquellas fechas en ese país. De ese socialismo, el democrático,
la sociedad danesa puede hablar mucho; la sociedad sueca también.
Señorías, no es posible meter en un mismo saco estos dos fenómenos que
tuvieron lugar en 1917. Son diferentes. De ahí también mi defensa,
global, al socialismo que practicamos los socialistas españoles desde la
constitución de nuestro partido a finales del siglo pasado.
Dicho esto, no tengo más remedio que decirle a su señoría --y lo hago con
satisfacción-- que, frente a las legítimas sensaciones que su señoría
tiene en relación con la
gestión de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, quizás los datos
son relevantes. en sólo 10 años la Gerencia de Infraestructura ha hecho
un esfuerzo importante, esfuerzo que se traduce en las siguientes cifras:
ha intervenido en 664 operaciones de enajenación, que han obtenido un
rendimiento de 45.700 millones de pesetas, con un pendiente de cobro
--redondeo-- de cerca de 4.000 millones; la mayor parte de los
rendimientos de estas actuaciones se han destinado luego a inversiones en
bases --le ahorro la relación-- y la cifra manejada en el conjunto de
todas las operaciones es de cerca de 80 millones de metros cuadrados.
Además, la Gerencia de Infraestructura ha participado en la elaboración
de 101 convenios con instituciones, entre los que cabe resaltar el que se
celebró en su momento con el Ministerio de Hacienda, entre otras cosas
para que el Cuartel de la calle del Reloj número 5 fuese cedido,
precisamente, para edificar la ampliación del Senado, lugar en el que nos
encontramos hoy. Los convenios tienen un enorme interés tanto para la
Gerencia de Infraestructura como para las propias Administraciones que
los han suscrito, pues si lo han hecho es porque les convenía. Destacan,
entre otros, el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia para la
sede del Parlamento de Galicia; con la Comunidad Autónoma de Andalucía
para sedes de la Administración autonómica andaluza; con el Ministerio de
Educación y Ciencia, habiendo sido éstos numerosos, no menos de seis,
para uso universitario; otros tantos con la Generalitat de Cataluña,
también para actuaciones universitarias entre otras. Asimismo, de esos
convenios se ha beneficiado la Universidad Carlos III de Madrid, la
Universidad de Alcalá de Henares, La Universidad Pompeu Fabra, de
Barcelona, etcétera. En definitiva, la Gerencia ha hecho un enorme
esfuerzo para llevar adelante los fines para los que fue constituida.
Por otra parte, la Gerencia tiene que responder a un nuevo reto: el
modelo de Fuerzas Armadas que hemos aprobado en el Congreso de los
Diputados, de 1991, las Directivas de Defensa Nacional, de 27 de marzo de
1992, la Directiva de Defensa Militar, de 1.º de diciembre de 1992, la
Directiva de Objetivo de Fuerzas, de abril de 1994, y la última Orden, el
nuevo despliegue del Ejército de Tierra, llamado Plan Norte. La Gerencia
tiene el compromiso de dotar de la infraestructura que adecue las
instalaciones militares a este nuevo reto.
Y entro ya en otra de sus críticas: la opacidad. Señoría, la Gerencia,
como organismo autónomo del Estado, está sujeta a los controles que
preceptúan las leyes: está sujeta al control que supone la Intervención
General del Estado, está sujeta al control del Tribunal de Cuentas y hay
un mecanismo propio de la Gerencia de forma que todas sus actuaciones
pasan por el tamiz de su órgano de dirección --en el que, además, están
presentes los Ministerios de Economía y Hacienda y Obras Públicas--; por
tanto, cualquier actuación que ha realizado la Gerencia tiene que ser
conforme a Derecho y hay fiscalización suficiente. Y por si esto fuera
poco, tenemos también la fiscalización que las Cámaras realizan a través
de preguntas, comparecencias e interpelaciones.
Ahora voy a referirme a sus tres enmiendas concretas, y no voy a hacerlo
por orden. Señoría, la primera de ellas pretende dedicar los recursos de
la Gerencia a material para la Defensa, en definitiva, a armamento,
munición y equipo. A nosotros nos parece que tal pretensión no puede ser
aceptada por una razón de carácter general, y es que no nos parece buen
cambio destinar bienes inmuebles, que son un patrimonio permanente, a un
patrimonio fungible, como son el armamento y el material. Además, su
señoría puede comprobar en los Presupuestos Generales del Estado para
1995 --que pronto debatiremos en este salón-- como se siguen dedicando
recursos para la infraestructura del Ejército, consecuencia de que los
rendimientos que se puedan obtener de la Gerencia no son suficientes para
acometer los gastos de infraestructura necesarios.
Otra de sus enmiendas pretende que la competencia en la enajenación de
estos inmuebles sea exclusiva del Ministerio de Economía y Hacienda, lo
que no nos parece conveniente. Eso supondría colocar de nuevo esta parte
de los bienes públicos en la gestión de un todo, del patrimonio del
Estado, que es competencia de la correspondiente Dirección General de
Patrimonio. Repito que no nos parece correcto, además de que haría más
lento el procedimiento --y tengo que explicar a su señoría que una de las
razones de esa lentitud a que aludía ha sido el tener que delimitar
física y jurídicamente el patrimonio del propio Ministerio afectado a
Defensa--, puesto que mezclar la parte con el todo no va a producir ese
deseo que su señoría tiene de acelerar los trámites.
Y en cuanto a los hospitales, yo no voy a entrar en la necesidad de camas
hospitalarias, puesto que es otro problema. Usted pretende que los
hospitales militares sean cedidos gratuitamente, y en esto, a nuestro
juicio, hay una contradicción con su propio discurso y un agravio
comparativo. La contradicción, señoría, es que en varias ocasiones han
manifestado --me refiero al Grupo Popular y no a su discurso personal--
la sospecha de que el Plan Norte no pueda llevarse a efecto y han dicho
que es difícil obtener recursos en torno a los 500.000 millones --y eso
sí lo dice usted en la justificación de su enmienda--. Señoría, los
hospitales militares que puedan ser desafectados pueden tener dos usos,
como ha ocurrido en otros casos: un uso no hospitalario y que sean
destinados también a la red hospitalaria, pero no todas las Comunidades
Autónomas tienen hospitales que puedan ser cedidos o incluso puede ser no
querido por las Comunidades Autónomas que se les cedan, con lo cual unas
tendrán esta ventaja y otras no. Pero es más, el nuevo despliegue del
Ejército de Tierra en concreto, con la reducción de efectivos, conlleva,
por una parte, cerrar hospitales, pero por otra mejorar algunos de los
existentes e, incluso, quizá, construir alguno nuevo. Sabe su señoría,
igual que yo, que el Plan Norte no contempla en esta primera fase qué va
a ser de las instalaciones logísticas y de apoyo, que tendrán que sufrir
una necesaria reubicación; pero, además, el modelo mixto de Fuerzas
Armadas va a suponer una nueva carga para el Ministerio de Defensa, en
concreto para la sanidad militar, que tendrá que atender no solamente a
los efectivos militares, sino también a los familiares de aquellos
soldados que
sean profesionales. Esto exigirá un nuevo esfuerzo por parte del
Ministerio de Defensa en materia de sanidad militar, toda vez que las
mejores unidades, las que consideramos punteras para la Defensa y para
cumplir nuestros compromisos internacionales, se han desplazado de
ubicación, y eso va a exigir que se refuercen ahí. Por tanto, también la
Gerencia tendrá que hacer frente a esta nueva demanda de instalaciones de
hospitales militares y atender a estos servicios.
Por todo ello, señoría, no podemos aceptar ninguna de sus enmiendas, y
sólo me queda hacer referencia una vez más a su tono, su talante y al
apoyo global al proyecto --que es lo importante--, que es la continuidad
de la Gerencia de Infraestructura.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Todas las promesas de brevedad han sido relativamente cumplidas.
En turno de portavoces, y por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el Senador don Miguel Angel Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, sintiéndolo mucho, querido Senador, qué más quisiéramos
nosotros que poder votar a favor, y usted lo sabe.
Con respecto a los hospitales, sobre los que ya ha habido dos o tres
interpelaciones en esta Cámara, donde hemos debatido con el Ministro,
nuestra posición está clara. Es decir, queremos que los hospitales que
están en las cabeceras de referencia de las dos capitales del
archipiélago canario cumplan su función hospitalaria, que no pasen a ser
enfermerías dignificadas y que eso lo convenie el Gobierno autónomo de
Canarias, que ya tiene la competencia, con el Ministerio correspondiente.
Si son chicos que saben negociar y lo consiguen gratis, alabado sea Dios;
si no es así, que se llegue a otro tipo de convenio, pero insisto en que
queremos que cumplan su función, porque lo que nos interesa,
fundamentalmente, es que no se pierda la cama hospitalaria. Y no sé cómo
se puede incluir eso en una ley como ésta.
En cuanto a la segunda enmienda, lo siento, pero no me gusta entrar en el
tema de camiones, carros y armamento, y no lo voy a hacer.
Con respecto a la tercera, cuantas menos competencias tenga el Ministerio
de Economía y Hacienda, mejor; en cuantas menos cosas entre, muchísimo
mejor. Es decir, cuanto más descentralizado esté ese Ministerio, mejor,
porque si trata este tema globalmente, tanto usted como yo vamos a ver
muy recortados los duros. Por tanto, deje que esas competencias estén en
el Ministerio de Defensa y que se convenie con los respectivos Gobiernos
autónomos lo que se tenga que «conveniar». Por tanto, créame, pues, que
lo siento, pero vamos a votar en contra.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Caballero Lasquibar.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Señor Soravilla, voy a votar en contra de sus enmiendas, a pesar de haber
apoyado las mismas en el trámite de Comisión --como usted sabe--,
fundamentalmente, sobre la base de la enmienda número 1. Y lo hice
porque, si mal no recuerdo, quedó abierta una posible negociación, que
fue ofrecida por el Grupo Socialista. Pero después de lo que hemos oído,
ésta no ha fructificado y se mantiene la pretensión de las cesiones
gratuitas de hospitales. Este es, pues, el núcleo del tema: la cesión
gratuita.
Tuve ocasión de fijar mi posición sobre este tema en el Pleno del 28 de
enero pasado, oponiéndome al concepto de cesión gratuita, y mantengo mi
posición. Por tanto, votaré en contra de las enmiendas.
Por último, quiero anunciar nuestro voto favorable a la proposición en
los términos aprobados por la Ponencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador don
Albert Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Soravilla voy a exponerle, brevísimamente, el criterio de mi
Grupo Parlamentario. La Ley parece ajustada a Derecho, a la oportunidad
política y a la operatividad de la Administración militar. La prórroga de
la vigencia de la Gerencia de Infraestructura nos parece correcta. El
artículo 3 de la Ley prevé la comunicación previa al Ministerio de
Economía y Hacienda para el ejercicio por este ente de un derecho de
tanteo, lo que garantiza de alguna manera la puridad del procedimiento.
De ahí nuestra conformidad y nuestro voto positivo a la Ponencia.
Dice usted, señor Soravilla, que en el funcionamiento de la Gerencia
había detectado lentitud, falta de actividad y una cierta opacidad.
Evidentemente, nunca tendrá usted a mi Grupo con los que actúan de modo
opaco, y la Cámara está para eso, para denunciar las situaciones
irregulares que se pueden producir.
Pero voy a hacerle una referencia un tanto particular, pueblerina y
chauvinista. Resulta que en Tarragona hemos tenido una recientísima
intervención de la Gerencia. El Regimiento Badajoz 26 y el Batallón de
Cazadores de Montaña Arapiles se despidieron de la fidelísima y ejemplar
ciudad de Tarragona hace unos cuatro meses y la ciudad les rindió un
homenaje. Un servidor de usted --a pesar del criterio que usted tiene de
mi persona-- es sargento de infantería del Badajoz 26 y acudí a la
ceremonia y me despedí del Regimiento y de la Bandera. Pues bien, en un
plazo aproximado de tres meses, se suscribió entre la Gerencia, el
Comisionat d'Universitats e Investigació del Govern
de la Generalitat de Catalunya y el Alcalde de la ciudad --un querido
compañero Diputado de Convergència i Unió-- un acuerdo, en virtud del
cual, la Generalitat y el Ayuntamiento adquirían la finca del antiguo
cuartel para destinarla a la Universidad de Tarragona. Como comprenderá,
la satisfacción ha sido general para todos los ciudadanos, para todas las
fuerzas políticas de Tarragona, entre las que se encuentra el concejal
portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tarragona, mi hermano
Juan Vallvé. (Risas.)
Señoría, sus enmiendas me parecen muy interesantes; lo cierto es que lo
son porque, en la poca intervención que ha tenido este Senador en el
trámite relativo a la adquisición de los cuarteles para hacer la
Universidad el estamento militar nos explicaba la falta de medios, que el
presupuesto es cada vez más cicatero con la Administración militar,
etcétera. Comprendo, pues, el interés y la intención de sus enmiendas; no
obstante, opino que debe haber otro trámite parlamentario en el que
ustedes pueden conseguir lo que pretenden que, como digo, me parece
ajustado.
Para no alargarme más, en cuanto a sus enmiendas, haré mías las
simpatiquísimas consideraciones que ha hecho mi buen amigo, el
extraordinario Senador señor Barbuzano.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Pido a sus señorías que si no han de ser breves, no digan que lo van a
ser, porque desorientan a esta Presidencia. (Risas.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a hacer uso del tiempo justo. Con respecto al portavoz socialista, le
diré que he insistido en que eran sensaciones y que lo que nosotros
pedimos siempre es transparencia. El mundo de las sensaciones se mueve un
poco en la realidad virtual y nosotros queremos realidad viva,
transparencia, que se vea por dónde vamos. Además, he reconocido las
dificultades que existen en esa gestión.
Con respecto a que el nuevo despliegue exige dotar de infraestructuras,
en cierto modo ya he hecho referencia a ello, es decir, que la mayoría de
la infraestructura ya existe. Habrá que hacer algo más, pero no mucho, y
acometer algunas mejoras, sin duda alguna. Pero, en general, la base ya
está.
Por otro lado, en cuanto a cambiar bienes fungibles por bienes inmuebles,
supone un sentido casi medieval de la propiedad. Pero, ¿qué ocurriría si
sobran inmuebles? ¿Es que vamos a tener que crear necesariamente
infraestructuras porque hemos vinculado el gasto a ello y vamos a tener
un ejército como el de Pancho Villa, en hoteles de lujo? Porque no lo
entiendo; eso no tiene ningún sentido.
Con respecto a los controles, usted me ha explicado que hay muchos, pero
a nosotros tampoco nos importa que haya una fiscalización más.
Por lo que se refiere a los hospitales, creo que las Comunidades
Autónomas son capaces de saber lo que necesitan y lo pedirán. Por tanto,
nos estamos refiriendo a los hospitales que tienen un interés público; es
decir, que creamos una apertura para que eso pueda ser posible, pero no
para que sea algo obligatorio.
También acepto el argumento que esgrimía en cuanto a que habrá que
construir nuevos hospitales con arreglo al nuevo despliegue, pero lo uno
no impide lo otro, porque el problema es que en algunos casos se va a
producir el cierre del hospital.
En cuanto al Senador Barbuzano, que le agradezco, como siempre, su tono y
su amistad, estoy perfectamente de acuerdo en que se pueden producir
convenios, me parece una solución. Pero, ¿qué ocurre con aquellas
Comunidades donde prácticamente no vayan a quedar efectivos y ese
hospital se cierre? No hay convenio posible, porque ya no está el
Ministerio de Defensa. Respecto al Senador Caballero, también agradezco
sus palabras, aunque me produce una cierta sorpresa este cambio brusco de
dirección.
Al sargento Vallvé le habla el alférez Soravilla del Regimiento León --no
sé si se debe cuadrar en este momento-- y le agradezco todas las palabras
que ha tenido para mí. (Risas.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer a todos los Senadores que han intervenido fijando la
posición de su Grupo las palabras de apoyo al proyecto de ley por la que
se prorroga la vigencia de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
El esfuerzo que está haciendo este Organismo, la transparencia de su
funcionamiento viene avalada, entre otras cosas, por la firma de 101
convenios con diferentes instituciones del Estado: Ministerio de Economía
y Hacienda, Ministerio de Educación y Ciencia, Comunidades Autónomas de
diferente signo, ayuntamientos. A mí se me hace muy difícil pensar que
todos estos convenios firmados y llevados a buen término pudiesen haber
obtenido esa firma si la Gerencia, además de eficaz, careciese de
sensibilidad y de transparencia. La Gerencia cumple con la Ley, cumple
con el trato que debe prevalecer entre instituciones públicas y sus
resultados quedan avalados.
Por razón de horario no quiero extenderme para contraargumentar la
exposición del Senador Soravilla, al que le reitero, de nuevo, mi
agradecimiento personal por el tono que hemos llevado en el debate, tanto
en Comisión como en este Pleno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Vamos a someter a votación de forma conjunta, si el Grupo Parlamentario
Popular así lo entendiera, las enmiendas números 1 a 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 98; en contra, 122.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, vamos a votar el texto del proyecto de ley por la que se
prorroga la vigencia de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa y se
modifica parcialmente la Ley 28/1984, de 31 de junio, que crea dicho
organismo, según el texto del dictamen, que consta de los artículos 1 y
2, disposición derogatoria y disposiciones finales primera y segunda, y
preámbulo.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 124; abstenciones, 96.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.
Eran las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
--INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE JUVENTUD. (650/000001.)
El señor PRESIDENTE: Noveno punto del orden del día, Informe de la
Comisión Especial de Juventud, publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 202, de fecha 28 de noviembre
de 1994. Por analogía con lo dispuesto en el artículo 120.1 del
Reglamento del Senado, procede la presentación del dictamen por un
representante de la Comisión.
Señor Presidente de la Comisión, tiene la palabra.
El señor BLANCO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, por acuerdo del Pleno
de la Cámara del pasado día 12 de febrero de 1992, se constituye la
Comisión Especial de Juventud, que reanuda sus trabajos por acuerdo del
Pleno del día 11 de noviembre, una vez disueltas las Cortes Generales.
Iniciados sus trabajos, se realiza un plan de comparecencias, de
recopilación de documentación y de encuesta, constituyéndose
posteriormente una Ponencia que estaba integrada por los señores
Senadores Estebe Petrizán, de Eusko Alkartasuna, perteneciente al Grupo
Mixto; José Antonio Torrontegui, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos; Manuel Travieso, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; José María Bertrán, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Alfredo Prada y Félix Colsa, del Grupo
Parlamentario Popular; Octavio Granado, Ignacio Díez y José Blanco, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Emite su informe de acuerdo con los textos presentados por el Grupo
Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió el pasado día 14 de noviembre que,
trasladado a la Comisión del día 22, incorpora numerosas enmiendas y es
aprobado por unanimidad por los miembros de la Comisión, manteniendo
votos particulares pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular.
Permítanme, señorías, que comience en este momento mi intervención
agradeciendo la colaboración de todos los que han hecho posible este
informe: altos cargos de la Administración del Estado, representantes de
Comunidades Autónomas, de corporaciones locales, de organizaciones no
gubernamentales, de investigadores, etcétera, muchos de los cuales nos
acompañan en la tribuna en esta sesión parlamentaria, y que con sus
aportaciones, con sus visiones diferentes, contribuyeron a la realización
del diagnóstico de la juventud española hoy, para profundizar en el
estudio acerca de sus problemas, de sus preocupaciones, de sus
inquietudes y, con ello, orientar las recomendaciones que hoy y ahora
proponemos al conjunto de la Cámara.
Quisiera resaltar también, al mismo tiempo, el clima de cordialidad y de
consenso, no muy frecuente en estos momentos de gran crispación política,
que ha permitido y que ha presidido los trabajos de esta Comisión y cuyo
resultado es que el conjunto de la Cámara coincide en el diagnóstico de
los problemas de la juventud, en las propuestas y en las recomendaciones
a los poderes públicos para que éstos den respuesta a las demandas y a
los interrogantes que tiene planteados hoy la juventud española.
Es la primera vez --y quiero destacarlo-- que en el Parlamento se abre un
foro de encuentro y de reflexión acerca de esta realidad heterogénea que
constituye el mundo de las y los jóvenes. Se ha avanzado en el
diagnóstico de su problemática, se ha prestado especial atención a los
ámbitos educativos, laborales, asociativos, culturales, sanitarios y
sociales, pero hemos prestado atención, especialmente, a los problemas de
empleo, a los problemas de vivienda, a los problemas derivados del ocio y
del tiempo libre y, también, a los problemas derivados del Servicio
Militar y de la Prestación Social Sustitutoria u Objeción de Conciencia.
Tratamos, de esta forma, de dar respuesta a lo previsto en el artículo 48
de nuestra Constitución, que establece que los poderes públicos
promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Señorías, la evolución de la juventud española en los últimos años
refleja el cambio de las formas de vida y de la manera de entender la
realidad. Esto hace que recetas válidas para un momento dejen de serlo
rápidamente, evolución vinculada al escenario de transformaciones
sociales, económicas y políticas que se han producido en este mismo
período en España y en el mundo. De ahí que el
análisis de la situación de la juventud, de sus necesidades, de sus
problemas, intereses e ilusiones ofrezca, como mucho, una instantánea de
la realidad en tránsito. Esto requiere, obviamente, el revisar
constantemente las medidas que se emprenden para buscar la mejor
respuesta en cada momento.
Así, frente a la generación de los años ochenta, más individualista,
resignada y pasiva, está emergiendo una juventud más activa que, cada
día, demanda más protagonismo en la sociedad con mayor deseo de
participar e intervenir, aunque ese deseo lo quieren hacer de un modo
distinto de como se venía entendiendo.
Los jóvenes españoles, que constituyen el 25 por ciento de la población
española, sitúan a España en el primer país de Europa en porcentaje de
población juvenil, con tendencia a equipararse en los próximos diez años
como consecuencia del descenso de la natalidad.
Podemos asegurar, sin lugar a equivocarnos, que estamos ante una
generación claramente europeísta, con un nivel de formación mucho más
elevado en el que se han reducido las diferencias entre lo rural y lo
urbano y donde la igualdad entre los hombres y las mujeres es bastante
mayor. Es una generación más culta, más tolerante, sin duda, algo más
secularizada, que demanda un papel protagonista frente a los procesos que
se producen en la realidad actual y que quiere contribuir a generar una
cultura de igualdad entre los sexos, de defensa de la paz, de desarrollo
económico solidario acompañado de un equilibrio ecológico, de
profundización en la democracia y de rechazo al racismo y a la xenofobia.
Los problemas más importantes que tienen actualmente los jóvenes son: el
desempleo, sin lugar a dudas, la inadecuación de la formación al empleo,
el difícil acceso a la vivienda para iniciar una vida independiente del
hogar paterno, el racismo y la intolerancia ocasionados por el incremento
de la población inmigrante, el abuso del alcohol y los accidentes de
tráfico, que son la primera causa de mortalidad y morbilidad juvenil, el
tabaquismo y el consumo de drogas, los embarazos no deseados de las
adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, el deterioro del
medio ambiente y las dificultades para que participen activamente en la
sociedad.
Estos son, como decía, los principales problemas que afectan a los
jóvenes. Sobre ellos hemos reflexionado y proponemos a las
Administraciones públicas un conjunto de iniciativas tendentes a dar
respuesta a los mismos, al mismo tiempo que anunciamos, señorías, que
vamos a actuar desde esta Cámara vigilando que se cumplan los compromisos
que hoy alcanzamos entre todas las fuerzas políticas y parlamentarias.
Es conveniente, señorías, que se apueste por políticas integrales de
juventud, coordinadas en el conjunto de las Administraciones, pero
respetando el ámbito competencial de cada una y contando, como no podía
ser de otra forma, con la opinión de las organizaciones no
gubernamentales, de las organizaciones juveniles. Estas políticas
integrales de juventud deben involucrar al conjunto de la sociedad y
otorgar, como les decía, un papel protagonista a los jóvenes en cuanto a
la construcción de nuevos horizontes de transformación y progreso para la
sociedad en los próximos años, identificando los programas, garantizando
su continuación y brindando los fondos necesarios para su cumplimiento.
