Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Senado, Pleno, núm. 35, de 11/05/1994
Año 1994 V Legislatura
Núm. 35
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 11 de mayo de 1994
ORDEN DEL DIA:
Lectura única de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Burgos (publicado en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
31, de fecha 27 de abril de 1994) (número de expediente S. 621/000031)
(número de expediente C. D. 121/000037).
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el
proyecto de Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 29, de fecha 9
de mayo de 1994) (número de expediente S. 621/000029) (número de
expediente C. D. 121/000033).
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de
Ley por la que se modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación
de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias. Se
tramita por el procedimiento de urgencia (publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 30, de fecha 9
de mayo de 1994) (número de expediente S. 621/000030) (número de
expediente C. D. 121/000039).
--De la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales en relación con el
proyecto de Ley por la que se establece el régimen jurídico de la
utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados
genéticamente, a fin de prevenir los posibles riesgos a la salud humana y
al medio ambiente (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 23, de fecha 9 de mayo de 1994)
(número de expediente S. 621/000023) (número de expediente C. D.
121/000019).
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de
Ley de Autonomía del Banco de España (publicado en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 24, de fecha 9 de mayo de
1994) (número de expediente S. 621/000024) (número de expediente C. D.
121/000021).
Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en Washington el 18 de marzo
de 1965. Se tramita por el procedimiento de urgencia (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 59,
de fecha 22 de abril de 1994) (número de expediente S. 610/000059)
(número de expediente C. D. 110/000075).
--Convenio internacional del Café de 1983, hecho en Londres el 16 de
septiembre de 1982, prorrogado por las resoluciones 347 de 3 de julio de
1989, 352 de 28 de septiembre de 1990, 355 de 27 de septiembre de 1991 y
363 de 4 de junio de 1993, del Consejo Internacional del Café (números de
expediente S. 610/000060; C. D. 110/000074).
Elección de miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente.
Mociones Consecuencia de interpelación:
--Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergéncia i Unió,
por la que se insta al Gobierno a que, en la elaboración de la
legislación básica, predomine la voluntad política de mantenerla en
aquellos contenidos que por su carácter de mínimo común normativo no
limiten o invadan competencias legislativas y de ejecución que tienen
asumidas y reconocidas las Comunidades Autónomas (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 118,
de fecha 9 de mayo de 1994) (número de expediente 671/000006).
Mociones:
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que remita a la mayor brevedad un proyecto de Ley de
modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, en orden a
tipificar y prever expresamente como infracción muy grave el amparo de
los clubes deportivos a los grupos de seguidores violentos (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
118, de fecha 9 de mayo de 1994) (número de expediente 662/000069).
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que, en el plazo de un mes, remita a las Cortes Generales un
proyecto de Ley en el que se contemplen exenciones del Impuesto sobre el
Patrimonio, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para
determinadas explotaciones agrarias (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 109, de fecha 18 de abril
de 1994) (número de expediente 662/000056).
--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, por la que se
insta al Gobierno para que, con carácter de urgencia, tramite ante las
Cortes Generales un proyecto de Ley que resuelva los problemas existentes
de doble nacionalidad, requisitos limitativos de residencia legal para
los emigrantes y sus descendientes en países iberoamericanos y otros
problemas de carácter técnico-jurídico y administrativo, así como para
que se deleguen las competencias de dispensa de residencia en las
entidades consulares de dichos países y se les dote de personal
complementario para agilizar los trámites y diligencias acumulados
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 84, de fecha 28 de febrero de 1994) (número de expediente
662/000040).
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez horas y veinticinco minutos.
LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Proyecto de ley de creación de la Universidad de Burgos (Página 1770).
No se produce debate de totalidad. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Vallvé i Navarro, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Martín Iglesias, por el Grupo Popular, y
Granado Martínez, por el Grupo Socialista. Vuelven a intervenir los
señores Barbuzano González y Torrontegui Gangoiti.
Se aprueba el proyecto de Ley por asentimiento de la Cámara.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el proyecto
de Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. Se tramita
por el procedimiento de urgencia (Página 1774).
El señor Arija Hernández, Presidente de la Comisión, anuncia a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Santiago
Lavado, quien así lo hace a continuación.
Se abre debate de totalidad.
El señor Herrero Merediz consume un turno a favor. El señor Cuevas
González consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió; Prada Presa, por el Grupo Popular, y
Herrero Merediz, por el Grupo Socialista.
Comienza el debate del articulado.
Capítulo I. Artículos 1 a 5.
El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, defiende las enmiendas números 26, 27, 29 a 40 y 46 a 48, a
este Capítulo, y da por defendidas las demás enmiendas presentadas al
resto del articulado. El señor Bolinaga Bengoa defiende la enmienda
número 7, del Grupo de Senadores Nacionalistas vascos. El señor Barbuzano
González defiende las enmiendas números 78, a este Capítulo, y 79 a 81,
al Capítulo II, del Grupo de Coalición Canaria. El señor Codina i
Castillo defiende las enmiendas números 1 y 2, a este Capítulo, y 3, al
Capítulo IV, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El
señor Rivera Mallo defiende las enmiendas números 57, 58 y 60, del Grupo
Popular. El señor Herrero Merediz consume un turno en contra.
Capítulos II a V. Artículos 6 a 21.
El señor Ramón i Quiles, del Grupo Mixto, Esquerra Nacionalista
Valenciana, defiende las enmiendas números 21 a 25. El señor Bolinaga
Bengoa defiende las enmiendas números 12, 14 a 16 y 18, retirando las
números 13 y 17, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor
Rivera Mallo defiende las enmiendas números 61 a 65, del Grupo Popular.
La señora Zabaleta Areta consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ramón i Quiles, por el
Grupo Mixto; Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Prada Presa, por el Grupo Popular, así como la
señora Zabaleta Areta, por el Grupo Socialista.
Disposiciones adicionales y final. Exposición de Motivos.
El señor Bolinaga Bengoa retira la enmienda número 18, al Capítulo IV, y
defiende las números 19 y 20, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos.
No se consume turno en contra.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 21, 22, 23, 24 y 25, del señor Ramón i
Quiles, por 7 votos a favor, 223 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 26 a 56, del señor Cuevas González y la
señora Vilallonga Elviro, por 2 votos a favor, 129 en contra y 102
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 7, 12, 14, 15, 16 y 19, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, por 12 votos a favor, 123 en contra y 99
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 78, 79, 80 y 81, del Grupo de Coalición
Canaria, por 12 votos a favor, 123 en contra y 98 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 1, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 123 votos a favor y 110 en contra.
Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 103 votos a favor, 114 en contra y 12
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 57, 58 y 60 a 65, del Grupo Popular,
por 99 votos a favor, 123 en contra y 10 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional, que se sustenta en la número 3,
del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, relativa al
artículo 16.3, y suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por 232
votos a favor y 2 en contra.
Se aprueba una enmienda transaccional, que se sustenta en la número 4,
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, relativa al artículo 2.1 a),
y suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, excepto el Popular, por
134 votos a favor, 2 en contra y 98 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional, que se sustenta en la número 20,
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que propone una nueva
disposición adicional, y suscrita por todos los Grupos Parlamentario,
excepto el Popular, por 134 votos a favor y 99 abstenciones.
Se aprueba el Capítulo I, artículos 1 a 5, excepto el artículo 3.2, con
las modificaciones introducidas, por 231 votos a favor y 2 en contra.
Se aprueba el artículo 3.2, según el texto del dictamen, por 133 votos a
favor y 100 en contra.
Se aprueban los Capítulos II a V, artículos 6 a 21, excepto el artículo
11.1 a), con la modificación introducida, por 231 votos a favor, 2 en
contra y 1 abstención.
Se aprueba el artículo 11.1 a), según el texto del dictamen, por 132
votos a favor, 99 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban las disposiciones adicionales primera y segunda, la
disposición final y la Exposición de Motivos, según el texto del
dictamen, por 231 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de Ley
por la que se modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de
los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias. Se
tramita por el procedimiento de urgencia (Página 1789).
El señor González Laxe, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Rodríguez
Rodríguez, quien así lo hace a continuación. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Marca i Cañellas, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Segura Clavell, por el
Grupo Socialista.
Comienza el debate del articulado.
El señor Brito González defiende las enmiendas números 10 a 23, del Grupo
de Coalición Canaria. La señora Luzardo Romano defiende las enmiendas
números 1 a 5, del Grupo Popular. El señor Segura Clavell consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor
Brito González, por el Grupo de Coalición Canaria; la señora Luzardo
Romano, por el Grupo Popular, y el señor Segura Clavell, por el Grupo
Socialista.
Se procede a votar.
Se aprueban las enmiendas números 16, 21 y 22, del Grupo de Coalición
Canaria, por 229 votos a favor de los 229 emitidos.
Se rechazan las enmiendas números 10 a 15, 17 a 20 y 23, del Grupo de
Coalición Canaria, por 12 votos a favor, 122 en contra y 97 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 5, del Grupo Popular, por 97 votos
a favor, 120 en contra y 12 abstenciones.
Se aprueba el proyecto de ley en su totalidad, con las modificaciones
introducidas, por 231 votos a favor de los 231 emitidos.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto
de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos
modificados genéticamente, a fin de prevenir los posibles riesgos a la
salud humana y al medio ambiente (Página 1797).
El señor Borderas Gaztambide, miembro de la Comisión, comunica a la
Cámara que ha sido designada para presentar el dictamen la señora Pérez
Maestu, quien así lo hace a continuación.
Se abre debate de totalidad.
El señor Borderas Gaztambide consume un turno a favor. El señor Garzarán
García consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de
la palabra los señores Bertrán i Soler, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió;
Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos,
quien al mismo tiempo defiende la enmienda número 78, del mismo Grupo
Parlamentario, y Garzarán García, por el Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las catorce horas y veinte minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
Comienza el debate del articulado.
Capítulo I. Artículos 1 a 3.
El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, da por defendida su enmienda. El señor Garzarán García
defiende las enmiendas números 28 a 30 y 32 a 35, del Grupo Popular. El
señor Borderas Gaztambide defiende el voto particular número 5, del Grupo
Socialista, y consume un turno en contra. En turno de portavoces, hace
uso de la palabra el señor Garzarán García, por el Grupo Popular.
Capítulo II. Artículos 4 a 11.
El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, da por defendidas sus enmiendas. El señor Torrontegui Gangoiti
defiende las enmiendas números 79 y 80, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor Garzarán García defiende las enmiendas
números 36 a 58, del Grupo Popular. El señor Borderas Gaztambide defiende
el voto particular número 5, del Grupo Socialista, y consume un turno en
contra.
Capítulo III. Artículos 12 a 16.
El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, da por defendidas sus enmiendas. El señor Torrontegui Gangoiti
defiende la enmienda número 81, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. El señor Garzarán García defiende las enmiendas números 59 y 60,
del Grupo Popular. El señor Zarallo Cortés consume un turno en contra. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Torrontegui
Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Garzarán
García, por el Grupo Popular, y Zarallo Cortés, por el Grupo Socialista.
Capítulo IV. Artículos 17 a 22.
El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, da por defendidas sus enmiendas. El señor Torrontegui Gangoiti
da por defendidas las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. El señor Garzarán García defiende las enmiendas números 61 y 62,
del Grupo Popular. El señor Zarallo Cortés defiende el voto particular
número 5 del Grupo Socialista, y consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hace uso de la palabra el señor Garzarán García, por el Grupo
Popular.
Capítulo V. Artículos 23 a 25.
El señor Torrontegui Gangoiti defiende la enmienda número 83 del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Zarallo Cortés consume un turno
en contra. El señor Garzarán García defiende las enmiendas números 63, 64
y 65, del Grupo Popular. El señor Zarallo Cortés consume un turno en
contra.
Capítulo VI. Artículos 26 a 29.
El señor Cuevas González, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, da por defendidas sus enmiendas. El señor Garzarán García
defiende las enmiendas números 66 y 67, del Grupo Popular. El señor
Zarallo Cortés consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Garzarán García, por el Grupo Popular;
Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y
Zarallo Cortés, por el Grupo Socialista. Vuelven a intervenir los señores
Garzarán García y Zarallo Cortés.
Capítulo VII. Artículos 30 y 31.
La señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, da por defendidas sus enmiendas. El señor Torrontegui
Gangoiti defiende las enmiendas números 84 y 85, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. El señor Garzarán García defiende las enmiendas
números 69, 70 y 71, del Grupo Popular. El señor Zarallo Cortés defiende
el voto particular número 5, del Grupo Socialista, y consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores
Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Bertrán i Soler, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Garzarán García, por el Grupo Popular, y Zarallo Cortés, por el
Grupo Socialista.
Disposiciones adicionales y finales. Exposición de Motivos. Título.
Se dan por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Torrontegui Gangoiti defiende la
enmienda número 77, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor
Garzarán García defiende las enmiendas números 25, 72 y 73, del Grupo
Popular. El señor Zarallo Cortés consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Garzarán García, por el
Grupo Popular, y Zarallo Cortés, por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14 y 15,
del señor Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, por 98 votos a
favor, 122 en contra y 3 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 6, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
y 24, de ambos Senadores, por 2 votos a favor, 221 en contra y 3
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 78, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 9 votos a favor, 118 en contra y 98 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 77 y 79 a 85, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 106 votos a favor, 117 en contra y 2
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 34, del Grupo Popular, por 102 votos a
favor, 119 en contra y 4 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 51 y 58, del Grupo Popular, por 103
votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 73, del Grupo Popular, por 98 votos a
favor, 119 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 25, 28 a 30, 32, 33, 35 a 50, 52 a 57,
59 a 67 y 69 a 72, del Grupo Popular, por 98 votos a favor, 124 en contra
y 4 abstenciones.
Se aprueba el voto particular del Grupo Socialista que propugna la vuelta
a la redacción del informe de la Ponencia de los artículos 1, 2a) y 2b),
por 127 votos a favor, 96 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba el voto particular del Grupo Socialista que defiende la
redacción del artículo 3 del informe de la Ponencia, por 127 votos a
favor, 97 en contra y 1 abstención.
Se aprueba el voto particular del Grupo Socialista que propone la vuelta
al texto del informe de la Ponencia de los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
y 11, por 127 votos a favor, 97 en contra y 1 abstención.
Se aprueba el voto particular del Grupo Socialista promoviendo la
redacción de los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22, según el informe de
la Ponencia, por 127 votos a favor, 97 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueba una enmienda transaccional, relativa al artículo 30.4,
suscrita por los Grupos Palamentarios Mixto, de Coalición Canaria, de
Convergència i Unió y Socialista, por 126 votos a favor, 4 en contra y 94
abstenciones.
Se aprueba el artículo 2c), por 223 votos a favor, 2 en contra y 1
abstención.
Se aprueba la rúbrica del Capítulo II, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban los artículos 12 a 16, por 125 votos a favor, 1 en contra y
99 abstenciones.
Se aprueba la rúbrica del Capítulo IV, por 127 votos a favor y 99
abstenciones.
Se aprueban los artículos 23 a 25, por 121 votos a favor, 1 en contra y
103 abstenciones.
Se aprueban los artículos 26 a 29, por 126 votos a favor y 99
abstenciones.
Se aprueban los artículos 30 y 31, por 126 votos a favor y 99
abstenciones.
Se aprueban las disposiciones adicionales primera y segunda, por 127
votos a favor, 1 en contra y 98 abstenciones.
Se aprueban las disposiciones finales primera a séptima, por 125 votos a
favor y 100 abstenciones.
Se aprueban la Exposición de Motivos y el Título del proyecto de ley, por
127 votos a favor y 99 abstenciones.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de ley
de Autonomía del Banco de España (Página 1819).
El señor González Laxe, presidente de la Comisión, comunica a la Cámara
que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Escudero
Sirerol, quien así lo hace a continuación.
Se abre debate de totalidad.
No se producen turnos a favor ni en contra. En el de portavoces, hacen
uso de la palabra la señora Vilallonga Elviro, por el Grupo Mixto, y los
señores Torrontegui Gangoiti; por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Marca i Cañellas, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y Utrera Mora, por el Grupo Popular.
Comienza el debate del articulado.
El señor Torrontegui Gangoiti defiende todas las enmiendas del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos al proyecto de ley. El señor Armas
Rodríguez defiende todas las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria al
proyecto de ley. El señor Utrera Mora defiende todas las enmiendas del
Grupo Popular al proyecto de ley. El señor Marca i Cañellas defiende las
enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió al
proyecto de ley. La señora Zabaleta Areta y el señor Valle Garmendía
consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra la señora Vilallonga Elviro,
por el Grupo Mixto, y los señores Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Utrera Mora, por el Grupo Popular, y
Valle Garmendía por el Grupo Socialista.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 30, 31 y 32, del Grupo Mixto, por 5
votos a favor, 214 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 34, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor,
122 en contra y 100 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 9, 15, 19, 20 y 23, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, por 8 votos a favor, 213 en contra y 2
abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 14, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 124 votos a favor, 97 en contra y 2 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 16, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 11 votos a favor y 213 en contra.
Se rechaza la enmienda número 17, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 8 votos a favor y 216 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 8, del Grupo de Coalición Canaria,
por 10 votos a favor, 213 en contra y 1 abstención.
El señor Marca i Cañellas retira en este momento las enmiendas números 25
y 29, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se rechazan las enmiendas números 35, 36, 43, 44, 45, 47, 48, 54 y 55,
del Grupo Popular, por 104 votos a favor, 115 en contra y 1 abstención.
Se rechazan las enmiendas números 39, 52, 53, 56, 62 y 64, del Grupo
Popular, por 101 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 37, 38, 46, 49, 50, 51, 57 a 61, 65 y
66, del Grupo Popular, por 97 votos a favor, 117 en contra y 10
abstenciones.
Se aprueba una nueva redacción para el artículo 25.4 d), suscrita por
todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba una enmienda de modificación al artículo 26.1, suscrita por
todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba el texto del dictamen en su totalidad, por 221 votos a favor y
3 en contra.
El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en Washington el 18 de marzo
de 1965. Se tramita por el procedimiento de urgencia (Página 1839)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
Convenio internacional del Café de 1983, hecho en Londres el 16 de
septiembre de 1982, prorrogado por las resoluciones 347 de 3 de julio de
1989, 352 de 28 de septiembre de 1990, 355 de 27 de septiembre de 1991 y
363 de 4 de junio de 1993, del Consejo Internacional del Café (Página 1840)
No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse.
ELECCION DE MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA DIPUTACION PERMANENTE
El señor Presidente da lectura a las diferentes propuestas de
nombramiento, que la Cámara rarifica por asentimiento.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por
la que se insta al Gobierno a que, en la elaboración de la legislación
básica, predomine la voluntad política de mantenerla en aquellos
contenidos que por su carácter de mínimo común normativo no limiten o
invadan competencias legislativas y de ejecución que tienen asumidas y
reconocidas las Comunidades Autónomas (Página 1840)
El señor Ferrer i Roca defiende la moción. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas
Vascos; Agramunt Font de Mora, por el Grupo Popular, y Pérez García por
el Grupo Socialista.
Se aprueba la moción del Grupo Catalán en el Senado de Convergència y
Unió por asentimiento de la Cámara.
MOCIONES
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que remita a la mayor brevedad un Proyecto de Ley de
modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en orden a
tipificar y prever expresamente como infracción muy grave el amparo de
los clubes deportivos a los grupos de seguidores violentos (Página 1844)
El señor Presidente anuncia la presentación de una propuesta de
modificación a esta moción, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios.
El señor Pedroche Nieto defiende la moción originaria. El señor Bayona
Aznar defiende la moción alternativa. En turno de portavoces, hace uso de
la palabra el señor Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado
de Convergència i Unió.
Se aprueba la moción alternativa por asentimiento de la Cámara.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al
Gobierno a que, en el plazo de un mes, remita a las Cortes Generales un
Proyecto de ley en el que se contemplen exenciones del Impuesto sobre el
Patrimonio, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos Documentados para
determinadas explotaciones agrarias (Página 1848)
El señor Prim Tomás defiende la moción. El señor Garcías Coll consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y
Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió.
Se rechaza la moción del Grupo Popular por 91 votos a favor, 113 en
contra y 9 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Senado, por la que se
insta al Gobierno para que, con carácter de urgencia, tramite ante las
Cortes Generales un Proyecto de ley que resuelva los problemas existentes
de doble nacionalidad, requisitos limitativos de residencia legal para
los emigrantes y sus descendientes en países iberoamericanos y otros
problemas de carácter técnico-jurídico y administrativo, así como para
que se deleguen las competencias de dispensa de residencia en las
entidades consulares de dichos países y se les dote de personal
complementario para agilizar los trámites y diligencias acumulados
(Página 1854)
El señor Brito González defiende la moción. El señor Pérez García
defiende una enmienda del Grupo Socialista. En turno de portavoces, hacen
uso de la palabra los señores Codina y Castillo, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió, y Baltar Pumar, por el Grupo Popular.
Se aprueba la moción del Grupo Popular, con la modificación introducida,
por asentimiento de la Cámara.
Se levanta la sesión a las veintidós horas y treinta minutos.
Se reanuda la sesión a las diez horas y veinticinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS (S. 621/000031)
(C. D. 121/000037)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Lectura única de
proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los
Diputados.
Proyecto de ley de creación de la Universidad de Burgos, publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 31,
de fecha 27 de abril de 1994.
No se presentaron propuestas de veto a este proyecto de ley, único tipo
de enmiendas presentables, dado
el procedimiento. De acuerdo con los artículos 129.2 y 120.2 del
Reglamento, procede un debate de totalidad y un turno de portavoces.
Ayer, en la Junta de Portavoces, éstos manifestaron que en el debate se
iba a consumir exclusivamente este último turno. En todo caso, pregunto a
sus señorías si alguien quiere consumir alguno de los turnos previstos en
el debate de totalidad. (Pausa.) No hay solicitud de palabra.
Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Senador Cuevas? Muchas
gracias.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
Tiene la palabra el Senador Vallvé.
El señor VALLVE I NAVARRO: Con la venia del señor Presidente, y en nombre
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
deseo dar nuestra conformidad al proyecto de ley de creación de la
Universidad de Burgos.
Señor Presidente, qué voy a decir yo cuando su señoría es Senador por la
demarcación de Burgos. Pero, aparte de eso, deseo manifestar que soy un
veterano en la lucha porque el hecho universitario se desconcentre. En
Tarragona pretendíamos una universidad y, afortunadamente, ya la tenemos,
pero quisiera explicar brevísimamente a sus señorías qué es lo que debe
entenderse por una universidad.
En la exposición de motivos del proyecto de ley ya se dice que la
Universidad tiene que ser un centro que, aparte de generar títulos de
licenciados, sea un lugar de creación científica. Cuando una comisión de
tarraconenses preocupados fuimos a ver al Rector de la Universidad de
Barcelona, señor Bricall, para que accediesen a crear en Tarragona una
universidad, fue éste precisamente el argumento que nos dio: No hay que
caer en la trampa de que la Universidad sea únicamente una fábrica de
títulos. Nos decía el Rector de la Universidad de Barcelona que el
problema que existía en la Universidad española era que, después de la
obtención de un título, el universitario licenciado tenía que marcharse
al extranjero para hacer su postgrado y que, de alguna manera, había una
fuga en favor de países extranjeros de toda esta creación que se había
realizado en la Universidad española y que, en cierta forma, la creación
científica se convertía en la gran frustración del licenciado español.
Señores Senadores, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió está a favor de la creación de la Universidad de
Burgos, pero recordando a los poderes públicos que todo no se acaba con
crear una universidad, sino que es necesario potenciarla y dotarla de
medios para que esta función esencial de la Universidad, que es la
creación científica, pueda llevarse a término.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Martín
Iglesias.
El señor MARTIN IGLESIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señoras y señores Senadores, en primer lugar, quiero
congratularme por la presencia del señor Ministro en este hemiciclo
porque, indudablemente, es una muestra de afecto hacia la creación de la
Universidad de Burgos. Pero también quiero expresar mi satisfacción por
tener la oportunidad de defender la postura del Grupo Parlamentario
Popular sobre este proyecto de ley de creación de la Universidad de
Burgos, que hoy estamos debatiendo.
Nuestro peregrinaje hasta la consecución de la Universidad de Burgos ha
sido largo. Conviene recordar que, allá por el año 1212, ya el rey
Alfonso VIII pensó en instalar esta Universidad en Burgos. Pero,
señorías, esto ya es historia. Ciñéndonos al presente más cercano, diré
que llevamos más de doce años solicitando que Burgos tenga su
universidad, la universidad que le corresponde por su historia y por el
carácter emprendedor de la sociedad burgalesa. Y hoy, si todos los grupos
lo permiten, tendremos la Universidad de Burgos, no invocando
precisamente derechos históricos, sino porque contamos con una
infraestructura superior a lo que establece el Real Decreto 557/1991, de
12 de abril. ¿Y por qué? Porque consecuencia de esta tardanza ha sido que
la estructura universitaria actual del campus burgalés sea el resultado
de un proceso que se ha ido desarrollando a lo largo de más de veinte
años, y la presencia de los distintos centros universitarios es,
naturalmente, el producto de una demanda social creciente que se ha visto
estimulada por la existencia también de aquéllos. La manifestación más
patente de esta demanda ha sido el incremento de la constante población
universitaria burgalesa que ha hecho posible, con la dignidad suficiente,
la creación de una nueva universidad en la Comunidad de Castilla y León.
Desde esta tribuna, quiero aprovechar la oportunidad que se me brinda
para agradecer a todos los medios de comunicación, porque entiendo que es
de justicia, y muy en particular a los medios burgaleses, el esfuerzo que
han realizado para tener informados correctamente a todos los ciudadanos
de Burgos. Quiero agradecer asimismo a la Asociación Amigos de la
Universidad de Burgos, porque también es de justicia, la forma
desinteresada en que han sabido sensibilizar a los ciudadanos a la vez
que han sido capaces de canalizar sus inquietudes. Pero,
fundamentalmente, quiero agradecer y dar las gracias a todos los
burgaleses porque
han sabido transmitirnos sus deseos de justicia y equidad con civismo,
pero con energía, a través de mesas redondas, manifiestos o
manifestaciones en favor de la creación de esta Universidad. Sin embargo,
las circunstancias políticas, económicas y administrativas en las que va
a nacer esta Universidad no son las más adecuadas.
En el ámbito político, la crisis del Gobierno socialista, iniciada ya en
la legislatura anterior, se agravó con la pérdida de la mayoría absoluta
en las elecciones de junio de 1993. Fruto de esta crisis ha sido que el
proyecto de universidad haya sufrido un considerable retraso que ha
ocasionado quebraderos de cabeza a tantos y tantos ilustres
representantes del Partido Socialista y que les obligaba a anunciar unas
fechas para su nueva creación para, seguida o inmediatamente, ser
desmentidas. Y mientras esto sucedía con la Universidad de Burgos, se
creaban otras universidades, como las de Almería, Huelva y Jaén,
provincias a las que desde aquí felicito en nombre de todos los
burgaleses, pero provincias cuyas universidades eran aprobadas, como
digo, el mes de julio de 1993.
Claro está que estas provincias pertenecían a Comunidades Autónomas que
gozaban de transferencias en educación. También quiero dejar constancia
de que la Junta de Universidades aprobada la memoria de creación de estas
cuatro universidades, las tres ya creadas, más la Universidad de Burgos,
que sufre un considerable retraso, de casi un año, hasta su aprobación.
Ciertamente, también atravesamos una crisis económica, pero esperamos y
confiamos en que las promesas del señor Ministro realizadas en el
Congreso de los Diputados sobre dotación de fondos suficientes para
iniciar el curso próximo 1994-1995 se traduzcan, no en una reducción de
créditos, sino en unos créditos necesarios para que esta Universidad
alcance el nivel de calidad que le corresponde y exige la sociedad
burgalesa.
En el ámbito administrativo, este proyecto se plantea dentro de un doble
proceso: por un lado, la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León a través de la Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo, que
desarrolla la Ley 9/1992, de 23 de diciembre, de Transferencias de
Comunidades Autónomas, que el Ministro pretende realizar para iniciar el
curso 1994-1995, y, de otra parte, la futura reforma de la LRU, que
esperamos que se realice lo antes posible.
En relación con el primer punto --me refiero al de transferencias en el
curso 1994-1995--, creo que no se deben regatear voluntades políticas.
Los nombramientos de los responsables políticos directos, de la gestión
inmediata de nuestra Universidad que anunció el señor Ministro, deben
estar avalados, en primer lugar, por su capacidad de trabajo, segundo,
por su aceptación en el propio ámbito universitario y social y, tercero,
siempre alejados de esa duda de posiciones sectáreas. Entendemos que se
debe incentivar la cooperación entre ambas administraciones, la que goza
de la transferencia o competencias actuales y la que en un plazo breve,
muy breve, va a asumir esa nueva responsabilidad. De ahí que nos gustaría
que, en definitiva, de este debate surgiera un compromiso firme de
impulso para mantener esta nueva Universidad, con independencia de la
titularidad de las competencias legales e, incluso, del signo político de
quienes la gobiernan.
La Universidad de Burgos nace en el año de la Unión Europea y es en este
horizonte europeo donde debe contemplarse esta universidad, que ha de
responder y adaptarse a las exigencias y perspectivas de la enseñanza
superior. No olvidemos que el futuro de la enseñanza superior europea
aparece vinculado a la exigencia de una cualificación del más alto nivel
y a la necesidad de conseguir un mayor número de personas cualificadas en
el campo de las tecnologías. La enseñanza superior es un instrumento
esencial en la construcción de la Europa unida.
Entendemos que para conseguir estos objetivos resulta necesario un
incremento del acceso a la enseñanza superior para aumentar el volumen de
mano de obra cualificada, la colaboración con el mundo empresarial y la
formación permanente de los trabajadores que permita una renovación de
las cualificaciones y facilite la estabilidad en el empleo. Estos
objetivos se han de cumplir por el proyecto de la nueva Universidad que
hoy creamos para que permita hacer converger a la sociedad burgalesa con
el conjunto de la Comunidad de Castilla y León, de España y de la Unión
Europea.
Y, dicho esto, solamente me resta pedir que la Cámara apruebe por
unanimidad una ley que vendrá a rectificar una situación injusta y a
satisfacer viejos anhelos e ilusionadas esperanzas. A esta Universidad
que va a nacer, recogiendo el sentir del pueblo burgalés, la deseo larga
y fructífera vida y que traiga aires nuevos a la universidad española.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de
la derecha.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Granado Martínez.
El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para consumir un turno, que intentaré que sea breve,
para anunciar el voto favorable de nuestro Grupo al proyecto de Ley de
Creación de la Universidad de Burgos.
Estamos ante la que, presumiblemente, será la última de las leyes de las
Cortes Generales de creación de una universidad concreta, en un momento
en el que ya todas las Comunidades Autónomas de España tienen competencia
exclusiva en materia de universidades en función de las transferencias de
estas competencias y de la reforma de sus Estatutos de Autonomía. Y el
hecho
de que la Universidad de Burgos sea la última creada por la ley de las
Cortes Generales no viene a indicar un cierto pretérito en el tiempo,
sino el modelo de desarrollo de los centros universitarios burgaleses,
por el que ha optado el Gobierno socialista y que el Grupo Socialista
apoya plenamente. Este modelo de desarrollo supone que la creación de la
Universidad de Burgos no ha sido sino la culminación del desarrollo de
los propios centros universitarios que ya existen en la provincia de
Burgos, todos los cuales, todos los centros que se contemplan en este
proyecto de Ley, están funcionando plenamente en el momento en el que
estamos hablando. De alguna manera, este desarrollo tranquilo también
supone una apuesta por la calidad de la enseñanza universitaria, por la
no creación fácil de centros que supone la puesta en barbecho de crear
una universidad sin infraestructura suficiente para garantizar un
correcto desempeño de las funciones universitarias.
La creación de la Universidad supone también en estos momentos hacer una
reflexión sobre cuál es el futuro de la situación universitaria española
y, en concreto, de la Universidad de Burgos. Y tenemos que empezar por
decir que, evidentemente, estamos en el año 1994, un momento a partir del
cual las Comunidades Autónomas van a tener cada vez más competencias en
materia universitaria y van a intentar cada vez más, lógicamente, ser
cada una de ellas autosuficiente en esta materia. En segundo lugar,
estamos hablando de creación de una universidad en una Comunidad
Autónoma, Castilla y León, que tiene ya tres universidades públicas, las
de Salamanca, Valladolid y León, y una universidad privada, la Pontificia
de Salamanca, en una región en donde la media de estudiantes
universitarios, en la cohorte de edad de 18 a 25 años, es superior a la
media nacional y en una provincia, la provincia de Burgos, en donde la
media de estudiantes universitarios es también superior, incluso, a la
media regional y, lógicamente, a la media nacional; y en una situación en
la que la demografía de nuestro país cada vez refleja un descenso más
acusado de la tasa de natalidad, que afecta especialmente a las
provincias de Castilla y León.
¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la Universidad de
Burgos se crea en un momento en el que el crecimiento del alumnado
universitario en toda España no va a ser ya tan intenso como el de los
últimos años y, especialmente, en la provincia de Burgos este crecimiento
va a ser todavía más reducido. Es decir, que la Universidad de Burgos
desde el momento de su nacimiento tiene que apostar, si quiere tener un
futuro próspero, por la mejora de la calidad de la enseñanza. Esta mejora
de la calidad de la enseñanza es lo que va a dar futuro a la Universidad
de Burgos y es lo que creo que va a dar futuro a los centros
universitarios burgaleses con la creación de la Universidad. De hecho,
los centros universitarios burgaleses, en una situación de dependencia de
la Universidad de Valladolid, han tenido y tienen en estos años algunos
problemas, que hay que solucionar. En algunos centros falta profesorado
en régimen de dedicación exclusiva; en otros centros hay profesores que
teóricamente están en régimen de dedicación exclusiva pero que sólo
imparten clases dos días a la semana; abunda el profesorado que
compatibiliza su trabajo con la dedicación universitaria y de alguna
manera la universidad misma está en estos momentos desagregada,
disgregada en varios campus dentro de la misma ciudad, en varias
ubicaciones físicas dentro de la misma ciudad. Son todos éstos los retos
que tiene que abordar la Universidad de Burgos: Mejorar la calidad, tener
más medios, utilizar más correctamente los medios de que se disponen,
gestionar con mayor autonomía y eficacia los fondos que en estos momentos
se están gestionando desde la Universidad de Valladolid; y es a este reto
de calidad al que obedece el proceso de creación de la Universidad de
Burgos.
Para finalizar sólo me quedaría hacer algunas referencias de
agradecimiento a lo que ha supuesto la tramitación de este proyecto de
ley. En primer lugar, agradecimiento a todos los Grupos parlamentarios y
a la Mesa del Senado, que ha hecho posible que el proyecto de ley se
tramitara por el trámite de lectura única, con lo cual ganamos algunos
días que van a permitirnos que el proyecto de ley esté en el «Boletín
Oficial del Estado» ya convertido en Ley sin retrasos más importantes.
En segundo lugar, y dentro de lo que tenga la aportación del Grupo
Socialista al proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Burgos, a
mí me gustaría personalizar este agradecimiento en la figura de dos
personas: En primer lugar, en la del Senador por Burgos, Juan José
Laborda, que es Presidente de esta Cámara, y la del Diputado por Burgos,
Federico Sanz, que dentro del Grupo Socialista son las personas que han
protagonizado con especial interés y dedicación el nacimiento de esta
Universidad.
En tercer lugar, quiero hacer, desde luego, pública ya la voluntad de los
socialistas de que este acuerdo que ha existido para la tramitación del
proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Burgos se extienda al
nombramiento de órganos de Gobierno y se extienda al funcionamiento de la
Universidad en los próximos años. Es necesario que haya un acuerdo; es
necesario que la Universidad de Burgos nazca, como nace hoy en esta
Cámara, con el máximo acuerdo de todos los sectores afectados, de todos
los sectores de la comunidad educativa y, desde luego, de todas las
fuerzas políticas, y no va a quedar por nuestra parte la voluntad de
llegar a un acuerdo sobre los nombramientos a que haya lugar de
Rector-Comisario y de Comisión Gestora, fundamentalmente.
Señorías, hoy estamos cerrando un ciclo histórico. He empezado la
intervención señalando que ésta es la última Universidad que van a crear
por ley las Cortes Generales.
Desde luego, como burgalés, me gustaría que se cumpliera la cita bíblica
de que los últimos serán los primeros. Yo espero que la Universidad de
Burgos sea de las primeras en calidad de la enseñanza y sea de las
primeras en satisfacer las necesidades de educación de la sociedad
burgalesa. El hecho de que la Universidad de Burgos vaya a nacer, espero,
por el acuerdo y el asentimiento unánime de la Cámara, también la dota de
los mejores auspicios en cuanto a lo que va a ser su futuro más
inmediato.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a someter el punto cuarto a votación. Pregunto a la Cámara si puede
ser aprobado por asentimiento. (Pausa.--El señor Barbuzano González pide
la palabra.)
El señor Barbuzano tiene la palabra.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que por cortesía parlamentaria, señor Presidente, y dado que el
Presidente de esta Cámara procede de una provincia que le es
tremendamente querida, creo que debería el Presidente de la Cámara dejar
reflejo en el «Diario de Sesiones» de lo que calculo que puede ser su
satisfacción por la creación de esta Universidad.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (El señor Torrontegui
Gangoiti pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Barbuzano.
¿Senador Torrontegui, es por una cuestión de orden? Tiene su señoría la
palabra.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Señor Presidente, simplemente, por la
misma cortesía parlamentaria nuestro Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos quiere decir expresamente que nuestra Comunidad
saluda a la nueva Universidad de Burgos y le desea que tenga éxitos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
Declaro aprobado por asentimiento de la Cámara el proyecto de Ley de
Creación de la Universidad de Burgos y, por tanto, queda aprobado
definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de Ley de Creación
de la Universidad de Burgos. En esta ocasión, cordialmente, muchas
gracias, señorías. (Aplausos.)
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000029) (C. D.
121/000033).
El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: Dictámenes de
Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.
Dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el
proyecto de Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
Se tramita por el procedimiento de urgencia. Fue publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 29, de fecha 9
de mayo de 1994.
Ruego al señor Presidente de la Comisión, Senador Arija, indique si algún
miembro de la misma va a presentar el informe. Su señoría tiene la
palabra.
El señor ARIJA HERNANDEZ: El Senador Santiago Lavado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra
el Senador don Santiago Lavado.
El señor SANTIAGO LAVADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me corresponde en nombre de mi Grupo presentar a la Cámara el
dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación al
proyecto de Ley por la que se regula las empresas de trabajo temporal,
proyecto de Ley que tiene entrada en esta Cámara con fecha 22 de abril de
1994 a través del texto aprobado por el Pleno del Congreso de los
Diputados, y que al amparo del artículo 104 del Reglamento se ordena la
remisión del proyecto de Ley a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
Declarado urgente, se comunica, a efectos de lo dispuesto en el artículo
135.1 del Reglamento del Senado, que el plazo de presentación de
enmiendas terminará el 26 de abril de 1994, habiéndose presentado un
total de 81 enmiendas.
Con fecha 28 de abril se reúne la Ponencia que, tras examinar las
enmiendas presentadas, acuerda por mayoría la incorporación de las
números 66 a 77 del Grupo Parlamentario Socialista, así como la
desestimación de las restantes, sin perjuicio de que en el transcurso de
este debate los distintos Grupos puedan llegar a acuerdos que incorporen
enmiendas transaccionales.
En referencia a los motivos inspiradores de este proyecto de ley, he de
decir que este proyecto regula los requisitos y condiciones que deben
cumplir las citadas empresas para ceder temporalmente trabajadores por
ellas contratados a empresas que, con carácter de usuarias o cesionarias,
utilizarán los servicios de los citados trabajadores sin incorporarlos a
su plantilla. La actividad desarrollada por la empresa de trabajo
temporal no consiste en la intermediación entre empresarios y
trabajadores para que éstos puedan celebrar un contrato de trabajo, sino
en poner a disposición de la empresa usuaria un trabajador por ella
contratado, asumiendo las obligaciones y riesgos inherentes a la
condición del empleador. Si bien la prestación de servicio la realiza el
trabajador en el ámbito de organización de la empresa usuaria.
El proyecto de ley actual que presento se estructura en cinco capítulos
tendentes a regular no sólo los requisitos para el funcionamiento de las
empresas, sino que contempla también la relación que surge entre el
trabajador, la empresa de trabajo temporal que asume formalmente la
condición de empresario y la empresa usuaria bajo cuyo control y
dirección material prestará servicios.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Al no haberse presentado vetos a este proyecto, cabe abrir el debate de
totalidad con los turnos a favor y en contra, o turnos de portavoces.
(Pausa.)
El Senador Herrero Merediz, para turno a favor, tiene la palabra.
El señor HERRERO MEREDIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, consumo un turno a favor que en cierta forma va a ser también
un turno de portavoces para dejar clara la postura, primero de apoyo de
nuestro Grupo al texto, y para indicar también nuestra posición ante este
texto de proyecto.
Creemos que la reforma laboral era necesaria. Creemos que han sido ya
debatidos y votados aspectos muy conflictivos de esta reforma laboral,
pero que el actual texto en su redacción no tiene por qué ser ni
conflictivo ni preocupante.
Voy a leer las conclusiones del Informe del Consejo Económico y Social,
aprobado por mayoría.
Dice así: «El Consejo valora positivamente el anteproyecto de ley por el
que se regulan las empresas de trabajo temporal, considerando que puede
cubrir las necesidades de flexibilidad de la prestación laboral y hacer
frente a las nuevas exigencias económicas y productivas de las empresas
mediante la regulación de una forma de relación laboral incorporada desde
hace tiempo a los ordenamientos jurídicos de la generalidad de los países
que componen la Unión Europea.»
Voy a leer también el Informe del Consejo General del Poder Judicial que,
esquemáticamente, dice así: «Es parecer de este Consejo que la existencia
de la memoria explicativa que acompaña el proyecto debe merecer un juicio
totalmente favorable, y que aquélla cumple holgadamente el fin que
pretende, explicitándose de modo claro las razones de la norma y
poniéndose en evidencia que el texto normativo tiene una justificación y
pretende unos fines determinados, y aunque este órgano debe reducir su
actuación informante al propio texto legal, no puede esconder el juicio
positivo que merece la existencia de la explicación aludida de los
motivos de la iniciativa legislativa mas cuando por ella se inicia un
nuevo rumbo en la contratacion laboral.»
Creemos que éste es el sentir general de la Cámara. Este proyecto de ley
ha sufrido enmiendas a lo largo de su proceso legislativo, va a sufrir
nuevas enmiendas transaccionales, y a mí me gustaría destacar ese sentido
de consenso que ha presidido la discusión de este texto legislativo. Por
eso rogaría que no se mezclara este texto con problemas graves o serios
de otros textos que ya han sido debatidos y votados.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Cuevas González.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, es opinión de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya --y no
voy a hacer caso a la recomendación del compañero que me ha precedido en
el uso de la palabra--que estamos en el último acto de un culebrón --y
hablo de culebrón porque están de moda-- que entró en esta Cámara con
unas medidas urgentes de fomento de empleo y ha terminado prácticamente
con la desregularización del mercado de trabajo. Para ser más claro, yo
creo que ha legalizado el tráfico de la mano de obra, que es el fondo de
esta Ley. Además lo ha hecho de una forma bastante mala. El tráfico de
mano de obra, que es lo que legaliza este proyecto de ley, se estaba
haciendo en este país, y en vez de castigarlo y perseguirlo porque no
estaba todavía autorizado, lo que hace es legalizarlo; es decir, las
empresas de libre colocación estaban funcionando en este país desde hace
tiempo, y este Gobierno --como todos-- que tiene la obligación de
perseguir y de castigar las ilegalidades, lo que hace es legalizarlo con
este proyecto de ley.
Nuestro mensaje ya lo hemos dado --como bien decía el compañero que me ha
precedido en el uso de la palabra-- en el tema de la reforma laboral y,
por tanto, no vamos a incidir mucho en el tema porque todo se
corresponde: se empezaría en una etapa, se continuaría en otra, se
terminaría en otra, y el final sería éste. Pero como aquí se han
mencionado varias citas de algunos
organismos o instituciones españoles, y como sé que se me va a hablar del
tema europeo, quiero decir, para que conste en acta, que hace poco tiempo
el señor Delors, que yo creo que no es sospechoso de pertenecer a
Izquierda Unida, pero que es un hombre abierto y progresista y que va a
dimitir ahora como Presidente de la Comisión Europea, condenaba las
empresas de colocación porque se habían dado cuenta en Europa de que las
colocaciones en el mercado de trabajo no tenían que venir a través de
empresas privadas, que es lo que se va a legalizar aquí.
Por último, señor Presidente, el Gobierno reconoce con este Proyecto de
ley el fracaso del INEM. Hemos debatido durante tres años por lo menos
--que es el tiempo que llevo de Senador-- la reforma del INEM, que
teníamos que hacer para que fuera el intermediario entre la sociedad y
las empresas para generar empleo, y al final el Gobierno viene a
reconocer una política fracasada. No me valdría, por ejemplo, que hoy el
señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social reconociera aquí --que, por
otra parte, no está-- como el señor Boyer ayer, el fracaso de un Plan.
Creo que con este acto el Gobierno reconoce que la política del INEM ha
fracasado; no quiere un servicio público de empleo, como no quiere ya
ningún servicio público de ninguna clase, y pone incluso, el mercado de
trabajo en manos privadas. Creo que esto no va solucionar el programa de
las colocaciones. Creo que se va a dimensionar en negativo la explotación
de los trabajadores y que de aquí a un año, algunos compañeros y
compañeras se encontrarán debatiendo este Proyecto de ley en contra de lo
que algunos van a apoyar hoy.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cuevas.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el señor Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, centrándome exclusivamente en el tema de hoy, que es el que
concierne a esta Ley de empresas de trabajo temporal, estableciéndolas
como únicas con capacidad para contratar y proporcionar trabajadores por
un período de tiempo, puede decirse que esta Ley abre una nueva vía de
acceso al mercado laboral y define también un marco legal positivo e
importante en el que se va a regular el funcionamiento de este tipo de
empresas.
Se abre, por tanto, en nuestro criterio, una etapa más en la política,
necesaria política en sí misma, de flexibilidad del mercado laboral.
Además, viene a cubrir la carencia de control legal existente en este
campo hasta ahora y abre las posibilidades para canalizar en un
porcentaje deseable el empleo de la población activa y eliminar por
añadidura la intermediación de quienes han comercializado hasta ahora
mano de obra de modo fraudulento.
Por otra parte, estamos convencidos de que el texto del Proyecto de ley
va a salir sustancialmente mejorado de esta Cámara, tanto en detalle como
en su totalidad, y hay que decir que ha de ser así gracias al clima de
entendimiento que ha sido posible a lo largo de los contactos de trabajo
habidos entre los Grupos.
Por ello, nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos
no puede más que felicitarse, tanto por la actitud receptiva y de
objetividad constatada como porque lo referente al cooperativismo y a las
cooperativas como posibles empresas de trabajo temporal, que tanto
preocupaba a nuestro Grupo, se haya recogido, si no en sus términos
absolutos, sí en la esencia principal de nuestras pretensiones. Por
tanto, agradecemos la buena acogida que nos ha dispensado sobre ese
particular el Grupo mayoritario, y no podemos menos que agradecerles las
transacciones firmadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga Bengoa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Francesc Codina en turno de portavoces.
El señor CODINA I CASTILLO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió para posicionarnos con respecto a la ley
que regula las empresas de trabajo temporal.
Nosotros pensamos que esta ley era absolutamente necesaria puesto que lo
que va a regular es una actividad que lleva realizándose durante más de
veinte años en España, y muchos más en Europa. Asimismo, viene a
completar todas las leyes que aprobamos en la sesión anterior con la
intención de relanzar la economía española y todo lo que hace referencia
al mercado laboral, y esto es importante.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió está
básicamente de acuerdo con el proyecto. Presentamos siete enmiendas en el
Congreso de los Diputados, de las cuales seis fueron aceptadas y una fue
transaccionada --esto muestra el grado de acuerdo que hubo ya en aquella
Cámara--, y aquí, en el Senado, hemos presentado otras tres, existiendo
el compromiso por parte de la Senadora Zabaleta de llegar a un acuerdo
transaccional respecto a una, pero parece ser que las otras dos no habrá
manera de que se acepten y quedarán en el tintero.
Nos posicionaremos también en algunas de las enmiendas de los otros
Grupos, concretamente del Grupo Popular, porque nos gustaría aportar
nuestro granito de arena a la reflexión del Grupo Socialista para que
intentara
dar luz verde a una de sus enmiendas. Cuando sea el momento oportuno ya
lo manifestaremos.
Decía en un principio que nos parece importante lo que estamos haciendo
hoy, pero a la vez debemos reclamar una gran seriedad y una gran
vigilancia para que estas empresas de trabajo temporal puedan hacer su
trabajo como conviene que lo hagan, es decir, desde el rigor, desde, qué
duda cabe, la posibilidad de que tengan una forma de ganarse la vida
--muy lícito, por otro lado--, pero vigilando mucho no sea el caso de que
deriven hacia actuaciones antiguas con figuras que podrían recordarnos
--que podrían, repito-- el prestamismo, y en eso estaríamos en absoluto
de acuerdo.
Pensamos que la labor de las empresas de trabajo temporal es muy
importante, puede ayudar muchísimo, tal como decía antes, el
relanzamiento de la economía del Estado y puede ayudar a regularizar el
mercado de trabajo, puesto que las empresas usuarias recurrirán, con toda
seguridad, a las empresas de trabajo temporal, pero, a la vez, hay que
tener la suficiente conciencia de que tendremos que dedicar, y el
Gobierno más concretamente, especial atención a que las empresas de
trabajo temporal adquieran estos compromisos a los que se llega a través
de la ley como es debido.
Cuando sea el momento, señor Presidente, defenderemos nuestras dos
enmiendas. Hasta aquí, pues, nuestro posicionamiento, con la convicción
de que estamos haciendo un trabajo importante, de que vamos a ayudar
mucho a la economía española y al mercado de trabajo. Y quiero agradecer
al Grupo Socialista su predisposición al aceptar nuestras enmiendas,
aunque no puedo decir que haya sido al cien por cien, pero sí al menos la
voluntad que ha tenido, y de forma muy especial la Senadora Zabaleta, de
confirmar que van a dar soporte a una de las mismas a través de una
transaccional.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Codina.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Prada Presa.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar muy brevemente en este turno de portavoces la
postura del Grupo Popular --que ya ha venido marcada por la posición de
nuestro Grupo en el Congreso de los Diputados--, de la que se puede decir
que es, con carácter general, de apoyo a este proyecto de ley de las
empresas de trabajo temporal, si bien con dos reproches que con
posterioridad iremos señalando y que se debatirán profundamente a lo
largo de la defensa de las enmiendas.