No queremos que las políticas de juventud en momentos de crisis sean las
políticas donde las Administraciones públicas hagan los recortes
presupuestarios. Promover la participación pasa en estos momentos,
señorías, por dotar de mayor contenido a los consejos de juventud
--muchos de los representantes de los mismos están hoy entre nosotros--,
facilitándose por parte de la Administración la gestión directa de
programas y servicios que les son propios, motivar la afiliación a
asociaciones o colectivos, declarando la utilidad pública de las
asociaciones juveniles, y promoviendo una ley que las regule, que
establezca un nuevo marco más abierto, más libre y más cooperador. En
este mismo sentido se debe presentar una ley del voluntariado, que debe
ser el cauce de participación de los jóvenes en actividades comunitarias,
de protección del medio ambiente, de cooperación para el desarrollo,
servicios sociales y de interés general, que conecte con los nuevos
valores que se manifiestan, así como garantizar las medidas que hagan
posible su implantación.
Puesto que el desempleo y el acceso a la vivienda son las primeras
preocupaciones de los jóvenes, deben promoverse desde el conjunto de las
Administraciones aquellas iniciativas tendentes a mitigar este fenómeno
desde el plano formativo, adecuando más las enseñanzas al mercado de
trabajo y fomentando una cultura que posibilite la asunción del riesgo
empresarial por parte de los jóvenes, apoyando aquellas iniciativas
viables, no solamente mediante subvenciones, sino también a través de la
asistencia técnica, de avales y créditos con intereses reducidos,
mejorando los estímulos para el acceso a la titularidad de jóvenes
agricultores o pescadores y todas aquellas iniciativas tendentes a
conseguir un puesto de trabajo razonablemente remunerado y estable.
El fomento del acceso a la vivienda, a través de la promoción propia y de
incentivos fiscales a la construcción, así como la puesta en alquiler de
viviendas desocupadas, es otro reto, señorías, que tenemos planteado.
Consideramos que es necesario seguir profundizando en la reforma de
nuestra enseñanza a fin de incrementar su calidad, evitar el fracaso
escolar y formar seres autónomos que tengan capacidad de adoptar las
decisiones que afectan a su salud, a su bienestar, a su propia vida y que
gocen de un sistema de valores basado en la solidaridad, en la
tolerancia, en el respeto a los demás y en el respeto a sus derechos. La
política de becas debe mejorarse, agilizar su pago e ir acomodando un
sistema educativo en el que la masificación sea menor, incrementando el
número de enseñanzas que haga que la selección sea innecesaria.
Señorías, otro de los objetivos lo constituye la búsqueda de alternativas
a la utilización del ocio y del tiempo libre que evite el consumo de
bebidas alcohólicas y otros hábitos tóxicos. Se debe garantizar el acceso
de los jóvenes en condiciones no gravosas a las actividades culturales y
deportivas; experimentar actuaciones, antes que poner en marcha medidas
restrictivas, que les posibiliten tener espacios de privacidad propios,
como, por ejemplo, la apertura
de instalaciones deportivas, cines, bibliotecas con horario nocturno y la
utilización de los centros deportivos y de enseñanza fuera del horario
escolar.
Proponemos en nuestro informe elevar la edad penal a los 18 años para
romper con el divorcio existente con la mayoría de edad y la adecuación
de la legislación penal juvenil, en orden a prevenir la delincuencia y
sus causas antes que a reprimir sus consecuencias.
Siendo los accidentes de tráfico la primera causa de mortalidad y
morbilidad, no podría pasarlo por alto en mi reflexión. Para ello, es
necesario garantizar una educación vial que sea un medio de prevención y
seguir sensibilizando a los jóvenes sobre el peligro de conducción
arriesgada o bajo los efectos del alcohol u otros hábitos tóxicos.
Por último, señorías, me referiré al Servicio Militar y a la Prestación
Social Sustitutoria, manifestando la satisfacción que me produce y que
produce al conjunto de los grupos de la Cámara el avance significativo
que se ha conseguido en las propuestas que hoy presentamos. Mejorar las
condiciones de vida de los soldados, que la prestación del mismo no
suponga coste alguno para él o su familia, que se garanticen sus derechos
personales y que se les dote de recursos necesarios para atender a sus
gastos personales, gratificaciones e indemnizaciones. Asimismo,
planteamos que se debe acelerar el proceso de profesionalización, de tal
forma que gane en importancia el componente profesional de nuestras
Fuerzas Armadas.
En lo relativo a la Prestación Social Sustitutoria, se debe agilizar el
proceso de incorporación para evitar que la situación actual, en la que
muchos jóvenes tienen que esperar dos o tres años para su incorporación,
no se dé, prestándose en condiciones homologables a las del Servicio
Militar y reduciéndose su duración cuando se realice en condiciones de
especial peligrosidad o penosidad.
Finalmente, se establece que la negativa a la realización de la
Prestación Social Sustitutoria en tiempos de paz no debe ser castigada
con penas privativas de libertad, y creo que en este tema conectamos con
un amplio sentimiento popular, por lo que instamos a que se tomen las
medidas legislativas que anticipen una regulación de esta situación sin
tener que esperar a la aprobación del nuevo Código Penal, en trámites ya
en este momento en el Parlamento.
Señorías, el contenido del informe que hoy presentamos, el diagnóstico
realizado y las recomendaciones propuestas son el máximo común
denominador posible que generó el consenso de la Cámara y deben ser de
utilidad al conjunto de la sociedad y a los poderes públicos para dar
respuesta a los problemas que se describen. El grado de acuerdo alcanzado
es la mejor garantía para su cumplimiento.
Señorías, una sociedad que da respuesta a los problemas que plantea su
juventud está apostando por su futuro.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Blanco.
Abrimos turnos a favor y en contra, que irán seguidos del turno de
portavoces. (Pausa.)
Para turno a favor, tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
Nosotros hemos presentado enmiendas al informe.
El señor PRESIDENTE: Posteriormente abriremos el debate de las enmiendas.
Ahora nos situamos en un debate de totalidad. Si no hay intervenciones a
favor o en contra, abrimos turno de portavoces sobre la totalidad del
dictamen.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
Tiene la palabra su portavoz, el Senador Petrizan Iriarte.
El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Respecto al Informe de Juventud, yo diría que lo que ha sucedido en la
Cámara es que al menos se ha cumplido un primer objetivo, que no es otro
que conseguir el alto grado de consenso que se ha obtenido en este
Informe.
Yo creo que sería justo en este caso hablar tanto del Presidente de la
Comisión como de los portavoces, destacando su labor en el sentido de
lograr el consenso del que hablo. Por parte de todos los grupos sin
excepción, insisto, ha existido una voluntad para redactar un Informe que
se pueda presentar con un grado muy alto de consenso, salvo algunas
enmiendas que yo diría que no empañan el consenso general.
También habría que destacar que para la elaboración de este Informe se ha
contado con una base informativa amplia. Ha habido una información yo
diría que en algunos casos exhaustiva, con decenas de comparecencias en
la Comisión, y eso ha permitido que las conclusiones se hayan basado en
esa información.
Quiero hacer también mención al carácter del texto, en el sentido de que
es abierto y que intenta eliminar las cuestiones que lo cerraban. En mi
caso, tendré que destacar dos cuestiones, una que afectaba al mercado
laboral y otra a la objeción de conciencia y la insumisión.
En virtud de las enmiendas presentadas tanto en un caso como en otro, en
lo que afecta al mercado laboral se eliminó la expresión de
flexibilización y únicamente se menciona que se promocione el empleo
juvenil, y cuando veamos las medidas de promoción discutiremos, y en lo
que corresponde a la objeción de conciencia y a la insumisión, se ha
eliminado una recomendación genérica que hablaba de penas de
inhabilitación, se deja el texto abierto y simplemente se dice que no se
deben aplicar penas privativas de libertad.
Insisto en esta segunda cuestión. Creo que todos hemos hecho un gran
esfuerzo --Eusko Alkartasuna en este caso lo ha hecho-- porque no se
incluyera --yo creo que, en todo caso, de manera inexplicable o al menos
inexplicada-- la palabra insumisión. Porque se habla de los objetores no
prestacionistas, y los objetores no prestacionistas a nivel jurídico se
llaman insumisos; por ese delito están condenados.
Espero que el esfuerzo que nosotros hemos realizado en torno a la
objeción de conciencia y a la insumisión de alguna manera sea
recompensado y no nos tengamos que autoacusar dentro de unos días de
candidez política, que todo
puede pasar. Porque --y viene un poquito de limón-- yo diría que las
declaraciones del Portavoz Socialista, señor Granado, en la sesión de la
Comisión donde precisamente se aceptaron las enmiendas a las que hacía
referencia nos han intranquilizado. Y nos han intranquilizado porque el
señor Granado habla de lo de siempre en la asociación de insumisos --o
prefiere que hable de objetores no prestacionistas, que sería la
terminología que está en el Informe-- y dice que están asociados con
movimientos como Jarrai, KAS, HB, Violencia, etcétera. Yo le tengo que
decir al señor Granado que no, que estoy en condiciones de garantizarle
que los movimientos de asociaciones, con el movimiento de objeción de
conciencia a la cabeza, no están en absoluto controlados por el mundo de
HB. Aunque si ustedes siguen insistiendo y siguen por ese camino --tanto
usted, señor Granado, como el propio Ministerio de Defensa, por ejemplo,
con el señor Arévalo Secretario de Estado de Administración Militar a la
cabeza-- a lo mejor lo consiguen, y acabe HB, Jarrai y todo ese mundo a
la cabeza de lo que puede ser el movimiento de objeción de conciencia.
Yo le tengo que decir, señor Granado, que no alcanzo a comprender
--porque esto es reiterado y no es la primera vez que ocurre, si bien yo
entiendo que soy una persona limitada-- por qué están emperrados en
hacerle a Jarrai y HB el inmenso favor propagandístico continuo que
ustedes le están haciendo. Eso no lo puedo entender. Le adjudican cosas
que no son suyas. Y, fíjese usted, cuando el señor Arévalo dijo en una
Comisión que los insumisos eran gente de la Violencia, yo le dije en un
receso después de la comisión: Va a salir con foto y todo en «Eguin» el
próximo día, como ocurrió. Al día siguiente el señor Arévalo tenía cuatro
columnas en «Eguin» diciendo lo que dijo.
Yo sé que esto les puede venir bien en alguna parte; desde luego, a la
situación en general le viene muy mal.
Tras este pequeño desahogo --uno está harto de que le hagan la campaña a
HB gratis; yo digo que la campaña se la hacen a HB para venderla en
Murcia, lo que pasa es que allá se la hacen gratis-- mi felicitación a
todos los Grupos por el alto grado de consenso alcanzado en este Informe
de la Juventud, que, de cualquier modo, era el objetivo que teníamos que
lograr.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS; Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, es para todos nosotros un honor estar aquí, en la presentación
de este informe sobre la juventud, en el que durante más de dos años y
dos legislaturas ha venido trabajando una Comisión del Senado. Por eso,
creo que es de bien nacidos ser agradecidos y recordar a los Senadores de
la anterior Legislatura que no pudieron acabar el informe, y hacerlos,
por supuesto, partícipes de este acto que estamos hoy celebrando.
Creo que el trabajo de la Comisión ha sido arduo e importante. Se ha
trabajado con muchos informes, múltiples comparecencias y datos
estadísticos, así como con la intervención de todos los sectores de la
sociedad que estaban interesados en este tema, y deseamos hacer llegar
nuestra felicitación a las personas que han colaborado en su elaboración.
En primer término, hay que dejar claro que a lo que se ha llegado en este
informe no es a la renuncia de las ideas o los programas de cada partido
político. Todos hemos hecho un gran esfuerzo en consensuar los temas, en
ponernos de acuerdo en lo elemental, pero, en absoluto, renunciamos a las
posturas particulares de cada grupo político en temas concretos. Por
poner un ejemplo, nuestro Grupo Parlamentario no tiene la misma
concepción del trabajo que tienen otros grupos parlamentarios de esta
Cámara, y lo mismo sucede respecto de la prestación del servicio militar,
o el tratamiento de la objeción de conciencia y la prestación social
sustitutoria, así como otros muchos temas. Pero creo que lo importante, y
es por lo que hay que felicitarnos, es que todos hemos sido capaces de
dejar a un lado esas diferencias y puntos concretos, ver todo lo que nos
unía --o lo mínimo que nos unía-- y ponernos de acuerdo en el
diagnóstico, en las conclusiones de este informe y en las recomendaciones
que en él se hacen a los poderes públicos.
También hay que resaltar la importancia de este informe sobre la juventud
que hace el Senado puesto que es la primera vez que las Cámaras tratan
con un mínimo detenimiento esta cuestión, el problema de una etapa de la
vida que en la actualidad implica el 25 por ciento de la población
española, una etapa de la vida donde los países se juegan su futuro. Si
esa juventud está preparada o tiene expectativas, el país saldrá
adelante, el país tendrá futuro, y, si no, que Dios nos coja confesados.
Por tanto, creo que éste es un aspecto importante del informe.
A continuación, pasaré a analizar las conclusiones a las que hemos
llegado. No voy a hacer un análisis exhaustivo, como el que hizo el
Presidente de la Comisión, Senador Blanco, que asumo en todos sus
términos y, por tanto, para no reiterarnos, no voy a entrar en el
detalle. Lo único que me interesa resaltar es el punto de consenso al que
llegamos todos los grupos políticos. Aunque probablemente los datos
empleados no sean los más fiables, puesto que en buena medida son de hace
dos años y probablemente vienen de algunos años atrás, creo que no
desmerecen el examen fundamental de la situación de los jóvenes. Estoy
seguro de que en lo fundamental no nos hemos equivocado y en ese sentido
creo que el informe es un fiel reflejo de lo que pasa con los jóvenes de
hoy día y los jóvenes de los próximos años.
Otro punto que me interesa resaltar es el aspecto tremendamente positivo
que refleja el informe sobre la juventud española. Y esto es importante
decirlo, porque muchas veces las personas mayores hacen toda clase de
acusaciones hacia los jóvenes: que no trabajan, que son gandules, que no
tienen interés por trabajar o por salir de casa, o por otros temas
importantes de la vida. Por el contrario, el informe ha venido a reflejar
que eso no es exactamente
así, y se ha podido comprobar que los jóvenes se sitúan frente a las
crisis en posiciones de sereno realismo, actuando de la única forma que
es posible actuar en el caso en que se encuentran. Los dos principales
problemas que tienen los jóvenes, el primero, el desempleo y la
inestabilidad laboral, y el segundo, la vivienda, marcan de tal manera a
la juventud española que no le queda otro remedio que actuar como lo
hacen, actuación no querida, sino a la que se ven forzados; además, en
ningún caso es una actuación negativa. De estos grandes problemas se
derivan una serie de problemas secundarios, pero no menos importantes, a
los que el Senador Blanco hizo referencia y sobre los cuales no me voy a
extender.
Por último, como referencia a las recomendaciones del Informe, creo que
aunque no son ley, aunque no se puedan aplicar directamente para
solucionar los problemas, también son bastante importantes, y además de
lo expresado por el Senador Blanco respecto de que vamos a estar
vigilantes para que se cumplan, es una obligación que tienen todos los
partidos que han firmado este acuerdo o que han participado en su
elaboración --y que lo van a votar hoy-- intentar que en todas las
corporaciones, en todas las instituciones en las que gobiernen, se lleven
a cabo dichas recomendaciones. También va a ser un arma importante en
manos de los jóvenes, para que, cuando se enfrenten a las distintas
Administraciones públicas, les puedan enseñar cuál es la recomendación
del Senado o las recomendaciones que han formulado las Cortes Generales
de España, para que tengan la obligación moral de cumplirlas.
Finalizo mi intervención felicitándonos de nuevo por este grado de
consenso y esperando que este Informe ayude a la juventud española y la
beneficie en todo lo posible, así como que seamos capaces de llevar a la
práctica todo lo que en él se ve reflejado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, utilizo este turno de portavoces para
manifestar, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, mi más sincera felicitación a este Informe relativo a la
juventud. Y ello por varios motivos.
Primero, porque esta Cámara tuvo a bien apoyar una iniciativa que, sin
duda, requiere de una atención especial hacia un colectivo que goza de un
momento apasionante. La actual generación de jóvenes vive una época
trascendental y esta Cámara de Senadores es consciente de ello. Segundo,
por el clima de consenso que ha existido en todo momento entre las
diversas formaciones políticas que hemos participado en la confección de
este Informe, pues, a pesar de que hayan existido discrepancias, se han
solventado de forma positiva, anteponiendo siempre la problemática
juvenil a la particular privativa de cada partido, dejando de lado muchas
veces los intereses indirectos que todo el mundo podía aprovechar.
Tercero. El enfoque del trabajo creemos que ha sido acertado, puesto que
en primer lugar se confeccionó un índice orientativo. A continuación,
escuchamos, preguntamos y debatimos con un elevado número de
comparecientes, de los colectivos más diversos, relacionados con la
juventud y conocedores de sus vivencias. Además, se han efectuado una
serie de recomendaciones a los poderes públicos, y quizá sea ésta la
aportación más propia que pueda ejercitar la Comisión Especial de la
Junventud del Senado hacia la Cámara Alta para que, en su caso, tenga una
continuidad y una eficacia en la resolución de los problemas básicos,
instando a los diversos poderes a que tengan presente en sus decisiones
ejecutivas la preocupación de este colectivo que, sin duda, será la
sociedad influyente del mañana.
Cuarto. Por mi parte, también quisiera aprovechar la ocasión para
manifestar públicamente el agradecimiento a todos los intervinientes en
la larga confección del Informe, tanto a los expertos comparecientes como
a los miembros de la Comisión, Letrado, administrativos y taquígrafas,
que tan intensamente trabajaron y sin cuya aportación no se hubiera
logrado un informe homogéneo de estas características debido a la lógica
dispersión y a su contenido no habitual.
Como Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y de forma
específica, debemos manifestar que hemos participado gustosos no
solamente en las diversas intervenciones, sino invitando a comparecer a
expertos próximos a nuestra influencia. De esta forma, comparecieron, por
ejemplo, don Xabier Aiestarán, profesor de la Universidad del País Vasco,
que ha dirigido un trabajo denominado «El proceso de socialización en
los/las jóvenes de Euskadi. Jóvenes vascos, 1994», que acaba de
publicarse por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, trabajo que
nos parece sumamente interesante; por otro lado, también compareció
nuestro representante de la juventud de Eusko Gaztedi del Partido
Nacionalista Vasco, así como el Director de Juventud del Departamento de
Cultura, un concejal del Ayuntamiento de Santurce, etcétera. En otras
Comisiones han participado con temas como drogodependencias,
organizaciones no gubernamentales, etcétera, que también tienen relación
con este informe.
En el fondo, opinamos que las preocupaciones, vivencias y opiniones, de
la juventud son muy similares en el mundo europeo occidental, aunque
quizá debamos reconocer que nuestro trabajo adolece de una comparación
internacional. Sin embargo, señorías, sabemos decir que son muy
similares, sobre todo en aquello que les preocupa de forma inmediata pero
que es propio del paso de la adolescencia a la visión del adulto en la
búsqueda de su propia personalidad. El joven se encuentra con las grandes
dificultades de la vida real: la falta de empleo, vivienda, emancipación,
necesidades impuestas por esta sociedad de consumo, y también por el
servicio militar. No vamos a entrar en este momento en este tema, que
hemos definido de forma particular, puesto que somos conscientes de la
apertura que tiene este Informe, por lo que quizá será en otros
foros en los que tengamos que debatirlo más intensamente. Es verdad que
algunas cuestiones son imputables a la edad y otras a la sociedad, pero
en el fondo y al final ambos, jóvenes y sociedad, tienen la misma
problemática, y tanto las penas como las alegrías van conjuntamente,
aunque hemos de reconocer que los jóvenes son los depositarios de la
posteridad, y como tales se les debe considerar.
Si algo deberíamos criticar a este Informe es la prisa con la que hemos
terminado al final --quizá sea el defecto de la perfección--, que se
puede justificar con aquello de si lo bueno es breve, dos veces bueno. Es
decir, entendemos que han quedado perfiladas en el contexto del Informe
infinidad de recomendaciones que podrían ser asumidas por los poderes
públicos; incluso diría más, también hubiéramos podido ofrecer
recomendaciones a otras instituciones fundamentales, como la familia, la
empresa, los sindicatos, la Iglesia u otras organizaciones no
gubernamentales, que han quedado un tanto apartadas, en la medida en que
pudiesen ser aprovechables. Sin embargo, creo que hemos apuntado las
recomendaciones más importantes, las más comunes y a las que realmente
esta Cámara puede dar una salida eficaz para la resolución de algunas de
ellas. Nuestro Grupo quedaría satisfecho con que se llevara a cabo y
hasta el final alguna de las recomendaciones, pues sería una labor
terminada, al menos hasta el punto de lo posible. Otra cosa buena sería
que la propia juventud lo admitiera y lo asimilara, puesto que también
reconocemos que existen múltiples trabajos, textos, revistas, que tratan
temas relativos a la juventud.
Se han intentado evitar las opiniones excesivamente teóricas, dando paso
a lo más racional o general, haciendo, por nuestra parte, un esfuerzo
personal, puesto que también nosotros, los Senadores, somos jóvenes,
hemos sido jóvenes y/o tenemos hijos y amigos jóvenes, ya que también
pesa la experiencia en este campo. Además, entiendo que disfrutamos de un
estatus que la misma pertenencia a la Cámara Alta nos reconoce y que de
alguna forma se nos ha indicado desde el pueblo en el sentido de tener
una obligación de amplia cultura, sensatez y experiencia para mostrar
nuestra propia opinión acerca de este colectivo, base del futuro, a fin
de colaborar en la mejora de la felicidad actual y futura para nuestros y
nuestras jóvenes.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Torrontegui.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, el trabajo realizado por la Comisión
Especial de Juventud ha significado un reto atractivo, y a la vez
esperanzado, en cuanto a conseguir el objetivo de llegar a unas
conclusiones lo más cercanas posible a la realidad de este sector
poblacional, la juventud, en el que coincide el presente y el futuro de
nuestra civilización.
Convergència i Unió ha participado con mucho interés en los trabajos de
la Comisión y valora muy positivamente el clima que ha imperado en todo
momento durante el análisis de los problemas, los debates necesarios y el
amplio consenso en las recomendaciones a los poderes públicos y a la
sociedad civil. También queremos destacar como muy relevante el trabajo
ímprobo realizado por el Letrado que ha asistido a esta Comisión.
Entre las numerosas comparecencias que cabe agradecer y destacar, quiero
referirme a la del Secretari General de la Juventut de Catalunya, Josep
Coll, quien aportó datos objetivos, y entiendo que soluciones
pragmáticas, para solucionar los problemas que más preocupan a la
juventud. No voy a entrar en todos los detalles de cada una de las
recomendaciones finales --ya lo ha hecho el Senador Blanco, a quien
también cabe felicitar por su destacada labor como Presidente de la
Comisión--, pero Convergència i Unió quiere manifestar ante esta Cámara
que las conclusiones de la Comisión recogen la mayoría de las propuestas
que realizó nuestro Grupo Parlamentario.
Sin embargo, señorías, aunque es cierto que hubiéramos querido ir más
allá en algunas cuestiones que consideramos importantes, como pueden ser
el servicio militar o la objeción de conciencia, la lectura detenida del
informe permite deducir que se ha abierto una brecha indiscutible en
posturas que parecían inamovibles. También es cierto que no era ésta la
cuestión más importante para nuestro Grupo. Para nosotros tienen una
importancia destacable y relevante las dificultades de los jóvenes para
encontrar puntos de referencia que orienten su vida, la formación de su
personalidad y el reforzamiento de su propia identidad.
Señorías, entendemos que esta dificultad de los jóvenes no es su
responsabilidad; creemos que la solución no consiste sólo en las
recomendaciones a los poderes públicos, sino también en el reclamo de
responsabilidad a la sociedad civil, porque es ésta precisamente la que
tiene en sus manos muchas de las soluciones que necesitan en estos
momentos todos los jóvenes.
Limitar a la promoción del deporte, a las actividades de ocio, a
solucionar problemas puntuales, la solución de los problemas globales de
la juventud nos parecería un error. Para nuestro Grupo el informe
contiene cuestiones más importantes, como esta falta de modelos de
referencia que permitan a los jóvenes asumir sus responsabilidades de
futuro con unas garantías de eficacia para conseguir una cierta
tranquilidad al otear su futuro.
Queremos y debemos insistir en la importancia del entorno familiar para
el desarrollo psíquico del joven; entorno que supera la influencia de los
comportamientos, incluso respecto del sistema educativo. Los jóvenes
tienen derecho a una correcta formación e información. Formación, que
debe ir más allá de los contenidos científico-técnicos para dar la
relevancia merecida a los contenidos humanísticos, ideológicos y de
urbanidad. Información, que debe orientar al joven para que pueda decidir
con eficacia sobre su futuro, incentivando la competencia, porque sin
ésta no hay trabajo, porque no hay competitividad.
A lo largo de los dos años de trabajo de la Comisión, ha sido posible
constatar una sospecha: los jóvenes que han comparecido, las
organizaciones no gubernamentales y el trabajo de campo que ha sido
necesario para recabar opiniones,
sitúa al sector juvenil bastante alejado de los criterios políticos
apriorísticos en esta materia. Quizá por esto debe destacarse la
importancia del trabajo realizado por esta Comisión, porque permite un
acercamiento a una situación previa que yo constato y nuestro Grupo cree
que era muy distante.
Señorías, es cierto que desde la llamada revolución cultural del 68,
aquella famosa de «la imaginación al poder», se observa una tendencia al
individualismo respecto al asociacionismo. Pero no es menos cierto que la
opinión global sobre la juventud no se corresponde con unos criterios de
irresponsabilidad o del placer como único objetivo; esto no es cierto,
muy al contrario, la generación actual de jóvenes, con las excepciones
que deben atenderse específicamente, supera en conocimientos la
generación precedente, lo cual, atendiendo a algunos acontecimientos
recientes, no es una circunstancia sorprendente. En consecuencia, los
jóvenes tienen un potencial de estilo de vida que, sin duda alguna,
constituye un avance social importante, que no debe ser entorpecido por
iluminados mesiánicos convencidos de ser los salvadores de los demás.
Y ¿cuál es, según nuestro criterio, la mayor responsabilidad de los
poderes públicos y de las Administraciones? ¿Es acaso la intervención
dirigista o autoritaria? Entendemos que no, creemos que la mayor
responsabilidad es legislar para no entorpecer el desarrollo de los
potenciales de la juventud, actuar como modelos de referencia en los que
los jóvenes puedan confiar e instar a la sociedad civil como
corresponsable de la situación en la que se encuentra la juventud y como
corresponsable en el encuentro de las soluciones precisas.
Para terminar, señorías, señor Presidente, atendiendo la recomendación
primera del informe, Convergència i Unió entiende que es conveniente la
colaboración de las Administraciones Públicas en esta materia de
juventud, por tanto, considera que debería analizarse que un seguimiento
desde una comisión análoga u otra comisión en materia de juventud pudiera
hacer una vigilancia del cumplimiento de todas las recomendaciones a las
que ha instado esta Comisión Especial. Por supuesto, como dice esta
recomendación primera, respetando las competencias exclusivas de las
Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bertrán.
El Senador Colsa tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor COLSA BUENO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el informe que hoy se presenta ante esta Cámara reúne, en
opinión de nuestro Grupo, y por lo que se está viendo a lo largo del
desarrollo de las exposiciones también de los demás Grupos, una serie de
características que le confieren una importancia singular frente a otros
informes que se hayan podido desarrollar en el pasado en otros foros de
debate o en otras instituciones.
Esta singularidad y originalidad le viene dada, fundamentalmente, por el
lugar de origen de dicho informe. Señorías, ese lugar de origen es por
primera vez --se ha dicho también anteriormente-- la Cámara Alta, el
Senado. Este hecho es el que refuerza, fundamentalmente, el valor formal
de este informe; el valor formal de este informe frente al valor
material, que quizá puede ser un valor más anecdótico, radica en que es
la primera vez que se plantea abiertamente una reflexión sobre la
situación de la juventud española, una reflexión en la que han
participado todas las personas y colectivos que tenían algo que decir al
respecto. Y lo han dicho en este foro que por primera vez se ha abierto a
todos ellos, manifestando así la preocupación e interés que provocaba y
que provoca la situación de la juventud española a esta Cámara y en estos
momentos.
La generación actual de jóvenes españoles posiblemente sea la mejor
informada, la mejor preparada de la historia de España, pero también es,
al mismo tiempo, dada la actual realidad económica y social, una de las
generaciones que tiene un futuro más incierto.
En este informe nadie debe buscar soluciones mágicas, ya que no se
pretendía eso. Este informe lo que pretendía, en nuestra opinión, era que
las recomendaciones que al final del mismo se recogen establecieran, como
así lo hace, un marco amplio para encarar ese futuro al que nos estamos
refiriendo; lo establece porque abarca casi toda la problemática y casi
todas las cuestiones que preocupan fundamentalmente a los jóvenes de hoy.
Por eso, se ha intentado buscar un consenso importante entre todos los
Grupos políticos que han formado parte de la ponencia que ha desarrollado
dicho informe. Cierto es que ese consenso que se podría haber adoptado en
la totalidad del informe, al final parece que no ha podido conseguirse.
Es obvio que ha habido algunas cuestiones, quizá las menos, porque al
final ha habido un acercamiento importante entre todos los Grupos, que
han tenido que venir a esta Cámara y que después, vía enmienda, se van a
conocer. Cierto es también que estas posiciones que no han podido ser
consensuadas en modo alguno van a debilitar y van a restar credibilidad a
este informe. El Grupo Popular en este tema en concreto, a través de
algunas enmiendas, algunas de las cuales como he dicho anteriormente no
han sido aceptadas, proponía cuestiones referentes fundamentalmente al
modelo de acceso a la Universidad, cuestión que parece ser que ha sido
consensuada, lo cual nos agrada enormemente, y cuestiones referentes al
servicio militar y a la objeción de conciencia; cuestiones que
fundamentalmente, y salvo la de objeción de conciencia, también han sido
consensuadas, como todos los Grupos saben.
No hemos podido llegar a un consenso con los Grupos para acudir aquí con
un informe completamente homogéneo porque la cuestión de la objeción de
conciencia, o mejor dicho la cuestión de la duración de la prestación
social sustitutoria a nuestro Grupo le parecía que debería equipararse de
una vez por todas a la duración del servicio militar. Nuestro Grupo
opinaba en esta cuestión concreta que no deberían lesionarse por más
tiempo los derechos de las personas que intentan ejercer un derecho
reconocido en la Constitución española. En los demás puntos que
contemplaba este informe todos los Grupos hemos estado de acuerdo.
Lo más importante de este informe es que se ha hablado por primera vez en
una Comisión Especial de Juventud, sin vendas en los ojos, sobre los
temas cruciales que aquejan a los jóvenes españoles. Esto es bueno que se
produzca en este país, porque generalmente estamos acostumbrados a no
escucharnos los unos a los otros, a hablar de nuestras cuestiones, a no
dialogar, y creo que es importante cambiar esa imagen, cambiar esa
actitud, que la opinión pública y, sobre todo, los jóvenes españoles
puedan contemplar y puedan entender que los políticos, que los partidos
políticos y que los ciudadanos que se sientan en esta Cámara son capaces
de dialogar y de discutir abiertamente sobre todo tipo de cuestiones que
en estos momentos nos están afectando.
En definitiva, para finalizar, señorías, hay un hecho constatable en
nuestra opinión, y es que era necesario que se produjera esta amplia
reflexión que se recoge en las recomendaciones de este informe, pero que,
evidentemente, dada la realidad cambiante de la problemática juvenil, no
se agota con este informe. Por eso nuestro Grupo sería partidario de dar
a esta Comisión en un futuro un carácter permanente que permita mantener
abierto un foro parlamentario de encuentro y discusión para todos los
problemas y para todas las cuestiones que quieran plantearse o debatirse.
Después de este informe, señorías, la equis, con la que equivocadamente
se ha querido caracterizar a nuestra generación, es para los Poderes
Públicos españoles un poco menos la equis de la incógnita.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Colsa Bueno.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Granado
Martínez.
El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
amables invitados que nos acompañan hoy en el Pleno de la Cámara como
antes nos acompañaron en los trabajos de la Comisión Especial de Juventud
del Senado no es casualidad el que, por primera vez desde la aprobación
de la Constitución, una Cámara como la nuestra, que etimológicamente
significa asamblea de los mayores, sea la que protagonice este debate
sobre la situación de la juventud española. Una juventud que ha cambiado
mucho, que ha cambiado con España, que ha cambiado con el mundo, que ha
cambiado con los mismos problemas y las mismas realidades con los que va
ganando también en años nuestra democracia.
Es importante que esta Cámara, que es una Cámara a la que la Constitución
otorgaba la función de segunda lectura, haga, después de dieciséis años
de aprobada la Ley Fundamental, la segunda lectura de cuál es la
situación de la juventud española, y que lo haga en función de tres
grandes bloques de aportaciones que, por primera vez, se ponen en común
en un trabajo parlamentario o en un trabajo sobre la situación de la
juventud española.
Porque, en primer lugar, éste es un informe que ha sido posible gracias a
la colaboración de las diferentes administraciones públicas, de las
Comunidades Autónomas, de los ayuntamientos y de los diferentes
departamentos de la Administración del Estado que han estado colaborando
con nosotros. Pero también es un informe de las asociaciones juveniles,
de las asociaciones sindicales, de las asociaciones de agricultores, de
estudiantes, de las asociaciones recreativas que nos han ayudado, que han
compartido con nosotros algunas horas de trabajo y que, al final, con sus
aportaciones escritas u orales, han iluminado el camino de nuestras
recomendaciones a los poderes públicos.
También es el informe de un grupo de expertos a los que, igualmente,
tenemos que manifestar un especial agradecimiento, porque sus
colaboraciones han sido sin duda las más precisas, las más amplias, las
más enriquecedoras para el trabajo de la Comisión.
Hasta tal punto nuestro Grupo entiende que éste es el informe tanto de
ellos como de los grupos parlamentarios, que va a pedir al Presidente de
la Cámara que se haga una edición de todo este trabajo para permitir a
los lectores de esta edición compaginar los que son las recomendaciones
de la Comisión con las aportaciones hechas en las diferentes
comparecencias por todos los representantes de estos colectivos.
En segundo lugar, este informe de la Comisión Especial de Juventud del
Senado es importante porque ha conseguido superar el pesimismo. En la
profesión de la que yo vengo --la de los profesores-- es frecuente que,
conforme van pasando los años, nosotros tengamos cierta tendencia a
pensar que los alumnos son peores. Esta es una tendencia normal porque,
en realidad, lo que son es cada vez más distintos de nosotros. Por
nosotros pasa el tiempo, nos vamos haciendo mayores, y los alumnos, con
diferentes caras, siguen estando ahí y siguen teniendo la misma edad.
Este no es el problema de la democracia española ni del Congreso de los
Diputados ni del Senado. Conforme pasa el tiempo, hemos conseguido, de
alguna manera, enfocar mejor los problemas de la juventud española, y de
lo que podía haber sido un informe muy desesperanzador, un informe que
hubiera hecho hincapié en el hecho de tener una juventud probablemente
menos ilusionada por la política que hace dieciséis años, probablemente
más desapegada de la política que hace dieciséis años, hemos podido
reconocer a una juventud española que tiene una serie de valores que,
desde luego, son crecientes en calidad y crecientes con el tiempo. El
aprecio al amor, a la amistad, la valoración de la salud, el respeto al
medio ambiente, la tolerancia, son valores importantes de los nuevos
jóvenes españoles, que tenemos que reconocer como propios.
En tercer lugar, este informe es importante porque --y lo han dicho aquí
todos los portavoces de los grupos parlamentarios-- se ha realizado en un
tono de general consenso y gracias a cesiones, y desde el Grupo
Socialista queremos agradecer las participaciones y las cesiones que han
hecho el resto de los grupos para conseguir que hoy tengamos aquí un
informe que cuenta aproximadamente con diez mil líneas, en las cuales las
discrepancias se concentran escasamente en una docena de ellas, porque,
en el resto, las valoraciones son comunes.
Lo hacemos, además, en un momento en el que el consenso político no es un
valor en alza, en el que incluso a veces se entiende como mérito el no
coincidir en las reuniones o el no usar el mismo transporte público. Y lo
hacemos además en un momento en el que las discrepancias que afloran no
desmerecen el valor del consenso, sino que, en todo caso, lo ponen más de
manifiesto y ponen más en valor, porque indican claramente de qué puntos
de vista tan distintos partíamos al comienzo de los trabajos de la
Comisión Especial de Juventud y cómo hemos podido reandar, andar todos
juntos un buen trecho de camino para lograr ponernos de acuerdo,
encontrarnos en ese punto común que es el informe de la Comisión Especial
de Juventud.
Permítaseme hacer una referencia personal --la única que voy a hacer en
esta intervención-- al Senador Petrizán, que también ha tenido la
amabilidad de mencionarme por mi nombre en la suya. Senador Petrizán, el
mismo día que aprobamos el informe de la Comisión de Juventud yo hice
unas mismas declaraciones a los medios de comunicación. El diario «ACB»
las titulaba diciendo que la Comisión de Juventud del Senado discriminaba
a los soldados frente a los objetores de conciencia y el diario «El
Mundo» titulaba las mismas declaraciones diciendo que yo había ofendido a
los insumisos. Después de haber visto estos dos titulares a las mismas
declaraciones, uno empieza a entender ya ese concepto que antes sólo veía
en los textos sagrados del don de la ubicuidad. Al parecer yo no he
conseguido estar en dos sitios a la vez, pero sí decir cosas
contradictorias hablando un mismo lenguaje.
No es cierto, Senador Petrizán, que yo haya hecho esas declaraciones.
Esta es la tercera vez que intento, infructuosamente, explicarle que yo
creo que son cosas muy distintas los objetores de conciencia, insumisos a
la prestación social sustitutoria, a los que yo respeto profundamente
como pacifistas, y aquellos que, por utilizar su mismo lenguaje
propagandístico, piensan que hay que hacer el Servicio Militar en
ETA-militar. Yo creo que eso no tiene nada que ver ni con el movimiento
pacifista ni con los objetores de conciencia, y es lo que,
reiteradamente, he intentado transmitir a esta tribuna. Pero qué le vamos
a hacer; doy por perdida la batalla --en términos también militares-- y
ya no voy a hacer otra alusión a este problema.
En cuarto lugar, es importante que los trabajos de esta Comisión se hayan
dirigido no solamente a las Administraciones públicas, no solamente a las
propias Cámaras Legislativas --al propio Congreso de los Diputados y al
propio Senado--, sino que, como bien decían los Senadores Bertrán y
Torrontegui, también se han dirigido a la sociedad civil, y que lo
hayamos hecho sin complacencia, es decir, no limitándonos a elaborar una
mera carta reivindicativa de peticiones a las Administraciones, pensando
que todo lo malo tiene que venir de éstas o de los gobiernos y todo lo
bueno de la sociedad civil, sino que también hayamos tenido una cierta
valentía a la hora de pedir a la sociedad civil que afrontara los
problemas y que se responsabilizara de los mismos.
Estos mensajes son importantes. Y a mí me gustaría terminar con un
mensaje dirigido a los jóvenes españoles. El Senador Bertrán ha hecho una
referencia --que a mí me parece útil, por lo menos desde el punto de
vista generacional-- a mayo del 68, que es un hito en la política juvenil
y, en general, en nuestra generación, aunque el Senador Bertrán tenga
algunos años más que yo. En mayo del 68 un líder de uno de los grupos
intelectuales que protagonizaron el movimiento --un grupo de pensadores
muy brillantes y utópicos, que se llamaba La Internacional Socialista--
definía a la sociedad de entonces --creo que es una definición que puede
utilizarse todavía con más precisión hoy en día-- como la sociedad del
espectáculo, en el sentido de que cada vez parece que iba perdiendo más
peso el ser de las cosas y ganándolo el parecer de las cosas. No eran tan
importantes las convicciones, la propia manera de pensar o de
comportarse, sino la apariencia que uno era capaz de dar ante el propio
grupo de tus iguales. Yo creo que, en cierta medida, esta sociedad del
espectáculo está en el origen de ese desapego de los jóvenes por la
política, de esa cierta falta de ilusión que manifiestan por los
proyectos colectivos, de esa mayor ilusión por los proyectos personales
que, a lo mejor, también tiene de bueno el hecho de prescindir de pasadas
certidumbres, de pasados momentos en donde la utopía política realmente
sustituía a la libre determinación de las personas y en donde se tenían
como ciertas cosas que luego se ha demostrado, en gran medida, que no lo
son.
Pero creo que aquí también deberíamos utilizar este turno, esta
aprobación del informe de la Comisión de Juventud del Senado, para lanzar
un mensaje ilusionante sobre la política para los jóvenes españoles. El
que una Cámara, que se define etimológicamente como la Asamblea de los
mayores, haya sido capaz durante tres años, con el concurso de las
organizaciones juveniles, de los expertos, de los consejos de la
juventud, de las diferentes Administraciones públicas, de poner de
acuerdo a la práctica totalidad de la Cámara en la práctica totalidad de
un informe común sobre la situación de la juventud en España, nos
demuestra que la política sí es útil, que sirve, que cambiar la realidad
es posible y que, realmente, entre todos podemos conseguirlo.
A mí me gustaría terminar este turno de intervención felicitándome por el
acuerdo entre todos los grupos políticos con las palabras que el poeta
español Antonio Machado dirigía a los jóvenes españoles hace más de 60
años, cuando les decía: Debéis hacer la política, porque si no la harán
en contra vuestra. Yo creo que éste también es un mensaje que hoy el
Senado de España dirige a la juventud española.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Granado.
Vamos a iniciar el debate de los votos particulares que se han sostenido
al dictamen, que son dos, ambos mantenidos por los Senadores Colsa y
Prada.
El voto particular número 1 se corresponde con las enmiendas números 12
(al número 15, ahora 17, de las recomendaciones a los poderes públicos),
y las números 14, 15 y 16 al listado de recomendaciones a los poderes
públicos.
Daré la palabra a cualquiera de los dos titulares del voto particular
para la defensa de la supresión de la enmienda de adición presentada por
distintos grupos parlamentarios.
Me comunica el señor Prada que van a hacer la defensa conjunta de todos
sus votos particulares, para lo que tiene la palabra.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar y previamente, en nombre propio como ponente de
esta ley y en el de mi Grupo Parlamentario, no quiero dejar pasar esta
oportunidad para sumarme a las felicitaciones que en esta tribuna ya se
han hecho; felicitaciones a los ponentes que han elaborado este informe;
felicitaciones a los comparecientes, algunos de los cuales nos acompañan
esta tarde; felicitación expresa y cordial al Letrado de la Comisión por
el trabajo desarrollado a lo largo de la misma. Y también quiero hacer
extensiva esta felicitación a todos aquellos Senadores que participaron
en la anterior Legislatura, la IV en la elaboración y en los inicios de
los trabajos que han dado lugar y origen a este informe de la Comisión
Especial de la Juventud que hoy debatimos en esta Cámara y felicitación
también en cuanto al consenso y colaboración que todos los grupos hemos
logrado para el desarrollo de este informe.
En esa línea, quiero anunciar a la Presidencia la retirada de la enmienda
número 14, por entender que en la misma el Grupo Parlamentario Popular
establecía y fijaba a modo de introducción que el sistema del Servicio
Militar actual estaba en crisis, que como consecuencia de esa crisis
había un incremento espectacular de la objeción de conciencia y que
debíamos tender a una progresiva profesionalización del Servicio Militar,
a un Servicio Militar voluntario y profesional.
Como, a nuestro juicio, esta enmienda sería una exposición programática
del programa del Grupo Parlamentario Popular, anuncio en este acto la
retirada de la enmienda, para que los grupos no se pronuncien en lo
relativo a la misma, ya que, como se ha dicho en esta tribuna, este
informe y las recomendaciones que al final del mismo se recogen se
refieren a cuestiones, primero de exposición y, luego de intentar que los
poderes públicos asuman esas soluciones que el Senado propone para la
sociedad, como se ha dicho.
También retiramos la enmienda número 16, porque la misma queda subsumida
en la enmienda número 15, a nuestro juicio, así como la enmienda número
12, que da soporte a una enmienda transaccional que se presentará a la
Presidencia, se refiere a materia de universidades y el Senador Colsa ha
expuesto cuál era nuestro punto programático en este sentido.
Por el contrario, no nos queda más remedio que mantener la enmienda
número 15, correspondiente al voto particular número 1, y el voto
particular número 2.
Como se ha informado a la Presidencia, estas dos enmiendas están
conexionadas entre sí, y empezando por el final, en el voto particular
número 2 nosotros solicitamos la supresión de una enmienda transaccional
que fue suscrita por todos los grupos de la Cámara, a excepción del Grupo
Parlamentario Popular, al segundo párrafo de la resolución número 26, en
el que se señala que la prestación social sustitutoria ha de prestarse en
condiciones homologables a las del Servicio Militar.
Señorías, hasta este punto el Grupo Parlamentario Popular estaba
plenamente de acuerdo, y así se había manifestado en los trabajos que la
Ponencia había desarrollado. La enmienda a la que me he referido ha
añadido, después de un punto y seguido, que en este sentido --y se
refiere a la prestación social sustitutoria-- su tiempo de duración debe
acortarse cuando se realiza en circunstancias de especial peligrosidad o
penosidad.
Mi grupo suscribe íntegramente este texto, pero a pesar de que estamos
plenamente conformes con el mismo, solicitamos su supresión por las
siguientes razones. En primer lugar, debemos dejar claro --y dejar
constancia en el «Diario de Sesiones»-- el reconocimiento expreso al
derecho constitucional de la objeción de conciencia y que el segmento de
la población juvenil que se acoge a este derecho realice la prestación
social sustitutoria como un deber constitucional derivado precisamente
del referido derecho. Además, es evidente que debe reducirse el plazo de
la prestación social sustitutoria cuando ésta se realiza en
circunstancias de especial peligrosidad o penosidad, como por ejemplo los
objetores que han prestado sus servicios en la guerra de Bosnia o los que
atienden a enfermos infecciosos, con alto riesgo de contagio, así como,
seguramente, en otros supuestos.
Pero, señorías, ¿qué ocurre con aquellos jóvenes que realizan el Servicio
Militar obligatorio en circunstancias de alto riesgo, en circunstancias
de especial peligrosidad o penosidad? Con esta recomendación, señorías,
se discrimina al soldado frente al objetor. Pregunto a sus señorías qué
razones impiden --y me refiero a razones objetivas-- que esta reducción
en tiempo afecte igualmente a los soldados que prestan el Servicio
Militar obligatorio.
Por ello, y en relación con la supresión solicitada a través de este voto
particular, hemos presentado y mantenemos la enmienda número 15, por la
que pretendemos que se añada al texto que en este sentido --y nos estamos
refiriendo al Servicio Militar obligatorio y a la prestación social
sustitutoria-- parece necesario dotar de un nuevo marco legal a la
objeción de conciencia y a la prestación social sustitutoria que dé una
seguridad jurídica a los jóvenes, estableciendo plazos temporales a los
períodos de disponibilidad, actividad y reserva, y que trate de equiparar
de manera afectiva las condiciones de prestación del Servicio Militar y
de la prestación social sustitutoria, igualando la duración del período
de la situación de actividad en la prestación social sustitutoria a la
del Servicio Militar.
Fíjense sus señorías que lo que mi Grupo solicita es una equiparación en
tiempos tanto de la prestación social sustitutoria como del Servicio
Militar, y que éstos deben tener el mismo plazo de duración tanto si
ambos servicios se realizan en condiciones de normalidad como si se
realizan en situaciones o circunstancias de especial peligrosidad o
penosidad. Para evitar esta marginación, anunciamos que si nuestra
enmienda no prospera, mi Grupo se abstendrá en este punto.
Señorías, lamento que al final este informe no alcance el consenso
deseado por todos, pero mi Grupo, que se ha mostrado flexible, dialogante
y abierto en todo este proceso de elaboración del informe, debe ser, y
es, inflexible a que se consume la discriminación que ahora se pretende.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el mismo procedimiento de turno integrado a la defensa de los votos
particulares, tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Con suma brevedad quiero señalar que yo no creo que exista
responsabilidad en ningún grupo parlamentario de la situación que nos
plantea el Grupo Parlamentario Popular. Y le voy a decir con toda
franqueza, Senador Prada, yo creo que ustedes tenían que traer alguna
enmienda a este Pleno porque, de no traer alguna enmienda a este Pleno,
el informe se hubiera aprobado por práctica unanimidad en todos sus
puntos y, entonces, a lo mejor --y permítame un juicio de valor o un
juicio de intención si usted lo quiere-- las aportaciones que habían
realizado otros grupos parlamentarios en temas como el que nos ocupa se
pondrían más de manifiesto que sus aportaciones. Y, en este sentido,
ustedes perderían un cierto protagonismo político, que no se resignan a
perder.