Efectivamente, parece que hoy es un día de conmemoraciones porque se
consigue la Universidad de Burgos después de 12 años de lucha; y después
de 20 años de retraso en la existencia de una regulación legal de las
empresas de trabajo temporal --20 años hace que existen en los países
europeos de nuestro entorno y en Estados Unidos--, España va a estar
dotada de una legislación que regule un hecho objetivo, un hecho que está
en la calle. Es cierto que el Gobierno, una vez más, ha ido a remolque de
la calle, pero al final, dado que las empresas de trabajo temporal vienen
funcionando en nuestro país desde hace años, sorteando toda clase de
dificultades, no ha quedado otro remedio más que regularlas, de lo que,
desde luego, el Grupo Parlamentario Popular es partidario.
Tenemos que felicitarnos también, en primer lugar, por la admisión de un
número importante de nuestras enmiendas en el debate que hubo en el
Congreso de los Diputados, así como por el consenso amplio y generalizado
que en este proyecto de ley se ha alcanzado, y que ha sido manifestado ya
por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, así como
por la descentralización administrativa, que creo que es un hecho
importante que se recoge en esta ley, y, por último, por la seguridad
jurídica que refleja una ley que resuelve una situación de hecho que
estaba ocurriendo en el funcionamiento habitual de las empresas de
trabajo temporal.
Señalaremos muy brevemente en este turno que nuestra discrepancia
fundamental se centra en lo que disponen los artículos 11.1a) y 3.2,
donde el Proyecto --que ha contado con el apoyo de la mayoría minoritaria
y el respaldo de algún otro Grupo-- establece excesivas cautelas,
excesivas garantías, excesivos recelos que, a nuestro juicio --y
manifiesto que vamos a votar a favor del conjunto del Proyecto, con la
excepción, salvo que se admitan nuestras enmiendas números 59 y 63, de
esos dos artículos-- pueden hacer que este Proyecto de ley se convierta
en papel mojado, pueden hacer que las empresas de trabajo temporal estén
legalizadas, pero que al fin y a la postre no puedan estar en el
funcionamiento normal del mercado. Mi impresión y la impresión de mi
Grupo es que el Grupo Socialista apuesta en este acto por regular las
empresas de trabajo temporal, pero con una falta de convencimiento de que
estas empresas puedan agilizar el mercado de trabajo y puedan facilitar
la creación de empleo, cuando, a nuestro juicio, sí es así.
Si una vez que tengamos perfectamente reguladas en nuestro ordenamiento
jurídico las empresas de trabajo temporal son, como decía antes, papel
mojado, no funcionan y no cumplen esos objetivos para los que se crea
esta ley, desde luego, señorías, la responsabilidad va a ser suya, porque
nosotros lo hemos advertido y hoy lo recalcaremos mucho más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Prada Presa.
Por el Grupo Socialista, en turno de portavoces, tiene la palabra el
Senador Herrero Merediz.
El señor HERRERO MEREDIZ: Señor Presidente, señorías, brevísimamente,
porque simplemente quiero precisar un concepto, ya que decía Monsieur
Renard en «El pequeño Príncipe» que la palabra es fuente de
malentendidos, y hay que precisar la palabra.
Estamos hablando de empresas de trabajo temporal no de empresas de
colocación, entre las que hay una diferencia fundamental: la empresa de
colocación no tiene contrato laboral con el trabajador, hace esa labor de
cesión de los trabajadores sin tener relación laboral, mientras que en
las empresas de trabajo temporal su contrato es con su trabajador y luego
hay un contrato mercantil con la empresa usuaria. Yo creo que este
concepto es importante tenerlo claro para evitar malentendidos.
Evidentemente, queremos regular una realidad ya existente, había
prestamismo laboral, que era ilegal y se basaba en prácticas
fraudulentas, y con esta ley queremos regular esa realidad con todas las
garantías y con todos los controles.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Herrero Merediz.
Entramos en el debate del articulado.
En primer lugar, los artículos 1 a 5, Capítulo I.
El Senador Cuevas González tiene la palabra para defender sus enmiendas
correspondientes al voto particular número 4.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero manifestar que, si esta Ley no funciona, no será responsabilidad
de todos, sino de los que la voten; no va a ser responsabilidad de
Izquierda Unida, porque va a votar en contra. Lo digo para que no haya
malentendidos.
Aprovecho este turno de defensa de las enmiendas para fijar nuestra
posición. Vamos a votar en contra del proyecto de ley porque, como acaba
de decir el portavoz socialista, lo que estamos haciendo es legalizar el
prestamismo laboral. El ha reconocido en la tribuna que había un
prestamismo laboral ilegal, y lo que hace esta Cámara es legalizarlo,
cosa que, desde la óptica de izquierdas, no es muy recomendable.
El portavoz de la mayoría reconoce lo que yo decía, que había un tráfico
ilegal de trabajadores. Aunque me llamen demagogo, esto es cambiar el
barco que venía de Africa por la plaza del pueblo en la contrata de los
trabajadores, a ver qué trabajador da más a esa empresa de colocación,
porque es una empresa de colocación, aunque ustedes la quieran adornar,
que va a traficar con mano de obra, así de puro y duro y, además, con
mínimas garantías.
A pesar de que sabemos que este proyecto va a seguir adelante con el
apoyo de la mayoría de la Cámara, hemos presentado una serie de enmiendas
que voy a dar por defendidas en su totalidad y que garantizan que ese
tráfico de mano de obra sea lo menos negativo y lo menos duro posible.
Como ustedes no van a aceptar ningún tipo de enmiendas, entiendo que se
han entregado en manos de aquellos que continuamente han estado
traficando con la mano de obra, en definitiva, con los trabajadores.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cuevas.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en su voto
particular número 6, ha presentado las enmiendas números 4 a 11 a este
Capítulo I.
Para su defensa, el Senador Bolinaga tiene la palabra.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
En relación con el Capítulo I, artículos 1 a 5, vamos a proceder a
retirar nuestras enmiendas números 4, que ha sido transaccionada, 5, 6,
8, 9, 10 y 11.
El señor PRESIDENTE: Senador Bolinaga, si la enmienda número 4 está
transaccionada, quizá sea necesario mantenerla.
El señor BOLINAGA BENGOA: Sí, señor Presidente.
Retiramos las enmiendas números 5, 6, 8, 9, 10 y 11.
Voy a defender la enmienda número 7, al artículo 2.4, último párrafo.
Entendemos, pese a las explicaciones que hemos recibió del Grupo
mayoritario, que no se puede seguir estableciendo que el silencio
administrativo sea considerado negativo, cuando se acaba de acometer una
importante reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo que
establece el silencio como positivo, precisamente por considerar que el
carácter positivo de la inactividad de la Administración debe ser la
garantía de que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de ésta y,
sobre todo, que la obtengan en el plazo establecido.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Voto particular número 5, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
del Senado.
El Senador Barbuzano tiene la palabra para defender la enmienda número
78.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quedan vistas las enmiendas número 78, 79, 80 y 81. Si usted me lo
permite, no vamos a hacer una defensa amplia, sino breve, porque después
de estar vivas desde el plazo de presentación de enmiendas hasta su
debate
en Comisión haber sido defendidas en Comisión y seguir vivas hasta el
Pleno...
El señor PRESIDENTE: Si me perdona su señoría, las enmiendas números 79,
80 y 81 son al Capítulo II.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Sí, pero nosotros opinamos que debemos hacer
una defensa conjunta.
El señor PRESIDENTE: ¿Los demás Grupos están informados? ¿Se hace la
defensa conjunta? (Asentimiento.)
Su señoría tiene la palabra.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Durante todo el tiempo que han estado vivas
los Grupos que tienen la posibilidad de votar a favor para que sean
aprobadas han tenido tiempo suficiente para madurarlas, para absorberlas,
por lo que no vamos a repetir los debates de Comisión en Pleno.
Por tanto, quedan defendidas en este Pleno en los términos que constan en
su justificación y en los términos en que fueron defendidas en Comisión.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència y Unió ha
presentado las enmiendas números 1 y 2, correspondientes al voto
particular número 2.
Para su defensa, el Senador Codina tiene la palabra.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
De las tres enmiendas que nos quedan en este momento, aunque las números
1 y 2 corresponden al Capítulo I y la enmienda número 3 al Capítulo IV,
defenderé conjuntamente las tres enmiendas y en una sola intervención
pondré de manifiesto la postura de mi Grupo.
La enmienda número 1 tiene muy poca carga política. Se trata de las
empresas que tienen o puedan tener algún tipo de colaboración entre
ellas, en este caso las empresas de trabajo temporal, por un lado, y las
agencias de colocación, por otro, en cuanto hace referencia a la
información que unas y otras puedan tener. Sería positivo que esta Ley
recogiera la posibilidad de que pudieran intercambiar información entre
unas y otras. Sé que se puede hacer sin que tenga rango de ley, la propia
dinámica de los hechos puede hacer que eso sea posible. Relanzamos
nuestra petición de que reflexionen aún que la propia ley recoja esa
posibilidad de intercomunicación entre dos empresas.
Algún Grupo se ha extendido un poco más en eso que ha llamado una
confusión entre unas empresas de colocación y unas empresas de trabajo
temporal. Quiero dejar claro que nuestro Grupo diferencia muy bien lo que
es una empresa y lo que es otra. Una empresa de colocación --o el INEM de
turno, como se las ha llamado-- lo que hace es dar información para que
los trabajadores puedan ir a buscar trabajo a aquellas empresas que se lo
han solicitado, pero no hay ningún tipo de contratación laboral entre los
empleados o entre los trabajadores y las propias empresas. En las
empresas de trabajo temporal, evidentemente, sí se produce una
contratación laboral. Por tanto, quiero dejar claro que la diferenciación
que hay entre un tipo de empresas y la otra por parte de nuestro Grupo no
ofrece ningún tipo de dudas.
La enmienda número 2 hace referencia a un tema que nos parece que tiene
un poco más de profundidad y queremos pedir al Grupo Parlamentario
Socialista que tome en consideración. Hay aspectos que deberían tenerse
en cuenta por algún comentario que les voy a hacer.
En primer lugar, el proyecto dice que la empresa deberá constituir una
garantía que debe alcanzar como mínimo un importe igual a veinticinco
veces el salario mínimo interprofesional, cantidad que se irá
incrementando en el tiempo sobre esa base, pero nosotros creemos que
sería bueno rebajar esa cantidad dejándola en quince veces el salario
mínimo. Lo que se dice en el proyecto equivaldría a unos 22 millones de
pesetas aproximadamente.
Sé que a este respecto puede darse un conflicto de intereses, es decir,
si se trata de empresas grandes que ya están funcionando y que tienen un
cierto nivel --yendo incluso un poco más allá--, podríamos estar
favoreciendo entonces a esas empresas mientras que no estaríamos
colaborando a ayudar a empresas medianas y pequeñas, que son las que
abundan más en nuestro país, ya que les estaríamos poniendo muy alto ese
listón.
Hay alguna enmienda del Grupo Popular que pide que esa garantía se rebaje
y que se fije en diez veces el salario mínimo interprofesional, pero
nosotros consideramos que esa rebaja puede abrir demasiado la posibilidad
de que se presente todo aquel que quiera hacerlo. En cambio, el módulo
que nosotros sugerimos que se fije, el de quince veces el salario mínimo,
nos parece el indicado y el lógico para que se posibilite que también
concurran pequeñas y medianas empresas que --insisto-- son las que
merecen que les ofrezcamos mayores posibilidades de trabajo.
En Comisión se me dijo que las directrices europeas aconsejan que se fije
esta garantía en veinticinco veces el salario mínimo interprofesional. No
seremos nosotros quienes discutamos esas directrices, pero eso no está
reñido con que a través de una reflexión interna del propio Senado
fijemos un listón diferente. En este sentido, seguimos manteniendo la
conveniencia de que esa garantía se fije en quince veces el salario
mínimo y no en veinticinco veces, como dice el proyecto.
En cuanto a nuestra enmienda número 3, ya hay un compromiso por parte del
Grupo Socialista por el que se ha establecido que la misma va a ser
tenida en cuenta. Por tanto, no puedo retirarla ya que la base de esta
transacción es nuestra propia enmienda. En su momento votaremos,
lógicamente, a favor de dicha enmienda transaccional.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para defender las enmiendas números 57, 58 y 60, tiene la palabra el
Senador Rivera Mallo.
El señor RIVERA MALLO: Gracias, señor Presidente.
En primer término, quisiera lamentar la ausencia del señor Ministro de
Trabajo ya que ello significa, en nuestro criterio, su insensibilidad
ante la discusión en esta Cámara de un proyecto de ley de indudable
incidencia en el mercado laboral y, consiguientemente, en la creación de
empleo, objetivo común por el que todos estamos obligados a luchar.
Sin más preámbulos, paso a defender las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular al Capítulo I de este proyecto de ley.
La enmienda número 57 al artículo 2.3, párrafo primero, trata de reducir
de tres meses a un mes el plazo de solicitud de prórroga de la
autorización antes de la expiración, plazo que consideramos suficiente
para que las empresas de trabajo temporal puedan formalizar la solicitud
de prórroga. Se trata de salvaguardar mejor los intereses de las personas
físicas y jurídicas ya que, al fin y a la postre, son los sujetos activos
que están legitimados para constituir una empresa de trabajo temporal y,
consiguientemente, para solicitar las autorizaciones de prórrogas.
El plazo de tres meses que figura en el proyecto de Ley y que quizá hace
una referencia a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, nos parece excesivo.
Según nuestro criterio, la Administración tiene plazo suficiente con un
mes, si es operativa y diligente como tiene que ser, para ofrecer un
mayor respeto y un mejor servicio a los intereses generales del país.
La enmienda número 58 al artículo 2.4, párrafo primero, trata también de
reducir de tres meses a un mes el plazo de resolución de la solicitud de
autorización. Las razones para la defensa de esta enmienda son idénticas
a las expuestas en la enmienda número 57, ya que consideramos que el
plazo de un mes es suficiente para la resolución de la solicitud de
autorización, plazo, por supuesto, a contar desde la fecha de
presentación de dicha solicitud. La Administración, cumpliendo el mandato
constitucional, ha de servir con objetividad a los intereses generales y,
por tanto, ha de ser operativa, ágil y eficaz.
La enmienda número 59 fue retirada.
En cuanto a nuestra enmienda número 60 al artículo 3.2, propone reducir
de veinticinco a diez veces el importe del salario mínimo
interprofesional en cómputo anual en lo que se refiere a las garantías
financieras de las empresas de trabajo temporal para obtener la primera
autorización. Conseguida una seguridad jurídica, es evidente que hemos de
garantizar debidamente las obligaciones de las empresas de trabajo
temporal en cuanto se refiere a sus compromisos salariales y de Seguridad
Social. Compartimos esa filosofía y respetamos ese criterio ya que lo
contrario constituiría un serio riesgo para los trabajadores. De no ser
así, esta ley nacería ya con unas lagunas que a corto o medio plazo la
colocarían en una situación difícil y que incluso la podrían hacer
inviable. La garantía a exigir ha de ser razonable. La cifra que nosotros
proponemos --diez veces el salario mínimo interprofesional en cómputo
anual-- es más realista que la que figura en el proyecto de ley.
Señorías, de establecerse garantías muy altas --y de tal podemos
calificar las que se contemplan en el proyecto de ley--, se causaría un
grave perjuicio a las pequeñas y medianas empresas de trabajo temporal y,
consiguientemente, una discriminación que iría en perjuicio de los
trabajadores y que iría también en perjuicio de este modelo de empresas
al dejar a las empresas de trabajo temporal en manos de grandes grupos
financieros, que serían los únicos que podrían mantenerse en el mercado,
no sólo en función de estas garantías, sino también por su capacidad en
cuanto a los costos financieros que traerían aparejados.
Señorías, hay que facilitar las posibilidades de constitución y
funcionamiento de las empresas de trabajo temporal. Hay que hacerlas
operativas y competitivas. Ello constituirá un instrumento muy valioso
para agilizar el mercado de trabajo y para facilitar la creación de
empleo, objetivo común --repito-- por el que todos estamos obligados a
luchar.
No tengo más que decir. Unicamente quiero manifestar que mantenemos la
esperanza de que nuestras enmiendas merezcan el apoyo de los restantes
grupos de la Cámara ya que, en nuestra opinión, mejoran y enriquecen este
proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rivera.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Herrero Merediz.
El señor HERRERO MEREDIZ: Señor Presidente, también con brevedad pero con
rotundidad, quisiera afirmar que este proyecto de ley --y con esto
respondo a las enmiendas de Izquierda Unida-- precisamente quiere acabar
con las ficciones jurídicas que en su momento se produjeron a causa de la
utilización fraudulenta de los artículos 42 y 43 del Estatuto de los
Trabajadores.
Nuestro ordenamiento laboral prohibía la cesión de trabajadores, pero se
daba una ficción jurídica por la que se hacían subcontratas. Pues bien,
con esa realidad, que falsea y perjudica los derechos de los
trabajadores, es con lo que queremos acabar a través de este proyecto de
ley. Queremos ajustarnos al nuevo marco europeo y acabar con esa realidad
fraudulenta.
Por eso, no hay prestamismo laboral y no se trata de agencias de
colocación. La empresa de trabajo temporal tiene contratos de trabajo con
sus trabajadores, contratos para los que se exigen controles, garantías,
requisitos y publicidad. Eso es lo que pretende este proyecto de ley,
para crear empleo en el marco legal.
Por tanto, insistimos en que el sentido profundo de este proyecto de ley
consiste en acabar con algunos fraudes de ley ya existentes, facilitar la
creación de empleo y adecuarnos al marco europeo. Rechazamos, pues, todas
las enmiendas presentadas al Capítulo I por el Grupo de Izquierda Unida.
En cuanto a las enmiendas presentadas por otros grupos, hay aspectos que,
evidentemente --como siempre que se habla de cifras--, son discutibles.
La enmienda número 7, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos,
plantea el silencio administrativo siempre en un sentido, mientras que el
proyecto de ley distingue dos aspectos del mismo, buscando la garantía de
los derechos de los trabajadores. En este sentido, cuando se solicita la
autorización primera, si la Administración no contesta, aquélla se
considerará denegada, con el fin --repito-- de garantizar los derechos de
los trabajadores. Sin embargo, posteriormente se precisa que, cuando se
solicite para proseguir en esa actividad, si la Administración no
contesta, se entenderá el silencio en sentido positivo. Insisto en que
creemos que esta distinción es favorable para garantizar los derechos de
los trabajadores. Por tanto, rechazamos la enmienda número 7.
Por lo que se refiere a la enmienda número 4, anunciamos una
transaccional, porque creemos que el texto del proyecto de ley puede ser
mejorado con la enmienda basada en la del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, que todos los demás grupos de la Cámara han apoyado
con su firma.
Por otro lado, creemos que debe rechazarse la enmienda número 78, del
Grupo de Coalición Canaria, porque la falta de autorización ya está
prevista en el artículo 2 de una Ley ya refrendada por las Cámaras. Por
tanto, si no se concede la autorización, quedan claras las consecuencias
--favorables, en cierto sentido-- para los trabajadores y protegidos sus
derechos, como señala dicha Ley.
A este respecto, el artículo 2 de la ley sobre Medidas Urgentes de
Fomento de la Ocupación señala que la cesión de trabajadores sólo podrá
efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente
autorizadas en los términos que legalmente se establezcan, que es lo que
estamos discutiendo en estos momentos. Asimismo, añade que los
empresarios cedente y cesionario que infrinjan lo señalado en el apartado
anterior responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con
los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás
responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos. Y
continúa el artículo 2, en su apartado 3: «Los trabajadores sometidos al
tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su
elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones
del trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan en
condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o
equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde
el inicio de la cesión ilegal.»
Por tanto, si este aspecto ya está claramente especificado en un texto
legal, creemos que no es preciso incluirlo en el que estamos debatiendo,
como pretende la enmienda número 78.
La enmiendas al Capítulo I presentadas por el Grupo de Convergència i
Unió son las números 1 y 2, porque la número 3 está pendiente de un
acuerdo transaccional y tampoco corresponde a este Capítulo.
La enmienda número 1 señala que las empresas de trabajo temporal deberán
dedicarse exclusivamente a la actividad constitutiva de empresa de
trabajo temporal, sin perjuicio de que complementariamente puedan
colaborar con agencias de colocación sin fines lucrativos cediendo su
base de datos. Creemos que es conveniente que conste en el «Diario de
Sesiones» la voluntad del legislador en el sentido de que, aunque
rechazamos esa enmienda en sus términos formales, el texto legal no
impide esa colaboración; ahora bien, haciendo siempre la salvedad de que
ésta deberá respetar todos y cada uno de los requisitos que exige la Ley
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre. Por tanto, insisto en que, sin
perjuicio de que rechazemos la enmienda, queremos dejar claro que esta
ley no impide esa colaboración, ajustándose a los preceptos legales de la
citada Ley Orgánica.
En cuanto a la enmienda número 2, relativa a la cuantía de la garantía,
aunque este tema siempre puede ser discutible, podemos afirmar que el
texto legal ha buscado --por así decirlo-- el medio comunitario, es
decir, las garantías que se exigen a empresas de este mismo tipo en la
Comunidad Económica, cuyos derechos están regulados escrupulosamente. Ese
es, pues, el criterio que ha seguido el proyecto, por lo que rechazamos
esta enmienda, aun sabiendo que en cuestión de cifras es difícil llegar a
acuerdos, porque pueden existir distintas argumentaciones.
Por lo que respecta a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
números 57, 58 y 60, se refieren a plazos y cantidades de garantías. Para
la enmienda número 60 tenemos que argumentar lo mismo: el proyecto
de ley sigue las cantidades fijadas en nuestro entorno. Por lo que se
refiere a si el plazo para contestar debe ser de uno o de tres meses,
creemos que la autorización previa que debe exigirse a las empresas de
trabajo temporal debe llevarse a cabo en el plazo de tres meses y no en
el de uno, ya que la propia Ley de Procedimiento Administrativo exige un
plazo de diez días para la subsanación y mejora de la solicitud, otro,
también de diez días, para la evacuación de informes, y uno, entre diez y
quince días, para la realización del trámite de audiencia. Por tanto,
pensamos que el plazo de un mes es demasiado corto y, sin embargo, el de
tres meses supone una mayor garantía para los derechos de los
trabajadores.
Con esto, damos por contestadas en sentido negativo --dejando aparte las
enmiendas transaccionales propuestas-- todas las enmiendas presentadas al
Capítulo I del proyecto de ley.
Muchas Gracias.
El señor PRESIDENTE: Senador Herrero, hay una enmienda transaccional
sobre la base de la número 3, del Grupo de Convergència i Unió; pero la
Mesa no tiene todavía la enmienda transaccional que su señoría ha
anunciado, sobre la base de la número 4, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. Digo esto porque la Mesa agradecería mucho tener el
texto de dicha enmienda antes de que comiencen las votaciones, para
evitar errores.
Muchas gracias.
Pasamos al debate de los Capítulos II a V.
Del Grupo Mixto quedan vivas las enmiendas números 21 a 25, del Senador
Ramón i Quiles, que tiene la palabra para su defensa.
El señor RAMON I QUILES: Muchas gracias, señor Presidente.
Las enmiendas que he presentado, en nombre de Esquerra Nacionalista
Valenciana, al proyecto de ley van encaminadas a intentar que en estas
empresas de trabajo temporal --en las cuales no creemos porque pensamos
que no es la solución, ni tan siquiera una eficaz ayuda para la
disminución del paro y para la creación de empleo-- los trabajadores
reúnan, al menos, ciertas garantías, garantías por las cuales nadie supla
la voluntad del trabajador en cuanto a la adecuación del puesto de
trabajo; garantías que estabilicen las condiciones contractuales y los
salarios ajustados y garantías, por último, para que el trabajo sea
estable.
Pensamos que no es de recibo que estas empresas de trabajo temporal
puedan realizar contratos de duración determinada según las necesidades
de la empresa usuaria. Si es de verdad una empresa, tendrá que aceptar
los retos del mercado laboral y hacer contrataciones fijas y no tener las
ventajas que una empresa normal y corriente podría tener en cuanto al
acceso a estos trabajadores temporales.
Estas, en resumen, son las enmiendas que presentamos al proyecto de ley
con la idea de mejorar el texto, para que al menos puedan servir para
algo.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ramón i Quiles.
Pregunto al Senador Cuevas si en el turno anterior ha defendido sus
enmiendas. (Asentimiento).
Gracias. Quedan pendientes de votación.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos mantiene sus
enmiendas 12 a 18 a los artículos 6 a 21.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Bolinaga.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
En relación al Capítulo III, anuncio la retirada de las enmiendas números
13 y 17, para que se tome nota y conste a los fines deseables.
En cuanto a la enmienda número 12, que es de sustitución al artículo 10,
insistimos en mantenerla porque implica una mejora técnica, aunque en el
artículo 2.2 está perfectamente recogida la intencionalidad de esta
enmienda, en la que solicitamos que se incluya: «Dirección General de
Empleo u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas con competencia
de ejecución de la Legislación Laboral del Estado.»
Con respecto a la enmienda número 14, en el aspecto que se refiere a los
derechos de los trabajadores, la mantenemos por cuanto entendemos que
sirve perfectamente para cubrir tres aspectos, a nuestro entender,
fundamentales: Primero, completar la norma del proyecto de ley; segundo,
inducir una superación y una consolidación por vía societaria de la
temporalidad laboral, y tercero, aplicar un criterio de equidad o de
razonabilidad, lo que siempre es bueno.
En lo referente a la enmienda número 15, entendemos que tiene su
importancia la adición que proponemos, que dice lo siguiente: «Cuando las
empresas estuviesen obligadas, por norma de rango legal o por mandato
estatutario, a dotar un fondo de finalidad educativa, y efectivamente lo
tengan dotado, aquel porcentaje se podrá reducir en un 50 por ciento y
detraerse de dicho fondo.»
La razón es obvia: todos sabemos que hay empresas que por ley --y nos
referimos a las empresas cooperativas-- o por autónoma previsión
estatutaria detraen una parte de sus beneficios para un fondo de
educación y promoción análogo en favor de sus empleados. En tales casos,
nos parece que es lógico correlacionar las previsiones del proyecto con
esa carga pro educativa existente.
En cuanto a la enmienda número 16, estamos un poco confusos, porque una
primera parte de la adición que proponemos ya está de alguna manera
sustanciada
en otras transaccionales o en vías de transacción, pero una segunda parte
de esta misma enmienda de adición sí que nos interesaría que pudiera ser
recogida de alguna forma. Me refiero al hecho de las empresas
cooperativas, que tanto nos ha inquietado y que gracias a Dios ya va por
el buen camino en el contenido del texto de este proyecto de ley.
Suponemos que incorporando nuestra enmienda tendremos posibilidades de
evitar algunos posibles conflictos con las cinco Comunidades Autónomas
que han regulado ya tanto las cooperativas como la naturaleza del vínculo
entre éstas y sus socios trabajadores o de trabajo, configurándolo como
de carácter societario y no laboral.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Las enmiendas de Coalición Canaria ya se defendieron
en su momento y también la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Pueden ser defendidas en este momento las enmiendas 61 a 65, del Grupo
Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Rivera Mallo.
El señor RIVERA MALLO: En primer término, quiero decir que celebramos la
presencia del señor Ministro de Trabajo y, por tanto, retiro la crítica,
absolutamente respetuosa, que nos merecía su ausencia. Quede, por
consiguiente, retirada y celebramos la presencia del señor Ministro de
Trabajo.
En cuanto a la enmienda número 61, al artículo 6.2, apartado a) y adición
del apartado e), se propone suprimir en el apartado a) desde «cuya
ejecución aunque limitada en el tiempo es, en principio, de duración
incierta». Y, por el contrario, mantener: «Para la realización de una
obra o servicio determinado». Porque, señorías, esto es lo sustantivo,
que para una obra o servicio determinado una empresa de trabajo temporal
pueda utilizar un contrato de puesta a disposición, es decir, pueda
contratar a un trabajador para cedérselo a otra empresa, que es
precisamente la empresa usuaria. El resto, o sea, lo que nosotros pedimos
que se sustituya, nada nuevo añade salvo inseguridad jurídica.
En cuanto al nuevo apartado, que sería el e) y cuya adición proponemos,
literalmente diría: «e) Para atender las exigencias circunstanciales del
mercado derivadas del lanzamiento de una nueva actividad».
Dentro de los supuestos de utilización para celebración de contratos de
puesta a disposición se incluye este nuevo supuesto, que es el
lanzamiento de una nueva actividad. Interpretamos que en el marco de la
filosofía que inspira la ley y, por tanto, la legalización de las
empresas de trabajo temporal, es decir, la creación de empleo y
agilización, encaja perfectamente que en los supuestos de utilización de
estos contratos añadamos también el lanzamiento de una nueva actividad,
con lo que, aparte de ser coherentes con la exposición de motivos que
justifique el supuesto de utilización de este contrato al existir una
íntima relación entre el Real Decreto que lo regulaba y este proyecto de
ley, mejoramos sensiblemente el contenido de ésta y lo adaptamos a las
necesidades del mercado de trabajo.
En cuanto a la enmienda número 62 al artículo 7, punto 1, se pretende
ampliar la duración máxima de los contratos, tanto en el supuesto de
exigencias circunstanciales del mercado como en el de lanzamiento de
nueva actividad. Se trata de ampliar de tres a seis meses la duración del
contrato de puesta a disposición en su apartado d), pero prorrogable
hasta doce meses en los supuestos de exigencia del mercado, acumulación
de tareas o en caso de pedidos y, por supuesto, en el caso de lanzamiento
de nueva actividad. La práctica aconseja esta enmienda que, por otra
parte, consideramos que es justa, operativa y coherente con el espíritu
de la ley.
En cuanto a la enmienda número 63 al artículo 11, punto 1, apartado a),
propone una nueva redacción de este apartado, tratando de evitar la
excesiva dispersión del tratamiento salarial y proporcionando una mayor
seguridad jurídica y mayor garantía a los trabajadores; es decir,
aplicando los criterios y conceptos salariales del convenio colectivo
aplicable a las empresas de trabajo temporal o, en su defecto, el
convenio colectivo sectorial para la función equivalente que se haya
establecido en el propio contrato de puesta a disposición. Este es, a
nuestro criterio, el sistema más justo, más equitativo, que evita
discriminaciones y situaciones injustas y resuelve esos casos que, sin
duda, se plantearían en el sentido de que los propios trabajadores, a
igualdad de trabajo, prefieren ser destinados a la empresa usuaria que
les proporciona una mayor retribución, lo cual, por otra parte, también
consideramos lógico, pero produce tensiones y desigualdades que quedarían
solucionadas con la enmienda número 63, del Grupo Parlamentario Popular
que presentamos.
Ello resolvería, además, los problemas de administración que sin duda
también se ocasionarían a las empresas de trabajo temporal con distintos
criterios salariales y complicaciones que quedan subsanados con esta
enmienda, haciendo más operativa y ágil la actividad empresarial que
contempla este proyecto de ley.
La enmienda número 64 al artículo 14 propone sustituir el título de este
artículo de «Aplicación de la normativa laboral común», que es el actual,
por «Aplicación de las normas generales del Derecho Laboral.» En
principio, parece que no tiene especial trascendencia, pero es una mejora
técnica que recoge con mayor precisión y fidelidad el alcance de este
artículo, además de concretar esos aspectos que traen aparejados, antes o
después, litigios ante el orden jurisdiccional, en este caso el social.
La actual redacción es, cuando menos, incierta, insegura e inconcreta.
Normativa laboral común se contrapone a normativa o regulación
laboral de carácter especial, es decir, se contrapone lo común a lo
especial, y el artículo segundo del Estatuto de los Trabajadores hace
referencia a relaciones laborales de carácter especial, por
contraposición a las relaciones laborales de carácter común, aportando un
listado de relaciones laborales de carácter especial. En suma, se trata
de que, en lugar de aludir a la normativa laboral común, como figura en
el proyecto de ley, se haga alusión a las normas generales del Derecho
laboral, con lo que no se modifica el fondo de la cuestión y se introduce
seguridad jurídica, eliminando sin duda incertidumbres.
En cuanto a la enmienda número 65 al artículo 21, punto 2, párrafo 1.º,
se concreta que la suspensión de actividades, en el supuesto de
reincidencia de la comisión de infracciones tipificadas como graves en
esta ley, se limitará al centro de trabajo de la empresa de trabajo
temporal, sin que ello produzca efectos para los contratos de puesta a
disposición que estén vigentes en la fecha de la resolución sancionadora.
En el párrafo 3.º, en consonancia con lo anterior, se añade una coletilla
que dice literalmente: «... en el centro de trabajo afectado». No parece
aplicable que para las infracciones cometidas en un determinado centro de
trabajo se sancione a toda la empresa con la suspensión de toda la
actividad; no nos parece justo. Con esta enmienda se resuelve el problema
que, en el caso que nos ocupa, pudiera plantearse a los contratos de
puesta a disposición que están en fase de ejecución. Hay que distinguir
entre lo que es una empresa de trabajo temporal y lo que es,
eventualmente, un centro de trabajo de la misma, de forma que si fue
acreditado que la infracción muy grave ha sido cometida en un centro de
trabajo en particular, la suspensión de actividades debe afectar a ese
centro de trabajo y no a toda la empresa. De otra forma, se plantearía un
grave problema cuando la autoridad laboral encargada de sancionar una
suspensión de actividades por un año a una empresa de trabajo temporal
suspenda las mismas estando en vigencia contratos de puesta a
disposición. Se produciría un daño irreparable al trabajador afectado y a
la empresa usuaria, que no son responsables.
Por eso --y finalizo ya--, nuestra enmienda contempla que, atendiendo a
esta situación, la suspensión de actividades en estos supuestos no
produzca efectos para los contratos de puesta a disposición que estén
vigentes en la fecha de la resolución sancionadora, es decir, que no rija
la suspensión de actividades hasta el vencimiento de estos contratos. De
otra forma, sería cargar sobre trabajadores y empresas usuarias las
infracciones de las empresas de trabajo temporal, lo cual sería injusto y
discriminatorio, y esto es lo que pretendemos resolver, señorías, con
nuestra enmienda número 65.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rivera Mallo.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Zabaleta Areta.
La señora ZABALETA ARETA: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, en
primer lugar, agradezco la presencia del señor Ministro de Trabajo en
esta Cámara, que sin ninguna duda realza la importancia de la aprobación
de este proyecto de ley que regula las empresas de trabajo temporal.
Para comenzar, quiero referirme a la intervención de los portavoces de
Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Mixto, en la medida en que la
propuesta de enmiendas que ellos hacen tiene el espíritu de establecer
mayores garantías para los trabajadores. Quiero decirles en ese sentido
que el rechazo de esas enmiendas no ha sido por estar en contra del
establecimiento de esas garantías, sino por entender que sus enmiendas no
precisan mayores garantías.
Les recuerdo que algunas enmiendas más importantes que hay a este
proyecto de ley, como son las presentadas al capítulo III y que hacen
referencia a que no haya, por ejemplo, contratos de aprendizaje, a que
las retribuciones especifiquen las cuantías y los conceptos que deben
estipularse en esta ley con respecto a las labores de los trabajadores, y
tantas otras, como son las números 71, 72 y 73, que realmente establecen
garantías para los trabajadores, las ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista. Por tanto, no ha sido el ánimo de evitar esas garantías el
que nos ha llevado a rechazar las enmiendas de Izquierda Unida o del
Grupo Parlamentario Mixto.
Voy a referirme también a las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado, que hemos rechazado, como explicamos en
Comisión, en principio porque entendemos que alguna de ellas puede verse
contemplada en los desarrollos reglamentarios que vayan a continuación de
este proyecto de ley, o por entender en algún caso, como en la enmienda
número 80, que presenta el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado, que la propuesta de texto es mejor en lo que alude a las
indemnizaciones de los trabajadores y que contempla mayores supuestos que
la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, o
por el estricto respeto a la ley en lo que se refiere a la representación
de las organizaciones de los trabajadores.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, entendemos el espíritu de esas enmiendas, que hacen
referencia a algo tan importante como es el funcionamiento y como es todo
el sistema del movimiento cooperativo, que además tiene, por otro lado,
tanta importancia en el desarrollo productivo del País Vasco. Y, en ese
sentido, me siento doblemente satisfecha por representar a mi Grupo
en la transacción de estas enmiendas en mi doble vertiente de Senadora
socialista y de Senadora vasca. La propuesta es introducir en el texto
una Disposición Adicional Tercera que contempla dos puntos que hacen
referencia a que las cooperativas debidamente constituidas e inscritas,
de acuerdo con su legislación específica, podrán obtener la
correspondiente autorización administrativa para operar como empresas de
trabajo temporal en los términos establecidos en la presente Ley. A tal
efecto, las cooperativas de trabajo asociado podrán contratar a cuantos
trabajadores precisen para ponerlos a disposición de las empresas
usuarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, 8 y 10 de
esta Ley, aunque el número de asalariados con contrato por tiempo
indefinido supere el 10 por ciento del total de sus socios. Las
relaciones entre la cooperativa que actúe como empresa de trabajo
temporal y sus socios trabajadores o socios de trabajo cuya actividad
consista en prestar servicios en empresas usuarias, así como las
correspondientes obligaciones de Seguridad Social, se regirán por lo
previsto en la legislación aplicable a dicho tipo de sociedades.
Con este texto pretendemos acompasar la virtualidad y las características
del régimen cooperativo con el propio desarrollo y con la propia
aprobación de esta Ley.
Quiero anunciar al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió que, entendiendo el espíritu de su enmienda, le
proponemos una transacción al artículo 16, que diga: «Reglamentariamente
se determinará la información que la empresa de trabajo temporal debe
suministrar a la empresa usuaria».
Con respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que
pretenden ampliar los supuestos de contratación para el lanzamiento de
nueva actividad, creemos que ese lanzamiento se ajusta perfectamente a
las modalidades de contratación que se especifican en el proyecto de ley
y que si ese lanzamiento de nueva actividad lo único que trae consigo es
una virtualidad de la propia empresa, es decir, una característica
específica de la propia empresa, entendemos que no tiene por qué tener un
correlato en los supuestos de contratación, así como que esos supuestos
recogen perfectamente las posibles características particulares de
lanzamiento de nueva actividad.
Con respecto a los convenios que deben regir para el régimen de los
trabajadores, la redacción del proyecto de ley nos satisface más y
creemos que es más adecuado en cuanto que plantea, en primer lugar, que
sea el convenio que vaya a regir el de las empresas de trabajo temporal
y, en su caso, el de la empresa usuaria. De esa manera vamos a intentar
evitar el mayor número posible de distorsiones en lo que pueden ser las
retribuciones o las condiciones de trabajo del conjunto de los
trabajadores en general.
Respecto a la tercera enmienda de fondo que presenta el Grupo
Parlamentario Popular al artículo 21.2, también creemos que las empresas
de trabajo temporal deben ser conocedoras y responsables de lo que ocurre
en cada uno de sus centros de trabajo. Y, además, creo que este espíritu
y este sentido es compartido también por muchas de las empresas de
trabajo temporal del propio sector que hoy en día está actuando en el
mundo de las relaciones laborales y empresariales.
Por último, deseo decir que este proyecto de ley, además de ampliamente
debatido, lo cual nos produce una satisfacción especial, ha sido
respetuoso con las competencias de las Comunidades Autónomas en lo que se
refiere a autorizaciones y comprensión de las especificidades quizás más
relevantes de sus propias empresas o de una parte muy importante de ellas
como son las cooperativas. Por otro lado, ha intentado buscar el
equilibrio entre los intereses del propio sector empresarial y la defensa
de los intereses de los trabajadores. En última instancia, nos acerca un
poco más al desarrollo europeo, reglamentando y plasmando en un proyecto
de ley una actividad que ya se está desarrollando en los países europeos.
Para finalizar, diré que, sin ninguna duda, creemos todos que este
proyecto de ley va a contribuir a lo que más nos importa en estos
momentos, que es a la creación de puestos de trabajo y al resurgir de
nuestra economía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Senadora.
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Ramón i
Quiles.
El señor RAMON I QUILES: Muchas gracias, señor Presidente.
Evidentemente, señoría, su intervención no nos ha convencido respecto a
que las garantías ya están establecidas. Ni muchísimo menos. Es cierto
que el proyecto de ley ha mejorado sustancialmente, pero lo ha hecho en
otros conceptos. Ha mejorado sustancialmente en cuanto a que las
competencias autonómicas están recogidas fielmente en estos momentos; es
cierto que ha mejorado al presentarse esta enmienda transaccional que
permite que las cooperativas, en definitiva, empresas en las que son
dueños los propios trabajadores, puedan participar en estas empresas de
trabajo temporal. Pero discrepo absolutamente en cuanto a que las
garantías de los trabajadores estén contempladas en el proyecto de ley.
No están contempladas en absoluto, y yo no diré que se trata de empresas
de trata laboral, pero realmente son empresas que están trabajando con
mercaderías que no son otra cosa que los propios trabajadores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
En esta última intervención, y consciente de que es un turno de
portavoces y no un turno de defensa de ninguna de las enmiendas, puesto
que no las teníamos a este Capítulo por haber transaccionado la última
que nos quedaba, sí querría llamar la atención de la Cámara respecto de
una de las enmiendas que ha presentado del Grupo Parlamentario Popular.
Desde mi punto de vista, quizás no han puesto el énfasis necesario que
requería una enmienda de estas características, razón por la cual
quisiera expresar la opinión del Grupo Parlamentario Catalán en Senado de
Convergència i Unió con referencia a la enmienda número 63.
En estos momentos siento la necesidad de sincerar la posición del Grupo
respecto de dicha enmienda del Grupo Parlamentario Popular, en unos
momentos de la vida política en los que puede ocurrir que haya una cierta
contradicción entre lo que conviene y lo que uno desearía que se pudiera
llevar a cabo. Porque en la enmienda número 63 late un problema que es
importante. Según el texto del dictamen --que nosotros, como he dicho
antes, anuncio que vamos a votar a favor y de aquí la contradicción,
cuando se quiere ser sincero, entre los sentimientos personales y lo que
conviene-- hay una contraposición de intereses: por un lado, se obliga a
la empresa de trabajo temporal a que esos trabajadores que va a tener y
va a poner a disposición de la empresa usuaria se avengan al convenio
colectivo que tenga la empresa usuaria en concreto, en el bien entendido
de que esto será en tanto en cuanto las empresas de trabajo temporal no
tengan todavía el convenio colectivo. Y esta decisión puede producir dos
reacciones bien diferenciadas, una en positivo y otra en negativo.
Lo positivo va a ser que los trabajadores que están prestando sus
servicios en esas empresas usuarias van a tener, posiblemente, mejores
condiciones de trabajo por lo que hace, básicamente, a lo económico,
porque los convenios de las empresas siempre suelen estar por encima de
los convenios generales del sector. Pero con esta aplicación puede pasar
que se encarezcan los costos de las empresas de trabajo temporal; y si se
encarecen, que creo que es lo que va a pasar, se producirá un efecto
contrario a la vocación de la Ley, es decir, el incremento de los costos
traerá consigo que las empresas usuarias contraten menos servicios a las
empresas de trabajo temporal.
Y esta contradicción se ha intentado subsanar con esta enmienda del Grupo
Popular, que el Grupo Socialista ya ha anunciado que no iba a apoyar, y
con la que nuestro grupo, como he venido manteniendo a lo largo del
debate, está de acuerdo. La vamos a votar favorablemente, porque me
parece que es una enmienda con suficiente contenido que posiblemente
todos hemos pasado un poco por alto. En situaciones de contraposición de
intereses suele ocurrir.
En cualquier caso, quería dejar constancia de la preocupación del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió para que en el «Diario de Sesiones»
figure una reflexión sobre que posiblemente esta ley, en este aspecto,
deba ser replanteada de nuevo en un plazo no demasiado largo. No es menos
cierto que esta limitación obligará a hacer un esfuerzo superior a las
empresas de trabajo temporal para encontrar soluciones para elaborar su
propio convenio colectivo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Codina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Prada
Presa.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para agradecer la defensa que el Senador
Codina ha hecho de nuestra enmienda número 63, que precisamente era sobre
lo que iba a versar este turno de portavoces, y para señalar lo que ya
indiqué en la tribuna sobre que la quiebra del consenso se va a producir
por el rechazo o no aceptación de nuestra enmienda número 63.
El Grupo Parlamentario Popular, que ha apostado en todo momento porque se
solvente esta situación de «alegalidad» de las empresas de trabajo
temporal, entiende, y lo ha manifestado, que la viabilidad o la
inviabilidad de las empresas de trabajo temporal iba a depender
fundamentalmente de dos artículos, y uno de ellos, que es el que estamos
debatiendo en este momento, era precisamente el artículo 11, en su
párrafo primero, apartado a).
Por las razones que el Senador Codina ha señalado, y que no voy a
reiterar, debo señalar que esa contraposición de intereses que se produce
en el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene un reflejo que no
debe ser hacer constar en el «Diario de Sesiones» que hay que modificar
la ley. Senador Codina, estamos haciendo en estos momentos una ley; el
Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a un artículo y se
desprende de sus palabras que ustedes comparten su espíritu. Lo único que
cabe no es decir que en un futuro modificaremos la ley, sino apoyar
nuestra enmienda ésa sí sería la constancia que debería quedar en el
«Diario de Sesiones». Lamento que por razones que no ha explicado no
apoye la enmienda número 63 que, sin lugar a dudas, va a dar viabilidad a
este proyecto si saliera adelante ya que, a nuestro juicio, este proyecto
va a ser inviable. Por esta creencia en la inviabilidad del proyecto es
precisamente por lo que vamos a votar en contra, pidiendo votación
separada a la Presidencia, del artículo 11, párrafo primero, apartado a),
porque creemos que el proyecto de ley que se va a aprobar hoy en esta
Cámara con esa redacción, repito, va a ser inviable.
Senadora Zabaleta, ¿usted cree y creen los Senadores del Grupo Socialista
que se va a realizar en algún momento el convenio colectivo de empresas
de trabajo temporal si se ha establecido en ese párrafo segundo que si no
existe ese convenio colectivo de empresas de trabajo temporal, las mismas
se regirán por los convenios de empresa en las que presten servicios los
trabajadores pertenecientes a las empresas de trabajo temporal? Eso va a
hacer inviable totalmente que el convenio colectivo de las empresas de
trabajo temporal sea una realidad, ni a corto, ni a medio, ni a largo
plazo. Va a ser totalmente inviable la existencia en nuestro ordenamiento
jurídico de un convenio colectivo y así, además, lo han manifestado los
propios sectores afectados de empresas de trabajo temporal. Si ese
convenio colectivo de empresas de trabajo temporal no es una realidad en
el más breve plazo de tiempo, nos vamos a encontrar que estamos haciendo,
como decía antes, papel mojado y que las empresas de trabajo temporal
serán legales pero no existirán en el mercado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Prada.
Para el turno de portavoces, tiene la palabra la Senadora Zabaleta.
La señora ZABALETA ARETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros pensamos sinceramente que va a haber convenios en las empresas
de trabajo temporal por una sencilla razón: porque le va a convenir tanto
a las empresas de trabajo temporal como a los propios trabajadores; por
tanto, será esta mutua conveniencia la que va a posibilitar que haya
convenios. Pero lo que nos parece es que en defecto de que no haya un
convenio en las empresas de trabajo temporal, el convenio que debe de
regir es el convenio de la empresa usuaria. Estamos en un apartado
titulado «derechos de los trabajadores» y lo que nos parece menos
distorsionador, más acompasado y menos discriminatorio con respecto a
unos u otros salarios o a unas u otras condiciones de trabajo es que sea
el convenio de la empresa usuaria el que rija como marco general para el
desarrollo de las actividades de trabajo de unos u otros trabajadores en
el caso de que no exista, como decíamos anteriormente, ese convenio de
las empresas de trabajo temporal. Así lo creemos, así lo hemos defendido
y así lo vamos a defender.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, ahora sí, las enmiendas números 19 y 20
a las disposiciones adicionales del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
El Senador Bolinaga Bengoa tiene la palabra.
El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Previamente al Capítulo IV habíamos presentado la enmienda número 18,
concretamente al artículo 16.3, que no tiene mayor importancia y nos
agrada anunciar su retirada dado que el espíritu de la misma de alguna
manera está ya incorporado al propio dictamen de la Comisión. Por tanto,
retiramos la enmienda número 18.
En cuanto a nuestras enmiendas números 19 y 20 referentes a la
disposición adicional, nos congratulamos de que precisamente a través de
las conversaciones y de las «ententes» a las que hemos llegado ambos
grupos, la Senadora Gemma Zabaleta haya dado lectura a una posible
disposición adicional tercera cuyo contenido, su espíritu y sus propios
efectos van en consonancia con estas dos enmiendas que, por consiguiente,
van a tener carácter de transables y que mantenemos únicamente en sus
aspectos formales convencidos de que, en definitiva, va a ser la
disposición adicional tercera de nueva creación la que va a imperar en
función y relación a estas enmiendas a la disposición adicional como tal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) No hay turno en contra. Por lo tanto, vamos a
proceder a someter a votación las enmiendas vivas y el dictamen.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas del Grupo Mixto,
números 21, 22, 23, 24 y 25, del Senador Ramón i Quiles.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a
favor, siete; en contra, 223; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas de los Senadores
Cuevas González y Vilallonga Elviro, números 26 a 56.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, dos; en contra, 129; abstenciones, 102.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, sostiene una enmienda
transaccional. Por lo tanto, sometemos a votación las enmiendas números
7, 12, 14, 15, 16, 19 y 20. (El señor Herrero Merediz pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Herrero.
El señor HERRERO MEREDIZ: Gracias, señor Presidente.
Pedimos votación separada de la enmienda número 20. Para facilitar el
conocimiento de la Cámara, las enmiendas números 8 y 20 han sido
transformadas mediante una transaccional que, como es evidente, votaremos
afirmativamente. Por lo tanto --insisto-- pedimos votación separada de la
enmienda número 20.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Senador Herrero, la enmienda número 20 se puede
someter a votación de forma separada, pero lo que hace esta enmienda
--que yo no he tenido en cuenta en el primer enunciado-- es sostener una
enmienda transaccional que, en realidad, es una enmienda de modificación
porque tiene la firma de todos los portavoces. Quizá no sea necesario
someterla a votación, ¿o sí lo es? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Señor Presidente, entiendo que si es una
enmienda transaccional, lo que tenemos que votar es la transaccional, no
la enmienda que la sostiene, es decir, la número 20.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, nosotros no hemos firmado la
enmienda transaccional a la enmienda número 20 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor PRESIDENTE: Tiene razón su señoría. Por lo tanto, votamos sólo
la enmienda transaccional, que es el criterio mantenido por los Grupos
Parlamentarios.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, afectadas por
enmiendas transaccionales, están las enmiendas números 4 y 20. Votamos
las respectivas enmiendas transaccionales que descansan sobre éstas.
Restan por votar las enmiendas números 7, 12, 14, 15, 16 y 19 de ese
Grupo Parlamentario. ¿Estamos de acuerdo, Senador Herrero? (Pausa.)
Gracias.
Sometemos a votación las enmiendas números 7, 12, 14, 15, 16 y 19, del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 12; en contra, 123; abstenciones, 99.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del
Senado son las números 78, 79, 80 y 81, que se pueden votar
conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 12; en contra, 123; abstenciones, 98.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió vamos
a someter a votación separadamente, primero, la enmienda número 1, y
luego, la número 2. La enmienda número 3 sostiene una enmienda
transaccional que después pasaremos a votación.