En este aspecto tengo que señalarle que yo creo que las partes de su
programa electoral o programa político --que ustedes, lógicamente, pueden
defender siguiendo cualesquiera instrumentos parlamentarios en esta
Cámara-- no tenían que llevarles a la obcecación de --digámoslo de alguna
manera-- empequeñecer un consenso sobre un texto tan amplio por una
cuestión tan de matiz. Porque, al final, uno aprecia cierta falta de
generosidad por su parte.
Mire usted, Senador Prada, nosotros teníamos propuestas de recomendación
--y digo el Grupo Socialista, que es el mayoritario en esta Cámara-- que
afectaban a temas como el aborto, en el que, evidentemente, nosotros
sabíamos que era muy difícil llegar a consensos con ustedes. Y lo que
hemos hecho, en aras al acuerdo entre los grupos, ha sido retirar estas
propuestas. Y en otras propuestas en las cuales nuestras posiciones de
partida --y bien lo saben otros grupos parlamentarios-- eran diferentes,
hemos hecho un esfuerzo sincero de acercamiento a las posiciones de otros
grupos parlamentarios.
¿Por una cuestión de matiz --que, de alguna manera, lo que indica es que
en este tema, como es lógico y evidente, también sigue habiendo
diferencias entre los grupos políticos-- tiene sentido que disminuyamos
el consenso en los trabajos de la Comisión? A nuestro juicio no es
demasiado razonable. Porque, además, ustedes mistifican las cosas y las
confunden. En el Servicio Militar, Senador Prada, cuando se realiza en
condiciones de especial peligrosidad, tienen lugar permisos
extraordinarios que, de hecho, disminuye la duración del Servicio Militar
para los jóvenes en filas. Y nosotros lo que hemos hecho con nuestra
recomendación en materia de objeción de conciencia es equiparar a los
objetores a algo que ya existe en el Servicio Militar. No hay
discriminación; todo lo contrario. Lo que hacemos es solucionar una
discriminación. Pero es evidente que la duración del Servicio Militar, o
mejor dicho, las condiciones de prestación del Servicio Militar, se
realizan en condiciones de mayor peligrosidad que las de la prestación
social sustitutoria. Y por eso no podemos aceptar su enmienda. La verdad
es que nosotros pensamos, sinceramente, que a ustedes les ha molestado el
acuerdo al que hemos llegado el resto de los grupos parlamentarios en
este tema, y como les ha molestado, y han perdido ustedes un cierto
protagonismo, y se han encontrado en una situación en la que no esperaban
encontrarse, sino en la que esperaban que se encontrara el Grupo
Socialista, al final nos vienen aquí con una iniciativa pidiendo algo
más, porque, evidentemente, tienen ustedes que significarse pidiendo algo
más. Lo que sucede es que su exceso de celo a veces es poco correspondido
con la realidad. Y le voy a poner un ejemplo. Senador Prada, ustedes
retiran aquí la enmienda número 14 porque el mejor turno en contra de
esta enmienda lo hizo su Presidente nacional de Partido ayer mismo en
televisión. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Porque ustedes
presentan hoy una enmienda pidiendo el Servicio Militar voluntario y el
Ejército profesional cuando ayer su Presidente nacional de Partido dijo
exactamente lo contrario en televisión. (Algunos señores Senadores: No,
no.) Entonces ustedes no pueden mantener esta posición. En cualquier
caso, yo les animo a que convenzan ustedes de sus posiciones al
Presidente nacional de su Partido y después intenten convencernos al
resto de los Grupos Parlamentarios.
Pero como yo tampoco quiero hacer de esto el tema central del punto del
orden del día que hoy nos ocupa, una vez más quiero señalarle, Senador
Prada, que hubiéramos intentado ponernos de acuerdo también en este
punto. Lo hemos conseguido de cara a la selectividad, lo hemos conseguido
de cara a temas como la patria potestad, en la que nosotros éramos
partidarios de que se sustituyera el concepto de patria potestad por el
de función parental, y como ustedes no estaban de acuerdo lo hemos
retirado de las recomendaciones para que ese punto pueda ser votado por
unanimidad. Hubiéramos hecho el esfuerzo de acercamiento necesario pero,
sinceramente, hemos llegado a una situación en la que tendríamos que
votar en contra de lo que nosotros pensamos para poder llegar al acuerdo
que ustedes desean. Yo creo que eso es lo que ustedes pretendían; ustedes
tenían que significarse de alguna manera votando en contra del Grupo
Parlamentario Socialista en el informe de la Comisión de Juventud.
Lamento que no haya sido posible este acuerdo. Este pequeño desacuerdo no
desmerece para nada el trabajo realizado en el ámbito de la Comisión,
tenemos mucho tiempo para seguir intentando llegar a un acuerdo sobre
este tema, y esperemos que sea posible. Creo que ustedes también han
hecho un esfuerzo en la valoración de las circunstancias del Servicio
Militar y de la prestación social sustitutoria, como nos consta que han
hecho otros grupos de la Cámara, si bien una vez más lamentamos el que el
acuerdo no haya sido posible también
en este punto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces. ¿Grupos parlamentarios que
desean intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador
Petrizan.
El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quería mostrar mi conformidad con la enmienda número 15, si
bien tengo que decir que se me queda corta y que la hubiera hecho algo
más larga, aunque creo que mantenerla tampoco significa una ruptura de
consenso.
Lo que ha pasado esta semana para mí ha sido lo suficientemente
significativo como para que preste mi apoyo a esta enmienda. Y me
explico. Si bien se puede argumentar que se contaba con un consenso
amplio, y parece que mantener esta enmienda es una cuestión de la que se
dice que no tiene excesiva relevancia, hay algo que me ha hecho variar de
opinión, y es lo siguiente. En esta semana se ha dictado en Pamplona una
sentencia --ya saben ustedes que estamos en el número uno en el «ranking»
en cuanto a objetores no prestacionistas, etcétera-- que señala que los
objetores tienen un plazo máximo para incorporarse al destino posible de
quince meses y que transcurrido ese tiempo ya no tendrían la obligación
de la prestación; de alguna manera, por decirlo así, prescribe la
prestación.
Esta enmienda se refiere precisamente a eso, a equiparar las condiciones,
así como a los períodos de disponibilidad, etcétera. Y como de alguna
manera quiero mostrar mi apoyo a esa sentencia y creo que es difícilmente
justificable tener a los objetores como ahora se les tiene, por término
medio, dos o tres años sin adjudicarles un destino, por eso, repito,
quiero anunciar mi apoyo a esta enmienda.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador
Travieso.
El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo respecto a estas
enmiendas del Grupo Popular, anunciando que vamos a votar en contra de
las mismas. Y se lo voy a explicar.
La enmienda número 15 me gusta más que el texto, pero si se me queda
corto uno también se me queda corta la otra. Respecto a esta
recomendación, nosotros podríamos llegar a mucho más, como también en
cuanto a otras. Sin embargo, cuando en la Comisión, nos planteamos la
alternativa de hacer «casus belli» en este tema, al que podríamos sacar
bastante rentabilidad, como en otros más, o, por el contrario, lograr una
actitud de consenso y poco a poco lograr todo lo que fuera posible, el
ambiente, en general, fue bastante receptivo y nosotros adoptamos la
postura de que todo lo que no esté por un consenso amplio no lo íbamos a
aceptar, aunque nos convenciera más. Ya le digo que nos convence más su
enmienda que el texto del informe, pero si nosotros presentásemos una
propia tampoco les iba a convencer a ustedes, porque la nuestra tampoco
sería ésta. Nosotros iríamos a mucho más todavía.
Desde este punto de vista --quiero explicarlo con detenimiento--, nos
oponemos a las enmiendas números 14 y 15, así como al voto particular
número dos, con evidencia, ya que hemos firmado la enmienda
transaccional. Y, como decía el portavoz del Grupo Socialista, creo que
es una pena que se hayan planteado este tipo de enmiendas. Si todos
queremos, estamos en desacuerdo en todas las recomendaciones. Lo
importante de este informe es que hemos logrado ponernos de acuerdo en
algo en lo que las diferentes posturas son bien distintas. ¿A mí me
gustan todas las recomendaciones? Me gustan lo mínimo. Algunas me
gustarían mucho más si tuvieran mi color político o fueran según mi forma
de entenderlas. Pero el conjunto es bastante aceptable, motivo por el
cual no vamos a aceptar ninguna enmienda particular que no esté
ampliamente consensuada en la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con mucha brevedad para decir que a nuestro Grupo
Parlamentario, debido a los últimos acontecimientos de este debate, le
sabe mal que para un observador que no haya seguido todo el proceso del
mismo pudiera parecer que lo más importante del trabajo de la Comisión
durante estos dos años ha sido esta diferencia que se está debatiendo
ahora, porque entendemos que no es así. No es así; se trata de una mínima
diferencia en la cual nuestro Grupo Parlamentario podría estar de
acuerdo, señorías, pero no lo está, habiendo aceptado un compromiso en
Comisión precisamente para llegar al máximo de acuerdos posibles.
Y, señor Presidente, lo que yo no le admito al Senador Prada es que diga
que si queda el texto así, será una discriminación. Nuestro Grupo no se
quiere corresponsabilizar con que nos tachen de ser discriminatorios,
porque acaso alguna vez, respecto de quien ha hablado, nos hemos sentido
discriminados.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bertrán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, agradezco el apoyo que muestra el Senador Petrizan a
nuestra enmienda.
Lamento la postura del Senador Travieso, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado, en cuanto a que si está de acuerdo
parlamentariamente, la forma de mostrar ese acuerdo es votar a favor de
la enmienda, y no entendemos por qué al final dice que no manifiesta ese
apoyo aunque esté más conforme con ella que con el texto.
En cuanto a las palabras del Senador Bertrán, no las entiendo. Yo,
personalmente, no creo que haya discriminado nunca a su Grupo en ningún
momento, ni en la tribuna ni fuera de ella. En cualquier caso, que se les
acuse, o que la sociedad les tache de discriminatorios o de
marginatorios, es su responsabilidad y no la mía. Ustedes tienen la
oportunidad de apoyar nuestra enmienda y, de esa manera, se evitaría esa
discriminación.
Pasando ya a contestar las palabras del Senador Granado, a nuestro
juicio, tal como ha quedado redactado el texto, se produce una
discriminación. Debo recordar, muy brevemente, las palabras que he dicho
en la tribuna. Nosotros hemos dicho que estábamos conformes con el texto;
estábamos plenamente conformes con el texto. Lo que pedimos es una
equiparación en tiempos tanto para los jóvenes que hacen el Servicio
Militar como para los jóvenes que optan por la prestación social
sustitutoria. Y a esta equiparación en tiempos el Grupo Parlamentario
Socialista no se ha atrevido. No ha podido llegar más allá de lo que
figura en el informe. No quiere, e intenta desvirtuarlo diciendo que el
Servicio Militar ya tiene una serie de permisos cuando éste se realiza en
condiciones de peligrosidad o en situaciones bélicas, sin que se fije
expresamente en el informe la equiparación en tiempos, en iguales
circunstancias, tanto para la prestación social sustitutoria como para el
Servicio Militar obligatorio.
Senador Granado, el protagonismo que el Grupo Parlamentario Popular tiene
en esta Cámara no es otro que el refrendo de 8.200.000 votos; no es otro
que el hecho de tener 107 Senadores y el legítimo derecho a discrepar,
dentro del consenso que hemos alcanzado en este informe, como he señalado
anteriormente.
Pero sus señorías han tenido que ceder. Nosotros también hemos cedido;
pero no presuman ustedes de cesiones, y más poniendo el ejemplo del tema
del aborto, porque usted sabe perfectamente, conoce y es consciente de
que esa cesión no es de su Grupo. Esa cesión viene impuesta por los que
ayudan a su Grupo a sostener al Gobierno en este momento. (Aplausos en
los escaños del Grupo Popular).
Al final, lamentablemente, va a salir un informe que en un punto concreto
margina a un sector importante de la juventud española. Y eso es lo que
mi Grupo no puede aceptar. En ese punto concreto mi Grupo se va a
abstener, por entender que no son posibles la discriminación y la
marginación.
Respecto de lo que el señor Aznar dijo anoche en la televisión, yo no sé
si su señoría lo ha oído o no; si lo ha oído, lo ha oído mal. El Partido
Popular, mal que le pese a usted, tiene un programa, y en ese programa se
recoge exactamente lo mismo que se recogía en la enmienda número 14, es
decir, que progresivamente la sociedad española tienda a tener un
Servicio Militar voluntario y profesional. Eso está recogido en el
programa del Partido Popular, mal que les pese a ustedes, siempre en la
creencia de que nosotros no tenemos programa.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente, con suma brevedad,
porque estoy muy de acuerdo con lo manifestado desde la tribuna por el
Senador Bertrán, es decir, que éste no es el tema principal de los
trabajos de la Comisión, e intentar seguir convirtiéndolo en el tema
principal de los trabajos de la Comisión sí es marginar a un buen número
de jóvenes españoles que tienen otras preocupaciones, a lo mejor tan
importantes o más para ellos que el tema que nos ocupa, con todo lo que
tiene de importancia.
Agradezco los esfuerzos que han hecho todos los grupos parlamentarios
para que este informe pueda ser votado en condiciones de práctica
unanimidad, esfuerzos que han llevado, por ejemplo, al Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado a firmar una enmienda
transaccional que supone la desaparición de una propuesta que había hecho
este propio Grupo en función de que se llegara al consenso con el Grupo
Parlamentario Popular.
Y voy a comentarle dos cosas al Senador Prada. En primer lugar, yo no
entiendo cómo puede usted decir a la vez que el texto margina a un sector
de la juventud y es discriminatorio y luego que repita usted dos veces
que están de acuerdo con el texto. ¿Es que están ustedes de acuerdo con
un texto que es discriminatorio y margina a los jóvenes? Pues expliquen
por qué.
Y en segundo lugar, yo no sé --pero puestos a hacer juicios de intención
me lo pregunto-- por quién ha venido impuesta la retirada de la enmienda
número 14 del Grupo Parlamentario Popular. Yo creo que ha venido impuesta
por el sentido común, porque yo soy un poco sordo --y también me viene de
familia--, pero, desde luego, lo que dijo ayer el señor Aznar en
televisión no es lo que usted acaba de decir hoy aquí; lo que dijo más
bien es todo lo contrario: que había que comprometerse con la defensa
nacional y poner en tela de juicio la cuestión de que pudiera haber un
Servicio Militar exclusivamente voluntario. Eso es lo que yo le entendí,
igual estoy equivocado, pero no se preocupe usted porque yo reclamaré las
cintas de ese programa y, como queda consignado en el «Diario de
Sesiones», tendremos oportunidad de verificar quién de los dos escuchó
mejor al Presidente de su Partido.
En cualquier caso, usted ha venido a dar una de las claves de este
debate: esto es una cuestión de su Partido y está en su programa, dice
usted --yo creo que no, pero usted dice que está en su programa y usted
lo conocerá mejor que yo--. Pues en ese caso, Senador Prada, sean ustedes
un poco generosos y renuncien a una ínfima parte de su programa para
conseguir un acuerdo general con todos los grupos de la Cámara, que yo
creo, de verdad, que los demás estamos intentando conseguir con algo más
de voluntad que ustedes.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--El señor Prada Presa pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Me pide la palabra, Senador Prada?
El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, muy brevemente por alusiones,
puesto que el Senador Granado se ha referido a mi persona, y si la
Presidencia me lo permite, también por aclaraciones, antes de que se
proceda al voto.
El señor PRESIDENTE: Espero que sean alusiones a su persona y no a su
programa, Senador Prada. Tiene la palabra por dos minutos.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
El Senador Granado no ha oído mis palabras. Yo he dicho que estoy
plenamente conforme con el texto tal y como está redactado, pero que ese
texto margina porque no se añade que en condiciones de peligrosidad y de
penosidad también los jóvenes que prestan el Servicio Militar obligatorio
puedan ver reducido su tiempo de duración, por eso margina. Pero esto no
quiere decir que no estemos de acuerdo con que a los jóvenes que hacen la
prestación social sustitutoria en condiciones de peligrosidad y penosidad
se les reduzca el tiempo.
En cualquier caso, Senador Granado, desde luego la retirada de la
enmienda no obedece a ningún mandato, y mucho menos a algún programa
televisivo. La retirada de la enmienda --y también lo he dicho en la
tribuna-- obedece exclusivamente a que era una exposición programática
del Partido Popular, que apuesta clara y decididamente porque
progresivamente el modelo del Servicio Militar sea un modelo voluntario y
profesional.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Queda concluido el debate.
Solicito del Senador Prada su colaboración, a los efectos de acertar en
las votaciones, tal y como él nos ha indicado en la tribuna.
La enmienda número 14 ha sido retirada, la número 16, también, y la
número 12 está en relación con una enmienda transaccional, por lo que no
sería objeto de votación, sino que estaríamos a lo que resultara de la
enmienda transaccional. Por tanto, quedaría por votar la número 15, de
este voto particular. ¿Es así? (Asentimiento.) Gracias, señoría.
Sometemos, pues, a votación la enmienda número 15 al número 26 de las
recomendaciones a los poderes públicos, correspondiente al voto
particular número 1 de los Senadores Colsa y Prada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 98; en contra, 127.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación el voto particular número 2 de los mismos señores
Senadores, de supresión de la enmienda de adición presentada por todos
los grupos parlamentarios de la Cámara, a excepción del Grupo proponente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 98; en contra, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Seguidamente sometemos a votación la enmienda transaccional a la
recomendación número 17, que viene apoyada por todos los grupos
parlamentarios, y que consiste en sustituir en la recomendación número
17, párrafo segundo, la frase: debe irse paulatinamente, por la de: debe
experimentar modificaciones para irse acomodando.
Entiendo que se puede aprobar por asentimiento. (Pausa.)
Gracias. Así se declara.
Enmienda transaccional a la recomendación número 22, de supresión del
párrafo tercero. También todos los grupos de la Cámara han apoyado esta
modificación, por lo que entiendo que puede ser aprobada por asentimiento
de la Cámara. (Pausa.)
Así se declara.
A los efectos de someter a votación el dictamen, pregunto si podemos
someter en un solo acto a votación el informe de la Comisión. (El señor
Prada Presa pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicitaríamos votación separada en cuanto a la recomendación número 26,
el apartado 2.º, a partir del punto y seguido, es decir, donde empieza:
«En este sentido su tiempo de duración...»
Lamento que sea en estas circunstancias, pero es en lo que mi Grupo ha
mostrado la discrepancia de esta recomendación.
El señor PRESIDENTE: Señoría, entiendo esta cuestión que me plantea y
estamos examinando si es posible acceder a su solicitud. Sería más fácil,
a tenor del artículo 124 del Reglamento, que hiciéramos votación separada
de todo el párrafo, es decir, donde empieza: «La prestación social
sustitutoria...», hasta «comprobada», y no el punto y seguido de este
párrafo a tenor de lo que por analogía rezaría en el artículo 124 de
nuestro actual Reglamento; es decir, votación separada del segundo
párrafo de la recomendación 26, todo ello completo.
El Senador Prada tiene la palabra.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señoría.
Por supuesto que mi Grupo se somete al Reglamento y a la interpretación
que del mismo haga la Presidencia, pero la solicitud, que no es
caprichosa, todo lo contrario, es por
la razón de que en Comisión se incluyó este punto y seguido. Es decir, en
el dictamen de la ponencia terminaba al llegar al punto y seguido. La
solicitud, insisto, no es caprichosa, sino para dejar constancia de esa
marginación a la que nos hemos referido en el debate. Sí nos interesaría
una interpretación amplia por parte de la Presidencia que pudiera
conllevar que esta votación, dado que estamos en un trámite muy especial,
se haga a partir de ese punto y seguido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer lo posible, pero voy a consultar con
mis colegas de la Mesa. (Pausa.)
Señor Prada, la Mesa ha acordado no acceder a su solicitud, entendiendo
que, además, existen otros procedimientos para haber obtenido el
propósito que entiendo perfectamente que perseguía el Grupo de su
señoría, de tal manera que, en todo caso, vamos a someter a votación
separada el párrafo completo. Por lo tanto...
¿Sí, Senador Prada?
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Como decía anteriormente, vamos a respetar la decisión de la Mesa y de la
Presidencia, pero queremos dejar constancia de nuestra discrepancia en
este sentido. La interpretación que hace la Mesa del artículo 124 nos
parece excesivamente rígida, porque cuando en el referido artículo se
habla de párrafos completos, entendemos que un párrafo puede ser una
parte de ese párrafo. (Protestas en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, que sobre interpretaciones de
libros, señorías, llevamos 20 siglos.
El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, decía que queríamos dejar
constancia expresa de nuestra protesta ante la decisión de la presidencia
y de la Mesa, con el respeto que la misma nos merece.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Así constará en acta. Muchas gracias.
Por tanto, sometemos a votación el dictamen íntegro de la Comisión, con
excepción de este punto sobre el que acabamos de deliberar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a
favor, 227.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.)
Sometemos a votación el segundo párrafo de la recomendación a los Poderes
Públicos, número 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 128; abstenciones, 98.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Comisión Especial de
la Juventud.
Muchas gracias. (Pausa.)
--AUTORIZACION PARA LA TRAMITACION EN LECTURA UNICA DEL PROYECTO DE LEY
ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACION DEL TRATADO DE ADHESION
DE NORUEGA, AUSTRIA, FINLANDIA Y SUECIA A LA UNION EUROPEA.
El señor PRESIDENTE: Solicito a sus señorías atención porque, de
conformidad con lo que expresaron los señores portavoces y posteriormente
acordó la Mesa, pido a la Cámara autorización para la tramitación en
lectura única del proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la
ratificación del Tratado de adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y
Suecia a la Unión Europea.
Entiendo que puede ser aprobada por asentimiento de la Cámara. ¿Alguna
objeción? (Pausa.) Se declara aprobada.
--INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA POLITICA ESPAÑOLA DE
COOPERACION PARA EL DESARROLLO, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISION DE
ASUNTOS EXTERIORES. (543/000001.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto décimo del orden del día: Informe
de la ponencia de estudio sobre la política española de cooperación para
el desarrollo, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos
Exteriores. Sus señorías tienen este informe, publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes, con fecha 22 de noviembre, en los Boletines
correspondientes.
Solicito al señor Presidente de la Comisión me indique si algún miembro
de dicha ponencia va a hacer la presentación ante el Pleno de la Cámara.
(Pausa.)
Señor López Henares, tiene la palabra.
El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, ¿cuál es su solicitud, por
favor?
El señor PRESIDENTE: ¿Va a hacer la presentación del informe ante el
Pleno?
El señor LOPEZ HENARES: La Comisión decidió no designar a ningún miembro
para hacer la presentación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. (El señor Barreiro Gil pide
la palabra.)
¿Senador Barreiro en concepto de qué me pide la palabra?
El señor BARREIRO GIL: Señor Presidente, es que en este momento se está
produciendo una equivocación, creo que involuntaria, debido al desorden
que hay en la sala.
Como miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores soy testigo de que la
Comisión sí decidió que uno de sus miembros presentase el dictamen: era
la Senadora Flores. Lo digo porque me parece que estamos equivocando las
cuestiones.
Gracias. (El señor López Henares pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador López Henares.
El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, no he entendido bien cuál era
su pregunta. Yo creí que se refería a un acuerdo internacional.
¿Cuál es su solicitud, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Señoría, lo voy a repetir por tercera vez. Se trata,
sencillamente, de si la Comisión, la ponencia o algún miembro de la
Comisión de Asuntos Exteriores ha acordado que alguien presente el
dictamen ante el Pleno de la Cámara.
El señor LOPEZ HENARES: ¿Pero el dictamen de qué, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Del informe de cooperación.
El señor LOPEZ HENARES: En ese caso, efectivamente, la Comisión designó a
la Senadora Elena Flores por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la Senadora Flores Valencia.
La señora FLORES VALENCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, lamento empezar mi intervención con este malentendido que
espero que haya sido subsanado. Efectivamente, todos los miembros de la
Comisión de Asuntos Exteriores lo recuerdan perfectamente.
Señor Presidente, señorías, tengo el honor de haber sido designada para
presentar hoy ante el Pleno de la Cámara el informe de estudio sobre la
política española de cooperación para el desarrollo que culmina los
trabajos de la ponencia que, a tal fin, se constituyó el 13 de noviembre
de 1993, y que ha estado compuesta por los siguientes Senadores: don
Manuel Jaime Barreiro Gil, del Grupo Parlamentario Socialista; don Imanol
Bolinaga Bengoa, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos; don Ramón Companys i Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; doña Elena Flores Valencia, del Grupo
Parlamentario Socialista; don José Marcelino Galindo Santana, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; don Carlos Ramírez Pery y don Roberto
Soravilla Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Quisiera subrayar,
asimismo, que la ponencia ha contado a lo largo de todas sus actividades
con la asistencia del letrado de la Comisión de Asuntos Exteriores, don
Fernando Dorado Frías.
En primer término, señorías, me gustaría poner de relieve que el informe
que hoy se presenta ha sido aprobado, tanto en Ponencia como en Comisión,
por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, y que la cordialidad y
el diálogo constructivo han presidido todas las sesiones de trabajo, lo
cual quiero agradecer a todos ustedes.
También quisiera, señorías, hacer hincapié en este hecho, porque la
política de cooperación, como instrumento integrante fundamental de la
política exterior debe ser considerado como una política de Estado y, en
consecuencia, debe concitar el máximo consenso en torno a sus líneas
fundamentales. Por consiguiente, se trata de asegurar los compromisos
internacionales contraídos por nuestro país, así como su credibilidad y
su compromiso ético. Por eso es que, además, en esta política,
precisamente por su propia naturaleza, porque afecta a millones de seres
humanos, el consenso se hace inexcusable. Creo que todos debemos
felicitarnos por ello.
A continuación, permítanme que haga algunas consideraciones preliminares
sobre los objetivos que nos marcamos en la ponencia, así como sobre sus
trabajos y contenidos.
En primer lugar, el propósito era el de realizar un análisis o una
evaluación de la política de cooperación al desarrollo, un recorrido, si
lo prefieren, por todos y cada uno de los elementos que la componen, y
que pusiera de manifiesto los aciertos y los avances registrados,
detectara los errores y carencias e incorporara los elementos
correctores, para poder diseñar las estrategias de futuro.
Si, en general, en todas las políticas se hace necesaria la evaluación
periódica de sus resultados, probablemente en ninguna otra sea tan
necesario este ejercicio como en la política de cooperación al
desarrollo.
Los ponentes, en la consecución de este objetivo, no nos planteamos
realizar un trabajo «ex novo». Por el contrario, se trataba de ofrecer
una aportación complementaria, añadir una nueva pieza al proceso, aunque
corto en el tiempo ya consolidado de compromiso del Senado, de esta
Cámara, con la política de cooperación al desarrollo. En este sentido,
recuerdo a sus señorías que el informe del Senado aprobado en 1984 sobre
la cooperación internacional de España, no sólo fue pionero en esta
materia, sino que supuso el impulso definitivo para el establecimiento de
todo el marco jurídico-institucional organizativo y de los criterios
básicos de la política española de cooperación en la última década.
Acorde con esta filosofía de continuidad y renovación de las políticas se
han tenido en cuenta las anteriores iniciativas parlamentarias, entre
ellas el informe del Senado, al que ya he hecho referencia y, por
supuesto, el realizado por el Congreso de los Diputados en 1992. En la
primera reunión de la Ponencia, celebrada el 26 de abril, se acordaron
las líneas básicas de trabajo, así como una serie de comparecencias de
personalidades, entre las que se cuentan autoridades del Gobierno, de las
Comunidades Autónomas, de los entes locales, representantes de la
coordinadora de organizaciones no gubernamentales, organizaciones
empresariales y otros agentes de la cooperación.
El informe que sus señorías han recibido se estructura en cinco grandes
capítulos. En el primero se recogen los antecedentes parlamentarios, a
los que ya se ha hecho referencia. Un segundo capítulo aborda las nuevas
orientaciones que los principales organismos internacionales en materia
de cooperación han desarrollado, a tenor de las transformaciones y los
cambios acaecidos en los últimos años en el contexto internacional. El
tercero supone un análisis, como antes mencionaba, de la evolución de la
política española de cooperación desde sus antecedentes, pasando por su
organización, los distintos instrumentos, el volumen y la calidad de la
ayuda, etcétera. El capítulo cuarto contiene las evaluaciones realizadas
por las distintas autoridades y personalidades que comparecieron ante la
Ponencia de estudio. También se incorpora el llamado examen de ayuda, que
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE realiza periódicamente a los
países miembros. Este es el primero que se lleva a cabo en España desde
que nuestro país ingresara en este organismo en 1991. Y, finalmente,
señorías, el capítulo quinto, al que haré referencia más adelante, de
conclusiones y recomendaciones.
Pero permítanme primero unas muy breves reflexiones sobre el análisis o
el balance que han realizado recientemente estos organismos
internacionales a los que hacía referencia: Naciones Unidas, el CAD, la
OCDE y la Unión Europea, entre otros. Su mención creo que puede resultar
de interés, no sólo porque ofrece un marco general de lo que ha sido la
política de cooperación al desarrollo en las últimas décadas, sino porque
debido a la globalización de los problemas debemos pensar también en la
interdependencia de las soluciones y a ellos también tendrá que estar
abocado nuestro país.
Unos breves trazos pueden ilustrar los cambios de los últimos años. En
primer lugar, destaca un elemento a mi juicio positivo; la labor llevada
a cabo durante décadas para reducir la pobreza, el analfabetismo, las
enfermedades y la tasa de mortalidad, se cuentan entre los grandes logros
de este siglo. Podemos decir, señorías, que los esfuerzos en materia de
cooperación no han sido baldíos. Sin embargo, y al mismo tiempo, se pone
de relieve que tras el fin de la guerra fría los países desarrollados han
perdido gran parte del interés relativo que tenían en los países en
desarrollo.
En segundo lugar, que a los problemas tradicionales del desarrollo han
venido a sumarse otros nuevos, como, por ejemplo, en el campo de la salud
tenemos lo que podríamos denominar las terribles plagas de las drogas o
el sida y también han surgido nuevas situaciones, precisamente fruto de
esos cambios producidos tras la caída del Muro de Berlín, como son los
movimientos migratorios, refugiados, conflictos étnicos, etcétera.
Por último, si bien algunos países han experimentado un esperanzador
despegue económico --por ejemplo en Iberoamérica o en la cuenca del
Pacífico--, también han aparecido nuevas demandas de cooperación en otras
zonas del mundo: en Oriente Medio, en Sudáfrica o en las antiguas
Repúblicas Soviéticas. Un solo dato en este último caso puede ilustrar
los cambios operados. En 1989 --según datos del Comité de Ayuda al
Desarrollo-- estas Repúblicas suministraban un volumen de ayuda que las
situaba en el quinto lugar de la clasificación mundial. Pues bien, la
nueva situación ha originado, no sólo la pérdida de un conjunto de países
donantes, sino que los nuevos Estados se han convertido también en
demandantes de ayuda.
Señorías, entro ya en el tema de la política española de cooperación para
el desarrollo y leo a sus señorías --es el único punto que voy a
permitirme leer literalmente-- una de las conclusiones de la Ponencia,
que resume el balance global realizado acerca de la misma: El balance que
a grandes rasgos podemos hacer de la evolución de dicha política desde
sus inicios hasta el momento presente puede considerarse de muy positivo
si se tiene en cuenta, tal y como se expone en el informe, cuál era el
punto de partida, cuál ha sido el camino recorrido en tan corto espacio
de tiempo, así como la situación económica del país y la realidad del
diferente nivel de renta y de riqueza en relación con otros países
miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo.
Señorías, entiendo que todos debemos sentirnos legítimamente orgullosos
de haber consolidado un marco institucional estable; de haber aumentado
tanto el volumen como la calidad de la ayuda, pese a las condiciones
económicamente adversas por las que ha atravesado nuestro país, como bien
saben sus señorías, en los últimos años; de haber alcanzado, igualmente,
un grado de consenso parlamentario y un interés creciente de las Cortes
Generales en torno a esta materia; de que las organizaciones no
gubernamentales hayan desarrollado una tarea encomiable y de que la
sensibilización de los ciudadanos haya ido en aumento y se haya expresado
tantas veces. Recuérdese, por ejemplo, la operación de ayuda al pueblo
kurdo o la más reciente de ayuda a Ruanda.
No voy a extenderme, señorías, en glosar todas las recomendaciones
contenidas en el informe, disponen de él y espero que merezca su lectura,
pero sí quiero señalar que la filosofía que impregna estas
recomendaciones o el hilo conductor de las mismas puede resumirse en una
frase: un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, sean de
orden económico, institucional, material o humano para aumentar su
eficacia o, en otras palabras, para asegurar un mayor impacto de las
políticas que deben contribuir al logro del objetivo del desarrollo
humano, fin último de toda política de cooperación.
Este criterio de eficacia es tanto más necesario en tanto en cuanto el
volumen de ayuda al desarrollo del que se dispondrá en 1995 se sitúa ya
en el 0,5 por ciento del producto interior bruto, objetivo que propone
este informe y que en breve, espero, aprobaremos en esta Cámara en los
Presupuestos Generales del Estado. Esta cifra, a nadie se le escapa,
supone un extraordinario esfuerzo y un salto de gran magnitud, que nos
situaría en el séptimo lugar de la clasificación de los países miembros
del GATT, muy por delante de países con una gran trayectoria en materia
de cooperación y con un mayor nivel de renta y de riqueza, como saben muy
bien sus señorías. Les recuerdo que ahora estamos en el decimoséptimo
lugar de esta clasificación a la que hacía referencia.
En consecuencia, debemos garantizar que esos recursos se destinen a
proyectos concretos, viables y eficaces. Esta
racionalización y aprovechamiento de todos los elementos y agentes de la
cooperación deberá ser recogida, y así consta en las recomendaciones, en
una ley de cooperación internacional, que deberá contemplar, igualmente,
el estatuto jurídico de los cooperantes y de los voluntarios.
Se propone, igualmente, como un elemento novedoso la creación de un
consejo general de la cooperación para el desarrollo, en el que estén
integrados, entre otros, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, los
entes locales, la coordinadora de organizaciones no gubernamentales, las
organizaciones empresariales y sindicales, las universidades y otros
agentes o expertos de la cooperación. Se pretende, señorías, con este
consejo, constituir un instrumento útil y ágil a la hora de identificar
los proyectos de cooperación más idóneos y consolidar también el consenso
social, tan necesario en un tema de esta naturaleza.
Es evidente que la eficacia en la gestión dependerá también en muy buena
medida del grado de preparación o profesionalización de las personas
encargadas de llevarlo a la práctica, es decir, de los cooperantes. Por
ello, se sugiere la creación de una escuela de formación en nuestro país
--indico a sus señorías que España ya cuenta con una escuela de estas
características en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia--, que tenga un
carácter flexible, es decir, cuyas disciplinas pudieran impartirse en
distintos centros ya existentes y capacitados para ello.
Como estímulo y fomento de las tareas de cooperación, se sugiere el
estudio de fórmulas que contemplen el reconocimiento de los méritos,
experiencia y conocimientos adquiridos por los cooperantes en el
ejercicio de sus funciones.
Ya me he referido anteriormente, señorías, a las organizaciones no
gubernamentales, y quiero dedicar unas breves palabras también sobre este
apartado. En las recomendaciones se aboga por el fortalecimiento de su
organización. Algunas de ellas tienen aún una corta existencia, y la
experiencia asociativa en nuestro país, lamentablemente, es todavía muy
escasa. En consecuencia, parece justo que se fortalezca su organización
y, desde luego, se reconozca la labor que han venido desarrollando.
Su tarea, señorías, es bien importante. En ocasiones, es complementaria
de la llevada a cabo por el Gobierno y, a veces, incluso sustitutiva,
porque pueden llegar con mayor flexibilidad y movilidad adonde el
Gobierno no puede llegar. Es también por ello por lo que deben ordenarse
y regularse de forma estable la serie de requisitos que deben reunir para
acceder a las subvenciones de la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional.
Voy a hacer ahora una última referencia, señorías, en el capítulo de
recomendaciones a un aspecto novedoso hasta ahora en las iniciativas
parlamentarias, pero muy importante a juicio de los ponentes. Todos los
informes y documentos de los organismos internacionales que tratan los
temas de cooperación al desarrollo subrayan que la paz es un requisito
indispensable para el desarrollo. Quiero recordar una frase muy simple,
pero muy gráfica, del Premio Nobel de la Paz, Willy Brandt, que decía: La
paz no lo es todo, pero sin la paz nada es posible. Si esto parece un
hecho incontrovertible, debería trabajarse, y así se recomienda, a favor
de que se abra camino el debate ya iniciado en los foros internacionales
por algunos países para que las operaciones civiles, las operaciones
desarrolladas por personal civil en el marco de las operaciones de
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas pudieran ser consideradas como
ayuda al desarrollo y, en consecuencia, susceptibles de ser computadas
como ayuda oficial al desarrollo. De nada serviría, señorías --tenemos
los ejemplos muy cercanos--, que se enviara ayuda humanitaria a Bosnia si
ésta, al final, no pudiera distribuirse.
Termino ya, señorías, con una última reflexión. Llega este informe a la
Cámara en un momento que yo calificaría de feliz coincidencia, de
coincidencia en las preocupaciones compartidas en torno al mismo objetivo
entre esta Cámara y un movimiento social que ha alcanzado una gran
significación en nuestro país. Me refiero, como ya habrán podido imaginar
sus señorías, a las movilizaciones llevadas a cabo por un movimiento o
plataforma que reivindica que se destine el 0,7 por ciento del Producto
Interior Bruto a la ayuda oficial al desarrollo.
En los últimos meses, en los últimos días --lo hemos visto hace muy poco
tiempo--, personas de toda condición y edad, pero sobre todo jóvenes, se
han sumado a esta causa. Creo que debemos alegrarnos por ello, porque más
allá del objetivo perseguido que todos compartimos, con la gradualidad
que nuestra situación económica aconseje, lo que se ha puesto de
manifiesto con esta movilización es la vitalidad de amplios sectores de
nuestra sociedad y el compromiso con unos valores éticos y de
solidaridad, frente a las actitudes egoístas e individualistas que hoy se
denuncian.
Será ahora tarea de todos canalizar estas energías generadas para que esa
sensibilización ciudadana no sea sólo fruto de una coyuntura, para que
logremos hacer calar en la opinión pública, en la conciencia de la
sociedad, que la ayuda al desarrollo no es sólo tarea de los Gobiernos o
de los poderes públicos, sino que compete a la sociedad en su conjunto.
Porque la talla moral de un país, la talla moral de una sociedad se pone
de manifiesto también en la forma en que trata los temas de cooperación.
Señorías, espero que las aportaciones y la aprobación de este informe
puedan contribuir a la consecución de estos objetivos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Flores Valencia.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.)
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa)
¿Algún otro grupo quiere intervenir? (Pausa.)
El Senador Galindo tiene la palabra.
El señor GALINDO SANTANA: Con la venia, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna fundamentalmente para dejar clara la posición
del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado respecto a algo tan trascendental como es la ayuda y
la cooperación a los países en vías de desarrollo.
Como sus señorías conocen, esta Ponencia fue constituida en la pasada
legislatura, y hay que decir que ha sido de gran acierto y mucho mejor su
planificación respecto a las ilustres personalidades que durante este
período han comparecido en esta Comisión. El trabajo desarrollado por la
Ponencia --que es de tal profundidad que debe ser conocido yo diría que
por toda la sociedad española--, compañeros socialistas (El señor Garrido
Avila: Está bien eso de compañeros socialistas.), si me permiten hacer
una sugerencia --para que ustedes a su vez hagan una profunda reflexión--
creo que no debe quedar sólo en los archivos de la Cámara, sino que se
deben hacer todos los esfuerzos posibles, incluso sacar una publicación,
porque sin duda alguna esto va a servir a las organizaciones no
gubernamentales, al conjunto de las sociedades humanitarias y,
fundamentalmente, a todos los jóvenes como un instrumento importantísimo
para la ayuda al conjunto de países en vías de desarrollo.
Por otra parte, también quería hacer otra recomendación a los compañeros
socialistas para que profundicen sobre ello. No hace mucho tiempo, en
esta Cámara se aprobaba por unanimidad la Oficina de la Unión Europea
para el desarrollo de los países del área del Atlántico sur en el
Archipiélago canario o en la isla de Gran Canaria. Por tanto, creo que se
ha dado un paso importante sobre el conjunto de lo que significa la ayuda
a los países en vías de desarrollo.
En toda mi exposición en la Comisión dejaba algo claro --y siempre lo
hemos dejado claro y creo que hemos compartido el conjunto de los
socialistas-- que la ayuda a los países en vías de desarrollo debe
dignificar tanto al país que aporta esas ayudas como al propio país que
las recibe. No es una cuestión de caridad --permítanme decirles--, es más
bien una cuestión de dignidad para ambos países. Por lo tanto, con el
informe de la Ponencia en sí estamos totalmente de acuerdo, así como en
profundizar en todo lo que sea hacer posible que dicho texto pueda llegar
a la mayoría de los ciudadanos de este país porque, sin duda alguna, va a
contribuir tremendamente a una mejor distribución y a una mayor
solidaridad con respecto a estos países.
Por otra parte, siendo como somos nosotros del área sur del archipiélago
canario, evidentemente nunca hemos estado en contra de la ayuda, de la
cooperación y de la solidaridad a los países en vías de desarrollo. Es
cierto que por el hecho de estar nosotros en ese extremo sur, más cerca
de esos países del área del Magreb, y especialmente del Africa
occidental, cuando esa cooperación se trate de hacer recomendamos a los
compañeros socialistas que hagan todos los esfuerzos que sean posibles y
estén en su mano para conectar con nuestro Gobierno autónomo para que esa
ayuda vaya con justicia, con equidad y, fundamentalmente, con
efectividad. Porque, si de algo se vanagloria en este caso la Ponencia,
es de que no sólo los intervenientes, sino también el conjunto de todas
las fuerzas políticas que hemos intervenido en ese tema hay un
denominador común y, si se quiere, una solidaridad común en todas estas
fuerzas políticas, y es que toda esa ayuda que vaya a encomendarse a esos
países tiene que servir para dignificar, para democratizar al conjunto de
todos esos países. Yo creo que ésta es la base importante y fundamental
de la Ponencia y, desde luego, de las ayudas.
Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Galindo.
Por el grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, después de la magnífica presentación del Informe que acaba de
hacer --amplia y dignamente-- la Senadora doña Elena Flores, quien, dicho
sea de paso, señorías, y sin demérito de ningún otro de los ponentes,
ciertamente ha sido el «alma mater» o el espíritu insuflador de la
Ponencia, así como después de la valiosa intervención del querido colega,
Senador Galindo, corresponde intervenir a este Senador del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos quien, en primer lugar, no puede menos que
valorar el presente Informe en términos altamente positivos y,
consecuentemente, felicitar a los ponentes por su rigor y por su
dedicación. Al mismo tiempo, debemos agradecer al excelente equipo
administrativo de esta Casa su eficiente colaboración en todo lo atinente
a la elaboración y redacción del informe en cuestión.
Desde luego, después de estos últimos tiempos, en los que tan
intensamente, con bombo y boato, se ha vivido en la calle el tema famoso
del 0,7, con cientos de campañas, manifestaciones, titulares
sensacionalistas de prensa y de otros medios, etcétera, a este Senador y
a todos los participantes en la Ponencia nos hubiera parecido normal que
este foro se encontrara hoy a tope y que los medios de comunicación nos
asediaran en demanda de información o espetándonos preguntas
requisitoriales. Sin embargo, como ven sus señorías, no es así. Estamos
en desolación. Sólo nos cabe decir «sic transit gloria mundi», si es que
se puede hablar de gloria en relación a cualquier plan de desarrollo a
terceros países. Dicho de otro modo, lo que parece valer no es el trabajo
honrado, serio y en profundidad que ha realizado la ponencia. Lo que
parece valer es el morbo, o es la información desde la desinformación.
En cualquier caso y desde nuestra perspectiva, señorías, es evidente que
este informe puede aportar una contribución estimable a la toma de
conciencia por parte de la opinión pública sobre la interdependencia
mundial y la solidaridad que debe imperar entre norte y sur. Demuestra,
al mismo tiempo, que la política de cooperación para el desarrollo debe
ocupar lugar preferente en el debate político y reafirma la tendencia a
seguir par la consecución o superación del conocido 0,7, aunque siempre
sin demagogias ni oportunismos, y sí como consecuencia lógica de un
posicionamiento responsable, de orden personal y colectivo, que debe ser
asumido por nuestra sociedad, es decir, hablamos de la responsabilidad
compartida.
En efecto, señorías, no es fácil entender una correcta cooperación al
desarrollo sin que fundamentalmente comprenda unos objetivos de base,
que, ciertamente, suponemos
que están en la mente de todos los presentes pero que no está de más
recordarlos a título de reflexión. Permítasenos, pues, su enumeración más
útil. Objetivo primero, invertir en el ser humano a fin de estimular las
energías productivas de la población, prestando particular atención a la
necesidad de mejorar la situación de la mujer y privilegiando al máximo
la educación y la formación, así como la salud primaria y, en particular,
la lucha contra el sida. Segundo objetivo, promover créditos y
asesoramientos a favor de los pequeños agricultores y empresarios,
estimulando así el desarrollo del sector privado y de la economía. Tercer
objetivo, luchar contra la miseria y la pobreza, favoreciendo la
iniciativa privada y reforzando la productividad, comprendida la del
sector primario, o, mejor dicho, alimentario. Cuarto objetivo: reducir la
presión demográfica a través de una planificación familiar responsable.
Quinto objetivo: contribuir a un desarrollo sostenido, durable, en
compatibilidad con el medio ambiente. Sexto objetivo: mejorar la
situación económica luchando contra el proteccionismo en el Norte con la
eliminación de barreras comerciales de todo tipo y las de naturaleza
tarifaria; mejorar, asimismo, los precios de los productos básicos y
diversificar sus economías. Séptimo objetivo: operar reducciones
sustanciales de deuda externa. Octavo objetivo: otorgar voz a países en
desarrollo dentro de las organizaciones internacionales para la puesta en
común de un nuevo orden mundial del que tanto precisamos. Noveno
objetivo: contribuir a eliminar los factores del origen del problema
mundial de refugiados y emigraciones tales como los conflictos étnicos,
las guerras, las dictaduras, la miseria y la opresión.
Señorías, a nuestro entender, éstos son nueve puntos básicos pero
ineludibles de todo plan de cooperación para el desarrollo. Por otra
parte, es cierto que la cooperación para el desarrollo debe fundamentarse
principalmente, cómo no, sobre el criterio de la pobreza. Pero también
hay que tener en cuenta que no es posible medir el desarrollo solamente
en términos de crecimiento económico. El desarrollo, señorías, también se
sustancia de modo muy importante por los procesos realizables o
realizados en pro de las necesidades humanas más fundamentales, en pro de
la construcción de la democracia, en pro del respeto de los derechos del
hombre, en pro de la instauración de la justicia social y de la
preeminencia del Derecho, así como en pro de los recursos naturales.
En definitiva, señor Presidente, señorías, las condiciones por las que ha
de regirse la cooperación para el desarrollo no deben ser limitadas a
unos factores puramente económicos, sino que deben conllevar lo que se
denomina el factor de la «complementariedad», dicho entre comillas;
factor de la complementariedad que, virtualmente, se condensa en los
siguientes cuatro capítulos, con los que doy fin a mi intervención.
Capítulo A. Es el que se refiere a los derechos humanos. La ayuda
oficial, en principio, debe orientarse hacia países democráticos o en
proceso de democratización en los que el respeto a los derechos del
hombre y una administración responsable y eficaz, o buen gobierno, tenga
su debido marco. No debe orientarse hacia dictadura alguna, salvo por
razones de urgencia humanitaria.
Capítulo B. Es el que atiende a las reformas sociales y económicas. La
ayuda al desarrollo debe favorecer la instauración de una economía de
mercado eficaz que respete el medio ambiente y que sea socialmente justa.
Ha de valorar previamente medidas tales como las reformas sociales y, en
particular, las agrarias; el justo reparto de rentas, las mejoras de
condiciones de la mujer, los servicios de salud pública y de educación,
la protección medioambiental y la planificación familiar.
Capítulo C. Es el referido a los gastos militares. La ayuda al desarrollo
debe reservarse a los países cuyos gastos militares sean razonables,
teniendo en cuenta su situación en el plano de la seguridad o de su
producto interior bruto. Asimismo, señorías, conviene precisar si la
política extranjera del país en cuestión está orientada o no hacia la
paz; por ejemplo, si está por participar en acuerdos comunes de
seguridad, si está por las iniciativas internacionales de desarme o por
la renuncia a las armas de destrucción masiva, etcétera.