Sometemos a votación la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 123; en contra, 110.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación la enmienda número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a
favor, 103; en contra, 114; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Del Grupo Parlamentario Popular, restan por votar las enmiendas números
57, 58, 60, 61, 62, 63, 64 y 65. ¿Pueden someterse a votación
agrupadamente? (Pausa.)
Se someten a votación conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a
favor, 99; en contra, 123; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a dar lectura a la enmienda transaccional referente al artículo
16.3, que descansa sobre la número 3 del Grupo de Convergència i Unió,
suscrita por todos los portavoces. «3. Reglamentariamente se determinará
la información que la empresa de trabajo temporal debe suministrar a la
empresa usuaria».
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 232; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Al artículo 2.1.a) y sobre la base de la enmienda número 4, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, se propone la redacción
de la letra a) del siguiente tenor: «Disponer de una estructura
organizativa que le permita cumplir las obligaciones que asume como
empleador en relación con el objeto social.» Está suscrita por todos los
Grupos, excepto el Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 134; en contra, dos; abstenciones, 98.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, excepto el Grupo
Parlamentario Popular, enmienda transaccional sobre la base de la
enmienda número 20, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos. Se propone la adición de una nueva disposición adicional, con la
siguiente redacción: «Disposición adicional tercera. 1. Las cooperativas
debidamente constituidas e inscritas, de acuerdo con la legislación
específica, podrán obtener la correspondiente autorización administrativa
para operar como empresas de trabajo temporal en los términos
establecidos en la presente Ley. A tal efecto las cooperativas de trabajo
asociado podrán contratar a cuantos trabajadores precisen para ponerlos a
disposición de las empresas usuarias, de conformidad con lo establecido
en los artículos 6, 8 y 10 de esta Ley, aunque el número de asalariados
con contrato por tiempo indefinido supere el diez por ciento del total de
sus socios. 2. Las relaciones entre la cooperativa que actúe como empresa
de trabajo temporal y sus socios trabajadores o socios de trabajo cuya
actividad consista en prestar servicios en empresas usuarias, así como
las correspondientes obligaciones de Seguridad Social, se regirán por lo
previsto en la legislación aplicable a dicho tipo de sociedades.»
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 134; abstenciones, 99.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Seguidamente, sometemos a votación el texto del dictamen, de la siguiente
manera. En primer lugar, vamos a votar los artículos 1 a 5,
correspondientes al Capítulo I, con excepción del artículo 3.2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 231; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículo 3.2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 133; en contra, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A continuación, vamos a someter a votación los artículos 6 a 21,
Capítulos II a V, exceptuando el artículo 11.1.a), que vamos a votar
separadamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 231; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el artículo 11.1.a).
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a
favor, 132; en contra, 99; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Seguidamente, sometemos a votación las disposiciones adicionales primera
y segunda, la disposición final y también la Exposición de Motivos, si no
hay inconveniente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a
favor, 231; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución,
se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de
los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa
a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
(El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 20/1991, DE 7 DE JUNIO, DE MODIFICACION
DE LOS ASPECTOS FISCALES DEL REGIMEN ECONOMICO FISCAL DE CANARIAS. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (621/000030) (121/000039).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al siguiente punto del
orden del día que es el debate y votación del dictamen de la Comisión de
Economía
y Hacienda en relación con el proyecto de ley por la que se modifica la
Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias, que se tramita por el procedimiento
de urgencia.
Pido a sus señorías que mantengan sus diálogos fuera del hemiciclo para
poder seguir atentamente esta discusión. (Pausa.)
Para la presentación del Dictamen ¿ha sido designado alguien de la
Comisión?
El señor GONZALEZ LAXE: Sí, señor Presidente.
Ha sido designado el Senador José Juan Rodríguez.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador González
Laxe.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor de presentar el Dictamen de la Comisión de
Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley que modifica la
Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Con fecha 22 de abril de 1994 tuvo entrada en el Senado el texto aprobado
por la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del Congreso de los
Diputados, con competencia legislativa plena, relativo al proyecto de Ley
por la que se modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de Modificación de
los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
Declarada urgente su tramitación, se publicó en el Boletín Oficial del
Senado el día 22 de abril del presente año, dándose plazo hasta el 26 de
abril para la presentación de enmiendas por parte de los diferentes
Grupos parlamentarios. Lo hicieron en un número global de veintitrés,
procediendo cinco del Grupo Parlamentario Popular, cuatro del Grupo
Parlamentario Socialista y catorce del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado. La Ponencia, integrada por los Senadores don David
Marca i Cañellas, doña Josefa Luzardo Romano, don José Juan Rodríguez
Rodríguez, don José Segura Clavell y don Francisco Utrera Mora, acordó
proponer a la Comisión de Economía y Hacienda la aceptación de las cuatro
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, y así lo hizo por mayoría
la Comisión celebrada el día 4 de mayo del presente año, en la que no se
incorporó al Dictamen ninguna otra enmienda.
Conviene destacar, a efectos de conocimiento de esta Cámara, que el
proyecto de Ley, cuyo debate comenzamos a continuación, tiene su origen
en el Real Decreto-Ley 21/1993, de 29 de diciembre, que fue convalidado
en el Congreso de los Diputados con el acuerdo de su conversión en
proyecto de ley.
Señorías, este proyecto de ley por la que se modifica la Ley 20/91, de 7
de junio, de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias pretende producir la adaptación de la fiscalidad
canaria a la estructura normativa derivada de diversas normas legales
posteriores a aquéllas, tales como la Ley 29/1991, la Ley 37, de 1992, o
la Ley 38 del mismo año. Consiguientemente, este proyecto de ley resulta
altamente necesario en la regulación tributaria canaria por cuanto
moderniza aquélla que, por mandato imperativo, debía de hacerse, habida
cuenta que el IGIC --Impuesto General Indirecto Canario-- se creó de
acuerdo al Reglamento IVA, que éste resultó modificado por la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, que incorporó al ordenamiento tributario
español las normas comunitarias, tales como la Directiva 91/680, de 16 de
diciembre, reguladora del tráfico...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, un momento, por favor.
Pido a sus señorías que moderen la emisión de sus decibelios, porque
realmente se hace difícil poder seguir con atención lo que su señoría nos
está diciendo.
Gracias.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Decía que este proyecto de ley resulta
altamente necesario en la regulación tributaria canaria por cuanto
moderniza aquella que, por mandato imperativo, debía de hacerse habida
cuenta que el IGIC --Impuesto General Indirecto Canario-- se creó de
acuerdo al Reglamento IVA, que éste resultó modificado por la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, por incorporación al ordenamiento tributario
español de normas comunitarias, tales como la Directiva 91/680, de 16 de
diciembre, que regula el tráfico intracomunitario, la Directiva 92/1977,
de 19 de octubre, sobre armonización de tipos impositivos y el Reglamento
92/218, de 27 de enero, relativo a la cooperación que deben prestarse las
administraciones comunitarias.
Se encuentra, pues, su señoría, ante la modificación de una Ley que,
junto con la próxima que veremos de bases económicas y el ordenamiento
comunitario que he citado, constituye el pilar fundamental del acervo
tributario canario, una de las piezas de nuestro acervo histórico.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Rodríguez
Rodríguez.
Turno de portavoces. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tal como ya hicimos en los distintos trámites
del Congreso con relación a la nueva ley de aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias, ahora en el Senado escucharemos con la
mayor atención a los distintos portavoces de cada Grupo en el trámite de
posicionamiento y de defensa de sus enmiendas.
Nosotros hemos creído que nuestra mejor aportación es la de no
entrometernos en una cuestión que afecta exclusivamente a Canarias, en el
sentido de respetar al máximo la iniciativa legislativa del Parlamentario
Canario. No hemos presentado ninguna enmienda, ya que creemos que esta
Ley es el resultado final de un buen entendimiento entre la mayoría
política de aquella Comunidad y el Gobierno del Estado.
Nuestro Grupo cree que el desarrollo de esta Ley llegará más allá del
régimen económico y fiscal de Canarias y entendemos que éste es un gran
salto en el desarrollo de las autonomías.
Nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
se alegra al ver que el Estado de las Autonomías, aunque lentamente,
avanza decidido hacia la progresión que en este sentido prevé la
Constitución.
Nuestro Grupo apoyará siempre todas las iniciativas que aporte algo nuevo
o funcional o que simplemente corrijan cualquier defecto de los proyectos
de ley relacionados con las Comunidades Autónomas.
Cuando por parte de algunos Grupos parlamentarios se defiende el café
para todos en las distintas autonomías, no se hace un buen servicio al
país. En esta línea deberíamos votar todos en contra de la ley que hoy
nos ocupa, afortunadamente no será así.
Sí que es conveniente estandarizar en las líneas básicas porque en cuanto
se llega al terreno de las peculiaridades hay que tener visión de futuro,
espíritu solidario y capacidad de entendimiento en el sentido de que
España es peculiar y como tal hay que tratarla.
Deseamos fervientemente que el desarrollo de esta ley tan trascendental
para Canarias represente el principio del período de esplendor para las
islas afortunadas. Con nuestro voto afirmativo rubricaremos nuestros
deseos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Marca.
¿Por el Grupo Popular, hay alguna intervención en turno de portavoces?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el Senador Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, el Grupo Parlamentario Socialista a través
de este interviniente estima oportuno fijar su posición y glosar la
importancia de la tramitación de esta ley que en esta Cámara lo hace y
avanza en paralelo con la que se ha denominado Ley Económica del Régimen
Económico Fiscal Canario, que es complementaria de ésta y que justamente
en el día de mañana, en el seno de la Comisión General de las Autonomías,
va a ser objeto de análisis y debate, habida cuenta que a la que estoy
haciendo referencia procede de una proposición de ley del Parlamento
regional.
Consiguientemente, señorías, por la singularidad de la Comunidad Canaria
y por la singularidad de esta ley nos parece oportuno consumir este turno
de portavoces para llevar a cabo una serie de consideraciones que
justifican la tramitación de esta ley. En efecto, señorías, se modifica
con ella la Ley 20/1991, de 7 de junio, que se denominó de Modificación
de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la
cual junto con el Reglamento Comunitario 1911/1991 del Consejo, de 26 de
junio de 1991, relativo a la aplicación de las disposiciones del Derecho
Comunitario en las Islas Canarias determinaron la creación de una nueva
estructura de la fiscalidad indirecta de la Comunidad Autónoma Canaria de
forma tal que tal reestructuración en la fiscalidad se motivó como
consecuencia de la modificación del protocolo 2 del Acta de Adhesión de
España a la Comunidad Europea que supuso la sustitución de los antiguos
arbitrios históricos creados por la Ley 30 de 1972, de 22 de julio, del
Régimen Económico Fiscal y la sustitución, insistimos, por nuevas figuras
tributarias como fueron el arbitrio sobre la producción-importación y por
el impuesto general indirecto canario con el fin de racionalizar,
simplificar y unificar la actual imposición indirecta representada por el
impuesto general sobre el tráfico de empresas y el arbitrio insular sobre
el lujo.
Señorías, aunque el reglamento 1911/1991 del Consejo de 26 de junio de
1991, al que he hecho referencia, declara que la integración de las Islas
Canarias en la Comunidad no resulta incompatible con el mantenimiento de
una fiscalidad indirecta específica de nuestras Islas y especialmente
declara el mantenimiento de la exclusión de Canarias del ámbito de
aplicación territorial del sistema común del impuesto sobre el valor
añadido, en aplicación de lo que establece el artículo 26, Capítulo V,
punto 2 del Acta de Adhesión, así como el mantenimiento de la exclusión
de las Islas Canarias del ámbito de aplicación territorial de las
directivas comunitarias entre ellas la Sexta Directiva, que ha sido
objeto en sesiones en estas Cortes Generales de análisis al respecto, es
evidente que durante el período de vida de la Ley 30/1985, del 2 de
agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, una ley que introdujo el IVA
en el Estado español, que entró en vigor el 1.º de enero de 1986
justamente el 31 de diciembre de 1992, en que sufrió diferentes
modificaciones fue, sin duda, la radical transformación tributaria que
experimentó el Estado español. Esa transformación conllevaba también la
transformación fiscal en el seno de la fiscalidad específica
de la Comunidad Canaria. De esa forma los diferentes artículos,
directivas comunitarias posteriores y normativa de toda índole que supuso
la trasposición del ordenamiento tributario de la Comunidad al Estado
español traía consigo necesariamente la necesidad de mantener el
diferencial fiscal al cual la Constitución española da origen y respeta
desde la óptica de la singularidad de la Comunidad Canaria.
Señorías, a lo largo de los últimos años la modificación del Reglamento
del IVA y toda una serie de medidas tributarias, como la aparición de la
Ley de Impuestos Especiales que ha afectado naturalmente a Canarias, ha
traído consigo la necesidad de modificar la Ley 20 de 1991 y
consiguientemente adaptar a la moderna estructura tributaria del Estado
español y a todas las disoluciones dimanadas de las instituciones
europeas la fiscalidad canaria. De ahí la aparición del Real Decreto
21/1993, de 29 de diciembre, que convertido por decisión del Congreso de
los Diputados en proyecto de ley ha sufrido y ha experimentado la
tramitación legislativa que hoy prácticamente culminará en este Pleno
aportando, consiguientemente, el primer pilar a lo que va a constituir la
nueva estructura económica y fiscal de la Comunidad Canaria.
El Grupo Parlamentario Socialista, teniendo en cuenta el apoyo
mayoritario que la globalidad de esta ley experimentó en el Congreso de
los Diputados y teniendo en cuenta también las características
previsibles del debate que sigue a continuación en la defensa de las
enmiendas vivas por parte de cada uno de los Grupos parlamentarios y de
las posiciones que mantendrá globalmente la Cámara, adelanta su apoyo
unánime al contenido pleno de este proyecto de ley, manifiesta la
satisfacción de su tramitación y, naturalmente, la fijación de posiciones
que este interviniente hace en el sentido de marcar la oportunidad y la
justicia de cada uno de los contenidos de su articulado y, por tanto, el
que en este Pleno, tal como dije en Comisión el miércoles pasado, se
produzca el ajuste fino de una ley tributaria que marca la singularidad
de la Comunidad Canaria y la diferencia con respecto a la fiscalidad en
el resto del Estado español.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Segura
Clavell.
Pasamos ahora al debate de las enmiendas a los diversos artículos. El
voto particular número 1, de Coalición Canaria del Senado, hace
referencia a las enmiendas números 10 a 23. Tiene la palabra el Senador
Brito.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, si me lo permite la Presidencia vamos a globalizar la defensa
del conjunto de nuestras enmiendas para agilizar el trámite parlamentario
y ahorrar a sus señorías que se alargue el debate.
Quiero decir, en primer lugar, que las características de este tipo de
organización del sistema fiscal canario encomienda a la Comunidad
Autónoma la recaudación, la inspección, prácticamente todo lo que es la
gestión del tributo e incluso determinados aspectos de desarrollo
reglamentario. Quiero decir también que nuestras enmiendas responden
prácticamente en su totalidad a lo que en su momento aprobó el propio
Parlamento de Canarias por amplia mayoría en el sentido de mejorar la
estructura del funcionamiento de los reglamentos del impuesto y de la
gestión del mismo. En este sentido hay que decir que prácticamente todas
las enmiendas que formulamos tienen el carácter de ampliar aspectos
técnicos en la gestión del impuesto o incluso mejorar con mayor rigor el
funcionamiento de los reglamentos de la propia gestión y recaudación.
Desde esta perspectiva, solamente se amplían determinados aspectos en la
coordinación, necesaria y conveniente, de las diferentes Administraciones
tributarias, particularmente en nuestra enmienda número 18. Se incorporan
dos enmiendas que faltaban respecto al funcionamiento del sistema de
pesca, de avituallamiento y de funcionamiento portuario, especialmente
las enmiendas números 21 y 22. La enmienda número 20, que trata de cubrir
un vacío respecto al funcionamiento del Fondo de Previsión de Inversiones
para el año 1991. Y, en definitiva, la enmienda número 23, que trata de
incluir, desde la perspectiva de entender que son productos que afectan a
minusvalías, las gafas que tienen, lógicamente, un tratamiento de
carácter médico y no las que tienen un carácter más comercial.
Por tanto, se trata --y termino, señorías-- de perfeccionar la estructura
del régimen fiscal canario, perfeccionar la gestión y sistemas de
recaudación del Impuesto y, lógicamente, puntualizar determinados
aspectos de mejora técnica en el funcionamiento del Reglamento y la
gestión del mismo. En consecuencia, en nombre de nuestro Grupo pido a la
Cámara el apoyo a las enmiendas que he explicitado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para la defensa del voto particular número 2, tiene la palabra la
Senadora Luzardo.
La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, yo también voy a defender globalmente las cinco enmiendas que
hemos presentado, pero antes quería mencionar que el Grupo Popular se
abstuvo en la votación del Dictamen de la Ponencia sobre este proyecto de
ley de modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, siguiendo
el consejo del Grupo Socialista de mantener vivas las enmiendas para su
debate en Pleno.
Este proyecto de ley, como ya se ha dicho, surge de la convalidación de
un Real Decreto, y nosotros ya manifestamos en el trámite previo del
Congreso de los Diputados nuestra preocupación porque una materia tan
importante para Canarias haya sido tramitada por ese Real Decreto.
Esperamos que en un futuro esta vía sólo se utilice en casos
excepcionales, ya que está contemplado en la Disposición Adicional
Tercera de la Constitución.
El Grupo Parlamentario Popular ha mantenido cinco enmiendas que se
refieren al sector del automóvil, que está en situación de crisis, con
las que proponemos una serie de medidas fiscales. En primer lugar,
solicitamos una modificación de 10 a 12 caballos fiscales para que estén
sometidos los vehículos accionados a motor al 12 por ciento del IGIC; de
la misma manera, también lo mantenemos en los vehículos tipo «jeep»,
cuyos modelos estén considerados de aplicación industrial, comercial o
agrícola, cuando su precio final de venta al público, excluidos los
impuestos, no exceda de 3.893.000 pesetas, estando el límite actual en
sólo 2.500.000 pesetas; también entendemos que la misma reducción que se
produjo en los turismos de hasta nueve plazas debería extenderse a otros
vehículos industriales que hasta la entrada en vigor del REF estaban
exentos. Por último, las enmiendas números 4 y 5 están referidas a
ciclomotores y «scooters» de cilindrada inferior a 50 centímetros cúbicos
para que tributen al 3 por ciento del APIC, al igual que los vehículos
proyectados para el transporte de personas.
Nosotros hemos justificado estas enmiendas en la situación en la que se
encuentra el sector, y de la misma manera que lo propusimos en el
Parlamento de Canarias, anunciamos medidas tendentes a reducciones o
exenciones porque el incremento --y vuelvo a reiterar los argumentos que
di en Comisión-- en la recaudación del IGIC había superado las cotas que
se había propuesto el propio Gobierno.
Por último, espero que ese ajuste fino al que se refería el Senador
Segura se produzca y apoyen las enmiendas que hemos presentado, para las
que pedimos el voto positivo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora Luzardo
Romano.
En turno en contra, tiene la palabra el Senador Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
A sabiendas de que éste es un tema que ya finaliza prácticamente en su
tramitación, porque ha sido analizado en muy distintos foros, no
obstante, por razón del respeto parlamentario que nos merecen los
diferentes Grupos, los intervinientes y los contenidos de las enmiendas,
parece oportuno hacer algunos razonamientos.
Señorías, globalmente las enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario
Popular, tal como puede verse en los contenidos de los textos de las
mismas, van orientadas fundamentalmente, y como ha manifestado la
Senadora Luzardo, que las ha defendido, a la modificación de los tipos
impositivos. Varias son las razones que nosotros pensamos pueden darse a
efectos de oponernos para justificar la oposición a nuestras enmiendas,
pero la razón definitiva, la razón básica de carácter formal la
encontramos en la Disposición Adicional Octava, apartado segundo de la
Ley 20/1991, que dice textualmente: Dos. Las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado podrán modificar los tipos de gravamen regulados en
el apartado anterior dentro de los límites previstos en el artículo 27 de
esta Ley. Tales modificaciones se efectuarán, en su caso, a iniciativa de
la Comunidad Autónoma de Canarias, que oirá previamente a los Cabildos
Insulares. Novena. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán
modificar el límite cuantitativo fijado en el artículo 49.1 de la
presente Ley y, en su caso, el régimen de tributación del autoconsumo en
el Impuesto General Indirecto Canario. Las modificaciones a que se
refiere el apartado anterior se efectuarán, en su caso, a través de
iniciativas de la Comunidad Autónoma.
Señoría, no nos encontramos, como es obvio, en una fase de tramitación de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado, nos encontramos en la ley en
la que nos encontramos; no es el momento procedimental adecuado. Esta es
una razón de tipo formal; pero hay otra razón, si cabe, de tipo político.
Cuando hablábamos en la Comisión de Economía y Hacienda de ajuste fino,
que es el ajuste que, en efecto, corresponde llevar a cabo en esta
Cámara, queríamos decir el análisis de la globalidad de las enmiendas
presentadas y mantenidas vivas en el Pleno, y ese análisis al Grupo
Parlamentario Socialista le ha llevado a proponer a esta Cámara la
aceptación de tres enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
del Senado, las números 16, 21 y 22, ya que nos parecen ajustadas desde
la perspectiva de fiscalidad que tenemos con respecto a la Comunidad
Canaria.
La modificación de los tipos que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular
en las cinco primeras enmiendas presentadas ante esta Cámara significa
modificación de tipos y mejoras fiscales para un sector de mucha
penetración social, evidentemente, con un tono económico que en los
últimos meses ha ido incrementando su intensidad, tal como lo detectan
los datos y las propias ventas de los vehículos. Pero no olvidemos que
determinados planteamientos que se hacen, por ejemplo,
con respecto a los «jeeps», conllevan también un concepto ecológico, un
concepto de conservación, de preservación de nuestra naturaleza y, desde
luego, una superficie limitada que significa el propio hecho insular en
cada una de nuestras islas de la Comunidad Canaria.
Señorías, nosotros creemos que la fiscalidad es adecuada, ajustada y que
posibilita el tono económico de incremento en las ventas de prácticamente
un 20-30 por ciento, como ha tenido ese sector en nuestra Comunidad, y no
nos parece oportuno proponer enmiendas que nos han hecho llegar a los
diferentes Grupos parlamentarios algunos sectores comerciales.
Por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado, ya les hemos adelantado que aceptamos las
enmiendas números 16, 21 y 22 porque estamos convencidos de su bondad. La
enmienda número 21 perfila y define mejor el ámbito de exención a la
exportación y se extiende, tal como se propone, a la pesca de altura.
Pensamos que esto abre unos horizontes muy positivos a un sector que,
previsiblemente, se verá complementado con decisiones que podamos adoptar
también aquí en la ley económica, de tal forma que estas enmiendas
encontrarán naturalmente otro complemento --sin que posea la autoridad
parlamentaria para poderlo decir--, pero para eso pasaremos por las
diferentes fases de discusión y, quizá, lleguemos a acuerdos globales que
mejoren un sector que fue importante en Canarias durante muchos años y
que ha ido experimentando un descenso de vitalidad, por lo que tenemos la
obligación de relanzarlo, ya que ha significado el aporte de puestos de
trabajo en diferentes islas de la Comunidad canaria, fundamentalmente en
las orientales. Además, esperamos que esas medidas, recogidas en las
enmiendas números 21 y 22, den un cierto tono de mayor vitalidad a los
puertos canarios. Por consiguiente, las hemos apoyado desde la
perspectiva de su sensatez y bondad, al igual que la enmienda número 16,
que también produce un ajuste fino en los mecanismos de control y
sancionadores a efectos de la justicia de la normativa tributaria.
Sin embargo, la enmienda número 10, vinculada a los temas de
arrendamiento financiero, quizá pueda tener un encuentro más adecuado en
la ley económica, por cuanto creemos que los mecanismos de arrendamiento
financiero en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 1994
han recibido un tratamiento bueno que ha sido objeto de un reconocimiento
a nivel nacional y en toda la prensa, de la asociación española del
«leasing» y, dado que es una ley que afecta al Impuesto sobre Sociedades,
quizá en la ley económica podamos discutirlo más adecuadamente, pero no
le encontramos cabida en la actualidad.
Señorías, la enmienda que ha planteado el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado la hemos analizado y nos gustaría
exteriorizar más extensamente los argumentos que nos llevan a su no
aceptación, pero, habida cuenta de la característica esencial de consenso
que esta ley arrastra desde el Congreso de los Diputados, que se aceptó
prácticamente por la totalidad de la Cámara, con la introducción de las
cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y las tres del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, podrá ser devuelta al
Congreso de los Diputados con una estructura fiscal que esté acorde con
la intencionalidad complementaria de la estructura económica que vendrá
con la ley complementaria de ésta.
Sin embargo, quisiéramos reseñar que, desde el punto de vista formal,
quizá por razones mecanográficas --así lo hemos manifestado al letrado en
Comisión-- se han repetido --y lo tenemos en el Boletín en el que se
recoge el informe de la ponencia-- en la enmienda número 7, que presentó
el Grupo Parlamentario Socialista, dos párrafos cuya eliminación será
obvia. Concretamente fue la enmienda que nosotros presentamos al artículo
número 14, de forma tal que el llamado párrafo 39 corresponde al 35 y el
40 corresponde al 36. Así se ha manifestado a los servicios técnicos de
la Cámara y esperamos que se tenga en cuenta.
Por último, creemos oportuno que en la Disposición Derogatoria se recoja
también que la entrada en vigor de esta ley deroga el Decreto Ley
21/1993, de 29 de diciembre, que dio origen a la ley en cuestión. Aunque
sea una obviedad queremos ponerlo de manifiesto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Segura
Clavell.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Brito, por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a expresar, en primer lugar, nuestro agradecimiento al esfuerzo,
fundamentalmente de carácter personal, planteado por el Senador Segura,
que nos consta que ha estado planteando negociaciones frente a algunos
niveles de incomprensión de responsables del Ministerio de Hacienda en
esta materia.
Las enmiendas que hemos formulado no son de carácter caprichoso, sino que
han sido planteadas en función de los propios acuerdos del Parlamento de
Canarias y del Gobierno, que son de carácter eminentemente técnico, no
amplían ni los tipos, ni las características, ni la estructura del
Impuesto y que, en algún caso, como es la enmienda número 10, si ahora no
se acepta y se introduce, como es previsible, el asunto de los
arrendamientos financieros en las bases económicas del REFC,
posteriormente vamos a tener que volver a operar una nueva reforma de
esta ley, cuando nos parece que, si somos previsores, deberíamos
incorporarlo
ahora y no volver otra vez a un trámite para cansar a sus señorías con un
nuevo debate de una ley correspondiente a la Comunidad Autónoma Canaria.
Al igual que las enmiendas números 12 13 y 14 que lo que han pretendido y
pretenden es una mejora puramente instrumental; el que está gestionando
el Impuesto sabe perfectamente cómo con el régimen sancionador se puede
mejorar sustancialmente la propia gestión que interesa, lógicamente, a
las administraciones tributarias, tanto la general del Estado, como la
propia de la Comunidad Autónoma.
Nos parece que en este asunto no ha habido --no lo digo por el ponente,
sino por quien al final toma la decisión sobre si procede o no aceptar
las enmiendas-- un sentido de corresponsabilidad fiscal con la Comunidad
Autónoma. Hay que facilitar a la propia Comunidad y al Gobierno autónomo
que la gestión del Impuesto, por el interés general de todos los que
participan en ello, pudiera mejorarse.
Finalmente, en la enmienda número 21 se ha introducido un error de tipo
material a la hora de redactarla. Cuando dice en el apartado 1 del
artículo 12: «Las entregas, construcciones, transformaciones,
reparaciones, mantenimiento, fletamiento total o arrendamiento de los
buques...», hay que añadir: «de guerra, de los afectos a la navegación
marítima internacional...» sigue igual el texto. Al final, donde pone:
«Se exceptúan de la exención las operaciones indicadas en el párrafo
anterior relativas a los buques de guerra...» se trata de eliminar: «de
guerra» y mantener simplemente «deportivos o de recreo», como está en el
texto de la ley.
Son dos errores materiales que se han deslizado a la hora de formalizar
la enmienda. Si quiere la Mesa posteriormente pasaremos el texto porque
es un tema de pura corrección de ajuste a la ley de procedencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador, le ruego
que me lo dé por escrito para que quede bien referenciado lo que usted
nos advierte.
La Senadora Luzardo Romano tiene la palabra por el Grupo Parlamentario
Popular.
La señora LUZARDO ROMANO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero lamentar la falta de sensibilidad del Grupo
Parlamentario Socialista porque nos creó expectativas de que había
posibilidades de aceptar alguna enmienda transaccional. Sin embargo, he
comprobado que ese ajuste fino solamente ha estado remitido a un Grupo
Parlamentario.
Señor Segura, usted manifestaba en la Comisión, donde estuvimos
debatiendo este proyecto, que estaba trabajando --y me consta-- con el
Gobierno para conseguir esa coordinación, que yo creo que ha existido
hasta el punto de que inicialmente usted pensaba tener posibilidades de
aceptar alguna de nuestras enmiendas transaccionales, pero, al final, esa
intención se ha diluido y supongo que no tendrá nada que ver con los
últimos acontecimientos de esta semana. Lamento que en la Comisión su
señoría manifestara que no era el momento procedimental para debatir las
enmiendas. Nos pidió que las mantuviésemos vivas para el Pleno, pero
parece que ahora no las considera necesarias. Por tanto, lo que yo he
sacado en conclusión es una clara falta de sensibilidad en lo que se
refiere a intentar disminuir la presión fiscal en Canarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a contestar a la Senadora Luzardo para indicarle que la sensibilidad
a que su señoría hace referencia --quiero interpretarlo así-- es una
especie de reproche que nos hace a los miembros del Grupo Parlamentario
Socialista que formamos parte de la Comisión en el sentido de que no
hemos estudiado con rigor y con detenimiento sus enmiendas.
Señoría, no quiero hacer mención a un cierto componente de acritud por su
parte cuando ha hecho referencia a que iban a ocurrir no sé qué
acontecimientos a lo largo de esta semana. En este momento estamos
debatiendo una ley tributaria y no voy a entrar al trapo de una discusión
innecesaria.
Le aseguro que el Grupo Parlamentario Socialista ha estudiado todas las
enmiendas que se han presentado. Las ha analizado concretamente desde su
punto de vista tributario, y ha llegado al convencimiento de que no puede
apoyar ninguna de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular debido a que, posiblemente, tenemos diferentes conceptos
tributarios. No hay más; por favor, no lo extrapole. Nosotros creemos que
los tipos impositivos están ajustados y adecuados a nuestra realidad
económica y al modelo de sociedad que defendemos para Canarias. No hay
nada más. Comprenda que nada me dolería más que discutir agriamente con
su señoría. No es eso lo que buscamos.
Nosotros también hemos recibido ese documento procedente de determinados
operadores económicos de Canarias --concretamente de importadores de
vehículos--, de los que tengo que decir, entre paréntesis, que en los
últimos meses se les han abierto unos mundos económicos interesantísimos
de exportación de decenas de miles de vehículos a la Comunidad Europea, y
si quiere, indague este dato que acabo de dar para que conste en el
«Diario de Sesiones». Es decir, los
importadores de vehículos de Canarias hoy en día no sólo venden al
consumidor canario sino que, afortunadamente, tienen un mercado abierto
en el resto de los países comunitarios como consecuencia de las
características diferenciales de nuestra fiscalidad, luego se trata de un
sector pujante, de un sector con vitalidad que tiene que transformarse.
Pero este sector no se va a transformar mediante ninguna de las enmiendas
que se proponen, y a propósito de esto quiero decirle que las de ustedes
son transcripción íntegra, textual, literal y milimétrica, incluyendo las
comas, de las que también nosotros hemos recibido y nos han pedido que
presentemos, pero las hemos analizado con todo respeto y a pesar de ello
no nos han parecido oportunas. Pero no hay más, señoría.
El Grupo de Coalición Canaria, a través de su representante, don Oswaldo
Brito, ha reconocido el esfuerzo que hemos realizado en el sentido de
aceptar entre sus enmiendas aquellas que nos parecían más ajustadas y más
oportunas. Quiero reiterar que, en concreto, sus enmiendas números 21 y
22 abren un horizonte interesantísimo para la potenciación de la
actividad económica en la pesca de altura. Consideramos que son dos
enmiendas oportunas, y por eso las hemos recogido y las apoyamos. También
hemos aceptado otra enmienda relativa a temas de tipo sancionador que
junto a otras que abordan esta misma cuestión ha presentado este Grupo,
pero sólo hemos aceptado una porque, señoría, las restantes no nos han
parecido necesarias ni oportunas.
Pero no puedo dejar de hacer una referencia, aunque sea muy breve, a la
número 17. En esta enmienda se propone el establecimiento de unos
mecanismos de cooperación entre la Administración tributaria canaria y la
Administración tributaria estatal. Nosotros opinamos que los mecanismos
están ya establecidos y que existe una fluidez en la conexión entre la
Agencia Tributaria de Canarias y los propios organismos recaudatorios de
la Administración pública canaria.
Señorías, nosotros creemos que precisamente estas siete enmiendas, las
cuatro del Grupo Socialista y las tres de Coalición Canaria, mejoran una
ley que ha de ser permanentemente cambiante.
Pero permítanme que haga una última consideración a este respecto: los
que son aficionados a la navegación saben bien que cuando sube la marea
el pantalán tiene que subir también para mantener el diferencial de
altura. La marea tributaria en el ámbito estatal subirá y bajará, y el
pantalán que marcará el nivel fiscal canario subirá y bajará para que se
mantenga permanentemente ese diferencial. Consiguientemente, señorías, no
debemos asustarnos de que en los meses y en los años próximos se continúe
produciendo el ajuste necesario para que la carga fiscal que soporte la
producción canaria se diferencie de la que soporten los homónimos
productivos en el seno de la España peninsular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Se va a repartir entre los diferentes portavoces de los grupos
parlamentarios el escrito de la corrección de errores que han elaborado
los Senadores del Grupo de Coalición Canaria.
A continuación vamos a proceder a las votaciones (Pausa.) En primer
lugar, vamos a someter a votación las enmiendas presentadas por el Grupo
de Coalición Canaria, números 10 a 23, si no hay petición de votación
separada. (El señor Segura Clavell pide la palabra.) Tiene la palabra el
Senador Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor Presidente.
Pedimos votación, en un bloque, de las enmiendas números 16, 21 y 22, y
el resto, en otra votación.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Deben tener presentes sus
señorías que hemos repartido el texto de las correcciones técnicas
relativas a la enmienda número 21, por las que en el número 1, en el
primer párrafo, continuación de «los buques», se añade «de guerra, de los
afectos». Asimismo, en el último párrafo se suprime «de guerra».
Sometemos, pues, a votación las enmiendas números 16, 21 --con las
correcciones establecidas-- y 22, del Grupo de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 229.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobadas. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Sometemos a
votación las demás enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: Votos emitidos, 231; a favor, 12; en contra, 122;
abstenciones, 97.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restan por votar las enmiendas números 1, 2, 3, 4 y 5, del Grupo
Parlamentario Popular, que se someten a votación conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 299; a
favor, 97; en contra, 120; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Antes de someter a votación el dictamen, y al no haber estado presente
cuando se han hecho unas advertencias a la Presidencia, quiero constatar
que en el artículo primero, siete, del texto, relativo al artículo 14, la
redacción del epígrafe A) es la siguiente: En el número 3 se suprimen los
apartados 37 y 38, y se da nueva redacción a los apartados 35 y 36.
Asimismo, quedan suprimidos los apartados 39 y 40. ¿Es así? (Pausa.)
Muchas gracias.
Por tanto, solicito criterio a la Cámara sobre la posibilidad de someter
a votación el dictamen en un único acto. (Pausa.)
Muchas gracias.
Vamos a someter, pues, a votación los artículos primero a séptimo de este
proyecto, las disposiciones transitorias primera a tercera, la
disposición derogatoria, la final, así como la Exposición de Motivos,
según el dictamen, con las modificaciones que conocen sus señorías. (El
señor Barbuzano González pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Dadas las características del proyecto y de las votaciones que se han
producido, aunque no soy ningún experto en materia reglamentaria,
quisiera saber si se podría votar el proyecto de ley de forma global.
El señor PRESIDENTE: Era lo que nos disponíamos a hacer, Senador
Barbuzano. Es decir, vamos a votar los artículos primero a séptimo, las
disposiciones transitorias primera a tercera, la disposición derogatoria,
la final y la Exposición de Motivos, en un único acto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a
favor, 231. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado y, tal y como dispone el artículo 90
de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad
el Rey.
--DE LA COMISION DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN JURIDICO DE LA
UTILIZACION CONFINADA, LIBERACION VOLUNTARIA Y COMERCIALIZACION DE
ORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE, A FIN DE PREVENIR LOS POSIBLES
RIESGOS A LA SALUD HUMANA Y AL MEDIO AMBIENTE (S. 621/000023) (C.D.
121/000019)
El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos
Sociales en relación con el proyecto de ley por la que se establece el
régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de
prevenir los posibles riesgos a la salud humana y para el medio ambiente.
Solicito al Presidente de la Comisión que nos indique si algún miembro de
la misma va a presentar el dictamen.
El señor BORDERAS GAZTAMBIDE: Señor Presidente, en este momento no hay
Presidente de la Comisión. Asume la Presidencia el Vicepresidente,
Senador Martín Iglesias. Pero por parte de mi Grupo Parlamentario, y tal
como expresamos en Comisión, desearíamos que la presentación de este
dictamen lo realizase la Senadora Pérez Maestu.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la Senadora Pérez Maestu para
presentar el dictamen.
La señora PEREZ MAESTU: Muchas gracias.
Señor Presidente, señorías, siguiendo el mandato emanado de la Comisión
de Sanidad y Asuntos Sociales, intervengo para presentar el dictamen del
proyecto de ley por el que se establece el régimen jurídico de la
utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de
organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los posibles
riesgos para la salud humana y para el medio ambiente.
Este importantísimo proyecto de ley, que incorpora las normas sustantivas
de las Directivas 1990/219 y 1990/220 de la Comunidad Económica Europea,
tiene un claro fin protector de la salud, estando las actividades que
regula comprendidas en la actuación general del Estado en materia de
sanidad y en la de productos farmacéuticos.Va encaminada muy
especialmente a prevenir daños en los elementos y bienes que integran el
medio ambiente, afectando, asimismo, a la investigación científica y
técnica y a sus instrumentos de ejecución.
El fundamento de esta ley se encuentra, señorías, en los títulos
contenidos en el artículo 149.1, apartados 16.o y 23.o de la Constitución
española.
El texto entra en esta Cámara del Senado con fecha
16 de marzo del año en curso, procedente del Congreso de los Diputados,
en cuya Comisión de Sanidad y Consumo fue aprobado, ordenándose la
remisión para su estudio y debate a la Comisión de Sanidad y Asuntos
Sociales.
El plazo para la presentación de enmiendas a dicho proyecto de ley
terminó, por ampliación del mismo, el 5 de abril pasado, formulándose un
total de 85 enmiendas al texto del proyecto.
La ponencia quedó constituida por los Senadores designados en la Comisión
y forman parte de ella don Josep María Bertrán i Soler, don Augusto
Borderas Gaztambide, don Gregorio Garzarán García, don José Luis Sainz
García y don Luis Zarallo Cortés.
En su reunión celebrada el día 19 de abril de 1994 la Ponencia elabora el
informe, en el que se propone la incorporación de las enmiendas números
75 y 76, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, y las enmiendas 26, 27 y 68, del Grupo Parlamentario Popular. Se
procede a la corrección de las erratas detectadas y se modifican algunas
expresiones para depurar el texto del proyecto.
El proyecto de ley se articula en siete capítulos, que van acompañados de
una Exposición de Motivos, dos disposiciones adicionales y siete
disposiciones finales.
La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales se reúne nuevamente el día 4 de
mayo de 1994 y durante su desarrollo el Senador don Luis Zarallo Cortés
presentas dos enmiendas «in voce», referidas a la Exposición de Motivos y
al artículo 14. en el transcurso del debate y en su sesión de mañana se
producen sucesivas y reiteradas votaciones reglamentarias con resultado
de empate, que traen como consecuencia no sólo que varias enmiendas
decaigan, sino que lo haga también parte del articulado del proyecto de
ley en estudio.
Ante esta situación, se presenta, por parte del Grupo Parlamentario
Socialista y a través de su portavoz en la Comisión, un voto particular,
anunciando, asimismo, el propósito de defender ante el Pleno la vuelta
del texto del informe a la Ponencia en los artículos 1, 2, y 3, Capítulo
I; artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 y 11 del Capítulo II; artículos 17, 18,
19, 20, 21 y 22 del Capítulo IV y artículo 30.4 del Capítulo VII de dicho
proyecto de ley.
Se formulan otros cuatro votos particulares al dictamen emitido por la
Comisión, correspondiendo cada uno de ellos al Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, a don Andrés Cuevas González y doña
Isabel Vilallonga Elviro, del Grupo Parlamentario Mixto; al Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y al Grupo
Parlamentario Popular. Quedan, por tanto, para su debate en este Pleno un
total de 81 enmiendas.
Para finalizar, señorías, quiero decir que ésta es una Ley eminentemente
técnica y llama por ello la atención las especiales vicisitudes por las
que ha pasado durante su desarrollo parlamentario, que esperamos y
deseamos sean subsanadas por el bien de todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Senadora.
Para un turno a favor, dentro del debate de totalidad, tiene la palabra
el Senador Borderas Gaztambide.
El señor BORDERAS GAZTAMBIDE: Señor Presidente, señorías, es de interés
por parte de mi Grupo Parlamentario manifestar, en primer lugar y tal
como hace unos instantes ha referido la Senadora Pérez Maestu que ha
hecho la introducción de esta ley, que, en el cumplimiento del artículo
117.3, anunciamos el propósito de defender ante el Pleno del Senado el
voto particular consistente en solicitar la vuelta del texto del informe
a la Ponencia en los artículos 1, 2 y 3, que componen el Capítulo I; los
artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que componen el Capítulo II; los
artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, que componen el Capítulo IV e,
igualmente, anunciar una enmienda firmada por distintos grupos
parlamentarios en relación con el artículo 30, apartado 4, del Capítulo
VII de este proyecto de ley.
Igualmente, querría referirme a la especial situación en que quedó este
proyecto de ley durante su paso por la Comisión, pues dio lugar a
distintas vicisitudes que indudablemente vamos a subsanar en esta sesión
plenaria de la Cámara.
Señorías, ésta es una ley trascendente, aunque no sé si es una ley
importante o no. Siempre, en el primer día de curso, el profesor habla en
su primera lección de la importancia de la asignatura. Yo no voy a ser
tan vanidoso en este turno a favor de esta ley. Por eso, con una cierta
humildad, no puedo decir que sea una ley muy importante, pero sí voy a
decir que es una ley muy trascendente y que supone un trabajo muy serio
en cuanto a la adaptación, refundición y puesta en funcionamiento de dos
normativas comunitarias en relación con temas delicados que afectan, o
pueden afectar, a la salud humana o animal, al medio ambiente, a la
investigación biológica, a la propia industria farmacéutica y a otros
distintos aspectos, no siendo menores los temas relacionados con la
bioética de los que tanto se está hablando en los distintos foros
internacionales, especialmente en el Consejo de Europa, en el cual me
honra ser miembro de la delegación española, que ha promovido distintos
debates, publicaciones e informes relacionados con el tema de la
bioética.
Se trata de una ley que sigue las normativas de la Unión Europea. Por
tanto, no nos podemos apartar de ellas. Es una ley que sigue unas
estrictas formas para el manejo de una serie de elementos biológicos que
exigen un cuidado delicado, casi podríamos decir que exquisito. Por
consiguiente, es una ley que debe ser tratada de forma cuidadosa,
técnica, responsable y seria
para que tenga una aplicación útil en todos los campos a los que antes me
he referido.
Por último, vamos a defender nuestra posición. Insistimos en la necesidad
de mantener el voto particular al que nos hemos referido y estamos
dispuestos, naturalmente, a la confrontación parlamentaria y a responder
a cuantas enmiendas se mantengan vivas en relación con el contenido de
esta ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve --porque a estas horas la hipoglucemia nos invade a casi
todos-- al consumir este turno en contra, que en realidad es un turno de
puntualización de algunas cuestiones que nos han parecido fundamentales
en el desarrollo de esta ley.
Hoy vamos a estudiar, indudablemente, una ley trascendente, una ley
importante, una ley de las más importantes que vamos a ver en esta Cámara
en relación con el medio ambiente y la salud humana.
Este proyecto de Ley tiene una trascendencia fundamental porque afecta,
sobre todo, a la utilización, a la liberación y a la comercialización de
microorganismos y organismos modificados genéticamente. Y créanme que
digo con entera conciencia lo de microorganismos y organismos porque
aunque aparentemente su significado puede ser parecido, en sus contenidos
ambas palabras determinan situaciones distintas y afectan, por supuesto,
a seres completamente distintos.
De la importancia que a esta ley han dado nuestro Grupo Parlamentario y
los distintos grupos nos puede dar una idea el que con 31 artículos más
las disposiciones adicionales y transitorias subsiguientes se hayan
presentado 85 enmiendas de todos los grupos, excepto del Grupo
Parlamentario Socialista. Nuestro Grupo es responsable de aproximadamente
unas 50 enmiendas a este proyecto de Ley.
Este proyecto de Ley, como muy bien se ha dicho anteriormente,
corresponde al desarrollo de dos Directivas comunitarias perfectamente
diferenciadas que son la 90/219 de la Comunidad Económica Europea sobre
la utilización confinada de los microorganismos modificados
genéticamente, y la 90/220 sobre la liberación intencional al medio
ambiente de organismos modificados genéticamente. Intentar casar en un
mismo proyecto de Ley lo que se refiere a los microorganismos
genéticamente modificados y a los organismos genéticamente modificados ha
producido, a nuestro entender, no pocas disfunciones en el texto
fundamental de la ley. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la
Presidencia.)
Este, quizás, ha sido uno de los primeros problemas que hemos encontrado
en una lectura primera de este proyecto de ley. Bien es verdad que en
otros países, en otras naciones, se ha efectuado esta ley en un mismo
proyecto, pero, indudablemente, ha creado bastante menos disfunciones que
este texto nuestro que hoy se presenta.
Por otra parte, el proyecto de Ley adolece de introducir algunas
cuestiones que por novedosas respecto de las propias directivas
comunitarias, a nuestro juicio, no están nada acertadas, como es, por
ejemplo, el introducir el término de microorganismos de bajo riesgo y de
alto riesgo, con la implicación que estas palabras conllevan sobre la
actuación de los microorganismos.
La explicación de cuestiones fundamentales como la coordinación de los
distintos Ministerios que intervienen en la aplicación de la ley, así
como el desarrollo de la Comisión de Bioseguridad, dejando para futuros
reglamentos aspectos fundamentales y cuestiones tan importantes como la
participación de los diferentes órganos en temas concretos como el de las
actividades y desarrollo de las modificaciones genéticas, ha sido una
cuestión que nos ha preocupado hondamente.
No nos parecen tampoco correctos algunos de los controles establecidos,
así como la ausencia de otros en materia tan delicada como ésta.
Asimismo, echamos en falta alguna precisión específica que excluya de
forma fehaciente del ámbito de aplicación de esta ley la genética humana.
La ausencia de algunas definiciones que hagan más comprensible el texto
para personas profanas, así como un título corto que defina lo que la ley
pretende, puede ser el final de algunos aspectos críticos que se han
intentado corregir, como después veremos, mediante enmiendas de nuestro
Grupo Parlamentario.
Permítanme que les diga que si las cosas no cambian a lo largo de esta
sesión, aprobaremos lo que a mi entender son errores de bulto, por
ejemplo, que el incumplimiento de las prácticas correctas de
microbiología sea considerada como infracción leve. Sería como si a mí
como médico me dijesen que la no exploración de un enfermo es una falta
leve. ¿Ustedes creen que eso es posible?
Créanme, señorías, en nuestro ánimo ha estado y está el colaborar y el
mejorar el texto a lo largo de la tramitación de todo este proyecto de
Ley en las sesiones de las Comisiones. Pero hasta ahora nos hemos
encontrado con el rechazo de nuestras enmiendas sustanciales, la dura
cerrazón a la transacción en materias que creemos técnicas y escasamente
políticas.
De su actitud depende nuestro voto y de su responsabilidad que el texto
se apruebe. Nosotros les hemos hecho a lo largo de estos días sucesivas
llamadas a la reflexión. Y permítanme que para terminar les diga que
no nos parece ni un texto bueno ni adecuado a las materias que se
intentan regular que, como resultado, adolecen de claridad, de definición
y de control.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Garzarán
García.
Seguimos en turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Bertrán i Soler.
El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió comparece en este turno de portavoces para tomar posición en el
debate de la ley y para manifestar que será, salvo excepciones razonadas,
nuestra única intervención en este debate.
Es ésta una ley eminentemente técnica --ya se ha dicho-- que pretende
proteger la salud humana y el medio ambiente contra riesgos derivados de
la manipulación de organismos modificados genéticamente. La genética,
señorías, ha evolucionado en los últimos tiempos de una manera
vertiginosa. Desde el descubrimiento de la tecnología del ADN
recombinante en el año 1973 hasta el trasplante de genes en el año 1985,
y a veces nos da la sensación de que quizá deberíamos plantearnos alguna
vez la incógnita de Huxley y preguntarnos si tenemos derecho a
entrometernos en la evolución natural de las cosas. La respuesta en el
mundo científico y en la sociedad es rotunda: sí, tenemos derecho y
tenemos obligación, pero tenemos también la obligación de proteger las
consecuencias no deseadas de esta alta tecnología.
Esta ley es necesaria, por tanto, y pretende adecuar la materia a la
normativa de la Unión Europea. Tanto en el trámite del Congreso de los
Diputados como en el Senado se han presentado enmiendas por los
diferentes grupos parlamentarios que, analizadas individualmente, debo
decir que son muy válidas y traducen un gran conocimiento técnico y
legislativo sobre esta materia. Pero, señorías, con la legislación en
materia de alta tecnología sucede lo mismo que cuando queremos atrapar el
mercurio: los avances científicos van más rápidos que las iniciativas
legislativas. Si precisamos demasiado la terminología legislativa, vamos
a provocar no sólo un cumplimiento dificultoso de la ley, sino su pérdida
rápida de utilidad. En consecuencia, es necesario plantear el texto de la
ley desde una voluntad de equilibrio entre la protección estricta a la
salud humana y al medio ambiente, que es lo que pretende regular, y una
flexibilidad que permita retardar al máximo que quede obsoleta y que
permita facilitar su cumplimiento.
En el debate de este proyecto de ley en el Senado el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió presentó tres enmiendas; dos
de ellas, técnicas, fueron incluidas en el Informe de la Ponencia; la
tercera, competencial, hizo necesario recurrir a la estrategia
parlamentaria que permite el Reglamento del Senado, y lo que no pudo
resolverse en el trámite de Comisión parece que va a resolverse en este
Pleno, dado que ya hay, suscrita por la mayoría de los grupos
parlamentarios, una proposición de modificación al artículo 30, apartado
4, que era el que estaba sujeto a nuestra enmienda original, enmienda que
ya ha quedado incluida en el Dictamen de la Comisión y a la que el Grupo
Parlamentario Socialista presentó en su momento un voto particular.