Capítulo D, por el cual tomamos en cuenta, señorías, el medio ambiente.
Los proyectos de desarrollo que interesan en este capítulo deben
sustentarse contrariamente a aquellos que atentan contra él o contra los
recursos naturales, sobre todo los de carácter irreparable. Por contra,
los países seria y activamente comprometidos en la preservación de medio
ambiente respectivo deben beneficiarse de una ayuda especial o
acrecentada.
Y como colofón a lo expuesto, sólo debo añadir que en todo momento debe
mantenerse un control riguroso sobre todo plan de ayuda al desarrollo,
proyecto a proyecto, y activar principalmente la ayuda directa, sin negar
la valiosa mediación de ONGs eficientes y acreditadas, que las hay.
Y termino con un último apunte, señorías, que surge a la vera de estas
breves reflexiones. Los criterios que hemos mencionado deben también ser
tenidos en cuenta para la elaboración de toda política extranjera y de
las políticas comerciales del Estado, siendo particularmente interesantes
que éstas sean abiertas y justas en relación con países en vías de
desarrollo, de modo, señorías, que les permita construir su economía y
llegar a ser partícipes de pleno derecho en la economía mundial.
Señorías, termino reiterando la felicitación y el agradecimiento
expresados al comienzo de esta nuestra intervención.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Companys.
El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, hace un año, exactamente el 13 de noviembre
de 1993, y en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores, se creó una
Ponencia para estudiar la política española por lo que se refiere a la
cooperación y al
desarrollo. Durante ese tiempo se han realizado casi 20 comparecencias de
personas que están ligadas, de una forma u otra, a la cooperación y que
nos han permitido tener una visión global de la problemática existente,
así como la elaboración y hoy la presentación de este Informe, que,
además, cuenta con la unanimidad de todos los grupos de la Cámara, hecho
del que nos tenemos que felicitar todos y que, desgraciadamente, no es
demasiado habitual en los tiempos en que vivimos.
La voluntad de los ponentes fue la de analizar en profundidad la
situación actual de la cooperación española, su coordinación y sus
efectos. Con independencia de las recomendaciones que se formulen, y
después de las múltiples comparecencias en la Ponencia, me gustaría
resaltar algunos de los hechos que, desde mi punto de vista, tendrían que
tener una contestación inmediata por parte del Gobierno. Primero, la
puesta en marcha de una política de cooperación al desarrollo
transparente, eficaz, abierta, capaz de ilusionar y que permita con toda
libertad la cooperación bilateral descentralizada. La creación o la
potenciación de algún organismo con autoridad real capaz de coordinar la
política de cooperación de los distintos Ministerios y, sobre todo, capaz
de romper la endogamia existente en algún Departamento proponiendo
fórmulas innovadoras que permitan una política de cooperación mucho más
efectiva. Un mayor contacto con las ONGs como elemento básico para la
cooperación, sobre todo pensando en aquellos países o regiones del mundo
en los que éstas tienen una gran presencia, o en aquellos otros en los
que, por sus características, las ayudas oficiales tienen muchas
dificultades en llegar.
Si me lo permiten, me gustaría hacer una reflexión de carácter personal.
Estamos viviendo unos momentos en los que, afortunadamente, el nivel de
concienciación de la sociedad está aumentando y todos nos tenemos que
felicitar por esta realidad. Pero esa solidaridad de la que todos hacemos
gala, si realmente es tal --y no dudo de que sea así--, tendría que ir
más allá de la lucha contra las situaciones desesperadas. A menudo me
pregunto si esa unanimidad que todos manifestamos al pedir al Gobierno
que haga un esfuerzo presupuestario --que, por otra parte, creemos que es
justo para ayudar a los más necesitados-- tendría la misma intensidad si
ese esfuerzo fuese de carácter individual o personal. En nuestros
posicionamientos como sociedad somos realmente solidarios cuando desde
los diferentes sectores se nos pide, por ejemplo, que frenemos las
importaciones de productos que en algunos casos son básicos para el
desarrollo de los países que están en vías de crecimiento, o cuando
valoramos las decisiones de los industriales españoles que trasladan sus
centros de producción a algún país en vías de desarrollo con el ánimo de
seguir siendo competitivos.
No hay ningún tipo de deuda acerca de que nos encontramos frente a un
tema verdaderamente apasionante y del que podríamos hablar durante mucho
tiempo. Seguramente así será, pero terminaré dando las gracias a los
diferentes ponentes, a los técnicos y a los comparecientes, por sus
aportaciones, que han permitido la elaboración de este informe, haciendo
votos para que las conclusiones pero, sobre todo, las recomendaciones de
la Ponencia sean una realidad que, sin duda, mejorará los resultados de
nuestra cooperación con el Tercer Mundo.
Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias, señoras y señores
Senadores.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoría, tras la completísima presentación del informe por la Senadora
Flores, que ha dado una serie de pinceladas subjetivas y personales, e
incluso ha utilizado un giro latino «ex novo» --y esta mañana hablábamos
de latín, ya que se ha suprimido la expresión «ab initio»--, que me
acerca todavía más a ella, y después de todos los matices que han ido
introduciendo los demás ponentes, poco más puedo añadir que no se haya
dicho ya en esta tribuna y, desde luego, con más elocuencia que la mía.
Creo poder hablar en nombre de todos los ponentes si digo que a través de
las comparecencias hemos conseguido enriquecer nuestro bagaje moral,
tanto en lo personal como en lo político, y que el desarrollo de esta
Ponencia se ha convertido --al menos, para mí, pero creo que puedo hablar
en nombre de todos-- en una magnífica experiencia humana gracias al
talante de todos sus componentes y a la asistencia técnica inestimable de
nuestro Letrado, don Fernando Dorado, así como por la firme voluntad de
consenso que ha presidido desde el primer momento las numerosas y largas
sesiones que hemos mantenido, cuyo fruto es el informe que hoy vamos a
votar.
Todos los grupos --y, desde luego, el mío-- hemos mostrado y demostrado
en este informe que deseamos unas bases sólidas y una referencia
permanente para conseguir una política de cooperación o ayuda al
desarrollo concebida como política de Estado, unitaria en sus fines e
intereses, pero necesariamente articulada en sus criterios e
instrumentos, que va desde la iniciativa privada y las GONs --ahora
favorecidas e incentivadas por la Ley de Mecenazgo, que se ha aprobado
recientemente--, pasando por los municipios, las diputaciones, las
Comunidades Autónomas, etcétera, hasta llegar a la Administración
Central. Me atrevo a decir, además, que lo hemos venido haciendo en un
momento difícil, porque ha exigido un permanente equilibrio de
sensibilidad entre una movilización social intensa y quizá uno de los
peores momentos políticos y económico de los últimos tiempos en España.
A lo largo de este informe mi Grupo ha querido poner el acento sobre todo
en una estructura sólida, pero poco burocratizada, capaz de garantizar
una mayor eficacia en una gestión que consideramos que debe ser cada vez
más controlada por las Cámaras, con más frecuencia y precisión.
En definitiva, como siempre, hemos apostado por mayor eficacia y mayor
transparencia. Además, hemos insistido en la importancia cualitativa de
nuestra cooperación, en su concentración temática y geográfica, razón
precisamente de nuestros recursos limitados, en que sea compatible
con la conservación medioambiental y, sobre todo, en el apoyo a los
movimientos sociales solidarios, en su implicación de modo permanente, al
margen de toda coyuntura informativa.
Señorías, puede que éste sea un matiz añadido a lo que se ha dicho aquí,
pero creo que no podemos consentir, desde un punto de vista moral, que
nuestro compromiso se condicione por 30 segundos más o menos reiterativos
de los telediarios, donde se produce esporádicamente un impacto
fortísimo, un impacto emocional ante el horror y el hambre, ante la
muerte y el desprecio vil al ser humano sin tomar plena conciencia de que
tales dolores y miserias se arrastran toda una vida, todos los minutos de
una vida, no el medio minuto que los estamos viendo, y eso lo arrastran
esas vidas de millones de seres en esta aldea global injustamente
administrada. Y quisiéramos que la sociedad en su conjunto y las
Administraciones no cayeran en una especie de torbellino informativo que
tiende, por una parte necesariamente, a simplificar el debate y a
exacerbar también las posturas.
Aspiramos a una sociedad que sea permanentemente solidaria con sus
semejantes, tolerante y consciente, en la que el impacto informativo no
empañe lo más importante, que algunas veces es el matiz. En este sentido,
entre otros, hemos introducido una posibilidad de flexibilizar la
cláusula democrática de modo que, desde el sentido profundamente humano
sobre todo --y en esto insisto-- que debe inspirar y centrar toda esta
política, se respeten los valores culturales y la idiosincrasia de los
pueblos a quienes va dirigida esta ayuda, porque de verdad que no
desearíamos, yo, desde luego, no desearía convertir la cooperación en un
rígido apostolado laico por imponer un único modelo democrático, sobre
todo a costa del sufrimiento de seres humanos.
Por otra parte, para que el comercio mundial pueda ser un verdadero
instrumento de ayuda al desarrollo debe hacerse más flexible y las
políticas comerciales delimitar su espacio para contribuir a la
cooperación sin confundirse con ella.
Con este criterio nos hemos pronunciado al referirnos a los créditos FAD
y a su multiplicador potencial si se acomete, como solicitamos en el
informe, una seria modificación legislativa y una información mejor y más
amplia a nuestro empresariado.
Sin duda, un elemento fundamental, ya destacado de este nuevo
planteamiento, es la recomendación de una ley de cooperación que reúna y
sistematice todos los aspectos normativos dispersos y elimine las
abundantes lagunas legales existentes, entre otras, la del Estatuto del
Cooperante, de tal manera que contemple su formación previa, su seguridad
de asistencia, así como su reinserción en una sociedad que le reconozca
como mérito no sólo su esfuerzo y entrega, cosa que sería lo más lógico,
sino también sus conocimientos y experiencia. Confiamos en que el
Gobierno en esta ocasión cumpla el compromiso contraído, a través del
Secretario de Estado para la Cooperación, de remitirnos un proyecto de
ley dentro del primer semestre del próximo año, aunque mi Grupo hubiera
preferido poderlo debatir antes.
Finalmente --no quiero ser excesivamente extenso--, señor Presidente,
señorías, desearía insistir nuevamente en la importancia que, a nuestro
juicio, tiene la aprobación de este informe con el voto favorable de
todos los miembros y grupos de la Cámara, tal como ocurriera con la
Ponencia que tuvo lugar en el Congreso sobre este mismo asunto en 1992 y
que ha servido, entre otros, de antecedente indispensable para nuestros
trabajos.
A título personal digo que resulta reconfortante comprobar que el
consenso de la Ponencia tendrá reflejo político en este Pleno y que las
recomendaciones que sus señorías avalarán dentro de unos minutos con su
voto podrán materializarse en el bienestar de otros pueblos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Soravilla.
El Senador Barreiro Gil tiene la palabra, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor BARREIRO GIL: Intervengo con su venia, señor Presidente, y con
la enorme duda de qué es lo que me queda por decir.
Obviamente estoy de acuerdo con el texto del informe y con todas y cada
una de las palabras de los portavoces que han tomado la palabra en esta
tribuna, y me queda sólo el deber de cortesía de no negarme a la
tentación parlamentaria que siempre se pone terca en incumplir las reglas
de la oratoria; si obedeciese a esas reglas, puesto que hay poco por
decir, me callaría, pero me permitirán sus señorías que haga, al menos,
aprovechamiento de la oportunidad de subir a la tribuna para exponer dos
o tres ideas, seguramente al margen del contenido más sustancial de la
Ponencia, que he explicado en la Comisión y, por lo tanto, son conocidas
ya por todos sus miembros.
Yo creo que habría que hacer alguna matización sobre este informe que
pudiera quedar diluida en el excelente debate que estamos teniendo hoy
sobre esta cuestión, y es que la naturaleza del documento estrictamente
parlamentario nos ha permitido transitar durante estos meses de sana y
reconfortable pasión sobre el asunto de la cooperación en la calle sin
dejarnos llevar por la pertinaz tentación de nuestro oficio de
aprovecharnos de la circunstancia. Hemos sido capaces de pasar por el
tema del volumen de la dotación de recursos sin hacer otra cosa que
recoger la opinión de los compatriotas que acamparon en el Paseo de la
Castellana. Y yo creo que mantener ese respeto de posiciones fue bueno
para ellos y para nosotros. Pero también hemos tenido una ventaja
respecto del informe que se conoció hace un momento en la Cámara, en el
que hay una diferencia notable. Los compañeros de la Comisión que
estudiaron los asuntos de juventud se enfrentaron por primera vez a esa
cuestión en sede parlamentaria; todos ellos lo dijeron en esta tribuna.
Nosotros tenemos la suerte de que no es así. Es la tercera vez que en
esta Cámara entramos en el tema de la cooperación internacional. No hemos
producido más que dos informes, porque en una de las legislaturas quedó
truncado el proceso de redacción. El Congreso de los Diputados entró dos
veces, me parece recordar. (La señora Flores Valencia: Una.) La Senadora
Flores, que es más sistemática que yo, me dice que una. Es decir, que,
con todo, hemos dispuesto ya de la ventaja de tener un «corpus» de
material que nos impide la divagación
y que nos ha permitido dar a este informe un carácter estrictamente
concreto desde el primer folio hasta el último. Yo he dicho en la
Comisión, y creo que es verdad, que todos los folios previos al
antepenúltimo son una justificación lo más densa posible de las
conclusiones. Hemos logrado hacer eso. Hay un político escritor
contemporáneo que en su última obra --creo que es en la página 42 o en la
32, no recuerdo exactamente cuál es (La señora Flores Valencia: La página
42.); la Senadora Flores intenta decírmelo por señas, pero no lo distingo
desde aquí-- dice algo así como que de vez en cuando hay que tener el
coraje de hacer una concreción. Nosotros lo hemos hecho desde la primera
página hasta la última, y creo que es bueno y sano para todos. Y fíjense
ustedes cuáles son las concreciones que todos los portavoces han hecho
una exposición de cuáles son las conclusiones y los objetivos de la
Ponencia muy coincidentes en esta tribuna. Hemos coincidido no sólo en el
carácter instrumental de las conclusiones, sino en su propia ordenación
política. Obviamente, quedan muchas discusiones abiertas. Una, la que han
logrado abrir los propios ciudadanos que defendieron la llamada
«plataforma del 0,7 por ciento», cuya mayor virtud fue trasladar esta
cuestión a un debate en la calle, entre la gente, y que es de suma
importancia, que es la complementación entre solidaridad y desarrollo. No
es correcto que consideremos que todas las acciones solidarias son
acciones para el desarrollo; puede que ninguna lo sea. Algunos países,
por ejemplo, de Africa --y pido a los colegas que me disculpen que
siempre ponga como ejemplo a ese continente-- requieren que seamos
capaces de diseñar proyectos de inversión, por ejemplo, en
infraestructuras de desarrollo muy largo en el tiempo. No basta con que
actuemos durante un año, durante dos, durante tres. Cuando vas a visitar
el país, al cuarto año el desierto se comió el hospital. Se necesita un
compromiso mucho más profundo que, seguramente, habrá que complementarlo
fuera de los debates que se ciñan estrictamente a la cooperación para el
desarrollo, y tendremos que hacerlos, por ejemplo, en los foros GATT, a
los que también me he referido. Por cierto, el Congreso americano aprobó
el Acuerdo GATT. Crucen ustedes los dedos para que el Senado americano
tenga la misma capacidad de dignidad o de compromiso mundial --dejemos la
palabra dignidad, que es muy fuerte--; todavía está en el aire.
Es cierto que sin irnos de la cuestión, saben todos ustedes, como saben
los colegas de la Comisión de Asuntos Exteriores, y los de la Ponencia
mucho más, que hay una concatenación inevitable entre desarrollo,
crecimiento económico, productividad, inversión, educación, democracia.
No es posible lograr que un país vea elevarse sus tasas de desarrollo sin
que tenga crecimiento económico. Es cierto que el desarrollo económico no
lo es todo, pero es inevitable. Es absolutamente evidente que un país no
logrará elevar sus tasas de crecimiento económico si la productividad del
trabajo de sus nacionales no mejora sustantivamente. No basta con que los
empresarios occidentales vayan a ubicar centros productivos en países
subdesarrollados en donde no se produce un aumento de la productividad en
los procesos productivos, sino en un abaratamiento del coste de la mano
de obra, manteniendo niveles tecnológicos incluso a veces considerados
obsoletos en los países de origen. Es mucho más complejo. Es cierto que
no se puede lograr crecimiento económico sin una inversión seria,
voluminosa, consecutiva, permanente, de recursos financieros. Es cierto
que esos países jamás lograrán su desarrollo si sus propios ciudadanos
nacionales no están cualificados profesionalmente para ejercitar las
labores del trabajo y del crecimiento, y es cierto que todo eso es
imposible sin un marco democrático. Pero también pueden leerlo sus
señorías al revés, y lo saben. No es posible la democracia sin educación,
no es posible la educación sin una economía saneada en la que los
trabajadores tengan su trabajo, no es posible el trabajo sin crecimiento
económico, no es posible el crecimiento económico sin un planteamiento
global del desarrollo.
Hay una frase que yo he recogido en mi tesis doctoral y que he citado
varias veces aquí: Creo que es verdad, y seguimos siendo ciegos, que el
mundo es un solo lugar, y ya no sólo para el astrónomo. Bertrand Russell
no descubrió el mundo, pero sería bueno que nosotros nos quitásemos la
cinta de los ojos para ver que no podemos hacer el doble juego de ser
solidarios con quien no aceptamos a nuestra mesa con todos los derechos y
compromisos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Entiendo por las intervenciones de los señores portavoces que en esta
ocasión se puede aprobar por asentimiento el informe de la Ponencia de
estudio sobre la política española de cooperación para el desarrollo,
constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores. (Pausa.)
Así se declara. (Aplausos.)
Senador Barreiro, después nos dará el título del libro cuya página ha
citado, pues el Presidente se ha quedado con la curiosidad. Me lo puede
decir después, para que no figure en el «Diario de Sesiones». Es un
privilegio personal. (Risas.)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO A QUE, UNA VEZ TOMADA EN CUENTA LA RESOLUCION 1.044 DE
LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, DE 4 DE OCTUBRE DE 1944,
HAGA USO DE SU PRESENCIA EN EL COMITE DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA
Y ASUMA, PARA FIRMA Y RATIFICACION, LA RECOMENDACION 1.246 DE ESTA
ASAMBLEA, DE 4 DE OCTUBRE DE 1944, PARA QUE, EN SU CONSECUENCIA, SE
PROCEDA A LA ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE CONTEMPLADA EN DIVERSOS
ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA 13/1985, DE 9 DE DICIEMBRE, DEL CODIGO PENAL
MILITAR. (671/000017.)
El señor PRESIDENTE: Duodécimo punto del orden del día: mociones
consecuencia de interpelación.
Moción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la
que se insta al Gobierno a que, una vez tomada en cuenta la Resolución
1.044 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 4 de octubre
de 1944, se proceda a la abolición de la pena de muerte contemplada en
diversos artículos de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del
Código Penal Militar.
¿Turno a favor? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de comenzar, voy a apelar una vez más a su magnificencia y
benevolencia, en cuanto al tiempo se refiere, si bien voy a intentar ser
lo más breve posible. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
Con motivo de nuestra reciente interpelación al Gobierno sobre la
abolición absoluta de la pena de muerte tuvimos la oportunidad de
desarrollar una línea argumental que hoy seguimos manteniendo en su
integridad con la absoluta convicción de entonces. Una convicción que, si
fuera posible, hoy se siente mucho más fortalecida y consolidada gracias
al esfuerzo de las valiosas aportaciones y muestras de apoyo con las que
tuvieron a bien favorecer el planteamiento de nuestras tesis quienes
intervinieron en el debate representando al Grupo Parlamentario Popular,
al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado y a Eusko
Alkartasuna, del Grupo Parlamentario Mixto. Por si fuera poco, también
contamos con el favor de sendas declaraciones emitidas en consenso
unánime por la Diputación General de La Rioja, del Pleno del Parlamento
vasco y de la Junta General del Principado de Asturias. Nos consta que
otras Comunidades Autónomas, como Cataluña, Navarra, Extremadura,
Valencia, Castilla y León y Madrid, entre otras, siguen la misma
trayectoria.
Por añadidura, hoy disponemos de otro acontecimiento de primera magnitud,
que ha aflorado ayer mismo a los medios de comunicación y cuya
presentación, dicho sea en honor de la verdad, nos hubiera gustado más si
se hubiera formalizado conjuntamente con el resto de los grupos
políticos, que ya, de antemano, se encontraban por la labor. Nos
referimos --y con agrado-- a la decisión adoptada por el Grupo
Parlamentario Socialista con el fin de presentar a trámite en el Congreso
de los Diputados una proposición de ley tendente a la abolición de la
pena de muerte en el Código Penal Militar. En virtud de esta
determinación y a pesar de todo, mis estimados colegas socialistas,
nuestro agradecimiento y nuestro más sentido reconocimiento también está
con sus señorías.
En todo caso, el magnífico resultado de la abolición de la pena de muerte
no va ni debe contabilizarse en el haber personal de este Senador, ni
siquiera en el exclusivo haber político del Grupo al que representa o de
cualquier otro tan dignamente representado en esta Cámara, puesto que, a
fin de cuentas, el óptimo resultado final que se espera y que parece
anunciarse va a ser, en definitiva, fruto del entendimiento y el producto
de un consenso entre todos los grupos políticos con representación
parlamentaria. Y es aquí, señorías, donde radica la principal virtud del
éxito por el que todos habremos de felicitarnos, la virtud --nunca mejor
dicho-- del consenso entre todos con referencia a un tema de singular
importancia desde la perspectiva defensora de los derechos del hombre,
como realmente es la abolición absoluta de la pena de muerte, que, en
definitiva, va a generar en este país un solo y único ganador sobre todo
el debate habido. En efecto, el ganador absoluto no va a ser otro que el
propio concepto integral de los derechos fundamentales del hombre; es
decir, el respeto de los derechos humanos en su integridad, de principio
a fin, en contra --según propugnábamos los portavoces de los grupos
intervinientes en el debate de hace 15 días--, dicho con todo respeto, de
los criterios expuestos por el excelentísimo señor Ministro de Defensa
que, visto lo visto y de entrada, dicho sea con todo cariño, se ha hecho
acreedor de un buen tirón de orejas.
No va, señorías, con nosotros ni con nuestro estilo ensañarnos con nadie,
pero sí debemos decir, aun sintiéndolo mucho, que aunque nunca es tarde
si la dicha es buena, hubiera sido recomendable que el señor Ministro
hubiera acudido a esta Cámara, tras una reflexión seria o tras alguna que
otra consulta que le ilustrara o convenciera de la debilidad argumental
de su tesis a exponer, frente a la solidez de las razones y el firme
posicionamiento con que iba a encontrarse por parte de los grupos
oponentes, que éramos muchos y bien armados, dicho sea en términos de
dialéctica pura.
En todo caso, señorías, también es de agradecer la buena disposición
final del señor Ministro de Defensa como responsable del área ministerial
que le corresponde. Es verdad. Aquí hubiera terminado mi referencia al
señor García Vargas si no fuera porque en la prensa de hoy comparece
manifestando que en caso de guerra se reimplantaría la pena de muerte,
siendo éste su convencimiento. Dice textualmente que la declaración de
guerra se produce en una situación que no propicia la racionalidad --en
lo que estamos totalmente de acuerdo--, por lo que --añade-- si se
llegara a ese extremo, es muy probable que se reimponga la pena capital
sin las garantías procesales del actual Código Penal.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bolinaga, ya ha terminado
su tiempo. Acabe en cuanto pueda.
El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, enseguida termino.
Estas palabras y esta actitud del señor García Vargas lo explican por sí
solas, por lo que no voy a entrar en el desmenuzamiento analítico de su
contenido. De todas formas, si éstos son sus sentimientos y éstas son sus
palabras ciertas y desde su convencimiento ministerial nos anuncia un
hipotético futuro tan mísero y degradante, hay que confiar, señorías, en
que el señor García Vargas no sea el responsable máximo de las Fuerzas
Armadas en ese futuro hipotético.