Nuestro grupo, por tanto, señorías, está de acuerdo con la nueva
redacción consensuada por la mayoría de los grupos parlamentarios en
relación con este artículo 30, apartado 4, y que se someterá a aprobación
de la Cámara en este trámite del Pleno. El nuevo texto --y quiero
precisarlo-- dice: ... con la colaboración de las Comunidades Autónomas y
de acuerdo con sus respectivas competencias. Entendemos que se respeta la
voluntad y la realidad de las diferentes Comunidades Autónomas: las de
aquellas que delegan lícitamente en la Administración del Estado unas
determinadas competencias y las de aquellas que quieren asumir su
capacidad de decisión porque están preparadas para hacerlo y porque son
competentes para hacerlo.
En consecuencia, señorías, manifestamos que vamos a votar favorablemente
la ley, con la inclusión del texto alternativo al artículo 30, apartado
4.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bertrán i
Soler.
Pido a los distintos portavoces que tomen nota de lo siguiente. Aunque el
Grupo Parlamentario Popular ha mantenido para su defensa en el Pleno,
mediante el correspondiente voto particular, las enmiendas números 26, 27
y 28, debe tratarse de un error, puesto que aparecen incorporadas al
Dictamen de la Comisión.
En igual circunstancia se encuentra la enmienda número 74, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Por otra parte, la enmienda número 23, del Senador Cuevas González y de
la Senadora Vilallonga Elviro, no propone ninguna modificación, por lo
que puede entenderse que el mantenimiento como voto particular debe
tratarse también de un error. (El señor Garzarán García pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Confirmo que el mantenimiento de las enmiendas
números 26, 27 y 68 se debe a un error, por lo que quedan retiradas o
anuladas, como usted quiera.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.
Sólo quiero decir que yo no he actuado en el turno de portavoces anterior
porque tenía que defender una enmienda y quería aprovecharlo para hacerlo
conjuntamente, pero si vamos a dejarlo, yo preferiría poner de manifiesto
ahora el parecer de nuestro grupo sobre el sentido de la enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Su señoría tiene la palabra,
entendiendo que vamos a sustanciar el voto particular número 1, referente
a la enmienda número 78.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente, por
permitirme entrar en el debate de la ley casi como un turno a favor, tal
y como han hecho mis predecesores en el uso de la palabra.
Esta ley es realmente el inicio de una actuación reglada en materia de
organismos modificados genéticamente y pretende prevenir los posibles
riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Este proyecto de Ley
establece los mecanismos de utilización de dichos organismos modificados
con ciertas restricciones o precauciones. Dedica el capítulo III a la
liberación voluntaria, sobre todo con fines de investigación y
desarrollo, y el capítulo IV a la comercialización de dichos organismos.
Nuestra impresión de la ley es que, en líneas generales, pretende
establecer un régimen jurídico similar a los existentes en otros países
comunitarios y no comunitarios. Y quizá en algunos temas queda esto
demasiado fielmente reflejado, como sucede con el término de confinación,
al que nosotros hemos presentado una enmienda cuya traducción literal es
fácil, pero el concepto más generalmente aceptado no coincide con lo que
en la ley se pretende lograr. No obstante, mediante una corrección o una
explicación de términos más difíciles de entender por aquellos que más
uso deberán ejercitar y que normalmente no son juristas ni académicos de
la lengua, conviene matizar en lo posible para que se haga un uso preciso
y que mejore cualitativamente el proyecto de Ley con toda su eficacia.
Al ser el tema tan técnico y de tanta actualidad, creemos que sería
conveniente de todas formas dar salida al proyecto de Ley para su amparo
y protección antes de que sea demasiado tarde y se tengan que corregir
posibles vicios. De este modo, conviene regular las fuerzas del mercado,
cada vez más competitivas e inhumanas, debiendo proteger la salud y el
medio ambiente, ambos, campos fundamentales demasiado olvidados en esta
sociedad de consumo, en la que la jerarquía de valores éticos se ve
eclipsada por el llamado Estado de bienestar, cuando lo único que tenemos
es una sociedad opulenta que olvida hasta el centro del universo, con su
medio ambiental y al ser humano.
Nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha
pretendido colaborar mediante enmiendas parciales. Y también queremos
aprovechar esta oportunidad para reconocer cómo el Grupo Parlamentario
Popular ha hecho un enorme trabajo al tratar de mejorar este texto del
proyecto, pero, a nuestro entender con un excesivo celo por incluir una
serie de definiciones y conceptos en algunos artículos que inciden en la
directiva europea. Creemos que no sería necesaria la inclusión de algunos
de ellos, motivo por el cual no podremos votarlos afirmativamente porque
creemos que quizá no mejorarían el texto de la ley. Si la aplicación de
dicha directiva es inherente y obligatoria dentro de la fuente del
Derecho, realmente en algunas ocasiones no tendría por qué incluirse. En
cambio, en otras, creemos que las leyes se complementan, como en el caso
de la 42/88, que tendríamos que aplicar con reflexiones para que no
quedasen vacíos legales.
Señor Presidente, aprovecho también para decir que respecto de la
enmienda número 78, aun con la buena labor que ha realizado el Letrado de
la Comisión, quien nos ha dado una explicación clarísima sobre el término
«confinada», nuestro Grupo pretendía sustituir la palabra «confinada» por
«restringida» como más aceptada por la generalidad y, sobre todo, porque
para nosotros el término «confinada» lo tenemos como sinónimo de varios
presos del País Vasco que están confinados en distintos puntos de otras
geografías, siendo este el motivo por el que entendemos que se puede
interpretar no en el sentido de microorganismos sino en el sentido de
destierro, encierro, etcétera. Por tanto, proponemos la sustitución de
dicho término por «restringida» o «limitada», para que todo el que
utilice esta Ley lo haga con mayor claridad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Torrontegui.
Para cerrar el ciclo, pregunto a los demás Grupos Parlamentarios si
quieren hacer uso de este turno de Portavoces. (Pausa.) Tiene la palabra
el Senador Bertrán i Soler.
El señor BERTRAN I SOLER: Intervengo exclusivamente, señor Presidente,
para ratificar su manifestación
en cuanto a nuestra enmienda. No permanece viva ninguna enmienda en este
debate. Cuando he utilizado mi turno he dicho que había sido incluida la
enmienda que quedaba en el Dictamen de la Comisión
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Garzarán García.
El señor GARZARAN GARCIA: Señor Presidente, intervengo solamente para
decir que nos vamos a abstener en esta enmienda porque tenemos otra en la
cual proponemos una definición de «confinada», que creemos mejoraría
bastante el texto. Estamos totalmente de acuerdo en que «confinada» es lo
que refleja biológicamente lo que es un microorganismo introducido en un
sistema del cual no puede salir. Esto, efectivamente, es así pero hay que
explicar en la Ley lo que significa «confinada» desde el punto de vista
biológico. Como esto lo explicaremos después, nos vamos a abstener en esa
enmienda pero vamos a votar a favor de la nuestra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señorías.
Empezaremos la sesión de la tarde a las cuatro.
Se suspende la sesión.
Eran las catorce horas y veinte minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.
Entramos ahora en el debate de los votos particulares referentes al
Capítulo I, artículos 1 a 3. Empezamos con el voto particular número 2,
en referencia a la enmienda número 1, que corresponde al Senador Cuevas y
a la Senadora Vilallonga del Grupo Mixto.
Tiene la palabra el Senador Cuevas González.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo solamente para darlas por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cuevas.
A continuación pasamos al voto particular número 4, del Grupo
Parlamentario Popular, que corresponde a las enmiendas números 28 a 30 y
de la 32 a la 35.
Tiene la palabra el Senador Garzarán García.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, con nuestras enmiendas números 28 y 29 tratamos de introducir
una cláusula precautoria. Cláusula precautoria que viene a intentar que
de alguna forma se excluya del objeto de la ley la genética humana. Por
eso nosotros proponemos una enmienda que intenta introducir un párrafo
que dice: «Asimismo queda excluido del ámbito de la ley todo lo referente
a la reproducción humana...» A nosotros nos parece importante que, a
pesar de que el texto del proyecto de Ley, evidentemente, deja signos
claros --y subrayo la expresión-- de que no se refiere a genética humana,
se haga esta salvedad en la definición y objetivo del proyecto de Ley.
Asimismo, a través de la enmienda número 29 y de la definición de
organismo en este proyecto de Ley, queremos dejar claramente excluido
este tema.
Estas son las dos enmiendas que nosotros defendemos en este momento, así
como las números 30, 33 y 34, que vienen a poner el punto de la
definición de algunas cuestiones que nos parecen importantes. ¿Qué es lo
que la ley tiene que contemplar como organismo genéticamente modificado?
En ningún lugar se define dicho término y una definición para que el que
lea la ley sea capaz de saber lo que es biológicamente un organismo
genéticamente modificado nos parece correcto, lo mismo que respecto a lo
que es utilización a efectos biológicos. Y no quiero decirles nada por lo
que se refiere al término «confinada», que ya ha sido objeto esta mañana
de alguna discusión con este criterio, porque en un informe del Letrado
ya figuraba el punto de la confinación. ¿Qué quiere decir confinación a
efectos biológicos? Nosotros proponemos que se defina ese término para
que sea todo dispositivo físico, químico o biológico, o el conjunto de
varios de ellos que actúen como barreras con el fin de limitar el
contacto de los mismos con la población y el medio ambiente. Nos parece
fundamental definir este término en la ley.
La enmienda número 35 propone la supresión del inciso «notificando al
interesado la fecha de entrada de aquéllos en el registro del organismo
administrativo competente», ya que esto lo que crea es un acto
administrativo de nulo valor. No es eficaz para la administración, ni
aumenta la garantía jurídica de los administrados. Por tanto, lo único
que hace es confirmar, a efectos de la ley, el que se ha registrado.
En cuanto al artículo 2.c), nuestra enmienda 32 fundamentalmente propone
que se suprima de la definición de accidente el término «significativo».
Porque, ¿qué es un accidente en el cual se produce una liberación
significativa de gérmenes? Es por sí mismo la indefinición, por sí mismo
es indefinido. ¿Qué es significativo, un volumen de 10,4, un volumen de
18 millones, un volumen de cinco por cuatro, de diez litros? ¿Qué es
significativo? No se puede utilizar en una ley que habla de
microorganismos genéticamente modificados el término significativo. ¿Qué
es significativo en
biología respecto a que una bacteria escapa al medio ambiente? ¿Cuántas
bacterias tienen que escaparse significativamente para que sean
significativas? Absolutamente es un contrasentido. Por tanto, pedimos la
supresión del término «significativo», porque lo que hace es indefinir la
expresión o la definición de accidente.
Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Voto particular número cinco, del Grupo Parlamentario Socialista, por el
que se mantiene el texto de los artículos 1, 2 y 3, según figura en el
informe de la ponencia.
Tiene la palabra el Senador Borderas, que podrá comprobar desde la
tribuna cómo las señorías tienen dos audiciones y, si no hay ninguna
modificación genética, esto les permite estar en dos sitios a la vez.
(Risas.)
El señor BORDERAS GAZTAMBIDE: Muchas gracias.
En virtud de este voto particular al que se ha referido el señor
Presidente, voy a referirme a las enmiendas del Capítulo I defendidas por
el representante del Grupo Popular, el Senador Garzarán.
Nosotros pensamos, haciendo un resumen para aligerar un poco este debate,
puesto que ya hemos debatido estos temas suficientemente en Comisión, que
ustedes se han referido fundamentalmente a tres tipos de temas en
relación con las enmiendas. Hay un grupo de temas referidos a la
nominación de una serie de elementos en el léxico de la disposición, hay
otro grupo referente a temas de adición en el cual ustedes quieren
incluir más explicaciones dentro del articulado de la Ley, y, por último,
hay temas de procedimiento, relacionados con el registro, respuesta,
etcétera, al que se refieren algunas de las enmiendas presentadas al
Capítulo II.
Tema de la nominación confinada. Indudablemente tengo que referirme al
hecho de que esta Ley, como se ha dicho repetidas veces, es la
refundición de dos normativas comunitarias donde aparece estrictamente el
término confinado, y además estas normativas comunitarias fueron
discutidas por expertos durante un período de casi dos años. Hay que
decir también que dentro de la Comunidad Europea hay expertos en
traducción, incluso, en España, en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, hay un departamento especialmente dedicado a los temas de la
traducción científica dentro del idioma castellano, porque es importante
la precisión de nombres, y más en una Ley tan técnica como ésta. Por
tanto, yo creo que la palabra «confinada» es una palabra aceptada
internacionalmente dentro del ámbito europeo, que define un modo
específico de utilización de los microorganismos y que debe mantenerse
por encima de todo.
En cuanto a la nominación de «alto y bajo riesgo», nos parece que es una
nominación muy sencilla de entender, más que «grado I y grado II» o «tipo
I y tipo II», porque habría que acudir inmediatamente a la normativa para
saber de qué se trata, ya que no quiere decir nada. Es mucho más
demostrativo esa nominación que a la que se refieren ustedes en la
enmienda número 53 y otras.
En cuanto a la nominación «significativo», es evidente que significa
riesgo, y así también lo dice la normativa comunitaria, y me remito a lo
que acabo de decir en cuanto a la utilización de términos precisos por
personas precisas y por grupos especializados en traducción dentro de lo
que supone el trabajo de una Ley tan técnica.
Ya expliqué en la Comisión que la palabra «significativo» tiene además
unas características referidas a la estadística, porque es significativo
aquello que está en relación con un artilugio estadístico que corresponde
a la T de Student en relación con el número de unidades, en este caso
microorganismos que pueden o no sufrir el riesgo de presentarse como una
fuga en los casos en los que no se han tomado las medidas suficientes de
precaución de utilización confinada, es decir restringida, separada y
vigilada de los microorganismos.
En cuanto a los temas de adición son los que se refieren a la
incorporación dentro de las distintas enmiendas de elementos explicativos
que son mucho más reglamentarios que propios de una Ley, y a esto también
nos oponemos.
Nada más, señor Presidente, porque los otros aspectos corresponden al
Capítulo II que vamos a discutir y debatir a continuación.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Borderas
Gaztambide.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nada más para decirle al Senador Borderas que llamaremos a la T de
Student para saber lo que es «significativo».
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Pasamos, a continuación, a las enmiendas referentes al Capítulo II,
artículos 4 a 11. Hay un primer voto particular, el número dos, que
corresponde al Senador Cuevas y a la Senadora Vilallonga y que se
corresponden con las enmiendas números 2 a 8.
Tiene la palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Las damos por defendidas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Pasamos, a continuación, al voto particular número 1 del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que se corresponden a las
enmiendas número 79 y 80. Para su defensa tiene la palabra el Senador
Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Tampoco creo que nos tengamos que extender excesivamente porque las
justificaciones de las enmiendas están clarísimas. En la enmienda número
79 intentamos reducir los riesgos que podría provocar esta Ley, y en la
número 80 también procuramos que haya una mayor protección.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Torrontegui.
El voto particular número 4 del Grupo Parlamentario Popular se
corresponde con las enmiendas números 36 a 58. Para su defensa tiene la
palabra el Senador Garzarán García.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la rapidez que pueda ante tan numerosa cantidad de enmiendas y porque
estamos en una hora en la cual la vagotonía nos rinde a todos después de
una abundante comida y en período casi de siesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Lo de abundante es una
presunción.
El señor GARZARAN GARCIA: No hay ningún problema.
De todas formas a mí lo que me gustaría es que ustedes entendiesen que la
ley es de tal importancia que lo que intenta el Grupo Popular es de
alguna forma introducir enmiendas que sean potencialmente buenas para el
desarrollo de la misma, y que a pesar de que el sueño y la comida nos
rinda aquí estamos para defenderlas.
En primer lugar, quiero defender la enmienda número 36 al artículo 4, que
se refiere al concepto y delimitación de la Ley. En esta enmienda se
intenta reafirmar la necesidad de confinamiento de toda utilización que
se haga con microorganismos, aunque sea con fines de enseñanza,
investigación o producción industrial. ¿Por qué? Porque nosotros no le
ponemos un cartelito a los gérmenes que diga: Este germen modificado
genéticamente es para enseñanza y no puede ser patógeno. Y como es para
el desarrollo industrial, resulta que le ponemos otro cartelito que diga:
Este potencialmente tampoco es patógeno.
Hacer distinciones en relación con las funciones de lo que puede ser el
fin último no tiene ningún sentido, tendrá que ser en relación con la
patogeneidad del germen y de la modificación genética que se haya
producido en él. No se puede decir que un germen dedicado a la enseñanza,
a la investigación o a la producción industrial tiene que tener menos
medidas de confinamiento que uno que sea normal. Es tan elemental como
eso.
La enmienda número 37 al artículo 4.2 trata de dejar excluidos de la
obligación algunos microorganismos genéticamente modificados en razón de
ser tradicionalmente usados y de ser hechos comprobados que de ninguna
forma producen peligros para la salud y el medio ambiente. Sin embargo
establecemos una serie de criterios --y además se fijan por
posterioridad, por decreto o por reglamento-- en los cuales hay
microorganismos que en razón de sus modificaciones genéticas sí que son
genéticamente modificados porque pueden tener peligro para la salud; tan
sencillo como eso.
A la vez que la enmienda número 38, que afecta al artículo 5,
Clasificación, quiero defender también en este acto --para no dejar mal
sabor de boca-- las enmiendas números 41, 53, 54 y 67, puesto que de lo
que se trata es de suprimir en el texto eso que decía usted de bajo
riesgo y alto riesgo, porque si la Comunidad Europea ha decidido que la
clasificación es grupo I y grupo II, no entiendo por qué nosotros nos
hemos inventado una cosa que se llama alto y bajo riesgo. Yo pregunto qué
es un germen de bajo riesgo y qué es un germen modificado genéticamente
de alto riesgo. Por ejemplo, en un momento determinado, germen modificado
de bajo riesgo puede ser un virus, un retrovirus que produzca el sida.
Nosotros volvemos a remitirnos a la clasificación de la Directiva
comunitaria 90/219/CEE, no queremos que hagan ustedes cosas extrañas,
sino que vuelvan a la clasificación con sus correspondientes anexos para
que la gente lo pueda entender, porque si no después tendremos, por una
parte, la Directiva comunitaria, que dice grupo I y grupo II, y, por otra
parte, la ley española, que dice bajo riesgo y alto riesgo. ¿En qué
correspondencia estamos?
La enmienda número 39 al artículo 6.1 incorpora un nuevo punto d), en el
que se trata de especificar cuáles son las técnicas que se consideran
mínimas de acuerdo con las prácticas correctas de microbiología y de
seguridad e higiene profesional que se deben aplicar a los
microorganismos de bajo riesgo, porque a continuación se habla de la
necesidad de los confinamientos de los de alto riesgo. Efectivamente,
está desarrollada la Directiva comunitaria, nadie lo niega, pero hay que
remitir de nuevo a los ciudadanos españoles, que están leyendo una ley
española, a que se lean la Directiva comunitaria con su correspondiente
anexo, y nosotros dejamos en indefinición la ley que queremos aprobar.
Por tanto, lo que tenemos que hacer, sencillamente, es poner
en nuestra propia ley aquello que está recogido en la Directiva
comunitaria, puesto que es lo mínimo; después, de si un reglamento exige
más, pongámosle más, pero como mínimo tenemos que cumplir aquello, y así
los ciudadanos españoles que lean la ley dirán: esto lo que mínimamente
se exige como resguardo de nuestra microbiología.
La enmienda número 40 al artículo 6.1 pretende la introducción de una
redacción alternativa al párrafo final para evitar, precisamente, la
indeterminación de la ley, y excuso a sus señorías de su lectura.
La enmienda número 41 ha sido defendida ya, señor Presidente.
En la enmienda número 42 al artículo 6.1.b) se pretende una modificación
para que la obligación no sea solamente de llevar un libro de evaluación,
sino, además, presentar un resumen del mismo en los siguientes casos:
cuando las instalaciones se utilicen por primera vez, porque no se sabe
cómo van a responder, y sobre todo para los microorganismos de bajo
riesgo, que no se destinen a la enseñanza, a la investigación o al
desarrollo, y los calificados de alto riesgo.
Señores, como comprenderán, esta enmienda es una cláusula precautoria, y
nosotros hemos intentado en estas materias ser, evidentemente,
restrictivos, no se lo niego, y desarrollar a través de la ley parte del
reglamento que ustedes quieren desarrollar. Pero es que otras leyes de
otros países, como la francesa o la alemana, lo desarrollan exactamente
igual; no me digan ustedes que queremos ser reglamentistas, es que hay
otras leyes de otros países que lo hacen, porque lo que están intentando
es poner en funcionamiento una ley sobre la base de una directiva
comunitaria que tiene una estructura. Lo que pasa es que no sé quién
dijo: «Haga usted la ley, yo haré el reglamento». ¿Eso es lo que quieren
ustedes?
La enmienda número 43, al artículo 6.1.c), trata de especificar y aplicar
los principios de las buenas prácticas de microbiología e higiene según
los criterios de la Directiva. Lo que no queremos es que queden
indeterminaciones en la Ley.
Una de las críticas que hemos hecho precisamente esta mañana ha sido la
indeterminación. Queremos que se determinen muchísimas cosas en esta
materia concreta porque creemos que es peligrosa y que puede ser
perjudicial para la salud humana y para el medio ambiente, y hemos de ser
absolutamente restrictivos.
La enmienda número 44, al artículo 6.1, es de adición de un nuevo
apartado e). Se vuelve a intentar definir lo indefinido. ¿Qué medidas de
confinamiento deben aplicarse para los organismos genéticamente
modificados del grupo II, o sea de alto riesgo, como ustedes consideran,
según la Directiva comunitaria 90/219 de la CEE? Eso es lo que intentamos
hacer. Ya ve usted qué trasfondo político tienen estas enmiendas.
La enmienda número 45, al artículo 6.1, es de adición de un nuevo
apartado f). Obliga a revisar las medidas de confinamiento aplicadas en
relación con los nuevos conocimientos científicos y técnicos, pero no
sólo para los organismos de alto riesgo, sino también para los de bajo
riesgo, por lo que se trata de un complementario de lo expuesto en el
artículo 6, no es que sea distinto.
La enmienda número 46, al artículo 6, punto 1, es de adición. Pretende
que se autorice previamente la utilización de organismos genéticamente
modificados con fines de enseñanza, investigación o desarrollo, así como
establecer las medidas necesarias. Simplemente es una medida restrictiva,
pero, a nuestro entender, necesaria, ya que muchas veces en investigación
puede llegarse a cuestiones que no son deseadas. Solicitamos que haya una
autorización previa de determinada investigación en determinado sentido,
que puede ser el de la guerra bacteriológica, por qué no; que tengamos un
control de lo que se está haciendo.
La enmienda número 47, al artículo 6.2, pretende que en el caso de que se
utilicen por primera vez las instalaciones se realice una evaluación
previa de los riesgos para la salud humana y llevar un registro de
evaluación en coherencia con las demás enmiendas anteriores.
La enmienda número 48, al artículo 7.1, trata de añadir tras:
«Administración competente», la expresión: «solicitando la autorización
administrativa para tales operaciones». No simplemente que se sepa que se
ha propuesto ante la Administración competente la correspondiente
instancia, sino que, además, se comunique la autorización sobre estas
actuaciones. Debe ser malísima esta enmienda, porque no la aceptan.
La enmienda número 49, al artículo 7.2, es de supresión. Queda sin
sentido por las enmiendas que hemos presentado anteriormente.
La enmienda número 50 ya está defendida.
La enmienda número 51, al artículo 7.3, propone la supresión del inciso
final: «sin que sea aplicable lo dispuesto en el número 4 del artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común». ¿Por
qué? Porque estamos haciendo una excepción, porque no les damos opción a
los ciudadanos a que vayan a Correos y pongan su instancia
correspondiente con el sello correspondiente. Estamos facilitando a los
ciudadanos que cumplan con sus obligaciones jurídicas. Hay que acercar la
Administración a los administrados y no poner trabas administrativas.
La enmienda número 52, al artículo 8.2. a), pretende establecer una
precaución: la de interrumpir los plazos establecidos cuando se pida
nueva información complementaria y hasta que se haya obtenido la
aprobación definitiva. Cuando la Administración no tiene claro lo que el
administrado va a hacer, se le dice: Se suspenden los plazos hasta que yo
resuelva qué es lo que tengo que hacer con esto. También debe de ser muy
mala esta enmienda. También debe de ser tremenda.
Las enmiendas números 53 y 54 están defendidas.
La enmienda número 55 pretende enmendar el artículo 9 introduciendo un
nuevo punto, el 3, que se refiere al punto 1.b) de dicho artículo. En el
caso de primera utilización de instalaciones hay que someterse a
autorización. Vuelve a reiterar lo mismo que habíamos dicho antes:
someter a autorización las primeras instalaciones en su primer
funcionamiento.
La enmienda número 56 propone la refundición de los artículos 9 y 10 en
un solo texto, ya que en el artículo 9 se establece un silencio positivo
que en esta materia nos parece más bien tremendamente negativo. Pensamos
que es imprescindible un control adecuado al inicio de estas actividades.
Nos parece imprescindible la resolución expresa de la Administración en
esta materia. También debe de ser una enmienda terrible.
La enmienda número 57 pretende la supresión del artículo 10.
La enmienda número 58 trata de modificar el artículo 11 para que no sólo
el interesado sino cualquier persona que tenga una nueva información
sobre organismos y microorganismos genéticamente modificados que puedan
ser perjudiciales para la salud pueda acudir a las autoridades y decir:
Suspéndase esa actividad.
Señor Presidente, con esto he terminado la defensa de las enmiendas al
capítulo II.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Garzarán
García.
Hay un voto particular, el número 5, del Grupo Socialista, por el que se
mantiene el texto de los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, según
figura en el informe de la Ponencia. Para su defensa --y supongo que
acumulará también el turno en contra-- tiene la palabra el Senador
Borderas Gaztambide.
El señor BORDERAS GAZTAMBIDE: Gracias, señor Presidente.
Dado el carácter tan técnico de esta ley, es muy difícil que el debate no
sea un debate tan árido como el que está teniendo lugar, y uno pretende
introducir un poco más de alegría porque si no, ciertamente, aunque no
hemos tenido la posibilidad de este yantar tan copioso como otros
Senadores han tenido, uno más bien tira por el franciscanismo. (Risas.)
Vuelvo a expresarme en el sentido de que lo que creo que ha hecho
fundamentalmente el Grupo Popular y el Senador Garzarán han sido tres
tipos de enmiendas. Reconozco el esfuerzo indudable que ha hecho el
Senador Garzarán. Ha trabajado la ley de forma notable. Pienso que ha
aportado numerosas enmiendas en este capítulo II al que nos estamos
refiriendo, pero yo creo que ha sido un esfuerzo un tanto exagerado
porque, ciertamente, de esta manera nosotros pensamos que la ley, tal y
como ya había sido discutida en el Congreso y tal y como había sido
establecido en los límites de la normativa comunitaria, etcétera, no
podía extenderse demasiado, porque sería una ley excesiva. Esta ley y
todas las leyes, pero especialmente este tipo de ley tan técnica, tiene
que establecer unos principios básicos hasta cierto punto escuetos, y
luego tiene que haber una reglamentación abundante que dé toda la
explicación necesaria para aquellas personas que están verdaderamente
interesadas en llevar a cabo este tipo de trabajos, de experiencias en
los laboratorios, etcétera. Esto es una ley y no es un manual de
microbiología, porque no puede serlo en absoluto.
Es en este sentido en el que nos vamos a oponer a las enmiendas
presentadas por el Senador del Grupo Parlamentario Popular, y nos
referimos a estos tres tipos de enmiendas que han presentado. Son
enmiendas de nominación porque en este capítulo aparecen nuevamente los
temas de alto riesgo, de bajo riesgo, etcétera. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
Hay que advertir también que los temas de alto riesgo y de bajo riesgo en
relación con los microorganismos no se refieren tanto a la naturaleza de
los microorganismos como a la de aquellos vectores genéticos que se
insertan en el núcleo en una de las maniobras que se pueden realizar con
este tipo de elementos. Es decir, no se trata sólo de las características
y de la naturaleza de los microorganismos, sino de la propia técnica que
se va a utilizar en cada uno de los casos distintos. Pueden usarse
microorganismos patógenos, no patógenos, altamente patógenos, bajamente
patógenos, con vectores igualmente patógenos, no patógenos, altamente
patógenos o bajamente patógenos. Es una cosa extraordinariamente
complicada. No voy a cansarles más a ustedes con todas estas reflexiones
en relación con algunas de las enmiendas, y en este caso concreto en
relación con la enmienda número 38.
Hay otras enmiendas que son de adición, como son las números 33, 39, 40,
46, 47, etcétera, que se refieren fundamentalmente a la inclusión de
algunas de las partes de las normativas comunitarias.
Las enmiendas 51 y 52 se refieren fundamentalmente al tipo de
procedimiento, al hecho de tener que llevar un registro especial para
algunas de las maniobras que se están realizando con este tipo de
microorganismos, y a la solicitud de permisos a la autoridad competente,
sea autonómica o no.
Debo decir, aunque no está exactamente dentro del contexto de este
Capítulo II, que esta ley ha sido muy respetuosa con las competencias que
las autonomías tienen en muchas materias, puesto que las autonomías
tienen ya amplias competencias en materia de sanidad, medio ambiente,
investigación, universidad, industria farmacéutica, etcétera, que afectan
seriamente al desarrollo de esta ley y que están recogidas en capítulos
posteriores. Aprovecho este momento para decir que alguna
de estas enmiendas está en relación con los aspectos competenciales de
las autonomías. Indudablemente, los registros tienen que ser llevados a
cabo por las autoridades sanitarias autonómicas en el caso en que se
refiere la ley.
Creo que he dado una visión global, que yo pienso que es lo que
corresponde hacer en un Pleno, de las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado. Nosotros nos opondremos,
indudablemente, a todo este conjunto de enmiendas que termina en la
enmienda 58 al artículo número 11 y que es el último de este capítulo.
Igualmente le anuncio, señor Presidente, que será mi compañero de Grupo,
el Senador Zarallo, quien en adelante defienda los restantes capítulos de
esta ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno para portavoces. (Pausa.)
No hay turno de portavoces. Muchas gracias.
Pasamos, por tanto, al debate del Capítulo III.
El Senador Cuevas y la Senadora Vilallonga han formulado las enmiendas 9,
10 y 11, correspondientes a su voto particular número dos.
Tiene la palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Las doy por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Señoría.
Para defender la enmienda número 81, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 81 ha sido formulada al artículo 13.1.b) y es de
modificación. Debe decir: «b) Una evaluación de los efectos, riesgos y
medidas correctoras que los usos previstos...». El resto sería igual.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Las enmiendas números 59 y 60 fueron reservadas por el Grupo
Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Para no alargar demasiado el debate voy a ser muy breve. La enmienda 59
ha sido formulada al artículo 13.1 y es de adición. Pretende añadir tras:
«autorización de la Administración competente», lo siguiente: «y obtener
autorización previa». Creemos que en esta materia se debe obtener
previamente la autorización y no meramente la solicitud.
Nuestra enmienda número 60 al artículo 14.2 propone la adición de una
letra e) que diría lo siguiente en cuanto a lo que la Administración
podrá hacer: Suspender transitoriamente la liberación. Este texto está en
relación con los problemas de medio ambiente y de salud. Creemos que la
Administración debe tener, entre otras cosas, la posibilidad de suspender
una cuestión que puede ser importante para el medio ambiente y para la
salud. Se trata de algo tan sencillo como eso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Garzarán.
Para turno en contra tiene la palabra el Senador Zarallo.
El señor ZARALLO CORTES: Gracias, señor Presidente.
Voy a contestar desde el escaño.
Quisiera decir que vamos a votar en contra de las enmiendas números 59 y
60 del Grupo Popular por diversos motivos.
En lo que hace referencia a la número 59, esta enmienda solicita que
también se obtenga autorización previa. En cuanto a la número 60, se
refiere a la suspensión transitoria de la liberación. Estas adiciones que
se pretenden no están dentro del contenido del propio texto del proyecto.
Concretamente el artículo 13 se refiere solamente a la solicitud de
autorización y el artículo 14 tan sólo se refiere al procedimiento. En
cualquier caso, esa enmienda se refiere exclusivamente a la resolución
que la Administración competente puede ejercer para autorizar, lo que
queda perfectamente reflejado ya en el artículo 15 referente precisamente
a la resolución.
Respecto a la enmienda presentada por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, queremos decir que nos vamos a oponer a ella. Consideramos que el
término «medidas correctoras» no es correcto técnicamente ya que se trata
de determinar exclusivamente las condiciones de trabajo que permitan la
evaluación de posibles riesgos. Es decir, se trata de establecer
determinadas condiciones, lo cual corresponde exclusivamente a la
Administración. En el caso de que en la determinación de esas condiciones
la Administración competente pudiese vislumbrar que existe posibilidad de
riesgo o de complicaciones, efectivamente, podrá determinar a su vez el
cambio de esas condiciones para que esos riesgos o complicaciones no se
produzcan. Por tanto, no procede que existan medidas correctoras ya que
lo que hay que determinar es si esas condiciones producen riesgo o no lo
producen. Si produjesen riesgo, habría que cambiar esas determinadas
condiciones para lo cual la Administración correspondiente sí tendría
competencia.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
En turno de portavoces tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Señor Presidente, quisiera decirle
simplemente al señor Zarallo que la evaluación no sé si tiene que hacerse
en función de la «T» de Student o si se tiene que hacer en función de
otra cosa, aunque pienso que de alguna forma habrá de hacerse dicha
evaluación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Señor Presidente, quiero decir simplemente que,
en cualquier caso, el artículo 14 dice lo siguiente en su apartado 2: «En
su caso, la Administración competente podrá: «Entre las cosas que puede
hacer la Administración estaría el suspender transitoriamente la
liberación, y no es que yo lo diga, es que en los procedimientos está lo
que podrá hacer la Administración, luego lo único que hemos hecho con
esta enmienda es proponer que se añada un nuevo punto a ese tema por el
que se suspenda la liberación, lo cual se puede añadir también a lo de
realizar cuantas pruebas e inspecciones crea conveniente la
Administración, lo que ya consta en el texto del proyecto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Zarallo.
El señor ZARALLO CORTES: Señor Presidente, quisiera hacer una aclaración
en referencia a que la Administración no puede suspender nada que todavía
no haya autorizado. Lo podrá suspender cuanto lo haya autorizado, pero
estamos en el supuesto de que todavía no se ha producido esa
autorización.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: A los artículos 17 a 22 del Capítulo IV se ha
presentado un voto particular de los Senadores señores Cuevas y
Vilallonga correspondiente a sus enmiendas números 12, 13 y 14.
Tiene la palabra el Senador Cuevas.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Las damos por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para defender la enmienda número 82, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Señor Presidente, de nuevo hablamos de
medidas correctoras y de una mayor protección, pero creo que el tema ya
está suficientemente debatido. Por ello, damos por defendida nuestra
enmienda en sus justos términos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Enmiendas números 61 y 62 del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Con la enmienda número 61, al artículo 17.1, pretendemos que se entienda
como comercialización la cesión de organismos genéticamente modificados
tanto a título oneroso, como gratuito. Falta, pues, hacer mención a los
términos oneroso y gratuito, por lo que se refiere a la comercialización.
En cuanto al Capítulo IV, la enmienda 62, relativa al artículo 20,
propone la inclusión de un nuevo párrafo. Se trata de que, si un Estado
miembro ha aprobado un organismo genéticamente modificado que,
posteriormente, ha sido puesto en circulación por otro país que haya
autorizado su comercialización, en el caso de que dicho producto presente
problemas para la salud o el medio ambiente, pueda interrumpirse su
comercialización y utilización por el Estado miembro que sólo lo ha
autorizado, pero que no ha elaborado la investigación sobre el organismo
en cuestión. En este caso, actuaríamos como una correa de transmisión,
por lo que queremos que se especifique este extremo. Esta medida ya se
contempla en las leyes francesa y alemana, para evitar estos problemas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Grupo Socialista mantiene el voto particular número 5, correspondiente
a los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22, según figuran en el informe de
la Ponencia.
Tiene la palabra el Senador Zarallo.
El señor ZARALLO CORTES: Muchas gracias, señor Presidente.
Como antes ha hecho mi compañero de Grupo, voy a utilizar este turno para
la defensa de este voto particular y en contra de las enmiendas
presentadas por el resto de los grupos.
El señor PRESIDENTE: Señoría, prefiero que utilice este turno
exclusivamente para la defensa de su voto particular, para diferenciar
una cosa de la otra.
El señor ZARALLO CORTES: Como usted lo considere oportuno, señor
Presidente.
Efectivamente, hemos presentado un voto particular para que el Capítulo
IV, que ha decaído en virtud del trámite en Comisión, vuelva al proyecto
de ley en los términos en que figuraba en el informe de la Ponencia. Los
artículos a que se refiere el Capítulo IV, relativo a la comercialización
de organismos modificados genéticamente o de productos que los contengan,
es decir, al concepto de comercialización, a la solicitud de
autorización, al procedimiento, a la propia comercialización, y a la
posibilidad de que la Administración, en el supuesto de que se puedan
producir hechos posteriores a la autorización y comercialización tenga
competencias para adoptar medidas en relación a esas novedades, creemos
que están perfectamente desarrollados en el texto que primitivamente se
presentó en el informe de la Ponencia. Por consiguiente, mantenemos este
voto particular, para que la redacción del Capítulo IV vuelva a su origen
primitivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para turno en contra de las enmiendas, su señoría vuelve a tener la
palabra.
El señor ZARALLO CORTES: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, nos oponemos a las enmiendas presentadas por el Grupo de
Izquierda Unida.
Respecto de la enmienda número 82, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, ya hemos hablado sobre el concepto de medidas correctoras, por lo
que me remito a lo dicho.
En cuanto a la enmienda número 61, del Grupo Popular, creo que en este
proyecto de ley no hacemos sino aplicar exclusivamente el artículo 2.5 de
la Directiva 220, que se refiere a la comercialización, simplemente, como
al suministro o la facilitación a terceros, pero no hace mención, en
absoluto, a los conceptos de título gratuito u oneroso, que se proponen
en la enmienda. Por tanto, insisto en que seguimos fielmente el contenido
del artículo 2.5 de la Directiva 220.
Ya dije en Comisión, y se lo vuelvo a aclarar al representante del Grupo
Parlamentario Popular, que el tema de la enmienda número 61 todavía está
en estudio, es decir, que el comité de autoridades competentes en
relación con estas directivas sigue estudiando la forma de encontrar una
denominación que sea más exacta y exprese realmente lo que es el término
comercializar, o sea, ponerlo en el mercado. Hasta que no se tenga esa
aprobación por el comité de autoridades competentes, nos parece oportuno
que figure exactamente como en el contenido de la directiva.
En cuanto a la enmienda número 62, es verdad que el artículo 21 del
Capítulo IV habla de la posibilidad de comercialización y de que las
autorizaciones que se den en un país habilitan para ser puestas en marcha
en otros países. Eso es cierto, y con esto contesto a la enmienda 62,
pero si nos vamos al artículo siguiente, el 22, vemos que la
Administración tiene competencia en aquellos casos en que surjan nuevos
riesgos. Y aplicando a esa comercialización que venga de otros países ese
artículo 22, se puede suspender, detener, o lo que haga falta, como
ustedes pretenden en su enmienda.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se abre el turno de portavoces.
Tiene la palabra el señor Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir al representante socialista que lo que nosotros queremos es
que se defina la ley, precisamente por eso hemos presentado estas
enmiendas, y que lo que abunda no daña. No sé por qué no las admiten, si
lo que abunda no daña.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Garzarán.
En primer lugar, la enmienda número 83 corresponde al Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
El artículo 23 habla de la confidencialidad. Nosotros proponemos suprimir
la segunda parte de este artículo, que dice: «No tendrán carácter
confidencial las informaciones y datos relativos a la descripción...»
Entendemos, dado todo el problema que se crea actualmente en torno a
estos asuntos de secreto industrial o de espionaje, que las empresas que
realicen investigaciones de esta naturaleza pueden quedar seriamente
perjudicadas.
En la primera parte de ese artículo se dice: «La Administración resolverá
sobre la confidencialidad invocada y se abstendrá de facilitar la
información a terceros.» Nosotros proponemos la supresión de la segunda
parte. En todo caso, tendría que ser una cosa más compartida y de otra
forma. Nos parece que esto no está bien.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Senador Garzarán, tiene la palabra en turno de portavoces. (Pausa.)
Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Zarallo.
El señor ZARALLO CORTES: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para oponerme a la enmienda del Senador del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, porque tengo que decir,
aun comprendiendo su espíritu, que el artículo 23, que se refiere a la
confidencialidad, ha sido un tema controvertido, muy discutido y ha
supuesto un debate permanente en la elaboración de las directivas
comunitarias y, en definitiva, desde posiciones diferentes, es decir,
desde países como Dinamarca, que prácticamente no querían que hubiese
ninguna traba al término de confidencia, hasta países como Francia, que
tienen una poderosa industria en este sentido, que expresaba mucha
reticencia en cuanto al término confidencia.
Por tanto, yo creo que la supresión de este artículo iría en contra de lo
que es la formulación de las propias directivas y del espíritu del
proyecto de Ley, porque el artículo 23.2, que es el que se intenta
suprimir, incorpora estrictamente al derecho interno lo establecido en
los artículos 19.4 de las directivas 219 y 220.
Y si me lo permite el Senador del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, le diré, con todo cariño y afecto, que me parece,
teniendo en cuenta los términos del debate de esta ley tan técnica, que
lo que se dice en la justificación de la enmienda, sobre que se pueden
poner en peligro derechos fundamentales, es excesivo. En los términos en
que se ha expresado el representante del Grupo Parlamentario Popular,
nosotros nos vamos a oponer a esa enmienda porque el término
«confidencial» recogido en el proyecto de Ley, resultado de la Directiva
comunitaria, obedece a un texto de consenso europeo que creo que seguimos
fielmente.
Nada más, señor Presidente, gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Entramos en la defensa del capítulo VI, artículos 26 a 29.
El señor GARZARAN GARCIA: Señor Presidente, ha abierto usted el turno de
portavoces sin dar posibilidad de defensa de las enmiendas números 63, 64
y 65.
El señor PRESIDENTE: Tiene razón su señoría; ha sido un despiste del
Presidente.
Tiene su señoría la palabra.
El señor GARZARAN GARCIA: Señor Presidente, la enmienda número 63
pretende modificar el artículo 23, punto 1, para una cuestión que creemos
bastante importante, que es asegurar la confidencialidad de los datos que
se aporten a la Administración para la realización de algunas cuestiones
que ella proponga y para que, además, no puedan ser usados por terceros
para espionaje industrial. Creemos que esta enmienda es importante, ya
que hay, efectivamente, datos que tienen que ser públicos, notorios y
que, indudablemente, debe haber una reserva por la que determinados datos
en relación con la salud y el medio ambiente puedan ser publicados, pero
la Administración debe mantener una confidencialidad con algunos datos de
proceso industrial que a nosotros nos parece fundamental.
La enmienda número 64 al artículo 24 pretende remitir a la legislación de
protección civil y a la Ley General de Sanidad cuanto se derive de
situaciones de emergencia o de riesgo para la salud y el medio ambiente.
Creo que es una enmienda suficientemente clara.
La enmienda número 65 pretende introducir un nuevo artículo que recoja el
aspecto de los nuevos riesgos y las acciones que pueda ejercer la
Administración, como interrumpir, suspender o imponer restricciones
cuando hayan aparecido nuevos riesgos sobre los que la Administración
tenga algo que decir. Yo sé que esta cuestión está recogida en
variopintos artículos, pero evidentemente hay que considerar una nueva
situación que se llama «nuevos riesgos». ¿Qué puede hacer la
Administración? Interrumpir, suspender, pedir nuevos datos.
Efectivamente, yo creo que esto es puntualizar la ley. Ya he indicado
esta mañana que no me parecía correcta la indefinición de la ley que
estamos comprobando a lo largo del debate.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Zarallo.
El señor ZARALLO CORTES: Gracias, señor Presidente.
Ya he dado el argumento principal en cuanto al término «confidencial»,
sobre el que hay un debate, como he dicho, desde posiciones muy extremas
dentro de la Comunidad Económica Europea, pero diría todavía más: aparte
de esas posiciones extremas, se llegó a un consenso unánime en cuanto a
que había determinados riesgos que en ningún caso podrían ser sometidos
al término «confidencial», y eso es lo que el proyecto de ley contempla.
De todas maneras, hay una contradicción, porque ustedes dicen en su
enmienda 63: «La Administración resolverá otorgar el tratamiento de
confidencial a los datos e informaciones facilitados a terceros, ...» El
simple hecho de ser facilitados a terceros rompería, en todo caso, el
carácter de confidencialidad que ustedes quieren mantener. Y ya digo,
como resumen de eso, que es lo que el proyecto de Ley ha contemplado en
el debate ideológico consensuado que recoge la Directiva europea.
Respecto a la enmienda número 64, es prácticamente igual que el texto del
proyecto de Ley, excepto que ustedes no hacen referencia a la Ley
Orgánica de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, que nosotros creemos que es
imprescindible que aparezca también en el articulado.
En cuanto a la enmienda número 65, que se refiere a la creación de un
nuevo artículo 25 bis, entiendo su justificación en virtud de las
explicaciones que usted me ha dado anteriormente en el sentido de que no
viene mal repetir las cosas.
Creo que el artículo 25 bis es una recopilación en el sentido de poner en
un único artículo «nuevos riesgos», porque si usted se va a los artículos
11.2, 16.3 y 22 en sus puntos 1 y 2, en todos ellos se hace referencia
expresa a nuevos riesgos; por tanto, sería ponerlo en un artículo
diferente, y creemos que no hace falta que introduzcamos esas
alteraciones en el proyecto en virtud de todo el trámite parlamentario
que ha seguido tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Entramos en el Capítulo VI.
Para la defensa de las enmiendas números 15 y 18, del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra su Portavoz.
El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Las damos por defendidas en sus propios términos. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cuevas.
Del voto particular número 4 resta por defender la enmienda número 66.
Tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 66 --que, en este camino, a lo mejor también es
rechazada-- supone lo que les he dicho antes: que el incumplimiento de
los principios y prácticas de microbiología es lo mismo que si un médico
no explorase a los enfermos, o como si un abogado no guardase el secreto
profesional. Si estamos hablando de microorganismos, de microbiología, lo
mínimo que se puede exigir es que las prácticas sean correctas. Y si no
es así, eso no se puede considerar una infracción leve. De ninguna forma
se puede considerar una infracción leve. Eso es una infracción grave,
incluso yo diría que gravísima. Yo lo dejo a su entera disposición, pero
esto ya no es una cuestión de enmienda, esto es una barbaridad. ¿Qué le
hacemos a un profesional de la microbiología, o a un laboratorio, que
incumpla las prácticas de microbiología? ¿Le ponemos una multa como si le
faltase un sello de correos, como si le faltase la póliza o la firma
correspondiente? ¡Hombre, por Dios!
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Zarallo.
El señor ZARALLO CORTES: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a ver si aclaramos un poco más el tema en relación con el debate de
la Comisión.
Se supone que las buenas prácticas en microbiología son exigibles a todos
los niveles, como en todo. Pero estamos hablando de un artículo que se
refiere a infracciones: leves, graves, etcétera. Ateniéndonos a eso,
dentro del contenido del proyecto de ley el único requisito indispensable
que se pide es la buena práctica en microbiología en aquellos casos de
manipulación de organismos de bajo riesgo y a pequeña escala, de tal
manera que si se produce una alteración en esas prácticas de
microbiología el daño que se produce, el riesgo que conlleva nunca es
grave y, por tanto, tiene que estar en el capítulo de infracciones leves.
Hay otros supuestos en los cuales sí pueden ser alteradas estas prácticas
de microbiología y es cuando existen medidas de confinamiento que hacen
que los riesgos no se puedan producir. Por tanto, varían las buenas
prácticas de microbiología más las medidas de confinamiento que, en
definitiva, serían las que impedirían el trasvase de esos riesgos fuera
de los ámbitos del confinamiento. En este segundo supuesto, para que el
daño sea grave o importante y se pueda incluir en las infracciones graves
no sólo tienen que fallar esas buenas prácticas de microbiología, sino
también las medidas de confinamiento, y en este caso siempre son graves y
sí entrarían dentro de esa clasificación de infracciones; pero no en el
primer caso que, como he dicho anteriormente, se refiere solamente a los
casos de bajo riesgo, de pequeña escala, que en ningún caso ni en ningún
momento comportan alteraciones importantes o graves riesgos para los
temas que estamos tratando en el proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Permítame, señor Presidente, que lea lo que dice el punto c): «La
realización de actividades que supongan utilización confinada» y si se
confinan los microorganismos es por algo «de organismos modificados
genéticamente con incumplimiento de los principios y prácticas correctas
en microbiología» son infracciones
leves. Eso es lo que dice el proyecto de ley, y la interpretación que
usted hace me parece muy bien, pero lo que dice es esto. Y ello significa
que un señor puede hacerlo sin guantes, sin confinamiento, sin medidas
higiénicas, con peligro para el personal, con peligro para los demás
miembros del equipo, etcétera, y eso, por lo visto, debe ser una
infracción leve. Pues si es así, perdone usted, desde luego, no comparto
esa actitud desde el punto de vista técnico, científico o personal ni
desde ningún punto de vista. Y permítame que lo haga constar en el
«Diario de Sesiones» porque esto es una barbaridad. (El señor Torrontegui
Gangoiti pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero anunciar que vamos a votar favorablemente ese artículo
que ha defendido el señor Garzarán.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Zarallo.
El señor ZARALLO CORTES: Muchas gracias, señor Presidente.
Tenemos que dejar bien clara una cosa: nosotros estamos defendiendo aquí
algo tan elemental como el buen hacer, no en el campo médico ni el de
este proyecto de ley, sino en todo caso, eso se supone y no hace falta ni
decirlo. En todo caso, estaríamos hablando de supuestos en los que, por
los motivos que fuesen -- en ningún caso arbitrarios o conscientes-- se
producen una serie de alteraciones. En ese sentido, puede haber
alteraciones graves y alteraciones poco importantes o de escasa
incidencia y lo que tenemos que hacer es simplemente, en relación con la
importancia de esos daños, calificar la infracción para poderlos
sancionar, no es otra cosa. Parece ser que ustedes afirman que nosotros
estamos en contra de eso; ni muchísimo menos, nadie puede estar en
contra; tenemos que calificar unos hechos como leves o graves y en
aquellos casos en que no se han producido daños importantes o los riesgos
son mínimos no hay a nuestro juicio motivos suficientes para calificarlos
dentro de las infracciones graves que, en todo caso, siempre conllevan
alteraciones del confinamiento. No se trata en ningún caso de alteración
del confinamiento con organismos de alto riesgo. Yo creo que ahí es donde
viene su confusión, permítame que se lo diga, en virtud de las enmiendas
que anteriormente ha defendido y en las que proponía que siga la
clasificación de una Directiva comunitaria en grupo I y grupo II, alto
riesgo y bajo riesgo, que precisamente es una aclaración que nos viene
bien en este sentido para saber lo que produce daños importantes o lo que
produce daños mínimos. Por supuesto, apoyamos que todo se debe hacer con
las normas y las buenas prácticas en microbiología.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Garzarán García pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Senador Garzarán, tiene su señoría la palabra.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, esto es lo mismo que si cuando yo veo a un enfermo no le hago
una exploración y no se derivan enfermedades graves de mi incapacidad.
Usted dice que no pasa nada, pero la conducta que supone que yo no
explore a un enfermo es una conducta grave, independientemente de las
derivaciones que se produzcan de mi actitud; podrá haber denuncias o no,
el enfermo estará muy contento o no, pero la actitud es grave. La actitud
del incumplimiento de las medidas mínimas de microbiología es leve, según
lo que dice el proyecto. Se lo he leído, es lo que dice y lo que ustedes
quieren aprobar. A mí me parece muy bien, allá con sus responsabilidades.
Muchas gracias. (El señor Zarallo Cortés pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Zarallo.
El señor ZARALLO CORTES: Aunque sea tener que bajarme al terreno que
usted ha elegido, fuera del ámbito del proyecto de ley, le pondría el
ejemplo que usted ha puesto. Si usted está viendo a un enfermo y tiene un
catarro de vías aéreas superiores y dice que tiene una angina, se ha
equivocado, ha errado, pero el riesgo para la salud de ese enfermo es
mínimo, casi insignificante. Si el enfermo tiene un dolor abdominal
--bajando a ese mismo ejemplo que usted ha puesto-- y dice que no tiene
nada o que tiene un cólico y tiene una apendicitis perforada, está
cometiendo usted una grave infracción de buena práctica, con riesgo
importante para el enfermo. Más claro no creo que lo pueda decir.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Capítulo VII, artículos 30 y 31.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Señora Vilallonga, ¿va a defender su señoría las enmiendas?
La señora VILALLONGA ELVIRO: Las doy por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Enmiendas números 84 y 85, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, para cuya defensa tiene la palabra el Senador
Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Las enmiendas 84 y 85 son propias y casi exclusivas del rol de nuestro
Grupo Parlamentario, que siempre está por la defensa de las competencias
--no de la competencia, sino de las competencias-- y se refieren a los
artículos 30 y 31. Hemos hecho un esfuerzo por dejar las cosas en su
sitio, proponiendo que se modifiquen los artículos 30 y 31, concentrando
en el segundo y suprimiendo el primero.
La justificación de la enmienda es suficientemente amplia y clara y, sin
embargo, una de las cosas que nos ofreció nuestro compañero y amigo, el
Senador Zarallo, en la Comisión no ha tenido ningún avance extracameral
en el intervalo de la semana que ha transcurrido desde entonces. Por
tanto, hemos creído oportuno mantener esta enmienda 84, que lo que
propone, en definitiva, es concentrar todo un esfuerzo para resolver
varias cuestiones, no solamente las competenciales, sino, incluso, todo
el cometido referente a los distintos Ministerios y demás, proponiendo
también un órgano colegiado que pudiese aglutinar, porque la dificultad
estriba en que el Ministerio de Sanidad no tendría suficiente fuerza como
para poder manejar al resto de los Ministerios, que se encuentran con
suficientes competencias como no para otorgar toda la facultad al
Ministerio de Sanidad.
En este sentido va la justificación de la enmienda de nuestro Grupo. Sin
embargo, hemos visto que existe una enmienda transaccional basada en la
enmienda número 74, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, referente al artículo 30.4, que nos satisface en la
medida en que se toman en consideración a las Comunidades Autónomas,
aunque sólo en los supuestos de grave y urgente necesidad.
Nos gustaría que, al menos, se nos reconociera que hemos hecho un
esfuerzo, que hemos puesto interés en dar una solución para la buena
utilización de este proyecto de ley, pues muchas veces no coinciden de
facto las leyes con las posibles restricciones que esta Cámara les
impone, y convendría que en materia de competencias el sentido de la ley
fuera tomado por este proyecto con gran flexibilidad, pues resulta que a
veces determinadas Comunidades Autónomas están suficientemente preparadas
para llevar a cabo una empresa de este tipo, incluso, con mayor
conocimiento de causa.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Enmiendas números 69, 70 y 71, del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, el Senador Garzarán tiene la palabra.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda 69 pretende modificar el artículo 30.3 para que las
autorizaciones sean otorgadas por un solo Ministerio, en coordinación con
los demás.
La enmienda número 70 al artículo 31 pretende que en el caso de que las
Comunidades Autónomas no puedan ejercer adecuadamente lo previsto en esta
ley, efectivamente, se les dé ayuda técnica adecuada.
En este sentido creo que hay una transaccional, no con nuestra enmienda,
sino con una del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Con la enmienda número 71 se trata de introducir un nuevo artículo, el
32, en el que se desarrollan las competencias de la Comisión de
bioseguridad. Nos parece importante esta enmienda porque lo que queremos
es dar participación fundamentalmente a aspectos técnicos, y para ello
proponemos que la mitad de los miembros sean técnicos, especialistas en
estos temas de bioseguridad, de biología, de microbiología, y que se dé
participación a estas Cámaras, mediante una comparecencia anual, y a
otras organizaciones como pueden ser las de usuarios, sindicales,
etcétera. Nosotros tenemos un especial cariño a esta enmienda, porque no
es ajena al resto de las leyes que hay en Europa, concretamente la
alemana o la francesa. Tenemos especial interés en que esta enmienda sea
aprobada, aunque ya sabemos el camino que va a seguir. Ya sé que van a
decir ustedes que se va a desarrollar posteriormente en no sé qué
reglamento y no se sabe cómo.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado el voto particular número
5, manteniendo el texto del artículo 30.4, según figura en el Informe de
la Ponencia.
Tiene la palabra el Senador Zarallo.
El señor ZARALLO CORTES: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, este voto particular pretende volver al texto inicial del
Informe de la Ponencia sobre el apartado 4 del artículo 30. Este nuevo
apartado 4 del artículo 30 surgió en el proyecto de ley en su trámite en
el Congreso en virtud de una serie de transacciones con el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió y quedó abierto para su trámite en
el Senado. Con la presentación de una enmienda transaccional, firmada por
todos los Grupos parlamentarios, con una nueva redacción del texto que
perfecciona más escrupulosamente lo que son las competencias por parte de
la Administración del Estado y el respeto a las competencias de las
Comunidades Autónomas, creemos que hemos avanzado todavía una poco más en
el trámite del Senado. Por tanto, pedimos volver al texto inicial del
Informe de la Ponencia. Sobre esa vuelta es sobre la que se apoyará
esa enmienda transaccional presentada y firmada por todos los Grupos
Parlamentarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para turno en contra de las enmiendas defendidas, tiene la palabra el
Senador Zarallo.
El señor ZARALLO CORTES: Muchas gracias, señor Presidente.
Tengo que decirle al señor Torrontegui, portavoz del Grupo Parlamentario
de Senadores Nacionalistas Vascos, que no actué en nombre del Senador
Zarallo concretamente, sino como representante del Grupo Parlamentario
Socialista. Le diré que en temas de competencias administrativas, donde
sabemos que existen muchas dificultades y visiones diferentes, en todos
los trámites queda abierta hasta el último momento la posibilidad de
hacer transacciones al proyecto de Ley que en ese momento --sea éste u
otro-- se esté debatiendo.
No se puede decir que no hayamos avanzado algo. Algunas de las
consideraciones en las enmiendas que presentan no las hemos aceptado ni
se han transaccionado, pero sí una de ellas presentada por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que solicitaba la
suspensión del punto 30.4, y, como he dicho anteriormente, en virtud de
esta transacción hemos avanzado un poco.
Quería decirle con el máximo respeto, no considerándome un experto en
temas competenciales y comprendiendo y entendiendo perfectamente cuál es
la postura del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en
estos temas competenciales, para que conste en Acta, que la nueva
redacción del artículo 30, apartados 1 y 2, conforme han sido remitidos
del debate parlamentario en el Congreso, ha perfeccionado el primitivo
texto. El artículo 30, apartados 1 y 2, ajusta las competencias de la
Administración General del Estado en la liberación de los organismos
modificados genéticamente en el sentido de que se restringe a aquellos
supuestos en que el objeto de esas modificaciones va dirigida a la
incorporación a medicamentos de uso humano y veterinarios, además de una
serie de actividades que pueden suponer un grave riesgo para la salud
humana. Y se concretan más aquellos casos en que es de aplicación la Ley
13/1986, de Fomento y Coordinación científico-técnica, los supuestos en
que la Administración Central tiene competencia en la actividad de
liberación o utilización confinada y en los que la tienen las Comunidades
Autónomas.
Paralelamente, el artículo 31 se modificó dejando claro que las
Comunidades tienen competencia en la actividad de liberación y en qué
supuestos, que ya no los tendría el Estado, y se aclaran más las
funciones de vigilancia y control de las Comunidades Autónomas. Es decir,
que en lo que ha sido un texto primitivo en el debate parlamentario en
las Cortes Generales se ha modificado profundamente la concepción y el
contenido de los artículos 30 y 31 en relación a la sensibilidad de los
Grupos parlamentarios que más hincapié hacían en esto, aunque no haya
colmado las aspiraciones de esos Grupos, especialmente del Grupo de
Senadores Vascos, y en el Senado hemos avanzado también un poquito más en
el artículo 30.4 cuando se contempla en caso de extrema urgencia y
gravedad. Probablemente no colme todo, pero debe reconocer el Senador
Torrontegui que algo, con buena voluntad, hemos avanzado y éste es el
camino que tenemos que seguir en el futuro, y si se puede aún más, mejor.
A continuación, señor Presidente, voy a contestar a las enmiendas del
Grupo Popular. Creo que en estas enmiendas, al contrario de las enmiendas
que he rechazado en turno en contra, las puedo entender, porque no son de
concepción del proyecto y, además, expresa una vía que podía haber sido
válida; me refiero a la vía en la que le da una especial importancia al
Ministerio de Sanidad y Consumo como órgano coordinador. Podía ser una
vía, lo reconozco. Por eso es por lo que ha optado el proyecto, como se
trata de materias que afectan a cinco o seis Ministerios, nos ha parecido
mucho más simple, mucho más operativo y mucho más decisorio el hecho de
que el órgano colegiado interministerial, que se contempla en el artículo
30.3, sea el que definitivamente decida lo que haya que hacer porque
simplifica los trámites y porque simplifica la posibilidad de vías
administrativas, de escritos, de comunicaciones, etcétera. Entendiendo
que la otra vía también podía ser válida y que a lo mejor en alguna
legislación europea se haya podido hacer, lo cual no invalida que sea
operativo este sistema de órgano colegiado interministerial.
En todo caso, para su tranquilidad, le recuerdo que entre esas
prerrogativas del órgano colegiado figura también, por parte del
Ministerio de Sanidad, casi hasta una capacidad de veto para aquellos
casos en los que suponga, incluso sin conformidad de otros Ministerios,
un riesgo evidente para la salud de las personas.
Con respecto a la enmienda número 70, quiero decir que estamos de
acuerdo. No se refiere a la transaccional que ha citado usted. Lo que
dice esta enmienda es que este órgano coordinador que ustedes proponen,
el Ministerio de Sanidad y Consumo, preste la asistencia técnica
necesaria a las Comunidades Autónomas. Estamos de acuerdo, pero nosotros
no lo decimos, y no lo decimos por una razón muy simple y es porque
consideramos a las Comunidades Autónomas con el suficiente juicio para
solicitar ayuda si les hace falta, lo que no se les puede imponer en base
a las competencias estatales y en base a las competencias de las
Comunidades Autónomas. Y en esa Disposición Final tercera que contempla
el proyecto de ley precisamente se dice que esa Comisión nacional de
bioseguridad, que está compuesta por la Comisión interministerial y una
serie
de personas, expertos, instituciones, etcétera, podrá facilitar ayuda y
será un órgano consultivo para la Administración estatal y para las
Comunidades Autónomas, siempre que las Comunidades Autónomas consideren
que deben solicitar esa información. Nosotros estamos convencidos que en
este proyecto de ley, que es eminentemente técnico, ninguna Comunidad que
necesite una prestación científica de un órgano de esa calidad va a dejar
de solicitarla. Entendiendo que su vía tiene una lógica y es una
concepción diferente pero válida. El proyecto de ley se ha inclinado por
considerar que el mecanismo de coordinación sea esa Comisión u órgano
colegiado, y así lo contempla en su contenido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Abrimos turno de portavoces. (Pausa.)
En primer lugar, el Senador Torrontegui tiene la palabra.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al señor Zarallo el esfuerzo de convicción que ha hecho,
al menos al final de esta discusión.
Yo creo que hay suficiente cordura en las Cámaras como para que nos
exijan cierto esfuerzo y nos podamos pelear, porque no podemos dejar los
textos tal y como llegan ya que se olvidan normalmente de que hay unas
Comunidades Autónomas por ahí; esto nos motiva a hacer un poco de
esfuerzo, un poco de «footing». En ese sentido, nosotros les habíamos
propuesto una enmienda opcional que no han visto, según parece, pero
gracias, quizá, a otras necesidades que son obvias, hemos podido entrar
en un tema competencial suficientemente claro que mejorará la ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Sólo quiero pedir que en cuanto al voto particular número 5 del Grupo
Parlamentario Socialista, que retrotrae al texto el Informe de la
Ponencia, se concrete si el texto alternativo que ha sido suscrito por la
mayoría de los Grupos parlamentarios se va a soportar en el Informe de la
Ponencia, en caso de que se apruebe el voto particular número 5, o en el
Dictamen de la Comisión, que ya incluye el texto que se aprobó en
Comisión. Me gustaría que esto quedara claro, porque si fuera la segunda
alternativa, creo que lo procedente sería retirar el voto particular
número 5, dado que en el Dictamen de la Comisión queda el artículo 30 en
su totalidad y, por supuesto, el texto alternativo sólo pretende
modificar el apartado 4 del artículo 30, con lo cual en un único trámite
se podría aprobar el texto alternativo que está firmado por la mayoría de
los Grupos parlamentarios, y en cuyo caso ya deberíamos retrotraernos al
Informe de la Ponencia.
Nada más quería hacer esta precisión, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Senador Garzarán, para turno de portavoces, tiene su señoría la palabra.
El señor GARZARAN GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Anuncio nuestro voto positivo a las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos números 84 y 85, y, además, quiero
expresar nuestro respeto por las Administraciones autónomas, que son
Administraciones del Estado exactamente igual. Lo que sí queremos, por
supuesto, es que haya una cooperación entre las Administraciones, cosa
que es deseable, necesaria e imprescindible en el Estado de las
Autonomías.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Zarallo.
El señor ZARALLO CORTES: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, para aclaración del señor Bertrán, diré que nosotros
retiramos el voto particular número 5 en relación con el artículo 30.4,
siempre y cuando se vote la enmienda transaccional que está firmada por
todos los Grupos con la nueva redacción del artículo 30.4. ¿Me he
explicado suficientemente, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Sí se ha explicado su señoría, pero en tanto hay una
redacción transaccional suscrita sólo por cuatro Grupos parlamentarios,
no la puede retirar su señoría puesto que es la enmienda que sostiene la
transaccional, pero, lógicamente, se vota sólo la transaccional.
El señor ZARALLO CORTES: De acuerdo, señor Presidente. Se vota sólo la
transaccional. Muchas gracias.
Al Senador Garzarán he de decirle sencillamente que comparto la idea de
que esa coordinación debe existir --probablemente la visión que se tenga
de ese órgano colegiado interministerial va en ese sentido--, y lo
deseable será que de facto también se produzca, como esperamos todos que
así sea.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Entramos en el debate de las Disposiciones, de la Exposición de motivos y
del Título del proyecto de ley.
Las enmiendas números 22 y 24, del Grupo Parlamentario Mixto, han sido
dadas por defendidas.
Corresponde al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos la
defensa de su enmienda número 77.
El Senador Torrontegui tiene la palabra.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Supongo que también es una causa perdida, pero nos gustaría que el Título
quedara mucho más reducido que el actual. Proponemos el siguiente: «Por
la que se establece el régimen jurídico de organismos modificados
genéticamente.»
Entendemos que las palabras «organismos modificados genéticamente» son
suficientemente claras, incluso dentro de la Exposición de Motivos o
dentro de la propia ley ya se aclara suficientemente que el resto del
Título es excesivamente complejo y extenso. Pero, apoyándonos en que el
Letrado ha hecho un buen diseño de este Título, apoyaríamos que se
redujera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular son las números 25, 72 y
73; esta última postula la inclusión de un nueva Disposición Final.
Para su defensa, el señor Garzarán tiene la palabra.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda número 25 propone el siguiente texto: «Por el que se
establece el Régimen jurídico de los organismos modificados genéticamente
a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.»
Se justifica por las mismas razones que ha expresado el portavoz del
Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
La enmienda número 72 es de supresión porque se reitera lo mismo tanto en
la Exposición de Motivos y en la Disposición Final como a lo largo del
texto de la ley.
La enmienda número 73 propone que la coordinación de todas las
actividades las haga el Ministerio de Sanidad, tanto desde el punto de
vista administrativo como técnico sanitario en lo correspondiente a esta
ley, precisamente porque intervienen varios Ministerios, como el de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el de Agricultura, Pesca y
Alimentación, el de Educación y Ciencia, y, además, que sea el
coordinador de la Comisión de Bioseguridad. Esto, por supuesto, con
absoluto respeto a las competencias que tienen cada uno de ellos dentro
de sus propios Ministerios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Senador Zarallo tiene la palabra para turno en contra
El señor ZARALLO CORTES: Muchas gracias, señor Presidente.
Nos oponemos a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos y por el Grupo Parlamentario Popular
referentes al Título de la ley. Comprendemos que es un Título mucho más
limitado, mucho más simple y mucho más sencillo, pero, a nuestro juicio,
el Título que tiene expresa exactamente lo que el proyecto de ley
contiene, que son tres supuestos en cuanto a estas actuaciones en el
campo de los organismos genéticamente modificados; es decir, la
utilización confinada, la liberación voluntaria y la comercialización.
Un Título que no fuese específicamente concretado, como el que se
propone, incluiría otras actividades de dichos organismos, por ejemplo,
el transporte fuera de los recintos de laboratorio, la importación desde
terceros países. Por tanto, creemos que cede a lo que quiere decir el
significado y el contenido del Título.
Reitero que la enmienda número 73 va en el sentido de crear una
Disposición Final Octava en la que se haga constar ese mecanismo de
coordinación. Por los mismos motivos que nos hemos opuesto a lo largo del
trámite, nos oponemos a esta enmienda que presenta el Grupo Parlamentario
Popular.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Abrimos un turno de portavoces. ¿Algún señor portavoz quiere hacer uso de
la palabra?
Tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Gracias.
Sólo deseo decirle lo mismo que le dije en Comisión: «Organismes
génétiquement modifiqués.» Ley sobre Regulación de las técnicas
genéticas; legislación alemana. Lo que el título de la ley debe decir es
lo que sea más corto, lo más funcional para el usuario, y que diga lo que
tiene que decir. Y si, además, quieren ustedes decir lo que dice la
Directiva comunitaria, pongan: «microorganismos genéticamente
modificados», que es lo que dice dicha normativa, y no hagan ustedes
tabla rasa entre microorganismos y organismos, que es lo que le he dicho
a usted antes.
Gracias. (El señor Zarallo Cortés pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Zarallo.
El señor ZARALLO CORTES: Gracias, señor Presidente.
Deseo decir simplemente que el título de la ley es el
contenido de la ley. No nos engañemos. La ley trata de estos tres
supuestos en cuanto a los organismos modificados genéticamente, y de
ningún otro aspecto más. Por eso se recalca en el título.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a iniciar las votaciones pendientes. (Pausa.)
Solicito la atención de sus señorías, ya que las votaciones van a ser
bastante complicadas.
En primer lugar, vamos a someter a votación, en un primer bloque, las
enmiendas de los Senadores Cuevas González y Vilallonga Elviro, números
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14 y 15.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 98; en contra, 122; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas números 6, 7, 8, 12,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24, también de ambos Senadores.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, dos; en contra, 221; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE. Quedan rechazadas.
Sometemos a votación separadamente la enmienda número 78, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, nueve; en contra, 118; abstenciones, 98.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Las demás enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos son las números 77 y 79 a 85. Si no hay objeción, las sometemos
conjuntamente a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 106; en contra, 117; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, vamos a someter a votación la enmienda número 34, de
dicho Grupo Parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 102; en contra, 119; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 51 y 58, del mismo Grupo
Parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 103; en contra, 119; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda número 73, del Grupo Parlamentario
Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 98; en contra, 119; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las demás enmiendas de este voto particular del Grupo
Parlamentario Popular que aún no han sido sometidas a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 98; en contra, 124; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario Socialista votamos el voto particular que
solicita la vuelta al texto informado por la Ponencia en los artículos 1,
2 y 3 del Capítulo I, artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Capítulo
II, artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del Capítulo IV y artículo 30.4 del
Capítulo VII. (El señor Garzarán García pide la palabra.)
Tiene la palabra el Senador Garzarán.
El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros habíamos pedido el voto separado, precisamente, del voto
particular número 5 en lo referente al artículo 30.4 del Capítulo VIII.
(El señor Bertrán i Soler pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Bertrán.
El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
Sólo quería solicitar información respecto del voto particular número 5,
del Grupo Parlamentario Socialista, que retrotrae al informe de Ponencia
el artículo
30, apartado 4. Yo había interpretado durante el debate que sólo se
sometería a votación el texto alternativo y no el voto particular.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Borderas.
El señor BORDERAS GAZTAMBIDE: Gracias.
Señor Presidente, queremos votación separada del artículo 2, apartado c).
Ahora vamos a votar el texto del dictamen.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Senador Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a aclarar que el voto particular pretende volver al texto del informe
de Ponencia. En concreto, en el artículo 2 se trataría de reponer el
texto del informe de Ponencia que consta en el artículo 2, apartados a) y
d). Dado que el apartado c) no estaba en el informe de Ponencia y fue
incluido en Comisión, su votación no se incluiría en el voto particular,
sino posteriormente, en el momento de votar el dictamen de Comisión.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, se puede hacer de esta manera.
En relación con la advertencia que ha hecho el Senador Bertrán les diré
que, ciertamente, el artículo 30.4 que yo he leído no se va a someter a
votación, puesto que está incluido en la transacción a la que después voy
a dar lectura y que ha sido suscrita por los Grupos Socialista, Mixto,
Convergència i Unió y Coalición Canaria.
El señor GARZARAN GARCIA: Señor Presidente, creo que ahora no es posible
procedimentalmente dividir el artículo 2. El texto que está aprobado es
el 2.b) y el 2.a) y el 2.c) no están incluidos. Habría que votar sólo la
parte que se incluye, la otra parte no.
El señor PRESIDENTE: Si no me equivoco, lo que puede ser sometido a
votación es el artículo 1 y el artículo 2.a) y 2.b), que pretende la
vuelta al texto que informó la Ponencia. El 2.c), como fue obra de la
Comisión, lo dejaremos para que cada Grupo vote lo que corresponda en el
momento en que pasemos a votar el dictamen, de tal manera que con un poco
de inteligencia cuadraremos todo.
Por tanto, se somete a votación el voto particular del Grupo Socialista,
para la vuelta a la redacción del informe de la Ponencia de los artículos
1, 2 a) y 2 b).
Senador Garzarán, ¿me está usted haciendo indicaciones acerca de cómo
debo votar? (Risas.)
El señor GARZARAN GARCIA: Qué más quisiera yo, señor Presidente, que
poder influir en su voto.
El señor PRESIDENTE: Si consigue convencerme o equivocarme, a lo mejor lo
logra, señoría.
Vamos a someter a votación, por tanto, lo antes dicho.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 127; en contra, 96; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sometemos a votación el voto particular del Grupo Parlamentario
Socialista, pretendiendo la redacción del artículo 3 según el informe de
la Ponencia.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 127; en contra, 97; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Voto particular del Grupo Socialista, para la vuelta al texto del informe
de la Ponencia de los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, relativos al
Capítulo II.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 127; en contra, 97; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, promoviendo la
redacción de los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22, del Capítulo IV,
según el informe de la Ponencia.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 127; en contra, 97; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Como antes he señalado, los Grupos Parlamentarios Mixto, de Coalición
Canaria, Catalán de Convergència i Unió, y Socialista, propugnan una
nueva redacción del artículo 30.4, modificando la redacción del informe
de la Ponencia, del siguiente tenor: En los supuestos de grave y urgente
necesidad, la Administración general del Estado, con carácter
excepcional, podrá promover, coordinar, o adoptar cuantas medidas sean
necesarias para proteger la salud de las personas o evitar daños
irreparables al medio ambiente, con la colaboración de las Comunidades
Autónomas y de acuerdo con sus respectivas competencias, que se somete a
votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 126; en contra, cuatro; abstenciones, 94.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Del Capítulo I resta por votar el apartado 2.c), que fue incorporado en
Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 223; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Del Capítulo II resta por votar la rúbrica.
¿Se pude aprobar por asentimiento? (Pausa.)
Se declara aprobada.
Se somete a votación el Capítulo III, artículos 12 a 16.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 125; en contra, uno; abstenciones, 99.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Del Capítulo IV resta por someter a votación la rúbrica.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 127; abstenciones, 99.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Capítulo V, artículos 23 a 25. Se somete a votación el texto del
dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 121; en contra, uno; abstenciones, 103.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Capítulo VI, artículos 26 a 29.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 126; abstenciones, 99.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Capítulo VII, artículos 30 y 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 127; abstenciones, 99.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se someten a votación las disposiciones adicionales primera y segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 127; en contra, uno; abstenciones, 98.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Se someten a votación las disposiciones finales primera a séptima.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a
favor, 125; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Sometemos a votación la exposición de motivos y el título del proyecto de
Ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a
favor, 127; abstenciones, 99.
El señor PRESIDENTE: Aprobados.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
(El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE AUTONOMIA DEL BANCO DE ESPAÑA (S. 621/000024) (C. D. 121/000021).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Punto 27 del orden del día debate
del Dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el
proyecto de Ley de Autonomía del Banco de España.
Pido al Presidente de la Comisión me indique si hay designado algún
Senador para presentar el proyecto.
Tiene la palabra el Senador González Laxe.
El señor GONZALEZ LAXE: Señor Presidente, está designado por la Comisión
el Senador Martín Escudero Sirerol.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Escudero.
El señor ESCUDERO SIREROL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento del Senado, y
como ha dicho el Presidente de la Comisión, he sido designado por la
Comisión de Economía y Hacienda para la presentación del Dictamen sobre
el proyecto de Ley de Autonomía del Banco de España.
Dicho texto entró el pasado 30 de marzo en el Senado, habiendo sido
remitido por el Congreso de los Diputados previa su aprobación en el
Pleno. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el 13 de abril
pasado y fue prorrogado hasta el 19 del mismo mes, habiéndose presentado
en dicho plazo un total de 84 enmiendas, de las que 8 corresponden al
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, 15 al Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, 6 al Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, 5 al Grupo Parlamentario
Mixto, 32 al Grupo Parlamentario Popular y 18 al Grupo Parlamentario
Socialista.
La Ponencia, en su sesión del día 3 de mayo, informó el proyecto de ley
incorporando 15 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y 2
enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió. En la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda celebrada el 4
de mayo pasado, en la que el proyecto de ley fue dictaminado, se
incorporó una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y 6 enmiendas
transaccionales, quedando para el Pleno de la Cámara 5 votos particulares
correspondientes al Grupo Parlamentario Mixto, al Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En el Dictamen emitido por la Comisión, que ha sido publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie II, proyectos de ley,
número 24 (e), de 9 de mayo, se ha observado una omisión en el texto del
artículo 28.1 del proyecto de ley, que ha sido subsanado en una posterior
edición, por lo que a partir de este momento y con esta inclusión se
somete dicho Dictamen a la consideración del Pleno de esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Escudero
Sirerol.
Debate de totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Turno de Portavoces.
Tiene la palabra la Senadora Vilallonga.
La señora VILALLONGA ELVIRO: Buenas tardes, señor Presidente, señorías.
Es una verdadera pena que en un debate tan importante como es el del
proyecto de ley de Autonomía del Banco de España se encuentre en estos
momentos la Cámara por mor de la circunstancia política en la que
estamos, en estas condiciones de un cierto desinterés. Entiendo que hoy
es un día importante en el Congreso de los Diputados, que está en el
centro de la actividad política, de la situación política, pero a mí me
parece que este proyecto de ley hubiera requerido, precisamente por la
situación política que atraviesa nuestro país, un debate más interesante
o más interesado por parte de las señoras y señores Senadores y, en
último extremo, no un debate de carácter ritual, sino un debate en el que
se empezasen a sentar elementos constructivos, porque quizás el día de
hoy sea el momento de empezar a adoptar decisiones en las Cámaras que no
dependan de llamadas telefónicas, ni en un sentido ni en otro. Creo que
es un lástima que este debate, que va a ser interesante para los
Senadores y Senadoras que nos encontramos en estos momentos en el
hemiciclo, no esté siendo la respuesta que quizás muchos ciudadanos y
ciudadanas esperan de las Cámaras a la luz de los últimos
acontecimientos.
No obstante, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya los dos
Senadores que representamos aquí a nuestra fuerza política queremos hacer
un esfuerzo importante por darle a este debate la trascendencia política
que desde nuestro punto de vista merece. Trascendencia política porque,
evidentemente, hablar de una nueva reglamentación del Banco emisor es
establecer criterios políticos y parlamentarios en torno a una de las
Instituciones más importantes del Estado, que tiene que ver con la
modificación de legislaciones estatales que han estado vigentes a lo
largo de los años, tiene que ver también con el artículo 40 de nuestra
Constitución y, sin lugar a dudas, el hecho de hablar del Banco de
España, independientemente de la coyuntura política, debería ser para el
conjunto de la Cámara un elemento --y creemos que lo es-- del mayor
interés.
En ese sentido, viene a esta Cámara un proyecto de ley que se justifica
sobre la base de la necesaria homologación a la legislación europea y a
la política europea de la Unión Monetaria y Económica que se establece en
los distintos tratados que han dado origen a la Unión política Europea.
Nos parece que se debería haber hecho un esfuerzo --coincidimos en la
intención de la Exposición de Motivos-- porque estamos convencidos de la
necesidad de ese esfuerzo de adaptación, de modernización de las
prácticas y de los sistemas de funcionamiento del Banco emisor. Ahora
bien, señorías, no coincidimos con la filosofía que sostiene el actual
proyecto de ley. Y no coincidimos, aunque en menor medida, en el anterior
proyecto de ley que fue sometido también a ambas Cámaras y que en función
del momento político y de la convocatoria de elecciones,
no fue dictaminado definitivamente, porque a nuestro juicio contaba con
elementos aún más nocivos que los que tiene este proyecto de ley.
Nosotros entendemos que hay ya una diferencia de filosofía política por
nuestra parte cuando se plantea la autonomía de la política monetaria
respecto de otros objetivos de una manera tan absolutamente radical.
Sabemos, es cierto y es una servidumbre, que la política monetaria tiene
sus claves y nosotros no infravaloramos la necesidad de controlar el
índice de precios y de hacer frente a la inflación. Ahora bien, desde
nuestro punto de vista el objetivo de una política económica no es en
exclusiva el control sobre los precios y sobre la política monetaria.
Estas políticas monetaristas han hecho quiebra no sólo en nuestro país
sino en el conjunto de Europa, por no decir en los Estados Unidos, donde
estamos observando que la Administración Clinton está imponiendo otro
tipo de políticas que van más en la dirección de asegurar el crecimiento,
la prosperidad y la creación de empleo, garantizando una intervención
mucho más en profundidad que la que se ha venido produciendo al calor de
la ola ideológica, política y también económica del neoliberalismo
vigente en los años ochenta. Neoliberalismo que, entre otras cosas, ha
dado origen a fenómenos y burbujas especulativas y a políticas claramente
monetaristas.
Decía un clásico de la ciencia política, como Carlos Marx: al final el
ser social, la realidad social, determina la conciencia. Y la conciencia
en este caso sería la superestructura política, o la infraestructura
económica determina las formas de expresión política que han traído como
consecuencia unas secuelas políticas que no podemos calificar de ninguna
manera de absolutamente triviales, sino al contrario: desde nuestro punto
de vista, han tenido una gran repercusión y la tienen en la crisis
política que vivimos en estos momentos en nuestro país y que también
estoy segura que han vivido y se van a vivir en algunos otros países.
En ese sentido tenemos la oportunidad en esta Cámara de hacer nuestra
aportación positiva --quizás modesta porque el Senado es una Cámara de
segunda lectura y en este sentido me gustaría hacer un llamamiento a los
portavoces de los grupos parlamentarios-- porque yo creo que al día de
hoy podemos contribuir a presentar elementos positivos y constructivos,
en este caso concreto de la ley de autonomía del Banco de España, frente
a fenómenos indeseables, que estoy convencida que todos rechazamos, y que
se han podido producir precisamente en el seno del propio banco emisor.
Naturalmente ésta no es una ley de autonomía del gobernador del Banco de
España, es una ley de autonomía del Banco de España. La autonomía que se
tomó el señor gobernador anterior es evidente que no estaba ni en las
leyes anteriores ni en ningún otro tipo de legislación o de autorización.
Lo cierto es que tenemos la posibilidad de combinar aquí algunas de las
enmiendas que presentamos los Senadores de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya con algunas de las cosas que se aprobaron en el último debate
del estado de la Nación. Por ejemplo, y por sacar a colación algunas de
las cuestiones a las que me he referido, nosotros estamos planteando un
incremento del control y una determinación más severa sobre el régimen de
incompatibilidades que tienen que tener tanto el gobernador como el
subgobernador y los consejeros del Banco de España. En nuestra enmienda
número 31 proponemos que tanto el gobernador como el subgobernador, así
como los consejeros, deberán carecer de toda vinculación laboral,
accionarial o de pertenencia a consejos de administración de entidades de
crédito privadas en los cuatro años anteriores a su nombramiento.
Si mal no recuerdo, en el Congreso de los Diputados, en el último debate
del estado de la Nación, se aprobó una propuesta de Convergència i Unió
en orden a que determinado tipo de nombramientos que hay que hacer por
parte del Gobierno fueran sometidos a una comisión de encuesta de las
Cámaras o del Congreso de los Diputados. Entendemos que en ese sentido
serían medidas complementarias que atajarían la insatisfacción social, la
frustración e, indudablemente, darían seguridad a gran parte de la
población. Evidentemente, además de establecer una desvinculación --lo
que me parece esencial-- entre el consejo de gobierno, el gobernador y el
subgobernador del Banco de España respecto de las entidades de crédito
privadas, en las que luego van a tener un papel predominante en muchos
órdenes de los que plantea el propio texto, entendemos que esto
reforzaría, daría esa seguridad y que esta enmienda sería una aportación
de esta Cámara interesante para combatir la grave situación por la que en
estos momentos atraviesa gran parte de la opinión pública en nuestro
país.
Igualmente, planteamos, porque no coincidimos con la filosofía que se
defiende --insisto en decirlo así--, una enmienda que creemos que tiene
importancia sustantiva, y es la relativa a la elección por el Congreso de
los Diputados, en una terna presentada por el Gobierno, del Gobernador
del Banco de España. El planteamiento que se hace respecto de esta figura
como un gobernador absolutamente ajeno y al margen de lo que es la
dinámica política y la política económica, incluso, de cualquier tipo de
Gobierno que haya en nuestro país no es algo positivo, porque entendemos
que la política monetaria se tiene que enmarcar en criterios y líneas de
carácter y de política económica más global. No aceptamos este modelo
monetarista y, además, entendemos que el funcionamiento y la autonomía
del Banco de España no debe estar reñida en ningún caso, sino que, muy
por el contrario, quedará bastante reforzada si esa elección se realiza
en el Congreso de los Diputados a través de una terna presentada por el
Gobierno.
No sucede así con la decisión hasta ahora vigente, por cierto, en otra de
las leyes referentes a la ordenación del Banco de España. Entendemos que
esta elección debería hacerse por parte del Congreso de los Diputados y
que, asimismo, éste debería tener la capacidad de control sobre la
actividad del banco emisor. Y en ese sentido nosotros planteamos también
la existencia de un informe anual que debe presentar el propio Gobernador
y que, de ser rechazado dos veces consecutivas por dos tercios de las
Cámaras, supondría el cese del Gobernador del Banco de España.
Como ven ustedes, nuestras enmiendas tienen la pretensión de garantizar
el control democrático de los representantes del pueblo sobre el Banco de
España. Creemos que la filosofía tecnocrática que se ha venido imponiendo
en nuestro país y mediante la cual se asegura o se asevera que el Banco
de España o que otro tipo de entidades deben carecer de ideología en el
sentido más peyorativo del término entendemos que no está justificada,
que los últimos acontecimientos no la justifican, sino que, muy por el
contrario, lo que se producirá en estos casos si se aprueba este proyecto
de Ley sin estas enmiendas será, no la creación --ojalá fuera la
creación--, sino el afianzamiento, el mantenimiento, el desarrollo de un
cuarto poder --que no es, naturalmente, la prensa, aunque a muchos nos
gustaría que lo fuese-- opaco que tiene, efectivamente, un grado de
autonomía considerable, que es el poder de las grandes entidades
financieras privadas, el poder de los grandes bancos. Pero, además, en la
medida en que no se establece el control parlamentario del Gobernador del
Banco de España y no se incorpora la incompatibilidad previa de cuatro
años respecto de la designación de dicho Gobernador, en absoluto queda en
entredicho la posibilidad de poner al frente del Banco de España a una
persona no vinculada a ese sector. Lo que quedará abierta será la puerta
para que se puedan designar a personas profundamente vinculadas al sector
bancario al frente de los intereses del banco emisor. Y creo que, siendo
legales --no me atrevería a decir si son legítimas o no--, siendo legales
y, por tanto, constitucionales las actividades de la banca privada en
nuestro país, no deben ser, naturalmente, actividades que interfieran de
ninguna manera con el funcionamiento del banco emisor.
En ese sentido, todo lo que no sea establecer mecanismos de
transparencia, mecanismos de control democrático y parlamentario sobre
aquellos altos cargos que van a estar al frente de esa institución es
seguir abriendo la puerta a que se sigan produciendo arbitrariedades, es
cierto que no deseadas, espero que por ninguno de los Partidos
parlamentarios, pero que se producen en la medida en que no hay un
sistema corrector y de control permanente sobre unos cargos en los que ya
el propio proyecto de Ley establece que la permanencia en los mismos es
muy superior a una legislatura; son exactamente cinco años. Nos parece
que esto es dar un cheque en blanco a un Gobernador del Banco de España
que hasta ahora, lamentablemente, la experiencia nos dice que el Senado y
el Congreso no deben hacer.
Creo que en estos momentos y a la luz del funcionamiento no deben las
Cámaras dar este grado de autonomía no al Banco de España, sino a las
personas que van a dirigir dicho banco emisor. Ese es un riesgo que
correrán aquellos Grupos parlamentarios que rechacen con su voto las
enmiendas que desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya traemos hoy
a colación a este debate.
En ese sentido, señorías, quiero decir que el debate que está teniendo
lugar hoy en el Congreso de los Diputados es muy interesante, a muchos
nos gustaría poder estar presenciándolo. Pero en paralelo a las críticas,
a las opiniones, a las posiciones políticas de los Grupos, este país
necesita también decisiones en materia legislativa, y es bastante
incoherente estar criticando determinados comportamientos en el Congreso
de los Diputados y cuando llega el momento de subsanarlos y de
enmendarlos, como se puede hacer a través de este proyecto de Ley, de
estas enmiendas que parecen premonitoras de la situación que estamos
viviendo hoy --vienen del Congreso de los Diputados y están hechas antes
de la crisis política por la que atravesamos--, no se hace. ¿Cómo se
puede casar que a pesar de aquellos que hoy piden una solución en un
sentido o de los que lo piden en otro, no se aborde este problema y se
ataje de raíz? Si se hubieran exigido este tipo de requisitos y algunas
de las incompatibilidades que ya constan en el texto --algunas de ellas
han puesto su base y su pie en la enmienda número 33 de este Grupo que,
por supuesto, hemos retirado porque se ha aceptado una transaccional del
resto de los Grupos-- no se hubieran producido casos como el que hemos
tenido que sufrir en este país, con el Gobernador anterior del Banco de
España.
Creemos que además de criticar y de manifestar cada cual nuestras
posiciones con total sinceridad, cuando a este Parlamento se le presenta
la posibilidad de subsanar esas situaciones, sería francamente una
irresponsabilidad que el Senado no tomara la decisión de poner coto a ese
tipo de prácticas e intentar abrir una puerta pequeña y modesta a la
esperanza, a la posibilidad de que situaciones como éstas, no es que no
se vuelvan a repetir, sino que sea absolutamente imposible que pudieran
repetirse.
En ese sentido, señorías, queremos plantear ese control del Parlamento
sobre la dirección del Banco de España, y lo hacemos --y con esto
termino-- atendiendo a tres razones: En primer lugar, planteamos que a
estas alturas no hay justificación teórica acerca de mantener en política
económica criterios de carácter exclusivamente monetarista. Por tanto,
entendemos que parte de la Exposición de Motivos no se corresponde con la
necesidad de hoy, donde la apuesta económica es la apuesta por el empleo,
por la economía productiva, más que la apuesta por la economía financiera
y por la intervención desde una perspectiva exclusivamente monetarista.
En segundo lugar, entendemos que no hay posibilidad de conceder esa
confianza sin control parlamentario. Creemos que sería irresponsable por
parte de la Cámara aceptar que se pueda dar lugar, no digo que se dé
lugar, que exista la puerta para que se puedan producir situaciones de
esas características.
En tercer lugar, desde nuestro punto de vista no sería aceptable de
ninguna manera que desde el sector financiero privado se pudiera
practicar la injerencia sobre el Banco de España. Nos parece enormemente
grave, y hay una última enmienda que deseo comentar, y así haré, que
viene muy al hilo de lo que estoy planteando.
¿Cómo es posible, señorías, que un Gobernador del Banco de España, una de
cuyas misiones es decretar una intervención, si ha lugar, sobre cualquier
entidad bancaria, pueda provenir de ese propio sector sin haber habido al
menos un plazo cautelar de cuatro años para que pueda tener una
vinculación? ¿Dónde está la objetividad que hay que garantizar para que
efectivamente el Banco de España no se convierta en el reducto de ese
cuarto poder, de ese poder opaco, de ese poder de los grandes medios
financieros? Un poder que como se está dejando al descubierto --y hoy
mismo en un gran periódico de tirada nacional lo vemos-- tiene, desde
luego, mucho que fiscalizar, independientemente de la conducta del
anterior Gobernador del Banco de España que todos reprobamos, pero hace
falta un control importante y un control parlamentario, señorías. Eso es
indispensable para mantener al sistema financiero en su lugar,
indudablemente, y para garantizar que hay una intervención por parte del
Parlamento continuamente en el funcionamiento del Banco de España. Yo
creo que otra cosa no se correspondería.
Por último, en esta primera intervención, hay una enmienda, la número 34.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Perdón, señoría. Yo por lo que he
entendido acumulaba el turno de portavoces con la defensa de las
enmiendas.
La señora VILALLONGA ELVIRO: Sí, señor Presidente, efectivamente es así,
pero después imagino que habrá turno de réplica.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Sí, seguramente.
Lo que pasa es que ya ha consumido los dos turnos: el de portavoces y el
de la defensa de todas sus enmiendas.
La señora VILALLONGA ELVIRO: Señor Presidente, su nivel de tolerancia
noto que lo estoy agotando, noto que estoy reduciéndolo enormemente. Voy
a intentar terminar con brevedad. Sí me gustaría si algún Senador está
interesado en hacer un debate sobre este tema que hubiera un pequeño
turno, a lo mejor, de matización o al menos que se me respondiera,
respecto de las cuestiones que he planteado, no sobre otras sino sobre
las que he planteado aquí: Control parlamentario o no del Banco de
España; incompatibilidades de carácter previo, sí o no, señorías; y
respóndaseme también sobre si las funciones y competencias que están
previstas en la Ley 26/1988, del 29 de julio, sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito respecto de la supervisión de la
solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las
entidades de crédito y de cualquier otra entidad y mercados financieros
que hasta ahora han sido encomendadas al Banco de España se van a
adscribir al Ministerio de Economía, porque si aprobamos el texto en las
condiciones que está y no se introduce esta cláusula de salvaguardia (en
estos momentos en Alemania al margen del Bundesbank hay un funcionamiento
de una oficina gubernamental que se encarga precisamente de esto), si
además de las atribuciones de autonomía que se pretenden dar aquí al
Banco de España, nosotros no implicamos en sacar del Banco emisor esas
competencias y atribuirlas a una agencia de carácter gubernamental,
estamos verdaderamente dando una patente de corso para que el Banco de
España se convierta en lo que yo creo que no puede ni debe: en el
mascarón de proa de ese cuarto poder opaco que, como todos sabemos, es el
poder de los poderosos.
En estos momentos en los que estamos, ante el gran protagonismo de los
poderosos, el gran protagonismo desarrollado en función de circunstancias
que todos conocemos aunque seguramente no las decimos con mucha claridad
en la tribuna, en estos momentos en los que vemos la larga mano de
aquellas personas que tienen el poder de la información y que a través de
ese poder de la información es luego cuidadosamente goteado hacia los
medios de comunicación para que se conozca aquella parte que interesa al
poderoso en cuestión. En estos momentos que estamos ante este fenómeno yo
creo, señorías, y termino, que sería una gravísima irresponsabilidad que
este proyecto de ley, con estas enmiendas que son premonitorias de lo que
ha venido ocurriendo después aunque estaban hechas mucho antes, se
apruebe.
Creo que esta Cámara tiene en su mano el empezar a contribuir al
saneamiento, a la transparencia de una de las instituciones más
importantes del Estado español que es el Banco de España. Desde su
creación, desde las distintas legislaciones el Banco de España ha jugado
un papel importante, también en materia de escándalos, podríamos
históricamente, a lo mejor, recordar
algunos de los más sonados en otras épocas y a cargo de quienes...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vaya terminando.
La señora VILALLONGA ELVIRO: Pero reconozco que me saldría absolutamente
del tiempo aunque creo que es un tema importante.
El Banco de España es un pilar básico del Estado democrático.
Democratizar el Banco de España es apostar por la democracia, y yo creo
que en estos momentos lo que más necesita nuestro país es que se
incrementen las cuotas de democracia y de control parlamentario.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora.
Estamos en turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalista Vascos, tiene la
palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, utilizamos este turno de portavoces para
exponer las líneas generales de nuestro Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalista Vascos, pues creemos que nuestro Grupo ha colaborado con
sumo interés en la confección de este proyecto de ley que se denomina de
Autonomía del Banco de España.
Todas sus señorías saben que este proyecto de ley es una consecuencia del
Tratado de la Unión Europea, que exige se otorgue a los bancos centrales
de los distintos países miembros una autonomía y una independencia
respecto de las actuaciones que en política monetaria deba ejercer en
cada país, para que en un futuro se pueda integrar con éxito en la futura
Unión Económica y Monetaria, donde las convergencias exigidas minorarán
la maniobrabilidad de esta institución en cada país miembro en aras de
esa cesión lógica de poder ante decisiones supranacionales. En la
exposición de motivos se hace una recopilación escueta pero clara de los
avances, de los cambios y de la parte que apenas se altera.
Nuestro Grupo, en el Congreso y en las labores previas, ha colaborado en
la búsqueda de las mejores formas y fondo para que esta institución tenga
su cometido dentro del sistema financiero español y su proyección de
futuro. Y desde esta Cámara Alta quiero saludar y desearle toda suerte a
mi compañero Jon Zabalía desde la Presidencia de la Comisión de
Investigación constituida en la Cámara Baja, al que deseo que acierte en
su difícil gestión junto con los compañeros Diputados que deliberan en
este momento para que las difíciles labores de corregir situaciones
penosas las haga con cordura.
Existen dudas y discrepancias sobre cuál de los sistemas de banco
central, sobre cuáles de las funciones son más adecuadas para nuestro
sistema financiero, nuestra política monetaria y la política económica,
así como para la integración en esa Europa.
Nuestro Grupo ha presentado una serie de enmiendas que han sido aprobadas
en todo o en parte mediante enmiendas transaccionales, las cuales han
pretendido mejorar el texto, y nos sentimos orgullosos de colaborar en lo
que creemos. Entendemos que el fondo del texto es bueno y conveniente.
Hemos defendido con ardor en la Comisión nuestras enmiendas y creemos
haber aportado una nueva visión, por ejemplo, en el artículo 6.3,
relativo al deber de secreto, sustituyendo el texto que dice «El acceso
del Congreso de los Diputados a la información sometida al deber de
secreto...» Nosotros entendemos que ha existido poca consideración hacia
esta Cámara de los técnicos que redactan el original, y ningún otro Grupo
parlamentario ha observado la ausencia constitucional bicameral para esa
posible información requerida al sistema financiero español dentro de la
Unión Europea, siguiendo los pasos a los que ya nos obligamos con la
firma del Tratado de Maastricht.
Sin embargo, aquello que es consustancial con la existencia de nuestro
Grupo Parlamentario no se ha abordado suficientemente. Notamos una
ausencia total de los poderes públicos autonómicos en las decisiones de
la política monetaria, cuando ésta y la política económica son también
parte de la responsabilidad de las Comunidades Autónomas con competencias
en el ordenamiento del Crédito, Banca y Seguros. Incluso parte de dichos
cometidos se realiza, de hecho, con regularidad en algunas Comunidades
Autónomas, como la vasca, supervisando las cuentas de las Cajas de Ahorro
domiciliadas en nuestro territorio autonómico.
Durante el debate en Comisión dijimos que algo sabíamos de los conceptos
que más se barajan en este proyecto de ley, como son la autonomía y la
independencia, y no se me interprete mal, porque estamos hablando del
Banco Central o de la Banca Central como institución pública responsable,
sobre todo, de la política monetaria y cuyo objetivo especial es el de
lograr una estabilidad de los precios en aquello que afecta a la parte
monetaria, apoyando la política económica general, cuya responsabilidad
final radica en el Ministerio de Economía y Hacienda. Ya que he citado la
autonomía y la independencia, conceptos válidos en muchos campos, no sólo
en el Banco de España, quisiera explicar que no existen fórmulas puras,
sino que funciona la teoría de la relatividad.
No pretendemos hacer un discurso filosófico, sólo pretendemos mostrar la
influencia y el grado de independencia de los bancos centrales. Para ello
les sugiero
que lean algunos artículos de «Papeles de Economía Española», de la
Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social de la CECA, así
como diversos trabajos en «Tribuna Joven» por parte de los nuevos
economistas ante el reto europeo, con la colaboración de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas, Fundación Ramón Areces, Fundación BBV y
Fundación Caja Madrid. En concreto, destaco el artículo de Rafael Repullo
sobre la independencia de los bancos centrales y los diversos comentarios
realizados por los insignes economistas Andreu Mas-Colell, Juan Urrutia y
José Ignacio García de Paso. En él se refiere a la relación entre, por
ejemplo, inflación e independencia de la Banca Central y, aparte de su
teoría, expone gráficamente la situación de los diversos países, o bien
la influencia y la relación entre el crecimiento y el grado de
independencia de los bancos centrales.