Su desolada exposición ante esta Cámara y sus manifestaciones posteriores
a la óptima determinación del Partido
Socialista, que hemos comentado, lo sitúan, a nuestro entender, en un
posicionamiento forzado y fuera de la línea de actuación que le es
exigible en su actual condición. Ha quedado fuera de juego,
lamentablemente, y bien que siento decirlo.
Se me ocurre pensar en algo que no voy a decir, primero, porque no está
presente el señor Ministro de Defensa, por lo que creo que no sería
correcto y, segundo, porque probablemente no iba a hacerme caso alguno.
Pero sí voy a decir lo que yo creo que me sentiría obligado a realizar,
dada la actual coyuntura en que se encuentra el señor Ministro, puesto
que si yo me encontrara como él, me sintiera forzado a mantener un
posicionamiento contrario a mis criterios personales de fondo, señorías,
una de dos: o me callaría disciplinadamente, o presentaría mi dimisión.
Haría todo lo que sea menos meterme a agorero de signo nefasto y, sobre
todo, no intentaría descalificar a priori un posible consenso entre todos
ni devaluaría una decisión de mi propio partido político, en este caso el
Partido Socialista, con un temerario anuncio sobre el no cumplimiento de
un Código Penal Militar que ha de surgir de una sociedad democrática.
También hubiera sido bueno que la decisión del Partido Socialista pudiera
haberse dado antes. Lo digo porque si bien este Senador es consciente de
que el criterio general de los socialistas es paralelo a sus propios
criterios ya manifestados, siempre quedará la duda de que el Partido
Socialista en cuanto tal ha actuado como a remolque de unas
circunstancias que finalmente ha considerado perdidas y que, en última
instancia y para no quedar en evidencia, ha iniciado una última
carrerilla oportunista para ocupar la primera plaza del foro.
Digo que esto es lo que se puede pensar y no lo que este Senador piensa.
Y lo decimos, créanme, señorías, con todo afecto y con cierta
preocupación, pero muy interesados, eso sí, de que en el futuro todos
tengamos un mismo sentido de la oportunidad y de la puesta en común para
todo aquello que real y decididamente valga la pena y, en particular,
para todo cuanto concierne a los derechos del hombre, que son los
derechos inalienables de todos nosotros sin excepción y que están muy por
encima de toda acción política o partidista.
Dicho esto, rápidamente, señor Presidente, y contando con su
benevolencia, voy a centrarme en la materia de nuestra moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le pediría que se fije
en el cronómetro, ya que está casi a punto de doblar su tiempo.
El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, es un tema tan complejo que
se merece una atención un poco específica. Le ruego sea amable y me
permita que haga una selección entre mis apuntes para referirme,
sucintamente, al tema que particularmente pueda interesar. Voy a intentar
ceñirme, permítamelo, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Sí, señoría. Sin embargo, si me
lo permite, aprovecho para decirle que una moción consecuencia de
interpelación ya está debatida suficientemente al sustanciarse la
interpelación y, por tanto, el tiempo es éste, no es más.
Su señoría tiene la posibilidad de terminar tranquilamente, pero no
quisiera sentar un precedente sobre el tratamiento de las mociones
consecuencia de interpelación.
Puede continuar.
El señor BOLINAGA BENGOA: Entendido, señor Presidente, tiene toda la
razón y le ruego que me disculpe.
Ciñéndome al contenido de nuestra moción, su objetivo es interesar al
Senado para que inste al Gobierno a tomar en cuenta la resolución 1044 y
asuma, para firma y ratificación, la recomendación 1246 de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, puesto que ambos documentos se
refieren explícitamente a la abolición absoluta de la pena de muerte,
habiendo sido aprobados con los votos nominales de los miembros de dicha
Asamblea, entre los que nos encontramos ocupando escaños cuantos
componemos la delegación representativa de nuestro Congreso y Senado
conjuntamente.
La resolución 1044 afirma la existencia de argumentos irrefutables contra
la aplicación de la pena de muerte y demanda a los Parlamentos de todos
los Estados miembros del Consejo de Europa y de todos los Estados cuya
Asamblea legislativa se beneficia del estatus de invitado especial y que
mantienen la pena de muerte por delitos cometidos en tiempo de paz y en
tiempo de guerra a que las supriman completamente de sus leyes y
reglamentos. Exhorta a todos los miembros de la Asamblea a iniciar
personalmente acciones en favor de la abolición de la pena de muerte en
sus respectivos países y termina insistiendo cerca de los Parlamentos de
todo el mundo que aún estén pendientes de su abolición total para que lo
hagan con urgencia y sigan el ejemplo de la mayoría de los Estados
miembros del Consejo de Europa.
La recomendación 1246, tema principal de la moción de esta tarde, tras
deplorar que un porcentaje minoritario de Estados miembros del Consejo de
Europa sustente todavía la pena de muerte, considera que ésta no debe
tener lugar legítimo en el sistema penal de las sociedades avanzadas y
civilizadas y que su aplicación es comparable a la tortura y a los
tratamientos inhumanos y degradantes que contempla el artículo 3 de la
Convención Europea de los Derechos Humanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, me tendrá que escuchar
otra vez un momento. Si le parece bien, en un minuto terminamos.
El señor BOLINAGA BENGOA: Sencillamente, señor Presidente, estoy dando
lectura a la recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, con lo cual termino, si usted me permite.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): ¿Y esto cuánto va a durar, más o
menos?
El señor BOLINAGA BENGOA: Un minuto o minuto y medio.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muy bien, gracias.
El señor BOLINAGA BENGOA: En consecuencia, la Asamblea recomienda al
Comité de Ministros, entre los cuales se encuentra el Ministro español,
la elaboración de un protocolo adicional a la Convención Europa de los
Derechos del Hombre, aboliendo la pena de muerte en tiempo de paz y en
tiempo de guerra y que obliga a los firmantes a no introducirla en
circunstancia alguna.
Demanda la creación de un mecanismo de control supervisado por el
Secretario General y aplicable tanto a los Estados miembros como a los
Estados invitados. Obliga a todos los Estados cuya legislación prevé
todavía la pena de muerte para crear una Comisión, en el más breve plazo
posible, específica para abolir la pena de muerte. Y tras señalar otros
puntos referentes a situaciones y acciones del caso presente, y que en
estos momentos no son felizmente coincidentes en el caso de España, sigue
recomendando la organización de una conferencia que pudiera tener lugar,
durante 1995, sobre la abolición de la pena de muerte.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, usted no sabe lo mal que
me sabe tener que intervenir de esta manera.
El señor BOLINAGA BENGOA: Sólo ruego a sus señorías que aprueben la
moción que tengo planteada.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Pido comprensión; mi función es ésta, y quisiera no ejercerla nunca.
¿Alguien desea intervenir para un turno en contra? (Pausa.) Nadie hace
uso del turno en contra.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador
Petrizan.
El señor PETRIZAN IRIARTE: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, como no puede ser menos, quiero agradecer al Senador
Bolinaga y al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos la
presentación de esta moción tras la interpelación del otro día, y además
augurarles éxito, como parece, en la tarea que se han marcado.
Hace unos días veíamos aquí al Ministro de Defensa, que, en mi opinión,
hacía un esfuerzo patético para mantener una posición solitaria en esta
Cámara, argumentando a favor de que no desapareciera del Código Penal
Militar la pena de muerte. Los argumentos que daba --para ser suave-- yo
diría que olían a naftalina, olían a antiguo, a viejo, a desfasado. Y la
oportunidad de esta moción lo va a poner inmediatamente al descubierto.
El señor Ministro de Defensa, al menos en esto --y creemos que no sólo en
esto-- se ha quedado antiguo. Y cuando yo le argumenté la desarmonía que
existía entre el mundo civil y el militar en algunas cosas una era ésta y
otra sería, por ejemplo, el mantenimiento, la no corrección en absoluto y
el empecinamiento en el actual Servicio Militar obligatorio sin proponer
absolutamente ninguna corrección, él me contestó que no existía
desarmonía, que todo era armonía y todo era un mundo perfecto y
normalizado. Y no era así, como podemos ver hoy.
Pero es que, además --y en este caso me referiré también al Ministerio de
Defensa-- la mejor propaganda contra el Servicio Militar obligatorio --y
esta moción está relacionada con ello-- la hace precisamente el propio
Ministerio de Defensa con alguno de sus altos cargos a la cabeza. Ningún
Grupo de las Cámaras, ni de esta Cámara --que, por lo que se ve, para el
Grupo Socialista es la subsidiaria--, ni de la otra, parece que está de
acuerdo en mantener la pena de muerte en el Código Penal Militar, a tenor
de la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso de los Diputados que, por lo que se ve, es la
Cámara de primera. Por ello podemos pensar que del patetismo del que yo
hablaba en días pasados, directamente pasamos al esperpento. ¿Cuál va a
ser el esperpento? Que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar que
sí a la moción de hoy.
Yo lo único que les pido, señoras y señores Socialistas, es que nos den
un respiro a los humildes Senadores, porque no estamos preparados para
semejantes cambios de actitud en cuestión de escasamente quince días. Y
si estos giros sirven para demostrar que la esclerosis múltiple que yo
diagnosticaba al Grupo Socialista en el asunto de la objeción de
conciencia y la insumisión va remitiendo, bienvenidos sean, pero yo
pediría que no hiciéramos triples debates sobre las mismas cuestiones
porque aquí se está cambiando de posición de un Pleno a otro.
Para terminar, quiero reiterar el agradecimiento al señor Bolinaga por
posibilitar este debate, que yo creo que es importante, sobre la
anulación de la pena de muerte en el Código Penal Militar, y en la
próxima proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista veremos que esto se sustancia ya en un texto legal.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Petrizan.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
Senador Travieso Darias.
El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, por supuesto que nuestro Grupo va a apoyar la moción presentada
por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, defendida
por el Senador Bolinaga; las argumentaciones ya las dimos en el Pleno de
hace quince días, cuando se discutió la interpelación presentada por el
mismo Senador, y están bastante claras.
Nosotros defendemos que no debe existir la pena de muerte, y mucho menos
en caso de guerra. Si la Constitución Española anula de nuestro
ordenamiento jurídico la pena de muerte en situación normal, aunque la
permite en caso de guerra, yo creo que el Senador Bolinaga y su Grupo
Parlamentario han tenido un gran acierto al ceñirse
únicamente a lo que dispone el Código Penal Militar. Pero creo que de
aquí en adelante habrá que dar otro paso más para que entre todos los
Grupos de la Cámara --ya que parece que ahora hay consenso-- intentemos,
si es posible, modificar la Constitución y que de una vez por todas se
erradique de nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de la pena de
muerte, tanto en caso de paz como en caso de guerra.
No voy a incidir más en el fondo del asunto, pero sí sobre el hecho que
han recalcado los dos Senadores que me han antecedido en el uso de la
palabra en cuanto a la presentación de una proposición no de Ley en el
Congreso de los Diputados en el día de ayer por parte del Grupo
Socialista, hecho que, por lo menos, nos acongoja, porque, no voy a
calificar la postura del Grupo Socialista como el Senador Petrizan, de
esclerótica, pero permítanme que les diga que, por lo menos, en esta
cuestión han estado un poco faltos de cintura política.
Si en los debates de la Constitución, el portavoz del Partido Socialista
Obrero Español, don Felipe González, dijo que la redacción de la misma en
lo relativo a la pena de muerte no cumplía todas las expectativas de las
fuerzas de izquierda e intentó que se anulara la posibilidad de la pena
de muerte en caso de guerra, nos resulta chocante que el Partido
Socialista dé ahora unos giros tremendos en ese tema, y que hace quince
días el Ministro de Defensa, señor García Vargas, defendiera lo
indefendible para el Partido Socialista. Nosotros respetamos la defensa
de esta postura, pero entendemos que el Partido Socialista llevaba una
trayectoria en ese sentido que le obligaba a seguir las mismas
argumentaciones propuestas desde la clandestinidad y en la etapa
democrática, por lo que no entendemos esa postura zigzagueante o ambigua.
Les pediría que fueran más claros en estas cuestiones y que cuando un
Grupo Parlamentario tiene la valentía de traer a una de las Cámaras un
tema tan importante como éste, no intenten quitarle protagonismo, y a los
quince días, cuando ven perdido el asunto, presenten deprisa y corriendo
una proposición semejante en el Congreso de los Diputados. Es más
caballeroso decir que lo han reconsiderado, que están de acuerdo y que
van a apoyar la moción. Como ha dicho el Senador Bolinaga, ni él ni su
partido político se pretenden apuntar la idea, que será de toda la
Cámara.
Nuestra postura es clara. Votaremos a favor de esta moción del Senador
Bolinaga. Esperemos que se cumpla pronto el mandato del Senado al
Ejecutivo para que desaparezca de nuestro ordenamiento jurídico, del
Código Penal Militar, la pena de muerte en caso de guerra, y haremos
votos para que dentro de poco también desaparezca de nuestra
Constitución, tras el irremediable proceso de modificación de nuestra
Carta Magna.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Travieso
Darias.
Por Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para sentar el criterio de Convergència i
Unió en este tema apasionante.
Damos por reproducido cuanto manifestábamos con ocasión de la
interpelación del Senador Bolinaga. El mérito será siempre del Partido
Nacionalista Vasco y de su dignísimo Senador, el señor Bolinaga, a pesar
de la renuncia expresa que de ello ha hecho en este acto. Ni aun así debe
olvidarse de quién partió la iniciativa y quién, en definitiva, ha
llevado al Gobierno a pronunciarse del modo que lo hace. No quiero caer
en el vicio de los juegos florales, pero a Dios lo que es de Dios y al
César lo que le conviene. Gracias, Senador Bolinaga.
Lo que no sabía, señoría, es que el Ministro chaqueteara ante la prensa.
Mi última noticia es que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado
en el Congreso una proposición que de alguna manera suprime las
referencias a la pena de muerte en el Código Penal Militar. Pero esto es
una trampa saducea, porque si el Ministro añade que en cuanto le
convenga, en caso de guerra, va a restablecer la pena en el Código de
Justicia Militar, malamente se puede aceptar.
Hay una solución, que parece que la prensa también la atribuye al señor
Almunia: el PSOE no descarta retocar también la Constitución. Esta es la
solución que, en nombre del señor Bolinaga, formulo a sus señorías:
modifiquemos la Constitución; modifiquémosla en el modo y sistema que
propuse a la Cámara en mi intervención del pasado 15 de noviembre. Leeré
a sus señorías el escueto párrafo: «A nuestra Constitución le hicieron en
su día, señor Ministro, un flaco favor dejando en tan solemne documento
una referencia a la posibilidad de la muerte legal. Liberemos a la Carta
Magna de este lastre. Parlamentariamente es posible...», etcétera.
Yo entiendo, señorías, que lo que corresponde ahora es modificar la
Constitución, y, de esa manera, cerramos la posibilidad anunciada por el
Ministro. El recorte de prensa del que he hecho mención atribuye al
Diputado señor Almunia que no descarta retocar la Constitución. Pues
bien, vamos allá, «som-hi» que decimos los catalanes. Le ofrecemos al
Senador Bolinaga nuestra colaboración para articular la iniciativa legal
constitucionalmente pertinente para modificar la Constitución. Que sea el
Senado quien encabece la iniciativa, porque a esta Cámara corresponde la
iniciativa de este proyecto, despertar las conciencias, forzar voluntades
y, en definitiva, conseguir aunar criterios para convertir a este país en
un Estado moderno y respetuoso con el más elemental de los derechos
humanos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vallvé.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Ruego a sus señorías un momento de atención para el texto que les voy a
leer y creo que merece la pena que dentro
de muy poco tiempo lo eliminemos de nuestro ordenamiento jurídico.
Disculpen por la lectura: «Tan pronto como el juez instructor notifique
el fallo de muerte recaído al que haya de sufrir pena capital, se le
pondrá en capilla, proporcionándosele los auxilios que el mismo juez
autorice de conformidad con lo prevenido en el Código de Justicia
Militar. Al entrar en capilla el reo, sin perjuicio de las medidas
generales de seguridad que tenga a bien ordenar el Gobernador del
establecimiento, se concederá su custodia al piquete que ha de realizar
la ejecución, si fuera militar. La pena de muerte se ejecutará con
arreglo a la ley. El Gobernador del establecimiento hará que se observen
las disposiciones prevenidas en la misma. Desde el momento en que se
notifique la sentencia hasta que se ejecute, cuidará el Gobernador del
establecimiento que reine el mayor silencio, suspendiendo los paseos y
demás actos que pudieran turbar el recogimiento debido en tales casos.»
Señor Presidente, señorías, pido perdón por la solemnidad, debida,
quizás, a la emoción con la cual me he dirigido a sus señorías.
Naturalmente, yo no voy a repetir toda la argumentación de la discusión
de la interpelación de hace 15 días. Ya dije entonces, y ahora lo
reitero, que en el Grupo Parlamentario Popular pensamos que, tal y como
está configurado en la Constitución el derecho a la vida, a la vida en
sí, más que como un derecho, como un presupuesto material para el
ejercicio de los demás derechos, textos como el que les acabo de leer no
merecen formar parte de nuestro ordenamiento jurídico ni un minuto más,
señorías.
Me gustaría añadir, dirigiéndome especialmente a los Senadores que me han
precedido en el uso de la palabra, que hace mucho tiempo que he
renunciado a entender al Partido Socialista Obrero Español. Hace 15 días
dejaron ustedes solo al Gobierno; dejaron al Ministro de Defensa
completamente solo. Hace menos de 48 horas, ustedes han presentado de
prisa y corriendo nada menos que una proposición de Ley Orgánica de
abolición de la pena de muerte, y yo creo y espero que el Senador Galán,
que creo que va a intervenir en último lugar, me pueda convencer de que
lo han hecho más por pura convicción que por huir de la soledad,
señorías.
Y algo de esto debe de haber a tenor de las declaraciones que ha
realizado el Ministro de Defensa: si España realiza una declaración de
guerra, se reimpondrá la pena capital.
Como el resto de mis colegas, yo no sé qué pensar, yo no sé si es que el
señor García Vargas se ha vuelto independiente --ahora que el Ministro
Belloch nos confirmaba ayer que ya no lo es--, yo no sé si es que el
señor García Vargas pasa del Partido Socialista, pasa de las Cortes, pasa
de las leyes que se aprueban aquí, y sí que lamento que no esté aquí
presente, porque, señorías, muy gustosamente y en muy poco tiempo
--atendiendo los requerimientos del Presidente-- yo le explicaba lo que
es la seguridad jurídica, porque parece que este hombre no lo acaba de
entender.
Ahora que el PSOE pretende modificar en solitario la Constitución, ¿se
acuerdan ustedes del consenso, señorías? ¿Se acuerdan ustedes del acuerdo
de todos los grupos que presidió, hace ya tiempo, los debates
constitucionales? En nombre de mi Grupo quiero decirles que por lo menos
en lo que se refiere a este punto, o a cualquier punto de la
Constitución, o la iniciativa se deja al Gobierno o se deja al conjunto
de la Cámara para que todos, de común acuerdo, estampemos nuestra firma
en una proposición de ley orgánica, tramitada por su sencillez en lectura
única y por el procedimiento de urgencia, por motivos más que obvios,
señoría.
Nosotros nos alegramos mucho de esta defensa unánime de la vida,
felicidades otra vez, Senador Bolinaga, por esta fantástica iniciativa;
pero sin medallas, señorías. (Dirigiéndose a los escaños de la
izquierda.)
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador don Joaquín Galán.
El señor GALAN PEREZ: Con la venia, señor Presidente, para manifestar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista, favorable a la moción
defendida por el Senador Bolinaga.
Yo creo que hoy es un día importante para todos los abolicionistas, para
todos los que desde hace muchos años hemos luchado por la absoluta
eliminación de la pena de muerte en cualquier legislación democrática. En
modo alguno quiere aquí el Partido Socialista apuntarse ningún tanto;
nosotros reconocemos que en esta lucha ha habido iniciativas importantes
y que, en definitiva, la primera iniciativa fue el propio debate
constitucional. Cuando la Constitución llegó en fase de proyecto a esta
Cámara ninguna referencia había en el artículo 15 a la abolición de la
pena de muerte; hubo una enmienda conjunta de los Grupos Socialista,
Comunista, Nacionalista Vasco, Catalán y Mixto --exactamente esos Grupos
y no otros, señorías-- absolutamente abolicionista, sobre la que se
colocó una enmienda transaccional por parte del Grupo UCD, que defendió
muy brillantemente, por cierto, el entonces Ministro y Diputado señor
García Añoveros. Yo quiero rendir desde esta tribuna un homenaje de
reconocimiento a quien entonces posibilitó aquella redacción del artículo
15 de la Constitución con esa enmienda transaccional y a quienes después
ofrecieron en esta Cámara, en este Senado, avances posteriores, como fue
el Senador Cirici Pellicer de Entesa dels Catalans, para limitar la
expresión de «en tiempos de guerra» a la expresión, sencillamente, «para
tiempos de guerra».
Yo creo que, en definitiva, el trayecto que se ha recorrido desde el
advenimiento del régimen democrático con la Constitución del 6 de
diciembre de 1978 hasta este momento ha sido un trayecto importante, en
el que han intervenido muchos parlamentarios, y recuerdo aquí al Diputado
Antonio Moreno, del Partido Andalucista, a Diputados de otros grupos en
el Congreso, como los del Grupo Nacionalista Vasco, a Senadores, como por
ejemplo el Senador Otamendi y el Senador Dorrego, del Grupo CDS, que han
defendido la abolición de la pena de muerte en esta Cámara en la pasada
legislatura. A todos ellos quiero
agradecerles ese impulso para la desaparición de la pena de muerte en el
Código Penal Militar, en la Ley Orgánica de Competencia y Organización de
la Jurisdicción Militar y en la Ley Procesal Militar.
No voy a agotar aquí el tiempo haciendo referencias como la cita del
Senador socialista, Rodríguez Pardo, al Marqués de Beccaría en el debate
del año 1985, o la cita del profesor Rodríguez Devesa en ese mismo
debate, o las que ha realizado tan brillantemente la Senadora Rosa Vindel
esta misma tarde.
Quiero referirme a una frase que aparece en el «Diario de Sesiones» de
esta Cámara, de fecha 5 de junio de 1991, durante la intervención del
Senador que ahora les habla --entonces en contra de una proposición de
ley del Grupo del CDS--, que decía: «Estoy absolutamente seguro de que
todos los que hemos intervenido y vamos a intervenir en este debate somos
contrarios a la pena de muerte, incluso contrarios a la posibilidad de
que este supuesto de hecho excepcional que es la guerra pueda ser un dato
justificativo que posibilite la excepcionalidad de la aplicación de dicha
pena en una sentencia y por tribunales perfectamente garantizados, con un
procedimiento pleno de garantías para el acusado, pero que debe tender a
eliminarse.»
Por tanto, en aquel momento señalábamos que nos oponíamos a la toma en
consideración de aquella iniciativa, no por razones de fondo, sino
exclusivamente por razones formales y de oportunidad política.
Igualmente, quiero agradecer el impulso de organizaciones como las
europeas, la recomendación número 1.246, de octubre de este año, de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la resolución 1.044 de la
misma Asamblea Parlamentaria y el impulso de organizaciones
internacionales no gubernamentales como Amnistía Internacional, que ha
insistido una y cien veces sobre la necesidad de esta abolición, para
decir a sus señorías que entendemos sinceramente que éste es el momento y
la oportunidad de que todos, conjuntamente, lleguemos a la plena
abolición de esa figura, absolutamente del pasado, que es el
mantenimiento de la pena de muerte, incluso para tiempos de guerra.
Nuestro Grupo no quiere obtener, en modo alguno, ningún tipo de
protagonismo en esta materia. Si la iniciativa de anteayer se presentó en
el Congreso fue, sencillamente, por razones de rapidez, para ir más
deprisa que si la hubiéramos presentado en esta Cámara. Reconocemos,
pues, el impulso, la iniciativa previa a la nuestra de anteayer, de
muchos grupos diferentes y saludamos la incorporación a esta posición de
grupos que hasta bastante más tarde que los que tomaron la iniciativa
hace cuatro o cinco años han mantenido una actitud reticente a esta
eliminación. Creemos que la desaparición de esa posibilidad, que todavía
está contemplada en el artículo 15 --y que exige, por tanto, una reforma
constitucional--, exigiría el pleno consenso de todas las fuerzas
políticas. Si a lo mejor abordamos una reforma constitucional para otros
temas, sería un buen momento para reformar también el artículo 15. Pero
en modo alguno el Grupo Socialista va a intentar, ni en ésta, ni en
ninguna otra materia, una reforma constitucional sin el pleno consenso de
todas las fuerzas políticas parlamentarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Galán, tiene el tiempo
limitado.