Sólo quiero citar algunos hechos vividos recientemente en nuestro país y
la influencia de la política económica, de la conservación de una
reducción de la tasa de inflación condicionada por el óptimo de la Banca
Central sobre la estabilidad de precios, o la influencia de las
turbulencias monetarias, etcétera.
En relación con el citado estudio de la representación de la teoría de
los juegos, introduciendo a los sindicatos con su lucha por la pérdida
del valor relativo de los precios frente a sus sueldos, o el interés del
Gobierno en que esto se logre para no aumentar la tasa de desempleo,
permitiendo una fijación de los salarios nominales antes que los precios,
etcétera.
Trato, en definitiva, de mostrar que la independencia no es un estado
aislado, ni ideal, ni inocuo. Tiene influencias externas, es algo más
complejo y quisiera ir un poco más allá.
En esta misma Cámara el señor Solchaga en más de una ocasión nos ha
hablado de la influencia que tienen las Comunidades Autónomas en el
déficit público, en la deuda, etcétera. Es decir, que por muy
independiente que pretenda ser el cometido de la Banca Central, está
seriamente mediatizado por la economía real, por las variables exógenas,
por la política económica, cuyos responsables finales son los poderes
públicos y quienes, en definitiva, deberán ser inmiscuidos si de verdad
queremos que sean solidarios, responsables y si tienen cometido o no de
otra forma.
En esta misma Cámara se aprobó recientemente la posibilidad de que los
sindicatos mayoritarios en una Comunidad Autónoma pudiesen discutir sus
convenios en su propia Comunidad Autónoma, pues lógicamente existen
sectores y situaciones distintas en cuanto a la composición estructural,
de los hechos, etcétera. En algunas Comunidades Autónomas, como la
nuestra, afecta una crisis industrial estructural, mientras que en zonas
turísticas puede influir más la estacionalidad.
El citado estudio, al que hemos aludido, no profundiza la
corresponsabilidad autonómica, aunque sí la influencia que tienen los
sindicatos sobre el grado autonómico o de independencia de la política
monetaria cuyo debate estamos realizando.
Nuestro Grupo Parlamentario ha interpuesto una serie de enmiendas cuyo
objetivo final es la participación de las Comunidades Autónomas en ese
foro de audiencia del Banco de España, porque las decisiones que se toman
tienen repercusiones presupuestarias, fiscales, sectoriales, de política
económica y autonómica, etcétera. Para ello introducimos nuestra enmienda
número 21 en la que, estando de acuerdo en los órganos rectores del Banco
--Gobernador, Subgobernador, Consejo de gobierno y Comisión Ejecutiva--,
pretendemos constituir un comité consultivo como órgano rector propio del
Banco de España con un representante de cada Comunidad Autónoma con
competencias en el desarrollo reglamentario y ejecución en materia de
ordenación del crédito y Banca, con el simple cometido informativo y
participativo más natural, más transparente, más efectivo, más inmediato,
en el que las Comunidades Autónomas estarían representadas y, por tanto,
serían corresponsables en las decisiones. No habría que echar las culpas
a los demás por haber tomado iniciativas erróneas o equivocadas. Todas
tomarían parte en dichos enfoques.
Esta representatividad se ha querido dar por zanjada otorgando al consejo
de política fiscal y financiera de las Comunidades Autónomas un poder de
información y control en materia de política monetaria a las Comunidades
Autónomas como una difuminación paternalista de un Estado central cuyos
errores en algunas materias los estamos padeciendo cada día.
Esta fue la venta de la moto a la que nuestro compañero Andrés Cuevas
alude con frecuencia en esta Cámara. Se vendía una Harley-Davidson
cromada y de gran belleza que mete mucho ruido, se mueve
estruendosamente, pero no anda, no marcha. Señorías, existen mejores
motos para andar por Europa. Los once Landers zentral banken participan
directamente en las decisiones de la política monetaria alemana, los
cuales, solidariamente, han llegado a poner el prestigio del Bundesbank
incluso por encima de las decisiones del conjunto de los Bancos centrales
del resto de los países miembros.
Nuestras propuestas de crear un Comité consultivo es mucho más moderada y
simple, pero va en consonancia con el actual diseño político de la España
de las autonomías, mucho más acorde con una concepción europea, de
corresponsabilidad, de contraste de la vida política con la vida real,
con la eficacia.
Señorías, anteayer mismo se aprobó en esta misma Cámara, en la Comisión
de Educación, un comité consultivo llamado Consejo Superior de la
Cinematografía, que velará por el cumplimiento de la Ley del Cine. Mi
Grupo hace un llamamiento a la construcción de este comité consultivo
requerido en nuestra enmienda número 21.
Las enmiendas números 17, 19 y 20 son consecuencia de la creación de este
comité consultivo.
Como siempre, dejamos en manos de sus señorías un proyecto de ley de
adaptación a Europa sin haber conseguido la adaptación a esa España de
las autonomías a la que tanto se alude en esta Cámara. Es la técnica del
avestruz: esconder la cabeza bajo el ala para no ver los problemas,
basándonos en una falsa concepción conservadora de la política monetaria
centralista, sin contemplar la vida económica y financiera del país.
La enmienda número 23 también ofrece una panorámica de participación del
papel más activo que deberán jugar las Comunidades Autónomas en la
instrumentación y ejecución de la política monetaria, aunque sea como
simples ejecutores de tal política. Esta enmienda intenta la creación de
una nueva disposición adicional, y es prácticamente idéntica a la
enmienda número 29 de Convergència i Unió, que esperamos que sus señorías
voten a favor.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Torrontegui.
Su señoría ha retirado alguna enmienda. No sé si da por defendidas
algunas otras o bien la totalidad de las enmiendas que ha presentado.
(Pausa.) Han retirado la enmienda número 22. ¿Da por defendidas las
demás? (Pausa.) Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador David Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Con las prisas por acabar hoy con el orden del día anunciado, el proyecto
de ley de autonomía del Banco de España puede pasar por esta Cámara como
trámite a cumplir sin apenas importancia. Esto, señorías, sería un grave
error. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Senadora Vilallonga.
El proyecto de Ley que nos ocupa es importantísimo. De él dependen las
nuevas relaciones entre el Gobierno y el Banco de España y las que son
todavía más importantes, las relaciones con la Unión Económica y
Monetaria.
Por otra parte, la gestión del Banco no debe desviarse ni un ápice de lo
dispuesto en nuestra Constitución. En la línea del Tratado de la Unión
Europea y en la de nuestra incorporación al sistema europeo de bancos
centrales se ha redactado el texto del proyecto de Ley así como las
diversas enmiendas que han sido presentadas en primer lugar en el trámite
del Congreso y que ahora se presentan ante este Senado.
A nuestro entender, el proyecto es muy importante, es funcional y también
muy positivo para el desenvolvimiento de nuestra economía estatal. El que
el Tesoro ya no pueda incurrir en descubierto en su cuenta con el Banco
de España nos parece algo muy positivo. Uno de los objetivos que se
persiguen es que la política monetaria influya directamente en la
estabilidad de los precios y en la inflación.
La mayor participación de las Cortes Generales en el seguimiento de las
actividades del Banco de España entra directamente en esa línea europea
de un mayor control de la gestión de los bancos centrales. La
delimitación del Banco de España tendrá que ir pareja con la autonomía
que se le da.
En el trámite de Comisión, el Senador Utrera, del Grupo Popular, estimaba
el período de adaptación en dos años. Nosotros entendemos que el retraso
de nuestra economía, en relación con buena parte de los países de la
Unión Europea, no nos permite alargar los plazos en ninguno de los
aspectos referidos a política económica o monetaria que es lo que ahora
nos ocupa. La rapidez con que nos movamos en todos los aspectos, los
aciertos y, por qué no, un buen grado de valentía a la hora de asumir
riesgos, son las cualidades que se necesitan para que no perdamos el tren
de Europa.
Es un acierto el período de seis años que se establece para el mandato
del gobernador y del subgobernador. Además, el hecho de que no sean
renovables encaja perfectamente con la filosofía del no anquilosamiento
en la poltrona tan frecuente en nuestra Administración.
Nuestro Grupo ha analizado a conciencia el proyecto de ley tanto en el
trámite del Congreso como en el del Senado, y ha observado que han sido
incorporadas muchas cuestiones que ya fueron presentadas en la
legislatura anterior. Este proyecto ha sido debatido a fondo y de todo
ello se desprende que saldrá una buena ley. Es cierto que hay algunas
discrepancias aunque no son fundamentales. Por ello, el proyecto se
aprobará desde posiciones muy cercanas al consenso.
Hemos de hacer constar que algunas de nuestras enmiendas, así como
también algunas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, han sido
planteadas en el sentido de lograr que la distribución y el ingreso en el
Tesoro de los beneficios del Banco de España tuvieran un mecanismo de
determinación referido a su finalidad última. El Banco de España genera
grandes beneficios en determinados momentos y en coyunturas monetarias
específicas. Ha generado cerca de 800.000 millones a lo largo del pasado
ejercicio de 1993 sin que hasta el momento hayan podido las Cortes
intervenir en su distribución.
Debemos reconocer, no obstante, que algunas enmiendas que se han
incorporado a este proyecto de ley han reforzado la vinculación entre los
Presupuestos Generales del Estado y los del Banco de España.
Reconozco que hemos avanzado. Por todo ello, en nombre de mi Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, digo que estamos de enhorabuena.
Las noticias tremendistas que están apareciendo en los medios de
comunicación estos últimos días no contribuyen en absoluto a establecer
una plataforma estable desde la que tratemos de recuperar nuestro
prestigio y nuestro puesto en la Unión Europea. El Presidente, señor
González, acaba de decir hace unos momentos en el Congreso que es
necesario aunar los esfuerzos de todos --repito--, de todos, para llevar
al país adelante.
Nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en la línea que se ha
propuesto de colaborar en la gobernabilidad del país, trata de hacerlo
dando su apoyo al Gobierno aun no estando muy de acuerdo a veces con
algunas de las cuestiones que se planean.
No sé por qué se me ocurre en este momento la fábula de los conejos y los
perros. Es posible que si perdemos el tiempo tratando de descubrir si los
perros son galgos o son podencos, perdamos también la vida como ocurre en
la fábula.
Nada más, señorías. Esto es todo.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Marca.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
De nuevo subo a la tribuna y esta vez para debatir un proyecto de ley tan
importante como el de autonomía del Banco de España.
Nosotros consideramos, y eso lo queremos decir para que quede en primer
plano y para que no haya lugar a confusión alguna, que es muy necesaria
la aprobación de esta ley de autonomía del Banco de España, incluso, con
la situación política en la que se encuentra el país. Con crisis política
o sin ella, con escándalos o sin ellos, con Comisiones de Investigación o
si ellas, nosotros nos hubiéramos manifestado favorables al proyecto de
ley de autonomía del Banco de España en las líneas directrices en que
éste se encuentra redactado.
Ello, bien cierto es, es consecuencia del hecho de que este proyecto de
ley incorpora los criterios acordados en el Tratado de la Unión Europea,
en sus nuevos artículos 105 a 109, acordados en Maastricht, y en los
protocolos sobre el sistema europeo de bancos centrales, sobre el Banco
Central Europeo y sobre el Instituto Monetario Europeo.
Este proyecto de ley consagra, de hecho, la autonomía de los bancos
centrales, en nuestro país del Banco de España, como una condición
necesaria, si bien no suficiente, para garantizar la estabilidad de
precios.
Un somero repaso a la historia del Banco de España, desde su precedente
remoto, el Banco de San Carlos, constituido en el año 1782, indica que
prácticamente hasta el año 1980, con la Ley de Organos Rectores del Banco
de España, el Banco de España fue un mero apéndice, una dependencia más
del Ministerio de Economía y Hacienda. Ni el monopolio de emisión de
dinero, ni las leyes de regulación bancaria de los años 1921 y 1946,
ninguna de ellas, permitieron que el Banco de España actuara con una
autonomía suficiente para poder dirigir la política monetaria.
No estamos hablando de monetarismo. Una confusión frecuente es asociar la
conducción de la política monetaria, de la cantidad de dinero, del tipo
de interés y, por tanto, de la gestión del tipo de cambio, con una
política monetarista y tratar de demonizar ésta como si fuera una
política agresiva o una política inconveniente. Por el contrario, una
política económica general necesita, para garantizar la estabilidad, una
política monetaria de conducción suave, una política monetaria que
requiere autonomía para su implementación.
La tradicional dependencia del Banco de España, de casi dos siglos en
nuestro país, respecto del Ministerio de Economía y Hacienda y más
concretamente respecto del Tesoro ha tenido dos gravísimas consecuencias
que brevemente pasamos a describir. La primera de ellas ha sido que
tradicionalmente hemos tenido, y en alguna medida seguimos teniendo, una
Hacienda que es sistemáticamente deficitaria y, además, poco preocupada
por la eficaz utilización de los recursos públicos; en la que el Tesoro a
podido monetizar, bien de forma directa, bien mediante las adquisiciones
de deuda pública por parte del Banco de España, sus déficits.
Concretamente, la Hacienda pública española cuando no ha estado en el
caos, ha estado en situación permanente de penuria y ello en gran medida
se ha debido a la independencia del Banco de España como financiador
permanente de los déficit públicos.
En segundo lugar, esos vaivenes en la Hacienda Pública, siempre en
crisis, han dado lugar a una inestabilidad de precios y a inestabilidad
del tipo de cambio, que nos ha alejado tradicionalmente del Sistema
Monetario Internacional y de los flujos financieros internacionales.
Bien es verdad que respecto de la monetización del déficit público se han
producido avances importantes desde el año 1980, precisamente desde la
Ley de Organos Rectores del Banco de España.
En los últimos años ochenta se estableció un límite anualizado del saldo
de deuda del Tesoro con el Banco de España que no podía rebasarse, pero
que su eficacia práctica era muy limitada por cuanto durante el período
anual permitía picos, subidas y bajadas muy intensas, que ponían en
peligro la conducción de la política monetaria.
A partir del 1.º de enero de 1994, con la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado para este año, tal inconveniente ha sido superado
con criterios que, además, son incorporados en este proyecto de ley. No
se podrá ya monetizar ni directa ni indirectamente la
deuda pública, la deuda del Tesoro en el Banco de España. En ese sentido,
nos felicitamos porque es la única vía para garantizar la solvencia de la
política presupuestaria que, por otro lado, es necesario que se conduzca
de forma que permita la estabilidad de precios en nuestra economía.
En tercer lugar, este proyecto de ley, acompañado de la política
presupuestaria adecuada y de las reformas estructurales que liberalicen
los sectores productivos que hoy están alejados de la competencia, ha de
permitir un comportamiento no inflacionista de nuestra economía,
requisito indispensable para nuestra integración monetaria europea.
Existe una relación contrastada entre la tasa de inflación y el grado de
autonomía en la fijación y ejecución de la política monetaria del banco
central. A mayor autonomía, se corresponden variaciones de precios más
reducidas, como en el caso de Alemania, Suiza y, en menor medida, de
Estados Unidos y Japón. Es, por tanto, esencial que los órganos rectores
del Banco de España no se vean sometidos a influencias externas, y esto
se reconoce en el proyecto de ley que estamos debatiendo. Entre esas
influencias externas, es especialmente aconsejable que no se vea influido
por el Gobierno, que en ocasiones está más interesado en un relanzamiento
forzado de la economía, lo que a medio plazo generará costes mayores que
los beneficios aparentes que produce a corto plazo.
Pero en sentido contrario, la autonomía del Banco de España no será
suficiente para reducir la inflación --a no ser que se incurra en costes
excesivos en términos de producción y empleo-- si no viene acompañada,
como hemos señalado, de una política fiscal compatible con el objetivo de
estabilidad económica --aspecto sobre el que tenemos muy serias dudas del
comportamiento actual del Gobierno-- y de una política de reformas
estructurales --y también nos suscita dudas la actitud del Gobierno al
respecto.
Al contrario de lo que se ha dicho hoy aquí y de lo que ha escrito un
miembro destacado del Partido Socialista Obrero Español --concretamente,
un ex Ministro--, la redacción actual del proyecto de ley de autonomía
del Banco de España no atenta contra los principios democráticos. Ello se
debe a que, con esta ley, el Banco de España no se convierte en una
institución independiente y ajena al control parlamentario y del propio
Gobierno, tanto en lo que se refiere a la rendición de cuentas de su
gestión y al presupuesto en sus operaciones del ejercicio, como a la
información puntual de la política monetaria desarrollada y las causas
que la obstaculicen, previstas en el proyecto de ley, al cumplimiento del
régimen del tipo de cambio que, marcado por el Gobierno, ha de seguir el
Banco de España, y a la política general desarrollada por el Gobierno,
sin menoscabo de la función principal, que es la de estabilidad de
precios.
Decir, por tanto, que con esta ley se limitan los controles democráticos,
es un error, como también lo es afirmar que las modificaciones que se han
introducido en su trámite en el Senado --tanto en Comisión, como las que
previsiblemente se puedan introducir hoy en Pleno-- limitan la autonomía
del Banco de España, como se ha dicho durante los últimos días.
Las modificaciones que estamos introduciendo no limitan la autonomía del
Banco de España. El que se apruebe un mayor control parlamentario de su
presupuesto, un régimen de incompatibilidades algo severo, o algunas de
las modificaciones que estamos viendo, en nada afecta a lo esencial, que
es la autonomía, tanto en la concepción, como en la ejecución, de la
política monetaria, que le sigue correspondiendo de forma autónoma al
Banco de España.
Para el Grupo Popular, hay dos cuestiones importantes que deberían
incluirse en el proyecto de ley para mejorar su redacción actual. La
primera, se refiere a la estructura de los órganos rectores del Banco de
España. En primer lugar, pensamos que es necesaria la participación del
Parlamento en el proceso de elección del Gobernador, del Subgobernador y
de los seis consejeros nonatos previstos en este proyecto de ley. Ello se
debe a que estamos constituyendo unos órganos que no pertenecen al
Ejecutivo ni al Legislativo, pero van a ser dotados de un poder en el
diseño de una parte esencial de la política económica, y el Parlamento al
menos debe conocer y valorar la idoneidad de esos candidatos como cargos
de los órganos rectores del Banco de España.
En segundo lugar, entendemos --y en esta cuestión parece que estamos de
acuerdo con alguien tan cualificado como es el Gobernador del Banco de
España, que lo ponía de manifiesto en declaraciones de hace unos días--
que el mandato de los consejeros no debe ser renovable, puesto que supone
una dependencia de criterio, al estar pendientes --como pueden
encontrarse durante largas temporadas de tiempo-- de la posible
renovación.
Por ello, proponemos que se amplíe el plazo de cuatro años previsto en el
proyecto de ley a seis años, pero no renovables. Con esta propuesta no se
afecta al núcleo esencial del proyecto de ley, pero sí que se da
auténtico rigor al concepto de autonomía en las decisiones de los órganos
rectores del Banco de España.
En tercer lugar, en cuanto a la inclusión de los dos consejeros natos,
uno correspondiente al Ministerio de Economía y Hacienda, concretamente
personado en el director General del Tesoro y Política Financiera, y otro
al Vicepresidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, seguimos
sin comprender su virtualidad, sobre todo en el caso del Director General
del Tesoro, que nos parece más una reminiscencia del pasado, ya que el
Tesoro concebía como cosa suya el Banco de España a la hora de financiar
el déficit público, que la situación
que vamos a tener en España después de aprobar esta ley, que es un Banco
de España absolutamente autónomo del Tesoro. Por tanto, la conveniencia
de que este consejero nato, si bien no tiene voto, se imponga como
Director General del Tesoro, nos suscita dudas.
En segundo lugar, respecto a la...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, le pediría que abreviara
y terminara cuanto antes.
El señor UTRERA MORA: En dos minutos, señor Presidente.
El segundo aspecto esencial de nuestras enmiendas se refiere a la
siguiente cuestión: pensamos que con este proyecto de ley se está
consolidando la situación actual en lo relativo a la supervisión bancaria
y a otras funciones que venía desarrollando el Banco de España. Pero como
consecuencia de la aprobación de este proyecto de ley convendría repensar
si es el Banco de España quien las ha de desarrollar y, en todo caso,
convendría reformar la normativa respecto a la supervisión bancaria.
No decimos --y en esto el Senador Marca, que me ha precedido en el uso de
la palabra, creo que ha cometido un error-- que se espere dos años, ni
para aplicar la ley de autonomía del Banco de España ni para ninguna otra
cuestión, sino simplemente, y esto se propone en una de nuestras
enmiendas, que en un período de dos años la función específica de
supervisión, que la dejamos transitoriamente en el Banco de España que es
el que la está desarrollando en la actualidad, y a la luz de la
experiencia acumulada durante estos dos años, el Gobierno remita a las
Cámaras un proyecto de ley donde se reforme, se adecue la legislación
sobre esta normativa específica a la situación de autonomía del Banco de
España. Por consiguiente, no implica un lapso de tiempo para paralizar ni
la aplicación de la autonomía del Banco de España ni ninguna otra
cuestión.
En definitiva, pensamos, y con eso concluyo, señor Presidente, que es una
ley necesaria, que es una ley coherente con los acuerdos comunitarios,
que es una ley que no supone merma alguna del compromiso democrático ni
del Banco de España ni de ninguna otra institución y que, además, es una
ley que puede mejorarse principalmente con estos dos criterios que he
apuntado al final de mi intervención.
Muchas gracias, señor Presidente y señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Utrera.
Turno de portavoces.
¿Grupo Socialista? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Valle Garmendía.
El señor VALLE GARMENDIA: Lo que íbamos a hacer en el turno de portavoces
era contestar a las enmiendas. Solamente algunos intervinientes ya han
defendido las enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Le voy a clarificar la situación.
Por parte del Grupo Mixto, se ha consumido el turno de portavoces y el de
defensa de todas sus enmiendas. Los demás grupos han mantenido única y
exclusivamente el turno de portavoces. Por tanto, ésta es la situación en
este momento del debate de la ley.
Si su señoría me lo permite, podemos avanzar y pasar a debatir las
enmiendas del Capítulo I, artículos 1 y 6. (Pausa.)
Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene el voto
particular número 5, que se refiere a las enmiendas números 9 y 10, que
se dan por defendidas, una de las cuales ya la han retirado.
El Senador Torrontegui tiene la palabra.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: En aras de la brevedad, señor Presidente,
y después de la Comisión y del Pleno en la Cámara Baja, damos por
defendida la enmienda número 9 en sus propios términos, pero mantenemos
la 10, que fue retirada en Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): ¿Quiere continuar hablando de
todas las enmiendas que tiene vivas?
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Me gustaría hablar de alguna en
particular.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muy bien. ¿Quiere hacerlo en este
momento y dar por defendidas todas las enmiendas que usted crea que debe
defender?
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Voy a procurar defenderlas todas en un
solo turno, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene la palabra su señoría.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Las enmiendas números 11, 12, 13, 14 y 15
se refieren al artículo 9 y las hemos defendido con bastante claridad en
la Comisión, por lo que las damos por defendidas en sus propios términos.
Quiero hacer alguna aclaración sobre la enmienda al artículo 7, punto 2,
enmienda que propuso nuestro grupo en el Congreso al proyecto de ley y
que supuso el apoyo del resto de las fuerzas, excepto las del Grupo
Parlamentario Socialista y con abstención del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, y que fue aprobada en aquella
Cámara. Pero, bajo
el amparo del Reglamento de esta Cámara, y con cierta maestría, el Grupo
Parlamentario Socialista introdujo la enmienda número 72, justamente en
los mismos términos en que aparecía en el texto original, presentado al
Congreso mediante un bloque de enmiendas que pasaron a engrosar el
Informe de la Ponencia, dicho sea de paso, señor Presidente, donde los
grupos minoritarios no tenemos ninguna representatividad.
El Grupo Parlamentario Socialista introdujo una serie larga de 16
enmiendas, casi todas para prevenir ciertos entuertos ocasionados por los
recientes errores consecuencia de infracciones del anterior Gobernador, y
nuestro grupo se ha tenido que basar en el artículo 117, punto 2, del
Reglamento de esta Cámara para presentar como voto particular el texto
aprobado y remitido por el Congreso de los Diputados.
Esta resolución tomada por nuestro grupo pretende únicamente la remisión
a este punto en concreto, pues el resto de las enmiendas presentadas por
el Informe de la Ponencia, en líneas generales, nos parecen aceptables y
mejoran el texto remitido por el Congreso, sobre todo porque amparan a la
institución del Banco de España frente a errores recientes que no sólo
inciden en la persona del antiguo Gobernador, sino en la propia
institución, y sobre todo en la credibilidad de los órganos públicos, y
que se mejoran los poderes para sancionar o ejecutar con mayor rigidez y
rapidez.
A su vez, consideramos buenas las enmiendas de precisión presentadas a
las disposiciones adicional tercera, final y transitoria.
Por eso, señor Presidente, el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos desearíamos que se votara individualmente el texto
de la enmienda que fue aprobada por el Congreso, frente al texto anterior
referente al artículo 7, punto 2, del capítulo II, relativo a los
principios generales del Banco de España.
En cuanto al resto de las enmiendas, también están suficientemente
aclaradas en mi exposición general y se refieren al comité consultivo que
nosotros pretendemos lograr. Por ejemplo, en la enmienda número 20
hablamos de un total de ocho consejeros, de los cuales tres planteamos
que sean designados por el Comité Consultivo de entre sus miembros y que
«habrán de reunir los mismos requisitos que los anteriores».
Respecto de la enmienda número 23, a la que ya hemos hecho alusión, es
idéntica a la 29.
Nada más, señor Presidente, con esto acabamos la defensa de nuestras
enmiendas. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador
Torrontegui.
Continuamos con el voto particular número 3, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria del Senado.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Armas.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado ha
presentado ocho enmiendas a este proyecto de Ley de Autonomía del Banco
de España: una, a la Exposición de Motivos; una, al Capítulo I; cuatro,
al Capítulo II, y dos, al Capítulo III.
Con estas enmiendas pretendemos facilitar la incorporación de los Bancos
con presencia pública y de ámbito autonómico en el contexto del Estado de
las Autonomías; facilitar mecanismos para garantizar el control
parlamentario del Banco de España y, por último, evitar la asignación de
competencias internacionales al Banco de España, exigiendo el previo
conocimiento y autorización de las Cortes Generales.
Con esta intervención doy por defendidas las ocho enmiendas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Armas.
El voto particular número 4 es del Grupo Parlamentario Popular, y
corresponde a las enmiendas números 36 a 39 y 43.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, quisiera saber si puedo hacer en
este turno la defensa de todas las enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Puede hacerlo su señoría,
siguiendo la misma línea de los otros portavoces.
El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, más de 30,
de las que actualmente subsisten 26 si las cuentas no me fallan, se
pueden incluir dentro de los dos grupos genéricos a los que hacía
referencia en mi intervención anterior. Enmiendas relativas, por un lado,
a la mejor estructuración de los Consejos rectores del Banco de España y,
en segundo lugar, las referidas a la función supervisora del Banco de
España, que se la concedemos transitoriamente pero solicitamos del
Gobierno que, por proyecto de Ley, plantee su reforma en un plazo de dos
años.
Al Capítulo I del proyecto de Ley tenemos cinco enmiendas, de las cuales
voy a referirme sólo a dos. La primera pretende reafirmar que el criterio
de autonomía del Banco de España es aplicable únicamente a la dirección y
ejecución de la política monetaria. Pensamos que eso no es restringir en
modo alguno el papel del Banco de España, sino insistir, reforzar, el
carácter autónomo de la gestión y concepción de la política monetaria. En
el mismo sentido, pensamos que las circulares del Banco de España
previstas en el proyecto de Ley y referidas a la normativa sobre
supervisión financiera
corresponderían al Gobierno, incluso durante este período transitorio de
dos años en el que el Banco de España realizaría esta función de
supervisión, y tendrían capacidad reglamentaria. No así las circulares
monetarias.
En cuanto al Capítulo II son seis las enmiendas que mantiene el Grupo
Parlamentario Popular. Las principales son las siguientes: Ampliar la
posibilidad de que el Banco de España realice el servicio de Tesorería de
las corporaciones locales. Bien es cierto que postular esta afirmación de
todas y cada una de las corporaciones locales sería ciertamente una
aberración. Pero con restricciones reglamentarias que posteriormente se
pueden introducir, pensamos que es evidente que algunas corporaciones
locales en nuestro país tienen presupuestos que superan holgadamente los
de algunas Comunidades Autónomas y, consecuentemente, no es un
contrasentido que a las corporaciones locales, con las restricciones que
sean adecuadas, se les permita que el Banco de España realice la gestión
de tesorería, lo mismo que se la realiza al Estado y a todas y cada una
de las Comunidades Autónomas si éstas lo solicitan.
En el capítulo III mantenemos 13 enmiendas que paso a resumir muy
brevemente. Tratamos de adecuar, como ya hemos dicho reiteradas veces, la
normativa de supervisión bancaria a los contenidos de esta ley. Para
ello, se suprime el artículo 23.1 letra f) y se requiere una nueva
regulación normativa en la que se recogería lo previsto en esta letra, es
decir, recomendaciones, intervención e incoación de expedientes
sancionadores, corresponderían al Banco de España, pero sólo de forma
transitoria y, posteriormente, recibirían regulación en el período que ya
hemos señalado.
Otras enmiendas importantes corresponden a la consulta previa al
Parlamento para el nombramiento del Gobernador, Subgobernador y de cada
uno de los seis Consejeros del Banco de España. Ello no conculca la
autonomía del Banco de España y además se corresponde con la consulta
previa al Parlamento Europeo para el nombramiento del Comité Ejecutivo
del Banco Central Europeo que se prevé en los acuerdos adoptados. Esta
consulta permite precisamente que el Parlamento esté informado y pueda
pronunciarse sobre la idoneidad de los candidatos propuestos para los
cargos de los órganos rectores del Banco de España.
Proponemos también ampliar el mandato del Gobernador y del Subgobernador
del Banco de España de seis años, como prevé el proyecto de ley, a siete.
Y ello, ¿por qué? Pues no es un capricho, podrían ser siete años u ocho,
pero se trata de que no coincidan en el tiempo los mandatos
correspondientes al Gobernador y Subgobernador y a los Consejeros nonatos
del Banco de España. Esto está en coherencia con la enmienda siguiente
que se refiere a la ampliación de cuatro a seis años del mandato de los
consejeros nonatos. Además, proponemos su renovación por mitades cada
tres años y que cada tres años se renueve la Comisión Ejecutiva con lo
cual daríamos entrada a todos y cada uno de los Consejeros en la Comisión
Ejecutiva y también tendríamos cada tres años una renovación por mitades,
no traumática, de los Consejeros del Banco de España. Y, por supuesto,
proponemos seis años sin posibilidad de renovación en lugar de los cuatro
años, con posible renovación por otro período similar de cuatro años, que
prevé el proyecto de ley.
Retiramos la enmienda número 61, que ha sido ya transaccionada, relativa
a los emolumentos que percibirían los miembros del Consejo del Banco de
España una vez finalizado su mandato, e incluimos otra enmienda referida
a las retribuciones del Consejo del Banco de España que serían fijadas
por el Ministerio de Economía y Hacienda de acuerdo con el Protocolo del
Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, que
establece la no participación de los miembros del Comité Ejecutivo en la
fijación de sus retribuciones. En el proyecto de ley se hace lo
contrario.
Por último, a las disposiciones adicionales, transitorias, finales y
exposición de motivos mantenemos cuatro enmiendas. Las dos principales en
cuanto al concepto, no en cuanto a la importancia práctica de las mismas,
se refieren a la Exposición de Motivos puesto que hay una contradicción
entre lo señalado en el artículo 10.2 y lo señalado en dicha Exposición
de Motivos. Concretamente en el artículo 10.2 se nos dice que el Banco de
España dará cuenta regularmente al Parlamento y al Gobierno de la
política monetaria y, en su caso, de los obstáculos que dificultan a ésta
el mantenimiento de la estabilidad de precios. Es decir, si hay
obstáculos se informa de los mismos, así lo entendemos nosotros.
Pero, en sentido contradictorio, en la Exposición de Motivos se dice que
el Banco de España podrá informar --si así lo desea, entendemos
nosotros-- al Parlamento y al Gobierno sobre los eventuales obstáculos
que dificultan a la política monetaria el logro de la estabilidad de
precios. Por tanto, tal como lo entendemos nosotros, en el primer caso en
el articulado, se dice que el Banco de España informará, de haberlos,
sobre los obstáculos que restan eficacia a la política monetaria y en la
Exposición de Motivos se nos dice que el Banco de España podrá o no
informar, de haberlos, sobre los obstáculos a la eficacia de la política
monetaria. Entendemos que ésta es una enmienda técnica, puesto que no hay
correspondencia entre lo que se dice en el articulado y en la Exposición
de Motivos.
Y por último, la enmienda correspondiente a la disposición adicional
quinta, la enmienda vertebral de la segunda de nuestras propuestas
principales, está referida precisamente a que se abra un paréntesis de
dos años, pero no un paréntesis para el ejercicio de autonomía del Banco
de España en materia de política monetaria, sino para el desarrollo de
las otras funciones
que tradicionalmente viene desarrollando el Banco de España. Durante este
período de dos años seguiría en el desarrollo de las mismas, pero
posteriormente el Gobierno enviaría un proyecto de Ley de reforma de las
funciones de supervisión en materia de entidades financieras y de
aquellas otras funciones que, actualmente desarrolladas por el Banco de
España, seguiría desarrollando de forma transitoria en estos dos años y
que con la experiencia acumulada, permitirían, creemos nosotros, elaborar
un buen proyecto de Ley de supervisión bancaria, que buena falta nos
hace.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Utrera.
Tal como estamos llevando el debate hasta estos momentos, en el debate de
la totalidad, en su turno de portavoces y en el Capítulo I se están
sustanciando todas las enmiendas del proyecto de Ley. Quedan dos
enmiendas, no al Capítulo I, que es el que estamos tratando ahora, sino
al Capítulo II, que corresponden al Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió. Les sugiero que se puedan defender ahora
estas enmiendas, que luego se consuma el turno en contra de todas las
enmiendas y posteriormente el turno de portavoces, en el que podrían
intervenir los diversos Grupos.
Si les parece bien, daría la palabra al Senador de Convergència i Unió,
señor David Marca.
El señor MARCA I CAÑELLAS: De acuerdo, señor Presidente.
Además, nuestras dos enmiendas tienen relación la una con la otra. Por
tanto, me parece perfecto defenderlas en este momento.
La enmienda número 25 pretende eliminar la rigidez del texto del proyecto
de Ley en cuanto a la forma de materializar la inmovilización de fondos.
Añadimos al artículo 9.2.a) del texto las palabras «públicos autorizados
por el...», etcétera. La inmovilización de los fondos no tiene por qué
estar exclusivamente situada en activos emitidos por el Banco de España.
Puede ser cualquier otro activo, siempre autorizado por él. Por tanto,
insisto en que no necesariamente tiene que ser un activo del Banco de
España, sino que puede autorizar cualquier otro a los mismos efectos.
La enmienda 29, consecuencia de la otra mediante una adicional nueva,
tiende a favorecer el clima de entendimiento con las Comunidades
Autónomas, en el sentido de que puedan colaborar activamente en la
instrumentación y ejecución de la política monetaria. Las instituciones
financieras públicas que bajo cualquier forma jurídica puedan existir en
las Comunidades Autónomas coadyuvarán y ejercitarán la política monetaria
formulada por el Banco de España. Las Comunidades Autónomas deben jugar,
a nuestro entender, un papel más activo en la instrumentación y ejecución
de la política monetaria, aunque sea como simples ejecutores de la misma.
Esto es todo, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
El Grupo Socialista se dividirá el turno en contra. En estos momentos
tiene la palabra la Senadora Zabaleta.
La señora ZABALETA ARETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, muy brevemente, para responder a las enmiendas más importantes
que los portavoces de los Grupos Parlamentarios han ido señalando con
respecto a los Capítulos I y II.
Con respecto a la intervención del Grupo de Coalición Canaria, el grueso
de sus enmiendas hace referencia a los bancos regionales. Nosotros
rechazamos ese tipo de enmiendas por entender que el concepto de banco
regional se adapta poco al proyecto de Ley de autonomía del Banco de
España, así como el Tratado de la Unión Europea. En ese sentido pensamos
que no encaja y, por consiguiente, rechazamos las enmiendas.
Con respecto a las enmiendas al Capítulo I y II que proponen el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, quiero decir que las
rechazamos por entender que los coeficientes de caja, a diferencia del
espíritu de las enmiendas, constituyen un instrumento de política
monetaria y que conviene que la Ley fije cuáles son las líneas generales
de estos coeficientes en lo que entendemos que es la manera mediante la
cual se traslada este espíritu a la normativa del proyecto de Ley.
Con respecto a las enmiendas más importantes al Capítulo I y II del Grupo
Parlamentario Popular, ciertamente entendemos que la supervisión es una
cuestión debatida, que hay Bancos Centrales, como el de Francia o
Alemania, que tienen separada esa función supervisora de lo que es el
resto de la función monetaria. Para nosotros es absolutamente
imprescindible ligar ambas funciones, porque nos parece interesante y
necesario crear esa red de seguridad que supone la supervisión, no
dilatar el que el proyecto de Ley contemple esta tarea, sino introducirla
en lo que es el «Corpus Jurídico» del mismo porque entendemos que esa
supervisión por parte del Banco de España es altamente conveniente para
que éste pueda perseguir con eficacia los objetivos generales de
estabilidad, que son, en definitiva, los objetivos generales que se
pretenden en este proyecto de Ley con respecto a la autonomía del Banco
de España.
Hay una enmienda fundamental del Grupo Parlamentario Popular con respecto
a que el Banco de España preste también los servicios de tesorería de las
corporaciones
locales, que tampoco compartimos, porque nos parece una carga
manifiestamente excesiva que nos obligaría a discriminar entre unas u
otras corporaciones locales, y entendemos que la posición constitucional
de las corporaciones locales es distinta a la de las Comunidades
Autónomas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Zabaleta.
Para la segunda parte del turno en contra, tiene la palabra el Senador
Valle Garmendia.
El señor VALLE GARMENDIA: Muchas gracias, señor Presidente.
La Senadora Vilallonga dijo al principio que era el momento de empezar a
trabajar y de ponernos de acuerdo. Senadora, yo creo que si algo tiene
este proyecto es que está trillado por todos los Grupos parlamentarios.
Viene de la anterior legislatura. El nuevo proyecto que se presenta ahora
introduce enmiendas que presentaron los Grupos en el anterior. Se ha
hecho un gran esfuerzo por parte de todos los Grupos en el Congreso y en
el propio Senado. Hoy mismo todos los Grupos de la Cámara hemos llegado a
un acuerdo y hemos presentado dos enmiendas transaccionales: una a su
enmienda número 33, y otra a la número 61, del Grupo Parlamentario
Popular. Creo que este proyecto de Ley ha sido trabajado por parte de
todos los Grupos políticos. El Grupo mayoritario ha admitido enmiendas y
ha intentado llegar a acuerdos con el resto de los Grupos de la Cámara
para transaccionar otras muchas.
No obstante, quedan enmiendas por ver. No todas se han podido
transaccionar ni aprobar.
Ante todo, quisiera decir claramente que, si bien esta ley es respetuosa
con la Ley 30/80, de órganos rectores del Banco de España, introduce tres
modificaciones esenciales, y algunos de los anteriores intervinientes han
hecho referencia a ellas: La primera y fundamental es que prohíbe que el
Banco de España financie al Tesoro y a las demás entidades públicas; la
segunda es que atribuye al Banco de España competencia plena para definir
y no sólo ejecutar la política monetaria --y de ahí no deduzca usted que
se va a hacer una política monetarista, no tiene nada que ver una cosa
con otra--; la tercera es que modifica la composición y el régimen de los
órganos rectores del Banco con el fin de acrecentar la autonomía de éste.
Estos serían los tres grandes ejes de esta Ley y en los cuales estamos
absolutamente todos de acuerdo.
Asimismo, este proyecto contiene una novedad importante con respecto a
esa Ley 30/1980 sobre la limitación de los Miembros del Consejo,
inspirada en las disposiciones que regulan la propia Reserva Federal
Americana. Como se observará, estas limitaciones se han formulado en
términos exigentes y generales, sin circunscribirla al ámbito
exclusivamente bursátil, ya que los mercados financieros desbordan en la
actualidad el estricto ámbito de lo bursátil; ha habido acuerdos con
enmiendas introducidas por Convergència i Unió y algunas por parte del
Grupo Socialista para endurecer el régimen sancionador, para endurecer
las limitaciones y para endurecer las incompatibilidades. Otros Grupos
habían presentado enmiendas a esos artículos, y a la vista de esas
enmiendas presentadas por el Grupo Socialista o por Convergència optaron
por retirar las suyas porque entendían que estaba tratado bien.
No obstante, como digo, quedan enmiendas. Voy a intentar contestar a
algunas de las que todavía quedan vivas, fundamentalmente a Izquierda
Unida, dado que en Comisión no se le contestó.
En cuanto a su enmienda 31 al artículo 24, debo decir que la vinculación
previa a una actividad de crédito no supone necesariamente falta de
idoneidad del candidato. Para entrar en juego los mecanismos de
designación que están previstos en el artículo 26 se examinará, caso por
caso, si la vinculación previa con una entidad de crédito del candidato
constituye un motivo para su no designación. Pero su vinculación previa
necesariamente no tiene por qué suponer falta de idoneidad, como parece
deducirse de su enmienda.
En cuanto a su enmienda 32, nos parece que el mecanismo que se propone en
el proyecto de ley es más completo que el que ustedes plantean.
A la enmienda 33 se ha presentado una transacción aprobada por todos los
Grupos y entiendo que lógicamente la han retirado ustedes.
La enmienda 34, que coincide con algunas de otros Grupos,
fundamentalmente con una del Grupo Popular, de la cual ha hecho una
defensa importante el señor Utrera, trata de las competencias de
supervisión financiera del Banco de España. Nosotros entendemos que debe
seguir teniendo esa competencia de supervisión. No creemos que sea
incompatible, como entiende el señor Utrera. No dice que sea
incompatible, pero dice que al menos en dos años pudiera llegar a serlo.
El Grupo de Coalición Canaria tiene dos enmiendas que hacen referencia a
los bancos regionales. Ya contestó mi compañera. No es la filosofía de
este proyecto tratar los bancos regionales y, por tanto, votaremos en
contra de estas enmiendas.
En cuanto a las enmiendas números 17, 19 y 20 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, entendemos que la composición de los
órganos del Banco quedó adecuadamente definida en el proyecto aprobado ya
en el Congreso. Por tanto, vamos a rechazar sus tres enmiendas.
En cuanto a la enmienda número 21, en la que proponen la creación de un
comité consultivo, nosotros entendemos que no encaja con la filosofía del
proyecto de autonomía del Banco de España, no encaja crear ahí un comité
consultivo del tenor del que ustedes proponen.
La enmienda número 22 la han retirado, y la 23 es igual que la 29 del
Grupo de Convergència i Unió. Debo señalar al igual que hice en Comisión,
que parece que esta enmienda olvida en cierta medida que la política
monetaria es competencia exclusiva del Gobierno. Nosotros vamos a seguir
manteniendo que la política monetaria es competencia exclusiva del
Gobierno y que no deben entrar las Comunidades Autónomas en esta política
monetaria.
En cuanto al Grupo Popular, su enmienda 50 introduce una modificación en
lo que se refiere a los Consejeros nonatos, y nosotros entendemos que las
normas deben hacer referencia a los cargos vigentes. En caso de
reorganización de las normas, harán la oportuna atribución de funciones.
Por tanto, no vamos a votar favorablemente su enmienda.
La enmienda número 51 es la misma que la número 37, sobre la competencia
de supervisión financiera.
Respecto a su enmienda número 52, de modificación al apartado 3 del
artículo 21, nosotros creemos que la importancia que va a tener el
Consejo de Gobierno y la necesidad de que se mantenga un cierto
equilibrio de poder con la Comisión Ejecutiva justifica que en la ley se
establezca el número mínimo de reuniones, y éste es el mismo criterio que
mantiene el Tratado de la Unión Europea. (El señor Vicepresidente, Ortí
Bordás, ocupa la Presidencia.)
Su enmienda número 53 vuelve al tema de la supervisión financiera.
En cuanto a sus enmiendas números 54, 55 y 56, bloque de importantes
enmiendas para ustedes dedicado al candidato, Gobernador, Subgobernador y
los Consejeros, nosotros creemos ya que está bien tratado en el Proyecto,
y más teniendo en cuenta que el texto que viene del Congreso de los
Diputados es consecuencia de una transaccional admitida por todos los
Grupos, también por ustedes, aunque cuando la votaron advirtieron que
seguirían manteniendo la estructura que pretenden; por tanto, nosotros
entendemos que debemos mantener ese texto que viene del Congreso ya que
está pactado así por todos los Grupos de la Cámara. En dicho texto se
recoge que el Gobernador es presentado a la Comisión correspondiente, y
es ahí donde se hará el debate de los Grupos con respecto a la idoneidad
de ese candidato antes de que el Presidente se lo presente al Rey para su
nombramiento. Creemos que está bien tratado como viene del Congreso, y
por tanto votaremos en contra de sus enmiendas números 54, 55 y 56. Al
igual que ocurre con sus enmiendas números 57 y 58, porque entendemos que
debemos mantener los plazos que vienen en el texto actual.
Respecto a su enmienda número 59, nosotros consideramos fundamental para
el buen funcionamiento de la Comisión Ejecutiva que el mandato específico
de sus miembros coincida con su mandato ordinario como consejero --es
justo la posición contraria de ustedes--; la renovación anticipada de la
ejecutiva iría en contra del carácter técnico y ejecutivo que se quiere
dar a este órgano.
Entendíamos que la enmienda número 60 estaba mejor tratada en la enmienda
número 80 que presentó el Grupo Parlamentario Socialista --y por ello le
invitamos en su momento a que la retirara, pero no lo han hecho--, que es
parecida a la de ustedes aunque tiene una mayor dureza.
La enmienda número 61 está transaccionada.
Sobre la enmienda número 62 entendíamos nosotros que podía haber una
transacción con la que hicimos de la número 22 del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, aunque ustedes le dan un significado
distinto y no la admiten. Por tanto, un vez transaccionado con el resto
de los Grupos, carece de sentido la enmienda que ustedes presentan.
Con la enmienda número 64 a la Disposición Adicional Quinta volvemos a
estar en el tema de la supervisión financiera. Seguimos pensando que el
Banco debe tener esa competencia de supervisión, por tanto, votaremos en
contra de la misma. Al igual que de la número 65, porque entendemos que
esa Disposición Transitoria Primera de modificación que ustedes pretenden
viene mejor tratada en la Disposición Final Segunda del propio texto.
Tampoco votaremos a favor de la enmienda número 66, porque lo que
pretende es suprimir, por coherencia, la Disposición Adicional Segunda.
Esto es todo, muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias.
Abrimos turno de portavoces.
Tiene la palabra la Senadora Vilallonga.
La señora VILALLONGA ELVIRO: Gracias, señor Presidente.
En relación con las enmiendas que he defendido en nombre de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y la respuesta que he obtenido por parte
de los diversos Grupos parlamentarios, querría responder brevemente al
portavoz del Grupo Parlamentario Popular diciéndole que su alabanza del
texto presentado por el Gobierno resulta totalmente incongruente con el
carácter de las enmiendas que presentan.
Los dos Senadores de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya vamos a
votar la mayor parte de las enmiendas que ustedes presentan porque
intentan formalizar un mayor control parlamentario sobre el Gobernador
del Banco de España. Pero me imagino que la contradicción se establece
entre unas enmiendas que hacen eso y el planteamiento que ustedes tienen
de cómo debe funcionar la economía en este país.
Creo que ésta es una gran contradicción y uno no puede poner una vela a
Dios y otra al diablo porque al final no son cosas congruentes. No
obstante, me voy a atener a sus enmiendas y, en función de su contenido,
las voy a votar en su mayor parte.
Ahora, el discurso que usted ha hecho es mucho más entusiasta que el que
han hecho los Senadores Socialistas respecto del propio proyecto. Esto me
ha sorprendido enormemente, porque yo esperaba en usted una intervención
más apasionada de la índole de la que hizo el Diputado, señor Martín
Villa, que creo que es un firme defensor de la intervención del Gobierno
en el banco emisor, que yo también comparto.
El señor Martín Villa tiene un concepto del Estado que es interesante, es
posible que no sea el concepto que se tenga en otros estamentos, pero yo,
desde luego, sigo suscribiendo el concepto de la dignidad y de la
intervención del Estado. Es muy probable que usted no lo suscriba y es
una verdadera lástima porque, insisto, nosotros vamos a votar la
literalidad de las enmiendas sin suscribir en absoluto el discurso que
usted ha hecho aquí que, desde luego, es de un ferviente defensor del
proyecto que ha sorprendido a esta Senadora, porque entiende que no se
compadece en absoluto con las enmiendas que usted presenta.
En ese sentido es muy probable que su defensa del neoliberalismo, que
ahora ya no se lleva tanto --no sé hasta qué punto puede ser
interesante--, quizá le lleve a defender este proyecto que es hijo de esa
filosofía.
Comparto con el Senador Marca las preocupaciones que ha expresado
respecto de la importancia del proyecto y le anticipo que votaremos sus
enmiendas de manera afirmativa porque entendemos que también, aunque más
débilmente, más tímidamente que las que presentamos los Senadores de
Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya, intentan establecer unos
mayores marcos de control, así como las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado nos
parecen interesantes y también vamos a proceder en ese orden.
Respecto de las palabras del Senador Valle Garmendia, creo que usted
coincide conmigo en que las circunstancias en las que se ha visto
envuelto el Banco de España en los últimos tiempos nos tienen que hacer
variar la posición. Todas las cautelas deberían ser pocas al calor de los
acontecimientos ocurridos. Como usted ha dicho, el hecho de que haya
existido vinculación previa no establece la falta de idoneidad; es
evidente que el que haya habido una vinculación previa no quiere decir
que posteriormente exista. Ahora bien, me voy a situar en el principio
contrario, señor Senador, y me voy a plantear que hay que establecer la
desvinculación previa. Es decir, a estas alturas --y me va usted a
permitir que se lo diga en estos términos-- esta Senadora, y me imagino
que muchas más personas, incluidos Senadores de los distintos Grupos
Parlamentarios, considerarán que es sensato y de sentido común que tanto
el Gobernador, como el Subgobernador, como los Consejeros, carezcan de
toda vinculación laboral, accionarial, o de pertenencia a Consejos de
Administración de entidades de crédito privadas en los cuatro años
anteriores a su nombramiento. Y lo digo porque, efectivamente, no se
puede establecer una relación de causalidad, de que la falta de idoneidad
venga determinada por la vinculación previa, pero tal y como están las
cosas, yo me establezco en la situación de pretender plantear la
desvinculación previa, porque yo creo que todas las cautelas serán pocas
en estos términos. Por tanto, señoría, así lo defiendo, porque creo,
además, que hay que apostar por romper la endogamia que se viene
produciendo en algunos casos entre algunas personas representativas del
Banco emisor y su relación con las cúpulas de los consejos de
administración de la Banca privada. Me parece que ése debería ser un
objetivo democrático de toda la Cámara, y creo que lo contrario es un
error político que no pagará una fuerza política u otra, sino que pagará
el sistema democrático en su conjunto y el control democrático de las
Cámaras sobre los distintos gobernadores que vayan siendo nombrados en el
Banco de España. Este no puede ser un coto cerrado, y no se puede
plantear que el establecer una desvinculación previa no tenga razón, no
sea sensato, no sea lo que nos piden los acontecimientos. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Deseo decir también que no me ha satisfecho la explicación de la Senadora
del Grupo Socialista sobre por qué no desvincular las funciones y
competencias en materia de disciplina e intervención de las entidades de
crédito respecto de la supervisión de la solvencia, etcétera, en relación
con el Banco de España. La Senadora ha reconocido que, evidentemente,
esto se contempla en la legislación alemana y en el Bundesbank, pero que
entiende que da más seguridad al Banco de España el mantener esas
competencias aun cuando se le da la autonomía absoluta al propio Banco.
Francamente, no he entendido la argumentación, porque ésta no se ha
producido. Si se puede, sería interesante que, por parte de la Senadora,
se me argumentara en el sentido de por qué abunda en el terreno de que da
mayor seguridad. Yo creo que es evidente que da bastante más inseguridad
dotar de estas competencias y de este poder a un ente como el Banco de
España, que va a ser ya claramente autónomo y cuyos controles
democráticos están muy lejos de lo que debería ser deseable.
Sólo desearía decir una cosa, Senador Del Valle. Efectivamente, se
recogieron enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya en el Congreso, y hoy se ha transaccionado aquí una enmienda.
Lo consideramos insuficiente en su momento. Al variar las circunstancias
como han variado, lo consideramos claramente insatisfactorio, y le
anticipo ya nuestro voto negativo a este proyecto de ley.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Vilallonga.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Deseo decir simplemente que la contestación del portavoz socialista sobre
la creación del comité consultivo no es que no haya sido razonada, pero
no encaja, al igual que ocurre con los coeficientes de caja, dicho sea de
paso. Nuestro proyecto parece que no tiene cabida, seguramente porque no
hay una voluntad política para poder entender esta cuestión, pero supongo
que nosotros, en la primera parte de la exposición, lo hemos dejado
bastante claro, porque creemos en ello. Pensamos que es mucho más lógico,
real y eficaz, como hemos tratado de resumir en el turno inicial.
De todas formas, queremos decir que el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos va a votar favorablemente el texto de la ley porque
creemos que es mejor que lo que existe y que se adapta en sus
circunstancias principales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Sólo deseo aclarar un par de cuestiones a la
Senadora Vilallonga, así como lamentarme por el hecho de que ninguna de
las enmiendas significativas de nuestro Grupo vaya a ser aceptada por el
Grupo Parlamentario Socialista, al menos hasta el momento.
En cuanto a lo que ha dicho la señora Vilallonga sobre que yo he salido
como defensor del proyecto, es verdad, y lo es porque nosotros creemos en
este proyecto de Ley; creemos en la necesidad de que el Banco de España
tenga plena autonomía para gestionar la política monetaria, pero esto no
es un contrasentido con el hecho de que hayamos presentado incluso
bastantes enmiendas.
En primer lugar, no hemos presentado enmienda de totalidad, lo cual ya
significa algo --en nuestro caso, significa bastante--, puesto que cuando
no estamos de acuerdo con las directrices de un proyecto de Ley
normalmente presentamos una enmienda de totalidad. En segundo lugar, las
enmiendas que nosotros planteamos no afectan al núcleo esencial del
proyecto de ley ni por lo que se refiere a los órganos rectores ni por lo
que se refiere a las funciones de supervisión. Obsérvese cómo algunas de
nuestras enmiendas tratan precisamente de reafirmar la autonomía del
Banco de España alargando los mandatos de los Consejeros sin posibilidad
de renovación, etcétera. Es decir, que insistimos en la autonomía del
Banco de España.
En cualquier caso, el proyecto de Ley, tal y como está redactado, tiene
también sus méritos. Consecuentemente, sí votaríamos en bloque a favor
del mismo aunque, obviamente, preferiríamos que se incorporasen algunas
de nuestras enmiendas puesto que sinceramente pensamos que lo mejorarían.
Me ha resultado particularmente insatisfactoria la respuesta que me han
dado los dos portavoces socialistas, una de ellas relativa a la enmienda
que se refiere a que el Banco de España preste servicios de tesorería a
las corporaciones locales, diciendo que se crearían conflictos entre
corporaciones locales. Creo que ése es un problema menor que se puede
resolver con gran sencillez de forma reglamentaria. Con esa enmienda se
permitiría acceder a esas operaciones a corporaciones locales,
concretamente a ayuntamientos importantes que en algunos casos tienen
presupuestos de un volumen bastante superior a los de algunas Comunidades
Autónomas. Esos ayuntamientos abaratarían ciertamente sus costes con esos
servicios de tesorería.
Pero me ha resultado mucho más inconveniente y más frustrante todavía la
respuesta que se me ha dado sobre las enmiendas que hemos planteado en
solicitud de una mayor participación del Parlamento en el proceso de
elección de los miembros de los órganos rectores del Banco de España. En
este caso concreto se nos ha dicho que no se iban a introducir estas
enmiendas simplemente porque se va a mantener el texto del proyecto de
Ley tal como está, cuando resulta que, como he señalado anteriormente, en
le protocolo del Banco Central Europeo se prevé precisamente que se dé
audiencia al Parlamento Europeo para el nombramiento de los miembros de
su Consejo de Gobierno.
Consecuentemente, se ha traspuesto este proyecto de Ley con unos
criterios variables, es decir, en unos casos de forma estrictamente
literal, y en otros haciendo una interpretación con la que no estamos de
acuerdo en términos relativos, ya que con el proyecto de Ley en su
conjunto e incluso con la mayor parte de sus detalles sí estamos de
acuerdo, motivo por el que vamos a votarlo afirmativamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Utrera.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Del Valle Garmendia.
El señor VALLE GARMENDIA: Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve.
En primer lugar, es Garmendia, Senadora Vilallonga, no Garmendia.
Su señoría dice que a estas alturas de los acontecimientos se debería
haber cambiado la posición. Creo que la posición, en cuanto a lo que es
en sí la ley de autonomía del Banco de España, no se varía por mucho que
cambien los acontecimientos. Lo que se ha variado ha sido la posición --y
en eso estamos todos de acuerdo-- en cuanto a incompatibilidades o en
cuanto al régimen sancionador. Ahí sí que se ha variado, pero en cuanto a
lo que es la autonomía del Banco de España no se puede variar. Podemos
entrar en otras cosas, por ejemplo, en el control, pero no podemos entrar
en más.
Su enmienda al artículo 24 dice que tanto el Gobernador, como el
Subgobernador como los Consejeros deberán carecer de todo tipo de
relación laboral en los cuatro años anteriores y no sé cuántas cosas más,
pero si luego decimos que hay que nombrar a esos Consejeros entre
españoles que tengan reconocida competencia en asuntos monetarios y
bancarios y resulta que llevan cuatro años no se sabe dónde, la verdad es
que de competencia les va a quedar poquito.
Ya sé que usted considera insuficiente que les hayamos admitido sólo una
enmienda, pero ustedes tampoco han presentado un excesivo número de
enmiendas --sólo han presentado cinco-- ni les ha debido preocupar
excesivamente este proyecto.
Señor Utrera, le agradezco que vaya a votar a favor del proyecto, aunque
yo sé que no siempre un proyecto es del gusto de todos. Pero creo que en
líneas generales todos los Grupos de la Cámara estamos de acuerdo en que
es un buen proyecto y en que se ha hecho un gran esfuerzo.
Sigue usted insistiendo en el tema del nombramiento. El proyecto dice que
hay que presentar candidato, y ése es el momento del debate. Si en esa
Comisión de Economía donde el Ministro presentará al candidato el resto
de los Grupos de la Cámara se opusieran frontalmente a ese candidato, si
no hubiera el consenso suficiente, ningún Gobierno correría el riesgo
político de presentar ese candidato para su nombramiento por el Rey. Es
decir, en cierta medida sí hay control parlamentario para el nombramiento
del Gobernador del Banco de España.
El texto, le vuelvo a decir lo de antes, está transaccionado con todos
los Grupos de la Cámara. Pero ustedes quieren ir más allá, se quedan con
lo que les ofrecemos, pero siguen insistiendo en ir más allá. Nosotros
queremos mantener el texto para cumplir el compromiso y el acuerdo con el
resto de los Grupos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Señoría. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones
pendientes.
Antes de nada, quiero indicarles que, en principio, la Mesa de la Cámara
estaría dispuesta a que prosiguiera la sesión --por supuesto, pidiendo
autorización--, hasta agotar el orden del día, pero los señores
portavoces tienen la palabra para señalar si el criterio de la Mesa es
compartido o no por sus señorías.
Por otro lado, para mañana se han convocado Comisiones, algunas de ellas
de importancia. En todo caso, sus Presidentes están advertidos de que si
el Pleno continuara mañana por la mañana --en ese caso, se reanudaría a
las nueve horas--, las Comisiones convocadas --la primera de ellas, a las
diez-- se celebrarían cuando estuviéramos en condiciones de poderlas
reunir. (Rumores.) Pero no es cuestión de aclamar, porque estamos en una
democracia, y las consultas pertinentes se evacúan y se trasladan por el
cauce correspondiente a la Mesa.
Muchas gracias. (El señor Barbuzano González pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Barbuzano.
El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
A tenor de sus manifestaciones, rogaría a la Cámara que hiciera el
esfuerzo preciso para que el Pleno finalizara hoy. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. (El señor Torrontegui
Gangoiti pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.
Al objeto de facilitar el trámite de las votaciones, pedimos votación en
un bloque, de las enmiendas números 35, 36, 43, 44, 45, 47, 48, 54 y 55
y, en otro, de las números 39, 52, 53, 56, 62 y 64.
Por otra parte, retiramos las enmiendas números 11 y 13.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Vamos a dar comienzo a las votaciones, con las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, originales de los Senadores Cuevas y Vilallonga,
números 30, 31, 32, 33 y 34. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor Presidente.
Pedimos votación separada de la enmienda número 34.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Votamos las demás enmiendas antes citadas. (El señor Valle Garmendia pide
la palabra.)
Tiene la palabra, Senador Valle.
El señor VALLE GARMENDIA: Señor Presidente, ¿votamos la enmienda número
33?
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter ahora mismos a votación las
enmiendas números 30, 31, 32 y 33, agrupadamente.
El señor VALLE GARMENDIA: Hay una transaccional sobre la base de la
enmienda número 33 de la que dispone la Mesa y que está firmada por todos
los grupos.
El señor PRESIDENTE: Deduzco que la enmienda a la que su señoría se
refiere es la que se corresponde con la letra d) del artículo 25.4, pero
no necesita percha, puesto que está firmada por todos los grupos
parlamentarios y, además, no se indica enmienda sobre la que sustentarla.
Por tanto, se someterá a votación como enmienda de modificación suscrita
por todos los grupos. De esta manera, la enmienda número 33 puede ser
perfectamente votada. (La señora Vilallonga Elviro y el señor Torrontegui
Gangoiti piden la palabra.)
Tiene la palabra la señora Vilallonga.
La señora VILALLONGA ELVIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Retiramos la enmienda 33, que es sobre la que se ha ofrecido la enmienda
transaccional.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Torrontegui.
El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Señor Presidente, retiramos la enmienda
número 12.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a votar las enmiendas números
30, 31 y 32, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, cinco; en contra, 214; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, tal y como se ha solicitado, la enmienda número 34.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, dos; en contra, 122; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos mantiene vivas
las siguientes enmiendas: 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 23. (El señor
Bayona Aznar y la señora Vilallonga Elviro piden la palabra.)
Tiene la palabra el señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada de la enmienda número 14.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Vilallonga.
La señora VILALLONGA ELVIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Pido votación separada de las enmiendas números 16 y 17.
El señor PRESIDENTE: ¿Pueden ser votadas agrupadamente?
La señora VILALLONGA ELVIRO: No, señor Presidente, por separado.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos las enmiendas números 9,
15, 19, 20 y 23, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, ocho; en contra, 213; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 14.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a
favor, 124; en contra, 97; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación la enmienda número 16.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 11; en contra, 213.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 17.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, ocho; en contra, 216.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado mantiene para su
votación las enmiendas números 1 a 8, ambas inclusive. Las votamos
conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 10; en contra, 213; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. (El señor Marca i Cañellas pide la palabra.)
Senador Marca, tiene la palabra.
El señor MARCA I CAÑELLAS: Señor Presidente, por el hecho de haberse
aceptado la enmienda número 14, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, no tiene sentido mantener las nuestras, que son
exactamente iguales. Por tanto, en este momento retiro las enmiendas
números 25 y 29, que son las únicas que quedaban vivas de nuestro Grupo.
El señor PRESIDENTE: ¿Ambas son retiradas? (Asentimiento.) Gracias,
señoría.
Restan por votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
agrupadas, tal como se ha solicitado, de la siguiente manera: en primer
lugar, las enmiendas números 35, 36, 43, 44, 45, 47, 48, 54 y 55. Senador
Torrontegui, pido su criterio sobre si el listado es correcto. (Pausa.)
Gracias, señoría.
Las sometemos conjuntamente a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a
favor, 104; en contra, 115; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Seguidamente, votamos las enmiendas números 39, 52, 53, 56, 62 y 64.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 101; en contra, 117; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular.
Se inicia la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 97; en contra, 117; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El artículo 25.4.d) se sustituye por una redacción que supongo que sus
señorías conocen. Está suscrita por todos los Grupos Parlamentarios sin
excepción. ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda
aprobado.
El artículo 26.1 también es objeto de una enmienda de modificación,
suscrita por todos los Grupos parlamentarios, y supongo que sus señorías
conocen también la redacción. ¿Puede entenderse aprobado por
asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
Finalmente, hubo un error en la publicación del artículo 28.1 del
proyecto, que conocen los señores Portavoces. Si es necesario, procederé
a su lectura, pero creo que es conocido por los señores Senadores, por lo
que se entiende que éste es el texto que figurará en el proyecto.
Procedemos a votar el Dictamen. ¿Puede ser votado en un solo acto el
Dictamen completo, es decir, Exposición de Motivos, Capítulos y
Disposiciones? (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a
favor, 221; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo
por Su Majestad el Rey.
A las nueve de la noche solicitaré permiso a sus señorías para continuar
la sesión.
CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE
ESTADOS Y NACIONALES DE OTROS ESTADOS, HECHO EN WASHINGTON EL 18 DE MARZO
DE 1965. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 610/000059.)
(C. D. 110/000075.)
El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Conocimiento por el
Pleno de Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso
de los Diputados.
Por el procedimiento de urgencia, Dictamen referente al Convenio sobre
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales
de otros Estados, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965.
No se presentaron propuestas en relación con este Convenio. Por tanto,
cabe abrir los turnos correspondientes.
¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el
Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del
Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en Washington el 18 de marzo
de 1965.
--CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAFE DE 1983, HECHO EN LONDRES EL 16 DE
SEPTIEMBRE DE 1982, PRORROGADO POR LAS RESOLUCIONES 347 DE 3 DE JULIO DE
1989, 352 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1990, 355 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1991 Y
363 DE 4 DE JULIO DE 1993, DEL CONSEJO INTERNACIONAL DEL CAFE. (S.
610/000060.) (C. D. 110/000074.)
El señor PRESIDENTE: La Junta de Portavoces decidió incorporar el
Convenio Internacional del Café de 1983, hecho en Londres el 16 de
septiembre de 1982, prorrogado por las resoluciones 347, de 3 de julio de
1989; 352, de 28 de septiembre de 1990; 355, de 27 de septiembre de 1991,
y 363, de 4 de junio de 1993, del Consejo Internacional del Café. Se
tramita por el procedimiento de urgencia, tampoco hubo propuestas al
mismo. ¿Se puede entender aprobado por asentimiento de la Cámara?
(Pausa.)
Así se declara y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar
su consentimiento para obligarse por medio del Convenio Internacional del
Café de 1983, hecho en Londres el 16 de septiembre de 1982, prorrogado
por las Resoluciones 347, del 3 de julio de 1989; 352, de 28 de
septiembre de 1990; 355, de 27 de septiembre de 1991, y 363, de 4 de
junio de 1993, del Consejo Internacional del Café.
ELECCION DE MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA DIPUTACION PERMANENTE:
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día: Elección de
miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente.
Como recordarán sus señorías, el Pleno del Senado, en su sesión del día 9
de febrero del año en curso, acordó que la Diputación Permanente del
Senado esté integrada por un total de 31 miembros titulares y otros
tantos suplentes. Por aplicación de lo establecido en los artículos 45 y
46 del Reglamento del Senado, se han presentado las siguientes propuestas
para la elección de miembros titulares y suplentes de la Diputación
Permanente. Grupo Parlamentario Socialista, titulares: don Pedro José
Ardaiz Egües, don Angel Franco Gutiez, don Joaquín Galán Pérez. Grupo
Parlamentario Popular, don José Luis Baltar Pumar, don Santiago Cervera
Soto. Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
don Joan Rigol i Roig. Suplentes: Grupo Parlamentario Socialista, don
Ramón Aleu i Jornet, don Juan Iglesias Marcelo, don Octavio Granado
Martínez, don Felipe Guardiola Sellés, don Ignacio Díez González. Grupo
Parlamentario Popular, don José María Bris Gallego, don Antonio Luis
Cárceles Nieto, don Ramón Palacios Rubio, don Juan José Unceta Antón.
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don
Ramón Sala i Canadell y Josep María Bertrán i Soler.
¿Ratifica la Cámara por asentimiento la elección de estos señores
Senadores como miembros respectivamente titulares y suplentes de la
Diputación Permanente? (Pausa.)
Queda ratificada esta elección y proclamados los mencionados señores
Senadores como titulares y suplentes de nuestra Diputación Permanente.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO,
POR LA QUE INSTA AL GOBIERNO A QUE, EN LA ELABORACION DE LA LEGISLACION
BASICA, PREDOMINE LA VOLUNTAD POLITICA DE MANTENERLA EN AQUELLOS
CONTENIDOS QUE POR SU CARACTER DE MINIMO COMUN NORMATIVO NO LIMITEN O
INVADAN COMPETENCIAS LEGISLATIVAS Y DE EJECUCION QUE TIENEN ASUMIDAS Y
RECONOCIDAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. (671/000006.)
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelación.
Moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, por la que se insta al Gobierno a que, en la elaboración de la
legislación básica, predomine la voluntad política de mantenerla en
aquellos contenidos que por su carácter de mínimo común normativo no
limiten o invadan competencias legislativas y de ejecución que tienen
asumidas y reconocidas las Comunidades Autónomas. Se publicó en los
boletines correspondientes con fecha 9 de mayo de 1994.
Para turno a favor, el Senador Ferrer i Roca tiene la palabra. (Rumores.)
Ruego a sus señorías silencio, hay un orador en la tribuna. Senador
Barreiro, le ruego que ocupe su escaño. Muchas gracias, señoría.
El Senador Ferrer tiene la palabra.
El señor FERRER I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el Pleno de esta Cámara de hace aproximadamente quince días
presentamos una interpelación que planteaba exactamente al Gobierno qué
criterios
pensaba aplicar para evitar que con frecuencia las leyes de bases
continúen significando conflictos competenciales.
Se planteó esta interpelación, se sucedió el correspondiente debate y
finalmente nuestro Grupo, el Grupo de Convergència i Unió, ha presentado
hoy --y ésta es la moción que tengo el honor de presentar ante el Pleno--
una moción que dice lo siguiente: El Senado insta al Gobierno a que en la
elaboración de la legislación básica predomine la voluntad política de
mantenerla en aquellos contenidos que, por su carácter de mínimo común
normativo, no limiten o invadan competencias legislativas y de ejecución
que tienen asumidas y reconocidas las Comunidades Autónomas. O sea, que
de aquella interpelación ha surgido esta moción, fruto de aquel debate y,
naturalmente, de la voluntad política de nuestro Grupo.
En esta moción que presentamos hoy, ¿qué elementos conviene destacar?
Destacaré rápidamente cuatro elementos. En primer lugar, el objetivo de
la moción es conseguir que la legislación básica se circunscriba a los
cánones que están prescritos y reglados en la Constitución. Esta moción
también parte de una condición, que ya se manifestó muy claramente en el
debate: la voluntad política. Creo que el conjunto de la Cámara tiene la
voluntad política de que la legislación básica sea de esta manera. En
tercer lugar, tiene una característica cual es que esta voluntad política
se cristalice en la legislación básica en lo que denominamos y se
denomina el carácter mínimo común normativo, o sea, que las leyes de
bases se circunscriban al carácter mínimo común normativo, no se excedan
y, por consiguiente, no invadan competencias de las Comunidades
Autónomas. Y en cuarto lugar, pretende esta moción evitar un error --como
acabo de decir--: que las leyes de bases no limiten ni invadan
competencias de esas Comunidades Autónomas.
Señorías, muy brevemente, porque creo que esta moción, fruto, insisto, de
aquel debate de hace quince días, ha conseguido la unanimidad de todos
los Grupos. Por consiguiente, ahorraré la argumentación, porque creo que
todos estamos absolutamente convencidos de su bondad. No obstante, sí me
gustaría recordar que esta moción se circunscribe en lo que podemos
denominar la segunda etapa en la construcción del Estado de las
Autonomías. No estamos empezando, no estamos en el primer paso de su
construcción. El Estado de las Autonomías, este Estado compuesto, está ya
en su segunda etapa, la de profundización y evitación de errores, la de
abrir nuevas posibilidades para que se manifiesten todas las
potencialidades y energías que acumulan las Comunidades Autónomas.
Después de esta primera larga etapa, difícil etapa, que ya hemos cubierto
en la construcción del Estado de las Autonomías, es bueno recordar que un
aspecto absolutamente histórico, importante y positivo que se ha
conseguido ha sido el de la misma constitución autonómica del Estado, la
existencia misma de los Estatutos de Autonomía y su normal
funcionamiento. Pero, al lado de este aspecto absolutamente positivo e
histórico, qué duda cabe, hay que recordar --y ahí surge la necesidad de
esta moción-- que también hemos encontrado y encontramos, naturalmente,
dificultades, como son la lenta transformación del Estado, de acuerdo con
los parámetros que surgen de la Constitución y, en segundo lugar, la
inercia centralizadora, que se ha manifestado con frecuencia al elaborar
la legislación básica. Esto es lo que ha motivado, primero, la
interpelación y, luego, esta moción y es por lo que creo que en algo
contribuirá --no es la solución milagrosa a este problema-- a que de
ahora en adelante la legislación básica se ciña a lo que está previsto,
insisto, en la Constitución.
Naturalmente, tal como dijimos hace quince días, hoy conviene repetir que
esta moción será operativa si existe voluntad política. Entonces quedó
muy evidenciado que ésta era una condición indispensable, y continúa
siéndolo.
Podemos, de aquí a unos minutos, aprobar esta moción por unanimidad, como
esperamos, pero si no existiese la voluntad política clara de cumplirla,
de poco serviría. Estamos seguros de que todos los Grupos han llegado a
la convicción de que esto es una necesidad, de que no puede repetirse que
al menos más de treinta leyes de bases, casi treinta leyes de esta
legislación básica, hayan invadido competencias y hayan limitado las
posibilidades de legislación de los Parlamentos autónomos. Esto no puede
repetirse. Hay que corregir los errores cometidos y evitar que se vuelvan
a producir.
No voy a extenderme más porque estamos seguros de que todos los Grupos
participan de esta convicción y votarán favorablemente esta moción. Por
consiguiente, simplemente deseo reafirmar que cuando el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presentó esta
moción lo hizo, como siempre, con el espíritu constructivo que nos
caracteriza, para solucionar un problema concreto y para contribuir a
abrir mucho más las posibilidades en esta segunda etapa larga y
fructífera --esperamos-- de construcción del Estado de las Autonomías,
que será la década de los años noventa.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, el Senador Sanz Cebrián.
El señor SANZ CEBRIAN: Señorías, no cabe duda de
que asistimos a unos momentos políticos delicados en la aún corta
andadura de esta Legislatura, lo que condiciona, en cierto modo,
cualquier debate parlamentario. Este que ahora celebramos, relativo a la
moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, no es una excepción, porque cualquier avance en materia autonómica,
por mínimo que éste sea, parece provocar la crítica fácil de quienes ven
en ello un retroceso respecto al modelo de Estado centralista y jacobino
que propugnan.
Ello se viene reflejando con una imagen, a nuestro entender
desafortunada, que es la compra de España. Hoy día, sin ir más lejos, nos
hemos encontrado con que un diario de la mañana publicaba en primera
página que asistimos a la hipoteca de España. El Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos no tiene nada que comprar, sólo queremos
aquello que por derecho, por Estatuto y por Ley Orgánica nos corresponde
y, sobre todo, deseamos el normal funcionamiento de las instituciones o,
si se quiere, el funcionamiento adecuado del sistema democrático, la
estabilidad del sistema democrático.
Para el logro de esta situación de normalidad institucional es forzoso
razonar, hay que huir del empleo de algunos vocablos vacíos de contenido,
como es el que se ha dado en llamar «impulso autonómico». Hoy día, para
las Comunidades contempladas en la Disposición Transitoria Segunda de la
Constitución no hay tal impulso autonómico; por contra, hay un auténtico
bloqueo, y creemos que en este aspecto hay que dejar las palabras e ir a
los hechos. Por eso, proponemos claramente que se elaboren propuestas
concretas de desarrollo autonómico, que se acuerden traspasos de
transferencias y delegaciones, que se convoque a la Comisión Mixta de
transferencias y que se establezca un calendario de reuniones y de
cumplimiento de acuerdos. Ello es válido, aunque, según ciertas noticias,
se acercan próximos acuerdos parciales y fragmentarios en materia de
traspaso de determinadas competencias a las Autonomías denominadas
también nacionalidades históricas. Pero quedan todavía muchas materias
que transferir, algunas tan importantes como el INEM y como la propia
Seguridad Social.
Quiero señalar que esta misma tarde hemos tenido conocimiento de que el
Ministro para las Administraciones Públicas, don Jerónimo Saavedra, ha
declarado en un nuevo Club de discusión, denominado «Tribuna autonómica»,
que ninguna de las Comunidades históricas: País Vasco, Cataluña y
Galicia, están proponiendo la reforma de su Estatuto ni pide el sol o la
luna, sino títulos competenciales que figuran en sus respectivos
Estatutos.
En esta política de desarrollo autonómico juega un papel importante la
modificación de la legislación básica del Estado, como ha señalado el
portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, en cuanto a que en su mayor parte dicha legislación básica es
restrictiva de las competencias autonómicas, porque las competencias
autonómicas son expresión de una política propia y porque dentro del
marco básico estatal son constitucionalmente posibles una pluralidad de
regulaciones, tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional en su
sentencia de 4 de noviembre de 1982, suficientemente conocida. También
conviene dejar sentado que las leyes autonómicas complementarias de la
legislación básica son algo más que un mero desarrollo reglamentario, por
lo que nunca la fijación de bases debe llegar a tal grado de desarrollo
que dejen vacías de contenido las correspondientes competencias de las
Comunidades Autónomas.
Por todo cuanto antecede, porque la moción objeto de debate es acorde con
el espíritu constructivo que propugnamos y dando por reproducidos los
argumentos que empleábamos en la pasada sesión, celebrada el día 26 de
abril, anunciamos nuestro voto favorable a la estimación íntegra de la
moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sanz Cebrián.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Agramunt.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la mayor brevedad, quiero insistir una vez más en la responsabilidad
que también en esta cuestión ha de tener el Parlamento, han de tener las
Cortes Generales, no fiarnos sólo de los proyectos de ley que remite el
Gobierno, sino también vigilar desde el Parlamento que esto que se
pretende sea así, porque es cierto que en estos años pasados, sobre todo
en los ochenta, como decía el Senador interpelante en la anterior sesión,
muchas leyes básicas supusieron efectivamente graves dificultades al
desarrollo del autogobierno de nuestras Comunidades Autónomas impidiendo
que los parlamentos autonómicos pudieran legislar en algunas o en muchas
materias. Sin duda este problema ha ido aminorándose en los últimos
tiempos, pero es verdad que es una de las cuestiones que forman parte de
lo que mi Grupo parlamentario denomina cerrar el modelo autonómico.
Esta moción ayudará, caso de aprobarse --estoy seguro que así será--, a
entrar en esa etapa de asentamiento del proceso descentralizador del
Estado autonómico, a terminar con esta ya larga etapa de provisionalidad
permanente del Estado autonómico, de esa negociación constante buscando
privilegios a veces a cambio de apoyos.
Debe, pues, señorías, quedar definitivamente establecido el modelo
territorial del Estado; como decía hace dos meses aquí el portavoz del
Grupo Popular, no puede demorarse más el cierre del proceso constituyente
en torno al modelo autonómico. Y, por cierto, ese cierre no implica el
grito de guerra del Capitán Trueno, aquel «Santiago y cierra España» de
nuestra infancia, que lo que pretendía era cerrar España al sarraceno. No
es eso. Lo que se pretende es establecer el principio de seguridad
jurídica entre todas las Comunidades Autónomas, de solidaridad
interterritorial, de equidad entre las distintas Comunidades Autónomas;
que todas aquellas Comunidades que quieran ejercer las competencias que
deseen ejercer puedan hacerlo sin restricciones de ninguna clase, por ser
más grandes, más pequeñas, estar más al norte o más al sur. Puede servir
de ejemplo clarificador lo sucedido hasta ahora con las leyes básicas,
especialmente de lo que estamos discutiendo.
Entendemos, por tanto, que apoyando esta moción también estamos iniciando
el cierre del modelo autonómico y evitando un caso más de los muchos que
todavía persisten de colisión de competencias entre las Administraciones
Públicas, que generan, sin duda, ineficiencias en el Gobierno de la cosa
pública.
Saben sus señorías que evitar esas concurrencias forma parte de nuestro
programa alternativo de Gobierno y, por tanto, no podemos sino votar a
favor de esta Moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Agramunt.
El Senador don Santiago Pérez tiene la palabra.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, el
Grupo Socialista va a votar favorablemente a esta moción presentada y
defendida, en nombre de Convergència i Unió, por el Senador Ferrer. Voy a
hacer casi telegráficamente la justificación de nuestra posición.
La conflictividad autonómica, la conflictividad entre el Estado y las
Comunidades Autónomas ha sido importante en la década de los ochenta,
efectivamente, pero va remitiendo. Hay causas que permiten explicar esa
conflictividad, algunas de inercia, otras relacionadas con la dificultad
de perfilar más o menos definitivamente el mecanismo y el concepto que la
Constitución estableció de distribución competencial en esta materia. Es
verdad que la legislación básica del Estado no puede convertir a las
leyes de desarrollo de las diferentes Comunidades Autónomas en meros
reglamentos. Es verdad también, lo ha establecido el Tribunal
Constitucional, que la labor legislativa de las Comunidades Autónomas en
aquellas materias en las que existe este mecanismo de distribución
competencial no debe ser exclusivamente una mera adhesión a diversas
opciones previamente formuladas por el legislador estatal. Es verdad que
a través de la legislación de desarrollo las Comunidades Autónomas
expresan sus preferencias políticas, sus opciones políticas concretas
para resolver necesidades y situaciones políticas diferenciadas,
peculiares, características.
Creo que el Tribunal Constitucional ha hecho una aportación indiscutible:
su doctrina de que la legislación básica debe respetar criterios
materiales, es decir, criterios que impidan que el Estado vaya
convirtiendo su legislación básica en una nueva forma de distribución
competencial, y para eso el criterio material que mantuvo el Tribunal
Constitucional desde el primer momento sigue siendo válido. Es importante
la profundización de la doctrina del Tribunal Constitucional en el
sentido de que la legislación básica debe respetar criterios
estrictamente formales en su definición, deben ser leyes estatales que
definan qué es lo básico formalmente y, cuando no lo definan, debe
inferirse directamente de sus principios. Y es verdad --y en ese sentido
yo creo que es interesante la aportación que hizo en el último debate el
Senador del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, señor
Sanz-- que en aquellos casos en los que el Estado pueda definir lo básico
por vía reglamentaria, debe estar expresamente habilitado por la ley
estatal.
Yo creo que es importantísimo que hayan aparecido nuevos mecanismos de
cooperación, de poner en común, antes de que el Estado defina qué es lo
básico, los diferentes proyectos o iniciativas legislativas del Estado.
Recuerdo al Ministro Tomás de la Quadra en su tiempo, cuando yo tenía
responsabilidades del lado autonómico, que decía: una cosa es la
titularidad de la competencia y el ejercicio de la misma, y otra cosa es
cómo se gesta ese ejercicio. En la fase de gestación de la normativa
estatal hay oportunidades muy importantes en la actualidad de
colaboración entre los diferentes poderes, el estatal y los poderes
autonómicos, para mitigar al máximo la conflictividad e ir ajustando y
perfilando cada vez más ese mecanismo constitucional de distribución de
competencias. Y en esta Cámara, finalmente, tenemos un mecanismo que
confío vayamos desarrollando y exprimiendo de él todas sus numerosas
potencialidades: la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
En definitiva, yo creo que ésta es una cuestión de voluntad política. Al
Grupo Socialista no le falta esa voluntad, creemos que al Gobierno
tampoco, y por eso nuestro voto es favorable a la moción presentada por
Convergència i Unió.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
¿Hay alguna objeción a que esta moción pueda ser aprobada por
asentimiento de la Cámara? (Pausa.) Así se declara y queda, por tanto,
aprobada la moción del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la
que se insta al Gobierno a que, en la elaboración de la legislación
básica, predomine la voluntad política de mantenerla en aquellos
contenidos que por su carácter de mínimo común normativo no limiten o
invadan competencias legislativas y de ejecución que tienen asumidas y
reconocidas las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN ELSENADO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE SE REMITA A LA MAYOR BREVEDAD UN PROYECTO DE LEY DE
MODIFICACION DE LA LAY 10/1990, DE 15 DE OCTUBRE, DEL DEPORTE, EN ORDEN A
TIPIFICAR Y PREVER EXPRESAMENTE COMO INFRACCION MUY GRAVE EL AMPARO DE
LOS CLUBES DEPORTIVOS A LOS GRUPOS DE SEGUIDORES VIOLENTOS (662/000069).
El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día: Mociones.
Moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a
que remita a la mayor brevedad un proyecto de ley de modificación de la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en orden a tipificar y prever
expresamente como infracción muy grave el amparo de los clubes deportivos
a los grupos de seguidores violentos. Se publicó en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 118, de fecha 9 de mayo
de 1994.
Antes de darle la palabra al Senador Pedroche, solicito de la Cámara
autorización para continuar la sesión. (Asentimiento.) Muchas gracias,
señorías.
Informo a la Cámara que a esta moción en su momento fue presentada una
enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista que no fue aceptada por la
Mesa, y ahora existe una propuesta de modificación suscrita por los
Grupos de la Cámara.
Tiene la palabra el Senador Pedroche para hacer la defensa de la moción
originaria.
El señor PEDROCHE NIETO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, los grupos violentos de hinchas Ultra Sur, del Real Madrid,
Frente Atlético, del Atlético de Madrid, Ligallo Fondo Norte, del
Zaragoza, y Boixos Nois, del Barça, son en la actualidad los colectivos
que agrupan en sus filas al mayor número de aficionados cuyo común
denominador, para desgracia del deporte español, es, en términos
generales, la violencia dentro y fuera de los estadios como modo de
evasión y, a veces, por increíble que esto parezca, como instrumento para
su personal divertimento.
Además de los grupos violentos mencionados, esta temporada se ha revelado
como especialmente peligroso el denominado Grupo Celtarra, del Celta de
Vigo. Sus componentes han protagonizado el 23 por ciento de las
propuestas de sanción gubernativa hasta la jornada trigésima quinta.
Uno de los últimos ejemplos de estas conductas antisociales lo
constituyó, tal y como apareció reseñado en «Diario 16», la agresión
sufrida el pasado 13 de enero por el reportero gráfico don Gilberto
Villamil, brutalmente agredido por un grupo de cabezas rapadas, ataviados
con insignias del Club rojiblanco, al término de un partido entre el
Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Señorías, permítanme que, por la importancia del testimonio, les lea la
crónica periodística: El reportero del «Grupo 16» pasó por delante de un
bar del Paseo de los Melancólicos. Allí numerosos seguidores del Atlético
de Madrid celebraban su derrota. Vi a muchos jóvenes que estaban en la
puerta con cervezas en las manos y uno de ellos me hizo algunas preguntas
--recuerda Villamil--, Gilberto Villamil, colombiano, nacionalizado
español, contestó con naturalidad a todas ellas, pero, al revelar su
origen colombiano, comenzaron las provocaciones. (El señor
Vicepresidente, Ortí Bordás, ocupa la presidencia.) «Tras la primera
patada en el ojo, ya no me enteré de nada», recuerda Villamil.
El resultado de la brutal agresión fue un traumatismo craneal, puntos en
la cabeza y una ceja, además de contusiones y magulladuras por todo el
cuerpo.
Este lamentable sucedido no es más que un botón de muestra del triste
balance que arroja la actividad violenta de unos pocos aficionados, en
todo caso una minoría, que se empeñan en convertir la noble afición por
el fútbol, por el baloncesto o por cualquier otra práctica deportiva en
ocasión para buscar la provocación, la tensión y el enfrentamiento con
otros aficionados o simples ciudadanos que pasaban por allí.
Dentro de este balance, todas sus señorías recuerdan que los cabezas
rapadas hicieron su aparición en España en el año 1985 al apuñalar a un
Boix Noi en Barcelona tras la celebración de un partido de máxima
rivalidad. Dos años más tarde, la temporada deportiva 1987-1988 se salda
con tres muertos en enfrentamiento con los Ultra Sur. Y en 1991 se
produce la muerte del súbdito francés Frederic Ruquière, a consecuencia
de los golpes que recibió a manos de unos cabezas rapadas pertenecientes
a los Boixos Nois. El hecho ocurrió tras la celebración de un partido de
fútbol entre el Español y el Sporting de Gijón. La Audiencia de Barcelona
--todos ustedes lo han leído estos días pasados-- acaba de condenar a
setenta y seis años de prisión a los cabezas rapadas considerados autores
de la muerte a navajazos del joven francés.
El magistrado ponente de la sentencia indica que la muerte del muchacho
fue fruto de una acción absurda e injustificable, expresiva de una total
carencia de los más elementales valores que deben presidir las conductas
humanas en una sociedad culta y democrática.
Señorías, los poderes públicos no pueden mostrarse indiferentes ante el
fenómeno de la violencia que se produce alrededor y con ocasión de los
espectáculos deportivos. A todos sin excepción nos compete una audaz
tarea en la erradicación de este lamentable fenómeno. No podemos
dedicarnos a mirar a otro lado como si no pasara nada, como si el paso
del tiempo fuera a resolver las cosas. Y es que, tal y como expresa el
texto de la moción que el Grupo Popular somete hoy a la consideración de
sus señorías, las actitudes y comportamientos antisociales que afloran en
la celebración de actos deportivos de masas perturbando la normalidad
deportiva y ciudadana, lejos de haberse suavizado, van creando cada vez
mayor alarma.
Hoy actúan en España como violentos un total de 101 grupos «ultras» de
los que 91 corresponden al fútbol, 4 al baloncesto, 4 al balonmano y 2 al
fútbol-sala. Sus efectivos se cifran en 12.000 personas. 12.000
aficionados radicales, señorías, que de forma regular asisten los fines
de semana a los estadios deportivos.
Durante 1993 se practicaron casi 500 detenciones con motivo de incidentes
violentos ocurridos en relación con la celebración de partidos de fútbol.
Un centenar de detenidos pertenecía a los grupos de los cabezas rapadas.
¿Saben sus señorías el coste que supone para el presupuesto del
Ministerio del Interior la cobertura de seguridad prestada en cada
temporada deportiva? Mil millones de pesetas es el coste entre
combustible, locomoción, utilización de vehículos, helicópteros y dietas
para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Como bien apunta el Gobierno en una respuesta parlamentaria al Grupo
Popular de esta Cámara, las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado
son, efectivamente, los responsables de la protección de los asistentes,
participantes y equipos arbitrales dentro y fuera del recinto deportivo y
durante los traslados que se producen. Pero de nada o de muy poco servirá
esta sacrificada y abnegada labor de prevención policial si no está
respaldada por el firme compromiso de los clubes deportivos.
Digámoslo de otro modo y claramente. Las directivas de los clubes,
especialmente las directivas de los grandes, han de desplegar todos los
medios a su alcance para impedir que los grupos violentos de seguidores
tengan cobertura, por mínima que ésta sea, para dar rienda suelta a su
violencia. Ojalá los clubes deportivos lleven a cabo el deseo de Popper,
quien hablando de la preocupación que sentía por la incidencia que la
televisión tiene en la sociedad actual, abogaba por que los profesionales
del medio, en este caso las directivas de lo clubes, adoptasen como
sistema de autocontrol algo muy semejante al juramento hipocrático de los
médicos y que lo practicasen, si es que --terminaba Popper-- no quieren
dañar irremediablemente nuestra civilización.
¿Por qué digo esto, señorías? Sencillamente porque la Comisión Nacional
contra la violencia en los espectáculos deportivos, que tan eficaces
servicios ha prestado, por cierto, al deporte español, desde su creación
a instancias de esta Cámara en abril de 1992, es consciente, y así lo
manifiesta expresamente el Gobierno de la nación, de que aún quedan
clubes de fútbol que no están dispuestos a abandonar prácticas que se han
mostrado como peligrosas.
Señorías, ésta es la principal causa por la que al Grupo Popular le ha
parecido razonable la presentación de esta moción. En caso de que el
resto de los Grupos de esta Cámara la apoyen dotaríamos, sin duda alguna,
a la autoridad gubernativa de un instrumento más para luchar con mayor
eficacia contra la violencia en los espectáculos deportivos.
El Grupo Parlamentario Popular desea que se modifique la Ley del Deporte
para que se tipifique y prevea expresamente como infracción muy grave el
amparo de los clubes deportivos a los grupos de seguidores violentos. Me
detengo en este punto, el más importante de la moción.
Como todas sus señorías conocen, el marco legal vigente en que se
desenvuelve la práctica deportiva en el ámbito estatal está constituido
actualmente por la Ley del Deporte de 15 de octubre de 1990, así como del
Reglamento que la desarrolla.
Lo que hoy estamos analizando entra de lleno en el espectáculo deportivo
considerado como fenómeno de masas, cada vez más profesionalizado o
mercantilizado. Y es aquí precisamente, en la violencia que rodea en
ocasiones al deporte como fenómeno de masas, donde el Partido Popular
aprecia ciertos vacíos que consideramos importantes. Concretamente, todo
lo relacionado con la protección o el amparo que los clubes deportivos
prestan a sus hinchas violentos, lo que se traduce en prácticas de grave
riesgo para la seguridad y el orden y en el desarrollo de este tipo de
espectáculos.
En este aspecto concreto la Ley del Deporte no ha venido a dar una
respuesta clara y satisfactoria a la creciente preocupación social
existente por estas conductas. Esta afirmación no resulta ligera si se
analiza detenidamente el Título IX de la Ley del Deporte.
Se establece, efectivamente, la obligación de las federaciones deportivas
y ligas profesionales de instar a los clubes al reforzamiento de medidas
de seguridad, como sistema de venta de entradas, separación en el recinto
de las aficiones rivales, controles de acceso y un largo etcétera.
Si bien estas medidas se estiman muy beneficiosas
para garantizar el orden y la seguridad públicas en el interior de los
recintos deportivos, en el desarrollo de las mencionadas competiciones
parece que, a la vista de las experiencias vividas, este sistema no
resulta del todo operativo si se continúa permitiendo el acceso a estos
recintos de personas con antecedentes claramente violentos.
Donde quiero ir, señorías, es a que el Título IX de la Ley del Deporte
establece un elenco de prohibiciones que es reducido y, además, taxativo,
lo que facilita que determinadas conductas presentes y futuras no
resulten comprendidas en el mismo. Con independencia de si estas
prohibiciones en la práctica se cumplen efectivamente, cosa que no ocurre
en algunos casos, está claro que la ley no contempla toda una serie de
prácticas que conforman la realidad actual y que deberían ser igualmente
prohibidas por el importante riesgo que conllevan. Me estoy refiriendo a
la venta por los clubes de entradas a bajo precio a los grupos violentos
de hinchas y a propiciar los desplazamientos de estos grupos para su
asistencia a las competiciones deportivas.
Este tipo de conductas, que no se prevén expresamente en la Ley, no son
objeto de sanción y escapan a toda exigencia de responsabilidad y, en su
caso, a las correspondientes medidas disciplinarias.
El Grupo Parlamentario Popular considera que el amparo de un club a estas
conductas peligrosas debería llevar aparejada, además de la
correspondiente sanción, la clausura de sus recintos deportivos.
Señorías, entre todos y a la cabeza de este empeño las directivas de los
clubes hemos de terminar con la pesadilla de la violencia en las
celebraciones deportivas. El asunto se ha convertido en algunos países de
nuestro entorno en un auténtico problema nacional Fíjense en la imagen
que reporta al Reino Unido la actitud irracional e injustificada de
algunos de sus hinchas futbolísticos.
En otras latitudes, el Gobierno argentino por boca de su Ministro del
Interior ha hecho un llamamiento para que los dirigentes del fútbol dejen
de proteger a sus aficiones violentas. Esta requisitoria ha venido
determinada por las dos muertes ocurridas en el partido River-Boca jugado
a finales de abril de este año.
Señor Presidente, voy terminando. En sentido propio, la violencia puede
predicarse de cualquier tipo de seres, incluso se predica de algunos
fenómenos de la naturaleza, por ejemplo se habla de la violencia del
viento. Pero en este caso, al hecho de la violencia no le acompaña un
matiz peyorativo. La cosa cambia --dice el profesor Sierra Bravo-- cuando
la violencia reside en el hombre que, por definición, es dueño de sus
actos. Parafraseando a este profesor, la sola existencia de grupos
aficionados radicales, auténticos sumideros de violencia en estos
momentos, cuartea y deforma el vivir social y deportivo que, en lugar de
estar informado por la razón, pasa a estar regido por una fuerza
irracional e injusta.
Decía Tocqueville que la convivencia social en régimen democrático sólo
es posible entre ciudadanos virtuosos. Y yo me pregunto: ¿qué virtud
demostraron quienes, hace escasas semanas, desconociendo olímpicamente la
dignidad de las personas, hicieron pintadas de contenido sectario y
xenófobo en los muros del estadio Santiago Bernabéu contra tres
profesionales del fútbol de nacionalidad distinta a la española, cuando
se hablaba de ellos como posibles entrenadores del Real Madrid?
Además de estas pintadas hechas por los Ultra Sur, hay que citar también
las que hicieron los seguidores atléticos en el Manzanares, amenazando a
sus propios jugadores.
Señorías, ojalá que el Senado, que dio una prueba clara de sensibilidad
ante este problema al crear una Comisión especial para el estudio de la
violencia en los espectáculos deportivos, dé hoy, de nuevo, un paso más
en la misma dirección.
El efecto más perverso de los grupos violentos de aficionados es,
precisamente, que proporcionan cobertura para actuar en masa, y ya se
sabe que la masa diluye la responsabilidad entre todos los individuos que
la forman, gracias a la sensación de anonimato. Ojalá, señorías, que
estas masas violentas dejen de existir. Para ello, a este Grupo
Parlamentario le gustaría contar con el voto afirmativo del resto de los
grupos de esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
derecha.)
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Pedroche.
¿Algún otro grupo desea proceder a la defensa de la propuesta de
modificación? (Pausa.)
El Senador Bayona tiene la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor presidente.
Creo que todos los firmantes de la propuesta de modificación --es decir,
todos los grupos parlamentarios de la Cámara-- coincidimos en este
objetivo. Como muy bien decía el proponente de la moción, no se puede
justificar la más mínima benevolencia hacia este tipo de grupos
violentos, para los que, ciertamente, la pasión futbolística es
simplemente un banderín de enganche, un pretexto para aventuras
socialmente peligrosas, y especialmente vividas --como él ha señalado--
en grandes concentraciones de masas. No se puede justificar, pues, ni la
más mínima benevolencia, ni la menor connivencia;
ni ahora, ni nunca; ni en el pasado, ni en el futuro.
Es verdad que por parte de los directivos de algunos clubes, al principio
quizá hubo complacencia, más difícil de demostrar que el apoyo, pero no
voy a hacer referencia a todo lo que se ha estudiado en esta Cámara, en
un trabajo del que ésta se pudo sentir orgullosa en su momento.
Tampoco voy a polemizar sobre algunas de las afirmaciones que se han
vertido sobre la mayor o menor gravedad de esta cuestión, o el mayor o
menor número de incidentes de un tipo u otro, puesto que en los dos
últimos años este fenómeno se está modificando, incluso por lo que
respecta al número de incidentes, y debido a la actuación de la Comisión
Nacional contra la Violencia, en la que colaboran --no hay que
olvidarlo-- las ligas profesionales y, por tanto, también los dirigentes
de los clubes, la situación ha ido mejorando.
El problema es que estos grupos se han emancipado y resultan
incontrolables para quienes, al principio, pudieran ver en ellos algo
positivo, y se han convertido en algo perjudicial para los propios
intereses de los clubes.
Por tanto, estamos totalmente de acuerdo en el objetivo.
La propuesta de modificación, que es lo que yo debo justificar aquí
ahora, lo que pretende es que ese trabajo de modificación de la Ley del
Deporte se haga coherentemente con los trabajos anteriores de esta
Cámara. Lo que hemos pretendido, y creo que todos los grupos estamos de
acuerdo con ello, es que en lugar de encargarle al Gobierno que elabore
un proyecto de ley seamos nosotros mismos los que tengamos el
protagonismo de plasmar en una proposición de ley los contenidos de la
Ley del Deporte, especialmente del Título IX, que se deben modificar,
porque ese Título IX fue redactado en esta Cámara «ex novo»
absolutamente, y fue presentado como enmienda al proyecto de ley del
deporte, con la firma de todos los grupos parlamentarios.
Por consiguiente, en coherencia con ese trabajo, hemos creído que era
buena que la adaptación de ese Título IX a la situación actual se hiciera
por el mismo procedimiento, por la vía de una proposición de ley, si es
posible, firmada en su momento por todos los grupos parlamentarios.