El señor GALAN PEREZ: Termino, señor Presidente.
Por tanto, como en este tema, cualquier reforma exigirá el consenso de
todos.
Quiero felicitarles a todos ustedes, y muy sinceramente al Senador
Bolinaga, por esta iniciativa, así como reiterar que nuestro Grupo no
pretende ningún protagonismo en esta Cámara, ya que creo que el
protagonismo real es para todos los que han luchado por la eliminación de
esta lacra del pasado, por la desaparición de esta herencia de otras
épocas en las leyes de un Estado social y democrático de Derecho. Estamos
mucho más a gusto con los 96 países que tienen abolida íntegramente la
pena de muerte, que con esos otros --Turquía, Lituania, Letonia, Rumania,
Hungría-- que todavía mantienen la posibilidad excepcional de esta pena
--al momento de cuya ejecución, tal como está reglamentada, hacía
referencia la Senadora Vindel--, que creo que debe avergonzarnos a los
hombres que nos sentimos fundamentalmente miembros de una comunidad
internacional, seres libres e iguales, y viviendo en una sociedad
democrática.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El Senador Bolinaga tiene la palabra por dos minutos y supongo que por el
artículo 87.
El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, en primer lugar, quiero
agradecerle los cortes y recortes que me ha dado durante mi intervención,
que acepto humildemente pues acato las decisiones de la Presidencia.
Muchísimas gracias.
En efecto, he pedido la palabra por el artículo 87 y la verdad es que en
estos momentos, en que realmente me siento conmovido y hasta emocionado,
podría decir muchas, tal vez muchísimas cosas. No obstante, creo que lo
sustancial está dicho y, particularmente, que lo más importante se ha
conseguido gracias al consenso de todos los grupos representados en esta
Cámara para defender de principio a fin, de punta a punta y en todo
momento un concepto tan elevado sin el cual no se explica el género
humano en la tierra; es el concepto y la conceptuación íntegra de los
derechos humanos y el respeto debido a todos ellos sin exclusión de uno
sólo.
Muchas gracias a todos, señorías. Y también, cómo no, muchas felicidades
a todos los grupos y a todos los organismos, como, a título de ejemplo,
Amnistía Internacional, que durante tantísimo tiempo y contra viento y
marea han luchado desinteresada y denodadamente por llegar a este
resultado final que parece vamos a conseguir en estos mismos instantes.
Muchísimas gracias y muchísimas felicidades, felicitémonos todos y
esperemos que el futuro sea mucho mejor de lo que ha sido el pasado.
Muchas gracias, señor Presidente. Ruego votación reglamentaria sobre esta
moción. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación la
moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos por la que se insta al Gobierno a que, una vez
tomada en cuenta la Resolución 1.044 de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, de 4 de octubre de 1994, haga uso de su presencia en
el Comité de Ministros del Consejo de Europa y asuma, para firma y
ratificación, la Recomendación 1.246 de esta Asamblea, de 4 de octubre de
1994, para que, en su consecuencia, se proceda a la abolición de la pena
de muerte contemplada en diversos artículos de la Ley Orgánica 13/1985,
de 9 de diciembre, del Código Penal Militar.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 223.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada. (Aplausos.)
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A DESIGNAR UN NUEVO EQUIPO GESTOR PARA LA COMPAÑIA IBERIA,
LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S. A., QUE SE RESPONSABILICE Y PROPONGA LAS
MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA INTENTAR REFLOTAR DICHA COMPAÑIA. (671/000018.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al siguiente punto del
orden del día: Moción consecuencia de interpelación del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a
designar un nuevo equipo gestor para la Compañía Iberia, Líneas Aéreas de
España, S. A., que se responsabilice y proponga las medidas alternativas
para intentar reflotar dicha Compañía
Senador Utrera Mora, tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el pasado 15 de noviembre tuve ocasión de interpelar al
Gobierno sobre la situación de Iberia y sobre las perspectivas de futuro
de esta Compañía. De la respuesta del Gobierno conseguimos extraer la
idea de que éste achacaba a causas externas, a las devaluaciones de la
peseta, a la guerra del Golfo, a la crisis económica internacional, la
grave situación por la que atraviesa la Compañía española. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) De hecho se nos definió una estrategia
defensiva para el futuro de Iberia, estrategia que se basaría en el
mantenimiento de los ingresos con una muy leve ganancia en el período
hasta 1996-97, y una reducción de gastos fundamentalmente de masa
salarial.
En la Comisión de Industria de esta misma Cámara, el pasado 22 de
noviembre, comparecía el Presidente de la Compañía Iberia, señor Salas,
que reiteraba los mismos argumentos, aunque, eso sí, añadía que Iberia
tenía condiciones, por su organización interna, por la cualificación de
su personal, por la tecnología utilizada, y también por operar en un
sector de demanda fuerte, tenía condiciones, repito, para mantenerse
rentable en el futuro, para ser una empresa viable; idea con la que
estuvimos y estamos todavía plenamente conformes.
A partir de esa fecha se precipitan los acontecimientos. El pasado
miércoles, en el Consejo de Administración de Iberia, se activa el
denominado Plan B, que supone recortes de empleo mayores para,
posteriormente, después de una huelga ilegal el pasado lunes en la
Compañía, acordarse ayer martes, de madrugada, el que podemos denominar
Plan C, que supone una nueva alternativa tanto en términos de ajuste
salarial como en términos de ajuste de plantilla en la Compañía.
Lo que introduce en el debate político toda esa cadencia de
acontecimientos es el despropósito, el desequilibrio con que se están
tratando los problemas de Iberia desde la dirección de la Compañía. De
ahí la conveniencia de reiterar los argumentos de la moción que presenta
el Grupo Parlamentario Popular, que se refiere básicamente a tres
aspectos principales.
Primero. Se requiere un nuevo equipo gestor para Iberia que reúna las
características de ser profesional, independiente y, sobre todo, tener
credibilidad ante los propios empleados de la Compañía, credibilidad que,
después de muchos años de mala gestión, el equipo actual ha perdido.
En segundo lugar, ese equipo tendría que elaborar un plan de salvación,
un plan excepcional de actuación en la Compañía para poder recuperar los
equilibrios financieros en un período de tres o cuatro años.
Y, por último --tercer argumento de la moción--, que se revisaran las
inversiones realizadas en compañías hispanoamericanas.
Esta moción se justifica fundamentalmente, como hemos señalado, en que
pensamos, como coincidían todos los técnicos de grado medio y superior, o
al menos la mayoría, e integrados en la plantilla de Iberia, como
coincidían hasta hace muy poco las principales fuerzas sindicales
--Comisiones Obreras, UGT y, desde luego, los otros sindicatos de clase
que integran la Compañía--, como coincidíamos todos, en que la gestión
había sido muy deficiente, primero, por desconocimiento profesional del
sector por parte de los gestores y, en segundo lugar, por haber
condicionado esa gestión a las imposiciones que desde el INI o, lo que es
lo mismo, desde el Gobierno, se hacían a esta Compañía.
Esa incompetencia se pone de manifiesto en múltiples actos de los
realizados por la Compañía Iberia, digamos que en los últimos cuatro o
cinco años. Por citar sólo algunos --puedo garantizarles que tenemos
identificados muchos más--, por ejemplo, la segregación que se hizo en
unidades de negocio, en la época del anterior Presidente, del señor
Aguiló, que siendo una idea que en teoría era buena, positiva en su
concepción para poder imputar costes a cada una de estas unidades
--segregar operaciones de interior, segregar operaciones europeas,
operaciones intercontinentales, identificar también unidades de actividad
concretas como pueden ser el «handling», materiales, etcétera--, se
convirtió de hecho en una auténtica inflación de cargos directivos, y se
convirtió de derecho en una desorganización fundamental de la Compañía en
la que, todas las unidades que deberían ser comunes, como puede ser el
marketing, la facturación, etcétera, permanecían como reinos de Taifa en
cada una de las unidades de negocio que integraban la Compañía.
La pérdida de economías de escala, la pérdida de sinergias que se
buscaban con esta reorganización administrativa de la Compañía ha sido de
tal importancia que nosotros pensamos que ha arrastrado y ha supuesto
unas cifras de resultados negativos, a partir de entonces, para la
Compañía.
En cuanto a los directivos, tenemos la descripción de todos ellos en los
años ochenta, en la época Aguiló, la época Salas, las diferentes
reorganizaciones directivas que ha habido en la Compañía, y percibimos
esa inflación de directivos a la que antes me refería, y percibimos
también que se incorporaban, y están enquistados en la dirección de la
Compañía, personas que son ajenas al sector, que desconocen el sector, y
que han tomado decisiones bastante negativas para una Compañía que opera
en este sector.
Decisiones de flota, por citar otro de los ejemplos en los que más se
puede percibir la parálisis de la actual gestión de la Compañía. En los
años ochenta se tomó la decisión de renovar la flota, lo que ha afectado
a la flota de medio y corto radio; renovación que ha sido parcial, porque
no se han desprendido de las viejas unidades, lo cual resta capacidad
competitiva a la Compañía, mientras que la flota de largo plazo aún está
pendiente de renovación y, diríamos más, las decisiones últimas que se
han tomado, basadas en una determinada marca, en un determinado modelo de
avión, resultan incoherentes e inconsecuentes con el tipo de tráfico que
la Compañía tiene que prestar. Voy a poner un ejemplo: una de las líneas
en las que se pierde más dinero, concretamente Madrid-Tokio, con los
nuevos aviones de largo radio que se van a adquirir no se puede hacer en
un solo salto. Consecuentemente se seguirá perdiendo en esa línea
(estamos hablando de pérdidas del orden de 5.000 ó 7.000 millones de
pesetas al año).
También encontramos influencias desde el Gobierno para que se operen
determinados tipos de aviones vinculados a otras ofertas --aviación
militar, etcétera-- y, en definitiva, en estos momentos se está operando
vía leasing aviones que, siendo propiedad de Iberia, hubo que ceder y
que, además, son inadecuados para la estructura de rutas que tiene que
prestar la Compañía.
¿Empresas subsidiarias? El tercer grupo de decisiones importantes de la
época del anterior Presidente de Iberia. Aviaco tenía de 50.000 a 60.000
horas de chárter consolidado, después de 15 años en la actividad, cedió a
la compañía Viva, también subsidiaria de Iberia...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ruego a su señoría que concluya
su intervención.
El señor UTRERA MORA: Enseguida.
Muchas gracias, señor Presidente.
Repito que Aviaco cedió a Viva los vuelos chárter, generando que una vez
que Lufthansa se retirara de Viva, no Aviaco ni Viva mantienen el chárter
y ambos entran en competencia con líneas de Iberia, abaratando costes y
prestando unos servicios para los cuales, además, su flota, por lo menos
en el caso de Viva, resulta claramente inadecuada.
Podríamos seguir mencionando las unidades de carga, las unidades de
negocio, el «handling», el mantenimiento, las inversiones en
Hispanoamérica, que siento mucho no tener tiempo para describirlas con
detalle, pero me permitirá el Presidente que dé una única pincelada.
El mayor competidor de Iberia en estos momentos en el vuelo Madrid-Buenos
Aires es, precisamente, Aerolíneas Argentinas. Los aviones, los vuelos,
salen con apenas diferencias de cinco minutos; primero el de Aerolíneas y
después el de Iberia. El primero lleno porque lo hace de un salto y el de
Iberia normalmente vacío porque utiliza el salto en Las Palmas.
Consecuentemente se está actuando como banquero de esa Compañía, se está
transfiriendo por vía indirecta beneficios y en líneas europeas también
Aerolíneas y Aviaco cuando fletan en Madrid y compiten en vuelos de Roma,
Londres, etcétera. Podríamos mezclar toda la estrategia de horarios, de
vuelos, de Viva, Aviaco, etcétera, para encontrar que, efectivamente,
Iberia se está convirtiendo en el pagano final, vía precios de
transferencias de otras compañías, que por sí solas tampoco son
rentables.
Y qué decir de los «hub» de Miami, que más que un «hub» parece...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ruego a su señoría que concluya.
El señor UTRERA MORA: ... y de otras cuestiones que podría ser
interesante poner en conocimiento de sus señorías.
Concluyo señalando que como resultado tenemos que Iberia en los últimos
años es la Compañía que más ha perdido en relación a su dimensión, en
comparación con las europeas y las americanas; que es la que tiene una
posición competitiva más débil, reconocida por la propia Compañía; que
está perdiendo cuotas de mercado rápidamente, y todo ello --termino--
fruto de decisiones desafortunadas de gestión.
Por ello, apelamos a los otros grupos de la Cámara para que aprueben esta
moción, que sirva, por lo menos, para meter algo de racionalidad en la
gestión de Iberia. De hecho nos preocupa el acuerdo alcanzado ayer mismo,
por cuanto no supone un acuerdo de viabilidad de la Compañía, es un mero
reparto de poder --sindical queremos decir--, y de poder dentro de la
Compañía, que no tiene en cuenta la viabilidad y el futuro de la línea de
bandera española y que, sin embargo, establece unas condiciones, unos
plazos y unas posibilidades de actuación de comisiones sindicales y de
gestión que, en unos casos y en otros, hacen dudar del futuro de la
empresa.
Por tanto, señorías, pedimos el voto positivo para una moción que
entendemos bastante razonable en sus propuestas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Cercós Pérez.
El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Lógicamente, vamos a oponernos a esta moción del Grupo Parlamentario
Popular, defendida por el Senador Utrera.
Tanto en el debate de la interpelación como hoy, Senador Utrera, siento
que su señoría, cuyo perfil y preparación este Senador conoce y valora,
se haya prestado a defender una moción de su grupo que no tiene una base,
que es inoportuna, que trata de entrar en la gestión de una empresa y el
Parlamento no tiene que acometer este tipo de planteamientos, ya que no
es competencia suya, y que no tiene en cuenta que ha habido con gran
esfuerzo, porque es un tema que preocupa a toda la sociedad española, un
acuerdo el pasado día 29 entre la dirección de la empresa Iberia y los
principales grupos sindicales que permitirá recuperar la rentabilidad
operativa de la Compañía.
Su señoría trata de atribuir la difícil situación de Iberia a los errores
de la gestión. Yo le demuestro a su señoría que no son errores de
gestión. En todo caso, en el equipo actual, Senador Utrera, el Presidente
y el Consejero Delegado tomaron posesión hace poco más de un año y el
resto del personal directivo en el pasado mes de julio.
El plan estratégico que se puso en marcha en 1991-1993 lo llevó adelante
la Compañía Iberia con resultados positivos, con una reducción de
personal de 3.645 trabajadores, igualada solamente por la compañía
Lufthansa, pero que supone la modificación de plantilla no traumática más
importante, con el consiguiente aumento de produtividad en comparación
con las demás compañías aéreas europeas. ¿Sabe su señoría que las
disminuciones de costes de explotación en el período 92-93 mejoraron en
12.100 millones de pesetas, pero que han resultado insuficientes por una
disminución de los ingresos, debida a una imprevisible reducción de
precios y disminución del número de pasajeros. Su señoría lo sabe
perfectamente.
Ha habido una liberalización profunda del transporte aéreo, y la va a
haber muchísimo más intensa, que ha llevado a la crisis a todas las
compañías en el mundo. Si no, cómo puede explicarse que la compañía Air
France tenga pérdidas desde 1990 y que haya pasado de 162 millones de
dólares a 1.505 en 1993; que Alitalia pase de 101 a 177; que Lufthansa,
que tenía beneficios en el año 1990, de 5,8 a 65,9 millones de dólares de
pérdidas en el 93; que SAS pase de 51 a 63; que American pase de 77 a
110; que United pase de 96 a 933 en el período 90-92; que Delta pase de
154 a una cifra superior a los 564 millones de dólares en el mismo
período. Esta es la realidad de las principales empresas del sector aéreo
a nivel mundial, señoría.
Los gestores de Iberia han actuado buscando las estrategias más
oportunas. Su señoría critica que se hayan hecho inversiones, por
ejemplo, en nuestra área natural, Iberoamérica. Pero, como dijo el señor
Salas en su comparecencia, este mismo año se espera que haya resultados
esperanzadores, que afirmen la operación de Aerolíneas Argentinas, Ladeco
y Viasa.
Pero no es solamente Iberia la que está buscando integrarse en un
proyecto global de transporte aéreo, sino que lo son todas las compañías;
se tratan de incorporar al proceso de globalización del transporte aéreo.
Air France también ha salido de su propio campo y tiene absorbida a UTA,
con participación mayoritaria en Air Inter y también tiene participación
en Air Canadá. Lufthansa tiene alianzas con Lauda Air de Austria,
Business Air del Reino Unido y United, Finnair, ambas con código
compartido. British Airways, US Air y Qantas, con participaciones amplias
en ambas, Suiss Air, alianzas con Delta y Singapore, KLM participación
del 25 por ciento en Northest y Air UK. Alitalia, acuerdos con
Continental y Malev, SAS participación en Continental y Swedair, etc.
Todas las empresas aéreas, a nivel mundial, están haciendo en este
momento la misma estrategia. Todas emprendieron un primer plan de
renovación, como lo hizo Iberia en 1991, y vieron alteradas las
previsiones por el avance de la política de liberalización de acceso al
mercado, por un crecimiento inusitado de los tráficos registrados y
transportes domésticos realizados por nuevos operadores privados y por
las consecuentes y agresivas guerras de precios. Los tráficos regionales
se han multiplicado y ha habido una competencia salvaje en las tarifas y
unas disminuciones de ingresos sobre los previstos que son las que ha
tenido Iberia, precisamente, en el año 1993, por importe de 110.000
millones y su repercusión sobre el resultado negativo de 95.700 millones
de pesetas antes de impuestos, de los cuales una parte, como su señoría
conoce, se han dedicado a resolver problemas financieros, más
concretamente saneamientos de cartera, ligados a la operación de integrar
en su grupo las empresas sudamericanas, en la línea de incorporar a
Iberia en la estructura globalizada del tráfico aéreo. Lo que se está
haciendo, señoría a nivel mundial es un proceso de globalización del
tráfico aéreo y de su industria y este Senador entiende que el equipo
gestor que está al frente de Iberia no puede ser responsable de que estas
mutaciones en brevísimo período de tiempo en el panorama del transporte
aéreo hayan alterado la viabilidad de Iberia que sus gestores tratan de
lograr en el Plan acordado con la práctica totalidad de sindicatos.
Este Senador entiende que sus señorías del Grupo Popular están empeñados
en transiciones a todo pasto hacia no se sabe dónde, pero en Iberia hay
un equipo gestor capacitado y con experiencia profesional. Los mejores
cuadros profesionales de la aeronáutica española están en la compañía
Iberia, tanto en su parte técnica como en su gestión económica y
financiera.
Además, señoría, debemos felicitarnos todos del acuerdo entre empresa y
sindicatos que ha habido el pasado
día 29. ¿Le parece lógico a su señoría y a su grupo parlamentario pedir
la dimisión del equipo gestor que ha logrado ese acuerdo con los
sindicatos, ese acuerdo que han firmado no solamente la representación de
Iberia, sino también UGT, Comisiones Obreras, que ha firmado el Sindicato
de Tripulantes de Cabina, SITCPLA, los técnicos de mantenimiento, ASETMA
y los técnicos de vuelo, SEOTV? Todos estos grupos en base a un
importante esfuerzo de colaboración acuerdan una estrategia que no
configura planes de «salvación» nuevos ni modifica sustancialmente el
anterior presentado por la Empresa, sino que reestructura las
posibilidades o previsiones en ingresos y las acciones y gestiones para
reducir gastos que se modifican de manera compensada para lograr la
viabilidad de la Compañía en un marco de rentabilidad. Si su señoría coge
un lapicero podrá comprobar mi afirmación ya que verá las cifras
previstas de reducción de personal no traumática en el acuerdo firmado no
son dos mil y pico, sino 3.500 personas, pero también se firma un acuerdo
de congelación de salarios para los años 93, 94, 95 y prorrogable al 96,
que ha sido aceptado por todos los sindicatos presentes, es decir, por
unanimidad, y sigue habiendo una reducción salarial global de 10.000
millones de pesetas repartida de manera progresiva, variando entre el 3 y
el 15 por ciento.
En fin, señorías, este Senador está convencido de que el equipo actual
que dirige Iberia es el que puede llevar perfectamente a conseguir la
viabilidad de la Compañía y lograr su incorporación al proyecto de
globalización del transporte aéreo. Este Senador entiende también que las
circunstancias actuales difíciles de Iberia hay que hacerlas corresponder
con las que tienen las principales compañías europeas.
No entro, señorías, a realizar las principales comparaciones sectoriales
entre Iberia y otros operadores a través de indicadores de los que se
suelen manejar, como los del coste en centavos dolar por AKO para el
mantenimiento o de tripulaciones o las cifras correspondientes a ingresos
también referidos a AKOS, que el otro día salieron en el debate, por no
cansar más a sus señorías, y que expresan la buena competitividad de
Iberia ya en este momento, pero tenemos razones y argumentos sobrados
para rechazar esta moción consecuencia de la interpelación que su
señoría, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, defendió días
pasados. Tenemos razones que creemos que son suficientes y expresivas de
la realidad del momento difícil que vive una compañía como Iberia, que
entendemos debe unir a todos los trabajadores de la Compañía y a todos
los españoles en un esfuerzo para lograr el objetivo de que Iberia
encuentre el camino de la viabilidad, en vez de torpedear con mociones
que ni son oportunas ni vienen a cuento, que son un testimonio de la nada
porque no tienen razón de ser en función de las circunstancias del
transporte aéreo y de la idoneidad de las personas comprometidas en
lograr el éxito de la viabilidad para la Compañía Iberia.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cercós.
¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.) Tiene la palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo comparte la preocupación por la difícil situación
de la Compañía Iberia y por las causas que la han llevado a ella, sin
duda debidas a importantes errores de gestión. Lo que está sucediendo en
Iberia es un claro ejemplo de las debilidades de gestión de las empresas
públicas cuando abandonan situaciones monopolísticas y sus mercados se
liberalizan progresivamente.
Sin embargo, consideramos que la moción que presenta el Grupo
Parlamentario Popular en su texto concreto es inoportuna en el tiempo. El
actual equipo directivo de Iberia se haya inmerso en un proceso de
negociación vital para el futuro a corto plazo de la compañía. En este
momento es urgente alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad de la
empresa a corto plazo, aun a riesgo de que sólo sea un parche. Un relevo
del equipo directivo en una compañía necesita un tiempo mínimo para
poderse hacer con garantías, y en estos momentos Iberia no dispone de
este tiempo.
Por otro lado, creemos también que no es correcto hacer extensiva la
responsabilidad política del Parlamento del control de la política del
sector público empresarial a intervenir en el nombramiento o relevo de
los equipos gestores profesionales de las empresas que, por principio,
deben estar ajenos a cualquier tipo de presiones o consideraciones
políticas. Ni es función del Parlamento decidir sobre los planes de
viabilidad de las empresas públicas, como se contempla en el texto
concreto de la moción.
Por todo ello, y aunque reiteramos nuestra preocupación por la situación
de Iberia y no valoramos en absoluto como buena la actual gestión de la
compañía, vamos a votar negativamente la moción que se ha presentado.
Nada más y muchas gracias, Señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)
Senador Utrera, no me pida la palabra, por el amor de Dios. Si está todo
clarísimo.
El señor UTRERA MORA: Por alusiones, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría.
El señor UTRERA MORA: El Portavoz socialista ha hecho dos referencias que
considero incorrectas. La primera de ellas es por qué se defiende una
propuesta como esta, que no supone injerencia en la gestión de Iberia,
sino que supondría un reconocimiento...
El señor PRESIDENTE: Señor Senador, no son alusiones, es volver a entrar
en la argumentación. Entiéndame su
señoría: el Reglamento es el Reglamento. Yo creo que la Cámara está
perfectamente informada de las posiciones que sus señorías han defendido
en estos momentos, y le ruego que le facilite al Presidente el orden del
debate. Muchas gracias.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a
designar un nuevo equipo gestor para la compañía Iberia, Líneas Aéreas de
España, S. A. que se responsabilice y proponga las medidas alternativas
para intentar reflotar dicha compañía.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a
favor, 98; en contra, 119; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Reanudaremos la sesión mañana a las diez. Se suspende la sesión.
Eran las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.