Pero hay más. Yo creo que, estando de acuerdo en que quizás haya que
modificar la tipificación de infracciones y quizás endurecer algunas de
las sanciones, hay otros aspectos en la Ley del Deporte, incluso dentro
del Título IX, que posiblemente, por lo menos desde el punto de vista de
mi Grupo, deberían modificarse. Por consiguiente, habría que aprovechar
no solamente para insistir en el amparo de los clubes a estos grupos,
sino en otras limitaciones o en otras insuficiencias, de las cuales, por
supuesto, no son las menores las de control de venta de entradas en
paquetes y a bajo precio o los problemas generados por los
desplazamientos de estos grupos.
Pero hay también cuestiones de aplicación de la Ley respecto a la
prohibición de acceso, que está contemplada claramente en el Título IX,
pero que tiene dificultades de aplicación o en cuanto a la celeridad con
la que los gobernadores civiles aplican las sanciones que propone la
Comisión Nacional contra la Violencia. Es decir, hay otros aspectos que
no han sido tocados y que yo creo que merecerán la atención y el estudio
de esta Cámara.
Por tanto, y concluyendo, la propuesta de modificación que presentamos lo
que quiere es ser coherente con los trabajos anteriores; lo que quiere es
avanzar con un método de trabajo, que es el aprobado por esta Cámara
cuando aprobó el dictamen, de tal manera que sea la Comisión Nacional
contra la Violencia la que venga a la Cámara, nos explique en la Comisión
de Educación y Cultura cuál es la evaluación del funcionamiento de la Ley
del Deporte, qué dificultades han encontrado, qué vacíos han encontrado
en el ejercicio de su tarea como Comisión Nacional contra la Violencia y,
en consecuencia, nosotros respondamos a esa situación actual una vez la
tengamos evaluada en la Comisión de Educación y Cultura.
La primera recomendación de aquel dictamen decía que se creará una
Comisión Nacional contra la Violencia y esta Comisión Nacional dará
cuenta ante la Comisión de Educación del Senado. Cumplamos ese método de
trabajo que ya aprobó la Cámara y de él deduzcamos los contenidos más
apropiados para actualizar la Ley del Deporte.
Yo pienso que de esa manera contribuiremos una vez más en esta cuestión a
servir a la sociedad española, a que haya un clima más lúcido en el
fútbol y en el deporte y, sobre todo, yo creo que ese compromiso, que
adoptamos aquí todos los grupos en su momento y que con ocasión de esta
moción y en su caso de la proposición de ley podremos ratificar, es
cortar cualquier patrocinio económico directo o indirecto hacia este tipo
de grupos, pandillas criminales y grupos fascistas y racistas, que es el
alcance que en estos momentos están teniendo este tipo de supuestos
seguidores de los equipos de fútbol.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Bayona.
¿Algún Grupo de los que no ha intervenido hasta el momento desea hacer
uso de la palabra?
Tiene la palabra el señor Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente para exponer el posicionamiento de
nuestro grupo ante esta moción que consideramos muy oportuna.
Compartimos, sin duda, la inquietud por acontecimientos como los que el
ponente portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos ha expuesto de forma
tan exhaustiva. Por tanto, entendemos que tratar este tema aquí en el
Senado, donde tradicionalmente ha habido un gran protagonismo en lo que
hace referencia a las actuaciones dirigidas a erradicar la violencia de
los espectáculos deportivos, es en este momento muy oportuno.
El título IX de la Ley del Deporte, de hecho, recoge en gran medida las
recomendaciones y propuestas que la Comisión Especial sobre la Violencia
en Espectáculos Deportivos elaboró aquí en esta Cámara, y a partir de ahí
y de la entrada en vigor de la Ley del Deporte, entendemos que se ha
avanzado en este terreno, pero quedan cosas por hacer y, a pesar de que
todos los estamentos y organismos involucrados en el mundo del deporte
profesional están muy mentalizados de que hay que erradicar ese tipo de
actuaciones, es importante seguir avanzando en ello.
Por tanto, consideramos positivo reabrir este debate, y por ello hemos
firmado la propuesta de modificación de la moción que se ha presentado
por parte de todos los grupos de esta Cámara y, además, consideramos que
es idóneo que el punto de arranque de los trabajos que hay que efectuar
sea el informe que el Presidente de la Comisión Nacional contra la
Violencia presente en la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara.
Estamos de acuerdo también, tal como contempla la moción originaria, que
la proposición de ley a elaborar incluya la tipificación como infracción
el amparo de los clubes deportivos a los grupos de seguidores violentos.
Entendemos que si se cumple la brevedad solicitada en la modificación que
se ha presentado, se puede aprovechar el paréntesis superior a lo que es
habitual en la temporada futbolística, en este caso muy en concreto, dado
el desarrollo del Mundial de Fútbol, para que en la próxima temporada se
pueda contar con una normativa que mejore la situación respecto a las
actuaciones sobre la violencia en el deporte.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, señoría.
Puesto que estamos ante una propuesta de modificación suscrita por todos
los grupos ¿se puede entender que se puede aprobar por asentimiento de la
Cámara? (Pausa.) Queda aprobada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A QUE, EN EL PLAZO DE UN MES, REMITA A LAS CORTES GENERALES UN
PROYECTO DE LEY EN EL QUE SE CONTEMPLEN EXENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE EL
PATRIMONIO, DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y DEL IMPUESTO
SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS PARA
DETERMINADAS EXPLOTACIONES AGRARIAS (662/000056).
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Pasamos al siguiente punto del
orden del día, con una moción del Grupo Parlamentario Popular, por la que
se insta al Gobierno a que, en el plazo de un mes, remita a las Cortes
Generales un proyecto de ley en el que se contemplen exenciones del
Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para determinadas explotaciones agrarias.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Prim.
El señor PRIM TOMAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae hoy a esta Cámara un
paquete de medidas fiscales en base a una moción que consideramos más que
fundamental.
Creo que todos los componentes de esta Cámara estaremos de acuerdo al
decir que el futuro de un país pasa por la formación que reciban hoy sus
jóvenes. Pues, señorías, creo que también estaremos de acuerdo todos
cuando se dice que el futuro del campo español depende de cómo se forma
el joven agricultor y qué medios le damos para modernizar su empresa
familiar y hacerla más competitiva.
El Grupo Parlamentario Popular ha venido denunciando en la pasada
legislatura y en la presente el deterioro económico del sector agrario
español. En la última década, señorías, España ha perdido el 25 por
ciento de su importancia relativa en la economía española. Hemos venido
observando que la renta agraria ha ido descendiendo de forma alarmante,
aunque desde el Ministerio de Agricultura se nos haya querido
tranquilizar con buenas palabras. Lo cierto es que España alcanza tan
sólo el 60 por ciento de la rentabilidad media comunitaria.
El problema, señorías, es de estructuras. De unas estructuras que no se
han modernizado lo suficiente gracias al poco empeño del Partido
Socialista en financiar las mejoras para ello. ¡Qué agradecidos deben
estar los agricultores españoles por no haber podido modernizar lo
suficiente sus explotaciones agrarias desde 1982 a 1993! Los jóvenes se
encuentran hoy ante una doble alternativa. Por un lado, huir de la
agricultura, pero ¿a dónde van, con los graves problemas de paro en
industria,
servicios, etcétera? Y si se quedan en la agricultura, los pocos que
aguantan se encuentran con un reducido tamaño de las explotaciones,
técnicas de cultivo arcaicas, una sucesión gravosa de los padres a los
hijos y dificultoso el intento de aumentar el patrimonio agrario familiar
para hacerlo más rentable y competitivo.
En cuanto al tamaño de las explotaciones, señorías, tenemos una media de
unas tres hectáreas en un 60 por ciento de las familias, con una
parcelación que en algunas Comunidades Autónomas está dividida en, al
menos, tres parcelas. El envejecimiento del jefe de la explotación, el
padre, es más que alarmante. Más del 60 por ciento de los agricultores
sobrepasan los 55 años. Y sobre la sucesión gravosa de las explotaciones,
sólo y nada menos que decir que desde el Estatuto de la Explotación
Familiar Agraria, Ley 49/81, no se ha avanzado nada para beneficiar al
joven agricultor de lo que, en justicia, pensamos debe tener en relación
a exenciones fiscales, sobre todo en los momentos más que difíciles que
le ha tocado vivir en la agricultura y en la ganadería al coincidir con
nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea, y el futuro del GATT
pone en tela de juicio que España se haya beneficiado en poco o en nada
de las ventajas de nuestra integración en el club de los Doce.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, señorías, intentamos demostrar ante
esta Cámara que los jóvenes agricultores no han sido, precisamente, los
grandes beneficiados por las ayudas de la mejora de la eficacia de las
estructuras agrarias en relación a la incorporación de éstos a la empresa
familiar. Veamos por qué. En el Real Decreto 808/87, la prima de primera
instalación era de 934.000 pesetas, con una subvención de hasta cinco
puntos a los préstamos para los gastos de dicha primera instalación, sin
superar otras 934.000 pesetas. Es de señalar que con el artículo 808, ya
reseñado, no es que se ayudó poco a los jóvenes, sino que algunos, ante
la paralización inesperada por la falta de presupuesto, no pudieron hacer
frente al gasto por las mejoras iniciadas, incluso algunas acabadas. El
Real Decreto 1.887/91 ofrecía una prima de primera instalación algo
superior a la anterior. Actualmente es de 1.900.000, con una subvención a
los préstamos de hasta cinco puntos de interés, sin superar el millón
novecientas mil pesetas.
Con estas insuficientes ayudas para incorporarse como agricultores y
formar una nueva empresa agraria, el joven a lo máximo que puede aspirar
es a arrendar las tierras a sus padres por esa ya referida gravosa
sucesión de las mismas. Ante tal situación, el Grupo Parlamentario
Popular defiende, señorías, el modelo de explotación familiar agraria,
enfocando su modernización hacia un pleno apoyo a los jóvenes
agricultores. Pero la tremenda realidad se constata al echar en falta,
primero, que la primera instalación y su ayuda económica es corta, como
ya se explicó anteriormente; segundo, no hay ningún seguro que garantice
la devolución de créditos en la primera instalación; tercero, no existen
avales públicos por los créditos que van a ayudar a crear explotaciones
viables; cuarto, el cese anticipado de la actividad agraria, que deberá
posibilitar la incorporación de jóvenes y que debería acortarse a los 55
años; quinto, la línea de ayudas al asociacionismo juvenil, que es corta
y ha ido a menos; sexto, una formación profesional mejor y más realista,
así como el acceso a una vivienda digna. Pero, sobre todo, las medidas
fiscales, que hoy por hoy son un verdadero escollo para la sucesión por
herencia o donación de padres a hijos agricultores.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular desea resaltar, como mensaje de
esta moción, que en las adquisiciones «mortis causa» y por donación o
equiparables en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para la
determinación de la base liquidable, la base imponible se reducirá
totalmente en el importe de los bienes, derechos y obligaciones afectos a
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, sin que la reducción
pueda exceder a la cifra de 50 millones de pesetas. Para esta reducción,
será asimismo necesario que los adquirentes de los mencionados bienes los
mantengan afectos a una explotación de las que resulten titulares durante
los cinco años siguientes. Para acceder a este beneficio fiscal, la
explotación agraria afectada deberá estar inscrita en los
correspondientes Registros de Explotaciones Agrarias de las Comunidades
Autónomas.
Por otra parte, señorías, consideramos fundamental, para la mejor
estructuración de futuras explotaciones, que la concentración de parcelas
y eliminación de servidumbres, se declaren exentas del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados las permutas
de fincas rústicas, forzosas o voluntarias.
El Grupo Parlamentario Popular quiere indicar a esta Cámara que en mayo
de 1992 ya se propusieron en el Congreso medidas fiscales idénticas a las
actuales que se presentan y fueron entonces rechazadas por el Grupo
Socialista. El pasado 8 de febrero el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso volvía a presentar esta iniciativa siendo rechazada nuevamente.
Ustedes hoy pueden alegar que los puntos que se proponen a la Cámara en
la moción están contemplados en la redacción del proyecto de ley de
modernización de las explotaciones agrarias. Eso es cierto, pero no del
todo, puesto que en el artículo 16 de dicho proyecto de ley que trata de
la transmisión de las explotaciones se dice que gozarán de una reducción
del 75 por ciento de la base imponible. Nosotros proponemos el 100 por
cien añadiendo, además, que el importe de los bienes de la explotación no
supere los 50 millones de pesetas.
Ciertamente cuando el Grupo Parlamentario Socialista aprueba la toma en
consideración de la proposición
de ley de Convergència i Unió el pasado 22 de febrero en el Congreso de
los Diputados lo hacían ya a sabiendas del anteproyecto de ley de
modernización de las explotaciones agrarias. No obstante, nuestro Grupo
Parlamentario lo aprobó por pura coherencia política ya que en esencia se
pedía lo mismo que nosotros propusimos en la moción del día 8 de febrero.
Lo que se pretende en la proposición de ley de Convergència i Unió, y
ustedes lo saben muy bien, es modificar parte del articulado de la Ley
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados según el Real Decreto 3050/80 y la Ley 29/1987 sobre el
Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Dichas leyes seguirán vigentes
aunque la futura Ley de modernización contemple dichos aspectos de los
referenciados beneficios fiscales.
Señorías, permítasenos decir que si hoy el Grupo Parlamentario Socialista
no vota esta moción favorablemente demuestra una grave incoherencia
política dado que, como ya hemos comentado anteriormente, el pasado 22 de
febrero, a iniciativa de Convergència i Unió, se aprobaba la toma en
consideración de una proposición de ley que en esencia proponía lo mismo
que la moción que quince días antes presentaba nuestro Grupo
Parlamentario en el Congreso y que fue rechazada por el PSOE.
Para finalizar, este grupo desea desde esta tribuna añadir que la verdad
sobre este tema es que desde el año 1982 los sucesivos gobiernos
socialistas no han cambiado nada las exenciones fiscales de padres a
hijos, tal como quedaba reflejado en la Ley 49/1981 del Estatuto de la
Explotación Familiar Agraria y de los Agricultores Jóvenes y esto, cuando
menos, es imperdonable y, a la vez, vergonzoso.
En conclusión, señorías, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno
para que en el plazo de un mes desde la aprobación de esta moción remita
a las Cortes un proyecto de ley en el que se contemplen los apartados
antes referenciados.
Gracias, señoría. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Prim.
¿Turno en contra? (Pausa.)
El Senador Garcías Coll tiene la palabra.
El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
para fijar nuestra posición ante la moción del Grupo Parlamentario
Popular relativa a la exención en los impuestos sobre el patrimonio y
sobre sucesiones y donaciones de las explotaciones agrarias cuyo valor
catastral no supere los 50 millones. Y digo que tomo la palabra sobre
esta moción porque tenemos que ceñirnos a un texto presentado por el
grupo proponente que suponemos que es el texto que se va a debatir. Yo
cuando he entrado en el hemiciclo y el Senador proponente estaba hablando
creía que me había confundido de moción porque su intervención tenía poca
relación en un principio con la exposición que incluso se daba en la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Como él bien ha
dicho, esta moción con el texto que se ha presentado a esta Cámara y que
en estos momentos tienen sus señorías, fue presentada ya por el Grupo
Parlamentario Popular como proposición no de ley en el Congreso de los
Diputados el 1 de octubre de 1993, y ya anteriormente había sido
presentada en febrero de 1982.
Todas estas propuestas fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados
y hago este recordatorio, como bien ha hecho también el Grupo proponente,
no para quitar legitimidad a la moción, ya que reconozco que su señoría
puede repetir las veces que crea conveniente la propuesta, pero supongo
que estará de acuerdo conmigo en que el Grupo Parlamentario Socialista
tiene que mantener su coherencia y, por tanto, rechazar la moción
presentada.
Pero permítame que, antes de entrar en los motivos concretos para
rechazar la propuesta, haga una consideración de tipo general a su
exposición de motivos, la cual les lleva a presentar la moción; y digo a
la exposición de motivos que ustedes han insertado en el texto que han
mandado al Senado. Debo decirles que en algunas de sus consideraciones
puedo estar de acuerdo, en algunos de sus análisis puedo estar de
acuerdo. Creo que estaremos todos de acuerdo en que es necesario tomar
medidas para evitar la desertización humana del campo e intentar
desarrollar, no sólo desde la Administración del Estado, sino desde todas
las Administraciones autonómicas, políticas para motivar la permanencia
del agricultor en el campo. Pero no estoy de acuerdo con lo que decía el
interviniente del Grupo Popular, en cuanto a que no ha existido una
política de apoyo a los jóvenes agricultores. Sí ha existido y se han
destinado cantidades importantes para su ayuda, lo que ha ocasionado que
durante bastantes años haya habido jóvenes que se hayan incorporado a la
agricultura. Es necesario y debemos incentivar esta incorporación de
jóvenes a la agricultura y en este sentido podemos estar de acuerdo.
Ahora bien, permítame que le recuerde que la solución de estos problemas
no puede tener una única dirección y no se puede pretender arreglar todo
a golpe de exenciones, como tampoco todos los problemas que tiene el
mundo agrario tienen su naturaleza en las políticas impositivas.
Entiendo que a veces sus ideas conservadoras les llevan a plantear
propuestas que lo único que pretenden es contentar a sectores que tienen
como único objetivo, no el hecho de modernizar sus explotaciones, sino,
más bien, mantener un patrimonio con la menor aportación posible a la
Hacienda Pública. Y digo eso porque
en su moción, en la moción inicial que ustedes presentaron, no en la
exposición que han desarrollado aquí, plantean una exención al Impuesto
sobre el Patrimonio, sin tener en cuenta ni estar ligada esta exención
patrimonial a una actividad o determinados componentes de actividad. Por
tanto, pienso que ustedes siguen manteniendo y planteando este tipo de
moción porque lo único que les preocupa, el único interés que tienen es
que un patrimonio quede exento de pagar a la Hacienda Pública.
El segundo apartado --no el apartado que ha leído el portavoz del Grupo
Popular, porque no es del que en estos momentos tenemos conocimiento,
sino que es un apartado con el que se ha querido mejorar el texto que se
había presentado-- tampoco podemos aceptarlo porque --y creo que sería un
hecho muy positivo por parte de sus señorías el que el Grupo Popular
retirase la moción--, como ustedes saben y saben los demás Grupos, desde
hace tiempo se viene trabajando con el sector, es decir, con las
cooperativas, con las asociaciones profesionales, con el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en la elaboración de un anteproyecto de
Ley de modernización de las explotaciones agrarias, anteproyecto que en
fecha breve, mucho más breve que el plazo que ustedes dan en la moción,
será aprobado por el Consejo de Ministros; proyecto de Ley de
modernización de las explotaciones agrarias que tendrá como finalidad
corregir precisamente las insuficiencias estructurales que viene
arrastrando la agricultura española y adaptarla a la mayoría de los
países de nuestro entorno, a la vez que, conjuntamente con esto, que no
solamente son medidas fiscales, bonificaciones o exenciones, sino medidas
de tipo global, existe una proposición de Ley de incentivos fiscales a la
ampliación y a la continuidad de las explotaciones familiares agrarias
propuesta por CIU, como usted bien ha dicho, y aprobada por el Congreso
de los Diputados, que recoge mucho mejor que su moción el planteamiento
de ligar una exención o bonificación a una actividad y no a un patrimonio
o determinado volumen de patrimonio. Por tanto, por esta exposición que
termino de comentar creo que el segundo apartado tampoco tendría que ser
sometido a votación. Usted decía: el Grupo Socialista para ser coherente
tiene que votarlo. Yo les respondo que nosotros para ser coherentes
tenemos que mantener la línea de trabajo que estamos llevando con la Ley
de Modernización de las Explotaciones Agrarias y el trabajo que se está
haciendo, también con la propuesta del Grupo de Convergència i Unió. Esta
es nuestra coherencia porque va con una línea diferente. Es una línea de
bonificación a una actividad que es la que queremos proteger, que es la
que queremos llevar, que es la que se quiere que se mantenga; no a un
patrimonio, no a una determinada cantidad patrimonial.
Por tanto, estos textos encuadran mucho mejor las deficiencias
estructurales y proponen un conjunto de modificaciones estructurales,
beneficios y exenciones fiscales las cuales pretenden modernizar la
explotación para hacerla más competitiva y al mismo tiempo procurar
mantener una población agraria joven.
Por último, en relación al tercer apartado, en cuanto a la exención en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
para las permutas de fincas rústicas que tengan como finalidad la
concentración de parcelas y la eliminación de servidumbres de paso,
prácticamente la exención, tal como se plantea, está ya recogida en el
artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1993, de 24 de diciembre, por la que el
incentivo fiscal a la permuta de tierras y la concentración parcelaria,
que ahora se solicita, ya se contempla en la normativa actual. Ahora
bien, nosotros creemos que esa normativa se puede mejorar en la línea que
está propuesta en la proposición y en la línea que está propuesta en la
Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, y a través de eso
también pretendemos mejorar esta norma que en estos momentos está en
vigor, pero que esta norma contempla ya suficientemente bien lo que
ustedes plantean en la Moción. Pero nosotros queremos ir a más, queremos
mejorarlo mucho más.
Por último, quiero decirle que por los motivos expuestos nuestra
coherencia es seguir trabajando en la Ley de Modernización de
Explotaciones Agrarias. Además, cuando yo al principio le estaba
escuchando creía que estaba haciendo un voto particular a la propia Ley
de Modernización de Explotaciones Agrarias, porque como usted bien ha
dicho, incluso ha señalado artículos, la conoce bien.
Por tanto, yo puedo pensar, y creo y es legítimo y ustedes tienen todo el
derecho de hacerlo, que quieran apuntarse o quieran conseguir a través de
una moción, que no significa, ni tiene nada que ver, ni sigue la misma
línea de lo que han propuesto el Grupo Parlamentario Socialista o el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, las
mejoras que puedan obtener los agricultores y luego decir: estas
propuestas las hemos hecho nosotros. No, señores. Las propuestas que
hacen ustedes pueden mejorar o pueden tener efectos sobre determinados
patrimonios que tienen una renta determinada, pero no sobre el
agricultor, sobre la actividad agraria concreta, sobre el gran número de
explotaciones agrarias, de pequeñas explotaciones que con nuestra Ley,
con la Ley y con la proposición planteada por el Grupo de Convergència i
Unió se solucionan.
Por tanto, yo les sigo pidiendo: Retiren esa moción porque creo que no
tiene ningún sentido ya que en estos momentos hay un proyecto de ley, se
está trabajando muy seriamente, y la línea adecuada podría ser intentar,
como decía antes, plantear algún tipo de enmiendas,
plantear este tipo de defensa de sus ideas y de cómo tiene que ser la
exención en la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias. Yo supongo
que lo plantearán en esa ley, porque hay una diferencia de concepción
básica sobre el tema del tratamiento fiscal para las explotaciones
agrarias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Ortí Bordás): Gracias, Senador Garcías Coll.
Abrimos el turno de portavoces. El Senador Sanz Cebrián tiene la palabra.
El señor SANZ CEBRIAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Con suma brevedad, voy a intervenir desde el escaño para fijar la
posición de este Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Inicialmente, desde el punto de vista competencial, la regulación de
estos tributos que se tratan en la moción es competencia de los
territorios históricos en virtud de la Ley de 13 de mayo de 1981 por la
que se aprueba el concierto económico entre el País Vasco y el Estado.
En segundo lugar, hay que reconocer que en lo atinente al Impuesto sobre
el Patrimonio, en cuanto a estructura y normas reguladoras, nos tenemos
que regir por la legislación del Estado, por la legislación de los
territorios comunes, hasta el año 2001, precisamente en virtud de dicha
Ley del Concierto Económico.
También en cuanto a los tributos de sucesiones y de donaciones debemos
señalar una peculiaridad que creemos que puede ser exportable, que puede
ser trasladable al ámbito de la Administración del Estado, y es que en la
Comunidad Autónoma del País Vasco tanto la sucesión o transmisión «mortis
causa» como la donación por actos «inter vivos» de padres a hijos están
exentas, sea el bien que sea, sea o no explotación agraria; en
definitiva, no hay diferenciación según la clase de bien.
Respecto al Impuesto sobre el Patrimonio sí que tenemos que hacer una
salvedad, y es que precisamente por la especificidad de este Impuesto
--que recae sobre el patrimonio, sobre algo que, en definitiva, excede lo
puramente necesario para la manutención, para una vida digna --entendemos
que la moción no alcanza a obtener una finalidad loable, no así como en
el resto de sus pretensiones respecto a los tributos cuya exención se
pretende, que a nosotros nos parece acorde con la finalidad francamente
protectora de las pequeñas explotaciones agrarias.
Sí que hay que señalar también, empleando un argumento técnico que en su
día se manifestó cuando defendimos nosotros en el debate presupuestario
la trasposición de nuestra normativa foral, autóctona, dictada por
nuestras Juntas Generales, que en aquel momento se nos dijo que para
realizar esa trasposición, ese traslado, había que saber cuál era la
evaluación económica de estas exenciones, de esta moción, en definitiva,
y sí es verdad que echamos de menos esa evaluación económica. Es decir,
no podemos pronunciarnos sobre la bondad de esta moción en cuanto que
desconocemos si va a tener repercusiones positivas o negativas sobre la
Hacienda tanto del Estado como de los propios territorios históricos,
donde, sin duda, en el Impuesto sobre el Patrimonio sería de pertinente
aplicación esta Proposición de ley en el supuesto de que la moción diese
origen a la redacción del texto legislativo. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.)
En resumen, anuncio, por tanto, nuestro voto en forma de abstención a la
moción.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Sanz Cebrián.
Tiene la palabra el Senador Ferrer i Profitós.
El señor FERRER I PROFITOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, yo siento tener que decir al empezar que no puedo, aunque lo
intente, ser breve, porque para nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió a veces se da la circunstancia de que el
que no lo dice lo es.
Esta moción está reivindicando una aspiración que para nuestro Grupo, y
para este Senador en particular, es histórica, y nosotros ya empezamos
hace muchos años --quizá por las características de nuestra Comunidad
Autónoma-- a tratar de resolverla.
Con todos los respetos, señor ponente del Grupo Parlamentario Popular, le
diré una cosa: los experimentos en ese asunto, con gaseosa, o sea, se
tiene que ir con mucho cuidado, porque este Senador y otros de mi Grupo
parlamentario desde que empezamos a hablar de este tema allá por los años
ochenta, incluso con personalidades que ahora están en su Grupo político
y que entonces estaban en el Gobierno, la contestación siempre era la
misma, contestación que ha continuado hasta ahora con el Gobierno
socialista: que plantear esto era una discriminación del pago del
Impuesto de Transmisiones y Sucesiones que rompía los criterios de
objetividad y universalidad del Impuesto.
Esta ha sido la contestación estereotipada de todos los miembros que han
estado en el Ministerio de Economía y Hacienda, no de Agricultura.
Obviaré explicar la situación real en que se encuentra el agricultor,
usted ya lo ha dicho. En principio, cuando ha empezado y ha hecho este
rosario de carencias de la agricultura creía que me había equivocado de
moción. En esto estamos todos de acuerdo, creo que no hay nadie en esta
Cámara que no esté de acuerdo en que la agricultura está pasando por una
situación de crisis grave y que no es un mundo atractivo para la
incorporación de jóvenes y se lo digo por experiencia
propia. Mire si me interesa que se aprueben todas estas soluciones que se
dan para los jóvenes que yo tengo dos en esa edad solamente con
dedicación exclusiva. Imagínese si soy sensible y si hago partícipe de mi
sensibilidad a todos los miembros de mi Grupo Parlamentario.
Las consecuencias de esta crisis tienen varias causas, la que propone la
moción es una, pero no es la única. Siempre en períodos electorales se
hacen picotazos, ahora se quieren arreglar las sucesiones, luego se
quiere dar el cupo del gasoil, luego se quiere dar un premio de no sé
qué. Pero esto, sin hacer un plan conjunto o una operación de largo
alcance, continúa manteniendo la crisis permanente, porque fíjese usted
si hace años que esta crisis dura, no es de años pasados.
Me voy a regir por lo que dice la moción originaria, porque después nos
ha llegado otro papel y me tengo que guiar por el que la Cámara nos ha
proporcionado oficialmente. Voy a decir por qué nuestro Grupo va a votar
en contra, primero, por coherencia con el debate que hubo en el mes de
febrero en el Congreso de los Diputados y, segundo, por coherencia con
todas nuestras posiciones en la legislatura pasada.
Lo que usted dice en el Impuesto sobre el Patrimonio de que «quedarán
exentas a los efectos de los tributos del Impuesto sobre el Patrimonio»,
afortunadamente está resuelto. Las medidas que acompañan a los
presupuestos generales del Estado contemplan en su artículo 3.º la
exención del Impuesto sobre el Patrimonio de los bienes y derechos de las
personas físicas que desarrollan una actividad empresarial productiva, lo
cual entra dentro de esta exención que se hace del Impuesto sobre el
Patrimonio cuando se modificó la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de la
reforma del Régimen Jurídico y de la Función Pública. O sea, el primer
punto está resuelto.
En cuanto al que se refiere a las Sucesiones y Donaciones, la Ley de
Medidas Fiscales modificó la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, y no sólo no lo hace con la limitación de los 50 millones,
sino que, aunque de momento se pueda decir que es insuficiente, se ha
hecho una demora, se aplaza el pago durante cinco años. Esto es
importante sobre todo para el agricultor al que le está pasando en este
momento, pero no lo es tanto para el político que lo anuncia. Es
importante para el agricultor que tiene que pagar el mes que viene y que,
gracias a lo que se aprobó, de momento tiene cinco años para que los
políticos continuemos trabajando en esta dirección para ver si se llega a
una exención permanente. El agricultor sabe que luego hay siete semestres
para poderlo pagar a partir de los cinco años de aplazamiento.
Como no había otras iniciativas a este respecto que tuvieran un sentido
permanente, nuestro Grupo en el Congreso no lo votó a favor en el mes de
febrero porque habíamos presentado ya una proposición de Ley cuando
empezó la legislatura pasada. La presentamos concretamente el día 29 de
julio. Se trataba de un compromiso reiterado que teníamos años ha, pero
en la campaña electoral de 1993 volvimos a reincidir en dicho compromiso.
Y aprovecho para recordarle que incluso el Portavoz socialista que actuó
el día 8 de febrero, cuando se rechazó esa proposición no de Ley, tuvo la
cortesía de decirle que este compromiso lo había adquirido el Grupo
Socialista en la legislatura pasada cuando este Senador que les habla era
Portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió en el Congreso a
propósito de una moción que definía lo que era el profesional de la
agricultura.
Pues bien, en lo que se refiere a las sucesiones y donaciones, además de
este aplazamiento en cinco años y del pago de siete semestres, en este
momento podemos decir ya que está aprobada, porque se aprobó el día 22 de
febrero, esa proposición de Ley --gracias al Crupo Catalán de
Convergència i Unió y al consenso a que se llegó con el Grupo
Socialista--, proposición que resuelve el problema de un modo aún más
completo.
Yo no quisiera ofenderles a ustedes, pero con los años que llevo ya en
las Cortes, sé que no se trata solamente de presentar una iniciativa para
que prospere, no. En primer lugar, esa iniciativa tiene que llegar a ser
necesaria o imprescindible; después, se tiene que alcanzar la capacidad
de llegar a pactos sufriendo incluso las consecuencias de los mismos,
muchas veces no agradables, pero que conducirán a que los agricultores,
esa gran preocupación nuestra, consigan unas medidas fiscales en lo que
se refiere a sucesiones y donaciones que sean casi como las que usted
propone pero que entren en el marco jurídico para siempre.
Esta proposición no de Ley dice que se modificará el artículo 48.1.b).6 y
que estarán exentas incluso las permutas, y también dice que las
sucesiones y donaciones serán del 65 por ciento de la base imponible y de
los actos jurídicos documentados mientras haya una continuidad de cinco
años. Pero es que para los jóvenes es del 95 por ciento y por «mortis
causa» es también del 95 por ciento; es decir, «inter vivos» es del 75
por ciento.
Gracias a este consenso todo ello se introducirá en esta nueva Ley de
modernización de las estructuras agrarias para que no solamente se
resuelvan estos problemas de sucesiones sino para que se resuelva lo que
les decía al principio: esos otros problemas que existen para que las
explotaciones agrarias sean más rentables y se mejoren las rentas de
estos agricultores.
El tercer punto de su moción es el de las permutas. Señor Presidente, voy
a permitirme una inmodestia: «la exención del impuesto de las permutas
voluntarias han sido inventadas por mí» y fueron asumidas por el portavoz
en aquel momento, el señor Roca Junyent, de mi Grupo Parlamentario.
Esto tendrá total exención. Todas estas cosas que no
encajan en la filosofía del Partido Popular son para los agricultores. A
mí en principio, como agricultor en excedencia, nunca me han parecido
buenas las limitaciones, ni cuando se habla de los pequeños agricultores,
por qué pequeños agricultores. Si se trata de dar beneficios a las
empresas agrarias, que sean lo más rentables posible, mientras sean de
agricultores.
En esta proposición no de ley que se refería al profesional de la
agricultura, a la que aludió el portavoz socialista, hay un principio que
hay que destacar, el siguiente: todos estos beneficios van para
explotaciones sin límite de patrimonio. Además, el límite de patrimonio
de una Comunidad a otra puede tener unas diferencias sangrantres; 50
millones pueden ser de un multimillonario de no sé dónde o pueden ser de
una empresa media alta en otra ciudad; esto está en función del líquido
imponible y de las valoraciones y éstas no son uniformes sino que son muy
dispares según en qué Comunidad Autónoma del Estado español estén.
Para esto se tiene que reunir una serie de requisitos. Hay que ser
cultivador efectivo y personal. Ustedes utilizan las palabras «directa» y
«efectiva» que no es lo mismo que directo y personal.
Por todas estas cosas que he ido exponiendo, para ser coherentes con lo
que hemos hecho en el Congreso de los Diputados, vamos a votar en contra.
Yo le diría incluso que quizás sería bueno que retirasen la moción porque
lo que pide está superado por parte del Grupo de Convergència i Unió. Yo
me fío más de lo que hemos aprobado que de una simple moción.
No tengo ningún inconveniente en reconocer que si después de este proceso
legislativo, que terminará con el proyecto de ley de la modernización de
las explotaciones agrarias, el mismo resultara cicatero y no respondiera
a la confianza que nuestro Grupo ha puesto, lo denunciaremos. Pero en
este momento no tengo por qué pensar que el resultado final de este
anteproyecto de ley que se va a convertir en proyecto de ley no tenga que
ser lo que todos esperamos, pues creo que sí supondrá una transformación
importante para la agricultura del Estado español, para la agricultura de
hoy.
Por todas estas razones, y sintiéndolo mucho señor ponente del Partido
Popular, vamos a votar en contra de esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los escaños de la izquierda.--Pausa.--Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, tenemos que conservar el mobiliario para
las generaciones venideras.
Vamos a someter a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, por la que se insta al Gobierno a que, en el plazo de un mes,
remita a las Cortes Generales un proyecto de ley en el que se contemplen
exenciones del Impuesto sobre el Patrimonio del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados para determinadas explotaciones agrarias.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, 91; en contra, 113; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA DEL SENADO, POR LA QUE SE
INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, CON CARACTER DE URGENCIA, TRAMITE ANTE LAS
CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY QUE RESUELVA LOS PROBLEMAS EXISTENTES
DE DOBLE NACIONALIDAD, REQUISITOS LIMITATIVOS DE RESIDENCIA LEGAL PARA
LOS EMIGRANTES Y SUS DESCENDIENTES EN PAISES IBEROAMERICANOS Y OTROS
PROBLEMAS DE CARACTER TECNICO-JURIDICO Y ADMINISTRATIVO, ASI COMO PARA
QUE SE DELEGUEN LAS COMPETENCIAS DE DISPENSA DE RESIDENCIA EN LAS
ENTIDADES CONSULARES DE DICHOS PAISES Y SE LES DOTE DE PERSONAL
COMPLEMENTARIO PARA AGILIZAR LOS TRAMITES Y DILIGENCIAS ACUMULADAS
(662/000040)
El señor PRESIDENTE: Por último, moción del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria en el Senado, por la que se insta al Gobierno para que,
con carácter de urgencia, tramite ante las Cortes Generales un proyecto
de ley que resuelva los problemas existentes de doble nacionalidad,
requisitos limitativos de residencia legal para los emigrantes y sus
descendientes en países iberoamericanos y otros problemas de carácter
técnico-jurídico y administrativo, así como para que se deleguen las
competencias de dispensa de residencia en las entidades consulares de
dichos países y se les dote de personal complementario para agilizar los
trámites y diligencias acumuladas.
Comunico a la Cámara que a esta moción se ha presentado una enmienda por
el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Brito, para la defensa de la
moción de su Grupo Parlamentario.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Espero que termine la emigración golondrina, que tiene algo que ver con
la materia que aquí tratamos. Sin duda, estamos ante un tema con un largo
proceso
de debate, desde los intenos formulados en la reforma del Código Civil en
1990, cuando se solicitó por varios Grupos parlamentarios la supresión de
las dispensas en residencia, que constituían un obstáculo importante para
poder superar las limitaciones que comunidades de emigrantes de todo el
Estado español experimentaban en sus relaciones o en la consecución de
sus derechos de nacionalidad.
A partir de agosto de 1993 también el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Canarias inició un proceso de consultas y de gestiones... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Senador Brito, perdone un momento.
Ruego silencio, por favor, hay un orden en el uso de la palabra.
Muchas gracias.
Tiene la palabra su señoría.
El señor BRITO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Se iniciaron también gestiones ante la Fiscalía General del Estado, que
culminaron con un dictamen de la Dirección General del Servicio Jurídico
del Estado en la misma dirección que apuntamos en la moción y que
pretendía resolver las enormes dificultades que tenían algunos colectivos
destacados de emigrantes.
La existencia en este momento de una larga lista de espera, más de 4.000
expedientes acumulados --solicitados en la tipología de tres situaciones:
emigrantes nacidos en el Estado, naturalizados en países iberoamericanos
después de la Constitución, antes de la Constitución y padres
originariamente españoles con hijos que no eran ya de nacionalidad
española-- ha venido planteando la necesidad de alternativas
provisionales, com era la de establecer un doble pasaporte con los
Estados con los que no existía tratado de doble nacionalidad --el caso,
por ejemplo, de Venezuela es bastante sintomático de esta posición--; la
de otorgar dispensas a los cónsules para aligerar todo ese volumen, que
hoy está acumulado en la Administración General del Estado; eliminar el
requisito, quizá lo fundamental, de residencia legal en el territorio
español como una condición para perfeccionar o adquirir definitivamente
el derecho de nacionalidad, y la aceleración de los trámites que no se
han logrado ni con la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990,
ni con la prórroga de la Ley 15/1993, de 13 de diciembre.
La pretensión, por tanto, intenta resolver una situación que es realmente
penosa para los colectivos de emigrantes, que tienen un evidente
sentimiento de olvido y de marginalidad de su situación y que, reitero,
está acumulada desde hace ya muchos años y que sigue sin resolverse con
la urgencia, con la premura que estos colectivos demandan.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista que,
en definitiva, cubre la pretensión del objetivo que formulaba la moción,
y que sobre igual contenido práctico presenta diferente texto. Quizá se
haya excluido el aspecto de referencia explícita a las gestiones
consulares, que es un problema que luego se recoge en el sentido de las
iniciativas de tipo diplomático que engloba realmente esta circunstancia,
y por tanto nosotros no tenemos ningún inconveniente en admitir esta
alternativa, siempre y cuando se añada a la frase «... que se adopten las
iniciativas legislativas, administrativas y diplomáticas que faciliten a
los emigrantes» y «y sus descendientes...» y el resto del texto igual.
En este sentido, espero el apoyo de sus señorías a algo que constituye la
atención a ese esfuerzo y sacrificio, ya que miles de ciudadanos del
Estado español, y algunas comunidades, como Canarias y Galicia, de una
forma muy relevante, siguen esperando que se les reconozca un derecho
constitucional, el derecho a reconocerse y a tener la nacionalidad de su
país de origen ellos y sus descendientes.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Brito.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el Senador Pérez García.
El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, con
la mayor brevedad que sea capaz voy a tratar de explicar el sentido de
nuestra enmienda de modificación, cuya aceptación agradezco al Senador
Brito, y yo, a mi vez, le expreso mi aceptación de los términos que él
quiere incorporar al texto de la enmienda de modificación presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista.
La primera premisa de mi intervención es que mi grupo, y estoy
absolutamente convencido de que todos los grupos de la Cámara, estamos
plenamente sensibilizados y somos conscientes de la problemática que
sufre un colectivo amplio de personas que, por razones vinculadas a
acontecimientos históricos, a motivos de índole socioeconómica
fundamentalmente, tuvieron que abandonar nuestro país y labrarse un
porvenir para ellos, para su familia, también para nuestro país y para
los países que les acogieron hasta fechas muy recientes y en número muy
importante.
En el archipiélago del que yo procedo, el canario, esta sensibilidad la
tenemos tan a flor de piel que es muy difícil encontrar una familia
canaria en la que no se hayan dado exponentes numéricamente importantes
de este desgarrador fenómeno de la emigración. Creo que la situación
actual, a pesar de los esfuerzos legislativos y de las decisiones
legislativas que se han ido adoptando paulatinamente, no es
satisfactoria. Para ejercer
los derechos derivados de su condición de españoles, en algunos casos, en
otros casos, los procedimientos legales para recuperar esa nacionalidad,
y en otros para adquirirla --en este caso se trata de hijos de
descendientes de españoles de origen cuyos padres, en el momento de nacer
ellos, ya habían perdido la condición de españoles--, se ven sometidos,
como ha subrayado el Senador Brito, a una serie de problemas y
vicisitudes verdaderamente penosas y que hacen que su situación esté muy
lejos de ser satisfactoria.
Nosotros creemos que el sentido de nuestra enmienda en cierto modo mejora
la propuesta de resolución contenida en la moción del Senador Brito, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, y la hemos
presentado con el ánimo más constructivo. Creemos que en el amplio
colectivo de emigrantes, no sólo de los españoles a Latinoamérica, sino
también a otros lugares del mundo, hay un repertorio de situaciones que
requieren un estudio y un tratamiento muy individualizado. A veces, sus
problemas se resolverán con modificaciones legislativas. En esas
modificaciones legislativas, seguramente será aconsejable suprimir el
requisito de la residencia legal para algunos de los supuestos, quizá no
para todos.
Porque también a nuestro país le conviene, en algunos de esos supuestos,
conceder la nacionalidad española, conceder la recuperación de la misma,
exigiendo una nueva actualización del vínculo de esas personas con
nuestro país. En otros supuestos, habrá que eliminar el requisito de la
residencia legal, que en muchos casos está generando consecuencias
verdaderamente no queridas, consecuencias negativas.
En algunos otros casos, las iniciativas que habrá que adoptar serán de
índole diplomática, porque hay supuestos de doble nacionalidad que tienen
un origen convencional y derivan de Tratados concertados por nuestro
país, y las medidas para mejorar la situación de los acogidos a esos
Tratados no pueden ser exclusivamente debidas a decisiones legislativas
unilaterales de uno de los Estados, es decir, decisiones legislativas que
afecten exclusivamente a nuestro Derecho interno.
Hay también medidas administrativas que habrá que adoptar. Hay
responsabilidades que, en estos momentos, residen en el Consejo de
Ministros que habrá seguramente que resignar, dentro de la estructura del
Estado y de la Administración General del Estado, a otros órganos que le
puedan dar a la tramitación de las solicitudes una agilidad mayor de la
que puede darles el propio Consejo de Ministros.
Hay algunas delegaciones que se sugieren en el texto de la propuesta de
moción del Senador Brito que quizás tropezarían con algunas dificultades
derivadas de nuestro Derecho interno, en el sentido de que las facultades
del Consejo de Ministros, sus potestades, no pueden ser sin más delegadas
en algunos otros órganos, sino en las Comisiones Delegadas del Gobierno.
Quizás por eso la solución a los objetivos que el Senador Brito propone y
nosotros compartimos sea una reasignación de atribuciones dentro de la
estructura del Estado y su Administración.
Creo que no hay mucho más que decir sino reiterar nuestra sensibilidad
ante la propuesta del Senador Brito y ante la problemática del amplísimo
colectivo de emigrantes españoles y sus descendientes. Creo que también
es bueno que instemos al Gobierno a tratar con especial atención los
problemas derivados de la condición de doble nacionalidad y también
algunos problemas derivados del requisito de la residencia legal, que se
introdujo, precisamente, en esta Cámara durante la última tramitación
legislativa sobre estos temas, allá por el año 1990.
Sin más, creo que en torno a la propuesta de modificación que ha aceptado
el Senador Brito, en el espíritu de su moción y en pos de los objetivos
que su moción persigue, puede producirse un acuerdo de todos los Grupos
Parlamentarios en torno a un tema que nos afecta a todos y ante el que
considero que todos los Grupos de la Cámara sin excepción tenemos una
indudable sensibilidad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la
izquierda.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno de respuesta, en su caso, por el Grupo proponente? (Pausa.)
¿Portavoces que no han intervenido en el debate?
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Codina.
El señor CODINA I CASTILLO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar mi posición, en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y expresarle al Senador
Brito la felicitación por su sensibilidad al presentar esta moción. En
primera instancia, y a pesar de que no hubiera moción alternativa
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, nosotros ya habíamos
decidido apoyar esta moción y votarla favorablemente, porque contempla
una serie de problemas. Intento que el Gobierno resuelva una serie de
problemas que, evidentemente, no podemos dejar pasar por alto.
Se habla en el inicio de su moción de las Comunidades canaria y gallega,
especialmente. Quisiera añadir que históricamente también muchos
catalanes, por razones políticas, tuvieron que emigrar, especialmente a
México. En esta línea, siempre nos encontrarán con la sensibilidad a flor
de piel para intentar encontrar soluciones a aspectos comunes.
Decía que para nosotros la moción, tal como venía presentada, ya era
conveniente aceptarla y he de manifestar que, una vez conocido el texto
alternativo del Grupo Parlamentario Socialista, nos parece que más que
mejorarla la completa porque recoge unos aspectos que no contemplaba la
moción inicial y, por tanto, si con la primera propuesta ya estábamos
dispuestos a aceptarla, en ésta, que lo amplía y lo especifica mucho más,
no podía ser otro nuestro voto que el favorable a la moción. Y espero que
también todos los grupos den su voto afirmativo a esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Senador Baltar, para turno de portavoces, tiene la palabra.
El señor BALTAR PUMAR: Gracias, señor Presidente.
Señorías, para mí, que soy gallego, la presentación de esta moción sobre
conservación de la nacionalidad y la recuperación de la misma por parte
de emigrantes residentes en países de Iberoamérica resulta de especial
importancia. No debemos olvidar que existen dos Galicias con unas
dimensiones poblacionales muy parejas. Existe la Galicia nacional, la
Galicia española, la que muchos de ustedes conocen, y la Galicia del
exterior, la Galicia de la diáspora que no por ello debe dejar de ser
menos Galicia ni menos española. En definitiva, ésta es la filosofía de
la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
aunque ampliada al contexto de todos los españoles.
No por vivir lejos somos menos españoles. Existen regiones de España que
se han hecho en gran medida gracias a nuestros emigrantes. Sus ahorros
repercutían directamente sobre las economías de regiones como Galicia,
Canarias, Extremadura o Andalucía. No podemos pues considerar a los
emigrantes como algo ajeno a nosotros por una mera cuestión de distancia,
y mucho menos a sus descendientes, con los que estamos obligados a un
esfuerzo especial para facilitarles su nacionalidad española, si ése es
su deseo, sin exigirles el requisito de residencia legal en España, algo
que nos sigue pareciendo excesivo, especialmente en el hecho de que esa
residencia sea dispensada exclusivamente por el Gobierno.
La Ley sobre Reforma del Código Civil en materia de nacionalidad del año
1990 establecía un plazo de tres años para optar a la nacionalidad
española por parte de los hijos de emigrantes nacidos en Iberoamérica y
les hacía preceptivo obtener por parte del Gobierno la correspondiente
dispensa de residencia si seguían viviendo en países hispanos. La
Administración se ha visto incapaz de atender estas solicitudes y cumplir
su compromiso. Esos tres años se han prorrogado en otros dos
recientemente, hecho que da la razón a las enmiendas presentadas en su
día por el Grupo Parlamentario Popular y el Senador Luis Fraga, donde se
advertía que ese plazo era reducido y se ofrecía uno inicial de cinco
años. También permitía recuperar la nacionalidad española sin exigir la
dispensa de residencia por parte del Gobierno y facilitaba mucho más este
derecho acudiendo a una fórmula más simple y que a mí me parece bastante
más acertada: declarar ante el encargado del Registro Civil la voluntad
de recuperar la nacionalidad española e inscribir esa recuperación en el
propio Registro Civil. Es decir, lo realmente importante para disponer de
la nacionalidad española para los emigrantes o descendientes de éstos que
la hubieran perdido debe ser esencialmente una cuestión de voluntad. Debe
primar el deseo de ser o volver a ser español aunque se resida en el
extranjero.
Señorías, la Administración debe planteárselo como un servicio al
ciudadano y en la base de sus obligaciones está la de facilitarle en todo
lo posible trámites burocráticos innecesarios. No debe haber españoles de
primera ni de segunda, y menos por cuestiones de distancia. El gallego,
el canario y el español que emigró en su día no lo hizo por capricho ni
por un sentido de rechazo hacia nuestro país, sino por una imperiosa
necesidad, y sus descendientes deben gozar de nuestra consideración y
respeto absoluto. Por ello, consideramos realmente beneficioso para la
colectividad española residente en países hispanos la adopción de las
iniciativas legislativas que resuelvan toda la problemática consustancial
a la doble nacionalidad y a las dificultades para conseguir la dispensa
de residencia legal a emigrantes y sus descendientes, entre otros temas.
Quiero terminar apuntando una necesidad: el Gobierno debe acercarse más a
la emigración; conocer su estado de opinión y sus necesidades para darles
finalmente la cobertura legal preceptiva. Señorías, mi grupo anuncia su
voto favorable a la enmienda presentada a la moción.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Vamos a someter a votación el texto de la enmienda aceptada por los
Grupos, con el siguiente tenor literal: «El Senado insta al Gobierno para
que, a la mayor brevedad, adopte las iniciativas legislativas,
administrativas y diplomáticas que faciliten a los emigrantes y a sus
descendientes el ejercicio de los derechos derivados de su nacionalidad
española, la recuperación de la misma o la adquisición de la condición de
españoles de sus descendientes en los casos en que proceda, de acuerdo
con la Constitución, con atención especial a los obstáculos derivados de
situaciones de doble nacionalidad o de requisito de residencia legal en
España.»
¿Puede ser aprobada por asentimiento de la Cámara? (Asentimiento.)
Así se declara.
Se levanta la sesión.
Eran las veintidós horas y treinta minutos.
Corrección de errores:
En el Diario de Sesiones número 28, del miércoles, 23 de marzo, de 1994,
en la página 1.352 interviene el señor Caballero Lasquibar, y no
Caballero Moya, como aparece publicado.
En el Diario de Sesiones número 32, del miércoles, 27 de abril, de 1994,
en la página 1.610 interviene el señor Alvarez Gutiérrez, y no Alvarez
Rodríguez, como aparece publicado. Este mismo apellido aparece también
incorrectamente escrito en la página 1.616: en lugar de Alavarez, debe
figurar Alvarez.